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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 94, de 24/06/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 94

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 91

celebrada el martes, 24 de junio de 1997

ORDEN DEL DIA:

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 64-1, de 4 de junio de 1997 (número de expediente 121/000064) (Página 4714)

--Proyecto de Ley por la que se aprueba la modificación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 65-1, de 4 de junio de 1997 (número de expediente 121/000065) (Página 4714)

--Proyecto de Ley por el que se aprueba el Programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente. (Procedente del Real Decreto-Ley 6/1997, de 9 de abril). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 62-1, de 28 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000060) (Página 4732)

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Avocación por el Pleno:

--Del Proyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley reguladora de las haciendas locales y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (número de expediente 212/000057) (Página 4741)

Ampliación de plazo:

--De la Subcomisión especial para el estudio de la exclusión social en España (número de expediente 154/000004) (Página 4741)

--De la Subcomisión de estudio de las reformas para modernizar el sistema sanitario (número de expediente 154/000003) (Página 4741)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Socialista del Congreso, modificadora de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 93-1, de 28 de abril de 1997 (número de expediente 122/000074) (Página 4741)

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 92-1, de 22 de abril de 1997 (número de expediente 122/000073) (Página 4746)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Núm. Reg.
027821) (Página 4752)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España y la República Argentina, firmado «ad referendum» en Buenos Aires el 18 de octubre de 1995. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 81, de 14 de mayo de 1997 (número de expediente 110/000105) (Página 4752)

--Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra 1992), firmados en Kyoto el 14 de octubre de 1994. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 82, de 14 de mayo de 1997 (número de expediente 110/000106) (Página 4752)

--Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del Segundo Protocolo Financiero del IV Convenio ACP-CE de Lomé, hecho en Bruselas el 20 de diciembre de 1995. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 83, de 14 de mayo de 1997 (número de expediente 110/000107) (Página 4752)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 4714)

Proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001 (Página 4714)

Proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (Página 4714)

Para la presentación de ambos proyectos interviene, en nombre del Gobierno, el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (Rato y Figaredo), quien pone de manifiesto su especial satisfacción al presentar ante la Cámara los proyectos de ley que incorporan en su ordenamiento jurídico los acuerdos alcanzados entre la Administración del Estado y la del País Vasco, en torno a la reforma del concierto económico y la metodología para la determinación del cupo durante el

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quinquenio 1997-2001. Expone que el concierto económico, incluyendo el instituto del cupo, constituye la manifestación más expresiva del régimen foral de los territorios históricos del País Vasco, el cual tiene su reconocimiento y amparo expresos en la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica el 18 de diciembre de 1979 por esta misma Cámara. El ejercicio de la potestad foral se traduce, en el plano financiero, en la capacidad del País Vasco para regular y recaudar sus propios tributos y, en consecuencia, en la necesidad de que los territorios históricos realicen la oportuna contribución para el sostenimiento de las cargas generales del Estado y la efectiva materialización del principio de solidaridad interterritorial. Destaca en el concierto económico dos vertientes distintas: una tributaria y otra financiera, representada esta última, en su dimensión más importante, por el instituto del cupo, siendo estas dos vertientes el objeto de los proyectos de ley que presenta hoy ante la Cámara.
Pasa a explicar, en primer lugar, el contenido del proyecto de ley por el que se modifica el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, que responde a la clara voluntad política del Gobierno de la nación y del Gobierno del País Vasco de completar el desarrollo del llamado Estado de las autonomías, profundizando en el autogobierno con sujeción a las prescripciones establecidas en la Constitución y en los estatutos de autonomía, y a la necesidad de adaptarlo a las modificaciones sustanciales que va experimentando el ordenamiento jurídico tributario del Estado.
A continuación se refiere al proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de la determinación del cupo para el País Vasco para el quinquenio 1997-2001. Expone que dicho proyecto de ley cumple fundamentalmente dos finalidades: por un lado, la regulación del método de cálculo y determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio de referencia y, por otro, la incorporación de los efectos del acuerdo de adaptación del concierto en el cálculo de determinación del cupo. Añade que el acuerdo firmado respeta la regla de neutralidad financiera, de manera que ninguna de las dos administraciones incrementa ni disminuye sus recursos, y recoge las mismas normas y coeficientes que el quinquenio precedente, por lo que puede afirmarse que el cupo resultante es equivalente al que resultaría de la prórroga de la metodología anterior.
Por último, agradece a todos los grupos parlamentarios tanto el acuerdo alcanzado para tramitar en lectura única los dos proyectos de ley como el hecho de no haber presentado ninguna enmienda, manteniendo de este modo el elevado grado de consenso que tradicionalmente ha presidido los debates de los acuerdos de modificación del concierto y determinación del cupo.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Eguiagaray Ucelay, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometido a votación el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001, se aprueba por 195 votos a favor y 125 abstenciones.
Sometido a votación el proyecto de ley por el que se aprueba la modificación del concierto económico con la Comunitad Autónoma del País Vasco, se aprueba por 195 votos a favor y 126 abstenciones.


Proyecto de ley por la que se aprueba el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente (Página 4732)

Para la defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Milián Mestre, del Grupo Parlamentario Popular.
A los efectos de aceptar la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, se aprueba por 308 votos a favor y una abstención.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i

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Unió), se aprueba por 172 votos a favor, 121 en contra y 16 abstenciones.
Sometidas a votación, en primer lugar, las enmiendas números 7, 8, 1 y 5, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechazan por 138 votos a favor y 172 en contra.
Sometidas a votación, en segundo lugar, las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechazan por 14 votos a favor y 296 en contra.
Sometidas a votación, en primer lugar, las enmiendas números 18, 19, 20 y 25, del Grupo Parlamentario Socialista, se aprueban por 307 votos a favor y una abstención.
Sometidas a votación, en segundo lugar, las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por 136 votos a favor y 171 en contra.
Sometida a votación la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 296 votos a favor y 14 en contra.
Sometida a votación la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 309 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 172 votos a favor, 134 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el texto del proyecto de ley relativo al programa Prever, con la incorporación de las enmiendas aprobadas, se aprueba por 295 votos a favor y 14 abstenciones.


Avocación por el Pleno (Página 4741)

Del proyecto de ley por la que se modifica parcialmente la Ley reguladora de las haciendas locales y se establece una reducción en la base imponible del Impueto sobre Bienes Inmuebles (Página 4741)

El señor Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación, solicitada por un grupo parlamentario, de la deliberación y votación final del proyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley reguladora de las haciendas locales y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que se aprueba por asentimiento.


Ampliación de plazo (Página 4741)

De la Subcomisión especial para el estudio de la exclusión social en España (Página 4741)

El señor Presidente informa a la Cámara que la Subcomisión especial para el estudio de la exclusión social en España ha solicitado la ampliación del plazo para finalizar sus trabajos hasta el 30 de septiembre de 1997, lo que se aprueba por asentimiento.


De la Subcomisión de estudio de las reformas para modernizar el sistema sanitario (Página 4741)

El señor Presidente, asimismo, informa a la Cámara que la Subcomisión de estudio de las reformas para modernizar el sistema sanitario ha solicitado la ampliación del plazo el tiempo necesario para poder finalizar sus estudios y emitir dictamen antes del día 10 de septiembre del año en curso, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4741)

Del Grupo Socialista del Congreso, modificadora de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medias fiscales, administrativas y del orden social (Página 4741)

Presenta la proposición de ley para su toma en consideración, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alvarez Gómez, con el propósito de modificar la actual regulación de la tasa por inscripción y acreditación catastral creada por la reciente Ley 13/1996, de 30 de diciembre. Manifiesta que el Grupo Socialista desearía que la Cámara analizara en profundidad sus argumentos y sopesara las consecuencias económicas y sociales que se derivan de la creación de la citada tasa. La modificación que se propone en la proposición de ley consiste en exigir el pago de la tasa de acreditación catastral

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por una cuantía fija de 500 pesetas, independientemente de las parcelas o subparcelas rústicas cuya acreditación se expida, a quienes soliciten la entrega de documentos acreditativos de los datos físicos, jurídicos o económicos que figuren en los catastros inmobiliarios rústicos. Sin embargo, para la acreditación de inmuebles de naturaleza urbana la cuantía de la tasa sería de 500 pesetas por cada unidad urbana que figure en el documento expedido por la Administración. En definitiva, proponen que la ley reconozca la diversidad de realidades económicas, sociales y personales en el conjunto del Estado, puesto que la actual regulación de la tasa, al cuantificar el importe de ésta en función del número de parcelas cuya acreditación se solicita y sin tomar en consideración la extensión total o parcial de la propiedad, penaliza fiscal e injustamente a estas explotaciones o propiedades rústicas tradicionales. A esto hay que añadir la forma heterogénea y desigual en que las comunidades autónomas han llevado a cabo la modernización de algunas estructuras productivas mediante actividades de concentración parcelaria y programas de desarrollo del medio rural, traduciéndose en una mayor fiscalidad para aquellos territorios donde la actividad de la Administración ha sido menos eficaz o ha estado ausente. Da una serie de datos publicados por el Gobierno autónomo de Galicia sobre el tamaño de las parcelas rústicas, comparándolas con las del resto de España, y afirma que Galicia soporta en la actualidad nada menos que la cuarta parte de la recaudación total de esta tasa.
Opina que con la tasa de acreditación e inscripción catastral el Gobierno y los grupos de la Cámara que le apoyan han querido que el coste de ciertos servicios públicos recayera sobre los beneficiarios directos de los mismos, pero se pregunta, por ejemplo, sobre el beneficio que puede recibir un propietario rústico cuando solicita la expedición de una certificación en el catastro que le es exigida por la propia Administración para poder tributar por el Impuesto de Sucesiones. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la fortaleza de un sistema tributario está en su grado de equidad y que hay principios y valores muy asentados en la conciencia social que han de tenerse muy en cuenta por el legislador. Se refiere en concreto al principio de la capacidad de pago, directamente relacionado con el de equidad, de rango constitucional, incorporado a numerosos textos legales, pero que comienza a ser desplazado hacia el principio del beneficio. Añade que no se puede pedir que pague más a quien menos tiene y, además , lo haga para sufragar los costes de una administración que exige una determinada actividad en su propio y único beneficio.
Asimismo considera que esta tasa de inscripción y acreditación catastral tampoco fue acertada desde el punto de vista de la oportunidad, porque se crea la tasa en un momento en que las rentas agrarias descienden y en el que muchas familias con explotaciones lecheras van a tener que pagar también la denominada supertasa. A estas razones añade el profundo rechazo social que la actual regulación de la tasa está produciendo en las comunidades del norte peninsular. Por todo ello considera que se debe dar respuesta a las exigencias firmes y mesuradas que, en defensa de la equidad en el ámbito fiscal, piden sectores de renta muy baja y con especiales dificultades económicas y sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Navas Amores, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 134 votos a favor y 170 en contra.


Del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (Página 4746)

Presenta la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Ríos Martínez.
Manifiesta que después de un amplio debate sobre la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado se adoptó un modelo que tenía como objetivo tres compromisos: uno, hacer desaparecer la figura del gobernador civil; dos, simplificar y reducir la administración periférica del Estado, fortaleciendo la figura del delegdo del Gobierno; y tres, poner en marcha un proceso de modernización de los organismos públicos que funcionaban dentro del Estado. Sin embargo, los grupos que habían apoyado esta Ley, dijeron que se sentían engañados porque se hacía residir en los subdelegados competencias que no se habían anunciado y porque, en lugar de ir a una figura más profesionalizada, se mantenía una figura con peso político real en la estructura de la Administración.
El objetivo de su proposición de ley es que no se generalice la figura del subdelegado y se potencie de

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verdad la del delegado del Gobierno, y pasa a explicar el contenido concreto de las modificaciones que propone.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 17 votos a favor, 283 en contra y tres abstenciones.
Continúa la sesión, con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de los señores Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 4752)

Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y la República Argentina, firmado «ad referendum» en Buenos Aires el 18 de octubre de 1995 (Página 4752)

Instrumento de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra 1992), firmados en Kyoto el 14 de octubre de 1994 (Página 4752)

Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del Segundo Protocolo Financiero del IV Convenio ACP-CE de Lomé, hecho en Bruselas el 20 de diciembre de 1995 (Página 4752)

Sometidos a votación los tres dictámenes, son aprobados por asentimiento.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA METODOLOGIA DE DETERMINACION DEL CUPO DEL PAIS VASCO PARA EL QUINQUENIO 1997-2001 (Número de expediente 121/000064)

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (Número de expediente 121/000065)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De acuerdo con el parecer de la Junta de Portavoces celebrada esta mañana, el orden del día de la sesión que comenzamos va a quedar configurado de la siguiente forma. Se debatirá, en primer lugar, lo que constituía anteriormente el punto III, es decir comenzaremos por la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco y, conjuntamente, el proyecto por el que se aprueba la modificación del concierto económico de la citada comunidad autónoma; a continuación, en ese mismo punto, tendrá lugar el debate sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el programa Prever. En segundo lugar, como punto dos, el Pleno debatirá la toma en consideración de las proposiciones de ley.
Decae del orden del día lo que figuraba como punto II, proposiciones no de ley, al haberse retirado la que figuraba propuesta por el Grupo Socialista. En tercer lugar, someteremos a debate y votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. En cuarto lugar, los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales, y tampoco se debatirá, por haber decaído, la Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas porque no ha tenido ninguna enmienda de totalidad.
De acuerdo con esta ordenación de las iniciativas y los debates, el punto primero del orden del día está constituido por el proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País

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Vasco para el quinquenio 1997-2001 y, acumuladamente, el proyecto de ley por la que se aprueba la modificación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Para la presentación de ambos proyectos, en nombre del Gobierno, tiene la palabra su Vicepresidente don Rodrigo de Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, es para mí, y desde luego en nombre del Gobierno, motivo de especial satisfacción presentar ante la Cámara los proyectos de ley que incorporan a nuestro ordenamiento jurídico los acuerdos alcanzados entre la Administración del Estado y la del País Vasco, en torno a la reforma del concierto económico y la metodología para la determinación del cupo durante el quinquenio 1997-2001.
El mero enunciado de los proyectos de ley nos sitúa inmediatamente en el ámbito de una institución histórica que forma parte esencial y constitutiva de la pluralidad vasca, que ha operado como elemento vertebrador de las relaciones entre el País Vasco y el resto de España desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días y que tiene plena acogida en nuestro ordenamiento constitucional vigente, como SS.
SS. saben. El concierto económico, incluyendo el instituto del cupo, constituye la manifestación más expresiva del régimen foral de los territorios históricos del País Vasco, el cual tiene su reconocimiento y amparo expresos, como ya he mencionado, en la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 y, como no podía ser de otra manera, en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco aprobado por ley orgánica el 18 de diciembre de 1979 por esta misma Cámara. Así, en el ámbito conformado por este marco jurídico, la esencia del régimen foral vasco, circunscrito éste al plano estrictamente financiero, que es el que aquí hoy nos interesa y el que tiene causa de estas leyes que trae el Gobierno, se concreta fundamentalmente en la potestad de los territorios históricos para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario.
El ejercicio de la potestad foral se traduce, finalmente, en la capacidad del País Vasco para regular y recaudar sus propios tributos y, en consecuencia con ello, en la necesidad de que los territorios históricos realicen la oportuna contribución para el sostenimiento de las cargas generales del Estado y la efectiva materialización del principio de solidaridad interterritorial. Ello da lugar, a su vez, a la necesidad de regular las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco, así como a la necesidad de fijar los términos en los que ha de determinarse la contribución del País Vasco, actuaciones ambas que, según preceptúa el estatuto de autonomía, han de llevarse a cabo mediante el sistema foral tradicional del concierto económico. De esta forma, el concierto económico aparece como una norma de pacto, de acuerdo entre el Estado y el País Vasco que, mediante su aprobación por ley, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico general, y en cuyo contenido cabe advertir dos vertientes distintas, pero íntimamente vinculadas entre sí: una, de naturaleza fundamentalmente tributaria y, otra, de naturaleza fundamentalmente financiera, representada esta última, en su dimensión más importante, por el instituto del cupo. Ambas vertientes, la tributaria y la financiera del concierto económico, constituyen el objeto de los dos proyectos de ley que tengo el honor de presentar ante SS. SS., pues el primero de ellos entraña una actualización del contenido tributario del concierto, mientras que el segundo establece la metodología para la determinación del cupo en el quinquenio a que me estoy refiriendo del año 1997-2001.
Estos dos proyectos de ley deben encuadrase en el marco conformado por los preceptos del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que llevan a cabo la actualización del régimen foral ordenada por la Constitución de 1978 y por el concierto económico aprobado el 13 de mayo de 1981. En ese contexto, la Comisión Mixta del Cupo, integrada por representantes de la Administración del Estado español y de la Administración vasca, adoptó el pasado 27 de mayo los acuerdos de modificación del concierto económico y de determinación del cupo para el quinquenio 1997-2001, que son los que en este momento el Gobierno presenta ante el Congreso.
Quisiera pasar ahora a referirme, señor Presidente, al acuerdo por el que se modifica la Ley del concierto, que es el primero de dichos acuerdos, y que responde, en primer lugar --y quisiera subrayarlo--, a la clara voluntad política del Gobierno de la nación, y también a la conjunta voluntad política del Gobierno vasco, de completar el desarrollo del llamado Estado de las autonomías, profundizando en el autogobierno con sujeción a las prescripciones establecidas en la Constitución y en los distintos estatutos de autonomía. Esta voluntad política de aumentar los niveles de autogobierno, compartida no sólo con el Gobierno del País Vasco, sino con muchos gobiernos de muchas comunidades autónomas, esta voluntad conjunta, en el caso del País Vasco ha de tener la correspondiente incidencia en las particularidades que concurren en las especiales fórmulas de autogobierno de esa comunidad autónoma, de la foralidad vasca, y más concretamente en su manifestación tributaria y financiera a las que he hecho mención en la primera parte de mi intervención.
Quisiera significar ante la Cámara que la voluntad del Gobierno de la nación, del Gobierno del Partido Popular, de aumentar los niveles de autogobierno de las instituciones autonómicas es plenamente congruente con nuestro convencimiento sobre la necesidad que tiene España de aumentar el ejercicio democrático

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y las responsabilidades de los parlamentos y de los gobiernos de las distintas comunidades autónomas.
Sin embargo, además de la voluntad política conjunta, en este caso con el Gobierno del País Vasco y en otros casos con otros gobiernos autonómicos, existe también otra segunda razón que inspira las modificaciones del concierto, como es que el concierto económico se mantenga permanentemente adaptado a las modificaciones sustanciales que va experimentando el ordenamiento jurídico tributario del Estado, necesidad que además de ser consustancial a la propia naturaleza del concierto económico, aparece como una obligación legal expresamente configurada como tal en el vigente concierto económico del 13 de mayo año 1981. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vicepresidente.
Señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio. Tengo por seguro que tienen muchos temas de despacho para este último Pleno del período de sesiones, pero les rogaría que lo hicieran fuera del hemiciclo porque resulta difícil seguir al orador desde la Presidencia, supongo que desde los escaños y desde luego desde de las tribunas. (Pausa.) Continúe, señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
En definitiva, la presente reforma del vigente concierto económico, que es la quinta desde su aprobación en 1981 y que será la tercera que es presentada por un gobierno ante esta Cámara, como ya lo fue en el año 1981 y en el año 1985, pero no así en otros casos, viene motivada tanto por el firme propósito de cumplir una voluntad política clara, como por la exigencia legal y técnica de mantener permanentemente actualizado el concierto económico.
Estamos, por tanto, ante una modificación y una adaptación del concierto económico con el País Vasco. El acuerdo alcanzado entraña, en primer lugar, una modificación, una actualización del concierto cuya naturaleza de pacto permite su alteración de acuerdo con la voluntad de ambas administraciones. Por ello y con el fin anteriormente indicado de profundizar en las competencias de las instituciones del País Vasco, se ha acordado modificar el vigente concierto en los siguientes términos.
Primero, reordenando el conjunto de principios de armonización fiscal, cuya observancia debe presidir el ejercicio de la potestad tributaria foral por parte de los territorios del País Vasco, artículo 4. Esta reordenación implica expresamente la obligación de mantener en dichos territorios una presión fiscal efectiva, global, equivalente a la del territorio común. Quiero significar ante SS. SS. que la utilización del término equivalente refuerza claramente por ambas partes la idea de igualdad en la situación fiscal de los territorios de Derecho común y de los territorios forales vascos.
El segundo principio que inspira estas modificaciones, o las segundas cuestiones que se modifican en esta nueva ley del concierto, prevé la posibilidad de que las instituciones del País Vasco puedan colaborar con el Estado en los acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del concierto económico, artículo 5. Quiero señalar ante SS. SS. que esta colaboración entre administraciones autonómicas y Administración central respecto a las modificaciones internacionales que afecten a las competencias es la que está recogida para todas las comunidades autónomas en la Lofca.
La tercera cuestión atribuye a las diputaciones forales la competencia para la exacción en sus respectivos territorios de los tributos en que los sujetos pasivos sean personas o entidades no residentes en España.
Tal atribución, que no alcanza a las competencias normativas en esta materia, las cuales permanecen, en todo caso, en la esfera competencial del Estado, se concreta en la exacción por las diputaciones forales de la obligación real de contribuir al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de Patrimonio, Sociedades, Sucesiones y Donaciones, en los artículos 7, 9, 13, 16, 18 y 26, respectivamente.
La cuarta cuestión que aborda esta modificación del concierto es dotar de un mayor equilibrio las relaciones competenciales entre el Estado y el País Vasco en el ámbito del régimen de tributación consolidada de los grupos de sociedades, el artículo 25.
Esta modificación del concierto supone completar la concertación de los impuestos especiales. Debe recordarse aquí que en 1981, cuando se aprueba la primera Ley del concierto, no se efectuó la integración plena de la potestad foral porque no fue posible llevar a cabo la concertación de los impuestos especiales que entonces se recaudaban mediante monopolios fiscales, circunstancia ésta que por imperativo estatutario impedía su concertación.
La situación actual es bien distinta, como SS. SS. saben, al haber desaparecido los monopolios fiscales, de tal forma que el impedimento estatutario para su concertación ha dejado de tener efecto, como ya reconocía --y está en las actas-- la Comisión Mixta del Cupo de diciembre de 1992. Por ello, el acuerdo alcanzado comprende la concertación de los impuestos especiales de fabricación, cuya exacción a partir de ahora corresponderá a las diputaciones forales cuando los mencionados impuestos se devenguen en el País Vasco. Ello no significa, sin embargo, que desde un punto de vista financiero la concertación de los impuestos especiales vaya a suponer mayores ingresos para las diputaciones forales ni tampoco para el Estado, ya que el acuerdo incluye el oportuno ajuste de la concertación por razón del consumo relativo, en el País

