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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 115, de 13/11/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 115

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 111

celebrada el jueves, 13 de noviembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Informe de la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, con el objetivo de estudiar la situación actual de la familia en España y conocer y proponer actuaciones al Gobierno:

--Informe de la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, con el objetivo de estudiar la situación actual de la familia en España y conocer y proponer actuaciones al Gobierno (número de expediente 154/000002) (Página 5862)

Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:

--Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1994 y resolución adoptada por la misma (números de expedientes 250/000003 y 250/000004) (Página 5869)

Página 5858


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 74-1, de 30 de junio de 1997 (número de expediente 121/000072) (Página 5874)

Avocación por el Pleno:

--Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (número de expediente 121/000072) (Página 5898)

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 67-1, de 12 de junio de 1997 (número de expediente 121/000062) (Página 5900)

--Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 13-1, de 18 de septiembre de 1996 (número de expediente 121/000012) (Página 5906)

--Proyecto de Ley del Gobierno. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 27-1, de 23 de enero de 1997 (número de expediente 121/000025) (Página 5914)

--Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones públicas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 34-1, de 17 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000032) (Página 5918)

--Proyecto de Ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (procedente del Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 55-1, de 12 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000057) (Página 5921)

--Proposición de Ley sobre reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 40-1, de 21 de junio de 1996 (número de expediente 122/000028) (Página 5922)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 28-1, de 3 de febrero de 1997 (número de expediente 121/000026) (Página 5928)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Informe de la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo con el objetivo de estudiar la situación actual de la familia en España y conocer y proponer actuaciones al Gobierno (Página 5862)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Trujillo Oramas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Informe anual sobre la Cuenta General del Estado (Página 5869)

Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1994 y resolución adoptada por la misma (Página 5869)

Página 5859


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Moreno Monrove, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, en primer lugar, el informe de la subcomisión que ha estudiado la situación actual de la familia en España para proponer actuaciones al Gobierno, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la propuesta de resolución número 9, del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1994, se aprueba por 189 votos a favor, 129 en contra y una abstención.
Sometido a votación el resto del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1994, se aprueba por 321 votos a favor y una abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 5874)

Proyecto de ley general de telecomunicaciones (Página 5874)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Manifiesta su satisfacción por presentar ante la Cámara el proyecto de ley general de telecomunicaciones que culmina, desde una perspectiva estrictamente legal, lo que es el proceso de liberalización de las telecomunicaciones iniciado en España hace algunos años. Este proceso se inicia en el ámbito de la Unión Europea y continúa en el marco de la Organización Mundial de Comercio, significando, en términos formales, la eliminación de derechos exclusivos y la simplificación y reducción del ámbito de discrecionalidd de los poderes públicos a la hora de conceder los títulos habilitantes para la prestación de los distintos servicios de telecomunicaciones.
Explica a continuación los cuatro capítulos principales de que consta el proyecto de ley: en primer lugar, la regulación del servicio universal y las obligaciones de servicio público; en segundo lugar, la interconexión; en tercer lugar, la numeración y, finalmente, la necesidad de un órgano regulador y la reconfiguración de la administración pública de telecomunicaciones. A continuación se refiere a los títulos habilitantes que recogen la legislación comunitaria y que son de dos clases: las autorizaciones generales y las licencias individuales, conceptos que no tienen tradición en la legislación española y que podrían ser reconducidos a la categoría genérica de autorización administrativa.
Por otra parte, plantea la liberalización de las telecomunicaciones, concretamente del servicio de telefonía, desde la perspectiva de la cohesión social de cualquier sociedad nacional, así como desde la perspectiva de la economía productiva y de su competitividad. Por ello considera conveniente que se recojan determinadas obligaciones de servicio público a prestar por determinados operadores que sean titulares de licencias individuales, que divide en tres categorías: primera, el servicio universal de telecomunicaciones; segunda, los servicios obligatorios de telecomunicacioanes que se prestan en todo el territorio nacional con tarifas orientadas a costes; y tercera, otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general que afectan a la defensa nacional, a la seguridad pública, a la educación y a la sanidad.
Destaca como uno de los grandes problemas que plantea la liberalización de las telecomunicaciones la interconexión, y añade que la nueva regulación parte, en cumplimiento de la normativa comunitaria, del reconocimiento pleno del derecho a la interconexión y al acceso a las redes por parte de todos los operadores. Asimismo, se refiere, como otra cuestión de gran importancia para el funcionamiento de un mercado libre de telecomunicaciones, a la numeración, siendo regulada por la ley como elemento esencial de la prestación del servicio de telecomunicaciones en un ámbito liberalizado y atribuyéndose a la llamada administración activa --Gobierno y Ministerio de Fomento-- la elaboración y aprobación de los planes nacionales de numeración y a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones su gestión.
Finalmente hace una breve referencia a la configuración de la administración de las telecomunicaciones, como consecuencia del proceso de liberalización emprendido, y a la creación de un órgano regulador dotado de amplísima autonomía, como es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y añade que, a partir de este marco legal, habrá de dictarse todo un conjunto de reglamentos que hará posible el funcionamiento de un mercado libre.
Por último pide el apoyo de la Cámara para este proyecto de ley que culmina un proceso de reforma estructural que, junto con otras muchas disposiciones

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que se han venido dictando en los últimos tiempos, colocará a España a la cabeza de ese proceso de desregulación de un mercado libre de telecomunicaciones.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, duplicando la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley general de telecomunicaciones por los grupos parlamentarios Socialista, Mixto e Izquierda Unida, se rechazan por 153 votos a favor, 175 en contra y una abstención.


Avocación por el Pleno (Página 5898)

Del proyecto de ley general de telecomunicaciones (Página 5898)

El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, propone la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley general de telecomunicaciones, lo que se aprueba por asentimiento.
Antes de entrar en el siguiente punto de orden del día, el señor Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, plantea a la Presidencia una cuestión de orden, dando lugar a un debate en el que intervienen el señor Molins i Amat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Eguiagaray Ucelay, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmiendas del Senado (Página 5900)

Proyecto de ley del sector eléctrico (Página 5900)

En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Hernández Moltó, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Enmiendas del Senado. (Continuación) (Página 5906)

Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 5906)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jover Presa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley del Gobierno (Página 5914)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario

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Catalán (Convergència i Unió); Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Suárez Pertierra, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones púbicas (Página 5918)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (procedente del Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril) (Página 5921)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposición de ley sobre reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución (Página 5922)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector eléctrico y al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Votación de conjunto (Página 5927)

Del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Continuación) (Página 5927)

Sometida a votación final de conjunto, se rechaza por 174 votos a favor, 14 en contra y 131 abstenciones, al no haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara exigida por la Constitución para las leyes orgánicas.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a los restantes proyectos y proposiciones de ley.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 5928)

Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 5928)

En defensa de las enmiendas que quedan vivas al proyecto de ley intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas transaccionales intervienen los señores Sánchez i Llibre, Ríos Martínez y Fernández Marugán.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se procede a la votación de las diferentes enmiendas al proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
Asimismo, se procede a la votación de los diferentes artículos y disposiciones del dictamen de la Comisión del proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, que son aprobados.
Se levanta la sesión a las siete y cuarenta minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Les ruego que ocupen sus escaños. Vamos a reanudar la sesión.


-- INFORME DE LA SUBCOMISION, CREADA EN EL SENO DE LA COMISION DE POLITICA SOCIAL Y EMPLEO, CON EL OBJETIVO DE ESTUDIAR LA SITUACION ACTUAL DE LA FAMILIA EN ESPAÑA Y CONOCER Y PROPONER ACTUACIONES AL GOBIERNO (Número de expediente 154/000002)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continuamos el orden del día en su punto VII, que trata del informe de la subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, con el objetivo de estudiar la situación actual de la familia en España y conocer y proponer actuaciones al Gobierno.
Para exponer ante el Pleno las distintas conclusiones de los grupos parlamentarios, ¿cuáles de éstos desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No es la primera vez que se ha dicho, pero, desde luego, esta vez es total y absolutamente verdad. Estamos en una de esas ocasiones parlamentarias en las que nos sentimos, por así decirlo, reconciliados con nosotros mismos, con nuestros ciudadanos, con la sociedad, como políticos y como legisladores, por el tema de este informe.
Por otra parte, tengo que hacer constar que, como miembro del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la satisfacción en este caso, que no presunción, es notablemente superior. Quiero recordar a SS.
SS.que fue hace cinco años, en noviembre de 1992, cuando el Grupo Parlamentario Catalán presentó por primera vez la solicitud de constitución de una subcomisión que estudiase la situación de la familia en España y propusiese al Gobierno medidas de actuación, todo ello en el marco del Año internacional de la familia de 1994. En aquella cuarta legislatura esta proposición ni siquiera pudo ser aprobada por el Pleno del Congreso, de tal manera que en la quinta legislatura mi grupo volvió a reproducir esa solicitud, que ya fue aprobada por el Pleno, el 1 de marzo de 1994. Como saben SS.SS., el adelanto electoral que dio lugar a esta legislatura, la sexta, impidió concluir los trabajos de la subcomisión y de ahí que, de nuevo y por tercera vez, el Grupo Parlamentario Catalán plantease la constitución de esta subcomisión, que fue aprobada el 21 de mayo de 1996. Por tanto, estamos hablando hoy de culminar 5 años de esfuerzo político y también, qué duda cabe, de esfuerzo material.
De ahí que no deba extrañar a SS. SS. que, con una gestación de cinco años, mi grupo parlamentario tuviese muchísimo interés en que no se produjese un parto de los montes y que, después de cinco años de esfuerzo político y de trabajo, acabásemos pariendo un ratón, que todo esto terminase en alguna orden ministerial o en algún decreto en un ejemplar del «Boletín Oficial del Estado».
Nuestra posición ante la ponencia o el informe que debiera elaborar la subcomisión venía determinada por tres puntos fundamentales. Primero, entendíamos que no debía efectuarse un informe pura y estrictamente descriptivo, de carácter sociológico, que se limitase a describir una realidad sin pretender cambiarla. En cualquier caso, tengo que decir que si algo acreditan los resultados de estos informes sociológicos que se han incorporado y que han sido tenidos en cuenta por la ponencia es que la familia, por sus propias características, por su propio esfuerzo y por su propia naturaleza, goza de buena salud. Goza, por lo menos, de mejor salud que los propios españoles. Lo digo porque el 78 por ciento de los españoles encuestados por el CIS, en diciembre de 1996, se declara satisfecho o muy satisfecho de su vida familiar y, si bien reconocen en la encuesta que su felicidad depende más de la salud que de la familia -son, por ese orden, el primer y segundo elementos que determinan esa felicidad--, declaran que es la familia la que en estos momentos les proporciona un nivel de felicidad superior a la salud. Concretamente, el 71 por ciento manifiesta que es la familia la que le está proporcionando mayores satisfacciones, mientras que sólo un 52 por ciento lo dice de la salud. Por tanto, señorías, la familia por sí misma goza de buena salud y estamos lejos de extender cualquier tipo de certificado de defunción; quizá no ahora, pero años ha, no han faltado candidatos a enterradores.
Segundo, tenemos que manifestar también que estos estudios sociológicos incorporados al informe de la ponencia ponen de manifiesto que, si bien existen diversas formas de familia, no se configuran como modelos alternativos entre sí, sino que normalmente constituyen estadios o etapas por los que transcurre la vida de una misma persona. La cohabitación, que supone un 2 por ciento de nuestras formas familiares, es preferentemente prematrimonial, mientras que la familia monoparental es la posmatrimonial, derivada de una separación o de un divorcio. Finalmente, constituye un estado previo a la familia reconstituida.
Según decía antes, no era nuestra intención que éste fuese un informe puramente descriptivo y sociológico, pero tampoco lo era que fuese un informe prescriptivo, en el sentido de determinar pura y simplemente algunas medidas puntuales, como las que hemos ido

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adoptando a lo largo de las últimas legislaturas, para mejorar la situación de la familia. El Congreso es un órgano de naturaleza fundamentalmente política y, por tanto, la voluntad de mi grupo era sobre todo la asunción de una serie de principios, que, sin lugar a dudas, podemos definir como políticos e ideológicos; que los representantes de los ciudadanos hiciesen una declaración de principios en relación a la familia, declaración que, con posterioridad, permitiese ir aplicando estos principios a supuestos concretos; que tuviesen una auténtica capacidad de desarrollo legislativo, que no se agotasen en la ponencia.
Como último requisito, y no digo que no fuese incluso el fundamental, queríamos que fuese un informe aprobado por consenso. Queríamos que la familia quedase al margen de la batalla política ordinaria entre los distintos grupos parlamentarios, batalla que, por lo demás, es absolutamente legítima. Nuestra intención era que fuese un informe adoptado por consenso, un punto de partida para las futuras políticas legislativas en materia de familia.
Y si éstos han sido los tres requisitos, los tres presupuestos con los que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha abordado ese informe, tenemos que decir que, sin lugar a dudas, nos sentimos satisfechos del resultado.
En el informe, como SS. SS.podrán comprobar, se hace una recepción de aquellas declaraciones fundamentales que se han producido sobre la familia en el ámbito de las organizaciones internacionales. Querríamos destacar, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ser más recientes, la recomendación, la resolución del Parlamento Europeo de diciembre de 1994 o incluso las conclusiones de la Conferencia de Pekín, celebrada del 5 al 14 de mayo de 1995. Como he señalado con anterioridad, se hace un planteamiento de las condiciones sociológicas y demográficas en las que se mueve la familia, familia que, desde luego, ha evolucionado y lo ha hecho en virtud de aquellas causas definidas como la transición demográfica, que tiene una incidencia absoluta y tremendamente favorable en el papel social de la mujer.
En cualquier caso, después de evaluar los principios constitucionales, después de examinar, como se convino cuando se aprobó la proposición de ley, el Derecho comparado, se pasa al núcleo esencial --así lo entiende mi grupo-- de este informe. En este núcleo esencial del informe, después de valorar muy positivamente aquellas políticas generales del Estado del bienestar, que tienen una gran incidencia en el bienestar de las familias --y me refiero a la universalización de la enseñanza en el año 1985, a la universalización de la sanidad en el año 1986 y a la extensión de determinados servicios sociales--, después asimismo de reconocer el carácter favorable de políticas sectoriales que han ido dirigidas a algunos miembros de la familia especialmente necesitados de atención, como la tercera edad, los niños o los minusválidos, se hace una afirmación explícita de la necesidad de políticas familiares dirigidas concretamente a la familia. Se dice que no sólo existen ciudadanos y, por tanto, que entre los ciudadanos y los poderes públicos hay eso que la Constitución, muy asépticamente, define como grupos, pero en este caso nos estamos refiriendo a la familia.
La necesidad de desarrollar estas políticas familiares explícitas se fundamenta --así lo entiende mi grupo-- en tres grandes principios. El principio de libertad de opción familiar, que determina la necesidad de remover aquellos obstáculos que impiden o dificultan que las familias puedan autoorganizarse, puedan desarrollarse libremente; en última instancia, puedan determinar libremente el número o frecuencia de los hijos, la ausencia de los hijos, su configuración como nuclear o extensa.
Se pretende promover aquellas modificaciones legislativas y el ambiente social favorable para que las familias puedan asumir estas capacidades, estas responsabilidades, sin que ello suponga caer en la ruina o en el desamparo.
En segundo lugar, las políticas familiares explícitas que se pretenden tienen su fundamento en el reconocimiento del papel de la familia dentro de lo que denominamos la sociedad del bienestar. Reconocer que, junto a los poderes públicos, junto a las entidades sin ánimo de lucro, junto al sector comercial, la familia es un ámbito que se ha manifestado idóneo para la prestación de determinados servicios sociales y que, además, lo ha hecho, lo que ha permitido a sus individuos, en momentos de grave crisis, superar más favorablemente esta situación.
No podíamos olvidar tampoco el principio de continuidad demográfica.
Señorías, el índice de natalidad, de fecundidad, del Estado, en concreto de algunas de sus comunidades autónomas, es gravemente preocupante. No venimos aquí, ni lo hace el informe, a plantear políticas de expansión de natalidad, no se pretende cubrir ningún Lebensraum ni nada por el estilo.
Lo que sí se pretende afirmar es que este principio de continuidad demográfica es fundamental para el equilibrio generacional y para evitar el envejecimiento de la población. Sobre esta base y teniendo en cuenta aquellos grandes principios o requisitos de la política general económica del Estado, considerando además que no se trata, a través de las políticas familiares, de atacar el principio de redistribución de la renta o el del sistema fiscal más equitativo, se realiza una serie de recomendaciones que, sin lugar a dudas, tienen ustedes a su alcance.


El señor PRESIDENTE: Señor Silva, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SILVA SANCHEZ: Mi grupo, para acabar, señor presidente, quiere manifestar dos circunstancias. Primero, que aquí no acaba la política familiar.


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En el debate sobre el estado de la Nación, a instancia de mi grupo, se aprobó precisamente una recomendación para que el Gobierno elaborase este plan integral de la familia. Mi grupo ha negociado con la Secretaría de Estado de Hacienda medidas fiscales que se han visto reflejadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Quería decir también, señor presidente, que estas medidas de apoyo a la familia numerosa, medidas que pretenden la conciliación entre la vida laboral y profesional, la redistribución de tareas, la atención a las personas mayores, suponen también la culminación de una política de más de 10 años del Grupo Parlamentario Catalán, política que se ha visto en este caso culminada con el éxito.
Finalmente, señor presidente, no robo más tiempo a otras señorías, queremos desde aquí hacer un llamamiento a las familias, en el sentido de reconocer la función y la responsabilidad que asumen; a la sociedad, porque ha de entender que el apoyo a la familia, que en algunos casos puede parecer costoso, supone reducción de otro tipo de gastos; todo lo que sea inversión en familia les podemos garantizar que será reducción de gastos en Código Penal, en medidas penitenciarias y en otro tipo de medidas. Y, por último, a los agentes sociales, a las organizaciones empresariales y a los sindicatos, porque sin ellos tampoco podrá hacerse una auténtica política de protección a la familia.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy en el Pleno del Congreso un informe de una subcomisión que durante mucho tiempo ha estado trabajando para estudiar la situación de la familia en España. No sólo en esta legislatura, sino también en la pasada, estuvo realizando trabajos que, desde luego, los componentes de la subcomisión hemos aprovechado para elaborar el informe final.
No me voy a extender en las explicaciones que ha dado el diputado que me ha precedido en el turno de palabra, el señor Silva, entre otras cosas porque es un informe consensuado entre todos los grupos de esta Cámara, en el que nos sentimos reflejados pero que nos genera, a nosotros por lo menos, algunas dudas en cuanto a su aplicación.
Hemos estado diciendo desde el principio que puede llevarse a cabo una buena mejora en la situación de las familias en España, priorizando aquellas cosas que puedan ser más necesarias. Y si algo quedó claro a los componentes de la subcomisión fue que en España las familias demandaban más de todo, es decir que había que priorizar. Hay que priorizar a aquellas familias que están más desprotegidas y hay que priorizar a aquellas familias que son más numerosas en nuestro territorio, que son las familias que menos acceso tienen a recursos públicos, de servicios y demás. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos porque por parte de determinados grupos de esta Cámara por fin se ha reconocido que la política de familia puede llevar ese título o no llevarlo pero que las políticas de bienestar son políticas que mejoran las condiciones de vida de las familias, es decir, son política de familia. No hace falta que lleven el título de política de familia; cuando hablamos de la universalización de la sanidad, cuando hablamos de la universalización de la educación, cuando hablamos de la universalización de los servicios sociales, estamos hablando de políticas de familia, aunque no se les ponga el título, porque afectan directamente a la convivencia, a la libertad y al desarrollo de las familias. En consecuencia, bienvenido sea que en este informe ya se haya reconocido que las políticas de bienestar son políticas de familia.
Como decía antes, señorías, nuestra mayor preocupación es cómo se van a desarrollar las políticas y a quién van a ir beneficiando. Nos preocupa que no se desarrollen aquellos aspectos que, universalizándolos, afectan a todas las familias. Que no haya recursos suficientes para educación y que no sea gratuita la educación, educación a la que puedan acceder en igualdad de condiciones todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio español, todos los niños y las niñas de nuestro Estado.
Nos preocupa que se sigan restringiendo o que no haya recursos suficientes para la sanidad, porque si no los hay, no estaremos haciendo una buena política de familia. La sanidad es imprescindible para las familias, es necesaria. Si no hacemos un buen desarrollo de las políticas dedicadas a la atención a las personas mayores, no estaremos haciendo una buena política de familia. Señorías, si no se hacen inversiones y si no se apuesta por el desarrollo de los recursos necesarios para la atención a las personas mayores difícilmente se va a poder llevar a cabo un desarrollo armónico y la libertad de las familias. Difícilmente, porque las personas mayores tienen que ser atendidas y conciliar la vida laboral y la vida privada, como dice el texto del informe, puede resultar complicado si no se atiende bien a los niños y a las niñas y a las personas mayores. Así podríamos seguir desgranando.
Nos sigue preocupando --y este informe quedó suficientemente claro como para que se pueda llevar a cabo todo él-- que solamente nos fijemos en las reducciones fiscales. Nosotros no nos oponemos a ellas, nos parecen bien, pero si los recursos son escasos, y eso es lo que nos dice constantemente el Gobierno, habrá que priorizar a qué familias, si son más numerosas o menos, primamos a la hora de enfocar esa política de

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familia, o si es a otro número de personas, a través de unas desgravaciones fiscales, que bienvenidas sean, pero que no llegan a la mayoría de la población ni a la mayoría de las familias.
Esa es una preocupación de nuestro grupo, porque año a año, presupuesto a presupuesto, vemos que aumentan las deducciones familiares en la declaración de la renta, a través de otros tipos de impuesto, y nos parece bien, pero no aumentan en la misma medida y en la misma cuantía aquellas infraestructuras que en realidad pueden ser utilizadas por toda la población.


El señor PRESIDENTE: Señora Urán, vaya concluyendo, por favor.


La señora URAN GONZALEZ: Concluyo rápidamente, señor presidente.
Quiero hacer especial mención, señorías, del hecho de que, cuando hablamos de protección a la familia, hablamos de protección a todas las familias, también las que tienen miembros con discapacidad en su seno.
Señorías, a este grupo parlamentario no se le puede acusar de ir dando bandazos en sus posiciones con respecto a estos temas, pero tiene claro que, cuando se produce una modificación legislativa que afecta a la modificación de las familias numerosas, es lógico que aquellas familias que ya figuraban discriminadas positivamente en la ley de 1971 se vean discriminadas positivamente en las modificaciones legislativas posteriores y que mejoran las condiciones de la familia numerosa.
Pues bien, señorías, las dudas que tiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se hicieron más patentes cuando el martes por la mañana, en una proposición de ley que se presentó de familia numerosa, se fue incapaz de aceptar una enmienda transaccional, en la que lo que se venía a hacer era aplicar lo que el informe de familia dice. Y si el informe de familia sirve para aplicar modificaciones en la declaración de la renta a través de iniciativas de otros grupos parlamentarios, sin tener en cuenta el coste económico que puedan tener o porque interesa o porque no interesa, el hecho de que sí se tenga en cuenta el coste económico que pueda suponer modificar la ley de familia numerosa para proteger mejor a las familias que tienen hijos con discapacidad me parece que es como mínimo criticable, porque, señorías, estamos hablando de un número de personas reducido y no se puede plantear la necesidad de que hay que estudiarlo más o que no se puede abrir la puerta a tantas posibilidades, porque no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder y hay que dejarlo para un desarrollo armonizado dentro de una ley, que no sabemos si llegará o no llegará; pero, mientras tanto, estas familias están sufriendo un perjuicio y esto se debe a que esta Cámara da prioridad a aquellas familias que teniendo recursos puedan necesitar un apoyo, pero necesitan más apoyo aquellas que tienen menos recursos.
Señorías, esa es la preocupación de nuestro grupo parlamentario y hemos empezado a vislumbrar que, desde luego, a pesar de estar de acuerdo con este informe, no es la política que se va a llevar a cabo y nos parece altamente preocupante cuando se habla de proteger a la familia.
Protejamos a las familias que más lo necesitan y vayamos protegiendo paulatinamente a todas las familias en general.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Buenos días, señorías, señor presidente.
Como decía el primer interviniente, el señor Silva, hoy traemos el informe de la subcomisión que ha estudiado la situación de la familia en España. Nos ha llevado un tiempo importante, que ha abarcado incluso más de una legislatura, y bueno sería reconocer el esfuerzo que muchos diputados, de prácticamente todos los grupos de esta Cámara, han realizado para que hoy llegue, por fin, este informe y llegue con un consenso tan amplio que supone un acuerdo por unanimidad. Bueno sería hacer alguna pequeña reflexión en torno a esto, porque a cualquiera que haya seguido los debates en esta materia le extrañaría que se presente al día de hoy un informe de estas características y con este respaldo. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se produzca esta situación que vivimos hoy en la Cámara? Como recordará cualquiera de ustedes, partíamos de situaciones muy dispares en la legislatura pasada, donde el grupo principal de la oposición, dentro de una estrategia de prácticamente oponerse a todo, como no podía ser de otra manera en una visión concreta de la política, no dudó en usar en concreto las políticas de familia dentro de esta estrategia, y prácticamente el escenario en el que nos movíamos era el de una afirmación de ningunear que existiera cualquier tipo de política de familia en nuestro país, a la par que se ofrecían como única alternativa a esa ausencia de política de familia de la que se hablaba pingües beneficios fiscales, ahora en la cuota integra del IRPF, ahora en la base imponible de dicho impuesto, en cualquier caso, incluso, olvidando dentro de este planteamiento lo que ya había sido una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1994, que dejaba claramente señalado que la protección a la familia que la Constitución encomienda a los poderes públicos en absoluto se puede reducir a lo que es una visión única y exclusivamente fiscal.
Este era el escenario pasado. Con la nueva legislatura y con la actual composición de la Cámara la situación cambia radicalmente, en primer lugar, porque los elementos, esos temas fiscales que se planteaban con absoluta gratuidad, se olvidan rápidamente, aunque en

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cualquier caso, sí han venido a lo largo de esta legislatura algunos beneficios fiscales, pero que nada tienen que ver con la familia y mucho menos con las familias más necesitadas. En segundo lugar, se empieza a cambiar de posición de manera radical, fundamentalmente por el grupo mayoritario, y se empieza a reconocer que las políticas del Estado del bienestar son fundamentales para las familias y para sus miembros. Ha sido verdaderamente singular en esta legislatura ver comparecer en la subcomisión uno tras otro a los componentes del actual Gobierno y hacer un discurso en esta línea, de la importancia que tienen todas y cada una de las políticas del denominado Estado del bienestar para con las familias y sus miembros. Curiosamente, el único alto cargo del actual Gobierno que no compareció en la subcomisión fue el secretario de Estado de Hacienda, pero dejémoslo en anécdota.
En cualquier caso, este es el momento, con ese cambio del grupo mayoritario actual, que posibilita y sobre el que se cimenta el actual consenso de este documento. Incluso dentro de estas anécdotas de esta legislatura, ha sido singular observar que algunas asociaciones vinculadas en cierta medida al propio Grupo Popular, cuando venían a la subcomisión a plantearnos sus demandas, hacían referencia a temas como políticas activas de empleo, formación, mejora de la educación, sanidad, etcétera. En definitiva, este es un elemento que quiero que tengan claro, porque no se puede haber pasado de lo que era un debate del ninguneo en la legislatura anterior a este consenso en la actualidad, alguien se ha movido y ha cambiado de sitio. Me recordaba una frase del señor Izquierdo, del Grupo Popular, hace dos semanas en el debate sobre cooperación, que decía algo así como que dejemos las estrategias interesadas. Probablemente en este momento esa frase sería muy oportuna con relación a este asunto que nos ocupa.
Paso ya a lo que es el informe en sí. Precisamente por ese reconocimiento de la importancia de las políticas del Estado del bienestar, SS. SS.
habrán podido comprobar que el mismo abunda en la necesidad de mejorar todas y cada una de estas políticas y, en concreto, la educativa, la sanitaria, la de atención a los mayores, la de atención a los menores, la de vivienda, etcétera. Hay además un elemento importante en el informe y es que resalta que todas estas políticas tienen que tener en cuenta a la familia, pero sobre todo tienen que adaptarse a las nuevas realidades familiares que conforman la estructura de la actual sociedad española.
Por tanto, resalta la importancia de las políticas del Estado del bienestar, que estas se adapten a la familia y que tengan en cuenta las distintas realidades familiares. De hecho, reconociendo esto el informe, desgraciadamente temas que han ido discutiéndose colateralmente en esta Cámara como pueden ser el de las parejas o uniones de hecho, al día de hoy, todavía siguen sin tener una viabilidad inmediata como resultado de un acuerdo de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, vaya terminando, por favor.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Sí, señor presidente.
También ha sido posible el consenso porque ha habido otro elemento muy importante. El informe recoge, en lo que hace referencia a la política fiscal, dos puntos de una manera inequívoca, uno, la necesidad de garantizar la progresividad del sistema fiscal, y les recuerdo que mi grupo tiene presentado un recurso contra determinadas medidas adoptadas por el actual Gobierno que precisamente atentan contra este principio, y, dos, que la política fiscal, sean cuales sean las medidas que se adopten, tiene que garantizar la viabilidad financiera del sistema de protección social público.
Hay un aspecto --y lo comentaba el primer interviniente-- que el informe también señala con rotundidad y con claridad, y es la preocupación por la baja tasa de natalidad que vive nuestro país. Lejos de apostar por lo que son las políticas natalistas tradicionales, el informe plantea un elemento que para nosotros es de suma importancia y es que realmente llevemos a la práctica lo que viene a denominar el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que no es otro que llevar a la práctica esa igualdad, tanto en el campo laboral como en el familiar, rompiendo lo que eran viejos moldes de rÖles, etcétera, tanto de un terreno como en otro.
Finalizo, señor presidente, con una pequeña llamada de atención, tal y como hacía la portavoz de Izquierda Unida. Este documento --bueno es que lo recalquemos-- es un documento de consenso, por tanto es el esfuerzo de la voluntad del conjunto de los grupos y algo habremos tenido que dejar todos por el camino de algunas propuestas concretas. Por eso no sería bueno que algún grupo estuviese tentado de monopolizar la representación de la familia ni de cuanto le acontece o que utilizáramos la atención a la familia como coartada para adoptar otro tipo de medidas que poco o nada tienen que ver con esto. En segundo lugar, el informe no se ha hecho para que simplemente lo leamos aquí o lo lea cualquier persona en el exterior o incluso para cumplir con lo que era un mandato de esta Cámara.
El informe contiene mandatos, intenciones y propuestas concretas y es básicamente para cumplirlo. Por tanto, es verdaderamente lamentable lo que ha sucedido esta semana en la Comisión de Política Social y Empleo, donde discutiendo una proposición de ley de ampliación del concepto de familia numerosa, en la que prácticamente se viene a recoger la literalidad del informe añadiendo un supuesto de la relevancia que la compañera diputada que me ha precedido en el uso de la palabra ha manifestado y que no paso a explicar por no alargarme, dicha proposición se ha rechazado con argumentos tan peregrinos como que tendríamos que hacer una reflexión

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más amplia --llevamos cinco años estudiando este asunto-- o que probablemente sería otro tipo de políticas las que tendrían que atender las realidades familiares como las que se planteaban en esa proposición de ley.
Señorías, como es obvio, la familia juega un papel trascendental en nuestra sociedad. Sigue siendo el primer lugar de socialización de la infancia. Es un espacio vital de influencia en el desarrollo de las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas. Es un apoyo clave, tanto material como emocional, y desde luego es un elemento de cohesión social y un instrumento de solidaridad entre generaciones. De ahí que para los socialistas la familia sea de extrema importancia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trujillo, termine, por favor.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Concluyo, señor presidente.
Precisamente además porque la familia es el colchón que amortigua las deficiencias e imperfecciones de nuestro denominado Estado del bienestar es por lo que esperamos que se cumplan las propuestas y recomendaciones que contiene el informe.
Gracias señor presidente, gracias señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Trujillo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Popular, subo a esta tribuna con gran satisfacción para fijar posición ante el informe, que confío que aprobemos hoy por unanimidad, sobre la familia, tema de gran interés social y político.
Nuestro grupo siempre consideró a la familia como una unidad social fundamental, basada en la solidaridad, que cumple funciones y servicios vitales para el desarrollo de los individuos y para el bienestar general de toda la sociedad. Su protección social, económica y jurídica se enmarca en principios constitucionales y es un tema al que el Grupo Popular ha dedicado mucho trabajo y mucho esfuerzo parlamentario. Por otro lado, señorías, con ello conectamos con la sociedad española, porque los españoles consideran que la familia es la institución más valorada y un 90 por ciento venía pidiendo medidas eficaces de apoyo a esta institución.
Frente a esta realidad, conviene recordar que durante casi catorce años el Gobierno anterior no prestó atención a la política familiar, llegando a estar España, como ya se sabe, después de Grecia, a la cola de los países de la Unión Europea en protección a la familia. Los Diarios de Sesiones son testigos de las numerosas propuestas que, año tras año, eran sistemáticamente rechazadas por el Grupo Socialista, que apoyaba al anterior Gobierno, cada vez que el Grupo Popular solicitaba respuestas positivas, conocedores como éramos de que sólo unas medidas dispersas servían de testimonio del poco interés que este tema tenía para el anterior Gobierno socialista. Recordemos que voces autorizadas, como se recoge en los trabajos de la ponencia, manifestaron la ausencia clara en aquel momento de una política de familia en España, profundo error que han pagado los ciudadanos. Fue precisamente una proposición del Grupo Popular, por la que se pedía ayudas a la familia, rechazada por el Grupo Socialista, la que forzó la creación de una ponencia, que solicitó el Grupo de Convergència i Unió en la legislatura pasada y que ha sido retomada en la actual.
La dedicación y el esfuerzo con el que se ha trabajado en la ponencia durante todos estos años responde realmente a lo que las familias merecen y a lo que la sociedad nos demanda a todos. Son unas medidas justas y solidarias. Pensamos, por otro lado, que van en línea con los objetivos del actual Gobierno, una sociedad en la que haya un mayor bienestar y en la que las familias españolas encuentren un clima apropiado que les ayude a ejercer la libre determinación de las decisiones familiares, de conformidad con lo que el artículo 9 de nuestra Constitución señala, que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten la adopción de decisiones individuales y familiares. Sin duda, las propuestas de la subcomisión son de gran interés. La renuncia por parte de las opciones políticas de izquierda a salvaguardar los intereses de la familia habían dejado la protección bajo mínimos. (Fuertes rumores.-- Aplausos.) Por ello, señor presidente, señorías, nuestro grupo se alegra de que desde la llegada al Gobierno del Partido Popular se haya evidenciado un cambio en la voluntad política. Así, recientemente, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales anunciaba la elaboración de un anteproyecto de ley de familia que agrupe todos los temas que afectan a esta. Es evidente --y lo acaba de adelantar el portavoz de Convergència i Unió-- que los hechos afirman que la familia está siendo sujeto de atención del Gobierno actual y así lo avala su voluntad recogida en los presupuestos de 1998.
Señor presidente, señorías, tengo que manifestar que las medidas de protección de la familia se concretan también en un incremento económico en el área de la infancia y de la familia dentro de los presupuestos del Ministerio de Trabajo, sin olvidar el esfuerzo del Gobierno que en el terreno presupuestario se centra en dos áreas que siempre ha considerado el Grupo Popular --no ha cambiado de opinión en absoluto-- como básicas, como fundamentales y de interés social,

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como son la educación y la sanidad. Esta nueva política, conectada con los contenidos del informe de la ponencia en el que se recoge una serie de respuestas importantes, sin duda ayudará a la política de la familia.
Por lo que se refiere a la política integral de apoyo a la familia recogida en el documento, destacamos aquellos aspectos que propician las modificaciones de conductas sociales y culturales de hombres y mujeres, con el fin de eliminar cualquier discriminación de género. Así, se recalca la importancia de la corresponsabilidad doméstica, que nuestro grupo quiere poner de manifiesto desde la fijación de su posición, para conseguir esa plena igualdad entre el hombre y la mujer, reiterándose también en el texto la igualdad de derechos, de responsabilidades y de funciones. Se destaca también en el texto el papel prioritario que desempeña la educación y se pone énfasis en programas que fortalezcan a la familia y en conseguir una mayor integración de los servicios para dar respuesta a las necesidades del cuidado de la infancia, de los ancianos, de las personas con algún tipo de problemas. Se recalca que además de la protección asistencial...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Sainz, vaya concluyendo.


La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor presidente, voy concluyendo.
Se recalca que, además de la protección asistencial, se precisa también de una protección legal y de una política sin discriminación. Se reconoce que los poderes públicos han de respetar y promover la intimidad, la independencia, la dignidad y la integridad de la familia, así como que la maternidad o la paternidad no pueden ser motivo de ningún tipo de discriminación laboral o social.
Se aboga, y esto es de gran interés para el Partido Popular, por un sistema de política fiscal justo y solidario con la unidad familiar y se parte de la base de que el desarrollo económico en el que hoy, afortunadamente, está inmerso nuestro país no es un fin en sí mismo, sino que está dirigido, como siempre ha defendido el Grupo Popular, a la mejora de la calidad de vida. En este objetivo toman especial relevancia las condiciones de vida de las familias españolas, recogiéndose a lo largo de todo el texto que la familia tiene derecho a que en todas las políticas económicas y de desarrollo se tengan en cuenta su función, sus necesidades y el impacto que aquellas puedan tener sobre la comunidad familiar. Al mismo tiempo, y voy terminando, se reconoce que el trabajo en el hogar debe ser valorado y respetado como contribución al desarrollo. En un momento, señorías, señor presidente, en el que la televisión podemos decir que preside muchas vidas familiares o que incluso en ocasiones las protagoniza demasiado, se recomienda que desde todos los medios y de una manera especial desde la televisión, se contribuya a la creación de un clima de respeto a la familia. Hay propuestas para abordar los temas de conflictividad y de violencia en la familia, de los que recientemente nos hemos ocupado en esta Cámara; acciones, en definitiva, y medidas varias y complementarias que se enmarcan en la voluntad política de protección activa a la familia, con la que el presidente Aznar se comprometió en esta Cámara y que hoy practica el Gobierno, como ya hemos señalado, todo ello en línea con lo que se reconoce en un texto de las Naciones Unidas que, sin duda, el Grupo Popular siempre ha hecho suyo. La familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado y a ser fortalecida contra muchos de los problemas que padece la sociedad.
Finalizo, señor presidente, señorías, señalando que este texto, como ya se ha dicho, es el resultado de un esfuerzo de consenso que movió desde el primer momento al Grupo Popular, opción política que, desde siempre, defendió la necesidad de una política rigurosa, eficaz y solidaria de familia. Y, cómo no, al felicitarnos por la aprobación unánime de este texto, también tenemos que añadir, en respuesta a algunas de las manifestaciones aquí escuchadas, que nos alegramos de que aquellos grupos de izquierda que durante un tiempo demasiado largo y muy reciente todavía renunciaron a toda política de familia en la actualidad se hayan unido desde la oposición ... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señora Sainz, concluya, por favor.


La señora SAINZ GARCIA: ... a la política que el Grupo Popular siempre ha defendido. (Rumores.-- Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.


La señora SAINZ GARCIA: Y para acallar aquellas inquietudes que puedan tener algunas de SS.SS., señalaré que en el informe se concretan una serie de medidas y propuestas que el Grupo Popular está seguro que llegarán a buen puerto, porque están en línea con las iniciadas ya por el actual Gobierno del Partido Popular. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sainz.
Señorías, la votación del presente informe se celebrará a continuación de la discusión del punto siguiente del orden del día, que es el informe anual sobre la cuenta general del Estado.


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INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

-- DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A 1994 Y RESOLUCION ADOPTADA POR LA MISMA (Números de expediente 250/000003 y 250/000004)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al punto octavo del orden del día: Informe anual sobre la cuenta general del Estado.
¿Algún grupo parlamentario quiere utilizar un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar favorablemente el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la general del Estado y el informe de la cuenta anual correspondiente a este ejercicio, las cuentas de la Seguridad Social, las cuentas de las sociedades estatales y otros entes públicos, porque se nota una mejora y porque su aprobación no implica que neguemos que todavía haya defectos subsanables.
Inicio mi breve parlamento con las mismas palabras que pronuncié en la sesión del 24 de abril de 1997, con ocasión de la aprobación de las cuentas de 1993, ya que, a pesar de que aquellas palabras fueran asumidas tanto por el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se mantiene la situación. Señor presidente, en aquella sesión señalé que a la hora de tramitar los Presupuestos Generales del Estado, se abre una gran expectación y yo diría que también una gran parafernalia. Desde la presentación hasta su aprobación, se dedican horas y horas: el debate de totalidad, la ponencia, la Comisión, los plenos de ambas Cámaras, y todo acompañado de una información por la mediática de este país. Sin embargo, a analizar lo que se ha hecho con relación a lo que manifestó la voluntad popular en la aprobación de los presupuestos dedicamos muy poco tiempo, no solamente con motivo de proyectos de ley como los que se traen hoy a la Cámara, sino también en lo que se refiere a la crítica de las desviaciones que se producen entre lo presupuestado y lo ejecutado. No se respetan los principios generales de la contabilidad, no se respeta la referida voluntad manifestada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni tampoco la Ley General Presupuestaria. Nosotros consideramos que es hora de que empiece a funcionar la Ley General Presupuestaria, que contiene --nada menos-- unos principios y unas declaraciones taxativas que tipifican lo que se llama la responsabilidad contable.
Estamos de acuerdo con la aprobación de las cuentas y estamos de acuerdo con el contenido y con el trabajo del Tribunal de Cuentas, al que felicitamos por su ímproba labor para acercar el ejercicio a la fecha en que se analiza. Lo ideal sería que en el próximo año de 1998 se llegara a analizar la cuenta del año 1997. El Tribunal de Cuentas se está acercando a estas metas y por eso le felicitamos, pero sería conveniente que se diese lectura al informe del departamento de fiscalización del propio Tribunal de Cuentas. A vuela pluma, señalaré que el citado departamento de fiscalización dice claramente que continúan produciéndose casos en los que se pospone al ejercicio siguiente la contabilización del gasto realizado en el año corriente, contraviniendo así la legislación vigente.
En los resultados de la gestión presupuestaria se produce un déficit de 982.000 millones de pesetas, aunque en el informe se manifiesta que se elevaría hasta 1 billón 200.000 millones de pesetas. No quisiera hablar de las modificaciones del presupuesto. Se refiere también al balance de situación integral y a que lo más destacable se produce en el apartado de préstamos con relación a Rumasa, por importe de 692.000 millones de pesetas, que, como dice el informe, son de dudosa recuperación. Destaca también el alto endeudamiento de la Seguridad Social y la discrepancia en el saldo pendiente entre Construcciones Aeronáuticas y el Ministerio de Industria.
No voy a cansarles, porque hoy tenemos una agenda muy apretada, pero sería conveniente que tuviera lugar en la Cámara una sesión mucho más extensa para analizar lo que se ha hecho con el presupuesto de cada año, para conocer las desviaciones y exigir las responsabilidades contables que fuesen oportunas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) valora este trámite parlamentario para la aprobación del dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, respecto a la cuenta general para 1994, como muy importante, pero al mismo tiempo también queremos manifestar que compartimos una gran preocupación por las consideraciones que vamos a hacer a continuación.
Es cierto que hay avances considerables respecto al estado de la cuenta y que cada vez es más completa,

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pero de todas formas continuamos echando en falta una concordancia entre los pagadores y los perceptores de los fondos de las transferencias internas, menor en cuanto a que dichas consideraciones no vienen de ejercicios anteriores. También continuamos echando en falta una serie de datos que la declaración definitiva nos manifiesta respecto a los normales defectos de la cuenta del año 1994.
En dicho informe, según manifiesta el fiscal del Tribunal de Cuentas, no se refleja la financiación exacta de las cuentas financieras del Estado.
Tampoco refleja la imagen fiel del patrimonio real de las cuentas generales del Estado y se continúan produciendo casos en que se activan gastos del año 1994 hacia ejercicios posteriores, como los años 1995 y 1996.
De todas formas, también queremos manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) aprecia aspectos positivos en la declaración definitiva de 1994. Uno de ellos es que vamos mejorando en cuanto a la tramitación de dicha cuenta. El retraso que se venía notando en los años precedentes no se está produciendo en la actualidad. Hoy debatimos la cuenta del año 1994 y estamos a finales de 1997, o sea, llevamos un retraso de tres años. Por este motivo nosotros pensamos que es importante acelerar dichas tramitaciones para que en el año 1998 podamos ver las cuentas de 1995, 1996 y quizá lo óptimo sería poder analizar el estado de las cuentas del año 1997.
Yendo directamente al informe del fiscal, vemos que dice que a pesar de que se denota una mejora en la rendición de cuentas del Estado, todavía son numerosas las ocasiones en que no se ajusta a la legislación aplicable y a los principios que debe regir una rendición de cuentas, así como a su elaboración.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) continúa siendo inadmisible un sinfín de irregularidades y deficiencias que no nos permiten hablar de una adecuada gestión y que hace que tengamos que calificar al Gobierno, en cuanto a la gestión de las cuentas de 1994, con un suspenso alto, no llegando todavía a merecer un aprobado, tal como lo confirman una serie de consideraciones como, por ejemplo, las liquidaciones de las deudas a largo plazo pendientes todavía de promover órdenes de pago con una antigüedad de cinco años, lo cual nosotros calificamos de sorprendente. A 31 de diciembre de 1994 continúan sin aplicarse todavía 782.000 millones de pesetas en cuanto a gastos y 94.000 millones de pesetas en cuanto a ingresos, suponiendo una diferencia notable de 688.000 pesetas, sobre todo teniendo en cuenta que dichos saldos no sabemos en qué ejercicios se pueden aplicar.
También vemos defectos importantes en la cuenta del inmovilizado material, ya que continúa sin clasificarse desde 1985 la cantidad de 1,2 billones de pesetas. Nos preguntamos si a 31 de diciembre de 1997 se continuará sin clasificar esta cantidad que asciende a 1,2 billones de pesetas.
Además, apreciamos con preocupación créditos a largo plazo de difícil recuperación que ascienden a la cantidad de 2 billones de pesetas, algunos de ellos todavía pertenecientes a la extinguida Rumasa por un valor de 677.000 millones de pesetas, así como también diferencias de 1,7 billones de pesetas que afectan a gastos e ingresos aplicados incorrectamente, intereses de deuda pública, deudas acumuladas de Renfe, deudas pendientes de asignación del Inem, concretamente a las prestaciones de desempleo del año 1994.
También apreciamos diferencias significativas en el apartado de Correos, en cuyo organismo continúan pendientes de aplicación alrededor de 40.000 millones de pesetas, a pesar de que se han activado gastos para los años 1992 y 1993.
Tampoco quisiéramos, antes de acabar, dejar de hacer mención, como en todas nuestras intervenciones, de las declaraciones definitivas del Tribunal de Cuentas acerca de la gestión impropia de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, al considerar una vez más que no debía haber figurado en el informe del Tribunal de Cuentas al calificarlo como incorrecto y con graves defectos en su concepción.
Por lo tanto, desde Convergència i Unió llegamos a una conclusión: que hay que mejorar. Hay una mejora sensible en los últimos años, pero tenemos que continuar profundizando en dos cuestiones importantes a nuestro entender. Una primera, que es necesario un riguroso y estricto control presupuestario, así como un riguroso cumplimiento de las propuestas de resolución que se dictaminan en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Por este motivo nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una serie de propuestas de resolución, aprobadas en dicha Comisión, que pretenden que el Gobierno actualice y cumplimente las órdenes de pago pendientes, ya que estimamos que llevamos muchísimos años en esta situación y es impropio de una cuenta general del Estado; así como que el Gobierno clasifique y exponga las cuantías globales de la cuenta del inmovilizado material, pendientes desde hace bastantes años, y hemos instado al Gobierno a que provisione adecuadamente la partida de créditos a largo plazo de difícil o casi nula recuperación para que en los años posteriores se pueda presentar unas cuentas perfectamente consolidadas, solventes y objetivas ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Gracias, señor presidente.


