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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 137, de 19/02/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 137

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 132

celebrada el jueves, 19 de febrero de 1998

ORDEN DEL DIA:

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 28-1, de 3 de febrero de 1997 (número de expediente 121/000026) (Página 7187)

Modificación del orden del día:

Enmiendas del Senado (continuación.):

--Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 90-1, de 31 de octubre de 1997 (número de expediente 121/000088) (Página 7194)

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--Acuerdo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, relativo al informe de la subcomisión, constituido en su seno, para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura (número de expediente 154/000015) (Página 7196)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 74-1, de 30 de junio de 1997 (número de expediente 162/000072) (Página 7208)

--Proyecto de Ley de Residuos. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 77-1, de 5 de septiembre de 1997 (número de expediente 121/000078) (Página 7219)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado (Página 7187)

Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 7187)

Intervienen en el debate sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Modificación del orden del día (Página 7194)

El señor Presidente solicita el consentimiento de la Cámara para modificar el orden del día, con el objetivo de introducir un nuevo punto relativo al informe de la subcomisión constituida en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura, que es otorgado por asentimiento.


Enmiendas del Senado (continuación.) (Página 7194)

Proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (Página 7194)

Intervienen en el debate sobre las enmiendas del Senado a este proyecto de ley los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Bayona Aznar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Coquillat Durán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado a los proyectos de ley debatidos.


Acuerdo de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, relativo al informe de la subcomisión, constituida en su seno, para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura (Página 7196)

Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el señor Chivite Cornago. Confía en que los ocho votos particulares presentados por su grupo sirvan para elaborar el mejor proyecto de ley de actualización de la legislación que ha de regular el futuro del sector vitivinícola, resaltando la extraordinaria importancia que en España ha tenido y sigue teniendo la viña y el vino. A continuación pasa a explicar cada uno de los votos particulares y manifiesta que es a la ministra a quien corresponde ahora interpretar adecuadamente la voluntad de todo el sector e integrar las diferentes realidades regionales, sin dejarse llevar solamente por las directrices u orientaciones de las grandes

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empresas o grupos industriales y financieros. Para terminar anuncia su voto en contra del informe de la subcomisión por haber presentado ocho votos particulares que son esencialmente diferentes de las conclusiones que en él figuran.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, e Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Intervienen nuevamente los señores Chivite Cornago y Centella Gómez para anunciar su voto favorable al informe, rectificando lo manifestado en la intervención anterior.
Sometidos a votación los votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, son rechazados.
Sometido a votación el informe de la subcomisión, se aprueba por unanimidad.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 7208)

Proyecto de ley general de telecomunicaciones (Página 7208)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Rodríguez Sánchez, Chiquillo Barber y Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Garcia-Arreciado Batanero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de residuos (Página 7219)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, intervienen el señor Chiquillo Barber y las señoras Rivadulla Gracia y Lasagabaster Olazabal, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Pérez de Tudela Molina, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Mirallés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En primer lugar, se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto de ley general de telecomunicaciones, que son rechazadas.
Sometidos a votación los diferentes artículos y disposiciones del dictamen al proyecto de ley general de telecomunicaciones, son aprobados.
En segundo lugar se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de residuos y las transaccionales, que son rechazadas.
Sometidos a votación los diferentes artículos y disposiciones del dictamen al proyecto de ley de residuos, son aprobados.
Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número de expediente 121/000026)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, aquéllas que la Cámara Alta ha dedicado al proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes. ¿Grupos que desean intervenir sobre las enmiendas del Senado a este proyecto de ley? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, que se trae en la sesión de hoy al Pleno

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de esta Cámara, a fin de analizar las enmiendas que vienen de la Cámara Alta con el correspondiente mensaje motivado, pone de manifiesto una vez más la necesidad de la creación de esa Comisión mixta Congreso-Senado para mejora de estilo y para aspectos técnicos de la obra legislativa, tal como ha propuesto nuestro grupo y ha recogido el señor presidente de la Cámara, que lo ha remitido a la Comisión correspondiente; y esa necesidad se evidencia en las enmiendas que ha presentado el Senado. El Senado propone 25 enmiendas, de las cuales 14 se refieren a correcciones gramaticales, acertadas todas --comas, puntos, singulares, plurales--, y el resto a cuestiones de técnica jurídica. Unas se refieren a la Ley General Tributaria, que tiene una mención específica en una disposición adicional, con detalle del número y la fecha. Sin embargo, el Senado en las diez o doce veces que se nombra a la Ley General Tributaria le pone el número y la fecha. Me parece una redundancia, pero se puede admitir.
Lo que no comprendo es cómo en la disposición adicional los correctores no se remitieron al texto enviado por el Gobierno. De esa forma se habrían evitado el orden que han propuesto.
No estamos conformes con la corrección que ha hecho el Senado en las disposiciones finales tercera, cuarta, quinta y sexta, que deben seguir el mismo orden, y es verdad que hay que añadir una nueva que propone el Senado, que sería la séptima. No cabe la menor duda de que este proyecto de ley supone un paso importante en los derechos de los ciudadanos. No vamos a entrar ahora a cantar las bondades de la obra legislativa, que supone una coordinación con la Ley General Tributaria, preconstitucional pero actualizada, porque queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por lograr a favor de los ciudadanos, pero aunque no sea el desideratum, es un paso importante que nosotros aprobaremos plenamente, salvo en la numeración que he citado en la disposicióon adicional.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario no ha cambiado de opinión sobre este proyecto de ley. Ya en sus inicios expresó la contrariedad de que las normas tributarias sean más abultadas, con un proyecto de ley nuevo, de lo que son en estos momentos.
Estamos, por supuesto a favor de defender los derechos y garantías de los contribuyentes, como no podría ser de otra forma, pero entendíamos que este proyecto de ley era insuficiente o, mejor dicho, no era necesario porque las relaciones entre la Administración y el administrado ya están reguladas en la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas, y las relaciones entre la Administración y el contribuyente tienen su sitio jurídico en la Ley General Tributaria. Por tanto, el establecimiento de una nueva ley entendíamos que era, en todo caso, innecesario.
Indudablemente, estamos de acuerdo en que cuanto más se defiendan los derechos y las garantías de los contribuyentes es mucho mejor para el sistema tributario y para la sociedad. Incluso presentamos algunas enmiendas que han sido aprobadas en el trámite en el Congreso. Votaremos afirmativamente las enmiendas aprobadas en el Senado porque de alguna forma entendemos que también mejoran el texto.
Como digo, vamos a introducir una ley más en este entramado jurídico tributario que creemos que no era necesario. Si queremos defender los derechos de los contribuyentes, lo que hay que hacer es mejorar precisamente todo este entramado jurídico de leyes. Hay que dar a las leyes tributarias las garantías que ya están establecidas en la Constitución con los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad. Ahí es donde tenemos que trabajar y vamos a tener oportunidad ahora con la reforma del Impuesto sobre la Renta. Ahí es donde hay que poner el interés y la dedicación, en establecer unas leyes tributarias justas que, como digo, preserven los principios constitucionales. La mejor forma de preservar los derechos y garantías de los contribuyentes es luchar contra el fraude fiscal. Este es otro de los requisitos que creo que hay que introducir para que podamos redistribuir precisamente la carga tributaria entre todos los contribuyentes; hay que luchar contra el fraude fiscal. La mejor forma de preservar los derechos y garantías del contribuyente es tener una normativa tributaria estable y racional y no permanentemente cambiante. La mejor forma de tener preservados los derechos y garantías de los contribuyentes es tener una Administración que facilite la labor al ciudadano en el cumplimiento de sus deberes a través de una normativa adecuada, de una gestión administrativa e inspectora y de un trato personal. Esa es la forma en que entendemos que deben preservarse fundamentalmente los derechos y garantías del contribuyente.
En cualquier caso, apoyaremos, como digo, aquellas medidas que han sido aprobadas en el Senado y que entendemos que, dado que tiene que existir esta ley, pueden enriquecer y, de alguna forma, mejorar los derechos y las garantías de los contribuyentes.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Sánchez i Llibre, por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


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Señoras y señores diputados, cuando este proyecto de ley se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados, en base a todas la enmiendas que quedaron pendientes en la Comisión de Economía y Hacienda, nuestro Grupo de Convergència i Unió ya manifestó su satisfacción por la incorporación en dicho proyecto de ley de diferentes enmiendas que habíamos presentado.
Entendíamos que estas enmiendas ampliaban y reforzaban justamente el objetivo del enunciado del proyecto, ya que iban dirigidas a reforzar y ampliar los derechos y las garantías de los contribuyentes, así como los derechos lingüísticos de los residentes en las diferentes comunidades autónomas donde existe más de una lengua oficial.
En el debate que se mantuvo en ponencia se llegó a un consenso entre todas las fuerzas políticas respecto a reducir el plazo de prescripción de las diferentes deudas tributarias de los contribuyentes. En el proyecto de ley se fijaba un plazo entre cuatro y seis años para la prescripción de las deudas tributarias y debido al mencionado consenso entre todas las fuerzas políticas se estableció ese plazo de prescripción en cuatro años. Entendemos que a través de este acuerdo y de este consenso modernizamos nuestras leyes fiscales, las equiparamos a la fiscalidad de los diferentes países de la Unión Europea y también, a nuestro entender, damos una buena noticia a los contribuyentes, en el sentido de que verán rebajado su plazo de prescripción de cinco a cuatro años, lo que comportará una disminución de la carga de trabajo de la Agencia Tributaria.
También hemos trabajado conjuntamente con el resto de las fuerzas políticas en cuanto a la entrada en vigor de dicha ley. El proyecto preveía el plazo de aplicación en la prescripción de las deudas tributarias para el año 2001 ó 2002 y aquí también ha existido un consenso importante para que dicho plazo sea a partir del 1 de enero del año 1999. Quizá lo justo hubiera sido a los 20 días de su entrada en vigor, pero consideramos interesante que a partir del 1 de enero de 1999 exista un plazo de prescripción de cuatro años.
Hemos trabajado también a fondo en los plazos de duración de las inspecciones, en el sentido de que solamente podrán durar doce meses.
Podría incorporarse un plazo adicional de doce meses más, con lo cual romperíamos aquí con la tendencia de que una inspección a los posibles contribuyentes podría tener una duración ilimitada.
A nuestro entender ha existido un flanco, que nosotros pensábamos debatir en profundidad en el Senado, que era la posibilidad de incorporar una modificación importante en los tribunales económico-administrativos regionales en su relación con el Tribunal Económico-Administrativo Central. Creíamos que este era el momento procedimental en el sentido de abrir un debate interesante con el Gobierno, a fin y efecto de involucrar a las diferentes comunidades autónomas para modernizar la legislación de los tribunales económico-administrativos regionales en su relación con el Tribunal Económico-Administrativo Central. Es cierto que nuestro grupo, Convergència i Unió, proponía una fórmula interesante al respecto, aunque desgraciadamente no hemos podido llegar a un acuerdo en el Senado. Pero también hay que decir, a continuación, que en estos últimos días nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha llegado a un acuerdo con el Gobierno del Partido Popular --y aquí emplazamos a los demás grupos parlamentarios que se quieran sumar a esta iniciativa--, en el sentido de promover, junto con el Gobierno y, repito, con los grupos parlamentarios que quieran sumarse, un mecanismo parlamentario que permita una modernización de los tribunales económico-administrativos regionales, involucrando a las comunidades autónomas que quieran participar en esta cuestión, para poder llegar a la creación de un convenio entre las diferentes comunidades autónomas y la Administración Central con el fin de modernizar estos tribunales.
Creemos, sinceramente, que este convenio entre las comunidades autónomas y la Administración Central tendría tres ventajas importantes. En primer lugar, respondería a un principio de comodidad en la exacción de los tributos al configurar un órgano único para la resolución de las reclamaciones tributarias, evitando al contribuyente peregrinaciones absurdas en uno u otro órgano, en función de la naturaleza del tributo.
En segundo lugar, a nuestro entender, dicho convenio de colaboración favorece y realiza el principio de cooperación entre las diferentes administraciones tributarias al establecer un órgano único de base consorcial, integrado por el Estado y las comunidades autónomas correspondientes a las que interese dicho convenio.
Finalmente, nosotros entendemos que dicha posibilidad aproximaría también la Administración de justicia al ciudadano, pues todos los recursos contenciosos contra las resoluciones de este órgano serían resueltos por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente.
Por lo tanto, a pesar de que no se ha podido llegar a un acuerdo en el Senado sobre esta propuesta, que nosotros consideramos un núcleo fundamental en nuestras enmiendas, pensamos que habría que buscar la parte positiva de dicho acuerdo. Tenemos todo el año 1998 para plantear esta iniciativa conjuntamente con el Gobierno --sería importante que se adhirieran el resto de las fuerzas políticas--, para que finalmente los tribunales económico-administrativos regionales y el Tribunal Económico-Administrativo Central pudieran involucrarse en estos convenios de colaboración con las comunidades autónomas que lo quisieran, con el fin de modernizarlos, evitar peregrinaciones absurdas y, lo que a nuestro entender es más importante, acercar realmente la Administración de justicia al ciudadano.


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Por todas estas consideraciones, nosotros votaremos favorablemente las enmiendas técnicas que se han aprobado en el Senado y, repito, plantearemos de inmediato esta iniciativa para poder modernizar dichos organismos administrativos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pedro Antonio Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar dar las razones, los argumentos, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre lo que se ha venido en llamar ley de derechos y garantías del contribuyente, que para mí no es en realidad lo que el texto de la ley hace. Esta ley lo que regula son los derechos y garantías, plazos y mejoras al mal contribuyente, porque al que compite con la Administración le facilitamos los plazos y, además, atamos las manos a la propia Administración.
En relación con las enmiendas del Senado, en principio me gustaría decir que, ya que reiteradamente intervengo aquí en este tema, deberíamos proponer al Congreso la creación de un equipo de profesores de gramática para que no nos tengan que enmendar sistemáticamente. Hay 15 enmiendas de correcciones gramaticales, lo que es señal de que nuestros senadores están gramaticalmente mejor preparados que nuestros diputados y, por tanto, para evitarles trabajo, tendremos que mejorar.
Las enmiendas del Senado se han dirigido fundamentalmente a mantener la filosofía del proyecto que el Gobierno remitió a esta Cámara. Yo decía, cuando empezábamos el debate en el Congreso, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y eso es lo que nos pasa con este proyecto.
Nosotros decíamos que los dos problemas que tenía hoy la Hacienda pública eran luchar eficazmente contra el fraude fiscal y lograr un sistema que sea más equitativo; es decir, que la inmensa mayoría de los ciudadanos, que cumplen religiosamente con la Hacienda, no se vean perjudicados frente a los que sí actúan de manera negligente o con el objetivo de equivocar. El segundo objetivo que yo no entendí de este proyecto --porque estaba obsesionado con los plazos-- son las ventajas que tiene traer todo el procedimiento administrativo, que estaba en manos locales y regionales, a nivel central. Yo no sé por qué es mejor que a nivel central se organicen las respuestas a toda esa serie de procedimientos o procesos que se encuentran a nivel de resolución muy amplia donde la gente conoce lo que es cada uno de los actos que se han producido.
Por tanto, planteamos en la Cámara tres reflexiones sobre este proceso: primero, ¿por qué se reduce a cuatro años el plazo de las actuaciones de la Administración y, además, no se produce una reforma de la Administración tributaria dándole más recursos, organizándola mejor o, por lo menos, dándole un plazo de carencia, un plazo transitorio, para que se pueda adaptar? No entendemos por qué esa solución a los problemas de la Hacienda Pública en la lucha eficaz contra el fraude era reducir los plazos que ahora mismo tenían para que se declarara caducada en todo el proceso de una deuda tributaria con la Hacienda pública. Le ponemos trabas a la Administración tributaria, a toda la acción de la inspección de Hacienda, pero no le damos recursos para que actúe. ¿A quién favorecemos con esto? ¿Al erario público? ¿Al interés general? ¿O a los ciudadanos que no cumplen con su obligación a la hora de declarar a la Hacienda pública? Nosotros creíamos, por tanto, que esta ley tendría que tener otro nombre distinto.
Pero es que, además, en lo que era la declaración que la Administración tendría que hacer para poder asumir un determinado procedimiento, tenía que introducirse, y además se puso en marcha, aquella interpretación de extrema complejidad, de tal forma que la Administración tenía que demostrar a cada contribuyente cuál era el caso de extrema complejidad para que la Administración tuviera una relación, con lo cual abrimos todo un proceso de complicación y actuaciones procedimientales contra la Administración en la aplicación de esa interpretación. Por tanto, los problemas fundamentales de esta ley, ley de los derechos y garantías del mal contribuyente por la ayuda que le vamos a dar a éste, no ha sido mejorado en el trámite del Senado. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Voy a hacer referencia a las enmiendas que han empeorado el proyecto y que nosotros vamos a votar en contra.
Se introduce una enmienda al artículo 34.2 del proyecto que se aprobó en el Congreso, que viene a facilitar lo que son los datos que la Administración debe dar o aportar en el procedimiento sancionador a cada persona que se vea afectada, y remite aquí que todos los datos, pruebas y circunstancias que están en manos de la Administración se tienen que poner en manos de la persona sancionada cuando se inicia el trámite de audiencia. Nosotros creemos que lo que esto añade es una complicación en ese trámite.
En segundo lugar, nosotros no entendemos --y permítanme que en este punto haga un comentario jocoso-- la enmienda a la disposición final sexta.
Miren ustedes lo que hace el Senado en la disposición final sexta, fíjense la pervivencia que le quiere dar a nuestra ley. El texto del Congreso decía: Este Congreso, las Cortes Generales, autorizan al Gobierno a que, a propuesta del ministro de Economía y Hacienda, se puedan desarrollar todas las disposiciones para hacer eficaz la ley. ¿Y saben ustedes lo que ha dicho el Senado? Ha dicho: el Gobierno, al vicepresidente segundo, ministro

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de Economía y Hacienda... ¿Y cuando el ministro de Economía no sea vicepresidente segundo? ¿Y cuando no sea vicepresidente segundo, sino que sea vicepresidente primero? Desde luego, es una enmienda de una precisión legal y de una perdurabilidad en el desarrollo legal tremenda. Yo creo que, además de una actuación innecesaria, no es bueno que un proyecto de ley tenga estas matizaciones.
Y nos preocupan todavía más las disposiciones finales sexta y séptima, que vienen a introducir, en los beneficios que tenemos para el mal contribuyente, los beneficios para las infracciones de contrabando.
Nosotros no estamos de ninguna manera de acuerdo en que se reduzcan los plazos a todo lo que es la actuación de represión del contrabando. La enmienda introducida establece el plazo de cuatro años desde el día de la comisión del acto de contrabando. Yo no entiendo cuál es la ventaja para la Administración y por qué queremos proteger a las personas que están afectadas en expedientes de contrabando. No entiendo por qué. No entiendo qué ventaja da, ni al erario, ni a la decencia, ni a la honradez, ni a la equidad en la actuación de nuestra Administración.
En tercer lugar, en la siguiente disposición también introducen las sanciones que se les van a imponer a estas personas que actúan; se ve que son contribuyentes los que actúan y son sancionados por contrabando. En las sanciones también aplicamos esos cuatro años a contar desde el día siguiente a aquél en que tuvo firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Por último, en la enmienda a la disposición séptima añaden el artículo 15 de la Ley orgánica de represión del contrabando. Nosotros vamos a votar en contra.
Hay otras enmiendas que mejoran el texto, que van dirigidas a los distintos artículos del proyecto, como al artículo 11, que viene a introducir una precisión, al artículo 12, incluso se introduce otra pretendida mejora al procedimiento de apremio, que no es ni más ni menos que una imprevisión del proyecto en origen, y esa actuación la quiere corregir con esta introducción.
Salvo que en el debate surjan otros argumentos, no vamos a votar a favor de estos cuatro puntos, y espero que cuando ya esté aprobada esta ley acometamos lo que es el problema fundamental. El libro de los expertos, que dice que va a hacer la reforma del IRPF, ha descubierto de golpe y porrazo los problemas del IRPF, y dice que uno es el ahorro y la lucha contra el paro y otro es el fraude fiscal. Pues esto es ayudar a los expertos a que vean cómo se puede no luchar bien contra el fraude fiscal.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor presidente, señoras y señores diputados, permítanme, con su benevolencia y la de todas SS. SS., recordar, con respeto y con admiración, a un diputado, a un maestro de políticos de mi generación, a un gran español, a un hombre de bien que, con honestidad y con generosidad, defendió en las Cortes sus puntos de vista, que no eran precisamente los de mi grupo parlamentario. Ese es mi homenaje personal a un hombre que tuve el privilegio y el honor de conocer y que se llamó Fernando Abril Martorell. (Aplausos.) Gracias.
Los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, con carácter previo a fijar su posición en relación con las enmiendas del Senado, han hecho unas manifestaciones en torno a la valoración que para ellos tiene este proyecto de ley. Nosotros nos opusimos a él porque siempre creímos que el fin del mismo no era el de acrecentar los derechos, sino que venía determinado por una posición de un Gobierno, defendida por un grupo cuya creencia en lo público no es muy elevada, cuya creencia en la organización política de la sociedad es de todos conocida, y que ha transformado estas posiciones doctrinales en normas jurídicas. Este proyecto de ley dificulta el funcionamiento de la Administración pública, desarma a la administración tributaria del Estado, impidiendo que pueda cumplir correctamente sus objetivos.
Para ustedes, fundamentalmente para el Grupo Popular, el mercado sustituye a cualquier posición ideológica y a cualquier tipo de poderes, y la igualdad de derechos efectiva se cercena, a la vez que se castra el contenido de lo político. Este proyecto es, en buena medida, la materialización de estos principios, y en él se nota cómo el interés general se subordina a esa tela de araña que constituyen auditores, empresarios, publicistas, subcontratistas, escuelas de negocios y políticos neoliberales. Nosotros siempre hemos dicho que era un texto inmaduro y desequilibrado, que en muchas partes carecía de certeza jurídica y que el refinamiento jurídico y político no era muy elevado, puesto que no había sido capaz de encontrar una materialización medianamente instruida del interés personal.
La pretensión de conseguir derechos individuales no se ha acompañado del respeto debido a los derechos del resto de los contribuyentes. Y debería haberlo hecho, aunque sólo fuera por pensar que todos podían hacer lo mismo.
Las facultades de la Administración se restringen y esto se hace en un momento en que la preocupación de las ciudadanas y los ciudadanos es lograr un sistema tributario justo, eficaz y correctamente administrado.
Siempre hemos estado en contra del diagnóstico que subyacía en este proyecto de ley. Creían sinceramente quienes lo formulaban que la Administración tributaria del Estado actuaba despóticamente delante de los contribuyentes, pero nosotros creemos lo contrario. Y los números cantan. En un gravamen tan

