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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 104, de 25/09/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 104

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 100

celebrada el jueves, 25 de septiembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley por el que se aprueba el Programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente. (Procedente del Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril.) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 62-1, de 28 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000060)(Página 5219)

--Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 25-1, de 18 de diciembre de 1996 (número de expediente 121/000023)(Página 5222)

--Proposición de Ley sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de las Especies Naturales de la Flora y Fauna Silvestre.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 42-1, de 21 de junio de 1996 (número de expediente 122/000030)(Página 5225)

Página 5212


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

--Real Decreto-Ley 15/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas Entidades de Derecho Público (número de expediente 130/000028.) («BOE» número 214, de 6 de septiembre de 1997)(Página 5230)

--Real Decreto-Ley 16/1997, de 13 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector (número de expediente 130/000029.) («BOE» número 221, de 15 de septiembre de 1997)(Página 5242)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Canje de Notas del 17 y 24 de enero de 1997, constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos, por lo que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en apoyo a los Programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del Establecimiento en España de una Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid, el 29 de enero de 1964 y Canje de Notas del 10 y 13 de febrero de 1997 subsanando un error material en las primeras. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 100, de 24 de junio de 1997 (número de expediente 110/000108)(Página 5261)

--Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, hecha en Nueva York, el 9 de diciembre de 1994. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 88, de 3 de junio de 1997 (número de expediente 110/000109)(Página 5261)

--Acuerdo de Adhesión del Gobierno de la República de Finlandia al Convenio de Aplicación del acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y del Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 94, de 20 de junio de 1997 (número de expediente 110/000110)(Página 5261)

--Protocolo de Adhesión del Gobierno de la República de Finlandia al Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 95, de 20 de junio de 1997 (número de expediente 110/000111)(Página 5261)

--Acuerdo de Adhesión del Gobierno del Reino de Dinamarca al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y del Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 96, de 20 de junio de 1997 (número de expediente 110/000112)(Página 5261)

--Protocolo de Adhesión del Gobierno del Reino de Dinamarca al Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 97, de 20 de junio de 1997 (número de expediente 110/000113)(Página 5261)

--Acuerdo de Adhesión del Gobierno del Reino de Suecia al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y del Acta Final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 98, de 20 de junio de 1997 (número de expediente 110/000114)(Página 5261)

--Protocolo de Adhesión del Gobierno del Reino de Suecia al Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996). «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 99, de 20 de junio de 1997 (número de expediente 110/000115)(Página 5261)

--Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Reino de España y la República de Estonia, hecho en Tallinn el 28 de febrero de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 101, de 24 de junio de 1997 (número de expediente 110/000116)(Página 5261)

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--Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea y Declaraciones anejas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996, así como Declaraciones que España formula a los artículos 7, 13, 14, y 18 del citado Convenio. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 111, de 22 de julio de 1997 (número de expediente 110/000122)(Página 5263)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie A, número 37-1, de 24 de marzo de 1997 (número de expediente 121/000035)(Página 5263)

--Proyecto de Ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
(Procedente del Real Decreto-Ley 5/1997, de 9 de abril.) «BOCG. Congresos de los Diputados», serie A, número 55-1, de 12 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000057)(Página 5277)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proposición de Ley sobre régimen fiscal y económico especial de las Islas Baleares. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie B, número 9-1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000008)(Página 5285)

Avocación por el Pleno:

--De la Proposición de Ley sobre régimen fiscal y económico especial de las Islas Baleares. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie B, número 9-1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000008)(Página 5293)

--De la Proposición de Ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento CEE 3093/1994 del Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (número de expediente 122/000042)(Página 5293)

Modificación del orden del día:

--Tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-Ley que añade un párrafo 3 al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial(Página 5293)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proposición de Ley sobre inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie B, número 7-1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000006)(Página 5293)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado(Página 5219)

Proyecto de ley por la que se aprueba el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (Página 5219)

En turno a favor de las enmiendas intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Milián Mestre, del Grupo Parlamentario Popular.


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (Página 5222)

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En turno a favor de las enmiendas del Senado intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra interviene la señora Heras Pablo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Proposición de ley sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de las especies naturales de la flora y fauna silvestres (Página 5225)

En turno a favor de las enmiendas intervienen el señor González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor Ros Maorad, del Grupo Parlamentario Socialista.
A petición del señor Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Parlamentario Popular, y en virtud del artículo 72.2 del Reglamento, la señora Secretaria (Del Campo Casasús), procede a la lectura del apartado 7.4 de la Directiva 79/409.
Sometidas a votación en primer lugar las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se aprueba el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, se aprueban por 186 votos a favor, uno en contra y 121 abstenciones.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres en tres bloques.
Sometida a votación en primer lugar la enmienda del Senado por la que se sustituyen en el proyecto, con carácter general, las referencias a la «red de parques nacionales» por la «red estatal de parques nacionales», se rechaza por 128 votos a favor, 168 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar la enmienda del Senado por la que se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 19.3, por estar repetido el 19.5, se rechaza por un voto a favor, 301 en contra y seis abstenciones.
Sometidas a votación en tercer lugar las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley, se aprueban por 170 votos a favor, 136 en contra y dos abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre reforma de la Ley de conservación de los espacios naturales, de la flora y fauna silvestres, se aprueban por 168 votos a favor, 139 en contra y una abstención.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes(Página 5230)

Real Decreto-ley 15/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de Derecho público(Página 5230) Interviene el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps), que se dirige a la Cámara con objeto de informar sobre el Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de Derecho público, solicitando el pronunciamiento favorable a su convalidación.
Antes de entrar en el contenido y las razones que les han llevado a dictar la norma, hace un repaso de la historia del sector público empresarial y de su evolución. Se refiere a la exposición de motivos de la Ley 5/1996, de 10 de enero, donde se partió de la premisa de que la racionalización del sector público era un proceso continuo, cuyo fin último era obtener una mayor eficiencia; objetivo que exige distinguir funcionalmente las actividades sometidas a una regulación comunitaria específica de aquéllas otras que actúan en mercados en régimen de libre competencia. Sin embargo, reconoce que hoy en día dicha diferenciación no puede mantenerse en términos rígidos, puesto que se ha ido produciendo un acercamiento progresivo de ambos regímenes, de tal forma que sólo podría hablarse de régimen especial en términos absolutos respecto de la minería, y ello sólo con carácter general.
Siguiendo con la exposición de motivos de la ley ahora modificada, destaca que la misma establece que uno de los objetivos era la configuración de un sector público menos diversificado, lo que se tradujo en la creación de la Agencia Industrial del Estado y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Explica los objetivos y actividades de la SEPI, sobre la base de gestionar las participaciones

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de las compañías públicas que se le encomiendan y asumir la responsabilidad de la deuda histórica generada por el antiguo Instituto Nacional de Industria.
Asegura que el proceso de modernización que se empezó en la primavera de 1996 es un paso fundamental para reducir desequilibrios presupuestarios con el horizonte último de cumplir los criterios de política económica marcados por la Unión Europea. Añade que para ello es necesario poner en práctica tres objetivos básicos: primero, una tendencia al proceso de privatización; segundo, la reestructuración del sector público empresarial; y tercero, la amortización de la deuda histórica del INI, que se traspasó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. A continuación, pasa a exponer la evolución reciente del sector público empresarial en términos jurídico-políticos, así como la realidad económica que los justifica. Manifiesta que han considerado absolutamente necesario proceder a la aprobación de un mecanismo para racionalizar lo que era el ámbito de la Agencia Industrial del Estado, atender los compromisos laborales, presentes y futuros, acotar legalmente las futuras aportaciones, mejorar las cuentas de resultados y reducir el endeudamiento. Por ello, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, ha absorbido las empresas de la Agencia Industrial del Estado, mediante la transmisión de todos los derechos y obligaciones de la misma, integrando todo su personal, gestionando dichas participaciones y adecuando sus excedentes y necesidades financieras sin recibir ninguna aportación de los Presupuestos Generales del Estado.
Justifica la utilización de la fórmula del real decreto-ley porque la importancia del grupo empresarial que acaba de nacer exigía una rápida tramitación que evitara las incertidumbres en los mercados financieros, así como la de aquellos operadores económicos privados que mantienen relaciones comerciales con las empresas del grupo. También era urgente la reorganización del sector público empresarial, máxime si se pone en relación con los compromisos comunitarios asumidos sobre saneamiento del sector público y reducción de deuda y déficit público, existiendo plazos perentorios.
A continuación, explica detalladamente el contenido del Real Decreto-ley, que consta de dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
Termina su intervención solicitando de la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley presentado.
En turno en contra, intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Hernández Moltó, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno a favor, intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Peón Torres, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Real Decreto-ley 16/1997, de 13 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector(Página 5242)

Interviene, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado Montalvo), que considera conveniente, antes de entrar en el contenido de la modificación que se propone en el tema de la llamada televisión digital, hacer una pequeña síntesis de lo que se podría denominar el estado de la cuestión, porque considera que ha existido un excesivo grado de politización y, frecuentemente, una tergiversación de las informaciones.
A continuación explica la postura de la Comisión Europea, que sintetiza en tres rasgos: primero, los fines de la ley son correctos; segundo, no es correcto jerarquizar los modelos técnicos y favorecer uno, aunque el modelo que se favorezca sea, a su vez, el más favorable para la libre competencia y para los consumidores; y tercero, se pueden y se deben tener en cuenta las circunstancias del mercado nacional, pero la ley, directamente, no debe imponer una solución técnica, sino dejar actuar a los órganos de defensa de la competencia y dotarlos de las atribuciones adecuadas para poder actuar y garantizar el cumplimiento de los fines que persiguen la directiva y la ley española. Añade que el texto que se somete hoy a convalidación recoge literalmente la finalidad de la directiva, puesto que dice: «Se trata de poner los servicios avanzados de televisión de pago a disposición del mayor número posible de teleespectadores, garantizando que todos

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los proveedores de servicios de televisión de pago puedan ofrecer sus programas a todos los consumidores de televisión de pago de la Comunidad.» De otra parte, el texto de la exposición de motivos y el texto articulado establecen nítidamente que los descodificadores deben ser abiertos y compatibles. Asimismo, se fortalecen y amplían las atribuciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para garantizar la libre competencia y los fines de la directiva y de la ley; se mejora notablemente la protección de los usuarios y se suprimen las especificaciones técnicas y los plazos que estaban vinculados a la implantación de esas modalidades técnicas de los distintos tipos de descodificadores.
Destaca, entre los puntos que constituyen la reforma, las atribuciones que se dan a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: primero, aprobar los modelos de contratos que los distribuidores y operadores celebren con los usuarios, donde debe constar si el descodificador es abierto o cerrado, e informar sobre cuantas plataformas digitales se puedan ver a través del descodificador que adquiere; segundo, deberá aprobar previamente los contratos que celebren entre sí los distintos operadores sobre el uso compartido de descodificadores que no sean abiertos pero que puedan serlo mediante ese acuerdo; y tercero, a instancias de cualquier operador, la Comisión puede establecer las condiciones jurídicas, técnicas y económicas que garanticen el carácter abierto y compatible de los descodificadores, y puede exigir a los distribuidores y suministradores que informen a los usuarios sobre las características de los descodificadores.
Manifiesta que esta es la solución a la que se ha llegado después de una serie de conversaciones entre los servicios técnicos de la Comisión Europea y los servicios técnicos del Gobierno, en particular, del Ministerio de Fomento. Considera que, dejando a un lado las valoraciones políticas que quieran hacerse, la obligación del Gobierno y del Parlamento es resolver un problema que tiene cuatro dimensiones: jurídica, comercial, técnica y social. Añade que con el Real Decreto-ley se superan los defectos que la ley tenía y se ponen los medios para garantizar definitivamente la resolución del problema. Expone que la solución dada es plenamente conforme no ya con el Derecho comunitario, sino con la jurisprudencia del Tribunal Europeo, y que la convalidación del Real Decreto-ley que hoy se somete a la Cámara permitirá corregir unos defectos que afectan a la jerarquización de unas modalidades técnicas, gararantizar la libre competencia y resolver, en definitiva, un problema que no es pacífico en ninguno de los Estados miembros de la Unión y, desde luego, en un país como España, en el que se parte de una situación de monopolio.
En turno en contra, interviene el señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.
Le contesta el señor ministro de Fomento. Replica el señor Pérez Rubalcaba, duplicando el señor Ministro de Fomento.
En un segundo turno intervienen el señor Pérez Rubalcaba y el señor Ministro de Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, en primer lugar, la convalidación del Real Decreto-ley 15/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de Derecho público, se aprueba por 178 votos a favor, 135 en contra y una abstención.
Sometida a votación su tramitación ulterior como proyecto de ley, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 143 votos a favor y 172 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley16/1997, de 13 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector, se aprueba por 188 votos a favor, 124 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación su tramitación ulterior como proyecto de ley, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 128 votos a favor, 161 en contra y 26 abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales(Página 5261)

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Canje de notas del 17 y 24 de enero de 1997, constitutivo de Acuerdo entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre cooperación cientítica y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, y Canje de notas del 10 y 13 de febrero de 1997 subsanando un error material en las primeras (Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York el 9 de diciembre de 1994 (Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Acuerdo de adhesión del Gobierno de la República de Finlandia al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, y del Acta final aneja, (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996)(Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por 299 votos a favor y 13 abstenciones.


Protocolo de adhesión del Gobierno de la República de Finlandia al Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996)(Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por 299 votos a favor y 13 abstenciones.


Acuerdo de adhesión del Gobierno del Reino de Dinamarca al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y del Acta final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996)(Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por 301 votos a favor y 12 abstenciones.


Protocolo de adhesión del Gobierno del Reino de Dinamarca al Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996)(Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por 301 votos a favor y 12 abstenciones.


Acuerdo de adhesión del Gobierno del Reino de Suecia al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y del Acta final aneja (firmados en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996)(Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por 297 votos a favor y 12 abstenciones.


Protocolo de adhesión del Gobierno del Reino de Suecia al Acuerdo relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985 (firmado en Luxemburgo el 19 de diciembre de 1996)(Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por 298 votos a favor y 14 abstenciones.


Acuerdo sobre transporte internacional por carretera entre el Reino de España y la República de Estonia, hecho en Tallinn el 28 de febrero de 1997(Página 5261)

Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea

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y declaraciones anejas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996, así como declaraciones que España formula a los artículos 7, 13, 14 y 18 del citado Convenio(Página 5262) Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas(Página 5262)

Proyecto de ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante(Página 5263)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen el señor Chiquillo Barber y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno en contra de las enmiendas defendidas al proyecto de ley, interviene el señor Sedó i Marsal.
Intervienen de nuevo los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista, y las señoras Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular, y Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se suspende la sesión a las tres de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Proyecto de ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
(Procedente del Real Decreto-ley 5/1997, de 9 de abril.)(Página 5277)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley, intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular.
Intervienen de nuevo los señores Martínez Sanjuán y Martínez-Pujalte López.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que son rechazadas.
Se procede a las votaciones del dictamen que es aprobado Asimismo se procede a las votaciones de las diferentes enmiendas presentadas al proyecto de ley que modifica parcialmente la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que son rechazadas.
A continuación se procede a las votaciones del dictamen, que es aprobado.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas(Página 5285)

Proposición de ley sobre régimen fiscal y económico de las Islas Baleares(Página 5285)

En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene la señora Urán González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Costa Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 11 votos a favor, 159 en contra y 106 abstenciones.


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Avocación por el Pleno(Página 5293)

De la proposición de ley sobre régimen fiscal y económico especial de las Islas Baleares(Página 5293)

El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, propone la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final de la proposición de ley sobre régimen fiscal y económico especial de las Islas Baleares, lo que se aprueba por asentimiento.


De la proposición de ley por la que se establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento CEE 3093/1994 del Consejo, del 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono(Página 5293)

El señor Presidente informa, asimismo, que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley que establece el régimen sancionador previsto en el Reglamento CEE 3093/1994 del Consejo, de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, lo que se aprueba por asentimiento.


Modificación del orden del día(Página 5293)

El señor Presidente propone a la Cámara la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley que añade un párrafo 3 al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, lo que se aprueba por asentimiento.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas(Página 5293)

Proposición de ley sobre inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras(Página 5293)

En defensa de las enmiendas presentas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Santiso del Valle.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Noval, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley sobre inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras, se aprueba por 155 votos a favor, uno en contra y 102 abstenciones.
Se levanta la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PREVER PARA LA MODERNIZACION DEL PARQUE DE VEHICULOS AUTOMOVILES, EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA DEFENSA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 121/000060)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado a diversos proyecto y una proposición de ley. En primer lugar, al proyecto de ley por la que se aprueba el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente; proyecto que procede del Real Decreto-ley 6/1997, de 9 de abril.
¿Grupos que desean consumir un turno a favor de las enmiendas del Senado? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente --y utilizo el turno a favor-- de las enmiendas que nos llegan del Senado a este proyecto de ley que aprueba el programa Prever para la modernización del parque de automóviles. No tengo nada que decir sobre la enmienda al punto 1 del artículo 3 porque se ha hecho la distinción, a nuestro juicio acertadamente, junto a las bonificaciones que se otorgan a los compradores, de que, en su caso, no habiendo compradores, sean arrendatarios financieros en el aspecto industrial.
Es de destacar, a juicio de este grupo, la enmienda al punto 4 del artículo 3º. Ya habíamos tenido ocasión

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en el debate en Pleno de pedir --así se hizo y se autorizó con el voto mayoritario de la Cámara-- la introducción que hace referencia al régimen específico fiscal de Canarias a través del Impuesto General Indirecto que rige en el Archipiélago, en razón de que el Parlamento de Canarias se había pronunciado unánimemente por hacer esta distinción y pedir su inclusión. La Cámara aceptó la enmienda que había presentado mi grupo --concordante con otra del Grupo Parlamentario Socialista--, mereció el apoyo, como digo, de todos los grupos de la Cámara, se introdujo esta corrección que ha respetado el Senado, y únicamente ha añadido un último párrafo que hace referencia al arrendamiento financiero, tanto al importe de la bonificación que se deberá integrar en la base imponible del IVA en el territorio peninsular y balear como en el territorio fiscal canario el Impuesto General Indirecto que rige en nuestra comunidad.
Por estas razones, señor presidente, respetándose el espíritu del Parlamento autónomo de Canarias al respecto y las enmiendas presentadas en el trámite del Congreso de los Diputados, vamos a votar favorablemente las enmiendas del Senado.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El grupo Catalán de Convergència i Unió va a votar favorablemente las dos enmiendas procedentes del Senado. La primera de ellas en el sentido de extender las bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta o en el Impuesto sobre las Sociedades para todos aquellos vehículos industriales de menos de seis toneladas, desde la perspectiva de incorporarlos a las bonificaciones procedentes de los arrendamientos financieros o de los productos leasing. También vamos a votar favorablemente la enmienda relacionada con todas las cuestiones referentes al Gobierno canario sobre bonificaciones fiscales y los incrementos de las bases imponibles.
Por todas estas consideraciones, la votación de nuestro grupo parlamentario va a ser afirmativa a las dos enmiendas procedentes del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, a pesar de mantener sus reservas sobre la totalidad de la ley, en la que nos abstendremos, vamos a apoyar las dos enmiendas: la primera, en lo que se refiere fundamentalmente al leasing para vehículos industriales, porque entendemos que si algún sentido tiene impulsar la renovación del parque de vehículos es en los citados vehículos industriales; también la siguiente, porque creemos que mejora la redacción anterior.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor presidente.
Este es un tema recurrente por tercera vez en esta Cámara, y nosotros vamos a mantener la misma postura y la misma filosofía razonada que tuvimos en las actuaciones anteriores. Decíamos en nuestra intervención del mes de junio, al aprobar las enmiendas al texto definitivo que se trasladó después al Senado para su lectura y que ahora nos viene enmendando, que íbamos a debatir un proyecto de ley cuyos efectos ya eran evidentes en el momento de su publicación como decreto-ley el 11 de abril del presente año, pero que a partir del 8 de mayo teníamos los primeros datos y los primeros resultados positivos de sus efectos. En este sentido, lo que estamos verificando en el momento de la definitiva lectura y, por supuesto, de la aprobación de todas las enmiendas que han llegado hasta nosotros son los efectos, como ayer bien manifestó el señor ministro, los espléndidos efectos en este proyecto de ley.
Por nuestra parte aceptamos todas las enmiendas, que ya en su día fueron ratificadas en el Senado (subrayamos especialmente alguna de ellas, por ejemplo, la que propusimos conjuntamente con CiU y a la que se acaba de referir en este momento nuestro compañero, que afecta al sistema leasing, que es, en definitiva, la entrada a un modo financiero de adquirir el uso de unos bienes móviles que son tan propiedad a la larga como puede serlo el propio titular) y que mejoran y facilitan precisamente los efectos de este plan, que es lo que en última instancia busca la ley.
Por tanto, la primera enmienda del Senado al artículo 3, apartado 1, la que introduce la modificación cuyo efecto es extender la bonificación que se contempla en él a los vehículos industriales en régimen de arrendamiento financiero, teniendo en cuenta la importancia que tal modalidad de contrato tiene en el sector y su incidencia en la renovación y modernización de esta clase de vehículos, que por nuestra parte fue compartida en su día con CIU, vamos a ratificarla plenamente porque entendemos que cambia sustantivamente un dato que promueve alcanzar uno de los objetivos que marca el proyecto de ley. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Milián. Un segundo, por favor.
Señorías, comprendo que el orden del día de esta mañana está tan apretado de iniciativas que los grupos parlamentarios tengan que intercambiar criterios sobre sus tomas de posición respecto de capítulos como el que estamos desarrollando de enmiendas del Senado. En consecuencia y para facilitarles esa labor de mediación o negociación, les anuncio que las votaciones correspondientes a este capítulo, el de enmiendas del Senado, que comprende este proyecto de ley, el de espacios naturales y de flora y fauna silvestre y el mismo pero en proposición de ley sobre espacios naturales de flora y fauna silvestres, se producirán al final del debate de los tres bloques de enmiendas del Senado. En consecuencia, ruego a SS.
SS., portavoces y miembros del Pleno que tienen que negociar estos u otros asuntos, lo hagan fuera del hemiciclo y guarden silencio quienes permanezcan en el mismo hasta la hora de las votaciones.
Continúe, señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Decía que la ampliación del conjunto de sujetos con derecho a deducción, en el caso de vehículos industriales, sustituyendo al importador por el primer receptor en España y añadiendo a quien mantenga relaciones contractuales de distribución con el concesionario vendedor final --enmienda del PP que está introducida--, la equiparación de la deducción de las retenciones de ingresos a cuenta a efectos de deducción y devolución --el PP lo incluyó también en su día-- y la especificación además de la introducción de la bonificación a efectos del IGIC --enmienda que fue compartida por Coalición Canaria y el PSOE-- han sido objeto de enmiendas en el Senado, tambiénextensión de la bonificación en este caso a los vehículos industriales en régimen, como he dicho, de leasing --propuesta de PP y de CIU-- y aprobadas en el Pleno pasado del día 17 para establecer, en definitiva, el texto que ahora vamos a aprobar.
La enmienda de CIU, para que puedan ser sujetos pasivos a su vez beneficiarios de la deducción los miembros de la unidad familiar, entendemos que ha sido rechazada en el Pleno del Senado con la abstención del PSOE. Por nuestra parte, entendiendo y aceptando las razones que pueda aplicar a ello CIU a favor de la enmienda, que el objetivo de la ley no es tanto el conceder un beneficio a quien posea la titularidad del vehículo sino la modernización del parque, el argumento en contra por parte del Grupo Popular fue, sin perjuicio de que el término de familia pueda resultar excesivamente amplio y en ocasiones impreciso, lo que desaconseja de por sí la propuesta, el hecho de que en el horizonte están todavía leyes por definir como es el caso de las leyes de parejas de hecho, con todas las secuelas que suponen en el caso de herencias, etcétera. Sin embargo, queremos subrayar que el senador del Grupo Popular, señor Bueno Fernández, suavizó este rechazo aduciendo --y cito textualmente-- que somos sensibles a esta cuestión y más adelante y en su desarrollo intentaríamos que quedase abierta tal posibilidad, aun cuando en este momento rechacemos la enmienda.
Estas son, por tanto, en resumen, nuestras posiciones respecto a las enmiendas al artículo 3.1, al artículo 3.4, y otras de pequeño matiz casi sintáctico o de precisión. Sin embargo, respecto a la enmienda de Coalición Canaria quisiera subrayar que en el pasado debate del mes de junio tuvimos algunas diferencias simplemente textuales, ni contextuales ni de fundamento, y que en este caso han sido subsanadas en el Senado al aceptar, como ha dicho el colega señor Mardones, toda la textualidad de la propuesta canaria que venía dada ya por el Parlamento canario y, al mismo tiempo, corregir alguna precisión por nuestra parte fuera de ese contexto.
Dicho lo cual, y a la vista de lo que ayer defendió brillantemente el señor ministro de Industria como resultados insospechados en la aplicación de esta ley, sería interesante poder subrayar, aunque no sea este el momento, que hoy abrimos la puerta a unas posibilidades extraordinarias de mercado que van a rebasar probablemente los contingentes dados por óptimos por las propias asociaciones de vehículos, como Anfac, que establecen una cuota de un millón cien mil vehículos año en ventas, y que esta ley, tal como se está aplicando --según los datos aportados ayer por el ministro de Industria, señor Piqué-- está bordeando mucho más de la mitad de esa cifra a mediados del año --es decir, cifras de agosto-- y está permitiendo una perspectiva sorprendente que incluso rebasa las de otros mercados europeos competidores en la fabricación de automóviles y cuyos resultados, teniendo o no este programa, no llegan a nuestro alcance. Por ejemplo, el caso de Alemania, donde el crecimiento en agosto de 1997 ha sido negativo en las matriculaciones, de menos 0,7 por ciento, o el caso de Francia, que ha pasado de un crecimiento positivo del 10,4 en 1996 a uno negativo, en 1997, de menos 22,1 por ciento. Es decir, casos paradigmáticos que sólo España e Italia rebasan de forma positiva; Italia, de forma espectacular, al pasar del 0,3 por ciento en 1996 al 35 por ciento en 1997, resultados conseguidos como consecuencia de la aplicación de una ley parecida a la nuestra que demuestra la dinamización del mercado y las enormes posibilidades que contiene un proyecto de ley que tiene tres objetivos, como ya hemos especificado en las anteriores intervenciones.
En consecuencia, vamos a apoyar estas enmiendas. Entendemos que es un proyecto de ley cuyos resultados están a la vista y que al ser definitivo y permanente, y no coyuntural o transitorio, va a dar un fruto en los próximos años.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Milián.


-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES. (Número de expediente 121/000023)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley del programa Prever, pasamos a las enmiendas, también del Senado, del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Grupos que desean consumir un turno a favor de las enmiendas del Senado.
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero .


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señorías, nos encontramos en el último tramo de la tramitación de este proyecto de ley de modificación de la Ley 4/1989, que va a establecer un nuevo marco jurídico de los parques nacionales de España.
Coalición Canaria ya manifestó ante la Comisión de Medio Ambiente y posteriormente ante el Pleno de esta Cámara su satisfacción por los acuerdos que habíamos alcanzado con el Gobierno del Partido Popular en la redacción de un texto que es sustancialmente distinto en su filosofía y su contenido al proyecto remitido en primera instancia por el Gobierno.
Señalábamos entonces que la sentencia 102, de 1995, del Tribunal Constitucional, obligaba a romper la filosofía de dominio estatal que se había impregnado en la planificación y gestión de los parques nacionales y conseguimos alcanzar acuerdos que garantizan las competencias de las comunidades autónomas, respetando el concepto de red de parques nacionales, comunidad ambiental que contiene los sistemas naturales más representativos del territorio español.
Tras las enmiendas del Senado y salvo un caso, al que me referiré enseguida, valoramos muy positivamente el texto que, como es de esperar, hoy aprobaremos y deseamos que a la mayor brevedad comience a funcionar el nuevo sistema de gestión de los parques nacionales. En Canarias, con cuatro de los nueve parques nacionales que integran actualmente la red, tenemos la experiencia de que el Estado ha gestionado los parques como si se tratara de cotos de su propiedad. Queremos que cuanto antes desaparezca esta situación.
En cuanto a consecuencias concretas, queremos destacar que sean las comunidades autónomas las que aprueben los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales, correspondiendo al Estado la aprobación del plan director de la red de parques como instrumento directriz. La declaración de nuevos parques va a requerir la concurrencia de la voluntad auténtica de sus respectivos parlamentos con la estatal por la ley de Cortes Generales. Los puestos de trabajo en los parques nacionales serán provistos indistintamente por funcionarios autonómicos o estatales. La regulación dada a la comisión mixta de gestión respeta las competencias de las comunidades autónomas y la previsión de que en determinados supuestos pueda llegarse a una gestión consorcial representan, asimismo, una apuesta por el papel de la comunidad autónoma.
Finalmente, creemos que el sistema de designación del presidente del patronato y del director es coherente con el principio de cogestión que define la nueva regulación.
Junto a esta valoración queremos manifestar lo que entendemos es un elemento de ruptura por parte del Senado de los acuerdos que alcanzamos en el Congreso. El mensaje motivado del Senado comienza diciéndonos que con carácter general se sustituyen todas las referencias efectuadas en el proyecto a la red de parques nacionales por la de red estatal de parques nacionales, y ello lo justifican en que se unifican todas las denominaciones existentes. No sabemos qué quieren decir con eso; si se refieren al parque nacional de Aigües Tortes, el proyecto lo incorpora a la red española. Nuestra enmienda número 46 al proyecto de ley justificaba que el calificativo estatal añadía un vínculo orgánico funcional de los parques con el Estado que no es correcto, y no es correcto porque el vínculo orgánico funcional de la administración de los parques lo es no sólo con el Estado sino también con las comunidades autónomas. Proponíamos que se sustituyera el calificativo estatal poniendo red de parques nacionales. El Grupo Popular también presentó una enmienda en este mismo sentido y finalmente llegamos a un acuerdo. No podemos, por tanto, admitir la enmienda del Senado que incluye el calificativo estatal porque traduce una atracción hacia la Administración del Estado y porque, como hemos explicado, rompe con los acuerdos a que habíamos llegado en esta Cámara. Esperamos que todos los grupos así lo valoren, especialmente el Grupo Popular, por ser el actor principal de los acuerdos que alcanzamos en el Congreso. Las demás enmiendas nos parece que mejoran técnicamente el proyecto y, por tanto, las vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la aprobación por esta Cámara del actual proyecto de ley, enriquecido en ese

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caso por las aportaciones del Senado, no supondrá una mera modificación del anterior sino la proyección de un nuevo concepto que hasta el día de hoy se nos había negado, y es la capacidad de participar de forma clara de las comunidades autónomas, en representación del territorio afectado, en temas tan importantes como la creación, la ordenación y la gestión de los parques nacionales.
Partíamos de una mala ley, una ley redactada desde una visión monopolística de la capacidad de gestión que el Estado se autoatribuía en contra de la Constitución y de los estatutos de autonomía; una ley redactada de espaldas a la realidad autonómica del Estado español donde la idea de zonas protegidas estaba absolutamente aislada y desligada de la realidad sociocultural del territorio donde estaban enclavados los parques nacionales; una ley opaca, ya que al no existir a priori criterios objetivos para la distribución de los recursos cabía perfectamente la arbitrariedad; una ley que no llevaba implícitos conceptos fundamentales en un país moderno como puede ser la integración de esos espacios a la economía de la zona afectada, pasando de ser una carga a un elemento dinamizador del territorio; una ley que en el momento de su tramitación todos los grupos parlamentarios presentaron enmiendas a la totalidad y que el grupo mayoritario, en aquel momento socialista, aprobó prácticamente en solitario. El resultado no puede ser más claro: 14 recursos de inconstitucionalidad, siete a la ley y el resto a los tres reales decretos que la desarrollan. Es, sin duda, un récord de cómo no deben hacerse las cosas.
Por tanto, con la aprobación de este proyecto de ley logramos hasta entender la adaptación de la ley a la realidad constitucional, modelándola de tal forma que en una sola ley puedan convivir las diferentes tipologías de parques nacionales, el reconocimiento de las competencias y la ordenación del territorio de los parlamentos autonómicos en temas tan importantes como es la creación de un parque nacional, la presencia de las comunidades autónomas en los órganos de ordenación y gestión de los parques nacionales, la presencia del propio territorio en los órganos de decisión de los parques a través de los patronatos con capacidad real de gestión, el establecimiento de un nuevo concepto de zonas protegidas ligadas a la realidad de cada territorio, a través de la promoción del desarrollo sostenible, lo que sin duda es un paso adelante muy importante en la solución de las reivindicaciones de las zonas afectadas por los parques nacionales, y la transparencia y la objetividad en la distribución de las aportaciones del Estado.
También hay que recordar que con la aprobación hay un reconocimiento a uno de los parques nacionales del Estado español, que cuenta con 42 años de existencia y que, en cumplimiento de la normativa existente, se traspasó a la Generalitat de Catalunya y el Gobierno socialista, en un alarde de prepotencia, lo expulsó de la red de parques nacionales, no porque no tuviera interés medioambiental, sino porque la titularidad del mismo no era del Estado; craso error. Una actitud mezquina que denota que en el momento de redacción de la ley que hoy vamos a modificar, los criterios medioambientales no eran los que más peso tenían.
Afortunadamente, con la aprobación del actual redactado, se abre un horizonte de ilusión y de transparencia que, sin duda, redundará en una mejor gestión del patrimonio colectivo, de lo que todos nos sentimos satisfechos. Por este motivo, nosotros vamos a votar favorablemente las enmiendas que ha remitido el Senado.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente las enmiendas procedentes del Senado a la modificación de la Ley 4/1989, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, con la excepción de las enmiendas que se refieren a la denominación red estatal de parques nacionales ya que, igual que ha indicado el Grupo de Coalición Canaria, el Grupo Popular considera más adecuada la denominación que salió del Congreso: red de parques nacionales. Con excepción de estas enmiendas, que abarcan distintos puntos de la ley, nuestro voto será favorable.
De todas formas, querría resaltar que en una de las enmiendas procedentes del Senado, concretamente la enmienda al apartado 3 del artículo 19, se introduce un texto que es exactamente igual a otro que aparece en el mismo artículo de la ley, apartado 5, por lo que, caso de ser aprobada en su integridad la enmienda introducida, la ley diría dos veces lo mismo.
Por ello, nosotros pediríamos votación separada en dos partes de la enmienda al artículo 19, punto 3, para así eliminar el error técnico que se ha producido.
El proyecto de ley que vamos a aprobar dentro de breves momentos modifica, por consiguiente, señorías, la Ley 4/1989 en dos aspectos que creemos importantes. Por un lado, adapta la sentencia del Tribunal Constitucional y, por otro lado, establece un nuevo modelo de gestión para los parques nacionales. En este nuevo modelo de gestión, y muy brevemente, quisiera resaltar solamente dos características: por una parte, el modelo de gestión que se va a aprobar en breves momentos es un modelo fruto del consenso con las comunidades autónomas. Se ha pasado de un modelo que respondía al

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dirigismo centralista, a la imposición, a otro en el que se contempla la realidad plural en las decisiones y la gestión del Estado de las autonomías nacido de la Constitución de 1978.
Por otra parte, se pasa de un modelo en el que se penalizaba a la población del entorno del espacio protegido a otro que contempla la promoción y el desarrollo socioeconómico sostenible en la áreas de influencia de los parques nacionales, potenciando las actividades tradicionales, potenciando aquellas actividades compatibles con la conservación del medio ambiente y creando empleo, a través de ayudas técnicas, económicas y financieras, en las áreas de influencia de los parques nacionales. Creo, señorías, que estos dos aspectos que he resaltado redundarán con toda seguridad en beneficio de los parques nacionales y, por consiguiente, en mejorar la calidad de vida de todo los españoles.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
¿Grupos que deseen consumir un turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Heras.


La señora HERAS PABLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero iniciar esta intervención anunciando el voto negativo del Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas del proyecto de ley que en estos momentos nos ocupa, y digo esto porque el proyecto de ley que viene del Senado sigue abundando en los mismos defectos que se denunciaron en su paso por esta Cámara.
Es obligado repetir, señorías, que la red estatal de parques nacionales, fue concebida de modo que los parques integrantes tuvieran el mismo régimen jurídico en virtud de su declaración como bienes de interés general del Estado y cuya finalidad era permitir el acceso a los mismos a todos los españoles en condiciones de igualdad; si este proyecto cuyas enmiendas debatimos hoy se acepta, va a convertirse, sin duda, en un sistema que dará lugar a discriminaciones, debido a los distintos regímenes jurídicos que se desprenden de la regulación de la ley. Alguno de los parques que este proyecto declara de interés general del Estado mantiene, aunque sea de forma transitoria, su ordenamiento hurtando a esta Cámara la discusión concreta de sus características en relación con el interés general dicho; sin embargo otros, de los que pueden ser un ejemplo los Picos de Europa, no están incluidos en dicho proyecto de ley, a pesar de haber sido objeto de varias iniciativas procedentes de aquellas comunidades autónomas en las que se encuentran ubicados esos espacios naturales.
Además, la declaración de un bien de interés general del Estado debe de llevar, a nuestro juicio, la obligatoriedad de su financiación a cargo de los Presupuestos Generales de dicho Estado. En el caso de este proyecto de ley y en el caso de los parques nacionales existe una contradicción: permite, por un lado, la declaración como tales de estos parques y la consideración de su conservación de interés general por ley de las Cortes Generales en función de que el espacio sea representativo del patrimonio natural y de que incluya alguno de los principales sistemas naturales españoles citados en el anexo y, al mismo tiempo, por otro lado, regula que previo acuerdo las comunidades autónomas intervengan en su financiación con aportaciones de sus recursos presupuestarios. La diferente financiación que a efectos prácticos se va a producir sin duda, según sean unas u otras las comunidades, creará diferencias en la financiación del espacio natural protegido y entre los ciudadanos españoles, lo cual distorsiona claramente el contenido obligacional de la declaración de un bien de interés general del Estado.
Las últimas afirmaciones de un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente sobre la posibilidad de conceder a destinatarios del entorno local la explotación de determinadas zonas de estos espacios naturales levantan fuertes cautelas en relación con las distintas financiaciones que se van a ejecutar y al mantenimiento del adecuado marco de protección de la biodiversidad y del principio general de conservación.
El debate del Senado nos ha permitido conocer en la intervención de la ministra de Medio Ambiente cuáles son las intenciones de su ministerio sobre la utilización económica de estos espacios naturales.
El proyecto, señorías, distorsiona además la finalidad nuclear de la original Ley 4/1989 cuyo objetivo fue homogeneizar la legislación proteccionista en el territorio español y en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La red de parques nacionales fue ideada para convertirse en un instrumento de importancia estratégica en la conservación de la biodiversidad, abarcando los espacios y las especies más emblemáticas de España. Su regulación se previó modélica, con criterios rigurosos diseñados a nivel internacional, sin perjuicio de los específicos de cada zona, garantizando siempre el equilibrio entre su consideración como patrimonio de interés público general sujeto a compromisos internacionales y el legítimo ejercicio de las competencias autonómicas, la participación de las corporaciones locales y de las asociaciones de defensa de la naturaleza.
Toda esta filosofía queda totalmente destruida en el proyecto que estamos considerando al contemplar la inclusión en la red de tres tipos distintos de parques nacionales: los situados en suelo canario, el de Aigües Tortes, y todos los demás del territorio español.
En otro orden de cosas, señorías, el proyecto de ley confunde planificación, ordenación y gestión. Mezcla los instrumentos para la ordenación del territorio, los órganos de gobierno del parque nacional y los órganos

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de consulta. Da funciones a los patronatos que no son propias de ese órgano consultivo. Hay confusión en la estructura piramidal que debieran tener estos instrumentos de ordenación. Se dejan de corregir algunos vacíos legales importantes, que ya fueron denunciados por este grupo en la primera fase de tramitación: el vacío en cuanto al examen del cazador, el vacío en la transcripción de las zonas de especial protección de las aves y de las zonas de especial conservación, el vacío en cuanto a la actualización del catálogo de especies protegidas y el vacío en la inclusión en el anexo de otras regiones de interés, como pueden ser las riberas de los ríos o los acuíferos.
Señorías, el pesimismo de este grupo parlamentario es claro y notorio.
Nos encontramos nuevamente ante una utilización de las Cámaras para orquestar una campaña de desinformación en la opinión pública y en los medios, donde una cosa es lo que se dice y otra lo que es realmente. El paso de este proyecto de ley por el Senado, donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, sólo ha servido para volver al mismo punto de partida.
Muchas de las enmiendas aceptadas en aquella Cámara obedecen a mejoras técnicas y no a cambios en la concepción y objetivos del proyecto. Aún así, no se ha prestado suficiente atención a las características técnicas de la ley, pues se han repetido textos en las páginas 5 y 6, artículos 19.3 y 19.5, que tienen idéntico contenido; no se han pulido contradicciones técnicas y de redacción. Señorías, a pesar de lo que se dice, no se escucha a las comunidades autónomas, o se invaden sus competencias, en contra de la pretendida justificación de defensa de las mismas que se ha querido dar a este proyecto de ley, tomando como punto de partida la sentencia del Tribunal Constitucional 102/95, y hay ejemplos en los parques de Picos de Europa y de Sierra Nevada, que llevan esperando un tiempo importante para ser declarados de interés general.
Por tanto y para terminar, señorías, deseamos recalcar que este proyecto de ley nos parece que refleja claramente la falta de un modelo medioambiental del Partido Popular.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar negativamente por las razones anteriormente citadas y que resumo muy brevemente. La ley es profundamente discriminatoria; el Gobierno no la usa para interés general, sino en función de intereses partidistas; todo esto se refleja en su aceptación de parques con regímenes y ordenamiento distintos, lo que convierte a la red en un puzzle haciendo que pierda su carácter vertebrador; tiene una filosofía de financiación compartida que levanta grandes recelos; introduce propuestas de socios de Gobierno que son contrarias a la legalidad vigente; tiene confusionismo, que creemos es interesado, en la estructura y funciones de los órganos de gestión, participación y asesoramiento; y tiene múltiples carencias en lo que se refiere a la transcripción de la normativa europea, que debiera ser actuación prioritaria en política medioambiental.
Señorías, el Gobierno, desafortunadamente para los españoles, vuelve a hacer gala de su costumbre de decir una cosa y hacer otra. El Grupo Socialista, cuyas enmiendas no han sido aceptadas, no quiere ser aliado de una política que va en contra de los criterios básicos de conservación de la naturaleza y que incumple categóricamente el mandato de guardar el interés general que todo Gobierno tiene.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Heras.


