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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 91, de 05/06/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 91

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 88

celebrada el jueves, 5 de junio de 1997

ORDEN DEL DIA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-- Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
(«BOE», núm. 118, de 17 de mayo de 1997) (número de expediente 130/000021) (Corrección de error en «BOE» núm. 124, de 24 de mayo de 1997) (Página 4486)

-- Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
(«BOE», núm. 118, de 17 de mayo de 1997) (número de expediente 130/000022) (Corrección de error en «BOE» núm. 124, de 24 de mayo de 1997) (Página 4501)

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Petición de autorización para la tramitación directa y en lectura única:

-- Proyectos de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, a la Generalidad de Cataluña, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana (números de expedientes del 121/000041 al 121/000052) (Página 4514)

-- Proyecto de Ley por el que se aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001 (número de expediente 121/000065) (Página 4514)

-- Proyecto de Ley por el que se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (número de expediente 121/000064) (Página 4514)

-- Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras (número de expediente 125/000006) Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: (Página 4514)

-- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 13-1, de 18 de septiembre de 1996 (número de expediente 121/000012) (Página 4514)

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:

-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas de Miembros y Altos Cargos del Gobierno, así como de los responsables y Altos Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que se deriven de la creación, financiación con posible utilización indebida de fondos reservados, actuaciones y respaldo de los conocidos como Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto (número de expediente 156/000001) (Página 4526)

-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno en relación con las empresas y grupos de empresa ANTENA 3 TELEVISION, CANAL PLUS, SOGECABLE y CANAL SATELITE DIGITAL, formulada por 86 Diputados del Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 156/000006) (Página 4540)

-- Solicitud de creación de una Comisión de Investigación que tenga por objeto el esclarecimiento de todas las injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas en relación con los medios informativos, prensa, radio y televisión en los que pudo haber incurrido el Gobierno de la Nación entre noviembre de 1982 y mayo de 1996, formulada por 96 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 156/000007) (Página 4557)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 4486)

Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida (Página 4501)

Presenta el Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Comienza su intervención expresando su agradecimiento a los grupos parlamentarios que públicamente han mostrado su disposición favorable hacia las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley o bien hacia el procedimiento de tramitación, y asegura que si la Cámara estima que la tramitación de este Real Decreto-Ley debe hacerse como proyecto de ley, se cumplirá con todas las exigencias de la vida parlamentaria.
Igualmente agradece las críticas de quienes no están de acuerdo con el contenido de este Real Decreto-Ley, porque está seguro que han

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sido hechas desde la óptica de la defensa de los intereses generales.
Agradece, asimismo, al Consejo Económico y Social la celeridad y precisión de su dictamen, y a la Conferencia sectorial de asuntos laborales, con presencia de todas las comunidades autónomas, su apoyo, desde el principio, a los acuerdos entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Finalmente, agradece de manera expresa el papel que han jugado las organizaciones empresariales y sindicales, CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT.
Explica que el contenido de este Real Decreto-Ley es consecuencia del proceso continuo de diálogo social emprendido por las organizaciones sociales y propiciado e impulsado por el Gobierno y por las fuerzas políticas democráticas. Como resultado de este diálogo han visto la luz seis importantes acuerdos que, en opinión del Ministro, tienen un triple valor: un valor económico, porque aporta confianza, seguridad y estabilidad a la economía; un valor social porque contribuye a fortalecer la sociedad del bienestar; y un valor político porque practica la democracia desde la óptica del acuerdo y ayuda a cimentar una sociedad tolerante y abierta.
A continuación, hace una breve exposición de la trayectoria seguida por el mercado de trabajo desde 1974 hasta llegar a la situación real antes de que se produjera el acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales. Manifiesta que, según la EPA, la tasa de desempleo del primer trimestre de 1997 es casi del 21,5 por ciento y se contabiliza un 34 por ciento de contrataciones temporales, realidad laboral a la que hay que enfrentarse. Acto seguido explica las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley para mejorar el mercado de trabajo, orientadas fundamentalmente a fomentar la estabilidad en el empleo; medidas que afectan a los contratos formativos, a los contratos de duración determinada, a los contratos a tiempo parcial, al nuevo contrato indefinido de fomento de empleo; medidas de fomento de empleo, extinción del contrato de trabajo por causas objetivas y empresas de trabajo temporal.
Termina su intervención poniendo de relieve que el deseo del Gobierno es que este gran acuerdo social entre sindicatos y empresarios también sea un acuerdo político, para lo que solicita el respaldo de SS. SS. en la convalidación de este Real Decreto-Ley y, si así lo estima la Cámara, en la tramitación como proyecto de ley.
En turno en contra de la convalidación intervienen los señores Vázquez, Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto;el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Griñán Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, se aprueba por 302 votos a favor, 18 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley convalidado, se aprueba por 320 votos a favor, y dos abstenciones.


Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo (Página 4501)

Presenta el Real Decreto-Ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Manifiesta que este Real Decreto-Ley, al igual que el anterior, atiende a una petición explícita de las organizaciones sindicales y empresariales para respaldar y apoyar los objetivos de mayor estabilidad en el empleo, prestando una especial atención a ciertos colectivos de trabajadores desempleados que tienen un mayor grado de dificultad para acceder al mercado de trabajo.
Añade que, desde el principio, el Gobierno ha dialogado extensamente con las organizaciones empresariales y sindicales y con los grupos parlamentarios de la Cámara sobre el contenido de este segundo Real Decreto-Ley.
Expone, a continuación, que el texto que se presenta para su convalidación favorece determinadas políticas activas de creación de empleo sin menoscabo del conjunto de las políticas activas en marcha; reordena los incentivos para la creación de empleo estable sin producir tensiones presupuestarias y sin afectar al sistema de Seguridad Social; producirá un incremento de la afiliación y de las cotizaciones, si las nuevas figuras contractuales tienen éxito; establece

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procedimientos sencillos para acceder a los incentivos; propicia decididamente la creación de condiciones muy favorables para la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos; introduce importantes beneficios fiscales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas; agiliza los procedimientos administrativos; concentra el esfuerzo incentivador en un período de dos años; discrimina positivamente a aquellos colectivos más perjudicados por la situación de desempleo, y asegura la continuidad de las ayudas que estuvieran recibiendo quienes se acogieron a los sistemas anteriores, al tiempo que pretende coordinar estos incentivos con aquellos que se ofrecen en el marco de las comunidades autónomas.
Pasa a detallar el conjunto de medidas que se proponen y contesta a algunas de las preguntas que podrían formularse sobre las razones que animan este Real Decreto-Ley.
Termina su intervención diciendo que considera que es un buen acuerdo porque se ha respetado la autonomía de las organizaciones sociales, porque se ha respetado el papel del Parlamento y de los grupos parlamentarios, porque se han respetado las instituciones, como es el caso del Consejo Económico y Social y de la Conferencia sectorial de asuntos laborales, porque hay un diagnóstico común sobre el mercado de trabajo, porque se pretende crear más empleo y empleo demás calidad y , sobre todo, porque consolida definitivamente el diálogo social como la fórmula adecuda para afrontar los problemas que tiene la sociedad. Por todo ello, solicita el apoyo de la Cámara.
En turno en contra intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cercas Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, se aprueba por 302 votos a favor, 18 en contra y una abstención.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley convalidado, se aprueba por unanimidad.


Petición de autorización para la tramitación directa y en lectura única (Página 4514)

Proyectos de Ley de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión a las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, a la Generalidad de Cataluña, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana (Página 4514)

Proyecto de Ley por el que se aprueba la metodología de determinación del Cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001 (Página 4514)

Proyecto de Ley por el que se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco (Página 4514)

Proposición de Ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras (Página 4514)

Sometidos a votación los diversos proyectos de ley y la proposición de ley, se aprueban por asentimiento.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 4514)

Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 4514)

En defensa de las enmiendas mantenidas al Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Jover i Presa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular.


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En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Admitidas a trámite la enmienda transaccional y las correcciones técnicas presentadas por el señor Ollero Tassara, se procede a la votación de las enmiendas y del dictamen.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, son rechazadas.
Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 298 votos a favor y 21 abstenciones.
Sometidos a votación los artículos 1 y 4 del dictamen, se aprueban por 170 votos a favor, 22 en contra y 128 abstenciones.
Sometido a votación el artículo 2, se aprueba por 168 votos a favor, 151 en contra y una abstención.
Sometidos a votación los restantes artículos del dictamen, se aprueban por 296 votos a favor, tres en contra y 21 abstenciones.
Sometida a votación la exposición de motivos, se aprueba por 193 votos a favor, 28 en contra y 99 abstenciones.
Efectuada la votación final y de conjunto del proyecto de Ley, por su carácter de orgánica, dio el siguiente resultado: 323 votos emitidos, 169 a favor, 15 en contra y 139 abstenciones. Por lo tanto, al no haber alcanzado el apoyo de la mayoría absoluta, se devuelve a la Comisión, que deberá emitir un nuevo dictamen.


Solicitudes de creación de comisiones de investigación (Página 4526)

Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas de miembros y altos cargos del Gobierno, así como de los responsables y altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que se deriven de la creación, financiación con posible utilización indebida de fondos reservados, actuaciones y respaldo de los conocidos como Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto (Página 4526)

Para la presentación de la iniciativa intervienen, en nombre de los grupos firmantes, la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Anasgasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno en contra interviene el señor Bayona Aznar, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de réplica intervienen el señor Anasagasti Olabeaga y las señoras Lasagabaster Olazábal y Aguilar Rivero, duplicando el señor Bayona Aznar.
En turno por alusiones interviene el señor Anasagasti Olabeaga.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Recoder Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la solicitud de creación de la Comisión de investigación debatida, después de haber sido rechazada por el Grupo Parlamentario Socialista la admisión a trámite de una enmienda presentada por los propios grupos proponentes, se rechaza por 31 votos a favor, 144 en contra y 143 abstenciones.
Se suspende la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.


Solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno en relación con las empresas y grupos de empresa Antena 3 Televisión, Canal Plus, Sogecable y Canal Satélite Digital, formulada por 86 Diputados del Grupo Socialista del Congreso (Página 4540)

Para la presentación de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Pérez Rubalcaba.


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En turno en contra interviene el señor Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica interviene el señor Pérez Rubalcaba.
En turno por alusiones intervienen los señores De Grandes Pascual y Caldera Sánchez-Capitán.
En un segundo turno intervienen los señores Pérez Rubalcaba y Trías Sagnier.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alcaraz Massats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de creación de una Comisión de investigación, se rechaza por 138 votos a favor 163 en contra y dos abstenciones.


Solicitud de creación de una Comisión de investigación que tenga por objeto el esclarecimiento de todas las injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas en relación con los medios informativos, prensa, radio y televisión, en los que pudo haber incurrido el Gobierno de la nación entre noviembre de 1982 y mayo de 1996, formulada por 96 Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Página 4557)

Interviene el señor Izquierdo Juárez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quien retira la solicitud de creación de la Comisión de investigación.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular, hace uso de la palabra el señor Caldera Sánchez-Capitán.
En turno por alusiones intervienen el señor De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con la intervención del representate del Grupo Parlamentario Popular, hace uso de la palabra el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En un segundo turno intervienen los señores Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular; Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En un turno por alusiones intervienen los señores Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular, y Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se levanta la sesión a las siete y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA (Número de expediente 130/000021) El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto séptimo del orden del día. Debate sobre convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, Real Decreto-ley número 8 de 1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor Presidente, señoras y señores diputados, antes de exponer las razones que han motivado la promulgación de este Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, quiero expresar desde la tribuna mi agradecimiento a los grupos parlamentarios que públicamente han mostrado su disposición favorable hacia las medidas contenidas en este real decreto o bien hacia el procedimiento de tramitación.
Al Gobierno nos parece que es muy importante que compartamos la urgencia que exige la sensibilidad social sobre el empleo y también que el mejor camino para acometer un cambio de reglas de juego en el funcionamiento de nuestro mercado laboral es el acuerdo social previo.


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Quisiera también agradecer, en este caso a todos los grupos parlamentarios, el haber facilitado la labor del Gobierno, en la seguridad de que, si los diputados estiman que la tramitación de este real decreto-ley debe hacerse como proyecto de ley, se cumplirá con todas las exigencias de la vida parlamentaria. Asimismo, señorías, quiero agradecer las críticas a quienes no están de acuerdo con todo el contenido de este real decreto-ley, porque estoy seguro de que la crítica se ha hecho desde la convicción de que la posición que mantienen los críticos con este real decreto-ley es la que mejor sostiene en su óptica la defensa de los intereses generales.
Deseo reconocer también ante la Cámara el papel desempeñado por el Consejo Económico y Social por la celeridad y la precisión de su dictamen, emitido con la urgencia requerida y que ha sido favorable al fondo y a la forma de las medidas que hoy se debaten.
Tengo que agradecer también la unanimidad de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales que, con presencia de todas las comunidades autónomas, mostró, desde el nacimiento de los acuerdos entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, su apoyo al desarrollo de los mismos.
Señorías, quería dejar para el final de este capítulo de felicitaciones nuestro reconocimiento expreso a las organizaciones empresariales y sindicales CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT por haber contribuido, en primer lugar, a ofrecer un análisis común de la realidad laboral de nuestro país; por haber demostrado no sólo su sentido de la responsabilidad, sino por haberlo hecho patente en unos momentos claves del proceso de incorporación de España a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria; por haber mostrado a la sociedad española que nos unen más cosas de las que nos separan en este proceso de convergencia histórica global que convivimos y, sobre todo --y muy especialmente, señorías--, por haber tenido el coraje necesario para llegar a un acuerdo. Digo esto, señorías, porque hay veces que hay que tener coraje para oponerse, pero también hay veces en la vida pública, en el sistema democrático, que hace falta coraje para dialogar y para llegar a acuerdos.
Señoras y señores diputados, el contenido de este real decreto-ley --como saben-- es consecuencia del proceso continuo de diálogo social emprendido por las organizaciones sociales; un diálogo social que ha sido propiciado e impulsado por el Gobierno y por las fuerzas políticas democráticas.
Decía el Profesor Aranguren que la democracia consiste, sobre todo, en el reconocimiento de la diferencia. Y la democracia se construye día a día, comprendiendo y aceptando que las diferencias no son absolutas, que hay zonas de encuentro y que el acuerdo es siempre posible si se tiene una voluntad política de concordia antes que un deseo de discordia. Pues bien, desde el pasado mes de mayo de 1996, las organizaciones empresariales y sindicales y el Gobierno han impulsado el diálogo social de forma tripartita o bipartita, según los casos. Seis importantes acuerdos han visto la luz como resultado de este diálogo, que en opinión de este Ministro tiene un triple valor. Sin duda, un valor económico porque aporta confianza, seguridad y estabilidad a la economía española; un valor social porque, en sus consecuencias, contribuye a fortalecer la sociedad de bienestar, y también, sin duda, un valor político porque practica la democracia desde la óptica del acuerdo y contribuye, de ese modo, a cimentar una sociedad tolerante y abierta por la que todos apostamos.
Hay que gobernar por y para la sociedad, pero es profundamente interesante y oportuno, en un sistema democrático, gobernar también oyendo a la sociedad. Puedo decir con rotundidad que el diálogo social defendido e impulsado por el Gobierno nunca ha sido, señorías, consecuencia del oportunismo, sino producto de la convicción. Creemos que con diálogo y con acuerdos se demuestra que España funciona y que funciona bien.
España, señorías, necesitaba estos acuerdos, y en concreto el acuerdo que sirve de base a este real decreto-ley que hoy debatimos. La crisis económica de los años setenta tuvo graves repercusiones en el mercado de trabajo español. Desde 1974 a 1985 se perdieron más de 2.100.000 empleos --casi la quinta parte de los empleos existentes al comienzo de la depresión-- y en estos once años la tasa de desempleo estimado por la encuesta de población activa se multiplicó por 8,9 veces, ascendiendo del 2,3 por ciento en 1974 al 21,7 por ciento en 1985. Nuestras estructuras no se adaptaron a las nuevas circunstancias internacionales, no se adoptaron suficientes medidas económicas de ajuste y de reestructuración productiva, aunque comenzó una clara tendencia hacia la moderación salarial. En 1985 coincidió con un período de expansión económica que se mantuvo hasta finales de 1990, con una tasa anual acumulativa de crecimiento del PIB superior al cuatro por ciento. Sin embargo, a finales de 1990 la tasa media de paro se situaba en el 19,5 por ciento, el paro juvenil representaba casi la mitad del total de los parados y, como consecuencia de la crisis del modelo de concertación social, se produjo el fin de la moderación salarial. Las tensiones inflacionistas se acentuaron y el IPC creció, en media anual, dos puntos más en 1989 y 1990 que en 1988.
Consecuencia de todo ello fue una nueva y profunda crisis del empleo, que disminuyó vertiginosamente desde 1991, creciendo el paro en 1.300.000 personas hasta 1994. La media anual de la tasa de paro volvió a crecer desde el 16,3 por ciento existente en 1990 hasta el 24,2 por ciento en 1994, ocho puntos porcentuales más.
Desde 1990, el mercado de trabajo español sufrió un profundo deterioro que tuvo su más dolorosa virulencia en 1992 y 1993, coincidiendo con una creciente tasa

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de temporalidad próxima al 35 por ciento del total de los asalariados ocupados y en torno al 40 por ciento de los asalariados ocupados en el sector privado. Esta precarización del empleo tuvo consecuencias absolutamente negativas para el conjunto de la economía española, para las empresas españolas y muy especialmente para los ciudadanas y ciudadanos españoles. Se produjo una elevada rotación laboral que incremento también el conjunto del gasto en las prestaciones por desempleo; se segmentó el mercado de trabajo entre contratados temporales e indefinidos con condiciones laborales absolutamente diferentes; se redujo el nivel de eficacia; descendió el nivel de competitividad de las empresas; se incrementó la siniestralidad laboral, y disminuyó el nivel de identificación entre empresas y trabajadores.
Tras la fuerte recesión del año 1993, la tasa del PIB real comenzó a aumentar hasta alcanzar la cifra del tres por ciento en 1995, asistiendo a años positivos para el empleo. Sin embargo, la tasa media anual de desempleo seguía por encima del 22 por ciento y la temporalidad se mantenía como factor precarizador del mercado de trabajo.
¿Cuál es, señorías, la situación real antes de que se produzca el acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales? Se cuenta con una tasa de desempleo, según la EPA del primer trimestre de 1997, de casi el 21,5 por ciento --desgraciadamente es esta una de las cifras más altas de Europa--, y se contabiliza un 34 por ciento de contrataciones temporales, también la más alta de Europa, seguidos de Finlandia con un 16,3 por ciento, menos de la mitad.
En 1996, de más de ocho millones y medio de contratos registrados en el Inem, menos del cuatro por ciento fueron indefinidos. Desde 1987, el porcentaje de contratación fija se ha reducido a la mitad hasta nuestros días, del 8,4 por ciento al cuatro; el 70 por ciento de los contratos duran, según los últimos datos, menos de tres meses; la mitad de los contratos temporales duran menos de un mes y, asómbrense, señorías, ha habido 400.000 personas que han debido hacer quince contratos en un solo mes, cuando la media nacional es de dos contratos al año por persona temporalmente contratada. Los colectivos más afectados seguían siendo los jóvenes, los parados de larga duración y las mujeres. Los jóvenes menores de 25 años sobrepasaban el 42 por ciento del paro total, los parados de larga duración alcanzan otro 40 por ciento y los de muy larga duración, dos años o más, casi la cuarta parte del paro, un 23 por ciento del total. La tasa de paro en las mujeres casi duplica a la de los hombres.
Esta era, y es todavía en gran parte, la realidad laboral a la que nos tenemos que enfrentar.
Permítanme que, con brevedad, resuma las medidas contenidas en este primer real decreto-ley. Se contemplan en el mismo medidas de mejora del funcionamiento del mercado de trabajo orientadas, fundamentalmente, a fomentar la estabilidad en el empleo, y que afectan a los contratos formativos, a los contratos de duración determinada, contratos a tiempo parcial, nuevo contrato indefinido de fomento de empleo, medidas de fomento de empleo, extinción del contrato de trabajo por causas objetivas y empresas de trabajo temporal.
Empezaré, señorías, por revelar las modificaciones que se producen en el plano de los contratos formativos. Así, en el caso de los contratos en prácticas se permite que los convenios colectivos sectoriales puedan determinar los puestos de trabajo, grupos, niveles y/o categorías profesionales objeto de este contrato. En el terreno de la formación se suprime el contrato de aprendizaje; se refuerza su componente formativo; se mejora su régimen salarial y se acentúa --y esto es muy importante-- la protección social de estos contratos; se reduce de 25 a 21 años la edad para celebrarlos, salvo en escuelas-taller y casas de oficios, que podrá ampliarse hasta los 23 años; se limita su duración a dos años, antes eran tres años, si bien la negociación colectiva sectorial puede ampliar esta duración a un máximo de tres años; se vincula el contrato al sistema de formación profesional, la negociación colectiva puede determinar el número máximo de aprendices en función del tamaño de la plantilla; se mejoran las condiciones salariales; se mejora la protección social, como he dicho anteriormente, incorporando la prestación de ILT actualmente inexistente; se combate el incumplimiento de las obligaciones formativas por parte del empresario, y se favorece que la negociación colectiva adopte compromisos de conversión de contratos formativos en contratos por tiempo indefinido.
En cuanto a los contratos de duración determinada, se refuerza el carácter causal de estas contrataciones, se combaten los abusos detectados a partir de la legislación anterior y se suprime el contrato de lanzamiento de nueva actividad.
En el supuesto de los contratos a tiempo parcial, se destaca dentro de los mismos la singularidad del contrato de trabajadores fijos discontínuos en el conjunto de los contratos, como decía, a tiempo parcial y se mejora la protección de los contratos a tiempo parcial marginales de menos de doce horas a la semana o cuarenta y ocho horas al mes, que obtienen la protección íntegra para la totalidad de las contingencias.
Señoría, creo que una de las grandes novedades de este real decreto-ley y del acuerdo entre sindicatos y empresarios es, sin duda, el nuevo contrato indefinido, un nuevo contrato indefinido que pretende fomentar la estabilidad en el empleo, la cultura de la estabilidad frente a la cultura de la temporalidad mediante un nuevo tipo de contratación indefinida, y que regula su extinción por causas objetivas declaradas improcedentes, fijando una indemnización de treinta y tres días por año con un máximo de veinticuatro mensualidades.


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Este nuevo contrato se dirige a los colectivos más afectados por el paro: jóvenes menores de treinta años y mayores de cuarenta y cinco, parados de larga duración, mujeres, personas que tienen alguna discapacidad y todos aquellos que en este momento tienen contratos temporales. Se propicia el que estos contratos temporales puedan transformarse en un nuevo contrato indefinido, pero se obstaculiza que se sigan haciendo contratos temporales cuando pueden suscribirse los nuevos contratos indefinidos. El nuevo contrato indefinido es jurídicamente idéntico al anterior, con la excepción --ya lo he indicado-- respecto a las indemnizaciones; se impide que las empresas puedan sustituir empleo fijo actual por empleo fijo de la nueva modalidad mediante las cautelas correspondientes y en perfecta defensa de los derechos adquiridos en la actualidad.
Medidas en materia de política de empleo. Se deroga el contrato temporal de fomento de empleo, excepto en el caso de los trabajadores discapacitados, y se mantienen las posibilidades reconocidas al Gobierno para adoptar medidas de fomento de empleo.
Medias en materia de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. Se procede a una nueva redacción del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, que reproduce expresamente el acuerdo alcanzado por sindicatos y empresarios, y que pretende racionalizar los despidos justificados por razones técnicas, económicas, organizativas o de producción, mediante la inclusión de causas relacionadas con la posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda aunque no concurran pérdidas económicas en el momento de producirse esos despidos.
Finalmente, se adoptan algunas medidas en relación con las empresas de trabajo temporal, que muchas de ellas se remiten a un grupo de trabajo que tendrá la tarea de profundizar en la normativa que afecta a este tipo de empresas.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, este real decreto-ley es el resultado del acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, y es también el resultado por parte del Gobierno de las consultas parlamentarias efectuadas antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Creo que pocas veces un conjunto de medidas pueden estar, en su caso, tan ampliamente apoyadas en el Parlamento como en la propia sociedad. Sólo le queda al Gobierno esperar que este conjunto de medidas sean eficaces y sobre todo esperar que redunden en beneficio del empleo y en beneficio de la calidad del empleo.
Esta es, en nuestra opinión, una gran oportunidad para los jóvenes españoles, una gran oportunidad para los parados de larga duración, para los parados mayores de cuarenta y cinco años, para las mujeres que siguen absolutamente discriminadas en el marco del mercado laboral en España, y sobre todo una oportunidad que se ofrece a todos estos colectivos respetando plena y absolutamente los derechos adquiridos por los trabajadores que tienen contratos indefinidos en este momento.
Hemos querido, señorías, que este gran acuerdo social entre sindicatos y empresarios también sea un gran acuerdo político. Eso depende sin duda del respaldo que hoy puedan dar SS. SS. a este real decreto-ley en su convalidación y, si la Cámara lo estimara oportuno, también a su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Entiendo, señor Ministro, que ha utilizado el turno para defender la convalidación conjuntamente de los dos decretos-leyes. (Pausa.) De acuerdo, solamente para uno. Se lo preguntaba porque algún portavoz me había hecho esa consulta a efectos de su intervención.
Muchas gracias.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Guillerme): Gracias, señor Presidente.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, conocido como decreto de la reforma laboral, y lo vamos a hacer, no desde la comodidad, sino desde el convencimiento de que las medidas que se proponen en el mismo suponen, en general y globalmente, un retroceso en los derechos de los trabajadores y trabajadoras; no van a servir para incrementar el empleo y a la larga tampoco para disminuir la temporalidad; no va a ser la solución a los problemas que padecen los empresarios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, acosadas cada vez más por la globalización de la economía, por un modelo económico donde la libertad de mercado la ejercen cada vez menos y donde la libertad de competir es cada vez más una abstracción.
La reforma laboral que se propone no puede sustraerse del marco en el que se mueve actualmente la economía, dominado por las recetas económicas de un liberalismo simplón y arcaico. La política económica practicada en los últimos años en el Estado español y en la Unión Europea estuvo determinada por los intereses del capital financiero y resultó lesiva para los sectores productivos. Como consecuencia de esa política se perdieron muchos puestos de trabajo en el sector industrial y en otros sectores. Esa política tuvo efectos negativos para la sociedad, y especialmente para los sectores más desfavorecidos. Las consecuencias son: el paro, la precariedad en el empleo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la distribución más desigual de la renta.


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No se puede, por tanto, estar hablando de paro sin referirse al marco económico en el cual nos movemos. La empresa, evidentemente, en nuestro sistema político es la fuente generadora de riqueza, empleo y bienestar, pero la empresa la constituyen empresarios y trabajadores, y los intereses deben tender a armonizarse, a conciliarse, a procurar que haya un reparto de las rentas y de los derechos. Sin embargo, en los últimos años se produce un progresivo proceso en el que, como decía antes, muchos empresarios se ven impotentes ante una situación en la que el capital transnacional fija condiciones imposibles para ellos, lo que les aboca al cierre de empresas o a buscar la solución a los problemas por la vía de la disminución de los costes laborales, en vez de buscar competir vía aumento de la calidad y de un marco justo e igualitario para poder ejercer en la práctica, como decía, la libre competencia. Al mismo tiempo, los trabajadores también ven perjudicados sus derechos. Por tanto, señoras y señores diputados, el paro y la precariedad son consecuencias de esa política y no fruto del azar o de una maldición bíblica; una política económica que puede considerarse fracasada desde el punto de vista social, una política regida por los acuerdos de Maastricht que es cuestionada cada vez más, se diga lo que se diga, por los distintos pueblos europeos que, por cierto, recientemente han expresado su hartazgo acerca de esta política en diversos procesos electorales. En este contexto, en la reforma del año 1984 se favorecieron determinadas modalidades de contratación temporal como fórmula para fomentar el empleo, medidas que se preveían transitorias para un momento de crisis, pero que ahí quedaron. En la reforma de 1994, estas modalidades de contratación se amplían con los llamados contratos basura y se legaliza el prestamismo laboral a través de las empresas de trabajo temporal; como consecuencia, los contratos fijos pasan a ser una excepción en vez de ser la regla. Esta situación perjudica a los trabajadores y también a las empresas. Se produce la no integración de los trabajadores en la empresa, la desmotivación para la formación, problemas en la organización del trabajo, bajo rendimiento, aumento de accidentes laborales, etcétera.
La reforma que se nos plantea en este momento hay que decir que, desde el punto de vista político, es un éxito para el Gobierno. Está avalada por las cúpulas patronales y por las cúpulas de los grandes sindicatos estatales, ya que si esta reforma hubiera de ser aplicada --y eso lo decía un destacado representante de la patronal-- con la oposición de la izquierda política y social, hubiera influido en su credibilidad y en las posibilidades de aplicación. Conviene decir, sin embargo, que no cuenta, como a veces se pretende transmitir, con la unanimidad de los representantes sindicales. Sectores de las centrales firmantes, además de sindicatos con importante implantación como LSTV, CIGA e Intersindical Canaria-CGT, no están de acuerdo con la reforma.
La reforma nos plantea algo que, desde nuestro punto de vista, es fundamental y que no se argumenta nunca cuando se habla de ella. En primer lugar, plantea el abaratamiento del despido, lo que va a facilitar que las indemnizaciones por despido objetivo improcedente se reduzcan de 45 días año y con un límite de 42 mensualidades, a 33 días año y con un límite de 24 mensualidades. También las indemnizaciones por despido objetivo procedente se fijarán en 20 días año, hasta un límite de 12 meses. Al aumentar las causas de despido objetivo también va a facilitar que muchos de estos despidos de trabajadores fijos se hagan con una indemnización de 20 días por año.
Se mantiene --y hay que decirlo así, señor Ministro--, la mayoría de las modalidades de contratación temporal. Efectivamente, se eliminan los contratos de lanzamiento de nueva actividad y fomento de empleo, justo las fórmulas de contratación temporal que eran menos utilizados, aproximadamente un 5 por ciento de los contratos temporales. Se mantienen en lo fundamental lo que en su día se llamaron contratos basura, ya que ahora se sustituyen los de aprendizaje por los de formación. Las fórmulas de contratación temporal siguen persistiendo en lo fundamental. La regulación en las empresas de trabajo temporal se queda como estaba.
Se marcan tendencias, aunque no tengan trasposición legal, para centralizar aún más la negociación colectiva, algo que aleja esta negociación de su ámbito natural, de su realidad económica y social; centralización de la negociación que, aun sin trasposición legal, como decía, nadie impedirá si los sindicatos estatales y la CEOE la impulsan, algo inaceptable desde el punto de vista de un grupo político nacionalista.
Para concluir, estamos ante una reforma laboral que mantiene en lo sustancial las formas de contratación temporal, abarata el despido, propone la centralización de la negociación colectiva, responde fundamentalmente a los intereses de una parte, la patronal, y restringe los derechos de los trabajadores. El paro y la precariedad son problemas serios. Nosotros pensamos que para disminuirlos es necesaria una política económica distinta, una política que tenga en cuenta las necesidades de la gente. Necesitamos, por tanto, un marco que respete el derecho a producir, que respete el intercambio igualitario y la igualdad de condiciones para que nuestras empresas puedan competir, un marco en el que no sólo se tengan en cuenta los intereses de las grandes transnacionales. Probablemente esto sería más beneficioso para aquellos empresarios que creen en su empresa, no para los especuladores o negreros y, desde luego, sería mejor para las condiciones de vida y trabajo de las personas.
En todo caso, señor Ministro, nosotros no creemos en estas medidas, pero ojalá nos equivoquemos y sirvan para mejorar el mercado laboral.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de un turno en contra de la convalidación, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en anteriores debates en esta Cámara partimos, sin duda alguna, de una coincidencia en la necesidad de una reforma del mercado de trabajo, y partimos quizás desde distintos puntos de vista o matices, pero en cualquier caso y en términos generales, del análisis de cierto fracaso de las reformas del pasado, y en concreto de la última de 1994.
Ciertamente, desde nuestro punto de vista, la desregulación y la flexibilización no han creado empleo, ha precarizado el mercado de trabajo, han generado una rotación de los ocho millones y medio de contratos de 1996, y han generado disfunciones económicas. Por tanto, no sólo desde el punto de vista social, también desde el punto de vista económico se ha detraído el consumo gravemente, creando un cuello de botella en la economía y, al mismo tiempo, ha desorientado la competitividad empresarial, conduciéndola hacia la incesante reducción de costes laborales constantes, y no hacia la vía de la calidad. Por tanto, era necesaria una nueva reforma del mercado de trabajo que persiguiese como objetivos la creación de empleo de calidad, es decir, la creación y la mejora del empleo, acabar con la precariedad y la rotación, introducir la estabilidad en el empleo y, por qué no, también recomponer cierto desequilibrio de fuerzas entre las partes en la negociación colectiva y en el mercado de trabajo en general. Más allá de estas cuestiones, introducir lo que, por lo menos desde nuestro punto de vista, era la auténtica y verdadera reforma del mercado de trabajo: el reparto del empleo, la necesidad de la reducción de la jornada laboral, la conversión de los incrementos de productividad y de beneficios empresariales en generación de empleo por la vía de reducción de la jornada laboral.
Este era, por tanto, nuestro punto de partida. A la hora de presentarnos el Gobierno el real decreto-ley que hoy se nos presenta, ¿se consiguen estos objetivos? Nosotros queremos decir que, lamentablmente, no se van a conseguir estos objetivos. La reforma que hoy se pretende se ha deslizado más bien justamente hacia lo contrario, hacía más flexibilidad, hacia más recortes de los derechos sociales.
Nuestro desacuerdo pivota sobre cuatro razones fundamentales. Antes de desgranarlas quisiera decir que sería injusto, y por tanto demagógico, no reconocer que en el tema de la contratación se ha logrado en parte rehacer el desaguisado de 1994, pero se ha hecho de tal forma que se junta lo bueno y lo malo y, al final, el resultado es insuficiente y precario. Por ejemplo, el nuevo contrato en formación sustituye al contrato basura de aprendizaje, recupera el derecho de incapacidad temporal, pero no el de desempleo; se mejoran las retribuciones llegando a alcanzar el salario mínimo interprofesional, pero siempre descontando la parte de la jornada que se destina a la docencia, manteniendo al mismo tiempo una distinción entre los mayores y menores de 18 años; se prevé penalizar la utilización del fraude, el fraude de ley de estos contratos, pero siempre que se incumplan todos los requisitos del contrato nuevo de formación. Efectivamente, ésta es una forma de impedir en la práctica la viabilidad de la detección del fraude de estos contratos. Sin duda alguna, deja de ser basura el contrato de aprendizaje, pero mantiene elementos basura que, efectivamente, lo hace inviable para la recuperación de todos los derechos sociales como habíamos planteado.
Respecto a la contratación temporal, se mantienen sustancialmente las mismas fórmulas, excepto algunas en práctico desuso. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El contrato a tiempo parcial ciertamente mejora en algún segmento y, al mismo tiempo, se recogen para las modalidades de contratación temporal de obra o servicio determinado o eventuales por circunstancias de la producción, la definición que ya estaba vigente en el Real Decreto 2.654/1994. Al mismo tiempo, se mejora en parte ese contrato eventual por circunstancias de la producción, limitándose el período de utilización del mismo.
En último término, el elemento que iba a desincentivar la utilización de los contratos temporales, señorías, desincentivación activa por la vía de penalización de su uso, ese elemento no se introduce en la reforma y, por tanto, no entendemos por qué se confía en que vaya a haber una menor utilización, la práctica de ir utilizando cada vez menos la contratación temporal.
En este sentido, señorías, la primera razón por la que nosotros estamos en desacuerdo con esta reforma que hoy se plantea es porque los avances parciales, que sin duda se dan en el tema de la contratación, no son suficientes para eliminar los aspectos negativos de la contrarreforma de 1994 ni van a desincentivar la temporalidad.
En segundo lugar, con el nuevo contrato indefinido no se va a estabilizar el empleo ni se va a acabar con la rotación, pues nadie garantiza que vaya a sustituir los contratos precarios o temporales, salvo que, como ya afirma hoy algún articulista en un medio de comunicación estatal, sea para blanquear aquellos contratos temporales utilizados irregularmente.
Nosotros entendemos que ese contrato bienintencionado, sin duda alguna, que pretende convertir el temporal en indefinido sin duda también a abaratar el despido, eso es clarísimo, pero al mismo tiempo no va a incentivar de forma definitiva la menor utilización de los contratos precarios y a cambiarlos por contratos fijos. En todo caso, en función de los incentivos fiscales

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y de cotizaciones a la Seguridad Social que se van a producir de este último tercer incentivo del abaratamiento del despido, se va a generar, eso sí, la utilización durante dos años de este contrato, con lo cual vamos a retrotraernos a épocas pasadas, vamos a retrotraernos a los años ochenta, a aquel contrato temporal de fomento del empleo, aunque en este caso se llame indefinido; vamos a introducir la rotación en los fijos, cuando antes teníamos solamente la rotación en los precarios.
La tercera razón, señorías, de nuestro rechazo a esta reforma es porque profundiza la desregulación por la vía de abaratamiento del despido, que no es ni más ni menos lo que hace la reforma del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. No se plantea, por ejemplo, como reforma necesaria el incremento del período de preaviso para el despido, que ciertamente en eso también somos deficitarios comparativamente respecto a los países de la Unión Europea; no se plantea esto, sí se plantea una nueva definición de las causas técnicas, organizativas y de producción para el despido objetivo. Por esa vía las sentencias que dicen despido improcedente se van a convertir en despido procedente y, por tanto, se va a abaratar el despido de 45 días por año de indemnización y 42 mensualidades como tope, a 20 días por año de indemnización y 24 mensualidades como tope. Ahora que está tan de moda solicitar la irretroactividad de las leyes, nosotros vamos a solicitar, sin duda alguna señorías, la irretroactividad de esta ley, porque ciertamente estos contratos afectan a colectivos de trabajadores, de gente que no tiene más que esos contratos para sobrevivir. Vamos a hacerlo así porque entendemos que esta irretroactividad sí es justa, señorías.
La cuarta razón para manifestar nuestro desacuerdo con esta reforma es porque, en definitiva, reduce el objetivo de la creación de empleo. Señor Ministro, señorías, pese a declaraciones que se han hecho a nivel oficial, todo el mundo reconoce sottovoce que no se trata de crear empleo, que esta reforma no va a crear empleo. Pues bien, ¿qué reforma va a crear empleo? ¿Cuál es la política del Gobierno en función de la que se acometa definitivamente la creación de empleo? ¿Estamos hablando, pura y simplemente, de un preámbulo de otras reformas? Aquí no se ha dicho esto.
Esta es la gran realización del Gobierno respecto a la política de creación de empleo, y es que, señorías, somos rehenes de una política económica en la que la política de empleo siempre es correlato, sin duda alguna. Efectivamente, este es el elemento fundamental.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vaquero, vaya concluyendo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente. Acabo en seguida.
La reforma no entra en el reparto del trabajo, en la reducción del tiempo de trabajo y, por tanto, nosotros creemos que no afecta al núcleo fundamental del problema, que es el paro enorme de nuestro país, las terribles cifras de paro de nuestro país. Para esto sí hace falta aplicar el coraje, ese coraje que el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales nos predica. Muchas veces hace falta, efectivamente, coraje para decir sí; pero, sobre todo, hace falta coraje, señor Ministro, para acometer políticas de empleo y rectificaciones en políticas económicas que en nuestro país son quizá más precisas que en otros países.
Esta reforma, señor Ministro, ya está superada en la Francia de Jospin; sin duda alguna nosotros seguimos anclados en la moda retro de los años ochenta. Esta reforma, señor Ministro, es el pasado. No existe excusa ni justificación de que aquí se traigan acuerdos de los agentes sociales y económicos. La responsabilidad es del Gobierno, de su ministerio en concreto, y de la soberanía que representa esta Cámara. Estamos aquí para legislar, no para reproducir miméticamente actuaciones, por muy respetable que sean, y efectivamente nosotros manifestamos nuestro respeto.
Somos conscientes de que la tenaza neoliberal va a seguir funcionando también en este momento, esa tenaza que en lo fundamental pone a cada uno en su sitio. Izquierda Unida, señorías, no va a coincidir, por tanto, en ser parte de la tenaza; no vamos a coincidir con políticas neoliberales, con políticas de derechas.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vaquero.
¿Señor Ministro? (Pausa.) ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para establecer la posición que vamos a mantener en relación a esta importante cuestión. Nuestro voto será de abstención, y voy a exponer someramente las razones para ello.
Se nos plantea este real decreto como consecuencia de una concertación, de un diálogo social, de un acuerdo, en concreto el acuerdo interprofesional para la estabilidad del empleo, realizado de manera bipartita e interconfederalmente. La primera observación que habría que hacer es que en ese diálogo social, como se llama ahora, en esa concertación echamos de menos la participación de agentes sociales y económicos que, desde nuestro punto de vista y desde nuestra territorialidad, son muy importantes.
En segundo lugar, entendemos que esta reforma tiene como objetivo no tanto la creación de empleo directamente como la mejora en la estabilidad del mismo,

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la reducción de las altas tasas de temporalidad y de rotación; en definitiva, la mejora y la promoción de la estabilidad del empleo, la mejora de la competitividad y el buen funcionamiento de las empresas.
Ciertamente se produce a través de una reforma legislativa parcial: modificando apenas siete preceptos del Estatuto de los Trabajadores y un precepto de la Ley 14/1994. Nosotros no compartimos la euforia existente en la medida que tenemos dudas de que realmente esta reforma, tal y como se ha planteado, sea suficiente para llegar a la consecución de un objetivo tan amplio como es la estabilidad del empleo, pero también somos conscientes de que realmente el diálogo social realizado, las múltiples horas trabajadas y el buen planteamiento de los agentes sociales y económicos que han intervenido, merecen que les demos un margen de maniobra para ver qué puede pasar. Creemos que para llegar a la estabilidad en el empleo no es suficiente la flexibilización de los costes laborales, sino que tiene que haber una adaptación general de los sistemas de producción, del reparto de trabajo y, en definitiva, de la organización de cada una de las empresas. Por eso, no vamos a votar en contra, pero sí nos vamos a abstener.
Hay un punto muy importante que no nos permite votar positivamente esta cuestión: la famosa centralización del marco autónomo laboral. A lo largo de esta reforma, y observando el tenor literal de alguno de sus artículos si no de la mayoría, observamos que hay una tendencia a centralizar el ámbito de la negociación colectiva, algo que ya habíamos observado en los acuerdos firmados por los agentes sociales y económicos. Con eso no estamos de acuerdo ya que, de alguna manera, esta tendencia va en contra de la reforma que se realizó en el año 1994, la reforma de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores. A nuestro entender, esa centralización, esa tendencia marcada que ya observamos desde tal reforma, no es conveniente desde el punto de vista sindical ni desde el punto de vista político. Provengo de la Comunidad Autónoma del País Vasco --en Navarra ocurre lo mismo-- y allí amplios ámbitos sindicales, que pueden estar representados por ELA o por LAB, responden a una mayoría de participación de más del 60 por ciento; es decir, en primer lugar, ese más del 60 por ciento no estaría representado en estos acuerdos y, en segundo lugar, de alguna manera se estaría intentando que no participaran en ámbitos de negociación colectiva como estamos observando. Esto no es bueno desde el punto de vista sindical, porque entendemos que cada territorio, cada comunidad autónoma o cada país responde a sus propios problemas y requiere sus propias soluciones desde el punto de vista de la producción, de la situación económica y de la situación social. Por eso, desde ese punto de vista, es importante la descentralización.
No menos importante --y aquí hablamos desde el punto de vista político-- es el hecho de que ese ámbito inferior a lo que es el ámbito estatal, que ya ha sido respetado, que ya ha sido recogido en una reforma legislativa, ahora pueda verse modificado a través de estas reformas. Desde nuestro punto de vista, ni política, sindicalmente, ni desde el punto de vista económico y social es bueno y entendemos que no debe permitirse; por eso, en ese aspecto, no nos parece que esta reforma vaya por el buen camino.
Por tanto, en esta convalidación del real decreto votaremos abstención.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
El señor Chiquillo tiene la palabra.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para decir que votaremos afirmativamente la convalidación del Real Decreto-ley 8/1997, así como del Real Decreto-ley 9/1997 que, en conjunto, son los que determinan una reforma laboral que nace con las mejores intenciones y el mejor consenso.
Partiendo del principio que nos indica que ningún acuerdo per se produce los efectos que se desean al cien por cien, sí tenemos que valorar que pretende dar estabilidad a los puestos de trabajo existentes y crear nuevos puestos de trabajo. Creo que hoy tenemos que congratularnos, como ha manifestado el Ministro, por este pacto, por este acuerdo. Las dificultades no han impedido que los agentes sociales hayan conseguido el presente acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo.
Si analizamos el contenido del presente acuerdo, debemos felicitarnos por el acierto que supone pasar definitivamente página respecto a la anterior reforma, apostando decididamente por la estabilidad en el empleo y relegando la contratación temporal que en su momento no dio los resultados deseados por todos. El pacto laboral para el empleo, suscrito recientemente por las cúpulas sindicales y la patronal, introduce unos cambios significativos en la legislación laboral. Creo que es de agradecer el gran esfuerzo que han hecho los interlocutores sociales.
Un amplio colectivo de personas, de ciudadanos, entre los que se incluye Unió Valenciana, pensamos que si los sindicatos, a través del diálogo social y la negociación colectiva, alcanzan un acuerdo en lo básico, hay que aceptarlo por definición por entender que debe beneficiar generalmente al conjunto de trabajadores, a sus derechos y a sus reivindicaciones.
El problema del empleo bien merece nuevas alternativas de contratación que intenten generar un mejor funcionamiento del mercado de trabajo. Por ello, hay que saludarlo como una prueba de madurez y responsabilidad de los firmantes de dicho pacto.
¿Qué pretenden, qué se busca con este amplio acuerdo que hoy va a ser refrendado? Un conjunto de medidas

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que tienen como objetivo básico fomentar la creación de empleo y que este empleo sea estable, seguro y de futuro.
La primera medida concierne a la temporalidad en el empleo, ya que según datos estadísticos del propio Inem, más del 95 por ciento de los 8,5 millones de contratos registrados el pasado año son temporales. Para corregir esta evolución se crea un nuevo tipo de contrato --quizá lo más novedoso de la reforma-- que pretende fomentar la contratación indefinida a cambio de que los sindicatos acepten una reducción de los costes de indemnización por despido para los futuros contratos.
El contrato va dirigido especialmente a las personas paradas de 18 a 29 años --el 40 por ciento del paro total de nuestros jóvenes--, a los mayores de 45 años, a los minusválidos y a aquellos que sufren el paro de larga duración y que suponen el 55 por ciento del total. El acuerdo sobre la reforma laboral establece la revisión en un sentido más racional y moderno de los procedimientos utilizados para la negociación colectiva, con el fin de mejorar la capacidad de intervención sindical en la determinación de las condiciones de trabajo.
Desde la óptica de la Comunidad Valenciana hay una cuestión que queremos resaltar con mucha claridad: se ha vuelto a introducir la figura del fijo discontinuo de tanta importancia en algunos sectores económicos de la Comunidad Valenciana y que desapareció por obra y gracia de la anterior reforma laboral. Creo que es muy importante la recuperación de esta figura del contrato fijo discontinuo, de vital importancia en muchos sectores de la Comunidad Valenciana.
Se crea también un nuevo contrato de formación, a la vez que se suprime el aprendizaje, con lo cual parece que se cierra la puerta a esos contratos llamados basura que han supuesto unos efectos perniciosos para aquellos jóvenes que accedían por primera vez a un puesto de trabajo.
La única laguna que ha quedado en este amplio acuerdo, el único punto en que no ha habido consenso es el de la reducción del tiempo de trabajo.
Hay una gran voluntad de trasladar esa posibilidad a una negociación colectiva posterior y existe un compromiso por parte de todos los interlocutores sociales para que siga abierto un debate en profundidad sobre la reordenación del tiempo de trabajo.
En líneas generales, a pesar de que esta reforma no satisface al cien por cien las legítimas aspiraciones de los derechos de los trabajadores y, sobre todo, la gran asignatura pendiente del Estado español y de la Unión Europea que es crear empleo, tenemos que dar un voto de confianza a este gran paso que se da en el día de hoy, y aunque consideramos que todo es mejorable, la oportunidad que se nos presenta no podemos dejarla pasar.
Hoy es un día importante para todos aquellos que tienen derecho y quieren trabajar y éste puede ser el primer paso para que dejemos de lado la crispación y los partidismos y trabajemos en la senda de cumplir y aprobar esa asignatura pendiente que es la creación de puestos de trabajo que la sociedad española nos demanda.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos ante un debate importante, porque importantes son aquellos temas que tienen incidencia especial en nuestra sociedad y cómo no el paro y la precariedad del empleo son asuntos capitales que afectan en mayor grado al conjunto de los ciudadanos en este momento.
Todos los gobiernos, todos los partidos políticos en sus programas de Gobierno y en sus programas electorales, establecen siempre como asunto prioritario la lucha contra el paro, la lucha contra la precariedad y el empleo, porque no nos referimos a un problema, al del paro, sino también a otros problemas derivados de una situación de desempleo que afectan gravemente a la sociedad moderna de hoy, como es, por ejemplo, la seguridad ciudadana o el tema de la droga.
Al hablar de desempleo, al hablar de la precariedad del mismo hablamos del nivel de calidad de vida de los ciudadanos ¿Qué solemos hacer los políticos ante este problema? Hablar mucho, dialogar mucho pero hacer poco; medidas prácticas pocas. El paro en este momento tiene especial incidencia en la juventud, en los mayores y en las mujeres. Para los jóvenes porque el desaliento, la frustración, la impotencia les hace caminar sin horizonte y sin rumbo y una sociedad no tiene futuro si no tiene una juventud ilusionada. Por tanto, es un tema prioritario que hay que atender decididamente. Para los mayores, porque el desasosiego, la incertidumbre, la inestabilidad hacen que no puedan atender mínimamente las condiciones de un nivel de calidad de vida exigido por la sociedad en los tiempos en que nos movemos.
El marco general en el que se mueve nuestra economía en estos momentos es adecuado, es bueno. Crecemos económicamente, se contiene el déficit, bajan los tipos de interés, está controlada la inflación. En definitiva, tenemos el ambiente adecuado para propiciar acuerdos que sirvan para generar empleo, que sirvan para atacar su precariedad. En este cuadro económico positivo los agentes sociales, sindicatos y empresarios, han sido capaces de dialogar, que ya es importante.
Quisiera agradecer, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, tanto a las organizaciones sindicales como a las empresariales el esfuerzo de generosidad realizado por ambas partes para llegar a un punto de