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Vasco, de los productos gravados por los impuestos especiales de fabricación.
Por último, el concierto económico ha tenido que ser adaptado a las modificaciones sustanciales operadas en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, tal y como ordena la disposición adicional segunda del propio concierto. En las modificaciones a las que me refiero se han tenido que considerar el nuevo régimen de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas, aprobado por esta Cámara el pasado mes de diciembre, así como el establecimiento del impuesto sobre las primas de seguros y otras adaptaciones técnicas, de las que mencionaré algunas a continuación.
El nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Congreso en diciembre de 1996, y que supone otorgar a las comunidades autónomas de régimen común capacidades normativas sobre determinados tributos, hacía necesario introducir oportunas modificaciones en el concierto económico, a fin de que no se produzcan desajustes en la aplicación de los tributos cedidos y de los tributos concertados. Así, en esta modificación del concierto, si la Cámara la aprueba, se amplía la autonomía normativa de los territorios históricos en relación con el IRPF, en coherencia con la reciente atribución de capacidad normativa en este impuesto a las comunidades autónomas de régimen común y en línea con la competencia normativa plena que tiene la Diputación Foral de Navarra. También se ha concertado el impuesto sobre las primas de seguros en el artículo 31, implantado por la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social del pasado mes de diciembre. Por último, la adaptación del concierto, como he dicho antes, a una pluralidad de modificaciones técnicas operadas en el ordenamiento jurídico-tributario del Estado desde la última adaptación que se produjo con la modificación de la Ley del concierto de 1993. Quisiera aquí significar antes SS. SS. dos especialmente relevantes, porque son las que tienen por objeto evitar la deslocalización de las rentas. Primero, a partir de la aprobación de esta ley, no producirán efectos los cambios de residencia que tengan por objeto lograr una tributación más reducida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Patrimonio o Sucesiones y Donaciones. Al mismo tiempo, una segunda modificación técnica es la de los puntos de conexión de actos jurídicos documentados para garantizar que las operaciones tributen en el lugar en el que están localizados los registros donde se inscriban las operaciones.
Paso ahora, señor Presidente, a presentar ante la Cámara la nueva Ley del cupo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Vicepresidente.
Sin duda, si la Cámara guarda mayor silencio podremos seguirle con mayor atención. (Pausa.) Adelante, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Como he señalado anteriormente, el concierto económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País vasco tiene por objeto regular, además de las competencias tributarias, a las que he hecho mención en mi primera referencia a las modificaciones de la Ley del concierto, el método para determinar la aportación de los territorios históricos al sostenimiento de las cargas generales del Estado que se recoge en el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de la determinación del cupo para el País Vasco para el quinquenio 1997-2001. Así, el propio concierto establece que mediante ley votada por las Cortes Generales, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Cupo, se procederá a determinar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en el quinquenio conforme a los principios generales establecidos en el mismo.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el concierto, las leyes del año 1988, de 28 de diciembre, aprobaron la metodología de señalamiento del cupo aplicable en los quinquenios 1982-1986, es decir, con retraso, y 1987-1991, respectivamente. Después, la Ley del año 1993 aprobó el cupo para el quinquenio 1992-1996. En consecuencia, era necesario aprobar un nuevo quinquenio, una nueva ley del cupo, para el período 1997-2001. A tal fin, la Comisión Mixta del Cupo, en la reunión del 27 de mayo, a la que ya he hecho referencia, aprobó la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio de referencia, acordando simultáneamente elevar el texto de dicha metodología a las instituciones competentes para su aprobación por las Cortes Generales.
El proyecto de ley de la metodología del cupo cumple fundamentalmente dos finalidades: por un lado, la regulación del método de cálculo y determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio de referencia y, por otro, la incorporación de los efectos del acuerdo de adaptación del concierto en el cálculo de determinación del cupo del que estamos hablando en este momento.
El acuerdo firmado respeta la regla de neutralidad financiera, de tal forma que ninguna de las dos administraciones incrementa ni disminuye sus recursos con este acuerdo. La metodología establecida para el nuevo quinquenio con la que se ha procedido a fijar el cupo de 1997 --año base del mismo-- recoge las mismas normas y coeficientes que el quinquenio precedente, por lo que puede afirmarse que el cupo resultante es equivalente al que se derivaría de la prórroga de la metodología anterior.
Adicionalmente al procedimiento de señalamiento del cupo para el quinquenio 1997-2001, la metodología regula también la fórmula de cálculo de los ajustes a consumo del País Vasco de la recaudación por el Impuesto

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sobre el Valor Añadido y por los impuestos especiales de fabricación.
En relación con el ajuste a consumo en el País Vasco de la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, el proyecto de ley introduce mejoras técnicas que se concretan en la posibilidad de practicar un solo ajuste que engloba las adquisiciones intracomunitarias y las operaciones interiores al haberse definido un nuevo coeficiente de capacidad recaudatorio único para ambos tipos de operaciones. Hasta ahora, como SS.
SS. saben, el ajuste era doble, debiéndose realizar una estimación a veces muy complicada y discutida de la recaudación por operaciones intracomunitarias. Al haberse acordado la concertación de los impuestos especiales de fabricación, el proyecto de ley introduce la regulación del ajuste a consumo en el País Vasco de la recaudación por impuestos especiales de fabricación, por diferencia entre los consumos en el País Vasco de los productos objeto de cada uno de los impuestos especiales de fabricación, y las capacidades recaudatorias por dichos conceptos impositivos en el mismo. Por otra parte, para hacer financieramente neutral la concertación de los impuestos especiales de fabricación, la metodología arbitra para el quinquenio 1997-2001 las correspondientes compensaciones financieras por cada uno de estos conceptos impositivos, lo que determina, por tanto, la equivalencia entre los recursos obtenidos por estos impuestos calculada antes y después de la concertación.
En conclusión, señor Presidente, el proyecto de ley de la metodología del cupo cumple preceptivamente con la necesidad de establecer esta metodología para el quinquenio 1997-2001, como estamos obligados por ley, e incorpora los efectos del acuerdo de modificación del concierto entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco acordado el pasado 27 de mayo. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rato, un momento. Señorías. (Rumores.) Señora Fernández de Capel. Señor Homs. Señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio. El rumor que, sin duda por comentarios discretos, pero de todas SS. SS., se está produciendo, impide escuchar al orador. Les ruego que guarden silencio, (Pausa.) Continúe. señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, ya termino.
Por último, señor Presidente, quisiera agradecer a todos los grupos parlamentarios tanto el acuerdo alcanzado para tramitar, como ha sido costumbre en esta Cámara, en lectura única estos dos proyectos de ley, como el hecho de no haberse presentado ninguna enmienda, manteniendo de este modo el elevado grado de consenso que tradicionalmente ha presidido los debates de los acuerdos de modificación del concierto y determinación del cupo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
¿Grupos que desean consumir un turno a favor de los proyectos? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Parece interpretar del sentir de SS. SS. que quieren fijar sencillamente su posición todos los grupos. Turno entonces de fijación de posición.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señor Vicepresidente segundo del Gobierno, señoras y señores diputados, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para fijar nuestra posición sobre dos cuestiones de gran importancia para el autogobierno vasco y, especialmente, para sus ciudadanos: la modificación del concierto económico y la renovación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001.
En primer lugar, queremos recordar que el concierto económico no es un privilegio ni un sistema fiscal intrínsecamente más ventajoso que el del régimen común. No es un privilegio, sino un derecho que enlaza con el régimen foral histórico, del que es un residuo después del expolio violento tras las guerras carlistas. Al margen de cualquier definición o descripción histórica que pudiera realizarse sobre este instrumento económico, sí queremos recordar el carácter paccionado del concierto económico de acuerdo a la tradición foral. No se trata de una concesión del Estado, sino de un pacto entre dos partes. Su evolución a lo largo de sucesivas renovaciones, y especialmente tras su restauración en 1981, al finalizar la dictadura y bajo el primer Gobierno vasco presidido por el señor Garaikoetxea, ha dotado de mayor coherencia y racionalidad a este instrumento al establecer con nitidez la contribución de la Comunidad Autónoma vasca a las cargas generales del Estado, en base a cálculos que se pretenden equitativos en función de la participación de la economía de la Comunidad Autónoma vasca en el Estado.
El concierto, en contra de lo que a veces se pretende hacer ver intencionadamente, no comporta ventajas. La Comunidad Autónoma vasca es contribuyente neto, aporta a los fondos de solidaridad interterritorial y asume los riesgos y los costes políticos de una recaudación que puede volverse en su contra según los mecanismos establecidos para calcular el cupo o contribución a las cargas generales del Estado.
La presión fiscal, por otra parte, no es hoy inferior en la Comunidad Autónoma vasca respecto de la existente en el Estado, según lo acreditan los estudios

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más solventes al respecto. Por consiguiente, tampoco supone un privilegio desde el punto de vista de los contribuyentes, en contra de lo que a veces se ha pretendido hacer ver, describiendo a la Comunidad Autónoma vasca como una especie de paraíso fiscal. En esto la tentación de hacer política partidista entre grandes formaciones políticas del Estado ha supuesto una gran confusión, especialmente en las últimas polémicas derivadas de una negociación que, por cierto, a nuestro entender, no ha sido todo lo positiva que debía en la medida en que se han interferido elementos partidistas en lo que tenía que haber sido puramente una negociación institucional entre las administraciones central y vasca.
Consideramos que las innovaciones introducidas en el concierto económico son modificaciones exigidas por la propia lógica de los acontecimientos.
La desaparición de los monopolios, que constituían una excepción en la concertación de los impuestos especiales, hacía y hace completamente lógica la integración de tales figuras impositivas en el sistema fiscal vasco. Al mismo tiempo, los criterios empleados para sus cálculos y ajustes --como se verá al tratar del cupo-- no representan flujo favorable alguno para nuestra comunidad. Es absolutamente cierta la neutralidad resultante al respecto. De hecho, lo que se establece es una garantía de recaudación para el Estado y, sobre todo, una responsabilidad de gestión para la Comunidad Autónoma vasca que sólo puede esperar ventajas de una mayor eficiencia en la misma. Si antes el Estado recaudaba y descontaba el importe de su recaudación del cupo, ahora la Comunidad Autónoma vasca recaudará directamente lo que antes gestionaba la Hacienda estatal. Por ello resultan asombrosos algunos comentarios que hemos tenido ocasión de escuchar de boca de observadores y responsables políticos que han criticado estos nuevos ingresos de las haciendas vascas como si fueran ingresos netos. Algunos se han permitido incluso formular críticas sobre su eventual utilización en destinos poco recomendables, con expresiones como hacer más ricos a los ricos o más pobres a los pobres; opiniones, a nuestro entender, absolutamente incorrectas e inciertas.
La experiencia de los años pasados y los problemas experimentados en la anterior regulación aconsejaban perfeccionamientos operativos puramente lógicos, que han dado lugar a modificaciones como las relacionadas con los no residentes. Algo parecido cabría decir de la ampliación de la capacidad normativa, que en el pasado dio lugar a confusiones y conflictos interpretativos, en alguna ocasión ya zanjados por los tribunales en favor de las tesis vascas.
En todo caso, hay que dejar claro que esta autonomía normativa, especialmente la del IRPF, a veces tan criticada de forma demagógica, tiene una cortapisa importantísima en la disposición que habla de la presión fiscal global equivalente, término que, a nuestro entender, es más severo que el similar recogido anteriormente en la ley. Los argumentos que seguramente algunos emplearán, relativos a las posibles maniobras que se pudieran realizar dentro de esta capacidad, pertenecen al terreno de las teorías que difícilmente pueden tener reflejo práctico, por razones políticas y económicas fáciles de imaginar derivadas de una economía abierta. En nuestra opinión, la cláusula de garantía de una presión global equivalente apenas deja márgenes de actuación, no permitiéndonos todavía, muy a pesar nuestro, pasar a ser el decimosexto Estado de la Unión Europea en materia tributaria.
En definitiva, sólo una visión poco respetuosa con la legitimidad histórica de este derecho --que no privilegio-- y de un sistema fiscal propio, como el de los territorios de Euskal Herría, o una concepción que confunda solidaridad con homogeneidad o uniformismo con resultados prácticos, puede cuestionar el concierto económico y su actual renovación parcial. Este no es sino un perfeccionamiento y actualización derivada de la experiencia y de las nuevas situaciones que afectan a algunas figuras impositivas.


El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, le ruego concluya.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Concluyo, señor Presidente.
Precisamente, Eusko Alkartasuna, que ha mantenido y mantiene algunas posiciones críticas con la metodología para el cálculo del cupo y su actualización, ha querido hacer una valoración global del concierto renovado y del cupo actualizado para emitir también un juicio global positivo, asumiendo, como resulta habitual en cualquier negociación, que es preciso transigir en algunos aspectos, a nuestro entender criticables, en aras a un consenso global positivo. Es lo que habríamos esperado de otras fuerzas políticas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que salen del consenso universal que concita el concierto económico y la trascendencia política de un acuerdo pacífico en torno al mismo.
En relación a la metodología para determinar el cupo, resultan absolutamente injustificadas las críticas al 6,24, considerándolo como una cifra beneficiosa para la Comunidad Autónoma vasca. Por el contrario, hay que señalar que tal continuidad implica un mayor gravamen para la Comunidad Autónoma vasca. Efectivamente, ese índice, como recodarán ustedes, trae su origen de los cálculos que en 1980 se realizaron en relación al peso del PIB vasco y el PIB estatal. Hoy por hoy, ésa no es la cifra. Estudios solventes hablan del 5,80 o del 5,90, lo que supone unos 2.000 millones de pesetas por cada décima.
Hay otra serie de cuestiones y de ajustes que pueden ser problemáticos.
Hablando en hipótesis, cómo puede incidir la emisión de la deuda --lo más notorio-- en la

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determinación del cupo y, así, en ejemplos que se realizan, se establece que, si la emisión disminuye, el cupo puede aumentar de manera espectacular.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sí, señor Presidente.
Para ir resumiendo, diré que algunas otras críticas harían referencia a tomar en consideración la evolución de la recaudación de los impuestos concertados en el Estado y no en la Comunidad Autónoma vasca, por no hablar del índice de referencia, del IVA.
Eusko Alkartasuna entiende que, de haber valorado individualmente la metodología para la determinación del cupo, no habría podido dar su visto bueno a éste, pero, teniendo en cuenta el resultado global de la negociación del cupo, inseparable del concierto, tenemos que aconsejar nuestro apoyo más sincero. La complejidad técnica de la negociación, los aciertos y los defectos de su consideración global hay que entenderlos como desacuerdos técnicos que esperamos que el tiempo y las negociaciones futuras puedan remediar, y creemos sinceramente que en ningún caso harían factible el rechazo. En conclusión, apoyamos el cupo y el concierto valorándolo conjuntamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
El Grupo de Coalición Canaria tiene que pronunciarse con gran satisfacción por la presentación de un proyecto de ley sobre el concierto económico y el cupo, acto importante de consenso y de voluntad política de desarrollo de la Constitución desde el punto de vista del reconocimiento de los hechos diferenciales y del desarrollo autonómico.
Les felicitamos a la Comunidad Autónoma vasca y al Gobierno y mostramos nuestro entusiasmo y satisfacción por el acuerdo logrado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, para el Grupo Parlamentario Vasco hoy es un día importante. Es un día importante no sólo para nosotros, para el PNV, sino que lo es para el pueblo vasco y debería serlo también para el resto del Estado. A mí me parece que lo es.
Hoy se van a aprobar, salvo alguna abstención que va a cambiar después de mi intervención, dos proyectos de ley del alcance de los que ha presentado el Presidente del Gobierno. Los proyectos de ley de modificación del concierto económico y del cupo, que presenta el Gobierno para su ratificación al Parlamento, son la culminación de un acuerdo entre las administraciones de la Comunidad Autónoma vasca y del Estado.
Un proceso que se inició con un pacto político, es cierto, entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco; un pacto para la investidura del señor Aznar como Presidente del Gobierno, que tuvo un proceso de negociación posterior entre las dos administraciones. A pesar de la importancia y de su trascendencia, tanto la actualización del concierto económico a través de las nuevas competencias tributarias como la nueva Ley del cupo deben contemplarse como un hecho lógico y natural en las relaciones entre dos administraciones, la del Estado y la de Euskadi, de acuerdo con las posibilidades que se articulan en un sistema financiero propio emanado de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Guernica.
El proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de determinación del cupo vasco para el quinquenio 1997-2001 viene a cumplir con el mandato del Estatuto de Autonomía para el País Vasco. En su artículo 41.2.d) dispone que el País Vasco contribuirá al sostenimiento de las cargas generales del Estado mediante la aportación de un cupo global integrado por los correspondientes a cada uno de los territorios históricos. De no ser así, es decir, de no llegarse a un acuerdo, se prorrogaría con carácter provisional la metodología del quinquenio anterior.
Es preciso señalar que todos los acuerdos para los quinquenios anteriores se han valorado de forma satisfactoria para ambas administraciones, habiéndose caracterizado por su simplicidad y su automatismo, por lo que, de cara al quinquenio 1997-2001, se planteaba la conveniencia de fijar una metodología que supusiera su continuidad. La metodología que incorpora el proyecto de ley que ahora se debate repite, por tanto, la establecida para el quinquenio anterior, habiéndose introducido exclusivamente las adaptaciones precisas derivadas de la ampliación del concierto económico. Así, el nuevo cupo provisional del año base, 1997, refleja el hecho de que se hayan concertado los impuestos especiales de fabricación, desapareciendo la compensación que existía por este concepto hasta la actualidad. Además, y con el fin de asignar adecuadamente a cada hacienda la recaudación correspondiente a los residentes de su territorio, se han establecido los mecanismos de ajuste necesarios para perfeccionar la recaudación de cada territorio por los impuestos especiales de fabricación ahora concertados.
Respecto al índice de imputación, el acuerdo establece de nuevo el 6,24 por ciento, lo cual es también un elemento consolidador del sistema, dotando al modelo de una gran estabilidad financiera. La discusión

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por ambas administraciones de qué tipo de estadísticas había que utilizar para determinar el índice de imputación puso de manifiesto la existencia de diferentes fuentes y de distintos tipos de estadísticas; todas oscilaban alrededor del 6,24 por ciento, por lo que al final se ha decidido mantener dicho índice. Junto al continuismo y en un contexto marcado por la necesidad de todas las administraciones públicas de fuerte control de sus cuentas públicas, resultaba obligado que las adaptaciones no supusieran financieramente menoscabo de los recursos de ninguna de ellas.
La premisa de neutralidad financiera ha constituido, por tanto, el segundo pilar del acuerdo. El criterio de neutralidad tiene así su reflejo en el establecimiento de determinadas compensaciones financieras por las que la recaudación final derivada de la nueva concertación de los impuestos especiales no va a suponer trasvases de capacidad financiera desde una a otra administración respecto a la situación anterior.
Señorías, en este proyecto de ley que presenta el Gobierno --me refiero al del cupo-- se mantiene la simplicidad y el automatismo; se mantiene el principio de neutralidad financiera; y se mantiene la premisa fundamental del sistema del concierto económico, que es que las administraciones afectadas asumen íntegra y unilateralmente el riesgo que implica la gestión de una hacienda pública. Siendo esto así cabe preguntarse por los efectos que en dicha premisa, la del riesgo, puede tener el modelo del cupo anteriormente definido. Para que esta característica primordial se siga manteniendo lo único que tiene que ocurrir es que el cupo no dependa de factores endógenos a la comunidad autónoma del País Vasco, factores que no serían otros más que la recaudación de los tributos concertados y el gasto público efectuado por la prestación de las competencias asumidas. Muy al contrario, el asunto debe verse desde una óptica radicalmente distinta, como ya se ha dicho.
Cupo es la contribución del País Vasco al sostenimiento de las cargas del Estado que no asuma la comunidad autónoma. Por tanto, su cuantificación vendrá dada por la dimensión de dichas cargas del Estado, lo que no es más que los importes correspondientes a las competencias no asumidas que figuran anualmente en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado. El cupo es, señorías, una obligación económica del País Vasco que se produce independientemente del resto de derechos y obligaciones económicas que se deriven de las actuaciones de los poderes públicos de la comunidad autónoma. Yo no pensaba que después de 120 años de existencia de los conciertos económicos entre el Estado español y Euskadi, en los cuales esta Cámara ha aprobado sucesivamente las correspondientes leyes quinquenales del cupo, hubiese alguien que pudiese cuestionarse esta metodología; no lo pensaba. Espero que a partir de ahora nadie tenga dudas sobre la legitimidad, su neutralidad y su solidaridad.
Me voy a tomar la libertad de terminar esta parte recordando a SS. SS. lo que decía el portavoz socialista que defendió su posición ante la anterior ley quinquenal del cupo: He de congratularme --decía-- , y pienso que todos los que tenemos responsabilidades políticas en España debemos de hacerlo así, por esta ley. No hay fundamentos técnicos ni políticos para atacarla o para no votarla positivamente. Eso decía hace cinco años aproximadamente el portavoz socialista.
Por lo que respecta a las modificaciones introducidas en el concierto económico, de forma muy resumida les diré que el concierto económico es un sistema paccionado, lo que quiere decir que ambas administraciones en el ámbito de sus potestades, en el ejercicio de sus respectivas competencias, acuerdan determinadas normas de relación, en este caso, en el ámbito tributario y financiero. No es un privilegio, ya se ha dicho por algún otro portavoz anteriormente, sino un derecho histórico reconocido por las leyes. Hace unos días el mismo Presidente del Tribunal Constitucional, don Alvaro Rodríguez Bereijo, decía en la prensa: El concierto económico no es un privilegio sino un derecho histórico del pueblo vasco, reconocido por el Estatuto y garantizado a través de la disposición adicional primera de la Constitución. Y continuaba: El concierto económico está dentro de ese marco de derechos históricos del País Vasco como nervio de su autonomía y de su autogobierno. En este contexto hay que enmarcar la capacidad normativa en materia tributaria.
Terminaba así la cita.
Es, por tanto, señorías, un sistema que otorga potestad normativa tributaria a las instituciones competentes de los territorios históricos, las haciendas forales, lo mismo que el Estado, lo que no es óbice para que el propio concierto recoja las oportunas normas de armonización fiscal que garantice el desarrollo armónico de los distintos sistemas tributarios. Es un sistema que provee de capacidad normativa y de exacción y gestión tributaria, en todas sus fases, a las diputaciones forales; no es una cesión de la gestión por parte de la Administración del Estado sino una potestad propia, que se ejerce, en su caso, en colaboración con otras administraciones tributarias.
El concierto económico, señorías, es más que una ley fiscal. Como dice don Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, el sistema de concierto económico sólo puede ser entendido correctamente si se le concibe no sólo como un sistema más o menos eficaz de gestión tributaria y de articulación de la Hacienda sobre el principio de autonomía, sino como la existencia de una personalidad política diferenciada: el pueblo vasco. Su raíz está ahí y su constitucionalidad esencial no es otra que el respeto y amparo que la norma fundamental da, en su adicional primera, a esa realidad preconstitucional, que es la

