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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 81, de 07/05/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 81

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 78

celebrada el miércoles, 7 de mayo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Preguntas

Interpelaciones urgentes:

-- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política del Gobierno en materia de transportes aéreos entre la Península y los Archipiélagos (número de expediente 172/000044) (Página 3991)

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política educativa pública (número de expediente 172/000043) (Página 4024)

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (número de expediente 172/000045) (Página 4032) * * * * * * *

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas (Página 3991)

Del Diputado don Alejandro Ballestero de Diego, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno que va a repercutir el acuerdo sobre la Reforma del Mercado Laboral en el empleo juvenil? (Número de expediente 180/000610) (Página 3991)

Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Sabe Vd.
quién está filtrando en algunos periódicos información fiscal de carácter reservado? (Número de expediente 180/000621) (Página 3992)

Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno español en el marco de la Unión Europea, ante el de los Estados Unidos, para garantizar la libertad de comercio ejercida por empresarios españoles con intereses económicos en la República de Cuba, a la vista de la aplicación de leyes de carácter extraterritorial por el Gobierno Norteamericano que violan el libre comercio mundial y que suponen la detención de ciudadanos españoles que transitan por el territorio de los Estados Unidos? (Número de expediente 180/000601) (Página 3993)

Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente primero y Ministro de la Presidencia: ¿Qué iniciativas diplomáticas tomó o va a tomar el Gobierno para facilitar la libertad condicional del ciudadano español Francisco Javier Ferreiro? (Número de expediente 180/000603) (Página 3995)

Del Diputado don Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encontraba el mantenimiento de los vehículos TOA del Ejército de Tierra que no podían ser atendidos por el Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (CMSA)? (Número de expediente 180/000613) (Página 3996)

Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Ministerio valorar la revisión de las gratificaciones que percibirán en 1997 los militares de reemplazo durante el Servicio Militar para compensar la movilidad geográfica? (Número de expediente 180/000614) (Página 3997)

Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno ascender al empleo honorífico y con carácter general a los militares mutilados en Acto de Servicio? (Número de expediente 180/000615) (Página 3998)

Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué interés tiene para la defensa nacional la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid? (Número de expediente 180/000628) (Página 3999)

Del Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones en mejora del trazado y mantenimiento de la N-350, entre el Pont de Montañana y la frontera con Francia tiene previsto realizar el Gobierno durante el ejercicio de 1997? (Número de expediente 180/000608) (Página 4000)

Del Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió), que formula

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al Gobierno: ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento adjudicar las obras de construcción de los enlaces y ramales de conexión en la carretera N-145, que une La Seu d'Urgell con la frontera con Andorra, en los puntos kilométricos 2,200, 8,200 y 9,000? (Número de expediente 180/000609) (Página 4001)

Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué criterio tiene el Gobierno en relación con las diferentes indemnizaciones cobradas por los Presidentes de las Autoridades Portuarias de España con motivo de su cese? (Número de expediente 180/000612) (Página 4001)

Del Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué inversión tiene previsto efectuar el Gobierno para la modernización de las infraestructuras ferroviarias gallegas en el bienio 1997-1998? (Número de expediente 180/000627) (Página 4002)

Del Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Qué criterios de actuación se van a adoptar por el Gobierno para la ejecución de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado caso Tous y la consecuente justa indemnización a los damnificados? (Número de expediente 180/000604) (Página 4004)

Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Cuándo piensa la Sra. Ministra de Justicia cubrir la plaza de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional? (Número de expediente 180/000625) (Página 4005)

De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Va Vd. a aceptar la propuesta de sanción que le eleva el Fiscal General del Estado sobre la Fiscal Márquez de Prado? (Número de expediente 180/000626) (Página 4005)

De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios de política criminal de este Gobierno en materia de aborto? (Número de expediente 180/000632) (Página 4006)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el criterio del Gobierno en relación con la subida de las tarifas en los vuelos interinsulares del Archipiélago Canario, que se viene aplicando por la Compañía Binter-Canarias, del Grupo Iberia, desde el pasado 25 de abril? (Número de expediente 180/000605) (Página 4007)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para facilitar a los cotribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la próxima Campaña de Renta 96? (Número de expediente 180/000611) (Página 4008)

Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la aplicación de sanciones en caso de déficit excesivo para los países que no cumplan el Pacto de Estabilidad? (Número de expediente 180/000622) (Página 4009)

Del Diputado don Pedro Solbes Mira, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué valoración hace el Gobierno del V Informe sobre ayudas nacionales de la Comisión Europea? (Número de expediente 180/000623) (Página 4011)

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Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuándo está previsto privatizar Argentaria? (Número de expediente 180/000624) (Página 4012)

Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué finalidad tiene el recientemente aprobado Real Decreto sobre Directrices Generales Comunes de los Planes de Estudios Universitarios? (Número de expediente 180/000616) (Página 4013)

Del Diputado don Juan Carlos Ruiz López, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué incremento ha habido este año en los recursos destinados a «Programas de Garantía Social»? (Número de expediente 180/000617) (Página 4014)

Del Diputado don Amador Alvarez Alvarez, del Grupo Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno satisfactoria la respuesta del público a la nueva etapa del Centro Dramático Nacional? (Número de expediente 180/000618)4015)

Interpelaciones urgentes (Página 4016)

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política del Gobierno en materia de transportes aéreos entre la Península y los Archipiélagos (Página 4016)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Rivero Baute. Se refiere en primer lugar a una interpelación presentada el pasado 11 de diciembre por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la adaptación de España a las políticas comunitarias de liberalización del transporte aéreo, que dio lugar a un importante debate donde se analizó el nuevo panorama que se abría con la entrada en vigor del tercer paquete de liberalización del tráfico aéreo, y donde el señor Ministro de Fomento expuso las directrices básicas de su departamento en materia de transporte aéreo: aplicar las políticas de liberalización comunitaria; definir las obligaciones de servicio público que preve la legislación comunitaria en relación con los servicios aéreos regulares a regiones periféricas, regiones en desarrollo o rutas regionales de baja densidad de población; impulsar la proyección de las compañías aéreas españolas en el exterior; fortalecer la dimensión estratégica del sistema aeroporturario español, especialmente Barajas, y culminar todo este proceso con la presentación a la Cámara de una nueva ley de navegación aérea que ponga fin a la dispersión y a la obsolescencia que tiene la normativa vigente.
Manifiesta que Coalición Canaria está de acuerdo con estos criterios globales de la política de transporte del Ministerio de Fomento, pero estima que hay que dar soluciones rápidas a determinadas cuestiones importantes, porque retrasarlas podría ocasionar perjuicios económicos, sociales e incluso políticos. Considera que las medidas liberalizadoras se han tomado con carácter general y hay determinadas zonas que tienen que tener una especial protección por su fragilidad, debida a su carácter ultraperiférico, a que no existen alternativas al transporte por barco o avión y a que el volumen de pasaje entre las islas es insuficiente para hacer rentables esas rutas.
Denuncia a continuación la salvaje subida de los precios de las compañías aéreas que operan entre la Península y Canarias o la Península y Baleares, lo que en nada favorece la cohesión territorial del Estado.
Termina su interpelación preguntando al Gobierno qué política piensa desarrollar para garantizar, en condiciones adecuadas, el transporte aéreo de personas y mercancías entre la Península y los archipiélagos balear y canario y para que éste se desarrolle conforme a los principios y normas del Derecho comunitario.
Contesta en nombre del Gobierno el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo), que comparte plenamente la preocupación expresada por el portavoz de Coalición Canaria respecto a practicamente todos los aspectos que ha planteado en su interpelación. En cuanto al aumento de tarifas aéreas que recientemente han llevado a cabo las principales compañías aéreas manifiesta que el Gobierno se ha visto obligado a actuar inmediatamente por los efectos que tiene, sobre todo en aquellos casos en los que no existen medios de transporte alternativos. Informa que el servicio de Defensa de la Competencia ha iniciado un trámite de información

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reservada, previo a la decisión de incoar expediente, mediante un requerimiento de información a las compañías y una investigación de las sedes en las propias compañías. Como consecuencia de la investigación se ha llegado a la conclusión de que existen indicios de que hubiese un acuerdo, no beneficioso para los consumidores, en el sentido de aumentar las tarifas simultáneamente, homogeneizando algunas de ellas. Sin embargo, añade, la incoación de este expediente no supone para nada una declaración de culpabilidad de las tres compañias y el Gobierno, aunque ha actuado con diligencia, mantiene el principio de presunción de inocencia. No obstante, si el Tribunal de Defensa de la Competencia, después de todos los trámites pertinentes, estimase que se había vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia, se podría llegar a imponer una sanción de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio del ejercicio anterior de esas compañías.
Pasa a continuación a defender el libre juego de la competencia y afirma que este sistema ha producido efectos extraordinariamente positivos para los usuarios, sin embargo, el Gobierno es plenamente consciente de que existen condiciones de distancia, de insularidad y regiones ultraperiféricas que justifican una política de intervención en los precios, y ésta es la que se define en el régimen de ayudas, que constituye un elemento fundamental en la política de transportes del actual Gobierno. Añade que si esta política de subvenciones resultara insuficiente, se revisaría. En cuanto a la declaración de servicio público, cuestión planteada por el interpelante, reconoce que efectivamente existe esa posibilidad en la legislación comunitaria, pero el Gobierno español no la ha aplicado con respecto a los vuelos entre la Península y los archipiélagos por considerar que con las políticas que se están llevando a cabo es suficiente, aunque no se niega a contemplar esa posibilidad. Espera que en próximos trámites parlamentarios se pueda definir el hecho insular, de manera que los ciudadanos puedan tener clara cuál es la política del Gobierno con respecto a la competencia y a las subvenciones al transporte, dentro del reconocimiento del hecho insular.
En turno de réplica interviene el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, duplicando el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política educativa pública (Página 4024)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Aramburu del Río. Manifiesta que cada vez que sube a la tribuna a solicitar una enseñanza financiada, de calidad y pública, está predicando en el desierto. Considera que uno de los perfiles que definen al Gobierno Aznar es el haber sido el gabinete que abordó el mayor recorte presupuestario para la enseñanza pública y el mayor incremento para la privada desde los albores de la transición hasta la contemporaneidad de nuestros días.
A continuación hace una crítica de la política educativa llevada a cabo por el departamento de la señora Ministra, clasificándola en diez puntos.
Primero, un aumento del ratio contemplado en la Logse; segundo, una reducción de los gastos de funcionamiento de los centros; tercero, una congelación de las becas; cuarto, la supresión de la posibilidad de dos idiomas y de asignaturas experimentales; quinto, el recorte drástico de las inversiones e incumplimiento de la memoria económica de la Logse; sexto, la no aplicación de los acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre plantillas y profesorado; séptimo, modificación a la baja de los requisitos mínimos de los centros; octavo, la ruptura de un modelo de coordinación de los centros públicos mediante la nueva norma de admisión; noveno, la condena de las comunidades autónomas más deficitarias que van a recibir las transferencias a una situación de absoluta precariedad a partir del próximo uno de enero; y décimo, la utilización de los decretazos para modificar las ideas de la Logse que el Partido Popular considera nocivas por excesivamente progresistas.
Dejando de lado las ideologías de la señora Ministra, reconoce su mesura y temple para solucionar conflictos y espera de ella un gesto creíble que dé testimonio de su voluntad en cuanto a garantizar una educación pública.
La señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma) contesta a la interpelante diciendo que también ella, cada vez que sube a la tribuna para contestar a la señora Aramburu, tiene la sensación de que sus argumentos y razones no la convencen, por lo que tiene que volver a repetir lo dicho en otras ocasiones: que no ha habido recorte presupuestario ni ausencia de negociaciones, sino

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todo lo contrario. A continuación, aprovecha la oportunidad que le brinda la interpelante para hacer un balance de la política educativa no universitaria y se muestra muy preocupada por la calidad de la enseñanza pública, considerando impresentable el nivel de España según un estudio publicado ultimamente en la revista «The Economist». Respeta la ideología de la señora Diputada, pero le gustaría que también respetaran la suya y está segura que coincidira en que los principios esenciales en la enseñanza pública son la calidad y la libertad. Y termina diciendo que éste ha sido el año del diálogo, de la libertad y de la calidad en el sistema público de enseñanza.
Replica la señora Aramburu del Río, duplicando la señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bayona Aznar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular.
Intervienen en un segundo turno el señor Bayona Aznar y la señora Ministra de Educación y Cultura

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo (Página 4032)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rubiales Torrejón. Comienza haciendo alusión a la orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia de Barcelona de dos facultativos por haber realizado un aborto en el año1990. Por otra parte, manifiesta que para presentar la interpelación se ha leído los «Diarios de Sesiones» en los que se recogen los debates sobre el tema del aborto y ha podido constatar que la derecha siempre se ha negado a cualquier iniciativa en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Se refiere a continuación al proyecto de ley del Gobierno socialista por el que se reformaba el artículo 417 bis del Código Penal, en el que se despenalizaba el aborto en los tres famosos supuestos de indicación médica, eugenésica y ética, y a las enmiendas planteadas entonces por partidos de la derecha y centristas. Como consecuencia de algunas insuficiencias detectadas a lo largo de diez años, el Gobierno socialista volvió a presentar un proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que volvió a ser enmendado por el Grupo Parlamentario Popular, cuya portavoz en aquel debate dijo que no había en esos momentos ninguna mujer española en la cárcel por haber realizado un aborto. Sin embargo, añade la interpelante, hoy hay dos médicos que pueden ir a la cárcel por haber realizado un aborto a una mujer que estaba en una situación muy conflictiva.
Ante la acusación que se puede hacer a los socialistas de que ellos deberían haber reformado la ley antes y haberla hecho mejor, responde que posiblemente sea cierto, pero quiere dejar claro, porque cree que es de justicia, que han hecho mucho y quieren hacer más, porque la sociedad española así lo demanda, porque entre todos se ha de buscar un sistema eficaz de protección de los derechos e intereses en juego y porque están obligados por el compromiso suscrito por España en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín en 1995, y la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 1990.
Encuentra absurdo repetir lo de que cuando una mujer decide abortar es porque existen razones muy serias y meditadas que la obligan a hacerlo, cuando lo cierto es que las disposiciones penales no sirven por sí solas para resolver los conflictos que presenta la realidad social y que cuando el aborto se prohibe se sigue realizando aunque sea de manera clandestina.
Termina su intervención haciendo dos preguntas muy concretas: si está dispuesto o no el Gobierno a conceder urgentemente el indulto a los dos médicos condenados por aborto y si va a adoptar alguna iniciativa legislativa o van a apoyar las que presente la oposición para proceder a una reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo que venga a resolver los problemas que hoy plantea la sociedad, de acuerdo con la Constitución, separando la moral del Derecho y respetando las creencias legítimas de cada uno y la libertad de todos.
Contesta en nombre del Gobierno la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Considera que el interés del Grupo Parlamentario Socialista se centra fundamentalmente en saber cuál es la política criminal del Gobierno en esta materia y, concretamente, la política sobre indulto en materia de delitos de aborto, cuestiones a las que se va a ceñir en su contestación, olvidando la serie de medidas que el Gobierno ha efectuado en orden a la protección de la mujer y del menor.
Comienza dando una serie de datos estadísticos que figuran en unas encuestas realizadas por el Gobierno socialista, por lo que no cree que se pueda decir que han sido manipuladas. Estos datos la llevan a cuestionar el presupuesto que sustenta la interpelación

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en cuanto que exista un sustrato sociológico que, desde la necesidad impuesta por los hechos y desde la conciencia generalizada de la sociedad, imponga o aconseje modificaciones legales en un texto del Código Penal cuya entrada en vigor data de apenas un año. También cree llegado el momento de destruir otro equívoco que pretende introducirse, según su opinión, al amparo de la interpelación, y es que la sensibilidad frente a casos extremos reclama necesariamente la despenalización y que cualquier otra actitud supone condenar a la mujer que se encuentra en esa situación insostenible a sufrir una pena de privación de libertad de forma inexorable. Añade que lo único que se produce es que se inicia un sistema de control penal, cuyo fin es una sentencia, que tiene por contenido un juicio valorativo matizado, en el que las circunstancias de cada caso sean determinantes a la hora de moderar o excluir la respuesta penal sobre los hechos. El Gobierno no quiere hacer un debate ideológico, sino centrar su política en el respeto escrupuloso de la Constitución y en el mantenimiento y potenciación de la protección que ésta reclama de los poderes públicos. Por último, en respuesta a las dos preguntas concretas de la interpelante manifiesta que el Gobierno aplicará a las peticiones de indulto expuestas por la señora Diputada la misma tramitación que se da al resto de los indultos solicitados al Gobierno y que no tiene pensado ampliar los supuestos de aborto.
Replica la señora Rubiales Torrejón, duplicando la señora Ministra de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Almeida Castro, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO BALLESTERO DE DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA EL GOBIERNO QUE VA A REPERCUTIR EL ACUERDO SOBRE LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL EN EL EMPLEO JUVENIL? (Número de expediente 180/000610) El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: preguntas orales al Gobierno en el Pleno. En primer lugar, pregunta número 18, que formula al Gobierno don Alejandro Ballestero de Diego, Diputado del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.) Silencio, señorías.
Señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, el principal problema de los jóvenes españoles es, como usted bien conoce, el paro. Las cuotas de desempleo juvenil se sitúan en nuestra nación en torno al 46,5 por ciento frente al 18 por ciento del resto de los países de la Unión Europea. Además, la precariedad laboral está en torno a un 75 por ciento entre los trabajadores menores de 30 años, mientras que en el resto se sitúa alrededor del 35 por ciento. Como consecuencia de este lastre, los jóvenes arrastramos otros grandes inconvenientes, como es la dificultad de acceder a una vivienda y la emancipación tardía, ocasionada sin duda por la imposibilidad de conseguir nuestra independencia económica.
La política de los últimos años en materia de juventud nos ha llevado a ostentar estos tristes récords, que van en detrimento del progreso en nuestra nación, pues atacan frontalmente la línea de flotación de lo que constituye el principal activo de cualquier nación, los jóvenes, y, por tanto, el futuro. En nuestro grupo tenemos claro que el problema del paro afecta a todos los segmentos de la población, pero también sabemos que hay sectores, como los jóvenes, los parados de larga duración o los mayores de 45 años, especialmente afectados y hacia los que irá dirigido el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios. Desde el Partido Popular llevamos muchos años reclamando políticas específicas dirigidas a paliar el problema del desempleo en un núcleo tan perjudicado como es la juventud, que podría ser la gran beneficiada del acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios, sobre todo en cuanto a medidas de contratación.
Por eso, ¿cómo piensa el Gobierno, señor Presidente, que va a repercutir el acuerdo sobre la reforma del mercado laboral en el empleo juvenil? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballestero.
Señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, como ha dicho muy bien S. S., uno de los objetivos prioritarios del Gobierno a la hora de impulsar el acuerdo social alcanzado entre empresarios y sindicatos era justamente el fomento del empleo juvenil. Ese objetivo se ha conseguido por la responsabilidad

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de empresarios y sindicatos y, en consecuencia, el Gobierno espera que la repercusión de ese acuerdo sea favorable tanto cuantitativa como cualitativamente para la situación laboral de los jóvenes.
Se ha establecido en ese acuerdo un nuevo contrato de formación que desde el punto de vista de las condiciones salariales, así como de la protección social, tiene grandes ventajas respecto del anterior contrato de aprendizaje. Se ha establecido una cualificación profesional específica que sirve como elemento de unión con lo que significa la evolución del sistema productivo y, en consecuencia, con la posibilidad de establecer puentes para llegar a fórmulas más estables de contratación. Se ha establecido también una unión muy estrecha respecto de lo que significa el nuevo contrato con las bases firmadas entre el Gobierno y los interlocutores sociales respecto al programa nacional de formación profesional y se ha incorporado un principio de futura estabilidad en los contratos, ya que los convenios colectivos podrán determinar aquellas circunstancias y condiciones en las cuales estos contratos puedan pasar a tener carácter indefinido.
Le daré algunos datos, señoría. En 1996 se firmaron en España 8.627.000 contratos, en números redondos, de los cuales 8.273.000 fueron de duración determinada; de esos, el 70 por ciento, por una duración inferior a los tres meses. Se firmaron 184.000 contratos de aprendizaje.
Estos datos por sí solos avalan claramente la necesidad del acuerdo, ilustran muy especialmente lo que significa un paisaje que hay que cambiar desde el punto de vista laboral en nuestro país, y, desde luego, en un momento en el que el empleo, como sabe S. S., está evolucionando favorablemente en nuestro país, debemos adoptar esas medidas con la mayor celeridad posible, también por parte de esta Cámara, buscando, como he dicho ya, el respaldo y el consenso mayor posible.
En definitiva el Gobierno va a seguir trabajando en dos ejes fundamentales, lo que es lucha contra el paro manteniendo unas condiciones de crecimiento económico y lo que es el diálogo social que rinde frutos buenos y conocidos.
Gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.


--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿SABE USTED QUIEN ESTA FILTRANDO EN ALGUNOS PERIODICOS INFORMACION FISCAL DE CARACTER RESERVADO? (Número de expediente 180/000621) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el Diputado don Joaquín Almunia Amann, portavoz del Grupo Socialista.
Señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, el día 25 de abril el periódico Abc daba cuenta de un supuesto expediente tributario de la Inspección de Hacienda en relación al Ivima, que es un organismo público de la Comunidad de Madrid. Ese mismo día, en una cadena de radio se hablaba de que el diario Abc podría estar incurso en algún expediente de deudas tributarias de los que se están investigando en una Comisión de investigación que trabaja en esta Cámara. Tres días después, el 28 de abril, fue el periódico El Mundo en este caso quien hablaba de que una empresa, la empresa Huarte, también estaba incursa en el listado de esos expedientes tributarios sobre los que se investiga. En esa misma semana el diario Abc reconocía que era cierto lo que se había dicho de que Prensa Española, que es la empresa editora de ese periódico, era protagonista de uno de los expedientes de los que al parecer se están investigando aquí.
No es la primera vez que esto sucede. En noviembre del año 1996 un antecesor suyo en el cargo de la Presidencia del Gobierno, el señor don Adolfo Suárez, fue objeto de tratamiento en el periódico El Mundo, que informaba de un expediente que al parecer la Hacienda pública había estado llevando a cabo sobre sus tratos con la misma.
¿Quién está hurgando en los expedientes de Hacienda, señor Presidente? ¿Quién se mete en los ordenadores de Hacienda? ¿Quién ordena que se busque esa información y quién permite que esa información llegue a los medios de comunicación? En definitiva, ¿quién es el responsable de este despropósito? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Presidente del Gobierno.
Silencio, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, no tengo la menor duda de que la Agencia Tributaria está actuando plenamente de conformidad con la ley y de que, por tanto, si hay una filtración, no es responsabilidad de la Agencia Tributaria, ni del Ministerio de Economía y Hacienda, ni del Gobierno.
(Protestas.--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente del Gobierno, el responsable no es la Agencia Tributaria,

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el responsable de lo que está sucediendo es usted.
(Protestas.--Aplausos.) El principal responsable es usted, señor Presidente del Gobierno, desde que el 15 de enero hizo unas declaraciones absolutamente irresponsables e impropias del cargo que ostenta, hablando de presuntos favores, perdones y amigos (Un señor Diputado: ¡El pelotazo!), sin ningún fundamento, acusaciones que alguien calificó de gravísimas y que nadie ha podido probar, ni usted, ni su Ministro de Economía, ni el Secretario de Estado de Hacienda, ni nadie de los que tratan de salvarle a usted la cara, porque usted cometió una enorme irresponsabilidad acusando de prevaricación a anteriores responsables de la Hacienda pública y no quiere o no sabe o no puede dar su brazo a torcer una vez que nadie ha probado, nadie prueba ni nadie va a poder probar esa acusación calumniosa que está generando un clima impropio de una democracia. (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Silencio, señorías.
Señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Me alegro de que por lo menos, señor Diputado, salve usted de sus iras a la Agencia Tributaria, porque estoy seguro de que ha adoptado todas las medidas cautelares necesarias para, conforme a la ley, salvaguardar la confidencialidad de los datos que tiene que administrar dicha Agencia Tributaria, que además está cumpliendo justamente con la legalidad en todas aquellas informaciones que le está solicitando la Comisión parlamentaria de investigación y que también está cumpliendo escrupulosamente con la legalidad en todas las informaciones que le está solicitando el juzgado de instrucción correspondiente de la Audiencia Nacional.
Como usted sabe muy bien, el Gobierno no tiene acceso a información reservada de carácter tributario, a diferencia, a lo que parece, de algunos diputados de su grupo parlamentario, porque la primera persona, señor Almunia, que mencionó los nombres de dos entidades financieras, que yo no voy a repetir aquí justamente por sentido de la responsabilidad, fue su jefe de filas, hoy ausente; dos nombres, fue su jefe de filas, hoy ausente, la primera persona. (Aplausos.--Fuertes rumores.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Y yo no sé la razón por la que fueron mencionadas esas entidades financieras e ignoro, además, si figuran en esa lista. Y luego fue otro Diputado de su grupo parlamentario quien dio más nombres y estableció relaciones de carácter personal con algunas empresas que se decía que estaban en esa lista que estaba investigando la Comisión parlamentaria. Y un tercer Diputado de su grupo dio también nombres al respecto.
Y aquí, señor Almunia, después de los hechos vienen las explicaciones y aquí hay que explicar algo que no le corresponde a este grupo. Primero, hay que explicar por qué, contra las advertencias de parte de la Administración y de los órganos jurisdiccionales, se dejaron prescribir unos expedientes que debían ser cobrados, primera explicación que hay dar. (Aplausos.--Protestas.) Segunda explicación, ¿cómo es posible que ahora se digan nombres sobre unos expedientes (Un señor Diputado: ¡Tancredo!) por importe de más de 220.000 millones de pesetas, 562 contribuyentes concretos, determinados, por importe de 190.000 millones, que deben ser tan concretos que a alguna de las señorías de su grupo parlamentario le parece oportuno hasta decir sus nombres, cosa que desde luego nadie de este grupo parlamentario ha hecho? (Aplausos.--Protestas.) En tercer lugar, señor Almunia, además de las explicaciones y de los hechos, en relación con eso que se califica de favores o de amigos, nada mejor que citarle a usted...


El señor PRESIDENTE: Señor Presidente...