-- PROPOSICION DE LEY SOBRE REFORMA DE LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES NATURALES DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES.
(Número de expediente 121/000030)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las enmiendas del Senado al anterior proyecto, pasamos al debate de las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre la reforma pretendida de la misma Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de las especies naturales de la flora y fauna silvestres.
¿Grupos que desean consumir un turno a favor de las enmiendas del Senado? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
La proposición de ley a la que remite enmiendas el Senado, tiene origen en una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara.
Quisiera advertir a la Presidencia que al inicio de este debate, se informó en esta Cámara que todavía no conseguíamos armonizar los títulos de esta proposición de ley y del proyecto de ley que el Gobierno presentó y que acaba de ser debatido. Son exactamente los mismos títulos, los del proyecto de ley y los de la proposición de ley, aunque en el orden del día, todavía exista una dicotomía entre espacios y especies. Estamos discutiendo exactamente sobre la reformas del mismo proyecto de ley y espero que esta observación, al final de estos trámites, sirva para que pueda ser corregida y redactada exactamente, dado que estamos hablando de la reforma del mismo proyecto de ley, en relación a los parques nacionales, que contará con el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Vasco, como he venido reiterando a lo largo de sucesivas intervenciones en esta Cámara en Pleno y en Comisión, y ahora en referencia a la proposición de ley que planteó el Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara.
Nos alegramos de la redacción que se ha dado en el Senado a estas enmiendas que, curiosamente, deviene

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a la redacción que en origen presentó el Grupo Parlamentario Vasco ante esta Cámara. En los trámites en el Pleno del Congreso y en la Comisión de Medio Ambiente se fueron sustanciando diversas redacciones en orden a acoger mayores posturas en defensa del objeto de la proposición, y hemos observado con alegría que en el Senado se ha entendido que este tipo de redacción es la que mejor responde al objeto que se pretendía.
En definitiva, lo que se hace es adoptar los mismos criterios de la Directiva Europea 79/409, con las debidas cautelas, en unos determinados ámbitos geográficos y una serie de métodos tradicionales, para que pueda ser autorizada, por la administración competente la caza de la paloma torcaz en contrapasa.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que lo que se ha hecho es transcribir literalmente la directiva europea al respecto y recoger las cautelas que distintas sentencias, en relación a estas situaciones por parte de distintos tribunales europeos, han venido a sancionar.
Entendemos que la redacción que propone el Senado hace una trasposición literal del artículo 9 de la directiva al derecho interno, que no se sustanció en la Ley 4/1989. En su momento, el Grupo Parlamentario Vasco manifestó su disconformidad con la forma en que se redactó dicha ley 4/1989, mucho más conservadora --mucho más conservacionista, curiosamente-- y que era razonable que este artículo de dicha Ley 4/1989 se adaptara a la literalidad de la directiva europea y a las sentencias que al respecto estaban establecidas.
Quisiéramos agradecer por ello, señor presidente, a los grupos parlamentarios que han facilitado esta redacción y manifestar nuestra alegría pues por fin, en el día de hoy, esta Cámara pueda establecer --con las debidas cautelas y prudencias-- la posibilidad de que la caza en contrapasa de la paloma torcaz se pueda realizar con métodos tradicionales en las zonas que durante siglos así la han venido realizando.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
También había pedido la palabra, en turno a favor, la señora De Lara, por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente las enmiendas transaccionales que nos vienen del Senado a la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco. Votaremos favorablemente porque creemos que con estas enmiendas se consigue una correcta trasposición de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de las aves silvestres.
No se trata, como se ha indicado por algún grupo parlamentario, de legalizar la contrapasa, sino simplemente de trasponer correctamente y con medidas adicionales de protección la directiva comunitaria. La citada directiva establece distintas prohibiciones y limitaciones a la captura y caza de aves en diversos artículos: 5, 6, 7 y 8. Concretamente, el artículo 7.4 es el que hace referencia a las aves migratorias, y el artículo 9 fija una serie de excepciones a las limitaciones establecidas.
Ese mismo esquema fue recogido por la Ley 4/1989, elaborada durante el mandato socialista, y que tantas carencias ha tenido, dado que hay que ir corrigiéndola poco a poco --esa ley es la que ahora se trata de modificar en algún punto--; pues mientras que el artículo 26.4 de la Ley 4/1989 recogía las limitaciones, el artículo 28 trataba de las excepciones.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la propia Comisión venían requiriendo a las autoridades españolas una adecuada trasposición de la directiva en lo relativo a dos aspectos establecidos por ésta en su artículo 9 y no recogidos en la Ley 4/1989 española. Con la modificación que hoy debatimos, se introducen ambos aspectos y se aumentan las garantías restrictivas requeridas.
En primer lugar, en el artículo 28.2 se introduce la condición de si no hubiera otra solución satisfactoria a la anterior redacción, dando así cumplimiento al requerimiento de la Comisión y del Tribunal de Justicia.
En segundo lugar, se incorpora un nuevo apartado 6 al artículo 28, estableciendo la necesidad de informar a la Comisión de las autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas; no hay, por tanto, intento alguno de ocultar nada a la Unión Europea.
En tercer lugar, se añade como disposición adicional un motivo de los recogidos en la directiva, en su artículo 9º.1.c), que en su día tampoco recogió la Ley 4/1989, y que indica textualmente: para permitir en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades. Condicionándola aún más, indica que debe tratarse de aves no catalogadas, en lugares tradicionales y que sean especies cinegéticas, limitaciones todas ellas, señorías, no contenidas en la Ley 4/1989, elaborada durante el mandato socialista que, sin embargo, garantizan la conservación.
Creo, señorías, que algunos grupos parlamentarios, concretamente el Grupo Parlamentario Socialista, ha hecho demagogia al respecto, Nosotros no conocemos que sus representantes en el Parlamento Europeo hayan presentado ninguna objeción durante la elaboración de la directiva, ni tampoco hayan elaborado motivo de queja, tal vez porque no recordaron en su momento que las directivas deben trasponerse al ordenamiento interno de cada país o bien porque estaban de acuerdo con ella. Por tanto, señorías, creo debemos

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dejar la demagogia y darnos cuenta de que estamos trasponiendo una directiva.
Indicaría al Grupo Parlamentario Socialista que con estas burdas maniobras no intente hacer que los españoles olvidemos que durante los doce años de su mandato, en España no se hizo nada por el medio ambiente.
Gracias. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Lara.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de las enmiendas del Senado? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Venía este diputado con la orientación de los amigos conservacionistas, con los cuales tenemos relación, de hacer una crítica durísima a la ley y luego abstenernos, porque el texto que salió del Congreso de los Diputados era todavía peor que el que ha salido del Senado. Después de las argumentaciones de los señores diputados, he recordado un dicho catalán que reza más o menos así: De rupit per munt, ¡fotali castanya! El rupit es un pájaro muy pequeñito, y se dice: de este pájaro tan pequeñito para arriba, castañazo; es decir, que caiga todo. No digamos, pues, de la paloma torcaz.
En el momento que se abra la puerta o la ventana en una ley, en el momento que exista una permisividad, pues, efectivamente, como los seres humanos somos débiles, en un momento determinado necesitamos leyes que legislen, en este caso en función del colectivo de las palomas torcaces, que, en definitiva, es también el bienestar de la gente que vive en este mundo que tiene unas determinadas especies a proteger.
Se aprobó la reforma de la Ley 4/1989 y, por tanto, cosa importante, se mantiene la prohibición de la caza en época de migración primaveral, es decir la contrapasa, pero se añade una disposición que consideramos peligrosa. Se dice: en circunstancias excepcionales, si no hubiese otra solución satisfactoria se podrían capturar pequeñas cantidades de aves en paso primaveral con un control estricto de la administración pertinente.
A nuestro entender es una puerta abierta a que una comunidad autónoma, cualquiera que tenga un determinado nivel de responsabilidad --y no acuso a ninguna--, autorice la caza en la época de la contrapasa, con el pretexto de la excepcionalidad. Aquí entramos en los conciertos. ¿Qué es la excepcionalidad? ¿Quién la mide? ¿Quién la controla? ¿A qué intereses puede servir la excepcionalidad en un momento determinado? Puede servir a algunos intereses, y debemos verlo. Entonces, la discrecionalidad de la ley permite efectivamente que haya una puerta para respetar determinados intereses particulares y agredir los intereses del colectivo. Por ejemplo, el Tribunal Superior del País Vasco ya señaló en su momento que la Administración no puede controlar este tipo de caza por falta de medios técnicos, un elemento concreto. Entonces hemos tenido en cuenta en el momento de valorar la ley que salió del Congreso y finalmente del Senado todos estos elementos que finalmente conforman una realidad concreta que no podemos eludir.
Esta disposición a nuestro entender sigue vulnerando la directiva europea para la conservación de las aves silvestres; por tanto, la excepcionalidad abre la puerta a algo prohibido por la Administración europea; está prohibido, hay que decirlo, y se abre una puerta. Además, ¿qué problemas soluciona la disposición en concreto? A nuestro entender no soluciona ninguno de los problemas que hay planteados y afectaría, además, a grandes cantidades de aves. No me creo que esto pueda afectar a 24 aves, a 76 aves absolutamente necesarias en un momento excepcional y para cubrir determinadas necesidades de salud de la población, de los sembrados, etcétera.
Por tanto, señor presidente, señorías, aunque veníamos con una actitud prudente, cauta (nos habían dicho los amigos conservacionistas: duro con la ley, pero al mismo tiempo votad el texto del Senado porque es un poco mejor que el texto del Congreso), en el marco del debate --en este caso el debate sí que servido para alguna cosa--, he tomado una posición diferente.
Además les pido otra cosa, señoras y señores diputados: no voten este proyecto, no den pasos atrás. La caza de aves en primavera fue prohibida ya desde hace mucho tiempo por la experiencia negativa que se tenía. Hay datos empíricos --no es solamente retórica-- probados científicamente en muchos países europeos. Hagamos un esfuerzo para parecernos en esto un poco a los países europeos. La verdad es que a veces nos cortamos en otras cosas y no somos capaces de ir más allá cuando podríamos, pero en este caso concreto atengámonos a lo que es una experiencia, con legislación incluida, que dice que lo mejor es la prohibición. Es por ello, señoras y señores diputados, sin más retórica por mi parte, que vamos a votar en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Frutos.
Había pedido también un turno en contra el Grupo Socialista a través del señor Ros.


El señor ROS MAORAD: Gracias, señor presidente.
Señorías, si esta mañana aquí se aprueban estas dos enmiendas, una de modificación, del Partido Popular y otra adicional, una adicional octava, del Partido Nacionalista Vasco, estaremos consumando un vil atropello contra la naturaleza, contra el Derecho comunitario y contra la razón y el sentido común.
Esta historia nace de un desaguisado de aquello de las mayorías y las minorías, según la cual, como el propio presidente de la Cámara reconocía en un Pleno del mes de mayo, el grupo del Partido Nacionalista

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Vasco obliga al Grupo Popular a introducir, en el mismo Pleno al que nada menos que el Gobierno lleva el proyecto de ley de modificación de la Ley de espacios naturales, una proposición de ley muy puntual sobre la contrapasa. En aquel momento ya lo dije: cuánto manda usted, señor González de Txabarri. Y es cierto. O qué poco manda el Gobierno, que puede que también sea cierto. (Rumores.) En aquella situación la Cámara, advertida por el Grupo Socialista y otros grupos, ya dijo que se iba a proceder a votar una ilegalidad. El tiempo nos ha dado la razón, porque nada más transcurrir aquel Pleno, desde la dirección general 11, aquella que trata del medio ambiente en la Unión Europea, se dirigen de forma rápida al Gobierno español, a través de su representante permanente en la Unión Europea, para advertirle que, de aprobarse la ley, tal y como votaron en este Congreso el Partido Popular, Convergència i Unió y el PNV, se estaría infringiendo el Derecho comunitario. Ante este desatino, no sólo denunciado por el Grupo Socialista, sino denunciado, como acabo de decir, por el propio director general del Medio Ambiente de la Unión Europea, denunciado por todo el movimiento ecologista y conservacionista, denunciado por otros grupos parlamentarios e incluso denunciado, anecdóticamente, hasta por un parlamentario del propio Grupo Popular, si en aquel momento advertimos que se iba a cometer una ilegalidad, hoy volvemos a decir que, de aprobarse estas dos enmiendas, estarán ustedes, señores del Gobierno y sus aliados nacionalistas, cometiendo otro atropello jurídico. No digan que no les advertimos entonces, no digan que no les advertimos ahora. Es la quinta vez que ustedes meten la pata en esta cuestión. Se han equivocado cuatro veces y mucho me temo que esta mañana van a cometer un nuevo error.
La marcha atrás del Gobierno ante el rídiculo político tan enorme que había hecho (con esta carta de la Unión Europea tomando parte con algunos que habían votado a favor, diciendo que no iban a votar, incluso con declaraciones de la propia ministra no dementidas, señora ministra, en las que usted decía que la contrapasa seguiría en un régimen de veda) fue llevar esa ley al Senado para intentar modificarla. ¡Y vaya modificación que han hecho ustedes! Porque a la primera torpeza han añadido ustedes un gran engaño.
Hay dos enmiendas, una del Partido Popular, referida al artículo 28, apartado 2, y otra, como digo, una disposición adicional octava, del Partido Nacionalista Vasco. Fíjense ustedes, qué casualidad, que ambas enmiendas empiezan diciendo: Si no hubiese otra solución satisfactoria...
Parece que cuando se plantea una solución satisfactoria es porque hay un problema que necesita una solución. En mi pueblo esto es elemental, no sé para el grupo del Gobierno.
¿Cuál es el problema? ¿Las palomas tienen problemas, señorías, o los problemas son del Partido Popular que, una vez más, ha tenido que pagar el peaje de los apoyos parlamentarios? ¿Las palomas tienen problemas o, una vez más, el Partido Popular se ha enfrentado a lo que son las buenas relaciones con la Unión Europea, metiendo de nuevo la pata en un asunto después de lo que viene llovido ante la incompetencia de la ministra de Agricultura, la Ley del Cable, etcétera? ¿De quién es el problema, de las palomas o del Gobierno del señor Aznar? ¿De quién es la culpa, de las palomas? (Aplausos.) Decía, señorías, que de quién es la culpa, si de las palomas o del Partido Nacionalista Vasco; porque el problema parecen tenerlo ustedes, las palomas no; ustedes tienen el problema de unos compromisos electorales, que yo puedo entender, y tienen que venir a defender aquí unos determinados intereses, pero no les echen la culpa...


El señor PRESIDENTE: Señor Ros, vaya concluyendo, por favor.


El señor ROS MAORAD: Sí, señor presidente.
No les echen la culpa a las palomas.
Qué decir de cuál es el problema, el de las palomas o el de la ambigüedad tan meditada de Convergència i Unió, que ni siquiera interviene en este turno, porque realmente no sabe muy bien qué decir. Esa es la cuestión.
Ustedes traen aquí una ley, simple y llanamente, no basada en argumentos jurídicos tan documentados como parecían los que presentaba la señora Lara. Todo eso no sirve porque está basado en un engaño. Cuando la señora Lara habla de que ha incorporado una parte del artículo 9 de la directiva de aves, oculta a continuación que sólo ha incorporado el primer apartado, no el segundo, de donde claramente se deduce que en las excepciones, cuando hay un problema sanitario, de daños para las cosechas, de daño para el ganado, un problema de investigación científica, etcétera, se podrá, en pequeñas cantidades y de modo controlado, capturar algunas aves, y lleva a la ley ese artículo pensando que ha descubierto la panacea, ocultando que se trata de lo mismo, pero por la puerta de atrás.
No podemos estar de acuerdo, señor presidente, con la enmienda del Partido Nacionalista Vasco porque, como gran avance, nos plantea que ahora se vuelve al primer texto, es decir, se vuelve a hablar de especies cinegéticas prohibidas taxativamente por la directiva de aves, y nos tranquiliza el señor portavoz del Grupo Parlamentario del PNV diciendo que se trata de aves no catalogadas. ¡Faltaría más, señoría! ¿Qué pensaba usted, que tiraran al gran duque o a un halcón peregrino o a un águila imperial? Eso no añade absolutamente nada, descubre más bien, a las claras, cuál es el objetivo de esta ley, que no es otra cosa que el que un grupo de cazadores del País Vasco, fundamentalmente de San Sebastián, puedan cazar un par de días más en la temporada, cuando el resto de los cazadores están sometidos ya a la veda.


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Por tanto, señor presidente --con esto termino-- mi grupo va a oponerse a estas dos enmiendas, sin resistirme a decir a SS. SS. que la postura que he visto en el Grupo Popular, en Convergència i Unió y en el PNV, me parece que es una postura que está en sintonía con un antiguo dicho que me cuentan decían por los pueblos de Teruel después de la posguerra, en plena represión dura, cuando el hambre, cuando el estraperlo, cuando la cartilla de racionamiento: Ave que vuela a la cazuela. Por tanto, quiero decirles, señorías, que me permitirán que me aleje de lo que es la cortesía parlamentaria para decirles: Señorías que no les haga buen provecho. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Concluido el debate, vamos a proceder a las votaciones de las tres iniciativas, dos proyectos y una proposición de ley, enmendadas por el Senado.
Pide la palabra, a los sólos efectos del artículo 72.2, el señor Cabrera.
Señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor presidente, no pido ahora la palabra, la pido justo antes de la votación de la tercera enmienda del Senado.


El señor PRESIDENTE: No, señor Cabrera, es justo éste el momento anterior a la votación; luego las votaciones no pueden ser interrumpidas.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Bien, gracias, señor presidente.
Pido la palabra a título individual, y al amparo del artículo 72.2 del Reglamento de la Cámara, para que se proceda a la lectura del apartado 7.4, de la Directiva 79/409, por considerar que es una crueldad, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera.
Se procederá a la lectura de ese precepto, que parece atinente a la ilustración del debate y la votación, por la señora secretaria de la Cámara.


La señora SECRETARIA (Del Campo Casasús): Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. Artículo 7.4: Los Estados miembros se asegurarán de que la práctica de la caza, incluyendo en su caso la cetrería, tal como se desprenda de la aplicación de las disposiciones nacionales en vigor, respete los principios de una utilización razonable y de una regulación equilibrada, desde el punto de vista ecológico, de las especies de aves afectadas y de que esta práctica sea compatible, en lo que se refiere a la población de las especies, en particular a las especies migratorias, con las disposiciones que se desprenden del artículo 2. Velarán en particular porque las especies a las que se aplica la legislación de caza no sean cazadas durante la época de anidar ni durante los distintos estados de reproducción y de crianza.
Cuando se trate de especies migratorias, velarán en particular porque las especies a las que se aplica la legislación de caza no sean cazadas durante su período de reproducción ni durante su trayecto de regreso hacia su lugar de nidificación. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión todas las informaciones oportunas relativas a la aplicación práctica de su legislación de caza.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Campo.
Votaciones relativas a las enmiendas del Senado a los dos proyectos de ley y proposición de ley que se han debatido.
En primer lugar, votación relativa a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se aprueba el programa denominado Prever, para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, procedente del real decreto-ley referido a la misma materia.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 186; en contra, uno; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Conservación de los espacios naturales y de la flora y faunas silvestres.
En este caso, vamos a proceder a votar en tres bloques. En el primero, se somete a votación la enmienda del Senado por la que se sustituyen, con carácter general, las referencias en el proyecto a la «red de parques nacionales» por la «red estatal de parques nacionales».
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 128; en contra, 168; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda del Senado.
Enmienda del Senado por la que pretende adicionarse un segundo párrafo al artículo 19.3 por estar repetido en el 19.5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, uno; en contra, 301; abstenciones, seis.


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El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 170; en contra, 136; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Finalmente, votación de las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre reforma de la Ley de Conservación de los espacios naturales, de la flora y fauna silvestres.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 168; en contra, 139; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas del Senado a la proposición de ley.
Antes de pasar al punto VII del orden del día, desarrollo de los debates sobre convalidación o derogación de dos reales decretos-leyes, quiero señalar al Pleno que la votación de ambos decretos-leyes se producirá conjuntamente al final del debate de ambos.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

-- REAL DECRETO-LEY 15/1997, DE 29 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 5/1996, DE 10 DE ENERO, DE CREACION DE DETERMINADAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO. (Número de expediente 130/000028)

El señor PRESIDENTE: Entramos, en primer lugar, en el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 15, de 29 de agosto de 1997, por el que se modifica la Ley de creación de determinadas entidades de Derecho público.
Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de Industria y Energía, señor Piqué.
(Pausa.--Rumores.) Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.) El orden del día está tan cargado que, de no ganar el tiempo entre sus distintos puntos, es segura la continuidad del Pleno por la tarde, y pienso que todas SS. SS.
desean, como la Presidencia, ganar tiempo para el debate y no perderlo en ocasiones como esta. Silencio, por tanto, señorías.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me dirijo a ustedes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, con objeto de informarles sobre el Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de Derecho público, solicitando el pronunciamiento de esta Cámara favorable a su convalidación.
No se puede explicar el contenido y las razones que nos han llevado a dictar la norma para la que se solicita su pronunciamiento sin remontarnos, aunque sea brevemente, a la historia del sector público empresarial y a su evolución.
La ley de 25 de septiembre de 1941 creó el Instituto Nacional de Industria, configurándolo como una entidad de Derecho público, cuyo objetivo era, entre otros, propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias.
Evidentemente, el modelo que estableció la ley de 1941 debe situarse en una época determinada, en la que el sector público empresarial se cimentaba sobre un modelo basado en el principio de subsidiariedad respecto a la iniciativa privada. El proceso de nacionalización de empresas privadas no rentables, unido al citado principio de subsidiariedad, determinó que se creara un sector público muy heterogéneo y, al cabo del tiempo, de cierta dimensión. Ese modelo se mantiene hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y la adhesión de España a la Unión Europea, en 1986. Ambos hechos supusieron un giro radical en la concepción del sector público empresarial, que, a partir de ese momento, tuvo que apoyarse cada vez más en objetivos tales como la mejora continua de la gestión y la adaptación a un entorno cada vez más abierto y competitivo. Para ello, se produjo una modificación del todavía subsistente Instituto Nacional de Industria por la Ley 37/1988, de Presupuestos Generales del Estado para 1989. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El sector público español, nacido de la ley de 1941, tiene una nota definitoria clara que es su heterogeneidad, por lo que, en 1988, fue necesario proceder a la racionalización de la participación accionarial en cada una de las empresas del INI, diferenciando aquellas susceptibles de ser gestionadas con criterios empresariales de aquellas otras sujetas en su actuación a regímenes especiales derivados de su particular situación. El resultado fue que, en una fase inicial, el primer grupo de empresas se agruparan en una sociedad anónima desvinculada de los Presupuestos Generales del Estado, Teneo, S.A.. Por lo que se refiere al segundo grupo de sociedades, la opción fue mantener la participación directa del INI.
Paralelamente al proceso que acabo de describir, y por Ley 45/1981, de 28 de diciembre, se creó el Instituto

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Nacional de Hidrocarburos, al que, como entidad de Derecho público, se encomendó la gestión de las actividades empresariales públicas en materia de hidrocarburos. Como consecuencia de la adhesión de España a la Unión Europea y la finalización del monopolio público en ese sector, se creó el grupo empresarial Repsol, S.A.
Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley objeto de esta comparecencia, el último hito en la evolución del sector público empresarial se centra en la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de Derecho público. La exposición de motivos de dicha ley señala que se partió de la premisa de que la racionalización del sector público es un proceso continuo, cuyo fin último es obtener una mayor eficiencia, objetivo éste que exige distinguir funcionalmente las actividades sometidas a una regulación comunitaria específica de aquellas otras que actúan en mercados en régimen de libre competencia. Tengo que resaltar que, no obstante, hoy en día, dicha diferenciación no puede mantenerse en términos tan rígidos, ya que se ha ido produciendo un acercamiento progresivo de ambos regímenes, de tal forma que sólo podría hablarse de régimen especial en términos absolutos respecto de la minería, y ello además sólo con carácter temporal. Ahora bien, esta diferencia funcional no debía marcar rígidamente los criterios de separación entre las entidades que formaban parte del patrimonio público empresarial industrial hasta el extremo de impedir las actuaciones de un único titular, en este caso el Estado, limitado por la rigidez que supone la existencia de entidades jurídicas diferenciadas y distintas.
Siguiendo con la exposición de motivos de la ley ahora modificada, considero necesario destacar que la misma establece que uno de los objetivos de la citada ley era la configuración de un sector público menos diversificado. El contenido de la exposición de motivos se tradujo, en el texto de la ley, en la creación de la Agencia Industrial del Estado y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. La Agencia Industrial del Estado se configuró como una entidad de Derecho público del tipo de las reguladas en el artículo 6.5 del vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria, mientras que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales lo hizo como sociedad estatal del tipo de las reguladas en el artículo 6.1 b) de la citada norma presupuestaria. En la Agencia se agruparon las participaciones públicas del INI en las empresas sometidas a planes de reestructuración o reconversión industrial, y sus principales recursos financieros, hasta 1996, han estado constituidos por transferencias. En la SEPI, por contraposición, se agruparon las participaciones de titularidad pública en manos del grupo Teneo, que controlaba las empresas del INI consideradas como rentables, y el resto de las participaciones accionariales cuya titularidad pertenecía al Instituto Nacional de Hidrocarburos.
Pero quizá lo más importante es que, a diferencia de la Agencia, desde el comienzo de su existencia la SEPI no ha podido percibir aportaciones del Estado ni del resto de los agentes de las administraciones públicas. La actividad de la SEPI es, y ha sido, por un lado, gestionar las participaciones en las compañías públicas que se le encomiendan y, por otro, asumir la responsabilidad sobre toda la deuda histórica generada por el antiguo Instituto Nacional de Industria.
El acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 1996 sienta el punto de partida de la modernización del sector público empresarial en esta legislatura. La problemática del sector público debe ser abordada globalmente, pues no tiene hoy ya sentido diferenciar empresas públicas en función de su naturaleza o de su pertenencia a uno u otro grupo empresarial, ya que, como se señala expresamente en el expositivo de ese acuerdo, la transferencia de activos empresariales al sector privado, con el consiguiente incremento del ámbito concurrencial de la economía, acompañada por correlativos procesos de desregularización y limitación de las intervenciones financieras públicas en el sector empresarial, contribuirá, sin duda, a incrementar la eficiencia global y la competitividad de la economía. Además, y como se indicaba en ese expositivo, con la firme convicción de que el proceso de modernización que emprendimos en la primavera de 1996 es un paso fundamental para reducir desequilibrios presupuestarios, con el horizonte último, por otra parte, de cumplir los criterios de política económica marcados por la Unión Europea.
Quiero recordarles que el plano al que me estoy refiriendo tiene tres objetivos básicos: primero, un proceso tendencial de privatización; segundo, la reestructuración del sector público empresarial que, desde el punto de vista organizativo, ya supuso la desaparición de Teneo, Sociedad Anónima como subholding y que ha ido seguido de un conjunto de actuaciones en sectores tales como la minería del carbón, la construcción naval o las industrias de defensa; y, tercero, la amortización de la deuda histórica del INI, que se traspasó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
He expuesto hasta aquí la evolución reciente del sector público empresarial en términos jurídico-políticos, pero quizá el mismo queda muy desdibujado si no me refiero también a la realidad económica que los justifica.
En el período 1988-1996, el coste de las aportaciones a las empresas integradas en la Agencia Industrial del Estado fue de casi cuatro billones de pesetas, de 1997, exactamente 3 billones 888.783 millones de pesetas. Además, restan compromisos salariales y laborales pendientes, que no estaban contabilizados en las cuentas de resultados de las empresas, que son el resultado de los procesos de ajuste de plantillas efectuados años atrás, vía prejubilaciones masivas, y que ascienden todavía hoy a 1,2 billones de pesetas, además de deudas

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pendientes con la Hacienda pública y la Seguridad Social por un importe aproximado de 50.000 millones de pesetas. Quisiera decir asimismo que en ese período de referencia el resultado neto antes de impuestos de esas mismas empresas fue un resultado negativo de 1,17 billones de pesetas.
Por lo que se refiere al empleo, éste sufrió una caída entre los dos años del intervalo temporal de referencia que oscila entre los 76.000 trabajadores que había en 1988, a los 45.000 en 1995.
Por otra parte, en 1996 las empresas de la Agencia Industrial del Estado necesitaron 337.905 millones de pesetas y las previsiones para 1997 hubieran sido, de no cambiar el modelo, de 315.000 millones de pesetas.
Todo ello grava enormemente la gestión, la solvencia y la viabilidad futura del conjunto de empresas que pertenecían a la Agencia y hubiera implicado, de no adoptar un plan de actuación inmediato, unas cargas para los futuros presupuestos inasumibles en el contexto de pertenencia de España a la Unión Económica y Monetaria Europea.
En conclusión, hemos estimado absolutamente necesario proceder a la aprobación de un mecanismo con el objetivo de racionalizar lo que era el ámbito de la Agencia Industrial del Estado al objeto de, primero, atender los compromisos laborales, presentes y futuros, que ya he mencionado con anterioridad; segundo, acotar legalmente las futuras aportaciones; tercero, mejorar las cuentas de resultados; cuarto, reducir el endeudamiento. Por ello, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a partir del día 6 de septiembre de este año, fecha de la entrada en vigor del real decreto-ley, ha absorbido las empresas de la Agencia Industrial del Estado, mediante la transmisión de todos los derechos y obligaciones de la misma, que queda por consiguiente suprimida, integrándose todo su personal en la propia SEPI. La SEPI gestiona desde ese momento dichas participaciones, adecuando sus excedentes y necesidades financieras, sin recibir ninguna aportación de los Presupuestos Generales del Estado y con los objetivos o notas características siguientes.
Primero, continuar la profundización y racionalización del proceso de modernización del sector público empresarial, teniendo como horizonte la salida de la órbita del Estado de su cartera industrial en sintonía con los procesos que se están dando de forma generalizada en todo el mundo.
El Estado pasa a ejercer así plenamente un papel de regulador de la actividad económica, que será desarrollada por empresas que, en términos de igualdad, compiten en el libre mercado.
Segundo, dadas las restricciones presupuestarias y jurídicas que implican la entrada y permanencia en España en la Unión Económica y Monetaria europea, la viabilidad de las empresas sujetas a planes de modernización industrial autorizados en el ámbito comunitario se ha adscrito a un grupo económico que es, por definición, autosuficiente, como lo es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Tercero, el Estado así, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se comporta como un inversor a largo plazo que prudentemente va desinvirtiendo su cartera de participaciones, utilizando adecuadamente sus recursos para cubrir obligaciones presentes y obligaciones de futuro, de forma que se pueda ir completando su reestructuración.
Cuarto, a lo largo del proceso se garantiza a SEPI la adecuada solvencia patrimonial que evite cualquier incertidumbre en los mercados, las instituciones financieras, los inversores y los trabajadores que han devengado derechos pasivos. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, desvinculada de los presupuestos, se dotará así de unos fondos propios que, como mínimo, cubrirán su deuda a medio y largo plazo para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones financieras asumidas.
En definitiva, se trata de reestructurar el sector público industrial desde la perspectiva de un accionista único que no cuenta con apoyo presupuestario y que tiene como finalidad la consolidación de sus empresas, asegurando su viabilidad en un marco de creciente competencia internacional y en un contexto cada vez más global y con una política de privatización basada siempre en proyectos con garantía de futuro industrial, de empleo y de inversión.
La reestructuración se justifica por su coherencia con el programa en las actuaciones realizadas en el ámbito del sector público industrial del Estado, sin que su contenido afecte al procedimiento de privatizaciones establecido en el acuerdo de 28 de junio ni, por tanto, a los principios que rigen la actuación de los agentes gestores, entre otros, los de publicidad, transparencia y concurrencia, al dictamen del Consejo Consultivo de Privatizaciones o al conjunto de controles existentes.
Por lo que se refiere a la utilización de la fórmula del real decreto-ley, sólo unas breves palabras.
Es evidente que a nadie se le escapa que la importancia del grupo empresarial que acaba de nacer exigía una rápida tramitación que permitiera evitar las incertidumbres en los mercados financieros en lo que opera, así como las de aquellos operadores económicos privados que mantienen relaciones comerciales con las empresas del grupo. Además, la reorganización del sector público empresarial, por las razones expuestas en esta intervención, era urgente, máxime si se pone en relación con los compromisos comunitarios asumidos sobre saneamiento del sector público y reducción de deuda y déficit público, existiendo plazos perentorios que exigían esa rápida reordenación.
Por último, en cuanto al contenido de la norma del real decreto-ley, les recuerdo que la misma consta de dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.


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El artículo primero procede a la supresión de la Agencia Industrial del Estado, transfiriendo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales las participaciones accionariales y los bienes, derechos y obligaciones de que aquélla era titular.
El artículo segundo recoge todas las modificaciones de la Ley 5/1996, de 10 de enero, que resultan necesarias como consecuencia de la asunción por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de los bienes, obligaciones y derechos de la Agencia Industrial del Estado. De este modo se añade un nuevo aparato d) al artículo 10.2, atribuyéndole la ejecución de las directrices del Gobierno en materia de modernización y reestructuración de las empresas de las que sean titulares. Modifica el artículo 11 para atribuir a la Sociedad Estatal las nuevas funciones que debe ejecutar, y que correspondían a la Agencia Industrial del Estado respecto de las empresas transferidas. Modifica, asimismo, los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 12, relativo al régimen jurídico y de patrimonio, a efectos de que el régimen jurídico de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales se ajuste a la asunción del patrimonio de la Agencia Industrial del Estado, que tenía un régimen jurídico diferenciado. Modifica el apartado 4 y añade un nuevo apartado 5 en el artículo 14, para exonerar a la nueva SEPI, como lo estaban las dos entidades que ahora se refunden en la Ley 5/1996, de cualquier tributo, incluso autonómico o local, por todas las operaciones societarias, transmisiones patrimoniales y actos derivados de la aplicación del real decreto-ley, extendiéndose la no sujeción a las aportaciones de fondos o de capital que se realicen para la reestructuración financiera de las empresas participadas por la SEPI.
Del mismo modo, el nuevo inciso 5 reduce los honorarios y tarifas de los fedatarios públicos y de los registradores de la propiedad y mercantiles aplicables a las operaciones de constitución, transformación, fusión o disolución de acciones, participaciones, bienes o derechos de cualquier tipo de las sociedades participadas mayoritariamente por la SEPI, ampliaciones o reducciones de capital y adquisición y venta de participaciones accionariales. Efectivamente, la regulación que se contiene en estos apartados no hace sino reproducir el régimen anterior que existía ya para la Agencia Industrial y que era también aplicable a la SEPI, ya que el antiguo artículo 2 de la ley que ahora se modifica se remitía al mismo.
Por otro lado, esta regulación hay que entenderla plenamente justificada en función de las propias notas que define el sector público industrial y en los principios de colaboración interadministrativa que rigen las relaciones entre los órganos de las administraciones públicas.
También modifica el apartado 3, del artículo 15, para adecuar el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales a la incorporación de las sociedades pertenecientes a la Agencia Industrial del Estado y a efectos de que en el mismo participen los órganos de representación que en ella existían. Modifica el artículo 16, relativo a la información parlamentaria, para adecuar, como consecuencia de la desaparición de la Agencia Industrial del Estado, la forma en que se realice la citada información a las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado sobre el devenir de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales o de las sociedades que la integran, pero respetando el mismo modelo que tenía la Ley 5/1996 y sin que ello, como es obvio, sea obstáculo para la plena aplicación de todos los instrumentos de control parlamentario sobre la actividad de la SEPI que están regulados en la Constitución y en los reglamentos de las Cámaras.
Yendo ya a las disposiciones adicionales, la primera subroga a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en la posición jurídica de la Agencia Industrial del Estado, en cuanto a las relaciones jurídicas sea parte la misma, a efectos de salvaguardar los aspectos fiscales que la operación pueda producir y los derechos de los trabajadores de esta última entidad.
La disposición adicional segunda salvaguarda, además, los regímenes comunitarios especiales de aplicación a las sociedades del sector de la minería del carbón, de las que su actividad esté relacionada con la defensa nacional y de las que, en su caso, sean autorizadas por la normativa comunitaria.
En cuanto a la adicional tercera, exime de la obligación de presentar declaraciones complementarias en los supuestos de separación de sociedades que establece el apartado 3º, del artículo 96, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, incluyendo las incorporaciones de los resultados eliminados por operaciones internas en la base imponible consolidada.
La adicional cuarta determina que durante los ejercicios de 1997 y 1998, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dote con los ingresos derivados de sus operaciones de todo orden sus fondos propios hasta la cantidad de 900.000 millones de pesetas, y que dichos fondos sean colocados en activos disponibles a corto plazo, todo ello sin perjuicio del pago de la deuda histórica del extinguido Instituto Nacional de Industria. En los años sucesivos, y una vez cancelada la citada deuda, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales deberá dedicar recursos para el mantenimiento de los citados fondos propios, que deberán reducirse hasta un valor de 200.000 millones de pesetas o a una cifra, en todo caso, no inferior, como ya se ha dicho antes, al importe de su deuda a medio y a largo plazo.
En cuanto a las transitorias, la primera establece como base para el cumplimiento del Plan General de Contabilidad el balance de las sociedades transferidas por parte de la Agencia Industrial del Estado a 31 de

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diciembre de 1996, incorporando los resultados acumulados hasta la fecha de transmisión.
La transitoria segunda establece que el plazo de adecuación a las prescripciones de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado previsto en el apartado 3º de la disposición transitoria tercera de dicha ley, no será de aplicación a la SEPI, correspondiendo al Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los ministros de Economía y Hacienda, Administraciones Públicas e Industria y Energía, fijar la fecha y condiciones de la referida adaptación. Con ello se pretenden salvaguardar las especificidades de la SEPI, reservando al Consejo de Ministros la decisión acerca de su conversión en entidad pública empresarial.
La disposición derogatoria deroga las disposiciones que se opongan a lo establecido en el real decreto-ley, y en concreto los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, relativos a la regulación de la Agencia Industrial del Estado. Deroga también el artículo 45.2.a). de la Ley 12/1996, de 30 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997, relativo al límite máximo del aval por parte del Estado a la Agencia Industrial del Estado.
Por fin, las disposiciones finales autorizan al Gobierno, a propuesta del ministro de Industria y Energía, a dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de lo previsto en el real decreto-ley y determinan su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»; real decreo-ley para el cual hoy se solicita su convalidación a esta Cámara.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Cuando las intenciones son claras no caben engaños. Efectivamente, lo que nos propone el señor ministro, en representación del Gobierno del Estado español, no es una reestructuración puramente formal o de la creación de un nuevo holding del que sólo se nos da la estructura formal o funcional.
Se trata, y no se oculta, de una política que está injertada perfectamente en todo el proceso de privatizaciones al que estamos asistiendo. Se alude clarísimamente a que existe un objetivo, que es el de la reducción del déficit público, para cumplir con los criterios de Maastricht, tal como se señala en la exposición de motivos, que lleva a la agrupación en la SEPI de las empresas de la Agencia Industrial del Estado para que no dependan del Erario público directamente. No se oculta tampoco que el objetivo final es el abandono de todas las empresas públicas del Estado en el año 2000, den o no pérdidas hoy.
Este sustancioso proceso servirá para privatizar aquello que, después de capitalizado con el dinero de todos los ciudadanos del Estado español, deba ser privatizado. Sólo existe el eufemismo de la modernización y racionalización que oculta el objetivo final de desmantelamiento de lo público y, por tanto, de privatización de todo aquello que quede en pie.
En ese sentido, la SEPI va a responder de todas las empresas, que dejan de depender de los presupuestos del Estado. Sólo cabe una especie de cabriola o pregunta de cuál va a ser el resultado final de la SEPI sino un cuerpo exánime, prácticamente sin contenido alguno y sin capacidad de capitalización. Porque son 185.000 millones de pérdidas las que tiene hoy la AIE, que serán sufragadas por las empresas de la SEPI que dan ganancias. Además, se va a capitalizar en dos años, pasando prácticamente de 300.000 millones de pesetas a casi un billón, para no perder solvencia en los mercados financieros, pero no para impulsar a este nuevo grupo empresarial o holding, sino para hacerse cargo de las deudas del complemento de pensiones, de las deudas a Hacienda y a la Seguridad Social, de la deuda histórica a la que aludió el señor ministro y, además, de la capitalización de las empresas que deban ser privatizadas y que dan pérdidas.
Pensamos, señorías, que la nueva estructura es la formalización de una idea, como se dijo ya desde ámbitos académicos: el Estado sólo puede ser regulador del mercado, regulador de lo que quieren los grandes intereses empresariales, pero nunca operador. Sólo hay un exceso cuando se habla de que esta es la política que predomina en todo el mundo. Nos parece excesiva, y ya hemos tenido ocasión de contrastar que esta tendencia general no se hace efectiva de la misma forma en todas partes.
Por no salir de la órbita intelectual vigente en los medios de información dominantes, que no se plantean oponerse radicalmente a esta política en su trasfondo, sí cabe preguntar moderada y reformistamente qué pasará con las empresas que no se puedan vender. ¿No es abusiva una gestión privada de un patrimonio público, precisamente para que sirva aún más a los intereses privados? ¿Hasta qué extremo los actuales dirigentes de la SEPI no van a hacer una gestión destructiva y no de valorización de este patrimonio, teniendo en cuenta cuál es el objetivo final: el desmantelamiento y la privatización? En definitiva, señor ministro, y siento ser obsesivo y pesado, ¿qué va a pasar con la construcción naval, y en particular con nuestro Astano? Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.


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En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se va a oponer rotundamente a este nuevo decreto-ley. Este real decreto, en realidad, es una rectificación en parte, puesto que en 1996 el Gobierno había elaborado una ley de creación de determinadas entidades de Derecho público, y ahora, en un ejercicio más, en nuestra opinión, de contabilidad creativa, para intentar ocultar o intentar cumplir lógicamente los criterios de convergencia, se ve obligado a este tipo de actuación.
Nos parece bastante pobre el que se diga, como argumento intelectual, que esto es lo que se hace en todo el mundo, porque en todo el mundo se hacen también algunas cosas bastante indeseables. En muchas partes del mundo también, y de Europa en particular, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia, se mantiene una presencia pública significativa en las empresas de sectores estratégicos. Ayer hablábamos aquí, por ejemplo, de cómo vamos a vender la CSI a un grupo público luxemburgués, y en todos, incluso en la empresa Mercedes, tiene una parte importante de capital público. Por tanto, nosotros estamos por la colaboración entre el capital público y el privado. Ya sé que es más fácil acusarnos a veces de maximalismos, pero lo cierto es que creemos que se puede compatibilizar la presencia en sectores estratégicos con el sector privado.
Creemos que, efectivamente, es una salida de la órbita del Estado de su cartera industrial, pero al mismo tiempo puede caer en un agujero negro, puesto que a su vez la SEPI va a quedar fuera del control de los presupuestos del Estado. Esto nos preocupa tremendamente, porque entendemos que esta decisión tiene importantes consecuencias en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, ya que permitirá que el déficit cumpla o ayude a cumplir estos objetivos del 3 por ciento del PIB. Sabemos que la normativa europea prohibe que los ingresos obtenidos por privatizaciones sirvan para reducir el déficit público, y que el dinero recogido por la venta de empresas públicas ha de destinarse a reducir deuda o a crear infraestructuras. Por tanto, con el dinero de privatizaciones se puede reducir déficit en términos de caja, pero no en términos de contabilidad nacional, que es el que cuenta para medir el criterio de convergencia.
Esta unificación permite, en definitiva, una operación de ingeniería financiera para intentar eliminar de los presupuestos generales la carga de las empresas públicas en pérdidas; empresas públicas en pérdidas en este caso industriales, que aunque hayan pasado bastantes años quiero recordar que están en el sector público como fracaso de experiencias privadas; no son servicios públicos, en muchos casos, que el Estado haya tenido que afrontar, sino que son fruto, por ejemplo en el sector siderúrgico, del fracaso de la experiencia de Uninsa, o del fracaso de la minería privada, que una vez que obtuvo pingües beneficios, le colocó al Estado el problema social, etcétera. Por tanto, no es una especie de vocación del Estado de participar, sino que ha tenido que obligarse el mismo Estado a evitar problemas sociales mayores.
Esta operación de ingeniería financiera, que ya había comenzado en 1997, lo que trata en el fondo es de que en lugar de endeudarse a través de presupuestos, se endeude en este caso la propia SEPI o compense las pérdidas, y en otros casos que se endeuden las propias empresas públicas, como históricamente ha pasado con la propia Renfe, con más de un billón de deuda acumulada por incumplimiento en muchos casos también de los compromisos del Estado.
Esta obsesión por reducir el déficit público tiene una orientación clara sobre el futuro industrial, que aquí se ha expresado además sin ningún rubor, y había tenido unos precedentes en gobiernos anteriores. Nosotros así nos opusimos a determinados criterios de reconversión industrial, como es la apuesta por el abandono de cualquier presencia pública en sectores industriales. Nuestro grupo sigue creyendo que es un error profundo, que no se hace en todo el mundo, como aquí se ha dicho, porque una cosa es que no se tenga la mayoría pública, pero todos los países civilizados, entre comillas, mantienen una presencia significativa.
Las empresas de la Agencia Industrial prevén perder conjuntamente, en 1997, 178.772 millones de pesetas. Las necesidades, por tanto, de financiación de la Agencia Industrial se elevarán en total a 275.000 millones para este año, y el Estado ha autorizado avales por este importe, la mayor parte procedentes de SEPI, que demuestra un poco lo que estaba exponiendo anteriormente. La SEPI, en cambio, tiene presupuestado un beneficio para este año de 407.000 millones, que probablemente sean muy superiores en función de la operación de Endesa. Por tanto, de lo que se trata es de recaudar 2,3 billones aproximadamente en dos años, y el problema es qué va a suceder dentro de dos años cuando no tengamos nada que recaudar. Yo creo que la parte positiva de este decreto es que probablemente el Estado se va a ahorrar unos cuantos salarios también públicos, por ejemplo el del presidente de la Agencia industrial del Estado. Pero, por esa misma lógica, dentro de un tiempo, si seguimos así, podríamos unificar tranquilamente el Ministerio de Industria y el de Economía puesto que va a tener muy poco que gestionar este Ministerio de Industria.
Para garantizar la solvencia de la SEPI ante terceras partes, una vez asumida la carga de las empresas con pérdidas, el decreto prevé un importante aumento de los fondos propios, pasando de 302.000 millones, en

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diciembre de 1996, a casi un billón --900.000 millones-- entre este ejercicio y el siguiente.
Además, nos surge otra duda importante, y es que el real decreto no aclara la situación de los derechos pasivos generados por los trabajadores de estas empresas, es decir, los derechos que están en los fondos de pensiones respectivos, compromisos que hoy ascienden ya a 1,25 billones de pesetas y que pueden poner en algún momento en cuestión las pensiones generadas.
En definitiva, se han aplicado, incluso, criterios diferentes a la llamada deuda histórica. Hay que recordar el tratamiento que tuvo el sector financiero, es decir, los créditos dudosos o incobrables, que los bancos que constituyeron Argentaria los trasladaron al ICO, mientras que aquí buscamos otro sistema que, como digo, procede precisamente de haber sido el INI hospital de empresas privadas en crisis y que obligó a asumir estas deudas históricas.
Nos parece, sinceramente, que es volver a llamar modernización a lo que es simplemente intentar hacer caja, unificar en una marcha atrás sobre lo aprobado hace un año, y nos tememos que, una vez que todo esté vendido, la propia SEPI tendrá grandes dificultades para poder soportar al resto de empresas que hoy no tienen resultados positivos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Santiso.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Consumo este turno para manifestar el voto contrario del Grupo Parlamentario Socialista a la convalidación de este real decreto.
Entendemos las razones por las que una iniciativa de este tipo se ha tramitado en términos de decreto-ley, por cuestiones que, en su momento, llevaron a que la creación de la Agencia industrial del Estado y de la Sociedad de Participaciones Industriales se hiciera también así. Sin embargo, pensamos que una iniciativa de estas características obviamente necesita de un trámite más sereno, más pausado y, por tanto, solicitamos ya que este real decreto tenga después el trámite como proyecto de ley, en el que podamos tener la oportunidad de coincidir o de mejorar algunas cuestiones que están contenidas en esta iniciativa.
En cualquier caso, nuestro grupo no está a favor de este real decreto porque no entendemos que sea una iniciativa que tenga que ver, como dice su preámbulo, con la mejora de la gestión del sector público empresarial y, desde luego, estamos absolutamente persuadidos de que poco tiene que ver también con la puesta a punto de un instrumento de política industrial. Pensamos más bien que tiene la validez de la legislatura. Es un real decreto que tiene un contenido mucho más presupuestario que industrial; que tiene un sentido más del oportunismo que de la oportunidad.
El meollo fundamental de este decreto viene a ser constituir una entidad o dar contenido a una entidad ya constituida, la SEPI, que administrará 900.000 millones de pesetas del primer tramo de privatización de Endesa para intentar hacer una política de saneamiento, de mejora y de gestión de algunas empresas públicas con pérdidas en este momento. Es decir, la filosofía que subyace detrás de este presupuesto es la de 900.000 millones de pesetas, producto de las privatizaciones, para compensar las pérdidas de las empresas públicas gestionadas y vinculadas hasta este momento a los Presupuestos Generales del Estado.
Señoras y señores diputados, cuando nosotros decimos que estamos en contra, estamos convencidos, absolutamente persuadidos, de que en contra está la gran mayoría de esta Cámara. Porque no hace mucho más de dieciocho meses discutíamos aquí la constitución de la Agencia Industrial del Estado y de la SEPI, que contó con una mayoría que en este momento está en esta Cámara con argumentos que incluso creo que es de utilidad traer al debate, porque no se me antoja que hayan perdido actualidad y no se me antoja que pueda haber tal elasticidad de pensamiento y criterio en los grupos políticos para que en tan sólo unos meses se hayan modificado sus posiciones.
He podido cosechar un buen número de perlas de las cosas que se dijeron en aquel debate de todos los grupos, quizás con especial interés por Grupo Parlamentario Popular, aunque no utilizaré el procedimiento de trinca para afianzar nuestras posiciones. Pero, las vueltas que da la vida, como alguna muestra había que presentar en esta Cámara para afianzar lo que digo, al hablar entonces de la constitución de las entidades de carácter público para la gestión del sector público empresarial decía el portavoz del Grupo Popular, señor Gamir: Subordinar las privatizaciones a los problemas financieros del sistema de empresas públicas no es una buena política de venta de las joyas de la abuela, sino más bien de pulírselas en aquellos momentos en que por necesidad de tesorería hace falta realizarlo. En esta situación se puede encontrar perfectamente la SEPI.
Esta fue una premonición del señor Gamir en función de cosas que, mire usted, repito, las vueltas que da la vida, son tesis radicalmente contrarias a las que suscribe hoy el Ministerio de Industria. Y he de decir que aun con un cierto retraso, con el gap producto de discrepancias políticas, venimos a coincidir con el señor Gamir en el tiempo, pero justo para la iniciativa que en este momento trae el Grupo Popular.
¿Me permiten una sola mención más, repito que no para utilizar el procedimiento de trinca, sino para observar algunas cuestiones que podrían ser mejoradas

