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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 112, de 30/10/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 112

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 108

celebrada el jueves, 30 de octubre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 81-1, de 16 de septiembre de 1997 (número de expediente 121/000077) (Página 5668)

--Proyecto de Ley de Régimen del suelo y valoraciones. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 66-1, de 9 de junio de 1997 (número de expediente 121/000063) (Página 5691)

Avocación por el Pleno:

--Del Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo (Página 5715)

--Del Proyecto de Ley de Régimen del suelo y valoraciones (Página 5715) * * * * *

Página 5660


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

--Real Decreto-Ley 17/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar («BOE» número 244, de 11 de octubre de 1997) (número de expediente 130/000030) (Página 5715)

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 32-1, de 3 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000030) (Página 5723)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Convenio Básico de Cooperación Científico-Técnica entre el Reino de España y la República de Haití, firmado «ad referendum» en Puerto Príncipe el 8 de mayo de 1991, y Canje de Notas de 4 y 16 de octubre de 1995 que lo modifica. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 106, de 22 de julio de 1997 (número de expediente 110/000117) (Página 5728)

--Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. (Protocolo enmendado II), adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 107, de 22 de julio de 1997 (número de expediente 110/000118) (Página 5728)

--Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. «Protocolo sobre armas láser cegadoras», Protocolo IV, adoptado en Viena el 13 de octubre de 1995. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 108, de 22 de julio de 1997 (número de expediente 110/000119) (Página 5728)

--Enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (EUTELSAT), adoptada en París el 21 de febrero de 1996. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 109, de 22 de julio de 1997 (número de expediente 110/000120) (Página 5728)

--Convenio Europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 110, de 22 de julio de 1997 (número de expediente 110/000121) (Página 5728)

--Declaración de aceptación por España de la adhesión de Islandia al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25 de octubre de 1980). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 113, de 23 de julio de 1997 (número de expediente 110/000124) (Página 5728)

--Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 116, de 17 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000125) (Página 5729)

--Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 117, de 17 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000126) (Página 5729)

--Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 118, de 17 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000127) (Página 5729)

--Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 119, de 17 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000128) (Página 5729)

Página 5661


--Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 120, de 17 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000129) (Página 5729)

--Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 123, de 23 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000130) (Página 5729)

--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 124, de 23 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000131) (Página 5729)

--Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 125, de 23 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000132) (Página 5729)

--Convenio entre los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas y Protocolo Adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de su ratificación. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 126, de 23 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000133) (Página 5729)

--Acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y los Gobiernos de las Naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 127, de 23 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000134) (Página 5730)

--Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre Transporte Aéreo, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 128, de 23 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000135) (Página 5730)

--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas, entre las localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 130, de 30 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000136) (Página 5730)

--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Támega, entre las localidades de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 131, de 30 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000137) (Página 5730)

--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía sobre la modificación del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Anexo, firmado en Madrid el 10 de enero de 1980. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 132, de 30 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000138) (Página 5730)

--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Uruguay sobre la modificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo Comercial entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 133, de 30 de septiembre de 1997 (número de expediente 110/000139) (Página 5730)

--Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Nueva York, 7 de marzo de 1966). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 136, de 10 de octubre de 1997 (número de expediente 110/000140) (Página 5730)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 79-1, de 16 de septiembre de 1997 (número de expediente 121/000074) (Página 5731)

Página 5662


--Proyecto de Ley de concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá 20, según Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de marzo de 1997. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 76-1, de 23 de julio de 1997 (número de expediente 121/000075) (Página 5731)

--Proposición de Ley Orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 105-1, de 9 de junio de 1997 (número de expediente 122/000087) (Página 5731)

Votación de conjunto (Página 5740)

--Proposición de Ley Orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña (número de expediente 122/000087) (Página 5740)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley por la que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. (Procedente del Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 82-1, de 26 de septiembre de 1997 (número de expediente 121/000080) (Página 5741)

--Proposición de Ley sobre medidas presupuestarias aplicables al Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 102-1, de 9 de junio de 1997 (número de expediente 122/000084) (Página 5741)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 5668)

Proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo (Página 5668)

Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, interviene el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Matutes Juan). Manifiesta que el proyecto de ley que hoy trae a la consideración de la Cámara responde a una necesidad largamente sentida no sólo por las instituciones que trabajan en este área, sino por toda la sociedad civil y las propias fuerzas políticas. Dicha necesidad deriva de múltiples factores igualmente importantes, entre los que destaca el importante aumento de los fondos destinados a la cooperación para el desarrollo que se ha venido produciendo en los últimos años, la ampliación del área geográfica de aplicación, así como la creciente diversificación de programas y proyectos y la multiplicación de actores. Se trata de un proyecto de ley en el que se establecen claramente los principios y que necesitará de un posterior desarrollo legislativo. A continuación analiza detalladamente los objetivos contenidos en los diversos títulos, capítulos y artículos del proyecto de ley, entre los que destaca la lucha contra la pobreza, el fomento de la paz internacional y la presencia de España en el exterior.
Concluye su intervención manifestando que se ha tratado de crear un instrumento legal que sintonice con la realidad, con los deseos de la sociedad española y constituya, por tanto, un marco adecuado para encauzar las energías de nuestra sociedad hacia actividades de indudable trascendencia en el contexto de la lucha universal contra la pobreza.
En defensa de las diversas enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley, intervienen los señores Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Fuentes Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Saura Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Página 5663


En turno de réplica intervienen los señores Navas Amores y Fuentes Gallardo, duplicando el señor Izquierdo Juárez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Caballero Basáñez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones (Página 5691)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Manifiesta en primer lugar que el proyecto de ley que tiene el honor de presentar a la Cámara responde a la necesidad de hacer frente al grave problema de la carestía de la vivienda, en cuyo origen está la carestía del suelo. Añade que es una ley de reforma estructural de gran importancia porque incide sobre dos aspectos fundamentales para los ciudadanos: de un lado, las mayores posibilidades de acceso a la vivienda y, de otro, la competitividad de la economía y de las empresas, en la medida en que el suelo es un elemento primordial de los costes a los que hace frente cualquier actividad económica. Considera que se trata de un problema no resuelto porque la legislación vigente desde hace siete años ha sido rechazada tanto por su marcado carácter intervencionista como por su innecesaria complejidad, que ha dado lugar a diversos recursos presentados por algunas comunidades autónomas, siendo necesario anular doscientos artículos del texto vigente.
Expone que en el ejercicio estricto de las competencias que la Constitución española reserva al Estado, el Gobierno ha querido cambiar la situación en tres planos: mediante la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de propiedad del suelo, mediante el establecimiento de criterios de valoración del suelo más realistas y mediante la modificación parcial del procedimiento y de las garantías expropiatorias. Añade que es una ley abierta, que hace posible el incremento de la oferta de suelo y que permite distintas políticas urbanísticas y modelos de gestión.
Pasa a concretar el contenido de los diferentes títulos y artículos de que se compone el proyecto de ley, destacando algunos principios básicos como la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de las administraciones públicas; la conjugación de la acción de la iniciativa privada y de los entes públicos, a quienes corresponde la dirección del proceso; el reparto equitativo de beneficios y cargas o los derechos de información y de participación de los afectados, así como la determinación de las distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana y de los distintos regímenes de suelo aplicables, principal reforma estructural contenida en el proyecto de ley.
En cuanto a los criterios de valoración del suelo, explica que el proyecto de ley ha optado por establecer un sistema que refleje con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, eliminando la actual dualidad de valores, inicial y urbanístico, y aproximándose al precio justo, inexcusable en toda operación expropiatoria, que no puede ser otro que el que permita al propietario adquirir otro bien de análogas características y situación.
Añade que esta primera propuesta, que es en principio de general aceptación, se puede ver afectada en su aplicación por el contenido que legalmente se atribuya a la propiedad del suelo, por las condiciones más o menos perfectas del mercado y por las reglas que se establezcan para determinar el justo precio.
Termina su intervención manifestando que el Ministerio de Fomento, como responsable de la elaboración del anteproyecto de ley, se planteó desde el primer momento conseguir un texto breve, limitado a las estrictas competencias del Estado, fácil de entender y de aplicar y que tuviera al mismo tiempo la flexibilidad suficiente para que las comunidades autónomas puedan legislar en las materias urbanísticas de su exclusiva competencia, sin que se produzcan disfunciones y garantizándose la igualdad básica en todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales.
En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
A continuación, en defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo, intervienen el señor Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen la señora Narbona Ruiz y el señor Fernández Sánchez, duplicando el señor Ortiz González.


Página 5664


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, en primer lugar, la enmienda de totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo, se rechaza por 150 votos a favor, 168 en contra y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al mismo proyecto de ley, se rechaza por 151 votos a favor y 168 en contra.
Sometida a votación, en tercer lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza por 152 votos a favor y 166 en contra.
Sometida a votación, en cuarto lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo, presentada por el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, a dicho proyecto de ley, se rechaza por 151 votos a favor, 167 en contra y una abstención.


Avocación por el Pleno (Página 5715)

Del proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo (Página 5715)

El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo, lo que se aprueba por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (votación) (Página 5715)

Proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones (Página 5715)

Sometida a votación, en primer lugar, la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de régimen de suelo y valoraciones, se rechaza por 151 votos a favor y 168 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a dicho proyecto de ley, se rechaza por 150 votos a favor, 168 en contra y una abstención.
Sometida a votación, en tercer lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, se rechaza por 152 votos a favor, 166 en contra y una abstención.


Avocación por el Pleno (Página 5715)

Del proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones (Página 5715)

Al igual que en el anterior proyecto de ley, el señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno del proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones, lo que se aprueba por asentimiento.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Página 5715)

Real Decreto-ley 17/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar (Página 5715)

En nombre del Gobierno, presenta el Real Decreto-ley el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). Manifiesta que la razón de traer a la Cámara este Real Decreto-ley, admitiendo la posibilidad de contar con un excedente de reemplazo, es consecuencia directa del período de transición entre un modelo mixto de Fuerzas Armadas y otro totalmente profesional, a lo que hay que añadir el plan de reducción de los efectivos para dar cumplimiento al objetio del Gobierno de contar con unas Fuerzas Armadas más profesionales, más reducidas y más eficaces.
Una vez explicadas las razones de este Real Decreto-ley que hoy se pretende convalidar, pasa a analizar el porqué del carácter extraordinario y urgente. Expone que la transición de un modelo mixto a otro totalmente profesional hace casi inncesario explicar la multitud de mecanismos de carácter extraordinario necesarios para poder llevar a buen fin este proceso de carácter histórico. En cuanto al carácter urgente considera que hay razones extraordinariamente claras si se tiene en cuenta que el volumen de efectivos profesionales con que contarán las Fuerzas Armadas

Página 5665


en el año 1998 viene definido en la Ley General de Presupuestos que tuvo entrada en esta Cámara el día primero de los corrientes. Asimismo hace referencia al carácter orgánico de la Ley del Servicio Militar y aclara que los artículos que se pretenden modificar no tienen dicho carácter.
Por otra parte, afirma que para solucionar las diferencias entre efectivos necesarios y contingente disponible, con el menor coste presupuestario posible, es necesaria la figura del excedente de cupo, aunque el Gobierno no excluye el poder utilizar como mecanismo para declarar exenta a una persona las pruebas psicofísicas o condicionamientos económicos y familiares. Por último, manifiesta que el método que se propone garantiza el principio de igualdad de oportunidades y puede ser utilizado complementariamente con los que se arbitren en años futuros.
Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Moya Milanés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmiendas del Senado (Página 5723)

Proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Página 5723)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Alcalde Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (votación) (Página 5727)

Real Decreto-ley 17/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar (Página 5727)

Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley, se aprueba la convalidación por 288 votos a favor y 16 abstenciones.


Enmiendas del Senado (votación) (Página 5727)

Proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Página 5727)

Sometidas a votación, en primer lugar, la enmienda al artículo 13 y la de supresión de la disposición adicional tercera, se aprueban por 287 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.
Sometidas a votación, en segundo lugar, el resto de las enmiendas del Senado, se aprueban por unanimidad.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 5728)

Convenio básico de cooperación científico-técnica entre el Reino de España y la República de Haití, firmado «ad referendum» en Puerto Príncipe el 8 de mayo de 1991, y Canje de notas de 4 y 16 de octubre de 1995 que lo modifica (Página 5728)

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo enmendado II) adoptado en Ginebra el 3 de mayo de 1996, de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980 (Página 5728)

Protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados,

Página 5666


«Protocolo sobre armas laser cegadoras», Protocolo IV , adoptado en Viena el 13 de octubre de 1995 (Página 5728)

Enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satelite (Eutelsat), adoptada en París el 21 de febrero de 1996 (Página 5728)

Convenio europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989 (Página 5728)

Declaración de aceptación por España de la adhesión de Islandia al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25 de octubre de 1980) (Página 5728)

Convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (Página 5729)

Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (Página 5729)

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (Página 5729)

Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (Página 5729)

Convenio entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 (Página 5729)

Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de Colombia, firmado en Bogotá el 29 de mayo de 1997 (Página 5729)

Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (Página 5729)

Convenio de cooperación judicial en materia penal entre el Reino de España y la República de El Salvador, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (Página 5729)

Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al Estatuto de sus Fuerzas y Protocolo adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, así como reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de su ratificación (Página 5729)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Albania y los gobiernos de las naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha Fuerza, hecho en Roma el 21 de abril de 1997 (Página 5730)

Acuerdo entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre transporte aéreo, firmado en Madrid el 10 de marzo de 1997 (Página 5730)

Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas, entre las localidades de San Martín de Pedroso (España) y Quintanilha (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (Página 5730)

Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Támega, entre las localidades

Página 5667


de Feces de Abaixo (España) y Vila Verde da Raia (Portugal), firmado en Madrid el 24 de junio de 1997 (Página 5730)

Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía sobre la modificación del Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Anexo, firmado en Madrid el 10 de enero de 1980 (Página 5730)

Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Uruguay sobre la modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo comercial entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay, firmado en Montevideo el 13 de agosto de 1979 (Página 5730)

Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Nueva York, 7 de marzo de 1996) (Página 5730)

Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, son aprobados por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 5731)

Proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los Ferrocarriles de Via Estrecha (FEVE) (Página 5731)

Proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 120.277.891 pesetas, para el pago de indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá 20, según el auto de la Audiencia provincial de Madrid de 3 de marzo de 1997 (Página 5731)

Proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña (Página 5731)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Jover Presa, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de réplica intervienen la señora Rivadulla Gracia y el señor Jover Presa, duplicando el señor López de Lerma i López.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, en primer lugar, el dictamen de la Comisión al proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para atender el déficit de explotación de los Ferrocarrriles de Via Estrecha (FEVE), se aprueba por unanimidad.
Sometido a votación, en segundo lugar, el dictamen de la Comisión al proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios para el pago de las indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá 20, según auto de la Audiencia Provincial de Madrid, se aprueba por 297 votos a favor y una abstención.
Sometidas a votación, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso a la proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña, son rechazadas.
Sometido a votación, en segundo lugar, el dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña, es aprobado.


Votación de conjunto (Página 5740)

Proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en

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materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña (Página 5740)

Sometida a votación de conjunto la proposición de ley orgánica, se aprueba por 302 votos a favor y uno en contra.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 5741)

Proyecto de ley por la que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo (Procedente del Real Decreto-ley 12/1997, de 1 de agosto) (Página 5741)

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.


Proposición de ley sobre medidas presupuestarias aplicables al Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados (Página 5741)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Martinón Cejas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, son aprobadas por 275 votos a favor y una abstención.
Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, son aprobadas por unanimidad.
Sometida a votación la proposición de ley con las enmiendas incorporadas, se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las siete y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
(Número de expediente 121/000077)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
De acuerdo con la Junta de Portavoces, la sesión continúa ahora con el debate del punto X previsto en el orden del día que SS. SS. tienen repartido, debates de totalidad de iniciativas legislativas, comenzando por el proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores, señor Matutes Juan.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señorías, el proyecto de ley de cooperación para el desarrollo que hoy presento a esta Cámara, responde a una necesidad largamente sentida no sólo por las instituciones que trabajan en esta área, sino por toda la sociedad civil y las propias fuerzas políticas; prueba de ello son el informe de este Congreso de los Diputados de noviembre de 1992, así como la ponencia del Senado del mismo mes de 1994.
Dicha necesidad deriva de múltiples factores igualmente importantes de los que quiero destacar solamente los siguientes: El importante aumento de los fondos destinados cooperación para el desarrollo que se ha venido produciendo en los últimos años; hasta el punto de que hace veinte años España era un país receptor de ayuda y ha pasado a ser un importante donante. En segundo lugar, la ampliación del área geográfica de aplicación de nuestra cooperación para el desarrollo, así como la creciente diversificación de programas y proyectos. En tercer lugar, la multiplicación de actores en el campo de la cooperación; ya no es la administración del Estado la única protagonista, sino que se suman a ella las restantes administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y otros agentes sociales.
Sensible a esta situación y a la consiguiente demanda social, el Gobierno ha remitido a estas Cortes un proyecto de ley que constituye un marco legal adecuado para nuestra cooperación, teniendo en cuenta no sólo la cantidad sino la calidad de la misma. El actual proyecto recoge los principios esenciales de la cooperación para el desarrollo sobre la base de un amplio consenso. En efecto, en su redacción se han tenido en cuenta no sólo las opiniones de los diversos departamentos ministeriales

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que actúan en este campo, sino también los ya citados informes del Congreso y del Senado, las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y los puntos de vistas de organizaciones de la sociedad civil implicadas en la cooperación para el desarrollo.
No se trata de un texto que aborde exhaustiva y minuciosamente todos los aspectos ligados a la cooperación, sino más bien de una norma marco que establece orientaciones generales, las cuales en muchos casos van a necesitar de un posterior desarrollo legislativo. Ello no significa que el proyecto de ley carezca de contenido en dichos casos, sino que, por el contrario, los correspondientes artículos establecen claramente los principios y la orientación a que necesariamente deberá atenerse el citado desarrollo posterior.
Pasando al análisis concreto del proyecto, he de señalar que en su capítulo I se destaca como objetivo prioritario para la cooperación la lucha contra la pobreza. Ello se reconoce expresamente no sólo como principio en el apartado c) del artículo 2, que busca asegurar la eficacia de la política española de cooperación al desarrollo en su lucha contra la pobreza, sino también como el primero de los objetivos que describe el artículo 3 cuando se refiere al fomento del desarrollo de los países más desfavorecidos, con especial énfasis en las capas más necesitadas de la población. Sin perder de vista este objetivo, más bien como consecuencia de su aplicación, la política española de cooperación al desarrollo contribuirá igualmente a fomentar la paz internacional y a fomentar, como no puede ser menos, la presencia de nuestro país en el exterior.
De forma acorde con el conjunto de principios y objetivos que define, el proyecto de ley concreta a continuación las prioridades geográficas por un lado, sectoriales por otro, de la política española de cooperación, insistiendo en el artículo 4 en la especial atención que se dedicará a los países de menor desarrollo económico. Por ello se ha adoptado un criterio flexible que permite la periódica revisión de dichas prioridades en el marco amplio de los planes directores.
El capítulo II del proyecto se refiere a la planificación, modalidades y vías de la política española de cooperación. La planificación es una de las necesidades que con mayor intensidad se hacía sentir en nuestra cooperación, dado el gran número de actores de la misma y la conveniencia de evitar solapamientos y disfunciones. Se introduce, por tanto, una planificación a dos niveles: el plan director plurianual a cuatro años que permite una programación en el medio plazo, complementado por los planes anuales que aplicarán las previsiones del anterior y todo ello además se complementa ex post con el plan de evaluación a que se refiere el artículo 12 para el seguimiento y evaluación de las actividades realizadas de acuerdo con los planes anteriormente citados.
Dentro de este capítulo se recogen y definen, por otro lado, las distintas modalidades de cooperación existentes; se incluyen algunas novedades que ya se dan en nuestro país como son la educación para el desarrollo y el comercio justo. En este último caso en particular el texto se hace eco de una proposición no de ley aprobada en diciembre del pasado año.
El capítulo III se dedica a los órganos competentes en la formulación y ejecución de la política española de cooperación. Quiero destacar, en primer lugar, que el proyecto refuerza las competencias atribuidas al Parlamento favoreciendo en cada legislatura el debate sobre temas de cooperación al desarrollo. A continuación el texto describe las funciones del Gobierno y los ministerios en lo concerniente a la cooperación, definiendo en particular las funciones de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Me interesa destacar en especial los mecanismos que el proyecto de ley prevé para asegurar la debida coordinación de las actuaciones de la administración del Estado en la materia. En primer lugar, el artículo 13 establece que el gobierno define y dirige la política española de cooperación entendida, según les decía antes, como parte de la política exterior del Estado.
Por otra parte, y reconociendo las competencias que en la materia corresponden a otros departamentos ministeriales, el proyecto de ley establece en su artículo 14 que el ministro de Asuntos Exteriores es responsable en la ejecución de la política de cooperación.
Consecuentemente, se le conceden las necesarias facultades de coordinación en los órganos de la Administración general del Estado que tengan legalmente atribuidas competencias en la materia. Finalmente, la comisión interministerial de cooperación se define como el órgano de coordinación técnica interdepartamental de la Administración general del Estado en materia de cooperación.
Existen, por tanto, a mi juicio, garantías suficientes de coordinación en las actuaciones de la administración del Estado en la materia. En efecto, bajo la unidad de definición y dirección por parte del Gobierno una correcta aplicación de la ley permitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores ejercitar una coordinación de las actividades de otros departamentos que sea eficaz y a la vez cumpla con los requisitos que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ya señaló en su evaluación de la cooperación española en 1994 y que hasta el momento no se había corregido. Dicha labor coordinadora se complementará con la que se lleve a cabo a nivel técnico desde la comisión interministerial de cooperación internacional.
El esfuerzo de coordinación que supone un complemento imprescindible --los mecanismos de planificación antes descritos--, se extiende sin embargo tanto a las restantes administraciones públicas, como a la propia sociedad civil mediante otros dos órganos colegiados: la comisión interterritorial de cooperación para el desarrollo y el consejo de cooperación al desarrollo. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente, el proyecto reconoce el importante esfuerzo que en el campo de la cooperación al desarrollo vienen realizando las distintas administraciones territoriales. La comisión interterritorial de cooperación constituye un foro de coordinación y concertación de dichas administraciones con la Administración del Estado con el fin de asegurar la coherencia y complementariedad de sus actuaciones, así como la mayor eficacia en las respectivas tareas de cooperación que todos llevan a cabo. Es fundamental en este caso el recíproco respeto de las respectivas competencias, dentro del espíritu de colaboración entre distintas administraciones que, en el caso de la Administración central y autonómica, dio en su día lugar a la creación de las conferencias sectoriales.
El consejo de cooperación al desarrollo, por su parte, es el órgano consultivo mediante el que la sociedad civil participa en la definición de la política de cooperación. Forman parte del mismo las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, instituciones y organismos privados en este campo, así como representaciones de los agentes sociales y expertos en la materia.
De acuerdo con lo que he señalado antes, los artículos relativos a estos organismos colegiados serán objeto de desarrollo legislativo ulterior que, naturalmente, no podrá suponer modificación alguna de las definiciones que da el proyecto de ley; no se añadirán, por tanto, contenidos que la ley no tenga, sino que se trata de profundizar en detalles de funcionamiento que no corresponde insertar en una norma de carácter general.
Concluye el capítulo III con una descripción de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de las oficinas técnicas de cooperación. La primera, la agencia, es considerada como órgano de gestión de la política española de cooperación y las oficinas técnicas de cooperación son la unidad organizativa mínima que permite la eficacia de la cooperación bilateral con los países receptores.
El capítulo IV trata de los instrumentos de la cooperación, tanto de los multilaterales como de los bilaterales. Tras relacionar los primeros en el artículo 23, el siguiente artículo se refiere a los instrumentos bilaterales, distinguiendo por un lado los recursos gestionados por el Ministerio de Hacienda y, por otro, los gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Al igual que en otros casos anteriores, los aspectos a que se refiere este artículo serán desarrollados por normas posteriores que en ningún caso podrán modificar las directrices que en esta ley marco se establecen.
El capítulo V trata del personal al servicio de la Administración general del Estado en el ámbito de la cooperación, ocupándose, por tanto, de los recursos humanos necesarios para las actividades a realizar en este campo y procurando su especialización, eficacia y desarrollo humano.
Por su parte, el capítulo VI se refiere al contexto social de la cooperación, plasmando la voluntad gubernamental de fomentar las actividades de cooperación de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, así como los demás agentes sociales que actúan en este campo. Para ello, se arbitran diversas fórmulas, como son la concesión de subvenciones e incentivos fiscales en los términos de la normativa vigente. En particular se reconoce la amplia vigencia social de las ONG, a las que se regula ampliamente dotándolas de un registro específico cuyo funcionamiento será regulado mediante el correspondiente desarrollo normativo del artículo 29 de la Ley. los artículo 31 y 32 también revisten especial importancia, pues se refieren a los incentivos fiscales aplicables. Se aplica a las ONG el régimen tributario de las entidades sin fines lucrativos, regulado en el capítulo I del título II de la Ley 30/1994, por entenderse que los incentivos que ofrece dicha ley son de por sí suficientemente generosos y, por ello mismo, no conviene discriminar distintas actividades que son todas ellas de interés general, otorgando a unas beneficios fiscales distintos a los de otras. Por otro lado, la normativa aplicable requiere que las entidades beneficiarias revistan la figura de fundaciones o asociaciones declaradas de utilidad pública. Con ello se trata de asegurar que las entidades que realizan actividades privilegiadas lo hagan sin ánimo de lucro. No obstante todo ello, el artículo 32 prevé la posibilidad de aplicación de incentivos fiscales incrementados, en los términos del artículo 67 de la citada Ley 30/1994, lo que implica un reforzamiento de las ventajas concedidas.
El proyecto de ley se refiere en la sección segunda del capítulo VI, al voluntariado y a la prestación social sustitutoria, como vías para la realización de actividades de cooperación, todo ello en coherencia con la vigente Ley 6/1996, del 15 de enero, sobre voluntariado.
Finalmente, la sección tercera del capítulo VI se dedica al fomento de la participación social en la cooperación, previendo que las administraciones públicas adopten medidas, dentro de sus respectivas competencias, para sensibilizar a la sociedad española respecto a la problemática de la cooperación al desarrollo.
Para concluir --señor presidente, señorías-- deseo señalar que se ha tratado de crear un instrumento legal que sintonice, efectivamente, con la realidad, con los deseos de la sociedad española y constituya, por tanto, un marco adecuado para encauzar las energías de nuestra sociedad hacia actividades de indudable trascendencia, en el contexto de la lucha universal contra la pobreza.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Asuntos Exteriores.


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Al proyecto de ley del Gobierno se han presentado las siguientes enmiendas de totalidad: por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, una de texto alternativo; por el Grupo Mixto, tres enmiendas, dos de devolución, una del señor Rodríguez y otra firmada por tres diputados también del Grupo Mixto, y una enmienda de texto alternativo; y, a su vez, una última de texto alternativo, del Grupo Socialista.
Para defensa de su enmienda a la totalidad de texto alternativo, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, señorías, durante mucho tiempo --como ha dicho el ministro-- todos los agentes que están implicados en la realización de la política de cooperación para el desarrollo, hemos estado esperando tener una ley que agrupase la experiencia que a lo largo de todos estos años hemos estado larvando alrededor de este asunto.
Considerábamos que después de esa experiencia, y fruto del conocimiento adquirido, conseguiríamos un proyecto de ley que, al menos, básicamente coincidiría con las conclusiones y que esa experiencia, a nuestra forma de entender, se vería reflejada en el proyecto. Lamentablemente, consideramos que no ha sido así. Sigue adoleciendo de errores conceptuales fundamentales, tanto es así que hemos entendido que con enmiendas parciales no se podrían solucionar los elementos que nosotros consideramos más negativos de este proyecto de ley, y no sólo hemos elaborado nuestra enmienda de devolución sino que hemos trabajado para conseguir un articulado alternativo que agrupase los criterios de nuestro grupo parlamentario y que estuviese en sintonía con la voluntad, con la experiencia acumulada en tantos y tantos años de cooperación, por tantas y tantas organizaciones.
Las principales críticas que estimamos tiene el proyecto de ley del Gobierno se basan, sobre todo, en la consideración, todavía en estos momentos, de que la política de cooperación para el desarrollo es una política adscrita al departamento de Asuntos Exteriores, lo cual supone que las prioridades, los principios rectores, los objetivos, siempre van a estar vinculados a los intereses lógicos del Gobierno en cuanto a la relación con terceros países y, por tanto, vicia de origen el resto del articulado.
Cuando estamos hablando de cómo se van a conformar las competencias de los distintos órganos que van a ser rectores de la cooperación; cuando estamos hablando de los objetivos; cuando estamos hablando de las prioridades; cuando estamos hablando del conjunto de todo el articulado de la ley, todo está impregnado de esa prioridad, de esa sumisión a los objetivos de la política exterior. Por consiguiente, ninguna persona de las organizaciones que han estado trabajando los últimos dos años en este campo, comprende que todavía el Gobierno no haya entendido la desvinculación total que tiene que haber entre dos cosas que son básicamente distintas. La cooperación al desarrollo no es una relación bilateral comercial o de intereses estratégicos entre el Estado español y terceros países, es una política destinada a erradicar la pobreza.
Es curioso cómo la planificación cuatrienal que se recoge en el texto del proyecto de ley del Gobierno no contempla la posibilidad de que el Parlamento pueda tener protagonismo en cuanto a su debate y aprobación.
Se relega al Parlamento a ser meramente una Cámara de dictamen, de discusión, pero no de introducción de elementos correctores, puesto que ésa es una capacidad autónoma del Gobierno, es una competencia del Gobierno, es una competencia del Estado y, por tanto, en la Cámara se dictaminará. Es algo parecido a lo que algunas veces ocurre en esta Cámara con la presentación del proyectos de ley de lectura única, sobre los que se puede discutir pero no enmendar. Es una situación que entendemos coloca al Parlamento como un elemento decorativo dentro de la creación de la política de cooperación para el desarrollo.
Cuando el proyecto de ley habla de objetivos, se tiene que ver impregnado de la filosofía que enmarca el proyecto del Gobierno, que es una filosofía de relaciones e intereses comerciales. De nuevo se vuelven a introducir créditos FAD, que están en manos de ministerios, como el de Economía y Hacienda, que persiguen básicamente una relación y unos intereses comerciales, intereses que están alejados de los principios rectores de la cooperación al desarrollo.
Otro elemento que nos ha incitado a presentar un texto alternativo es que consideramos que la cooperación en este país, de facto, de hecho, se ha demostrado descentralizada, a pesar de no haber una fase jurídica, una alegalidad en cuanto al amparo y cobertura de la cooperación, realizada por comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Por tanto, el hecho de que esa realidad no se contemple en el proyecto de ley del Gobierno, nos hace pensar que, de nuevo, el Estado se conforma como un elemento centralizador de lo que hoy por hoy es una dinámica totalmente descentralizada en la práctica cotidiana de la cooperación al desarrollo.
Lo que el Gobierno entiende por participación social, en cuanto a la planificación y a la gestión de la cooperación, nosotros entendemos que es una mera justificación, un discurso enunciativo, pero que en el proyecto de ley no se contempla como tal, porque recoge que la participación en el consejo tiene unas competencias consultivas, carentes en todo caso de la posibilidad de tener el más mínimo marco ejecutivo. No entendemos que en esta serie de críticas que hemos analizado básicamente en cuanto a la filosofía del proyecto de ley del Gobierno, podríamos mejorar, mediante enmiendas parciales, este proyecto de ley, porque hay que modificar la columna vertebral que lo mantiene y si criticamos esa columna vertebral, desde luego, estamos hablando de otro proyecto de ley.


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Si analizásemos más en detalle los distintos apartados del proyecto de ley del Gobierno, veríamos que en el artículo 1, objeto de la ley, Exteriores pretende regular toda la cooperación para el desarrollo, sea quien sea el ministerio que la realice, como una expresión de la política exterior. Nosotros, como hemos dicho, rechazamos esta visión, puesto que es la expresión de solidaridad de los españoles con los más desfavorecidos y no la defensa de los intereses de España la que debe prevalecer, lógicamente, en la política de cooperación.
En el artículo 2, de principios, no compartimos la convicción de que un crecimiento económico por sí mismo pueda mejorar las condiciones de vida.
Existen evidencias empíricas de que una distribución desigual de la renta puede producir que los sectores más desfavorecidos todavía empeoren más.
Hay que introducir el criterio de un reparto más justo de los fondos de ese crecimiento.
Entre los objetivos se ven claramente las diferencias de criterio del proyecto del Gobierno y del nuestro. Al introducir la cooperación para el desarrollo dentro de la competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, y siendo ésta una competencia ... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Navas.
Silencio, señorías. (Pausa.) Señorías. Tienen SS. SS. dependencias anejas al hemiciclo para el despacho de los asuntos, si me permiten la expresión, mañaneros. En consecuencia, les ruego guarden silencio tanto en el hemiciclo como en tribunas, en donde espero no tener que volver a llamar al silencio.
Continúe señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Como decía, entre los objetivos no compartimos introducir la cooperación para el desarrollo dentro de la competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, y, siendo ésta una competencia lógica del Estado, se consigue que sea el Gobierno el que controle y dirija esa política. La posición del Gobierno es claramente centralista. No se puede incluir como objetivo de la cooperación para el desarrollo la promoción, el apoyo y el despliegue exterior de nuestra economía; eso sí es competencia de Exteriores, pero nada tiene que ver con lo que es la filosofía comúnmente entendida de lo que es la cooperación.
La solidaridad no tiene como objetivo el retorno en términos económicos.
Eso es negocio. Un objetivo de esta política debería ser potenciar la participación ciudadana en acciones de cooperación tanto en el diseño como en la ejecución.
Respecto a las prioridades, se sigue insistiendo en que obedederá lógicamente a lo que es la columna vertebral de esta ley, a los objetivos de la política exterior. Las prioridades podrán ser revisadas por el plan director. Este es sometido al Gobierno por el Ministerio de Asuntos Exteriores y, una vez aprobado, se envía al Congreso para su dictamen: como he dicho antes, la Cámara parlamentaria como mero convidado de piedra.
La planificación se recoge en el plan director cuatrienal, que es un plan que no aprueban las Cortes. Seguimos siendo algo decorativo en esta política. La participación del Congreso en la definición de dicho plan es un brindis al sol. Nosotros sí definimos los contenidos de ese plan y sí damos prioridad al trabajo y a la posibilidad de que esta Cámara pueda introducir modificaciones en dicho plan.
Cooperación técnica: no puede ser que cualquier modalidad de asistencia dirigida a la formación de recursos humanos pueda ser considerada cooperación al desarrollo, como recoge esta ley. Hay acuerdos entre este Gobierno y otros para hacer formación técnica que no tienen nada que ver con la cooperación para el desarrollo; tiene mucho más que ver con situaciones de adoctrinamiento en métodos de defensa, de orden público, etcétera, que, vuelvo a decir lo mismo, es mezclar churras y merinas.
La cooperación económica y financiera no se puede incluir como cooperación para el desarrollo. Es un instrumento característico de la política comercial exterior, como son los préstamos.
Sobre las Cortes Generales se recoge el modelo organizativo para la gestión de estos fondos públicos. Las Cortes sólo pueden establecer las líneas generales y las directrices básicas, pero en la forma y modo que se determine y a propuesta del Gobierno. Es impresentable que una política que se dice que nace del consenso político y social se defina de espaldas al Parlamento, que se convierte para el Gobierno en un órgano consultivo. Nosotros proponemos dotar al Parlamento del mismo protagonismo que el que ejerce el Gobierno. Pretendemos que se cree un ente público cuyos miembros sean nombrados por el Parlamento y su presidente sea propuesto por éstos mismos y no sea un elemento meramente decorativo. De esta forma, conseguiremos un mayor control en la gestión, al estar residido todo el presupuesto en un solo organismo y una mayor flexibilidad y autonomía de gestión.
Hemos expresado claramente nuestra oposición a considerar esta política como parte integrante de la política exterior del Estado por el objetivo final del mismo, oposición que venimos resaltando, artículo por artículo en la ley. Ahora también introducimos la razón de que otros niveles de gobierno realizan cooperación y nunca se han planteado que estaban invadiendo una competencia exclusiva del Estado. Hasta ahora nosotros lo que proponemos es la adaptación a la realidad, lo que se está produciendo en estos momentos en otros niveles de gobierno descentralizados adaptarlo a la ley, y la ley lo que consigue es impedir que esa realidad se siga manteniendo mediante la centralización competencial de toda esta política.
Un elemento fundamental, tanto del proyecto de ley como de lo que siempre se ha entendido por todos los

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agentes que trabajan en cooperación y desarrollo, es el hecho de fijar el Consejo de Cooperación al Desarrollo como un elemento de participación, como un elemento definitorio de cuál debe ser la politica que se va a realizar en este campo. Para nosotros es un órgano ejecutivo y para el Gobierno es un órgano consultivo; es un elemento de participación, es un elemento que asesora al Parlamento y al Ejecutivo; es también para nosotros el consejo de administración, el elemento jerárquico mayor dentro de la cooperación para el desarrollo. Aquí se expresa claramente el sentido que la participación tiene para el Gobierno y para nosotros, que no es sólo el reconocmiento del derecho a participar, sino el de posibilitar que esa participación suponga la posibilidad de decidir sobre aquellas cuestiones directamente relacionadas con la cooperación. La filosofía de consenso que se recoge en nuestro texto alternativo se expresa claramente en este artículo en la forma y en la composición de los miembros que formarán parte de dicho Consejo.
La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo, según el Gobierno, servirá para la coordinación, la concertación y para asegurar la eficacia y eficiencia de la cooperación entre las administraciones, pero cada una dentro de sus competencias. Es coherente el texto del articulado del proyecto de ley del Gobierno con su filosofía de que toda la política de cooperación se supedite a las prioridades del Gobierno y que no va a ceder en cuanto a la centralidad de esa gestión.
La autonomía que el proyecto otorga a las demás administraciones autónomas y locales se circunscribe al análisis y evaluación de los proyectos, que vuelven a ser elementos meramente consultivos para el Gobierno. La gran contradicción de este artículo está en que no puede haber autonomía dentro de la filosofía con que la ley define la vinculación de la cooperación para el desarrollo con la política exterior, de competencia exclusiva del Estado. Yo voy a ser especialmente receptivo hacia los discursos de quienes, como nosotros, entienden que la política de cooperación al desarrollo debe estar totalmente descentralizada y que es posible --me gustará escuchar las reflexiones en este sentido-- cambiar en el debate --si sale adelante el proyecto del Gobierno--, en ponencia y en comisión, esta filosofía mediante las enmiendas parciales. Nosotros entendemos que es materialmente imposible, mediante enmiendas y mucho menos mediante la definición en el discurso del representante del Gobierno, asumir ese hecho descentralizador, cuando en el texto de la ley no se recoge así. Y no sólo en el texto de la ley en cuanto a principios generales, sino que no hay una filosofía que justifique que eso va a ser de otra forma distinta.
Por tanto, aquellos grupos parlamentarios que consideramos importante, entre otras cuestiones importantes de la ley, el hecho de la descentralización, el hecho de la capacidad de los distintos órganos de Gobierno, tanto de las comunidades autónomas como de los entes locales, de poder hacer política de cooperación y poder diseñar autónomamente cuáles son los objetivos que se pretenden cubrir, cuál es la cantidad presupuestaria y las definiciones plurianuales que se entienden por convenientes para desarrollar su política, yo creo que para esto es necesario un proyecto de ley totalmente distinto, más acorde con la filosofía que estamos exponiendo nosotros.
La Comisión Interministerial para la Cooperación Internacional, que recoge el texto del Gobierno, es un órgano prescindible en nuestro modelo de cooperación, puesto que la gestión de todos los fondos que se destinen para este fin deben estar controlados en un solo centro gestor. Volvemos a tener la coherencia del Gobierno en cuanto a la centralidad, pero como éste entiende que la política de cooperación abarca muchas áreas multidisciplinares, nos encontramos con que el presupuesto para cooperación y desarrollo está diseminado entre distintos ministerios y que, por tanto, es necesaria una comisión interministerial porque deben coordinarse de alguna forma los ministerios, aunque a la vez mantiene un criterio que para nosotros es también contradictorio. Dice que se empezará a coordinar los distintos ministerios, pero se respetarán, lógicamente, los criterios de cada uno de ellos a la hora de gestionar sus propios fondos.
Por tanto, mantenemos la situación actual de dispersión y de confusión en cuanto a lo que es la política de cooperación al desarrollo con lo que son políticas económicas o relaciones bilaterales de otros intereses políticos. El Gobierno plantea la comisión no sólo como elemento técnico de coordinación, sino que le otorga competencias que la sitúan como la columna vertebral de la política de cooperación. Va a informar las directrices de la política de cooperación y propondrá al Gobierno el plan director cuatrienal y el plan anual.
Otros elementos destacables del proyecto de ley son la Agencia Española de Cooperación Internacional que, según recoge el texto del Gobierno, es el órgano de gestión de la política española de cooperación al desarrollo, sin perjuicio, como decíamos, de las competencias asignadas a otros departamentos ministeriales.
Parece excesivamente pretencioso decir que esta Agencia es el órgano de gestión de la política española de la cooperación para el desarrollo. El planteamiento de nuestro grupo parlamentario es más coherente con la realidad y, como reconocemos en el artículo 17 de nuestro texto alternativo, a través de la Agencia se ejercen las funciones que corresponden al Estado en relación con esta política. En segundo lugar, consideramos que la fórmula de organismo autónomo administrativo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores no es la idónea. Esta política, como ya hemos indicado, no es parte de la política exterior por las razones aducidas

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y requiere una flexibilidad en la gestión que este tipo de organismos no permite. Por otra parte, se recoge el mismo modelo organizativo que tenemos en la actualidad y que se ha demostrado ineficaz. Se dice que esta Agencia será el órgano de gestión, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros departamentos. Se reproduce, pues, la situación actual y se mantiene de facto una dispersión en la dirección de esta política, puesto que la Agencia que plantea el Gobierno al final tan sólo será el órgano de gestión de los fondos que estén adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores.
El planteamiento de nuestro texto alternativo resuelve este problema creando una sección presupuestaria específica que recoja todos los fondos que el Parlamento decida dedicar a esta política, encargando su gestión al ente público que proponemos.


El señor PRESIDENTE: Señor Navas, ha de concluir, por favor.


El señor NAVAS AMORES: Sí, señor presidente.
Son muchos los elementos críticos que nosotros tenemos a este proyecto de ley. Entendemos que no sólo es necesario definir en el texto de la exposición de motivos la necesidad de ver cumplido un deseo, un anhelo de todos los agentes que se mueven en este campo en cuanto a conseguir por fin una ley que engloba toda esa experiencia vivida durante largos años, sino que, como se dice también en la exposición de motivos del texto del Gobierno, es una ley proclive al consenso en cuanto a que la participación de los agentes sociales es muy importante. Nosotros consideramos que con el texto que propone el Gobierno se rompe cualquier vínculo con la filosofía expresada por las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo, así como el vínculo de consenso político que se debería haber alcanzado entre los distintos grupos de la Cámara, porque sólo leyendo la exposición de las enmiendas a la totalidad y los textos alternativos que se van a defender con posterioridad se ve claramente que hay una gran disparidad de criterios en cuanto a la definición de la política para la cooperación que define el Gobierno y la que defiende el resto de los grupos de la Cámara.
Me parecería triste que, por el hecho de que el Gobierno pudiese sacar adelante esta ley en este trámite parlamentario, algunos pensasen que luego vamos a darle la vuelta a esta ley con las enmiendas parciales en comisión. Ya van siendo muchas las leyes que trae el Gobierno aquí y cuyo texto no tiene, en el momento de la presentación, el consenso y la voluntad mayoritaria de esta Cámara, pero que, a pesar de todo, están saliendo aprobadas en estos actos parlamentarios para después enmendarlas sustancialmente en las comisiones y en las ponencias. Yo creo que ya va siendo hora de que esta Cámara, cuando cree que el contenido de los proyectos de ley del Gobierno no obedecen a la línea argumental básica que defendemos los distintos grupos, se los pueda devolver para que el Gobierno los vuelva a traer con ese consenso no sólo político sino también social.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.
Para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fuentes.