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magnitud existencial de un pueblo distinto. Esto decía hace unos días don Miguel Herrero de Miñón.
El concierto económico, además, es un instrumento vivo, un instrumento flexible, para poder adaptarse a los cambios de las reformas fiscales que se producen en el Estado y en la Unión Europea. De hecho, a lo largo de estos años se han producido tres adaptaciones y una modificación del concierto. Por tanto, las modificaciones introducidas por este proyecto de ley en el concierto económico no quiebran ningún principio emanado del ordenamiento jurídico, cuyo referente fundamental son la disposición adicional primera de la Constitución y la Ley orgánica del Estatuto para la Comunidad Autónoma del País Vasco ni introducen ningún elemento extraño que perturbe la articulación de un sistema financiero que se ha dado entre el Estado y el País Vasco. Es un sistema que lleva implícito un riesgo unilateral. El Estado no participa en la recaudación obtenida en el País Vasco, pero tampoco asume la cobertura de los gastos públicos.
Por tanto, si gestionamos bien, obtendremos beneficios y, si gestionamos mal, tendremos pérdidas.
Finalmente, es un sistema solidario --y es muy importante conocer esto-- porque el País Vasco contribuye a las cargas generales del Estado en función de la renta relativa y de la financiación, a través del cupo, de las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial. Se trata de un mecanismo por el que una parte de la recaudación de los tributos concertados, obtenida por los contribuyentes vascos en función de su capacidad, se transfiere al Estado para financiar competencias de carácter general. El País Vasco contribuye en función de lo relativamente rico o pobre que es. Ello no es sino el fiel y escrupuloso respeto al principio de solidaridad acuñado en el artículo 156.1 de la Constitución Española, puesto que los ciudadanos del País Vasco contribuyen a financiar las cargas generales del Estado que no haya asumido la comunidad autónoma en la misma medida que el resto de los ciudadanos del Estado, en virtud de la capacidad de pago de cada uno. Además de ello, el principio de solidaridad se ve potenciado por la creación del Fondo de Compensación Interterritorial en el artículo 158.2 de la Constitución, al cual contribuye el País Vasco en virtud de su índice de capacidad relativa al ser considerado como una carga general no asumida por la comunidad autónoma.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego que concluya.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino en seguida, señor Presidente.
Es más, la actualización del concierto económico que hoy se recoge en este proyecto de ley se tenía que haber producido hace años, pero no ha sido posible porque no ha existido hasta ahora un Gobierno con la sensibilidad necesaria para con las permanentes reivindicaciones del pueblo vasco. Estas reformas no vienen más que a desarrollar este sistema de relaciones financieras cuyas modificaciones fundamentales han sido ya expuestas por el Vicepresidente del Gobierno en su presentación, que no voy a repetir porque lo tienen ustedes en los proyectos de ley.
Señor Presidente, señorías, en las últimas semanas hemos escuchado críticas a la actualización del concierto económico, la mayoría provenientes de personas de la vida pública que o no conocen el contenido del concierto --cosa poco probable-- o, conociéndolo, hacen demagogia con intereses electoralistas o, lo que es peor, no aceptan el sistema tributario y financiero paccionado, emanado de unos derechos históricos reconocidos por la Constitución y desarrollados en una ley orgánica como es el Estatuto de Guernica.
Denuncias veladas o explícitas a veces, dumping fiscal, ventaja financiera, agravio comparativo, privilegios, discriminación, todo en referencia al acuerdo entre el concierto y el cupo, no son más que falacias, demagogias y opiniones interesadas de quienes no admiten la institución del concierto económico y defienden la existencia de estructuras políticas estatales y uniformes. No es la primera vez que tenemos que defender el concierto de quienes quieren hacer tabla rasa de cualquier peculiaridad o elemento diferenciado, a pesar del fundamento jurídico de la institución en la propia Constitución. Hay políticos que tienen una visión centralista del Estado que atribuyen la redistribución personal de la renta exclusivamente al Gobierno central; que admiten descentralización en el gasto en políticas educativas, sanitarias o en vivienda, en buena medida competencia ya de las comunidades autónomas, pero no admiten descentralización por el lado de los ingresos. El régimen del concierto económico y del convenio de Navarra supone la responsabilidad tanto del ingreso como del gasto. No queremos el concierto para que los ricos paguen menos. Queremos hacer política redistributiva de rentas en Euskadi, como el salario de la pobreza dotado con 9.000 millones de pesetas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿O es que entiende el Partido Socialista que sólo debe hacer política redistributiva el Gobierno del Estado? ¿Por qué han renunciado al 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? ¿No quieren redistribuir las comunidades autónomas las rentas de sus habitantes de Andalucía, de Extremadura o de Castilla-La Mancha? Quieren que la redistribución la haga exclusivamente el Gobierno del Estado.
Señor Presidente, señorías, solamente me resta pedirles el voto favorable a la convalidación de estos proyectos de ley por respeto a la Constitución y al Estatuto de Autonomía del País Vasco, por respeto a los derechos históricos del pueblo vasco; en definitiva, por respeto al pueblo vasco.
Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar a la Cámara, en primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, que vamos a votar favorablemente los dos proyectos de ley, el de modificación del concierto económico con el País Vasco y el de modificación de la metodología para la aprobación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001. Lo vamos a hacer, señorías, por coherencia histórica.
Mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán, siempre ha respetado en esta Cámara los acuerdos alcanzados por el Gobierno del Estado y el Gobierno del País Vasco para la aplicación del Estatuto de Guernica. En todo momento hemos coincidido y hemos respetado estos acuerdos cuando se han conformado libre y democráticamente. Mi grupo, pues, contribuirá con satisfacción --y me dirijo a los compañeros diputados del Grupo Parlamentario Vasco-- a la aprobación de este nuevo acuerdo. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Estos dos proyectos de ley, señorías, contienen, a nuestro entender, importantes modificaciones normativas que potencian la singularidad del régimen financiero del territorio foral y permiten profundizar en el autogobierno de Euskadi, siempre dentro del marco estatutario y constitucional vigente. Importantes modificaciones, a nuestro juicio, en el ámbito del IRPF, que se convierte para el País Vasco ahora en un tributo concertado, con capacidad normativa, además de la capacidad recaudatoria que ya tenía. hasta la fecha; importantes modificaciones también en el Impuesto sobre el Patrimonio, que pasa a ser un tributo con capacidad normativa plena para el País Vasco, importantes modificaciones, por último, en el régimen de los principios de armonización fiscal y de colaboración en el Impuesto sobre Sociedades y sucesiones, así como en la aplicación de los acuerdos internacionales respecto al régimen aplicable a los no residentes y a la definición del marco tributario para los grupos de sociedades. Todo ello es, sin duda, singular e importante. Mi grupo quisiera destacar de este acuerdo lo que conlleva de novedad en lo relativo a la cesión de los impuestos especiales. Estos estaban excluidos del concierto económico de forma expresa y ahora se convertirán también en tributos concertados, sin potestad normativa sobre ellos. En este sentido, nos alegramos de observar cómo se confirman las tesis sostenidas por mi grupo parlamentario en marzo y abril del año pasado, cuando empezábamos esta legislatura, cuando planteábamos la cesión de los impuestos especiales a Cataluña o a otras comunidades autónomas, si lo deseaban. Es evidente que las imposibilidades técnicas entonces aludidas por el Gobierno ahora ya han desaparecido, como ha razonado el Ministro de Economía y, por consiguiente, ahora sí es técnicamente posible la cesión de los impuestos especiales, tal y como prevé la reciente Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Nuestra coalición, señorías, va a proponer, pues, próximamente la cesión de los impuestos especiales a Cataluña, sin perjuicio de que también puedan hacerlo otras comunidades autónomas si lo desean, ya que así lo prevén en estos momentos tanto el Estatuto de Cataluña como otros estatutos y, sin duda, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, recientemente aprobada por las Cortes Generales.
Nuestro grupo entiende esa posición en el marco incluso de la reforma del sistema de financiación de la sanidad, que está en estos momentos en su fase final de debate y reflexión en esta Cámara. Puesto que el Gobierno plantea la cesión de las competencias sanitarias a todas las comunidades autónomas y la consiguiente integración del sistema de financiación de la sanidad en el marco de la financiación ordinaria de las propias comunidades autónomas, según el principio de corresponsabilidad fiscal, nuestro grupo entiende que ya puede ser oportuno considerar, pues, la cesión de los impuestos especiales a aquellas comunidades autónomas con competencias en materia sanitaria, como puede ser el caso de Cataluña o de otras que las tienen asumidas. Vamos, pues, señorías, a votar favorablemente estas cesiones de capacidad normativa al País Vasco, que van a tener económicamente carácter nulo, como ya se ha dicho, pero conllevan una gran trascendencia política y técnica.
Quisiera, señor Presidente, para concluir, hacer una observación puntual sobre algún aspecto que ha sido de interés para nuestro grupo parlamentario. Hemos conocido ya, puesto que se ha anunciado, que va a haber algún voto de abstención a esta cesión del cien por cien de capacidad normativa al País Vasco para determinados tributos, entre los que destaco el IRPF. En cambio, cuando se debatió hace escasos meses en esta Cámara el régimen general de financiación a las comunidades autónomas, en donde se contemplaba la cesión de una capacidad normativa parcial, solamente el 30 por ciento del IRPF, para 15 comunidades autónomas que lo solicitasen, entonces se estuvo en una posición distinta o en contra. Constatamos en estos momentos, señorías, una mayor eficacia e influencia del Partido Socialista de Euskadi en determinado grupo parlamentario de esta Cámara, frente a la que tuvo en su día el Partido Socialista de Cataluña, cuando se debatió aquí también la cesión parcial de la capacidad normativa del 30 por ciento en el IRPF. Hubiéramos deseado que el voto expresado en aquel momento hubiera sido afirmativo o, cuando menos, que hubiera sido el mismo que se exprese esta tarde para la cesión del cien por cien de la capacidad normativa al País

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Vasco en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Señor Presidente, estas son las observaciones puntuales de mi grupo.
Simplemente deseo concluir reiterando nuestra intención de voto favorable. Entendemos que este es sin duda un paso histórico de esta Cámara, como ha anunciado mi predecesor en el uso de la palabra, que nos permite profundizar en el autogobierno del País Vasco y en el cumplimiento de nuestras funciones constitucionales por lo que se refiere a Euskadi.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar en este turno fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a este trámite que yo considero que no es el del pacto entre dos partidos, no es el trámite del pacto de investidura entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, sino el acuerdo entre dos gobiernos que ha tenido un cierto debate en el Parlamento vasco y que tiene un debate, en su tramitación como proyecto de ley, en el Congreso de los Diputados.
La posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a ser de apoyo, no desde la adhesión a lo que ya han negociado dos gobiernos sino desde la posición crítica, tanto en la forma como en el contenido, a la propuesta que se ha concretado en el texto de dos proyectos de ley, y a nosotros nos gustaría hacerlo desde lo que ha sido la posición histórica que ha mantenido mi grupo desde el año 1986 y el PCE desde el año 1982, que ha sido la de entender que el concierto y el cupo vasco son un derecho histórico reconocido por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía que debe de revisarse y actualizarse permanentemente desde los criterios constitucionales y desde los criterios del Estatuto de Autonomía. Me gustaría hacer dos comentarios previos para después entrar en lo que pudiéramos llamar elementos de lo que sería otro giro, otros contenidos del cupo y, sobre todo, del concierto, si los hubiéramos tenido que administrar desde la posición del Gobierno.
La primera consideración es que a nosotros no nos gusta el trámite de lectura única que se está siguiendo, por mucho que haya sido el que se utilizó en otros momentos, porque desde nuestro punto de vista reduce la capacidad de enmendar por parte de los grupos parlamentarios --cualquier propuesta de enmienda sería una enmienda de totalidad o de devolución-- y reduce las competencias que los diputados tienen según el artículo 23 de nuestra Constitución: poder ejercer nuestro cargo de representación de los ciudadanos desde un criterio de equidad. Esta posibilidad de tramitación en lectura única está recogida en nuestro Reglamento para los proyectos o proposiciones de ley que, por su simplicidad o porque así se aconseje, puedan tramitarse siguiendo las normas establecidas para los debates de totalidad. Desde luego, no podemos decir que estos dos proyectos sean simples o sencillos en su composición y, en cuanto a que sea aconsejable, yo no sé si sería aconsejable equipararlos a un convenio internacional entre dos Estados que, cuando se enmienda, se devuelve para que sea negociado otra vez entre las dos partes. En todo caso, reconociendo que una vez negociado, podría darse, se podría haber seguido un trámite previo para que el Gobierno de la nación nos hubiese explicado los contenidos y las bases para fijar esta propuesta de concierto y este cupo, y haber hecho lo mismo en el Parlamento vasco, para que los dos gobiernos, dada la posición que recogen como mayoría en las Cámaras, hubieran podido llegar a esa concreción, pero no se ha seguido ese trámite. Quiero citar aquí un artículo del profesor de Derecho constitucional Pedro María Larumbe, publicado en una revista del Instituto Vasco de Administraciones Públicas, en el que expresa su posición respecto a un trámite parlamentario en el que ni siquiera se posibilita el derecho a enmienda de los diputados, que al final es prácticamente el que nos queda.
La segunda consideración es el exceso de referencia a lo que pudiéramos llamar contenido del elemento histórico. Tendríamos que ver cómo ha evolucionado a lo largo de la historia en cada una de las provincias y de las administraciones forales; pero este no es el argumento, sino el derecho histórico en función de un reconocimiento constitucional y una evolución en el tiempo. Por tanto, nosotros queremos echar mano a lo histórico, pero desde la óptica de que es positivo, puesto que se incrementa el autogobierno de un Gobierno y de un Parlamento, de todo un pueblo, y porque, además, se incrementa la suficiencia de ese Gobierno para cumplir con todas sus competencias. Y esa revisión, en cuanto a las características, las condiciones y la forma de producirla, lógicamente, tiene que tener un argumento de mayor peso que el histórico. Por ejemplo, cuando se plantea o si se plantea, porque en otro momento se ha hecho, la ruptura de la caja única de la Seguridad Social para gestionarla mejor, desde la base de un derecho, me imagino que no se esgrimirá el derecho histórico porque históricamente no lo han tenido; se puede argumentar el derecho o la voluntad de una mejor gestión hipotética.
Hechas esas premisas de lo que pudiéramos llamar posicionamiento en cuanto a la forma, me gustaría hacer cuatro precisiones sobre lo que para nosotros el concierto debería de haber tenido de diferente visión y después me referiré a la cuantificación del cupo.


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En primer lugar, nosotros creemos que en el proceso de negociación hasta el final, al margen de que en algún sitio haya habido máxima transparencia, aquí no se ha tenido, ni en las bases que sustentan los acuerdos ni en las estadísticas que son el fundamento para fijar el cupo; no sabemos si existen estadísticas públicas actualizadas en cuanto al consumo por parte de la Administración vasca o del Estado. Nosotros no disponemos de estadísticas fiables sobre consumo que nos faciliten lo que es la toma de decisión: en el caso del cupo, cómo se fija la participación o cómo se fija la gestión en cuanto a algún impuesto sobre posibilidad en la evolución en el primer año y en los siguientes en los que van a funcionar el cupo y el concierto, ni de qué manera se pueden establecer esas orientaciones.
La segunda interrogante es por qué hay un doble trato de funcionamiento.
En los impuestos especiales concertados se da un margen, entendiendo que una mejor eficacia en la gestión o recaudación, desde un año de partida que puede ser el año 1997 --creo que será el año 1996, liquidado, el que se utilizará--, contra lo que puede ser el fraude fiscal puede significar mayores ingresos para la Administración o para la Hacienda vasca, y si pasan del 7 por ciento, esos mayores ingresos pueden ser transferidos al Estado, y, a la inversa, si hay una menor gestión o una menor recaudación de esos impuestos, hasta el 7 por ciento serán menores ingresos de la Hacienda vasca, pero si pasan de ese 7 por ciento, será una transferencia que el Estado tendrá que hacer. Se da la circunstancia de que no se utiliza este mismo parámetro para todos los impuestos. ¿Por qué no se hace para el IRPF o para el Impuesto sobre Sociedades? ¿Por qué esta cláusula o estos topes máximos y mínimos sólo funcionan para estos impuestos especiales? La tercera consideración que nos gustaría hacer se refiere a lo que pudiéramos llamar los elementos no armonizadores. En la fijación del concierto los doce elementos que antes se utilizaban para criterios de armonización fiscal han quedado reducidos a cuatro. Se me puede decir que antiguamente o en los últimos años prácticamente no se utilizaban todos y cada uno de esos doce elementos y que la Hacienda navarra, que la tenemos al lado como elemento comparativo, utiliza otros, pero no me voy a referir a esa menor relación de elementos en cuanto a armonización fiscal, sino a que la actuación que pueda producirse no utilice eso que se llama, como ha dicho el Ministro y Vicepresidente del Gobierno, presión fiscal global equivalente. ¿Qué quiere decir eso de presión fiscal global equivalente? ¿Cómo se mide eso? ¿Eso quiere decir que yo puedo reducir el Impuesto sobre Sociedades hasta el 10 por ciento pero incrementar otro impuesto en el mismo porcentaje e ir a un equilibrio entre impuestos? Nosotros creemos que esa actuación se debería hacer en cada uno de los impuestos, porque así evitaríamos que pudiera haber una competencia entre la Hacienda vasca y las haciendas limítrofes de régimen común a la hora de que el Gobierno vasco pueda producir determinados beneficios fiscales dentro de su autonomía, sobre todo en el Impuesto sobre Sociedades, en el que puede ir a una actuación determinada, porque todos reconoceremos que porque a cualquiera de nosotros nos ofrezca la Hacienda vasca reducir un uno por ciento la presión fiscal en el IRPF, no nos vamos a ir a vivir allá en función de esa rebaja que pueda haber, pero en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados sí se puede producir esa situación; de hecho se está produciendo.
La cuarta reflexión se refiere a la valoración para poder llegar a este acuerdo, lo que pudiéramos llamar un cálculo en cuanto a la participación del cupo, no en función del PIB; es verdad que en el primer momento esa cuantificación del 6,24 por ciento de participación, con lo que el pueblo vasco va a participar en el funcionamiento común del Estado desde la solidaridad en lo que es la actuación de competencia del Estado, está sacada de la participación de la economía vasca en la economía de todo el Estado. ¿Por qué no utilizamos el criterio de renta por habitante? Podría irse a esa modalidad no como fórmula alternativa sino como fórmula mixta para poder actuar, con lo cual añadiríamos no solamente el producto interior bruto del crecimiento económico o del peso económico, sino también la distribución que se produce dentro de esa economía.
Termino, señor Presidente, señorías, aludiendo a lo que son los dos elementos sobre los que nosotros también tenemos dudas razonables.
Queremos separar, por tanto, nuestro apoyo de lo que es la mayor autonomía, la mayor suficiencia financiera, el mayor autogobierno que tiene la Hacienda vasca, de lo que puede ser la gestión. Yo no voy a entrar en si la gestión desde el Gobierno va a introducir unos criterios de desfiscalización, si va a entrar en una mayor o menor gestión del fraude fiscal, pero sí que me gustaría entrar en lo que es la participación en la solidaridad del Estado. Mi grupo parlamentario ha defendido en la discusión de presupuestos y en la discusión de lo que es la reforma de la Ley del Fondo de Compensación una mayor estabilidad y peso de dicho fondo, no conforme está ahora mismo, de un porcentaje de la inversión nueva del Estado, sino desde un porcentaje del PIB invertido como compromiso para corregir desequilibrios. Si se produjese ese mayor crecimiento o esa mayor cuantificación, lógicamente debería darse una mayor aportación de lo que es la participación vasca en ese acto de solidaridad. El segundo elemento es el tema del fondo de compensación automático, ese que se ha hecho en el régimen común, en donde para reducir la divergencia que se pueda producir, las comunidades que recauden menos del 90 por ciento recibirán una compensación desde las que pudiéramos llamar comunidades que tienen

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unos mayores ingresos o unos mayores beneficios. Pues bien, en esta discusión deberíamos de hacer partícipe de esa compensación a este modelo.
Yo estoy convencido, señorías, de que hoy aquí lo que se va a aprobar en este trámite son dos proyectos que van a tener cinco años de gestión o cinco años de evolución. Nuestro voto afirmativo a lo que es este reconocimiento, tanto del concierto como del cupo, lo vamos a dar desde el apoyo a que se ponga en marcha, estando vigilantes en su desarrollo y en su actualización anual desde el Parlamento vasco y desde el Parlamento de la Nación. Esta posición es la que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene hoy en este Pleno y es la que expresó el portavoz de Izquierda Unida-Ezker Batua, Javier Madrazo, en el Pleno del Parlamento vasco hace unos días. Por tanto, hemos sido coherentes en nuestra posición tanto en el País Vasco como en el resto del Estado para evitar que esas pequeñas contradicciones nos hagan decir una cosa en un sitio y otra en otro.
Terminaría, señor Presidente, diciendo que hay un libro muy bonito de Octavio Paz que se llama Peras del olmo, en donde dice: La historia de España es una sucesión de bruscos saltos y caídas, danza a veces y, otras, letargo. Estoy convencido de que hoy aquí no aprobaremos letargo ni brincos o saltos, sino medidas progresivas hacia lo que es la política fiscal.
Nada más, señor Presidente, nada más señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Eguiagaray.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, señorías, quisiera empezar mi intervención diciendo que para alguien nacido en el País Vasco y que algo ha tenido que ver además con la historia del concierto económico en la democracia la oportunidad de decir alguna cosa y tratar de hacer alguna reflexión sobre el pasado, el presente y el futuro representa ahora, ejerciendo sus tareas de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia económica, una satisfacción y una cierta emoción también.
Yo recuerdo que hace muchos años, cuando no todo el mundo se había puesto la bandera de autonomista, cuando era un poco más difícil que hoy defender autonomías por doquier, cuando era un poquito incluso más arriesgado y cuando algunos nos manifestábamos por las calles de Bilbao o de otros lugares en defensa de la libertad, de la autonomía, de la amnistía y del Estatuto de Autonomía, estábamos pensando en un concierto económico como elemento fundamental de la autonomía del País Vasco en el marco de una nueva España, de una España democrática. Hoy que todo el mundo puede envolverse, y yo lo celebro, en la misma bandera autonómica, hoy que todo el mundo puede envolverse en la misma bandera constitucional, sin embargo, tengo la especial satisfacción, incluso aunque a alguno le extrañe de seguir diciendo las mismas cosas que decíamos los socialistas en el País Vasco en los años 70, las que hemos dicho en los años 80 y las que espero podamos seguir diciendo en los años 90 alrededor de la Constitución, alrededor de la autonomía, alrededor del concierto y alrededor del cupo.
La primera pregunta que quería hacer, viendo como veo no sólo a SS. SS.
sino a ilustres representantes de las diputaciones forales del País Vasco en la tribuna, es si era necesaria esta modificación de la Ley del concierto, hoy, aquí y ahora. El concierto económico vigente tiene una duración de 20 años, hasta el año 2001. Sólo hay un caso en el que por razones legales es necesaria la modificación, aquel en el cual se produzca una reforma sustancial del ordenamiento tributario del Estado, cosa que es harto difícil de pensar que se ha producido, salvo que de verdad nos creamos que la introducción del impuesto sobre las primas de seguros es realmente una modificación absolutamente sustancial del sistema tributario del Estado.
Es ciertamente posible introducir de común acuerdo, entre la representación del País Vasco y la representación del Estado, cualquier modificación en torno al concierto y en torno al cupo, así lo dice su texto, pero entonces estamos en un terreno que es otro, el terreno de la mutua conveniencia, el terreno del mutuo acuerdo, un terreno que habrá de juzgarse en términos no de la institución sino de lo que efectivamente se ha conseguido con el acuerdo al que se ha llegado. Quiero recordar que este acuerdo es el resultado de un compromiso, de un compromiso para la investidura también del señor Aznar, no de una modificación sustancial del sistema tributario operada previamente. Quiero recordar que su análisis ha de hacerse en función de un legítimo compromiso político, pero no necesariamente de una obligación legal, porque más bien parece que, estando presentes y previstas modificaciones ulteriores del sistema fiscal, incluso a lo largo de esta legislatura como el Gobierno ha previsto, ni este era el momento más adecuado ni el más pertinente para hacer esas modificaciones.
Permítanme insistir no sólo en las palabras que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, como también el propio Vicepresidente del Gobierno han dicho alrededor del sistema del concierto y del cupo, sino en algo que es una convicción compartida por toda la Cámara. El sistema de concierto, como el sistema de cupo, no son un privilegio; son un derecho reconocido en la Constitución. Se trata de una institución sobre la que veinte años después de las primeras elecciones democráticas y diecinueve años después de la aprobación de la Constitución sólo hay que recordar la disposición adicional primera de la Constitución española, sólo hay que recordar algunas de las muy expresivas

