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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 74, de 15/04/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 74

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 71

celebrada el martes, 15 de abril de 1997

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se denominarían oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los Territorios Históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 52.1, de 18 de septiembre de 1996.
Corrección de error en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 52.2, de 26 de septiembre de 1996 (número de expediente 122/000039)(Página 3616)

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 54.1, de 4 de octubre de 1996 (número de expediente 122/000040)(Página 3620)

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--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación del artículo 33.2, párrafo primero del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 82.1, de 17 de febrero de 1997 (número de expediente 162/000116)(Página 3620)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para permitir la subsistencia del derecho al percibo de la pensión de viudedad, cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 124, de 10 de abril de 1997 (número de expediente 162/000116)(Página 3628)

-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de las pensiones de viudedad con la finalidad de evitar su extinción en los supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo matrimonio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 124, de 10 de abril de 1997 (número de expediente 162/000115)(Página 3628)

Avocación por el Pleno (Página 3638)

--Del Proyecto de Ley de Reforma del Mercado de Valores (Página 3638)

Proposiciones no de Ley (continuación):

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del sistema educativo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 105, de 24 de febrero de 1997 (número de expediente 162/000090)(Página 3639)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política viaria y autopistas de peaje (número de expediente 173/000033) (Página 3648)

-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación de un plan de modernización del comercio interior (número de expediente 173/000034) (Página 3654)

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política social del Gobierno en relación con la vivienda (número de expediente 173/000035) (Página 3662)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3616)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se donominarían oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los Territorios Históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya (Página 3616) Presenta la proposición del ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el señor González de Txabarri Miranda. Solicita que se denominen oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los actuales territorios históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, abordando la proposición de ley desde criterios lingüísticos, ortográficos, fonéticos o fonológicos, a los que considera que podrían sumarse criterios históricos o institucionales. Añade que se trata básicamente de que en esta Cámara se respeten estrictamente las decisiones adoptadas al respecto por las juntas generales de los territorios históricos y el Parlamento vasco que, en el ejercicio de sus competencias, han aprobado, por unanimidad en algunos casos y por amplia mayoría en otros, las propuestas que hoy trae a la consideración de la Cámara el Grupo Vasco. Argumenta que siendo España un Estado pluricultural y plurilingüe hay que dar soluciones plurales, por lo que, con la aprobación de su proposición de ley, se pondría fin a una situación absurda, que pone en evidencia la falta de sintonía institucional. Por todo ello solicita el voto favorable para la toma en consideración de su proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario

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Mixto, y los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navas Amores, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Aguiriano Forniés, del Grupo Parlamentario Socialista, y Merino Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 280 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Página 3620)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación del artículo 33.2, párrafo primero, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Página 3620)

Se agrupan las dos proposiciones de ley restantes, defendiendo la primera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia Mediavilla. Manifiesta que lo que su grupo pretende con esta proposición de ley es corregir un situación de discriminación existente en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Considera que esta injusticia se deriva de la laguna legal que se produce al aprobar el Real Decreto-ley 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Explica el contenido del artículo 33 de dicho Real Decreto-ley, relacionándolo con los artículos 50, 51, 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores, donde se regulan los denominados despidos colectivos y despidos objetivos. Expone que esta laguna legal va a dar lugar a muchos problemas cuando se ponga en práctica el acuerdo marco interconfederal de estabilidad por el empleo, a lo que hay que añadir las sentencias contradictorias de los juzgados de lo Social y de los tribunales superiores de Justicia al respecto.
Comenta a continuación la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y afirma que coinciden con la filosofía de la misma, pero la proposición de su grupo trata de corregir una laguna, una discriminación hoy existente, mientras que la otra intenta ampliar esa cobertura por norma estatal. Finalmente desea que el problema se solucione, aunque sea como proyecto de ley presentado por el Gobierno, pero estima que esto no es incompatible con la toma en consideración de esta proposición de ley.
Interviene en nombre de Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para la defensa de su proposición de ley, el señor Peralta Ortega, quien manifiesta en primer lugar su coincidencia substancial con las manifestaciones del representante del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que, en aras de la brevedad, da por reproducidas, en buena parte, las razones expuestas. A continuación expone una serie de consideraciones de cara a explicar las cuestiones específicas de su proposición y, en alguna medida, a dar respuesta a las inquietudes suscitadas por el representante del Grupo Parlamentario Socialista. Pone de manifiesto que, aunque el problema fundamental que se intenta resolver es de carácter técnico, hay que tener en cuenta su raiz política, y es que cuando se llevan a cabo reformas laborales sin acuerdo con las organizaciones sindicales, se produce la paradoja de que se está regulando un mercado laboral sin contar con aquellos que, día a día y en base a la Constitución, tienen reconocida la capacidad de regular ese mercado laboral. Considera que ha de quedar claro, como filosofía de fondo, que toda indemnización por despido que no sea pagada por el empresario, si éste es insolvente, la tiene que pagar el Fondo de Garantía Salarial, con los límites y con arreglo a su normativa específica. Contesta, a continuación, a otros extremos de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, y finaliza su intervención manifestando que las dos proposiciones de ley vienen a resolver un problema planteado hoy en día en la realidad del país y son consecuentes con el convenio de la OIT y con las disposiciones al respecto de la Unión Europea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial, se aprueba por 306 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación del artículo 33.2, párrafo

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primero, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se rechaza por 142 votos a favor, 164 en contra y una abstención.


Proposiciones no de ley (Página 3628)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para permitir la subsistencia del derecho al percibo de la pensión de viudedad cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias (Página 3628)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de las pensiones de viudedad con la finalidad de evitar su extinción en los supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo matrimonio (Página 3628)

Agrupadas las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene para la defensa de la primera el señor Núñez Pérez. Comienza contestando a unas declaraciones del Grupo Parlamentario Socialista en los medios de comunicación sobre que es un error entrar en si se casan o no los perceptores de pensiones de viudedad. Considera que este error no lo comete ni la proposición no de ley del Grupo Popular ni la del Grupo Parlamentario Catalán, sino la legislación que el Partido Socialista no supo o no quiso modificar en más de trece años de Gobierno. Manifiesta que el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley largamente esperada por un importante número de personas perceptoras de pensiones de viudedad que tienen su libertad hipotecada por la rigurosa e injusta normativa vigente que recoge el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, según la cual el matrimonio de un perceptor de la pensión de viudedad es causa automática de extinción de la misma. Se muestra, por otra parte, satisfecho con la coincidencia existente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y expone que las cifras que enmarcan la dimensión del problema son el millón 879.340 perceptores de pensiones de viudedad, de los cuales el 95,3 por ciento son viudas y el 4,7 por ciento viudos. A continuación hace referencia a las diversas legislaciones existentes en la Unión Europea que atienden a estos supuestos con variadas fórmulas.
Pasa a comentar el contexto normativo y la propia finalidad de la protección por viudedad en el tiempo en que se dictó la orden ministerial y manifiesta que la progresiva incorporación de la mujer al trabajo, así como los positivos pronunciamientos legales y judiciales relativos al principio de igualdad entre hombre y mujer hacen que actualmente se apunte como justificación de la pensión de viudedad la necesidad de compensar una minoración de los ingresos comunes de la unidad familiar de los que era partícipe el cónyuge viudo, de suerte que esa solidaridad patrimonial existente durante el matrimonio se prolongue una vez extinguido éste. Añade que para el Grupo Parlamentario Popular existe además un compromiso político recogido en su programa electoral, y pasa a fijar su posición respecto de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista.
Finaliza su intervención solicitando que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que antes del 31 de diciembre de 1997 presente un proyecto de ley de reforma de la normativa reguladora de las pensiones de viudedad, para lo que confía en el apoyo unánime de la Cámara.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Homs i Ferret. Manifiesta, en primer lugar, su satisfacción por defender una iniciativa que afecta a muchos ciudadanos y ciudadanas que se han visto imposibilitados de contraer matrimonio por el riesgo de perder su pensión de viudedad.
Añade que su grupo se comprometió ante todos los ciudadanos a que en esta legislatura se debatiría esta cuestión y se propondría al Gobierno una solución. Considera que la proposición no de ley que hoy presentan está justificada políticamente, así como desde la perspectiva social y desde la óptica económica. Manifiesta que la jurisprudencia y las interpretaciones de la norma por los tribunales han quebrado los principioos en los que se basaba el derecho a la percepción de una pensión de viudedad, no tratándose en el momento actual de mantener un nivel mínimo de subsistencia en el momento de adquirir la condición de viudedad, sino de mantener unos niveles ya alcanzados en la unidad familiar que, por solidaridad, deben mantenerse cuando el cónyuge desaparece.
Por otra parte, se muestra contrario a aceptar algunas de las enmiendas que plantean los grupos Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque, aun estando de acuerdo con el fin último de esas iniciativas, considera que no se ha acotado el tiempo necesario para no demorar la solución.


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En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, propone que dicho grupo acepte las propuestas del Grupo Catalán como transaccionales a la enmienda que ellos han presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió,) y así se pueda concluir con una única votación, con lo que se conformaría un acuerdo entre dos enmiendas planteadas a dos proposiciones no de ley.
Asimismo, invita a los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista a sumarse al consenso, para poder abrir un debate más detallado acerca de las posibles fórmulas a plantear para resolver el conflicto, una vez que el proyecto de ley haya entrado en la Cámara. Por último, manifiesta su deseo de que la propuesta tuviera el apoyo de toda la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen, en nombre del Grupo Mixto, los señores Chiquillo Barber, de Unión Valenciana, y Vázquez Vázquez, (don Guillerme), del Bloque Nacionalista Galego, y en nombre de Eusko Alkartasuna; el señor Rivero Baute, de Coalición Canaria, y la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la transacción que los grupos proponentes han aceptado en su debate ante el Pleno, se aprueban por 311 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Avocación por el Pleno (Página 3638)

Del proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (Página 3638)

El señor Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reforma del Mercado de Valores, lo que se aprueba por asentimiento.


Proposiciones no de ley. (Continuación.) (Página 3639)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre eleboración de un plan plurianual de financiación del sistema educativo En defensa de la proposición de ley sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del sistema educativo, interviene el señor Romero González, del Grupo Parlamentario Socialista. Expone que el objetivo de su proposición no de ley es instar al Gobierno a que, en el plazo de cinco meses, se presente un plan de aplicación de la Logse por comunidades autónomas para los próximos cinco años, incluyéndose en dicho plan una distribución temporal acorde con el calendario previsto para la aplicación de la misma y teniendo en cuenta aspectos del gasto que son fundamentales para los próximos cinco años, tales como las plantillas de profesores, los gastos de funcionamiento de los centros, el coste del transporte escolar, de los comedores escolares, de los conciertos educativos, de la formación del profesorado, de los programas de formación en empresas, de los programas de garantía social y de todo el área referida a inversión nueva, de reposición y equipamiento. Por otra parte, denuncia la negativa de la señora Ministra a comparecer ante el Parlamento para explicar esta crucial cuestión y su ausencia en el debate de esta tarde.
A continuación expone las cinco razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley y manifiesta que no es posible, en opinión de su grupo, trabajar con la hipótesis con la que trabajan diferentes miembros del Gobierno, que es transferir el coste efectivo del servicio de 1977 a las comunidades autónomas a partir del 1 de enero. Su Grupo entiende que este momento histórico de la aplicación de la reforma de la Logse es completamente diferente al momento en que se produjeron las transferencias a comunidades autónomas en los años 1983 ó 1984, porque entonces no había una ley en el ecuador de su desarrollo que supone un incremento de gasto ciertamente notable para el conjunto de los poderes públicos.
Considera que el programa plurianual que solicita sería una estimación diacrónica para el período 1998-2002, que garantizaría el desarrollo total de la Logse, nos acercaría a un porcentaje deseado, en torno al 5,5 por ciento, y situaría esta cuestión, al margen de las coyunturas electorales y de las mayorías y minorías gubernamentales, como una auténtica cuestión de Estado. Añade que la situación no es exclusiva de las comunidades autónomas que recibirán competencias en el futuro, sino que está plenamente compartida por las que ya gestionan actualmente el servicio educativo. Por último,

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estima que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es razonable y está llena de sentido común, sirviendo para despejar dudas a diez comunidades autónomas, de las cuales en ocho gobierna el Partido Popular. Además, es una proposición no de ley que introduciría criterios de equidad y de transparencia, evitando acuerdos bilaterales que no siempre caminan en dicha dirección.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Gil i Miró del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, interviene el señor Romero González.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del sistema educativo, se rechaza por 139 votos a favor, 166 en contra y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3648)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política viaria y autopistas de peaje (Página 3648)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del Grupo Socialista, el señor Pérez Touriño. Manifiesta que su Grupo presenta la moción porque, a pesar de que la Cámara en su sesión del 21 de diciembre de 1995 aprobó unas resoluciones en las que se decía que el Plan Director de Infraestructuras era una respuesta adecuada a los problemas planteados por la incorporación de España a la nueva dinámica territorial europea, el actual Ministro de Fomento sólo ha considerado el PDI como un útil instrumento de trabajo, transcurriendo prácticamente un año en su acción de Gobierno sin haberlo puesto en marcha. Se ha optado por ir prometiendo de forma deshilvanada un determinado tipo de actuaciones a distintas partes del territorio, lo que ha culminado con la presentación por el Ministro de Fomento de un programa de autopistas de peaje que él mismo calificaba de modesto. A continuación hace una crítica de dicho programa, oponiéndose al mismo porque se plantea el problema de las infraestructuras como una carga de trabajo para las empresas constructoras y porque considera muy grave renunciar a una política nacional en materia de transportes, trascendente para la competitividad de la economía y para la cohesión y equilibrio del territorio. Presentan la moción porque consideran que es necesario reorientar la acción del Gobierno en el sentido de que éste debe presentar con urgencia, a lo largo de 1997, un plan de carreteras que, a partir del Plan Director de Infraestructuras, defina el conjunto de las actuaciones que en materia viaria necesita nuestro país para los próximos años, tanto en lo que se refiere a las relaciones interurbanas como a las ciudades y áreas metropolitanas; y para aquellos casos de carácter excepcional y complementario, en los que se proponga la concesión de autopistas de peaje al sector privado, será absolutamente imprescindible informar a la Cámara y posibilitar el control por el Parlamento de este tipo de operaciones.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista sobre política viaria y autopistas de peaje, se rechaza por 140 votos a favor, 163 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación de un plan de modernización del comercio interior (Página 3654) Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación de un plan de modernización del comercio interior, el señor Homs i Ferret.
Expone, como ya hizo en el debate de la interpelación, que el elemento más importante para poder contribuir a dinamizar la actividad del comercio es saber orientar una adecuada política económica que permita proyectarse, en un inmediato plazo de tiempo, en un marco de estabilidad que reconduzca los desequilibrios que se han ido acumulando. Añade que la moción parte del reconocimiento de la conveniencia de un plan de reestructuración o de modernización del sector del comercio, que de nada serviría si no se pudiera