El señor FUENTES GALLARDO: Señor presidente, señoras y señores diputados, antes de nada querría abundar en algunas palabras que ha dicho el señor ministro de Asuntos Exteriores a la hora de situar este proyecto de ley en la reciente historia de la cooperación española.
Es bueno recordar que en 1981, hace 15 años, España recibía fondos de ayuda al desarrollo; recibíamos fondos de otros países para ayudarnos en nuestro desarrollo. Hoy, 16 años después, España es un país que aporta importantes cantidades para el desarrollo de otros países. Fue en 1987 cuando se aprobaron por primera vez los criterios para la cooperación española; en 1988 se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional y en 1992 y 1994 son los informes del Congreso y del Senado los que, por unanimidad, establecen las bases de la cooperación española y ya se habla ahí de la necesidad de una ley de cooperación. Digo esto porque a veces se dice que por qué no se hizo una ley hace 10 años.
Porque hace 10 años ni era una necesidad todavía en nuestro país ni había una conciencia social en el campo de la cooperación, siendo ahora cuando estamos empezando a dar los primeros pasos. Es a partir de 1994 cuando realmente se establece la necesidad de una ley de cooperación, y bueno será reconocer que fue en la época de los anteriores gobiernos socialistas cuando se inicia, desarrolla y consolida la politica de cooperación española al desarrollo.
El Grupo Parlamentario Socialista rechaza el proyecto de ley que presenta el Gobierno. En primer lugar, porque contiene algunos puntos de los que discrepamos de forma sustancial; en segundo lugar, porque los aspectos más importantes de la cooperación el proyecto de ley los trata de forma ambigua, o los trata de pasada, o los trata dejando cosas muy importantes para futuros desarrollos reglamentarios, como muy bien ha señalado y ha reconocido aquí el señor ministro.
Señor ministro, el texto que nos presenta hoy aquí es peor, infinitamente peor que muchos de sus propios borradores que usted envió a las ONG para llevarlos al Consejo de Cooperación. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

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Este texto es mucho peor, lo reconoce todo el mundo y lo reconocen en privado muchos, incluso del Partido Popular, que se dedican a estos temas.
Es peor.
¿Y por qué es peor este texto que borradores anteriores del propio Ministerio de Asuntos Exteriores? Porque en el enfrentamiento entre Exteriores y Economía, y con tal de contentar a todo el mundo sin decir nada, se ha llegado a este texto, que se distingue fundamentalmente por la ambigüedad y por, a veces, afirmaciones contradictorias. Usted sabe que esto es así porque ha sido público; en el propio Consejo de Cooperación, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores votan una cosa y representantes del Ministerio de Economía votan la contraria; miembros del Gobierno defienden cosas distintas en el seno del Consejo de Cooperación, lo que explica la columna vertebral de este proyecto de ley.
Ya en el primer artículo el proyecto confunde lo que es cooperación internacional al desarrollo con ayuda oficial al desarrollo.
Evidentemente, la ayuda oficial al desarrollo se hace con fondos públicos, pero la cooperación internacional al desarrollo es un concepto mucho más amplio; mucho más amplio y usted lo sabe perfectamente.
Cooperación internacional al desarrollo es también la que realizan las fundaciones, las universidades, las ONG con sus propios fondos, las empresas. Eso es cooperación internacional para el desarrollo. El proyecto del Gobierno restringe la cooperación a lo que es exactamente ayuda oficial al desarrollo y, en nuestra opinión, la ley debería contemplar todos los aspectos. Otra cosa distinta es que, después, el CAD nos diga qué es ayuda oficial al desarrollo o qué puede computar como A o D, o qué no puede computar, pero una ley debe contemplar todos los aspectos que participan en la cooperación internacional al desarrollo.
Segundo bloque de artículos que provocan nuestro rechazo: la dirección real de la política de cooperación. El proyecto no resuelve este problema. En los artículos que van del 13 al 16 el proyecto contiene, como en tantas cosas, declaraciones contradictorias o ambiguas. En nuestra opinión, la dirección política de la cooperación debe ser única, aunque los instrumentos estén gestionados de varias formas, y este principio no lo encontramos reflejado en el proyecto de ley.
Un tercer punto de discrepancia es que el principal órgano gestor de la cooperación, la Agencia Española de Cooperación Internacional, debería estar regulado y dotado de medios en el proyecto de ley y el proyecto pasa por la AECI de puntillas; se remite al decreto de 1996, que, en lo sustancial, es igual al decreto de 1988. Yo le pregunto: ¿no merecerían una reflexión los diez años de funcionamiento de la AECI, para ver sus virtudes, sus defectos y que, para el futuro, se pudiesen sacar enseñanzas de estos diez años e incorporarlas a este proyecto de ley? Ustedes pasan sobre el principal órgano gestor de la cooperación de puntillas.
Volvemos a encontrarnos con ambigüedades al hablar de los instrumentos de cooperación bilateral de carácter financiero; es decir, lo que se conoce por FAD. En este campo la ambigüedad es absoluta. Posteriormente, cuando hable de nuestra alternativa, hablaré de cuál es nuestra posición sobre los FAD; ahora quería decirle algo al señor ministro: no es de recibo que se convoque a un organismo, el Consejo de Cooperación, que se haga una convocatoria oficial para el día 24 de octubre a las diez horas, con un segundo punto del orden del día que diga: propuesta de enmienda de adición del Grupo Parlamentario Popular a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, relativa a los créditos FAD. Señor ministro, ¿cómo es posible que se convoque y que se reúna un organismo, el Consejo de Cooperación, no para analizar, como podía ser perfectamente legítimo, un proyecto del Gobierno, sino para analizar la enmienda del Partido Popular a la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado? ¿Usted se imagina al Consejo General del Poder Judicial, o al Consejo Escolar del Estado, reuniéndose para debatir una enmienda del Partido Popular a una ley? Lo convoca el presidente del Consejo de Cooperación al Desarrollo y, por su orden, el secretario, don Fernando Martínez Westerhausen. Es inaudito, señor ministro. No hay ningún precedente. Esperemos que el señor ministro nos dé alguna respuesta.
Consejo de Cooperación. Hay una descripción muy somera de su composición y deja para el futuro el desarrollo en cuanto a su composición y a sus funciones. Nos parecen insuficientes ambos aspectos en el proyecto de ley.
El texto del Gobierno, además, desconoce algo que forma parte habitual en la cooperación y que debería haber sido tratado en este proyecto de ley. Me refiero a la gestión, por parte española, de fondos procedentes de otras instituciones, fundamentalmente de la Unión Europea. El texto del Gobierno ignora la gestión de recursos de terceros o las operaciones triangulares. La existencia del Consejo Interterritorial, que es una buena aportación, sin embargo no va acompañada de las medidas para hacer eficaz la colaboración de las distintas administraciones públicas. El enfoque que da el texto del Gobierno a las ONG introduce un elemento de inseguridad absoluta que, además, se lo han hecho saber las propias ONG.
Cuando se habla del registro de ONG vinculadas al desarrollo, ustedes establecen la coletilla de: reconocido prestigio y tradición históricas para algunas ONG que, sin estar vinculadas a la cooperación al desarrollo, puedan recibir sus ayudas. No es un concepto que dé tranquilidad, sino un concepto que crea inseguridad el de los términos: reconocido prestigio y tradición histórica. Sobre el estatuto del cooperante hay ligeras medidas en su proyecto de ley.
En resumen, desde nuestro punto de vista, es un texto falto de concreción, ambiguo, con errores conceptuales

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importantes, que no soluciona ni sirve como instrumento para los retos futuros de la cooperación. Por eso, nosotros hemos presentado nuestro texto alternativo. Un texto que no es sólo una compilación de lo que hoy existe en cooperación, sino que quiere servir de instrumento para solucionar los problemas futuros de la cooperación internacional.
En primer lugar, en cuanto se refiere al concepto, principios, objetivos y prioridades, los primeros artículos, del 1 al 6, del texto que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, distinguen perfectamente lo que es cooperación internacional y lo que es ayuda oficial al desarrollo. Lo distingue perfectamente. Por eso incorporamos, en el campo de la cooperación internacional, toda la que puedan realizar las fundaciones, la universidad, las empresas, las ONG con sus propios fondos, etcétera.
Nuestro texto expresa una concepción progresista del concepto de crecimiento económico que implica aplicar planteamientos que deben informar los proyectos de cooperación, como la defensa del medio ambiente o la igualdad de género. Incorporamos la llamada iniciativa 20/20, tratando de involucrar a los países receptores en su propio desarrollo.
Incorporamos la cláusula democrática, ampliándola --en su texto también está la cláusula democrática-- con la salvaguardia de los derechos económicos y sociales, en cuanto a la prohibición del trabajo infantil, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
Además, establecemos que esta cláusula democrática, a la hora de paralizar la cooperación con un país, no pueda ser hecha sólo por el Gobierno, sino por las Cortes Generales. Es decir, procuramos evitar lo que han hecho ustedes con Cuba: que de forma unilateral el Gobierno, sin autorización de las Cortes, por presiones de un lobby, suspende la cooperación con un país. Eso, de ahora en adelante, con nuestro proyecto, sólo será posible si las Cortes Generales lo autorizan.
El problema de la dirección política. Frente al texto del Gobierno, el del Grupo Socialista unifica los centros de dirección y coordinación de la política de cooperación en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya no hay duda de dónde está la auténtica dirección de la política de cooperación. Nosotros no sancionamos en nuestro texto con rango de ley la actual estructura de la Agencia Española de Cooperación Internacional, no la sancionamos. Hay que reformarla y damos unos plazos para que el Gobierno elabore un nuevo estatuto de la Agencia.
En cuanto a los créditos concesionales, a los FAD, nuestra postura queda muy clara. En primer lugar, ningún crédito concesional, entre paréntesis, en términos coloquiales actuales FAD, podrá ser concedido si está en contradicción con los principios y objetivos de la presente ley. En segundo lugar, tienen que estar sometidos a las normas de la OCDE. En tercer lugar, acordado por el Consejo de Ministros. En cuarto lugar, cuando estos créditos sean de una complejidad importante su gestión se le podrá encomendar a Cofides, la Compañía Española de Financiación al Desarrollo. Todo lo demás puede ser muy importante, pero no es cooperación y ayuda al desarrollo.
En nuestro texto desarrollamos las funciones y la composición del Consejo de cooperación; la composición en cuanto a su número, en cuanto a quienes participan, las distintas administraciones públicas y los distintos sectores sociales. Entre las funciones, incorporamos la obligación de presentar anualmente una memoria ante estas Cortes Generales para que tengan conocimiento de la opinión y la valoración que hace el Consejo de Cooperación de lo que ha sido la cooperación española en el año precedente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fuentes, le ruego vaya concluyendo.


El señor FUENTES GALLARDO: Sí, señor presidente.
Precisamos todo lo que se refiere al Consejo interterritorial como un órgano de colaboración entre las administraciones, pero respetando escrupulosamente la autonomía de cada administración, sea autonómica o sea local, a la hora de establecer sus principios en cuanto a la cooperación.
Nuestro texto recoge la aspiración del estatuto del cooperante.
Contemplamos la figura del voluntariado. Le advierto que no tiene nada que ver el voluntariado con los objetores de conciencia, que son cosas distintas y ustedes confunden en su texto. Ampliamos el régimen fiscal y de exenciones que aplicamos a las ONG, incorporando en dicho régimen las actividades del denominado comercio justo y solidario. Suprimimos la coletilla que ustedes introducen relativa a las ONG de reconocido prestigio y tradición histórica. Añadimos lo que llamamos fondos éticos como un mecanismo de canalizar el ahorro hacia proyectos solidarios de cooperación.
Por ultimo, expresamos la importancia de garantizar la coherencia de la ayuda, que significa una apuesta progresista por establecer, como parte integrante de la política de cooperación, la promoción de un orden más justo en la política de relaciones internacionales.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fuentes, le ruego concluya.


El señor FUENTES GALLARDO: Concluyo, señor presidente.
La política de cooperación está íntimamente relacionada con la política exterior, pero no puede estar totalmente sometida a ella. Nuevos planteamientos en política de cooperación pueden cambiar planteamientos de política exterior; una mayor importancia de la cooperación hará una política exterior mucho más justa.


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Honradamente, y con esto termino dándole las gracias, señor presidente, por su benevolencia, creo que nuestro texto es mucho mejor que el que presenta el Gobierno, más completo, más riguroso y más valiente.
De todas formas, pase lo que pase en la votación de este texto, nosotros seguiremos colaborando en sucesivos trámites parlamentarios con voluntad de consenso, intentando que la ley que resulte refleje el máximo apoyo posible en esta Cámara. De lo que hoy decidamos aquí, no va a depender la vida o las condiciones de vida de muchos españoles; pero de lo que hoy decidamos aquí y en otros países de nuestro entorno, sí va a depender la vida de 1.300 millones de hombres y mujeres que pasan hambre y necesidad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.--El señor Saura Laporta pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fuentes.
Señor Saura, explíqueme ante todo qué es lo que pretende S. S., ya que han sido presentadas tres enmiendas por parte del Grupo Mixto, firmadas por la señora Almeida, por el señor Rodríguez y por la señora Lasagabaster.


El señor SAURA LAPORTA: Simplemente hay dos enmiendas, una del Bloque Nacionalista Gallego y otra de Iniciativa Els Verds que, por lo avatares de estos días, sólo firmó la portavoz, señora Lasagabaster. Por tanto, defendería yo en primer lugar la enmienda de Iniciativa Els Verds, que ha firmado Begoña Lasagabaster, y a continuación don Francisco Rodríguez la del BNG.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En efecto, señor Saura. Puede ocupar la tribuna para la defensa de la enmienda con texto alternativo.


El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, paso a defender la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Iniciativa Els Verds, a pesar de que los avatares parlamentarios han hecho que en este caso sólo haya sido posible que la firmara la portavoz del Grupo Mixto.
Antes de explicar las razones políticas de fondo de nuestra enmienda a la totalidad y los ejes de nuestro texto alternativo, quisiera hacer tres consideraciones previas. La primera, señor ministro, es que celebramos que, tras muchos años de aspiraciones de las ONG para que se tramitara y se aprobara una ley de cooperación, en estos momentos se está tramitando en el Congreso la ley de cooperación al desarrollo, por lo que, repito, queremos celebrar que esto haya ocurrido.
En segundo lugar, quiero destacar que, a pesar de las razones que nos mueven a presentar la enmienda a la totalidad, que luego explicaré, es necesario reconocer que en el texto hay determinados aspectos que calificamos de positivos y que están contenidos en el propio dictamen del Consejo de Cooperación, por ejemplo el Plan director plurianual, en el que no me voy a extender, pero, repito, son aspectos positivos que figuran en el texto.
La tercera consideración previa es que, independientemente de nuestra enmienda a la totalidad, creemos --se lo pedimos al Gobierno y en este caso nos incluimos-- que es necesario hacer un esfuerzo de consenso. Una ley de cooperación no puede ser una ley que se vote por mayoría en el Congreso de los Diputados ni puede ser una ley con una gran oposición del tejido social que dedica esfuerzos a este tema. Desde ese punto de vista, y considerando que el texto actual es insuficiente, que merece enmienda a la totalidad, quiero decir que nuestro texto alternativo inicial se modificó para hacer una estructura parecida y similar a la del texto del Gobierno, pero evidentemente con razones políticas y argumentos profundamente distintos de los del Gobierno.
La primera pregunta que nos deberíamos hacer a la hora de analizar el proyecto de ley de cooperación que el Gobierno nos plantea es decir: un proyecto de ley de cooperación, ¿para qué? ¿Cuáles son los objetivos o las razones que han de mover a que exista un proyecto de ley de cooperación? Nosotros pensamos que, más allá de las formales, el proyecto de ley de cooperación, la futura ley de cooperación, ha de dar respuesta a los retos o a las insuficiencias históricas de la cooperación gubernamental española. Y sobre esto hay mucha gente --bastante si no mucha-- que ha escrito cuáles son las insuficiencias y los problemas históricos de la cooperación española, que yo quiero resumir, porque no tengo más tiempo, en cuatro grandes retos, porque históricamente la cooperación española adolece de cuatro grandes problemas y esos cuatro grandes problemas, a la vez, son los cuatro grandes retos a los que el proyecto de ley ha de hacer frente y superar.
Primer reto. La cooperación española históricamente no ha situado la lucha por la erradicación de la pobreza como un eje verdaderamente vertebrador de la política de cooperación. La política de cooperación española está constantemente teñida de intereses financieros y, en determinadas ocasiones, subordinada a políticas exteriores gubernamentales. El gran reto al que ha de hacer frente el proyecto de ley de cooperación, es hacer una ley de cooperación que sitúe, de forma clara, el objetivo de lucha por la erradicación de la pobreza, y que a ese objetivo se supediten el conjunto de políticas del Gobierno.
Segundo reto de la cooperación española. Hay un artículo interesante, publicado hace dos o tres años, de un alto cargo gubernamental en responsabilidades de cooperación, que decía que la historia de la política gubernamental de cooperación es la historia de la descoordinación

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gubernamental de cooperación. Dicho de otra manera, a la política de cooperación gubernamental hasta ahora le ha faltado, por un lado, una dirección política efectiva unitaria y, por otro, una coordinación de la gestión. Esto ha facilitado que haya sido fundamentalmente el Ministerio de Economía, en representación de los intereses financieros, quien haya marcado, teñido, de forma no correcta la política de cooperación.
Tercer gran reto. La política de cooperación ha estado diseñada desde el Gobierno de forma centralista. En la política de cooperación del anterior Gobierno, así como en la de éste, existe un vacio en relación a lo que es hoy una realidad de la política de cooperación del Estado español , y es que existe una realidad de política de cooperación descentralizada que se efectúa desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos. Es decir, dejando de lado el esfuerzo de la sociedad civil, la política de cooperación en el Estado español no es hoy simplemente monopolio del Gobierno central, sino que tiene un déficit histórico de que ha sido una política centralista.
El cuarto reto son las insuficiencias constantes desde el Gobierno del reconocimiento del importante papel que juegan las ONG al desarrollo y, por tanto, de la participación efectiva de las ONG al desarrollo, tanto en el Consejo de Cooperación como en las medidas de fomento y de ayuda desde el Gobierno.
Si ustedes analizan el proyecto de ley que presenta el Gobierno a la luz de estos cuatro problemas o déficit históricos de la cooperación española, no hay otro remedio que decir que este proyecto se ha de devolver al Gobierno. No lo decimos los partidos de la oposición aquí hoy, sino que prácticamente coinciden todas las organizaciones no gubernamentales. De lo que se trata es de que este proyecto de ley dé respuesta de forma positiva a estos cuatro problemas. ¿Qué quiere decir de forma positiva? Que ante el primer déficit histórico de la cooperación española, teñida de intereses financieros o supeditada a la política gubernamental, hay que hacer una ley que no admita ambigüedades, que el objetivo fundamental es la lucha por la erradicación de la pobreza y las causas que produce dicha erradicación En estos momentos, eso significa en España y en el mundo fomentar políticas de desarrollo sostenible y fomentar políticas de cooperación, para que contemplen también los países de destino la perspectiva de género, es decir que contemplen la necesidad de integración de la mujer en igualdad de condiciones en los países de destino.
Se puede decir que el proyecto de ley contempla la lucha por la erradicación de la pobreza. Es cierto. Pero no lo es que la sitúa en lugar destacado. Además, hay un controvertido apartado d), del artículo 3º, que en definitiva sitúa también, como objetivo de la cooperación, los intereses, las políticas comerciales y financieras del Gobierno En relación al segundo reto, el de la descoordinación y la política unitaria, hacemos una serie de propuestas concretas, de gestión, para que esto acabe, pero creemos que sería importante añadir al nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores el término y Cooperación, porque hoy uno de los tres grandes problemas del mundo es la desigualdad entre el norte y el sur y la necesidad de que desde los países desarrollados se impulsen políticas de cooperación. Posiblemente hay que caracterizar que un aspecto fundamental de la acción del Gobierno es tener un Ministerio de Asuntos Exteriores, pero que quede claro que ese Ministerio también es el organismo director, político, real y eficaz de la política de cooperación.
Tercer gran reto para nosotros. La necesidad de reconocimiento en la ley de la realidad de la cooperación descentralizada, que recientemente se ha reconocido en unas jornadas interesantes en Leganés que organizó la Federación Española de Municipios y Provincias, pasa, a nuestro entender, por el hecho de que quede claro en la ley que no se remita a posteriores reglamentos la necesidad de que en la Comisión interterritorial haya una representación de las comunidades autónomas y de los municipios.
El cuarto reto es en relación al papel de las ONG. Es necesario reforzar ese papel y, sobre todo, es necesario que el Consejo de Cooperación tenga mayores funciones. En ese sentido, hay una reivindicación prácticamente histórica de todas las ONG --el portavoz del Grupo Socialista reconocía anteriormente que estaba en su texto y también en el nuestro--, y es que una de las funciones que debería ejercer el Consejo de Cooperación es una evaluación anual de la política de cooperación. Es decir, no sólo informar proyectos sino evaluar.
En resumen, decía al inicio que celebramos discutir esta ley; digo al final que lamentaríamos que, una vez aprobada esta ley, todo continuara igual. Si esta ley no se modifica sustancialmente en el trámite parlamentario, estos cuatro grandes retos de la política de cooperación no van a tener respuesta satisfactoria desde el punto de vista legislativo. Por tanto, acabo, señor minsitro, señorías, diciendo dos cosas. En el caso de que hoy la enmienda a la totalidad no prosperara, es necesario que en el trámite paralamentario logremos una ley verdaderamente consensuada, política y socialmente, y que la ley de cooperación sea verdaderamente solidaria, que ayude a la erradicación de la pobreza, sobre todo de las causas que producen esta pobreza.
Muchas gracias, señor presidente, gracias señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
En nombre del Grupo Mixto y para la defensa de la enmienda de devolución presentada, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


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El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, puede resultar paradójico y contradictorio tener que hablar de cooperación internacional cuando estamos en un proceso de globalización y de transnacionalización, y puede resultar paradójico y contradictorio hablar de desarrollo cuando existe más desigualdad relativa, e incluso absoluta, provocada incluso por el proceso de transnacionalización, pero así es y por supuesto es bien sintomático.
Sin duda, el tema que hoy nos ocupa preocupa a mucha gente, moralmente obsesionada por la pobreza y las injusticias del mundo. Se puede uno preguntar cuáles son las salidas, cuáles son los medios que hay que emplear para combatir esta pobreza y también, porque si no estaría todo trucado, cuáles son las causas. Hace tiempo, e incluso hoy, se empleaba un medio, la caridad, paliar sin solucionar, lo cual, cuando menos, provocaba tranquilidad en las conciencias, lo que no vamos a criticar en absoluto, pero también habría que decir que el sistema injusto continúa de todas maneras.
Como tenemos que hablar de política, lo más importante es decir que hoy, más que nunca, lo que pasa en el interior de nuestras sociedades está muy relacionado con lo que pasa en el exterior, lo individual está muy relacionado con lo colectivo, y lo social y lo moral, por supuesto, con lo político, y nosotros tenemos que hacer un juicio de este instrumento político.
Los principios en que se basa la ley, señor ministro, aunque aluden al preámbulo de la Constitución española que habla de relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos --en la terminología utilizada por la ONU, pueblos de la tierra--, es desmentida sistemáticamente, aunque sea de forma eufemística, por el artículo 2º de la ley. Poner al ser humano como protagonista y destinatario último de la política de cooperación, no deja de ser más que un eufemismo que encubre que no se va a tener en cuenta el carácter colectivo, el carácter nacional, el carácter de pueblos que tienen derecho a autogobernarse y de pueblos que hay que mirarlos como una entidad colectiva.
En segundo lugar, se emplean criterios políticos de más que dudosa interpretación. Nada tenemos contra la defensa de los derechos humanos y la democracia, pero habituados a vivir en un mundo donde se habla de derechos humanos y democracia conforme a criterios sui generis, y donde puede ser una democracia Argelia y no serlo Cuba, o decir que se respetan los derechos humanos en cualquier democracia, tipo argelina y no en Cuba, no deja de ser un criterio que va a empañar peligrosísimamente la aplicación de esta ley. Por supuesto, hay una jerarquía de valores que habla de que existen unos Estados más desarrollados que otros y son los encargados de impartir la doctrina, la buena nueva de la cooperación y también de la desaparición de la pobreza en el mundo, e incluso en la mejor tradición económica neocapitalista se habla de crecimiento, no de desarrollo social de los países. Brasil crece, Argentina crece, pero la justicia social no mejora.
Por tanto, esta ley --y lo sentimos, sabemos que es un debate político de profundidad lo que tendríamos que tener-- es hostil a un sistema de valores que, desde luego, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, reconocemos que hoy no son hegemónicos. Por supuesto, no es hegemónico el desenvolvimiento equilibrado, el derecho de todos los pueblos a tener una base agraria propia, que sería muy importante para acabar con la pobreza. Es hostil el actual estado de cosas a buscar soluciones propias por parte de cada país, a no injerirse políticamente en los asuntos internos de los demás, incluso a hablar del derecho de autodeterminación. El principio de extraterritorialidad, aunque se combata en algunas ocasiones, está triunfante en todo el mundo. Y la ley además, lógicamente en función de esta ideología, tiene una filosofía privatizadora, a nuestro modo de ver, preocupante. Los fondos públicos para la ayuda al desarrollo son del Estado español, por supuesto, pero se van a vehicular a través de entidades privadas en gran parte, como establece el artículo 1º, y nosotros no tenemos nada en contra de que las entidades privadas colaboren, pero no que sean los agentes fundamentales de la vehiculización de los fondos públicos, igual que en el artículo 3º queda claro que no se desecha incluso esta mentalidad de injerencia, esta mentalidad caritativa y de cierta arrogancia.
Los artículos 3º, 6º y 8º hablan de ayuda humanitaria y de mantenimiento de la paz, pero ¿realmente se puede vincular un proyecto de cooperación a toda la parafernalia mundial que existe, y muchas veces policial, y en nombre del establecimiento de la paz injerirse en asuntos internos o en asuntos civiles de los demás pueblos de la tierra? O cuando se habla de la dependencia de organismos internacionales, que están al servicio de la transnacionalización y la igualdad, ¿va a ser ahí donde vamos a ser capaces de tronzar las causas que producen la desigualdad? ¿Es un instrumento multilateral, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o incluso el Comité de Ayuda al Desarrollo o la OCDE, los mejores lugares o los lugares donde se funciona más equitativamente y más equilibradamente al servicio del combate de la pobreza y de la igualdad de todos los pueblos de la tierra, o de un comercio justo, empleando la terminología del proyecto de ley? En definitiva, nosotros pensamos que la ley legitima y profundiza algo que existe, que es un camino preocupante de ocultación de la salida de inversiones, inversiones públicas a través de entidades privadas, que ahora ya no son solamente las ONG, son empresas, organizaciones empresariales, sindicatos, con incentivos fiscales y desde luego una atomización de agentes sociales

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y una feudalización de la gestión de la ayuda, que puede provocar gravísimos fraudes y un fomento estatal de cooperación no gubernamental, pero no bienintencionada, y nosotros esto queremos dejarlo aquí explícito con toda claridad.
Nada tenemos en contra de que las empresas actúen en terceros países con dineros públicos; pero tienen que ser convocatorias públicas, primero ante nosotros y después ante las sociedades destinatarias.
En fin, señor ministro, llama la atención que una ley de cooperación dedique gran parte del texto precisamente a aquello que dice combatir. Es decir, está por la simplificación, por la clarificación y por la publicidad y resulta que hay un complejo organigrama de funcionamiento administrativo oficial que se sustentará en una base de agentes sociales operativos muy descontrolada. Los organismos rectores, los órganos colegiados, los órganos ejecutivos, en el capítulo III, el más largo del proyecto, realmente merecían una simplificación necesaria desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de la transparencia.
Y vamos acabando. Unidad de acción de la política exterior española.
Curioso. Solamente hay preocupación por concentrar y centralizar las ayudas, o por lo menos la planificación de las ayudas, en las administraciones pública; pero resulta que se va a ser totalmente permisivo y se impulsará la privatización, la privacidad, siempre que se esté de acuerdo con el Gobierno, lógicamente, y la pluralidad social no como cooperantes, sino incluso como agentes. Una pluralidad social que hoy hay pruebas ya de que en muchos casos, y hay que decirlo con claridad, es insolvente y no tiene un comportamiento correcto. Porque, volvemos a repetir, no estamos en un mundo maravilloso, estamos en una sociedad con problemas aquí dentro, internos, y es lógico que muchas cuestiones se presten al fraude si no hay el debido control público y la debida transparencia.
Queremos decir que esta oposición está basada en principios filosóficos muy contrarios a los vigentes hoy en el Gobierno del Estado español, que serían aceptables para nosotros siempre y cuando se sustentaran en tres cuestiones clave: publicidad, transparencia y responsabilidad política de las administraciones públicas frente a la sociedad del Estado español y en relación con los terceros países. Nos preocupa sobremanera que esta ayuda pueda servir para injerirse en sus asuntos internos, para seguir manteniendo un mundo jerarquizado y para no considerar que esos Estados del tercer mundo tienen gobiernos también, tienen administraciones, y el primer deber democrático nuestro es, aun discrepando de ellas, respetarlas porque deben ser quienes representen a sus sociedades y a sus países.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, señor presidente, el pasado 24 de julio el Consejo de Ministros aprobó por fin el proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo. Como todas SS. SS. saben, este proyecto de ley entró en las Cortes el 28 de julio y hoy empezamos su trámite parlamentario propiamente, después de tres ampliaciones del plazo de enmiendas a la totalidad y de texto alternativo en las cuales el Grupo Parlamentario Popular y el resto de los grupos parlamentarios no han tenido ningún problema. Porque, como ha dicho el ministro esta mañana a primera hora, desde el Grupo Parlamentario Popular y también desde el Gobierno, este texto, esta ley de cooperación internacional al desarrollo nos la planteamos dentro del esfuerzo que vamos a hacer todos, del máximo consenso y, por supuesto, dentro del conjunto de las políticas que entendemos son políticas de Estado, políticas de todos.
Señorías, catorce meses simplemente le han bastado al Gobierno de José María Aznar para traer un proyecto de ley a las Cortes, mientras que otros han tardado quince años hasta que los parlamentarios y la sociedad nos enteramos de qué texto y qué concepto tienen ellos de la cooperación internacional para el desarrollo. Y cuando digo otros, lo vamos a dejar en términos generales porque entiendo que la responsabilidad puede ser de manera importante del Gobierno anterior, pero también de otros grupos parlamentarios. Hoy resulta que al proyecto de ley que el Gobierno presenta se presentan --perdonen la repetición-- cinco enmiendas a la totalidad y tres textos alternativos. Hemos estudiado los textos alternativos con detenimiento y luego entraremos en ellos, aunque intentaremos ser rápidos y breves, señor presidente, en su análisis concreto.
Como decía, señorías, un buen ejercicio, por muchas razones pero creo que todas positivas en este momento, sería preguntarles, no ya a los grupos parlamentarios de esta Cámara sino a los responsables de gobiernos anteriores, a los responsables de la política de cooperación al desarrollo, de la política exterior; un buen ejercicio sería, repito, preguntarles por las razones y la naturaleza de las dificultades, no exactamente lo que el representante del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho, sino las dificultades reales que tuvieron para aparcar sistemáticamente una ley que como he dicho era demandada con insistencia por el conjunto de la sociedad, no ahora, no desde 1994, sino desde hace mucho tiempo, y además recomendada por toda la comunidad internacional.
El Gobierno de José María Aznar, el Gobierno del Partido Popular, señorías, ha tomado una decisión política que para algunos estaba viciada de intereses corporativos

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y para otros de viejas inercias administrativas, pero para los más, como he dicho, estaba aparcada por una clara falta de voluntad política de traer al Parlamento una ley de cooperación.
Señorías, con sinceridad no pienso que anteriores gobiernos del Partido Socialista concedieran escasa importancia a la solidaridad, no lo creo; simplemente pienso que no estaba la solidaridad entre sus prioridades, como nos recuerda y además ha escrito con valentía y decisión la eurodiputada Francisca Sahuquillo en su libro, que es bueno, con recetas novedosas e importantes sobre los problemas de la cooperación en el próximo siglo. Me van a permitir leerles a SS. SS. una frase muy breve que está en la página 12: Tenemos que reconocer --dice Paca Sahuquillo-- que por diversas causas, todas ellas lógicas y explicables, la cooperación al desarrollo, aunque no ha sido una prioridad en el PSOE, sí ha sido una preocupación constante.
Hasta ahí el balance, entiendo yo, de gobiernos anteriores: preocupación constante, inquietud, pero nunca prioridad.
Nos encontramos entonces, señorías, con que algunos grupos parlamentarios se suben a la tribuna intentando defender una serie de textos alternativos para intentar descalificar, desde la estrategia, el conjunto del proyecto de ley que el Gobierno presenta, y anuncian que sus textos alternativos presentan importantes novedades a dicho proyecto de ley del Gobierno. Pretenden de esta manera, en un primer bloque, descalificar nuestro proyecto de ley como insolidario, comercialista, mercantilista, que no lucha contra la erradicación de la pobreza y que no está orientado ni a los países más desfavorecidos ni a los más marginados, tampoco lucha por la igualdad de la mujer, etcétera.
Señorías, no sé qué proyecto de ley han leído ustedes, pero tengo la sensación de que han recogido textos, desde la legitimidad, por supuesto, que determinadas instancias de la sociedad civil han aportado al debate parlamentario y vienen aportando desde hace muchos meses, y han introducido, de una manera oportunista --permítaseme el término-- y de manera creo que en cualquier caso demasiado voluntarista, una serie de recomendaciones y críticas que no están en el proyecto de ley. Porque, señorías, el proyecto de ley que el ministro de Asuntos Exteriores ha presentado en esta Cámara, nada menos que en siete artículos, y desde diferentes ópticas y puntos de vista, habla de que los objetivos de la cooperación española al desarrollo deben ir destinados a los países menos avanzados y a los más desfavorecidos.
El Grupo Parlamentario Socialista aporta como una novedad extraordinaria algo que viene pidiendo el Grupo Parlamentario Popular y el propio Gobierno desde hace muchos meses en esta Cámara: que vayamos hacia el principio de la corresponsabilidad, de la participación de los terceros países en el desarrollo; eso es lógico y es evidente. Pero es que, señorías, está en nuestro proyecto de ley, específicamente en el artículo 2, letra c). Si usted me dice que no está bien redactado, vayamos a la ponencia y redactémoslo de acuerdo, porque llegaremos con toda seguridad a un acuerdo ya que defendemos lo mismo, pero insisto que está en nuestro proyecto de ley.
Como también está en nuestro proyecto de ley la cláusula democrática.
Está, señorías, señalada en toda su extensión en el artículo 2, letra b).
Además, pretenden aportar esta cuestión como una novedad en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, que ha sido precisamente quien más, y de manera más insistente, ha defendido, desde Europa y desde las responsabilidades que tuvo en la Comisión Europea, con el acuerdo de todos, señor Fuentes, la aplicación de la cláusula democrática en la defensa de los derechos humanos y de las libertades, especialmente en Iberoamérica. Señorías, creo que el Parlamento tendría que reconocer al actual ministro de Asuntos Exteriores un especial protagonismo en esta cuestión y en la estabilidad que hoy tiene Iberoamérica, después de la década perdida de los años 80.
Usted introduce en su texto, señoría, y lo ha expresado aquí, algo que tenemos que aceptar con una cierta preocupación, que es la intervención del Parlamento en la decisión de la aplicación práctica de la cláusula democrática. Le diré por qué me preocupa esto, porque me parece que está usted empezando a hacer llamadas a la ruptura de algo tan importante como ha sido el consenso constitucional, a partir de la Constitución y durante la transición, en política exterior. Escuche al señor Rodríguez y verá cómo la aplicación de la cláusula democrática es algo que le debe corresponder al Gobierno de España, porque es un principio constitucional, además en el seno de la Unión y en base al diálogo y al conjunto de la comunidad internacional. ¿Cree usted de verdad que todos los grupos parlamentarios podríamos llegar a ponernos de acuerdo en la aplicación práctica de este tipo de políticas? Señor Fuentes, es preocupante esa aportación.
Habla usted de que introduce novedades, como las políticas de igualdad y de protección del medio ambiente, que están, señoría, específicamente contempladas en los artículos 2, letra c), y 6 en su conjunto. Hace una serie de aportaciones que considera que el proyecto de ley no tiene: estatuto del cooperante, voluntariado, objeción de conciencia, exenciones fiscales a organizaciones no gubernamentales, etcétera. Le haré un breve comentario al respecto, señor Fuentes. En el capítulo V hay referencias importantes a estas cuestiones --y usted lo conoce muy bien-- en los artículo 33 y 34. Pero, señoría, si se pretenden otro tipo de reformas, hablemos de ello y discutamos abiertamente; por ejemplo, en el caso del estatuto de los trabajadores, que creo que no nos corresponde a los parlamentarios discutir; o hablemos de la ley del voluntariado, sobre la que, por cierto, el Gobierno ha anunciado reformas

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importantes; o sobre la de objeción de conciencia. Esta ley, señorías, no impide ninguna reforma legislativa de futuro; es más, abre la puerta a todas esas reformas. Pero no puede ser, como ha dicho muy bien el señor ministro, el cajón de sastre por donde se cuelen reformas determinadas que pueden afectar, además, no solamente a estas políticas sino al conjunto de otras.
Lo que sí es seguro, señorías, es que el actual Gobierno, con la presentación de este proyecto de ley, ha incorporado una novedad importante a lo que ha sido práctica habitual durante los trece años anteriores. Van a ser posibles en el futuro las reformas legislativas necesarias para que las políticas de cooperación al desarrollo informen --en la extensión entera y positiva de su término-- el conjunto de las políticas del Estado, lo cual no ha sido posible hasta el momento presente.
Recordaré a S. S. que la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que reforma porque introduce el supuesto de las políticas de cooperación al desarrollo, es de 1992; en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido se les olvidó, señorías, contemplar las políticas de cooperación al desarrollo. Le recuerdo, señoría, que la Ley de Mecenazgo es del año 1994, ¿hemos de concluir que se les olvidó a ustedes en ella incluir las políticas de cooperación al desarrollo? Podríamos hablar de la Ley de Fundaciones y de tantas otras cuestiones.
Señoría, con todos los respetos posibles en estos momentos le diré que me parece que hay demasiado voluntarismo y demasiado oportunismo en las críticas que se hacen al proyecto de ley. Y lo único que demuestran esas críticas es que para ustedes, efectivamente, la política de cooperación al desarrollo, como dice Paca Sahuquillo, en el pasado no ha sido prioritaria en el conjunto de las políticas.
El proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo que el Gobierno ha presentado para nada impide, en cualquier caso, sus propuestas concretas, y la ponencia, entiendo, señorías, debe inspirar sus trabajos en el principio, como ha dicho el ministro, del consenso y del acuerdo. No voy a entrar, señor Fuentes, en las descalificaciones globales que de alguna manera usted ha hecho sobre el proyecto de ley. Ha dicho que es ambiguo y que está influido por la pugna de Exteriores, Economía, etcétera. Señor Fuentes, si eso fuera así, en su texto alternativo encontraríamos decisiones ágiles al respecto, pero su proyecto de ley --que fue dictaminado por el Consejo de Cooperación en 1995 con once votos a favor y nueve en contra, más votos en contra que el actual proyecto de ley, que ha tenido únicamente tres-- para nada entraba en esas materias del crédito FAD ni de la presencia de comercio, y es que su texto alternativo hace referencias muy leves, en el artículo 15.3 y en el artículo 18.3, a esta cuestión. Realmente, yo entiendo sus propuestas y su crítica más bien como una manifestación de autocrítica.
Me llama mucho la atención, señorías, la ausencia, en este texto del año 1995 y en el que hoy presentan a la Cámara, de algo de extraordinaria importancia y que va a producir una revolución efectiva en las políticas de cooperación al desarrollo. En su artículo 26 dejan el papel de las Cortes como está y para nada nos hablan ni de la Comisión parlamentaria ni de su carácter legislativo o no legislativo; dejan a las Cortes con las funciones constitucionales que ya tiene: las de control, las de seguimiento del Ejecutivo, etcétera. No hay ninguna novedad importante y ninguna aportación, cuando el conjunto de los grupos parlamentarios y de la sociedad civil hemos expresado un acuerdo importante en esta cuestión; le dejan al Congreso, repito, simplemente la capacidad de ser informado de los planes directores, y ello de vez en cuando, pero no la capacidad de dictaminar y de influir en las políticas de cooperación al desarrollo.
Creo, no obstante, que no es un error, porque demuestra una trayectoria de su grupo parlamentario donde la política de cooperación al desarrollo siempre ha sido marginal en el conjunto de las políticas, y ha sido, además, un instrumento político más que realmente cooperación al desarrollo. Yo creo, señorías --y con esto termino con ustedes, si se me permite la expresión-- que el Parlamento, para el Grupo Parlamentario Socialista, parece más bien una excusa dentro del sistema, en demasiadas ocasiones y de modo bastante general.
Al señor Navas, de Izquierda Unida, quiero decirle que la Agencia Española de Cooperación Internacional debe ser un ente autónomo. Debemos discutir en la ponencia cómo tiene que funcionar y cómo se tiene que organizar la futura AECI. La ley de cooperación bien es verdad que no establece en su texto inicial importantes reformas, pero también es verdad que no cierra ninguna puerta a reformas en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Le voy a decir una cosa, señoría: que se hagan las reformas que se tengan que hacer, pero no aquellas que impidan el control, la transparencia, la presencia e influencia del Parlamento como demuestra y quiere esta ley en el futuro.
No le he entendido muy bien la disquisición que ha hecho de que el Congreso se queda como mero dictaminador. Efectivamente, el Congreso debe dictaminar. El Gobierno presentará a las Cortes el plan director y nosotros lo aprobaremos, con las modificaciones que haya que hacer, y presentará el plan anual de cooperación y el Parlamento lo aprobará, con las modificaciones que queramos introducir. Esto no era así antes. Por tanto, lo de mero dictaminador no se lo he entendido muy bien. El Parlamento tiene una gran importancia en este proyecto de ley...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, le ruego que vaya concluyendo.


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El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy terminando, señor presidente.
Sin embargo, yo he deducido de su intervención que usted pretende atribuir al Consejo de Cooperación facultades que le corresponden al Parlamento. Yo creo, señor Navas, que en la ponencia debemos discutir estas cuestiones desde la serenidad y seguro que llegamos a un acuerdo.
Señorías, el resto de los grupos parlamentarios han hecho unas críticas y han expresado su inquietud sobre el tema de la cooperación descentralizada y la coordinación de las políticas de cooperación al desarrollo entre las comunidades autónomas, ayuntamientos y las políticas del Estado. Estoy firmemente convencido, señorías, de que el principio de la unidad de acción de Estado en el exterior es una llamada especial a uno de los principios fundamentales de la cooperación al desarrollo, que es el de la coherencia, y esto significa que los principios de la cooperación al desarrollo (como he oído a muchas de SS. SS. en los debates que tenemos en las comisiones legislativas en esta Cámara) informan e inspiran el conjunto de las políticas del Estado, y, por tanto, que se establezca --para conseguir, efectivamente, luchar contra la pobreza-- una coordinación eficaz y eficiente.
Señorías, el artículo 19, letra d), que establece las funciones de la Comisión Interterritorial de Cooperación, y que me voy a permitir leer para tranquilidad del señor Saura, dice: Asegurar el mayor grado de eficacia y eficiencia en la identificación, formulación y ejecución de programas y proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por las distintas administraciones públicas, plenamente autónomas a esos efectos, en el marco de sus respectivas competencias.
Señor Saura, si alguna ambigüedad o redacción poco afortunada en la exposición de motivos le ha producido preocupación, en la ponencia vamos a discutir con serenidad el texto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, le ruego concluya.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy a terminar, señor presidente.
Señorías, las políticas de solidaridad internacional y la lucha contra la pobreza en el mundo precisan de un instrumento jurídico para su desarrollo y consolidación. Deben constituir y pueden ser uno de los aspectos básicos, fundamentales e inspiradores de la política exterior del Estado en su conjunto. El avance conceptual que para el Grupo Parlamentario Popular esto supone es de extraordinaria importancia si consideramos que la cooperación española al desarrollo ha sido durante años criticada, por estar, en ocasiones, más inspirada por planteamientos estratégicos, políticos y comerciales que por planteamientos de solidaridad; éste es el gran debate, señorías.
La ley de cooperación para el desarrollo puede ser ese instrumento que asegure, por sí misma y en su posterior desarrollo reglamentario, que la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones inspire decididamente no sólo la política exterior, sino el conjunto de las políticas comerciales, culturales, educativas o sociales de España en el exterior. Qué duda cabe, señorías, que España y su Gobierno están en el debate de la solidaridad. La solidaridad internacional tampoco puede ser utilizada para encubrir objetivos de influencia política de los gobiernos, de las personas o de cualquier tipo de organización.
Señoría, el debate parlamentario de la ponencia y de la comisión sin duda va a ser intenso, y el texto final, como ha dicho el ministro, va a ser mejor si alcanza el más amplio de los consensos. Entiendo que hoy la sociedad española nos reclama a todos insistentemente, a quienes estamos trabajando en la lucha contra la pobreza desde cualquier posición, que abandonemos la utilización permanente de la estrategia interesada para debatir ideas e impulsar reformas que puedan mejorar el estado actual y el futuro de las cosas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, debe concluir de forma inmediata.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Termino, señor presidente, diciendo que la solidaridad no es patrimonio de nadie, no puede ser partidista en España, y precisamente por ello el Gobierno de José María Aznar quiere que la solidaridad tenga rango de ley, que tengamos los españoles una ley para la solidaridad.
Gracias, señor presidente; gracias, señorías. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Izquierdo.
Señor Navas, tiene la palabra. (Rumores.) El señor NAVAS AMORES: Señor presidente, señorías, después de escuchar al portavoz del Partido Popular... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdone un momento, señor Navas.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Puede continuar, señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor Presidente.
Como decía, después de escuchar al portavoz del Partido Popular sólo me queda decir que el proyecto de ley que presenta el Gobierno puede ser definido con otra frase que no había dicho en mi primera intervención, y es que, en el fondo, lo que pretende es también luchar contra la pobreza en el mundo, contra las desigualdades

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que nacen en los países donde el desarrollo es menor; es decir, también sirve para eso la ley, porque lo que no ha podido desmontar es el criterio principal que emana del proyecto, y es pensar que la política exterior del Gobierno tiene un gran fundamento para definir no sólo los intereses nacionales, sino los intereses comerciales, bilaterales en cuanto estratégicos, y, como decía, curiosamente esta ley de cooperación para el desarrollo va a intentar servir para erradicar la pobreza de los países del Tercer Mundo. Por tanto, no se puede expresar esta ley de otra forma cuando encontramos que existe una gran contradicción en cuanto a que el Ministerio de Asuntos Exteriores debe ser el depositario de toda la responsabilidad por lo que respecta a la cooperación para el desarrollo, pero, de hecho, no sólo antes sino ahora y para el año que viene, según los Presupuestos Generales del Estado, según el proyecto de ley del Gobierno, se confirma que no va a gestionar la parte fundamental de fondos destinados para el desarrollo; me estoy refiriendo a las partidas presupuestarias que va a gestionar el Ministerio de Economía.
Estamos volviendo a hablar de créditos FAD, estamos hablando de créditos para el fomento de las exportaciones. Con esto quiero decir que seguimos confundiendo lo que es el concepto filosófico y lo que es política de cooperación para el desarrollo. Es una cuestión que no ha conseguido, lógicamente porque el texto es así de contundente y así de claro, explicar el portavoz del Partido Popular.
La gestión es otro elemento. Más allá de las responsabilidades que haya podido tener el Gobierno anterior en cuanto a no haber propuesto a la Cámara un proyecto de ley sobre cooperación para el desarrollo, sólo quiero decir que este era el momento que todos estábamos esperando para conseguir culminar ese deseo generalizado de poder dar a luz un proyecto de ley que pudiese definir como cooperación para el desarrollo aquella que única y exclusivamente va destinada para eso que estamos pensando casi todos, para erradicar la pobreza.
Estamos pensando también en un centro de gestión único; no estamos pensando en la atomización actual de distintos ministerios. Hoy, si cogemos el borrador del proyecto de ley de presupuestos para el año que viene, y por lo que se refiere a la política de cooperación para el desarrollo, hay que buscar el presupuesto de Educación, el del Ministerio de Trabajo, el del Ministerio de Economía y, por supuesto, el del Ministerio de Asuntos Exteriores, para encontrar la cantidad en su conjunto.
Por resumir, entiendo que no es la ley que necesitaba el Parlamento y la sociedad civil española; entiendo que no es una ley que nace después de haber asimilado las experiencias de años anteriores ni una ley que nace del consenso entre la parte social y la parte política. Los que pensamos que la ley de cooperación para el desarrollo debería de tener otros principios filosóficos hemos hecho algunas afirmaciones por las que no se nos puede acusar de voluntarismo ni de demagogia, porque se está acusando no sólo a los partidos que proponemos una nueva ley, sino a los agentes activos de la cooperación para el desarrollo; se está acusando a aquellos que están trabajando día a día desde la planificación de los proyectos, desde la ejecución en los lugares de destino y en la evaluación y en el control de ese gasto. Por supuesto que en nuestro proyecto de ley queda bien claro que articulamos mecanismos de control más que suficientes y no mecanismos de control parciales en cuanto a un proyecto determinado; vamos más allá: que el Tribunal de Cuentas todos los años informe sobre la gestión de los créditos utilizados en la cooperación para el desarrollo.
De alguna forma tampoco se puede desmontar el hecho de que acusemos a esta ley de ser una ley que centralice absolutamente ...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Navas, le ruego concluya.