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Las cuentas de 1994 para nuestro grupo aportan poco de nuevo respecto a los años anteriores. Presentan las mismas características en cuanto a que siguen sin reflejar, en la medida que tenían que hacerlo, la actividad económica y financiera del Estado. Parece como si los responsables estuvieran mucho más atentos a que las cuentas presentasen un buen resultado que a que reflejasen bien la realidad.
Dicho esto también tenemos que reconocer que sí se ha mejorado en el plano temporal la presentación y discusión de estas cuentas. Todavía siguen llevando cierto retraso, pero el adelanto que se empieza a producir nos permitirá ver que en años sucesivos esta demora no llegue a más de año y medio, que sería lo razonable para poder discutir con cierta seriedad las cuentas generales del Estado.
Coincidimos también con otros grupos en señalar que es necesario que las cuentas del Estado se ajusten plenamente a la legislación aplicable. Si ya es duro tener que pedírselo a cualquier administración, a cualquier empresa, lo es mucho más tener que pedírselo a la Administración del Estado. Pero esta afirmación que hacemos debe tomarse como una llamada de atención al actual Gobierno, porque tenemos que recordar que las cuentas que aquí discutimos son las de un gobierno anterior. Repito, hacemos esta llamada de atención porque el Gobierno presentará pronto sus primeras cuentas y esperamos que lo que todos los grupos políticos hemos venido planteando en la Comisión Mixta sea asumido por el Gobierno y podamos discutir unas cuentas generales que reflejen la realidad y no la voluntad de quien las elabora. Es necesario, por tanto, que se actualicen y que se cumplimenten, como aquí se ha dicho, las órdenes de pago, así como que se expongan con claridad las cuantías globales de la cuenta de inmovilizados; asimismo, es necesario que se provisionen adecuadamente los créditos de difícil o de nula recuperación. Todo esto quiero que se entienda como una recomendación al Partido Popular, que es el que debe corregir las cuentas del Gobierno anterior.
Respecto al apartado correspondiente a las deudas a corto plazo señalamos, como ya se ha dicho, que hay un alto número de órdenes pendientes de pago; órdenes que en ocasiones llegan a alcanzar los cinco años de antigüedad, y esto nos preocupa mucho porque sabemos lo que hay detrás de cada orden que se atrasa más de año o año y medio.
Por otra parte, esos dos billones de pesetas de créditos a largo plazo de difícil recuperación significa que el Estado tiene prácticamente perdida esa cantidad. No podemos olvidar que aquí se dedica mucha atención a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, pero tan importante como eso debería de ser el control, es decir su seguimiento, porque al final los presupuestos no son más que presupuestos y en la elaboración de los mismos es donde debe estar realmente el interés del Gobierno, pues repercute en su actuación.
Decía que esos dos billones nos deben preocupar en gran medida porque esa cantidad es la que los españoles van a dejar de percibir. No me voy a extender más porque, aunque se han visto mejoras, todavía estamos muy lejos de alcanzar esos resultados satisfactorios, que deberían traducirse en poder mostrar unas cuentas rigurosas que al más pequeño de los ayuntamientos se le deben exigir. La Administración central tiene que ser la más rigurosa en su cumplimiento para poder exigir de esta forma su cumplimiento al resto de las administraciones e incluso a la sociedad.
Por último, quería resaltar una preocupación que mostró en la Comisión Mixta la presidenta del Tribunal de Cuentas al hacer referencia al procedimiento de privatizaciones de empresas con beneficios que tanto el Gobierno anterior como éste están llevando a cabo. Me llamó la atención, porque al ritmo que vamos pronto empezarán también a privatizar empresas que tengan pérdidas o empresas de menor valor, debiéndose reflejar esto también en las cuentas generales del Estado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moreno.


El señor MORENO MONROVE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sometemos al Pleno el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado de 1994, de sus organismos autónomos, industriales, comerciales y financieros, así como las cuentas de la Seguridad Social.
Corresponde hoy al Pleno de la Cámara adoptar una decisión sobre dicho dictamen, que fue emitido tras un detallado debate en Comisión. La posición de mi grupo parlamentario será apoyar el dictamen de la Comisión porque consideramos que la cuenta del año 1994 ha superado favorablemente los cuatro grandes objetivos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas; que las incidencias recogidas en la declaración definitiva del Tribunal de Cuentas denotan, fundamentalmente, una mejora respecto a años anteriores --como otros portavoces han apuntado-- y que la propuesta que hace se reduce a una recomendación general de ajuste de los principios y normas contables.
El primer párrafo de la declaración definitiva constituye la opinión sintética que al Tribunal de Cuentas le merece la cuenta general del Estado de 1994, que dice textualmente: La cuenta general del Estado, con las excepciones que se indiquen posteriormente, presenta la estructura y contenido establecidos en la disposiciones que le son de aplicación, se ha rendido a este Tribunal

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en el plazo legalmente establecido y es coherente internamente y con la documentación complementaria que le sirve de fundamento. Después dice: Es la más completa, en relación a los ejercicios anteriores, que he presentado en esta Comisión Mixta. Sólo no ha podido incluirse un organismo autónomo, la Escuela de Organización Industrial, que representa sólo el 0,04 por ciento del sector de organismos autónomos, en cuanto a gastos iniciales. En 1993 no se integraron dos organismos, que representaban el 2,65 por ciento, y en el año 1992 faltaban doce organismos, que representaban el 4,5 por ciento.
En cuanto a la coherencia que debe existir entre las distintas partes de la cuenta general del Estado, se ha producido --dice el Tribunal-- una mejora respecto a años anteriores, porque la falta de concordancia entre las entidades pagadoras y perceptoras de transferencias internas es menor y, además, las discrepancias no son significativas cuantitativamente.
Estas son las respuestas positivas que da el Tribunal a los objetivos de fiscalización y que constituyen, desde nuestra perspectiva, las razones para aprobar las cuentas del Estada de 1994. Hacemos, pues, una valoración positiva general, como ya hicimos en Comisión, sin ignorar, sin embargo, que siguen existiendo problemas pendientes, que se han puesto de manifiesto por parte de todos los grupos, que en forma de salvedades establece el extensísimo informe del Tribunal. Salvedades que han sido abordadas detalladamente en Comisión, algunas de las cuales han dado lugar a resoluciones aprobadas en Comisión y que se acompañan al dictamen.
No obstante, como ya se puso de manifiesto en Comisión, hay dos elementos globales, ligados a la disciplina presupuestaria y a criterios de imputación y gastos, en los que por su importancia nuestro grupo aprecia un avance significativo y a los que cree que merece la pena hacer siquiera una breve alusión antes de finalizar.
En imputación de gastos y desfases temporales siguen existiendo diferencias de criterios entre la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal, que se ponen de manifiesto en el informe. Así, en imputación de gastos se sigue manejando la contabilidad financiera tributaria utilizada hasta el año 1994 y, por tanto, criterios de caja en la devolución de impuestos y en los intereses de la deuda pública devengados; criterios absolutamente válidos y vigentes hasta el nuevo Plan de contabilidad que entró en vigor en 1995. No obstante, ya la IGAE acompaña una cuenta ajustada, aplicando el criterio de devengo, que supone un ajuste de 590.000 millones de pesetas aproximadamente.
Hay también desfases temporales en la imputación de gastos al presupuesto; desfases que constan en toda la documentación enviada al Tribunal y que sólo ponen de manifiesto diferencias de criterio sobre el reconocimiento de obligaciones, aunque cada año --éste también-- se han seguido produciendo regularizaciones importantes. Es el caso, por ejemplo, de la no aplicación a este ejercicio presupuestario de las relaciones financieras con la Unión Europea, que ascienden a 267.000 millones de pesetas.
La modificación de los gastos siempre ha sido un elemento a debate sobre el rigor en la gestión presupuestaria que ha preocupado a la Comisión Mixta, ha preocupado al Tribunal de Cuentas y ha preocupado a la Cámara.
Dice literalmente la presidenta del Tribunal de Cuentas que en la comprobación de los expedientes de modificación de gastos, desde un punto de vista formal y contable, no se han apreciado anomalías significativas y se detecta una mejora en la utilización de las distintas figuras modificativas.
Cabe señalar, señorías, que de los distintos conceptos concretos de modificación, los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, que representan el 8 por ciento del total de modificaciones de 1994, han sufrido este año una fuerte disminución en términos absolutos y relativos. Y así en el resto de los conceptos.
Finalmente, quiero resaltar que estas modificaciones de 1994 han sumado 1,4 billones de pesetas, incluyendo los 950.000 millones de pesetas que vienen derivados de la obligación de amortizaciones de deuda pública y otros pasivos financieros, y que en el año 1993 estas modificaciones de créditos sumaron 4,5 billones de pesetas, lo que muestra una mejoría muy importante.
Por último, señorías, quisiera reafirmar que se continúa en una mejora progresiva de las cuentas rendidas tanto en el fondo, que afecta al propio resultado de la gestión presupuestaria, como a los aspectos formales, tanto generales como parciales. Por eso nuestro grupo votará a favor del dictamen, felicitando al Tribunal por la aceleración de sus trabajos de fiscalización, que hace que probablemente antes de final de año pueda estar en trámite parlamentario la cuenta del año 1995, lo que representa, sin duda, un éxito en la fiscalización de las cuentas públicas.
Señor presidente, nuestro grupo votará a favor del dictamen, de todas las propuestas de resolución y pedirá votación separada de la número 9.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moreno.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
De entrada hay que decir que el Grupo Parlamentario Popular va a votar afirmativamente el dictamen emitido por la Comisión Mixta para las Relaciones con

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el Tribunal de Cuentas, en relación a la cuenta general del Estado de 1994, y va a respaldar en todos sus puntos los acuerdos de la Comisión Mixta en relación a dicha cuenta.
Quisiera plantear con carácter global algunas consideraciones respecto de lo que ha sido o de lo que viene siendo el control y la gestión de las cuentas. Cuando hablamos de contabilidad pública, en los gestores públicos hay una cierta sensación de que ésta no es más que una formalidad incómoda, una especie de corsé que sujeta la capacidad de gestión pública. De entrada tenemos que decir que debe cambiar la mentalidad de los gestores públicos en su relación con la contabilidad pública y en su relación con los órganos de control interno.
Desde el principio de la gestión de la mayoría de los gobiernos socialistas, había la consideración de que la intervención y sus organismos eran como un enemigo que estaba en casa, en vez de tener en cuenta que el auditor interno es alguien del mismo equipo que trata de que las cosas se ajusten a las previsiones. Ajustarse a las previsiones no es sólo un capricho, no es sólo ajustarse a unas normas concretas y a un rigor concreto, es buscar un principio de actuación, de control y seriedad cuando de dinero público se trata. No olvidemos que este control y seriedad que se requiere para el dinero público lo estamos exigiendo y lo hemos legislado también para las grandes empresas que tienen un marco accionarial muy amplio y concurren a mercados públicos de crédito, tanto para obtener fondos de entidades públicas como para obtener fondos de particulares en suscripciones de obligaciones o acciones.
Los fondos públicos llegan a las arcas del Estado por dos caminos esenciales: la aportación de los accionistas o dueños reales de las cosas públicas, que son los ciudadanos, y los créditos que representan las emisiones de deuda pública. Tanto los ciudadanos como los titulares de entidades de crédito exigen a la Administración del Estado globalmente claridad, precisión y seriedad en la gestión presupuestaria y en el gasto. El presupuesto no es un corsé que se establece por estas Cortes Generales y luego hay una serie de mecanismos más o menos formales, más o menos legales, para que los gestores puedan eludir ese corsé que representan los presupuestos. El presupuesto es una proyección de lo que va a ser el año económico y, en base a esa proyección, se toman una serie de decisiones que afectan claramente a la economía de un país y a la confianza que este país representa para sus propios ciudadanos, para sus propios inversores internos y para los inversores del exterior. Cuando llega la hora del control --y a esto hacían alguna referencia los otros grupos, que asumimos plenamente--, en estos últimos meses, en estas últimas semanas la mayoría de los diputados de esta Cámara, la mayoría de los senadores, gestores públicos, gestores de empresas, representantes de ayuntamientos, de comunidades autónomas han desplegado una enorme actividad para intentar dirigir el gasto público a determinados proyectos, a determinadas localidades. Y los gestores del gasto, los representantes del Ministerio de Economía tienen la experiencia de que hay que blindarse en estos meses previos a la presentación de los presupuestos, para poder tener una idea global de cómo se va a gastar y poder eludir, en parte, las presiones conjuntas de tanta gente que quiere dirigir el gasto público. Cuando llega la hora de saber en qué se ha gastado el dinero, hay una especie de tranquilidad por parte de todos, de atonía, y de no preocupación en exceso de cómo se ha gastado el dinero.
Cuando exigimos a los ciudadanos un esfuerzo importante en el pago de sus impuestos, debemos darle la tranquilidad de que sus esfuerzos, a la hora de pagar impuestos directos o indirectos, serán correspondidos con una buena gestión de los gestores públicos, con una gestión transparente.
Ello se tiene que lograr y se va avanzando en este sentido, tenían razón los portavoces de los grupos parlamentarios que me han precedido. Se va avanzando y se ve en las cuentas de 1994 que hubo un cambio radical en los criterios de gestión y en la forma profesional de dirigir las cuentas públicas. Pero todavía en el año 1994 no llegamos a un concepto básico de la contabilidad, que es que refleje la imagen fiel y exacta de todo el sector público. Esto es lo que tienen que representar las cuentas públicas. Y a este efecto conviene resaltar que es necesario avanzar en la Administración pública en algo que el Gobierno del Partido Popular anunció ya hace tiempo que quería hacer, ya va avanzando en esa línea y puede que para el próximo ejercicio esté diseñado ese sitema de auditoria continuada del sector público. No se trata de restaurar una intervención previa del gasto que dificulte o coarte la capacidad de los gestores para atender a necesidades perentorias. Se trata de contar con un auténtico organismo de auditoría interna que a lo largo de todo el ejercicio vaya controlando que no se desmanden los gestores públicos y que se adapten a las previsiones. En ese aspecto le puedo dar tranquilidad al señor Centella, representante de Izquierda Unida, porque esperamos que las cuentas del nuevo Gobierno no le defrauden y vea que se mejora.
Finalmente, valoramos la intervención del señor Moreno, en representación del PSOE, porque, a nuestro modo de ver, hace una adecuada intervención de las cuentas. Reconoce unas mejoras pero, al mismo tiempo, no lo hace con triunfalismos --y estábamos acostumbrados a un cierto triunfalismo en este aspecto--, lo hace asumiendo que hay defectos que continúan corrigiéndose.
Hay un punto en las conclusiones de la Comisión del Tribunal de Cuentas que el Grupo Parlamentario Socialista anuncia que no votará a favor. En el punto 9 la Comisión estima que se han desplazado a ejercicios futuros obligaciones de pago que condicionarán la

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evolución del déficit. Señor Moreno, no es un capricho resaltar en las cuentas de 1994 que hay un desplazamiento hacia ejercicios futuros; es una realidad que pone palpablemente de manifiesto el Tribunal y que, en cierta forma, se acepta. Las diferencias de criterios contables entre la Intervención General del Estado y el propio Tribunal de Cuentas creemos que son admisibles sólo en un punto, que es la venta de acciones de empresas públicas. La venta de acciones de empresas públicas, por el sistema que se ha diseñado de colocar una empresa intermedia como sociedad de cartera de las distintas participaciones del Estado en empresas públicas, crea un problema de divergencia de criterios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano, vaya concluyendo.


El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.
Aquí sí se puede producir ese criterio de divergencia. No creemos que en los demás aspectos exista esa diferencia entre entre la Intervención General del Estado y los controladores del Tribunal de Cuentas.
Finalizando ya, anunciaré que nuestro grupo va a votar favorablemente el dictamen, va a respaldar todas las propuestas de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas y podemos asegurar que cuando empiecen a llegar las cuentas de 1996 y 1997 habrá una valoración, esperamos que unánime, por la gran mejora que representa en la gestión del dinero público y en el control de este dinero público por parte del Gobierno del Partido Popular.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.
Vamos a pasar a la votación de las cuestiones sometidas a debate, que se han referido a los números VII y VIII del orden del día. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre los informes que se han presentado y debatido en el Pleno.
En primer lugar, votamos el informe de la subcomisión que ha estudiado la situación actual de la familia en España, para conocer y proponer actuaciones al Gobierno.
Se somete a votación el informe.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el informe.
Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la cuenta general del Estado correspondiente a 1994 y resolución adoptada por la misma.
El Grupo Socialista ha pedido la votación separada de la propuesta de resolución número 9. En consecuencia, votamos primero esa propuesta y, luego, el resto del dictamen.
Propuesta de resolución número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 189; en contra, 129; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de resolución número 9.
Resto del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal del Cuentas sobre la cuenta general del Estado correspondiente a 1994.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 121/000072)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas, que contiene el debate de totalidad del proyecto de ley general de telecomunicaciones.
Se han presentado cinco enmiendas a la totalidad: tres de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, de los señores Saura y Rodríguez y de la señora Almeida, y dos, también de devolución, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Previamente, ha solicitado la palabra el Gobierno para, a través del ministro de Fomento, señor Arias-Salgado, presentar el proyecto.
(Rumores.) ¡Silencio, señorías, silencio! Ruego a quienes deseen abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio y que no interrumpan la salida en las escalerillas de acceso a los escaños.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.


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Señorías, tengo hoy la satisfacción de presentar ante la Cámara el proyecto de ley general de telecomunicaciones, proyecto de ley que culmina en cierto sentido, desde una perspectiva estrictamente legal, lo que es el proceso de liberalización de las telecomunicaciones iniciado en España hace algunos años.
La liberalización supone fundamentalmente la desaparición del monopolio, particularmente del monopolio de telefonía básica que ha venido existiendo prácticamente en todos los países del mundo hasta que se inició este proceso de liberalización que culmina con el fin del monopolio de la telefonía básica. En definitiva, liberalización que se realiza primero en el ámbito de la Unión Europea y después en el marco de la Organización Mundial de Comercio y que significa dos cosas en términos formales: la eliminación de derechos exclusivos, de una parte, y de otro lado, la simplificación y la reducción del ámbito de discrecionalidad de los poderes públicos a la hora de conceder los títulos habilitantes para la prestación de los distintos servicios de telecomunicaciones.
En esta línea, el proyecto de ley toca todos los principales problemas del mundo de las telecomunicaciones... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señorías, señor De Luis y compañía, no hagan círculos en el desarrollo de la sesión. Señora Gil i Miró.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.
Decía que la liberalización de las telecomunicaciones abre una serie de capítulos respecto de los cuales hay que establecer una cierta reglamentación.
Voy a destacar en el transcurso de esta intervención los cuatro capítulos principales. En primer lugar, la regulación del servicio universal y las obligaciones de servicio público; en segundo lugar, todo el problema, la gran cuestión de la interconexión; en tercer lugar, la numeración y la importancia que tiene para el correcto funcionamiento de la libre competencia, y finalmente la necesidad de un órgano regulador y la reconfiguración de la Administración pública de telecomunicaciones.
Decía al comenzar mi intervención que liberalización supone eliminación de derechos exclusivos y reducción del ámbito de discrecionalidad para conceder los títulos habilitantes. En el proyecto, los títulos habilitantes, recogiendo el planteamiento de la legislación comunitaria, son de dos clases: las autorizaciones generales y las licencias individuales. Estos conceptos no tienen tradición en la legislación española, ambos podrían ser reconducidos a la categoría genérica de autorización administrativa, lo cual implica automáticamente una conclusión: sólo excepcionalmente puede recogerse el régimen de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Con carácter general, en un marco liberalizado, los títulos que habilitarán para la prestación de los servicios de telecomunicaciones serán, pues, puras autorizaciones administrativas y, por tanto, actos administrativos fundamentalmente reglados.
Las diferencias básicas entre autorizaciones generales y licencias individuales radican en los servicios para cuya prestación habilitan y en el procedimiento de su otorgamiento. Con carácter general, en los servicios denominados de autoprestación se exigirá como título habilitante la autorización general. Se trata de servicios que no se prestan al público en general y, además de éstos, requerirán autorización de tipo general las prestaciones de determinados servicios distintos del telefónico y la explotación de redes privadas.
El procedimiento para el otorgamiento de las autorizaciones generales requiere simplemente la previa comunicación a la Administración de la intención por los peticionarios de prestar el servicio correspondiente o, en su caso, de establecer o explotar la red de telecomunicación de la que se trate con sometimiento a las condiciones que fija la Administración.
Los datos contenidos en la notificación se harán constar en un registro especial y podrá empezar a explotarse el servicio red en el momento en que se haya practicado la correspondiente inscripción. Una vez que se haya producido la inscripción, el certificado de inscripción registral servirá como autorización para la prestación del servicio o el establecimiento y la explotación de la red. Todo ello implica un gran automatismo en la concesión de título habilitante.
Más complejo resulta el procedimiento para la obtención de las denominadas licencias individuales, aunque su otorgamiento es, al igual que las autorizaciones generales, reglado. Las licencias individuales se requieren en tres supuestos: para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicación, para la prestación del servicio telefónico al público en general y para la prestación de los servicios de telecomunicaciones que impliquen el uso del espectro radioeléctrico. Se trata, en definitiva, de licencias que requieren la utilización de un bien escaso, como es el espectro radioeléctrico y, consecuentemente, están sujetas a un procedimiento administrativo también reglado pero algo más riguroso que el de las autorizaciones generales. El procedimiento a seguir para la obtención de las licencias individuales requiere la remisión por los interesados, como es lógico, de sus solicitudes a la Administración. Recibidas éstas, la Administración resolverá sobre el otorgamiento o la denegación del título en un plazo breve, que solamente puede prorrogarse cuando sea precisa una coordinación internacional de frecuencias y por el tiempo necesario para alcanzar dicha coordinación.
Las licencias individuales podrán ser revocadas por la Administración que las otorgó, siempre que se produzca

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el incumplimiento de sus condiciones por parte del titular. Asimismo, la Administración, en virtud de que se trata de utilizar un producto escaso, podrá limitar el número de licencias individuales aplicables a cualquier categoría de servicios y al establecimiento y explotación de infraestructuras de telecomunicación, siempre que ello sea preciso para garantizar el uso eficaz del espectro radioeléctrico. En tal caso, la Administración dictará una resolución en la que, de forma razonada, se establezca la limitación de los títulos a otorgar. El procedimiento a seguir en los casos de limitación del número de licencias individuales será el de licitación entre los distintos peticionarios.
La liberalización de las telecomunicaciones, y concretamente del servicio de telefonía, plantea otro problema porque no puede desconocerse la importancia del servicio telefónico desde una perspectiva social, desde la perspectiva de la cohesión social de cualquier sociedad nacional, así como desde la perspectiva de la economía productiva y de su competitividad. Por ello, resulta conveniente que se recojan determinadas obligaciones de servicio público a prestar por determinados operadores que sean titulares de licencias individuales. Este planteamiento significa la concepción de que una determinada actividad es de interés general para los ciudadanos. De ahí que resulte preciso delimitar unas determinadas obligaciones de los operadores, calificándolas como obligaciones de servicio público.
Estas obligaciones de servicio público pertenecen a tres categorías. La primera, y más importante, que se denomina servicio universal de telecomunicaciones, concepto creado por la legislación norteamericana y recogido con posterioridad por la legislación comunitaria. La segunda categoría corresponde a los llamados servicios obligatorios de telecomunicaciones, que se prestan en todo el territorio nacional con tarifas orientadas a costes. Y la tercera categoría son otras obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general que afectan a la defensa nacional, a la seguridad pública, a la educación y a la sanidad.
La importancia social de las telecomunicaciones hace que deba garantizarse, a cualquier ciudadano que se halle en el territorio español, la posibilidad de acceder a un servicio de telecomunicaciones mínimo a un precio asequible. Esto es lo que se denomina servicio universal. Es verdad que el contenido del servicio universal es difícilmente susceptible de ser determinado en una norma con rango de ley formal. Sin embargo, para hacer más fuerte la garantía del ciudadano al acceso de este servicio, la norma legal, de alguna manera, se impone. Las condiciones técnicas, que hacen que el ámbito de las telecomunicaciones progrese a una gran velocidad, determinan que cualquier previsión legislativa respecto de un ámbito mínimo de servicio universal pueda quedar desfasada en un período de tiempo breve. Por eso la ley recoge un concepto dinámico de servicio universal y abierto a la incorporación de nuevos servicios concretos de telecomunicaciones a medida que la evolución tecnológica así lo exija, contemplada siempre desde la perspectiva de la cohesión social y de la economía productiva.
El proyecto de ley plantea el servicio universal con la siguiente amplitud. En primer término, todo ciudadano debe tener derecho a conectarse a la red telefónica pública fija y tener, de este modo, acceso al servicio telefónico básico, si así lo solicita. El servicio ha de permitir la realización de llamadas nacionales e internacionales y permitir no sólo la transmisión de voz, sino también de fax. Asimismo, en el proyecto, el servicio universal comprende el derecho que todos los ciudadanos tienen a figurar en una guía telefónica, actualizada e impresa, y a disponer de ella. La guía debe ser única para cada ámbito territorial, con independencia del operador que preste el servicio. Para ello, y con objeto de facilitar al usuario la búsqueda de cualquier número telefónico de otro usuario, se habrán de poner de acuerdo los operadores en la confección de una guía unitaria que contenga los datos relativos a cualquier titular residente en un determinado ámbito territorial. En tercer lugar, el servicio universal comprende también la existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos y que los usuarios discapacitados, con necesidades especiales, tengan acceso al servicio telefónico en las condiciones necesarias que faciliten su utilización.
Al lado del concepto de servicio universal, se imponen también en el proyecto de ley otras obligaciones de servicio público, a las que me referiré con posterioridad. Quiero completar la exposición del concepto de servicio universal refiriéndome a la imposición que, en una primera etapa, se hace en orden a su prestación, al que se denomina legalmente operador dominante en el mercado de las telecomunicaciones. Ello no significa que exista un derecho de exclusiva respecto de la prestación del servicio universal. Ha de preverse la posibilidad de que otros operadores puedan obligarse también a la prestación de este servicio, siempre que lo ofrezcan a un precio igual o más económico que el operador dominante. Igualmente, ha de recogerse un mecanismo para la financiación del servicio universal, de tal manera que el operador que lo preste resulte indemne del gravamen que ello pueda suponerle. De esta manera, se justifica en el proyecto la creación de un fondo destinado a sufragar los gastos del servicio universal, en el que participarían los operadores en función del volumen de ingresos que obtengan por la realización de su actividad.
La participación de los operadores en los gastos que genere la prestación del servicio universal se fijará en función de los ingresos totales que en el mercado obtenga cada operador. No obstante, ha de darse al regulador independiente --la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones-- la posibilidad de excluir la participación de determinados operadores en la financiación

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del servicio universal para favorecer la libre competencia, en función de las concretas circunstancias del mercado y de las propias necesidades del fondo para financiar el servicio universal.
Además del servicio universal se recogen en el proyecto de ley los denominados servicios obligatorios de telecomunicaciones, entendiendo por tales la obligación de la oferta de servicio de líneas alquiladas y la transmisión de datos y servicios avanzados de telefonía vocal. Esta obligación se impone a todos los titulares de licencias individuales. La oferta deberá realizarse en condiciones no discriminatorias. En todo caso, lo que se pretende a través de la previsión es la modernización del servicio de telecomunicaciones en todo el territorio del Estado. Otras obligaciones del servicio público, a las que también me refería, y que tienen carácter extraordinario, se podrán imponer en función de la necesidad de protección de la defensa nacional, de la seguridad pública y de los servicios de educación y de sanidad.
Otro de los grandes problemas que plantea la liberalización de las telecomunicaciones es la interconexión. La nueva regulación parte, en cumplimiento de la normativa comunitaria, del reconocimiento pleno del derecho a la interconexión y al acceso a las redes por parte de todos los operadores. Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones estarán obligados a facilitar la interconexión a todos los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o de servicios de telefonía disponibles para el público que así lo soliciten. La posibilidad de la interconexión por parte de los operadores es básica para la instauración de un sistema liberalizador. Si la conexión de redes no se posibilita en beneficio de quien acaba de acceder al mercado, se impide a éste el desarrollo de la actividad, sin posibilidad de consolidación comercial.
La interconexión habrá de facilitarse en condiciones no discriminatorias, transparentes, proporcionales y basadas en criterios objetivos, y habrá de ser la autoridad reguladora la llamada a resolver cualesquiera conflictos que entre los operadores se susciten como consecuencia de la interconexión. En todo caso, los titulares de redes públicas de telecomunicaciones que sean dominantes en el mercado deberán atenerse, en la determinación de los precios de interconexión, a los principios de transparencia y de orientación a costes. Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones que sean dominantes en el mercado habrán de publicar una oferta de interconexión, que deberá incluir la descripción de las ofertas de interconexión desglosadas por elementos, con arreglo a las necesidades del mercado y a las condiciones técnicas y económicas, incluyendo los correspondientes precios y niveles de calidad. Las ofertas de interconexión mencionadas podrán ser modificadas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones mediante resolución motivada. De cualquier forma, los titulares de redes o servicios de telecomunicaciones accesibles al público, que tengan la condición de operador dominante y ofrezcan servicios de interconexión a otros operadores, tendrán la obligación de llevar una separación de las cuentas auditadas de sus actividades. Y es que los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y de servicios de telecomunicaciones accesibles al público que tengan la consideración de dominantes tendrán, en efecto, la obligación de presentar anualmente al regulador independiente cuentas separadas y auditadas para las actividades y servicios de telecomunicaciones en los términos, con el alcance y con las condiciones que fije la ley y la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, separando, como mínimo, las cuentas de los servicios de telefonía vocal ofrecidos al público y las de interconexión y de alquiler de circuitos.
Otra cuestión de gran importancia para el funcionamiento de un mercado libre de telecomunicaciones es la numeración. La ley regula la numeración como elemento esencial de la prestación del servicio de telecomunicaciones en un ámbito liberalizado. Se atribuye a la Administración activa la elaboración y aprobación de los planes nacionales de numeración y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones su gestión. Al regulador independiente se le asigna también el velar por la buena utilización de los recursos públicos de numeración asignados. En todo caso, los operadores de redes fijas de telecomunicaciones deberán garantizar, en los términos, plazos y condiciones que al efecto se fijen, que los usuarios puedan conservar los números que les hayan sido inicialmente asignados cuando cambien de operador o de prestador del servicio sin modificar su ubicación geográfica. Los costes ocasionados se habrán de repartir, de común acuerdo, entre el antiguo y el nuevo operador y, si no hubiera acuerdo, deberá resolver la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La garantía de conservación del número es un elemento básico para un mercado liberalizado. El usuario del servicio difícilmente decidirá cambiar de operador si no se le garantiza la conservación del número que se le dio originariamente.
Finalmente, querría hacer una breve referencia a la configuración de la Administración de las telecomunicaciones como consecuencia del proceso de liberalización emprendido y de la creación de un órgano regulador dotado de amplísima autonomía, como es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
El proyecto de ley empieza por delimitar las facultades de lo que tradicionalmente se ha denominado Administración activa, es decir el Gobierno y el Ministerio de Fomento. Son facultades claramente separadas de aquellas otras que corresponden a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, creada por el Real Decreto-ley de 7 de junio de 1966.
El papel de la Comisión en un mercado liberalizado es esencial en cuanto que su función ha de ser la de garantizar la libre competencia en el sector, con arreglo

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a las normas que determinan su configuración y sus atribuciones. Resulta preciso lograr un equilibrio entre las funciones esenciales que a la Comisión deben otorgarse y la garantía de que podrá cumplir éstas debidamente. No tiene sentido sobrecargar a la Comisión con funciones de pura administración, perdiendo de vista que es un órgano destinado a salvaguardar el régimen de liberalización de las telecomunicaciones y la igualdad de oportunidades entre los distintos operadores. Así por ejemplo, en los Estados Unidos concurren, en el ámbito de las telecomunicaciones, la Federal Communications Commission, reguladora independiente interestatal e internacional de los servicios de telecomunicaciones prestados por empresas norteamericanas, y la National Telecommunication Information Administration que, como agencia del Ministerio de Comercio, ejerce la política del Gobierno Federal en materia de telecomunicaciones.
En España, tampoco parece tener sentido sobredimensionar la estructura material y personal de la Comisión dotándola de un aparato que haga perder de vista sus principales cometidos. La Comisión debe tener, y tiene legalmente, un alto grado de autonomía respecto del Ejecutivo.
Podrá contratar su personal y gozará de patrimonio y presupuesto propios.
La forma jurídica que reviste el regulador independiente es una garantía de su independencia. Se trata de un ente público, tiene su propia personalidad jurídica y un patrimonio para el cumplimiento de sus funciones. Cuenta también, como digo, con su propio personal. De alguna manera, se asumen las pautas normativas ya establecidas para otros reguladores independientes en distintos sectores del mercado, como son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Mención especial debe hacerse a la regulación de la inspección y del régimen sancionador. En este aspecto, es necesario superar muchas de las deficiencias que tenía la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
Las competencias en materia de inspección se mantienen en el ámbito del Ejecutivo, en el Ministerio de Fomento. No tiene sentido sobredimensionar la Comisión previendo un servicio de inspección con estructura territorial en ella integrada. No obstante, para garantizar la actividad inspectora de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Fomento, en materias de competencia de aquélla y a su solicitud, prestará las actividades de inspección que le sean requeridas.
El proyecto diseña, además, un completo régimen de responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones y define los criterios de imputabilidad. Es cierto que, en caso de que las infracciones hayan sido cometidas por persona física o jurídica amparada en el correspondiente título habilitante, éste será el responsable; si no existe título habilitante, será responsable quien lleve a cabo la actividad correspondiente. En todo caso, la imputación de la responsabilidad recaerá sobre quien lleve a cabo la conducta tipificada como sancionable.
El esquema de clasificación de infracciones es el tradicional: infracciones muy graves, graves y leves. La autoridad sancionadora será, con carácter general, la Administración activa. Cabe entender por tal, esencialmente, el Ministerio de Fomento, que actuará a través de sus distintos órganos. No obstante, con objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones, resoluciones y requerimientos dictados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ésta podrá sancionar el incumplimiento de aquéllos. Se habrá de prever, y se prevé en el proyecto, en su ámbito sancionador, los supuestos de prescripción.
Este es el esquema básico, señorías, del proyecto de ley general de telecomunicaciones que, como decía al principio, culmina, desde una perspectiva legal, el proceso de liberalización de las telecomunicaciones. A partir de este marco legal, habrá de dictarse todo un conjunto de reglamentos que hará posible el funcionamiento de un mercado libre.
No estamos en presencia de un proceso de desregulación; estamos en presencia de un proceso de rerregulación, por la propia complejidad del mercado de las telecomunicaciones. Salir de una situación de monopolio en la que el monopolista tiene no sólo el monopolio en la prestación del servicio inicialmente, sino también, desde un primer momento, el monopolio de infraestructuras y redes, exige una rerreglamentación que haga posible el acceso al mercado de nuevos operadores, en el ámbito de todos los servicios de telecomunicaciones.
Yo pido a SS. SS.el apoyo para este proyecto de ley, que culmina un proceso de reforma estructural y que, cuando esté en vigor, colocará a España, junto con otras muchas disposiciones que se han venido dictando en los últimos tiempos, a la cabeza de ese proceso de desregulación de un mercado libre de telecomunicaciones.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su detallada exposición del proyecto de ley.
Ahora sí tienen la palabra los portavoces que van a defender las enmiendas de totalidad de devolución.
Por el Grupo Mixto se han presentado tres y, por tanto, compartirán el tiempo del que puede disponer el Grupo Parlamentario Mixto los señores Rodríguez, Almeida y Saura.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Una vez más vamos a hablar de un proyecto de ley, la ley general de telecomunicaciones, que se presenta

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en un contexto general de liberalización que pretende aliar privatización, servicio universal, precio asequible, cohesión social y territorial y globalización. Como se ve, una alianza bastante difícil y problemática, como para hablar de la cuadratura del círculo.
Los motivos concretos de la oposición del Bloque Nacionalista Galego al proyecto de ley de telecomunicaciones se basan en tres criterios fundamentales. El primero de ellos estriba en que consideramos que el proyecto de ley otorga una competencia exclusiva al Estado, sin aludir para nada a las competencias de las comunidades autónomas en cuestiones de infraestructura y, sobre todo, en cuestiones de especificidad tal que condicionan esta materia. Sin ir más lejos, no se puede elaborar una ley que no tenga en cuenta las actuales televisiones, radios o incluso la telefonía en determinadas comunidades autónomas. En el caso concreto de Galicia, no entendemos cómo la administradora del patrimonio gallego de telecomunicaciones guarda silencio, en el caso de Retegal, ante un proyecto de ley de esta envergadura. La cuestión no se puede solucionar solamente aludiendo a la colaboración del Ministerio de Fomento, curiosamente a problemas de seguridad pública y protección civil, en los cuales también están involucrados organismos de carácter autonómico, como establece el artículo 5.3 de este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.
Es muchísimo más grave todavía que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que es precisamente la que va a autorizar la explotación del servicio o las redes de telecomunicaciones, se vaya a montar con un total carácter de indiferencia en relación con las estructuras territoriales del Estado español. Desde luego, Galicia no va a estar presente. La estructura no es estructural, valga la redundancia, sino totalmente superestructural, según los caprichos políticos y la correlación de fuerzas, determinados en un momento preciso de la historia política del Estado español. Por tanto, esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tal como está establecido en el artículo 7.3 o en el artículo 16, no cumple la función de tener representación plural de acuerdo con el tema que estamos tratando.
En tercer lugar, es curioso que la guía unificada para cada ámbito territorial no aclare cuáles son las características espaciales, culturales o lingüísticas de cada uno de sus ámbitos territoriales. No se hace, por ejemplo, en el artículo 11.2. Y no vamos a hablar ya de los derechos de ocupación, que no aluden para nada a las competencias municipales o autonómicas, dejándolo en un terreno de nadie cuando, sin embargo, la ordenación del territorial es un tema crucialmente territorial e incluso diríamos que urbanístico y espacial. Por no hablar de que el artículo 53 ni siquiera hace alusión explícita a algo tan importante como los edificios de carácter histórico-artístico y las condiciones en que hay que realizar esos grapados, que, naturalmente, tendrían que ser competencia de las autoridades autonómicas y de los ayuntamientos que están ubicados en las respectivas comunidades. En definitiva, incluso en cuestiones técnicas, como puede ser el uso de los espectros, las altas frecuencias, no debería de haber ninguna pega para que fuesen competencia de las comunidades autónomas.
La segunda cuestión es la falta de control político-democrático. Nos parece que el Ministerio de Fomento, y sucedáneamente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, tiene un carácter todopoderoso. En el otorgamiento de las licencias, tanto de las generales como de las individuales, ¿quién va a juzgar las consecuencias sociales de las negativas a estos otorgamientos? Desde luego, el Parlamento no va a ser, porque queda totalmente amordazado en este sentido.
El combate contra el oligopolio y la defensa de la función del servicio universal no se puede conseguir sólo con la definición y deberes del operador dominante, como se intenta implícitamente hacer en el artículo 23 y siguientes. Todo el mundo sabe que existen contabilidades con truco y hombres de leyes ingeniosísimos, por no hablar del punto de partida en que estamos, donde se ve que hay eléctricas que tienen un carácter preponderante, como, por ejemplo, en el caso de Retevisión, o como fueron las concesiones de las frecuencias moduladas hasta ahora, que no fueron precisamente un modelo para incidir en el carácter plural, democrático y diverso.
Señor ministro, ¿qué cohesión social y territorial? Desde una perspectiva gallega, estamos preocupadísimos con la suerte que puede correr la telefonía rural, el 908. ¿Se van a conservar sus números, como establece el artículo 33? ¿Se puede hacer un servicio universal accesible a todos los usuarios con el 908 rural, tal como establece el artículo 37, cuando no se puede recoger voz ni emitir o recibir datos a través del método del fax, que, por cierto, costó al erario público de Galicia 15.000 millones de pesetas? ¿Cómo se va a pasar de lo analógico a lo digital con este proyecto de ley? El servicio universal lo define el Gobierno central. Pensamos que debía de haber una participación clara de las comunidades autónomas, las cuales, como se ve, están terriblemente afectadas en cuanto al futuro de la aplicación de esta ley. Los mecanismos de financiación del servicio universal, lógicamente, llevarán a que puedan pagar aquellos que hacen negocio en determinadas comunidades autónomas, si no sus administraciones, pero no van a tener voz ni control, precisamente, del fondo nacional del servicio universal.
Por todo esto, señor ministro, y también porque pensamos que la Administración a la que se le asignen los servicios que se consideran obligatorios va a tener que hacer un gasto excesivo, para el que no se contemplan garantías en esta ley, es por lo que nos oponemos al proyecto.