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encuentro en la búsqueda de fórmulas viables para luchar contra el desempleo y la precariedad en el mismo. Algunos podrán discrepar, y de hecho discrepan, de algunas de las medidas que se aportan en el real decreto, pero en el trámite parlamentario correspondiente tendrán la oportunidad de introducir las mejoras que consideren oportunas. Es el momento de dejar de hablar, de dejar de teorizar y de proponer medidas viables, contribuir a aportar medidas viables que hagan frente con realismo al problema del paro. Para Coalición Canaria el acuerdo alcanzado, fruto del diálogo, merece nuestro respeto, nuestra máxima consideración y nuestro apoyo decidido.
Nuestro reconocimiento también al señor Ministro por dos razones importantes: en primer lugar, porque ha dejado hacer, no ha interferido en el diálogo, ha jugado de árbitro imparcial, en definitiva, ha dado muestras de respeto, de tolerancia y de sentido común, y estas virtudes generalmente no se suelen practicar con abundancia. Desgraciadamente, otros temas importantes que en estos momentos encrespan al país se encauzarían mucho mejor si la tolerancia, el diálogo, el respeto fueran los que los encauzaran. En segundo lugar, porque ha tenido la inteligencia, ha tenido el sentido común, ha tenido la sensatez de haber recogido las propuestas de los interlocutores sociales e inmediatamente las ha articulado, a través de uno de los procedimientos previstos en nuestra Constitución, y lo somete hoy a debate ante el Parlamento.
Señor Ministro, señorías, si de verdad creemos en el empleo, si de verdad creemos que esto es una prioridad, démosle la máxima rapidez, démosle la máxima diligencia para poner en marcha las medidas pactadas. Algunos podrán poner trabas, pero no debemos dejarnos influir por discursos más o menos demagógicos, más o menos teóricos que nada aportan a una realidad que tiene la sociedad de hoy, que es afrontar con realismo el problema del paro. Los ciudadanos que sufren el drama del paro quieren soluciones ya. Cada día entienden menos el doble lenguaje de los políticos. Hay que ser prácticos; a todos nos gustaría que no hubiera ni un solo parado, ¿o hay algún político al que le guste que haya parados en España? A todos nos gustaría que no hubiera ni un solo parado; a todos nos gustaría que todos los contratos fueran indefinidos; a todos nos gustaría que la protección social alcanzara al máximo nivel a todos los trabajadores; a todos nos gustaría que no existiera ningún tipo de abuso, desde el empresario a los trabajadores, pero tenemos que ser prácticos. Ahora, lo viable, lo único viable, lo posible, es el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios.
Probablemente, desde Canarias, una de las comunidades que está a la cabeza del paro en todo el Estado, estemos especialmente sensibilizados con este tema, y mi grupo no solamente no pone obstáculos, sino que intentará acelerar y apoyar decididamente con su voto favorable el real decreto que hoy se somete a la consideración de esta Cámara, porque de verdad creemos que el paro es un problema de Estado y porque representamos a una tierra en la que el paro tiene una especial incidencia en estos momentos.
Por eso nos parecen especialmente importantes, entre las medidas pactadas, aquellas que se refieren a combatir el paro juvenil, sobre todo a través de los contratos de formación. Es una de las fórmulas más necesarias en estos momentos para cualificar a nuestras gentes y para que los puestos de trabajo que comienzan a crearse puedan ser ocupados por los jóvenes. Significativas también, y plausibles, desde nuestro punto de vista, son las mejoras introducidas en los contratos a tiempo parcial, sobre todo en lo que se refiere a extender el nivel de la protección social a estos trabajadores, y asimismo merecen nuestra aprobación y nuestro respaldo las medidas adoptadas para fomentar la contratación indefinida.
En conclusión, y termino, señor Presidente, señor Ministro, Coalición Canaria apoya el acuerdo alcanzado por los interlocutores sociales y votará favorablemente la articulación del mismo a través de este real decreto-ley que hoy se somete a la Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a dar el sí a la convalidación de estos dos reales decretos-leyes, pero quiero indicar que, desde nuestro punto de vista, no todo son claros en el contenido del Real Decreto de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
A juicio del Partido Nacionalista Vasco, hay importantes sombras desde el punto de los intereses autonómicos considerados en sentido amplio. De sobra es conocida, señorías, la postura histórica de nuestro grupo respecto a la consecución de un marco autonómico de relaciones laborales, tanto en su vertiente de las relaciones individuales de trabajo como en la de las colectivas. A tal fin, se enderezó, con explícito apoyo de nuestro grupo y con el del entonces Ministro socialista Griñán, la reforma del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha reforma posibilitó que los acuerdos interprofesionales autonómicos pudieran prevalecer sobre los del ámbito superior, si así era su voluntad, salvo en una serie de materias, no negociables, en ámbitos inferiores, como ustedes, señorías, perfectamente conocen.
Pues bien, señorías, el texto del Real Decreto relativo a las medidas urgentes para la mejora del mercado del trabajo y el fomento de la contratación indefinida supone, desde nuestro punto de vista, una modificación

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encubierta del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores al establecer la prevalencia, en los aspectos susceptibles de negociación que en aquél se señalan, de los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal sobre los sectoriales de ámbito inferior. Rompe así, desde nuestro punto de vista, lo establecido en el citado artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores.
Esta es una cuestión, señorías, que no puede ser admitida por nuestro grupo parlamentario por lo que de erosión tiene respecto al establecimiento de un marco autonómico de negociación colectiva que atienda a las necesidades y objetivos específicos de los trabajadores en ámbitos territoriales inferiores a los del Estado.
Señorías, se intenta limitar la reforma de 1994 a través de una potenciación de la negociación colectiva sectorial de carácter estatal en materia de contratación que, desde nuestro punto de vista, carece de todo sentido. No es lógico bajo ningún concepto decir que, en una serie de materias, por ejemplo los contratos formativos, los contratos por circunstancias de mercado o por la acumulación de tareas, se dé por ley una prevalencia a lo establecido en los convenios de ámbito estatal sobre lo que se puede decidir en la negociación colectiva sectorial de ámbito territorial inferior. Parece más razonable y ajustado a las necesidades productivas y a las propias realidades de la negociación colectiva lo establecido respecto a los contratos por obra o servicio, en los que no existe, como muy bien conocen SS. SS., tal prevalencia.
Por otro lado, desde una óptica macroeconómica, ¿qué cabe esperar de esta reforma? Desde nuestro punto de vista, tres efectos básicos parecen evidentes: por una parte, facilitar la adaptación de las empresas al ciclo, hacer más flexible la organización interna del trabajo y moderar la dualidad y discriminación entre trabajadores fijos y temporales. Las propias organizaciones firmantes, cuando han comparecido en la Comisión de Política Social, han reconocido que el empleo es el resultado de múltiples variables: de una política económica que lo potencie, de un marco adecuado de relaciones laborales que contribuya a mejorar la competitividad y el buen funcionamiento de las empresas, y además nosotros añadimos, señorías, que depende también de variables que pueden verse afectadas por la reforma, pero sobre todo por la adecuación de los trabajadores a las vacantes existentes, a la existencia de proyectos de inversión viables y a la inversión en tecnología y también al nivel de formación de los trabajadores parados.
Quiero con ello significar que no se puede esperar que con la reforma del mercado de trabajo se solucionen los problemas si no se reforma el funcionamiento de otros mercados y de otras instituciones y se producen además determinadas condiciones de ambiente. Uno de los aspectos centrales de las medidas --y ya lo señalaba el señor Ministro cuando ha presentado los dos reales decretos-- se destina a frenar el alto grado de temporalidad y de rotación que hoy presenta la contratación laboral para ser sustituido por un mayor grado de estabilidad y de permanencia en el puesto de trabajo. En principio cabe convenir, y creo que todos coincidimos, que a nadie le interesa la temporalidad, ni a los trabajadores ni a las empresas. Y otro de los aspectos claves de la nueva redacción del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores es que busca precisar causas objetivas de extinción del contrato laboral.
El éxito de estas medidas, señorías, se juzgará en función de que se produzca esta reducción de la temporalidad derivada del funcionamiento de este nuevo contrato, clave de esta reforma que hoy estamos debatiendo, sin olvidar que lo que puede garantizar el empleo estable es la competitividad de las empresas.
Antes de finalizar, yo quería por lo menos dejar clara nuestra preocupación sobre la desaparición de una modalidad de contratación que yo sé que tenía muy poca incidencia, el contrato de lanzamiento de nueva actividad, porque es una fórmula que ha sido utilizada precisamente al amparo de los SIPE, de los semilleros de empresa y de las políticas locales de empleo, precisamente para dar salida a los nuevos proyectos de jóvenes que utilizaban las fórmulas de los semilleros municipales de empresa, y por tanto tenían una posibilidad estos jóvenes que iniciaban un nuevo proyecto, al amparo de los servicios integrales para el empleo, que en este momento no pueden utilizar porque ha desaparecido la fórmula.
Por otra parte, con relación al decreto sobre incentivos, quiero decir que el Grupo Vasco también va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, pero que anunciamos las enmiendas en el siguiente trámite parlamentario. Hay que indicar que el real decreto-ley no contiene la habitual norma que debe existir en toda disposición que afecta a materias, o de forma concreta a tributos, sobre los que los territorios históricos del País Vasco tienen atribuidas competencias normativas. Esta disposición, que no existe, señorías, en este real decreto-ley, no es otra que la salvaguarda, o si se prefiere la salvedad, de que lo dispuesto en el real decreto-ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en el concierto económico, porque sobre la materia en la que incide el decreto-ley existe competencia exclusiva de los territorios históricos. Es algo evidente que resulta del propio concierto económico.
Por ello, señorías, el Grupo Vasco va a dar el sí a la convalidación de los dos reales decretos, pero también anunciamos la presentación de enmiendas en el siguiente trámite parlamentario, en la tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en la convalidación del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida.
Este real decreto, junto con el otro que supongo que el Ministro nos presentará después, supone la concreción jurídica y política de los acuerdos interconfederales para la estabilidad del empleo, la negociación colectiva y sobre cobertura y vacíos. Este acuerdo ha sido precedido de un año aproximadamente de debate y de tres meses de arduas discusiones entre los agentes sociales. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Campazuno.
Ruego a SS. SS. que guarden silencio. Cada vez va siendo más difícil poder escuchar lo que dice el señor Diputado que está en el uso de la palabra.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor Presidente.
Decía que por el esfuerzo que ha supuesto a las partes el acuerdo en sí mismo ya es positivo. El acuerdo demostró madurez, sensatez, sentido de la responsabilidad, y en la medida en que es un punto intermedio de encuentro entre aquellas posiciones que inicialmente mantenían sindicatos y organizaciones empresariales, ya nos parece positivo. Es más, creo que podemos decir, sin ningún tipo de reparo, que este acuerdo constituye el acuerdo social más importante desde los Pactos de la Moncloa. Pero reconociendo también, insisto, este sentido de la responsabilidad de los agentes sociales, hemos de afirmar que el conjunto de fuerzas políticas, empezando por el Gobierno y muy especialmente por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hemos tenido también el suficiente sentido de la responsabilidad para entender que era necesario confiar en los agentes sociales.
Durante estos últimos meses desde algunos sectores se pedía que el Gobierno y los grupos políticos impulsásemos, al margen de esa negociación, medidas políticas. Y todos hemos entendido que era necesario tener la paciencia suficiente para que el acuerdo evolucionase y que ese año, esos tres meses, con sus marchas atrás y adelante, sirviesen finalmente para llegar a ese acuerdo.
Por tanto, en la medida en que el acuerdo es fruto de esa voluntad de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, en sí mismo ya es un acuerdo positivo y, por ello, nos debemos felicitar, y en la medida en que el real decreto que ahora estamos discutiendo recoge sin ningún tipo de ambigüedad el contenido de los acuerdos, debemos manifestar nuestro apoyo.
Yo no voy a entrar en una descripción de los elementos fundamentales de los textos normativos; creo que en la intervención del señor Ministro ya se ha hecho. Recordaré, en todo caso, que supone un favorecimiento de la inserción laboral y la formación teórica y práctica de los jóvenes, así como una especificación y delimitación de los supuestos de la contratación temporal, que implica una modificación del artículo 52,c) de concreción del significado de las causas objetivas de la extinción de la relación laboral y que supone también un apoyo específico a la creación del empleo estable con el nuevo contrato indefinido que se crea.
Por tanto, su contenido nos parece esencialmente positivo. Implica un esfuerzo de solidaridad con aquellos que hoy no tienen empleo o con los que lo tienen pero en precario. Este hecho, el de combatir esta situación, el de ser solidarios con los ciudadanos en situación de desempleo o empleo en precario, constituye el principal objetivo político y social del conjunto de nuestra sociedad, así como el de la política económica que desarrolla el Gobierno y que tiene el apoyo de esta Cámara.
¿Qué se pretendió con este acuerdo y qué pretendemos con esta norma, cuyo trámite parlamentario iniciamos hoy? Dar estabilidad al empleo y fomentar un crecimiento de sus índices de creación.
Este nuevo marco legal que hoy vamos a consolidar implica también la aceptación de la reforma del año 1994. Me parece que éste es un dato políticamente relevante. La reforma de 1997 consolida la de 1994, que no fue aprovechada por el conjunto de los agentes sociales. En ella existían posibilidades que no se aprovecharon. La reforma de 1994 seguramente no tuvo éxito porque no vino precedida por el éxito que supone el acuerdo que precede a este decreto. Esto nos vuelve a hacer entender la importancia que ha tenido la negociación previa.
En cuanto a los contenidos del acuerdo, nuestro grupo no quiere entrar en estos momentos en la discusión --ya lo hicimos en Comisión-- sobre aquella parte que afecta a la negociación colectiva, lo que se viene llamando la centralización de la negociación colectiva, entre otras cosas, porque en los reales decretos que hoy vamos a convalidar no se produce ninguna concreción de aquello que los agentes sociales pactaron sobre estos aspectos. Tal como dijimos en Comisión, a nuestro grupo parlamentario nos tranquiliza que hoy el acuerdo no conlleve ninguna modificación del marco de la negociación colectiva. En todo caso, reiteramos en el Pleno nuestra voluntad de oponernos a cualquier modificación a posteriori de ese marco de negociación colectiva, porque entendemos que eso afectaría a las posibilidades de consolidar marcos de relaciones laborales en el ámbito de aquellas naciones del Estado que así lo quieran realizar.
El contenido del acuerdo nos acerca a Europa y me parece que éste es también un elemento a tener muy en cuenta, en la medida que introduce mayores dosis de flexibilidad en el marco laboral; pero también hemos

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de decir que la sociedad no se cambia por decreto. El trabajo no es consecuencia única y directa de determinados marcos jurídicos. Creo que todos somos conscientes de ello; lo éramos en el año 1994 y lo somos en el año 1997. Esta reforma laboral no es la poción mágica de los druidas galos, que nos va a dar la solución fantástica y la fuerza necesaria para superar todos los problemas. Es evidente que no. El éxito o no de la solución al problema se sitúa en otros parámetros, se sitúa en las medidas que tome el Gobierno en relación con la reforma y, evidentemente, el real decreto que después convalidaremos va en esa línea. Va a depender de la existencia o no de una política macroeconómica determinada, va a depender también de la estabilidad política del que el conjunto de las fuerzas políticas seamos capaces de dotarnos y va a depender también de la capacidad de hacer creíble esta reforma. Y el hacer creíble esta reforma va a depender de la capacidad de los agentes sociales de crear consenso en sus ámbitos en relación a esta materia y, también, de la capacidad de los propios grupos políticos de hacer creíble esta reforma.
Insisto, la reforma en sí misma, como nuevo marco legal, no es una poción mágica. Su éxito depende de las medidas específicas que tome el Gobierno, depende de la política macroeconómica, depende de la estabilidad política y depende de la capacidad de hacerla creíble.
Creo que hoy es un día en el que el Congreso de los Diputados debe tener sentido de la responsabilidad para dar respuesta a uno de los acuciantes problemas que se le plantean al conjunto de nuestra sociedad. Hoy es un día en el que el Congreso de los Diputados debe dar esperanza y confianza en nuestra capacidad colectiva de superar este principal problema de nuestra sociedad. Además, creo que el Congreso de los Diputados, reconociendo que el acuerdo en sí mismo prevé su necesaria y continua modificación, ha de empezar a asumir que en el ámbito del mundo del trabajo nos estamos moviendo en una etapa de una transición brutal.
Estamos entrando en una nueva cultura del trabajo, en unas nuevas relaciones entre el ser humano y el trabajo, en la que se van a abrir debates en relación a los nuevos yacimientos de trabajo, a esos nuevos empleos que deben dar respuesta a los nuevos retos que plantea nuestra sociedad, al propio debate en relación al reparto del trabajo, y hay que tener muy presente que este acuerdo que hoy vamos a convalidar forma parte de esta larga ola de la historia de reformas estructurales y profundas de esos nuevos conceptos, que nos van a llevar también, sin lugar a dudas, a un nuevo concepto de sociedad. Creo que la confianza y la esperanza que debemos dar al conjunto de la sociedad es una esperanza en la medida en que planteamos hoy una reforma posible, una reforma que puede dar estabilidad y empleo a las nuevas generaciones, pero sobre todo una reforma que nos puede permitir empezar a ver un nuevo horizonte en este terreno. Esperamos que el sentido común que las fuerzas sociales han demostrado en estos últimos meses y el sentido común que las fuerzas políticas también hemos demostrado, en el futuro y en esta materia, constituyan una referencia para todos nosotros.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Socialista va a votar a favor de la convalidación de este decreto-ley por muchas y buenas razones. La más importante, sin duda, es porque se trata de una norma que eleva a rango de ley lo que han sido acuerdos entre los protagonistas del mercado de trabajo. Es verdad que considerábamos más correcto, parlamentariamente hablando, que la reforma hubiera venido a la Cámara como proyecto de ley, pero el Grupo Socialista va apoyar la convalidación de este real decreto-ley porque el Gobierno ha hecho en él una traducción correctísima de lo que acordaron empresarios y sindicatos.
Hoy estamos hablando de empleo que es, como saben, la mayor ambición y la mayor inquietud y preocupación de la sociedad europea y también de la sociedad española. A diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones, nos encontramos con una modificación del marco regulador del mercado laboral que se efectúa en unos momentos de recuperación y crecimiento económico y de creación de empleo. Junto a esto, que es una realidad muy positiva, lo hacemos también en tiempos de incertidumbre y de cambios, en tiempos en que los cambios acelerados de las economías de los países más desarrollados y la propia globalización económica nos están insistiendo, machaconamente, en que casi nada, en materia de empleo, va a volver a ser como en épocas anteriores. Es cierto que la situación concreta de hoy aquí en España es favorable por muchas razones. Desde 1986, fecha de nuestra incorporación a la Unión Europea, España es el país de la Unión donde más ha crecido el empleo y donde mayores transformaciones cualitativas se han producido en el mercado de trabajo. Se ha producido una modernización que podemos medir por la reducción de empleo agrario, por el crecimiento de la población activa femenina, por el final de la emigración y el nacimiento de movimientos inmigratorios, por la igualdad de oportunidades formativas y por un crecimiento, que yo llamaría espectacular, de la cobertura de Seguridad Social. Además de todo esto, desde 1994 en España, con tasas de crecimiento económico iguales a las de otros países, se está creando más empleo y aumentan también los asalariados con contrato indefinido. Aprovecho, señor Ministro,

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para decir que utilicemos con cuidado las estadísticas de otros países, porque no son comparables. Hay países que se señalan en las estadísticas con casi todo su empleo estable y, sin embargo, como ocurrre en Inglaterra, en Portugal y en otros países, los contratos indefinidos tienen períodos de prueba de tres años, tres años en los que se puede despedir gratuitamente a esa persona contratada. Durante esos tres años en las estadísticas esos contratos figuran como empleo indefinido. Yo le aseguro que no es empleo indefinido y, sin embargo, así figura. Por ello tampoco es bueno comparar con otros países, porque la realidad de las propias reglas del mercado son distintas. Pero es verdad que tenemos una realidad nueva y favorable y también estamos inmersos en una realidad en Europa distinta, en la que el empleo está cambiando en todos los países más desarrollados.
En su informe anual sobre el empleo en 1996, la Comisión Europea nos dice que la naturaleza del empleo está cambiando. El número de personas que trabaja de noche y los fines de semana --dice la Comisión-- ha aumentado en todas partes. La mayoría de los empleos creados en Europa en la década de los noventa son a tiempo parcial y el empleo temporal ha supuesto la totalidad del incremento de la ocupación masculina en la Unión, en toda la Unión, de todos los países con diferentes reglas en el mercado de trabajo. Por tanto, estamos en procesos acelerados de cambio que requieren esfuerzos acelerados e importantes de adaptación. Y ese esfuerzo de adaptación es, sin duda, el que han hecho los agentes sociales y señaladamente los sindicatos.
Hay una parte importante del acuerdo, su preámbulo, que ha sido escasamente analizada y que quizá haya sido poco valorada por quienes se han acercado a este acuerdo. Los agentes sociales consideran imprescindible un crecimiento económico sostenido para que haya creación de empleo. Pero añaden que esto no basta; además de eso, resulta necesaria una política económica que sepa distribuir mayor riqueza mediante la creación de empleo y, junto a esto --que no está en la mano de los agentes sociales conseguirlo--, es necesario, dicen empresarios y sindicatos, un marco de relaciones laborales que permita mayor flexibilidad y una mayor estabilidad del empleo para que una y otra contribuyan a mejorar la competitividad y el buen funcionamiento de las empresas. Esta sí es la responsabilidad que los agentes sociales han asumido. Es decir, empresarios y sindicatos apuestan, en su acuerdo reciente, por resolver al mismo tiempo los problemas del empresario, es decir, la competitividad, y los problemas de los trabajadores, que son el desempleo y la precariedad.
Es posible que quienes amurallan su discurso en la contradicción insalvable entre capital y trabajo puedan tener dificultades para comprender esta apuesta de los sindicatos, pero parece fuera de discusión que es condición de supervivencia del empleo que haya empresas competitivas, al tiempo que resulta también muy importante que esta supervivencia se consiga sin deteriorar el modelo social europeo. A mí me parece que para ello es imprescindible que las ganancias de productividad no se destinen únicamente a mejorar beneficios de las empresas o a mejorar las condiciones de trabajo de quienes tienen ya trabajo, sino a conceder oportunidades a quienes lo buscan o a quienes temen perderlo.
Decía Luciano Lama, hace ya seis o siete años, que quienes entre nosotros han insistido solamente en mejorar salarios de los que ya tienen trabajo, han sido sin quererlo aliados objetivos de las fuerzas más reaccionarias.
Claro que Lama fue siempre eurocomunista y hoy es partidario del Olivo.
Señorías, en las sociedades más ricas, el conflicto histórico entre capital y trabajo ha sido objeto de continuas transacciones, generando amplios procesos de diálogo y de paz social. Ese ha sido el fundamento más claro de la competitividad y de la cohesión social de los países más ricos del mundo. Sin embargo, es posible que hoy las nuevas realidades nos estén conduciendo a nuevas manifestaciones del conflicto social. Me refiero fundamentalmente a aquel que se produce entre quienes tienen empleo y quienes lo buscan y no lo encuentra, y aquel otro conflicto que se puede producir entre quienes tienen trabajo en los sectores más competitivos de la sociedad, que son cada vez menos pero con mejores condiciones de trabajo, y aquellos otros que tienen su trabajo en los sectores menos competitivos de la sociedad, que son cada vez más pero con peores condiciones de trabajo. Un conflicto además que convive, porque se produce en los países más ricos, con elevados crecimientos de la riqueza y que precisamente por esta paradoja puede conducirnos a una sociedad fragmentada, escasamente participativa, escéptica y conflictiva.
Pues bien, el compromiso con esta nueva realidad es el que ha llevado a empresarios y sindicatos a este pacto. Por eso precisamente hay que apoyar este pacto, hay que estar con él y hay que animar a los agentes sociales a que continúen con el diálogo, porque lo fundamental del diálogo social que iniciaron en 1994 es que no tiene fecha de caducidad.
Lo fundamental de este diálogo y de este acuerdo de ahora es que el acuerdo de hoy será el germen de acuerdos del mañana, porque además quedan todavía muchos temas por debatir de importancia tan extraordinaria como el tiempo de trabajo y, sobre todo, porque la realidad del mercado cambia día a día de manera tan acelerada que nada puede darse por definitivamente cerrado.
Quiero ser también realista porque un excesivo triunfalismo nos puede llevar de la euforia a la desilusión. Yo creo que deberíamos ser capaces, y así lo ha hecho el Ministro, de considerar que el acuerdo también puede merecer críticas, porque las críticas en definitiva lo único que hacen es fortalecer un acuerdo

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que es bueno. Sólo la fragilidad del acuerdo permitiría o no permitiría que hubiera críticas. El acuerdo en sí mismo, precisamente analizándolo con capacidad crítica, es bueno por muchos aspectos. A partir de aquí, yo creo que el acuerdo no debe ser convalidado únicamente por las estadísticas, sino que fundamentalmente son otros los que tienen que hacerlo bueno y traducir los mayores crecimientos en empleo. Ahora no son los trabajadores sino los empresarios los que tienen que hacer bueno este acuerdo, y no es sólo el funcionamiento del mercado sino el impulso del Gobierno lo que tiene que permitir que este acuerdo se traduzca en más empleo estable.
Los empresarios se han quedado sin la excusa de que el despido es caro y el Gobierno, además, tiene solucionado cualquier problema pendiente de rigidez del mercado laboral. Ahora bien, bueno es saber que el fin primordial del empresario no es solamente crear empleo, no es crear empleo, en definitiva, sino obtener beneficios. Precisamente por eso el objetivo principal de la política del Gobierno debe residir no en que aumente la cuenta de resultados de la empresa sino en que aumente el volumen de sus plantillas, y la colaboración del Gobierno al éxito de la reforma deberá orientarse no sólo a blanquear contratos temporales, que debe hacerse, sino sobre todo a los incrementos netos del empleo.
En cualquier caso, la pelota está en estos dos tejados. De la política económica del Gobierno y de las declaraciones y de las decisiones empresariales va a depender el éxito de la misma. Todos lo deseamos y vamos a trabajar por conseguirlo, y por eso es bueno que sepamos algunas cosas. Sepamos, por ejemplo, priorizar el empleo en la política económica; sepamos que la creación de riqueza es necesaria pero no suficiente para crear empleo; sepamos que el mercado por sí sólo no va a resolver los problemas del empleo y sepamos, en definitiva, devolver a la política lo que parece que en los últimos años ha sido secuestrado por los patrocinadores del pensamiento único.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Griñán.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, señorías, dice el profesor Sagardoy que la razón última de la legislación laboral está en la corrección de la desigualdad social por vía jurídica. A eso es a lo que nos aprestamos hoy, a intentar corregir la desigualdad jurídica que se venía y se viene produciendo en España entre los parados y los que tienen un empleo, y entre los que tienen un empleo fijo y los que lo tienen en precario.
Ese es el objetivo fundamental de este real decreto de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida. Un real decreto basado en la comunicación de los agentes sociales al Gobierno, el 28 de abril, en lo que, a nuestro juicio, ha supuesto un acuerdo histórico de empresarios y sindicatos para luchar contra la precarización y la inseguridad en el mercado del trabajo; un acuerdo, señorías, que es sin duda alguna consecuencia de un diálogo social abierto por el Gobierno desde el 9 de mayo.
No es un acuerdo aislado o esporádico el conseguido entre los agentes sociales hoy en esta materia, sino que es el sexto acuerdo que se produce ya en un año de Gobierno del Partido Popular. Los otros cinco afectaron a temas también importantes, señor Ros: pensiones, formación, empleo agrario, resolución extrajudicial de conflictos laborales y salud laboral. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El Gobierno, en definitiva, ha creado un espacio vital adecuado para el diálogo, y ha creado además un clima de confianza entre los agentes sociales que, a nuestro juicio, no tiene precedentes. Los agentes sociales han asumido su responsabilidad y han prestado un gran servicio a la sociedad, una sociedad como la española en la que la tasa de desempleo es la mayor de los países de la OCDE y en la que el desempleo juvenil está en torno al 45 por ciento. Esto ha sido posible gracias a una negociación que supone un cambio de cultura por las partes que han sido las protagonistas de esta negociación, que ha supuesto que estas partes acercaran posturas, las posturas de aquellos que creían en la precarización como método de creación de empleo y las de aquellos otros que apostaban por la rigidez y el elevado coste del despido como garantía de estabilidad en el puesto de trabajo. En España, señorías, y ya se ha dicho, el 35 por ciento del empleo es temporal, cifra muy superior a la media del resto de los países de la Unión Europea. Eso ha provocado inestabilidad entre muchos trabajadores, fundamentalmente entre los más jóvenes que son, señorías, el elemento básico de vertebración de cualquier sociedad. Por eso era urgente tomar medidas, y por eso, señorías, debemos felicitar a los agentes sociales y al Gobierno por traerlas hoy aquí.
Este es el objetivo de este real decreto, equilibrado, que busca la calidad en el empleo, y nosotros confiamos en que esa mayor calidad suponga también incrementar la cantidad de empleo en nuestro país. Este es un real decreto, señorías, que apuesta por el empleo fijo y estable; que pone fin a los contratos basura; que vincula formación práctica y formación profesional; que limita la rotación y concatenación de modalidades de contratos temporales, superando situaciones de verdadero abuso del derecho, que elimina modalidades contractuales y crea otras nuevas como la formación. Es un real decreto que apuesta y refuerza la negociación de los agentes sociales como método de acuerdo

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entre los mismos y que crea una nueva modalidad, eje fundamental de la reforma, de contrato indefinido para los mayores de 45 años, para los parados de larga duración, para las mujeres, subrepresentadas, para los minusválidos y, fundamentalmente, para los jóvenes, porque este es el acuerdo para los jóvenes.
No limita, en definitiva, ninguno de los derechos indisponibles reconocidos en el orden público laboral, sino que los refuerza, impulsando el carácter del derecho necesario de la negociación colectiva.
No modifica, señor Campuzano, el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se define el marco territorial de la negociación colectiva. Además, señor Vaquero, establece garantías para evitar la sustitución de los trabajadores que en estos momentos tienen un contrato fijo y estable por nuevos trabajadores. Además, establece otra garantía que, a nuestro juicio, nos parece esencial como es una comisión de seguimiento entre los agentes sociales y el Gobierno, que va a permitir hacer una evaluación continuada de cuál es el impacto y cuáles son los efectos de estas medidas que hoy traemos a debate ante la Cámara.
Sin duda, estamos ante una nueva etapa en las relaciones laborales, unas relaciones laborales cambiantes, unas relaciones laborales que están siendo favorecidas por estas medidas y por una nueva forma de gobierno, como lo desmuestran los acuerdos sociales a los que antes hemos hecho referencia, o los acuerdos interconfederales que, alcanzados por los agentes sociales, no hacen referencia sólo a la estabilidad en el empleo, como es el caso que hoy debatimos, sino que también abren nuevas vías para la negociación colectiva, para su posterior y continuo desarrollo y para la cobertura de vacíos legales. La modernización de las relaciones laborales implica una mayor negociación de las partes en el futuro y una menor reglamentación. Ese es uno de los elementos fundamentales de estos acuerdos.
Hoy es un día importante para la Cámara, señorías, para todos los grupos, para la sociedad española, para los parados, para aquellos que tienen una situación de contrato en precario y que ven que esta medida puede transformar su situación actual. Estamos hablando del mayor problema de los ciudadanos españoles. Este es el mayor problema de los españoles: el desempleo. Es positivo que hayamos conseguido no sólo el consenso de los agentes sociales, sino uno de los mayores consensos que se recuerdan en esta Cámara.
Para concluir, voy a formular un deseo que creo que está en la mente de todos los que han intervenido hoy en la tribuna: que aquellos que han profetizado el fracaso de estas normas acaben equivocándose y que la reforma dé la razón a aquellos que creemos que sí se va a poder crear más empleo, que sí se va a poder crear empleo fijo y estable y que se abre una nueva esperanza para muchos españoles, fundamentalmente para los más jóvenes de este país Muchas gracias, señorías. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernando.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 8/1997, de 16 de mayo, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 302; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la convalidación del real decreto-ley debatido. (Fuertes aplausos.) Se ha pedido por algunos portavoces, en nombre de sus grupos parlamentarios, la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado. Se somete a votación su tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 320; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


--REAL DECRETO-LEY 9/1997, DE 16 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULAN INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (Número de expediente 130/000022)

El señor PRESIDENTE: Debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley número 9 de 1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Arenas. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio para que pueda continuar la sesión.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente.


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Señoras y señores diputados, por segunda vez intervengo en esta Cámara en el día de hoy. En esta ocasión para defender la convalidación del Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Quiero comenzar diciendo que éste, al igual que el anterior, es un real decreto-ley que atiende... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Ministro, discúlpeme.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que en este caso, al igual que en el anterior, este real decreto-ley, el segundo que debatimos en el día de hoy, atiende a una petición explícita de las organizaciones sindicales y empresariales para respaldar y apoyar los objetivos de mayor estabilidad en el empleo, así como una especial atención a ciertos colectivos de trabajadores desempleados que, objetivamente, tienen un mayor grado de dificultad para acceder al mercado de trabajo. Quiero añadir también que desde, el principio, el Gobierno ha dialogado extensamente con las organizaciones empresariales y sindicales el contenido de este segundo real decreto-ley, y que también lo ha hecho con los grupos parlamentarios de esta Cámara.
En suma, señorías, este real decreto-ley, cuya convalidación también se propone el día de hoy, concreta jurídica y políticamente la forma en que desde el Gobierno, desde las decisiones de esta Cámara van a apoyarse los principios y objetivos del real decreto-ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
El texto que se propone para convalidación está fundamentado, en mi opinión, en un conjunto de ideas claras y precisas. En primer lugar, favorece determinadas políticas activas de creación de empleo, sin menoscabo, quiero insistir en ello, del conjunto de las políticas activas que ya están puestas en marcha. En segundo lugar, reordena decididamente los incentivos hacia la meta de la creación de empleo estable en la sociedad española, sin producir tensiones presupuestarias y sin afectar negativamente en absoluto al Sistema de Seguridad Social, ya que se instrumentan por la vía de bonificaciones a cargo del Instituto Nacional de Empleo. En tercer lugar, no sólo no afecta a los recursos de la Seguridad Social, sino que si, como esperamos, las nuevas figuras contractuales tienen éxito, se producirá un incremento de la afiliación y de las cotizaciones correspondientes. Por tanto, este conjunto de incentivos pueden fortalecer el futuro y la viabilidad de nuestra seguridad social.
En cuarto lugar, es un decreto-ley que establece procedimientos sencillos para acceder a los incentivos, lo que favorece claramente la contratación por las empresas y clarifica, señorías, el conjunto del sistema. En quinto lugar, propicia decididamente la creación de condiciones muy favorables para la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos. En sexto lugar, introduce importantes beneficios fiscales, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que incrementen su plantilla u ofrezcan estabilidad con contratos indefinidos, beneficios cuyo coste, también quiero dejarlo claro, será asumido por la Hacienda pública, sin perjuicio de los ingresos de la propia Seguridad Social o del propio Ministerio de Trabajo o del Inem. Quiero insistir en que esta medida de beneficios fiscales ha sido solicitada también por algunos grupos parlamentarios y muy especialmente por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En séptimo lugar, el sistema que se propone agiliza notablemente los procedimientos administrativos en comparación con el sistema de subvenciones, permitiendo que los empresarios deduzcan directamente de sus cuotas el importe de las bonificaciones. En octavo lugar, concentra, desde una perspectiva estratégica, el esfuerzo incentivador en un período de tiempo de dos años, con el fin de provocar el cambio de tendencia que promueva la creación de empleo estable y la pérdida del miedo a contratar en la modalidad del contrato indefinido. En noveno lugar, señorías, el real decreto-ley discrimina positivamente a aquellos colectivos más perjudicados por la situación de desempleo, muy especialmente los jóvenes, los parados mayores de 45 años, los parados de larga duración, las mujeres y las personas que tienen alguna discapacidad. En décimo lugar, asegura la continuidad de las ayudas que estuvieran recibiendo quienes se acogieron a los sistemas anteriores, al tiempo que pretende coordinar estos incentivos con aquellos que se ofrecen en el marco de las comunidades autónomas para que todos contribuyan al objetivo común de la creación de empleo estable.
Antes de detallar el conjunto de las medidas que se proponen, me gustaría responder ante ustedes a algunas preguntas que pueden formularse legítimamente sobre las razones que animan este real decreto-ley. ¿Por qué se ha optado por la bonificación de las cuotas por contingencias comunes y no se ha optado por las subvenciones generales que ya existían o por una reducción directa de esas cuotas? En primer lugar, porque la bonificación mantiene el espíritu incentivador mes a mes durante toda la vigencia de los contratos o de duración de la misma, contra el mecanismo de la subvención que, como saben, se da de una vez. Sus señorías comprenderán que es menos ágil controlar el destino correcto de los fondos públicos en el caso de las subvenciones que en el caso de las bonificaciones.


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En segundo lugar, las bonificaciones, al ser asumidas por el Instituto Nacional de Empleo, no afectan a los ingresos de la Seguridad Social, cosa que hubiera ocurrido necesariamente si en lugar de bonificaciones se hubiera acudido a una reducción de cuotas. ¿Por qué en el real decreto hay diferencias porcentuales en los incentivos unas veces del 40, otras del 50 y algunas del 60 por ciento? Primero, porque se pretende atender de manera preferente a los colectivos que más sufren el problema del desempleo y la precariedad. Segundo, porque España ha adquirido compromisos, que comparte plenamente, derivados de su condición de miembro de la Unión Europea, que la obligan al seguimiento de unos criterios que van en el sentido de discriminar positivamente a estos colectivos.
¿Por qué incentivar dos años y no toda la vida del contrato en algunos casos? En primer lugar, porque estratégicamente parece conveniente concentrar los esfuerzos en un tiempo corto con el fin de promover rápidamente los objetivos que se persiguen. En segundo lugar, porque dos años parecen un tiempo suficiente para incardinar importantes contingentes de empleo estable en el mercado de trabajo y promover un cambio sustancial de orientación en la contratación en dirección a la estabilidad. Y en tercer lugar, porque limitar --y quiero decirlo con claridad, señorías-- la incentivación a dos años no significa necesariamente que transcurrido ese tiempo vaya a desaparecer. La marcha del proceso y su dirección serán las que aconsejen las circunstancias debidamente valoradas por la comisión mixta de seguimiento que se ha constituido en el acuerdo entre sindicatos y empresarios.
¿Qué gasto va a originar, en una previsión que tenga el Gobierno, la aplicación de estos incentivos? He dicho, señorías, que está prevista una estimación en torno a los 100.000 millones anuales y que tiene diferente periodificación en 1997, que será más corta la vigencia de los incentivos, en 1998 y en 1999. También podrán SS. SS. plantear cuáles son los objetivos del Gobierno o las previsiones del Gobierno en cuanto a transformaciones o a nuevos contratos indefinidos y, en consecuencia, al coste de bonificaciones. Quiero decir ante ustedes que me parece que el Gobierno no es el responsable de la creación de empleo, que la creación de empleo tiene como responsables a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios y al conjunto de la sociedad. Sin embargo, al Gobierno hay que demandarle políticas económicas, políticas sociales que conduzcan a la creación de empleo. En ese sentido, nunca verán a este Ministro asumir directamente la creación de empleo como compromiso del Gobierno, sino adoptar políticas que permitan que sean la sociedad y los creadores de empleo en base a la confianza los que adopten esos compromisos. Bien podría afirmarse también que a la hora de cuantificar el coste de las bonificaciones hemos previsto que se puedan transformar en torno a 200.000 contratos temporales en períodos anuales, diciendo que no es un compromiso del Gobierno sino un objetivo del Gobierno y de los decretos.
El real decreto-ley que regula los incentivos de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento del empleo tiene las siguientes características generales. Se aprueban bonificaciones en las cuotas empresariales de Seguridad Social por contingencias comunes, tanto para la contratación indefinida inicial como para la transformación de contratos temporales en indefinidos. Para la inicial, la bonificación general será del 40 por ciento. Para la transformación de contratos temporales en indefinidos es del 50 por ciento. La cuantía de las bonificaciones se incrementa en función de la mayor dificultad de inserción en el mercado laboral. Para los mayores de 45 años la bonificación asciende al 60 por ciento en los dos primeros años del contrato y se mantiene en el 50 por ciento durante el resto de su vigencia. En el caso de las mujeres desempleadas de larga duración, en actividades en las que se hallen subrepresentadas, se bonifica en un 60 por ciento durante dos años. Para los desempleados de larga duración, cualquiera que sea su edad, y jóvenes menores de 30 años se bonifica un 40 por ciento. La transformación en indefinidos de todos los contratos temporales vigentes en el momento de la publicación de esta norma se bonifica en un 50 por ciento. Como saben SS. SS., en el caso de los discapacitados se mantiene el actual régimen de incentivación, que es el más favorable de todos ellos. Quiero subrayar que precisamente éste es el único colectivo que conserva una medida de incentivación a la contratación temporal --las demás han desaparecido-- atendiendo a sus particulares circunstancias de dificultad en el acceso al mercado de trabajo.
Quiero decir finalmente en este capítulo que se permite la concurrencia de ayudas por parte de todas las administraciones públicas, siempre y cuando conjuntamente no superen el 60 por ciento del coste salarial anual correspondiente. En este sentido, y teniendo en cuenta que los objetivos de promover la estabilidad en el empleo son de toda la sociedad española en su conjunto, no sólo es necesario y positivo el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios sino que, en mi opinión, también lo es la cooperación del conjunto de las administraciones públicas y muy especialmente de las comunidades autónomas. Como saben, el pasado 8 de abril, las comunidades autónomas apoyaron el acuerdo suscrito entre organizaciones empresariales y sindicales en la conferencia sectorial de asuntos laborales. Quiero anticiparles que el ministerio ha convocado a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial, el 18 de junio, en la que van a participar representantes de CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT para analizar en su conjunto las posibles políticas de bonificaciones o de apoyos al empleo estable. Como he dicho, para que la bonificación de los contratos referidos no perjudique los ingresos del sistema de protección

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social, las ayudas antes impuestas se financiarán a cargo de los presupuestos del Inem. En nuestra opinión, esto constituye una nueva política activa de empleo, que en absoluto va a mermar presupuestariamente, en ninguna dirección, las actuales políticas de empleo.
Finalmente, señorías, quiero exponer que desde el punto de vista fiscal, y con el fin de incentivar las contrataciones estables en las pequeñas y medianas empresas acogidas al sistema de módulos, durante dos años no se computarán como personas asalariadas los desempleados menores de 30 años, los mayores de 45 o parados de larga duración que sean contratados por tiempo indefinido y, a los mismos efectos, tampoco se computarán los trabajadores cuyo contrato se transforme en indefinido partiendo de contratos de duración determinada, temporales, de aprendizaje, de prácticas, para la formación, de relevos y de sustitución por anticipo de la edad de jubilación. Permítanme que les diga que esta medida es extraordinariamente positiva para la pequeña y mediana empresa y que da satisfacción al planteamiento de algunos grupos parlamentarios, y como he dicho antes especialmente en este supuesto al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que lo ha planteado en reiteradas ocasiones. El conjunto de estos incentivos beneficia a más de 1.400.000 trabajadores desempleados y a los más de cinco millones de trabajadores contratados temporalmente, lo que hace un total de 6.500.000 beneficiarios potenciales de estos incentivos, cuando actualmente, con el régimen que teníamos en vigor antes de la publicación de este real decreto-ley, no superaban el millón Termino diciendo, señor Presidente, que se ha hablado del carácter histórico del acuerdo suscrito por las organizaciones empresariales y sindicales y que desde luego ha apoyado decididamente el Gobierno. Creo que es un buen acuerdo porque se ha respetado la autonomía de las organizaciones sociales; porque, como no podía ser de otra manera, se ha respetado el papel del Parlamento y de los grupos parlamentarios; porque se han respetado las instituciones, como es el caso del Consejo Económico y Social y de la Conferencia de Asuntos Laborales; porque hay un diagnóstico común sobre el mercado de trabajo; porque pretende que se cree más empleo y empleo de más calidad, y sobre todo porque me parece que consolida definitivamente el diálogo social como la fórmula adecuada para afrontar los problemas que tiene nuestra sociedad. Nunca se habían propuesto --y espero que se aprueben por la mayoría de la Cámara-- unas normas de incentivación de empleo tan importantes en momentos económicos favorables; anteriormente hacía alusión a ello el portavoz socialista.
Nunca se había contado en la Cámara, como ha pasado en el anterior decreto, con un apoyo tan decidido para un planteamiento de medidas que afectan al mercado laboral. Me parece que cuando se tiene voluntad política de acuerdo siempre es posible ese acuerdo.
Señorías, Antonio Machado escribió una vez estos versos: ¿Tu verdad? No, la Verdad,/ y ven conmigo a buscarla./ La tuya, guardatelá./ (Un señor Diputado: ¡Ole!) Muchas gracias por el ole. Hemos buscado esa verdad y la hemos buscado entre todos los que han querido buscarla. Ojalá que la verdad que estamos encontrando signifique mayor empleo, empleo de más calidad, oportunidades para los jóvenes, para los parados mayores de 45 años, para aquellos que están en el desempleo desde hace mucho tiempo, que son parados de larga duración, para aquellas mujeres en sectores subrepresentados que todavía son objetivamente discriminadas y para aquellos que sufren alguna discapacidad.
Agradezco la atención de SS. SS. y solicito el apoyo de la Cámara para este conjunto de medidas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo, de incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida supone el complemento del real decreto-ley que discutimos anteriormente y en el que se plasma la reforma laboral. Tiene poco sentido proceder a una discusión separada de ambos reales decretos porque en realidad forman un todo. En todo caso, planteada la cuestión así, sólo cabe decir que la posición del Bloque Nacionalista Galego va a ser contraria a la convalidación, y no porque en abstracto no estemos de acuerdo con la incentivación del empleo fijo, dadas las circunstancias por las que atraviesa el denominado mercado de trabajo, es decir, dada la cantidad de personas que sufren las consecuencias del paro y la precariedad derivadas de la política económica que se practica, sino porque este decreto de incentivos, como decía al principio, no se puede desligar del conjunto de una reforma laboral que creemos perjudicial para los intereses de los trabajadores y no va a resolver el problema de la competitividad de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, salvo transitoria y engañosamente.
En segundo lugar, votamos en contra de la convalidación porque no confiamos en que los incentivos planteados en el real decreto-ley resulten eficaces para contribuir a disminuir la contratación temporal y menos aún para favorecer el empleo estable, especialmente a la luz de experiencias anteriores en las que se

