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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 100, de 17/09/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI LEGISLATURA Núm. 100

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ENRIQUE FERANDEZ-MIRANDA Y LOZANA VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión Plenaria núm. 96

celebrada el miércoles, 17 de septiembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Preguntas (Página 5006)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre criterios para la revalorización de las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998.
(Núm. expte. 172/000050)(Página 5029)

--Del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política sanitaria del Gobierno en lo que se refiere a las medidas a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de incrementar el presupuesto de gasto de la sanidad pública. (Núm. expte.
172/000051)(Página 5038) * * * * * *

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 5006)

Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Ha pactado el Ministerio de Economía y Hacienda con las compañías tabaqueras la subida del precio del tabaco? (Número de expediente 180/000753)(Página 5006)

De la Diputada doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno reconocer la población real española y actualizar el censo? (Número de expediente 180/000757)(Página 5007)

Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿Qué perspectivas maneja el Gobierno, después de las gestiones realizadas hasta ahora, en relación con la liberación por Argentina del buque «Arpón»? (Número de expediente 180/000749)(Página 5007)

Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo afectará el programa de reforma de las Naciones Unidas a los intereses y deberes de España dentro de la ONU? (Número de expediente 180/000771) (Página 5008)

Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Qué Secretario de Estado encargó el informe sobre Sogecable que dio lugar a la querella judicial contra dicha empresa? (Número de expediente 180/000756)(Página 5009)

Del Diputado don Francisco Vicente Murcia Barceló, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno desarrollar la actual regulación del registro de Fundaciones? (Número de expediente 180/000766)(Página 5010)

Del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha tomado el Gobierno alguna medida para aplicar el desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito procesal? (Número de expediente 180/000767)(Página 5010)

Del Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobienro ante el aumento de los accidentes de tráfico con víctimas mortales? (Número de expediente 180/000752)(Página 5011)

Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué cambios se han introducido en la Ley de la TV digital para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea? (Número de expediente 180/000773)(Página 5012)

De la Diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué fecha autorizó el Gobierno la adquisición por Telefónica del 25% de las acciones de Antena 3 Televisión? (Número de expediente 180/000755)(Página 5013)

Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación da el Gobierno, a mes de septiembre, al escaso grado de ejecución del capítulo VI, de inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el presente año? (Número de expediente 180/000761)(Página 5014)

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De la Diputada doña María Jesús Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Cultura: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para, en desarrrollo del artículo 27.4 de la Constitución Española, garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria en lo que afecta a los libros de texto? (Número de expediente 180/000762)(Página 5015)

Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas de apoyo a las familias tiene previsto establecer el Ministro de Educación y Cultura para la adquisición de libros de texto? (Número de expediente 180/000764)(Página 5016)

Del Diputado don Fernando Coquillat Durán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Ministerio de Educación y Cultura los resultados del proceso de admisión de alumnos para el curso 97-98 tras la entrada en vigor del Real Decreto 366/97? (Número de expediente 180/000765)(Página 5017)

Del Diputado don Julio Alvarez Gómez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno para frenar la grave crisis de empleo que tiene Galicia? (Número de expediente 180/000759)(Página 5018)

Del Diputado don Javier Ignacio García Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno en materia de prevención de riesgos laborales desde el comienzo del presente año? (Número de expediente 180/000763)(Página 5020)

De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Ministerio de Sanidad y Consumo que está justificada la vacunación masiva contra la meningitis por razones sanitarias? (Número de expediente 180/000751)(Página 5021)

De la Diputada doña María Inmaculada Fernández Ramiro, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno respecto a la explosión ocurrida en el hospital de San Pedro de Alcántara, de Cáceres? (Número de expediente 180/000760)(Página 5022)

Del Diputado don Eugenio Enrique Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los efectos sobre el gasto farmacéutico de las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con los medicamentos? (Número de expediente 180/000768)(Página 5023)

Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas de colaboración está adoptando el Ministerio de Sanidad y Consumo en el control y disminución del fraude en incapacidad laboral? (Número de expediente 180/000769)(Página 5024)

Del Diputado don Mario Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno regular la inclusión de nuevas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud? (Número de expediente 180/000770)(Página 5025)

De la Diputada doña María Jesús Aguirre Uribe, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno remitir a esta Cámara el Proyecto de Ley que regule la prohibición

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de la fabricación, almacenamiento, comercialización, exportación y transferencia de tecnología de todo tipo de minas antipersonales, bombas de racimo y armas de efecto similar? (Número de expediente 180/000750) (Página 5026)

Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Gobierno en la Conferencia de Oslo sobre prohibición total de minas antipersonas? (Número de expediente 180/000758)(Página 5027)

Del Diputado don Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Ministerio de Defensa la Directiva sobre Protección de Medio Ambiente, que será de obligado cumplimiento en todos los ámbitos del Departamento? (Número de expediente 180/000772)(Página 5028)

Interpelaciones urgentes (Página 5029)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre criterios para la revalorización de las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998(Página 5029)

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista presenta la interpelación sobre criterios para la revalorización de las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998 el señor Cercas Alonso. Comienza su intervención haciendo referencia a las declaraciones que el señor secretario de Estado de la Seguridad Social hizo en una prestigiosa universidad de verano, donde anunció la firme decisión del Gobierno de absorber en 1998 las décimas de ganancia de poder adquisitivo que pudieran tener los pensionistas si al final del año el IPC resultaba inferior al previsto.
Sin embargo, a los pocos días empezaron a oírse voces en las filas del Gobierno y del Partido Popular que aseguraban que la decisión del Gobierno sería la contraria de la que había anunciado el señor Secretario de Estado. Por otra parte, opina que, a lo largo del mes de agosto, varios ministros e incluso el presidente del Gobierno han dado largas cambiadas, han utilizado medias verdades, para terminar diciendo que habrá que esperar a noviembre para conocer la desviación de la inflación y poder hablar en serio sobre las previsiones en esta materia. Sin embargo, este es un tema que afecta a millones de españoles que están esperando a conocer de una manera clara el criterio que se va a adoptar, y es por lo que su grupo considera imprescindible que el señor Ministro haga ante la Cámara, y de una vez por todas, una declaración pública, sin esperar a noviembre. Añade que, por otra parte, es obligado actuar ya, puesto que forzosamente, si el criterio del Gobierno fuese impedir la absorción de esas décimas de ganancia del poder adquisitivo de los pensionistas, debería modificarse el artículo 48.3 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción que ha dado al mismo el artículo 11 de la Ley 24/97. Su grupo opina que hay que modificar esa previsión legal por motivos de oportunidad, de justicia y de equidad y porque si no se estaría dando un trato injusto y mezquino a siete millones de pensionistas.
A continuación expone que este debate no es sobre un incremento del gasto frente al mantenimiento del equilibrio presupuestario, sino entre los que quieren que se reduzca el presupuesto de la Seguridad Social y los que pretenden que se mantengan las cifras de gastos hoy previstas en el presupuesto de la Seguridad Social, y da una serie de consejos al señor ministro sobre de dónde podría sacar las cuatrocientas pesetas al mes que va a significar la mejora de la capacidad adquisitiva de cada pensionista.
Termina su intervención reiterando su pregunta sobre qué es lo que pretende hacer el Gobierno con los pensionistas de cara a 1998.
En nombre del Gobierno, contesta a la interpelación el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Expone en primer lugar la permanente contradicción y el cambio de argumentos que se produce en el primer grupo de la Cámara a lo largo de los últimos meses y está convencido de que los pensionistas españoles están muy tranquilos, más tranquilos que hace diez años e infinitamente más tranquilos que hace dos. A continuación explica las razones de esta tranquilidad. En primer lugar, porque la intranquilidad existía cuando en España se daba un índice de inflación cercano al 8 por ciento; en segundo lugar, porque lo habitual era que cuando se hacía una previsión de IPC, el IPC real siempre estaba por encima, y se producía un cierto ahorro de gasto público porque en vez de dar a los pensionistas la paga revalorizada al IPC real desde enero se tardaba un año en compensarlo a través de una paga extraordinaria; en tercer lugar, porque ahora la revalorización de

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las pensiones depende de una ley, siguiendo los parámetros del Pacto de Toledo, y no de las mayorías parlamentarias; y en cuarto lugar porque aunque se ha estado oyendo durante años que si había un cambio de gobierno en España las pensiones iban a desaparecer o a disminuir ocho mil pesetas, lo cierto es que cuando esto ocurre se produce un pacto con los sindicatos, se pacta una ley que apoyan todos los grupos parlamentarios excepto Izquierda Unida, se establece la revalorización automática de las pensiones y se consigue que las pensiones estén creciendo por encima del IPC.
Después de hacer una serie de preguntas al Grupo Socialista sobre sus intenciones en relación con el tema, se refiere a su cambio de actitud en el Congreso y en el Senado con ocasión del debate de dos leyes distintas en el plazo de un mes, remitiéndose al «Diario de Sesiones». Considera su postura incoherente y a la que no hay que dar mucho crédito, sobre todo si los pensionistas siguen recibiendo sus pensiones con incrementos superiores a los que se producen en torno al IPC.
En cuanto a la demanda de infundir tranquilidad a los pensionistas efectuada por el señor Cercas contesta que el poder adquisitivo está garantizado, que las pensiones se van a aumentar y que en el proyecto de ley de presupuestos vendrá un incremento previsto del 2,1 por ciento para el año que viene. De todas formas, añade que hay una ley del mes de agosto y una ley de presupuestos que entró en vigor el 1.º de enero de 1997, leyes que un gobierno serio y responsable ha de cumplir, por lo que será necesario acudir a los servicios jurídicos. A la espera de la contestación de los servicios jurídicos, existe un compromiso del Gobierno, que después propondrá al Parlamento la aplicación más favorable para los pensionistas.
En turno de réplica interviene el señor Cercas Alonso, duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política sanitaria del Gobierno en lo que se refiere a las medidas a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de incrementar el presupuesto de gasto de la sanidad pública(Página 5038)

Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya la señora Maestro Martín, quien manifiesta en primer lugar su disgusto y extrañeza porque su interpelación no vaya a ser respondida por el ministro de Economía y Hacienda, puesto que afecta a la financiación y viabilidad del sistema sanitario público.
Añade que su grupo parlamentario trae a debate la financiación de la sanidad después de haber constatado que la subcomisión está rota, porque el Gobierno y el Partido Popular, según su opinión, han estafado al conjunto de la Cámara y después de un año de trabajo hacen imposible el consenso, por lo que no van a permitir que el Gobierno se esconda en la subcomisión por más tiempo.
Afirma una vez más que en una sociedad capitalista como ésta, la política sanitaria no se define desde criterios de necesidades de salud, sino desde criterios de rentabilidad económica, de negocio privado, sobre todo de la industria farmacéutica que se apresta a desembarcar con una fuerza inusitada en la gestión de servicios sanitarios, cerrando con ello el círculo de su control real sobre el sistema sanitario público. Considera llegada la hora de aclarar las medidas que se van a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación de la sanidad y hace una larga serie de preguntas a las que espera respuestas claras y concretas.
A continuación aconseja al Gobierno que termine con la política de globos sonda, porque la credibilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo está bajo mínimos, y plantea una serie de problemas en relación con el papel de las entidades privadas en la libre elección del ciudadano en la gestión y provisión del aseguramiento. Considera que la libre elección del sistema va a producir a corto plazo una descapitalización de la sanidad pública que, entonces, será incapaz de seguir asumiendo prestaciones al nivel que lo está haciendo hoy, y da una serie de datos económicos que avalan la tesis defendida desde hace mucho tiempo por Izquierda Unida sobre la necesidad de incrementar el gasto sanitario público.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaria). Comienza su intervención recomendando la lectura de «El mito del marco común» en el que Popper, en contra de la tesis de que para que pueda haber un debate fructífero hace falta un mínimo denominador común en las posiciones, sostiene que es muy interesante el debate desde posiciones muy distantes y remite las grandes conquistas y avances ideológicos de la humanidad al

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cruce y al choque de algunas civilizaciones y a planteamientos muy dispares. Pero considera que hay una cuestión esencial para que el debate sea fructífero y serio, y es que se respeten unas mínimas reglas de juego y la veracidad de los datos y de los planteamientos y considera que algunas de las afirmaciones de la señora Maestro no resisten esas exigencias mínimas. Rechaza totalmente que la industria farmacéutica se apreste a desembarcar en la gestión de los servicios sanitarios y que la subcomisión esté rota. A este respecto entiende las descalificaciones globales de Izquierda Unida, porque las hace desde planteamientos ideológicos totalmente diferentes, pero se pregunta por las razones que han llevado al Grupo Socialista a apartarse de los trabajos de la subcomisión.
A continuación reitera su criterio ya expuesto ante la subcomisión sobre los avances que, a través de los trabajos de la subcomisión, de este Congreso y de la acción del Gobierno, se deben dar en materia de financiación sanitaria. Cree que hacen falta más recursos y que una mejor distribución de los recursos es aquella que tiene en cuenta la demanda mayor de servicios sanitarios de la población envejecida, los mayores costes que exigen las labores docentes de muchas instituciones sanitarias y los desplazamientos de la población, así como el encarecimiento de las tecnologías y los avances de la ciencia. Expone que, con todos estos elementos de juicio, se pide al Consejo de Política Fiscal y Financiera que estudie fórmulas de solución entre todos los intereses encontrados y fórmulas de compromiso entre los servicios de salud de las comunidades autónomas, para conseguir entre todos esa mejor dotación de los servicios sanitarios y distribución de los recursos.
En turno de réplica interviene la señora Maestro Martín, duplicando el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Amador Millán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

-- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿HA PACTADO EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA CON LAS COMPAÑIAS TABAQUERAS LA SUBIDA DEL PRECIO DEL TABACO? (Número de expediente 180/000753)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se abre la sesión.
Punto tercero del orden del día, preguntas orales.
Pregunta número 12, dirigida al vicepresidente segundo del Gobierno, que formula don Luis Martínez Noval.
Señor Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente del Gobierno, ¿ha pactado el Ministerio de Economía y Hacienda con las compañías tabaqueras la subida del precio del tabaco?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): No.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro de Economía, los consumidores españoles empiezan ya a tener una reacción instintiva, que es que cuando ustedes hablan de liberalizar sectores, liberalizar productos, siempre se llevan las manos a los bolsillos. Es lo que ha ocurrido en el caso de la cuota de interconexión de Telefónica. Se liberaliza la telefonía y se aumenta esa cuota, precisamente en Semana Santa. Se liberaliza el tráfico aéreo y suben a un tiempo las tres compañías españolas las tarifas aéreas. Y aun no estando directamente relacionado en este caso, también se liberaliza el precio del tabaco y todas las compañías parecen ponerse de acuerdo para aumentar muy considerablemente sus precios.
En fin, señor ministro, parece que ni las compañías se han puesto de acuerdo en una operación de cártel ni usted tampoco estaba al corriente de ese incremento de precios que se ha producido, a pesar de que el delegado del Gobierno en Tabacalera, que es un cargo que depende de usted, firma resoluciones en el «Boletín Oficial del Estado».


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Quiero decirle también, señor Rato, que resulta un tanto sorprendente que usted no se entere de esa subida cuando hace dos meses el presidente de la Asociación Española del Tabaco le dirige una carta a usted, y a más ministros, al de Agricultura, al de Industria, muy ilustrativa, en la que, entre otras cosas, le viene a manifestar su disponibilidad para analizar conjuntamente con la Administración la mejor opción para allegar recursos adicionales procedentes de los impuestos especiales, pero que no supongan nuevas subidas impositivas. Lo que le ofrece a usted, señor Rato, y a otros ministros, es justamente lo que ha acabado ocurriendo...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.
Como el señor diputado no ignora y pretende que lo ignore la Cámara, los precios del tabaco no son precios regulados, son precios liberalizados desde 1985. No había sido usted todavía ministro; fue ministro y le cesaron. Desde 1985. Y desde 1992, señor Martínez Noval, no se recibe en el Ministerio de Economía y Hacienda ninguna comunicación sobre aumentos del precio del tabaco. Y no supongo que a mis antecesores haya llegado ese tipo de comunicaciones, ni ningún otro. Las resoluciones de la delegación del Gobierno van directamente al «Boletín Oficial del Estado» para conocimiento, entre otros, de los estanqueros, pero el Ministerio de Economía y Hacienda desde el año 1992 --y ha llovido mucho desde entonces-- no recibe ninguna comunicación sobre ese tema. Y eso su señoría lo sabe. Lo que pasa es que su señoría ha venido hoy aquí a hacer demagogia y demagogia de la más simple (Rumores.). De la más simple.
Como esa carta que usted me ha leído --y usted ha sido ministro-- la Administración recibe muchas. Yo no he tenido el honor todavía de reunirme con ese señor. Y ellos toman sus decisiones. Por otra parte, usted sabe --y cualquier persona que siga el mercado de tabaco también lo sabe-- que en España y fuera de España toda subida de precios de una marca es seguida por otras marcas. Es una práctica habitual, que ellos sabrán por qué la hacen, pero que la hacen siempre. Por tanto, yo no tenía por qué conocer esa noticia; desde luego, no tenía por qué anunciarla, no tenía por qué asumir el día que se iba a hacer (Rumores.) y no quería incurrir en avanzar noticias que pudieran producir efectos indeseables, como el acaparamiento.
Señor Martínez Noval, hay muchas cosas en la economía española importantes, pero el precio del tabaco y lo que hacen las compañías tabaqueras con sus precios es una decisión de ellas; usted lo sabe, lo sabía antes de venir, lo sabe ahora y ha venido aquí nada más que a hacer demagogia barata.
Muchas gracias (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.


-- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO RECONOCER LA POBLACION REAL ESPAÑOLA Y ACTUALIZAR EL CENSO? (Número de expediente 180/000757)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 16, que formula doña Cristina Alberdi Alonso.
Señora Alberdi. (Pausa.--Rumores.) ¡Silencio, señorías! Señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente.
Por razones que en este momento desconozco, no está doña Cristina Alberdi. Por tanto, decaerá la pregunta.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Eguiagaray.


-- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUE PERSPECTIVAS MANEJA EL GOBIERNO, DESPUES DE LAS GESTIONES REALIZADAS HASTA AHORA, EN RELACION CON LA LIBERACION POR ARGENTINA DEL BUQUE «ARPON»? (Número de expediente 180/000749)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al Ministro de Asuntos Exteriores.
Pregunta número 8, del señor Vázquez Vázquez.
Señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
¿Qué perspectivas, señor Ministro, maneja el Gobierno, después de las gestiones realizadas hasta ahora, en relación con la liberación por Argentina del buque Arpón?

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señorías, la posición

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del Gobierno ha sido clara desde el principio: se trata de una captura ilegal efectuada fuera de la zona económica exclusiva argentina, cosa, por cierto, que niega Argentina.
Al amparo de esta constatación, el Gobierno ha llevado a cabo múltiples gestiones de orden consular, diplomático y político. Al día de hoy, quiero destacar que, por un lado, el Ministerio se mantiene en contacto permanente con la empresa armadora, así como con la asociación de armadores de buques congeladores, y a través de ese contacto diario se ha procedido a un intercambio de información fructífera y al constante asesoramiento de la empresa.
Por otro lado, desde el pasado mes de mayo el Gobierno ha propuesto formalmente al Gobierno argentino la apertura de conversaciones técnicas bilaterales, para delimitar con total precisión la zona económica exclusiva de este país y evitar que en el futuro vuelvan a producirse casos tan lamentables como el del Arpón. Todo ello, además, se hace, como es obvio y lógico, en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Como ve, pues, S. S. hay, de una parte, un proceso entablado en el que el Gobierno está prestando todo su apoyo a los españoles directamente involucrados y, por otra parte, una negociación más amplia con el objeto de dar una solución global y a largo plazo al asunto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nosotros podemos coincidir en lo que usted nos está contando. En todo caso, creo que conviene recordar que la detención del buque Arpón, detención que tuvo lugar el 13 de mayo pasado, es decir, hace cuatro meses, está dando lugar a importantes problemas, problemas para el armador, para la tripulación y también para el conjunto de la flota española que faena en esas aguas, porque se les abre una situación, como usted sabe, de incertidumbre.
Efectivamente, el Gobierno afirma que el apresamiento es ilegal, que además realizó determinadas gestiones y aun por encima parece ser que la Unión Europea, por lo menos por boca de la señora Bonino, apoyaría ese tipo de gestión. Sin embargo, señor ministro, el barco sigue detenido.
Comprenda que, desde nuestro punto de vista y desde el de buena parte de la sociedad, es difícil entender que el Gobierno sea incapaz de conseguir esa liberación, aun apoyado por la Unión Europea, cuando el Estado español mantiene unas amplias relaciones económicas y de amistad con Argentina. La pregunta es qué pasaría en otras circunstancias.
Señor ministro, o la liberación del Arpón es un tema secundario para su Gobierno, porque tiene intereses mayores que defender en otros campos, o usted convendrá conmigo que las gestiones realizadas no se hicieron con la intensidad y rigor necesarios. En todo caso, creo que el balance hasta ahora es que es un fracaso.
Al Bloque Nacionalista Galego, por tanto, no le queda más que instarle a que se insista en negociar con Argentina la delimitación de las aguas de su zona económica exclusiva, para que no dé lugar a confusiones en un futuro próximo, y, desde luego, a que redoblen los esfuerzos para conseguir la liberación del barco, tomando las medidas de presión necesarias, incluido acudir a los tribunales de justicia. Esto es, asumir sus responsabilidades, no sea el caso que, como afirmó un destacado dirigente de su partido hoy, las responsabilidades de que no se libere al buque Arpón estén en manos de los partidos de la oposición.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Agradezco el tono constructivo y positivo, puesto que de lo que se trata es de resolver el problema, que ha utilizado S. S. y tenga la seguridad de que el tema es objeto de la constante atención del Gobierno.
En estos momentos y ya que la cuestión se encuentra en una fase especialmente fluida, a mi juicio, sería imprudente ir más allá. Yo tengo esperanzas de que en un plazo próximo vamos a resolver ese problema concreto y, en la medida en que el planteamiento efectuado por el Gobierno español está teniendo aceptación por parte del Gobierno argentino, vamos a sentar las bases para que sea difícil que en el futuro puedan producirse nuevos casos de esta naturaleza.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO AFECTARA EL PROGRAMA DE REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS A LOS INTERESES Y DEBERES DE ESPAÑA DENTRO DE LA ONU? (Número de expediente 180/000771)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 30, que formula don José María Robles Fraga.
Señor Robles.


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El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo afectará el programa de reforma de Naciones Unidas a los intereses y deberes de España dentro de esa importante organización?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Robles.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente, señoría, la reforma de las Naciones Unidas busca, como ya es conocido, incrementar la eficacia de la secretaría y de los distintos órganos de la organización, para que puedan desempeñar mejor las funciones que tienen encomendadas. Este proceso adquiere especial relevancia al final de esta década tras la caída del muro de Berlín, en un momento en que la comunidad internacional quiere sustituir el viejo orden de la tensión por un nuevo orden basado en el comercio y en la cooperación.
Por ello, ahora la ONU se ocupa en especial del mantenimiento de la paz, de la protección y promoción de los derechos humanos y de la elaboración de nuevos conceptos de desarrollo y cooperación internacional. Se hacen precisos nuevos mecanismos, mejor coordinación entre los órganos y nuevos programas de la organización. Al efecto, el secretario general presentó el pasado 16 de julio sus propuestas para adecuar la estructura de la secretaría general a esas nuevas funciones. El Gobierno español considera que desde esta perspectiva las propuestas del secretario general constituyen una aportación muy valiosa al proceso de reforma y que merecen el máximo apoyo.
Y quiero destacar en estos momentos las buenas noticias que nos llegan del mediador de la ONU en el conflicto del Sahara, mediador al que, por cierto, el Gobierno español ha prestado todo su apoyo técnico y logístico. Las propuestas del secretario general, como SS. SS. saben, no afectan a la reforma en la organización del órgano vital de la ONU, el Consejo de Seguridad. España, al efecto, comparte la preocupación del resto de los Estados miembros por dotar a este órgano crucial de la mayor eficacia y legitimidad posible al mismo tiempo y con ese espíritu estamos participando de modo activo en las negociaciones que sobre la cuestión se están llevando a cabo en el seno de las Naciones Unidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, les ruego que desconecten los teléfonos móviles.


-- DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿QUE SECRETARIO DE ESTADO ENCARGO EL INFORME SOBRE SOGECABLE QUE DIO LUGAR A LA QUERELLA JUDICIAL CONTRA DICHA EMPRESA? (Número de expediente 180/000756)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Justicia.
Pregunta número 15, que formula don Juan Alberto Belloch.
Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Gracias, presidente.
Señora ministra, ¿qué secretario de Estado encargó el informe sobre Sogecable que dio lugar a la querella judicial contra dicha empresa?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Belloch.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, desconozco cualquier informe a los que hace referencia en los términos de su pregunta.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora ministra Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias.
Señora ministra, aparece en los medios de comunicación una declaración del decano del colegio de economistas de Madrid, señor Ortega, que dice: He realizado las notas de referencia, a petición de un secretario de Estado, con carácter técnico, en papel blanco y sin firmar. Esa noticia no ha sido desmentida.
Interesaría mucho a nuestro grupo que, si está en condiciones de hacerlo, la señora ministra desmintiera esa información. Porque para nosotros el tema tiene importancia. Hoy mismo hemos sabido que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha iniciado un procedimiento penal por seis delitos, uno de ellos prevaricación continuada, precisamente en relación con lo ocurrido en el caso Sogecable. Ese informe, que se atribuye a petición de un secretario de Estado, habría servido de base a la querella criminal.
Si no nos aclaran si es verdad o no, quién ha sido, quién lo ha pagado, si no se realiza una investigación a fondo sobre este tema, pasará a ser legítimo que sospechemos que detrás del asunto penal está el Gobierno, con la misma claridad con que delante estuvo en la iniciativa legislativa y con un propósito único, perjudicar a un grupo de comunicación en beneficio de otro que pretende controlar el Gobierno. Sólo el señor Fungairiño

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ha dicho, eso sí, que el auto no tiene ninguna relevancia, que en realidad el señor Gómez de Liaño ha actuado correctamente, que el querellado ha actuado con mala fe procesal... Eso sólo sirve para iluminar por qué el Gobierno de la nación nombró al señor Fungairiño, pero no aclara ni aleja las sospechas sobre la intervención del Gobierno en un caso criminal sometido a los tribunales.
Nada más.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Belloch.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, sus sospechas las administra usted como le parece; yo lo más que puedo hacer es decir la verdad en esta Cámara y la verdad es que desconozco la existencia de cualquier informe. Por tanto, no puedo responder a su pregunta. Si S. S. da por cierto lo que aparece en algún medio de comunicación, diríjase a quien hace esas afirmaciones para que se lo aclare.
La ministra de Justicia no tiene constancia, en absoluto, de ningún informe y S. S. ha dirigido la pregunta expresamente a la ministra de Justicia. Lo más que puedo hacer es responderle a usted, dentro del absoluto respeto a lo que S. S. significa y dentro del más absoluto respeto a lo que significan las decisiones judiciales --tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo-- que, como S. S. ha indicado, en este momento están pendientes de una indagación más profunda.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO VICENTE MURCIA BARCELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DESARROLLAR LA ACTUAL REGULACION DEL REGISTRO DE FUNDACIONES? (Número de expediente 180/000766)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta numero 25, que formula don Francisco Murcia Barceló.
Señor Murcia.


El señor MURCIA BARCELO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Ley de fundaciones, de 1994, obedece al interés social de regular la creación y funcionamiento de dichos entes, protagonistas de grandes servicios a la sociedad. Desde nuestro punto de vista, dicha ley, además de mejorable, tiene numerosas disposiciones transitorias que han retrasado hasta en dos años la entrada en vigor de algunos de sus aspectos.
El desarrollo reglamentario de la citada ley se hizo, a nuestro entender, de forma incompleta y apresurada por el Gobierno anterior, lo que impidió su aplicación. En este sentido, el registro de fundaciones todavía está pendiente de completar su regulación. Por ello le ruego me indique, señora ministra, si tiene el Gobierno previsto modificar la actual regulación del registro de fundaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Murcia.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno no solamente tiene previsto desarrollar la legislación, sino que ya ha procedido, en cierta forma, a efectuarlo.
Así, en la instrucción de 26 de junio de 1996 desarrolló el contenido de la disposición adicional séptima de la Ley 30/1994, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, y, posteriormente, por orden de 10 de junio del año en curso, se prevé la celebración de acuerdos y convenios de colaboración entre distintos registros.
Por otro lado, está previsto la reforma del reglamento del registro de fundaciones, para modificar el párrafo segundo del artículo 15, relativo al silencio administrativo. Se acompaña, si S. S. lo desea, copia de las instrucciones a los miembros de la Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señorías, les ruego abandonen el pasillo, ocupen sus escaños o salgan del hemiciclo.
¿Señor Murcia? (Denegación.) Muchas gracias.


-- DEL DIPUTADO DON MANUEL ARQUEROS OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA TOMADO EL GOBIERNO ALGUNA MEDIDA PARA APLICAR EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL AMBITO PROCESAL?(Número de expediente 180/000767)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 26, que formula don Manuel Arqueros Orozco.
Señor Arqueros.


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El señor ARQUEROS OROZCO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la informática y las telecomunicaciones han abierto en la actualidad y cara al futuro múltiples posibilidades de utilización en el ámbito forense.
Es necesario integrar en los procesos judiciales los avances de la tecnología moderna y es desde esta perspectiva desde la que formulo a la señora ministra la siguiente pregunta: ¿Ha tomado el Gobierno alguna medida para aplicar el desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito procesal? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Arqueros.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
A lo largo de la anualidad pasada y la corriente el Gobierno ha impulsado de forma rotunda la implantación del proyecto Libra, que permite la remisión de las comunicaciones entre órganos judiciales a través de la conexión informática en la red. En la actualidad se encuentra informatizado el 85 por ciento de la totalidad de los órganos judiciales y aproximadamente a mediados del próximo año la cobertura será del cien por cien.
Igualmente, la implantación global de este sistema pondrá fin a las dificultades técnicas suscitadas por la no compatibilidad de los sistemas informáticos implantados hasta 1993, incardinados en dos programas informáticos que son el programa Corte y el programa Linde. Como S. S.
conoce seguramente, en el borrador de la ley de enjuiciamiento civil se encuentran recogidas las implantaciones informáticas para un mejor aprovechamiento de esta utilidad.
Muchísimas gracias, señoría.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


-- DEL DIPUTADO DON ALVARO CUESTA MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL AUMENTO DE LOS ACCIDENTES DE TRAFICO CON VICTIMAS MORTALES? (Número de expediente 180/000752)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 11, dirigida al señor ministro del Interior, que formula don Alvaro Cuesta Martínez.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, aunque para ustedes la accidentalidad en carretera es un buen indicador de bonanza económica, lo cierto es que, en materia de tráfico y seguridad vial, las cosas no van bien; van muy mal.
Ya en enero, cuando la ola de frío y el temporal, hubo serios problemas de información y hubo un caos en esta materia. En Semana Santa, el número de muertos en las carreteras españolas ascendió a un 6 por ciento más que en 1996 y fíjense ustedes en que al final de la operación de retorno de las vacaciones de verano el número de muertos, en agosto de 1997, asciende a 489, es decir, un 17 por ciento más que en agosto de 1996. O fíjense en que, en el total del año 1997, el número de accidentes es un 3,27 por ciento más y el número de muertos en el conjunto del año 1997 es un 4,01 por ciento más que en 1996.
Yo no voy a decir de ustedes lo que decían antes de los socialistas; no voy a decir que la culpa de esta situación la tiene el presidente señor Aznar. Señor ministro, yo, en esta materia, estoy de acuerdo sólo con algo de lo que usted ha afirmado recientemente y es que hablamos de vidas humanas, de tragedias.
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno ante el aumento de los accidentes de tráfico con víctimas mortales?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cuesta.
Señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, el Gobierno comparte plenamente la preocupación de la oposición, porque en esta cuestión no hay ni debe haber diferencias ideológicas.
Lo que le quiero decir --y luego, quizá, tenga ocasión de hacerlo-- es que primero hace falta rigor en las cifras estadísticas que todos manejamos. Y le diré, hablando de medidas concretas, que nosotros queremos ampliar y profundizar la reflexión en tres foros especialmente: en primer lugar, la Comisión Nacional de Tráfico, que tendrá una reunión el 30 de septiembre; en segundo lugar, en el Senado, que ha sido la Cámara que tradicionalmente se ha ocupado de esta cuestión, hay una comparecencia voluntaria, solicitada por mí, en la primera quincena del mes de octubre y, en tercer lugar, la Comisión Nacional de Tráfico se reunirá no más tarde del 30 de septiembre, como he dicho, para poder establecer un conjunto de medidas no improvisadas sobre esta materia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor presidente, me parecen generalidades la respuesta del señor ministro.


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Lo cierto es que no existe un plan serio. Hay una falta de inversión en la red pública de carreteras, sobre todo en la red secundaria, y hay también una frivolidad en las cifras. Porque ustedes, por ejemplo, hablan de 800.000 vehículos más circulando por las carreteras españolas. En el año 1996, había, en relación a 1995, 700.000 vehículos más de parque móvil y disminuyeron las cifras de mortalidad y de accidentalidad en las carreteras españolas.
Creo que hace falta un plan más riguroso, más concreto; un plan que incentive la inversión, la investigación, la educación en seguridad vial y que no disminuya la dotación presupuestaria, que es lo que ustedes han hecho en relación a Interior y en relación a los temas de tráfico y seguridad vial.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cuesta.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría, tiene usted razón en una cuestión: en que no se puede frivolizar con las cifras de tráfico, como ha hecho usted esta tarde.
Hoy, 17 de septiembre, el porcentaje de crecimiento respecto del año pasado es del 2,7 por ciento. En el mes de septiembre, en la primera quincena, ha habido un descenso de un 13,1 por ciento. De la misma manera que usted dice que en el mes de agosto ha habido un crecimiento de un 17 por ciento, yo le diré que hay un decrecimiento de un 13 por ciento. Pero ésa no es la cuestión. No lo es. La cuestión es que es una mala técnica parlamentaria del Gobierno y de la oposición que cuando hay accidentes de tráfico actúe la oposición y cuando venga el Gobierno, como en este mes, en el mes de septiembre, actúe el Gobierno. Ese no es el camino. No se puede frivolizar con las cifras, como ha hecho usted, ni se puede frivolizar con esa cuestión, como ha hecho usted esta tarde.
(Rumores.--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PEREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CAMBIOS SE HAN INTRODUCIDO EN LA LEY DE LA TV DIGITAL PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA COMISION EUROPEA? (Número de expediente 180/000773)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento.
Pregunta número 13, que formula don Alfredo Pérez Rubalcaba.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué cambios se han introducido en la Ley de televisión digital para cumplir con las exigencias de la Comisión Europea?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.
Puede leer S. S. el decreto-ley que ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá captar perfectamente las modificaciones que se han introducido.
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente. Muy amable, señor ministro, le agradezco muchísimo su detallada información; lo leeré. Tiempo tendremos de discutir, aquí, en el Parlamento --porque tendrá que ratificarse y seguramente que aprobarse como ley--, ese decreto-ley lleno de trampas que usted ha hecho. Ya que usted no me contesta, déjeme, por tanto, cambiar un poco el rumbo de la pregunta y decir lo que me preocupa.
Llevamos nueve meses diciéndole en este Parlamento, señor ministro, que usted trajo aquí un decreto-ley, posteriormente convertido en ley, contra la Constitución y contra la normativa comunitaria, y usted, impasible el ademán, erre que erre, insistiendo, y la pregunta es por qué. Pues ya se lo dije, señor ministro, y lo repito: usted necesitaba ganar tiempo, usted necesitaba ganar tiempo para favorecer a una empresa y perjudicar a otra, y hay que reconocer que ese objetivo lo ha cumplido; usted ha cumplido ese objetivo y el problema es que el precio que ha pagado el Gobierno --seguramente lo ha pagado por este manifiesto abuso de poder-- lo ha compartido con todos nosotros: con este Parlamento del cual usted se ha burlado y al cual usted ha escondido sistemáticamente la información que le llegaba de Bruselas; con la opinión pública, a la que usted, señor ministro, ha engañado reiteradamente, y lo que es peor, con el prestigio de España en Bruselas con el que usted ha jugado impunemente. De todo eso, señor ministro, le pido hoy responsabilidades en esta Cámara. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor presidente, muchas gracias.
Señoría, ustedes vienen permanentemente tergiversando (Risas.) los debates que se producen en torno a la Ley de televisión digital y han hecho ustedes todo tipo de afirmaciones. Yo he comparecido siempre que ustedes lo han pedido, he dado información cumplida y ustedes, a renglón seguido, han deformado toda la información que se ha suministrado.
(Rumores.) Yo lo que le quiero decir, señoría, es que toda su estrategia de cara a Bruselas se desmonta con unas pocas cifras. Mire usted, siendo ustedes Gobierno de España, entre 1992 y 1996 (Rumores.), la Comisión abrió 5.358 procedimientos de infracción y a ustedes, como Gobierno, 462, casi el 8 por ciento. (Rumores.) Demandas ante el Tribunal de Justicia en cinco años: 361, de las cuales 34 a ustedes, señorías, como Gobierno de España. Si yo siguiera su argumentación, señoría, de engañar a la Cámara, de humillación y de ridículo, le diría que ustedes como Gobierno han humillado a esta Cámara 34 veces, han sido objeto del ridículo 34 veces, porque las 34 veces son la herencia que nosotros hemos recibido como demandas puestas contra el Estado español siendo ustedes Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES AROZ IBAÑEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE FECHA AUTORIZO EL GOBIERNO LA ADQUISICION POR TELEFONICA DEL 25 POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE ANTENA 3 TELEVISION? (Número de expediente 180/000755)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 14, que formula doña Mercedes Aroz Ibáñez.
Señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hoy ya no quedan dudas para nadie de que la operación de Telefónica sobre Antena 3 Televisión fue una operación dirigida desde Moncloa y ejecutada por un amigo personal del señor Aznar, el señor Villalonga, un amigo fiel y agradecido que ya ha ganado 130 millones de pesetas con la privatización y las acciones que adquirió poco antes. Ya nadie cree que se trata de un acuerdo comercial entre empresas y que el Gobierno no tenía nada que ver, porque lo que estaba en juego, el control de Antena 3 Televisión, ya se ha consumado y porque el Gobierno ha dejado huellas de su implicación en la operación y del papel determinante que jugó en ella. Porque determinante fue que el señor Villalonga pudiese dar garantías a sus socios de que iba a reformar la ley de las televisiones privadas para levantar las limitaciones actuales. Eso pudo hacerlo porque contaba con el grupo mayoritario de esta Cámara, con el Grupo Popular, porque recibía instrucciones del Gobierno. La otra huella, la fecha de la autorización, el 24 de julio, cuando la operación se cerró el 25, arroja además sombras sobre la legalidad de la misma. Es hora de las explicaciones en el Parlamento, señor ministro. ¿Cuándo autorizó usted la compra por Telefónica de Antena 3 Televisión? (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aroz.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
El escrito en el que se autoriza la transmisión de acciones a nombre de Telefónica Multimedia, S. A., lleva fecha de 24 de julio del presente año 1997.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el día 8 de agosto el Grupo Socialista solicitó la remisión del expediente a esta Cámara. Todavía lo estamos esperando.
Envíelo usted y volveremos a hablar de la autorización.
Quiero decirle que el Grupo Socialista va a hacer todo lo que esté en su mano para que se aclare y para que se determine si la operación es ilegal.
También le digo que no vamos a cejar en la denuncia de la política de privatizaciones del Gobierno, de la que es una buena muestra la privatización de Telefónica; una privatización que es una auténtica apropiación y politización de la empresa, que no beneficia a los usuarios de la misma --ya nos van a subir el teléfono-- ni a los accionistas, sino exclusivamente a los intereses particulares y personales, de poder y mediáticos, del señor Aznar. Y vamos a hacerlo, señor ministro, con o sin amenazas. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aroz.
Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la evolución de Telefónica la dará su cuenta de resultados a final de año. Hoy por hoy, los beneficios de la compañía a final del presente año tienen una previsión de unos 180.000 millones de pesetas, con un incremento del 15 por ciento sobre el año anterior. Por consiguiente, parece que la empresa va muy bien. (El señor Yáñez-Barnuevo García: Cándido Velázquez.) Señoría, usted es economista y no tiene suficientes conocimientos jurídicos. La autorización para que se pudiera producir jurídicamente la transmisión de acciones es una autorización previa y, por consiguiente, habiendo tenido entrada en el Ministerio el oficio o el escrito pidiendo esa autorización, realizadas las comprobaciones oportunas, lo cual es sencillo por tratarse de accionistas conocidos, y no superando ninguno de ellos el 25 por ciento, que es el requisito que establece la ley, la Administración está obligada a conceder la con carácter inmediato. Le diré más, prologar en el tiempo la concesión de una autorización, que es previa para poder concluir la operación, no es garantía de nada, porque ustedes han retenido muchas veces esa autorización (Rumores.--El señor Belloch Julbe: ¡Ya estamos!) para la transmisión de acciones con objeto de utilizarlo como coacción y como fuente de poder frente a medios de comunicación. (Aplausos.--Algunos señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION DA EL GOBIERNO, AL MES DE SEPTIEMBRE, AL ESCASO GRADO DE EJECUCION DEL CAPITULO VI, DE INVERSIONES PREVISTAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL PRESENTE AÑO? (Número de expediente 180/000761)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 20, que formula don Pedro Antonio Ríos.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Según el Gobierno, la economía crece y va bien, sobre todo para algunos, los ingresos de este año van a ser mayores y el compromiso de inversión de unos presupuestos de ajuste era escasísimo, 832.000 millones, e, incomprensiblemente, los datos de la Intervención General hoy dan una escasísima ejecución inversora según las obligaciones reconocidas netas.
¿Qué explicación da el Gobierno a esa incapacidad de inversión?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que hay una asignación defectuosa en esta pregunta, pero voy a tratar de contestarle con carácter general.
En lo que afecta al Ministerio de Fomento yo puedo decirle que al 31 de agosto las obligaciones reconocidas ascendían al 42,07 del crédito final del capítulo 6, es decir, un punto porcentual por encima del pasado año 1996. En concreto, el crédito final para inversiones ascendía a 380.000 millones de pesetas. De esta cantidad, el Ministerio había dispuesto ya con compromisos firmes de 282.000 millones, de los que 160.000 se habían ejecutado y reconocido contablemente y 122.000 se encuentran en vías de ejecución. Actualmente puedo decirle que quedan únicamente libres de compromiso aproximadamente unos 40.000 millones. Con carácter general le diré que la media de ejecución del presupuesto del Gobierno es ligeramente inferior a los datos que ofrece el Ministerio de Fomento, pero en todo caso, como sabe muy bien S. S., en el segundo semestre del año siempre se acelera la ejecución del presupuesto, porque hay ministerios que no son inversores y que sólo con una operación de gasto prácticamente cubren el 80 o el 90 por ciento.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros preguntamos al Gobierno y ustedes se distribuyen las respuestas.
Cuando hemos hablado de incapacidad de gestión yo me refería a que los españoles no podremos ver, en el tiempo en que estaban comprometidos, por ejemplo, centros educativos; por ejemplo, centros sanitarios; por ejemplo, el ferrocarril, en el que en el mes de mayo llevaban ustedes un 14 por ciento de los 47.000 millones; por ejemplo, carreteras, donde ustedes llevaban un 25 por ciento; por ejemplo, calidad de agua y recursos hidráulicos, donde llevaban un 10 por ciento; por ejemplo, tribunales de justicia, donde llevaban el 0,25 por ciento; por ejemplo, cultura, con un 7 por ciento. Eso sí, han gastado muy bien en algunos ministerios,

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por ejemplo en Defensa. Ustedes han invertido el 40 por ciento de 143.000 millones en modernización de las Fuerzas Armadas y un 60 por ciento en formación e investigación de las mismas, para lo que tenían 29.000 millones, 10.000 más que para todos los centros educativos.
Permítame que le exponga dos conclusiones. Ustedes, presupuestariamente, han engañado, primero, a los ciudadanos, porque no van a ver las obras cuando ustedes les prometieron; segundo, a esta Cámara, porque esta Cámara aprueba unos presupuestos y ustedes ejecutan los que cada ministerio estima convenientes. Le voy a poner un ejemplo de su ministerio: autovía Murcia-Albacete. Previsión de este Parlamento, 2.888 millones. Usted la redujo a 1.500 y ahora, cuando se han gastado ese dinero, presionan a la empresa para que gaste con cargo al año 1998.
Ustedes están siendo unos pésimos gestores y además de pésimos gestores están dando un mal ejemplo a la inversión privada, puesto que ustedes deberían de tirar de la inversión. Por último, ustedes se instalan en la gestión de pícaros, porque están trasladándola al año 1998 para inaugurar y cortar cintas en el año 1999, año eminentemente electoral en junio y previsiblemente en octubre.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo me remito, como balance, al pasado ejercicio 1996, en el que el presupuesto alcanzó un altísimo grado de ejecución, y espero al debate de final de este año para demostrarle a S. S. que el presupuesto se va a ejecutar en las cifras previstas. Le voy a decir más, éstos van a ser los primeros presupuestos en la historia de la democracia española que se van a cumplir y se van a ejecutar correctamente y en que lo que aprobó esta Cámara va a ser exactamente lo que se va a realizar, pero esperemos a final de año. Sabe usted que los dos ministerios inversores por excelencia (Defensa y Fomento) tienen en estos momentos un altísimo nivel de ejecución. Para los demás ministerios consumir el cien por cien del crédito presupuestario es cuestión, como le decía antes, de una o dos operaciones de gasto. Es un procedimiento sencillo y yo le puedo garantizar que a final de año el nivel de ejecución superará el 90 por ciento.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS ARAMBURU DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA, EN DESARROLLO DEL ARTICULO 27.4 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LO QUE AFECTA A LOS LIBROS DE TEXTO? (Número de expediente 180/000762)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Cultura. Pregunta número 21, que formula doña María Jesús Aramburu.
Señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, señorías, doña Esperanza, mi pregunta es la siguiente: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para, en desarrollo del artículo 27.4 de la Constitución española, garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria en lo que afecta a los libros de texto?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor presidente.
Señoría, todas las medidas que adopta el Gobierno en materia educativa están dirigidas al cumplimiento del artículo 27 de la Constitución.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Gracias, señora ministra doña Esperanza.
Permítame que le diga, con el tono y el respeto que pretendo me acompañe, que estaba previsto el fragmento del casete, el fragmento del casete que acaba de volver a poner y que da la impresión de ser propaganda confusa y, sobre todo, nada convincente.
En la actualidad, usted sabe, doña Esperanza, que las familias, los alumnos, deben hacer desembolsos ruinosos para sus economías, sin que las ayudas del Ministerio palien esta situación de manera significativa, ya que la partida correspondiente a las llamadas ayudas ha tenido un incremento cero, manteniéndola, por lo tanto, congelada en pesetas corrientes. En este contexto, la voz es unánime: gratuidad y abaratamiento del material escolar. La insatisfactoria respuesta que usted ha anunciado a los medios de comunicación de conceder 200.000 ayudas de 10.000 pesetas para las familias cuyas rentas no superen 1.200.000 pesetas significa