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enmarcar en una orientación global de la política económica que garantizara un crecimiento de la tasa del consumo, una reducción de la inflación o permitiera desarrollar una actividad que garantizara la creación de empleo. Considera que éstas son características de la situación económica actual, debido a la orientación que se ha dado a la política económica a partir de esta legislatura y que es continuidad de algunas otras actuaciones impulsadas en la anterior.
Expone a continuación las medidas que consideran necesarias para afrontar las transformaciones que está experimentando el sector del comercio interior: medidas fiscales, laborales, administrativas y de naturaleza financiera. Asimismo, explica el último punto de su moción, en el que se insta al Gobierno a que se comprometa ante la Cámara a que esta modernización del sector se elabore de forma coordinada con las comunidades autónomas, porque son éstas las que tienen las competencias ejecutivas en la materia.
Se refiere, por último, a las enmiendas presentadas por los grupos Popular y Socialista y anuncia la aceptación de casi la totalidad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Amarillo Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber, la señora Rahola i Martínez, y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto.
Para expresar la aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, interviene de nuevo el señor Homs i Ferret.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política social del Gobierno en relación con la vivienda (Página 3662)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, sobre política social del Gobierno con relación a la vivienda, la señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza su intervención manifestando que son perfectamente conscientes de que en este momento existe una Comisión que trata de los problemas de la juventud y de la vivienda en nuestro país, y en ningún caso tratan de adelantar conclusiones. Sin embargo, considera que no se puede olvidar que, entre tanto, la sociedad tiene problemas acuciantes concretos a los que hay que intentar dar soluciones con los ritmos que la sociedad precisa.
Sin entrar a valorar los movimientos «okupas», considera que no se puede olvidar en ningún momento que éstos responden, en general, a la imposibilidad cierta y no cuestionada hasta el momento de acceso a la vivienda para determinados colectivos y para la población más desfavorecida. Por lo tanto, cualquier actuación general se debería complementar en el momento presente con medidas de política social, de apoyo a la rehabilitación, con fórmulas legislativas sobre el derecho al uso de edificios desocupados y con una política definida de apoyo a las viviendas de alquiler, que hagan efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A continuación, hace referencia al último informe europeo, de próxima aprobación, sobre los aspectos sociales de la vivienda, y manifiesta que se deben afrontar todas las medidas posibles, incluso las de carácter excepcional, porque excepcional es el problema que tienen planteado numerosos colectivos de jóvenes y familias en proceso de desahucio o de desalojo. Expresa su desacuerdo con las estrategias de resolución para esta problemática, sobre todo con las que tienen un efecto a corto plazo, y se muestra convencida de que haciendo un esfuerzo de objetividad habrá que reconocer que se está ante un problema social específico en el marco de la vivienda, además del problema general de la vivienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortíz González, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos 1º, 2º y 4º de la moción, se rechazan por 119 votos a favor, 150 en contra, y una abstención.
Sometido a votación, a continuación, el punto 3º de la moción se rechaza por 18 votos a favor, 254 en contra, y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE DENOMINARIAN OFICIALMENTE ARABA Y ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA LOS TERRITORIOS HISTORICOS DE ALAVA, GUIPUZCOA Y VIZCAYA (Número de expediente 122/000039)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se denominarían oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los territorios históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Para su defensa en un turno a favor, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Tal como ha indicado el señor Presidente, ése es el objeto de la proposición de ley que presenta hoy el Grupo Parlamentario Vasco a SS.
SS., solicitando su aceptación a trámite para que se denominen oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los actuales territorios históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Es indudablemente, señorías, una proposición de ley que puede abordarse desde distintas perspectivas: criterios lingüísticos, ortográficos, fonéticos o fonológicos. Criterios históricos o criterios institucionales podrían, desde perspectivas complementarias, ser examinados para poder tomar en consideración esta proposición de ley y fijar la posición de cada grupo parlamentario en relación a la misma.
Entendemos desde el Grupo Parlamentario Vasco que el debate está ya realizado en los órganos competentes, que son las Juntas Generales de cada uno de los territorios históricos, y que las resoluciones adoptadas por las Juntas Generales de Guipúzcoa, de Alava y de Vizcaya se encuentran ya acrisoladas en la práctica de los últimos diez años.
Por ello, señor Presidente, la propuesta que realiza el Grupo Parlamentario Vasco se centra y se fundamenta básicamente en que esta Cámara respete estrictamente las decisiones adoptadas al respecto por las instituciones vascas, que entendemos son competentes con referencia a este tema, cual son las Juntas Generales de los territorios históricos y el Parlamento vasco que, en ejercicio de sus competencias, han aprobado, por unanimidad en algunos casos y por amplia mayoría en otros, las propuestas que hoy trae a esta Cámara el Grupo Parlamentario Vasco, que no son, en consecuencia, las que realizan el Partido Nacionalista Vasco ni el Grupo Parlamentario Vasco, son las resoluciones adoptadas en las instituciones vascas tal cual.
Así, las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron, en sesión plenaria del 15 de diciembre de 1986, que la denominación oficial del territorio histórico vizcaíno es Bizkaia, por norma foral 12/1986; en la sesión plenaria de las Juntas Generales de Alava, de 20 de noviembre de 1989, se aprobó la norma foral 61/1989 para que dicho territorio histórico se denomine oficialmente Araba y Alava, y por lo que respecta a las instituciones guipuzcoanas, sus Juntas Generales, también por norma foral de 6/1990, de 27 de marzo, aprobaron que la denominación oficial de dicho territorio fuera Gipuzkoa, respetando en ortografía y fonética su originalidad euskaldún, conforme a lo dictaminado por la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia.
Tras la adopción de estas decisiones, las instituciones vascas han actuado, en su conjunto, con coherencia. Además, estas resoluciones aprobadas por las Juntas Generales de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava están en plena consonancia, en sintonía con las denominaciones oficiales de todos y cada uno de los ayuntamientos vascos y con toda clase de topónimos oficiales en el territorio vasco, por lo que resulta llamativo, señorías, que sea únicamente la denominación oficial del territorio histórico la que se encuentre en desintonía con el conjunto de las denominaciones oficiales de los topónimos de pueblos, ciudades, villas, valles o anteiglesias vascas, máxime cuando de conformidad con lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad expresamente se encuentra atribuida a las instituciones de los territorios históricos de Euskadi dicha competencia. El actual Senador señor Gatzagaetxebarría, en una brillante intervención en esta Cámara el 23 de junio de 1992, lo argumentaba en nuestra opinión con rigor. En el «Diario de Sesiones» de dicho día encontrarán una intervención densa y detallada que evito por suponerla de conocimiento de SS. SS. y que el Grupo Parlamentario Vasco quiere asumir hoy en su literalidad. Las Juntas Generales de los territorios históricos vascos son, señorías, en nuestra opinión las únicas instituciones competentes del Estado para abordar el tema que nos ocupa, y han adoptado hace más de diez años resoluciones concretas que están vigentes; son normas forales que están vigentes, no han sido recurridas y por ello hay que instar a su cumplimiento. Sin embargo, las instituciones del Estado no han respetado y respaldado las decisiones soberanas que en el marco de sus competencias han puesto en vigor las Juntas Generales de los territorios históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. Por el contrario, además de incumplir las resoluciones de dichas Juntas Generales, las instituciones del Estado han abierto una línea de debate sosteniendo

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que Alava, Guipúzcoa y Vizcaya además de territorios históricos son provincias a algunos efectos y que, en consecuencia, a dichos efectos oficiales deben ser las Cortes Generales las que aprueben las denominaciones oficiales de dichas provincias. Señorías, se ha producido una especie de pase foral en sentido contrario, son las instituciones del Estado las que acatan pero no cumplen.
Por ello, señorías, el objetivo de la proposición de ley que hoy trae a colación el Grupo Parlamentario Vasco busca el respaldo legal de esta Cámara al objeto de poner fin a una situación que entendemos absurda, que pone en evidencia la desintonía oficial, la desintonía institucional que, si bien es simbólica, tiene una notable dimensión política no sólo por la desintonía entre las instituciones forales y las estatales, sino también por la desintonía existente en el caso vasco con otras decisiones adoptadas y otras en vías de adopción en esta Cámara. Si la Cámara aceptó en 1991 las denominaciones oficiales de Lleida y Girona, si acabamos de culminar los trámites parlamentarios para designar oficialmente las Illes Balears y la Junta de Portavoces de esta Cámara aprobó en su reunión de 8 de abril de 1997 incluir con carácter extraordinario la proposición de ley del Parlamento de Galizia sobre el cambio de denominación de las provincias de La Coruña por A Coruña y de Orense por Ourense, entenderán razonable, señorías, que sometamos a su consideración las denominaciones de estas provincias vascas exactamente con los mismos criterios que los que han sostenido las proposiciones de ley ahora enumeradas, a las que en nuestra opinión hay que añadir que la competencia de fijación de la denominación oficial de los territorios históricos vascos corresponde a cada una de las Juntas Generales de los territorios vascos.
En este marco, señor Presidente, se solicita de SS. SS. un esfuerzo de racionalidad política, de congruencia jurídico-legal en definitiva. Vivimos en un Estado pluricultural y plurilingüe que exige soluciones plurales. La pluralidad no es un concepto a reivindicar, es una vivencia que debe reflejarse también en el ordenamiento legal. La dicotomía existente en la actualidad, en lo que se refiere a las denominaciones oficiales de los territorios históricos vascos, deja bien patente que hay todavía en el Estado asignaturas pendientes por aprobar.
Por ello, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entiende que la actual coyuntura es propicia para, en el día de hoy, dar un pasito en dicho sentido, tomando en consideración la proposición de ley que presenta a la Cámara el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y, en este caso, también en nombre del Bloque Nacionalista Galego. Vamos a votar a favor, y lo vamos a hacer con toda la convicción del mundo, porque entendemos que ni tan siquiera debería ser necesario debatir este tema, y no debería serlo porque el único argumento que sería y debe ser válido, como en tantos otros, es el de respetar lo que los ciudadanos, y en este caso los ciudadanos y ciudadanas vascas, han decidido en sus territorios.
El hecho de que, ya fuere por unanimidad ya fuere por mayoría, los ciudadanos o, mejor dicho, sus representantes decidieran en su momento --y no hace poco, sino que ya hace cierto tiempo-- determinar cuál es la denominación que consideran para sus propios territorios debe ser argumento suficiente. Cada uno de nosotros actuamos en representación de unos ciudadanos y lo hacemos respetando la voluntad de todos, a veces a favor a veces en contra, y ése, independientemente de otros argumentos, ya fueren históricos, fonéticos o lingüísticos, debe ser el criterio que nos debe guiar, tanto en este tema como en cualquier otro. Creo que lo único que debemos hacer es votar a favor de los acuerdos que tomen los ciudadanos vascos en sus Juntas Generales, en sus instituciones perfectamente reconocidas, constitucionalmente reconocidas. Con ello sería suficiente. Por eso, si tenemos en cuenta los acuerdos que han existido en el territorio de Guipúzcoa en el año 1990, en el territorio de Vizcaya en el año 1986 o en el territorio de Alava, no hay nada más que decir. Desde luego, pido a todos los grupos que respeten esa voluntad mayoritaria, como lo hicieron en otras ocasiones y como también esperamos que lo hagan en ocasiones futuras con respecto a Galicia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Quiero recordarles, agradeciendo a la señora Lasagabaster que así lo haya hecho, la petición formulada por la Presidencia de que, a ser posible, SS. SS. fijen la posición de su grupo parlamentario desde el escaño.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que pone las cosas en su sitio y devuelve la normalidad, en cuanto a denominación, a los territorios históricos del País Vasco.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor López de Lerma.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la admisión a trámite de la proposición de ley presentada por el Grupo Vasco sobre la denominación oficial de los tres territorios históricos que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco para que su grafía sea la propia del euskera.
La admisión a trámite no es el final de una proposición de ley, por lo que todos los grupos de la Cámara tendremos ocasión, a lo largo de su tramitación, de manifestar todas aquellas cuestiones que consideremos puedan completar o mejorar la propuesta que hoy se nos presenta. Y digo que es necesaria su tramitación porque es el Congreso de los Diputados el que, mediante ley aprobada, puede modificar las denominaciones de las provincias y así dar oficialidad a la denominación que se considere más adecuada. La oficialidad actual se manifiesta como no satisfactoria para las Juntas Generales de los tres territorios históricos, que aprobaron en los años 1985, 1986 y 1990 sus respectivas normas forales para cambiar la denominación de sus respectivos territorios, cumpliendo una potestad recogida en la Ley básica de normalización del uso del euskera, que, entre otras muchas cuestiones, dice que corresponde a los poderes públicos de cada comunidad el determinar la nomenclatura oficial de los territorios, municipios, etcétera. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Navas.
Señorías, les ruego silencio. El hecho de fijar la posición desde el escaño, por parte de los Diputados y de las Diputadas, se ve notablemente entorpecido si SS. SS. no guardan silencio. (Pausa.) Puede continuar señor Navas.
Muchas gracias.