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En todo caso, para concluir, diremos que, efectivamente, la globalización borra fronteras y que la red está abierta, pero sólo será así para el que tenga poder político y económico en ese mercado. En ese sentido, sería interesante la participación y el control de comunidades autónomas y de instituciones como parlamentos o sindicatos, así como de usuarios, y la consideración de servicio universal público y los deberes de las administraciones, y no solamente un elemento regulador en razón de la dependencia a grandes empresas, tal como lo estamos ya comprobando en la práctica diaria en el Estado español. Después, hay que territorializar la tecnología y el servicio público y no quedar en un anonimato brutal. Yo creo que, a este paso, los usuarios nos vamos a tener que relacionar con estas empresas solamente a través de llamadas telefónicas y esto es infumable o, por lo menos, a nosotros nos mete miedo.
Estos son los motivos de nuestro rechazo.
Nada más y gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Alcaraz, que compartirá el tiempo del Grupo Mixto, para la defensa de la enmienda que figuraba a nombre del señor Saura y de la señora Almeida.


El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente comparezco para defender la enmienda de devolución a la ley de telecomunicaciones en nombre de los diputados pertenecientes a Iniciativa per Catalunya-Partido Democrático de la Nueva Izquierda.
Sin duda, nos encontramos ante una materia que inmediatamente llama la atención por su complejidad y respecto a la que, ante la acumulación normativa producida, es necesaria una nueva ley sobre telecomunicación.
Pero nos encontramos con la paradoja, que no solamente se está produciendo en España sino en otros Estados de occidente, de tener que regular para desregular. De alguna forma, desde que las olas liberalizadoras en esta materia se instalaron en el pensamiento occidental, nos encontramos con un mito, el mito de la desregulación, que está dando como resultado en todas partes la existencia de más normas, que se van solapando, que no siempre resuelven los problemas y que, en definitiva, lo que hacen es regular en favor de otros intereses distintos de la regulación que anteriormente existía.
Dada esa complejidad a la que aludo y a esta instalación en el terreno casi de lo mítico en los mensajes, es difícil en el tiempo de que se dispone sintetizar siquiera una oposición concreta a muchísimas de las partes del texto. Entenderán SS. SS., como digo, que es prácticamente imposible. Podríamos indicar a vuelapluma que se aprecian algunas ambigüedades, algunas deficiencias desde el punto de vista de la seguridad jurídica, pero ciertamente no puedo seguir por esa vía de análisis. En todo caso, en proyectos de este tipo también existe el peligro de perdernos a la hora de legislar en el detalle o en la cuestión técnica. Es decir, corremos el peligro de dejar que las palabras oculten el espíritu o las ideas que subyacen en esta propuesta de ley y en otras que, relacionadas con el panorama mediático o general de las comunicaciones, han venido a esta Cámara en los últimos tiempos. Por lo tanto, esta enmienda trata en su formulación de rehuir, de entrar en ese detalle, porque ciertamente ya habrá tiempo en su caso para presentar otro tipo de enmiendas.
La principal razón que justifica muestra enmienda de devolución es la perspectiva desde la que se aborda la cuestión, el corazón mismo del proyecto. A nuestro modo de ver nos encontramos instalados en esa primacía del negocio, en la supremacía de lo privado frente a lo público.
El señor ministro aludía al concepto de liberalización y seguramente no sea éste el momento ni el lugar para hacer un debate muy filosófico sobre la cuestión de la liberalización, pero en todo caso, incluso hablando o admitiendo algún elemento de liberalización, caben diversas fórmulas y con diversos límites en esa frontera o situación de contradicción y de diálogo entre lo público y lo privado aplicado a esta materia. Luego me referiré a algún punto concreto.
Creo que SS. SS. compartirán con nosotros la posición de entender las telecomunicaciones como el sistema nervioso de nuestra sociedad y de nuestra economía, sobre todo en las puertas de ese ya también retórico y mítico tercer milenio. Es precisamente en ese momento de renovación cuando cabe plantearse cuáles son los límites a lo público y lo privado, cuáles son los terrenos donde la invasión de uno por otro son legítimos y deben ser predominantes. Para nosotros una articulación de lo público y lo privado es importante, pero en esta materia el predominio de lo público debe quedar siempre garantizado, porque es la única garantía de que ese sistema nervioso esté al servicio de la sociedad y no al sometimiento de reglas del mercado y al gran beneficio de unos pocos. Sin embargo, este proyecto se instala en ese contexto, en el contexto del predominio de lo privado, del predominio del negocio. Baste citar, además, que este proyecto está en un contexto determinado y, en ese sentido, recordar el proceso habido en Telefónica permitirá entender mejor lo que digo.
El artículo 2 del proyecto que hoy se presenta alude a servicios de interés general, mientras que el concepto de servicio público, el sometimiento a obligaciones de servicio público se convierte en la excepción, pese a esa bonita declaración de voluntad de servicio universal que creo que puede ser más bien retórica, salvo que se entienda lo de universal como sinónimo de regulación supercentralista con poca participación de comunidades autónomas. Si comparamos simplemente este

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artículo 2 con el artículo 2 de la Ley 31/1987, que amparándose en el artículo 182 de la Constitución indicaba que las telecomunicaciones tienen consideración de servicios esenciales de titularidad estatal reservado al sector público y luego establece excepciones en favor de lo privado, notaremos que se produce una inversión, una perversión diríamos nosotros, entre lo que es la regla y lo que es la excepción. Lo que antes era regla ahora se convierte en excepción y viceversa, pero, insisto, a favor de lo privado. Para Iniciativa per Catalunya y para Nueva Izquierda esto es un retroceso.
En coherencia con esta visión que trato de criticar, el proyecto no garantiza el acceso a las redes en igualdad de condiciones, según territorios y nivel económico; falta, como ya he indicado, una participación de comunidades autónomas y de ayuntamientos incluso en alguna materia sensible o importante, llegado el caso, como protección civil. Y todo ello puede ser una causa de discriminación muy grave en el futuro.
Además el proyecto podría haber avanzado algo más en la defensa de los usuarios.


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, por favor, vaya concluyendo.


El señor ALCARAZ RAMOS: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Por otro lado, esta euforia liberal impide que el proyecto sea algo más imaginativo en un campo importante, pero que no es negocio. Me refiero a lo que se llama tercer sector. El proyecto nada dice de las posibilidades de acceso a las redes de las ONG, de las asociaciones que presten labores de cooperación social sin retribución, de alerta en caso en caso de catástrofes, etcétera.
Finalmente, en el proyecto reaparece el gran fantasma de los debates mediáticos, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Esta Comisión, que debiera ser independiente, fuera de la órbita gubernamental, reaparece de nuevo aquí como una institución instrumental del Gobierno en sus conocidas políticas de control y dominio en este ámbito.
Por todo ello el PDNI-Iniciativa per Catalunya pide la devolución del proyecto al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara para defender la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley general de telecomunicaciones.
Quisiera comenzar por decir que el Grupo Parlamentario Socialista comparte la necesidad que impulsa al Gobierno a traer a esta Cámara el proyecto de ley, que no es otra que proceder a una revisión que sustituya la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, que ha quedado sin duda obsoleta por la evolución tecnológica y también por los procesos de liberalización que en España --empleo la misma frase que ha utilizado el señor ministro-- se han iniciado hace ya algunos años.
No sólo es eso; compartimos también sus objetivos, los que formula en la memoria el proyecto de ley. Así, por ejemplo, y lo decía ahora mismo, nos parece que hay que revisar coherentemente toda la legislación en materia de telecomunicaciones, porque es verdad que se han producido modificaciones en leyes sectoriales por trasposición de directivas comunitarias y también en leyes específicas. Creemos, efectivamente, que hay que aprobar un proyecto de ley que impulse plenamente la competencia en nuestro país en el sector de las telecomunicaciones. Nos parece que conviene revisar a fondo el sistema de autorizaciones y licencias, de acuerdo con las directivas comunitarias. Pensamos también que es necesario garantizar el interés público en un entorno liberalizado y, finalmente, compartimos con el proyecto de ley el objetivo de que hay que promover el desarrollo en España de la sociedad de la información y hay que hacerlo garantizando la cohesión territorial y social en nuestro país.
Señor ministro, señoras y señores diputados, una vez que hemos enunciado los objetivos y nuestra posición, que es compartirlos, el problema es que cuando uno va al texto de la ley comprueba que los objetivos no se cumplen, que no son más que retórica en el preámbulo y en la memoria que acompaña al proyecto de ley que este Gobierno nos envía a la Cámara. No hay una regulación completa del sector; no se promueve la plena competencia; no se avanza en un sistema razonable a nuestro juicio de autorizaciones y licencias y, sobre todo, y esto es lo más importante, no creemos que el proyecto de ley garantice, en contra de lo que el señor ministro expresaba en esta tribuna, la cohesión territorial y social en España una vez que se consiga el desarrollo de las telecomunicaciones.
Pasaré revista a estos objetivos y trataré de poner de manifiesto por qué, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no se cumplen. Ese es, finalmente, el sentido de nuestra enmienda a la totalidad. Si me apuran, nos gustaría, sencillamente, convertir en ley lo que ustedes enuncian como objetivos --objetivos que nosotros compartimos-- para el sector de las telecomunicaciones.
Empezaré por el primero. Quien me ha precedido en el uso de la palabra en esta tribuna, ya hacía referencia a que, efectivamente, no se regula todo el sector. Se deja fuera la radio y la televisión. Es cierto que este es un tema siempre complejo, pero no es menos cierto que la tecnología digital y su influencia en la televisión

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y en la radio ya la hemos discutido en esta Cámara, bastante, y nos va a obligar a discutir aquí normativas que adapten nuestra actual legislación en radio y televisión a la nueva tecnología digital y, con toda seguridad, esas normativas acabarán teniendo reflejo en la ley que estamos empezando a discutir. Por tanto, creemos que habría que haber regulado --tal como dice la memoria del proyecto de ley-- el sector en su conjunto. No se ha hecho y nos parece que ahí se comete un error, aunque ya digo que creemos que este es un tema menor.
Más nos preocupa --iré en orden creciente de preocupación-- que el proyecto de ley no promueva la plena competencia; no lo hace. Es verdad, como señalaba el señor ministro, que incorpora algunos elementos de las directivas comunitarias en materia de liberalización de las telecomunicaciones --numeración, resolución de conflictos entre operadores--; es verdad que incorpora parte de la normativa de interconexión, pero nos parece que la efectiva garantía de una plena competencia en el sector --objetivo que nosotros compartimos-- queda fuertemente limitada por diferentes cosas. En primer lugar, porque hay una dependencia extraordinaria del desarrollo reglamentario de esta ley.
Para que la ley funcione hace falta, señor ministro, la publicación de más de 60 reglamentos, muchos de los cuales podrían, sin duda, haberse ahorrado si la ley tuviera un redactado distinto. En segundo lugar, porque aparece una capacidad discrecional enorme, en manos del Gobierno y del Ministerio de Fomento, que, sin duda, va a generar desconcierto e incertidumbre entre los operadores. En tercer lugar, porque el Gobierno, en esta ley --como ha sucedido en otras leyes que hemos discutido en esta Cámara--, manifiesta una incapacidad para separar lo que es la regulación global del sector --la general, que corresponde a esta Cámara y al Gobierno-- de lo que es la gestión y aplicación de esa regulación, que, de acuerdo con el modelo que hemos defendido los socialistas aquí desde hace algún tiempo, corresponde o debería corresponder a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Hay una invasión permanente de competencias por parte del Gobierno en lo que deberían ser competencias de la Comisión, en un afán intervencionista que sin duda va a limitar la eficacia en cuanto a la aplicación de la ley. Y finalmente, porque las directivas --y de esto también hemos tenido aquí algún ejemplo-- se han trasladado a la legislación española en su forma más intervencionista posible. De todo ello hay ejemplos y nuestras enmiendas los van a poner de manifiesto. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) En resumen, señor ministro, el Gobierno mantiene en esta ley lo que parece que son los dos principios que inspiran toda su política en materia de telecomunicaciones. El primero, su deseo, su afán de intervenir en un sector, más allá de los vientos liberalizadores que vienen de la Comisión Europea y, el segundo, una desconfianza de la autoridad nacional reguladora, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a la que usted, incluso, le quita el nombre. En el texto del proyecto de ley no aparece autoridad nacional reguladora, y yo entiendo bien por qué no aparece. Porque si apareciera, ustedes tendrían que deslindar las competencias que la Comisión Europea establece en las directivas para esa autoridad nacional reguladora entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Gobierno, es decir, se notaría que ustedes están rescatando competencias de la autoridad para llevárselas al ámbito de lo ejecutivo. En definitiva, son las dos caras de la misma moneda. En última instancia, de lo que se trata es de no dejar de la mano un sector en el que se juega una enorme cantidad de poder político y de poder social. ¡Para qué empeñarnos en ser liberales, cuando lo que nos gusta realmente es mandar, señor ministro! En esta ley, ustedes se preocupan de eso, de mandar en el sector, de intervenir en el sector. Es una ley fuertemente intervencionista, como lo es toda su política en materia de telecomunicaciones, aunque usted la revista de ropaje y lenguaje liberal. Eso sí, con una clamorosa excepción, que no me puedo permitir dejar de nombrar: la privatización de Telefónica. Entonces, no.
Entonces había que salir disparado, a toda velocidad, del accionariado del capital para dejar que la empresa se desarrollara libremente, para liberarla del pesado fardo del Estado. La pregunta, finalmente, era: ¿para qué estar ahí, si ya tenemos quien haga nuestro trabajo? ¿Para qué estar dentro, si tenemos quien lo haga por nosotros, incluso más eficazmente, y así, de paso, no viene a esta Cámara? Es la única excepción a este afán intervencionista que les mueve a ustedes en la política de las telecomunicaciones. Volveremos sobre ese debate, señor ministro, porque tendremos que hablar de la calidad del servicio telefónico. ¿Se acuerda? En el debate de privatización, le dije, en esta Cámara: ¡ojo! con la calidad, ¡ojo! con el contrato del Estado. No sé si ustedes han dejado de hacer o no los análisis de calidad trimestrales que la Dirección General de Telecomunicaciones hacía, no sé si los han dejado de hacer, desde luego, los ciudadanos los han dejado de conocer; los tendremos que conocer y discutir en esta Cámara, y me volverá a oír esta cantinela que parece que le hace mucha gracia pero que a mí como usuario del teléfono me preocupa extraordinariamente. Ya sé que a usted le preocupan otras cosas, a mí me preocupan los ciudadanos, los que descuelgan el teléfono y tratan de utilizarlo.
Tampoco aciertan ustedes, señorías, a la hora de establecer un nuevo sistema de autorizaciones y licencias, y creo que aquí sencillamente pierden una gran oportunidad. Señor ministro, las actividades desreguladas en el texto de la ley --artículo 7, si no me equivoco-- son exactamente las mismas que aparecían como tales, por tanto desreguladas, en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, que no era una ley que tuviese

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los objetivos que tiene ahora esta ley, objetivos que, repito una vez más, comparto. Esta ley no avanza, por tanto, en lo que yo creo que es un deseable proceso de desregulación, más allá de cómo ha acabado usted su intervención en esta tribuna haciendo ese juego de palabras que considero ingenioso, y debo decir que acertado.
Tampoco acierta usted, señor ministro, no acierta el Gobierno, al dejar a un real decreto la definición tanto de las actividades sometidas a licencia individual como --y esto me preocupa más-- de las referidas a los nuevos servicios, para los que además hace falta autorización previa y, si no, silencio negativo. Es evidente que esta regulación camina en dirección contraria de lo que parecen ser los objetivos de la ley; perjudica a las pequeñas empresas y favorece siempre al operador dominante; por tanto, perjudica la competencia y, lo que es más importante, debilita extraordinariamente nuestra capacidad para incorporar nuevas tecnologías. Más burocracia, señor ministro; en definitiva, más control. Pero el Gobierno tampoco en esto de las autorizaciones ha olvidado su afán intervencionista, y ahí está un magnífico derecho transitorio en el que todo queda en manos del Gobierno, una vez más en detrimento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. No es la primera vez que eso pasa. Recuerde usted que en esta Cámara aprobamos una ley por la que las tarifas de interconexión quedaban en manos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero ustedes la modificaron y se quedaron con las tarifas hasta 1998. Ya le he dicho varias veces que eso es la clave --usted lo decía aquí, en esta Cámara--; las tarifas ahora, dentro de cuatro años el sistema razonablemente estará en marcha, pero ahora son importantes, ahora sin duda marcan la estrategia de liberalización, ahora es cuando realmente hay poder en juego, señor ministro, y una vez más aparece un derecho transitorio que les manda a ustedes todo. Ustedes van a adaptar al nuevo sistema de licencias las licencias de Telefónica, de Retevisión, de Airtel, de los operadores de cable; fíjese, señor ministro, incluso las licencias de los servicios de valor añadido liberalizados en 1987. ¿No hubiera sido más sencillo, señor ministro, decir: el que tenga una licencia y no use el espacio radioeléctrico que la siga teniendo? ¿No hubiera sido más sencillo? Pero no, ustedes lo quieren ordenar todo; un empacho de poder, señor ministro, por vía del derecho transitorio.
Voy terminando ya. Es verdad que hay un campo en el que ustedes extreman su celo liberal. Es cierto que hay una materia en la que ustedes se manifiestan como un Gobierno liberal, flexible y no intervencionista, y es lamentablemente, señor ministro, cuando ustedes tratan de regular los derechos de los usuarios, la igualdad de los ciudadanos, la cohesión entre los territorios. Ahí entramos en el reino de la imprecisión y de la ambigüedad --gas y más gas--, en el reino de la indefinición. Ahí ustedes son plena y coherentemente liberales. Precio asequible, calidad determinada, oferta suficiente, condiciones equiparables al resto de los usuarios, todos ellos son términos que se utilizan, en este caso, para definir servicio universal, servicios obligatorios, para hablar de los derechos de los usuarios y de la libertad e igualdad de los ciudadanos.
Comprobarán SS. SS. que son escasamente precisos, por calificarlos suavemente. Ahí sí entramos en el reino de la indefinición; la hay en los mecanismos para regular cuota de conexión, abono mensual, coste de comunicación, mecanismos que ustedes podrían utilizar para impedir la discriminación geográfica; la hay extraordinariamente a la hora de regular los mecanismos de financiación, tanto del servicio universal como de los servicios obligatorios de telecomunicaciones. Existe, a la hora de establecer el acceso de todos los españoles a los nuevos servicios de la información, completa ausencia de procedimientos en defensa de los usuarios y, finalmente, ausencia de mecanismos de cohesión interterritorial, por mucho que se predique esto como objetivo en la memoria de la ley.
Señorías, en esta materia esta es un ley incompleta e inconcreta, una ley que no sirve a los objetivos que ustedes mismos predican, una ley que no tiene en cuenta los efectos sociales y territoriales del desarrollo de la sociedad de la información. Porque es verdad que el desarrollo de la sociedad de la información comporta un sinfín de nuevas posibilidades para nuestros ciudadanos, pero usted sabe, señor ministro --porque lo ha dicho aquí--, que comporta también extraordinarios riesgos y que hay que evitar desde los poderes públicos --ahí sí, regulando-- el que se produzca una dualización de nuestra sociedad por el hecho de que unos ciudadanos accedan a las nuevas tecnologías de la información y otros queden separados de ellas. Y es verdad que desde los poderes públicos hay que corregir los efectos que sin duda se producirían sobre nuestro desarrollo territorial, efectos discriminatorios, si dejáramos a los operadores, sin más, a su lógica, que no es sino la del beneficio inmediato. Y es verdad que ahí, señor ministro, sí que hay que intervenir, y ahí la ley falla estrepitosamente. Ahí la ley es ambigua --le diría más, peligrosamente ambigua-- al no establecer ningún cauce concreto para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante el desarrollo de las telecomunicaciones, ni fórmulas para evitar las diferencias territorriales.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pérez Rubalcaba, vaya concluyendo, por favor.


El señor PEREZ RUBALCABA: La ley ahí apuesta, señor ministro --ahí sí--, por la desigualdad y por la inconcreción.
Por eso, señor ministro, ya le anuncio que si esta enmienda a la totalidad no sale votada nosotros presentaremos

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--de hecho, ya lo hemos hecho ayer por la tarde-- un número importante de enmiendas. Y pretendemos --por decirlo con una terminología ya casi al uso en esta legislatura-- con nuestras enmiendas darle la vuelta como a un calcetín a esta ley. ¿Se acuerda de la frase? Pretendemos darle la vuelta como a un calcetín porque creemos que la ley ni siquiera sirve para cumplir los objetivos que ella misma predica. Es el único apartado de la ley que votaríamos, porque ahí reconocemos que han echado ustedes el resto.
Presentaremos enmiendas para impedir el intervencionismo injustificado de la Administración en el desarrollo de las telecomunicaciones, para que la ley establezca claramente cuándo esa intervención debe producirse por ser necesaria y razonable. Trataremos de evitar, a través de nuestras enmiendas, la injustificada utilización del silencio administrativo y, repito, propondremos que la norma general sea el silencio administrativo positivo. Trataremos de facilitar, a través de nuestras enmiendas, el desarrollo de un mercado competitivo en beneficio de los usuarios --creemos que ustedes no lo hacen--, y para ello intentaremos que la ley reconozca el derecho a negociar sin restricciones las tarifas y condiciones de interconexión, con sujeción de los acuerdos alcanzados por la autoridad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y en el supuesto de que éstos fueran lesivos para los usuarios la Comisión debería intervenir. Trataremos, a través de nuestras enmiendas, de superar la indefinición del precio asequible del servicio universal y para ello definiremos lo que entendemos que hay que definir como tal, en función de los precios medios de las operadoras dominantes en las 20 ciudades más pobladas del país. Trataremos de garantizar a todos los usuarios una adecuada calidad de los servicios telefónicos y para ello estableceremos en nuestras enmiendas una velocidad binaria mínima de 36.000 bits por segundo. Trataremos de fomentar en esta ley --cosa que ustedes no hacen-- la preparación de las nuevas generaciones en el acceso a la sociedad de la información y de extender los beneficios de éstas a todos los usuarios, y ya le anuncio que propondremos el acceso a Internet de todos los centros de enseñanza, hospitales, centros de salud y dependencias administrativas en las mejores condiciones de calidad que permita el mercado nacional. Trataremos, señor ministro, de homogeneizar la calidad de los servicios y evitar la aparición de un nuevo elemento de dualidad social y territorial y propondremos, en nuestras enmiendas, que las prestaciones que alcancen en el mercado residencial una penetración superior al 30 por ciento sean automáticamente incluidas en el servicio universal. Trataremos también de que los usuarios se defiendan en un mundo complejo como es el de las telecomunicaciones y propondremos que se elabore un estatuto de los usuarios que recoja los derechos y les informe de la mejor manera de ejercerlos. Trataremos de maximizar la transparencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y propondremos, en nuestras enmiendas, la publicidad sin límites de todas sus resoluciones. Finalmente, para que el desarrollo de la sociedad de la información se produzca de un modo solidario y equilibrado, propondremos en nuestras enmiendas la redacción de un plan director, cuyo objetivo sea la extensión progresiva y solidaria de la sociedad de la información en toda España.
Termino ya, señorías. Estas son las razones por las cuales hemos presentado una enmienda a la totalidad; estas son las razones por las cuales pedimos al resto de los grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda a la totalidad, razones que tienen que ver con los objetivos de la ley que, repito, compartimos, pero que creemos que no se cumplen en su articulado, razones que tienen que ver con la concepción misma del proyecto de ley. Señor ministro, nosotros creemos que usted se ha preocupado de regular exhaustivamente algunas cosas, las que se corresponden con sus competencias y con las del Gobierno, y se ha preocupado muy poco de regular aquello que tiene que ver con los derechos de los usuarios. Usted regula lo que no debe y no regula lo que debe. Esa es la razón de fondo por la cual presentamos una enmienda a la totalidad.
Usted se preocupa de establecer exhaustivamente competencias para el Ministerio de Fomento y para el Gobierno en su afán de ordenar el mundo de las empresas, de intervenir en el reparto del poder en las empresas, pero se olvida escandalosamente de la igualdad de los ciudadanos, de la igualdad de nuestros territorios, de la cohesión territorial y geográfica a la que usted se refiere en su propia memoria. En definitiva, usted en esta ley continúa con una política, que es la de telecomunicaciones, que tiene esos principios. Le diría más, con una política que creo que es la del Gobierno del señor Aznar, una política intervencionista, autoritaria en lo que se refiere a las empresas y una política de laxitud liberal en lo que se refiere a los ciudadanos. Señor ministro, por esa razón creemos que usted tiene que empezar a redactar de nuevo esta ley, y por eso presentamos una enmienda a la totalidad. Y le voy a decir más, lo tiene que hacer de acuerdo con el espíritu que la propia Comisión Europea está imprimiendo a los sucesivos informes y recomendaciones que en materia de liberalización de las telecomunicaciones vienen haciendo los gobiernos.
Le sugiero un título y una reflexión para comenzar si, como es nuestro deseo, esta Cámara le rechaza el proyecto de ley. En el último informe que realizó la Comisión --creo que es de este mismo año 1997-- en la primavera, un informe sobre el mercado de trabajo y la dimensión social de la sociedad de la información, la Comisión adoptó un eslogan que yo creo que es muy afortunado para acabar el título del informe. La Comisión dice: En primer lugar, las personas. Para que usted piense, señor ministro, a la hora de redactar un texto de ley en las personas

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y no tanto en el poder de las empresas es para lo que presentamos una enmienda a la totalidad a su proyecto.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, hace aproximadamente diez años --en 1987-- se abrió la legislación española con respecto a la ordenación de las telecomunicaciones, en una ley que, a partir del texto denominado liberalización de las telecomunicaciones, se ha empezado a modernizar. Se suele decir que hay que superar la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones --y es cierto que esto es así-- por razones de innovación tecnológica y por la existencia de nuevas demandas sociales, pero también está determinando este cambio, y lo vemos en el texto que aquí hoy se nos presenta --que, por cierto, está a la baja con respecto al texto francés, incluso con respecto al texto que en 1996 se aprobó en los Estados Unidos--, y se olvida la determinación fuerte del mercado y de cómo se interpreta esa determinación desde el Partido Popular, que hoy sustenta la presentación de esta ley general de telecomunicaciones.
Por ejemplo, en esta ley ya no se tiene en cuenta, cosa que sí se hacía en la Ley de 1987, el artículo 128 de la Constitución. Creemos que no tener en cuenta este artículo supone una quiebra a los intereses nacionales, paralela a este modelo de liberalización, optando por una liberalización rápida, teniendo en cuenta las condiciones concretas de nuestro país, que atenta, repito, a las condiciones concretas de este sector de enorme importancia en nuestro Estado. No se tienen en cuenta la serie de intervenciones y responsabilidades públicas que tiene que haber en las telecomunicaciones en cuanto servicio esencial y se cambia la caracterización de servicio esencial, lo que, a partir de aquí, introduce una serie de cuestiones de enorme importancia en las que se va a basar nuestra tesis a la hora de plantear esta enmienda de devolución para que se rectifique el texto de acuerdo con una matriz diferente. En este sentido, nosotros coincidimos, en parte, con el Partido Socialista, pero sólo en parte. Ellos hablan de una liberalización, de que efectivamente el mercado tiene unos aspectos negativos con respecto a los intereses de los usuarios y basan su teoría en una especie de legislación a posteriori para tapar los agujeros --permítaseme el término-- que traen como consecuencia la actividad del mercado. Nosotros no tenemos esta teoría y por eso partimos de la necesidad de que se contemple como motor, como idea clave, el artículo 128 de la Constitución española.
El 24 de abril de 1997 se promulga la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones. Era ya el primer ensayo para esta ley general de las telecomunicaciones que hoy aquí estamos debatiendo a nivel de enmiendas de totalidad. En la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones se trataba de abrir la competencia de este sector en el marco de la Unión Europea; fue el primer ensayo del Partido Popular --por cierto, pactado totalmente con el Partido Socialista Obrero Español, de ahí que sus teorías consuenen en esta idea de que ustedes no regulan las consecuencias del mercado, ellos sí, pero se basan en que vale cómo se está haciendo la liberalización en este país, cosa que nosotros no compartimos-- y también el primer intento de Izquierda Unida, que a la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo, porque no estábamos de acuerdo con la privatización de Telefónica ni en condiciones óptimas de mercado, como se planteaba para Telefónica o para Telefónica Internacional; porque éramos absolutamente contrarios a la liberalización diseñada, incluso al ritmo que se le asignaba desde el Partido Popular y que se compartía por otros grupos, y en ese orden de cosas planteamos nuestra enmienda de totalidad con texto alternativo.
Nosotros pensamos, señorías, señor ministro, que avanzamos hacia un mercado de la competencia muy imperfecto --por decirlo muy piadosamente-- en el seno de la denominada globalización de la economía. Y ustedes intentan, de manera muy ineficaz, cubrir obligaciones estratégicas del servicio público; de manera muy ineficaz porque hay una contradicción profunda que no admite fusiones, una contradicción que existe en ustedes entre la teoría, entre la exposición de motivos y el texto articulado, que contradice tajantemente la teoría que ustedes defienden desde un principio. Nosotros pensamos que el Estado y el control social deben estar muy presentes y debe mantenerse su participación y su intervención en los operadores estratégicos, Telefónica y Retevisión. Y aunque no se le ha dado contenido en la intervención anterior, nosotros mantenemos también ahí una disonancia en el sentido de que este tipo de cuestiones que afectan a la intervención y participación del Estado no deben derivarse como responsabilidades de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que, como su nombre indica, tienen como matriz de pensamiento el mercado; por tanto, deben mantenerse como responsabilidad del Gobierno, pero no ejercida esta responsabilidad como ustedes la ejercen a través de esta ley, porque la ejercen mal, privatizando mal, a destiempo, privatizando a un ritmo que no se corresponde con la situación actual de las telecomunicaciones en España. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

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La debilidad relativa de las telecomunicaciones en nuestro país con respecto a la Unión Europea es un hecho. Las redes son mucho menos modernas y de menor extensión y los servicios tienen un grado muchísimo menor de universalización que en países homologados de la Unión Europea, al mismo tiempo que se derivan serios problemas de la distribución irregular de la población en nuestro Estado, y la Administración tiene menor cultura que en otros países de la Unión Europea, porque la Administración nunca ha sido operadora de telecomunicaciones. A nuestro juicio, el Estado tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, cosa que no se hace en esta ley, cosa que se olvida de manera casi definitiva a partir de ahora, en temas como tarifas, como asequibilidad, como cálculo de costes, como precio público, como cánones y tasas.
Ustedes superan todo esto de un plumazo y se van a la dialéctica de un mercado absolutamente voraz que ha tomado este sector como santo y seña de su crecimiento a partir de estos momentos y de cara al año 2000.
Nosotros intentamos rectificar en profundidad esa filosofía de ustedes contenida en la liberalización de las telecomunicaciones. Intentamos partir de las obligaciones del Estado, en función de los intereses de la gente y de los territorios, para que no se produjera la dualización que se puede empezar a producir a partir de ahora, y yo creo que se va a empezar a producir porque ustedes constantemente dan un golpe más de tuerca en la liberalización que se anunció hace año y medio, y en la que se sigue profundizando. Desde este punto de vista, nos encontramos cada vez más con un Gobierno, con una Administración, con un Estado pasivo ante los intereses territoriales y sociales, ante los intereses globales de la cohesión del Estado y, desde ese punto de vista, nos oponemos radicalmente. Nosotros pretendemos un servicio universal para todos, un servicio público, es decir, servicio universal para todos al mismo precio, incluso se podría empezar a hablar de servicio público universal.
También pretendemos características esenciales, incluso que el servicio sea gratis o que tenga que ver mucho con la disposición económica de la gente y con discapacidades de todo tipo, cosa que no se contempla, en absoluto, de manera concreta, de manera terminante, en este texto. Repito que está muy por debajo incluso del que aprobó el Estado francés en 1996.
Desde ese punto de vista, nuestra crítica parte del pórtico mismo de la ley, del artículo 2. Ustedes, en el artículo 2, rompen el principio de servicio público, rompen la posibilidad de aplicar el artículo 128.2 de la Constitución, y aparece la teoría que van a generalizar ustedes a partir de ahora, rompiendo con posibilidades muy serias a la hora de defender los territorios y los usuarios, sus derechos esenciales, sus derechos públicos fundamentales. Ustedes hablan de ir a servicios de interés general que se deben prestar en régimen de competencia. Esto para nosotros es absolutamente inaceptable, y de aquí parte toda nuestra crítica, que después se irá detallando en las enmiendas concretas.
Nosotros creemos que esta ley se debería de inaugurar con un artículo que dijera algo así como que las telecomunicaciones son servicios de interés público, son servicios esenciales, que afectan directamente a la calidad de vida y al interés general, y que se prestan, por tanto, en competencia pero en el marco de la categoría de servicio público. Pensamos que los servicios de telecomunicaciones para la defensa nacional, para la protección civil, así como los que requieran garantías reguladas por causas de universalidad, asequibilidad, o control de los recursos escasos, deben ser de titularidad estatal. Seguimos manteniendo esa idea no sólo como una idea general y abstracta, sino también en función de la situación concretísima del sector de las telecomunicaciones en este país, cosa que ustedes no entienden, y, en función de ese no entendimiento, están promoviendo una dialéctica que a nosotros nos parece absolutamente funesta. Ustedes desarrollan en esta ley, en todo caso contenido como algo parcial dentro del concepto de servicio público, la idea de la universalización del servicio, la idea de la universalidad. Hablan ustedes, en primer lugar, de servicio universal; en segundo lugar, de servicio obligatorio de telecomunicaciones, para desarrollar en todo o en parte del territorio, y con precios orientados a costes. Esa es la asequibilidad. Es asequibilidad, fundamentalmente para la empresa, teniendo en cuenta quién determina el mercado y en función de qué criterios y de qué dinámica.
Finalmente, hablan también de otras obligaciones del servicio público. En el anteproyecto --ya proyecto-- ustedes indicaban, como lo hacen ahora en el texto del proyecto de ley que, en principio, el servicio universal debe garantizar el acceso al servicio telefónico público, con la posibilidad de mandar y recibir llamadas nacionales e internacionales y permitir la transmisión de voces y datos, disponer de una guía telefónica actualizada, garantizar la existencia de oferta suficiente de teléfonos públicos en todo el territorio nacional y que los usuarios discapacitados o con necesidades especiales tengan acceso al servicio telefónico en condiciones que faciliten su utilización. Pero, al mismo tiempo, ustedes se arrogan una discrecionalidad absoluta; ustedes pueden revisar los tiempos, el grado de aplicación, en qué consiste la calidad, cómo se pueden marcar los precios, en función de qué criterios y ampliar o disminuir la serie de obligaciones que se engloban dentro del aquí descrito por ustedes como servicio universal. Por tanto, desde ese punto de vista, comprenderá, señor ministro, que nosotros no podemos, en absoluto, estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo con esta discrecionalidad ni con los elementos determinantes que van a materializarse en precios, costes, calidad y tipología del servicio público.


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El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, concluya, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Desde ese punto de vista, nosotros vamos a plantear una serie de enmiendas que también afectan a la necesidad de englobar ahí medidas de carácter social que ustedes no tienen en cuenta, cuando en los foros más importantes del mundo se está aludiendo a esta necesidad. Cuando en 1996 se aprueba --fíjese que ejemplo le pongo, señor Arias-Salgado-- la Ley de telecomunicaciones en el Congreso de los Estados Unidos, paralelamente la Administración Clinton, con objeto de impulsar y de popularizar la ley, adquiere el compromiso público de que en el año 2000 todas las escuelas, bibliotecas, clínicas y hospitales estén conectadas a las autopistas de la información. Cuando aquí la señora Aguirre hace un llamamiento similar a éste, todos nos echamos a reír, porque no tiene mucho sentido teniendo en cuenta la situación por la que atravesamos. Esto tendría que haberse recogido en la ley de alguna manera para que discutiéramos su administración en el espacio y en el tiempo y no a nivel de proclama, imitando a Clinton, lo que, como digo, no tiene mucho sentido en función de nuestra estructura de telecomunicaciones.
Señor presidente, nosotros pensamos que esta ley no es aceptable.
Nosotros pedimos su devolución; que sea reescrita en función de las necesidades concretas de este país, ya que, a nuestro juicio, produce, primero, una quiebra importantísima en el derecho nacional, estatal, eliminando el concepto de servicio público y eliminando la protección constitucional de este concepto, cosa que se ha venido haciendo de manera pormenorizada, concreta y singular a lo largo del proceso de privatizaciones que ha culminado en Telefónica y, por lo visto, va a culminar en el resto de las empresas de este sector; segundo, el que, en sustitución del servicio público, se crean las obligaciones de servicio público, entre las que se encuentra el llamado servicio universal, pero no se define en absoluto, no se concreta para nada la asequibilidad ni la calidad, como tampoco se concreta que no haya discriminaciones geográficas, discriminaciones que seguimos arrastrando y que suponen una falta de cohesión social y territorial que posiblemente se agudice a partir de ahora; tercero, que no se garantiza el acceso a los nuevos servicios, a los que he aludido anteriormente, teniendo en cuenta que además hay otros, como telemedicina, teleenseñanza, etcétera; cuarto, que se favorece la multiplicidad de redes y de operadores en las áreas más rentables y la práctica inexistencia en las de menos rentabilidad, poniéndose en peligro otra vez la cohesión territorial y social; quinto, que se atribuyen competencias sociales que deberían estar en manos del Parlamento o del Gobierno en lugar de estar en manos del órgano regulador de la competencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, concluya, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino inmediatamente, señor presidente.
Además, se abre la puerta a una grave irregularidad jurídica, en sintonía con lo que anteriormente he dicho, y no se le dan competencias al consejo asesor de cara a su composición y a su funcionamiento posterior. Por tanto, señor presidente, a nuestro juicio, este proyecto de ley no garantiza la cohesión social y territorial, rompe el principio de servicio público y no incluye, como aquí se ha dicho, el sector que, dentro de las telecomunicaciones, posiblemente tenga mayor dinámica en el siglo XXI: el sector de lo audiovisual. Para nada se tiene en cuenta y queda ahí una puerta abierta para que se deje de regular este sector, cosa que nos parece absolutamente irónica, por así decirlo.
Por tanto, pedimos el voto favorable a la devolución de este proyecto de ley, para que, entre todos, podamos reescribir este texto, fundamentalmente al calor del artículo 128.2 de la Constitución española.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las enmiendas de totalidad? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para defender el proyecto de ley general de telecomunicaciones que presenta el Gobierno, rechazando, por tanto, las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo Mixto.
Tengo que empezar diciendo a todos los grupos y fundamentalmente al Grupo Socialista, después de escuchar a su portavoz, que, como suponía después de la lectura de las enmiendas de totalidad presentadas, nada de todo lo que se ha dicho esta mañana en esta Cámara justifica la presentación de una enmienda de devolución de este proyecto de ley. Es cierto que por parte del Grupo Socialista se ha desglosado una serie bastante grande de enmiendas parciales que pueden tomarse en consideración, pero en ningún caso se justifica la petición de devolución de este proyecto de ley.
Conviene recordar, como ya ha hecho también algún portavoz, que estamos hablando de un proyecto de ley que viene a sustituir a la LOT, una ley que nueve años después de su entrada en vigor resulta totalmente desfasada para hacer frente a las nuevas necesidades de un mercado liberalizado, siendo imprescindible, como muchos grupos han recordado, una nueva regulación legal que, con carácter global, pueda hacer frente a la

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nueva situación de las telecomunicaciones en un entorno competitivo.
Decía el señor Pérez Rubalcaba que esta ley era una ley intervencionista, una ley que no liberalizaba, una ley que hacía un desarrollo muy reglamentista. Yo quería decirle que la verdad es que la LOT no duró nueve años: ha durado nueve años porque se ha ido alargando. La LOT tuvo que ser reformada prácticamente nada más nacer, hubo que hacer leyes adicionales que la modificaban, y usted lo sabe muy bien. Si usted me pide que nosotros hagamos leyes como las que les gustan a ustedes, de 300 artículos, muy reglamentistas, que supongan una rigidez enorme y que duren muy poco tiempo, en un mercado y en un mundo como es el de las telecomunicaciones, que avanza tan rápidamente, tengo que decirle que nosotros no optamos por eso, optamos por hacer un texto breve, como éste, de 85 artículos, un texto flexible, que, sin ninguna duda, podrá ir adaptándose a la situación de las telecomunicaciones en España, en Europa y en el mundo.
El Gobierno y el Grupo Popular, desde la aprobación del real decreto que se convirtió en Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones --se aprobó en su práctica totalidad por la mayoría, por consenso de esta Cámara--, ha optado siempre, en una cuestión que consideramos una cuestión de Estado, por recurrir al consenso y por intentar el diálogo con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, incluso antes de la presentación de los proyectos. Quiero recordar que este proyecto de ley, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, ya fue enviado a todas las fuerzas políticas y a los grupos y asociaciones más representativos de las telecomunicaciones, para que hicieran sugerencias, muchas de las cuales se han incorporado. Además, he de decirles que también se envió a la Unión Europea, que mandó una resolución en la que dice que es plenamente conforme con toda la legislación comunitaria.
En junio de 1996, señores diputados, todos compartíamos la necesidad de crear las condiciones en las que debían desarrollarse las telecomunicaciones españolas del próximo siglo. En esa misma fecha, un portavoz del Grupo Socialista destacaba la extraordinaria coincidencia que había entre los planteamientos del Gobierno en materia de telecomunicaciones, con carácter general, y los planteamientos contenidos en su programa electoral.
Pues bien, señorías, un año después, esos planteamientos del Gobierno se plasman en una ley general de carácter eminentemente técnico, que en gran medida se limita a incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los principios contenidos en las diferentes directivas comunitarias sobre armonización de la regulación y liberalización de las telecomunicaciones.
A día de hoy, el portavoz del Grupo Socialista opta por pedir la devolución de este proyecto. Dado que el Gobierno continúa con los mismos planteamientos generales en materia de telecomunicaciones y que previsiblemente el Partido Socialista todavía no ha modificado su programa electoral, cualquier observador se daría cuenta de que esta enmienda de devolución contradice las palabras del portavoz socialista y que nos encontramos con una enmienda que tiene más de componente estético que de rechazo real del contenido del proyecto.
La incorporación de directivas, señorías, de obligado cumplimiento para España y con unos plazos reducidos para su información en nuestro país --hay que decir que en algunos casos este período de incorporación finaliza el 31 de diciembre de este año, del año 1997-- no puede plantear ningún rechazo por parte de los grupos parlamentarios, pues se trata simplemente de una mera trasposición realizada de forma casi literal, para cumplir las obligaciones que tenemos con la Unión Europea.
El resto del proyecto, sin duda, es mejorable, pero no puede haber oposición frontal al mismo, salvo desde la discrepancia total con el modelo liberalizador de las telecomunicaciones que propugna el Gobierno Popular y que, por cierto, es el que se sigue en todos los países de Europa, es decir, un modelo liberalizador donde prima la competencia, que siempre proporciona nuevos servicios, mayor calidad y mejores precios para los usuarios.
La enmienda presentada por el Grupo Socialista yo la califico de enmienda política, sin contenido real ni parlamentario, y tiene, además, dos partes: la primera, referida, en el escrito y por lo que ha dicho el portavoz, a la definición del servicio universal, definición que viene tasada por la Unión Europea y que es ampliable por el Gobierno a nuevos servicios, a medida que se vaya aumentando la tecnología. Por otra parte, está su permanente crítica a la decisión de privatizar la compañía Telefónica, compañía que tiene una amplia base accionarial de pequeños ahorradores; más de 1.200.000 españoles son accionistas propietarios de Telefónica.
Señorías, ya se lo he dicho en alguna ocasión, ustedes, que son responsables de un 26 por ciento de la privatización de la compañía Telefónica, responsables de haber dejado al Estado en posición minoritaria en esa compañía, intentan sembrar grandes alarmas en la sociedad española sobre las consecuencias del proceso privatizador actual, que tiene su origen en la necesidad de modernizar nuestro país y nuestras telecomunicaciones. Intentan ustedes crear alarmas sobre el cumplimiento del servicio universal y eso, además de falso, es inmoral.
No pueden ustedes estar engañando a los ciudadanos. El servicio universal de telefonía está garantizado para todos los ciudadanos y ahora, si me lo permiten, con esta ley que ustedes rechazan, todavía más. Saben que está garantizado ya no sólo por decreto, cuando se privatizó por la subsistencia de un contrato con el Estado, sino también por la existencia de planes ya realizados de telefonía rural y, además, por esta ley.