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que sólo se piensa beneficiar al sector situado en el umbral de la pobreza o que la fecundidad les ha dado un hijo único. Unido a esto, queremos mostrarle nuestra profunda preocupación por los conflictos originados por los macrodescuentos comerciales en las grandes superficies, superando el 5 por ciento que fija la ley y que machaca a los más débiles del sector.
En este mapa, doña Esperanza, en el que los precios actuales superan las 2.000 pesetas por libro, no sólo es abusivo, sino que con un mercado fuertemente estacional, una clientela cautiva y unos costes fijos bajos, en que los autores no se llevan más del 10 por ciento, tengo que decirle que los libros son un negocio, estudiar es un negocio y la educación, un mercado que quiebra el más sagrado de los servicios y usted, con su liberalismo feroz, acaba definitivamente con el Estado del bienestar social.
Muchas gracias, doña Esperanza.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aramburu.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.
Yo quiero decirle a la señora Aramburu que comparto con ella la preocupación por el encarecimiento del precio de los libros de texto y este encarecimiento ha sido aún mayor en los últimos años, quizá porque no se previó que la implantación de la reforma iba a traer consigo que el material escolar se iba a encarecer al tiempo que se diversificaba, pero, señoría, lo que también hay que decirle es que por primera vez este Gobierno ha afrontado un problema. Hasta ahora la partida destinada a becas y ayudas al estudio no contemplaba la relativa a libros de texto y material escolar en la etapa obligatoria. Por primera vez este año el Gobierno ha decidido destinar una partida suplementaria en becas y ayudas al estudio, justamente para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Usted lo ha dicho muy bien, las familias que se verán beneficiadas son las que tienen una renta igual o inferior a 1.200.000 pesetas anuales, y si son familias numerosas, por cada hijo más, 1.300.000, 1.500.000 o 1.800.000.
Comprendo que a S. S. le pueda parecer que no es suficiente, pero yo quiero decirle que es la primera vez que se afronta este problema, que el Gobierno reconoce que existe un problema en las familias que tienen menos medios económicos para afrontar la compra de libros de texto en estos meses, que es un problema que afecta a muchas familias; por eso hemos concedido 200.000 ayudas y lo hemos hecho por el sistema más eficaz, más justo, más objetivo y menos arbitrario, el sistema de becas y ayudas al estudio, y, además, hemos concedido a los centros docentes que sean ellos los que ordenen las necesidades que en cada una de las familias existen.
Me parece que es una medida oportuna y eficaz reconocer que no es la solución al problema, pero que se trata de un primer paso muy importante en una materia que hasta ahora no había sido abordada, que se ha acometido con rapidez y con eficacia, porque los padres saben que pueden pedir esas becas de 10.000 pesetas para cada uno de sus hijos siempre que cumplan con los niveles de renta. Yo sé que los ciudadanos lo aprueban y estoy orgullosa de que el Gobierno del Partido Popular sea el primero que se comprometa en esta cuestión con las familias que lo necesitan. Yo le pido a S. S. que por una vez olvide la demagogia fácil y reconozca la dificultad, el mérito y la importancia de un paso como éste. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


-- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS DE APOYO A LAS FAMILIAS TIENE PREVISTO ESTABLECER EL MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO? (Número de expediente 180/000764)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 23, que formula don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.
Señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
De la respuesta anterior que ha dado señora ministra realmente el Grupo Popular está absolutamente satisfecho. (Varios señores diputados: ¡La pregunta! ¡La pregunta!) Si SS. SS. releen los acuerdos y las mociones que se aprobaron en el Senado en la legislatura anterior, comprobarán que se instaba al Gobierno a que tomara medidas para iniciar la posible gratuidad de los libros de texto en el futuro. A pesar de los años transcurridos desde la aprobación de la Logse, el Gobierno anterior no dio el menor paso para ayudar, especialmente a las familias con ingresos menores, en el costo de los libros de texto en la enseñanza obligatoria.
Por ello y con la respuesta que ha dado anteriormente (Una señora diputada: ¡La pregunta!), yo entiendo, señora ministra y señorías, que el programa no ha sido confuso, ha sido una realidad con el decreto, y, además, yo creo que concederlo a familias con ingresos de 1.300.000 pesetas, más 300.000 pesetas por hijo, significa --y siento contradecir a anteriores intervinientes-- respecto a familias con umbrales, por ejemplo...


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(Varias señoras diputadas: ¡La pregunta!) Ruego a SS. SS. que escuchen...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guerra, un instante.
Señorías, les ruego guarden silencio. Permitan que formulen la pregunta y, a continuación, su portavoz podrá expresarse convenientemente si es que así lo solicita en su momento. Les ruego, por favor, que guarden silencio. Las intervenciones desde el escaño son especialmente difíciles y se oyen especialmente mal en el hemiciclo. Les ruego que guarden silencio.
Señor Guerra, puede continuar.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente, por el amparo.
Decía que familias de tres hijos, cuyos ingresos pueden llegar a más de dos millones de pesetas, no son familias que están en el umbral de la pobreza; quizá sean familias de clase media-baja, pero son familias a las que, con un espíritu social, como tiene el Partido Popular y como aquí manifestó... (Risas.) Señorías, a mí me hubiese gustado que el anterior Gobierno hubiera tenido al menos un sentido social en temas de libros de texto como el que ha demostrado este Gobierno. (Aplausos.) Señorías, como decía, felicitándome de que se haya acogido una propuesta del Partido Popular, y ojalá, señora ministra, pueda S. S. seguir incidiendo en la misma, me gustaría conocer cuáles son las ayudas que en estos momentos se están dando y cuál es la intención del Gobierno para el futuro respecto a los libros de texto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Guerra.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ya he indicado al contestar a la pregunta de la señora Aramburu, el Ministerio de Educación y Cultura ha convocado, por primera vez para este curso, ayudas para la adquisición de libros de texto y de material escolar. Las ayudas convocadas ascienden a un total de 200.000.
Las pueden solicitar los alumnos de todo el territorio español que cursen estudios en centros sostenidos con fondos públicos. Las ayudas se dirigen a las familias más necesitadas, esto es, aquellas cuya renta anual no supera 1.200.000 pesetas; si son numerosas, se incrementa el umbral en 300.000 pesetas por hijo a partir del tercero. También se tienen en cuenta circunstancias especiales. Esas circunstancias son que el alumno sea huérfano, que pertenezca a una familia con algún miembro minusválido o cuya persona principal esté parada, sea pensionista, viudo, viuda, madre soltera, padre soltero, divorciado, divorciada, separado o separada. Además, creo que hay que hacer incidencia en que, por primera vez, los centros docentes van a tener mucho protagonismo en esta concesión de ayudas, ya que se va a hacer a través de los consejos escolares de cada uno, que serán los que mejor puedan asegurar que las ayudas lleguen a quienes verdaderamente más lo necesiten.
Quiero subrayar que esta concesión de ayudas no va a exigir ningún requisito académico especial. Lo único que exige es estar en esos umbrales de renta o en esas circunstancias que acabo de señalar y, como es lógico, justificar que se han adquirido los libros o el material didáctico por una cuantía igual o superior a la que se concede.
También se ha facilitado la tramitación por parte del solicitante. Se presenta la solicitud de ayuda en el mismo centro escolar en que el alumno cursa sus estudios y la fecha límite se extiende hasta el 15 de octubre.
En definitiva, señoría, en este caso como en otros muchos, el Ministerio de Educación y Cultura desarrolla y aplica medidas de compensación de las desigualdades económicas y sociales. Con ello tratamos de posibilitar y fomentar el acceso a la educación de todos los estudiantes en condiciones de igualdad de oportunidades para todos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


-- DEL DIPUTADO DON FERNANDO COQUILLAT DURAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISION DE ALUMNOS PARA EL CURSO 1997 1998 TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 366/1997? (Número de expediente 180/000765)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 24, que formula don Fernando Coquillat Durán.
Señor Coquillat.


El señor COQUILLAT DURAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la LODE, como sabemos y recuerdo, desarrolló el artículo 27.1 de la Constitución española incluyendo en su preámbulo la libertad de los padres a elegir el centro deseado, la libertad de todos los padres. Los sucesivos desarrollos de esta ley en lo concerniente a la libertad de elección de centro y a los criterios

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de admisión de alumnos se plasmaron en diversos decretos y órdenes. En su aplicación práctica, se ha podido comprobar que la libertad de elección ha estado subordinada a la planificación, muy al contrario de lo que reconoce la propia LODE. El número de recursos y reclamaciones en centros públicos y denuncias en centros privados se considera como un claro indicador de un grave problema social y educativo. No se atendieron adecuadamente las demandas de los ciudadanos a la hora de escolarizar a sus hijos. El Real Decreto 366/1997, de 14 de marzo, desarrolla una nueva ordenación de la admisión de alumnos en centros públicos y de iniciativa social ampliando la libertad de elección, entre cuyos objetivos cabe destacar la ampliación de zonas de influencia, el referido al domicilio familiar o el lugar de trabajo de cualquiera de los padres o tutores y, una vez más, la preocupación por las familias numerosas. Hay otros muchos objetivos más, pero quizá podría añadir los de tratar de forma diferenciada la educación infantil y la obligatoria, facilitar que las familias puedan participar en el proceso de elección del centro, establecer la posibilidad de efectuar adscripciones múltiples entre centros de educación primaria e institutos de educación secundaria, etcétera.
Dado que la publicación de este real decreto ha proyectado sus efectos por primera vez sobre la escolarización del curso 1997-1998, es por lo que, señora ministra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le formulo la siguiente pregunta: ¿cómo valora el Ministerio de Educación y Cultura los resultados del proceso de admisión de alumnos para el curso 1997-1998 con la entrada en vigor del Real Decreto 366/1997?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Coquillat.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la valoración del Ministerio es que los resultados del real decreto por el que se establece el régimen de elección de centro educativo han sido excelentes. De acuerdo con la información de que disponemos hoy, han sido satisfechas las solicitudes correspondientes a la primera opción, es decir, el centro que las familias eligen en primer lugar para llevar a sus hijos, en un 94,3 por ciento de los casos, y en un 4,2 por ciento lo han sido en la segunda opción. Por tanto, en un 98,5 de los casos los padres españoles han elegido este año de una manera real y efectiva el colegio sostenido con fondos públicos al que querían llevar a sus hijos.
Como prueba evidente de la satisfacción de los ciudadanos le señalaré que las reclamaciones, recursos o denuncias en este año se han reducido a menos de la mitad que en el año anterior, y es que el real decreto, señoría, ha incrementado notablemente la posibilidad efectiva de elegir colegio o instituto por parte de las familias. Se les ha dado mucha mayor flexibilidad y más capacidad de adaptación a los deseos de los padres; se han mantenido mejor las expectativas de los ciudadanos y se ha dado un importante paso adelante en el respeto a los derechos y libertades que en materia educativa establece tanto el artículo 27 de la Constitución, como el articulo 20 de la LODE.
Hay que decir, señoría, que los centros públicos que escolarizan a las dos terceras partes del alumnado en los niveles obligatorios han sido también protagonistas muy especiales de este real decreto de libertad de elección. Se ha ampliado la posibilidad de elegir dentro del sector público, y eso supone que se ha permitido a la mayoría de los alumnos que exijan y que puedan elegir una enseñanza pública de calidad, sin por ello perder la plaza que antes tenían asignada en el colegio de primaria. Por primera vez se ha podido conservar la reserva de plaza en el instituto correspondiente y, además, participar en el proceso de elección.
Tengo que decir, señoría, que en los próximos años mejoraremos los procedimientos, ampliaremos la información a los ciudadanos y avanzaremos hacia una mayor igualdad de oportunidades ante el proceso de elección.
Estamos convencidos, señoría, que no hacemos otra cosa con ello que desarrollar el artículo 27 de la Constitución y el artículo 20 de la LODE, de acuerdo con su letra y con su espíritu, para garantizar la libertad de la enseñanza y el derecho a la educación. Y es que estamos convencidos que la mejora de la calidad de la enseñanza pública depende, en gran medida, de lo involucrados que estén los padres en la educación de sus hijos, y ahí está presente la capacidad de elegir y de tomar decisiones libres.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Termino, señoría.
Los padres creo que están satisfechos, han probado el sabor de la elección, les ha gustado y el Gobierno prepara nuevas y mejores medidas para su ampliación en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)

-- DEL DIPUTADO DON JULIO ALVAREZ GOMEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS TIENE PENSADO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FRENAR LA GRAVE CRISIS DE EMPLEO QUE TIENE GALICIA? (Número de expediente 180/000759)

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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pregunta número 18, que formula don Julio Alvarez Gómez.
Señor Alvarez.


El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde el inicio del actual ciclo de expansión económica en 1994, hasta 1997, datos del primer trimestre, en España se ha incrementado la población activa en 528.000 personas, pero debido a la creación de 941.000 puestos de trabajo se ha conseguido reducir el paro en 413.000. Estos datos contrastan notoriamente con la evolución habida en Galicia, puesto que en el mismo período, a pesar de haberse reducido la población activa en 46.800 personas, el paro se ha incrementado en 13.900 al haberse destruido 32.900 puestos de trabajo. Esta difícil situación exige que el Gobierno asuma su responsabilidad. Más allá de cifras coyunturales del segundo trimestre de 1997 o de otros datos que ayuden a enmascarar el problema, hay una marcada tendencia que refleja el carácter estructural de esta crisis de empleo. Por ello le pregunto, señor ministro, qué medidas ha previsto tomar el Gobierno para frenar y resolver la grave crisis de empleo que tiene Galicia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alvarez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.
Para empezar, tengo que decir que quizá sea un debate más propio del Parlamento autonómico, sin perjuicio de que el Ministerio, como es lógico, esté dispuesto, a instancia de SS. SS., a discutir la situación del empleo de cada una de las comunidades autónomas.
Quiero decirle al señor diputado que no comparto su apreciación; creo que en Galicia no hay ninguna crisis de empleo y los datos de paro registrados lo confirman, los datos de la evolución económica lo confirman y los datos de Seguridad Social lo confirman. Efectivamente, hay una parte en la que coincido con el señor diputado: se está produciendo una reducción de empleo en el ámbito de la agricultura, que se está soslayando con el crecimiento de empleo en los servicios y en la industria.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Alvarez.
El señor ALVAREZ GOMEZ: Señor ministro, los datos citados reflejan nítidamente que la economía gallega no arranca y la destrucción de empleo es su lógica consecuencia. No mire hacia otro lado, no siga las pautas del presidente Fraga. Lo peor que puede hacer es tratar de engañarse, asuma su responsabilidad.
Una economía que hace unos años representaba el 6,5 del producto interior bruto español y que en 1996 sólo alcanza el 5,5; una economía que en el ciclo expansivo crece débil y reiteradamente por debajo de la española, en la que apenas mejora la renta per cápita a pesar de la intensa pérdida de población y de las transferencias de renta que recibe, es la que subyace detrás de esta crisis estructural y profunda de su mercado de trabajo.
En suma, si cree que la situación es buena, ¿por qué se destruye empleo en Galicia? Cuando las cifras indican que se pueden cumplir los criterios de convergencia, hay otra España, tan real pero tan divergente, que circula en sentido contrario. Señor ministro, Galicia se aleja de España y de Europa en términos de empleo, mientras que en Maastricht y en Amsterdam se fija el empleo como objetivo prioritario.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alvarez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor diputado, con profundo respeto hacia su persona, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que la pregunta no se formularía si el día 19 no hubiera elecciones en Galicia. Tengo ese firme convencimiento y quiero ponerlo de manifiesto, sin perjuicio de que también es absolutamente legítimo, por supuesto, que se haga la pregunta.
En el mes de agosto de 1997, tenemos una cifra de paro registrado en Galicia que es la mejor de los últimos 12 años. La Seguridad Social en Galicia, las altas de trabajadores en la Seguridad Social, están por encima de los 800.000 afiliados, la mejor cifra de su historia. Se ha puesto en marcha un plan de fomento del empleo indefinido a nivel del Estado y de Galicia y, desde mayo, se han duplicado los empleos indefinidos. En los últimos seis años, la economía gallega ha crecido por encima de la media de la economía española. Si a eso se le llama crisis de empleo en Galicia... La verdad es que los datos no confirman las apreciaciones, que yo respeto, que S. S. ha hecho.
Hemos firmado convenios de empleo con Galicia. En Galicia se ha puesto en marcha un plan de empleo juvenil, que ha generado directamente más de 170.000 empleos y más de 350.000 indirectamente. Se ha hecho la transferencia de las políticas activas del Instituto Nacional de Empleo.
Se ha puesto en marcha el Servicio de colocación gallego y el Ministerio

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va a seguir colaborando con la Xunta de Galicia, independientemente de los resultados del 19 de octubre, para que continúe la tendencia de crecimiento económico, de creación de empleo en la industria y en los servicios. Es verdad que hay un incremento del paro en la agricultura, pero es un problema estructural de toda la economía española y, como le digo, independientemente de los resultados del 19 de octubre, seguiremos colaborando con la Xunta de Galicia, sin perjuicio de que usted quiera unos resultados y, obviamente, yo confíe en que se van a producir otros.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

-- DEL DIPUTADO DON JAVIER IGNACIO GARCIA GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DESDE EL COMIENZO DEL PRESENTE AÑO? (Número de expediente 180/000763)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 22, que formula don Javier García Gómez.
Señor García.


El señor GARCIA GOMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde hace unos meses se está elevando la tasa de empleo en nuestro país debido al acuerdo entre sindicatos y empresarios y al apoyo decidido que se está dando desde el Gobierno. Sin embargo, este crecimiento de empleo puede contribuir a que, en determinados sectores, pueda aumentar la tasa de siniestralidad laboral si no se toman las medidas adecuadas. Si comparamos datos --según la EPA-- de la población activa ocupada en relación con la tasa de siniestralidad del primer semestre de los años 1996 y 1997, vemos que aquélla se ha incrementado en un 3,7 por ciento, siendo la variación inapreciable en cuanto a la tasa de siniestros laborales.
Este asunto nos preocupa bastante, señor ministro, y hemos seguido con atención el diagnóstico de todos los agentes sociales que coinciden en que uno de los factores principales de esta tasa de accidentes es la temporalidad laboral. Este es un factor que afortunadamente se va corrigiendo, puesto que uno de los mayores logros de la reciente reforma laboral es el de la contratación fija y vemos cómo en los últimos meses se han triplicado los contratos fijos en nuestro país. Estamos convencidos de que este factor va a incidir positivamente en la prevención de accidentes laborales y de que se elevará la calidad de vida del trabajo principalmente en aquellos sectores de mayor riesgo. Además, pensamos que es necesario incidir aún más en la prevención de estos accidentes.
Por todo ello, señor ministro, le hago la siguiente pregunta: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno en materia de prevención de riesgos laborales desde comienzos del presente año? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor García.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señor diputado.
Si me permite, me gustaría hacer alguna consideración previa. En primer lugar, el Gobierno no busca, en absoluto, excusas a la hora de hacer una valoración sobre la cifra de siniestros laborales en España. Hay quien podría argumentar que el crecimiento de la actividad económica, de la población ocupada repercute en un mayor número de siniestros, pero las cifras que tenemos en este momento en España preocupan extraordinariamente al Gobierno. Quiero decirle que aunque hace falta una homologación en las estadísticas de siniestros en toda Europa, España no es de los países europeos que tenga tasas satisfactorias a la hora de evaluar los siniestros laborales.
El Gobierno no ha dado ni va a dar ningún paso sin los agentes sociales en esta materia, es decir, sin los sindicatos, sin los empresarios, sin las comunidades autónomas, y queremos proponer a la oposición en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, que nos traslade cualquier iniciativa, cualquier idea que tenga en materia de prevención de riesgos laborales porque el Gobierno la va a estudiar con el mayor detenimiento.
¿Qué hemos hecho hasta ahora? Trasponer las directivas comunitarias, constituir una Comisión nacional de salud laboral donde están el Gobierno, los sindicatos, los empresarios y las comunidades autónomas, y poner en marcha la aplicación del ámbito europeo normativo, incorporándolo a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ha sido suficiente? En opinión del Gobierno, no lo ha sido. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Primero, una campaña de concienciación nacional con sindicatos y empresarios, en el mes de noviembre, para que la población española tome conciencia de la gravedad de los siniestros. En segundo lugar, estamos planteando la posibilidad de premiar en cotizaciones sociales a aquellos empresarios que inviertan en prevención de riesgos laborales y que tengan buenos resultados. Estamos estudiando también el incremento de las distintas sanciones por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales. Se ha producido en el primer semestre un incremento espectacular de la actuación de la Inspección de Trabajo. Concretamente, el

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importe de las sanciones por incumplimiento de la normativa ha crecido más de un 117 por ciento, y estamos estudiando a la vez un plan de choque en los sectores con más siniestralidad creciente en este momento, que son la agricultura y los servicios.
En lo que coincido al cien por cien con S. S. es en que la siniestralidad está directamente vinculada al tipo de contrato. En España los siniestros laborales en contratos temporales son justo el doble de los que se producen en los contratos indefinidos. Por eso hay que seguir apoyando la contratación indefinida para luchar contra los siniestros.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO QUE ESTA JUSTIFICADA LA VACUNACION MASIVA CONTRA LA MENINGITIS POR RAZONES SANITARIAS? (Número de expediente 180/000751)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad y Consumo.
Pregunta número 10, que formula doña Angeles Amador Millán.
Señora Amador.


La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, ¿cree S. S. que está justificada la vacunación masiva contra la meningitis por razones sanitarias en este momento? Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Amador.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, como S. S. conoce muy bien, la incidencia de la meningitis meningocócica es un problema de salud pública y es competencia de las comunidades autónomas. En esta situación, el papel del Ministerio es coordinar y apoyar las decisiones informadas de las comunidades autónomas. Considero justificadas las que han tomado en estos campos, sanitariamente las apoyo y creo que todos las debemos apoyar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señora Amador.