El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor Presidente.
Como decía, corresponde a los poderes públicos de cada comunidad el determinar la nomenclatura oficial de los territorios, municipios, etcétera, respetando en todo caso la originalidad euskaldún, romance o castellana con la grafía propia de cada lengua. El Estado español se conforma como una realidad plurinacional y plurilingüe, entendiendo las modalidades lingüísticas como un patrimonio cultural. En la comunidad autónoma vasca se vive claramente el aforismo de que la oficialidad de la lengua va por detrás de los usos populares que hacen de ella. A nadie le extraña ver el nombre de las tres provincias en su grafía vasca, ya sea tanto en documentos oficiales como en correspondencia particular, asumiendo el hecho cultural que suponen las lenguas oficiales como patrimonio de todos.
La lengua, ya se sabe, es algo vivo y en el País Vasco su desarrollo ha alcanzado a un porcentaje muy importante de la sociedad. También se ha asimilado perfectamente la adaptación de los nombres de los pueblos a la grafía del euskera, superando adecuadamente los casos en los que las raíces vasca y castellana eran distintas, incorporando la denominación en las dos lenguas, y en aquellos casos en los que la traducción afectaba a un solo vocablo, cambiando b por v o sustituyendo una c por una k, se optó por su grafía vasca al no suponer prácticamente un cambio importante en su escritura y una nula incidencia en cuanto a la pronunciación fonética. Somos partidarios de utilizar la grafía propia de la lengua de la que procede la denominación, sobre todo cuando es asumida con naturalidad, convirtiendo su uso en un hábito.
La propuesta de denominación oficial de los tres territorios históricos se debe entender desde esa normalidad plurilingüe y los signos, símbolos e identidades tienen su importancia en la cultura de las personas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Navas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Desde la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas se plantearon en el País Vasco numerosas iniciativas de cambio de nombre de los municipios. En algunos se unió al nombre castellano el vasco y así, por ejemplo, la capital de Euskadi pasó a denominarse ya en 1979 Vitoria-Gasteiz; en otros, se decidió recuperar el nombre vasco y que desapareciese el castellano: por ejemplo, Fuenterrabía con Ondarribia; en algunos, el nombre vasco, por desgracia, ataca directamente, a las más elementales normas y reglas de ortografía. En cualquier caso, no es tema a discutir en este momento. Ahora llega a esta Cámara el debate sobre el nombre de las provincias, con la petición de que se llamen Alava o Araba, en función de que se use el castellano o el vasco, y Vizcaya y Guipúzcoa con su grafía vasca.
No voy a entrar en este momento en el fondo del asunto. Lo que ahora se discute es solamente la toma en consideración. Tiempo habrá en los trámites sucesivos de determinar nuestra posición. Pero sí quiero resaltar dos cosas que considero importantes. Hasta ahora los cambios de nombres, fundamentalmente de municipios, han sido presentados a esta Cámara en nombre de los parlamentos de las comunidades autónomas. El que se nos plantea hoy a nuestra discusión

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viene propuesto por un grupo parlamentario, por el grupo del Partido Nacionalista Vasco. Hubiera sido mejor que lo hubiera hecho el propio Parlamento o las Juntas Generales de los tres territorios históricos.
Por otra parte, los cambios que se han debatido en esta Cámara y que han sido adoptados habían sido propuestos siempre por unanimidad de todas las fuerzas políticas, lo que no ocurre en este caso. No así el caso de Alava, ya que lo que se aprobó es la cooficialidad de los dos nombres, pero en el caso de Vizcaya y Guipúzcoa el acuerdo fue tomado por mayoría. Recuerdo que en ambos casos tanto el Partido Socialista como el Partido Popular votaron en contra.
Por tanto, y en cualquier caso, vamos a intentar conseguir el más amplio consenso en los trámites sucesivos, trámites sucesivos que permitirán conseguir un acuerdo que ojalá sea unánime, pero que esperemos sea mayoritario. Este momento, a la espera de sucesivos trámites, votaremos a favor la toma en consideración.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Aguiriano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO SANTAMARIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la proposición de ley del Grupo Vasco (EAJ-PNV) se puede considerar desde dos vertientes: su fundamentación técnica y legal, por un lado, y su fundamento de carácter histórico, político y social, por otro.
Desde el punto de vista legal, el caso presente tiene relación por la utilización de una lengua distinta de la castellana con los de Lleida i Girona (Ley 2/92, de 28 de febrero) y A Coruña y Ourense (proposición de ley presentada). El texto presentado por el grupo nacionalista es viable desde el punto de vista jurídico y su aprobación o rechazo queda dentro del ámbito de decisión política, propio de las Cortes Generales.
Desde el punto de vista histórico, que es uno de los principales para analizar la congruencia de las denominaciones territoriales, está claro que la denominación de los actuales territorios históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa como tales, y con la grafía presente, tiene una tradición casi milenaria.
La primera mención del nombre de Alava con la grafía Alaba aparece a la vez que la primera del nombre de Vizcaya con la grafía Bizcai en la Crónica de Alfonso III, que se considera escrita hacia finales del siglo VIII principios del siglo IX, hacia el año 800. Desde 1040 el nombre de Vizcaya sale en numerosos documentos latinos, escrito, eso sí, con un variado ropaje ortográfico que entre múltiples variantes incluye tanto Vizcaya como Bizkaia. La primera mención del nombre de Guipúzcoa aparece en el texto latino del arzobispo don Rodrigo como Guipúzcoa y es copiada o transcrita al romance de diversas maneras.
Los copistas intentan reflejar el sonido con la libertad que da la época y la anarquía ortográfica reinante, que hace que no tenga mayor significación la gran variedad de formas registradas ni el uso indistinto de c, ch o k en unos casos o de b y v en otros.
Con los siglos, los nombres --y los sonidos asociados en lengua castellana-- se consolidan conforme a la grafía presente. Toda la tradición histórica, cultural y literaria camina en esa dirección. Por otro lado, al transcribirse los nombres de lugar en textos escritos en lengua vasca, empleando siempre el alfabeto latino, puede usarse tanto la grafía acrisolada por los siglos de desarrollo de la lengua castellana como, y es el caso, optarse por transcribir la particular pronunciación en euskera con un criterio ortográfico que emplee la k en vez de la c, la b en vez de la v o la i latina en vez de la y griega, y que transcriba el sonido castellano gui como gi; en todo caso la pronunciación castellana y euskera sigue siendo algo diferente.
No es el caso presente el de devolver a unos territorios la denominación que, por la causa que fuere, hubieran perdido; los castellanos hablantes y los vascoparlantes siempre han denominado de forma conocida a los tres territorios históricos desde que existe memoria escrita de ello, primero en latín, poco después en romance castellano y siglos más tarde en euskera.
La presente proposición de ley pretende dar a los territorios históricos de Vizcaya y Guipúzcoa como denominación sólo la propia de la lengua vasca, según la grafía aceptada este siglo, y con ello suprimir la denominación casi milenaria propia del romance castellano que es, a la vez que el euskera, lengua oficial del País Vasco, propia de todos sus habitantes y hablada como lengua materna por la mayoría de los mismos.
No parece histórica ni políticamente conveniente suprimir lo que diez siglos de historia han acrisolado, sobre todo si además es innecesario y no existe impedimento alguno en reconocer, como hace la proposición de ley, que el territorio histórico de Alava se denominará en cada una de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma, Alava en castellano y Araba en euskera. Lo mismo puede considerarse para Vizcaya-Bizkaia, y Guipúzcoa-Gipuzkoa, que tienen las mismas dos lenguas oficiales.
En todo caso, las denominaciones en lengua castellana son las derivadas tanto de su historia como de la historia de sus propios pueblos que la emplean; la asunción de denominaciones modernas o vernáculas no debe hacerse con menoscabo de la historia, sino con un criterio enriquecedor.
Por otro lado, sociológicamente hablando, este tipo de modificaciones o correcciones debe hacerse buscando el mayor consenso y la mayor normalización de la vida social, por lo que es mejor asumir un criterio amplio y una normativa enriquecedora que constreñir

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o hacer desaparecer de un plumazo legal algo que está más allá de las leyes, como el nombre de una comunidad.
Hechas estas consideraciones, hemos de anunciar que, por la importancia del tema planteado y la necesidad de centrar y racionalizar el mismo, el Grupo Popular va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, lo que no quiere decir, como se puede deducir de los criterios expuestos, que esté de acuerdo con el contenido de la misma.
El Grupo Popular presentará en su momento tres enmiendas, a fin de que la denominación oficial de los territorios históricos de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa sea bilingüe, lo que significa que en lengua castellana sea su denominación la histórica consagrada por el uso y costumbre, y en lengua vasca sea su denominación la que, de acuerdo con los criterios fonéticos y gramaticales del euskera, se propone. El Grupo Popular defiende que los ciudadanos vascos puedan optar por el ejercicio de un derecho, que reconoce el Estatuto de Autonomía, como es el de conocer y usar ambas lenguas (artículo 6.1); el texto del propio Estatuto (artículo 2) denomina en euskera como «Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa» y en lengua castellana como «Alava, Vizcaya y Guipúzcoa» a cada uno de los tres territorios históricos.
Este posicionamiento que defiende el Partido Popular se corresponde fielmente con el pluralismo propio de la sociedad vasca, que tiene como patrimonio común de todos los ciudadanos, independientemente de su lengua materna, tanto la lengua castellana como la lengua vasca, riqueza que es preciso potenciar y defender, y que tiene su mejor acomodo en la fidelidad a la historia y tradiciones. Es hora ya de zanjar debates artificiales que en nada contribuyen a la normalización y al resurgimiento del País Vasco sino que, por el contrario, aumentan la división y suponen un esfuerzo vano cuando todas las energías de nuestra sociedad deben encauzarse hacia metas de progreso y desarrollo.
Las enmiendas que presentará el Grupo Popular pretenden que el texto de la proposición de ley sea más acorde con la historia de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos, se amolde al texto del Estatuto de Guernica y sea conforme al pluralismo, cada día más evidente, de los tres territorios históricos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Merino.
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que denominarían oficialmente Araba y Alava, Bizkaia y Gipuzkoa los territorios históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 280; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ModificaciOn DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Número de expediente 122/000040)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, DE MODIFICACION DEL ARTICULO 33.2, PARRAFO PRIMERO, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Número de expediente 162/000116)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia. (Rumores.) Señorías, les ruego silencio, que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Continúan los rumores.) Señorías, les ruego silencio.
¡Señor Suárez Pertierra! ¡Señor Ollero! ¡Señorías! (Pausa.) Puede comenzar, señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputadas, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Con ella pretendemos corregir una situación de discriminación existente, corregir una situación que en la práctica se manifiesta como una notoria injusticia, derivada de una laguna legal, que debemos, podemos y entiendo --con todos los respetos-- que estamos obligados a corregir esta misma tarde con la toma en consideración de esta proposición de ley, como inicio de la corrección definitiva con su aprobación en el trámite legislativo pertinente. Esta laguna se produce, señorías, cuando, al aprobar el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 33 se regula la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y se establece que... (Rumores.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor Villarrubia.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor Presidente.
Se establece, en su apartado primero, que el Fondo de Garantía Salarial abonará salarios a los trabajadores en el supuesto de insolvencia, quiebra, concurso de acreedores o suspensión de pagos de la empresa.
Hasta aquí no hay ningún problema. El problema se plantea, señorías --esto es lo que pretendemos reformar--, en su párrafo segundo, al hablar de las indemnizaciones, donde se establece expresamente que en las mismas circunstancias del párrafo anterior, el Fondo de Garantía Salarial dará cobertura a las situaciones de despido o extinción de contrato, recogidos en el artículo 50 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Insisto, artículos 50 y 51. Pues bien, el artículo 50 recoge la extinción de los contratos por voluntad del trabajador, y el artículo 51 recoge el denominado despido colectivo, que es aquel en el que la extinción de los contratos de trabajo se produce por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, estableciendo --esto es importante, señorías-- un número determinado, que se eleva a diez trabajadores en empresas de menos de cien trabajadores; el 10 por ciento en empresas que tienen entre cien y trescientos trabajadores; y más de treinta trabajadores en empresas que tienen más de trescientos trabajadores. Establece también de forma expresa que, a los mismos efectos, se entenderá como despido colectivo cuando sea de más de cinco trabajadores y afecte a la totalidad de la misma.
Ahora viene el problema, señorías. El artículo 52, que regula el despido objetivo --voy directamente al grano en aras a la brevedad--, en su apartado c), se refiere a cuando exista la necesidad, objetivamente acreditada, de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1, es decir, las que ya hemos comentado: económicas, técnicas, organizativas o de producción, en número inferior al establecido por el mismo. Aquí viene el problema, señorías, una cuestión estrictamente numérica, pero las mismas causas, la misma situación. El artículo 53 recoge las formas y garantías de este despido objetivo. El apartado b) del citado artículo habla de poner a disposición del trabajador, a la vez que se hace la comunicación escrita del despido objetivo, la indemnización correspondiente a veinte días por año de servicio.
Es aquí, señorías, donde está el problema. No existía laguna legal antes de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, porque, al existir preceptivamente la consignación previa, no era necesario que el artículo 33.2 del Estatuto estableciera la inclusión del artículo 52 c) de que ahora hablamos, pero resulta que la disposición adicional decimosexta de dicha Ley 42/1994 exime de la obligatoriedad a los empresarios siempre que aleguen dificultades económicas. Aquí está el problema, aquí es donde, alegadas esas dificultades económicas y no realizada la consignación, el trabajador se encuentra, de hecho --hay multitud de ejemplos prácticos--, con que, supuesto de insolvencia de la empresa, acude al Fondo de Garantía Salarial y no hay cobertura para poder percibir esta indemnización.
Señorías, este problema afecta a muchos trabajadores. Este problema previsiblemente afectará a muchos más trabajadores a partir de fechas próximas. ¿Por qué digo esto? Porque con el denominado acuerdo-marco interconfederal de estabilidad por el empleo, el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores ve cómo se amplían las causas del despido objetivo, por un lado, y, por otro lado, se establece que, en caso de improcedencia del despido objetivo, el empresario abonará la indemnización de treinta y tres días por año de servicio.
No es mi misión valorar en estos momentos la bondad o no de ese acuerdo ni de esos apartados, tan sólo constatar la realidad práctica que se va a producir de que, indudablemente, en las empresas pequeñas se va a acudir de una manera masiva a la utilización de este artículo 52 apartado c). Insisto, y voy concluyendo. Se trata de una laguna, y datos hay para pensarlo así. Hay datos objetivos, como el hecho de que en el artículo 33, apartado 8 del propio Estatuto de los Trabajadores, en la responsabilidad directa, que no subsidiaria, del Fondo de Garantía Salarial, a los efectos de dar cobertura al 40 por ciento de la indemnización en empresas de menos de 25 trabajadores, expresamente se recoge el artículo 52, apartado c) del Estatuto de los Trabajadores.
Por si fuera poco, nos estamos encontrando, señorías, con sentencias contradictorias de los juzgados de lo social y de los tribunales superiores de Justicia, intentando interpretar extensiva y favorablemente el in dubio pro operario, para dar cobertura y solucionar esta manifiesta injusticia. Sin embargo, la interpretación literal lleva normalmente a la desestimación de estas reclamaciones.
Urge, por tanto, solucionar, señorías, esta situación.
En la proposición de ley solicitamos que surta efecto a partir de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, para dar cobertura a los expedientes que se encuentran en tramitación y a aquellos otros que ya han sido resueltos. Y no hablamos expresamente de período de reclamación, porque se entiende que es el período general de prescripción, es decir, un año.
Paralelamente, señorías, se presenta otra proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuatro o cinco meses después de la del Grupo Socialista. Con referencia a esta proposición, quiero referirme a tres cuestiones.
Primera, su redacción coincide en incluir