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importante como es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el peso del trabajo dependiente alcanza el 80,81 por ciento, magnitud profundamente desproporcionada cualquiera que sea la medida que queramos utilizar. Y ese hecho creemos que se va a agravar a lo largo de los próximos meses si se consuman los propósitos del Grupo Popular de introducir una nueva fase en el proceso de hacer regresivo el sistema tributario español. Y, habiendo ya vaciado la base del impuesto de las ganancias de capital y de los rendimientos que obtienen los profesionales y los empresarios, en este momento, se nos anuncia que también las rentas altas serán objeto de menor tributación.
El periplo se termina, a partir de ahora todas las rentas altas tendrán impuestos bajos, y esos impuestos bajos se van a poder administrar con un sistema legal que envilece las potestades y los poderes de la Hacienda pública.
Aquí hemos analizado con rigor cómo se debe hacer la tarea de la comprobación inspectora y se han puesto de relieve algunas circunstancias, que mi grupo hubiera querido que se hubieran analizado con sosiego, en relación con las reclamaciones económico-administrativas.
El anuncio de una iniciativa conjunta de Convergència i Unió y el PP en esta dirección solamente me hace pensar que la improvisación del proyecto ha llegado a todas y cada una de sus fases. Ha habido oportunidad de analizarlo en ponencia, en Comisión, en el Pleno, en el Congreso y en el Senado, y estas Cámaras se han limitado a hacer pervivir una regulación que todos sabemos que es mala. Hemos mantenido un proyecto equivocado y se ha tenido que recurrir a encontrar una vía, una nueva iniciativa en una nueva tramitación parlamentaria.
Mi grupo, como otros, señala que la mayor parte de las enmiendas que se han aceptado en el Senado son de carácter técnico. Hay tres que no lo son y nosotros nos vamos a oponer a ellas. A la enmienda al artículo 23, con un nuevo apartado, porque creemos que lo lógico y lo coherente con un texto que se dice defensor de los derechos y las garantías de los contribuyentes sería establecer un procedimiento que regulara de forma precisa, segura e inequívoca el procedimiento de apremio, y aquí no se hace.
En cuanto a las disposiciones finales sexta y séptima, pensamos que las infracciones administrativas de contrabando tienen una entidad, tienen un sentido y una finalidad distinta que las infracciones tributarias, por lo que no se justifica, en nuestra opinión, la reducción de la prescripción a cuatro años.
Nos encontramos con infracciones como la exportación ilícita de obras del patrimonio artístico español, el contrabando de drogas, de estupefacientes y de armas. Resulta evidente que en estos casos no es necesario ni conveniente reducir el plazo de prescripción en orden a proporcionar seguridad jurídica a los contrabandistas. Nosotros no sabemos en quién están pensando algunos, pero, desde luego, como no lo sabemos y no somos partidarios de proporcionar esa seguridad jurídica a los contrabandistas, nos vamos a oponer a las disposiciones finales sexta y séptima.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández Marugan.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor presidente, señorías, con el debate y votacion de las enmiendas que acompañan al mensaje motivado que hoy nos remite el Senado, acaba definitivamente la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, más conocido como estatuto del contribuyente.
Durante el tiempo en que se ha desarrollado la labor legislativa, algunos han elogiado el contenido de la misma y otros lo han criticado, cumpliendo con el deber que tiene la oposición política y la doctrina hacendística de criticar toda nueva norma tributaria. Sin embargo, yo les aseguro que esta ley implica un avance muy importante en nuestro sistema tributario e implica, igualmente, una conquista de derechos poco conocida para el contribuyente. Por eso, pienso que cuando se apruebe, en el momento de su aprobación, tanto legisladores como contribuyentes podremos estar satisfechos. Porque esta ley consagra una serie de derechos básicos que ninguna autoridad tributaria podrá conculcar y acuerda el cese de determinadas prerrogativas que dificilmente pueden hoy sostenerse al amparo de la Constitución. Por ello, esta ley justifica su existencia y su vigencia y, por ello, podemos decir que el Gobierno ha cumplido su promesa y que los demás grupos parlamentarios, casi todos, incluido el Grupo Socialista, han colaborado en que ese cumplimiento sea posible mediante la facilitación de un consenso en los aspectos básicos o fundamentales de la misma.
A mí me sorprende lo que se oye decir a algunos portavoces, en contra incluso de lo que oí decir en ponencia y en Comisión. No se puede decir, conociendo el Derecho público, que basta con la regulación de la Ley 30/1992 para entender perfectamente consagrados los derechos del contribuyente, porque muy poco tiene que ver la regulación de los tributos con la regulación administrativa general, y por ello, el que diga que basta con la Ley 30/1992, en cuanto a regulación y consagración de derechos constitucionales mediante ley ordinaria, no conoce la materia de la que está tratando. Tampoco me explico que se diga aquí, y se queden tan anchos cuando se dice, que esta ley beneficia a los que no pagan.
Ello, aparte de implicar una cierta demagogia, implica un desconocimiento de lo que es la aplicación

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de los tributos e implica un desconocimiento de cómo funciona la Hacienda pública y cómo ha funcionado siempre.
Quienes así hablan deberían tener presente que el contribuyente más inspeccionado es el que declara correctamente sus obligaciones, el que presenta declaración por los tributos, y éste, que cumple, se ve sometido a un procedimiento inspector, que hasta ahora podía haber durado cuatro o cinco años y no uno como establecemos nosotros en el proyecto, y, además, luego se veía ante los tribunales económico-administrativos durante tres o cuatro años, teniendo que soportar la ejecución de las sanciones tributarias si no garantizaba el importe de la deuda y un calvario que empezaba en el Tribunal Económico-Administrativo y acababa en la Sala de lo Contencioso, cinco o seis años después, si no en el Tribunal Constitucional. Este contribuyente que venía declarando y que declaraba, veía que su patrimonio podía ser enajenado en cualquier momento como consecuencia de actuaciones inspectoras. Este contribuyente veía que la Administración anterior no devolvía de oficio con los intereses de demora; este contribuyente veía cómo todos sus derechos constitucionales y todas las presunciones de buena fe que se presumían o que tenían que presumirse en el contribuyente eran sistemáticamente atropelladas. La responsabilidad de eso correspondía claramente a los gobiernos anteriores, a los que de alguna forma sí les preocupó la recaudación, pero nunca, para nada, la consagración de los derechos del contribuyente.
(Un señor diputado: Pesado.--Otro señor diputado: ¡Cállate ya!) Por eso, ...
Señor presidente, pido el amparo de la Presidencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia ampara al interviniente. Así que continue, señor Cabrera. (Rumores.) Silencio señorías.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Dejando a un lado estos pequeños incidentes poco democráticos, yo quiero decir que agradezco el consenso mayoritario en cuanto a los cuatro núcleos básicos o pilares de la ley, que son los artículos 24, 29, 35 y 37.
En el artículo 24 se consigue algo que incrementa tremendamente la seguridad jurídica, es decir, la reducción del plazo de prescripción a los cuatro años. Que no se diga que es exclusivamente en beneficio del contribuyente. También se extingue a los cuatro años el deber de devolución de los ingresos indebidos por parte de la Administración.
En el artículo 29 se establece, como dije antes, el plazo de inspección de un año, algo que los contribuyentes venían reclamando porque, aparte de la dureza que implica el procedimiento de esta acción en cuanto a su prolongación a cuatro, cinco o más años, era casi necesario recurrir a tratamientos psicológicos al soportar durante cuatro o cinco años un procedimiento tributario. En el artículo 23 se establece exclusivamente un plazo de seis meses en el procedimiento de gestión.
En el artículo 35 se introduce una novedad que a cualquier persona con sentido común tiene que parecerle importantísima: la suspensión automática de las sanciones por el mero hecho de presentación de un recurso o reclamación económico-administrativa. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que es el de la buena fe en favor de los contribuyentes. En consecuencia, no hay que embargar y acabar con el patrimonio del contribuyente por el mero hecho de que un funcionario estime que se ha producido un hecho constitutivo de sanción. Por lo tanto, el mero recurso, y hasta que éste adquiera firmeza, implica la suspensión automática de la sanción.
El artículo 37 es decisivo, y me explico. Se da una nueva regulación a las reclamaciones económico-administrativas, de tal manera que, por una parte, y en consonancia con lo sentido por la mayoría de los grupos parlamentarios, se aumenta la cuantía de las reclamaciones --se pasa a 25 millones de pesetas en cuanto a cuota y a 300 millones de pesetas en cuanto a base-- y, por otra parte, se da al contribuyente que así lo desea la posibilidad de ir directamente al Tribunal Económico-Administrativo Central, cuando se exceda de estas cuantías, para así ahorrarse una instancia en vía económico-administrativa. Por tanto, nos encontramos con que el contribuyente se puede ahorrar año y medio de resolución en la vía económico-administrativa. Eso, unido a la mayor competencia que adquieren los tribunales económico-administrativos regionales por esa cuantía, ya va a implicar una importante descentralización. En este momento cojo el guante lanzado por el Grupo Parlamentario de Convergència y manifiesto la conformidad plena con este grupo respecto a tramitar esa iniciativa relativa a que se coordinen las posibles actuaciones de tribunales económico-administrativos del Estado con los tribunales económico-administrativos que, en ejercicio de sus facultades, puedan crear las comunidades autónomas.
Por último, y para no extenderme más, quiero decir que no son estos cuatro pilares los únicos avances de la ley. Yo podría citar el artículo 6, relativo a la obligación de informar sobre las nuevas normas año tras año; el artículo 9, relativo a los acuerdos previos de valoración, un instrumento novedoso que implica un auténtico contrato entre la Administración pública y el contribuyente, vinculando a ambas partes, que tiene precedentes completamente desconocidos en el derecho hispano y, sin embargo, es un instrumento usado en algunos países europeos; el artículo 12, en cuanto al reembolso de los costes de las garantías; o el artículo 11, sobre la devolución de oficio con intereses. En fin, podríamos seguir enunciando las innumerables ventajas

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y derechos que crea ex novo esta ley. Para quien no quiera reconocerlo, basta con que eche un simple vistazo a la norma; norma que, además, no ha estado muy felizmente acompañada en su aprobación y en su tramitación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cabrera, vaya concluyendo.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Ya termino, señor presidente. Gracias.
Porque todos sabemos que, con independencia de la ponencia y de la Comisión, se ha discutido y se han establecido ciertos aires en el Congreso en otros asuntos que de alguna manera han influido en que la norma no fuese más valiente. Por otra parte, es lógico, y siempre ocurre, que los propios funcionarios de la Administración tributaria sean reacios a cambios legislativos que impliquen pasar de unos determinados derechos y obligaciones a otros muchos más liberales o flexibles. Eso siempre pasa, es lógico, es la inercia administrativa. No obstante, todos debemos estar plenamente satisfechos porque aquí hoy se va a aprobar un proyecto de ley muy importante, que los contribuyentes van a apreciar, a valorar y a aplaudir a partir de los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Nada más, señor presidente. (Aplausos.) MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cabrera.
La votación, señorías, de las enmiendas del Senado al proyecto de ley que acaban de ser debatidas, se efectuará después del debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9 del Parlamento Europeo.
Quiero advertir a SS. SS. que la Junta de Portavoces, en su última reunión, acordó por unanimidad que se incorporara al orden del día de esta sesión el debate relativo al informe de la subcomisión, constituida en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura. Asimismo acordó por unanimidad que se produjese este debate una ver concluido el debate del punto VI, sobre enmiendas del Senado, pero, en cualquier caso, la modificación del orden del día corresponde al Pleno de la Cámara. ¿Prestan su asentimiento a que se modifique en este sentido el orden del día.? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
Por tanto, de acuerdo con lo aprobado por la Junta de Portavoces, después del punto 41, se debatirá el informe de la subcomisión de Agricultura sobre el sector vitivinícola español.
ENMIENDAS DEL SENADO (continuación.):

--PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 96/9/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 11 DE MARZO DE 1996, SOBRE PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS (Número de expediente 121/000088)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debatir las enmiendas del Senado al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre protección jurídica de las bases de datos.
¿Grupos que desean intervenir en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con brevedad, dado que mi grupo va a votar favorablemente a todas las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Tan sólo hay una enmienda que tiene un rango significativo, puesto que las restantes son correcciones mecanográficas o de estilo.
La enmienda referida al artículo 7 pretende introducir una nueva disposición transitoria decimoctava, cambiando la fecha de entrada en vigor que figuraba en dicha disposición, recogiendo la Directiva comunitaria, y se va a reflejar en el Derecho positivo español, en la Ley de Propiedad Intelectual, tan necesaria a la vista de las noticias de alarma social aparecidas en los últimos tiempos sobre el uso de bases de datos que puedan tener determinadas entidades o corporaciones. Por tanto, creemos que es positiva la incorporación de dicha disposición a nuestra Ley de Propiedad Intelectual para la protección de los datos de las personas.
Por estas razones, señor presidente, vamos a votar afirmativamente las enmiendas del Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Como decía, señor presidente, el objeto del proyecto de ley que viene enmendado por el Senado es incorporar la Directiva 96/9 a nuestra legislación sobre propiedad intelectual, que es una de las más avanzadas del mundo, una de las más modernas y que, sucesivamente, se ha ido perfeccionando a través de la incorporación de las directivas comunitarias.
Tengo que decir que el texto que salió de esta Cámara es sensiblemente mejorado respecto al que envió el

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Gobierno, y que en su tramitación, en la Comisión de Educación y Cultura, se incorporaron diferentes enmiendas, la mayoría presentadas por el Grupo Socialista. No obstante, mi grupo ha mantenido en el Senado cuatro enmiendas que no han sido aceptadas, lo que lamentamos, puesto que en alguno de los casos simplemente con una modificación de ubicación, sin necesidad siquiera de introducir ni una sola coma, se hubiera aclarado la protección, cuando se refiere a bases de datos y a otro tipo de colecciones. Creemos que el proyecto hubiera mejorado sensiblemente.
Tampoco se ha aceptado la definición, en el artículo 18, más moderna, más adecuada con las nuevas tecnologías e incluso más acorde con la directiva, del concepto de producción. El futuro mostrará quién tenía razón y si las cautelas que el Grupo Socialista mantenía son razonables o no.
Dicho esto, señor presidente, simplemente quiero anunciar el voto a favor de todas las modificaciones hechas por el Senado que, como se ha dicho en la intervención anterior, aunque afectan a diferentes preceptos, todas ellas son consecuencia de una sola decisión, decisión que es bastante lógica, y es que la directiva planteaba su entrada en vigor el 1 de enero de 1998; pero, como estamos en febrero, su entrada en vigor será el 1 de abril del presente año. Por tanto, hay una nueva disposición transitoria, que también apoyamos, que se refiere a que la protección también se extenderá a las bases de datos que hayan sido elaboradas entre la fecha inicialmente prevista, el 1 de enero de 1998, y en la que finalmente va a ser aprobada, para su entrada en vigor, el 1 de abril del presente año.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bayona.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Coquillat.


El señor COQUILLAT DURAN: Muchas gracias, señor presidente.
Concluimos hoy la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9, sobre la protección jurídica de bases de datos.
En referencia a las enmiendas del Senado poco queda que añadir. Quizá sea reiterativo con lo que se ha dicho anteriormente. Son enmiendas fundamentalmente técnicas, y es necesario introducirlas en una segunda lectura de este proyecto de ley. Por tanto, tienen el pronunciamiento favorable del Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda a la disposición final única ya se propuso en Comisión con competencia legislativa plena, como consecuencia de la imposibilidad de entrada en vigor de la norma el 31 de diciembre de 1997.
La enmienda de adición en la que se añade una disposición transitoria decimoctava, en el artículo 7º del proyecto, es una consecuencia de lo anterior. En ella se indica que la protección prevista en esta ley, en lo que concierne al derecho de autor, así como lo establecido en el artículo 133 de la misma respecto al derecho sui generis, se aplicará asimismo a las bases de datos finalizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998.
Debo añadir, porque no se ha comentado, que subsidiariamente se modifica en la exposición de motivos y en el artículo 7, en ambos casos, el número de 3 a 4 las disposiciones transitorias. También hay una modificación en la numeración de un artículo, el 159, por el 154.
En referencia al propio proyecto de ley en su conjunto, creo sinceramente que la dedicación al mismo por todos los grupos parlamentarios que han intervenido en los debates previos que tuvimos y en el debate en Comisión ha matizado y clarificado sin duda el texto original, dentro de la evidente complejidad que el proyecto plantea en sí mismo, teniendo en cuenta la técnica utilizada: incorporación, directamente, en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
No ha podido haber una concordancia total con respecto a cuatro enmiendas del Grupo Socialista que quedaron pendientes, que no reabrieron ningún debate, sino que sencillamente señalaron cuestiones fundamentalmente técnicas e incluso algunas que, aunque pudieran ser discutibles en su momento, como comentaré rápidamente al final, con el seguimiento dinámico que tiene la directiva puedan ser modificadas si algo no fuera adecuado o correcto; pero siempre han estado avaladas por los técnicos.
Esta es la primera ocasión en la que la directiva se incorpora directamente al texto refundido, ya que en el caso de las cuatro directivas anteriores relativas a materia de propiedad intelectual (la protección jurídica de programas de ordenador, derecho de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines y, por último, la coordinación de determinadas disposiciones relativas a derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable) se había utilizado la técnica legislativa de incorporación al Derecho interno de las directivas mediante leyes autónomas. La utilización de esta técnica legislativa fue criticada por el Grupo Parlamentario Popular, entonces en la oposición. En su desarrollo se ha incidido en aquellos aspectos que constituyen una novedad, no haciendo referencia a aquellos otros que suponían una reiteración en lo ya dispuesto en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin duda, razones de eficacia y economía legislativa justifican que la incorporación se haya realizado

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directamente en el texto refundido, evitando la proliferación de textos diferentes y facilitando a los destinatarios el acceso y la utilización de la normativa actual sobre propiedad intelectual.
La situación de partida se retrotrae al 11 de marzo de 1996, fecha en que dicha directiva fue aprobada y notificada al Estado español y, posteriormente, el 27 de marzo de 1996, se publicaría en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El artículo 16 de la directiva, en su apartado primero, establece que los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente directiva antes del 1 de enero de 1998. A pesar de la declaración de urgencia, ha habido un leve retraso, que se corrige con la enmienda de adición donde aparece la disposición transitoria decimoctava en el artículo 7 del proyecto. Por tanto, hoy finalizamos con este proyecto de ley.
El artículo 16, en sus disposiciones finales, en su apartado segundo, expresa que los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente directiva. Finalmente, en su apartado tercero, se indica que, al término del tercer año a partir de la fecha contemplada en el apartado primero, y en lo sucesivo cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación del derecho sui generis por si fuera necesaria la aplicación de medidas adecuadas, presentando en su caso propuestas destinadas a adaptar la directiva a la evolución de las bases de datos.
Por tanto, la directiva es dinámica y especifica su adaptación en el tiempo a este universo cambiante de las bases de datos.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Coquillat.
Pasamos a la votación de las enmiendas del Senado a ambos proyectos de ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado a los proyectos debatidos.
En primer lugar, votaciones de las enmiendas al proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
Votamos la enmienda al artículo 23.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 167; en contra, 144; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda del Senado al artículo 34.2.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 298; en contra 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 131; en contra, 179; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas a la disposición final sexta nueva del Senado y a la disposición final séptima del Senado, que coincide con el mismo número del Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 168; en contra, 144; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de garantías y derechos de los contribuyentes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 315; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas al proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
Se votan conjuntamente las enmiendas del Senado al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva número 9/1996 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor 316.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.


--ACUERDO DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, RELATIVO AL INFORME DE LA SUBCOMISION CONSTITUIDA EN SU SENO, PARA EL ESTUDIO DE LAS REFORMAS NECESARIAS PARA MODERNIZAR EL SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL Y GARANTIZAR SU VIABILIDAD FUTURA (Número de expediente 154/000015)

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El señor PRESIDENTE: Debate sobre el informe elaborado por la subcomisión para estudio del problema del vino.
En primer lugar, se presentarán los votos particulares suscritos por el Grupo Socialista, para cuya presentación tiene la palabra el señor Chivite. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, es una satisfacción para mí estar hoy en esta tribuna y lo es, en primer lugar, por ser la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo y porque mi apellido, Chivite, y mi origen, de Cintruénigo, son dos factores que están íntimamente vinculados a la historia, a la tradición y a la cultura vitivinícola de Navarra y de España. En segundo lugar, por hacerlo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para tratar de aportar, desde nuestra perspectiva, unos criterios que puedan servir al Gobierno para elaborar un buen proyecto de ley encaminado a actualizar y modernizar la legislación que regula el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad futura. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Para no cansar a SS.
SS., obviaré repetir lo que ha sido elemento de consenso entre todos los grupos, y centraré mi exposición en explicar, razonar y defender los ocho votos particulares presentados por el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Agricultura y mantenidos para el debate de hoy. Pretendo con ello que, aun en el caso más que previsible de que ninguno de ellos sea aprobado, mi intervención sirva como aportación de contraste para que la ministra de Agricultura, a la hora de ejercer sus competencias que son las de elaborar y traer a esta Cámara el mejor proyecto de ley de actualización de la legislación que ha de regular el futuro del sector vitivinícola, lo haga de la mejor manera posible.
Antes de pasar a la cuestión que nos ocupa, quiero dejar constancia de un hecho que a nadie se le escapa, cuál es, y creo coincidir en ello con el resto de SS. SS., la extraordinaria importancia que en nuestro país ha tenido y sigue teniendo la viña y el vino; una importancia y trascendencia en el ámbito histórico, cultural y tradicional. No en balde, la vitivinicultura ha estado siempre muy ligada a la vida y a las costumbres de nuestros pueblos.
En el ámbito económico, las cifras son elocuentes y hablan por sí solas.
Según datos referidos al ejercicio 1996, existían en España 6.445 industrias dedicadas a la elaboración y comercialización de productos de denominación de origen, de las cuales 5.261 eran vitivinícolas y 391.000 millones de pesetas fue el valor de mercado de los productos comercializados con D.O., de los que 116.000 millones fueron destinados al mercado de la exportación. Factores de singular relevancia a tener en cuenta a la hora de modificar la regulación legal de la viña y el vino son los sociales y medioambientales. El cultivo de la viña y la elaboración y comercialización de vinos inciden de manera especial en la creación de empleo, contribuyen de forma decisiva al asentamiento poblacional y al sostenimiento medioambiental, sobre todo, en muchas regiones y zonas rurales de España, algunas de ellas con muy pocas o ninguna alternativa de futuro.
El voto particular 4 que planteamos se refiere a la inclusión de un apartado referido a la oportunidad temporal de la nueva ley. Mi grupo, continuando con el proceso ya iniciado por el Gobierno Socialista en anteriores legislaturas, coincide con el resto de los grupos en la necesidad de refundir, actualizar, racionalizar y simplificar la normativa nacional que regula la viña y el vino para, entre otros objetivos, acompasarla a la realidad internacional marcada por la mundialización de la economía y la globalización de los mercados, consecuencia directa de los acuerdos GATT, adaptarla a la normativa comunitaria, armonizarla con el desarrollo del Estado de las autonomías y adaptarla a la evolución del sector. Sin embargo, señorías, coincidiendo en la necesidad , no estamos de acuerdo en la oportunidad.
Teniendo en cuenta que la reforma de la OCM del vino va a iniciar su debate en la Comisión Europea a partir de marzo, fecha en que está previsto se dé a conocer la propuesta de reforma, cuyo borrador ya se halla elaborado, e incluso filtrado, podríamos aprobar una legislación nacional que quedase obsoleta desde el mismo momento de su nacimiento, por contemplar aspectos que ya se han regulado o que pudieran resultar contradictorios con la nueva OCM. Avalando esta tesis, tengo que recordar a la señora ministra, aunque creo que no es necesario, el informe del Consejo de Estado que, en su memoria de 1996, aconseja al Gobierno esperar para reformar la ley 25/1970 al resultado de la reforma de la OCM del vino. En esa línea de paciencia, prudencia y sensatez es en la que se orienta nuestro voto particular 1. Quizá fuese más conveniente que la ministra, junto con sus técnicos y asesores, teniendo presente los antecedentes existentes en esta Cámara, y sabiendo que cuenta con el conseno, respaldo y apoyo unánime de todos los grupos, aquí manifestado y reiterado en legislativas anteriores, centrase ahora todos sus esfuerzos en dialogar, influir y negociar adecuadamente en Bruselas para conseguir una OCM vitivinícola favorable para España y evitar que prospere el actual documento que resulta lesivo a los intereses del sector español, no vaya a ser que, una vez más, nos quedemos a la cola de la negociación y, de nuevo, la ministra se vea obligada a encabezar una nueva manifestación, esta vez la del sector vitivinícola.
Con el voto particular 2 que presenta el Grupo Socialista queremos completar el informe, haciendo referencia a un pasado muy importante y floreciente de

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las denominaciones de origen. Podemos coincidir en que la Ley 25/1970, convenientemente modificada y adaptada por los sucesivos gobiernos socialistas, ha quedado obsoleta, pero debemos admitir que ha resultado muy operativa para el sector agroalimentario en general y para la vitivinicultura en particular.
De 1982 a 1996, en el por ustedes calificado nefasto período socialista, las denominaciones de origen se han triplicado, pasando de 30 a 101, 51 de ellas vitivinícolas. En el mismo período, con los malvados socialistas en el gobierno, se ha duplicado la superficie cultivada de viña inscrita en las denominaciones de origen, con 591 hectáreas cultivadas dedicadas a vinos de calidad producidos en región determinada, los que conocemos como VCPRD. Las cifras económicas también son muy ilustrativas. De 1990 a 1996, el valor de mercado de los productos agroalimentarios se ha incrementado en un 130 por ciento, pasando de 170.000 millones a 391.000.
No podemos eludir, pues, en el informe la referencia que la Ley 25/1970, que ahora se pretende reformar, no sólo regula los productos vitivinícolas, sino también las otras denominaciones de origen de productos agroalimentarios. Por tanto, su reforma afectará no sólo a los productos vitivinícolas, sino en igual medida al resto de productos agroaliementarios que ella regula.
El voto particular número 3 hace referencia a las cuestiones problemáticas. La creación de la subcomisión ha servido para producir un amplio debate en el que han participado, junto con los grupos políticos, los representantes del sector, cuyas comparecencias quiero agradecer, en nombre de mi grupo, por lo valioso de sus aportaciones. Teniendo en cuenta que no estamos debatiendo un proyecto de ley, sino un informe-propuesta, parece obvio que en el mismo se recojan, al igual que se ha hecho en otras subcomisiones, las distintas cuestiones problemáticas que se han planteado como elementos sobre los que había que incidir en la nueva reforma, en caso de llevarse a cabo. No sirve de nada, o de muy poco, recibir en sede parlamentaria a los sectores y escuchar sus comparecencias, si luego los análisis y propuestas, que de forma más o menos mayoritaria exponen, cuando no coinciden con los planteamientos del grupo que sustenta al Gobierno, no son recogidas ni siquiera de manera resumida en el informe final.
El voto particular 4 corresponde a un elemento de disenso entre los grupos. En el informe final que hoy llega a esta Cámara se establece que debe ser una sola ley la que regula el sector vitivinícola. Desde nuestro grupo proponemos que la nueva regulación se realice según dos normativas diferenciadas: una, para el sector vitivinícola, y otra, de máximo rango legislativo, para las denominaciones de origen y consejo reguladores, incluido vinos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, le ruego vaya concluyendo.
El señor CHIVITE CORNAGO: Lo siento, señor Presidente.
Proponemos que la regulación vitivinícola se centre en aspectos básicos, teniendo en cuenta que la normativa europea es amplia y de obligado cumplimiento para España como Estado miembro, y desde el respeto a las amplias competencias que en materia de agricultura tienen las comunidades autónomas.
Con nuestro voto particular número 5, consecuencia de lo anterior, proponemos sustituir el texto del informe por otro orientado a que la nueva normativa sobre el vino no se ocupe de las denominaciones de origen. Nuestra propuesta va encaminada a que el vino, en todo lo que se refiere a origen y calidad, sea desarrollando en un texto independiente y de máximo rango legal sobre denominaciones de origen, junto con el resto de productos agroalimentarios. Esta proposición se basa en la defensa de la filosofía, que creo que todas SS. SS. compartirán conmigo, de que el vino es un producto alimenticio, básico en nuestra rica y variada dieta mediterránea y, en consecuencia, pretendemos que sea legislativamente regulado junto con el resto de alimentos característicos de nuestro país y de nuestra dieta, incorporando incluso la figura de los productos artesanos y tradicionales de carácter alimentario. Sin duda alguna, esta regulación permitirá suavizar barreras que hoy en día, por ser considerado como una simple bebida alcohólica, afectan a la promoción del vino y reducen paulatinamente su consumo.
En nuestro voto número 6, abundando en lo anterior, presentamos una alternativa a la del informe, y es que toda la materia de denominaciones de origen, de indicaciones geográficas y otras denominaciones tradicionales, tanto de productos vitivinícolas como de otros productos agroalimentarios, sea recogida en una normativa independiente, desde luego armonizando todo ello con la legislación europea y autonómica. Las denominaciones de origen, a nuestro juicio, deben seguir siendo entidades de derecho público, porque no sólo constituyen elementos económicos y de importancia relevante, sino que en ellas confluyen además aspectos cualitativos, históricos y culturales que las convierten en un auténtico patrimonio público ligado a la tradición y a las raíces culturales de nuestro país, por lo que debe asegurarse que los nombres de las denominaciones de origen sean protegidos como bienes pertenecientes al común. En la nueva regulación legal de las denominaciones de origen, desde nuestra óptica creemos que debe darse un fuerte protagonismo a los consejos reguladores, a quienes corresponde gestionar las denominaciones, velar por la garantía de origen, la calidad en el proceso de transformación y la comercialización, así como la promoción del consumo de los productos amparados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, le ruego concluya.