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en el trámite de proyecto de ley de esta iniciativa? Les recuerdo a SS.
SS. que el traspaso de los activos de la Agencia a SEPI sin duda alguna introduce al sector público empresarial, si me permiten la expresión, respecto a la opacidad que tiene en este momento, en una especie de clandestinidad; coincidirán ustedes conmigo en que el margen de agilidad, de control parlamentario de la SEPI, sometida a reglas de mercado, es radicalmente distinto al de la Agencia Industrial del Estado que son empresas vinculadas al debate presupuestario. Pues bien, decía el Grupo Parlamentario Popular en su momento: A nosotros nos gustaría que se entendiera algo que comprendo que es molesto para quien gobierna: decir en los presupuestos la verdad sobre cuánto va a ser realmente el déficit de la empresa respectiva, y si luego necesita más fondos, recurrir al crédito extraordinario o a alguna fórmula parecida. Espero que el Consejo Consultivo de Privatizaciones, con esta ingente labor de ayuda técnica al Ministerio, pueda realizar alguna puntualización que ilumine al Gobierno para que en el trámite posterior como proyecto de ley podamos introducir alguna coincidencia que en este momento, como verán SS. SS., tenemos.
No seguiré. Eran tiempos en los que el Grupo Popular pedía el estatuto de la empresa pública. A qué velocidad va la vida. Da vértigo muchas veces ver las iniciativas y las contradicciones. En cualquier caso, cuando les estoy diciendo que hay base parlamentaria para justificar razones en contra de este real decreto, a mí hay una en la que me suele gustar ampararme, porque en algunas ocasiones suele tener sentido común, y es la propia posición que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tuvo hace tan sólo unos meses por boca del propio señor Sánchez i Llibre, persona que suele acertar en las precisiones de los debates parlamentarios. El señor Sánchez i Llibre --que, sin duda alguna, hoy no va a contradecir sus propios argumentos-- decía entonces que si a Convergència i Unió le parecía razonable que se constituyera la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad de Participaciones Industriales, era porque a través de la creación de esos grupos empresariales, la Agencia y la SEPI, se le daba mayor transparencia a la gestión pública empresarial al segregar las empresas subvencionables con criterios de la Unión Europea. Y afirmaba más: añade cuestiones de transparencia y criterios de control. Estoy absolutamente de acuerdo con usted, espero que usted esté también de acuerdo consigo mismo; pero esas son cuestiones que en breves minutos vamos a tener la oportunidad de comprobar en esta misma Cámara.
Por tanto, señoras y señores diputados, creo que este es un decreto que puede ser objeto de mejora; es un decreto que puede tener puntos de coincidencia si se corrigen algunas cuestiones que incluso están al borde de regularidad --iba a decir de la legalidad--. Detrás de este proyecto de ley --espero-- o real decreto, se esconde también algo que el Grupo Parlamentario Popular debería meditar profundamente, sobre todo para intentar recobrar una cierta credibilidad en el discurso económico. El objetivo fundamental de este real decreto supone dedicar el dinero de las privatizaciones a paliar el déficit público. Entiendo que las prisas aprietan, entiendo que la legislatura, que promete ser corta, obliga a tomar decisiones que --iba a decir una expresión grosera-- tienen que ver con aquello de: el que venga atrás que arree. En definitiva, puede llevar a tomar decisiones precipitadas en el desmantelamiento del sector público empresarial utilizando los recursos públicos para algo que no sólo no está en los compromisos parlamentarios que en esta Cámara ha asumido el Partido Popular, que no sólo está en contra de los compromisos electorales que el Partido Popular ha venido a asumir, sino que está en contra de los criterios de la propia Unión Monetaria, de la propia Unión Europea.
Por tanto, creo que sería bueno desenmascarar un poco lo que hay detrás de este decreto, que no es una pura reorganización del sector público empresarial; no, es el intento de apurar rápidamente la gestión de las privatizaciones, de intentar mejorar artificialmente, con lo que se llamaba ingeniería financiera, pero que no va más allá de peritaje financiero. En cualquier caso, lo que está detrás de esta idea, es maquillaje, en definitiva, es encubrir una realidad económica, además con el germen de la contradicción introducido dentro del propio real decreto.
Porque, claro, si condenamos o diseñamos una institución, un organismo público para gestionar el sector público empresarial que depende exclusivamente de los dividendos o de las privatizaciones que esas mismas empresas vayan generando, en un proceso por parte del Gobierno respecto a las privatizaciones que no dudo en calificar de alocado, dentro de tres o cuatro años --que ya sé que a ustedes eso les parece el fin del mundo--, ¿qué garantía tenemos de que exista aún la capacidad de financiación por parte del sector público para esas empresas? ¿O es que dentro de tan sólo unos meses lo que hoy vale, como parece que ha sucedido con los argumentos que entonces esgrimía el Partido Popular y hoy no exhibe, ya no va a valer y dentro de poco podrán retornar a los Presupuestos Generales del Estado aquellas empresas que tan sólo han servido de coartada para utilizar presupuestariamente, como el bálsamo de fierabrás, los recursos de las privatizaciones públicas que parece que aquí sirven absolutamente para todo? Señoras y señores diputados, creo que hay argumentos más que suficientes que explican las razones por las que estamos en contra de este decreto.
Son argumentos que están en el mismo frontispicio de la ley. Es evidente que no pierden ocasión para decirlo, con frases lapidarias, pero creo que cada iniciativa del Ministerio de Industria tiene una obsesión: el desmantelamiento del sector público empresarial. Ustedes lo

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llamarán prioridad. Permítame que por el nivel de pasión con que suelen utilizar este instrumento que ustedes dicen de política industrial, yo le llame más bien obsesión. Por lo tanto, no empiezan con un anuncio sino con una amenaza, y discrepamos abiertamente de lo que para ustedes es un objetivo obsesivo y para nosotros, sin duda alguna, es un criterio, una línea de conducta política radicalmente contraria --y creo que perjudicial-- para los propios intereses del país.
Pensamos, ya en los aspectos críticos del real decreto, que el margen de fuga al control parlamentario, tal como ustedes señalaban hace dieciocho meses, hay que evitarlo. No puede ser que se aparte el estorbo que supone la gestión parlamentaria que conlleva el debate de las empresas de la Agencia Industrial del Estado, introducidas en los propios presupuestos.
Yo estoy convencido de que las prisas que un real decreto comporta no ha permitido que ustedes coincidan --hoy con nosotros, pero incluso con ustedes mismos--, intentando mejorar al máximo posible toda la información, control y seguimiento de empresas, que ustedes ya entenderán que no pueden estar sometidas a las leyes del mercado. Son empresas que muchas veces están en reconversión, en reestructuración y que, evidentemente, sometidas exclusivamente a la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias de una empresa, pueden tener consecuencias muy distintas de las probablemente perseguidas. Por tanto no nos cabe la menor duda de que empresas estratégicas, algunas de ellas salvadas en su propio decreto como excepcionales, deberían volver a lo que ustedes pedían y sobre lo que entonces decían que molestaba al Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández Moltó, le ruego que vaya concluyendo.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Sí, señor presidente.
A aquel Gobierno no le molestó. Yo espero que a este Gobierno tampoco y, por lo tanto, se sujeten al control parlamentario. Espero que quiten esta inseguridad de futuro, estas incertidumbres que lleva implícita la contradicción que señalaba. Por último, que las enmiendas del proyecto de ley, que espero que esta Cámara acepte, realmente contribuyan a lo que parece que es su propósito, aunque estamos convencidos de que, en los términos que este real decreto conlleva, la mejora de la gestión del sector público empresarial va a ser muy difícil de sostener. En ese sentido y volviendo a su preámbulo, nosotros queremos que mejore el instrumento para mantener un sector público empresarial razonable y no para desmantelarlo con el nivel de precipitación, de errores y de opacidad que el propio decreto conlleva.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno a favor de la convalidación? (Pausa.) En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco siempre se ha manifestado a favor de la reducción, el dimensionamiento y la racionalización del sector público y, en consecuencia, entiende razonable la convalidación de este real decreto en los términos que han sido expuestos por el ministro de Industria y Energía.
Se trata, en definitiva, de no seguir manteniendo un conjunto de empresas sin tecnología, con dudoso mercado, sin recursos financieros, sin productividad y que ejercen una competencia desleal debido a los recursos que drenan de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el Grupo Parlamentario Vasco comparte los criterios que figuran en la exposición de motivos que antecede a este real decreto.
En las diversas oportunidades en que se ha tratado, tanto en el Pleno de esta Cámara como en la Comisión de Industria y Energía, sobre la reforma del sector público, el Grupo Parlamentario Vasco ha insistido en aprovechar la oportunidad para consolidar grupos industriales con capacidad de competir en el mercado internacional.
La carencia de estos grupos empresariales industriales, salvo en el sector de telecomunicaciones o en el financiero, sitúan a la economía española en un grado de debilidad importante, llegando incluso a limitar la actividad exportadora de las pequeñas y medianas empresas y a que sectores claves y estratégicos como la distribución, la alimentación, la siderurgia y los bienes de equipo estén dominados por centros de poder y decisión situados en el exterior.
Entendemos que este real decreto puede venir a ordenar este sector y a marcar parámetros competitivos en el sector industrial público. Es conocido en este tema que las empresas encuentran dificultades de acceso para concursar en proyectos de inversión en el mercado internacional.
Hemos tenido recientemente en Méjico el caso de la empresa CAF. Es también conocido que en la movilización de recursos financieros y humanos existen esfuerzos para adquirir y desarrollar tecnología con la que competir en el mercado propio y en mercado internacional, y para ello es indudable que se precisa dimensión y unificar esfuerzos, que es lo que creemos que realiza básicamente este real decreto. De ahí, que el Grupo Parlamentario Vasco defienda la consolidación de grupos industriales, dejando que el empresario tenga la iniciativa en cada uno de los sectores.
Hemos sostenido también reiteradamente, señor presidente, que el papel del Estado en la economía en

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general, y en la economía industrial en particular, debe ser subsidiario, nunca competidor institucional y mucho menos utilizando arbitrariamente instrumentos que son públicos y destinados a la promoción del bien común, como es el presupuesto. Desde esta perspectiva, entendemos razonables las ideas que están descritas en la exposición de motivos de este real decreto en orden a desvincular al Estado de la actividad económica directa y a efectuar la retirada con responsabilidad. Es decir, se trata de entregar un sector industrial saneado, dimensionado y con recursos, evitando gravar a la sociedad con déficit originados indirectamente de los intereses generales, y terminar con una bolsa de privilegios laborales y sindicales contradictorios en una sociedad moderna, en la que se exige calidad, conocimiento y competitividad, pero que además ha atravesado por duros procesos de reconversión y falta de incorporación al mercado laboral. Por ello entendemos, señor presidente, que estamos ante el final de un proceso que, tímidamente y con prejuicios socializantes, se inició con el Gobierno socialista.
El reto, en definitiva, es la modernización y, como dice el real decreto en sus primeras líneas, optar por la racionalización del sector público como proceso continuo, cuyo fin último es el de obtener una mayor eficiencia, no sólo económica sino social, ya que será directamente la sociedad la que se verá beneficiada al evitar el drenaje de recursos públicos que podrán ser destinados a funciones propias del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación, la ciencia, la tecnología o la atención asistencial.
Quisiera realizar una matización a este real decreto en orden a indicar que el Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, que suprime la AIE, haciendo asumir a la SEPI las funciones que la AIE tenía encomendadas. Me refiero a que, como consecuencia de esta reforma, queda derogado, entre otros, el artículo 9 de la Ley 6/1996, de 10 de enero, que contemplaba un órgano de participación de las comunidades autónomas por el se creaba el Consejo Territorial, donde estaban representadas las comunidades autónomas con competencia en materia industrial. Además este consejo permitía y facilitaba el seguimiento de las empresas públicas en crisis radicadas en cada una de las comunidades autónomas. El nuevo real decreto no crea una figura semejante y por ello entendemos desde el Grupo Parlamentario Vasco que convendría reclamarlo, ya que esta es la laguna más sustantiva que el Grupo Parlamentario Vasco quisiera subrayar en el análisis de este real decreto que el Gobierno ha presentado en la Cámara en la mañana de hoy.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco vamos a convalidar este real decreto, entendiendo que podemos asistir al inicio de una nueva fase en la política industrial y en la política presupuestaria, en lo que se refiere a recursos financieros que provienen de las privatizaciones y que dejan una fase anterior en la que se contaba con recursos financieros de los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Para un turno a favor, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Peón.


El señor PEON TORRE: Gracias, señor presidente.
Señorías, además de anunciar obviamente el voto afirmativo a la convalidación del real decreto que hoy se debate en la Cámara, nuestro grupo quiere agradecer el tono de todos los demás grupos parlamentarios porque hoy sí creemos que ha existido un intento de contrastar proyectos diferentes o de establecer matizaciones que se consideran argumentadas en torno a lo que es el contenido de este real decreto. Dicho esto, también tenemos que decir que en el mismo tono trataremos de argumentar el sentido favorable a la convalidación.
En primer lugar nuestro grupo quiere valorar muy positivamente lo que consideramos que es un ejercicio de coherencia del Ministerio de Industria y del Gobierno, en lo que está siendo un instrumento fundamental en la racionalización de la política macroeconómica de nuestro país y en la racionalización del sector público industrial de nuestro país. Al comienzo de la legislatura ya se anunció y se aprobó un plan de modernización del sector público empresarial que precisamente explicaba, como objetivo básico de ese plan, la racionalización del sector público empresarial, con el fin claro de ayudar a consolidar y dar viabilidad a la industria pública española y al empleo que depende de ella. Hace muy pocos días, este mismo martes, debatíamos en la Comisión de Industria la privatización de tres importantes empresas: CSI, Inespal y Elcano.
Hoy abordamos una nueva actuación del Gobierno, un nuevo instrumento, que pretende ayudar a esa racionalización del sector público industrial. Por lo tanto, señorías, creemos que en primer lugar se puede resaltar la coherencia del Gobierno y, por tanto, la coherencia del Grupo Parlamentario Popular que lo apoya; coherencia porque ya en nuestro programa electoral adelantábamos que desde nuestro punto de vista el sector público industrial tenía que tener una visión global y, sobre todo, una visión racional sometida a unos planteamientos predeterminados que permitieran hacer una fiscalización de cada una de las actuaciones que el Gobierno desarrollara en este ámbito. Se ha dicho que el Grupo Parlamentario Popular postulaba un estatuto de la empresa pública, y es cierto porque precisamente era una instrumento que se entendía que podía servir para dotar de racionalidad a ese entramado empresarial.


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Finalmente el Gobierno, en lugar de denominar a esa fórmula estatuto de empresa pública, lo ha llamado plan de modernización del sector público empresarial. Si es una cuestión de semántica, señorías, estamos dispuestos a admitir que ha habido un cambio semántico en la posición del Grupo Parlamentario Popular, pero no ha habido un cambio ni en cuanto a los objetivos ni en cuanto a los instrumentos que ya anunciábamos que íbamos a aplicar en el caso de que nuestro grupo recibiera el apoyo de la mayoría de la sociedad española y pudiera formar Gobierno. Por tanto, coherencia sin cambio alguno respecto a la postura de nuestro grupo en la anterior legislatura y en la presente. Tampoco existe incoherencia por parte del actual Gobierno, porque el ministro de Industria, en la primera comparecencia que realizaba para explicar el plan de modernización del sector público empresarial, ya anunciaba que existen una serie de holdings y sub-holdings --en particular, una relación entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el grupo Teneo-- que creemos que debemos modificar en la línea de simplificar esta estructura organizativa actual, que es excesiva y a veces incluso contradictoria con los objetivos marcados por el Gobierno. Efectivamente, señorías, si se trata de simplificar, de racionalizar, de hacer más sencillos los trámites por los cuales debe conducirse una empresa en un entorno competitivo, lógicamente debe pensarse que las estructuras de las que depende también deben ser cada vez más sencillas y más operativas. Por tanto, coherencia también en el Gobierno y en los planes que ya anunciaba al comienzo de esta legislatura.
Por último, coherencia en lo que es un planteamiento también general del programa electoral de nuestro partido en el sentido, ya expuesto por otros grupos, de que es necesario avanzar en la simplificación de la Administración, en el redimensionamiento de la Administración pública porque en el fondo también es una manera de ahorrar recursos públicos que luego se pueden destinar a otras prioridades de nuestro país.
Quiero hacer una última reflexión sobre la coherencia de nuestro grupo parlamentario, destacando la cita del portavoz de industria en la anterior legislatura, don Luis Gamir, cuando hacía mención al riesgo que apreciábamos con el anterior Gobierno socialista, ya que los ingresos provenientes de las privatizaciones acababan siempre destinándose a tesorería o caja de las empresas para atender los agujeros que se iban produciendo por la deficiente gestión que se apreciaba en ellas. No hay ninguna incoherencia, señorías, en la medida en que siempre hemos denunciado --entonces y también en esta legislatura lo hemos hecho-- que el anterior Gobierno socialista no tenía un modelo de privatizaciones, no tenía un diseño definido de para qué quería privatizar, cuál era el destino final de ese proceso, cuál era el modelo en el que se amparaba y los procedimientos que iba a seguir para dar lugar a esa reordenación del sector público empresarial. Simplemente privatizaba cuando tenía necesidad de obtener caja. Eso es lo que denunciábamos entonces y ahora seguimos pensando que eso era lo que ocurría, y que era un mal modelo para nuestro país. Algún grupo parlamentario también ha dicho que privatizaciones anteriores se han saldado con fracasos espectaculares porque, efectivamente, el único objetivo era hacer caja y no mantener el proyecto empresarial que estaba siendo objeto de privatización. Pero ese no es el modelo del Grupo Parlamentario Popular, señorías. Ya hemos dicho en varias ocasiones en esta legislatura que nuestro modelo pretende, precisamente a través de las privatizaciones, garantizar la viabilidad empresarial de los grupos industriales que son objeto de privatización.
Lo hemos visto con la privatización de la CSI, lo hemos visto con la privatización de Inespal. El objetivo principal no ha sido tanto hacer caja, sino garantizar el empleo, garantizar la actividad industrial de las empresas y darles grandes posibilidades de futuro.
Señorías, no podemos estar de acuerdo con los grupos que ven en este real decreto simplemente una operación de ingeniería financiera. Por todo lo que hemos dicho, porque es un instrumento claro de profundización en ese objetivo básico del Gobierno de reordenación del sector público empresarial.
Además, tampoco es oportunista. Es especialmente oportuno. Permítanme, señorías, que en ese sentido entienda lógica que la posición de hace dieciocho meses ahora pueda mantenerse en un sentido contrario, porque de entonces a acá la situación en el tejido empresarial público español ha cambiado radicalmente. Afortunadamente ha cambiado para bien, y nosotros creemos, señorías, que ha sido gracias a la buena gestión del Ministerio de Industria y de este Gobierno, aunque es cierto que la nueva situación económica internacional también ha ayudado en esa dirección.
Ha cambiado para bien, porque hace sólo dieciocho meses estábamos hablando de una reducción de 1.800 puestos de trabajo para la CSI. Ese era el plan que tenía la CSI hace dieciocho meses. Y estábamos hablando, para Astilleros Españoles, del cierre de centros de trabajo importantísimos en determinadas zonas geográficas de nuestro país. Todo esto hace dieciocho meses. Y hoy estamos hablando de que en Astilleros no se cierra ningún centro de trabajo. Hoy estamos hablando de que con la privatización de la CSI no se va a perder ni un solo puesto de trabajo.
Es decir, la situación hoy es bastante mejor, señorías, que la de entonces.
Además, hoy también tenemos que avanzar en el objetivo --que no es un objetivo del Gobierno, sino una obligación de este Gobierno y del anterior-- de cumplir los compromisos de Maastricht precisamente para estar entre los países europeos que sean capaces de traer mayor progreso y bienestar a sus sociedades respectivas. En ese compromiso --insisto-- que no es sólo de este Gobierno, sino también de los anteriores, tenemos

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que avanzar con un plazo temporal, señorías. Por ello tiene pleno sentido la manifestación del ministro cuando afirma que el grado de diferenciación del marco legal, incluso de actuación empresarial de unas empresas públicas y otras cada día es menor. Porque en las empresas públicas que hasta hace muy poco tiempo podían recibir ayudas públicas del Estado y que tenían una serie de privilegios, entre comillas, o regímenes singulares en la competencia ordinaria en el mercado, esos regímenes van desapareciendo día a día y hoy esas empresas también tienen que comportarse en el mercado como las demás, en clave de competitividad.
Por lo tanto, si el régimen hoy es el mismo, con excepción --como ya se ha dicho por el ministro-- del caso del carbón y con un horizonte temporal muy claro, también es lógico y coherente que los instrumentos y las estructuras que tengan que hacer operativo todo el entramado público empresarial sea único y también el mismo, porque eso nos ayuda a conseguir ahorros importantes para nuestro país.
Señorías, estamos hablando, como se ha dicho por parte de otros grupos, de realidades económicas. Se han dado algunos datos sobre lo que ha costado a todos los españoles mantener un tejido industrial deficitario en los últimos años, en la última década, cuatro billones. Ha habido unas enormes pérdidas de empleo en este tiempo, muchos miles de españoles han perdido su puesto de trabajo como consecuencia de reconversiones profundas en el sector público industrial español.
Hoy día ya no podemos hablar de reconversiones, no podemos seguir hablando de recortes de producción, de recortes de capacidad. El enfoque tiene que ser el contrario, garantizar la viabilidad de nuestro tejido industrial. Por eso tenemos un nuevo argumento para pensar que basta con una única estructura, porque el planteamiento industrial de este Gobierno y, en general, los fines de la industria pública española obedecen a un único objetivo.
Hay realidades económicas que, como hemos dicho antes, afortunadamente hoy son mejores que hace dieciocho meses. Tenemos que seguir esforzándonos. Precisamente este real decreto, que espero que esta Cámara convalide hoy, es un esfuerzo en esa dirección de racionalidad, de austeridad presupuestaria, de cumplimiento de los compromisos asumidos en Maastricht y, por tanto, de oportunidades para que nuestro país siga avanzando en la buena dirección. Una realidad económica que, a nuestro juicio, señorías, nos gustaría que despeje cualquier tipo de incertidumbre en cuanto a situaciones muy especiales que puedan darse respecto a un número de españoles. Antes se ha dicho, creo que por el Grupo de Izquierda Unida, que no se hablaba de lo que iba a ocurrir con los derechos pasivos, con las pensiones de los prejubilados. Señorías, ese debate huelga, porque, si se habla de la cantidad de miles de millones de pesetas que el Gobierno tiene que comprometer en el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos anteriores, precisamente 1,2 billones --como se ha dicho-- de las pérdidas, entre comillas, de los presupuestos o de los pasivos que están pendientes son de esos ejercicios y de esos pasivos. De manera que ese pasivo que se hereda de gobiernos anteriores, y que se va a cumplir escrupulosamente, es el que está generando casi la totalidad de las pérdidas, en este momento, de la empresa pública española, casi la totalidas. Es el cumplimiento de los pasivos, por importe de 1,2 billones de pesetas, de gobiernos anteriores hacia ciudadanos españoles con el sistema de las prejubilaciones, como consecuencia, según hemos dicho, de las reconversiones experimentadas en el sector en los últimos años.
Señorías, no se trata de ingeniería financiera, no se trata de que se puedan gestionar 900.000 millones para sanear pérdidas de otras empresas.
Se trata, en definitiva, de que hagamos desde ahora ya, con tiempo suficiente, lo que es necesario e imprescindible para que en el año 2000-01, cuando ya no haya remedio para hacer otra cosa, las empresas públicas españolas que sigan siendo públicas puedan ser competitivas, y si incluso pueden no ser públicas porque hay grupos multinacionales o grupos españoles que sean capaces de dotarlas de dimensión, de posibilidades de futuro y de posibilidades de crecimiento, creemos que eso es mejor que estar dependiendo de los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, voy terminando. Haremos una breve referencia en cuanto a lo que se ha argumentado respecto a la tramitación. Creemos --como ya ha explicado el ministro-- que ante una decisión de esta naturaleza que está afectando a empresas, muchas de las cuales cotizan en Bolsa, donde se producen fluctuaciones muy rápidas de capital, con el consiguiente efecto en los valores bursátiles, la única manera posible de modificar el marco legislativo de estas empresas, sin afectar gravemente a ese valor bursátil, es hacerlo de la manera que lo ha hecho el Gobierno y que por eso el proyecto de ley en este caso no tiene razón de ser, sobre todo porque esta legislación, como ya hemos dicho, no tiene vocación de permanencia, es instrumental, pretende tan sólo dotar al sector público empresarial español, hasta el momento en el que tenga que ponerse a competir plenamente, sin ningún tipo de ayudas, de un instrumento eficaz.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, le ruego que vaya concluyendo.


El señor PEON TORRE: Sí, señor presidente. Termino ya.
No se trata de ningún enmascaramiento, sino simplemente de coherencia a la hora de aplicar las políticas del Gobierno. No se trata de un desmantelamiento.


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No repitamos aquí un debate ideológico sobre la identificación entre privatización y desmantelamiento. Se ha demostrado que se puede privatizar para garantizar el futuro industrial de una empresa y sus puestos de trabajo y, afortunadamente, eso es lo que está haciendo el Gobierno y esperamos que lo siga haciendo con éxito.
Muchas gracias, señorías. Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peón.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la convalidación del Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, de creación de determinadas entidades de Derecho público, ya que, a nuestro entender, sólo afecta a una cuestión procedimental y no a una cuestión de fondo.
Le agradezco al señor Hernández Moltó la mención que ha hecho a mi persona respecto a las consideraciones y aportaciones que nuestro grupo hizo en la pasada legislatura sobre las cuestiones referentes a las privatizaciones y a la modernización y reestructuración del sector público empresarial español, pero me remito a las intervenciones de nuestro grupo y a nuestras aportaciones, en el sentido de que siempre han ido en la misma dirección: en la dirección de la privatización. Ustedes preferían definirla como racionalización; el Partido Popular la define como modernización, pero el fondo de la cuestión es que nuestro grupo siempre ha ido en la dirección de privatizar todas aquellas empresas públicas que no tenía sentido que estuvieran compitiendo con el sector privado. En definitiva, hemos ido defendiendo todas aquellas cuestiones relativas a la racionalización y modernización del sector público empresarial español.
Entendemos que, a raíz de la convalidación de este real decreto, seguirá siendo válido el objetivo perseguido por nuestra coalición de Convergència i Unió, en el sentido de que es posible seguir acometiendo la privatización de todas aquellas empresas que no tienen razón de existir en el sector público y la racionalización y modernización del sector industrial estatal, con el objetivo básico que siempre ha perseguido la coalición de Convergència i Unió, así como el resto de fuerzas políticas que integran la Cámara, entre ellas la suya, de reducir progresivamente las subvenciones, las transferencias de capital a las empresas públicas con pérdidas estructurales, así como que exista también transparencia con dichas privatizaciones y dicha racionalización e igualmente control parlamentario a través del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


-- REAL DECRETO-LEY 16/1997, DE 13 DE SEPTIEMBRE, DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY 17/1997, DE 3 DE MAYO, POR LA QUE SE INCORPORA AL DERECHO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 95/47/CE, DE 24 DE OCTUBRE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, SOBRE EL USO DE NORMAS PARA LA TRANSMISION DE SEÑALES DE TELEVISION Y SE APRUEBAN MEDIDAS ADICIONALES PARA LA LIBERALIZACION DEL SECTOR. (Número de expediente 130/000029)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al debate de la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/1997, de 13 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 17/1997, de 3 de mayo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 95/47, de 24 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector.
Para su presentación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me parece conveniente en el momento de presentar el real decreto-ley, cuya convalidación se somete hoy a la Cámara, hacer una breve síntesis de lo que podríamos denominar el estado de la cuestión.
Ha habido un excesivo grado de politización, a mi juicio, se han tergiversado frecuentemente las informaciones y no está de más proceder a una clarificación inicial antes de pasar a explicar el contenido de la modificación que se hace en el tema de la llamada televisión digital.
Como recordarán SS. SS., el decreto-ley convalidado en esta Cámara y después tramitado como ley, contenía el siguiente esquema en lo que afecta a la transmisión de señales de televisión digital por satélite en su modalidad de pago. Se preveía, en primer término, una posibilidad de acuerdo entre operadores para que los descodificadores fueran abiertos; a continuación, en un segundo plano se ofrecía, respecto de los descodificadores cerrados, la posibilidad de adaptarlos para convertirlos en abiertos y, finalmente, si ninguna de esas dos soluciones funcionaba o resultaba viable, la ley, jerarquizando las modalidades técnicas, se inclinaba

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por la libre circulación del sistema multicrypt, que es el sistema abierto que da acceso a todos los operadores.
La Comisión Europea manifestó su desacuerdo con este planteamiento sobre la base del siguiente razonamiento: el Tratado de Roma prevé dos grandes principios constitutivos del mercado único que tienen igual valor: el principio de libre competencia y el principio de libre circulación de bienes y servicios.
La ley española era correcta desde el punto de vista de la defensa de la libre competencia. Pero al defender la libre competencia contenía una transgresión del principio de libre circulación de bienes y servicios.
Concretamente, se vulneraban, según la Comisión, los artículos 30 y 59 del Tratado de Roma. Recuerdo que el artículo 30 del Tratado de Roma dice --y cito-- lo siguiente: Quedan prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.
El artículo 59 se refiere a la libre circulación de servicios, que resultaba también vulnerado en la medida en que, a través de los descodificadores, que es una mercancía, se presta el servicio de televisión.
Para resolver la cuestión de fondo, es decir, para saber si existe o no desproporción en la solución adoptada por la ley española, hay que dar respuesta a una cuestión previa: en el momento de incorporar una directiva al ordenamiento jurídico nacional ¿hasta dónde puede llegar un Estado miembro? ¿Ha de realizar, única y exclusivamente, una transcripción literal de la directiva o puede tener en cuenta circunstancias nacionales? Porque no es lo mismo incorporar al ordenamiento jurídico español una directiva donde existe una determinada situación de mercado, que incorporar esa misma directiva en el ordenamiento jurídico alemán donde la situación de mercado es completamente distinta.
El Tratado de Roma, en su artículo 189, al regular la obligación de los Estados miembros de incorporar las directivas a sus respectivos ordenamientos jurídicos, impone una obligación de resultado. Dice el artículo 189: La directiva que se incorpora será obligatoria para el Estado miembro en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
Hay que preguntarse, por tanto, cuáles son los fines de la directiva que regula la transmisión de señales de televisión en la llamada televisión por satélite de pago, en terminología más accesible que la estrictamente técnica.
A este respecto no está de más citar las palabras del comisario de telecomunicaciones Bangemann. Cito textualmente unas palabras reproducidas por el diario El País el 25 de enero de 1997. El comisario Bangemann hablaba en junio de 1996, y dirigiéndose a los operadores de televisión dice el párrafo entrecomillado: «No quiero imponerles nada, quizás en el futuro no habrá un sólo sistema. Podemos vivir con tres o cuatro modelos, pero que sean compatibles, de manera que el consumidor pueda utilizar un sólo descodificador para diferentes emisiones.» Esto es lo que decía el comisario Bangemann que fue, por así decirlo, el que impulsó la directiva que ha sido objeto de polémica al ser incorporada al ordenamiento jurídico español.
Pues bien, partiendo de esas palabras, podemos resumir los fines de la directiva utilizando el propio texto de la misma. La primera finalidad de la directiva es que todos los proveedores de servicios de televisión de pago --y cito ahora-- puedan ofrecer sus programas a todos los consumidores de televisión de pago de la Comunidad Europea, y eso solamente es posible con descodificadores abiertos y compatibles, por tanto y en última instancia, con un descodificador único.
La segunda finalidad de la directiva es evitar la aparición de una posición dominante. A este respecto, en la directiva se exige a los gobiernos, literalmente, que tomen todas las medidas para evitar que emerja una posición dominante en el mercado. Finalmente, hay que tener en cuenta que se trata de una directiva dictada en el ámbito del derecho de la competencia, cuya ratio legis, cuya finalidad última, como es lógico, es garantizar la libre competencia y, por tanto, en el caso que nos ocupa, que el sistema de descodificadores no se convierta en una barrera artificial de acceso al mercado por los distintos operadores. Para conseguir esta obligación de resultado, es absolutamente imprescindible tener en cuenta las características del mercado español; de lo contrario, haríamos simplemente una abstracción.
¿Cuáles son los rasgos del mercado español en lo que afecta a la televisión de pago? Y estos rasgos no son simplemente una opinión, están extraídos de lo que la misma Comisión opinó cuando tuvo que abrir un procedimiento de infracción como consecuencia de la operación entre Telefónica --entonces empresa pública-- y el grupo Prisa para la constitución de la sociedad Cablevisión. Pues bien, de conformidad con lo que la Comisión opinó entonces, en España, el mercado nacional se caracteriza por lo siguiente: primero, hay un monopolio de televisión de pago; segundo, hay una posición dominante, adquirida no en régimen de libre competencia, sino a través de una concesión administrativa otorgada por el Gobierno; y tercero, hay, por tanto, un mercado cautivo en el ámbito de la televisión de pago y, con ese mercado cautivo, el peligro de que no puedan entrar nuevos operadores y de que no haya libre competencia. Esta es la descripción, que yo sintetizo y que podría leer in extenso, que hace la Comisión Europea al referirse al mercado español con motivo de aquel procedimiento de infracción. Frente a esa situación del mercado español, hay dos grandes intereses que proteger. En primer lugar, los intereses de los consumidores, que pasan por la libre competencia

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y pasan, obviamente, por los descodificadores abiertos. Y el segundo gran interés a proteger es la garantía de que todos los operadores van a poder actuar, desde el principio, en un régimen de igualdad en el mercado.
La postura de la Comisión frente a este planteamiento y a este razonamiento (y hablo de la postura de la Comisión expresada en sus escritos y expresada en las conversaciones que se han mantenido este verano entre los servicios técnicos del Gobierno y los servicios técnicos de la Comisión) se podría a su vez sintetizar en tres rasgos. Primero, los fines de la ley son correctos; segundo, no es, sin embargo, correcto jerarquizar los modelos técnicos y favorecer uno, aunque el modelo que se favorece sea, a su vez, el más favorable para la libre competencia y para los consumidores; y tercero, se pueden y se deben tener en cuenta las circunstancias del mercado nacional, pero --añade la Comisión-- la ley, directamente, no debe imponer una solución técnica, sino dejar actuar a los órganos de defensa de la competencia y dotarlos de las atribuciones adecuadas para poder actuar y poder garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la directiva y la ley española.
Pues bien, el nuevo texto que hoy se somete a convalidación, como es lógico, recoge el planteamiento de fondo con respecto a la cuestión planteada por la Comisión. Para ello, el texto del decreto-ley cuya convalidación se pide hoy a la Cámara en su exposición de motivos recoge literalmente la finalidad de la directiva que, insisto, vuelvo a leer porque tiene una importancia extraordinaria para la futura actuación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Se trata de poner los servicios avanzados de televisión de pago a disposición del mayor número posible de telespectadores, garantizando que todos los proveedores de servicios de televisión de pago puedan ofrecer sus programas a todos los consumidores de televisión de pago de la Comunidad.
De otra parte, el texto de la exposición de motivos y el texto articulado establecen nítidamente que los descodificadores deben ser abiertos y compatibles, porque de otra manera no se podría garantizar el cumplimiento de los fines de la directiva y de la ley. A este respecto, el ejemplo de lo que ya ocurre en el mercado europeo sobre la televisión por satélite en abierto es claro. Hoy la televisión por satélite en abierto funciona en el mercado europeo y con una antena parabólica nosotros podemos ver los programas que, en abierto y por satélite, se transmiten desde Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia.
Pues bien, no hay ninguna razón para que no ocurra lo mismo con la televisión de pago. Si, con respecto a la televisión en abierto, funciona ya el mercado único, pongamos los medios para que funcione también en el mercado único en lo que afecta a la televisión de pago. Eso, naturalmente, no es posible si el consumidor o el usuario ha de tener una colección de descodificadores para ver los distintos programas de televisión de Gran Bretaña, Francia, Alemania o Italia.
En tercer lugar, el texto fortalece y amplía las atribuciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para garantizar la libre competencia y los demás fines de la directiva y de la ley.
En cuarto lugar, se mejora notablemente en el texto la protección de los usuarios, y finalmente se suprimen las especificaciones técnicas y los plazos que estaban vinculados a la implantación de esas modalidades técnicas de los distintos tipos de descodificadores.
De estos cinco puntos, que son los que constituyen la reforma que realiza el decreto-ley con respecto a la ley en vigor, querría destacar todo lo que afecta a las nuevas atribuciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Porque de esta manera se recoge el planteamiento esencial de la Comisión Europea, donde se decía, en una posición discutible, que la ley no imponga directamente ninguna solución técnica, pero que se dote a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como órgano encargado de la defensa de la libre competencia, de las suficientes atribuciones para poder conseguir la finalidad de que haya libre competencia, de que haya descodificadores abiertos y de que, en su caso, pueda haber un descodificador único.
Para ello se dan a la Comisión las siguientes atribuciones: Primero, aprobar los modelos de contratos que los distribuidores y operadores celebren con los usuarios, y en los contratos debe constar: si el descodificador es abierto o cerrado y, en definitiva, información sobre cuántas plataformas digitales va a poder ver a través del descodificador que adquiere.
Esta es una información básica. Debe constar en el contrato y es una obligación cuyo cumplimiento debe garantizar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Cuando uno va a suscribirse a una de las plataformas digitales, no solamente de las españolas, sino de las de cualquier país, debe saber exactamente qué es lo que puede hacer con ese descodificador, y le deben informar si sólo sirve para ver una plataforma o, por el contrario, tratándose de un descodificador abierto, o que puede convertirse en bierto, tiene la posibilidad de ver varias plataformas digitales.
Segundo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones deberá también aprobar previamente los contratos que celebren entre sí los distintos operadores sobre el uso compartido de descodificadores que no sean abiertos, pero que puedan serlo mediante ese acuerdo. Esos contratos deben ser también aprobados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para garantizar: uno, que el uso compartido de los descodificadores no es una colusión que va a impedir en el futuro la libre competencia; y, dos, que no se va a impedir a los usuarios la recepción de otros programas de televisión de pago con un único descodificador.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene otras dos facultades: a instancias de cualquier

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operador, puede establecer las condiciones jurídicas, técnicas y económicas que garanticen el carácter abierto y compatible de los descodificadores; y puede también, finalmente, exigir a los distribuidores y suministradores que informen a los usuarios sobre las características de los descodificadores.
Esta es la solución, señorías, a la que se ha llegado después de una serie de conversaciones entre los servicios técnicos de la Comisión y los servicios técnicos del Gobierno, y en particular con los servicios técnicos del Ministerio de Fomento.
Cualesquiera sean las valoraciones políticas que quieran hacerse, lo cierto es que es obligación del Gobierno y del Parlamento resolver un problema que tiene cuatro dimensiones. Es un problema que tiene una dimensión jurídica, no solamente en España, sino en todos los Estados miembros de la Unión: hasta dónde se pueden tener en cuenta las circunstancias del mercado nacional a la hora de incorporar la directiva de referencia. La conclusión es que se pueden tener en cuenta las circunstancias existentes en el mercado nacional para introducir regulaciones adicionales.
El problema tiene también una dimensión comercial o de mercado: cómo abrir un mercado, el español, donde hay un monopolio para garantizar la libre competencia y la igualdad de todos los operadores. La solución, señorías, es dar poderes y atribuciones a los órganos de defensa de la competencia para que puedan tomar las medidas necesarias a este respecto.
El problema tiene también una dimensión técnica: cómo conseguir que el elemento técnico, es decir, el descodificador, sirva a las finalidades de la ley y no constituya una barrera a la libre competencia. El principio es obvio: garantizar la aplicación del principio de que los descodificadores deben ser inmediatamente abiertos y compatibles.
Finalmente, el problema tiene, y de manera muy principal, una dimensión social: cómo evitar que los usuarios se vean obligados a tener tantos descodificadores como televisiones de pago quieran ver. Eso se consigue, igualmente, con una protección específica de información, además de con la garantía del carácter abierto y compatible de los descodificadores.
Señorías, con el decreto-ley se superan los defectos que tenía la ley que ahora modificamos y se ponen los medios, a nuestro juicio, para garantizar definitivamente la resolución del problema.
Debo decir, además, que la solución dada es plenamente conforme, no ya al Derecho comunitario, sino a la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Y unas muy breves palabras en relación con este punto para cerrar mi intervención.
La jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo ha reconocido explícitamente la posibilidad de que para asegurar el resultado, que es la libre competencia, las autoridades nacionales adopten medidas que refuercen las condiciones establecidas por las instituciones comunitarias.
El argumento que utiliza el Tribunal Europeo de Justicia es, yo diría, de lógica jurídica, y es que el ordenamiento jurídico comunitario y el ordenamiento jurídico nacional responden a intereses y a objetivos distintos. El ordenamiento jurídico comunitario se concentra en conductas, acuerdos y estructuras económicas que afectan al mercado intracomunitario, mientras que el ordenamiento jurídico nacional viene determinado por la situaciones que se dan en el mercado interno.
En el supuesto, dice una y otra vez la jurisprudencia del tribunal, de que la misma situación, la situación litigiosa, entre en el campo de aplicación de ambos ordenamientos jurídicos, comunitario y nacional, debe prevalecer la norma más estricta, porque así se asegura mejor la protección de todos los intereses en juego, tanto los nacionales como los comunitarios.
Esto es, señorías, lo que el decreto-ley que hoy se somete a la convalidación de la Cámara trata de hacer: corrige unos defectos, en lo que afecta a la jerarquización de unas modalidades técnicas, garantiza la libre competencia y, en definitiva, viene a resolver un problema que, señorías, no es pacífico en ninguno de los Estados miembros de la Unión y, desde luego, no es ni puede ser pacífico en un país como España en el que se parte de una situación de monopolio.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra de la convalidación? (Pausa.) En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Señor presidente, señorías, decíamos ayer, señor ministro: estamos ante una norma que vulnera la Constitución y un buen número de directivas comunitarias, 13 de febrero de 1997, debate de convalidación del primer decreto-ley de la televisión digital. Claro está que eso lo decíamos nosotros. Usted, por el contrario, dijo ese mismo día, el 13 de febrero: esta ley --acuérdese, señor ministro-- se inscribe en la mejor tradición de la legislación europea. Menos mal que era la mejor, señor ministro, si llega a ser la peor no sé que estaríamos aprobando hoy aquí.
La verdad es que viéndole hoy aquí --reconozco que lo ha hecho usted muy bien en esta tribuna-- casi tendríamos que felicitarle, prácticamente ha sido un éxito. Casi ha convencido usted a la Comisión Europea de que su norma era la buena. Es verdad que estaba tratando de justificar y defender un decreto-ley que cambia todo lo que hasta este momento venía usted haciendo. Por tanto, no es un éxito, de verdad, créame,