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Los españoles, todos, sin distinción, vamos a poder acceder a los servicios de telecomunicaciones de calidad, a un precio asequible, porque así lo dice esta ley que se ha presentado por el Gobierno. No insistan ustedes en convencer a la sociedad de que no hay garantías de ese cumplimiento del servicio universal. La fórmula de mayor rigor para garantizar el interés general y el servicio universal es la exigencia normativa a la compañía Telefónica para que preste los servicios básicos a los ciudadanos. Esa exigencia se plasma en esta ley, que impone la prestación de este servicio al operador dominante, que, por cierto, señor Alcaraz, es Telefónica y lo dice clara y expresamente esta ley.
Señorías, todas las enmiendas que hoy debatimos, que se han presentado por los portavoces, tienen algunos puntos en común, puntos que todos obligatoriamente compartimos. Sin duda, son puntos que es bueno que debatamos y que tengamos en cuenta para mejorar el texto. Esto me reitera en la convicción de que estas enmiendas no tienen sentido como tales. Y me explico. No tienen sentido como devolución del proyecto, pero sí lo tienen si ustedes las traducen en enmiendas al articulado, que nos permitan aportar cuestiones para debate y para mejorar el texto que estamos hoy debatiendo.
Todos compartimos, por ejemplo, la preocupación por la calidad de los servicios que se presta a los ciudadanos, por los principios de igualdad, de cohesión social y territorial, por el interés público que caracteriza a los servicios de telecomunicación, principios, todos, recogidos en este proyecto de ley, que, además, no son contradictorios --salvo que alguno de ustedes me lo quiera decir-- con el proceso de liberalización y con la apertura de los mercados de redes y servicios en el ámbito mundial.
Ante una nueva realidad, el Gobierno ha buscado en este proyecto garantizar la protección del interés público en un entorno liberalizado.
Para ello se ha introducido un título, el título tercero, sobre obligaciones de servicio público, obligaciones que incluyen la exigencia de utilizar compartidamente infraestructuras y redes. Con esto quiero satisfacer a los grupos parlamentarios que planteaban algunas exigencias en materias medioambientales; he de decir que nosotros estamos de acuerdo en que el medio ambiente se deteriore lo menos posible. Con estas medidas que se toman para que el uso sea compartido se intenta minimizar al máximo el riesgo de impactos medioambientales poco satisfactorios.
El proyecto de ley tiene como objeto fundamental promover la plena competencia y la prestación de servicios impulsando la iniciativa privada. El servicio universal --no voy a hablar más de él, porque ya se ha hablado bastante en este Parlamento por todos los grupos y por el propio ministro-- está suficientemente garantizado en los términos que ha expresado el ministro en su primera intervención y que yo no voy a reproducir porque el presidente no me lo permitiría por razones de tiempo.
En cualquier caso, señorías, este proyecto --para ir adelantando los distintos temas--, frente a la visión de la LOT, que configura las telecomunicaciones como servicios esenciales de titularidad estatal reservados al sector público, con sólo ciertas excepciones, introduce como novedad la declaración de los servicios de telecomunicaciones como servicios de interés general que se prestan en régimen de concurrencia.
El mantenimiento del concepto de servicio público de titularidad estatal es contrario a todas las directivas comunitarias liberalizadoras que promueven la libre concurrencia en el sector. Esto no quita para que se garantice a través del servicio universal la proyección social del servicio de las telecomunicaciones, garantizando un precio asequible para el acceso a los servicios básicos.
Esta es la concepción que nosotros consideramos más adecuada para crear riqueza, para favorecer la inversión y, por tanto, puestos de trabajo.
Además, el proyecto de ley, que es consciente de la trascendencia que el sistema de telecomunicaciones tiene socialmente, recoge determinadas obligaciones de servicio público a prestar por los operadores.
El proyecto distingue tres categorías diferentes de servicio público: el servicio universal de telecomunicaciones, que se extenderá a todos los ciudadanos; los servicios obligatorios de telecomunicaciones, que, además, permitirán que se sigan modernizando los servicios de telecomunicaciones para que lleguen a todos los ciudadanos; y, en tercer lugar, las obligaciones de servicio público impuestas por razones de interés general. Así contesto a las preocupaciones de algún grupo parlamentario en cuanto a los servicios de telemedicina, por ejemplo, y teleenseñanza, porque el Gobierno, en función de la necesidad de protección nacional, de seguridad pública o de extensión de los servicios de educación y sanidad, podrá establecer estas obligaciones de servicio público que se imponen en esta ley.
Señorías, me he extendido un poco en la parte de los servicios que afectan fundamentalmente a los ciudadanos porque no me parece muy oportuno que se haga demagogia tratando de decir a los ciudadanos que van a perder calidad en servicios telefónicos, que no van a poder acceder a algún tipo de servicios porque vivan en determinadas zonas, ya que eso no es cierto. No lo dice el proyecto ni es pretensión de ningún grupo parlamentario de esta Cámara. Por tanto, yo les animo a que presenten enmiendas para mejorar lo que es el servicio universal, para mejorar el acceso de los ciudadanos, si es que es posible que se mejore después de lo que dice este texto, pero en ningún caso traten de confundir a la opinión pública con verdades que no lo son y con algunas cuestiones que no responden a la realidad.
El Grupo de Izquierda Unida plantea además algunas cuestiones relacionadas con el Consejo Asesor de

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las Telecomunicaciones, con sus competencias, y también cuestiones relativas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y a la división de competencias entre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y el Ministerio de Fomento.
He de decir que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se tramitó en el proyecto de liberalización de las telecomunicaciones. Fue algo que se aprobó en el trámite de su conversión a proyecto de ley por consenso de todas las fuerzas políticas, sobre todo, su configuración y sus competencias. Por tanto, es un órgano que está dotado de todas las competencias que tiene que reunir un órgano de esas características y, además, se ha logrado un gran acuerdo político, tanto en las competencias como en el nombramiento de los miembros de la Comisión, lo que garantiza su neutralidad. Insisto en que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobada por consenso de toda la Cámara, no se modifica en esta ley; simplemente se mantiene lo que acordamos todos los grupos hace escasamente seis meses.
Al Bloque Nacionalista Galego quiero agradecerle el contenido de su enmienda, que no podemos compartir, reiterándole nuestro deseo de llegar a un consenso en esta materia, porque nuestro grupo está igual de interesado que el suyo.


El señor PRESIDENTE: Señora Mato, vaya concluyendo, por favor.


La señora MATO ADROVER: Sí, termino enseguida, señor presidente.
Decía que nuestro grupo está igual de interesado que el suyo en extender al máximo los servicios de telecomunicaciones, sin que el territorio sea un escollo en el camino.
Se han expuesto algunas cuestiones sobre procedimiento de otorgamiento de títulos habilitantes, también de procedimientos de autorizaciones. La verdad es que uno de los objetivos de las directivas es unificar los procedimientos y criterios de concesión de licencias de la Unión Europea, y eso es también lo que se trata de recoger en esta ley.
Señorías --y ya voy finalizando--, tenemos grandes retos todavía en el panorama de las telecomunicaciones, grandes interrogantes y también grandes posibilidades de desarrollo económico y de acceso por los ciudadanos a más servicios a precios razonables. Los últimos meses han sido especialmente relevantes en el proceso de liberalización. Hablaba el señor portavoz del Grupo Socialista de la liberalización, del intervencionismo del Gobierno. Yo no voy a echar la vista atrás, pero sí conviene recordar, porque todos lo hemos vivido, que durante trece años de Gobierno socialista la liberalización ha brillado por su ausencia en materia de telecomunicaciones, sin perjuicio de que se hayan dado unos pasos muy tímidos en algunas materias. Simplemente quiero decirle que la LOT, que es una ley que no es liberalizadora en absoluto, ha seguido vigente hasta el momento. Por tanto, los pasos han sido realmente muy escasos. Es más, la Ley de telecomunicaciones por cable y la de la televisión local se aprobaron justo al final de la legislatura del Gobierno socialista. En el plazo de 18 meses que lleva el Gobierno popular los pasos han sido de gigante en materia de liberalización, pero fundamentalmente no porque hayamos querido ir muy rápidos, sino porque había necesidad de hacerlo, ya que llevábamos un retraso espectacular en cuanto a la liberalización de las telecomunicaciones, lo cual nos podría conducir a estar en el vagón de cola de la Comunidad Europea.
Como digo, los últimos meses han sido especialmente relevantes en el proceso de liberalización puesto en marcha desde la aprobación del real decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones, que se aprobó como ley, con la aparición del segundo operador de telefonía fija, la puesta en marcha de la concesión de los servicios de telecomunicaciones por cable, el desarrollo de las comunicaciones por satélite y la total liberalización a partir de diciembre. Todo esto unido a la creación de la autoridad reguladora independiente, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para garantizar la libre competencia entre operadores. Este proyecto culmina este proceso. Es un proyecto con vocación de permanencia, ajustado al tiempo real, abierto a las innovaciones tecnológicas y que responde a un diseño de liberalización del sector, de apertura a la competencia, exigido no sólo por el Derecho comunitario, sino también por el mejor servicio a los usuarios, que podrán disfrutar de mayores y más baratas posibilidades de telecomunicaciones.
Desde nuestro grupo apostamos, como siempre, por el mayor grado de consenso para hacer este marco jurídico de referencia para las telecomunicaciones en los próximos años y mostramos nuestra disponibilidad para estudiar, una a una, cualquier propuesta que en este sentido mejore el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mato.
Me piden réplica los grupos que han sido contradichos.
En primer lugar, intervendrá el señor Pérez Rubalcaba y luego el señor Alcaraz.
Señor Pérez Rubalcaba, ganaríamos tiempo si se hiciera desde el escaño.
Comprendan SS. SS. que tenemos un orden del día muy apretado y, en beneficio del conjunto de la Cámara, si no le importa, intervenga desde el escaño. Réplicas y tomas de posición rogaría que las hicieran desde el escaño; ganaremos así algún tiempo de lo que ya es un debate prolongado.
Gracias, señoría.


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El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente. Acepto su sugerencia. Dado además que no llevo escote, no tendré ningún problema. Y voy a ser rápido, que parece que es lo que el presidente me sugiere.
Señora Mato, debo empezar por decirle que me ha llamado la atención una frase de su intervención. Ha dicho que ésta es una enmienda política y que, por tanto, no tiene contenido parlamentario. Creo que el señor Rato abundó en esa dirección en el debate presupuestario. Es como si aquí habláramos de otra cosa distinta de la política; porque es una enmienda política tiene contenido parlamentario.
Segundo. No voy a entrar en un debate sobre Telefónica. A usted, en un tono bueno, en el discurso, se le ha escapado algún adjetivo como inmoral, que prefiero no tocar, para no entrar en un rifirrafe telefónico. Déjeme decirle sólo algunas cosas. Primera, el único que da golpes a Telefónica es el señor Rato, es el vicepresidente. Le aseguro que yo nunca consigo bajar su acción, entre otras cosas porque ésa no es mi intención; al contrario. Pero el señor Rato cada vez que habla parece que le pega un viaje a Telefónica que la deja seca. Por tanto, no me acuse a mí de lo que realmente no puede acusarme. Tengo que decirle que volveremos a hablar de Telefónica en esta Cámara. Nosotros privatizamos.
Yo defenderé esa privatización, cómo no, lo que no hicimos fue irnos del todo del capital de Telefónica. Ese es el matiz y no me canso de repetírselo.
Habrá que hablar de calidad, señora Mato, calidad del servicio, que es preocupación por los usuarios. He pedido al ministro, hace poco, a través de los cauces parlamentarios, que me mande el informe de calidad que la dirección general tiene que hacer trimestralmente. Antes se hacía público y hace más de un año que no lo conocen los ciudadanos. ¿Está pasando algo con la calidad de Telefónica, para que no se sepa cuáles son los parámetros que en este momento se utilizan? ¿Dónde está Telefónica en calidad? Yo le digo que sí, que está pasando algo, pero espero al debate que el señor ministro seguro que hará conmigo en esta Cámara.
Tercero. Le agradezco el buen tono de su intervención y su predisposición a considerar nuestras enmiendas. Espero que sea así y que al final del debate podamos decir que el buen tono no era pura retórica parlamentaria, sino realmente una voluntad de acuerdo. Acuerdo prolongado en el tiempo, señora Mato. No nos pase lo que con el acuerdo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del que usted hablaba, que sí lo hubo, pero que se rompió en el Senado sin que nadie se enterara, ni nosotros ni el resto de los grupos de la Cámara. Un acuerdo, lo que yo entiendo que es un acuerdo; se firma un acuerdo y se prolonga y si alguien lo tiene que romper, lo dice, aquí, en el Parlamento.
No ha podido resistir hablar de la liberalización y yo no puedo resistir recordárselo. Lo hice al principio de mi discurso porque el señor ministro, hábilmente, habló de liberalización hace varios años; yo pensé que estaba intentando huir el debate y utilicé exactamente la misma expresión. Usted no lo ha podido resistir. La liberalización viene de lejos, señora Mato. Se liberalizaron los terminales, los servicios de valor añadido, la telefonía móvil, que buen éxito está teniendo; se liberalizó el sistema de radio búsqueda, todas las telecomunicaciones por satélite, hace mucho; se aprobó la liberalización total para el 1 de enero de 1998, ustedes la han retrasado ocho meses o nueve. No se avanzó más, entre otras cosas, porque ustedes no quisieron; porque estuvimos hablando con ustedes aquí de liberalizar la telefonía básica y de privatizar Retevisión para iniciar ese proceso de liberalización. Ustedes no quisieron y año y medio después hicieron exactamente lo mismo que nosotros habíamos propuesto. Por tanto, si hubo un retraso fue porque ustedes no lo quisieron pactar. Igual que con el cable. Del cable no hablemos, señora Mato, de verdad. ¿Dónde está ese empecinamiento suyo por los ayuntamientos? No hablemos de eso. Yo lo doy por cerrado. Creía que el ministro lo había hecho hoy definitivamente aquí. Rogaría que lo hiciéramos y le pediría que no siguiera por esa vía, porque no tiene razón.
Voy brevemente al contenido de las enmiendas. O yo me he explicado mal o usted me ha entendido mal. Yo he acusado al Gobierno, en este proyecto de ley, de intervencionismo. Que, a mi juicio, interviene donde no debe y no interviene donde debe; que interviene en el mercado, en los operadores, en el poder, en la cosa económica, en la mediática, y que no interviene para defender a los usuarios. Eso he dicho. Intervencionismo no es reglamentismo. Yo no he acusado a la ley de reglamentista. Por tanto, no compare esta ley con la LOT; no tiene nada ver. Yo he dicho que hay excesivo intervencionismo. ¿Por qué? Porque hay poca desregulación en algunos temas en los que, a mi juicio, se podría avanzar más. Le repito una vez más, los servicios totalmente desregulados en esta ley son los mismos que se consideraban como tales en la LOT. ¿No podíamos avanzar más? Es una cuestión que me parece importante, porque ustedes transcriben las directivas comunitarias de la forma más restrictiva y más intervencionista posible. Léase, señora Mato, el artículo 12 del proyecto de ley, léaselo, y léase la directiva comunitaria sobre licencias. Verá cómo aparece una petición adicional de inscripción en un registro, por los que ustedes tienen verdadera pasión, que en la directiva no aparece.
¿Por qué van ustedes más allá que la directiva, por qué no se quedan en la directiva, que es liberal, en el mejor sentido de la expresión, que favorece a los operadores? Es intervencionista porque usted deja muchas cosas al desarrollo reglamentario; usted. Cosas que podía evitar. Sesenta reglamentos. Si usted cae en una pasión reglamentista, como la que parece achacar a la LOT,

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tendría que hacer dos reglamentos por semana para tener esto en marcha en dos años. Usted podría ahorrarse muchos reglamentos llevando a la ley algunas disposiciones que están en la directiva comunitaria y que no corren riesgo de ser superadas por el tiempo, porque están consideradas de manera suficientemente flexible. Por tanto, evite el desarrollo reglamentario excesivo, que en el fondo es intervencionismo, porque es lo que le deja a usted las riendas del cotarro, para entendernos en el lenguaje de la calle. Usted es intervencionista porque le quita a la CMT competencias, autoridad nacional reguladora, que en la directiva comunitaria aparecen. Por eso usted no habla de autoridad nacional reguladora, porque si hablaran, como le decía antes, tendría usted que reconocer que lo que Bruselas cree que debe hacer la autoridad nacional reguladora ustedes se lo reparten, no sé si como buenos hermanos o no, pero se lo reparten; una parte a la CMT y otra a ustedes, para controlar.
Intervencionismo. Esta ley es profundamente intervencionista en el régimen transitorio. ¿Por qué quiere usted pasar a operadores que ya tienen licencia en servicios de valor añadido desde el año 1987 y que no utilizan espectros radioléctricos por una nueva autorización? ¿Por qué? ¿Me lo quiere usted decir? Porque quiere intervenir. Porque usted sabe que el derecho transitorio de aquí a 1998 le va a permitir ordenar el sector, y eso es lo que quiere hacer el Gobierno. En algún aspecto lo tiene que hacer, y nosotros le apoyaremos. Hay temas en la ley que tienen que ser del Gobierno, ¡cómo no!, pero no se pasen, porque nosotros creemos que ustedes se pasan porque les gusta eso, ordenar el tinglado.
Ya me entiende. Por eso es intervencionista. No tiene nada que ver con el reglamentismo. No vaya usted por ahí, porque no es verdad.
Servicio universal. Señora Mato, usted me ha mencionado un artículo que yo no quería leer, pero que voy a leer, y que demuestra hasta qué punto yo no he engañado a la opinión pública. Usted ha empleado la expresión confundir, para ser exacto.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, concluya, por favor.


El señor PEREZ RUBALCABA: Termino ya, señor presidente.
Yo no he tratado de confundir a la opinión pública. Yo he dicho que, a mi juicio, el acceso a banda ancha, Internet, en escuelas, hospitales, centros de salud, tiene que estar dentro del contenido del servicio universal. Eso es lo que pienso. Yo, los alemanes, los franceses, las directivas y las recomendaciones comunitarias. Y la ley no lo pone, señora Mato. La ley pone lo que usted ha leído. Se ha olvidado una cosita. El Gobierno, por reglamento, previo informe de la Comisión, podrá, en casos extraordinarios... Podrá, en casos extraordinarios. La ley no pone lo que yo digo. Lo que yo digo es que ése tiene que ser un servicio universal, obligatorio, que todo el mundo tenga derecho a acceso a él a precio asequible y en condiciones razonables. Eso es lo que yo estoy diciendo. Que lo ponga la ley, no que el Gobierno pueda, excepcionalmente, cuando quiera, hacerlo. Que lo ponga la ley. De acuerdo, repito, con las directivas o las recomendaciones comunitarias y lo que está pasando en Francia, en Alemania... En definitiva, que ustedes garanticen que los usuarios, todos ellos, independientemente de la renta que tengan y de donde vivan, tengan acceso a servicios que van a ser definitivos para su futuro, su desarrollo personal y su desarrollo colectivo. Eso es lo que quiero que aparezca en el texto. Ahí sí les pido que regulen, que intervengan, para garantizar los derechos de los usuarios.
Y termino ya. Ahora sí. Me dice que la enmienda a la totalidad no tiene contenido. Lo tiene. Nosotros hubiéramos hecho la ley exactamente al revés. Por eso le pido que vuelvan a empezar y por eso le decía al señor ministro: Empiece usted pensando en la gente. A nosotros nos preocupan las empresas y, sobre todo, los ciudadanos; las dos cosas. A ustedes les preocupa mandar en las empresas y lo de los ciudadanos parece que les preocupa bastante menos. Nosotros creemos que tienen que hacer una ley de nuevo, con una filosofía distinta. Regulen lo que hay que regular, que son los derechos y las garantías de los ciudadanos, y confíen en el mercado, que para eso son ustedes liberales. Parece mentira que sea un socialdemócrata quien tenga que recordarlo en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Nosotros, el Grupo Federal de Izquierda Unida, señora Mato, no apoyó la ley de liberalización de las telecomunicaciones, ni en Ponencia, ni en Comisión, ni en Pleno, ni cuando volvieron las enmiendas del Senado. Lo digo para que se hable de un consenso amplio, si se quiere, pero no de un consenso unánime.
Nuestra filosofía, ya se lo he dicho, permitió que presentáramos una enmienda de totalidad con texto alternativo, que mantenemos en sus líneas esenciales. No estábamos de acuerdo con la privatización de Retevisión.
Había dudas con respecto a la estrategia, a concursos y a otro tipo de cosas, dudas más o menos superficiales con respecto al Grupo Socialista, pero con respecto a nuestro grupo había una diferencia abismal. Y seguimos manteniendo la idea de la intervención, de la posesión de la mayoría del accionariado por parte del Estado con respecto a Retevisión.
No aceptábamos, como usted bien recordará, relativizar a fondo el límite con respecto a la ley del cable, que hablaba de un millón quinientos mil abonados, y también

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teníamos serias diferencias con respecto a la composición y a la competencia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Aquí radican nuestras diferencias, matizadas, si se quiere, con el Grupo Popular y con el Partido Socialista Obrero Español.
Nosotros no estamos de acuerdo con el proceso de privatización, tal como se ha dado, no por razones de oportunidad de cara al mercado o por razones de oportunidad política, sino porque, desde un punto de vista estructural, no podemos compartir ese acuerdo por razones de filosofía y teniendo en cuenta al mismo tiempo la situación real y objetiva del sector de las telecomunicaciones en este país. Hablamos, pues, de una intervención que permite la Constitución --el artículo 128 y similares-- tanto a nivel del funcionamiento del mercado a partir de ahora como con respecto a la protección de los usuarios, teniendo en cuenta lo que es el servicio público y, en su seno, el alcance universal. Ahí también diferimos y, en consecuencia, lo que hoy se puede documentar aquí es que hay una ruptura de un consenso entre el PP y el PSOE, en función de un fuerte debate entre ideas que se pueden referir, unas, al liberalismo y, otras, al neoliberalismo, pero nosotros no estamos en el seno de ese debate, sino que estamos fuera, en otro continente, con tesis alternativas que defendimos entonces en cuanto a la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones y que estamos defendiendo hoy de cara a ese artículo 2 y a las consecuencias que tiene a partir de esta ley general de telecomunicaciones.
Con el texto en la mano, incluso en el seno del debate que ustedes, PP y PSOE, mantienen, la ley que aquí hoy se nos presenta es la más liberalizadora de Europa, tanto con respecto al funcionamiento del mercado en algunos aspectos como con respecto a las consecuencias sobre los usuarios y los intereses públicos en este país. Ya se han dado aquí algunos datos, que yo he repetido antes desde la tribuna. Por lo tanto, es la ley europea, incluida en algunos aspectos la de otros países de fuera del marco de la Unión Europea, de menor sensibilidad social y más discrecional en lo que atañe a aspectos fundamentales de la defensa de los usuarios. Desde ese punto de vista, ustedes establecen un servicio universal de mínimos que en absoluto asegura la cohesión social ni la territorial; se cargan el servicio público y no establecen nada concreto, ni en relación con el alcance social de la ley --aquí se ha citado el tema de la banda ancha-- ni con respecto al tema de los precios, al de la accesibilidad o al del carácter asequible, ni a todo el resto de los temas que hemos citado y explicado, aunque brevemente, desde la tribuna.
Desde ese punto de vista, nosotros hemos presentado enmiendas parciales que son alternativas en los aspectos fundamentales, no que intenten invertir que la intervención sea en la protección social pero no en el tema del funcionamiento real de la empresa o del mercado, no, sino desde un punto de vista diametralmente opuesto, tal como expliqué en la intervención anterior. Por lo tanto, repito, aquí ha habido anteriormente un consenso amplio, es cierto, pero no, señora Mato, un consenso unánime.
El Grupo de Izquierda Unida está en otro territorio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente, y también con mucha brevedad.
En primer lugar, me reitero en lo que dije en mi intervención anterior.
Nada de lo que se ha dicho en esta Cámara, nada de lo que ha planteado el Grupo Socialista merecía una enmienda de devolución a este proyecto. Todo lo que ustedes plantean es cierto que es objeto de enmiendas parciales, enmiendas parciales que, reitero, estudiaremos con todo detalle y trataremos de incorporar para mejorar el texto, siempre que se presenten con ese ánimo constructivo, pero nada de lo que se ha dicho esta mañana en este Parlamento justifica la presentación de una enmienda de totalidad. La he llamado enmienda política. Obviamente, todo lo que se dice en este Parlamento y fuera de él, porque el traje de parlamentario no nos lo quitamos cuando salimos de aquí, son cuestiones políticas, sin ninguna duda. Cualquier declaración o manifestación que se hace por un parlamentario es una manifestación política, pero lo que yo quería decir es que no es una enmienda que se haya presentado por razones reales que tengan que ver con el contenido del proyecto o para mejorarlo porque no guste al Partido Socialista, sino por otras cuestiones.
Usted me hablaba de Telefónica. Ustedes y nosotros seguiremos hablando de Telefónica durante mucho tiempo, porque no lo quieren llamar por su nombre. Ustedes quieren hablar de otra cosa; lo que pasa es que aquí lo llaman Telefónica, parece que siguen con la camiseta del sponsor. En cualquier caso, creo que seguiremos hablando de Telefónica durante muchos meses, hasta que ustedes decidan sobre qué quieren hablar y hablemos definitivamente de eso o sigamos con el tema.
Usted, señor Pérez Rubalcaba, y los señores del Grupo Socialista llevan ya mucho tiempo diciendo que defienden empresas y defienden los intereses de los usuarios y de los ciudadanos. Ustedes, últimamente, defienden los intereses de una empresa, una empresa y una empresa y, después de defender una empresa, seguimos con una empresa. Por tanto, aunque pongan en cabeza la defensa de los intereses de los ciudadanos, estos siempre estarán por detrás del interés de una empresa en los últimos tiempos, cosa que no le corresponde hacer a un partido político ni a un grupo parlamentario.


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En cuanto al consenso, se lo ofrezco con toda sinceridad. Queremos llegar a un acuerdo --el señor García-Arreciado, portavoz de telecomunicaciones en otras ocasiones, sabe que siempre lo hemos manifestado así--, porque creemos que estos temas son una cuestión de Estado y se deben realizar por consenso de las fuerzas políticas. Lo que no me parece ni justo ni oportuno es que usted diga que el consenso sobre la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se rompió. Yo no creo que ampliar la Comisión para incorporar a más grupos parlamentarios y que sea más pluralista y más representativa sea romper el consenso. Al contrario, creo que es bueno que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tenga el apoyo de todos los grupos parlamentarios. En cuanto a sus competencias, lo tuvo y no se modificó. En cuanto a su composición se amplió, no se redujo sino que se amplió para incorporar las propuestas de todos los grupos parlamentarios. Yo creo que es bueno el pluralismo y que intentemos abarcar a todos los grupos parlamentarios y no dejemos fuera a los grupos minoritarios.
Por otro lado, quiero decir que el servicio universal se garantiza en esta ley. En este tema estoy absolutamente abierta, porque creo que es en el que más cuidado tenemos que tener. La mayoría de la ley, el 80 u 85 por ciento son cuestiones técnicas de trasposición de directivas. Usted dice que son intervencionistas. El Grupo de Izquierda Unida o la izquierda de arco parlamentario dice que es una ley muy liberalizadora.
Yo no sé si es intervencionista o liberalizadora; lo que sí sé es que recoge las directivas comunitarias en un 80 por ciento y en el resto trata de pensar en los usuarios y en que cuantos más servicios haya para éstos, a mejores precios y más rápidamente, mejor. Por eso, todo lo que ustedes aporten en ese sentido a la ley sin ninguna duda así lo recogeremos. Aunque ya se lo he dicho antes, como parece que no se le ha quedado muy grabado, ya que usted manifiesta que las directivas se han recogido muy cicateramente, le repito que las directivas se han recogido tan suficientemente que el texto ha pasado a la Comisión Europea, que ha mandado una resolución diciendo que es absolutamente satisfactorio y que cumple toda la legislación europea. Por tanto, yo creo que esa es una prueba de la confianza que se debe dar a este proyecto de ley en cuanto a recopilación de directivas europeas.
En cuanto a la liberalización a mí no me importa nada hablar de liberalización y voy a seguir haciéndolo. He estado unos cuantos años haciéndolo cuando el Partido Socialista gobernaba y aunque crean que habían avanzado muchos pasos, eran muy pequeñitos. Ciertamente, ustedes propusieron la creación de un segundo operador que habría posibilitado que ya no hubiera un monopolio de telefonía; ya no lo hay, realmente no funcionaba. Ustedes propusieron que hubiera un segundo operador justo en vísperas electorales, con un procedimiento al que nos tenían bastante acostumbrados, falto de transparencia, en el cual, antes de que se decidiera que se creara un segundo operador, ya sabíamos quiénes iban a ser los que lo llevaran adelante. A nosotros nos pareció que eso no era muy oportuno y, por tanto, decidimos que no merecía la pena hacer ese concurso y que era mejor esperar dos o tres meses, hasta que hubiera elecciones generales, que es lo que pasó, y que hubiera un cambio de Gobierno, que es lo que también pasó, porque los ciudadanos decidieron otorgar su confianza al Partido Popular en lugar de al Partido Socialista. Por tanto, señor Pérez Rubalcaba, hablamos de liberalización lo que usted quiera. Dieciocho meses han bastado para que vayamos a dejar de tener un monopolio de telefonía, para que haya bastantes modalidades de televisión funcionando, para que tengamos más posibilidades de medios de comunicación, para que haya competencia en televisiones de pago. Han bastado 18 meses para que pase eso. En 13 años de Gobierno seguíamos con un monopolio en muchos de sus aspectos. Por tanto, yo estoy dispuesta a seguir hablando de liberalización siempre que usted quiera.
En cuanto al servicio universal --por último-- le diré que puede ser ampliado por el Gobierno a medida que las necesidades sociales se vayan manifestando y a medida que las redes vayan avanzando. También es cierto que hay algunos servicios que tendrán que ir prestándose poco a poco, porque no hay redes ni infraestructura suficientes en España en estos momentos para hacerlo de golpe. No voy a echar la culpa a los 13 años de retraso, pero la verdad es que vamos un poco retrasados en cuanto a redes e infraestructuras y, por tanto, hay que dejar posibilidad a que el cable se ponga en marcha, con ayuntamientos, con diputaciones o con comunidades autónomas, me da igual. Ya hay concursos adjudicados y ya se está poniendo en marcha. Eso es lo importante, que al final haya redes y haya infraestructuras que posibiliten servicios de telecomunicaciones para los ciudadanos lo más cerca posible de sus viviendas. Por tanto, yo apuesto por el cable, sin perjuicio de que se haya hecho de alguna otra manera.
Lo cierto es que ya hay concursos de cable, que ya se han otorgado, y que ya están empezando a hacerse redes de cable.
Por primera vez, creo que no me equivoco, en esta ley se recoge que el servicio debe llegar a todo el mundo y, además, se recoge una cuestión, que es que los disminuidos psíquicos, las personas con problemas psíquicos o físicos tengan posibilidad de acceso. Lo había, pero no estaba puesto en ninguna ley. Esta ley lo recoge y esto es un avance; no será muy importante, pero creo que sí tiene interés. En ese sentido, cualquier enmienda que ustedes nos propongan con toda seguridad estaremos dispuestos a estudiarla y a intentar incorporarla en el texto, porque creemos que esta ley tiene que ser de todos porque va a ser para todos.


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Al final, todos somos usuarios de telecomunicaciones; hay que tener muy en cuenta las situaciones y ser solidario con la gente que tiene menos posibilidades de acceso. También es verdad que la distribución territorial de España posibilitará que a algunos sitios se llegue antes y a otros después, pero hay que lograr que al final todos tengamos acceso a los mismos servicios, que es lo que pretendemos, unas telecomunicaciones para todos.
En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, reitero lo mismo que le he dicho al portavoz del Grupo Socialista y a los otros grupos parlamentarios de la Cámara que no han intervenido en esta segunda réplica. Estamos abiertos a cualquier sugerencia que hagan. Sabe usted que tenemos interés en que las telecomunicaciones lleguen a todos, a todo el mundo. Ese es un tema que compartimos y que podemos mejorar. Ahora bien, hay algunas cuestiones en las que no vamos a poder estar de acuerdo, como, por ejemplo, que sean servicios públicos de titularidad estatal. Ya le he dicho antes que las directivas europeas no lo promueven en ese sentido y la competencia impide que sea así. No hay ninguna necesidad ni obligación de que las empresas sean públicas o privadas. Lo importante es que al final haya empresas, muchas empresas, muchos servicios, que haya competencia, porque ésta, y siempre lo defenderé en esta Cámara, siempre, siempre, trae mejores precios, mejor calidad, que tanto le preocupa al señor Pérez Rubalcaba, y mejores servicios para los ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
¿Grupos que ahora desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señoras y señores diputados, el proyecto del ley que hoy debatimos pretende ser un marco jurídico único que regule las telecomunicaciones en un ámbito liberalizado sujeto a las reglas de la libre competencia. La velocidad de los cambios tecnológicos y la ingente normativa comunitaria complican cualquier análisis global que pretenda hacerse de este proyecto. Estando de acuerdo en lo esencial, que es establecer una normativa para un mercado liberalizado de fin de siglo, debemos analizar si están recogidos adecuadamente los principios que garanticen el libre acceso por todos los ciudadanos a los servicios que se prestan.
Ya decíamos en el debate sobre la televisión digital que lo que está en crisis es el concepto de servicio público tal y como lo conocemos y esa crisis habrá de resolverse sin retroceder ni un paso en las conquistas sociales en el desarrollo de un Estado social y democrático de Derecho como es el español, en definitiva, con la garantía de que las telecomunicaciones sirvan a la cohesión entre todos los ciudadanos y todos los territorios.
La uniformización que habitualmente se impone desde los principios del mercado único de la Unión Europea debe resolverse respetando las directivas comunitarias, pero, a su vez, estableciendo un sistema de obligaciones de servicio público que sea capaz de hacer llegar al ciudadano los mejores servicios posibles a precios razonables. Ese es el objetivo declarado por el proyecto de ley en la exposición de motivos, pero se critica por insuficiente desde todas las enmiendas de totalidad presentadas.
El proyecto define las obligaciones entre grupos: el servicio universal, los servicios obligatorios y otras que pudieran imponerse por razones de interés general. Creemos que el servicio universal se define adecuadamente, pero su concreción al servicio de telefonía básica puede resultar insuficiente en un mundo tecnológicamente muy desarrollado.
Quizá podría mejorarse eliminado el carácter extraordinario que el artículo 42 del proyecto de ley otorga a la declaración de nuevas obligaciones de servicio público por el Gobierno, de manera que por esa vía pudieran ampliarse servicios de acuerdo con el desarrollo tecnológico de cada momento. Este es un tema que nos preocupa especialmente a los canarios. Nuestra situación como región ultraperiférica de la Unión Europea y la fragmentación en siete islas hace preciso que los transportes y las telecomunicaciones sirvan a la realización de políticas de cohesión, cohesión entre islas y cohesión con el territorio peninsular. A más de 1.100 kilómetros de Cádiz y con distancias internas de 500 kilómetros, como la que existe entre El Hierro y Lanzarote, para los canarios constituye una necesidad que ese marco geográfico difícil, ese hecho diferencial absoluto se aborde con un tratamiento legislativo específico; específico en lo diferente y común en lo general, porque, en lo general, consideramos que la liberalización no puede representar menoscabo para las clases más desfavorecidas ni para los territorios menos desarrollados; al contrario, los avances en telemedicina, en teleenseñanza y en redes digitales deben servir para aproximarnos más.
Creemos que estamos ante un buen texto en sentido técnico. Se ha producido una eficaz traslación de las directivas europeas, pero todavía falta mucho para encontrar en el mismo una norma que tenga en cuenta la compleja realidad social y territorial de España. Creemos que no es suficiente, en términos políticos, esgrimir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto al artículo 149.1.21 de la Constitución para negar toda posibilidad de participación a las comunidades autónomas en la política de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones no son un fin en sí mismas sino un instrumento para el desarrollo de todos los sectores económicos, y esa consideración exige dar mayor

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protagonismo en la definición de la política estatal a las comunidades autónomas. No es suficiente considerar que la presencia autonómica en el consejo asesor satisface la defensa del interés respectivo de cada comunidad. En el caso canario, esa pretensión se concreta en contar con un plan técnico específico en el marco del plan estatal, que tenga en cuenta que ya contamos con disposiciones concretas en materia de telecomunicaciones dentro de nuestro especial régimen económico y fiscal.
No es admisible invocar criterios generales para negar lo que esta Cámara aprobó en resolución del 13 de junio de este año, con motivo del debate general sobre el estado de la Nación.
Por lo demás, entendemos que el proyecto regula adecuadamente los mecanismos de liberalización, traslada correctamente la directiva de autorizaciones y licencias, adapta bien el régimen de gestión de dominio público radioeléctrico y revisa con acierto el sistema de infracciones y sanciones. Todo ello justifica nuestra posición desfavorable a que el proyecto de ley se devuelva al Gobierno, tal y como se propone en las cinco enmiendas de totalidad presentadas. Manifestamos, no obstante, la necesidad de que, desde el Gobierno y el Grupo Popular, se tenga la disposición política para que el texto mejore a lo largo de la tramitación parlamentaria. Hemos presentado un paquete importante de enmiendas, algunas de ellas básicas y esenciales para nosotros.


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Rivero, por favor.


El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor presidente.
En cuanto a garantizar la cohesión social y territorial, en el debate sobre el estado de la Nación del presente año esta Cámara aprobó por unanimidad apoyada por todos los grupos políticos que en la política legislativa había que diferenciar la situación de insularidad en materias como la política energética, suelo, agua y telecomunicaciones. Esperamos que esa sensibilidad política, mostrada en aquellos momentos en la Cámara, se materialice en un instrumento legal como puede ser éste, la ley general de telecomunicaciones.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco participa de la voluntad política del Gobierno de dotar al sector de las telecomunicaciones en el Estado de una nueva ley básica que configure el marco de actuación en torno a las telecomunicaciones y que, en consecuencia, el modelo de la LOT quede superado. Recordarán --y nadie mejor que el señor García-Arreciado-- que el Grupo Parlamentario Vasco presentó enmienda a la totalidad a la LOT en su momento y que sostuvo distintas iniciativas en orden a reformarla --a veces, con éxito y otras, la mayoría de ellas, no--, por entender que era excesivamente centralista e intervencionista.
Señor presidente, escuchar en el debate de hoy que los dos grupos mayoritarios dan la bienvenida a la liberalización y que pujan entre ellos por este objetivo no puede menos que alegrar los oídos de los miembros del Grupo Parlamentario Vasco. Sí creemos --y lo digo con referencia más al ministro que a ningún otro miembro de esta Cámara-- que el espíritu del señor Borrell, en relación al nivel de intervencionismo en la traslación de esta directiva, sigue anidando en torno a los muros del Palacio de Comunicaciones. Creemos que ahí existe un espíritu que cuesta superar en la traslación de estas directivas y que se da en dos direcciones. Por una parte, por esta perversa intención de confundir las telecomunicaciones con los medios de comunicación social, en ese invento que se hizo en la época del ministro Borrell de haber encontrado, abracadabra, la palabra telecomunicaciones en el texto constitucional y, a partir de ahí, hacer referencia a todos los ámbitos competenciales en orden a lo que es la palabra telecomunicación. Algunas enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado al articulado de esta ley insisten en distinguir lo que es el ámbito de las telecomunicaciones de lo que es el ámbito de los medios de comunicación social. Por otra parte, insisten también en residenciar las competencias del mundo de las telecomunicaciones en distintos órganos intentando de alguna forma atribuir de la mejor manera todas estas competencias que en la traslación que se realiza en el proyecto de ley que analizamos el Gobierno residencia exclusivamente en el Ministerio de Fomento. Entendemos que el Consejo de Ministros en algunas materias, el Ministerio en otras, también las comunidades autónomas y la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones deben de conocer en el trámite de esta ley una readecuación o una reordenación de las competencias que están recogidas en este proyecto de ley.
Entendemos, señor presidente, que no está suficientemente recogida la óptica empresarial y la de los usuarios con la redacción que el Gobierno nos remite de este proyecto de ley y, en contra de lo manifestado por los portavoces del Grupo Socialista, creemos que la posición de Telefónica debe de quedar en su sitio en el conjunto del mercado y que el operador dominante debe dar paso a nuevos operadores si de verdad queremos conseguir que los objetivos de competencia sean efectivos en este sector.
Otro conjunto de enmiendas hará referencia a que los plazos que se establecen en ese proyecto de ley sean

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más ágiles. A nadie se le oculta que estamos ante una carrera para que los distintos operadores puedan empezar a ejercer a nivel empresarial la captación de un nuevo mercado y de unos nuevos clientes y que los plazos que están recogidos en el proyecto de ley son, desde nuestra perspectiva, excesivamente laxos para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos en orden a la liberalización y a la competencia. Por ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado ya en el registro 22 enmiendas, tendentes a modificar estos aspectos en el articulado.
Nos parece que en su conjunto la traslación que el Gobierno presenta a esta Cámara está realizada tanto técnica como políticamente de una forma correcta y, en consecuencia, vamos a votar en contra de las enmiendas de devolución que distintos grupos parlamentarios presentan y esperamos que en el trámite en Comisión de este proyecto de ley estos aspectos que el Grupo Parlamentario Vasco entiende que deben ser mejorados conozcan de la audiencia debida y de la aceptación que no nos cabe ninguna duda dará tanto el Ministerio de Fomento como el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Tiene la palabra el señor Recoder, por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos iniciado el debate parlamentario del proyecto de ley general de telecomunicaciones, como es normal, debatiendo las cinco enmiendas de totalidad que hay presentadas. Nuestro grupo parlamentario va a rechazarlas y a nadie le sorprenderá, porque si nuestro desacuerdo con la ley nos impulsara a votar en contra de la misma, hubiéramos presentado seguramente nuestra propia enmienda de totalidad y no lo hemos hecho. No es el caso, ya que existe un acuerdo básico con este proyecto de ley, aunque no total; además, es un proyecto anunciado y comprometido con las autoridades comunitarias que traspone al ordenamiento español la normativa de la Unión Europea y actualiza y unifica los principales textos de la prolífica legislación que sobre este tema tenemos, preparándonos para un entorno de competencia. Sin embargo, como decía, aún mantenemos discrepancias con su articulado, que se han traducido en las enmiendas parciales que vamos a presentar hoy mismo y que abarcan un variado y amplio espectro de cuestiones. Algunas de ellas, como corresponde al proyecto, tienen un carácter marcadamente técnico y entendemos que mejoran el texto. Sin embargo, otras, a pesar de aparecer inicialmente como modificaciones técnicas a una ley muy técnica, tienen un contenido político muy claro que afecta al desarrollo de la política de las telecomunicaciones. De hecho, a lo largo de los múltiples debates que sobre este tema hemos mantenido en lo que llevamos de legislatura y también en anteriores, desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos mantenido y defendido que el proceso de liberalización de las telecomunicaciones es altamente positivo, además de necesario, para no perder el tren del futuro. Buena prueba de ello es que los países que han avanzado más en este camino, fundamentalmente los anglosajones, han experimentado una mejora de los servicios, una reducción de los precios, una diversidad de la oferta de productos y una mayor satisfacción de los usuarios, que son considerados y tratados como clientes. La introducción de la competencia en este sector ha comportado, en los países donde se ha aplicado, un impacto tremendamente positivo sobre la competitividad de las estructuras empresariales, ya sean industriales, comerciales o turísticas. Pues bien, todo este conjunto de beneficios era suficientemente importante para que la Unión Europea se decidiera, en su momento, a eliminar las barreras monopolísticas y a impulsar, con carácter general y de forma prioritaria, incluso me atrevo a decir que en algunos casos a imponer, esta liberalización en todos los Estados miembros, y este proyecto es, en definitiva, una clara consecuencia de este proceso.
En este país, este proceso en el que felizmente hoy ya estamos plenamente embarcados históricamente parece que no se ha guiado por el anterior razonamiento de competitividad. Soy de la opinión de que la definición de una propuesta clara en materia de telecomunicaciones ha estado ausente de las grandes formulaciones políticas en los últimos tiempos, y no me estoy refiriendo sólo a esta legislatura. Es más, echamos a faltar una formulación cuando era más urgente. En el pasado nos hemos movido guiados por el modelo de siempre, basado en el monopolio telefónico y la protección monopolística frente a la competencia tanto de nuevos operadores internacionales --de aquí, por ejemplo, la negociación de un período transitorio de cinco años, hasta enero del 2003, previo a la liberalización-- como de nuevos operadores domésticos, y de aquí el planteamiento inicial de la red del cable como una red local y la obsesión por evitar que fuera la puerta de entrada a la competencia telefónica o bien la imposición de una fuerte prima al nuevo operador de telefonía móvil y la resistencia a la liberalización de los servicios finales y portadores. Pienso que a finales de la anterior legislatura este modelo ya había entrado en una profunda crisis, porque iba en contra de los mismos intereses de Telefónica en Europa, que reclamaba la apertura de los mercados europeos, de la propia liberalización de la Unión Europea y, además, de la opinión de fuerzas políticas importantes a nivel español. De ahí también el inicio de un proceso de liberalización en telefonía básica controlado con la propuesta de Optel, que no llegó a cuajar.