El señor NAVAS AMORES: Sí, señor presidente.
Como decía, no se puede desmontar el hecho de que acusemos a esta ley de ser una ley que centralice absolutamente toda la política de cooperación para el desarrollo en manos del Estado. Sabemos que con esa filosofía la Comisión de Coordinación Interterritorial tiene las manos atadas. De hecho, no va a poder articular más allá que el mero debate superficial de los asuntos relacionados con la política de cooperación, puesto que siempre va a prevalecer esa espada que el Gobierno ya ha planteado en este borrador relativa a que no se pueden discutir las políticas de exteriores porque están centralizadas en el Gobierno. Por tanto, esta ley no puede satisfacer no sólo a mi grupo, sino a todos los agentes sociales que durante tantos años han ido trabajando para dar a luz una norma que al menos se pareciese en algo a la experiencia acumulada a lo largo de estos años.
Por todo lo expuesto mantenemos nuestro proyecto de ley alternativo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Navas.
Señor Fuentes, tiene la palabra. El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Señor Izquierdo, a veces creo que usted no quiere escuchar. Dice que esta ley no se trajo en los últimos quince años. En el año 1982, señoría, España estaba recibiendo fondos de cooperación, era país receptor.
¿Ustedes o alguien se podía plantear hacer una ley de cooperación cuando estábamos recibiendo, repito, la solidaridad internacional? Y usted dice que en ese momento

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ya teníamos que haber pensado en la ley de cooperación. ¡Hombre, por favor! Empieza a plantearse la necesidad de la ley de cooperación con los informes del Congreso y del Senado de 1992 y de 1994. Usted me puede decir que nosotros no la trajimos en 1994, y tiene razón, no se trajo en 1994. En 1995 se mandó al Consejo de Cooperación y después se disolvieron las Cortes. Pero ¿de verdad usted cree que se puede decir aquí que en los años 1982 y 1983 no se planteó una ley? ¿Cómo se iba a plantear la ley si no existía la cooperación de España como país que da fondos y ayuda al desarrollo? Señoría, nosotros en aquella época estábamos recibiendo fondos, y hay que ver lo que ha cambiado este país en los últimos quince años! (Rumores.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Señor Izquierdo, no se ponga usted estupendo cuando habla de la gran prioridad del Gobierno actual para la cooperación. Eso se traduce en cifras. Y en su primer año de gobierno, 1996, se contempla la cifra más baja de ayuda oficial al desarrollo de los últimos ocho años, en términos relativos y en términos absolutos, el 0,22. Ustedes, que nos decían que era un desastre la ayuda oficial al desarrollo del año 1995, el 0,24, llegan al Gobierno y destinan el 0,22. Además, el 0,22 en una situación económica que es una maravilla, según ustedes. Doblemente grave entonces.
Porque en una época de crisis se podía haber planteado una reducción, pero en una situación económica maravillosa, bajar del 0,24 al 0,22 --la cifra peor de los últimos ocho años--, ya me contará usted si es para sacar pecho aquí y hablar de las grandes prioridades de la cooperación.
Señor Izquierdo, no hemos descalificado su ley, porque descalificar supone salir aquí a hacer un discurso tremebundo en contra y no ha sido este nuestro tono. Hemos señalado, lógicamente, los aspectos en los que discrepamos de su proyecto de ley y hemos planteado nuestras alternativas. Eso es lo que hemos hecho y no una descalificación, que tiene el sentido de reconocer absolutamente nada. Sí que hemos reconocido. Ahora bien, usted debe coincidir conmigo que cuando se han hecho valoraciones por muchas personas del ámbito político o de fuera de la política, se ha dicho que es importante que exista ya un proyecto de ley de cooperación. Punto y final. No hay más reconocimiento, lo que es, a su vez, reconocer implícitamente que no tiene tantos aspectos positivos, ya que la única valoración importante que se hace es que ya hay un texto de ley.
Hace referencia S. S. a la cláusula democrática. Claro que está en su proyecto, y nosotros la ampliamos, lo dije en mi intervención. Nosotros ampliamos los contenidos de la cláusula democrática. No entiendo cómo hace usted esa declaración tan solemne que al final no sé qué quiere decir. Dice que cuando quiera suspenderse la cooperación con un país apoyándose en la cláusula democrática, nosotros defendemos que eso lo conozca el Parlamento, y usted, más o menos, dice que eso es romper un histórico consenso constitucional. No lo entiendo. Mantenemos esa aportación en nuestro proyecto de ley.
No ha contestado S. S. a una cuestión fundamental. ¿Por qué este proyecto de ley es infinitamente peor --lo reconoce todo el mundo y muchos de ustedes en privado-- que anteriores borradores del Ministerio de Asuntos Exteriores que fueron públicos y enviados a las ONG? ¿Por qué es peor? Yo le he dado mi explicación y usted no ha sabido responder a esa pregunta.
El problema del proyecto del Gobierno, señor Izquierdo, es que usted puede encontrar muchos artículos para defender sus tesis, pero yo puedo encontrar también artículos para defender las mías. Por eso es un texto totalmente contradictorio y ambiguo. Quiere contentar a las posiciones de Exteriores, a las posiciones de Economía y al mismo tiempo la petición de tal organización, y evidentemente es muy difícil contentar a todos a la vez.
Respecto a los créditos FAD, usted ni los ha nombrado, ni siquiera el desgraciado episodio del Consejo de Cooperación.
Este no es un proyecto de ley tan maravilloso como usted dice y yo no sé si le darán la vuelta como a un calcetín o a una media, utilizando expresiones referidas a otro proyecto de ley que tiene alguna relación con éste. Lo que está claro es que para que éste sea un buen instrumento y se apruebe con el mayor acuerdo posible de esta Cámara, como todos deseamos o al menos mi grupo desea, muchos aspectos tendrán que ser modificados; si no será un mal instrumento para la cooperación y, desde luego, si es así, no va a contar con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. (Rumores.--Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fuentes.
Señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna, aunque no tendría que haberlo hecho porque voy a ser muy breve.
Señor Navas, que el instrumento FAD esté en el proyecto de ley de cooperación y que sea ayuda oficial al desarrollo es algo que no depende de España; depende de la OCDE y en concreto del CAD. El FAD es un instrumento de cooperación al desarrollo que en el seno del CAD imponen aquellas potencias occidentales que no tienen ni tanto prestigio ni tanta presencia como España en el exterior, ya que la única manera de su penetración comercial es la cooperación al desarrollo. Le estoy hablando de Canadá, de Suecia, de Bélgica, etcétera. Otras potencias medias, otros países con una presencia importante en el exterior a lo largo de la Historia tienen otros mecanismos de presencia. Así pues, las decisiones se toman por consenso y es ayuda oficial al

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desarrollo porque se decide allí. El día que se decida que esto no es ayuda oficial al desarrollo no estará. No confundamos las cuestiones.
¿Tiene que haber en el conjunto de la actividad de las políticas económicas un instrumento de apoyo a la empresa española? Yo creo que sí.
Sobre el particular existe un consenso importante, al menos en esta Cámara, porque en definitiva el apoyo a la empresa es también un apoyo a los trabajadores, a la economía y al bienestar de este país.
¿Tiene que existir un instrumento financiero para el desarrollo? Efectivamente. Eso está demandado por el Comité de Ayuda al Desarrollo, por las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Precisamente este año el Gobierno del Partido Popular introduce en los Presupuestos Generales del Estado ese fondo de ayuda al desarrollo, de tal manera que existirá el crédito en condiciones CAD y más favorables todavía --dice-- para el alivio de la pobreza. Por lo tanto, estamos empezando a cambiar ese instrumento que, desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, es criticable por muchas razones, pero que está en la ley no porque ésta sea mercantilista o comercial, sino porque tiene que estar, como está en todas las legislaciones nacionales sobre cooperación al desarrollo mientras el CAD no lo saque. No está de otra manera.
Le diré más, señor Navas. Lo que hace falta, como dije antes, es que el Gobierno y el Parlamento ejerzan la suficiente presión, cada uno desde su posición, para que ese instrumento se use con corrección. Por lo tanto, entiendo yo, señorías, que la crítica al instrumento no se debería hacer en conjunto sino caso por caso y, caso por caso, nos llevaríamos muchas sorpresas ocurridas en el pasado; muchas sorpresas de cómo se ha utilizado el instrumento FAD. Con eso respondo también al señor Fuentes en cuanto a sus dudas sobre el particular.
Señor Fuentes, cuando usted habla del pasado se olvida permanentemente de que en este país se hizo una transición política y de que existió un partido, Unión de Centro Democrático, que gobernó desde 1976 hasta 1982.
Tengo que recordarles, señorías, que los fondos de ayuda al desarrollo se crearon en 1976 y que España dejó de ser país receptor en 1979, año en el que pasamos a ser país donante. ¿Quiere usted decir que en 1982 el primer Gobierno socialista hizo un gran esfuerzo? Yo no se lo discuto. Cifras, ha pedido usted cifras. Yo se las voy a dar, con toda brevedad, y voy terminando, señor presidente.
No me voy a remontar a 1982, porque tampoco son cifras favorables para ustedes, pero no maneje usted desde la demagogia, permítame la palabra, el porcentaje, el 0,7, que es un objetivo en el que todos estamos de acuerdo, para decir que en tal año conseguimos tanto y ahora estamos en cuanto, porque le diré una cosa. En los dos últimos años, o quizá menos, en los 16 últimos meses la economía española, al haberse tomado una serie de medidas de extraordinaria importancia para que deje de ser un determinado tipo de economía y pase a ser una economía productiva, ha experimentado un crecimiento que se está disparando y por tanto el porcentaje va a bajar, pero le daré cifras de solidaridad de los españoles.
En 1991, el Gobierno anterior destinó 131.000 millones a la cooperación al desarrollo; en 1992, 155.000 millones (hablamos de pesetas, no de porcentajes, de pesetas que salen del bolsillo de todos los españoles); en 1993, 165.000 millones; en 1994, 173.000 millones; en 1995, 168.000 millones. Los datos que le estoy dando son de la Oficina de Planificación y Evaluación, por tanto datos oficiales. En 1996, 160.000 millones. Usted ha dicho que bajó en ese año, pero le diré, señoría, que cuando el Gobierno de José María Aznar tomó posesión ustedes habían ejecutado --fíjese la importancia que le daban a la solidaridad y a las políticas de solidaridad, estaban preocupados entonces de otras cosas, aparte de las elecciones-- nada más que el 13 por ciento de la cooperación al desarrollo. Tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario desde mayo a diciembre para ejecutar lo que se ejecutó. En cualquier caso, no eran nuestros presupuestos, eran sus presupuestos y sus limitaciones. El primer año de José María Aznar en cuanto a presupuesto es 1997, los primeros presupuestos del nuevo Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Izquierdo, le ruego concluya.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy terminando, señor presidente.
A fecha de hoy la Oficina de Planificación y Evaluación contabiliza como ya invertido en cooperación al desarrollo 190.000 millones, la cifra más importante nunca dada, 30.000 millones más que en 1996, 190.000 millones es la cifra más importante nunca invertida en cooperación al desarrollo en la historia de nuestro país. Pero para 1998, y termino ya, señor presidente, como mínimo, y pensando que el instrumento FAD se ejecute como se está ejecutando, al 50 por ciento y por tanto se inviertan 40.000 millones de pesetas, como mínimo y sin contar las condonaciones y cancelaciones de deuda externa, por tanto poniendo ahí cero, se destinarán a cooperación y desarrollo 201.000 millones de pesetas, superando una barrera que yo creo que en esto es mágica y que nos acerca más. Es probable que el porcentaje no sea importante, estará en torno al 0,25 por ciento, y el esfuerzo tiene que ser significativo en el futuro, pero desde el acuerdo, señor Fuentes, desde el compromiso y desde la responsabilidad, y también desde la prudencia, para dotarnos de los instrumentos necesarios que en el futuro y en el próximo siglo permitan tener más cooperación, pero sobre todo, señorías, mejor cooperación.
Gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Izquierdo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco para fijar la posición de nuestro grupo en esta importante norma, importancia que viene demostrada por las iniciativas que se han presentado hoy en este hemiciclo.
Consideramos que el proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo, que ha sido defendido por el ministro de Asuntos Exteriores, es importante, pero que su texto es mejorable. A nosotros nos interesa mucho este tema no sólo porque está dentro de nuestro programa electoral, sino porque recogemos la opinión del pueblo español manifestada en la calle. Hay que llegar --y eso no lo discute nadie-- al 0,7 del PIB. Es verdad que con nuestro 0,22 estamos por debajo del promedio europeo, pero tenemos una participación superior a la de los Estados Unidos, aunque inferior a la de los países nórdicos, y no nos olvidemos que todos tenemos una tarea común: la convergencia con Europa, según los acuerdos de Maastricht.
Partimos de la base de que es necesaria una norma más completa que recoja el anhelo de las distintas fuerzas políticas --el consenso--, de las distintas fuerzas sociales y la opinión de los expertos acerca de la necesidad de mejorar la calidad y la cantidad. Es cierto, como hoy se ha dicho aquí, que nuestro país fue en un tiempo receptor de esta clase de ayudas. Ahora, por justicia, por solidaridad, tenemos que responder y ser generosos cuando las necesidades del país estén cubiertas y, gracias a Dios, según el cuadro macroeconómico van hacia adelante.
No es un proyecto perfecto, es mejorable. Sin duda, tiene defectos; defectos de fondo, como es que no se ha profundizado, por ejemplo, en el concepto de desarrollo humano, social y económico sostenible y que tampoco se ha puesto mucho énfasis en una de las cuestiones fundamentales incluso por encima del equilibrio: la erradicación de la pobreza. Además, tampoco se profundiza demasiado en el papel de las autonomías en esta materia de cooperación internacional. También observamos algunos defectos de redacción. Por lo demás, tiene aspectos positivos.
Por otra parte, me parece extraño que ningún grupo haya señalado que ya existe una norma aprobada por el Gobierno y que se ha traído a la Comisión correspondiente del Congreso, cual es el llamado estatuto del contribuyente, la ley de garantía y defensa del contribuyente, que en su artículo 3º dice que cuando se traten temas fiscales se incluya esta consideración en el título de la ley. Si no hacemos esto, dentro de poco tiempo existirá la jungla legislativa fiscal en nuestro país. Debemos ser respetuosos con el Gobierno, con sus propias normas y con lo que, aunque es verdad que todavía no se ha traído al Pleno, ya ha tenido una unanimidad en su tratamiento en Comisión.
Entendemos que también tiene sus aspectos positivos. Qué duda cabe de que la creación de esa Comisión interterritorial, donde podrá oírse la voz de las autonomías y corporaciones locales, es un avance. Ha sido importante la mención al papel de los agentes privados, la inclusión de medidas fiscales, pero, repito, falta la intitulación y la necesidad, y también esto es muy importante, de la evaluación de los programas. Recordemos lo que ha pasado en Italia. No se puede consentir que a la sombra de una ley tuitiva y de solidaridad internacional se enriquezcan algunas entidades.
Hay que ser verdaderamente controladores del dinero público. Es cierto que, en España, el dinero público para esto es poco en relación a lo que se debería llegar a ser, pero tenemos la compensación de la magnífica reacción del pueblo español que, a través de entidades privadas, cada año supera las cuotas de aportación. Coalición Canaria, desde una autonomía a caballo entre el mundo poderoso de América del Norte y Europa y el Tercer Mundo de Africa y América, cree que debemos configurar todo un principio de armonía, consiguiendo un texto legislativo que complete el presentado por el Gobierno y que nosotros, conscientes de que es mejorable, vamos a apoyar. Creemos que es un paso importante si después, en el trámite de ponencia y Comisión, conseguimos plasmar las magníficas aportaciones de los restantes grupos políticos del arco parlamentario.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, el debate que iniciamos hoy para mí es un debate muy importante por el tema --el marco legal de la cooperación al desarrollo-- y también por ser muy esperado.
Este proyecto de ley, piensa este diputado y el grupo parlamentario al que representa, constituía una deuda pero también una necesidad. Una deuda del poder político, del Gobierno, del Parlamento, para con todos aquellos sectores sociales, para con todos aquellos hombres y mujeres que están dedicando, desde hace mucho, una parte de su tiempo, de su ilusión e incluso, a veces, la propia vida, a la ayuda a los más necesitados en los países más pobres del planeta, y es también una necesidad de la política española de cooperación al desarrollo.
Fíjense ustedes lo difícil que ha sido el alumbramiento de este proyecto de ley. Antes el señor Izquierdo, en nombre del Grupo Popular y el señor Fuentes,

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en nombre del Grupo Socialista, se cruzaban algunas acusaciones. Déjenme que traiga a la Cámara un dato que nos afecta a todos. Situémonos en 1982, poco antes de las elecciones generales que dieron la mayoría absoluta al Partido Socialista; en ese momento, todos los grupos del arco parlamentario con perspectivas de estar representados en esta Cámara, nos reunimos, atendiendo la llamada de una organización no gubernamental, Justicia i Pau, y firmamos un documento en el cual nos comprometíamos a dos cosas: en primer lugar, a realizar un esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado para llegar a dedicar a la ayuda oficial al desarrollo el 0,7 por ciento del PIB, siguiendo el mandato de la ONU, el mítico 0,7 por ciento del producto interior bruto, y, en segundo lugar, también nos comprometimos entonces, en el año 1982, a aprobar una ley de cooperación al desarrollo. Han pasado muchos años y ha llovido mucho desde entonces. La ley, como es obvio, no se aprobó. Iniciamos hoy el trámite parlamentario, aunque algunos la hemos reclamado con insistencia y pongo por testigo al «Diario de Sesiones». Han tenido que pasar quince años para que se inicie este trámite y de ahí que no pueda ocultar mi satisfacción y la de mi grupo político por el debate que hoy comienza.
Alegría lógica que siente el que ve que está a punto de conseguir algo que durante mucho tiempo ha deseado fervientemente.
Sin que sirva de excusa para la no presentación de esta ley en anteriores legislaturas, es cierto que también, como se ha dicho anteriormente, han pasado muchas cosas en los últimos años en la cooperación al desarrollo y en la política española de cooperación al desarrollo. De entrada, el Estado español, creo que en el año 1981, señor Izquierdo, según mis datos, dejó de ser un país receptor y pasó a ser un país donante; también se ha integrado en el Comité de ayuda al desarrollo de la OCDE, es decir, en el club de los donantes; se ha producido un incremento sustancial de los fondos privados y públicos destinados a la cooperación de desarrollo; se han multiplicado las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, así como las instituciones que dedican una parte de su presupuesto a la política de cooperación, lo que venimos denominando como cooperación descentralizada, o sea la que realizan las administraciones locales y autonómicas. En definitiva, la concienciación social creciente acerca de la necesidad de realizar un esfuerzo solidario, individual o colectivo para con el Tercer Mundo, ha llevado al conjunto de la sociedad y a las instituciones españolas a dedicar más medios materiales y humanos y, además, a hacerlo de una forma más eficaz. Llegados a este punto, y aunque el esfuerzo económico y presupuestario es insuficiente, ya que, como decía antes, quedamos lejos del 0,7 por ciento reclamado por las Naciones Unidas, nos parece obvio e indiscutible que el reto actual de la cooperación es el de la calidad y el de su eficacia. Para ello pienso que incluso sería irresponsable aplazar más esta ley. Estoy convencido de que la aprobación de una ley de cooperación hace algunos años hubiera dado un impulso cuantitativo a nuestra cooperación, pero también estoy convencido de que hoy, en este momento, este impulso será tanto cuantitativo como cualitativo.
La pregunta que nos hacemos y que se hacen los sectores sociales implicados en la cooperación al desarrollo es si cualquier ley es buena o, mejor dicho, si esta ley va a satisfacer las muchas esperanzas que hay en ella depositadas. La opinión del grupo parlamentario que represento en este debate, el Grupo Parlamentario Catalán, es que esta no es una ley cualquiera que merezca su devolución al Gobierno, pero a continuación afirmo que también, sin lugar a dudas, es una ley mejorable. Es más, pienso que se trata de un texto que debe ser notablemente mejorado para que no constituya una oportunidad perdida. Espero que en el debate parlamentario surja un texto a la altura de las esperanzas que se encuentran depositadas en las Cámaras, tanto en ésta como en el Senado.
¿En qué aspectos es mejorable el proyecto? O, ¿en qué pensamos nosotros que habría que mejorarlo? En primer lugar, déjenme que cite sin extenderme unas cuestiones de tipo filosófico, podríamos denominarlas así, que no son nuevas porque nuestro grupo las ha reiterado en el debate que ha precedido al propiamente parlamentario que iniciamos. Este proyecto de ley se funda, entre otros, en un principio que se denomina de unidad de acción del Estado en el exterior. Es un principio que los diputados más avezados a sumergirse en el texto constitucional sabrán que no se encuentra en la Constitución. La Constitución en el artículo 149.1,3ª reconoce la competencia del Estado en política exterior y el Tribunal Constitucional ha acotado esa competencia a aquellos aspectos que puedan generar responsabilidad internacional para el Estado. Por tanto, es un principio que no se encuentra en la Constitución. Además, se trata de un principio confuso que nos provoca intranquilidad.
¿A qué se refiere el texto del proyecto? Si el principio en cuestión que surge en el artículo 3º o en el artículo 13 supone una reinvindicación, como pudiera suceder e intuimos que puede acaecer, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores como responsable de la acción exterior, por ejemplo, de la dirección de la política de cooperación al desarrollo que se realiza desde la Administración central del Estado, entonces estaríamos de acuerdo con el mismo. Pero cuando, por ejemplo en la exposición de motivos, leemos que la planificación es el único instrumento capaz de garantizar la coordinación de los diferentes esfuerzos que se realizan en el ámbito del territorio nacional, entonces empezamos a preocuparnos.
Por tanto, hay que clarificar. Pensamos que la coordinación de esfuerzos institucionales --lo hemos dicho y lo reitero hoy-- a nivel estatal, autonómico o local

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no sólo es positiva, sino que además es muy fácil realizarla y alcanzarla, pero por la vía del diálogo en el seno de la Comisión interterritorial que se crea y no de la imposición que, en ningún caso, aceptaríamos. Es más, señor Izquierdo, no se trata de que usted esté convencido, como decía desde la tribuna, de que no hay un intento de imponer determinadas políticas a las comunidades autónomas; se trata de que después del trámite parlamentario y de la aprobación de esta ley, todos estemos convencidos de que así es porque el texto lo deja muy claro.
En segundo lugar se dice, también a nivel filosófico, que la política de cooperación es parte de la política exterior del Estado. Estamos de acuerdo con ello, pero nos parece importante e imprescindible destacar que la política de cooperación al desarrollo no es sólo política exterior. Por tanto, al no ser sólo ni principalmente política exterior, puede coadyuvar a ella, pero los principios y objetivos de la política de cooperación son distintos y ello debe quedar muy claro en la ley. Debe de quedar aún más claro que el objetivo principal de esta política no es otro que el de conseguir la erradicación de la pobreza y del subdesarrollo en todas sus manifestaciones y la promoción de los derechos humanos y de las libertades públicas.
El proyecto en algunos de sus preceptos peca de confuso en cuanto a sus objetivos e incluso me atrevería a afirmar que de administrativista como cuando se dice en la exposición de motivos que --repito textualmente-- junto a los dos ejes capitales de nuestra política de cooperación para el desarrollo, como son el de la definición de sus estructura orgánica y el de la planificación y evaluación, hay otros aspectos que también demandan atención preferente. No sólo no podemos estar de acuerdo con esta definición de ejes capitales sino que, además, discrepamos rotundamente respecto a que estos sean los ejes capitales de nuestra política de cooperación al desarrollo.
En tercer lugar, el principio de coherencia. Estamos debatiendo una ley marco, una ley que ha de guiar la política de cooperación al desarrollo en un sentido amplio y, por tanto, la política que se realiza no sólo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores sino también, y muy especialmente, desde el resto de departamentos del Ejecutivo. Si esto no se consiguiera, si esta ley no produjera el efecto de impregnar toda la política gubernamental, estaríamos renunciando a algo que para nosotros es fundamental. Por tanto, debería existir en la ley una mención expresa a la intención de hacer que los principios y objetivos de la política de cooperación al desarrollo, que define la ley, informen todas las políticas que desarrolle España y que puedan afectar a los países en desarrollo.
Ahora, señor presidente, brevemente y para ir terminando, quisiera centrarme en algunos aspectos concretos del proyecto que nos parecen importantes. Un aspecto general, trasladable a muchos de los que toca el proyecto, es que en muchos casos entendemos que es poco concreto. Ello sucede, por ejemplo, cuando se trata de una cuestión tan importante como es el estatuto del cooperante, es decir los derechos y deberes de los cooperantes, en el que repito, el proyecto nos parece demasiado enunciativo. Está inconcreción se repite al definir la estructura y funcionamiento de los órganos de coordinación, y vamos a presentar enmiendas en ese sentido.
Respecto a las prioridades territoriales creemos que el acuerdo es fácil, no sólo entre el Grupo Popular y nosotros, con algún matiz, sino con toda la Cámara, como es deseable.
Intervención de las Cortes. Nos parece muy positiva la propuesta del Gobierno, incluso mucho mejor que la enmienda del Grupo Socialista.
Consideramos un tema clave e importante que la política de cooperación sea diseñada y controlada por las Cortes. Esta ventana abierta a la sociedad que es el Parlamento ha de contribuir a dar una mayor repercusión social a esta política y, sobre todo, ha de contribuir a trasladarla a la opinión pública.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Recoder, le ruego concluya.


El señor RECODER I MIRALLES: Termino enseguida, señor presidente.
En el tema de la coordinación, que tildaba hace un momento de inconcreta o insuficientemente desarrollada, el proyecto de ley tiene tres niveles.
Uno es el Consejo de coordinación, como órgano de diálogo con las ONG y de participación de éstas en el diseño de la política de cooperación, por lo que probablemente el Gobierno también debiera estar presente; si no, ya tenemos la coordinadora de las ONG, donde las ONG se encuentran y debaten sus problemas. Es más, vamos a sugerir que pueda haber una vía de diálogo entre el Consejo de cooperación y el propio Parlamento. Es decir, que el debate institucional de la coordinadora no sea sólo con el Gobierno sino que también pueda haber una línea de participación y de diálogo en el Parlamento.
A la Comisión interterritorial ya me he referido, y no me extenderé. Es el órgano de coordinación interdepartamental. Llegado a este punto, y muy brevemente, quiero también afirmar lo que ya hemos dicho, que para nosotros el director de la política de cooperación debe ser el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sabemos que hoy en día el 60 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo está controlada por el Ministerio de Economía y Hacienda, y en el informe de la ponencia del Congreso del año 1992 ya decíamos que la falta de unidad de dirección es la causa principal de la caída cuantitativa de la ayuda oficial al desarrollo y de su deficiente calidad y orientación a la erradicación de la pobreza. Por tanto, utilicemos esta ley para resolver este problema.


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Por último, señor presidente, me voy a referir muy brevemente a una cuestión importante en la ley, como son los créditos computables como AOD, ayuda oficial al desarrollo, donde se han dado y se dan posiciones enconadas. ¿Cuál es nuestra posición? Deben existir unos créditos concesionales, gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tengan por objeto el alivio de la pobreza en los países en vías de desarrollo y que se apliquen a programas y proyectos que se atengan a las prioridades geográficas y sectoriales de la política de cooperación.
Junto a estos créditos pueden existir, y yo creo que deben continuar existiendo, unos créditos similares a los FAD.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Recoder, le ruego concluya.


El señor RECODER I MIRALLES: Ahora mismo termino, señor presidente.
Unos créditos gestionados por el Ministerio de Economía, que computarán como AOD en la medida en que reúnen los requisitos del Comité de Ayuda al Desarrollo, pero sobre todo debemos romper la situación actual, donde una parte de la política de cooperación se realiza con cargo a unos fondos que no respetan los principios de la política de cooperación.
Por último, quiero decir que también vamos a mejorar sustancialmente, a través de nuestras enmiendas, la regulación de los incentivos fiscales que nos parece claramente insuficiente. Entendemos que el debate de hoy ha sido positivo. Todos los grupos parlamentarios han expuesto, algunos a través de enmiendas de totalidad, otros simplemente fijando su posición, cuáles son sus planteamientos de cara a este debate. Yo interpreto incluso las enmiendas de totalidad como poner las cartas encima de la mesa, para conseguir el consenso que entiende nuestro grupo parlamentario que es altísimamente deseable en este proyecto de ley y en todos aquellos que afectan, aunque sea en parte, a la política exterior. Además, esta ley afecta a una cuestión tan fundamental para todos nosotros, para el desarrollo del planeta, como es la cooperación al desarrollo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, debo decir que al Grupo Vasco (EAJ-PNV) le gustaría insistir en la necesidad de consenso que necesita tener este proyecto de ley de cooperación internacional para el desarrollo para poder ser eficaz y cumplir los requisitos necesarios.
De una forma breve, voy a tratar de exponer cuáles son las posiciones del Partido Nacionalista Vasco, a través de su grupo parlamentario, en relación con esta propuesta de ley, y que se materializarán con las enmiendas que vamos a presentar a la misma.
Entrando directamente en la opinión que este proyecto de ley merece al Grupo Vasco, voy a señalar, primero, los aspectos positivos que dicho proyecto de ley nos merece. Cabe destacar la importancia que tiene contar con un proyecto de ley, tanto por la necesidad de que la cooperación cuente con un marco jurídico suficiente como por las posibilidades que abre el corto período de discusión más allá de la Administración.
Asimismo, es importante el activo papel que se reserva al Parlamento en la discusión y orientación de la política de cooperación para el desarrollo. La ley de cooperación ofrece una oportunidad única para modificar las deficiencias actuales en materia de estructura administrativa y de criterios, que impiden la mejora cualitativa y cuantitativa de nuestra ayuda oficial al desarrollo. Dichas deficiencias han sido señaladas por el informe del Congreso de los Diputados de noviembre de 1992, por la ponencia del Senado de noviembre de 1994 y por el informe del CAD de abril de 1994.
Otros aspectos positivos a resaltar son la previsión de planes directores plurianuales y de unos mecanismos presupuestarios que permitan una mejor gestión, la consideración de la educación para el desarrollo y el comercio justo, como modalidades de cooperación. Sin embargo, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) considera que el proyecto de ley debe ser significativamente modificado, puesto que no resuelve algunos de los problemas importantes a los que se enfrenta la cooperación, esencialmente en lo relativo a la definición de los objetivos de la cooperación para el desarrollo y a su dirección y capacidad de gestión.
Para el Grupo Vasco (EAJ-PNV), el objetivo prioritario de la cooperación debe ser la promoción de un desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Esta concepción supone prestar atención a los aspectos políticos, al respeto y fomento de los derechos humanos y a la equidad en términos de género. La experiencia demuestra que el doble objetivo de la erradicación de la pobreza y la promoción de la economía y la cultura española lleva a incoherencias y al predominio de los intereses comerciales y geopolíticos españoles sobre los intereses de los países pobres. Además, debe hacerse una definición correcta de la cooperación e incluir aspectos como la coherencia de políticas europeas y del Estado español, los compromisos adquiridos por el Estado español en las conferencias internacionales y la corresponsabilidad Norte-Sur.
En segundo lugar, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) entiende que la ley debe asegurar la unidad de dirección política y la capacidad de gestión de la cooperación al desarrollo, en lo que se refiere a la Administración española. El proyecto de ley consagra una estructura

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bicéfala con dos ministerios, los de Asuntos Exteriores y Economía, que defienden dos concepciones no coherentes. La propia exposición de motivos señala estas diferencias como causas de continuos problemas y deficiencias. Como han señalado numerosos estudios y análisis de la cooperación española, la estructura actual dificulta la orientación de la cooperación española hacia el objetivo fundamental señalado anteriormente. Es imprescindible que exista una unidad en la dirección de toda la cooperación española. Aunque se mantenga la participación de otros departamentos de la Administración en la gestión de los instrumentos, el proyecto de ley debe señalar con claridad la dirección, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, de todas las actividades de cooperación para el desarrollo que correspondan a la Administración central.
Dentro de este campo, para el Grupo Vasco es importante también determinar la colaboración entre las acciones del Gobierno español y las de las comunidades autónomas con competencias plenas en esta materia. Por ello, introduciremos diversas enmiendas, en el sentido de que el Gobierno español no tiene competencia de coordinación de la cooperación que se realiza en el conjunto del Estado. Sólo puede coordinar en esta materia la acción de sus propios órganos; respecto a las demás administraciones, rige aquí el principio de colaboración, no el de coordinación.
Para ello, desde la Administración pública vasca, pionera en muchas de las acciones de la cooperación al desarrollo, existe una clara voluntad de colaboración en este campo con el Gobierno español y con las instituciones europeas, pero desde el principio claro de colaboración, no de coordinación. Por el respeto a este principio, vamos a introducir también varias enmiendas al articulado de este proyecto de ley, cuya aceptación será decisiva para nuestro apoyo definitivo a la ley.
En tercer lugar, el proyecto de ley deja demasiados espacios vacíos para su posterior desarrollo reglamentario, lo que supone sustraer al debate parlamentario reformas tan importantes como consejo de cooperación, composición y funciones, comisión interministerial ACDI y nuevos instrumentos crediticios gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
En lo relativo a la regulación del sector de ONGD, entendemos que deben suprimirse expresiones tales como "o que gocen de reconocido prestigio y tradición en este campo", al tratarse de un criterio subjetivo susceptible de interpretaciones arbitrarias y partidistas. Defendemos también desde el Grupo Vasco el acceso de las ONGD a programas y proyectos de cooperación técnica y de sensibilización de la sociedad.
Desde el Grupo Vasco (EAJ-PNV) defendemos la necesidad de incluir incentivos y mejoras de fiscalidad para las ONGD debidamente registradas y que cumplan la legalidad vigente, tales como equiparar los incentivos fiscales de las donaciones privadas a la cooperación a los concedidos a otros sectores.
Pensamos que es necesario regular la participación de otros agentes sociales, pues, a pesar de que la ley prevé la participación de diversos agentes sociales en la cooperación, sólo refuerza la regulación ya existente para las ONGD. La ley debe señalar las condiciones y requisitos para el acceso de los agentes sociales a diversas modalidades de cooperación. En particular, esta regulación debe garantizar que las ayudas y subvenciones públicas a que hace referencia el artículo 30 se destinen exclusivamente a actividades de carácter no lucrativo.
A pesar de coincidir en buena medida con las argumentaciones expuestas por los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad, no estamos de acuerdo con la estrategia que conllevan, pues corremos de nuevo el riesgo de quedarnos sin una ley de cooperación al desarrollo para bastante tiempo. Por ello, el Grupo Vasco no las va a apoyar.
Para terminar, creemos que la ley de cooperación internacional para el desarrollo que resulte finalmente del debate parlamentario será crucial en la futura orientación de la cooperación que se desarrolle por parte de las distintas naciones que constituyen el actual Estado español. Por ello, insistimos en la necesidad de un consenso que, a través de las enmiendas adecuadas, haga posible una ley adecuada a las necesidades actuales.
Nada más.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Caballero.
Finalizado el debate de las enmiendas de totalidad del presente proyecto, comunico a SS. SS. que las votaciones correspondientes a estas enmiendas se llevarán a cabo al finalizar el debate del próximo proyecto de ley, de forma conjunta.


--PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES. (Número de expediente 121/000063)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): A continuación, pasamos a los debates de totalidad del proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones, para cuya presentación tiene la palabra el señor ministro de Fomento. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el proyecto de ley que tengo el honor de presentar a la Cámara responde, en concreto, a la necesidad de hacer frente al grave problema de la carestía de la vivienda, en cuyo origen está la carestía del suelo.
Constituye una de las medidas con las que el

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Gobierno afronta el problema en ejercicio de sus competencias constitucionales y las somete a la aprobación de la Cámara.
Es una ley de reforma estructural de gran importancia, de las que yo me atrevería a decir que definen una legislatura. Es una ley de gran importancia porque incide sobre dos aspectos fundamentales para los ciudadanos: de un lado, sobre las mayores posibilidades de acceso a la vivienda, y, de otro, sobre la competitividad de nuestra economía y de las empresas, en la medida en que el suelo es un elemento primordial de los costes a los que hace frente cualquier actividad económica.
La legislación estatal sobre el suelo hasta el momento vigente --dejando aparte el decreto-ley, tramitado en esta Cámara como ley, que lleva fecha de 14 de abril de 1997-- procede de la Ley de reforma de 1990, integrada en el texto refundido de 1992. Tiene, pues, siete años de vigencia, y a lo largo de ellos no sólo no se ha reducido el problema de los altos precios del suelo, sino que se ha agravado hasta extremos que hacen urgente su modificación. Se trata, por tanto, señorías, de un problema no resuelto, que la legislación actualmente en vigor no ha resuelto. La Ley de 1992 ha sido, en efecto, un texto rechazado, tanto por su marcado carácter rígidamente intervencionista como por su innecesaria complejidad. Tenía tres grandes defectos: el incremento de las cargas de urbanización, los largos plazos de tramitación debidos a la complejidad de los procedimientos y la incertidumbre ante la amplia discrecionalidad de la Administración, factores todos ellos que han acabado por traducirse en mayores costes, presionando al alza el precio final del suelo urbanizado. Al rechazo generalizado se sumó el incumplimiento por las propias administraciones locales, a las que en teoría pretendía favorecer, de muchos de sus preceptos, al tener que asumir estas administraciones obligaciones que iban mucho más allá de sus posibilidades, tanto técnicas como financieras.
El Tribunal de Defensa de la Competencia, en 1993, es decir un año después de la entrada en vigor del texto refundido, y una comisión de expertos, nombrada por el propio ministro de Obras Públicas en el año 1994, dos años después del texto refundido, coincidieron en la necesidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de la vigente legislación de suelo. Y es que la realidad ha demostrado que las sucesivas reformas de nuestra legislación urbanística han incrementado la complejidad de esta parte del ordenamiento jurídico, al multiplicar innecesariamente las intervenciones administrativas Han ampliado en cada nuevo trámite las cotas de discrecionalidad del sistema y han ido favoreciendo la limitación artificial de la oferta de suelo. Con ello han contribuido decisivamente a dificultar las operaciones de puesta en el mercado de suelo urbanizado, encareciendo su precio final y, por repercusión, el precio de la vivienda.
Los avatares de la ley culminan en la sentencia del Tribunal Constitucional, que, al resolver los recursos presentados por diversas comunidades autónomas, viene a anular doscientos artículos del texto vigente. Ello, como es lógico, suscita la necesidad de un nuevo texto que permita la resolución de los problemas planteados.
En ejercicio estricto de las competencias que la Constitución española reserva al Estado en el sentido estricto del término, el Gobierno ha querido cambiar la situación en tres planos. Mediante la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos de propiedad del suelo, mediante el establecimiento de criterios de valoración del suelo más realistas y mediante la modificación parcial del procedimiento y de las garantías expropiatorias. Esta ley es una ley abierta, que hace posible el incremento de la oferta de suelo y que permite distintas políticas urbanísticas y diferentes modelos de planeamiento y de gestión. Todo ello en un marco que tiende a garantizar permanentemente la igualdad en el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.
El título I del proyecto de ley se propone definir el contenido básico del derecho de propiedad del suelo de acuerdo con su función social, regulando las condiciones que aseguren la igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional. Establece algunos principios básicos, entre los que cabe citar la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de las administraciones públicas, la conjugación entre la acción de la iniciativa privada y la acción de los entes públicos a quienes corresponde la dirección del proceso, el reparto equitativo de beneficios y cargas o los derechos de información y de participación de los afectados. Propósito esencial del proyecto es también la determinación de las distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana y de los distintos regímenes de suelo aplicables. Esta es la principal reforma estructural que contiene el proyecto de ley.
A partir de unos criterios objetivos mínimos para la citada determinación de las clases de suelo, la presente ley pretende hacer posible el aumento de la oferta de suelo y, a tal fin, considera en principio susceptible de ser urbanizado todo el suelo que todavía no haya sido incorporado al proceso urbano, salvo que concurran razones objetivas determinantes de su preservación, de acuerdo con el planeamiento y la legislación territorial o sectorial, por sus valores ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos o culturales, de su riqueza agrícola, forestal, ganadera o de otra índole, o por su justificada inadecuación para el desarrollo urbano.
La flexibilidad que la ley persigue, con el fin de evitar la escasez de suelo artificialmente generada por la programación cuatrienal y por unos criterios cicateros