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no es un éxito. Ya entiendo que usted ha tenido que hacer un papel difícil y creo, honestamente, que lo ha hecho bien, pero no es un éxito suyo. No es un éxito suyo y usted ha conseguido que no sea un éxito de todos. Yo creo, señor ministro, que usted tenía que haber venido aquí y por lo menos haber dicho: señores parlamentarios, les he llevado a una situación un poco difícil, delicada, porque van ustedes ahora a modificar aquí una norma que aprobaron hace dos meses por mi empecinamiento, el del Gobierno y algunos de sus circunstanciales socios parlamentarios. Ya podía usted, por lo menos, haber pedido disculpas a esta Cámara. Hubiera sido algo que yo, personalmente, le hubiera agradecido.
Usted, la verdad, y su jefe, el presidente del Gobierno, tienen ya una exclusiva, ahora que se habla de medios de comunicación. Tienen una exclusiva. Es el primer Gobierno español que tiene que modificar una ley mediante un decreto-ley para evitar que el Tribunal de Luxemburgo le paralice la ley. Esa es una exclusiva que sólo usted tiene. Sáqueme usted estadísticas de conflictos, señor Arias. Es la primera vez que nos vemos obligados aquí a hacer un decreto-ley para modificar una ley que aprobamos hace dos meses, porque usted sabe --y ese es el problema-- que si no lo hubiéramos hecho, Luxemburgo hubiera paralizado la ley dentro de escasas semanas. Ese es el problema. Ese es su éxito. Y tengo que decir que usted lo ha intentado compartir con todos nosotros. Ese es el problema de esta Cámara y el problema del bochorno al que usted ha llevado a esta Cámara. Es verdad que algunos lo hemos compartido menos que otros, porque mi grupo parlamentario y yo le venimos diciendo hace meses que usted está vulnerando las directivas comunitarias. No sólo nosotros, algunos grupos de esta Cámara, Convergéncia i Unió y Coalición Canaria, se lo dijeron también.
Por tanto, el papelón que usted ha hecho hoy aquí, el que ha hecho usted en Bruselas, el que nos ha hecho hacer usted en Bruselas, lo comparte más con unos que con otros, pero creo que todos hubiéramos merecido hoy aquí una disculpa. Ese es el fondo de la cuestión. Ese es el decreto-ley que estamos aquí hoy debatiendo, la rectificación que usted ha hecho para adecuar la normativa que planteó a esta Cámara a las directivas comunitarias.
Tengo que decirle que vamos a votar que no al decreto-ley, y lo voy a explicar. Lo voy a explicar y voy a tratar de debatir con usted a fondo este tema una vez más, a ver si conseguimos, por lo menos, ponernos de acuerdo sobre lo que debatimos, para que usted no vuelva a decir eso de los falsos debates. Vamos a ver si centramos el debate ya aquí. Y le vamos a decir que no porque este es un decreto-ley con trampa, señor ministro. Tiene trampa, consigue sus objetivos con trampa. Y le vamos a decir que no porque es un decreto-ley que es una chapuza, como toda la legislación que usted ha hecho en materia de televisión digital; una auténtica chapuza. Por esas tres razones le vamos a decir que no y a continuación pediremos a la Cámara que para tratar de arreglar las trampas y las chapuzas se tramite como ley.
Como le decía, ustedes se han bajado del burro porque Luxemburgo, a petición de la Comisión Europea, iba a dejar la ley sin efecto, y ese riesgo no lo podían correr; o para ser más exacto, ya no tenían por qué correrlo. Sobre esta frase volveré luego. Aunque maneje las estadísticas como quiera, son ocho las veces que se ha producido una situación como la que hoy debatimos aquí ante la Corte de Luxemburgo, ocho, en toda la historia de la Unión Europea. La pregunta, señor ministro, es por qué esa severidad de la Comisión, por qué la Comisión plantea, tan taxativamente como lo plantea, el que va a ir a Luxemburgo para pedir la paralización de la ley; ¿por qué esa severidad? Porque, señor ministro, usted vulneraba no sólo algunas directivas, desde luego la que pretendía trasponer, vulneraba el tratado, para entendernos, la Constitución europea; lo vulneraba --y este es el problema de fondo, señor ministro-- porque usted había hecho una norma que favorecía a una empresa y perjudicaba a otras. Y eso, que hasta ahora venía siendo algo que sólo el Grupo Parlamentario Socialista decía aquí (algún grupo más también lo ha dicho), hace ya algunos meses viene diciéndolo la Comisión Europea. Ya sé que usted intentó que el debate sobre lo que la Comisión Europea decía se llevara al mes de julio. Hicimos el debate el 30 de julio y no por la noche porque no es costumbre en esta Cámara, porque por usted lo hubiéramos clandestinizado del todo. Le voy a traer algunas frases de lo que decía la Comisión Europea de la ley que hoy usted trae aquí a modificar, porque ha pasado por ellas como sobre ascuas, y lo entiendo.
La Comisión Europea decía textualmente que el artículo 7.a), que usted modifica hoy mediante un decreto-ley, dista mucho de poner a las empresas en pie de igualdad (epígrafe 70 del dictamen motivado). Dice textualmente que este artículo, siempre el 7.a), favorece marcadamente a una empresa que ha anunciado su entrada en el mercado en detrimento no sólo de una que ya está, sino de otras que pudieran estar interesadas en dichos mercados (epígrafe 69 del dictamen motivado). Finalmente dice que la solución que impone el artículo 7.a), el que hoy modificamos, lleva a un debilitamiento de la competencia en el mercado relevante (epígrafe 43 del dictamen motivado). Todo eso lo dice la Comisión. En resumen y para entendernos, la Comisión dice que usted en esa legislación ha dado trato de favor a una empresa. Yo añado: La que preside el amigo del presidente del Gobierno. Lo segundo que dice la Comisión Europea, señor ministro, que me interesa todavía más a los efectos de lo que discutimos hoy aquí, es que usted con ese trato de favor va contra la competencia. Eso lo dice la Comisión Europea. Claro que ese

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debate usted lo ha querido tener en Comisión, no aquí hoy. Pero la Comisión Europea rompe su argumento, el que ha empleado en toda esta larguísima discusión sobre la televisión digital. Es la Comisión, no sólo el Grupo Socialista, la que le dice a usted: Señor ministro, usted ha dado trato de favor a una empresa en relación a otra/otras. Y señor ministro, usted con ese trato de favor no favorece la competencia, rompe la competencia, dificulta la competencia, perjudica la competencia. Iba a decir cosas más duras pero ese debate hoy me interesa ya menos y, además, en cualquier momento me llamarán la atención por falta de tiempo.
Por tanto, no siga usted por ahí. Ya no lo digo yo; lo dice la Comisión Europea. Ya sé que a usted la Comisión Europea le merece menos respeto que a mí, pero así son las cosas.
En definitiva, trato de favor, y usted tiene que cambiar la ley, no le queda más remedio. Además, la cambió porque ya no la necesitaba. Le voy a decir una cosa que me llama la atención, y supongo que también a todo el mundo. ¿Usted se ha fijado en que el primer decreto-ley se aprobó uno o dos días después de que una de las dos plataformas digitales anunciara su puesta en marcha y el segundo se ha publicado uno o dos días antes de que la segunda plataforma digital se haya puesto en marcha? ¿No le llama la atención esta exactitud, esta cronología? Es decir, entre uno y otro sólo vivía una; la otra se estaba preparando. A usted le interesaba que esa que vivía, que no le gusta, tuviera dificultades. Ese es el origen de toda esta legislación. Pero ahora eso ya le da igual, porque ya está la otra en el mercado; le da igual o casi igual, ya veremos cómo no le da igual del todo. Ese es el fondo del problema. Por eso usted nos ha metido en este embrollo, no por defender la competencia, que usted no defiende, perjudicando a una empresa y facilitándole las cosas a otra. ¿Pero cómo se puede defender la competencia diciendo: Pónganse ustedes de acuerdo y si no se ponen de acuerdo usted tiene razón? ¡Valiente manera de defender la competencia, señor ministro! Usted sabe esto como lo sé yo. Por tanto, discutamos el fondo de la cuestión.
Vamos rápidamente al contenido del decreto-ley, una vez que hemos aclarado de qué estamos hablando. Ustedes sólo han modificado el artículo 7, pero había más cosas a modificar. Usted lo sabe porque lo debatimos usted y yo clandestinamente casi en el mes de julio. La Comisión cuestionaba la existencia del registro; la Comisión cuestionaba la existencia de una certificación a la que se refiere la disposición adicional única de la ley que sigue en vigor, y luego volveré sobre ello; la Comisión cuestionaba finalmente el papel que usted le da a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones en la aprobación de las tarifas de interconexión. Sobre eso no voy a hablar; ya sostuvimos un debate usted y yo. Me llama la atención la confianza que tiene la Comisión. Ojalá la hubiera tenido en la telefonía básica. Pero vamos a seguir porque no es lo relevante. Ustedes no han modificado, estas cosas no las han tocado, y no lo han hecho porque su objetivo es evitar Luxemburgo y saben que por esto, que son cosas importantes pero no tan graves, ustedes no van a ir a Luxemburgo. Por tanto, si sigue el expediente, que siga. Dentro de unos años, cuando esto se acabe, dónde estaremos unos y otros; les da igual.
Y sobre todo no lo ha modificado ¿sabe por qué? Porque usted no lo está aplicando, y eso es algo que ya le dijimos aquí. Le dijimos aquí que el registro era un registro peculiar, que aclarara si era autodeclarativo o constitutivo, y usted no lo aclaró. La realidad es que usted sostiene que es autodeclarativo y la Comisión y el Grupo Socialista dicen que es constitutivo. La prueba de ello es que se ha denegado uno por un informe de la Dirección General de Telecomunicaciones lleno de peticiones de certificaciones, y eso se compadece muy mal, señor ministro, con la autodeclaración; por tanto es constitutivo. Pero fíjese, da igual, me da lo mismo. El hecho es que hay dos plataformas digitales y ninguna está registrada. Es un registro que no tiene registrados. Usted me dirá que eso prueba que es autodeclarativo y yo le digo que eso prueba que usted no lo puede aplicar. Usted no podía impedir el funcionamiento de una plataforma por no tener registro porque sabe que iría contra la normativa comunitaria y, por tanto, no lo modifica pero no lo aplica.
Más curiosa todavía es la situación de la disposición adicional primera que, como usted sabe, a mí siempre me ha llamado la atención. He pedido varias veces que me lo aclare y nunca ha podido hacerlo. Le leo textualmente: La comercialización, distribución, cesión o alquiler de aparatos, descodificadores o cualquiera de los regulados en esta ley, sin la previa certificación que acredite el cumplimiento de las normas que en esta ley se establecen, se sancionará...etcétera. En definitiva, que uno no puede ni vender ni alquilar ni comercializar ningún descodificador sin una autorización o certificación previa, que no se sabe si es la del registro o no. Sobre ese lío ya tuvimos un debate sin aclararnos ni usted ni yo; bueno yo sí, usted no se aclaró. En todo caso, señor ministro, a lo que voy: certificación previa. ¿Ve usted la palabra previa? Y la pregunta entonces es: Hay dos plataformas en España funcionando, ¿alguna tiene esta certificación? Y la respuesta es: No, señor ministro, ninguna.
Es un certificado previo que se pide en una adicional, que si no se tiene supone que uno no puede operar y se le castiga con muchas cosas --lo dice a continuación--, pero que no tiene ninguna de las dos plataformas que están operando. Y ¡ojo, señor ministro!, es un certificado, no el de la Comisión Europea, que hace referencia al cumplimiento de toda la ley, absolutamente de toda la ley.
Por tanto, tenemos un sistema de registro en el que nadie se registra, un certificado que nadie pide pero que es obligatorio, en definitiva, un lío, y usted esto no

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lo corrige, pero no lo aplica, da igual, porque sabe que el día que pare una plataforma porque no haya un certificado previo la Comisión Europea dirá: No lo puede usted hacer porque el descodificador que se vende en Alemania se puede vender en España, y usted no puede aplicar la ley. Pero no lo modifica, para qué. Pienso que quizá porque alguna vez puede necesitarlo. El hecho es que este decreto-ley pierde la ocasión de aclarar este follón. Permítame que le recuerde una frase que dije aquí el 13 de febrero --¿se acuerda?-- cuando vimos el primer decreto-ley.
Hablábamos de este sistema de autorización y le dije literalmente: Estamos ante una norma que ni tan siquiera ustedes van a ser capaces de aplicar. Eso le dije. A las pruebas me remito hoy, nueve meses después.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez Rubalcaba, le ruego vaya concluyendo.


El señor PEREZ RUBALCABA: Voy rápidamente a la parte sustantiva. Usted ha cambiado el artículo 7a) en este decreto-ley. En una entrevista en un periódico nacional, hace muy poco, usted dice una cosa importante: La ley --se refiere a la otra, la que usted modifica--, en defensa de la competencia, terminaba por imponer el sistema multicrypt. !Valiente defensa de la competencia! Ahora es la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la que tiene que garantizar que los descodificadores sean abiertos y compatibles. En definitiva, lo que antes hacía la ley, ahora lo puede hacer la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones. Lo puede hacer o puede no hacerlo; ahora veremos qué normas le da usted para que funcione. Si no hace nada, no pasa nada; si lo hace, Bruselas entrará. Pero es evidente que usted salva la objeción de Bruselas, la salva hábilmente, tramposamente, porque la Comisión podría llegar a prohibir uno de los dos descodificadores --se lo leeré a continuación--, podría llegar a perjudicar a uno de los dos; los dos que están, como dice usted aquí hoy, por primera vez, en igualdad de condiciones. Y como le recordaba muy bien el señor Recoder en el debate del 30 de julio, en igualdad de condiciones, según la normativa comunitaria, la Comisión podría realmente perjudicar a uno y favorecer a otro. Pero la Comisión tendría que hacer algo, entonces Bruselas entraría; si no hace nada la Comisión, de momento no pasa nada. Usted salva la objeción fundamental de Bruselas, deja la espada de Damocles encima de la cabeza de aquél al que usted se quiera llevar por delante. Ese es el truco del decreto-ley.
Voy a leerle el decreto-ley, pues igual resulta que me aclara en la discusión este asunto. Usted tuvo el otro día la excelente, la gigantesca cortesía parlamentaria de recomendarme que leyera el Boletín y le he hecho caso. Yo soy disciplinado, hago caso siempre a mi Gobierno y lo he leído, y se lo voy a leer a usted aquí a ver si hoy nos aclaramos sobre esto.
Párrafo primero del decreto-ley al que me vengo refiriendo: Los sistemas y los descodificadores para el acceso condicional que se comercialicen habrán de ser inmediata y automáticamente abiertos y compatibles. El carácter inmediato y automáticamente abierto y compatible de los sistemas y de los descodificadores para acceso condicional ha de resultar de sus características técnicas --multicrypt-- o de un acuerdo entre operadores --simulcrypt--. ¿De acuerdo, señor ministro? En otras palabras...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez Rubalcaba, le ruego concluya.


El señor PEREZ RUBALCABA: ¿Me deja un poco más? Ya estoy acabando.
En otras palabras, señor ministro, si el simulcrypt, que no es técnicamente inmediatamente abierto, no tiene acuerdo con el otro operador, no podrá comercializarse. Estoy leyendo literalmente. Usted ha declarado que no es así, que se puede comercializar, y de hecho hay un párrafo en el que se dice que podría, siempre y cuando los comercializadores avisaran de lo que les va a pasar a los clientes si se compran ese descodificador. Acláreme usted esto, señor ministro. O es verdad el párrafo que yo le leo --es literal, no me he inventado nada-- y, por tanto, sin acuerdo un simulcrypt no se puede comercializar --algo que iría, por cierto, contra la directiva comunitaria-- o, por el contrario, el decreto-ley está mal redactado. O ambigüedad o chapuza; la que usted prefiera, me da lo mismo, elija. En todo caso reconozca que esta redacción merece una explicación.
Y termino haciéndole alguna argumentación más sobre los descodificadores.
Eso que tanto le gusta a usted: !Que nadie tenga dos descodificadores en casa, tres, cuatro! Sus aliados circunstanciales dicen que es como si para oír la SER y la COPE necesitáramos dos descodificadores, dos radios.
Vamos a ver si nos aclaramos. La Comisión Europea lo que decía era que se facilitaran los descodificadores abiertos y compatibles por la vía del acuerdo en los simulcrypt o de la venta del multicrypt; que, por cierto, señor ministro, también exige acuerdo, usted lo sabe. Hace falta que las otras plataformas fabriquen las tarjetas y, mientras no se fabriquen, el multicrypt no es abierto --lo digo porque puestos a decirlo todo digámoslo todo--, de momento no lo es. El otro necesita un acuerdo entre operadores que si un operador no lo da le deja cerrado. Ese es el problema que usted debería resolver a favor del acuerdo, que es lo que no ha hecho. Usted lo ha querido resolver a favor del multicrypt. Lo podía haber hecho usted como lo ha hecho Alemania, por ejemplo. No. Usted ha querido favorecer a una empresa que tiene el multicrypt. Pero ahora ya estamos en la situación que

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estamos. Imaginemos que ya hay un multicrypt en el mercado, que además están las tarjetas de todas las plataformas digitales del mundo en ese multicrypt y, por tanto, que es completamente abierto. Imaginemos que alguien quiere ver las dos plataformas digitales --de paso le digo, señor ministro, que estamos hablando de muy poca gente; no sé cuánta gente va a pagar por tener ciento y pico canales de televisión en casa, pero da igual, con que hubiera uno sería relevante--, imaginemos ese porcentaje de gente que quiere ver las dos plataformas y yo me pregunto, señor ministro: Si hay un descodificador multicrypt, ya está ¿no? Basta con alquilar ese. Porque, señor ministro, se alquila, no se compra; se alquila y ya está. ¿Que quiero ver las dos? Pues alquilo el multicrypt y ya veo las dos. ¿Que quiero ver tres? Pues alquilo el multicrypt y ya veo tres. Un sólo descodificador. Por tanto, no me vuelva usted a decir que hacen falta tres, cuatro. No es verdad. Con uno, multicrypt, me arreglo; o con un simulcrypt con acuerdo me arreglo, señor ministro; con uno. El problema ya está arreglado. El que no está arreglado y el que usted no cuenta es el de las antenas, porque ese sí que no tiene arreglo. Dos antenas, señor ministro, porque una plataforma emite por un satélite y otra por otro, y si hubiera una tercera y contratara Eutelsat, cosa que puede pasar porque es un satélite muy barato, tendríamos tres antenas, señor ministro. Ese es el problema; el problema es que hacen falta dos antenas. Hablando de falsos debates, por tanto, no vuelva usted a decir lo de los descodificadores, porque no es verdad que habiendo un multicrypt el problema está resuelto. También lo está con el simulcrypt con acuerdo, cosa que usted tendría que favorecer y no ha hecho.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pérez Rubalcaba, le ruego concluya.


El señor PEREZ RUBALCABA: Termino ya. Ahora sí, señor Presidente. Me queda un minuto.
¿Y todo esto por qué? ¿Por qué este lío? ¿Es que el Gobierno no tiene excelentes abogados del Estado para aclarar estas cosas? Por cierto, cuando no los tiene hay secretarios de Estado que encargan dictámenes jurídicos fuera. No hay ningún problema. ¿Es que no tiene ingenieros para resolver este problema de los descodificadores? ¿Por qué este lío? Señor ministro, se lo he dicho muchas veces, no lo digo yo, lo dicen sus aliados mediáticos una y otra vez. Porque ustedes están en una operación más compleja, la de crear un grupo de comunicación afín al Gobierno y para ello tienen actuaciones legislativas --fútbol, dos decretos-leyes, una ley--, actuaciones ejecutivas --ahí está su inspección de telecomunicaciones--, judiciales, económicas --comprando cadenas de televisión--. Esta es una operación más compleja, y en esa operación ustedes lo que hacen es: aquel medio que no les gusta o lo compran o lo persiguen. En este caso estamos hablando de una actuación, de algo que tiene que ver con la persecución. ¿Con qué propósito? Se lo voy a decir rápidamente. Creo que ustedes piensan que el día que el Gobierno controle todos los medios de comunicación o muchos, una mayoría, podrán conseguir, por ejemplo, que una subida de impuestos la gente crea que es una bajada.
Ustedes piensan que controlando todos los medios podrán conseguir que el no tener embajador en Cuba durante un año sea finalmente un éxito diplomático del Gobierno. Ustedes piensan, señor ministro, que controlando muchos medios de comunicación podrán conseguir que un manifiesto de apoyo a la Logse y de reconvención a la ministra de Educación sea finalmente un espaldarazo a la señora Aguirre. Ustedes finalmente piensan, señor ministro, que controlando muchos medios de comunicación podrán conseguir que un festival cutre sea finalmente el acto de reconciliación de las dos Españas.
Termino ya. Señor ministro, ustedes no lo van a conseguir nunca, ni aun controlando todos los medios de comunicación. En todo caso conseguirán que este país pueda llamarse cualquier cosa menos un país democrático.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Pérez Rubalcaba, lamento no tener la suficiente capacidad de persuasión para convencerle a usted. Felizmente, en muchos de los puntos a los que usted se ha referido he podido convencer a la Comisión de que la posición del Gobierno español era la correcta y que, por tanto, la ley era plenamente conforme al Derecho comunitario. Todo lo que usted nos ha contado aquí sobre la inscripción, la certificación, etcétera, todo eso forma parte de una interpretación de la ley que no es la correcta. Si usted se empeña en decir que la inscripción que prevé la ley tiene carácter constitutivo, es evidente que las consecuencias que saca usted son absolutamente falsas, porque la inscripción no tiene carácter constitutivo, y al no tener ese carácter los operadores pueden actuar. La inscripción no es una condición para comparecer en el mercado. Lo mismo podría decir de las certificaciones y de las autorizaciones. En todas esas argumentaciones, señorías, ustedes se han venido confundiendo durante meses. No ha habido necesidad de modificar ninguno de esos puntos porque la interpretación y la explicación que ha dado el Gobierno español sobre el alcance de la ley se ha considerado correcta.
Señoría, el multicrypt --no vamos a organizar aquí una discusión técnica-- es un sistema abierto por sí mismo. El hecho de que no se pueda usar porque un

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determinado operador no quiera emitir la tarjeta no tiene que ver nada con la naturaleza abierta del descodificador. No confunda usted los dos aspectos.
Antes de entrar a contestar el fondo de la cuestión, le voy a asegurar a usted una cosa, señoría. Al final del mandato de este Gobierno, habrá mucho más pluralismo informativo que el que existió durante los catorce años en que ustedes gobernaron. (Aplausos.) Porque en el fondo, señoría, toda su intervención se basa en un juicio de intenciones. Usted atribuye intenciones ocultas al Gobierno: ganar tiempo, perseguir a una empresa, favorecer a otra, trato de favor. Los juicios de intenciones valen lo que valen, y los suyos en este caso valen muy poco, señoría, porque al día de hoy, y como consecuencia de la legislación del Gobierno, usted no me puede negar estos hechos. Primero, que la competencia efectiva ha comenzado. Segundo, que hoy se suceden ofertas y promociones, y que los principales beneficiarios de esas ofertas y de esas promociones son los ciudadanos españoles, los usuarios. Tercero, señoría, como hecho, que la empresa que según usted ha sido perseguida durante estos meses, en los últimos ocho meses, según su propia información, ha colocado 150.000 descodificadores, a una media de 500 descodificadores diarios. Para tratarse de una persecución, señoría, es una persecución realmente benigna.
Le he insistido una y otra vez, señoría, en que nunca --y lo sabe usted muy bien-- se sale pacíficamente de una situación de monopolio. No se puede salir de una situación de monopolio sin entrar en conflicto con el monopolista. Y fíjese que en toda su intervención usted ha sido extremadamente cuidadoso en no referirse ni una sola vez a las circunstancias del mercado español de la televisión de pago. Ese dato para usted no existe. Claro, si ese dato para usted no existe, todo lo que usted especula efectivamente se traduce en una pura abstracción, pero como además no es jurista se equivoca también en las interpretaciones jurídicas. Por tanto, señoría, en todos los países democráticos existe una legislación que yo calificaría de draconiana en la lucha contra los monopolios. Pero no solamente la legislación es draconiana; es que se aplica draconianamente.
Señoría, tratándose del mercado español, de la televisión de pago, cuando se les abrió a ustedes el expediente de infracción por poner una empresa pública a disposición de un monopolio privado (El señor De Grandes Pascual: ¿Se acuerda?), ¿se acuerda S.S.?, la Comisión razonó de la siguiente manera: que se partía, en lo que afecta a Cablevisión --que era la conjunción de intereses de Telefónica y del grupo Prisa--, primero, de una ventaja temporal, porque había una imagen de marca, porque había ya unos derechos sobre contenidos y porque se podía adelantar la puesta en servicio; segunda ventaja, el tener ya una serie de clientes potenciales, pasar los clientes del monopolio de la televisión de pago al nuevo servicio de televisión, entonces de pago pero por cable y no por satélite; tercera gran ventaja, el monopolio puede, en su momento, tener claras economías de escala y de alcance porque, como es lógico, cualquier puesta en marcha de cualquier servicio de televisión, sea analógico, sea digital, sea terrestre o sea por vía satélite, tiene procesos comunes y, por tanto, la nueva empresa de entonces televisión de pago por cable se beneficiaba de todo lo que ya había ganado el monopolista. Insisto una vez más en que era una posición de dominio, no conquistada en un mercado libre, y ustedes unilateralmente, graciosamente --en contra de los informes del servicio jurídico del Estado y en contra de la propuesta de la mesa de contratación-- y privilegiadamente otorgaron ese monopolio.
Esa circunstancia del mercado español a la hora de legislar sobre la libre competencia en el ámbito de la televisión de pago no se puede desconocer. Por eso la ley española no la desconoce a la hora de incorporar la directiva. El Derecho comunitario que regula los aspectos de la libre competencia es contrario a esas ventajas a las que me acabo de referir cuando se trata de establecer, de regular y de asegurar la libre competencia. Y, como es lógico, la legislación es contraria a esas ventajas de los monopolios porque implican una desigualdad para los futuros operadores y porque implican un riesgo claro de abuso de posición dominante. Por tanto es legítimo, señoría, absolutamente legítimo, a la hora de regular un mercado, tener en cuenta una situación de hecho, un monopolio otorgado discrecionalmente por los gobiernos a los que usted perteneció, para garantizar la libre competencia. Hoy, señoría, está claro que la libre competencia empieza a funcionar, y empieza a funcionar como consecuencia de una legislación que pudo tener sus errores (los tenía y los hemos corregido), pero hemos defendido ante la Comisión Europea nuestra posición con firmeza. Y la Comisión Europea ha reconocido, en gran parte, las razones del Gobierno español.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Y el Gobierno español --termino, señor presidente--, como es lógico, ha reconocido el punto de razón que podía tener la posición de la Comisión Europea.
Ustedes han venido --me perdonará el señor presidente-- planteando esta batalla, deformando permanentemente lo que es el Derecho comunitario, lo que es la naturaleza de la Comisión y lo que suponen los procedimientos de infracción. Hemos tenido una polémica amplia y hemos dado explicaciones amplias también en mi última comparecencia en la Comisión de infraestructuras del Congreso de los Diputados. Ustedes desprecian las estadísticas porque no les favorecen. Las estadísticas de los procedimientos de infracción abiertos a los gobiernos socialistas son muy

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desfavorables. Eso demostraría que ustedes son antieuropeos, que han estado enfrentados con la Comisión, que, en definitiva, se han ganado el crédito europeo engañando a la Comisión. Yo no hago esas afirmaciones. El Tratado de Roma prevé unos procedimientos contradictorios cuando hay una divergencia de posiciones o de intereses entre lo que representa la Comisión Europea y lo que representan los Estados miembros. Defenderse en el marco de un procedimiento contradictorio no implica ningún enfrentamiento con la Comisión y no implica, ni mucho menos, no respetar el Derecho comunitario. Los procedimientos de infracción y los trámites que tienen esos procedimientos de infracción son reglas del juego y forman parte también del Tratado de Roma. Es un procedimiento contradictorio y, en el marco de ese procedimiento contradictorio, el Gobierno español ha hecho valer sus posiciones y ha recogido, como es lógico, las sugerencias que en la cuestión de fondo le ha hecho la Comisión Europea, como no podía ser de otra manera.
Para no alargar en exceso el debate no quiero referirme a otras cuestiones. Han venido ustedes sembrando una serie de acusaciones de carácter institucional. Ha dicho usted al final de su intervención que no habrá democracia, que se terminará la democracia, que sufrirá la democracia. Han hablado de abuso de poder; han hablado incluso de democracia cautiva; han hablado de desprecio del Parlamento. Pero la misma grandilocuencia de esas palabras implica lo endeble de su posición y, si se me permite decirlo, el ridículo de esa posición.
No querría, aunque podría hacer un balance de la gestión de los gobiernos socialistas (Rumores.) en este orden de cosas. Podríamos hablar de la ley mordaza, podríamos hablar de la ley de la patada en la puerta, podríamos hablar de doscientos artículos anulados por el Tribunal Constitucional en una ley socialista. Podríamos hablar de muchísimas cosas de la misma manera que ha traído usted aquí a colación el manifiesto de los rectores de la universidad en referencia a la educación universitaria. Pero traer todas esas cuestiones para tratar de hacer valer que se busca dañar a la democracia y tener un monopolio de los medios de información es absolutamente ridículo, y esos mensajes que trasladan a Bruselas a través del diario antigubernamental son ya inútiles. (Rumores.) Cuando tuvimos la comparecencia en la Comisión de Infraestructuras usted salió dos veces de la sesión a hablar con un periodista o con una periodista; no lo recuerdo bien. Al día siguiente, como es lógico, la información recogió su posición. Pero en ese momento S.S. hizo el ridículo porque cuando el diario reflejaba su posición en titulares los servicios técnicos del Gobierno ya estaban en conversaciones con la Comisión para tratar de encontrar, como se ha hecho, un punto de equilibrio que recogiera lo que podía tener de razón la Comisión y lo que a mi juicio tenía de razón la ley española. (Aplausos.) Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente. Muy brevemente.
Empiezo por el final, señoría: ridículo por ridículo, ridículo el suyo.
Vamos a ser razonables. Usted lleva aquí nueve meses defendiendo que su ley se adapta escrupulosamente a la normativa comunitaria; según sus palabras se inscribe en la mejor tradición del Derecho comunitario, y hoy nos trae aquí un decreto-ley para modificarla. ¿Por qué, señor ministro? Porque no está inscrita en la mejor tradición del Derecho comunitario, sino en la peor, en aquella que desconoce el Derecho comunitario, que se salta el Derecho comunitario. Por tanto, no me hable usted a mí de ridículo. Yo llevo aquí diciendo lo mismo durante los últimos nueve meses. La diferencia es que usted ha ido cambiando sistemáticamente de posición, esta vez dramáticamente.
Usted --como le dije en julio-- ha tenido que hacer un decreto-ley, señor ministro, porque en otro caso Luxemburgo le hubiera echado abajo su chapuza legislativa en materia de televisión digital; ésa es la realidad.
Por tanto, yo no he mencionado las palabras ridículo, bochorno. ¿Dice usted ridículo? Ridículo el suyo y el de su Gobierno, aquí y en Bruselas.
(Aplausos.-- Rumores.) Dice usted que hablé con periodistas: hablé con los periodistas, como hace usted todo el tiempo y no creo que eso sea nada peyorativo. No sé cómo salió al día siguiente en la prensa. Le reconozco que me he olvidado por completo; pero sí le voy a decir una cosa: vamos a intentar hacer un acuerdo.
Usted sistemáticamente habla del pasado. Yo no hablo del pasado.
(Rumores.) Ustedes tienen pasado también; todos ustedes tienen pasado.
(Continúan los rumores.) Dejémoslo, ¿le parece? (Varios señores diputados: No, no.-- Aplausos.) Yo puedo hablar del pasado de muchos de ustedes y del suyo propio, no lo quiero hacer, me parece que es ridículo; ése no es el debate, el debate es lo que usted hace. El debate no es lo que hizo el Gobierno socialista, el debate es el decreto-ley que usted trae hoy aquí; ése es el debate.
De todas formas, me va a permitir que durante diez segundos entre en el pasado. Yo sí tengo en cuenta el mercado que usted se ha encontrado; pero no sólo yo, también la Comisión Europea. ¿Quiere que le cite lo que dice de sus argumentos sobre el mercado? Dice que sus argumentos distan mucho de ser una novedad, epígrafe 54; que tienen escasa relevancia, epígrafe 55; que frente a las distintas soluciones que usted podía haber adoptado, ha adoptado la peor, epígrafe 57; que

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no es razonable invocar el mercado nacional para hacer algo contra la competencia, epígrafe 66; que la situación descrita no justifica lo que hace, epígrafe 68. Todo eso dice la Comisión Europea sobre lo que usted ha hecho. Por tanto, usted no puede venir aquí a justificar el mercado que se ha encontrado para hacer algo que es frontalmente contrario a la normativa comunitaria; es más --se lo he dicho antes--, usted no puede venir aquí a justificar en defensa de la competencia que acaba con la competencia. ¿Que hay dos plataformas digitales? Magnífico, se lo he dicho yo siempre, y tres y cuatro y cinco; a mí me da igual. (Rumores.) Lo que usted no puede hacer es favorecer a una y perjudicar a otra; eso es lo que usted no puede hacer. (Continúan los rumores.-- Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Déjeme decirle que respecto al monopolio --estamos hablando de televisión digital, no de televisión analógica; pero, en todo caso, da igual--, hubo un concurso, y el Supremo ya dijo que era correcto. No vuelva sobre eso, señor ministro, porque eso ya ha sido santificado jurídicamente. Por tanto, olvidemos el pasado y vamos a centrarnos en el presente.
Dice usted que hemos deformado el debate, y me habla de las estadísticas.
Señoría, yo no sé cuántas veces tuvimos problemas con Bruselas; muchas, seguramente. El que tengamos más que usted demuestra que hemos gobernado más tiempo que ustedes, y punto, nada más; pero conflictos como éste, ninguno. Nunca el Gobierno español hasta ahora había tenido que hacer un decreto-ley porque en otro caso nos paraban la ley en Luxemburgo, nunca, es la primera vez. Usted y su Gobierno tienen la exclusiva. La primera vez. Conflicto como éste, ninguno. Es más, son ocho veces en toda la historia de la Unión Europea. Está usted en el ranking entre los diez primeros. (Rumores.) Por tanto, no me diga que hemos deformado el debate, que las estadísticas... Me da igual. Saque usted las que quiera. Nunca hemos tenido que hacer en esta Cámara un decreto-ley para salir al paso de una segura paralización de una ley en Bruselas porque iba frontalmente contra la Unión Europea. Ese es un éxito exclusivamente suyo, se lo reconozco.
Dice usted que hemos deformado el debate, que si el abuso de poder. Usted ha hecho un debate de descodificadores que ya hoy no lo saca; por lo menos, nos pondremos de acuerdo en que ese problema ya no existe. No vuelva usted a salir en las televisiones diciendo a la gente: tendrán que utilizar varios aparatos. Eso es mentira, como es mentira lo que dijo usted aquí en enero. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Yo le pregunté: ¿Existe el multicrypt? No existía entonces, señor ministro.
Usted ha estado favoreciendo una tecnología que no existía en el mercado.
¿Por qué? Porque era la tecnología que iba a utilizar la plataforma que a usted le gusta; por eso. Señoría, es algo así --para entendernos todos-- como si alguien hubiera paralizado la telefonía analógica a la espera de la digital; algo parecido. No se hizo entonces, no se hace nunca, no lo ha hecho ningún país de Europa: lo ha hecho usted, y lo ha hecho en un ejercicio de abuso de poder que no sé qué rendimiento le habrá dado en términos comerciales, me da absolutamente lo mismo, pero es un ejercicio de abuso de poder.
Le significo una vez más que no lo dice el Grupo Socialista. No me diga que yo me invento cosas porque le he dado a usted aquí citas taxativas muy duras de la Comisión Europea sobre lo que supone su normativa en relación con las empresas en el sector, y le dice con toda claridad que está usted perjudicando a una y favoreciendo a otra; es más, perjudicando a unas --emplea el plural-- y favoreciendo a otras, y eso se llama abuso de poder.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, vaya concluyendo.


El señor PEREZ RUBALCABA: Voy concluyendo.
Señor ministro, para salir del monopolio no hace falta cargarse a unos y favorecer a otros, no hace falta, simplemente usted puede liberar el mercado y que haya tantas plataformas como quieren. ¿Que es mejor que sean compatibles? Sin duda, para eso la Comisión Europea ya le dijo que buscara usted un acuerdo. Usted no ha buscado un acuerdo, usted ha buscado imponer una, que es la de sus amigos, a otra que está en el mercado español, que está en el mercado europeo (Rumores.) y que usted finalmente no ha podido paralizar. Ese es el problema de fondo y ése, señor ministro, y ya termino, es un problema de libertad de expresión, le guste a usted o no le guste, porque cuando el Gobierno se dedica a entrar en el mundo de los medios de comunicación, cuando utiliza empresas que son semipúblicas, porque gestionan un monopolio que todos hemos dado, para entrar en medios de comunicación, cuando hace leyes, cuando realiza actuaciones como la de la inspección de telecomunicaciones que todavía usted no ha explicado, cuando hace intervenciones judiciales (todavía no nos han explicado qué demonios hacía un secretario de Estado encargando un informe que está dando muchos quebraderos de cabeza siempre a los mismos); cuando hace todo eso, señor ministro, no estamos ante una batalla contra un monopolio, estamos ante una batalla contra la libertad de expresión. Ese es el verdadero problema que hoy debatimos aquí.
(Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la prueba de cómo se retuercen y se tergiversan los argumentos dados por la Comisión en beneficio

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de la postura política que usted defiende, es que la ley española ha sido objeto de un procedimiento de infracción no por vulnerar el derecho a la libre competencia, señoría, sino por vulnerar el principio de libre circulación de bienes y servicios, que no tiene nada que ver. La ley se inscribe en la mejor tradición del derecho a la libre competencia, en la mejor tradición comunitaria (Rumores.), sigue inscribiéndose en esa tradición, y le voy a decir por qué. Porque en España se parte de una situación de monopolio, y la propia Comisión Europea, cuando juzgó el procedimiento de infracción que les abrió a ustedes, describió el mercado español y describió la necesidad de poner coto a las ventajas de que partía el monopolio existente otorgado discrecionalmente por ustedes. Yo no voy a discutir la legalidad de esa concesión, señoría, no la discuto; podríamos centrarnos en el análisis de la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la voy a discutir. Lo cierto es que ustedes utilizaron la discrecionalidad del Consejo de Ministros para contradecir el informe de la mesa de contratación y para contradecir a los servicios jurídicos del Estado. En contra de los informes de la mesa y en contra de los servicios jurídicos del Estado ustedes discrecionalmente otorgaron el monopolio a una determinada empresa, y la lucha contra el monopolio es absolutamente legítima aquí, en cualquier país europeo y en cualquier país occidental.
Señoría, nunca se hace el ridículo en el marco de un procedimiento de infracción, nunca; es una de las reglas del juego. Lo ridículo es decir que se hace el ridículo cuando se está dentro de las reglas del juego (Rumores.) Eso es verdaderamente ridículo y es manipulación del derecho comunitario. Yo le puedo admitir a usted una cosa: hay pocos, muy pocos casos efectivamente, en que el Tribunal Europeo o el procedimiento de infracción lleve aparejada la petición de medidas cautelares; hay muy pocos casos; efectivamente, tiene usted razón en ese punto. Le digo sin embargo que, en ese orden de cosas, el Parlamento español está en muy buena compañía porque los países que han sido objeto de procedimientos de infracción con petición de medidas cautelares son ni más ni menos que el Parlamento alemán y el Parlamento británico. No creo que, estadísticamente hablando (Rumores.), en ese orden de cosas sea una mala compañía para el Parlamento español.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-- Continúan los rumores.-- El señor Pérez Rubalcaba pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señorías, nos encontramos ante una de esas ocasiones en que la Presidencia está obligada a señalar que el debate, con la riqueza argumental que están expresando SS. SS., se haría interminable si no le ponemos coto, límite derivado de la intensidad y de lo prolijo del orden del día y también de la extensión que han tenido hasta ahora, en la dialéctica a favor y en contra del proyecto, las intervenciones de SS.
SS.
Por tanto, señor Pérez Rubalcaba, tiene la palabra pero muy limitadamente para dar ya por concluida esa primera fase del debate.


El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
El último argumento, señor ministro, el de que me llevan a los tribunales en buena compañía, no es un buen argumento, de verdad. (Risas.) Vamos a tomar el ejemplo de los británicos y los alemanes en otras cosas, si le parece, y en eso nos pondremos de acuerdo fácilmente.
Voy a decirle dos cosas más sobre el tema del monopolio, sobre el tema del mercado español. Por tercera vez le voy a leer lo que dice la Comisión Europea de su ley. Tengo que leérselo, porque usted argumenta continuamente que le da la razón, que está usted luchando contra el monopolio. Dice la Comisión Europea que su ley lleva a un debilitamiento de la competencia en el mercado --eso es lo que dice--, y dice que usted no puede argumentar la situación del mercado español para hacer lo que usted quiere hacer; que usted no puede combatir el monopolio primando un monopolio. Eso es lo que le viene a decir. Por tanto, no utilice ese argumento, porque la Comisión Europea --y le he leído antes seis párrafos, pero le leo ahora uno más-- le dice que usted puede perfectamente combatir el monopolio, ¡cómo no!, yo también estoy de acuerdo en eso, pero lo que le dice a usted es que para combatir el monopolio lo que no puede hacer es perjudicar a unos y favorecer a otros.
(Rumores.) Eso es lo que usted no puede hacer. Usted no puede favorecer a sus amigos y perjudicar a aquellos que le son incómodos. Eso es lo que dice.
Defiendo aquí a los que usted persigue, y lo haré siempre. Si un día a ustedes les da una ventolera y deciden perseguir al señor Villalonga --que no lo creo--, también le defenderá aquí, con la misma pasión y el mismo ardor. Defiendo a los que ustedes persiguen (Rumores.); eso es lo que hago hoy en esta Cámara. Defiendo la lucha contra los monopolios, pero no favoreciendo un monopolio, de ninguna manera, y menos el de mis amigos. (Rumores.-- Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Ministro, encarecidamente para el cierre del debate, en los términos más breves posibles.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor Rubalcaba, usted sabe que yo puedo leer textos de la Comisión que corroborarían las palabras que he dicho. Para no alargar el debate voy a ahorrar a la Cámara la lectura de lo que la Comisión dijo cuando se trataba de juzgar el caso de Cablevisión.


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Señoría, es verdaderamente sintomático que para ustedes la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la defensa de la libertad de expresión, pase siempre por defender empresa a la que ustedes concedieron un monopolio.( Aplausos.-- Un señor diputado ¡Muy bien!) Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, asistimos una vez más a un debate sobre la regulación de la televisión digital en España, esta vez para que el Congreso se pronuncie sobre la convalidación del Real Decreto-ley 16/1997, de 13 de septiembre, que modifica la Ley 17/1997, de 3 de mayo, conocida por Ley de Televisión Digital.
El 30 de julio pasado, en la Comisión de Infraestructuras de esta Cámara, tuvimos ocasión de conocer la información que el señor ministro de Fomento nos facilitaba sobre el requerimiento de la Comisión Europea acerca de la incorrecta o inadecuada trasposición de la directiva comunitaria en la materia, Directiva 95/47, de 24 de octubre, del Parlamento y del Consejo, en la Ley 17/1997.
Desde Coalición Canaria señalamos entonces, como habíamos puesto de manifiesto en la tramitación del proyecto, que las enmiendas que el Senado introdujo, y que esta Cámara ratificó con peculiar mayoría, imponían un sistema de acceso condicional y descodificador, lo que contrariaba la normativa europea y dificultaba, por no decir que imposibilitaba, los acuerdos entre los operadores entonces y ahora conocidos: Canal satélite digital y Vía digital.
En la comparecencia del señor ministro de Fomento el 30 de julio, nuestro grupo parlamentario señaló que no quería entrar en el debate jurídico sobre si la Ley de televisión digital cumplía o no la normativa comunitaria. Nos centramos en una perspectiva política, apelando a la voluntad política del Gobierno en la resolución de un problema que no es jurídico, aunque sea la forma en que se manifiesta.
Le preguntamos acerca de si se habían hecho los esfuerzos necesarios para promover acuerdos entre los operadores, con antecedentes como los de Italia y Alemania. El señor ministro nos respondió que sí se habían hecho y que, en todo caso, lo que el Gobierno pretendía era evitar los mercados cautivos a través de descodificadores cerrados, como el comercializado por Canal satélite.
Dijimos entonces que había que romper la dinámica bifronte en que nos encontrábamos y que, desde nuestro compromiso por la gobernabilidad a fin de gobernar para todos los ciudadanos, apoyaríamos cualquier modificación legislativa que propiciara el acuerdo de las reglas de un mercado de libre competencia.
Como primera medida, instamos entonces al Gobierno a modificar la disposición transitoria de la ley, a fin de que ninguna plataforma quedara fuera de la ley respecto de los descodificadores, y pudieran producirse acuerdos. Hoy, señorías, podemos decir que algo hemos avanzado. Las dos plataformas compiten a la búsqueda de un mercado, y el Gobierno ha proseguido la modificación, por la vía de urgencia que es el decreto ley, de los aspectos más discutibles de la ley vigente. Esa rectificación es positiva, porque rectificar es de sabios cuando --como es el caso--, los hechos demuestran que la ley aprobada no satisfacía adecuadamente las reglas del mercado interior comunitario.
Desde esa reflexión inicial, permítame que, desde mi representatividad política --puesto que desde el punto de vista jurídico y técnico habrán de valorarlo otros--, dejemos en el aire nuestras dudas sobre si estos sistemas de acceso condicional de la televisión digital deben considerarse servicio público. Si encontráramos la respuesta correcta a ese interrogante, quizá no hubiéramos tenido que pasar estas tensiones que como he dicho nos han sumido en una dinámica bifronte que asume forma de conflicto jurídico.
La convalidación que se nos propone del real decreto-ley representa el visto bueno de la Cámara a la norma legislativa de urgencia que el Gobierno ha adoptado, y en cuanto viene a modificar los aspectos jurídicos y políticos más discutibles del texto de la ley vigente, Coalición Canaria va a apoyarla. La nueva regulación es, sin duda, mejor que la que se deroga; lo que no quiere decir que compartamos el farragoso, denso y complicado texto, en los términos que se plantea.
Valoramos positivamente que el real decreto-ley no opte por la definición de sistemas técnicos concretos para garantizar su carácter abierto y compatible; valoramos también que para los equipos instalados sea el consumidor el que haya de decidir finalmente sobre las distintas opciones que le presenta el mercado.


El señor PRESIDENTE: Señor Rivero, vaya concluyendo, por favor.