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sentencias del Tribunal Constitucional y sólo hay que recordar las disposiciones ya contenidas de actualización del régimen foral en el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco y especialmente en su artículo 41, cuando habla de que las instituciones competentes de los territorios históricos pueden mantener, establecer y regular el régimen tributario, eso sí, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas que prevea el propio concierto para la coordinación, para la armonización fiscal y para la colaboración con el Estado contenidas en el propio concierto. Por lo tanto, es verdad que estamos hablando de una institución muy importante con una larga trayectoria histórica, pero, sobre todo, de una institución que, más allá de su contenido histórico o de su referencia al pasado, tiene la legitimación democrática de la soberanía popular, de los votos y de la propia Constitución, que es de donde emana esa legitimación democrática del concierto y del cupo, como una institución singular, como un hecho diferencial absolutamente claro, cuya legitimidad es la que acabo de decir y que, sin embargo, tiene que seguir siendo un elemento garante del derecho legítimo a la diferencia y un factor también fundamental del derecho a la igualdad, que es perfectamente compatible con el derecho a la diferencia, la igualdad básica de los ciudadanos con el legítimo derecho a la diferencia, a los hechos singulares, a la diferenciación legítima constitucionalizada y en este caso plasmada además en el Estatuto. De lo que hablamos, por tanto, no es de una institución.
Hablamos, dentro de esa institución que nadie discute, de las consecuencias de un acuerdo, de ese acuerdo que tiene su origen en el compromiso para la investidura del señor Aznar. Y es en relación a esto sobre lo que nos tenemos que pronunciar.
El señor Ardanza, hace unos días, me parece que en un momento en el que no hacía un especial favor a su contraparte en la negociación, decía que en materia de soberanía fiscal el País Vasco había alcanzado el nivel número 16 de los países de la Unión Europea. Ciertamente, una referencia en esta dirección es quizás una expresión desde luego de satisfacción por parte de quien se ha situado --si me permiten la expresión-- en un lado de la mesa de negociación, pero al mismo tiempo es una expresión que suscita algunas preocupaciones, algunas inquietudes legítimas y perfectamente compatibles con todo lo que acabo de decir; una preocupación que alguien, al que me voy a permitir citar, porque nos observa en este debate y que representa un territorio histórico del País Vasco, el Diputado General de Guipúzcoa, formulaba con notoria inteligencia, a mi juicio, hace unos días y está recogido en los medios de comunicación. Un país tan pequeño como Euskadi debe tener --decía él-- una única normativa en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Me parece absolutamente razonable, tan razonable que me hace pensar que en un país como España tan pequeño en el marco del mundo, en el marco de Europa y en el marco de la globalización económica, realmente las instituciones singulares no pueden ser una forma de eludir una realidad que se nos impone a todos y, sobre todo, una forma de generar alguna duda sobre la igualdad básica de los ciudadanos en relación con sus obligaciones y con sus derechos tributarios. Yo creo que es verdad, estoy absolutamente de acuerdo con el Diputado General de Guipúzcoa y con todos aquellos que desde la sensatez en el País Vasco están planteando ya que no puede darse, por la existencia de autonomía normativa, la capacidad de que en cada una de los territorios se haga lo que parezca oportuno a sus instituciones competentes. Sería un disparate en el País Vasco, como me parece que pudiera serlo --no digo que lo vaya a ser, felizmente-- también si efectivamente esto llevara a una separación del régimen tributario del País Vasco de una forma radical respecto de la existente en el territorio común.
¿Qué es, por tanto, lo que se hace en este acuerdo? En este acuerdo y en estos proyectos de ley lo que se hacen son, a mi juicio, algunas cosas, unas sensatas y otras preocupantes, y quiero decirlo con claridad desde la afirmación previa que he hecho a favor de instituciones por las cuales todos exhibimos nuestro más amplio respeto. Desarmonizar lo que estaba armonizado no me parece que sea el mejor camino ni en el interior del Estado ni en el interior de la Unión Económica y Monetaria. No es desde luego en esa dirección en la que camina Europa, ahora que vamos a formar parte de la Unión Económica y Monetaria. No es un camino para resolver los conflictos que existían dejarlos pendientes y me parece que no es tampoco una forma de dar seguridad hacia el futuro la de crear nuevas posibilidades de conflictividad en esta España nuestra, suficientemente compleja en materia de autonomías y en materia también de financiación.
Permítanme algunas referencias sobre lo que significa la aparente desarmonización existente en la propuesta de nueva ley de concierto económico. El tema de que se amplíe el ámbito de la concertación hacia los impuestos especiales ha sido ya glosado por algunos de los anteriores intervinientes. Alguien dijo, durante otra discusión anterior, que no era posible concertar o ceder los impuestos especiales a otras comunidades, se tratara de la comunidad catalana o de la comunidad andaluza. Ahora parece de toda evidencia, incluso contra algunas apariencias de las previsiones del propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, cuando prevé que determinados impuestos de fabricación, estén o no en manos de monopolios fiscales, no sean objeto de concertación, o que durante este concierto económico no se concierte --perdonen la redundancia-- la imposición sobre alcoholes; ahora resulta que se concierta eso y algunas cosas que parecían tener dificultades técnicas. ¿Quién dudará, en consecuencia, que si se da

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este paso, se podrá dar también en algunos otros lugares a pesar de que se haya negado tal posibilidad en el pasado? ¿Qué más podríamos decir sobre la concertación? ¿Podríamos decir que se garantiza una mayor armonía fiscal con las normas ahora propuestas que con las que existían anteriormente? No soy dogmático de que una suma de muchas normas dé lugar a una mejor concertación. Vaya por delante el beneficio de la duda. Sin embargo, ¿se podrá discutir acaso que cuatro normas muy genéricas sustituyen con enorme dificultad a, al menos, doce normas muy específicas existentes anteriormente en el régimen de concierto vigente? ¿O será irrelevante, por ejemplo, el que ahora ya no sea aplicable al País Vasco la Ley General Tributaria, sino solamente la terminología y los conceptos? ¿Será irrelevante el que pueda haber un régimen sancionador en materia tributaria radicalmente distinto? ¿Será irrelevante el que ya no se exijan los mismos tipos de retención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades? ¿Será irrelevante el que no se adopte idéntica definición ni del hecho imponible en materia de Impuesto de Bienes Inmuebles ni en materia de valoración tampoco de bienes inmuebles? ¿Será irrelevante el que no se apliquen las mismas normas tributarias a las operaciones bancarias, a las operaciones de los mercados monetarios y además a los medios de financiación de las empresas, como estaba previsto en el hasta ahora vigente concierto? ¿Será irrelevante el que no se sometan a igual tributación que en territorio común las diversas operaciones societarias? ¿Será irrelevante que se elimine la prohibición de amnistías fiscales? ¿Será irrelevante el que se elimine la prohibición de privilegios de carácter fiscal que supongan la devolución de tributos? ¿Será irrelevante, por fin, el que no exista tampoco el compromiso de aplicar por los territorios históricos las mismas normas fiscales de carácter excepcional y coyuntural que el Estado decida aplicar en territorio común? No pretendo dogmatizar. Lo que sí pretendo es decir que no es irrelevante. Pretendo decir que la nueva norma armonizadora que se establece en el nuevo concierto que se plantea es una en la que la presión fiscal no podrá ser inferior a la que existe en territorio común, sustituyéndose esa expresión por otra en la que tendrá que ser una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado. Déjenme que no siga alrededor de esta cuestión; son muchas las que podrían suscitarse...


El señor PRESIDENTE: Pero ha de ir terminando, señor Eguiagaray. Le ruego concluya.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Voy terminando, señor Presidente.
Sí quiero señalar que no es de ninguna forma evidente que tengamos, a partir de estas nuevas normas, ni una mayor ni una mejor garantía no solamente de la eliminación de distorsiones con las comunidades autónomas limítrofes o con el resto del territorio, sino una mayor garantía de que los derechos básicos y las obligaciones básicas, eso que el Tribunal Constitucional ha llamado las posiciones básicas fundamentales de las personas en relación con su obligación de contribuir a las cargas generales establecidas en el artículo 31 de la Constitución, ésas estén ahora mejor garantizadas que lo que estaban anteriormente en el concierto económico.
Señor Presidente, permítame añadir que me preocupa extraordinariamente, nos preocupa a los socialistas, que la autonomía normativa que se implanta, que se establece, que se amplía en un ámbito como es especialmente el del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Patrimonio, que había sido armonizada --si vale la expresión-- en el primer concierto, exactamente a los pocos días, meses o años de que estuviera muy presente entre todos nosotros, en la joven democracia española, que la reforma fiscal que se instauró por un gobierno de la UCD, la implantación de un impuesto sobre la renta de las personas físicas aprobado por unanimidad de esta Cámara entonces, de la derecha y de la izquierda, era un valor democrático fundamental que debía anteponerse a algunas consideraciones históricas sobre lo que habían sido los conciertos, para que también fuera un factor de legitimación política de la marcha de una España que se quería autonómica en el futuro, pero que naturalmente no podía dar lugar a situaciones sustancialmente diferentes de los ciudadanos en distintas partes del territorio. Uno tiene la sensación de que al producirse una marcha atrás respecto del primer concierto que se aprobó, cuando todavía teníamos la sensación y el entusiasmo, si cabe, por la modernización histórica que significaba un impuesto sobre la renta de las personas físicas que jamás había existido en nuestro país, ahora simplemente se olvida, quizá porque ya no está de moda defender una posición de igualdad de todos los ciudadanos en sus condiciones básicas; no hablo, naturalmente, de las que no sean básicas.
Señorías, entenderán ustedes que si nosotros hemos tenido y seguimos teniendo reticencias, serías reticencias, cuando se pone en cuestión la posición de posible igualdad jurídica de los ciudadanos al amparo de normas aprobadas por esta Cámara, en diferentes partes del territorio, con motivo de la financiación de régimen común, esto es, del sistema de financiación de las comunidades autónomas no forales, entenderán que cuando la autonomía normativa que en el otro caso alcanza al 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pueda, en este caso, extenderse al 100 por ciento, tenga uno razones al menos para preguntarse si este es un paso hacia adelante, es un paso hacia atrás o es un paso simplemente hacia ninguna parte sensata.


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Señor Presidente, sin abusar del tiempo quiero decir, con toda sinceridad, que me parece que este acuerdo y sus consecuencias no se han planteado ni en el mejor momento ni en las mejores circunstancias. No era obligatorio hacer esto hoy. Ni siquiera me parece, en las condiciones en que se ha hecho, que será conveniente. Quiero apostar por la sensatez en la utilización de aquello que ustedes han acordado. Pero lo mismo que no reprocho nada en absoluto a la representación del Gobierno vasco --por cierto, uno de los partidos coaligados, el Partido Nacionalista Vasco, ha sido el que en interpretación legítima de lo que siempre ha sido su posición ha defendido aquello que creía debía defender, sin que ello comprometiera a los demás, a los demás en el Gobierno vasco o a otras fuerzas políticas--, no tengo nada que reprochar al Partido Nacionalista Vasco --hasta ahí podíamos llegar--, puesto que es fiel a lo que son sus criterios, pero tampoco tengo por qué conceder que el Partido Nacionalista Vasco tenga la obligación de representar los intereses generales de toda España. Nunca lo ha pretendido y, desde luego, representa a un territorio singular que yo quiero mucho pero que no es el conjunto de España.
Pero si hablo en nombre de los socialistas no es porque tenga más legitimidad que ninguno de ustedes; es porque tengo la obligación de pensar no solamente en términos de la sensibilidad del País Vasco, sino en términos de la sensibilidad de buena parte de los ciudadanos de toda España. Y cuando uno habla o pretende hablar, equivocadamente quizá para algunos de ustedes, en nombre de la sensibilidad de todos los ciudadanos, tiene que ser capaz de mantener incluso lo que algunos creerán que son contradicciones, pero que a mí me parece que es una posición legítima.
Una posición en la que uno tiene el deseo de poder seguir haciendo el mismo discurso desde el Bidasoa hasta la frontera --si quieren ustedes-- con Africa, en todo el territorio español; uno que permita seguir diciendo...


El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego que concluya.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Termino, señor Presidente.
Uno que permita seguir diciendo que el concierto económico y el cupo son instituciones singulares, instituciones que todos estamos en el derecho y en la obligación de defender porque forman parte del pacto constitucional que nos hemos dado entre todos, pero que el derecho legítimo a la diferencia, por el cual algunos hemos luchado y seguiremos luchando, es uno que no debe jamás poner en cuestión la apreciación que se pueda tener en toda España de que a lo mejor el legítimo derecho a la diferencia puede dar la sensación de que no es la mejor forma, al menos en esta versión, de asegurar lo que es muchísimo más importante, que es el legítimo derecho y la obligación de la igualdad jurídica y de la igualdad económica y de hecho de los ciudadanos españoles en no importa qué lugar del territorio de España, se trate de mi tierra, el País Vasco, se trate de mi tierra de adopción, Murcia, se trate de Andalucía, de Cataluña, de Valencia, de Galicia, de las dos Castillas o de las demás comunidades autónomas; se trate de las comunidades limítrofes del País Vasco, de la Rioja, de Cantabria, de Navarra o se trate de cualquier otro lugar. Allá donde haya un ciudadano español tiene que tener la absoluta convicción de que la defensa legítima de la diferencia es simultáneamente la defensa de la igualdad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, quisiera empezar mostrando mi gratitud y la de nuestro grupo a las dos administraciones, central y vasca, que han trabajado intensamente para que hoy esta Cámara pueda ratificar el acuerdo de la comisión mixta de cupo, de 27 de mayo, celebrada en Vitoria. Créanme si les digo que para un diputado vasco como el que les habla es una gran satisfacción intervenir en nombre del grupo mayoritario de la Cámara para expresar nuestro respaldo a las modificaciones introducidas al concierto económico con el País Vasco, pero créanme también si les digo que la satisfacción hubiera sido mayor si el principal grupo de la oposición hubiera intervenido para fijar su posición favorable a estos dos proyectos de ley. También he de decirles que este debate que hoy se produce viene precedido por una amplia, una viva y una interesante, yo creo, discusión que viene teniendo lugar en las instituciones vascas desde que se firmara el acuerdo entre las administraciones vasca y central, por lo que los argumentos y el sentido del voto de buena parte de las fuerzas políticas aquí representadas son sobradamente conocidos. Por tanto, no esperábamos, señor Eguiagaray, ante la firme decisión de abstenerse en el concierto económico tantas veces manifestada por el Partido Socialista en Vizcaya, en las juntas generales de Alava y recientemente, el jueves pasado, en el Parlamento vasco, otra consideración que la de la propia abstención, si bien es cierto que se equivocó usted cuando habló del Bidasoa porque sus compañeros del Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa manifestaron y se ofrecieron al resto del Partido Socialista para explicar el cupo, lo que no tuvo la acogida, como era lógico, de la línea oficial del partido, pero es evidente que en Guipúzcoa, señor Eguiagaray, y por tanto en el Bidasoa, no había esa postura unánime de la que hablaba S. S.
No intentaremos convencerles de nada porque nuestro grupo está plenamente convencido de que lo que

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lleva al Grupo Socialista a abstenerse es más consecuencia no de un proceso de reflexión, sino de una estrategia de oposición política en la que ha ido sistemáticamente introduciendo todos los acuerdos a los que el Gobierno del Partido Popular ha llegado sobre el modelo autonómico de financiación, y el vasco resulta ser otra oportunidad más que el Grupo Socialista ha encontrado para cuestionar este tipo de acuerdos. Pero el proceso de reflexión, señorías, yo creo sinceramente y con todos los respetos que no se ha producido. No tiene precedente alguno que el Grupo Socialista, en el Gobierno o en la oposición, no respalde afirmativamente los proyectos de ley que proviniendo de un pacto entre las administraciones vasca y central se refieran al instrumento básico de financiación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así, la ley cuya modificación tratamos hoy y que fue debatida el 9 de abril de 1981 en esta Cámara contó con el voto afirmativo del Grupo de Socialistas Vascos, cuya defensa ejerció en esta misma tribuna el señor Solchaga Catalán, y contó con el voto favorable del Grupo Socialista defendido por el señor Barón Crespo. Y no crean que su voto positivo, señor Eguiagaray, no fue precedido de críticas y advertencias como las que usted ha manifestado en esta tribuna hace pocos minutos. Más bien fue justo al contrario. Se esgrimieron muchos e importantes motivos de insatisfacción. El señor Barón expresó su posición de voto a favor reconociendo que el proyecto de ley estaba de acuerdo con los principios de igualdad, progresividad y solidaridad consagrados en la Constitución, pero también, como el señor Solchaga, precisó las profundas reservas que le merecía aquella ley del concierto. Pues bien, el resultado final de aquella votación fue de 253 votos emitidos, 231 favorables, 6 negativos y 15 abstenciones. A partir de ese momento se ha modificado el concierto económico en cuatro ocasiones --esta es la quinta modificación-- y ha habido tres leyes quinquenales del cupo, alguna de ellas de gran trascendencia como la que produjo la modificación del concierto, en el año 1985, por virtud de la incorporación al panorama fiscal español del Impuesto sobre el Valor Añadido. Todas estas modificaciones se hacen con un gobierno socialista representado en ambas administraciones, en la vasca y en la central, y que cuentan a partir de ese momento con su voto afirmativo y, por cierto, también con el de la oposición.
Yo creo que la postura que plantea el Grupo Socialista al proyecto, al menos los argumentos de fondo --por lo que hemos oído-- son de menor calado, señorías, que las preocupaciones que en 1981 tenía el Grupo Socialista, lo que no impidió que se pronunciaran a favor. Dirán ustedes con cierta razón --y no lo voy a obviar-- que es irrelevante que el año 1981 se votara a favor aun y a pesar de las reservas manifestadas por graves que fueran y que ello no resta coherencia a su insistencia en no respaldar el concierto que hoy debatimos. Quizá sea así. Lo único que digo es que lo que no tiene precedente es ese sentido de abstención que ustedes han manifestado ni cuando las objeciones eran de mayor magnitud que las actuales. Veamos cuál es la relevancia de los argumentos que utilizan hoy, para lo que deberé referirme a varios momentos porque varios han sido realmente y en un lapso muy corto de tiempo, no más de dos meses, los argumentos esgrimidos por el Partido Socialista.
En un primer momento acusaron al Gobierno de opacidad y de falta de información, argumento que desecharon cuando se convencieron de que si en algún acuerdo ha habido abundancia de información y transparencia ha sido en este proceso de negociación. Además, señores del Grupo Socialista, ustedes están magnífica y ejemplarmente representados en principio con unos espectadores de excepción, que son los tres consejeros socialistas que pertenecen a uno de los sujetos activos de esta negociación y que al menos en teoría debían tener la oportunidad de haber recibido información en tiempo y forma. En un segundo momento criticaron con dureza la concertación de los impuestos especiales --algo de esto ha avanzado S. S.
hace no demasiados minutos-- porque consideraban que era gravoso para la Hacienda estatal y discriminatorio con respecto a otras comunidades autónomas. Este argumento fue oído también ayer en el Senado en la intervención del representante de la Junta de Andalucía, argumento que también tuvieron que desechar cuando se les recordó, como lo ha hecho el Vicepresidente del Gobierno, que habían acordado ustedes en la comisión mixta de cupo iniciar el estudio de esta concertación. Pero es más, en junio de 1995, el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento vasco apoyó una proposición no de ley emitida y formulada por Unidad Alavesa por la que se instaba al Gobierno central a ceder y a concertar los impuestos especiales que ustedes votaron con cierto entusiasmo a favor.
También se aferraron durante unos días a decir que el Gobierno había negociado el cupo con las manos atadas y hubo que explicarles que la metodología era idéntica y exacta a la seguida por los socialistas cuando gobernaron, por lo que decidieron que al cupo votaban que sí pero que al concierto se abstenían, que es lo que yo pensaba que iba a ocurrir porque es lo que venían manifestando de un tiempo a esta parte, pero, según parece, después de lo sucedido ayer tarde no va a ser así. Más tarde apareció el argumento estrella que el portavoz del Grupo Socialista ha esbozado hace poco. Explicaba la abstención por razones de desvertebración fiscal y por razones de desigualdad territorial, según decía el Secretario General de los socialistas vascos el 1 de junio en un medio escrito del País Vasco. Este sainete, señorías, con tintes ciertamente melodramáticos, tuvo su último capítulo, como digo, ayer, se estrena un secretario general vasco en la dirección del Partido Socialista Obrero Español, se estrena un secretario vasco de política autonómica en la ejecutiva del partido y, hoy, un diputado vasco por la circunscripción

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de Murcia bendice un nuevo sentido del voto con respecto al cupo. Y van ya media docena, señores del Grupo Socialista. Tal es el vaivén que ha experimentado la posición socialista con respecto a estos proyectos de ley, lo que hace reafirmar esta intuición de estar ante una estrategia de oposición más bien poco reflexionada, que ha hecho que el concierto y el cupo...


El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, un momento por favor.
Quiero señalar a S. S. que, con arreglo al Reglamento y a la interpretación precedente, si S. S. hace incursiones en la posición de otros grupos parlamentarios, abrirá necesariamente debate con esos grupos. Le hago esta observación para que pueda continuar en esa línea o en otra. (Aplausos.)

El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Señor Presidente, no hay ningún inconveniente en las consideraciones que hacen. No obstante, lo que es interesante en el momento actual es poner de manifiesto las evidentes contradicciones en que ha ido incurriendo el Grupo Socialista y el Partido Socialista con respecto al cupo, y es lo que estoy intentando hacer. Por tanto, señor Presidente, sigo con su permiso.
Vayamos al contenido de las modificaciones del concierto económico con las que no parecen estar de acuerdo, creo haber entendido, el Grupo Socialista. Les parece que las normas armonizadoras no garantizan el principio de solidaridad, o eso he entendido yo, y que pueden producir quiebras graves que conduzcan a una desvertebración fiscal. Eso se entendía por el Grupo Socialista en el Parlamento vasco. Las normas de armonización que figuran en número de 12 en el artículo 4 y sirven para garantizar una necesaria armonización entre la normativa tributaria dimanante del concierto y la estatal simplemente se han simplificado y se han sustituido por cuatro y, en nuestra opinión, por su rotundidad muestran mejor que antes la voluntad de ambas administraciones de armonizarse, lo que, como SS. SS. entenderán, es algo bien diferente a uniformarse o identificarse fiscalmente, con lo que quizá quisiera alinearse ahora el Grupo Socialista, por lo que oímos en su anterior intervención, pero es algo sustancialmente distinto a lo que significa una armonización fiscal. Creo que en este momento es conveniente que se recuerde alguna de estas normas. Así, el nuevo artículo 4.b) establece la obligación por parte de la legislación foral de mantener una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado.
Antes se decía inferior. En este punto yo quiero decir que si algo se viene manteniendo sin variar --lo ha señalado algún otro portavoz-- es el hecho de que la presión fiscal efectiva en el ámbito del País Vasco es superior a la del resto del Estado y que ahora se cifra en dos puntos porcentuales por encima. Por tanto, la sustitución del término inferior por el término equivalente es incluso más restrictivo para las haciendas vascas --también ha sido señalado por algún otro portavoz--, puesto que de mantener el término inferior incluso podría darse la circunstancia, ciertamente investida de legalidad, de efectuar rebajas en las tarifas para intentar igualar la presión fiscal de los territorios vascos a la que soportan los contribuyentes fuera del País Vasco. Por tanto, les invito a que expliquen --porque no lo hicieron-- por qué las normas del artículo 4 antes garantizaban la armonización fiscal y ahora no, cuando yo creo que dicen lo mismo e incluso en algún punto son más restrictivas.
Otro de los aspectos que se modifica en el concierto es la concesión de competencia normativa plena en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sobre este punto simplemente he de decir que lo que se hace es equiparar la competencia. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Cámara, por favor, vaya concluyendo.