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de clasificación de suelo, no debe, sin embargo, conducir a un régimen de absoluta discrecionalidad de las autoridades urbanísticas a la hora de decidir acerca de la viabilidad de las iniciativas que se promuevan en el ámbito del nuevo suelo urbanizable. Para evitar la excesiva discrecionalidad de las autoridades administrativas, la ley, reconociendo el derecho de los propietarios de este suelo a promover su transformación en cualquier momento, ha previsto un sistema voluntario de consulta previa, de carácter vinculante. La administración actuante, cuando sea consultada, debe responder razonadamente, identificando, si los hay, los obstáculos que puedan oponerse a la viabilidad de las iniciativas particulares que se le sometan y las condiciones que éstas deben satisfacer para asegurar su encaje en la estructura general del territorio que el planeamiento general haya podido establecer.
Esta garantía procedimental que la ley confiere al derecho del propietario del suelo clasificado por el planeamiento como urbanizable ha de entenderse dentro de las condiciones básicas del estatuto jurídico de la propiedad, es decir, sin atentar a la libertad de las administraciones competentes, para valorar en cada caso los intereses públicos en presencia.
En lo que concierne a los criterios de valoración del suelo, la ley ha optado por establecer un sistema que trata de reflejar con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo, renunciando así formalmente a fórmulas artificiosas que, con mayor o menor fundamento aparente, contradicen esa realidad y constituyen una fuente interminable de conflictos, proyectando una sombra de injusticia que resta credibilidad a la Administración y contribuye a deslegitimar su actuación. Se elimina así la actual dualidad de valores, inicial y urbanístico, de forma que a partir de ahora no habrá ya sino un valor, sólo un valor, el valor real, único que puede reclamar para sí el calificativo de justo que exige inexcusablemente toda operación expropiatoria.
Permítame detenerme un poco más en este punto. El artículo 25 del proyecto dispone que el suelo se valorará con arreglo a su valor real, calculado según su clase y situación, en la forma establecida en los artículos siguientes. La formulación de este principio suscita desde ciertas posiciones una reacción recelosa, cuando no directamente contraria, porque se sospecha que el valor real sea un valor especulativo o al menos que pueda serlo con facilidad. Sin embargo, el objetivo al que tiende la legislación expropiatoria es conseguir una valoración justa y una valoración justa no puede ser otra que la que permita al propietario adquirir otro bien de análogas características y situación. Es decir, el justo precio ha de ser siempre un valor de reposición. En este sentido se ha pronunciado reiteradamente el Tribunal Supremo de Justicia.
Esta primera proposición es, en principio, de general aceptación, aunque los efectos de su aplicación pueden variar mucho en función de tres elementos: el contenido que legalmente se atribuya a la propiedad del suelo, las condiciones más o menos perfectas del mercado y las reglas que se establezcan para determinar el justo precio.
En cuanto al primer punto, contenido del derecho de propiedad como determinante del valor real, el proyecto parte del principio de que las facultades de urbanizar y de edificar son inherentes al mismo, aunque su ejercicio está limitado por la ley y sometido al cumplimiento de los deberes que ésta imponga, deberes que son fundamentalmente los de cesión y los de urbanización.
Partiendo de este principio, el valor de reposición, que será el valor real, tiene que permitir al expropiado adquirir otro suelo de análogas características. El texto refundido de 1992 partía de un principio distinto: el derecho de propiedad sólo es inicialmente un derecho de propiedad de suelo rústico, sin facultades urbanísticas inherentes, y, por tanto, su valor debe ser el inicial, el que corresponda según las valoraciones catastrales de naturaleza rústica. Los incrementos de valor derivados de su conversión en suelo urbano son consecuencia de la adquisición por el propietario de facultades urbanísticas por el cumplimiento de los deberes urbanísticos. Según esta concepción, lógicamente, la clasificación del suelo como urbanizable no debería conferir al suelo ningún aumento del valor sobre el inicial en beneficio del propietario, aunque los produzca en el mercado. Sin embargo, la ley entraba en contradicción interna al admitir aumentos de valor en favor del propietario por el mero hecho de la clasificación.
La Ley de 1992, que, con limitaciones, aceptaba el valor real en el suelo urbano, lo rechazaba conceptualmente en el suelo urbanizable, aunque finalmente instrumentaba un sistema de valoraciones que atribuía al propietario unos valores que no eran ni los iniciales de suelo rústico ni los de mercado, sino unos valores artificiales exclusivamente derivados de unas reglas formales de compromiso que no respondían a ningún criterio razonado ni racional.
El segundo punto que incide en la fijación del justo precio se refiere a las condiciones del mercado. De los diversos factores que influyen en el mercado, el proyecto se ocupa del que directamente le concierne, es decir, la clasificación del suelo. De los suelos urbanos y urbanizables, el que esencialmente depende de una decisión de planeamiento es el urbanizable, porque el suelo urbano es el ya urbanizado o edificado. El artículo 10 del proyecto define el urbanizable como el suelo que no tenga la condición de urbano ni resulte clasificado como no urbanizable.
Propende, por tanto, a una amplia clasificación de este suelo, aunque esta amplitud dependerá, en última instancia, del suelo que se clasifique como no urbanizable por el planeamiento.
El tercer elemento que incide en la determinación del justo precio concierne a las reglas que se establezcan

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para su determinación. Estas reglas tendrán que ser idóneas para que no distorsionen en ningún sentido el valor real. Sobre este punto, debe distinguirse lo que son reglas tasadas de lo que es el precio tasado. La legislación expropiatoria persigue obtener el precio real o de sustitución y para ello utiliza --cito-- reglas tasadas que permitan una determinación automática del valor objeto de expropiación, como dice la exposición de motivos de la Ley de Expropiación Forzosa, aunque, en caso de insuficiencia, admita cualquier otro método en su artículo 43, excluido explícitamente por la legislación urbanística. El precio tasado es un precio establecido por ley que no tiene por qué equivaler al valor real del bien o derecho. En el proyecto, por el contrario, se utilizan reglas tasadas para determinar el valor real.
En suma, en este importante aspecto se puede resumir el contenido del proyecto de ley en los siguientes puntos. Primero, la valoración a efectos expropiatorios no puede ser una valoración tasada, ajena a las referencias del mercado, porque ello es contrario al principio de la institución expropiatoria; debe ser, por tanto, una valoración real obtenida por reglas tasadas, tendentes a conseguir objetivamente el valor real.
Segundo, el sistema de valoraciones tiene que ser coherente con el régimen urbanístico del suelo y no puede establecer un tratamiento discriminatorio con respecto al suelo no expropiado. No está justificado que se reconozcan distintos niveles de aprovechamiento a unos y a otros.
Si el aprovechamiento del propietario no expropiado es del 100 por cien o del 90 por ciento, el mismo aprovechamiento debe reconocerse a efectos expropiatorios. Y el proyecto cumple esa condición.
Tercero, el proyecto establece reglas objetivas para determinar el valor.
En el suelo urbano y en el urbanizable, incluido en sectores o ámbitos delimitados por el propio planeamiento general para su inmediato desarrollo, el método de cálculo consistirá en la aplicación al aprovechamiento correspondiente del valor básico de repercusión más específico, recogido en las ponencias catastrales para el terreno de que se trate, valor que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales, refleja los valores de mercado, puesto que las valoraciones catastrales se fijan a partir de un estudio previo de dichos valores de mercado. En su defecto, el valor básico de repercusión se calculará por el método residual, que es método comúnmente utilizado en el ámbito inmobiliario.
Cuarto, el método de comparación que utiliza el proyecto en el suelo no urbanizable y en el urbanizable sin ordenación ni gestión prevista debe ser válido para determinar el valor real, siempre que se comparen valores comprobados y exista identidad de razón, como establece el proyecto. En su defecto, el sistema de capitalización de rentas, al que se remite el proyecto, es también un sistema clásico.
Y concluyo. Los títulos IV y V de la ley se han limitado a incluir los preceptos imprescindibles, por una parte, para enmarcar el ejercicio por las distintas administraciones públicas, en lo referente al suelo, de la potestad expropiatoria, y, por otra, a ajustar al régimen jurídico de la propiedad del suelo, que establecen los títulos I y II de la ley, la regulación precedente de las indemnizaciones por alteración del planeamiento y de las limitaciones o vinculaciones singulares impuestas por éste, que no sean susceptibles de distribución equitativa. Remite asimismo, para la determinación del justiprecio, a los criterios generales de valoración, establecidos en el título I, acabando con la actual e injusta dualidad de criterios que trata de distinta manera al propietario expropiado y al que no lo es.
El Ministerio de Fomento, como responsable en el seno del Gobierno en la elaboración del anteproyecto de ley, se planteó, desde el primer momento, conseguir un texto breve, limitado a las estrictas competencias del Estado, fácil de entender y de aplicar y, al mismo tiempo, abierto y con la flexibilidad suficiente para que las comunidades autónomas puedan legislar en las materias urbanísticas de su exclusiva competencia, sin que se produzcan disfunciones y de modo que se garantice la igualdad básica en todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales. No es por tanto, señorías, un texto dogmático; es la primera piedra que se coloca para introducir un cambio de modelo urbanístico en España ante el fracaso del modelo precedente, que ha tenido una vigencia de muchos años y que, en definitiva, no ha resuelto el problema que debía haber resuelto: que haya suelo abundante para que la repercusión de dicho suelo en el coste de la vivienda sea mucho menor de lo que es hoy en España.
Con este proyecto, señorías se inicia un proceso que puede ser el principio de solución para esos dos problemas que tiene el alto coste del suelo entre nosotros; doble efecto como es limitar seriamente el ejercicio del derecho a la vivienda, el acceso a una vivienda digna de precio asequible, y también la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas para las cuales el coste del suelo es un factor que, tarde o temprano, termina por incrementar sus costes.
Muchas gracias, señor presidente y muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas de totalidad, dos de ellas de devolución al Gobierno y las dos restantes de texto alternativo. De acuerdo con el reglamento, vamos a empezar el debate con las enmiendas de devolución al Gobierno que vienen avaladas por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto, por el señor Vázquez y por la señora Lasagabaster.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Vázquez.


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El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego, mediante esta enmienda de totalidad, solicita la devolución al Gobierno del proyecto de ley del régimen del suelo y valoraciones por los motivos siguientes. En primer lugar, porque una de las razones principales aducidas por el Gobierno en la presentación del proyecto de ley es cumplimentar la sentencia 61/1997, del Tribunal Constitucional, que dejó prácticamente vacío de contenido el Real Decreto-ley 1/1992, sobre régimen de suelo y valoraciones, en especial en todo lo referido a invasión por el Estado de competencias que tenían en exclusiva las comunidades autónomas. Se estaba incumpliendo el mandato constitucional tanto en la definición de las distintas clases de suelo como en la figura del planeamiento urbanístico mínimo, que no existe en las leyes de algunas comunidades autónomas --como es el caso de Galicia--, y se definen de la misma manera. Estamos por tanto ante un texto rechazable por lo que significa de invasión competencial.
En segundo lugar, porque el Gobierno, en su afán liberalizador y al elaborar un proyecto de ley continuista de la Ley 7/1997, en realidad más que liberalizar apura de alguna manera la jugada en beneficio de unos pocos. En función de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno opta por la fórmula de fijar la cesión en un máximo del 10 por ciento, pero que puede ser disminuido por la legislación urbanística, y este hecho podría llevar a fijar la banda del aprovechamiento urbanístico a ceder por los particulares entre cero y el 10 por ciento, rompiendo el principio de la llamada función social de la propiedad, principio que, por otra parte, se ha sacado y se ha arrancado de la ley convirtiendo la propiedad en moneda de cambio y enriquecimiento, frente al principio constitucional de la función social de la misma. Esto es así porque de aprobarse este proyecto de ley las decisiones beneficiosas tomadas por una corporación a petición de un particular, con un incremento ventajoso (entre comillas) para un determinado tipo de predios, por una decisión política no beneficiará a la sociedad en su conjunto sino a una parte.
Desde nuestro punto de vista, la nueva regulación de la cesión del aprovechamiento urbanístico resulta lesivo para los intereses de los ciudadanos y, además, al conceptuarlo como precepto básico y por tanto ser de obligatorio cumplimiento para las comunidades autónomas, está dando al traste con la posibilidad de que los ayuntamientos puedan generar más reserva de suelo para dedicar a cesión de terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección oficial o promoción pública, así como para poner a disposición de la iniciativa social, cooperativas, etcétera, de manera que se pudiesen construir viviendas, garantizando su acceso en mejores condiciones a los sectores sociales menos favorecidos, y se impide por tanto la regulación razonable del mercado. Con estas medidas, el Gobierno finalmente puede conseguir la cesión cero, porque la tendencia será inevitablemente ésa, caso de no ser así dará lugar a desequilibrios en función de la mayor o menos cesión de este suelo.
El abaratamiento del suelo, desde nuestro punto de vista, pasa por buscar mecanismos capaces de poner más suelo en el mercado, evitando la especulación. La vivienda se abarata por lo anterior y mediante la mayor construcción de viviendas por la Administración, de manera que se regula el mercado. El abaratamiento no se conseguirá con esta pretendida liberalización. Rebajar el máximo de cesión existente hasta ahora, entre el 33 y el cien por cien, es volver casi al espíritu de aquella Ley del Suelo de 1952 por la que todo era edificable y que generaba la destrucción urbanística de todos conocida, incluida la de cascos históricos, la destrucción de entornos naturales o la cuasi urbanización de las playas, etcétera. La liberalización no lo soluciona todo, y en el caso del suelo y la vivienda resulta indispensable cierta tutela de las administraciones si lo que se pretende, en realidad, es abaratar el precio de la vivienda y conseguir un desarrollo urbanístico razonable.
En tercer lugar, proponemos la devolución del proyecto de ley, porque si algo es necesario era la regulación de las valoraciones, con una homogeneización de las mismas donde hay pluralidad de estándares de valoración, es decir, la valoración urbanística, la valoración catastral, la valoración registral, la valoración a efectos del incremento del valor de los terrenos se homogeneizasen no sólo por el instituto expropiatorio, sino por el rosario de situaciones diferentes que se generan por los ciudadanos y a los que éstos tienen que enfrentarse sin la más mínima seguridad jurídica por la falta de referencias.
En resumen, proponemos la devolución porque consideramos que se invaden las competencias de las comunidades autónomas; porque se inutiliza en la práctica el mandato constitucional de fijar una banda de cesión de parte del aprovechamiento urbanístico, al fijarla en realidad entre cero y 10 por ciento --a nosotros nos parece más positiva la situación anterior de cesión del 15 por ciento--; y porque sigue manteniendo la inseguridad jurídica de los ciudadanos por la disparidad de criterios valorativos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez.
Para defender la segunda enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna en defensa de

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la enmienda a la totalidad presentada a este proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones, solicitando de devolución del mismo al Gobierno. Centraré la defensa de esta enmienda principalmente en una cuestión que a nuestro entender es clave: el reparto competencial establecido por la Constitución y los diferentes estatutos de autonomía en el marco del Estado en que nos encontramos, el Estado de las autonomías.
El Estado, según la Constitución, tiene competencias exclusivas en diferentes materias que pueden recogerse en los artículos 149.1.1ª, 149.1.8ª o 149.1.18ª. También es cierto que la Constitución, en su artículo 148.1.3ª, establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Como consecuencia de ello, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en su artículo 10.31, estableció y establece la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda para esta comunidad.
Creemos que ese reparto competencial no ha sido bien recogido en este proyecto de ley en la medida que la política urbanística entendemos debe residenciarse íntegramente en el ámbito autonómico, debiendo el Estado renunciar a intervenir en la misma y, por tanto, a promulgar una nueva ley del suelo. Basaremos nuestros argumentos en las siguientes razones.
En primer lugar, porque, como bien se reconoce en la exposición de motivos del proyecto de ley hoy objeto de debate, el Estado tiene unas competencias tan limitadas que su virtualidad es mínima. En segundo lugar, porque el urbanismo, como disciplina dirigida fundamentalmente a una ocupación racional y coherente del territorio que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos en materia de vivienda, actividades económicas, ocio y esparcimiento, debe liderarse desde las propias comunidades autónomas, partiendo de un conocimiento más particularizado de su medio físico, de sus habitantes y de las necesidades de los mismos.
En tercer lugar, porque las diferentes políticas urbanísticas a día de hoy, no pueden ofrecer importantes diferencias que tengan repercusión en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes por los ciudadanos de forma general.
En virtud de todo ello, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de marzo de 1997, ha significado un gran avance, en la medida que el dato más relevante ha sido la superación de la categoría de la supletoriedad, debiendo en este momento atenernos estrictamente al reparto competencial entre unos y otros.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 ha reconocido al Estado su competencia para garantizar la igualdad de todos los propietarios del suelo en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana --es decir, la igualdad básica en lo que se refiere a las valoraciones y al régimen urbanístico de la propiedad del suelo--, señalando, no obstante y al mismo tiempo, que la propiedad no es la ordenación de la ciudad, el urbanismo entendido en sentido objetivo.
La frontera en estos conceptos es muy difícil de establecer porque si bien la sentencia del Tribunal Constitucional reconoce una propiedad urbana y atribuye a la competencia estatal garantizar la igualdad respecto a la misma, posteriormente la misma sentencia encorseta esta competencia de tal manera que cualquier intervención estatal debe ser tan limitada que difícilmente va a ser operativa. En otros términos, las posibles diferencias entre las políticas urbanísticas de las comunidades autónomas se encuentran en unos marcos tan estrechos que la intervención del Estado difícilmente puede encontrar justificación y sus disposiciones no van a significar ninguna incidencia en la normativa autónomica, salvo que bajo el manto de aparentes títulos competenciales, como el establecimiento de condiciones básicas atribuidas al Estado, se pretenda configurar un título competencial horizontal a través del cual se incida en ámbitos de competencia autónomica, como el urbanismo, vaciándolos lógicamente de contenido.
Creemos que eso sucede con este proyecto de ley, en el cual un gran número de disposiciones superan la materia atribuida a la competencia del Estado y entran dentro de la materia urbanística de competencia autonómica. La intervención del Estado mediante esta técnica se entiende que produce una complejización del ordenamiento sin que por ello contribuya a garantizar ningún derecho.
Haría referencia a artículos en los que incide este defecto desde nuestro punto de vista, artículos como los 4, 8, 9, 10, 16.1 y 16.2, 33 y 39.3. A modo de ejemplo solamente me centraré en dos artículos importantes desde este punto de vista. Son el artículo 4, en el cual la determinación sobre el titular de la iniciativa en la acción urbanística implica cierta intromisión en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, ya que conlleva la elección de un concreto sistema urbanístico que excede los límites de los títulos competenciales invocados por el Estado. El Estado debería limitarse en este caso a garantizar la participación tanto de los agentes públicos como privados en el proceso urbanizador, correspondiendo a las comunidades autónomas señalar el mayor protagonismo de una u otra iniciativa y dirección.
Otra serie de ejemplos desde nuestro punto de vista de esta complejización y de este error en materia competencial hace referencia a la clasificación del suelo en los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y, finalmente, el 16.
En relación a los fundamentos jurídicos 14 y 15 de la citada y reiterada sentencia, creemos que el Estado está capacitado únicamente para establecer las hipótesis básicas de división del suelo: suelo consolidado urbanísticamente, suelo apto para el proceso urbanizador y suelo preservado. Estas hipótesis son necesarias al efecto de vincular a cada situación determinadas facultades dominicales y criterios de valoración, pero

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siempre y cuando no impliquen la predeterminación de un concreto modelo urbanístico y territorial. En este sentido, se encomienda al legislador autonómico la definición de las clases de suelo que operarán en su territorio, categorías que deberán ser equivalentes a las estatales pero no necesariamente coincidentes. Las clases de suelo expresan una mera opción de la política urbanística para cuya configuración carece de título competencial el Estado.
Estos ejemplos nos llevarían a una conclusión: el hecho que existan diferentes títulos competenciales llevan a una confusión permanente. Por tanto, creo y creemos que sería conveniente, e invitamos a ello, situar todos estos preceptos que tiene que garantizar el Estado en leyes específicas, es decir, regular lo que le compete al Estado a través de la legislación civil, de la Ley de Expropiación Forzosa, de la posible ley de valoraciones y la Ley de Procedimiento Administrativo común, evitándose en todo momento una mezcolanza de preceptos con títulos habilitantes diferentes incidiendo en el mismo campo, lo que nos sitúa en una situación de confusión e inseguridad jurídica permanente.
No quisiera terminar sin hacer alusión a una cuestión particularmente importante: el famoso tema de las cesiones por aprovechamiento urbanístico. Creemos que en este apartado el Estado ha realizado dos modificaciones respecto al texto refundido de 1992. Por una parte, como ha señalado el ministro, ha reducido el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la comunidad en las plusvalías originadas en la actuación urbanística del 15 al 10 por ciento. Por otra, ha optado por la vía liberal de imponer la cesión de este porcentaje en detrimento del sistema de apropiación y patrimonialización del aprovechamiento por el particular vigente anteriormente. Esta reducción supone un fuerte menoscabo a la capacidad de las administraciones públicas de formación de un patrimonio público de suelo, a fin de regular el mercado de terrenos, de obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y, en definitiva, facilitar la ejecución del planeamiento. El resultado práctico de la misma se plasmará, entre otros aspectos, en la menor promoción de vivienda en régimen de protección oficial, con lo que entendemos se dificultará el acceso de la población de menores recursos económicos a una vivienda digna. En este sentido hacemos referencia e hincapié en la Ley 3/1997, de 25 de abril, del Parlamento Vasco, en la que se determina la participación de la comunidad en el 15 por ciento del aprovechamiento urbanístico previsto en el planeamiento vigente. Si se aprueba esta ley tal y como está, ello puede dar lugar a una inseguridad jurídica que, sin duda alguna, llevará al Tribunal Constitucional.
No quiero extenderme más, sólo señalar a modo de conclusión que el Estado debe plantearse muy claramaente el papel que le corresponde en esta materia. Parece imprescindible exigir el absentismo del Estado para que las comunidades autónomas encuentren el lugar que les corresponde en el nuevo Estado de las autonomías. La experiencia ha demostrado hasta el momento que la intervención estatal en esta materia sólo ha añadido complejidad, debiendo en este momento cumplir con el mandato constitucional y, como no, con los diferentes estatutos de autonomía.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Lasagabaster.
Para la presentación y defensa de la enmienda de texto alternativo que se ha presentado, avalada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a proceder a la defensa del texto alternativo que Izquierda Unida presenta al proyecto de ley del Gobierno. Después haré las valoraciones.
Varios han sido los debates que hemos tenido en esta Cámara, no solamente en esta legislatura sino también en legislaturas anteriores, para introducir medidas correctoras que impliquen mantener la ordenación territorial y abaratar el precio de la vivienda. Las distintas reformas que han afectado a las leyes que regulan el suelo desde 1976 hasta este momento, no han tenido ninguna consecuencia que beneficie al abaratamiento de la vivienda y facilite el acceso a la misma.
En un corto espacio de tiempo, a nuestro entender han sucedido dos hechos importantes y de notable trascendencia. En una primera fase el Decreto-ley del Gobierno número 5/1996, sobre liberalización del suelo, que en nuestra opinión ha sido el primer paso para romper la trayectoria de la ordenación territorial existente en España desde la Ley del Suelo de 1956. El segundo hecho importante se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con los recursos formulados por varias comunidades autónomas; sentencia que ha anulado 185 artículos de la Ley de 1992 y ha provocado una verdadera conmoción en el campo de la legislación urbanística. Entendemos que el vacío legislativo provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser cubierto de inmediato por el legislador estatal y autonómico. Este es un buen momento para lograr una nueva legislación adaptada a las necesidades y a las demandas de la sociedad española; también podría ser un buen momento para intentar llegar a consensos que nosotros entendemos necesarios en esta materia tan importante. Estamos viendo que el consenso no ha sido posible, que el Gobierno ha preferido la soledad, llegando incluso a retrasar la tramitación parlamentaria de su proyecto de ley por falta precisamente de apoyos parlamentarios, y también hemos constatado que el proyecto de ley del Gobierno está suscitando un rechazo importante en

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los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en los grupos de la oposición y también en la Federación Española de Municipios y Provincias.
De un proyecto de ley que consta de 43 artículos, la Federación Española de Municipios y Provincias ha presentado enmiendas a 21 de ellos.
Nosotros nos preguntamos cómo es posible que el Gobierno --no sé si calificarlo de torpe-- no haya podido tratar de consensuar con la Federación de Municipios un asunto tan importante para los ayuntamientos y las comunidades. En la FEMP, por el contrario, sí ha habido entendimiento, sí ha habido consenso; todos los grupos que participamos en la FEMP nos hemos puesto de acuerdo y de ahí nacen esas 21 enmiendas que presenta la FEMP al texto del Gobierno.
Voy a hacer un breve repaso a los temas más relevantes que el proyecto de ley del Gobierno nos propone. El título I define el contenido básico de la propiedad del suelo prevalenciendo el derecho de la propiedad sobre la función social que debe ostentar el suelo. Se da prioridad a la iniciativa privada sobre la pública en lo referente a planeamiento urbanístico, ejecución de planeamiento y regulación del mercado del suelo. Nosotros entendemos que no es bueno, es más bien nefasto, que el suelo se considere exclusivamente un bien económico productivo por encima de las necesidades de ordenación territorial o social. Tampoco compartimos que en la ejecución del planeamiento la Administración pública ejerza un papel secundario o subsidiario.
El título II elimina la distinción entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado dejando tres tipos de suelo: urbano, urbanizable y suelo no urbanizable. Esta clasificación va a suponer en la práctica que, exceptuando el suelo protegido no urbanizable, todo el territorio nacional pueda convertirse en suelo apto para edificar.
Nosotros entendemos que esto atenta contra al esencia misma de la ordenación territorial y municipal. Este modelo incita al crecimiento disperso y desordenado del cual tenemos constancia de épocas pasadas no muy lejanas, atenta contra el desarrollo sostenible, y prioriza la nueva edificación y los nuevos desarrollos frente a la remodelación, renovación y rehabilitación en la ciudad que nosotros creemos totalmente necesarios.
En el futuro en el suelo urbano consolidado se elimina el aprovechamiento municipal imposibilitando la recuperación de suelo para zonas públicas o dotacionales en los cascos consolidados. En el suelo urbanizable el proyecto de ley fija una horquilla de cero a diez para aprovechamiento por la Administración. Insisto en que es aprovechamiento de la Administración; no es cesión del propietario del suelo, sino que la Administración está legitimada para participar en las plusvalías que genera el suelo. Entendemos que la eliminación del aprovechamiento municipal, a pesar de que está reconocida en la Constitución, va a suponer una merma importante en la buena marcha y en la gestión de los ayuntamientos para continuar con su labor de construir viviendas sociales. En valoraciones de suelo nos tememos que el sistema propuesto de valor real incremente sustancialmente el precio del suelo encareciendo la vivienda y eliminando la posibilidad de compra de suelo por los ayuntamientos para promociones públicas.
Señorías, con este breve repaso al proyecto del Gobierno de ley de suelo y valoraciones, he pretendido justificar por qué Izquierda Unida presenta un texto alternativo al proyecto oficial. Estamos convencidos de que las sucesivas leyes de suelo que se han promulgado desde 1956 han repetido una misma concepción de la regulación de suelo que impide evitar la especulación convirtiendo el suelo en un activo privilegiado del mercado financiero no sujeto a la conveniencia y a las necesidades colectivas de los ciudadanos. Así pues, se impone un cambio de concepción, es preciso un cambio que nosotros proponemos ya que la realidad ha demostrado que una regulación continuista y que insiste sobre el modelo anterior no contribuirá a arreglar el grave déficit que hoy por hoy sufre la ordenación y utilización del suelo en nuestro país.
Al mismo tiempo, la solución de estos problemas puede coadyuvar a una mayor eficacia en el ejercicio de importantes derechos fundamentales de los ciudadanos que hasta ahora no parecían tener relación con la regulación del urbanismo: trabajo, vivienda, sanidad, educación, cultura, defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico cultural y artístico. En este sentido, las principales novedades de la presente ley manifiestan la ruptura con el modelo conceptual anterior y son las siguientes. La ley culmina las consecuencias de la separación entre propiedad del suelo y edificabilidad, separación que venía proclamándose desde la Ley del Suelo de 1956, que se concretó en los textos de 1976 y 1992, pero sin atreverse a dar el último paso. La presente ley establece que la edificabilidad tiene carácter demanial, de modo que su titularidad corresponde a la administración urbanística que la asigna, según las determinaciones de planeamiento y del mismo título de concesión a los operadores del suelo, ya sean estos públicos, promotores privados, o los mismos propietarios del suelo.
La consideración definitiva de la edificabilidad como propiedad pública independiente de la propiedad del suelo tiene su base constitucional en la competencia del Estado para establecer la regulación de los distintos tipos de propiedad en virtud de hasta tres títulos competenciales distintos, los incluidos en los artículos 141.1, 149.1.8ª, 149.1.18ª de la Constitución. Al mismo tiempo, la ley deja entera libertad a las comunidades autónomas para que en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de urbanismo ideen y regulen los mecanismos de asignación de edificabilidad que sean más apropiados a su modelo urbanístico respectivo. La ley también aborda, de manera inédita hasta ahora,

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la íntima relación existente entre el disfrute adecuado y racional del suelo por parte de la colectividad y la sostenibilidad ambiental, más allá de enfoques puramente sectoriales de protección del medio ambiente cuyo fondo de recursos es un patrimonio colectivo que sólo puede ser utilizado en régimen sostenible y de modo equitativo por el conjunto de la población presente, para legarlo en perfectas condiciones a las generaciones futuras. Por consiguiente, una ley sobre urbanismo debía contener ineludiblemente una visión integradora y coordinada de la protección ambiental a la hora de regular las líneas maestras de hacer ciudad y ordenar el espacio.
La ley también simplifica y da un toque de racionalidad al confuso panorama actualmente vigente en el campo de las valoraciones urbanísticas, con unos criterios muy sencillos. Independientemente de su clasificación, el suelo atenderá a su valor inicial obtenido por el método tradicional de capitalización de su rendimiento, pero dando prioridad al valor catastral cuando esté debidamente actualizado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Nosotros entendemos que esta fórmula es más justa, a diferencia de lo que nos ha comentado el ministro anteriormente. Consideramos que en la fórmula que propone el Gobierno el suelo rústico va a tener un valor real y puede equivaler, sin ninguna duda, a que en un campo se pueda establecer valor de suelo urbanizable sin hacer ningún tipo de mejora en el mismo para promover su urbanización, es decir mejoras en el suelo. Creemos que no es adecuada la fórmula que propone el Gobierno porque, al final, lo único que va a conseguir es incrementar el valor del suelo sin conseguir su objetivo final de abaratarlo.
Finalmente, es importante destacar que esta ley se ajusta por completo al posicionamiento de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 20 de marzo, que entre otras cosas ha acotado la competencia del Estado para legislar en materia de urbanismo. La presente ley es consciente de ese acotamiento constitucional y únicamente se ha propuesto regular los caracteres fundamentales de dichas materias para asegurar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, pero con suficiente amplitud para que las comunidades autónomas legislen la figura de planeamiento del territorio y sus determinaciones.
Por último, queremos insistir en que hay que cambiar de modelo. Proseguir con leyes continuistas significa no tener voluntad de solucionar nada, significa mantener a través del tiempo el mismo problema que viene existiendo. Por todo ello Izquierda Unida ha presentado este texto alternativo que consideramos riguroso, más completo técnicamente y que aporta soluciones reales.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Sánchez.
Para defender la enmienda con texto alternativo presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, intervengo para defender la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista al proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones.
No quisiera comenzar sin hacer antes una referencia a la intervención del ministro, que, por tercera vez en esta Cámara, viene a explicarnos la reforma estructural del suelo; lo hizo en junio del año pasado, lo hizo después, con motivo de la conversión del decreto-ley en la ley 7/1997, y lo ha vuelto a hacer hoy. Lo ha vuelto a hacer hoy con un discurso que va decantándose; yo creo que cada vez va haciéndose más nítido en sus perfiles. El año pasado escuchamos que lo realmente urgente era reducir la denominada cesión obligatoria de suelo y hacer desaparecer la distinción entre urbanizable programado y no programado. Hoy, por muchas razones, ya no se ha hecho gran hincapié sobre estas cuestiones, pero el ministro se ha referido durante más de la mitad de su tiempo al aspecto que ha debido de considerar que explica mejor cómo el Partido Popular cree que se puede abaratar el suelo y construir una ciudad más habitable.
De acuerdo con la intervención del ministro, parecen absolutamente relevantes los métodos de valoración del suelo, métodos que, de acuerdo con lo que plantea el Partido Popular, lo que hacen es reforzar la posición del propietario de suelo y crearle expectativas de beneficio y de incremento de su patrimonio por encima del esfuerzo que ese propietario haya hecho sobre ese suelo y, por tanto, no de una forma justa, como decía el ministro, sino todo lo contrario. De verdad, ministro, si usted comienza su intervención diciendo que éste es un proyecto de ley que abunda en esos objetivos loables de abaratar el precio de la vivienda y del suelo, de generar mayor competitividad para nuestras empresas, en síntesis, de llevar a cabo una profunda reforma estructural, que luego, con mayor modestia, usted califica sólo de primera piedra de esa gran reforma estructural, dígame por qué el método de valoración que propone el Partido Popular en este proyecto de ley debería llevar a un suelo más barato. Explíqueme por qué pasar de esos sistemas obsoletos, variopintos y tan criticados de legislaciones anteriores, que, al final, señor ministro, se resolvían al gusto del tribunal de expropiación, al gusto de los jurados de expropiación.
Esa es la realidad, señor ministro. Las leyes han dicho lo que han dicho, pero mientras tengamos una Ley de Expropiación Forzosa del año 1954, con todas sus consecuencias, lo que de verdad se llevan los propietarios

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en el bolsillo no tiene casi nada que ver con lo que las leyes han dicho hasta ahora. Luego explíqueme qué relación existe entre el método de valoración del suelo y los objetivos de la reforma que ustedes traen aquí. Hoy ya ha hecho menos hincapié en la importancia de reducir la denominada cesión obligatoria de suelo, entre otras cosas porque, a la vista de las enmiendas y de la reacción que se ha generado en todo el territorio, más vale no hablar de algo que parece que irá desapareciendo como argumento durante la tramitación de este proyecto de ley.
También ha dicho usted, señor ministro, que éste es un texto breve. Es un texto breve lo que se ve en el BOE, porque en el propio texto queda viva buena parte de la ley del año 1990, las partes no declaradas inconstitucionales por la sentencia de 20 de marzo. Por tanto, no es que la ley sea breve, sino que, necesariamente, a esa ley tendrá que seguir en el tiempo un texto refundido y, mientras eso sucede, no hacemos sino incrementar la inseguridad jurídica en los mercados inmobiliarios. ¿Para qué sirve que sea breve? Si ustedes ya hubieran hecho el esfuerzo de presentar un texto refundido, por lo menos nos ahorraríamos lo que ahora se abrirá en caso contrario.
¿Un texto flexible? Pues no, señor ministro, no es un texto flexible, porque las condiciones básicas del derecho de propiedad y, sobre todo, los métodos de valoración del suelo que ustedes plantean, pueden impedir que, por parte de las comunidades autónomas, a la hora de legislar y de aplicar en la práctica sus planeamientos, puedan llevar a cabo las actuaciones que verdaderamente correspondan a sus competencias y consideren prioritarias desde el punto de vista de la creación de ciudad.
Señor ministro, si a usted le interesara mucho que en España hubiera más viviendas asequibles, no estaríamos a 1 de octubre con el Plan de vivienda de 1997 con un grado de cumplimiento inferior al 50 por ciento.
Señor ministro, aquí están los datos que tienen en estos momentos todas las comunidades autónomas, que demuestran, como no podría ser menos, que un plan de vivienda que este año no se ha puesto en marcha hasta el mes de agosto va a terminar muy por debajo de los objetivos del año. No parece que el Gobierno demuestre un gran entusiasmo respecto de la política de vivienda, a pesar de que en el debate sobre el estado de la Nación al presidente Aznar se le llenó la boca hablando de 183.000 viviendas financiadas este año. Pues vamos por la mitad y queda muy poco para acabar el año.
Señor ministro, señoras y señores diputados, no somos los únicos que presentamos enmienda a la totalidad. No me refiero sólo a la enmienda a la totalidad, cuyo espíritu compartimos y apoyamos, de Izquierda Unida, o a las enmiendas de devolución, bien defendidas por los representantes del Grupo Mixto. Nos referimos al debate extraparlamentario, si me permite, que la distancia que ha mediado entre la urgente aprobación por parte del Gobierno de este proyecto de ley y la muchísimo menos urgente iniciación del trámite parlamentario del mismo, ha permitido que se vea que en la sociedad española esta ley no gusta. No gusta a casi nadie, señor ministro. No le gusta a la Federación Española de Municipios y Provincias. Ahí están el informe y las enmiendas presentadas y apoyadas de forma unánime por alcaldes que son, la mayoría, del Partido Popular, que ustedes hubieran hecho bien en consultar, porque el informe de la FEMP se produce dos meses después de que el proyecto de ley sea aprobado por el Gobierno.
Ustedes tampoco consideraron necesario consultar al Consejo Económico y Social, que tuvo que opinar cuatro meses después de haberse aprobado por parte del Gobierno este proyecto de ley. Y, dentro de la opinión del Consejo Económico y Social, quiero resaltar la opinión absolutamente desfavorable de los representantes de los sindicatos y de los representantes de los consumidores y del sector agrario. Esto para no entrar en mayor detalle de los informes desfavorables que hemos conocido de colectivos cualificados como, por ejemplo, los colegios de arquitectos, los promotores de viviendas sociales, los gestores de cooperativas, asociaciones de vecinos e incluso, señor ministro, los promotores privados de vivienda, para los cuales esta ley es insuficientemente liberalizadora.
¿A quién le gusta esta ley, señor ministro, además de al Partido Popular y a quienes la defienden? Porque tampoco les gusta mucho a los partidos nacionalistas, si vemos las enmiendas que han presentado y que obligarán a seguir modificando el contenido del discurso que ustedes hacen y que ya ha ido perdiendo por el camino algunas señas de identidad.
Pero hay un colectivo que apoya silenciosamente esta ley. Un colectivo que se siente perfectamente representado por ustedes, porque los autores de la ley, no cabe ninguna duda, representan perfectamente la opinión y los deseos de un colectivo reducido y selecto: el de los propietarios de suelo y, en particular, el de los propietarios de los suelos no urbanizados, aquellos a los que ustedes prometen menores cargas, menores deberes, mayores derechos y un mayor valor en cuanto al patrimonio que tienen en estos momentos.
El verdadero objetivo de este proyecto de ley, señorías, no es liberalizar el mercado del suelo y muchísimo menos abaratar el suelo y la vivienda. El verdadero objetivo, la auténtica obsesión de este Gobierno, es la de volver a colocar a los propietarios del suelo en el lugar de donde nunca debieron salir, a causa de las veleidades planificadoras de los ayuntamientos democráticos, que han cambiado la faz de nuestras ciudades en los últimos 20 años.
Llevamos más de un año debatiendo en esta Cámara el apasionante tema de hasta dónde llega el derecho de propiedad. Apasionante tema. ¿A cuántos ciudadanos

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les interesa de verdad? A los ciudadanos lo que les interesa, señorías, es que la vivienda sea más barata, que la ciudad sea más habitable, que los servicios sean de mayor calidad. ¿Pueden ustedes explicarme por qué el reforzar los derechos de los propietarios del suelo lleva a conseguir esos objetivos? Ustedes están trayendo a esta Cámara un modelo de urbanismo que no tiene analogía ninguna con los modelos dominantes en los países europeos de nuestro entorno. Son, precisamente, los modelos de urbanismo de los países europeos más desarrollados, de un urbanismo concertado y sostenible, los que hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar un texto alternativo y, además, hemos tenido en cuenta la experiencia que se está dando en nuestro país, en la Comunidad Autónoma Valenciana, de la cual casi no se podía hablar en esta Cámara hace un año y que, paulatinamente, gracias, entre otras cosas, a la presión del propio Partido Popular en Valencia, ha ido entrando, aunque sea por la puerta de atrás, en la concepción de la futura ley del suelo estatal.
Nuestro texto alternativo presenta innovaciones importantes respecto de la legislación hasta ahora en vigor, innovaciones respecto de la ley 8/1990, señorías, porque es verdad que, aunque seguimos compartiendo los objetivos de esa ley y, por supuesto, los principios básicos, por ejemplo, en relación con el derecho de propiedad, lo que no compartimos ya, o respecto de lo que nos alejamos, es de las herramientas que hicieron que esta ley fuera de difícil aplicación. No se puede hablar del fracaso de una ley que prácticamente no ha sido aplicada. Por tanto, nos estamos refiriendo no tanto a la ley 8/1990, sino a la experiencia valenciana que, partiendo de esa ley estatal, ha conseguido éxitos reconocidos por todos los agentes en el mercado, por la Comunidad Autónoma Valenciana y por todos los que han tenido a bien interesarse por ese modelo. Fíjese que es la propia Comunidad Autónoma Valenciana, hoy gobernada por ustedes, la que acepta las ventajas del modelo valenciano en términos de suelo urbanizado, de precio de suelo y de tiempo de tramitación, que se ha reducido en doce veces gracias a la aplicación de un modelo mucho más ágil de relación entre la iniciativa privada y la iniciativa pública.
Los objetivos principales de nuestro texto alternativo son tres. En primer lugar, favorecer un uso sostenible de nuestro suelo. Aunque sobre este proyecto de ley la ministra de Medio Ambiente no haya tenido a bien opinar, como sobre otras cosas, hay que recordar que España es el único país de Europa donde avanza todos los días la desertificación y uno de los países de Europa con mayores problemas en cuanto a la calidad y a la cantidad de sus recursos hídricos y de su cubierta vegetal. Luego creemos que las cuestiones ambientales tienen que estar presentes en algo que quiera llamarse ley del suelo.
El segundo objetivo es el de favorecer un equilibrio óptimo entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. No somos intervencionistas al límite, creemos que hay que regular, que hay que establecer unas reglas del juego claras que permitan la competencia --eso que ustedes tanto defienden-- entre quienes son propietarios y quienes no lo son, entre quienes son promotores públicos y quienes son promotores privados de suelo. En cualquier caso, una competencia que lleve, como está llevando en el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana, a mejores resultados para todos. Lo que nos interesa, en síntesis, es la mejora generalizada de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, en particular, el derecho al acceso a una vivienda digna.
En tercer lugar, queremos que se establezcan cauces de concertación entre las tres administraciones, en lo que se refiere a las actuaciones de cada una de ellas, con incidencia territorial. No sabemos --porque no acabamos de entenderlo-- si ustedes han enterrado o no el denominado Plan director de infraestructuras. Ese era un esfuerzo hecho durante la anterior legislatura precisamente para buscar un marco de referencia para toda inversión pública con incidencia en el territorio y, por supuesto, en la ciudad.
Queremos que haya unas directrices consensuadas con las comunidades autónomas que sirvan para definir el espacio que a cada uno corresponde y eviten los problemas que se han venido produciendo en estos años.
Para llevar a cabo estos objetivos, hemos introducido diferentes modificaciones a la ley de 1990. En primer lugar, el derecho a urbanizar y el derecho a edificar se deslindan nítidamente del derecho de propiedad. En esto se va más allá, en la dirección que ya apuntaba la ley 8/1990, en la línea de generar esa auténtica competencia entre el propietario del suelo y otros operadores del mercado que deseen desarrollar iniciativas de urbanización o de edificación.
Creemos, señor ministro, que mientras haya más de 60.000 solares sin edificar en la ciudad de Madrid y más de 500.000 viviendas potenciales en suelo urbanizable en la Comunidad Autónoma de Madrid, es bastante ridículo querer seguir hablando de que lo importante es que haya más suelo urbanizable. Lo que hace falta, señor ministro, es que haya más suelo urbanizable.
En nuestro texto, nosotros hemos introducido modificaciones en los criterios de valoración del suelo, las mismas que están operando en este momento en el modelo de la Comunidad Autónoma Valenciana, recuérdenlo. Si ustedes sólo aceptan en su texto una parte de esa legislación, la que se refiere a la posibilidad de que la iniciativa privada que no sea propietaria de suelo actúe en competencia con el propietario, pero cambian el sistema de valoración del suelo, el modelo que rige hoy en la Comunidad Autónoma Valenciana seguramente dejará de tener los resultados positivos que tiene ahora mismo. Recuérdenlo cuando dicen que su legislación es flexible.
Nuestra opinión es que el valor legal del suelo sólo puede tener en cuenta, más allá de su valor inicial, el

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esfuerzo que efectivamente el propietario haya hecho sobre él. Creemos equivocado querer dar un valor legal del suelo a un propietario cuya finca simplemente se encuentra cerca de lo que se denominan fincas análogas. Señor ministro, en el mercado del suelo no hay dos fincas que sean iguales y, por tanto, basta con que una finca esté tres metros más acá o más allá, o con una pendiente mayor o menor, para que sus potencialidades de valor de mercado sean diferentes. De valor de mercado, señor ministro; pero de valor legal, desde el punto de vista de los intereses superiores de la colectividad, que en un determinado momento puede tener la necesidad justificada de expropiar, es muy distinto querer dar, en ese momento, un valor legal que el propietario no se merece en absoluto.
Creemos que es imprescindible la modificación de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, porque sin esa modificación, créanme, señorías, no moveremos un ápice el desastre que hemos tenido durante estos últimos años en cuanto a la duración de los conflictos entre la Administración y los administrados. No crean que han encontrado la panacea hablando del valor real como de algo objetivo, porque no es algo objetivo, ni siquiera eso. Por tanto, mientras esté viva la Ley de Expropiación, con todos sus artículos, siempre habrá alguna forma para el propietario de pedir a la Administración más de lo que la Administración le ofrece.
Como decía antes, también pedimos que se haga la elaboración consensuada de directrices territoriales para que las comunidades autónomas tengan un marco de referencia que sea eficaz.
Asimismo, insistimos en la importancia de las condiciones del mercado de suelo que favorezcan la construcción de viviendas protegidas y, en particular, la formación y el destino del patrimonio municipal de suelo.
Se fija en el texto alternativo del Grupo Socialista el 85 por ciento como límite máximo del aprovechamiento susceptible de apropiación privada. Ya sabemos que este porcentaje ha dejado de tener el valor mágico que tenía en los últimos meses, de lo que nos alegramos, porque creemos que, como usted mismo ha dicho en su intervención, lo fundamental en su oferta de reforma estructural es la metodología de valoración del suelo.
En nuestro texto proponemos que no sólo el patrimonio municipal, sino todo el suelo de titularidad pública, una vez desafectado de anteriores usos dotacionales, se destine de manera preferente a la construcción de viviendas protegidas. Algo que está en las antípodas, también en este caso, de lo que plantea el Partido Popular en su proyecto de ley, donde nos encontramos, por ejemplo, con que terrenos que se hayan incorporado al patrimonio municipal de suelo pueden ser objeto de reversión por el simple hecho ...