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El señor CHIVITE CORNAGO: Lo siento, señor presidente. Le ruego me dé un poco más de tiempo.
La nueva ley debe otorgar a los consejos reguladores personalidad jurídica suficiente y amplias competencias y autonomía para su funcionamiento. En estos consejos reguladores deben tener representación todos los agentes económicos afectados, acorde con su relativa importancia económica, pero, por tratarse también de aspectos cualitativos, se deberá asegurar la presencia de las minorías. Los consejos reguladores deben configurarse como entidades de derecho privado y deberán velar por el cumplimiento de las normas vigentes, tanto comunitarias como nacionales, autonómicas y de régimen interno de los propios consejos. No se puede argumentar una reforma basada en la liberalización para, contradictoriamente, implantar un control férreo de la Administración, lo que supone una falta de reconocimiento a la capacidad de control y gestión de los consejos reguladores, de manera que la pretendida liberalización no es sino el primer paso encubierto hacia el desmantelamiento de los consejos reguladores.
En nuestro voto particular número 7 la diferencia respecto al informe es que nuestra propuesta contempla que los consejos reguladores puedan optar a ser o no organizaciones interprofesionales dependiendo de su desarrollo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, S.
S. debe concluir de forma inmediata.


El señor CHIVITE CORNAGO: Voy concluyendo, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, no, debe concluir ya de forma inmediata, señor Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: A la ministra le corresponde ahora interpretar adecuadamente la voluntad de todo el sector, de todo él: de los agricultores, de los elaboradores, de los comercializadores y de los consumidores, integrar las diferentes realidades regionales y atender la diversidad del sector, y no sólo guiarse de la voluntad y seguir las directrices, orientaciones de las grandes empresas o grupos industriales y financieros que operan en el sector.
En resumen, nuestro grupo va a votar negativamente el informe de la subcomisión por haber presentado ocho votos particulares que son esencialmente diferentes de las conclusiones que en él figuran.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chivite.
¿Grupos que desean fijar su posición ? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, pero antes quiero comunicarles que vamos a repartirnos el tiempo los dos compañeros del Grupo Mixto.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana para dar mi apoyo al informe-propuesta que hoy se nos eleva aquí por esta subcomisión, que ha hecho un trabajo que hay que reconocer que ha sido intenso, ha habido multitud de comparecencias y creo que se ha llegado a unas conclusiones dignas de elogio, por cuanto que hay voluntad seria y firme de defender este sector de gran importancia para el Estado español, para diversas comunidades que viven enteramente dedicadas a la explotación del viñedo en una superficie que, en el conjunto del Estado, supera el millón cuatrocientas mil hectáreas.
De este conjunto de conclusiones, pasaré muy brevemente a recordar alguna de ellas y la importancia que tiene el sector vitivinícola, no sólo en lo que es la producción agraria total, sino la gran importancia social y económica que representa en diversas comarcas que se dedican como monocultivo a esta explotación.
Creo que el objetivo recogido en la conclusión número 2 de conseguir que España sea el líder mundial de vitivinicultura es un gran objetivo, pero nos va a suponer grandes esfuerzos. Unos esfuerzos que, indudablemente, además de que hoy aprobemos este dictamen, informe, propuesta y las conclusiones incluidas en el mismo, pasan por hacer un frente común de todos los grupos parlamentarios, desde el amplio consenso, para conseguir ese objetivo. Pero, en primer lugar, tenemos un gran obstáculo, que es la OCM del vino. Creo que ahí debemos, por sentido de responsabilidad, hacer todos los grupos nuestra aportación, desde las comunidades autónomas con competencias en materias relacionadas con el vino, para conseguir que el sector vitivinícola sea respetado por una OCM que --como se recoge en la propuesta número 6-- no contemple iniciativas, no incluya propuestas que vayan en contra de los intereses de la agricultura vitivinícola española.
Por tanto, desde la óptica valenciana, una comunidad donde el sector del vino tiene una importancia relevante, queremos dar nuestro apoyo, aportar nuestro grano de arena para que las conclusiones que se recogen en este informe sean llevadas a la práctica, haya sentido común, haya un amplio consenso y tengamos ya la mirada puesta en esa OCM del vino que es el gran obstáculo que tenemos que superar por el bien de este sector tan importante para la economía y para la agricultura española.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.


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En nombre del Grupo Mixto, asimismo, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda queremos reconocer el trabajo que ha realizado la subcomisión, así como también agradecer a los comparecientes el que han hecho conjuntamente con los diputados y diputadas de esta Cámara.
De cualquier manera, creo que todos somos conscientes de que el estatuto de la viña, el vino y los alcoholes debía reformarse, pero, visto que la Comisión Europea a finales de 1998 podría estar en condiciones de avanzar una nueva propuesta de reforma de la OCM del vino, quizá sería prudente en estos momentos posponer el proyecto de ley hasta tener delante la nueva OCM.
En segundo lugar, señorías, quisiéramos decir que desde Iniciativa per Catalunya y Nueva Izquierda creemos que debe haber un texto que regule todos los aspectos vitivinícolas además de las denominaciones de origen del vino y, por otra parte, lo que son denominaciones de origen de otros productos agroalimentarios. Creemos que el vino debe tener una consideración específica en esta normativa.
Estamos absolutamente de acuerdo en que no consten en el texto de la ley las bebidas espiritosas y en que, además, sea tajante el texto de la subcomisión en relación con la chaptalización. Creo que sobre esto no podemos dar para nada un paso atrás.
De cualquier manera, quiero decir que no compartimos el delirio liberalizador en relación con las denominaciones de origen. Pensamos que las denominaciones de origen están cumpliendo un papel importantísimo en la calidad y son un patrimonio histórico y cultural y que, por tanto, tienen que ser instituciones de derecho público.
En relación con los consejos reguladores, también pensamos que debe haber un mayor equilibrio en cuanto a sus componentes. Nosotros creemos que la representatividad debe estar basada en criterios económicos y sociales y, por tanto, que no sólo debe estar basada en el producto, sino también en los productores. Este es un asunto que nos hemos encontrado muchas veces en materia de regulación de normativa sobre productos agrícolas y creemos que ese equilibrio no se debe romper. Y, por otra parte, se deben garantizar de una manera más rotunda los derechos de las minorías.
En relación con los votos particulares del Partido Socialista, estaríamos en condiciones de votar favorablemente los puntos 1 y 7, nos abstendremos en el resto, y creemos que el punto que se refiere a la problemática es de tal ambigüedad que, a nuestro entender, debería haberse considerado como un preámbulo o exposición de motivos, pero nunca como un voto particular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria valora muy positivamente este informe que ha hecho la subcomisión que ha estudiado este importante sector en la economía española y quiere decir que lo va a votar positivamente en todos y cada uno de sus puntos. No vamos a votar favorablemente las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las que quiero decir solamente una cuestión puramente doctrinal.
No se puede plantear generar dos grandes pilares legislativos, uno en base al viñedo y al vino y, otro, en base a las denominaciones de origen, como ha propuesto el portavoz socialista. No, aquí está todo trabado, es un cuerpo doctrinal, porque, cuando se quiera hacer una disposición que regule las denominaciones de origen, habrá que estar invocando contínuamente de dónde proceden, porque no habrá garantía de denominaciones de origen si no hay una garantía de las calidades del viñedo y del vino, como producto obtenido del mismo.
Se recogen aquí aspectos fundamentales que me permiten decir que el informe tiene en este trato parlamentario necesidad y oportunidad. Se reconoce que ha sido necesario, pero después se critica que sea oportuno, porque se dice que puede quedar obsoleto cuando la Unión Europea regule la nueva OCM del vino. Vamos a madrugar esa nueva OCM del vino y para eso está este informe, porque nos podemos encontrar con que los negociadores españoles no tengan un documento de referencia para su doctrina de defensa y que tampoco lo conozcan otros países con los que vamos a entrar en una competencia tremenda, como es el caso de Alemania. Ojo con Alemania en la dinámica que está imprimiendo a sus viñedos, a sus vinos y a sus denominaciones de origen, porque lo van a meter en la Agenda 2000 y la presencia y la fuerza alemana nos puede perjudicar mucho por el sistema que ellos tienen en la producción de sus vinos, fundamentalmente en las denominaciones de origen del Rhin y del Mosela.
Por tanto, aquí hay que tener la garantía de que vamos a disponer de un criterio fundamental. El viejo estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes de España, de 1970, efectivamente está obsoleto, aunque fue una gran pieza. Hoy hacemos aquí un primer cambio doctrinal: que el nuevo dictamen no se ocupe ni del alcohol ni de las bebidas espiritosas; era necesario separarlas de ahí. Después tenemos lo que van a ser las garantías de reparto de competencias entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas. De ahí que nos parezca muy importante la redacción

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que en la conclusión número 7 trae el informe sobre la viticultura.
Canarias ha querido mantenerse al margen, por las razones que ahora voy a explicar y que se han recogido en la conclusión número 12; pero es necesario que haya un reparto de competencias entre la Administración central del Estado y las comunidades autónomas para los nuevos cupos globales de plantación. Esto es muy importante para mantener una relación calidad-cantidad, y no olvidemos que España es el primer país productor de vinos de la Unión Europea y también el primero en cuanto a su superficie agraria dedicada a este cultivo.
Pues bien, creemos que esta es una garantía importante, y aquí se inserta la posición que ha mantenido la Comunidad Autónoma de Canarias y que la subcomisión ha recogido acertadamente. Nosotros decimos: manténgasenos fuera del cupo global por las siguientes razones: una, por no perjudicar al resto de las plantaciones peninsulares en los cupos de reserva; pero hay otra específica de Canarias, que es nuestra regulación singular ante la Unión Europa a través del denominado Poseican, es decir, el programa de opciones específicas por la lejanía e insularidad del archipiélago canario, dadas las peculiaridades de nuestros mostos, dada la peculiaridad de que el cultivo del viñedo es el que ocupa la mayor superficie agraria de Canarias, porque en este momento el 10 por ciento de la superficie agraria útil canaria está dedicada al viñedo. Las directivas comunitarias y las resoluciones de los reglamentos del año 1987 no han sido de aplicación en Canarias porque es deficitaria, no tiene que recibir subvenciones por arrancar viñedos, por exceso de producción, que no la tiene. Unicamente queremos una defensa de esta producción frente a la penetración por las leyes del mercado, porque aquí nos vamos a encontrar un enemigo de la producción vitivinícola española --por eso me parece que es oportuno que estemos discutiendo esto y lo fijemos en un documento--, que es la Organización Mundial del Comercio.
Si nos someten a un mercado, después de los acuerdos del GATT y de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, les quiero advertir, como diputado canario, sobre todo a las regiones peninsulares grandes productoras de vino, que no se vean ustedes con los nubarrones con los que nos estamos viendo los canarios con el mercado del plátano, que, teniendo una buena OCM que estamos tratando de defender, la presión, a través de los lobbies norteamericanos, de la Organización Mundial del Comercio nos la puede desvirtuar. Vamos a mantener unos documentos con unos criterios doctrinales de lo que queremos hacer en política agraria de producciones, de viñedos, de vinos y de los derivados de los mismos.
Por tanto, desde Canarias nosotros decimos que damos por bienvenida esta disposición de la conclusión número 12, no perturbamos los cupos globales que puedan administrarse a nivel de la península, y vamos a exigir lo que queremos y a estar a la expectativa. A partir del momento en que este año los parlamentos nacionales de la Unión Europea ratifiquen el Tratado de Amsterdam, Canarias invocará la modificación que se ha hecho de región ultraperiférica, y, como región ultraperiférica, la Unión Europea le dirá que cumple el requisito de no tener excedentes de producción, no produce un exceso ni se beneficia de primas de arranque de viñedo y, por tanto, no perturba el mercado.
Desde esta posición, mi grupo se suma a apoyar este magnífico informe, que creemos muy positivo; pero vuelvo a decir que madruguemos para que no nos hagan después un traje de talla inferior a la OCM del vino que deseamos, porque los socios europeos, franceses, italianos y alemanes, tienen que disponer ya de un conocimiento de la posición española para que no prevalezca la suya y nos ocurra el calvario que estamos pasando con el aceite de oliva.
Por tanto, con este dictamen Coalición Canaria se siente satisfecha, señor presidente, y lo va a votar favorablemente en todos sus puntos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se ha apoyado el informe elaborado por la subcomisión constituida para el estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola del Estado español y garantizar su viabilidad futura; y lo hemos apoyado por estar sustancialmente de acuerdo con el contenido de las conclusiones recogidas en el mismo.
Desde el Partido Nacionalista Vasco creemos que la importancia socio-económica del sector vitivinícola en el Estado merecía el esfuerzo de consenso desarrollado por los distintos grupos parlamentarios en esta subcomisión y esperamos que, en el futuro, se mantenga esta misma línea en el desarrollo de las distintas herramientas legales y del marco jurídico que necesita el sector para conseguir los objetivos que se marcan en este informe, y posibilitar la modernización del sector vitivinícola. Destaco este punto porque, con carácter general, quisiera dejar patente la disconformidad del Grupo Vasco con los procesos de elaboración de normativas que usualmente sigue el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tan sólo consulta a las comunidades autónomas cuando los textos legales son definitivos o tienen ya un esquema definido. En este sentido, reivindicamos, por tanto, la incorporación de las comunidades autónomas al proceso desde su gestación,

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y no cuando el mismo se halle en una fase avanzada.
La línea de trabajo que se ha impuesto en la elaboración de este informe puede ser una referencia válida a la hora de abordar los procesos legislativos por parte del Ministerio. Por cierto, resulta lamentable la ausencia de la ministra en este debate.
Otro aspecto que quiero señalar hace referencia a ciertas tendencias a imponer el carácter básico de determinados contenidos de la futura normativa, apelando a la competencia general del Estado en materia de ordenación general de la economía, lo cual contraviene las competencias exclusivas en materia de agricultura que tienen determinadas comunidades autónomas. El Partido Nacionalista Vasco quiere dejar claro que no va a apoyar ningún desarrollo normativo que, bien de forma explícita o soterrada, contenga dichos elementos. Por ello, también estamos en contra de algunos de los votos particulares emitidos por el PSOE. Por ser más concreto, si en el desarrollo legislativo que elabore el Gobierno español actuaciones, tanto en ciertos regímenes de autorizaciones como transferencia de derechos de plantación así como del régimen sancionador, quedan reservadas al mismo, entenderemos que se vulnera de lleno el ámbito competencial de las comunidades autónomas, yendo en contra de la más mínima lógica en su ejecución y no lo apoyaremos. En este sentido, entendemos que, por ejemplo, las autorizaciones para la transferencia de derecho de plantación debe ser una competencia clarísima de cada comunidad autónoma.
En cuanto a las denominaciones de origen supracomunitarias como Rioja, entendemos que la legislación deberá estar abierta a su gestión a través de convenios entre las comunidades autónomas que las forman, sin la tutela del ministerio. Tal posibilidad ya se ha establecido por el Tribunal Constitucional para los espacios naturales protegidos y pensamos que es más adecuado respetar en estos casos la competencia autonómica en denominación de origen sin desplazarla al Estado, por el hecho de compartir una denominación, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración, reservando al Estado la facultad de actuar cuando no se produzca tal colaboración entre comunidades autónomas y en caso de divergencia entre éstas.
Sobre la potenciación de las subzonas dentro de las denominaciones de origen, desde el Grupo Vasco EAJ-PNV demandamos una legislación abierta y flexible en esta materia, sobre todo en lo referente al etiquetado. A este particular, señorías, me parece oportuno comentar cómo en la legislación italiana sobre denominaciones de origen vínicas, por otro lado una de las más modernas de Europa, se permite a un productor de vino de una denominación de origen con distintas subzonas, aun siendo suprarregionales, la libertad de elección de acogerse a su subzona o al conjunto de la denominación en el etiquetado y publicidad de sus vinos.
Entendemos que este modelo de actuación debe recogerse en el futuro texto legal y en ningún caso debería estar tutelado por el Ministerio.
Finalmente, vuelvo a insistir en nuestro apoyo global al acuerdo alcanzado en el informe de la subcomisión para la modernización del sector vitivinícola del Estado, deseando que el grado de consenso alcanzado en el mismo pueda mantenerse en el posterior desarrollo legislativo.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores diputados, como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, es para mí una satisfacción intervenir en este momento, en nombre de mi grupo, con motivo de la presentación de las conclusiones de la subcomisión sobre la modificación del estatuto de la viña y del vino. La propuesta que hoy traemos a la aprobación de la Cámara es el resultado de un amplio debate, con aportaciones de todos los sectores. Se trata, no obstante, de una propuesta abierta, como no podía ser de otra manera.
Ateniéndonos a la complejidad del tema, a la posiblidad de que existan modelos alternativos y no por ello peores, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado unos votos particulares en los que defiende otras alternativas con las que podríamos o no estar de acuerdo; por tanto, es el resultado de su preocupación por el tema y eso les honra, aunque nosotros creemos que hubiera sido más interesante que, sobre todo en el núcleo básico de las conclusiones, que sin duda van a encontrar una mayoría amplia, hubieran podido aprobarse por unanimidad.
Legislar para el conjunto de la actividad del Estado español en un tema tan específico como éste no va a ser fácil, teniendo en cuenta las características peculiares de cada una de las zonas, teniendo en cuenta las competencias claras de las propias comunidades autónomas, la necesaria presencia del sector a través de las denominaciones de origen y de los consejos reguladores y que toda esa legislación no puede estar en contradicción con la normativa comunitaria, y sobre todo hay que tener claro que la legislación es para asegurar la calidad, y ésta ha de ser capaz de no constituirse en un elemento distorsionador de los equilibrios comerciales. Por tanto, como se puede observar, no es fácil llegar a una conclusión, sobre todo si tenemos en cuenta que la sensibilidad de los diferentes grupos parlamentarios no es la misma en los mismos temas.
Hemos recibido a numerosos comparecientes de todos los sectores, con problemas y soluciones bien diferenciadas, hemos debatido, hemos filosofado sobre la

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conveniencia o no de hacer referencia al artículo 149.13 de la Constitución y declarar algunos temas de carácter básico y por tanto entrar en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas; hemos analizado si es o no conveniente intensificar la presencia pública en el control del proceso de producción, elaboración y comercialización, o si por el contrario habría que profundizar más en la capacidad de autorregulación del propio sector; se han presentado propuestas en las que se pedía la inclusión de todos los temas que hacen referencia a la denominación de origen en una ley propia y, a pesar de la complejidad, yo creo que se ha llegado a un consenso general de que la ley que hoy estamos modificando, el estatuto de la viña, del vino, que fue aprobado en el año 1970, jugó un papel muy importante como ordenador del sector y que, junto con las disposiciones que lo han desarrollado, ha permitido el crecimiento y la consolidación del mismo.
Los tiempos y las situaciones han cambiado, y en estos momentos es imprescindible que esa normativa se adecue a nuestros días y a los cambios que se han producido en los últimos años con la redistribución competencial de las comunidades autónomas y de una forma especial con la incorporación de España a la Unión Europea. Si a ello le añadimos la enorme competencia en la que el sector está inmerso, la presión de la Organización Mundial del Comerio por lo que hace referencia a la apertura de los mercados de la Unión Europea al resto del mundo y las dificultades en aprobar una OCM que sea adecuada para los intereses de España, nos damos cuenta de la necesidad de hacer una relectura del estatuto, que, por cierto, ya se ha modificado en diferentes ocasiones, aunque siempre como resultado del trato discriminatorio que daba a nuestros propios productores frente a nuestros más directos competidores. Recuerdo que intervine personalmente en la modificación del estatuto hace unos años por lo que se refiere al enriquecimiento de los mostos y a la prohibición del riego de viñedo, pero en fin, eso ya es historia.
¿Qué es lo que, a nuestro entender, pretende la subcomisión en sus conclusiones? Básicamente se destaca la necesidad de la modificación del estatuto, a pesar de que en este momento aún no se ha aprobado la OCM del vino y por tanto no se sabe a ciencia cierta las repercusiones que va a tener la aplicación de la nueva OCM y de la Agenda 2000. Esa modificación ha de ser respetuosa con las competencias propias de las comunidades autónomas, así como trasponer y unificar toda la normativa existente y emanada de la Unión Europea. Ha de facilitar la competitividad del sector, y por tanto la nueva normativa ha de ser capaz de actualizar la legislación, teniendo en cuenta que la viabilidad del sector pasa por la capacidad de competir en un entorno comercial de ámbito mundial. Por consiguiente, ha de quedar absolutamente claro que ha de protegerse el vino a través de su definición, que ésta ha de ser clara y que sólo se puede denominar así al producto obtenido exclusivamente por la fermentación de la uva, y por tanto la prohibición de la chaptalización.
En cuanto a las restricciones, que algunas tendrán que existir en el ámbito de asegurar las garantías de origen, control y mejora de la calidad, deben adaptarse al máximo a los regímenes de autorregulación.
Me voy a resistir a la tentación de analizarlo con más profundidad, y voy a hacerlo porque la mayoría de nuestras propuestas, sobre todo su filosofía, han sido incluidas en el acuerdo que hoy vamos a someter a votación.
Durante los días que hemos estado debatiendo y analizando con la presencia de diferentes personajes del sector hemos visto los distintos conceptos de producción, de elaboración, de comercialización y de calidad, y en esa voluntad de hacer una normativa moderna y ágil quizá no hemos tratado de un tema que a nuestro grupo le parece importante, que es el tema de la fiscalidad. Ya sé que en este momento los especialistas en el tema pueden llegar a la conclusión de que en una ley que trate sobre el vino, sobre el funcionamiento y la producción, no se tiene que hablar de algo tan importante como la fiscalidad, pero evidentemente ésta va a jugar un papel muy importante en el futuro.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Companys, le ruego vaya concluyendo.