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Ha dicho usted señor Almunia que hacer regalos a los amigos consiste en favorecer a unos pocos en perjuicio de muchos...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Nada como eso para pasar a la historia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben)

--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL MARCO DE LA UNION EUROPEA, ANTE EL DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD DE COMERCIO EJERCIDA POR EMPRESARIOS ESPAÑOLES CON INTERESES ECONOMICOS EN LA REPUBLICA DE CUBA, A LA VISTA DE LA APLICACION DE LEYES DE CARACTER EXTRATERRITORIAL POR EL GOBIERNO NORTEAMERICANO QUE VIOLAN EL LIBRE COMERCIO MUNDIAL Y QUE SUPONEN LA DETENCION DE CIUDADANOS ESPAÑOLES QUE TRANSITAN POR TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS? (Número de expediente 180/000601)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el Diputado don Francisco Frutos

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Gras, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, Vicepresidente o Gobierno en pleno, me da lo mismo (Risas.), ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno español, en el marco de la Unión Europea, ante el de los Estados Unidos para garantizar la libertad de comercio ejercida por empresarios españoles con intereses económicos en la República de Cuba, a la vista de la aplicación de leyes de carácter extraterritorial por el Gobierno norteamericano que violan el libre comercio mundial y que suponen la detención de ciudadanos españoles que transitan por territorio de Estados Unidos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Señor Frutos, la posición tradicional del Gobierno español ha sido siempre la de oponerse al embargo económico que han impuesto desde hace muchos años los Estados Unidos, pero cuando los Estados Unidos dieron un paso más en su política comercial con Cuba, ampliando su embargo con medidas extraterritoriales, el Gobierno español reaccionó contra esas medidas, y, en concreto, en el seno de la Unión Europea, además de rechazar las medidas extraterritoriales, en primer lugar, se procedió a denunciar en la Organización Mundial de Comercio estos aspectos de la ley Helms-Burton y se exigió la constitución de un panel contra estas disposiciones. Hace muy pocos días se ha llegado a un compromiso entre la Comisión Europea y la Administración estadounidense por el cual esta última acepta revisar los aspectos extraterritoriales de la ley Helms-Burton y no aplicarlos a ciudadanos y empresas europeas. En segundo lugar, la Unión Europea adoptó otra medida de protección de sus intereses económicos y comerciales en sus relaciones con Cuba, que fue un reglamento comunitario directamente aplicable en todos los Estados miembros.
Finalmente, para completar todas estas medidas adoptadas en el seno de la Unión Europea así como el reglamento citado el Gobierno español prepara una legislación específica que proteja a los españoles de cualquier tipo de medidas extraterritoriales que puedan ser aplicadas por países terceros.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Vicepresidente, el problema no es sólo el tráfico que se realiza, que, por cierto, lo realizan empresas, personas, lo hace todo el mundo e incluso ya hay rutas concretas que representan un buen negocio para las compañías que las utilizan. El problema, señor Vicepresidente, es que los Estados Unidos han cogido un rehén con el cual hacen presión, chantaje y extorsión. En este caso concreto, señor Vicepresidente, no se trata sólo del problema de un tráfico o de una detención, por arbitraria que ésta sea, sino de que los Estados Unidos tienen una ley por la que cualquier persona o cualquier entidad puede ser condenada a muchos años de cárcel por bombardear Cuba con pañales desechables, que, como todo el mundo sabe, son un elemento muy peligroso de la guerra fría o caliente que tenemos en este momento.
A nuestro entender, se ponen en evidencia tres cosas en la actuación del Gobierno español. En primer lugar, ya sé que hay un tratamiento del tema ante la Unión Europea y sé que se ha tratado por parte de España ante el Gobierno de los Estados Unidos, pero hay una sordina en el momento de actuar ante la arbitrariedad de casos como el que nos ocupa. En segundo lugar, hay una aceptación, en cierta manera pasiva y resignada, ante los extremos en los que actúa el Gobierno de los Estados Unidos vulnerando leyes internacionales. En tercer lugar --y lo más importante--, nos encontramos ante la falta de legislación española para proteger la actividad económica como ya hacen otros países, caso de Canadá, Gran Bretaña o lo que dice el propio reglamento 2271/1996 de la Unión Europea.
Nuestro grupo les emplaza a que trabajen con diligencia y a que hagan las gestiones incluso personales ante el Gobierno de los Estados Unidos. Por cierto, señor Vicepresidente, no envíen a realizar estas gestiones al señor Robles Fraga o al señor Gortázar, porque entonces sí que sería peor y seguramente el señor Ferreiro se quedaría eternamente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Señor Frutos, desconsideraciones personales aparte, en las que no voy a entrar y que usted ha utilizado al final de su pregunta, quiero hacerle dos puntualizaciones en el tiempo que me queda. En primer lugar, el señor Ferreiro, en lo que hace referencia a su situación en los Estados Unidos, no es objeto de la aplicación de una ley extraterritorial, sino que la ley que se le aplica al señor Ferreiro en los Estados Unidos es una ley que prohíbe el comercio desde los Estados Unidos. Por tanto, la interpretación que usted hace de ese asunto no es exacta.
En segundo lugar, lo que está haciendo el Gobierno español en términos de país soberano a país soberano, de Estado de Derecho a Estado de Derecho es exactamente

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lo mismo que le permitiría hacer a los Estados Unidos si se tratara de un ciudadano estadounidense en España. Confío en que S. S. no le pida al Gobierno español aquello que usted no estaría dispuesto a que el Gobierno español hiciera si se tratara de un ciudadano americano detenido en España. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE INICIATIVAS DIPLOMATICAS TOMO O VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA FACILITAR LA LIBERTAD CONDICIONAL DEL CIUDADANO ESPAÑOL FRANCISCO JAVIER FERREIRO? (Número de expediente 180/000603)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
Señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
El día 21 de abril de 1997 el señor Francisco Javier Ferreiro Parga envió una carta al señor Presidente del Gobierno español en la que se podía leer: Señor Presidente, sólo le pido una cosa como máximo representante de mi pueblo y de mi país, que me facilite la fianza que me permita salir en libertad condicional. Además se añadía, y esto es lo importante, la petición de que no le dejasen «abandonado en medio de este siniestro proceso político que trata de destruir mi vida.» Pensamos que el Vicepresidente del Gobierno será consciente de que este no es un caso normal de detención y prisión por infringir una legislación respetuosa con los derechos humanos y el derecho internacional. Tampoco se trata de pedir al Gobierno posicionamientos o actividades ilegales, sino protección para un ciudadano para que pueda defenderse con todas las garantías de la ley, incluido su derecho a la libertad condicional, en un contexto más que dudoso.
Por todo esto, le preguntamos al señor Vicepresidente del Gobierno: ¿Qué iniciativas diplomáticas tomó o va a tomar el Gobierno para facilitar la libertad condicional del ciudadano español Francisco Javier Ferreiro? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Un momento, señor Vicepresidente.
Señor Ballestero, señorías, por favor, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señoría, usted ha hecho dos consideraciones, una, que el Gobierno no le está prestando suficiente atención al señor Ferreiro y la otra ha sido una propuesta concreta en relación con facilitar una fianza, y usted sabe perfectamente que, la aplicación de las leyes, que obligan al Gobierno y a todos a que los ciudadanos sean iguales ante la ley, impide que el Gobierno español, dentro o fuera de España, pueda prestar esta fianza.
Sobre todo me interesa mucho destacar que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos, todo lo que cabe hacer en términos de respeto a la soberanía, al Estado de Derecho y a las normas diplomáticas, extendiendo su plena protección como acción consular al ciudadano detenido. Si yo le relato los actos realizados por el Gobierno o sus representantes, creo que quedará claro que su afirmación de desinterés no se sostiene.
El señor Ferreiro fue detenido el día 1 de abril y el 2 de abril el cónsul general de España estuvo presente en la primera vista celebrada ante el juez. Se realizaron gestiones de la embajada de España en Washington y el director general de América del Norte estuvo desde el primer momento en contacto con el embajador de Estados Unidos en Madrid, lo mismo que el secretario de Estado de Política Exterior. El 11 de abril, en la nueva vista, ante el juez instructor está presente el cónsul general. El día 28 de abril, en una nueva reunión entre la fiscal del caso y el abogado defensor, el cónsul general vuelve a estar presente nuevamente, además de mantener un contacto permanente en los términos que el propio abogado defensor solicitaba. El día 29 de abril se celebran entrevistas entre el Ministro de Asuntos Exteriores y una de las hijas del señor Ferreiro y un encuentro de la misma con el propio Presidente del Gobierno. Y el día 30 de abril hay una entrevista del Ministro de Asuntos Exteriores con la secretaria de Estado norteamericana, señora Albright, en la que se habla de esta cuestión.
Usted puede opinar sobre si los resultados son positivos o insuficientes, pero lo que no puede poner en duda es el máximo interés del Gobierno español en este caso.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Vicepresidente, las palabras «abandonado en medio de este siniestro proceso político» no son del Diputado que les habla sino del propio interesado; nunca hice ningún juicio de valor respecto a la actitud del Gobierno.


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En segundo lugar, lo que importa más es que aunque el Gobierno hable de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ustedes deben de comprender que no se trata de un caso normal, sino de uno de evidentes connotaciones políticas que están violando derechos de carácter internacional y, además, en un medio de notable presión psicológica, ambiental y política. Usted no desconoce lo que significa en Estados Unidos ser acusado precisamente de comerciar con el enemigo, con un juez que tiene un cargo político en Miami y en una atmósfera política tan condicionada por el mundo anticastrista.
Por lo tanto, todos sabemos que nadie tomaría una acción del Gobierno en este caso como que tratara de privilegiar a un ciudadano frente a otros, cuando además este ciudadano no es acusado ni de narcotráfico ni de tráfico de armas. Por eso pensamos que, efectivamente, al margen de esta actuación consular, que no ponemos en duda, se trataría de utilizar un recurso legal para avalar con alguna fórmula diplomática la fianza para conseguir su libertad condicional. Es una aspiración, pienso, del propio acusado y detenido, no es una aspiración del que les habla.
Nada más y gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Alvarez-Cascos Fernández): Señor Diputado, yo respeto sus opiniones en relación con esta cuestión y nada me agradaría más que poder darle cumplida satisfacción a las propuestas que usted nos transmite, pero, repito, la interpretación de las normas obliga a todos, y al Gobierno en primer lugar.
Quiero decirle que en el marco del reconocimiento de la independencia del Poder Judicial entre dos Estados soberanos que se basan en el Estado de Derecho en sus respectivos ejercicios de libertades fundamentales, el Gobierno español en ningún caso va a rebasar la línea de interferencia en la justicia, pero tenga usted la seguridad de que va a continuar la labor de sensibilización de la Administración estadounidense, porque es un caso que sí tiene una enorme trascendencia política en España. Esa es una razón más por la que el Gobierno se siente empujado a asumir la máxima dedicación en la protección de ese ciudadano.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON HIPOLITO FARIÑAS SOBRINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE ENCONTRABA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOA DEL EJERCITO DE TIERRA QUE NO PODIAN SER ATENDIDOS POR EL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ACORAZADOS (CMSA)? (Número de expediente 180/000613)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno don Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Defensa, haciendo una evaluación de la presencia de unidades dentro del Ejército de Tierra, podemos constatar la presencia de 1.209 unidades de vehículos TOA, transporte oruga acorazado, cuya misión es el transporte de tropas bajo protección de coraza. Es verdad que las necesidades de mantenimiento de estos vehículos podemos cifrarlas en unas 150 unidades/año y que el Centro de Mantenimiento de los Sistemas Acorazados sólo puede atender a unos 100 vehículos/año. Dicho esto, que no es más que un mero relato de hechos constatables, podemos añadir que, si nosotros queremos dar solución a este desajuste, tenemos que tomar medidas tendentes a ello. El Consejo de Ministros del pasado 4 de abril ha tomado la decisión de aprobar la formalización de unos contratos para atender ese mantenimiento y corregir ese desequilibrio.
Por todo ello, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿En qué situación se encontraba el mantenimiento de los vehículos TOA del Ejército de Tierra que no podían ser atendidos por el CMSA? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fariñas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Como ha dicho, señoría, el Ejército de Tierra dispone de 1.209 vehículos transporte oruga acorazado que, según las normas establecidas por la casa fabricante, requieren de una revisión general cada ocho años, lo que nos da, aproximadamente, una media anual de revisiones de 150 vehículos. El Centro de Mantenimiento de Vehículos Acorazados que tiene el Ejército de Tierra en Segovia tiene capacidad para efectuar la revisión anual de aproximadamente 100 vehículos, con lo cual se iba produciendo un desfase entre el mantenimiento necesario de estos vehículos y el que realmente podía efectuarse. Por esa razón, como dice S. S., el Consejo de Ministros adoptó dos decisiones, ambas encaminadas a mejorar la eficacia de

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nuestras Fuerzas Armadas, como dice la directiva de Defensa Nacional. La primera fue la de intensificar el trabajo del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados de Segovia al máximo, con objeto de que pudieran rebasar los 100 vehículos/año. Además, para solucionar definitivamente el problema se ha convocado un concurso público de programa plurianual, cuatro años, con una dotación de 2.000 millones de pesetas que contempla la revisión de, al menos, 40 transporte oruga anuales, con lo que esperamos disponer de la capacidad adecuada para mantener el ritmo de mantenimiento de estos vehículos. Entre tanto, a las unidades que dispongan de vehículos que no han pasado la revisión se les ha concedido prioridad para el suministro de repuestos y el apoyo de las unidades móviles del mantenimiento de sistemas acorazados, de manera que podemos considerar que se han sentado las vías para solucionar de modo definitivo y estable el problema.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Gracias, señor Presidente.
Quiero expresar la satisfacción que nos produce la completa respuesta del Ministro de Defensa. El Grupo Parlamentario Popular se felicita porque se hayan adoptado definitivamente las medidas necesarias para corregir el estado de mantenimiento en el que se encontraban estos vehículos TOA --a los que, por otro lado, podemos calificar de calamitosos--, y felicitamos también al Ministro de Defensa porque se hayan adoptado estas medidas, y le encomendamos que siga en este camino.
Muchas gracias, señor Ministro.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fariñas.
Señorías, ruego a los Diputados que hacen corrillos en los pasillos del hemiciclo, o que mantienen diálogo paralelo a la tramitación de las preguntas, que guarden silencio. (Pausa.) Gracias, señorías.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL MINISTERIO VALORAR LA REVISION DE LAS GRATIFICACIONES QUE PERCIBIRAN EN 1997 LOS MILITARES DE REEMPLAZO DURANTE EL SERVICIO MILITAR PARA COMPENSAR LA MOVILIDAD GEOGRAFICA? (Número de expediente 180/000614) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez Molina.


El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el objeto de la pregunta es doble. Por un lado, poner de manifiesto ante la Cámara que, en un año de presupuestos rigurosos, el Ministerio de Defensa haya podido mejorar las gratificaciones y aumentar las compensaciones económicas de los militares de reemplazo. Con ser esto importante, señor Presidente, a mí me gustaría que el señor Ministro valorará en el día de hoy los aspectos cualitativos de la cuestión. En primer lugar, el mantenimiento de las gratificaciones, en unos casos; en segundo lugar, la inclusión de otro personal de mayor remuneración en ocasiones y ejercicios anteriores; en tercer lugar --según mi criterio, señor Ministro--, la equiparación de gratificaciones a soldados que prestan el servicio militar en los peñones del norte de Africa y en mi ciudad, en Melilla, que tan sensible es a este tipo de cuestiones.
Señor Ministro, con independencia de la valoración cuantitativa que ya se recoge en la Orden 23/1997, de 22 de febrero, y aprovechando su presencia ante la Cámara, le pregunto si puede valorar la revisión de las gratificaciones que percibirán en 1997 los militares de reemplazo durante el servicio militar para compensar la movilidad geográfica.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como ya he expuesto en ocasiones anteriores, entre las preocupaciones prioritarias del Ministerio se encuentra incentivar, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, la prestación del servicio militar mediante una serie de medidas que reconozcan el valor de esta aportación personal a la defensa nacional.
Entre estas medidas, y con el objeto de disminuir en lo posible el coste económico que supone a las familias españolas el tener a alguno de sus miembros realizando el servicio militar alejado de su domicilio habitual, en el ejercicio de 1997 se ha incrementado la gratificación, por razón de movilidad geográfica, de 13.000 a 15.000 pesetas mensuales a los residentes en el extranjero que vienen a España a realizar el servicio, así como a los destinados en Ceuta y Melilla que no sean residentes en estas ciudades y a los que, siéndolo, están destinados fuera de ellas.
Asimismo, dentro de las disponibilidades del presupuesto, se

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ha mantenido la cantidad asignada para aquellos jóvenes que se desplazan fuera de su provincia. En el caso de los que se desplazan a las islas Baleares o Canarias o, siendo residentes en ellas, realizan el servicio militar en la Península o en otro archipiélago, la gratificación asciende a 13.000 pesetas mensuales. En el caso de la Península, si el servicio militar se realiza en una provincia no limítrofe con la de residencia, la gratificación asciende a 7.000 pesetas. Debe resaltarse, señor Presidente, que esta gratificación es compatible con la que se pueda percibir por razón de destino, cometido o responsabilidad debida al empleo, por lo que, en muchos casos, la cantidad mensual percibida por el soldado o marinero puede alcanzar un montante superior a las 30.000 pesetas mensuales.
En conclusión, dentro de la austeridad presupuestaria general del Estado, el Ministerio está realizando un esfuerzo considerable para que la prestación del servicio militar sea lo menos onerosa posible para los soldados y marineros de reemplazo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Gutiérrez. (Pausa.) Gracias.


--DEL DIPUTADO DON RAMON ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ASCENDER AL EMPLEO HONORIFICO Y CON CARACTER GENERAL A LOS MILITARES MUTILADOS EN ACTO DE SERVICIO? (Número de expediente 180/000615)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Defensa, todos tenemos claro que el Estado, consciente de las obligaciones adquiridas mediante las leyes y reglamentos aprobados para quienes, en el mejor servicio del país, han perdido total o parcialmente su integridad física quedando a veces privados del ejercicio normal, no sólo de su vida sino de sus propias actividades, establece una total protección. Los mutilados en acto de servicio, a los que me estoy refiriendo, ya sean del Ejército de Tierra, de la Marina o del Ejército del Aire, e incluso los pertenecientes a las Fuerzas del Orden Público, como muy determinaba el artículo 4.º de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, son aquellos que han sufrido una grave lesión corporal que afecta, de modo permanente, a su integridad física o psíquica por causa de un accidente ocurrido en la prestación del servicio propio de la finalidad y naturaleza de las Fuerzas Armadas.
En el preámbulo de esta misma ley se determina que son tres las vertientes a las que hay que atender: en primer lugar, que se ha de considerar en el aspecto económico el principio de equidad en la concesión de derechos y beneficios a los interesados; en segundo lugar, aminorar las notables diferencias que existían entonces entre la concesión de beneficios entre los caballeros mutilados de guerra y los en acto de servicio; y, en tercer lugar, atender las justificadas aspiraciones de los mutilados pertenecientes a la clase de tropa y marinería en materia de ascensos. Tal hecho parece que quedaba regulado en el artículo 78 del reglamento que desarrollaba la ley referida con anterioridad, y que determinaba las normas que se requieren para la concesión o denegación del ascenso honorífico.
Por otra parte, sabemos que queda a la propia consideración del Ministerio cada uno de los ascensos honoríficos. Entiendo que para ello deben concurrir distintos aspectos y consideraciones que posibiliten dichas actuaciones. Pero parece constatable que en los últimos años han existido problemas en la concesión de estos ascensos, ya sea de forma general o particular, por motivos que desconocemos, ocasionando a veces una total frustración en aquellos que, por el destino de la vida, se han encontrado en esa lamentable situación, no sólo personal sino profesional.
Señor Ministro, conociendo su total solidaridad con las personas que se encuentran en esta situación y las que esperan una solución real y sincera, positiva o no, y desde luego no económica, deseo preguntarle: ¿Piensa el Gobierno ascender al empleo honorífico y con carácter general a los militares mutilados en acto de servicio? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.
Señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, Presidente.
Señoría, quiero comenzar mi intervención mostrando, como ha anticipado S.
S., mi absoluta solidaridad con los que han pasado por esa vicisitud por acto de servicio.
El criterio seguido por el Gobierno sobre los ascensos honoríficos es, como no podía ser de otra forma, el establecido con carácter general por el artículo 81.2 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen jurídico del personal militar profesional. Así, los ascensos honoríficos se conceden con carácter extraordinario a militares de carrera que hayan cesado definitivamente en situación de servicio activo en atención a méritos o circunstancias excepcionales.
Estas condiciones permiten preservar la esencia de tales ascensos, honrar a aquellos miembros de las

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Fuerzas Armadas que acumularon méritos de especial significación a lo largo de su servicio activo, o que vieron interrumpida súbitamente sus perspectivas profesionales como consecuencia de actos de servicio o por la acción del terrorismo. En todos los casos se abre un expediente para determinar si concurren en los interesados las circunstancias exigibles que les hagan acreedores al ascenso honorífico de que se trate, puesto que los ascensos honoríficos se deben conceder, como ya he indicado a S.
S., con carácter extraordinario y excepcional, porque de esta manera se distingue personalmente a cada uno de ellos por sus méritos concretos. No debemos olvidar, señoría, que los ascensos se otorgan como consecuencia de las circunstancias personales exclusivas de cada militar. En este sentido he elevado al Gobierno, y ha sido concedido, el ascenso con carácter extraordinario a diversos miembros de nuestras Fuerzas Armadas, todos ellos en el año transcurrido, como consecuencia de lesiones sufridas en atentado terrorista.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INTERES TIENE PARA LA DEFENSA NACIONAL LA CONSEJERIA DE ECONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID? (Número de expediente 180/000628)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, que formula al Gobierno el Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista.
Señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Señor Ministro de Defensa, hace escasas fechas hemos conocido el nombramiento de un teniente del ejército como secretario técnico de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. No cuestionamos la idoneidad del designado para el cargo, tampoco el hecho de que se destine a un militar para un cargo de naturaleza civil. Lo que sí ponemos en cuestión es que para facilitar dicho nombramiento hayan declarado el puesto como de interés para la defensa nacional. ¿Por qué razones, señor Ministro?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Tiene la palabra le señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted sabe, dentro de la discrecionalidad que concede la ley, la política del Ministerio de Defensa en relación con el personal militar que presta servicios en un organismo ajeno al Ministerio, se basa en los criterios de igualdad de trato para todos los militares que puedan verse en esta situación, y de que el puesto desempeñado esté relacionado con la defensa o sea de interés para la misma. Se pretende también una cierta equiparación con los funcionarios civiles que, en aplicación de la Ley 30/1984, pasan en situaciones similares a servicios especiales, lo que equivale a decir: sin pérdida de derechos. Esta política permite recuperar para la defensa al militar que ha prestado servicios en un organismo público distinto al de Defensa, al finalizar el servicio para el que fue llamado por el organismo de que se trate.
El Ministerio de Defensa, señoría, está dispuesto a prestar la máxima colaboración a las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas, provincias y municipios, facilitando que militares en activo puedan ocupar cargos de responsabilidad, toda vez que siempre serán beneficiosas para los intereses de la defensa las buenas relaciones con el resto de las instituciones públicas. La presencia de militares de carrera en distintos y diversos órganos de gobierno y administración, favorece la interrelación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, lo que, como S. S. conoce, es uno de los objetivos primordiales de la política de defensa del Gobierno.
Se busca, también, señoría, un retorno al seno de las Fuerzas Armadas ante un posible cese futuro, con la menor incidencia negativa en las expectativas de carrera. El tiempo permanecido en servicios especiales normalmente no repercutirá de forma negativa en cuanto a las evaluaciones, pero tampoco puntuará positivamente por destinos, por lo que otros compañeros que han permanecido en puestos de las Fuerzas Armadas superarán en evaluación y posibilidad de ascenso por selección y acceso a puestos relevantes a los que han estado temporalmente separados.
En lo que se refiere al caso concreto que motiva la pregunta de S. S., la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid es un cargo de interés, no sólo por la necesaria cooperación que debe presidir las relaciones entre dicha comunidad y este Ministerio, sino también por la existencia de innumerables relaciones patrimoniales y funcionales entre ambos organismos. Pero le diré a S. S. que no ha sido el único caso, sino que a los que lo han solicitado siempre se les ha concedido.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Señor Ministro, salvaguardar los derechos laborales y personales nos parece loable, pero no debe hacerse acosta de violentar el ordenamiento jurídico ni tampoco el sentido común.


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Mi grupo entiende perfectamente que haya casos de interés para la defensa fuera del ámbito del Ministerio de la Defensa. En nuestra etapa de gobierno hubo situaciones que consideramos de interés para la defensa nacional y se destinaron militares a esos puestos: por ejemplo, dentro del Ministerio del Interior, para nombramientos de alguna jefatura de policía autonómica que guarda relación con la seguridad, o en el área de asuntos militares de la Oficina del Defensor del Pueblo, pero siempre guardando una cierta coherencia entre el puesto y el nombramiento determinado. Pero este nombramiento y este puesto nos parece que se aleja bastante de esa coherencia.
Señor Ministro, creo sinceramente que si ustedes generalizaran esta vía introducirían una técnica perversa: la de adecuar la legislación a los nombramientos y no los nombramientos a la legislación. Además, nos parece una muestra de que cualquier puesto de la Administración, ya sea central, autonómica o municipal, es susceptible de ser declarado de interés para la defensa nacional. Tampoco nos ha sorprendido demasiado, porque si su Gobierno ha declarado el fútbol de interés general, ¿por qué no va a ser declarado de interés para la defensa nacional ser jefe de negociado de una comunidad autónoma? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.


--DEL DIPUTADO DON RAMON COMPANYS I SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INVERSIONES EN MEJORA DEL TRAZADO Y MANTENIMIENTO DE LA N-350, ENTRE EL PONT DE MONTAÑANA Y LA FRONTERA CON FRANCIA TIENE PREVISTO REALIZAR EL GOBIERNO DURANTE EL EJERCICIO DE 1997? (Número de expediente 180/000608)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16 que formula al Gobierno el Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la carretera nacional 230, en el tramo que va desde Pont de Montañana hasta la frontera con Francia discurre a través de las provincias de Huesca y de Lleida. Es un eje importantísimo y no sólo para el desarrollo de esas comarcas, sino que es uno de los pocos puntos donde los Pirineos son permeables. Por la citada carretera discurre gran cantidad de tráfico, no sólo de tipo industrial, sino también turístico tanto en verano como en invierno, y no siempre en las mejores condiciones meteorológicas.
Para dar un mínimo de seguridad en dicho trayecto hay que realizar obras de forma urgente, como son: primero, la modificación de las curvas situadas entre los puntos kilométricos 91.500 y 95, en donde se producen gran cantidad de accidentes. Segundo, las actuaciones en los tramos comprendidos entre los puntos kilométricos 101 al 109, entre las poblaciones de Aren y Sopeira. Tercero, la consolidación y estabilización de los taludes en el tramo conocido como de Escales, entre los kilómetros 110 y 115. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Por este motivo, este Diputado pregunta al Ministro qué inversiones en mejora del trazado y mantenimiento de la carretera nacional 350, entre Pont de Montañana y Francia, tiene previsto realizar el Gobierno durante el ejercicio de 1997.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Companys.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, a efectos expositivos vamos a distinguir entre diversos tramos para poder cuantificar con precisión la cantidad que el Ministerio invierte en esta carretera. En conjunto, le diré que supera, en el presente año 1997, los 600 millones de pesetas. Entre Pont de la Montañana y Pont de Suert, en los cinco kilómetros pertenecientes a la provincia de Lleida, se ha adjudicado recientemente un proyecto de refuerzo del firme que se extiende hasta el punto kilométrico 142,9, obras que se iniciarán en el presente año. En la provincia de Huesca, el único tramo en el que aún no se ha realizado mejora es el comprendido entre Aren y el límite de la provincia de Lleida, en las proximidades de Pont de Suert. El proyecto de acondicionamiento de este tramo se ha sometido nuevamente a información pública y tan pronto como se cumpla con este trámite administrativo se ejecutará el proyecto.
Entre el límite de la provincia de Lleida y Francia, en el pasado mes de marzo se han adjudicado las siguientes actuaciones: Las Bordas-Bossost, punto kilométrico 178,6 al 179,7, túnel y aceras por un importe de 204 millones de pesetas, con un plazo de ejecución de doce meses; refuerzo de firme y obras accesorias en el punto kilométrico 156,2 al 163,9, por un importe de 104 millones de pesetas, con un plazo de ejecución de diez meses; refuerzo en el punto kilométrico 117 y 142, por importe de 240 millones de pesetas, con un plazo de ejecución de dieciocho meses.
Por otra parte, se encuentra en redacción el estudio informativo de la variante de Viella, en tanto que la aprobación definitiva del anteproyecto del nuevo túnel de Viella es inminente.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAMON COMPANYS I SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA CUANDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE FOMENTO ADJUDICAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ENLACES Y RAMALES DE CONEXION EN LA CARRETERA N-145, QUE UNE LA SEU D'URGELL CON LA FRONTERA CON ANDORRA EN LOS PUNTOS KILOMETRICOS 2,200, 8,250 Y 9,000? (Número de expediente 180/000609)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 17, de don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la carretera nacional 145 tiene su origen en la población de la Seu d'Urgell y su final en la frontera de Andorra. Su trazado, encajado entre el río Valira y la sierra, es el propio de una carretera de alta montaña y, por tanto, el trazado es muy sinuoso. Su IMD es de nueve mil vehículos-día, con el agravante de que en muchas ocasiones, sobre todo los fines de semana y durante las vacaciones, se producen colas de varios kilómetros.
En dicha carretera existen fundamentalmente tres problemas ligados a la seguridad de sus habitantes, y que son: en el punto kilométrico 2,200 se encuentra el acceso a la población de Anserall, con una doble problemática: los vehículos que quieren acceder a dicha población procedentes de la Seu d'Urgell tienen que detenerse en el centro de la calzada para realizar un giro a la izquierda en un punto de visibilidad muy reducida, yo diría que casi nula, mientras que a los vehículos que tienen que acceder al municipio de Anserall procedentes de Andorra les resulta muy conflictivo realizar la maniobra, ya que se ven obligados a realizar un giro de 180º con un radio mínimo.
En el punto kilométrico 8,250 se encuentran los accesos a los núcleos de Arcabell, por la derecha, y Civis, por la izquierda. La naturaleza turística del tránsito, con fuertes puntas horarias, hace que sean muy peligrosos los giros a la izquierda, produciéndose muchos accidentes. En el punto kilométrico 9,000 se encuentran las instalaciones aduaneras; al llegar a esa zona la carretera de dos carriles ha sido ampliada a cinco, por lo que no se puede ni cambiar de sentido ni girar a la izquierda, debiendo hacer esas maniobras en el interior de las instalaciones aduaneras, con la problemática que eso conlleva. Por esos motivos, este Diputado pregunta al Ministro de Fomento: ¿para cuándo tiene previsto el Ministerio adjudicar las obras de construcción de los enlaces y ramales de conexión de la carretera nacional 145, en los puntos kilométricos 2,200, 8,250 y 9,000?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Companys.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, las obras de construcción de enlaces y ramales en la carretera nacional 145, en los puntos kilométricos 2,200, 8,250 y 9, son objeto de un proyecto denominado construcción de pasos inferiores en el tramo Seo de Urgell-Andorra, puntos kilométricos 2 al 9 de la nacional 145. Este proyecto se encuentra actualmente en fase de supervisión y tiene un coste de unos 297 millones de pesetas. La carretera nacional 145 tiene solamente nueve kilómetros de longitud y en ella se sitúan los puntos indicados, que dan acceso a las poblaciones de Anserall, Arcabell y la Farga de Moles. Respecto a esos tres puntos, el proyecto contempla la ejecución de sendos pasos inferiores en los dos primeros, es decir, Anserall y Arcabell, que permitirán el acceso a ambas localidades y supondrán la eliminación del cruce al mismo nivel. En el caso de punto kilométrico 9, se prevé la construcción de una rotonda ante la aduana que permitirá efectuar todos los movimientos. Las previsiones del departamento contemplan la licitación de este proyecto en el próximo ejercicio económico.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIU: Quiero agradecer al Ministro la información, que va a tranquilizar a la gente de la zona, esperando que en el próximo ejercicio sea una realidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Companys.