El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor presidente.
Sin embargo, en esa técnica alambicada y difícil con que se está legislando en esta materia, se nos proponen determinadas competencias para la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que es preciso simplifiquemos en la forma y reglemos en el fondo.
Nos congratulamos de la posición de Gobierno, esta nueva posición abierta y dialogante, para adaptar la ley a las directivas europeas. Nos satisface que el Gobierno reconozca que las modificaciones que proponíamos el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Catalán

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en la tramitación del proyecto de ley estaban en la línea acertada. Si el Gobierno y el Grupo Popular hubieran aceptado en aquel momento las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Catalán y Canario, nos hubiéramos evitado las correcciones a esta ley en este momento, hubiéramos evitado la confrontación entre grupos de comunicación en España y, seguramente, hubiéramos afianzado la confianza entre los grupos que apoyan al Gobierno y no la desconfianza con que el Gobierno se ha apoyado para estos asuntos en otros grupos parlamentarios a fin de poder sacar adelante esta ley.
En definitiva, y concluyo, señor presidente, el real decreto nos parece un avance importante en la mejora de la ley y corrige aspectos de la misma en línea con las propuestas de otros grupos parlamentarios, entre ellos el Grupo Catalán y Coalición Canaria. A nosotros nos parece que, técnicamente, la redacción de este real decreto es mejorable; confiamos plenamente en la palabra el señor ministro relativa a que las modificaciones introducidas en este real decreto-ley están pactadas con la Comisión Europea y, en ese sentido, apoyando el real decreto, no asumimos la responsabilidad política de que la Comisión Europea pueda requerir de nuevo al Gobierno nuevas modificaciones para adaptarse a la normativa comunitaria.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor González de Txabarri tiene la palabra.
Quiero advertir a los portavoces que van a intervenir que la Presidencia va a ser inflexible en el otorgamiento de los tiempos para toma de posición por razones de dinámica del desarrollo del Pleno, que estoy seguro comprenderán SS. SS. y, sin duda, la inmensa mayoría del Pleno.
Adelante, señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente. En línea con lo manifestado por la Presidencia, lo más sintéticamente posible.
En el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que los contenidos que presenta el Gobierno en este real decreto-ley suponen una salida inteligente al conflicto planteado tras las observaciones realizadas por la Comisión Europea y que este conflicto, esta colisión entre los criterios de libre competencia y libre circulación de bienes y servicios, encuentra en este real decreto un punto de equilibrio razonable, ya que --repito--, la Comisión Europea entendía que se vulneraba este último criterio de libre circulación de bienes y servicios.
Creemos que esta reforma, esta adecuación se realiza en el marco de las observaciones que realizó este grupo parlamentario, tanto en la Diputación Permanente como en la Comisión de Infraestructuras y, por tanto, damos por atendidas las observaciones que en este sentido se han realizado al Gobierno por este grupo parlamentario.
Entendemos que la solución es inteligente porque se basa en tres aceptaciones implícitas. Se reforman tres puntos de forma razonable, buscando ese punto de equilibrio que el señor ministro manifestaba en su intervención. Por una parte, se acepta que los descodificadores instalados en el mercado pueden acoplarse y deben tender al criterio preferente y prevalente de que el descodificador debe ser universal y abierto en el marco de la actual situación del mercado de la televisión digital en el Estado, que en ningún caso se puede obviar. En el Grupo Parlamentario Vasco hemos mantenido sistemáticamente que es absurdo que el usuario deba proveerse de tantos descodificadores como cadenas de pago desee ver. Por mucho que se intente entrar en la discusión de este criterio, dada la actual situación tecnológica ése es un punto absurdo y a todas vistas debe ser corregido. Por otra parte, se aceptan los contenidos de este real decreto relativos a que la televisión de pago por consumo tampoco puede aceptar situaciones de monopolio o de posición de dominio del mercado. Esta es la segunda circunstancia que nos parece debe resaltarse suficientemente al aceptar y convalidar este real decreto-ley.
Desde estas dos posiciones creemos que el sistema es más garantista.
Además, se atribuyen a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones funciones para velar por la libre competencia, reforzando los cometidos de este relevante órgano en línea con las posiciones planteadas por el Grupo Parlamentario Vasco.
Con esta adecuación de contenidos, creemos que el Gobierno y los grupos parlamentarios que le hemos venido apoyando en estas reformas, realizamos conjuntamente un ejercicio de autocrítica que no viene siendo habitual en la forma de hacer política por estos lares. Creo que se ha sabido reaccionar a tiempo e inteligentemente, dado este conflicto de criterios en concurrencia con ese conflicto de intereses particulares. Por tanto, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que los contenidos de este real decreto son razonables, en consecuencia lo vamos a convalidar, y esperamos que ahora sean plenamente conformes a las directivas y jurisprudencia europea y que, con la convalidación de este real decreto-ley, lo que se ha llamado guerra digital conozca ya su época de paz y de armisticio.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Así es, señor González de Txabarri, y gracias por el contenido uso del tiempo que ha hecho S. S.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


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El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, señor ministro, cuando el pasado 30 de julio debatíamos por enésima vez el tema digital (ese día precisamente con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras, comparecencia que alguien se ha atrevido de calificar de cuasi nocturna, para informar sobre la carta de emplazamiento que el comisario europeo de Comercio Interior había dirigido al Gobierno en relación a la Ley de televisión digital), le manifestamos nuestro deseo de que no fuera el último debate sobre el tema e incluso me atreví a augurar que aquel no sería el último debate. Veo que los augurios se han producido y estamos hoy ante un nuevo debate que espero sea el último.
Asimismo, debo decirle en el inicio de esta intervención, que confío, y estoy absolutamente convencido de que se va a producir el debate, por lo que respecta a su grupo y al nuestro, en un clima de menor confrontación y de mayor entendimiento.
Sosteníamos en aquella ocasión que la forzada interpretación que el Grupo Parlamentario del Partido Popular y quienes le apoyaban en este tema habían hecho de la directiva sobre transmisión de señales de televisión y la consiguiente reacción de Bruselas, habían creado al Gobierno un problema político de envergadura, problema que debía tener una respuesta sin demora, y tenía que ser una respuesta política. El problema creado --decíamos--, no era de índole jurídica, como entestado mantenía o defendía usted, señor ministro. No se trataba para nosotros de un simple problema de interpretación de la directiva, puesto que la reacción de la Comisión era de gran dureza y la posibilidad de recurrir al Tribunal de Luxemburgo y suspender cautelarmente la aplicación de la ley constituía una seria amenaza.
Sostenía también nuestro grupo, de la misma forma que lo sostenía el Grupo de Coalición Canaria, como recordaba su portavoz hace un momento, que el Gobierno debía encontrar una vía de solución que para nosotros pasaba por la reforma de la Ley de televisión digital. Se nos dijo entonces por el señor ministro, el 30 de julio, que no existía la disposición de ir más allá de introducir simples mejoras técnicas en la ley. Hoy celebro que esa negativa del Gobierno a introducir cambios de mayor calado y la expresa disposición que usted manifestó de ir al Tribunal de Luxemburgo (recuerdo que en algún momento dijo que quizá era conveniente que el Tribunal resolviera y sentara jurisprudencia porque no estaba clara la interpretación que se debía realizar de la normativa comunitaria) celebro --repito--, que haya dado paso a una posición más pausada, desde nuestro punto de vista más razonable, y que se haya optado por la rectificación y aprobación de un real decreto-ley que introduce sustanciales modificaciones en la ley, precisamente en la línea que exige la Comisión, pero también en la línea de las modificaciones que desde este grupo parlamentario habíamos sugerido desde el primer momento.
En ese sentido, celebro el paso adelante que han dado y que vamos a apoyar, pero a continuación debo decirles también, que hubiéramos querido ir más allá. De hecho, ya lo saben porque es lo que intentamos en el debate de tramitación parlamentaria del real decreto-ley original o del proyecto de ley resultado de ese real decreto-ley. Si bien, el principal problema de esta ley, tal como salió del Congreso sin nuestro consenso, era la opción clara a favor de un determinado descodificador en detrimento de otro, problema que precisamente se intenta resolver con este nuevo real decreto-ley que hoy convalidamos, es igualmente cierto que tampoco era ni es éste el único problema de la ley digital. No es el único problema para nosotros, ni para la Comisión lo era en el mes de julio. No sé si para la Comisión el carácter del registro o la exigencia de la certificación previa de los descodificadores ya no constituye un problema. Desconocemos, señor ministro, lo que han hablado ustedes con la Comisión y lo que han acordado en Bruselas al respecto porque no nos lo habían contado hasta hoy pero, en cualquier caso, debo creer y hacer un voto de confianza en relación a lo que usted nos ha manifestado, entendiendo que si este real decreto-ley no cerrara el conflicto con la Comisión, la situación en que quedaría el Gobierno no sería de extremo ridículo sólo, sino de una grave dificultad.
En julio, le recordaba al señor ministro que la carta de emplazamiento de la Comisión decía que sólo es compatible con el principio de libre circulación de mercancías una certificación automática --esto es, sin evaluación de conformidad-- y que la existencia de un procedimiento de homologación de descodificadores, según Bruselas, restringe también la libertad de prestación de servicios de acceso condicionado; exactamente lo mismo que defendíamos en nuestras enmiendas. A mi entender, señor ministro, este tema no queda suficientemente bien resuelto con el real decreto-ley, porque ni siquiera se toca, pero espero y deseo que tengan el flanco de Bruselas bien cubierto, como le decía hace un momento.
También debo decirle que no estamos de acuerdo al cien por cien con lo que modifican, es decir, con el artículo 7º, relativo a los descodificadores. Se abandona la opción expresa a favor de multycript, pero se introducen toda una serie de cautelas que, en principio, parecen pensadas en favor del usuario pero que, en algún caso y analizadas con detenimiento, desde nuestro punto de vista, aportan una excesiva complicación, imponen multitud de obligaciones a todos los que intervienen en el proceso de comercialización de estos aparatos, distribuidores y operadores, y poco añaden a la defensa de los intereses del consumidor. Entiendo que son cautelas que no tienen ningún paralelo en otros productos similares. Esto sucede, por ejemplo, cuando a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

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se le da la posibilidad de implicar a toda la cadena de producción y distribución en la obligación de informar a sus clientes, por escrito, sobre determinados requisitos de los descodificadores o cuando, en la disposición transitoria, a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones se le da la potestad de obligar a los suministradores y distribuidores de descodificadores a informar, también por escrito, a los usuarios que tengan uno de estos aparatos sobre el carácter abierto o cerrado del mismo. Es decir, si la Comisión hace uso de esta posibilidad, automáticamente tendrán que ponerse algo más de 120.000 cartas en el mercado y no sé realmente qué es lo que pueden aportar.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, le ruego que concluya.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, termino ahora mismo.
Señor ministro, yo me pregunto en qué medida beneficia esto, por ejemplo, a un señor que se ha abonado a una determinada plataforma porque le parecía interesante el producto televisivo que le ofrecía. Me pregunto también qué le importa a este ciudadano saber si el aparato que tiene alquilado, que no comprado, le va a servir para abonarse a otra plataforma. Sinceramente, creo que poco, porque, si se abona a la otra plataforma, se lo cambiarán y ya está; además, si va a abonarse a las dos plataformas, lo que va a necesitar indefectiblemente es la instalación de dos antenas parabólicas en su azotea. Por tanto, el problema de la, digamos, absoluta compatibilidad, no queda resuelto.
No me extiendo más, señor presidente. En cualquier caso, todo el mundo sabe que este es un problema en el cual se metió el Gobierno sin nuestro consenso y, además, de forma ajena a nuestro consejo. En su momento, les pedimos y les empujamos a que modificaran la ley y, cuando se negaban a hacerlo, les recordamos que rectificar era de sabios; además, les pedimos que renunciaran a ganar por goleada en esta su particular guerra digital y se desplazaran hacia posiciones más razonables. Finalmente, lo han hecho y lo celebramos. Entiendo que deben salir del problema y deben hacerlo solos, porque ustedes lo han creado. Reconozco que han dado un paso, pero también --lo decía antes y lo reitero-- que se quedan a medio camino de donde nosotros quisiéramos. Sobre todo, espero que los problemas con la Comisión desaparezcan, y aquí está el quid de la cuestión que debatimos hoy: que el Gobierno se ponga en regla con Bruselas con respecto a la Ley Digital, y debo creer que con este real decreto-ley estos problemas desaparecen. Por ello, no vamos a poner trabas a este intento de ponerse en orden con Bruselas, con el fin de evitar una situación que podía haber llegado a convertirse en un ridículo.
En consecuencia, vamos a apoyar con nuestro voto la convalidación del real decreto-ley. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
A juicio de Izquierda Unida, hoy debiera terminar lógicamente la guerra acerca de la regulación de la televisión digital, pero posiblemente --y habría que documentarlo aquí, y dejarlo negro sobre blanco escrito en el «Diario de Sesiones»-- empiece la guerra de la acumulación, la guerra de la concentración de empresas, y me voy a referir a ambas brevísimamente, exponiendo la posición de Izquierda Unida sobre las dos.
Pensamos modestamente --salvado hoy aquí, porque se nos dice que se ha negociado con la Comisión Europea, el episodio de los descodificadores-- que la posición de Izquierda Unida sale adelante en un gran porcentaje.
La posición de Izquierda Unida se remitía al hecho de que hubiese un descodificador abierto, compatible, universal desde el principio; de que la gente sólo tuviese necesidad de utilizar un solo descodificador para todas las plataformas; en la dirección también de que no hubiera exclusivas cerradas, y mucho menos de larguísima duración y que, por tanto --y hablo ahora de la Ley del Fútbol--, hubiese fútbol en abierto, de una parte, y, de otra, por lo menos en exclusivas compartidas, y que en esta dirección no hubiese un mercado cautivo en la televisión, no hubiese, por tanto, una posible subida en los precios y no hubiese tampoco en gran parte un monopolio, hasta cierto punto, de la información. Esta ha sido la posición de Izquierda Unida y, con independencia de los episodios que hayan ocurrido, es la posición que sale hoy de aquí.
Con respecto a la Ley del Fútbol, la Unión Europea, por lo menos por lo que conocemos del dictamen previo que ha hecho, apoya totalmente la filosofía que se contiene en la Ley del Fútbol, que próximamente incluso va a ser vista en función de una demanda concreta que se ha hecho.
Este grupo, señorías, ha sido acusado de pinza con el Partido Popular, y ha sido fuertemente machacado en un intento de laminación por parte de la prensa y por parte de un solo grupo de esta Cámara. Pues bien, señorías, teniendo en cuenta lo que ha sido este debate, y teniendo en cuenta que hemos empezado a reconciliarnos con la Unión Europea, hoy la pinza sería Izquierda Unida, la Unión Europea y el resto de los grupos de la Cámara, excepto --y hoy se queda absolutamente solo-- el Partido Socialista Obrero Español. (Rumores.) Por tanto, esta es la situación.
Consecuentemente, sale derrotada una estrategia: la estrategia que tendía a conseguir un mercado cautivo;

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la estrategia que tendía a hacer de los descodificadores un negocio por encima, incluso, del negocio de la comunicación o de la televisión digital; la estrategia de mantener el fútbol en exclusiva cerrada y durante cinco temporadas y la estrategia de, en función de que los gastos que hay que hacer de cara al futuro por la televisión digital son muy altos, subir los precios, que era también la estrategia que se contemplaba desde este punto de vista, y gana la otra estrategia con la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara y, como se nos ha dicho aquí --ya veremos-- con el consenso de la Comisión Europea. Espero que ahora se entienda la estrategia de Izquierda Unida de manera leal y razonable.
Es más, con independencia de lo que diga ahora la Unión Europea, Izquierda Unida estará al final en la reconciliación total con la Unión Europea. Otra cosa es lo que ha dicho aquí el señor Rubalcaba, que se sitúa al margen del acuerdo final con la Unión Europea. Esa ha sido la intervención del señor Rubalcaba y no otra; intervención que ha sido derrotada en el debate.
Y le digo más, señor Rubalcaba, con independencia de lo que contiene la ley... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Es que la pinza la utilizó él. Con independencia --repito-de lo que contiene este decreto se sabe muy bien, porque todos llevamos mucho tiempo en política, que esta situación la ha regulado el debate durante estos meses, desde enero a esta parte; incluso el lanzamiento contradictorio en función de las estratégicas básicas, que al final va a ser un lanzamiento paralelo en cuanto a los resultados de las dos plataformas digitales, ha sido lanzado de una forma o de otra por este debate, con independencia de lo que contengan las leyes y los decretos. Este debate ha sido de enorme importancia. El debate aquí, en el Parlamento, y el debate en los medios de comunicación ha regulado en este momento la televisión digital, y ahí ha estado Izquierda Unida con su aportación, y ahí ha estado Izquierda Unida condicionando el debate, de manera que en este momento es el PSOE quien está absolutamente aislado. (Rumores.) Termino con otro tema. Ha dicho el señor Rubalcaba una frase de enorme importancia, que compartimos al cien por cien, que conecta con la segunda parte de la intervención que yo en principio he partido en dos vertientes: el tema de que hoy empieza la batalla de la acumulación primitiva de los medios de comunicación, hoy empieza la batalla de la concentración, hoy empieza la batalla del duopolio. Hoy mismo --y leyendo la prensa se ve fácilmente-- empieza la batalla del duopolio.
El señor Rubalcaba acaba de decir: estamos a favor de la lucha contra los monopolios. Es la primera vez, junto a algunas otras intervenciones del PSOE que yo he visto en los medios de comunicación, que el PSOE dice esto desde 1982 a esta parte. De acuerdo al cien por cien.
Dentro de un mes nosotros presentaremos desde esta tribuna una ley, que entró en el registro en el mes de julio, contra la concentración, los cárteles, los monopolios, los holdings, y a favor de la pluralidad y de regular las dimensiones que, en función de la libertad de expresión, han de tener las distintas empresas en este país.
Por tanto, la dinámica no es ponerse la camiseta...


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: ...de ningún grupo de concentración.
Termino, señor presidente.
La dialéctica no es ponerse la camiseta de Prisa y luchar contra los que tienen la camiseta de Telefónica, o a la inversa. Para no luchar contra un monopolio desde otro, o contra una concentración desde otra, que es el esquema del duopolio, vamos a salirnos de esta matriz. Si el PSOE está contra los monopolios, que tome en consideración la ley que vamos a presentar.
Si, efectivamente, como ha dicho aquí el señor ministro, ellos no intentan apoyar, dinamizar, alimentar la posibilidad de un grupo de concentración frente a otro, vamos a tomar en consideración esta ley; pongámonos de acuerdo todos en los límites --nosotros ahí aportamos un criterio que han de tener las empresas en su accionariado o de cara a la constitución de grupos multimedia-- y saldremos de la batalla que empieza hoy, que es la batalla de la concentración.
Termina la batalla de la televisión digital hoy aquí, se quiera o no, y empieza la siguiente, y en la siguiente queremos estar con el PSOE combatiendo los monopolios, tal como ha dicho el señor Rubalcaba.
(Rumores.) Dentro de un mes lo vamos a discutir aquí. Esperemos que esta vez no pase como en la legislatura anterior...


El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, concluya por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: ...que el texto que presentamos, todavía no tan maduro como este, tuvo el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español. Esperemos que esta vez se vote a favor.
Termino, señor presidente. Se ha intentado ganar una batalla con victorias sicológicas y con titulares de prensa, y no era posible. Hasta hace tres semanas se me decía a mí por portavoces de cierto grupo que no existía el multicrypt, y se ha intentado decir que al final no habría reconciliación con Bruselas. Parece que la va a haber.
Esa es la batalla que nosotros hemos dado: un solo descodificador, que no haya exclusivas, precios bajos y televisión en abierto. Y esa batalla va por buen camino.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, por enésima vez tengo el honor de intervenir en esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Mato.
Señorías, señor Alcaraz, señor Rodríguez Bolaños, por favor. (Los señores Alcaraz Masats y Rodríguez Bolaños pronuncian palabras que no se perciben.) Señorías, no me gustaría tener que llamar al orden. (Rumores.) Señor Alcaraz, le ruego que guarde la cortesía.
Muchas gracias.
Continúe, señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Decía que estamos terminando un dabate que, con toda sinceridad, en esta fase ha preocupado infinitamente más a algunos grupos, a algunas empresas y, particularmente, a algún grupo parlamentario que tiene obsesión por este asunto. Esa preocupación ha sido superior para ese grupo parlamentario que para el conjunto de la sociedad porque, señorías, a la sociedad española lo que le interesa es que se amplíe su oferta de televisión, le interesa que no se abuse de los precios, le interesa que garanticemos la competencia y le interesa que la oferta audiovisual le resulte lo más asequible posible dentro, por supuesto, de los costes que la tecnología exige.
Eso es lo que creemos que le interesa a la sociedad y lo que mi grupo y el Gobierno al que respaldamos ha venido manteniendo desde el principio.
Otros, por el contrario, como se ha demostrado hoy, siempre han creído que este debate era un debate de poder, un debate de empresas y un debate de intereses. Si no, señorías del Grupo Socialista, no se entiende cómo ustedes han dedicado muchísimo más tiempo al tema digital que a los problemas del paro o a los problemas de la drogadicción, que tanto afectan a los españoles.
Señorías, hoy es un día en que se demuestra la capacidad del Gobierno para resolver problemas. (Rumores.) Sí, señorías, el Gobierno nos ha traído hoy un real decreto que, manteniendo las posiciones aprobadas por la mayoría de esta Cámara --a la que ustedes tan poco respeto tienen--, posiciones y principios que se aprobaron por la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, ha atendido a los razonamientos que planteaban las instancias comunitarias para superar algunos problemas de orden técnico y eliminar las dificultades de aplicación de la ley.
Con este real decreto se mantiene, en primer lugar, el deseo del Gobierno de hacer todos los esfuerzos para que los ciudadanos disfruten de un descodificador compatible con todas las ofertas audiovisuales. En segundo lugar, se apuesta por el acuerdo entre las partes como elemento de regulación de la sana competencia que debe primar en el sector. En tercer lugar, se dispone que, desde la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, órgano independiente, se consiga el necesario pacto, se garantice la competencia y, sobre todo, el conocimiento cierto por parte del consumidor del producto que compra o del producto que alquila.
Y, por último, se sigue pensando en los televidentes y no en un grupo concreto como grandes beneficiarios de esta ley.
Señorías, con este real decreto se demuestra que, manteniendo principios, manteniendo los objetivos y manteniendo la finalidad, se pueden resolver otras cuestiones menores. Ya sabemos que al Grupo Socialista no le gusta y no apoya este decreto, y no lo hace solamente porque le interesa mantener vivo un problema porque sí, bajo la apariencia, eso sí, de una guerra santa de libertades, cuando de lo que estamos hablando, de lo que se trata es de una disputa en defensa de intereses empresariales. La fórmula anterior les parecía mal, la fórmula actual también la critican.
Ha sido, además, llamativa la indignación del Grupo Socialista cuando ha conocido que la Comisión Europea puede aceptar este real decreto como solución a la controversia suscitada. Y eso, ¿por qué? Porque el Grupo Socialista opta por el problema y porque se siga con este problema, pero lo cierto es que muchos de ustedes habrán pensado, mi gozo en un pozo, cuando han verificado la capacidad de diálogo y de negociación que tiene este Gobierno. ¿Acaso les molesta que se hayan acercado posiciones? ¿Acaso les molesta que se encuentren soluciones? Si eso es así, ponen en evidencia sus propias vergüenzas que, ni más ni menos, suponen que nunca les ha interesado la televisión digital, que nunca les ha interesado el futuro del sector y mucho menos los ciudadanos, sino solamente intentar desprestigiar al Gobierno del Partido Popular, organizando una guerra mediática sin precedentes en España.
Señorías, hoy habíamos venido aquí a hablar de un real decreto-ley y, una vez más, como a ustedes no les interesa en absoluto la norma legal, lo que les importa es impedir que alguna empresa tenga competencia, vuelven al asunto de los tratos de favor de las empresas, vuelven al asunto de Telefónica. Permítanme que les diga que no cabe desfachatez mayor. El PSOE, señorías, lisa y llanamente pretende que cualquier empresa privada, cualquiera, que tome una decisión de competir con una con la que se encuentran identificados y que han estado privilegiando, pase por la calle Ferraz y pida permiso. Es espectacular y ridículo que, con la Constitución en la mano, que garantiza la libre competencia y la libertad de mercado, en la frontera del siglo XXI los señores del PSOE quieran poner cortapisas a que una empresa de telecomunicaciones entre

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en un sector tan cercano como es el sector audiovisual. Resulta esperpéntico que alguien cuestione que una empresa privada dedicada a la telefonía acceda a plataformas digitales, acceda a la comunicación audiovisual. El asunto, además, no es sólo esperpéntico, sino que constituye un ejercicio de cinismo y de hipocresía, cuando todos sabemos que cuando esa empresa era de control público, insisto, de control público, se le obligó desde Moncloa a pactar con una empresa privada. Ese tema se lo conoce muy bien el señor Pérez Rubalcaba, que fue el que montó toda la operación.
En resumen, cuando a una empresa pública de telefonía, presidida por un militante del Partido Socialista, se la obliga, en desleal competencia, a pactar con una empresa privada en perjuicio de otras empresas, entonces el Partido Socialista aplaude. Eso sí, si la empresa es privada y esa empresa privada pacta con otra empresa privada, y el presidente de la empresa no es del Partido Socialista, se arma un gran escándalo nacional.
Proteger estas actitudes, si me permite la redundancia, sí que es un escándalo. Les guste o no les guste, los grandes beneficiados de la última etapa de Telefónica han sido el millón doscientos mil accionistas españoles que han apostado por la empresa. Yo creo que ese millón doscientos mil españoles accionistas de Telefónica sí están orientados, y sencillamente ustedes no lo están.
Señorías, no me hablen ustedes de amigos, porque no se menta la soga en la casa del ahorcado. Todos los gestores de empresas que ha propuesto el Gobierno del presidente Aznar ya tenían acreditada su capacidad en un mundo que no conoce ni de partidismos, ni de amiguismos, como es el mundo de la iniciativa privada. En el mundo empresarial privado no se aguantan gestores que no sean capaces, como los que ustedes han mantenido durante muchos años, por ejemplo, al frente de Radiotelevisión Española, con las pérdidas billonarias de ese ente público.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Mato, por favor.


La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor presidente.
Oirles hablar de amiguismo, a ustedes mismos, aunque no se den cuenta, les causa sonrojo y se ponen colorados de vergüenza. A nosotros simplemente nos da risa. Dentro de las tesis doctorales del Partido Socialista de las que pueda presumir, no está la de la imparcialidad de los gestores públicos, a los que primero se les exigía el carnet del Partido Socialista, segundo, fidelidad al partido y, en tercer lugar, no había nada más que hablar.
Señor presidente, señorías, finalizo. No soy tan optimista como otros portavoces que han intervenido anteriormente. Hagamos lo que hagamos, el debate no ha terminado. Se repetirán preguntas, interpelaciones, mociones, comparecencias, pero hay una realidad: el mercado se ha abierto. Van a competir varios empresarios. Está garantizada la leal competencia y de ésta, siempre en precios y en calidad de los servicios, se benfician los ciudadanos. Nunca, señorías, un partido político ha estado más lejos del sentir general de los ciudadanos que en este caso: la sociedad, por un lado, y el Partido Socialista, con sus intereses, por otro lado. Ese, señorías, si me lo permiten, no es un camino constructivo. A los españoles les sobra sabiduría para saberlo y, sobre todo, para saber que sus preocupaciones no son las que ustedes están defendiendo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) .


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mato.
Vamos a proceder a las votaciones de ambos reales decretos-leyes.
Antes de efectuar las votaciones de la convalidación, para no incurrir en errores el Pleno, desde la Presidencia o desde las distintas portavocías, hemos anotado que se pide por el Grupo Socialista la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley creador de determinadas entidades de Derecho público. ¿Es así? (Asentimiento.) ¿También del segundo, el relativo a las señales de televisión? (Asentimiento.) De ambos. Gracias.
Votaciones relativas a la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes presentados y debatidos. En primer lugar, del Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley de 10 de enero de 1996, de creación de determinadas entidades de Derecho público.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 178; en contra, 135; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación del real decreto-ley.
El Grupo Socialista ha solicitado que se someta a la Cámara su tramitación ulterior como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 143; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se rechaza la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley que modifica parcialmente la Ley de 3 de mayo de 1997, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso de normas para las transmisión de señales de televisión y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 188; en contra, 124; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda, por consiguiente, aprobada la convalidación del referido real decreto-ley, habiéndose solicitado también por el Grupo Parlamentario Socialista se someta al Pleno la tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 128; en contra, 161; abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto del ley del real decreto-ley convalidado.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


-- CANJE DE NOTAS DEL 17 Y 24 DE ENERO DE 1997, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS, POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE AMBOS PAISES SOBRE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACION LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA ESTACION DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID, EL 29 DE ENERO DE 1964 Y CANJE DE NOTAS DEL 10 Y 13 DE FEBRERO DE 1997 SUBSANANDO UN ERROR MATERIAL EN LAS PRIMERAS. (Número de expediente 110/000108.)

-- CONVENCION SOBRE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEL PERSONAL ASOCIADO, HECHA EN NUEVA YORK, EL 9 DE DICIEMBRE DE 1994.
(Número de expediente 110/000109.)

-- ACUERDO DE ADHESION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA AL CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990 Y DEL ACTA FINAL ANEJA (FIRMADOS EN LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (Número de expediente 110/000110.)

-- PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE FINLANDIA AL ACUERDO RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985 (FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (Número de expediente 110/000111)

-- ACUERDO DE ADHESION DEL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA AL CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990. (Número de expediente 110/000112.)

-- PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DEL REINO DE DINAMARCA AL ACUERDO RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985 (FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (Número de expediente 110/000113.)

-- ACUERDO DE ADHESION DEL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA AL CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990 Y DEL ACTA FINAL ANEJA (FIRMADOS EN LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (Número de expediente 110/000114.)

-- PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA AL ACUERDO RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985 (FIRMADO EN LUXEMBURGO EL 19 DE DICIEMBRE DE 1996). (Número de expediente 110/000115.)

-- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE ESTONIA, HECHO EN TALLINN EL 28 DE FEBRERO DE 1997. (Número de expediente 110/000116.)

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-- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTICULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNION EUROPEA RELATIVO A LA EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA Y DECLARACIONES ANEJAS, HECHO EN DUBLIN EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996, ASI COMO DECLARACIONES QUE ESPAÑA FORMULA A LOS ARTICULOS 7, 13, 14 Y 18 DEL CITADO CONVENIO. (Número de expediente 110/000122.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, señorías, a las votaciones del contenido del punto octavo del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Si ningún grupo parlamentario, como de manera precedente se había puesto de manifiesto a la presidencia de la Mesa, desea hacer uso de la palabra, voy a someter a votación por asentimiento los acuerdos referenciados en dicho punto octavo como dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Canje de notas, constitutivo de acuerdo entre España y Estados Unidos para un programa de exploración lunar. ¿Aprueba la Cámara el dictamen? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Convención sobre seguridad del personal de las Naciones Unidas de 1994, ¿alguna objeción? (Pausa.) ¿También se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Acuerdo de adhesión de Finlandia al Convenio de aplicación de Schengen? (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.
Para abreviar la votación, a nosotros nos gustaría que constara en los puntos 42, 43, 44, 45, 46 y 47 la abstención de nuestro grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: En ese caso --le agradezco que lo haya señalado tan a punto la señora Aguilar-- hay que someterlos a votación mecánica.
Sometemos a votación el Acuerdo de adhesión, al que estaba refiriéndome, de la República de Finlandia al Convenio de aplicación de Schengen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 299; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Protocolo de adhesión anejo al anterior.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 299; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo de adhesión de Dinamarca al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 301; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Protocolo adicional al anterior.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 301; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo de adhesión de Suecia al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 297; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Protocolo adicional al anterior.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 298; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Entiendo, señora Aguilar, que hasta ese punto era la reserva por abstención de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En consecuencia, ¿aprueba la Cámara el Acuerdo sobre transporte internacional entre España y Estonia hecho el pasado mes de febrero de 1997? (Asentimiento.) Se aprueba el dictamen.
¿Aprueba la Cámara el Dictamen sobre el Convenio dictado a partir de la base K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

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-- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE. (Número de Expediente 121/000035.)

El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, dictamen al proyecto de ley de modificación de la Ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante.
El punto noveno del orden del día, dictámenes de comisiones, con el que comenzamos ahora, comprende los dictámenes de dos proyectos de ley. En consecuencia, vamos a iniciar el referido, el de puertos del Estado y la Marina Mercante, pero vamos a acumular su votación con el dictamen siguiente, el proyecto de ley regulador de las haciendas locales. En consecuencia, no se producirá la votación hasta después de la suspensión para el almuerzo, es decir, hasta la tarde.
Han presentado enmiendas al dictamen del proyecto de ley de Puertos del Estado y Marina Mercante los grupos Mixto, Catalán, Federal de Izquierda Unida y Socialista.
En nombre del Grupo Mixto, ¿desea defender sus enmiendas el señor Chiquillo? (Asentimiento.) Señor Chiquillo, lo puede hacer desde el escaño, dado lo avanzado de la hora. Ruego a SS. SS. que guarden silencio para que pueda continuar el desarrollo del debate. (Rumores.) No se preocupe, señor Chiquillo, no debe comenzar hasta que no reine absoluto silencio en el hemiciclo. (Rumores.) Señorías, colaboren con la Presidencia y con quienes han de intervenir para que pueda continuar la sesión. (Rumores.) Les ruego encarecidamente que guarden silencio.
Cuando quiera, señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para la defensa de las enmiendas números 4 a 17 presentadas al proyecto de ley de modificación de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado.
En el trámite en el que nos encontramos, en Unió Valenciana mantenemos estas enmiendas porque consideramos que el proyecto de ley que se presenta hoy a su consideración adolece de una redacción excesivamente genérica y contradictoria con la exposición de motivos. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Chiquillo.
Vuelvo a pedir silencio a la Cámara y a recordar que las votaciones se producirán después del almuerzo. En consecuencia, si han de desalojar la sala les ruego lo hagan en silencio.
Continúe, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Teniendo la experiencia de la anterior ley 27/1992, la que ahora pretendemos modificar y su aplicación por Puertos del Estado, existe el evidente riesgo de que dicho organismo, de acuerdo con el nuevo texto, pueda seguir interfiriendo en la gestión de las distintas autoridades portuarias, en menor grado que según la vigente legislación, pero decidiendo e interfiriendo de una manera muy importante en la gestión de los puertos del Estado español, ya que las funciones que se le encomiendan dan pie a que pueda tener la tentación de seguir manejando los puertos desde este ente, esto es, desde Madrid. Hay diversos ejemplos en la ley, a pesar de que se ha avanzado, que siguen adoleciendo de este tic centralista del Ente Público Puertos del Estado.
El proyecto que hoy debatimos, y que ha motivado la presentación de nuestras enmiendas, se caracteriza, a nuestro juicio, por los siguientes aspectos: configura los puertos como autonómicos, pero frustra las expectativas que en torno a los instrumentos que permiten la autonomía de gestión tenían las autoridades portuarias y mantiene el protagonismo del Ente Público Puertos del Estado como órgano encargado del control excesivo de la eficiencia del sistema portuario estatal. Quiero recordar que en el trámite de la ley de 1992, la actualmente vigente, por parte del Partido Popular en aquellas fechas se decía que el Ente Público Puertos del Estado era excesivamente fiscalizador y controlador de las cuestiones portuarias de nuestro Estado, y ahora, a pesar de que con la modificación se ha avanzado, este avance ha sido tibio y el ente público sigue teniendo la llave de las grandes decisiones que afectan a nuestros puertos, dejando de alguna manera frustradas las expectativas de autonomía total para los puertos del Estado español, en el caso concreto que defiendo aquí del puerto de Valencia o del puerto de Alicante.
Este proyecto de ley mantiene las incompatibilidades de pertenencia al consejo de las empresas portuarias privadas, por lo que se impide que éstas se involucren en la gestión de las autoridades portuarias, hecho que pensamos que podía haber sido considerado, por cuanto es importante involucrar a estas empresas privadas en la gestión, en el trabajo y en las inversiones de nuestros puertos.
Las funciones del Ente Público Puertos del Estado no se definen nítidamente, con el riesgo de que, a causa de ello, el ejercicio de las citadas funciones por parte de dicho ente público siga generando, como hasta ahora, fricciones y crispación en las autoridades portuarias y también entre las mismas, y que éstas se extiendan, en esta nueva etapa, a los gobiernos autónomos.
No se definen claramente los límites competenciales de Puertos del Estado en el sector de estiba y desestiba, debiendo darse en este último caso, desde nuestro punto de vista, un mayor protagonismo a las autoridades

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portuarias. La filosofía que debía presidir este proyecto de ley sería otorgarle la categoría fundamental a la autonomía de gestión de los puertos, pero esta autonomía ha quedado sólo con un tibio avance, un tibio paso adelante.
Dicha autonomía de gestión fue objeto de rotundos elogios en la exposición de motivos de la ley de 1992, cuando aludía a la ley del año 1968, la anterior, sobre juntas de puertos y estatutos de autonomía, pero fue absolutamente barrida, tanto en el artículo de la ley de 1992 como en su aplicación práctica.


El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, perdone. Prevengo a S.S. de que está consumiendo en tiempo el cupo entero del Grupo Mixto. Si la señora Lasagabaster, a la que veo posicionada para tomar la palabra a continuación, piensa defender sus enmiendas, tiene que concluir de inmediato.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo rápidamente.
Damos por defendidas estas enmiendas porque pensamos que esta reforma de la ley de puertos sigue manteniendo un claro régimen centralista y centralizador. Se ha avanzado, pero la autonomía queda condicionada a los caprichos de Madrid. El solo hecho de que la presidencia de la autoridad portuaria sea nombrada por cada comunidad no significa que se haya cedido desde Madrid.
Nosotros, en el intento de que se transfiera la gestión de puertos de interés general a las comunidades autónomas --en el caso del puerto de Valencia a la Comunidad Autónoma Valenciana--, modificando el actual modelo de planificación fiscalizadora y de gestión centralizada de la vigente ley, pensamos que se debería haber aprovechado esta ocasión para realizar un avance más rotundo, más firme.
Dentro de la satisfacción de que se hayan conseguido avances, pensamos que la reforma es insuficiente y que frusta las expectativas de autonomía de las autoridades portuarias. Por eso damos por defendidas y mantenemos para su votación las enmiendas 4 a 17 presentadas en su día.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señora Lasagabaster, tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor presidente, voy a intervenir muy brevemente en este trámite en nombre de Eusko Alkartasuna. A lo largo de toda la tramitación ya hemos expresado nuestra posición en dos ocasiones a través del portavoz del Bloque Nacionalista Galego. Se trata de un proyecto de ley que modifica otro proyecto de ley, pero no se trata ni de una transferencia de competencias ni tampoco de una transferencia importante o sustancial de la gestión de los puertos, lamentablemente, según nuestra opinión. Este proyecto de ley sigue siendo, a nuestro modo de ver, centralista y ciertamente unitario. No es nuevo que nuestra posición sea contraria, en la medida en que ya en el año 1992 Eusko Alkartasuna planteaba en esta Cámara que, de conformidad con nuestro estatuto de autonomía, entendía que la mejor manera de gestionar los puertos era hacer una gestión autonómica; entendíamos que era factible realizarlo en base a ese estatuto de autonomía, y lo entendíamos y lo seguimos entendiendo por las mismas razones, porque consideramos que ello facilitaría una administración más acorde con el entorno socioeconómico, unas mejores relaciones con los agentes socioeconómicos y, en definitiva, un mejor avance de toda la gestión de los puertos.
Se pretendía dar una mayor gestión a las autonomías, pero creemos que aunque en la tramitación de este proyecto de ley se ha avanzado un poco, simplemente un poco, no es lo suficiente. Se nos planteaba una gran reforma, y nos hemos quedado realmente en una pequeña reforma. Por eso, aún admitiendo que en la tramitación se ha avanzado un poco, no lo consideramos suficiente como para dar nuestra aprobación.
Todas las enmiendas, las veinticuatro --se admitió una en Comisión y hemos retirado dos--, tienen un común denominar y, por tanto, no me voy a extender; el común denominador es conceder a las autoridades portuarias, a los consejos de administración, una mayor autonomía funcional y de gestión. Para ello, en aquellas cuestiones relativas a funciones, objetivos generales o aquellas otras que dependían todavía, a nuestro parecer, en demasía del Ente Público Puertos del Estado, hemos querido quitarles esa serie de cadenas. Por eso presentamos y defendemos estas enmiendas, como la mejor manera de obtener la mejor gestión, y para ello solicitamos su apoyo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Canario, había pedido la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Valorando positivamente las innovaciones que la ley de 1992 realizó en materia de autonomía portuaria y de modernización de los puertos españoles, el modelo que diseñó ignoraba completamente las competencias de las comunidades autónomas en un sinfin de materias conexas, como transportes, ordenación del litoral...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Rivero. Su señoría no tiene enmiendas a la ley, por tanto, no puede utilizar este turno.


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El señor RIVERO BAUTE: Estoy fijando posición.