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Más cerca en el tiempo, ¿con qué nos hemos encontrado? Con un inicio de legislatura, desde mi perspectiva, sin un modelo claro en política de telecomunicaciones y hemos tenido que ir deprisa para definirnos, definición que entiendo que no ha estado exenta de titubeos. Por nuestra parte, señor presidente, repito que hemos intentado empujar el carro de la liberalización y llenar el vacío de ideas estimulando la toma de decisiones y haciendo propuestas, pero estamos donde estamos y tras este brevísimo repaso a lo que han sido los últimos años y a lo que ha dado de sí la política de telecomunicaciones, lo cierto es que nos encontramos a las puertas de disponer de una legislación muy similar a la que impera en el resto de los países europeos, al menos esto es lo que pretende este proyecto. En definitiva, vamos a acabar teniendo un mercado tan abierto como el resto de Europa y lo que nos interesa objetivamente es no sólo no resistirnos a este proyecto, como ha venido sucediendo demasiado a menudo, sino adoptarlo rápidamente. Hoy en día los intereses españoles más claros son los del consumidor, a los que, si quieren, puedo añadir los de la empresa estratégica, y a los dos les conviene la liberalización, al primero porque la liberalización comporta mejores precios, calidad y servicios; a Telefónica porque en el contexto europeo es lo suficientemente fuerte para decantarse por la apertura de mercados, puesto que en buena medida ha realizado el saneamiento de sus estructuras, costes y cultura empresarial, lo que todavía no han hecho otras empresas españolas.
Termino, señor presidente, diciendo que creo que estamos suficientemente maduros para hacer una apuesta clara por la competencia, olvidándonos de la resistencia proteccionista a que estábamos acostumbrados, Gobierno, Parlamento y Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y para dirigir todos nuestros esfuerzos no a proteger el mercado frente a las empresas foráneas, sino a proteger la competencia frente a los abusos de posición dominante. Ese es el espíritu que queda claro en nuestras enmiendas cuando proponemos, por ejemplo, el reforzamiento de la acción de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. También proponemos una serie de medidas destinadas a defender al usuario frente a las empresas suministradoras de servicios, como planteamos enmiendas para mejorar la relación de los operadores y la Administración pública y, cómo no, algunas enmiendas que intentan corregir algunas disfunciones del proyecto de ley en lo que respecta a la distribución de competencias entre las distintas administraciones, fruto de una cierta confusión entre lo que es la competencia en materia de telecomunicaciones y lo que es la competencia en medios de comunicación social.
No me extiendo más y espero que el debate sirva para acercar posiciones y dé como fruto una buena ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a las enmiendas de totalidad, de devolución todas ellas, presentadas al proyecto de ley General de Telecomunicaciones por los Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto e Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 153; en contra, 175; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de devolución.


AVOCACION POR EL PLENO:

-- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 121/000072)

El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista solicitó, y así se analizó por la Mesa y la Junta de Portavoces, la avocación por el Pleno de la deliberación y aprobación final de este proyecto de ley General de Telecomunicaciones.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Pausa) Se entiende aprobado por asentimiento.
Señorías, antes de pasar al punto X del orden del día, enmiendas del Senado a distintos proyectos de ley, entre ellos uno de carácter orgánico, a efectos de que puedan desarrollar sus trabajos con la suficiente antelación y previsión, quiero decirles que, en primer lugar, se debatirá el proyecto de ley del Sector Eléctrico, que figura como punto 44, porque así lo acordó la Junta de Portavoces.
No se someterá a votación y se continuará en la tarde, tras la interrupción para el almuerzo, con el debate de las restantes enmiendas del Senado a los distintos proyectos de ley. La votación sobre todas las enmiendas del Senado a los proyectos de ley que constituyen el punto X se celebrará al final de ese punto. En consecuencia, no se producirá una nueva votación antes de las cuatro y media o cinco de la tarde. De esta forma podrán disponer adecuadamente de ese tiempo para sus trabajos parlamentarios. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra) Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
Sin discutir, como es obvio, la facultad de la Presidencia para ordenar el debate reglamentariamente establecido, a la vista de la cantidad de enmiendas del Senado que hemos de debatir y de que uno de los proyectos, que se situaría en segundo lugar --la Ley Orgánica

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del Poder Judicial--, tiene condición de orgánica, propondría a S. S.y al resto de los grupos discutir la ley del Sector Eléctrica y la Ley Orgánica del Poder Judicial antes del almuerzo, votar esos dos textos y continuar después. (Rumores) Señorías, estamos hablando de un trámite de enmiendas del Senado que, por su naturaleza, no es excesivamente amplio, no se utiliza demasiado tiempo, y después podríamos continuar debatiendo el resto de enmiendas del Senado para votarlas todas al acabar la tarde, antes del dictamen del proyecto de ley del estatuto del contribuyente.
(Continúan los rumores) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Agradezco la sugerencia al portavoz socialista, pero como se ha recordado al principio de su intervención, la Presidencia ha estado haciendo consultas a lo largo de la mañana sobre cuál era la distribución de tiempo que mejor cuadraba al conjunto de la Cámara, y parece que es la que he propuesto. (El señor Molins i Amat pide la palabra) Señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: No tenía previsto intervenir, pero como he oído que la Presidencia ha señalado que ha establecido consultas con los grupos, quería decir simplemente que no con el nuestro.


El señor PRESIDENTE: Señor Molins, no con S. S., que tenía otras tareas de las que ocuparse, y seguro que lo ha hecho esta mañana, pero sí con diversos ponentes de los diferentes grupos sobre los proyectos que vienen a continuación.
La previsión de la Presidencia, que además se ha consultado con la Mesa, es que los proyectos que vienen a continuación van a llevar su tiempo.
Hay previsiones de intervención de diversos grupos parlamentarios sobre casi todos los proyectos de ley que han sido enmendados por el Senado. En consecuencia, para que los diputados puedan disponer de previsiones de agenda, que es una facilidad que la Presidencia proporciona a los miembros de la Cámara, creemos conveniente que las votaciones se produzcan al final de ese punto décimo.
Por cierto, señora Aguilar, no he aclarado que, en cualquier caso, no se introducirá ningún punto nuevo en el orden del día a partir de las siete de la tarde. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.
Simplemente deseo hacer constar que con nuestro grupo parlamentario tampoco se ha consultado nada. (Rumores) Quiero que quede constancia, porque en esa frase de que la Presidencia ha establecido consultas parece que estamos todos incluidos, y al menos este grupo parlamentario no lo está.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, vuelvo a reiterar dos declaraciones básicas. En primer lugar, saben SS. SS., y me permito recordárselo formalmente, que la Presidencia tiene la competencia de ordenación del debate sin necesidad de mayores consultas. (Rumores) Sí, señorías, es competencia de la Presidencia, y les estimulo a la lectura del Reglamento, antes de sus próximas reformas, que mantiene hasta el momento ese punto; en segundo lugar, la Presidencia ha consultado con los ponentes de los distintos proyectos, y parece que la previsión razonable que se le alcanza a la Presidencia es ésa.
Insisto, señorías, si le van a exigir a la Presidencia que, aparte de las tareas propias que lleva consigo la sesión, tenga que hablar con todos y cada uno de cada uno de los proyectos de ley, me parece que este debate no conduce a ningún sitio. Esa es la previsión que hemos establecido.
Señora Aguilar, por lo demás sabe, y S. S. es muy consciente de ello, que los portavoces han tenido esta mañana trabajos especiales de los que ocuparse y espero poder despachar con SS. SS. a continuación.
En consecuencia, esa es la previsión de la Presidencia. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor presidente, es evidente la facultad que tiene la Presidencia para ordenar los debates plenarios, pero S. S. ha hecho constar que se había consultado con la Cámara para conformar este orden que estaba exponiendo. Desde mi grupo parlamentario le decimos que no sólo esta portavoz --que, además, los grupos tienen portavoces para algo--, sino que la ponente tampoco ha sido consultada. Que quede claro.
A nosotros nos parece muy bien que la Presidencia ordene el debate tal cual ha manifestado, pero que no se ampare en la consulta a los grupos parlamentarios, que no ha efectuado. Lo que pido a la Presidencia es que consulte a quien debe consultar. (Rumores) El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Aguilar. La Presidencia, desde luego, no ha consultado con S. S. (El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra) Señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Puesto que usted ha argüido razones de agenda, razones de conveniencia en el desarrollo del debate y razones que estaban avaladas, además de por su criterio de autoridad como presidente de la Cámara, por el hecho de que lo ha sometido a consulta a los grupos parlamentarios, me permito indicarle que este grupo, principal grupo de la oposición, no ha sido consultado; ni ha sido consultado ninguno de sus portavoces, ni he sido consultado yo tampoco, ni ninguno de nuestros ponentes.


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Señor presidente, la autoridad que le da el Reglamento no se la puedo quitar yo, pero las consultas que usted ha argüido que avalaban su autoridad en este caso no se han producido, y créame que si ésa es la forma de entender lo que debe ser el ejercicio de esa autoridad legítima, que tiene que ser utilizada en beneficio de un debate y de las conveniencias de agenda de todos los grupos, la verdad es que no puedo compartir su criterio, señor presidente. (Rumores) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señorías, vuelvo a insistir en que este trámite, por demás legítimo en la expresión de sus opiniones, no hace más que demorar lo que es una decisión de la Presidencia. Repito que la Presidencia no habrá acertado con los interlocutores, pero, señor Eguiagaray, en modo alguno ha tomado esta decisión en solitario ni pretendiendo marginar a ningún portavoz.
(El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.) No, señor Eguiagaray. Lo lamento, pero vamos a terminar con la cuestión, porque no hace al caso. (Continúan los rumores) Efectivamente, la Presidencia no ha consultado con S. S., en eso no va a haber discusión, y, como el incidente se está demorando en exceso, no le doy la palabra.
(El señor De Grandes Pascual pide la palabra.) Señor De Grandes.


El señor DE GRANDES PASCUAL: A mi grupo no le cabe ninguna duda de que la propuesta formulada por la Presidencia está inspirada en el deseo de ordenar mejor el debate. Quiero dejar constancia de que mi grupo parlamentario no ha tenido trato privilegiado ni consulta previa en los términos que están indicando SS. SS. y, como prueba de ello, manifestamos de forma expresa que no tenemos inconveniente en que la votación se produzca, avisando la hora, como se hace con las leyes orgánicas, al final de la mañana, en los términos que sugería el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
La Presidencia mantiene la decisión de que las votaciones se efectúen al terminar el punto X del orden del día: Enmiendas del Senado.
Señores portavoces, lamento que no haya habido el adecuado consenso y sintonía entre SS. SS. y la Presidencia. Esta es la decisión y les ruego que demos por concluido el trámite y pasemos al debate de ese punto X.
(Rumores.-- El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.) Señor Eguiagaray, he dicho que damos por concluido el incidente.


ENMIENDAS DEL SENADO:

-- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO (Número expediente 121/000062) El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley del Sector Eléctrico.
¿Grupos que desean intervenir en las enmiendas del Senado al proyecto de ley del Sector Eléctrico? (Pausa) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado 16 enmiendas en el Senado, que han sido aceptadas, pero sólo me referiré a las que considero más importantes, ya que la mayoría de ellas son de ámbito técnico o de corrección del texto elaborado en el trámite parlamentario de la Comisión y el Pleno del Congreso. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Las enmiendas 201, 204 y 210 van orientadas única y exclusivamente al ámbito competencial de las diferentes comunidades autónomas. Concretamente, en la 201 se clarifican todas aquellas consideraciones técnicas sobre las comunidades autónomas dentro de su constitución y dentro de los respectivos estatutos de autonomía.
Básicamente, aplicamos dichas enmiendas al desarrollo legislativo y reglamentario sobre las diferentes instalaciones que se ubiquen en las distintas comunidades autónomas, tratamos también las cuestiones relativas a las autorizaciones de las instalaciones eléctricas, así como temas tan importantes como la inspección y el ordenamiento de las sanciones.
La enmienda 204, lógicamente referida al ámbito de la comunidad autónoma, incorpora todas aquellas cuestiones relativas a las retribuciones de las actividades, separando claramente todas aquellas retribuciones que están en el ámbito de las comunidades autónomas y las de carácter general.
En cuanto a la última enmienda orientada a las comunidades autónomas, incorporamos algunos aspectos importantes, a nuestro entender, respecto a la determinación de las zonas eléctricas y del gestor o gestores de cada una de esas zonas. En este sentido, añadimos la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan emitir un informe previo a efectos de poder autorizar las correspondientes ubicaciones de los productores eléctricos.
Hay otra enmienda importante, a nuestro entender, en el ámbito de los productores de energía eléctrica incorporados en el régimen especial, concretamente en el régimen retributivo de las instalaciones de producción eléctrica, que se complementará con la percepción de una prima, de acuerdo con los siguientes casos: en primer lugar, clarificamos los autoproductores que utilicen la cogeneración cuando su potencia sea igual o inferior a los diez megavatios y siempre contando con un plazo de tiempo de diez años desde la puesta en marcha de dicha instalación.


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Clarificamos todas aquellas centrales hidroeléctricas de potencial igual o inferior a diez megavatios, así como las energías primarias, como biomasa y cualquier tipo de biocarburante. En dicho artículo explicamos que las primas estarán de acuerdo con las comunidades autónomas en una banda porcentual que oscilará entre el 80 y el 90 por ciento de los precios medios de electricidad.
Queremos que se tengan en cuenta aquellas especificaciones sobre el régimen de primas para las centrales hidroeléctricas entre diez y cincuenta megavatios, así como la utilización de energías primarias y de residuos no renovables. El Gobierno podrá, previa consulta con las comunidades autónomas correspondientes, determinar el derecho a la percepción de una prima que complemente el régimen retributivo de aquellas instalaciones referidas a energías renovables no consumibles y no hidráulicas, como la biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas ganaderos o de servicios, así como también todas aquellas centrales eléctricas de producción superior a los cincuenta megavatios.
Hay que hacer una especial mención, a efectos de debatir en el Pleno del Congreso de los Diputados, de la enmienda número 214, que se refiere a todas aquellas instalaciones autorizadas antes de la entrada en vigor de la ley, por la que se entenderán transferidas a las sociedades que deban constituirse en su momento, de acuerdo con la disposición transitoria quinta o de acuerdo con la exigencia de adoptar la forma de sociedad mercantil que se encuentra delimitada en el artículo 9.1, del apartado g), para los distribuidores.
La última enmienda que consideramos importante es la número 205, que se refiere a la definición de los consumidores cualificados, que tratamos de introducir en esta enmienda, para que sean clientes elegibles el metro y los transportes de ferrocarril.
Como conclusión, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere mostrar su satisfacción por la aprobación que se va a producir hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados con la tramitación de las enmiendas del Senado sobre la nueva Ley Eléctrica. Satisfacción porque a través de nuestra modesta colaboración hemos podido incorporar enmiendas que estamos seguros han intentado perfeccionar, cualificar y cuantificar los objetivos básicos de la susodicha ley. Satisfacción porque en el ámbito autonómico han quedado perfectamente delimitadas y definidas las competencias y la participación de las comunidades autónomas en todos aquellos aspectos que consideramos importantes, como son la planificación en la gestión eléctrica, la gestión de los registros, la delimitación de las zonas eléctricas, la autorización de empresas comercializadoras, las resoluciones de los conflictos, las participaciones de las diferentes comunidades autónomas en la comisión permanente, en el seno del consejo consultivo de la Comisión Nacional del Sector Eléctrico. Satisfacción porque a través de nuestras enmiendas, junto con las de los demás grupos parlamentarios, hemos contribuido a mejorar la calidad del servicio y la protección real de los consumidores. Estamos satisfechos, asimismo, porque, a través de nuestro trabajo y de nuestras enmiendas, hemos contribuido a clarificar debidamente la retribución de la distribución, ya que se ha incorporado en el proyecto de ley que hoy vamos a aprobar el que se tenga en cuenta la energía circulada a través de las diferentes redes. Hemos contribuido a la definición de un marco estable, claro, objetivo y concreto de aquellas instalaciones de producción eléctrica acogidas al régimen especial, en el más amplio sentido, en cuanto a actuaciones, como son las instalaciones de producción hidroeléctrica, hidráulica, los cogeneradores y los productores de autogeneración, las energías renovables, las renovables no hidráulicas, la biomasa, tratamiento y reducción de residuos de los sectores agrícolas, ganadero y de servicios, residuos sólidos urbanos, etcétera.
Para concluir mi intervención, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quisiera hacer mención a la sensibilidad, al tratamiento y la buena acogida que han tenido todas nuestras sugerencias reflejadas en las enmiendas por parte del Ministerio de Industria, tanto en la persona de su ministro y sus más íntimos colaboradores, como en el secretario de Estado de Energía. A través de este diálogo, de estas conversaciones y del trabajo profundo de la colaboración parlamentaria, tanto en Comisión como en Pleno aquí y en el Senado, hemos contribuido sensiblemente a mejorar la ley, a modernizarla, a hacerla más competitiva; en definitiva, a hacer una ley que estamos plenamente convencidos será de plena utilidad para el siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Agradezco su amabilidad y flexibilidad en el ordenamiento del debate.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente las enmiendas que presenta el Senado a este proyecto de ley del sector eléctrico, con dos matizaciones que me interesaría recalcar y sobre las que llamo la atención de sus señorías. Una primera, en relación a la disposición transitoria novena que hace referencia al régimen transitorio de Redesa, posición que en esta Cámara, en la Comisión de Industria y Energía, no sostuvo el Grupo Parlamentario Vasco porque se demora hasta el año 2003 la privatización de Redesa y, en todo caso, se mantiene un 10 por ciento del capital público en esta empresa, con carácter general, sin mayor precisión en el tiempo. Es una posición política

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que no compartimos en el Grupo Parlamentario Vasco, aunque no hacemos de ella un casus belli. Sin embargo, quisiéramos remarcar la situación de la disposición transitoria decimotercera, donde se realiza un cambio fundamental en la enmienda del Senado respecto a la consideración de clientes cualificados.
Realizamos aquí dos distinciones: una, conceptual, dado que la enmienda del Senado acota el consumo anual por punto de suministro o por instalación, concepto que, en ningún caso, aceptamos. Y una segunda, aritmética, dado que en la enmienda del Senado se incrementa el volumen de consumo anual previsto en el texto del Congreso. El Grupo Parlamentario Vasco preferiría volver al texto del Congreso, porque desde él se puede entender el conjunto de la ley. Cambiar ahora una disposición transitoria decimotercera, que altera el conjunto de la ley al modificar uno de los parámetros sobre los cuales estaban establecidos todos los anteriores, entendemos que vulnera las estimaciones que la ley había realizado. Insisto en que el Grupo Parlamentario Vasco no discrepa del criterio conceptual que está recogido en esta enmienda del Senado, que está de acuerdo con que se acote el consumo anual por punto de suministro o por instalación, pero entiende que ese concepto debe ser claramente matizado.
En relación al resto de las enmiendas, recogen una mejor distribución competencial entre el Estado, Ministerio de Industria y Energía y las comunidades autónomas competentes en la materia, contenidos que compartimos. Existen otras que son de modificación técnica o gramatical, y hay una de reforzamiento de las competencias de la Comisión Nacional, por las que sistemáticamente ha abogado el Grupo Parlamentario Vasco, la enmienda decimosexta en la que se dispone el establecimiento de un plan de fomento del régimen especial para las energías renovables. Estas cinco consideraciones, que vienen recogidas en las enmiendas del Senado, son plenamente compartidas por el Grupo Parlamentario Vasco.
Señor presidente, antes de terminar quisiéramos llamar la atención de SS.
SS. sobre la previsión recogida en la disposición transitoria decimotercera, contenidos que, como digo, no compartimos y que creemos que alteran el equilibrio que se había establecido en el Congreso en este proyecto de ley .
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, es bien conocida de esta Cámara la posición que mantiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respecto al proyecto de ley del sector eléctrico. Las enmiendas del Senado, mayoritariamente, no satisfacen en absoluto a este grupo parlamentario. No podemos decir que nos sentimos reflejados en este proyecto de ley, porque no tiene nada que ver con las posiciones que nosotros mantenemos en cuanto a la liberalización del sector eléctrico. Saben ustedes que somos contrarios a que un sector tan importante para el desarrollo económico de nuestro Estado y de nuestra economía se vea liberalizado de esta manera y llegue a poner en peligro --nosotros así lo creemos-- el suministro energético.
Voy a centrarme, fundamentalmente, en dos aspectos que nos parecen importantes y que se han conseguido modificar a través de las enmiendas del Congreso y del Senado desde que se presentó este proyecto de ley, que vienen a darnos la razón porque nosotros argumentábamos que la ley del sector eléctrico dejaba bastante mal y ponía en peligro las energías renovables. Ya se admitió una enmienda en el Congreso que mejoraba sustancialmente la situación de las energías renovables, aprobándose la introducción de la banda dentro de la prima. Es más, ahora en el Senado se ha incluido una de nuestras propuestas, que era que se pudiera primar a las energías renovables, sobre todo, la solar fotovoltaica por encima de la prima fijada en el proyecto de ley, porque es una de las energías que necesita de un apoyo mayor para la investigación con el fin de poder aplicarla en mayores ámbitos a los que hasta ahora es aplicable, y porque de esta forma puedan verse mejorados los costos actuales, que son bastante elevados. Nos parece una posición acertada, que ha mejorado sustancialmente el texto del Gobierno y que va a ayudar a que las energías renovables no se vean perjudicadas.
Estimamos también importante la aprobación, en la disposición transitoria decimosexta nueva, de un plan de fomento del régimen especial para las energías renovables, con el fin de que podamos cumplir en el año 2010 el porcentaje establecido, que es de un 12 por ciento de generación de energía eléctrica a través de las energías renovables. Nos parece que esto es importante y que va a mejorar la inversión en este sector. Desde luego,con este tipo de desarrollos va a mejorar muchísimo la calidad medioambiental.
Por otra parte, es muy importante que se haya parado, de momento, aunque no tengamos nada más que la garantía hasta el año 2003 como mínimo, la privatización de Red Eléctrica de España, porque nosotros éramos contrarios a ella. Aunque se permite la privatización de una parte, es cierto que queda reflejado en el texto el que continuará en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales un porcentaje de acciones, que permitirá seguir controlando Red Eléctrica. Nos parece que ha sido un avance importante, aunque no sea totalmente satisfactorio para nuestro grupo parlamentario.


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Señorías, éstas son las enmiendas que nuestro grupo parlamentario va a apoyar, con independencia de otras de menor importancia porque son prácticamente de literatura, y alguna otra que hace incidencia en la minimización de los impactos ambientales que, como SS. SS. saben, ha sido batalla de este grupo parlamentario. Hay otras enmiendas que nos preocupan mucho más todavía. Una, es la modificación que se propone a la disposición transitoria cuarta, en la que se suprime el apartado segundo, que pone en peligro la situación del mercado del carbón en nuestro Estado.
Señorías, no se puede suprimir un apartado por el que se garantiza que se pueda determinar una cuantía con cargo a los ingresos por consumo de energía eléctrica como stock de seguridad, que esto se recoja en la disposición aprobada por el Congreso como costes de diversificación y seguridad de abastecimiento, pero que se haga desaparecer del texto alegando que está pendiente de aprobación una ley de creación del impuesto sobre la electricidad. Introduzcamos, cuando esa ley se discuta, una disposición que elimine este párrafo del texto del sector eléctrico, pero no lo hagamos hasta que no la tengamos, porque estamos poniendo en peligro el futuro del carbón, y eso es algo altamente peligroso por los costes que puede tener tanto para la diversificación y la seguridad de abastecimiento en el suministro de energía eléctrica, como por los costes sociales que puede suponer a la hora de eliminar puestos de trabajo en la minería del carbón.
Señorías, hay disposiciones y enmiendas que seguimos sin compartir porque ahondan en algo que es lo que más preocupa a este grupo parlamentario, en la liberalización del sector. En algunos momentos, aludiendo a las competencias de las comunidades autónomas, que todos respetamos y defendemos, dejan el texto con la suficiente ambigüedad como para que se produzca un vacío competencial y no sepamos muy bien a quién compete vigilar los suministros o el mantenimiento de las redes y los transportes.
No es la ley que a nosotros nos gusta. Por tanto, señorías, nuestro voto va a ser negativo a la mayoría de las enmiendas porque consideramos que la empeoran. Sólo votaremos a favor de los aspectos positivos de las enmiendas que he destacado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos hoy dando el último cumplimiento del proceso de una ley que todo el mundo ha calificado de importante. Efectivamente, es así. Todo el país reconoce que esta ley es importante, menos el Gobierno. La ausencia hoy, aquí, del ministro de Industria pone de manifiesto las muchas dificultades que hemos tenido que sortear estos meses para establecer el clima de diálogo, que definitivamente no se ha podido concretar. Ya sé que, con la presencia del señor Medina no hará falta, pero, como probablemente no lo recogerá el "Diario de Sesiones", quiero hacer mención específica de la herida que supone para un proyecto de ley esta falta de deferencia. Mes y medio después de haber debatido la enmienda a la totalidad de este proyecto de ley, venimos a confirmarnos en ella.
Nada más y nada menos que 75 modificaciones ha sufrido esta ley en el Senado. Parece evidente que la ley que discutíamos aquí era una especie de documento provisional para negociaciones de pasillos y que ha tenido que esperar unas semanas para que al final tome carta de naturaleza como proyecto de ley.
No sería justo si no reconociera que, efectivamente, el Senado ha originado avances. Se ha pasado la garlopa parlamentaria sobre las aristas de algunos de los grandes problemas que tenía, con lo que la ley ha sido vencida, no con pocas resistencias por parte de muchos. Sin embargo, la satisfacción que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene ante esta ley es manifiestamente descriptible y medible: 10 enmiendas de las 87 que presentó el Grupo Parlamentario Socialista han sido aceptadas.
No hay que ser un experto matemático para sacar el nivel de satisfacción de esta ley.
En cualquier caso, al reconocer el diálogo --que, en ningún caso, el acuerdo y el consenso-- que se ha efectuado en el Senado, tenemos que manifestar nuestro mal sabor de boca, nuestro pesar pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Si en vez de haber tardado nada más y nada menos que 15 meses desde que empezó a hablarse de esta ley hasta que el Grupo Parlamentario Socialista tuvo la oportunidad de hablar con el Gobierno, hubiéramos dialogado durante esos 15 meses es posible que hoy estuviésemos hablando de una ley estable, definitiva. Sin embargo, estamos hablando no del final de una carrera. La ley eléctrica no ha llegado a la meta. En cualquier caso, estaremos hablando de una meta volante a la que con esta sesión de hoy del Parlamento colaboramos.
Decía que hace 15 meses que empezaba esta ley. Es cierto que esta ley tuvo un antecedente: el protocolo. Hago mención al protocolo porque recuerdo una cita muy usada por Adam Smith, que hacía referencia precisamente al contenido del protocolo. Decía Adam Smith: Cada vez que se reúne un grupo de comerciantes sólo pueden hacerlo para conspirar contra el mercado y contra el consumidor. El origen, sin duda alguna, autorregulador del protocolo trae como consecuencia esta ley, y trae como consecuencia la imposibilidad de que el Grupo Parlamentario Socialista dé la conformidad a este proyecto de ley eléctrica. No haré la cuantificación de nuestras posiciones. En las votaciones se verá.


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Es evidente que vamos a aceptar algunas de las mejoras técnicas que han sido propuestas por el conjunto de los grupos parlamentarios, pero no lo es menos que esta ley trae inestabilidad al sector eléctrico. Hace unas semanas decíamos que había que modificarla. Si quieren, se lo planteo de otra manera: es una ley, como algunas sinfonías conocidas, inacabada.
Esta ley ha dado pasos. Por cierto, los buenos pasos que ha ido dando esta ley casi siempre han sido a impulsos de iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista. Tendré que reconocerlo así en la medida en que ha sido el Gobierno quien ha instado al Grupo Socialista a negociar algunas de esas enmiendas. Sería injusto dejar de reconocerlo, como también sería faltar a la verdad decir lo que intuimos: que la voluntad negociadora del Gobierno, ya tardía, ha debido ser también a impulsos --iba a decir a empujones-- de un sector que veía cómo el exceso de unilateralidad del Gobierno y sus socios podía hacer peligrar --como, en definitiva, ha sucedido-- el futuro de una ley y añadir incertidumbre a unas empresas que, sin duda alguna, con este marco legal no van a sentirse suficientemente estabilizadas.
Decíamos entonces que leyes cambian leyes. Es evidente. Decimos en este momento, en esta fase, que no será la última, que esta ley debe ser acabada en las direcciones que el Gobierno no ha querido o no ha sabido acabar, porque dentro de la ley quedan contradicciones internas que, sin duda alguna, habrá que recoger. ¿O es que alguien piensa que este país va a permanecer impasible durante los próximos diez años, con un reconocimiento de deuda a un sector de dos billones reconocidos, más algún billón más no tan transparente como llegamos a manifestar en esta tribuna, que era el exceso de subvención, de reconocimiento que, por la ayuda al aumento de potencia, tenía el propio sector, que pensábamos que estaba sobredimensionado? ¿Piensa alguien realmente que el sector va a estar paciente contemplando cómo se producen situaciones injustificadas e injustificables? ¿Cree alguien que está resuelto el problema de la falta de competencia, considerado en el medio plazo, aunque hemos podido sortear el momento de la entrada en vigor del riesgo cierto, como es el hecho de que el operador del sistema a medio plazo pueda ser privado? ¿Alguien piensa de verdad que no tendremos que solucionar definitivamente y despejar sin complejos y sin compromisos que el operador del sistema Red Eléctrica Española no será provisional, sino definitivamente público, simplemente por una razón de subsistencia de la competencia, simplemente por garantía de accesos a la red, de que haya nuevas compañías y de que no se produzca un entorpecimiento del avance del sector? ¿Alguien piensa que esas cosas van a permanecer impasibles? ¿Alguien piensa que va a permanecer definitivo el hecho de que la regulación de la energía eléctrica y la retribución extraordinaria que tiene su posición de dominio en este momento en el mercado no se va a sustanciar, no se va a modificar en los próximos años? ¿Alguien piensa que una ley destinada a los consumidores va a ser una ley entendida exclusivamente para las empresas? ¿Alguien piensa que en un proceso de modernización del sector eléctrico internacional vamos a seguir impasibles con una ley que, en definitiva, lo que hace es impedir el mercado más que avanzar en él y, por lo tanto, darle derechos a los consumidores? Señoras y señores diputados, es evidente que lo que estamos haciendo hoy con esta ley es cumplir un trámite. Tenemos que decir que se ha dilapidado y despilfarrado mucha energía parlamentaria. No entendemos las razones por las que el Gobierno ha impedido que se pudiera producir el clima de entendimiento y de diálogo para que hoy pudiéramos estar hablando de un marco estable. Estamos hablando de un sector que, aunque al Gobierno le importe poco pues no está presente en el debate, al resto de la sociedad, al resto de los ciudadanos le interesa. Le preocupa que tenga que enfrentarse a una situación incierta, le preocupa que las contradicciones que tiene la ley no se hayan solventado.
No quisiéramos hacer hoy una despedida agria de esta ley, sino que quisiéramos tender la mano a quien nos puede escuchar. Desde luego, es difícil que lo haga el grupo parlamentario; el Gobierno, imposible.
Tendremos que buscar aliados para la mejora y la estabilidad de esta ley en el sector.
A nosotros nos consta que este «Diario de Sesiones» puede ser seguido con atención, porque, probablemente, habían planteado expectativas injustificadas. Es evidente que, además de por las compañías, va a ser leído con atención también por algunos mercenarios de la opinión pública que, no satisfechos con la calidad de los niveles parlamentarios, tendrán oportunidad de ponernos verdes en las próximas ocasiones. A algunos de esos cronistas, cuando fueron diputados, sus grupos ni siquiera les ofrecieron la posibilidad de ser portavoces de sus propios proyectos. Al margen de estas anécdotas de seguidores --de mercenarios, repito-- de la minuta en la opinión, lo seguirán las compañías, lo seguirán los consumidores y lo seguirán, sin duda alguna, los operadores del mercado.
En ese sentido, quiero que entiendan...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández Moltó, le ruego concluya.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Acabo, señor presidente.
En ese sentido, quiero que entiendan y recojan nuestro ofrecimiento de diálogo para ésta y otras leyes muy importantes que van a venir en el futuro, que quisiéramos que se produjeran de una manera diferente en el sentido de que hubiera diálogo, negociación y acuerdo.
Esta ley que estamos debatiendo hoy no puede ser despedida con un definitivo adiós sino con un hasta

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luego, porque, sin duda alguna, va a tener que ser modificada en los próximos tiempos. Cuanto antes se produzcan las modificaciones, mucho mejor para todos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Medina para fijar la posición de su grupo.


El señor MEDINA TOLEDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en la recta final del trámite de una ley de tremenda importancia para el conjunto del país, no sólo para el sector eléctrico, sino por lo que el sector eléctrico como tal sector significa para la economía de España.
Esta ley es compleja desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la técnica legislativa. Eso lleva a que en las enmiendas, tanto las que han salido de esta Cámara como las del Senado, se hayan producido errores importantes. Estos errores incluso alcanzan a los servicios jurídicos de la Cámara Alta. Se da el caso de que en el mensaje motivado que manda el Senado, en el artículo 45, se aprueba una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y posteriormente se presenta una enmienda técnica que viene a pedir que se vote exactamente lo mismo que ya se ha aprobado.
Procede solicitar que, más allá de lo que se dice en esos documentos, se subsanen nuevos errores que están contenidos en la ley. Por eso hemos hecho llegar a los servicios de la Cámara un documento de errores de naturaleza técnica, que también se ha hecho llegar, a través de los servicios de la Cámara, al resto de los portavoces parlamentarios. Espero que el trámite haya sido suficientemente ágil para que esos errores se subsanen. Por otra parte, esos errores técnicos alcanzan al artículo 30.4, donde se admite simultáneamente una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Socialista, la número 155, que dicen exactamente lo mismo, con lo cual es necesario hacer una votación separada para dejar el texto en condiciones. Nosotros votaremos favorablemente todas las enmiendas que son correcciones técnicas y las del Senado, excepto dos: al artículo 50.3 y al artículo 30.4, antes referido, que era una enmienda reiterativa.
Manifestadas estas cuestiones de procedimiento, pasemos al discurso político. Mi afirmación anterior acredita que no es extraño que en el Senado se produzcan numerosas enmiendas por la complejidad de la ley.
Tampoco es extraño porque aquí fue manifestado, tanto por este portavoz como por el ministro señor Piqué, que la voluntad del Grupo Parlamentario Popular era consensuar lo máximo posible con todos los grupos de la Cámara. De hecho, puse de manifiesto en mi intervención en el debate anterior que el carácter de urgencia hacía difícil que algunas cuestiones que podían verse de una manera más sosegada pudieran sustanciarse en un acuerdo. Pero éste es un proceso de aproximaciones sucesivas. En el Senado lo ha sido más que en el Congreso y, probablemente, en el desarrollo reglamentario lo será más que en el Senado.
Pese a ello, insisto, señorías, ha habido una voluntad política clara y definida de llegar a acuerdos sustanciales y concretos. Eso es así porque el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno al que sustenta tienen la idea de que ésta sea una ley para durar, en contra de la opinión de mi distinguido colega el señor Hernández Moltó. Lógicamente, mantenemos la tesis política de que queremos ser los administradores de esa ley durante el mayor tiempo posible, lo que creo que es legítimo. No me atreveré a decir lo que dijo en su día el señor Eguiagaray, porque nosotros estamos sometidos lógicamente a la voluntad de los españoles y el Gobierno estará el tiempo que ellos determinen. Sin embargo, eso no nos exime de la obligación de pensar que una ley de esta naturaleza debe ser consensuada al máximo, porque debe ser un instrumento no solamente para el Gobierno actual sino para el futuro y porque hay algunas cuestiones que cuando se ponen en marcha en determinados sectores es muy difícil volver atrás después.
Esa y no otra razón, ninguna presión de ningún grupo, ni económico, ni sindical, ni de consumidores, es la que lleva al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular a la voluntad de consenso. Lo que pasa es que políticamente todo puede ser interpretado, es lícito que así se haga, y la misión de la oposición también es ponerse el mayor número de medallas que pueda, siempre que pueda. Por tanto, señor Hernández Moltó, no le reprocho su discurso, a pesar de que discrepe de él.
Yo sí debo decir dentro de esta afirmación política que lamento enormemente que en el artículo 30.4, por razones de tipo técnico, haya habido que suprimir algo que procede de una enmienda específica y concreta del Grupo Parlamentario Socialista. Lo siento verdaderamente porque esa voluntad de consenso está ahí, y creo que al Grupo Parlamentario Socialista debe reconocérsele el mérito, junto con el de los otros grupos, de que todo lo que se ha hecho en energías renovables ha sido algo consensuado, de voluntad conjunta. No se sientan dolidos porque técnicamente el tema quede fuera, porque el espíritu de esa enmienda está en el texto definitivo. En concreto, hago referencia a la energía solar fotovoltáica como energía primaria para producción de energía eléctrica, que es tratada mucho mejor en el Senado de lo que lo había sido en el Congreso, porque aquí no lo fue de ninguna de las maneras. Ese es un logro de todos los grupos parlamentarios y realmente hay que reconocerlo. Ocurre igual con la disposición transitoria decimosexta, independientemente

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de quien la haya incluido --no es éste el momento de valorarlo--, que no existía y que se refiere a un plan de fomento del régimen especial para energías renovables. En este sentido es obvio que el tanto no de culpa sino de mérito que se da en este caso debe ser compartido por todos los grupos porque ése era el espíritu y se intentó alcanzar un objetivo muy ambicioso, como es que el del 12 por ciento de la energía global proceda de energía renovable.
Señor Hernández Moltó, me alegro enormemente de que usted afirme, porque está demostrándome con sus gestos lo contrario de lo que dice con sus palabras. Sí ha habido voluntad decidida de consenso y sí ha habido cuestiones sustanciales en esta ley que han llegado por la vía del Grupo Parlamentario Socialista, de lo que específicamente me congratulo.
Yo sí estoy absolutamente convencido, y coincido con usted, de que éste no es el final de la ley eléctrica. Este es el comienzo, pero las interpretaciones son diferentes. Este es un momento histórico para el sector eléctrico español, pero sí vamos a hacer, porque se ha estado trabajando en paralelo con la ley, el necesario desarrollo reglamentario para que sea operativa, para que cale profundamente en el tejido social y económico del país. Se están viendo los beneficios, todavía pocos, pero que rápidamente se verán mucho más en un proceso bastante acelerado a medida que el desarrollo reglamentario entre en vigor, lo que ocurrirá pronto, justamente casi después de la aprobación de la ley. En esto también seremos diferentes de otros gobiernos con los que la Losen, la Ley del Sector Eléctrico Nacional, de cuya bondad en muchísimos aspectos no dudamos, tuvo un talón de Aquiles, que es su falta de desarrollo reglamentario, y ésa no fue responsabilidad nuestra. No caeremos en ese error y, efectivamente, eso es lo que hará que no sea éste el final sino el comienzo de una excelente situación para la economía y para los consumidores españoles.
Señor presidente, voy terminando. Yo diría que éste ha sido mi bautismo de fuego parlamentario dada la importancia de esta ley, y no resisto la tentación de reiterar mi agradecimiento, no sólo personal sino de nuestro grupo parlamentario. Independientemente de lo que digan los discursos políticos que son obligados aquí, muchas veces no porque se sientan exactamente sino para que queden reflejados en el «Diario de Sesiones», yo sí puedo manifestar personalmente y en nombre de mi grupo que he encontrado, sin excepción, en los portavoces parlamentarios un espíritu abierto hacia el consenso, no siempre fácil, que al final creo que ha dado unos resultados satisfactorios. Por ello, realmente nuestro grupo está contento. Creo que el mejor servicio que podemos prestar al sector eléctrico español es que esta ley salga adelante con el mayor consenso posible y que entre en vigor cuanto antes. Eso es todo.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Medina.
Hemos finalizado el debate de las enmiendas al proyecto de ley del sector eléctrico.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


ENMIENDAS DEL SENADO (continuación):

-- PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente 121/000012) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a continuar con el punto X del orden del día: enmiendas del Senado.
Pasamos a debatir las enmiendas provenientes del Senado al proyecto de Ley orgánica que reforma la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Grupos que desean intervenir en el debate. (Pausa.) Por parte de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley ha sufrido importantes y sustanciales reformas en el trámite del Senado con las enmiendas que han introducido. Nuestro posicionamiento ante estas enmiendas lo voy a dividir en dos bloques: las que vamos a votar afirmativamente, y las que van a merecer nuestro voto negativo sobre las que vamos a fijar ahora nuestra posición.
En el artículo segundo del proyecto, vamos a votar en contra de la enmienda que va dirigida al artículo 356.1, así como la dirigida al artículo 357, en sus apartados 2, 3, 5, 6. Este posicionamiento es consecuente y congruente con el que había mantenido mi grupo en los debates en ponencia, Comisión y Pleno en el Congreso de los Diputados, y que hacen referencia a lo que habíamos venido denominando en nuestro lenguaje coloquial: la contaminación o impregnación política del paso de jueces y magistrados por cargos políticos, bien de libre designación, bien cargos electivos por procedimientos electorales de nuestro sistema institucional. Por tanto, no nos parece de recibo, señor presidente, lo que aquí se trae. Tampoco estamos de acuerdo con algunas modificaciones que se han introducido en el Senado, de tipo de identificación del ámbito del proceso electoral, como son sustituir los términos genéricos que aquí empleábamos --y, sí, podría ser una concreción-- por elecciones generales, europeas, autonómicas,