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junto a los artículos 50 y 51, el artículo 52. Vaya por delante que estamos de acuerdo y que vamos a votar a favor la toma en consideración de esta proposición de ley, con algunos matices.
En ese primer aspecto entendemos que no es posible que se produzca esa situación y, por consiguiente, sería innecesario. ¿Por qué? Porque las formas y efectos, regulados en el artículo 53 del Estatuto, en sus apartados a), b) y d), que son los que excluimos en nuestra proposición, entran de lleno en las garantías ya establecidas: comunicación escrita, consignación previa y requerimiento 30 días antes del efecto extintivo. Continúa en el párrafo 4 del propio precepto: que en el supuesto de incumplimiento de alguno de esos requisitos, se produce una nulidad extintiva, es decir, es nulo de pleno derecho ese acuerdo. Y en el supuesto de que, cumpliendo con esos requisitos, faltara el cumplimiento real de los mismos, nos vamos al párrafo 5.º del mismo artículo 53, que dice que tendría el tratamiento y consideración del despido disciplinario. Ambos supuestos tendrían cobertura real dentro de la actual regulación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La segunda cuestión que plantea Izquierda Unida es que se extienda también a los supuestos en los que, por norma estatal o por convenio, se recoja en los contratos temporales, por finalización de contrato, una cantidad. Pues bien, salvo error que se nos podrá corregir, tan sólo se produce esta situación en el Real Decreto 1989/1984, de los contratos temporales que van de seis meses a tres años, que se encuentran con vigencia transitoria porque, por la ley del año 1994 ya se extinguen estos contratos, aunque bien es cierto que hay algún real decreto posterior que amplía este plazo en un año. Estaríamos, pues, en un período transitorio. En cualquier caso, coincidimos con la filosofía y siempre que fuera por norma estatal, teniendo en cuenta que nos encontramos con situaciones muy distintas. La anterior trata de corregir una injusticia, una laguna, una discriminación hoy existente.
La de Izquierda Unida pretende ampliar esa cobertura por norma estatal, con la que, sin lugar a dudas, estaremos de acuerdo.
Finalmente, Izquierda Unida plantea otro supuesto y es que también responda el Fondo de Garantía Salarial en aquellas situaciones en las que, por convenio colectivo, se establezca algún tipo de indemnización.
Pues bien, dos pequeñas reflexiones quiero hacer. Primero, salvo que también se nos corrija, sólo existe hoy un supuesto que trae causa en la antigua ordenanza del sector de construcción, incorporada al convenio colectivo, en el que se establece una indemnización del 4,5 por ciento del total de las percepciones salariales con que ha sido retribuido el trabajador durante el tiempo de prestación de los servicios. Se alegará probablemente que la finalidad es potenciar la negociación colectiva, y como quiera que la filosofía de financiación del Fondo de Garantía Salarial es que sean las propias cuotas de los empresarios quienes respondan de ello, se favorece a ese colectivo de trabajadores.
Una reflexión dejamos en el aire para el trámite de enmiendas. Si sucediera eso así estaríamos totalmente de acuerdo, pero como la realidad es que la financiación tan sólo es de forma parcial (aunque la fija el Gobierno y alguna décima podrían subirles), con el 0,40 por ciento de la base de cotización y siempre hay que suplir esas aportaciones con fondos del Estado, es decir, de todos los ciudadanos, podríamos producir el efecto perverso, no deseado, de que haya trabajadores de primera clase, de segunda y de tercera, en función de qué colectivo tenga capacidad o no de negociación para arbitrar ese mecanismo indemnizatorio que va a ser cubierto, en última instancia, con fondos públicos. Más nos inclinaríamos --y concluyo ya esta intervención-- por que fuera por norma estatal, con lo que los derechos serían iguales para todos, y luego discutir la forma de financiación absoluta o complementaria para evitar, insisto, este efecto perverso.
Para terminar, espero y deseo que podamos decir dentro de unos minutos que había un problema y lo hemos solucionado. Que no se nos diga que esto puede tener cobertura con el trámite de la reforma, porque nada tiene que ver el pacto que posteriormente pueda tener el trámite legislativo. El Partido Popular hablaba de hacerlo por decreto-ley. Por decreto-ley no podríamos recoger esta situación. No afectan, en absoluto, los pactos suscritos al artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores, cuya modificación planteamos. El que afecte a mayor número en el futuro, porque modifica el artículo 52 c), no afecta, en absoluto --valga la redundancia--, al problema de fondo que aquí estamos contemplando.
Señorías, es una ocasión adecuada de resolver este problema, aunque ustedes consideren que en la reforma que van a presentar, probablemente como proyecto de ley, se podría tratar. Queremos, sobre todo, que el problema se solucione, pero ello no es incompatible para tomar hoy en consideración esta proposición de ley y que se inicie el trámite legislativo ordinario para que le demos una solución necesaria, imprescindible, y yo diría que obligatoria, a un problema que existe.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Villarrubia.
Va a ser debatida de forma conjunta, por tratarse de materias similares, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación del artículo 33.2, párrafo primero del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Para un turno a favor, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, tal como indicaba el señor Presidente, la proposición de ley de nuestro grupo coincide substancialmente con la que recientemente acaba de defender el representante del Grupo Socialista, señor Villarrubia. Por tanto, doy por reproducidas, en buena parte, las razones que han sido expuestas en su intervención, en aras a la brevedad. No obstante, quisiera hacer las siguientes consideraciones para explicar aquellas cuestiones específicas de nuestra proposición de ley y, en alguna medida, dar respuesta a las inquietudes suscitadas por el representante del Grupo Socialista y que posiblemente compartan algunos otros grupos de la Cámara.
En primer lugar, el problema fundamental que pretendemos resolver es de carácter técnico, pero tiene una raíz política que es bueno poner de manifiesto. Cuando se llevan a cabo reformas laborales sin acuerdo con las organizaciones sindicales, se produce la paradoja de que se está regulando un mercado laboral sin contar con aquellos que, día a día y en base a la Constitución, tienen reconocida la capacidad de regular ese mercado laboral. Uno de los inconvenientes de las reformas laborales hechas por vía legislativa, sin consenso, es que posiblemente producen fricciones y choques con esa otra regulación laboral de la que las partes sociales se dotan, en base a su capacidad normativa constitucional y a su autonomía. Esta es la raíz de esta situación.
Cuando se llevan a cabo reformas legislativas sin contar con los agentes sociales, se entra en la dinámica de realizar una detrás de otra. Así nos encontramos con que la normativa reguladora del Fondo de Garantía Salarial, el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, no plantea ningún problema de carácter técnico. Podía ser discutible su regulación, su amplitud, pero no ocasiona problema técnico alguno hasta que comienza el proceso de reforma laboral de la anterior legislatura.
Incluso, si por reforma laboral entendemos explícitamente las que se llevan a cabo en los primeros meses de 1994, el problema de carácter técnico no surge. Pero, como decía anteriormente, el problema es que en esas condiciones la reforma laboral no termina. Se descubren problemas técnicos que se intentan solucionar mediante nuevas leyes.
En la Ley de Presupuestos para el año 1995 se introduce una modificación, a tenor de la cual en el caso de despidos objetivos y, en concreto, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, el empresario no tiene obligación de pagar la indemnización cuando comunica el despido, que es la norma general para todos los despidos objetivos. El empresario ha de pagar la indemnización. En la Ley de Presupuestos de 1995 se exceptúa esa causa y surge el problema. Entonces cabe la posibilidad de que el empresario no pague esa indemnización, y cabe también la posibilidad de que el empresario llegue a ser insolvente. Entonces, ¿cómo cobra el trabajador la indemnización? La regulación que existía del Estatuto de los Trabajadores sobre el Fondo de Garantía Salarial no contemplaba ese supuesto. Como decía el señor Villarrubia, se ha planteado una problemática judicial muy interesante en la que los tribunales se han pronunciado de forma distinta y se ha barajado incluso normativa internacional, porque saben SS. SS. que ésta es una materia regulada por la Unión Europea donde existe una directiva; incluso existe un convenio de la OIT sobre este tema. Es una problemática judicial que, al día de hoy, no tiene solución clara.
Me consta que ya en la anterior legislatura se intentó solucionar este problema, pero terminó la legislatura y no se llevó a cabo. Hemos entrado en la actual y, en primer lugar el Grupo Socialista, y posteriormente el nuestro, hemos sido los que hemos decidido abordar este tema, dejando claro que en todos los casos de despido, si se produce alguna deuda empresarial de indemnización, lo cubre el Fondo de Garantía Salarial. Esta filosofía es importante y me alegra que diga que la comparte. Si el trabajador tiene derecho a indemnización, de algún sitio la cobrará si el empresario es insolvente. Esta es la filosofía de fondo.
¿Qué es lo que ocurre? Que en la actual regulación española, hay casos en que esa indemnización se tiene que hacer efectiva en el momento de la notificación por parte del empresario. Las causas a), b) y d) del artículo 52. Ahí no cabe la aplicación real de ese principio genérico, porque se tiene que pagar y si no es nulo, supuesto distinto. Yo creo que la filosofía es importante. Que nos quede claro que toda indemnización por despido que no sea pagada por el empresario, porque éste es insolvente, la tiene que pagar el Fondo de Garantía Salarial, con los límites y con arreglo a su normativa específica. Realmente eso sólo se aplicará, de acuerdo con la regulación actual, en los casos de despido objetivo previstos en la causa c). Pero cabe la posibilidad de que eso se modifique, como sucedió en la Ley de presupuestos para el año 1995, en la que se aprobó la obligación de anticipar y pagar la indemnización en los casos previstos en la causa c). ¿Por qué no podemos pensar que ahora que está gobernando la derecha se decida excluir la causa b), la d), la causa a) o todas? Yo creo que en la filosofía de fondo, como ha dicho usted, estamos de acuerdo, y yo lo celebro porque es la filosofía de la directiva de la Unión Europea y del Convenio de la OIT. Tiene que haber un organismo que respalde las indemnizaciones por despido que tiene derecho a percibir el trabajador, en el caso de que no las perciba por parte del empresario. Se tendrán que poner límites, pero tiene que respaldarlas. Dicha filosofía hace comprensible nuestra referencia genérica al artículo 52, aunque hoy, en la práctica legislativa, sólo sería realmente utilizable en relación con la causa c): cuando el empresario no anticipara la indemnización y fuera insolvente.
Es verdad, como usted dice, que en virtud del reciente acuerdo sobre reforma laboral estos supuestos pueden tener especial o mayor incidencia. Yo estoy de

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acuerdo. Decía usted acertadamente que no es el momento de valorar la bondad de ese acuerdo, pero sí se puede constatar que, efectivamente, se va a producir una mayor incidencia. Por tanto, hay más razones para que esta proposición de ley sea apoyada por esta Cámara, porque se trata de corregir una situación de carácter técnico injusta, involuntaria, pero que además en la realidad laboral se va a producir de manera más numerosa. Es bueno que nos anticipemos a esos acontecimientos.
En segundo lugar, ha hecho usted referencia a aquella parte de nuestra proposición de ley más amplia que la que han presentado ustedes, a aquélla en la que proponemos que el Fondo de Garantía Salarial cubra también las indemnizaciones por terminación de contrato temporal. Me dirán que no son técnicamente por despido, pero popularmente también se consideran por despido. Porque en el fondo está claro que el contrato se extingue por voluntad empresarial, que hace uso de la cláusula contractual de término. Dice: se termina el contrato en esta fecha, en la que se cumplen seis o doce meses, la duración pactada. En definitiva, es una extinción por iniciativa empresarial, aunque no quepa calificarla técnicamente de despido.
Nosotros creemos que la filosofía de fondo también debe contemplar estos supuestos. Y es verdad, como dice usted, que hoy día prácticamente eso no tiene vigencia en la realidad, porque la contratación temporal que establece la indemnización figura exclusivamente en el Real Decreto 1989/1984, que está prorrogado de manera transitoria. Pero no es menos cierto --y yo creo que ésta es una reflexión que usted también puede compartir y que compartirán los otros grupos de la Cámara-- que en este reciente acuerdo de reforma laboral uno de los objetivos que persiguen las partes que lo han firmado es potenciar la negociación colectiva. En concreto, hay una referencia explícita a la contratación laboral, a convertir la contratación laboral en una parte importante de la negociación colectiva. Por tanto, es perfectamente posible y quizá plausible el que se prevean indemnizaciones para ese tipo de contratación. Y si es perfectamente posible --yo me atrevería a decir que plausible-- el que eso se produzca, yo creo que es bueno que nosotros también nos anticipemos a esa realidad, sobre todo cuando este anticipo es coherente con lo que establece la normativa internacional. Se cita en el texto de nuestra proposición de ley un convenio de la OIT que hace referencia explícita a la necesidad de cobertura de ese tipo de indemnizaciones por terminación de contrato. Por tanto, yo creo que ese planteamiento nuestro coincide con lo que hoy es normativa internacional, ratificada por nuestro país mediante convenio de la OIT.
Ha pretendido usted establecer una cierta separación entre si debe hacerse por ley o por convenio colectivo. Es verdad que se puede hacer esa distinción, no cabe la menor duda, la ley surge de esta Cámara, surge de quienes representamos al conjunto de los ciudadanos, y el convenio colectivo de unas partes sociales más o menos amplias, pero de una representación parcial. Pero en lo que no estoy de acuerdo con usted es en que me diga que hay trabajadores de primera, de segunda o de tercera. Eso ya lo hay en virtud de la negociación colectiva; los trabajadores de una gran empresa no cobran lo mismo que los de una pequeña empresa, no ya cuando se les termina el contrato, sino día a día. Hay condiciones laborales del sector del país más pujante económicamente muy distintas de las que tienen los trabajadores del sector en peor situación económica. Creo que no se puede hablar de trabajadores de primera, de segunda y de tercera, sino de la realidad de una Constitución que otorga unos poderes a unos agentes sociales, que autónomamente los ejercitan en función de circunstancias concretas de su sector productivo, de su empresa, etcétera. Pero cabe la posibilidad de que, en virtud de esa autonomía, se establezcan estas indemnizaciones; y las tienen que pagar los empresarios. Si no las pagan los empresarios, ¿qué pasa? ¿Que no las cobra el trabajador? ¿O que aplicamos en este caso concreto lo que hemos aplicado con carácter general, es decir, que haya una institución superior pública, financiada por los empresarios, sólo por los empresarios, como es el Fondo de Garantía Salarial, que cubra y se responsabilice de esas indemnizaciones? Nosotros apostamos por esta segunda fórmula.
El problema de la suficiencia de recursos es de las partes sociales y del Gobierno, que tiene que garantizar que cumpla esas funciones, porque estarán previstas en la ley, si esta proposición de ley sale adelante. Por tanto, será un problema de ajustar los recursos de un organismo a sus funciones, pero teniendo en cuenta que esos recursos proceden exclusivamente de los empresarios y que, en definitiva, garantizarían unas indemnizaciones pactadas por ellos en la negociación colectiva.
En definitiva, señorías, es un conjunto de proposiciones de ley, del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que vienen a resolver un problema planteado hoy día en la realidad de nuestro país, que cabe pensar que en lo inmediato se plantee con más agudeza, y que la filosofía que inspira las dos proposiciones de ley es acorde con aquellas disposiciones del ámbito de la Unión Europea en la que nuestro país está inserta, y de ámbito internacional, convenio de la OIT, que nuestro país ha ratificado. Por ello, solicito de SS. SS. el voto a favor de las mismas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peralta.
¿Turno en contra de la toma en consideración? (Pausa.)