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anunciaron incentivos de éste o de otro tipo como grandes panaceas que luego se saldaron como fracasos, desde el punto de vista del teórico objetivo perseguido, cuando no sirvieron más que para fomentar la picaresca de algunos empresarios. Además, tal y como están planteados en el real decreto-ley de incentivos planean serias dudas, a pesar de lo afirmado por el señor Ministro en su intervención, sobre la utilización de los mismos, de manera que puede llegar a resultar rentable para muchos empresarios acogerse a este tipo de incentivos para los nuevos contratos, toda vez que el ahorro que supone esta forma de contratación será incluso superior al gasto que ocasione en su momento despedir a los trabajadores, aun siendo declarado despido improcedente. Queda también la duda razonable de saber de dónde van a salir las partidas para la financiación de esta incentivación prevista, en principio, a cargo del Inem, pero si tal como afirman los defensores de la reforma se produce un alto número de este tipo de contratos queda la duda de si no acabarán detrayéndose de los fondos de la Seguridad Social, lo que no parece nada aconsejable. En todo caso, el señor Ministro acaba de afirmar que esto no será así, lo cual en principio nos tranquiliza. Esperemos a ver qué acontece.
Por último, conviene resaltar que las modalidades de contratación temporal no van a ser penalizadas, lo que sin duda favorecería el abandono de este tipo de contratación que en teoría se pretende conseguir con estas reformas. Se puede llegar a decir que para plantearse un decreto de incentivos a la contratación indefinida para nada hacía falta plantearse la reforma laboral. Por tanto, señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación de este real decreto-ley en coherencia con el voto al decreto de la reforma laboral porque ambos constituyen un todo y no algo separable.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros entendemos que es imposible separar la discusión del debate de este real decreto-ley del que nos ha precedido, pues en definitiva el Real Decreto-ley 9/1997 viene a incentivar --en último término es su finalidad-- el nuevo contrato, entre comillas, indefinido del Real Decreto-ley 8/1997.
Hay que decir previamente que es un elemento positivo, es una buena noticia oír que se van a eliminar los incentivos a los contratos precarios, a la contratación temporal porque, en cualquier caso, no van a variar sustancialmente los elementos en presencia, los mecanismos de incentivación que se han habilitado en otras épocas respecto a la contratación temporal. Sí van a variar los requisitos de este real decreto, por ejemplo, respecto a los que planteaba la Ley 22/1992, pues en el futuro la utilización de estas bonificaciones, de estos incentivos, no va a tener como requisito el incremento del empleo neto de las empresas, por ejemplo, ni va a tener el requisito de mantener las plantillas durante un período determinado, por ejemplo, ni va a tener el requisito de la incompatibilidad con otras ayudas provenientes de las comunidades autónomas y de la Unión Europea. Esto no lo digo yo; lo dice hoy un artículo muy interesante de un profesor de Derecho laboral. Esta es una realidad. Se flexibiliza también la utilización de estos incentivos y de estas bonificaciones.
El elemento fundamental de por qué Izquierda Unida no está a favor de este tipo de modalidades es, en primer lugar, porque el objeto de esas bonificaciones, ese contrato indefinido no va a ser tal porque no va a ser aplicado a ese millón 400.000 trabajadores en paro que acaba de afirmar el Ministro que van a poder verse potencialmente beneficiados por estas bonificaciones. No es verdad. No se trata de crear empleo. Se trata de convertir contratos temporales en contratos fijos, indefinidos, pero en función del tipo de bonificaciones, en función de la acumulación en dos años de esas bonificaciones. Va a ser precisamente ese tiempo el que se va a emplear por parte de ese mercado negro de utilización empresarial de los contratos temporales. Se van a blanquear los contratos temporales irregulares durante ese tiempo precisamente que va a ser el que resulte rentable a los empresarios porque van a echar sus cálculos y van a ver cuánto les va a costar y cuánto van a ganar en función de la reducción de las cotizaciones sociales y en función de las bonificaciones fiscales; van a echar sus cálculos y les va a salir positivo, y efectivamente van a utilizarlos durante dos años aquellos que no tengan la necesidad de utilizar realmente la contratación temporal. Por tanto, no va a solucionar realmente nada. Ese contrato indefinido va a ser un contrato indefinido inestable, no se va a potenciar la estabilidad. En este sentido, Izquierda Unida dice que para este viaje no hacen falta alforjas, para esta reforma no hay que dar ni un solo duro del dinero público.
Por otro lado, nosotros entendemos que el tipo de bonificaciones, que siguen siendo las mismas, crea un problema añadido. Ya sabemos, en términos generales, cómo hay que tratar los incentivos fiscales en la medida en que la Hacienda deja de ingresar dinero y, por tanto, puede ser un detraer de la Hacienda pública dinero público para otros menesteres, para otro tipo de política de empleo. Efectivamente, si a nosotros se nos ofreciera hoy, aquí, la política de creación de empleo, de repartir el trabajo, de reducir la jornada, etcétera, quizá estaríamos hablando de otras posibilidades, estaríamos hablando de otras cuestiones. Pero en último término sabemos que la experiencia ha demostrado

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que el mayor gasto fiscal apenas ha tenido influencia en el pasado sobre la creación de empleo, y no creemos que hoy vaya a tener una influencia distinta en este sentido.
Por otra parte, creemos que pasa lo mismo con las cotizaciones sociales.
Señorías, desde 1980 a 1994, las cotizaciones sociales, la cotización empresarial por contingencias comunes ha descendido seis puntos, del 34,3 al 28,3. ¿Eso ha ayudado a crear empleo? Ciertamente no. El efecto ha sido nulo. ¿Por qué creemos hoy que eso va a ser distinto? Nosotros creemos que este discurso de la reducción de costes laborales --insistiremos en ello una y otra vez-- ha fracasado. Señorías, no se nos pida en nombre de la belleza poética que dejemos nuestra verdad oculta, que nos guardemos nuestra verdad. Vamos a insistir una y otra vez porque esa es la lealtad que tenemos a esta Cámara y a lo que representa. Sin embargo, ese efecto nulo de la reducción de las cotizaciones sociales puede tener y va a tener un precedente ciertamente negativo. Señorías, nosotros entendemos que «reducir los costes no salariales del trabajo a fin de incrementar la competitividad de nuestras empresas y favorecer la creación de empleo mediante la disminución progresiva en los términos del Pacto de Toledo de las cotizaciones sociales como elemento dinamizador del empleo» es un objetivo y es una política del programa electoral del Partido Popular. Creemos que efectivamente este es un elemento progresivo de la aplicación de ese programa. Nada que decir de la coherencia en este sentido por parte de quien propone esta medida, pero nosotros entendemos que este es un paso, un precedente para iniciar un camino, y no se puede decir que esto no es así porque no se van a reducir las cuotas. No es una reducción estructural sino simplemente una bonificación. En cualquier caso, ahí está la sensación por parte del empresario de una reducción cierta de lo que tiene que cotizar a la seguridad social, y es el precedente de por qué no se va a extender a otros colectivos que sin duda también lo van a solicitar legítimamente en función de perder el miedo a contratar ¿Por qué no, ciertamente? En cualquier caso, nosotros entendemos que esto va a ser financiado por el Inem. Pues no nos salen las cuentas, señor Ministro. En función de la reducción de las ayudas, las bonificaciones, etcétera, que se concedían hasta ahora a la contratación temporal se van a ahorrar 33.000 millones de pesetas, más o menos. Hasta 100.000 millones quedan unos cuantos miles de millones de pesetas. ¿De dónde va a salir? ¿Del incremento de la actividad económica o de la reducción del paro? Sabemos que estas medidas no van a crear empleo. En todo caso van a convertir empleo temporal en empleo indefinido e inestable; indefinido e inestable, señor Ministro. ¿De dónde va a salir? De normativas ya pasadas y quizá futuras que recorten las prestaciones por desempleo, como es lógico, tanto en la cuantía como en la duración de las prestaciones. Si no, señor Ministro, no nos salen las cuentas. ¿De dónde se va a sacar eso? Hay una confianza excesiva en sus propias medidas.
Señor Ministro, señorías, por todas estas razones, Izquierda Unida plantea que para este tipo de reforma no debería gastarse ni un solo duro del dinero público. Es necesario traer a esta Cámara medidas que ciertamente merezcan hacer el esfuerzo colectivo de invertir el dinero.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vaquero.
¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno a favor? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de Coalición Canaria fijo nuestra posición para la convalidación de este Real Decreto-ley 9/1997, por el que se regulan los incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Bien dice el refrán que lo mejor es enemigo de lo bueno. Posiblemente la mejor legislación para conseguir empleo fijo está por hacer y en este momento sería prácticamente una utopía. Y como lo mejor es enemigo de lo bueno, yo digo que este decreto-ley es un buen decreto-ley. Es bueno técnicamente --y explicaré las razones--, es bueno jurídicamente y es bueno políticamente. Este decreto-ley es necesario políticamente porque, si no, al convalidar el anterior lo hubiéramos hecho en falso. El acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo, en el que muestran su voluntad empresarial y laboral los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, de encontrar ese punto de inflexión a una posible tensión de la vida laboral, hace que tanto en este momento el Gobierno y el Parlamento, como anteriormente los interlocutores sociales, encuentren un valor político en la paz social y en la paz laboral. Porque Maastricht no es solamente la euromoneda; Maastricht no es solamente la convergencia sobre puntos del déficit público o la inflación. Maastricht es la política de cohesión social y es también un principio de solidaridad interna que se consigue con esto. Sin este decreto-ley a lo mejor habría quedado en pura retórica el acuerdo interconfederal, en el que hay todo un sistema jurídico contractual que con una tramitación de ley consagraremos en el ordenamiento laboral español. Pero el combustible de incentivación para que los empresarios no tengan ya la excusa de decir que no transforman empleo precario en empleo fijo ¿es porque no encuentran ningún incentivo? Ahora tienen la respuesta dada por el Gobierno y por el Parlamento.


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Solamente aquellas empresas que no hayan cumplido con sus deberes fiscales o con la Seguridad Social, de acuerdo con los requisitos que se exigen en el artículo 5º de este real decreto-ley, o aquellas que tengan una estructura empresarial de trabajo temporal --determinadas actividades como en el mundo turístico que puede encontrarse a veces en una exigencia de trabajo temporal estacional-- serán las únicas que se mantengan en esa estructura temporal.
Entendemos que se ha hecho un ejercicio político de sentido común muy afortunado. No se hace una distinción en incentivar lo nuevo y no lo antiguo, porque entonces el empresario habría caído en la tentación de cometer un fraude de ley, cosa que podría haber hecho si no se le hubiera dicho que estos incentivos se extienden tanto a la contratación indefinida ordinaria o tradicional como al nuevo contrato. Haber incentivado el nuevo contrato posiblemente --y quiero felicitarle por esto, señor Ministro-- hubiera sido dar paso a un fraude de ley, y dentro de unos doce o veinticuatro meses habríamos manejado cifras falsas, porque se habría manipulado con el fraude de ley el resultado de una estadística de empleos transformados en fijos cuando ya de verdad lo eran por la legislación anterior.
Este decreto-ley es bueno jurídicamente porque respeta todo el ordenamiento laboral tanto de la Ley 22/1992 como de las concordantes con ella, y lo que se modifica es sin perjuicio de toda esa relación contractual laboral. Esto es hacer las cosas con sensatez. Y si estamos definiendo que es necesario en España, en este mundo, un sosiego, una sensatez, una política de centro, que es equilibrar las posiciones que puedan ser progresistas de la izquierda, por un lado, con las posiciones realistas que vienen del mundo empresarial de la derecha, aquí han tenido precisamente su lugar de convergencia. De ahí que nos sea muy fácil a Diputados como el que les habla, y desde el punto de vista de Coalición Canaria, dar nuestro voto de apoyo a la convalidación de este real decreto-ley para elevarlo al máximo rango. Y dado que se están haciendo incluso derogaciones de textos importantes como el que he citado de la Ley 22/1992 y modificaciones en leyes de 1988 y en la Ley de medidas de acompañamiento de diciembre de 1966, es necesario también consagrarlo con el máximo rango de ley. Por eso Coalición Canaria se sumará a la petición de que se tramite este real decreto-ley como proyecto de ley.
Entendemos también que se ha hecho algo muy importante en el ámbito de aplicación: la discrecionalidad política del Gobierno, que ahora ratifica esta Cámara, de que unas medidas de incentivación al empleo fijo no pueden ser una especie de indiscriminación en todo el mundo laboral. Es necesario entender, porque nos obligan los tratados de la política de cohesión y la política social de la Unión Europea, quiénes son los que necesitan esta prioridad en la aplicación en un índice de prioridades, y hay que atraerse a los jóvenes desempleados menores de 30 años. En comunidades autónomas como la canaria, como le ocurre a la España meridional, con una tasa de natalidad heredada de los últimos veinte años muy alta, con un acceso al mercado laboral en el que cantidad de jóvenes de una población censalmente muy joven, de menores de 30 años, se encuentran frustrados, hay que encontrar una respuesta política.
Igualmente el colectivo de los desempleados que llevan casi doce meses inscritos en las oficinas de empleo y no han encontrado una expectativa necesita una política social, y quiero mostrarle mi apoyo al señor Ministro por haber prestado atención al colectivo de las personas mayores de 45 años en estas circunstancias laborales.
Despejar políticamente la incertidumbre es bueno, es conveniente y necesario. Despejar del mundo laboral la conflictividad es también acceder, dentro de dos años, al Tratado de la Unión Europea en unas condiciones no solamente buenas económica o fiscalmente o en producto interior bruto, sino con un mercado laboral más justo y en condiciones de paz y sosiego laborales. Es otra de las convergencias que parece que se olvidaron en Maastricht pero que subyacen aquí, y de ahí nuestro apoyo al señor Ministro de Trabajo y al Gobierno y nuestra petición a todos los grupos de la Cámara para que lo voten favorablemente.
Creemos que, cuando se ha hecho uso de los incentivos, ha sido jurídica, técnica y políticamente racional. Porque el Gobierno tiene el derecho de la discrecionalidad en la aplicación de los porcentajes de incentivos. Si hay un índice de prioridades sociopolíticas sobre las mujeres, los discapacitados, los jóvenes, los mayores de 45 años, el empresario ha de saber que, si los extrae de estos colectivos en los que hemos definido nuestra preocupación politico-social, tendrá una escala gradual de incentivos. Por tanto, no será igual de atractiva una desgravación del 40 por ciento que una del 50 ó del 60 por ciento.
Entendemos que esto es un acierto también porque impregna no solamente un Decreto-ley, a nuestro juicio, técnica y jurídicamente bien concebido, sino también políticamente. Es decir, lo que hoy en día se llama lenguaje políticamente correcto; políticamente correcto con acierto, porque aquí se hace, precisamente, una extracción de fondos. No nos preocupan las provisiones que se adjudiquen, porque hay una fórmula instrumentalizada aquí mediante los fondos del Instituto Nacional de Empleo.
Quiero hacer aquí un llamamiento a los funcionarios de la Administración laboral española que van a tener sobre sus espaldas una gran responsabilidad. Cuando en la disposición primera, que se refiere a la financiación, se habla de que la Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Instituto Nacional de Empleo el número de trabajadores objeto de bonificación de cuotas a la Seguridad Social detallada por colectivos, ello va a suponer un gran esfuerzo

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para un colectivo, señor Ministro, que, como bien sabemos todos, tiene sus salarios congelados, como todos los funcionarios del Estado. Ellos van a tener que mostrar el máximo celo profesional, y desde aquí mi reconocimiento a todos los Cuerpos y funcionarios de la Administración laboral española, para que esos partes mensuales funcionen, porque si no la burocracia produciría una especie de cuello de botella. Si no hay voluntad de servicio para aplicar estas ideas políticas y administrativas que se están proponiendo, podría fracasar sencillamente por estrangulación.
Termino, señor Presidente, diciendo que todas las garantías jurídicas que aquí se dan nos parecen acertadas. Se ha incluido una fecha prudencial, como ha dicho el señor Ministro: dos años; veinticuatro meses, dice acertadamente el texto del Decreto. Ese será tiempo suficiente para ver si las garantías jurídicas que necesita también todo empresario no es un horizonte dilatado ad kalendas graecas ni es tampoco un plazo de precariedad que supone que hoy lo hago y dentro de un ejercicio simple económico me lo quitan y no lo encuentro. No; nosotros creemos que en esta línea también se ha acertado con la prudencia, y en ella también está en juego posiblemente la exigencia de rectificaciones en su momento, dentro de pocos meses, en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente también a las compensaciones por las que la Tesorería General del Estado deja de recaudar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, le ruego concluya.


El señor MARDONES SEVILLA: También es de destacar, señor Ministro, que uno de los requisitos, como ya dije antes, era exigir a las empresas el cumplimiento de la Ley 8/1988, que es una ley de disciplina que en su momento aprobó el Gobierno anterior, y que nosotros apoyamos porque creemos que es necesario el mantenimiento de esta exigencia con rigor.
Los empresarios que no estén al día con sus obligaciones han de saber que esta ley no les penaliza directamente, porque para eso está la Ley de 1988, pero no van a poder tener una justificación política en un convenio laboral frente a los trabajadores para excusarse de aplicar este Real Decreto-ley, la futura ley, que es, a juicio de Coalición Canaria, una buena legislación laboral en la mejor tradición de prudencia y de justicia social española. Expreso aquí el voto favorable de Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
En el turno que he utilizado en nombre de mi grupo para fijar la posición con relación al anterior Real Decreto-ley también la he fijado sobre éste, porque había entendido que el señor Ministro había contestado afirmativamente a la pregunta del Presidente del Parlamento. Ya veo que no ha sido así. Por eso, por economía procesal, que SS. SS. me agradecerán, telegráficamente voy a repetir dos argumentos clave que he utilizado con relación a este Real Decreto-ley.
Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con el contenido de este Real Decreto-ley, pero yo decía en la anterior intervención que echábamos en falta la habitual disposición de salvaguarda, la salvedad de que lo dispuesto en el Real Decreto-ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en el concierto económico vasco, porque sobre la materia que incide este Real Decreto-ley existe competencia normativa en los territorios históricos del País Vasco, y resulta evidente la implicación del concierto económico. Me estoy refiriendo al artículo 3 de este Real Decreto-ley, sobre todo a los puntos 4 y 5. Por eso, nuestro grupo parlamentario confía en que se incluya esta disposición en el siguiente trámite parlamentario y solicitamos que se tramite como proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Vasco --y termino-- va a dar el sí a la convalidación de este Real Decreto-ley porque apostamos por la contratación indefinida, porque apostamos por la inserción laboral de los jóvenes y porque apostamos por la inserción laboral de los colectivos que tienen menos oportunidades y que son más desfavorecidos precisamente a la hora de ocupar un puesto en el mercado de trabajo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario va a dar su voto favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley y también a la petición de tramitación como proyecto de ley, si la hubiere. Este Real Decreto-ley contiene incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para influir en la contratación y transformar los contratos temporales en estables. A nuestro grupo nos parece que, en su casi totalidad, tiene una buena previsión, un buen contenido, y que podemos darle nuestro apoyo. Se trata de un Real Decreto-ley que recoge perfectamente --yo diría que de forma muy correcta-- los términos del acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo; acuerdo al que SS. SS. saben perfectamente que mi grupo, como otros grupos parlamentarios, le hemos dado nuestro apoyo.
En primer lugar, lo que nos corresponde analizar es si los contenidos de este Real Decreto-ley se ajustan a

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este acuerdo interconfederal. Para nuestro grupo, se ajustan y, por ello, vamos a dar nuestro voto favorable a la convalidación. El acuerdo interconfederal, señorías, abre una nueva página de la vida social y económica de este país y hay que significarlo políticamente, al margen de su contenido. Creo que la sola existencia de este acuerdo social tiene una gran trascendencia para el futuro de nuestra sociedad, y especialmente para el futuro y el desarrollo de la economía del país. El que hoy hayamos transmitido a Europa y al mundo la imagen de que en España ha sido posible el diálogo entre empresarios y sindicatos, y que es un marco de diálogo que da resultados y tiene contenido, tiene una gran trascendencia para todo el mercado europeo y para el mundo económico, en general. Por consiguiente, la sola existencia de ese diálogo nos abre unas grandes expectativas. Un país que tiene esa expectativa de diálogo y que llega a acuerdos, es un país que tiene esperanza, que tiene futuro. No pueden decir lo mismo otros países de Europa, muy importantes también económicamente. Nuestro país hoy ha dado, en ese punto, un buen paso, un paso con trascendencia política que nuestro grupo ha apoyado, y quisiera felicitar no sólo a las partes por haber llegado a un acuerdo, sino también al Gobierno por haberlo hecho posible. Si me lo permiten, debemos felicitarnos igualmente todas las fuerzas políticas porque en su momento supimos crear el contexto político general para que las partes pudieran llegar a un acuerdo. Por lo tanto, señorías, hay que saber valorar políticamente ese momento y hay que saber valorar políticamente la traslación de este acuerdo, de significación política trascendente, a un texto legal que hoy estamos debatiendo y que vamos a convalidar.
En segundo lugar, señorías, este Real Decreto-ley nos va a permitir de forma importante avanzar en la reducción del paro y del empleo precario.
Todos los partidos y las fuerzas políticas representados en esta Cámara dijeron en la campaña electoral que el paro era uno de los objetivos más importantes de la política económica de este país. Y todas las fuerzas políticas se comprometieron en tomar decisiones y medidas para avanzar en la reducción del paro. Este Real Decreto-ley es una medida que va en la dirección efectiva y positiva de reducción del paro y del empleo precario.
En tercer lugar, vamos a dar nuestro apoyo a este Real Decreto-ley porque creemos que nos acerca de forma positiva a las normas hoy existentes en Europa. Este nuevo marco nos acerca a Europa; nos acercó ya a Europa el que se adoptó en los años 1994 y 1995. No le cuesta a mi grupo parlamenario reconocerlo en estos momentos. Participamos entonces también en el diálogo para establecer un avance en las normas de incentivos a la contratación en los años 1994 y 1995 y dimos un paso en aquella dirección. Nos acercábamos al marco de los instrumentos que los países europeos estaban aplicando y los incorporamos en nuestro país. El paso que damos mediante este Real Decreto-ley nos permite dar otro paso adelante para mejorar los mecanismos de estímulo a la contratación, tal y como lo están haciendo la mayoría de los países de Europa.
En cuarto lugar, este Real Decreto-ley creemos que avanza en el necesario principio de la flexibilidad en las normas laborales y en el mercado laboral. Esta es una condición necesaria para que el país sea competitivo. Hay que incorporar flexibilidad en los marcos normativos, no solamente en los regímenes jurídicos de la contratación, sino también en los regímenes de estímulos a la creación de empleo, así como la transformación de empleos temporales en empleos estables. Este Real Decreto-ley que debatimos nos permite también hacer efectiva la necesaria flexibilización que tienen que tener las normas en esos campos.
En quinto lugar, este Real Decreto-ley, a nuestro entender, establece unos incentivos similares a los existentes aprobados en los últimos dos años pero, si me lo permiten, con una mayor potencialidad en su aplicación. Muchísimos ciudadanos van a ser receptivos de estos incentivos. No hay grandes elementos trascendentales que nos diferencien de los incentivos hasta ahora existentes, pero estas medidas nos van a permitir llegar a muchos más ciudadanos y por eso es mucho más positivo.
Renunciando a alguna parte de lo que ya teníamos en nuestro ordenamiento legal, se ha hecho un ajuste inteligente que nos permite ser mucho más efectivos porque alcanzamos a muchos más ciudadanos en situación de paro o en situación de contratos temporales. Por ello, estos incentivos son positivos porque nos van a permitir ser más eficaces en la estabilización del empleo, más eficaces en la conversión del empleo precario a empleo estable y más eficaces en la reducción del paro.
En sexto lugar, los incentivos van a contribuir a la reducción de los costes laborales, no salariales, de las empresas, sin duda, y ello va a ayudar a ser más competitivos, sin duda. En este sentido quiero, señor Ministro, incorporar una pequeña cautela, si me lo permite, sin ánimo de que pueda ser interpretada como una crítica, porque no la tengo, simplemente es una puntual observación. A la pequeña empresa le preocupa, le inquieta que a lo mejor pudiera generarse algún mecanismo de competencia desleal mediante la nueva contratación. Eso no puede suceder en una gran empresa. Es imposible constituir una gran empresa de cien trabajadores sobre las nuevas normas de contratación y establecer un marco comparativo de costes salariales muy distinto, es imposible. Pero en una pequeña empresa de dos, tres o cuatro trabajadores es más fácil, no digo que sea muy posible. Por tanto, la nueva actividad económica que se implante en el mercado, por tener un marco laboral más favorable a la nueva contratación, podría tener unos efectos comparativos que les pudiera generar algún perjuicio. En este tema deberíamos pensar (es complicado, porque siempre estamos hablando de incentivos a futuro, a

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nuevos comportamientos, y siempre para los que ya están instalados en el mercado les genera unas comparaciones relativas que pueden dar lugar a algunas desventajas) si es que hay trámite parlamentario de enmiendas, si podíamos establecer algunas puntuales observaciones para que no se puedan dar dinámicas de competencia desleal.
Por último, nuestro grupo ha tenido en este Real Decreto-ley, como ya ha expresado el señor Ministro, una gran preocupación por la pequeña empresa. La pequeña empresa va a ser la realidad económica que más va a contratar en los próximos años, la que va a ser más efectiva en la reducción del paro, la que nos va a permitir ser más positivos en la estabilización del empleo precario.
Por lo tanto, nuestro grupo pidió al Gobierno en su momento que, en la traslación del acuerdo interconfederal a este texto, se buscaran en los incentivos formas de primar a la pequeña empresa, y se ha hecho.
Felicitamos al Gobierno porque ha sido sensible a nuestra preocupación y lo ha hecho con un paso que creemos que es importante y que ha sido objeto de muchos debates de esta Cámara. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que el hecho de contratar a un trabajador no debe suponer para una pequeña empresa anticipar impuestos, como consecuencia del incremento que pueda generar la variable empleo.
El Gobierno ha sido sensible a estos planteamientos. Ya lo fue en el debate de los presupuestos, donde tomamos una medida en esta dirección, y ha sabido trasladar a este Real Decreto-ley esta preocupación. Pueden y deben saber hoy por los medios de comunicación que sigan este debate que las pequeñas empresas van a tener dos años de mora, dos años de no efecto en la fiscalidad cuando contraten a un trabajador. Desearíamos que eso se pudiera prorrogar, si la situación económica lo permite, para que una pequeña empresa contratara empleo estable dirigido a personas mayores de 45 años, con minusvalías o en paro. El hecho de que una pequeña empresa pueda contratar a una persona no va a incrementar el módulo. Este es un compromiso y un mensaje muy positivo para la pequeña empresa.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le ruego vaya concluyendo.


El señor HOMS I FERRET: Termino.
Hay que decir al mundo económico de la pequeña empresa que contrate, que ello de momento no supondrá pagar más impuestos. Esto creo que es muy positivo.
Señor Ministro, le felicitamos por la parte que usted ha tenido de director de orquesta, si me lo permite en términos coloquiales, en todo este proceso; nos felicitamos todos los grupos políticos porque hemos sabido crear el contexto político necesario para ese diálogo social que ha dado como resultado este acuerdo interconfederal y felicitamos también al mundo sindical y al mundo empresarial por saber conducir ese diálogo hacia un contenido; un contenido que es un paso más, señorías, en la necesidad de adaptar nuestras normas laborales y nuestras normas que incentivan la contratación a lo que hoy tiene Europa. Vamos a tener que dar más pasos, sin duda, y, a lo mejor dentro de esta legislatura, pero éste que se da es positivo y nos va a ayudar en el objetivo y en el propósito de reducir el paro y de estabilizar nuestra economía.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro de Trabajo, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en el trámite de convalidación del Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo. El debate político preliminar que ha tenido lugar en la mañana de hoy me libera, y libera a SS. SS., de enmarcar mis reflexiones en un momento que sin duda es importante y que debe ser tomado en consideración a la hora de estudiar este Real Decreto-ley.
En concreto, el Decreto-ley que vamos a convalidar a continuación se propone, según expresa su exposición de motivos, fomentar, mediante incentivos fiscales y de seguridad social, la contratación indefinida o la transformación de los contratos de duración determinada o temporal en contratos indefinidos. El Grupo Parlamentario Socialista estima, señoras y señores Diputados, que estos objetivos son absolutamente deseables y, por tanto, merecen el apoyo de toda la Cámara y de nuestro grupo parlamentario.
No es doctrina del Grupo Socialista, señor Ministro, oponerse a lo que proponga el Gobierno por principio. En aras del consenso y del clima de diálogo y de encuentro que hay esta mañana en la Cámara, voy a resistir la tentación de acudir al «Diario de Sesiones» para ver que estos no eran precisamente principios asumidos por su grupo cuando, en circunstancias similares, se trajeron a la Cámara propuestas, reformas legislativas, con similares propósitos a las que hoy nos ocupan.
Estamos hoy, por tanto, señor Ministro, dando una sanción parlamentaria a un importante acuerdo de la sociedad española en la búsqueda de estos objetivos, y el Grupo Parlamentario Socialista quiere, en el inicio de mi intervención, dejar nítido y claro que el Gobierno de España puede contar con el apoyo de la oposición cuando los objetivos que persigue son los que refleja la exposición de motivos del citado Decreto.
Deseo igualmente señalar con total nitidez que mi grupo quiere decir, a renglón seguido y sin solución de

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continuidad, que nuestro voto favorable, que hoy anuncio, a este Decreto es posible porque, junto a los propósitos, el Gobierno ha asumido un compromiso.
El Ministro de Trabajo se ha comprometido solemnemente en esta tribuna a que los importes de estos incentivos (que serán sin duda cifras muy importantes, y alguna ha dado el señor Ministro, que tampoco voy a glosar, pero que significarían según sus propias cuentas 250.000 millones de aquí al año 2000) no van a afectar negativamente a los ingresos de la Seguridad Social, ni a los programas, ni a los recursos destinados al fomento de políticas activas de empleo.
Quiero dejar muy claro que si no hubiera existido ese compromiso político el voto del Grupo Socialista en este trámite no hubiera sido ni siquiera de abstención, sino negativo, y no por cuestión de principios que, como digo, en estos temas los dejamos de lado, sino por una cuestión de principios --en plural--, por una cuestión de razones sólidas y relevantes, porque mi grupo entiende que, con carácter general, no sería buena política intentar resolver un problema --ni siquiera resolverlo, sino intentarlo como hacen todas las normas-- creando un problema aún mayor, o tomar decisiones de hipotéticos buenos resultados, cuando la única evidencia sería que produjera resultados negativos ciertos.
Para nuestro grupo sería enormemente preocupante, yo diría aún más, sería realmente un siniestro hipotecar el futuro del sistema de las pensiones, o bien no hipotecarlo, salvar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, pero haciendo que el coste de estas medidas de fomento significara eliminar programas, y precisamente programas que son los que permiten cualificar a la mano de obra en las exigencias que hoy tiene nuestro mercado de trabajo.
Nosotros pensamos que el problema del paro en nuestro país no se resolverá con las soluciones simplistas de las que todo lo cifran en el aligeramiento de los costes sociales. Si un día en España, señor Ministro, se materializaran esas ideas, que hoy afortunadamente sólo están en foros de opinión, en estudios subvencionados por determinados sectores muy interesados en ir subrayando esta visión doctrinal o doctrinaria, en España se produciría una catástrofe social: se produciría el hundimiento de nuestro sistema de protección social, se produciría una considerable regresión en la cohesión social y territorial de nuestro país y condenaría a la miseria a una parte muy importante de nuestra población, sin resolver, además, el problema del empleo en nuestro país.
Garantizado por el Gobierno en el trámite de esta mañana que ni la Seguridad Social ni las políticas activas van a pagar el coste de las medidas de fomento de este Decreto, sino que serán subvencionadas con cargo a la fiscalidad general, nuestro apoyo está garantizado, señor Ministro, porque no despreciamos ningún mecanismo que facilite la contratación y que facilite, además, la contratación estable en nuestro país. Pero sí queremos reiterarles que sería abusivo en este trámite no recordar que, como la historia demuestra en nuestro país y en países de nuestro entorno, estas medidas no van a resolver por sí mismas de forma sustancial el problema, sino que, más bien, es el momento de reflexionar en la Càmara que la solución del problema estará mucho más en mejorar la cualificación de los trabajadores que están hoy fuera de las condiciones del mercado y a los que la única disyuntiva posible en el futuro , señoras y señores Diputados, no es solamente incentivar o unificar, la disyuntiva es cualificarles o marginalizarles. De una u otra manera, esa es la importante disyuntiva que tienen hoy centenares de miles de trabajadores.
Este debate me sirve también para decirles que, no sólo hoy sino en el futuro, el Grupo Socialista va a apoyar cualquier política que busque incrementar la cantidad o la calidad del trabajo en nuestro país, incluso para programas respecto de los cuales tengamos un razonable escepticismo.
Similares programas a los que hoy aprobamos, no vamos a llamarnos a engaño --ya ha sido relatado por algún otro interviniente--, han estado operativos en diversas coyunturas en nuestro país a lo largo de los últimos 25 años. En nuestra etapa de gobierno ha habido programas similares. Lo único que esperamos sinceramente es que en esta coyuntura, en este nuevo marco del pacto social realizado entre trabajadores y empresarios , cuando pase el tiempo suficiente y podamos hacer balance de estas medidas, nos encontremos con un resultado espléndido. Los socialistas deseamos fervientemente que tenga éxito, aunque no debemos engañarnos. Sabemos que la historia y la doctrina más relevante se muestran más bien escépticas en que no el resultado estadítico, que puede ser espléndido, sino el resultado real colme las ambiciones de los redactores del Decreto-ley. Pero el Partido Socialista quiere apostar hoy por el optimismo de la voluntad de los promotores. Por tanto, nuestro apoyo a esta iniciativa del Ministerio de Trabajo. Además, señor Ministro, tampoco queremos negarle la oportunidad de que usted también --lo tuvieron todos sus antecesores en el cargo-- tenga su programa de fomento del empleo, deseando que sea exitoso.
Dicho esto, que es lo sustancial del debate de la mañana, la fundamentación del apoyo positivo a la convalidación por el Grupo Parlamentario Socialista, al mismo tiempo que solicito a la Presidencia de la Cámara que este Decreto-ley se tramite como proyecto de ley, queremos decirle que nuestro apoyo no puede ser interpretado como un cheque en blando a todos y cada uno de los preceptos. Algunos diputados ya han hecho referencia a cuestiones que, desde nuestro punto de vista, están necesitadas de mejores definiciones, quizás otros preceptos de algunas cautelas adicionales y algunos, a los que presentaremos las enmiendas correspondientes, de unos enfoques más selectivos. En

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este sentido, quisiera sumarme a las preocupaciones que ha expresado, por ejemplo, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Entre las preocupaciones que suscita el Decreto, debemos encontrar e imaginar vías que cierren la posibilidad a una competencia desleal, que puede producirse entre empresas que ahora contraten con bajo coste a trabajadores de alta cualificación y originar situaciones de dificultad para empresas de los mismos ramos, de las mismas actividades que, en cambio, tienen plantillas antiguas, con mayores costes. Si no vigilamos atentamente y no hacemos un esfuerzo adicional en los preceptos, tal y como los presenta hoy el proyecto del Gobierno, podrían tener dificultades añadidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cercas, le ruego vaya concluyendo.


El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente. En treinta segundos termino. Digo que puede tranquilizarse su señoría porque nuestras enmiendas son plenamente congruentes con lo que dicen las recomendaciones de la Unión Europea, el Libro Blanco de Delors y con lo que ya convinimos en la Cámara cuando discutimos el Pacto de Toledo.
Nosotros pensamos que, dado que son recursos que provienen de la fiscalidad general, lo lógico sería concitar el mayor volumen de estas bonificaciones hacia aquellos colectivos que tienen especial dificultad en la búsqueda y en el encuentro del puesto de trabajo, porque dedicar recursos públicos a quienes no tienen dificultades sería un despilfarro.
Concluyo, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente este real decreto-ley con la esperanza de que ayude a la creación de más empleo y de mejor calidad y bajo la premisa de que la mayoría gubernamental, el Gobierno de la nación, hará honor a su compromiso de que la financiación de estas medidas no va a suponer ninguna dificultad adicional al equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social ni va a frenar el desarrollo de otros programas de políticas activas del Inem. Si no fuera así, señor Ministro, y yo espero que esta eventualidad no se produzca, lo que hoy es motivo de consenso entre Gobierno y oposición lamentablemente se convertiría en denuncia y en una oposición sería y dura en el sentido de exigirles el fiel cumplimiento del compromiso que usted ha asumido esta mañana.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cercas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, continuamos el debate iniciado esta mañana con la convalidación de un real decreto, que ya ha sido presentado por el Ministro, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, y que es la prueba evidente de que este Gobierno cree que la inversión en el empleo es la mejor inversión posible.
Este real decreto, al igual que el anterior, durante su tramitación fue consultado con los agentes sociales, los cuales manifestaron en la Cámara como una fórmula adecuada la plasmada en el mismo, así como también los grupos parlamentarios, que hoy han dado su opinión de manera formal y que lo hicieron previamente a la presentación, elevación y aprobación del real decreto.
Con esta norma se derogan los anteriores incentivos a la contratación temporal, lo que de hecho, señor Vázquez, ya supone una penalización a esa contratación temporal, tal como estaba definida antes de la reforma laboral que hoy aprobamos. Es un real decreto que apoya de forma decidida a las pymes, porque estamos de acuerdo con el señor Homs en que son las pymes el elemento dinamizador de la creación de empleo en este país y que, por tanto, son estas empresas las que favorecen la creación de empleo. Es un real decreto que impulsa el nuevo contrato indefinido, eje básico del anterior real decreto y de la reforma laboral en su conjunto, y que también favorece la transformación de contratos temporales en indefinidos. Eso es, señor Vaquero, lo que pretenden, en definitiva, determinadas bonificaciones que se contemplan en esta norma.
Además, es un real decreto que no es neutral porque interviene de forma decidida entre determinados grupos de trabajadores. Interviene con los mayores de cuarenta y cinco años, entre los que la situación de desempleo acaba convirtiéndose indudablemente en un drama trágico para muchos de ellos. Interviene también con bonificaciones de hasta el 60 por ciento en sectores en los que la mujer está subrepresentada, con los parados menores de treinta años y aquellos otros que llevan en paro más de un año y tiene ventajas muy especiales para los minusválidos en subvenciones y en bonificaciones. También establece garantías. La primera garantía es su duración limitada en la mayoría de los casos a los 24 meses; garantías en cuanto que no afecta al presupuesto y estabilidad del sistema de la Seguridad Social, y ya se ha comprometido en esta Cámara y en este mismo momento en señor Ministro a que no sea así en la presentación de este real decreto; garantías porque no afecta tampoco a las políticas activas del Inem, aun cuando yo creo que la mejor política activa es precisamente la que va a favorecer la creación de estos puestos de trabajo, y además establece garantías de anclaje en el artículo 4 del real decreto para imposibilitar

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la sustitución de trabajadores que tenían antiguos contratos.
También la financiación ha sido definida claramente, señor Vaquero, por el propio señor Ministro. La financiación este año vendrá definida por el menor gasto en subvenciones y el menor gasto en desempleo, no por la menor cobertura en desempleo, como están demostrando las cifras, que nos dicen que este año se está incrementando la cobertura del desempleo hasta en un punto y medio por encima de lo que fue el año pasado, alcanzando un total del 51,7 por ciento, y que en el próximo año estas aportaciones vendrán, además de por estas dos medidas, por una aportación decidida del Estado al sistema y de apoyo al real decreto.
Señorías, la mejor política social es indudablemente la política que crea empleo, y el empleo es la base fundamental para tener políticas de solidaridad en España o en cualquier otro país. En España creemos que existe margen para crear más empleo y de más calidad, y ésa es la base de estos dos reales decretos que aprobamos hoy. Esta reforma laboral, a nuestro juicio, va a intervenir de forma positiva en nuestra economía, estimulando la demanda interna, como lo ha manifestado ya el propio Consejo Económico y Social, y para eso, señorías, el Gobierno, además, ha establecido un marco con una política económica adecuada; una política económica rigurosa y acertada, de liberalización y de reformas; una política económica que está facilitando el control del déficit y la reducción del gasto público; una política económica, señorías, que ha posibilitado reducir los tipos de interés hasta medidas y datos históricos y que también ha permitido la contención de la inflación hasta el 1,7 por ciento.
Estamos viviendo, señorías, una situación de estabilidad política, económica y social, y eso se está traduciendo en estos momentos en una mejora de los ingresos de la familia, en una reducción de la conflictividad social y en mayores prestaciones sociales. Eso está suponiendo en estos momentos una reducción clara del desempleo, que ha sido puesta en evidencia a lo largo de este último año, y que, según ha declarado el propio señor Ministro y el Presidente del Gobierno, en el mes de mayo va a suponer la disminución por encima de los 50.000 parados.
Además, estamos teniendo un récord en afiliaciones en la Seguridad Social y, como he dicho antes, eso es compatible perfectamente con una ampliación en la cobertura del desempleo.
Para finalizar, quiero decirles lo siguiente. Alonso Olea, decano de los catedráticos en Derecho laboral durante muchos años, decía que es la aplicación del Derecho lo que establece el puente entre la norma y la realidad normada, entre quienes regulan y lo que se quiere regular; cómo se produzca esta integración es algo de fenomenal trascendencia, pues de lo que ocurra y de la forma en que ocurra depende el que la realidad encuentre en la norma el cauce por el que tiene que discurrir sin tener que desbordar.
Es obvio, señorías, que la reforma de 1994 desbordó por su abuso en algunas modalidades de contratación. Creemos que esta reforma laboral, reforzada y basada en estos dos reales decretos, encauza de forma adecuada la creación de empleo en este país, la lucha contra la precarización y el combate contra el desempleo juvenil. En definitiva, el que estas dos medidas circulen por el cauce adecuado es lo que desea mi grupo parlamentario, lo que desea el Gobierno y lo que creo que desean todos los españoles.
Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernando.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación sobre la convalidación o derogación del real decreto-ley debatido, quiero anunciarles que, al tratarse el siguiente punto del orden del día de un proyecto de ley orgánica que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la votación de esta naturaleza no se producirá antes de la una de la tarde.
Vamos a proceder a la votación de la convalidación o derogación del decreto-ley. Luego les rogaría unos segundos más para aprobar algunos acuerdos por asentimiento, en su caso, sobre tramitaciones directas y en lectura única de proyectos y proposiciones de ley.
Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y de la estabilidad en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 302; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley debatido.
(Aplausos.) Algunos grupos parlamentarios han solicitado la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado. En consecuencia, lo sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno la tramitación como proyecto de ley.


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PETICION DE AUTORIZACION PARA LA TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA:

--PROYECTOS DE LEY DE MODIFICACION DEL REGIMEN DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO Y DE FIJACION DEL ALCANCE Y CONDICIONES DE DICHA CESION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ARAGON, ASTURIAS, ISLAS BALEARES, CANARIAS, CANTABRIA, CASTILLA Y LEON, GENERALITAT DE CATALUÑA, GALICIA, MADRID, MURCIA, LA RIOJA, Y COMUNIDAD VALENCIANA (Números de expedientes del 121/000041 a 121/000052)

El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha considerado la conveniencia de someter a la aprobación del Pleno la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de modificación del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón y de los restantes proyectos de ley sobre la misma materia, que afectan a las comunidades autónomas de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Generalitat de Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.


--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA LA METODOLOGIA DE DETERMINACION DEL CUPO DEL PAIS VASCO PARA EL QUINQUENIO 1997-2001 (Número de expediente 121/000065)

El señor PRESIDENTE: De la misma manera, el proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001, su tramitación directa y en lectura única.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL CONCIERTO ECONOMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (Número de expediente 121/000064)

El señor PRESIDENTE: También de la misma forma, el proyecto de ley, conexo con el anterior, por el que se aprueba la modificación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.
--PROPOSICION DE LEY PARA LA INCLUSION DE LA VARIANTE DE PAJARES EN EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (Número de expediente 125/000006)

El señor PRESIDENTE: Finalmente, la proposición de ley para la inclusión de la variante de Pajares en el Plan Director de Infraestructuras, también para su tramitación directa y en lectura única.
¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente 121/000012)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, vamos a dar comienzo al debate sobre el dictamen de la Comisión relativo al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para defender las enmiendas que ha mantenido para este trámite, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
De la relación de enmiendas que Coalición Canaria notificó a la Mesa que mantenía vivas para este trámite de Pleno, quiero anunciar la retirada de las números 22, 24, 29, 30, 32, 90, 91, 93 y 97. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías, guarden silencio.
Señor Mardones, ha retirado la enmienda número 29 y no consta a esta Presidencia que fuera mantenida. ¿Se refiere quizá a la 28?