La señora AMADOR MARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, atiendo a la última parte de su respuesta. Usted ratifica que por razones sanitarias está recomendada la vacunación masiva, pero tengo que reprocharle que esgrima argumentos competenciales para explicar lo que está pasando.
Señor ministro, usted vino a esta Cámara en el mes de febrero. a petición del Grupo Socialista, para explicar el problema de la meningitis, que había generado alarma social. Mi grupo le expresó que se pedía esa comparecencia no para controlar al Gobierno, sino para escuchar atentamente la información que tuviera que dar a la población y colaborar como portavoces de esa información. Y lo hemos cumplido, señor ministro.
Lo que ocurre es que la recomendación entonces fue que no estaba justificada la vacunación masiva. Eso fue en el mes de febrero, en el mes de marzo apareció un informe técnico, un buen informe del Instituto de Salud Carlos III, que concluye que no hay que hacer vacunación generalizada. Tras la reunión científica que convocó el Ministerio de Sanidad en Oviedo, en el mes de junio la Comisión de salud pública concluye que hay que mantener el criterio de intervención que se ha venido utilizando, que no es el de vacunación masiva.
Señor ministro, de entonces acá, con las vacaciones en medio, de repente ha habido once comunidades autónomas --según creo-- que han decidido esa vacunación masiva y el Ministerio no ha hecho ningún comentario. Señor ministro, nosotros hemos pedido a la población que siga las instrucciones de la autoridad sanitaria. Usted es la máxima autoridad sanitaria del Estado y el resultado es que la autoridad sanitaria del Estado parece que no tiene criterio en esta materia, hasta el día de hoy que acaba de decir que ratifica esas decisiones.
Yo no sé, señor ministro, qué competencias ha perdido su Ministerio del mes de febrero aquí, pero es un cambio de actitud que no nos parece justificado porque esa responsabilidad de la máxima autoridad sanitaria del Estado no la puede usted transferir ni a los técnicos, ni a los expertos, ni a los médicos, ni a los padres, ni a ninguna otra autoridad porque la que le pedimos, la que sirve como máximo responsable sanitario del Estado, es la suya.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Amador.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Amador, la máxima autoridad

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sanitaria en esas materias es la de las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y en el territorio en el que las ejercen. La función del Ministerio es coordinar, apoyar e informar del mejor modo que puede, contribuyendo a que esas decisiones sean lo más acertadas posibles. Pero repito, que es a las comunidades autónomas a las que corresponde tomarlas. Ellas son la máxima autoridad en ese campo.
Lo cierto es que en este asunto el Ministerio, consecuente con sus obligaciones, propició que se dispusiera de la mejor información y propició esa reunión en Oviedo a la que se refiere S. S., como antes había hecho con otra reunión en Santiago de Compostela antes de la campaña anterior. Las opiniones vertidas en esa conferencia de Oviedo fueron, como era esperable, diversas y, en ocasiones, contrapuestas. Es cierto que en las conclusiones finales se recoge un mayor peso de las tesis que consideran que en España, globalmente, no se cumplían los criterios objetivos que pudieran hacer recomendable una vacunación generalizada. Pero no es menos cierto que también fueron varias las voces que consideraron que, al menos en algunas comunidades autónomas, no parecía razonable seguir esperando el incremento de las tasas de incidencia que se venían produciendo en los últimos años hasta adoptar la decisión de la vacunación. De acuerdo con este planteamiento, tres comunidades autónomas lo acordaron entonces y otras varias se sumaron a esa decisión posteriormente. Creo que todas ellas han cumplido con su deber y tienen fundamentos sanitarios para adoptar las decisiones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- de la diputada DOÑA MARIA INMACULADA FERNANDEZ RAMIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO RESPECTO A LA EXPLOSION OCURRIDA EN EL HOSPITAL DE SAN PEDRO DE ALCANTARA, DE CACERES? (Número de expediente 180/000760)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 19, que formula doña Inmaculada Fernández Ramiro.
Señora Fernández.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en la madrugada del pasado día 7 hacía explosión una caldera de gas en el hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres, ocasionando graves desperfectos por valor de 700 millones de pesetas y dejando inutilizados varios servicios fundamentales para su funcionamiento como quirófanos y urgencias, entre otros. ¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno respecto a la explosión ocurrida en el hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero que hizo el Ministerio y los servicios competentes del Insalud en aquel centro hospitalario, en cuanto ocurrieron los hechos a que se refiere S. S., fue atender a los heridos; iniciar la valoración de los desperfectos, para poder establecer las medidas asistenciales de derivación a otros centros sanitarios, de manera que los usuarios no se vieran afectados; iniciar una investigación para esclarecer las causas que generaron la explosión; e iniciar todas las obras necesarias, por vía de urgencia, para restablecer cuanto antes el funcionamiento normal de las unidades afectadas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señora Fernández.


La señora FERNANDEZ RAMIRO: Gracias, señor presidente.
Señor Ministro, la explosión de una caldera de gas, ocurra en el lugar que ocurra, es un hecho muy grave y no pierde su gravedad porque, afortunadamente, no haya habido desgracias personales con resultado de muerte, porque ocurriera a las cinco de la madrugada, o porque la caldera estuviera al 30 por ciento de su capacidad. Estos son hechos circunstanciales, señor ministro. Estos accidentes no ocurren porque sí, son consecuencia del abandono y de la desidia de la que alguien tiene que hacerse responsable.
España irá bien, señor ministro, pero en el hospital San Pedro de Alcántara, de Cáceres, como ejemplo revelador del desgobierno de un hospital público, en menos de un año se han cambiado en varias ocasiones los responsables del equipo de dirección, dos veces la gerencia, dos veces la dirección médica, tres veces la subdirección médica y así le podría relatar todo el equipo directivo. Además, señor ministro, le explota la caldera de gas.
Señor ministro, usted falta a la verdad cuando dice que su Ministerio va a invertir en Extremadura 10.000 millones de pesetas. Diga a los ciudadanos extremeños en cuántos años se va a realizar esta inversión.
Porque usted sabe muy bien, señor ministro, que este

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año no existe partida presupuestaria por ese valor. Como se falta a la verdad cuando pretenden hacernos creer que no ha pasado nada con este accidente y que los problemas se van a solucionar en un abrir y cerrar de ojos.
Señorías, ésta es la forma que tiene el Gobierno del Partido Popular de asumir sus responsabilidades y de arreglar los graves problemas que a los ciudadanos de Cáceres les está acarreando este accidente.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Fernández, no hay precedentes de un accidente similar ni en el Insalud ni en Carburos Metálicos en cuanto se refiere a la explosión de una caldera de esta naturaleza. Este es el dato objetivo y básico con el que hay que aproximarse a esta situación. Vamos a seguir investigando las causas. La empresa instaladora ha asumido todas sus responsabilidades. Por lo demás, se está gestionando la sanidad extremeña, para fortuna de los extremeños, mucho mejor que en períodos anteriores. Y la reducción de listas de espera en Extremadura fue espectacular. Más de 8.000 personas, que llevaban esperando más de un año, salieron de las listas de espera de ese período en Extremadura.
En cuanto a las inversiones de 10.000 millones de pesetas, yo expliqué muy bien cuando di esa información, la primera vez que visité Extremadura como ministro de Sanidad y Consumo, que eran las inversiones que estaban en marcha, las que se iban a contratar este año y las que tenían ya proyectos con compromiso firme de contratación. Pero hay un dato absolutamente seguro: el gasto sanitario por persona en Andalucía y Extremadura ha subido el último año 3.000 pesetas; estaba en el 93 por ciento de la media nacional y ha pasado al 96 por ciento. Nosotros estamos corrigiendo las desigualdades, los déficit que tenía la sanidad extremeña derivados de la gestión de gobiernos anteriores. El presupuesto de los servicios sanitarios en Extremadura ha subido este año el 7,29 por ciento, mientras que la media de los presupuestos de la sanidad española subió menos del seis por ciento, como es bien sabido.
El funcionamiento de los centros, la reducción de las listas de espera allí, el aumento de las inversiones, la aproximación de los niveles de prestación de servicios en Extremadura a la media nacional habla más que todo eso de nuestra gestión allí.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON EUGENIO ENRIQUE CASTILLO JAEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿CUALES SON LOS EFECTOS SOBRE EL GASTO FARMACEUTICO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO EN RELACION CON LOS MEDICAMENTOS? (Número de expediente 180/000768)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 27, que formula don Eugenio Castillo Jaén.
Señor Castillo.


El señor CASTILLO JAEN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la importancia que las terapias con medicamentos tienen para el mantenimiento de la salud, para combatir las enfermedades y la mejora de la calidad de vida, sobre todo en edades avanzadas y en enfermos crónicos, es un tema que está fuera de discusión hoy día. Sin embargo, señor ministro, el gasto de medicamentos y de productos sanitarios suministrados a los usuarios pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en oficinas de farmacia como en farmacias hospitalarias y otros centros asistenciales, representa un porcentaje importante en el conjunto del gasto sanitario. Tanto es así que, en el período de 1986 a 1996, el gasto público de la prestación farmacéutica ha pasado, en pesetas corrientes, de unos 214.000 millones a unos 812.000 millones, en números gruesos, suponiendo este incremento una tasa anual acumulativa del 14,3 por ciento. Incrementos del gasto de este tipo, ante todos y para una sociedad como la española, en la prestación farmacéutica, financiada con fondos públicos, pueden llevar, sin duda, a una situación de gran alarma para la propia prestación en su modalidad actual de ejercicio, con el consiguiente perjuicio social, insisto, de incidencia extrema en enfermos crónicos y en pensionistas.
Ante la evolución de este incremento del gasto en la anterior década, el Gobierno decidió, en base a lo expresado por el programa del Partido Popular y reiterado en esta Cámara por el presidente Aznar en el discurso de investidura, poner en marcha una batería de medidas de adecuación del incremento del gasto farmacéutico, algunas de las cuales ya se encuentran funcionando en otros países de nuestro entorno.
Señor ministro, ¿qué repercusión sobre el incremento del gasto farmacéutico han tenido estas medidas y otras adoptadas recientemente por el Gobierno en relación con los medicamentos? Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castillo.
Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor diputado.
Yo comparto con S. S. la valoración de la importancia de los medicamentos como instrumento terapéutico, la preocupación por el nivel de gasto en que se está incurriendo en esta partida en nuestro Sistema Nacional de Salud y, lo más preocupante todavía, el crecimiento acelerado que estaba teniendo, y al que se refirió también su señoría.
Lo cierto es que esto justifica la preocupación del Gobierno sobre el tema. Afecta, como es bien sabido, a todos los elementos que intervienen en la dispensación: laboratorios, distribución, almacenistas, profesionales de la dispensación, servicios, etcétera, y, naturalmente, hubo que intervenir en todos esos campos. Con la industria farmacéutica se llegó a acuerdos en virtud de los cuales crecimientos superiores al 2,6 por ciento, que era la inflación prevista, iban a dar lugar a unas aportaciones de la industria, cuando en etapas anteriores esa referencia no era del 2,7 por ciento, sino del 7 por ciento. Se promulgó el decreto de reducción de márgenes de las oficinas de farmacia y de los almacenes de distribución, lo que permitió un abaratamiento del cuatro y pico por ciento en el precio de los medicamentos. Se modificó la legislación para dar entrada en nuestro sistema a los medicamentos genéricos. Todas las medidas adoptadas permiten pensar que, a final de año, puede haber en el mercado entre 80 y 10 medicamentos genéricos, con principios activos cuya valoración en el mercado es superior a los 100.000 millones de pesetas.
Estimamos, por ello, que en cinco años puede haber ahorros importantes del orden de los 70.000 millones de pesetas por este concepto. Al mismo tiempo, está prevista la aplicación de los precios de referencia.
Nos hemos preocupado también, como no podía ser de otra manera, de la racionalización de la prescripción por parte de los servicios asistenciales en el territorio del Insalud. De hecho, se han difundido protocolos de dispensación entre los servicios y guías informativas farmacológicas. Se llevan a cabo planes de inspección para tratar de corregir los excesos que se encuentren en la dispensación en determinados casos. Se han implantado unas 8.000 terminales informáticas, más del 50 por ciento, en todos los puntos de dispensación, que permitirán un seguimiento muy preciso de la dispensación. Eso ha permitido que este año el crecimiento esté siendo, al final de los primeros ocho meses, del 3,89 por ciento frente al 12,02 del año anterior, lo cual significa un incremento muy importante como fácilmente se alcanza.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS DE COLABORACION ESTA ADOPTANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN EL CONTROL Y DISMINUCION DEL FRAUDE EN INCAPACIDAD LABORAL? (Número de expediente 180/000769)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 28, que formula don Juan Antonio Gil Melgarejo.
Señor Gil Melgarejo.


El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, en los últimos años se viene produciendo un incremento de los costes de la prestación por incapacidad laboral. Este incremento es debido, en mi opinión, a dos circunstancias.
La primera, a deficiencias en la gestión y, la segunda, a un insuficiente control en los ámbitos, tanto económico como laboral y sanitario. Esta deficiencia en la gestión y este insuficiente control pueden generar una inadecuada administración de los recursos públicos. Precisamente porque su aplicación es para satisfacer necesidades sociales se debe realizar, con mayor intensidad, un esfuerzo solidario en el que se implique a los diversos agentes y, fundamentalmente, a las diferentes administraciones públicas responsables de los aspectos esenciales que condicionan y modulan el estado de la citada prestación.
Señor ministro, el Ministerio que usted dirige y el de Trabajo y Asuntos Sociales han suscrito un concierto marco; concierto que se engloba dentro de lo que es el plan de choque para el control de la prestación por incapacidad transitoria --por IT-- para todo el Sistema Nacional de Salud y que viene a desarrollar la colaboración prevista en esta materia en la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Es este nuevo marco de actuación para los distintos agentes que intervienen en la gestión de control de la IT lo que me lleva a formularle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la siguiente pregunta: ¿Puede el señor ministro de Sanidad y Consumo informar a esta Cámara sobre qué medidas está adoptando su departamento para el control y disminución del fraude por IT? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gil Melgarejo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
El plan de control de la prestación por incapacidad temporal en el Sistema Nacional de Salud ha sido concebido

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en el marco de medidas generales de lucha contra el fraude en las prestaciones del sistema de Seguridad Social, como conoce su señoría.
En el ámbito sanitario, el plan contra el fraude en incapacidad temporal está coordinado por el Ministerio de Sanidad y Consumo y cuenta con la participación del Insalud y de los diferentes servicios de salud de las comunidades autónomas que tienen transferida la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. El plan, además de una serie de medidas organizativas de gestión y de coordinación, está preferentemente compuesto por medidas de control, potenciando ramas de inspección ya existentes e implantando algunas nuevas con carácter selectivo. En el contexto de las medidas contempladas, el logro de una adecuada coordinación entre las entidades encargadas de la gestión y del control de la misma, ha constituido uno de sus objetivos más relevantes.
Pese al escaso tiempo transcurrido desde la generalización de los correspondientes convenios, cabe anticipar un efecto globalmente satisfactorio de los mismos, ilustrado de forma relevante por el elevado porcentaje de altas producidas sobre las revisiones efectuadas, que se sitúa en torno a un 47 por ciento de procesos revisados en la modalidad de pago directo, incluidas las propuestas de invalidez permanente.
En el ámbito del Insalud, en el primer trimestre de 1997, de 66.656 enfermos revisados, se han producido 14.168 altas, lo que supone el 21,27 por ciento. En las comunidades autónomas, los porcentajes son similares, destacando Canarias, donde el porcentaje de altas por revisión ha sido del 70,98 por ciento. La evolución de la prevalencia, procesos de baja por cien trabajadores, en el ámbito del Insalud, ha pasado de 2,65, con una duración media de 49,47 días, en julio de 1996, a 2,39, con una duración media de 46,67, en junio de 1997.
El análisis realizado permite deducir, desde la perspectiva del sistema sanitario en su conjunto, la tendencia favorable en los indicadores y parámetros que conforman la situación actual de la prestación por incapacidad temporal, tendencia que vendría expresada singularmente por una disminución de la prevalencia de procesos, que ha de traducirse en una reducción del número de días de baja abonables por el sistema de Seguridad Social.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Gracias, señor ministro.


-- DEL DIPUTADO DON MARIO MINGO ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REGULAR LA INCLUSION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000770) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29, que formula don Mario Mingo Zapatero.
Señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, la aplicación de los recientes avances tecnológicos en la práctica clínica, como es bien conocido, viene condicionada por muy distintos aspectos. Mencionaré cuatro de los factores que tienen, a mi juicio, especial relevancia. En primer lugar, que tengan una eficacia suficientemente demostrada y bien contrastada con los distintos controles. En segundo lugar, que tengan una utilidad superior a los procedimientos aplicados en la clínica en la práctica médica diaria. En tercer lugar, que tengan unos adecuados márgenes de seguridad que garanticen la ausencia de efectos secundarios no deseables.
Y, sólo en último término, su elevado costo, cuya incidencia en el incremento del gasto sanitario no puede, sin lugar a dudas, ser desdeñado.
Por todo ello, se justifica adecuadamente el renovado interés que ha despertado el papel que deben jugar las agencias de evaluación de nuevas tecnologías médicas recientemente creadas, una a nivel estatal, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, y otras en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y País Vasco. La verdad es que su acogida en los distintos sectores ha sido en general muy favorable. Sin embargo, desde algunos sectores también se ha denunciado ya el posible riesgo de instrumentalización de estas agencias en el sentido de buscar como objetivo prioritario la contención del gasto sanitario en menoscabo de los fines principales para los que han sido creadas, y que no pueden ser otros que garantizar el uso adecuado de los nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, sin duda en beneficio de la salud de todos los ciudadanos.
Para conocer la opinión del Gobierno, cuál es la naturaleza y el calendario de las distintas actuaciones previstas en el ministerio...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mingo.
Señor ministro, ha de contestar S. S. a la pregunta formulada en el orden del día.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría. Comparto totalmente sus planteamientos en relación a la importancia de este tema y a la necesidad de que prevalezcan criterios de calidad de la asistencia que se presta a los ciudadanos por encima de cualquier visión puramente economicista del problema. Lo cierto es que desde esa perspectiva y con esa preocupación, que tiene su base en la

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creciente aparición de tecnologías nuevas y de procedimientos nuevos de aplicación en las prácticas sanitarias, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha iniciado la elaboración de un borrador de real decreto que regulará el mecanismo para la inclusión y exclusión de técnicas y procedimientos como parte de las prestaciones financiadas por el Sistema Nacional de Salud, pero sin que el componente económico sea un factor decisivo en esa valoración.
El 24 de abril se ha constituido el grupo de trabajo de evaluación de tecnologías, dependiente del Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el encargo de realizar un documento propuesta respecto de los siguientes puntos: plan de trabajo para elaborar una lista priorizada de tecnologías que deben ser evaluadas en el marco de la ordenación de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, incluyendo los criterios de priorización, y lista inicial tentativa. Se ha presentado ya un listado inicial que contiene tanto tecnologías que pueden ser consideradas como nuevas como otras ya de uso más generalizado; se trata de una lista abierta y sujeta a las modificaciones oportunas. Se trabaja en un sistema de información coordinada que permita detectar las tecnologías emergentes, a la vez que sirva como instrumento en la incorporación formal de nuevas técnicas y procedimientos en las carteras de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud y sus centros; en un programa de actividades y calendario para la evaluación de tecnologías sanitarias que se fijen como prioritarias. Actualmente las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias españolas trabajan coordinadamente en la elaboración de sendas fichas técnicas para cada una de esas tecnologías, como etapa previa a su priorización. En base a la información recabada en esta etapa, se tomarán las oportunas decisiones respecto a programas de evaluación sensu stricto o a la convocatoria de proyectos de investigación evaluativa. Por último, se trabaja en directrices sobre la experimentación de nuevas tecnologías, previas a su inclusión en el Sistema Nacional de Salud. A estos efectos se ha formalizado un convenio entre el Instituto Carlos III y la Subsecretaría del departamento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.


-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA JESUS AGUIRRE URIBE, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REMITIR A ESTA CAMARA EL PROYECTO DE LEY QUE REGULE LA PROHIBICION DE LA FABRICACION, ALMACENAMIENTO, COMERCIALIZACION, EXPORTACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE TODO TIPO DE MINAS ANTIPERSONALES, BOMBAS DE RACIMO Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR? (Número de expediente 180/000750)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al señor ministro de Defensa.
Pregunta número 9, que formula doña María Jesús Aguirre Uribe.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la primera sorpresa me la he llevado hoy por la mañana, cuando he sabido que había desaparecido del orden del día la pregunta que formulaba el Grupo Vasco relacionada con el proyecto de ley que regule la prohibición de la fabricación, almacenamiento y exportación de minas antipersonales y bombas de racimo. La vuelta a este orden del día creo que se debe a la buena noticia que hemos recibido este mediodía con relación al cambio de posición del Gobierno español en la Conferencia de Oslo.
Como usted muy bien conoce, el 25 de febrero de este año esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley que regule precisamente la prohibición total de estos artefactos de muerte. No se le ocultará, señor ministro, que estos días hemos vivido con una gran preocupación y con una gran sorpresa también la posición del Gobierno español en la Conferencia de Oslo, sobre todo por las propuestas que estaba haciendo en la conferencia, dirigidas, desde nuestro punto de vista, a debilitar el tratado que posibilite la prohibición de las minas terrestres. Por eso le formulo la pregunta que estaba incluida en el orden del día: ¿cuándo tiene previsto el Gobierno remitir a esta Cámara un proyecto de ley que regule la prohibición de la fabricación, almacenamiento, exportación y comercialización de estos artefactos de muerte que son las minas antipersonales y las bombas de racimo? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, me congratulo de que haya podido desaparecer el motivo de disgusto, que se debió a una mala interpretación de un viaje del ministro que realizará mañana. A petición del ministro, cuando se ha sabido que había desaparecido del orden del día, se ha pedido comparecer, porque mi ausencia de Madrid se producirá mañana y no hoy.