El señor COMPANYS SANFELIU: Sí, señor presidente.
De hecho, en este momento en que todos los países están intentando hacer productos de calidades parecidas, evidentemente es importante la armonización en temas de carácter fiscal. Pedir comprensión y sensibilidad al Ministerio de Hacienda, como mínimo, es quimérico. Ya estamos adelantando en ese tema; por ejemplo, este año, con la aprobación de los presupuestos, ya se ha llegado a una equiparación del IVA en el consumo de la uva en verde y la destinada a la producción de vino, o en el tema de la manzanilla. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario entiende que es bueno que, como mínimo, conste en las actas esta sensibilidad del sector, y que el propio Ministerio de Hacienda esté atento, porque evidentemente va a ser difícil que nuestro sector pueda competir si no tenemos una fiscalidad homologada con la de nuestros países competidores.
Con toda seguridad, las líneas que hemos marcado en esta propuesta son positivas. Vamos a dejar encima de la mesa un trabajo que creo bien hecho, y, aparte de que en este momento pueda dar la impresión de que no hay unanimidad, lo cierto es que en la subcomisión seguramente llegamos a más acuerdos que en el momento del debate en este Pleno, por lo que esperamos que este trabajo sea una buena herramienta para que el Ministerio presente lo antes posible un proyecto de

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ley que pueda salir de este Congreso con el mínimo número de enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo se va a abstener tanto en los votos particulares como en el texto del dictamen, y lo va a hacer preocupado ante una falta de acuerdo que va siendo demasiado repetida en los temas agrarios.
Desde la responsabilidad tenemos que hacer una llamada al acuerdo, al consenso en los temas agrarios, porque o cambiamos el clima existente en estos momentos en la Comisión de Agricultura o el sector lo va a pasar bastante mal en las OCM de los temas agrarios que nos quedan en el futuro. Por tanto, desde esa llamada al acuerdo nuestro grupo cree que es muy importante retomar el consenso. Para nosotros, y desde todos los puntos de vista, es el momento oportuno de hacer modificaciones legislativas, las que sean necesarias, para adaptar nuestras leyes a unas realidades socioeconómicas y jurídicas del Estado español, en especial a la realidad autonómica, que obviamente no existía en el año 1970.
También queremos dejar claro que nos parecía --y nos parece-- un acierto la constitución de una subcomisión que realizase este trabajo que hoy traemos a la Cámara. Este trabajo ha significado, como ya se ha dicho, una oportunidad para aproximarse al conocimiento de un sector, de una materia sobre la que creemos que es necesario legislar. Es bueno que el sector haya entendido que existe en el legislativo una alta sensibilidad en relación con el futuro del sector vitivinícola, de gran importancia para la economía y el futuro de este país.
Otra cosa evidente --aunque al final los resultados no hayan sido los que hubiésemos deseado-- es que es muy importante el trabajo realizado y que hay que comprobarlo en la actas y los informes aportados. El informe ya señala que España posee la mayor extensión de vino del mundo, con una superficie cultivada de casi un millón y medio de hectáreas, es decir, 400.000 más que Italia y 500.000 más que Francia. Nuestro Estado exportó en 1996 casi ocho millones de hectolitros con un valor de 153.000 millones de pesetas.
Al discutir las conclusiones del trabajo sobre el futuro del sector vitivinícola, tenemos que reiterar, una vez más, la importancia de este sector, tanto por su peso en el sector agrario como en el conjunto de la economía, así como por la capacidad que tiene para fijar la población en el medio rural, evitando el despoblamiento de amplias regiones del Estado. Asimismo --no debemos olvidarlo--, por ser un sector con un importante nivel de empleo.
Igualmente, hay que recordar las grandes posibilidades que tiene la vid de contribuir a la protección y defensa del medio ambiente, sin menospreciar el papel que juegan nuestros vinos en la configuración de un producto turístico de calidad. Producto turístico de calidad sobre el que sustentar la imagen de prestigio de nuestra principal industria. De esta manera, entendemos que por la importancia que tienen los vinos en nuestro país son, en muchos casos, nuestros mejores embajadores, tanto dentro de la Unión Europea como respecto a terceros países.
Repetir que España debe ser líder mundial en viticultura sólo es plantear una obviedad. Lo que es determinante en estos momentos es exponer las medidas que tenemos que alcanzar para llegar a tal objetivo. En ese sentido, dotar al sector de las herramienta legales y del marco jurídico para que se pueda impulsar una modernización que permita afrontar el próximo siglo con las mejores posibilidades de competir en un mercado cada vez más agresivo deben ser nuestros principales objetivos. Para ello, las administraciones deben estimular la competitividad de los productos vitivinícolas españoles mediante las ayudas pertinentes y las campañas de promoción adecuadas, recordando siempre que la mejor forma de promoción es la presentación de un producto de calidad y las aperturas de mercados, todavía hoy reticentes a nuestro producto. Por eso estamos de acuerdo con la necesidad de relacionar el concepto de vino como alimento básico de la dieta mediterránea. Para nuestro país es importante que el concepto vino se reserve exclusivamente al producto obtenido por fermentación alcohólica de uva fresca o de mosto de uva, debiendo alcanzar una graduación mínima, y no se deben admitir otros medios de obtención de mostos naturales que los derivados de la vid.
Nosotros entendemos también que es necesario profundizar en mecanismos de participación y de control de las nuevas plantaciones por parte de las comunidades autónomas, de manera que se garantice la objetividad y se eviten los tratos discriminatorios. El objetivo de fomentar las variedades autóctonas hace necesario prever que se disponga del material de certificación de determinadas variedades cuya plantación sea de interés en algunas regiones.
Señorías, desde esta perspectiva queremos decir que al sector vitivinícola le esperan tiempos difíciles y duros si no conseguimos que se comprenda en Europa la necesidad de una OCM del vino que no vaya en contra de este sector, de una OCM del vino que no se utilice para compensar a terceros países. Por tanto, repetimos que en este caso como en otros muchos casos la unidad es un valor en sí misma, y si tuviésemos una normativa nos daría más fuerza para evitar una OCM contraria a nuestros intereses. Si hubiera ya un camino recorrido, sería mucho más difícil que nos hicieran retroceder,

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porque, como decíamos en otro debate, la reforma de las distintas OCM que pueden afectar a productos mediterráneos no son unas propuestas aisladas, sino que forman parte de una estrategia comunitaria común que está centrando los recortes presupuestarios en dichos productos mediterráneos, mientras que está impidiendo la aplicación de esos mismos recortes a la agricultura nórdica. Nosotros entendemos que una normativa legal debe ser también un instrumento más para reforzar la postura española en la defensa de una OCM del vino de acuerdo con nuestros intereses.
Nuestro compromiso queremos que quede aquí reflejado. A partir de ahora nos parece que es el momento de que todos asumamos esta responsabilidad para que seamos capaces, si ello fuera posible, de alcanzar acuerdos en el futuro.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Popular y del sector vitivinícola español quiero comenzar agradeciendo a toda la Cámara, y en especial a los grupos parlamentarios que apoyaron en su día la creación de esta subcomisión, la sensibilidad demostrada hacia un sector productivo español muy emblemático. Por primera vez en este Congreso de los Diputados, repito, se creó una subcomisión específica para estudiar y analizar los problemas concretos de un sector socioeconómico de nuestro país.
Señorías, la actual legislación que regula el sector vitivinícola español se redactó a finales de los años sesenta, la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, denominada Estatuto de la vid, el vino y los alcoholes. Por tanto, estamos una ley de más de 27 años, una ley preconstitucional, soportada por los sucesivos gobiernos socialistas que, a pesar de su absoluta obsolescencia, de la incompatibilidad, en muchos casos, con la legislación comunitaria y de la permanente demanda del propio sector, no tuvieron la voluntad ni la valentía política de afrontar una reforma legislativa que, por otra parte, se pedía a gritos por todos.
El Grupo Popular, consciente de que el actual estatuto es absolutamente incompatible con la realidad del contexto en que hoy el sector productor, transformador o comercializador se tiene que mover dentro de Europa y en el resto del mundo, así como su empeño y el de la ministra de Agricultura para que el sector vitivinícola español sea líder mundial, queremos afrontar el nuevo milenio aportando una nueva herramienta legal, un nuevo marco legal que sirva para impulsar su modernización, de tal manera que, junto a las excepcionales características de nuestros vitivinicultores, nuestras uvas y nuestros vinos y además por el hecho de ser el país del mundo con mayor superficie vitícola y uno de la más antigua tradición vitivinícola, comencemos el nuevo siglo liderando mundialmente este sector y frenando la agresiva competencia que se está desarrollando desde otros continentes.
Conscientes de la gran importancia y de los legítimos intereses del propio sector, en ocasiones contrapuestos, así como de la trascendencia de los cambios que nos proponemos hacer, iniciamos una nueva fórmula para legislar basada en el diálogo y en la participación de las fuerzas políticas y del sector con carácter previo, abriendo y provocando un gran debate nacional en el Congreso de los Diputados a través de la creación de una subcomisión específica.
Señor presidente, durante los últimos nueve meses han comparecido en esta Cámara, a través de dicha subcomisión, la directora general de Política Alimentaria, la propia ministra de Agricultura, así como más de 35 expertos y representantes de organizaciones agrarias, comunidades autónomas, el sector profesional, transformador y comercializador, representantes de embajadas, representantes de consejos reguladores y de la Confederación de Cooperativas de España. Oídos estos más de 35 comparecientes y analizados los diferentes informes y documentos puestos a disposición de la misma, la mayoría de los grupos hemos llegado a las siguientes conclusiones en las que se deberá basar el proyecto de ley que redactará finalmente el Ministerio de Agricultura.
En primer lugar, señorías, queremos reafirmar que el sector vitivinícola es de importancia capital en España, no solamente por su peso en el sector agrario y en el conjunto de la economía, sino también por su capacidad para fijar la población en el medio rural, evitando tanto el despoblamiento como ayudando a crear empleo, por mantener y potenciar nuestra cultura y costumbres históricas más antiguas, por proteger y defender el medio ambiente y por contribuir, señorías, al prestigio de la imagen de España, tanto en la Unión Europea como en los países terceros, mediante nuestras exportaciones de vinos.
Asimismo, pretendemos impulsar el liderazgo mundial del sector español, teniendo en cuenta el potencial vitivinícola y sus características, las condiciones de suelo, clima, prácticas de cultivo, elaboración y envejecimiento. Para conseguir tal objetivo, por una parte se debe dotar al sector de las herramientas legales y del marco jurídico que resulten capaces de impulsar su modernización con vistas al próximo siglo y, por otra parte, las administraciones competentes deben estimular la competitividad de los productos vitivinícolas españoles mediante las oportunas campañas de promoción.
Señorías, la importancia y especificidad del sector vitivinícola han merecido desde 1932 --repito, desde 1932-- que su regulación esté concretada en un solo texto legal. La reforma del estatuto vigente, por tanto,

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creemos que debe concretarse también en un único texto legal, una especie de constitución de la viña y del vino que sirva de referente en toda España y cuyo ámbito se extienda a todos los aspectos de la viticultura, incluida la protección de los vinos de calidad. Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen, la nueva ley no debe ocuparse de los alcoholes ni de las bebidas espiritosas, ni tampoco debe ocuparse de otras denominaciones de origen correspondientes a diferentes productos agroalimentarios.
Por otra parte, queremos reforzar, señorías, la posición española para que sirva de referente precisamente a la hora de elaborar y de aprobar la nueva OCM del vino; queremos ser un referente en nuestra oposición al enriquecimiento de los vinos con sacarosa. No queremos, como lo venimos manifestando desde hace varios años, que se sigan fabricando brebajes con azúcar de remolacha. Por ello lo manifestamos desde esta tribuna, al igual que lo venimos manifestando en todos los foros a lo largo y ancho de la geografía nacional.
Señorías, en España se han perdido en los últimos años más de 350.000 hectáreas de plantación de viñedos, unas subvencionadas y otras simplemente abandonadas. Con el fin de que no se pierda ni una sola hectárea más de viñedo en este país --que es el primero en superficie vitivinícola, como hemos dicho-- proponemos una novedad importante, como es la creación de una reserva nacional de derechos de replantación que el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, redistribuirán dentro del territorio español.
Igualmente, la nueva normativa deberá definir las indicaciones de calidad relacionadas con los plazos de elaboración referentes a las menciones de crianza y reservas, estableciendo unos mínimos comunes denominadores para todas las denominaciones de origen.
Al mismo tiempo, afirmamos el convencimiento de que en la gestión de las denominaciones de origen hay que liberalizar, dar capacidad jurídica propia, conceder libertad de autorregulación, sin tutelas administrativas en todos y cada uno de los asuntos que son, en un Estado moderno, liberal y progresista, potestad de la propia sociedad y de los agentes económicos y sociales implicados en el sector. Cada denominación de origen, señorías, se regirá por un reglamento aprobado por la Administración, y en aquellas denominaciones de origen que afecten a más de una comunidad autónoma, corresponderá al Ministerio de Agricultura.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le ruego vaya concluyendo.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Por todo ello, proponemos que en cada denominación de origen exista un consejo regulador con personalidad jurídica propia y en régimen de derecho privado, encargado de las funciones económicas también de carácter privado. En este sentido, la composición de los consejos reguladores se fijará con criterios de representatividad económica, de forma paritaria, entre el sector productor y comercializador y siempre garantizando una representatividad y presencia adecuada de las minorías.
Igualmente, se fomentará la creación de consejos reguladores interprofesionales en cada denominación de origen, que asumirán las funciones propias del Consejo Regulador y las establecidas en la Ley 38/1994.
Señorías, el nuevo estatuto de la viña y el vino, además de garantizar las mejores calidades de nuestros vinos, debe servir también para conseguir el más alto índice de confianza de los consumidores internos y del exterior. Para ello es imprescindible dejar de ser juez y parte, abordando de una vez por todas la separación de funciones entre lo privado y lo público para que estas funciones no estén solamente sustentadas en la buena fe de quien hasta ahora ostentaba ambas competencias, y en este sentido proponemos que la administración competente ejerza las funciones de carácter público a través de los representantes de éstas en los consejos reguladores que formarán la comisión de control del Consejo Regulador, mediante los cuerpos de veedores e inspectores de quienes dependan orgánicamente. Las funciones públicas consistirán en el control del cumplimiento del reglamento de la denominación de origen, la inspección y el régimen sancionador.
Señor presidente, estas son las conclusiones básicas y principales a las que ha llegado la subcomisión, tras haber oido al sector y a las comunidades autónomas y haber debatido sobre todo ello los distintos grupos parlamentarios presentes en la Cámara. Ahora corresponderá al Ministerio de Agricultura, en base a estas conclusiones, elaborar el proyecto de ley correspondiente al nuevo estatuto de la viña, el vino y la protección de la calidad de los productos derivados.
Señorías, quiero concluir como comencé, agradeciendo a la ministra de Agricultura el haber impulsado este nuevo estilo de legislar apoyado en el diálogo y la participación. Asimismo, quiero agradecer el apoyo y colaboración expresa de los grupos parlamentarios de Convergència i Unió, PNV, Coalición Canaria y Unión Valenciana, sin cuya positiva actitud y permanente defensa de los interese generales del sector no hubieran sido posible estas positivas conclusiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Isasi, le ruego concluya.


El señor ISASI GOMEZ: Señora ministra, señor presidente, misión cumplida.
(Rumores.) Señor presidente, si me permite, quisiera fijar en un minuto la posición respecto a los votos particulares.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Debe hacerlo S. S.
de forma brevísima y concluir de forma inmediata.


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El señor ISASI GOMEZ: Brevísimamente, señor presidente.
Respecto a los votos particulares presentados por el Grupo Socialista, una vez más autoexcluido del consenso de la práctica totalidad de esta Cámara, fijaré la posición de mi grupo brevemente.
El primer voto particular se refiere a la oportunidad o no de afrontar esta reforma.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Isasi, le ruego que haga un análisis conjunto de los votos particulares. Su señoría ha agotado ya el tiempo reglamentario.


El señor ISASI GOMEZ: No es más que este punto, y el resto en otro bloque.
Quiero decir que hay unanimidad de todos los comparecientes en la Cámara en cuanto a la oportunidad de la reforma del estatuto. Estamos hablando de una ley de hace 27 años. Por otra parte, quiero decir que el Grupo Socialista no define cuándo hay que abordar esta reforma; hace una serie de consideraciones pero no se compromete y no define su postura.
Respecto a los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo, no podemos aceptarlos, puesto que ofrecen un nuevo modelo, distinto al que unánimemente se ha acordado en la subcomisión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente. (El señor Chivite Cornago, pide la palabra)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Chivite, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor CHIVITE CORNAGO: Señor presidente, para aclarar el sentido del voto del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. un minuto. Le ruego que no se exceda y que se limite estrictamente a aclarar el sentido del voto de su grupo.


El señor CHIVITE CORNAGO: Creo que me va a sobrar la mitad. Muchas gracias.
Para aclarar el sentido del voto del Grupo Parlamentario Socialista quiero manifestar que, siendo críticos con el contenido del informe de la subcomisión, como ha quedado patente y manifiesto en la intervención y en los ocho votos particulares que he defendido hace un momento, anunciamos nuestro voto favorable al mismo, reservándonos al posterior trámite parlamentario del proyecto de ley en el que traduciremos en enmiendas concretas nuestras propuestas, para tratar de aportar las alternativas que mejoren el resultado final.
Señora ministra, tiene nuestro consenso. Comience a trabajar ahora en Europa. (Aplausos.--El señor Centella Gómez, pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella, el señor Chivite, pidió la palabra para expresar una posición distinta a la que defendió en su turno de defensa de los votos particulares.
Tiene S. S. un minuto también. Le ruego que intervenga de forma tan escueta como lo ha hecho el señor Chivite.


El señor CENTELLA GOMEZ: Me va a sobrar la mitad también.
Simplemente quiero saludar el consenso alcanzado y manifestar que nuestro grupo va a votar favorablemente, agradeciendo, además, que sea posible en este momento alcanzar la unanimidad de la Cámara. Igualmente, quiero agradecer la responsabilidad de todos los grupos y felicitarnos porque hoy se puede iniciar un buen camino en el trabajo de la Comisión de Agricultura.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Centella. (El señor Isasi Gómez, pide la palabra.) No, señor Isasi, no hay más usos de la palabra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al debate que acaba de finalizar sobre el informe de la subcomisión que ha estudiado el problema del vino.
En primer lugar, se someten a votación los votos particulares del Grupo Socialista. La primera votación afecta a los puntos 1 y 7.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 134; en contra, 166; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1 y 7.
Votamos el resto de votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 128; en contra, 163; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los restantes votos particulares del Grupo Socialista.


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Votación del acuerdo de la Comisión en relación con el informe.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


El señor PRESIDENTE: Al ser todos los votos favorables al acuerdo de la Comisión sobre el informe, queda así aprobado por unanimidad. (Aplausos.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 121/000072)

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Como saben SS. SS., son dos: al proyecto de ley general de telecomunicaciones y al proyecto de ley de residuos. Se van a debatir de seguido y las votaciones correspondientes se celebrarán al finalizar el debate de los dictámenes de ambos proyectos y, por tanto, al finalizar el desarrollo del punto VII.
Debate sobre del dictamen de la Comisión al proyecto de ley general de telecomunicaciones. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar, el señor Rodríguez. (Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor. Señor Fernández de Trocóniz, señor Aguirre, despejen la parte central del hemiciclo. (Pausa.) Cuando quiera, señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra brevemente para informar de que mantenemos las nueve modestas enmiendas al proyecto de ley de telecomunicaciones que están destinadas básicamente a que la ley contemple tres aspectos fundamentales que desde nuestro punto de vista, sin discutir ya el terreno de la liberalización y la privatización, irían encaminadas, en primer lugar, a dejar claro que el marco competencial de las comunidades autónomas es en este aspecto importante para vincular el problema de las telecomunicaciones al territorio y a la sociedad concretos. En este sentido van nuestras enmiendas a los artículos 1.1 y al 61.1.
En segundo lugar, las que van destinadas a recalcar el servicio universal, que tiene que ser un servicio no discriminatorio para ninguna zona geográfica. Por tanto, incidir en el aspecto de la cohesión territorial y social. Para nosotros, como Bloque Nacionalista Galego, toda la transformación de la tecnología TRAC nos preocupa de una forma especial, ya que es fundamental para que las zonas rurales de nuestro país no queden discriminadas. A este aspecto van destinadas las enmiendas al artículo 3,b) 3,c), 37.1,a) y 54.2.
En tercer lugar, hay algo muy importante que va vinculado a que el problema de las telecomunicaciones no se puede contemplar sin la base lingüística y cultural a la que deben de servir, no solamente en cuanto al funcionamiento de oficinas comerciales que deberían de estar abiertas al público utilizando nuestra lengua, sino también en cuanto a las garantías de que a través de todo tipo de telefonía vamos a poder ser atendidos en las lenguas propias de cada una de las nacionalidades que integramos el Estado español. Se trata de no convertir a los ciudadanos de ciertos territorios del Estado en objetores de conciencia, que tengan que estar haciendo valer sus derechos continuamente y siempre como discrecionalidad y como caso aparte, cuando lo normal sería que fuésemos atendidos en nuestra lengua. En este sentido van las enmiendas al artículo 11.2 y al artículo 70.2.
Nada más. Solamente quiero decir que el resto de las enmiendas de los grupos parlamentarios que fueron aceptadas mejoran sensiblemente el texto y, por tanto, la inmensa mayoría va a contar con nuestro voto favorable.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En segundo lugar, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para dar por defendidas las enmiendas de los números 1 a 38, presentadas en su día, en su totalidad, a diversos artículos de la ley que hoy nos ocupa, tendentes todas ellas a conseguir aprovechar la ocasión de esta reforma legislativa para que se puedan crear las condiciones de una verdadera política autonómica en materia de telecomunicaciones que desarrolle la sociedad de la información.
Las tareas de administración de las telecomunicaciones establecidas en la actualidad en la LOT, que van a ser modificadas en gran parte por esta ley que hoy nos ocupa, van a tener que definirse de nuevo a la luz de las disposiciones de la Unión Europea, que es preceptivo, pero nosotros entendemos que se pierde una ocasión para que participen plenamente las comunidades autónomas del Estado español. En estas materias deben tomar parte activamente, junto con la Administración