--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CRITERIO TIENE EL GOBIERNO EN RELACION CON LAS DIFERENTES INDEMNIZACIONES COBRADAS POR LOS PRESIDENTES DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DE ESPAÑA CON MOTIVO DE SU CESE? (Número de expediente 180/000612)

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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 20, de don Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, durante estos días hemos estado oyendo cantidad de declaraciones diciendo que España es un país menos justo en la distribución de la riqueza, que han aumentado las desigualdades sociales y laborales, que se tiende a incrementar las diferencias de renta o que se favorece a unos pocos. Llega un momento en el que uno se pregunta si realmente todo esto obedece a algo, si obedece a una práctica habitual durante los últimos tiempos.
Por eso, le pregunto, señor Ministro: ¿Qué criterio mantiene el Gobierno en relación con las diferentes indemnizaciones cobradas por los ex presidentes de autoridades portuarias, es decir, de los puertos de España, nombrados por el Gobierno socialista, que, creyéndose despedidos de manera improcedente, se han otorgado indemnizaciones de entre 10 y 20 millones de pesetas? Gracias, señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, cuando el Gobierno tuvo conocimiento de los hechos que ha referido S. S. en la pregunta encargó un informe a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. El dictamen de este importante organismo es que los presidentes de las autoridades portuarias de España tienen una relación jurídica estatutaria con el Ente Público Puertos del Estado que es incompatible con la aplicación, directa o indirecta, de contratos de alta dirección, de contratos laborales que den lugar a indemnización.
Teniendo en cuenta que se habían producido hechos como los que señala S.
S. en la pregunta, el Presidente del Ente Público Puertos del Estado, teniendo en cuenta el informe de los servicios jurídicos del Estado, se ha dirigido a todas las autoridades portuarias involucradas instándolas a que adopten las medidas necesarias, incluida en su caso la reclamación Judicial, para que los presidentes salientes reintegren las indemnizaciones inadecuadamente percibidas. Los actuales presidentes, de conformidad con todo lo indicado, no tienen suscrito ningún tipo de contrato laboral con los entes portuarios.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ministro.
Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente; gracias, señor Ministro.
Lo lamentable es que a estas alturas no se hayan percatado de que hay que devolver ese dinero.
Ante las manifestaciones que se han producido diciendo que el Gobierno está sometiendo al Estado de bienestar a un proceso de regresión, con estos ex altos cargos, con estos ex presidentes de autoridades portuarias, lo mismo que con determinados ex presidentes de empresas públicas, que han blindado sus contratos olvidándose de que las habían arruinado o puesto al borde de la quiebra, el Grupo Parlamentario Popular se encuentra altamente satisfecho de que el Gobierno del Partido Popular termine con el estado de bienestar de estos pocos en beneficio del interés general de España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.


--DEL DIPUTADO DON EMILIO PEREZ TOURIÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INVERSION TIENE PREVISTO EFECTUAR EL GOBIERNO PARA LA MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS GALLEGAS EN EL BIENIO 1997-1998? (Número de expediente 180/000627)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 33, de don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Pérez Touriño.


El señor PEREZ TOURIÑO: Señor Ministro, en los presupuestos de este año las inversiones ferroviarias en Galicia prácticamente han desaparecido.
Las previsiones que contiene para 1998 son relativamente semejantes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Señor Ministro, ¿qué inversión tiene previsto efectuar el Gobierno para la modernización de las infraestructuras ferroviarias gallegas en el bienio 1997-1998?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.


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Sin duda, S. S. no ignora que, ante la lamentable situación de la red ferroviaria en Galicia, se ha puesto en marcha el estudio informativo que permita acondicionar y mejorar el eje atlántico Redondela-Santiago-La Coruña. En estos momentos se está redactando el estudio informativo que supondrá una importante mejora y ahorro de tiempo en las relaciones por ferrocarril de todo este corredor y, por tanto, una potenciación de este modo de transporte.
Al mismo tiempo --y no lo ignora S. S.-- desde el pasado mes de enero se constituyó una comisión mixta entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia que ha elaborado a nivel técnico un primer documento que está siendo estudiado en estos momentos. Se trata de hacer un plan coherente de inversiones en el ferrocarril que discurre por tierras gallegas. En ese documento se recogen diversas propuestas con una inversión que puede oscilar entre los 38.000 y los 66.000 millones de pesetas para un período de cuatro, cinco o seis años. La Xunta ha solicitado que se ejecute en cuatro años, con inversiones de 8.000 millones de pesetas para el año 1998 y 10.000 millones de pesetas en los años siguientes. En estos momentos el Gobierno no está en condiciones de acordar cifras concretas de inversión para la ejecución de ese plan, porque no disponemos todavía de la cifra de inversión de que va a poder disponer el ministerio para el próximo año. En todo caso, señoría, lo que sí le garantizo es que el Gobierno hará, con la Xunta de Galicia, un plan de mejora de las infraestructuras ferroviarias, plan que debería haber estado formalizado, concluido y en parte ejecutado desde hace muchísimos años, señoría, y no desde el año 1997.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el señor Pérez Touriño.


El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, lamento decirle que usted pone en entredicho que el Parlamento gallego carezca de propuestas y alternativas, de todos conocidas y compartidas, respecto a la modernización del ferrocarril en Galicia. Sobran y existen proyectos, y el Ministro lo sabe. El estudio informativo a que alude ha sido puesto en marcha por el anterior Gobierno. El Ministro sabe que existen planes, se sabe dónde invertir y no puede presentar a este Parlamento como disculpa que se necesita esperar al conocimiento de un plan. El señor Ministro ha dado una sola cifra comprometida y dice que tiene que esperar. Es la respuesta que me temía oír.
Galicia necesita y demanda un compromiso inversor efectivo de su Gobierno, porque es la comunidad autónoma que en el período 1990-96 ha tenido peor comportamiento en la generación de empleo en todo el país. Es la comunidad autónoma con menor intensidad de crecimiento en esos mismos años, años en los que su partido ha tenido la responsabilidad del Gobierno en Galicia. Además está inmersa en un proceso de destrucción de puestos de trabajo y de divergencia por la marcha de la economía española. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pérez Touriño.
Señor García-Arreciado, señor Fernández de Mesa, no crucen diálogo, porque entre otras cosas impiden que se escuche al orador.
Continúe, señor Pérez Touriño.


El señor PEREZ TOURIÑO: Lo que Galicia no quiere soportar, señor Ministro, son más presupuestos de su Gobierno como los de 1997, que la marginaron y la relegaron. Galicia no necesita de promesas electoralistas para no cumplirlas, como las del presidente fundador de su partido, que ha declarado a esta legislatura nada más y nada menos que como la legislatura del ferrocarril con presupuesto cero, o la del secretario general del Partido Popular en Galicia que anuncia de 30.000 a 50.000 millones de pesetas para el ferrocarril.
Señor Ministro, lo que no nos sirve es que vayan diciendo que sí a todo aquí y allá, mientras se ajusta y se reduce drásticamente la inversión pública en nuestro país. Señor Ministro, en aras de la credibilidad y de la viabilidad de ese plan, ¿cuál es su compromiso inversor concreto con el ferrocarril gallego? ¿Cuándo va a presentar un plan ferroviario que diga dónde y cuándo se va a invertir en este país, que priorice y seleccione las inversiones y que no nos deje al albur de coyunturas electorales o de las debilidades de su Gobierno, señor Ministro? (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.
Señor Ministro, le restan tan sólo 17 segundos.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, una de las sorpresas que ha tenido este Gobierno al hacerse cargo de sus funciones es que no había proyectos de inversión en el ferrocarril en España. (Rumores.) No hay proyectos de inversión, para su vergüenza, señoría. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Las autovías gallegas, señoría, llevan cinco años de retraso. Es este Gobierno quien ha licitado completamente todos los tramos de autovías gallegas. Yo, señoría,

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le agradezco su pasión tardía por las infraestructuras gallegas, porque es una pasión tardía que tiene lugar en el año 1997, qué casualidad, cuando ya no están ustedes en el Gobierno. (Rumores.--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿QUE CRITERIOS DE ACTUACION SE VAN A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA LA EJECUCION DE LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL DENOMINADO CASO TOUS Y LA CONSECUENTE JUSTA INDEMNIZACION A LOS DAMNIFICADOS? (Número de expediente 180/000604)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el caso Tous, y en definitiva las miles de familias valencianas que resultaron damnificadas en sus bienes más valiosos por la ruptura de esa presa, ha tenido que sufrir innumerables incidencias en todos los órdenes. En el orden judicial, como usted conoce perfectamente, una interminable tramitación que, después de innumerables y reiterados juicios, recursos, anulaciones, repeticiones, ha terminado felizmente con una sentencia del Tribunal Supremo, que ha reconocido la razón a los damnificados y que ha condenado al Estado a indemnizarles. En el orden político, se pasó desde gobiernos que remitían todo a la solución judicial, hasta conseguirse abrir finalmente, gracias a la iniciativa de éste y de otros grupos, y especialmente de los propios damnificados, una vía política, una solución política que, desgraciadamente, no llegó a ser del todo satisfactoria por la cicatería que caracterizó a los sucesivos reales decretos-leyes. En el orden personal de los damnificados, se pasó de los miles que inicialmente reclamaron judicialmente, hasta esa pequeña minoría que, finalmente, por razones económicas y por la interminable tramitación judicial, tuvieron que desistir, aceptando las soluciones políticas. Pero hoy ya hay una solución judicial positiva, y esto plantea algunos problemas. El primero de ellos, cómo conseguir que esa solución afecte a todos los damnificados. Para ello, seguramente hace falta de nuevo recurrir a la solución política: un nuevo real decreto-ley, al que han hecho referencia destacados dirigentes del Partido Popular. Es ahora cuando el Partido Popular, desde el Gobierno, pueda hacer algo sobre ese caso Tous en el que tanto habló. Por eso le pregunto: ¿qué actuaciones y criterios van a seguir en relación con este caso?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría, el criterio del Gobierno no puede ser otro que el de cumplir la sentencia dictada el 15 de abril. Como S. S. sabe, existen dos tipos de criterios: unos, en los que se establece una cantidad fija, y otros, en los que se establece una liquidación. En el tipo de la cantidad fija, que son 25 millones de indemnización, el Gobierno cumplirá sin más los trámites para dar cumplimiento a la sentencia. En los que se requiere liquidación tendrán que exigirse una serie de requisitos, que entiendo que conoce, y se hará a la mayor brevedad posible.


El señor PRESIDENTE: Gracias señora Ministra.
El señor Peralta tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Señora Ministra, quizá por su procedencia judicial no quiera asumir el tema políticamente. Si no hay solución política, la sentencia de Tous no va a afectar a todos los damnificados.
Cuando usted se remite de nuevo sólo al tema judicial, viene usted a hacer aquello que hizo inicialmente el Partido Socialista y que ustedes tanto criticaron. Resultará así, si no cambia usted de criterio, que cuando el actual Presidente de la Generalitat y afiliado presidente del Partido Popular decía que el PSOE seguía huyendo de Tous, no sólo se refería a lo que hacía el PSOE, sino que anunciaba ya lo que iba a hacer el Gobierno popular en esta materia. Dejará usted en mal lugar a quienes hablan hoy de un poder valenciano de la Generalitat Valenciana.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no vamos a dejar en mal lugar a nadie, ni las promesas comprometidas de antemano. Lo único que le digo es que, frente a indemnizaciones concretas fijadas en sentencia, existen otras que requieren una liquidación y que a la liquidación de la Audiencia Provincial de Valencia se va a unir la voluntad política del Gobierno para llevarlas a cabo y que existan esas indemnizaciones.
Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


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--DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CUANDO PIENSA LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA CUBRIR LA PLAZA DE FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL? (Número de expediente 180/000625)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista.
Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la pregunta dice: ¿Cuándo piensa cubrir la plaza de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional? Es evidente que a mi grupo no le interesa cuál es el procedimiento legalmente establecido y nos basta con que nos indique que hace falta la propuesta del Fiscal General del Estado, que si ha oído el Consejo Fiscal, que decida el Consejo de Ministros. La pregunta es cuándo: cuándo, como responsable de la política criminal de este Gobierno, va a poner fin a la crisis.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la pregunta es la que es y la respuesta es la que es: en breve.
Ya sé que no le interesan los trámites legales, lo tiene demostrado, pero va a ser en breve. Se convoca el Consejo Fiscal la semana que viene y, de los tres candidatos, se elevará uno al Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Le diré, señora Ministra, que se lo he puesto ya en la pregunta para intentar ahorrar la respuesta, que era más que previsible.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, usted y su Gobierno son los responsables políticos del cese, político a su vez, del fiscal Aranda, con la acusación terrible de haber tenido el coraje cívico de querellarse contra Mario Conde.
Usted y su Gobierno son responsables políticos de la forma desastrosa en que se ha desarrollado la crisis, pues estaba en su mano, obviamente, cesar al Fiscal General del Estado. Usted y su Gobierno son responsables políticamente de haber creado las condiciones objetivas para que ningún fiscal, hasta hace bien poco, que mereciera o que tuviera adecuado currículum, pidiera esa plaza. Ustedes han llegado más lejos. Han preferido destruir políticamente al Fiscal General del Estado antes que aceptar las sanciones que el Consejo Fiscal había propuesto para los fiscales amotinados. El porqué no es fácil. La ciudadanía empieza a no entenderlo; nuestro grupo, tampoco.
Es verdad que el Fiscal había perdido ya el apoyo de su asociación, había perdido el apoyo de los fiscales, del Consejo Fiscal, de usted misma, del Consejo de Ministros. Es verdad que ya era un fiscal virtual, pero no pasaba nada. Hasta que, de repente, un día, un rotativo particularmente memorable, El Mundo, le retira su confianza política. Ese día ha caído y, a partir de ese momento, se apresura el Gobierno a buscar un sustituto o una sustituta. Lo mejor que se puede decir de usted, señora Ministra, es que no ha hecho nada y las consecuencias son muy claras: el desprestigio de la Audiencia Nacional y el deterioro global de la justicia, que está viviendo una grave crisis para el mantenimiento de la convivencia civilizada en este país.
Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señor Belloch, que usted diga en esta Cámara que hemos cesado a un fiscal que se ha querellado contra el señor Conde... La verdad es que tengo que escuchar muchas cosas de usted, señor Belloch, pero ésa me parece excesiva. (Rumores.) Que usted me esté diciendo que mediatizamos al Fiscal General, me parece excesivo, señor Belloch. Que usted esté diciendo que ahora defiende la independencia del Fiscal General que hace una semana me recriminaba... Señor Belloch, primero, existe un Fiscal General; segundo, se nombrará un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional; tercero, evidentemente, existen problemas en la Audiencia Nacional que le preocupan a usted, y a mí también, pero siguen su curso, señor Belloch; van a seguir su curso los trámites de todos y cada uno de los procedimientos.
Muchas gracias, señor Belloch. Gracias, señorías. (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿VA USTED A ACEPTAR LA PROPUESTA DE SANCION QUE LE ELEVA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SOBRE LA FISCAL MARQUEZ DE PRADO? (Número de expediente 180/000626)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que, presentada por la señora Fernández de la Vega, formulará al Gobierno el Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señora Ministra, le recuerdo el artículo 40 del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal: Los miembros del Ministerio Fiscal podrán ser trasladados por disidencias graves con el fiscal jefe respectivo o cuando tuvieren enfrentamientos graves con el tribunal.
No me conteste, por favor, diciendo que el Gobierno tomará la decisión que corresponde cuando corresponda. ¿Va usted a aceptar la propuesta de sanción que eleva el Fiscal General del Estado sobre la fiscal Márquez de Prado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señoría, voy a adoptar la decisión que tenga que adoptar, aunque a usted no le gusta que diga esto (Risas.), y en el momento en que tenga que adoptarla, pero le aseguro que va a ser clara y pública, y S. S. va a poder criticarla. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señora Ministra, usted debe saber que entre las misiones del Ministerio Fiscal no está manipular o intimidar a los tribunales. Usted sabe que en la Audiencia Nacional hay, en cambio, un grupito de cuatro fiscales minoritario instalados en el matonismo verbal u jurídico. Usted sabe que el Ministerio Fiscal debe ejercer su misión sometido a los principios, entre otros, de dependencia jerárquica, y que ante la insubordinación al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, la ocultación de actuaciones, la beligerancia, el acoso por parte de algunos fiscales, se produjo la rauda y veloz decisión del Gobierno en cesar al Fiscal Jefe, en una actitud y comportamiento absolutamente pusilánimes en relación a los insubordinados. ¿Sabe usted cómo se llama este talante o esta actitud del Gobierno? Pues se llama golpismo judicial (Protestas.), se llaman actitudes indignas de un gobierno.
Señora Ministra, aquí hay graves irregularidades puestas de manifiesto por el Consejo Fiscal, que han sido rebajadas por el ineficaz Fiscal General del Estado, pero además están recibiendo un bajonazo por parte de la Ministra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Que el Gobierno no es libre en este caso. Estamos ante cuatro fiscales amotinados pero sumisos a los intereses y a los manejos turbios del Gobierno (Protestas.), a los intereses revanchistas del Gobierno. Usted, señora Ministra, forma parte de un entramado en el que se encuentran algunas actuaciones judiciales, algunos magistrados, algunos fiscales, algunos coros mediáticos de los holligans del Gobierno. (Protestas.) Señora Ministra, le voy a recordar la frase de un poeta, del poeta señor Aznar: Váyase señora Ministra, vá-ya-se. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Cuesta, ¿cómo me habla usted de entramados? ¿Cómo me dice usted que hay grupos mediáticos, que existen jueces que están empeñados en algún entramado? ¿Cómo desde esta Cámara se ataca de esa forma al Poder Judicial y a los fiscales? (Un señor Diputado: ¡No tiene vergüenza!) Yo comprendo que usted no comparta determinadas actuaciones de los fiscales o de los jueces, pero me parece excesivamente fuerte que usted a eso le llame entramado. Quizá es que se cree el ladrón que todos son de su condición, señoría, y no es así. (Aplausos.--Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE POLITICA CRIMINAL DE ESTE GOBIERNO EN MATERIA DE ABORTO? (Número de expediente 180/000632)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, que formula al Gobierno doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Socialista.
Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Justicia, hasta ahora usted no ha sido capaz de explicar en esta Cámara cuál es la política criminal de su Gobierno, incluso dudábamos de que tuviese alguna política criminal. Sin embargo, algunos acontecimientos gravísimos que han ocurrido últimamente, como la orden de ingreso en prisión de dos ginecólogos por ayuda a abortar a una mujer maltratada y divorciada, nos hacen pensar que sí que tiene política criminal. ¿Cuál es esa política criminal en materia de aborto, señora Ministra?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
La política del Gobierno en materia de indultos, que es lo que S. S. en definitiva me está preguntando --me ha hablado de ingreso en prisión de dos condenados-- no puede ser más que el tratamiento individual de todos y cada uno de los indultos. En materia de política criminal en general, tengo que decirle que no existe ningún indulto por agresión sexual y ningún indulto denegado por prácticas de aborto. Estas son las líneas de política criminal que sigue el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Me confirma, señora Ministra, que usted no sabe lo que es tener una política criminal. Tener una política criminal es priorizar, es determinar qué delitos se persiguen antes que otros, es determinar que se recurran todas las sentencias que ponen a los violadores en la calle, y su Fiscal no las recurre. Es determinar una política de indultos para que no vayan a la cárcel quienes ayudan a abortar.
La política criminal que usted está propiciando, o no propiciando, señora Ministra, que ya no lo sé, está provocando cosas tan graves y tan preocupantes para la sociedad española, y especialmente para las mujeres, como que ingresen en prisión, que vayan a la cárcel ginecólogos que han ayudado a abortar a una mujer maltratada y divorciada y queden en libertad violadores, eso sí, señora Ministra, violadores matrimoniales, porque ustedes, su Fiscal, al no recurrir una sentencia que considera como atenuante la violación matrimonial, están legitimando la violación matrimonial. Por tanto, legitiman la violación matrimonial, los violadores a la calle, mientras que las personas que ayudan a una mujer a abortar van a la cárcel. Esa es su política criminal, señora Ministra, le guste o no le guste, la propicie o no la propicie. Esas son las consecuencias de eso que usted no sabe lo que es: política criminal. Todo gobierno tiene que tener una política criminal y la suya, desde luego, si es, parece que en estas materias es una política criminal especialmente dirigida contra las mujeres. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): En primer lugar, no hay orden de prisión para los ginecólogos, nuevamente está mal informada. En segundo lugar, no es mi Fiscal, es el del Estado. En tercer lugar, el Código Penal que tenemos es el que tenemos. (Rumores.) A la fuerza tengo que modificar lo que son las agresiones sexuales contempladas en el actual Código Penal, a instancia también suya, señoría; a instancia suya. Tengo que modificar lo que son agresiones sexuales. Sí, señoría, a usted no le gustará, pero es así. Existe una política mucho más nítida que la que ustedes mantenían y, desde luego, mucho más clara, lo quiera o no.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.


--DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL CRITERIO DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA SUBIDA DE LAS TARIFAS EN LOS VUELOS INTERINSULARES DEL ARCHIPIELAGO CANARIO, QUE SE VIENE APLICANDO POR LA COMPAÑIA BINTER-CANARIAS, DEL GRUPO IBERIA, DESDE EL PASADO 25 DE ABRIL? (Número de expediente 180/000605)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, hace unos días nos despertábamos con una milagrosa noticia: en un régimen de libre mercado, de libre competencia, todas las compañías aéreas que operan con los archipiélagos balear y canario y en los vuelos interinsulares, el mismo día, a la misma hora, en las mismas rutas, coinciden en una subida espectacular de sus tarifas. El incremento es aún más abusivo y despiadado en lo que se refiere a la compañía Binter, del grupo Iberia, que sirve los vuelos interinsulares en Canarias, ya que en algunas rutas ha incrementado sus tarifas hasta un 40 por ciento. Señor Vicepresidente, ¿cuál es el criterio del Gobierno en relación con la subida de las tarifas en los vuelos interinsulares del archipiélago canario que se viene aplicando por la compañía Binter-Canarias, del grupo Iberia, desde el pasado día 25 de abril?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, y gracias, señor Diputado.
Con respecto a la primera parte de su pregunta, es decir, si han existido acuerdos entre las compañías aéreas para fijar las tarifas en perjuicio del consumidor, tengo que decirle que, como S. S. sabe, el Servicio de Defensa de la Competencia ha actuado y ha abierto

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una investigación sobre el tema, en relación con el cual seguramente podré expresarme con más extensión durante la interpelación que sobre este mismo asunto se debatirá esta misma tarde.
Con respecto a la compañía Binter, y en relación con que pueda haber acuerdos que lesionen la política de defensa de la competencia, tengo que decir que el grupo Binter, al pertenecer al grupo Iberia, está sometido a la investigación que está llevando a cabo el Servicio de Defensa de la Competencia y sobre la que en este momento todavía no puedo dar información a la Cámara.
Con respecto a la realidad de las tarifas de Binter en los vuelos entre islas de Canarias, quisiera destacar, primero, que las tarifas en este momento no cubren ni siquiera el coste medio de la compañía una vez que se ha hecho el viaje, y una vez aplicados los descuentos y las promociones; segundo, que el ingreso medio total, pasaje y carga por pasajero fue en el año 1996, de 6.287 pesetas y el primer trimestre del año 1997, de 6.235. Por tanto, está disminuyendo.
También tengo que decir que desde el punto de vista de la competencia, como S. S. sabe, a partir del pasado 17 de marzo se ha instaurado una nueva compañía que realiza vuelos entre las islas. Espero que esto pueda provocar efectos de competencia beneficiosos para el consumidor como los que se han producido en los vuelos entre la península y las islas, pero en cualquier caso el Gobierno estará vigilante para que se cumplan las condiciones de competencia. Además, a partir del 1 de abril del año 1997 se ha producido la plena liberalización de los vuelos de cabotaje dentro de la Unión Europea. Ello supone que un avión que tenía su origen en un país de la Unión Europea y un primer aeropuerto en España, ahora podrá realizar un segundo vuelo a un segundo aeropuerto en España, e introduce nuevas posibilidades de competencia.
En resumen, quisiera destacar simplemente que el Gobierno sigue con gran interés y de manera vigilante cualquier acuerdo que pueda violentar la competencia y, desde luego, las condiciones de tarifa de la empresa Binter en Canarias demuestran que la Compañía Iberia está haciendo un claro esfuerzo, en este caso incluso por debajo del coste medio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, Binter es la única compañía aérea que enlaza todas las islas del Archipiélago a excepción de La Gomera que no tiene en estos momentos aeropuerto. En las islas no tenemos alternativa, no hay autopistas, no hay ferrocarril. Nuestras autopistas y el ferrocarril son el cielo y el mar. Nuestro autobuses y trenes son el avión y el barco.
Los enfermos o los estudiantes de las islas periféricas, cuando tienen que trasladarse a los grandes centros hospitalarios o a las universidades ubicadas en Tenerife o Gran Canaria, sólo tienen la posibilidad del avión o del barco. La economía de las islas y, por tanto, su desarrollo social y económico, tiene una dependencia absoluta del barco y del avión.
Consiguientemente, señor Vicepresidente, no es sólo el interés económico, el interés comercial el que debe prevalecer en las comunicaciones entre las islas, debe prevalecer también el interés social.
Las medidas adoptadas por Iberia y por Binter nos han alejado casi un 25 por ciento más de España, nos han alejado casi un 25 por ciento más del territorio peninsular y un 40 por ciento más entre los canarios.
Aplaudimos que el ministerio haya acudido al Tribunal de Defensa de la Competencia, pero señor Vicepresidente, nos gustaría también que acudiera a las autoridades de la Unión Europea y que hasta tanto se clarifique si ha habido acuerdo entre las distintas compañías, ante el abuso de la medida, el Gobierno la suspenda cautelarmente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.