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¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Intervengo para expresar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de las proposiciones de ley presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativas a la modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Es claro, y a ello ya han hecho referencia los proponentes, que con la norma actual muchos trabajadores se ven claramente perjudicados a la hora de percibir sus indemnizaciones por despido cuando éste se basa en la difícil situación económica de la empresa. Si el empresario no hace efectiva la indemnización que legalmente corresponde a los trabajadores y trabajadoras, éstos se ven sin protección por parte del Fondo de Garantía Salarial.
La proposición de ley que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya introduce una cuestión desde nuestro punto de vista importante, ya que propone que el Fondo de Garantía Salarial cubra también las indemnizaciones por finalización de un contrato temporal cuando estén previstas por la normativa o por convenio colectivo y el empresario no haga frente a las mismas; algo de gran importancia, como decía, dado el actual panorama del denominado mercado laboral, donde esta forma de contratación temporal alcanza cifras cada vez más considerables.
Reiteramos, por tanto, nuestro voto positivo a la toma en consideración de ambas proposiciones de ley que pretenden, en esencia, reparar una situación de injusticia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me referiré a la proposición de ley del Grupo Socialista sobre la modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Las sucesivas reformas legislativas del Estatuto de los Trabajadores han motivado que no se hayan tenido en cuenta los efectos perjudiciales, de agravio comparativo, que se producen para los trabajadores que resultan despedidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción de empresas y que, sin embargo, por no encontrarse en un supuesto de despido colectivo, que, en general, el estatuto reserva a la extinción del contrato superior al 10 por ciento de los trabajadores de la empresa, no tienen garantizada la percepción de los salarios que se les adeudan por la empresa ni de las indemnizaciones que les corresponden; esto es, el Fondo de Garantía Salarial no los acoge. Entendemos que la proposición de ley del Grupo Socialista viene a corregir esta deficiencia legislativa al incluir el supuesto del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores dentro de los supuestos objetivos para acogerse al Fondo de Garantía Salarial.
Por tanto, señorías, anuncio el voto afirmativo de mi grupo a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Sin embargo, señor Presidente, señorías, nos preocupa la propuesta del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en lo que se refiere a dar cobertura, a través del Fondo de Garantía Salarial, a los casos de extinción de la relación laboral en contratos temporales. Creemos que esta medida debe estudiarse detenidamente en cuanto pudiera afectar a la propia supervivencia del fondo, a la existencia de recursos suficientes para afrontar la pretendida medida. Quizá podríamos considerar esa regulación sólo para el caso de que así lo estableciera una norma estatal, descartando el supuesto de indemnización pactada con base a convenios colectivos, toda vez que esto pudiera constituir una vía para cargar al Fondo de Garantía Salarial con obligaciones económicas asumidas por los empresarios con base convencional.
No obstante, teniendo en cuenta que esta afirmación se basa tan sólo en garantizar la buena salud financiera del Fondo de Garantía Salarial, nos gustaría conocer la posición del grupo mayoritario que apoya al Gobierno, puesto que nosotros no disponemos de los datos económicos que nos permitan conocer el alcance real de la norma propuesta. Queremos que quede claro que nuestra postura es la de apoyar esta iniciativa, porque entendemos que puede ser beneficiosa para el colectivo de los trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar el voto favorable del Grupo Vasco a la toma en consideración de las proposiciones de ley que plantean los Grupos Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Las proposiciones de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial intentan salvar, desde nuestro punto de vista, una laguna normativa proveniente de la nueva redacción que el Real Decreto legislativo

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1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, daba al artículo 33.2. No olvidemos, señorías, que la garantía salarial, como toda institución de protección de los trabajadores, suaviza las tensiones sociales y puede proporcionar al trabajador, por lo menos, cierta sensación de seguridad, por lo que la referida garantía salarial, más que una medida coyuntural adoptada, como en efecto se ha hecho normalmente, en una circunstancia de crisis económica, se convierte, desde nuestro punto de vista, en una pieza normal más del sistema de protección de los trabajadores.
La Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modificaban determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, introdujo alguna variación no sustancial en el texto del artículo 33; texto regulador de determinados aspectos relativos a la actuación del Fogasa. Sin embargo, ninguno de ellos se refería al abono por dicho organismo de parte de la indemnización debida por la amortización de puestos de trabajo. Este vacío fue paliado en parte por el artículo 41 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, que da una nueva redacción al artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, incorporándose posteriormente al nuevo texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, promulgada por Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo.
Ahora, y según nuestro punto de vista, señorías, lo que las dos iniciativas pretenden es plasmar la intención del legislador de trasladar al Fogasa parte de la responsabilidad económica en los supuestos de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, no sólo para empresas de reducido tamaño sino tratando de suavizar, de algún modo, el costo de los despidos derivados de una causa relacionada con las circunstancias económicas de las demás empresas.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, el Grupo Vasco va a apoyar la toma en consideración de las dos proposiciones de ley planteadas por los grupos Socialista y de Izquierda Unida.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para posicionarnos en la toma en consideración de estas dos proposiciones de ley. De entrada, señor Presidente, entendemos que la propuesta que nos traslada hoy a la Cámara el Grupo Socialista responde a una lógica necesidad de dar respuesta a lo que es una evidente laguna jurídica producida por la reforma del año 1994, y que, por tanto, no pueden existir motivos que impidan que hoy el Pleno tome en consideración esta iniciativa. Nos parece oportuna y necesaria y, a pesar de que en las próximas semanas vamos a tener oportunidad de discutir en esta Cámara otras modificaciones del cuerpo legislativo que afectan al ámbito laboral, es evidente que no podemos dejar pasar la oportunidad que se nos presenta de votar favorablemente esta iniciativa.
Por consiguiente, queremos anunciar nuestro voto favorable a la proposición de ley y, en todo caso, cuando tramitemos la necesaria reforma laboral pactada entre los agentes sociales, veremos si debemos enmarcar esta proposición de ley en el mismo trámite jurídico y parlamentario o si seguirá su curso lógico y normal. En todo caso, lo importante es que existe una deficiencia legal que debemos cubrir.
Por otra parte, la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aborda también esta misma cuestión, pero la hace con una perspectiva que, desde nuestra lógica, va más allá de lo que hoy estamos en condiciones de poder asumir. Por tanto, nuestro voto será negativo a esta proposición de ley.
Evidentemente, el trámite parlamentario que va a conllevar el voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista nos va a permitir, a través de las enmiendas que estoy seguro que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a plantear, estudiar más a fondo su propuesta.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en torno a las dos proposiciones de ley, ya largamente debatidas, en relación al artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, regulado por el Real Decreto legislativo 1/1995.
Refiriéndome, en primer lugar, a la proposición de 6 de octubre del año pasado, del Grupo Socialista, que ha defendido aquí don Julio Villarrubia, quiero señalar que la misma reconoce que ha existido una laguna como consecuencia de la reforma de la Ley 11/1994, ya que el artículo 52.c), referente a causas objetivas pero que no reúnen el límite ni el número de las que están incluidas en el artículo 51, ha quedado, aunque no por una voluntad legislativa deliberada, fuera del ámbito de cobertura del Fogasa. En su día, esto fue consecuencia de las enmiendas número 210 y 316, del Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado, pero no me cabe duda de que no obedeció en modo alguno a una voluntad deliberada de practicar esta exclusión,

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sino a un error dentro de los trámites de una reforma laboral de la amplitud de aquélla.
Por todo ello, he de decir que el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente esta proposición; que agradecemos una iniciativa legislativa que permite resolver una discriminación y que el Gobierno no ha abordado esta iniciativa porque ha estado esperando el resultado de los acuerdos que pudieran pactar el Gobierno y los sindicatos. Sin embargo, habida cuenta que hoy se debate en esta Cámara, yo me felicito, y lo digo con satisfacción, de poder admitir una proposición de esta naturaleza presentada por la oposición. Además, lo digo desde la experiencia propia, porque en la anterior legislatura alguna proposición de ley defendí y en alguna ocasión se me planteó el argumento de que no era el momento idóneo; de que esperara a una reforma global, para que, como efectivamente tenía razón, pudieran ser atendidas mis peticiones, pero no en un trámite tan puntual y parcial.
Yo me alegro de poder decir hoy lo contrario y de poder contribuir a una forma de hacer política, entiendo, en pro de la solución de los problemas de nuestros conciudadanos, en este caso los trabajadores que están sufriendo la discriminación a que tanto se ha aludido por quien me ha precedido en el uso de la palabra. Por lo tanto, satisfacción en esa medida, que estoy seguro compartirá también la oposición, porque creo que es de justicia reconocer que cuando hay algo que entre todos podemos resolver, bueno es que lo hagamos.
La proposición de Izquierda Unida subsume esta pretensión, y en esa medida queda ya aceptada. Pero el contexto de la proposición defendida por el señor Peralta va más allá de esta laguna, de esta discriminación negativa (por cierto, dialécticamente contradicha por el representante del Grupo Socialista en su primera intervención, que asumo, y del señor Campuzano en su intervención de ahora mismo); va más allá hasta el punto de que la propia naturaleza de lo que se ha planteado aquí respecto a que la negociación colectiva, la autonomía de las partes, esa profundización a la hora de llegar a acuerdos en la vía laboral, puede evidentemente llevar, vía convención, vía pacto --usted dice ley o convenio en los contratos temporales a efectos de indemnización en el supuesto de extinción--, a una situación no controlada, no calculada.
Desde nuestro rechazo en este momento a su iniciativa en la literalidad total, no le digo que no la vayamos a contemplar. Estamos abiertos a seguir profundizando, a seguir trabajando, porque ciertamente el 16 de mayo de 1996 en España entró en vigor el Convenio OIT 173, sobre protección de los créditos laborales. Creo que habrá que considerar si el debate --el señor portavoz del Grupo Socialista no se ha opuesto a ello-- lo debemos de hacer de una forma global sobre el proyecto de ley que el Gobierno traiga a la Cámara con el pacto laboral empresas-sindicatos. Es posible que lo hagamos así --lo estudiaremos en estas fechas entre todos-- porque creo que eso siempre tiene una ventaja. No sé si políticamente al final adoptaremos este acuerdo, pero tiene la ventaja de no dispersar las reformas legislativas y de no entrar en una reforma global y, por unas escasas semanas, con una modificación parcial, por importante que sea, como la que hoy se pretende, es decir, la de ampliar la cobertura del artículo 33, en definitiva el Fondo de Garantía Salarial, a los supuestos contemplados, y que la ley, antes de la reforma de 1994, contemplaba en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores.
Desde esta voluntad de diálogo, desde este reconocimiento de que esta Cámara debe aportar soluciones a los problemas, el Grupo Popular, con esta satisfacción y en la convicción de que habrá una reciprocidad en el tiempo a actitudes como la presente, va a votar favorablemente a la proposición del Grupo Socialista y en contra de la de Izquierda Unida, pero el señor Peralta puede estar satisfecho de que, en buena medida, al asumir la del Grupo Socialista, asumimos la de Izquierda Unida.
Tiempo habrá en el trámite de enmiendas de debatir, perfeccionar y plasmar un texto definitivo satisfactorio para todos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, sometemos a votación la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 306; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación del artículo 33.2, párrafo primero, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 142; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA PERMITIR LA SUBSISTENCIA DEL DERECHO AL PERCIBO DE LA PENSION DE VIUDEDAD CUANDO EL BENEFICIARIO CONTRAIGA NUEVAS NUPCIAS (Número de expediente 162/000116)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE REFORMA DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, CON LA FINALIDAD DE EVITAR SU EXTINCION EN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL BENEFICIARIO CONTRAE NUEVO MATRIMONIO (Número de expediente 162/000115)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Debate sobre proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para permitir la subsistencia del derecho al percibo de la pensión de viudedad cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias, iniciativa que será debatida con la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reforma de las pensiones de viudedad, con la finalidad de evitar su extinción en los supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo matrimonio.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez. (Rumores.) Silencio, señorías. Ruego a los señores Diputados que están en los pasillos que abandonen el hemiciclo y guarden silencio, para que el señor Núñez pueda comenzar su intervención. (Pausa.) Cuando quiera, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una proposición no de ley para permitir la subsistencia del derecho al percibo de la pensión de viudedad cuando el beneficiario contraiga nuevas nupcias.
Tengo que empezar haciendo referencia a unas declaraciones que he oído esta mañana en diversos medios de comunicación, en las que el Grupo Parlamentario Socialista valora esta iniciativa, y como en este debate de proposiciones no de ley no hay turno de réplica, por si acaso no me lo conceden, voy a decir ya lo que me parecen sus declaraciones, que tienen mucho que ver con la defensa propia de la proposición. El Grupo Parlamentario Socialista ha dicho esta mañana que es un error entrar en si se casan o no los perceptores de pensiones de viudedad. Pero ese error no lo comete la proposición no de ley nuestra ni tampoco la de Convergència i Unió, sino que ese error procede y lo comete la legislación vigente, legislación que el Partido Socialista no supo o no quiso modificar en más de trece años de gobierno. Es la legislación vigente la que entra de lleno en el matrimonio de los viudos para decir de manera tajante: si te casas, pierdes la pensión y, si no te casas, allá te las apañes con tu conciencia y con la aceptación o rechazo de la sociedad que te rodea. Esta es la cuestión, este es el problema que nuestra iniciativa trata de resolver pidiendo al Gobierno que adopte las medidas necesarias que deroguen la legislación vigente para que el matrimonio no sea causa automática de extinción de la pensión de viudedad. Que en una fase posterior estas pensiones de viudedad se conviertan en pensiones de jubilación y dejen de ser pensiones derivadas, es una propuesta a considerar con carácter general y dentro de las inevitables reformas que aún esperan al sistema, pero, repito, ese problema no es objeto de las iniciativas de esta tarde.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley largamente esperada por un importante número de personas perceptoras de pensiones de viudedad que tienen su libertad hipotecada por la rigurosa e injusta normativa vigente que recoge el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social, según el cual el matrimonio de un perceptor de la pensión de viudedad es causa automática de extinción de la pensión. Nos satisface mucho que esta proposición no de ley cuente para su debate con otra del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que persigue los mismos propósitos. Hay que tener en cuenta que las pensiones representan el principal y casi único medio de renta de la gran mayoría de las personas mayores y que en un gran porcentaje estas pensiones son todavía insuficientes. Concretamente, la media de las pensiones de viudedad, que suponen un 28 por ciento de las pensiones del sistema, asciende a 46.200 pesetas, cantidad que está muy lejos del salario mínimo interprofesional.
Perdonen, señorías, si recuerdo finalmente las cifras que enmarcan la dimensión del problema que quiere resolver esta iniciativa parlamentaria. Hay 1.879.340 perceptores de pensiones de viudedad de los cuales el 95,3 por ciento son viudas y el 4,7 por ciento viudos.
Pues bien, datos y cifras aparte, lo que tenemos que subrayar como argumento fundamental en defensa de nuestra iniciativa es que, sin recursos económicos suficientes, difícilmente pueden los mayores, difícilmente pueden los perceptores de las pensiones de viudedad decidir sobre su modo de vida, optar en muchos casos por la forma de estado civil. La libre opción no debe acarrear consecuencias gravosas más allá de aquellas que se deriven de la propia naturaleza de la opción elegida, y no parece estar en la naturaleza de la institución del matrimonio, en cualquiera de sus clases, que de su formalización haya de seguirse necesariamente una minoración de los recursos que ambos contrayentes están en disposición de aportar al mismo. Dicho en román paladino: cuando un viudo o una viuda se enamoran y desean formalizar su situación, con cualquier