El señor PRESIDENTE: No puede fijar posición sobre las enmiendas que no han sido aún defendidas.
Ha sido un error de la presidencia. Discúlpeme, señor Rivero. Luego le daré unos minutos para la fijación de su posición.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Ha presentado enmiendas el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Sedó. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, señorías, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobada en 1992 no era del total agrado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entonces de Minoría Catalana, como quedó constancia en el correspondiente debate y en las votaciones.
Ello nos ha llevado en esta legislatura a promover una modificación de aquella ley, modificación que fructificó en el proyecto que hoy debatimos en Pleno, después de interesantes debates en reuniones previas, en ponencia y en comisión, y esperamos que tenga un buen discurrir parlamentario en su paso por el Senado y en su posterior regreso a esta Cámara para su aprobación definitiva.
En la promoción de la modificación hubiésemos querido obtener un redactado más amplio, pero en toda discusión --como es natural-- unos y otros ceden, y el texto que se presentó a esta Cámara como proyecto de modificación nos parece suficiente.
Con el debate, estudio y transacción de las enmiendas que se han presentado se mejora el texto no sólo del proyecto de modificación, sino también parte del texto de la ley original de 1992, que en un principio no se había contemplado. En definitiva, estamos satisfechos del trabajo y de los resultados obtenidos. Nos queda, eso sí, una enmienda, la 188, que no pudo prosperar en ninguno de los trámites anteriores. En Comisión esta enmienda obtuvo un gran resultado negativo: 4 votos a favor, 17 en contra (del Grupo Popular) y 15 abstenciones (abstenciones que, en redacción similar, en el año 1992 también fueron negativas), lo que me induce a decir que la enmienda debe tener un verdadero valor, un importante contenido, y por ello la hemos dejado viva para este debate.
Señorías, el artículo 73 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante del año 1992, objeto de esta enmienda que hoy mantenemos viva, tiene cuatro puntos y se refiere a consignatarios de buques. A los efectos de la ley de 1992, se decía en su punto primero que se considera agente consignatario de un buque a la persona física o jurídica que actúa en nombre y representación del naviero o del propietario del buque, haciéndose responsable del pago de las liquidaciones. En toda esta temática siempre está saliendo la responsabilidad del pago de las liquidaciones, por tanto, el interés que tiene la Administración en cobrar.
El segundo punto dice que el sujeto obligado al pago será, en el caso de que exista, el consignatario. Aquí, el punto dos de la ley de 1992 afirma que puede darse el caso de que no haya consignatario en uno de los buques que llegue a un puerto. Y añade: Pero en los casos en que no haya consignatario, se hará cargo el capitán del buque. En ambos casos está obligado al pago el naviero o el propietario con carácter solidario.
Nuestra enmienda lo que pretendía era definir con mayor precisión la figura y responsabilidad del agente consignatario de buques, teniendo en cuenta que por encima de él siempre están --y se contempla en la ley-- el naviero, el propietario del buque, el fletador o el armador. De nuestra enmienda, que no fue admitida, se nos decía que en algunos puntos regulaba relaciones propias del Derecho mercantil. Puede que sea así en la enmienda en los puntos 2 y 3. Por tanto, nosotros seguimos manteniéndola para su votación.
No obstante lo expuesto, habíamos preparado un texto transaccional que redujese estos puntos 2 y 3 prácticamente a la nada y mantuviese una nueva y mejor definición en un punto 1, y el punto 2 que marcase cuál es la relación: que el armador, el fletador o el porteador son los sujetos obligados al pago, porque aunque subsidiariamente venga el consignatario, el consignatario es un agente de los anteriores. Por tanto, son propietario, armador, fletador los sujetos obligados, y así se reconoce en algún otro punto. También íbamos a poner unos puntos 3 y 4 prácticamente iguales a los de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992.
Esta enmienda transaccional que iba yo a presentar he de reconocer que la he preparado y tramitado en el momento de este debate y no da tiempo a su estudio a fondo. Quizá pudiera tener algo más de futuro y, por tanto, será presentada en el Senado, ya que hoy mantenemos también la enmienda número 188 para su votación y, como no prosperará, en el Senado veremos si se puede arreglar.
Para finalizar, repito las palabras finales que pronuncié en la Comisión.
Decía: Ahora nosotros, con nuestra actuación, nos sentimos francamente tranquilos en cuanto a que logramos una ley que mejora mucho las posibilidades de futuro que tienen los puertos de interés general del Estado en la nueva forma de gestión que tendrán las autoridades portuarias.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Sedó.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señorías, culminamos el debate en el Congreso con las enmiendas al articulado de un proyecto de ley.
Siempre que hay un trámite parlamentario, uno va con la voluntad de aprender, y yo creo que de esta tramitación hemos aprendido --yo por lo menos he aprendido-- y podemos sacar conclusiones, incluso podemos sacar una moraleja. La moraleja sería: al Gobierno se le apoya en interés variable o en peaje en sombra. ¿Por qué digo esto? La portavoz del Grupo Popular, doña Mercedes Fernández, ha hecho un esfuerzo importante por añadir en el trámite de Comisión una serie de enmiendas del PNV y Coalición Canaria para sumarlas al pacto previo que ya había entre el Partido Popular y Convergència y Unió, aunque después veremos que la filosofía de Convergència i Unió ya ha cobrado el peaje en sombra en trámite parlamentario con dos o tres enmiendas que se han admitido y a las que mantenemos nosotros voto particular.
Pero los días 3 y 4 de septiembre el PNV se suma, y a la semana siguiente dicen que lo del pacto de investidura se lo van a pensar y que no lo mantendrán. En resumen, que es una especie de entrada y salida; tenemos apoyos de entrada y salida en la tramitación y en la evolución de apoyos políticos.
Y la segunda conclusión, que yo valoro muy positivamente, es que es posible defender a nuestros electores desde la confluencia, en contenidos concretos, con el Partido Socialista y con Izquierda Unida. Muchas veces se ha ridiculizado en esos contenidos lo de programa, programa, programa; pues bien, con los contenidos concretos, primero, defendemos un proyecto federal a nivel portuario con una actuación intermodal, con un proyecto portuario para todo el Estado y competencias con otros países; segundo, defendemos el que puede haber puertos competentes, puertos especializados sin abandonar la solidaridad; tercero, defendemos el ir a una gestión pública desde la defensa del interés general en lugar de ir a una gestión portuaria desde la defensa de los intereses de los que son los verdaderos ganadores, y después me referiré a ello.
Esta ley ha venido acompañada de la discusión de más autonomía, de más poder para las comunidades autónomas, y lo que viene aquí no es eso solamente, que también está y después también me referiré a ello. Aquí hay unos grandes ganadores de este tinglado, que son los que tienen concesiones, a los que de golpe y porrazo les regalamos 30 años más de concesión; son los que pueden gestionar determinadas actuaciones o servicios de los puertos, y son los que pueden construir, parece ser, centros de ocio, centros comerciales o, en su caso, hoteleros. Por tanto, yo creo que es positivo, puesto que desde los dos grandes proyectos defendemos una filosofía, y es que queremos una gestión mejor, una gestión más descentralizada, una gestión más autonómica, pero sin estar reñida con un proyecto federal.
Dicho esto, ¿cuáles son las enmiendas que Izquierda Unida quiere mantener aquí para su debate? Como ya ha anunciado el portavoz de Convergència i Unión que la suya la trasladará al Senado, vamos a ver si nosotros también cobramos peaje en el Senado; vamos a mantener también para el Senado alguna filosofía concreta.
¿Cuál es el objetivo de Izquierda Unida ante la propuesta del Partido Popular y de Convergència i Unió, apoyada en trámite parlamentario también por los grupos PNV y Coalición Canaria? Nosotros creemos que el proyecto necesita de una mayor dosis de participación. No se trata solamente de que haya una participación de las comunidades autónomas porque el Gobierno pueda tomar medidas como nombrar a la autoridad portuaria, sino de que el conjunto de la comunidad autónoma sea más participativa. Por tanto, nuestras enmiendas números 73, 78, 81, 82 y 89 pretenden que las asambleas legislativas sean las que elijan a los miembros de la comunidad autónoma que tienen que representar sus intereses. Se puede decir: si no están en el Gobierno, ¿por qué tienen que sopar los demás grupos? Porque en lo que respecta a la ordenación del territorio, al agua, al modelo de Estado, cuanto menos saltos haya en función de quien gobierne, mejor. El que gobierna debe conseguir el mayor entente territorial y político para que sea estable el diseño portuario que tenemos. Por eso es bueno que nos comprometamos en la evolución de esa participación en la gestión portuaria.
Nosotros proponemos participación de las organizaciones sindicales en un porcentaje determinado. En la enmienda número 89 proponemos también que haya unos tratos para determinadas ONG, sobre todo para la Cruz Roja, que tiene presencia en todos los puertos. En suma, proponemos mayor participación de las cámaras de comercio y de las organizaciones empresariales. Desde la posición constructiva, y también desde la crítica, haríamos una ley más participativa y de mayor encuentro en la gestión de la actuación portuaria si se admitieran nuestras propuestas.
El segundo bloque de enmiendas que presentamos, las números 75 y 76, pretenden llenar de más contenido, de más competencias a lo que pudiéramos llamar la gestión portuaria, actuaciones que ahora mismo se quitan a Puertos del Estado y se trasladan a otra administración.
En tercer lugar, nosotros defendemos más solidaridad en el modelo de financiación del sistema. Quiero insistir en esto porque hay quien mezcla las cosas, quien une una actuación determinada a un concepto de fondo.
Nosotros pretendemos con estas enmiendas, primero, la reducción del 4 al 3 por ciento de los ingresos del conjunto de puertos de interés general para financiar lo que son los gastos de los aparatos que pudiéramos llamar de funcionamiento de esa presencia

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federal de Puertos del Estado. Sin embargo, nosotros proponemos que para financiar lo que pudiéramos llamar inversiones, el punto segundo, para las inversiones que mejorarían los puertos de interés general del Estado no se fije solamente un 5 por ciento. No se trata de que un puerto tenga más recursos que otro, de que un puerto tenga un lujo que no tiene otro, porque muchas veces es necesario profundizar en la realidad que tenemos de unos puertos más especializados. Por ejemplo, en el caso del puerto de Bilbao, se tendría que facilitar la presencia del ferrocarril con actuaciones intermodales en la propia inversión. Las inversiones en puertos es una realidad histórica y significa muchos recursos. Por ello en lugar de fijar un tope hasta el 5 por ciento, nosotros proponemos que no podrá superar el 10 por ciento. Esto respecto al fondo de contribución, que es uno de los fondos.
Luego está el fondo de financiación y solidaridad. Aquí nosotros queremos corregir la modificación que se propone. El fondo de solidaridad, para este año 1997 está fijado en aproximadamnte 2.600 millones. Esto significa que un puerto como el de Barcelona aporta 500 millones de pesetas, pero que por ejemplo el de Alicante recibe 300 millones de pesetas o que el de Ceuta o el de Sevilla reciben otras cantidades; es decir, se crea un fondo cuyo dinero puede distribuirse después entre otros puertos para esas inversiones específicas.
Nosotros proponemos que para financiar ese fondo, en lugar de señalar, como lo hace el proyecto de ley, que estará constituido por las cantidades que voluntariamente las autoridades portuarias con excedentes de tesorería quieran poner a disposición, se diga que pondrán a disposición hasta un porcentaje. Tal y como figuraba en el artículo 47 de la ley anterior. ¿Por qué? Porque el excedente de tesorería producido después de la liquidación del ejercicio, con el diseño que ustedes tienen de los puertos significa que este fondo que hoy asciende a 2.696 millones, al año que viene será menor y al siguiente aún menor. Por tanto, la solidaridad integral en el modelo de actuación intermodal se irá reduciendo. Nosotros queremos que ese fondo de financiación sea eficaz y efectivo y que continúe funcionando como hasta ahora, unos años con más recursos, otros con menos, según la gestión de cada uno de los puertos.
En otro paquete de enmiendas, nosotros decimos no a la liberalización concesional. Nosotros no estamos de acuerdo con el régimen tarifario que ustedes proponen. Porque ustedes no están vendiendo más autonomía, ustedes están liberalizando la gestión de los puertos. Ustedes se dirigen a puertos grandes y puertos pequeños que hoy cumplen un papel, que pertenecen a la red del Estado, que tienen un proceso de especialización, que son competentes, que funcionan con la horquilla tarifaria actual y que irán a un proceso de competencia que provocará, por un lado, el deterioro de la calidad de esos puertos y, por otro, el dumping social para hacer una oferta competente. Esa libertad competencial no se debe utilizar para poner un régimen tarifario libre. El puerto de Barcelona tiene que competir, igual que el puerto de Valencia, para obtener más tráfico frente al puerto de Marsella o al de Génova, eso es cierto. Y el puerto de Algeciras tiene que incrementar su interland para que lo que baja viniendo del Este, no llegue a Amsterdam o a Amberes para ser distribuido a España a través de un transporte determinado, sino par que se descargue aquí y se pueda distribuir.
Por tanto, nosotros creemos que el régimen tarifario, tal y como hasta ahora está, ha funcionado, ha dado un marco para reducir las tarifas, ha hecho competentes a todos los puertos, han funcionado y hay un fondo efectivo para proyectar una red de puertos del Estado. Por tanto, nosotros presentamos nuestras enmiendas 90 y 93 para conseguir esa realidad.
Por último, nosotros presentamos la enmienda 91 que pretende introducir la elaboración de un reglamento general de servicios y de policía --los llamados celadores que actúan en los puertos-- y una coordinación a nivel de todo el Estado, para conseguir la seguridad en los propios puertos.
¿Por qué? Porque podemos ir a una relativización en un lado y en otro.
Por tanto, tiene que haber unas garantías globales para todo el Estado, que después cada comunidad puede ajustar a su propia realidad.
Termino, señorías, haciendo referencia a lo que para nosotros ha sido un trámite que ha empeorado lo que el Gobierno trajo aquí. Y lo ha empeorado porque el dictamen ha añadido el verdadero contenido del pacto inicial, que el Gobierno no se atrevió a traer aquí porque se hubiese puesto sobre la percha del Partido Popular. Me refiero a la admisión de estas tres enmiendas --a las que mantenemos voto particular-- que van dirigidas a crear un artículo 20 bis y 20 ter y que en realidad son una joya de la acción legislativa, porque fíjense cómo se redacta, y lo señalo para que veamos la relatividad de los términos a la hora de hacer una ley.
Dice el artículo 20 bis, 6: El plazo de vencimiento de las concesiones será improrrogable. Así empieza.Y sigue: Pero la autoridad portuaria podrá ampliar hasta 30 años más las concesiones actuales. ¡Hombre! si es improrrogable y luego lo ampliamos, las que tienen 25 ó 30 años podrán subir hasta 55 ó 60 años. Hemos regalado, en un régimen normal y corriente, una capacidad a esos concesionarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ríos, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente. Concluyo.
Artículo 20 ter, lo mismo, la misma joya parlamentaria. Dice: Quedan prohibidas aquellas ocupaciones y

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utilizaciones de dominio público portuario que se destinen a la edificación para residencia o habitación y tendido aéreo. Pero --añade-- se podrá conseguir o autorizar la construcción de actividades complementarias, hoteleras o de ocio. Esto significa que podrá ponerse en marcha eso que está en el puerto de Barcelona con un objetivo determinado, anunciándose que ese centro tiene incluso subvención del Banco Europeo, y que ello puede significar una actuación que no creo que sea en contra.
Es verdad que se ha admitido una enmienda, a la que nosotros mantenemos voto particular, sobre los puertos pesqueros o los puertos deportivos que hay dentro. Había una enmienda --con esto termino, señor presidente-- del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que decía: ¡Ojo! que esto sea competencia de las comunidades autónomas; competencia que por cierto tienen todas sobre los puertos deportivos y los puertos pesqueros que no son de interés general. Ustedes pedían en la enmienda que la gestión de los puertos pesqueros fuera competencia de las comunidades autónomas, al menos eso es lo que dice el texto, otra cosa es que después no la hayan querido. Sin embargo, la transacción dice que el Consejo de Ministros, por decreto, podrá aprobar la segregación de una realidad determinada. Es decir, puertos pesqueros o puertos deportivos. Nosotros hemos mantenido un voto particular a eso, porque no creemos que la segregación sea el camino, ya que al no poner que son para las comunidades autónomas, añade la posibilidad de una concesión o una mayor privatización en lo que pueden ser concesiones administrativas de los puertos, y eso no lo creemos positivo. Pero tampoco vamos a hacer caballo de batalla de ese voto particular --por eso lo he dejado para el final-- en el sentido de que hubiera sido mejor que en la política de puertos de las comunidades autónomas, puertos pesqueros o puertos deportivos, pudieran añadir una actuación dentro de lo que son realidades de relación con los puertos de interés general, pero no conforme está aquí, en la enmienda transaccional que han aprobado, que es excesivamente reglamentista.
Estoy convencido de que cuando vuelva del Senado, sus enmiendas nos fortalecerán en la discusión. Espero que el empeoramiento en el trámite parlamentario no se incremente en el Senado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATE IBARZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna no con la previsión de que se vaya a aprobar ninguna de nuestras enmiendas, porque ya en ponencia y en Comisión recibieron un trato totalmente negativo, sino más bien con el ánimo de fijar otra vez cuál es nuestra posición y cuál ha sido la filosofía que nos ha movido al redactarlas. Esta ha sido la de intentar introducir un poco de racionalidad en lo que, desde nuestro punto de vista, es un pastiche difícil de entender y que puede complicar hasta extremos difíciles de aventurar en estos momentos --ya veremos cómo es en el futuro-- la gestión de los puertos cuando resulta que son unas infraestructuras decisivas para nuestra economía. Recordemos que la exposición de motivos de la ley de 1992 fijaba que el sector del transporte marítimo aporta al PIB específico de transportes aproximadamente un 19 por ciento, lo que supone, también aproximadamente, un 1,1 por ciento del PIB nacional y 33.000 puestos de trabajo de empleo directo.
Desde nuestro punto de vista la redacción de este proyecto de ley ha respondido a un sólo objetivo: salir del paso como sea para cumplir un pacto político, que fue el pacto de investidura entre el Partido Popular y sus socios. Nosotros les hemos repetido en infinidad de ocasiones que si lo que pretendían era una transferencia efectiva de los puertos a las comunidades autónomas y hubieran traído aquí una ley orgánica, nosotros hubiéramos estado dispuestos a discutirla, pero nos tememos que han hecho lo peor, con un resultado que no responde a ningún modelo que sea coherente. Ni ello estaba en el programa del Partido Popular ni se reflejó en la ley de 1992 por el partido del Gobierno. De hecho, en el artículo 1, en el objeto de la ley, el proyecto ya limita su alcance. Yo creo que les ha traicionado el subconsciente, o el mismo consciente, a quienes lo han redactado, ya que, en relación con el objeto de la ley, introducen la novedad de decir que es la designación por las comunidades autónomas de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias y nada más, mientras que nosotros, en nuestra enmienda, proponemos que se diga: regular la participación de las comunidades autónomas en el consejo de administración de las autoridades portuarias y en el consejo rector de Puertos del Estado. Eso es más acorde con el artículo 10 de la ley de 1992, con el ordenamiento jurídico vigente y con una concepción verdaderamente autonomista del Estado.
Esta ley, como diríamos en Cataluña --el señor Sedó casi se molestó cuando se lo dije en Comisión y ahora voy a intentar tranquilizarle--, tiene el único objetivo de remenar les cireres --luego les daré la transcripción exacta--. Y digo que le voy a tranquilizar porque me he molestado en buscar en el diccionario de locuciones y frases hechas de Joan Martí, rector de la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, que conoce el señor Sedó, qué es lo que eso quiere decir y quizá así me lograré hacer entender más. De remenar les cireres dice: disponer libremente en un asunto. Y apunta como sinónimos: mandar, ordenar, componer, determinar, decidir, hacer y deshacer, cortar el bacalao,

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ser el amo o dueño del baile, etcétera. Eso es lo que únicamente han pretendido con esta ley, señor Sedó, y se lo dije al terminar la Comisión. Yo creo que es legítimo, pero nada más. Esto no responde a ningún modelo de vertebración de lo que nosotros entendemos que tiene que ser un conjunto de puertos llamados --así lo define la Constitución-- de interés general. Tal como va a quedar esta ley, el titular de los puertos, el Estado, en realidad queda ausente de ellos y, en la práctica, va a reinar la confusión, la poca claridad en la gestión, en la exigencia de responsabilidades, en la toma diaria de decisiones, en la gestión cotidiana y, en fin, en la necesaria coordinación de los puertos de interés general.
En definitiva, esta ley no responde a un proyecto de Estado que sea coherente; no se ha pretendido una mejor gestión de los puertos ni una participación efectiva de las comunidades autónomas, sino que se tiene una visión estrecha y particularista de cada puerto, sin tener en cuenta que las áreas de influencia de cada puerto de interés general van más allá de lo que es el territorio administrativo en el que se asientan. En Comisión ponía el ejemplo del cava de la comarca del Penedés. En Cataluña, el cava del Penedés no se exporta a Estados Unidos a través del puerto de Tarragona ni a través del puerto de Barcelona, ambos a 50 kilómetros de esa comarca, sino por el puerto de Valencia, algo que sorprende a quienes no conocen el asunto de los puertos. El señor Sedó me dijo que esto era culpa de los socialistas; faltaría más. Pues no señor; la gestión de la exportación del cava del Penedés, antes de los socialistas, con los socialistas, ahora con el Partido Popular y más adelante, seguramente continuará, a no ser que haya cambios sustanciales en el sistema productivo, simplemente porque en el puerto de Valencia hay más líneas de barcos con Estados Unidos que en Tarragona o en Barcelona.
Pero hay más confusiones. Respecto a la gestión, ¿a quién corresponde? En el redactado se dice que a las autoridades portuarias y puertos del Estado, pero si son las comunidades autónomas quienes nombran a los presidentes y a la mayoría de vocales, ¿en qué quedamos? ¿A quién hay que exigir responsabilidades? ¿Qué parlamentos serán a partir de ahora los competentes para exigirlas, los autónomos o las Cortes? Yo les anuncio que ejerceremos la labor de control y de oposición, o en su caso de gobierno, tanto en los parlamentos autónomos como aquí, en las Cortes Generales, porque da para ambos. ¿Vamos a poder preguntar al Gobierno del Estado sobre los puertos o tendrá que ser a los ejecutivos de las comunidades autónomas? Seguramente a ambos.
Las funciones de las autoridades portuarias. Los presupuestos y los PAIF de las autoridades portuarias, ¿hará falta que los discutamos en las Cortes? ¿Vendrán condicionados en esta materia los Presupuestos Generales del Estado? Son preguntas que continúan sin tener respuesta, aunque hace tiempo que las hacemos, y las hicimos, en su momento, en la Comisión.
En cuanto al presidente de las autoridades portuarias, ¿es vinculante para el Gobierno del Estado el nombramiento por parte de las comunidades autónomas? Si el Gobierno, titular del bien, no es tal y no publica en el BOE su nombramiento, ¿será válido?, ¿a partir de qué momento? En caso de cese, ¿ocurrirá lo mismo? Por otra parte, duplican organismos, consejos y comités. El Consejo Consultivo de Puertos del Estado ¿para qué? El Comité para distribuir el fondo de contribución, de nueva creación, innecesario también, ¿para qué? ¿Para qué está entonces el Consejo Rector de Puertos del Estado? Por cierto, en ninguno de estos dos nuevos órganos hay participación de las comunidades autónomas.
Paradójicamente, además, parecen querer recuperar competencias para Puertos del Estado y eso ocurre en el artículo 25. Lo que en la anterior ley estaba definido como objetivos generales, a partir de ahora ustedes lo titulan como competencias. No lo decimos solamente nosotros, sino que también lo dice una entidad de tanta trascendencia e importancia en la gestión de puertos como la Cámara de Comercio de Barcelona, que supongo que a ustedes les habrá hecho llegar, igual que a nosotros, un informe en el que clamaba por esta asunción de competencias que hasta ahora estaban en manos de las autoridades portuarias y ahora parece que van a pasar de nuevo a Puertos del Estado.
¿Qué pretendemos con nuestras enmiendas? Queremos un modelo racional, como lo es el actual de la Ley de 1992, demasiado nueva para ser modificada tan a la ligera, que ha conseguido excelentes resultados.
Estamos de acuerdo con una mayor participación de las comunidades autónomas en la gestión de los puertos, pero en cada uno de los puertos y en la gestión del conjunto, cosa que no parece interesar al Partido Popular ni a sus socios. Díganme si no por qué no han previsto que en el Consejo rector de Puertos del Estado participen las comunidades autónomas y tampoco en ninguno de los organismos nuevos que se crean. Creemos en esa mayor participación de las comunidades autónomas, pero en un modelo coherente que pueda dirimir las diferencias y conflictos en organismos comunes de participación, donde queden claras las competencias y la titularidad de cada uno y se respeten adecuadamente los principios constitucionales.
Además hay dos añadidos excepcionales a los que ya se ha referido el representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en esta tribuna, y los llamo excepcionales porque todos ellos empiezan con el adverbio excepcionalmente, además de que han aparecido a última hora y por sorpresa.
Las señoras y señores del Partido Popular, que pretende ser un partido de centro, tienen dos problemas para ello. Si me permiten les voy a decir cuáles son,

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aunque quizá tengan más. Uno de ellos es que una parte de su electorado y de su partido no les deja centrarse. El otro, paradójicamente, son algunos de sus socios que de cuando en cuando --estos socios sí ocupan el espacio central físico en esta Cámara-- no les dejan centrarse y les lanzan propuestas que ustedes al final aceptan y en las que no sé si no habían pensado o sobre las que se dejan convencer porque no les queda otro remedio.
Estoy hablando de los hoteles y de las concesiones, temas típicos de una concepción determinada de la derecha. Nos oponemos a los usos hoteleros porque consideramos que es un uso excesivamente privado de los espacios portuarios, que impide el libre acceso de los ciudadanos a unos ámbitos que tienen que ser de uso general y abierto. Nos oponemos a la ampliación de los plazos de las concesiones porque con el Gobierno socialista ya habíamos hecho un avance, progresista desde nuestra óptica, al reducir las concesiones a treinta años. Hoy en día hasta una central nuclear se amortiza en treinta años ¿Qué sentido tiene entonces que ustedes vayan ahora a ampliar el plazo? Abrir la puerta a la privatización, ese es el sentido. Abrir la puerta a la privatización no ya de las operaciones portuarias, en donde podría tener un sentido alargar las concesiones, sino de la propia infraestructura de los puertos. Con este texto se abre la puerta a la construcción y explotación privada de los muelles y de todo lo que de ello se puede derivar, monopolio, situación de dominio de grandes corporaciones, etcétera. Ustedes dicen ahora que esto va a ocurrir excepcionalmente, pero van abriendo la puerta. El día que esto ocurra no hará falta ni esta ley, porque lo regularán las grandes corporaciones que accedan a la toma de posiciones en los puertos y al dominio de los mismos.
Me ahorro ir enmienda por enmienda porque se me ha terminado el tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Le ruego vaya concluyendo.


El señor SABATE IBARZ: Para terminar, sólo quiero decirles que nuestras enmiendas están dirigidas a garantizar un sistema portuario estatal coherente, que tenga en cuenta los intereses de cada puerto y los del conjunto, con una participación efectiva de las comunidades autónomas y con el interés general como prioridad. A partir de ahora, con esta modificación no sólo se va a complicar el funcionamiento de los puertos, sino que deja de existir un sistema coherente y coordinado, como sería necesario. Nuestras enmiendas iban encaminadas a evitarlo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Sabaté.
¿Turno en contra de las enmiendas? La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular fijará posición y, por tanto, hará referencia al conjunto de las enmiendas que se mantienen vivas para el debate en esta sesión plenaria.
(El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muy bien.
Señor Sedó, ¿quiere hacer un turno en contra de las enmiendas?

El señor SEDO I MARSAL: En contra de las enmiendas, no; pero de réplica, sí.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): De momento, aún no hay ningún turno de réplica, señor Sedó.
¿Grupos que no han intervenido en el turno de presentación de enmiendas y deseen hacerlo ahora? (Pausa.) Señor Rivero, tiene la palabra en nombre de Coalición Canaria.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Aun valorando como positivas las innovaciones que la Ley de 1992 realizó en materia de autonomía portuaria y de modernización de los puertos españoles, el modelo que diseñó ignoraba completamente las competencias de las comunidades autónomas en un sinfín de materias conexas, como transportes, ordenación del litoral, medio ambiente, pesca y comercio. La participación de las comunidades autónomas en los consejos de administración de las autoridades portuarias se limitaba a la presencia de un único representante.
Señorías, ese modelo no sirve, y no sirve porque no ha sido capaz de integrar las peculiaridades de nuestra forma territorial de Estado, el Estado autonómico. El Estado autonómico se encuentra en permanente desarrollo porque así lo quiso la Constitución y, en ese desarrollo, el proyecto de la ley que hoy debatimos es un avance importante. En esto hay que reconocer el buen talante del Ministerio de Fomento y del Grupo Popular para alcanzar acuerdos con los grupos nacionalistas de la Cámara.
Hay quienes quieren hablar de esa relación con términos como presiones, festival de pactos o cautividad, pero nosotros creemos que legítimamente sólo puede hablarse de mayoría, la que los ciudadanos españoles quisieron. Desde su mayoría minoritaria, el Grupo Popular acierta cuando consulta, dialoga y concreta previamente los acuerdos y desacuerdos con las fuerzas políticas, que, como Coalición Canaria, corresponden responsablemente a la gobernabilidad del Estado y, desde esa posición, éste es un buen texto para el sistema portuario español. Un texto que ha sabido hacer compatible la existencia de una estructura administrativa

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estatal con la presencia de las comunidades autónomas con litoral en las correspondientes autoridades portuarias; que ha sabido conservar la titularidad estatal de los puertos de interés general, haciendo posible la gestión autonómica en los mismos; que ha mejorado el régimen jurídico de las concesiones portuarias, el sistema de regulación de cánones, las competencias de los presidentes de las autoridades portuarias; que posibilita el traspaso a las comunidades autónomas de dársenas pesqueras y espacios naútico-deportivos cuando no se afecte a la unidad de gestión, y que reconoce a las comunidades autónomas la competencia, en sus puertos, en materia de vertidos, dragados y salvamento marítimo.
Señorías, Coalición Canaria, como grupo con base territorial insular, mantiene el empeño de que el Gobierno y las Cortes Generales conformen una política legislativa que atienda adecuadamente las distintas realidades territoriales para las que se legisla: la España continental y la España insular. Y, dentro de ésta última, valora adecuadamente que sólo Canarias constituye hoy el último territorio atlántico que España conserva más allá de la Península. Esa realidad ultraperiférica debe ser tenida en cuenta en la política legislativa estatal y, por eso, tenemos que valorar muy positivamente las modificaciones que este proyecto de ley ha sufrido en ponencia y Comisión. La consideración de los tráficos interinsulares y de las islas con la Península como navegación de interés público, el reconocimiento del principio de solidaridad interterritorial con los puertos de las islas menores, las especificidades tarifarias de los puertos canarios y la creación de una subcomisión de transportes, puertos y aeropuertos dentro de la Comisión mixta Estado-comunidad autónoma para el seguimiento del REC, son importantes avances en el tratamiento de esa realidad distinta.
En conclusión, señorías, partíamos de un texto razonablemente bueno y contamos hoy con un texto mejor. De la mejora experimentada en el trámite de ponencia y Comisión gran parte de culpa, entre comillas, la tiene el acuerdo al que llegó el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria al presentar enmiendas conjuntas y el contar luego con la aportación y la generosidad, tanto del Grupo Popular como de Convergència i Unió, para llegar a un acuerdo consensuado en la línea de este proyecto de ley. En esa línea de colaboración con el PNV y con otras fuerzas nacionalistas, para conseguir un desarrollo legislativo acorde con nuestra realidad constitucional de las autonomías y el respeto a las competencias de las mismas, siempre estará Coalición Canaria.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Quiero señalar la distinta actitud adoptada por mi grupo en la tramitación de esta ley en relación con la precedente Ley 27/1992, cuyo texto consideramos siempre altamente desafortunado, desde la concepción del sistema portuario pero, sobre todo, nefasto desde la óptica de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. En aquella ocasión presentamos enmiendas a la totalidad y al articulado que tuvieron escasa fortuna. En este caso el texto nos parecía inicialmente más aceptable y la actitud del grupo fue presentar enmiendas parciales en unión del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En las negociaciones se han aceptado enmiendas que sintetizaré en cuatro grandes bloques, que creemos que suponen avances significativos en lo que hace al contenido del texto que ha quedado plasmado.
De los cuatro grandes bloques, a los que me referiré sólo telegráficamente, el primero es el que denominaré núcleo duro de la reforma, y versa sobre la recuperación de su autonomía por parte de los denominados puertos de interés general respecto del ente Puertos Autónomos del Estado. El texto inicial suponía ya un claro avance sobre lo previsto en la Ley de 1992, pero con nuestras enmiendas pretendimos obtener que esta autonomía fuese absoluta. Lógicamente no prosperó nuestra postura de máximos, aunque sí se han conseguido algunas notables mejoras como son las siguientes: la posibilidad de desagregar las dársenas deportivas para su transferencia a las comunidades autónomas y reforzar la figura del presidente de cada puerto cuyo nombramiento corresponde a la comunidad autónoma. Se posibilita, además, la existencia de marcos autónomos laborales en cada puerto y que cada puerto proponga estrategias y criterios relativos de prestación del servicio de estiba y desestiba.
Un segundo gran bloque viene constituido por la presencia del Estado en los puertos autónomos. En este apartado las disposiciones adicionales decimoséptima, decimoctava y decimonovena, relativas a vertidos, dragados, salvamento marítimo y potestad sancionadora, nos parecen particularmente acertadas.
El tercer bloque son las cuestiones técnico-económicas para la mejora de la gestión portuaria. Nos parece interesante, a pesar de que ha merecido las críticas de los grupos Socialista e Izquierda Unida, el que se posibiliten las instalaciones hoteleras en los puertos de interés general, porque creemos que es un elemento importante para la viabilidad económica de los puertos deportivos y, en concreto, del puerto deportivo del Abra, hasta que se produzca su transferencia. Se posibilita, además, la ampliación de las concesiones de 30 a 60 años, aspecto también criticado, pero que a nosotros nos parece que permite inversiones por particulares cuyo retornos son complicados en un período de 30 años.


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Se ha pactado, además, para su introducción en el proyecto de ley de costas, que las concesiones que se otorguen en los puertos autónomos no paguen canon de ocupación de dominio público marítimo-terrestre en favor del Estado.
En consecuencia, señorías, el balance que hasta el momento puede realizarse por parte del Grupo Parlamentario Vasco es razonablemente positivo, a tenor del conjunto de condicionantes que enmarcan una negociación en esta materia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor presidente, señorías, estamos hoy en el trámite final en el Congreso de los Diputados de una ley que fue remitida por acuerdo de Consejo de Ministros y presentada el 7 de marzo de 1997. Se aprueba un proyecto de ley que tiene como filosofía general modificar lo que, a juicio de muchos grupos parlamentarios de esta Cámara, fue una mala ley: la Ley de 1992. Digo a juicio de muchos grupos parlamentarios de esta Cámara porque en el trámite de la Ley de 1992, como SS. SS. recordarán, se presentaron diez enmiendas a la totalidad con solicitud de devolución del texto al Gobierno.
Aquella ley, señorías, se gestó en una absoluta soledad parlamentaria. Se gestó en contra de la sociedad y de todas aquellas entidades, asociaciones, organismos y organizaciones que tienen mucho que decir en lo que es la gestión de los puertos y los espacios portuarios. Por contra, el proyecto de ley que remite el Gobierno del Partido Popular, les guste o no a SS. SS. --me estoy refiriendo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, ha concitado un consenso importante en esta Cámara.
Ha habido grupos parlamentarios, casi todos, que han presentado y defendido un número importante de enmiendas. En total, las enmiendas registradas fueron 193, y en los trámites de ponencia y Comisión tenemos la satisfacción de haber conseguido un punto de consenso importante. De las 193 enmiendas iniciales, SS. SS. saben que quedan solamente 121 vivas y tres votos particulares. Lo cual quiere decir que si tenemos un termómetro especial para medir la bondad o la maldad de un proyecto de ley (parece que el portavoz socialista tiene la exclusividad de poder medir cuándo los proyectos son buenos, malos, se empeoran o se mejoran, por lo que también me permitirá que yo haga una apreciación absolutamente personal, pero creo que igualmente objetiva), cuando un texto determinado es enmendado de forma importante tengo que llegar a la conclusión de que los diversos grupos parlamentarios quieren aportar mejoras. Asi lo ha valorado el Grupo Parlamentario Popular, y por eso hemos hecho esfuerzos para incorporar un número importante de enmiendas que, a nuestro juicio, desde luego no desvirtuaban el texto y la filosofía inicial del proyecto y colaboraban al consenso parlamentario. Creemos que llegar a más acuerdos que desacuerdos es una buena práctica parlamentaria.
Tal vez esclavos de su inmediata historia, creo que SS. SS. prefieren abogar por la soledad parlamentaria, por el aislacionismo parlamentario.
Nosotros preferimos --lo hemos hecho en este proyecto y lo haremos en todos los proyectos de ley-- que sean más los grupos parlamentarios que lo apoyan y menos, por tanto, los grupos parlamentarios que discrepan o rechazan los proyectos del Gobierno.
Hemos incorporado, señorías, enmiendas de casi todos los grupos parlamentarios. Hemos incorporado una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque efectivamente creíamos que mejoraba el proyecto; hemos incorporado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente de la diputada de Eusko Alkartasuna, porque creíamos que hacía una precisión oportuna al texto del proyecto; hemos incorporado enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque también entendimos y seguimos entendiendo que el texto inicial del proyecto se mejoraba; y hemos incorporado enmiendas que conjuntamente habían presentado y defendido el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y, por supuesto, hemos incorporado enmiendas, pocas, pero alguna, que presentó y defendió el Grupo Parlamentario Popular. Hemos incorporado hasta una enmienda de su grupo parlamentario, que ustedes han preferido retirar, yo creo que por privarnos del razomianeto de decir que la habíamos incorporado y por quedarse una vez más en ese argumento, yo diría que estéril parlamentariamente hablando, de decir: desde el Grupo Parlamentario Popular no se nos ha admitido ni una sola enmienda. Usted sabe que el espíritu y la letra de la enmienda, que era acortar un determinado plazo, nosotros lo estimábamos; había una coincidencia con el Grupo Parlamentario Catalán.
Por tanto, creo que, no solamente los gestos, sino también la práctica parlamentaria, acredita que en este proyecto de ley se han hecho esfuerzos, todos los que desde el punto de vista filosófico, sin desvirtuar el proyecto inicial, hemos creído que valía la pena hacer para acercar posturas y, sin duda alguna, para mejorar el proyecto de ley.
Efectivamente, en el trámite parlamentario ha habido muchas enmiendas transaccionales; es decir, los grupos parlamentarios han formulado enmiendas y nosotros hemos llegado a acuerdos intermedios en lo que era aquella redacción inicial que no nos parecía del todo adecuada.
Sinceramente, creemos que con

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esos textos transaccionales hemos mejorado también el proyecto.
La referencia que hacen SS. SS. respecto a la prórroga de las concesiones y que de forma --permítanme la expresión-- un tanto frívola pretenden imputarnos que queremos regalar anualidades a determinadas concesiones, creo que es querer retorcer los argumentos. Cuando hay una concesión que tiene una valoración, un sentido y un valor estratégico que merezca la pena y se acredite la necesidad y la bondad de la prórroga, esta prórroga, con carácter excepcional, podrá ser otorgada y concedida.
Por lo que se refiere a la posibilidad de instalar en los recintos portuarios usos hoteleros, creo que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista nos ha gastado una broma, parlamentariamente hablando. Decir que ustedes rechazan el concepto filosófico de que se puedan ubicar hoteles porque les parece que los espacios o los usos de utilización portuaria deben estar abiertos a uso y disfrute de los más, y que el concepto de hotel es más restringido, me parece que el argumento es tan baladí como inapropiado y, si me permite, tan incoherente, porque resulta que cuando ustedes han podido decidir --y me estoy refiriendo a gobierno de la Nación y a gobierno de la Comunidad Autónoma andaluza-- han otorgado no una, dos concesiones administrativas para que se instalen dos hoteles, uno funciona y otro no, concretamente en Puerto Sherry, que depende de la autoridad portuaria de Cádiz; luego, a la hora de exhibir argumentos, conviene hacer la prueba del 9, porque si no, uno cae --y voy a utilizar una palabra que ha tenido esta mañana mucha reiteración-- en el ridículo parlamentario o en el ridículo político, y yo sé que S. S. no pretende eso, pretende hacer un debate riguroso y un debate, sobre todo, ajustado a la realidad, a la verdad y a la coherencia. Desde luego, ese ejemplo no pudo ser ni más desafortunado ni más inapropiado, toda vez que ustedes han hecho lo que han hecho en la Comunidad Autónoma andaluza.
Cuando S. S. dice, en defensa de la ley de 1992 --que creo que no es el caso, pero que se puede relacionar como argumento de peso y de autoridad--, que no vale la pena modificar una ley tan joven, creo que el concepto de juventud o de vetustez, no es un concepto que pueda, de forma automática, justificar y acretidar la bondad o la maldad de un determinado texto legal. Si un texto legal es malo, por joven que sea, señoría, sigue siendo malo; y si un texto legal es bueno, por antiguo que sea, este texto legal es bueno. Y de ambas tesis creo que hay en la legislación española sobrados y acreditados ejemplos a los que usted y yo podríamos hacer referencia.
Decía el portavoz de Izquierda Unida que había un problema de diferencia conceptual que le preocupaba, y manifestaba una serie de temores que tienen su correlato en las enmiendas que ha defendido y en los votos particulares que ha defendido tanto en la Comisión como hoy desde esta tribuna: la solidaridad entre los puertos. Le preocupa que determinados puertos pequeños puedan verse perjudicados por el proyecto de ley que estamos debatiendo. Sabe S. S. perfectamente (porque me consta que es un estudioso de los tráficos portuarios, de las inversiones portuarias y de la cuenta de pérdidas y ganancias, en definitiva, de todo el sistema portuario español) que el total de inversiones de 1996, que se destinó a las diversas autoridades portuarias de todo el sistema español, se ha incrementado en un 10 por ciento respecto al ejercicio inmediatamente anterior, el de 1995. Con esto quiero decirle que, conscientes del esfuerzo, se ha hecho también, en un año presupuestariamente no muy holgado ni muy fácil, un esfuerzo de incremento del 10 por ciento en las inversiones. Su señoría vuelve otra vez a reiterar un argumento, que ha reproducido en la Comisión y que yo ya no sé si declinar a la hora de exhibir el contrario porque me parece que no nos entendemos. Quisiera que nos entendiésemos, por lo menos en los términos convencionales de qué se dice en el proyecto, y luego usted discrepará de nosotros o nosotros discreparemos de usted.
Hay una serie de órganos --también hizo referencia a ellos el portavoz socialista-- que aparecen ex novo en este proyecto de ley que, a nuestro juicio, es una garantía y un aval para todas las autoridades del sistema portuario español. Me estoy refiriendo a determinados consejos, que ustedes tratan de forma despectiva, que no acaban de encontrar la finalidad ni la utilidad, y que nosotros entendemos que van a ser, y así será, un foro acreditado y solvente, donde los diversos representantes, presidentes de autoridades portuarias, van a velar por que las inversiones sean adecuadas y la aportación y posterior redistribución de fondos sea también adecuada.
El señor Ríos, portavoz de Izquierda Unida, trata una vez más de reducir la aportación a Puertos del Estado. Su señoría sabe que en la ley vigente de 1992 no había ningún tope, y que en el proyecto de ley que estamos defendiendo desde el Grupo Parlamentario Popular se establece una garantía, y es que hablamos de dos topes: de un cuatro y de un cinco por ciento. Sabe perfectamente que Puertos del Estado no destina única y exclusivamente ese cuatro por ciento a lo que son sus gastos internos. Lo destina también a aspectos de los cuales se benefician todas las autoridades portuarias en su conjunto porque por definición tiene que asistirlas. Me estoy refiriendo a materia de seguridad, me estoy refiriendo a proyectos o me estoy refiriendo a cuestiones de faros y otros aspectos competenciales que corresponden a Puertos del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Fernández, vaya concluyendo, por favor.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy concluyendo, señor presidente, con toda brevedad.


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Hay aspectos discrepantes. Quizá el fundamental ha sido el artículo 40 del proyecto de ley. Dicho artículo hace referencia a un aspecto sin duda importante: cómo se va a dotar y cómo va a funcionar, consiguientemente, el consejo de administración de las distintas autoridades portuarias.
Decía en Comisión, y lo quiero repetir en el Pleno, que tenemos casi la certeza de que estamos en el punto medio, señor Sabaté, estamos centrados y acertando. ¿Por qué digo esto? Porque determinados portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, que no están ahora mismo en la sala, nos han dicho que les sobraba Estado; determinados portavoces de otros grupos parlamentarios nos han dicho que querían más representanción de las comunidades autónomas y, finalmente, algunos portavoces de otros grupos parlamentarios, como S. S., nos ha dicho que quería más Estado y menos comunidades autónomas.
Pues bien, muestra de que estamos centrados y acertando es que nos encontramos en ese punto medido, serio y ponderado, donde creemos que es necesaria una mayor implicación en la gestión de las autoridades portuarias de las autonomías, por proximidad y por desarrollo de los propios hechos y de la propia funcionalidad de las autonomías; como también creemos, señorías, que es necesario y oportuno que los ayuntamientos tengan un incremento de los vocales en los consejos de administración. Ustedes apoyan justamente la tesis contraria: quieren más Estado, menos ayuntamientos y menos autonomía. Otros representantes dignísimos y portavoces de otros grupos parlamentarios quieren lo contrario. Nosotros tenemos la sensación de que hemos acertado con este proyecto de ley y que hemos mejorado una mala ley, la de 1992, que no ha concitado ni consenso ni aceptación. Creemos que con las novedades legislativas que se introducen y con los sistemas novedosos e imaginativos a los que se da carta de naturaleza en este proyecto de ley, que remitió el Gobierno a estas Cámaras el pasado 7 de marzo, estamos haciendo un buen servicio al sistema portuario español, en su conjunto a las comunidades autónomas y a la competitividad de los puertos españoles.
(El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Sedó, ¿con qué objeto pide la palabra?

El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, pido la palabra porque en el desarrollo del debate no ha habido turno en contra por parte de ningún grupo. Yo he defendido mi enmienda, pero no he tenido ningún turno en contra de otras enmiendas. Por tanto, no ha habido el turno de réplica y contrarréplica que puede existir en un debate normal. Se ha dado directamente paso a la fijación de posición de los otros grupos y, por tanto, cuando yo he pedido turno de réplica a mí no se me ha dado. El señor Marcet, en funciones de presidente, interpretará así el reglamento.
Yo no lo interpreto así. De todas maneras, si no es por esta vía, le pido la palabra por alusiones. Me ha dicho usted antes, en una charla que hemos tenido para hablar del tema, que no ha habido alusiones, que eran alusiones de grupo. Le puedo decir que más de tres veces he sido citado.
Por tanto, quiero que me conceda la palabra, en todo caso, para réplica o por alusiones. En caso contrario presentaré una queja formal de que no se me concede.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Sedó, como usted mismo ha dicho, ha sido citado y no aludido. Antes le he dado la oportunidad, que le reitero ahora, de realizar si quiere lo único que cabe reglamentariamente, que es un turno en contra de las enmiendas que han presentado otros grupos. No puedo darle un turno de réplica a algo que no puede usted replicar. Hágalo ahora, si quiere.


El señor SEDO I MARSAL: Pero hacemos un turno en contra después de la fijación de todos los demás grupos.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Yo le he dado la oportunidad antes de hacerlo y no ha querido usted realizarlo. Ahora le doy la oportunidad de poderlo hacer. Más no puedo hacer, señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Nuestro grupo va a votar en contra de todas las enmiendas, como ya dijimos en Comisión. Por parte de Izquierda Unida había algunas que podrían haber sido consideradas por nuestra parte, pero el concepto general que ellos plantean es distinto del nuestro.
Respecto al Grupo Socialista, prácticamente sus enmiendas siguen un esquema de la ley de 1992, que en ningún momento pudieron ser consensuadas con ningún otro grupo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El Grupo Socialista tenía mayoría en aquel momento y, por tanto, sacó adelante su ley. No es verdad que el artículo primero, como se ha dicho aquí por el portavoz socialista, simplemente hable de la designación por las autoridades autónomas de los órganos de gobierno de las autoridades portuarias. El artículo 1º tiene siete epígrafes y, por tanto, define la determinación y clasificación de los puestos que sean de competencia de la Administración general y regula la planificación. Uno de los puntos sí habla de la designación por las comunidades autónomas de órganos de gobierno.
Se ha hablado de la posibilidad de que nuestro grupo se puede haber molestado en Comisión y se ha centrado directamente en mi persona. Se nos ha dicho que las definiciones filológicas de todo esto no eran peyorativas. En el "Diario de Sesiones" de la Comisión se habla de que no tiene connotaciones peyorativas, que es una expresión simpática que podríamos traducir

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por meter las manos en los puertos. Repito que lo único que se aporta es la designación por las comunidades autónomas de los órganos de gobierno a las autoridades portuarias. La parte que a mí me molestó en el debate --y que se sigue diciendo-- es que se satisface la voracidad de poder de algunos. Con la entonación que usted lo dijo en Comisión, yo le repliqué.
Usted ha traído aquí todo este comentario, el otro comentario de la carga que puede ir a Valencia, y al final, en la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, el señor Sabaté ha tenido que decir: no puedo ir enmienda por enmienda porque ya se me ha terminado el tiempo. Usted no ha defendido ninguna de sus enmiendas. Ha hecho la exposición general en defensa de la ley de 1992 y nada más. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Señor Ríos, ¿a qué efecto pide la palabra?