--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LA PROXIMA CAMPAÑA DE RENTA 96? (Número de expediente 180/000611)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el Diputado don Vicente Martínez-Pujalte, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, muchas gracias.
Señor Ministro de Economía, el 2 de mayo ha arrancado la campaña de renta. Casi quince millones de declaraciones se efectuarán en el período fijado. Mejorar la conciencia ciudadana respecto a las obligaciones tributarias es un objetivo básico en la lucha contra el fraude, que alcanzó en los últimos años del Gobierno socialista cifras intolerables.
En casi tres billones de pesetas estimó el Instituto de Estudios Fiscales el fraude para 1994, un 5 por ciento del producto interior bruto. Este año se han introducido novedades que suponen una menor presión fiscal individual como son congelación de los módulos, incremento del 8 al 15 por ciento de la reducción en el rendimiento neto de la

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tributación por módulos, deflactación de la tarifa, aumento de la base por aportaciones a fondos de pensiones, actualización de deducciones familiares, etcétera. Esas modificaciones que hacen más justo y solidario el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas rebajan la presión fiscal y es seguro que ayudan a mejorar la conciencia ciudadana.
Además, señor Vicepresidente, hay otros aspectos que están mejorándose y en esa línea hay que intensificar los esfuerzos. Son aspectos que contribuyen a incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y, por tanto, a hacer menos oneroso el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En primer lugar, la austeridad, el rigor y el buen uso del dinero público, eliminando cualquier atisbo de corrupción y despilfarro.
En segundo lugar, la transparencia de la Hacienda pública y el trato no discriminatorio de unos ciudadanos frente a otros. Pero hay un tercer aspecto, señor Vicepresidente, que nos parece esencial: aumentar los servicios de atención a los contribuyentes orientados a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y para esta campaña de renta se han regulado algunas mejoras que me parece importante que el señor Ministro reseñe en sede parlamentaria.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Vicepresidente, tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, gracias, señor Diputado.
Efectivamente, la Agencia Tributaria se ha marcado como uno de sus objetivos prioritarios fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en las declaraciones del IRPF, que sumarán 15 millones este año.
En esta política de fomentar el cumplimiento voluntario hay una doble vía de actuación: por un lado, ampliar y mejorar los servicios de ayuda y, por otro, desarrollar una prueba piloto de confección de declaraciones de renta por la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Respecto a la primera, los servicios de ayuda, existe en este momento un servicio de cita previa con un teléfono único para toda España, donde los contribuyentes pueden solicitar día y hora para acudir a las oficinas de la Agencia. El número es conocido, pero lo repito aquí: 901.22.33.44.
También se ha aumentado el número de entidades, en este momento son 152, que colaboran con la Agencia estatal de la Administración Tributaria, poniendo a disposición de los ciudadanos más de 18.000 locales, pudiéndose estimar en millón y medio el número de declaraciones abreviadas y simplificadas. Y como un elemento novedoso de estas entidades colaboradoras, por primera vez colaboran doce comunidades autónomas a través de los consejos territoriales de dirección de la gestión tributaria.
Además, será posible importar de Internet e Infovía el programa Padre al ordenador personal del usuario y confeccionar la declaración con el mismo. Y también, como SS. SS. seguramente conocen, se ha introducido la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito por primera vez este año.
Respecto a la segunda característica que he mencionado, de ayuda al contribuyente, es una prueba piloto de confección de declaraciones con contraste de imputaciones, que será realizada por la propia Agencia a favor de dicho contribuyente. En este momento se está realizando esta prueba piloto, para declaraciones abreviadas o simplificadas, en las siguientes provincias: Badajoz, Castellón, Valladolid y Zaragoza, y para esto se han contratado aproximadamente 400 personas. Esperamos que los resultados de la misma nos permita aumentar este tipo de ayudas al contribuyente en campañas sucesivas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO SOBRE LA APLICACION DE SANCIONES EN CASO DE DEFICIT EXCESIVO PARA LOS PAISES QUE NO CUMPLAN EL PACTO DE ESTABILIDAD? (Número de expediente 180/000622)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado del Grupo Socialista.
Señor Eguiagaray, tiene la palabra.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía, no sé si tiene usted también un teléfono de la esperanza para el pacto de estabilidad. En todo caso, ¿cuál es la posición del Gobierno sobre la aplicación de sanciones en caso de déficit excesivo para los países que no cumplan el pacto de estabilidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Vicepresidente, tiene la palabra.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señor Diputado.
Como el señor Diputado sabe, la decisión de aplicar sanciones a países que no cumplan con los objetivos de déficit --por tanto, que incurran en déficit excesivo-- tendrá que ser fijada definitivamente por el Consejo Europeo, y los criterios no sólo serán numéricos o macroeconómicos, que están fijados en el pacto de estabilidad, sino cualquier otro criterio, como recoge el propio Tratado de Maastricht. En ese sentido y en este momento, es muy difícil para un Gobierno fijar unos criterios generales para todos los casos. Sí puedo decirle, como S. S. sabe, que además de que será el Consejo Europeo el que utilizando todo tipo de criterios fije definitivamente la existencia o no de un procedimiento de déficit excesivo, las sanciones, de producirse, serían al tercer año en que un país no hubiera sido capaz de corregirlo. Me parece que todos somos conscientes de que, formando parte de la misma moneda, un país que incurra en ese tipo de actuaciones perjudicaría al conjunto de los países miembros del euro.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Eguiagaray, tiene la palabra.


El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, pocas cosas tengo que decir sobre mi convicción personal y la de este grupo alrededor de la necesidad de un pacto de estabilidad.
El problema, señor Ministro, no es éste, el problema es si el pacto de estabilidad, al cual usted ha dado su asentimiento, es bueno para España.
Y en esa dirección permítame decirle que yo estoy con algunos de los que creen que éste es el fin de un déficit público como elemento de estabilización automática; que ésta es la falta absoluta de conocimiento de la diferencia de desarrollo económico entre otras cosas, y de dotación de capital de unos países respecto de otros; que éste es, en suma, un pacto de estabilidad en virtud del cual probablemente quienes tengan déficit serán arrastrados a más déficit.
Pero todo esto --que desde el punto de vista económico es discutible, se podría discutir, pero yo creo que hay buenas razones para sostenerlo-- sería menos grave si usted no hubiera sostenido que los acuerdos de Norwich, aquellos que usted ha dicho que le parecen razonables, no fueran el reconocimiento de su derrota. Porque, efectivamente, en Norwich, en el Ecofin, usted ha dado su asentimiento a que las sanciones sean acumulativas, a que la aplicación de las sanciones sea cuasi automática, y, en contra de lo que usted ha dicho a la opinión pública, a que los fondos de cohesión para España no queden garantizados. Exactamente lo contrario de lo que usted dijo a la entrada de la cumbre o del Ecofin de Norwich. Algo que a mí me parecería razonable si usted estuviera dispuesto a aceptar que ya que no puede vencer a quienes están en una posición mayoritaria respecto de usted, ha decidido unirse a sus adversarios, o, por decirlo de otra forma, como usted ha considerado que esa actitud era irresistible, ha decidido relajarse y gozar.
Ciertamente, señor Rato, esto está muy lejos de ser el interés de España, está muy lejos de ser aquello que usted ha dicho que iba a defender y está muy lejos de ser aquello que conviene a nuestro país en materia de pacto de estabilidad. Por eso, señor Rato, entenderá que yo no pueda comprender por qué a usted le parece tan razonable aquello que ni económicamente ni desde el punto de vista de los intereses de España se puede defender con absoluta razonabilidad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
El señor Vicepresidente tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, no entiendo por qué el señor Diputado afirma que los fondos de cohesión se han puesto en peligro. Al contrario, se liga la existencia de fondos de cohesión a programas de estabilidad.
El señor Diputado niega con la cabeza, pero yo creo que lo que tiene que hacer es leerse los papeles.
Segunda cuestión, unirse a sus adversarios. Yo no sé si usted es partidario del déficit público como elemento de crecimiento. En ese caso, con todos los respetos, desde el punto de vista macroeconómico sí somos adversarios. Desde luego, la práctica macroeconómica de sus gobiernos anteriores le sitúan a usted en esa posición. Por tanto, entiendo que quiera justificar su pasado. Pero querer transmitir a la opinión pública nacional e internacional que lo que le conviene a España es más déficit público como un elemento que le permita acercar distancias con los países más desarrollados, es uno de los mayores errores macroeconómicos que se pueden transmitir. Estoy seguro de que S. S. no lo transmitirá cuando tenga ocasión de poder hablar con un poco más de tiempo, y no deje tantas cuestiones sin definir.
De lo que no le cabe duda alguna al Grupo Popular --y ahora ya no puedo hablar de cuál es la posición de su grupo porque me ha sorprendido profundamente lo que usted acaba de afirmar-- es que el pacto es una garantía de estabilidad. No es un camino para poder hacer trampas, sino que es, repito, una garantía de estabilidad, y a nosotros nos conviene que el conjunto de los países no tenga déficit excesivos, porque mientras que gobierne el Partido Popular España no tendrá tampoco déficit excesivos, gracias a lo cual los ciudadanos pagarán menos tipos de interés, habrá más crecimiento

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y más empleo. Cuando vuelvan a gobernar ustedes, seguramente tendremos los problemas que hemos tenido siempre con el Partido Socialista en el Gobierno en cuestión de déficit público.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO SOLBES MIRA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL V INFORME SOBRE AYUDAS NACIONALES DE LA COMISION EUROPEA? (Número de expediente 180/000623)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 que formula al Gobierno el diputado don Pedro Solbes Mira, del Grupo Socialista. El señor Solbes tiene la palabra.


El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía, hace unos días, el comisario responsable de ayudas públicas presentaba en el Consejo de Ministros de la Unión Europea su V Informe sobre ayudas públicas nacionales. En dicho informe hay dos aspectos de especial interés para nuestro país. En primer lugar, que España es, junto con Reino Unido y Holanda, uno de los países con niveles de ayuda más bajos. En segundo lugar, que España, junto con otros dos países de la cohesión, ha disminuido sus ayudas públicas.
La Comisión pretende seguir con su política de reducción de ayudas, y en ese sentido quiere negociar acuerdos bilaterales. Por otra parte, está replanteando los elementos básicos de las políticas de naturaleza regional.
Ante esta situación y ante estos hechos, ¿qué valoración hace el Gobierno de ese V Informe sobre ayudas nacionales de la Comisión Europea? ¿Cuál es su posición sobre estos puntos clave en el futuro de la política de ayudas públicas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Efectivamente, la Comisión acaba de hacer público el V informe sobre ayudas nacionales que comprende los años 1992 a 1994. En primer lugar, en él se demuestra que por primera vez en algunos años se ha producido un cambio de tendencia en el sentido de que esas ayudas han dejado de ser decrecientes. Y, en segundo lugar, algo que nos preocupa especialmente en España, y es que se acentúa la divergencia entre los estados miembros.
Para los que podríamos llamar los grandes países, entre los que no nos encontramos, las ayudas pasan del 82 al 85 por ciento, mientras que se reducen del 9,3 al 8,3 del total en el caso de los países de la cohesión, entre los que sí nos encontramos. España, tanto en porcentaje de ayuda por trabajador como por valor añadido de la producción en los años que cubre el informe, se encuentra muy por debajo de la media comunitaria y sólo por encima del Reino Unido.
En ese sentido, le parece importante al Gobierno poner de manifiesto que la diferencia entre los países puede perjudicar las filosofías de las políticas de cohesión, y que las políticas presupuestarias nacionales deben coadyuvar, de manera más eficiente, a los fondos europeos. Quiero poner de relieve que ya en los presupuestos de 1997 se ha producido un aumento sustancial del crédito presupuestario correspondiente, pasando de 11.700 millones a 14.400, y es nuestra intención continuar en esta dirección.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
El señor Solbes tiene la palabra.


El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias, señor Ministro. La información que usted me ha dado es la que yo le manifestaba. No era necesario que nos releyera algunos aspectos del informe, que conocemos bien. Mi pregunta era otra. Mi pregunta es que España está reduciendo sus ayudas y la Comisión pretende reducirlas más, ¿cuál es su posición respecto a la de la Comisión? La segunda pregunta es si, a la vista de que aquellos países que siendo más ricos que nosotros tienen más margen presupuestario para conceder ayudas no lo hacen, ¿va a aceptar que esa situación siga igual? ¿Existe una política definida por el Gobierno sobre este punto? El que me diga que ha mejorado la política presupuestaria o la aportación presupuestaria no es un hecho relevante. Cuando estamos hablando de ayudas públicas no sólo estamos mencionando transferencias presupuestarias, sino, evidentemente, aportaciones nacionales, autonómicas y también, en algunos casos, de otros elementos como ventajas fiscales o de otra naturaleza. Por tanto, lo que nos interesa conocer aquí no es exactamente lo qué ha sucedido, sino cuál es su posición respecto al futuro. En otro caso, la industria y los servicios españoles van a perder competitividad respecto a países con los que trabajamos en un mercado unificado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.
El señor Vicepresidente tiene la palabra.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.
Yo creo que es interesante que sepamos lo que ha sucedido en el pasado de manera que podamos tener una política con experiencias, y lo que ha sucedido en el pasado, en los años 1992 a 1994, es lo que S. S. conoce y yo he referido a la Cámara.
Respecto al futuro, ya he planteado que desde el punto de vista del Gobierno existe la voluntad de aumentar nuestra capacidad presupuestaria para poder coadyuvar a las ayudas nacionales desde el punto de vista de la industria. Coincido completamente con S. S., y además me gustará verlo reflejado en los debates parlamentarios, en que hemos de llevar a cabo políticas fiscales para mejorar la situación de la industria. Me parece que medidas como la actualización de balances hubieran tenido un reflejo distinto si filosofías como las de S. S. se hubieran impuesto en su grupo.
En cualquier caso, respecto a la Comisión, lo que sí tengo que decir es que para los presupuestos del año 1998 la posición de España, que ha sido defendida tanto por este Gobierno como por el anterior, es que los fondos decididos en Edimburgo se mantengan y no afecten a las políticas más trascendentales para España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUANDO ESTA PREVISTO PRIVATIZAR ARGENTARIA? (Número de expediente 180/000624)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30 que formula al Gobierno el Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
Señor Hernández Moltó, tiene la palabra.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, este grupo le pregunta al Gobierno en qué fecha está prevista la culminación del proceso de privatización de Argentaria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
El señor Vicepresidente tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): No existe fecha prevista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
El señor Hernández Moltó tiene la palabra.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias por su elocuente respuesta.
Conforme la estaba oyendo me imaginaba yo lo que hubiera sido el tono de una pregunta similar a ésta que le hubiera hecho el Grupo Popular a un ministro de Economía socialista hace un año y medio, por boca del señor Cascos o del señor Ramallo, en unas circunstancias en las que el amigo del Ministro de Economía y Hacienda hubiera adquirido cientos de millones de acciones de la empresa para la que había sido nombrado presidente y otros tantos millones de derechos para comprar su futuro y su posición en la empresa. No se me antoja a mí el nivel de aquel debate. Tranquilo, señor Ministro, que este grupo no va a estar a la altura del nivel previsto en aquel momento. Pero sí incumpliríamos nuestra responsabilidad si no calificáramos la posición en Argentaria de su presidente y de quien protege esas actuaciones de indecencia política.
Lo que está sucediendo en este momento en Argentaria, como en tantos otros grupos que se están privatizando, pero especialmente en Argentaria, es que se está falsificando el debate democrático y el uso de las instituciones. Se está produciendo un gran fraude democrático en el que, desde el poder político, se están buscando atajos para apropiarse del poder económico, poder, por cierto, público. (Rumores.) Y me parece, señor Ministro, que ése es un mal camino.
Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en el esfuerzo, creemos que la gente tiene derecho a hacer dinero y a mejorar su posición social, pero el uso que ustedes están haciendo del proceso de privatización, de la influencia, de la colocación de sus intereses, sencillamente, señor Ministro, es un puro abuso de poder. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, gracias, señor Diputado.
Primero. Le tengo que decir que en esa hipótesis el Grupo Popular no hubiera podido hacer la pregunta, porque ustedes privatizaron una parte de Argentaria con las Cortes cerradas. (Rumores.) Por tanto, señor Hernández Moltó, no habríamos tenido ni la oportunidad. (Aplausos.) Segundo. Al señor Hernández Moltó --no sé si a su grupo-- le parece políticamente incorrecto que una persona que dirige una compañía invierta sus ahorros o se endeude en esa compañía. No ha quedado claro,

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no sé si lo ha dicho para ver si con eso quedaba algún tipo de duda. Si S. S. cree que los directivos de las compañías no pueden invertir en ellas públicamente, debe decirlo, me parece difícil, pero en cualquier caso es una posición novedosa en cuanto al funcionamiento del mercado de capitales que seguramente tendrá que apadrinar con su propio nombre porque hasta ahora nadie la ha defendido.
En cuanto a fraude democrático, creo que privatizar con las Cortes cerradas es un margen tan distinto de respeto a la democracia que S. S.
me permitirá que le diga que ahí sus argumentos son realmente endebles.
Por lo demás, todas las afirmaciones que ha hecho no tienen ninguna justificación. El proceso de privatización que se está realizando se está haciendo en la mayor parte de los casos en oferta pública de venta. Hay más de dos millones de familias españolas que lo acaban de respaldar en dos casos muy concretos, lo cual pone de relieve a quién está siguiendo y a quién no está siguiendo el pueblo español. Y sobre estos temas sería conveniente que ustedes se fueran dando cuenta de lo que opinan las familias españolas que están actuando respecto a sus propios intereses.
De todas formas, no he entendido ninguna justificación en su pregunta, ni sobre el fraude democrático, habida cuenta que nosotros privatizamos con las Cortes abiertas, ni sobre que S. S. considere que los que trabajan en una compañía no pueden comprar acciones en la misma, máxime si lo dicen públicamente, y todas las demás afirmaciones me han parecido absolutamente gratuitas, por tanto, no puedo contribuir a ese debate porque me parece que carece de cualquier interés.
Muchas gracias. (Aplausos.--Muy bien.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente segundo del Gobierno.


--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE FINALIDAD TIENE EL RECIENTEMENTE APROBADO REAL DECRETO SOBRE DIRECTRICES GENERALES COMUNES DE LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS? (Número de expediente 180/000616)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24 que formula al Gobierno don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el número de asignaturas por curso en los planes de estudio de las carreras universitarias tiene en la actualidad un exceso de materias. Hay casos en que pasan de las veinte asignaturas por curso, muchas de ellas cuatrimestrales y quizás --más bien seguro-- en perjuicio de aquellas asignaturas fundamentales o troncales.
Esta situación conlleva para los alumnos un perjuicio en su formación.
Esto ha sido manifestado por los representantes de los alumnos, asimismo por los diferentes rectores y, en general, por las universidades. Ante esta situación, en una de las intervenciones de la señora Ministra en la Comisión de Educación indicó que, respetando, no faltaría más, la independencia, la autonomía de las universidades, suprimir algunas de esas asignaturas sería algunas de las primeras iniciativas que tendría la señora Ministra.
Por todo ello, y comunicando la satisfacción que han transmitido a nuestro grupo tanto alumnos como representantes de las diferentes universidades, le quiero preguntar a la señora Ministra la finalidad que tiene el real decreto sobre directrices generales comunes de los planes de estudios universitarios.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Guerra.
Señora Ministra de Educación y Cultura tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor Presidente.
Como S. S. no ignora, el promedio de asignaturas por curso en los planes de estudio actuales es de 16 --ésta es la media nacional por curso--, pero hay algunas titulaciones, en algunas universidades, para las que los alumnos han estado sometidos a tener un total de 23 asignaturas diferentes en el mismo curso académico, y esto con sus correspondientes exámenes.
Este real decreto, señoría, que el Gobierno ha aprobado recientemente, lo que pretende que se reduzca el número de asignaturas que los alumnos tienen que cursar en un mismo año. Por medio de este real decreto confiamos en que se reduzca a la mitad el promedio de materias que los alumnos cursan por cada año académico. Para ello, se refuerzan las materias troncales, que son las que consideramos que dan homogeneidad a la titulación, las que forman el núcleo básico del conocimiento de una carrera universitaria y las que permiten también la movilidad de los estudiantes de una universidad a otra.
Por otra parte, el real decreto autoriza también a las universidades a incrementar las materias troncales en un 25 por ciento, según se trate de ciclo, o en un 15 por ciento en un año.


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Señoría, esta reforma, que coincide con la propuesta del pleno del Consejo de Universidades y con las líneas generales que yo misma expuse ante la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara al comienzo de mi mandato, tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza en nuestras universidades, potenciar las asignaturas fundamentales y reducir las de menor entidad, en definitiva, centrar la carga lectiva en las materias más importantes de las carreras. Tengo que decir a S. S. que cuando yo cursé la carrera de Derecho, era una carrera de cinco años, con 200 créditos. Hoy hay universidades en las que la carrera de Derecho se cursa en cuatro años, pero tiene 300 créditos. Nosotros entendemos, señoría, que la universidad tiene que conservar su natural vocación de excelencia cultural, científica y tecnológica, y que los planes de estudio son la piedra angular de toda la carrera universitaria. Por eso queremos que esta piedra angular sea una base sólida sobre la que cimentar el edificio de la universidad española del futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS RUIZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INCREMENTO HA HABIDO ESTE AÑO EN LOS RECURSOS DESTINADOS A «PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL»? (Número de expediente 180/000617)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de don Juan Carlos Ruiz López, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor RUIZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Educación y Cultura, la cuestión que le planteo esta tarde es posiblemente una de las pocas salidas que le quedan a un colectivo importante de jóvenes, entre 16 y 21 años, para acceder en condiciones de relativa igualdad al mercado laboral, así como para completar su formación. Me estoy refiriendo, señora Ministra, como usted bien sabe, a los programas de garantía social, los cuales deben cumplir el objetivo de incorporar estos jóvenes al mundo laboral, dotándolos de unos conocimientos técnico-prácticos para los que están concebidos los distintos modelos de formación profesional que se contemplan en este programa.
Teniendo en cuenta que el fracaso escolar en la enseñanza secundaria obligatoria es aproximadamente del 25 por ciento, es necesario reforzar una de las pocas vías de enganche hacia el mundo laboral para un colectivo importante de jóvenes que, de otra manera, quedan descolgados y se situarían en el borde de la marginalidad social. Para el Partido Popular, tener más programas de garantía social y de más calidad es uno de los fundamentos básicos en formación profesional, haciendo de nuevo una apuesta decidida, como me consta que usted también ha hecho desde su ministerio en apoyo a las clases más desfavorecidas. Entendemos, asimismo, que estos programas deben ir de la mano de los nuevos contratos de formación perfilados en el reciente acuerdo entre los sindicatos y la patronal, con lo cual se producirá la normal integración de estos jóvenes en el mundo laboral.
Por todos estos motivos, y por ser el Partido Popular un partido preocupado por los jóvenes, y muy especialmente por el colectivo al que van destinados estos programas, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué incremento ha habido este año en los recursos destinados a programas de garantía social?

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ruiz.
Señora Ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor Presidente.
Como S. S. no ignora, las tres modalidades de los programas de garantía social son las de iniciación profesional, formación para el empleo y talleres profesionales. Esas tres modalidades, señoría, se han convocado este año en una resolución que engloba todos los programas, y ya se ha resuelto, precisamente en el momento en que han estado disponibles los créditos del Fondo Social Europeo.
Es importante decir a S. S. que en este año, en comparación con el año anterior, ha habido más centros, más grupos, más profesores y más alumnos que los que hubo en el curso pasado. El incremento aproximado ha sido de un 15 por ciento. Este año ha habido 9.000 alumnos en los programas de garantía social, 1.400 profesores, 650 grupos, 400 centros y más de 2.700 millones de pesetas dedicados a esta finalidad.
En todos y cada uno de los programas y las modalidades de garantía social ha aumentado la dotación económica. En conjunto, los programas de garantía social han tenido 350 millones de pesetas más en este curso que en el pasado curso 1995-1996. Por tanto, entiendo que la atención a estos jóvenes con necesidades educativas especiales, que no han terminado de seguir las enseñanzas regladas en las modalidades vamos a llamar ordinarias, son una de las prioridades de la política del Gobierno. Por eso, las cifras que le acabo de dar y el incremento de en torno al 15 por ciento en estos programas.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON AMADOR ALVAREZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO SATISFACTORIA LA RESPUESTA DEL PUBLICO A LA NUEVA ETAPA DEL CENTRO DRAMATICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000618)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 26, de don Amador Alvarez Alvarez, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ALVAREZ ALVAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Educación y Cultura, la cultura, que persigue como objetivo fundamental perfeccionar los valores humanos, tanto intelectuales como sociales, llega a sus destinatarios a través de múltiples y variadas manifestaciones.
Toda manifestación cultural se apoya, por una parte, en iniciativas de creación y, por otra, en el público destinatario de las mismas, que percibe, analiza y acepta o rechaza, según su libre criterio, el bien cultural que se le ofrece.
Las instituciones públicas, y muy especialmente el Ministerio que usted tiene bajo su responsabilidad, deben ejercer de proa en la tarea de impulsar y potenciar la actividad cultural con el objetivo primordial de hacer llegar a la mayor parte de nuestros ciudadanos ese bien tan preciado y necesario para el desarrollo integral y armónico de cualquier persona. Pero esta obligación no significa que todo vale, y que la Administración no establezca criterios de calidad y eficacia. Por el contrario, es necesario que se evalúen las actividades culturales promovidas con fondos públicos, y así se evitará que se programen actuaciones pseudoculturales de escasa o nula aceptación por parte de la sociedad. De no hacerse esta evaluación, se incurriría en una dejación inaceptable de los responsables políticos o de gestión. Y en esta situación es muy probable que haya incurrido el Centro Dramático Nacional, que en los últimos años de gestión socialista se ha ido deteriorando paulatinamente, alejando a los espectadores al programar iniciativas que sólo han merecido en algunos casos el interés de apenas varias decenas de personas.
Esta situación hizo necesario cambiar la dirección del citado Centro Dramático Nacional para que se cumpliera el objetivo fundamental de esta institución, que no es otro que fomentar la creatividad teatral y, al mismo tiempo, acercar el teatro a la sociedad. Ejemplos de eficacia se han dado terminando las obras del María Guerrero, que durante algún tiempo había estado cerrado.
Por esto, señora Ministra, le pregunto: ¿Considera el Gobierno satisfactoria la respuesta del público a la nueva etapa del Centro Dramático Nacional? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alvarez.
Señora Ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno considera muy satisfactoria la respuesta del público a la nueva etapa del Centro Dramático Nacional. En el período que va desde el 1 de enero hasta la mitad del mes de abril se ha triplicado el número de espectadores en ambas salas. En enero de 1997 ha habido 33.895 espectadores y, por tanto, la recaudación ha sido de 59.683.000 pesetas, y en el mismo período del año pasado, entre enero y el día 13 de abril, hubo 11.000, es decir, un tercio aproximadamente de la cifra de este año, y la recaudación fue de 18 millones de pesetas. Es decir, que se ha triplicado el número de espectadores, lo que quiere decir, señoría, que la programación que ha preparado el nuevo equipo del Centro Dramático, que contiene respuestas escénicas muy diversas, puede atender a los gustos de distinto tipo de público. Nuestro objetivo es atraer nuevas gentes al teatro, hacer un esfuerzo real por ilusionar, por conquistar a nuevos públicos y captar a los más jóvenes especialmente, dar a conocer obras que eran prácticamente inéditas de los grandes escritores españoles e iberoamericanos y abrir los teatros públicos a los autores de la nueva generación. Prácticamente el cien por cien de las representaciones del Centro Dramático Nacional durante esta nueva etapa lo han sido de autores españoles e hispanoamericanos. Hay que destacar también, en cuanto a las actividades del Centro Dramático, que se ha dado un nuevo enfoque a la campaña escolar. Nos parece que en este año los alumnos que han acudido a los teatros nacionales no lo han hecho sólo para consumir una representación; se ha elaborado y se han facilitado a los centros unos cuadernos pedagógicos que han servido a profesores y alumnos para programar la visita al teatro.
Quiero resaltar también, señoría, que para los espectáculos en gira, porque no sólo han actuado en Madrid las compañías nacionales, se ha puesto especial cuidado en que los alumnos de otras localidades tuvieran a su disposición idéntica información y facilidades a las que tienen los alumnos de Madrid.
Por tanto, el nuevo equipo del Centro Dramático Nacional, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha hecho una magnífica labor, ha cosechado