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En segundo lugar, quiero aclarar a S. S. que la posición del Gobierno no ha variado en absoluto. El Gobierno, como ya se dijo en esta Cámara con motivo de la proposición no de ley sobre prohibición de minas antipersonales, ha iniciado la redacción de un proyecto de ley en el que se recogen los términos expuestos en esa iniciativa. Asimismo, el Gobierno español, en cumplimiento de lo preceptuado en dicha proposición, está impulsando, ha impulsado y va a seguir impulsando que la prohibición y eliminación de este tipo de armas tenga un carácter, señoría, lo más universal y lo más eficaz posible. Muchas veces las palabras fáciles no se corresponden con los problemas reales y tangibles. Lo que ha querido el Gobierno español es que la prohibición sea: uno, lo más universal y, dos, lo más eficaz, que este acuerdo internacional sea lo más verificable posible. Por ello se entiende que, mejor que actuar de manera unilateral, será lo correcto adaptar el mencionado proyecto a los términos que se aprueben en la Convención de prohibición de empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre destrucción, en Otawa, por lo que ha retrasado su remisión a esta Cámara hasta la firma de la mencionada convención, que una vez acordada en la Conferencia diplomática de Oslo, del 1 al 19 de septiembre, estará abierta a todos los Estados para su firma en Otawa los días 3 y 4 de diciembre, y en la sede de las Naciones Unidas, a partir del 5 de diciembre de este año.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor ministro.
Señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Le agradezco, señor ministro, su explicación, porque de alguna manera también elimina nuestra preocupación.
Nosotros habíamos calificado la postura que había mantenido el Gobierno español en la conferencia de Oslo, porque era muy preocupante, de escandalosa, ya que de alguna manera estaba contraviniendo lo que se aprobó en esta Cámara, que es lo que habíamos recibido a través de los medios de comunicación. Quiero agradecer al Gobierno español el cambio de rumbo con el acuerdo alcanzado este mediodía en la Conferencia de Oslo, y esperaremos a que remita el proyecto de ley. Confiamos en que se haga en un corto plazo porque, si no, el Grupo Parlamentario Vasco, que está preocupado con la regulación de esta materia, presentará una proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Me alegro de haber llevado la tranquilidad a S. S. y al grupo parlamentario que representa. Solamente quiero hacer una matización: no ha habido la más mínima variación. A veces, con informaciones precipitadas, se puede interpretar que pedir un plazo más razonable, más extenso, puede dar lugar a que haya más países signatarios del convenio, y esa ha sido la postura que ha guiado desde el principio al Gobierno español.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO EN LA CONFERENCIA DE OSLO SOBRE PROHIBICION TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAS? (Número de expediente 180/000758)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17, que formula don Rafael Estrella Pedrola.
Tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Socialista, nos felicitamos por el acuerdo alcanzado hoy en Oslo sobre un tratado para la prohibición total de minas antipersonales. Tan importante es el acuerdo que, pese a lo que nos ha dicho el señor ministro, da la sensación de que esto es lo que ha hecho que lo que ayer llevaba al Gobierno a pedir la retirada del orden del día del Pleno de estas dos preguntas, ha llevado hoy al Gobierno, al mediodía, a pedir su inclusión en el orden del día. Da la sensación de que el orden del día del Gobierno no está dictado por las prioridades de la Cámara, sino por las prioridades de la agenda del Gobierno. En cualquier caso, le recuerdo al señor ministro que no preguntábamos por las consecuencias o por los acuerdos de Oslo, sino por la posición del Gobierno español en los distintos aspectos de esa conferencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Estrella Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que existe documentación en la Cámara para demostrar fehacientemente que el ministro de

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Defensa, como representante del Gobierno, en todo momento ha estado dispuesto a contestar a esta pregunta, y que ha sido una equivocación sobre la agenda de viajes la que ha provocado, primero, la supresión y, posteriormente, la inclusión en el orden del día.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, señor ministro, me siento en una indefensión absoluta. He preguntado por la posición del Gobierno en la Conferencia de Oslo, que ha durado 17 días, y el señor ministro me contesta que el responsable de lo ocurrido es el ministro de Relaciones con las Cortes. Señor Ministro, entiendo que lo que me está diciendo es que la posición del Gobierno es la que se ha acordado hoy en Oslo; es decir, que usted se ha enterado por las agencias de noticias, del mismo modo que se ha enterado este diputado, de cuál es la posición del Gobierno sobre la supresión de las minas antipersonales. Ayer no querían ustedes contestar y hoy han querido hacerlo, para venir aquí a colgarse medallas; ésa no le corresponde, señor ministro. Ustedes han estado presentando propuestas a lo largo de la reunión de Oslo que han sido calificadas --no por las ONG o por grupos políticos como el mío, sino por representantes de los distintos países-- como totalmente inaceptables, en contra del espíritu del tratado, que socavan el propio tratado, etcétera.
Han intentado minar el acuerdo y han minado la credibilidad del acuerdo unánime de este Parlamento, y ahora nos anuncia usted una ley que va a recoger el acuerdo de Oslo. Queremos una ley de prohibición total y no conocemos todavía la posición del Gobierno.
Sinceramente, señor ministro, el acuerdo de Oslo es bueno, es muy importante porque establece un tratado de prohibición sin ambigüedades, que declara que todas las minas antipersonales son ilegales en todas las circunstancias, pero la posición del Gobierno, el que no haya mantenido sus objeciones y sus propuestas alternativas, es el resultado de la presión de las fuerzas políticas, de las ONG y de la sociedad española.
Y como no nos fiamos, si en un plazo razonable no hay un proyecto de ley, el Grupo Parlamentario Socialista lo presentará.
Muchas gracias. (Aplausos)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Estrella.
Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señoría, siento mucho que después de explicar lo que ha pasado en realidad --y lo he explicado con la mejor buena fe de que soy capaz-- S. S. no me crea.
El Gobierno no se ha enterado de la posición hoy. El ministro de Exteriores y el ministro que les habla mantuvieron una cumbre hispano-italiana la semana pasada, en la que acordamos la posición del Gobierno de firmar, desde el principio, el acuerdo de Oslo. Hemos intentado, como acabo de repetir, reunir el mayor número posible de países, lo cual hacía que, a veces, jugáramos con el tiempo necesario para conseguir la destrucción del arsenal de minas existente en el mundo y que fuera el mayor número de países los que firmaran el convenio. Como ya ha anticipado el presidente del Gobierno y, por tanto, no hay agencia de noticias que valga, sino posición del Gobierno de España mantenida en la conferencia, España va a firmar, de conformidad con la proposición no de ley, el convenio y va a traer el texto a esta Cámara, una vez que ese convenio sea firme. Espero que entonces, ya que no antes, se pueda disipar cualquier tipo de duda.
La posición del Gobierno es la de acabar, cuanto antes y lo más universalmente posible, con las minas antipersonales. Creo que queda claro.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


-- DEL DIPUTADO DON HIPOLITO FARIÑAS SOBRINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL MINISTERIO DE DEFENSA LA DIRECTIVA SOBRE PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE, QUE SERA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN TODOS LOS AMBITOS DEL DEPARTAMENTO? (Número de expediente 180/000772)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 31, que formula don Hipólito Fariñas Sobrino.
Señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, no voy a hacer una exposición larga sobre la importancia que este ministerio y que este grupo parlamentario, que este Gobierno, en definitiva, da a las políticas medioambientales o a la preservación y potenciación del entorno natural. Baste decir que se ha creado un Ministerio de Medio Ambiente con todas las competencias en este sentido.
Por otra parte, y centrándonos ya en el ámbito de la pregunta, quiero decir que la propia conciencia de las Fuerzas Armadas con respecto a la problemática que ahora se suscita debería garantizar el cumplimiento y el más alto respeto también por el entorno natural. En este sentido, quiero recordar a todas SS. SS. que la

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existencia de medios y las infraestructuras de los ejércitos son notables --podíamos calificarlas en su tiempo de muy buenas-- para garantizar el cumplimiento de la directiva y también para la consolidación de unas expectativas que se podrían calificar y aparecen sugeridas como más que optimistas.
Finalmente, tanto al Grupo Parlamentario Popular como a mí nos consta que ya se vienen realizando actuaciones en este sentido, que no es otro que el de la potenciación, la defensa y la preservación del medio ambiente, también dentro del ámbito de los tres ejércitos. Sería bueno que hoy pudiese especificar, señor ministro, algunas de estas actuaciones, al tiempo que responde a la pregunta que a continuación le formulo: ¿cómo valora el Ministerio de Defensa la Directiva sobre Protección de Medio Ambiente, que será de obligado cumplimiento en todos los ámbitos del departamento? Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fariñas.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted dice, tanto para el Ministerio de Defensa como para todo el Gobierno es una preocupación prioritaria la conservación y, en su caso, la restauración de las mejores condiciones medioambientales. Esta conciencia medioambiental que inspira al Gobierno, como ha dicho S. S., con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, ha tenido, como no podía ser de otra manera, su reflejo en las Fuerzas Armadas. En 1992 se creó una Comisión protectora del medio ambiente, pero desde entonces la política del Ministerio ha sido muy activa. Hemos firmado un convenio de colaboración para el mejor uso de la energía eléctrica; hemos hecho un programa de investigación y desarrollo para eliminar la munición convirtiéndola en subproductos reutilizables, como fertilizantes o aditivos para el abono; hemos establecido el programa buques limpios en mares limpios, en el que se clasifican los residuos separando los reciclables de los tóxicos, etcétera. Además de todo esto, se han hecho siete videos, se ha publicado un libro y se han hecho varios folletos explicativos para que en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas haya una preocupación constante por lo que llamamos el desarrollo sostenible. A ese fin se ha creado en el seno del departamento una comisión en la que, bajo la tutela del secretario de Estado y presidida por el director general de Infraestructuras, están recogidos todos los organismos del Ministerio y tiene la obligación de promover y velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental, que empieza por recogerse en la directiva, y cuya instrucción de desarrollo está ahora mismo en fase de trámite reglamentario.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS PARA LA REVALORIZACION DE LAS PENSIONES EN EL EJERCICIO PRESPUESTARIO DE 1998 (Número de expediente 172/000050)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IV del orden del día: interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre criterios para revalorización de las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Cercas. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo, señoras y señores diputados, el pasado día 18 de julio --la fecha, sin duda, habrá sido aleatoria-- la prensa se hizo eco de las declaraciones que el señor secretario de Estado de la Seguridad Social había hecho la tarde anterior en una prestigiosa universidad de verano y en las que anunció la firme decisión del Gobierno de absorber en 1998 las décimas de ganancia de poder adquisitivo que puedan tener los pensionistas si resulta al final de este año un IPC inferior al previsto. El diario La Vanguardia, a la mañana siguiente, titulaba a toda plana: Las pensiones subirán menos que el IPC en 1998.
Personalmente me molesté en contrastar la noticia en medios más cercanos al Gobierno, y todos ellos --el diario El Mundo, el diario ABC-- producían idénticos titulares. El ABC, haciendo algún favor en la presentación de la noticia al Gobierno, afirmaba: El Gobierno quiere que lo que suban de más las pensiones este año se descuente el año que viene.
Pocos días después, posiblemente ante el revuelo organizado en la opinión pública y ante el anuncio de iniciativas por parte de mi grupo parlamentario, empezaron ya a oírse otras voces y otros anuncios en las filas del Gobierno y del Partido Popular. El señor portavoz de Presupuestos del Grupo Popular, que nos honra con su presencia, cuatro días después nos anunciaba que la decisión del Gobierno sería la contraria de la que había dicho el señor secretario de Estado. Incluso aseguraba que las iniciativas que había anunciado la oposición se habían quedado cortas

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--bien es verdad que eso no le impedía decir que eran demagógicas-- para frenar este disparate. Diversos ministros, y hasta el propio señor presidente del Gobierno, a lo largo del mes de agosto han entrado en la polémica, generalmente para oscurecer el asunto, dando largas cambiadas, utilizando medias verdades o hablando sistemáticamente de que hay que esperar a noviembre para conocer la desviación de la inflación, para hablar en serio de las previsiones del Gobierno sobre la materia.
En todo caso, parece fuera de toda duda que millones de españoles están esperando conocer de una manera clara, rotunda, cuál es la posición del Gobierno, y parece evidente --creo que será evidente tanto para la oposición como para los bancos del Gobierno-- que si éste ha hablado en todos los foros menos en el Parlamento y ha dado todas las respuestas imaginables, incluso las que son contradictorias en sí mismas, es necesario que haga hoy aquí, en la Cámara de la soberanía nacional, y lo haga de una vez por todas, sin ambigüedades, señor ministro, y sin subterfugios, una declaración pública de sus intenciones, al menos para que haya unidad de doctrina en el Gobierno de la nación y para que sepamos ciudadanos, pensionistas, diputadas y diputados a qué atenernos y cómo actuar en el futuro. Le reitero, señor ministro, que queremos conocer el criterio de fondo, y que no hay que esperar a noviembre; a noviembre tenemos que esperar para saber si son dos, tres, cuatro o cinco décimas, pero el criterio de fondo ha de ser conocido ya. Porque además, señor ministro, es obligado actuar ya, puesto que forzosamente, si el criterio del Gobierno fuese impedir esa absorción, debe ser modificado el artículo 48.3 de la Ley General de la Seguridad Social en la redacción que ha dado al mismo el artículo 11 de la Ley 24/1997. Porque no tiene razón el portavoz de su grupo, hoy ausente en el debate, cuando dice que eso ya lo arreglará el Gobierno con generosidad y a la vista de cómo vayan las cifras presupuestarias. El Gobierno no tiene en este campo ningún margen de discrecionalidad, sólo puede aplicar la ley o ayudarnos a que modifiquemos la ley, porque si la ley no se modifica, la absorción de la desviación que pueda haber en el IPC es inmediata y está declarada en el texto de la ley de una manera imperativa. De modo que para modificar esa ley deberíamos tomar iniciativas de inmediato, tal y como proponemos los socialistas.
Nosotros creemos que hay que modificar esa previsión legal, que se va a traducir en un trato injusto y mezquino a siete millones de pensionistas.
Es una posibilidad que está en nuestras manos, es una posibilidad congruente y factible a todas luces y hay una gran oportunidad de poder dar esa satisfacción a millones de españoles. No acabamos de entender las razones que llevan a algunos a sentar el principio de que no se puede modificar, como no sea respondiendo a ese principio castizo, muy típico en nuestro país, de que las opiniones hay que mantenerlas y no enmendarlas aunque perezca el mundo. Yo creo más bien que si llegamos a la conclusión de que hay un precepto en nuestra Ley General de Seguridad Social que debe ser cambiado, en razón de motivos de oportunidad, de justicia y de equidad, lo lógico sería que toda la Cámara nos dispusiéramos a realizar dicha modificación. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Los socialistas creemos que es congruente que se produzca esa modificación y no se proceda a la absorción de esa pequeña mejora que puedan tener los pensionistas. Es muy congruente, puesto que la situación que vive la economía española hace necesario que esos beneficios de la bonanza económica y presupuestaria lleguen, señor ministro, a todos los españoles, sobre todo a los que dependen de usted, de la nómina que usted firma a final de mes. Incluso, si fuera factible, deberíamos trabajar todos los diputados y diputadas en el objetivo de que la bonanza económica llegara en mayor medida precisamente a los más débiles de nuestra sociedad.
Es fácil entender --espero que lo entiendan ustedes, señores de la mayoría-- que resulta casi ofensivo pensar en restar el año que viene 400 pesetas en la nómina mensual de los pensionistas, que van a ver una moderadísima subida de unas 1.500 pesetas al mes de promedio, con el argumento de que si no se hace así los pensionistas van a mejorar su capacidad adquisitiva en 500 o en 400 pesetas al mes. Según esa tesis, los pensionistas sólo pueden mantener la capacidad adquisitiva. Pues bien, señor ministro, de una manera clara y rotunda le informo de que los socialistas estamos en contra del criterio de que los pensionistas no mejoren su capacidad adquisitiva en esas modestas 400 o 500 pesetas al mes.
Todos sabemos, no solamente los diputados socialistas, que en estos momentos los españoles que viven del recorte del cupón, porque son accionistas de empresas, están viendo cómo tienen retribuciones a su renta de capital no unas décimas por encima del IPC, sino varias veces por encima del IPC, el 12 por ciento. Todos sabemos cómo quienes teniendo medios de fortuna pueden estar en el mercado de capitales, en la Bolsa de Valores, y tienen ya acumuladas plusvalías de más del 30 por ciento en lo que va de año. Por tanto, no parece lógico que el que los pensionistas españoles ganen tres, cuatro o cinco décimas en su capacidad adquisitiva sea algo que mueva a esos escándalos, a ese rasgado de vestiduras. Más bien debería parecernos a todos --y a usted, señor ministro de Trabajo, muy singularmente-- una obligación pelear con sus colegas de Gobierno para posibilitar que esos buenos datos macroeconómicos de la realidad española se reflejen en la renta disponible de los españoles que dependen de usted, de los pensionistas, que son precisamente los peor situados en la escala social.


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Yo creo que como los argumentos económicos son difíciles de atacar en esta tribuna, no van a ser atacados; sin embargo, mucho lamentaría ver al señor ministro refugiándose en el burladero de los argumentos presupuestarios. El presupuesto siempre es un alibi a los agobios de los ministros de este Gobierno. Ya hemos conocido --quizá se entone esa música esta tarde por aquí-- que eso significaría un incremento del gasto. Se dan argumentos falaces. No hay ningún incremento del gasto. Los socialistas no proponemos ningún incremento del gasto cuando mantenemos el criterio de que no se absorba. Más bien, los defensores de la absorción, señor ministro, lo que quieren es restarle 50.000 millones de pesetas al presupuesto de la Seguridad Social. Si se mantiene la capacidad adquisitiva de los pensionistas, no va a haber incremento en el presupuesto de la Seguridad Social. Si se absorbe, como pretenden algunos de los que ya han salido al quite del Gobierno escribiendo en algunas tribunas de opinión, lo que consiguen es una reducción del presupuesto de la Seguridad Social. No es, por tanto, un debate entre un incremento del gasto frente al mantenimiento del equilibrio presupuestario, sino que es un debate de los que quieren que se reduzca el presupuesto de la Seguridad Social frente a quienes pretendemos que se mantengan las cifras de gasto hoy previstas en el presupuesto de la Seguridad Social.
Usted sabe, señor ministro, o por lo menos eso dice siete días a la semana, que los presupuestos de la Seguridad Social se están ejecutando con una brillantez desconocida en la historia de España. Los ingresos, según ustedes, se están incrementando no diré exponencialmente, pero sí aritméticamente, con el aumento del número de afiliados de 6.000 cada día, nos decía este verano el señor secretario de Estado de la Seguridad Social. ¿O es que no son ciertos los datos que maneja el Ministerio de Trabajo? Yo, señor ministro, no puedo adverar esos datos, porque ayuna tiene usted a la Cámara de datos sobre la recaudación de la Seguridad Social desde hace muchos meses. Pero en principio los diputados socialistas --y yo creo que mucho más los del partido del Gobierno--- tenemos que dar un margen de confianza al Gobierno sobre la veracidad de esta bonanza en los ingresos de la Seguridad Social, por lo menos hasta que lleguen los papeles y podamos ver si es cierto o no que se ha incrementado en 6.000 el número de afiliados cada día y si es cierto o no que son afiliados que cotizan y no estudiantes o personas que inflan de una manera artificiosa las estadísticas. Pero, hasta tanto, la hipótesis que hay que manejar es la del Gobierno, que dice que nunca estuvo mejor la Seguridad Social que tras el paso del señor ministro Arenas por el departamento. En todo caso, aun cuando las cifras no fuesen tan espectacularmente buenas como anuncian los portavoces del Partido Popular, el presupuesto del Estado no sufre de ninguna restricción en estos momentos.
Solamente con que el Estado, señor Arenas --y permítame que le dé algunas pistas por si tiene que negociarlo con su colega el ministro de Hacienda--, solamente con que el Estado aportara al presupuesto de la Seguridad Social la cuarta parte de lo que venía aportando históricamente para cubrir los complementos de mínimos ya tendría bastante.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le ruego vaya concluyendo.


El señor CERCAS ALONSO: Voy concluyendo, señor presidente.
También tendría usted bastante si aplicara a su presupuesto los incrementos de impuestos por las rentas del tabaco, que, además, como no eran conocidos por el señor ministro de Hacienda no va a notar que se van a dedicar a la Seguridad Social en lugar de a los intereses generales del otro presupuesto; y si no, tiene usted importantes argumentos para pedirle a su colega que no siga adelante con sus planes de mejora de los beneficios fiscales para los planes y fondos privados de pensiones, que es una cuantía equivalente, o que se revisen los aguinaldos que se han repartido a las empresas eléctricas, a los concesionarios de autopistas, a sus amigos de Telefónica, a algunos colegios concertados de piadosas órdenes religiosas. Hay muchas vías por las que el presupuesto del Estado podría cambiar beneficios y gastos fiscales por mantener este beneficio pequeño, de 400 pesetas al mes, que va a significar la mejora de la capacidad adquisitiva de los pensionistas.
Termino ya, señor presidente. Habrá observado, señor ministro, que no he querido hacer ningún debate exegético sobre lo que decía el Pacto de Toledo o el debate que hemos tenido anteriormente en la Cámara. Si quiere usted ahí están los «Diarios de Sesiones». Nosotros venimos esta tarde, señor ministro, solamente a interpelarle para que nos diga simplemente, escuetamente, si es posible en castellano de Azorín, sí o no, qué es lo que pretende hacer el Gobierno con los pensionistas de cara a 1998. ¿Está usted, señor ministro, en disposición de decir a la nación que el Gobierno no va a hacer lo que ha dicho su secretario de Estado, no va a efectuar una subida de pensiones en 1998 inferior al IPC? Eso es, señor ministro, lo que queremos saber no los diputados socialistas, con ser esto relevante, sino lo que esperan millones de personas que en este momento están confusas, confundidas por los anuncios contradictorios, por los anuncios ambiguos que se han hecho desde las filas de su Gobierno y de su grupo parlamentario.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
El señor ministro.


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El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar quiero agradecer los argumentos que en el día de hoy ha ofrecido el señor Cercas en su exposición, sin perjuicio de decir que el Gobierno los toma, por supuesto, como argumentos del día de hoy y que quizá no merezca la atención de la Cámara que veamos la permanente contradicción y el cambio de argumentos que se ha producido en el primer grupo de la oposición de esta Cámara a lo largo de los últimos meses. Pero ciertamente en el día de hoy recibimos esos argumentos con alguna sorpresa porque el Gobierno entendería como un ejercicio de coherencia que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hubiera presentado en el día de hoy esta interpelación.
¿Y por qué lo entendería? Porque ha sido un grupo parlamentario al que hemos intentado convencer de nuestros argumentos y, sin embargo, en el Congreso y en el Senado han mantenido argumentos y posiciones políticas distintas, y eso hay que reconocerlo, pero es difícil asumir los argumentos cuando son cambiantes día a día y cuando también se parte de cierto desconocimiento. El Gobierno ha hablado ya sobre esta cuestión en varias ocasiones ante el Congreso de los Diputados y también ha hablado de esta cuestión en varias ocasiones ante el Senado. Por tanto, no es la primera vez que se oye la voz del Gobierno en esta materia en esta Cámara, y si concebimos al Parlamento no solamente como el Congreso sino también como el Senado han sido varias las ocasiones.
El Gobierno quiere ser muy claro en el día de hoy para empezar diciendo que los pensionistas españoles, a su juicio, están muy tranquilos, sobre todo los pensionistas españoles hoy están infinitamente más tranquilos que hace diez años e infinitamente más tranquilos que hace dos años.
Señorías, ¿por qué los pensionistas españoles están más tranquilos que hace diez años? Porque cuando en España conocíamos una inflación cercana al 8 por ciento, se crea toda la intranquilidad del mundo en los pensionistas en el sentido de si van a poder mantener el poder adquisitivo de sus pensiones. Hay que decir aquí, cansados de tanta demagogia, que cuando se producen comportamientos excepcionales de la inflación, como los que se están produciendo, se beneficia el conjunto de la población, pero muy especialmente con inflaciones bajas se benefician las rentas más débiles, los trabajadores con menos renta, los que tienen la desgracia de estar en el desempleo y muy especialmente los pensionistas. Señorías, no es la misma inquietud la de un pensionista con inflaciones del 8, del 7 o del 6, que se han conocido en los últimos diez años, que un pensionista sabiendo que estamos hablando de inflaciones del 2 o del 1. No es la misma inquietud.
Hay un segundo argumento por el que los pensionistas españoles están muy tranquilos en el día de hoy. Señorías, antes, lo normal, lo habitual era que cuando se hacía una previsión de IPC el real siempre estaba por encima. Se producía un cierto ahorro de gasto público porque en vez de dar a los pensionistas la paga revalorizada al IPC real desde enero se tardaba un año en compensarlo a través de una paga extraordinaria. (Una señora diputada: ¡Sí, señor!) En consecuencia, cuando un gobierno como el nuestro en dos años ha situado el IPC real por debajo de lo previsto ha conseguido que todos los meses los pensionistas incrementen poder adquisitivo por encima del IPC (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) porque están recibiendo un incremento superior al que se está produciendo. Sin embargo, cuando hay una etapa de gobierno en que el IPC real está siempre por encima del IPC previsto, se produce un ahorro de gasto público en perjuicio de los pensionistas y todos los meses se pierde poder adquisitivo porque están soportando el IPC real y no el IPC previsto, yo diría mal previsto, por el gobierno de turno. Y eso es un elemento de tranquilidad, señorías.
Pero hay un tercer elemento de tranquilidad. Antes los pensionistas sabían que su revalorización dependía del Gobierno y de las mayorías parlamentarias, de la decisión del Congreso y del Senado. Pues bien, a partir de ahora la revalorización de las pensiones depende de una ley, siguiendo los parámetros del Pacto de Toledo. Y eso, señorías, es un elemento de tranquilidad para los pensionistas.
Hay un cuarto elemento que lamento tener que citar. Hemos estado un montón de años oyendo que si había cambio de gobierno en España las pensiones iban a desaparecer o iban a disminuir 8.000 pesetas. Famoso debate de televisión. Se produce el cambio de gobierno, hay un acuerdo con los sindicatos, se pacta una ley que apoyan todos los grupos parlamentarios menos Izquierda Unida, se establece la revalorización automática y la política del Gobierno consigue que las pensiones de los pensionistas estén creciendo por encima del IPC. ¿Cómo no van a estar tranquilos los pensionistas? No es que no hayan perdido su pensión, como se les había augurado, es que está creciendo su pensión por encima del IPC.
Para mí, señorías, las cuestiones básicas son las siguientes. Primero ¿siguen ustedes en la senda del Pacto de Toledo? Porque si siguen en la senda del Pacto de Toledo no tenemos mucho problema. Está garantizado el poder adquisitivo de los pensionistas --lo que plantea el Pacto de Toledo-- y por ley. En segundo lugar ¿van a seguir considerando el tema de las pensiones, con interpelaciones y preguntas permanentes en el Congreso y el Senado, como un asunto electoral o en esta ocasión se va a respetar lo que no se respetó con la firma de los pactos de Toledo, que fue: Hagamos los pactos de Toledo, consolidemos el sistema de protección social público y no utilicemos las pensiones como arma electoral? Pocos meses después se utilizaron como arma electoral en las elecciones generales. Si vamos