El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, muy breve.
El señor vicepresidente, que presidía la sesión hace poco, ha concedido un turno en contra, y cuando hay un turno en contra tenemos la posibilidad de réplica, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, tiene la posibilidad de réplica, no la obligación de réplica. Dado lo avanzado de la hora, yo les rogaría a todas SS. SS. que no agotaran cuantos argumentos ya tan brillantemente han expuesto en intervenciones anteriores. Pero si lo quiere hacer, señor Ríos, le ruego brevedad y luego ya intervendrá el señor Sabaté.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros hemos expuesto las dudas al texto que sale de la Comisión, fundamentalmente a lo que es el objetivo de la propia ley, y hemos afirmado --y vuelvo a afirmarlo aquí-- que no hay más autonomía, sino que el centro está en la ordenación de más autonomía para la autoridad portuaria, que va a poder decidir sobre un sinfín de cosas.
El señor Sedó decía ahora en su intervención que no había un planteamiento de dualidad en cuanto a competencias de puertos, competencias de comunidades autónomas. Fíjense cómo queda la ordenación.
El artículo 20 bis que se ha añadido dice: La autoridad portuaria podrá acordar, previo informe favorable de Puertos del Estado, la prórroga de concesiones. Es decir, Puertos del Estado se transforma en un organismo que asesora a la autoridad portuaria de cada puerto para las concesiones que se vayan a dar. Esa es una joya de la relación competencial hoy.
Cuando yo vaya a actuar sobre una competencia, ¿a quién le pido explicaciones? ¿A la autoridad portuaria en este Parlamento o a la autoridad portuaria en el parlamento autónomo? ¿A Puertos del Estado en este Parlamento o a la autoridad portuaria? En suma, el desarrollo que tienen que hacer ustedes de esta ley en tres meses va a ser una joya en la aplicación, porque va a ser complicadísimo.
Eso sí --y termino, señor presidente--, va a haber una cosa importante: las comunidades autónomas elegirán a cada uno de los presidentes de la autoridad portuaria, a cada uno de la autoridad portuaria. Eso sí, eso se llama poder; y, luego, en el consejo de administración ustedes van a poder hasta nombrar los que designe el Gobierno central. Cuando un consejero diga que el que nombra el Gobierno central no lo quiere, ¿qué hacemos con eso? Pues que el Estado federal no tendrá presencia o se le aplazará hasta que se pongan de acuerdo. Cuando un puerto como el de Barcelona tiene influencia hasta Zaragoza, o cuando un puerto como el de Asturias la tiene hasta León, o el de Murcia o el de Cartagena o el de Alicante hasta Albacete. Es decir, los puertos como actuación intermodal comercial no son propiedad de una sola administración.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Sabaté.


El señor SABATE IBARZ: Gracias, señor presidente.
Ya sé que el artículo 1º contiene siete puntos. Lo que he dicho es que sólo se ha modificado lo que se refiere a la designación por las comunidades autónomas de los órganos de dirección de las autoridades portuarias. Eso es lo que he dicho y lo que reitero ahora. Eso es lo único que dice el artículo 1º objeto de la ley. La única variación que se ha introducido es esa.
En cuanto a que nosotros hemos venido aquí a defender el modelo de 1992, tengo que decir que no. Estamos dispuestos --lo hemos dicho-- a una verdadera participación de las comunidades autónomas. Ya sabemos que tenemos un concepto diferente de la autonomía. Ustedes se contentan, simplemente, con la designación por las comunidades autónomas de los órganos de dirección de las autoridades portuarias y nosotros creemos que este es un pobre concepto de la autonomía. Tenemos otro y lo hemos explicado aquí. Creemos que tiene que haber una articulación verdadera de las comunidades autónomas.
Respecto a si he hecho el ridículo parlamentario o no, señora Fernández, yo no he querido salirme de lo que entiendo que tiene que ser la corrección parlamentaria. Puestos a hablar en estos términos, le diré que tiene que revisar su barómetro para medir si esta ley ha tenido más enmiendas o menos. En una modificación tan parcial de esta ley, que sólo modifica 26 artículos, si hacemos la proporción seguramente verá usted --yo no la he hecho, pero si quiere luego la hacemos-- que ha tenido más enmiendas que toda una Ley General de

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Puertos, que tuvo muchas porque es evidente que cuantitativamente tenía que recibir más. Eso creo que también podría ser achacable al ridículo parlamentario, que no voy a hacer.
Debo decirle que a la fuerza ahorcan. Usted dice que ha conseguido al consenso. Si no consigue el consenso no saca usted adelante esta ley.
Esta ley no estaba en su programa, ni en las intenciones de su Gobierno, ni en el discurso de investidura, ni en ningún otro texto que yo haya podido revisar; tampoco en 1992. En 1992 ustedes no tenían, ni por asomo, la intención de modificar la ley como la tienen ahora.
Respecto a si nos han aceptado una enmienda, le diré que la han admitido porque era la misma que presentaba Convergència i Unió, que decía que se redujera a tres meses la puesta en práctica de esta ley por lo que se refería a los nombramientos de los presidentes de las autoridades portuarias. Si la presentamos nosotros en solitario, le aseguro que ustedes no nos la aceptan.
En cuanto a las concesiones de los sesenta años, no he hablado de regalar anualidades. Me miraba, pero supongo que no lo decía por mí. Lo que le digo es que ésta es una puerta abierta --y usted no me lo ha desmentido-- a la privatización no sólo de las operaciones portuarias, sino de la infraestructura portuaria y, en concreto, de los muelles, y esto lo vamos a ver dentro de poco. Esto no me la desmentido y no me hable de si yo les imputo regalar anualidades o no, que este no es mi estilo ni, además, creo que esté en esta intención. Creo que va más allá y es una cuestión más profunda.
Por lo que se refiere a más Estado y menos comunidades autónomas, tampoco me impute a mí estas palabras. Creo que no lo había anotado y se lo han venido a soplar otros. No he hablado de más Estado y menos comunidades autónomas, sino menos privatización de la propia infraestructura portuaria y, por tanto, dejemos al sector público que está establecido y acordado a partir de la ley de 1992. Respecto a privatización, creo que hay la justa. Tampoco más Estado, sino el que hay. Por supuesto, yo no contrapongo nunca más Estado menos comunidades autónomas, las dos son Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabaté.
Señora Fernández, brevemente, por favor.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, toda vez que el discurrir parlamentario se ha desvirtuado un poco y que desde el Grupo Parlamentario Popular no solicitamos en su momento turno en contra en aras de una mayor agilidad en la tramitación... (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández.
¿A qué efectos, señora Lasagabaster? La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Por una cuestión de orden y de reglamento. Desconozco exactamente qué procedimiento estamos siguiendo.


El señor PRESIDENTE: Estamos siguiendo el siguiente. Su señoría y la señora Fernández, si lo desean, pueden consumir un turno de dos minutos para concluir el debate, porque a la Presidencia corresponde, llegados a este punto, ordenar los debates. Ha habido una interpretación que ha sido impugnada por algún portavoz. El Presidente de la sesión ha tomado la decisión de dar la palabra al señor Sedó, a ese mismo turno se han sumado los intervinientes y si usted quiere intervenir por dos minutos tiene dos minutos y luego la señora Fernández y concluirá el debate en todo caso.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: No quiero intervenir, no tengo ningún problema en no intervenir en este momento, creo que están perfectamente defendidas las enmiendas. Lo que pasa es que permítame una reflexión, cuando menos, o si no la pregunta --lo digo con la mayor sinceridad e ingenuidad-- en cuanto a que no sé exactamente el procedimiento a seguir.
En primer lugar, hemos hecho un trámite de defensa de las enmiendas, no ha habido turno en contra, ha habido fijación de posición, ha habido réplicas...


El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, ya el señor Marcet, en ejercicio de la Presidencia, ha debatido con algún portavoz la ordenación del final de este debate. Ha tomado la decisión la Presidencia, que tiene continuidad absoluta sea quien fuere su titular, de dar ese breve turno porque se ha entendido que era el que mejor satisfacía las diversas pretensiones de los portavoces. Por tanto, no vamos a hacer a estas alturas una cuestión nueva de procedimiento. Si es en orden al procedimiento, el tema está resuelto. Si quiere utilizar su turno, agótelo y, si no, intervendrá la señora Fernández.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchísimas gracias.
En cualquier caso, sí que haré oficialmente una pregunta a la Mesa en cuanto a las recomendaciones para acudir a la brevedad y también para hablar desde el escaño o no en función de los distintos grupos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Como lo desee, señora Lasagabaster. Será atendida con la misma amabilidad que en ocasiones anteriores.
Señora Fernández.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Señor Presidente, a efectos de clarificar y no crear ninguna distorsión parlamentaria en este trámite, el Grupo Parlamentario

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Popular no va a hacer uso de este breve turno que la Presidencia generosamente nos concede.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Muchas gracias, señorías.
Suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las tres de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 39/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, Y SE ESTABLECE UNA REDUCCION EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1997, DE 9 DE ABRIL.) (Número de expediente 121/000057)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se reanuda la sesión.
Dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley por la que se modifica parcialmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Pausa.) Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, señorías, nosotros seguimos manteniendo una serie de enmiendas, pero lo que fundamentalmente queremos manifestar en este turno es nuestra opinión, que coincide con la que sostuvo nuestro grupo cuando votó en contra de la convalidación del Real Decreto-ley por el cual se modificaba parcialmente la Ley de Haciendas Locales, en la medida en que se establecía una reducción de la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles; opinión que mantuvimos en aquel momento porque consideramos que su contenido nada tenía que ver con la moción aprobada en esta Cámara, en el año 1995, sobre la forma de paliar la repercusión de las revisiones catastrales en la presión tributaria. Señorías, no nos engañemos, el aumento de la presión tributaria en el IRPF y demás impuestos afectados nada tiene que ver con que la Ley de Presupuestos recoja cada año la actualización de los valores catastrales conforme a la inflación. Por otra parte, todo el ardor que algunos grupos han puesto en la defensa de que no aumente la presión fiscal, argumentando esta idea para que se hiciese una ley, también deberían haberlo puesto en contra del texto final que ha resultado porque, evidentemente, no recoge sus enmiendas.
Señorías, lo que por nuestra parte se ha echado en falta en el discurso de que la actualización de valores no afecta a la presión fiscal es que dicha actualización no supusiese consecuencias fiscales regresivas e injustas, de manera que no se aplicasen los mismos porcentajes de modificación a las distintas expresiones de riqueza, lo que desdibujaría el espíritu de dicho Impuesto de Bienes Inmuebles que trataba de ser progresivo. Esta opinión no es solamente nuestra, sino que también es compartida por alguna federación de municipios que opina que es necesario introducir elementos diferenciadores para distinguir entre valores que suponen una mayor riqueza inmobiliaria y otros que no.
Otro compromiso también emanado de esta Cámara era la necesidad de disponer de un censo catastral, censo elaborado no sólo con valores nacidos de la aplicación de criterios y de técnicas acordes con la realidad urbanística de cada municipio, sino también, y de forma fundamental, con la del propio mercado. Pues bien, estos acuerdos parlamentarios están saltando hoy por los aires con la propuesta que va a aprobar el grupo que apoya al Gobierno. Y han saltado fundamentalmente al incorporarse dos modificaciones de la Ley de Haciendas Locales. En primer lugar, la que se refiere al artículo 69, impidiendo la actualización por la Ley de Presupuestos de los valores actualizados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley, planteamiento que provocará, primero, una separación entre los valores catastrales con los del mercado, provocando que al cabo de unos años exista un censo catastral totalmente desfasado e inútil y que habrá que modificar de golpe, con un mayor perjuicio para el contribuyente. No utilicen en este momento el argumento de que la inflación va a ser mínima, de que va a ser muy pequeña y que, por tanto, la subida también será mínima; no lo utilicen porque este argumento aplicado a otros sectores, como pueden ser las pensiones o los salarios, produciría un verdadero estupor. Además de este primer problema, su modificación nos va a situar frente a un trato diferente entre los ayuntamientos que sí revisaron los valores catastrales y aquellos que no lo hicieron. ¿Quién puede en este momento entender el trato desigual, no sólo para los propietarios, sino también y fundamentalmente para los ayuntamientos? ¿Cómo se puede explicar esta contradicción? ¿Cómo afectará a los ayuntamientos que pertenezcan a un grupo y a los que pertenezcan a otro? La segunda modificación de la Ley de Haciendas Locales es la que amplía hasta diez años el período en el que serán revisados los valores catastrales. Esta modificación no solamente ampliará el desfase acumulado,

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sino que supondrá un mayor esfuerzo para el contribuyente cuando se tengan que actualizar pasados los diez años. En este marco, nuestro grupo quiere denunciar el verdadero camelo que supone afirmar que la vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de recaudación tributaria y en una de las principales fuentes de imposición de nuestro país, y lo decimos tras analizar las dos tributaciones más importantes que soportan, el IBI y el IRPF.
Respecto al IRPF, ustedes saben mejor que nosotros que la cuota líquida del impuesto es negativa y que, por tanto, se puede decir que es el Estado el que paga más de lo que recibe. En realidad, esta tributación supone una subvención a los adquirentes de la vivienda, pero sí es verdad que se produce a tipos marginales respecto a la renta y que, por tanto, beneficia en mayor medida a las rentas más altas. Parece ser que pronto se han olvidado en el Partido Popular de la intervención del señor Costa Climent el 28 de noviembre de 1995, con motivo de una moción presentada por Convergència i Unió sobre la necesidad de paliar la repercusión tributaria que suponía la revisión catastral. El señor Costa se quejaba en aquel momento de que la revisión aumentaba la factura del IRPF y llegaba a proponer, en nombre de su grupo, que, ante la situación que se generaba, la única solución razonable consistiría en suprimir totalmente la tributación de la vivienda en el IRPF. Por tanto, parece ser que ustedes han olvidado pronto esa filosofía o que en aquel momento lo único que estaban haciendo eran afirmaciones demagógicas desde la oposición.
En cuanto al IBI, siendo este el principal impuesto municipal, no llega a alcanzar el 20 por ciento de los ingresos totales de los ayuntamientos.
Y si lo comparamos, dentro del capítulo propio de ingresos municipales ni siquiera llegaría a alcanzar la mitad de lo recaudado. Por consiguiente, no se nos puede decir que es un elemento fundamental.
En este sentido, señorías, nosotros pedimos que ustedes no sigan haciendo demagogia con las finanzas de los ayuntamientos y que nos dediquemos de una vez a resolver el verdadero problema que hace de los ayuntamientos el pariente pobre del Estado. Resolvamos de verdad los problemas de financiación de los ayuntamientos y no intenten camuflar otras medidas.
Por último, no podemos seguir admitiendo como válido el argumento utilizado desde el Gobierno para justificar estas modificaciones porque, señorías, no es cierto que con estas medidas se intente no castigar a quien no tiene renta suficiente para soportar la subida que le corresponderá por la revisión catastral. El Gobierno y el grupo que le sustenta han tenido, por otra parte, la oportunidad de consensuar medidas que sí tuviesen en cuenta un principio fundamental de la fiscalidad como es la capacidad de pago, medidas que hubiesen hecho creíble su discurso, medidas que de verdad hubiesen avalado un discurso presuntamente social, pero ustedes han preferido que el proyecto de ley tenga unas características de falta de equidad fiscal, es decir, con una filosofía claramente de la derecha económica.
En definitiva, señorías, hasta ahora, una de las satisfacciones que podíamos tener en esta Cámara era la de haber conseguido un amplio consenso sobre los criterios de actualización catastral y su incidencia tributaria. Todo esto, señorías, ha sido dinamitado por el Gobierno, que ha preferido defender unos intereses muy concretos y llevar adelante una regresiva política fiscal con toda evidencia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Centella.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, señoras y señores diputados, en esta tarde tan apasionante (Risas.), vamos a abordar de nuevo un tema que afecta o afectará, como SS. SS. conocen, a millones de ciudadanos de este país, lo cual no es baladí. El 24 de abril, el Pleno de este Congreso, después de un importante y duro debate, aprobó, no con nuestros votos, la convalidación del Decreto 5/1997, que el Gobierno y el Partido Popular presentaron como la solución mágica a los problemas que en este país se podrían producir con ocasión de la revisión de los valores catastrales en los diferentes términos municipales.
En aquel debate, el señor Rato, ministro de Economía y Hacienda, con esa humildad franciscana que le caracteriza, le decía a nuestro portavoz, en aquel caso el señor Caldera, que participara en la Comisión y en la ponencia para entender de verdad las auténticas razones por las que el Gobierno presentaba este real decreto que se está tramitando como proyecto de ley. Después del debate en la Comisión, vuelve otra vez al Pleno para que discutamos la filosofía del proyecto y los grupos parlamentarios podamos defender las enmiendas que hemos presentado y que no fueron admitidas en Comisión.
Pues bien, señorías, hemos aprendido, no sólo del debate en ponencia y en Comisión, sino a través de las decisiones que este Gobierno del Partido Popular viene tomando en diferentes cuestiones que afectan a la vida municipal. ¿Y qué hemos aprendido, señoras y señores diputados, con este proyecto y con otras decisiones? Lo primero, que el Gobierno y el Partido Popular creen poco en la autonomía municipal. Por mucho que intente ahora buscar, presentar, dar alternativas en materia de política local, como es el pacto local, pensamos que cree poco en la autonomía local, en la autonomía municipal, porque día a día, y con este proyecto cuando se apruebe definitivamente, se van dando pasos

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cen el recorte de la autonomía de los ayuntamientos de este país. Primero fue la Ley de acompañamiento de los Presupuestos para el año 1997, en la que se dificultaba a los ayuntamientos el acceso al crédito de la vida municipal al imponer condiciones, no conocidas hasta ahora, para que los ayuntamientos pudieran pedir créditos para sus presupuestos. Parece ser que en los presupuestos para 1998 van a dar una vuelta de tuerca más a la autonomía municipal al impedir que los ayuntamientos puedan presentar determinados avales en lo que sería la financiación de sus créditos. En los presupuestos para 1997, una partida tan importante para el funcionamiento de las haciendas locales como es el Fondo Nacional de Cooperación Municipal subió bastante menos de lo que subieron otras partidas de transferencias a otras administraciones públicas. Con aquel decreto, tan liberalizador en materia de suelo, el Gobierno retiró de un plumazo un tercio de las aportaciones en materia de suelo que el planeamiento urbanístico permitía desarrollar a los ayuntamientos. Con la ley del suelo, en estos momentos en trámite parlamentario, se pretende por el Gobierno y el Partido Popular consagrar precisamente esa política esquilmatoria hacia las haciendas locales.
Hoy, señorías, si se aprueba el proyecto de ley en los términos en que viene de la Comisión, se consuma un nuevo y definitivo ataque a la autonomía municipal y a la Ley de Haciendas Locales. El Gobierno impone --lo plasmó en el real decreto y en el proyecto de ley--, manu militari, a los ayuntamientos de toda España donde se vayan a actualizar los valores catastrales el desarrollo de unas nuevas bases imponibles, prorrogadas o diferidas en el tiempo en diez años, a través de una cláusula que minusvalora, hasta que al término de los diez años se ponga en vigor el valor catastral decidido hoy en relación al ejercicio completo de los diez años. Con esto, señorías, se consagra un ataque a la autonomía local, porque se decide por el real decreto en su día y por la ley en estos momentos que en todos los ayuntamientos de España que tengan revisiones catastrales, lo decidan o no lo decidan los ayuntamientos, se aplicarán unos valores que no tendrán plena vigencia, pleno desarrollo, hasta transcurridos diez años. Lo quieran o no lo quieran los ayuntamientos, a todo el mundo por igual, sin tener en cuenta cuál es la realidad municipal, la decisión autónoma y voluntaria que podía tener cada ayuntamiento, en el ejercicio de su plena soberanía en materia de haciendas locales, en un impuesto como el de Bienes Inmuebles. Manu militari, lo quieran o no lo quieran, y este un tema, señorías, que ataca de fondo a la política de la autonomía municipal. No solamente eso, sino que además se les dice con este proyecto de ley que los valores que se actualizan no lo harán en función de la evolución del coste de la vida en los próximos diez años, porque se congelan las actualizaciones que en estos momentos se venían desarrollando en la Ley de Presupuestos. Es más, si hasta ahora la revisión de los valores catastrales se hacía cada ocho años, a través del decreto, y en este caso a través del proyecto de ley, a partir de ahora se va a hacer cada diez años, lo quieran o no lo quieran los ayuntamientos. Señorías, eso es atacar la plena autonomía local.
Yo he estado preguntándome qué había de verdad en toda esta decisión que vulnera de una forma tan radical la autonomía municipal. ¿Por qué la Federación de Municipios y Provincias de España, aunque se diga que fue consultada, que fue informada, no se ha rebelado o no ha sido más crítica, como lo ha sido con anterioridad, con relación a esta materia? Y he encontrado la solución. En los años 1997 y 1998, señoras y señores diputados, entrarán en vigor los nuevos valores catastrales, es decir, la actualización de los valores de los ayuntamientos de ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Valencia es precisamente la capital de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Como los señores y señoras del Partido Popular han visto el follón en el que les metió el señor alcalde de Oviedo, que no supo reaccionar a la revuelta popular, porque igual no tenía margen económico para adaptar el juego de las subidas con la bajada de los tipos, alguien dijo: víspera de elecciones municipales en el año 1999, pleno vigor de las actualizaciones catastrales de Madrid, Valencia y Sevilla, no sea que tengamos la de Dios es Cristo --con perdón-- y se nos rebele todo el mundo; busquemos una solución ad hoc para evitarnos líos en vísperas de las elecciones locales. En función de esa decisión se han adoptado unas medidas que afectan a todo el mundo. Así que, ataque a la autonomía local. Pero, en segundo lugar, y lo que es más importante, se atacan los principios básicos de una tributación moderna porque se ataca al principio de equidad y de capacidad fiscal. Ya sé, señor Martínez-Pujalte, que me va a venir diciendo que el valor de un inmueble no tiene nada que ver con la capacidad de pago. Lo dice siempre, pero es mentira porque en el impuesto sobre la renta, el Gobierno, que tiene la competencia sobre este impuesto, no actualiza y no establece el diferimiento de los nuevos valores en las bases liquidables para calcular el valor del hecho imponible, del inmueble, a efectos de patrimonio y del impuesto sobre la renta.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez Sanjuán, le ruego vaya concluyo.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Así que se atacan principios básicos con este diferimiento en diez años en la actualización de los valores catastrales.
Además, S. S. sabe que en este país muchos municipios no han actualizado sus valores catastrales, se ha producido una injusticia tributaria a lo largo de los últimos años

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porque ha habido gente que ha pagado más de lo que tenía que pagar, porque los que tenían valores que no se habían actualizado pagaban menos.
El IBI se estableció para financiar el coste básico de una ciudad, y hay gente que paga más de lo que tiene que pagar porque hay otros que pagan mucho menos y hay otros, muchos ciudadanos, que no han estado incorporados a los censos o a los padrones porque no se han dado de alta, porque han actuado fraudulentamente y no han pagado ni un duro.
Este sistema de diferimiento que ustedes establecen, con unas cláusulas que permiten ir adecuando los nuevos valores catastrales en cien años, produce y va a producir efectos perversos; gente que pasa de un valor catastral de un millón de pesetas a dos millones se ahorraría, con un tipo medio del 0,5, 22.000 pesetas en los diez próximos años, pero aquel que pase de tres a 15 millones de pesetas --y habrá muchos en muchas ciudades, sobre todo en Madrid, a los que les pasará eso, y no diré la calle, pero todas SS. SS. saben de qué estamos hablando-- en los núcleos donde no se han actualizado se va a ahorrar 270.000 pesetas en los próximos diez años.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez Sanjuán, le ruego concluya.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Termino, señor presidente.
Por eso, señor presidente, porque creemos que esta ley ataca la política de la autonomía local y es muy insolidaria en el reparto de las cargas tributarias, es por lo que hemos presentado el conjunto de enmiendas que nos gustaría que ustedes, que creen --parece ser-- en esa autonomía local y en la equidad fiscal, pudieran aprobar. Son cuatro bloques que fundamentalmente van dirigidos --y con esto termino, señor presidente-- a que la aplicación no sea obligatoria sino voluntaria por parte de los ayuntamientos; a que se restablezca la equidad fiscal, pasando de una demora de diez a tres años; a que no se les permita establecer una amnistía fiscal con esta nueva ley para aquellas personas que no estaban incluidas, porque no lo habían querido declarar, en los respectivos catastros; y a que, en definitiva, acepten un principio de justicia social en relación a algo tan perverso como fue incorporar en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado una serie de tasas de acreditación de los recibos y los valores catastrales, de forma que a un ciudadano que tiene que pedir una acreditación de que no tiene propiedad o propiedades para poder solicitar simplemente una beca de comedor para sus hijos no se le sigan cobrando 500 pesetas.
Si ustedes creen en la autonomía local, en la equidad fiscal y en la justicia social, harían bien en aprobar las enmiendas del Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha comunicado que mantiene viva tan sólo la enmienda número 33 y que la da por defendida en sus justos términos para que sea votada posteriormente con el resto de las enmiendas.
¿Algún grupo parlamentario desea fijar un turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el día 9 de abril el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley que fue convalidado en esta Cámara el día 24 del mismo mes.
Fue convalidado con los votos suficientes para que siguiera en vigor. Yo no entiendo muy bien cómo llama el señor Martínez Sanjuán manu militari a la voluntad democrática de esta Cámara de legislar sobre un tema que ya figuraba en nuestro programa electoral, un tema sobre el que ya se había aprobado en esta Cámara una moción y que representaba un problema social.
Además, hoy ya podemos hablar de resultados, porque el real decreto-ley entró en vigor y sabemos que se ha aplicado a 130 municipios de todos los signos políticos en 41 provincias. (El señor Martínez Sanjuán: ¿Se ha aplicado?) Sí, sí, porque entró en vigor, señor Martínez Sanjuán, cuando lo aprobó el Consejo de Ministros. Se han revisado ya 1.700.000 unidades urbanas aplicando este modelo, y hasta ahora los municipios, que conservan absoluta y totalmente la autonomía para fijar los tipos, porque la siguen conservando, 101 municipios, tres cuartas partes de los municipios donde se ha aplicado la revisión catastral, han apostado por mantener el tipo. Eso indica un altísimo nivel de aceptación de los municipios y también un altísimo nivel de aceptación de los ciudadanos, porque ya se ha comunicado la nueva base liquidable del impuesto --ya saben los ciudadanos lo que van a tener que pagar-- y no ha habido conflictividad alguna, cual era la tónica habitual tras las revisiones catastrales.
Lo que regula este proyecto de ley, señorías, es un sistema para amortiguar el impacto tributario de las revisiones catastrales --siempre se producían incrementos bruscos en el IBI-- y, además, reparte el impacto tributario en un período de 10 años. Mi grupo apoyó la convalidación, votó favorablemente el informe de la ponencia y hoy va a votar, como es lógico, a favor del texto porque, en primer lugar, mejora la equidad tributaria y, en segundo término, moderniza el modelo de revisión catastral. Hoy se va a aprobar en esta Cámara un texto que hará que nunca se pueda volver a producir un catastrazo en España, un catastrazo que producía efectos perniciosos, sobre todo en personas

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con menos recursos económicos. Un ejemplo de ello es el año 1990, que obligó al Grupo Socialista a modificar la legislación, tuvieron que rectificar para dar a los ayuntamientos capacidad de modificación del tipo de gravamen. El mecanismo era el de la revisión catastral al alza, los ayuntamientos revisaban a la baja el tipo del gravamen y eso producía la inequidad que todo el mundo conoce: unos valores subían más que la media y se veían perjudicados y otros subían menos y se veían beneficiados.
Le quiero poner un ejemplo de su ciudad, Logroño, al señor Martínez Sanjuán, concretamente, de la calle Baños. En Logroño se hizo una revisión catastral hace un año con el modelo antiguo. La calle Baños, como sabrá muy bien S. S., está en el caso antiguo, donde viven, sobre todo, pensionistas. El ejemplo se refiere a una familia cuyos dos miembros son pensionistas. Se hizo la revisión catastral, subió un 157 por ciento en una zona habitada por gente de capacidad económica modesta, pero, además, estos pensionistas no han modificado su capacidad de pago tras la revisión catastral. El ayuntamiento bajó el tipo del 0'74 al 0'41, pero, señoría, el recibo del IBI subió de 4.693 a 6.690. Con el modelo que hoy vamos a aprobar se hubiera quedado en 5.431. Este es un cuadrito (El señor diputado muestra a la Cámara un gráfico.), ya que se enseñaron aquí cuadros a colores, pero, además, es una aportación del Grupo Socialista pues lo he tenido que imprimir en una impresora a color del citado grupo.
Señor Martínez Sanjuán, se producen subidas del valor catastral que nada tienen que ver ni con la renta del ciudadano ni con su capacidad de pago, sino que tienen que ver con decisiones urbanísticas del ayuntamiento, con el desarrollo económico, etcétera. Se puede afirmar con rotundidad que este proyecto de ley mejora el sistema que estaba vigente, la equidad tributaria, sobre todo para aquellos ciudadanos de rentas medias y bajas, que son los que más sufren cuando se producen incrementos bruscos al alza en su tributación. Señor Martínez Sanjuán, es muy importante --usted lo sabe bien--, si se quiere ser justo, que las nuevas valoraciones de los inmuebles, que siempre son al alza, no se produzcan produciendo --valga la redundancia-- incrementos bruscos que perjudiquen más a las personas de rentas medias y bajas.
Se hacía necesario aplicar un nuevo modelo, que hoy ya se está aplicando, que recibió el apoyo de esta Cámara y que hoy va a recibirlo también para que se siga aplicando en el futuro. Es un modelo que se ha consensuado en la Comisión donde se aprobaron enmiendas de otros grupos --9 del Grupo Socialista y 4 del Grupo Catalán (Convergència i Unió)-- que solucionan problemas que aquí se han puesto de manifiesto.
El señor Centella hablaba del IRPF. Figura en la disposición adicional cuarta diciendo que en la reforma se aplicará un modelo similar para evitar también el impacto en la base de ese impuesto.
Señorías, mi grupo va a votar en contra de las enmiendas del Grupo Socialista porque otorgan potestad a los municipios para aplicar este modelo o el anterior. Hubo un debate en la Cámara en el que el Grupo Socialista se mostró absolutamente contrario al modelo, pero luego en la Comisión se propone dejar a los ayuntamientos la potestad de aplicar uno u otro modelo. Eso no se entiende muy bien. Aquí se habló de igualdad de los municipios, pero lo que hacían las enmiendas del Grupo Socialista era diferenciar entre ayuntamientos, unos con un modelo y otros con otro. Lo que hace este proyecto es que todos los municipios tengan el mismo modelo, que en toda España los ciudadanos sean tratados de igual manera y que esos ciudadanos no vean cómo se incrementa bruscamente su recibo, sino que vayan amortiguando la subida en el tiempo. Nosotros proponemos que se haga en 10 años.
Señoras y señores diputados, el nuevo modelo es más justo, responde en mayor medida al principio de equidad y distorsiona menos el principio de capacidad de pago. Es verdad que este impuesto no se basa en la capacidad de pago sino en el valor del inmueble, que no tiene nada que ver con la capacidad de pago, pero lo distorsiona menos. El anterior modelo se mantiene transitoriamente, como SS. SS. conocen, por la imposibilidad de realizar una revisión generalizada de todos los valores catastrales.
El Grupo Socialista mantiene vivas algunas enmiendas, como la relativa a la tasa de acreditación catastral, pero debo decir que su portavoz no lo ha entendido bien. Lo que proponen en su enmienda es que la tasa siga vigente, que en el caso de las parcelas rústicas --no en las urbanas, sólo en las rústicas-- no se considere el número de parcelas y se pague una cantidad fija de 500 pesetas. Nosotros aprobamos una enmienda, que está incorporada al proyecto, mucho más justa, en línea con lo que SS.
SS. propusieron aquí, que es evitar tener que pagar por las subparcelas rústicas. Eso producía una falta de equidad que se ha corregido en el proyecto de ley.
El Grupo de Izquierda Unida también mantiene vivas enmiendas que vamos a votar en contra porque establecen un modelo mixto entre el anterior y el actual que no produce una mayor justicia tributaria. Su portavoz se ha referido a dos cuestiones que están solucionadas: el IRPF y la capacidad de pago. Mi grupo, señorías, votará en contra de las enmiendas y a favor del texto del dictamen porque instaura un modelo más justo, más moderno, más acorde con la reforma tributaria que está llevando a cabo el Gobierno del Grupo Popular, y porque busca que las cargas tributarias se repartan más equitativamente.
Señorías, hoy es un buen día para todos los ciudadanos, aunque la tarde no se preste. Las 20 millones de unidades urbanas que repercuten en todos los ciudadanos no van a suponer incrementos del valor catastral y, por tanto, incrementos tributarios extremadamente

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bruscos para los ciudadanos. Esa es una buena noticia que va en la línea de lo que está haciendo el Gobierno del Grupo Popular, que es rebajar los impuestos.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-- El señor Martínez Sanjuán pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez Sanjuán, ¿con qué motivo solicita la palabra?

El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, la intervención del señor Martínez-Pujalte, que era para un turno de fijación de posiciones, ha sido utilizada como turno en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Le pediría la palabra por dos minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez Sanjuán, la fijación de posiciones del señor Martínez-Pujalte no ha sido coincidente con la de su grupo parlamentario, pero no ha consumido un turno en contra. No obstante, tiene S. S. la palabra durante tres minutos, plazo que yo le rogaría no excediese.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, no sé si habría tenido que pedir la palabra por alusiones o por apropiaciones, porque me ha parecido entender al señor Martínez-Pujalte, cuando ha enseñado un gráfico, que había usado nuestra impresora. No sé si por eso tendría que pedir la palabra, pero no lo voy a hacer; en absoluto. (Risas.) Ya aclararemos al salir cómo utiliza nuestra impresora el señor Martínez-Pujalte. Es una broma. (Rumores.) Solamente quiero decir, señor presidente, si SS. SS. me dejan...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señorías, ruego silencio!.
Señor Martínez Sanjuán, le ruego que sea lo más breve posible.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Me gustaría serlo, señor presidente, pero es que yo mismo no me oigo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pues adelante; inténtelo.


El señor MARTINEZ SANJUAN: El señor Martínez-Pujalte ha hecho dos referencias básicas --no entraré en el fondo del debate-- diciendo, primero, que no había sido una aplicación manu militari cuando, por otra parte, ha manifestado que esto entró en vigor al día siguiente de que lo aprobara el Gobierno por real decreto-ley. Luego, señor Martínez-Pujalte, me está dando la razón; no fue sólo por el voto en la convalidación del real decreto-ley, sino que fue al día siguiente de que lo aprobara el Gobierno por real decreto-ley. Se impuso su decisión, la decisión del Gobierno, frente a la autonomía local, que nosotros seguimos manteniendo.
Ha puesto un ejemplo de mi ciudad, señor Martínez-Pujalte. No sé si también tendrá acceso a mi recibo, pero es que mi recibo, como el de tantos ciudadanos de este país, cuando ha habido revisiones catastrales, no siempre ha subido en relación al tipo que fija el ayuntamiento relativo a la presión fiscal. Me pone unos ejemplos, pero yo le podría poner otros. Los que hemos estado pagando históricamente porque hemos tenido los valores actualizados nos sentimos perjudicados con la decisión que ustedes toman. A los que más ven subir su recibo por actualización catastral, generalmente los de las rentas más altas, es a los que ustedes les condonan o les permiten que el aplazamiento llegue a los 10 años.
Esto me hace seguir diciendo que esta ley es insolidaria y no practica la equidad fiscal, por lo que no la vamos a aprobar, señor Martínez-Pujalte.
(Aplausos.-- El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Martínez-Pujalte, con la máxima brevedad. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Martínez Sanjuán, su grupo ha tenido la gentileza de dejarme la impresora a color. Nosotros no teníamos en nuestro grupo y la he usado.
Se lo agradezco.
En cuanto al ejemplo, señor Martínez Sanjuán, a lo mejor es que a usted le ha beneficiado la revisión catastral según el modelo antiguo, pero le aseguro que a muchos ciudadanos de Logroño, con rentas medias y bajas, que viven en el casco antiguo, en la calle Baños, esta revisión catastral les ha venido muy bien, porque se ha hecho pensando en todos los ciudadanos y, sobre todo, en los de rentas medias y bajas.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas y dictámenes de Comisión.
En primer lugar, al proyecto de ley de modificación de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario

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Mixto, agrupadas, a su vez, las del señor Chiquillo. Enmiendas números 7, 10,14 y 17.
Comienza la votación.(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; votos a favor, dos; en contra, 270; abstención, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación sobre las enmiendas números 9 y 11, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 13; en contra, 151; abstenciones, 111.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273 ; a favor, dos; en contra, 159; abstenciones, 112.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se han retirado las enmiendas del señor Rodríguez. Pasamos, por tanto, a la votación de las enmiendas de la señora Lasagabaster. En primer lugar, sometemos a votación las números 50, 51, 67 y 69.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 113; en contra, 159; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 53, 59, 60, 62, 71 y 72 de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, dos; en contra, 273.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre las enmiendas números 55 y 66, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 124; en contra, 146; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, dos; en contra, 166; abstenciones, 108.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 188, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 18; en contra, 149; abstenciones, 112.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-- Iniciativa per Catalunya. En primer lugar, las números 75, 76, 78, 83, 84, 87, 89, 93 y los votos particulares al artículo 20 bis y ter.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 124; en contra, 154; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación el voto particular al artículo 31, del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 10; en contra, 268; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Restantes enmiendas y votos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 12; en contra, 154; abstenciones, 112.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, en tres bloques. En primer lugar, las numeradas con los números 151, 152, 153, 155, 157, 160, 162, 168, 174, 175, 176, 177 y 180.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 124; en contra, 154; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Enmiendas del Grupo Socialista números 154, 156, 165, 169, 171, 178 y 179.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 114; en contra, 153; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 109; en contra, 164; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen.
Votamos, en primer lugar, el artículo único, apartados 1 bis, 3, 4, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34 y disposiciones transitorias primera y segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor 276; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos y disposiciones referidos del dictamen.
Votación sobre el artículo único, apartados 1, 2, 5, 7, 9, 14, 16 y 29 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 153; en contra, 121; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre el artículo único, apartado 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 267; en contra, 11; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 12.
Votación sobre el artículo único, apartados 6, 8, 13, 20 bis, 20 ter y 26.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 153; contra, 124; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre el artículo único, apartados 17, 18, 22 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 155; en contra, 13; abstenciones, 112.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del articulado del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 153; en contra, uno; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del articulado del dictamen.
Votación relativa a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 153; en contra, 123; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos correspondiente al proyecto de ley de modificación de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Votaciones correspondientes al dictamen sobre el proyecto de ley que modifica parcialmente la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Votamos, en primer lugar, la enmienda 33, que es la única que subsiste de las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 14; en contra, 264; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Catalán.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 124; en contra, 156; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor 126; en contra, 153; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones del dictamen al proyecto de ley por la que se modifica la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Votamos, en primer lugar, los artículos primero, séptimo, 1º.1 y 2; séptimo, 3º, 4º y 5º, octavo y disposición adicional segunda del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 280; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos del dictamen.
Votación sobre los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, resto del séptimo y disposiciones adicionales primera, tercera y cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 155; en contra, 123; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos y disposiciones del dictamen.
Votación sobre la disposición transitoria primera, la disposición derogatoria y las disposiciones finales primera a tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 282; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación sobre la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 155; en contra, 127; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición transitoria segunda.
Votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor 155; en contra, 124; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen sobre la exposición de motivos.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROPOSICION DE LEY SOBRE REGIMEN FISCAL Y ECONOMICO ESPECIAL DE LAS ISLAS BALEARES. (Número de expediente 125/000008)

El señor PRESIDENTE: Finalizadas las votaciones de los dictámenes de Comisión a los proyectos de ley, pasamos al punto X del orden del día, debates de totalidad, en el que, al haber decaído diversos proyectos, sólo subsiste la proposición de ley sobre régimen fiscal y económico especial de las Islas Baleares, a la que ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa ante el Pleno tiene la palabra la señora Urán. (Rumores.) Silencio, señorías. Señorías, yo rogaría a los consejos de dirección que se organizan informalmente en el hemiciclo, portavoces y portavoces adjuntos, que dejaran el natural despacho para los escritorios de fuera del hemiciclo y permitieran el desarrollo del Pleno.
Cuando quiera, señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, cuando en el mes de mayo discutimos en esta Cámara la toma en consideración de la proposición de ley que nos llegaba del Gobierno balear sobre el régimen fiscal y económico especial para las Islas Baleares, en nuestra intervención el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya destacaba que, a pesar de que considerábamos importante el hecho de que pudiéramos discutir la insularidad y las diferencias que la insularidad conlleva a las personas y a las estructuras de las islas y que íbamos, por tanto, a votar a favor de la toma en consideración de dicha proposición de ley, también estábamos radicalmente en contra de lo que en el texto figuraba como posibilidad de ser una ley. Lo considerábamos así porque creíamos que la desfiscalización que se planteaba en este texto, que provenía del Parlamento balear, convertía a las Illes Balears en un paraíso fiscal y que, además, no era el instrumento útil para poder empezar a cambiar los desequilibrios territoriales que el desarrollo económico de las propias islas habían ido planteando.
Por tanto, señorías, a partir de ese análisis que nosotros habíamos hecho del texto proveniente del Parlamento balear, planteábamos que si no se tenían en cuenta nuestras enmiendas, nosotros votaríamos en

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contra porque no lo compartíamos. Nosotros además lo hemos planteado, y por eso hoy aquí defendemos una enmienda de totalidad con texto alternativo. Una enmienda de totalidad con texto alternativo que nosotros creemos que va a venir a solucionar los problemas. Ahora, en el análisis que el Grupo Federal y nuestra organización hacen de la situación de las Islas Baleares, creemos que con esto se puede solucionar y empezar a mejorar sus propias condiciones.
El desarrollo económico y social que se ha producido en las islas durante los últimos años, ha sido un desarrollo con intensos desequilibrios que tienen sus máximos exponentes en el despilfarro de recursos naturales limitados y una irreversible explotación urbana del territorio y una estructural estacionalidad, con importantes efectos en la estructura ocupacional. El hecho de que haya habido tan grande explotación urbana en el litoral ha llevado a que, fundamentalmente, el resto de industria que se podía desarrollar o que estaba implantada en las Illes Balears haya empezado a desaparecer y, por tanto, esto haya venido a incidir en la ocupación, que se centra fundamentalmente en los meses de verano precisamente por el impacto que tiene el desarrollo en torno a la industria turística.
Nosotros creemos que hay tres ámbitos que son los que van a hacer que el hecho insular se haya convertido en un factor determinante. Primero, la insularidad como determinante de la especialización turística. El desarrollo turístico de Baleares ha encontrado en el hecho insular su principal incentivo, tanto por lo que significa de efectos positivos directos e indirectos sobre el propio sector: imagen diferenciada de marca, clara identificación del producto, gran proporción de territorio litoral, etcétera, como por lo que significa de elementos negativos disuasorios en los otros sectores productivos sobre los que los efectos de la insularidad son comparativamente mucho mayores. Por tanto, les resulta mucho más difícil poderse desarrollar.
Como consecuencia de esta sobreespecialización turística, se ha ido configurando un modelo de crecimiento en el que la estacionalidad laboral y productiva, la presión sobre el consumo de territorio, la destrucción del medio natural y de las principales fuentes de recursos son los principales problemas. Pero, además, la insularidad tiene un factor limitativo en el desarrollo que nosotros consideramos que ha de ser sostenible. Cualquier estrategia productiva tiene una reducida dimensión en cada una de las islas del archipiélago balear, un conjunto de hechos estructurales que limitan las posibilidades de actuación o que incorporan unos costes adicionales importantes. Es difícil poder alcanzar economías de escala en el diseño de unidades productivas; existe escasa dotación y concentración de recursos naturales; hay una fuerte dependencia externa en materias primas y productos semielaborados; hay una fractura del mercado interno por el hecho pluriinsular; hay una situación periférica en los mercados industriales y de productos primarios, por la fuerte dependencia de los medios de transporte; dificultades para la coordinación de la planificación regional en un territorio discontinuo, la propia fragmentación del territorio que le da una dimensión excesiva a las necesidades de infraestructuras básicas en carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. Existe una sobredimensión de los equipamientos de producción energética o de tratamiento de residuos y una sobreexplotación del litoral y altos costes para su mantenimiento; existen también efectos de la insularidad sobre la estructura social y cultural, por el hecho de que se tiene que desarrollar en territorios limitados muy pequeños. Esta dificultad viene añadida porque recae, en mayor medida, sobre aquellas capas de la población con menores recursos económicos y, por lo tanto, con mayores dificultades para poder acceder a la Península, para poder tener servicios sanitarios, sociales, culturales o educativos.
Por todos estos desequilibrios, consideramos que era necesario plantearse un régimen económico y fiscal. A pesar de que no hayamos cambiado el título, nuestra enmienda se basa en un desarrollo económico, dejando en un segundo plano los incentivos fiscales. Consideramos que es a través del desarrollo económico sobre el que se puede establecer perfectamente un nivel diferente de vida y de renta entre las personas de las islas, es decir, mejor equilibrio entre las personas y entre los territorios.
Consideramos, además, que se pueden establecer determinados incentivos fiscales que después explicaré.
Los objetivos que nos hemos marcado con esta enmienda de totalidad con texto alternativo, además de establecer el régimen, pretenden compensar los efectos de insularidad, con lo que estamos perfectamente de acuerdo, de manera que el coste de la actividad económica sea equiparable al de las regiones continentales del resto de España y de la Unión Europea; introducir un conjunto de medidas que tiendan a promover, diversificar y desestacionalizar la actividad económica de las Islas Baleares; garantizar algo que es muy importante para nosotros y que está impregnando también todo nuestro texto alternativo: la conservación de los espacios naturales y de los recursos naturales limitados y la preservación del medio ambiente. Hacemos hincapié en esta medida en concreto, porque creemos que es imprescindible para todas, en general para toda la tierra, pero en concreto y en este momento para las Islas Baleares, el que haya una especial protección de los recursos naturales limitados, de los espacios naturales y del medio ambiente. Además, pretendemos que se salvaguarde tanto el patrimonio histórico artístico y cultural como el lingüístico.
Creemos que es muy importante, sobre todo para la compensación de los equilibrios territoriales, que en esta ley se fije la creación de un fondo de insularidad, que quiere compensar el hecho insular, pero, además, los sobrecostos de los servicios, el diferencial poblacional

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y el hecho de que haya una población que soporta la especialización y la estacionalidad de una determinada actividad económica. En este fondo se crea también el fondo de compensación municipal, que viene a plantear que los municipios, a través de él, tengan proyectos para preservar el entorno natural y para que se compense además a aquellos municipios que no han promovido un desarrollo urbanístico. Es decir, a que aquellos municipios que no se han desarrollado urbanísticamente y que están respetando su entorno y su espacio, queremos que a través de este fondo se les compense por el hecho de no haber percibido mayor número de ingresos por no haber hecho un desarrollo urbanístico que, en definitiva, iría dirigido al turismo y que podría perjudicar mucho más a las islas.
Con este fondo municipal pretendemos que se les compense.
En la iniciativa planteamos que el fondo de insularidad se tiene que repartir de la siguiente manera. La afectación horizontal que corresponda. El 15 por ciento de la cantidad global del fondo anual se dedicará a la financiación del fondo de compensación municipal. En todo caso, y con la finalidad de atender a las necesidades derivadas de la insularidad, establecemos que haya un mínimo del 25 por ciento de la dotación anual del fondo de insularidad destinado a las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, de acuerdo con lo establecido en la Ley de consejos insulares balear. Además, planteamos que haya una distribución de dotaciones entre las islas que se deja a lo que el Parlamento de las Islas Baleares establezca.
La afectación vertical del fondo la planteamos de la siguiente forma: un 20 por ciento para la financiación de la normalización lingüística de la lengua propia de las Islas Baleares, a la adquisición, conservación y restauración de patrimonio histórico, artístico y cultural; un 20 por ciento a la recogida selectiva, reciclaje y a la reutilización de residuos; un 25 por ciento para el saneamiento, depuración terciaria y reutilización de aguas; otro 25 por ciento para el mantenimiento, adquisición, conservación y protección de áreas declaradas de especial interés, y un 10 por ciento para la utilización de nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones declaradas de interés general por el Gobierno balear.
Este fondo tiene que estar gestionado por los consejos insulares, tal y como nosotros lo establecemos en nuestra iniciativa, además de hacerlo compatible con otras fuentes de financiación que pueda percibir la comunidad autónoma a través de la Administración general del Estado.
Establecemos una rebaja de tarifas en los transportes y en las comunicaciones; en los transportes, a los residentes en las islas en su movimiento entre las islas, incluso con la Península, así como también establecemos un porcentaje de reducción en el transporte de mercancías entre los trayectos entre las islas con Mallorca y la Península. También establecemos unos porcentajes de reducción en las tarifas por servicios portuarios en puertos de competencia del Estado y de las comunidades autónomas. Creemos que estas medidas tienden, por un lado, a que la población de las islas tenga movilidad hacia la Península o entre las islas para poder tener una mejor comunicación y, por otro lado, para que en los transportes las mercancías que accedan a las islas o que puedan salir de las islas hacia el exterior no se vean perjudicadas por un mayor sobrecoste.
En nuestra iniciativa planteamos que son necesarias unas determinadas medidas de desarrollo económico y social, entre ellas las inversiones en infraestructuras, con importes que tienen que venir de los Presupuestos Generales del Estado, que resulten de estos programas de inversiones públicas y que no queden dentro de la media inferior al importe de las inversiones estatales en el resto de las comunidades autónomas. Además planteamos que estas inversiones no vayan a realizarse con menoscabo del fondo de insularidad.