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excelentes resultados y está consiguiendo nuevos públicos, que es nuestro objetivo en materia de teatro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE TRANSPORTES AEREOS ENTRE LA PENINSULA Y LOS ARCHIPIELAGOS (Número de expediente 172/000044)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos al punto VII del orden del día: Interpelaciones urgentes.
De acuerdo con lo tratado ayer por la Junta de Portavoces, vamos a tramitar, en primer lugar, la interpelación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política del Gobierno en materia de transportes aéreos entre la península y los archipiélagos.
En nombre del grupo interpelante, para su presentación, tiene la palabra el señor Rivero Baute.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, el pasado día 11 de diciembre se debatió en la Cámara una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre la adaptación de España a las políticas comunitarias de liberalización del transporte aéreo. Aunque parte del debate en aquella ocasión se desvió al problema coyuntural de Barajas, lo cierto es que fue un debate importante, ante el nuevo panorama que se abría con la entrada en vigor del tercer paquete de liberalización del tráfico aéreo.
El Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado, expuso a la Cámara lo que iban a ser las directrices básicas globalmente consideradas de su departamento en materia de transporte aéreo. Se refería concretamente a aplicar las políticas de liberalización comunitaria; a definir las obligaciones de servicio público que prevé la legislación comunitaria en relación con los servicios aéreos regulares a regiones periféricas, a regiones en desarrollo y a rutas regionales de baja densidad de población; a impulsar la proyección de las compañías aéreas españolas en el exterior; a fortalecer la dimensión estratégica del sistema aeroportuario español, especialmente Barajas, y a culminar todo este proceso con la presentación a la Cámara de una nueva ley de navegación aérea que pusiera fin a la dispersión y a la obsolescencia que tiene ahora la normativa vigente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, Coalición Canaria compartió en aquellos momentos, y comparte hoy, los criterios globales de la política de transporte del Ministerio de Fomento, pero determinadas cuestiones importantes no pueden esperar su solución en el tiempo, porque retrasar alguna de ellas podría ocasionar graves perjuicios económicos, sociales e incluso políticos. La euforia de la que ha estado rodeado todo el marco general de liberalización de las comunicaciones en Europa nos ha centrado en ver sólo los aspectos positivos que tiene cualquier régimen de libre mercado o de libre competencia. En ese sentido, no hay que cerrar los ojos, y nosotros no los cerramos. En este proceso liberalizador, qué duda cabe que se han mejorado las comunicaciones aéreas en España, porque ha significado la aparición de nuevas compañías aéreas, ha significado la bajada general de precios, ha significado, en definitiva, una mejora de los servicios para los usuarios. Sin embargo, señor Vicepresidente, las medidas liberalizadoras, las medidas de un libre mercado son con carácter general y hay determinadas zonas frágiles, determinadas zonas de los territorios que tienen que tener medidas de protección en un régimen de libre mercado. Esas zonas frágiles, esas zonas que pueden desestabilizarse en un mercado de libre competencia, son fundamentalmente los territorios ultraperiféricos, son, en general, las islas.
La fragilidad o la debilidad de estos territorios viene dada fundamentalmente porque no existe alternativa al barco o al avión y porque hay rutas en las comunicaciones entre las islas en las que el volumen de pasaje que mueven es insuficiente para hacerlas rentables a las compañías que operan en estos tráficos. Tal es la debilidad de algunos territorios alejados en este mercado de libre competencia que sabiamente ya el legislador lo preveía. Si buscamos en la legislación europea, en el artículo 4 del Reglamento de la Unión Europea número 2.408, de 23 de julio de 1992, vemos que, resumiendo su contenido, decía que los Estados miembros, previo los trámites previstos en el reglamento, podrán imponer obligaciones de servicio público en relación con los servicios aéreos regulares que sirvan a una región periférica de baja densidad de tráfico cuando sea esencial para su desarrollo social y económico. Lo preveía también el legislador en el artículo 138.1 de nuestra Constitución cuando se refiere a la solidaridad y al trato específico con las islas. Lo preveía también, en el caso específico de Canarias, en su Ley de Régimen Económico y Fiscal, en sus artículos 5 y 6. Lo preveía, en definitiva, el anexo al acuerdo de Maastricht, cuando se hace referencia a las regiones ultraperiféricas de Europa.
En ese marco general, señor Vicepresidente del Gobierno, se ha producido, a partir del 25 de abril, apenas hace un mes, con motivo de la entrada del tercer paquete liberalizador, lo que nosotros entendemos

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una abusiva y salvaje subida de los precios de las compañías aéreas que operan entre la Península y Canarias, la Península y Baleares y viceversa, y en los tráficos interinsulares. Otros Estados miembros de la Unión Europea sí se han apoyado en la legislación para adoptar las medidas preventivas de cara a estos territorios alejados, de cara a estos territorios frágiles. En ese sentido, en este momento, la obligación de servicio público la tienen ya solicitada y declarada: Francia para Córcega, para sus territorios de Guayana y hasta para transportes interregionales en Normandía; la tiene Portugal para Madeira y Azores; la tienen Noruega, Escocia y Suecia, en sus líneas interinsulares. En estas obligaciones de servicio público se declaran como obligaciones comunes las frecuencias mínimas, la capacidad de las aeronaves, las categorías de los aviones que cubren esas rutas, las tarifas, la continuidad de los servicios, los servicios prestados con o sin escalas.
¿Es que se pueden emplear otros términos, señorías, que los de abusivos y salvajes para los incrementos experimentados por las tarifas recientes de las compañías que operan en los tráficos Península-Canarias, viceversa, y en los tráficos interinsulares? ¿Qué se puede decir cuando se sube una media de más del 25 por ciento de golpe en los vuelos Canarias-Península o Canarias-Baleares? ¿Qué se puede decir cuando se sube una media de alrededor de un 40 por ciento de golpe en el tráfico interinsular entre las islas canarias? ¿Qué podemos hacer, sino sonrojarnos, si les doy algún dato práctico? Por ejemplo, un vuelo Las Palmas-Valverde de Hierro-Las Palmas, cuesta 26.600 pesetas; un vuelo Madrid-Bruselas-Madrid, 24.900; un vuelo Tenerife-Arrecife de Lanzarote-Tenerife, 21.300; un Sevilla-Barcelona-Sevilla, 23.700; un vuelo Valverde-Arrecife-Valverde, 36.000 pesetas; un vuelo Tenerife-Amsterdam-Tenerife, 46.000 pesetas.
Señor Vicepresidente, en nada se favorece la cohesión territorial del Estado, sino todo lo contrario, si no se toman medidas rápidas y contundentes para atajar lo que entendemos que es un auténtico disparate.
La indignación en los archipiélagos es generalizada. Los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales, los gobiernos de Canarias y Baleares, los medios de comunicación, la opinión pública en general, están muy sensibilizados con el problema de este incremento espectacular, que nos aleja del territorio peninsular y que aleja a las islas entre sí.
En ese marco, señor Vicepresidente del Gobierno: ¿Qué política piensa desarrollar el Gobierno para garantizar en condiciones adecuadas el transporte aéreo de personas y mercancías entre la Península y los archipiélagos balear y canario y para que éste se desarrolle conforme a los principios y normas del Derecho comunitario? Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra su Vicepresidente Segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Gobierno comparte plenamente la preocupación expresada por el portavoz de Coalición Canaria respecto a prácticamente todos los aspectos que ha planteado en su interpelación.
Empezando por el último, el aumento de tarifas aéreas que recientemente han llevado a cabo las principales compañías aéreas del sector, entendemos que es un hecho que ha requerido la actuación inmediata del Gobierno por los efectos que tiene, no sólo para los usuarios del transporte, sino también especialmente en aquellos casos en los que no existen medios de transporte alternativos, como es el caso de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En ese sentido, me parece importante que el Gobierno haya actuado con la diligencia que espero que S. S. reconozca.
Como se ha señalado, a mediados del mes de abril, concretamente los días 17 y 18, se conocieron, a través de la prensa, las primeras noticias sobre la puesta en funcionamiento, por las tres grandes compañías aéreas que prestan servicios en los vuelos dentro de España, de un sistema de interlínea, al que se podrían acoger los billetes emitidos para determinadas tarifas, así como el aumento simultáneo de algunas de ellas.
A raíz de estas noticias, el servicio de Defensa de la Competencia decidió iniciar un trámite de información reservada previo a la decisión de incoación de expediente mediante un requerimiento de información a las compañías y una investigación de las sedes en las propias compañías. El mismo 18 de abril, el Director General de Política Económica y Defensa de la Competencia requirió información a las tres compañías afectadas y, el 23 de abril, tres equipos de inspectores del servicio de Defensa de la Competencia se personaron en sus sedes sociales para realizar una investigación en relación con los hechos enunciados por los medios de comunicación. Es precisamente entre el 23 y el 25 de abril cuando se reciben las primeras denuncias realizadas por instituciones canarias y baleares, así como por asociaciones de consumidores.
Quiero informar a la Cámara que, como consecuencia de la investigación, el servicio de Defensa de la Competencia ha llegado a la conclusión de que existen indicios como para abrir un expediente de que hubiese un acuerdo, no beneficioso para los consumidores, en el sentido de aumentar las tarifas simultáneamente, homogeneizando algunas de ellas, lo cual podría constituir una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe los acuerdos y prácticas concertadas o conscientemente paralelas que

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tengan por objeto o puedan producir el efecto de restringir la competencia, y del artículo 6 de la misma ley, que prohíbe la explotación abusiva, por una o varias empresas, de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. He de decir que la incoación de este expediente --y me parece importante que lo digamos-- no supone para nada una posición de antemano de culpabilidad de las tres compañías. El Gobierno, que ha actuado con la diligencia que acabo de referir, debe mantener un principio de presunción de inocencia en este tema, como en cualquier otro, ya que éste es un asunto de extremada gravedad, no sólo desde el punto de vista de los usuarios, sino desde el de las consecuencias que podría tener el hecho de que se demostrase que se han vulnerado los artículos que he mencionado.
La existencia de indicios de infracción, por lo tanto, debe ser contemplada con cautela, pero en cualquier caso la incoación de expediente sancionador ya ha sido notificada a los denunciantes y a las empresas denunciadas, a las que se ha dado un plazo de diez días para que puedan solicitar la confidencialidad sobre algunos documentos obtenidos en el marco de la información reservada. Una vez que el servicio se pronuncie sobre tales solicitudes, se dará vista del expediente a todas las partes para alegaciones y solicitud de prueba. Si, como resultado de esta instrucción, se acreditase la existencia de hechos que puedan infringir la ley, se pasaría a un pliego de concreción de hechos de infracción que se pondría en conocimiento de todas las partes para su contradicción y, una vez terminada la instrucción, se remitiría al Tribunal de Defensa de la Competencia. Si el Tribunal considerase que se han vulnerado los artículos que he mencionado o cualesquiera otros de la Ley de Defensa de la Competencia, se podía llegar a imponer una sanción de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio del ejercicio anterior de estas compañías. Por lo tanto, estamos hablando de sanciones de extraordinaria importancia, que indudablemente pueden ser objeto de recurso ante la Audiencia Nacional, pero, en el caso de que el Tribunal de Defensa de la Competencia y el propio Servicio de Defensa de la Competencia no considerasen la existencia de infracciones, estas decisiones, como no podía ser de otra manera, también serían recurribles ante el propio Tribunal de Defensa de la Competencia o ante la Audiencia Nacional.
La cuantía de las sanciones que, como he dicho, puede ser de hasta el 10 por ciento del volumen de facturación del ejercicio anterior, se graduaría teniendo en cuenta los siguientes criterios: la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la dimensión del mercado afectado, las cuotas del mercado de las empresas afectadas, el efecto de restricción sobre los competidores, la duración y la reiteración. Pueden SS. SS. sacar conclusiones de que en este caso estaríamos ante una situación de extrema gravedad.
Desde el punto de vista de la defensa de los intereses del consumidor y desde el de la defensa del libre funcionamiento del mercado y de la garantía del funcionamiento de la competencia, el Gobierno ha actuado con toda diligencia y tiene instrumentos en su mano para que esto pueda tener efectos muy profundos y beneficiosos para el conjunto del sistema.
¿Por qué el Gobierno ha decidido actuar con esta rapidez? Porque el Gobierno es plenamente consciente de que el proceso liberalizador del transporte aéreo es extremadamente beneficioso en términos económicos y desde luego extremadamente beneficioso para los consumidores y especialmente para los consumidores canarios. Y me gustaría hacer algunas remisiones de cómo se ha producido este proceso liberalizador, que es un proceso relativamente nuevo. Se inicia en 1987, con una política escalonada, y se culmina en 1992 con lo que se denominó entonces el tercer paquete aéreo, que suponía la libertad de acceso al mercado, nuevos sistemas de concesión de licencias a las compañía aéreas, la libertad de fijación de tarifas, además de la armonización de las normas de seguridad aérea, reservas de plaza, etcétera.
¿Cuáles han sido las consecuencias del proceso liberalizador y por qué el Gobierno da tanta importancia a este proceso en el caso concreto del servicio que hay que prestar a los ciudadanos que viven en territorios insulares y ultraperiféricos? Las consecuencias de ese proceso liberalizador son, en opinión del Gobierno, muy claras. Se ha establecido un elevado número de nuevas líneas regulares domésticas, tanto peninsulares como de enlace con las islas Canarias y Baleares. Se ha producido una moderación en todas las tarifas que han crecido en todos los casos por debajo del Indice de precios al consumo e incluso se han reducido en aquellas rutas en que la competencia es más intensa. Si analizamos la evolución de las tarifas de las rutas más significativas entre la península y las islas Canarias antes del 1 de enero de 1993, fecha de entrada en vigor del tercer paquete aéreo, y la situación actual, podemos comprobar que todas las tarifas básicas se han reducido en términos reales e incluso en términos nominales, reducciones que son aún mayores si lo que consideramos son las tarifas promocionales.
Quisiera poner algunos ejemplos que ilustran la importancia de que el Gobierno garantice como instrumento básico el libre juego de la competencia. Por ejemplo, la tarifa básica de ida para un vuelo entre Tenerife y Barcelona se situaba, en pesetas de 1993, en 34.650 pesetas.
Hoy, en pesetas de 1997, cuesta entre 32.000 y 37.000; es decir, se puede hacer el viaje por un precio un 7 por ciento inferior en términos nominales y un 25 por ciento inferior en términos reales. Si comparamos las tarifas más bajas de ese mismo trayecto de ida y vuelta, las reducciones del precio en términos nominales oscilan entre el menos 17 y el menos 25 por ciento y, en cambio, en términos reales, como es natural,

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las reducciones son mucho más profundas pues llegan hasta el 43 por ciento. Entre Fuerteventura y Madrid, la tarifa básica antes del 1 de enero de 1993 era de 27.550 pesetas y hoy se ofertan dos tarifas básicas, una de las cuales es un 7 por ciento menor en términos nominales a la de 1993, 25.050 pesetas, y la tarifa más baja en ese mismo trayecto se ha reducido entre un 10 y un 20 por ciento en términos nominales y entre un 28 y un 38 por ciento si descontamos los efectos en la inflación.
Por tanto, los efectos sobre los precios del proceso liberalizador justifican plenamente que el Gobierno asiente una parte sustancial de su política en garantizar el funcionamiento de la competencia, porque la competencia ha producido efectos extraordinariamente positivos para los usuarios. Pero ha producido no sólo efectos económicos sobre el precio de las tarifas, sino también sobre la calidad del servicio, una mayor oferta de asientos, mayor variedad horaria, y muchas más posibilidades de satisfacción de las necesidades de los distintos consumidores.
Además, hay que tener en cuenta, como he mencionado antes en una pregunta oral, que precisamente en el proceso liberalizador se ha producido un aumento a partir del 1 de abril, en el sentido de que ya se ha liberalizado totalmente la competencia dentro del mercado de la Unión Europea, permitiendo que se pueda producir la apertura de los servicios de cabotaje. Se ha producido un nuevo avance que todavía generará una mayor competencia, especialmente en una zona como las islas Canarias, que son servidas por vuelos desde otras capitales europeas con gran intensidad, debido a su afluencia turística. La posibilidad de que esos vuelos puedan enlazarse con vuelos intrainsulares creo que abre posibilidades que todavía tenemos que ver qué efectos producen, y seguramente serán beneficiosos.
Vuelvo a insistir en que el Gobierno ha dedicado sus mayores esfuerzos a garantizar el funcionamiento de la competencia, porque es a través del funcionamiento de la competencia como podemos obtener mejores ventajas para el consumidor. Sin embargo, el Gobierno no se limita a considerar que el funcionamiento del mercado de la manera más eficiente puede resolver todos los problemas y es plenamente consciente de que existen condiciones de distancia, de insularidad y ultraperiféricas, que justifican una política de intervención en los precios. Y ésta es la que se define en el régimen de ayudas, que constituye un elemento fundamental de nuestra política de transportes. Desde el punto de vista de ayudas a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, los incrementos tarifarios quedan muy por debajo de los límites máximos a las subvenciones establecidos en la ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos y que posteriormente fueron revisados al alza en el mes de febrero, cuando el Gobierno se percató de que no eran suficientes. De acuerdo con los actuales límites vigentes, la subvención máxima para los residentes en Canarias se sitúa en 27.000 pesetas para los billetes de ida y vuelta y en 13.500 pesetas para los billetes de ida. Estos límites serían suficientes para subvencionar el 33 por ciento de precios de hasta 90.000 y 41.000 pesetas, para los billetes de ida y vuelta y de ida, respectivamente.
En cualquier caso, quiero afirmar rotundamente que si esta política de subvenciones, como consecuencia de la evolución de las tarifas, resultara insuficiente, el Gobierno la revisaría. Por tanto, nosotros estamos combinando dos políticas; una, la garantía del funcionamiento de la competencia, a la cual vamos a dedicar la máxima energía, y lo hemos demostrado, y lo vamos a demostrar si fuera necesario durante la incoación del expediente, y, al mismo tiempo, el mantenimiento de una política de ayudas a residentes, que ha sido respaldada por esta Cámara y que el Gobierno en este momento considera todavía adecuada, pero que modificará si los hechos lo aconsejaran.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vicepresidente, le ruego vaya concluyendo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Sí, señor Presidente. Sólo quisiera añadir una cuestión que ha sido mencionada por el portavoz de Coalición Canaria. Es la declaración de servicio público. Efectivamente, existe esa posibilidad en la legislación comunitaria. El Gobierno español no la ha aplicado con respecto a los vuelos en este momento ni entre la Península y Canarias ni entre las islas, porque considera que las políticas que acabo de mencionar son suficientes, pero no se niega a contemplar esa posibilidad.
Y nos parecería importante que en los trámites parlamentarios que la Cámara decida, el hecho insular y su definición, desde el punto de vista de la política de transportes, fuera fijado por esta Cámara de manera general y para que el Gobierno pudiera tener un punto de referencia legal de cómo reconocer el derecho o la definición del hecho insular, ya definido en nuestra Constitución. Yo espero que en próximos trámites parlamentarios, a través de la moción consecuencia de esta interpelación, y de otras iniciativas que van a tener trámite ya en esta Cámara, podamos definir el hecho insular, de manera que los ciudadanos puedan, por un lado, tener clara cuál es la política del Gobierno con respecto a la competencia, cuál es la política del Gobierno respecto a las subvenciones al transporte, y tener esta política de subvenciones al transporte enmarcada dentro de una definición más amplia de lo que debe ser el reconocimiento del hecho insular.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Señor Rivero.


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El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente del Gobierno, me temo que, si entramos en una guerra de cifras, de porcentajes, va a ser difícil que podamos aclarar la cuestión al resto de SS. SS.
En definitiva, la referencia para los incrementos experimentados por las tarifas aéreas en estos momentos entre la Península y Canarias o Baleares o entre las islas, no podemos buscarla. Para nosotros no es válido el dato o la referencia de 1993, sino que el dato es antes del 25 de abril del presente año, fecha en la que ha tenido lugar esta espectacular medida de incrementos tarifarios.
Decía el señor Vicepresidente que el Gobierno tiene el marco legal en el que apoyarse para resolver el problema; tiene el artículo 138.1 de la Constitución, que habla de solidaridad y habla de islas; tiene el REF canario; tiene el anexo a la declaración de Maastricht; tiene los reglamentos europeos. Si tiene el apoyo legal donde resolver el problema de los archipiélagos, de las islas, de los territorios alejados, es necesario en estos momentos, señor Vicepresidente, voluntad política para poder resolver este problema, que yo no se la niego. Yo no niego la buena voluntad política que pueda tener el Gobierno, pero es necesario voluntad política para resolver este problema de la lejanía de los archipiélagos, de los territorios alejados del Estado.
¿De verdad cree el Gobierno que es necesario cohesionar el Estado territorialmente? ¿Cree el Gobierno de verdad, señor Vicepresidente, que la cohesión territorial sólo se puede conseguir acercando a la Península los territorios más alejados y que acercarnos es poner a los ciudadanos que viven en Baleares, en Ceuta, en Melilla y en Canarias, en las mismas condiciones que los ciudadanos más alejados de cualquier punto de la Península? ¿No cree el Gobierno, señor Vicepresidente, que económicamente puede ser un desastre para la economía de las islas si se pone en riesgo, por la carestía del transporte, el principal recurso económico de las islas, como es el turismo? ¿Se valora suficientemente por el Gobierno lo que genera el movimiento de casi 20 millones de turistas que visitan Canarias, 20 millones de pasajeros que entran por los aeropuertos canarios, con el movimiento económico que genera para nuestra economía interior, con el movimiento económico que genera de aportación a los fondos del Estado, con el empleo que se genera en este recurso que es el turismo? ¿No le parece al señor Vicepresidente que es socialmente injusto alejar más a los habitantes de las islas del resto del territorio del Estado? ¿No le parece que políticamente no es acertado, que no es conveniente, que no es oportuno, adoptar medidas que alejen más a los habitantes de las islas del territorio europeo? Estoy seguro, señor Vicepresidente, de que se pueden considerar obvios todos estos interrogantes, por sencillos, porque es de sentido común, pero me gustaría que, si no se está de acuerdo con ellos, se expresara por parte del Gobierno. Porque si estamos de acuerdo con ellos, tenemos que poner las medidas para resolver este problema, y la auténtica realidad es que en estos momentos estamos más alejados de la Península y que están más alejadas entre sí las islas.
Las tasas aeroportuarias que han entrado en vigor en el presente ejercicio económico; la reducción del 33 por ciento a los residentes --antes, el 33 por ciento era libre a los billetes; en este momento, es una cantidad fija; por tanto, en un incremento de tarifas como el que se ha producido, se ha perjudicado a los residentes en las islas--; se nos deja en manos sólo de los intereses comerciales de las empresas, que producen subidas abusivas como las que antes mencionaba. Con estas medidas, que significan, y lo repito, alejar más de la Península a los territorios insulares --un 25 por ciento más de lo que estaban--, y a las islas entre sí un 40 por ciento más de lo que estaban, me gustaría que el señor Vicepresidente del Gobierno manifestara si existe voluntad de cohesión, en la línea de acercar los territorios insulares, en materia de transportes, y de igualarlos a los puntos más alejados de la Península.
Me gustaría saber, señor Vicepresidente, si comparte la opinión generalizada de que es de justicia adoptar medidas que permitan acercar las islas, y que en estos momentos cualquier otra medida que suponga alejarlas del territorio peninsular puede desestabilizar su situación económica, social y política.
Señor Vicepresidente, en Canarias no somos ombliguistas, no queremos privilegios. Los canarios reclamamos solidaridad. Los canarios entendemos que no es justo que un ciudadano se pueda mover desde Sevilla o Cádiz a cualquier punto del territorio peninsular con un costo de 14 pesetas/kilómetro, que desde una isla como Tenerife o Gran Canaria cueste 28 pesetas/kilómetro y que desde una isla periférica represente 40 pesetas/kilómetro. Eso no nos parece justo, no nos parece que sea solidario, y la solidaridad está reflejada en nuestra Constitución.
Por eso, señor Vicepresidente, nosotros esperamos que, con la buena voluntad política que sabemos que usted tiene para resolver este problema, se apoye en las disposiciones legales, declaren la obligatoriedad del servicio público, declaren los servicios, la frecuencia, los horarios que deben concurrir en las líneas interinsulares y en los vuelos Península-Canarias, veamos si en la libre competencia se pueden mantener esos servicios sin costo para el Estado y si no, señor Vicepresidente, el Estado, tal como prevé la legislación europea, subvencione a las empresas para que puedan prestar esos servicios en condiciones de igualdad y de solidaridad con el resto del Estado. Repito lo que pedí en la pregunta que hicimos anteriormente. Hasta tanto, si existe voluntad política, suspéndase cautelarmente el incremento que se ha producido en los tráficos interinsulares

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y en los tráficos que comunican Península con Baleares y Península con Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
A todas las preguntas que el señor Rivero me ha hecho, como es natural la contestación él mismo la ha anticipado. Es una contestación, no por obvia menos importante, afirmativa. El Gobierno ha demostrado claramente, tanto en este momento con la actuación del Servicio de Defensa de la Competencia, como anteriormente en la ley de presupuestos y en las órdenes que modificaron la situación de las subvenciones al transporte, su firme voluntad de mantener una política de cohesión del territorio y es especialmente sensible a los problemas de distancia del archipiélago canario.
Mi referencia --y eso sí que quería aclararlo-- a los precios del año 1993 no es para justificar nada (ese no es mi papel y me parece que la actuación del Ministerio de Economía ha sido que, en principio, no entendemos justificada la subida de tarifas, al menos en su porcentaje, ya que no sólo hemos pedido información, sino que hemos incoado un expediente), sino para demostrar que la competencia, con los límites que ha tenido a lo largo de estos años, ha sido un elemento claramente de beneficio para los consumidores y que, por tanto, una política de declaración de servicio público podría no producir esos efectos. Pensemos qué habría sido si hubiéramos mantenido como servicio público las tarifas del año 1993 en vez de haber permitido el libre juego de la competencia.
En ese sentido quiero insistir en que el Gobierno va a exigir el funcionamiento de la competencia, y lo va a hacer con los instrumentos legales que tiene a su alcance dentro de la libertad de mercado, pero garantizando que no ha habido ningún acuerdo de colusión de los intereses de los consumidores.
En segundo lugar, el Gobierno del Partido Popular es claramente partidario del reconocimiento del hecho insular, y en ese sentido espero que los grupos parlamentarios puedan definirlo en otras instancias parlamentarias de manera consensuada y de manera efectiva, de forma que no sólo la actuación de la competencia sino la defensa de una buena definición del hecho insular permita al Gobierno ir aplicando medidas como las que ya están en vigor en este momento, como es la política de subvenciones.
Hemos de reiterar que, dentro de los precios que el señor Diputado ha puesto de relieve sobre las diferencias que existen en la utilización por diversos españoles de medios de transporte, dependiendo de si se encuentran en la Península o fuera de la misma, hay que tener en cuenta el efecto que sobre esos precios juegan las subvenciones, aunque reconozco que no vienen a compensar todavía, y deben hacerlo, las diferencias que se puedan producir entre distintos territorios.
No puedo calificar, porque sería atrevido por mi parte, de abusivas las subidas, pero sí tengo que decir que, desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Hacienda, hay los suficientes indicios como para incoar un expediente, volviendo a insistir en que el Ministerio, el Gobierno, en este momento no puede hacer un juicio previo sobre la conclusión de ese expediente, cuyas consecuencias, en el caso de considerarse que se han producido subidas en contra de lo que establece la Ley de Defensa de la Competencia, pueden ser de extraordinaria importancia para las empresas afectadas. Seguramente la rapidez y la contundencia con las que el Gobierno ha actuado demuestran al mercado y a las empresas que vamos a estar extraordinariamente vigilantes en esas cuestiones. Por tanto, los efectos sobre el turismo que ha planteado el señor Diputado espero que sean muy limitados, especialmente si la actuación del Gobierno produce el mejor funcionamiento del mercado y de la competencia y, al mismo tiempo, si la política de subvenciones sigue siendo la adecuada.
Vuelvo a reiterar la voluntad del Gobierno de revisar la política de subvenciones en el caso de que quedase desfasada por los propios hechos, por la propia evolución del mercado. En cualquier caso, quiero decir en nombre del Gobierno que estamos en disposición de estudiar lo que a mí me parece que es el próximo paso: una definición jurídica concreta y clara de las consecuencias de la Constitución, respecto al hecho insular, que nos permita a todos, con un consenso parlamentario amplio, llevar a cabo una política, por un lado, de defensa de la competencia y, por otro lado, de cohesión de la totalidad del territorio nacional en beneficio de todos los ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vicepresidente.
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a posicionarse en función de las propuestas que haga en la moción el Grupo de Coalición Canaria, pero ya anuncia que, por lo que se refiere a los efectos de la subida de tarifas, con independencia de todas las políticas que anteriormente hubiésemos vivido, desde el día 25 de

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abril, a nosotros nos preocupan dos cosas: una, que el proceso liberalizador, en su momento y mientras se buscó lograr mercado, estuvo funcionando a la baja, según unas empresas, como Iberia, haciendo propuestas incluso por debajo de costes. El resultado ha sido que, una vez captados los mercados, se han puesto de acuerdo y los ciudadanos que viven en Canarias, para moverse dentro de las islas, ya tienen una subida efectiva desde el día 25, subida que está por encima de 2.000 pesetas entre las distintas islas, y para venir a Madrid llega hasta del 30 por ciento; en algunos casos, para moverse entre las islas la subida llega hasta el 27 por ciento. Ese es un efecto real; por tanto, no ha funcionado el mercado. La liberalización del mercado y el mercado no han sido efectivos respecto a los ciudadanos y las mercancías.
En consecuencia, creemos que se debería tener la capacidad de actuar para que esto no pueda producirse mientras se aclaran y se incoan todos los expedientes que haya que incoar. El señor Ministro ha dicho: hemos actuado rápidamente, se ha incoado un expediente que incluso puede llegar a la sanción del 10 por ciento de la facturación de una empresa. Nos parece muy bien y mientras tanto, ¿qué? Porque, al final, será o no será.
Incluso se pueden presentar balances que puedan actuar de una manera determinada. Por el interés público, por la carga de insularidad, no hay que esperar a no sé qué cosas, porque en la intervención del señor Ministro se ha dicho que cuando la Cámara fije legalmente el tema del hecho insular, etcétera. El otro día discutíamos el tema de Baleares, ayer, sin ir más lejos, el coste de insularidad mezclado con el tema fiscal; es decir, que aquí hemos hablado de esto muchas veces. El Gobierno no necesita más resortes para actuar, y como muestra vale un botón. Al Gobierno le ha costado 1.880 millones en 1995 la subvención al transporte con las Islas Baleares y en 1994 fueron 1.980 millones de pesetas, según una respuesta del propio Gobierno de diciembre de 1996; es decir, que ya se está trabajando para evitar estas actuaciones.
La definición de servicio público básico, de horarios mínimos imprescindibles y de frecuencias o calidades mínimas debe ser regulada por parte del Gobierno. Eso no es interferir en ningún mercado, sino que las empresas que actúen así tendrán que someterse a una realidad determinada, porque si no estaremos ante una situación complicada. Este problema afecta a los viajeros y a las mercancías, a la capacidad de producción y de ponerla en circulación. De golpe y porrazo cuesta más trabajo poner en venta y en circulación lo que se produce en Canarias tanto en nuestro país como fuera de él.
Nos hubiese gustado encontrar una actuación del Gobierno que hubiera funcionado desde que se abrió el expediente iniciado por el Servicio de Defensa de la Competencia a estas tres compañías, que parece han llegado al acuerdo de captar los distintos mercados con una tarifa que ya se aplica. Debería volverse a la situación anterior mientras eso se tramita y se fijan los marcos legales de esa actuación.
El Gobierno en otros casos ha actuado con decretos, órdenes ministeriales y después ha procedido a su regulación. Hay fórmulas que se han aplicado en nuestro país a través de un decreto-ley y más tarde se ha desarrollado en una ley. Incluso, en función de la legalidad que tenemos hoy, se podría hacer mediante un decreto mientras modificamos y adecuamos nuestra propia regulación. El Gobierno no puede iniciar un desarrollo del mandato constitucional sobre el hecho de la insularidad para poder actuar en una cosa que está ocasionándose ahora mismo. Todo el mundo lo reconoce. El Gobierno canario lo ha recurrido, el Servicio de Defensa de la Competencia también, el Tribunal de la Competencia va a actuar. Pues si todo es tan evidente, hagamos efectiva ya esa actuación.
La moción puede servir para un pronunciamiento de esta Cámara que marque lo que el Gobierno debe hacer, que marque el proceso para presentar la regulación legal. Lo que pediríamos es que en esa resolución o en ese proceso de acuerdo pudiéramos ser efectivos ya, porque el pueblo canario va a ser receptor de este perjuicio, de la liberalización o de las leyes del mercado, porque ni son leyes ni son mercado.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores diputados, el texto con el que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria fundamenta su interpelación parece extraído --y copia literal-- de otro texto, de otra interpelación que el Grupo Parlamentario Socialista presentó y defendió en sesión plenaria del 11 de diciembre de 1996, y que condujo a la aprobación de una serie de resoluciones que aprobó este Pleno del Congreso de los Diputados el 17 del mismo mes, en el que se mandataba al Gobierno a la adopción de una serie de medidas, que no ha adoptado aún, y a la presentación ante la Cámara de una serie de análisis sobre tráficos aéreos, que no ha hecho aún, que si bien ha presentado en alguno de los aspectos, falta en su planteamiento global. Debemos indicarle que no nos ha satisfecho en absoluto y sus contestaciones van a ser objeto de actuaciones parlamentarias futuras por parte de este Grupo Parlamentario Socialista.
Por ello, felicitamos al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y damos la bienvenida a las posiciones políticas que en materia aeronáutica ha venido defendiendo el Grupo Parlamentario Socialista a lo largo de la presente legislatura.