El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, la enmienda número 29 fue notificada en su momento a la Mesa y después, por otro escrito, retirada, pero por un error mecanográfico. Por si esta enmienda figurase en los servicios de la Cámara como viva, ratifico aquí que está retirada.
Paso a defender sucintamente, primero, las enmiendas números 19 y 20. La enmienda número 19 se refiere

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a aquellos posibles justiciables o partes en un pleito que indebidamente hayan sido excluidos del mismo, bien por no notificación, bien por otro defecto procesal o procedimental y, que, por tanto, indebidamente, repito, no han sido parte en el proceso y necesitan una oportunidad de defensa mediante audiencia en el incidente. La enmienda número 20 está en la misma línea, ya que se refiere a los recursos del juzgado o tribunal que haya dictado sentencia o resolución; que se diga que no es susceptible de recurso ordinario o extraordinario. Nosotros creemos que el que esta precisión figurase en el texto del proyecto daría más seguridad jurídica.
La número 28 es una enmienda a la que Coalición Canaria da máxima importancia. Se refiere a eso que en la opinión pública se ha llamado la contaminación de jueces o magistrados que hayan ido a procesos electorales figurando en listas. (Rumores.) En el proyecto se aplica una penalización en su carrera profesional, dándose a veces circunstancias tan esperpénticas como que figurando en una lista electoral y en último lugar, en un lugar en que estadísticamente es seguro que no sale elegido para el cargo de representación de diputado...
No me oigo, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, guarden silencio, por favor.
Puede continuar, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Es decir, por circunstancias a veces tan peculiares como la de figurar en los últimos lugares de una lista electoral y no salir elegido, por ese mero hecho, sin haber ostentado cargo en cámara parlamentaria de cualquiera de los niveles o en representación electoral, municipal, insular o parlamentaria, se es objeto de una penalización profesional y específica.
Las enmiendas números 88 y 89, señor Presidente, se refieren al ámbito de magistrados del Tribunal Supremo. En la enmienda número 88, dado que estamos regulando una magistratura del Tribunal Supremo como magistratura de ejercicio, entendemos que habría que producir una modificación de la Ley Orgánica 6/ 1985, del Poder Judicial, y la salida correlativa de un estatuto específico para los magistrados de ese Tribunal Supremo. Además, la enmienda número 89 también está en esa línea de buscar una representatividad, y si se hace dentro del estatuto específico de los magistrados del Tribunal Supremo que proponemos, será a los efectos de oir el informe no vinculante de la sala donde se produzca la vacante.
Esto o va aquí en el texto del proyecto de ley o va un estatuto específico.
Es importante que mantengamos estas dos enmiendas, señor Presidente, junto con la número 92, porque traen causa de la enmienda número 101, que mantenemos, con las correspondientes modificaciones que ya sufrió en parte en el trámite de Comisión, sobre la especificación en el texto de la ley del rango o cuantificación de las remuneraciones de los miembros del Tribunal Supremo. Porque si bien estamos regulando aquí una materia del Consejo General del Poder Judicial, también afecta a aquellas otras altas instancias constitucionales como el Tribunal Constitucional en primer lugar, después el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y la institución del Defensor del Pueblo. Y es necesario, por dignificación, por adecuación, por lo que contribuye no sólo a su especial responsabilidad de ejercicio profesional y de magistratura de ejercicio, una remuneración armónica, digna y acorde con este principio, sin que haya intencionalidad por nuestra parte de generar ningún agravio comparativo ni con la alta magistratura del Tribunal Constitucional ni con las otras instancias orgánicas constitucionales que he citado; sólo hay un reconocimiento de méritos propios no comparativos, ya que ninguna de esas partes lo aceptaría.
Por esta razón, nuestra enmienda 101 permite el enganche con lo que acabo de decir sobre las competencias de los magistrados del Tribunal Supremo relacionadas con nuestras enmiendas 88, 89 y 92.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano para defender sus enmiendas.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Me va a permitir S. S. que en este último tramo, y en lo que se refiere a este proyecto de ley, además de mantener para que sean objeto de votación las enmiendas números 33, 34, 35 y 36 que tienen como motivo la eliminación del texto o supresión de los artículos primero, segundo, tercero y cuarto, y que quede retirada, por si no consta así en los antecedentes que obran en poder de S. S., la enmienda 37, haga una valoración final de lo que este proyecto de ley supone para nuestro Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Es evidente que se han hecho esfuerzos denodados por parte de todos y cada uno de los grupos parlamentarios por tratar de reencauzar y de corregir este proyecto de ley pero, lamentablemente, esos buenos intentos y esfuerzos no se han visto premiados con el éxito. Persiste, a nuestro juicio de forma realmente equivocada, la introducción de un incidente de nulidad de actuaciones y de una forma claramente contradictoria, porque si bien en el número 3 de dicho artículo primero se dice que no se admitirá el incidente de nulidad, a continuación en el párrafo siguiente dice: «Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado

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o Tribunal»... Debe ser un modelo de congruencia legislativa declarar que no existe el incidente para, al final, acabar regulando el incidente, y también debe ser un modelo de congruencia legislativa en un asunto ya de por sí bastante criticable, por si fuera poco, que se pueda declarar la nulidad de actuaciones de sentencias firmes y hasta ejecutadas se hable, entre otras causas, ya no sólo de la indefensión, que podía tener si quieren ustedes alguna explicación, sino que, además, se añada ahora la incongruencia del fallo, que para cualquiera que tenga un mínimum de experiencia forense sabe que es un auténtico cajón de sastre para poder mantener los correspondientes recursos ante otros tribunales.
Sinceramente, este artículo primero (repito que ponemos de manifiesto y resaltamos la buena fe de todos los que han querido enmendarlo) es un artículo que no tiene otra razón de ser que tratar de evitar determinados recursos de amparo, y va a dar la casualidad de que como no se dice que quien utilice este recurso extraordinario ya no podrá acudir al recurso de amparo, se utilizará el recurso extraordinario, se utilizará el recurso de amparo, y seguiremos exactamente igual. Es posible que habiendo utilizado el recurso extraordinario, cuando se llegue al Tribunal Constitucional la sala tenga ya algún motivo para rechazarlo de plano, pero el intento se va a producir, lo que se llama la dilación en la tramitación del proceso se va a agudizar, y si nos preocupa muchísimo preservar el principio de la indefensión y el de tutela judicial efectiva, nos debía preocupar tanto o más el juicio rápido, sin dilaciones indebidas, y esto es abrir el portillo de forma total para que nadie se conforme con las sentencias, incluso durante cinco años después de haber sido pronunciadas y alegando que el conocimiento de cualquier clase de defectos acaba de ser de orden inmediato se vuelvan a reanudar los procedimientos ya archivados ante los mismos juzgados y tribunales.
Sinceramente, si se piensa con un poco de seriedad, por salir de Málaga --perdonen ustedes la expresión coloquial-- se cae en Malagón. Como el tiempo nos va a acabar dando la razón --y deseamos a todos ustedes larga vida y feliz ventura-- algún día tendrán que soportar que este portavoz o cualquier otro portavoz de Izquierda Unida, porque uno no tiene vocación de perpetuidad, les recuerde a ustedes que fueron advertidos, pero están en una situación de cierto empecinamiento.
No digamos en lo que se refiere a la segunda parte de este proyecto de ley, que por llamarlo por su verdadero nombre y por no utilizar eufemismos, no regula las situaciones administrativas de los jueces y magistrados, sino que establece la discriminación política sobre aquellos jueces y magistrados que tengan la menor tentación de participar en la vida política. Persiste una actitud absolutamente discriminatoria, sobre todo absolutamente innecesaria y que, además, no conduce a nada. Repito lo que dije en la enmienda de totalidad, si la cámara de descomprensión de cualquier contaminación política de aquel que haya sido cargo político o de quien haya pasado por unas cámaras bien sean éstas, las autonómicas o municipales, es de tres años, yo quiero que me expliquen por qué no es de cuatro o por qué no es de dos. ¿Es que tienen ustedes un termómetro especial para medir el grado de intoxicación como si estuviéramos tratando de la investigación de una central nuclear que nos dice que pasado cierto tiempo es evidente que han desaparecido toda clase de posibles peligros en lo que se refiere a circular por aquel ambiente? No tiene ninguna sensatez; es más, esto es una especie de retórica con la cual en alguna medida y de forma bastante despectiva por quienes impulsan este proyecto, se quiere reforzar una imparcialidad que nosotros, desde este grupo parlamentario, jamás hemos puesto en duda en ningún juez o magistrado por el simple hecho de que se haya sentado en estos bancos o en algunos similares. Nos parecería mucho más correcto --nos referimos al Gobierno y al grupo que lo soporta-- que, hablando de procesos de descontaminación, a lo mejor los tomáramos no con aquellos que participan en la política sino con quienes se ocuparen de algún consejo de administración o presidan alguna compañía multinacional. Se puede dar el caso de que algunos magistrados, por sus conocimientos jurídicos, sean fichados para dedicarse a gestionar intereses absolutamente legítimos y luego quieran volver a la carrera. Eso no les va a producir la menor contaminación.
Además, subsiste la enorme incongruencia de que aquel juez o magistado, por el simple hecho de ser candidato y sin llegar a ser elegido, tenga que soportar esta situación de excedencia forzosa, sin embargo no se ve privado de ninguna clase de emolumentos, con lo cual están ustedes incitando a que aquellos magistrados y jueces en los que no se dé lo que se llamaba en tiempos de don Antonio Hernández Gil la acuciosidad laboral, se apunten rápidamente a figurar en los últimos puestos de la lista y, durante esos tres años de excedencia forzosa, además de percibir el sueldo, sin el complemento correspondiente, puedan recibir otros emolumentos. Sigue siendo un auténtico disparate.
Disparate es, y modelo de falta de concreción jurídica, que a las causas de recusación que ya teníamos, que a nuestro juicio eran bastantes teniendo todas ellas un carácter bastante objetivo, se añada una tan absolutamente inconcreta como haber podido formar criterio, con detrimento de la debida imparcialidad sobre el objeto del pleito o causa, las partes, sus representantes y asesores. ¿Cómo medimos que se ha formado criterio? Para medir si se ha formado criterio, necesitaremos de algún acto manifiestamente visible y, en cuanto el acto sea manifiestamente visible, no nos hará falta para nada esta causa duodécima, porque efectivamente podremos aplicar la amistad o enemistad

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manifiesta o el interés en el pleito. Sinceramente, no sé a qué creen ustedes que va a conducir esta causa de recusación que no sea efectivamente para que, en algunos supuestos y aprovechando cualquier circunstancia, después de haberse reincorporado el juez o magistrado y llevando a lo mejor mucho tiempo ejerciendo la profesión, cogiendo un poco el rábano por las hojas, alguien pueda alegar dicha causa con tal de dilatar el procedimiento.
Aquí acababa el proyecto de ley que nos remitió el Ministerio de Justicia. Como consecuencia de la introducción de ciertas enmiendas para legislar sobre un presunto estatuto del Tribunal Supremo, el proyecto de ley se ha visto completado por ese intento de estatuto del Tribunal Supremo y por algunas disposiciones que afectan a los señores secretarios judiciales y otras que quedan pendientes sobre agentes y auxiliares de la Administración de Justicia.
Es evidente que nosotros no estamos, bajo ningún concepto, en contra de que haya un auténtico estatuto del Tribunal Supremo y nos parece de enorme importancia que los magistrados del Tribunal Supremo sean remunerados con arreglo a ese severo régimen de incompatibilidades que se les impone para que efectivamente presten su servicio al Estado de la mejor manera posible. Sinceramente, esto no es un estatuto del Tribunal Supremo; esto será, añadiéndole un articulito por delante y poniéndole otro articulito por detrás, un intento bienintencionado de corregir una situación que puede resultar injusta en lo que se refiere a las remuneraciones de los señores magistrados del Tribunal Supremo, y no es un estatuto del Tribunal Supremo porque aquí hay lagunas (y esta llamada de atención la hacemos al ministerio para que en su día por lo menos nos remita algún proyecto complementario que pueda cubrir este vacío legislativo) en cuanto a un estatuto del Tribunal Supremo que son sinceramente preocupantes, querida señora Ministra, y es el tema de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo, que con arreglo a este proyecto es evidente que van a recibir en su día las mismas remuneraciones, pero se da en ellos una circunstancia muy especial, y es que una de las características esenciales de la función, la inamovilidad, no la tienen, son magistrados jubilados del Tribunal Supremo a los que se repesca --perdone usted la expresión coloquial-- para que actúen de suplentes, dependientes del Consejo General del Poder Judicial y que reciben un nombramiento por un año. Ya que son ustedes tan suspicaces con los magistrados que se puedan dedicar a la política sean un poco suspicaces con aquellos magistrados suplentes que a lo mejor están más pendientes de los deseos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de quien depende la renovación de su nombramiento, que de otros temas, y que además, qué casualidad, suelen aparecer en determinados pleitos, cuando llega el momento de la composición de las salas, sustituyendo a magistrados de pleno ejercicio y descomponiendo por completo una de las principales garantías que debe tener la Administración de justicia, que si en el juez predeterminado por la ley, en el juez unipersonal, está perfectamente clara, tiene que estar en la sala predeterminada por la ley y no en salas formadas ocasionalmente con algún que otro juez sustituto según convenga la ocasión. Eso debía venir en este estatuto del Tribunal Supremo, y no viene; por tanto, queremos llamar la atención para que por lo menos se corrija.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Castellano, por favor, vaya concluyendo.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor Presidente.
Nada tenemos que decir sobre solucionar problemas que afectaban a los secretarios y a los auxiliares y agentes judiciales.
Tenemos que hacer, como es lógico y natural en este último turno, un balance global. Repito que valoramos los esfuerzos que se han hecho para tratar de enmendar muchas cosas de este proyecto que al final no hemos logrado enmendar. Haciendo este balance global advertimos ya a la Cámara que, aunque haya en él algunos datos positivos y algunos elementos que nos parecen aceptables, como tenemos que votarlo en su totalidad, este proyecto de ley no va a gozar de nuestro voto positivo; al contrario, el voto de este grupo parlamentario será un voto en contra del proyecto de ley orgánica que sinceramente puede ser calificado de un parche ocasional, oportunista, discriminador, con evidentes presiones corporativistas, contradictorio y entorpecedor de lo que es la Administración de justicia.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Castellano.
Para defender las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER I PRESA: Señor Presidente, señoras y señores diputados, por las intervenciones de los demás grupos que mantienen enmiendas vivas, ya está claro que nos encontramos ante un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que modifica aspectos muy variados, aspectos enormemente variados de la ley y aspectos en absoluto relacionados entre sí, concretamente tres grandes temas: nulidad de actuaciones, situaciones administrativas de jueces y magistrados y el nuevo estatuto especial, llamémoslo así, de los magistrados del Tribunal Supremo.
Es por ello, señor Presidente, que la posición de mi grupo respecto al dictamen en su conjunto no puede expresarse con los criterios habituales a favor o en contra, porque la realidad es que, dada la heterogeneidad

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del proyecto (y no lo digo en sentido peyorativo, ni mucho menos, porque en gran medida las enmiendas de mi grupo creo han contribuido a ella), mi grupo respecto a algunos aspectos del dictamen está bastante de acuerdo o relativamente de acuerdo y, en cambio, respecto a otros aspectos del dictamen, yo diría sobre el núcleo del mismo, está totalmente en desacuerdo. Comenzaré por los primeros, que son los más fáciles de explicar, y después me referiré a los segundos.
Para empezar, artículo primero, introducción del incidente de nulidad de actuaciones. Debo reconocer, señor Presidente, que en este aspecto los trabajos de Ponencia y posteriormente de Comisión han mejorado sensiblemente el contenido del proyecto, porque se han introducido unas cautelas, la mayoría de las cuales ya venían anunciadas en el informe del Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido, debo decir en este momento que mi grupo retira la enmienda número 48 que se mantenía a este aspecto. No significa que nos acabe de gustar el texto del dictamen, por supuesto que no; nos parece todavía insuficiente y, sobre todo, esperamos que la aprobación de esta nueva regulación del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no constituya una excusa por parte del Gobierno para dejar de enviar lo que todos esperamos, que es la ley que desarrolle definitivamente el artículo 53.2 de la Constitución. Todos sabemos, señor Presidente, que al respecto hay un procedimiento preferente y sumario para la protección de leyes fundamentales cuando la vulneración procede de las administraciones públicas, pero en cambio cuando la vulneración procede de un órgano judicial, no hay todavía procedimiento preferente y sumario. En este aspecto, señor Presidente, es importante regular esta cuestión. Por tanto, repito, retiramos nuestra enmienda 48 y en la parte correspondiente del dictamen nos abstendremos porque, aunque reconocemos las mejoras que se han realizado, no acaba de convencernos definitivamente su contenido.
Respecto al artículo quinto, nuevo estatuto especial de los magistrados del Tribunal Supremo, llamémosle así, mi grupo también debe reconocer que se han realizado mejoras sustanciales, porque en este asunto el proyecto no decía absolutamente nada. Fue gracias a las enmiendas que presentamos diferentes grupos parlamentarios como finalmente se ha conseguido llegar a un acuerdo, primero en ponencia y luego en Comisión, que para nosotros es relativamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque lo que básicamente pretendíamos aparece en el texto del dictamen.
Está claro que la magistratura del Tribunal Supremo queda configurada como una magistratura de ejercicio; el nuevo artículo 299 deja muy claro que solamente se adquirirá la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, que es diferente a la magistrado, cuando efectivamente se pase a ejercer funciones jurisdiccionales en dicho tribunal y, sensu contrario, también se dice que cuando se dejen de ejercer esas funciones por pasar a excedencia voluntaria o forzosa, por desempeñar cualesquiera otras funciones públicas o privadas obviamente se pierde esa categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Además se establece un nuevo régimen de incompatibilidades, bastante más estricto del que había actualmente, y, como consecuencia de esos cambios, obviamente también se regula de manera mucho más completa el régimen de las retribuciones.
Por supuesto, no es todo lo que nosotros deseábamos, nuestras enmiendas iban mucho más allá, y sigo pensando que la redacción del artículo 348, y en esto estoy de acuerdo con la nota que nos pasaron los servicios de la Cámara, no acaba de estar bien argumentada. Hay algunos aspectos de cierta ambigüedad; creo que en trámites posteriores tendremos ocasión de poder aclarar estos aspectos.
Por tanto, señor Presidente, anuncio en este momento que mi grupo retira todas las enmiendas que mantenemos a este artículo quinto, que son concretamente de la 57 a la 64, ambas inclusive --la 65 ya se había retirado en Comisión--, y la 71. Todas ellas quedan retiradas en este momento y mi grupo votará obviamente a favor del artículo quinto del dictamen.
A partir de aquí, ya no puedo continuar con este tono positivo; por el contrario, mi grupo debe expresar su más completo desacuerdo, su más radical oposición a la regulación que se hace en los artículos segundo y cuarto --sobre todo en el artículo segundo-- de las situaciones administrativas de jueces y magistrados que optan por ejercer el derecho fundamental del sufragio pasivo o por ocupar cargos políticos o de confianza, que además es --ya se ha dicho aquí-- el núcleo central del proyecto. Todo lo demás eran aspectos colaterales o aspectos que se han añadido durante la tramitación parlamentaria; el núcleo central del proyecto era y sigue siendo este aspecto.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero decir que nuestra oposición radical a esta regulación no significa que no estemos de acuerdo con los objetivos que el proyecto dice pretender. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con todo aquello que signifique incrementar al máximo, defender al máximo la independencia y la imparcialidad de jueces y magistrados? Por supuesto que sí. Y también estamos de acuerdo, naturalmente, en las líneas que propone el proyecto, que son básicamente dos. Por una parte, regulación de la situación administrativa en que pueden quedar estos jueces y magistrados y, por otra, una nueva regulación de las causas de excepción de esta situación. Estamos de acuerdo en que éstas eran las líneas de actuación, por supuesto; pero en lo que no podemos coincidir es en los medios concretos que se utilizan para alcanzar estos fines. Estamos plenamente de acuerdo con los fines, estamos plenamente de acuerdo con el camino, pero en absoluto estamos de acuerdo con los medios

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que se utilizan. Por lo que se refiere a las situaciones administrativas nos parece que es una regulación totalmente desproporcionada e inadecuada. Los tres años de excedencia forzosa --ya se ha dicho aquí por parte de los dos diputados intervinientes-- nos parecen un disparate; los consideramos no solamente desproporcionados, sino que además no sirven para conseguir lo que se pretende, no sirven para alcanzar una mayor independencia o imparcialidad del juez o magistrado que está en esta situación. Por tanto, no servirán para los fines que se pretenden.
Respecto al segundo caso, aunque reconocemos el avance importante que significa el proyecto en la nueva regulación de los artículos 219 y 220 de la Ley orgánica, nos parece que aquí, en cambio, el proyecto se queda corto: es insuficiente y por eso mantenemos nuestras enmiendas.
Respecto al primer caso, es decir las situaciones administrativas de jueces o magistrados que han optado por la política --por decirlo brevemente--, ¿por qué consideramos que es una solución desproporcionada? Pues bien, señor Presidente, no es porque no reconozcamos que la regulación actual tiene imperfecciones; seguramente las tiene. Nosotros hemos reflexionado sobre este tema a lo largo de estos meses, incluso en las últimas semanas, y llegamos a la conclusión de que es cierto que el régimen de servicios especiales que hay actualmente quizá es excesivo y, por tanto, el proyecto hace bien en limitarlo a una serie de casos cuyo número ya es mucho más reducido. Consecuentemente, señor Presidente, en este sentido, vamos a retirar nuestras enmiendas números 47, 49, 50, 51 y 55. Ahora bien, en absoluto podemos estar de acuerdo con la solución que consiste en decir: en primer lugar, excedencia voluntaria y, luego, tres años de excedencia forzosa. Aquí ya se han dado muchos argumentos y yo me sumo, en gran medida, a todo lo que ha dicho el señor Diputado que representaba a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el señor Mardones cuando se han opuesto también a esta solución. Nos parece disparatada, nos parece injusta, nos parece discriminatoria y, además, nos parece inútil, porque no va a servir para lo que se pretende. Nos parece inútil por una razón muy sencilla, señor Presidente. La situación de excedencia forzosa que se exige para estos jueces y magistrados estaba y está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial --artículo 356-- como una situación absolutamente excepcional, una situación que solamente se produce en casos muy excepcionales y que dura períodos de tiempo muy cortos. Por eso la Ley Orgánica del Poder Judicial --incluso después de esta reforma-- mantiene que la excedencia forzosa significa que no están en activo --por supuesto-- y, además, significa que siguen percibiendo todos sus derechos económicos, con lo cual --ya se ha dicho por parte del señor Castellano-- nos encontramos con una absoluta incongruencia. ¿Por qué? Porque durante estos tres años, ¿de qué se van a descontaminar estos jueces o magistrados? Estarán percibiendo sus remuneraciones, sus derechos económicos íntegros --quizás no el de complemento de destino, pero sí todos los demás-- y además, como no están en activo, podrán hacer lo que quieran y deseen siempre que no esté prohibido expresamente por la ley. Podrán realizar actividades privadas, podrán asesorar bufetes de abogados, asesorías, consulting, lo que se quieran. Esto lo dije en Comisión y lo mantengo ahora. Como el artículo 127 de la Constitución solamente prohíbe la militancia en partidos políticos a los jueces en activo, aquellos que no estén en activo sí podrán realizar esta militancia, con lo cual incluso la perspectiva del proyecto que es por así decirlo establecer un plazo de carencia, de descomprensión --se ha dicho aquí--, de tres años entre el período del compromiso político y el período de vuelta, no se consigue, porque en estos tres años no hay nada que impida a estos jueces y magistrados que están en excedencia forzosa seguir teniendo el compromiso político, no de cargo público, pero si de militancia. Creo que estamos ante una contradicción completa y absoluta en sus términos.
La fórmula que planteamos en nuestras enmiendas números 52, 53 y 54, es mucho más lógica. Nosotros estamos de acuerdo con lo que propuso en su informe el Consejo General del Poder Judicial, pero no quiero insistir en esto porque va a parecer que solamente hacemos lo que dice el Consejo, y no es verdad, la propuesta nos parece muy lógica y es que estos jueces o magistrados se acojan a la excedencia voluntaria, que ya es una discriminación respecto a otros funcionarios, porque al ser voluntaria significa que no hay reserva de plaza y significa que no tienen ningún tipo de derechos económicos, pasivos ni nada más, porque los jueces y magistrados no son como cualquier otro funcionario, y una vez cesado en el cargo o si no salen elegidos, que se reincorporen, pero que no se reincorporen a la plaza que tenían antes, sino a aquella que decida el Consejo General y que no plantee problemas para su independencia e imparcialidad en función del puesto que habían tenido anteriormente.
Creo, señor Presidente, que nuestra propuesta es mucho más moderada, mucho más proporcionada, consigue exactamente igual los fines que se proponen y, sin embargo, no es tan gravosa para el ejercicio de lo que, al fin y al cabo, es un derecho fundamental, el establecido en el artículo 23 de la Constitución.
Finalmente, señor Presidente, nuestra enmienda 56, al artículo cuarto, la mantenemos aunque reconozcamos el avance que supone el proyecto. La mantenemos, fundamentalmente por dos aspectos. Nos parece que la causa de abstención o recusación, que actualmente es conocida por la clásica expresión de amistad íntima o enemistad manifiesta, debe hacerse extensiva no solamente a las partes, sino también a sus representantes, abogados o asesores. Cualquier persona que tenga experiencia judicial --y yo no la tengo-- se da

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cuenta que un gran problema para la imparcialidad del juez no es tanto la amistad o enemistad con las partes como con sus representantes o asesores.
En segundo lugar, nosotros pretendemos que se establezca una nueva redacción de la causa duodécima, en virtud de la cual se tenga en cuenta también como causa de excepción o recusación, que el juez o magistrado en cuestión haya realizado una intervención directa en el debate público, emitiendo opiniones sobre el objeto de la controversia, o sobre sus representantes o asesores, que puedan afectar al sentido de su resolución.
Señor Presidente, concluyo diciendo que nuestra enmienda número 66 ha sido aceptada solamente en parte y nosotros la mantenemos en lo que se refiere a los artículos 492 y 493, a los que se ha referido aquí el señor Castellano, es decir, en lo relativo a los funcionarios del cuerpo auxiliar y a los agentes judiciales. Retiramos de esta enmienda número 66 la parte que se refiere al artículo 478, secretarios judiciales, porque en este aspecto creemos que el dictamen nos da satisfacción.
Consecuentemente con lo anterior, retiramos las enmiendas números 69 y 71.
Esta es, señor Presidente, nuestra posición. Quiero terminar manifestando que mi grupo, de conformidad con lo que acabo de decir, reconoce que a lo largo de la tramitación parlamentaria se han realizado mejoras importantes en el proyecto, pero el núcleo central del mismo, el que se refiere básicamente al artículo segundo, sigue presentando una regulación absolutamente insuficiente, una regulación desproporcionada, con la cual no estamos de acuerdo y, por tanto, cuando se vote el dictamen, plantearemos la votación separada de los artículos correspondientes.
Queda finalmente, la votación de totalidad que plantea un problema importante a todos los grupos, porque ciertamente como he dicho al principio, en unos aspectos del proyecto estamos de acuerdo y en otros estamos en total desacuerdo. Nuestra única posibilidad es no votar a favor del proyecto, pero sí establecer una posición intermedia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Jover.
Para defender las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, quiero ante todo expresar en nombre del Grupo Popular, que apoya al Gobierno, nuestra satisfacción por el claro afán de colaboración que se ha ido respirando a lo largo de la prolongada reflexión sobre este proyecto de ley, y bastaría para constatarlo comparar los planteamientos que se hicieron aquí con motivo de la presentación de dos enmiendas a la totalidad y los que se han hecho hoy por esos mismos portavoces pasados unos meses. Por otra parte, el afán de colaboración ha llevado también a nuestro grupo a mostrarse especialmente receptivo para esas mejoras a las que ya se ha aludido en la intervención anterior.
En primer lugar, respecto al llamado incidente de nulidad de actuaciones, nos ha movido una doble preocupación: por una parte, la necesidad de descargar en lo posible un buen número de recursos de amparo que acaban llegando al Tribunal Constitucional como consecuencia de la efectiva existencia de una nulidad de actuaciones, como consecuencia de unos vicios que no han encontrado fórmula procesal alguna para ser reparados en el momento de ser advertidos cuando ya la sentencia o resolución no admitía ningún recurso.
El propio Consejo General del Poder Judicial, al que se ha aludido aquí, como suele ser tan habitual en los debates de justicia de esta Cámara, como es obvio, en varios de sus informes, año tras año, reclamó una regulación legal que abordara esta cuestión. Junto a esto, nos ha preocupado también sin duda la posibilidad de que se utilizara, como se ha dicho en alguna de las intervenciones anteriores, esta fórmula como un portillo dilatorio dentro del ya abigarrado campo procesal, y yo creo que hemos conseguido entre todos mejorar sin duda las previsiones del proyecto para lograr los objetivos que él nos marcaba. Por un lado, para evitar la utilización abusiva o dilatoria, se ha eliminado el brevísimo, por otra parte, trámite de vista que se preveía en el proyecto; por otro, se ha señalado un plazo límite para la presentación y la solicitud de este incidente de cinco años por equiparación al recurso de revisión.
Pensamos que con esto se regula de una manera satisfactoria esta cuestión.
En cuanto al artículo segundo, sin duda el más polémico, se ocupa, como ya ha quedado claro, de la situación de los jueces que vuelven de la política y, como consecuencia también, obviamente, de la situación de los jueces que se van a la política.
Yo creo que en este prolongado debate hemos ido poco a poco todos cobrando una dimensión más pragmática sobre la necesidad de poner fin a ese fácil deslizamiento de los jueces, como todos los demás funcionarios, hacia la actividad política, pero que en el caso de los jueces y fiscales, como la propia Constitución, previsión también constitucional, artículo 127.1, se ha preocupado de señalar, en el caso de los jueces y fiscales, que son unos funcionarios muy peculiares, que necesitan la confianza del ciudadano para su actuación, para el cumplimiento de su función y ésta depende claramente de una independencia no sólo subjetiva, que nadie tiene por qué poner en duda, sino a la vez aparente, objetiva, nos parecía fundamental el abordar esa cuestión.
Insistimos en que es esa independencia objetiva la que nos preocupa, y no deja de ser sintomático que se hayan retirado enmiendas precisamente argumentando en Comisión, como se ha hecho, que el clamor social

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es ya tal sobre esta cuestión que a determinados grupos no les ha costado ningún trabajo retirar esas enmiendas al constatar en qué medida el ciudadano se siente desasosegado al ver una mezcla entre quien tiene que hacer imparcialmente justicia y quien días antes ha tomado partido, legítimamente, en el ámbito de la contienda partidista y política.
Hemos llegado a una mayor precisión en los cargos que justificarían excepcionalmente el paso a servicios especiales, y hemos contemplado, como ya se ha dicho, una excedencia voluntaria que nos parece decisiva, puesto que el artículo 358 de la Ley Orgánica del Poder Judicial queda redactado de manera tal que, quienes están en esta excedencia voluntaria por el solo hecho de presentarse a unas elecciones, no devengarán retribuciones ni les será computado el tiempo que han permanecido en tal situación a efectos de ascensos o antigüedad. De todos es sabido que hay quien ha hecho carrera judicial desde cargos públicos en años muy recientes, y eso es algo que no tiene ningún sentido, que significa una auténtica prima para participar en la política.
Por otra parte, se mantiene también por tres años una excedencia forzosa.
Se ha dicho que por qué tres años y no dos o cuatro. Yo quiero recordar que, al igual que en el proceso la carga de la prueba la tiene el que acusa, en un debate parlamentario la carga de la prueba la tiene el que enmienda. Por tanto, que alguien nos explique por qué dos o por qué cuatro. Nosotros hemos propuesto tres, y la ventaja del proyecto es que no tiene por qué argumentarse. Tiene que ser el que enmienda el que explique que cuatro sería el módulo exacto y a lo mejor lo admitimos, pero han faltado argumentos y, rebus sic stantibus, nos quedamos como estábamos.
A mí lo que me parece curioso es la doble argumentación que se ha utilizado respecto a estas excedencias forzosas, que a este portavoz le deja en una gran perplejidad, porque no he llegado a entender bien si con esto estamos dando paso a una discriminación enormemente rechazable o, por el contrario, estamos dando una situación privilegiada que puede crear picaresca. Es algo que no acabo de entender. Por un lado, se nos dice que discriminamos al obligar a estar tres años apartado de la función judicial, pero, por otra parte, se nos dice que discriminamos con tal afecto, cariño y entusiasmo que la gente se va a apuntar. Entonces una de dos, este caso de discriminación inversa es un tanto curioso: o nosotros aquí lo que estamos haciendo torpemente es favorecer que los jueces, con tal de estar tres años sin poner una sentencia, con gastos pagados, se vayan todos a la política, en cuyo caso no hay discriminación alguna, o las dos cosas... Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, como se repite tanto desde esta tribuna. Ahí eso no acaba de encajar.
En cuanto al artículo cuarto, se fijan unas causas de recusación y de abstención, y se preguntaba que cómo se aprecia. Muy fácil: el caso Piersack el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo aprecia de manera tan simple como la siguiente: un señor que había sido fiscal respecto a una cuestión y que luego se convierte en juez, no puede entender de esa cuestión, sin más; no porque se haya probado en el psiquiatra que realmente había formado juicio, sino porque se entiende que, si ha sido fiscal y lo ha hecho con un mínimo de competencia, se habrá preocupado de formar juicio, y si ahora es juez va a tener ya un juicio formado. Por tanto, volvemos a una causa bastante objetiva, porque de lo que se trata es de preservar la independencia objetiva fundamentalmente, no tanto la subjetiva.
En cuanto al artículo quinto nuevo, en efecto, el proyecto había aplazado para una reforma más ambiciosa de la ley Orgánica del Poder Judicial (que nuestro grupo sigue ilusionado con que se lleve a cabo y que llegue a afectar al modo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que de tan gran prestigio gozan en determinados bancos de esta Cámara) el abordar la cuestión de cuál debe ser la consideración que merezcan en su función los magistrados del Tribunal Supremo. Pero, como fruto de nuestra actitud receptiva, hemos ido incorporando una serie de enmiendas, con lo cual no cabe reprochar a la señora Ministra --a la que me honro en este caso en defender-- de laguna alguna en su proyecto. No puede haber laguna, puesto que ella no ha abordado esa cuestión. En todo caso, habría habido lagunas en los miembros del Grupo Popular, que no hemos llegado a aceptar todas las enmiendas, algunas de ellas, dicho sea de paso, disparatadas, como aquella que decía que los magistrados del Tribunal Supremo no pueden ocupar cargos en los partidos políticos, cuando simplemente no pueden pertenecer a ellos. Lo cual es un argumento a fortiori, creo que dicen los expertos, que impide absolutamente la consideración de la enmienda en sus propios términos. Se ve que quien la hizo, aunque fuera en el Tribunal Supremo , no tuvo un día demasiado feliz.
Por lo demás, sí que hemos estado bastante abiertos a este tipo de sugerencias. En concreto, teníamos tres preocupaciones que hemos procurado mantener. Primero, respetar el diseño constitucional de la carrera. Por eso hemos conseguido que se mantenga la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y no la peregrina sugerencia de que los magistrados del Tribunal Supremo no fueran una categoría, pero estuvieran en el escalafón aparte de los demás, asunto que se prestaba a todo tipo de comentarios, y no especialmente favorables, por cierto. Preferimos que siga siendo una categoría, y cuando se deja de ejercer en el Tribunal Supremo, no es que se pierda la categoría, porque quizá no se podía hablar en esos términos en algunos casos, sino que se incluye en la categoría de magistrado. A lo mejor alguien no ha sido magistrado, como es sabido. Por tanto, una simple pérdida le dejaría fuera del Poder Judicial, lo cual no respetaría la Constitución.


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Por otra parte, nos ha preocupado un máximo respeto a las competencias del Consejo General del Poder Judicial, precisamente, y por eso hemos rechazado enmiendas que pretendían que la inspección en el Tribunal Supremo se llevara desde el Tribunal Supremo, al margen del Consejo General del Poder Judicial. No las hemos aceptado y hemos querido evitar toda confusión entre el ámbito, enormemente relevante, sin duda, del Tribunal Supremo y el de determinados altos órganos constitucionales como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. En ese sentido, ha habido una ardua búsqueda de consenso que se plasmó en Comisión en una fórmula sibilina que iba a producir, sin duda, grandes problemas de interpretación. Tenemos aquí una transaccional que proponemos a todos los grupos, por la cual se añadiría un artículo 404 bis en la Ley Orgánica del Poder Judicial que diría: De conformidad con el principio de supremacía jurisdiccional que se recoge en el artículo 123 de la Constitución, y de acuerdo con el carácter de magistratura de ejercicio contemplado en la presente ley, las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo se establecerán en cuantía similar a las de los titulares de otros altos órganos constitucionales. Y una disposición transitoria que señala: En los Presupuestos Generales del Estado para 1998 se consignarán los créditos precisos para incrementar la retribución de los magistrados del Tribunal Supremo, haciendo efectivo lo dispuesto en el nuevo artículo 404 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con esto damos paso a una mención expresa de la magistratura de ejercicio, que era una de las peticiones de primer orden de estos profesionales; en segundo lugar, se disipan las ambigüedades a las que me he referido, y, en tercer lugar, se recoge expresamente un compromiso presupuestario para la próxima ley. Entendemos que es una fórmula mejor que la que ha quedado en el dictamen de la Comisión.
Aprovecho también para señalar que la única enmienda que mantiene mi grupo en este trámite la voy a retirar, no porque no esté convencido de su conveniencia, sino porque algunos grupos nos sugieren que sería mejor debatirla con más tranquilidad en el Senado. Se trata de la enmienda número 86, que pretende eliminar el tope de 72 años para las suplencias en los órganos judiciales, incluido, como es lógico, el Tribunal Supremo.
Se ha señalado aquí, con acierto, que esta situación de las suplencias no es nada envidiable y que tiene aspectos claramente negativos. Ahora, en la medida en que es inevitable, y ojalá lo sea por muy escaso tiempo, y eso sin duda va a depender del Gobierno y del grupo que le apoya, parece razonable recurrir antes a un magistrado del Tribunal Supremo de 73 años que a un licenciado en Derecho de 71. Así piensa nuestro grupo y seguirá defendiéndolo en el Senado, donde también sería bueno ocuparse de otros aspectos que han quedado en el proyecto un poco asimétricos. Por ejemplo, se ha aprobado con el voto en contra de nuestro grupo una enmienda que le quita retroactividad a este proyecto, pero se conserva una retroactividad muy estricta, de un año, prácticamente, como campo de juego, para los magistrados del Supremo que están, por ejemplo, en la Audiencia Nacional en este momento, que tendrían que volver en un año, antes, a lo mejor, de consumar el mandato de su cargo. Quizá eso valdría la pena revisarlo también en el Senado.
Termino. El artículo sexto, nuevo también, ha aprobado, además por doble vía, la extensión a los secretarios judiciales del sistema de promoción previsto para jueces y magistrados. Se ha aprobado una doble enmienda y eso ha planteado algunos problemas técnicos, por lo cual nuestro grupo, haciéndose eco de las observaciones de los servicios de la Cámara, sugiere tres correcciones meramente técnicas, si todos los grupos entienden que tienen ese carácter.
En primer lugar, que para solucionar esta doble votación sobre este aspecto, el contenido de los apartados dos y tres del artículo sexto nuevo del dictamen de la Comisión quede suprimido, siendo sustituido por el contenido de los apartados uno y dos del artículo séptimo nuevo, con lo cual se soluciona esta duplicidad perturbadora.
En segundo lugar, que en la disposición transitoria tercera nueva, donde dice: «el artículo 348 bis de esta ley», debe decir: el artículo 348 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que esta ley pretende complementar, para evitar toda confusión técnica.
En tercer lugar, sustituir los números por letras minúsculas dentro de los dos apartados existentes en el artículo quinto nuevo, apartado cuatro, para evitar que de manera duplicada recurramos a guarismos.
Por último, eliminar el párrafo noveno que se ha introducido en la exposición de motivos mediante una enmienda, porque se corresponde precisamente a la enmienda que acabo de retirar. Por tanto, se está anunciando algo que en el texto no va a figurar.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Ollero.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de las enmiendas que han quedado mantenidas? (Pausa.) ¿Fijación de posición por parte de algún grupo? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
El grupo parlamentario al que represento llega a este trámite sin enmiendas vivas, por lo que trataré de ser extraordinariamente sintética al exponer su postura respecto de este proyecto de ley que examinamos.


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El primero de los apartados a que se refiere, el tratamiento procesal de la nulidad de actuaciones, ha merecido críticas por parte de la representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el sentido de que fomentaba la inseguridad jurídica. Puesto que la redacción definitivamente aprobada es en gran medida fruto de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, quiero defender el texto que resulta aludiendo a que con la regulación que se propone se intenta evitar el que lleguen al Tribunal Constitucional --y así lo ha manifestado el señor Castellano-- un número tan extraordinario de amparos, ya que el 95 por ciento de su ocupación lo son de amparo y de entre ellos un altísimo porcentaje lo son por defecto en los actos procesales de comunicación. Parece que si estos defectos pudieran evitarse en un trámite anterior, sería un bien a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Creemos que el procedimiento que se ha establecido y los topes temporales en cuanto a las posibilidades de ejercicio abundan para conseguir el fin que se propone y que efectivamente el texto ha quedado equilibrado en cuanto a la pretensión de conseguir la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva a la que he aludido. Es obvio que en el texto se han incluido algunos conceptos que se han calificado como jurídicos indeterminados (que pueden permitir una amplísima interpretación, como por ejemplo en el sentido de incongruencia) con la precisa interpretación jurisdiccional que de este término ha hecho el Tribunal Constitucional.
El segundo apartado del proyecto se refería a la regulación del estatuto de jueces y magistrados en lo que se refiere al desempeño por éstos de cargos públicos ajenos a la Administración de justicia. En el bloque referido a la concesión de situaciones de servicios especiales se ha conseguido un amplio consenso en lo que hace referencia a desempeñar puestos en órganos de relevancia constitucional o comisionados de los órganos legislativos ampliándolo, conforme a la redacción actual, tanto a los órganos estatales como a los autonómicos.
Más discusión ha habido en cuanto a la situación de excedencia forzosa que se predica en el texto definitivamente aprobado respecto de quienes desempeñan cargos públicos ajenos a la Administración de justicia. La postura inicial que sosteníamos como grupo de entender que la redacción que se proponía suponía un excesivo desapoderamiento en los derechos de unos ciudadanos funcionarios, que podían vulnerar el 23.2, ha evolucionado durante la tramitación del texto. Nos hemos acercado a la postura del texto propuesto, entendiendo que la realidad social ampara un tratamiento distinto de un colectivo de funcionarios, justificado por la especial función que ejercitan de detentar el Poder Judicial. Por ello nos parece que la situación de excedencia forzosa es adecuada a esta finalidad constitucional y jurídicamente amparable.
En cuanto a las enmiendas relativas al estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo, nos sumamos ya en Comisión al consenso obtenido respecto de fortalecer la idea de magistratura de ejercicio, y en idéntico sentido nos sumamos ahora a la redacción que se le da al artículo 404 bis y a la disposición transitoria, fruto de una transacción a propósito de una enmienda del Grupo de Coalición Canaria.
Me resta sólo referirme a la nota efectuada por los servicios técnicos de la Cámara aconsejando ajustes en el texto, fruto de la aprobación de distintas enmiendas. Quiero decir que comparto íntegramente el sentir manifestado por el portavoz del Grupo Popular, y en tal sentido emitiremos nuestro voto.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Si atendemos al contenido del debate de totalidad de esta ley, celebrado el 14 de noviembre del año pasado, el Grupo Parlamentario Catalán no puede sino expresar su satisfacción, en la medida en que el texto actual recoge sustancialmente la posición política que, bien sea por acción, a través de la presentación de diversas enmiendas, o por omisión, precisamente mediante la ausencia de las mismas, planteó el Grupo Parlamentario Catalán. En cualquier caso, el texto tiene tres partes claramente diferenciadas, a las que ya se ha hecho referencia: por un lado, la regulación del expediente de nulidad de actuaciones; en segundo lugar, la situación de los jueces y magistrados; y finalmente, el estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo. Muy brevemente me referiré a estas tres partes.
Respecto del expediente de nulidad de actuaciones, cierto es que el texto ha sido mejorado gracias a la colaboración de los diversos grupos, y que se encuentra en un punto que entendemos perfectamente equilibrado entre los principios de seguridad jurídica, de respeto a la cosa juzgada y de invariabilidad de las sentencias, y el principio del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho asimismo a un proceso sin dilaciones indebidas y al carácter subsidiario del recurso de amparo. Cabe citar perfectamente, como mejoras en favor de una mayor seguridad jurídica, el establecimiento del límite de cinco años desde la notificación de la sentencia para acudir a este incidente, la celeridad que supone la eliminación del trámite de vista, que sí venía contemplado en el proyecto de ley, y finalmente, la supresión de esa suspensión de carácter cuasi automático que venía regulada en el proyecto, sustituyéndolo por ese otro concepto, ese otro criterio que hemos acogido de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de establecer únicamente la suspensión que

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debe acordarse expresamente, cuando de otro modo se haría perder al incidente su finalidad. No dudamos que la apertura del incidente, no ya aquellos defectos formales que pueden originar indefensión, sino los supuestos de incongruencia, podría suponer abrir de alguna manera una caja de Pandora. Esperemos que seamos capaces de utilizar este incidente correctamente y, en cualquier caso, lo que sí supondrá es que, en numerosos procesos que, por defectos derivados de una incongruencia omisiva, están en estos momentos acabando en el Tribunal Constitucional, podrán resolverse antes.
Respecto de la situación de los jueces y magistrados, cabe decir que la regulación responde a un claro criterio de oportunidad, que ni siquiera ha sido desconocido por el Consejo General del Poder Judicial. Este Consejo en su informe habla de la necesidad de posibilitar una mayor libertad de actuación durante el desempeño de las nuevas responsabilidades políticas, cabe entender, a los jueces y magistrados, asegurarles en su vuelta al ejercicio de la jurisdicción unas mayores garantías de imparcialidad, evitar el riesgo de que su actuación o sus manifestaciones públicas puedan condicionar su ulterior actividad jurisdiccional, e incluso atender al hecho de que la actuación jurisdiccional previa pueda haber sido precisamente motivo de que sean llamados al desempeño de esas funciones representativas.
En cualquier caso, mi grupo entiende que la apariencia es un elemento fundamental, que existe también en este caso un importante requisito o clamor, incluso popular, y que hay que atender a lo que ya señala también el propio Consejo, de que las apariencias pueden revestir importancia, porque no sólo debe hacerse justicia, sino que debe parecer que así se hace, efectivamente.
Mi grupo no manifiesta una adhesión inquebrantable a las soluciones ofrecidas por el proyecto de ley, pero en cualquier caso las soluciones que se nos ofrecen a través de otras enmiendas, e incluso por el propio Consejo, no nos parecen, por así decirlo, mejores. Convertir al Consejo General del Poder Judicial en un órgano designado por el Parlamento y que podría, a través de designaciones específicas, poner en duda el principio del derecho al juez natural, no consideramos que sea una solución precisamente idónea. Por otra parte, se ha establecido una extensión de estas situaciones a supuestos de cargos en los ámbitos de la Administración autonómica, lo cual nos parece perfecto, y, tal como ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero, cabe extender las soluciones de derecho transitorio propuestas por el Grupo Parlamentario Catalán en este ámbito, situación del Estatuto a la que también pueden vincularse los magistrados del Tribunal Supremo.
Finalmente, señor Presidente, se felicita mi grupo de la introducción de este estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo, que atiende a los principios de supremacía jurisdiccional --obviamente, salvo en materia de garantías constitucionales-- y de magistratura de ejercicio.
Entiende asimismo mi grupo que el acto que se efectúa hoy, inicialmente en esta Cámara y que deberá ser objeto obviamente de aprobación definitiva en un momento posterior, no deja de ser sino la reparación de un agravio histórico. Este Diputado, que no tiene edad suficiente...
(Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señor Silva.
Por favor, señorías, vayan ocupando en silencio sus escaños. (Pausa.) Prosiga, señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Estaba comentando, señor Presidente, que el acto de hoy no deja de ser la reparación de un agravio histórico que la literatura política nos manifiesta que se cometió en su día con el Tribunal Supremo. Aquellos acontecimientos de la primavera de 1977, en relación a la legalización del Partido Comunista de España, nos dice esta literatura política, reitero, tuvo posteriormente como consecuencia una cierta marginación del Tribunal Supremo en la ordenación de nuestras instituciones jurisdiccionales. Por tanto, aquella expulsión del paraíso, aquel pecado original estoy convencido de que se ve superado por el acto de redención que, como un bautismo, realiza hoy esta Cámara.
En cualquier caso, como ya he comentado, en el Senado tendremos tiempo para... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señorías, por favor. (Pausa.) Prosiga y finalice, señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como decía --y con esto concluyo, no teman--, en el Senado tendremos oportunidad de resolver las situaciones transitorias de aquellos magistrados del Tribunal Supremo que están en estos momentos en la Audiencia Nacional o en situaciones de excedencia; podríamos ir a una transitoriedad de cinco años, o incluso también, y sólo desde el punto de vista transitorio, establecer una solución respecto de los magistrados suplentes.
Muchísimas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Silva.
Señorías, el señor Ollero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda transaccional y tres correcciones técnicas.
Entiende la Presidencia que nadie se opone a la tramitación de esta transaccional y que todos los grupos entienden como

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correcciones técnicas las que ha aportado el señor Ollero. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Vamos a proceder a la votación de las enmiendas y del dictamen. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas al dictamen de la Comisión sobre el proyecto ley de reforma de la Orgánica del Poder Judicial.
Votamos las enmiendas, comenzando con las de Coalición Canaria.
Enmienda número 19, de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 131; en contra, 166; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 28, de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 130; en contra, 164; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, cuatro; en contra, 289; abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de Coalición Canaria.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Enmienda número 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 22; en contra, 172; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación sobre la enmienda número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 21; en contra, 171; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 22; en contra, 297.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones respecto de las enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 52,53 y 54.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 132; en contra, 166; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre la enmienda número 66, del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 150; en contra, 168; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 129; en contra, 170; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Votación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 298; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votaciones relativas al dictamen.
En primer lugar, votamos los artículos 1 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 170; en contra, 22; abstenciones 128.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre el artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 168; en contra, 151; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación de los restantes artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 296; en contra, tres; abstenciones 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación sobre la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 193; en contra, 28; abstenciones, 99.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación final y de conjunto sobre el carácter orgánico de la ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 169; en contra, 15; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Al no haber alcanzado en la votación de conjunto la mayoría absoluta de los votos de la Cámara, no tiene tal carácter y la previsión reglamentaria es la vuelta del proyecto a la Comisión.
(Rumores.) Señorías, el precepto al que aludía al referirme a la previsión reglamentaria es el artículo 131.2, que aclara que si, por el contrario, la ley de este carácter --de naturaleza orgánica-- no consiguiese el apoyo de la mayoría absoluta, será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes.
Punto IX del orden del día. Debate de totalidad de convenios internacionales.
Al no haberse presentado enmiendas de totalidad, se da por decaído del orden del día del Pleno.
Como no existen enmiendas de totalidad a los proyectos de ley que figuran como punto X del orden del día, tampoco se produce tal debate.


SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:

--COMISION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS DE MIEMBROS Y ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO, ASI COMO DE LOS RESPONSABLES Y ALTOS MANDOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO QUE SE DERIVEN DE LA CREACION, FINANCIACION CON POSIBLE UTILIZACION INDEBIDA DE FONDOS RESERVADOS, ACTUACIONES Y RESPALDO DE LOS CONOCIDOS COMO GRUPOS ANTITERRORISTAS DE LIBERACION (GAL), FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICION CANARIA Y MIXTO (Número de expediente 156/000001)

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos al punto XI, solicitudes de creación de comisiones de investigación.
En primer lugar, solicitud de creación de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas de miembros y altos cargos del Gobierno, así como de los responsables y altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado que se deriven de la creación, financiación con posible utilización indebida de fondos reservados, actuaciones y respaldo de los conocidos como Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto. (Rumores.) Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el primer grupo parlamentario firmante, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En su nombre, la señora Aguilar.
(Rumores.) Silencio, señorías. Les ruego guarden silencio para que pueda comenzar la exposición de la señora Aguilar y continuar la tramitación del orden del día en beneficio de todos, dado lo avanzado de la hora. (Pausa.) Ruego a quienes están abandonando el hemiciclo por los pasillos centrales, lo hagan en silencio y con la máxima celeridad.
Señorías, a efectos de hacer una previsión que no interfiera en el debate de las solicitudes de creación de comisiones de investigación, la Presidencia puede decir que si llegadas las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde, las tres menos cuarto, no se hubiera concluido ese o el siguiente punto, continuaríamos la sesión a las cuatro de la tarde. No puedo anticiparles otra cosa para no interferir en los contenidos y derechos de los grupos.
Puede comenzar señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero comenzar esta intervención, que realizo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, planteando algo muy importante en relación con la iniciativa que se sustancia en estos momentos que es ni más ni menos que la solicitud de creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas a que haya lugar en relación con la trama GAL, el terrorismo de Estado y la utilización indebida de fondos reservados. Esta iniciativa nada, absolutamente

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nada, tiene que ver con las otras dos iniciativas que se van a sustanciar en este Pleno con posterioridad. Esta solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el GAL, que suscribimos varios grupos parlamentarios de esta Cámara, es consecuencia de una necesidad objetiva, determinar de una vez por todas las responsabilidades políticas que se derivan del terrorismo de Estado y la utilización indebida de fondos reservados, es decir, del dinero de las ciudadanas y de los ciudadanos.
Señorías, la sociedad tiene el derecho y nosotros, este Parlamento, el deber de devolverle esta página negra de la historia de España clara y transparente tras haberla investigado tal y como el pueblo español exige, tal y como en un caso tan grave como éste merece. Las otras dos iniciativas, independientemente de la suerte que corran o de lo que hagan sus autores con ellas, relativas a la creación de otras comisiones de investigación, permítanme que con todo el respeto se lo diga, son producto de una estrategia, la de la tensión, la crispación por la que han optado los dos partidos, los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, el PSOE y el Partido Popular. Parece que ni uno ni otro se resignan o se acostumbran a su nuevo papel: el de oposición, unos que antes eran Gobierno, el de Gobierno, otros que antes eran la oposición.
Por ello queremos separar nuestra iniciativa de las otras dos que se van a sustanciar, para que no se la contamine políticamente y pueda debatirse con garantías suficientes para que cada cual, en un momento como éste dé la cara y se posicione claramente a favor o en contra de investigar el asesinato, el crimen de Estado, el uso para ello indebido del dinero de las ciudadanas y de los ciudadanos.
Señorías, hoy esta iniciativa no sólo tiene virtualidad, sino que es una necesidad, una exigencia para quienes estamos decididos a apostar por que se apruebe una asignatura pendiente con nuestro sistema democrático y a saldar la deuda para con el Estado de Derecho, investigando, desvelando y demandando todas y cada una de las responsabilidades políticas que se derivan de la práctica del terrorismo de Estado. Hay que decir aquí y ahora, para que algunos tomen nota, que las responsabilidades políticas por el caso GAL no las exoneran las elecciones celebradas, que las elecciones no son una amnistía, no son un borrón y cuenta nueva y que, en cualquier caso, quienes dan esa interpretación interesada y errónea a las elecciones deben saber que introduciéndonos en su lógica, ilógica por otra parte, la mayoría de la sociedad, que es la suma de votos de todas las fuerzas políticas que en tiempo electoral estaban por clarificar y llegar al fondo en la trama GAL, exige investigar y depurar responsabilidades políticas. Pero, es más, quien sostiene algo que no se tiene en pie, que es que las elecciones en sí mismas fueron un punto y final, está asumiendo su responsabilidad política, porque a quien se le otorga perdón es que fue culpable, en este caso responsable.
Señorías, nuestra democracia necesita muchas cosas, una de ellas sin duda es que se investiguen los GAL, de una vez por todas, y se depuren responsabilidades políticas. Lo que no necesita nuestra democracia es que el tema GAL se use, se manosee o se utilice demagógicamente. Se lo digo con toda claridad, señores del Partido Popular. Desde el Gobierno, más concretamente su Vicepresidente Primero, también el candidato en 1996, hoy Presidente de Gobierno, señor Aznar, y desde el propio grupo parlamentario en esta Cámara, ha habido compromisos públicos de investigar, de investigar la trama GAL y, a la hora de la verdad, vuelven a faltar a su palabra. El último compromiso público contraído por el Vicepresidente Primero del Gobierno fue el 13 de mayo, cuando manifestó que el Gobierno, que el Partido Popular, estaba dispuesto a apoyar la creación de una comisión parlamentaria que investigara el caso GAL. Hoy, una vez más, a pesar de lo que dijo el Vicepresidente Primero, prefieren desautorizarlo y seguir faltando a la palabra que habían dado en esta Cámara, lo que nos lleva a pensar que el entonces candidato, hoy Presidente de Gobierno, utilizó el terrorismo de Estado para hacer demagogia electoral y ganar votos, y eso no deja de ser una grave irresponsabilidad. El otro, hoy Vicepresidente Primero, lo usa en sus disputas personales y partidarias y hasta abusa de ello en su mano a mano con el señor González para situarle, unas veces, contra las cuerdas, para recordarle, en otros momentos, el arma política que contra él puede usar o para acallarle. Es un recordatorio permanente el que ustedes hacen con los GAL, lo que en definitiva demuestra que el Partido Popular nunca ha tenido voluntad política ni ha querido investigar la trama GAL, porque han tenido varias oportunidades y, en ninguno de los casos, ustedes se han comprometido con la investigación y con la depuración de responsabilidades políticas. Hoy, tienen una nueva oportunidad y la van a volver a malograr, aunque les sitúe en la incoherencia y en la falta de palabra que han venido dando a lo largo de los tiempos.
Les rogaría, señores del Partido Popular, que no digan más que quieren investigar los GAL porque luego, a la hora de la verdad, ustedes no hacen lo que dicen. Convendrán conmigo que, cuando menos, es reprochable y reprobable que, desde el Gobierno y desde su grupo parlamentario, ustedes traten un tema tan extraordinariamente grave e importante con tanta ligereza y con tanta incoherencia. A partir de ahora --lo lamento, pero se lo tengo que decir--, se lo ponen fácil al Grupo Parlamentario Socialista, porque el Partido Popular, si no vota la creación de esta comisión de investigación, se convierte en cómplice y aliado del PSOE al negar la investigación por acción o por omisión. Un PSOE que, por cierto, dista mucho, muchísimo, de parecerse a sus colegas franceses, que no sólo han hecho una renovación total en el seno de su partido sino que han pedido perdón públicamente, en todos

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y cada uno de sus actos públicos, por los escándalos y la corrupción, mientras que el Grupo Parlamentario Socialista, aquí en España, una vez más, ante esta oportunidad, se embosca, se enroca frente a la posibilidad de investigar. Esto hace pensar políticamente que ustedes, señores del PSOE, prefieren pagar el coste político de oponerse a la investigación que el que comportaría los resultados de la investigación caso de llevarse a cabo.
Hay que decirlo así de claro y hay que decir también que, a partir de hoy, ustedes, señores del PSOE, y ustedes, señores del PP, cohabitan contra el esclarecimeinto de la trama GAL. No quieren investigar; unos, faltando a su palabra dada y, otros, porque son incapaces de aceptar que asumir una investigación es simplemente iniciar la posibilidad de llegar hasta el final, y es una investigación que les compromete, les afecta y les compete.
Quiero concluir, señor Presidente, diciendo que algunos podrían alegar que este no es el momento para la creación de esta comisión de investigación. Yo les digo que el tiempo y el momento van ligados a la voluntad política, que es justo lo que hace falta para que el tiempo y el momento se puedan dar, y que alegar ahora que no es tiempo y momento simplemente es buscar una excusa porque no se tiene razón, es buscar la excusa de los que no quieren investigar. Parece que nunca es momento para poder investigar, para poder determinar en el Parlamento las responsabilidades políticas en relación a la trama GAL, y es que, si no se conjuga tiempo con voluntad, es imposible hacer posible el momento idóneo para investigar.
Y hay algo más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.


La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Después de todo lo que se ha actuado sobre el GAL desde el Poder Judicial, que ha dado lugar a que toda la cúpula de Interior esté procesada, sentada en el banquillo, incluido quien entonces era su máximo mandatario, el Ministro del Interior, Poder Judicial que, por cierto, en un Estado social democrático y de Derecho como el nuestro debe tener independencia y no debe ser descalificado, erosionado o presionado, sino que hay que dejarlo trabajar para que de verdad pueda investigar, pueda llegar hasta el final en lo que respecta a las responsabilidades penales y civiles, después de la actuación del Poder Judicial, es ahora necesario que se actúe desde otro poder, desde el Poder Legislativo. La democracia merece que una institución como el Parlamento contribuya a que, con la cabeza alta, con limpieza, podamos dejar de hablar del GAL, no porque se haya enterrado, sino porque se haya investigado, y porque además debemos hablar de las decisiones políticas que hay detrás de la trama GAL, que no las juzgan los tribunales de justicia. La razón de Estado, señorías, en algunos momentos alegada, lo que aconseja justamente y a lo que obliga es a no pasar una página de la historia de este país llena de interrogantes, de oscuridad, de tachaduras y de sangre, una página que ni se puede pasar ni puede tener un punto y final.
Concluyo diciendo que investigar el GAL, llegar hasta el final y depurar las responsabilidades políticas es un compromiso también de combatir a ETA, que investigar el GAL es construir la paz en el País Vasco, que investigar el GAL es también una apuesta para construir futuro en el País Vasco y en el resto del Estado.
Izquierda Unida ha sido una fuerza política que ha mantenido una posición firme y coherente desde siempre; Izquierda Unida --lo puedo asegurar, señorías--, más que nadie, quiere dejar de hablar del GAL, no a costa de callar, de dejar sombras, de dejar de aclarar, sino porque de verdad se hayan depurado, de una vez por todas, absolutamente todas las responsabilidades políticas, porque hayan ganado, porque hayan triunfado el Estado de Derecho y el sistema democrático, porque hayan ganado las ciudadanas y los ciudadanos y porque hayamos garantizado que hechos de este tipo no se volverán a repetir en la historia de este nuestro país.
Eso, justamente eso, es lo que estamos pidiendo. Por eso consideramos que hay que hacerlo caiga quien caiga. Si no, simplemente, desde esta tribuna y con todo el respeto les voy a dejar una advertencia en nombre de nuestro grupo parlamentario: si no se investiga, si no se depuran responsabilidades políticas, señores del PSOE, señores del Partido Popular, no conseguirán callarnos. Hoy --hay que decirlo así-- no muere definitivamente nada; pueden ustedes con sus votos matar momentáneamente esta iniciativa, pero desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya seguiremos trabajando por que un día la verdad resplandezca en todo lo relativo a la trama GAL y se depuren las responsabilidades políticas por el bien de nuestra democracia y por el bien del conjunto de la sociedad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, atenderé a su observación y trataré de ser breve pero contundente porque, un año después de haber sido presentada esta petición de comisión, en la discusión de esta iniciativa suscrita por cuatro grupos parlamentarios se nos hacen fundamentalmente dos críticas de fondo. La primera, la responsabilidad política de un gobierno ya ha sido dirimida por las urnas y no es aceptable que se investigue algo que está sub iudice. Indudablemente esto pudo haberse investigado en la anterior legislatura si hubiera habido voluntad al

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respecto. No se puede hablar de cuestiones del pasado cuando esas cuestiones no se dejaron investigar. En relación con el solapamiento que se produce entre el Poder Judicial y una investigación política, hemos de recordar que algunas de las comparecencias que se utilizaron en la comisión Roldán son declaraciones que el instructor del caso Roldán ha admitido. Si no se está de acuerdo con este argumento, cámbiese el actual Reglamento del Congreso de los Diputados y tásese para que esto en el futuro sea así, que no lo es ahora y por eso lo sacamos a colación, porque además nadie nos impide hacerlo.
Pero antes de nada, y dada su plena actualidad, no entendemos que este sea un asunto del pasado. Nosotros creemos que es precisamente lo contrario. Aunque parezca paradójico, es un asunto del futuro, porque mirar al futuro es luchar por el perfeccionamiento de la democracia, lo que implica corregir los desafueros y abusos cometidos. Un sistema político serio y solvente no puede mirar al futuro sin limpiar a fondo un pasado que pesará siempre como una losa. Por eso mirar hacia adelante requeriría dos cosas: dar la máxima facilidad a los jueces y establecer un marco político para que aquella terrible quiebra del Estado de Derecho que fue el GAL no pueda volver a repetirse.
Sinceramente, señor Presidente, no entendemos que algunos defiendan echar tierra sobre este asunto con tanta vehemencia y gestos tan destemplados que parecen una confesión de culpa o diciendo que esto también ocurre en otros lugares. No estamos de acuerdo con el viva la muerte. A nuestro grupo no le mueve ningún interés de venganza política ni de lapidación de nadie. A nosotros nos mueve fundamentalmente el hecho de que a ETA hay que combatirla con la ley en la mano, con el respeto escrupuloso a los derechos humanos y con la idea clara de que ningún fin puede justificar ningún medio ilícito. Producido esto, no puede haber justicia selectiva en un Estado de Derecho y mucho menos impunidad. De ahí que creamos de interés analizar por qué fallaron todos los controles, cuál fue la motivación, con qué apoyos se contaba, qué presiones hubo, por qué se hizo un análisis tan superficial y asesino de la situación, por qué el Cesid ofreció toda su red y cobertura para delinquir, por qué no se encendieron todas las luces rojas del sistema, por qué la oposición parlamentaria no pudo llevar a cabo un buen control de esas cuestiones.No se concibe que cuando se estaba quebrando la legalidad se dijese que también el Estado se defendía en las cañerías y la oposición se viera maniatada y no pudiera hacer prácticamente nada porque no tenía forma humana de acceder a ninguna información.
Señor Presidente, la democracia, además de la justicia, es también un ejecutivo que gobierna y una oposición que controla y, sin embargo, ni en fondos reservados ni en reconocimiento absolutamente de nada, ni tan siquiera aceptar la duda sobre espaciadas irregularidades y asesinatos, nada, absolutamente nada se pudo hacer desde este Congreso de los Diputados. Se nos pide ahora que en esta situación una cámara parlamentaria tiene que seguir muda, tiene que aceptar que esto sólo ha de dirimirse judicialmente, sin que la representación política tenga derecho a decir ni una sola palabra cuando se trata de 28 vidas humanas.
Y no se me diga que es ETA la que sigue atentando, porque nadie pone en cuestión esto ni nadie pone en cuestión que se persiga a los asesinos ni que se les encarcele. Y recuerdo que las cárceles están llenas de culpables.
¿Qué imagen de Estado de Derecho estamos dando cuando diez años después de finalizado el GAL seguimos hablando de esto pero se está pidiendo que miremos a otro sitio? Los GAL, señor Presidente, dicen algunos que como organización terrorista armada ha dejado de existir --es verdad-- y, sin embargo, ETA sigue matando o atentando --anteayer, en Granada, sin ir más lejos, trató de hacerlo--, además de mantener secuestradas y torturadas a dos personas, y en la medida en que sigamos hurgando hacia atrás --argumentan-- estaremos dando alas y más razones morales a ETA y a su existencia. Deplorable argumento si con el mismo se pretende que la investigación judicial termine su ruta a satisfacción de ciertas partes interesadas en los sumarios que se tramitan. ¿Por qué nos escandalizamos ante los crímenes de Videla, de Pinochet, de Bosnia, de Zaire, y no cuando el horror llega a nuestra casa? ¿Debemos mostrarnos en esta Cámara como auténticos avestruces políticos? ¿De qué sirve hablar del pacto de Ajuria Enea y lo que esto significa si somos tan selectivos a la hora de analizar lo que es delito o no? En una de las notas-despacho del Cesid y bajo el epígrafe asunto sur de Francia se decía: De fuentes totalmente seguras se sabe que está previsto realizar acciones en el sur de Francia en fechas inmediatas; estas acciones se llevarían a cabo por miembros de la Guardia Civil que actuarían respaldados por la comandancia de San Sebastián; estas acciones se harían en paralelo con otras llevadas a cabo por individuos contratados en Francia; la selección de objetivos es inmediata.
Absolutamente terrible. Y no sacamos a colación ni otras notas ni otras informaciones sobre aquellos crímenes. ¿Es que alguien con una mínima sensibilidad democrática, que busque que esas cosas no queden impunes y que cree que la ejemplaridad para el servidor del Estado en su castigo ha de ser tan llamativa que disuada a quienes estén tentados en caer en este tipo de atajos y que sepan que todo el peso de la ley les va a caer encima, puede dejar de oponerse a que no se pase página? Sinceramente, como grupo parlamentario, creemos que no.
Y termino, señor Presidente. Que actúen los jueces y que la política, sin juzgar a las personas, establezca los criterios para que aquella quiebra, aquel horror no vuelva a producirse. Deseo pensar que todos los que

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estamos aquí compartimos la convicción de que el esclarecimiento total del GAL y la determinación de las correspondientes responsabilidades penadas por la justicia son actuaciones absolutamente necesarias para restablecer la confianza de los ciudadanos en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, y así enviar mensajes a la sociedad, que nos permita seguir avanzando en el proceso de pacificación.
A nuestro grupo parlamentario le gustaría que toda la Cámara votara a favor de la creación de esta comisión de investigación. Si esto no fuera así, lo lamentaríamos y anunciamos que volveremos a presentar la iniciativa creo, en principio, que con Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señoras y señores diputados, intervengo en nombre y representación del Grupo Parlamentario Mixto y, en este sentido, de todas y cada una de las formaciones políticas que lo componen: Bloque Nacionalista Galego, Uniò Valenciana, Partido per la Independencia y Eusko Alkartasuna. Intervengo para defender, como han hecho otros compañeros cofirmantes de esta solicitud, la creación de una comisión de investigación en relación a la sórdida trama GAL. Quiero señalar --ya se ha dicho aquí también--, como cuestión previa, que desde Eusko Alkartasuna jamás hemos condicionado ni relacionado ni subordinado esta comisión a nada ni a nadie. Señalo: a nada ni a nadie. En este sentido queremos dejar claro que todas las iniciativas son perfectamente legítimas, cualquier solicitud de comisión de investigación. A nuestro entender, nada está relacionado y la naturaleza de la que aquí hoy presentamos es suficientemente importante como para mantenerla sin que tenga que aludirse ni a oportunismo ni a momentos ni a nada.
Eusko Alkartasuna, desde hace muchísimos años, nuestros representantes en estas Cortes y fuera de este recinto parlamentario han venido manteniendo la necesidad de esclarecer esta trama GAL. Y lo han hecho en momentos en los que desde luego no era fácil, en momentos en los que se oponían muchos partidos políticos e incluso algún fiscal general del Estado, habiendo sido denunciados, en algunas ocasiones, nuestros representantes en Cortes Generales por este tema. Hemos sido pioneros con otros, ciertamente, pero pioneros, y seguiremos solicitando esta comisión de investigación.
Algunos se preguntan que por qué esta comisión de investigación y aluden a una serie de argumentos que su propia actuación política les llevaría a retirarlos de forma inmediata. Se dice que las elecciones depuran todo tipo de responsabilidades políticas. Es una solución bien fácil, una especie de amnistía encubierta. Ya me gustaría saber por qué votaron todos ustedes la creación de una comisión de investigación sobre prescripciones de expedientes tributarios. ¿O es que acaso no hablábamos de responsabilidades políticas del anterior ejecutivo? ¿O es que tiene más importancia? Porque eso sí que me sorprendería. Se dice que está sub iudice. Qué fácil sería presentar una querella cada vez que nos queremos liquidar una comisión de investigación. Y vuelvo al ejemplo: ¿o es que no hay un procedimiento judicial sobre los famosos 200.000 millones? Señoras y señores diputados, creo que en esta Cámara todos debiéramos ser sinceros y plantear cuáles son los verdaderos argumentos para que realmente no se quiera investigar. ¿Cuáles son? Yo creo que la ciudadanía debe al menos pedir a sus representantes la sinceridad y la honestidad políticas para hacerlo. Nos preguntamos por qué este tema habitualmente es utilizado en los medios de comunicación --y en este caso he de señalar al Partido Popular--, pero eso sí, siempre como arma arrojadiza. Si realmente hay interés en esclarecer este tema ahora es el momento.
Nosotros no hemos utilizado este tema como arma arrojadiza porque hemos mantenido siempre lo mismo, desde hace muchos años. Hemos observado que ha habido determinados cambios de actuación. El Partido Popular, antes de llegar al poder, estaba dispuesto a apoyar esta comisión de investigación. Una vez llegado al poder parece que no es así. Me pregunto por qué. ¿Qué razón existe, no confesable, para que ahora en un tema en el que subyacen crímenes, atentados y horrendas actuaciones que afectan a la integridad física, una vez llegado al poder, no se proceda a crear esta comisión? Buena pregunta. Lo mismo ocurre con el famoso tema, como ya hemos visto, de los papeles del Cesid que obvio decir, gracias a Dios, tuvieron que ser subsanadas.
Este no es un tema del pasado, por mucho que algunos quieran señalarlo.
No puede ser jamás un tema del pasado el no esclarecimiento o el dejar en la zona oscura la depuración de responsabilidades políticas. Yo no sé en qué sociedad entienden ustedes que es normal...


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sí, señor Presidente.
Desde luego, en la que nosotros propugnamos esto jamás debe ser normal.
Este tema, como se ha señalado anteriormente, ha tenido una gran trascendencia en la violación de derechos humanos y en las connotaciones y circunstancias políticas. Así, se ha señalado en concreto en el pacto de Ajuria Enea, el 11 de enero de 1996, pacto al que todos ustedes aluden tan reiteradamente pero al parecer sólo para apoyar aquello que les interesa, se ha aludido en múltiples ocasiones a que

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este tema tenía que quedar absolutamente depurado. Se dice que es un tema del pasado. ¡Qué fácil es el pasado cuando se tiene la llave para no permitir la investigación! Y en este sentido me dirijo al Partido Socialista: si realmente no hay nada, apoyen la comisión de investigación; si realmente ustedes quieren quedar absolutamente libres de cualquier sospecha, háganlo; ya lo hicieron en la comisión de investigación anteriormente citada.


El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, su tiempo ha concluido.
Termine, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Sin más, supongo que no prosperará, pero también les aseguro que con la aquiescencia y con la colaboración de todos aquellos grupos interesados en esclarecer este tema seguiremos adelante. La verdad suele ser a veces difícil de conseguir pero al final termina saliendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
Grupos que desean consumir un turno en contra. (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, señorías, la comisión de investigación que se solicita llegó a crearse, llegó a crearse al final de la legislatura pasada en el Senado, y se disolvió a petición del grupo parlamentario solicitante, que por cierto había conseguido crearla enseñando las papeletas de una votación secreta. Aquella experiencia debería haber vacunado a todos los grupos, no sólo a algunos, para volver a repetirla. Las razones por las que mi grupo se opuso en la legislatura pasada siguen siendo plenamente válidas, especialmente la de no interferir con los procedimientos judiciales en marcha. Pero hay otras nuevas.
La primera deriva de la exposición de motivos de la propia solicitud.
Leo: El inicio de la legislatura ha generado, por una parte, un clima de sosiego político oportuno para el cumplimiento de los objetivos de la comisión solicitada y, por otra, soslaya y obvia la utilización partidista de la investigación. ¿De verdad creen que hay sosiego hoy para esta investigación? ¿De verdad creen que obvia la utilización partidista de esa comisión? ¿No la ha habido ya en las intervenciones que hemos escuchado? Si el sosiego y la renuncia a la utilización partidista son condiciones para crear esta comisión lo que deberían hacer es retirarla por coherencia; retirarla, no aplazarla para cuando convenga. ¿O se trata sólo de una iniciativa para reactivar de cuando en cuando, de manera irresponsable, sin llegar nunca a votarla? ¿Se quiere tener siempre pendiente una posible creación de la comisión de investigación sobre los GAL como amenaza y chantaje a la oposición? Pues se equivocan con nosotros; unos y otros se equivocan. Nada ni nadie impedirá que presentemos las iniciativas que estimemos oportunas cuando estimemos oportuno; nada ni nadie, ni la advertencia de la portavoz de Izquierda Unida. Se nos ha acusado incluso de ser los culpables de que este debate se celebre. ¿Es que los culpables de este debate no son los firmantes? ¿Es que no son los firmantes y aquellos que votaron la semana pasada en la Junta de Portavoces --y lo hizo el PP-- que este punto entrara en el orden del día? No voy a confrontar algunas de las cosas que se han dicho por los intervinientes. Podría hacerlo, señor Anasagasti. Al PNV, que ha defendido esta iniciativa yo creo con un lenguaje más propio de cara a un electorado que de cara a creer en las posibilidades reales de esta comisión, le podría recordar frases como aquella de «estos chicos», «estos patriotas equivocados», según Arzalluz, que son los asesinos de ETA, sin los cuales nada de lo que estamos hablando aquí habría sucedido; nada de lo que estamos hablando aquí habría sucedido. Los socialistas preferimos ver en los nacionalistas vascos la otra cara, la cara de los responsables de un gobierno que lucha contra el terrorismo junto con nosotros; esa es la cara que preferimos ver. Y vamos al fondo de la cuestión.
La creación de esta comisión de investigación en el Senado demostró la imposibilidad de investigar en el Parlamento simultáneamente sobre hechos que estaban sometidos a procedimientos judiciales sin interferir la acción de la justicia. Véanlo si no, y tengo que recordarlo. El 10 de noviembre, según fuentes próximas al juez Móner, el Tribunal Supremo veía con preocupación y contrariedad que se llamara a comparecer a aforados que figuran en el sumario que instruye dicho juez. El 16 de noviembre, el señor Perote publicó un comunicado en el que enmarcaba su anunciada comparecencia ante la Comisión en una estrategia urdida por los inculpados, pero que contó --como hemos ido sabiendo más tarde-- con importantes apoyos. Y afirmaba este procesado textualmente: A quienes incumben las responsabilidades políticas por lo ocurrido las asuman con hombría, y en ese marco se alumbren también soluciones generosas para otros problemas que tanto daño nos han causado. El 17 de noviembre, el Presidente del Tribunal Supremo expresa el malestar de la judicatura por el solapamiento que se produce cuando se crean comisiones de investigación sobre asuntos que están instruyendo los jueces. El 27 de noviembre comparecían el general Fuentes y el comisario de policía De Federico aportando sendos escritos del juez Bueren, de la Audiencia Nacional, en los que se les recordaba que estaban bajo secreto de sumario sobre los asesinatos que investigaban. El 30 de noviembre, dos policías procesados, los señores Alvarez y Planchuelo, enviaron un escrito a la Comisión solicitando no comparecer en la fecha en que estaban citados por las repercusiones que podía tener para su situación

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procesal una comparecencia sin las garantías constitucionales previstas para los procedimientos judiciales. El mismo juez togado militar advertía por escrito al señor Perote --como hemos visto antes, ansioso de comparecer en aquella Comisión, en función de una estrategia legítima como procesado-- que podía incurrir en delito si declaraba sobre cuestiones por las que está procesado. El Tribunal Supremo no había enviado las declaraciones sumariales solicitadas, ni la Comisión dispuso de los documentos del Cesid considerados imprescindibles por la Comisión pero cuyo conocimiento está reservado a la Comisión de Secretos Oficiales en esta Cámara.
Este rosario de dificultades y algunas más demuestran que no se puede investigar a partir de comparecientes incursos en procesos penales sobre los mismos hechos. Ninguna comisión parlamentaria puede obligar a vulnerar el secreto del sumario, a declarar contra sí mismo o a desvelar asuntos sometidos a reserva legal. Más grave aún, una comisión parlamentaria que no ofrece ninguna de las dos garantías básicas de cualquier proceso --la imparcialidad del tribunal y las garantías de defensa-- puede contaminar todo el proceso judicial y puede vulnerar los derechos constitucionales del artículo 24. En teoría, señor Presidente, es fácil diferenciar la investigación parlamentaria y la instrucción judicial, y aunque así lo hizo el Presidente de esta Cámara, en ocasión semejante, con una larga intervención la legislatura pasada, la experiencia ha demostrado que la discrepancia entre una comisión parlamentaria y un juez no tiene fácil solución y que las investigaciones simultáneas a los procesos interfieren, de hecho, las diligencias judiciales. Por tanto, aunque la Constitución permite crear comisiones parlamentarias sobre asuntos de interés general sometidos a investigación judicial, parece razonable limitar la investigación en tales supuestos.
Más aún, la insistencia constitucional en la separación de ambos campos para no afectar a las resoluciones judiciales se garantiza mejor cuando se excluye la coincidencia.
En Francia, por decisión del Consejo Constitucional, decisión tomada en 1958, es imposible constituir comisiones de investigación parlamentaria sobre asuntos que estén sometidos al mismo tiempo a los tribunales de justicia. Más recientemente, la Unión Europea ha establecido en el artículo 138 del Tratado de Maastricht, desarrollado por el artículo 136 del Reglamento del Parlamento Europeo, la prohibición expresa de la investigación parlamentaria sobre hechos sobre los que estén conociendo los tribunales de justicia. En otros países que se suelen citar, como Alemania u Holanda, sí puede darse esa simultaneidad, pero allí los parlamentos se abstienen en la práctica de investigar asuntos sometidos a los jueces para evitar conflictos con los tribunales de justicia. Por tanto, existiendo en España el derecho constitucional a investigar, también vista la experiencia y la necesidad de autolimitarse, habría que establecer algunas limitaciones parecidas a las que existen en esos países, definiendo, por ejemplo, en qué momento del procedimiento judicial debe suspenderse una investigación parlamentaria para que tampoco se impida investigar al Parlamento mediante el simple inicio de actuaciones judiciales. Esta cuestión sigue pendiente de debate y regulación en nuestro país. Es una cuestión que debería resolverse en la reforma del Reglamento emprendida en esta legislatura. Habría que optar por excluir la simultaneidad entre procesos judiciales y comisiones parlamentarias de investigación o por llenar éstas de garantías procesales equivalentes a las del artículo 24 de la Constitución. Sin haber resuelto este problema, señorías, crear comisiones de investigación sobre hechos sometidos a procesos penales avanzados, como la que hoy debatimos, demuestra incapacidad de aprender de los errores o, peor aún, indiferencia ante el descrédito que sufre por ello el Parlamento.
Voy a entrar en la segunda parte de mi intervención. ¿Qué se trata de investigar en esta comisión? Si se trata de conocer la verdad de los hechos que están siendo juzgados, serán los tribunales de justicia los que la establezcan. No creo que quepa hablar de dos verdades, una probada y sentenciada por la justicia y otra política que se imponga en función de una mayoría. ¿Es que a estas alturas alguien todavía puede pensar que los repetidos intentos de crear esta comisión eran para conocer la verdad y no para inhabilitar políticamente al Partido Socialista? En la legislatura pasada había que echar a los socialistas del Gobierno y para ello se decía: Hay que establecer la responsabilidad política. Ahora que no estamos en el Gobierno ¿de qué se trata? ¿Se trata de echarnos también de la oposición? Si la obligación irrenunciable del Parlamento es controlar al Gobierno ¿a qué estrategia política obedece ocupar el Parlamento con debates acerca de unos grupos que --hay que recordarlo-- desaparecieron hace doce años y cuyos responsables, confesos en unos casos, presuntos en otros, ya están siendo juzgados, mientras en esta legislatura ETA sigue matando y mantiene secuestrados a dos ciudadanos españoles? Los españoles queremos que se sepa la verdad, toda la verdad, que se aclare, pero seguir utilizando los GAL para hacer oposición a los socialistas descalifica a quien lo hace porque desvela el resentimiento y el sectarismo con el que algunos transitan por la política. Este tipo de acontecimientos, cuando suceden en otros países democráticos, no son utilizados partidistamente. Este tipo de iniciativas pretenden, en vano, neutralizar a nueve millones de votantes que ni quieren que en España gobierne la derecha ni confían en Izquierda Unida. Algunos de los que han firmado esta propuesta quieren investigar a los gobiernos anteriores porque no les basta la derrota del adversario, sino que...


El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, vaya concluyendo, por favor.


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El señor BAYONA AZNAR: Procuraré hacerlo, señor Presidente.
Persiguen su exterminio para que no volvamos a ganar. Pues bien, no lo van a conseguir. ¿Existe mayor contrasentido democrático que pretender que el Parlamento investigue y controle a la oposición y no al Gobierno? Las elecciones no son, señora Aguilar, una amnistía. Evidentemente que no. Por eso hay en marcha procesos judiciales. ¿Pero acaso existe mejor juicio político en una democracia que la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos en unas elecciones? Si de responsabilidades pasadas se trata ¿por qué sólo las de cuatro años de los gobiernos socialistas, de 1982 a 1986? ¿Por qué no pide Izquierda Unida investigar también lo que decían y escribían políticos de diferentes partidos y otras personas de gran influencia en la opinión pública y en los dirigentes tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida cuando sucedían aquellos acontecimientos? A lo mejor bastaban los artículos de un solo mes, octubre de 1983. Una investigación parlamentaria debe circunscribirse al tiempo político, que es el tiempo de las decisiones. Los partidos que ahora la piden tuvieron 14 años para hacerlo. No lo hicieron. No puede decir, señor Anasagasti, que no le dejaron hacerlo. No puede decir que nada se pudo hacer. Los asesinatos eran conocidos, las siglas que los reivindicaban también, en algunos casos los autores detenidos y en otros incluso condenados. Por tanto, si hacemos un repaso, habría que hacerlo de la posición que cada cual ha mantenido en cada momento. Esta comisión parece que quiere revisar lo sucedido hace cuatro legislaturas, no en la pasada. ¿Por qué no remontarse...


El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, vaya concluyendo.


El señor BAYONA AZNAR: ¿Por qué, pues, no remontarse a cuatro sino a una más o dos más? ¿Por qué no buscar, como dice la exposición de motivos, el verdadero origen de estos grupos antiterroristas? ¿Por qué no investigar los asesinatos que hubo durante otros gobiernos? ¿Por qué no propone Izquierda Unida establecer la responsabilidad política y las responsabilidades de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de los diferentes políticos no socialistas que ocuparon el Ministerio del Interior, la Vicepresidencia del Gobierno o la Presidencia? Aquí sólo se quiere inhabilitar políticamente a los socialistas.
Entre octubre de 1980 y 1982 hubo una docena de atentados con seis muertos, y entre 1975 y 1981 fueron asesinados 43 presuntos etarras en 56 atentados. Que existieran o no previamente a los GAL unos grupos antiterroristas puede ser penalmente indiferente, pero no lo es políticamente, ni desde luego lo va a ser para establecer un juicio histórico, mucho menos si alguno de los miembros del Batallón Vasco Español formaron parte de los primeros GAL.
La verdad histórica, señorías, es que con todos los gobiernos de la democracia hubo episodios criminales intolerables perpetrados a manos de grupos de extrema derecha. Hubo grupos anti ETA, hubo batallones vasco-español, hubo gales. La verdad histórica es que todos acabaron en 1986, acabaron con un Gobierno socialista presidido por Felipe González.
Hay que recordar que tanto ETA como los llamados grupos antiterroristas son hijos de la dictadura. Se da la paradoja de que esa democracia, que por prudencia política renunció a investigar la dictadura y expidió certificado de demócrata a quien decidió serlo, independientemente del papel, el puesto y la función que hubiera hecho en la dictadura, parece empeñada en abrirse procesos a sí misma.
Sin duda, señorías, y termino, señor Presidente, quedan muchas cosas por saber. Confiamos en que acabarán conociéndose. Van apareciendo nuevos datos que atañen al Gobierno actual y que pueden dar explicaciones de muchas cosas, incluso de por qué se pidió la apertura de aquella comisión de investigación en la legislatura pasada. No se rían, señorías. Si se creara la comisión habría que saber, por ejemplo, por qué los agradecimientos del señor Perote al actual Vicepresidente Primero del Gobierno. Habría que saber de esas reuniones con abogados de condenados que son testigos de cargo en los procesos por parte también del Vicepresidente Primero del actual Gobierno. Podríamos estudiar la conexión entre muchas de estas reuniones y algunos artículos aparecidos en enero de 1995. Por tanto, no se rían. No iba a decirlo, pero no se rían, señorías. (Rumores.) Termino, señor Presidente, si me dejan. En el mismo mes de enero de 1995 don Francisco Tomás y Valiente, en un artículo sobre la reactivación de los procesos de los GAL, se preguntaba: ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Y concluía: ¿Qué debemos hacer para que deje de pasar lo que está pasando? Una de las condiciones para salir de la situación era, según él, separar la investigación judicial y la actuación política. Con sus propias palabras: Las continuas e impunes invasiones de las fronteras entre los terrenos judicial y político son perniciosas para el sistema. Cada cosa en su sitio, porque así como están ahora, fuera de quicio, no es bueno seguir.
Gracias, señorías. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
Señor Anasagasti. Si S. S. puede intervenir desde el escaño se lo agradecería para, a estas alturas del debate, ahorrar tiempo en beneficio de todos.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
A pesar de lo que haya podido decir el señor Bayona sobre el énfasis que yo he podido hacer en mi intervención, me he quedado absolutamente pequeño frente

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al que él ha experimentado. Pero hay una cuestión que nosotros, como Grupo Parlamentario Vasco, no podemos permitir. Incluso solicitaría, de la mejor de las maneras, al señor Bayona que rectificara, porque no podemos tolerar que una intervención en la cual nosotros hemos argumentado el porqué de la petición de esta comisión de investigación, sea respondida con una acusación, a nuestro juicio, muy grave y que no se había producido en los últimos tiempos, en el sentido de que nuestro grupo es poco menos que un grupo parlamentario y un partido político equívoco, que tenemos poco menos que dos caras, y que el mundo de Herri Batasuna y el mundo de ETA es algo parecido a lo que nosotros podamos representar. (Rumores.) Yo creo que esto está en el «Diario de Sesiones», y esto es tan injusto como esa acusación que se dice por ahí de que el PSOE es igual al GAL; es injusto, y nosotros no podemos tolerar esto. Por tanto, yo le pediría al señor Bayona que retirase estas palabras, porque esto es gravísimo y consideramos que puede tener también sus consecuencias políticas.
Rechazo toda la argumentación del señor Bayona. El está en su legítimo derecho de hacerla. Sé lo que hizo el señor Bayona en la Comisión del Senado. Sé lo que hicimos nosotros en aquella comisión del Senado. Y nosotros pensamos que se debería abrir una comisión de investigación del caso GAL no con un criterio de venganza, sino con un criterio de tratar de solventar una deuda con el pasado. Como también decía Tomás y Valiente, no se pueden olvidar ciertos pasados. Hay que leer completemente lo que decía Tomás y Valiente, porque creemos que aquello fue una quiebra del Estado de Derecho de tal gravedad que, para que no vuelva a repetirse, tenemos que sacar políticamente las conclusiones que consideremos oportunas, no con ánimo de venganza, sino fundamentalmente con ánimo de que no vuelva a repetirse.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señora Lasagabaster, muy brevemente, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor Presidente. Simplemente para una cuestión de procedimiento.
El señor Bayona ha señalado que determinados grupos que presentábamos esta iniciativa éramos culpables. Me permitirá que no comparta su opinión. Yo no me siento culpable --ni desde luego el grupo al que represento en estos momentos-- de haber presentado iniciativa. Si usted prefiere, yo diría que positivamente responsable de que se debata esta iniciativa, pero no en el término peyorativo, que creo que no es de recibo en un tema en el cual es legítimo debatir y más en esta situación.
Por el fondo del contenido creo que su alegato ha sido más bien de reconocimiento de los hechos, y no quiero hablar de esa comparación con la dictadura. Ustedes sabrán si se pueden comparar o no, pero en fin, su alegato ha sido de defensa de algo que han reconocido.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
La señora Aguilar tiene la palabra.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, no quería yo haber respondido, en absoluto, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esa intervención que ha hecho, llena de provocación y de despropósitos, pero sí le diré, puesto que interrogaba a mi grupo parlamentario de por qué no presentábamos otra serie de iniciativas, que si su grupo parlamentario está tan interesado en investigar un período de tiempo de la historia de este país, en la que efectivamente hubo crímenes y asesinatos, que presente la iniciativa mañana mismo que nosotros, con mucho gusto, la apoyaremos. No tenemos nada que callar ni nada que ocultar, pero me parece que entrar a ensuciar y a empañar una parte de la historia de España, que la construimos entre todos con muchos esfuerzos, recién salidos de una dictadura, para abrirle las puertas a una democracia, con tal de justificar lo injustificable, que es la práctica de terrorismo de Estado y la utilización indebida de los fondos reservados desde 1983, es poco serio y poco responsable. A mi me parece que lo que tiene que hacer es respetar una iniciativa que, como aquí se ha dicho, no tiene ningún ánimo de venganza, sino simplemente el objetivo de investigar para depurar responsabilidades políticas. Yo le pediría al Grupo Parlamentario Socialista que no se ponga a la defensiva, que no provoque, que no descalifique la iniciativa y que la tome en sus justos términos. Queremos investigar algo que nos parece extraordinariamente grave e importante para nuestro sistema democrático y para el Estado de Derecho, que ha sido la práctica de terrorismo de Estado y el uso indebido de fondos de reservados. Nada más que eso, no queremos vengarnos de nadie, sino poner claridad donde hoy hay oscuridad y sangre.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
Comenzaré por contestar a la señora Lasagabaster. He dicho que algunos nos han acusado y culpado de que este debate se haya producido. Yo he dicho que, de haber algún culpable, serían los firmantes, si quiere digo responsable. Pero la palabra culpable se ha atribuido al Grupo Socialista por haber provocado, al parecer, esta discusión, cuando nosotros votamos en contra, en la Junta de Portavoces, de que este debate se celebrara.
Otros lo apoyaron, entre ellos el Partido Popular.
En mi intervención creo que he tratado de hacer un debate que fuera constructivo y útil para el futuro. He

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manifestado cómo en la reforma del Reglamento posiblemente haya que resolver problemas que se plantearon con la Comisión de investigación de los GAL en el Senado. Creo que regular las comisiones de investigación en ese sentido es algo positivo, y he defendido la posición de mi grupo también respecto a otro debate que seguramente se va a producir más tarde respecto a la investigación de hechos sucedidos con gobiernos anteriores.
Ese es el esfuerzo que he hecho y las únicas referencias al Partido Nacionalista Vasco han sido para decir que los socialistas preferíamos reconocer en el PNV la cara de quien lucha contra el terrorismo desde el Gobierno vasco y desde la Mesa de Ajuria Enea. Eso es lo que he dicho, eso es lo que digo y ninguna otra cosa. Por tanto, que no se mezcle.
He recordado, sí, que tanto ETA como los grupos anti ETA son hijos de la dictadura, cosa que también ha dicho en su réplica la portavoz de Izquierda Unida. En la democracia, tanto ETA como los GAL son un agujero negro, que como los agujeros negros tienen tendencia a la absorción. Recuerdo a este respecto las palabras del Lehendakari Ardanza en una entrevista la semana pasada: Con el caso GAL se ha producido un profundísimo agujero en el Estado de Derecho. Dicho esto --sigue él-- hay que aceptar que ETA sigue siendo nuestra gran quiebra. En esto estamos de acuerdo: ETA sigue siendo nuestra gran quiebra. Los demócratas podemos coincidir en la lucha antiterrorista y en eso creo que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista podemos seguir coincidiendo.
Por tanto, ese es el sentido de mis palabras y no otro.
En cuanto a Izquierda Unida, no creo que fuera necesario que llevara tan lejos el apoyo al Partido Popular a la hora de poner límites y fechas. No creo que fuera necesario. Hoy hay otro gobierno, los socialistas estamos en la oposición y no sé qué es lo que mueve a Izquierda Unida a esa estrategia política. Tenemos nueve millones y medio de votos, ¿es eso? Hemos quedado como referentes fundamentales de la alternativa, ¿es eso lo que les preocupa? Sinceramente, creo que están en esta legislatura haciendo un flaco favor a la izquierda en este país.
Su señoría ha empezado hablando de Francia. Quizá deberían empezar aprendiendo de Francia, aprendiendo también de lo que hacen los comunistas franceses, porque para los demócratas, señora Aguilar, las elecciones son el mejor juicio político, diría que casi el único, y cuando ustedes se enzarzan en esta vuelta atrás, perdiendo tiempo en el Parlamento para controlar a gobiernos anteriores y no hacerlo con el Gobierno actual, es porque SS. SS. obedecen a una estrategia muy clara: están confundiendo las reglas del juego democrático, están confundiendo y haciendo que el Parlamento pretenda confundirse.
Los socialistas no vamos a caer en esa trampa. Defenderemos que las cosas vuelvan a su cauce, que se respete la delimitación de los terrenos judicial y político, que los jueces instruyan los sumarios con claridad y discreción, que el Gobierno se dedique a gobernar y no a deslegitimar a la oposición y que nos dejen a los socialistas hacer oposición y controlar al Gobierno porque eso es lo que quieren los ciudadanos españoles. (Aplausos.--El señor Anasagasti Olabeaga pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
Señor Anasagasti, sabe S. S. que el trámite de réplica está concluido. Si es para algún matiz que no vuelva a reabrir el debate, muy brevemente le concedo la palabra.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Por supuesto, señor Presidente, por alusiones.
Simplemente quiero decir que no nos damos por satisfechos con la intervención del señor Bayona. En el «Diario de Sesiones» consta lo que ha querido decir y, por tanto, consideramos que es, a nuestro juicio, muy grave.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, cuatro grupos de la Cámara solicitan la creación de una comisión de investigación para determinar la existencia de posibles responsabilidades políticas en torno al asunto del grupo terrorista GAL, que cometió numerosos atentados, secuestros y demás actos violentos entre los años 1983-1987 e incluso se le llegan a atribuir un total de veintisiete asesinatos.
No sorprenderá a nadie que, de entrada, anuncie nuestro voto contrario a la creación de esta comisión, porque ya lo manifestamos públicamente, nada más incluirse en el orden del día esta propuesta, que tampoco es nueva, puesto que ya a finales de la anterior legislatura se debatieron dos iniciativas idénticas, la una en este Congreso de los Diputados, que fue rechazada, y, la otra, en el Senado que, si bien llegó a constituirse, no pudo tan siquiera intentar investigar nada por causa de la disolución de las Cámaras y la convocatoria electoral anticipada. No debe sorprender el sentido de nuestro voto, porque tanto la propuesta derrotada como la victoriosa contaron con el voto en contra de este grupo parlamentario.
Bueno es recordar ahora el clima de extraordinario enfrentamiento y crispación en el que se realizaron dichos debates y celebrar el tono pausado, hasta el momento, en el que está discurriendo el debate de hoy, cuanto menos en comparación con los debates de la anterior legislatura.
Parece que las cosas han cambiado desde entonces; han cambiado tanto que hoy somos bastantes más que

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entonces los que nos oponemos a la comisión. Me alegro de ello. Quizá alguien se sienta tentado a criticar el cambio de actitud de quienes defendieron con fervor la creación de la comisión y hoy lo niegan.
Nosotros no lo haremos, simplemente lo celebramos porque ello es bueno para nuestro sistema democrático. Pero debo añadir, a continuación, que para mi Grupo Parlamentario nada a acaecido que nos haga reconsiderar nuestra posición; al contrario, todas las novedades alrededor del tema GAL nos hacen sostener aún con mayor fuerza nuestra opinión, por lo que, en coherencia con nuestra posición de siempre, volveremos a emitir, como decía, un voto negativo.
Llegado a este punto, permítanme que me extienda algo más acerca de la razón de nuestro voto de ahora y de entonces. Ante todo, consideramos fundamental que en ningún caso una comisión de investigación pueda interferir en la acción de la justicia; no sólo es conveniente sino también necesario garantizar que la actuación de una comisión de investigación no interfiera en la labor que llevan a cabo los tribunales para determinar la existencia o no de responsabilidades penales. Ello, desde luego, no es obstáculo para que desde nuestro punto de vista las Cámaras puedan investigar supuestas responsabilidades políticas sobre temas que se encuentran sub iudice, pero siempre con el límite --para nosotros infranqueable-- de no interferencia en la labor de la justicia.
El respeto escrupuloso, hasta el extremo de este planteamiento, ha conducido, por poner un ejemplo geográficamente próximo y, además, que se citaba, pero por otros motivos, por un anterior interviniente, que es el de Francia. Pues bien, en Francia se establece la incompatibilidad absoluta entre las actuaciones judiciales y la creación de una comisión de investigación sobre el mismo tema, obligándose incluso en el Reglamento de la Asamblea Nacional a notificar al Ministerio de Justicia la presentación de cualquier propuesta de creación de una comisión de esta clase, para que pueda decir si el tema sobre el que se pretende investigar está siendo sometido a una investigación en el ámbito judicial. Una previsión idéntica se contempla en la revisión del Tratado de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht.
Pues bien, todos nosotros sabemos --y lo conocen los ciudadanos-- que el caso GAL, a pesar de referirse a unos hechos cometidos cuando menos hace diez años, no duerme el sueño de los justos, sino que ha sido y está siendo objeto de intensas y complejas actuaciones judiciales y por su trascendencia debatidas, comentadas y objeto de polémica. También sabemos que en el año 1991 se dictó una sentencia condenatoria por delitos relacionados con el asunto GAL, y que actualmente se está instruyendo un sumario en la Audiencia Nacional, el denominado caso Lasa-Zabala, y que existe otro procedimiento en marcha en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey, consecuencia del suplicatorio elevado ante dicho Tribunal por la condición de aforados de algunos de los imputados. Como sabemos también que está próxima la fecha de celebración del juicio.
A nuestro Grupo Parlamentario no le cabe en la cabeza que una investigación parlamentaria pueda no interferir en estas actuaciones; pero tampoco podemos imaginar que sea capaz de aportar alguna novedad a un asunto que viene siendo objeto de investigación judicial desde hace varios años. Por tanto, tengo la sensación de que sería una pérdida de tiempo, cuanto menos de cara a colaborar al esclarecimiento de unos hechos tan lamentables; incluso la opinión pública podría llegar a interpretar que estamos dudando de la capacidad de la justicia para llegar al fondo del asunto. Pero ello no es lo más importante ni lo determinante para nosotros, lo principal es que no tenemos ninguna duda acerca de que la existencia de la comisión cuya creación se nos propone interferiría de pleno en la acción de la justicia.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, le ruego que concluya.