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general del Estado, el resto de las administraciones públicas, en particular las comunidades autónomas. En esta línea van las enmiendas números 1, 2 y 3, pero también el resto de ellas van implicadas en esta filosofía. El Estado debe quedar como garante de la aplicación de la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones, por el que apostamos indudablemente, pero se tienen que redefinir las funciones de la autoridad estatal de telecomunicaciones y pensamos que en las tareas de esa autoridad deben participar activamente las comunidades autónomas.
Las tareas de planificación de las telecomunicaciones actualmente la ley las reserva al Estado, pero así se pierde una oportunidad para que las comunidades autónomas participen y lo hagan de una manera activa.
Pensamos, y así es el mandato de la Unión Europea, que las regiones europeas deben involucrarse y participar plena y activamente en el futuro de las telecomunicaciones. Por tanto, doy por defendidas estas enmiendas que, en líneas generales, mantienen el planteamiento que las comunidades autónomas han tenido hasta el momento, ya que en esta ley se pierde una ocasión para que participen activamente en la ordenación y reglamentación de las telecomunicaciones.
Esta prohibición va en contra de la dinámica de la Unión Europea, en virtud de la cual se pretende hacer llegar la sociedad de la información a todos los ciudadanos europeos. La ordenación del territorio, donde las comunidades autónomas tienen tanto que decir, abarca de pleno la planificación de las telecomunicaciones. Por tanto, debería conseguirse con esta ley, y no se aprovecha, una mayor implicación de las comunidades autónomas en este importante terreno de futuro de cara a la sociedad de la información del siglo XXI y se debería dar un impulso al papel de las regiones en materia de telecomunicaciones. No olvidemos que la Comisión Europea está llevando a cabo una labor orientada a incentivar la participación de las regiones en las tareas de promoción de la sociedad de la información, a fin de que jueguen el papel de catalizador e impulsor de proyectos de implantación y aplicación de los servicios avanzados de telecomunicación, en estrecha colaboración con los diferentes agentes económicos presentes en el propio territorio autonómico, verdaderos beneficiarios de su desarrollo.
Por tanto, desde este planteamiento y con la solicitud que manifestamos en la enmienda número 2 de adecuar esta ley a la realidad pluricultural y plurilingüística del Estado para que las lenguas del Estado español sean plenamente involucradas en este proceso, mantenemos estas enmiendas y solicitamos que, por respeto al Estado autonómico y a las lenguas del Estado español, sean aceptadas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Para la defienda de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Alcaraz Ramos.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que necesitaría bastante más tiempo del que puedo disponer en este momento, fundamental para argumentar la defensa de las enmiendas de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, porque la falta de generosidad de la mayoría de la ponencia ha sido, en este caso, abrumadora; de 66 enmiendas solamente se aceptó una, y además era una cuestión prácticamente de estilo. Por tanto, no me referiré a las enmiendas de tipo técnico, a las mejoras en la tramitación administrativa, aunque en algunos casos entendemos que nuestras enmiendas contribuirían a incrementar la seguridad jurídica.
A nuestro modo de ver, lo peor del texto, tal como finalmente llega aquí, es el mantenimiento de la filosofía inspiradora. El artículo 2 supone respecto de la legislación anterior la devaluación del concepto de servicio público y, dado el contexto en el que se escribe ese artículo 2 en el conjunto de la ley, puede convertir el servicio universal en mera retórica. Contra ello hemos defendido diversas enmiendas, fundamentalmente la 352 y la 372.
Otra cuestión importante y a la que ya se han referido anteriores portavoces es las desigualdades posibles, relacionando el nivel económico con la ausencia de funciones reales atribuidas a comunidades autónomas y ayuntamientos. Además de argumentos ya citados aquí en el marco del desarrollo en la Unión Europea, hay que insistir en que las telecomunicaciones en la sociedad contemporánea y futura se van a convertir en un factor básico para el autogobierno material de nuestras regiones y nacionalidades. Por tanto, privarles de una capacidad de intervención política mucho más amplia supone devaluar, en realidad, ese autogobierno. De nuevo, aquí tampoco se han aceptado, primero por la ponencia y después por la Comisión, enmiendas nuestras que trataban de reforzar ese protagonismo de comunidades autónomas y ayuntamientos, fundamentalmente la 375, la 377 o la 405.
Por otra parte, no se ha avanzado lo suficiente en lo que entendemos que es una deficiente defensa de los usuarios, algo que pretendíamos evitar con las enmiendas 356, 403 y 407, estas dos últimas dirigidas también a garantizar que los usuarios podrán recibir todo lo relativo a la información y servicio respetando estrictamente el pluralismo lingüístico del Estado español. Más grave aún es que no se hayan adoptado previsiones, en apoyo a las telecomunicaciones, para los sectores más desfavorecidos, como pretendíamos con nuestra enmienda 382, en línea con la legislación de numerosos Estados europeos.
Igualmente, debo reiterar que el texto no ha recogido las enmiendas 388 y 417 que hubieran facilitado el

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acceso a redes por parte de organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones civiles sin ánimo de lucro cuyo servicio a la comunidad podrían prestarlo, en ocasiones, en mejores condiciones si tuvieran un mejor acceso a estos medios.
Finalmente, debo volver a defender en este trámite la enmienda 418 que posibilitaría comprometer esta ley con una modernización de sectores claves como la educación, la salud o la investigación, un tipo de modernización no guiada por puros intereses mercantiles.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Entiendo, señor Alcaraz que ha defendido también las enmiendas suscritas por el señor Saura. (Asentimiento.) Muchas gracias.
Enmiendas de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para enfatizar de una manera simbólica la importancia que da Coalición Canaria a este proyecto de ley de las telecomunicaciones.
A nadie se le oculta nuestra condición, reconocida en el Tratado de Amsterdam, de región ultraperiférica. Un mundo que sociológicamente es una aldea global unida por las telecomunicaciones hace que estas partes periféricas o ultraperiféricas de Europa, y en este caso concreto de España, como es el Archipiélago Canario, tengamos una dependencia que nos hace tener en alta estima lo que es el mundo y las necesidades de servicio de las telecomunicaciones.
En noviembre pasado, cuando Coalición Canaria votó en contra de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley del Gobierno, lo hacía en razón de un compromiso político al apoyar la investidura del señor Aznar como presidente del Gobierno, esperando encontrar en el Grupo Parlamentario Popular eco a una serie de posicionamientos expresados en enmiendas que presentó Coliación Canaria. Así ha sido. Llega hoy viva a este Pleno la enmienda 270, después del debate en Comisión en que habíamos mantenido tres enmiendas. En este momento hacemos una valoración positiva muy importante del proyecto que debatimos. A nuestro juicio, el dictamen mejora fundamentalmente los servicios de autoprestación que en este caso las administraciones y organismos públicos deben prestar. El régimen de prestación de servicios obligatorios queda mejor definido en el nuevo texto con la participación de la comunidad autónoma en el procedimiento de designación de aquellos operadores, cuando los servicios no superen el ámbito geográfico de la correspondiente comunidad autónoma. Quiero agradecer, en presencia del ministro de Fomento, la receptividad que ha habido para entender que, siendo una comunidad autónoma archipielágica y a esas distancias, fuera de las costas y del territorio español peninsular, era no sólo un deber constitucional sino de sentido común dentro del arte de legislar con esta racionalidad.
Políticamente valoramos de forma positiva lo que el artículo 3 del proyecto reconoce en el texto remitido por el Gobierno, que es trabar todo el territorio estatal a través de un sistema de telecomunicaciones.
Según percibimos en Canarias los transportes aéreos o marítimos, las comunicaciones nos traban el territorio, es decir lo unifican en aquello que la geografía hizo disperso. Creemos que el nuevo proyecto, y también nuestras enmiendas, mejora fundamental y sustantivamente las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, haciendo compartimentar pero, al mismo tiempo, dando competencias que en algún momento fueron exclusivas del Estado.
Señor presidente, Coalición Canaria valora positivamente el Título III del proyecto, es decir, las obligaciones del servicio publico. Quiero destacar la posibilidad de que el Gobierno de la nación declare como obligatorios aquellos servicios que, no pudiendo ser garantizados por el mercado, sean necesarios por razones de interés general. Es una posición fundamental para nosotros y que ha sido acogida favorablemente por el Gobierno y su departamento, señor ministro. No podemos estar al albur de que una economía de mercado privara al Archipiélago Canario de estos recursos. El Gobierno, en un compromiso de auténtica política solidaria y subsidiaria de Estado, hace la declaración de interés general.
Finalmente, valoramos de forma positiva el informe previo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para que pueda imponer nuevas obligaciones de servicio público sin que medie ninguna excepcionalidad, incorporándolo a los principios de Estado como, por ejemplo, son la defensa, la seguridad del Estado, los sistemas de policía, la lucha contra el crimen organizado, lo sanitario y lo educativo fundamentalmente, porque es reconocer un hecho cultural y de cohesión territorial. Coalición Canaria quiere destacar muy especialmente la idea de cohesión territorial que da sentido a la frase constitucional de que España es la patria común de los españoles. Eso se tiene que realizar fundamentalmente a través de lo que se llama el Estado y ser ejecutado por el Gobierno, el central y el autonómico.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria hace un principio irrenunciable de la política legislativa del Estado para contemplar la singularidad del hecho diferencial ultraperiférico e insular canario. En el debate del estado de la Nación, del pasado junio, el Pleno de la Cámara aprobó una resolución que quiero destacar, por la que instábamos al Gobierno a tener en cuenta este hecho diferencial insular y ultraperiférico, reconocido en la Constitución, ahora en el Tratado de Amsterdam, para adecuarlo a la política legislativa del

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Estado y a la acción ejecutiva del mismo --no solamente legislar sino ejecutar--, y el sector por antonomasia que nos mueve a este principio es hoy el de las telecomunicaciones. Nosotros hacemos que este principio tenga valor primario, tanto en el Tratado de la Unión Europea como el estatus de Canarias en la Ley de Régimen Económico y Fiscal.
Por estas razones, porque el mundo del transporte y de las telecomunicaciones viene a dar, con lo que el proyecto trae en su disposición adicional décima, una satisfacción al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, ya que va a permitir que haya unas actuaciones concretas en nuestro archipiélago, en el cuadro nacional de atribuciones de frecuencias y en los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, propiciando algo verdaderamente sentido, querido y deseado, la integración entre las islas y la integración entre el archipiélago canario y el territorio peninsular, anuncio que retiramos nuestra enmienda número 270 y hacemos esta suscripción, dejando para un posterior entendimiento con el Grupo Parlamentario Popular, a través de las negociaciones de pacto y de la receptividad que nos viene mostrando el señor Arias-Salgado como ministro de Fomento del Gobierno del señor Aznar, dentro de nuestra comisión de seguimiento, aquellas otras cuestiones de matiz que son causa de desarrollo de la ley, a través de sus decretos y órdenes ministeriales ya específicos para el territorio canario, y entendiendo que este ambiente de cooperación y colaboración solamente es positivo para dos cuestiones conceptuales que se llaman España y Canarias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Mardones.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa tiene la palabra el señor Alcaraz Masats.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Estamos terminando el debate acerca de una ley absolutamente fundamental. En este sentido, agradecemos la presencia del señor ministro, que va a dedicarle el tiempo necesario. Es una ley de enorme importancia que, sin embargo, no suscita el interés público, el interés de la gente, ni siquiera el interés de la Cámara. Estamos hablando de cómo se organiza la sociedad de la información en el futuro próximo en este país y de cómo se organiza, a nuestro juicio de manera inadecuada, una ley general de telecomunicaciones que regula el núcleo fundamental de la sociedad de la información, que va a afectar a la vida cotidiana de la gente, a la transmisión de la voz, de la imagen, de los datos, del correo electrónico, que va a afectar a todo el mundo y, sin embargo, es un debate absolutamente --me van a permitir SS. SS. que exagere el adjetivo-- clandestino. En este hemiciclo es más importante dar una revolera simbólica o un pase de pecho, para salir en todos los medios de comunicación, que estar seis o siete meses trabajando intensamente en una ley importantísima y criticando un giro totalmente negativo por parte del Gobierno con respecto a lo que debiera ser un servicio público esencial con un servicio universal adecuado. Entre los diputados que han estado trabajando se encuentra el señor García-Arreciado, quien por cierto dentro de pocas fechas dejará esta Cámara para ocuparse de otros cometidos a partir de ahora. Ha sido un trabajo intenso el suyo, que yo saludo en esta intervención, porque efectivamente el trabajo que hemos realizado todos es de enorme importancia, aunque absolutamente anónimo de cara a la opinión pública. Nosotros pensamos que de cara al texto definitivo de esta ley, que se va a parecer mucho al que va a salir de este Pleno, no se ha perseguido el consenso, ni siquiera se ha perseguido el contacto con ciertos grupos, no ha habido ni un sólo contacto con el Grupo de Izquierda Unida. En este sentido sale bastante debilitada, con poco consenso cuantitativo aunque tenga mayoría absoluta, pero, desde luego, con muy poco consenso cualitativo. Esta ley no sale con los apoyos suficientes teniendo en cuenta las consecuencias importantes que tiene para la población y teniendo en cuenta que debería durar mucho tiempo según la apuesta que hiciera el Gobierno de cara a la configuración de las telecomunicaciones en España.
Parece ser que el Gobierno no tiene las cosas claras, no tiene el modelo de telecomunicaciones claro, no apuesta claramente y, cuando apuesta, sobrepasa los límites de lo que se está haciendo en toda Europa en este momento y sobrepasa los consejos y las preocupaciones que ha denotado la Comisión Europea. Sin embargo, en muchos de los aspectos, en muchos de los detalles de lo que va a ser el funcionamiento diario de las telecomunicaciones, el Gobierno no apuesta y lo remite todo a un reglamento posterior. A nosotros se nos ponen los pelos de punta, señor ministro, señoras y señores, cuando pensamos que esta ley puede ser duradera no por lo que dice, sino porque el reglamento va a ser el auténtico campo de batalla de las novaciones y renovaciones que experimente y sufra esta ley; reglamento que van a hacer ustedes de manera unilateral y en absoluto de manera dialogada o, en todo caso, de manera debatida. Por tanto, no estamos de acuerdo ni con el contenido ni con el posicionamiento ni con el funcionamiento ulterior que va a tener esta ley. La discrecionalidad que se arroga el Gobierno es enorme en una ley de importantísimo contenido.
Intentaré hablar, desde un punto de vista más político que técnico, de dos críticas fundamentales que nosotros hacemos al texto de la ley porque, a nuestro juicio, supone un giro involutivo con respecto a la Constitución, un giro involutivo muy serio, de consecuencias

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que andando el tiempo se va a ver que pueden ser graves. También se trata de una ley poco avanzada, una ley hasta cierto punto retrógrada con respecto a los desarrollos que a temas similares se han dado en otras leyes europeas, en otros parlamentos de las distintas naciones europeas.
Quiero resumir estas dos críticas hablando de que falta sensibilidad social en esa ley, en la ley general de telecomunicaciones, tal como la conciben el Partido Popular, el Gobierno y los socios que en esta ley se integran a la hora de votarla. Falta sensibilidad social y falta sensibilidad a la hora de ver que se está abriendo una brecha social y territorial en este país, que afecta a muchos terrenos, entre ellos a este fundamental de la configuración de la sociedad de la información. Se está abriendo esa brecha de manera creciente y de manera precipitada, con poquísima sensibilidad social y territorial.
Con respecto a la Constitución, que es una Constitución que en el fondo intentaba recoger el espíritu del llamado Estado del bienestar, una Constitución que se hizo por consenso y que en muchos de sus artículos recoge la necesidad de corregir la lógica salvaje del mercado desde una tutela democrática, desde un control democrático por parte del Estado, esta ley se salta a la torera ese espíritu y a veces incluso también la letra. Se la salta a la torera y entra en un camino, en una radicalidad, en la que no ha entrado ninguna de la otras leyes europeas. Ni en Austria, ni en Holanda, ni en Francia, ni en muchos otros sitios se ha entrado en esta radicalidad. Ustedes están llegando al extremo en el que actualmente pueden estar Inglaterra y Suecia, pero ni Inglaterra ni Suecia tienen nuestras condiciones económicas, ni en Inglaterra, concretamente, se ha llegado a esta liberalización total que en el fondo para ustedes es una privatización absoluta, radical, tal como lo están haciendo ustedes en esta ley en razón de los plazos que se han dado para lo que ustedes denominan liberalización. La señora Thatcher en Inglaterra, a partir de 1984, comenzó un proceso. En estos momentos, cuando se termine de aprobar esta ley y realicen ustedes algunas de las ventas que tienen anunciadas, vamos a tener el mismo paisaje formal, el mismo paisaje legal, pero, en absoluto, el mismo paisaje social y territorial ni el mismo nivel de vida todos. Esta ley es tanto más injusta cuanto que se intenta comparar a situaciones que no se han gestado de la misma manera que la española, como las de Inglaterra o Suecia.
No sé por qué se sigue este modelo si no es porque ustedes tienen una concepción extraliberal, absolutamente radical del protagonismo del mercado con respecto a la tutela democrática que tiene que establecer el Estado en lo que deben ser servicios públicos, servicios esenciales como éste que hoy aquí estamos tratando.
Desde ese punto de vista, ustedes realizan una privatización absoluta, y en el seno de esa privatización total se cargan el servicio público y conciben un servicio universal de mínimos; un servicio universal absolutamente anémico, raquítico que va a ampliar esta brecha social y territorial. Esto, además, lo agudizan --cuando en Europa, efectivamente, se está haciendo una crítica a la inversa-- estableciendo un equilibrio no adecuado entre el operador dominante y los emergentes. No hay un equilibrio adecuado y se ha generado una competitividad desenfrenada que va a incidir en la gravedad que contiene la aplicación de esta ley a partir de de pocas semanas. Absolutamente todo para el mercado y nada para la sociedad, nada para la tutela --vuelvo a decir tutela, y aquí hay muchas comillas-- para el control democrático por parte del Estado.
Nosotros hemos presentado cien enmiendas, de las cuales prácticamente no se ha recogido ninguna; alguna de ellas se ha embutido en un totum revolutum con respecto a las enmiendas de otros grupos. En todo caso, son poquísimas y no tocan nunca aspectos importantes y mucho menos esenciales de la concepción de izquierda transformadora que nosotros tenemos con respecto a este servicio público esencial.
Presentamos una serie de enmiendas que resumen nuestra posición; por ejemplo, la enmienda número 50 al artículo 2, porque pensamos que no sólo hay una involución con respecto a la Constitución, sino que incluso puede haber una especie de reforma encubierta en cuanto al espíritu y casi la letra del artículo 128 de la misma, que dice que se puede reservar el Estado el control de lo que puede ser la aplicación de servicios públicos o servicios esenciales de la sociedad. Ustedes no dejan absolutamente nada, en contraposición con lo que se está haciendo en gran parte de los países europeos, empezando por Francia, que el Estado siempre tiene una participación que condiciona, si no determina, la actuación de estas empresas que aplican un servicio público que se dirige a conseguir el servicio universal.
Hablo de otras enmiendas, también de manera brevísima. Nosotros queremos añadir que no se pueda realizar ningún tipo de discriminación geográfica en tarifas o precios, tal como se recoge en nuestra enmienda número 99.
En Francia, en Holanda, en otros países, se avanza mucho más de cara a que no se dé esta discriminación en tarifas o en precios en función de la distribución geográfica de los abonados, de la gente en general. También planteamos la necesidad de que la asequibilidad se conceptúe de manera mucho más rigurosa, desde el punto de vista de que esta asequibilidad con respecto a los precios, etcétera, no suponga ninguna discriminación geográfica de tarifas o precios por cada operador, que haya una fijación de tarifas máximas, llamadas gratuitas a números de urgencias, consultas de guía gratuita desde teléfonos públicos, etcétera, cosa que ustedes no recogen, cuando en otros países se está aprobando y se está ejerciendo una especie de desconexión blanda en favor de los usuarios, tal como ocurre en Francia, en Italia o en Portugal.


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En la enmienda número 143 --y termino, señor presidente-- nosotros hablamos de la necesidad de un plan de extensión de las infraestructuras de telecomunicaciones para garantizar, de forma prioritaria, los servicios de telemedicina, por ejemplo, en todos los centros sanitarios públicos, la conexión de todos los centros públicos de enseñanza, bibliotecas públicas y redes de banda ancha, así como la interconexión de todas las administraciones públicas, embajadas y consulados, para un mejor servicio a los ciudadanos, tal como corresponde, marcando los límites que se crean oportunos en el tiempo, las necesidades del futuro y la configuración de la sociedad de la información, en base a un servicio universal adecuado que contenga estas previsiones.
Por lo tanto, señor ministro, no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho la tramitación ni cómo se ha obviado, desde el principio, la posibilidad de un consenso en ciertos aspectos fundamentales ni con el giro involutivo que realiza esta ley con respecto a los contenidos de esa Constitución que reflejaba, de una manera o de otra, el Estado del bienestar, y tampoco estamos de acuerdo en que esta ley sea la menos social de todas las leyes y de todas las prácticas que se están haciendo en Europa con respecto a los servicios generales de telecomunicación.
Esto es un paso atrás, son ustedes más papistas que el Papa, van mucho más allá y en mucho menos tiempo que la señora Thatcher. Ustedes tienen de centro lo que yo de obispo, señor ministro.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.
En lo que con bastante probabilidad es mi despedida, si no del escaño todavía, al menos de esta tribuna (a la que es más que probable que no vuelva a subir para defender los planteamientos de mi grupo parlamentario), quiero agradecer las palabras del señor Alcaraz y, también, mostrarles a todos ustedes la satisfacción que me ha producido estar 16 años en esta casa --casi la mitad de mi vida profesional--, el respeto que tengo por todos, la amistad que siento por muchos y la admiración que también siento por algunas de SS. SS. Han sido años muy importantes. Hay en mi tierra una vieja canción que dice que me ayuden a despedir, que despedirme no puedo, porque despedirme de ti es despedirme del cielo. Puede tener la aceptación del desgarro que siente quien hoy les habla, que siente quien canta esa canción, por decisiones dolorosas que uno se ve obligado a tomar. Pero reconduzcamos mi intervención al asunto que nos trae hoy aquí.
Cuando el 13 de noviembre pasado nos oponíamos desde el grupo parlamentario a la toma en consideración del proyecto de ley, lo hacíamos argumentando las razones de nuestra posición que, de forma muy simplificada, se pueden resumir en la afirmación de que los objetivos ambiciosos --y compartidos por nosotros-- que constan en la exposición de motivos, e incluso en la memoria que acompaña al proyecto, no encuentran acomodo en el texto articulado y han resultado no tener más alcance real que el de haber servido de retórica en la decoración del discurso del señor ministro en el acto de presentación del proyecto al Parlamento.
La aportación del desarrollo de las telecomunicaciones al objetivo de mantenimiento de la cohesión territorial y social de España no queda garantizada --ni mucho menos-- una vez concluidos los trámites en ponencia y en Comisión, y en algunos supuestos la aceptación de enmiendas por el grupo que apoya al Gobierno han contribuido, incluso, a empeorar sensiblemente el texto del proyecto. Me quiero referir en concreto a una, como muestra de a dónde llega la prodigalidad con la que el Gobierno renuncia a competencias exclusivas y además importantes. En el artículo 5, cuando se habla de los servicios para la defensa nacional y la protección civil en los ámbitos de seguridad pública, se dice que el Ministerio de Fomento mantendrá relaciones de cooperación con el Ministerio del Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias en la materia cuando éstas lo soliciten.
Estamos hablando de seguridad nacional, de protección civil, y la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas solamente se puede producir, con la enmienda introducida, cuando éstas lo soliciten.
Tiempo tiene el Gobierno en el Senado de desfacer entuerto tan injustificable y tan incomprensible, como limitar la iniciativa de parte de funciones del Gobierno en materias tan sensibles como la defensa nacional y la protección civil.
El desarrollo de unas condiciones de competencia efectiva que redunden en beneficio de los ciudadanos, incrementando la calidad y disminuyendo el precio de los servicios, tampoco es un objetivo que se pueda considerar garantizado en la redacción actual del proyecto; más bien puede predicarse del mismo lo contrario, porque el complejísimo sistema de desarrollo reglamentario establecido, la impúdica capacidad discrecional que el Gobierno se reserva, la invasión que se produce en los ámbitos competenciales de la Comisión del Mercado y un régimen transitorio descaradamente intervencionista y oscuro constituyen algunos de los instrumentos con los que el Gobierno dificulta siempre, obstaculiza a menudo e impide cada vez que puede, el desarrollo de un mercado competitivo