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clase de matrimonio, su amor, la formalización de la relación sentimental les cuesta una fortuna, les cuesta toda su fortuna, es decir, la pensión.
Las legislaciones extranjeras, especialmente las de la Unión Europea, atienden a estos supuestos con variadas fórmulas. Francia mantiene en cualquier caso la pensión de viudedad concedida a los mayores de 55 años. En Finlandia sólo se extingue la pensión por nuevas nupcias si el pensionista es menor de 50 años. En otros países se concede al viudo o viuda que se casa de nuevo un número de mensualidades que oscila entre 24 y 56. En España, como ya señalamos al principio, el artículo 11 de la Orden Ministerial de 1967, recogido por el Real Decreto-ley de 20 de junio de 1994, enumera como primera de las causas que provocan la extinción de la pensión de viudedad la de contraer nuevas nupcias, en cuyo caso, si el beneficiario cuenta con más de 60 años de edad, tendrá derecho a percibir, por una sola vez, una cantidad igual al importe de 24 mensualidades. Conviene recordar el contexto normativo y la propia finalidad de la protección por viudedad en el tiempo en que se dictó la orden ministerial. La pensión de viudedad tenía como destino prioritario la protección económica de las viudas y sólo excepcionalmente la de los viudos, a los cuales se les exigían requisitos más rigurosos para acceder al mismo derecho: hallarse incapacitados, vivir a expensas de sus respectivos cónyuges en el momento del fallecimiento, etcétera. Por otra parte, la protección a las viudas quedaba condicionada a la concurrencia alternativa de determinadas circunstancias: edad superior a 40 años, incapacidad para el trabajo, tenencia de hijos, etcétera, que son exponentes presuntos de estados de necesidad.
En esta configuración podría considerarse coherente la extinción de la pensión de viudedad por contraer matrimonio, por cuanto parecía razonable considerar que el matrimonio en tales casos vendría a suponer una cobertura de las respectivas necesidades económicas y, por tanto, la desaparición del estado de necesidad que justificaba la existencia de la pensión de viudedad determinaría la extinción de ésta. Sin embargo, la no exigencia a la viuda de los requisitos de edad, incapacidad o tenencia de hijos, tras la ley de 1972, el reconocimiento del derecho a pensión a divorciados y separados legalmente, a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley de 1981, el otorgamiento del derecho a pensión a los viudos en iguales condiciones que a las viudas, a partir de una famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de noviembre de 1983, así como la eliminación genérica del requisito de convivencia, según también criterio jurisprudencial, han venido conformando un nuevo esquema de prestación.
La progresiva incorporación de la mujer al trabajo y los positivos pronunciamientos legales y judiciales relativos al principio de igualdad entre hombre y mujer han provocado un desplazamiento de la fundamentación originaria, de manera que actualmente se apunta como justificación de la pensión de viudedad no tanto la de remediar una situación de necesidad, como la de compensar una minoración de los ingresos comunes de la unidad familiar de los que era partícipe el cónyuge viudo, de suerte que esa solidaridad patrimonial existente durante el matrimonio se prolongue una vez extinguido éste, con lo que obviamente pierde fuerza el argumento justificativo de la extinción sin más por razón causal del hecho de contraer nuevas nupcias. Existe además en España una circunstancia relacionada con el papel histórico de la mujer en la actividad laboral. Su participación ha sido tradicionalmente muy baja, sobre todo si se compara con la realidad de otros países de la Unión Europea. Aunque los avances en este terreno han sido considerables en las últimas dos décadas, la realidad es que la gran mayoría de las actuales pensionistas de viudedad no han contado con una actividad laboral que les permitiera adquirir derechos propios a prestaciones de la Seguridad Social. Es evidente que esa realidad histórica no supone, ni muchísimo menos, constatar una inactividad de las mujeres. Supone simplemente constatar la dedicación mayoritaria a tareas que no han tenido repercusión en cotizaciones y que socialmente no han sido correspondidas con la valoración merecida. Esto hay que subrayarlo a la hora de estudiar una regulación general sobre la pensión de viudedad o convertirla, como se pretende --repito que es posible debatir sobre este tema--, en pensión de jubilación. La consecuencia es que si en otros países de nuestro entorno los derechos derivados a prestaciones de la Seguridad Social, como la pensión de viudedad, están sometidos a fuertes restricciones por contar mayoritariamente con derecho a prestaciones propias, ese no es el caso de España, y hasta ahora nadie ha modificado la legislación vigente.
De ahí que podamos hablar en nuestro sistema de una mayor autonomía de las pensiones de viudedad hasta llegar a entenderlas...


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego que vaya concluyendo.


El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor Presidente.
Llegar a entender las pensiones de viudedad, bien es cierto que sin base normativa, como un derecho que en justicia le corresponde por el desempeño de un trabajo útil para la unidad familiar, sin incidencia en cotizaciones y por ello privado de derechos propios en materia de prestaciones sociales.
La conjunción de estos dos razonamientos explica y justifica las disposiciones vigentes y, sobre todo el segundo, la modificación que nuestra iniciativa propone. Junto a esta justificación existe para el Grupo Parlamentario Popular la que se deriva del compromiso político

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recogido en el programa electoral con el que el Partido Popular compareció en la últimas elecciones generales. En él se hacía referencia al establecimiento de fórmulas que por razones de justicia permitan conservar la pensión de viudedad en el supuesto de contraer nuevas nupcias. ¿Hay razones de oportunidad para hacerlo ahora? Sí las hay. El Pacto de Toledo en la recomendación 11, relativa al reforzamiento del principio de solidaridad, habla de reforzar el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia adoptando medidas como puede ser la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos. Por su parte, el acuerdo Gobierno-sindicatos, con repercusión en el posterior proyecto de ley que estamos a punto de debatir en el dictamen de la Comisión en esta Cámara, referido a otros aspectos relativos a la contribución y a la solidaridad dentro del sistema, habla del incremento de las pensiones de viudedad --en ningún caso se dice que se conviertan en pensiones de jubilación-- en aquellos casos en los que esta prestación constituya garantía de supervivencia, con atención al nivel de renta del beneficiario y cargas familiares.
(El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Leo literalmente el acuerdo. Aunque no se trate de previsiones que afecten directamente a la cuestión que nos ocupa, sí señala una serie de circunstancias y pautas de actuación que servirán de punto de referencia para enmarcar la puesta en práctica de lo que solicita la presente proposición no de ley, singularmente en lo que tiene que ver con los posibles condicionantes derivados de las rentas de la nueva unidad familiar.
¿Qué rango tiene que tener esta disposición? Dejemos al Gobierno que lo haga, pero se me ocurre hacer las siguientes consideraciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Núñez, le ruego que concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor Presidente, pero al mismo tiempo tengo que fijar la posición del grupo respecto a una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a nuestra proposición y exactamente igual con las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista. Por eso, agrupando en una sola intervención, le ahorro un turno a la Cámara, señor Presidente, si usted me concede tres minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene concedidos los tres minutos con el compromiso de que ha renunciado a turnos posteriores.


El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias.
Todas las valoraciones, repito, hasta aquí formuladas se han hecho desde la perspectiva del sistema de Seguridad Social. Sin embargo, también es sabido que la reiterada causa de extinción actúa asimismo en relación con otros mecanismos públicos de protección social como clases pasivas. Asimismo debe tenerse en cuenta que la remisión que el número 3 del artículo 174 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social efectúa a los supuestos del artículo 101 del Código Civil conlleva el efecto de extinción de la pensión de viudedad en los casos de nuevo matrimonio, por lo que la desaparición de tal causa de extinción exigiría indudablemente la norma de rango de Ley.
Tenemos que concretar --y así ya me refiero a las enmiendas presentadas-- los supuestos de compatibilidad y otras consideraciones.
La conveniencia de que el marco jurídico de la modificación normativa se acomode al rango de ley y el contexto de las reformas que también por ley (desarrollo del Pacto de Toledo) se introduzcan en la actual normativa del sistema de Seguridad Social aconsejan dar un tiempo de cumplimiento al mandato del Gobierno que podría prolongarse hasta el 31 de diciembre del presente año, como dice la enmienda que presenta a la nuestra el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
También sería conveniente una mayor concreción de los supuestos de compatibilidad que figuran en nuestra iniciativa. En este sentido aceptamos también la enmienda de Convergència i Unió que otorga, como nuestra enmienda hace a su propia iniciativa, una mayor libertad al Gobierno para proponer las medidas que las dos iniciativas solicitan y que tienen que basarse necesariamente en estudios económicos y actuariales que aseguren responsablemente la fiabilidad financiera de tal modificación.
En términos más claros, no es necesario hablar ya de 65 años ni de niveles de renta, como también pide la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, edad que puede ser inferior y niveles de renta que a lo mejor podrían ser superiores, sino que lo determinarán los estudios económicos y actuariales a los que antes nos hemos referido. En todo caso, lo repetimos una vez más, lo importante es que la supresión de las nuevas nupcias como causa de extinción sería no sólo acorde con las concesiones más recientes del fundamento jurídico del derecho a pensión, sino que eliminaría sobre todo la actual distorsión en el ejercicio legítimo de la persona (esto es muy importante y lo subrayo otra vez), en orden a escoger la forma de realizar sus propias opciones de convivencia marital y familiar.
El problema que estas iniciativas que estamos debatiendo esta tarde tratan de resolver afecta también a las uniones de hecho que deciden convivir en pareja y no desean asumir la consecuencia de pérdida de la pensión. Estas parejas tampoco tienen resuelto el problema y este es un dato que quiero subrayar. Cuando se llevó a cabo la promulgación de la llamada Ley del Divorcio, en 1981, se dispuso en la norma quinta de su disposición adicional décima que los derechos establecidos