El señor PRESIDENTE: Señora Urán, le ruego concluya.


La señora URAN GONZALEZ: Concluyo dentro de un momento, señor presidente.
Las medidas complementarias al desarrollo económico que nosotros estamos planteando en nuestro texto están, por un lado, dirigidas al plan de ahorro energético y de agua, estableciendo que tienen que ser el Gobierno central y el Gobierno de las Islas Baleares los que conjuntamente elaboren el plan de optimización y ahorro de consumos, tanto energético como de agua, para que su aplicación se haga en el sector de la industria, en el terciario, en la agricultura y en el consumo humano, de la misma manera que planteamos el desarrollo de un plan estratégico de energías alternativas, que se ha de elaborar entre el Gobierno central y el Gobierno de las Islas Baleares, que además debería en todo caso fomentar el consumo o el que se pueda potenciar la energía fotovoltaica, siendo precisamente las Islas Baleares una de las zonas donde este tipo de energía podría tener mayor potenciación o se pudiera expandir de mejor manera.
Es necesario también que haya un plan plurianual de inversiones en materia de depuración terciaria de agua, reutilización y sustitución de regadíos. Planteamos también que el Gobierno del Estado y el Gobierno de las Islas Baleares elaboren conjuntamente un plan agrario para las Islas Baleares, que no solamente promueva la ordenación de cultivos y haga compatible la agricultura con el medio natural, que racionalice los sistemas productivos, sino que además tienda también a la industrialización de productos agroalimentarios, la producción y la comercialización de productos de calidad controlada y los mercados de venta directa. Es decir, queremos que se garantice la adecuada formación profesional agraria en las Islas Baleares y que,

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además, desde la agricultura se pueda establecer toda una serie de actividades agroalimentarias que permitan un mayor desarrollo de las islas. También planteamos que tienen que promoverse desde el Gobierno del Estado las medidas necesarias para el mantenimiento de industrias tradicionales en las Islas Baleares --calzado, piel, muebles, bisutería-- y que se adecue la normativa laboral a los problemas de estacionalidad que le afectan.
Creemos que es necesario que, además, el turismo pueda ser una actividad exportadora para que se pueda ver favorecido por los beneficios fiscales y las ayudas que están establecidas para esta actividad en otros sectores económicos. Hacemos hincapié en las prestaciones que por desempleo, que por cotizaciones sociales de los trabajadores fijos discontinuos, es necesario aplicar en el territorio de las Islas Baleares en estos momentos, pero que en ningún caso lo planteamos para que sea exclusivo de las Islas Baleares, sino que también se pudiera extender hacia otras zonas del Estado porque se pueden plantear las mismas problemáticas.
Cuando nosotros hablamos de que un trabajador fijo discontinuo que tiene unas connotaciones determinadas en las Islas Baleares, por la estacionalidad en los puestos de trabajo, debe de tener una serie de garantías y una serie de reconocimientos para que no vea mermada su capacidad económica, estamos planteándolo, en este caso, y en concreto en el texto que se plantea para el régimen económico y fiscal especial de las Islas Baleares, pero también se podría hacer extensible, en todo caso, al resto de los trabajadores del Estado español en estas condiciones. Además, creemos que es necesario que el plan nacional de formación e inserción, sin menoscabo de los recursos que se tienen que destinar para las Islas Baleares, se pueda precisamente desarrollar en las temporadas bajas, es decir, en las estaciones de otoño e invierno para que pudiera ser mejor aprovechado por los trabajadores y las trabajadoras que quieren, precisamente, poder acceder a estos cursos de formación.
Como decía, señorías, para nosotros este es el cuerpo principal, la necesidad de que exista un régimen económico y fiscal para Baleares. Ya les decía antes que la fiscalidad la dejamos como algo mucho más complementario, mucho más colateral y fundamentalmente enfocada hacia la preservación del medio ambiente, que nosotros creemos que es donde hay que incidir para que realmente la industria que se pueda establecer, o que se pueda desarrollar en las Islas Baleares, sea respetuosa con su entorno y además le dedique recursos a ello. Así pues, tanto en la libertad de amortización para inversiones con fines medio ambientales, como para el resto de las medidas que se plantean, están establecidas en este sentido.
Quiero hacer hincapié en la bonificación por ventas al exterior, porque hay un apartado en el que, concretamente, queremos que haya una bonificación para aquellas empresas que se dedican precisamente a aquellos productos que son bienes elaborados o transformados en el archipiélago balear por sus propios sujetos, por los sujetos pasivos del Archipiélago y que además puedan estar incluidos en las categorías que se establecen en la propia ley y que van desde la industria de la madera y el corcho, la piel, la bisutería y todas aquellas que son las industrias que se han desarrollado en las Islas Baleares y que, en estos momentos, están sufriendo un fuerte retroceso precisamente porque son menos capaces de poder asumir el hecho insular.


El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ha de concluir.


La señora URAN GONZALEZ: Sí, señor presidente, concluyo enseguida.
Por tanto, señorías, creemos que nuestro texto es equilibrado, que responde a las expectativas y a las reivindicaciones de la población de las Islas Baleares sobre su necesidad de que se reconozca el hecho insular y de que se reconozca ya, a través de un texto legislativo, pero desde el enfoque que nosotros creemos que es más conveniente para el desarrollo de las islas, para la mejora de las condiciones de la población en las Islas Baleares y, desde luego, desde el enfoque de que no se conviertan en un paraíso fiscal que siga manteniendo los desequilibrios, sino todo lo contrario: que su desarrollo sea sostenible y que además exista un equilibrio entre las islas y un desarrollo territorial equilibrado.
Por tanto, esperamos recoger la aprobación de esta Cámara y poder debatir sobre nuestro texto en el resto del proceso.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
¿Turno en contra de la enmienda de totalidad de texto alternativo? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Canario tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Voy a intervenir con gran brevedad para aliviar las sesiones, ya largas, de este Pleno del jueves.
Coalición Canaria se va a oponer a esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, por tanto, votará en contra. Por consiguiente, Coalición Canaria desea que en la comisión correspondiente se debata la proposición de ley que en su día fue presentada aquí por el Parlamento de las Islas Baleares sobre esta propuesta de régimen fiscal y económico del Archipiélago.
Sobre este mismo texto Coalición Canaria tiene una serie de observaciones y reservas que hacer en el sentido de que se mantenga un equilibrio entre los principios

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de solidaridad y los principios que están dentro del marco fiscal Península-- Baleares, es decir el marco IVA, que es muy diferente jurídica, técnica, económica y fiscalmente del marco que tiene en este momento el archipiélago canario. Nosotros no queremos una confrontación de intereses entre el marco fiscal y económico que tiene, por ley propia, el archipiélago canario, aceptado plenamente por la Unión Europea, con el que pueda obtener el archipiélago balear, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Lo que sí queremos es que en los correspondientes trámites de ponencia y comisión de la proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares exista el conocimiento de las directivas de la política de este momento de la Unión Europea con respecto a zonas fiscales especiales. Por lo demás, nosotros nos vamos a remitir al debate que tengamos que tener en estos órganos parlamentarios de ponencia y de comisión para el proyecto inicial.
Por estas razones y por entender que una admisión a trámite de esta iniciativa que trae el Grupo de Izquierda Unida complicaría mucho más el marco de debate económico, fiscal, de ayudas, etcétera, que viene contemplado en el texto articulado, vamos a votar en contra de la idea expuesta aquí, en forma de iniciativa parlamentaria, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente intervengo para anunciar nuestro voto en contra a la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nuestro grupo ya expresó --en la toma en consideración que votamos favorablemente-- que uno de los argumentos al que dábamos un cierto valor político era que esta iniciativa había sido propuesta por el Parlamento de las Islas Baleares. Una iniciativa que viene propuesta, planteada, formalmente articulada por todos los grupos políticos que están en el Parlamento de las Islas Baleares, entendemos que debe ser tenida en cuenta y aceptada como documento inicial de discusión en esta Cámara.
Ahora, el Grupo de Izquierda Unida nos plantea la tesitura de sustituir ese texto por otro que nos presenta. Es legítima la iniciativa pero no entendemos por qué hemos de dar más valor a una propuesta de su grupo que la que nos hace el Parlamento de las Islas Baleares, con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, como probablemente vamos a discutir las enmiendas parciales al articulado, tendremos oportunidad de adoptar algunas de sus ideas y algunas de sus sugerencias; podremos analizarlas y discutirlas, pero si ahora tomáramos en consideración su texto, desde su coherencia, lo que estaríamos haciendo es dar por buena su iniciativa, que es legítima, y desplazar la de una institución que es un parlamento autonómico. No nos parece bien poner ni a la misma altura ni, por supuesto, por debajo, la propuesta de un parlamento autonómico de la de un grupo parlamentario, siendo ambas absolutamente legítimas. Por esta razón votaremos en contra, a pesar de que algunas de sus argumentaciones pueden ser tenidas en cuenta en los trámites parciales de discusión de enmiendas.
Quisiera indicar que, lógicamente, nuestro grupo no va a enmendar esta proposición de ley. Nuestro grupo --como SS. SS. saben muy bien-- no tiene representación directa en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares; no vamos a plantear enmienda alguna, pero si hay algún grupo político que quiera hacernos reflexionar sobre alguna de sus sugerencias nuestro grupo estará absolutamente abierto para analizarlas y para estudiarlas. Estoy seguro de que tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista como ustedes mismos van a tener interés en plantear cuestiones al articulado de esa ley y nuestro grupo, con mucho interés, las va a estudiar, las va a analizar y, si lo cree oportuno, votaremos favorablemente la correspondiente sugerencia.
Nada más, señor presidente y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Buenas tardes, señorías.
Señoras y señores diputados, estamos ante el debate de totalidad de una iniciativa de un Parlamento autonómico, iniciativa que en su día nosotros rechazamos por su contenido, y queremos agradecer al grupo que ha presentado esta enmienda de totalidad el hecho de que nos permita reiterar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante el Pleno de esta Cámara y ante el conjunto de la opinión pública de nuestro país y, en particular, de las Islas Baleares. Dijimos entonces que la proposición presentada por el Parlamento de las Islas Baleares, impulsada por el Partido Popular desde el Govern balear, sumaba tal cúmulo de despropósitos jurídicos y fiscales que hacía conveniente su no admisión a trámite: desde su título, el régimen fiscal especial, a sus artículos, privilegios fiscales para multinacionales y sus directivos, no casaban ni casan con el marco fiscal de España y de la Unión Europea.
Desde aquella fecha hasta hoy se han producido algunos hechos que avalan la posición del Grupo Parlamentario Socialista, la de entonces y la de ahora. La suspensión parcial de tres artículos del REF canario por parte de la Unión Europea y los acuerdos del Ecofin

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en materia de orientaciones sobre armonización fiscal son buenos ejemplos del rigor y la seriedad de nuestra posición, rigor y seriedad que pretendemos mantener a lo largo de toda la tramitación.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos abordar los problemas derivados de la insularidad desarrollando el artículo 138.1 de la Constitución española. En ello coincidimos con el enunciado de la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida; coincidimos, insisto, con el enunciado, si bien cuando recurrimos al texto encontramos algunos inconvenientes para votarlo a favor, además de que se impone el claro pragmatismo de la propia tramitación parlamentaria. Admitir hoy a trámite este texto no supondría que no se tuviera que enmendar, sino que lo que haría sería posponer el debate de las enmiendas parciales después de cuatro ampliaciones de plazo para presentarlas. Por tanto, lo que pedimos es que se debata con rigor y seriedad el texto que el Partido Popular, que la mayoría que da apoyo al Gobierno quiere para combatir las desventajas de la insularidad en las Islas Baleares. Queremos conocer esa posición. En consecuencia, queremos debatir sobre textos concretos, sobre enmiendas.
La enmienda que estamos debatiendo plantea algunas cuestiones que a nosotros no nos gustan. El fondo de insularidad, como tal, nos parece aceptable, pero cuando habla de la financiación contiene elementos que serían extensibles a muchas de las poblaciones del territorio español y no sólo a los territorios insulares. Hay algunas provincias y muchas ciudades en el territorio continental que también tienen una diferente población de hecho y de derecho y que también tienen que prestar servicios y tienen que tener infraestructuras suplementarias y servicios para esa población de hecho y no de derecho. Por consiguiente, no es un hecho diferencial. La diferenciación se establece en otros elementos que abordaremos y que nosotros sí queremos tratar con rigor.
Hay criterios que se pueden objetivar en la dotación del fondo, pero hay otros que a nosotros nos gustan más, y no es que rechacemos frontalmente los que plantea Izquierda Unida, aunque son discutibles. El número de carreteras que necesitan las Islas Baleares o el agua que necesita para el consumo o la capacidad en kilovatios que necesita su red eléctrica son criterios más objetivos, y a nosotros por tanto nos gustan más, que una simple cifra de participación en impuestos directos o indirectos. Además, en el artículo 7 de la enmienda de totalidad existen afectaciones que creemos que no se deben producir. El Parlamento de las Islas Baleares y el Gobierno autónomo, desde la capacidad que les da el Estatuto de Autonomía, deben poder distribuir estos fondos en aquellas infraestructuras y en aquellos servicios que los ciudadanos de las Islas Baleares, en el ámbito de su gestión, crean más convenientes. Existe también una serie de elementos que nos preocupan no por las afectaciones que sobre los mismos se hacen, pero en el texto de Izquierda Unida...


El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego que vaya concluyendo.


El señor COSTA COSTA: Concluyo rápidamente, señor presidente.
El texto de Izquierda Unida mantiene el régimen fiscal especial con afectaciones diferentes de las del Partido Popular. A nosotros nos gustan más, pero no nos gusta la mayor, no queremos un régimen fiscal de privilegio para las Islas Baleares, queremos los mismos derechos y las mismas obligaciones que para el conjunto de ciudadanos del Estado.
Por tanto, creemos que el texto que tenemos hoy en la Cámara, cuyo plazo de enmiendas concluye mañana a las ocho de la tarde, es un texto sobre el que trabajar, poder hacer llegar nuestras orientaciones y dar salida a nuestras reivindicaciones sobre el hecho insular. Nosotros deseamos, señorías, crear un marco estable para resolver los problemas reales de los ciudadanos que viven y desarrollan su actividad en las Islas Baleares sin crear situaciones de privilegio ni posiciones ventajosas sobre el resto de ciudadanos y agentes económicos de nuestro país.
En las Islas Baleares tenemos problemas específicos que requieren respuestas singulares. Estas respuestas caben dentro de nuestro ordenamiento jurídico y encuentran su acomodo en el artículo 138 de la Constitución española. Así, los sistemas de transporte aéreos y marítimos, los productos energéticos, particularmente los destinados a industrias como la pesca y la agricultura, los hidrocarburos, la electricidad, las costas, las obras hidráulicas y otras no permiten las mismas interconexiones ni relaciones que se producen en un territorio continental, además de los problemas derivados de la dimensión y los modelos que las mismas permiten. La especialización económica basada en el sector turístico, los problemas derivados de la estacionalidad en la actividad y en el empleo, con caídas superiores al 30 por ciento en los meses de invierno, requieren soluciones específicas, claras y contundentes hacia un modelo de turismo más equilibrado y con actividad a lo largo de todo el año. Las infraestructuras públicas, como carreteras, telecomunicaciones, gasoductos u otras no deben ni pueden marginar a una comunidad insular como son las Islas Baleares de las inversiones y de los procesos de modernización que las mismas comportan.
Deben ser abordados los problemas derivados de la insularidad en materia de educación universitaria o en prestación especializada de algunos servicios sanitarios y no trasladar los costes a los ciudadanos, que normalmente son los que disponen de menor poder adquisitivo, ni los gastos singulares procedentes de servicios universalizados para el resto de los ciudadanos de nuestro país...


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El señor PRESIDENTE: Señor Costa, ha de concluir.


El señor COSTA COSTA: Concluyo, señor presidente.
Regular estos objetivos es función del Congreso de los Diputados, de los representantes de los ciudadanos de las Islas Baleares. Para ello, frente a quienes utilizan proyectos colectivos para hacer políticas partidistas y sectarias, desde el PSOE y desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos preconizado el diálogo, el acuerdo, la sensatez y el sentido común.
Es comprensible, pues, que desde esta posición nos preocupe ver ahora a un Partido Popular disminuido, acobardado, escudándose en los demás e incapaz de explicar a los ciudadanos mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses su incapacidad para convencer a su propio partido de la bondad de sus erráticas propuestas. No comprendemos que dediquen sus esfuerzos a enmascarar y ocultar a la opinión pública de las Islas su incapacidad para llevar a buen puerto sus propuestas aventureras, poco meditadas y contrarias al sentido común y a la realidad jurídica.
Señorías, en la fase que ahora vamos a reiniciar, en las enmiendas parciales, nos encontrarán abiertos al diálogo para resolver los problemas de los ciudadanos de las Islas Baleares. Para resolver los problemas en los que está inmerso su partido en las Islas Baleares no busquen nuestra alianza; arréglenlos solos, aunque sea con ayuda de los jueces, pero no cuenten con nuestra participación. Para resolver los problemas que afectan a la insularidad estaremos siempre disponibles.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley aprobada en el Parlamento de las Islas Baleares sobre el régimen fiscal y especial de aquellas Islas y que se aprobó con los votos de los grupos parlamentarios del Partido Popular, del Partido Socialista de Mallorca, de Unión Mallorquina, de la Federación de Independientes de Ibiza y Formentera y con la única abstención del Grupo Socialista. Quizá sea este el motivo por el que Izquierda Unida presenta en este acto una enmienda a la totalidad con texto alternativo y es porque en el momento en que se aprobó la proposición de ley en el Parlamento balear no tenía ningún diputado. Y no digo esto en términos peyorativos, ni muchísimo menos, sino para encontrar el porqué de la presentación de esta enmienda a la totalidad con texto alternativo, habiendo votado, como hizo, a favor de la toma en consideración.
Analizando, pues, el tema que nos ocupa, nos encontramos con lo siguiente. El texto alternativo que presenta Izquierda Unida ni supone un enfoque diferente a la proposición de ley que proviene del Parlamento de las Islas Baleares, ni desarrolla una filosofía distinta, ni aporta medidas novedosas que puedan ser de aplicación. Haciendo un estudio detallado de dicho texto nos encontramos con que hay artículos que reproducen, es decir, no contienen modificación alguna con respecto al texto original, artículos que lo modifican parcialmente, artículos que introducen aspectos novedosos y artículos del texto original que quedan suprimidos en el texto de Izquierda Unida.
En cuanto a los primeros, es decir, los artículos que se reproducen, nos encontramos que, en cuanto al fondo de insularidad, salvo aspectos de detalle, lo reproducen en los artículos 4 a 9; precios y tarifas de transporte lo reproducen en los artículos 10 y 11; precios de telecomunicaciones, en el artículo 12; inversiones públicas con respecto a la media estatal, en el artículo 13; plan de ahorro energético y de agua, en el artículo 14; fomento de la energía fotovoltaica, en el artículo 15; plan de inversiones en depuración terciaria y de regadío, artículo 16; plan agrario, artículo 17; medidas en favor del turismo como actividad exportadora, artículo 19; la libertad de amortización se reproduce en el artículo 23; medidas en favor de la industria tradicional se reproducen en el artículo 18; bonificación de ventas al exterior se reproduce en el 25 y tributos locales en el artículo 28.
En cuanto a los artículos que modifican parcialmente los aspectos ya recogidos, observamos que no cuantifican la dotación del fondo de insularidad, cosa que sí se hace en el texto original; se restringe el alcance de la desgravación por inversiones en fines sociales y medioambientales; se aplica un tipo reducido de IVA y se circunscribe a tres supuestos, que son aguas residuales, residuos y reforestación; se hace una reserva para inversiones circunscritas a aspectos medioambientales y se elimina la aplicación de los ámbitos de la telemática e informática.
En cuanto al tercer apartado, es decir, preceptos que introducen aspectos novedosos, encontramos que incluyen, efectivamente, medidas en relación con el mercado laboral en los artículos 20 a 22, así como prestaciones por desempleo, cotizaciones sociales de los trabajadores fijos discontinuos y aplicación del plan nacional de formación e inserción profesional en las temporadas bajas.
En cuanto al cuarto, suprimen las inversiones en telecomunicaciones, el parque balear de innovación tecnológica, las transferencias de tecnología, deducciones por capitalización de empresas pequeñas, zonas aeronáuticas, centros de coordinación, IVA, impuesto sobre sucesiones y donaciones y desgravación por inversiones en el exterior.
O sea, señorías, Izquierda Unida reproduce en su enmienda el grueso del articulado de la proposición de

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ley, mantiene la filosofía del texto, suprime algunos artículos e introduce algunas modificaciones en cuestiones ya contempladas en el texto original. Y aporta como novedad sólo dos artículos, lo que ellos denominan medidas en relación con el mercado laboral, que se recogen en el capítulo IV y que entendemos que al tratarse de una regulación de medidas laborales no puede ser objeto de una normativa especial para Baleares, sino que debe ser objeto de regulación a nivel estatal.
Entendemos que cometen el error de no tener en cuenta en el texto alternativo las modificaciones que ha habido desde la proposición de ley que fue aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares en el año 1995.
En concreto, se han obviado circunstancias que no se daban cuando se redactó el texto original, como, por ejemplo, la nueva Ley del Impuesto de Sucesiones, que suprime deducciones a las inversiones, las medidas generales a favor de las pequeñas y medianas empresas, el nuevo sistema de financiación autonómica, el proceso de armonización de los impuestos directos en el marco de la Unión Europea, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, que establece una intensificación de la liberalización del comercio y crea dificultades para bonificar las ventas al exterior, etcétera. A pesar de todo, señorías, nosotros compartimos los principios en los que Izquierda Unida fundamenta su texto alternativo y que son, efectivamente, tal y como ha manifestado su portavoz, el desarrollo del precepto constitucional que determina que el Estado atiende a las circunstancias del hecho insular y el no hacer de Baleares un paraíso fiscal, porque ni ustedes ni nosotros pretendemos venir aquí a sacar ventajas, sino a corregir desventajas para competir en igualdad de condiciones en el mundo económico.
Ustedes, en el debate de toma en consideración, dieron un sí crítico a la proposición de ley y mi grupo parlamentario también. Dijimos ya entonces y repetimos ahora que en los años que han pasado desde la aprobación de esta proposición de ley por parte del Parlamento balear ha habido un cambio de las circunstancias económicas; tanto es así que algunas de las peticiones que eran necesarias en aquel momento para la competitividad de la economía balear han perdido sentido, unas porque el nuevo sistema de financiación autonómica ha incrementado el autogobierno en las comunidades autónomas y otras por reformas en la legislación española.
Por todo ello, se hace precisa la adecuación de las mismas a la situación actual, cosa que haremos en la fase parlamentaria pertinente mediante la discusión de enmiendas al articulado.
No puedo dejar de hacer mención a las curiosas críticas que han sido efectuadas por parte del compañero socialista. Fíjense ustedes que quien se atreve a criticar ahora al Partido Popular es quien con su voto en contra a la toma en consideración pretendía que el Congreso ni siquiera estudiara la proposición de ley. Y cuando oigo que habla de la cantidad de prórrogas que está pidiendo el Partido Popular me da mucha alegría comprobar que en esta ocasión el Partido Socialista está tan ávido de que se vea esta ley y, sobre todo, la alegría me la da cuando recuerdo que el Partido Socialista ha tenido dos años en este Congreso de los Diputados escondida en un cajón esta proposición de ley. Me ha dado usted una gran alegría.
Yo creo que es que aún no se han enterado de que lo que nos estamos jugando aquí es el reconocimiento legal de la situación de las Islas Baleares. Lo que estamos debatiendo aquí es que exista una disposición de rango legal que, por fin, reconozca la insularidad...


El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano vaya concluyendo, por favor.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Sí, señor presidente.
... que padecen las Baleares y que el Estado ha de compensar. Hay quien no se ha enterado aún de que si la proposición llega a buen puerto, Baleares tendrá ya un marco en el que, con el tiempo, se podrán ir mejorando las condiciones de las islas.
Concluyo ya, señorías, diciendo que no podemos votar a favor del texto que propone Izquierda Unida, a pesar de que es un buen texto --señora Urán, han hecho ustedes un magnífico trabajo--, pero tal y como les decía el portavoz de Convergència i Unió, nos encontramos con dos herramientas de trabajo: una, la de ustedes con esta enmienda a la totalidad y, otra, la proposición de ley que emana del Parlamento de las Islas Baleares, en la que, con la participación de todos los grupos políticos, creemos que el pueblo de las Islas Baleares, que es quien envía a esta Cámara el texto, venía mejor representado. En consecuencia, estamos dispuestos, desde luego, en fase de enmiendas a consensuar con ustedes, porque insisto en que es un buen texto.
Dijimos en el anterior debate que preferíamos la puesta en marcha de una pequeña parte de las medidas que rechazar el proyecto o condenarlo a una posterior modificación por falta de consenso. Por todo ello, señorías, porque queremos que esta ley tenga la larga vida que mi grupo desea y que el pueblo balear nos exige, esperamos que en la fase de enmiendas al articulado consigamos el consenso que hace falta en una ley tan importante como esta para las Islas Baleares.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cava de Llano.
Votación de la enmienda de totalidad, presentada y defendida por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la proposición de ley sobre régimen fiscal y económico especial de las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 11; en contra, 159; abstenciones, 106.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.


AVOCACION POR EL PLENO:

-- DE LA PROPOSICION DE LEY SOBRE REGIMEN FISCAL Y ECONOMICO ESPECIAL DE LAS ISLAS BALEARES. (Número de expediente 125/000008)

El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces informó favorablemente a la Mesa del Congreso que se sometiera al Pleno la propuesta de avocar para éste el debate, deliberación y votación final de esta proposición de ley.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


-- DE LA PROPOSICION DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN EL REGLAMENTO (CE) 3093/1994 DEL CONSEJO, DE 15 DE DICIEMBRE, RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO.
(Número de expediente 122/000042)

El señor PRESIDENTE: Asimismo, se solicitó por la Mesa el parecer de la Junta de Portavoces, que así lo acordó, de recabar del Pleno a su vez la aprobación de la avocación solicitada para la deliberación y votación final de la proposición de ley que establece el régimen sancionador previsto en un reglamento de la Unión Europea con relación a la protección contra las sustancias que agotan la capa de ozono.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: De igual forma, se solicitó la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley procedente de Real Decreto-ley 12/1997, de 1 de agosto, que añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Así lo aceptó la Mesa de la Cámara, a propuesta de la Junta de Portavoces, y de esta forma lo tiene que decidir el Pleno.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROPOSICION DE LEY SOBRE INCLUSION DE LA VARIANTE DE PAJARES EN EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS. (Número de expediente 125/000006)

El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día. Tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley sobre inclusión de la variante de Pajares en el Plan director de infraestructuras.
Se han presentado enmiendas solamente por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya presentación y defensa en el Pleno tiene la palabra el señor Santiso. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya había presentado unas enmiendas que nosotros entendemos que no son de fondo, sino que trataban de actualizar el texto que ya en la V Legislatura elevó a esta Cámara la Junta General del Principado de Asturias referente a la inclusión de la variante de Pajares en el Plan director de infraestructuras.
No quiero alargar mucho el debate, comprendiendo que es una hora avanzada y que todo el mundo tiene ya sus compromisos, pero sí deseo decir simplemente que para Asturias es una infraestructura muy importante, que no se trata de pedir ni de plantear una obra faraónica ni una obra de alta velocidad, sino simplemente de intentar salvar, una vez más, nuestras dificultades orográficas, porque el trazado actual de la línea permite una velocidad comercial de 50 kilómetros/hora, tiene 79 túneles y es un trazado que, como muchas señorías conocen, es de hace más de 120 años. Fue precisamente la primera concesión para una línea de ferrocarril que se planteó construir en nuestro país en 1844, aunque después se construyó primero la de Barcelona-Mataró. Hicieron falta casi 50 años desde aquella concesión hasta que, en 1884, se inauguró.
A partir de ahí, en 1979, el Plan general ferroviario de UCD contemplaba la construcción de esta variante y también la de Orduña y Despeñaperros.
En 1986, el PTF planteó como prioritaria la variante de Guadarrama y si en aquel momento se hubieran cumplido los plazos ya tendríamos en uso esta variante, tan importante para todo el norte y noroeste.
Recientemente se ha vuelto a aprobar una proposición no de ley, a propuesta del Grupo Socialista, poniendo en evidencia su importancia y la necesidad de su construcción. Después, el PDI --el Plan director de infraestructuras-- inicialmente no contemplaba la variante de Pajares, la

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incorporó en la segunda fase del debate, lo que pasa es que la hacía subsidiaria de construir primero la variante de Guadarrama. Precisamente el objeto de esta resolución de la Junta del Principado era considerar que no se podía esperar a la terminación de la variante de Guadarrama para iniciar la construcción de la variante de Pajares.
La historia reciente de este debate es que hemos aprobado por unanimidad de la Cámara una proposición no de ley de Izquierda Unida, en la que se considera infraestructura prioritaria y se plantea la necesidad de iniciar los trámites, recuperar los estudios técnicos, etcétera. A partir de ahí, hay que reconocer que el Gobierno, el Ministerio de Fomento, aprobó el 4 de julio la licitación del estudio informativo de esta variante ferroviaria de Pajares y el día 6 de octubre se va a proceder a la apertura de plicas de este informe, que tenía destinados hasta 170 millones de pesetas. Por tanto, hay que reconocer que se ha sido ágil en el cumplimiento de una parte de esta resolución.
Quiero decir también que en el debate sobre el estado de la Nación se aprobó por unanimidad otra propuesta que considera prioritarias tanto la variante de Guadarrama como la de Pajares. Nuestras enmiendas trataban de añadir al Plan director de infraestructuras, dado que era un plan del anterior Gobierno, la consideración de que fuera el Plan director de infraestructuras o cualquier otro plan que pudiera sustituirle, entendiendo que cada gobierno puede cambiar cualquier plan en vigor. No obstante, el señor Homs creo que ha dado el argumento definitivo --aparte de que una vez consultados todos los grupos he visto que hay algunas dificultades y el señor Homs ha dado recientemente a la Cámara un argumento relativo a no modificar las propuestas que vienen de los parlamentos autonómicos, ya que el mismo grupo era uno de los que, en su día, había puesto objeciones al hecho de que podía haber alguna dificultad técnica, que luego no ha sido confirmada, puesto que en la V Legislatura la Mesa concedió el trámite a esta iniciativa-- para poder retirar nuestras enmiendas en aras de que nadie pueda interpretar que queremos modificar la voluntad de la Cámara asturiana. De todos modos, he de decir que, lógicamente, estaremos muy atentos a que en el proyecto de presupuestos de este año y siguientes se vayan cumpliendo de verdad los compromisos con el mismo rigor con que se han cumplido en la primera fase.
Termino recabando una vez más el apoyo para esta iniciativa, que, insisto, no es una obra faraónica; en el tratamiento integral de la línea se han gastado ya 40.000 millones de pesetas en los últimos 10 años y, si no, no tenemos otra salida que tener que cortar en algún momento nuestra conexión ferroviaria.
Al Grupo Socialista quiero decirle que, aunque no la comparto, respeto la paralización que tuvo esta variante en el año 1982, pero entiendo que la moratoria sufrida fue suficiente y, como nuestra historia nos dice que, desde que se inician las peticiones de una infraestructura, sea en ferrocarriles o en puertos, hasta que se construye, nuestra media suele ser de 40 ó 50 años por lo menos, sigamos tirando por ella para ver si podemos inaugurarla dentro de ocho o diez años.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Santiso.
¿Grupos que desean fijar posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo parlamentario sobre una cuestión que tiene mucha importancia para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para toda la región asturiana.
Quiero empezar por decir que hace unos meses, no recuerdo cuántos, esta Cámara aprobó una proposición no de ley a instancias del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la que se apostaba, se instaba al Gobierno la construcción de esta variante; incluso se establecían determinados plazos para obras de inicio, etcétera. Aquélla fue una iniciativa que se aprobó en esta Cámara con el voto unánime de la misma. En aquella ocasión nosotros manifestamos bien claramente que estamos a favor de la construcción de la variante de Pajares.
Esta tarde, sin embargo, tengo que decirles que no estamos a favor de que sobre la base de este proyecto de obra --que ojalá algún día se acometa o al menos se inicie materialmente y no en las páginas del Boletín Oficial del Estado-- se haga una política que me atrevo a calificar de tramposa y a la que se puede atribuir cierta desfachatez. ¿A qué me refiero, señorías? Me refiero a que esta proposición viene de la Junta General del Principado. Es una proposición de ley. Ya en aquella ocasión nosotros nos manifestamos en contra de la utilización de la vía de la proposición de ley, en definitiva, de una norma con rango de ley, para regular o para incluir en determinados planes de infraestructuras una obra concreta. Sepan ustedes que nosotros tenemos dictámenes que nos dicen que esto no está conforme a la Constitución; que una obra concreta sólo necesita una decisión del Gobierno, un presupuesto y su ejecución, y entendemos que eso es a lo que se instó al Gobierno en la proposición no de ley.
Señorías, en la discusión para la toma en consideración nosotros nos abstuvimos y vamos a seguir hoy en esta misma posición porque, con todos los respetos --y perdonen que use el lenguaje coloquial--, esto que estamos discutiendo hoy es una verdadera tomadura

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de pelo. ¿A qué me refiero? No hace mucho tiempo discutimos en esta Cámara esa cuestión y la primera duda que expusimos fue que nosotros --y hoy repito el argumento-- no estamos dispuestos a dar nuestro apoyo a una proposición de ley que habla de incluir un proyecto en un plan director que no existe; que no existe. Y ustedes lo han dicho desde esta tribuna.
Leo: 15 de abril de 1997, refiriéndose al PDI, que es el rótulo de la proposición de ley. ¿Es un documento de consulta y estudio? ¿Es esa cosa, como lo llamo en Comisión recientemente un diputado? ¿Es un esquema orientador de inversiones? ¿Es una decisión política unilateral del Gobierno? Creo que hay suficientes dudas respecto a cómo calificar el documento. En todo caso, el PDI ha recibido y ha sido objeto de múltiples reconocimientos que no voy a reiterar --decía su portavoz--, pero entiendo, señorías, que el PDI cumplió una gran misión, que no fue otra que la de fomentar uno de los debates más ricos e importantes de esta Cámara. No queramos darle otra misión, como es servir de fundamento a la política viaria de este Gobierno. Sería una pretensión desmedida, porque, además de estar desvirtuado, existen otras formas de hacer política y de transmitirlas. Al final de su intervención, este señor diputado abogaba claramente por su definitiva jubilación.
¿Qué sentido tiene, señorías, que estemos discutiendo una ley que trata de incluir un proyecto en un plan director, que ustedes mismos dicen que está desvirtuado, que está jubilado, que no existe, que cumplió su función? No podemos pretender que sea ese plan el que oriente su política de infraestructuras, cosa muy legítima. No se trata de eso, se trata de que ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado, en los primeros días de julio, la convocatoria, la licitación de un concurso para la posterior adjudicación del proyecto de estudio. Tiene su valor y está bien, porque se corresponde con la proposición no de ley que nosotros apoyamos en esta Cámara. Pero nos llama mucho la atención que pocos días después, el 27 de agosto, un diario nacional publique en su semanario de negocios una verdadera y auténtica descripción de la estrategia de futuro de Renfe, con entrevista, frases entrecomilladas, de su presidente y relación de los grandes proyectos que tiene en su cartera Renfe.
Les leo: Euromed, Barcelona-Alicante, velocidad alta, Madrid-Valencia.
AVE a Barcelona y a la frontera francesa. Variante del Guadarrama. En eso estamos también, señorías, y la semana pasada nos pusimos todos de acuerdo a expensas de que después, hace muy pocos días y desde esta tribuna, el portavoz del Partido Popular dijera y reconociera que hay dificultades muy importantes de todo tipo, medioambiental, financiero, material, de ingeniería, para llevar a cabo esa variante de Guadarrama.
Sigo. Variante de Guadarrama. AVE entre Córdoba y Málaga. AVE Madrid-Valencia. Modernización de las comunicaciones entre Madrid-Orense-Gijón y Santander y la «Y» vasca. Pero no aparece en los grandes proyectos, y a fe mía que es un gran proyecto la variante de Pajares, en la estrategia de Renfe del 27 de agosto; no aparece ninguna referencia a esta variante.
Estamos hablando, señorías, de incluir algo en el PDI por medio de una ley cuando ustedes mismos reconocen que el PDI no existe. Y, entre otras cosas, a nosotros nos llama mucho la atención que ustedes rechacen la enmienda que ha presentado a su propia proposición el diputado de Izquierda Unida, en la que habla de cosas más concretas. El dice: el PDI o plan que lo sustituya. Y habla de inclusión en los presupuestos de 1998 de una partida que refleje el primer compromiso en favor de esa monumental obra.
Por todo ello, reitero una vez más que nosotros estuvimos de acuerdo, apoyamos la construcción de esa variante cuando se planteó por la vía y con el instrumento legal adecuado, que era una proposición no de ley, pero no vamos a participar en esta mascarada que supone apoyar una ley que dice que se incluya en un proyecto, en un plan, una obra, cuando ustedes mismos reconocen que ese plan no forma parte de su orientación política en materia de infraestructuras. Lo sentimos mucho, señorías, pero no queremos participar en esa mascarada. Por lo tanto, vamos a votar por la vía de la abstención.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a justificar el voto favorable a lo que en su día fue la toma en consideración por parte del Congreso de los Diputados de una iniciativa, de una proposición de ley, de la Comunidad Autónoma asturiana sobre la denominada variante ferroviaria de Pajares, proposición que tuvo entrada en el registro de esta Cámara en la anterior legislatura.
Cuando en la anterior legislatura se admitió el trámite de esta proposición de ley hemos de recordar todos, y SS. SS. sin duda lo recordarán, que no hubo ninguna objeción, ni por parte de la Mesa ni por parte de los servicios jurídicos de la Cámara, que pudiese hacer alguna advertencia acerca de posibles ilegalidades o posibles motivos de inconstitucionalidad, como algún portavoz de grupo parlamentario ha dicho desde esta tribuna.
No cabe duda, señorías, que toda iniciativa puede ser abordada desde distintos puntos de vista. Se puede fijar la atención en esta iniciativa, que empieza su andadura parlamentaria el pasado 8 de abril en esta misma

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Cámara, a través de la trascendencia política o a través de la trascendencia jurídica. Sin duda alguna, nosotros preferimos fijarnos en la trascendencia política que esta iniciativa tiene y va a tener para la Comunidad Autónoma asturiana. Se puede enredar todo lo que se quiera en argumentos de tipo reglamentista, de tipo procedimental o incluso pseudojurídicos, pero yo creo que lo que hay que hacer es tratar de dilucidar, en términos políticos, qué quiere la Comunidad Autónoma asturiana cuando da traslado de la proposición de ley de realización de la variante ferroviaria de Pajares.
Lo que se solicitaba desde la Comunidad Autónoma asturiana era una rectificación, rectificación ante una política que ha negado sistemáticamente durante 15 años, sin argumentos válidos ni objetivos, la realización de una obra que clama y reclama el Principado de Asturias y todos los asturianos. Ante esta situación, el Parlamento de Asturias pone en marcha una iniciativa política, tal vez la única reglamentariamente posible, que ha sido adverada por los servicios jurídicos y por la propia Mesa del Congreso de los Diputados y a nosotros, señorías, no nos plantea ninguna inquietud, ni jurídica, ni desde luego de tipo político.
El señor Martínez Noval decía en su intervención que la toma en consideración y la aprobación definitiva de esta proposición de ley era un acto de hipocresía política. Me va a permitir el portavoz socialista que le diga que ni es hipócrita ni es tramposo. Lo que a mí me parece que es un procedimiento absolutamente tramposo y falto de respeto a esta Cámara es estar a favor cuando no se tiene ni gobierno ni presupuestos.
Otros hemos mantenido históricamente el mismo planteamiento y la misma reivindicación.
Quiero aprovechar la ocasión, con toda cortesía, para recomendar al portavoz socialista que, en lugar de fijar su atención en lo que son las crónicas parlamentarias recogidas en los medios de comunicación, práctica muy recomendable pero que no debe ser única, fije más su atención en lo que publica el «Boletín Oficial del Estado». El «Boletín Oficial del Estado» es, como SS. SS. saben sin duda, donde realmente se adquieren los compromisos políticos, pudiendo luego marcar exigencias para que esos compromisos políticos se cumplan. El portavoz de Izquierda Unida los recordaba con toda precisión en su intervención. Ha habido en un año y medio escaso una serie de pronunciamientos realizados por esta Cámara respecto a una reivindicación histórica acerca de la realización de la variante ferroviaria de Pajares.
Efectivamente, hubo una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que se debatió el 18 de marzo del presente año, con un texto único. Conseguimos un consenso importante y contó, por supuesto, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. A renglón seguido, se produjo la tramitación de la proposición de ley de la Comunidad Autónoma asturiana y por supuesto contó, una vez más, con los votos favorables del Grupo Parlamentario Popular y de casi todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Parlamentario Socialista. Se produce el debate del estado de la Nación y aparece una resolución, exactamente la número 16, donde, como consecuencia de una transacción que introduce el Grupo Parlamentario Popular, se vuelve a conseguir un consenso acerca de la inclusión de la variante ferroviaria de Pajares y su posterior realización en el tiempo. El 5 de julio de 1997 aparece, y es relevante por lo que supone en el tiempo y por lo que supone de compromiso, una resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que se anuncia, como decía el señor Santiso, la licitación de la consultoría y asistencia técnica para la realización del estudio informativo del nuevo acceso ferroviario Asturias-variante de Pajares.
Señorías, tratar de buscar otro tipo de argumentación, tratar de calificar de mascarada lo que es una reivindicación política, histórica, que se necesita en la Comunidad Autónoma asturiana y que, a nuestro juicio, se debe apoyar hoy desde el Parlamento de la nación, es hacer un alarde de hipocresía política, desde luego de falta de rigor, de escaso compromiso y tratar de dar lecciones a los demás de los incumplimientos y las incongruencias en las que sólo incurre el Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Fernández.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación, querría solicitar a los portavoces de los grupos que, al finalizar la sesión, se acerquen a la Presidencia, para cerrar algún punto de los próximos órdenes del día con la Mesa y el presidente.
Al haberse retirado las enmiendas que mantenía el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la proposición de ley sobre inclusión de la variante de Pajares en el Plan director de infraestructuras, vamos a proceder a la votación de la proposición de ley, sabiendo que es la votación que decide el procedimiento directo y en lectura única. Se somete, por tanto, a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 155; en contra, uno; abstenciones, 102.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.


Eran las seis y treinta minutos de la tarde.

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