El señor RECODER I MIRALLES: Voy terminando, señor Presidente.
Si se plantea la posible existencia de responsabilidades políticas en este asunto, es precisamente como consecuencia de la investigación judicial, si no ¿por qué habiendo pasado unos cuantos años desde que sucedieran estos hechos no fue hasta el mes de febrero de 1995 cuando surgió la propuesta de investigarlos políticamente? ¿Por qué no se planteó esta propuesta hasta entonces? Precisamente porque fue la apertura de un nuevo sumario lo que levantó la liebre al apuntar hacia antiguos responsables políticos.
Si, como parece, para exigir responsabilidades políticas se considera que hay que saber más, dejemos que sean los tribunales quienes lleguen al final, señalen culpables y atribuyan responsabilidades penales, y ya se exigirán en su momento, cuando los hechos se esclarezcan, las responsabilidades políticas que correspondan. Aprovecho la ocasión para reiterar nuestro criterio de que dichas responsabilidades sólo son exigibles a quienes están ejerciendo alguna labor de gobierno, y parece claro que las supuestas responsabilidades en este turbio asunto apuntan a políticos que ya no ejercen responsabilidades de este tipo.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, concluya ya.


El señor RECODER I MIRALLES: Termino ahora mismo, señor Presidente.
Reitero una vez más nuestro convencimiento de que la acción criminal de los GAL, además de un atentado al Estado de Derecho, supuso un paso atrás en la lucha contra el terrorismo etarra. Reitero también que si de

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las actuaciones judiciales en marcha se deducen otras responsabilidades, entonces será el momento de exigirlas por quien crea que debe hacerlo, pero, hoy por hoy, el mejor favor que podemos hacer al esclarecimiento de estos hechos es dejar que los tribunales acaben sus investigaciones, concluyan los sumarios y atribuyan responsabilidades penales, y que, si puede ser, todo ello lo hagan sin verse sometidos a presiones políticas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mal que les pese a algunos, la historia no se despacha tratando de volver la espalda a la realidad, y, mal que les pese a otros, tampoco se dictamina en una sola votación parlamentaria. Siempre dijimos --y decimos hoy-- que, sin duda, el GAL fue la negación de los cimientos básicos de toda sociedad democrática porque fue la negación de la ley, fue la negación de la razón y fue la negación de la libertad. Hoy, igualmente mal que les pueda pesar a algunos, hay una intervención que es esencialmente inevitable; frente a intervenciones que pudieran parecer provocativas, es de suyo, y en este momento necesario, formular intervenciones esencialmente evocativas. Y es de suyo necesaria esa intervención evocativa porque es imprescindible recordar que el anterior Gobierno pugnó desesperadamente por eludir sustanciar ante esta Cámara sus responsabilidades políticas por aquellos hechos; responsabilidades que, sin querer prejuzgarlas por nuestra parte en toda su extensión, sí cabe suponer que existieron, siquiera fuera por culpa in vigilando. Por el contrario, el Grupo Popular impulsó entonces los medios reglamentarios precisos para que el Congreso de los Diputados no permaneciera ajeno a una investigación orientada a esclarecer el cómo y el porqué de los GAL y muy especialmente el por orden de quién, derivando de ello las responsabilidades pertinentes.
Fuimos rigurosos y coherentes en el ejercicio de nuestra tarea de control, señor Bayona, y lo fuimos hasta el punto de no consentir que un apunte de investigación iniciado en el Senado llegara a convertirse en una simple pantomima, la que trató de provocar el entonces Gobierno, sumando a esa comisión de investigación un principio de confusión, precisamente o probablemente para tratar de escudar en ella su propia confusión.
Tiene hoy usted que recordar aquí, señor Bayona, si hace citación como ha hecho de aquellos momentos, por qué se produjeron los hechos finales. Se produjeron porque su grupo parlamentario impidió que ante esa comisión de investigación pudieran comparecer quienes de suyo debían hacerlo, es decir, los responsables políticos, aquellos a los que se les debía exigir, en su caso, si no una responsabilidad política, sí una explicación política. Ante ese apunte de pantomima, señor Bayona, este grupo parlamentario por su compromiso y su servicio a la verdad.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro. Señalo a S. S. que no aluda a otros intervinientes a efectos de no reabrir debates.


El señor GIL LAZARO: Tiene toda la razón el señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señorías, en beneficio de todos y dada la hora, les ruego no hagan alusiones, pues luego tienen trámite, como saben.
Libremente S. S. puede seguir por ese camino, pero reabriríamos innecesariamente el debate.


El señor GIL LAZARO: Tiene toda la razón el señor Presidente, pero este grupo no excusa que ha sido sistemáticamente aludido en las intervenciones de todos.
Señor Presidente, nadie podrá decir que no fuimos explícitos en nuestras valoraciones en relación con aquellos hechos. Dijimos que el GAL fue una vergüenza para la democracia, una lacra moral y un monumental error estratégico que sólo benefició a ETA. Dijimos que el GAL fue la excusa para que unos cuantos hicieran su agosto a costa de la conversión de fondos reservados en botín del que apropiarse. Dijimos, en suma, que el GAL por su naturaleza nunca pudo ser, como algunos trataron de presentar, un simple asunto de policías y guardias civiles.
El Gobierno del señor González, entonces, y continuando con este hilo evocativo, no nos quiso escuchar. No nos quisieron escuchar porque prefirieron escudarse en absurdas teorías de la conspiración antes que encarar la verdad. No nos quisieron escuchar porque prefirieron tratar de adquirir presuntamente el silencio de terceros para que esos terceros cifraran en sí mismos toda la responsabilidad. No nos quisieron escuchar porque prefirieron protegerse en falsas disquisiciones conceptuales por mor de las cuales pugnaron por diferir el debate sobre las responsabilidades políticas a la previa determinación definitiva de responsabilidades penales, ignorando interesadamente que en democracia sanción penal y sanción política operan con dimensión autónoma y no cabe la invocación de una para excusar la aplicación de la otra.
El atrincheramiento de aquel Gobierno derivó inevitablemente en una ceremonia permanente de despropósitos y contradicciones cuya notoriedad aún subiste ¿Cómo se entiende, señorías, que desde aquel Gobierno se impulsara la dimisión de un Ministro del Interior por su responsabilidad política en la fuga de Roldán

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y que, en cambio, nadie asumiera con su renuncia las consecuencias inherentes a la perpetración de 28 asesinatos, en los que presuntamente medió de manera instrumental el uso de dinero público y la presencia de agentes y servicios del Estado en el entorno de los mismos? ¿Cómo se entiende que se pretendiera despachar toda explicación asegurando exclusivamente que nunca nadie podría probar nada y que por eso los hechos no existían en términos de responsabilidad? ¿Cómo se entiende que se dijera que los crímenes del GAL fueron simples incidentes o que se excusara toda responsabilidad propia señalando que si se hubiere dado una auténtica implicación del Estado en aquellas muertes las muertes mismas hubieren sido muchas más? Hoy mismo, sin ir más lejos, en esa cadena de contradicciones y de despropósitos hemos podido leer en los periódicos que una distinguida personalidad socialista afirma que el GAL no le quita el sueño, y trata de convencernos de que un fenómeno criminal como aquel es normal en todos los países democráticos. Pues miren, señorías, nosotros, desde esta tribuna, hoy como ayer, subrayo, hoy como ayer decimos que no, que no es normal el uso de asesinos y mercenarios, que no es normal secuestrar y matar, que no es normal que después de todo nadie quiera dar la cara por aquello o que se pretenda hacer comulgar a los españoles con ruedas de molino.
Hoy, por tanto, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular se reafirma claramente en cuantas valoraciones hicimos porque con ello pugnamos una vez más, hoy desde aquí, por servir a un fin que era entonces y sigue siendo hoy el fin de la verdad. Sin embargo, señor Presidente, el tiempo obliga a modular los actos presentes en función precisamente de ese mejor triunfo al servicio de la verdad. Hoy nos encontramos en tiempo inmediato a que la justicia juzgue hechos y presuntos responsables, y a esa tarea de la justicia se puede contribuir legítimamente desde cualquier posición, sin lugar a dudas, pero nosotros creemos que nuestra contribución nos obliga a dejar que los hechos sean valorados inicialmente por la justicia, para que no puedan verse sujetos a una controversia diferente a la que formalmente, con inmediatez --y quiero subrayar esa expresión--, con inmediatez porque hoy hay inmediatez en la sustanciación de los hechos ante la justicia --ayer no la hubo--, hoy con inmediatez va a sostenerse ya en foro judicial.
No se trata...


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, vaya concluyendo.


El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
No se trata, y ténganlo claro todos los grupos parlamentarios, no se trata con ello de olvidar una exigencia de responsabilidades políticas que de suyo permanece y que permanecerá igualmente tras el dictamen de la justicia. Tampoco se trata de aceptar que porque aquel Gobierno ya no existe, no existe ya nadie, no existe ya sujeto al que reclamar esas responsabilidades políticas. Lejos de todo ello, de lo que se trata es de favorecer que el acceso a la verdad puedan hacerlo hoy los tribunales desde la objetividad, la serenidad y la independencia, y que de los hechos probados que determinen en el orden penal, otros, conforme a su propia teoría, que nosotros nunca compartimos, otros, repito, tengan también que asumirlos en orden a las responsabilidades políticas que aún siguen abiertas.
Comprendemos, pues, señor Presidente, señoras y señores diputados, el impulso de fondo que ha movido a los grupos proponentes a plantear esta vía de investigación en su doble aspiración básica, esto es, encarar definitivamente en el orden político el alcance real de unos hechos que por repugnar a la más elemental sensibilidad democrática no pueden quedar en la sombra, y, en segundo lugar, abordar desde ellos la determinación de quienes deben políticamente asumir su responsabilidad en aquellos hechos. Por cierto, y al hilo de esto, téngase presente por parte de todos los grupos parlamentarios, y especialmente por parte de alguno, que esta iniciativa hoy se tramita ante esta Cámara no porque la haya votado el Grupo Parlamentario Popular, sino porque el Grupo Parlamentario Popular no la ha vetado, como no vetará jamás ninguna iniciativa que legítimamente, en el uso de su derecho, quiera plantear cualquier grupo de esta Cámara, bien en vía de iniciativa legislativa propia, bien en vía de control, porque eso supone, señoras y señores diputados, servir sin lugar a dudas a un fin y a un compromiso de profundización democrática.
En definitiva, la primacía de oportunidad, de oportunidad en su sentido más profundo, en su sentido más noble, en su mejor contribución al esclarecimiento de la verdad; la primacía de oportunidad que ahora hay que dar a la vía jurisdiccional, no impedirá en el futuro sustanciar esos considerandos...


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, concluya por favor.


El señor GIL LAZARO: Y de la misma forma que, en un momento dado, el impulso parlamentario y político debió ser, y fue, desde la perspectiva y la acción de este grupo parlamentario, el motor principal para llegar a la verdad, ahora, porque las cosas así han venido dadas, debe dejarse discurrir la acción inminente de los tribunales en su propia dimensión.
En su consecuencia, y concluyo señor Presidente, este grupo parlamentario no puede ni quiere --subrayo lo dicho--, no puede ni quiere, y especialmente no quiere, votar en contra de esta iniciativa porque se reafirma,

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sin lugar a duda, en sus propios precedentes. Sin embargo, consecuentes con el respeto a ese papel de la justicia, y consecuentes también con la voluntad de que nuestro peso como grupo mayoritario de esta Cámara no pueda ser entendido por nadie como voluntad vindicativa de ajustar cuentas de pasado, tampoco debemos --subrayo lo dicho--, tampoco debemos votar a favor, pero quede claro, señor Presidente y señoras y señores diputados, quede claro que nuestra abstención hoy no es un desentendernos políticamente de cuanto sucedió. Por el contrario, quiere ser, es y va a ser una actitud militante y comprometida; una actitud militante y comprometida con la acción de la justicia y con lo que la justicia diga; una acción militante y comprometida con el más absoluto repudio de lo que fue el GAL y, finalmente, una acción militante y comprometida con nuestra convicción de que, con independencia de la sentencia de los tribunales, alguien, en un momento dado, no podrá obviar por más asumir lo que entonces sucedió y, al asumir lo que entonces sucedió, actuar en consecuencia ante los españoles y ante su propio partido, porque ése es un imperativo, señor Presidente, de memoria histórica y sería difícil borrar esa memoria histórica. (Rumores.) Por eso, más allá de cualquier otra consideración, hoy, este grupo parlamentario, como tal grupo que da soporte al Gobierno, garantiza finalmente algo que sí que está en nuestra responsabilidad y en nuestro deber garantizar (Rumores.)...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Concluya, señor Gil Lázaro, o le retiraré la palabra. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor GIL LAZARO: Este grupo parlamentario garantiza finalmente, porque sí que está en su responsabilidad inmediata, que nunca más en nuestra democracia resucitará un fenómeno tan detestable como ese que algunos bautizaron con el sucio nombre de Grupos Antiterroristas de Liberación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.) No, señor Bayona. (Protestas.)

El señor BAYONA AZNAR: Se ha mencionado mi nombre hasta cuatro veces.


El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, los precedentes, el Reglamento y las convenciones de la Cámara hacen que, cuando hay un nombramiento a un defensor de una posición por quien está fijando posición, la Presidencia advierta al que está haciendo uso de la palabra para que no vuelva hacerlo. Así se ha hecho y así se ha sometido al criterio de la Presidencia el señor Gil Lázaro, por lo que S. S. no tiene ahora ningún turno. No lo tiene, señor Bayona. (Protestas.) Señorías, los grupos proponentes plantearon una enmienda a su propio texto para la creación de la debatida comisión de investigación, que dice: Esta comisión de investigación se constituirá al inicio del próximo período de sesiones, en la segunda quincena del mes de septiembre del presente año. Ese es el texto de la enmienda, que, si no hay oposición por ningún grupo, se incorporaría al texto de la resolución que se somete a votación. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera, tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, sin que mi posición signifique entorpecimiento alguno de las tareas de la Cámara, he de recordarle que existe un Reglamento, que existen unos procedimientos, y mi primera noticia como portavoz de este grupo de que se ha presentado esa enmienda la tengo ahora. En consecuencia, usted juzgará que no debe ser sometida ni aceptada a trámite.


El señor PRESIDENTE: Para eso lo notifico al Pleno, señor Caldera. Los grupos proponentes lo han presentado, no han aludido a la enmienda durante sus intervenciones, al menos no lo ha percibido la Presidencia y no lo han escuchado sus señorías. Si no se admite por el Grupo Socialista, no se pasará a trámite y se somete a votación, en consecuencia, la comisión de investigación en los términos en que fue presentada.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la solicitud de creación de una comisión de investigación planteada por los Grupos de Izquierda Unida, Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Mixto en torno a las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de los conocidos como Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 31; en contra, 144; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la solicitud de creación de la comisión de investigación debatida.
El Pleno se reanudará a partir de las cuatro y cuarto de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.


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SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION. (Continuación):

--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LAS ACTUACIONES ABUSIVAS REALIZADAS O IMPULSADAS DESDE AMBITOS DEL GOBIERNO EN RELACION CON LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESA ANTENA 3 TELEVISION, CANAL PLUS, SOGECABLE Y CANAL SATELITE DIGITAL, FORMULADA POR 86 DIPUTADOS DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 156/000006)

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Ocupen sus escaños, vamos a reanudar la sesión.
Se reanuda la sesión.
Solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno en relación con las empresas y grupos de empresas Antena 3 Televisión, Canal Plus, Sogecable y Canal Satélite Digital, formulada por 86 diputados del Grupo Socialista del Congreso.
Para su presentación y defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna para intentar una misión imposible: lograr que el Partido Popular permita la creación de una comisión parlamentaria para investigar actuaciones del Gobierno, del Gobierno del Partido Popular. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que mi esfuerzo va a resultar estéril. Porque hasta este momento el Partido Popular, que, como nadie ignora, es el partido de la transparencia y de la regeneración democrática, ha respaldado una comisión de investigación en esta Cámara, eso sí, del Gobierno socialista.
En el orden del día de esta sesión figura la propuesta de otra comisión de investigación, una propuesta del Partido Popular --partido que, como saben ustedes, apoya al Gobierno-- para que se investigue al Gobierno, al Gobierno socialista. Debo reconocer que lo que no les puedo reprochar es incoherencia, porque es justamente esto lo que han estado haciendo en comunidades autónomas en las que han gobernado, como en Castilla y León o en Galicia. Es lo que podríamos llamar la doctrina Aznar. El Parlamento está para controlar las actuaciones del Gobierno, siempre, naturalmente, que sean las del Gobierno anterior. (Aplausos.) Señorías, en todo caso, realizaré una exposición de hechos basada en informaciones, muchas de ellas aparecidas en medios de comunicación que a ustedes, señores del grupo mayoritario de esa Cámara, les son especialmente cercanos.
En estos momentos, está claro para todos que el proceso que hoy nos ocupa se desencadenó el 24 de diciembre. Fue ese día cuando se firmó lo que luego se ha conocido como el pacto de Nochebuena, un acuerdo empresarial entre dos grupos de comunicación españoles para poner fin a la llamada guerra del fútbol.
¿Cómo encajó, señorías, el Gobierno este acuerdo? Según las palabras del veraz portavoz del Gobierno, el Gobierno estaba encantado con este pacto.
Nada más lejos de la realidad. El Gobierno encajó muy mal este pacto, pero que muy mal, señorías, y, para atestiguarlo, basta recoger lo que decían algunos medios de comunicación cercanos, muy cercanos, al Gobierno, en los días posteriores. El más explícito, sin duda, el diario El Mundo, el cual, el 26 de diciembre, relataba --cito textualmente--, comillas: Cuando en la Moncloa se supo que Asensio había pactado con Polanco, la reacción no pudo ser más airada. Se habló de traición --entre comillas, en la información-- y algún alto cargo del Gobierno llegó a calificar a Asensio de gángster --entre comillas, en la información--. Recuerden esta expresión porque sobre ella volveré más adelante.
No es sin duda el único testimonio. La revista Epoca, en su número de 20 de enero, en relación con dicho pacto, llegó a afirmar, comillas, cito textualmente: El hijo mayor del Presidente del Gobierno le dijo a su compañero de pupitre: Nunca había visto a mi padre tan cabreado. Fin de la cita. (Rumores.) Lo dice Epoca, no yo. La razón de ese enfado era clara y no hace falta explicarla mucho. El propio 26 de diciembre, un comentarista de la cadena COPE afirmaba en antena --vuelvo a citar textualmente--, comillas: El Gobierno hizo un proyecto de control, o de no sé, de transformación del mercado informativo y se le ha vuelto en veinticuatro horas totalmente al revés. Es --añadía el comentarista--, en cierto modo, el fin del proyecto de Aznar de cambiar el mapa de comunicaciones en España. Fin de la cita.
Veníamos oyendo, señorías, que estábamos ante un proyecto que buscaba defender el interés general, ante un proyecto en el que el Gobierno no tenía interés particular alguno, defendía el interés general. Sin duda, las citas que hasta aquí acabo de darles --hay muchísimas más-- atestiguan que estábamos ante la defensa del interés general. Por cierto, los tres medios que he citado forman parte de la llamada plataforma digital gubernamental.
Como les decía, bastan estos testimonios, pero existen muchos más para entender lo que vino a continuación, y son estos testimonios los que acreditan la veracidad de las amenazas que esos días se produjeron hacia uno de los dos firmantes del pacto de Nochebuena, amenazas que, en lo que se refiere a los escritos de los señores Oneto y Hermida, nunca han sido desmentidas, porque no pueden serlo. Viene a cuento recordar aquí alguna de las frases que, entrecomilladas también, se recogen en los mencionados escritos: Estás trabajando para un gángster y un mafioso. ¿Les suena

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la palabra gángster? ¿No les parece sorprendente la coincidencia de la expresión utilizada en el escrito de don José Oneto con la que se recoge en el diario El Mundo, que acabo de citar aquí? La razón es evidente, ambas salieron de la misma boca.
Yo creo que sí, que se pronunciaron expresiones como: Dile a tu jefe que acabará en la cárcel como Mario Conde; que vamos a ir a por él. Dile también que no le van a servir de nada los guardaespaldas, porque el Gobierno tiene muchos más. Como eres amigo, te llamaré para avisarte cinco minutos antes de que metamos en la cárcel al H.P. para el que trabajas. Creo, señorías, que dichas frases se pronunciaron esos días.
Señorías, si grave es sin duda que quien ocupa un puesto de la máxima responsabilidad del Presidente del Gobierno en la Administración del Estado profiera este tipo de amenazas, mucho más lo es que dichas amenazas se materialicen. La realidad es que efectivamente quienes se atrevieron a estampar su firma en el llamado pacto de Nochebuena se iban a enterar. Una parte de los aconteceres que poco después iban a suceder lo anticipaba el diario El Mundo el día 30 de diciembre de 1996. Ya tuve ocasión de comentarlo en esta Cámara; lo voy a reiterar ahora. ¿Qué puede hacer el Gobierno ante el pacto de Nochebuena? Se preguntaba el editorialista de dicho periódico. Y se contestaba a sí mismo: Tratar de sacar adelante una legislación complementaria, para lo cual no podrá contar con el apoyo de Pujol, pero probablemente sí con el de Izquierda Unida, o, lo que sería más práctico, impedir la utilización del fútbol como palanca de la televisión de pago.
Convendrán conmigo que la capacidad de predicción de este diario es notable y no sólo en lo relativo a la actividad del Gobierno. El propio diario añadía: Se abre, pues, un margen de tiempo en el que todos los frentes siguen activos. Efectivamente, se abrieron todos los frentes y en ellos se han venido utilizando todos los medios de combate. Es éste un asunto en el que ustedes se deben estar jugando tanto que no han dudado incluso en poner en juego todos los poderes del Estado. Sobre él vienen actuando el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, todos ellos en torno a las mismas personas, en torno a las mismas empresas, con un mismo resultado objetivo, sean cuales sean los motivos o razones que provocan la intervención. El objetivo: acabar por todos los medios con quienes mantienen hoy o mantendrán en el futuro posiciones diferentes de lo que son proyectos políticos u opciones empresariales del propio Gobierno.
Una conjunción tan formidable, señorías, no podía ser fruto de la casualidad. Era la consecuencia del anuncio de que todos los frentes estaban abiertos. A partir de aquel momento se suceden las cosas rápidamente. El 31 de enero de 1997 el Gobierno empleaba un decreto-ley para regular la televisión digital en España. Se cumple, pues, la primera amenaza. Sobre su anormal proceso de elaboración ya tuvimos ocasión de discutir en este Parlamento, también sobre su intencionalidad política, desvelada en el diario ABC a toda página, en su primera edición, el 25 de enero de 1997. Cito textualmente una vez más: La plataforma Polanco-Asensio abocada al fracaso al reservarse el Gobierno la homologación de los descodificadores.
Dijimos entonces que la norma era un galimatías pensado únicamente para dificultar la actividad de una determinada empresa y no para impulsar el nacimiento de una nueva forma de televisión en España. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón.
La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, cuatro meses después, denegó la inscripción del único operador de televisión digital que existe hoy en nuestro país. La denegación se produjo por no cumplir los requisitos legales en España. Y digo en España porque la Comisión Europea ya ha dado por bueno, en declaraciones públicas de sus responsables, el sistema de descodificación utilizado por ese operador. Como pueden ver, señorías, las amenazas se vuelven a concretar. En cualquier caso, el Tribunal Constitucional, la Comisión Europea y, estoy seguro, la Corte de Justicia de Luxemburgo habrán de pronunciarse sobre ese tema.
El lunes 3 de febrero del presente año... (Rumores.) Le echaba a usted de menos, señor Hernando, no notaba ningún zumbido en los escaños.


El señor PRESIDENTE: No intercambien diálogo.
Señor Hernando.


El señor PEREZ RUBALCABA: El lunes 3 de febrero del presente año, la inspección de Telecomunicaciones se presentó en unos grandes almacenes madrileños para investigar la venta de los descodificadores de la plataforma digital de Canal Satélite. Dicha inspección, cuyos resultados son desconocidos, no continuó. Se trató, pues, de un acto singular, añadiría, de intimidación. Las amenazas se cumplen nuevamente.
La pregunta que cabe hacerse es: ¿Por qué se pararon las inspecciones si la plataforma mencionada se seguía comercializando? Es evidente que, si se estaba cometiendo una ilegalidad, las inspecciones deberían haber continuado, y si no se estaba cometiendo, ¿qué se pretendía con esa inspección anunciada a bombo y platillo? Y, en todo caso, ¿quién dio la orden de hacerla? ¿Partió de la Dirección General de Telecomunicaciones, de la Secretaría General del propio Ministro, o de la propia Moncloa? Son aspectos que merecen, a nuestro juicio, una aclaración, porque lo que es evidente es que dicha inspección anunciada, como decía, a bombo y platillo, hoy sólo puede ser entendida cabalmente como un intento de amedrentar, cuando no de perjudicar a una determinada empresa de comunicación.
Las cosas, señorías, como ustedes conocen no acaban aquí. Al día siguiente por la tarde, es decir, el martes

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4 de febrero, el Fiscal General del Estado anunció sorpresivamente que enunciaba dos denuncias, una de ellas anónima, a la Fiscalía anticorrupción, y que casualmente ambas denuncias afectaban a las dos empresas de comunicación firmantes del llamado pacto de Nochebuena.
Una vez más surgen las preguntas: ¿Por qué actuó el Fiscal General del Estado de forma digamos tan peculiar? ¿Por qué se produjo un nuevo anuncio público de actuaciones de la Fiscalía a bombo y platillo? ¿Actuó el Fiscal General motu proprio, como parecen asegurar miembros del Gobierno? Porque la verdad, señorías, viendo las cosas en perspectiva, esas afirmaciones son muy difíciles de creer. Más fácil, más lógico, en todo caso, es afirmar que una nueva amenaza se había cumplido en este caso a través de la Fiscalía General del Estado.
Y tampoco se detienen ahí las cosas, señorías. El día 24 de febrero se presenta en la Audiencia Nacional una denuncia contra una empresa de comunicación. Qué casualidad, se trataba, cómo no, de una de las dos empresas implicadas en el pacto de Nochebuena. La denuncia, además, sin duda también por azar, aterrizó en el Juzgado del señor Gómez de Liaño.
Se nos dijo por el Gobierno que nada tenía que ver esa denuncia con la discusión sobre la llamada televisión digital. Hoy sabemos que eso no es cierto. Hoy sabemos que la base documental de esa denuncia era un informe elaborado, entre otros, por el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Gerardo Ortega, a petición, según él mismo testificó en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, de un Secretario de Estado todavía no identificado. Hoy sabemos que, en el período que transcurre desde la finalización de dicho informe hasta la presentación de esa querella, parte del contenido de aquél fue publicado en la revista Epoca por un periodista que pocos días después fue nombrado para un puesto de alta responsabilidad en la Agencia oficial de noticias Efe. Hoy sabemos también que en el curso de la investigación desarrollada en la Audiencia se encargaron averiguaciones sobre el patrimonio de algunos responsables de Sogecable, tal y como se publicó destacadamente en el diario ABC por esas fechas. Finalmente, hoy sabemos que quien firmó esa noticia en ABC declaró en el Juzgado número cinco de la Audiencia Nacional que dichas informaciones le habían sido suministradas, entre otras, por fuentes de la Agencia Tributaria. Así pues, las amenazas, una y otra vez, se ejecutan.
Señorías, estos hechos merecen ser investigados en este Parlamento. Este Parlamento y, a través de él, los ciudadanos españoles deben conocer qué Secretario de Estado encargó el informe al señor Ortega, con qué objetivo, cómo llegó ese informe a manos de la revista Epoca, qué funcionario o responsable de la Agencia Tributaria filtró datos, sin duda reservados, sobre las indagaciones que se hacen en dicha Agencia por encargo de un juzgado. Como merece ser investigado en este Parlamento si, como se ha publicado, existe alguna relación entre la denuncia anónima y la venta de un paquete de películas a Televisión Española por parte de un conocido productor de cine, casualmente accionista de Antena 3. Todos estos datos, señorías, permitirán conocer con exactitud el grado de implicación del Gobierno y de responsables políticos de la Administración en todas estas incidencias, que, sin duda, demuestran bien a las claras que, efectivamente, quienes firmaron el pacto de Nochebuena se iban a enterar. Lo que a estas alturas del relato parece claro es que quien profirió las amenazas sabía muy bien lo que estaba diciendo.
Finalmente, y para no extendernos, sólo recordaré a este Parlamento que, con posterioridad a los hechos hasta aquí descritos y tal como anunció el diario El Mundo, el Gobierno remitió a esta Cámara un proyecto de ley para regular los acontecimientos deportivos de interés general. Se trató desde el Gobierno de explicar que dicho proyecto pretendía garantizar el fútbol abierto para todos los españoles. Se aprovechó este momento para lanzar una campaña de insidias desde el Partido Popular sobre los oscuros intereses del Partido Socialista, que no eran otros, se decía desde el Partido Popular, desde el Gobierno, que privar a trabajadores y pensionistas del espectáculo de ver los partidos de fútbol por los canales de televisión públicos y en abierto. Hoy sabemos que detrás de toda esta operación de manipulación informativa se escondía un interés político inconfesable y otra vez más la ejecución de las amenazas.
Señorías, poco importaba garantizar la emisión del partido Madrid-Barcelona en abierto; de lo que realmente se trataba, y las discusiones en esta Cámara no dejan lugar a dudas, era de romper los contratos firmados por los clubes de fútbol con los dos grupos de comunicación firmantes del pacto de Nochebuena. De lo que se trataba era de castigar a estos dos grupos de comunicación, de privarles de los derechos del fútbol televisado, que, por cierto, comparten con las televisiones públicas autonómicas, y eso a cualquier precio, porque para pagar, señorías, ya está Telefónica.
Señorías, el Parlamento debe asumir sus propias funciones e investigar lo ocurrido conforme a lo previsto en el artículo 79 de la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, vaya concluyendo.


El señor PEREZ RUBALCABA: Voy terminando, señor Presidente.
En términos políticos, los hechos sucintamente narrados constituyen un manifiesto abuso de poder que no encaja en las reglas por las que deben regirse los poderes públicos en un Estado democrático. Dichos hechos, además, no agotan la febril actividad del Gobierno

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en estos meses. Este Parlamento ha de conocer si en este período de tiempo desde el Ejecutivo se han producido avisos, presiones o coacciones dirigidas a algunos de los accionistas de los medios de comunicación firmantes del llamado pacto de Nochebuena. Es necesario saber también qué maniobras, qué presiones se han ejercido para ampliar la llamada plataforma gubernamental. Quizás en este contexto podamos entender las idas y vueltas del Ministro de Fomento en relación con los futuros canales de televisión en abierto. Quizás podamos saber si son promesas, amenazas, o las dos cosas. Es necesario también conocer qué ha pasado en este tiempo con la publicidad institucional, al menos con la de Telefónica, y al menos mientras en dicha compañía existía capital público. Quién y por qué se toma la decisión de empeñar a Televisión Española en una batalla publicitaria completamente absurda.
Las amenazas, las coacciones, las connivencias más o menos expresas entre el poder público, algunos medios de comunicación y determinados intereses privados no son comportamientos que deban quedar al margen del reproche político de este Parlamento. Si desde el Poder Ejecutivo se ignoran derechos individuales o societarios, si se restringen las libertades de información en la empresa, deben exigirse las correspondientes responsabilidades políticas.
Voy terminando ya. Creo que el relato de hechos es contundente. Retratan a un Gobierno en campaña contra unos medios de comunicación que no se dejan doblegar. No, señorías. No es una batalla entre medios, en la que no entraríamos; es una batalla del Poder Ejecutivo, del Gobierno español contra unos medios muy concretos, aquellos que no le son dóciles, aquellos que no le son afines. ¿Es que alguien piensa que la Compañía Telefónica se hubiera embarcado a liderar una plataforma de televisión digital si no fuera por indicación expresa del Presidente Aznar? ¿Es que alguien se imagina que la revista Epoca se lanzaría a la conquista de los cielos si no fuera porque así conviene al Gobierno del señor Aznar? ¿De verdad a alguien se le pasa por la cabeza que el Fiscal General hubiera emprendido acciones, a partir de una denuncia anónima, contra un empresario de comunicación si no le conviniera al Gobierno del señor Aznar? ¿Es que queda alguien en esta Cámara tan ingenuo como para pensar hoy que se instruiría en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional una demanda contra los directivos del otro grupo de comunicación firmante del pacto de Nochebuena si el Gobierno de Aznar no lo hubiera alentado? No, señorías. No estamos ante una guerra entre medios de comunicación.
Estamos ante una guerra del Gobierno de José María Aznar contra los medios de comunicación que no se pliegan a sus deseos. Dicho de otro modo, si los diarios El País y El Periódico, el grupo Prisa y el grupo Zeta, trocaran sus críticas a Aznar por lisonjas y elogios, no se hubiera producido ninguna de las actuaciones que he referido, ni las amenazas, ni las leyes, ni las actuaciones fiscales, ni las instrucciones judiciales.
Nada de eso hubiera ocurrido, porque todas ellas son, señoría, pura y simplemente, represalias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rubalcaba, termine ya, por favor.


El señor PEREZ RUBALCABA: Termino ya, señor Presidente.
En España, señorías, existen unos medios de comunicación progresistas y otros conservadores, como en cualquier nación democrática. Los hay más complacientes con el Gobierno de derechas y los hay más críticos. Es lo normal en cualquier país en el que existan libertades. Pero la originalidad está en que aquí manda un Gobierno, el del señor Aznar, que sólo quiere medios de comunicación afines. (Rumores.) Sólo acepta que por la radio, por las televisiones o en las páginas de los periódicos se repitan una y otra vez sus consignas o las de su portavoz.
El Presidente Aznar afirmó hace pocas fechas, a preguntas de un prestigioso diario internacional, en relación con la situación de la economía española, que el milagro era él. Señorías, si este hombre milagroso que hoy preside nuestro Gobierno consiguiera el milagro de hacer callar a todos los medios de comunicación independientes, con amenazas, con leyes, con decretos, con fiscales o con tribunales, entonces, señorías, el milagro resultante no merecería el nombre de democracia.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Trías Sagnier.


El señor TRIAS SAGNIER: Gracias, señor Presidente.
Sinceramente, señor Rubalcaba, creía que usted iba a elevar el tono del debate y no iba a caer en la fácil argumentación que llevamos oyendo en esta Cámara desde hace casi cuatro meses.
Esta Cámara es la casa donde se hacen las leyes y es el gran foro del debate político. Quizá es una visión un poco idealista de este modesto y neófito Diputado. Lo cierto es que llevamos meses discutiendo, gracias a las iniciativas de sus señorías del Grupo Socialista, sobre los intereses particulares, por otra parte perfectamente legítimos, de unos grupos y de unos oligopolios. Resulta de verdad sorprendente esta forma que tienen SS. SS. de entender el Estado del bienestar. Esa es quizá la doctrina González. (Aplausos.) Por otro lado, señor Rubalcaba, usted ha hecho una cita de la revista Epoca que me parece carente de toda

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y de la más mínima cortesía parlamentaria, al traer aquí, como apoyatura de su discurso, una cita del hijo del Presidente del Gobierno. Yo, por cortesía parlamentaria, no voy a citar lo que han dicho tantas revistas, tantos diarios de la familia del ex Presidente del Gobierno, porque merece todos mis respetos y porque no quiero mezclarlo en este debate.
(Aplausos.--Varios señores diputados: Muy bien.), Señorías, mi actuación, tanto pública como privada, ha estado presidida siempre, en toda mi vida, por el deseo de concordia. He impulsado acuerdos y he impulsado pactos, y he evitado, siempre que he podido, la confrontación y la descalificación del adversario. Yo, desde luego, no voy a descalificarles, pero mi deber como Diputado es centrar este debate en lo que es la calificación. Y por lo que respecta a la solicitud insólita de creación de una comisión de investigación de ámbito genérico, que no esconde otra cosa que un deseo de juzgar toda la actuación de un año de Gobierno, sin centrarse en lo que es fundamental: acuerdo de pensiones, acuerdo del mercado laboral --hoy hemos convalidado los dos reales decretos--, acuerdo en lo esencial, en lo que es la unidad monetaria, ustedes intentan centrarse en lo accesorio, y por ello nuestro grupo en esto --y además se ha debatido hasta la saciedad-- se opone de forma rotunda y contundente. Yo le he dicho que no voy a calificar su iniciativa, porque eso ya lo hizo la Mesa y la Junta de Portavoces del Congreso, en lo que son sus aspectos jurídico procesales, pero sí lo voy a hacer desde el punto de vista político y desde los aspectos jurídico-materiales.
¿Cuál es el sentido que tienen las comisiones de investigación, señoría? Cójanse la ley y lean el espíritu y la letra de la misma. Las comisiones de investigación tienen que ser sobre un objeto determinado, no fundamentarse en cuestiones genéricas, en juicios de valor y orientada a juzgar la acción del Gobierno en los campos más accesorios, más diversos y más variopintos: telecomunicaciones, Agencia Tributaria, actuación de los miembros del Gobierno, Fiscalía General del Estado, presuntas coacciones o amenazas. Ustedes ni siquiera tienen la corrección de llamarlas presuntas, lo afirman de una manera rotunda, concluyendo lo que en todo caso tendría que concluir una comisión de investigación. Yo creo que ustedes hacen un totum revolutum de lo que es accesorio para elevar el tono de la crispación. Para ello, señorías, tienen ustedes otros campos parlamentarios, que son las preguntas, que semanalmente se les hace a los diversos miembros del Gobierno y a su Presidente a la cabeza, en lo que son las sesiones de control y, por otro lado, las comisiones de investigación para investigar temas concretos. Por ejemplo, si SS. SS.
quieren investigar cómo un Gobierno adjudicó a una cadena privada de televisión, al parecer preteriendo otros intereses que legalmente parece que estaban mejor protegidos en el año 1989, pues podríamos investigarlo.
Si SS. SS. quieren investigar, por ejemplo, si hubo presiones por parte de un gobierno para que una cadena de radio dejase el lugar a otra cadena de radio, que adquirió prácticamente todos sus derechos, quizá también sería interesante investigarlo. Para temas concretos y determinados. Pero es que en la solicitud que ustedes han presentado a esta Cámara, señorías, prejuzgan los hechos y concluyen, en coherencia antijurídica, con ese prejuicio.
Yo no le voy a negar a usted legitimidad jurídica, aunque usted sea químico, porque estuvo muchos años dentro del Gobierno, fue Ministro de la Presidencia y creo que tiene usted toda la legitimidad jurídica, pero se ha equivocado. O sea, usted concluye, en coherencia antijurídica, lo que prejuzga en los hechos y en los motivos que han ocasionado la presentación de esta Comisión, llegando al cenit de la incoherencia y del absurdo, por lo menos del absurdo jurídico, cuando dicen: «Todos estos hechos y otros que no viene al caso relatar aquí, para no alargar innecesariamente este escrito, son la prueba de que el Gobierno utiliza procedimientos de presión y coacción contra empresas, constituyendo un manifiesto abuso de poder». Y afirman, para concluir, que tienen que averiguar cuáles han sido las actuaciones abusivas --que ya lo han concluido-- que el Gobierno realiza desde el 24 de diciembre de 1996. Y todo ello con un único fin: que el Gobierno reoriente --lo dicen ustedes en su proposición-- la estrategia con respecto a la televisión digital.
Yo extraigo dos conclusiones. La primera, que la única estrategia que ustedes pretenden con la creación de esta comisión es la defensa de unos intereses legítimos, pero privados. Eso es lo que ustedes sostienen cuando dicen que quieren analizar la estrategia respecto a la televisión digital. En segundo lugar, señoría, me tiene que admitir que como abogado, no ya como Diputado solamente, me resulte chocante y sorprendente la utilización de términos tan imprecisos para formular tan graves acusaciones como la de que fundamentan su petición en otros hechos que no viene al caso relatar aquí para no alargar innecesariamente este escrito. ¿No será, señorías, que no tienen ningún argumento y han utilizado este pobrísimo recurso forense de mal abogado para fundamentar su pretensión? Por otro lado, si nos ponemos a investigar quizá lo tendríamos que hacer desde que se liberalizó la televisión; si se concedió algún canal con evidente abuso de poder. Así al menos lo afirmó un día, hace años, el presidente de una cadena privada de televisión. ¿Qué me dirían ustedes si hubiese dicho del Gobierno: «Miren, todos estos despropósitos y algunos más graves que me reservo por sentido de la responsabilidad no se produjeron en una charla informal ni en una conversación telefónica, sino en un despacho de La Moncloa al que fui formalmente convocado por la Ministra portavoz del Gobierno. Fui apercibido en la misma conversación de que me atuviese a las consecuencias si no acataba sumisamente esta arbitrariedad». También

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afirmó el señor Asensio en su día: «El Gobierno ha cometido una ilegalidad jurídica --refiriéndose a ustedes-- y una arbitrariedad política al dejarse llevar por intereses particulares de dudosa moralidad de algunos ministros y de sus poderosos amigos y por intereses económicos y estratégicos partidistas, no por inconfesables menos ciertos». Son palabras pronunciadas por una persona que ahora goza de su amistad, porque pudimos ver cómo le recibían, por las cadenas de televisión.
(Risas.--El señor Pérez Rubalcaba hace signos negativos.) No, no usted, señoría, otras personas que se sientan en esos escaños. Son vuelcos que da la vida política.
Nunca, señorías, se le otorgó por parte del Grupo Popular la más mínima credibilidad a esas manifestaciones y nosotros no solicitamos entonces que se organizase una comisión de investigación por esas palabras, que son lógicas, porque él defiende unos intereses privados, que repetiré una y cien veces que son perfectamente legítimos si no están en contraposición con intereses públicos. Eso es lo que intenta hacer el Gobierno: regular intereses que favorezcan a todo el mundo.
(Aplausos.--¡Muy bien.--Muy bien.) Señorías, las intenciones que persigue el Grupo Socialista parecen claras y no tienen nada que ver --como les he dicho antes-- ni con la letra ni con el espíritu para el que están constituidas las comisiones de investigación. Ustedes pretenden una especie de juicio paralelo y público sobre campos tangenciales para desviar la atención de otros temas que comprendo que les pesan a ustedes como auténticas losas y que no voy a citar porque yo sí tengo cortesía parlamentaria. (Aplausos.) Sin embargo, no puedo evitar desenmascarar una estrategia que repiten ustedes, señorías, de forma machacona en una especie de argumentario aburrido y común a todos. Para quitarse los problemas que tienen encima lo hacen del siguiente modo. Por un lado --y eso es algo que solemos hacer los abogados (Risas.), preconstituir pruebas--, preconstituyen pruebas. Primero, descalifican a los jueces que les incomodan, a los que llaman descerebrados. Esos jueces descerebrados que ustedes rescatan de la Judicatura, que los ponen como número dos en las listas electorales y que van con ustedes no con nosotros. (Aplausos y protestas.) Segundo. Se insulta a los medios de comunicación que no son de su agrado, denominándoles el sindicato del crimen, sindicato del crimen donde prácticamente todos los que ustedes meten en ese saco fueron los más fervientes apoyos que ustedes tuvieron en las legislaturas primera y segunda. (Varios señores diputados: ABC.--Protestas.) Sí, señorías, los más fervientes apoyos que ustedes tuvieron. Si no, acudan a las hemerotecas; si les gusta leer. Tercero. Cuando algún tema judicial se les pone de cara, dicen: Hombre, ya lo decíamos nosotros; van a por nosotros, nos persiguen, es una conspiración urdida por jueces descerebrados, por el Gobierno, por el Grupo Popular, por todo el mundo.
(Rumores.) En fin, llegando al otro lado de la cuestión, tienen ustedes instrucciones de elevar la tensión con argumentos tan ruines --porque no tienen otro nombre-- como que el Partido Popular ataca las libertades, que con la derecha vuelve la caverna (Varios señores diputados: Sí, sí.) y que pretendemos acabar con la libertad de expresión. (Aplausos.--Varios señores diputados: Sí, sí.) Pues miren, señorías, afortunadamente no todos los de su grupo son de esa misma opinión y gritan un sí como si fuese una instrucción, sino que muchas personas de su grupo piensan justo lo contrario. (Rumores.--Varios señores diputados: No, no.) Ustedes, desde el 30 de diciembre de 1996, como puso de manifiesto y desenmascaró en la Comisión Constitucional el Secretario de Estado para la Comunicación, tienen instrucciones de elevar la tensión porque les atenazan otros temas que ya les he dicho que no voy a citar por cortesía parlamentaria, y no lo voy a hacer. (Protestas.) Para oponernos a la creación de esta comisión también quiero alegar motivos de pura economía parlamentaria. En la Comisión Constitucional, y ahí están los «Diarios de Sesiones», se discutió por activa y por pasiva todo lo que se tenía que discutir, y no de una forma genérica como ustedes pretenden ahora en esta comisión de investigación.
Por todos estos motivos, señorías, señor Presidente, el Grupo Popular se opone a la creación de esta comisión. Esto ya se ha debatido, son temas que se han debatido hasta la saciedad. El verdadero debate no está en estas cuestiones; el verdadero debate está en temas mucho más importantes, no en la defensa de unos intereses privados y su verdadero debate también lo tienen ustedes en otros sitios.
Nada más. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías.
Señor Pérez Rubalcaba. (Rumores.--Un señor Diputado: Ten cuidado, que es abogado.)

El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Trías, por su intervención, por el tono de la misma y por la clase de Derecho que nos ha dado a todos, a mí singularmente que, efectivamente, buena falta me hace. Pero aquí no venimos hoy a hablar de Derecho, sino de política; ese es el problema.
Déjeme que haga tres pequeñísimas precisiones a su intervención y luego entro en el fondo del problema, que usted no ha querido tocar. Primero.
No diga usted que nosotros no hacemos otra cosa que hablar de estos temas, porque ustedes han traído aquí dos proyectos de ley en los últimos cuatro meses: un decreto-ley que se ha convalidado como ley y se ha tramitado como ley; una ley que estamos viendo a uña de caballo, con trámites de urgencia, con comparecencias hechas por

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la tarde y por la noche, saliendo del Parlamento a las doce... Pero, señor Trías, por favor, ustedes son los que traen ese debate, ustedes son los que viven obsesionados con ese debate (Rumores.), nosotros nos limitamos a relatar los hechos. (Protestas.--El señor Vera pronuncia palabras que no se perciben.) Estoy hablando con el señor Trías, no con usted, señor Vera.


El señor PRESIDENTE: Señor Vera, no establezca diálogo con el orador. (El señor Vera pronuncia de nuevo palabras que no se perciben.) ¡Señor Vera! (El señor Vera pronuncia de nuevo palabras que no se perciben.) ¡Señor Vera, le llamo al orden! Continúe, señor Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Trías, respecto a la crispación, me gusta su tono, creo que me parezco a usted en eso, pretendo ser un parlamentario tranquilo y estoy más cómodo en ese tono que en otro, pero de crispación no sigan ustedes hablando. Déjeme que haga una incursión por lo que ha pasado estos días ¿Quién ha crispado a los fiscales, señores del PP? (Algunos señores Diputados: ¡Vosotros! ¡Vosotros!) ¿Nosotros? ¿Nosotros hemos nombrado al señor Fungairiño? ¡Hombre! Señorías, me parece demasiado.
(Aplausos.) Tercero. Para historias raras de conspiraciones, de guiones, la del señor Rodríguez el otro día en la Cámara. Pero usted y yo hoy aquí lo tenemos facilísimo. Le propongo una cosa muy sencilla, muy elemental, que venga aquí y diga ante toda la Cámara que los señores Oneto, Hermida y Campo Vidal han mentido. Se lo propongo. Yo le digo a usted que el señor Rodríguez y el Vicepresidente --que me perdone porque no está en el debate-- no han dicho la verdad. El señor Rodríguez en su comparecencia mintió, lo afirmo con toda la claridad. Por tanto, no saque intervenciones pasadas porque, créame, no le van a hacer ningún favor.
Salga aquí y dígalo, si se atreve. Don Miguel Angel Rodríguez no lo pudo decir y, ¿sabe por qué no lo pudo decir? Porque es verdad, señor Trías, porque lo sabe todo el mundo y, sobre todo, porque el relato de hechos es concluyente, porque no se amenazó, se concretaron las amenazas y he hecho un relato, repito, concluyente aquí.
Entiendo que ustedes tienen que contraatacar. Usted lo ha hecho de forma razonable, no se ha pasado en ese asunto --otros compañeros de su grupo seguro que lo hubieran hecho mucho más agresivamente--, pero la filosofía es la misma que la que impregna la propuesta del Grupo Popular que vamos a discutir después en esta Cámara, que el señor De Grandes, su portavoz, nos aclaró en una rueda de prensa. Nos dijo: presentamos esta propuesta para investigar hacia atrás, para que quitéis la vuestra. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) En definitiva, igual que con los medios de comunicación, que se calle la oposición. Ese es el problema señorías, ese es el problema (Aplausos.) con los medios de comunicación y con la oposición.
Déjeme que le diga una cosa, ya que usted ha dado lecciones jurídicas, me voy a permitir mencionarle una lección democrática --no sé si usted la necesita o no, algunos compañeros de su grupo, sí--. (Rumores.) En democracia, a la oposición le corresponde controlar al poder y al poder le corresponde aguantar y yo me he sentado en ese banco y he aguantado muchas críticas. Algunas me han gustado más y otras menos, pero esa es mi obligación democrática. Lo que no es democrático es decirle a la oposición: o quitáis la petición de comisión de investigación o pedimos otra. Eso no es democrático, eso pretende tapar la boca a la oposición igual que lo que discutimos aquí en esta tarde, que lo que se pretende es tapar la boca a los medios de comunicación.
Le voy a decir una segunda cosa muy elemental, no nos van a callar (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.), y no nos van a callar por una razón muy sencilla, porque como dijo el otro día Felipe González y le repito hoy aquí, nosotros no tenemos ningún paquete de acciones en ningún medio de comunicación. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Ninguno. (Aplausos.) No podría decir lo mismo de todos los que se sientan ahí; nosotros ninguno. Sin embargo, sí tenemos un paquete de acciones, uno, una inversión muy importante, la que hicimos como partido político en la transición en una cosa que se llama libertad de expresión en España y en la defensa de esa inversión con uñas y dientes nos va a encontrar, con uñas y dientes.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, debe concluir.