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El texto que fundamenta a la interpelación parece, pues, literalmente extraído de los contenidos que en esta materia hemos venido defendiendo.
Dicho texto, en algunos de sus aspectos, se refiere a la subida el pasado 25 de abril de las tarifas aéreas de los vuelos nacionales, realizada aparentemente de forma concertada por las compañías operadoras, etcétera, con especial incidencia de los archipiélagos balear y canario. Y nosotros diríamos Ceuta y Melilla, porque esta Cámara tiene también que elevar la voz por esas provincias y no se ha hecho hasta estos momentos. Habla dicho texto de que es necesario que se fundamenten políticas en desarrollo del artículo 138.1 de la Constitución, del Reglamento comunitario 2.408/92 del Consejo, de 23 de julio, y de la Ley del Régimen Económico Fiscal de Canarias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista les agradecería que, a partir del día de hoy, tuviesen al menos la benevolencia de leer el «Diario de Sesiones», porque es bueno recordar las tres propuestas de resolución que, a lo largo de este último año, se han presentado en esta Cámara y que han sido votadas en contra por los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y Popular, porque en función de estas tres experiencias nosotros creemos que no ha habido voluntad política de resolver este problema. A partir del día de hoy, y en función de que se adopten resoluciones la semana próxima en la previsible moción consecuencia de la interpelación que se está produciendo en el día de hoy, empezaremos a creer en la voluntad política.
Sin embargo, la realidad objetiva, y así figura en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados, es que el 5 de julio de 1996 el Grupo Parlamentario Socialista presentaba una proposición no de ley sobre la empresa Binter Canarias en el marco de la política global de privatizaciones. Esta proposición no de ley se debatió en la Comisión de Infraestructuras y fue votada en contra por los representantes de los Grupos Parlamentarios Popular y Coalición Canaria.
Lo que hoy se propone aquí es precisamente lo que nosotros propugnábamos.
Como propuesta de resolución, decíamos: Antes de iniciar cualquier medida de entrada de capital privado en la empresa de transporte aéreo Binter Canarias, y siempre antes de la fecha de liberalización del cabotaje aéreo comunitario, de 1 de abril de 1997, se promuevan, con arreglo a la legislación comunitaria en vigor, declaraciones de obligación de servicio público, de orden tarifario, de horario, frecuencia y tipos de aviones para los vuelos regulares interinsulares en el archipiélago canario, de tal forma que queden garantizadas las condiciones de dichos servicios con arreglo, como mínimo, a las condiciones actuales, cualquiera que sea la naturaleza de las empresas de transporte aéreo que los presten en el futuro. Esto fue votado en contra en la Comisión de Infraestructuras y hoy Coalición Canaria hace referencia a la bondad de adoptar esta decisión. Bienvenida esta posición y ojalá se produzca una resolución futura. Nosotros enmendaremos sin duda alguna la moción que presentará el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y esperamos que den el voto favorable a esas enmiendas que vamos a presentar.
Señorías, el día 19 de septiembre, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo ocurría otro planteamiento equivalente. Y el pasado 20 de marzo, en la Comisión de Economía y Hacienda, proponíamos algo tan elemental como que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a presentar, en el plazo de cuatro meses, el conjunto de medidas que estimase el Gobierno oportunas a efectos del desarrollo de los contenidos de los artículos 4.º, 5.º, 6.º y 7.º de la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal canario. Son cuatro artículos de una ley en vigor, publicados en el «Boletín Oficial del Estado», que no han sido desarrollados reglamentariamente por falta de voluntad política del actual Gobierno. Y pedíamos que se desarrollasen precisamente a efectos de impedir lo que ahora está ocurriendo.
En tercer lugar, como recuerdan SS. SS., el 17 de diciembre de 1996, en el Pleno del Congreso de los Diputados se presentó una moción del Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de una interpelación formulada al Gobierno, en la que poníamos de manifiesto que el Gobierno actual no estaba adoptando medidas de cara a defender la competitividad de la empresa aeronáutica española ante las medidas de liberalización del tráfico aéreo que se estaba produciendo. En esta propuesta planteábamos que el Reglamento comunitario número 2.408/1992 del Consejo tiene una filosofía, a la que se estaban acogiendo los distintos países comunitarios en lo que se refería a la declaración de interés público, y fue rechazada por los Grupos Parlamentarios Popular y Coalición Canaria.
Consiguientemente, no sólo los pueblos, sino cualquier institución, cualquier colectivo de personas y, por ende, el Congreso de los Diputados, tiene que tener memoria. En tres ocasiones consecutivas durante un año, con una mayoría conservadora, esta Cámara ha votado en contra de la adopción de medidas de defensa del interés público en las comunicaciones aéreas Canarias-Península, Baleares-Península, Ceuta y Melilla-Península, por cuanto constituyen un medio de transporte absolutamente esencial.
Sin embargo, no es sólo eso, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, le ruego concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.
Tenemos que recordar que, según declaraciones en la prensa del Presidente del Parlamento Canario, señor Bravo de Laguna, no está asegurado el 33 por ciento de subvención de las actuales tarifas aéreas, como consecuencia

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de que se trata de una partida que no es crédito ampliable.
También saben SS. SS. que la Ley de Defensa de la Competencia dice textualmente en el artículo 45, sobre las clases y procedimientos para acordar las medidas cautelares --y previsiblemente nosotros vamos a presentar una enmienda en ese sentido a efectos de que se someta a votación--, que el servicio, una vez iniciado el expediente, podrá en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las medidas cautelares necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su momento se dicte y, en especial, la siguiente. Y la siguiente que nosotros proponemos es orden de cesación o de imposición de las condiciones determinadas.
Y termino, señor Presidente, contando con su benevolencia, en quince segundos. Señor Vicepresidente Económico del Gobierno, le voy a dar un dato curioso y le rogaría que tuviese la generosidad de prestarle atención. Si las políticas de cielo abierto en la Unión Europea no se ven correspondidas y acompañadas con una política digamos cooperadora en tierra, se convierten en medidas de muy difícil aplicación. En Canarias se ha puesto en marcha una nueva compañía aérea regional el pasado 17 de marzo, a la que usted ha hecho referencia, señor Vicepresidente, con motivo de la formulación de una pregunta en esta sesión. Pues bien, como consecuencia de una medida arbitraria de Aena, el próximo día 12 de mayo esta compañía va a dejar de prestar servicio con la isla de La Palma; una isla que requiere fluidez de comunicaciones con las islas capitalinas de la comunidad canaria. Y lo va a dejar de hacer porque desde el 1 de abril de 1997, es decir, hace algo más de un mes, por una simple orden ministerial, o probablemente con una circular interna, Aena puede posibilitar el autohandling en un aeropuerto con un número de pasajeros anuales inferior a un millón. En base a una normativa obsoleta, finiquitada, de no aplicabilidad, esa compañía, dado que no le es rentable que el handling se lo preste otra provisionalmente, y a pesar de que comenzó hace un mes, a pesar de que la Comunidad Canaria está satisfecha con los servicios que presta, se ve obligada a dejar de prestar ese servicio el próximo día 12 de mayo, como ha anunciado su presidente.
En sus manos está, y yo se lo pido en estos instantes, el que se adopte la medida correspondiente, que será la prueba, una vez más, de lo que yo quiero creer en ustedes: que tienen buena voluntad para resolver unos problemas que hay que atajar en profundidad, y no con esquemas de superficialidad o con declaraciones políticas que no han sido avaladas durante el pasado año en este Congreso de los Diputados, cuyas iniciativas hoy se han pedido por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al que una vez más le damos la bienvenida a nuestras posiciones políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Segura.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LAS MEDIDAS A IMPULSAR PARA GARANTIZAR UNA POLITICA EDUCATIVA PUBLICA (Número de expediente 172/000043)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la siguiente interpelación, en este caso del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre las medidas a impulsar para garantizar una política educativa pública.
Para la presentación de la interpelación, tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes noches, señor Presidente, doña Esperanza, señorías.
Es increíble pero cierto. Esta Diputada en nombre de su grupo sube al menos una vez al mes a este púlpito para predicar, parece que en el desierto de esta Cámara, sobre la necesidad de una enseñanza educativa, financiada, de calidad y pública; una vez al mes. Las negociaciones, doña Esperanza, con su departamento no son el ideario de una titular como usted. Lo sé, lo ha demostrado. Y la comunidad educativa ya ha acuñado un eslogan, lo hemos visto en todos los medios de comunicación. El eslogan es: ¡Basta, ya! A la legislatura del Gobierno Aznar, uno de los perfiles que lo define es haber sido el gabinete que abordó el mayor recorte presupuestario para la enseñanza pública y el mayor incremento a la privada, desde los albores de la transición hasta la contemporaneidad de nuestros días.
Desde una posición caracterizada, al menos intentándolo, por la defensa de los intereses de la mayoría, la evaluación que objetivamente nos merece la gestión de doña Esperanza Aguirre en este aniversario es lamentablemente, como diríamos en argot educativo, MD.
El muestrario de su administración, doña Esperanza, tiene los siguientes titulares según esta Diputada. Son diez puntos que yo le indico para que los tome en consideración, si así lo tiene a bien: primero, un trastoque del ratio contemplado en la Logse, aumentándolo; segundo, una reducción de los gastos de funcionamiento de los centros; tercero, una congelación de las becas; cuarto, la supresión del doble de idiomas y de asignaturas experimentales; quinto, el recorte drástico de las inversiones e incumplimiento de la memoria económica de la Logse; sexto, y usted lo sabe, la no aplicación de los acuerdos alcanzados con los sindicatos sobre plantillas y profesorado; séptimo, modificación a la baja de los requisitos mínimos de los centros;

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octavo, la ruptura de un modelo de coordinación de los centros públicos mediante la nueva norma de admisión; noveno, usted va a condenar a las comunidades autónomas más deficitarias, que van a recibir las transferencias, a una situación de absoluta precariedad a partir del próximo 1 de enero; y décimo, y en último lugar, por trabajar sólo con un muestrario, y en primera instancia, utilizar los decretazos, doña Esperanza, como en los viejos tiempos, para modificar las sustancias que el PP considera nocivas de la Logse por excesivamente progresistas.
Señorías, ésta no es la cara oculta sino el verdadero rostro de la administración Aguirre. Qué hacer, se preguntaba insistentemente un clásico. Para quien os habla era un clásico y, posiblemente, un añejo para muchos de los que me escuchan. Su obra más importante la tituló de aquella manera.
Al final de esta década, cuando un país como el nuestro tiene macrotemas como el de la educación, que afecta a casi ocho millones de personas, una ceremonia de la confusión de tamaña envergadura sólo tiene una respuesta al qué hacer y es salir de la encrucijada. Para empezar, los agentes sociales y demás compañeros de viaje han decidido convocar una marcha sobre Madrid para el 17 de mayo, y esto no es una amenaza velada; sólo para empezar. Esta marcha será una movilización sin fisuras, como una piña. En ella la respuesta va a ser unánime: o se negocia y se legisla para todos y para todas o se encenderá el piloto rojo.
Siento profundamente verbalizarlo, pero constatamos que el liberalismo económico que inspira a doña Esperanza y a su administración está amenazando gravemente a la escuela pública. Se quiere seleccionar a los alumnos y eso, querida doña Esperanza, querida Ministra, es el principio del fin, no sólo de la Logse sino de las conquistas que la ciudadanía ha arrancado con incalculable esfuerzo a los poderes públicos.
Aprovechando que el Pisuerga pasa hoy por este hemiciclo, he de hacer un llamamiento a los padres, a las madres, al profesorado, a los estudiantes, a las organizaciones sindicales, al movimiento de renovación pedagógica, a las ONG y, en definitiva, a todos los sensibilizados para que se movilicen en defensa de la enseñanza pública. Es el idioma que parece que entiende no sólo la administración Aguirre, sino también al Gobierno del PP.
Al ministerio, doña Esperanza, le interpelo con carácter de urgencia a fin de conocer las medidas que va a impulsar para garantizar una política educativa pública.
Voy terminando, doña Esperanza. Aunque sé que usted hace gala de ser una fervorosa ideóloga de su propia ideología, que yo no voy a calificar, también sé de su mesura y de su temple para resolver conflictos.
Desconozco si su ministerio es rehén sin concesiones de acuerdos como los de Maastricht, y si sus principios y su concepción partidista tienen para usted rango y categoría superior a las necesidades del conjunto de la comunidad educativa. Antes esto, doña Esperanza, no hay más gesto creíble que dar testimonio ya que, parafraseando a alguien amado por usted como es Jesucristo, por sus obras los conoceréis. Usted, doña Esperanza, tiene la última palabra y la comunidad educativa la siguiente respuesta.
Nada más y gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Aramburu.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la señora Aramburu dice que cada mes tiene que subir a esta tribuna a interpelarme y que tiene la sensación de que predica en el desierto. Yo tengo que decir a la señora Aramburu que cada vez que ella me interpela, que no es una vez al mes, pero si una vez al trimestre, también yo subo a esta tribuna, explico mis razones, pero tengo la sensación de que no convenzo a la señora Aramburu, porque tengo que volver a decirle lo mismo que le he dicho ya en anteriores ocasiones. Ni ha habido recorte presupuestario ni ha habido ausencia de negociaciones, sino todo lo contrario. Ha subido el gasto por alumno este año en la enseñanza pública y en el Ministerio hemos implantado un diálogo social en todos los aspectos, pero, en fin, señorías, creo que no debo renunciar a la oportunidad que me brinda doña María Jesús --justamente cuando se cumple el primer año de Gobierno del Partido Popular y un año y un día de mi toma de posesión como Ministra de Educación y Cultura-- para hacer un balance en lo que se refiere a la política educativa no universitaria.
Creo que es ocasión de recordar el camino transcurrido. La señora Aramburu se ha referido a la manifestación convocada para el día 17.
Tengo que decirle que cuando llegué, el 18 de mayo del año pasado, tuve nada menos que 70.000 padres de la España rural en la puerta del Ministerio protestando por la implantación de un mapa educativo con el que no estaban de acuerdo.
Señoría, me voy a referir a algunas cuestiones planteadas en su discurso.
Dice la señora Aramburu que le preocupa la enseñanza pública. Yo estoy convencida de que es cierto. A mí también me preocupa la enseñanza pública, me preocupa toda la enseñanza obligatoria y gratuita y especialmente la pública. Que la enseñanza gratuita sostenida con fondos públicos sea pública directamente o concertada es una opción que nosotros entendemos que el pacto de la Constitución --artículo 27-- y el desarrollo del artículo 20 de la LODE hacen posible que sean los padres los que la decidan;

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por tanto, no es un decretazo, como dice S. S., sino todo lo contrario, es la puesta en práctica del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, reconocido no sólo en la Constitución sino también en la LODE.
Le preocupa a S. S. la calidad de la enseñanza pública. A mí también, tanto o más que a su señoría, pero yo quiero saber en qué y cómo mide S.
S. la calidad de la enseñanza pública. Yo sé muy bien a qué llamo calidad de la enseñanza --y lo he dicho en esta tribuna muchísimas veces--, no sólo a los medios materiales, que sin duda son muy importantes, sino también y sobre todo a lo que los niños aprenden o deben aprender, a que salgan de la escuela con una buena preparación, y llamo calidad a dejar de ver a España en la cola de los estudios internacionales que miden la calidad de los conocimientos de los niños. Con toda claridad, señoría, me parece impresentable que el último estudio que se ha realizado, el más amplio de los que se han efectuado hasta la fecha, que corresponde a un trabajo de campo del año 1995, coloque a España en un lugar verdaderamente vergonzoso desde mi punto de vista, con un nivel en matemáticas, en una asignatura esencial, inferior al de otros países. A S. S. le sorprendería. De un total de 42 países, tenemos muy por encima a la inmensa mayoría. Por ejemplo, Tailandia, Bulgaria o Singapur están por encima de España. Es triste, señoría, pero es así. Yo con mucho gusto le facilito el estudio, que lo ha publicado la revista The Economist y también el INCE recientemente. Aquí está el cuadro y S. S. puede ver dónde está España en la evaluación de matemáticas de 7.º y 8.º realizada en el trabajo de campo de 1995. Tenemos por delante a Singapur, Corea, Eslovaquia, Hungría, Australia, Canadá, Bélgica, etcétera. Solamente están detrás de nosotros Chipre, Portugal, Irán y Kuwait. Por tanto, yo creo que tendríamos que preocuparnos de la calidad de la enseñanza.
A mí me parece que S. S. está muy preocupada porque dice que la marcha del 17 va a ser el principio, que no quiere que sea una amenaza velada, pero que va a haber muchas movilizaciones. La última que ha habido, que ha sido una huelga en la enseñanza pública, apoyada por el grupo de S. S.
y por el Partido Socialista, ha tenido el apoyo de un 10 por ciento del profesorado; el 90 por ciento del mismo no ha ido a la huelga que convocaron el pasado día 24.
Su señoría dice colocarse en el extremo opuesto de mi ideología, probablemente lo esté, yo desde luego respeto la ideología de S. S. y me gustaría que también S. S. respetase la mía, pero a mí los principios que me preocupan en relación con la enseñanza pública son los de mayor calidad y mayor libertad. Estoy convencida de que si S. S. se coloca en el contexto constitucional y de las leyes vigentes, tiene que estar de acuerdo con ello. Otra cosa es que tengamos una diferencia de enfoque y en esa diferencia de enfoque es en lo que se centra este primer año del Partido Popular.
Este primer año que ahora mismo se cumple ha comenzado con el diálogo, el diálogo en las zonas rurales, que ha fructificado en menos de tres meses en un nuevo mapa escolar que respeta la calidad de vida de las zonas rurales y no lo enfrenta a la calidad de la enseñanza, en general, en todas ellas pública. Ese diálogo se ha centrado en mesas abiertas en las que han participado sindicatos, alumnos, padres y, en definitiva, todos los sectores implicados en la tarea educativa.
Este primer año también ha servido para promulgar el decreto por el que se amplía la libertad de los padres a elegir el tipo de educación, el colegio o el instituto que quieren para sus hijos. Este primer año, señoría, ha hecho posible también que los padres y las madres separadas o divorciadas hayan podido ejercer el derecho a conocer individualmente las notas de sus hijos, cosa que, por increíble que parezca, hasta ahora no había sido posible.
En este año también se han mejorado los recursos destinados a la enseñanza pública. Su señoría dice que nos preocupamos sólo de la enseñanza privada. No, señoría. El gasto por alumno en la pública ha crecido este año en un 3,8 por ciento; los programas de garantía social --como he tenido ocasión de contestar en una pregunta anterior-- han subido en un 14 por ciento, y eso en un año en que el alumnado del territorio MEC ha disminuido en 80.000 alumnos, a sumar a los más de 100.000 que disminuirá el año que viene. Este año el sistema ha tenido 2.600 profesores más para 80.000 alumnos menos. Este ha sido el año en que el ratio profesor/alumno y el número medio de alumnos por aula han tenido los mejores valores en la enseñanza obligatoria y muy especialmente en la pública.
Este ha sido el primer año en que se ha aprobado un plan de inversiones completo que va a permitir el desarrollo de la red de centros públicos de primaria, de secundaria y también de enseñanzas artísticas, un plan de inversiones por el cual en el curso próximo van a entrar en funcionamiento 63 centros de nueva construcción, que van a suponer 31.000 puestos escolares. Se van a iniciar las obras para construir 56 centros nuevos, a sumar a los anteriores, y que se inaugurarán en el próximo curso. Este es el año en que se van a equipar más de 2.000 aulas de tecnología, de música, de plástica, de gimnasios, de laboratorios de idiomas, de física, química y ciencia, que van a corresponder a 270 centros diferentes.
Este año, señorías, ha sido también cuando por primera vez se han aplicado las más avanzadas técnicas de gestión de calidad justamente para la mejora de los centros públicos de enseñanza. A los programas de formación del profesorado se ha incorporado un plan específico de formación en gestión de calidad para equipos directivos y claustros de profesores e inspectores.


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También, señoría, éste ha sido el primer año en que se ha iniciado la reforma de los planes de estudio de la enseñanza secundaria. Yo he dicho en muchas ocasiones, y lo repito aquí, que ha habido un pavoroso empobrecimiento de los planes de estudio de la secundaria. Este ha sido el año en que se ha dado la voz de alarma por el abandono de las humanidades y el año en que prestigiosos académicos, eminentes catedráticos y autoridades de las más variadas ramas del saber han aunado sus esfuerzos para corregir el peligroso y gravísimo error que se podía cometer y que se estaba cometiendo en la educación de un pueblo, como es el olvido de su historia.
En definitiva, señoría, éste ha sido el año en que se ha hablado de la calidad de la enseñanza como algo más que una acumulación de ratios y de medios materiales. Este año, además de los metros por aula, del número de despachos, de pupitres, de talleres, de gimnasios y de aulas, nos hemos preguntado de verdad qué están aprendiendo nuestros hijos. Este ha sido el año en el que se ha preparado un diagnóstico de la calidad del sistema educativo para que no tengamos necesidad de que los estudios internacionales nos coloquen en un lugar auténticamente de cola de todos los países civilizados. En definitiva, señoría, y termino con esto en tres palabras, este ha sido el año del diálogo, de la libertad y de la calidad en el sistema público español.
Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señorías, sinceramente, doña Esperanza, no me apasionan los diálogos de besugo, tampoco me «sulivella» la música en lata que repite sonidos sin acompasarle la letra. Es tremendamente duro escucharla. Sus cifras, doña Esperanza, es posible que no pertenezcan al terreno de la fantasía, pero permítame que le diga que no han pasado la prueba del algodón. No son doscientos y pico, no son ciento y pico; son cuatro los centros de secundaria. Falta licitarlos, presupuesto del 95. No voy a entrar en la guerra de los números. Hemos practicado juntas ese deporte hasta la saciedad. Es la matemática de su despacho frente al tajo que trabajadores y usuarios de la enseñanza me transmiten cada día.
Yo, doña Esperanza, soy incombustible y no voy a perder la paciencia, pero acepte que le diga que si no modifica ni un ápice sus criterios y además distorsiona los derechos de la comunidad educativa, su paso por tan elemental Ministerio no sólo habrá sido inútil sino perjudicial. No bordee el artículo 14 de la Constitución sobre los derechos a la igualdad, no lo bordee, doña Esperanza, usted que es tan formalista.
Usted como yo sabemos que los indicadores que marcan el grado de desarrollo de un país vienen determinados por el grado de desarrollo de la educación, entre otros, y conoce que no alcanzan la media europea, ni antes ni ahora. Ustedes dicen que trabajan por el futuro, por el cándido futuro. Eso es como decir que trabajan para los nietos de sus bisnietos.
Yo y otra gente, doña Esperanza, luchamos por un presente mejor para los hijos de nuestra generación, en primera instancia.
Yo antes teorizaba, por la lectura de los programas del PP, que para el Gobierno Aznar la educación no era una prioridad política. Hoy constatamos que sólo es un instrumento reproductor de la ideología dominante, asistencialista y al servicio de unos pocos, pocos, como usted sabe, entrecomillados y subrayados. Y esa, doña Esperanza, le gusta a usted y me disgusta a mí, es la leyenda negra que estamos escribiendo sobre su Administración si usted no rectifica a tiempo.
Permítame, doña Esperanza, que, con la humildad que pretendo me acompañe habitualmente, le dé un consejo. Utilice como instrumento de trabajo la razón y la negociación y abandone la imposición. Desde aquí, doña Esperanza, y en nombre de muchos colectivos sociales y de varios millones de afectados, le emplazo con rigor, con mucha seriedad y con una gran humildad a que demuestre su voluntad de resolver los problemas.
Escúcheme, si le interesa tan profundamente como parece el tema.
Siéntenos, doña Esperanza, a todas las fuerzas políticas, siente a todas las fuerzas sindicales, siente a todos los colectivos sociales y rubrique un pacto de progreso por la educación pública y financiada, sin ninguna ausencia. Será entonces cuando este país empezará a creerla. Lo demás, señora Ministra, es la historia de Ulises y Penélope, lo demás son cantos de sirena, es pura literatura. Siéntenos. Este es un reto entre señoras, entre Diputadas, un auténtico reto. Demuéstrelo. Espero que apueste por la mayor, y es el encuentro, doña Esperanza. El desencuentro, que es la menor, ya está servido.
Con respecto al cuadro macroeconómico del que hace balance y que me ha enseñado usted desde la tribuna, sobre el lugar que ocupábamos en 1995 con respecto al planeta y con respecto al mundo, le recuerdo, doña Esperanza, que, desgraciadamente, gobernaba el Partido Socialista y no Izquierda Unida.
Nada y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias señora Aramburu.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor Presidente.