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forales o locales. Pues bien, o las forales son también locales o aquí el Senado debía haber introducido el nivel insular, porque en el archipiélago canario se celebran elecciones directas a las corporaciones insulares o cabildos, independientemente, por supuesto, de las genéricas del Estado y de las elecciones a los ayuntamientos correspondientes. Por esas razones, por esa congruencia, por no estar de acuerdo con el fondo, ni con el texto originario que votamos negativamente en el Congreso, ni con estas enmiendas que nos llegan ahora del Senado, vamos a votar en contra.
Igualmente vamos a votar en contra, señor presidente, las enmiendas al nuevo artículo séptimo, que se refiere a elevar el límite de edad para estos magistrados a los 75 años. Nosotros creemos que es mucho más prudente mantener la cifra de 72 años que habíamos establecido en el debate en el Congreso de los Diputados y en el propio texto. No se nos alcanza, haciendo una lectura generosa, que por determinada experiencia se eleve a este límite la edad de unos funcionarios civiles del Estado, aunque estén dentro del Poder Judicial, porque parecería escandaloso desde el agravio comparativo a los restantes cuerpos de la Administración civil del Estado.
Vamos a hacer una llamada de atención, siguiendo el orden de los artículos, a una sustantiva enmienda que viene del Senado a cuyo fondo, en verdad, no tenemos ninguna objeción que hacer. Me refiero al nuevo artículo octavo, que da entrada al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de justicia. El texto del Gobierno debería procurar que no se produzcan estos olvidos en el trámite del Congreso de los Diputados para que después alguien se acuerde en el trámite del Senado de que existe el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de justicia, que para este diputado merece todos los respetos. Nosotros no vamos a votar en contra, pero sí queremos hacer una advertencia, se llega a lo prolijo de hacer una especie de reglamento en el ámbito de esta ley que es orgánica. ¿A nivel de qué se pueden justificar en una ley orgánica las características que tienen que tener los profesionales o de cuerpo los subdirectores del centro o los niveles inferiores a los citados anteriormente? Esto hágase por una norma, un reglamento o algo que no sea, por supuesto, una ley, y menos una ley orgánica.
Sin embargo, quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de la Cámara para advertencia positiva al Cuerpo de letrados de las Cortes, porque vamos a votar posteriormente un proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas, donde aparece una enmienda del Senado, que nosotros vamos a votar positivamente, en el ámbito de la defensa de los intereses del Estado que emanen y se vean en esta Cámara, por equiparación con el Cuerpo de abogados del Estado. Pues ojo, en esta enmienda que viene del Senado, referida al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de justicia, en el párrafo segundo del apartado 3, cuando habla del director del Centro de Estudios Jurídicos, dice lo siguiente: Los cargos de subdirectores del centro serán desempeñados únicamente por miembros de la carrera judicial o fiscal, del secretariado judicial, abogados del Estado y demás funcionarios de las administraciones públicas que posean el título de licenciado en Derecho.
Damos nuestro voto positivo entendiendo también que esto es de aplicación para el Cuerpo de letrados de las Cortes Generales, porque esto lo va a decir la ley que discutiremos después, que homologa y dice que todo lo que se refiere a abogados del Estado se llame a la parte, en el ámbito de las Cortes Generales, al Cuerpo de letrados, equiparación que me parece de la más absoluta justicia. En ese sentido lo digo, mostrando al mismo tiempo el máximo respeto y apoyo a nuestro Cuerpo de letrados.
Vamos a votar en cambio negativamente, y termino ya, señor presidente, las enmiendas que trae del Senado a las disposiciones transitorias, fundamentalmente la disposición transitoria segunda, porque nos parece totalmente improcedente, por emplear el calificativo de rigor parlamentario más suave. Cuando ya se había opuesto mi grupo a lo que era esta prerrogativa, traerla con efectos retroactivos a quienes desempeñen actualmente los compromisos de responsabilidad o de representación, en ningún caso, señor presidente, nos parece admisible.
Por las mismas razones de congruencia y dentro de la rapidez vamos a votar en contra la enmienda del Senado al apartado 3 de la disposición tercera, porque incide también en la misma línea de lo que venimos nosotros oponiéndonos por un fondo político y por entender que el recto sentido de esta ley no debe tergiversar lo que son derechos democráticos en todo proceso de elección parlamentaria.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Mañana día 14 hará un año de que se celebrase el debate de totalidad de este mismo texto de ley. En el momento inicial el texto pretendía regular dos aspectos distintos: la nulidad de actuaciones y las situaciones administrativas del personal de la Administración de justicia, en especial de los jueces, cuando deciden desempeñar cargos públicos de carácter político, ajenos a la Administración de justicia.
En ese debate, el diputado señor Castellano decía que el texto no era realmente esplendoroso ni brillante y que, además, se mezclaban en él churras con merinas. Si eso era en el inicio, durante la tramitación parlamentaria

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se han ido añadiendo variedad de cuestiones y hacen que en una lectura final lo regulado no vaya a merecer una valoración excesivamente aceptable desde un punto de vista técnico.
Me ceñiré al concreto contenido de las enmiendas que han sido aprobadas.
En relación con las de la exposición de motivos, no pensaba hacer referencia a ellas, pero la intervención del diputado del grupo canario me lleva a matizarle, no queriendo polemizar en absoluto, que la referencia a las asambleas legislativas o a los gobiernos forales está justificada si es elegido como destino por un juez o magistrado para el ejercicio de una actividad política. Está reconocido en la Ley reguladora de las bases de Régimen Local y tiene consagración constitucional que la Administración foral tiene una doble naturaleza: es Administración local, pero también es un algo distinto; son entidades que gozan de gobierno, es decir, de poder ejecutivo y de legislativo, y nos parece adecuado que haya sido recogido así en las enmiendas del Senado. No me referiré más a las enmiendas referidas a la exposición de motivos, en la creencia de que todas ellas guardan debida relación con aspectos del articulado a los que tendré ocasión de referirme.
En relación con lo concretamente regulado, la modificación del artículo 240, pese a que no es en absoluto dar cumplimiento al artículo 53.2 de la Constitución, en definitiva no ha quedado demasiado mal, y no sólo porque se ha recogido en gran parte las enmiendas del Grupo Vasco, sino porque el sistema finalmente plasmado equilibra seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Lo añadido por el Senado va en esa misma dirección.
Las enmiendas referidas a los artículos 352, 355 y 356 son eminentemente técnicas. Me referiré a las del artículo 357, que hacen referencia a la mención del ámbito foral que, como ya he indicado, nos parecen particularmente adecuadas.
El artículo 358 gana con la enmienda del Senado y la solución finalmente plasmada en la ley para quienes siendo jueces opten por desempeñar cargos políticos nos parece que responde a un anhelo que creemos existe hoy en la ciudadanía que ve con recelo los pasos por el legislativo y el ejecutivo de quienes vienen del Poder Judicial. Creemos que al ser los jueces ellos mismos poder, hace que sea legítimo y pueda ser constitucionalmente asumible este trato distinto respecto de otros ciudadanos o de los funcionarios en general.
La referencia a la abstención y a la recusación mejora con la enmienda que introduce el Senado. El artículo quinto, punto 2, referido a los magistrados del Supremo ha sufrido numerosos cambios, algunos de ellos significativos, ya que las excepciones a las situaciones de excedencia voluntaria o forzosa que quedaban sólo contempladas respecto a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrado del Tribunal Constitucional o miembro de tribunales internacionales, se ha añadido hasta llegar a siete supuestos, lo que nos parece inaceptable. Mi grupo votará en contra de esa enmienda del Senado. Se ha optado en el proyecto por una magistratura de ejercicio y creemos que la enmienda que el Senado introduce camina en el sentido contrario. Si incluso se ha limitado la docencia respecto de los miembros que desempeñan el puesto de magistrados en el Tribunal Supremo, no nos parece aceptable la posibilidad de que puedan pasar en servicios especiales a todas estas entidades, por muy respetables que sean y reconocimiento constitucional de que dispongan.
Nos parece sin embargo razonable el añadido del apartado 2 al artículo 389 y el apartado 8, tal y como ha quedado redactado. En el artículo séptimo tenemos ciertos recelos y nos tememos que pueda llegar a convertirse en una declaración general de que la jubilación se produce a los 75 años. No obstante, votaremos a favor de la reforma en la creencia de que el tamiz del Consejo General del Poder Judicial puede ser suficiente garantía de que quienes accedan a esta posibilidad tengan las condiciones físicas y psíquicas requeridas.
Puestos a hacer añadidos en el proyecto, nos satisface especialmente, en contra de lo manifestado por el grupo canario, el nuevo artículo octavo que contempla lo referido al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de justicia, su carácter de organismo autónomo conforme a la Lofage, ya que valoramos la importante función formativa inicial y continuada que desde este centro se hace respecto de la carrera fiscal, del secretariado judicial y demás personal al servicio de la Administración de justicia.
No tenemos nada que objetar a lo añadido al artículo noveno. En cuanto a las disposiciones adicionales, la primera recoge un compromiso que quedó adquirido en el pase de la ley por esta Cámara y que finalmente se plasmó en una enmienda de todos los grupos, entre ellos del Grupo Vasco, y por ello votaremos afirmativamente. No será así a la disposición adicional segunda. Nos parece que recoge una situación que en modo alguno es aceptable. Lo correcto técnicamente es que las leyes empiecen a regular las situaciones a partir de su entrada en vigor. Por tanto, repito, mi grupo votará en contra de esta retroactividad tan anómala introducida en el texto por el Senado. Del resto de las disposiciones nos parece aceptable lo incluido por el Senado.
Termino señalando que, a pesar de que he tachado de poco correcta técnicamente a la ley, me alienta la esperanza de que acabe solucionando problemas realmente existentes, y que sirva para algo en el mejor funcionamiento de la justicia. Creo que tal ha sido el deseo que sin duda nos ha animado a todos los grupos a colaborar tan activamente en la elaboración de esta ley.
Gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como saben SS. SS., es la cuarta vez que este Pleno tiene ocasión de pronunciarse sobre este texto legislativo después del debate de totalidad, la frustrada aprobación inicial como ley orgánica, la segunda aprobación inicial y ahora la aprobación definitiva por el Congreso. Por tanto, poco hay que decir de la ley. Quiero manifestar, en cualquier caso, que el entusiasmo de mi grupo ante este proyecto de ley, que se convertirá en ley, es francamente descriptible. Sin embargo, a pesar de esta falta de entusiasmo, votaremos a favor en la medida que otras opciones nos parecen menos satisfactorias. En cualquier caso, estamos más satisfechos que de su contenido del hecho de que de una vez se ponga fin a esta tramitación legislativa que puede denominarse de accidentada en varios sentidos de la expresión accidente.
Entrando en la valoración de las enmiendas aprobadas por el Senado, mi grupo parlamentario quiere fijar su posición respecto de las siguientes.
En primer lugar, manifestamos que votaremos en contra de la modificación que se opera en el Senado en el artículo séptimo. Ha sido posición inicial del Grupo Parlamentario Catalán que los magistrados suplentes tengan el límite de 72 años de edad y no 75. No queremos abrir un portillo a lo que podría ser una jubilación con carácter general e incondicionado a los 75 años. Hubiésemos estado dispuestos a aceptar más que una transaccional dar carácter transitoria a esta edad; pero en la medida en que no se nos ha ofrecido por parte del grupo que sustenta esta opción de los 75 años, vamos a proceder a votar en contra.
De la misma manera, procederemos a votar en contra de la redacción dada por el Senado a la disposición transitoria segunda. Fue voluntad de mi grupo, precisamente en una enmienda que determinó el contenido de la disposición transitoria segunda, tal y como salió del Congreso, respetar aquellas situaciones individuales legítimas que derivaban de un marco legislativo anterior a la aprobación de esta ley. Sabe bien el Grupo Parlamentario Popular que no es el contenido de la enmienda que ha sido aprobado en el Senado el que podía ser contemplado y apoyado por mi grupo parlamentario. Había otras alternativas, cabía la posibilidad de ofrecer a las personas que están ocupando cargos en los órganos legislativos y en algunos órganos del Ejecutivo, la doble opción de reincorporarse a su anterior destino o pasar a una excedencia forzosa. Digo lo mismo que en el punto anterior. Si se nos hubiese ofrecido ese planteamiento, hubiésemos apoyado tal alternativa. Esta enmienda no la podíamos apoyar y no la aprobaremos.
Hay otro aspecto de las enmiendas introducidas por el Senado que nos producen cierta insatisfacción, en la medida que, como ha sido puesto de manifiesto, merman el carácter de ejercicio de la magistratura del Tribunal Supremo. No entiende mi grupo qué vinculación puede existir entre el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y, hasta podríamos decir, el fiscal general del Estado con la magistratura del Tribunal Supremo, para entender que se puede acceder a estos cargos en una situación de servicios especiales. En la medida que en el Senado fue aprobada esta enmienda por acuerdo de los grupos mayoritarios, que determinó también la adhesión de mi grupo, no vamos a votar en contra de la misma.
Sí queremos manifestar nuestra satisfacción, de un lado, por la amplia regulación que se efectúa, como se ha señalado anteriormente, del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de justicia. Queremos manifestar también idéntica satisfacción por el tratamiento que se efectúa de los fiscales de sala del Tribunal Supremo, como ya dijimos en la aprobación inicial por el Congreso, que no supone sino efectuar una estricta aplicación de lo dispuesto en el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. También nos pronunciamos a favor de las enmiendas introducidas por el Senado, que pretenden cubrir los vacios motivados por la introducción de los secretarios de primera categoría en los tribunales que han de enjuiciar las oposiciones a judicatura.
Hay que decir también que la situación de los miembros del gabinete técnico del Tribunal Supremo queda resuelta en el sentido de que los que están en estos momentos ocupando esos puestos de trabajo podrán aplicar lo dispuesto en la Ley de Demarcación y, por tanto, podrán ocupar en el momento de su cese, si así se produjera, una plaza del Tribunal superior de justicia de Madrid o de algún otro órgano que allí se indica.
Obviamente aquellos que se incorporen a este gabinete con posterioridad, pasarán a la situación de servicios especiales con reserva de su plaza de origen.
Como he manifestado anteriormente, nos alegramos de acabar un proceso legislativo que no nos deja especialmente satisfechos. Tenemos conciencia, como también ha manifestado el Grupo Vasco, de que respondemos a una demanda social, porque si bien es cierto que el hábito no hace al monje, también es cierto que la función hace al órgano. Por tanto, el sistema que se emplea de excedencia forzosa sin sernos absolutamente satisfactorio, nos permite evitar que el Consejo General del Poder Judicial tenga que proceder a asignar plazas y destinos quizá rozando el derecho al juez natural, o rozando la vulneración del derecho al juez natural. En cualquier caso, reitero que ésta es la posición del Grupo Parlamentario Catalán y anuncio del voto en el sentido indicado.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, por qué no decirlo, de algún que otro excepcional jurista que se sienta en estos bancos y que está suficientemente amordazado por la jerarquía de su grupo como para tener que acabar votando lo que lógicamente entiende que es una auténtica aberración. Esta es la ley del disparate. Entró en el Congreso con tres objetivos: la reformulación del antiguo incidente de nulidad de actuaciones, para tratar de evitar tanto y tanto recurso de amparo como había ante el Tribunal Constitucional, con lo que no creo sea ninguna exageración ver la larga mano de estos magistrados en el intento de echar papel fuera a través del mecanismo de reformar la ley, privando en muchos casos a los ciudadanos de tan alta instancia. Contenía también ese primer proyecto la llamada regulación administrativa de jueces y magistrados, de los que efectivamente hemos dado en llamar contaminados por su paso por la política, objetivo que no se había planteado más que a instancia de una determinada asociación, de lo que llamaríamos los magistrados puros, que en un momento determinado pensaron que les podía alcanzar alguna secuela de estos comportamientos y, lógicamente, dado que había ocasión de hacer una ley en la que podría ir cabiendo de todo, pues por qué no se iba a atacar este tema junto con una nueva causa de recusación, y sin dictamen alguno del Consejo del Poder Judicial, se incorporó por vía de enmienda ni más ni menos que un estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo. Yo no sé si esto fue a instancias del grupo enmendante o también los magistrados del Tribunal Supremo dijeron: en una ley que va a tratar de todo, en una ley modelo cajón, por qué vamos a perder la ocasión de ir empezando a colocar aquello que nos venga bien. Claro, lógicamente no se podía hacer un estatuto del Tribunal Supremo sin hablar de las remuneraciones; púsose en marcha la máquina de las influencias, o lo que se llama la presión de los lobbies, y se llegó hasta el extremo de que también, sin que viniera previsto en el proyecto, en esta ley se hable de las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo.
Aún así recordarán ustedes que la ley no vio la luz a la primera, necesitó algún que otro mes más para superar sus evidentes deficiencias de neonato, volvió a la Comisión, y ya parece ser que tras estar en la incubadora durante cierto proceso, regresó a la Cámara. Pero, señor presidente, cómo cunde el mal ejemplo. Visto en el Senado que en esta ley era todo posible, que no hacía falta consultar con el Consejo General del Poder Judicial ni que tuviera un trámite sereno y riguroso, el Senado ha dicho: pues yo también me voy a poner a añadir en esta ley. ¿Y qué ha dicho el Senado? Primero, que lo que ya de por sí no tenía mucha razón de ser, que era el recurso extraordinario de nulidad de actuaciones, pues que además ya no tenga ni siquiera posterior recurso alguno, con lo cual, desde luego, ya es echar papel fuera, porque va a ser un mero trámite y rápidamente, como no va a haber recurso alguno, se van a ir solucionando esas posibles situaciones de indefensión o de falta de tutela judicial efectiva. Además, como es lógico y natural, había alguna situación especial. A mi me gustaría poderles explicar a ustedes cómo detrás de cada artículo hay nombres y apellidos concretos, se dice: esto está fabricado para don fulano, esto para don mengano y aquello para la tribu que en un momento determinado se ve en cierta medida aquejada de alguna amenaza. Entonces se ha aprovechado la figura de la excedencia obligatoria con carácter retroactivo también. ¡Pues solo faltaría que algunos de estos cargos concediera a alguien la posibilidad de estar tres años sin trabajar cobrando, y él no se beneficiara de ello! Vamos a reformar la ley y añadimos la excedencia también para los que están en esta situación con carácter retroactivo.
Además, los magistrado suplentes, que son magistrados que no gozaban del Estatuto del Tribunal Supremo, han visto una ocasión más que pintada para decir: ¿y por qué no aumentamos nuestra edad de jubilación? Ya están todos jubilados; están prestando funciones pese a estar jubilados. Bueno, pues vamos a llevarlo hasta los 75 años. Magistrados que, sinceramente, no tienen el carácter de inamovilidad que tiene cualquier juez; son magistrados que se les puede llamar perfectamente comodines, con los cuales se pueden componer las salas al arbitrio de la Presidencia y que se prestan a un análisis más que riguroso, porque, dependiendo en su nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, tienen la mirada más puesta en los vocales, para que se les vaya renovando, que en el ejercicio de la función. Pero no importa, en esta ley, señoras y señores diputados, cabe todo y, como cabe todo, hasta cabe que se regule el Centro de Estudios Jurídicos, y se va a regular el Centro de Estudios Jurídicos a instancia del Senado, sin que esta Cámara haya tenido la menor oportunidad de hacer una somera enmienda; de poder decir: este asunto es más o menos digerible. Pues no señor; ya está regulado hasta el Centro de Estudios Jurídicos. Lo que no podía nadie pretender, señor presidente, es que, habiendo este comportamiento de carácter corporativo, el ministerio fiscal dejara pasar esta ocasión para decir: en lo que se refiere a remuneraciones, que se me apliquen. Y que los secretarios se quedaran simplemente off side y no dijeran: pues vamos a ver qué sacamos de la ley. Y también en la ley se alude a los secretarios.
En consecuencia, se ha hecho una ley que se llama ley modelo aluvión y, según va pasando por los diferentes

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recorridos, cada uno va procurando añadir aquello que mejor le conviene.
Ahora, todo parecido entre una ley que considere los intereses generales y esto es mera coincidencia. Esta es la típica ley de intereses corporativos de carácter privado y, sinceramente, da un cierto pudor asomarse a ella. Y, claro, goza de una situación de privilegio, porque es más perentorio pronunciarse aquí con toda rapidez sobre unas enmiendas del Senado que ni siquiera llegar al trámite de lectura única, porque el trámite de lectura única contiene muchas más garantías. Pues no; a través de este mecanismo, el Senado puede hacer con las leyes lo que le parezca conveniente. Y me dirijo al Grupo Popular porque el Grupo Popular es mayoría en esta Cámara y mayoría en el Senado. La responsabilidad de esta ley va a ser toda del Grupo Popular, absolutamente toda del Grupo Popular; o, a lo mejor, también del Grupo Socialista, en cuyo caso veremos cómo funciona la verdadera pinza. Esa sí que va a ser la verdadera pinza, no otras pinzas más o menos inventadas.
Bueno, pues Izquierda Unida, desde luego, no va a incurrir en la irresponsabilidad de dar satisfacción a grupos de presión, de ceder a los intereses corporativos, va a rechazar todas las enmiendas, como es lógico y natural, y se va a reafirmar en aquel voto que ya vertió en su día por dos veces, cuando se debatió el voto de totalidad contra esta ley orgánica. Lo único que sentimos, señor presidente --y con ello acabo-- es que, dado que esta ley era tan susceptible de mejoras y de evitarnos trabajo en proyectos posteriores, no se haya ya añadido en ella, como disposición transitoria, la ley de capitalidad de Madrid, dado que el Tribunal Supremo está en Madrid, y, al mismo tiempo, se haya reformado la Ley del Deporte, dado que parece ser que en el mundo del deporte hay una jurisdicción específica. Sinceramente, lamentamos que se haya perdido tan soberbia ocasión.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor presidente, señoras y señores diputados, la verdad es que mi grupo no tenía ninguna esperanza en que durante la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Senado se mejorase lo que, al menos inicialmente, era su núcleo duro, su contenido más central; es decir, la regulación de las situaciones administrativas en que se pueden encontrar los jueces y magistrados que han desempeñado cargos de representación pública.
Como sabemos, en esta materia, el Grupo Parlamentario Popular mantiene y sigue manteniendo la tesis de que los jueces y magistrados que libremente optan por ejercer un derecho tan fundamental como es el de acceder a cargos públicos, ya sean parlamentarios, locales o de confianza política, resultan --se ha dicho aquí-- contaminados. Por tanto, la única solución que han encontrado para resolver este supuesto o real problema es la más irracional de todas, la de imponer una situación de tres años de excedencia forzosa para estos jueces o magistrados cuando cesan en el cargo para el que habían sido elegidos. Digo que es una situación totalmente irracional porque, señor presidente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde siempre, la excedencia forzosa es una situación administrativa especialísima, que solamente llega cuando se produce la supresión de la plaza, y ahora se aplica esa situación a un ámbito completamente diferente. Esto significa que durante estos tres años estos jueces o magistrados, como ya se ha dicho aquí por parte de otros señores intervinientes, tendrán tres años de, como algunos han dicho, vacaciones pagadas. En todo caso lo que sí es cierto es que la Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que esta situación de excedencia forzosa conlleva la plenitud de los derechos económicos y el abono, a todos los efectos, del tiempo transcurrido, y eso sin hacer nada. Durante esos tres años haciendo no se sabe qué pueden, por ejemplo, trabajar en un gran bufete de abogados, hacer consultorías, dictámenes, y eso parece que no afecta a su independencia, esa actuación en intereses privados no afecta a su independencia, no les contamina, no les ensucia.
El Grupo Popular ha mantenido su posición en esta materia, y ello a pesar de que había soluciones que podían conseguir los mismos fines con resultados mucho más razonables, entre ellas la que propuso mi grupo, que, por cierto --ya se ha dicho aquí--, estaba en línea con lo que mantenía en su dictamen el Consejo General del Poder Judicial. Lo que nosotros proponíamos como una solución mucho más razonable, señor presidente, señoras y señores diputados, es que ciertamente estos jueces y magistrados no pasasen a la situación --digamos que muy gratificante-- de servicios especiales, sino que pasasen a excedencia voluntaria y que cuando volviesen a reincorporarse no lo hiciesen a su plaza, porque la habían perdido, sino a aquella que el Consejo General, en función del cargo que habían tenido y de los parámetros que quisiese, considerase que no afectaba a su independencia. Es más, recientemente, hace una semana, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial volvía a insistir en que esta fórmula utilizada en el proyecto no es buena y que sigue sin gustarles. Pero no hay manera de resolver este tema, el Partido Popular se ha mantenido en esta posición y, por si fuera poco, en el trámite del Senado la ha empeorado, como aquí se ha dicho. Porque, no contento con mantener esta situación, pretende, en una enmienda que nos llega del Senado, aplicarla retroactivamente --disposición transitoria segunda, como todos sabemos--, y esto, a nuestro juicio, es una barbaridad. No entendemos este empecinamiento

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del Grupo Popular en mantener una posición que ya perdió en el Congreso, lo recuerdo, en Comisión; la ha vuelto a introducir en el Senado y previsiblemente la perderá hoy nuevamente. No lo entendemos. Doy por reproducidas todas las afirmaciones y todos los argumentos que se dieron durante el trámite del Senado, y, en todo caso, no quiero perder más el tiempo con él. A lo que parece, si todos los grupos votan hoy como han dicho que van a votar en este tema, ustedes van a perder la enmienda, por lo que posiblemente, para no perderla, votarán de la misma manera que todos, y el tema en este sentido quedará resuelto.
Quedan otros temas que son, digamos, de menor importancia, pero sobre los cuales yo también querría hablar. El señor Mardones se ha referido a la disposición transitoria tercera.3. Una vez más nos encontramos ante una aplicación retroactiva, todavía quizás más grave que la anterior, y también votaremos en contra de esta enmienda.
Asimismo, votaremos en contra de la nueva redacción que se da al artículo 434 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la nueva regulación que se da al Centro de Estudios Jurídicos, y ello por dos razones. Para empezar, esa regulación nueva no nos acaba de gustar en su contenido. Pero este no es el problema, el problema es que cualquier persona que se lea esa regulación se dará cuenta de que están introduciendo unos preceptos que no son ya de ley orgánica, es que ni siquiera son de ley, son temas reglamentarios. ¿En la Ley Orgánica del Poder Judicial tenemos que descender a decir en qué condiciones se nombrará el director, el subdirector, los cargos inferiores? Nos parece que no. Por tanto, señor presidente, nosotros votaremos solamente a favor del punto primero de este artículo 434, que, eso sí, introduce una mejora y es el decir que este Centro de Estudios Jurídicos tendrá personalidad jurídica propia. Lo demás nos sobra, no está en el actual redactado de la ley orgánica y, por tanto, votaremos en contra.
Finalmente, como han dicho otros señores intervinientes, mi grupo no está en absoluto de acuerdo con el nuevo artículo séptimo introducido por el Senado en la medida en que alarga el límite de edad para los magistrados suplentes a los 75 años; nos parece que el límite actual de 72 es más que suficiente.
Para acabar, señor presidente, una última cuestión --a la cual se ha referido también el señor Silva, si no me equivoco--, y es la referente a la redacción que ha dado el Senado al artículo 352. b), es decir, la situación de servicios especiales para los magistrados que son miembros del gabinete técnico de documentación e información del Tribunal Supremo.
Nosotros vamos a votar a favor de esta enmienda del Senado porque nos parece correcta, además en el Senado, según nuestros informes, fue aprobada prácticamente por unanimidad. Pero quiero dejar aquí clara una cosa, para que no se establezcan interpretaciones que, a nuestro juicio, son erróneas. Resulta que estos magistrados, señor presidente, que son miembros del gabinete técnico de documentación e información del Tribunal Supremo, están en servicio activo, su destino es precisamente ese gabinete. Por lo tanto, lo lógico es que cuando, en aplicación de esta ley y una vez se apruebe, estos señores magistrados pasen a la situación de servicios especiales, automáticamente dejen el servicio activo.
Nosotros entendemos que lo que hay que hacer es aplicarles --ya lo ha dicho aquí el señor Silva-- lo que dice el artículo 23 de la Ley de demarcación y planta, que es donde se regula este tema. El artículo 23, párrafo 3, de la Ley de demarcación y planta dice que para estos casos lo que habrá que hacer es adscribir provisionalmente a estos magistrados a una plaza en Madrid, ya sea en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya sea en la Audiencia Nacional, ya sea en la Audiencia Provincial de Madrid, ya sea en cualquier de los juzgados de Madrid, para que durante tres años tengan la oportunidad de concursar a la plaza que les corresponda y adquirirla en propiedad; eso, sin perjuicio de que durante este período de tiempo, mientras estén en el gabinete técnico, mantengan la situación de servicios especiales que la ley les da a partir de este momento. Esa va a ser nuestra posición, señor presidente, a la hora de votar estas enmiendas.
Para acabar, quiero decir, señor presidente...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Jover, acabe de verdad.
Ha anunciado ya dos veces que iba a acabar.


El señor JOVER PRESA: Esta es la buena.
En este proyecto, como ya dije en el momento en que se votó en el Congreso en su primera tramitación, hay aspectos con los que nosotros estamos plenamente de acuerdo y hay otros con los que mantenemos el más total, radical y absoluto desacuerdo. Por tanto, ya que hay que hacer aquí una votación de totalidad, nuestra posición será la misma que tuvimos cuando se debatió el voto de totalidad en el trámite del Congreso: nos vamos a abstener, señor presidente.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Jover.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, señorías, ante todo, debo manifestar la satisfacción del Grupo Popular al llegar a su último compás este largo trámite de la reforma de la ley orgánica, que pretendía, inicialmente, dar respuesta a dos problemas de particular relevancia: uno, predominantemente jurídico y denunciado reiteradamente por el Consejo General

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del Poder Judicial, la lluvia de recursos de amparo que se producían ante el Tribunal Constitucional por no existir un mecanismo que permitiera subsanar actuaciones nulas al propio órgano que daba paso a una resolución definitiva, no susceptible de recurso. En este sentido, la verdad es que el trámite ha sido tan largo que no sólo se han ido incorporando nuevas cuestiones al proyecto, sino que incluso ha habido cambios de posición realmente llamativos; por ejemplo, alguno de los portavoces --al que, haciendo uso de su metáfora, aprovecharía para desamordazarlo y regresarlo-- ha olvidado que él señaló --consta en el «Diario de Sesiones»-- que lo de tanto amparo era un problema grave. Por tanto, no es que ahora los jueces del Constitucional se quieran quitar papel. El mismo decía que era una situación grave y ahí quedó escrito, lo que sucede es que pasa tanto el tiempo que se olvida uno hasta de lo que ha dicho en circunstancias anteriores.
El otro problema es predominantemente político y ha sido elocuentemente denunciado por los propios ciudadanos cada vez que han sido encuestados en relación a su opinión actual sobre el Poder Judicial. Es preocupante que contesten que les parece que el Poder Judicial no es imparcial. Sin duda, en esa falta de apariencia de imparcialidad --también llamada técnicamente imparcialidad objetiva-- pesa sobre ellos especialmente su contemplación de la presencia en la política partidista de determinados jueces que al día siguiente están poniendo sentencias y peleándose entrañablemente con sus antiguos compañeros de escaño. Ese espectáculo, tan poco aleccionador como el de los propios jueces peleándose entre sí que hemos contemplado después, por aquello de que toda situación es siempre susceptible de mayor deterioro, es el que se pretende atajar con esta ley.
Ha habido luego, en efecto, añadidos ocasionales más o menos oportunos u oportunistas, y han entrado en juego los magistrados del Tribunal Supremo; se ha regulado el Centro de Estudios Jurídicos y otro aspecto que conviene no olvidar: se reconoce el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Consejo de Hombres Buenos de Murcia.
Todo esto ha acabado incluido en el proyecto. Las enmiendas de la exposición de motivos lo único que hacen es justicia a estos incrementos y, por tanto, justifican elementos que no estaban presentes, lógicamente, en su versión original. Hay otras enmiendas que lo que introducen son mejoras de redacción en lo relativo al no desempeño de funciones jurisdiccionales por los jueces que han intervenido en la política activa, que antes de volver a ejercer esas funciones jurisdiccionales, para preservar la independencia objetiva, deberán esperar tres años.
Nosotros hemos optado por salvaguardar esa independencia y no le hemos dado importancia a un argumento que, afortunadamente, hoy aquí no ha surgido, y es la posibilidad de fraudes de ley por parte de los jueces para apuntarse a un bombardeo y disfrutar de no se sabe qué prebendas.
Nosotros confiamos en que eso no ocurra, porque tenemos muy buena opinión de los jueces.
Hay una enmienda que reintroduce en la disposición transitoria segunda la dimensión retroactiva que a estas medidas se atribuía en el proyecto. Yo creo que esa previsión es susceptible de un doble enfoque. Desde un punto de vista político, respondía, sin duda, a la voluntad de los autores y autoras del proyecto de no establecer unas limitaciones para jueces de carrera que participaban en la política --como es el caso-- y sustraerse al juego de esas limitaciones. En esta misma Cámara, el propio señor Jover, en su intervención inicial, hablaba de cómo en lugar de pasar a la situación de servicios especiales, como sucede con todos los demás funcionarios, pasarán a una situación de excedencia que, como sabemos, no comporta reserva de plaza ni ningún tipo de derechos ni de ejercicio, a efectos de ascensos, antigüedad, etcétera. Eso que se entendía como una limitación es a lo que los autores del proyecto no querían sustraerse. Y le recuerdo una actitud, también muy digna de elogio, que en esta Cámara suscribieron algunos diputados socialistas cuando se debatió la LRU y se contempló la posibilidad de que los profesores agregados pasaran a ser catedráticos en su propia plaza, puenteando en los concursos a compañeros más antiguos. En aquella ocasión, el entonces presidente de esta Cámara, mi amigo Gregorio Peces-Barba, y algunos otros diputados socialistas se comprometieron a no acogerse a esa cláusula; un detalle ético poco frecuente, por cierto, que se ha repetido en este caso desde el punto de vista político al contemplar la retroactividad de estas medidas.
Admitimos que, desde un punto de vista de rigor jurídico, es un principio claro el de evitar en lo posible el efecto retroactivo de normas limitadoras de derechos, no de normas que conceden vacaciones pagadas, porque entonces, evidentemente, no vemos qué problema habría, sino de normas limitadoras de derechos, como también dijo en su día el señor Castellano en su intervención, en tonos bastante expresivos. Compartiendo y elogiando la actitud ética de la ministra, hemos mantenido el efecto retroactivo de esta norma, pero atendiendo además a argumentos concretos de grupos parlamentarios que nos dicen que en gobiernos autonómicos hay jueces que están desempeñando cargos afectados por esta ley, a los que no tienen por qué afectar los detalles éticos de la ministra, vamos a acogernos a ese rigor jurídico y no vamos a votar esa retroactividad, una vez que ha quedado claro qué fue lo que políticamente lo motivó y una vez pasados por alto algunos detalles de mal gusto que el debate en el Senado permitió indebidamente que afloraran.
Igualmente, vamos a ocuparnos también de las enmiendas en las que se amplía el número de cargos públicos que podrían desempeñar los magistrados del Tribunal Supremo sin perder la categoría de tal. Hemos

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compartido desde el principio la idea de una magistratura de ejercicio, y entendemos que la ampliación de tres a siete supuestos, contemplados esos cuatro supuestos adicionales uno por uno, tiene una absoluta lógica. Se propone, por ejemplo, que un magistrado del Tribunal Supremo pueda ser fiscal general del Estado sin dejar de ser magistrado del Tribunal Supremo; de los últimos, dos lo han sido. Sin duda, un magistrado del Tribunal Supremo puede ser un espléndido fiscal general, pero también es obvio que esas cuatro excepciones, muy respetables, desvirtúan absolutamente la magistratura de ejercicio. Esta es la razón por la cual vamos también a votar en contra de esa enmienda y vamos a dejarlo en los tres supuestos con los que salió de esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ollero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor presidente. Termino enseguida.
Hay otra enmienda que se ha acogido a sugerencias que se expresaron en el debate de esta misma Cámara, en el sentido de que se respeten los mandatos de los cargos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial por cinco años hasta que se agoten, sin obligarles a abandonar ese cargo para no perder la condición de magistrados del Tribunal Supremo.
Un aspecto muy debatido y que quiero recordar es el de las retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo. Modestias aparte, se presume que el legislador es inteligente, nos incluimos todos, somos inteligentes, se supone, y aquí ha habido unas enmiendas en las que se pretendía una equiparación mecánica de las retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo con las de los del Tribunal Constitucional, y esas enmiendas no han sido aprobadas; por tanto, el inteligente legislador no está de acuerdo. Además, el Senado ha introducido un nuevo elemento, diciendo que cada año en los Presupuestos Generales del Estado se contemplarán las retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo.
Si hubiera habido una equiparación mecánica, sería absurda esa previsión.
La hay en el proyecto respecto a los fiscales de Sala, que quedan mecánicamente equiparados a los magistrados del Tribunal Supremo y, por tanto, una vez que se incrementen las retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo, no habrá que hacer nada más respecto a los fiscales de Sala; sin embargo, sí que hay que hacer algo, año tras año, respecto a los magistrados del Tribunal Supremo, aunque ni siquiera incrementaran su sueldo los del Tribunal Constitucional. En consecuencia, queda bastante clara cuál es la voluntad del legislador.
Estas son las enmiendas que entendemos más significativas y esta es la postura que nuestro grupo va a tomar. Reiteramos nuestra satisfacción al acabar el trámite de esta norma, cuyos frutos habrá que esperar para juzgarlos. Si de verdad se eliminan estos atascos --perfectamente subsanables-- de recursos de amparo, que al fin y al cabo prolongan los procesos en perjuicio de terceros, y, por otra parte, se mejora la opinión que a los ciudadanos merece la apariencia de imparcialidad de los jueces, a la hora de la verdad este proyecto, después de todo, habrá sido un éxito.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ollero.


-- PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO (Número de expediente 121/000025)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la consideración de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del Gobierno.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Afortunadamente, he podido hacer una lectura sosegada y sin sobresaltos de este proyecto de ley del Gobierno que nos viene del Senado, lo cual sirve de prólogo para decir que, por parte de Coalición Canaria, señor presidente... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, señorías, por favor.
Continúe, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar afirmativamente todas las enmiendas que nos llegan del Senado, en primer lugar, dando un testimonio de solidaridad y de apoyo con lo que tiene que ser la función de un Gobierno, para que el Ejecutivo pueda desarrollar todos sus proyectos, tanto los emanados de esta Cámara como aquellos que son propios de esta actividad.
Nos tenemos que congratular con que el principio de doctrina de las leyes del Gobierno de la democracia en España sigan consagrando y manteniendo el principio en cuanto a la figura principal del Gobierno que es el presidente. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) De las tres figuras posibles en el Derecho comparado, incluso con antecedentes, por ejemplo, en la República en España, nos adscribimos a la definición que en este caso el presidente del Gobierno tiene. Es un presidente de Gobierno, no se trata de un primer ministro ni se trata de un presidente del Consejo de Ministros.


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Quiero destacar, señor presidente, dos de las enmiendas --porque la mayoría de las que ha introducido el Senado han sido puramente de estilo, de corrección gramatical-- que vienen ex novo. En primer lugar, la que está dirigida al artículo 23.4, cuando habla de la nulidad de resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento. Creo que es importante destacarlo y va a merecer, como digo, nuestro apoyo. Porque, muchas veces, dentro de la propia Administración, ha habido excesos de poder cuando se dictaban resoluciones administrativas que vulneraban reglamentos, aunque estuvieran aprobados por órganos inferiores a quien ahora los vulneraba.
Finalmente, creemos que es un acierto la disposición adicional segunda, que viene a singularizar, dentro de la estructura de este proyecto de ley, el Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno español, que se va a ajustar a lo que aquí se dice sin menoscabar ninguna de sus actividades. Esta es una disposición adicional exacta, correcta, ortodoxa, que trae la figura del Consejo de Estado sin inmiscuirse en ningún aspecto reglamentario del mismo.
Por todas estas razones, señor presidente, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado a este proyecto de ley del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Concluimos hoy la tramitación de otra ley que desde el primer momento mereció el juicio positivo del grupo al que represento. Llegamos incluso a la tramitación ante esta Cámara con sólo dos enmiendas pendientes porque las demás habían sido aceptadas durante las negociaciones previas a su presentación en el Congreso. Nos restaban, digo, dos enmiendas: una, de carácter eminentemente técnico, que era la referida a la inderogabilidad singular de los reglamentos, que no fue aceptada en esta Cámara pero sí lo ha sido posteriormente en el Senado y nos felicitamos por ello; y otra, que tenía un matiz marcadamente político, que era la que hacía referencia a la posibilidad de introducir la moción de censura individual de los ministros, que no ha sido finalmente recogida.
Nos parece particularmente feliz otro añadido que ha sido incluido en la tramitación en el Senado al artículo 10, cuando respecto de los gabinetes se dice que los miembros de los mismos realizan tareas de confianza y asesoramiento especial, sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración general del Estado o de las organizaciones adscritas a ella. Creemos que de esta forma se termina de una vez con los llamados asesores ejecutivos que, siendo asesores, ejercitaban potestades públicas. Garantiza que no se realicen tareas de gestión por este tipo de personal y creemos que en un futuro deberá completarse y matizarse con un adecuado régimen de incompatibilidades, porque si bien este personal puede no gestionar, sí puede determinar la adopción de decisiones por parte de otros o participar en organismos en los que se tomen este tipo de decisiones.
En relación con el artículo 23, ya me he referido a que, por enmienda del Grupo Vasco, se ha introducido la inderogabilidad singular de los reglamentos.
Más dudoso nos parece el añadido que se hace en la disposición adicional segunda. Estamos absolutamente de acuerdo con el contenido en lo referido al Consejo de Estado, pero nos parece un precepto totalmente superfluo y del que incluso podría afirmarse lo que el Tribunal Constitucional dijo en la sentencia 214/1989: o es inconstitucional o es superfluo, porque es repetición de lo que ya se recoge en otros textos legales. Su anulación o su desaparición no ocasionaría vacío legal alguno. No obstante, como su introducción obtuvo el consenso de todos los grupos en el Senado, será favorablemente votado por mi grupo, pese a este comentario de tipo técnico que hacemos en este momento.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente El Grup Parlamentari Català valora positivamente este proyecto, la regulación necesaria y conveniente del Gobierno como un complejo orgánico con órganos unipersonales y colegiados, sometido a los principios que en ella también se indican de dirección presidencial, primacía, colegialidad, responsabilidad colectiva y, finalmente, departamentalidad.
En cualquier caso, y entrando a valorar ya las enmiendas introducidas por el Senado --anticipo que mi grupo las votará favorablemente--, queremos hacer referencia a tres aspectos fundamentales: por un lado, una valoración muy positiva de la concreción de las secretarías de Estado no como órganos de apoyo sino, precisamente, como órganos de colaboración del Gobierno, sin integración en el mismo, perspectiva en la que estamos totalmente de acuerdo. En segundo lugar, nos manifestamos favorables a la introducción en esta ley del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. Fue una propuesta de enmienda que tenía el Grupo Parlamentari Català pero en su día se nos dijo que este principio constaba en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

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administrativo común, por lo que no fue presentada. Sin embargo, ahora ha sido incorporada por el Senado y nos tenemos que manifestar favorablemente. Finalmente, y para no cansar a SS. SS., hay que decir que estamos de acuerdo con el señor Mardones en que la introducción o la referencia al Consejo de Estado es exacta, correcta y ortodoxa, pero también es absolutamente innecesaria. Quizá hubiéramos podido obviarlo en la medida en que el artículo 107 de la Constitución lo regula suficientemente con la Ley Orgánica del Consejo de Estado, de 22 de abril de 1980. En cualquier caso, como se ha manifestado, se aprobó en el Senado, no vamos a ponernos quisquillosos en este caso y procederemos a votarlo también favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
En su momento Izquierda Unida no votó a favor de esta ley por una serie de razones que argumentó, aunque valoró positivamente la presentación de la ley, el desarrollo del debate y las conclusiones finales porque consideraba que innovaba de forma profunda el ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo mostró su desacuerdo presentando algunas enmiendas respecto, por ejemplo, a ampliar los ámbitos de relación del Gobierno con la sociedad y diversas instituciones, el control concreto y explícito del Gobierno o la reprobación singular que se pudiera hacer a cualquier ministerio o ministro, no únicamente al Gobierno de forma colectiva, y por eso no pudimos votar a favor. Las enmiendas que vienen del Senado vamos a votarlas a favor porque se han hecho correcciones técnicas, de puntos y comas, y sería negativo por nuestra parte que no valorásemos ese sabio trabajo del Senado en la mejora de la ley. Por tanto, como nos parecen absolutamente secundarias en el contenido de la ley las correcciones del Senado, vamos a votar a favor estas enmiendas técnicas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Frutos.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Suárez Pertierra.


El señor SUAREZ PERTIERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, este es un proyecto de ley de especial relevancia, como han destacado otros grupos políticos. Lo hemos dicho en el Congreso y en el Senado. Es un proyecto de ley que regula el Gobierno en desarrollo de la Constitución y lo hace distinguiéndole de la Administración de tal manera que la Ley del Gobierno, cuando se apruebe, y la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, Lofage, van a constituir un cuerpo unitario que debe ser interpretado conjuntamente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha venido apoyando en el trámite del Congreso y del Senado este proyecto de ley en buena medida porque se basa --y así lo ha reconocido el Gobierno en su presentación del proyecto en esta Cámara-- en el proyecto de ley presentado por el último Gobierno socialista que decayó cuando se disolvieron las Cámaras. Esto ha permitido, así como el desarrollo de las conversaciones mantenidas entre los grupos parlamentarios, conseguir un amplio consenso en relación con este proyecto de ley. Es verdad que a nosotros nos hubiera gustado que este consenso hubiera llegado más lejos en algunos aspectos de mayor importancia, y señaladamente en algunos de los aspectos que han sido citados por otros grupos parlamentarios, por ejemplo, incompatibilidades de determinados miembros de los gabinetes de presidente y vicepresidente, concretamente en relación con el problema del control jurisdiccional de los actos de gobierno. El Grupo Popular no ha querido aceptar un planteamiento que dejara a salvo el principio de división de poderes y que asignara al Parlamento su función exacta en relación al control de aquellos actos de gobierno que no tienen componentes de carácter administrativo. Mi grupo cree que esto va a producir una distorsión y una confusión en el ordenamiento jurídico y va a crear problemas para la aplicación del Derecho por parte de los tribunales de justicia, sobre todo si se tiene en cuenta que la doctrina del acto de gobierno sí que está admitida en el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa que en estos momentos se está tramitando en esta Cámara y que incluso está recogida en el proyecto de ley de cooperación jurídica internacional que hace poco hemos debatido. La Ley del Gobierno es el lugar adecuado para que pudiera producirse esa definición del control de los actos de gobierno, no se ha podido hacer así y ello va a generar, entiendo yo, una confusión en la aplicación del ordenamiento jurídico. En cualquier caso, mi grupo va a seguir apoyando las enmiendas del Senado porque tienden a mejorar el proyecto de ley.
Probablemente alguna de ellas, como ha dicho otro portavoz, podría considerarse superflua. Quizá la inclusión de la referencia al Consejo de Estado, que tiene su propio ordenamiento específico en este proyecto de ley, puede ser superflua, pero entendemos que no daña abundar en la definición de la autonomía de este alto órgano consultivo del Estado.
Estamos de acuerdo también, por destacar otra cuestión que me parece de relevancia, con la configuración que se hace respecto a los secretarios de Estado en este proyecto de ley. Son órganos de colaboración diferenciados de los órganos de apoyo y de los órganos profesionales de la Administración.