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en favor del cónyuge se extinguirían en los supuestos previstos en el artículo 101 del Código Civil. Este precepto contempla lo siguiente: por contraer nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. La citada norma fue interpretada por el INSS ya en tiempos del Gobierno socialista, mediante la Circular 1511/1984, en el sentido de declarar causa extintiva de pensión de viudedad no sólo el hecho de contraer nuevo matrimonio sino también el de vivir maritalmente con otra persona. El vigente artículo 174 señala que en los supuestos de separación o divorcio los derechos derivados de la pensión de viudedad quedarán sin efecto en los supuestos del artículo 101 del Código Civil.
De ahí que nuestra iniciativa, al margen --repito-- de una regulación global de la pensión de viudedad, resuelva problemas a muchas personas que en estos momentos están esperando que desde esta Cámara se pida al Gobierno que dicte las medidas necesarias para solucionarlos. A la vista de todas las nuevas concepciones sociales y de la aplicabilidad real de las prescripciones transcritas, podía darse la paradoja de que contaran con mayores ventajas, a efectos de la conservación de derechos en materia de pensiones de viudedad, las uniones de hecho que las formalizadas oficialmente, pero, en realidad --repito--, los dos supuestos se hallan en una posición muy débil en el ordenamiento jurídico vigente.
En resumen y como conclusión --y termino, señor Presidente--, pedimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que antes del 31 de diciembre de 1997 presente un proyecto de ley de reforma de la normativa reguladora de las pensiones de viudedad. Ya sé que es posible estudiar este tema --como lo pide la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- en trámites posteriores; no es incompatible con el tema. Pero al Gobierno hay que pedirle que, dentro del plazo, envíe un proyecto de ley de reforma de la normativa reguladora de las pensiones de viudedad, por virtud de la cual, con sujeción a los condicionamientos y límites que en su caso puedan establecerse en razón a las características y nivel de rentas de la correspondiente unidad familiar, se evite la extinción de dichas pensiones en el supuesto de que el beneficiario de las mismas contraiga nuevas nupcias. Eso es todo. Lo único que falta es el apoyo --que me gustaría que fuera unánime-- de toda la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Núñez.
Para la presentación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre reforma de las pensiones de viudedad, con la finalidad de evitar su extinción en los supuestos en los que el beneficiario contrae nuevo matrimonio, tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, va a tener usted todo el apoyo de mi grupo que ha solicitado para que se apruebe esa iniciativa, como espero tenga nuestro grupo todo el apoyo del suyo para aprobar la nuestra.
Señorías, es una satisfacción poder intervenir hoy en esta Cámara defendiendo la iniciativa que mi grupo ha traído a colación en este debate, y lo es porque hoy, señoras y señores Diputados y personas que siguen el debate de esta tarde, vamos a tratar un tema que afecta y preocupa a muchos ciudadanos y ciudadanas que se han visto aquejadas de una circunstancia, puntual hasta la fecha, que les ha impedido contraer matrimonio como consecuencia del riesgo a que perdieran su pensión de viudedad. Esta ha sido una cuestión muy tratada y muy discutida en muchos debates. A lo largo de la última campaña electoral, señorías, mi grupo se comprometió ante todos los ciudadanos a que en esta legislatura traeríamos esta cuestión al debate parlamentario y que propondríamos al Gobierno una solución. Pues bien, lo hemos hecho.
Hemos traído a debate la posibilidad de instar al Gobierno a que adopte el compromiso de presentar un proyecto de ley que para resolver esta cuestión y permitir a las personas que están percibiendo una pensión de viudedad compatibilizarla con las segundas, terceras o las nuevas nupcias. Señorías, esta no es una cuestión menor. Es una cuestión central para muchísimas personas a las que este es el elemento esencial de su modo de vida y que va a determinar el desarrollo de su vida en los próximos años. Por tanto, es una cuestión que debería atraer la máxima atención de la Cámara y de todos los grupos parlamentarios.
Nuestro grupo cree que la pensión de viudedad no debe extinguirse al contraer nuevas nupcias --esta es nuestra posición política-- y hoy la legislación no permite interpretaciones, no da ningún supuesto, no incorpora ninguna circunstancia para que ello no sea así. Por consiguiente, señorías, la proposición no de ley que traemos a discusión está justificada políticamente para nuestro grupo; está justificada desde la perspectiva social y lo está también desde la óptica económica. Ha habido mucha jurisprudencia, ha habido mucha interpretación de la norma por los tribunales y éstos han quebrado ya los principios en los que se basaba el derecho a percepción de una pensión de viudedad, dando otra naturaleza a esta pensión de viudedad y proyectando al futuro otro elemento justificativo para su persistencia. Por tanto, señorías, ya no se trata de mantener un nivel mínimo de subsistencia para la persona en el momento de adquirir la condición de viudedad, sino de mantener unos niveles ya alcanzados en la unidad familiar que por solidaridad deben mantenerse cuando el cónyuge desaparece. Por consiguiente, si se quiere y se desea adquirir nuevas condiciones de estados matrimoniales, debe permitirse compatibilizar

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esos nuevos estados con la percepción de estas pensiones de viudedad para no disminuir la capacidad económica que solidariamente la unidad familiar había consolidado con las anteriores nupcias. Esta es la esencia de muchas sentencias y las interpretaciones de los tribunales ante estas circunstancias.
Señorías, sometemos a debate parlamentario la posibilidad de que, con un cierto consenso político, podamos instar al Gobierno para que se adopte esta reforma. Por tanto, señor Presidente, esta puede ser una jornada muy importante para muchísima gente. Y es una satisfacción para mi grupo --también para SS. SS.-- que esta tarde podamos decir a la sociedad que adquirimos el compromiso de que el Gobierno, antes de un plazo determinado, traiga esta reforma a esta Cámara. Ahora se trata de que esto se haga rápidamente. Por eso, señorías, mi grupo no puede aceptar algunas de las enmiendas que plantean los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, en las que con satisfacción he leído que estamos absolutamente de acuerdo en el fin último de estas iniciativas pero que a lo mejor, con toda la buena voluntad, ambas enmiendas no se han acotado en el tiempo para no demorar la solución a este problema.
Me remito, señor Presidente, por ejemplo, a la enmienda presentada por Izquierda Unida que dice que sí que está de acuerdo con que no se extinga automáticamente la pensión y nos da como solución que nos remitamos a la subcomisión que hace el seguimiento del Pacto de Toledo.
Podría ser una vía. Pero mi grupo quiere que el compromiso salga de esta Cámara al Gobierno --no a la subcomisión sino al Gobierno-- y que le pongamos límite temporal, y la enmienda de Izquierda Unida no le pone límite temporal. Por eso nuestro grupo dice que, antes de finalizar el año 1997, se traiga a esta Cámara esta reforma. Dice más nuestra propuesta, que es la enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley del Partido Popular. Dice que esta reforma, que debe traerse antes de finalizar el año, se aplique ya en 1998. No digamos al ciudadano que esta reforma se traerá este año pero que a lo mejor se aplicará el año 1999. Urgencia en la aplicación de esta reforma.
La enmienda que hace el Grupo Parlamentario Socialista, señor Presidente, también tiene en su contenido esencial la misma coincidencia que nuestra proposición no de ley y la del Grupo Parlamentario Popular, ya que dice que sí que debe afrontarse esta reforma y aporta una solución. Contrariamente a otras posiciones, el Partido Socialista se anticipa y da su solución, y es que al llegar a los 65 años se convierta la pensión de viudedad en pensión de jubilación. Esta podía ser una fórmula. Pero nuestro grupo hoy no plantea a la Cámara pronunciarse sobre una fórmula; plantea al Gobierno que adopte la reforma que no necesariamente debe pasar por la transformación de la pensión de viudedad en pensión de jubilación, sino que traiga a esta Cámara la reforma y la debatiremos y la discutiremos.
Por tanto, pido al Grupo Parlamentario Socialista que no entienda el rechazo de mi grupo como el rechazo de una enmienda con la que tenemos discrepancias profundas porque no las tenemos. Les agradecemos la propuesta que nos hacen. Podrán ustedes traerla a debate cuando se presente el proyecto de ley, pero no entiendan la discrepancia en nada esencial de lo que estamos hoy considerando.
Por consiguiente, señor Presidente, sólo me queda expresar mi posición sobre la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a nuestra proposición no de ley, que es coincidente con la que nosotros hemos planteado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Señor Presidente, no sé si lo que voy a proponer es una finta parlamentaria difícil de administrar por S. S., pero le rogaría que atendiera a la propuesta que quiero hacerle. Mi grupo ha planteado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y éste ha presentado una enmienda a la que ha hecho nuestro grupo, que son coincidentes solamente en un matiz temporal. Nosotros planteábamos que esta reforma se hiciera antes del 31 de diciembre, mientras que el Grupo Parlamentario Popular decía que en el plazo de un año, y nuestro grupo dice que se aplique ya en 1998. Yo le propongo al Grupo Parlamentario Popular que acepte estos dos matices como transaccionales a su enmienda y podamos concluir en una única votación de la enmienda transaccional ofrecida a la que ustedes nos han planteado y conjuntamente con la que nuestro grupo ha presentado a su iniciativa.
Con ello, señorías, conformamos un acuerdo entre dos enmiendas presentadas a dos proposiciones no de ley, que tendría el mismo texto --sería la enmienda presentada por Convergència i Unió a la proposición no de ley del Grupo Popular-- y que establece el límite temporal de este compromiso político, que es que a 31 de diciembre esta Cámara vea una reforma y que se aplique ya el año 1998. Invito a Izquierda Unida y al Grupo Socialista a que se sumen a este consenso y al debate más detallado de las posibles fórmulas para poder resolver el conflicto, en el debate técnico de las enmiendas, una vez que el proyecto de ley haya entrado en esta Cámara.
Señorías, no quiero cansarles más con mis argumentos. El señor Núñez ha sido extremadamente preciso en sus argumentaciones jurídicas en torno a las razones que fundamentan esas peticiones. Creo que en el fondo está el compromiso político de querer afrontar esta reforma con el apoyo de toda la Cámara. En ese sentido, me gustaría, y le gustaría a mi grupo parlamentario, que esta propuesta tuviera esta tarde el apoyo de todas SS. SS. De ello pienso que depende el mensaje positivo que podemos dar a miles de ciudadanos y ciudadanas que hoy deberán conocer que esta Cámara ha cuestionado, ha discutido y ha tratado de

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temas de su incumbencia más inmediata, temas a los que vamos a dar una solución. Este fue un compromiso público electoral que mi partido adquirió en la última campaña electoral, también lo fue del Partido Popular, está en nuestros programas electorales y hoy, señorías, cumplimos. Cumplimos con los ciudadanos, cumplimos con este compromiso, y les ruego y les invito a que el cumplimiento de este compromiso se haga esta tarde con luz verde en la votación.
Nada más.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
Le ruego haga llegar a la Mesa el texto literal de la enmienda transaccional.
Han sido presentadas a esta proposición no de ley enmiendas por parte de los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Socialista, Catalán y Popular.
Entiendo que la presentación de las enmiendas, incluida la propia transaccional, del Grupo Catalán y del Grupo Popular están obviadas en cuanto al trámite, por lo cual, para la presentación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, señorías, el sistema de Seguridad Social tiene como objetivo fundamental, y lo conocen perfectamente SS. SS., atender situaciones de necesidad, y las situaciones de necesidad lógicamente son distintas en cada momento y en cada circunstancia histórica.
En este país, desgraciadamente hasta no hace mucho, porque hubiera sido bueno que se hubiera terminado mucho antes o que no hubiera existido, había una situación en la que la legislación expulsaba a la mujer del trabajo. Era una legislación en la que, en una época determinada, específica de este país, de dictadura, sobre la base de una escasa incorporación de la mujer al trabajo, en general, existía el añadido de que la legislación declaraba incompatible el trabajo de la mujer casada. Siendo ello así, parece claro que la pérdida del varón, el fallecimiento del hombre suponía en la unidad familiar una necesidad económica muy aguda; era la pérdida de todo tipo de ingresos, porque la mujer casada, por ley, no podía tener ingresos.
Sobre esta situación objetiva y triste de nuestro país hasta no hace mucho se configuró la pensión de viudedad. La pensión de viudedad atendía a una situación de necesidad, la que se producía en una unidad familiar, en un matrimonio, cuando fallecía el varón. En coherencia con ese objetivo, el beneficiario de la pensión de viudedad era exclusivamente la viuda y su cuantía era prácticamente la mitad del sueldo de la base de cotización del varón, porque ya no había que alimentar a dos personas, sino sólo a una. La pensión de viudedad, por tanto, era prácticamente la mitad; un poquito menos, el 45 por ciento.
Debía pensarse que la mujer consume menos o gasta menos. Esta era, insisto, la base sobre la que se construye en su día la pensión de viudedad.
Afortunadamente, los tiempos han cambiado en nuestro país y han cambiado mucho. Tal como ponía de manifiesto el señor Núñez en su primera intervención, ha cambiado la realidad socioeconómica. La mujer se ha incorporado al trabajo. Pero, sobre todo, lo importante a estos efectos es que ha cambiado la realidad política de este país. Hoy hay una democracia, que ha arrumbado toda aquella legislación antifemenina, propia de la dictadura franquista, y se terminó con ella. Incluso con aquélla que teóricamente era beneficiosa, la famosa dote, que lo que perseguía era incentivar la salida de la mujer del mercado laboral.
Incluso ésa y la mujer se incorpora en igualdad de condiciones legales --sigue existiendo ese sustrato de discriminación de una sociedad machista históricamente-- al trabajo.
Es más. En aplicación de ese cambio, en la otra vertiente del hombre, el Tribunal Constitucional ha entendido que también el varón tiene derecho a la pensión de viudedad. Con ello nos encontramos, señorías, con un profundo cambio en la realidad socioeconómica y en la realidad legal, sobre las cuales se construyó inicialmente la pensión de viudedad, puesto que la mujer casada no podía trabajar y si fallecía el varón se quedaba sin nada. Nos encontramos con una realidad en que la mujer se incorpora al trabajo y nada imposibilita que después de casada pueda continuar trabajando, al menos en el terreno legal. El Tribunal Constitucional, además, dice que los hombres tienen también derecho a la pensión de viudedad.
Se ha producido un cambio sustancial en relación con el sustrato socioeconómico y legal sobre el que se construyó la pensión de viudedad, un cambio fundamental y afortunado en relación con aquel sustrato socioeconómico y legal. Pero parece claro que seguía existiendo una determinada norma básica: la pensión de viudedad se cobra en la medida en que se extingue un matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges.
Ahora, con esta proposición no de ley que presentan el Grupo Popular y el Grupo de Convergència i Unió, se pretende, en nuestra opinión, cerrar completamente el círculo del cambio. La pensión de viudedad se seguirá cobrando aunque el matrimonio se restablezca.
Deben ustedes reconocer, señores representantes del Grupo Popular, señor Núñez, señor Homs, del Grupo Catalán, que realmente con esta proposición no de ley se produce absolutamente el giro completo en lo que era la idea inicial de la pensión de viudedad. Yo creo que eso es así. Podemos discutir el fundamento. Yo entiendo perfectamente las razones que ustedes han expuesto, y digo más, que afortunadamente se han producido