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Señoría, lo primero que quiero decirle es que me alegro mucho de la última parte de su intervención. Desde luego, S. S. tiene abierto, como lo tiene el Partido Socialista, este Ministerio y al Partido Popular para rubricar un pacto por la educación en el que nosotros, por supuesto, estamos por la mejora en la calidad y por el acrecentamiento de la libertad. Desde este grupo S. S. tiene la garantía de que nuestro deseo es llegar a un pacto que salvaguarde la educación de la pendencia política. Es lo que nos gustaría y, por nuestra parte, a ello estamos abiertos.
Entretanto, señoría, lo que tengo que pedirle es que no se digan cosas que no son ciertas. Su señoría me dice que sólo vamos a abrir cuatro centros. Resulta que se han adjudicado ya y se van a abrir este año los de Huesca, Castro Urdiales, Formentera, Burgos, Escalona, Fuenlabrada, Villaverde, Aranjuez, Arias Montallo, Calatayud, Almansa, el conservatorio de música de Salamanca, el del barrio Actur, de Zaragoza, Collado Villalba, Cabezarrubias, Rivas, Torres de la Alameda, Humanes, Carbonero el Mayor y Navas del Marqués. Todos esos ya están licitados. Su señoría dice que son cuatro porque ha oído decir al Partido Socialista que se han licitado cuatro en este año, pero es que algunos se licitaron a finales del año pasado, por eso están ya en fase muy avanzada de construcción y se van a inaugurar el año que viene. Son 63 centros nuevos para el año que viene y otros 56 para el próximo curso.
Tengo que decir a S. S. que para el Partido Popular la educación es la segunda de sus prioridades políticas. La primera, como la de la amplia mayoría de esta Cámara, es el cumplimiento por parte de España de los objetivos de la integración europea, pero la segunda --estaba en nuestro programa electoral y en el discurso de investidura del Presidente-- la cultura y la educación. Hemos comenzado demostrándolo, señoría; estamos absolutamente decididos a mejorar la calidad de la enseñanza, pero tengo que decir a S. S. que hay que leerse los estudios internacionales.
Gobernaba el Partido Socialista, tiene razón su señoría, pero lo que hay que ver en los países que están muy por delante de nosotros, tanto en matemáticas como en ciencias, que es el último estudio que se ha publicado, es que no tienen más gasto por alumno que en España; muchos de ellos son los países del Este y los del Sudeste asiático. No tienen un ratio de alumnos por aula inferior al que nosotros tenemos; no, señoría.
Los medios en la enseñanza son muy importantes, pero no son lo más importante. Nosotros estamos decididos a mejorar la calidad de lo que los alumnos aprenden y puede tener la garantía S. S. de que en ese objetivo nos vamos a encontrar. Una mejora y un acrecentamiento de la calidad es lo que el Partido Popular pretende y para lo que invita al pacto a todas las fuerzas políticas de esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista quiere expresar su posición sobre esta interpelación, máxime cuando ha habido algunas alusiones.
Si el Gobierno cumple su compromiso de transferir la educación a las comunidades autónomas dejará de ser responsable de la gestión. Pues bien, a pesar de eso, de llevar sólo un año y de carecer de mayoría parlamentaria para aplicar su programa educativo, el Grupo Popular no ha decidido hacer un pacto por la educación, por más que lo ofrezca. Lo hemos ofrecido nosotros. Hace pocas semanas hubo una proposición de ley para la financiación de las transferencias y de la aplicación de la Logse. El Grupo Popular votó en contra. Lo que ha decidido el Gobierno es lo contrario, lanzar una ofensiva ideológica en este campo; lo que ha decidido el Gobierno es hacer de la educación campo de expresión de sus posiciones partidistas; lo que ha decidido el Gobierno es alterar los equilibrios construidos pacientemente y con esfuerzo durante todos estos años.
La Ministra, que se está tomando tiempo para esas reformas de las humanidades --por cierto, para defender el latín yo prefiero decir «la ratio» y no «el ratio»--, la Ministra, que se está tomando tiempo para reformar la selectividad, la Ministra, que se está tomando tiempo para reformar los cuerpos universitarios, ha tenido prisa por desprestigiar y deteriorar la enseñanza pública. Ha sido firme en su propósito, exhibido en casi todas sus declaraciones desde que tomó posesión del cargo, de que la enseñanza pública no sea competitiva con la enseñanza privada.
Ha hablado mucho del primer año de su gestión. Pues bien, la escuela pública ha vivido y está viviendo el peor año desde que llegó la democracia, el peor. Es el año de menor inversión de todos los años desde los pactos de la Moncloa. Es el primer año en que se reducen las plantillas del profesorado, por más que diga lo contrario. Es el primer año en que disminuyen los gastos de funcionamiento de los centros, un 10 por ciento, y ya ha llegado a los centros lo que se les ha destinado este año. Es el primer año en el que se dice que puede aumentar el número máximo de alumnos por aula, cambiando una tendencia decreciente y perjudicando la calidad de la educación. Es el año de la supresión de las vacaciones escolares. Es el primer año en el que se reducen becas. Es el peor año.
Todos estos recortes, de inversión, de plantillas, de gastos de funcionamiento, no se pueden explicar sólo, como podría pensarse o como ha dicho la interpelante,

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en función quizá de una prioridad de los objetivos económicos sobre los objetivos educativos, no. Es verdad que este Gobierno trata la educación como un gasto recortable, cosa que no se atreve a hacer en otros gastos sociales, es verdad, pero todas las medidas --los presupuestos, el decreto de admisión de alumnos, las órdenes ministeriales, las circulares--, hasta las más mínimas instrucciones, tienen una lógica implacable y es el modelo conservador de la educación. Se trata de sentar las bases de ese modelo. Por tanto, no es solamente la cuestión de subordinación a unos objetivos presupuestarios o económicos. Es un modelo, cito textualmente, según el cual «el Estado debe replegarse de su presencia en el ámbito educativo y alejarse de los excesos cometidos».
Sabemos que la señora Aguirre aborrece todo lo público, insiste siempre en ello. Para usted, señora Ministra, la educación, más que un servicio público --y lo ha dicho en esta Cámara--, es un bien de consumo que se elige como otros; pero dejando la educación al libre juego del mercado, a la libre demanda y ajustando después, como pretende, la oferta a la demanda que haya resultado de la petición de los padres, no se puede programar el servicio público de la educación; de esa manera no hay mapa escolar que resista, de esa manera es imposible garantizar el derecho a la educación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) La óptica unilateral que aplica la señora Ministra, discriminando además paralelamente a la educación pública presupuestariamente, encierra intereses menos confesables. Se trata de lograr, a través de la escuela, la segregación social, en lugar de la integración social a la que la escuela ha servido durante estos años. Los daños asestados a la escuela pública persiguen que la escuela recupere pronto --de ahí las prisas-- el papel de filtro social que tuvo en otro tiempo. El Gobierno popular pretende volver a la escuela que selecciona, clasifica y excluye. (El señor Hernando Fraile: Estamos en 1997.) Estamos en 1997, sí señor, y la señora Ministra representa en el año 1997 un neoliberalismo trasnochado, un neoliberalismo que ya ha sido derrotado en las urnas en el Reino Unido en este momento, un neoliberalismo a costa de dejar a miles de alumnos en la cuneta. El modelo que pretende aplicar aquí es el de la señora Thatcher, que ha convertido a la mayoría de las escuelas estatales británicas en lugares indeseables para la mayoría de los hijos de las clases medias. Los socialistas no queremos que en el año 1997 se contamine el sistema educativo español con ese modelo.
Decía que la primera prioridad es Maastricht y la segunda la educación.
Yo le respondo con lo que decía el actual Primer Ministro británico, Tony Blair, cuando era candidato hace pocos días. Le preguntaban cuál era su prioridad y decía: Mis prioridades son tres: educación, educación y educación. Ahora, los británicos ya han dado la vuelta a un modelo educativo. Por cierto, no nos ha dicho en qué lugar está el Reino Unido en esa encuesta o en ese estudio, pero hay otros estudios. ¿Por qué nos cita ese estudio? ¿Por qué no nos habla de estudios de la OCDE, por qué no nos habla de estudios de su propio Ministerio, en los que los alumnos que cursan Logse tienen unos rendimientos mejores que los alumnos anteriores?

El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BAYONA AZNAR: Termino en seguida, señor Presidente.
Por tanto, hay otros estudios. En esos países del Sudeste Asiático, por ejemplo, Corea, ¿qué escuelas se están midiendo? ¿El cien por cien de los niños o aquellas escuelas de excelencia que la señora Ministra querría copiar para España? El Grupo Socialista, insisto, no quiere que la enfermedad elitista del neoliberalismo británico, vencida allí ya en las urnas, contamine ahora nuestro sistema educativo. A la escuela pública, que padece, no digo la cólera de Aguirre, pero sí la gestión de la Ministra Aguirre, sólo le queda una esperanza, la esperanza de que sea verdad que transfiere la educación a las comunidades autónomas. Todo el sistema educativo lo agradecerá, especialmente la escuela pública.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creía que hoy veníamos al debate de una interpelación, pero --lo digo con todos mis respetos-- he oído dos mítines, uno por parte de Izquierda Unida y otro por parte del Grupo Socialista, que yo creo que hay reservar para la época de elecciones dentro de tres años. Hoy por hoy no se pueden hacer estas imputaciones ni se pueden decir falsedades como las que aquí se han dicho.
Señora Aramburu, doña María Jesús, yo creo que usted se traía la respuesta escrita y, claro, ante las cifras que ha dado la señora Ministra, no ha podido rectificar a tiempo. Ni la ratio ha empeorado, porque sabe perfectamente que ha mejorado --yo no sé si estuvo S. S. en la última reunión de la Comisión en la que el secretario general dio los últimos datos sobre las ratios profesor/alumno que demuestran cómo han bajado--, ni tampoco la financiación, es decir, el presupuesto responde a lo que S. S. dice, ya que, como ha explicado la señora Ministra, ha aumentado el 3,8 por niño y el 1, 4, y no es el peor presupuesto desde la época de la democracia.
Hay que recordar una y otra vez --es verdad que ni S. S. ni su partido estaban en el Gobierno-- que ya en

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1995 el Partido Socialista --y esto se lo digo al señor Bayona, aunque lo sabe perfectamente-- redujo 22.767 millones en inversiones, tal como dijo la señora Ministra en una intervención en la Comisión de Educación y Cultura. La señora Ministra también expuso en la Comisión que este año se van a efectuar inversiones por 33.000 millones de pesetas. Se ha dado la relación de centros, pero parece ser que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es decir, si al terminar 1997 estos centros no se han hecho, si realmente no se han invertido los 33.000 millones de pesetas, el Partido Popular comprenderá perfectamente que SS. SS. hagan una interpelación una vez al mes. Bueno será, doña María Jesús, pero hágalo usted al terminar 1997, porque, si no, las interpelaciones se repiten con los mismos argumentos y eso realmente no tiene razón ninguna.
Además se dicen algunas otras cosas. Vamos a ver si se lee el «Diario de Sesiones». Becas: han aumentado en 1.600 millones de pesetas en el presupuesto de 1997. Si quiere usted, lo comprobamos en el presupuesto, pero S. S. lo conoce bien y yo le ruego que lo vea. En garantía social se ha aumentado el 14 por ciento. ¿Eso significa que el Partido Popular y el Gobierno quieren ir en contra de la enseñanza pública o que no son socialmente avanzados? ¿Pero qué estamos diciendo y repitiendo aquí? Unica y exclusivamente, ante una cuestión de Estado, como dijo en la anterior interpelación el representante del Grupo Socialista, se trata de encauzar las cosas para ver si alguna vez una manifestación, por ejemplo la del 17 de mayo, tiene algo más de éxito que la anterior. No hay nada peor en política que jugar con la educación. Es un daño que se hace a todos nuestros niños y a todos los profesores.
Yo, señora doña María Jesús, no voy a contestar a las demás cosas porque contesto con cifras. Perdóneme, sabe usted la simpatía que le tengo, pero su intervención ha sido pura demagogia de mitin electoral. A mí me encantará en las próximas elecciones ir a Sevilla a un mitin de S. S.
para oír lo mismo que repite en esta interpelación trimestral.
El señor Bayona, quien aunque la interpelación no era suya se ha adherido a ella por completo, ha insistido sobre el ejemplo inglés. Pues le voy a decir una cosa. Tony Blair, el actual Primer Ministro, resulta que no lleva a sus tres hijos al colegio que le corresponde por zonificación.
(Rumores.) Esto tiene importancia porque está en relación con el decreto.
(El señor Bayona Aznar: ¿Por qué?) Señor Bayona, yo le he dejado a usted intervenir...


El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, no establezca diálogo con el señor Bayona.
Señor Bayona, guarde silencio.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pero resulta que los lleva a tres kilómetros, a una de las 200 escuelas --ya sabe usted que en el Reino Unido dependen de los municipios-- que la política del Gobierno actual ha hecho que dependieran directamente del Ministerio. Ahí es donde los lleva. ¿Por qué? Porque elige, como están eligiendo todos los padres en Europa y porque --ya se lo hemos dicho en anteriores ocasiones-- todos los gobiernos, sean socialdemócratas, sean liberales, sean centristas, en estos momentos, incluido Suecia... (El señor Bayona Aznar: Todas las escuelas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señor Bayona.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Bayona, junto a la educación está la cultura y junto a la cultura, escuchar a los demás. (Aplausos.) Señor Bayona, en cuanto al decreto de ampliación de elección de centro, se lo repetimos una y otra vez: yo creo que estamos cumpliendo, en primer lugar, el artículo 27 de la Constitución. En segundo lugar, le dijimos clarísimamente a nuestro electorado, y nos votó mayoritariamente, que tendríamos que reforzar la libre elección de centro, siempre dentro de los cauces correspondientes.
Por otro lado, vuelve a insistir S. S. en becas, en gastos recortables, etcétera. Señoría, no le podría decir eso a doña María Jesús porque realmente no han gobernado, pero ustedes gobiernan en Andalucía. ¿Tiene usted los datos de la disminución del presupuesto de educación en inversiones y en programas sociales que ha hecho Andalucía? ¿Sabe usted perfectamente que el consejero de Andalucía, señor Pezzi, está obligando a los ayuntamientos a que firmen convenios? ¿Conoce usted realmente esa baja en la educación? ¿Pero qué ejemplo da usted en la única comunidad en donde ustedes tienen la responsabilidad educativa? Termino, señor Presidente,...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Guerra. Quiero observar que S. S.
está, como probablemente es consciente, contradiciendo de tal manera algunas argumentaciones, que, de continuar en esa línea, va a reabrir el debate. Se lo señalo a todos los efectos.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Le ruego me disculpe, pero es que se oyen unas cosas.
En cuanto a que volvemos a la discriminación social a través de la escuela, señor Bayona, usted sabe perfectamente que no. ¿En qué dato se puede usted basar? Usted sabe perfectamente que no hay filtro social, que las condiciones que se han puesto en el decreto están más que justificadas: familia numerosa, en donde vivan los padres o en donde trabajen los padres. Eso no es discriminación social, eso es avance social, que es lo que no quieren reconocer.


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Y termino, señor Bayona. Las inversiones este año son superiores a las habidas en el último ejercicio en el que estuvieron ustedes al frente del Ministerio. No hay ninguna discriminación social, y para el Partido Popular es prioritaria la educación en los centros públicos o en los centros de iniciativa social, conforme al artículo 27 de la Constitución.
En esa línea nos encontrará, pero en la línea en la que usted ha estado esta tarde, es muy difícil un pacto con personas y con planteamientos como los que usted ha hecho. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos.--El señor Bayona Aznar pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerra.
El señor Bayona tiene la palabra.


El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, como comprenderá, la intervención del portavoz del Grupo Popular para fijar la posición de su grupo en esta interpelación ha sido más bien una interpelación al Grupo Socialista. Yo creo que el Grupo Popular está confundiendo hasta tal punto su papel que continúa haciendo oposición incluso en la fijación de posición de interpelaciones.
Si me permite el señor Presidente...


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Bayona, tiene la palabra para un breve turno de réplica de tres minutos.


El señor BAYONA AZNAR: Muy breve, señor Presidente.
La intervención del señor Guerra es la mejor prueba de que el Grupo Popular ha hecho de la educación campo de confrontación ideológica y política partidista. Creo que es la mejor prueba de que no les interesa la calidad y la excelencia más que para una minoría. (Rumores.) El resultado de la aplicación de este sistema en el Reino Unido es que hay una minoría que tiene una excelente calidad educativa, hay una minoría un poco mayor que tiene una aceptable calidad educativa, y una mayoría que no alcanza los resultados para una igualdad de oportunidades.
Nosotros, los socialistas, queremos que haya calidad para todos. En ese esfuerzo hemos estado para que la escuela sea un factor de integración social y de cohesión y no un campo de batalla ideológica, de discriminación, de elitismo y de reproducción de élites. Gracias.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.
La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor Presidente.
Yo quería responder a dos cuestiones respecto a lo que ha manifestado el señor Bayona. En primer lugar, veo al señor Bayona muy preocupado por lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Yo tengo que decirle que precisamente el actual Primer Ministro, Tony Blair, ha aceptado explícitamente todos los avances en la libertad de elección que le había legado el Gobierno conservador. Ha dicho explícitamente que acepta todos los avances en la libertad de elegir. A mí me gustaría oír lo mismo del grupo del señor Bayona, que, después de aprobar el artículo 20 de la LODE, ha hecho un desarrollo reglamentario que subordina la programación a la libertad de elección, libertad de elección en la que yo, honradamente, pienso que podemos encontrarnos. Y a mí me gustaría que ese pacto que ofrece el señor Bayona y que yo he ofrecido antes fuera real.
Recuerdo unas declaraciones del Presidente del Gobierno diciendo que no quería un pacto en educación. Yo digo lo contrario, y he oído al señor Romero en esta Cámara que sí quería un pacto en educación. Me gustaría que, finalmente, el Partido Socialista lo aceptara.
Ayer, señor Presidente, se ha aprobado en el Senado, por unanimidad, una moción del Grupo Socialista, con una enmienda transaccional del Grupo Popular, en relación a las transferencias educativas. Un texto exactamente igual fue rechazado hace 10 días aquí, en el Congreso. Yo lamento muchísimo que el Grupo Socialista no acabe de ponerse de acuerdo sobre lo que quiere hacer en materia de pacto educativo. Comprendo que les es muy rentable agitar la bandera de que vamos a recortar las pensiones, pero como resulta que hacemos un pacto de pensiones lo aparcan y ahora les queda la sanidad y la educación. No, señoría.
Ha dicho S. S. que es el peor año en la educación pública. Yo le demuestro a S. S. con cifras que, desde el punto de vista de los medios --le repito por enésima vez que yo no mido la calidad de la enseñanza por los medios--, es el mejor año en la enseñanza pública; el mejor año, señoría, aquel en el que el gasto por alumno en la enseñanza pública es superior al que ha habido nunca: un 3,8 por ciento superior al año pasado; en el que ha habido 2.600 profesores más, pese a haber 80.000 alumnos menos; en el que ha habido un plan de inversiones de 33.000 millones de pesetas; en el que los alumnos por aula en la primaria han descendido a una media de 15,4, en secundaria a 28 y en bachillerato, que la ley permite hasta 35, a 27. Señoría, se puede decir que es el mejor año para la enseñanza pública desde el punto de vista de los medios.
Repito que no mido la calidad por los medios, la mido por los resultados.
Si S. S. está de acuerdo en que hagamos un examen y un diagnóstico del sistema educativo midiendo la calidad no sólo por los medios, que son importantes, sino también por los resultados, ahí, desde luego, S. S. nos va a encontrar y haremos el pacto que usted ha solicitado.


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Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. (El señor Bayona Aznar pide la palabra.) Señor Bayona, la Presidencia entiende que la cuestión está suficientemente debatida.


El señor BAYONA AZNAR: Pero, señor Presidente,...


El señor PRESIDENTE: ¡Señor Bayona, no tiene la palabra! No la tiene porque, como sabe muy bien S. S., el Gobierno no sólo tiene derecho a intervenir siempre en todo debate, sino a cerrarlo. Sería interminable la cantidad de contraargumentaciones que, sin duda, el talento de cada una de SS. SS. dictaría a cualquier intervención del Gobierno. Las disquisiciones tan interesantes sobre la política británica, etcétera, no creo que deban continuar. La Presidencia mantiene, por tanto, que la cuestión está suficientemente debatida y da por finalizado el debate de la interpelación. (Rumores.)

-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION A LA REGULACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente 172/000045)

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Socialista sobre la política del Gobierno en relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Rubiales.


La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, señorías, señora Ministra de Justicia, subo a esta tribuna con la moral por los suelos después de haber oído la respuesta que S. S. ha dado, una vez más, a las preguntas orales formuladas por mi grupo en temas de competencia de su departamento y, en especial, con la no respuesta que ha dado a la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega. A ver si yo tengo más suerte y consigo enterarme, después de esta intervención, de cuál es la política del Ministerio de Justicia y del Gobierno del que usted forma parte sobre el tema objeto de la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia de Barcelona, el 28 de abril del año 1997, a dos médicos de esa ciudad, los señores Robles y Bosma, por haber realizado un aborto en su clínica en el año 1990, que había sido declarado ilegal por la Sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona, y condenados por un delito de aborto a dos años de prisión y a seis años y un día de inhabilitación cada uno en sentencia de 24 de noviembre de 1994, condena esta última que fue rebajada a un año de inhabilitación, manteniéndose los dos de privación de libertad que tendrán que cumplir a no ser que en esta ocasión el Gobierno conceda el indulto que de nuevo les ha sido solicitado.
Señorías, al preparar esta interpelación he repasado los «Diarios de Sesiones» de esta Cámara, en los que se ha discutido el tema del aborto y no se pueden imaginar lo ilustrativos que resultan al respecto. No se pueden imaginar señorías cuánto se aprende. Lo primero que se aprende es que la derecha siempre que ha habido una iniciativa, sea de quien sea y tenga el contenido que tenga, que haga referencia a la interrupción voluntaria del embarazo, siempre ha dicho que no a la misma.
Señorías, el primer debate que sobre este tema se realiza en esta Cámara es el 25 de mayo de 1983. En él se discute un proyecto de ley del Gobierno socialista de reforma del artículo 417 bis del Código Penal en el que se despenaliza el aborto en los tres famosos y ya conocidos supuestos: indicación médica, eugenésica y ética. A este proyecto de ley presentado por el Gobierno socialista cuando sólo llevaba cinco meses gobernando, siete de ellos desde las elecciones famosas de octubre del año 1982, se le presentó una enmienda a la totalidad de devolución defendida en el Pleno de esta Cámara por el señor Fraga Iribarne. ¿Les suena a algo este nombre? En él el señor Fraga dijo muchas, muchísimas cosas, imagínenselo. (El señor Padilla Carballada: Charlas.) Entre otras, terminó diciendo: Nuestro no rotundo y terminante al aborto. («Diario de Sesiones» número 40, de 25 de mayo de 1983, página 1.843.) Ese día hubo más enmiendas de devolución y muchos más grupos en contra --CDS, minorías, centristas; me remito al «Diario de Sesiones» para no cansarles, señorías--. Por mi grupo intervino el señor Sáenz Cosculluela, que, como ustedes saben, señorías, sigue siendo hoy Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, que ya tuvo que decirle en aquella ocasión a la derecha de entonces lo mismo que tenemos que repetirle hoy: lo que no puede aceptar el Grupo Parlamentario Socialista es que se nos plantee una identificación entre moral y derecho.
En fin, señorías, el proyecto se aprobó, pero fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el grupo de Alianza Popular y como entonces, como SS. SS. recuerdan, el recurso previo de inconstitucionalidad paralizaba la entrada en vigor de las leyes, tuvimos que esperar dos años a que el Tribunal Constitucional se pronunciara, lo cual hace en la famosa sentencia del año 1985, que nos permitió aprobar definitivamente la reforma del Código Penal que hoy conocemos ya como la Ley del aborto.
Era la primera vez en la historia de España, señorías, que se despenalizaba el aborto en algunos supuestos en este país, en España, y se hace porque había un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista que fue capaz de aguantar las declaraciones,

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las manifestaciones y los recursos sin ceder ni romper a la sociedad española.
Estoy segura, señora Mariscal de Gante, absolutamente segura, de que si usted hubiera sido Ministra de Justicia en el año 1983 y el señor Aznar Presidente del Gobierno no se hubiera hecho ni siquiera esta ley que por algunos fue calificada de timorata. No sé si el señor Aznar había aprobado ya las oposiciones de inspector fiscal o estaba todavía preparándolas. (Un señor Diputado: ¡Anda ya!-- Otro señor Diputado: ¿Y usted cuál había aprobado?--Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


La señora RUBIALES TORREJON: Les estaba diciendo que la ley entró en vigor y, a los más de diez años de aplicación, se detectaron algunas insuficiencias que dieron lugar a varias cosas. En primer lugar, a la concesión de indultos por parte del Gobierno socialista cuando los jueces condenaban a alguna mujer por haber abortado, o a los médicos o al personal sanitario por haberlas ayudado y, en segundo lugar, a que nos planteáramos la reforma de la Ley del año 1985, reforma que llevamos a cabo en el año 1995, a los diez años de su entrada en vigor, cuando acababa de aprobarse un nuevo Código Penal que no modificó la ley en vigor porque esta Cámara decidió que era mejor llevar el tema a una regulación especial, a una ley específica en la que se pudieran abordar no sólo los aspectos punitivos, sino también los aspectos sanitarios, médicos, sociales o económicos.
El Gobierno socialista vuelve a presentar un proyecto de ley orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue debatido en esta Cámara en noviembre de 1995 y volvió a tener otra enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En esta ocasión la defendió la señora Fernández González, aquí presente --supongo que será la que fijará la posición del Grupo Parlamentario Popular--, quien en esa ocasión dio cinco razones para oponerse a la iniciativa socialista presentada. Entre otras dijo: No hay en estos momentos ninguna mujer española en la cárcel por haber realizado un aborto. Hoy, señora Ministra, señorías, hay dos médicos...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rubiales. Puede ir concluyendo, ya que le quedan tres o cuatro minutos.


La señora RUBIALES TORREJON: Muchas gracias, señor Presidente. Termino enseguida.
Hoy, señora Ministra, hay dos médicos que pueden ir a la cárcel por haber realizado un aborto a una mujer que, embarazada de ocho semanas, con un DIU, no deseaba tener otro hijo debido a las conflictivas relaciones que mantenía con su marido, del que estaba divorciada y al que había denunciado por malos tratos, presentando además un proceso de aborto espontáneo cuando llegó a la clínica. La denuncia del aborto fue realizada por el marido, el de los malos tratos. Supongo que para el grupo del Partido Popular y para el Gobierno será igual de importante que haya mujeres u hombres en la cárcel por estas razones. (Rumores.) Decía que el Grupo Parlamentario Popular se opuso a esta iniciativa del Partido Socialista y lo volvieron a hacer el 18 de junio del año pasado, de 1996, cuando fue sometida a consideración la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para regular la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Que los socialistas podíamos haber reformado la ley antes y haberlo hecho mejor? Seguramente era posible, pero quiero que quede claro en esta Cámara hoy, porque es de justicia que así sea, que hemos hecho mucho y queremos hacer más, por una sencilla razón: porque la sociedad española así lo demanda; porque estamos obligados, todos, a buscar un sistema eficaz de protección de los derechos e intereses en juego que no agrave, incluso con la cárcel, la situación de quien, ante una dramática situación personal, decide interrumpir su embarazo o ayuda a llevar a cabo esa interrupción; porque, además, nos obliga el compromiso suscrito por España en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín en 1995 y la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 1990. Hoy como ayer, y como tantas veces, les decimos lo mismo: pretendemos que no haya ninguna situación que lleve a las mujeres a la cárcel, ni a las mujeres ni al personal que interviene en una interrupción voluntaria del embarazo.
Señorías, termino diciéndoles que más del 90 por ciento de las denuncias por aborto son de novios despechados o de maridos separados, que utilizan un problema tan grave y tan serio como éste para la resolución de su conflicto de pareja y que producen miedo e inseguridad jurídica en las mujeres. Hoy hay en España más de 30 diligencias judiciales abiertas a mujeres por prácticas abortivas. Señorías, resulta absurdo volver a repetir eso de que las mujeres no quieren abortar, de que cuando una mujer decide abortar es porque existen razones muy serias y meditadas que la obligan a hacerlo. Es sabido por todos que las disposiciones penales no sirven por sí solas para resolver los conflictos que presenta la realidad social y todos sabemos que, cuando el aborto se prohíbe, se sigue realizando, aunque sea de manera clandestina.
Señora Ministra, ya para terminar, quiero decirle lo siguiente. Acaban de celebrar el primer año triunfal del Gobierno del señor Aznar. Esta efemérides ha coincidido con el anuncio del ingreso en prisión de dos personas condenadas por realizar un aborto en las condiciones descritas en la propia sentencia condenatoria, que tengo aquí.
A lo peor, señorías, al Gobierno de España no le parece un tema relevante ni le preocupa lo que pueda

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ocurrir con estos médicos. A lo peor, señorías, al Gobierno de España incluso le parece bien que esto ocurra y no va a conceder el indulto precisamente para que sirva de escarmiento a todos los facultativos que se dedican legalmente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Señora Ministra, hoy queremos saber dos cosas muy concretas del Gobierno al que usted representa y del que forma parte. Primero, ¿están o no dispuestos a conceder urgentemente el indulto a los dos médicos condenados por aborto y pendientes de ingresar en prisión de un momento a otro? Segundo, ¿van a adoptar alguna iniciativa legislativa o van a apoyar las que presente la oposición para proceder a una reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo que venga a resolver los problemas que hoy plantea la sociedad de acuerdo con la Constitución, separando la moral del derecho y respetando las creencias legítimas y respetabilísimas de cada uno y la libertad de todos? Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Diputada, el texto de la interpelación suscita la necesidad de modificar la regulación penal relativa al delito de aborto.
Su señoría cita dos antecedentes inmediatos: uno es la proposición de ley presentada... ¿No me oye?