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que se dice perseguir, y la verdad es que se perseguirá pero a muerte.
Pero el afán intervencionista de la ley, que la recorre desde la cruz hasta la raya, se diluye, tiene una solución de continuidad, un lamentable olvido, un sesgo político darwinista cuando se refiere a las obligaciones de servicio público en general y de servicio universal en particular. En este terreno, que justifica como ningún otro la intervención del Gobierno en defensa de unos derechos que no pueden ser garantizados porque no son reconocidos por el mercado (derechos tales como la comunicación, la información o el acceso a tecnologías y servicios imprescindibles para el desarrollo adecuado de personas y territorios), que es donde el Gobierno debiera intervenir, ahí precisamente el proyecto recula, los redactores se atenazan, el culto al mercado se sublima y la interpretación de las directivas se hace con el más restrictivo de los criterios. Y una ley que dice ser, de manera solemne, vanidosa y cursi, en su exposición de motivos legislación del siglo XXI, nos introduce en el mismo con un servicio universal que tiene las mismas prestaciones de que disfrutan los ciudadanos españoles desde hace una década, ni una más, y posiblemente algunas menos, por la alarmante caida en la calidad que se viene produciendo en la prestación de algunos servicios telefónicos básicos, por más que el Gobierno, al negarnos los informes de calidad correspondientes, intente ocultarlo al Parlamento.
Hemos pretendido, señor presidente, corregir las lagunas, insuficiencias y errores presentando y defendiendo nuestras enmiendas con una serie de argumentos que no han sido oídos, quizá ni tan siquiera han sido escuchados por el grupo que apoya al Gobierno. Hoy, naturalmente, no pretendemos que nos oiga, ni que nos escuche, ni mucho menos que responda con argumentos en contra de nuestras razones, sólo pretendemos expresar ante la Cámara y dejar constancia en su «Diario de Sesiones» de nuestra disconformidad con los contenidos del proyecto, disconformidad que nace, sorprendentemente, de una identificación casi total con la exposición de motivos del proyecto y que se transforma en creciente desacuerdo conforme avanza el articulado del mismo.
Hemos querido impedir el intervencionismo injustificado de la Administración en los procesos de desarrollo de estos servicios, estableciendo claramente los supuestos en los que esa intervención sea necesaria y razonable, lo cual ocurre, a nuestro criterio, y a salvo de otro mejor, cuando sea preciso contrarrestar el abuso de posición dominante de un agente en el mercado o cuando por razón de la existencia de recursos escasos, como el espectro o los números, se requiera una gestión eficaz de esos recursos.
Hemos querido facilitar el desarrollo de un mercado competitivo y beneficioso para los usuarios --la competencia no es un bien en sí mismo, sino sólo si traslada sus ventajas a los usuarios--, pretendiendo que la ley reconozca el derecho a negociar libremente las tarifas y condiciones de interconexión, elemento sustantivo en la liberalización del mercado y sin el cual todo es absolutamente mentira e irrelevante, por lo menos en el período de nacimiento y de desarrollo de esos mercados, que es el que esta ley está encaminada a ordenar, y que esos acuerdos tengan sujeción a la autoridad de la Comisión del Mercado, lógicamente en aquellos supuestos que resulten contrarios a la competencia o lesivos al interés general.
Hemos tratado en nuestras enmiendas de superar algunas indefiniciones muy peligrosas para los usuarios más débiles; indefiniciones referidas a lo que se entiende por calidad determinada del servicio universal o por precio asequible del servicio universal, porque si no llenamos de contenido ambos conceptos, junto a otros a los que no me voy a referir, es más que probable que las leyes del mercado los vampiricen hasta dejarlos reducidos a una mera declaración de intenciones. Por eso hemos pretendido, señor presidente, que las características de las prestaciones de cada uno de los servicios universales sean establecidas por real decreto del Ministerio de Fomento, y esos reales decretos deberán estar referidos, a nuestro criterio --y único, insisto, porque el Gobierno y el grupo que lo apoya no tienen criterio sobre esto--, a las siguientes condiciones mínimas: describir las características del correspondiente servicio, con sus facilidades asociadas, especificaciones técnicas y operativas relevantes y calendario de implantación, para que sean compromisos aprehensibles por los ciudadanos, para que se pueda juzgar o no el cumplimiento de los mismos. Creemos que también los parámetros de calidad de servicio con el que los operadores deben prestarlo y la descripción de los métodos y medidas de la calidad y su calendario de implantación, así como el plan de inspecciones, deben estar contenidos en el real decreto que establezca las características mínimas de cada uno de los servicios universales.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Y, por supuesto, la estructura tarifaria y las tarifas correspondientes a los diferentes servicios. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia) Y la calidad determinada ¿qué es? Hemos querido dar algunas ideas al respecto. En primer lugar, los decretos a los que me he referido deben tener características relativas a dos niveles de calidad: uno, exigible a nivel estadístico, para juzgar el grado de cumplimiento por el operador de las obligaciones establecidas en el real decreto que desarrolla el servicio y que permita, por tanto, la contrastación estadística por el Gobierno del servicio, y otro nivel referido a las relaciones contractuales

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entre el operador y el usuario que permita a éste establecer si con él particularmente, no ya a nivel estadístico, el operador está cumpliendo las obligaciones que tiene, por no referirnos a una calidad inicial del sistema de acceso a la red telefónica básica de 35.600 bits por segundo.
Sin embargo, especial relevancia para el servicio universal tiene el contenido concreto de la difusa expresión precios asequibles. ¿Qué es precio asequible? ¿Es único en todo el país? ¿Es el mismo para todos o es diferente? Nosotros hemos querido introducir una definición de mercado, señoría, ya que estamos tan instalados en el mismo. Les proponemos que cuando el mercado de las 20 ciudades más pobladas de este país encuentre el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda y, por tanto, establezca un precio competitivo y rentable para los operadores e interesante para los usuarios, el precio asequible será, como máximo, el 125 por ciento de la media de esos mercados.
Por tanto, estamos refiriéndonos al mercado, un mercado que dice cuál es el precio de un servicio en los sectores más cremosos y rentables del mercado, pero traslademos también ese precio a los sectores con menos poder económico y menos cremosos del mercado, porque si no a la sierra de Ancares, como a la de Madrid, no llegan las telecomunicaciones, señoría, ni con polvorones, no llegarían nunca o llegarían a precios absolutamente impagables por los ciudadanos.
Hay una cosa que se llama sociedad de la información que ustedes desconocen por completo en esta ley, ni se refieren a ella. No tienen percepción del fenómeno sociocultural más potente que ha ocurrido en el último tercio del siglo XX, que está explotando, que va a producir unos cambios en las pautas de comportamiento familiar, de ocio, cultural, de estudios, que va a introducir tal transformación en las pautas generales de comportamiento de la sociedad que --digo yo-- debería estar recogido en la ley, siquiera como nosotros lo decimos. Hágase un libro blanco sobre el desarrollo del nacimiento de la sociedad de información en España y, como consecuencia de ese libro blanco, un plan director para que esta Cámara, para que el Gobierno al menos, tengan algo que decir sobre el fenómeno cultural más potente y revolucionario, en el buen sentido de la palabra, del último tercio del siglo XX. Pues ni se enteran.
Tampoco se enteran de que Internet es el fenómeno económico más potente de finales del siglo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le ruego concluya .
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: En tres años ha pasado en España de tener 100.000 usuarios a 1,5 millones, que crece al 110 por ciento acumulativo anual, que dentro de muy poco tiempo tendrá siete millones de usuarios y que llevar Internet a los centros de enseñanza, que llevar Internet a las universidades, que llevar Internet a las bibliotecas, a los centros de información no es descabellado, es una exigencia de esta ley, pero ustedes no acaban de entender la importancia de este proceso.
Algo debió aprender el señor Aznar cuando fue a inaugurar un congreso mundial de Internet, donde supongo que diría que en España Internet mejor que en ningún sitio, que cuarto y mitad, que el que más y que aquí paz y después gloria. Pero hoy rechazan ustedes aquí que Internet --en un tiempo prudencial como es lógico, no pasado mañana-- pueda estar en el servicio universal. Ustedes hacen una ley en la que vienen a decir que el progreso no es posible para todos, que el que quiera lujos que se los pague.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor García-Arreciado, S. S. debe concluir.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Concluyo, señor presidente.
Habla exclusivamente de mercado, de eficiencia, de mercancía. Nosotros hablamos de derecho, de equilibrio, de solidaridad, de desarrollo y de progreso. Es una ley de profundísimo contenido político que ustedes han pretendido enmascarar en el supuesto carácter técnico de la ley. Una ley de 80 artículos a la que se han presentado 418 enmiendas no es una ley técnica, señorías, es una ley política que marcará, lo veremos en estas votaciones, la línea que separa las fuerzas de progreso de esta Cámara y las fuerzas de reacción también de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Entramos hoy en una nueva fase del debate del proyecto de ley general de telecomunicaciones que, como saben SS. SS., se trata de algo tan importante como la trasposición de una directiva comunitaria y también se trata de un proyecto de ley que unifica una legislación muy prolífica y dispersa en materia de telecomunicaciones. Nuestro grupo parlamentario entiende que todo ello nos va a situar en una mejor posición para enfrentarnos al entorno de competencias que se acerca a pasos agigantados en este ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata, señor presidente, señorías, de dar hoy un paso más en este proceso de liberalización de las telecomunicaciones

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que desde este grupo parlamentario, desde estos bancos, siempre hemos defendido como algo absolutamente necesario y positivo; algo positivo para los ciudadanos de nuestro país, que van a tener mejores servicios, van a experimentar una reducción de precios, van a obtener una diversidad de la oferta de productos y, por tanto, van a poder sentirse más satisfechos como usuarios y, sobre todo, algo que también nos parece fundamental, van a ser finalmente tratados como clientes.
Asimismo, estamos convencidos de que este proceso va a tener un componente muy importante en la mejora de la competitividad de nuestras empresas, de nuestros sectores productivos. Tendremos en muy poco tiempo un mercado tan abierto como el resto de la Unión Europea, y la opinión de nuestro grupo parlamentario es que no nos interesa en absoluto resistirnos a este proceso.
Llegado a este punto, y sin entrar a rebatir opiniones vertidas por anteriores intervinientes, quisiera citar también, porque creo que es de justicia y absolutamente necesario, todo el tiempo que hemos perdido en avanzar en este proceso de abrirnos a la competencia, obsesionados, como estuvimos en el pasado y no hace demasiado tiempo, en la protección del monopolio y, consecuentemente, por ello dedicados a frenar la competencia. No voy a extenderme al respecto, pero deseo mencionar en este debate de hoy el período transitorio hasta el año 2003, que se negoció en su momento para evitar que pudiera entrar antes la competencia telefónica, período transitorio gracias a Dios superado ya en este momento por negociaciones posteriores; o la obsesión que existió hace muy poco tiempo en esta Cámara, en la anterior legislatura, para evitar que el cable pudiera suponer la puerta de entrada a la competencia telefónica; o bien la prima a la telefonía móvil que se impuso y que todos sabemos que, por decisiones superiores, de Bruselas, ha sido superada.
Con todo ello, señor presidente, quiero decir que nuestro grupo parlamentario va a apoyar, una vez más, este proyecto de ley, rechazando en el trámite de hoy las enmiendas que quedan vivas de Comisión, porque estamos convencidos de que con él nos situamos a las puertas de tener una legislación muy similar a la que tiene el resto de países de la Unión Europea.
No quisiera acabar mi intervención sin referirme a quien me ha precedido en el uso de la palabra, don Jenaro García-Arreciado, persona con la cual hemos discrepado a menudo, hoy una vez más, pero también hemos coincidido, y cuando la aritmética parlamentaria lo ha hecho imprescindible, nos hemos llegado a poner de acuerdo; después de debates, a veces intensos, farragosos, en los que ninguno de nosotros ha querido renunciar a sus puntos de vista, hemos llegado, repito, a acuerdos, y esos acuerdos han sido facilitados por el talante personal de don Jenaro García-Arreciado, a quien le deseo lo mejor en su nueva responsabilidad.
Quiero decirle que deja un buen recuerdo en la Cámara, estoy absolutamente convencido de ello, y sobre lo que no tengo ningún tipo de duda es de que deja muy buen recuerdo en este grupo parlamentario, donde los diputados que hemos tenido ocasión de tratar más directamente con usted en los temas que citaba hoy S. S., el señor Alcaraz también, y yo la semana pasada manifestaba mi frustración en la Comisión, en esos temas que hemos coincidido en definir como muy importantes para la sociedad, pero que nos parece que no interesan a casi nadie, todos los diputados que nos hemos encontrado con usted en esos debates creo que podemos sentirnos orgullosos de contar con su amistad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, venimos en el día de hoy a aprobar la ley general de telecomunicaciones, una ley que hemos debatido con ustedes hasta la extenuación. Yo creo que últimamente más de la cuarta parte del tiempo lo hemos dedicado a hablar precisamente sobre telecomunicaciones en esta Cámara. Lo que pasa es que, como siempre, en estos temas de telecomunicaciones nosotros hemos apostado por tratar de lograr el máximo acuerdo, por tratar de lograr el máximo consenso; consenso que parece que en el día de hoy no vamos a alcanzar en su totalidad, fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, porque el centro de confrontación de algún grupo parlamentario de la oposición ha sido siempre, y lo está siendo, la comunicación y, en segundo lugar, porque algunos grupos parlamentarios tienen una concepción de las telecomunicaciones radicalmente distinta del modelo que defiende el Gobierno del Partido Popular, que es considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales de titularidad estatal sujetos a concesión y, por tanto, a control del gobierno. Por consiguiente, tanto si ustedes tienen ese modelo como si su estrategia es la que vienen manteniendo últimamente, el acuerdo es prácticamente imposible por mucho que hablemos y durante muchos meses, como ha pasado con esta ley, porque para que haya acuerdo entre dos, desde luego los dos tienen que tener interés en que exista ese acuerdo.
En cualquier caso, sí quería agradecer la intervención del portavoz de algún grupo parlamentario, especialmente del señor Rodríguez, que, aun habiendo mantenido sus enmiendas y habiéndolas defendido esta mañana, ha anunciado su apoyo a la casi totalidad de esta ley, porque yo creo que es bueno que se intente conseguir el máximo consenso en el apoyo a esta ley.
Señorías, aunque algunas personas de algún grupo parlamentario de la oposición no les guste hablar de la

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agilidad de la Administración, yo tengo que decir que hoy se puede hablar de tiempo récord --obviamente, no en la aprobación de esta ley, porque el Gobierno envió esta ley a esta Cámara en el mes de junio, o sea, que han pasado nueve meses desde su presentación, y al día de hoy estamos aprobándola en este Pleno--, porque en sólo un año y medio hemos recuperado años y años perdidos. Eso es lo que yo llamo progreso, señor García-Arreciado; progreso es recuperar el tiempo perdido en un solamente un año y medio. Esta ley es la culminación de un proceso que comenzó con llegada del Partido Popular al Gobierno, por decisión de la mayoría de los ciudadanos que nos otorgaron su confianza, y que se traduce en cinco cuestiones fundamentales.
En primer lugar, la incorporación de directivas europeas y adaptación de la normativa en nuestro país. Este proyecto de ley que debatimos culmina, como digo, este proceso. Las aportaciones de otros grupos parlamentarios han permitido que, al final, contemos con un texto que, ajustado a las directivas --porque se ajusta absolutamente a las directivas--, es respetuoso, como no podía seer de otra manera, con la distribución competencial de nuestro país y también, cómo no, con la situación tanto tecnológica como económica del mismo. Alguien podrá seguir discutiendo matices --y ahí las enmiendas que todavía se mantienen para el Pleno de hoy--, pero el hecho cierto e incuestionable es que llevábamos un retraso terrible y en sólo un año y medio, en lo que significa el terreno normativo, se ha avanzado muchísimo, lo que era absolutamente imprescindible para dar confianza a los inversores en telecomunicaciones y también a los operadores. Hoy, España, si me lo permiten, es europea y antes no lo era, y buena prueba de ello es la aprobación de esta ley en el día de hoy.
En segundo lugar, y también en tiempo récord --además eso lo pueden comprobar los españoles--, ya existe competencia. Basta ver la televisión, observar la extraordinaria campaña publicitaria desplegada por el primero y el segundo operador de telefonía para comprobar que la competencia ya no está en las leyes, sino en la calle. En este momento , los españoles, las familias españolas, las empresas, incluso los organismos públicos, hacen sus cuentas para ver quiénes de los que ofertan esos servicios les ofrecen mejores precios y mayor calidad. Hemos pasado muchos años oyendo hablar de la competencia y hoy la competencia es una auténtica realidad que se palpa con las palmas de la mano.
En tercer lugar, el proceso de competencia y de liberalización ha preservado, señorías de Izquierda Unida y señores del Partido Socialista, lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Lo fundamental es que esté garantizado el servicio universal de telefonía básica, independientemente de que éste sea o no rentable para los operadores que compitan. Este proyecto de ley del Gobierno no sólo fija un servicio universal idéntico al que se establece en todos los países de Europa, sino un servicio universal que ampara a todos por igual, un servicio universal que, además, se ha establecido en esta ley que tenga un concepto dinámico y revisable. Todos sabemos que las telecomunicaciones avanzan muy deprisa y, si hablamos de calidad, en el día de hoy no sabemos qué servicios nos van a demandar los ciudadanos, por ejemplo, el año que viene. Porque probablemente los ciudadanos soliciten el año que viene un servicio que ni siquiera hoy en día conocemos. Por tanto, señor García-Arreciado, la bondad fundamental de esta ley es que refleja un concepto de servicio universal ágil, dinámico y revisable por este Gobierno o por cualquier otro gobierno que pudiera sucedernos, puesto que esta ley tiene afán de continuidad. No se pretende que sea una ley que dure poco tiempo, sino que es una ley general, que fija los principios básicos, que posteriormente se desarrollarán y que servirá para muchos años en un período de liberalización de las telecomunicaciones.
Además, se han fijado por el Gobierno, señorías --y en la tramitación con otras fuerzas políticas se han incrementado--, los servicios obligatorios y otras obligaciones de servicio público que deberán cumplir los operadores para prestar un mayor servicio a los ciudadanos de toda España, sin ninguna distinción, porque esta ley ampara a todos los ciudadanos, no está hecha para unos sí y para otros no. Todos los ciudadanos van a ser ciudadanos de primera y esta ley les ampara para ello. Se han incrementado, además, estos servicios y obligaciones de servicio público en sanidad, en educación y en cultura, y, al ser una ley revisable que podrá ampliar los servicios que se engloban dentro del servicio universal en función de la evolución tecnológica, de la demanda de servicios o por consideraciones de política social o territorial, se irán incrementando y mejorando los servicios para los ciudadanos, eso sin ni siquiera tener en cuenta la competencia.
La definición que se da en la ley del servicio universal --y perdonen que me extienda un poco más porque es un punto muy importante, y muchos portavoces han recogido especialmente y han mencionado el Título III, porque precisamente el Gobierno y el Grupo Popular han tenido mucho cuidado en que, al final, sea el que llegue más a los ciudadanos, porque tenemos especial interés en que llegue a todos-- garantiza que los usuarios tengan un servicio eficiente, seguro y asequible. Además, al incluir en la definición del servicio universal el acceso a la red, se está dando a los usuarios la posibilidad de acceder no sólo al servicio de telefonía vocal, sino a todos los servicios que puedan ser suministrados por las redes telefónicas. Por ejemplo, cada ciudadano puede acceder a los servicios de información interactivos y on line, incluido Internet, con tal de que tenga un ordenador y un contrato con un proveedor de los servicios.


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Sobre la línea telefónica, como todos ustedes saben, se prestan ya servicios como, por ejemplo, el banco en casa, telecompra e información en línea. Por tanto, nosotros creemos que debe concederse una prioridad absoluta a la instauración de un servicio universal auténtico en todo el territorio español y, en especial, en las zonas menos favorecidas. Todo ello solamente puede lograrse mediante una definición realista y alcanzable del servicio universal.
En cuarto y último lugar, el gobierno socialista, durante trece años, fue incapaz de dotar a este país, con su mayoría parlamentaria --que la tenía--, de un órgano independiente que velara por la competencia y por el funcionamiento leal en el mercado de las telecomunicaciones. Y fueron incapaces --y estoy segura que no fue por incompetencia-- por falta de voluntad política. Hoy, ese órgano, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es una realidad aprobada y puesta en marcha por consenso de toda la Cámara. Un consenso tanto sobre su composición como sobre sus competencias y que debatimos hace escasos meses. Ese grupo parlamentario que, como digo, no tenía voluntad política, y algún otro, pretende modificar en esta ley las competencias de un órgano que hemos aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas hace escasos meses.
Nosotros creemos que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un órgano que está funcionando bien y, por tanto, debemos mantenerlo en estos momentos como está, y la ley general de las telecomunicaciones no tiene por qué venir a modificar un status de un órgano que ha sido aprobado, como digo, por consenso de toda la Cámara hace escasos meses.
Señorías, esta ley viene a culminar este proceso del que hablamos. Un proceso de liberalización. No es una ley reglamentista; no es una ley de 450 artículos, como las que le gustan al Grupo Socialista; es una ley liberalizadora, hecha para una etapa diferente. Una etapa de pluralismo, una etapa de competencia. Es una ley en la que se incorporan los principios básicos contenidos en las directivas; principios básicos sobre telecomunicaciones que ya están aprobados en toda Europa; será una ley dinámica y se desarrollará en sus previsiones por la vía reglamentaria, con agilidad y con posibilidades de adaptarse a las circunstancias de la sociedad española. Estas circunstancias no son sólo tecnológicas --a las que me he referido--, sino también económicas, porque si hablamos de precio asequible, yo no soy partidaria de que una ley se haga tan reglamentista como para poner el precio, sobre todo porque esto podría perjudicar, al final, a los ciudadanos, porque quién sabe cómo estará la situación dentro de unos años y cuál será el precio asequible para dentro de unos años. En cualquier caso, señor García-Arreciado, usted compartirá conmigo que, por ejemplo, el precio de las viviendas, el precio de los créditos hipotecarios hoy es mucho más asequible de lo que lo era en la época del Gobierno socialista. Por eso digo que el concepto de precio asequible habría que debatirlo con mucho cuidado y que no creo que sea objeto de esta ley. Además, señorías, la competencia --como también he dicho y no me canso de repetir-- mejora y reduce los precios, mejora la calidad y produce mayores servicios para todos los ciudadanos.
Estas son, señorías, realidades. ¿Se pueden discutir conceptos? Por supuesto. ¿Se pueden discutir matices? Por supuesto. Pero las realidades son incuestionables y, además, lo son porque así lo perciben todos los ciudadanos y toda la sociedad española en este momento.
Si me permiten, quiero manifestar que, cuando llegó el nuevo Gobierno, las telecomunicaciones eran la gran asignatura pendiente en el desarrollo de los sectores competitivos de futuro de nuestro país. Hoy, con la aprobación de esta ley, es una asignatura que todavía no está definitivamente resuelta, pero que ha pasado ya muchos exámenes. Hemos pasado el examen de la normativa europea, incorporándola; hemos pasado el examen de privatizaciones ejemplares, con amplia respuesta de los ciudadanos; hemos pasado el examen de la competencia, porque hoy ya es una realidad y hemos pasado el examen demostrando que nuestra voluntad no es intervencionista, creando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En definitiva, una asignatura pendiente se ha convertido en un reto de futuro sobre decisiones políticas, realidades concretas y acuerdos parlamentarios a los que todavía están ustedes a tiempo de sumarse en el día de hoy.
Señoras y señores diputados, finalizo diciendo que, en el día de hoy, un adversario político, que tiene ideas distintas, pero al que nunca he visto como un enemigo, se despide después de un período muy largo como diputado de esta Cámara. En nombre de mi grupo parlamentario, quiero reconocerle su dedicación, su esfuerzo y sus aportaciones, tanto cuando pertenecía al grupo mayoritario de esta Cámara, que estaba en el Gobierno, como ahora que pertenece al primer grupo de la oposición. No tengo ninguna duda sobre la buena fe que ha guiado el trabajo del señor García-Arreciado en esta Cámara. Estoy convencida de que siempre hemos sido leales adversarios, que nunca enemigos, porque el único enemigo común que tenemos todos es aquél que niega la libertad, que niega la convivencia, el diálogo e incluso el debate parlamentario. Queremos aprovechar esta ocasión para desearle lo mejor para su futuro y que tenga mucha suerte y buen hacer si se le encomiendan otras responsabilidades públicas. Señor García-Arreciado, cuénteme entre sus adversarios políticos, pero espero que también me cuente entre sus amigos.
Muchas gracias. (Aplausos)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Mato. (El señor García-Arreciado Batanero, pide la palabra.) ¿A qué efectos solicita la palabra, señor García-Arreciado?

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El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Hay uno muy evidente, que es el de poder agradecer las palabras de las que he sido objeto, y otro, político, también muy evidente: se ha usado el turno de fijación de posiciones como turno en contra de mi grupo parlamentario.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para agradecer las justas palabras que respecto a S. S. se han pronunciado aquí, tendría usted el uso de la palabra; para utilizar un turno en contra de la fijación de posición de los grupos parlamentarios, no. Creo que se ha tratado de una fijación de posición estricta, no coincidente con la postura que S. S. representa, pero que se ha atenido al reglamento. Por tanto, si S. S. desea hacer uso de la palabra para agradecer los elogios, la tiene; si es para utilizar un turno de réplica, no la tiene.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy a renunciar a utilizar el turno de réplica, ya que S. S. hace esa interpretación que no coincide con la mía, pero se trata de un tema menor.
No obstante, quiero agradecer las palabras, tan sinceras como exageradas, que han pronunciado sobre mi persona Ana Mato y Luis Recoder. Ambos pertenecen al grupo de personas que no sólo merecen mi respeto, que no sólo tienen mi amistad, sino que admiro personalmente. Luis tiene ahora pocos años más de los que yo tenía cuando hace 16 años entré en esta Cámara y Ana posiblemente bastantes menos, y los dos tienen por delante un escenario que les deseo repleto de éxitos e, igual que ellos a mí me incluyen en el grupo de sus amigos, esperemos que en el futuro podamos seguir manteniendo la relación de amistad que siempre hemos mantenido, a pesar de sostener dialécticas desde esta tribuna, con planteamientos, la mayoría de las veces discrepantes con Ana Mato, alguna vez menos discrepantes con Luis Recoder.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Si me lo permite, quiero decirle que las palabra que ha escuchado no han sido, en ningún caso, exageradas, y personalmente quiero resaltar lo que ha sido su relación con la Presidencia en sus numerosas intervenciones, que mantienen el estilo que SS. SS. han destacado con respecto a su comportamiento como portavoz de su grupo.


--PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS (Número de expediente 121/000088)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos, a continuación, al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de residuos, al cual han sido presentadas enmiendas por los grupos Mixto, Izquierda Unida y Socialista.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo, en nombre de Unión Valenciana, para defender la única enmienda que mantenemos viva para el debate de hoy respecto al proyecto de ley de residuos, que introduce la Directiva 91/156, sobre la materia de residuos, que es la enmienda número 2, al artículo 4, apartado tercero. Este artículo establece que las entidades locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos en unos términos con los que nosotros mostramos cierta discrepancia, y por eso mantenemos esa enmienda de modificación a este artículo 4, apartado tercero.
La Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos, tras definir en su artículo 2 su ámbito de aplicación, establece una cláusula general residual dentro de este ámbito, en la letra g), en general para todos aquellos residuos, según el Real Decreto 1.163/1986, de 13 de junio. Señala que corresponde a las comunidades autónomas formular planes de gestión de residuos en su ámbito territorial, que serán de obligado cumplimiento para las entidades públicas y privadas.
El artículo 26 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, señala como servicio público obligatorio en todos los municipios la recogida de residuos y en los de más de 5.000 habitantes el tratamiento de los mismos. En la Comunidad Valenciana, comunidad de la que procedo, los ayuntamientos que tienen competencias en materia de eliminación de residuos sólidos urbanos, aquéllos con más de 5.000 habitantes, no las han ejercido en su inmensa mayoría, y ha sido la Generalitat Valenciana, en colaboración con las diputaciones, la que en casi todos los casos ha proyectado y construido las infraestructuras. Es evidente que la terminología autorizada en la norma no se ajusta a lo propugnado por la Unión Europea en cuanto a la gestión de residuos urbanos, ya que se omiten los términos tratamiento, valorización, reciclaje, de tal forma que los ayuntamientos con este texto podrán recoger, transportar y eliminar, pero no valorizar ni tratar los residuos. De otra parte, se ha puesto de manifiesto en el período de vigencia de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, que los ayuntamientos no han ejercido las competencias en materia de eliminación de residuos, muy por el contrario, han aparecido más vertederos incontrolados. Las posibilidades económicas de los ayuntamientos, junto con el resto de exigencias técnicas para construir y explotar estas instalaciones, hacen difícil que puedan ejercerlas. También hay que añadir que las directivas comunitarias promulgan la autosuficiencia

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en el tratamiento de los residuos, pero no la proliferación de vertederos que, aun siendo controlados, incrementan el impacto ambiental. Eso es lo que se deduce del nuevo texto, la posibilidad de proliferación de vertederos, uno por cada ayuntamiento. Véase la definición de eliminación.
El Plan integral de residuos de la Comunidad Autónoma Valenciana, recientemente aprobado por el Parlamento autonómico valenciano, no propugna esta filosofía, sino aunar a los ayuntamientos en áreas de producción, buscando que unas instalaciones den servicio a toda la generación de residuos de un grupo de ayuntamientos, pero nunca se señalan instalaciones para cada municipio individualizado.
Es destacable igualmente que si las comunidades autónomas pueden planificar en materia de residuos urbanos y ello conlleva un esfuerzo económico, una y otra cosa pueden diluirse si se produce esta modificación de competencias que condicionan la planificación. De hecho, el Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado inicialmente, expuesto a información pública hasta septiembre pasado y que ahora está en pleno rendimiento, contempla una planificación general para solucionar el problema de los residuos urbanos municipales con cargo a los presupuestos de la Generalitat, en función de las competencias asumidas plenamente.
El texto de esta ley deja el Plan autonómico valenciano indefenso y con pocas posibilidades de éxito al abundar en una gestión que ya ha demostrado hasta el día de hoy que no soluciona los problemas planteados a nivel municipal. Por tanto, mantenemos nuestro texto de modificación que paso a leer para que quede claro cuál es el planteamiento de las comunidades autónomas: Las entidades locales serán competentes para la gestión de los residuos urbanos en los términos establecidos en esta ley y en las que, en su caso, dicten las comunidades autónomas. Corresponde a los municipios, como servicio obligatorio, la recogida y transporte, así como el resto de operaciones de gestión en ausencia de ley o plan de las comunidades autónomas y en los términos de las leyes de éstas, si es que existen.
Por tanto, desde el ámbito de la Comunidad Valenciana, donde existe un Plan integral de residuos, pensamos que si se mantiene el texto tal y como figura en el proyecto que hoy debatimos, se hace un flaco favor a la recogida y tratamiento de residuos sólidos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, intervengo, en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, para defender las enmiendas que no se han aceptado en el trámite de dictamen de la Comisión.
Mi grupo entiende que esta ley significa un avance que llega con mucho retraso. Recordemos que la Directiva comunitaria es de 1991, lo que supuso para el Estado español la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su inaplicación.
En segundo lugar, quisiéramos manifestar que lamentamos que esta ley vuelva a ser una ley del bloque de derechas. No es una ley de consenso porque prácticamente no se ha aceptado ninguna de las enmiendas que plantean el Partido Socialista, Izquierda Unida y Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya.
En cuanto a su contenido, consideramos que faltan medidas concretas para la prevención y reutilización y que no hay un compromiso para su cumplimiento. No se establecen compromisos ni porcentajes de reducción ni de producción de residuos. No queda tampoco resuelta la necesidad de recoger la materia orgánica separadamente del resto de los residuos municipales y su recuperación por sistemas prioritarios de compostaje y biometanización.
La ley, señorías, opta por la proliferación de las incineradoras cuando, a nuestro entender, éstas deberían ser sólo para las materias residuales tras la aplicación de las tres erres: recuperación, reutilización y reciclaje.
Finalmente, lamentamos que la propuesta de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda, por la que se establecía la obligación del productor de acogerse a un sistema de depósito, devolución y retorno para aquellos productos tóxicos, no se haya incorporado al texto del dictamen, es un grave error que complicará y hará menos eficaz la gestión de residuos municipales.
Por todo ello, señorías, señor presidente, manifestamos que nos abstendremos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.
Como primera consideración a este proyecto de ley de residuos, señalaremos que ya al inicio del trámite observamos que había determinadas matizaciones, puntualizaciones o correcciones que se habían realizado desde el departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno vasco, que habían sido recogidas.
No obstante, consideramos que este proyecto de ley presentaba importantes carencias que habían sido constatadas anteriormente, tales como la inexistencia de objetivos concretos en materia de producción y gestión de residuos, y todo ello en concordancia con los principios establecidos por la estrategia comunitaria en esta materia. También observamos que había una ausencia de referencia alguna a tratamiento diferenciado de aquellos flujos de residuos considerados

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prioritarios a nivel europeo y que por su especial problemática requerían y requieren un tratamiento específico.
Hemos presentado una serie de enmiendas que mantenemos vivas en este trámite, algunas de las cuales tienen como misión establecer precisiones con respecto a los ámbitos competenciales que corresponden a las comunidades autónomas. Alguna otra enmienda --como ha señalado el portavoz, señor Chiquillo-- hace referencia a las obligaciones de los entes locales en relación con el tratamiento de los residuos. En concreto, lo que propugnábamos era la incorporación del almacenamiento y la valoración de tales residuos, no limitándose exclusivamente a la recogida, transporte y, en su caso, eliminación.
Por último, quería señalar alguna cuestión concreta, como podía ser el artículo 39, respecto de la adopción de determinadas medidas cautelares.
Creíamos que no era necesario esperar a que existiera el inicio de un procedimiento sancionador, porque en algunos casos existen situaciones verdaderamente de urgencia que requieren la posibilidad de poder iniciar trámites y adoptar medidas cautelares de absoluta necesidad en esos procedimientos y en esos momentos.
En cualquier caso, también creíamos que en ese artículo había que añadir no solamente la posibilidad de adoptar, sino también de exigir, lo cual permitiría llegar al cumplimiento de tales medidas que lo único que deben pretender es eliminar esos supuestos de problemática medioambiental y de residuos. Parece necesario tener la facultad no sólo de adoptar, sino también de exigir con los medios necesarios para que se eviten esas situaciones de urgencia y, por supuesto, aquellas situaciones que han requerido el inicio de un procedimiento sancionador.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Señor presidente, señorías, estamos discutiendo hoy, en esta Cámara, una ley básica que tendría que venir a cerrar el ciclo de residuos, completando la Ley de Envases y Residuos, que se aprobó hace unos meses y que en estos momentos está en fase de desarrollo reglamentario. Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ya fijó su posición con respecto a esta ley en el trámite de enmienda de totalidad con texto alternativo que presentamos. La aplicación de una directiva europea no significa que tengamos que renunciar a alcanzar objetivos más amplios y ser más ambiciosos en un tema en el que llevamos un retraso considerable, como es el de los residuos sólidos.
Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley, cuyo debate hoy hoy terminamos en esta Cámara, no va a solucionar los problemas que tiene la generación de los residuos sólidos ni va a solucionar los problemas que se plantean a la hora de reciclar, reutilizar o recuperar. Desde el proyecto de ley del Gobierno, lo que se plantea es más bien dejar hacer a las comunidades autónomas, sin tan siquiera pretender coordinar de una manera efectiva, fijándose objetivos generales en el proyecto de ley. No se puede, con la excusa de que las competencias son de las comunidades autónomas, dejar hacer sin establecer, desde una ley básica, un mínimo que desarrolle, para todo el Estado, las condiciones en las que por lo menos se debe aplicar esta ley en todas las comunidades autónomas.
No significa que haya que ir a máximos, hay que ir a mínimos que, al menos, intenten unificar determinados criterios y, a partir de ahí, cada comunidad autónoma tendrá que regular y establecer sus propios objetivos, que incluso pueden ser mucho más ambiciosos. Pero eso no puede nunca impedir que el Gobierno, que el Estado central, que la Administración tenga que plantearse objetivos generales para todo el Estado.
Las enmiendas que mantiene nuestro grupo parlamentario están enlazadas con el concepto que nuestro grupo ha defendido y sigue defendiendo en cuanto a lo que deben ser las definiciones que debe contemplar la ley básica para que tengamos claro de qué es de lo que estamos hablando. No podemos hablar de prevención, tal y como lo establece el texto del Gobierno, cuando ni tan siquiera nos planteamos que prevenir también es que se puedan sustituir unos productos por otros que sean menos contaminantes.
Señorías, esto no modifica para nada el fondo de la ley y, sin embargo, no se ha querido admitir. No podemos hablar exclusivamente de valorización, porque para nosotros es algo tan importante como la recuperación. Si hablar de valorización significa, al mismo tiempo, incineración, no estamos valorizando; sencillamente estamos quemando y, por tanto, es mucho más concreto y específico referirse a recuperación, porque estamos intentando recuperar, añadiéndole un valor a lo recuperado, para que se pueda reutilizar.
Cuando el texto del Gobierno habla de eliminación está pensando en el vertido; señorías, eliminación no es vertido, porque da la casualidad de que un residuo, cuando ya no es posible que se pueda ni reciclar ni recuperar ni reutilizar, no se elimina, está ahí. Por tanto, en todo caso, de lo que tendríamos que hablar es de una disposición final, que tendría que recomendar los mínimos vertidos posibles y, además, en un depósito controlado.
Lo que a nuestro grupo le ha llamado poderosamente la atención es cuando hemos intentado conseguir que en el texto básico que ha presentado el Gobierno de esta ley de residuos, que se hable de recogida selectiva en origen. Señorías, si no precisamos en el texto que la recogida selectiva ha de ser en origen, estamos realizando una recogida selectiva inexistente; sólo se

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puede hacer recogida selectiva en origen. Las plantas de transformación o de almacenamiento no podrán hacer nunca una separación adecuada si no ha habido recogida selectiva en origen, porque, al final, tendremos contaminada la materia orgánica y será imposible que podamos utilizarla para compostaje y que la calidad de éste permita que se utilice, con todas las garantías y la fiabilidad, para la recuperación de suelos y para el abono y utilización por los agricultores. Si en estos momentos no es rentable el compostaje es, precisamente, porque al grupo de gente que tendría que estar utilizándolo le parece que no es fiable, ya que no hay una recogida selectiva en origen que garantice que la separación de la materia orgánica está hecha adecuadamente, sin otro tipo de contaminación u otros materiales de residuos.
Estamos perdiendo la oportunidad, en el texto del Gobierno y no aceptando las enmiendas que ha presentado nuestro grupo, de que quede claro cuál es la definición que se da a una tecnología limpia. El texto del Gobierno habla de tecnología menos contaminante, pero ahí caben muchísimas interpretaciones. Habría que haber definido, y todavía hubiéramos estado a tiempo de hacerlo en este proceso, qué es una tecnología limpia y por qué se debe de aplicar.
Nuestro grupo plantea que ha de prohibirse la incineración y, fundamentalmente, la de los residuos tóxicos y peligrosos. Señoría, creemos que la ley no solamente no viene a clarificar cuáles son las definiciones en cuanto a recogida, recogida selectiva, gestión, almacenamiento, valorización, eliminación, etcétera, sino que, posiblemente, puede propiciar interpretaciones diferentes por las comunidades autónomas.
Mantenemos también que las competencias administrativas que se dan no son claras. Con la intención de mantener el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, terminamos por no tener muy claras las delimitaciones de esas competencias y, por tanto, a nuestro criterio, el texto del Gobierno introduce más dudas que claridad; de ahí las enmiendas que hemos presentado en esta materia.
Además, nuestro grupo parlamentario no comparte que se puedan transferir o remitir residuos de unas comunidades a otras, ni a través del territorio del Estado a otros territorios de la Unión Europea o de la Unión Europea hacia nuestro país. Estamos convencidos de que, a pesar de que en el texto del Gobierno figura la prioridad o la necesidad de que haya una gestión que tenga el principio de proximidad y autosuficiencia, los artículos que lo regulan precisamente indican que podemos hacer transferencias de unas comunidades a otras, de unos Estados a otros de la Unión Europea. Los residuos no son una mercancía, los residuos son residuos y, de verdad, si queremos creer que el principio de proximidad y autosuficiencia se tiene que aplicar, señorías, tendríamos que establecer mecanismos que permitieran que la gestión se hiciera en cada territorio, a no ser con excepciones suficientemente documentadas.
Creemos que es necesario introducir muchísimas más competencias de las que se han incluido, pero con mucha más claridad de lo que se ha hecho en el texto del Gobierno.
Algo que no compartimos es que el Gobierno solamente pueda fijarse, tal como queda en su texto, objetivos de reducción para los planes nacionales de residuos, dejando que lo especifiquen los planes de residuos de las comuninades autónomas. Si a esto añadimos no establecer criterios ni objetivos dentro de la ley, al final tendremos la suma de objetivos que se marca el Gobierno sin haber hecho un estudio ni una planificación para todo el territorio del Estado. Esa no es la forma de hacer los planes de residuos, sino fijar los criterios desde la propia ley y, a partir de ahí, negociar, que no imponer como se nos ha venido diciendo hasta ahora, con las comunidades autónomas para fijar con ellas los objetivos que corresponden a cada una. Pero esto tendría que estar ligado a la financiación, que ha quedado muy mal parada en esta ley, para que se puedan llevar a cabo los planes de residuos, tanto el estatal como el de las diferentes comunidades autónomas.
Se ha negado la posibilidad de que exista un fondo ambiental, donde se establezcan los impuestos, las ecotasas, las exenciones fiscales, como quieran llamarlo, con carácter finalista, para que se pudiera redistribuir hacia las comunidades autónomas y se elaborasen los planes de residuos, tanto los autonómicos como los nacionales. Si lo dejamos sin financiación y para que las comunidades autónomas sean las que tengan que implantar determinados impuestos, ecotasas o como se regule, ellas podrán hacerlo o no, con lo cual no se pondrán en marcha los planes de residuos.
Queda muy bien y el papel es muy sacrificado, pero a la hora de la verdad no se han fijado criterios ni objetivos, y sólo se ha conseguido que dentro de un año nos traigan un proyecto de ley para exigir una recaudación sobre los aceites usados y lubricantes. No hemos conseguido más y se ha perdido la oportunidad de solucionar un problema que va a impedir que, aunque se hagan planes de residuos muy bonitos y con objetivos ambiciosos, no podamos ponerlos en práctica por falta de recursos económicos.
Estas son las razones fundamentales por las que nuestra formación política no está de acuerdo con el texto que ha presentado el Gobierno.
Según nuestro criterio, a pesar de que ha sido un asunto muy debatido en esta Cámara, no hemos conseguido modificar aspectos fundamentales de la ley. Los avances que se han producido en el trámite precedente han sido o mínimos o no han aportado más. Estamos convencidos de que este Gobierno se ampara en las competencias de las comunidades autónomas en materia medioambiental para inhibirse de sus responsabilidades. Nuestro

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grupo parlamentario no está dispuesto a aceptar que, bajo el pretexto de no querer imponer, se dejen las cosas sin legislar adecuadamente.
Nosotros no queremos imponer, pero sí negociar, en un tema como el de los residuos, o marcar unos objetivos de reducción, porque, si no, ni se va a cumplir la prevención, ni se va a cumplir el reciclaje, ni se va a cumplir la reutilización. Va a ser mucho más fácil incinerar, con los problemas medioambientales y de salud que genera --porque qué vamos a hacer con las cenizas que produce la incineración, que no hay forma de eliminarlas-- con el riesgo medioambiental grave y para las salud que conlleva para las personas.
Desde luego, con esta ley no vamos a favorecer lo que se dice como principio, porque todo lo que se está regulando va encaminado a que sea mucho más barato hacer un vertido --y además no se va a supervisar los vertidos incontrolados-- y a que sea más barato el incinerar, que el recuperar, el reciclar y el reutilizar.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez de Tudela.


El señor PEREZ DE TUDELA MOLINA: Señor presidente, señoras y señores diputados, tenemos sobre la mesa, con la carpeta cerrada y los deberes mal corregidos, el proyecto de ley de residuos. Debo decirles que los socialistas llegamos a este trámite con insatisfacción, después de constatar que el trabajo realizado en todo el trámite de la ley no ha servido para aproximar posiciones y criterios entre el Grupo Socialista y el grupo que sustenta la acción de Gobierno, por lo que tenemos que reiterar en el Pleno de la Cámara nuestras objeciones a este proyecto de ley. Es un proyecto que insatisface no sólo a los socialistas, pues ayer mismo pudimos constatar la preocupación de los gestores de residuos en el foro del Club Español de Residuos y, si hubieran escuchado las inquietudes de aquel colectivo de personas interesadas y afectadas --y allí estaban ustedes, personas que no se dirá que sean precisamente del área socialista--, se hubieran percatado de la necesidad de incorporar nuestras propuestas a este proyecto de ley.
El Gobierno ha puesto de manifiesto una vez más la nula voluntad que tiene de legislar de manera eficaz y ambiciosa en materia medioambiental, esta vez en materia de residuos. Con este proyecto de ley el Gobierno se limita a trasponer de forma muy restrictiva la Directiva comunitaria de 1991, y ni tan siquiera, porque no recoge adecuadamente el principio de proximidad y de ninguna manera el de autosuficiencia, sin considerar además los cambios que se han producido en estos siete años, tiempo en el que se han venido revisando algunos de sus principios y se han establecido orientaciones que los gobiernos deben tener en cuenta.
Señoras y señores del Grupo Popular, ustedes traen hoy una propuesta que, tanto en las definiciones como en los criterios, es obsoleta y además tampoco es adecuada en la medida que no garantiza, en absoluto, el cumplimiento de sus objetivos en el conjunto del territorio español, ya que, con la excusa del respeto por las competencias de las comunidades autónomas, eluden su responsabilidad, sin considerar que el contenido de una ley básica --y fíjense que se lo dicen los letrados de esta casa-- debe establecer aquellos mínimos que se consideran de obligado cumplimiento, dejando a la responsabilidad de las comunidades autónomas, la posibilidad de incrementar esos niveles de exigencia y especificidad en la gestión. Pero el Grupo Popular, el Gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente en particular sufren la obligación de legislar en esta materia, y lo hacen con desgana, procurando obviar la asunción de compromisos y marcando líneas de exigencia incómodas de hacer cumplir.
Ustedes saben --y si no se percatan de ello la cuestión es grave-- que en el trámite de la ponencia se han limitado a dejar constancia de las enmiendas que asumían de los partidos nacionalistas para poder dar vía libre a la ley y han despachado las propuestas del Grupo Socialista, de Izquierda Unida y del Grupo Mixto sin ninguna consideración ni discusión.
Tampoco acertamos a comprender esa no exigencia por parte del Grupo de Convergència i Unió, que da soporte al Gobierno, en aquellos temas que hemos propuesto y que por necesarios, en muchos casos, los contempla ya la Ley catalana de 1993. Da la sensación de que hay una cierta despreocupación por lo que pueda ocurrir en el conjunto del Estado, sin darse cuenta de que lo que en el suceda afectará de manera inexorable a Cataluña.
Ante la postura constructiva del Grupo Socialista --y no me vale eso de que el proyecto de ley no tiene por qué ser bueno o malo en función de que se acepten o no las enmiendas de la oposición, pues se trata de una cuestión objetiva--, ante la postura con la que los socialistas hemos indicado los defectos que hay y las propuestas de enmienda, su insensibilidad medioambiental, o cuando las orejeras no les dejan ver la amplitud del campo, ha hecho inútil el trabajo y el esfuerzo del Grupo Socialista por colaborar en la redacción de una ley de residuos ajustada a la normativa comunitaria y adecuada a las necesidades de nuestro país. Ustedes se han limitado a pasar el trámite de la manera más inocua posible, procurando obviar su responsabilidad de Gobierno en lo que respecta a la gestión de los residuos de este país.
Ahora, aunque someramente, haré referencia a las cuestiones más importantes que hemos planteado y cabe señalar. El concepto de valorización no se puede ver como algo genérico que incluye cualquier tipo de tratamiento; se debe tener en cuenta que hay distintas formas de valorización y que ésta se debe llevar a cabo

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con la prioridad de la valorización de los materiales, la necesidad de introducir la definición de mejor tecnología disponible, así como explicar los aspectos que se deben tener en cuenta para determinar cuál es esa tecnología disponible.
Otro aspecto fundamental que se debe considerar es la prevención e incorporar la estrategia establecida por la Unión Europea de distinguir claramente la valorización de materiales de la valorización energética, con prioridad para la primera, evitando el totum revolutum que se desprende de la propuesta del Gobierno. Se debe establecer los cauces y mecanismos que garanticen la cooperación entre administraciones y la adecuada financiación para garantizar el éxito de la propuesta legislativa en la gestión de los residuos.
Un aspecto básico para garantizar el éxito de la gestión de los residuos urbanos que no se contempla en el proyecto del Gobierno, que hoy se somete a votación, es el de la recogida selectiva en origen. A nadie se le escapa que, si no se realiza la separación en origen de los materiales orgánicos y fermentables, se hace prácticamente imposible la valorización de materiales. Y esa propuesta, la de hacer como mínimo la separación en origen de dos fracciones, la materia orgánica y el resto, el Grupo Popular no la considera ni la admite.
Ante esto, uno se pregunta qué interés demuestra el Gobierno en hacer una adecuada gestión de los residuos en nuestro país y no cabe otra respuesta que ninguno. El Gobierno y el partido que lo sustenta han adoptado una postura de dejadez que, lamentablemente, sufriremos en el futuro con una merma en nuestra calidad de vida y el deterioro de nuestro entorno.
Para garantizar esa recogida selectiva en origen con la mayor comodidad posible y para poder retirar en el futuro la selva que contenedores que hoy invaden nuestros pueblos y ciudades, es imprescindible adecuar la legislación urbanística para conseguir que las nuevas edificaciones incorporen sistemas de recogida selectiva y buscar fórmulas de adecuación para el actual parque de viviendas.
Tampoco se asume la responsabilidad de la elaboración de planes nacionales de residuos, obligación que se declina en favor de, entre comillas, el escrupuloso respeto por las competencias autonómicas. Es una postura que ha merecido el requerimiento de la Comisión Europea para que en el plazo de un mes el Ministerio de Medio Ambiente explique por qué no disponemos ya del plan nacional de residuos sólidos urbanos.
Déjenme que les diga ahora, de antemano, que se pueden ahorrar la cantinela de lo que podía haber sido y no fue. Ya es hora de que asuman su responsabilidad. Llevan casi dos años en el Gobierno y, más allá de mandar, aún no han asumido la responsabilidad de gobernar. Este país necesita de un Gobierno responsable, firme y dialogante, maneras muy distintas de las que practica el Grupo Popular con su táctica del globo sonda, para que la ciudadanía asuma el menos malo frente a lo propuesto por el Gobierno, en detrimento de lo que es posible y deseable en beneficio de los ciudadanos; práctica lamentable a la que nos está acostumbrando este Gobierno y de la que podríamos poner ya demasiados ejemplos.
Los Presupuestos Generales del Estado deberían establecer anualmente las partidas presupuestarias correspondientes, clarificando la extrema vaguedad de la propuesta del Gobierno respecto de sus obligaciones con las comunidades autónomas y los municipios. Además, se debe aplicar, no como ocurre en estos momentos con los presupuestos de 1997 para atender los planes nacionales en vigor, que aún no se ha transferido, la partida correspondiente a las comunidades autónomas. Esta es otra propuesta desestimada en la que se intenta clarificar la acción y la responsabilidad del Gobierno, determinando qué es lo que se debe hacer y eliminando esas expresiones condicionales en las que se dice: podrá hacer, podrá establecer, etcétera, que crean inseguridad y discrecionalidad.
En la figura de la autogestión por parte de los productores de residuos, éstos deben tener un plan de reducción en la generación de residuos y una plena adecuación a los planes municipales, autonómicos y generales. En la recogida selectiva se debería establecer la obligatoriedad de todos los municipios de llevar a cabo en origen y establecer los plazos de adaptación de esta normativa. Debemos marcar plazos para la aplicación de los planes de gestión, un horizonte para elevar nuestra autoexigencia en la mejora de la calidad en la gestión de los residuos. Se debe establecer claramente la exigencia a los productores de residuos peligrosos de constituir un seguro de responsabilidad civil.
Consideración aparte merece el capítulo IV, denominado pomposamente instrumentos económicos en la producción y gestión de residuos; capítulo en el que se aprecia claramente la falta de voluntad del Gobierno de establecer una política de gestión de los residuos acorde con los criterios de la Unión Europea. A pesar de las reiteradas manifestaciones públicas que se hacen desde el Ministerio, y se ha insistido en la importancia de los impuestos ambientales y la voluntad de crear ecotasas, en el texto remitido por el Gobierno a esta Cámara no había ninguna indicación al respecto. La rectificación en este punto --que hoy resulta ser noticia respecto de la ley en los medios de comunicación como una aportación importante--, aunque exigua, ha venido forzada, in extremis, por las propuestas de Convergència i Unió, el Grupo Socialista e Izquierda Unida, con una transacción del Grupo Popular al constatar que en este punto, refiriéndonos exclusivamente a aceites usados, Convergència i Unió no transigía y exigía mantener su enmienda aunque fuera con un planteamiento que tanto minimiza la propuesta inicial. Queda por ver si, como en otras ocasiones, se incorporan enmiendas para hacer prosperar el proyecto