El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, le ruego vaya concluyendo.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
... por el simple hecho de que se hayan producido recalificaciones que incrementen el valor de esos terrenos. En su articulado, el proyecto de ley del Gobierno elimina también la posibilidad de evitar la reversión, contemplada en legislaciones anteriores, si sobre los suelos objeto de desafectación se construyen viviendas de protección oficial. ¿A dónde vamos con todo eso? A hacer desaparecer paulatinamente el patrimonio municipal del suelo, señores del Grupo Popular y señores del Gobierno.
Con una mano prometen ustedes a los ayuntamientos un pacto local, que, de momento, es una pura declaración de intenciones de descentralización, y con la otra mano les cercenan el patrimonio municipal de suelo, les reducen recursos presupuesto tras presupuesto y después piden que no sean demasiado indisciplinados en lo que son las deliberaciones de la Federación Española de Municipios.
Ajústense a lo que dicen perseguir. ¿Quieren viviendas más baratas, quieren una ciudad más habitable y más competitiva? Introduzcan más modificaciones de las que ya con buen criterio han hecho en sus propias enmiendas al proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere colaborar en la elaboración de un texto que goce del máximo consenso en esta Cámara, para que después no surjan ni recursos de inconstitucionalidad ni la previsión, que sería acertada en estos momentos, de que un gobierno socialista modificaría en el futuro la ley que hoy ustedes están defendiendo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Previamente, ¿algún grupo desea consumir el turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Ortíz, del Grupo Popular.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Según la normativa parlamentaria, el turno en contra se orienta a hacer una valoración de las enmiendas, tanto las de devolución como las de texto alternativo. La verdad es que lo que ha estado presente en el debate no han sido ninguno de los dos textos alternativos, ni el de Izquierda Unida ni el del Grupo Parlamentario Socialista; lo que ha estado presente en el debate en todo momento ha sido el proyecto del Gobierno, que es obligado punto de referencia, pero no el centro del debate en este momento.
Por esta razón, señor presidente, voy a cumplir con mi cometido, voy a hacer la valoración de los textos alternativos y después, con la venia de la Presidencia, voy a hacer réplica y comentarios a las intervenciones que se han producido, singularmente la de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Cristina Narbona.


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Las razones por las que mi grupo se opone a las enmiendas de texto alternativo son múltiples, y ciertamente son distintas en función de cada texto, y, en lo que concierne a las enmiendas de devolución, en función de su propia argumentación. Por eso, en su momento haré las referencias y matizaciones necesarias. Pero tomando como punto de referencia la enmienda de texto alternativo del Partido Socialista, las razones son fundamentalmente las siguientes, que primero enuncio y luego desarrollo con la máxima brevedad.
En primer lugar, porque mantiene un modelo de política y de normativa de suelo fracasado y superado. Porque no se acomoda a la doctrina constitucional sobre competencias estatales y autonómicas, tal como se recoge en la sentencia de 20 de marzo de 1997. Porque no se ciñe al ámbito urbanístico y de configuración del derecho de propiedad, sino que va más allá y plantea algo así como una ley reguladora del medio ambiente urbano, que no es objeto del caso. Porque responde, y esta es la más importante y la que es causa de todas las demás, a un concepto diametralmente opuesto al nuestro, y de difícil constitucionalidad, del derecho de propiedad urbana. Porque subestima o margina la iniciativa privada en materia de urbanismo y, finalmente, porque mantiene e incrementa las cargas (las cesiones a los ayuntamientos, en definitiva, son cargas que inciden sobre el adquirente final de las viviendas o de los locales de negocio) de modo lesivo para estos adquirentes finales.
Intento ser breve, señor presidente. En primer término, hay que decir que llevamos año y medio con debates en este hemiciclo que han puesto de manifiesto la existencia de dos modelos distintos de urbanismo y de derecho de propiedad urbana: el modelo de la ley 8/1990, del texto refundido de 1992, y con muy pocas variantes, por mucho que se empeñe en decir lo contrario, el modelo socialista que debatimos hoy y el modelo de Izquierda Unida a través de sus respectivas enmiendas de texto alternativo. Y, por otro lado, el modelo del Gobierno del Partido Popular y del grupo que le apoya, que se plasma en el Real Decreto-ley de junio de 1996, que se convirtió después en la ley de 14 de abril de 1997 y, finalmente, en el proyecto objeto de debate.
En ese contexto, la primera afirmación que hay que hacer a los cuatro vientos --esta Cámara es casi los cuatro vientos, pero habría que hacerlo también en los foros extraparlamentarios a los que se ha referido la señora Narbona-- es que es un modelo radicalmente fracasado. Su fracaso es, entre otras consideraciones, el argumento especial para su rechazo.
Este modelo estatalista, intervencionista y burocratizador que, por cierto, por paradoja para el Grupo Socialista, hunde sus raíces en la ley de 1956 y en la de 1976, lleva 41 años de fracaso en el objetivo de poner suelo en el mercado a precios razonables. Tal fracaso llevó a la necesidad, ciertamente compartida por todos --aunque ahora parece que no está tan claro, a juzgar por el tenor de las enmiendas de texto alternativo--, de modificar la ley 8/1990 y el texto refundido de 1992.
Hay que cambiar el ordenamiento jurídico y el modelo de gestión, no sólo el modelo de gestión o la praxis de la gestión, sino el ordenamiento jurídico, pese a que el informe de la Comisión de expertos del año 1994 se ceñía sólo al modelo de gestión y permanecía intocada la normativa, esto es, el texto refundido.
Estamos ante un fracaso. Los datos del fracaso son tantos que sólo vale la pena enunciarlos muy rápidamente, porque han sido objeto de múltiples debates. En primer lugar, la incidencia del coste del suelo, disparatada, en el precio de la vivienda. No quiero recordar el famoso informe del Seopan, según el cual el suelo había pasado de ponderar el 25 por ciento en 1985 a ponderar el 43 por ciento en 1992. En todo caso, en términos de hoy, el suelo pondera no menos del 30 ó el 35 por ciento del coste unitario de una vivienda.
El esfuerzo para adquirir una vivienda, que en el año 1990 se situaba en 6.7 veces, lo cual nos daba el primer lugar en el ranking mundial, afortunadamente ahora significa menos, pero por obra y gracia de una política económica que ha permitido rebajar los tipos de interés, con lo cual ha aumentado la accesibilidad a la vivienda. Con todo, según los datos del Ministerio de Fomento, el esfuerzo en términos de renta familiar disponible sigue siendo nada menos que el 37 por ciento. El tiempo de tramitación de un proyecto urbanístico, que los expertos estiman, si se refiere al proceso íntegro de producción del suelo desde su condición de rústico, en siete u ocho años y a veces más. El nivel de discrecionalidad administrativa y, en definitiva, el escaso juego del mercado, que ha desaparecido detrás de actuaciones discrecionales, cuando no arbitrarias, de la Administración. Finalmente, el riesgo de la corrupción. Como ha dicho el profesor García de Enterría, en esta materia urbanística rozamos uno de los riesgos permanentes de la Administración urbanística, el de su fácil corrupción. La paradoja es que estos datos se dan en un país que cuenta, como suelo urbano, con el 3.8 por ciento del territorio nacional, lo que significa que el 96.2 por ciento es suelo aprovechable, en términos generales, para el proceso urbanizador.
Pues bien; este modelo, que, en definitiva, permanece íntegramente en las enmiendas de texto alternativo, cuando no se acentúa, se centra en tres o cuatro datos fundamentales. En primer lugar, el derecho de propiedad y su contenido esencial; en segundo lugar, el mantenimeinto de las cargas urbanísticas en forma de cesiones, la postergación de la iniciativa privada y el mantenimiento de un creciente intervencionismo administrativo. Esto, de un lado. De otro lado, un concepto de derecho de propiedad no disociado de su contenido esencial: las facultades urbanísticas, el derecho a urbanizar, el derecho a la urbanización, el derecho a edificar y el derecho a la edificación.


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Esta diferencia de modelo o de concepto de derecho de propiedad es fundamental. Por ejemplo, según el concepto de derecho de propiedad del Grupo Parlamentario Socialista y de la izquierda, la licencia es título atributivo de las facultades y derechos urbanísticos; para nosotros es una autorización administrativa que lo único que chequea es que se ejercita ese derecho de acuerdo con las reglas de juego establecidas, que es la Ley del Suelo o las leyes urbanísticas. Por ejemplo, el concepto de cesión. Para el Grupo Parlamentario Socialista y para Izquierda Unida la cesión no es algo que hace el propietario al ayuntamiento, sino que es algo que hace el ayuntamiento al propietario, porque como quiera que los derechos a urbanizar, a edificar y a la edificación son derechos de carácter público --de carácter demanial, les llama la enmienda de Izquierda Unida--, es la Administración la que hace cesión de estos derechos al propietario. Y por esa razón en las numerosas intervenciones de la señora Narbona, a la que he tenido la fortuna de encontrarme en numerosos foros parlamentarios y extraparlamentarios, se habla de la denominada cesión de suelo. Estos dos modelos son radicalmente distintos y, naturalmente, la confrontación se tiene que producir forzosamente en este hemiciclo.
La segunda razón es que no hay una acomodación del texto alternativo a la doctrina del Tribunal Constitucional. Sería larga la cita de preceptos: el artículo 1º, que habla del modelo de la ciudad sostenible, concepto que no es susceptible de abordar en ley del Estado. Los apartados 3 y 4 del mismo artículo 1º, donde se imponen principios y normas básicas a los poderes públicos; poderes públicos que, obviamente, son las comunidades autónomas. No hay legitimación constitucional para esto, de acuerdo con la doctrina de la sentencia de 20 de marzo. Los artículos 3º y 4º, el artículo 12, que convierte al propietario obligatoriamente en empresa urbanizadora y, por otra parte, invade el ámbito de la gestión urbanística, porque es materia de gestión y, por tanto, competencia autonómica. El título IV, ejecución del planeamiento, que todo él es claramente inconstitucional. El título VIII, sobre instrumentos de intervención en el mercado del suelo, igualmente materia urbanística y, por tanto, inconstitucional. Y frente a esto, por paradoja, nos encontramos con que en la enmienda de texto alternativo se omite cualquier referencia, cualquier definición de los tipos de suelo, cuando lo correcto en términos de categoría, en términos de relación entre significante y significado es, como hace el proyecto del Gobierno, con un carácter y definición mínima y en términos profundamente objetivos, explicitar qué se entiende por suelo urbano, por suelo urbanizable y por suelo no urbanizable.
La tercera objeción es que se pretende hacer una ley de medio ambiente urbano. Comprendiendo y aceptando los requerimientos medioambientales de cualquier normativa en materia de suelo y de cualquier política urbanística, no es éste el momento, no es éste el propósito. Estamos en presencia de una ley del suelo y valoraciones y no de una ley medioambiental en materia de suelo urbano. Pero la discrepancia fundamental, a la que ya he hecho referencia, es la estrictamente ideológica. Ustedes tienen un concepto distinto del derecho de propiedad del que tenemos nosotros. Se puso de manifiesto ya en el informe de la Comisión de expertos, pero se puso también de manifiesto en el debate que siguió con posterioridad. No me resisto a hacer una cita, que la señora Narbona me ha oído recientemente en otro foro, y es la del anterior presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, que decía lo siguiente, y pierdo un minuto, señor presidente: No habrá cambio fundamental --decía el señor Fernández Ordóñez-- en el régimen del suelo en España mientras no se abandone la visión colectivista que ha impregnado todas nuestras leyes. Esta visión arranca con la ley de 1956, se refuerza en 1976 y llega al paroxismo antipropietario con el texto de 1992. Por ello, sólo habrá un cambio sustancial en el suelo cuando se cambie esta visión por una de economía de mercado, en la que se acepte que el derecho de propiedad tiene un núcleo de facultades esenciales ineludibles, entre las que se encuentra el derecho a edificar, y la función social se refiera al objeto de la propiedad y no a la estructura del derecho de propiedad. Y a renglón seguido decía: una de las causas de los problemas españoles en materia de suelo es de orden ideológico, y se debe a la visión que impregna la ley de 1956, y que todavía cautiva a muchos de los profesionales y políticos que se ocupan del suelo. Su exposición de motivos --se refiere a la ley de 1956-- lo expresa sin tapujos: ideal en la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesario para la expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública. Este sueño nacionalizador del suelo de la España de 1956 sigue vigente, agrega el señor Fernández Ordóñez.
El sueño nacionalizador o municipalizador, decimos nosotros, sigue presente en los textos alternativos que debatimos y se plasma, entre otras cosas, en esa disociación del derecho de propiedad y sus facultades, singularmente en el derecho a edificar y, en definitiva, en la conversión del derecho de propiedad urbana en una concesión más administrativa.
Frente a esto, el texto del proyecto es obvio que suprime la adquisición sucesiva de facultades urbanísticas, que, consiguientemente, reconoce el ius edificandi como una facultad del dominio, con lo que la licencia tiene el papel que debe tener y, particularmente, en el texto del proyecto se incorpora para el suelo urbanizable la facultad de promover la transformación de ese mismo suelo.
Otro argumento, sin duda, y no poco importante, es la valoración que se hace de la iniciativa privada y de la pública. Como decía el profesor García de Enterría, la problemática básica en materia de suelo es buscar el

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equilibrio entre lo público y lo privado, entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. En este punto obvio es decir que las enmiendas de texto alternativo se decantan porque lo fundamental es la iniciativa pública; ciertamente reconocen --no podía ser menos en la España de 1997-- la posibilidad de la iniciativa privada, pero marginada, postergada y puesta siempre en segundo plano. Frente a esto, el proyecto del Gobierno, siguiendo en la línea de liberalizar de verdad el suelo, suprime la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado; atribuye la iniciativa para el planeamiento de desarrollo a los particulares y propietarios, sin perjuicio de reconocer que la gestión urbanística es una función pública y, evidentemente, hace falta siempre una intervención en términos claramente democráticos; reduce el contenido de los planes generales a la determinación de la estructura general del territorio; y rebaja y limita seriamente la discrecionalidad de las administraciones públicas estableciendo, en lo que concierne al suelo urbanizable, el régimen de consulta previa, de forma que cualquier promotor pueda, ab initio, someter a consulta de la Administración la inexistencia de objeciones por razones de incompatibilidad con la estructura general del territorio, como procede en cualquier país civilizado y en términos de respetar por parte de todos las reglas de juego. Reglas de juego que son necesarias, pero que deben ser idénticas y las mismas para todos, frente a lo que ha sucedido en la España de los últimos catorce años, por lo menos.
La última hace referencia al problema de las cesiones. Sobre este tema se podría escribir un libro. Este tema de las cesiones es muy importante porque, en definitiva, lo que evidencia es qué objetivo prima en un modelo urbanístico: si prima el abaratamiento del suelo, si prima la reducción de su coste a efectos de las actividades empresariales o económicas o si, por el contrario, priman los ingresos municipales.
Puesto los términos del dilema en su grado límite, es evidente que hay que preferir el objetivo de abaratar el precio de la vivienda como fórmula para abaratar el precio del suelo, pero no hace falta llegar, ciertamente, a ese extremo y a esos límites. El proyecto del Gobierno se mantiene en una vía media, si se me permite la expresión, que es la que está en vigor --porque la ley de 14 de abril de 1997 está en vigor, dígase lo que se diga--; en una línea, por tanto, de continuidad y adaptada a la doctrina del Tribunal Constitucional presente en la sentencia de 20 de marzo, permitiendo a las comunidades autónomas que se muevan en esa franja entre ninguna cesión y el 10 por ciento. Con lo cual, por otra parte, se da satisfacción al imperativo constitucional del artículo 47 de hacer que las plusvalías reviertan a la comunidad. Las plusvalías, según la opinión de este portavoz, y quiero creer que del grupo parlamentario, se deben perseguir, si puedo utilizar esa expresión, a través del instrumento fiscal o a través de un planteamiento moderado de la figura de las cesiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, vaya concluyendo.


El señor ORTIZ GONZALEZ: La señora Narbona, y acabo, señor presidente, se ha referido a que el Gobierno y el grupo que le apoya han ido decantando su posición. No, señora Narbona, la posición del Gobierno y del grupo que le apoya era la misma en junio de 1996 y ahora.
Que se ha admitido la figura del agente urbanizador. Ya estaba admitida bastante claramente en el proyecto inicial, a través de alguna de las enmiendas que mi grupo ha presentado, y la oposición conoce que se hace más explícito este reconocimiento de la figura del agente urbanizador.
Que hace falta un texto refundido. Evidentemente, el propósito del Gobierno es publicar un texto refundido, o una tabla de vigencias si en el debate en Comisión se estima más adecuado para que quede diáfanamente claro cuáles son los preceptos que quedan vivos después de la derogación por la sentencia del Tribunal Constitucional de las tres cuartas partes de la ley de 1992, que es ciertamente la que no le ha gustado a los ciudadanos. Usted ha dicho que esta ley sólo le gusta a los propietarios, que no le gusta a la FEMP, que no le gusta al Consejo Económico y Social, que no les gusta a los promotores. De lo que puede estar segura es de que a quienes no les ha gustado el modelo urbanístico y la ley de 1992, que trae su causa de la ley 8/1990, es al conjunto de los ciudadanos españoles que han visto encarecido el precio de sus viviendas por obra y gracia de un disparo del precio del suelo.
Una palabra sobre la FEMP. Señora Narbona, la FEMP, como quedó claro ayer en el minidebate, es una asociación plural de municipios, y en esa pluralidad de municipios hay una pluralidad de criterios. Ha hecho un esfuerzo loable para lograr un mínimo común, pero ese mínimo común es claro que no lo es tanto. Pero, en todo caso, quede claro que sobre la perspectiva localista --absolutamente legítima y respetable de los municipios que deben velar, obviamente, por sus ingresos-- debe primar la perspectiva global del Gobierno y de esta Cámara que, lógicamente, está más en la línea de defensa del conjunto de los intereses generales de todos los ciudadanos españoles y no sólo de los habitantes de un determinado municipio.
Se ha referido a que se desconoce la vivienda de protección oficial en el proyecto y se ataca durísimamente al patrimonio municipal de suelo. Sobre el patrimonio municipal de suelo se podría escribir un tratado, señora Narbona. Vaya por delante que los ayuntamientos, prácticamente la totalidad, teniendo la obligación de destinar un 5 por ciento de sus presupuestos ordinarios a la creación de patrimonios municipales de suelo, no lo han hecho y lo siguen sin hacer. Consiguientemente, no se convierta a los patrimonios municipales de suelo en algo que resulta agredido por este proyecto

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de ley, según las palabras de la señora Narbona. Me refiero --me imagino que lo habrá entendido-- a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes.
Por otra parte, señora Narbona, no parece razonable que mantengamos en el futuro un modelo de suelo en el que se ha venido utilizando recurrentemente el urbanismo como instrumento de financiación. No es admisible en la España de 1997 que se siga utilizando el suelo como instrumento de financiación municipal.
En suma, las enmiendas de texto alternativo están en contradicción no sólo con el proyecto de ley, sino con la filosofía del conjunto de esta Cámara, como espero que se perciba en las votaciones. La señora Narbona ha dicho que no gusta a los partidos de esta Cámara; eso lo veremos en las votaciones a renglón seguido y en su momento después del debate en Comisión.
Respecto a las enmiendas de devolución --y acabo ahora ya de verdad, señor Presidente--, hay que decir que igualmente son incompatibles con la visión que tiene el Grupo Parlamentario Popular de la distribución competencial en materia urbanística, por un lado, y con la visión que tiene sobre las cesiones, por otro. La enmienda del Bloque se centra en el tema de las cesiones y la enmienda de Eusko Alkartasuna se refiere a la materia autonómica. Tiene que comprender la portavoz de EA que mi grupo no puede compartir afirmaciones como la de que hay que practicar el absentismo de la normativa estatal en materia urbanística. Obviamente, no podemos estar de acuerdo; antes al contrario, quiero agregar que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, desde su primer anteproyecto de ley del suelo al proyecto que ahora debatimos, para tener la garantía absoluta de un respeto escrupuloso, exquisito a las competencias de las comunidades autónomas, dando acatamiento así a la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra la señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, seré mucho más breve que el señor Ortiz, que ha hecho un uso no sostenible del tiempo y se ha pasado una miajilla; voy a ser bastante rápida.
En primer lugar, de todo lo que ha dicho en su intervención, con lo único que estoy de acuerdo es con el hecho de que tenemos dos modelos de urbanismo y de derecho de la propiedad o de contenidos de derecho de la propiedad. Pero esto lo hemos dicho tantas veces en esta Cámara, señor Ortiz, que ya aburrimos a cualquiera. Le decía antes, ¿qué más le da al ciudadano de la calle que estemos aquí discutiendo de si el derecho de propiedad contiene o no, o contiene con limitaciones, el derecho a urbanizar? Lo que le importa al ciudadano es que existan unas reglas del juego que produzcan viviendas baratas, una ciudad habitable, condiciones dignas de vida en los ámbitos urbanos.
¿Qué se hace con un modelo o con otro? La sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que el modelo de derecho de propiedad, que había venido siendo incorporado en las legislaciones anteriores, es perfectamente legítimo. Luego, ¿por qué aburrimos a todo el mundo volviendo a hablar del derecho de propiedad? ¿Que usted me saca una cita de Miguel Angel Fernández Ordóñez? Pues yo le saco una del director general de Urbanismo de la Generalitat de Valencia, un alto cargo del Partido Popular, supongo, en la que dice textualmente que en la legislación valenciana (que es a la que nosotros nos referimos, señor Ortiz, no me vuelva otra vez a hacer a la ley 8/1990; lo que nosotros queremos es que en todo el territorio español se pueda desarrollar un modelo como el que hay en Valencia) la iniciativa privada se ha visto potenciada de forma rotunda con la aplicación de este modelo, que se ha multiplicado casi por tres veces el peso de la iniciativa privada dentro de los procesos de urbanización, que se ha reducido en doce veces el tiempo de tramitación, que se ha multiplicado por dos el suelo urbanizado y que ha disminuido entre un 10 y un 20 por ciento el precio del suelo en los ámbitos urbanos y urbanizables. Esos son resultados.
Usted me habla de fracasos nada menos que de 41 años. Aquí ya no se trata de los 14 años, ahora resulta que desde la historia de Adán y Eva tiene la culpa el Partido Socialista. No, señor Ortiz. Aquí quien ha fracasado rotundamente en materia de política de suelo y de vivienda desde que han llegado al poder han sido ustedes. Desde 1991, señor Ortiz, el IPC vivienda venía aumentando por debajo del IPC general. En consecuencia, y en sintonía también con una disminución paulatina que ya se daba de los tipos de interés de los créditos hipotecarios, el esfuerzo para adquirir una vivienda entre 1991 y 1996 descendió todos los años. Lo dicen los informes del Ministerio de Fomento, señor Ortiz; no se apunte usted al carro de lo que ha sido solamente el último año, en el que naturalmente ha habido una bajada de tipos de interés que ha colaborado. Pero fíjense, no les ha ido tan bien con el IPC vivienda, porque el IPC vivienda está creciendo punto y medio por encima del IPC general. A lo mejor ahora me va a decir usted que el IPC vivienda no es muy representativo; si no lo es ahora, tampoco lo era antes. En cualquier caso, las estimaciones de precios que hacen todos los estudiosos del mercado son de aumento por encima de la inflación de este año y, sobre todo, de previsión de nuevos aumentos. En eso tienen ustedes una enorme responsabilidad, porque empezaron a lanzar mensajes de rebajas fiscales para la compra de la vivienda, de menores cargas para los propietarios de

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suelo, de avances en una dirección, que lo que ha producido ha sido la mayor retención especulativa de suelo en este último años y, después, han generado un desconcierto inenarrable en materia de seguridad jurídica con la aprobación de la ley 7/1997, que sigue en vigor, naturalmente, mientras el Tribunal Constitucional, al cual ya han recurrido diversas comunidades autónomas, no diga lo contrario. No le voy a decir que es inconstitucional, pero sí que es bastante sospechosa; y esto ha generado que usted tuviera que decir en esta Cámara --delante de los diputados y diputadas-- que era aplicable la legislación autonómica en aquellas comunidades que estaban aprobando el 15 por ciento, con una ley en vigor a nivel estatal donde se fijaba el 10 por ciento como cesión. Fíjese usted el cacao que han formado en materia de suelo y de vivienda desde que han empezado a gobernar.
Como acabo de decirle antes, menos mal que el plan de vivienda se lo dejamos hecho, porque ustedes no han sido capaces de dar un solo paso en la elaboración de un nuevo plan de vivienda después de un año y medio, o por lo menos no lo saben las comunidades autónomas porque se decide sin ellas. Es posible que lo tengan hecho, pero el que dejamos preparado, consensuado, en marcha y en una situación espléndida de tipos de interés, ustedes no son capaces de gestionarlo y hemos llegado este año al mes de agosto sin que se hubiera dado un solo crédito porque no fueron capaces --con su propia Ley General Presupuestaria modificada-- de hacer lo que tenían que hacer para superar las discrepancias con la intervención y hasta el mes de agosto no se firmó un solo convenio. Estamos en octubre y sólo se ha cumplido el 50 por ciento de los objetivos de este año. El año va a terminar con los peores resultados de política de vivienda de los últimos siete años --no digo ya los de los años cincuenta porque esos no los sé--, señor Ortiz.
Cuando ustedes hagan comparaciones de fracasos, debo decirle que lo que nosotros estamos proponiendo es lo que está sucediendo en Valencia. Lo dicen ustedes que no está fracasando y lo dice el Gobierno autonómico de Valencia. Por lo tanto, no me vuelva a hablar del fracaso de la ley 8/1990 porque no la estamos proponiendo. El señor director general de Urbanismo de Valencia, del Partido Popular, defiende con ardor el modelo valenciano heredado de los socialistas, y eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Como digo, lo único que tenemos claro es que cuando usted habla de derecho de propiedad habla de uno que usted considera más justo y más razonable. Antes le he preguntado al ministro por qué ese derecho de propiedad, con esas características y, sobre todo, con un método de fijación del valor legal como el que ustedes plantean, tiene mejores resultados desde el punto de vista del precio de las viviendas, del coste de las infraestructuras, del coste de los equipamientos.
Sobre el suelo se hacen algunas cosas más que construir viviendas de los promotores privados, se construye ciudad, y el valor legal del suelo tiene mucho que ver con si se puede o no construir la ciudad que necesitan los ciudadanos. Por lo tanto, me alegro mucho de mantener la enmienda a la totalidad, a pesar de que las enmiendas del Partido Popular sí que reflejan, señor Ortiz, el hecho de que ustedes van teniendo que ceder --y tendrán que ceder más en este debate--, aunque hoy consigan los votos suficientes para superar el debate de totalidad, cosa que a lo mejor no hubieran conseguido antes de los arreglos sobre la financiación de la sanidad.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona. Tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Quería decir al señor Ortiz que este portavoz en su intervención anterior ha defendido el texto alternativo que ha presentado Izquierda Unida.
También he tratado de poner de relieve aquellos aspectos que no compartimos en absoluto con el proyecto de ley del Gobierno. El proyecto de ley del Gobierno, a nuestro entender, tiene muy poco de aprovechable, como poco aprovechable tuvo el Real Decreto-ley 5/1996, tal como le dijimos en su momento.
Quiero decir también que no solamente mantenemos diferencias ideológicas sobre el papel que le corresponde a la Administración, a lo público --que lógicamente las mantenemos--, sino que defendemos conceptos totalmente distintos. A la derecha, los conceptos de equidad, justicia social y defensa de los menos poderosos les suenan a muy poco; son conceptos con los que todavía no se han sensibilizado y, por tanto, creo que hablamos de temas muy distintos.
Nosotros defendemos, en este caso, el derecho a la vivienda, derecho reconocido constitucionalmente; defendemos la construcción de viviendas sociales para todas aquellas personas que no tienen capacidad económica para acceder a otro tipo de vivienda, cosa que ustedes tampoco parece que tengan muy en cuenta y, por tanto, defendemos no solamente posturas ideológicas contrarias, sino valores distintos.
La ley del suelo que ustedes presentan no solamente trae causa de la sentencia del Tribunal Constitucional, sino del proceso liberalizador que ya emprendieron el año pasado; proceso liberalizador que tiene el objetivo de disminuir lo público para potenciar lo privado. Su mayor obsesión en esta legislatura es disminuir lo público y no sé hasta qué punto quieren llevarlo, porque, al final, parece que les van sobrando las administraciones públicas y, dentro de poco, les sobrará hasta el propio Parlamento.
Entendemos que los aprovechamientos municipales es un deber constitucionalmente reconocido y, por mucho que ustedes se empeñen en negarlo, los ciudadanos

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tienen derecho a participar en las plusvalías que genera el suelo; por mucho que traten de negarlo y por mucho que traten de que ese derecho pase de manos. Estamos convencidos, como ha dicho la señora Narbona, de que sus socios, en este caso, son los poderosos, los propietarios del suelo, y que hacia ellos pretenden derivar el aprovechamiento municipal que están hurtando a los ayuntamientos.
Quiero decirles que con su política, respecto al suelo de la vivienda, en este año y pico que ha transcurrido desde la publicación del anterior decreto que iba en la misma dirección que la ley que proponen, el precio de la vivienda no ha bajado y el precio del suelo no ha bajado; es decir, que no hemos tenido resultado alguno con esa política que pretenden, o de la que, por lo menos, alardean, en la que su objetivo final es el de abaratar el precio de la vivienda. Hasta este momento, los datos son que la vivienda ha incrementado el precio y que el suelo también lo ha incrementado. Por tanto, se puede afirmar en este momento que no han cumplido.
Hay un asunto importante que deberían de valorar, y es que en este país existen problemas no superados. Los propietarios de suelo no son urbanizadores ni constructores. Por consiguiente, mientras ustedes sigan ligando la propiedad del suelo con el derecho a edificar y a urbanizar, no van a tener ningún tipo de éxito, sin duda alguna. Hagan una reflexión sencilla. Un propietario de suelo, un señor que tiene un campo tiene que invertir su dinero para urbanizar y para poder edificar. Esta, normalmente, es la causa que impide que funcionen mejor las distintas leyes del suelo. Un propietario de suelo no entiende de urbanizaciones, no entiende de construcción de viales, de calles, de infraestructuras necesarias, etcétera. Nosotros proponemos una fórmula distinta, nueva, que separa la propiedad del suelo del derecho de edificabilidad, y al propietario de suelo no le estamos quitando absolutamente nada: le estamos dejando su suelo para que lo venda al precio que estime oportuno.
Sin embargo, recordamos que la edificabilidad es un derecho que nace en la Administración, única y exclusivamente. Creemos que esta fórmula podría llegar a funcionar; de hecho, ha funcionado en otros países y no se ha hundido el mundo, por tanto, en nuestro país también podría funcionar.
No obstante, quiero remarcar que con su proyecto de ley del suelo y valoraciones están ustedes en la soledad más absoluta, están teniendo problemas incluso para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios, por lo cual tengo cierto interés por conocer, si son capaces de explicarlo, cómo los van a conseguir, a través de qué mecanismo, porque creo que no es por el convencimiento de lo que la propia ley dice.
Quiero significar que nos parece muy interesante el texto que ha presentado el Partido Socialista, que también separa el urbanizador del propietario del suelo y que aporta soluciones reales y necesarias en este momento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor Ortiz, tiene la palabra.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con la brevedad que me pide voy a hacer unas precisiones respecto a las últimas intervenciones de la señora Narbona y el señor Fernández.
Se pregunta la señora Narbona: ¿qué más le da al español de a pie --la expresión la pongo yo-- que se diga un concepto u otro distinto de derecho de propiedad? Ella dice que nada y yo afirmo lo contrario; yo creo que es muy importante. Y es muy importante porque tiene consecuencias económicas absolutamente inmediatas, ya que, en definitiva, en una economía de mercado --y la española lo es-- se produce un fenómeno que a ustedes parece que les importa poco, que es la competencia. La competencia entre suelos, sobre la base de una abundancia de oferta, es, en una economía de mercado, la única vía para evitar la retención especulativa, la especulación en sí misma, y lograr, por el juego de la oferta y la demanda, la bajada en los precios. Fíjese si es importante.
En los últimos años de su Gobierno menos mal que las entidades financieras y los ciudadanos en general no han aplicado la Ley 8/1990 ni el texto refundido de 1992. Si lo hubieran aplicado habría sucedido algo tan sencillo como que se habrían cargado --valga la expresión coloquial, pido perdón por ella-- el sistema de garantías hipotecarias, porque un suelo vale lo que vale su derecho a urbanizar y su derecho a edificar. De acuerdo con su texto, si ese derecho a urbanizar es estatal o no se adquiere por el propietario, ese suelo no vale nada. ¿Es o no es poco importante que el suelo valga algo o no valga nada, se valore de una forma o se valore de otra para el conjunto de los ciudadanos? No estamos haciendo un seminario de Derecho civil o de Derecho constitucional sobre el concepto del derecho de propiedad; estamos planteando un tema ideológico que tiene una enorme repercusión económica y social en política urbanística y en política de suelo.
Respecto a la ley valenciana, permítame que le diga que su texto alternativo no se parece en absoluto a ella; lástima no disponer de tiempo para demostrárselo. En todo caso, si la ley valenciana es la maravilla de las maravillas y es la panacea, ¿en trece años y pico de gobierno por qué no la han aplicado y nos han castigado con una política urbanística y una política de suelo que ha llevado al desastre en el que se mueve ahora la incidencia del suelo sobre el precio final de la vivienda? En cualquier caso, permítame que le diga que el Gobierno valenciano tiene en cartera modificar esa ley tan pronto se promulgue la ley estatal que estamos debatiendo para eliminar de ella aquellos aspectos que son inasumibles desde una concepción del derecho de propiedad y desde un modelo urbanístico --reconocido en este foro y en otros-- que hemos explicitado en

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nuestro proyecto. El reconocimiento de la figura del agente urbanizador es ciertamente el único logro absolutamente compartible de la tan traída y llevada ley valenciana.
Celebro que no le guste la Ley 8/1990. Ya comprendo que es de una etapa anterior a su presencia en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pero desafortunadamente para los ciudadanos españoles es una ley que elaboró y promulgó un gobierno del grupo parlamentario al que usted pertenece; supongo que entonces usted también pertenecía a ese mismo grupo. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) No me hable, por favor, del fracaso de nuestra política de vivienda cuando se dan los datos de todos conocidos. En el año 1997 en que estamos se han formulado convenios con las entidades financieras por valor de prácticamente 900.000 millones de pesetas. De esos convenios, en el momento actual se han concertado créditos por encima del 65 por ciento --su dato no es exacto o está atrasado--, y sobre todo no me hable del fracaso de una política de vivienda después del debate al que asistimos y mucho menos en el ámbito de las viviendas de protección oficial. Estoy harto de repetir en este foro y en otros --y usted me lo ha oído-- que en la etapa socialista las viviendas de protección oficial pasaron de representar el 60 por ciento del total de viviendas que se construían cada año en los tiempos de la denostada UCD, a menos del 18 por ciento en los últimos años, incluido el año 1995.
El caos. ¿Quién ha creado el caos? Desde luego no el proyecto del Gobierno, no el Decreto-ley de junio de 1996, sino su normativa, que fue la que forzó al Tribunal Constitucional a algo que a ustedes les sitúa, como he dicho alguna vez, en el libro Guiness de los récord. A pocos gobiernos del mundo les han derogado 250 preceptos de un total de 311. El caos, por consiguiente, lo han producido ustedes con la Ley 8/1990, de la que entiendo que usted ahora se quiera despegar y se quiera alejar. Pero de ninguna manera el caos lo ha producido la normativa del Partido Popular.
Finalmente, se ha referido al IPC afirmando que el IPC de vivienda es un punto superior al conjunto. Le quiero recordar cuál es el montante del IPC actual y cuál es el montante del IPC que tenían ustedes, para ver ese punto qué significación y qué alcance tiene. En todo caso, el precio de la vivienda se ha mantenido estable, constante, se puede afirmar que no ha subido, y la incidencia del suelo en el precio final de la vivienda consiguientemente tampoco ha subido.
Con esto último respondo también al portavoz de Izquierda Unida, que insiste recurrentemente en que las medidas en materia de suelo del Gobierno del señor Aznar no solamente no han frenado los precios sino que los han encarecido. Eso, sencillamente, señoría, no es verdad.
Respecto a la soledad, pronto veremos si estamos solos o no.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ortiz.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, asistimos, por fin, al debate a la totalidad del proyecto del régimen del suelo y valoraciones que, aunque se acordó inicialmente tramitarlo por el procedimiento de urgencia, las prórrogas sucesivas que se han ido produciendo durante el período de presentación de enmiendas han permitido añadirle elementos de sensatez y sosiego imprescindibles para abordar un tema tan importante como es la regulación de una materia como el suelo, recurso natural y primario para un desarrollo sostenible.
No obsta a esa urgencia el dilatado plazo de presentación de enmiendas, que ha servido para la reflexión y la búsqueda de acuerdos de principio que garanticen una buena norma básica estatal para que las comunidades autónomas desarrollen la legislación urbanística como les corresponde. En algunos de los debates sobre el régimen jurídico del suelo que han tenido lugar durante la presente legislatura, desde Coalición Canaria hemos manifestado la necesidad de articular esta normativa en tres aspectos esenciales. Primero, que sea capaz de promover la iniciativa privada en la acción urbanística. Segundo, que ésta --la acción urbanística-- esté dirigida por una administración como directora de una buena política de gestión de suelo, en especial para la vivienda. Tercero, que esto se haga desde el más absoluto respeto a la distribución constitucional de competencias que se proclama en la sentencia del Tribunal Constitucional.
Partiendo de la garantía de la igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho de propiedad y del cumplimiento de los deberes inherentes a la función social de la misma, la nueva legislación estatal debe respetar el modelo de desarrollo urbano que cada comunidad autónoma, de acuerdo con sus singularidades territoriales, quiera darse. Este planteamiento tiene una relevancia especial en los archipiélagos, donde el suelo es un bien tan preciado como escaso. Señorías, el proyecto de ley remitido por el Gobierno pretende la flexibilidad en la regulación del suelo; flexibilidad que quiere potenciar mediante su extensión, esto es, mediante la ampliación del suelo susceptible de ser urbanizado y también mediante el refuerzo del papel del propietario.
Respecto de la extensión, se parte de que creando más suelo urbanizable se abaratará el mismo, y con

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ello se facilitará el desarrollo de la ciudad especialmente en vivienda.
Creemos que esa apreciación es válida, pero con importantes matices. El mercado del suelo es poco transparente y no responde necesariamente a las reglas de oferta y demanda de otros mercados. Quizá no se tiene en cuenta que el precio del suelo depende, entre otros factores, de su situación.
Aun así, creemos que ese modelo extensivo puede ser válido desde una perspectiva continental, un territorio extenso y poco especializado susceptible de ser colonizado por la nueva urbanización; un buen modelo quizá para Castilla o para aquellas comunidades cuya extensión admite todavía una gran capacidad de desarrollo urbano. Sin embargo, es imposible sostener ese modelo en territorios escasos como los insulares.
En las islas, tanto en Canarias como en Baleares, la urbanización por extensión no tiene cabida. No se necesita clasificar más suelo urbanizable, sino producir más suelo urbanizado allí donde el territorio lo admita, allí donde sea necesario para construir viviendas o equipamientos.
En las islas el suelo es escaso y como tal de gran valor. A esa escasez se une la rica biodiversidad, la necesaria salvaguarda de los ecosistemas y el paisaje como únicos recursos naturales para nuestra supervivencia.
En las islas el proceso de urbanización se vincula a la actividad turística y existen límites físicos, cada vez más palpables, a la capacidad de nuestros principales recursos naturales, y efectos nocivos como la pérdida de atractivo del conjunto del territorio por su excesivo grado de ocupación urbana. Lógicamente, esto también incide para mal en la relación oferta-demanda del mercado turístico, del que tanto Baleares como Canarias dependen.
En nuestras enmiendas al articulado hemos querido plasmar la necesidad de corregir esa uniformidad de planteamiento del proyecto, para que se reconozca que no puede ser igual lo que geográficamente es diferente.
Creemos que el Gobierno y el Grupo Popular han comprendido nuestra postura y esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque nos basamos en el artículo 138.1 de la Constitución, que habla del hecho diferencial de las islas, y en una resolución presentada con motivo del debate sobre el estado de la Nación y aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, en el sentido de considerar en la legislación como singulares los territorios insulares, específicamente en materia de aguas, de suelo y de telecomunicaciones y energía.
Como decíamos, el proyecto apuesta por el propietario como actor principal de la transformación del suelo. La regulación propuesta otorga un papel muy residual a las administraciones públicas. Sin embargo, de las enmiendas al articulado que han presentado el Grupo Popular y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) creemos que va a ser posible un acuerdo; un acuerdo necesario sobre la base de que la gestión pública, a través de su acción urbanizadora, ejecuta las políticas de suelo sin perjuicio de suscitar o fomentar la iniciativa privada.
En cuanto al régimen propuesto para el aprovechamiento y las valoraciones de suelo, tenemos también razones, a la luz de las enmiendas presentadas, para creer que justificarán una mejor regulación de la propuesta en el proyecto de ley.
Con la dificultad que los temas urbanísticos tienen para quienes no trabajan directamente con ellos, los medios de comunicación han centrado la discrepancia sobre el proyecto de ley en la cesión del 10 o el 15 por ciento para el patrimonio municipal de suelo. Coalición Canaria, desde un primer momento, ha defendido por múltiples razones que lo conveniente y razonable es un arco del cero al 15 y que sea cada una de las comunidades autónomas la que fije, en función del modelo de desarrollo que pretenda, el porcentaje dentro de ese arco. Según las enmiendas que se han presentado entendemos que es posible también llegar a acuerdo porque nos es indiferente un 15 por ciento, donde sean los ayuntamientos quienes tengan que urbanizar, o un 10 por ciento, donde sea el promotor el que entregue el suelo urbanizado. En definitiva, al final el costo es exactamente el mismo.
Señorías, de acuerdo con lo expuesto, Coalición Canaria no apoyará las enmiendas presentadas a la totalidad de la ley. Creemos que estamos ante un proyecto de ley mejorable, y será mejorado si hay disposición a ello por parte de quien tiene la máxima responsabilidad, que es el Grupo Popular.
No queremos concluir sin hacer mención específica a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, quizá porque era el Partido Socialista el que tenía las responsabilidades de gobierno tanto en la Ley de 1990 como en el texto refundido de 1992. Creemos que son positivos los objetivos prioritarios que marca el texto alternativo que proponen, porque nadie puede negarse a un uso sostenible del suelo como recurso natural básico, que es el primer objetivo en la exposición de motivos de la enmienda a la totalidad; como es también objetivo común el equilibrio óptimo entre la acción pública y la iniciativa privada --nosotros también compartimos ese objetivo del Partido Socialista--, y porque dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo no sólo ha de ser un objetivo sino que es una obligación del Parlamento.
Hay algunas cuestiones concretas de las que proponen que son muy positivas y enriquecedoras, pero francamente no sé si ustedes acaban aceptando los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional o si se resignan a darla por recibida y a partir de ahí esgrimir múltiples títulos constitucionales en favor del Estado, como son la igualdad, la planificación económica, el régimen general de las administraciones públicas y el medio ambiente, para a través de ellos determinar el modelo de desarrollo urbano de las comunidades

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autónomas, que, recordemos, son competentes en legislación urbanística.
Entendemos que el texto que proponen contiene múltiples aspectos inconstitucionales, desde nuestro punto de vista. El título III, acción territorial, relativa a directrices de acción de Estado; el título IV, ejecución del planeamiento; el título VII, intervención administrativa en la edificación y uso del suelo y disciplina urbanística; el título VIII, instrumentos de intervención en el mercado del suelo. En fin, múltiples aspectos en los que el Estado carece de título, a pesar de que en su exposición de motivos se justifica lo contrario.
Sin más, señorías, reitero nuestra oposición a las enmiendas a la totalidad presentadas, si bien entendemos y compartimos la disposición manifestada por el Grupo Socialista puesto que en una materia tan importante como es el suelo es primordial hacer los esfuerzos necesarios para intentar alcanzar el máximo consenso. En aras de ese máximo consenso, Coalición Canaria se brinda a hacerlo extensivo a la mayoría de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, para el planteamiento de este debate las piezas con las que contamos a la hora de fijar posición son un proyecto de ley presentado por el Gobierno, que desde ahora adelantamos que no nos gusta, dos enmiendas de totalidad solicitando la devolución del proyecto al Gobierno y otras dos proponiendo regulaciones alternativas.
Es necesario, en primer lugar, abordar el problema de si es o no necesaria la regulación estatal en la materia para optar o no por las devoluciones.
Las razones manifestadas en la enmienda del Bloque Nacionalista Galego se centran en la invasión competencial que el texto del Gobierno supone en materia de planeamiento; se objeta también sobre el porcentaje de cesión y el sistema de valoraciones, aspectos en los que podemos coincidir pero que no justifican la innecesariedad y por tanto la devolución del texto, ya que son corregibles con enmiendas parciales y así lo acreditan las por nosotros presentadas.
La otra enmienda del Grupo Mixto opta por argumentar, tras un desbroce de títulos competenciales, la no necesidad de regulación estatal, y en esto estaríamos de acuerdo en lo que se refiere estrictamente al urbanismo, pero no es posible sostener el absentismo del Estado en lo que hace referencia a la regulación del derecho de propiedad del suelo, al desarrollo del artículo 149.1.1ª en los términos de lo precisado en la sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, que todas las iniciativas citan. Puesto que todos, enmendantes y Gobierno, se pretenden cumplidores de la sentencia, fijaré el que desde nuestra óptica es su contenido.
Según el Tribunal Constitucional, la Constitución ha diseccionado la concepción amplia del urbanismo que descansaba en la legislación anterior y, junto a la atribución de toda la competencia urbanística a las comunidades autónomas, reconoce al Estado la competencia, también exclusiva, sobre las condiciones básicas del ejercicio de los derechos constitucionales, la legislación de expropiación forzosa, el sistema de responsabilidad o el procedimiento administrativo común. ¿Qué le corresponde entonces al Estado? En una delimitación negativa no cabe identificar la competencia estatal con la interdicción de privilegios del 138.2 ni con la igualdad de derechos del 139.1, ni tampoco es trasunto de la igualdad competencial del artículo 14. La expresión «condiciones básicas», también en una delimitación negativa de dicho precepto constitucional, no es sinónimo de legislación básica, de bases o de normas básicas; es decir, no se mueve en la lógica de bases --legislación autonómica de desarrollo-- y ni siquiera cabe identificar la competencia estatal con el contenido esencial de los derechos, ya que este contenido esencial también debe ser respetado por el legislador estatal.
En una delimitación positiva es importante fijar que el objeto de las competencias recae sobre derechos constitucionales en sentido estricto y sobre deberes básicos, no sobre sectores materiales en los que éstos se inserten; no es una especie de título horizontal capaz de introducirse en cualquier materia o sector por el hecho de su conexión con un derecho o deber constitucional.
Así pues, habrá que distinguir, de un lado, aquellas normas urbanísticas que guarden una directa e inmediata relación con el derecho de propiedad, ámbito al que se circunscribe el 149.1.1ª y del que se predican las condiciones básicas, y, de otro, aquellas que se refieren a la ordenación de la ciudad, esto es, las normas que, en sentido amplio, regulan la actividad de urbanización y edificación de los terrenos para la creación de las ciudades; la primera será competencia estatal, la segunda es claramente competencia autonómica.
En cuanto a las iniciativas con texto alternativo, sus exposiciones de motivos y, en consonancia con ellas, sus contenidos, exceden, con mucho, de lo que la sentencia del Tribunal Constitucional deja a la competencia del Estado.
En la iniciativa de Izquierda Unida son constantes las referencias al urbanismo, y ya desde su punto 2 se alude a la relación de la regulación de esta materia con otros títulos, como trabajo, vivienda, sanidad, educación, cultura, defensa del medio ambiente y del patrimonio

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cultural y artístico, y todavía figuran en el texto puntos suspensivos.
Más adelante se alude literalmente a qué se contiene en el proyecto que ellos proponen; se trata de una ley sobre urbanismo que «debía contener ineludiblemente una visión integradora y coordinadora de la protección ambiental a la hora de regular las líneas maestras de cómo hacer ciudad y ordenar el espacio.» Esto, según el Tribunal Constitucional, corresponde a las comunidades autónomas; el Estado ha sido desapoderado de título y no cabe que regule supletoriamente.
En igual sentido, el texto propuesto por el Grupo Socialista parte, desde el comienzo, de la alusión a títulos medioambientales; su página primera culmina con una cita del 149.1.23ª e introduce la mención a los artículos 45 y 46, principios rectores de la política social y económica, pero no habilitantes de competencias, así como al 47, el derecho a una vivienda digna. Pese a sus proclamas de pretensión de cumplimiento de la sentencia después dictada --se dice--, utilizando títulos como el 149.1.13ª, 18ª, 23ª, y nuevamente puntos suspensivos, no ocultan su pretensión de normar supletoriamente algo prohibido por el Tribunal Constitucional, como ya he indicado. No cabe legislar por si las comunidades autónomas no legislan si no se tiene título para ello, ni cabe encubrirlo con el pretexto de que se está legislando para Ceuta y Melilla.
En fin, nuestro criterio es que ambos textos incurren en un fraude de sentencia; con un mecanismo pretendidamente correcto quieren obtener un resultado perverso, que no está muy lejos de los excesos normativos en los que, según el Tribunal Constitucional, incurría el Real Decreto legislativo 1/1992.
En resumen, creemos que es necesario abordar la regulación en los términos del artículo 149.1.1 y por ello rechazamos las enmiendas de devolución, pese a poder coincidir con sus postulados. Nos oponemos a las de los Grupos Socialista e Izquierda Unida porque pretenden incluir una regulación que excede y asfixia las competencias de las comunidades autónomas, y ellos no ocultan en las exposiciones de motivos que van muchísimo más lejos de lo que la sentencia permite. Nuestra apuesta, en la que esperamos contar con el apoyo de otros grupos, es que es posible introducir cambios en el texto propuesto por el Gobierno. No utilizaré la frase ya acuñada en esta Cámara de dar la vuelta al proyecto como a un calcetín, pero sí creo que, en la tramitación, respetando su esquema, será posible invertir su sentido. Por ello, repito, rechazamos las enmiendas de totalidad y pretendemos la tramitación del texto del Gobierno, que, desde luego, ya hemos enmendado sustancialmente.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, iniciamos hoy un debate largamente anunciado. Ya se habló de él en el pacto de investidura entre Convergència i Unió y el Partido Popular, en el cual el partido que está hoy en el Gobierno se comprometía entonces a presentar un proyecto de ley de modificación de la actual legislación del suelo.
Quiero remarcar la palabra «entonces» porque, entre el momento del pacto de investidura y el inicio de este debate, han sucedido hechos de trascendental importancia, como es la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la legislación vigente en ese momento, el Real Decreto-ley 1/1992, resolviendo el recurso que plantearon varias comunidades autónomas representativas de un amplísimo espectro de fuerzas políticas.
Fue aquella una sentencia importante, y ha habido una referencia especialmente concreta y brillante a la misma por parte de quien me ha antecedido en el uso de la palabra, que, lejos de pasar de puntillas sobre el tema, hizo, y ha hecho, una clara delimitación entre lo que es la determinación del contenido básico del derecho de la propiedad que corresponde al legislador estatal, y el urbanismo, competencia de las comunidades autónomas. Una sentencia que, como saben SS. SS., declaró inconstitucionales más de 200 artículos de la ley socialista. Todo un récord lo calificamos en su momento.
De hecho, el anterior Gobierno, creo yo, ya era consciente de que había que afrontar esta reforma, quizá no por el tema competencial, como ha determinado el Constitucional, sino porque la misma ley anterior estaba demostrando, en el tiempo de su vigencia, su ineficacia ante el objetivo de conseguir el abaratamiento de la vivienda. Por tanto, creo que, desde esa perspectiva, era también una reforma anunciada. El propio Comité de expertos sobre urbanismo y políticas de suelo creado en el Moptma, en su informe de recomendaciones de avance normativo y políticas de suelo, ya sugería la simplificación de la regulación de la actividad urbanística y la creación de un marco normativo adaptado a la estructura del Estado autonómico.
Nos encontramos, pues, señor presidente, señorías, ante una situación que obliga a la aprobación de una nueva ley del suelo. Una situación obligada porque, como decía antes, así lo acordamos en el pacto de investidura, porque es necesario llenar el vacío legal creado tras la tarjeta roja que el Constitucional sacó a la ley de 1992 y también porque la realidad de la situación de la vivienda en el conjunto del Estado así lo demanda.
El proyecto de ley que el Gobierno ha traído a la Cámara no es, debo decir, un desconocido para nosotros. De hecho, a su aprobación por el Consejo de Ministros le precedió un amplio debate con administraciones locales, autonómicas y también con sectores sociales implicados, que lo han ido modelando hasta devenir el texto que hoy debatimos.