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a seguir en esa línea, desde luego no nos van a encontrar en ese juego.
Señoría, en la vida pública hay una cuestión definitiva que son las palabras contra los hechos. Antes nosotros teníamos una oportunidad, decir a la sociedad española, a los mayores: Fíense de la palabra del Partido Popular. Se fiaron y nos otorgaron la mayoría en las elecciones.
En este momento no tienen que fiarse de nuestra palabra; tienen que fiarse de los hechos, de las pensiones que reciben todos los meses. En ese sentido no va a tener crédito su continua política de alarma frente a los pensionistas. Haga una encuesta entre los pensionistas españoles.
Pregúnteles si firman comportamientos del IPC como los que estamos teniendo, pregúnteles si firman que el IPC real esté por debajo del IPC previsto y pregúnteles si firman el incremento por ley de lo que significa el poder adquisitivo de las pensiones.
Señorías, no quiero entrar mucho en este asunto, pero en esta Cámara --y ahí está el «Diario de Sesiones»-- se votó favorablemente por el Grupo Socialista exactamente el artículo que habla de la revalorización. Sin embargo, no se votó por el Grupo Socialista una iniciativa de Izquierda Unida, en el Congreso y en el Senado, que planteaba exactamente lo que dice la ley de hoy. Está en el «Diario de Sesiones». Lo que también está en el «Diario de Sesiones», señorías --y permítame que esto me cause no indignación, porque no tenemos que indignarnos, pero sí cierta molestia--, son dos leyes distintas en el plazo de un mes, dos leyes distintas en el plazo de un mes. El proceso es el siguiente. Se vota a favor del artículo en el Congreso. En el trámite de Congreso a Senado dice el Gobierno: Aunque hemos previsto una inflación del 2,6 advertimos que la inflación puede ser del 2,2. Cuando dice eso el Gobierno, la posición del Grupo Socialista en el Congreso cambia en el Senado y nos dice que no se produzca la absorción de la diferencia de IPC en el caso de aquellos pensionistas que reciban complementos de mínimos. Está todo en el «Diario de Sesiones». Llegamos al mes de julio y vemos una ley en los medios de comunicación --y lo comprobamos en el registro de la Cámara-- que dice que no se aplique la absorción para los complementos de mínimos. Señorías, 2.489.000 pensiones. Pero hete aquí que durante el verano alguien descubre que no hay que defender eso, que ahora hay que defender 7.200.000 pensiones. Ese es un ejercicio de absoluta incoherencia y de falta de rigor que no da ningún crédito a quien es protagonista de esos acontecimientos. Eso está en el «Diario de Sesiones». Y también está en el «Diario de Sesiones» una defensa de los perceptores de complementos de mínimos y se nos viene a decir que tengan mejor tratamiento que el resto de las pensiones. Pero curiosamente, desde el año 1990, tenemos en vigor un marco legal que obligaba a mejorar las pensiones que tienen derecho a complementos de mínimos en relación con el conjunto de las pensiones, y no se ha hecho. En los últimos siete años no ha habido un crecimiento superior de los complementos a mínimos en revalorización respecto al resto de las pensiones. Ha sido un crecimiento homogéneo. Cuando se cambia de posición cuatro veces, no se tiene crédito en esa política que se está defendiendo, sobre todo si los pensionistas siguen recibiendo sus pensiones con incrementos superiores a los que se producen en torno al IPC.
Me dice el señor Cercas que tranquilice a los pensionistas españoles. Lo voy a intentar diciéndoles, primero, que tienen garantizado el poder adquisitivo; segundo, que no hay recorte nunca de su poder adquisitivo porque está garantizado; tercero, que las pensiones van a subir en 1998; cuarto, que como el IPC previsto es en el mes de noviembre, me gustaría que dijera usted aquí si sabe cuál va a ser el IPC previsto. Lo que piensa el Gobierno es el 2,2. Estoy harto de oír hablar a los socialistas del 2, del 1,9. Pero además nunca dicen: Qué alegría que estemos hablando del 2,2, del 2 o del 1,8, cuando hemos estado hablando en España del 8, del 7 y del 6. En definitiva, está garantizando el poder adquisitivo, las pensiones se van a aumentar y en el proyecto de presupuestos vendrá un incremento previsto del 2,1 para el año que viene.
Es cierto que hay una ley aprobada en el mes de agosto. Es cierto que este Parlamento tomó decisiones en el mes de diciembre con la ley de presupuestos que entró en vigor el 1 de enero de 1997. Primer punto de referencia. El segundo punto de referencia: una ley de agosto. ¿Qué piensa un grupo político responsable? ¿Qué piensa un Gobierno, cualquier Gobierno? Que las leyes hay que cumplirlas. Eso lo piensa cualquier Gobierno, cualquier grupo responsable, y máxime si es un grupo responsable que ha votado la ley, el artículo 11, y está en el «Diario de Sesiones». Tengo todo el correlato y lo podemos ver después. ¿Qué dice el Gobierno? Que la ley hay que aplicarla. Pero el Gobierno se encuentra con que tiene una norma de agosto y la ley de presupuestos de 1 de enero de 1997. ¿Y qué hace un Gobierno serio y responsable? Acudir a los servicios jurídicos para que nos digan cómo se interpreta esa ley de agosto. Y en espera de esos servicios jurídicos hay un compromiso del Gobierno. Cuando sepamos cómo se aplica la ley de agosto, adoptaremos la decisión de proponer al Parlamento la aplicación más favorable para los pensionistas, para esos pensionistas que ya tienen garantizado el poder adquisitivo, que no van a perder ni una peseta de su poder adquisitivo y que tienen mucha más calma de la que tenían hace diez años o de la que tenían hace dos años.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Creo con toda sinceridad

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--y voy terminando, señor presidente-- que en esta materia a lo mejor alguien va a terminar pidiendo perdón a los pensionistas y que sería muy bueno para el futuro que algunos dejen de utilizar a los mayores como si fueran mercancía electoral.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Empezaré mi réplica, señor ministro, diciéndole que es usted un artista.
Ha estado 20 minutos haciendo mercancía y valorando todas y cada una de sus palabras en función de los votos, en función del electorado, para luego concluir diciendo al Grupo Socialista que no hagamos ningún ejercicio de lucro electoral del debate de las pensiones. Fíjese, señor Arenas, que lo único que he hecho ha sido hacerle una pregunta a S. S.
que no ha contestado. Ha estado 20 minutos hablando de lo que usted ha querido, interpelando al grupo de la oposición, pero se va usted sin contestar a la pregunta que le hemos hecho. ¿El Gobierno va a subir las pensiones en 1998? Ha dicho usted que sí. ¡Faltaría más! Ha dicho también que va a mantener la capacidad adquisitiva. ¡Faltaría más! Si el problema no es ese, señor Arenas. He estado un cuarto de hora explicándole que el asunto es si van ustedes a respetar la mejora de la capacidad adquisitiva y no van a deducir en la próxima subida de pensiones lo que haya de diferencia en el IPC de 1997. Eso es lo que tiene usted que contestar esta tarde y no ponernos los deberes a la oposición. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Por supuesto que puedo discutir con usted el Pacto de Toledo, que lo conozco mejor que usted porque lo redacté. Y nada de lo que usted ha dicho esta tarde aquí tiene que ver con el apartado 11 del Pacto de Toledo, ni tampoco nada de lo que ha dicho del debate presupuestario, pero no voy a ser tan torpe de entrar al trapo de su provocación de discutir esto ahora porque aquí están los «Diarios de Sesiones». Nosotros no votamos con ustedes las previsiones de la revalorización de las pensiones haciendo ese descuento a los pensionistas. Lo dije aquí y está en el «Diario de Sesiones». Tiene aquí la enmienda número 73, del Grupo Socialista. Pero qué adelanto yo yendo a su terreno, perdiendo el tiempo y discutiendo del ayer, cuando lo que queremos discutir es la cuestión de hoy y de mañana que preocupa a los pensionistas. Y la cuestión de hoy y de mañana, señor Arenas, se lo pregunto hoy, y si no contesta hoy se lo preguntaré la semana que viene, y si no la siguiente, como la gota malaya, hasta que usted diga si va a compensar y si se van a limitar estrictamente a mantener la capacidad adquisitiva y a negar a siete millones de españoles que participen en los beneficios de la recuperación económica y de la situación presupuestaria del Estado y de la Seguridad Social. (Aplausos.) De modo, señor Arenas, que no voy a transitar por las arenas movedizas que usted me propone. No vamos a discutir del «Diario de Sesiones»; no vamos a discutir de lo que hicimos todos y cada uno en el pasado. Eso nos podrá servir para satisfacer nuestro ego, para que nos aplaudan los diputados de nuestros respectivos grupos, pero aquí estamos para solucionar, para responder a una pregunta relevante que se hacen millones de españoles, señor Arenas: ¿Van ustedes a subir las pensiones conforme al IPC del próximo año, con independencia de que sean una, dos, tres o cuatro décimas lo que haya de mejora de la capacidad adquisitiva? Y no tiene usted que esperar a noviembre. Eso forma parte de los trucos retóricos, verbalistas, que usa usted y usa el señor presidente del Gobierno. No habrá que esperar a noviembre, sino a diciembre, para saber la inflación del próximo año. Pero ya no hay que esperar a noviembre, hay que saber hoy si ustedes quieren o no compensar esa desviación. Y usted no se irá esta tarde de aquí sin contestar o sin que los españoles sepan que usted se va por los cerros de Ubeda. ¿No será, señor Arenas, porque verdaderamente tienen ya tomada una decisión, la de, el año que viene, subir las pensiones menos que el IPC previsto? Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intentando mantener el tono y no entrando en el imperativo y autoritario de la segunda intervención del señor Cercas, en la que prácticamente me viene a decir cómo tengo que salir esta tarde, lo que tengo que decir esta tarde y de qué puedo y no puedo hablar esta tarde... (Una señora diputada: Tendrá que informar.) Si me permite, voy a informar si puedo. Yo creo que los tonos imperativos y autoritarios están pasados de moda y, si usted pretendía inquietarme, le garantizo que no me ha inquietado en absoluto. Desde luego, yo puedo hablar de la decisión del Gobierno, que ahora la voy a repetir otra vez, y aparte de hablar de la decisión del Gobierno puedo hablar de la trayectoria del IPC en España. Claro que puedo hablar.
Usted acaba de decir que el año que viene el Gobierno garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, ¡faltaría mas! El año 1994 el IPC real en España creció un 4,3 y las pensiones un 3,5; las pensiones un 3,5. (El señor Cercas Alonso: Se revisaron.) Luego de faltaría más, nada; de faltaría más, nada. En España hay experiencias de crecimiento de las pensiones por debajo

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del IPC cuando gobernaba don Felipe González; cuando gobernaba don Felipe González (El señor Caldera Sánchez Capitán: Corregido al año siguiente.), y esas experiencias están ahí. (Aplausos.--Rumores) En segundo lugar, esta teoría del gran negocio que ustedes siempre ponen de manifiesto, resulta que en España se está creando empleo; resulta que, desde hace unos meses, como consecuencia del gran acuerdo de sindicatos y empresarios se está creando empleo indefinido; resulta, y a algunos les molesta, que hemos tenido un crecimiento de afiliados en la Seguridad Social, en altas --¿cómo habla usted de los estudiantes? Eso es desconocimiento. Altas, altas en cotización--, de 450.000 españoles; resulta que el IPC está controlado; resulta que la percepción de empleo no es para todos los ciudadanos ni para los parados, es para los banqueros; resulta que el IPC bajo es para los banqueros, no es para los pensionistas ni para los parados ni para los trabajadores con rentas bajas, y resulta que de los tipos de interés no se benefician los españoles que tienen una hipoteca sino tres amigos del Gobierno del señor Aznar. (La señora Aroz Ibáñez: Suban las pensiones.) ¿Cómo se puede hacer esa demagogia? Es una falta de seriedad absoluta. Por eso hay que decir que desde que hay un nuevo Gobierno los pensionistas han ganado tres cosas. Primero, sosiego, y le voy a explicar lo de la utilización electoral muy claramente. (El señor Cercas Alonso: ¡Que me conteste!) Aparte de su gesto despectivo, que tampoco me inquieta nada, la utilización electoral es que uno le dice a un pensionista: Vóteme, porque si no pierde la pensión. Eso en España sólo lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español; solamente lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos.) Y la utilización electoral consiste también, cuando uno está en un proceso electoral y dice: ¡Cuidado, mayores de España! si hay un cambio de Gobierno se acaban tus pensiones. Ese discurso no lo ha hecho en España Izquierda Unida, ningún partido nacionalista ni la Unión de Centro Democrático ni el Partido Popular; sólo lo ha hecho el Partido Socialista. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Y eso es una falta de respeto a los mayores porque las pensiones obedecen, primero, al esfuerzo contributivo que han hecho durante su vida laboral --y ese esfuerzo es sagrado-- y a las decisiones del Parlamento en el caso de las pensiones asistenciales. Por tanto, mercancía electoral, utilización electoral, tan sólo la han hecho ustedes, pero ya no pueden seguir haciéndola porque los pensionistas reciben sus pensiones, porque están haciendo un negocio con el Gobierno del Partido Popular con la inflación baja. El peor negocio para los pensionistas es el IPC del 8 por ciento. Eso sí que es un mal negocio para los pensionistas, eso sí que es un problema presupuestario. Ustedes dijeron que el presupuesto de la Seguridad Social del año 1997 era un perfecto desastre. Lo dijeron aquí, en la Cámara, después de la herencia, de la que no voy a hablar en el día de hoy porque estoy seguro de que a otros portavoces de su grupo les molesta mucho que hable de ella.
No pida tiempo, señor Cercas, que acabo rápido. Parece que se encuentra en un combate de esos en que se pide tiempo, pero no se preocupe tanto que acabo rápido. Esto no es un partido de fútbol, además.
Quiero decirle que otros portavoces de su grupo nunca hubieran planteado el debate de hoy como usted ¿Por qué? Porque conocen la situación de la Seguridad Social, conocen qué paso el año 1986 en la Seguridad Social en que no hubo presupuestos, teníamos prórroga presupuestaria, y saben también lo que se está consiguiendo este año con el presupuesto de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Si tiene usted mayor información plantee una interpelación --me la planteó ya el señor Borrell hace dos meses y medio-- y si lo estima oportuno puede hacerlo la semana que viene y hablamos de los ingresos y gasto de la Seguridad Social en el año 1997. Pero permítame usted que dedique un minuto al año 1996 para decir lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Señorías, había quien pensaba que al nuevo Gobierno no le quedaría más remedio que bajar las pensiones por la situación en que encontramos la Seguridad Social.
Eso no se ha producido, sino que se ha producido mantenimiento del poder adquisitivo, por encima del poder adquisitivo, acuerdo con los sindicatos y nueva ley. (La señora López i Chamosa: Millonarios todos.) ¿Le molesta mucho que hable de su posición? Hay una cosa curiosa, que el señor Cercas no ha leído ni una vez su ley en la Cámara, y no la ha leído porque le produce sonrojo, porque hace un mes presentaron ustedes una ley distinta con la misma exposición de motivos, afectando una ley a dos millones y medio de personas y otra ley a siete millones doscientas mil personas.
Hay que tener un poco de cuerpo para aceptarlo. Estoy seguro de que hay personas de su grupo que no pueden entender un cambio de posición, dos leyes distintas maduradas al sol de agosto. (La señora López i Chamosa: No, en julio.) Eso no se puede entender. Por eso no la ha leído y por eso votaron a favor del precepto en el Congreso de los Diputados. La votación fue la siguiente: 286 votos a favor, que sólo sale por lo menos con el Grupo Parlamentario Popular y con el Grupo Socialista. La enmienda de Izquierda Unida obtuvo 23 votos a favor, 170 en contra y 123 abstenciones del Grupo Parlamentario Socialista. Y fueron al Senado e intentaron la modificación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Voy concluyendo.
En el Senado sólo hablaron de dos millones y medio de pensionistas y ahora en el mes de agosto se han acordado de cinco millones más de pensionistas.


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Le vuelvo a repetir que en el año 1998 suben las pensiones, se mantiene --¡no faltaría más! ha habido años que no-- el poder adquisitivo de las mismas y, de acuerdo con el informe jurídico que recibamos de los servicios del Estado --el informe jurídico no se lo pido a usted de ninguna manera--, el Gobierno propondrá al Parlamento la interpretación más favorable para los pensionistas. Señorías, este es un debate del mes de septiembre, pero el IPC no se conocerá hasta noviembre. Los pensionistas saben, afortunadamente, que con este Gobierno no hay sustos de un IPC 8, 7 o 6. Los pensionistas, señoría, están muy tranquilos. Ha dicho usted que cuando las pensiones no se suben al ritmo del poder adquisitivo es injusto y mezquino. Aplique usted esos calificativos a cosas que pasaron en la etapa política anterior.
Estábamos en la oposición y firmamos con ustedes el Pacto de Toledo cuando ustedes eran gobierno. Si usted me dice que otro día retire algunas cuestiones que he planteado hoy, las retiro, pero les pido que vuelvan a la senda del Pacto de Toledo y que hagamos política constructiva con las pensiones. No merece la pena levantar miedos que luego los hechos desmienten. Estoy por un gran consenso nacional en materia de pensiones y espero que su responsabilidad les haga comprender que la propuesta es sincera.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (El señor Cercas Alonso pide la palabra.) Señor Cercas, sabe su señoría que las interpelaciones se rigen por el artículo 183, en el cual existe un turno de intervención y de réplica perfectamente tasado, así que le ruego me explique cuál es el motivo de la solicitud de la palabra.


El señor CERCAS ALONSO: Si me permite el señor presidente le expresaré para qué solicito la palabra, antes de que usted interprete para qué quiero hablar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, a lo mejor me he expresado mal, pero le he solicitado que me explique para qué pide la palabra.


El señor CERCAS ALONSO: Le solicito la palabra, no sé si al amparo del artículo 71 o el que diga el Reglamento, para leer un párrafo del «Diario de Sesiones» de las Cortes Generales.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego haga llegar a la Mesa el párrafo y lo leerá uno de los secretarios de la misma. (Así lo hace el señor diputado.) Ya que los señores secretarios están cumpliendo con sus obligaciones (Risas.), procederé personalmente a leer el párrafo que me solicita el señor Cercas como documento aportado a esta Presidencia. Es del «Diario de Sesiones» del 26 de junio de 1997, número 96, y responde a una intervención del señor Cercas Alonso: «Señoras y señores diputados, en el Pacto de Toledo no figura que en el próximo ejercicio presupuestario --y quizás en otro-- se deduzcan de la revalorización de las pensiones las desviaciones que pueda haber entre la inflación prevista y la inflación real; eso no está en el Pacto de Toledo y sí está en el proyecto de ley del Gobierno, y el Grupo Parlamentario Socialista no se corresponsabiliza con esa posición que no es la del consenso.» ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Buenas tardes, señorías. Acabado el verano hay que enterrar las serpientes, las serpientes de verano. Pues vamos a ello.
En primer lugar, gracias señor ministro por el reconocimiento de la coherencia de nuestro grupo en el tema de la ley de pensiones, pero permítame que le diga que sin rechazar ese reconocimiento preferiríamos que nos reconocieran ustedes el acierto de nuestros argumentos y que no dieran lugar, en este sentido, a polémicas como las que estamos asistiendo ahora, que voy a explicar en el contexto de mi intervención.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida participa de la preocupación del grupo interpelante, incluso estaba preparado para votar favorablemente a la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Socialista que tenía previsto su debate para ayer y que tenía como objetivo revisar la Ley 24/1997, de 15 de julio, de reforma de las pensiones, recientemente aprobada por esta Cámara, y saludada por la opinión pública como la gran panacea para la supuesta grave crisis que padece nuestro sistema público de pensiones, en concreto de la Seguridad Social. Desgraciadamente, sin haberse retirado por el Grupo Socialista, sin embargo su discusión se ha pospuesto y desconozco el porqué; en su defecto se suscita este debate de la interpelación urgente. Este tema, señorías, ha sido el culebrón del verano. A todos nos ha preocupado desde nuestro descanso estival ver el asalto que se ha hecho, tanto por el entorno del Gobierno como por el grupo interpelante, de los medios de comunicación, rivalizando sobre quién protege más a los pensionistas.
Efectivamente, es de estricta justicia que cese la incertidumbre creada por ambos sobre si se absorberá o no finalmente la diferencia negativa este año entre el IPC real y el IPC previsto, pues no parece razonable que precisamente porque las grandes cifras macroeconómicas hayan ido bien, es decir, porque la economía

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vaya bien en términos macroeconómicos durante 1997, tengan que ser castigados los pensionistas en 1998. Pero esto era de prever. Esto ya lo había previsto una enmienda al artículo 11 del proyecto de ley que Izquierda Unida presentó, como aquí se ha reconocido por el ministro de Trabajo. Incluso los sindicatos, que habían apoyado el anteproyecto de ley, habían planteado críticas a esta cuestión concreta y puntual y no se les hizo caso en su momento. En cualquier caso, la enmienda de Izquierda Unida no fue aceptada por la mayoría del Congreso y hoy tenemos que debatir este tema en medio de una polémica que en nada favorece a la credibilidad --vamos a dejarlo así-- del Gobierno.
¿Por qué dieron ustedes, señores del Gobierno, del Partido Popular, lugar a este agujero legal si su voluntad era la de erradicar el clientelismo electoral de la revalorización, año a año, de la cuantía de las pensiones, como aquí ha planteado una y otra vez el ministro de Trabajo? No tenía el Gobierno prevista la absorción de las diferencias negativas entre los IPC, ¿por qué la acogieron al vuelo en el trámite parlamentario? La única explicación razonable que se me ocurre no es el ahorro minúsculo que esto supone --y también ha glosado este aspecto el proponente de la interpelación--, sino que ustedes vieron que por esta vía podían seguir fomentándose las expectativas de los pensionistas que luego respiran tranquilos cuando el Gobierno, magnánimo, les aclara de nuevo, año a año, que no se les va a absorber nada, o en este caso el Parlamento, según la propuesta del ministro, que escogerá la interpretación sin duda más acomodada a la mejor situación para los pensionistas. Esto es --pienso yo-- una susceptibilidad muy razonable que se nos ocurre, pero de no ser así, lo que cabe en cualquier caso es reconocer con nosotros que hay que modificar este aspecto de la ley. Por tanto, no se trata, señor ministro, de proponer al Parlamento la mejor aplicación para los pensionistas; se trata de renunciar por parte del Gobierno a tener que proponer algo para tranquilizar clientelarmente a los pensionistas.
La preocupación que el grupo interpelante plantea, desde mi punto de vista, se queda corta, pues no es éste el único aspecto de la Ley 24/1997, de reforma de las pensiones públicas, que debe ser revisado, pues existen otros muchos ante los que Izquierda Unida manifestó ya su disconformidad y con los que estuvo sin embargo de acuerdo el resto de la Cámara, incluido el grupo que ahora propone la revisión de la ley, como así lo ha manifestado el interpelante en su exposición: habrá que modificar esta ley, nos decía. En esos aspectos está el recorte de las pensiones futuras que ha significado la aplicación de la ley y el sistema de separación de fuentes financieras de las prestaciones, contributivas o no, que sin duda alguna va a dar lugar a algunas cuestiones no deseables, como ya preveíamos no sólo el Grupo de Izquierda Unida, pero sí, en cualquier caso --la responsabilidad la dejo ahí--, el Grupo de Izquierda Unida. Y así otros muchos aspectos de la ley que no eran satisfactorios, e iremos viendo en su desarrollo cómo es así.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le ruego vaya concluyendo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Termino enseguida, señor presidente.
El primer aspecto, el que aquí contemplamos hoy. Pero incluso ciñéndonos al aspecto concreto de la revalorización de las pensiones, habría que incluir en la reforma que aquí se ha planteado alguna otra cosa. Primero, habría que reformar también la cuantía de las pensiones más bajas, haciendo que éstas se equiparen al menos al salario mínimo interprofesional. Esta es una propuesta del programa electoral del Partido Popular todavía incumplida, que esperamos que no se convierta en una promesa incumplida más de las que solemos tener.
Segundo aspecto. Habría que introducir alguna fórmula que contemplase que en años de prosperidad económica, al menos en esos años, los beneficios de esta bonanza redundasen también en las rentas que prácticamente casi todos los pensionistas perciben como únicas, que son las pensiones, pues al suprimirse el apartado 3 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en función de la aprobación de una enmienda del Grupo Socialista, esta posibilidad de revalorización por encima del IPC ha quedado excluida de la ley, siendo la redacción actual más una garantía de la congelación de las pensiones que su revisión al alza, lo que no creo que fuera el espíritu con que se acometió la redacción de la ley, ni siquiera por sus autores, como lo prueba el hecho de que el proyecto de ley no tenía contemplada la previsión del mencionado apartado 3 del artículo 48.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le ruego concluya.