El señor PEREZ RUBALCABA: Sólo tres minutos, señor Presidente.
El problema, señor Trías, no es si hay monopolios u oligopolios. Haga usted una comparación de la estructura de medios en España y la que hay en Europa y verá cómo en España hay mucha más dispersión de poder en términos de medios de comunicación que en Europa. Ese no es el problema.
El problema que aquí discutimos hoy y el que usted no quiere discutir es por qué ustedes no soportan la crítica, por qué no encajan la crítica, por qué quieren amordazar a todo aquel que les insulta...(Risas.) Y que les critica; también los insultos valen en política. Miren, ustedes en esta materia, señorías, son reincidentes. Ese es su primer problema. Son reincidentes. Ustedes ya trataron de hacer lo mismo, el señor Aznar en concreto, en el Gobierno de Castilla-León. (Rumores.--Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No, no le voy a hablar de las listas negras, no. Hoy voy por otro sitio. Mire, le voy a leer una frase muy sencillita dicha

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en un seminario dirigido por un sociólogo que nada tiene que ver con el Partido Socialista, celebrado en Avila en 1994, pronunciada por un director de un medio de comunicación de Castilla-León, que decía que la interdependencia entre el Gobierno y los medios en Castilla-León había rebajado hasta límites mínimos el sentido crítico de la prensa frente al poder público, y ha instaurado una cierta uniformidad editorial. Añadía: en el mejor de los casos no se critica la labor de la Junta, y en el peor, en la mayoría, se es complaciente y adulatorio. Ese es el proyecto.
Ese es el proyecto al que se refería el comentarista de la cadena COPE cuando dijo aquello de: había un intento de controlar, quiero decir, de reorganizar los medios de comunicación.
Ese es el proyecto. Medios dóciles, medios afines, medios que repitan las consignas del portavoz del Gobierno. En este caso, desgraciadamente, el portaamenazas. (Rumores.) Ustedes tienen ese problema, que son reincidentes, y le voy a decir más, tienen otro, que no sólo han enredado en esto que hemos discutido hoy aquí, que es muy importante, que lo han hecho en muchos otros sitios. Mire, le recomiendo que lea usted un periódico, el diario El Sur de Málaga... (Risas.) Sí, perdonen, ya lo siento. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No, déjeme que le voy a leer palabras textuales, no es de Zeta, lo veo aquí, lo tengo aquí y dice: Tres grandes grupos de comunicación de España denuncian presiones del Gobierno. No voy a hablar del grupo Zeta. Voy a leer las declaraciones de un altísimo dirigente del grupo El Correo, que creo que no tiene nada que ver con el Partido Socialista y que dice...
(Rumores.) Y que dice que durante el mandato socialista --se lo digo por lo que vamos a discutir después-- no tuvimos nunca ningún problema, pero ahora hemos tenido presiones bastante importantes, como las que han ocurrido para entrar en la televisión digital. Pero no es esto lo más grave. Mire, un alto directivo, cuyo nombre, por razones evidentes, me guardo aunque, si quieren lo digo, un alto directivo de otro gran grupo de comunicación Prensa Ibérica --también ésta es del Partido Socialista, seguramente-- decía literalmente: Al gabinete de Aznar le cuesta digerir las discrepancias informativas. Y también aclaro que esta situación no se daba en la etapa anterior. Y este alto directivo del grupo Prensa Ibérica --el subdirector de este grupo es el que es-- aseguró --para el que lo preguntaba-- que desde el poder central se han producido amenazas y provocaciones. Ese es su problema.
Y su tercer problema --y ya voy terminando-- es que ustedes en esta historia han mentido mucho, mucho. Se lo he dicho antes. Don Miguel Angel Martínez (Risas.), Miguel Angel Rodríguez, perdón... (Risas.) mintió en esta Cámara, mintió también en Tele 5 cuando le preguntaron por el pacto Asensio-Polanco y dijo aquello de que, desde luego, piensa que el pacto es libre y que el Gobierno defiende la libertad de hacer cualquier tipo de operaciones, etcétera. Mintió aquí cuando le preguntó el Grupo Socialista qué pensaba del Pacto de Nochebuena y dijo que el Gobierno no tenía ninguna opinión contraria a los pactos empresariales que surjan en España.
Señorías, no es posible. No es posible que venga aquí el portavoz del Gobierno y nos diga que el Pacto de Nochebuena le parece magnífico. Es que si le llega a parecer mal, declaran ustedes la guerra atómica.
(Risas.) No es posible, señorías, no es posible. (Risas.--Aplausos.) No es posible que se diga por parte del Vicepresidente del Gobierno que esto de la plataforma digital y de la audiencia no tiene nada que ver con la historia que hoy nos ocupa. No es posible, señor Cascos, usted lo sabe, porque luego sale alguien y dice...


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, concluya.


El señor PEREZ RUBALCABA: Termino, ya. Luego sale alguien y dice que aquello de que había un informe del Secretario de Estado. Ya sé que usted puede declarar que no conoce al señor Ortega, que no le ha visto nunca, que no ha hablado con él por teléfono. Todo esto lo puede declarar, pero no es posible. No se puede decir algo que luego no resulta cierto, y eso es lo que nos impulsa aún más a pedir aquí una comisión de investigación.
Porque ustedes son reincidentes. Yo diría que tienen una patología genética... (Risas.) Tienen una patología genética que está en los libros de historia descrita y que se llama intolerancia y autoritarismo...
(Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Porque ustedes son reincidentes. (Aplausos.) Porque ustedes lo que están haciendo con dos grupos de comunicación es lo que hacen con otros grupos de comunicación en España. Lo que pasa es que esto es tremendo porque el relato de hechos es concluyente. Y porque ustedes en toda esta historia han mentido en las radios, en las televisiones, y también en este Parlamento, es por lo que tenemos que hacer una comisión de investigación. (Fuertes y prolongados rumores.) Señorías, porque el tema es muy grave. (Un señor Diputado: ¡Gravísimo!) Porque no es posible que usted me haga creer que no ha pasado nada cuando ha habido dos leyes...


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, ha excedido con creces el tiempo de la réplica. Concluya de inmediato.


El señor PEREZ RUBALCABA: Termino, ya, señoría.
Cuando ha habido dos leyes, actuación de la Inspección fiscal, de la de telecomunicaciones, de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, de la Audiencia Nacional, del Fiscal General del Estado...


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¿Todo es casual? ¿Todo es casual? (Un señor Diputado: ¿Qué dices, hombre, qué dices?) ¿Todo se lo inventa el Partido Socialista? (Rumores.) No, señorías. Forma parte de una actitud muy profunda del poder y muy especialmente de su Presidente, el señor Aznar, que debe ser investigado porque ese abuso de poder, señorías... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.)... implica en nuestra Constitución --y esto sí que me lo sé-- la asunción de responsabilidades políticas. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.--Fuertes y prolongados rumores.) Y eso, señor Trías, corresponde hacerlo en este Parlamento.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba. (El señor De Grandes Pascual pide la palabra.) Señor De Grandes.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, por alusiones, al amparo del artículo 71 del Reglamento. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: ¿En qué punto, señor De Grandes? Porque el portavoz de su grupo, que entiendo que en este debate es el señor Trías, va a tener ahora derecho a la réplica.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, el portavoz de mi grupo le va a representar dignísimamente sobre el tema de fondo, y esta persona que habla, Diputado individual, quiere responder a alusiones personales proferidas por el señor Diputado en el uso de la palabra. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: ¿Alusiones personales? De acuerdo, señor De Grandes, no le había entendido eso. (Protestas.--El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera, no tiene S. S. la palabra. (Fuertes protestas.) ¡Silencio, señorías! El señor De Grandes me está solicitando un turno de alusiones personales.
Señor De Grandes, adelante, pero le ruego que comience señalando en qué punto ha sido aludido.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Tenga la seguridad de que me voy a limitar a las alusiones personales que ha proferido el señor Rubalcaba. (Protestas.--La señora Rubiales Torrejón: ¿Pero qué estás diciendo?--El señor Serra i Serra pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor De Grandes. Señor Serra.
Le ruego, señor De Grandes, que comience aclarando a la Cámara en qué momento se han producido las alusiones personales que motivan su intervención. (Fuertes protestas.) Silencio, señorías, silencio.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Si me deja el griterío.


El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes no perdamos más tiempo en el incidente. (Protestas.) Silencio, señorías.


El señor DE GRANDES PASCUAL: No me dejan hablar.
Gracias, señor Presidente, tenga la seguridad S. S. de que me voy a referir a las alusiones personales. (Protestas.) El señor Rubalcaba se ha referido al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y además me ha citado por mi nombre y apellidos, me ha imputado expresiones y ha hecho juicios de valor. Yo le quiero aclarar que es cierto que dije, en rueda de prensa, y lo reitero aquí, que nuestra petición de comisión de investigación sobre supuestos abusos de poder del Partido Socialista en relación con los medios de comunicación y que afectaban a la libertad de expresión, al derecho a la información y que afectaba al pluralismo político, era una respuesta política. Lo reitero: era una respuesta política a la desfachatez del Grupo Socialista, a la indecencia del Grupo Socialista que se atrevió a... (Fuertes protestas.--El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor De Grandes. Silencio, señorías. Si SS. SS. se sosiegan, habrá tiempo para resolver todas las incidencias. (Fuertes protestas.) ¡Señorías, guarden silencio! Señor De Grandes, el turno de alusiones permite y debe dirigirse a contestar a las alusiones sin entrar en el fondo del asunto ni hacer nuevas alusiones. No voy a debatir con S. S. Es el texto del artículo 71 y, en efecto, ha aludido al Grupo Socialista en sus últimas palabras, en términos que pueden considerarse vejatorios, para lo cual y dando por zanjado el incidente, señorías, tiene un turno de alusiones de grupo parlamentario el señor Caldera por otros tres minutos.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
No me refiero a ese artículo del Reglamento. Primero, invoco, señor Presidente, el artículo 72: «En cualquier estado del debate, un Diputado podrá pedir la observancia del Reglamento...», para recriminarle a usted, señor Presidente... (Fuertes protestas.) Estoy en el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señorías, la Presidencia no necesita que intervenga nadie más que los diputados que quieran llamar la atención sobre el Reglamento.


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El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ... para recriminarle una incorrecta interpretación del Reglamento. El señor De Grandes ha sido citado...


El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, no compliquemos ...


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ... con una información...


El señor PRESIDENTE: ¡Señor Caldera!

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: ¡Señor Caldera!

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, con una información...


El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, sabe perfectamente S. S. que en lo que a la interpretación del Reglamento se refiere no cabe debate con la Presidencia. Su señoría tiene otras vías para manifestar su protesta perfectamente legítimas, pero no hace al caso, señor Caldera. Si lo desea, puede consumir ahora un turno por alusiones; si no, le retiraré la palabra, porque no cabe debate sobre la interpretación reglamentaria de la Presidencia, señor Caldera, y lo sabe perfectamente.
Si desea consumir un turno por alusiones, tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, a continuación, el portavoz del Grupo Socialista en este debate manifestará en el turno de alusiones lo que le parezca conveniente. En todo caso, respeto su autoridad en la dirección de los debates (Una señora Diputada del Grupo Socialista: Nosotros nos fiamos de él), pero me permito solicitar que conste en Acta mi formal protesta por esa concesión que, repito, rompe todo precedente en esta Cámara... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡ Silencio, señorías!

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, lo podremos comprobar en el «Diario de Sesiones»...


El señor PRESIDENTE: Así se hará.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Rompe todo precedente en esta Cámara en relación al hecho de que la cita a un parlamentario, si está concretada en una declaración pública y periodística, es una cita, no una alusión. Y en relación...
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, así se hará, a partir del «Diario de Sesiones».


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: En relación con el turno que me corresponde con respecto a los insultos que el señor De Grandes...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Caldera, me ha dicho que lo iba a utilizar el señor Pérez Rubalcaba.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Lo utilizará el señor Pérez Rubalcaba, pero acabo diciendo que, por los insultos que el señor De Grandes ha dirigido a mi grupo parlamentario, toda la Cámara podrá ver quién es el causante de la crispación. Mejor ejemplo, imposible. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.


El señor PEREZ RUBALCABA: Señor Presidente, efectivamente yo he aludido al señor De Grandes; para ser exacto, a unas declaraciones del señor De Grandes que salieron en todos los medios de comunicación, en las que el señor De Grandes decía más o menos lo siguiente (El señor Hernando Fraile: Más o menos, no.) Señor Hernando, es usted un parlanchín infatigable. (El señor Hernando Fraile: Pido la palabra por alusiones.)

El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, evite nuevas referencias y termine su turno.


El señor PEREZ RUBALCABA: Señor De Grandes, usted decía: Presentamos una propuesta de comisión de investigación del pasado para que los socialistas retiren la suya del presente. Eso es lo que usted decía. (El señor De Grandes Pascual: ¡Eso no es verdad!) Y, señor De Grandes, lo he dicho en la tribuna y lo repito aquí: eso es profundamente antidemocrático. Nosotros somos la oposición. Nuestra obligación es controlar al Gobierno, a este Gobierno, no al anterior. Ustedes no pueden pretender callarnos la boca con amagos y gambitos sobre el pasado. Si quieren investigar el pasado, háganlo; después vamos a discutirlo, pero háganlo hasta donde quieran. Pero eso no quiere decir que no investiguemos los abusos de poder que desde el Gobierno del Partido Popular se están cometiendo. (Aplausos.--El señor De Grandes Pascual: ¡Falta usted a la verdad!--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalbaca. (El señor Trías Sagnier pide la palabra.) Señor Trías, las incidencias y alusiones son cruzadas. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.) Señor Hernando, S.
S. no ha sido aludido para nada. (Varios

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señores Diputados del Grupo Popular: ¡Sí, sí!--Risas.) ¡Señorías, hasta ahí podían llegar las bromas! Señor Hernando, S. S. ha establecido diálogo cruzado con el señor Pérez Rubalcaba.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernandol Su señoría ha establecido diálogo cruzado con el interviniente...


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, he sido aludido...


El señor PRESIDENTE: ¡Señor Hernando! Ha establecido un diálogo cruzado con el interviniente, y dése por satisfecho con no haber sido llamado al orden.
Tiene la palabra el señor Trías.


El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, desde luego estoy dispuesto a aceptar todo tipo de reprimendas y a ser un disciplinadísimo Diputado, pero convendrá conmigo, señor Presidente, que quizá la apelación más dura que se ha hecho contra un grupo parlamentario salió de las filas del Partido Socialista, que ha hecho una alusión nada menos que a la Guerra Civil a causa del tema de la guerra del fútbol. (Aplausos.--Rumores.) Señor Presidente, voy a procurar intervenir brevísimamente para no alargar más este larguísimo debate. El señor Pérez Rubalcaba no ha explicado por qué hacen esa defensa numantina de unos grupos minoritarios, de unos oligopolios; primera cosa que no ha explicado, y ha descentrado el debate.
Le agradezco esa cariñosa expresión sobre las clases de Derecho. Usted no las necesita. Yo estoy dispuesto, en cambio, a aceptar todo tipo de clases de democracia, pero estará usted de acuerdo conmigo en que eran precisamente ustedes, hace años, los que contraponían la democracia formal con la democracia material. Muchos de los que lo hacían se sientan en esos bancos, señorías. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor TRIAS SAGNIER: Los maestros de esa distinción se sientan ahora en sus bancos. El que desconoce la democracia formal es imposible que sea respetuoso con la democracia material. (Rumores.--El señor Cuesta Martínez pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señor Cuesta.


El señor TRIAS SAGNIER: Usted ha citado con frases gruesas, y eso me parece otra descortesía parlamentaria, al Secretario de Estado para la Comunicación, don Miguel Angel Rodríguez, que no tiene fuero parlamentario y que no puede defenderse. (Rumores y protestas.--El señor Aguiriano Forniés: ¡Miente!) Usted ha citado la escasa actividad legislativa y parlamentaria que hay en esta Cámara. Yo, señoría, estoy sorprendidísimo. Precisamente, muchas veces salimos a las doce de la noche, y eso a usted no le debería extrañar; estamos precisamente para trabajar; para trabajar en las leyes y trabajar, si es preciso, hasta las tres de la madrugada. (Aplausos.--Rumores.) Usted se ha referido a la denominada por ustedes guerra de los fiscales.
Lo dijo ayer el Presidente del Gobierno: ustedes no tienen autoridad moral para referirse a la cuestión de los fiscales. (Rumores y protestas.--Varios señores diputados: ¡Oh!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor TRIAS SAGNIER: Usted ha citado a tres periodistas absolutamente dignos, con algunos de los cuales me une una amistad desde hace muchísimos años. Con uno en concreto he escrito en un diario cuando él era el director. Pero convendrá conmigo en que lo que yo hago es --y perdóneme usted que vuelva a utilizar un argumento jurídico-- una tacha de testigos, porque están a sueldo, y me parece perfectamente lícito y legítimo (Rumores.), de otro medio de comunicación que está precisamente en liza en esta batalla. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor TRIAS SAGNIER: Que usted diga que se intenta acallar a la oposición y tapar la boca a la libertad de expresión me parece una frase absolutamente excesiva, sobre todo cuando el diario The Economist señalaba que España, en el ranking de los países con libertad de expresión, estaba muy por encima de Gran Bretaña, Francia y Alemania. (El señor Aguiriano Forniés: ¡Estaba, estaba!) Y precisamente lo recordó don Mario Vargas Llosa, colaborador del diario El País, cuando recibía los premios Cavia de un diario que ustedes incluyen dentro de lo que denominan la caverna.
Ustedes tienen una distinta vara de medir cuando la aplican para ustedes que cuando lo hacen con el contrario. Tienen una doble moral. (Rumores.) Eso mismo es lo que han hecho esta mañana cuando su representante imputaba, acusaba al Partido Nacionalista Vasco de ser ambiguos en algo tan delicado como es la lucha antiterrorista. (Rumores y protestas.) El Partido Nacionalista Vasco, socio nuestro, ha sido siempre coherente con sus actitudes, los que no lo han sido son ustedes, señorías.
(Aplausos.--El señor Aguiriano Forniés: ¡Mentira, no tienes ni idea! Rumores y protestas.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías Sagnier.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio. No podemos continuar el debate si SS. SS. no hacen posible la consecución del mismo.
Puede comenzar, señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Después de oir el debate de esta tarde, aún me ratifico más en la posición que voy a defender, puesto que entiendo que la guerra dialéctica que hoy han planteado ciertamente sólo les interesa a ustedes dos. Soy uno de los diputados, en este caso Diputada, que forma parte de la Comisión que investiga las actuaciones de la Agencia Tributaria, y también acabo de votar, conjuntamente con el resto de los diputados del Grupo Mixto, la creación de la comisión para investigar las responsabilidades del tema GAL. En este último caso, por convicción profunda, porque entiendo que la lucha para saber lo que ocurrió en los años oscuros de la guerra sucia es una lucha antigua y vital para la democracia. En todo caso, esta lucha es de tal naturaleza que la demanda de una comisión GAL necesariamente tiene que situarse fuera de contextos concretos, de coyunturas más o menos apasionantes.
No puedo, en cambio, decir lo mismo ni de la Comisión que ya existe sobre la Agencia Tributaria ni de las dos que hoy se plantean vinculadas a la política del Gobierno, el actual y el anterior, respecto a los medios de comunicación. Creo que estamos cayendo todos en una trampa mortal, en una especie de ruleta rusa parlamentaria que está disparando al corazón mismo de la credibilidad de este Parlamento. ¿Cuántas comisiones de investigación más van a plantear ustedes, unos y otros, en esta legislatura? ¿Cuántas comisiones que no van a servir nada más que para lanzarse los platos a la cabeza, declarando y contra declarando unos contra otros, en una espiral de odios y venganzas que sólo servirá para crispar y tensar la vida política? ¿Hay un solo Diputado en esta Cámara que a estas alturas de la película piense que tanta iniciativa investigadora va a servir para investigar o esclarecer alguna cosa? Señorías, me voy a abstener en las dos iniciativas casi, casi por higiene parlamentaria y, por supuesto, no porque esté de acuerdo con algunas actitudes que recientemente se han producido, como la escandalosa injerencia del Partido Popular en el libre mercado comunicativo a través de la ley del fútbol. Y tampoco soy tan ingenua para pensar que el Partido Socialista no cometió en su momento abusos respecto a los medios de comunicación. No; me abstengo porque creo que estamos pervirtiendo el sentido de esta Cámara, convirtiéndola en una especie de corral que grita más que legisla. Creo además que es una locura sobrecargar de comisiones de investigación una Cámara que luego, además, es incapaz de llegar a conclusiones de ningún tipo. Unos y otros, señorías, Partido Popular y Partido Socialista, están utilizando las comisiones de investigación como escenario de sus peleas particulares y sus temas pendientes. Su objetivo no es tanto la investigación --y lo vemos día a día en la Comisión que busca 200.000 millones de pesetas perdidos-- como tener un escenario más o menos espectacular donde encontrarse y medirse permanentemente las fuerzas. En todo caso, es evidente que me parece más lógica esta comisión planteada por el Partido Socialista, porque, como mínimo, intenta investigar al Gobierno actual, que no la siguiente propuesta del Partido Popular, que encima intenta investigar a un partido que ya no gobierna.
Eso sí que es la más absoluta perversión del sistema.
Señores del Partido Popular, hagan ustedes de Gobierno y dejen de forzar a este Parlamento a controlar a un partido que perdió las elecciones y ya no tiene responsabilidades políticas. No utilicen ustedes al Partido Socialista de ayer como escudo protector de sus responsabilidades de hoy.
Que se lo diga una Diputada independentista puede parecer chocante, ciertamente, pero a ver si de una vez tienen ustedes más mentalidad institucional, más criterios de Estado y menos vocación de oposición.
Y ustedes, señorías del Partido Socialista, no caigan en la trampa; no piensen que recoger el guante de la provocación les legitima más o les exonera. Ustedes fueron responsables de muchos errores, pero lo pagaron electoralmente. Y la mejor manera de volver a ganar credibilidad creo que no se consigue a golpe de comisiones de investigación.
En fin, porque creo que nada ganamos, que sólo ayudamos a desacreditar este Parlamento, que estamos cayendo en una vorágine que nos puede devorar a todos, porque creo que el ciudadano ya está bastante harto de estas peleas de salón, por todo ello me voy a abstener en la votación de las dos comisiones. Lo voy a hacer porque creo que en ello reside el sentido común.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rahola.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde la dialéctica de la serenidad, Coalición Canaria se va a pronunciar simultáneamente ante estas dos iniciativas de creación de comisiones de investigación, la que estamos discutiendo en este momento procesal, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la

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que veremos a continuación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Señor Presidente, vamos a votar en contra de las dos iniciativas. No nos vamos a abstener, votaremos que no. Si vamos a trasladar a sendas comisiones de investigación el mismo talante, el mismo espíritu, la misma fogosidad que se ha empleado en este debate --debate, por supuesto, democrático y parlamentario--, si vamos a utilizar unos instrumentos en los que estarían obligados a analizar los datos con frialdad objetiva, yo me pregunto: ¿qué datos, qué carga de la prueba se puede encontrar en lo que es legítimamente un debate político puro que debe celebrarse en otro escenario que no es el de unas comisiones de investigación? No digo yo que no se hable de estos temas; que se hable libremente, pero no utilizando como instrumento una comisión de investigación que debería tener un rigor jurídico, científico, técnico, político también, por supuesto, comisión de la que tendríamos que formar parte grupos minoritarios. Porque, señor Presidente, con la dinámica que se ha establecido en esta Cámara de Subcomisiones, de ponencias de estudio, de análisis, de investigación, los grupos parlamentarios que tenemos un mandato político de nuestro electores para controlar al Gobierno, para legislar, no podemos ni controlar al Gobierno ni legislar. Este problema se nos plantea a los grupos que tenemos un número de diputados menor que el número de ponencias y Subcomisiones que hay en esta Cámara, que se añade a las Comisiones que señala nuestro Reglamento para trabajar en un sistema político.
Señor Presidente, he encontrado dos puntos de contacto en las motivaciones de las dos iniciativas: las dos recurren al concepto de actuaciones abusivas. Si se han llevado a cabo actuaciones abusivas por parte de cualquier Administración pública, de este Gobierno o del anterior, contra empresas privadas, que tienen sus cuadros de medios humanos y económicos para recurrir, en un Estado de Derecho, a los tribunales; si han sido agredidas con actos abusivos desde el poder administrativo, un Estado democrático de Derecho lo ha debatido democráticamente aquí, lo debate la opinión pública, y ahora el Estado democrático de Derecho hace uso del Derecho. Aquellas entidades, empresas periodísticas, radios o emisoras de televisión que entiendan que han sido agredidas por actos abusivos desde el poder administrativo, cualquiera que haya sido la sanción que pueda habérseles puesto tanto por la vía administrativa, directamente desde el Poder o a través de leyes parlamentarias, disponen en España de instancias, afortunadamente, como el Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria. Que recurran, porque no habrá mayor varapalo para un gobierno, para un partido político que sustenta a un gobierno o lo haya sustentado, que una sentencia en contra.
Es mucho más importante la sentencia firme de un Tribunal Constitucional o de un Tribunal Supremo que el resultado de la aritmética parlamentaria.
Señor Presidente, queremos dar un ejemplo desde la Cámara de sosiego y de tranquilidad. Yo represento a una minoría a la que pueden ponérsele todos los calificativos que se quiera por su pequeño peso, pero el sentido común y la responsabilidad no se miden con el sistema métrico decimal ni con el sistema parlamentario. Ese ejemplo es el que queremos trasladar, y por eso anuncio que no participaremos, aunque se apruebe la creación de estas dos comisiones, en los trabajos y composición de las mismas, y no porque entendamos que vaya a ser un trabajo infructuoso e innecesario. Lo que no queremos es perder tiempo ni actuar como instrumentos de participación ante una opinión pública española que tiene por delante otros retos que requieren más sosiego, más tranquilidad. Los debates parlamentarios tienen que hacerse donde la opinión pública democrática entiende que deben hacerse. Pero vamos a garantizar a los ciudadanos, a las personalidades y a las sociedades anónimas o de cualquier tipo que entiendan que hayan sido agredidos, que el tercer Poder del Estado, el Poder Judicial, va a dar o a quitar la razón a quien la tenga.
Desde ese punto de vista, desde el sentido común que invocaba anteriormente la señora portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, nosotros no queremos contribuir, desde nuestra pequeñez, en ni siquiera un miligramo de crispación en este país. ¡Ya está bien! Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las relaciones entre la política y los medios de comunicación social, entre la representación de la soberanía popular y los grupos de comunicación organizados, han constituido durante décadas el núcleo de intensos y apasionados debates. Las relaciones entre el Poder popular y el llamado cuarto Poder constituyen ciertamente un campo complejo, interrelacionado, sutil, de mutuas complicidades. En la sociedad actual no hay políticas sin medios de comunicación social, ni hay prensa, radio y televisión sin política. Las comisiones de investigación que se proponen en el día de hoy, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como después por el Grupo Parlamentario Popular, son, por ello, más que ninguna otra cosa, sugestivas.
Hagamos, por un momento, señorías, un ejercicio de ciencia-ficción.
Imagínense que somos diputados en una Cámara de representación donde es posible ejercer la acción de control del Gobierno prevista en el artículo 79 de la Constitución, tal y como indicaba el señor Pérez Rubalcaba en su intervención; que por unos meses esta Cámara pudiera asumir las funciones

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que la Constitución le tiene asignadas en relación al control de la acción del Gobierno y que una comisión ad hoc se pusiera a trabajar con medios y recursos humanos suficientes como para poder analizar los abusos de poder y las consiguientes interferencias que se hayan podido producir a lo largo de estos años, acumulando los tiempos de los análisis de ambas solicitudes, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Popular. Además de cumplir con las funciones constitucionales, esta Cámara realizaría un sano ejercicio democrático, y no les oculto que sería ciertamente gratificante, interesante, incluso apasionante, poder participar en una comisión de investigación que con esos recursos pudiera alcanzar el objetivo que se está describiendo a lo largo de las intervenciones que me han precedido, el objetivo de un análisis transparente de la gestión de los gobiernos en relación a los medios de comunicación social.
Pero para qué soñar, señorías. Habiéndole concedido sólo un par de minutos a la ciencia-ficción, creo que es mejor que regresemos todos a la realidad política del Estado con los pies en el suelo. Por ello, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular llevan excesivo tiempo gastando la pólvora en salvas. Mucho ruido, afiladas acusaciones, agitación en los medios de comunicación social con declaraciones altisonantes, expectativas y, al final del camino, tal y como hemos visto en el final del Pleno de esta mañana, neutralizaciones mutuas en el momento de la verdad. En el momento en que hay que apretar el botón verde del sí, los dos grupos mayoritarios buscan la forma de compensarse mutuamente para dejar todo tal cual. Por ello, mucho gasto en salvas, pero pocas energías para poner en marcha mecanismos de control de la acción del Gobierno.
Si el humo que se refleja en los medios de comunicación social fuera consecuencia de fuego real, si los abusos de poder y la ruptura de las reglas de juego democráticas fueran tan evidentes como se deduce de las declaraciones de los portavoces de los distintos grupos mayoritarios, cuyo reflejo podemos ir siguiendo todos los días en prensa, radio y televisión, esta Cámara, señorías, no podría en ningún caso mirar para otro lado. Sin embargo, estamos generando una atmósfera en la cual el humo se entremezcla con el ruido y, los unos por los otros, la casa sin barrer.
En este contexto, que debe llamarse hoy en día de estrategias parlamentarias o estrategias políticas --el Grupo Parlamentario Vasco no termina de entender por qué se gastan tantas energías en estas historias; podemos comprobar en las propias tribunas la expectación que produce el debate--, estamos asistiendo a un gran debate de fondo, a una titánica lucha de intereses entre grandes grupos de comunicación por sostener, unos, sus posiciones y, otros, por mejorarlas. Ni las actuaciones del Gobierno ni las de este Parlamento son evidentemente neutras. Por la descripción de hechos y situaciones producidas, de lo que no se puede hablar, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, es de arbitrariedad. Si por una decidida voluntad política mayoritaria en esta Cámara por preservar el interés general de los ciudadanos, por relativizar y por socializar, en definitiva, posiciones de monopolio y de dominio en el mercado, se están produciendo estas situaciones, habrá que ir, señorías, al fondo de la cuestión. El Grupo Parlamentario Vasco entiende que es razonable que el Parlamento legisle en materia referida a los medios de comunicación social con criterios similares a los que sostiene en otros ámbitos de la actividad empresarial, social o cultural. Desde esta perspectiva, desde el debate que hemos conocido en los últimos meses en esta Cámara en relación a sendos proyectos de ley, entendemos que en ningún caso se puede hablar de abuso de poder precisamente por ejercer el poder para el que democráticamente se ha sido elegido.
Sin embargo, en el día a día político parlamentario, constatamos que la caja de Pandora se abrió de súbito la Nochebuena del año pasado. A partir de ahí, se han magnificado y distorsionado todas y cada una de las actuaciones que tanto el Gobierno como los propios grupos de comunicación han conocido, y hemos asistido a un lamentable espectáculo, los unos contra los otros, y los trastos dirigidos a la cabeza del vecino sin ninguna consideración. La polémica, desde nuestra perspectiva, señorías, no tiene en ningún caso ni entidad ni magnitud real que hagan precisa la creación de sendas comisiones de investigación en esta Cámara. La entidad del tema está precisamente en los dos proyectos legislativos que esta Cámara está todavía tramitando. Ahí está el fondo de la cuestión, y en ese fondo de la cuestión se ha actuado con suficiente diligencia, transparencia y rigor. En consecuencia, estas proposiciones para constituir comisiones de investigación son como la hojarasca en relación a ese tronco común del que nos hemos ocupado suficientemente. Es cierto que hemos asistido a duras e intencionadas embestidas por parte de representantes de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios, pero ciertamente también por parte de algunos medios de comunicación que se resisten a acomodar su situación a una nueva legalidad que emana precisamente de la voluntad mayoritaria de esta Cámara intentado condicionarla. Y desde esta Cámara, señorías, no podemos más que reafirmar el nivel de autonomía que la misma debe tener, exigiendo a esos medios de comunicación el respeto debido, de la misma forma que todos y cada uno de los grupos parlamentarios aquí representados respetamos dichos medios asumiendo, en libertad y pluralidad, sus líneas editoriales y sus actuaciones.
En consecuencia, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco no va a tomar en consideración las propuestas de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista que pretenden constituir sendas comisiones de investigación para el esclarecimiento de los hechos

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narrados, entendiendo que los mismos se han magnificado y distorsionado y que los grupos políticos los han utilizado los unos contra los otros como armas arrojadizas.
Saben SS. SS. que, una vez abierta la caja de Pandora, los males se dispersaron por el mundo, no quedando más que esperanza en el fondo. A esa esperanza del fondo de la caja recurrimos, señor Presidente, cuando asistimos a debates como el actual.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la creación de una comisión de investigación sobre la supuestas actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde el Gobierno en relación con determinadas empresas periodísticas. No va a coger de sorpresa a nadie que anuncie nuestro voto contrario a la constitución de esta comisión de investigación; no cogerá de sorpresa a nadie porque inmediatamente después de que fuera incluida en el orden del día esta propuesta, como la que ha precedido a este debate y como la que viene después, anunciamos que íbamos a votar en contra de las tres. Permítame, señor Presidente, que me explique, cuando menos brevemente, sobre los motivos que fundamentan el sentido de nuestro voto.
La propuesta de la comisión, según hemos oído y hemos leído en la motivación que apoya la propia iniciativa, obedece a la supuesta existencia de una estrategia gubernamental que surge como respuesta al tan traído acuerdo de Nochebuena del 24 de diciembre de 1996, que dio luz a la plataforma conocida con el nombre de Canal Satélite Digital. Dicha estrategia, aunque inconfesa, se deduce, según el grupo proponente, de toda una serie de acciones, incidentes y coincidencias, y de ellas se derivaría toda una serie de consecuencias en forma de leyes, amenazas o querellas.
No voy a entrar a analizar estos extremos, porque todavía resuena en la Cámara el eco de recientes debates al respecto. De hecho, desde que en el mes de febrero reanudamos las sesiones parlamentarias y se inició este período de sesiones, hemos consumido horas y horas, se han llenado páginas y páginas del «Diario de Sesiones» de Pleno y de Comisión y estos debates tenían como común denominador que en todos ellos planeaba la sombra de esta supuesta estrategia, contestación al acuerdo del 24 de diciembre.
A nuestro grupo parlamentario, más que la existencia o no de esta estrategia global, cuyo esclarecimiento preferimos dejar al periodismo de investigación y a esos libros de lectura fácil que se pueden encontrar en las estanterías de los quioscos de los aeropuertos y estaciones y que a menudo a los usuarios del puente aéreo nos distraen en las largas horas de espera en Barajas --lo que, como saben, viene siendo una tradición desde hace bastantes meses--, más que la existencia o no de esta estrategia global, lo que nos preocupa son las manifestaciones y las consecuencias de esa estrategia, si es que existe.
Hemos oído en los recientes debates a que me refería hace un momento que, por ejemplo, la denominada ley de la televisión digital o el proyecto de ley del fútbol televisado son piezas clave de esta estrategia. Es suficientemente conocida nuestra opinión y nuestro escaso entusiasmo tanto hacia una parte importante del contenido de la ley de televisión digital --escaso entusiasmo compartido por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que también ha anunciado que iba a votar en contra de la creación de esta comisión--, como del proyecto de ley del fútbol, opinión que hemos defendido en los sucesivos trámites del debate parlamentario con mayor o menor fortuna. En este momento sólo queda por debatir el proyecto de ley del fútbol en el Senado, y si finalmente no nos gusta, quizá sólo nos quede abierta la vía del Tribunal Constitucional. Francamente, pues, poco nos preocupa dilucidar aún más por qué se han remitido estas leyes a la Cámara --ya tenemos una opinión al respecto--; lo que nos preocupa son algunos de sus artículos y políticamente ya los hemos contestado cuando tocaba hacerlo.
Se aduce también por el Grupo Socialista en la motivación las gravísimas y tan traídas amenazas denunciadas por el empresario señor Asensio, ciertamente muy graves, pero que ya dieron lugar a una comparecencia parlamentaria del Secretario de Estado de Comunicación. A partir de ahí, cada grupo político extrajimos nuestras conclusiones y hemos obrado en consecuencia. Por tanto, también ahí poco le queda por investigar a la Cámara. Asimismo, se hace referencia a la querella interpuesta contra la empresa Sogecable, cuestión sobre la que no me voy a extender porque se encuentra en fase de instrucción en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, y no voy a reiterar lo que hemos expuesto en el anterior debate sobre cuál es nuestro criterio en cuanto a la investigación parlamentaria de aquellos temas que se encuentran sub iudice. No quiero extenderme más en relación a esta sucesión de elementos en los cuales funda el grupo proponente la propuesta --valga la redundancia-- de creación de esta comisión de investigación. Por tanto, estamos ante una sucesión de hechos que individualmente tienen todos y cada uno de ellos una respuesta política e incluso judicial en algunos casos, vía esta última que continúa además abierta para cualquier ciudadano que se sienta amenazado o lesionado en sus intereses.
Yendo un poco más lejos, señor Presidente, señorías, consideramos totalmente inoportuna e innecesaria la

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creación de esta comisión, porque al hecho de que poco hay que investigar, como decía ahora, se añadiría el aumento del clima de crispación que su creación contribuiría a alimentar. Sinceramente, pensamos que no vale la pena pagar este precio. Me refiero tanto a la creación de esta comisión como, por supuesto, a la que viene después del Grupo Popular, que pretende investigar toda una serie de hechos parecidos a los que fundamentan la propuesta del Grupo Socialista, pero en este caso referidos a la acción del anterior Gobierno. En este caso deberíamos añadir que nuestro grupo parlamentario no cree que pueda ser objeto del trabajo de una comisión de investigación dilucidar responsabilidades políticas de aquellos responsables que en este momento ya no las tienen.
No tengo mejor ejemplo para ilustrar nuestro convencimiento de que no es conveniente crear esta comisión de investigación, que contribuiría a alimentar un clima que nos desagrada y con el cual no nos sentimos en absoluto identificados, que el debate que se ha producido esta tarde en este Pleno, que podría ser el prolegómeno de lo que pudiera suceder durante el tiempo en que los trabajos de esta comisión, en caso de que se aprobara, estuvieran en marcha.
Por tanto, señor Presidente, termino reiterando que vamos a votar en contra de la creación de la comisión y que además espero con muchas ganas y con mucho entusiasmo que no prospere su creación, como también espero que no prospere la creación de la que viene después.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Hemos escuchado con gran atención la intervención del señor Rubalcaba justificando la petición de una comisión de investigación. Ha utilizado la lógica usual en el Grupo Socialista, pero a nuestro juicio ha mezclado cosas que tenía que haber separado rigurosamente, porque en la lógica interna de su discurso --que, por cierto, no se ha correspondido exactamente con la exposición de motivos de la petición-- ha mezclado las dos leyes que se han debatido aquí, una de las cuales ya se ha aprobado, diciendo que ellos, al luchar contra la supuesta presión autoritaria en otros temas y en otras cuestiones, están luchando también contra esas leyes en función de la defensa de la libertad de expresión. Eso no me ha parecido en absoluto adecuado. Además ha dicho que ellos están luchando por la libertad de expresión y lo han hecho a lo largo de la transición.
Nosotros hemos luchado contra el autoritarismo de todo tipo, en favor de la libertad y de la libertad de expresión no sólo en la transición sino muchos años antes. Por lo tanto, hay que explicar las cosas de manera rigurosa para no mezclar las leyes en una comisión de investigación sobre otros temas. Desde ese punto de vista la intervención del señor Rubalcaba se ha deslizado por lo mínimo en cuatro ocasiones.
A nuestro juicio, está ocurriendo algo que se necesita investigar desde el punto de vista de lo político y de lo histórico, y si se quiere aquí investigar desde el punto de vista de lo que es una comisión de investigación, nosotros no nos vamos a oponer. Siempre hemos votado la constitución de las comisiones de investigación, y así nos parece que hay que hacerlo en este momento, siempre que salieran aprobadas las dos, porque si una no sale aprobada, pensamos que no sería justo que la otra sí saliera y se hiciera una investigación, a nuestro juicio, un tanto desequilibrada.
En nuestra opinión, lo que está teniendo lugar es una guerra comercial desaforada, una guerra específica en un país donde no se ha desarrollado la televisión por cable --no voy a entrar en este tema ahora-- y donde, por tanto, la televisión digital está concitando un interés y una histeria que no tiene motivos, por ejemplo, en otros países de la Unión Europea ni en el resto del mundo. Al no haber ningún tipo de ley, la guerra comercial se desarrolla como se estaba desarrollando la guerra del cable sin la ley que aprobamos al final de la legislatura anterior, es decir, un poco como una guerra abierta, como la ley de la selva: quien más corre, más copa; quien más corre, más mercado coge y más lo cautiva.
Por tanto, hay que regular. Regulamos el tema del cable socialistas, Izquierda Unida, Convergència i Unió, PNV, juntos, y sacamos fuera la guerra de la histeria que se estaba produciendo, cuando se dijo: al asalto a los ayuntamientos, confundiendo licencias con los títulos habilitantes con respecto a la comunicación, y ahora nos parece que se corresponde también la realidad con la necesidad de regular la televisión digital. Por cierto, que se viene confundiendo siempre televisión digital con televisión de pago. Ahora volveré sobre este tema, que está en el fondo de la cuestión.
Señor Presidente, desde luego nosotros tampoco aceptamos de buena fe amenazas ni calumnias ni campañas personales, le afecten a quien le afecten. Del mismo modo que les afectan a otros y se ha denunciado en la comisión correspondiente, posiblemente empiece también a afectarnos a nosotros. Por tanto, no lo vamos a aceptar de buena fe, desde el punto de vista de quienes han luchado por la libertad de expresión y por la libertad en este país, y desde la tranquilidad y desde la ecuanimidad vamos a contestar contundentemente, desde la razón, no desde el insulto, no desde la calumnia, no desde la difamación. (Un señor Diputado: ¡Díselo a Anguita!) Nosotros en esta guerra comercial tenemos nuestros puntos de vista. En primer lugar, no tenemos acciones

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en la Cope, no tenemos acciones en la Cadena Ser, estamos libres de hipotecas. El punto de vista nuestro es el interés del usuario, del que está viendo la televisión de esta parte, del que aprieta unos botones u otros, ése es nuestro punto de vista. En segundo lugar, nuestra posición es la de que no haya una comunicación cautiva, sino que sea libre, porque ahí va la esencia de la democracia, la libertad de información y comunicación. En tercer lugar, sostenemos la necesidad de que se preserve, por motivos obvios que aquí no voy a explicar, el interés de la empresa pública, Radiotelevisión Española y las televisiones autonómicas.
Al actuar desde estos puntos de vista, entramos en contradicción con intereses comerciales, posiblemente de las dos plataformas, pero entramos en contradicción con intereses de cara al beneficio, legítimo, si ustedes quieren, pero que va a la acumulación de las ganancias en función de que paguen más los usuarios. Si esta acumulación del beneficio supone al mismo tiempo una locomotora que va a tirar de la información, la va a cautivar y la va a retener en cierto modo, nuestra contradicción está marcada, está cantada, va a ser una contradicción dura, máxime cuando se está enfocando el negocio de manera visceral y no de manera racional.
El negocio de la televisión digital en este país --ya tuve ocasión de decirlo otra vez desde esta tribuna-- no existe cuando haya dos plataformas digitales; solamente cuando exista una plataforma digital y que tenga en cuenta una serie de equilibrios. Al no haber una, solamente puede existir negocio para la dos o para una de ellas cuando se suban mucho los precios o cuando se suba mucho el nivel de monopolio o el nivel de exclusividad. Por tanto, el nivel de nuestra contradicción aumenta conforme aumenta la necesidad de que el negocio se haga aumentando el nivel de monopolio y el nivel de precios, al no haber competitividad, subiendo los precios que tienen que pagar los usuarios. Desde ese punto de vista, señorías, ¡ojo! al pay per view, al pago por consumo que se está dibujando en este país, ¡ojo! porque, tal como se está dibujando, va a hacer que toda la televisión por cable que después vendrá y, fundamentalmente ahora, toda la televisión de emisión por satélite sea televisión por pago, y esto no hay por qué aceptarlo así. Desde la izquierda hay que ir a canales cuanto más abiertos, mejor, cuanto menos exclusividad, mejor, cuanto menos monopolio, mejor, ese es el punto de vista de la izquierda, y el pay per view en España, si se monta sobre el negocio de dos plataformas digitales, va a ser muy caro, poco competitivo y va a ocupar una gran extensión de lo que debiéramos ver gratis, de lo que debiéramos ver en abierto. Nuestra contradicción está señalada desde el principio, es ésta.
El segundo tema que se cruza, señor Presidente, es que en función de una lucha tremenda por la alternancia --legítima, si ustedes quieren--, se intenta controlar la comunicación y la información, un intento serio --en función, unos, por mantenerse en el poder y, otros, por recuperarlo-- de controlar la información y la comunicación. (Un señor Diputado: ¡No tienes ni idea!) Esto también se mezcla y aparece en esta dinámica un grupo que naturalmente tiende a la concentración y posiblemente al proyecto de crear otro grupo de concentración alternativo para dar la batalla de la alternancia, y aquí también entramos en contradicción los grupos que no creemos en el bipartidismo, que no lo vamos a defender y que tampoco creemos en la concentración. Estamos ultimando una ley antitrust, por tanto a favor de la pluralidad y contra la concentración de los medios de comunicación y la constitución de los grupos multimedia.
Estas son nuestras dos contradicciones y las hemos expresado a través del debate en esas dos leyes.
En función de estas dos contradicciones, señor Presidente, ¿por qué hemos debatido nosotros desde ese prisma con respecto a la ley de descodificadores, para entendernos mejor, y la ley del fútbol? Es muy fácil de entender. ¿Qué es mejor, dos descodificadores o uno para los ciudadanos? Uno, multiuso y mucho más barato. ¿Qué es mejor, que el precio tienda a costes o que no tienda a costes? Que tienda a costes, esa fue una de nuestras enmiendas que se aprobó, porque el descodificador va a andar por encima de las 70.000 pesetas y si tiende a costes en la competitividad que se está generando, tendrá que ser subvencionado por las empresas. ¿Qué es mejor, que los descodificadores y todo este mercado paguen el 6 por ciento o lo que tienen que pagar en función de la situación fiscal que tiene este país? Es mejor que no paguen el 6 por ciento. ¿Qué es mejor, que se reserve o no el 40 por ciento para los operadores independientes en todo el sistema de transmisión de las dos plataformas digitales?...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Es mejor que se reserve el 40 por ciento.
El otro proyecto de ley --voy terminando, señor Presidente, si me permite unos segundos--, el proyecto de ley del fútbol, se ha aprobado en el 80 por ciento con la participación de todos los grupos parlamentarios (El señor Aguiriano Forniés: ¡Con la tuya!) y el 20 por ciento que queda son nuestras enmiendas, no las del PP ni las del PNV, son nuestras enmiendas.
Queda una pendiente, que vendrá, suponemos, desde el Senado, y es que esas exclusividades que ahora tanto se discuten se mantengan un año e incluso un año y medio, y cada año y medio se recupere un mercado abierto que naturalmente será competitivo y bajará el precio del pay per view, eso hemos votado. (Risas.) No sé si habrá que hacer de ahora en adelante un control antidoping en esta Cámara a partir de cierta hora, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Esta es la posición de Izquierda Unida, señor Presidente, y nos hemos visto abocados incluso a que comparezca en esta Cámara la cara esperpéntica del debate, me refiero al combate de los pesos medios entre el señor Rodríguez y el señor Asensio. Eso ha sido realmente esperpéntico y nosotros no creemos que debamos convertir el «Diario de Sesiones» en un semanario de chismorreos. El prestigio de la Cámara está en juego y me parece que de todos depende preservarlo.
A nuestro juicio, el Congreso puede y debe investigar y vamos a votar a favor de ello. Siempre hemos votado a favor de las comisiones de investigación que se nos han planteado y pensamos que debe aprobarse la creación de las dos comisiones de investigación y desde ese punto de vista vamos a actuar para ser justos. Para nosotros, si no sale una, no debe salir la otra; quizá dependa de nuestros votos y así lo vamos a hacer. Para ser justos y equilibrados, no vamos a favorecer a nadie y que, por razones de astucia parlamentaria o de suerte parlamentaria, pueda salir con nuestros votos una comisión que desequilibraría la investigación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Alcaraz, S.
S. debe terminar de forma inmediata.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Por lo tanto, nuestro voto va a ser favorable a la comisión de investigación que plantea el Partido Socialista Obrero Español, comisión que sólo a lo largo de la investigación se justificará si estaba objetivamente fundamentada o no. Ya tuvimos ocasión de expresar nuestra posición en el debate ante la comparecencia del señor Rodríguez, que va en la dirección --ya veremos el voto subsiguiente-- de que si no sale esta comisión de investigación, impedir que salga la siguiente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la solicitud de creación de una comisión de investigación, propuesta por el Grupo Socialista, sobre las actuaciones abusivas realizadas o impulsadas desde ámbitos del Gobierno en relación con las empresas y grupos de empresa Antena 3 Televisión, Canal Plus, Sogecable y Canal Satélite Digital, que ha sido debatida.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 138; en contra, 163; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la solicitud de creación de la comisión de investigación referida.