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Cuál es nuestra opinión sobre el mismo. Pues bien, no siendo éste un texto malo, y siendo, sin lugar a dudas, mucho mejor que aquella ley obsoleta que reiteraba unos ineficaces mecanismos de política de suelo y vivienda ya superados en Europa, debo decir también que es un texto mejorable. Es más, es un texto que deberá mejorarse en el trámite parlamentario. ¿En qué aspectos? En primer lugar, desde nuestro punto de vista, y después de la sentencia del Constitucional, la legislación estatal, la ley que este Parlamento puede aprobar, debe ceñirse estrictamente a aquello que se refiere al contenido del derecho de propiedad claramente delimitado por el Tribunal Constitucional, y ni tan sólo puede regular con carácter supletorio aspectos de contenido urbanístico. Por tanto, las comunidades autónomas deberán hacer uso de sus competencias estatutarias y legislar si no quieren mantener un vacío legal.
Ese espíritu, que no es otro que el del Constitucional, debe de quedar nítidamente reflejado en la ley. Cuando se define el suelo urbano y los servicios que hacen que un suelo pueda tener tal clasificación, entendemos que la ley debe de fijar el contenido mínimo de este tipo de suelo, por ejemplo, acceso rodado, abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica, como dice el proyecto de ley, pero dejar a la Administración o a la legislación autonómica un margen de actuación para que pueda prefigurar el modelo urbanístico concreto mediante la determinación, para el suelo urbano, de aquellos servicios y redes de suministro que considere necesarios. También cuando se definen los supuestos de aplicación de la expropiación por razón de urbanismo, donde pensamos que la ley debería remitirse, asimismo, a la legislación autonómica para la determinación de los fines y supuestos expropiatorios de carácter urbanístico, como asimismo debería suceder en lo relativo al ejercicio del derecho a promover la transformación del suelo urbanizable.
En segundo lugar, pensamos --y siempre lo hemos creído y defendido-- que sin acción pública, en sentido amplio, no se eliminarán los roces propios de la creación de nuevo suelo ni se mejorarán las áreas degradadas de nuestras ciudades. Es decir que, sin acción pública, los precios de suelo no se situarán en valores normales y adecuados para el desarrollo de actividades productivas ni la vivienda a precios que satisfagan la demanda del conjunto de la población. Por ello, a pesar de los avances que ha sufrido el proyecto en relación a anteriores textos, debería de incorporarse un reconocimiento más explícito del papel que desempeña la gestión pública en materia de suelo o incluso del liderazgo que ésta puede desempeñar; de un lado, materializando sus propias políticas de suelo y, de otro, incentivando el desarrollo de la iniciativa privada a través de los diversos sistemas de actuación.
En tercer lugar, otro motivo de preocupación lo constituye el suelo no urbanizable, al que se han referido ampliamente anteriores intervinientes. De hecho es uno de los aspectos del proyecto de ley que más debate ha generado con anterioridad. El concepto de suelo no urbanizable ha evolucionado a lo largo del debate previo, manteniéndose, sin embargo, el giro del proyecto al quitarle el carácter residual y exigir una clasificación expresa de esta clase de suelos por parte de los ayuntamientos. Del concepto tasado que inicialmente se otorgaba a esta clase de suelo debido a la exigencia de determinados valores muy específicos, como pudieran ser paisajísticos, culturales o arqueológicos, se ha pasado a una definición más flexible que ya permite que las corporaciones locales puedan determinar el carácter no urbanizable de un suelo, de acuerdo incluso con el modelo de ciudad, de su modelo de crecimiento urbano. Sin embargo, para nosotros la definición del artículo 9 todavía no es suficientemente clara, sobre todo, para quienes como nosotros quisiéramos ir más allá en esta libertad de decisión municipal o autonómica.
El cuarto aspecto lo constituye el capítulo de valoraciones. También tenemos alguna observación clara al respecto, ya que nos crea problemas el concepto de valor real que recoge el proyecto de ley, que se podría interpretar como valor de mercado o el valor de la última transacción realizada en un inmueble similar. Son apreciaciones que se me ocurren al hilo de la definición que realiza el propio proyecto de ley y entendemos que ello da múltiples opciones a la picaresca. Creemos que hay que dotar de una mayor estabilidad en los criterios de valoración. El concepto de valor real está bien a nivel teórico pero es demasiado etéreo y pensamos que es mejor evitar experimentos en esta ley que luego la práctica nos haya de desmentir; demasiados experimentos se han realizado en relación a la política de suelo que la práctica en muy pocos años ha obligado a modificar. Por este motivo una parte significativa de nuestras enmiendas se dirigen al título séptimo referido a las valoraciones.
Por último, quiero aludir a una cuestión sobre la que nuestro grupo parlamentario no ha planteado ninguna enmienda al articulado, no constituye el objeto de ninguna de nuestras catorce enmiendas, pero que ha centrado una parte del debate de esta mañana y, por tanto, creo que debemos fijar nuestra posición. Es el tema de las cesiones obligatorias.
Es obvio que en el paso del suelo rústico a urbano se produce un cambio de valor. Sobre este principio se ha construido uno de los pilares de nuestro sistema urbanístico, con el nacimiento de una serie de obligaciones para el beneficiario de la transformación, como son, por ejemplo, la cesión gratuita de los terrenos destinados a zonas verdes, la urbanización de calles y plazas y su cesión al municipio, así como también la cesión de una parte del aprovechamiento a la Administración con destino a la creación de patrimonios municipales de suelo. Este régimen ha modulado y equilibrado nuestro crecimiento urbano. Pues

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bien, el debate sobre el porcentaje de cesión que nuestro sistema ha asumido, entendemos que debe de plantearse desde una perspectiva real y eficaz. De entrada, deberíamos desterrar el concepto demasiado extendido que ha generado una lógica de compraventa de aprovechamientos. Pensamos que el urbanismo no es un mecanismo de financiación de las corporaciones locales.
La segunda premisa de este debate para nosotros es que el aumento de suelos de cesión obligatoria es de una gran ineficacia si se pretende que conlleve al final del proceso una rebaja en el precio del suelo, porque el mayor coste de las cesiones lo acaba internalizando el precio del suelo y, en definitiva, el ciudadano que se quiere comprar un piso.
La tercera cuestión que afecta a este debate es que difícilmente una misma solución es aplicable a todo el territorio del Estado, y me explico. Me refiero a una enmienda que ha presentado el Grupo Popular.
Por ejemplo, la obligación adicional de ceder el terreno ya urbanizado puede hacer --y lo manifestaba ayer en la comparecencia la representante de la Federación Española de Municipios y Provincias-- que en aquellas comunidades autónomas donde se ha optado por un modelo de crecimiento con intensidades bajas, es decir con muy poca edificabilidad sobre el territorio, nos encontremos con que en algunos casos se haga inviable la promoción porque los costes de urbanización serán muy superiores en relación a todas y cada una de las viviendas que se construyen.
Señor presidente, se acaba el tiempo y con ello termino mi intervención.
No me extiendo más, celebro el inicio de este debate y espero que a su conclusión tengamos una ley más eficaz que la que tuvimos en el pasado, que permita, sobre todo, una eficaz gestión por parte de las comunidades autónomas y coadyuve a la resolución del gravísimo problema del precio de la vivienda en este país.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Vamos a pasar a la votación de las enmiendas de totalidad a los dos proyectos de ley que se han debatido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) --PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. (Votaciones)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las enmiendas de totalidad que, en versión de devolución o con texto alternativo, se han presentado y debatido en el Pleno a lo largo de la mañana. Después de estas votaciones, continuará la sesión con la exposición por el Gobierno del real decreto-ley cuya convalidación se pretende, suspendiéndose la sesión después, para reanudarla a partir de las cuatro de la tarde, sin que, en consecuencia, se vayan a producir votaciones, después de las que vamos a efectuar ahora, antes de las cinco de esta tarde. Lo anuncio porque saben que puede estar incluida en esas votaciones, a partir de las cinco de la tarde, insisto, una proposición que tiene naturaleza orgánica y que, en consecuencia, necesita la mayoría absoluta del Congreso. Repito, vamos a votar ahora las enmiendas de totalidad, a continuar con la exposición por parte del Gobierno del fundamento de la convalidación del decreto-ley, suspender tras la exposición del Gobierno y volver al Pleno a las cuatro de la tarde, sin que se vayan a producir votaciones antes de las cinco de esta tarde.
Votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo.
Votamos, en primer lugar, la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 150; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad de devolución.
Enmienda de totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 151; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el texto alternativo.
Votación de la enmienda de totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 152; en contra, 166.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda de totalidad con texto alternativo, que ha presentado, dentro del Grupo Mixto, el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 151; en contra, 167; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la enmienda del señor Saura con texto alternativo y, con ello, las cuatro enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley sobre cooperación internacional para el desarrollo.


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AVOCACION POR EL PLENO:

--DEL PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final de este proyecto de ley. ¿Lo entiende así el Pleno aprobándolo por asentimiento? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.


--PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES. (Votaciones)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas de totalidad relativas al proyecto de ley de régimen del suelo y valoraciones.
En primer lugar, sometemos a votación la enmienda de devolución presentada por el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 151; en contra, 168.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Mixto.
Enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 150; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el texto alternativo de Izquierda Unida.
Votación sobre la enmienda de totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 152; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista.


AVOCACION POR EL PLENO:

--DEL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN DEL SUELO Y VALORACIONES El señor PRESIDENTE: Al igual que en relación con el anterior, también para el proyecto de ley del régimen del suelo y valoraciones se ha pedido la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 17/1997, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA 13/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SERVICIO MILITAR. (Número de expediente 130/000030.)

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día, debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 17, de 10 de octubre de 1997, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica del Servicio Militar.
Para la presentación del Decreto Ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Defensa, don Eduardo Serra. (Rumores.) Señorías, ruego que guarden silencio quienes están abandonando el hemiciclo, porque el orden del día está lo suficientemente cargado como para que tengamos que esforzarnos entre todos en ganar el máximo tiempo posible y pueda empezar su intervención el ministro de Defensa. (Rumores.) ¡Señorías, salgan en silencio por favor! Señor Múgica, silencio, por favor. Señor Benegas, silencio, por favor.
Cuando quiera, señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde el honor de venir a presentarles hoy para su convalidación el Real Decreto-ley 17/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.
En primer lugar, vamos a analizar las razones. La modificación de la citada Ley del Servicio Militar, propuesta por real decreto-ley, admitiendo la posibilidad de contar con un excendente de reemplazo, es consecuencia directa del período de transición en que nos encontramos de un modelo mixto de Fuerzas Armadas a uno totalmente profesional que, como SS. SS. saben, figura entre las previsiones del Gobierno que pueda ser plenamente operativo el año 2003. Además, al mismo tiempo las Fuerzas Armadas están inmersas en un plan de reducción de sus efectivos para dar cumplimiento al objetivo del Gobierno de contar con unas Fuerzas Armadas más profesionales, más reducidas y más eficaces. Este proceso, que ya tiene un largo desarrollo

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en los últimos años, unido a la aceleración que supone la plena profesionalización, hace necesario reducir el volumen de efectivos que hay que llamar en cada reemplazo anual para que cumplan el servicio militar y se incorporen a filas. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la presidencia.) Hasta ahora, en los últimos años han realizado el servicio militar más españoles de los que eran necesarios, de acuerdo con lo previsto en el objetivo de fuerza conjunto. Entre los años 1995 y 1996 el número de personas que hizo el servicio militar excedió en 22.000, sin que ese número estuviera dentro de las previsiones del objetivo de fuerza conjunto. Por tanto, a las razones de irse acomodando al objetivo previsto hoy para el año 2000, modelo Fuerzas Armadas-2000, y al objetivo previsto con el nuevo Gobierno del Partido Popular de la plena profesionalización, para lograr la acomodación progresiva entre los efectivos disponibles y los efectivos necesarios, se suman, como no se les oculta a SS. SS., unas evidentes razones presupuestarias. Se calcula que al reducir en 15.000 jóvenes el contingente anual, por poner un caso, se ahorrarían unos 4.000 millones de pesetas, lo cual hace que a esas razones de eficacia y de operatividad se unan otras no menos importantes de economía presupuestaria.
Una vez explicadas las razones de este real decreto-ley que hoy se pretende convalidar, habría que analizar el porqué del carácter extraordinario y urgente. En primer lugar, hay que decir que el carácter extraordinario casi va de suyo con la importancia histórica del nuevo modelo propuesta de Fuerzas Armadas totalmente profesionales. La transición de un modelo mixto a un modelo totalmente profesional hace casi innecesario explicar cuál es la multitud de mecanismos necesarios de carácter extraordinario para poder llevar a buen fin este proceso, repito, señorías, de carácter histórico, puesto que el modelo de servicio militar obligatorio tiene en España una antigüedad no inferior a los 180 años. Pero además de las razones del carácter extraordinario, están, señorías, las razones de urgencia. Hay razones de urgencia extraordinariamente claras si se tiene en cuenta que el volumen de efectivos profesionales con que contarán las Fuerzas Armadas en el año 1998 viene definido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que tuvo su entrada en esta Cámara el día 1 de los corrientes. Este número de 12.500 profesionales adicionales, a los que habrá que sumar la reducción a la que antes he hecho referencia, hace que, con carácter urgente, porque la asignación de efectivos debe realizarse, como viene siendo tradicional, mediante sorteo el día 13 de noviembre, para que pueda realizarse la incorporación, como también viene siendo tradicional a partir del 1º de enero de 1998, se contara con un lapso temporal especialmente estrecho que justificaba la urgencia y, por ende, la necesidad del real decreto-ley cuya convalidación hoy se solicita.
Se puede argüir que la Ley del Servicio Militar que se pretende modificar tiene carácter orgánico. Creo que las dudas, señorías, están disipadas, porque claramente la disposición final quinta de la citada ley establece que hay determinados artículos que no tienen carácter orgánico, entre los cuales están los que se pretenden modificar mediante el real decreto-ley.
Además, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establecen cuáles son los límites por los cuales puede afectarse a derechos fundamentales de los recogidos en el título I de nuestro texto constitucional y ninguno de ellos se vería rebasado en esa afección por lo que hoy se pretende.
Queda, señorías, una última cuestión, la de la figura con que vamos a solventar las diferencias entre efectivos necesarios y efectivo o contingente disponible. Existen distintas posibilidades: desde exigir distintos niveles para las pruebas de aptitud psico-física, hasta los condicionamientos de carácter económico o familiar para poder declarar exenta a una determinada persona. Sin embargo, la escasez de tiempo a la que me acabo de referir hacía de todo punto imposible que eso pudiera ser objeto de tratamiento o de consideración para un reemplazo que en breves días va a tener la asignación de destinos. Con ello quiero decir, señorías, que el Gobierno no excluye para ejercicios futuros que se puedan utilizar esas otras figuras de carácter psico-físico o de carácter económico, pero en todo caso, para poder ajustar con el menor coste presupuestario posible, sería --será-- necesario contar con la figura del excedente de cupo que nos permitirá una total precisión y, por tanto, con la posibilidad real de acabar con los excedentes, aunque no oficiales, que hubiera sobre el número fijado en el objetivo de fuerza conjunta.
Repito, señorías, que medidas de este tipo --y así lo está considerando el Ministerio-- pueden arbitrarse en el futuro y por ello están siendo objeto de estudio y consideración.
Por otro lado, a nadie se le oculta que el método que se propone garantiza el principio de igualdad de oportunidades. Por último, repito, es un método que puede ser utilizado complementariamente con los que los estudios aconsejen arbitrar en años sucesivos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, tras pedir disculpas por el retraso en el comienzo de la sesión, vamos a

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reanudar la misma continuando con el punto del orden del día en que habíamos detenido la sesión de la mañana: convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 17, de 10 de octubre de 1997, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica del Servicio Militar.
Habiendo hecho el ministro de Defensa la presentación ante el Pleno del decreto-ley, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego se va a abstener en la votación sobre la convalidación del Real Decreto-ley 17/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. La modificación de la ley que propone el Gobierno consiste en esencia en volver a poner en vigor la figura del excedente de cupo cuando el número de alistados en cada reemplazo exceda las necesidades del planeamiento de la Defensa. La determinación de los alistados a clasificar como excedentes se hará mediante sorteo público previo a la asignación de destino. Esta reforma, que nos retrotrae a situaciones anteriores en las que ya existía esta figura del excedente, se hace necesaria por la paulatina incorporación de miembros profesionales a las Fuerzas Armadas en el proceso de profesionalización total de las mismas.
El Bloque Nacionalista Galego, que defiende la voluntariedad de la prestación del servicio militar y, por lo tanto, se ha manifestado en contra del servicio militar obligatorio, no va a votar negativamente la convalidación de este real decreto porque la figura del excedente de reemplazo beneficiará a un determinado número de jóvenes. Tampoco vamos a votar a favor porque en la actualidad sigue sin resolverse la situación de un importante número de jóvenes que se niegan a realizar el servicio militar, llegando algunos a ser condenados a penas de prisión por ese motivo. Es decir, mientras a los jóvenes insumisos se les castiga con penas de prisión, las necesidades de efectivos de las Fuerzas Armadas están más que cubiertas; es más, le sobran efectivos de reemplazo. No parece razonable que se siga manteniendo esta situación, que habría que resolver de una vez por todas y que está causando sufrimientos innecesarios a muchos jóvenes y a sus familias. Hay que insistir, por tanto, en la despenalización de la insumisión. La actual penalización resulta insostenible, no sólo porque el azar --como decía antes-- va a determinar que cada año aumente el número de jóvenes que se libren de la obligatoriedad de realizar el servicio militar, sino porque la situación transitoria que se está creando en el camino para alcanzar el objetivo de dotar al Estado español de unas Fuerzas Armadas profesionales va a provocar que se condene a un importante número de jóvenes que se niegan, por razones de conciencia, a realizar el servicio militar.
En este sentido, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para recordar que, entre otros, dos jóvenes gallegos, Ramiro Paz y Elías Rozas, están cumpliendo en este momento penas en la prisión militar de Alcalá-Meco. El Gobierno, desde nuestro punto de vista, debe afrontar con valentía la resolución de esta injusta e innecesaria situación. Por ello, como decía al principio, el Bloque Nacionalista Galego se va a abstener en la votación relativa a la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario, Coalición Canaria, va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley sobre la figura del excedente de cupo y, por tanto, la modificación de la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militar.
Este real decreto-ley modifica fundamentalmente la composición de las causas de exención del servicio militar que están contempladas en el artículo 11, en su apartado primero, de la citada ley. Y, en una ampliación ex novo, también modifica el artículo 18.1 de la mencionada ley, que hace referencia a la ordenación de los posibles excedentes de cupo en el reemplazo anual del servicio militar obligatorio.
Dicho esto, quiero hacer una reflexión para que conste en el «Diario de Sesiones» y para que el Ministerio de Defensa piense al respecto. Esta mañana me llamó la atención positivamente que el señor ministro de Defensa, en la exposición de defensa y presentación de este real decreto-- ley, hiciera un especial énfasis e hincapié al decir que la ley, que viene en verdad a complementar este real decreto-ley, tiene carácter ordinario. Cuando en 1991 tuvimos ocasión de debatir la Ley Orgánica del Servicio Militar hubo que introducir una disposición final quinta que aclarase cuáles de los artículos de la ley tenían carácter ordinario y cuáles tenían carácter de ley orgánica. Yo celebro que esté presidiendo hoy nuestro presidente del Congreso de Diputados porque quiero hacer una apelación --solamente a efectos dialécticos-- de sus orígenes profesionales y de la ejecutoria que en salvaguarda de principios constitucionales mantuvo en sus épocas pasadas de diputado de la oposición, porque el señor Ministro de Defensa invoca el carácter ordinario de esta disposición.


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Vamos a votar favorablemente esta convalidación, pero tengo mis dudas de que el resultar excedente del reemplazo anual, quedando eximido del deber del servicio militar, le exima del derecho a cumplir el servicio militar que señala el artículo 30 de nuestra Constitución. El artículo 30 de la Constitución española dice que todo español tiene el derecho y el deber; en otros casos dice que tiene derecho a una vivienda, que tiene derecho a un puesto de trabajo, pero aquí se dice que tiene el derecho y el deber.
Entendemos que aquí, al resultar excedente de cupo, se le exime, se le exonera del deber de cumplir el servicio militar. Yo me pregunto, solamente como reflexión, para que esto sea objeto de estudio por los constitucionalistas: si un mozo de reemplazo cae dentro de los favorecidos por el excedente del reemplazo anual y quiere cumplir el servicio militar, ¿qué pasa? Puede que sea una excepcionalidad, porque la mayoría se acoge a esto como a una especie de lotería benéfica para no cumplir el servicio militar. Ya sé que el señor Castellano me está diciendo que son cuestiones puramente intelectuales, desde su punto de vista, pero yo estoy planteando una cuestión sobre el derecho a cumplir el servicio militar. Puede que a un individuo le toque en el sorteo del bombo ser excedente del reemplazo anual y que diga que quiere cumplir el servicio militar por las razones objetivas o subjetivas que sean, porque invoca el artículo 30 de la Constitución.
Por lo demás, nos parece que las circunstancias de urgencia se justifican por el fundamento ya puramente formalista de que está en puertas el próximo sorteo y que la profesionalización de las Fuerzas Armadas obliga a ir reduciendo precisamente el contingente del reemplazo anual obligatorio, obliga a la adecuación de esta cifra. Deseamos que esto contribuya al ahorro del gasto público y que podamos avanzar lo antes posible en el objetivo que se ha señalado esta Cámara, el Ministerio de Defensa y el Gobierno de conseguir unas Fuerzas Armadas plenamente profesionales, lo que conllevará la supresión definitiva del servicio militar obligatorio. Afortunadamente, cuando se implante, ni habrá excedentes de cupo del reemplazo anual ni habrá objetores ni habrá insumisos, por lo que quedarán obsoletas muchas figuras de nuestro Código Penal.
Por estas razones, votaremos afirmativamente la convalidación del real decreto-ley.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones, y muchas gracias también por su invitación a la reflexión jurídica a esta Presidencia que tanto lo necesita.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
A la hora de fijar posición ante la Cámara quería manifestar, en nombre de mi grupo, el desconcierto que al mismo le produce la ruta que se está siguiendo para conseguir la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Se manifiesta en la exposición de motivos que desde el Gobierno se ha hecho el esfuerzo presupuestario de incrementar las dotaciones para aumentar el número de soldados profesionales y que por ello es posible liberar el número de los de reemplazo. Se trata de una adecuación material pero, desde la óptica de mi grupo, yo me pregunto qué pasa con la adecuación ideológica. Cuando el presidente del Gobierno prometía en su discurso de investidura la profesionalización de las Fuerzas Armadas lo hacía --supongo-- con el sentimiento de que estaba acertando con un sentir social, que era una querencia para la sociedad el que desapareciese el ejército de leva y que se profesionalizaran las Fuerzas Armadas, ya que supongo que este es el objetivo de todas las decisiones políticas. Si esto es así, si se sostiene que la sociedad española está por el ejército profesional, no entendemos, desde la óptica de mi grupo, por qué no se modifica el Código Penal para que conductas tales como la no prestación del servicio militar o la negativa a la prestación social sustitutoria, sigan siendo considerados delitos. En este caso estamos modificando una ley orgánica; por tanto no hay motivo para pensar que no podría modificarse también el Código Penal en estas materias.
Ocurre, además, que se utiliza como instrumento normativo un decreto-ley.
Se dice en la exposición de motivos que no se afecta a preceptos que tengan el carácter de orgánicos. Permítaseme, por lo menos, la leve crítica de pensar que, por el sistema de sorteo, pueda alguien resultar exento del cumplimiento de un deber constitucional. El núcleo esencial del derecho es posible afirmar que quedaría perfectamente tocado con este planteamiento.
Desde mi grupo se intentó, mientras se estaba debatiendo en esta Cámara la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, modificar, mediante ley ordinaria, preceptos no orgánicos de la ley de prestación del servicio militar, modificando los órganos de reclutamiento, y se nos dijo, entre otras razones, que no parecía muy adecuado modificar con el instrumento de una ley ordinaria una ley orgánica. Ahora resulta que es posible hacerlo mediante decreto-ley.
En todo caso, a pesar de estas objeciones que creemos que son serias y que son de fondo, votaremos a favor de la convalidación del decreto-ley, aunque sólo sea por los jóvenes que de forma tan aleatoria, dicho sea de paso, van a conseguir librarse del cumplimiento de una obligación que, desde nuestra óptica, no tiene razón de ser. Pero sí queríamos que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de la fuerte carga crítica que encubre el proceso que se está siguiendo para la profesionalización, desde la óptica de mi grupo.
Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán voy a pronunciarme sobre la convalidación de este real decreto. Con la convalidación de esta tarde, con la aprobación hace unos 15 días por el Gobierno de otro real decreto, donde se delimitaba el contingente de Fuerzas Armadas y se determinaba la cuantía de este excedente de cupo, así como con los presupuestos que estamos debatiendo, consolidamos este proceso irreversible de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Por tanto nuestro grupo político se muestra satisfecho de que este proceso vaya siguiendo la evolución que teníamos prevista y vamos a apoyar plenamente esta convalidación que se va a producir.
Para alguien de mi generación el que se vuelvan a plantear los excedentes de cupo te puede hacer recordar las épocas en que estudiabas y en las que eso se producía y, por ello, personalmente es interesante. Ahora bien, más allá de estas cuestiones, para nuestro grupo también es importante aprovechar este trámite parlamentario de hoy para poner encima de la mesa algunas consideraciones que entendemos pueden ligar con la intervención del señor ministro de esta mañana.
La decisión de determinar que el excedente de cupo es la vía a través de la cual licenciamos a aquellos jóvenes que, en principio, no nos hacen falta para cumplir las obligaciones derivadas de los contingentes, nos obliga a reflexionar sobre si esta es la mejor manera de resolver una cuestión que afecta de manera personal y decisiva la vida de estos jóvenes. Nos jugamos nueve meses de estos jóvenes con un simple sorteo, con una simple lotería. ¿Es esta la mejor manera de librar de esa obligación a esos jóvenes? Yo creo que podemos tener dudas. ¿Es esta la mejor manera de evitar riesgos que afectan al proceso de transición hacia la profesionalización? ¿Hemos calculado las consecuencias que puede tener para aquellos jóvenes que se sometan a este proceso, en su toma de decisiones personales, en lo que hace referencia, por ejemplo, a la opción de presentación de prórrogas o a la opción de declararse objetores de conciencia? Creo que la apuesta del excedente de cupo, que desde la perspectiva de la gestión de la Administración seguramente es la más fácil, abre riesgos sobre lo justo que sea la medida y sobre el comportamiento que la población joven tenga delante de esta medida. Y como yo antes le decía que me recordaba mi juventud, tengo que decir que presenté mis prórrogas cuando me habían sorteado y me declaré objetor de conciencia después de haber sido sorteado. Esto formaba parte de la reflexión de un ciudadano joven que tenía 20 ó 21 años. Ese es el riesgo que nos plantea el excedente de cupo: los riesgos de la justicia y los riesgos que abren en relación al proceso.
Desde la perspectiva de los riesgos, entendemos --y lo vamos a plantear en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado-- que sería importante estudiar otros mecanismos que tuviesen la característica de utilizar aquello que la ley prevé. Tenemos un cuadro médico de exclusiones que fue reformado por el anterior Gobierno, que es más restrictivo respecto a las posibilidades que tienen los jóvenes de acceder o no a la condición de soldados de reemplazo, y quizá sería el momento de revisarlo, porque por vías más objetivas que el simple sorteo podríamos encontrar más soluciones a determinadas situaciones personales de orden físico que en algún caso concreto podemos decir que no tenemos bien resuelto. Recuerdo que cuando se aprobó el nuevo cuadro de exclusiones, determinados colectivos plantearon ciertas dudas sobre algunos extremos del mismo, especialmente, por ejemplo, todo lo que hace referencia a los perfiles psicológicos de los jóvenes que acceden a esta condición. Yo creo que es un tema que en el marco de la ponencia tenemos que estudiar.
Tenemos también que estudiar una consideración diferente de las causas de exención de orden familiar. Estos días, y a raíz del anuncio de la reaparición del excedente de cupo, se han planteado por parte de determinados colectivos casuísticas concretas de interpretación de desarrollo reglamentario diferente de lo que hace referencia a las causas de situación familiar. También deberíamos explorar otras posibilidades en el terreno de la situación personal de aquellos jóvenes desde el punto de vista socioeconómico. El que esos nueve meses de la vida de los jóvenes en un momento tan importante de su vida nos los juguemos en una simple lotería nos parece, como mínimo, arriesgado. Por tanto, en el marco de la Comisión, que es un marco más tranquilo, más reposado, que nos puede permitir llegar a un consenso, intentemos buscar soluciones que, como decía esta mañana el señor ministro, pueden ser perfectamente complementarias. En la perspectiva de que el número de excedentes necesariamente vaya a subir, seguramente sólo a través de estas fórmulas no podríamos encontrar la solución, pero a través de las mismas podremos ajustar las situaciones injustas que se producen.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, concluya, por favor.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Una cuestión muy breve, señor presidente, y termino ahora mismo.
La otra reflexión que quería poner encima de la Mesa es que el hecho de que tengamos excedentes de cupo demuestra que la objeción de conciencia no afecta negativamente al proceso de profesionalización. Por tanto, va a ser bueno que todos afrontemos esta cuestión

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de la objeción de conciencia con tranquilidad, con espíritu positivo y con voluntad de resolver los problemas, los de los insumisos y los de los objetores de conciencia, que dejemos de hablar de objetores de conveniencia y que seamos capaces de encontrar también soluciones en esta materia. En este sentido, también en el terreno de la objeción de conciencia nos podemos plantear medidas similares a éstas, porque por necesidades del servicio de la prestación social sustitutoria seguramente no estamos en condiciones de ofrecer a todos aquellos jóvenes que optan por ser objetores plazas de la prestación social sustitutoria.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señor Meyer, por el Grupo de Izquierda Unida.


El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
El período de transición en el que estamos, del ejército obligatorio al ejército profesional, crea determinados problemas que hay que resolver.
El Gobierno mediante esta propuesta quiere resolver uno. Desde nuestro punto de vista --y por eso vamos a abstenernos en la votación--, entendemos que ha escogido un método que puede ser sensiblemente mejorable, pero también queremos plantear una crítica de fondo.
Decía que hay problemas en este período de transición; uno, objetivo, como son los excedentes de cupo, pero hay otros dos no menores, muy importantes desde el punto de vista social, por la carga política y social que tienen, como son la objeción de conciencia, el volumen de objetores de conciencia que no pueden realizar la prestación social sustitutoria, pues aquí también se produce un excedente de cupo importantísimo desde el punto de vista social, y, cómo no, el problema de la insumisión. Esta Cámara tendría que dar respuesta a estos tres problemas al mismo nivel, no solamente al excedente de cupo, sino a los otros dos, tan importantes desde el punto de vista social y político como éste. Y uno de ellos especialmente lacerante, especialmente hiriente, como es que al día de hoy, después de que políticamente está tomada una decisión por parte del pueblo español, que es acabar con la obligatoriedad de la mili, se sigan manteniendo presos de conciencia en este país. Esto es, desde nuestro punto de vista, absolutamente inadmisible. Y se produce, además, en contra de las propias recomendaciones del Defensor del Pueblo, que él mismo indicaba que en este período de transición no se justifica, no se sostiene que haya jóvenes que todavía estén cumpliendo condena.
En la campaña electoral de Galicia, todos hemos tenido ocasión de recibir los datos últimos a través de la Asociación de familias y amigos de objetores de conciencia e insumisos de Galicia; los datos que nos daban hablan por sí mismos: los dos jóvenes mencionados por el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ramiro Paz y Elías Rozas, condenados a dos años y medio de cárcel, que la están cumpliendo aquí cerca, en el penal de Alcalá, junto al insumiso Carlos Rey Muñiz, de 30 años de edad, condenado en 1994, pendiente de indulto, realizado por el propio juez que le condenó. Terminó su carrera de abogado y no puede ejercer, sencillamente porque está condenado a la muerte civil. Pues bien, esta situación merecería una respuesta positiva para un país democrático, para un país que no debería consentir que existieran todavía situaciones de presos de objeción de conciencia, de personas que sencillamente se les lleva a la muerte civil. Una manera también indigna, por parte de cualquier Gobierno, por parte de cualquier Estado.
Estos tres problemas requerirían una solución. Se da solución a uno de forma parcial y se abandona la solución de los otros dos. Además, nos preocupa en este contexto el anuncio que se ha hecho, no desmentido, por parte de algún medio de comunicación, de que incluso el Gobierno tiene la pretensión de limitar el derecho a la objeción de conciencia sobrevenida, es decir, impedir que los jóvenes puedan objetar una vez que conozcan su destino. Por tanto, esta pretensión, junto a la no solución de la insumisión, junto a la no solución del excedente de cupo de los objetores de conciencia, da un perfil, desde nuestro punto de vista, absolutamente inadmisible. Desde luego, Izquierda Unida ya anuncia, señorías, que en el caso de que el Gobierno pretenda --como se ha anunciado-- limitar la objeción sobrevenida, va a tener nuestra oposición radical, desde el punto de vista democrático, pero radical a cualquier intento. Espero --si me lo puede confirmar el señor ministro, mejor-- que solamente sea una noticia que requiera una contestación y, por tanto, una confirmación en negativo.
En relación al método seguido --y por eso nos obliga a una abstención, no vamos a votar que no, pero sí nos abstendremos--, creemos que el método es manifiestamente mejorable, porque habría que buscar --el propio ministro lo ha dicho en su intervención-- una vía mixta, es decir, una vía para objetivar la realidad económica, la realidad de cargas familiares, la realidad médica incluso de los propios alistados y, en función de un estudio que se pueda objetivar a través de las oficinas de reclutamiento, dejar de lado a aquellas personas que por cargas familiares, por situaciones personales, de trabajo, etcétera, sean susceptibles de ser liberados de este servicio.


El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, concluya por favor.