El señor VAQUERO DEL POZO: Acabo enseguida, señor presidente.
Tampoco ésta era obviamente la intención del Grupo Socialista al proponer separadamente las enmiendas 73 y 75 pero, en cualquier caso, hábilmente la mayoría del Congreso aprobó una, la 75, pero no la 73, y así se ha producido ciertamente una situación no deseable para todos, que hoy sin duda da lugar a esto. La escenificación de una abrupta confrontación entre grupos no debe llevarnos a engaño, pues tanto unos como otros aprobaron, pese a las discrepancias, la ley. Ambos son corresponsables de un consenso parlamentario general en una ley que a todas luces no resulta satisfactoria ni siquiera a sus coautores. Espero, señorías --entre paréntesis lo digo, y acabo--, que si aprecian ustedes alguna equidistancia político-parlamentaria

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en mi intervención con respecto de los grupos Socialista y Popular no se les ocurra tildarla de joseantoniana, pues ya en mi pasado no existe sombra alguna de eso y yo no entiendo, por tanto, mucho de esas cosas.
Así, pues, para resumir, señorías, compartiendo la preocupación y la necesidad de resolver este problema, sin embargo estimamos que debería acometerse una reforma de la ley, pues ésta no sirve, y no zanjar esta cuestión, esta gran polvareda, con una simple súplica o consejo pudoroso al Gobierno para que se apiade de los pensionistas y no les absorba las diferencias del IPC. ¿Va el Grupo Socialista a proponer en su moción estas cuestiones, esta reforma, incluyendo estos aspectos que hemos planteado? Estaremos atentos a ello para así verificar hasta dónde llega la voluntad política de todos y hasta dónde la demagogia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
La intención de este portavoz no es utilizar el turno que le correspondería reglamentariamente para hacer una intervención, que resultaría de todo punto improcedente dadas las explicaciones que por parte del señor ministro se han efectuado en la tarde de hoy, pero lo queremos utilizar, en virtud de la misma disposición reglamentaria por la que le ha sido concedido al Grupo Parlamentario Socialista, para que por S. S., el presidente, en el caso de ausencia de los secretarios debido a sus obligaciones parlamentarias, proceda a dar lectura de parte del «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados, de fecha 24 de abril de 1997.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Ruego a S. S. haga llegar a la presidencia el documento. (Así lo hace el señor diputado.) Corresponde al «Diario de Sesiones» de 24 de abril de 1997, número 79, y a la votación de las enmiendas y dictamen del proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, y en concreto a la votación sobre el artículo 11: «Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos: 315; a favor: 286; en contra: nueve; abstenciones: 20. El señor Presidente: Queda aprobado el mencionado artículo».


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA SANITARIA DEL GOBIERNO EN LO QUE SE REFIERE A LAS MEDIDAS A PROPONER AL CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA CON EL FIN DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA SANIDAD PUBLICA.
(Número de expediente 172/000051)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política sanitaria del Gobierno en lo que se refiere a las medidas a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de incrementar el presupuesto de gasto de la sanidad pública.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero manifestar, en primer lugar, el disgusto de mi grupo parlamentario y la extrañeza por la falta de sensibilidad del Gobierno al no haber tenido a bien hacer que la interpelación de mi grupo parlamentario en un tema que afecta a la sanidad, como es el tema de la financiación, pero cuyo escenario el Gobierno ha trasladado voluntariamente al Ministerio de Economía y Hacienda, sea respondida precisamente por aquella autoridad que está manifestando en estos momentos tener en sus manos las riendas de la toma de decisiones en un asunto que, un vez más, es materia de titulares en los medios de comunicación y que, desde luego, afecta a un tema de una sensibilidad especialísima en materia de derechos sociales, como es la financiación, la viabilidad, el futuro del sistema sanitario público.
Mi grupo parlamentario trae aquí hoy el debate sobre la financiación de la sanidad después de haber constatado que la ponencia parlamentaria, la subcomisión, está rota. Y está rota --quiero tener la oportunidad de manifestarlo aquí, en el Pleno del Congreso-- porque el Gobierno, el Partido Popular, ha estafado al conjunto de esta Cámara y después de un año de trabajo, de escuchar a expertos, ha colocado el debate en un escenario en el que la no ruptura es imposible, el consenso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no va a permitir que el Gobierno se esconda en la subcomisión por más tiempo. El Gobierno es responsable de la acción de gobernar y, para la situación actual, en la que en la subcomisión están sólo los grupos que apoyan la acción del Gobierno, el propio Partido Popular y los grupos de la derecha nacionalista, no hacen falta subcomisiones.
Mi grupo parlamentario ha afirmado desde hace mucho tiempo que en una sociedad como esta, capitalista, la política sanitaria no se define en el Ministerio de Sanidad desde criterios de necesidades de salud, como pueden creer solamente los más ingenuos o los peor informados. La política sanitaria se define, desgraciadamente,

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por criterios de rentabilidad económica, por criterios de negocio privado, desde hace mucho tiempo, pero máxime cuando en un momento como el actual el Ministerio de Sanidad es mero representante, en el sentido que en el argot sanitario se da a esta palabra, de los intereses del negocio privado en la atención sanitaria, y sobre todo de la industria farmacéutica que se apresta a desembarcar con una fuerza inusitada en la gestión de servicios sanitarios, cerrando con ello el círculo de su control real sobre el sistema sanitario público.
Es hora de aclarar situaciones, señor ministro. Es al Gobierno y al grupo que le sustenta a quien le corresponde decir qué medidas se van a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación de la sanidad, qué enmiendas, qué grandes aspectos de la financiación de la sanidad, qué innovaciones se van a plantear, porque, en definitiva, es a la responsabilidad fundamental de la acción del Gobierno a la que le corresponde.
Voy a hacerle preguntas bien concretas que son esperadas en función del marco en el que se ha situado el texto de la interpelación y que deseo --porque es el escenario en el que deben serlo-- sean respondidas con toda claridad y concreción. Además del mantenimiento del porcentaje de gasto sanitario público en relación al producto interior bruto, ¿en cuánto se va a aumentar el gasto sanitario para 1998? ¿Se trata de una medida puntual o forma parte de un plan más amplio de financiación? ¿De dónde van a salir los recursos? Es necesario que el Gobierno diga aquí en esta Cámara, que en otro sentido estaría absolutamente devaluada, qué propuestas, insisto, se van a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera; no es el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que va a decidir, va a ser el Gobierno el que va a proponer y decidir. Por tanto, es el Gobierno el que debe responder en sede parlamentaria sobre cuál es su política, qué propuestas tiene. ¿Va a haber impuestos especiales? Por cierto, la transferencia a las mutuas de la gestión de la incapacidad transitoria, que algún medio de comunicación ha avanzado y ha puesto en boca de responsables gubernamentales, ¿por qué se identifica como fuente de ingresos? ¿Es que acaso las empresas van a trasladar al Gobierno algún tipo de aportación en función del incremento de la productividad conseguida a cambio de un control más estricto de las bajas por enfermedad y, en definitiva, supeditando la salud de los trabajadores que, entre paréntesis, en una situación de precariedad tan brutal como la actual ya tienen la suficiente autocensura como para no acudir al médico a pedir la baja por miedo a que no se le vuelva a contratar? ¿Cuál es el fraude, señor ministro, de la incapacidad laboral transitoria? ¿Qué estudios tiene el Gobierno? No vaya a pasar que nadie sabe cuál es el fraude; no vaya a pasar como con los 50.000 millones de recetas de pensionistas que constituía el fraude a la Seguridad Social y todo el mundo manejaba esa cifra. Y les recuerdo, señorías, que al final, en sede de la ponencia parlamentaria, la única fuente de esa cifra que manejaba todo el mundo como verdad asumida es que lo había dicho el señor Griñán en su momento. Deben terminar la política de globos sonda porque la credibilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo está bajo mínimos, pues está actuando cada vez más, a los ojos de la mayor parte de la población, como representante directo, en el más amplio sentido de la palabra, de los intereses de la sanidad privada; no puede continuar con políticas de globos sonda que salen desde los aledaños del Gobierno y de sus socios parlamentarios y que después se aprestan ustedes a desmentir en una situación tras otra.
En concreto, y dado que ha sido hoy mismo cuando ha saltado a los medios de comunicación, ¿qué va a suceder con la redacción de la enmienda que dice: Precisar el papel de las entidades privadas en la libre elección del ciudadano en la gestión y provisión del aseguramiento. ¿Por qué no explica a la población, señor ministro, quién elige realmente en la tan traída y llevada libre elección? ¿Por qué no explica a la población que quien elige realmente son las aseguradoras privadas, que eligen en función de criterios privados de beneficio, que jamás van a elegir a enfermos crónicos, a personas mayores, a tratamientos de cáncer, a tratamientos costosos y de larga duración? ¿Por qué no explica que la eficiencia supuesta de la sanidad privada se produce solamente seleccionando riesgos, seleccionando pacientes y seleccionando patologías? ¿Por qué no explica que la única entidad capaz de prestar atención sanitaria en las mejores condiciones de eficiencia para todos es una sanidad que utilice criterios de solidaridad y de redistribución? ¿Por qué no explica que la libre elección del sistema, que se pone en boca de Convergència i Unió, pero que usted sabe tan bien como yo detrás de qué intereses se oculta, va a producir a corto plazo una descapitalización de la sanidad pública, que entonces será incapaz de seguir asumiendo prestaciones al nivel que lo está haciendo hoy, porque habrá pagado los platos rotos de la selección de riesgos de la sanidad privada, del negocio de la sanidad privada? Probablemente los profetas que hoy se llenan la boca hablando de la ineficiencia, de la burocracia, de la ineptitud, del despilfarro de la sanidad pública, en esos momentos tendrán ocasión de verificar la profecía.
Le voy a dar, señor ministro, datos que seguramente usted no ignora, aunque en el Ministerio de Economía y Hacienda se conocen con mucha mas claridad. Izquierda Unida plantea, desde hace mucho tiempo, la necesidad de incrementar el gasto sanitario público. El propio Ministerio de Economía y Hacienda, con gobiernos del PSOE, cuando analizaba el escenario macroeconómico para 1992, constataba que se había producido un incremento muy importante en los usuarios

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de la sanidad pública y que no se había producido, pese a existir una Ley General de Sanidad, un incremento correspondiente en la financiación.
Nosotros creemos que hay --por desgracia, la política de su Gobierno cada vez lo está haciendo más evidente-- un margen enorme de incremento de los ingresos del Estado, simplemente, sin profundizar brutalmente en la regresividad fiscal, tal y como estaban haciendo. Afirmo con toda responsabilidad que los ingresos del Estado en concepto de impuestos sobre plusvalías, a fecha de hoy y como consecuencia de las medidas fiscales aprobadas por su Gobierno en 1996, suponen en estos momentos un tercio de lo que suponían hace poco más de año y medio.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le ruego que vaya concluyendo.


La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor presidente.
Se ha producido una reducción de dos tercios. La actualización de balances, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno del PP, ha supuesto una disminución de ingresos del Estado en diez años entre dos y tres billones de pesetas. Además, estos impuestos sobre rentas del capital se producen exactamente sobre los mismos intereses que han aumentado su cotización en Bolsa, han sufrido una revalorización en promedio del 80 por ciento.
¿Es posible que una persona, a la que se atribuye un relativo conocimiento de la salud pública, como debe ser la primera autoridad sanitaria de un país, tenga la irresponsabilidad de afirmar que la medida de aumentar el nivel de impuestos sobre el tabaco tiene algún efecto beneficioso sobre la salud pública? ¿No sabe el señor ministro que, al menos desde el año 1991, los gobiernos de la Unión Europea se debaten sin conseguir zafarse de la presión de las grandes empresas tabaqueras, sin conseguir emitir una directiva que controle, que limite la publicidad de tabaco y la publicidad del alcohol, directa e indirecta, en medios de comunicación, en vallas y, sobre todo, como financiación, paradójicamente, de actividades deportivas o musicales, y que esto tiene una influencia brutal en la juventud?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le ruego que concluya.


La señora MAESTRO MARTIN: Termino.
¿No sale el señor ministro a la calle y mira cuál es la intensidad de la publicidad de estas sustancias tóxicas? ¿No sabe el señor ministro que las desigualdades sociales en materia de consumo de tabaco se han multiplicado en los últimos diez años? ¿Piensa, el señor ministro, modificar los criterios de financiación de las comunidades autónomas? ¿Las desigualdades en materia de salud, que recuerdo al señor ministro que alcanzan la cantidad de 10 años en esperanza de vida por desigualdades sociales en materia de salud, o las desigualdades sociales en materia de infraestructuras sanitarias de unas comunidades a otras --en las que no me extiendo por la falta de tiempo-- pero que hacen que, por ejemplo, en personal de enfermería haya el doble de dotación en unas comunidades autónomas que en otras? ¿Obedece a algún criterio sensato de planificación sanitaria hablar de un incremento de la financiación en función del volumen de pacientes desplazados o de la capacidad docente? ¿Piensa consolidar las desigualdades en la calidad y en la cantidad del nivel de especialización y de los servicios sanitarios? ¿No parece más bien que de lo que se trata es de hacer un traje a la medida del cliente, en este sentido, de quienes más están presionando, para incrementar la financiación sanitaria? ¿Piensa hacerlo de manera que se ligue el incremento de la financiación sanitaria al desarrollo de los servicios sanitarios o piensa usted seguir permitiendo que aquellas comunidades autónomas que mayor despilfarro han introducido, en función de criterios de gestión privada, sean las beneficiarias de un incremento en la financiación sanitaria y que aquéllas que han logrado contener el gasto en función de supuestos acuerdos en el consejo interterritorial sean las que se vean menos beneficiadas?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, S.
S. debe concluir de forma inmediata.


La señora MAESTRO MARTIN: Termino inmediatamente, con una pregunta: ¿Piensa el señor Ministro, piensa el Partido Popular proponer la introducción de un catálogo de prestaciones básico que supondría libertad, que supondría diferencias en el acceso a las prestaciones sanitarias públicas entre unas comunidades y otras?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Maestro.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad y Consumo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, estos días está en las librerías un libro, de reciente aparición, cuya lectura yo le recomendaría. Se llama El mito del marco común. En ese libro, su autor rechaza una tesis sostenida por algunos según la cual para que pueda haber un debate fructífero hace falta un mínimo denominador común en las posiciones de los que hacen el debate. En contra de esa tesis, Popper defiende que es muy interesante el debate desde posiciones

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muy distantes y remite las grandes conquistas y los avances ideológicos de la humanidad al cruce y al choque de algunas civilizaciones y de algunos planteamientos muy dispares, de los que salió --entre otras cosas-- la metafísica griega como base de la ciencia moderna y de la civilización occidental. Sí hay una cuestión esencial para que el debate sea fructífero y pueda progresar en términos de racionalidad y es que se respeten algunas mínimas reglas de esa forma de debatir, que se respete la veracidad de los datos y algún tipo de planteamientos de esta naturaleza, sin los cuales el debate se confunde. Y S. S. ha hecho aquí de esto último un gran ejercicio, porque acusarnos de que está la sanidad y la política sanitaria española en este momento condicionada por los intereses del sector privado, que es la industria farmacéutica la que se apresta a desembarcar en la gestión de los servicios sanitarios, me parece algo tan alejado y tan fuera de la realidad que no resiste esas exigencias mínimas para hacer un debate constructivo y serio. Eso es absolutamente falso y me resulta duro decirlo, pero es que tengo que pensar que S. S. lo sabe, porque es una falsedad tan evidente que no entiendo cómo nadie puede venir a decir que la industria farmacéutica se apresta a desembarcar en la gestión de los servicios sanitarios y que somos unos representantes del negocio privado los que estamos gestionando ahora mismo el Sistema Nacional de Salud público sin más objetivo que defender ese sistema público, que mejorarlo, que hacerlo más eficiente y que pueda prestar mejores servicios a los ciudadanos.
No se me alcanza cómo se puede utilizar industria farmacéutica como término de referencia, porque si usted hubiera estado esta misma tarde en el debate --y no sé si ha estado-- hubiera podido tener alguna información tan esclarecedora sobre eso como que el crecimiento del gasto farmacéutico este año es del 3,89 por ciento a finales del mes de agosto, durante estos ocho meses, frente a crecimientos del 12,02 del año pasado y superiores en años anteriores; y del 14 y pico por ciento acumulativo a lo largo de muchos años. Qué cosa más fácil, si estuviéramos al servicio de la industria farmacéutica, que seguir con incrementos sólo iguales a los de años anteriores.
Después de eso, ¿con qué talante se aproxima uno al resto de sus afirmaciones? La subcomisión no está rota. Usted ha querido irse de la subcomisión; usted tiene otros planteamientos. A mí me parece muy legítimo que los tenga. ¿Que usted es partidaria de una sanidad absolutamente burocratizada, sin ningún estímulo, de las que ya no hay en el mundo, de las que ya no existen? Eso está muy bien. Usted es partidaria de eso; los demás, no; hay discrepancias ¿Usted es partidaria de eso que los búlgaros vienen ahora a decirnos: que ya no quieren que les ayudemos a salir de la situación catastrófica a la que les llevó ese burocratismo exacerbado que usted pronuncia, en unos servicios que se compadecen muy mal con las estructuras burocráticas, como otros tantos, y como ha evidenciado el fracaso en estos temas de los modelos sociales, políticos y económicos que usted propugna? Usted no está de acuerdo con los planteamientos de la subcomisión pero la subcomisión está todavía sostenida por la mayoría de grupos de esta Cámara. Nos hubiera gustado que estuvieran todos, ustedes también; que siguiera el Partido Socialista. Pero ¿los planteamientos de la subcomisión? A usted le hemos oído descalificaciones globales. Las entendemos desde sus posiciones ideológicas, pero del Partido Socialista todavía no conocemos las razones de su apartamiento de los trabajos de la subcomisión. Porque nosotros creemos que los planteamientos de la subcomisión son planteamientos muy serios, muy rigurosos, muy defendibles, de defensa a ultranza del modelo del Sistema Nacional de Salud, al que queremos hacer más eficiente, y a eso responden sus planteamientos en materia de prestaciones. Se trata de definirlas mejor, se trata de aumentar las garantías de los ciudadanos en favor de la equidad. Todo lo que se dice en el documento en materia de prestaciones es desde la preocupación de garantizar los derechos de los ciudadanos para que esas prestaciones lleguen de verdad y en términos de equidad, porque de poco vale decir que lo damos todo si después resulta que unas colas interminables hacen la iniquidad con los que tienen que esperar meses y meses para ser atendidos, frente a los que tienen bienes económicos y posibilidad de ser atendidos en otros servicios. Esa es la equidad que nosotros buscamos y eso es lo que nos preocupa de las prestaciones.
Y si hablamos de la organización de los servicios, lo que queremos es que, sin dejar de ser públicos y justamente para poder seguir defendiendo con convicción un sistema público de salud, tiene que ser eficiente, y eso tenemos que hacerlo cambiando las estructuras burocratizadas y centralistas por estructuras flexibles, ágiles, autónomas, como hacen en todos los países civilizados de Europa con los que nos estamos comparando y a los que se quieren aproximar ahora los que partían de posiciones como las que usted defiende. Si hablamos de financiación, hablamos de buscar más recursos conscientes de las necesidades de este sistema y de buscar entre todos la financiación necesaria para que se pueda mantener esta prestación tan importante al servicio de la nación. Queremos mejorar también la equidad en la distribución de los recursos, nos planteamos la equidad entre los territorios, igualar las condiciones sanitarias de todos los territorios de España. Esas son preocupaciones que están en el espíritu de la subcomisión y en los trabajos de la subcomisión. Queremos que el sistema funcione y que lo haga respetando nuestro marco descentralizado y de autonomías, pero sabiendo que hay muchos elementos comunes en el sistema. La subcomisión tiene planteamientos muy

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serios, muy constructivos, muy estimables en la medida en que están apoyados por fuerzas políticas de distinto signo y que tienen visiones distintas de las distribuciones competenciales. Creo que se han dado pasos importantísimos para que de todo esto salga un sistema que funcione mejor y que también en el Estado de las autonomías funcione coordinadamente la política sanitaria, que es una parte muy importante de la política de un país.
Usted quiere descalificar esto hablando de la sociedad capitalista, de que nosotros propugnamos que todo se resuelva según su rentabilidad económica. Y eso no está dicho en ninguna parte, ni hecho por nadie, ni hay ninguna actuación nuestra que justifique una acusación tan grave y una descalificación de esa naturaleza. Construye usted un maniqueo y me pide que explique por qué quiero yo una sanidad privada. Si yo no quiero la sanidad privada. Sé muy bien todos los inconvenientes que tiene la privatización de este sistema. Y no la propugnamos de ninguna manera. Por lo tanto, no tengo por qué defender la privatización de la sanidad, porque no creo en ella ni la propugnamos de ninguna manera. Defendemos el aseguramiento único y universal y lo hemos repetido cuantas veces ha habido oportunidad. No tengo por qué defender las ventajas de quebrar un modelo de aseguramiento universal, porque sé que no las tiene. Sé que lo bueno es el aseguramiento único y universal, y eso es lo que defiende la subcomisión, eso es lo que defiende este Gobierno y, por lo tanto, todos esos alegatos carecen en absoluto de fundamento.
El aumento del precio del tabaco. Siento decirle que hoy mismo autoridades médicas como el presidente de la Sociedad de Neumología consideran como yo que, desde el punto de vista sanitario, es bueno que aumente el precio del tabaco si ayuda a que algunos no fumen. El cree que los fumadores ya consolidados es muy difícil que dejen de fumar por el aumento del precio del tabaco, sin embargo, cree, como otros muchos, que ese aumento del precio del tabaco sí puede ayudar a disuadir a los adolescentes, a los jóvenes que empiezan a fumar. Pues es lo más importante. El objetivo básico que nos tenemos que proponer es que estos justamente no entren en este hábito. Y cualquier medida que contribuya a evitar que adolescentes entren en el hábito de fumar desde luego a un ministro de Sanidad le tiene que parecer excelente.
Dicho esto, no sé si ya tiene mucho sentido que le recuerde a usted lo que he dicho en otros foros, en otros momentos, en el propio Congreso de los Diputados, en mis comparecencias ante la subcomisión, sobre lo que nosotros entendemos que deben ser los avances que de la subcomisión y del trabajo de este Congreso y de la acción del Gobierno deben resultar en materia de financiación sanitaria. Creemos que hacen falta más recursos, lo hemos dicho ya; creemos que la distribución de recursos admite una mejor distribución que tenga en cuenta la demanda mayor de servicios sanitarios que tiene la población envejecida, que tenga en cuenta los mayores costes en la gestión de los servicios sanitarios que exigen las labores docentes de muchas instituciones sanitarias, que tenga más en cuenta los desplazamientos de la población que dan lugar a que algunos servicios de salud vean cargadas sus finanzas por esta demanda adicional que reciben de ciudadanos que se desplazan de sus comunidades.
Con estas ideas, y señalando el crecimiento de la demanda sanitaria, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, que tiene que ver con el encarecimiento de las tecnologías, de los avances de la ciencia ...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Con todos estos elementos de juicio, se insta al Gobierno, se pide al Consejo de Política Fiscal primero que lo estudie, que lo debata, que estudie fórmulas de solución entre todos los intereses encontrados que hay en esta situación y fórmulas de compromiso entre los servicios de salud de las comunidades autónomas, para que entre todos consigamos esa mejor dotación de los servicios sanitarios a la que aspiramos y esa mejor distribución de los recursos.
El Gobierno ya incrementó los recursos sanitarios el año pasado en 70.000 millones por encima del PIB y está dispuesto a seguir mejorando y aumentando la participación del gasto sanitario en el PIB. Esto lo he dicho yo en el Congreso de los Diputados y está asumido por el Gobierno.
He anunciado que por lo menos en los próximos tres años habría dotaciones adicionales por encima del PIB, que estarían como mínimo entre 100.000 y 120.000 millones. Lo que debemos hacer es seguir trabajando seriamente en el seno de la subcomisión, mientras no cierre sus trabajos, esperando a que el Gobierno, de cara a los presupuestos, que es el momento en que tiene que definir estas cuestiones, y teniendo en cuenta estos otros trabajos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la necesidad de que haya un nuevo acuerdo de financiación antes del primero de enero de 1998, mejore la financiación de la sanidad, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, sin alterar para nada los criterios básicos de sostenimiento de las cargas de la sanidad, confiados, como se sabe en este momento, a unos criterios de financiación y a unas formas de allegar los recursos que son de todos conocidos y en los cuales no se pretende introducir cambios de ninguna naturaleza.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señora Maestro.