El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Sí, señor Presidente.
Se puede estar de acuerdo o no en esta modificación del IRPF; se puede estar de acuerdo o no en que en el País Vasco se pueda legislar con plena autonomía sobre el IRPF, porque esta es una posibilidad con la que nosotros estamos de acuerdo y que se establece en el Estatuto de Autonomía, pero lo que no se puede argumentar bajo ningún concepto, como ha hecho últimamente el Partido Socialista, es que esto supone permitir que en el País Vasco los ricos vayan a pagar menos que los pobres de otras regiones de España. Esto, señorías, se ha dicho exactamente así, no en esta Cámara sino el jueves pasado en el Parlamento Vasco, y yo creo que es digno de resaltarse. Esto es hacer una política de enfrentamiento; esto es hacer una política utilizando argumentos dañinos, argumentos equívocos e interesados. Se puede mantener que la competencia en el IRPF debe ser la misma que en territorio común, que es lo que parece que quiere indicar el Grupo Socialista por razones que no compartimos, incluso se puede no estar de acuerdo con el desarrollo del estatuto y, por tanto, con las competencias fiscales del País Vasco, pero debe decirse con esa claridad y no amparándose en llamamientos a la solidaridad y la igualdad que en este proyecto de ley están plenamente garantizados. (Rumores.) Señores del Grupo Socialista, ¿se han producido distorsiones por causa de la competencia normativa...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cámara.
Señorías, les ruego que guarden silencio. (Pausa.) Continúe, señor Cámara.


El señor CAMARA RODRIGUEZ-VALENZUELA: Preguntaba si el Grupo Socialista tenía la constancia

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de que se habían producido estas distorsiones que ustedes vaticinan para el País Vasco en el caso de Navarra. Sinceramente yo creo que no, porque el problema, de existir, no radica en la competencia que se otorgue sino en el uso legítimo o ilegítimo que se haga de ella. En este sentido el Partido Socialista es testigo de excepción, como miembro de los consejos de gobierno de la Administración vasca y de las tres diputaciones forales. Creo que es bien sencillo. Hagan uso de esa posición privilegiada e impidan un uso ilegítimo de la competencia, en el caso de que vaya a producirse, pero hagan el favor de no ponerse la venda antes de la herida.
Voy finalizando y, como ven, no he dedicado un solo minuto a referirme al fundamento histórico del concierto económico ni lo voy a hacer, además de forma deliberada, en primer lugar, porque en la disposición primera de la Constitución se garantiza el respeto y amparo a los derechos históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, lo cual es suficiente argumento como para no tener que acudir a otros que no sean propiamente constitucionales y, en segundo lugar, porque la defensa de la base histórica se hizo con cierta profusión en su momento, en el año 1981, y hay que dar pasos hacia adelante y no insistir en justificaciones históricas que, como bien dijo el jueves el portavoz de Izquierda Unida-Ezker Batua Berdeak en el Parlamento vasco, señor Madrazo, toda justificación histórica tiene virtualidad práctica y jurídica tan sólo cuando se cuenta con mayoría suficiente, y el caso es que desde el año 1981 esa mayoría suficiente existe. Por cierto, hay una pregunta que puede resultar problemática a efectos de administrar los turnos de palabra, pero de verdad, señores del Grupo Socialista, de ser esencial, de ser decisivo el concurso de su voto en el día de hoy para sacar adelante las modificaciones al concierto vasco y la ley quinquenal del cupo hasta el 2001 ¿hubieran seguido absteniéndose? ¿Hubieran permitido que su voto de abstención significara el rechazo de las reformas del concierto económico y la devolución al Gobierno? Creo sinceramente que no. Es más, si de verdad la situación que ustedes dibujan fuera a ser así, tal y como han descrito, no comprendo por qué no instan la devolución del proyecto y se contentan con la abstención. Quiero insistir en el llamamiento a la reflexión al Grupo Socialista y solicitar aun así su respaldo, aun sin su entusiasmo, pero sí con su convencimiento de que las importantes reformas introducidas no deben despertar sus recelos, porque ello sólo alienta aquellas voces siempre interesadas en mantener viva la diferencia entre lo que significa la singularidad de un pueblo como el vasco y los intentos de crear fisuras en la unidad de la soberanía de España. En este sentido no vamos a respaldar nunca manifestaciones que proviniendo del País Vasco contribuyen a hacer hostiles al resto de los españoles nuestras singularidades y nuestras instituciones, para lo que pedimos la máxima lealtad y responsabilidad con esta sensibilidad, porque todo ello pondría seriamente en peligro el noveno concierto económico que deberemos aprobar en el año 2002 y a eso no contribuiremos, como tampoco, señorías, van a contribuir mi grupo y mi partido a patrimonializar acuerdos que como éste tienen tanto que ver con los signos de identidad de todos los hombres y mujeres que viven y trabajan en el País Vasco, actitudes estas que contarán siempre con nuestra reprobación más firme, como firme es ahora el respaldo que el Grupo Popular pide al resto de los grupos para estos proyectos de ley de reforma del concierto económico y de ley quinquenal del cupo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.
Votaciones sobre los proyectos de ley relativos al concierto y la determinación del cupo del País Vasco.
Votamos en primer lugar el proyecto de ley por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 195; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley.
Votación sobre el proyecto de ley por el que se aprueba la modificación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 195; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el referido proyecto de ley (Aplausos.)

-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PREVER PARA LA MODERNIZACION DEL PARQUE DE VEHICULOS AUTOMOVILES, EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA DEFENSA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1997, DE 9 DE ABRIL (Número de expediente 121/000060)

El señor PRESIDENTE: Debate en tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por el que se aprueba el programa denominado Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, procedente del Real Decreto-ley

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número 6/1997, de fecha 9 de abril (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Para la defensa de las enmiendas que tiene mantenidas el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones (Rumores.--Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.) Por favor, señorías, abandonen el hemiciclo en silencio (Pausa.) Cuando quiera, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, Coalición Canaria solamente ha presentado a este proyecto de ley una enmienda, cuyos antecedentes quiero recoger. Sabrán SS. SS. que cuando tuvimos aquí el debate de convalidación del Real Decreto-ley 6/1997, para aprobar el programa denominado Prever para modernización del parque de vehículos, hubo que dejarlo fuera de un orden del día anterior a la sesión en que se convalidó por imperativo del mandato constitucional y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Canarias, en razón a que se hace preceptivo el informe, el dictamen o la consulta del Parlamento de Canarias. En su razón y por una comunicación que efectúa el señor Presidente del Parlamento de Canarias al señor Presidente del Congreso de los Diputados, con fecha 7 de mayo se le notifica y certifica el acuerdo tomado por 47 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, en una propuesta de corrección y de enmienda para que se tenga en cuenta el régimen especial canario respecto al denominado Impuesto General Indirecto Canario, dado que se trata de una zona del territorio español donde no rige el Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVA.
La enmienda de Coalición Canaria se ha atenido literal y estrictamente, palabra por palabra y coma por coma, al acuerdo que se toma por unanimidad en el Parlamento autónomo de Canarias en el mes de mayo, y trata de introducir esta especialidad fiscal canaria en el apartado 4 del artículo número 3. El Parlamento de Canarias aprueba introducir en el párrafo 4 del artículo 3 hoy en tramitación como proyecto de ley, el siguiente texto: De un modo análogo, la bonificación que se efectúe a los adquirentes en las islas Canarias no afectará a la base ni a la cuota del Impuesto General Indirecto Canario que grave las operaciones de entrega de vehículos nuevos.
La enmienda es ésta y con la misma justificación que el documento que ya he citado y que remite el Presidente del Parlamento autónomo Canario al Presidente del Congreso de los Diputados, justificado precisamente en razón del texto constitucional y del Estatuto de Autonomía de Canarias, pidiendo por tanto su respeto escrupuloso. Nuestra enmienda hace la adecuación del texto legal a la especialidad de Canarias y propone a la Cámara su votación.
Tengo que añadir a este respecto, señor Presidente, que junto a nuestra enmienda número 9 se han presentado las enmiendas números 13 y 19, la número 13 del Grupo Parlamentario Popular y la número 19 del Grupo Parlamentario Socialista La enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Socialista, reproduce en su texto todo el apartado 4 del artículo 3, es exactamente igual que nuestra enmienda, se atiene palabra por palabra y coma por coma al acuerdo adoptado por el Parlamento de Canarias donde votaron los grupos aquí representados, Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo de Coalición Canaria; por tanto, nosotros consideramos idénticas ambas enmiendas No podemos decir lo mismo de la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Popular, porque no reproduce literalmente ni en concepto lo que había aprobado y votado su propio grupo en el Parlamento autónomo de Canarias.
Esta era la salvedad que quería decir, porque habrá que votar un solo texto. De las tres enmiendas aquí dirigidas dos son idénticas y coinciden además con el texto del Parlamento de Canarias que Coalición Canaria quiere apoyar con su voto. Por tanto, votando favorablemente nuestra enmienda estamos votando simultáneamente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y el acuerdo unánime del Parlamento de Canarias.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Mardones.
Para defender las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el pasado 8 de mayo de 1997 ya detalló sus planteamientos cuando convalidamos el real decreto-ley sobre modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, o sea, el denominado plan Prever.
Defendíamos que la puesta en marcha de dicho plan contribuiría seguramente a la modernización de nuestro parque de automóviles, a la mejora de la competitividad de un sector tan importante como el automovilístico y los subsectores correspondientes con el incremento de puestos de trabajo que esto comportaría para el sector económico y productivo. También estábamos convencidos de que contribuiría a la mejora de la seguridad vial esperando poder reducir el índice de siniestralidad de nuestras carreteras, así como la emisión de contaminantes.
En base a dichos planteamientos hemos presentado dos enmiendas. La primera es al artículo 1 apartado 1,

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en el sentido de suprimir que para beneficiarse de la deducción los sujetos pasivos deberán haber sido titulares de vehículo automóvil de turismo usado, siempre y cuando mantengan diez años de antigüedad y desde al menos un año antes de la primera matriculación definitiva del vehículo automóvil de turismo nuevo. Pensamos sinceramente que dicho artículo 1.1 podría ser una barrera a la hora de agilizar la competitividad en el mercado automovilístico del Estado español. Por tanto, nosotros consideramos en nuestra enmienda que sería interesante suprimir parte de dicho apartado 1 del artículo 1 en el sentido de que no tuvieran que tener como mínimo un año de antigüedad como titulares de vehículo todos aquellos usuarios que pudieran tener entrada en el plan Prever.
En relación a los vehículos industriales, en el apartado 1 del artículo 3, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) piensa que señalar que hayan sido titulares desde al menos un año antes de la matriculación del vehículo nuevo cuando accedan a ser beneficiados del plan Prever, no deja de constituir una barrera en el sentido de que podemos dejar en suspenso la modernización de nuestro parque automovilístico.
Por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario ha presentado dichas dos enmiendas esperando sean apoyadas por el máximo de grupos parlamentarios que hoy estamos en la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no voy a reiterar hoy los argumentos que dimos en el anterior debate, aunque someramente voy a recordar algunas cuestiones que planteamos.
Seguimos pensando que el título de este proyecto de ley no es el adecuado. No sé por qué hay que tener la costumbre de denominar a las cosas por lo contrario de lo que representan. Esta ley es para intentar vender más vehículos, cuestión que es un fin razonable e interesante, pero desde luego no puede ser considerada una ley que defienda el medio ambiente y que vaya a mejorar la seguridad vial, entre otras cuestiones porque hay que recordar que el 70 por ciento de los accidentes se produce precisamente con vehículos que tiene menos de 10 años, entre otras cosas porque a mayor potencia y velocidad hay mayor accidentalidad, según dicen las estadísticas.
En cuanto a la defensa del medio ambiente, es obvio que, en definitiva, se pretende vender más vehículos. En absoluto hay enorme preocupación cuando se continúa sin incentivar las revisiones en las ITV que podrían propiciar una menor emisión de contaminantes o al menos que se mantuvieran dentro de las normas existentes; pero no hay ninguna consideración al respecto. Es verdad que los nuevos vehículos dotados de catalizadores producen menores emisiones pero también que se está incentivando multiplicar el número de vehículos en nuestras carreteras con el impacto que eso produce.
A la vez se incrementa un problema ya existente, como es qué hacer con los vehículos usados, con su almacenamiento, su achatarramiento y con la gestión de esos residuos que incluso tienen componentes tóxicos o peligrosos en algunos casos. Hasta ahora nadie se está preocupando de elaborar normas para intentar una mejor gestión y también para que los fabricantes se impliquen en la producción de vehículos que tengan más componentes reciclables, y para mejorar el impacto que tienen estos cementerios de automóviles que vemos en las afueras de las grandes y pequeñas ciudades. Por ello, nuestra primera enmienda a la exposición de motivos insiste básicamente en la justificación de la baja y en intentar demostrar quién se hace cargo de ese vehículos para evitar que terminen abandonados en las calles. Se pretende solicitar no sólo el parte de baja del vehículo sino si se ha hecho cargo de él la empresa vendedora del vehículo nuevo o alguna otra empresa dedicada a la compra-venta de este tipo de residuos.
Nuestra enmienda número 2 hace referencia a que estas reducciones creemos que no deberían ser aplicables a las motocicletas de 125 a 250 cc, porque es otro golpe al tema de la seguridad, cuando sabemos la incidencia que desgraciadamente está teniendo en la mortalidad de los jóvenes el mal uso de las motocicletas y también el impacto ambiental que producen las motocicletas todoterreno.
Nuestra enmienda número 3, al articulo 1, hace referencia a dos cuestiones, pero una importante es que esta reducción fiscal esté limitada a vehículos con 16 caballos fiscales, es decir que no exista reducción fiscal para aquellos compradores que tienen mayor poder adquisitivo y que realmente no creo que tengan necesidad de una reducción de hasta 80.000 pesetas para decidir si se compran un Audi o un Mercedes nuevo. Por tanto, creemos que deben ser también progresivos y nos parece inapropiado que esta deducción se extienda a vehículos de más de 16 caballos fiscales.
Existe la idea, que decíamos en nuestra intervención anterior, de que el problema de que no se vendan más vehículos se debe básicamente a que continuamos con más de dos millones de parados que difícilmente pueden verse estimulados a comprar vehículos nuevos mientras no tengan empleo estable.
Nuestra enmienda número 4 hace una reflexión sobre otro aspecto.
Entendemos que hablar de vehículos

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de más de diez años de antigüedad es relativamente inapropiado como referencia para entender cuál es su antigüedad. Creemos que la antigüedad de un vehículo debe ser considerada por el número de kilómetros que tiene. Puede haber un vehículos con dos, tres o cuatro años que tenga más de 100.000 kilómetros y esté, por tanto, razonablemente en condiciones de propiciar su cambio, también en este caso por razones de seguridad y, al contrario, puede haber vehículos de más de diez años que están cuidados y estar en perfectas condiciones de uso. Por tanto, aunque hay una pequeña errata en la redacción de nuestra enmienda, porque habla simultáneamente de los aspectos a) y b), en realidad creo queda claro luego que quiere decir uno de los dos aspectos: o bien que tenga más de diez años o que su uso supere los 150.000 kilómetros.
Nuestras enmiendas números 5 y 6 reiteran lo que decíamos antes. La primera trata de asegurar la retirada del vehículo con el certificado de la empresa receptora y la enmienda número 6, la supresión de las bonificaciones para las motocicletas aunque tengan menos de 250 centímetros cúbicos.
Nuestras enmiendas números 7 y 8 son disposiciones adicionales, intentando que el Gobierno abra una puerta para empezar a regular los residuos de automóviles. La primera exigiendo a los fabricantes la utilización de componentes reciclables y la número 8 --en la misma dirección--, para que se regule la gestión y el almacenamiento de todos los residuos de vehículos, con el fin de intentar conseguir una gestión eficaz del proceso de retirada de los mismos y también evitar la presencia de vehículos abandonados por toda nuestra geografía.
En resumen, éstas son las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Esperamos que sirvan para hacer alguna aportación a este nuevo proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Santiso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor Presidente, señoras y señores diputados, en el debate parlamentario que se produjo para la convalidación del real decreto-ley que convertido en proyecto de ley, es hoy objeto de debate en esta Cámara, este interviniente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, realizó una serie de reflexiones que precisamente justificaban y motivaban las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este proyecto de ley. En aquel momento decíamos que en el decreto-ley que nosotros vamos a apoyar con nuestros votos se plantean tres ventajas. En primer lugar, la concesión de medidas fiscales para la adquisición de vehículos de turismo previa justificación de la baja de otro vehículo de turismo envejecido; en segundo lugar, se incluye una medida específica de apoyo a la renovación del parque de vehículos industriales o comerciales de menos de seis toneladas métricas de peso máximo autorizado; y, en tercer lugar, se amplía la no sujeción al Impuesto especial sobre determinados medios de transporte a las motocicletas de 125 a 250 centímetros cúbicos que hasta el momento están sujetas al mismo con un tipo impositivo del 12 por ciento, es decir igual al que se aplica a los vehículos de mayor cilindrada, aun cuando es evidente que son vehículos claramente diferenciados. Decía --en terminología coloquial-- que los anteriores responsables del Ministerio de Industria deberían pedir derechos de autor a los actuales responsables de ese ministerio, por cuanto esta iniciativa, ya popularmente conocida como el programa Prever (porque ya es popular, obviamente, por la publicidad que conllevan los mecanismos de venta de las diferentes empresas dedicadas a la comercialización y venta de vehículos), venía a ser una especie de continuidad, con modificaciones, de los dos antiguos programas Renove. Decíamos que no nos gustaba porque las propuestas recogidas en el programa Prever no son realmente coyunturales, tal y como se recogieron en los dos programas anteriores, sino que llevaban una línea directriz de carácter permanente y perdurable en el tiempo.
En aquel momento nosotros ya dibujábamos lo que va a ser una posición política en este debate, y de ahí la justificación de la enmienda número 16 que propone modificar la redacción del apartado 1 del artículo 1.
Nosotros pretendemos que, como introito al contenido de ese artículo 1, se incluya la siguiente frase: «A partir de la entrada en vigor de la presente ley, y durante el plazo de un año», continuando el resto tal como aparece en el proyecto de ley. Proponemos el plazo de un año porque nos parece razonable el seguimiento periódico y secuencial en el tiempo del impacto que estas medidas producen y hacen en la economía de nuestro país en el sector de venta de automóviles, en el rejuvenecimiento del mismo, en el relanzamiento de un sector que a lo largo de los últimos años ha sido objeto de impulsos institucionales y que necesita continuar en esa línea, pero naturalmente con medidas temporalizadas, con medidas que conlleven un mecanismo de evaluación y un mecanismo de control del impacto. De ahí, la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Socialista, cuya justificación también se encuentra en la filosofía armonizadora que veíamos en las Cortes Generales en los últimos meses de la anterior legislatura, cuando analizábamos los informes elaborados por el Gobierno y canalizados por la Secretaría de Estado de Hacienda para la reforma del Impuesto sobre Sociedades, que dio lugar al posterior proyecto de ley que se aprobó y entró en vigor en los primeros días del año 1996. Allí hacíamos referencia al informe del Comité

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Rudi, y se decía en algunas reflexiones de ese informe que en esa línea armonizadora el Comité Rudi recomendaba a todos los países de la Unión Europea que los incentivos fiscales tuviesen esencialmente carácter temporal que, en consecuencia, es la filosofía de los dos Renove y la fundamentación en la que nosotros apoyamos esa primera enmienda número 16 a que he hecho referencia.
En la última parte de mi intervención en el debate de convalidación del real decreto-ley, hice referencia al hecho de que el Parlamento de Canarias se había pronunciado al igual que lo había hecho en las dos anteriores ocasiones para la convalidación del Renove-1 y del posterior Renove-2. El Parlamento de Canarias había alertado, tal como aquí ha hecho referencia el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones, en el sentido de la no aplicabilidad del Impuesto sobre el Valor Añadido en la comunidad canaria derivado de las coloquialmente conocidas como leyes fiscales y la ley del Régimen Económico-fiscal canario, del respeto competencial a la normativa tanto de gestión como de evaluación comparativa de las ratios de evolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en Península y en zonas extrapeninsulares, como puede ser el archipiélago balear, en la singularidad de este impuesto, de su recaudación y del impacto que tiene en las estructuras económicas de la comunidad canaria. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista haya presentado la enmienda número 19, en coherencia con lo que habíamos manifestado y está recogido en el «Diario de Sesiones». Por todo ello, la enmienda número 19 del Grupo Parlamentario Socialista es estricta transcripción del acuerdo adoptado por unanimidad por el Parlamento de Canarias y, tal como ha dicho el señor Mardones, es también coincidente en todos sus términos con la correspondiente enmienda número 9, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, pero notablemente diferenciada del contenido que ha pretendido el Grupo Parlamentario Popular con la enmienda número 13.
Nosotros adelantamos que no podemos apoyar la enmienda número 13 y, obviamente, votaremos a favor de la de Coalición Canaria que es absolutamente coincidente con la enmienda del Grupo Socialista. Sugerimos --es simplemente una sugerencia-- al Grupo Parlamentario Popular la retirada de su enmienda número 13, desde la perspectiva del respeto institucional a la Cámara regional.
Como interviniente del Grupo Parlamentario Socialista dije en aquel debate que el Gobierno no puede vendernos que se va a producir una transformación medioambiental notable, porque si en paralelo el Ministerio de Medio Ambiente no pone en marcha programas que tenía la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del anterior Gobierno socialista para el achatarramiento de vehículos --para lo cual se necesita la adopción de una serie de medidas medioambientales y territoriales en el ámbito del ejercicio de las comunidades autónomas--, poco se va a conseguir con ese achatarramiento de vehículos. Y hacía otra serie de referencias de naturaleza medioambiental.
Señorías, en esa línea directriz anunciada ya en ese debate, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda muy querida, que es la número 23, a la disposición final primera, modificando el proyecto del Gobierno, que quedaría redactada de la siguiente manera: «Se autoriza al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda y a los Ministros de Industria y Energía, Interior y Medio Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley. El Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, elaborará, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, un programa que garantice el correcto reciclado y tratamiento de los automóviles usados, de forma que se controlen y minimicen los efectos ambientales derivados del previsible incremento de vehículos fuera de uso. Dicho programa deberá incorporarse al Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos».
Señorías, es evidente que desde la óptica medioambiental tenemos planteada en España aún una asignatura pendiente, asignatura que empezó a preparar el anterior Gobierno socialista a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que negoció un acuerdo marco con los Gobiernos autonómicos a efectos de insertar en el Plan Nacional de Residuos Sólidos un mecanismo en cada una de las comunidades adaptado a la geografía, al medio natural y a las posibilidades institucionales de cada una de las comunidades autónomas. La realidad es que a esta Cámara no ha venido aún un plan que continúe desarrollando el trabajo llevado a cabo por los anteriores responsables de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, un plan --terminología que utilizo entrecomillada y coloquialmente-- de achatarramiento de vehículos viejos, de vehículos fuera de uso. Dado que hemos hecho referencia precisamente a la Comunidad Autónoma de Canarias, imaginen SS. SS. la dificultad que implica el achatarramiento en Canarias, por cuanto que hay una práctica imposibilidad económica de venta de esa chatarrra. No existen industrias siderúrgicas, no existen industrias que puedan utilizar como materia prima esa materia derivada de la separación, de la fragmentación de los elementos de toda índole y de toda característica que integran el conjunto industrial que se achatarra y que, o se tira al mar, o se posibilita, con apoyo de las estructuras de la Administración General del Estado, la eliminación de esos residuos. Ni que decir tiene que igual ocurre en Ceuta y Melilla y en la Comumdad balear. Las restantes comunidades de la Península tienen otras características que las diferencian.
El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista van esencialmente en esa línea coherente

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que hemos pretendido diseñar desde el primer momento en que se ha debatido este tema en esta Cámara; unas son esencialmente conceptuales y otras meramente formales, de sustitución del término decreto-ley por proyecto de ley, o de una mejor vertebración del articulado entre sí.
Apoyaremos las enmiendas de naturaleza medioambiental presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, apoyaremos también la enmienda de Coalición Canaria, pero nos oponemos radicalmente a determinadas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, esencialmente a la número 15, que creemos que distorsionaría los contenidos de dos artículos, uno de la Ley de Impuestos Especiales y otro de la Ley del IRPF, por cuanto estimamos que, aprovechando esta ley, no pueden modificarse preceptos esenciales a los que hace referencia esa enmienda número 15.
Esta es, en líneas generales, la posición del Grupo Parlamentario Socialista que he intentado hacerles llegar a SS. SS.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Segura.
Para defender las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Milián Mestre.