El señor MEYER PLEITE: Voy terminando, señor presidente.
Además, teniendo en cuenta que incluso el cuadro médico de exclusiones, que se aprobó en 1993, se endureció de tal manera que puede ocurrir --hoy se da el

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caso, usted lo sabe señor ministro-- que haya jóvenes con un solo pulmón que se les da como aptos; jóvenes que terminan procesos de desintoxicación que inmediatamente se les llama a filas y se les da como aptos. Es decir, habría que hacer un esfuerzo con mayor objetividad para que no nos lleve a esta situación no bien resuelta. Por tanto, con esta información objetivada, se podría resolver una parte del excedente y evitar lo que todos creemos y es que, efectivamente, un sorteo no es la mejor medida para objetivar la exención de la mili.
Termino por donde empecé. El Gobierno y esta Cámara, desde nuestro de vista, aunque la mayoría de la misma sigue siendo insensible, desgraciadamente insensible, tendrían que buscar también, al mismo nivel, soluciones ya, en este período de transición, al cupo exento de los objetores de conciencia y a los presos de conciencia y la insumisión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meyer.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: El Grupo Socialista va a votar a favor del decreto-ley. No obstante, voy realizar cuatro reflexiones críticas en relación con la idoneidad del instrumento utilizado, aun estando de acuerdo con el carácter finalista de la medida y, en definitiva, con aquella frase que usted pronunció un día en la Comisión al anunciar esta medida, que podía tomarse como el principio del fin del servicio militar.
Quizá es una frase un tanto rimbombante y exagerada, pero puede suponer un jalón en esa dirección. Por tanto, para que no quede ninguna sombra de duda de que el Grupo Socialista está claramente comprometido con ese proceso y con ese final, vamos a dar nuestro apoyo al decreto-ley.
Existen otras reflexiones, que han realizado también otros portavoces, que merecen una cierta atención sobre el problema, sobre todo de cara a posibles futuras utilizaciones de esta figura. Convendrá conmigo, señor ministro, que hay una cierta regresión en cuanto a que nuestra evolución fue en un primer momento, tiempo atrás, pasar del sorteo a una clasificación pormenorizada, individualizada y personalizada, y ahora, de alguna forma, la vuelta al sorteo anterior supone, en cierta medida, un paso atrás.
En cuanto a la naturaleza del instrumento, qué duda cabe que tiene un punto de discriminación. Me parece razonable aceptarlo, en la medida en que remitir a una lotería la decisión de envergadura de dejar a unos chicos dentro y a otros fuera de una cuestión tan importante, supone una cierta discriminación. Habrá que pensar para el futuro, con más tranquilidad, y no con carácter inmediato y urgente, como pretende este instrumento para el próximo reemplazo, medidas que puedan corregir esa situación, en la línea de lo que el portavoz de Convergència i Unió ha anunciado, cosa que nos parece razonable (nosotros también pensábamos ir en esa dirección), en relación con la revisión del cuadro médico de exclusiones o, por ejemplo, con medidas de carácter socioeconómico que puedan introducir otros factores. Creo que tendremos tiempo en la ponencia para hacer alguna reflexión en ese sentido y eliminar el carácter discriminatorio que tiene el sorteo.
En tercer lugar, este instrumento aparece en un escenario que tiene un poco de incertidumbre. ¿En qué sentido? Por una parte, se acude a él porque sobra gente y el Gobierno lo justifica. Hay un incremento de profesionales, sobra gente de reemplazo y, por tanto, se acude a la figura del excedente de cupo para solucionar esa situación. Pero, de vez en cuando, se pasea un cierto fantasma, no lo digo por parte del señor ministro, pero en la ponencia algunas veces se nos ha advertido por parte de altos cargos que si el número de objetores de conciencia es muy alto y las prórrogas son muy altas, en algún momento determinado nos podemos encontrar con problemas para reclutar gente durante el período de transición. A mi grupo no le gustaría que un año acudiéramos al excedente de cupo y al año siguiente tuviésemos la angustia de que a lo mejor no tenemos suficiente gente para el reclutamiento de ese período. En este terreno nos movemos todavía con cierta incertidumbre y tenemos, como ésta, medidas en una dirección, sin habernos curado del fantasma de que pudiera surgir en este proceso alguna noticia en sentido contrario. No dejaría de ser una situación paradójica, pero un tanto chocante, que nos pudiéramos ver envueltos en esa situación.
En cuarto lugar, y como última reflexión, ¿hay otras vías para alcanzar el mismo fin? El Grupo Parlamentario Popular en su día las tuvo, las tiene ahora y están en su programa electoral, no digo el Grupo Socialista, pero el Grupo Popular sí. Cuando hacía la oferta en su programa electoral de la reducción del servicio militar a seis meses, qué duda cabe que esa medida también servía para absorber y drenar esa bolsa, que tiene unos efectos que pueden ser parecidos, desde el punto de vista de lo que estamos persiguiendo. Nunca es serio llevar una medida en un programa electoral para luego arrinconarla, pero todavía es menos serio acudir a otra medida, que no es del todo muy idónea, para dejar de poner en práctica una que sí se lleva en el programa electoral y que tiene efectos parecidos. El Grupo Popular debe admitir que se encuentra en una situación un tanto chocante ante este tema, porque llevaba en su programa electoral una medida que podía conseguir estos efectos, la olvida, la deja atrás y recurre a otra que tiene efectos parecidos, pero con un carácter poco idóneo.
A pesar de todas estas reflexiones, insisto nuevamente --y lo decimos con claridad-- en que no nos vamos a oponer al decreto-ley. Lo votaremos favorablemente

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por lo que dije anteriormente: el sentido finalista del mismo es conducente a la profesionalización total y en el menor tiempo posible. En ese espíritu votaremos favorablemente el decreto-ley.
Nada más y muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la convalidación del real decreto que esta mañana presentaba el ministro de Defensa ante la Cámara y en el que se modifican el artículo 11.1, al que se le añade una nueva causa de exención del mismo, que es la de resultar excedente de reemplazo anual, y el artículo 18 de la mencionada Ley orgánica, en el sentido de incluir que el reemplazo anual, además de los que deben incorporarse al año a las Fuerzas Armadas para prestar servicio militar, a aquellos posibles excedentes que resulten una vez satisfechas las necesidades del planteamiento y planeamiento de la defensa militar, lo cual se hará mediante sorteo público en el que quede garantizada la igualdad de oportunidades.
Sin ninguna duda esta tarde han planteado los portavoces de diferentes grupos políticos que puede haber medidas, que podrán estudiarse, que puedan ser menos perjudiciales que la actual que se produce. Pero, sin ninguna duda, esta medida de carácter coyuntural, no habiendo propuestas de otra índole, probablemente sea la menos injusta de todas las que se han buscado para poder hacer frente a unos excedentes de cupo que ya nadie niega. En ese sentido es en el que el Grupo Parlamentario Popular va a dar el voto favorable y va a respaldar el real decreto presentado por el ministro esta mañana.
No han dejado de llamarnos la atención algunas consideraciones que se han realizado y que, sin ninguna duda, en aras a que este período de transición, en el que todos coincidimos, es uno de los más complejos, de los más complicados de cara a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, necesita de los menores avatares posibles, de las mínimas condicionantes externas para que hagan tambalearse algo, y este Gobierno desde luego ha dado muestras claras, como ha repetido algún grupo parlamentario, de estar en el camino exacto y correcto para alcanzar los objetivos que nos trazamos en esta Cámara en el debate de investidura de la presente legislatura.
No sólo los reales decretos anteriores, no sólo los presupuestos generales de este año, sino que esta medida, en este momento, indican claramente que este Gobierno va a aplicar con sensatez, con rigor y con todas las armas que tenga a su alcance la plena profesionalización, sin atender a ningún tipo de vaivén externo. Se ha hablado aquí esta tarde de la objeción de conciencia. No es menos cierto que el Grupo Parlamentario Popular y que el Partido Popular y su Gobierno recogen un número de objetores de conciencia de los que no somos directamente responsables y que es un tema que hay que resolver, sin ninguna duda. Pero para eso tenemos los cauces legales, y no es precisamente la Comisión de Defensa la que ha de resolver este tema, sino la Comisión de Justicia del Congreso.
Me enternece una barbaridad que citemos a las personas que en este momento se encuentran cumpliendo condena por incumplir la normativa legal vigente, pero es mucho más duro, porque no están en la muerte civil, sino en la muerte real, recordar a aquellos españoles que han dado su vida real, por ejemplo, en Bosnia-Herzegovina, militares españoles que por estar cumpliendo el servicio y por estar prestando un servicio a la comunidad, no sólo española, sino a la internacional, han dejado sus vidas. (Aplausos.) Por tanto, creo que es imprescindible introducir un elemento de coherencia en el discurso que se plantea en este momento.
En ese sentido, también se ha hablado aquí esta tarde de que para los excedentes de cupo este Gobierno ha utilizado una fórmula que podría haber sido valorada de otra manera y que tuviera en cuenta las promesas electorales que ha realizado el Partido Popular. El Partido Popular es tan coherente con lo que ha puesto en su programa electoral que en este momento se ve superado por el nuevo modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Lo que no va a hacer el Partido Popular es, una vez que ha aprobado este modelo de Fuerzas Armadas, incumplirlo, apuntarse a un bombardeo y modificarlo de cara a lo que nos convenga, teniendo en cuenta los futuros comicios electorales. Hay un modelo de Fuerzas Armadas, aprobado en el año 1991, que de cara al año 2000 proclama unas Fuerzas Armadas mixtas en su composición, es decir, con el 50 por ciento de profesionales y con el 50 por ciento de recluta universal, y con un presupuesto cercano al 2 por ciento del producto interior bruto.
Realmente, hablar aquí de cumplimiento de promesas electorales o de programas realizados, no es lo más serio que se puede plantear esta tarde.
Ha habido un tema que me ha preocupado extraordinariamente, de lo que ha dicho el ministro de Defensa esta mañana cuando se dirigía a la Cámara, y es que durante los últimos años de Gobierno socialista, existiendo unos excedentes de cupo, en lugar de llamar a filas a los jóvenes que, realmente, la planificación de Defensa tenía convocados, se hayan llamado a 22.000 jóvenes más, de los que necesitaban las Fuerzas Armadas para realizar la prestación que tienen encomendada.


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, concluya, por favor.


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El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Concluyo, señor presidente.
Nosotros entendemos que este es un proceso largo, que es un proceso abierto, en el que el sentido común ha de prevalecer por encima de todo a la hora de tratar de solucionar algo en lo que todos coincidimos: la necesidad de profesionalizar nuestros ejércitos y avanzar en este camino, discutiendo todas las propuestas que se realicen en el seno de la ponencia que se ha abierto para este fin.
El voto del Grupo Parlamentario Popular --como no puede ser de otra forma-- será favorable a la convalidación de este real decreto.
Gracias, señor presidente, gracias, señorías. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--PROYECTO DE LEY ORDENADORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000030)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre la convalidación o derogación del real decreto-ley y al no ser aún las cinco de la tarde --como habíamos anunciado--, vamos a continuar la tramitación del orden del día y, con posterioridad, lo someteremos a votación.
Punto VII del orden del día, enmiendas del Senado. Proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre el proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, enmiendas del Senado? Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, voy a intervenir con gran brevedad.
Coalición Canaria va a votar a favor de las enmiendas que nos llegan del Senado, en primer lugar porque en términos generales son enmiendas de perfección técnica y gramaticales. Sí quiero destacar, sin embargo, aquellas que tienen un mayor calado, que ha introducido la Cámara Alta, sobre todo, las referentes al artículo 4.1, en cuanto da entrada a las sociedades laborales --en su calificación como tales--, que no había sido previsto en el trámite que habíamos tenido en la Cámara. (Rumores.) Igualmente, el artículo 14.2, que se modifica con una enmienda del Senado, que viene a ampliar a nueve meses el plazo máximo de duración de las actuaciones comprobatorias. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, don Luis. Señorías, guarden silencio o abandonen el hemiciclo. Les ruego que no hagan corrillos en los laterales de acceso al hemiciclo porque, sin duda, la resonancia --unida a la mala megafonía-- impide la audición del orador.
Continúe, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Esta enmienda del Senado al artículo 14.2, a nuestro juicio, es favorable en su valoración porque amplía las garantías de seguridad jurídica al señalar un plazo máximo y la prohibición de interrupción por tiempo superior a tres meses.
Finalmente, señor presidente, las enmiendas del Senado a la disposición adicional sexta y a la disposición adicional séptima, nuevas, son oportunas porque, precisamente, las dota de un epígrafe de identificación de sistemática, sobre todo en lo que hace referencia a las competencias legislativas --que no normativas solamente-- de las comunidades autónomas y a lo que es aclarar --para su identificación rápida-- la transferencia de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por estas razones, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado, señor presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario, evidentemente, va a apoyar las enmiendas que nos han llegado del Senado porque entendemos que no afectan esencialmente al importante trabajo que se hizo en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, por parte de todos los grupos políticos, para hacer de esta ley una ley que respondiese a un nuevo marco constitucional.
A lo largo de este proceso, nuestro grupo parlamentario insistió, fundamentalmente, en dos ideas: en primer lugar, en preservar las competencias de ejecución en legislación laboral que correspondían a las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, organizar el sistema de inspección en cada una de las comunidades, bajo la presidencia de la autoridad laboral competente que, en el caso de Cataluña, va a ser la Consellería de Treball de la Generalitat. Este sistema parte de la realidad de que estamos ante una doble concurrencia de competencias, tanto del Estado central como de las autonomías, que se engloban bajo el temario que la inspección controla y, por tanto, hay que articular un mecanismo de relación territorial que complemente la presencia de las dos administraciones. Era importante que estas comisiones territoriales que se derivan de la

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ley estuviesen presididas por ese órgano competente de la comunidad autónoma que, en el caso de Cataluña, insisto, es la Consejería de Trabajo. Además, con el proyecto de ley establecemos una cláusula de salvaguarda que permite que en el caso de que no se llegue a un acuerdo para poder organizar este sistema territorial entre las comunidades autónomas y el Estado central, mediante la utilización del mecanismo previsto en la Lisos, las comunidades autónomas puedan crear sus propios cuerpos de inspección. Nos parece, por tanto, que es una ley que preserva las competencias autonómicas, que da un sistema de organización eficaz y que prevé la salida en el caso de que este sistema no pueda funcionar.
A lo largo del debate nuestro grupo presentó una serie de enmiendas y la posición del Grupo Popular y del Grupo Socialista permitió llegar a este acuerdo y, sobre todo, desde la perspectiva nacional catalana, nos ha permitido definir para Cataluña un marco laboral y de diálogo entre los agentes sociales propio. Creo que para el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Vasco esta era una cuestión importante, pero, sobre todo, lo es para Cataluña en cuanto a que amplíe sus competencias en materia de ejecución de la legislación laboral y se refuerce aún más la capacidad de control efectivo y real de la inspección en nuestro territorio. Por ello entendemos que esta ley que hoy aprobamos es positiva para los intereses generales y especialmente para los intereses de las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Más allá de nuestra valoración global sobre este proyecto de ley que en el trámite del Senado no ha modificado los criterios que considerábamos negativos en el conjunto de la ley y que queda devaluado en sus expectativas por dos cuestiones fundamentales, por no ampliar las competencias de los controladores laborales, aunque les eleven de rango con el nombre de subinspectores, y por no facilitar la participación de los interesados y de los representantes de los trabajadores en la tramitación en concreto de las visitas a los centros de trabajo dentro de la labor inspectora, más allá de esta cuestión, queremos manifestar nuestra oposición a dos enmiendas concretas procedentes del Senado, sin perjuicio de que el resto de las enmiendas nos satisfagan, porque significan o bien mejoras sustantivas o bien mejoras técnicas del texto de la ley.
En cualquier caso, quisiéramos destacar dos enmiendas. Una de ellas es de adición al artículo 13.2, in fine, en el sentido de incluir un nuevo supuesto de no tramitación de las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo, aquel en que estas coinciden con asuntos de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional. Entendemos que, en cualquier caso, es una restricción que no se justifica, toda vez que debieran ser compatibles, por lo que de complementarias tienen, la acción de la Inspección de Trabajo, que es del orden administrativo, y la jurisdiccional, de los juzgados de lo Social. Creemos que con esta enmienda se omite la posibilidad, muy practicada por determinados abogados laboralistas, de encontrar un medio de prueba eficaz en las actuaciones de la Inspección de Trabajo a la hora de poder probar ante el órgano jurisdiccional competente las situaciones en defensa de sus clientes. En este sentido, quisiéramos decir que hubiera habido soluciones posibles a esta cuestión, si es que se trata de salvaguardar lo que es la capacidad de dirección del procedimiento por parte del magistrado, y que existían fórmulas, en la medida que se hubieran querido utilizar, para hacerlo compatible desde el punto de vista de la técnica jurídica. No ha sido así. Por tanto, quisiéramos manifestar nuestra oposición ante este extremo de la ley.
Por otro lado, no estamos tampoco de acuerdo con el criterio de suprimir la disposición adicional tercera, que trata de la tipificación de las infracciones referidas a la obstrucción de la labor inspectora. Esta supresión se basa en la próxima tramitación de una modificación de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social que, en todo caso, debería perfeccionar el contenido de dicha disposición, pero ello no es óbice para que no aparezca regulada esta materia en la presente Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siempre con el carácter mitad definitivo y mitad provisional que tiene todo texto legal. Por tanto, no entendemos el sentido de esta supresión. En todo caso, en función de estos argumentos, señor presidente, solicitamos votación separada de ambas enmiendas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Se culmina con este trámite una parte del proceso de actualización de la normativa reguladora de la Inspección de Trabajo, normativa que, como todos conocemos, tiene su origen a principios de siglo, incluso antes de la fundación del Ministerio de Trabajo. La actual regulación de la Inspección de Trabajo tiene como eje la Ley de 1962, que si bien recogía los principios incluidos en los convenios de la OIT números 81 y 129, respondía a un modelo autoritario de las relaciones laborales. Era preciso, por tanto, adecuar la ordenación

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de la Inspección del Trabajo al sistema constitucional de derechos y libertades y también a las nuevas competencias de ejecución de la legislación laboral de las comunidades autónomas y había que dotar también de rango legal a muchas normas ordenadoras de la Inspección de Trabajo.
Es necesario en este trámite destacar la enmienda socialista que otorga a la Inspección de Trabajo la condición de servicio público, al que corresponde ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social y exigir las responsabilidades, así como el asesoramiento, arbitraje, mediación y conciliación en dichas materias. Estas son las principales razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista votará positivamente el texto que nos viene del Senado. Además, hay que añadir algunas enmiendas que consideramos especialmente positivas, en particular las relativas a las competencias de la Inspección de Trabajo en relación con las sociedades laborales, a la posibilidad de promover, no de instar, procedimientos de oficio en el caso del artículo 7.5 y a los casos de denuncias que coincidan con asuntos de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional, que no se tramitarán.
Sin embargo, pese a estas novedades positivas y pese a los avances del proyecto de ley en el trámite parlamentario, las enmiendas del Senado entendemos que no resuelven algunos problemas. En primer lugar, los cometidos de las comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, creadas por el artículo 15, no se definen y quedan a merced de acuerdos posteriores entre la Administración del Estado y la Administración de las comunidades autónomas. Seguimos, por tanto, con la indefinición. En segundo lugar, se deja para los reglamentos el desarrollo de la estructura territorial de la Inspección de Trabajo. En tercer lugar, aparece en el artículo 21 una dirección territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin que se sepa a ciencia cierta si va a sustituir a las actuales jefaturas, ni siquiera se conocen tampoco sus cometidos. Y, en cuarto lugar, se produce en la disposición adicional sexta, antes séptima, una importante incongruencia al otorgar posibles competencias inspectoras a otros funcionarios distintos de los inspectores y de los subinspectores, que quedarían al margen del nuevo sistema integrado de la Inspección de Trabajo.
En relación con la disposición adicional tercera, relativa a los actos de obstrucción, también vamos a votar favorablemente su supresión por cuanto el Grupo Parlamentario Popular nos dijo que el Gobierno tenía en proyecto enviar una nueva ley de infracciones y sanciones en el orden social que recogería estos actos de obstrucción. Les tomamos, por tanto, la palabra.
Pese a estas lagunas y pese a que entendemos que esta ley es poco imaginativa --no contempla situaciones nuevas que se derivan de los nuevos modelos de relaciones laborales de cara al siglo XXI, ya lo comentamos en Comisión--, esperando también que la nueva ley de infracciones y sanciones en el orden social resuelva estos problemas, votaremos a favor de las enmiendas del Senado y votaremos a favor del nuevo texto que se nos propone, siendo conscientes de que por muy importante que sea esta normativa ordenadora de la Inspección de Trabajo, tan importantes o más son los medios materiales que se pongan a disposición de los funcionarios inspectores y subinspectores, para evitar abusos como los que denunciamos ayer en el trámite de preguntas orales.
Es negativamente sintomático, y termino, que el Gobierno se olvidara de incluir los medios materiales entre los componentes o integrantes del sistema de la Inspección de Trabajo que se regula en este proyecto, pero esto ya, señor presidente, lo discutiremos en los presupuestos. Lo importante es que un nuevo proyecto sale mejorado del Parlamento respecto al texto que nos envió el Gobierno y que está por ver si servirá para el fin que se propone. De momento, señor presidente, le vamos a ofrecer nuestro apoyo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arnau.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Alcalde Sánchez.


El señor ALCALDE SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero poner de manifiesto, a los efectos de que sea corregido...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcalde.
Alguien tiene por ahí un artefacto de esos inalámbricos. Ruego a los señores diputados que, si lo localizan, lo entreguen a los servicios de la Cámara para que sea convenientemente confiscado. (Un señor diputado: Es de la prensa.) Continúe, señor Alcalde.


El señor ALCALDE SANCHEZ: Decía, señor presidente, que quiero poner de manifiesto, en primer lugar, a los efectos de que sea corregido por los servicios de la Cámara, la existencia en el texto de una errata que se ha venido arrastrando durante su trámite en el Congreso y también en el Senado. Dicha errata está en la disposición adicional quinta, según la nueva numeración introducida por las enmiendas del Senado, concretamente en su punto 4, que habla de la modificación de los números cinco y seis del artículo 31 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el párrafo que dice: «La competencia y procedimiento para su resolución son los señalados en el número dos anterior.» Debe decir «en el número tres anterior.» Puesto que estamos en el trámite parlamentario de aprobar las enmiendas introducidas en el Senado al

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proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, voy a comenzar, señorías, refiriéndome a las mismas anticipando que mi grupo las va a votar favorablemente.
En el Senado se han introducido distintas enmiendas, siete directamente y otras diez fruto de distintas transaccionales firmadas por todos los grupos, lo que demuestra el nivel de consenso que se ha alcanzado, al igual que se alcanzó en esta Cámara. La mayoría de estas enmiendas han sido para mejorar técnica y gramaticalmente el texto, dando al precepto legal una mayor claridad y por eso no me voy a referir a estas últimas.
Sí lo voy a hacer, aunque sea mínimamente, respecto a aquellas enmiendas por las que se han modificado aspectos significativos del proyecto que salió de esta Cámara.
El Senado ha suprimido, ya se ha hecho referencia aquí, la disposición adicional tercera del proyecto, referente a la obstrucción a la labor inspectora, así como la mención al respecto que hacía la exposición de motivos, en consonancia con la próxima presentación en esta Cámara, como ya anunció el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de un nuevo proyecto de ley de infracciones y sanciones en el orden social que, tras la sentencia 195/1996 del Tribunal Constitucional, debe ser modificada con amplitud. Carecería de sentido, señorías, legislar en la ley que estamos debatiendo en este momento cuando va a ser próximamente tramitada en la Cámara otra que la iba a modificar, por lo que parece más prudente esperar a ese proyecto para contemplar la obstrucción a la labor inspectora.
Entendemos asimismo que se ha mejorado el artículo 14 con la ampliación del plazo de duración de las actuaciones comprobatorias, pues da a la inspección un margen más amplio para realizar su función, con la salvaguarda de no poder interrumpir las actuaciones por un período mayor de tres meses. Se introduce de esta manera un cambio sustancial que profundiza en las garantías de los ciudadanos.
Igualmente, tras la supresión de la disposición adicional novena, se ha encuadrado mejor, entendemos, el tratamiento de la disposición adicional tercera de la Lisos en la disposición derogatoria, en la medida que se logre, por supuesto, el respectivo acuerdo con cada comunidad autónoma, según refiere el artículo 17 de este proyecto de ley.
Culminamos hoy, señorías, el debate parlamentario del proyecto de ley de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y tengo que decir, en nombre de mi grupo parlamentario, que lo hacemos con satisfacción; satisfacción por distintos motivos. Por un lado, porque teníamos una ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social preconstitucional, que no inconstitucional, la Ley 39/1962; una legislación inadecuada, no actualizada, dispersa y fragmentada, que no se acomodaba, lógicamente, a las actuales necesidades sociales ni a las previsibles en un futuro próximo, ni tampoco a la realidad territorial que configura nuestra Carta Magna en su título VIII. Era, en definitiva, una tarea la que abordábamos compleja, pues complejas son las materias que atiende y entiende y compleja es su interconexión y consecuentemente entre las administraciones competentes en las mismas. Entre las distintas posibilidades constitucionales que existían se ha optado por la más racional desde el punto de vista de la eficacia, del menor costo económico y social, buscando, en definitiva, los intereses de los ciudadanos. Esta opción no es otra que un sistema institucional integrado cuyas funciones se ejercitan de acuerdo con el ámbito de competencias propias del Estado y de las comunidades autónomas bajo los principios de participación, colaboración y coordinación interinstitucional que no está cerrada a posteriores modificaciones ni impide el ejercicio de las competencias autonómicas.
Dentro de un nuevo modelo en el que el protagonismo de las relaciones laborales ya no corresponde a la Administración sino a los agentes sociales esta ley potencia y actualiza la función inspectora dando una nueva articulación a los cometidos inspectores en los ámbitos de las relaciones laborales y de la prevención de riesgos profesionales. Dota, asimismo, de soporte legal al antiguo cuerpo de controladores laborales convirtiéndolo en el cuerpo nacional de subinspectores de Empleo y Seguridad Social, denominación que entendemos sí que es adecuada a los cometidos actuales de dicho cuerpo.
Igualmente, dada la interconexión citada entre las distintas materias en las que actúa la inspección, los principios de unidad de función y de acto así como la independencia técnica eran unas cualidades de la anterior inspección que creemos se debían mantener y potenciar...(Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, vaya concluyendo, por favor.
Señorías, guarden silencio.


El señor ALCALDE SANCHEZ: ... estableciendo un instrumento inspector común.
Voy concluyendo, señoría.
Mostramos nuestra satisfacción, en suma, no sólo por sacar adelante una ley necesaria, sino porque salga del trámite parlamentario habiendo superado las reticencias que había inicialmente en esta Cámara en el debate de totalidad. Entendemos que vamos a aprobar hoy una ley que es de todos y para todos en general y también para cada uno en particular, puesto que esta es una de sus principales virtudes, su concepción de una Administración común o única respetando escrupulosamente las competencias de las partes integrantes. Señorías, hemos superado muchas dificultades para sacar adelante esta ley por esas reticencias que existían, pero esas dificultades las hemos sabido y podido resolver en el trámite parlamentario tanto en el

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Congreso como en el Senado gracias al espíritu abierto que creo que hemos demostrado todos los grupos presentes en ambas Cámaras. Ha sido, pues, a través del consenso --y con esto ya acabo-- como hemos conseguido una ley que satisfaga si no totalmente, lo cual es evidentemente imposible, sí en buena medida a una amplia mayoría de los grupos aquí representados, por lo que repito --y concluyo-- debemos de felicitarnos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcalde.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas, concluido el debate, y a las votaciones derivadas del punto anterior y también del siguiente, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre múltiples convenios internacionales.
CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES. (Votación):

--REAL DECRETO-LEY 17/1997, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA 13/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SERVICIO MILITAR. (Número de expediente 130/000030)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 17/1997, de 10 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley Orgánica del Servicio Militar.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 288; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley.
¿Algún grupo parlamentario desea su tramitación como proyecto de ley? (Pausa.) No se ha solicitado, a nuestro parecer, en el debate.


ENMIENDAS DEL SENADO. (Votación):

--PROYECTO DE LEY ORDENADORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 121/000030)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se someten a votación, en primer lugar, la enmienda del Senado al artículo 13.2. y la enmienda de supresión de la disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 287; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas del Senado referidas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Silencio, señor Carreño.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las restantes enmiendas del Senado. (El señor Carreño Rodríguez-Maribona pide la palabra.) Señor Carreño.


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El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Hay un error que se ha repetido tanto esta mañana como esta tarde. Hay dos huecos en el pasillo a la derecha que corresponden al segundo y tercer escaño de la última fila y, sin embargo, en el panel figura como que han votado sin estar presentes.
Muchas gracias. (Fuertes protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Los secretarios de la Cámara dan fe de que, efectivamente, esos escaños no están ocupados y tampoco aparecen sus votos en el panel de votaciones.
(Aplausos.--Protestas) Señorías, hemos de continuar, tenemos un gran número de votaciones por delante, sosiéguense, vamos a continuar.
(Continúan las protestas.) Señor Acosta, señorías... ( El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, quiero agradecerle su intervención y sus palabras, especialmente teniendo en cuenta que el error material, sin duda de apreciación, cometido por el diputado del Partido Popular viene a poner de manifiesto algo que yo he sabido en los pasillos, en virtud de lo cual a ciertos periodistas se les estaba diciendo que los socialistas estábamos votando por quienes no se hallaban presentes, lo cual ha quedado claramente desmentido por su actuación, señor presidente, comprobándose que era un error por parte del señor Carreño. Por eso le solicito, señor presidente, que dicho diputado pida excusas. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray. (El señor Carreño Rodríguez-Maribona pide la palabra.) Señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor presidente, pido excusas. Ha sido un error mío.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Carreño. (Aplausos.) Creo, señorías, que ha quedado restablecida la situación en términos de cortesía parlamentaria, por la que me permito felicitar a toda la Cámara.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE HAITI, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN PUERTO PRINCIPE EL 8 DE MAYO DE 1991, Y CANJE DE NOTAS DE 4 Y 16 DE OCTUBRE DE 1995 QUE LO MODIFICA. (Número de expediente 110/000117)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Voy a someter a votación los convenios que tienen referenciados en el orden del día impreso y que, salvo el número 48 entiendo que se pueden someter a votación por asentimiento. Insisto, salvo el número 48, que el Grupo de Izquierda Unida ha solicitado que se someta a votación electrónica. Si ningún otro grupo me señala en el momento de efectuar las votaciones ninguna excepción... (El señor Navas Amores pronuncia palabras que no se perciben.) Tampoco el 48 me dice el señor Navas. Entonces, sometemos a votación por asentimiento todos los dictámenes de Comisión a los siguientes convenios internacionales: Convenio básico de cooperación científico-técnica entre España y la República de Haití.
¿Lo estima así la Cámara? (Pausa.) Queda aprobado.


--PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS (PROTOCOLO ENMENDADO II), ADOPTADO EN GINEBRA EL 3 DE MAYO DE 1996, DE LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS DE 1980.
(Número de expediente 110/000118)

El señor PRESIDENTE: Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, adoptado en Ginebra en 1996.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Pausa.) Queda aprobado.
--PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS, «PROTOCOLO SOBRE ARMAS LASER CEGADORAS», PROTOCOLO IV, ADOPTADO EN VIENA EL 13 DE OCTUBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000119)

El señor PRESIDENTE: ¿Se entiende también aprobado el protocolo adicional a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados? (Pausa.) Se entiende aprobado.


--ENMIENDA AL ARTICULO 15 DEL ACUERDO DE EXPLOTACION RELATIVO A LA ORGANIZACION EUROPEA DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE (EUTELSAT), ADOPTADA EN PARIS EL 21 DE FEBRERO DE 1996. (Número de expediente 110/000120)

El señor PRESIDENTE: Enmienda al artículo 15 del Acuerdo de explotación relativo a la Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite (Eutelsat).
¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Pausa.) Gracias, señorías.


--CONVENIO EUROPEO SOBRE TELEVISION TRANSFRONTERIZA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 5 DE MAYO DE 1989. (Número de expediente 110/000121)

El señor PRESIDENTE: Convenio europeo sobre televisión transfronteriza, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1989.
¿Se entiende aprobado? (Pausa.) Gracias, señorías.


--DECLARACION DE ACEPTACION POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE ISLANDIA AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES (LA HAYA, 25 DE OCTUBRE DE 1980.) (Número de expediente 110/000124)

El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la adhesión de Islandia al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
¿Acepta el dictamen la Cámara? (Pausa.) Gracias, señorías.


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-- CONVENIO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000125)

El señor PRESIDENTE: Convenio de extradición entre España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997.
¿Se acepta el dictamen? (Pausa.) Se entiende aprobado por asentimiento.


--CONVENIO RELATIVO A LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000126)

El señor PRESIDENTE: Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal, también entre Marruecos y España.
¿Se entiende aprobado igualmente por asentimiento? (Pausa.) Gracias, señorías.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS RELATIVO A LA ASISTENCIA DE PERSONAS DETENIDAS Y AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000127)

El señor PRESIDENTE: Convenio entre España y Marruecos relativo a la asistencia de personas detenidas y al traslado de personas condenadas.
¿Se entiende aprobado? (Pausa.) Queda aprobado por asentimiento.


--CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000128)

El señor PRESIDENTE: Convenio de cooperación judicial en materia civil, mercantil y administrativa, también entre España y Marruecos.
¿Se entiende aprobado? (Pausa.) Se entiende aprobado.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE DERECHO DE CUSTODIA Y DERECHO DE VISITA Y DEVOLUCION DE MENORES, FIRMADO EN MADRID EL 30 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000129)

El señor PRESIDENTE: Convenio entre España y Marruecos, asimismo, sobre asistencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia de derecho de custodia y derecho de visita y devolución de menores.
¿Se entiende aprobado? (Pausa.) Se entiende aprobado.


--CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO EN BOGOTA EL 29 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000130)

El señor PRESIDENTE: Convenio de cooperación judicial en materia penal entre España y Colombia ¿Se entiende aprobado? (Pausa.) Queda aprobado.


--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997. (Número de expediente 110/000131)

El señor PRESIDENTE: Tratado de extradición entre España y la República de El Salvador.
¿Se aprueba el dictamen? (Pausa.) Se entiende aprobado por asentimiento.


--CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997. (Número de expediente 110/000132)

El señor PRESIDENTE: Convenio de cooperación judicial entre España y El Salvador.
¿Se entiende aprobado? (Pausa.) Se entiende también aprobado.


--CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE Y LOS OTROS ESTADOS PARTICIPANTES EN LA ASOCIACION PARA LA PAZ, RELATIVO AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS Y PROTOCOLO ADICIONAL AL MISMO, HECHOS EN BRUSELAS EL 19 DE JUNIO DE 1995, ASI COMO RESERVA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACION. (Número de expediente 110/000133)

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El señor PRESIDENTE: Convenio entre los Estados parte del Tratado del Atlántico Norte y los otros Estados participantes en la Asociación para la Paz, relativo al estatuto de sus fuerzas y protocolo adicional al mismo, hechos en Bruselas el 19 de junio de 1995, así como la reserva que el Gobierno español va a formular en el momento de su ratificación.
¿Se entiende aprobado el dictamen al Convenio y a la reserva? (Pausa.) Gracias, señorías.


--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ALBANIA Y LOS GOBIERNOS DE LAS NACIONES CONTRIBUYENTES A LA FUERZA MULTINACIONAL DE PROTECCION, RELATIVO AL ESTATUTO DE DICHA FUERZA, HECHO EN ROMA EL 21 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 110/000134)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre la República de Albania y los gobiernos de las naciones contribuyentes a la Fuerza Multinacional de Protección, relativo al Estatuto de dicha fuerza, hecho en Roma el 21 de abril 1997.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.


--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR SOBRE TRANSPORTE AEREO, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE MARZO DE 1997.(Número de expediente 110/000135)

El señor PRESIDENTE: Acuerdo entre España y El Salvador sobre transporte aéreo.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.


--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MANZANAS, ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN MARTIN DE PEDROSO (ESPAÑA) Y QUINTANILHA (PORTUGAL), FIRMADO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 1997. (Número de expediente 110/000136)

El señor PRESIDENTE: Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional sobre el río Manzanas, entre las localidades de San Martín de Pedroso y Quintanilha.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO TAMEGA, ENTRE LAS LOCALIDADES DE FECES DE ABAIXO (ESPAÑA) Y VILA VERDE DA RAIA (PORTUGAL), FIRMADO EN MADRID EL 24 DE JUNIO DE 1997. (Número de expediente 110/000137)

El señor PRESIDENTE: Convenio entre España y la República Portuguesa para la construcción de otro puente internacional sobre el río Támega, entre las localidades de Feces de Abaixo y Vila Verde da Raia (Portugal).
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.


--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA SOBRE LA MODIFICACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA Y ANEXO, FIRMADO EN MADRID EL 10 DE ENERO DE 1980. (Número de expediente 110/000138)

El señor PRESIDENTE: Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Rumanía sobre la modificación del Convenio sobre transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumanía y Anexo.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.


--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y URUGUAY SOBRE LA MODIFICACION DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO COMERCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY, FIRMADO EN MONTEVIDEO EL 13 DE AGOSTO DE 1979. (Número de expediente 110/000139)

El señor PRESIDENTE: Canje de notas constitutivo de acuerdo entre España y Uruguay sobre la modificación del acuerdo sobre transporte aéreo comercial.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.


--DECLARACION PREVISTA EN EL ARTICULO 14 DE LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL (NUEVA YORK, 7 DE MARZO DE 1996). (Número de expediente 110/000140)

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El señor PRESIDENTE: Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, hecho en Nueva York, el 7 de marzo de 1966.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Gracias, señorías.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 429.966.757 PESETAS, PARA ATENDER EL DEFICIT DE EXPLOTACION DE LOS FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE). (Número de expediente 121/000074)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre dos proyectos de ley y una proposición de ley orgánica.
El primer dictamen es al proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 429.966.757 pesetas, para atender el déficit de explotación de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir sobre el dictamen? (Pausa.) Pasaremos entonces a su votación al finalizar este punto del orden del día.


--PROYECTO DE LEY DE CONCESION DE DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 120.277.891 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES NO CONCRETADAS DURANTE LA INSTRUCCION DEL PROCESO POR EL INCENDIO DE LA DISCOTECA DE LA CALLE ALCALA, 20, SEGUN AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 3 DE MARZO DE 1997. (Número de expediente 121/000075)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios para el pago de indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá, 20, de Madrid, según auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 marzo de 1997. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir sobre el dictamen de la Comisión? (Pausa.) Si es de conformidad, lo someteremos también a votación al final de este punto del orden del día.


--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA. (Número de expediente 122/000087)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se mantienen enmiendas del Grupo Mixto y del Grupo Socialista.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rivadulla. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.-- Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio. Ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Puede comenzar, señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervendré brevemente para defender la enmienda del Grupo Mixto de adición al artículo 3º de la proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Señorías, en el debate de toma en consideración ya tuve ocasión de manifestar nuestro voto favorable a esta proposición de ley orgánica. La fijación de nuestra posición fue clara. No tuvimos la actitud que manifestó el portavoz del Grupo Popular, que tuvo que hacer mil circunloquios, tuvo que justificarse por los pactos con Convergència i Unió para dar este paso de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico. Nosotros dimos nuestro sí, y con ganas, a la toma en consideración de esta proposición de ley, porque estamos convencidos de que es un avance en el proceso de autogobierno en Cataluña y ello no requiere de más justificación. Además, señorías, porque esta transferencia está perfectamente sustentada en las previsiones constitucionales y en el artículo 50.2 y en las propias del Estatuto de Cataluña, concretamente en el artículo 13, como bien se manifiesta en la exposición de motivos de la proposición de ley.
Cataluña, en efecto, tiene ya su propia policía autonómica, a la que se le encomienda el orden público y la seguridad ciudadana; sabemos que administrativamente el tema de tráfico va ligado a esta cuestión.
Manifestamos en aquel momento, y lo manifestamos ahora también, nuestra discrepancia en relación con la forma en que se está desarrollando el contenido, el objeto de esta proposición de ley, concretamente en Girona, que está siendo aplicada por el Gobierno de Convergència i Unió cuando no tiene todavía esta competencia y cuando esta ley, que tendría que ser la causa de las modificaciones que se introducirán para los Mossos d'Esquadra en Cataluña, todavía no se ha aprobado. (Rumores.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora Rivadulla.
Señorías, les ruego silencio.
Puede continuar, señoría.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, se está aplicando una ley antes de ser promulgada, como muy bien señaló el portavoz socialista diputado Jover.
Ciertamente, en el debate de toma en consideración nos quedó la esperanza, porque así lo había manifestado el portavoz del Grupo Popular, de que cabía, mediante el diálogo y la negociación, ir mejorando este texto. Estas esperanzas, señorías, han sido frustradas por las votaciones que se produjeron en la Comisión. Por ello nuestra enmienda al artículo 3º, en la que se dice literalmente que el traspaso de servicios de la Administración general del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña incluirá la aportación de los actuales funcionarios de la Guardia Civil que demuestren experiencia y profesionalidad en materia de tráfico y voluntad de permanencia en el territorio de Cataluña. Es evidente, señorías, que los funcionarios de la Guardia Civil tendrán que ser seleccionados por los mismos procedimientos que ya están establecidos y que se están ejecutando en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y tendrán que cumplir también con el requisito del idioma. En mi intervención en la toma en consideración manifesté que pensaba que se tenía que dar un poco más de plazo porque, aunque el nivel B no es de los más altos, se necesitaba un tiempo para que los guardias civiles que quisieran acceder a este concurso estuviesen en condiciones de superar las pruebas con una cierta tranquilidad y que, al igual que todos los funcionarios que han sido transferidos, tendrían que cumplir el requisito del idioma.
Señorías, ¿por qué esta enmienda? ¿Por qué la enmienda que presentamos Iniciativa per Catalunya-Els Verts a través del Grupo Parlamentario Mixto? Porque creemos injusto el establecimiento de los cupos, creemos injusto el establecimiento de un cupo del 15 por ciento que dejará que la Guardia Civil sólo pueda acceder a 33 plazas de los Mossos d'Esquadra.
Concretamente en Girona dejará fuera a 33 profesionales que previsiblemente tendrán que trasladarse con sus familias fuera de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que seguro que les va a causar un perjuicio y una frustración, sobre todo porque se les prometió que este proceso, como dije anteriormente, no sería traumático y que se podrían quedar en Cataluña. Dije y digo que defraudados y engañados porque así ha sido. En las encuestas que se les han pasado no sabían qué posibilidades tenían de obtener esa plaza al optar por una u otra solución, ha habido un total oscurantismo, y realmente no han tenido la mínima información para actuar con libertad en todo este proceso.
Señorías, Convergència señala que la Dirección General de la Guardia Civil, el Gobierno del PP, no le exigió ningún cupo, y eso parece ser cierto. Por tanto, Convergència i Unió, motu proprio, ha asignado este 15 por ciento. En este sentido, consideramos positiva la actitud de Convergència i Unió, pero creemos que tiene que dar un paso más, y es permitir que los guardias civiles accedan a ese concurso, sean tratados y tengan las mismas condiciones que los mossos d'esquadra.
Señorías, también defendemos esta enmienda porque alguno podría decir lo que el conseller Pomes a preguntas del diputado Ignasi Riera, del Parlament de Catalunya, dijo: Si tan bien lo hacen los guardias civiles no hace falta que creemos el cuerpo de los mossos d'esquadra de tráfico.
Esta enmienda tiene su causa en que nosotros sí creemos que los mossos d'esquadra tienen que tener la competencia en materia de tráfico, tiene que haber un cuerpo propio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero nosotros entendemos, señorías, que ese cuerpo propio de la Comunidad Autónoma de Cataluña puede nutrirse muy bien con la máxima aportación de los guardias civiles que, como dije en mi anterior intervención, hasta ahora han desarrollado esta función con absoluta profesionalidad y eficacia. En las distintas valoraciones de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña ha podido haber quejas en algún sentido de la Guardia Civil, pero jamás ha habido quejas en el terreno de sus competencias en materia de tráfico. No compartimos, señorías, la desconfianza de Convergència i Unió respecto a estos profesionales que siguen realizando estas funciones y que las podrían seguir desarrollando ahora como mossos d'esquadra, que manifiestan y demuestran reiteradamente que se sienten catalanes, que hace mucho tiempo que viven en Cataluña, que tienen hijos catalanes y que se quieren quedar en Cataluña. Creo, señorías, que el modelo de policía catalana no quedaría en entredicho si actuásemos con más solidaridad, con más justicia y con más generosidad, y permitiésemos que los actuales funcionarios de la Guardia Civil que quieran y superen las pruebas puedan quedarse en el nuevo cuerpo de Mossos d'Esquadra.
El conseller Pomes señaló que en los nuevos procesos que se abrirán en los años sucesivos en Lleida, Tarragona y Barcelona podría modificarse este criterio. Señorías, a través de nuestra enmienda pretendemos el voto favorable a que esa posibilidad que se abre para las otras circunscripciones se abra ahora para la circunscripción de Girona y que en este proceso, que será beneficioso para la Comunidad Autónoma de Cataluña y que responde a los deseos de los ciudadanos y ciudadanas catalanes, no salgan muy perjudicadas una serie de personas sino que se puedan beneficiar de este avance en el proceso de autogobierno como el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rivadulla.