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La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Debo reconocer que he estado a punto de pedir el amparo del señor presidente, porque si los trámites parlamentarios se devalúan, si el mayor rango en el nivel del ejercicio del control del Gobierno, como es una interpelación, no se responde, se devalúa la acción parlamentaria.
Probablemente el hecho de que en el tiempo de funcionamiento de la subcomisión las actividades de control del Gobierno en la búsqueda de ese hipotético consenso no se hayan multiplicado haya hecho olvidar al señor ministro de Sanidad que no se trata aquí de discutir de filosofías, sino de responder a preguntas y de actuar en consecuencia con la obligación que tiene el Gobierno de someterse a esa acción de control, de dar cuenta y de ofrecer respuestas.
No obstante, creo que es necesario a estas alturas decir algunas cosas.
El modelo sanitario que defiende Izquierda Unida es un modelo sanitario público, de financiación pública, de prestación pública, que se define en función de necesidades y de características de la población española y que reconoce su autoría en modelos que han servido, en el ámbito estrictamente europeo, para mejorar notablemente los niveles de salud con gastos absolutamente razonables. Y más allá de lo patético que desde mi punto de vista resulta la alusión a países del Este para compararlo con el modelo sanitario de Izquierda Unida --insisto en que me resulta patético y propio quizás de otras experiencias históricas que S. S. me parece que ha tenido ocasión de vivir--, tendría que decirle que la desaparición del sistema sanitario en la Unión Soviética, que ni he conocido muy bien ni me interesa, ha supuesto un retroceso récord en la esperanza de vida de la población rusa de quince años en promedio. En fin, me parece que estos son datos de suficiente seriedad, porque además parten de una elevación brutal de la mortalidad infantil y no son como para entrar en datos de esas características.
De todas maneras, señor ministro, las preguntas que yo le he hecho son bien claras y concretas y solicito respuestas, porque tiene usted la obligación de responder ¿En cuánto, aparte del incremento que pueda corresponder por la mejora del producto interior bruto, se prevé que se incremente el gasto público en sanidad? Ese incremento del gasto, ¿cómo va a ser distribuido entre las comunidades autónomas? ¿Ese incremento del gasto se define por sí mismo o el Gobierno tiene en la cabeza algún tipo de programación, de desarrollo de los recursos en infraestructuras y recursos humanos en la sanidad pública? ¿No piensa el Gobierno adoptar ninguna medida que limite progresivamente las enormes desigualdades en materia de salud y en materia de estructura sanitaria dentro de las comunidades autónomas? ¿Va o no el Gobierno a proponer --más allá de la subida de Tabacalera, que no me refiero a eso, pues soy consciente de que, al menos eso han dicho sus responsables, se refiere a una subida anterior de impuestos-- va el Gobierno o no a introducir impuestos especiales sobre el tabaco y sobre el alcohol, vinculados a la financiación sanitaria? ¿Cuánto piensa obtener el Gobierno, en su caso, por la introducción de esos impuestos especiales? ¿Piensa en este momento el Gobierno introducir en esta ley de presupuestos, o en posteriores ejercicios, medidas de tasas o pagos, incrementos de la participación del paciente en el acceso a servicios sanitarios o medicamentos? Hay cosas, señor ministro, que son difíciles de escuchar con una cierta serenidad, porque parecen un insulto a la inteligencia. Usted sabe que el Gobierno del PSOE definió un catálago de prestaciones, que afortunadamente se limitó a definir lo existente, si bien introdujo criterios económicos, financieros, para nuevas prestaciones. ¿Qué es lo que no está definido? ¿Qué es eso de un catálogo de prestaciones básicas para el ámbito del Estado...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le ruego concluya.


La señora MAESTRO MARTIN: Sí, termino.
... con la posibilidad de diferenciarlo por comunidades autónomas? ¿Supone --y termino con esto, señor presidente-- la introducción de criterios en la financiación de las comunidades autónomas vinculados al desplazamiento de pacientes, a la docencia de los establecimientos sanitarios? ¿Supone o no la aceptación de hecho de enormes desigualdades en materia de calidad de la atención sanitaria en comunidades autónomas y, por tanto, la incentivación de esos desplazamientos no supone ni más ni menos que intensificar situaciones de hecho, que introducen, insisto, ser las desigualdades entre comunidades autónomas? Estas son preguntas bien concretas, señor ministro, más allá de debates que no tienen el menor sentido y que, insisto, me parecen de mal gusto, porque se refieren a otros tiempos en los que probablemente estaban en juego otro tipo de modelos de sistemas políticos.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Maestro.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo siento decirle que realmente como se devalúa el debate es viniendo a decir lo que S. S. ha dicho: que nosotros representamos al negocio privado en la sanidad y que la industria farmacéutica se apresta a desembarcar en la gestión de los servicios sanitarios, a la que nosotros servimos como lacayos del capitalismo.


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Y no hay nada de eso, y hay que decirlo con toda rotundidad. Usted se queda lo más cerca en el capitalismo sin trabas, que es una cosa que desapareció hace mucho tiempo. Nosotros estamos por un sistema de sanidad público, de financiación pública, que defienda la prestación de los servicios y la atención a los pacientes según sus necesidades y no según sus posibilidades. Por eso queremos mejorar la equidad del sistema, territorial y también individual, para que sean los más necesitados los que sean atendidos antes y se vean liberados de esa iniquidad oculta que son las listas de espera y las tardanzas excesivas.
Hizo usted una referencia de pasada a que su modelo tiene que ver con la autoría de modelos europeos que resultaron muy eficaces, para dar una buena atención, en unas buenas condiciones económicas. Pero no ha tomado cuenta S. S. de que ya no queda ninguno de esos modelos que persista en el burocratismo que usted está defendiendo; ninguno de esos modelos. El modelo del Reino Unido, que seguramente tenía usted en la cabeza cuando hacía esta referencia, está inmerso en un proceso de cambio muy profundo que avanza en la línea de lo que nosotros queremos utilizar como modelo para nuestra reforma de la sanidad, de la autonomía de los centros, de la libertad de elección de los ciudadanos, cosa que no se da en los modelos burocráticos que parece que le son a usted tan familiares y afectos. Y el otro caso en que se producía un modelo de esta naturaleza, que era el caso de Suecia, he de decirle que Suecia también ha abandonado ese modelo burocratizado para dar paso a un modelo descentralizado, de autonomía de los centros, de elección de los ciudadanos.
No está usted bien informada sobre los resultados de los modelos burocratizados de asistencia sanitaria. Un sociólogo francés muy conocido y que no es sospechoso de ninguna veleidad derechista, Emmanuel Todd, fue, por cierto, el primero que anunció a corto plazo la caída del régimen soviético; lo hizo justamente porque, siendo sociólogo, es sobre todo un demógrafo y estudiando problemas demográficos de la Unión Soviética se encontró con que la duración de la vida era veinte años menor en la Unión Soviética que en los países comparables de occidente.
Ese dato le llevó a la conclusión de que los fallos del sistema tenían que ser estrepitosos para que produjeran ese resultado y de ahí su pronóstico de la caída de aquella situación.
Usted me pide que diga hoy, aquí, ya, cuánto van a subir los presupuestos de la sanidad. ¡Pues no se lo puedo decir! Está trabajando sobre eso la subcomisión parlamentaria, está trabajando el Gobierno, está trabajando el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no han llegado aquí todavía los presupuestos. La determinación de esa cifra está pendiente de estos trabajos y de estos estudios. Yo anuncié una ante la subcomisión del Congreso, un mínimo de cantidad adicional para la sanidad por encima del crecimiento del PIB, pero no puedo pasar de ahí, ni es el momento procesal en que se me pueda exigir esa determinación, porque todavía no es oportuno. De aquí a los presupuestos y cuando concluya sus trabajos el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se pueda llegar a un nuevo modelo de financiación de la sanidad, tendremos los elementos de juicio completos y entonces sabremos cuánto se va a necesitar para la sanidad y cuánto se va a poder aportar y también las fuentes de financiación, aunque le adelanto que en ningún caso se contemplan los copagos a los que usted profusamente hacía referencia en su intervención. Pero tampoco están decididas todas las medidas de política financiera y fiscal que puedan tener que tomarse para afrontar las necesidades resultantes de esa valoración global y definitiva de lo que puedan ser las necesidades sanitarias a ser atendidas en los próximos años.
Me plantea usted algunas otras cuestiones. El catálogo. En cuanto a los debates de la subcomisión, hagámoslo cuando debatamos los términos en que resulte aprobada la ponencia correspondiente; en ese momento con mucho gusto entraremos en el debate de todas estas cuestiones, pero me parece que tampoco es el momento de anticiparnos. Y, por supuesto, no sé cómo se puede pensar que realmente la financiación de los desplazados o de las cargas docentes que existan en algunos hospitales tenga que conllevar necesariamente la consolidación de diferencias. No estamos por las diferencias en materia sanitaria ni entre los individuos ni entre los territorios, pero tenemos que ser pragmáticos, realistas y resolver los problemas de la financiación teniendo en cuenta estas realidades que están ahí y que hacen que los costes de financiación de esos servicios sean distintos también en unas comunidades autónomas y en otras.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor presidente.
Quisiera empezar diciendo que esta interpelación que debatimos es oportuna. Creo que sí estamos ante un tema fundamental, cual es la financiación suficiente de la sanidad pública para dar respuesta a las necesidades de la población y también para equilibrar las actuales diferencias existentes entre distintas comunidades autónomas en materia de recursos. También es oportuna esta discusión porque el modelo actual de sanidad pública está en un momento crucial, se diga lo que se diga, se niegue lo que se niegue, se afirme lo que se afirme. Por cierto, el señor Romay hace constantes

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cánticos como defensor y como paladín de la sanidad pública. El único problema que tiene el señor Romay es que se le nota poco, que le creen poco; tendría que mejorar esa comunicación.
Hablando del modelo de financiación creo que es uno de los problemas clave de la sanidad en este momento. Partimos de que hay una insuficiencia de recursos financieros. Ya se hizo referencia a que se dedica a la sanidad un porcentaje del PIB inferior al de muchos países europeos. Conviene decir que una parte de ese presupuesto de sanidad se deriva hacia la financiación de la sanidad privada. Además, existen desequilibrios en la financiación, por tanto en los recursos disponibles, entre las distintas comunidades autónomas. En consecuencia, sí que estamos ante un problema fundamental, el de saber qué modelo de financiación va a proponer el Ministerio de Sanidad y, por tanto, el Gobierno. El señor Romay nos dice que se está estudiando. Esperemos que en breve tiempo concluyan esos estudios y seamos capaces de saber en qué va a consistir. En todo caso, desde nuestro punto de vista, es evidente que, en primer lugar, tiene que haber más dinero para el sistema sanitario público, hay que ir aumentando la cantidad progresivamente hasta acercarnos a otros Estados europeos y, en segundo lugar, el modelo que se proponga tiene que tender a corregir de verdad los desequilibrios territoriales.
Como de Galicia pocas veces se habla, vamos a hacer una breve referencia al caso de Galicia y sus desequilibrios, desequilibrios que conoce muy bien, por cierto, el señor ministro. Sin necesidad de remontarnos mucho en el tiempo, conviene decir que la inversión en sanidad en Galicia, si no me equivoco, entre el período 1982-1990, estuvo siempre por debajo del tanto por ciento de la población protegida, creándose un diferencial negativo en ese período superior a los 100.000 millones de pesetas. Esto ocasionó que cuando se llevaron a cabo las transferencias en materia sanitaria a la Comunidad Autónoma de Galicia tanto el número de cámaras como de personal, etcétera, era inferior a la media del conjunto del Estado; transferencias que, por cierto, tampoco contemplaron en su momento, en el año 1991, si no recuerdo mal, las medidas financieras adicionales necesarias para corregir ese desequilibrio. Es más, se aceptó un período de diez años desde el momento de la transferencia para equilibrar el tanto por ciento de gasto total con el tanto por ciento de la población protegida; período que, al parecer, fue acortado en una negociación posterior, aunque yo, tengo que decirlo, desconozco si ese equilibrio entre tanto por ciento de población y gasto total ya está conseguido. También en el gasto sanitario influyen otras cuestiones --creo que el señor ministro hizo una breve referencia de pasada--, como pueden ser el envejecimiento relativo de la población y la dispersión geográfica, que son fuente de encarecimiento de la asistencia sanitaria.
De momento, para nuestra comunidad tampoco hubo ningún presupuesto destinado a corregirlo.
Nosotros insistimos en que el Ministerio sí debe dar a conocer su modelo concreto de financiación incrementando los recursos y definiendo de verdad un modelo que dé respuesta a las necesidades de las distintas comunidades autónomas. Sobre este aspecto, como diputado nacionalista gallego, me gustaría que efectivamente se diera respuesta de una vez por todas, aunque sea el inicio, a las necesidades o al déficit histórico que Galicia viene sufriendo en esta materia. En todo caso, con motivo de la moción consecuencia de esta interpelación que seguro que tendremos ocasión de discutir la semana que viene, podremos seguir hablando de este tema.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Amador.


La señora AMADOR MILLAN: Señor presidente, señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo en la interpelación de Izquierda Unida, que en su formulación se refiere a la política sanitaria del Gobierno en lo que se refiere a las medidas a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de incrementar el presupuesto de gasto de la sanidad pública. A la vista del desarrollo de la interpelación que ha hecho Izquierda Unida y de la intervención del señor ministro, voy a fijar, en el tiempo de que dispongo, la posición de mi grupo en un asunto tan importante como es el de la financiación sanitaria; importante por lo que sostiene, que es el sistema sanitario público; importante porque no tenemos modelo para el próximo año, ya que ha vencido la vigencia del anterior; importante porque la estabilidad y el conocimiento de qué va a pasar con la financiación sanitaria constituyen un factor fundamental. De manera que en los puntos que se han suscitado la posición del Grupo Socialista es clara, voy a tratar de ponerla de manifiesto y de contestar a alguna de las cosas que aquí se han planteado.
En cuanto al modelo de financiación sanitaria, vamos regular de tiempo, señor ministro, porque, si no recuerdo mal, los presupuestos tienen que entrar en la Cámara el 30 de septiembre --nos quedan 14 días-- y, por tanto, sobre los trabajos de un supuesto grupo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, todas las aportaciones son muy de agradecer, pero la decisión tiene que estar el día 30 de septiembre en esta Cámara impresa en esa foto que se hacen siempre los ministros de Economía y Hacienda, de manera que tiempo no queda mucho para decidir de qué estamos hablando cuando nos referimos al nuevo modelo de financiación de la sanidad, porque hay problemas que resolver.


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El primer problema es el de las fuentes de financiación, que ha sido objeto de debate, de discusiones, de afirmaciones desmentidas y de propuestas. En las fuentes de financiación el Grupo Parlamentario Socialista cree que es claro que la sanidad debe financiarse con los ingresos del Estado. Por tanto, decimos no a las tasas ni a las aportaciones del paciente, del ciudadano, en el momento de recibir la prestación, y eso que parece tan claro está permanentemente sometido a debate, y la sociedad española y todos estamos sujetos permanentemente a esa discusión sobre que se pagan los medicamentos, se dejan de pagar, se aporta o no se aporta. A mí me produce satisfacción oír al ministro de Sanidad en esta tribuna decir que no está contemplado el copago, palabra tan fea, señor ministro, pero que ya no vamos a tener más remedio que utilizar, pero sería bueno despejar cualquier duda: no se van a modificar las aportaciones del paciente en ninguna prestación sanitaria ni farmacéutica. En ese caso estaremos de acuerdo porque el Grupo Parlamentario Socialista excluye eso al hablar de las fuentes de financiación.
Naturalmente, cuando el Grupo Popular ha propuesto subidas de impuestos especiales o se habla de la cesión de impuestos especiales a comunidades autónomas, ese no es asunto de la oposición ni desde luego de mi grupo.
Los ingresos del Estado los determina la política fiscal que cada Gobierno decide y es una responsabilidad del Gobierno, que si decide subir los impuestos, los sube, lo explica y asume las consecuencias, y si decide bajarlos, los baja. En ningún caso el Grupo Socialista va a ser el que vaya a salir a explicar qué impuestos hay que subir o qué impuestos hay que bajar. Lo que sí hará el Grupo Socialista es recordar el programa electoral del Partido Popular, que hablaba, por una parte, de mejorar el sistema sanitario público y, simultáneamente, bajar los impuestos. Ese es un problema del Gobierno y no nuestro. Las fuentes de financiación de la sanidad son los ingresos del Estado --por cierto, si han aumentado el precio del tabaco, para financiar la sanidad este año va a haber ya dinerito porque ya está en vigor, ya ha subido y, por tanto, va a haber unos mesecillos con los que no se contaba y va a haber algunas perrillas más para sanidad en el año 1997--. Esa es una decisión de Gobierno que tendrá que explicar y cuyas consecuencias tendrá que asumir. No es asunto nuestro cómo se hacen allegar los ingresos del Estado necesarios para la sanidad.
Se habla de introducir elementos que mejoren la disciplina presupuestaria y no seremos nosotros quienes discutamos eso, pero sí queremos pedir un poco de claridad en este asunto, porque la disciplina presupuestaria, que es fundamental, debería llevar aparejado, al hablar de la financiación de la sanidad, el análisis del déficit. Esa afirmación extendida que por mucho repetirse parece que se generaliza de que el Sistema Nacional de Salud tiene déficit, señor ministro, a mí me gustaría que se aclarara por su parte, en el sentido de si el déficit es general para todo el sistema, si es igual en todas las comunidades, si tiene las mismas causas o el mismo origen. Yo creo que no. Creo que el déficit no es igual, no está generalizado, no tiene las mismas causas, y como hay que resolver ese déficit, es más justo ver qué es lo que pasa para saber cómo se hace, no vaya a ser que quien se ajustó las tuercas con instrumentos de disciplina presupuestaria y cumplió el presupuesto resulte doblemente penalizado, y que a quien tiene causas que explican el déficit distintas a las de otras no se le tenga en consideración. De manera que, al hablar de disciplina presupuestaria, convendría aclarar ese asunto desde el Ministerio de Sanidad y Consumo.
El segundo gran punto de la financiación es cómo se reparte el montante de la misma, y ahí también hay que ser claro. Nosotros creemos que la población protegida es el criterio fundamental, es el de la Ley General de Sanidad y nos parece el más sensato: la población de derecho, excluidos los colectivos atendidos en las mutualidades. Creemos que ese criterio se ha de corregir y de matizar --el de la población protegida-- para que el resultado sea más justo, creemos que el criterio de los desplazados que está en la ley es correcto y que la estructura demográfica puede ser correcta; pero, señor ministro, señorías, creemos que, en todo caso, hay que hacer una corrección del criterio de población protegida que garantice la equidad y que garantice la igualdad.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador, le ruego que vaya concluyendo.


La señora AMADOR MILLAN: Sí, señor presidente.
Por tanto, hay que fijar los criterios y ver qué sale para cada comunidad autónoma y no al revés. Por ejemplo, cuando oímos que de 200.000 millones adicionales 50.000 son para una determinada comunidad que representa el 16 por ciento, como 50.000 son el 25 por ciento de 200.000, en vez del 16 por ciento, nos hacemos un lío. Yo creo que antes de hablar del dinero que le toca a cada uno y luego tratar de encajarlo, habría que ver qué criterios vamos a aplicar y cómo quedamos todos: una comunidad autónoma, las transferidas, las no transferidas, porque esto no es un asunto sólo de comunidades transferidas, sino de 17 comunidades y hay que ver cómo quedan todas en esa corrección de criterios y no cómo arreglamos según qué situaciones. Además, creo que hay que incluir sistemas de información y de coordinación que hagan que todo eso sea verdad.
Por tanto, fuentes de financiación: ingresos del Estado; cómo se reparte población protegida corregida por criterios de desplazados, y, señor ministro, ¿qué es eso de financiar ahora la docencia? La docencia está financiada

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por el MIR, que se paga y que, además, es mano de obra para los hospitales. Por tanto, salvo que se nos explique, en apariencia podría parecer que es una tercera forma de financiar la docencia. De manera que yo creo que estos criterios hay que explicarlos bien para ponernos de acuerdo y, desde luego, hay que buscar el acuerdo. El anterior modelo se aprobó por unanimidad y sería bueno que en éste también hubiera acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Amador, le ruego concluya.


La señora AMADOR MILLAN: Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Es verdad, señor ministro, que este no es momento de hablar de la subcomisión, pero, por cortesía parlamentaria, quiero decirle dos cosas, si me lo permite el señor presidente. Su señoría se ha referido a la financiación, al aseguramiento y a la organización y gestión y no entiende por qué el Grupo Socialista no está en la subcomisión.
Telegráficamente le voy a decir tres cosas sobre los tres puntos. En la financiación, para el nuevo modelo, excluya de manera terminante cualquier tipo de aportación del usuario. En el aseguramiento, reitere que es único, público y, por tanto, que el documento que se ha sometido a la subcomisión no tiene ningún fundamento ni viabilidad. Y en la organización y gestión, señor ministro, paralice el proyecto Alcira y, a lo mejor, empezamos a entendernos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Amador.
La sesión se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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