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El proyecto de ley define exactamente a los secretarios de Estado como órganos de colaboración muy cualificados del Gobierno al frente de importantes parcelas de la actividad política. Tómese nota de esta configuración en relación con el tratamiento retributivo que ahora se pretende atribuir a los secretarios de Estado y que, en contra del camino que anuncia este proyecto de ley, que muy pronto se va a convertir en ley, les acerca en su tratamiento jurídico y técnico a otros órganos inferiores y profesionalizados de la Administración.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Suárez Pertierra.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor presidente.
Señorías, han tenido que pasar 19 años para que tuviese desarrollo uno de los preceptos de la Constitución de 1978, concretamente el referido a una de las instituciones fundamentales del Estado democrático cual es el Gobierno. En efecto, el artículo 98 se remitía a una ley posterior de desarrollo, hasta ahora inexistente, en cuanto a la concreción normativa de una serie de aspectos que afectan al Poder Ejecutivo. Igualmente la Ley de 16 de agosto de 1983 recordaba, incluso reiteraba al Gobierno el deber de remitir pronto a esta Cámara un proyecto de ley que diese cumplimiento a este mandato. Quisiera recordar que ya en la anterior legislatura el Grupo Parlamentario Popular elaboró, remitió y presentó a esta Cámara una iniciativa parlamentaria en este sentido. Más recientemente, en el programa electoral del Partido Popular, al igual que en el discurso del candidato a presidente del Gobierno, en mayo del año pasado, el Partido Popular asumió este compromiso. Se han culminado ya los trabajos parlamentarios y hoy se procede a su aprobación definitiva.
El hecho de que la Constitución no exija leyes orgánicas o mayorías cualificadas para la regulación del Gobierno, a diferencia de lo que sucede en otros órganos constitucionales, no impide que se haya intentado y se haya conseguido el mismo fin: un texto con el suficiente respaldo parlamentario que se proyecte en el tiempo con vocación de permanencia y estabilidad. En ese sentido, como señalábamos en su momento en esta Cámara y reiteramos hoy, no es ésta una ley del Gobierno del Partido Popular sino una ley para el Gobierno de España, cualquiera que fuera el partido mayoritario. Esta línea de actuación ha tenido reflejo en todos los miembros de esta Cámara, de una manera especial en los ponentes, habiéndose aceptado ya en su momento un grandísimo número de enmiendas en el Congreso. En ese sentido, como el gran trabajo se hizo en el Congreso fueron muy pocas las enmiendas que se presentaron en la Cámara Alta. Casi todas ellas fueron reproducción de unas no aceptadas aquí y en general de menor importancia, hasta el punto de que el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Alta manifestó estar dispuesto a retirar todas ellas simplemente a cambio de una, la enmienda número 13 al artículo 26.
Las enmiendas introducidas en el Senado, a todas las cuales votaremos favorablemente, lo que hacen es introducir precisiones técnicas, además de añadir una mención explícita al Consejo de Estado; mención tal vez innecesaria, pero no debe olvidarse que el Consejo de Estado es mencionado en el título que la Constitución dedica al Gobierno y a la Administración y que, además, la propia Constitución lo califica como el supremo órgano consultivo del Gobierno. Con todo ello queda el texto legal que se ocupa primeramente de la composición del Gobierno. Como es sabido, el artículo 98 dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que además del presidente y los vicepresidentes en su caso --se mantiene el carácter no necesario o disponible-- pudieran formar parte del Gobierno otros miembros que estableciera la ley. Durante este tiempo se ha venido especulando sobre la posibilidad o conveniencia de que los secretarios de Estado, figura creada en plena transición, en el año 1977, formasen parte del Gobierno. Frente a las anteriores polémicas y los intentos iniciales de otros grupos mayoritarios, lo cierto es que el proyecto de ley zanja definitivamente la cuestión, pues si bien potencia el status y el ámbito funcional, no los califica en ningún momento como miembros del Gobierno.
Por otra parte se regula el estatuto de los miembros del Gobierno, los requisitos de acceso al cargo, el nombramiento y cese y el sistema de incompatibilidades, de forma suficientemente clara y conforme a lo que dice la Constitución. Igualmente se contienen las reglas relativas al funcionamiento del Gobierno, la convocatoria, el orden del día, las actas, etcétera. En ese sentido, a propósito de los órganos de colaboración y apoyo, quiero destacar que por ver primera en el Derecho español aparecen mencionados en una norma con rango formal de ley los gabinetes como órganos staff. Otra de las novedades que recoge el proyecto de ley --y quisiera referirme a ella-- es la regulación del Gobierno en funciones, al cual se le impone el deber de facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo, imponiéndose al presidente del Gobierno en funciones una serie de limitaciones. Finalmente, y además de detallar el procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general y los reglamentos, habiéndose incorporado una enmienda que sin duda vamos a votar favorablemente, cual es el principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, se regulan las diversas formas de control de los actos del Gobierno a nivel político, a nivel constitucional y a nivel jurisdiccional. En ese sentido

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entendemos --y es un gran acierto-- que se supriman las parcelas de inmunidad que hasta ahora venían existiendo, declarándose la plena sujeción de la totalidad de los actos del Gobierno al control por los tribunales de justicia.
Estas son --y concluyo, señor presidente-- algunas de las singularidades que recoge el proyecto de ley que hoy aprobamos definitivamente. Quisiera expresar la más efusiva felicitación a todos los ponentes que intervinieron, tanto en esta Cámara como en el Senado, en la labor realizada. Les agradezco su actitud positiva y de diálogo. Con esta ley que representa que el Poder Ejecutivo va a ser limitado, condicionado, mediante norma aprobada por representantes del pueblo, estamos realizando una tarea de revitalización de las instituciones, de fortalecimiento del Estado de Derecho y de impulso democrático.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel.


-- PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS (Número de expediente 121/000032)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mostramos nuestra satisfacción porque hoy hayamos llegado en esta Cámara al trámite final de este proyecto de ley del servicio jurídico del Estado. Habíamos presentado una serie de enmiendas que fueron bien recibidas y aprobadas en el trámite en el Congreso de los Diputados y ahora vamos a expresar nuestra opinión y el sentido de nuestro voto sobre las que vienen del Senado.
La Cámara Alta ha aportado dos modificaciones sustanciales y sustantivas.
La primera es referente al artículo 15 y, a nuestro juicio, es el único lunar que nos obliga a hacer una serie de críticas porque en todas las demás enmiendas procedentes del Senado estamos de acuerdo. Quiero significar que mi grupo no está en contra del fondo de este artículo 15, nuevo, que viene del Senado, referido al fuero territorial del Estado. Lo que no nos parece ortodoxo, lo que no nos parece correcto en técnica legislativa es que esta ley de la asistencia jurídica al Estado se aproveche para hacer una modificación, tanto con este artículo 15 como con la enmienda que se relaciona por efecto del mismo con la disposición derogatoria única, añadiendo en un nuevo apartado c), y que al introducir en el texto articulado de esta ley del servicio jurídico del Estado el fuero territorial del Estado obliga a modificar el artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vuelvo a decir que en el fondo estamos de acuerdo, pero no entendemos que este proyecto de ley sea el marco para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en estos aspectos, a menos de que la ley hubiera traído en vez de un artículo 15 una disposición adicional a este respecto, redactada desde el punto de vista del servicio jurídico del Estado, no señalando qué juzgados provinciales son los que tienen que entender de esta cuestión. No es esta ley que regula el comportamiento del servicio jurídico del Estado, de la Abogacía del Estado, la que tiene que decir a los órganos de la justicia dónde tienen ubicadas sus competencias. Esta es, señor presidente, la reserva que nos lleva --solicitaremos en su momento la votación separada-- a abstenernos en la votación. No votaremos en contra porque vuelvo a decir que estamos de acuerdo en el fondo de lo que se plantea.
La otra enmienda singular que viene del Senado se refiere a una nueva disposición adicional sexta relativa a las Cortes Generales y a la Junta Electoral Central. Queremos que en la comparación con otros cuerpos jurídicos del Estado se salvaguarden todas aquellas peculiaridades y no se creen efectos negativos. Me considero en la obligación moral de poner el cuerpo de letrados de las Cortes Generales en su lugar oportuno en este proyecto de ley. Se produjo una omisión en el trámite de esta Cámara cuando el proyecto del Gobierno hacía unas excepciones de ámbito orgánico respecto a las competencias del cuerpo de abogados del Estado --como era la referida al Ministerio de Defensa en cuanto a las competencias del cuerpo de jurídicos militares; incluso la ley trae un artículo 10 específico para la jurisdicción militar-- y cuando también hacía una advertencia de reserva de competencias de los cuerpos respectivos, tanto en el área de la asesoría jurídica internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores como en el cuerpo de letrados de la Seguridad Social.
Vamos a votar favorablemente esta enmienda a la disposición adicional sexta porque sobre todo en su última parte, que es con la que estamos más de acuerdo en el fondo y en la forma, dice que las menciones a los abogados del Estado se entenderán hechas a los letrados de las Cortes Generales. Qué menos que si había una reserva de competencia profesional en el área del Ministerio de Defensa con el cuerpo jurídico militar, en el área de la Seguridad Social y en la del Ministerio de Asuntos Exteriores, se reconociera el pleno derecho de este órgano máximo legislativo con su prestigioso cuerpo de letrados. Lo que no me parece tan afortunada es la redacción que trae el Senado para equiparar la competencia de los presidentes de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado. Desafortunada

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redacción que dice que este principio competencial le viene al presidente del Congreso y al presidente del Senado porque lo tiene el director general del servicio jurídico del Estado. Ni desde el punto de vista de representación institucional --y hablo como diputado-- de los derechos de esta Cámara, quien ocupa la tercera figura de rango de representación jerárquica en el protocolo del Estado, después de su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno, puede recibir una competencia en razón de que la tiene un director general que va a depender, como dice el texto de la ley, del ministro correspondiente, sea el de Justicia o como lo fue el de Hacienda en su día con respecto al cuerpo de abogados del Estado.
Hemos defendido las competencias de estos cuerpo, pero pediría la consideración del respeto institucional que merece la Presidencia de las Cortes Generales e igualmente las Mesas del Congreso y del Senado.
Era la única observación que quería hacer, señor presidente. Como estamos de acuerdo y me congratulo de que se reconozca aquí la parte competencial que afecta al cuerpo de letrados de las Cortes Generales, votaremos afirmativamente y esperemos que algún día alguien corrija, por un principio de protocolo institucional, el lugar de soberanía que corresponde a las Mesas y a las Presidencias de estas Cámaras.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente. (Rumores.) Nos encontramos ante otro texto legal cuyo proyecto tuvo desde el primer momento...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora Uría.
Señorías, les ruego guarden silencio. ¡Señor Blanco! Las dificultades de los diputados fijando posición desde el escaño es mucho mayor. Muchas gracias.
Puede continuar, señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Decía que estamos nuevamente ante un proyecto de ley que desde el primer momento gozó del apoyo del grupo al que represento. Se trata de un texto que articula la defensa en derecho del Estado, tarea tan dignamente desempeñada por un cuerpo tan prestigioso como es el de la Abogacía del Estado. Además, desde nuestra óptica el texto que examinamos tenía otro mérito, ya que es la primera vez que se tenía en consideración en un texto procesal la existencia de las comunidades autónomas en cuanto posibles sujetos en las relaciones ante los tribunales, que únicamente había sido tenido en cuenta hasta el momento en la breve precisión del artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Votaremos favorablemente todas las enmiendas que han sido introducidas en el Senado, en concreto la referida al artículo 15 que da una nueva redacción al artículo 71 de forma que resulta también aplicable a las comunidades autónomas y que se adecua a las exigencias de un Estado definido como autonómico y totalmente avenido a los parámetros de constitucionalidad marcados por el auto del pleno del Tribunal Constitucional número 324/1993, de 22 de octubre. También se introduce en Senado una disposición adicional sexta que hace referencia a las Cortes Generales y a la Junta Electoral Central. Nos parece extraordinariamente correcto su contenido, aunque quizá desde un punto de vista técnico el lugar más adecuado, puesto que garantiza la autonomía de la Cámara, sería el propio Reglamento de la Cámara. En este caso no se trata de una disposición superflua, como he indicado en el proyecto de la Ley del Gobierno en relación con las previsiones del Consejo de Estado, porque a lo ahora establecido añade una matización, y es que hace a los letrados de las Cortes defensores de la Junta Electoral Central, cuestión que había sido suscitada y puesta en duda por los tribunales. La previsión nos parece correcta, aunque ya decimos que creemos que puesto que está en elaboración el Reglamento de la Cámara debiera allí tenerse en cuenta, como lugar más adecuado. Repito que votaremos afirmativamente todas las enmiendas introducidas por el Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
También con la brevedad que estoy seguro SS. SS. me agradecerán, el Grupo Parlamentari Catalá votará a favor de este texto porque entiende que supone una auténtica compatibilización del principio y del derecho de la tutela judicial efectiva con el del servicio, por parte de la Administración, con objetividad a los intereses generales sometido al principio de eficacia. Desde luego nuestro grupo votará en favor de la enmienda introducida por el Senado, el nuevo artículo 15, recordando que no es la única disposición de carácter procesal que se contiene en esta ley, ya que en sus disposiciones adicionales se definen como procesales los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15. Por otra parte, votaremos también a favor de la nueva disposición adicional sexta, haciendo nuestras las palabras pronunciadas por la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor presidente.
Quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» del voto favorable por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la medida en que las enmiendas introducidas por el Senado vienen a responder al mismo espíritu que inspiró el trabajo en esta Cámara y, efectivamente, rellenan algún vacío en lo que se refiere a una modificación procesal inexcusable después de lo que la misma ley contiene.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente. También seré breve.
El Grupo Socialista presentó en su día enmienda a la totalidad al proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas presentado por el Gobierno del Partido Popular. Obviamente, no es momento este trámite para retrotraernos a ciertos aspectos y afirmaciones que realizamos entonces. Sí tenemos que reconocer, y así lo hago en este momento, que buena parte de las críticas que entonces hacíamos y que justificaban aquella enmienda a la totalidad han sido corregidas a lo largo de la tramitación, al haberse aceptado --en una actitud, tengo que reconocerlo, relativamente positiva del ponente señor López-Medel-- una buena parte de las enmiendas que el Grupo Socialista presentó y que justificaban y ponían de manifiesto la procedencia de aquella enmienda a la totalidad. Criticábamos un alto grado de corporativismo en esta ley que, sin haberse corregido del todo, sí al menos se ha hecho en cierta parte o en algún punto.
Desde el punto de vista de la tramitación en el Senado, nos parece que no son importantes las modificaciones que se han propuesto y, aunque algunas son de cierto calado, vamos a dar por reproducidos los argumentos que ya habíamos expuesto. Sin embargo, no puedo por menos que poner de manifiesto algunos aspectos que nos parecen importantes y de cierta gravedad que no han sido corregidos en esta ley. Para resumir, me voy a limitar tan sólo a dos de ellos. Uno es el artículo 1º de la ley. No entendemos el porqué --casi se reconoce y sin embargo no se ha corregido-- mediante ley ordinaria cambiamos el contenido literal del artículo 447.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto que establece preceptivamente la asistencia y representación en juicio del Estado de los organismos autónomos --salvo que en sus normas propias establecieran lo contrario-- y de los órganos constitucionales, en todo caso, a los abogados del Estado. Pues bien, hemos quebrado ese principio e invertimos --y así queda en la ley que previsiblemente se va a aprobar en pocos minutos-- el tratamiento de organismos autónomos y de órganos constitucionales. No lo entendemos, insisto, y ésta es una crítica de la que nuevamente queremos dejar constancia en el «Diario de Sesiones» porque estamos vulnerando un claro principio de que, por ley ordinaria, vamos en contra de lo establecido en una ley orgánica.
También queremos hacer referencia, porque ha sido objeto de una enmienda puntual en el Senado, al artículo 7º de la ley que se refiere a la disposición de la acción procesal, que a nuestro juicio se ha mejorado ligeramente en el sentido de que para desistir de la acción, separarse de querellas, allanarse, etcétera, se autoriza al abogado del Estado, y ahora se refuerza al incluir la autorización expresa de la dirección del servicio jurídico del Estado. Pues bien, insistimos en que nos parece un error claro ya que la disposición de la acción procesal debe corresponder a nuestro juicio, en todo caso, a quien es titular de esa acción procesal, que no es otro que el Ministerio correspondiente. Insistimos en que hemos querido hasta el final que esto se modificara, no ha sido posible y entendemos que es un error.
Por lo demás, anunciamos que, como esto se parece muy poco a lo que se presentó en su día porque se ha dado la vuelta como un calcetín, utilizando la expresión del propio señor López-Medel, el Grupo Socialista votará favorablemente a las enmiendas que vienen del Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Villarrubia.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Muchas gracias, señor presidente.
Concluimos hoy los trabajos parlamentarios de este proyecto de ley regulador de la asistencia jurídica al Estado y cuya iniciativa correspondió al Ministerio de Justicia. En estos momentos se encuentran en esta Cámara un gran número de proyectos de ley remitidos por ese departamento: proyecto de ley regulador de la multipropiedad, de las condiciones generales de contratación, de la jurisdicción contencioso-administrativa, hoy mismo modificamos la Ley Organica del Poder Judicial, etcétera.
En este contexto de profusión normativa asistimos a la aprobación definitiva de este proyecto de ley, que trata de una materia, la asistencia jurídica al Estado, que se encuentra regulada por normas muy antiguas, por normas de contenido y vigencia dudosa o al menos confusa.
Basta recordar el Reglamento orgánico de 1943, e incluso nada menos que un Estatuto de 1925.


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Frente a ello, la presente ley lo que tiene por finalidad es dar una eficaz respuesta a la necesidad de instrumentar una Administración que sea austera, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades modernas, y también que regule el sometimiento jurídico pleno de la Administración a la Constitución y al Derecho.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que en un Estado democrático, en el cual la soberanía del pueblo se crea a través de los representantes en el Parlamento, se debe debatir precisamente en este ámbito, y no mediante decretos u otro tipo de normas, la regulación de algo tan importante como son las especialidades procesales del Estado, contribuyendo así a robustecer el principio de la seguridad jurídica.
Por ello, por las importantísimas funciones que representa el asesoramiento en Derecho y defensa en juicio de las administraciones públicas, las cuales encarnan --y quiero subrayarlo porque es muy importante-- los intereses generales, y también por lo que supone recoger en una norma con rango formal de ley estas especialidades o singularidades procesales, se justifica, sin duda alguna, la necesidad de esta ley.
Desde luego, habría sido un disparate dictar una norma reglamentaria, tal y como en su momento se arguyó en algunas de las enmiendas formuladas a la totalidad diciendo que sería suficiente; sería un disparate que fuera precisamente el Ejecutivo el que se autoconcediera a sí mismo, mediante un reglamento, mediante una norma o mediante una orden, las especialidades procesales que han de regir su actuación ante los tribunales.
Es cierto, señorías, que la ley ha cambiado notablemente en el trámite parlamentario, pero no debe olvidarse que la voluntad política del Ministerio de Justicia era, con la finalidad indicada, traer aquí este proyecto. En todo caso, como he dicho, las leyes las elaboramos y las aprobamos los que somos representantes del pueblo. Esto, sin duda alguna, es bueno. Es bueno que se hayan producido estos cambios, porque se ha actuado, especialmente en el Congreso, con una actitud de diálogo, con una actitud de consenso. Pero esta disposición de diálogo y de consenso no ha sido exclusiva del Grupo Parlamentario Popular, sino de todos los ponentes, que nos esforzamos por algo tan humano, tan necesario en la política, al igual que en la vida, cual es reconocer a veces los unos las razones de los otros. Ello ha hecho posible algo poco frecuente, y es que una ley que nació con dos enmiendas a la totalidad se convirtiera en una ley aceptada en su mayoría por los grupos de esta Cámara. Tan sólo un grupo, el Socialista, mantiene sus reparos a tres preceptos tal y como se contienen en el articulado; preceptos de los cuales sólo uno, el artículo 7, referido a la disposición de la acción procesal, y que fue precisamente introducido a sugerencia del Consejo General del Poder Judicial, puede considerarse importante.
Los grandes cambios ya se introdujeron en esta Cámara, por lo que no es éste el momento para hablar de las enmiendas que no prosperaron ni en el Congreso ni en el Senado. Los artículos que fueron enmendados en el Senado fueron votados por unanimidad en esa Cámara, por lo que, en aras al consenso, también nosotros vamos a dar el apoyo a las enmiendas del Senado.
Son, y con ello voy concluyendo, señor presidente, enmiendas menores, y tan sólo quisiera mencionar dos. La primera se refiere a la introducción de la disposición adicional sexta. Esto tiene conexión con el artículo 1.4, al cual ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista, aunque quisiera recordarle que en la Cámara Alta su grupo no presentó ninguna enmienda a dicho artículo, que hace referencia a los órganos constitucionales legislativos. Entendemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que todo ello debe leerse e interpretarse siempre a la luz del artículo 447 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley orgánica y, por tanto, con rango superior. Como decía, siendo esta una materia que afecta claramente a esta institución, en aras al consenso y también a lo manifestado por los demás grupos vamos a votar favorablemente.
La segunda y última modificación a la que quisiera hacer mención es la que hace alusión al artículo 15, que recoge un principio que consideramos importante, cual es el del fuero territorial del Estado. Ciertamente está ya recogido en el artículo 71 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la reforma que se produjo en abril de 1992. No obstante, entendiendo, como bien ha dicho el señor Silva, que esta ley recoge otras singularidades procesales, este es el sitio adecuado para que venga explicitado. Por ello, votaremos también favorablemente.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel.


-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, Y SE ESTABLECE UNA REDUCCION EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1977, DE 9 DE ABRIL) (Número de expediente 121/000057)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


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El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad del debate de las enmiendas procedentes del Senado al proyecto de ley que modifica la ley de haciendas locales, en referencia al Impuesto de Bienes Inmuebles, sin decir unas palabras.
Quiero fijar la posición de nuestro grupo parlamentario por dos importantes razones. En primer lugar, porque tengo que dar la enhorabuena y felicitar a los senadores del Partido Popular por su gran trabajo parlamentario, por la brillantez de las enmiendas que han presentado a este proyecto de ley y que han consistido en dos cambios del singular al plural, cuatro sustituciones de minúsculas por mayúsculas, la introducción de una coma, la sustitución de «este» por «del» y el cambio de segunda, en letra, por 2º, en número. En definitiva, como se dice vulgarmente por la calle, señor presidente, en dos palabras: im presionante. (Rumores.) En segundo lugar, señor presidente --es lo más serio de mi breve intervención--, pensamos que, en el Senado, el Grupo Parlamentario Popular ha perdido de nuevo una gran oportunidad para devolver la autonomía municipal que quitaron por real decreto a los ayuntamientos y que consagran con la nueva ley al establecer e imponer unas menores bases liquidables en el Impuesto de Bienes Inmuebles, no por el artículo 33, señor presidente, sino por el artículo 3 de esta ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha perdido también la oportunidad en el Senado de evitar la centrifugación de decisiones impopulares a los ayuntamientos de tener que subir los tipos de gravamen a fijar sobre las nuevas bases liquidables en el Impuesto de Bienes Inmuebles, y mantener una recaudación razonable para los gastos necesarios que cualquier municipio español debe realizar a lo largo de un ejercicio presupuestario.
En tercer lugar, ha perdido la oportunidad de restablecer una equidad fiscal atacada por esta ley, que favorece a los mejores y más caros inmuebles de este país y a los defraudadores que han ocultado sus bienes inmuebles hasta una revisión catastral. Y han perdido, señor presidente, una gran oportunidad de mantener y de apostar por un catastro efectivo, moderno, dinámico, justo y solidario. Por eso, señor presidente, como se dice en el argot musístico, no vamos a aprobar estas enmiendas porque nosotros no jugamos a la pequeña.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, y no con tanto agrado como el que ha mostrado el señor Martínez Sanjuán, quiero expresar la posición de mi grupo en torno a las enmiendas del Senado, no sin antes hacer una mención a que hoy concluye el trámite parlamentario de un proyecto que comenzó como decreto-ley y que, por tanto, ya se ha ido aplicando desde el mes de abril. Se han actualizado 130 municipios y más de 1.800.000 unidades urbanas. Hasta el momento, la aceptación social y la de los municipios ha sido total. Los ayuntamientos, que siguen conservando toda su autonomía para la fijación de los tipos, sin embargo, han podido afrontar una reforma que ha significado que de los 130 municipios, 103 han mantenido el tipo impositivo. Podemos concluir que el proyecto fue oportuno y ha dado cumplimiento a la voluntad unánime que esta Cámara manifestó el 28 de noviembre de 1995 al votar por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pedía que se estudiara la adopción de medidas para diferir en el tiempo el impacto derivado de la revisión de los valores catastrales. Hoy hemos dado cumplimiento a esa voluntad de las cámaras a través de un proceso parlamentario donde se han estudiado las medidas positivas de todos los grupos. No hemos estudiado las medidas que suponían mirar hacia atrás, ni las que suponían simplemente la supresión, sino las medidas positivas, las que fueran a mejorar el texto legislativo.
Se han incorporado algunas mejoras técnicas en el Senado que mi grupo va a apoyar. En contra de lo que se ha opinado en esta Cámara, se ha introducido una mejora sustancial en torno a la posibilidad que se daba a los ayuntamientos de elegir un modelo u otro. Por tanto, se concluye una modificación que va a impedir que en el futuro puedan repetirse los catastrazos o las subidas bruscas del Impuesto de Bienes Inmuebles. Se acaba un proyecto de ley que va a hacer que las personas con menos recursos económicos sufran menos las iniquidades del anterior sistema.
Por tanto, mi grupo votará favorablemente.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte

-- PROPOSICION DE LEY SOBRE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCION (Número de expediente 122/000028)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución.
¿Grupos que desean fijar suposición? (Pausa.)

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En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con gran brevedad, dado que la Cámara Alta sólo ha introducido dos enmiendas a la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución. Nada tengo que decir en cuanto a la entrada en vigor contenida en la segunda disposición final, y sí destacar la mejora técnica y de explicitación que trae al artículo único la enmienda que se dirige a los párrafos tres y cuatro. Quiero aclarar el momento procesal del nombramiento de depositario para proceder a la remoción de los bienes a favor del designado, con las garantías precisas, así como los bienes o derechos a designar para que sea suficiente el acto de la traba que acuerde el juzgado.
Nos congratulamos también, señor presidente, por lo que dije en una enmienda anterior a los proyectos presentados aquí, y quiero añadir que es correcto que el marco en que se encuadra esta atendible e interesante proposición de ley en materia de ejecución, que en su día salió de la Cámara y que apoyamos desde el principio, en materia de ejecución, lo que hace es enmarcarlo donde tiene que ser en técnica legislativa de ordenación: en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin recurrir a otro tipo de legislación que afecte a diferente organismo.
Por estas razones, y mostrando nuestra plena satisfacción con la forma y con el fondo, vamos a votar afirmativamente las enmiendas del Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco votará a favor de la única enmienda introducida por el Senado a este texto, porque supone que mejora tanto el texto inicial como el aprobado por el Congreso en relación con el párrafo tres del punto primero del redactado, ya que la petición de que la designación del depositario se hiciera en el escrito de demanda puede tener razón de ser en el juicio ejecutivo, pero el artículo 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplica también a la ejecución de sentencias de los juicios declarativos, respecto de los cuales resulta inadecuado, cuando todavía no se sabe si se va a admitir la demanda a trámite, la designación en ese momento del depositario. Esto ocurrirá en el caso de los declarativos ordinarios, cuando, conforme al artículo 921, la sentencia sea firme y se pueda instar ya a la ejecución. La redacción aprobada por el Senado nos parece adecuada y votaremos a favor de esta modificación.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante todo se felicita porque hoy, con esta última votación, termine el trámite parlamentario de una proposición ley que en su momento presentó a esta Cámara para su aprobación, destinada a mejorar el proceso de ejecución en el recobro de determinados créditos, particularmente aquellos en los que había dificultades para la localización del patrimonio del deudor, que son aquellos créditos que suelen afectar a las pequeñas o medianas empresas, o muchas veces a acreedores particularmente débiles por la pequeña cuantía de lo que se les debe.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lo que hace es mostrar su plena satisfacción por la previsible votación unánime de esta Cámara al texto. Evidentemente, mi grupo va a dar su voto favorable a las enmiendas que se han introducido en el Senado, cuyo contenido ya ha quedado descrito y que en parte hacen referencia al redactado original de la Ley de Enjuiciamiento Civil tal cual fue reproducido por el grupo proponente en su proposición de ley, y no a una modificación que hubiera querido introducir este grupo.
El otro aspecto a destacar es una mejora técnica que se introduce respecto a cuál debe ser exactamente el papel del acreedor ejecutante y la colaboración que debe mantener con el juez. El núcleo de nuestra proposición quedaba claro tal cual salió de esta Cámara, y sigue quedando claro tal cual vuelve a ella después de ser mejorado en el Senado. Ese núcleo consistía, señor presidente, en dos puntos que son los esenciales que esta ley innova. En primer lugar, quiero dejar claro que no es dispositivo lo que hasta ahora lo era y que, por tanto, el juez está obligado a colaborar en la localización de los bienes del deudor moroso cuando no pone a disposición del acreedor bienes para cubrir su deuda en el proceso ejecutivo.
En segundo lugar, algo que nos parece de la máxima importancia es dejar claro que todas las administraciones deben colaborar con la justicia civil, todas ellas, también la Administración tributaria y la Administración de al Seguridad Social. Se corrige así una interpretación errónea que había estado presente hasta ahora en algunas resoluciones de la Agencia Tributaria, de lo que era la Ley General Tributaria, interpretación que ya estaba empezando a corregir, afortunadamente,

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el Tribunal Constitucional, y que desde la aprobación de esta ley queda claro que ya no es válida, aunque sólo sea porque una ley posterior deroga la anterior, si es que hubiera hecho falta esa derogación tan parcial en este punto de la Ley General Tributaria. La Agencia Tributaria, la Administración fiscal, la Administración de los tributos debe colaborar también con la justicia civil en la recuperación de los créditos civiles.
Aceptamos, pues, las enmiendas que vienen del Senado. Nos felicitamos por su aprobación y nos felicitamos porque hoy se ponga a disposición de los acreedores un instrumento mejor para la recuperación de los créditos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Unicamente quiero manifestar que vamos a votar afirmativamente las enmiendas introducidas por el Senado, que, efectivamente, aclaran, de forma afortunada, la posible confusión que se podría derivar del párrafo tercero del artículo 1.454 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En consecuencia, repito, reiterando las anteriores manifestaciones que a lo largo de la tramitación se han hecho sobre el fondo de dicha proposición, ratificamos nuestro posicionamiento a favor de dichas enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, con la brevedad adecuada, la brevedad del propio texto legal, quiero manifestar que el Grupo Socialista va a votar favorablemente las enmiendas aprobadas por el Senado a una ley cuya vigencia desearíamos cortísima. Se trata de una ley --lo dijimos en el debate de toma en consideración-- que es realmente un parche que sencillamente viene a poner por escrito en el «Boletín Oficial del Estado» aquello que es práctica habitual en los juzgados y tribunales del país, por suerte, puesto que se estaba aplicando realmente el contenido del artículo 1.455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También quiero decir que deseamos realmente que la vigencia de la ley sea cortísima; lo deseamos pero no lo esperamos. Creemos que no va a ser así porque estamos, una vez más, fuera de plazo, a la espera de que se cumpla lo indicado, lo prometido, podríamos decir, por doña Margarita Mariscal en su primera comparecencia ante esta Cámara, de traer aquí, en febrero de 1997, el proyecto de ley de enjuiciamiento civil que debe acabar con la vigencia de la ley que hoy estamos votando.
Parece ser que el proyecto no ha entrado en la Cámara --al menos no tengo constancia de ello--; parece ser que el anteproyecto está siendo vapuleado por los técnicos en diversos foros, y nos tememos, por tanto, que nuestro deseo de que la vigencia de la ley que hoy vamos a aprobar sea corta no se va a cumplir, vamos a tener que continuar esperando aún por la ley de enjuiciamiento civil.
Esto es grave, señor presidente y señorías, porque lo cierto es que, tal como dijimos todos los grupos en el debate de toma en consideración, esta ley no soluciona el problema. Esta ley puede colaborar a que realmente estén todos los jueces obligados a hacer lo que ya la inmensa mayoría están haciendo, pero no soluciona el problema. Sólo una reforma real, auténtica y profunda de la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Civil --tan elogiada como inaplicada en la práctica, repito, y de reforma ineludible, necesaria y urgente-- puede llevar a que realmente el principio de tutela judicial efectiva, que conlleva también y de forma especial la ejecución de las sentencias en materia civil, pueda ser una cuestión que esté en marcha en el patrimonio jurídico de todos los ciudadanos. No siendo así, estaremos aún en la situación provisional, cuyo término deseamos, insisto, pero tememos lejano.
En cualquier caso, si no se produce rápidamente el cumplimiento de lo dicho por parte del Ministerio de Justicia, vamos a aportar nuestras proposiciones, que, desde luego, van a ir bastante más allá que la reforma que hoy apoyamos. Y la apoyamos porque las enmiendas del Senado realmente la acercan más a nuestra idea. Desde luego, parte del mérito sin duda lo tiene la acendrada defensa de nuestras enmiendas en el Senado por parte del senador Casa Casas, y el resultado de ello es que el texto se acerca mucho más, insisto, a nuestras intenciones. Por ello, vamos a votar favorablemente.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Popular votará favorablemente las enmiendas del Senado a la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución.
Esta es una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que fue tomada en consideración por todos los grupos intervinientes y apoyada

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con 312 votos a favor y uno en contra, seguramente por despiste de alguno de nosotros.
La proposición de ley, debatida tanto en el Congreso como en el Senado, ha tenido en cuenta no sólo la concordancia de los artículos 24 y 118 de la Constitución española, sino también el artículo 911 del Código Civil, y ha influido para su consideración la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de mayo de 1996, que hace especial fundamento en el principio de tutela judicial efectiva recogida en nuestra Constitución.
Esta proposición de ley, que reforma los artículos 1.454 y 1.455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución, ha pasado, como es lógico, por toda la tramitación prevista en los reglamentos del Congreso y del Senado. Después de interesantes debates de diputados y senadores, que ostentan, además, la condición de letrados y procuradores y conocen la práctica forense, se ha llegado a la redacción de la que, mediante mensaje motivado del Senado, hemos tenido conocimiento y que entendemos debe ser la redacción final del texto aprobado por la Alta Cámara, por la que se reforma en un precepto el artículo 1.454 y se suprime el párrafo tercero por quedar sin contenido el artículo 1.455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que quedará redactado como nos ha venido del Senado.
Con la aprobación de esta proposición de ley en materia de ejecución entendemos que vamos a conseguir tres cosas importantes: primero, agilizar el procedimiento judicial; segundo, reducir las costas en el procedimiento y, tercero, y muy importante, dar un paso trascendental contra la picaresca de los morosos que no siendo insolventes maniobran ante los acreedores para ser considerados como tales.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Arqueros.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado a los diversos proyectos y proposiciones de ley que se han debatido desde la última votación.
En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector eléctrico, primero en su debate, que vamos a desglosar en quince votaciones.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senado a los artículos 3.2, 12.2, 21.1, 45.4 y disposición adicional decimocuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 176; en contra, 12; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 3.4, 27.2, 41.3 y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 176; en contra, 133; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo 16.8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 186; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas al artículo 16.8 Resto de enmiendas al artículo 16.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 318; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas al artículo 16.
Enmiendas del Senado al artículo 30.4.c), tercer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor 186; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas al artículo 30.4 Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 149; en contra, 170; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas al artículo 30.4.
Enmiendas al artículo 28.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 185; en contra, 130; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 67.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 187; en contra, 133.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 50.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 146; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 4, 6, 7, 8, 9 apartado 1.b), 10, 21.2.b), 25, resto del artículo 30, 39, 48, disposición transitoria segunda, disposición transitoria cuarta, apartado 1, disposición transitoria octava, disposición transitoria novena y decimosexta nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 21.4, primero.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a la disposición transitoria decimotercera, inciso «por punto de suministro o instalación».
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 134; en contra, 186.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el inciso.
Resto de la disposición transitoria decimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 308; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto de la disposición transitoria decimotercera.
Disposición transitoria decimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 174; en contra, 144; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición transitoria decimoquinta con las enmiendas del Senado.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector eléctrico.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 308; en contra, 11; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley del sector eléctrico.
Pasamos a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica, a su vez, del Poder Judicial.
En primer lugar, votamos las enmiendas al artículo segundo, artículos 336.1, 357.3 y 357.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (Rumores.) Señorías, ruego que no confundan al resto del hemiciclo con sus comentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 172; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado a los referidos artículos.
Enmiendas del Senado al artículo segundo del proyecto, artículo 357.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. (Rumores.) Señorías, seriedad, por favor.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 171; en contra, 147.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas al artículo quinto, apartado seis, que responde al artículo 348 bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, apartado 1, excepciones 1ª a 7ª.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 146; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Restantes enmiendas al artículo quinto, apartado seis.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 309; en contra, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas al artículo quinto, apartado seis.
Votación de las enmiendas al artículo séptimo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, uno; en contra, 318; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas al artículo séptimo.
(Rumores.) Enmiendas al artículo octavo, artículos 434, 2, 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 174; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, uno; en contra, 319.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición transitoria tercera, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 174; en contra, 144; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Resto de disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 307; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 309; en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


VOTACION DE CONJUNTO:

-- PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Continuación.)

El señor PRESIDENTE: Se somete ahora a votación final de conjunto el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, por tratarse de una ley de naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 174; en contra, 14; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, al no haber alcanzado la mayoría absoluta de la Cámara exigida por la Constitución para las leyes orgánicas, de acuerdo con el artículo 132 del Reglamento, que leo, el efecto será el siguiente. «El texto resultante de la incorporación de enmiendas introducidas por el Senado y aceptadas por el Congreso será sometido a una votación de conjunto. Si en dicha votación se obtuviera la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, quedará definitivamente aprobado en sus términos. En caso contrario,» --es decir, en el caso que ha resultado de la votación-- «quedará ratificado el texto inicial del Congreso y rechazadas todas las enmiendas propuestas por el Senado».
Continuamos con la votación correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto de ley del Gobierno. Se someten a votación las enmiendas del Senado en su conjunto al proyecto de ley del Gobierno.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno del Congreso.
Votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas. Votamos en dos bloques separados. En primer lugar, votamos las enmiendas del Senado al artículo 15 y disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 317; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. Los portavoces y algunos diputados hacen llegar a la Presidencia que no pueden escuchar con la suficiente nitidez el anuncio de las votaciones. En consecuencia, por una garantía elemental de seguridad jurídica, les ruego que guarden silencio.
Votamos las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno del Congreso.
Vamos a proceder ahora a la votación correspondiente de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, proyecto que procede del Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril. Se hará en una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 175; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno del Congreso.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número de expediente 121/000026)

El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día: Dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
Mantienen vivas sus enmiendas la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster. (Pausa.) No se encuentra en la sala.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ¿desea mantener y defender sus enmiendas? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Uría. (Rumores.) La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, pensaba intervenir el señor Zabalía, que en este momento no... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría Uría.
Señorías, guarden silencio para que puedan continuar el Pleno.
Adelante.


La señora URIA ECHEVARRIA: Perdón, señor presidente, quien iba a intervenir en este punto es el señor Zabalía, que en este momento se ha ausentado del hemiciclo. Aunque sea una irregularidad, le rogaría, si fuera posible, que comenzara dando el turno a algún otro grupo.