El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, ¿puede subir un poco los micrófonos? Muchas gracias.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Como decía, uno de los antecedentes es la proposición de ley presentada en junio de 1996 y, con anterioridad, el proyecto de ley publicado el 25 de junio de 1995 que, como S. S. ha recordado, no contaron con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. En base a dos sentencias cuya ejecución se va a llevar a cabo, es creciente la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista respecto a cuál es la política criminal del Gobierno en esta materia y, en concreto, cuál es la política sobre indulto en materia de delitos de aborto.
Dado que el interés es exclusivo, voy a centrar mi intervención en este aspecto, olvidando la serie de medidas que el Gobierno ha efectuado para la protección de la mujer y del menor. Para ello, voy a empezar a relacionar una serie de estadísticas en esta materia que han ido ganando fiabilidad, como S. S. debe reconocer puesto que han sido acompañadas con los proyectos y proposiciones de ley presentados por su grupo.
Respecto a los motivos de despenalización introducidos por la Ley orgánica 9/1985, de 5 de julio, uno de ellos que encauza más del 98 por ciento de los casos tratados es la despenalización por riesgo en la salud de la madre. Un aspecto interesante en lo que se refiere a los datos estadísticos es el que revela la opinión de los encuestados, encuesta que ha sido realizada por el Grupo Socialista.
¿Siguen sin oírme? (Varios Diputados: No.) Si no me oyen, intento hablar más alto. (El señor Hernando Fraile: No quieren oír.--Rumores.) En primer lugar, hay un quince por ciento más de encuestados contrarios a que la interrupción del embarazo la decida libremente la madre. En segundo lugar, se incrementa cuando las personas encuestadas son mujeres, siendo así que un 52 por ciento de éstas están en desacuerdo con dejar al libre albedrío de la mujer la decisión sobre la continuación o interrupción del embarazo. Mayoritariamente, la referida encuesta se muestra contraria a ampliar el supuesto de despenalización a las razones económicas familiares o a las dificultades sociales que el nacimiento pudiera entrañar. He utilizado expresamente estas encuestas realizadas por el anterior Gobierno socialista, por lo que difícilmente pueden tacharse de haber sido manipuladas.
Una primera conclusión sobre las notas que anteceden nos lleva a cuestionar lo que sirve de presupuesto a la interpelación, y es que exista ese sustrato sociológico que, desde la necesidad impuesta por los hechos y desde la conciencia generalizada de la sociedad, imponga o aconseje modificaciones legales en un texto, el Código Penal, cuya entrada en vigor data de apenas un año. Sin embargo, también es el momento de destruir otro equívoco que pretende introducirse al amparo de la interpelación, y es que la sensibilidad frente a casos extremos reclama necesariamente la despenalización y que cualquier otra actitud supone condenar necesariamente a la mujer que se encuentra en esa situación insostenible a sufrir una pena de privación de libertad de forma inexorable. Y esto no es así. Lo único que se produce --y S. S. lo sabe-- es que se inicia un sistema de control penal cuyo fin es una sentencia que tiene por contenido un juicio valorativo matizado en el que las circunstancias de cada caso serán determinantes a la hora de moderar o excluir la respuesta penal sobre los hechos. Sin embargo, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo y los límites de la acción penal del delito de aborto constituyen un punto de definición ideológica, unas veces desde planteamientos honestamente divergentes y otras veces desde el interés oportunista con que se quiere instrumentalizar.
En este punto el Gobierno no quiere hacer debate ideológico sino centrar su política en el respeto escrupuloso de la Constitución, en el mantenimiento y potenciación de la protección que ésta reclama de los poderes públicos. Como S. S. sabe pues la ha citado, la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11

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de abril, viene a interpretar los límites y contenidos de los derechos y bienes jurídicos en el orden constitucional, en la materia que nos ocupa, dibujando el perfil de la actividad del Estado y de los derechos individuales en juego. De este pronunciamiento se deriva que no cabe un control autónomo por parte de la mujer sobre la decisión de interrumpir o proseguir el embarazo y que la actividad de asesoramiento y asistencia no cumple suficientemente el papel que la Constitución reserva al Estado en la defensa del bien jurídico que constituye el no nacido. Igualmente se deriva de ella que salvo supuestos específicos verificables de ordinario, como podría ser el peligro para la salud de la madre, constatado por especialista, se hace imprescindible un control por parte del Estado de la voluntad de la mujer embarazada que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales.
Esta sentencia estima que sólo los supuestos específicos, como los introducidos por la Ley orgánica 9/1985, de 5 de junio, pueden ser objeto, por su propia tipicidad, de despenalización, contribuyendo a crear un ámbito criminalizado mínimo. Sin embargo, con las estadísticas en la mano, la experiencia demuestra que el único supuesto verdaderamente operativo de despenalización es el riesgo para la salud de la madre.
Crear nuevos supuestos de naturaleza indeterminada supondría, en realidad, en opinión de la Ministra que les habla, un incumplimiento de los deberes de protección que competen al Estado, pues rebajaría los márgenes de seguridad jurídica en el control de situaciones que afectan a derechos fundamentales de primer orden. Por ello, en mi opinión, resulta jurídicamente rechazable por inconstitucional introducir parámetros subjetivos, resulta también jurídicamente rechazable por insconstitucional crear supuestos de imposible o de difícil contraste.
De todo lo anterior y por hacer una apretada síntesis a S. S., debo indicar que la política del Gobierno sobre esta materia no viene dictada por apriorismos dogmáticos contrarios al sentir generalizado de la ciudadanía sino, más bien, van a su compás.
Sólo queda por decir, en respuesta a sus dos preguntas concretas, señoría, que el Gobierno aplicará a estas peticiones de indulto la misma tramitación que se da al resto de los indultos solicitados al Gobierno, y respecto a la modificación de la materia, que el Gobierno no tiene pensado ampliar los supuestos de aborto.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Rubiales.


La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.
La verdad, señora Ministra, es que nos podíamos haber ahorrado todo el tiempo si usted hubiera contestado. De la única cosa de la que realmente me he enterado es de que no van a conceder el indulto. De momento van a hacer la tramitación. A lo mejor, mientras tanto, hasta que ustedes revisen esa condena, estos dos médicos cumplen los dos años en la cárcel.
Tampoco ha dicho usted cuál sería o cuál piensa usted que debe ser la inclinación, un poquito del interés, de la sensibilidad, de lo que a usted le gustaría. De eso, absolutamente nada, probablemente porque ha preferido ocultarnos cuál sería su deseo y cuál sería su respuesta. Lo segundo que me ha dicho es que no piensan modificar absolutamente para nada la actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Me ha dado unas consideraciones jurídicas absolutamente increíbles.
Cuando yo le he contado que he estado leyendo en el «Diario de Sesiones» los debates sobre la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, como usted comprenderá no era por puro masoquismo jurídico o por pura afición parlamentaria. Era porque me interesaba saber qué ocurre realmente.
A nosotros muchas veces nos han dicho: ¿cómo es posible que el Gobierno socialista después de catorce años gobernando no haya regulado la interrupción voluntaria del embarazo? Mire usted, por primera vez en la historia de este país, regulamos la interrupción voluntaria del embarazo, con limitaciones. Algunos dijeron que eran muchas limitaciones y otros se echaron al monte diciendo que estábamos matando niños por la Gran Vía poco más o menos. Pues ni una cosa ni otra. Hicimos la ley adecuada a la sociedad española. En aquel momento ustedes pidieron la devolución de la misma, votaron en contra y presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que decían exactamente lo mismo. Lo decían con más palabras y más cosas, no así como lo ha dicho usted tan cortito, pero decían lo mismo, exactamente igual, que era inconstitucional el proyecto de ley de 1983. ¡Absolutamente lo mismo! Entonces recurrieron al Tribunal Constitucional, pusieron un recurso, se paralizó la entrada en vigor de la ley durante dos años y, al final, el Tribunal Constitucional declaró que era posible la regulación de la interrupción del embarazo en los tres supuestos y haciendo, efectivamente, todas esas consideraciones jurídicas que usted conoce y que yo un poquito, pero también, en torno a los conflictos de los dos derechos, el de la madre y el del nasciturus, y a la necesidad de ponerlos en armonía y de compatibilizarlos. Entonces ustedes ya pasaron, tuvieron que aceptar aquello y estuvieron así, hasta el año 1993, en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
Sin embargo, en el año 1993, cuando se celebran las elecciones generales, dicen ustedes que aceptan la ley. (El señor Murcia Barceló: ¡La Ley, siempre!) Nos parece estupendamente. Diez años, desde 1983 hasta en 1993, cuando en campaña electoral dicen: no vamos a proceder a ninguna modificación de la ley de interrupción

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voluntaria del embarazo, no hace falta modificarla porque afecta a la realidad social. ¡Muy bien! Nosotros nos alegramos muchísimo de que en diez años ustedes hayan recorrido ese camino y se hayan acercado a lo que era nuestra posición y la de la mayoría de la sociedad española en el año 1983. Encantados de la vida. Pero a partir del año 1993, cuando se plantea la reforma de la ley, vuelven a decir lo mismo que decían en 1983: primero, que no es necesaria, que no hay demanda de la sociedad española, y, segundo, que va a ser inconstitucional.
Otra vez hoy acaba usted de pontificar y de aseverar en esta tribuna que si hiciéramos una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo diferente a la que hasta ahora mismo está en vigor, sería anticonstitucional. ¿Por qué sabe usted que va a ser anticonstitucional? Lo será o no lo será, según como se haga, según qué se tenga en cuenta y qué no se tenga en cuenta, qué criterio se utilice y se vean, por ejemplo, las leyes de los países europeos, de esos de los que formamos parte, de nuestro entorno. Habrá que ver el compromiso contraído por el Gobierno de España, ya que el señor Arenas ha dicho que se suscribe íntegramente respecto a las conclusiones a las que se llegó en la Cuarta Conferencia Mundial de Pekín, que insta a los gobiernos a que revisen las legislaciones que contengan medidas represoras o punitivas para las mujeres en estos supuestos. Es decir, que debatamos y discutamos algo que es necesario que se debata y que se discuta en el conjunto de la sociedad española. Señorías, hoy tenemos este caso y por eso hemos hecho la interpelación.


El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, vaya concluyendo.


La señora RUBIALES TORREJON: Termino, señor Presidente.
Hemos hecho la interpelación, señorías, para dar respuesta rápida a un supuesto inmediato que se acaba de producir, que es la orden de ingreso en prisión de dos médicos, condenados por realizar el aborto a una mujer en el año 1990. Hemos querido manifestar la opinión de nuestro grupo y pedir la opinión del Gobierno y del resto de la Cámara sobre este tema, que requiere de la búsqueda de un acuerdo entre el conjunto de las fuerzas políticas de la sociedad española para que con respeto a la libertad, con respeto a las creencias y con respeto a las ideologías, como se hace en Pekín, donde suscriben esa declaración 189 países de religiones, credos, ideologías de toda naturaleza, podamos ponernos de acuerdo en el establecimiento de una norma de convivencia que permita que la libertad realmente sea posible, en el respeto fundamental a la Constitución española de la que nos sentimos muy orgullosos.
Señorías, es posible la ampliación de los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo con el ordenamiento constitucional español. Por ello seguiremos presentando en esta Cámara, una y otra vez, iniciativas que nos permitan conseguir algún día el objetivo de que este conflicto deje de producirse y que la seguridad jurídica impere en este supuesto, también en nuestro país.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor Presidente, señoría, al final no se trataba de hablar de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, sino, en definitiva, de si ya he tramitado los indultos. (Rumores.) Todavía no han sido pedidos, no han tenido entrada. (Rumores.) Como no la han tenido, evidentemente no puedo decir nada.
En primer lugar, S. S. sabe que se exigen unos requisitos. Entre otros, este Gobierno está exigiendo que exista informe favorable de los tribunales, porque no pretende suplantar a los tribunales a la hora de dictar una sentencia (Aplausos.--Rumores.), cosa que gobiernos anteriores no han exigido, señoría. (Rumores.) Sí, señoría, no lo han hecho.
En segundo lugar, señoría, usted quiere que yo respete toda su libertad para presentar interpelaciones e iniciativas. Yo se la respeto. Respéteme el que yo diga que creo que no cabe ningún supuesto más de ampliación del aborto. (Protestas.--Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Usted presenta iniciativas, se debaten, no consigue sacarlas adelante; presenta una interpelación, yo le contesto. Creo que no existe motivo para ampliar los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. (Una señora Diputada: ¡Fuera!) Esa es la opinión que tengo yo. Usted no lo comparte, me parece perfecto, señoría, pero tampoco la han sacado; la última fue en junio de 1996 y no lo consiguieron. En este momento yo sigo manteniendo que no hace falta una ampliación.
Creo que con estas dos cuestiones le he respondido a las dos preguntas.
La política de indultos va a ser exactamente igual que la que se ha seguido con todos los antecedentes que han existido hasta ahora, y en este momento el Gobierno, la Ministra de Justicia, no va a tomar ninguna iniciativa legislativa como ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) La señora Almeida tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida.


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La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, señora Ministra, la verdad que ¡qué falta de ánimo! (Risas.) Porque usted estará cansada de proposiciones, pero las va a tener. Yo espero que usted no las tenga que defender ni nos las tenga que impugnar; espero que haya algún cambio y que alguna vez, ante unos problemas reales, podamos hacer que actúe la racionalidad y que la imposición ideológica de unos sobre otros, los miedos, la hipocresía, no sigan permitiendo que las mujeres en España seamos diferentes.
La primera proposición de ley la impugnó en nombre del Grupo Popular, entonces Alianza Popular, el señor Fraga Iribarne, que se inventó aquello de España es diferente, y la verdad es que no me extraña que se siga diciendo en nombre de su grupo que las mujeres españolas somos diferentes. Somos diferentes a las europeas, somos diferentes a las demás. Vamos a ir todos corriendo al euro. La primera prioridad es Europa, como ha dicho doña Esperanza Aguirre. Sin embargo, vamos a ir a Europa con un médico holandés metido aquí en la cárcel y, miren por dónde, a lo mejor nos piden la extradición de ese médico para que cumpla la condena en Holanda --porque aquí en España es muy dura la vida-- y resulta que allí se van a preguntar: ¿pero cómo le vamos a meter en la cárcel si aquí no es delito lo que en esa España diferente es delito? (Rumores.) Me parece que cuando se habla de un único Derecho penal, cuando se habla de la unidad de jurisdicción, también tenemos que conseguir que las mujeres tengamos derecho a tomar una decisión que nos afecta, con toda la protección legal. He visto a algún parlamentario de su grupo hacer grandes aspavientos, diciendo que nos les preocupan lo mismo los médicos que las mujeres. Pues mire, yo le voy a decir que prefiero casi que nos manden a la cárcel a que nos manden al cementerio. (Rumores.) Porque si condenamos a los médicos que prestan asistencia sanitaria a las mujeres, estamos condenando a las mujeres al aborto clandestino, al perejil o a irse de viaje a Europa, que para eso están. (Risas.) No estamos por ello. Le quiero decir que en el año 1983 nuestro grupo ya estaba impugnando las leyes que se hacían. Incluso esta Diputada estaba en los jardines de enfrente siendo detenida a la puerta de este Congreso de los Diputados, por orden del entonces Presidente, señor Peces-Barba (Rumores.), precisamente por no estar de acuerdo con aquella ley. Ahora mismo seguimos diciendo que no estamos de acuerdo, no porque sea constitucional o no, porque usted ha dicho que toda ley iba a ser inconstitucional. También lo dijeron en 1983. Es verdad que el Tribunal Constitucional dijo que había que tomar medidas, pero le quiero decir que fue el propio Tribunal Constitucional, ni siquiera la proposición del Grupo Socialista, el que dijo que había que proteger no sólo la salud física de las mujeres, sino la salud psíquica. Esa salud psíquica no sólo depende de estar como las maracas de Machín, sino de tener el bienestar esencial, la capacidad de libertad, el desarrollo de tu dignidad, y la interpretación que se haga de la salud psíquica es muy importante para saber lo que es una protección o no a la decisión de la mujer.
Aunque su Gobierno esté o no dispuesto a cambiar la ley, le quería decir que sí tiene la obligación de defender las leyes que hay. Y no se están defendiendo. El Ministerio Fiscal está hoy siguiendo acusaciones hechas en nombre de la venganza y del desengaño (Rumores.), de denuncias de marido y de mujeres que incluso piden que los informes psicológicos, que son los únicos requisitos que exige la ley, los pueda realizar cualquier forense y decir a posteriori --como ha pasado tanto en la sentencia de Barcelona como en la sentencia de Oviedo, que es otra de las que ha salido ahora-- que aunque existían todos los trámites legales, de repente, después de que ha pasado la interrupción del embarazo, ya no hay peligro psíquico y que, por lo tanto, los médicos a la cárcel. A las mujeres; como son tan protectores; nos dicen que no vamos a ir a la cárcel. Sin embargo, yo le digo que como no exista amparo y no exista la capacidad de que se reconozca que el servicio que están haciendo tanto los médicos como el personal sanitario como las clínicas, es una prestación de salud para mejorar la calidad de vida de las mujeres, nos veremos obligadas otra vez al aborto clandestino. Aunque no condenen hoy a las mujeres, con ello no evitan que tengan que ir a las comisarías, a los juicios, a revelar su intimidad, a someterse a todo tipo de acritud, a todo tipo de agresiones, a verse sometidas a un análisis social que no tienen por qué soportar cuando ejercen un derecho.


El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, le ruego concluya.


La señora ALMEIDA CASTRO: Mientras eso no se solucione, iremos presentando todas las interpelaciones que podamos. Esta la ha presentado el Partido Socialista, no se preocupe que nosotros presentaremos otra.
Usted tiene que decir al Ministerio Fiscal que no se puede acusar cuando se cumplen los requisitos legales. Usted no lo podrá decir a los tribunales, pero también le digo que usted también puede dar los indultos. Los indultos son una gracia del Gobierno, no una facultad de los tribunales. Los tribunales la pueden proponer a través de la sentencia. (Rumores.) Parece mentira que siendo usted magistrada no sepa que hoy la gracia de indulto es una gracia de Gobierno, y cuando un tribunal la quiere proponer, lo hace a través de una sentencia porque considere las razones, como ya lo ha hecho, incluso en sentencias de aborto.


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Creo que estamos hablando de realidades, de problemas jurídicos y no de problemas ideológicos. Estamos hablando de insuficiencia de la ley por una razón. No estamos de acuerdo y no quiero dar la batalla que a lo mejor los de mi grupo me pedirían, pero ¿qué le voy a decir al Partido Socialista que no le haya dicho ya desde el año 1983 hasta ahora sobre lo que opinaba de la ley? ¿Qué le voy a decir, si no lo hemos arreglado entonces?

El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, concluya, por favor.


La señora ALMEIDA CASTRO: A ustedes les digo, no por una cuestión ideológica, sino por la obligación de gobernar en España, que tienen que garantizar la libertad y la prestación sanitaria, que es ejercer un derecho. No queremos ser diferentes. Queremos que nuestras leyes sean constitucionales, porque no es ésta la única ley constitucional, hubo votos particulares y hubo una reserva del propio Tribunal Constitucional diciendo que no se podían pronunciar sobre otro tipo de ley porque la que le traía el Gobierno era la de supuestos. Nosotros creemos que es compatible con el ordenamiento constitucional una ley de plazos combinada con una ley de supuestos. Esa ley de plazos que existe en toda Europa, para que en las 12, en las 14 o en las 18 primeras semanas no haya que dar más razón que la de la intimidad de las mujeres, necesitamos imponerla en nuestro ordenamiento, para que nadie se pueda aprovechar de la desgracia de una mujer para agredirla, para someterla a todo tipo de vejaciones, porque aunque a lo mejor se libra de la cárcel, no se libra de todo un juicio social, que en muchos casos le agrava su situación.
¿Que ustedes tengan ayudas para mujeres? Lo que quieran. ¿Que ustedes tengan adopciones? Las que quieran. Pero lo que queremos es que haya una ley que permita la asistencia sanitaria en las mejores condiciones, en la Seguridad Social, sin tanta objeción de conciencia y sin tanta falta de voluntad política de obligar a que se cumpla la ley, para que tengamos capacidad de incorporarnos a las mismas circunstancias de Europa.
Si ustedes no lo hacen por ideología, y contesta con esa falta de tono que no va a considerar el indulto y no va a hacer nada (Risas.), yo le digo que no querer hacer nada, no querer cambiar una ley cuando se pueden encontrar con que de ahí puede venir una desgracia, es una sinrazón. Yo espero que no tengan una sinrazón. Creo que bastante les va a costar, pero sería su obligación como Gobierno de España decir que no somos diferentes, que queremos evitar el aborto, no por la penalización sino por la información, por la educación y por la cultura. Y, desde luego, si alguien lo tiene que hacer, que haya médicos que lo hagan con más seguridad jurídica y sanitaria. Si no, estaremos en un país que no merece ir a la carrera de Europa, porque sigue siendo diferente y además ideológicamente opresor, como lo es en estos momentos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación a la interpelación que ha presentado y ha defendido hoy aquí el Grupo Parlamentario Socialista.
Como cuestión previa, querría decir que en el Grupo Parlamentario Popular preferimos, para este debate y para otros, el tono de la Ministra de Justicia y no el de las señoras Almeida y Rubiales. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.) Yo comprendo que es una cuestión de gustos y de pareceres, pero desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos defendido que este era un tema que movía mucha opinión pública, que sin duda alguna también se relacionaba íntimamente con la conciencia individual de cada uno, que sensibilizaba especialmente a la mujer y, en el que eran necesarios la mesura, el diálogo, el acercamiento de posturas para no propiciar el conflicto recurrente, sistemático, como tal vez invitando a los demás a que lo que se desea es no llegar a convenir nada ni a acordar nada. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.) En la exposición de motivos de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se hace un relato de la historia un tanto selectivo, sesgado y omitiendo aspectos que a nuestro juicio son importantes, definitivos y conformadores de este debate.
Cuando se dice que la Ley Orgánica 9/1995, de 5 de junio, incorpora el artículo 417 bis del Código Penal, y cuando a renglón seguido se argumenta que un recurso promovido por el Grupo Parlamentario Popular, a través de la firma de 50 diputados y diputadas, paraliza la tramitación de una ley porque entonces existía un recurso previo de inconstitucionalidad, se hace historia, como ustedes dicen, de la obviedad. Efectivamente, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecía el recurso previo de inconstitucionalidad, y éste paralizaba la aplicación y la entrada en vigor de la ley. Cuando se sigue diciendo en la propia exposición de motivos que la regulación es insatisfactoria, atenta contra el Estado de Derecho, contra el orden jurídico democrático y genera a quienes rodean, a la comunidad jurídica un menosprecio por el Derecho, uno se pregunta, señorías, quién fue el autor de esta legislación. El autor de esta legislación fue el Gobierno socialista, que remite a esta Cámara, a los cinco meses de tomar posesión del Gobierno en el año 1983, una

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ley que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Popular. Pero no es menos cierto que la sentencia de 11 de abril de 1985 del Tribunal Constitucional, que a partir de entonces debe considerarse como un todo interpretativo a la hora de hablar del aborto en España, estableció determinados aspectos que eran inconstitucionales. Luego, si 50 diputados y diputadas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y el fallo del alto tribunal les dio la razón en parte al recurso interpuesto, no acabo de entender ese galimatías jurídico o esa especie de reproche político, por el que se quiere decir que el Grupo Parlamentario Popular en este tema siempre dice lo mismo y siempre amenaza con inconstitucionalidad. Es que, señorías, hubo inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional lo estableció de forma nítida, clara y contundente. A partir de ahí, cada uno puede hacer los quiebros que quiera.
Dentro de ese correlato que hacía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que viene bien porque conocer los antecedentes que ha habido en el Congreso de los Diputados respecto a este tema ilustra los debates parlamentarios, me extraña que en ese estudio de boletines se le haya pasado por alto un aspecto importantísimo. El que fuera Presidente del Gobierno, señor González, en un debate sobre el estado de la Nación, cuya fecha no recuerdo con exactitud, pero sí la cita, ante una pregunta de una Diputada...


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, vaya terminando.


La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Ante una pregunta de una Diputada del Grupo Mixto, que luego fue Diputada socialista, que le pedía la ampliación de la Ley del aborto, contesto: Señoría, no me pida que me coloque al borde de la Constitución, porque hay temas que son complicados, espinosos y conviene que los dejemos ahí.
Se lo digo para su especial apéndice e historia particularizada de los hechos, de los acontecimientos, de los boletines y de los «Diarios de Sesiones».
Quiero finalizar diciendo que dentro de ese correlato de los hechos ha habido también una ausencia importante. Nosotros hemos defendido desde esta tribuna, como Grupo Parlamentario Popular, que si bien es cierta la postura que defendimos en el primer debate del proyecto de ley del aborto y la que sostuvimos ante el Tribunal Constitucional, no es menos cierto que una vez que se produce la sentencia, porque creemos que hay que acercar posiciones, que no conviene que nadie lo gane todo ni lo pierda todo, en ese encuentro y en ese acercamiento, mantuvimos un compromiso político que ustedes conocen, sin duda, señorías, consistente en no modificar la legislación atemperada a la sentencia del Tribunal Constitucional. Después de trece años de mandato socialista, se remitió por el anterior Gobierno a esta Cámara, deprisa y corriendo, creo recordar que aproximadamente en julio, un proyecto de ley que ustedes sabían que nunca iba a tener la aprobación definitiva por la disolución de las Cámaras a principios del mes de enero del año siguiente, competencia que es y era del Presidente del Gobierno. Hicieron todo tipo de enjuagues jurídicos y reglamentarios, tratando de argumentar lo que nadie entendía y lo que no se podía argumentar. (El señor Almunia Amann: Era Trillo, desde la Mesa, el que lo paraba.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señor Almunia!

La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Nosotros dijimos entonces: Creemos que en este tema hay que aportar sensibilidad, solidaridad, realismo, serenidad y rigor jurídico. Seguimos creyendo lo mismo, y puesto que es un debate recurrente, conviene que se reiteren los argumentos para que la postura de todos sea conocida. Permítame, señora Rubiales, que finalice diciendo que creo que la de algunos es coherente, más defendible y, desde luego, la sociedad española la entiende mejor que la de otros grupos parlamentarios .
Muchas gracias. (Aplausos.--La señora Rubiales Torrejón pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señora Rubiales, no veo que haya posible turno de S. S. en este momento.
¿A qué efectos, señora Rubiales?

La señora RUBIALES TORREJON: Quiero decir una cosa a la señora Ministra de Justicia, que me ha pedido que la respete. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, sabe S. S. que el debate está reglamentariamente concluido. Va a utilizar un minuto, pero no para reabrir el debate.
Tiene la palabra.


La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, le aseguro que no reabro el debate.
La Ministra de Justicia me ha mirado y me ha dicho que por favor la respete. Quiero decir a la señora Mariscal de Gante que la respeto muchísimo, como a cualquier otra persona; que lo que hago es exigirla como Ministra de Justicia. Lo que le hemos venido a pedir es que haga lo que tiene que hacer, desde nuestro punto de vista, como Ministra del Gobierno de España. Como persona tiene, señoría, todo mi respeto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.
Concluido el orden del día de hoy, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.

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