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En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para la presentación de su enmienda tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor presidente, señoras y señores diputados, antes de defender el contenido de nuestra enmienda quiero insistir en algo que ya dije en el debate de toma en consideración de esta proposición de ley y que repetí en el debate en Comisión. El Grupo Parlamentario Socialista está completamente de acuerdo con la transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación vial a la Generalitat de Cataluña. Que quede bien claro. Y no solamente eso. Comprendemos que esta transferencia es, por así decirlo, una transferencia sui géneris, que no está prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por tanto, a ella no se pueden aplicar las reglas que se han aplicado a todas las demás transferencias. Es decir, comprendemos que aquí no se puede aplicar lo que dice nuestro Estatuto, que los funcionarios afectados por la transferencia pasarán automáticamente a depender del Gobierno de la Generalitat. Lo sabemos. Se dice que esta es una transferencia de sustitución; ciertamente, y como lo es, está claro que no se pueden aplicar exactamente los mismos criterios que en otras transferencias como educación, sanidad o cualquier otra.
Atención, sustitución de cuerpos no quiere decir necesariamente sustitución de personas, y no quiere decir que en este proyecto de transferencia no se utilice, no se aproveche con la máxima generosidad la experiencia, la profesionalidad que puedan aportar los funcionarios que actualmente están cumpliendo este servicio en las diferentes provincias que sean objeto de la transferencia.
Así, pues, señor presidente, nuestra enmienda no va dirigida tanto al contenido de la proposición como a lo que en ella falta, porque todos sabemos que aunque esta sea una proposición de ley presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en la práctica, en la realidad, esta transferencia llega porque ha habido un acuerdo entre dos gobiernos, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat. Pero en esta proposición de ley no se incluye todo el acuerdo; hay aspectos de ese acuerdo que no aparecen en ella y por eso nuestra enmienda va dirigida no tanto al contenido de la proposición como a lo que en ella no hay. Lo que en ella falta --ya lo ha dicho aquí la señora Rivadulla cuando ha expuesto su enmienda, que por cierto coincide casi al cien por cien con la nuestra--, lo que no se dice en esta proposición de ley, y en cambio es un acuerdo entre dos gobiernos, es que en las pruebas que se harán, que ya se están haciendo --por cierto, sin esperar a que se apruebe la ley-- que ya están casi acabadas, para cumplir la división de tráfico de los mossos d'esquadra se reserva un cupo limitado del 15 por ciento, y sólo del 15 por ciento, sea cual sea el resultado que obtengan en las pruebas, a los actuales integrantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Señor presidente, señoras y señores diputados, el objetivo que pretende nuestra enmienda es muy sencillo. Nosotros lo que queremos es que en la gestión de las futuras competencias de la Generalitat en materia de tráfico y circulación vial y en la organización de los servicios correspondientes se utilicen, con su máxima generosidad, las posibles aportaciones de experiencia, de profesionalidad, que nadie duda y que nadie niega, de los funcionarios de las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil que actualmente están desempeñando esas tareas en Girona, para empezar, y después en Lleida, en Tarragona y en Barcelona. Y ello, como aquí se ha dicho, sin ningún privilegio. Nuestra enmienda, al igual que la que se acaba de defender, no pretende algo tan absurdo como que se coja a un guardia civil, se le cambie el uniforme y se le convierta en mosso d'esquadra. Por supuesto que no. Lo que nosotros decimos es que, ya que se ha abierto la posibilidad de que los actuales integrantes de las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil participen en este concurso, lo hagan sin cupos, sin limitaciones, sin discriminaciones. Yo no hablo de una discreción jurídica, yo no digo que esto sea inconstitucional.
Estoy hablando de una discriminación en el sentido político y social del término porque, en realidad, en este aspecto sí que la hay. Un miembro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que participe en estos concursos, por muy buena calificación que obtenga, si se pasa del cupo del 15 por ciento, no tendrá plaza, por mucho que su calificación sea mejor que la de otros que sí van a entrar.
Este es un aspecto que a nosotros, señor presidente, nos preocupa, y nos preocupa por dos razones. Primero, porque nos parece que se ha de intentar conseguir la máxima eficacia en ese servicio, que es un servicio delicado, un servicio en el que, no lo olvidemos, se produce una cierta siniestralidad y en el que, por tanto, aprovechar al máximo la experiencia y la profesionalidad demostrada de estas personas no daña en nada y en absoluto daña al modelo de policía de la Generalitat, mossos d'esquadra, con el que todos estamos de acuerdo. No creo que lo dañe en nada, no veo dónde puede estar el aspecto dañino. Al contrario, lo mejora, lo legitima, porque estas personas, que se sienten catalanes como el que más, quieren quedarse en Cataluña, quieren continuar trabajando allí, y quieren trabajar para Generalitat de Cataluña, y qué mayor legitimación puede haber para la policía de la Generalitat, los mossos d'esquadra, que la aportación de estas personas. Que quede claro. Tenemos una segunda motivación, más personal, más humana, y es que nos preocupa, como creo que preocupa a todos los miembros de esta Cámara, la situación personal de algunas familias --de momento no son muchas, pero cuando se haga el despliegue a otras provincias pueden ser muchas

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más-- que se van a encontrar con que llevan años en Cataluña, algunos de ellos muchos, sus hijos van a colegios catalanes, tienen casas allí, y en algunos casos o en muchos --espero que sea en los menos posibles-- se tendrán que ir a otro lugar. Que no se me diga que como son funcionarios de la Guardia Civil esto ya lo saben . Claro que lo saben. Pero no estamos hablando de eso, señor presidente. Estamos hablando de un problema humano, de unas familias, de unas personas que se encuentran ahora con una situación realmente difícil.
Nosotros, señor presidente, no pedimos ningún tipo de privilegio para estas personas sino que, como dice nuestra enmienda, lo único que pretendemos es que en las pruebas que se han convocado, o por lo menos en las que se van a convocar en el futuro, ya que se ha dicho claramente que estas personas podrán participar en ellas, que lo hagan sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones con los demás; es decir, sin cupos y sin limitaciones.
Ya sé que estas enmiendas hoy no van a tener aquí buena acogida. Lamento que no haya sido posible la voluntad que expresó el Grupo Popular --no nos lo prometió, por supuesto-- de que durante el trámite parlamentario podríamos resolver alguna de aquellas preocupaciones. No ha sido posible.
Aún queda el Senado y no pierdo la esperanza de que algo se pueda conseguir. En todo caso, quiero que quede bien claro que aunque hoy nosotros sabemos que estas enmiendas van a ser derrotadas, continuaremos planteando el tema a partir de este momento en el Parlament de Catalunya, que es donde se continuará debatiendo y donde habrá que discutir más a fondo sobre estos procesos de despliegue.
Para terminar quiero decir, señor presidente, que mi grupo va a pedir la votación separada de la disposición transitoria, que está afectada por nuestra enmienda, porque a los demás aspectos de la proposición de ley, como ya he dicho, no tenemos ninguna crítica que hacer.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jover.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que uno queda sorprendido de que, estando de acuerdo en el fondo, incluso anunciando el voto favorable a esta proposición de ley, se planteen interrogantes que bien no tienen el ámbito constitucional competente, porque no lo tienen, bien son cuestiones que deben ser tratadas en otro Parlamento, en este caso en el Parlament de Catalunya.
Lo que ocurre probablemente, señor presidente, es que cuando esto fue tratado en la ley que desarrolla la policía autonómica catalana, Mossos d'Esquadra, algunos grupos parlamentarios que allí votaron a favor se olvidaron de cuestiones que después les ha convenido plantear aquí, desde una incoherencia total y absoluta, porque no se puede votar allí lo que ahora aquí se está discutiendo en términos de profesionalidad --de la cual ya hablaré-- o en términos de humanidad; menos todavía cuando en el caso del señor Jover representa a un grupo parlamentario que constituyó Gobierno y que pactó con el Gobierno actual de la Generalitat de Catalunya precisamente lo que ahora estamos tratando, que es la sustitución de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por los Mossos d'Esquadra, en acuerdo bilateral de ambos gobiernos, aprobado por ambos gobiernos y por la Junta de Seguretat de Catalunya, por unanimidad. Por tanto, la contradicción es evidente entre lo que se hizo en el Parlament de Catalunya, se hizo entre gobiernos, se plasmó en la Junta de Seguretat de Catalunya y lo que se está planteando aquí.
Las enmiendas tienen como finalidad lo que aquí han expresado ambos portavoces, la señora Rivadulla y el señor Jover, de una manera muy correcta, que es la de garantizar la incorporación de miembros de la Guardia Civil a la policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en un momento en que Cataluña, como resultado de esa proposición de ley, asuma una competencia, que es estatal, en virtud del artículo 150.2 de nuestra Constitución. Respecto de esas enmiendas yo he de reiterar, desde esta tribuna, algo que ya dije en la Comisión Constitucional de esta Cámara, que es que la Constitución permite, primero, como aquí se ha reconocido, transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica --es la propuesta del Grupo Popular y la nuestra--, facultades que corresponden constitucionalmente a la Administración del Estado y que por su materia pueden ser susceptibles --como es el caso-- de transferencia o por delegación y que, de acuerdo con nuestra Constitución, a esta futura ley orgánica le corresponde únicamente precisar las competencias de ejecución de la legislación estatal que en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor se confíen a la Generalitat; siendo impropio de una ley orgánica de futuro una previsión que prevea el traspaso de medios personales, tan impropio que ni el Gobierno socialista en su momento o la Junta de Seguretat de Catalunya, bilateral Gobierno Generalitat-Gobierno central, planteó en ningún momento, ni tampoco fue expuesta por el Grupo Socialista ni por el Grupo de Iniciativa per Catalunya en el Parlament de Catalunya una cuestión de inconstitucionalidad tan rotunda como la que están planteando en estos momentos, que junto a una transferencia de competencias estén hablando de una previsión de medios personales. Esto es absolutamente

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inconstitucional, aparte de ser absolutamente incoherente en la trayectoria del Grupo Socialista y de Iniciativa per Catalunya. Pero más lo es cuando esta Cámara ha aprobado transferencias de competencias a Canarias, al resto de comunidades autónomas que no son las llamadas de primera vía o a Galicia, que fueron aprobadas por unanimidad, sin que nadie se rasgara las vestiduras porque en esas transferencias se hiciera mención específica de medios personales. Por tanto, aquí hay bastante cinismo, señorías, y hay bastante incompetencia o bastante uso ilegítimo de legítimos derechos personales.
Cuando se habla de eficacia y de profesionalidad, ¿qué están diciendo ustedes? ¿Están poniendo en duda la profesionalidad y la eficacia de los mossos d'esquadra? Si es así, que lo digan, que lo digan al Parlament de Catalunya y que lo digan aquí. Además, ¿cómo pueden tratar de ineficaces y de no profesionales a los mossos d'esquadra en comparación a un respetable cuerpo como es la Guardia Civil, que viene acometiendo un gran papel en positivo en Cataluña, que yo no voy a discutir ni voy a interrogarme, cuando precisamente 22 mandos de los mossos d'esquadra que van a dirigir esa futura división de tráfico de la policía autonómica vienen realizando un curso en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida. Mayor cooperación nunca la ha habido en este Estado y en esta materia; mayor cooperación nunca la ha habido. Es un ejemplo de colaboración y de cooperación entre dos dministraciones, la central y la autonómica, en el traspaso de una competencia de titularidad estatal a una comunidad autónoma que es Cataluña. Mayor cooperación y mayor integración, imposible.
Como ha dicho el director general de la Guardia Civil, acertadamente, se ha creado una falsa polémica. Yo diré que se ha intentado crear una polémica falsa por intereses partidarios. Diré otra cosa. Es cierto que puede haber problemas humanos; lógicamente sí, los admito, existen, pero esos problemas humanos no son derivados de esta futura ley, porque sería tanto como mencionar, citar, señalar a la propia Constitución como creadora de problemas humanos y esto sería una terrible falsedad. Los problemas humanos, de existir --lo ha dicho ya el director general de la Guardia Civil--, van a ser tratados uno a uno y van a tener salida uno a uno. Por tanto, los problemas humanos, si los hay, que puede haberlos, van a tener solución uno a uno, según el director general de la Guardia Civil, en cuya palabra confío plenamente. Lo ha venido reiterando en el tiempo desde el primero de los sucesos acontecidos en mi circunscripción, que es Girona, y yo creo en la palabra del director general.
Lo que no han dicho SS. SS. es que existe un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Que no se me diga que no es una sentencia, porque obviamente ya lo sé. Se me deberá reconocer que no se ha admitido a trámite una impugnación, no porque no ha convenido a quien ha integrado esta sala, sino porque ha entrado en el fondo de la cuestión, que no es otro que el de reconocer la capacidad de autoorganización de la Generalitat de Catalunya en materia de seguridad. ¿Cómo no puede tenerla? No reconocer esto sería tanto como impugnar, de arriba a abajo el título VIII de nuestra Constitución. Si las comunidades autónomas no tienen capacidad de autoorganización en sus competencias, incluso las que son transferidas de titularidad inicial del Estado, no estamos hablando de un Estado autonómico, estamos hablando de una descentralización; para eso ya nos sirven las diputaciones de las provincias. El Tribunal dice esto, y hay una capacidad de autoorganización que debe ser respetada. Dice más el auto: que la aprobación del acto impugnado viene condicionada en sí misma por la aprobación de lo que estamos ahora debatiendo. Añade que no había obligación alguna por parte de la Generalitat de Catalunya de abrir un cupo, acordado con el Gobierno central, para que entraran también miembros procedentes de la Guardia Civil. No hay ninguna obligación legal. Es un acto potestativo y discrecional de la Administración catalana que no se quiere reconocer y que, hasta la fecha, es el único que se ha producido en el Estado español de este siglo. Me parece muy negativo que diputados catalanes no lo reconozcan así en esta tribuna.
Continúa señalando que este hecho, que es de absoluta discrecionalidad por parte del Gobierno de la Generalitat, se desprende de la propia ley del Parlament de Catalunya y de los acuerdos de la Junta de Seguridad de 1994, cuando gobernaban los socialistas y que debe enmarcarse, naturalmente, en la capacidad de autoorganización. Esto no supone ningún interrogante ni menosprecio hacia la Guardia Civil --continúa señalando el auto--, sino reconocimiento a la capacidad de integración de la Generalitat de Catalunya. Esto aquí no se dice y, por tanto, no se ponen encima de la mesa todas las cartas existentes, que son: la Constitución, el Estatuto, la capacidad de autoorganización de una comunidad autónoma, los acuerdos existentes entre el Gobierno entonces socialista y el Gobierno de Convergència i Unió de la Generalitat de Catalunya, la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña y los acuerdos unánimes de la Junta de Seguretat de Catalunya. Se habla de problemas humanos, que existen y se pone en duda la profesionalidad de la eficacia de los Mossos d'Esquadra. Pero, ¿desde cuándo se puede poner en interrogante algo que ni siquiera existe en esos momentos en la Dirección de Tráfico? ¿Cómo es posible?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López de Lerma, le ruego vaya concluyendo.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Concluyo señor presidente.


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Me parece una utilización absolutamente denigrante la que aquí se ha realizado, en los términos en que se ha hecho.
Nada más, señor presidente y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo sólo para corregir al diputado López de Lerma alguna de sus afirmaciones. Esta diputada ha reconocido que no había derecho al cupo, y que Convergència i Unió había establecido un cupo del 15 por ciento, lo cual me parecía positivo. Señorías, no estamos hablando de ninguna obligación por parte del Gobierno de la Generalitat, lo que estamos diciendo es que, ante una ley pactada entre el Partido Popular, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat, habría podido incluirse el derecho de los guardias civiles a acceder en las mismas condiciones de mérito a las plazas de mossos d'esquadra, lo que no significa que no estemos de acuerdo con lo que votamos en el Parlament de Catalunya de que se iba a una transferencia por sustitución.
Efectivamente, ya se ha dicho aquí, es una sustitución de cuerpos y no tiene por qué ser una sustitución total de personas.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rivadulla.
Señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor López de Lerma, lamento el tono que ha utilizado. Yo me pregunto qué tiene que ver con la autonomía de Cataluña y con su autogobierno que unos catalanes tengan que irse de allí ¿Que autonomía es esa que obliga a unos catalanes a irse de allí sin necesidad? (Rumores.). ¡Sí! ¡Sí! De eso estamos hablando, señor presidente.
Se ha dicho que hay incoherencia y contradicción por parte de mi grupo, basándose en que buena parte de este acuerdo ya se realizó durante la pasada legislatura, en la época del Gobierno socialista. Es verdad que ese acuerdo en gran medida estaba hecho. Por eso no hay incoherencia, por eso nosotros estamos de acuerdo con esta transferencia de sustitución.
¡Plenamente! Por eso hemos dicho que vamos a votar la totalidad de este dictamen. ¿Dónde está la contradicción? De lo que entonces no se habló, señor López de Lerma, es de un 15 por ciento máximo para integrantes de la Guardia Civil. ¿O es que se negoció ese tema con el Gobierno socialista? Suba usted a la tribuna y diga si eso se negocio, porque no es verdad. No se negoció. Ese es el único aspecto, y es importante, en el que planteamos nuestra enmienda. No nos haga decir cosas que no hemos dicho. Lo repito una vez más: el Grupo Socialista mantiene íntegramente los acuerdos a los que se llegó en la pasada legislatura entre gobiernos.
Estamos de acuerdo con esta transferencia de sustitución. Estamos de acuerdo con que ha de ser la policía de los Mossos d'Esquadra la que se haga cargo de esta competencia. ¡Naturalmente que sí! Nunca hemos dicho que no. Lo que pasa es que usted convierte mis palabras en algo absolutamente contrario a lo que yo he dicho. ¿Dónde he dicho yo, señor López de Lerma, que no confíe en la profesionalidad de los mossos d'esquadra? Al contrario, lo que he dicho es que para el importante servicio que va a prestar a partir de este momento la Generalitat, sería muy bueno contar, además, con la experiencia y la profesionalidad que pueden aportar esos funcionarios. No diga lo contrario. En ningún momento he afirmado, señor presidente --y, si no, repase S. S. el «Diario de Sesiones»--, que tenga la menor duda sobre la profesionalidad de los mossos d'esquadra . Nunca lo he dicho.
Ahora bien, nos encontramos con una situación realmente grotesca. Se están realizando unas pruebas, las que se hacen para cubrir las 200 plazas de Girona, y resulta que del cupo que se reserva a mossos d'esquadra no se va a cubrir ni la mitad, porque ni siquiera han firmado suficientes para las plazas que se convocan. ¿Cómo se cubrirán esas plazas vacantes? No lo sé todavía, pero se dice que se cubrirán con mossos d'esquadra de la última promoción, que irán forzosos. ¿Eso es correcto? ¿Eso es adecuado?. (Rumores.) Sí , sí, parece que se va a hacer así. Es lo que se ha dicho, yo todavía no lo sé. En el caso de que se hiciera así, sería un disparate habiendo, como hay, actuales integrantes de la Guardia Civil a los que les gustaría continuar en Cataluña y servir a la Generalitat de Catalunya, porque se sienten catalanes. Eso es lo que realmente importa.
Se dice que no es el lugar para discutir los temas de esta proposición de ley orgánica. No sé si será el lugar adecuado, sólo sé, señor López de Lerma, que el artículo 150.2 de la Constitución, respecto a estas leyes de transferencia, dice: «La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado». Nosotros no hemos propuesto una enmienda de formas de control, porque hubiera supuesto demostrar una innecesaria desconfianza hacia la capacidad del Gobierno de la Generalitat. Pero cuando la propia Constitución reconoce que se pueden imponer fórmulas de control, y después el artículo 153 señala que el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá también respecto a estas leyes de transferencias, qué menos que decir que la ley puede establecer alguna regla muy general que lo único que pretende es mantener la igualdad de condiciones en el acceso a esas plazas. Nada más. ¿Esto es ir contra la autonomía de Cataluña? No pedimos ningún

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privilegio; ya que hay unas pruebas de acceso, que se hagan en igualdad de condiciones. ¿Esto es pedir algún privilegio? ¿Esto es ir contra el autogobierno, contra la autonomía de Cataluña? ¿Esto es plantear algo inconstitucional, señor López de Lerma? ¿Eso es inconstitucional? Me parece que usted no sabe mucho de Derecho constitucional, perdóneme que se lo diga. Lo único que pretendemos es, ya que se van a hacer unas pruebas de acceso, que los integrantes se encuentren en condiciones de igualdad. Si eso es inconstitucional, es que yo tengo una opinión extraña de lo que dice nuestra Constitución.
Señor presidente, para acabar, porque quizá me estoy extendiendo demasiado, comentaré una última cuestión. El ya tan citado auto reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Señor López de Lerma, ya lo dijimos en Comisión y lo vuelvo a repetir: lo único que ha decidido ese auto --a ver si nos entendemos-- es que, aplicando la regla general de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de momento no suspende las pruebas. No ha dicho nada más. Es verdad que da argumentos en el sentido que usted decía, pero si usted lee todo el auto verá que hay ahí un fundamento que dice que estos argumentos sólo son válidos en la medida en que resuelven lo que se está dilucidando en este momento, que no es el fondo de la cuestión, que no es la decisión final, sino solamente si se otorga o no la suspensión de las pruebas. Ya sabemos que en este aspecto la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa --espero que la futura ley sea más abierta-- establece una regla general de no suspensión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jover, le ruego que concluya.


El señor JOVER PRESA: Acabo ya, señor presidente.
Aplicando ese principio, obviamente lo único que ha hecho el Tribunal Superior ha sido denegar la suspensión. Es verdad que la ha denegado, y ha dado unos cuantos argumentos que son favorables al Gobierno de la Generalitat. Pero lo dice el propio auto: Son favorables solamente en la medida en que sean necesarios para resolver lo que se está decidiendo en ese momento, que es si se suspende o no el acto impugnado. Nada más. Por tanto, no pretendamos sacar las cosas fuera de su propio término.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Jover.
Señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Con todos mis respetos, señor Jover, decir que queremos echar a ciudadanos catalanes de Cataluña no sólo es una falsedad, sino que es una demagogia incalificable. (Varios señores diputados del Grupo Socialista: ¡Nadie ha dicho eso!) Lo ha dicho. En todo caso, quizá lo hayan practicado ustedes, porque a algún guardia civil destinado en Cataluña ustedes lo han removido del lugar y lo han trasladado a otra parte de España y han encontrado esto lógico y normal. (Rumores.) Cuando la Generalitat de Catalunya, en un acto libre, en asunción de sus competencias de autoorganización, abre una convocatoria para que puedan inscribirse en la misma guardias civiles ustedes nos acusan de echar ciudadanos catalanes de Cataluña. ¿Pero qué barbaridad es esa, señor Jover? Es una demagogia absolutamente incalificable. Dicha en el Congreso de los Diputados, me parece que es exponencial.
¿Qué sentido de autonomía tienen ustedes, señorías del Grupo Socialista? ¿Donde se debe legislar esto, aquí? ¿Aquí debemos decir lo que el Parlamento de Cataluña, en su soberanía política, debe decir allí y organizar allí, cuando, además, lo ha realizado con sus votos? ¿Pero qué concepto de autonomía política tienen ustedes que quieren que el Parlamento español legisle sobre el Parlamento de Cataluña y le diga: Ustedes deben ir por aquí o por allí porque lo decimos nosotros? ¿Qué concepto de autonomía tienen ustedes que, además, participan en los debates de allí votando a favor y participan en los de aquí discutiendo lo que allí han votado a favor y diciendo exactamente lo contrario? Señor Jover, el auto ha dicho lo que ha dicho, eso es evidente: no a una impugnación. Pero ha dicho muchísimo más. Usted se ha leído la parte final, la parte dispositiva. Voy a leerle lo que ha dicho: Se hubiera podido exigir que los aspirantes a integrarse en dicha unidad de tráfico tuviesen la categoría de mosso d'esquadra, con lo cual se hubiera impedido la participación de miembros de la Guardia Civil sin que hubiese impedimento legal alguno para ello. Por lo tanto, el auto reconoce la voluntad política de la Generalitat de Catalunya de integrar guardias civiles en el propio grupo de mossos d'esquadra que se van a ocupar de las carreteras catalanas. No hay impedimento legal y no hay, por lo tanto, obligación legal pues ninguna disposición obliga a la Administración demandada --en este caso, la Generalitat-- a respetar un determinado porcentaje de participación para el personal procedente de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto es así que jamás presentaron ustedes enmienda alguna en esa dirección en el Parlament de Cataluña cuando se aprobó la Ley de los mossos d'esquadra de la policía autonómica. Nunca plantearon ustedes en el Gobierno de España, en la Junta de Seguretat de Catalunya y en los acuerdos bilaterales entre el Gobierno socialista y el Gobierno de Convergència i Unió algo que esgrimen aquí y que el Tribunal dice que es imposible de plantear porque forma parte de la autonomía política de Cataluña.


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Dice el Tribunal: «Debe entenderse que la fijación del porcentaje del 15 por ciento es una cuestión propia de la discrecionalidad administrativa.
En modo alguno» --señor Jover, escuche bien-- «perjudica a la Guardia Civil sino que la favorece». Lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Usted no quiere leer todo lo que dice, sólo la parte dispositiva final, que es la que utiliza. Añade el Tribunal: «Con relación a los perjuicios» --de los cuales usted ha hablado reiteradamente-- «de imposible o difícil reparación, que los recurrentes alegan con motivo del porcentaje anteriormente dicho, en modo alguno pueden ser estimados pues, aparte de que no se concretan dichos perjuicios» --usted tampoco los ha concretado aquí, parece que es el abogado que ha presentado la demanda--, «a efectos de que esta última» (la autonómica) «asuma, de forma progresiva, la competencia ejecutiva en materia de tráfico, lo que necesariamente supone que la Guardia Civil debe cesar también progresivamente en el desempeño de las funciones de tráfico, siendo transferidos los funcionarios afectados a otras agrupaciones de tráfico, y siendo en todo caso responsabilidad de la Administración estatal, que deberá proveer los medios necesarios para el traslado de los funcionarios». Jamás de la Administración autonómica, a lo que ha dado una respuesta positiva el director general de la Guardia Civil, cuando dice: «No se preocupen ustedes. Si hay algún problema personal lo vamos a tratar personalmente, es decir, uno a uno y vamos a encontrar salida». El propio director general reconoce lo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que es una competencia estatal, una responsabilidad del Estado, jamás una responsabilidad de la Generalitat.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López de Lerma, le ruego vaya concluyendo.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: He terminado, señor presidente. Muchas gracias por su amabilidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias a su señoría.
¿Grupos que desean fijar su posición?. (El señor Jover Presa pide la palabra.) Señor Jover, el turno de réplica está finalizado y no se ha abierto ningún tema nuevo, de modo que no tiene S. S. la palabra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Muchas gracias, señor presidente. Voy a fijar la posición de mi grupo. Sin entrar en el fondo de lo defendido por quienes han presentado enmiendas en este trámite parlamentario, vamos a rechazarlas por razones de técnica legislativa.
En primer lugar, debo manifestar que nos encontramos ante una ley del artículo 150.2 de la Constitución, es decir, una ley de transferencia o delegación de competencias ejecutivas del Estado a una comunidad autónoma. Este instrumento normativo, aunque debe prever los medios financieros como ha leído el señor Jover, no debe contener la transferencia concreta. En los demás casos en los que este instrumento se ha utilizado, son los posteriores decretos de transferencia, aprobados en la correspondiente Comisión mixta, los que establecen en qué se plasman los medios personales necesarios para que la transferencia sea efectiva.
En segundo lugar, otra razón de técnica legislativa que tiene un mayor trasfondo político, es que el Estatuto catalán reconoce a la Generalitat la tenencia de una policía propia. Creemos que el modelo se determina por la propia Generalitat, sin que deba ir prefijado desde esta Cámara quiénes van a ser los efectivos que sirven en esta propia policía. Por estos criterios rechazamos las dos enmiendas que se sostienen todavía en este trámite.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decir, con mucha brevedad, que para Izquierda Unida es una muy grata noticia que se transfieran las competencias ejecutivas en materia de tráfico y de circulación a la Comunidad Autónoma de Cataluña, desde una concepción como la nuestra de una España que debería tener una organización claramente federal. Desde esa concepción federalista es una muy buena noticia que, además, obliga a avanzar un modelo policial asimétrico, federal y desmilitarizado. Repito, que es una muy buena noticia.
Vamos a apoyar las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto y por el Grupo Socialista porque quieren evitar que se pueda privar a unos ciudadanos de un derecho elemental, como es el de que los guardias civiles puedan concurrir en el traspaso de esas competencias al futuro cuerpo de Mossos d'Esquadra. Nos parece que sería una discriminación poner cupos, los que sean; tienen que ser concursos abiertos a los que puedan acudir todas las personas sin limitaciones y, desde luego, sin poner ningún veto o de cupo a los guardias civiles que en estos momentos están realizando ese servicio en Cataluña. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Desde esa perspectiva, vamos a votar favorablemente las enmiendas y el texto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.


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Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez-Alba.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor presidente.
La futura ley de transferencias es una ley de extraordinaria importancia desde el punto de vista de una comunidad autónoma como Cataluña.
Intervenimos en el debate tomando posición en nombre de mi grupo, copartícipe de esta proposición de ley, que ha de precisar las competencias de ejecución de la legislación estatal en materia de tráfico que se confieren a la Generalitat de Catalunya, al abrigo del artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades que corresponden al propio Estado, es decir, materias de titularidad estatal que por su naturaleza son susceptibles de transferencia o delegación. Se trata, pues, de que el Gobierno de la Generalitat asuma las competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos.
La Generalidad, en el ejercicio de su autonomía política, tiene plena potestad para regular y organizar el cuerpo de Mossos d'Esquadra, haciendo una apuesta por la existencia de una policía propia, con competencias en materia de tráfico y seguridad vial, vinculada tradicionalmente a la seguridad ciudadana, que es el sentido, por otra parte, de toda policía. Así, la Junta de Seguridad de 17 de octubre de 1994, acordó la implantación de la policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, respondiendo al modelo de sustitución aprobado por el entonces Gobierno del Estado y la Generalitat, todo ello dimanado, a su vez, de la Ley de la policía de la Generalitat, aprobada el 11 de julio de 1994, por unanimidad, en el Parlament de Catalunya. Tanto el Gobierno de entonces, como el actual, como el Gobierno de la Generalitat, han sido absolutamente coherentes y respetuosos en este asunto con la Constitución, el Estatuto, los acuerdos bilaterales y con la Ley aprobada por unanimidad, repito, en el Parlament de Catalunya.
Pero hete aquí que, tras manifestar su conformidad con esta ley, el Grupo Socialista y Nueva Izquierda presentan y mantienen dos enmiendas que desnaturalizan la ley y la pervierten, arrogándose algo para lo que ni el Congreso de los Diputados tiene potestad. Hay que decirlo a la gente.
Nosotros no tenemos potestad para decidir o pretender imponer a la Generalitat cómo ha de organizar su propia policía autónoma. No podemos poner un corsé a la Generalitat de Cataluña en un tema tan vinculado al núcleo del concepto de la autonomía política, previsto y desarrollado en nuestra Constitución y que el Estatuto de Autonomía contempla como una competencia exclusiva de la Generalitat: la potestad para decidir sobre la estructura y la organización de su propia policía.
Resulta impropio de una ley orgánica de esta naturaleza que haya una previsión de traspaso de personal. No existe ningún precedente de transferencia de personal en las distintas leyes orgánicas de transferencias de competencias, y el Grupo Socialista lo sabe. No debieran haber presentado hoy enmiendas de este carácter en contra del Estatuto y de la Constitución, pero las han presentado basándose en consideraciones humanitarias, es decir, en los problemas que representan para los agentes y sus familiares el traslado de residencia, y por otro lado, en razones de aprovechamiento profesional --se llegó a hablar en algún momento de desperdicio de experiencia y profesionalidad--, así como para evitar situaciones discriminatorias.
En diferentes momentos de la tramitación de esta ley escuchamos al portavoz socialista expresar unos temores que cuando gobernaban ellos, en octubre de 1994, y acordaron con el Gobierno de la Generalitat este modelo de implantación de la policía autonómica, no manifestaron. ¿Por qué no suscitaron entonces el tema del personal? Ahora que el Partido Popular y CiU intentan plasmarlo en esta proposición de ley, se vuelven sensibles.
Hay que decir a la gente que el Grupo Socialista que hoy presenta esta enmienda fue el que tomó esta decisión con la Generalitat sin ocuparse de las personas, y hoy vienen haciendo aspavientos cuando el Partido Popular se limita a cumplir lo que ellos acordaron. Yo pediría a los grupos enmendantes que no jueguen con los sentimientos de las personas para hacer política. Nosotros también pensamos en las personas. ¡Cómo no vamos a tener presente a esos hombres y a esos familiares que constituyen uno de los grupos de ciudadanos más ejemplares y beneméritos que tiene España! Pensamos en ellos, y por eso aplaudimos la inteligente medida de la Generalitat de reservar un cupo para miembros de la Guardia Civil en el cuerpo de Mossos d'Esquadra. Espero que en el desarrollo futuro de la División de Tráfico de los Mossos se reserven de nuevo más plazas para la Guardia Civil, para bien de Cataluña y para bien de nosotros, los catalanes. Lo deseo, pero, por encima de nuestros deseos, está el cumplimiento de las leyes.
El portavoz socialista ha repetido ya en varias ocasiones en sus intervenciones que esta ley se ha hecho sin concurso, cuando ya el concurso se había convocado. A esto hay que decir que son actos preparatorios del ejercicio de una competencia para poder ejercerla en el futuro, no el ejercicio real de la misma; otra cosa sería que estuviesen patrullando en este momento los mossos por las carreteras.
Por otro lado, también hay aspectos en la enmienda presentada por Nueva Izquierda absolutamente recusables. No nos parece nada acertado poner en duda la profesionalidad de la Guardia Civil de Tráfico, como se sugiere en su enmienda. Su experiencia siempre va a ser superior a la de otros funcionarios que no han ejercido estas competencias. Y si las consideraciones son atender al aprovechamiento de la experiencia y a la

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profesionalidad de los guardias civiles, hemos de decir a los enmendantes que no habrá tal desperdicio. Los guardias civiles de Tráfico que no se integren en los mossos no van a diluirse en el éter sideral, los necesitamos, seguirán poniendo sus reconocidas aptitudes al servicio del pueblo español, al igual que lo han venido haciendo hasta ahora para los catalanes, que no dudan en agradecérselo.
Por todo ello, nuestro grupo va a votar en contra de las enmiendas presentadas y votaremos favorablemente el dictamen de la Comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Alba. (La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.) Señora Rivadulla, ¿a qué efecto?

La señora RIVADULLA GRACIA: Para una cuestión de orden.
Esta enmienda ha sido presentada por el Grupo Mixto, a nombre del diputado Manuel Alcaraz, ya que yo como diputada de Iniciativa per Catalunya, en estos momentos no podía registrarla. Quiero que conste así a efectos del «Diario de Sesiones».
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora Rivadulla.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votación de los dictámenes de comisión sobre los proyectos de ley y proposición que acaban de ser debatidos.
Votamos en primer lugar el dictamen de la comisión al proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para atender el déficit de explotación de FEVE.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 299.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen por unanimidad del Pleno.
Votación sobre el proyecto de ley de concesión de dos créditos extraordinarios para el pago de las indemnizaciones no concretadas durante la instrucción del proceso por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá 20, de Madrid, según auto de la Audiencia Provincial de Madrid.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 297; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen sobre el referido proyecto de ley.
Dictamen sobre la proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En primer lugar, votamos la enmienda del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 135; en contra, 163; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 135; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Votación del dictamen. En primer lugar, votamos la disposición transitoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 165; en contra, uno; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición transitoria única.
Resto del dictamen sobre la proposición de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 300; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


VOTACION DE CONJUNTO:

--DE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA. (Número de expediente 122/000087)

El señor PRESIDENTE: Votación final sobre el conjunto del texto, por ser la proposición de ley de naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 302; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el conjunto del texto, con la naturaleza orgánica propuesta, al haber alcanzado en la votación la mayoría absoluta de la Cámara.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AÑADE UN PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 67.1 DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 12/1997, DE 1 DE AGOSTO.
(Número de expediente 121/000080)

El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. En primer lugar, el proyecto de ley por la que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo número 339, de 2 de marzo de 1990, al que se incorporarían, si los grupos parlamentarios como parece que han anunciado no van a realizar ninguna intervención, las correcciones técnicas derivadas de la conversión del decreto-ley en proyecto de ley.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir sobre el proyecto? (Pausa.) Se entienden incorporadas las correcciones, y se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 302.


El señor PRESIDENTE: El proyecto queda aprobado por unanimidad del Pleno.


--PROPOSICION DE LEY SOBRE MEDIDAS PRESUPUESTARIAS APLICABLES AL FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS POR TRAFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS. (Número de expediente 122/000084)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Para defensa de las enmiendas que aún tienen subsistentes, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Sabanés. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) La señora SABANES NADAL: Señor presidente, señorías, voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para defender nuestras enmiendas en relación con la toma en consideración de la ley sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
En el debate de toma en consideración de la proposición de ley, nuestro grupo ya adelantó su disposición favorable al proyecto y que realizaríamos enmiendas únicamente de carácter técnico, por cuanto considerábamos y consideramos más correcto que el texto de la proposición de ley se incorpore a la Ley 36/1995, relativa a la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados. Nuestras enmiendas se reducen, la primera al título de la proposición de ley, y las siguientes a los artículos 1 y 2.
Proponen la adecuación del título y que el texto pase a formar parte del texto de la Ley de 1995 en una nueva disposición adicional cuarta, por entender que da mayor coherencia en su conjunto. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
Un momento, señora Sabanes, a ver si conseguimos que se haga silencio en la Cámara.
Señor Blázquez, siéntese por favor y guarde silencio.
Cuando quiera, señora Sabanés.


La señora SABANES NADAL: Gracias.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, estaríamos de acuerdo en la mejora técnica que introducen y que suponen las referidas al artículo 1 y a la disposición transitoria. Compartimos menos, sin embargo, la idea de supresión del artículo 2, porque si bien es cierto que se puede prever esta situación en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 y años sucesivos, nos parece que la situación queda más clara con el redactado que se propone en la proposición de ley y, por tanto, en una valoración global de la Ley del Fondo, con la incorporación de las medidas propuestas si se admiten nuestras enmiendas, o en una nueva ley no se admitieran, permite mayor seguridad en la interpretación.
En todo caso, mi grupo valora positivamente lo importante de esta cuestión, que es garantizar el cumplimiento

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de los fines del fondo, y entiendo que todos los grupos vamos a estar de acuerdo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Sabanés.
Para defender de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor presidente, señoras y señores diputados, la proposición de ley presentada en su día por el Grupo Parlamentario Socialista y tomada en consideración con el voto favorable de todos los grupos que integran la Cámara, tiene por objeto que la gestión del fondo se dote de las medidas presupuestarias necesarias para garantizar plenamente que sus recursos sean efectivamente destinados a los fines previstos en la Ley del Fondo, procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, fines que son los programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes e inserción social y laboral de los mismos, intensificación y mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos a que se refiere esta ley, incluyendo los gastos necesarios para la obtención de las pruebas en la investigación de los delitos citados en el artículo 1º de la ley, que comprende también la adquisición de medios materiales para los órganos competentes en la represión de los mismos delitos y el reembolso de los gastos en que lícitamente hayan podido incurrir los particulares o los servicios de las administraciones públicas que hubiesen colaborado con los órganos competentes en la investigación de estos delitos.
Mi grupo parlamentario, señorías, anunció en el momento de la toma en consideración de la ley que presentaría una serie de enmiendas al articulado, con el fin de mejorar técnicamente el texto y que lo haría llegado el momento procesal oportuno. Ese momento llegó y mi grupo parlamentario presentó tres enmiendas, por considerar que las mismas eran positivas para dar un mejor cumplimiento a los fines señalados en la ley 36/1995, por la que se creó el fondo.
La enmienda número 3, al artículo 1º, es una enmienda de modificación y proponemos que el texto quede redactado de la siguiente manera: El importe del crédito no utilizado al fin de cada ejercicio en la aplicación presupuestaria correspondiente al fondo a que se refiere el artículo 2 y la disposición primera de la ley 36/1995, de 11 de diciembre, se incorporará al presupuesto de gastos del ejercicio inmediato siguiente, por acuerdo del ministro de Economía y Hacienda.
Quiero señalar a SS. SS. que ya el artículo 17 del Real Decreto 864/1997, de 6 de junio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley del Fondo establece que los recursos existentes en el fondo al final del ejercicio que no hayan sido aplicados se sumarán al presupuesto del ejercicio siguiente, por lo que entendemos que, persiguiendo nuestra enmienda el mismo objetivo que el artículo original, lo mejora técnicamente y le da mayor claridad expositiva.
Nuestra segunda enmienda es la número 4, al artículo 2, y es una enmienda de supresión. ¿Por qué nuestra enmienda de supresión? Porque entendemos que el texto original de la proposición de ley está orientado a modificar la legislación presupuestaria vigente, concretamente el artículo 70 de la Ley General Presupuestaria, modificación que en este momento no nos parece oportuna. Como todos ustedes saben, existe compromiso por parte del Gobierno de modificar dicha ley, por lo que entonces será el momento idóneo para plantear la modificación.
Por otro lado, desde el año 1997 se vienen incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado diversas previsiones normativas que exceptúan de las limitaciones del artículo 70 de la Ley General Presupuestaria al concepto presupuestario declarado ampliable para cumplir con lo establecido en la Ley del Fondo, cosa que también se ha tenido en cuenta y así se ha formulado en el proyecto de presupuestos para 1998. Quiero también decir que en el reglamento que desarrolla la Ley del Fondo, aprobado el pasado 6 de junio, se ha adoptado el criterio de que las normas aplicables a los recursos procedentes del fondo sean las contempladas en la ley de presupuestos de cada ejercicio.
En definitiva, mi grupo entiende que el régimen presupuestario previsto para el fondo permite satisfacer las finalidades que señala el artículo 2 de la Ley 36/1995, adoptando en la ley de presupuestos de cada ejercicio las disposiciones específicas que se consideren necesarias, tal y como prevé el reglamento.
La enmienda número 5, a la disposición transitoria, es una enmienda de modificación. Proponemos que el texto quede redactado así: Los remanentes del crédito 13.313G.06.227.11, para programas de prevención y concienciación social de los Presupuestos Generales del Estado para 1996, por importe de 195.942.129 pesetas, se incorporarán al presupuesto del ejercicio en el que entre en vigor esta ley, mediante acuerdo del ministro de Economía y Hacienda. La justificación a nuestra enmienda es obvia, ya que en el texto original se dice que los remanentes se incorporarán al crédito anteriormente citado de los presupuestos del año 1997. Entendemos que, dado lo avanzado de año, esos remanentes deberán incorporarse al presupuesto del ejercicio en el cual entre el vigor esta ley, con lo cual nos curamos en salud. Esto en cuanto a nuestras enmiendas.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, quiero manifestar

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que ninguna de ellas afecta al contenido de la proposición de ley, sino al marco legislativo en que deben recogerse las medidas que contiene la misma, y vamos a votarlas favorablemente al estimar que la propuesta que contiene redunda no sólo en una mayor claridad, sino también en una mejor sistematización normativa. No obstante su contenido será el que deriva de nuestra enmienda número 4, que al ser una enmienda de supresión del artículo 2 conlleva que no podamos aceptar la enmienda propuesta por Izquierda Unida a ese artículo. En cuanto al resto de las enmiendas, las vamos a votar favorablemente.
Celebraría mucho en nombre de mi grupo que las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida como las de mi grupo parlamentario, fueran aprobadas por la totalidad de los miembros de la Cámara, porque ello equivaldría a demostrar a la sociedad que en materia de drogas todos los representantes del pueblo español, repito, todos los representantes del pueblo español, sin excepción, lejos de las búsqueda de protagonismo, trabajamos juntos, codo a codo, para conseguir los mayores éxitos en la difícil lucha contra la droga.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Cava de Llano.
Turno en contra. (Pausa.) Grupos que desean fijar posición en el debate. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, para manifestar la posición de nuestro grupo en esta proposición de ley sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Fue muy importante que a finales de 1995 se promulgara la Ley 36, de 11 de diciembre, de creación de un fondo procedente de los bienes decomisados. El Gobierno actual, con fecha 25 de octubre de 1996, constituyó la Mesa de coordinación de adjudicaciones, y el Consejo de Ministros del 22 de noviembre estableció los criterios de distribución del fondo, distribuyéndose el mismo unos días más tarde. Por una causa o por otra, lo cierto es que no se dispuso de la totalidad de dichos fondos.
En la reunión que tuvimos en la Comisión correspondiente, recordábamos las grandes carencias que existen en todas las facetas relacionadas con el mundo de la droga. Es inconcebible que pueda haber sobrantes, pero nosotros estimamos que de haberlos deben volver a la droga; el dinero de la droga que vuelva a la droga de forma automática a través del trámite ministerial.
Por ello, nosotros vamos a votar favorablemente las enmiendas presentadas por Izquierda Unida y por el Grupo Popular, tal como ha propuesto la portavoz de este último grupo parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente.
Cuando en el pasado mes de septiembre el Pleno de esta Cámara, con un recuento de 309 votos a favor, aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, se puso en evidencia que todos los grupos aquí representados compartíamos, y compartimos, el espíritu de la ley.
El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya han presentado hoy unas enmiendas a esta ley que, afortunadamente, tras unas largas sesiones de trabajo en las que esta portavoz ha participado y hemos llevado a término esta mañana, hemos conseguido llegar a unos acuerdos, de tal manera que, una vez más, estando todos conformes con el espíritu de esta ley, no sean las cuestiones no de fondo sino de forma, casi de implementación de la ley, las que pudieran dar la impresión a la opinión pública de que no hemos sido capaces de conseguir un acuerdo en algo que empezó tan bien.
Una vez más, el trabajo hoy ha sido positivo. Pienso que es bueno que yo lo diga ya que mi grupo parlamentario no ha presentado enmiendas y, por tanto, he podido actuar, si se me permite la expresión, como de árbitro del trabajo que han hecho tanto el portavoz del Grupo Socialista, el ponente de la ley señor Martinón, como la diputada del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Inés Sabanés, e igualmente la portavoz del Grupo Popular, doña María Luisa Cava de Llano.
Ha habido una gran voluntad por parte de estos tres ponentes para llegar a acuerdos y mi grupo parlamentario, evidentemente, ha manifestado la voluntad de que por nuestra parte hubiese este consenso y apuntarnos a este deseo de llegar a un texto que fuese uniforme para todos.
La portavoz del Grupo Popular ha citado ya las enmiendas que piensa aceptar. Espero que, según hemos acordado, el señor Martinón y la señora Inés Sabanés también den su conformidad, a fin de que esta ley salga de aquí con la aprobación y la conformidad, una vez más, de toda la Cámara.
Es bueno, es positivo --y ojalá seamos capaces de mantener este clima durante toda esta legislatura--,

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que en estos temas que tienen tanto calado social y tanta sensibilidad, como son todos los asuntos que afectan a la problemática de la droga y los recursos que desde el Parlamento estamos dispuestos a aplicar para luchar contra ella, seamos capaces de llegar a acuerdos por pleno consenso.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
La Ley del Fondo, ley 36/1995 de que estamos hablando, tiene sin duda un alto valor simbólico; lo han dicho otros portavoces. Se trata de que quede claro ante la opinión pública que los beneficios del tráfico ilícito de drogas finalmente se destinan a combatir el narcotráfico, a la prevención de las drogodependencias y a la asistencia a los drogodependientes.
Esta ley que hoy estamos discutiendo no tiene ese alto valor simbólico, sin ninguna duda; sin embargo, mi grupo entiende que el resultado de la votación que pueda producirse sí tiene ese alto valor simbólico, como lo tuvo en nuestra opinión la unanimidad que se alcanzó en la toma en consideración de esta proposición de ley.
Esta es la principal razón que lleva a mi grupo a aceptar las cinco enmiendas que han sido presentadas, dos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y tres del Grupo Parlamentario Popular. Nuestra identificación, nuestra conformidad es mayor con unas que con otras, pero creemos que no se altera el objetivo principal de la proposición de ley, consistente en que se garantizasen los fines de la ley del Fondo, los fines de la ley 36/1995, que no hubiera dificultades en la gestión presupuestaria para el logro de aquellos fines de la ley, y con las enmiendas que se incorporan, no se altera aquella finalidad fue lo que hizo posible la toma en consideración de forma unánime por esta Cámara.
Estas son las razones, señor presidente, que nos llevan a dar nuestra conformidad a las cinco enmiendas que han sido presentadas. Y al igual que lo ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, a la que le agradezco muchísimo sus palabras, yo también quiero pensar --y mi grupo va a contribuir a ello todo lo posible-- que esta nueva etapa que iniciamos o que recuperamos --quizás sea más preciso decirlo así-- de amplio consenso, de amplio acuerdo y de permanente diálogo entre las fuerzas políticas sobre la política que ha de seguirse para abordar los problemas originados por el fenómeno de las drogas se va a mantener. Es imprescindible que haya un diálogo permanente, fluido y constante, y es imprescindible que todos renunciemos a posiciones particulares para alcanzar ese consenso. Hoy mi grupo da una muestra de ello; se deja en el camino un artículo de una proposición de ley que, siendo cierto que no lo consideramos esencial, sí pensamos que con su inclusión se hubiera mejorado el texto. Otros grupos parlamentarios no lo consideran así, y esa es nuestra aportación --que algo nos debe de costar-- para lograr el acuerdo general y el consenso.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Martinón.
Vamos a proceder a las votaciones sobre esta proposición de ley. (La señora Sabanés Nadal pide la palabra.) ¿Señora Sabanés?

La señora SABANES NADAL: Señor presidente, pido la palabra para anunciar que nuestro grupo retira la enmienda 2 al artículo número 2, en función de la aceptación de la enmienda del Grupo Popular por el grupo proponente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Sabanés. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación de las enmiendas presentadas a la proposición de ley sobre medidas presupuestarias aplicables al fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 275; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan aprobadas.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 276.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan aprobadas por unanimidad.
Votación del texto de la proposición de ley con las enmiendas incorporadas al mismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 276.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la proposición de ley por unanimidad.
Se levanta la sesión.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.


CORRECCION DE ERROR: En el Diario número 111, correspondiente a la sesión del día 29 de octubre de 1997, pregunta número 19, del señor Navas Amores al señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, en la página 5641, primera columna, línea tres, figura «votaron afirmativamente 319 diputados esta proposición no de ley», cuando debería decir: «votaron 319 diputados, y los 319 diputados afirmativamente, esta proposición no de ley.»

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