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y después queda, como vulgarmente se dice, en agua de borrajas. En esta materia, el Gobierno socialista les dejó preparada una propuesta en el año 1995 y ustedes no la han querido considerar. ¿Lo harán ahora? En materia de suelos contaminados se debía hacer una definición más exhaustiva y establecer mecanismos para garantizar su recuperación.
Respecto de la inspección y vigilancia, responsabilidad administrativa y del régimen sancionador, quería apuntar que se debían reforzar las tareas de inspección y establecer el principio de colaboración entre administraciones, así como confirmar los criterios establecidos para la prohibición de la entrada de residuos en el Estado español.
En el camino hacia la prevención es imprescindible la participación en el control y vigilancia por parte de los trabajadores de las empresas y de los ciudadanos en general. En la gestión de residuos peligrosos también se debería establecer el criterio de responsabilidad objetiva y la constitución de fianza.
Me permitirá, señor presidente, que termine diciendo que nos encontramos en el momento de someter a aprobación un proyecto de ley que por la cabezonada del Gobierno y del partido que lo sustenta, con la colaboración de algunos grupos políticos, nos encontramos, decía, con un proyecto que no responde a las necesidades de este país en la gestión de los residuos, que no tiene en consideración los principios básicos de prevención, que no actúa para minimizar la producción de residuos, que no plantea la recogida selectiva en origen y la valorización adecuada de los materiales y no garantiza el cumplimiento de sus objetivos de gestión en el conjunto del territorio español.
Permítanme dejar constancia, como cuestión de orden, de que mantenemos vivas todas las enmiendas transaccionales con Izquierda Unida para que pasen a votación.
Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias por su atención.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez de Tudela.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria, desde el momento en que iniciamos el trámite de este proyecto de ley, con las observaciones que a través de algunas enmiendas habíamos presentado --y que fueron prácticamente recogidas por la ponencia y, después por la Comisión-- quiere en este momento hacer una valoración positiva del mismo porque se ha mejorado substancialmente en el trámite de ponencia y de Comisión. Por esa razón, vamos a votarlo favorablemente.
Vamos a votar en contra de las enmiendas que han presentado los otros grupos porque entendemos que en el texto y el contexto del proyecto de ley están recogidos los aspectos fundamentales, admitiendo --qué duda cabe-- que en toda materia ecológica, en toda materia de tramitación de residuos, habrá que regirse por el principio de que lo mejor es enemigo de lo bueno, porque para perfeccionismos tendríamos todavía mucho papel en blanco para poder escribir todo lo que quisiéramos. Hay que actuar acorde con la realidad económica y la realidad tecnológica de lo que el país puede absorber; pero también hay que tener prudencia porque no hay solamente unos endosos a presupuestos y a legislación estatal del Gobierno central, promovidos por él mismo ante este Parlamento, sino de las comunidades autónomas ante sus parlamentos, igual que las competencias que este proyecto de ley da a la Administración local.
En primer lugar, nosotros entendemos que el proyecto de ley ha hecho una trasposión correcta y normalizada de la directiva comunitaria, como vemos, desde que se impuso en 1991.
En segundo lugar, creemos que la ley supone un avance positivo en la prevención de la producción de los residuos, tema que había que abordar de alguna manera. Hay que prevenir y no encontrarnos ante el hecho consumado del residuo --cómo lo digerimos, cómo lo transformamos, cómo lo atendemos--; hay que tener precaución para evitar la producción de esos residuos indeseables, con los costes añadidos que esto conlleve.
También queremos hacer una valoración positiva de una figura que va a tener su desarrollo en el tiempo, y cuyo comportamiento todos vamos a seguir, que son los planes de residuos, tanto a nivel estatal y autonómico como local.
Coalición Canaria, dado el voto favorable que va a dar al proyecto, quiere hacer en su valoración dos observaciones importantes para nuestro archipiélago canario, fundamentalmente, que se derivan de la disposición adicional tercera. Nosotros queremos agradecer aquí tanto al Gobierno, en la persona de la ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, como al Grupo Parlamentario Popular la acogida que se da a la España periférica --o ultraperiférica, como es el caso de Canarias en el Tratado de Amsterdam--, a estas comunidades archipielágicas e insulares, como son Baleares y Canarias, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla. Nos encontramos con algo que no existe en el territorio español peninsular, que son los costes de transporte para la eliminación de residuos, por no existir en los archipiélagos, ni en Ceuta y Melilla, estaciones transformadoras o estar muy limitadas. Concretamente, en el caso de Canarias, no existe nada más que una planta de transformación de vidrio para reciclaje en Gran Canaria;

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en Tenerife, por las refinerías del grupo Cepsa, hay una estación transformadora de aceite usados. Tanto Baleares como Canarias se encuentran en una situación de tensión territorial por su uso turístico, por el abuso de la construcción. Con el nuevo proyecto de la ley del suelo ya hemos puestos límites para evitar una degradación por la alta producción de residuos creados, debido a la presencia de un contingente turístico que utiliza servicios que generan residuos muy por encima de los de la población habitual. Démonos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Canarias, sobre una población de derecho estimada en 1.600.000 habitantes, al cabo del año han pasado por allí unos 10.000.000 de turistas que generan residuos, lo que supone un coste añadido que se ha recogido en esta disposición adicional tercera para la financiación del transporte de residuos, y es justicia que yo lo reconozca aquí y muestre mi agradecimiento.
La segunda condición objetiva de nuestro apoyo --y que afecta a Canarias-- está en la disposición adicional sexta, dado que, al hacerse una distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, como en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria, tenemos también unas competencias intracomunitarias que el propio Gobierno de la comunidad autónoma transfiere a las instituciones locales, fundamentalmente, a los cabildos insulares. La figura del cabildo insular queda aquí plenamente garantizada como órgano competente para la gestión de residuos, porque precisamente lo tiene encomendado dentro de lo que es la legislación específica canaria por lo que denominamos planes insulares de residuos sólidos. Esta figura queda, por tanto, reconocida en la ley como hecho insular y por el hecho de la lejanía, porque si no estaríamos haciendo una utopía, dado que comunidades autónomas como la canaria no podrían sobrellevarlo.
Se ha presentado una batería de enmiendas cuyo espíritu, de alguna manera, recoge el proyecto de ley. Posiblemente muchas comunidades autónomas, como es el caso de la canaria, se salen más de este margen, pero con la colaboración en los planes que permite la ley se puede llevar a cabo.
Finalmente, cada comunidad autónoma, y a ello se compromete Coalición Canaria, ha de hacer la pedagogía de esta ley, porque es necesario un grado de receptividad y de responsabilidad social a través de los medios de opinión pública que pueden hacer las instituciones para que los ciudadanos tomen conciencia de que es necesario un comportamiento adecuado con el espíritu y la letra de esta ley para hacerla plenamente realizable.
Por estas razones, porque entendemos que da un grado de satisfacción, porque creemos que es un avance positivo y porque ha sido mejorado en todo el trámite, señor presidente, Coalición Canaria votará favorablemente el texto de este proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley, que, como es sabido, constituye la trasposición de una directiva del año 1991, una trasposición que nuestro grupo ya manifestó en el debate de totalidad que le parecía bastante acertada, no obstante ha sido objeto de una serie de enmiendas de nuestro grupo parlamentario, concretamente 19, ya que también manifestábamos, con ocasión del debate de totalidad, que entendíamos que este proyecto era no sólo mejorable sino que incluso era necesario hacerlo así y en algún caso era imprescindible.
Como decía, nuestro grupo parlamentario presentó al debate 19 enmiendas que han corrido una suerte yo diría que bastante satisfactoria: ocho de ellas han sido incorporadas íntegramente al texto remitido por la comisión a este Pleno, ocho han sido objeto de transacción y tres fueron retiradas en fases previas.
La conclusión del debate de Comisión y de nuestras aportaciones entiendo que es positiva. El texto ha quedado satisfactoriamente mejorado y se ha perfeccionado en algunos aspectos, haciéndolo más acorde con el texto de la propia directiva, como sucede en el artículo relativo al objeto y ámbito de la ley, donde se han invertido las prioridades del propio proyecto y se ha situado en primer lugar la prevención en la producción de residuos. También objeto de las enmiendas incorporadas en el trámite de ponencia y Comisión se han corregido algunas cuestiones de tipo conceptual, como la referencia a los residuos urbanos; se han mejorado algunas definiciones, como la de valorización, puesto que el proyecto definía este concepto incluyendo la incineración con recuperación de energía, pero no exigía la satisfacción de los requisitos de calidad en materia de poder calorífico de los residuos, rendimiento de las instalaciones y energía obtenida, y también se han mejorado las definiciones de suelo contaminado, almacenamiento y residuos no peligrosos.
En el capítulo de gestión de residuos se ha incorporado el principio comunitario de suficiencia, complementario al principio de proximidad establecido también en la normativa comunitaria para la eliminación de los residuos, y, por lo que se refiere a los suelos contaminados, se ha incorporado algo que es novedoso en nuestra legislación pero que en ningún caso es ajeno a la legislación de otros países de la Unión Europea, como es la exigencia de responsabilidad subsidiaria al propietario de los suelos contaminados aunque no ostente la posesión de los mismos. También se ha incorporado la posibilidad de que las funciones de inspección puedan ser realizadas por entidades públicas empresariales que se nutran de personal laboral, por tanto, que no sea imprescindible

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que este personal tenga la cualificación de personal funcionarial. Por último, se ha incorporado una nueva disposición final, polémica en su momento, que nuestro grupo parlamentario entiende que posiblemente supone la principal novedad del texto que aprobará hoy este Pleno en relación con el proyecto de ley que trajo el Gobierno en su momento. Esta disposición final, a la que se han referido los anteriores intervinientes, incorpora la obligación para el Gobierno de que, en el plazo de un año, establezca un régimen tributario afectado a la gestión de aceites industriales o lubricantes y haga efectivo el principio de que quien contamina paga, y un régimen tributario que será gestionado por el Gobierno pero que repercutirá en las comunidades autónomas que ejercitan las competencias de gestión. En este mismo plazo de tiempo el Gobierno establecerá un sistema de devolución, depósito y retorno de pilas usadas.
Entiende nuestro grupo parlamentario, como uno de los grupos proponentes de esta solución, que con su incorporación al texto del proyecto de ley éste queda notablemente mejorado y por primera vez se introduce en nuestro ordenamiento jurídico lo que se viene a denominar en lenguaje no sólo técnico, sino incluso coloquial, la ecotasa. Se abre un camino, una vía que entendemos que ha de dar muchos resultados, de hecho es una vía que ha sido muy positivamente explorada por otros países de la propia Unión Europea, como es la aplicación de la fiscalidad a funciones medioambientales.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora de Lara.


La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señorías, con la votación, dentro de un momento, del proyecto de ley de residuos, y a falta del trámite del Senado, culmina la puesta al día de la legislación de residuos en España y la incorporación de la directiva 31/156, de 18 de diciembre, cuyo plazo de trasposición, marzo de 1993, ha sido ampliamente rebasado. Primero fue la Ley sobre Envases y Residuos de Envases, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 11 de abril de 1997; luego, el Real decreto por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la Ley básica de residuos tóxicos y peligrosos; posteriormente, el Real decreto sobre incineración de residuos peligrosos. Creo que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto al día la legislación sobre residuos. Quiero decir con esto, señorías, que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho los deberes, los suyos y todos los que quedaron pendientes durante la anterior etapa del Gobierno socialista. En la anterior etapa --aquí se ha indicado varias veces-- se hicieron muchos borradores --indudablemente debían existir muchos borradores--, pero no se pasó de borradores a anteproyectos de ley y a proyectos de ley. Ha tenido que venir el Gobierno del Partido Popular para poner al día la legislación de residuos. (Rumores.) Por si ustedes no lo recuerdan, señorías, el 24 de noviembre de 1993, en una comparecencia del señor Borrell, de quien dependían entonces los aspectos medioambientales, dijo textualmente: La ley marco de residuos, de la que deberíamos anticipar la norma relativa a aceites usados y a envases y embalajes, está terminada. Podría venir ya a la Cámara si no fuera por el compromiso que nos hemos autoimpuesto de consensuarla con las comunidades autónomas.
¿Qué pasó, señores diputados, desde noviembre de 1993 hasta el año 1996? ¿No pudieron ustedes consensuarla con las comunidades autónomas? ¿O será tal vez, señores diputados, que sus borradores no les convencían ni siquiera a ustedes y ahora que están en la oposición presentan como texto alternativo y en forma de enmiendas lo que no se atrevieron ustedes a presentar como anteproyecto o proyecto de ley? Sería buena una reflexión en este sentido, después de oírles reiteradamente hablar de lo malo que es el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno.
Han indicado los portavoces del Partido Socialista y de Izquierda Unida que faltan objetivos cuantitativos de reducción, de reutilización y de reciclaje en el proyecto de ley. Sin embargo, señorías, olvidan ustedes que España tiene un Estado descentralizado, que España es un Estado de las autonomías y que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias transferidas en la gestión de residuos y son ellas las que deben establecer esos objetivos cuantitativos en sus propios planes autonómicos y locales. Creemos que, de otra forma, podría incurrirse en inconstitucionalidad y podrían invadirse competencias de las comunidades autónomas.
Sí deseamos que se fijen esos objetivos de reducción, de reutilización y de valorización, pero contemplando la realidad y las posibilidades ciertas, sin limitarnos a declaraciones de intenciones, como hacen ustedes en sus enmiendas.
Respecto al impuesto sobre residuos y el fondo ambiental, el quinto programa de acción comunitaria en materia de medio ambiente considera necesaria la utilización de instrumentos económicos, en especial de carácter tributario, para fomentar medidas destinadas a proteger el medio ambiente. Por ello, a priori, no existen motivos para rechazar, desde el punto de vista ambiental, cualquier propuesta que tenga como objetivo implantar este tipo de instrumentos fiscales.
No obstante, existe una serie de interrogantes que es preciso resolver.
Las comunidades autónomas tienen competencias tributarias en materia de impuestos ambientales siempre y cuando no graven hechos imponibles

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previamente sujetos por un tributo estatal o local. La creación de un impuesto estatal supondría impedir a las comunidades autónomas el establecimiento de impuestos semejantes por su parte.
Tampoco está resuelto el interrogante de si se trataría de un impuesto sobre emisiones, es decir, gravando el hecho contaminante, o sobre productos, gravando la utilización de materiales o bienes potencialmente contaminantes. ¿Sería un impuesto finalista? Ello podría suponer una opción peligrosa, en la medida en que sólo sirviera para generar mayor burocracia.
De otro lado, la entrada en vigor de la ley de envases y residuos de envases va a suponer una financiación adicional para acometer inversiones públicas vinculadas a sistemas de gestión de residuos. Por ello, y en definitiva, la creación de un tributo ambiental en materia de residuos creemos que exige dar respuesta a una serie de cuestiones de gran trascendencia jurídica y económica, y las propuestas socialistas y de Izquierda Unida no aportan solución alguna a todos estos interrogantes que hay establecidos. Por ello, nuestro voto a sus enmiendas será negativo.
Sí hemos llegado a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No es que hayamos aceptado la enmienda de Convergència, sino que les hemos propuesto una transaccional, como ha explicado el señor Recoder. Pero esta enmienda se refiere sólo a un tipo de residuos, los aceites usados, que ya se están gestionando en España desde hace mucho tiempo, que ya se están reciclando, y que ya estaban recibiendo unas subvenciones del Ministerio, es decir, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Repito, hemos llegado a esta enmienda y dentro de un año, después de su entrada en vigor, el Gobierno presentará un proyecto de ley para establecer la fiscalidad para este tipo de residuos.
Creemos, señorías, que el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar es ambicioso en materia medioambiental, tecnológicamente moderno y realista en sus planteamientos, con absoluto respeto al reparto competencial, y en el que han participado las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes implicados en ella.
Además, el proyecto de ley es aplicable a todo tipo de residuos. Aborda el difícil problema de los suelos contaminados, obliga a los agentes económicos, productores y gestores a que conozcan en todo momento los residuos que están generando y de los que son responsables, y abre la posibilidad de formalizar acuerdos voluntarios y convenios de colaboración como instrumentos jurídicos de posible uso para cumplir algunas obligaciones establecidas en el proyecto de ley.
Se habilita al Gobierno a fin de establecer normas para los diferentes tipos de residuos y se establece la recogida selectiva de residuos para municipios de más de 5.000 habitantes en el año 2001.
En fin, señorías, es un proyecto que pretende estar abierto a la sociedad civil y en el que se introducen elementos de libre mercado con fines ambientales, abriendo la posibilidad de generación de empleo en el sector de gestión de residuos, valorización de materiales de segundo uso y tecnologías de gestión y de ahorro. De otro lado, hay que indicar que el proyecto de ley destaca por la voluntad de limitar el intervencionismo a lo estrictamente necesario.
Termino, señorías, agradeciendo el apoyo que prestan al proyecto de ley los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco, Catalán (Convergència i Unió) y Unión Valenciana, varias de cuyas enmiendas han sido admitidas y han enriquecido el texto de este proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora de Lara.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de los dictámenes que se han debatido a los dos proyectos de ley. Sinceramente quiero anunciarles que van a ser largas y enjundiosas.
Por tanto, procuremos entre todos, con el silencio y la colaboración segura de SS. SS., que no sean, además de largas, complicadas.
Votamos en primer lugar las enmiendas al proyecto de ley general de telecomunicaciones, comenzando por las del Grupo Mixto. En primer lugar, las números 151 y 154, del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 152; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 155.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 20; en contra, 298, abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 150.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 138; en contra, 170; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 152.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 136; en contra, 183.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 153.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, seis; en contra, 173; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 156.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, cinco; en contra, 312; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 157 y 158.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, seis; en contra, 171; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Chiquillo. En primer lugar, las números 275, 278, 279, 280, 281 y 282.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 151; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 285, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 152; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 276, 277, 283, 294, 298, 289, 290, 300 a 310.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, siete; en contra, 312; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 287, 284 y 288.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, seis; en contra, 315.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 273.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, siete; en contra, 171; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 170; abstenciones, 146.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Alcaraz Ramos. En primer lugar, la 371, junto a la 372, 373, 374, 379, 381, 382, 383, 385, 398, 400, 401, 405, 406, 409, 411 y 416.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 151; en contra, 169; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 380, 384, 386, 387, 389, 399, 402, 403, 404, 410, 412, 413, 414, 415 y 418.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 314; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Alcaraz Ramos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 171; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura Laporta. En primer lugar, las 352, 353, 354, 355, 356 a 365 y 368.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas, Enmiendas 366 y 367.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 316.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, cinco; en contra, 171; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Al haberse retirado las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, pasamos a las del Grupo Federal de Izquierda Unida, comenzando por la 50 a 55, 58 a 67, 69 a 81, 83, 86, 88, 92, 95, 99, 101, 102, 105, 109 a 114, 116 a 118, 120, 127, 128, 142 y 144 a 148.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 151; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 56, 84 y 107.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 301.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 18; en contra, 173; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 160, junto a la 167, 199, 207, 211 a 215, 217 a 220, 223, 224, 226, 230 a 233, 235, 238, 239 y 246.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 149; en contra, 169; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 165, 166, 168, 175 a 183, 185, 187, 205, 206, 221, 222, 227 a 229, 236, 237, 244, 245, 247, 248 y 249.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 137; en contra, 181; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 135; en contra, 170; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen. En primer lugar, los artículos 4, 19, 32, 48, 74, 78, 79, 80, 81 y disposiciones adicionales primera, tercera, cuarta, quinta y sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 312; en contra, 5; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 43, 49, 56, 63, 64, 66 y 76.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 302; en contra, dos; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición adicional octava.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 304; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava y novena.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 300; en contra, 14; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición transitoria duodécima.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 171; en contra; 17; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de disposiciones transitorias.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, 135.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 318; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones finales y anexo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 301; en contra, 14; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 8, 9, 12, 23, 27, 29, 33, 34, 36, 45, 46, 47, 51, 84 y 85.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 170; en contra, 145; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 68 a 73 y disposiciones adicionales segunda y séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 170; en contra, 145; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 30, 52, 53 y 67.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 168; en contra, 133; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 54.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 169; en contra, 145; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículo 77.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 182; en contra, 134; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Artículos 6, 27 y 44.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 187; en contra, tres; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición adicional novena.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 169; en contra, 16; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 1, 2, 3, 5, 15, 21 y 38.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 169; en contra, 14; abstenciones, 138.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 82 y 83.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 302; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto de articulado, disposiciones y exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 169; en contra, 16; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Finaliza así la votación de las enmiendas y el dictamen al proyecto de ley general de telecomunicaciones. Pasamos a las enmiendas y al dictamen del proyecto de ley de residuos.
En primer lugar, se somete a votación la enmienda número 2 del señor Chiquillo, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, siete; en contra, 183; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Alcaraz números 114, 116 y 117.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, cinco; en contra, 312, abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 110, 113, 115, 118 a 127, 132, 133, 137, 139 a 148, del señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 153; en contra, 167; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 108 y 109.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 35; en contra, 157; abstenciones, 129.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 128.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 170; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, cinco; en contra, 169; abstenciones, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 26, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 138; en contra, 179, abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 28, también de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 300; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, seis; en contra, 299; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, las números 173, 174, 178, 180, 193, 202, 207, 221, 222, 224, 228, 235 y 243.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 16; en contra, 170; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 149; en contra, 167; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, las números 56, 63, 68, 71, 73, 87, 97 y 99.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 136; en contra, 170; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 150; en contra, 168; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Transacciones mantenidas en el Pleno.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 150; en contra, 170; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de ley de residuos.
En primer lugar, los artículos 8, 24, 29, 31 y 40.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 170; en contra, dos; abstenciones, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposiciones adicionales segunda, cuarta, quinta y sexta, disposición transitoria segunda y disposiciones finales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 169; en contra, tres; abstenciones, 149.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Artículos 2, 6, 13, 21, 22, 27, 28 y 32 a 39 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 168; en contra, 133; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición transitoria primera, disposición derogatoria y anexo.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del articulado y disposiciones.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 167; en contra, 146; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 170; en contra, 146; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda también aprobada la exposición de motivos y con ello concluidas las votaciones y el orden del día.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.

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