El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley cuyo fondo y filosofía se sustanció en una intervención anterior, cuando el señor Ministro de Industria presentó a esta Cámara el plan Prever como decreto-ley. Sin embargo, antes de entrar en las enmiendas, hemos oído una serie de observaciones que merecerían ser consideradas a la vista de los resultados.
Por una parte, el portavoz que acaba de intervenir ha cuestionado algún aspecto y ha propuesto que alguna de nuestras enmiendas fuera retirada, cosa que vamos a considerar a lo largo del debate; por otra, el portavoz del Grupo de Izquierda Unida se ha permitido hacer un exordio sobre el particular que entiendo que es harto liviano. Y me explico. Pretender que el plan Prever no tenga una fundamentación clara en cuestiones medioambientales es no saber leer el texto. No quisiera ofender a nadie, pero si alguna justificación tiene el plan Prever es doble: una mercadotécnica, es decir, promocionar, mejorar la renovación del parque móvil español, y una segunda --la más importante-- que es facilitar mejores tecnologías en el uso de la automoción para evitar riesgos, evitar accidentes y mejorar muchísimo más el medio ambiente. Lo digo así porque sería tan absurdo como negar que en otros tiempos, quizá por razones lamentables de edad, algunos conocimos aquellos famosos automóviles del carburo, que llamábamos en los pueblos en los años cuarenta, y veíamos lo que era la contaminación directa y clarísima.
Quienes hemos conocido después la evolución del automóvil en los años cincuenta y sesenta hemos visto también cómo de vez en vez se iba reduciendo la calidad --entre comillas-- de la contaminación y, por supuesto, cómo los últimos automóviles de mayor potencia son precisamente los que menos contaminan. Este argumento es tan claro y tan explícito en sí mismo que en términos filosóficos le llamaríamos axiomático, es decir, no valdría la pena entrar en un debate sobre esta consideración, porque evidentia patens. Digo esto porque lo que está en este momento en discusión es justamente un proyecto de ley de auténtica envergadura, ya que afecta nada menos que a unos 70.000 vehículos aproximadamente que van a ser renovados anualmente. Pero fíjense ustedes, las últimas cifras que se barajan en este momento en el mundo automovilístico, en el mundo del mercado de la automoción, nos arrojan sorprendentes resultados, tan sorprendentes que quizá han afectado en demasía a la propia empresa puesto que pueden ejercer tirones al alza o a la inflación. Cifras reales: el sector de la automoción en este momento en España está arrojando ventas, desde la aparición de este decreto-ley, por encima del 20 por ciento de incremento, algo verdaderamente asombroso. En consecuencia, los efectos primeros están conseguidos, y los segundos vamos a ver si los limitamos, en el mejor sentido de la palabra, en este debate.
En segundo lugar, es evidente que esto propende a la formulación de un nuevo mercado al que siempre se han dirigido o al menos han tendido las grandes empresas españolas de la construcción de automóviles, que es el mercado llamado del millón cien mil; es decir, un tópico o un tope en el que creían que estaba la formulación exacta de nuestra propia capacidad como mercado potencial, un millón cien mil unidades de venta anual, y a eso se está aproximando, gracias a este decreto, la realidad.
En tercer lugar, esto produce un encadenamiento de efectos de valor añadido tan asombrosos que no podemos negar que es uno de los segmentos productivos locomotrices que arrastra tras de sí precisamente una cadena de pequeñas y grandes empresas que hacen incrementar espectacularmente nuestra propia capacidad de producción y de beneficios para el Estado. En este sentido, quisiera poner un pequeño reparo, una pequeña observación respecto a algunos de los argumentos que he podido leer en las enmiendas planteadas por el Grupo de Izquierda Unida, por ejemplo cuando solicita que se retire la exención fiscal en la matriculación de las motocicletas de 125 a 250 centímetros cúbicos. Es curioso que se utilice el argumento de las vidas humanas. Las personas, por desgracia, perecen en automóviles y en motos; cuantas más al día, peor, pero no es menos cierto que en este momento existe una evidencia y es que el medio ambiente queda perfectamente librado de las emanaciones que produzcan

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las motos --mejoradas, por supuesto, tecnológicamente-- y, por descontado, no creo que sea argumento de favor que planteen una cuestión tan peregrina como que la naturaleza sufre por las motos que puedan circular por las montañas. Creo que en los montes el efecto ensordecedor del ruido es menor que en la ciudad; en la ciudad está reglamentado y en los montes sería equiparable, por lo menos, al de las motosierras o motocultores, cuyo caso no discute ni siquiera el Grupo de Izquierda Unida.
Finalmente, respecto a este planteamiento inicial, lo que hace este proyecto de ley es justamente crear un sistema estructural de renovación sistemática y no coyuntural, y aquí apelo a la distinción sensu contrario que hacía justamente el colega socialista, porque entendemos que lo que se pretende es equiparar el parque móvil español a lo que es la media de la Comunidad Europea, media de aquellos países por supuesto más evolucionados que está muy por debajo de la nuestra, y que, de tener efectos coyunturales, como ocurrió con los planes Renove 1 y Renove 2, se quedaría limitado al tiempo físico del calendario marcado en la aplicación de la ley. Consecuentemente, yo entiendo que ha llegado el momento para que, creada esta ley, tenga una permanente constancia y vigor, de modo que pueda en todo momento subsanar los efectos que en el mercado puedan producir las oscilaciones de coyuntura. En este sentido, la propia Confederación Española de Automoción considera que es --y leo textualmente-- una buena oportunidad esta ley en trámite parlamentario para perfeccionar, a través de las enmiendas, algunos de los objetivos que se habían planteado.
Yo no sé si en este trámite quedarán todos resueltos, me temo que alguno pasará al Senado, pero lo cierto es que nosotros en este momento tenemos que hacer un esfuerzo por la defensa de una industria que sitúa a España entre las cuatro primeros países de Europa, por delante, por ejemplo, del Reino Unido y detrás de Alemania, de Francia y de Italia. Obviamente, eso tiene repercusiones inmediatas y efectos consiguientes en el erario público. La industria que nosotros vamos a potenciar ofrece, por ejemplo, un 5 por ciento del producto interior bruto a nuestro país, ocupa a un 13 por ciento de la población activa entre trabajo directo e indirecto, exporta entre el 60 y el 80 por ciento, desarrolla una dinámica de valor añadido con no pocos sectores productivos entre las pequeñas empresas españolas, aporta al Estado el 21 por ciento del total de los impuestos recaudados, y, como dije ya en mi intervención anterior, en aplicación a la totalidad de rentas fiscales producidas por el transporte en carretera, establece una cuota anual superior a 2,2 billones de pesetas por todos los conceptos atribuibles a la posesión y uso del vehículo de turismo o vehículo industrial. Queda clara, por tanto, la apuesta que suponen unas medidas fiscales e industriales como las que propone esta nueva ley. De ahí que nuestro grupo haya estudiado minuciosamente las propuestas formuladas por los otros grupos para aquilatar en lo posible las máximas optimizaciones del proyecto.
Veinticinco son las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, cuatro de las cuales corresponden al Grupo Popular, dos al Grupo de Convergència i Unió, una al Grupo de Coalición Canaria, diez al Grupo Socialista y ocho al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Las nuestras son enmiendas de carácter técnico y, de alguna manera, pretenden una mayor precisión de la ley en aquellos términos donde quedaba coja o ambigua a la vista de resultados que pueden devenir de la misma si existe una mala concreción específica en sus términos.
Nuestra primera enmienda de modificación del apartado 1 del artículo 3 textualmente dice: «El fabricante, el primer receptor en España o, en su caso, y en lugar de éstos, quien mantenga relaciones contractuales de distribución con el concesionario o vendedor final, podrá deducirse de la cuota del Impuesto sobre Sociedades o de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el importe de las bonificaciones otorgadas a los compradores de vehículos industriales nuevos de menos de 6 toneladas de peso máximo autorizado que justifiquen que han dado de baja para el desguace otro vehículo industrial de menos de 6 toneladas de peso máximo autorizado del que hayan sido titulares desde, al menos, un año antes de la matriculación del vehículo nuevo, cuando concurran las siguientes condiciones:». Y se especifican una serie de condiciones sobre antigüedad, etcétera. Esta enmienda ha provocado, obviamente, no digo discrepancias, pero sí matizaciones al hacer referencia a un año de antigüedad en la titularidad del vehículo. Se suprime, en primer lugar, la referencia al importador por otra más genérica: «primer receptor en España», con la finalidad de contemplar la entrada de vehículos en nuestro país procedentes del resto de la Unión Europea, entrada que en la anterior redacción quedaba fuera de la deducción al no constituir importación ni a efectos aduaneros ni a efectos de la imposición indirecta.
Se hace referencia por nuestra parte --y cito textualmente-- a «quien mantenga relaciones contractuales de distribución», al objeto de introducir mayor concreción en la delimitación del titular de la deducción para dar cabida en la misma a determinadas entidades que puedan reintegrar el importe de la bonificación y que no son estrictamente fabricante o importadores, sino meros comercializadores, siempre y cuando aquéllos no se la practiquen.
Finalmente, se modifica la redacción originaria de la letra b) de este apartado l para resolver algunas dudas que se han suscitado en relación con las características que debe reunir el vehículo industrial para desguace, en la medida en que la expresión «otro vehículo industrial»

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--cito textualmente-- debe interpretarse como las que las condiciones exigidas en la referida letra b) del apartado 1 del artículo 3 se predican igualmente respecto al vehículo que ha de darse de baja.
Nosotros modificamos también el apartado 4 del artículo. Voy a obviar el texto, salvo en un problema que acaba de surgir justamente a lo largo de este debate.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, señor Milián, por favor.


El señor MILIAN MESTRE: Solicito, señor Presidente, que me deje exponer con claridad este problema, puesto que afecta seriamente al curso del debate y a las conclusiones del mismo.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Adelante, señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: El Grupo de Coalición Canaria entiende que en la formulación de nuestra enmienda número 13 no nos atenemos al texto stricto sensu aprobado por el Parlamento canario. Nuestro grupo entiende --y así también lo defiendo-- que el sentido implícito, casi literal, de ese texto del Parlamento canario está contenido en nuestra formulación del artículo. Leo, para que se vea, el texto que quiere validar el Grupo de Coalición Canaria: «De un modo análogo, la bonificación que se efectúe a los adquirentes en las Islas Canarias no afectará a la base ni a la cuota del Impuesto General Indirecto Canario que grave las operaciones de entrega de vehículos nuevos.» Nosotros proponemos exactamente lo siguiente: «El concesionario o vendedor final del vehículo aplicará la bonificación en el precio del mismo, pero dicha bonificación no afectará a la base ni a la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido o, en su caso, del Impuesto General Indirecto Canario.» Estamos diciendo exactamente lo mismo, señor Mardones; exactamente lo mismo. Simplemente hay formulaciones distintas, por una razón: nuestra propuesta, que es mucho más larga, está haciendo una aplicación al régimen fiscal general español; es decir, nosotros proponemos alternativas, que son: o en la Península, IVA; o en Canarias, el régimen especial. Simplemente entendemos que en este caso la «o» es disyuntiva, o casi copulativa, de una misma realidad, que es justamente la que ustedes pretenden defender a través de su texto. Por tanto, no acabo de entender esta postura de ustedes. En cualquier caso, si es óbice para un entendimiento pleno en esta Cámara y para una votación clarificadora, lo único que puedo admitir es la razón del Senado y aplazar esta decisión al próximo paso, al próximo iter parlamentario en la Cámara de los Senadores. En ese caso admitiríamos esa retirada que, de cualquier modo, simplemente es temporal y puramente redaccional, por entender que sustantivamente no podemos renunciar a un párrafo que explicita el régimen fiscal necesario en aplicación de la ley para los peninsulares y para los isleños canarios.
En tercer lugar, nosotros proponemos una enmienda al apartado 5 del artículo 3, en el que se entiende que han de ser las autoridades de la Dirección General de Tráfico quienes certificarán la baja definitiva del vehículo para desguace y, en general, el cumplimiento de las condiciones exigidas por el programa Prever en el apartado 1 del artículo 3 para la concesión de las bonificaciones, completando la documentación de cada operación individual con las facturas correspondientes justificativas de la aplicación de las bonificaciones.
En nuestra última enmienda, la que afecta al artículo 3, incorpora un apartado 6 nuevo, cuyo texto es --cito textualmente--: «El importe de la deducción a que se refiere el apartado 1 de este artículo tendrá la misma consideración que las retenciones e ingresos a cuenta a los efectos de la deducción y, en su caso, devolución de oficio, reguladas en el artículo 39 de la Ley 43/1995, del 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en los artículos 83 y 100 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como en relación con los pagos fraccionados que el sujeto pasivo estuviera obligado a efectuar». La justificamos en el artículo 3, como he dicho, por el que se aprueba el programa Prever, que establece una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del fabricante o importador por el importe de las bonificaciones otorgadas a los compradores de vehículos industriales de menos de 6 toneladas en las condiciones que en el citado artículo se contemplan.
No voy a extenderme en la justificación de esta enmienda. Simplemente quiero decir que nosotros no aceptamos ninguna de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, ya he citado al comienzo algunas de las razones y no voy a pormenorizarlas en este momento. En segundo lugar, aceptaremos cuatro de las enmiendas del Grupo Socialista, que son, si no recuerdo mal, la 18, la 19, la 20 y la 25.
Dicho esto, sólo me resta decir que nuestro grupo entiende que existe también una divergencia de criterio con respecto a Convergència i Unió; diferencia de criterio que se establece en función de la primera enmienda, cuando nosotros planteamos justamente la exigencia de un año de titularidad del vehículo que se tiene que vender. En este debate previo hemos tenido criterios diferenciados por razones distintas, pero sobre todo por una: nuestro grupo entiende --y el Gobierno comulga con esa misma idea-- que la eliminación de este punto del artículo que alguna de las enmiendas pretende, lejos de favorecer al mercado, crearía un mercado suplementario, un mercado paralelo o un mercado subliminal de los mismos productos, pero en un sentido contrario al de la intención de

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la ley. La ley se hace para mejorar el mercado del automóvil, para mejorar el parque automovilístico pero nunca jamás para que se creen especulaciones marginales. La supresión de este párrafo favorecería la especulación marginal de ciertos mercados, por ejemplo, el de aquellos vehículos que, habiendo sido accidentados, pudieran pasar a la chatarra y los chatarreros revenderlos a cualquiera que quisiera beneficiarse de las ventajas fiscales de esta ley. Por lo tanto, está muy claro que ni el Gobierno ni nosotros, por supuesto, vamos a aceptar en ningún caso la eliminación de este punto. Ahora bien, nosotros sí proponemos en consecuencia, y para ser coherentes con el planteamiento general de esta ley, una transaccional a las enmiendas números 10 y 11, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Ambas enmiendas se refieren al mismo concepto, en un caso para el automóvil y en otro para los vehículos industriales de menos de 6 toneladas, es decir, al famoso párrafo donde se especifica un año de antigüedad en la titularidad del vehículo. Proponemos nosotros dejar el texto íntegramente cambiando simplemente el año de titularidad por nueve meses de antigüedad en la titularidad del vehículo. Por lo tanto, aceptamos la propuesta de Convergència i Unió, flexibilizamos esta demanda en favor suyo, pero sí nos quedamos con la sustancia lógica y racional de un planteamiento que tiene por función evitar mercados marginales y especulativos que irían en deterioro de los intereses generales de la ley y del mercado.
Por lo tanto, señorías, si aceptan nuestros colegas estas dos transaccionales a las enmiendas números 10 y 11, nosotros estamos en condiciones de coincidir plenamente y, en consecuencia, de apoyar, según esta filosofía, la nueva ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Milián Mestre.
¿Algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.) Señor Sánchez i Llibre, ¿acepta las transaccionales ofrecidas por el Grupo Parlamentario Popular?

El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo de Convergència i Unió va a aceptar la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular consistente en cambiar el plazo de un año por nueve meses.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vamos a proceder a la votación de las enmiendas y, en su caso, del texto dictaminado sobre este proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones derivadas del debate del proyecto de ley por el que se aprueba el programa Prever para modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, tramitado directamente y en lectura única.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 9, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 308; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 172; en contra, 121; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votación en dos bloques de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, votamos las enmiendas 1, 5, 7 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 138; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las mencionadas enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 14; en contra, 296.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, también en dos bloques, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las numeradas como 18, 19, 20 y 25. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 307; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 136; en contra, 171.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las tres enmiendas que subsisten del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, se somete a votación la enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 296; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 14.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 172; en contra, 134; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto del proyecto de ley con la incorporación de las enmiendas aprobadas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 295; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley relativo al programa Prever, que se ha debatido por el Pleno en tramitación directa y lectura única.


AVOCACION POR EL PLENO:

-- DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES Y SE ESTABLECE UNA REDUCCION EN LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (Número de expediente 212/000057)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter a la consideración del Pleno la avocación, solicitada por un grupo parlamentario, de la deliberación y votación final del proyecto de ley por el que se modifica parcialmente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se establece una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Queda aprobado por asentimiento.
AMPLIACION DE PLAZO:

-- DE LA SUBCOMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DE LA EXCLUSION SOCIAL EN ESPAÑA (Número de expediente 154/000004)

El señor PRESIDENTE: Han solicitado ampliación de plazo para finalización de sus trabajos, en primer lugar, la subcomisión especial para el estudio de la exclusión social en España, de forma que se somete al Pleno la ampliación del plazo hasta el día 30 de septiembre de 1997 para que dicha subcomisión finalice sus trabajos.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.


-- DE LA SUBCOMISION DE ESTUDIO DE LAS REFORMAS PARA MODERNIZAR EL SISTEMA SANITARIO (Número de expediente 154/000003)

El señor PRESIDENTE: También ha solicitado ampliación de plazo la subcomisión que trata de avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de la Salud, mediante el estudio de las medidas necesarias para garantizar un marco financiero estable y modernizar el sistema sanitario.
Se somete al Pleno la ampliación del plazo para la finalización de sus trabajos por el tiempo necesario para que la Comisión pueda emitir el dictamen correspondiente antes del día 10 de septiembre del año en curso, con el fin de que pueda estar en condiciones de ser incluido en el orden del día de la primera sesión plenaria del próximo período de sesiones.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, MODIFICADORA DE LA LEY 13/1996, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 122/000074)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley. Debate sobre la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, modificadora de la Ley 13, de 30 de diciembre de 1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra don Julio Alvarez Gómez, en representación del Grupo Socialista. (Rumores.)

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Silencio, señorías. Ruego a quienes hayan de abandonar el hemiciclo lo hagan con rapidez y en silencio para que pueda continuar la sesión.
Cuando quiera, señor Alvarez Gómez.