--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION QUE TENGA POR OBJETO EL ESCLARECIMIENTO DE TODAS LAS INJERENCIAS, PRESIONES, TRATOS DE FAVOR Y ACTUACIONES ABUSIVAS EN RELACION CON LOS MEDIOS INFORMATIVOS, PRENSA, RADIO Y TELEVISION, EN LOS QUE PUDO HABER INCURRIDO EL GOBIERNO DE LA NACION ENTRE NOVIEMBRE DE 1982 Y MAYO DE 1996, FORMULADA POR 96 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 156/000007)

El señor PRESIDENTE: Debate sobre la solicitud de creación de una comisión de investigación que tenga por objeto el esclarecimiento de todas las injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas en relación con los medios informativos, prensa, radio y televisión, en los que pudo haber incurrido el Gobierno de la nación entre noviembre de 1982 y mayo de 1996, formulada por 96 diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Para su presentación y defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, créanme si les digo que subo a esta tribuna con el ánimo encontrado. Permítanme que les lea, para iniciar mi intervención, el objeto de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Quiere el Grupo Parlamentario Popular, señorías, que esta Cámara esclarezca todas las injerencias, presiones, tratos de favor y actuaciones abusivas en relación con los medios informativos de prensa, radio y televisión en los que pudo haber incurrido el Gobierno de la nación --y permítanme un paréntesis: el Gobierno de todos los españoles-- entre noviembre de 1982 y mayo de 1996. (Los señores Cercas Alonso y Amate Rodríguez: Antes, antes.) Quiere el Grupo Parlamentario Popular, a efectos de su inequívoca fijación ante la opinión pública española, averiguar en qué medida han contribuido al intento de cristalización de posiciones dominantes que pueden dificultar los valores constitucionales del pluralismo, la libertad de expresión y el derecho a la información. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


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El señor IZQUIERDO JUAREZ: Creo, señorías, que el debate de la iniciativa anterior establece de manera ilustrativa y clarísima el estado de ánimo en el que todos nos encontramos. No quiere el Grupo Parlamentario Popular con esta iniciativa investigar a los medios de comunicación de este país.
Tampoco quiere el Grupo Parlamentario Popular investigar al Gobierno anterior, dicho de esa manera. (Rumores.) En cualquier caso, señorías, sería legítimo; estamos acostumbrados a que de la mentira se haga una sentencia y a la manipulación permanente del lenguaje. Se ha dicho reiteradas veces en estos días que investigar gobiernos anteriores no tiene uso en la democracia. No lo entiendo muy bien. No se investiga al Gobierno anterior, se investiga una situación de corrupción, de abuso de poder y de responsabilidad, y fruto de esa investigación se determinarán las responsabilidades. En este caso, entiendo, señorías, que podría estar plenamente justificada.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la anterior iniciativa ha hecho referencia a la historia. Yo no quiero hacer en este momento de mi intervención juicios de valor ni expresar opiniones desde una óptica personal. Ha hecho referencia a la historia, atribuyéndose la legitimidad --no se sabe muy bien por qué, señorías-- de valores tan importantes como la libertad, la democracia, el pluralismo, la libertad de prensa, de información, etcétera.
Me voy a referir y voy a apelar a la historia también. No hablaré yo de la historia de España. He tenido la tentación de traerme a la tribuna unos quince o veinte manuales de Historia de España e ir sacando citas, manuales de Historia de España que hoy nuestros estudiantes de bachillerato estudian en todas las comunidades autónomas y nuestros conciudadanos en la universidad. De uno de ellos les leeré, señorías, una cita que ilustrará lo que quiero decir: de la Historia de España de García de Cortázar y González. Cito literalmente, señorías, abro comillas: «Tras los prolegómenos reformistas de los Gobiernos de Adolfo Suárez, el acceso del PSOE a la dirección del Estado en 1982 alimenta la esperanza en el progreso modernizador de España y en el recorte de las diferencias económicas existentes. Los votos obtenidos por Felipe González y la abrumadora mayoría de las Cámaras legislativas avalaban el proyecto, así como el abandono programático de los principios marxistas presentes desde la fundación del Partido Socialista. No obstante, la vía renovadora se agosta pronto. Bajo la legitimidad de las urnas, los socialistas exhiben una forma de gobernar que excluye, en principio, cualquier práctica de consenso, mientras el rodillo parlamentario se prolonga al resto de los resortes del Estado. La monopolización de las instituciones públicas, sin dejar ningún resquicio a la oposición activa, o el reparto partitocrático de ellas al estilo italiano, servirá de tapadera a los fenómenos de corrupción que jalonan el final de la tercera legislatura socialista.» Esto, señorías, está en la Historia de España, pero también en el trabajo titulado, La corrupción en España, que Antonio Elorza publicó en Historia 16 en enero del pasado año. Por los datos, entenderán SS. SS.
perfectamente por qué hago estas citas y adónde quiero ir, si tienen un poco de paciencia y de cortesía para escucharlas. Abro comillas: «Por los datos que ahora poseemos de los escándalos descubiertos entre 1992 y 1995, las estructuras de corrupción se encontraban ya sólidamente establecidas a mediados de los ochenta. Se articularon sobre estas tres líneas convergentes hacia el vértice del Gobierno González: a) La corrupción de tipo europeo, asimilable a la que han experimentado otros socialistas del sur en los años ochenta. como consecuencia de la desideologización de unos gestores políticos que entran en contacto con círculos de poder económico y adoptan conductas de enriquecimiento fraudulento.
b) La corrupción derivada del monopolio de poder ejercido por el PSOE en el Estado y, durante cierto tiempo, en administraciones regionales y locales, similar en su núcleo a la tangentópolis italiana, con las ventajas que supone no tener que repartir entre varios partidos asociados.
c) La corrupción surgida del encuentro entre la supervivencia de formas y mal gobierno franquistas con el incremento de recursos puestos a disposición del sector público es la específica de la España de Felipe González y la que, de forma más clara, supone una quiebra para el funcionamiento del Estado de Derecho.» Señoras y señores diputados, yo me pregunto: ¿pasará a la historia la etapa de González como una etapa donde estuvieron a punto de perderse en este país nuevamente las libertades...(Grandes y prolongados rumores.--Una señora Diputada: ¡Eso es muy fuerte!) y la esperanza de bienestar, de modernización y desarrollo de España? No ha habido en la historia de España, ni contemporánea ni moderna ni antigua, un dirigente político que haya tenido el apoyo tan unánime de la opinión pública, de la sociedad, de la prudencia, serenidad y ejercicio de la responsabilidad de tantos españoles. No ha habido un dirigente político que lo haya tenido. Pero pronto González dio muestras --nos lo cuentan los historiadores-- de no entender... (Nuevos rumores.) Pronto González dio muestras de no entender que ejercer el poder es precisamente ejercer una responsabilidad delegada.
Para explicar a SS. SS. --sobre todo a SS. SS.-- de lo que estamos hablando, y hechas estas citas previas de carácter histórico... (El señor Estrella Pedrola: ¿De qué hablamos?) Hablamos de la presión del poder sobre la prensa, señoría. (El señor Estrella Pedrola: ¡De eso sí que sabe!) Y para eso, señorías, me he permitido un ejercicio sencillo, que ha sido recopilar cientos de titulares de prensa en los años de 1982 a 1996.
Señorías, voy a ser muy respetuoso con los medios de comunicación que han escrito estos titulares. He

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buscado y voy a ofrecerles, señorías, simplemente aquellos titulares de prensa que no emiten, en mi opinión, juicios de valor. (Rumores.) Créanme, señorías, que ha sido difícil, porque es un tema controvertido, como se ha dicho. Aunque es un tema controvertido, voy a hacer un relato cronológico de esos titulares de prensa. (Continúan los rumores.) Omitiré nombres propios y omitiré medios de comunicación. Créanme que están todos los medios de comunicación importantes en este país. (Grandes y prolongados rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, respeten el uso de la palabra!

El señor IZQUIERDO JUAREZ: Tres de enero de l983: Se detectan sospechosas coincidencias en los ataques a la política informativa del Gobierno, según el portavoz del Ejecutivo. (Rumores.) Tres de abril de 1983: La información, el flanco débil del Gobierno. Veintiocho de mayo de 1983: El portavoz del Gobierno anuncia un proyecto para objetivar las ayudas estatales a la prensa. (Rumores.) Señorías, saltamos seis años más tarde. Veintinueve de julio de 1989: El Gobierno retrasa la adjudicación de las televisiones privadas y concede las emisoras de FM. Veintiséis de agosto de 1989: El Gobierno da canales de televisión a sus afines. El Grupo Zeta, en el mismo diario y el mismo día, impugna las concesiones y acusa al Gobierno de ilegalidad e inmoralidad política. (Grandes y prolongados rumores.) Siete de septiembre de 1989: Presentados cerca de 300 recursos contra la adjudicación de emisoras de frecuencia modulada. Once de septiembre de 1989: La Moncloa silencia a periodistas del Grupo Zeta.
Hago un paréntesis, señorías, simplemente para distender el discurso.
Esta noticia se refiere que los periodistas del Grupo Zeta acreditados en la Moncloa ante el Consejo de Ministros no podían preguntar al Presidente del Gobierno, eran silenciados mediante el sistema electrónico, como tiene en su potestad hacer el Presidente de las Cortes en sus funciones.
(Grandes y prolongados rumores.--Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Veintiocho de octubre de 1991: Los trabajadores de El Independiente piden precisiones sobre la venta y el futuro del diario. Cinco de junio del año 1992: Prisa compra el 25 por ciento de la SER a mitad de precio. Seis de junio del mismo año: El Estado vende a Prisa el 25 por ciento de la SER por 3.200 millones de pesetas. Veintidós de julio de 1993: J. P. explicó la compra de Antena 3 de radio por Prisa. Dos de febrero de 1996: Domínguez destituye a José Luis Gutiérrez en la dirección de Diario 16.
Veinte de septiembre de 1996: Canal Plus demanda a Antonio Asensio y a Antena 3 por competencia desleal. Veintidós de octubre de 1996: Duro comunicado de Antena 3 Televisión contra el grupo Prisa. La última, señorías (Varios señores diputados: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!) --muchas gracias--, once de febrero de 1997: González salta a la arena digital.
Señorías, González salta a la arena digital y el PSOE está en campaña.
Campaña, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado. El de María Moliner dice: Actividad en que hay lucha o esfuerzo en favor o en contra de una cosa. Vuelvo al de la Academia de la Lengua, señorías: En su acepción militar, campaña significa tiempo que cada año están los ejércitos fuera de sus cuarteles contra sus enemigos. González, señorías, está en campaña. (Aplausos.) Está en campaña mientras mister Blair renueva las estructuras del laborismo británico y gana las elecciones; está en campaña mientras Jospin renueva la corrupción del socialismo francés y gana las elecciones. El señor González está en campaña; estuvo en campaña en 1982, estuvo en campaña permanentemente desde el poder y hoy, que no está en él, sigue en campaña.
Mientras el señor González está en campaña, señorías (de ahí, la referencia que hago a estos titulares de prensa, con el respeto que debo a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación que los han escrito, porque el Grupo Parlamentario Popular cree en la libertad de prensa y en la libertad de información y, por supuesto, ¡faltaría más!, en la crítica, por supuesto que sí); mientras González está en campaña, repito, todos: los medios de comunicación, partidos políticos, grupos económicos, hemos sido marionetas de una estrategia; marionetas de una estrategia pensada y meditada simple y llanamente para conservar el poder desde el poder. (Rumores.) Después de esta campaña, de esta escenificación durante años de abuso de poder, ¿vamos ahora a convertirnos todos en títeres de una nueva estrategia? Una estrategia, señorías, que ni siquiera ha nacido por el conjunto de la opinión del grupo mayoritario de la oposición, que sabemos perfectamente los diputados de esta Cámara que corresponde a lo que ya se conoce en los pasillos como diseñada por el comité Gobelas (Prolongados rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!

El señor IZQUIERDO JUAREZ: Una estrategia permanente de la confrontación por la confrontación, de la provocación por la provocación, con el objeto de crispar la situación. De crispar. ¿Para qué crispar? (El señor Aguiriano Forniés: ¡Que venga el abogado!) Mientras, el Parlamento trabaja con una actividad parlamentaria inusitada.


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, vaya concluyendo.


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El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy terminando, señor Presidente. Decía que el Parlamento está trabajando con una actividad que no tiene parangón en la democracia. Mientras el Gobierno se dedica a resolver los problemas de este país, mientras las trabajadoras y los trabajadores de este país --que entiendo yo son todos, empresarios y trabajadores-- firman acuerdos por el empleo y la estabilidad laboral, ustedes se dedican a la bronca, a la descalificación, al insulto y a la difamación. Por eso, señorías, nos encontrarán siempre enfrente en la estrategia; por eso presentamos esta iniciativa parlamentaria; por eso, porque siempre nos encontrarán en la estrategia y enfrente de la difamación, de la calumnia y del insulto; siempre.
El Grupo Parlamentario Popular quiere recuperar la esperanza del bienestar (Varios señores diputados del Grupo Socialista: ¡Ah! ¡Ah!); queremos recuperar para todos los españoles el prestigio de la clase política y de este Parlamento. No vamos a contribuir, ni un minuto más, a esta pantomima, a este disparate. La mayoría de los grupos de la Cámara han expresado con claridad, en su intervención en el debate anterior, sus posiciones. La votación ha sido todavía más clara. Se han quedado ustedes nuevamente solos en su estrategia de la provocación. Preguntan los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista permanentemente cuando intervienen --ustedes lo habrán notado, señorías--: ¿Quién crispa? ¿Quién crispa? ¿Quién crispa? Señorías, ninguno tenemos horchata en la sangre. Les aseguramos que todos creemos en las libertades y vamos a tener y tenemos --y lo estamos demostrando-- la oportunidad de hacerlo; pero no vamos a caer ni un minuto más en esta estrategia. Durante toda la semana les hemos ofrecido la posibilidad...


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Izquierdo, por favor.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Concluyo, señor Presidente.
Decía que les hemos ofrecido la posibilidad de retirar una iniciativa que no tenía sentido. Ustedes se han quedado solos en la Junta de Portavoces y no la han retirado.
Nosotros, por decencia, por serenidad, por sentido de futuro y, sobre todo, por no tener sentido del ridículo, anunciamos en estos momentos la retirada de esta petición de comisión de investigación.
Gracias, señor Presidente. (Rumores.--Aplausos.--La señora Aroz Ibáñez: ¡Es un fraude!--El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.--Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Tener valor y votarla!)

El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista ha solicitado a la Presidencia un turno de intervención al entender que, aunque al final el portavoz del Grupo Popular ha retirado la solicitud, se había creado estado de debate suficiente para que su grupo tuviera derecho a fijar una posición, al menos en réplica. Así lo ha entendido la Presidencia, que previamente había consultado los precedentes.
¿Algún otro grupo parlamentario desea hacer uso de este turno de explicación, después de retirada la solicitud? (Pausa.) El Grupo de Izquierda Unida tendrá la palabra después de la intervención del señor Caldera.
Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
El mismo hecho de que esta iniciativa haya sido retirada por su proponente demuestra, señorías, que era un puro desatino y una arbitrariedad (Rumores.); que carecía de respaldo, no ya reglamentario, sino constitucional y político (Rumores.); y que los extravagantes esfuerzos del señor Izquierdo no me van a desviar del fondo de la cuestión, que ustedes han tenido la oportunidad de plantear. Yo deseo consumir otro turno, en nombre de mi grupo, para contestar.
¿Por qué discutíamos hoy aquí esta iniciativa? ¿Por qué hoy y no durante los últimos catorce años, señor Izquierdo, de los que nos ha enseñado tan abundante material de prensa? ¿Qué espíritu crítico sobrevenido les ha entrado? ¿Qué descubrimiento a posteriori? ¿Por qué no, repito, durante tantos años? (Rumores.) Y eso, señorías, que no puede decirse que ustedes fueran prudentes a la hora de administrar las propuestas de creación de comisiones de investigación; propusieron decenas. Dicho en términos vulgares, disparaban contra todo lo que se movía. (Continúan los rumores.) ¿Por qué se discutía esta tarde esa iniciativa? No porque mi grupo fuera intolerante y se negara, como ha dicho el señor Izquierdo, a admitir su retirada. No; no, señorías. Voy a acudir, si me lo permite el Presidente, a una cita, no a una alusión (Rumores.); y lo voy a hacer en nombre de una pequeña autoridad. Me refiero al señor De Grandes, que ha perdido hoy totalmente. (Rumores y protestas.) Autoridad que ha perdido del todo, a la vista y a los ojos de nuestro grupo parlamentario. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Autoridad que ha perdido, aunque he de justificar nuestra posición y la tranquilidad de mi grupo porque su escala de valores es tan distinta a la nuestra que indecencia seguramente para ustedes significa honestidad y defensa de los intereses generales. (El señor Lapuerta Quintero: ¡Honestidad!) Si eso es indecencia, mi grupo puede ser indecente.
Digo que me voy a referir a S. S. porque afirmó esta semana, en una rueda de prensa pública, lo siguiente. Usted dijo --no podrá negarlo--: «Esta iniciativa es sólo una respuesta política. No es nuestra intención hacer un falso proceso a los medios de comunicación». Entonces, yo le pregunto: ¿Cuál era su intención, señor

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De Grandes? (Continúan los rumores.) ¿Cuál era su intención, repito? ¿La de anular las facultades que la Constitución española atribuye a la Cámara? Ya sabe usted: controlar la acción del Gobierno. ¿Especialmente cuando este Gobierno, éste, el que hay, el que existe, abusa del poder? (Un señor Diputado: ¡No, no!) Señorías, eso se llama autoritarismo.
(Rumores.) La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular constituía --diccionario por diccionario, señor Izquierdo, no pensaba citarlo pero usted me ha obligado a hacerlo-- una represalia y un chantaje. (Rumores.) Constituía una represalia y un chantaje. Busco también en el diccionario, como le gusta a usted, el vocablo represalia. Significa, por extensión, el mal que se causa a otro en venganza o satisfacción de un agravio. ¿Se guían ustedes por tan primitivo sentimiento, señor Izquierdo y señor De Grandes? ¿El de la venganza? ¿O consideran un agravio el pleno cumplimiento de nuestras facultades y obligaciones como grupo parlamentario al constatar y denunciar los abusos de poder del Gobierno? Su iniciativa pretendía el chantaje, señorías. Chantaje es aquella presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido. (Rumores.) Señor Presidente, lamento que el ruido me impida hablar. (Rumores y protestas.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Señor Caldera, puede continuar

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Chantaje, decía, es aquella presión que mediante amenazas se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido. Eso querían hacer con la Cámara: silenciarla.
(Rumores y protestas.) La comisión de investigación que proponían, y que saben que iba a ser derrotada, constituía una pura amenaza fuera de todo marco constitucional y político. Señorías, la gravedad se acrecienta y el raciocinio se anula cuando ustedes acaban de impedir que la Cámara cumpla plenamente sus funciones constitucionales: que se controle al Gobierno. Deseaban --y no lo hacen porque saben que lo van a perder-- controlar a un gobierno que ya no existe, al Gobierno anterior. (Un señor Diputado: ¡Incontrolable!) Incontrolable, exactamente. (Rumores y protestas.) ¿Por qué, por tanto, nos obligan a hacer este debate? No es la intransigencia del Grupo Socialista; es su posición y su planteamiento el que lo evita.
Aquel Gobierno rindió ya cuentas, fue examinado, también en el ámbito de las responsabilidades políticas, en 1986, 1989, 1993 y 1996. ¿Se puede entender, por lo tanto, su posición? No; es un puro desatino, señorías, lo más preocupante es que esta actitud no es un hecho aislado. El Gobierno, a quien presta apoyo su grupo parlamentario, busca, cada vez con menos disimulo, el acallamiento de toda voz crítica, discrepante, autónoma, se emita en los medios de información o en el Parlamento.
Me interesa hacer una breve referencia, a pesar de la retirada de la iniciativa, a los límites constitucionales que para mi grupo parlamentario tienen estas iniciativas, para hoy y para el futuro. El artículo 66 de la Constitución establece, en su número 2, cuáles son las funciones de las Cortes Generales: potestad legislativa, aprobación de presupuestos y controlar la acción del Gobierno. Que yo sepa, sólo hay uno, señorías.
Una mención tan expresiva tiene su propia explicación: la Constitución optó por un modelo de organización que garantizase la estabilidad gubernamental. En consecuencia, la Constitución ha rodeado al Ejecutivo de mecanismos jurídicos que posibilitan su estabilidad, cuya mejor expresión se contiene en la regulación de la moción de censura. Pero a un tiempo, señorías, la Constitución ha combinado y compensado esta opción por la estabilidad gubernamental con esa atribución expresa a las Cámaras de la función concreta de controlar al gobierno. Con ello, el gobierno se configura en la Constitución como un Poder Ejecutivo cuya actividad está sometida al control político de las Cámaras y que, en consecuencia, responde solidariamente en su gestión política ante este Congreso de los Diputados. Para hacer posible ese control y la consiguiente exigencia de responsabilidad, se dota a las Cámaras de un bloque de poderes de control parlamentario sobre la actividad gubernamental, cuyas notas esenciales son la extensión del campo de esa actuación de control parlamentario y su intensidad.
Las formas de ejercer el control de la acción del Gobierno y, en su caso, exigir las responsabilidades son múltiples, lo conocen ustedes bien. En ellas se incluyen desde el supuesto más radical y formalizado --moción de censura--, hasta las fórmulas más ágiles de preguntas e interpelaciones para llegar, al fin, a fórmulas inicialmente características de sistemas presidencialistas, pero que se han recogido a lo largo de este siglo en los ordenamientos de democracias --y usted también debería haberlo hecho, señoría-- parlamentarias, como son las denominadas comisiones de investigación, que se distinguen de otros medios de control parlamentario, como, por ejemplo, las preguntas e interpelaciones, porque son instrumentos de control colectivos, colegiados, porque mientras las preguntas e interpelaciones son instrumentos de control de utilización continuada, las comisiones de investigación constituyen un medio de control ocasional, utilizado exclusivamente para determinados supuestos y, vista la experiencia acumulada, realmente excepcionales.
El control parlamentario del Gobierno está en la misma base de la aparición y extensión del poder de encuesta de los parlamentos. Aparecen, en ese sentido, como consecuencia de la presunción de que han existido en la actuación de un órgano o agente gubernamental

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--gubernamental, repito--deficiencias cuya responsabilidad corresponde al Ejecutivo.
La pretensión de controlar aquello que tiene apariencia de actuación irregular del Ejecutivo o de la Administración y deducir las oportunas responsabilidades que se desprendan, es el mayor punto en la tensión que el control parlamentario ofrece a la oposición frente al Gobierno, excluyendo, obviamente, la moción de censura. Esta deducción de responsabilidades, que se infiere tanto de la redacción del artículo 76 de la Constitución como del 52 del Reglamento del Congreso se da a las comisiones de investigación cuando se dice que sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado al ministerio fiscal, en el que permita asegurar que la sustanciación de responsabilidad política es el objetivo real de las comisiones de investigación.
Siendo esto así, ¿qué pregunta tenemos que formularnos? Está claro. ¿A quién cabe exigir esa responsabilidad política? ¿Respecto de quién o quiénes cabe constituir una comisión de investigación que en las conclusiones de sus tareas pueda imputar la responsabilidad política y exigirla? El Gobierno --dice la Constitución-- cesa tras la celebración de elecciones generales. La Diputación Permanente ejerce las facultades y poderes de las Cámaras cuando éstas están disueltas, no constituidas o no reunidas. Dicho en castellano, señorías, el Gobierno se encuentra vinculado a las Cámaras y, más en concreto, al Congreso que le otorgó la investidura. Ni el Gobierno puede extender su acción al ámbito temporal correspondiente a una Cámara que no designó a su Presidente ni una Cámara puede ejercer sus poderes, funciones y competencias respecto de gobiernos no designados por ella. Y ello se produce --y termino, señor Presidente-- por falta de relación política entre ambos y también por la imposibilidad de reclamar responsabilidades a un órgano que ya no existe ni en términos reales ni políticos. La confianza política, señorías, señor Izquierdo, la otorgan y reconocen los electores, a pesar de leer los libros de historia, sobre lo adecuado o inadecuado en las elecciones generales, sobre lo satisfactorio o insatisfactorio de la acción política desarrollada por el Gobierno que ha concluido su mandato al convocar las elecciones.
(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Dicho esto, queda la gran pregunta todavía flotando en el aire. ¿No es menos cierto, señorías, que las comisiones de investigación son un instrumento para la exigencia de responsabilidades políticas a quienes tienen --no a quienes han tenido-- encomendada la dirección política del Estado? (Rumores.) ¿No es menos cierto que afecta a quienes están, no a quienes han estado en el ejercicio de la función pública? ¿Es mentira, señor Robles, esto que yo digo? (El señor Robles Fraga: ¿Es una alusión personal?) Si es mentira y ustedes no creen en este principio, fíjense, nada más y nada menos, a quién están desautorizando: al actual Presidente de la Cámara, miembro de su grupo político (Un señor Diputado: No provoque.) --no provoco, cito--, quien en un debate, el 5 de octubre de 1995, sobre creación de una comisión de investigación nos recordaba a todos que efectivamente hay un plus adicional que afecta a quien tiene encomendada la dirección política del Estado, no a quien la ha tenido --a quien la tiene encomendada-- y que la responsabilidad política, señorías, en los foros parlamentarios compete a quienes están, no a quienes han estado, en el ejercicio de la Función pública. Yo sé que la doble moral es patrimonio de la derecha, señorías, pero nunca pensé que llegaran a tanto en su hipocresía. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: En consecuencia, aplíquense estas enseñanzas en las que ustedes mismos decían que creían en la anterior legislatura. Ustedes han olvidado una lección importante, señor Izquierdo, que este pueblo nos dio a todos. Y esa lección es que el pueblo español supo mirar a su futuro sin hacer un juicio a la historia reciente. (Rumores.) Han ignorado la lección que los gobiernos que les antecedieron han ido dando respecto de los que les habían precedido.
Están sentando un mal camino. Han sentado hoy un mal camino porque con toda seguridad ustedes serán sucedidos en el Gobierno, y yo les garantizo que cuando ello ocurra y mi partido político legítimamente, por decisión de los ciudadanos, vuelva a ocupar el ejercicio de las responsabilidades políticas no hará, ni siquiera por amago, un espectáculo como el que ustedes no han dado aquí esta tarde queriendo investigar al anterior Gobierno legítimo de la nación española.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias señoría.
Señor De Grandes, ¿por qué motivo solicita la palabra?

El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, pido la palabra por alusiones. (Rumores.) Y si quiere, antes de entrar en el fondo le narro qué es lo que creo que son alusiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la palabra por tres minutos para responder en turno de alusiones.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente. Tenga la seguridad de que voy a ser muy breve.


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Señor Caldera, a S. S. antes le han faltado reflejos para contestar, y ahora de forma reflexiva, premeditada, ha venido a descalificar con una vieja forma de hacerlo, y es que ustedes cuando insultan pretenden ser descriptivos, pero cuando nosotros respondemos legítimamente les parece que descalificamos de una forma en que ha llegado a decir que para ustedes yo he perdido autoridad. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Toda, toda!-- Rumores.) Tenga la seguridad, señor Caldera, que a mí no me resulta indiferente perder la autoridad ni siquiera respecto de su grupo. Pretendo permanentemente tener auctoritas aparte de protestas.
(Rumores.) Tenga la seguridad que tengo la autoridad que me da mi grupo y tenga la seguridad de que en el futuro me voy a tratar de ganar la autoridad democrática respecto del suyo. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!) Yo no soy autoritario, señor Caldera; usted sabe que no soy autoritario. Usted sabe que yo soy una persona normalmente moderada, pero que en el uso del oficio que me han dado los votos de esta Cámara y el apoyo de mi grupo tengo la obligación inexcusable de responder a sus improperios. Y si a usted no le parece improperio calificar de chantaje y le parece que no se corresponde con indecencia, yo no tengo el mismo juicio de valor. (Aplausos.--Los señores Caldera Sánchez-Capitán y Alcaraz Masats piden la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Con qué motivo solicita la palabra, señor Caldera?

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: El señor De Grandes ha pedido la palabra por alusiones, y yo la pido exactamente por la misma razón, en concreto para decirle...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): He entendido la solicitud perfectamente. He concedido la palabra al señor De Grandes, aludido por su señoría sin participar en el debate, para un turno de alusiones. El señor De Grandes tiene derecho a replicar a S. S. y con eso se termina el debate. No tiene S. S. la palabra por la intervención del señor De Grandes. (Rumores.) Silencio, señorías. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!

El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, le garantizo que en medio minuto acabo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor Caldera.
No es cuestión del tiempo. Es cuestión de que tenga cabida la solicitud de palabra de su señoría en el Reglamento y no la tiene. No tiene S. S.
la palabra.
Tiene la palabra el señor Alcaraz en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, yo siento mucho que no se pueda pedir la palabra en un turno por indignación o por cabreo, porque ¡manda huevos en qué se está convirtiendo este Congreso de los Diputados! Señor Presidente, hay que empezar ya a sentir rubor parlamentario, vergüenza parlamentaria de gente que hemos estado muchísimo tiempo en parlamentos, sea aquí en 1979, sea en la Comunidad Autónoma de Andalucía o aquí a partir de la anterior legislatura, porque se está empezando a rozar el desacato en la aplicación reglamentaria, incluso se está empezando a interrumpir de manera desaforada y sucesiva a los oradores que aquí en esta tribuna estamos. Nosotros no vamos a perder la calma. No la perdimos en cuarenta años de autoritarismo fascista, no la perdimos en veinte años de transición muy difícil y no la vamos a perder ahora, en un momento en que este grupo que no tiene vocación de ser marginal va a ser determinante en este Congreso en muchos aspectos desde su propia política, desde su propio programa, le pese a quien le pese. Esa es la vergüenza que empezamos a sentir, que se está actuando como hinchas de un equipo de fútbol, de un partido de fútbol desde la visceralidad, desde la falta de racionalidad. (Rumores.) Señor Presidente, esto se debe a que las batallas no terminan como debieran terminar. Por ejemplo, la batalla entre el señor Asensio y el señor Rodríguez lógicamente tenía que haber terminado en los tribunales o no es serio lo que ha ocurrido. Es el punto de llegada de esa batalla tal como estaba planteada, y si no es así estamos aquí en un parlamento de cartón-piedra y estamos haciendo una política de amagar y no dar, naturalmente todo basado en esta especie de fuegos artificiales en que se convierten los distintos debates a los que estamos asistiendo. Este tema, que parecía que se estaba planteando seriamente, si se hubiera tenido incluso astucia parlamentaria, el Grupo Popular hubiera aprobado la comisión de investigación propuesta por el Partido Socialista y también tendríamos que haber dado el apoyo entonces para que se creara la comisión de investigación propuesta por el Partido Popular. Eso es lo serio. Pero aquí la batalla es otra, señoría. Se está haciendo la batalla de la alternancia a cara de perro, de manera visceral, de manera provocativa, de manera insultante, con una campaña de desprestigio que afecta a personas y a grupos parlamentarios, y nosotros estamos sufriendo una parte importante de esta campaña porque el único medio de comunicación que nos trata bien por ahora es el AVE, no el resto de los medios de comunicación, y estamos soportando este chaparrón con tranquilidad y así vamos a seguir. Y en esta batalla de la alternancia, el resto de los grupos parece intentar conseguir dividendos informativos a cambio de que las empresas consigan dividendos en sus beneficios anuales --este es el problema de fondo--, a costa del interés de los usuarios, a costa del interés de una

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información democrática abierta, a costa del interés de la televisión pública, de Radiotelevisión Española y de las televisiones públicas autonómicas. Aquí vale todo, caiga quien caiga, aunque caiga el interés de los usuarios y caiga el interés de la televisión pública. Nunca como hasta ahora, señorías (y yo llevo muchos años en sedes institucionales), han estado tan presentes las empresas y sus intereses en este Congreso de los Diputados; nunca como hasta ahora ha sobrevolado el interés de las empresas por estos pasillos, por las comisiones y por este Pleno del Congreso de los Diputados; y nunca como hasta ahora, señorías, ha estado tan presente el poder político en los despachos y en los terminales de las empresas fundamentales de comunicación en este país. En esta batalla de la alternancia, en un instante en que el nuevo Gobierno no termina de consolidarse, en un instante en que el partido de la oposición no termina de despegarse de la Moncloa y siente síndrome de abstinencia, estamos asistiendo a un debate que si se cristaliza, que si sigue así, indudablemente va a afectar al prestigio de la Cámara, al prestigio de la democracia. Esto es así, y lo saben diputados con tantísima experiencia como el señor Rubalcaba, y lo saben diputados con tantísima experiencia y responsabilidad como el señor Alvarez-Cascos; lo sabemos todos.
Está apareciendo aquí la cara del vodevil parlamentario. Lo hemos visto perfectamente todos en la comparecencia del señor Asensio y en la comparecencia del señor Rodríguez. Y no se está calibrando esta situación en un momento muy difícil para eso que ustedes decían defender, que era el tramo final de cara a la construcción de la moneda única, y en un momento muy difícil en que afortunadamente está girando a la izquierda una gran parte de la escena política europea y estamos enzarzados en temas que no se corresponden con lo que este país demanda. El esperpento es tan visible, señorías, y se está tramitando en términos tan absolutos de chismorreo que se dice en los pasillos que el señor Oneto acaba de contestar al señor Rodríguez en un nuevo tarjetón diciendo: Te comunico que la viejecita sigue viva, guárdame el secreto. Estos son los términos del debate parlamentario con respecto a un tema fundamental cual es el futuro tecnológico de la televisión digital, el futuro de una información democrática por la que estamos luchando a fondo, y el futuro de un país respecto a lo que tienen que pagar los usuarios de cara a la información que está batallando en el pago por consumo sin tener cable y que si no se controla el monopolio y la exclusividad va a costar muchísimo dinero en este país.
Algunos estamos luchando por que no se establezca desde ahora en este país una comunicación para ricos y otra distinta para pobres; que no se establezca una televisión para los ricos y una televisión distinta para los pobres; que no haya una información privilegiada para elites y para los ricos y otro tipo de información manipuladora, contagiada de monopolismo y de exclusividad para el resto de los mortales en este país.
Por eso estamos luchando, señorías, y si no lo saben, por lo menos sepan cuál es nuestra opinión en este momento un poco esperpéntico que se vive en el Congreso de los Diputados.
No es legítimo, a nuestro juicio, señor Presidente, que los grupos parlamentarios se enzarcen en una guerra sin cuartel por la alternancia y puedan empezar a convertirse poco a poco en auténticos lobbies empresariales. Esta es una novedad que empieza a tener su proceso en esta Cámara. Y no es legítimo que las empresas periodísticas se conviertan en terminales propagandísticos del poder o del bipartidismo al uso; no es legítimo, no vale todo.
Se ha dicho que hay miedo en este país, lo dijo el señor Asensio y lo han dicho articulistas mil. Es posible que pueda empezar a haber cierto miedo tal vez, a mi juicio, señorías, como consecuencia de una pérdida seria de la independencia y de un cierto retorcimiento de la conciencia en función de determinaciones prácticas de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿son totalmente libres los periodistas con contratos en precario, en un momento en que no se puede ser objetor, en que hay que ponerse casco y meterse en una trinchera? ¿Son realmente libres algunos de los periodistas en este momento? ¿Son totalmente libres, señorías, ciertos políticos que no saben dónde se redactan las enmiendas y que a lo largo de los trámites en ponencia, en comisión y en Pleno no tienen ningún margen de maniobra para negociar y nos dicen que no pueden negociar porque son unos mandados? ¿Son realmente libres? ¿No tendrán cierto miedo en función de estas determinaciones cotidianas que conectan con sus vidas y con sus haciendas? Es posible que haya cierto miedo y que se empiece a agudizar a partir de ahora si no reconducimos el debate a lo que interesa a la vida material de la gente, a los intereses de este país. En lo comunicativo igual: los intereses de la comunicación y a los intereses de la televisión por pago que viene, que si seguimos así va a tener muy pocos canales en abierto y el pago va a ser superior a lo que deseamos todos.
Nosotros pensamos --y termino señor Presidente-- que hay un interés que defender y que desde nuestro punto de vista no se va a perder en la pelea. Nosotros así lo vamos a hacer. Hay interés en la comunicación libre, hay interés en la lucha contra la concentración, incluso hay una última ponencia de la Presidencia holandesa que se manda a la OSCE pidiendo que no siga habiendo patologías de la concentración en los medios europeos en la lucha por una comunicación igual para unos que para otros, porque no se estratifique a la gente en función de qué dinero tiene para pagar la televisión y también en función de los intereses de una comunicación democrática e independiente. Esa es nuestra batalla. A partir de esa batalla, puesto que tenemos pocas influencias mediáticas y no queremos ni

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podemos ni sabríamos realizar dialécticas de concentración, nosotros estamos siendo profundamente insultados. No voy a citar a nadie pero he oído insultos muy serios en los medios de comunicación. Como siempre --en otras etapas teníamos que ir incluso al extranjero o a otros sitios peores-- vamos a oír esos insultos no con respeto, pero sí con paciencia, y vamos a empezar a contestar tranquilamente uno por uno. No vamos a contestar a los insultos con insultos, sino con explicación, con reflexión, con independencia y con la vocación de estas fuerzas políticas por ser determinantes las votaciones que puedan serlo en función de la defensa de su programa electoral.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Izquierdo Juárez pide la palabra).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Izquierdo, queda concluido el debate después de la retirada por su señoría de la iniciativa y la fijación de posición de los dos grupos parlamentarios. ¿A qué efectos solicita S. S. la palabra?

El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, si no pudiera tener un turno de réplica, que creo que corresponde porque aunque haya retirado la iniciativa somos sus autores, sí por alusiones, he sido reiteradas veces aludido por el señor Caldera.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para responder estrictamente aquellas cosas en las que ha sido contradicho a lo largo de la intervención de los anteriores grupos parlamentarios, tiene la palabra durante un tiempo no superior a cinco minutos. (Rumores.)

El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Caldera, no retiramos la iniciativa, como S. S. me ha atribuido, porque la vayamos a perder. Ha estado usted ausente del debate.
Pregúntele al portavoz anterior y sabrá que este grupo parlamentario tenía los votos suficientes para sacarla adelante. La retiramos por decencia y por no entrar en esta pontomina. (Rumores.) Señor Caldera, la teoría de investigar las responsabilidades de gobiernos anteriores es de su grupo parlamentario. La introdujeron en la democracia española en la pasada legislatura intentando investigar, y además consiguiéndolo, las responsabilidades de los gobiernos de UCD durante la transición.
Señor Caldera, por más que usted se empeñe en repetir las cosas y sus propias estrategias, no entendemos ni va a entender la opinión pública que tenga S. S. razón. La confianza política la dan las elecciones, pero las elecciones no legitiman a ningún gobierno democrático para realizar abusos de poder; abusos de ningún tipo, señor Caldera. Para eso está la labor de control, la labor de este Parlamento, la labor de la oposición y el funcionamiento normal, señor Caldera, de las instituciones.
Señor Caldera, yo creo que deben ustedes reconducir la estrategia. No hagan más el ridículo. Se han quedado solos en los argumentos y solos en las votaciones. Hagan oposición, señor Caldera, que España necesita que el Partido Socialista haga oposición y deje de hacer estrategia. Estamos, señor Caldera, hastiados de tanta estrategia; hastiados. (Rumores.) Señor Alcaraz, completamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero quiero decirle una cosa. El Grupo Parlamentario Popular no está en la batalla.
Es cierto que hay una batalla importante que ha provocado la pérdida de poder del señor González. Y punto. Pero ni el Grupo Parlamentario Popular ni el Partido Popular ni el Gobierno de este país está en la batalla.
Sabemos por las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, excepto la del Grupo Parlamentario Socialista --todos, señorías, con diferentes posiciones políticas, con diferentes puntos de vista, con diferentes situaciones-- que todos los grupos de esta Cámara en la ley del fútbol, en este debate y en anteriores debates, estamos por el interés general, por el interés de todos los españoles. Los únicos que no están por el interés general, ni siquiera de su propio partido, son ustedes. Están por el interés de cuestiones determinadas, confesables o inconfesables, señorías, pero no por el interés de todos los españoles.
(Aplausos.) Gracias, señor Presidente. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Izquierdo.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, pido la palabra para un turno de replica, porque eso no son alusiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): señor Caldera, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Confieso, señor Izquierdo, que es perfectamente comprensible su estado de ánimo hoy. Ya me explico cómo son capaces de decir las cosas que están vertiendo al «Diario de Sesiones».
La pérdida de una votación esta mañana les debe haber supuesto tal situación que están ustedes expandiendo hacia los demás su irritación --déjenlo ahí-- y pasan de la indecencia de su portavoz a la falta a la verdad, por no decir la mentira que S. S. utiliza. (Un señor Diputado: Esto no es tolerable.) Pero vamos a ver. ¿Usted ha escuchado el debate, señor Izquierdo? ¿Usted ha oído pronunciarse a los diversos grupos parlamentarios acerca de su iniciativa?

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¿Usted sabe que Convergència i Unió, PNV, Coalición Canaria, Grupo Socialista e Izquierda Unida, como le dirá en este momento el señor Alcaraz, han dicho todos que se oponían a su iniciativa? (Rumores.) Sí, señor. Ha estado usted fuera de juego de lo que ha ocurrido.
Ustedes han querido utilizar este trámite con una finalidad puramente coaccionadora. Ustedes han querido, en línea con lo que es su actuación habitual, mirar hacia atrás, y han querido impedir las facultades de control que usted me está reconociendo cuando me habla de que las elecciones son el elemento esencial que ratifica la confianza política.
¡Pues claro! ¡Las elecciones! Y cuando me habla de que las facultades de control de la Cámara se dirigen al Gobierno, ¡claro! a este Gobierno, al Gobierno que existe. Ustedes han pretendido desarrollar una alteración de los límites constitucionales y políticos de lo que es una facultad de investigación de esta Cámara de tal naturaleza que se sienten avergonzados. Usted ha tenido una intervención que yo le agradezco en parte en el tono pero puramente extravagante, sin venir a cuento, sin saber qué decir y desde la más absoluta soledad, esa soledad de la que día a día se van a ir ustedes ocupando cada vez con más continuidad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Caldera.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros, que sabemos que en muchas ocasiones a partir de ahora vamos a ser determinantes, estamos estudiando con mucho cuidado nuestros votos. Desde el punto de vista de nuestra tradición siempre hemos votado a favor de cualquier investigación. Esta fue nuestra primera reflexión.
Desde otro punto de vista, nosotros tenemos una experiencia que ustedes han olvidado que fue negativa. Creo que fue en el último debate sobre el estado de la nación, ante una intervención del señor Aznar hablando de ciertas cuestiones que no estaban claras, por reacción el señor González dijo que se iba a constituir una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos. Se acuerdan ustedes, ¿verdad? No se puede constituir una comisión de investigación como respuesta a nada. Es una utilización que si se hace mal puede ser una utilización torticera, máxime cuando aquella vez --lo digo por intervenciones que ha habido en esta Cámara a lo largo de este debate y del anterior-- no se investigaba a ningún Gobierno (no sé si lo recuerdan) se investigaba la financiación de todos los partidos políticos, incluidos todos los partidos políticos que integran Izquierda Unida; éramos tres o cuatro. Por tanto, eso también deshace una de las intervenciones que se ha hecho aquí en el sentido de que sólo se investigan gobiernos, no es verdad. Pero no se puede, no se debe constituir una comisión de investigación como respuesta en un debate a que un orador le meta el dedo en el ojo al otro. Eso es mala señal, es mala dinámica. A pesar de eso nosotros dijimos: Lo justo es, si ambos grupos quieren investigar, el Socialista y el Popular, que las dos comisiones de investigación salgan adelante. Anoche lo discutíamos y llegamos a la conclusión de que o salían las dos o impediríamos que saliera ninguna si de nuestros votos dependía. Como esto ha sido así, yo ya había anunciado aquí que o salían las dos o no saldría ninguna. Por tanto, queda clara nuestra posición ¿A qué conclusión llegamos en este momento, señor Izquierdo, señor Caldera? A que no había intención de investigar. Ha sido un paripé, ha sido un juego de acciones y reacciones, ha sido un ajedrez mal jugado, ha sido un álgebra mal establecida, ha sido una pérdida de tiempo que afecta al prestigio de este Parlamento y, por tanto, no ha sido un debate planteado con seriedad, ni éste ni el anterior. (El señor Hernández Fraile pide la palabra.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Hernando, ¿a qué efectos me solicita S. S. la palabra?

El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, en el anterior debate hubo una alusión personalísima y pedí la palabra por ese motivo, palabra que no se me concedió entendiendo que no se había producido tal alusión. Ha sido comprobada por parte de esa Presidencia en el «Diario de Sesiones» la alusión como tal formulada...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando, si me permite un instante. Ha sido comprobada por el Presidente, efectivamente, la alusión de que S. S. es objeto en el debate en el cual intervenía en ese momento el señor Pérez Rubalcaba, y a efectos exclusivos de responder a esa alusión personal, tiene S. S. tres minutos de tiempo. (Rumores.)

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente. No necesito ni tres segundos.
Le he ofrecido al señor Rubalcaba que modificara su apreciación antes delante del Presidente. El señor Rubalcaba se ha ofrecido a realizarlo.
Me parecía oportuno que lo hiciera en público y ante la Cámara, ya que lo aceptaba. Luego la Presidencia ha vuelto a insistir en que podía solucionarse y solventarse este asunto en virtud de una modificación del «Diario de Sesiones», pero el señor Rubalcaba ahora no acepta seguramente porque no quiere hacer en estos momentos demérito ante su grupo parlamentario. (Rumores.) Yo no voy a hacer descalificaciones al señor

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Rubalcaba. Sería muy fácil hacerlo en el debate y muy fácil hacerlo con la palabra. Pero, señorías, el señor Rubalcaba esta tarde se ha ofendido él con sus hechos y con sus actos. Le pido al señor Rubalcaba, por última vez, si es posible, y con el máximo de la cortesía parlamentaria que rectifique en lo que considero que es una ofensa personal y que entiendo que ha formulado de forma deliberada al no intentar enmendarla. El tiene la palabra y la Cámara juzgará, según sus actos, la dignidad o la indignidad del señor Rubalcaba.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernando.
Señor Pérez Rubalcaba, en función de la intervención del señor Hernando, S. S. debe expresar si efectivamente desea modificar el concepto que utilizó o no. Le ruego lo haga con la mayor brevedad posible.


El señor PEREZ RUBALCABA: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Señor Hernando, creo que no me caracterizo por ser un parlamentario que utilice el insulto, no me caracterizo por eso. Desde que usted ha entrado esta tarde en el hemiciclo --y lo he dicho-- no ha dejado usted de hablar. He oído esta tarde en este hemiciclo insultos muy graves procedentes de su grupo parlamentario, no sé si de usted, de muchos; se me ha llamado sinvergüenza, se me ha llamado pinocho, se me ha llamado mentiroso; incluso se ha pronunciado en público la palabra indecente, y pongo por testigo a los miembros de la Mesa, que lo han oído como yo.
Señor Hernando, no creo que parlanchín sea un insulto, no lo creo. Desde luego, no es ni mucho menos comparable a lo que yo he oído aquí esta tarde y a lo que figurará seguramente en el «Diario de Sesiones». Déjeme que le diga que parlanchín yo entiendo que es alguien que habla mucho y usted no ha parado de hablar en todo el debate.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernando, tiene la palabra para un último y definitivo turno.


El señor HERNANDO FRAILE: Puede ser que usted entienda que llamar parlanchín a un parlamentario no es una ofensa. Yo entiendo que sí. Usted ha quedado en estos momentos cualificado para mí y calificado con sus palabras y con su persistencia en mantenella y no enmendalla.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Señorías, se levanta la sesión.


Eran las siete y veinte minutos de la tarde.

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