El señor PRESIDENTE: Se trata de una cortesía que pueden tener, si lo estiman oportuno, los grupos que mantienen sus enmiendas ante el Pleno, dando lugar, en su caso, a la intervención posterior del señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (Rumores.) El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.-Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa.) Señor Hernández Moltó. (Pausa.) Cuando quiera, señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando se produjo en esta Cámara el debate de totalidad del proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes nuestro grupo ya manifestó su posición al respecto y argumentó que, a pesar de que nosotros considerábamos que dicho proyecto de ley podría estar perfectamente incorporado en una modificación de la Ley General Tributaria, daría luz verde a la tramitación de dicho proyecto, incorporando en todas aquellas enmiendas que pudiéramos presentar, tanto en Comisión como en el Pleno, aquellos aspectos fundamentales que, a nuestro entender, eran necesarios para que la ley tuviera un contenido realmente

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interesante de cara a los contribuyentes, a los derechos y garantías que se manifestaban en dicho proyecto de ley.
Es cierto que en Comisión ha habido debates importantes respecto a enmiendas que ha presentado nuestro grupo referentes a aspectos lingüísticos, concretamente referidos a reforzar los derechos lingüísticos de todos aquellos residentes en comunidades autónomas en las que exista más de una lengua oficial, estas enmiendas han sido aprobadas en la Comisión correspondiente y querríamos destacar como elementos básicos de dichas enmiendas que, a partir de la entrada en vigor de dicha ley, será posible que los textos actualizados de las leyes y reales decretos en materia tributaria se publiquen en las diferentes lenguas oficiales de las distintas comunidades. También hemos incorporado la supresión del artículo 16 porque, a nuestro entender, podría dar lugar a dudas respecto al trato que podrían tener las lenguas cooficiales en relación a todas las cuestiones surgidas entre la administración fiscal y los diferentes contribuyentes de las distintas comunidades autónomas.
También es cierto que en la ponencia de dicha ley se ha cumplido uno de aquellos aspectos básicos para los cuales han de servir las ponencias, que es el debate en profundidad, el intentar llegar al consenso en aspectos importantes y fundamentales. Creemos sinceramente que en el artículo 24, el artículo quizá más importante a nuestro entender que se debatía en este proyecto de ley, se ha conseguido un objetivo como era el debate del plazo de prescripción respecto a las obligaciones fiscales que tienen todos los contribuyentes que, como todas SS. SS. saben, está estipulado hoy en cinco años. El Gobierno presentaba la posibilidad de reducirlo a entre cuatro y seis años, en función de la dificultad y de la complejidad de la inspección a realizar. Nuestro grupo parlamentario presentaba una alternativa que era rebajar dicho plazo de prescripción a entre tres y cinco años, pero también argumentando --esto lo hizo este diputado cuando se debatió el citado proyecto de ley en la totalidad, en esta Cámara-- la complejidad y la litigiosidad que podían surgir de dividir los plazos de prescripción en función de la complejidad de la inspección.
En la ponencia tratamos, sin embargo, de argumentar la posibilidad de que existiera un plazo único de prescripción para todas las obligaciones fiscales de cuatro años. Hubo una colaboración importante de todos los ponentes de las diferentes fuerzas políticas para poder atender a esta demanda, que surgía de las diferentes fuerzas, no solamente de las que apoyaban al Gobierno. En un esfuerzo importante y después de varias sesiones de debate para conseguir la unanimidad de todas las fuerzas políticas presentes en la ponencia, conseguimos finalmente este consenso para que el plazo de prescripción, en una ley tan importante como esta, pudiera ser de cuatro años.
No quería dejar pasar mi intervención sin resaltar el esfuerzo, no sólo de todos los diputados de las diferentes fuerzas políticas que conformaban la ponencia, sino, muy especialmente, del diputado socialista Francisco Marugán, por su empeño y sus ganas de colaboración en aras a conseguir el consenso, que se consiguió.
Aunque hoy no sea motivo de debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, la buena noticia que podemos dar a todos los contribuyentes españoles es que el plazo de prescripción, cuando se ponga en vigor esta ley, será de cuatro años, en vez de cinco, como era hasta la fecha.
Entiendo que es una buena noticia para los contribuyentes y una buena noticia para la legislación fiscal española, ya que a través de dicha modificación contribuiremos a modernizar nuestra legislación y a equipararla con la legislación fiscal de los diferentes países europeos.
También, ¿por qué no decirlo? entiendo que habría de ser, y seguramente será, una buena noticia para la Agencia Tributaria, ya que, a través de esta disposición y a través de este artículo, la inspección que se realice a los diferentes contribuyentes de España será muchísimo más descansada, porque lógicamente verá aminorada su carga de trabajo, al verse reducido el plazo de cinco a cuatro años, con lo cual habrá más calidad en la inspección.
A nuestro entender, también había una modificación importante que valía la pena incorporar, que era la posibilidad de darles muchísimo más juego a los tribunales económico-administrativos regionales. El proyecto de ley argumentaba la posibilidad de que hubiera dos vías de acudir a la reclamación económico-administrativa. Entendíamos que con el proyecto de ley perdían mucha intensidad, mucha colaboración, mucho trabajo y mucha importancia los tribunales económico-administrativos regionales y, después de un debate en profundidad y contando con la sensibilidad del Gobierno, conseguimos un acuerdo importante en Comisión, en el sentido de modificar las cantidades que, a partir de la puesta en vigor de dicha ley, tendrán como única instancia los tribunales económico-administrativo regionales, que pasarán de 3 a 25 millones de pesetas para todas las deudas fiscales y de 80 a 300 millones para todas aquellas cantidades referidas a la base imponible. Por tanto, creemos sinceramente que se ha conseguido un éxito importante al incrementar en un 500 por ciento las posibilidades de que en la materia contencioso-administrativa puedan dirimir los tribunales económico-administrativos, con la posibilidad de ser única instancia y que, posteriormente, entren en juego los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma.
También se han conseguido ciertos avances con las consultas vinculantes, al efecto de poder incorporar por parte del Gobierno la posibilidad de que a los seis meses se puedan contestar las diferentes consultas que

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puedan haber proporcionado los diferentes contribuyentes.
Quedan pendientes de aprobación algunas enmiendas importantes que nosotros hemos reservado para debatir en el pleno. Una de ellas es la referente al artículo 29, concretamente para poder delimitar perfectamente el plazo de duración de las diferentes inspecciones fiscales a que están sometidos los contribuyentes. El proyecto de ley planteaba que las inspecciones fiscales tuvieran una duración máxima de doce meses, con la posibilidad de que, cuando existiera cierta complejidad o se descubrieran informaciones ocultas, la inspección pudiera durar ilimitadamente. Entendíamos que aquí hacíamos un mal favor a la inspección y a los contribuyentes y que seguramente se podría incorporar, caso de que no fuera modificado dicho artículo 29, la litigiosidad en todos aquellos aspectos referentes a la inspección y a las actas de disconformidad. Nosotros encontrábamos perfectamente correcto que la inspección pudiera durar los doce meses que proponía el Gobierno, pero también nos hubiera gustado que con esa enmienda que nosotros planteábamos se pudiera cerrar el plazo de la inspección en doce meses más para los casos en que fuera dificultoso poder terminarla en el plazo previsto en el proyecto de ley. Hemos discutido con el Gobierno y con los diferentes grupos parlamentarios en la Comisión correspondiente y también fuera de ella y, finalmente, se nos ha presentado una transaccional por parte del Grupo Popular a nuestra enmienda número 64, en el sentido de acotar un plazo máximo de inspección de doce meses, que es lo estipulado en el proyecto de ley, y doce meses más para el caso de que concurran circunstancias que revistan especial complejidad a la vista del volumen de las operaciones, de la persona o entidad, de la dispersión geográfica, de sus actividades, de su tributación como grupos consolidados, aunque sea en régimen de transparencia fiscal internacional. También existe la posibilidad de que la inspección pueda durar doce meses más los doce complementarios si la agencia tributaria descubre que algunas de las actividades empresariales o profesionales que realiza dicho contribuyente son actividades ocultas. Nosotros entendemos que la enmienda transaccional que nos ha planteado el Grupo Popular en relación con esta cuestión es correcta, va en la dirección que apuntaba nuestro grupo parlamentario y no tendríamos inconveniente en votarla favorablemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Sánchez i Llibre, le ruego que concluya.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Voy concluyendo, señor presidente.
Existe otra enmienda importante para nuestro grupo parlamentario, que es la relativa a la entrada en vigor de dicha ley. No vemos nada claro que dicha ley, que es una ley de derechos y garantías del contribuyente, tenga que tener un plazo de aplicación en los temas importantes como el que he dicho antes de la prescripción; creemos que la prescripción fiscal, que es una garantía para todos los contribuyentes, deber ser a partir del año 2001 ó 2002, tal como plantea el proyecto de ley.
Estimamos que dicha prescripción habría de entrar en vigor, como siempre ha sido en las diferentes experiencias fiscales que hay en la legislación tributaria española, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Así ocurrió con una ley importante, la Ley de Sucesiones y Donaciones, en la que hubo una reducción del plazo de prescripción de diez a cinco años, pero que entró en vigor a los veinte días. También en esta ley que es de derechos y garantías de los contribuyentes debiera darse la misma posibilidad.
Planteamos --y con esto finalizo mi intervención, señor presidente-- otra enmienda, a nuestro entender importante, respecto a las modificaciones que se habrían de producir en todas aquellas relaciones entre los tribunales económico-administrativos regionales, el Tribunal Económico-administrativo Central y la posibilidad de crear un convenio entre las dos administraciones a fin y a efecto de crear unos entes que denominaríamos tribunales económico-administrativos de las comunidades correspondientes para que se pueda acelerar más la acción con los contribuyentes y no alejarlos de su red natural como podrían ser en este caso dichos tribunales económico-administrativos autónomos. En definitiva, así se puede dar mucho más juego a los tribunales superiores de justicia de las correspondientes comunidades autónomas y también, si fuera aprobada esta enmienda, descargaríamos con gran intensidad el trabajo de la Audiencia Nacional que hoy está, como todas SS. SS. saben, totalmente colapsada y hay un plazo de vista para cuestiones muy importantes que oscila entre los cuatro y seis años.
Hemos presentado también enmiendas que van dirigidas a la caducidad, a la Oficina Nacional de la Inspección, y esperamos atentos cuál va a ser la reacción del Partido Popular para que si no son votadas favorablemente, podamos trabajarlas en el plazo de tiempo que tenemos en el Senado y conseguir y aplicar una ley importante en materias fiscales con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas de la Cámaras.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Como se ha anunciado anteriormente, vamos a dar el turno de defensa de sus enmiendas al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Para ello tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente, y gracias por haberme mantenido el turno de intervención.


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Hay que reconocer que en el trámite de debate de enmiendas de este proyecto de ley en Comisión se han conseguido mejoras propiciadas por los grupos parlamentarios que las hemos propuesto y, hay que reconocerlo también, por el talante receptivo, no falto de esfuerzo y de voluntad de consenso por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Incluso, algunas de nuestras enmiendas han sido incorporadas y transaccionadas.
Como saben SS. SS., el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) fue crítico con la forma de tratar los derechos y garantías de los contribuyentes a través de una ley que, a nuestro entender, no aporta mucho, sobre todo, porque lo que recoge está o bien en la Ley General Tributaria o bien en la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Ustedes pueden preguntarme: Si el País Vasco tiene un sistema propio, ¿ por qué tienen tanto interés en estos temas que no les afectan? Tengo que decirles que aunque tengamos un sistema fiscal propio, queremos aportar ideas, queremos aportar lo que proponemos allí o estamos haciendo para que pueda ser aplicado al resto del Estado. Esa es nuestra intención, exclusivamente con un carácter constructivo. Por eso, nuestra crítica general a esta ley no era por el hecho de que tenga que existir, que estamos de acuerdo en que tienen que existir los derechos y garantía de los contribuyentes, sino por la forma de llevarlo a efecto. ¿Qué especial relación tiene que haber entre Hacienda y el contribuyente con respecto a lo que es la relación general de la Administración y del administrado? No entendemos cómo esta regulación no se enmarca de forma específica en la Ley General Tributaria que es para nuestro grupo parlamentario donde se debe recoger la regulación de las relaciones tributarias entre la Administración y el contribuyente. Ahí es donde deben estar recogidas.
A esto habría que añadir que los derechos reconocidos en este proyecto de ley son copia, en gran parte, de los contenidos en la Ley del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En cualquier caso, proponemos que si no ha sido a través de una reforma de la Ley General Tributaria, que tiene que realizarse, que está pendiente, que al menos se recoja en un nuevo título de la Ley General Tributaria. Esta es nuestra primera enmienda, la número 12, que propone establecer esta regulación en un título específico en la Ley General Tributaria. También se recoge así de alguna forma en la exposición de motivos, que dice que en el futuro se verá si esto lo incorporamos o no. Hagámoslo, porque yo creo que ahí está mejor ubicado.
Del resto de las enmiendas que han quedado vidas después del trámite en Comisión, me gustaría destacar algunas propuestas que no han sido aceptadas. Se dice en el artículo 4 que quedarán exentos de responsabilidad por infracción tributaria los contribuyentes que adecuen su actuación a los criterios de la Administración. Nos parece muy bien.
¿Y qué hacemos con los recargos de interés de demora? ¿Eso está dentro de lo que es la infracción tributaria? Si los intereses de demora se han devengado, ¿por qué no vamos también a dejar que estén exentos de responsabilidad? Esto es lo que nosotros proponíamos en nuestra enmienda número 13, es decir, que también los intereses de demora incorporados dentro de la infracción tributaria queden exentos de responsabilidad.
Una de las mejoras que se introduce es el derecho del contribuyente a la devolución de los ingresos que hayan realizado indebidamente. Está también muy bien, es absolutamente justo que se proceda a la devolución de los ingresos efectuados indebidamente, por supuesto, pero entendemos que es necesario puntualizar cuándo se devengan los intereses a que es acreedor el contribuyente. Por eso proponemos que los intereses de demora se devenguen a partir de un mes desde el momento en que se presentó la solicitud de devolución de estos ingresos indebidos. Nos parece que esto es justo.
En cuanto al plazo máximo de reducción de los procedimientos de gestión tributaria, estamos de acuerdo en establecerlo en seis meses, como máximo. Sin embargo, entendemos que, una vez interrumpido el plazo de resolución, no debe dar comienzo nuevamente el cómputo inicial, como así se puede desprender del término que está en el texto de la ley, que dice interrumpir. Por eso creemos que más oportuno que interrumpir es sustituir, de forma que el cómputo del plazo siga corriendo una vez que se haya suspendido y no empiece otra vez a correr desde el principio.
En nuestra enmienda número 25 volvemos a insistir en la necesidad de precisar en las devoluciones de oficio el plazo en que comiencen a devengar los intereses de demora y, lo mismo que en la otra enmienda, lo que volvemos a decir es que los intereses de demora en las devoluciones de oficio también empiecen a devengarse a un mes del plazo que creemos que es ajustado y prudente para materializar esta devolución. No olvidemos, señorías, que en realidad todo esto que la Hacienda tiene que devolver son cantidades que han estado previamente ingresadas por el contribuyente que, de alguna forma, esta financiando, está haciendo de banco a la Hacienda Pública y además a un interés cero. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esta particularidad.
Finalmente, me voy a referir a una enmienda que desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) consideramos importante. Se trata de contemplar la posibilidad de que los ciudadanos, los contribuyentes, en sus relaciones con los ayuntamientos, tengan posibilidad de interponer contra los actos administrativos dictados por los entes locales las reclamaciones oportunas ante los tribunales económico-administrativos regionales

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y locales. Entendemos que en este nivel es donde se dan los conflictos más numerosos entre entes locales y ciudadanos y son los que verdaderamente producen indefensión por la desproporción que existe normalmente entre la cantidad a reclamar y el costo procesal que esa reclamación podría suponer. Son cantidades pequeñas y es más costoso reclamarlas que no hacerlo. En esas relaciones es donde deberíamos establecer las medidas y los mecanismos para que estos ciudadanos tuviesen acceso a esta vía de reclamación, porque los grandes contribuyentes, señorías, tienen grandes deudas con Hacienda, pero tienen instrumentos y mecanismos suficientes, tienen una posibilidad de defensa de sus intereses mucho mayor y verdaderamente a los que debe de dirigirse un proyecto de ley de defensa del contribuyente es precisamente a estos contribuyentes pequeños a los que me estoy refiriendo.
De una forma sintética, estas son las enmiendas que han quedado vivas de nuestro grupo parlamentario y nos hubiese gustado que fuesen contempladas, porque lo único que pretendemos, como he dicho al principio, es intentar mejorar un texto que indudablemente --hay que reconocerlo-- ha tenido un consenso amplio y yo creo que importante por el resto de los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Zabalía.
Pasamos a la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, voy a dar nuestra opinión sobre este proyecto y a defender las enmiendas que aún mantenemos vivas y que fueron defendidas como criterio en el debate de totalidad por el anterior portavoz de mi grupo.
Nosotros no tenemos una opinión favorable del proyecto conforme ha quedado en la Comisión. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Es decir, este proyecto era innecesario antes y es innecesario ahora.
Este proyecto lo que necesitaría es haber sido elaborado desde la óptica de la Ley General Tributaria y haber abordado desde ahí todos los elementos tributarios; ya tenemos un sinfin de derechos.
En realidad, aquí se han tratado tres o cuatro temas cuya argumentación no puede dar la sensación de que el problema fundamental que tiene la gestión tributaria es un problema administrativo de plazos. Eso no es verdad. El problema fundamental de la Hacienda pública española es el fraude fiscal y la falta de eficacia para perseguir y conseguir que los que deben de pagar, paguen. Este es el problema principal que hoy tiene.
El segundo problema que tiene la gestión tributaria es la eficacia dentro de la equidad; que el sistema sea equitativo. Estos son los dos grandes problemas que deben de abordarse. Junto con ello podemos estudiar los plazos de caducidad, la duración del procedimiento, si la modificación del procedimiento se hace directamente desde las reclamaciones económico-administrativas a nivel local y regional o se viene aquí directamente al TEAC, al nivel central.
Nosotros no consideramos que el problema tributario deba de estar en estos tres o cuatro artículos que dan cobertura a la discusión. Eso sí, no queremos ser partícipes de una idea, y es que con esto el Gobierno cumple con un compromiso electoral: dotar al contribuyente de unas medidas de protección. Esto no es así, ya que estamos dando una declaración rimbombante a algo que es meramente una adecuación administrativa.
Pero es que, además, la solución no creemos que beneficie a los que, en realidad, deberíamos beneficiar a la hora de actuar, que serían los ciudadanos honestos que se presentan en la ventanilla, liquidan y pagan, que, por desgracia o por suerte, son la inmensa mayoría de la gente sencilla: los que cobran por su nómina, los que no tienen otra relación.
Sin embargo, las medidas que aquí introducimos vienen a dar una especie de ventaja a los que pudiéramos llamar ciudadanos menos honestos, por no utilizar una palabra más dura, en cuanto a lo que significa no cumplir con su compromiso, a lo que es la actuación de defraudación.
¿Por qué nos referimos a esto? Nosotros mantenemos dentro del proyecto cuatro enmiendas, la primera es la 163. Es verdad que parte de la limitación que tenía el artículo 24 en origen --la de dar dos plazos, cuatro años para unos y seis para otros-- se ha solventado en cuanto a que ya no se dan dos plazos, uno para los buenos y otro para los malos, sino que ahora el plazo se reduce a cuatro años para todos. Pues bien, con esto hemos beneficiado a los que más complicaciones tienen. Aquí no hemos favorecido a los que cumplen. Aquí hemos reducido el plazo para que pueda ser declarada prescrita una actuación precisamente a los que no cumplen con la Administración, es decir, la Administración tributaria va a tener menos tiempo para poder actuar. Por tanto, bajamos a cuatro años, ya que han unificado en el trámite de Comisión esa diferencia, pero sigue teniendo el mismo límite que tenía cuando, de partida, criticábamos que no se abordaba esta reducción con un plan de adaptación de la organización de la Agencia Estatal Tributaria ni con un período transitorio para que esto pudiera ser. En suma, puede ser que con estas medidas estemos facilitando que las actuaciones que están en marcha o las que no se hayan puesto todavía puedan caducar y que haya equis personas que se escapen de cumplir con ese compromiso. Por eso mantenemos esta enmienda 163 para su votación y pedimos la supresión de lo que se añade como modificación.
La enmienda 178 es al artículo 29. Nosotros creemos que la mejor forma de ayudar a los ciudadanos

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que cumplen es asegurarles que tienen capacidad de actuar entre cada acto administrativo y que entre un acto administrativo y otro hay tiempo suficiente para que asesoradamente pueda defenderse de la demanda de la inspección tributaria. Pero esto que se ha introducido aquí de poner un plazo para lo que se pudieran llamar actuaciones de extrema complejidad, lo que está añadiendo es que los ciudadanos menos cumplidores, que tengan un buen movimiento, lleguen a un sinfín de interpretaciones de cuándo una causa es compleja y cuándo no lo es, y que vayamos a procesos donde la Administración tenga que demostrar que la causa es compleja cuando tendría que ser todo lo contrario y tendríamos que jugar a favor de la eficacia de la propia Administración tributaria. Vamos a mantener nuestra enmienda 178 porque creemos que con esta medida del artículo 29 se está dando ventaja a lo que pudiéramos llamar gentes que se mueven bien a la hora de esconder u ocultar lo que son sus obligaciones con la Hacienda pública.
Por último, dos enmiendas que tienen menor rango que las otras dos que he defendido, las números 181 y 182, que van dirigidas a la modificación del procedimiento en el artículo 37 de la ley. Nosotros no creemos que sea mejor que directamente vengan al TEAC todas las actuaciones y que no se cumpla esa fase previa, esa reclamación previa económico-administrativa a nivel local y regional que ahora mismo se cumple, porque no creemos que vaya a agilizar mucho más. Puede agilizar en el tiempo una actuación, pero puede alejar otra. Por tanto, siempre que se garanticen los derechos de los ciudadanos, nosotros no vemos por qué va a solucionar más. ¿Tiene el TEAC los recursos humanos y de organización suficientes para que le vengan todos los recursos ahora mismo o estamos poniendo el carro delante de los bueyes? Porque no va a haber entonces una actuación más o menos racional.
Señor presidente, nuestro objetivo es mantener estas enmiendas más todas las que hemos ido presentando a otros artículos, que no voy a defender en aras a la economía de la tramitación parlamentaria, y vamos a aceptar la transacción que se nos ha ofrecido a la enmienda 160 de Izquierda Unida porque, aunque redactada de otra manera, recoge la filosofía que nosotros queríamos proponer, que era la garantía del interés de demora regulado en el artículo 58.2, apartado c). Como eso se recoge dentro de la enmienda transaccional, nosotros la vamos a aceptar, aunque ante otras transacciones, que nosotros no vamos respaldar a la hora de votar, tendrán que pronunciarse los demás grupos.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ríos.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor presidente, señoras y señores diputados, vuelve el proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente al Pleno del Congreso. En este momento quisiéramos decir que mi grupo no presentó una enmienda de totalidad, y no lo hizo porque entonces éramos conscientes, como lo somos ahora, de que vivimos en una sociedad con derechos en ascenso, en la cual resulta conveniente reducir el antagonismo que pueda surgir entre los ciudadanos y la Hacienda pública, y que el llamado comúnmente estatuto de los contribuyentes bien podía haber sido un vehículo que sirviera para reconciliar a los ciudadanos con su Hacienda, siempre y cuando hubiera sido capaz de integrar los derechos que hemos de reconocer a los contribuyentes y también de facilitar el comportamiento de la Administración tributaria del Estado. Si se incorporaran unos y otros habríamos dado un salto cualitativo que ayudaría razonablemente a mejorar en España la relación tributaria.
He de decir que el cuadro de derechos que se incorpora en este proyecto de ley, como se ha reconocido por algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es un cuadro de derechos reiterativo y recopilador. En buena medida no se acrecientan los derechos en el proyecto que estamos discutiendo. El día que valoremos esto desde una perspectiva histórica, esta ley no pasará a la historia de la Hacienda democrática como una ley que reconoce derechos. Me temo que puede pasar a la historia de la Hacienda española como una ley que olvida las competencias y las funciones de la Administración tributaria del Estado.
Este olvido, permítanme que les diga que no es un olvido pasivo. Es un olvido consciente y deliberado. Nosotros tenemos la convicción moral de que se busca dificultar el funcionamiento de la Hacienda pública en una tarea importante, conflictiva y compleja como es la de lograr un cumplimiento efectivo del sistema tributario. Esa opinión la hemos dado en la Cámara y fuera de ella. Estamos ante un proyecto falto de maduración y de equilibrio. Un proyecto que, a pesar del esfuerzo que han hecho todos los grupos, tanto en ponencia como en Comisión, no ha podido corregirse debidamente y no va en este momento en la buena dirección.
Nosotros somos escépticos ante la posibilidad de reconducir un proyecto mal orientado a través del esfuerzo de los diputados que pueden actuar desde los diferentes grupos parlamentarios. Por eso estábamos y estamos alejados del contenido de este proyecto de ley.
En el mismo se dice que se busca una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes, pero, en nuestra opinión, eso no se consigue. La relación jurídica sigue estando carente de certeza, el circuito que se quería construir no se cierra y la imprecisión es una de las connotaciones fundamentales de este proyecto de ley.Además, junto a ella, se restrigen las facultades de la Administración tributaria del Estado. Por tanto, no

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hay más derechos ni tampoco más potenciación para combatir la brecha tributaria que supone el fraude fiscal. Me atrevería a decir que hay menos derechos y menos eficacia y que, utilizando una frase de Thurow, este es un proyecto de ley que han hecho conservadores no sofisticados.
Nosotros hemos enmendado aspectos importantes del mismo. Las enmiendas numeradas de la 106 a la 130 tienen como objetivo fundamental aplicar al ámbito tributario una parte de los derechos reconocidos en la Ley 30 de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. En nuestra opinión, como han aludido aquí otros portavoces, es bueno introducir la idea de certidumbre, es bueno evitar la conflictividad que se da tantas veces en una relación extraordinariamente conflictiva como es la tributaria. Hemos hecho un esfuerzo considerable, tanto en el artículo 24 como en el 27 que se refieren a la prescripción, por lo que este es el momento en el que el diputado Alvarez y yo tenemos que agradecer las cariñosas palabras que, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha tenido para nosotros dos el señor Sánchez i Llibre.
La ponencia ha sido consciente de que este era una proyecto que introducía inseguridad y que había que tratar de evitar que esa inseguridad continuara a lo largo de los sucesivos trámites parlamentarios. Creo que hemos hecho un trabajo que contribuye a la simplicidad y a la seguridad jurídica. En este aspecto del proyecto, en lo que se refiere a la reducción del período de prescripción, los ponentes del Grupo Socialista se sienten satisfechos. Hasta aquí podíamos decir que en la dogmática del proyecto compartiríamos una serie de coincidencias, no en todo, con el resto de los grupos de la Cámara. A partir de este momento nuestras diferencias son muy ostensibles.
Se parte de un prejuicio hacia lo público. Me atrevería a decir que hay cierta actitud de desquite hacia el conjunto de la actividad inspectora y, como consecuencia de ello, no se contribuye a crear un servicio público de calidad integrado y que sea capaz de explicitar un compromiso político en aras de la reducción del fraude fiscal. Eso se nota en un elemento del diagnóstico: no creemos que en este momento estén en tela de juicio las garantías de los derechos y las garantías de los contribuyentes españoles. En este momento el sistema tributario español tiene un problema de equidad, y ese problema se materializa en la capacidad que tenga la Administración tributaria del Estado para lograr un cumplimiento eficaz de las leyes tributarias en rentas de compleja determinación y en sectores poderosos de nuestra ciudadanía. Ni lo uno ni lo otro se encuentran en este proyecto.
Mañana hará 20 años que en este Parlamento se aprobó la primera ley de reforma fiscal correspondiente a la Hacienda democrática. En aquel momento el legislador y el Poder Ejecutivo se plantearon con más énfasis lograr un mejor cumplimiento tributario del trabajo dependiente. No es en este momento la preocupación que nos embarga a nosotros. Hoy, el sistema tributario español adolece de una serie de defectos derivados fundamentalmente de una actitud que adopta el Gobierno del Partido Popular. El sistema tributario español se parece cada vez más a un gran queso de gruyer, que está en función del tamaño de una economía que alguien ha definido como la séptima potencia, y que nosotros encontramos cómo una y otra norma van vaciando aquellas disposiciones que hacen de la capacidad de pago el elemento fundamental, el elemento dirimente de la base imponible. Hoy en renta, mañana en patrimonio, pasado en sucesiones.
Señorías, es muy malo tener leyes regresivas, pero quizás tan malo como tener leyes regresivas sea encontrar leyes que se aplican de manera desigual. Hoy vivimos en esta sociedad una antinomia entre la tributación del trabajo dependiente y la tributación del resto de rendimientos que se pueden acumular en un impuesto tan importante como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Podemos decir que desde que gobierna la derecha estamos asistiendo a una pérdida de respeto, en términos fiscales, al trabajo manual honrado. La demanda de la sociedad española no está en modo alguno por los railes y por las tendencias que se manifiestan en este proyecto de ley, sino por lograr una mayor equidad tributaria. Lamentamos que se haya escuchado la presión de los profesionales dedicados a la aplicación del sistema tributario, y no se haya escuchado aquello que reclaman masivamente los ciudadanos.
Hay dos elementos más que quisiera poner de relieve y que en opinión de mi grupo son fundamentales: el artículo 29 y el artículo 37. El artículo 29 constituye un exponente de la inseguridad jurídica que conlleva este proyecto de ley. Podría decirse que las actuaciones inspectoras tienen un límite temporal, pero uno no acierta a entender si ese límite temporal abarca las tareas de comprobación, de investigación y de liquidación o si, por el contrario, hay doce meses para las tareas de comprobación y de investigación y otros doce meses para las tareas de liquidación. Esto tiene una trascendencia importante, porque en la medida que se acortan los plazos y se acumulan las tareas, se favorece el mal trabajo de la inspección tributaria del Estado. Se favorece que la actuación inspectora no pueda fundamentar un juicio sereno, un juicio coherente y un juicio carente de ofuscación. Reduciendo el tiempo y acumulando las tareas sólo se contribuye a favorecer a aquel contribuyente que incumple la legislación tributaria, y se perjudica al contribuyente honesto.
Convendría hacer alguna referencia sobre el tamaño de la empresa.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo ya con brevedad, señor Fernández Marugán.


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El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor presidente, así lo haré.
He de decir que no todas las comprobaciones son iguales, porque no todos los sujetos pasivos son iguales. Hoy asistimos a la existencia en la sociedad española de unidades de producción de gran dimensión, y no tiene lógica que esas unidades de producción de gran dimensión tengan un tiempo de realización de las comprobaciones similar al de cualquier contribuyente. Pero no solamente estamos en contra del artículo 29 por problemas de eficacia, sino también por problemas de equidad. El proyecto de ley, el dictamen de la Comisión como lo entendemos hoy, posibilita las malas inspecciones, pero lamentablemente también posibilita las malas liquidaciones. Esa es una actividad que progresivamente avanza en un campo que a nosotros nos resulta muy sensible, el de la notificación de la deuda y el pago posterior por parte del contribuyente.
En el artículo 37, para terminar, he de decir que se produce un fenómeno de alguna significación y de alguna trascendencia. Es uno de los artículos que ha sido objeto de mayor polémica en el conjunto de la sociedad, que ha sido más valorado, pero también tendría que decir que ha sido unánimemente descalificado, que pocos artículos como éste han concitado una animadversión en la literatura, en la doctrina y me atrevería a decir que en las personas sensatas. Es el resultado de un amasijo donde los retrasos, el alejamiento de los ciudadanos, el desaprovechamiento de los TEAR y la sobrecarga en el Tribunal Económico-administrativo Central, son las notas características del mismo.
Las aportaciones que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular nos parecen una solución parcial. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una redacción muy desafortunada, que ha destapado un conjunto de problemas que en modo alguno se resuelven en este texto, una solución que tendría que ver las competencias de los tribunales regionales, las competencias del central, las competencias de los tribunales de justicia de las comunidades autónomas y las propias competencias de la Audiencia Nacional.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya ya, señor Fernández Marugán.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Termino, sinceramente, en pocos segundos.
Ninguno de estos aspectos se encuentra en este proyecto, ni siquiera hay una aproximación a los mismos. En el artículo 37 ha habido una redacción inoportuna. Se aflora una cuestión que si se quería plantear debía haberse hecho con rigor, respetando la situación de una vetusta institución como son los tribunales económico-administrativos. No veo por qué hay que castigar jurídicamente a este tipo de instituciones; había que haber posibilitado que evolucionara razonablemente. La metedura de pata, digámoslo aquí en el sosiego de la Cámara, es del redactor del proyecto, y la sensatez de toda la Cámara, lo puedo decir yo en nombre de todos los grupos parlamentarios; la sensatez ha correspondido a todas y cada una de las personas que han contribuido a la tramitación de este proyecto.
Termino diciendo que hemos tratado de mejorar un proyecto difícilmente mejorable, que nosotros hemos buscado y encontrado un acuerdo en materia de prescripción, que tenemos reservas muy fundadas en plazos de inspección, por razones de eficacia y de seguridad jurídica, y que el sistema de recursos de los TEAR era una cuestión totalmente desenfocada; siendo como era una cuestión totalmente desenfocada, nosotros no podíamos hacer otra cosa que pedir en ponencia, en comisión y en Pleno que se vote en contra del artículo 37.
Muchas gracias, señor presidente. (Un señor diputado: ¡Muy bien!--Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención alabando el consenso, la buena voluntad y el talante que ha presidido todo el desarrollo de los trabajo que en ponencia y en Comisión han valido para que este dictamen tenga hoy acceso a este pleno. Pienso que ha sido uno de los casos más claros de colaboración, como ha dicho el señor Marugán, de sensatez, y en cualquier caso de cooperación en materia de enmiendas y en materia de mejoras para que este texto, algún día, sea lo que todos esperamos que va a ser: un código de principios elementales y derechos básicos de los ciudadanos en materia de sus relaciones con la Hacienda pública.
En ese sentido, discrepo de alguna de las versiones que aquí se han oído.
Pienso que hoy es un día feliz para los contribuyentes; hoy se ha marcado un hito en el sistema tributario español al regularse, por primera vez, de manera concienzuda y de manera formal, los derechos y garantías que el contribuyente puede argüir frente a una Hacienda pública que no siempre ha seguido los caminos de la justicia y que no siempre ha respetado los derechos elementales que cualquier ciudadano, al amparo de la Constitución, puede hacer valer.
Este código de derechos fundamentales tiene su amparo, como digo, en nuestra Carta Magna, y el estatuto del contribuyente, el proyecto de ley de derechos y garantías, debe ser precisamente el hito que marque el fin de determinadas prerrogativas que ya hoy no tienen amparo constitucional.
El estatuto del contribuyente d

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ebe entenderse pues como un código de fácil comprensión para todos los ciudadanos e innovador, dígase lo que se diga, en derecho esenciales, muchos de ellos no regulados en la Ley 30/1992, sobre Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Este código, insisto, debe ser entendible y debe hacer que el ciudadano, el contribuyente, no tenga que recurrir constantemente a una jurisprudencia o al «Boletín Oficial del Estado», que no tiene la obligación de conocer, para saber usar perfectamente esos derechos y esas garantías.
Del estatuto del contribuyente, de este proyecto de ley de derechos y garantías, basta simplemente con echar un vistazo a su articulado para no poder negar que es innovador y que introduce en nuestro ordenamiento jurídico derechos y materias que, hasta ahora, ningún Gobierno anterior se había atrevido a introducir. No olvidemos que ha habido gobiernos anteriores a los que ha preocupado la recaudación --que a nosotros también nos preocupa--, que les ha preocupado la lucha contra el fraude fiscal --que también a nosotros nos preocupa--, pero nunca se han preocupado de buscar el equilibrio que debe existir en las relaciones entre la Administración y el ciudadano.
Hay una relación de supremacía que jamás podrá vulnerarse. El mero hecho de que por parte de la Administración se persigan intereses generales hace que el ciudadano jamás pueda sustraerse a esa supremacía y a esas potestades que la Administración tiene y debe usar. Ahora bien, eso no implica que cuando el equilibrio que se deriva de esa supremacía llega a ser agobiante, no pueda ser limitado por las normas reguladoras del Derecho público. Esto es lo que se pretende por parte del estatuto del contribuyente. Se pretende poner coto, freno, a las prerrogativas de la Administración en cuanto resulten abusivas para el ciudadano al amparo de nuestra Constitución. Y eso pienso y estoy convencido de que lo hemos conseguido.
Que no se diga que era suficiente con la Ley 30/1992 de procedimiento administrativo común, que no se diga que se copian los derechos de la Ley 30/1992; hay algunos derechos que se reproducen, pero se ha oído decir por algún portavoz que es una mera copia, y eso no se sostiene; basta una mera comparación. Pero es que, además, no debería nunca sostenerse, ya que la Ley 30/1992 regula la relación jurídico-administrativa general y las relaciones jurídico-tributarias, aun partiendo del tronco común que supone el derecho público administrativo, no tienen nada que ver en cuanto a sus consecuencias con la relación jurídico-administrativa general.
En la relación jurídico-tributaria se concretan las potestades más fuertes que una Administración puede ejercer. Se concreta la potestad de la exacción económica; se concreta el daño --entre comillas-- económico directo al bolsillo del contribuyente, a la microeconomía y, en consecuencia, también a la macroeconomía en términos generales; se concretan las facultades exorbitantes de la administración de poder pedir a un individuo concreto o a una colectividad un desembolso económico y ello ya hace que la ley que regule una potestad tan exorbitante deba ser objeto de una completa normativización por separado, es decir, no nos vale que estén completamente regulados y normados por la Ley 30/1992, sino que hay que darle a la relación jurídico-tributaria una relación formal y separada, que sea, como dijeron otros parlamentarios, distinta y distante de la relación jurídico-administrativa general. Esto se consigue en el estatuto del contribuyente, estoy convencido de que se consigue y basta con echar un vistazo leve a su articulado como venía diciendo.
En el artículo 5 del proyecto, que ya hoy saldrá aprobado de esta Cámara tal como viene el dictamen de la Comisión, se innova un derecho esencial, el derecho que tiene el contribuyente a saber en los tres primeros meses de cada año cuáles son las normas de carácter fiscal y tributario que afectan a su economía que han sido modificadas en el ejercicio anterior, y también se establece el derecho a que el contribuyente conozca las principales consultas tributarias contestadas, así como que conozca las principales resoluciones de los tribunales económico-administrativos. Eso supone un conocimiento y una gran fuerza en el poder del contribuyente para defenderse, para ejercitar sus derechos que hasta ahora ninguna administración se había atrevido a reconocer y sin embargo surge como derecho ex novo en esta normativa.
No digamos el artículo 8, los acuerdos previos de valoración, acuerdos previos que van a afectar a las relaciones entre la Hacienda pública y el contribuyente a todos los bienes, patrimonios, gastos, rentas, o productos susceptibles de integrar la base imponible de cualquier tributo; acuerdos que son vinculantes para la Administración y para los ciudadanos y que obligan a que aquélla se pronuncie, porque si no se pronuncia en un plazo determinado el contribuyente ya da por bueno el acuerdo de valoración propuesto a la Administración tributaria. Es otro derecho ex novo que se configura en el estatuto del contribuyente y eso nadie lo puede negar; el que no lo vea es que no quiere verlo.
Que tampoco se diga, como se ha dicho, que este proyecto beneficia a los contribuyentes que no pagan. Señorías, los contribuyentes que pagan han sufrido y siguen sufriendo años y años en los tribunales económico-administrativos y años y años en los tribunales de lo contencioso; han pagado y han cumplido sus obligaciones; se defienden y se han venido defendiendo en muchas ocasiones porque la Administración en ocasiones, a pesar de haber pagado ha atropellado sus derechos y, sin embargo, para impedir que sus patrimonios resulten embargados o subastados han tenido que avalar durante muchos años las deudas tributarias; han cumplido y son personas sujetas a retención. Que no se diga, pues, que las personas sujetas a retención,

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que las personas cuyos rendimientos del trabajo son esenciales dentro de las fuentes de renta, no están protegidas por este proyecto, al contrario, el proyecto va directamente a protegerlas, va a intentar evitar, a través del artículo 37, que no haya congestión en los tribunales económico-administrativos y pienso que lo vamos a conseguir en gran medida, porque el aumento de las cuantías que se pactó en Comisión y que va a hacer que el contribuyente pueda evitar la fase de tribunales en primera instancia yendo directamente a la segunda, va a aligerar en gran parte los procedimientos económico-administrativos. Los plazos que se establecen en el artículo 29 también van a constituir, por supuesto, una fuente importantísima de derechos porque ese contribuyente sometido a retención, ese contribuyente cuya fuente de rentas son esencialmente los rendimientos del trabajo personal también se ha visto por cinco años sometido a una inspección, ya sea de forma maliciosa o por simple negligencia, y ha tenido que soportarlo; ha tenido que aguantar, aparte del daño económico que le ha supuesto la prolongación en los plazos de instrucción, el daño moral que implica estar cinco años sometido a un procedimiento tributario. Por tanto, insisto, hay que ver como derechos ex novo los que realmente existen. Otro derecho ex novo es que se establezca, creo recordar que es en el artículo 35, la suspensión automática de las sanciones tributarias sin necesidad de presentar un aval, porque es un derecho que se configura ahora en esta ley por el Gobierno, porque así estaba en el proyecto de ley. Hasta ahora había que avalar toda la deuda tributaria y a partir de este momento aquella parte que sea solamente sanción no hay que avalarla, basta el mero recurso para que ipso facto quede suspendida la sanción. Quien no reconozca que es un avance importantísimo para el contribuyente, o no quiere reconocerlo por intereses políticos, está ciego o no sabe analizar el contenido de una norma tributaria.
Por supuesto, el artículo 24 es otro gran avance; avance en el cual el Grupo Popular, por mor de ese consenso, ha renunciado a otras posturas que eran fácilmente entendibles. Se pretendía, de alguna manera, sancionar al incumplidor y también bonificar la conducta de quien había cumplido. Nosotros, en conjunción con los demás grupos, estimamos que era mejor el consenso y, en aras a ese consenso, sacrificamos otras alternativas.
Pienso que a lo largo de los trabajos de ponencia y de Comisión se ha demostrado que el talante de nuestro grupo, al igual que el de los otros grupos, ha sido realmente ése, la búsqueda del consenso y pienso que se ha hecho posible; en otras muchas normas de carácter administrativo, de las que regulan potestades administrativas, se debería aplicar el mismo talante.
Quiero hacer una referencia especial al trámite del Senado, porque aunque la ley se ha beneficiado de enmiendas que la han mejorado notablemente, quedan algunas otras enmiendas y algunos otros aspectos que quiero exponer muy rápidamente --acabaré en seguida--, y espero que en el trámite del Senado se incorporen. Me refiero, en concreto, a cinco materias que me preocupan especialmente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Cabrera, hágalo ya con mucha brevedad.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Sí, señor presidente.
Las consultas vinculantes; los costes de las obligaciones dadas en garantía para las reclamaciones; también nos preocupa la composición de la Oficina Nacional de Inspección y de los tribunales económicos en cuanto a los convenios que se puedan hacer en las comunidades autónomas; y en general toda la materia de caducidad. Pienso que aquí se puede llegar a otro grado de consenso ulterior en el Senado.
Tampoco nos olvidemos de dos apartados importantes en materia de garantías sobre los que pueden entablarse negociaciones para llegar a otro consenso importantísimo: la supresión de las sanciones encubiertas de la Ley de Tasas, injustamente establecidas al margen de la Ley General Tributaria por el Partido Socialista en la anterior legislatura, y la supresión del derecho de retracto inconstitucional, que es un vestigio del derecho tributario decimonónico. Espero que tales defectos puedan salvarse en el Senado y conseguir entre todos una buena ley.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Cabrera.
Turno de réplica. (Pausa.) Señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Para aceptar las enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a las nuestras números 64 y 81; y anunciar a SS.
SS. la retirada de nuestras enmiendas 47, 60, 79 y 80.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Sánchez Llibre.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Acepto la transacción, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Fernández Marugán.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor presidente, con suma brevedad, para señalar que mi grupo

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parlamentario acepta la transaccional a la 106. También para señalar, brevemente, algunas puntualizaciones. (Rumores.--Varios señores Diputado: No.) Muy brevemente, muy brevemente. Repito, para señalar algunas puntualizaciones que se han hecho aquí.
El problema del plazo de inspección no está en relación con contribuyentes individuales, está en relación con los grandes contribuyentes. No todos los contribuyentes que son sujeto pasivo en una delegación de Hacienda tienen la misma situación económica y jurídica; y no todos deberían estar sometidos al mismo plazo.
En relación con la enmienda transaccional, que en alguna medida es la más significativa que nos ha ofrecido, y que nosotros no vamos a votar pero se admite a trámite con nuestro apoyo y el de la Cámara, simplemente he de decir que hay un punto, el cuarto, que a mi me produce especial sensibilidad; este precepto dice que las liquidaciones concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo. Emplea el verbo dictar; ¡cuántos ríos de tinta se han vertido en los últimos meses en España por emplear el verbo notificar en lugar del verbo dictar! (Rumores.) Créanme que es trabajar en la buena dirección, pero yo quiero dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de esta tarde. Mucho se ha hablado de la notificación y poco se ha hablado de que las actas se dictaban, y entre el momento que se dictan y el momento en que se notifican puede transcurrir un espacio dilatado de tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Para fijar la posición de su grupo, tiene finalmente la palabra el señor Gómez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muy brevemente, señor presidente.
Quiero decir que Coalición Canaria va a votar favorablemente el dictamen con las enmiendas consensuadas. Reconocemos que este estatuto del contribuyente marca un hito histórico en la ciudadanía española Consideramos importante el contenido del dictamen y especialmente deseo hacer referencia a tres aspectos: primero, que se soluciona la cuestión por la que viene clamando la doctrina comparada del Derecho sobre la necesidad de delimitar concretamente cuando en las leyes se hagan referencias a aspectos tributarios; segundo, el carácter vinculante de las informaciones y el asesoramiento de las oficinas públicas a los contribuyentes, independientemente --según entendemos nosotros-- del legítimo derecho de los ciudadanos para recurrir a los servicios privados de asesores fiscales cuya titulación y profesión deben ser regulados por la Administración para garantía del propio contribuyente (ésta es la razón de la pregunta que hacíamos al Gobierno ayer por la tarde); también lo apoyamos porque se han consensuado en Comisión, nuestras enmiendas referidas al procedimiento económico-administrativo, aumentando las competencias de los tribunales económico-administrativos regionales; estamos conformes porque en los procedimientos de inspección, recaudación y en el sancionador, se mencionan las garantías y derechos; porque se va a regular la cuenta fiscal; y, por último, porque también consideramos que con este estatuto disminuirán las tribulaciones por tributaciones de los contribuyentes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
Terminado el debate, vamos a proceder a las votaciones sobre este proyecto. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, que acaba de ser debatido.
Teniendo en cuenta que se han retirado las enmiendas de la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); en primer lugar, las números 12 y 21.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 10; en contra, 258; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.
Votación sobre las enmiendas números 16, 25, 27 y 29.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, cinco; en contra, 256; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, tres; en contra, 263; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas restantes del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Votamos, en primer lugar, la enmienda transaccional a la número 64.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 161; en contra, 108.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la transaccional a la enmienda 81.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 161; en contra, 102; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Al haberse retirado las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pasamos a las del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, votamos la transaccional a la enmienda 160.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 168; en contra, 103.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, siete; en contra, 263; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, se someten a votación las enmiendas números 131, 134, 135, 137 y 140.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 105; en contra, 166.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 102, 103, 104, 105, 107, 108, 128, 130, 136, 138, 147, 150 y 151.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 110; en contra, 160; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre la transaccional a la enmienda 106.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 263; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional a la 106, presentada por el Grupo Socialista.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 104; en contra, 159; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen con las enmiendas incorporadas.
En primer lugar, se vota el artículo 24.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 263; en contra, siete; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos los artículos 29, 37 y disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 160; en contra, 111.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 36 y disposiciones finales primera, cuarta y quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 264; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos y disposiciones del dictamen.
Resto del dictamen al proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 163; en contra, 101; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al no haberse presentado enmiendas de totalidad a los convenios internacionales que constituían el punto XII del orden del día, queda dicho punto decaído.
Se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.

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