El señor ALVAREZ GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó esta proposición de ley para modificar la actual regulación de la tasa por inscripción y acreditación catastral creada por la reciente Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, merced a un proyecto de ley que el Gobierno del Partido Popular envió a esta Cámara.
El Grupo Socialista desearía que se analizasen objetivamente y en profundidad por todos los grupos de la Cámara, especialmente por el Popular y los que apoyan a su Gobierno, los argumentos que a continuación se exponen para la toma en consideración de esta proposición de ley y, al mismo tiempo, se sopesen con todo rigor las consecuencias económicas y sociales que se derivan de la creación de la citada tasa. No es una cuestión menor, aunque a algunos inicialmente se lo pudiera parecer. Es un asunto muy importante para muchas familias de rentas muy bajas porque les supone sacrificios económicos cuantitativamente muy elevados, y que consideran y son, a nuestro juicio, profundamente injustos.
La modificación que se propone consiste en exigir el pago de la tasa de acreditación catastral por una cuantía fija de 500 pesetas, independientemente de las parcelas o subparcelas rústicas cuya acreditación se expida, a quienes soliciten la entrega de documentos acreditativos de los datos físicos jurídicos o económicos que figuren en los catastros inmobiliarios rústicos. Sin embargo, para la acreditación de inmuebles de naturaleza urbana la cuantía de la tasa sería de 500 pesetas por cada unidad urbana que figure en el documento expedido por la Administración. Lo que proponemos, señorías, desde el Grupo Socialista es que la ley reconozca la diversidad de realidades económicas, sociales y personales en el conjunto del Estado. La estructura de la propiedad rústica es bien diferente en Galicia, en Asturias y en todo el norte peninsular, donde una gran mayoría de agricultores y ganaderos tienen un escaso patrimonio y éste está muy dividido y disperso, con una renta muy baja. Una realidad económica y social bien diferente de los territorios en los que prevalece el latifundio, donde la propiedad está muy concentrada en pocas parcelas pero es de dimensiones muy significativas.
Si abundamos en este argumento, vemos que la diversidad también existe incluso dentro de cada una de las comunidades autónomas del norte peninsular. Así se puede constatar cómo en estos territorios coexisten las estructuras y explotaciones tradicionales de pequeño tamaño y dispersas, con un elevado número de parcelas y numerosas actividades a pequeña escala, en suma, subdesarrollo, falta de especialización, escasa competitividad y baja renta. Además, estas explotaciones conviven con un número pequeño, pero lentamente creciente, de estructuras y explotaciones agrarias modernas que se han especializado, concentrando su propiedad y dimensionándola adecuadamente, con rentas netamente superiores a las de las explotaciones tradicionales. La actual regulación de la tasa, al cuantificar el importe de ésta en función del número de parcelas cuya acreditación se solicita y sin tomar en consideración la extensión total o parcial de la propiedad, penaliza fiscal e injustamente a estas explotaciones o propiedades rústicas tradicionales.
También hay que añadir que a la modernización de algunas estructuras productivas en el sector primario han contribuido las propias comunidades autónomas mediante actividades de concentración parcelaria y programas de desarrollo del medio rural, que se han ejecutado de forma muy heterogénea y desigual. Ello se traduce ahora en una mayor fiscalidad para aquellos territorios donde la actividad de la Administración ha sido menos eficaz o ha estado ausente. Se acumula, así, una injusticia sobre otra, con un efecto tremendamente adverso sobre la población que desarrolla actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Baste para concluir este argumento una breve referencia a algunos datos que son muy significativos: Galicia tenía hace apenas unos años aproximadamente la cuarta parte del total de parcelas rústicas de toda España. Según datos del Anuario de 1990 Galicia en cifras que publica el Gobierno autónomo, el número de parcelas por explotación en Galicia es de 15,1 mientras que en el resto de España es de 8,7, siendo el tamaño medio de la parcela en Galicia de 0,4 hectáreas, esto es, menos de la quinta parte del promedio nacional donde se eleva a 2,2 hectáreas.
Señorías, a la vista de estos datos se concluye que Galicia soporta en la actualidad nada menos que la cuarta parte de la recaudación total de esta tasa, sin que ello tenga una base económica de ningún tipo y con un fundamento jurídico que hace causa de un lastre que arrastra históricamente el norte peninsular: la tremenda división de sus pequeñas propiedades. Así, esta tasa grava la división de la propiedad rústica, a mayor subdesarrollo, mayor tasa; a mayor capacidad económica, menor cuantía de la tasa. Pero si esta foto global expresa muy bien en términos comparativos quién soporta mayormente este tributo, y dónde, no menos elocuente es la foto de detalle que nos expresa, además, la cuantía de la tasa y el sacrificio económico que se les está exigiendo a capas muy modestas de la población.
En efecto, si bien la media de parcelas por explotación en Galicia, similar al norte peninsular, es de 15,1, los propietarios que mantienen las explotaciones tradicionales, aquellos que no han modernizado y concentrado

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su propiedad, tienen un promedio de unas 35 a 40 parcelas cada uno, lo cual supone el pago de una tasa de unas 20.000 pesetas por la simple expedición de la correspondiente acreditación catastral. Además, ¿qué tipo de parcelas tienen? Creo que es suficientemente expresivo que se diga que una parte importante y significativa de estas parcelas apenas excede en algunos casos de los cien metros cuadrados, incluso explotaciones forestales de estas dimensiones, así como pequeñas huertas, se ven gravadas en la misma cuantía que las grandes explotaciones económicas agrarias. Por ello esta tasa no representa sólo una falta de equidad en términos territoriales, sino que dentro de cada territorio o dentro de cada comunidad afecta de una forma difícilmente tolerable, especialmente a los agricultores y ganaderos que no han modernizado sus explotaciones o las tienen abandonadas.
Pues bien, lo que proponemos desde el Grupo Socialista es que las leyes tributarias se ajusten, en primer lugar, a las realidades económicas, sociales y personales porque, como ya se expuso, esta realidad es heterogénea dentro del conjunto del Estado y aun dentro de cada comunidad. Pero hay más razones y argumentos para que la Cámara tome en consideración esta proposición de ley que hoy debatimos. Por una parte, con la tasa de acreditación e inscripción catastral el Gobierno y los grupos de esta Cámara que le apoyan han querido que el coste de ciertos servicios públicos recayera sobre los beneficiarios directos de los mismos. Sin embargo, ¿alguien puede decir cuál es el beneficio que percibe el propietario rústico cuando solicita la expedición de una certificación en el catastro que le es exigida por la propia Administración para que pueda tributar por el Impuesto de Sucesiones, por ejemplo? Lo único que siente es el peso de una administración cada vez más burocratizada que le hace llevar papeles de una ventanilla a otra, eso sí, pagando, pagando de manera creciente, sin que el ciudadano tenga el más mínimo interés en realizar estos trámites. Este es el gratificante beneficio que siente y percibe; es decir, la tasa no sólo grava la división de la propiedad rústica, el subdesarrollo, sino que además grava las actividades que la propia Administración exige a algunos ciudadanos en beneficio, irónicamente, de ella misma.
Por otra parte, la mayoría de la doctrina entiende --y así lo suscribimos desde el Grupo Socialista-- que la fortaleza de un sistema tributario está en su grado de equidad. Hay principios y valores muy asentados en la conciencia social que han de tenerse muy en cuenta al legislar, pues modulan en un momento determinado los conceptos de justicia y de equidad.
Me voy a referir a uno de los principios más importantes en materia tributaria, que es el de la capacidad de pago, directamente relacionado con el de equidad, principio con rango constitucional, felizmente incorporado a numerosos textos legales en el ámbito tributario y que comienza a ser desplazado, de una forma cada vez más evidente, hacia el principio del beneficio, típico de la hacienda del siglo XVIII, merced a las iniciativas que este Gobierno está tomando. El Gobierno y los grupos que le apoyan no pueden arriesgarse a atentar contra este principio constitucional haciendo que pague más quien menos tiene y, además, que lo haga para sufragar los costes de una administración que exige una determinada actividad en su propio y único beneficio.
Desde el Grupo Socialista proponemos esta modificación de la actual regulación vigente para dar cabida también a este principio constitucional en la medida en que es posible hacerlo. No crea el Gobierno y tampoco lo crea la Cámara que nos autosatisfacemos con esta medida; sencillamente, queremos evitar que se deterioren principios y valores, como los de equidad y capacidad de pago, que tienen rango constitucional y han sido incorporados ya en diversas leyes tributarias durante el actual período democrático.
Además, la configuración legal de esta tasa de inscripción y acreditación catastral dista el infinito de los principios generales que proclamó en tono grandilocuente y autocomplaciente el Gobierno cuando presentó en esta Cámara, hace unos meses, el proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente, el llamado estatuto del contribuyente.


El señor PRESIDENTE: Señor Alvarez Gómez, vaya concluyendo, por favor.


El señor ALVAREZ GOMEZ: Concluyo, señor Presidente.
En efecto, en el artículo 2 de este proyecto de ley se establece que la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria. Con preceptos como los que el Grupo Socialista quiere modificar, estas declaraciones del Gobierno plasmadas en proyectos de ley son cuando menos huecas y carecerán de credibilidad, si el Gobierno no rectifica, alcanzando de manera cierta y pronta a su menguada credibilidad actual. Asimismo, consideramos que este excesivo sacrificio económico de los propietarios rústicos va a alejar todavía más al catastro rústico de la realidad y de los propietarios rústicos, que son los auténticos depositarios de esta realidad.
Finalmente, consideramos que la creación de esta tasa de inscripción y acreditación catastral tampoco fue acertada desde el punto de vista de la oportunidad. Así se crea la tasa en un momento en que las rentas agrarias descienden, a pesar del incremento de la productividad en el sector, y en momentos especialmente duros para el sector y para muchas familias con explotaciones lecheras, por ejemplo, en este castigado norte peninsular que, además, por voluntad del Gobierno del

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Partido Popular, van a pagar la denominada supertasa, es decir, se le impone una tasa sobre una supertasa, con lo cual la viabilidad de estas explotaciones corre serio peligro.
Por ello, en nuestra proposición de ley intentamos que no se grave la división de la propiedad rústica, que no se grave el subdesarrollo, estableciendo una tasa de cuantía fija de 500 pesetas por cada certificación catastral que se expida. De esta forma, damos entrada al principio de capacidad de pago en la regulación de esta tasa modulándola en términos relativos, dada la figura tributaria de que se trata, y contribuyendo a dar un tratamiento fiscal un poco más equitativo a los titulares de propiedades rústicas, especialmente a la pequeña propiedad, que se encuentra muy dividida, plasmando de esta manera en los textos legales los principios generales vigentes en el ordenamiento jurídico y muy asentados en la conciencia social, que por otra parte el Gobierno dice defender. Hoy tendremos la oportunidad de comprobar en qué medida el Gobierno los defiende.
A todas estas razones --y voy concluyendo, señor Presidente-- hay que sumar el profundo rechazo social que la actual regulación de esta tasa está produciendo en las comunidades del norte peninsular. Los gallegos, los asturianos, los cántabros, los vascos, los navarros y los catalanes, aun en mayor medida unos que otros en razón de lo dividida que tengan su propiedad, expresan este rechazo social que tiene, como hemos podido comprobar, sólidos argumentos en los que apoyarse y que demanda de esta Cámara modificaciones como las que proponemos o incluso otras que puedan ir más lejos, que tampoco serían a nuestro juicio exageradas.
Demos, pues, respuesta a las exigencias firmes y mesuradas que en defensa de la equidad en el ámbito fiscal nos piden sectores de renta muy baja, con especiales dificultades económicas y sociales, y evitaremos consolidar la tremenda injusticia que hoy golpea a muchas familias, porque ya sabemos que el daño que produce la falta de equidad excede con mucho la mera evaluación económica, conduciendo a sentimientos de discriminación e impotencia en estas capas sociales.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez Gómez.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) No.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar brevemente, en nombre del BNG, la posición favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley modificadora de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
El nuevo sistema de tasas introducido por el artículo 33 de la Ley mencionada, en lo que se refiere a inscripción y acreditación catastral, supone una carga impositiva desproporcionada para los ciudadanos de aquellas zonas del Estado, como sucede en el caso de Galicia, en donde la estructura de la sociedad está atomizada, ya que, tal y como está establecido en el apartado 7 del artículo 33 citado, se les obliga a pagar una tasa de 500 pesetas por cada una de las parcelas rústicas que quieran inscribir o acreditar catastralmente. Seguro que SS. SS. pueden echar cuentas de lo que le supone a un ciudadano que posea 20, 30 o 40 parcelas inscribir o acreditar catastralmente su propiedad. Basta multiplicar por 500 pesetas el número de parcelas, más las 500 pesetas de la solicitud para conocer la cifra a pagar.
Estamos, pues, ante una medida impositiva que al ser dictada para el conjunto del Estado y no tener en cuenta la diferente estructura de la propiedad existente en las distintas realidades, se vuelve claramente injusta y supone un agravio comparativo, de manera que ciudadanos con propiedades relativamente pequeñas e incluso con un valor escaso se ven obligados a pagar cantidades mucho mayores que otros que poseen grandes extensiones de tierra y desde luego con mucho más valor.
Esta decisión produjo una cierta preocupación entre la población afectada. Por eso el Bloque Nacionalista Galego presentó en Comisión, el pasado 12 de marzo, una proposición no de ley que aún no ha tenido la fortuna de ser discutida, pero que pretendía se tomasen las medidas precisas para adaptar la aplicación de estas tasas a la particular estructura de la propiedad que existe en Galicia, muy distinta a la de otras zonas del Estado.
Esta proposición pretende modificar la letra b) del número 7 del artículo 33 de la Ley 13/1996, con lo que el BNG está de acuerdo, que hace referencia a los casos de solicitud de acreditación catastral, aunque desde nuestro punto de vista la modificación propuesta por el Grupo Socialista nos parece incompleta. Por tanto, si se toma en consideración esta proposición de ley, en los sucesivos trámites parlamentarios presentaremos la enmienda pertinente para que se modifique también la letra a), que se refiere a la inscripción catastral, ya que el problema planteado en la letra a) es similar para los ciudadanos que se ven afectados. En todo caso, damos nuestro voto favorable a la toma en consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Navas.


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El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor Presidente.
Deseo manifestar la posición favorable de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a esta proposición de ley diciendo que nosotros habitualmente hemos hablado de la imposición de tasas. Me parecen interesantes algunas de las reflexiones escuchadas hasta este momento sobre la falta de objetividad de los impuestos indirectos a la hora de buscar la justicia fiscal, algo que nuestro grupo lleva pidiendo al resto de los grupos políticos en esta Cámara desde hace tiempo. Empezamos a entender la frialdad que tienen los impuestos indirectos por la objetividad de los sujetos pasivos que tienen que afrontar su pago. Estimamos positiva la reflexión que comporta esta proposición de ley y vamos a votarla favorablemente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista ha puesto en marcha dos iniciativas absolutamente similares para corregir el artículo 33.7 b) de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Son dos iniciativas absolutamente similares. Una, que se ha instrumentado en esta proposición de ley, y otra, presentada y ya debatida en el trámite de ponencia, que es una enmienda al proyecto de ley por el que se modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Si se tomara en consideración hoy esta proposición de ley --y perdonen que me refiera en primer lugar a aspectos formales-- se iniciaría un trámite parlamentario que no acabaría en ningún caso antes del primer período de sesiones de 1998. Sin embargo, la otra iniciativa, también del Grupo Socialista, que recalco que es absolutamente similar a la enmienda 18, presentada al proyecto de ley que modifica la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se va a debatir en Comisión el viernes. Si se tomara en consideración entraría en vigor con anterioridad.
Este grupo parlamentario, respetando todas las iniciativas parlamentarias, quiere manifestar que estamos adelantando un debate que, con toda lógica, debe celebrarse el viernes. Debe hacerse entonces si lo que se quiere es arreglar un problema concreto, una distorsión que se ha manifestado con la puesta en marcha de una parte de la tasa de acreditación catastral. Mi grupo comparte la idea de la distorsión hasta el punto de que ha presentado una enmienda al proyecto de ley de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se ha admitido en ponencia y se ha incorporado al texto. Si el viernes se aprueba entraría en vigor en septiembre. Lo lógico sería respetar esta propuesta que mi grupo presenta, que es votar favorablemente la enmienda presentada por mi grupo, retirar esta proposición de ley y, consiguientemente, adoptar una solución el viernes. De ese modo la distorsión que el portavoz socialista ponía de manifiesto --quizás ha hecho demasiado discurso por una pequeña distorsión, que mi grupo comparte-- se arreglaría cuanto antes, que es lo que intentamos de verdad.
La tasa de inscripción y de acreditación catastral se creó en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social y lo que dice es que los beneficiarios de un determinado servicio público sean los que, al menos en parte, soporten el gasto que ocasiona su prestación. Decía el portavoz socialista que había que tener en cuenta la capacidad de pago porque esto es un tributo. Efectivamente, aunque tratándose de una tasa que se basa en una contraprestación hay que hacer referencia, sobre todo, al principio del beneficio o al principio de equivalencia. Bien es verdad que hay que tener en cuenta la tasa de acuerdo con la capacidad económica, si la naturaleza de la tasa lo permite, y hay que procurar que, en la medida de lo posible, todos los ciudadanos puedan tener acceso a ese servicio público. Lo que hace esta tasa que se estableció en la Ley de presupuestos es crear un sistema de información vinculado a la propiedad, que tiene un coste que deben afrontar los propietarios, es decir, los que piden ese servicio a la Administración. En 1996, señorías, se han realizado un millón y medio de certificaciones. ¿Quién debe cargar con ese gasto? ¿Quien usa el servicio, las gestorías administrativas, las inmobiliarias, los propietarios, o debe ser un gasto común de todos los ciudadanos? Es lógico que quien va a recibir un beneficio por ese servicio pague, al menos en parte, el gasto de esa prestación.
Ustedes plantean dos temas, uno en la exposición de motivos y otro en el contenido de la proposición de ley. En la exposición de motivos dicen que no se pida a los ciudadanos acreditación de datos que obran en poder de la Administración, pero nosotros estimamos que eso debe ser así.
Entendemos que va en contra de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, exigir a los ciudadanos acreditación de datos que ya posee. Eso va en contra de lograr un buen servicio a los ciudadanos pues se les obliga a hacer multiplicidad de gestiones. Pedir a los ciudadanos datos que ya obran en poder de la Administración atenta contra la utilización racional de los medios de la Administración pública. Esto, que es razonable, hay que corregirlo llegando a acuerdos entre todas las administraciones implicadas, de manera que el catastro proporcione a los organismos gestores de ayuda la información global necesaria para su tramitación y así evitar que los ciudadanos tengan que realizar multiplicidad de gestiones, que incurran en el

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hecho imponible de la tasa y que tengan que pagar la tasa. En ese sentido, el catastro ya está haciendo cosas, ya está llegando a acuerdos con organismos gestores para avanzar en la línea propuesta.
Luego hablan de la cuantía de la tasa. Efectivamente, hay una pequeña distorsión porque en la tasa se explicita una modulación de la cuantía.
Por una parte, hay 500 pesetas fijas por el documento, y otras 500 pesetas variables según el número de unidades urbanas o el número de parcelas rústicas. En la Ley de presupuestos se aprobó que también hubiera 500 pesetas para cada subparcela. Hay que corregir eso porque no tiene sentido que un señor que tiene varios cultivos en una misma parcela pague por cada uno de los cultivos y un señor que tiene sólo un cultivo pague una sola vez. Eso es una distorsión y hay que corregirla. En la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, y que se ha admitido en ponencia, eso está corregido. Pero nosotros entendemos...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez-Pujalte, le ruego vaya concluyendo.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Es una tasa que debe ser modulada según el gasto que ocasiona a la Administración. No es lo mismo dar un servicio a un señor que tiene mil parcelas rústicas que dar un servicio a un señor que tiene una sola, igual que no es lo mismo --y atenta contra los criterios de equidad-- que un pensionista que tiene un piso y pide una certificación pague el doble que un gran propietario que tiene una parcela rústica. Eso no tiene sentido y atenta contra la equidad. En nuestra enmienda, que se ha aprobado, proponemos una modulación, que es una cantidad fija por documento y una cantidad variable según el número de unidades urbanas o de parcelas rústicas. Entendemos que ése es un criterio de justicia, que hace que pague más quien más tiene. Además, en el caso de las tasas, debe ser un servicio basado en una contraprestación que reciben los ciudadanos en forma de beneficios.
Concluyo afirmando que, aun estando de acuerdo en el fondo --en un fondo que ya hemos arreglado con una enmienda nuestra, que el viernes se va aprobar en la Comisión de Economía y Hacienda--, pedimos que se retire esta proposición de ley para no incurrir en una duplicidad legislativa.
Por un lado, las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Popular y, por otro, esta proposición de ley, que haría que la solución a esta distorsión entrara en vigor en un tiempo más alejado, lo que supondría dilatar en el tiempo la solución de un problema. Sería de sentido común retirar esta proposición de ley y, si no, votaremos en contra para no encontrarnos en la Cámara debatiendo lo mismo cada cierto tiempo, con una duplicidad legislativa en un tema que no tiene razón de ser.
Muchísimas gracias. (El señor Alvarez Gómez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿A qué efectos pide la palabra, señor Alvarez Gómez?

El señor ALVAREZ GOMEZ: El Grupo Popular ha pedido que retiremos nuestra proposición de ley. Pido la palabra para precisar nuestra posición respecto a la intervención del Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alvarez Gómez, el señor Martínez-Pujalte ha fijado su posición estrictamente sin reabrir el debate. Si S. E. va a retirar la iniciativa, no tiene nada más que expresarlo, pero no tiene turno de réplica.
Muchas gracias. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, modificadora de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 134; en contra, 170.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


-- DEL GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MODIFICACION DE LA LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (Número de expediente 122/000073)

El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la modificación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar convencer a los grupos parlamentarios de la bondad de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya intenta que se apruebe hoy, en este trámite

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de toma en consideración, para después poder pasar a la presentación de enmiendas, que podrían ser de texto alternativo o al articulado.
¿Cuál es el objetivo de la proposición de ley? En el mes de marzo se aprobó la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Después de un debate intenso en el fondo y en la forma, se adopta entonces un modelo de organización que tenía como objetivo tres compromisos: uno, hacer desaparecer la figura del gobernador civil, por entender que en el Estado de las autonomías debía de funcionar otra organización del Estado; dos, reducir la Administración periférica del Estado, simplificando las competencias de los distintos ministerios y, por tanto, las direcciones provinciales que tenían esa estructuración periférica del Estado; y, tres, poner en marcha un proceso de modernización y de simplificación de los organismos públicos que funcionaban en el Estado, en las dos categorías de organismos administrativos y de entes empresariales públicos.
Se aprueba esa ley que conlleva el compromiso de simplificar la simplificación de la Administración periférica del Estado en seis meses.
En la comparecencia que realizó el Ministro de Administraciones Públicas el 18 de marzo en la Comisión de Administraciones Públicas se daba un calendario para poner en marcha la nueva figura del subdelegado del Gobierno y, por tanto, hacer efectiva la desaparición del gobernador civil, y todo un proceso de simplificación o de hacer residir en él las competencias de las distintas estructuras de la Administración periférica. El compromiso era, en primer lugar, el de que recayera el mayor número de competencias en la comunidad autónoma y en la administración estructurada del Estado (municipio, comunidad autónoma) en lugar del Estado central y, en segundo lugar, dejar la figura del subdelegado para una acción muy funcionarial, de gestión administrativa, pero vacía del contenido político que había venido desarrollando. Nos encontramos con que, sólo aprobarse esta ley, los grupos parlamentarios de esta Cámara que la habían apoyado dijeron que se sentían engañados porque se hacía residir en los subdelegados recién creados competencias que no se habían anunciado y porque, en lugar de contar con una persona más profesionalizada y de gestión, se mantenía una figura con peso político real en la estructura de la Administración general del Estado.
Pues bien, lo que pretendemos es que no se generalice esa figura y se potencie de verdad la figura del delegado del Gobierno. Es verdad que de marzo aquí apenas han pasado tres meses y que todavía quedan otros tres, aunque algunos de ellos sean medio ociosos para la Administración, como son los meses de verano. Hay tiempo suficiente para ver caminar esos compromisos que el Ministro adquirió en la Comisión de Administraciones Públicas. Para evitar esos malos entendidos, si había sido uno engañado o no, la mejor fórmula era traer a la Cámara una modificación de la ley haciendo residir en la figura del subdelegado, allá donde sea precisa y no generalizada en la estructura territorial, competencias, fundamentalmente de coordinación administrativa y funcional, y que las competencias políticas en ningún caso estén en él residenciadas sino en los delegados del Gobierno. En lugar de hallarse en compromisos que no se transforman en ley y que luego se pueden leer diciendo que sí pero no, o todo lo contrario, la mejor fórmula sería plasmarlo en la ley.
¿Cuál es la modificación que propone Izquierda Unida? Primero, que el artículo 29 diga que la figura del subdelegado dependiente del delegado exista en las comunidades autónomas pluriprovinciales allá donde sea preciso, y no como establece la ley, puesto que dice que en todas existirá un subdelegado del Gobierno. El segundo punto de nuestra proposición de ley pretende que el artículo 31 haga competente a la Delegación del Gobierno de la organización en el Ministerio de Administraciones Públicas y que las competencias del delegado del Gobierno se puedan determinar por un decreto del Consejo de Ministros, desarrollando esta capacidad no de manera homogénea sino en función de cada realidad. En tercer lugar, nuestro grupo pretende respecto a la disposición adicional quinta de la ley vigente, que hace referencia a las competencias de seguridad ciudadana y de protección que recoge la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, y la Ley 23/1992, de 31 de julio, sobre seguridad privada, que en las comunidades autónomas cuyos estatutos de autonomía contemplen cuerpos de policía propios esas competencias las ejerza la comunidad autónoma y no el subdelegado del Gobierno, es decir, que ese cuerpo de policía propio, en coordinación con el delegado del Gobierno, sea el que actúe como en la Administración central y que se tengan en cuenta a las juntas locales de seguridad. Conseguíamos, por tanto, tres cosas: una, que las comunidades autónomas con cuerpos de policía propios tengan la competencia; dos, que la coordinación con las Fuerzas del Estado en la comunidad autónoma sea realizada por el delegado del Gobierno y éste tenga la competencia y tres, que tengan un protagonismo las juntas locales de seguridad, que están presididas por los alcaldes en cada una de las ciudades.
Por último, proponíamos como cuarto punto una disposición adicional nueva que pretendía modificar el trámite para esa designación en las comunidades pluriprovinciales, para acercar la Administración del Estado a la administración de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Ahora que se habla de simplificar y de agilizar la Administración, ahora que se habla de facilitar una Administración única, para que las decisiones no se tomen unilateralmente.
Señor Presidente, termino sin consumir el tiempo que tenía previsto y que el Reglamento me concede. El objetivo de nuestro grupo es trasladar la queja al Parlamento,

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modificar la ley, evitar quejarnos y poder ir a una presión externa a la hora de actuar.
Estoy convencido de que el objetivo puede ser apoyado por los grupos de la Cámara. En todo caso, es una propuesta que hemos venido haciendo reiteradamente y que no pretende entorpecer el desarrollo de la Lofage, sino orientarlo en una dirección: que no haya estructura provincial, que no haya figura con competencias políticas en la estructura provincial y que se fortalezcan los delegados del Gobierno, que es algo que aquí se ha estado diciendo siempre como discurso y como teoría. Proponemos, por tanto, pasar de las palabras a los hechos.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la iniciativa de Izquierda Unida? (Pausa.) ¿Alguno desea hacerlo a favor de la iniciativa? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria anuncia ya que no va a apoyar esta iniciativa que nos ha expuesto el señor Ríos como portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la siguientes razones.
En primer lugar, aunque no le falta razón al señor Ríos en algunas de las propuestas que hace de determinadas coordinaciones respecto a la figura nueva del subdelegado del Gobierno, estimamos que ante una ley de la enjundia y dificultad administrativa como la que acabamos de aprobar el pasado mes de marzo en esta Cámara, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, lo menos que podemos hacer es dejarle un tiempo de rodaje para que el propio Gobierno, la Administración del Estado pueda medir el alcance, la experiencia y las repercusiones que pueda tener en este funcionamiento. Dado que fundamentalmente se trata también de un funcionamiento, sobre todo a nivel de las delegaciones del Gobierno y de los subdelegados, con las comunidades autónomas, es preciso también darle tiempo a esta ley, que prácticamente es nueva, diríamos, con un lenguaje automovilístico, que está iniciando el rodaje, porque hace escasas fechas que ha entrado en vigor y que los delegados del Gobierno han procedido a nombrar a los subdelegados en las respectivas provincias de las comunidades autónomas pluriprovinciales, para que sepamos, al menos con un período estadístico significativo, el grado de comportamiento --bueno, regular o malo-- que tiene esta nueva Administración. En segundo lugar, es necesario un control del Gobierno por parte de esta Cámara y tener también, en la Comisión correspondiente, de Administraciones Públicas o en la de Justicia e Interior, por poner unos ejemplos, unas comparecencias y ver cuál es el grado de bondad o de comportamiento de las disposiciones legales.
Pero es que también, señor Ríos, hay en su texto algunas cuestiones que sobrepasan lo que son los legítimos campos competenciales de las comunidades autónomas y de la Administración central del Estado. Nuestro Estado es el que está definido en la Constitución española, por supuesto defendiendo el título VIII en cuanto a las competencias del Estado de las autonomías, pero ni el Estado central anula a las autonomías, ni las autonomías anulan al Estado central. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se pretende una modificación del artículo 29 con respecto a los subdelegados del Gobierno, igual que cuando, en la modificación que se pretende del actual artículo 31 de la ley y en la disposición adicional quinta, con respecto a las comunidades autónomas que de acuerdo con su estatuto de autonomía hayan creado cuerpos de policía propios, se alude a que los delegados del Gobierno pasen a ejercer directamente las competencias estatales en materia de seguridad pública y en coordinación con las juntas locales de seguridad que presiden los alcaldes de cada ciudad no nos parece ni posiblemente realizable, porque es un tema que habrá que experimentar y habrá que ir ordenando, pues aquí se está hablando, por un lado, de policías propias de la comunidad autónoma en un cuerpo propio y se están mezclando con lo que entendemos que son los cuerpos locales de las policías municipales.
Desde luego en lo que no estamos de acuerdo, porque es que nos parece estridente, es en la disposición adicional nueva que se pretende introducir donde se dice que el nombramiento de subdelegados sea previo informe de la comunidad autónoma afectada. Esto es interferir en competencias, y la comunidad autónoma no tiene derecho a intervenir en el nombramiento del representante de la Administración central; es como si la Administración central le exigiera a la comunidad autónoma un informe previo para nombrar a un consejero o a un responsable de cualquier servicio de la comunidad. Nos parece que hay que atemperarse a la realidad de los hechos ante esa propuesta que se hace de que las comunidades autónomas tuvieran, vamos a llamarle, la competencia de emitir un informe previo preceptivo, que interpretamos, aunque no lo dice el texto, que no sería vinculante, porque lo único que faltaba aquí es que el informe de la comunidad autónoma para que se pueda hacer el nombramiento de un subdelegado del Gobierno como representante de la Administración central o del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma fuera vinculante. Estaríamos no solapando competencias, sino realizando un verdadero acto inconstitucional.
Por estas razones, señor Presidente, nosotros no vamos a dar nuestro voto a esta proposición de ley de modificación de la Lofage.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) la señora Uría tiene la palabra.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Aun siendo reciente la aprobación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado con el voto favorable en conjunto del Grupo Vasco, hoy no podemos dejar de apoyar la iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ya que coincide de forma más precisa con el planteamiento de nuestro partido en relación a cómo debe ser la Administración periférica en un Estado que se define como autonómico, y que, a nuestro entender, es la de tener la menor presencia posible sobre la base, además, de principios de supletoriedad y de administración única que el partido que apoya al Gobierno ha difundido con profusión en sus programas electorales.
La Constitución, además, en su artículo 154 cifra la presencia del Estado en las comunidades autónomas en la sola figura del delegado del Gobierno, que es también la única figura recogida en nuestro Estatuto, cuyo artículo 23 me permito citar. Se establece en él que la Administración civil del Estado en el territorio vasco se adecuará al ámbito geográfico de la comunidad autónoma. Ello nos ha permitido sostener que la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma del País Vasco debe operar sobre un marco que llamaré regional o de comunidad autónoma, frente al criterio provincial que la normativa de la Lofage y a la que ésta sustituye establecía. La iniciativa que hoy analizamos recoge este mismo criterio, dejando la posibilidad de existencia de subdelegados en las comunidades autónomas pluriprovinciales que lo precisen o cuya extensión así lo demande.
Nos satisface particularmente la reforma que se propone del artículo 131, en cuanto hace depender a los delegados del Gobierno exclusivamente del Ministerio de Administraciones Públicas, que nos parece que es lo correcto si se trata de una figura cuya misión es coordinar la Administración civil del Estado, así como la previsión de la disposición adicional quinta que, de aprobarse, enmendaríamos en su literalidad, pero cuyo espíritu asumimos como partido de ámbito de una comunidad autónoma con policía propia, integral y ya implantada.
Creemos que todas estas son cuestiones estimables y nos llevan a votar favorablemente, como ya he anunciado, la toma en consideración de esta iniciativa.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Ríos, para mí usted es siempre una sorpresa amiga, porque ciertamente su actividad parlamentaria es rica e intensa, pero en esta ocasión creo que su estrategia es, si no equivocada, al menos sorprendente. En cualquier estrategia, para alcanzar con éxito un objetivo, la elección del momento adecuado y del sector sobre el que queremos acuerdos son los elementos más importantes, y esta proposición de ley, o llega demasiado tarde o es prematura, y el sector de esta Cámara al que se dirige creo que es bastante restringido. Restringido es el número de diputadas y diputados que podemos acoger con interés su propuesta, especialmente el negativo de su enmienda al apartado 1 del artículo 29 de la Lofage, por la que usted modificaría la estructura basada en la provincia.
Ya que hemos aprobado tan recientemente el plan Prever, me va a permitir un símil, y sé que lo hará porque S. S. tiene un cierto sentido del humor. Si habláramos de coches y usted nos quisiera vender uno, seguramente su propuesta podría ser, digamos, la de ofrecer una magnífica tapicería singular por un módico precio. Los que desearan un coche utilitario, uniforme, de uso general, seguramente no pagarían extras por esta tapicería y rechazarían su oferta por razonable que fuera, pero los que desearan un coche de modelo distinto, singular o muy particular podrían considerarla magnífica.
Quizás alguien también recordará que mi grupo planteó una reflexión, similar a su enmienda al artículo 29, al Ministro señor Rajoy en la sesión del 18 de marzo en Comisión. Reconforta saber que estamos de acuerdo en esto y que a veces nos escuchamos. Planteamos en aquella ocasión que la Administración es una máquina que presta servicios y que esta prestación se somete a determinados condicionantes técnicos, el más importante de los cuales es el volumen de población a la cual debe atender, y que debe asegurar, además, calidad de servicio y capacidad para prestarlo. Estos condicionantes que originan la necesidad de la estructura en la delegación del Gobierno nada tienen que ver con la organización territorial provincial. La Comunidad Autónoma de Madrid tiene, quizá, tanta o más población que Galicia, pero al ser uniprovincial, la organización administrativa de la delegación del Gobierno es distinta, no hay subdelegado y es muy simplificada. Cataluña, ya lo dijimos entonces, se sentiría satisfecha con esta organización, y así lo explicité. Por eso nos agrada el negativo de su enmienda al artículo 29, apartado 1.
En todo caso, repito, la proposición se presenta a destiempo. Los grupos políticos, como las personas, con frecuencia asignamos valores diferentes y prioridad distinta a los mismos objetivos. Mi grupo tiene como perfil consustancial el de la lealtad al compromiso, y han transcurrido apenas tres meses desde que en esta Cámara dimos nuestro voto favorable a la aprobación

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de la Lofage. El Gobierno del Estado español cumplía en sus términos estrictamente un pacto suscrito con nuestro grupo. Hoy no vamos a cambiar nuestra posición de entonces, usted lo sabe, pero quizás usted tampoco lo haya pretendido. No ignoramos que la ley es deudora y continuadora de una cultura administrativa centralista, pero también sabemos que aspira a renovar algo. Parece aconsejable que la ley tenga su tiempo de desarrollo. Un período de uno o dos años de aplicación será suficiente para hacer un análisis serio de sus resultados y proponer los cambios que sean necesarios, alguno de los cuales quizá se asemejen a la propuesta de hoy. Hoy no es, pues, el momento para la enmienda; quizá sólo lo sea para expresar el deseo de que esta ley en su desarrollo tenga la fuerza suficiente para cambiar los comportamientos y criterios de los órganos decisorios del Gobierno y también tal vez de algunos grupos políticos de esta Cámara que podrían en algún momento apostar por ignorar o rechazar la influencia y razón de los partidos nacionalistas, olvidando que aunque éstos no existieran, existiría su nación, que jamás podría ser ni ignorada ni rechazada.
La ley ha realizado dos cambios profundos: la identificación mayoritaria entre funcionario y alto cargo directivo y la nueva organización de la delegación del Gobierno del Estado español en las comunidades autónomas, que ha conllevado la supresión de la figura política y administrativa del gobernador civil. Este último cambio es el que ha permitido la presentación de sus enmiendas, que hoy ya sabe usted que no apoyaremos, pero que sí nos abren la esperanzada posibilidad de un encuentro cuando llegue el momento adecuado y se requiera.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad, señor Ríos, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, es que esta iniciativa creo que no va a ser acogida con excesivo entusiasmo, no sé si porque hemos estado tanto tiempo debatiendo la Lofage que volver ahora a incorporarnos a un debate que ciertamente tiene unos contenidos en algunas de sus partes un poco abstractos y no muy atractivos por la propia naturaleza del tema nos hace contemplarla con cierto escepticismo inicial y, desde luego, al ver el contenido, quizás con algo más que eso, aunque he de reconocer que el análisis que la sustenta y que contiene la exposición de motivos tiene una parte de verdad evidente. La parte de verdad es que entre lo que en principio parecía que iba a resultar el nuevo modelo de Administración periférica, y lo que se está produciendo en aplicación de la Lofage hay una distancia evidente, pero seguramente el portavoz de Izquierda Unida comprende que esa distancia se encuentra más cercana de las posiciones que ha mantenido el Grupo Socialista y que lógicamente sería una incoherencia notable apoyar ahora esta iniciativa.
El Grupo Socialista ha defendido la existencia de delegados provinciales en todas y cada una de las provincias y además nombrados por el Gobierno de la nación, y lógicamente sería una notable incongruencia que ahora apoyáramos su propuesta. Diré sencillamente que esta iniciativa es fruto de lo que en algún momento el Grupo Socialista manifestó en la tramitación de desarrollo del proyecto de la Lofage y es que el modelo final que contenía de Administración periférica era un modelo híbrido y complejo que no resolvía las cuestiones de fondo que durante tanto tiempo se han venido debatiendo sobre la Administración periférica del Estado.
Ciertamente, para terminar, le diré que no sé si es lo más oportuno presentar una proposición de ley --sin duda alguna, sin discutir la plena legitimidad para hacerlo-- con el fin de modificar una ley que, con sus defectos y con las votaciones que cada grupo ha estimado convenientes en cada momento, acabamos hace muy poco de aprobar en esta Cámara. No quiero decir que la iniciativa sea extemporánea, pero a mí me produce una cierta preocupación que esta pudiera ser una conducta habitual del portavoz del Grupo de Izquierda Unida, que, ciertamente, como alguien ha señalado aquí, ha demostrado en numerosas ocasiones su actitud parlamentaria positiva en todo el trámite de Comisión. Yo le invitaría a que continuara en esa tarea para que pudiéramos apoyar más iniciativas de su grupo en materia de administraciones públicas, donde nos unen muchas cuestiones y hay posiciones muy cercanas. Lamento mucho que en esta ocasión no pueda ser.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Quisiera expresar en este trámite la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, iniciativa que he de comenzar por calificar, al menos, como curiosa, curiosa ya por sus antecedentes.
Quisiera recordar que en el discurso de investidura el entonces candidato a Presidente, José María Aznar, anunció el compromiso de remitir un proyecto de ley que suprimiese la figura de los gobernadores civiles, que potenciase la de los delegados del Gobierno y que crease las subdelegaciones. Escasamente nueve días más tarde, Izquierda Unida-Iniciativa

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per Catalunya presentó una iniciativa en el mismo sentido referida a los dos primeros extremos: supresión de gobiernos civiles y potenciación de la figura del delegado del Gobierno. Esta iniciativa legislativa que presentó Izquierda Unida nunca se llegó a debatir. El mismo día que iba a ser objeto de debate y votación fue retirada por el grupo proponente. Muy poco tiempo después, tras una tramitación también compleja y difícil, se aprobó definitivamente la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Esta ley fue promulgada el 15 de abril del presente año y entró en vigor el 5 de mayo, por tanto, hace poco más de mes y medio. Pues bien, el 4 de mayo, es decir un mes antes de haber adquirido vigencia esta Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, Izquierda Unida presentó esta proposición de ley solicitando la modificación de tres artículos y dos disposiciones adicionales.
Quisiera recordar en este punto que la Lofage contiene una regulación completa y sistemática de todo lo que es la Administración general del Estado en sus diversas vertientes y no sólo es una ley que se refiera a la supresión de los gobernadores civiles, sino que contempla de modo sistemático todo lo referente a la Administración central, a la Administración territorial o a la Administración institucional. Consta de 66 artículos y 17 disposiciones adicionales. Ahora la iniciativa legislativa que presenta Izquierda Unida solicita tan sólo la modificación de tres artículos y dos disposiciones adicionales, sin entrar a evaluar por mi parte si ello supone dar su conformidad al resto del articulado.
En todo caso, como decía, resulta llamativo y curioso que se solicite la modificación de una ley que no sólo no ha entrado en vigor todavía sino que ni siquiera había sido publicada. La ley se publicó el 15 de abril de este año y la iniciativa legislativa que ustedes presentaron es del 4 de abril, es decir, nueve días antes de su publicación. Ya en la exposición de motivos de su iniciativa parlamentaria --insisto, antes de la entrada en vigor y antes de la publicación de la ley-- afirman que la aprobación de la ley ha puesto de manifiesto que no se ha dado solución a algunos de los problemas para llevar a cabo la reforma de la Administración periférica del Estado. Fíjense, señorías, qué capacidad de premonición y de sentido del futuro, aunque el portavoz del grupo proponente reconoce cuál es la razón de su presentación. Yo la atribuiría --y tómenlo, señorías, en términos de broma-- al poder que tienen los medios de comunicación. El portavoz de Izquierda Unida ha reconocido que el ver publicadas en la prensa declaraciones de algunas personas a propósito de la supresión de los gobernadores y de la creación de la nueva figura de los subdelegados fue el motivo por el que rápidamente presentaron esa iniciativa legislativa. Resulta, en todo caso, poco seria esta iniciativa, porque el hecho de que algunas de sus enmiendas no hubieran prosperado en el trámite parlamentario --y en ese sentido con esta iniciativa parlamentaria son coherentes-- no justifica que apenas unos días más tarde se presenten como iniciativa legislativa. Imaginen, señorías, que esta línea de actuación de Izquierda Unida fuera generalizada, como ha señalado el portavoz socialista, y que, tras el rechazo de algunas enmiendas, se estuvieran postulando continuamente propuestas legislativas para pretender recoger lo que decían esas enmiendas.
Como decía en otro momento, y quiero recordarlo ahora, cuando a uno se le critica porque se considera que se ha ido demasiado lejos en la reforma, mientras que otros consideran que realmente ocurre lo contrario, se tiene la sensación de haber acertado y de haber encontrado una posición de equilibrio. Así, Izquierda Unida, con esta iniciativa, que desde luego ha sido muy correcta en el tono de su presentación, pretende minimizar la reforma de la Administración periférica que se lleva a cabo en la Lofage.
Sin embargo, esto es algo absolutamente incierto, y quiero recordarlo, por tres tipos de razones. En primer lugar, porque se potencia, y así lo habían pedido también ustedes, la figura del delegado del Gobierno. Se refuerzan sus competencias en materia de seguridad, se le atribuyen también notables competencias en cuanto a la dirección de los servicios integrados y se va a reforzar su posición de superioridad respecto a los subdelegados. En segundo lugar, la Administración periférica, cuando transcurra el plazo de los seis meses que concede la disposición final de la Lofage para su puesta en marcha, no va a tener nada que ver con la Administración periférica que ha existido en nuestro país hasta hace muy poco, suprimiéndose las direcciones provinciales y territoriales. Y, en tercer lugar, por la supresión de los gobernadores civiles. Esta figura, quisiera decirlo muy alto porque a veces parece que se pone en duda por parte de alguien, no tiene nada que ver con la figura de los subdelegados. Son figuras distintas y lo son por su nombramiento, que ya no lo realiza el Consejo de Ministros, sino el delegado del Gobierno; son distintas también por su perfil, ya que se exige la condición de funcionario --ustedes parece que también lo hacen en su proposición, aunque no exclusivamente limitada al grupo A-- y no la condición libre casi de político, como existía con anterioridad. También es una figura diferente por sus competencias, que son esencialmente de gestión y de carácter directivo, y por su rango, que ha dejado de ser de director general, pasando a ser de subdirector general. El Grupo de Izquierda Unida pretende suprimir esta figura nueva del subdelegado, que, repito, no es una mera sustitución de la figura del gobernador. Nosotros, por el contrario --lo decíamos en el proyecto de ley, lo mantuvimos así en el grupo parlamentario y lo reiteramos--, consideramos que debe existir esta figura del subdelegado y que es una pieza clave en lo que representa la reforma de la Administración periférica.


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El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel, por favor, vaya concluyendo.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Voy concluyendo, señor Presidente.
En todo caso, siendo necesaria la figura del subdelegado del Gobierno, quisiera poner de relieve las contradicciones que contiene la proposición, además de la mala técnica legislativa. Pretende modificar el artículo 31, cuando realmente se refiere al artículo 32; deroga el artículo 29 después de darle una nueva redacción, y en la disposición adicional quinta --que, por cierto, había sido aceptada por el Grupo de Izquierda Unida y que responde a una enmienda presentada en su momento por CiU--, admite la posibilidad de que puedan existir subdelegados --y leo literalmente-- en aquellas comunidades que por sus características territoriales así lo requieran. Sin embargo, no se especifica en qué comunidades. Señor Ríos, ¿en qué comunidades podrían existir subdelegados y en cuáles no? ¿Quién decidiría si iban a existir subdelegados o no? ¿Simplemente el delegado, el Consejo de Ministros, el Ministro de Administraciones Públicas? ¿Dónde estaría ubicado territorialmente? ¿En qué provincias existirían y en cuáles no? Estos son algunos de los abundantes interrogantes que se derivan de su iniciativa legislativa. Por todo ello, y por entender que es una figura necesaria en lo que es la presencia del Estado a nivel directivo, porque va a repercutir en una mejora de los servicios públicos que se pueden dar a los ciudadanos y en una mejor coordinación, vamos a votar en contra de la iniciativa parlamentaria formulada por Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Medel.
Vamos a proceder a la votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 17; en contra, 283; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida.


Continúa la sesión con carácter secreto.


-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta)

-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro 027821) Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

-- ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ARGENTINA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN BUENOS AIRES EL 18 DE OCTUBRE DE 1995 (Número de expediente 110/000105)

El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en el punto V del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, y tras declarar de nuevo la sesión pública, someto a votación por asentimiento de la Cámara el Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y la República Argentina, firmado «ad referendum» en Buenos Aires el 18 de octubre de 1995. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


-- INSTRUMENTOS DE ENMIENDA A LA CONSTITUCION Y AL CONVENIO DE LA UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (GINEBRA 1992), FIRMADOS EN KYOTO EL 14 DE OCTUBRE DE 1994 (Número de expediente 110/000106)

El señor PRESIDENTE: Someto a votación por asentimiento de la Cámara el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Instrumentos de enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hecho en Ginebra en 1992, firmados en Kyoto el 14 de octubre de 1994. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


-- ACUERDO INTERNO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVO A LA FINANCIACION Y A LA GESTION DE LAS AYUDAS DE LA COMUNIDAD EN EL MARCO DEL SEGUNDO PROTOCOLO FINANCIERO DEL IV CONVENIO ACP-CE DE LOME, HECHO EN BRUSELAS EL 20 DE DICIEMBRE DE 1995 (Número de expediente 110/000107)

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El señor PRESIDENTE: Por último, someto a votación por asentimiento de la Cámara el Acuerdo interno entre los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo protocolo financiero del IV Convenio ACP-CE de Lomé, hecho en Bruselas el 20 de diciembre de 1995. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
Aprobados por asentimientos los tres dictámenes, queda concluido el orden del día de hoy.
Se suspende la sesión, que continuará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la tarde.


CORRECCION DE ERRORES. En el «Diario de Sesiones» número 88, correspondiente a la sesión plenaria del jueves, 29 de mayo de 1997, en las páginas 4.330, línea 30; 4.332, línea 15, y 4.376, línea 30, donde dice «en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo» debe decir «en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda».

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