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todos esos cambios. No podemos por menos de reconocer que el cambio se ha producido. De admitirse pura y simplemente lo que se decía en principio en su proposición no de ley y en la del Grupo Popular, crearíamos una situación ciertamente, en el orden conceptual, disparatada.
Es verdad, y yo me felicito, que tanto usted como el Grupo de Convergència i Unió han enmendado sus posiciones iniciales. Lo han hecho con un procedimiento curioso, una escenificación perfecta, señor Núñez y señor Homs. Dos enmiendas literalmente iguales en el 99 por ciento de su contenido. Es la enmienda de un grupo al otro y del otro al uno. Incluso pretenden convencernos de que están pactándola ahora, aquí. Yo he visto al señor Homs dirigirse enfervorizadamente al señor Núñez pidiéndole su apoyo. Y me atrevería a afirmar que ese apoyo ya está conseguido, lo cual es bueno. Es bueno. No sé si esto desmiente o no los roces, disputas y contradicciones que se producen a veces con el máximo líder de su grupo. Y es verdad que su grupo, los máximos líderes de su grupo no se atreven a contestar a aquéllas. En ese sentido, hay que reconocer una sensatez mayor por parte del Grupo Popular. Pero no es este el tema que nos ocupa ahora, a pesar de que tiene mucha importancia y mucha enjundia, como sin lugar a dudas ustedes conocen perfectamente. El tema es el de las pensiones de viudedad. Y yo celebro, insisto, que tanto Convergència i Unió como el Grupo Popular hayan decidido que es bueno tomarse un poco de tiempo y hacer una reflexión en profundidad sobre todos los cambios que se han producido y que justifican una reconsideración de la pensión de viudedad. Estoy de acuerdo. Este ha sido el tenor literal que usted ha planteado, señor Núñez, y yo estoy de acuerdo, repito. No le he visto pronunciarse con tanta claridad al señor Homs, pero, por el tenor literal de su enmienda, va en la misma dirección, en la medida en que coincide con la suya.
Sólo quisiera, señor Núñez y señor Homs, que me admitieran una cierta transaccional a la que ustedes presentan. Hablan ustedes de que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que antes del 31 de diciembre... Yo me permitiría decirles que antes del 31 de diciembre, previo planteamiento en la comisión permanente para el análisis y seguimiento del sistema de Seguridad Social, así como en la ponencia de este Congreso. Admitir eso es pura y simplemente admitir aquello que el Gobierno ha acordado, ser coherente con los compromisos asumidos por el Gobierno. Porque el Gobierno ha asumido un compromiso de crear una comisión permanente y de, en esa comisión, presentar las iniciativas que estime oportunas y aquí estamos hablando de un mandato del Congreso al Gobierno para que tome una iniciativa. No digamos ya con aquellos acuerdos tomados por nosotros mismos; hemos creado una ponencia en la que el Gobierno tiene que presentar sus iniciativas. Es bueno que digamos eso, señor Núñez y señor Homs, porque damos fe de los acuerdos que se han tomado y que han sido respaldados por este Parlamento. Y es bueno también para que se produzca una reflexión sindical, importantísima en el ámbito de la Seguridad Social, sobre cómo queremos que sea la futura Seguridad Social. Nosotros tenemos la legitimidad política de ser los representantes democráticos del pueblo, pero en temas que se sustancian y que se financian fundamentalmente con cotizaciones es bueno que haya una participación de los agentes sociales. Eso lo ha reconocido el Gobierno creando esa comisión permanente y se ha respaldado desde este Parlamento.
Yo pienso que tenemos que incluir eso. No digamos que se da por entendido que se tiene que hacer así. Digámoslo y que sea una norma de conducta para todos los grupos; para ustedes y para nosotros; para el Grupo Socialista, para todos. Tengamos un respeto a eso. Potenciemos esa reflexión sindical y social sobre esa nueva Seguridad Social, que es muy importante. Si no, señorías, y no quisiera introducir otro tema, correríamos el riesgo de que en algún momento podamos transmitir la idea de que se conceden pensiones por razones poco claras...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta, le ruego vaya concluyendo.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente.
Por razones poco justificables ante la opinión pública. Muy recientemente esta Cámara, con el respaldo del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Popular, fundamentalmente, ha reconocido años de cotización y la posibilidad de cotización a quienes eran sacerdotes en una época en que la Iglesia estaba fuera de la Seguridad Social y en la que no se cotizaba por nadie en el ámbito religioso. Ahora se les reconoce esa posibilidad, creándose una situación absurda, que sólo afecta a quienes han dejado de ser sacerdotes y no a quienes han continuado siéndolo; que sólo afecta a una religión y no a otras y que sólo afecta a unas personas concretas y no al conjunto de ciudadanos de este país que no estaban incluidos en el ámbito de la Seguridad Social. Es un cúmulo de razones poco claras, que se han producido, sin lugar a dudas, porque se ha hecho al margen de unos procedimientos que deben conducir a que la administración de la Seguridad Social se lleve a cabo con ese rigor que todos deseamos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peralta, le ruego concluya.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente.
Nosotros creemos que la enmienda última presentada por el Grupo Popular posibilita ese plazo, hasta el 31

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de diciembre. No nos parece ni corto ni largo, sino adecuado, para que se lleve a cabo esa reflexión en esos ámbitos que específicamente se deben reconocer y yo pediría a los grupos que han tomado la iniciativa que así lo hicieran. Sobre esa base, nosotros estamos dispuestos a votar a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Peralta.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señores Diputados, señoras Diputadas, las enmiendas de sustitución que presenta el Grupo Socialista a las proposiciones no de ley del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Popular pretenden tres objetivos: en primer lugar, que el beneficiario o beneficiaria de una pensión de viudedad, cuando alcance la edad de jubilación, los 65 años, vea que aquélla se transforma en pensión de jubilación, en la misma cuantía que tuviera en el momento en que se produce esa transformación de viudedad a jubilación, y a partir de ese momento que quede sujeta al régimen jurídico de las pensiones de jubilación. En segundo lugar, pretende que aquellas personas que estén sin trabajo, en paro, con el desempleo agotado o en situaciones similares y que hayan alcanzado la edad de 60 años puedan también recibir el mismo tratamiento que si tuvieran una edad superior a 65 años. En tercer lugar, pedimos que esta pensión se vea incrementada, teniendo en cuenta los períodos de cotización que el beneficiario o beneficiaria hayan efectuado, si estos períodos de cotización no le han dado la posibilidad de generar su propia pensión de jubilación o invalidez, que aquí también se proceda de igual forma, como si se tratara del cálculo de una pensión de jubilación.
¿Por qué hacemos una enmienda de sustitución a la enmienda pactada --se han copiado los deberes los dos grupos, señorías--, del PP a Convergència y de Convergència al PP? En primer lugar, voy a recordarles, señorías, un argumento que ya utilizamos el Grupo Socialista cuando estábamos debatiendo el proyecto de ley sobre derecho de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
Por favor, señorías, no soliciten cheques en blanco a los grupos parlamentarios en esta Cámara, ante ninguna propuesta pero, si cabe, mucho menos ante propuestas que tienen que ver con la reforma de la Seguridad Social. Si esta Cámara inicia una reflexión conducente a hacer cambios en la pensión de viudedad, al Grupo Socialista nos parece muy bien. Ha llegado el momento, hagámosla, pero con orientaciones, con contenido y con dirección. Por cierto, señor Núñez, vuelve a sacar la muletilla que llevamos unos meses oyendo ante cualquier cosa que se trate: ¿Por qué no lo hizo el Grupo Socialista en los trece años que gobernó? Una de las cosas que hizo, señor Núñez, fue que desde el momento en que dejó usted de ser Ministro de Seguridad Social han crecido en 46 puntos por encima del IPC las pensiones mínimas de las viudas de 65 años. Y, desde luego, señoría, nosotros, en los años anteriores, tuvimos que resolver otras prioridades básicas para garantizar la viabilidad de la Seguridad Social, para poner en marcha medidas que afectaran a más ciudadanos y para, en este caso de viudedad, incrementar las pensiones mínimas. Robaría mi tiempo a seguir dando los argumentos de este mismo texto. Sólo quiero recordar la universalización de las pensiones, la universalización de la sanidad, las reformas en las prestaciones por maternidad, el crecimiento de las pensiones... Incluso un dato simbólico, señor Núñez: cuando salíamos de la dictadura y estábamos empezando a construir nuestro Estado social de Derecho, todo lo que dedicaba este país en todas las prestaciones, educación, sanidad, pensiones, beneficencia --porque no podemos decir servicios sociales-- era lo que hoy nuestro país dedica sólo a pensiones, sólo a pensiones. Eso se ha hecho con el esfuerzo colectivo, con el esfuerzo de los grupos de esta Cámara y con el liderazgo de un Gobierno. Por favor, erradiquen ya en todos los temas esa muletilla de: ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Porque si no, vamos a tener que reducir las cosas al absurdo y hacer un comentario a lo mejor excesivamente gracioso.
Es difícil entender, señor Núñez, que a estas alturas lleguen propuestas que intenten dejar las manos libres --si lo prefieren lo digo de una manera más suave--, que dejen sin ninguna orientación al Gobierno ante un proyecto de ley que él tiene que preparar. No debemos delegar nuestras responsabilidades, señorías, debemos hacer cada vez mejor nuestra democracia parlamentaria, y eso implica que hagamos nuestros deberes y que hagamos nuestro trabajo. Este es el primer argumento que traslado a los dos grupos que están tan ilusionados por situar en la Cámara el trabajo que tiene que hacer el Gobierno.
En segundo lugar, la única sugerencia que plantean es la de que se tengan en cuenta los niveles de renta y la unidad familiar. Hablando de niveles de renta en el sistema contributivo de la Seguridad Social, se incorpora, señorías, una carga de profundidad que no es ni aceptable ni asumible. Podemos hablar de niveles de renta en las pensiones no contributivas, uno de los tres niveles de nuestro sistema de pensiones, pero no podemos ni debemos hablar de niveles de renta en el sistema contributivo, sino de cotizaciones y de los derechos que generan esas cotizaciones.
En tercer lugar, la verdad, señorías, creo que no tiene sentido que una persona que está casada, un señor casado o una señora casada, a la vez sea viuda. Digamos que volvemos loco un poco al Código Civil. Casado y viudo y que tenga una pensión de viudedad. No ha lugar, señorías, y por eso nosotros hacemos una transformación de la prestación. No nos inventamos

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nada nuevo, hemos mirado a nuestro entorno, que, por cierto, es lo que tiene que hacer esta Cámara en el momento en que vivimos; hemos mirado lo que está pasando en la Seguridad Social de países de la Unión Europea y hemos visto que esto se ha hecho recientemente en Holanda.
Por último, nos hablan ustedes ahora, con la última enmienda que parece que van a hacer, de seis meses arriba o seis meses abajo. Sinceramente, nos están hablando de un año para trabajar el Gobierno, de seis meses para el trámite parlamentario, de seis meses para el debate parlamentario. Han empezado ustedes a hablar de algo para los ciudadanos que vamos a empezar a discutir en esta Cámara como pronto a principios de 1999, posiblemente un poquito más tarde.
También, señorías --como ha dicho usted, señor Núñez--, hemos dicho esta mañana que nunca habíamos tenido en esta Cámara una iniciativa tan confesional. Más parece que ustedes quieren sugerir cómo deben vivir las personas, y, por cierto, las personas que tienen menos recursos.
Siempre exigimos determinada moral a las personas con menos recursos.
A mí me recuerda mis tiempos de adolescencia, las cosas que se vivían en mi entorno. Más parece que hablan de eso que de extender derechos a las personas. Y es verdad que estamos hablando de 1.400.000 personas; 900.000, si hablamos de cualquier edad. Como nuestra proposición habla de mayores de 65 o de 60 años, estamos hablando de 1.500.077 personas de más de 60 años. Hoy no se casan para no perder la pensión, decían los señores Diputados, cohabitan. Y eso, a nosotros ¿en qué nos molesta? Nuestra propuesta ha tenido en cuenta en su redacción, y se la he comentado en sus tres aspectos más importantes, las recomendaciones comunitarias, partiendo de la directiva de 1987, lo que está pasando en los países de nuestro entorno, en los países europeos: que, una vez alcanzada--su Seguridad Social es como la española también-- la igualdad de trato, profundizan en la individualización de los derechos, tanto en la política fiscal como en las políticas de protección social.
Hemos tenido en cuenta también el cuarto programa de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, vigente de 1996 al año 2000, y las recomendaciones de la OIT, desde la 67, pasando por la 131, y los convenios 102 y 128. Por ello nosotros hablamos de las personas de más de 65 años y, excepcionalmente, si no tienen trabajo, de las de más de 60 años. Porque estamos teniendo en cuenta algo que han dicho los tres parlamentarios que han intervenido: que la Seguridad Social se diseñó y se formuló sobre las bases de una organización social, de una familia, en la que el cabeza de familia, casi siempre el hombre, era el único que aseguraba la subsistencia en el hogar. Pero hoy ya los sistemas de Seguridad Social deben reflejar el hecho de que hombres y mujeres puedan actuar como individuos a la hora de buscar un empleo y compaginar su vida laboral y familiar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández, le ruego vaya concluyendo.


La señora FERNANDEZ SANZ: Voy concluyendo, señoría.
Hemos de tener en cuenta lo que se han llamado los cambios estructurales y hemos de producirlos, eliminando, insisto, en política fiscal y en política de protección social, cualquier discriminación que impida la participación equitativa de las mujeres en el mercado laboral formal y, por tanto, su individualización en las prestaciones.
Si ustedes no admiten, que parece que no, nuestra enmienda, que marca una línea al Gobierno para su trabajo, nosotros, de todas formas, el Grupo Socialista, vamos a votar positivamente a la enmienda, copiados los deberes, de Convergència y del Grupo Popular, y esperaremos a que llegue la proposición de ley del Gobierno para hacer nuevas propuestas y nuestras enmiendas.
Apoyamos también el sentido y el espíritu de la enmienda de Izquierda Unida, porque, en paralelo a nuestro trabajo, debemos reconocer lo positivo de que el Gobierno consulte, en los foros que se acaban de crear, a los sindicatos y a los empresarios nuestras propuestas y recoja a la vez sus propuestas para que nosotros también las tengamos en cuenta.
Por último, diría, señorías, que también hemos tenido en cuenta las cuatro o cinco sentencias del Tribunal Constitucional que caminan en esta misma dirección. En el futuro, todo lo que estudiemos sobre pensiones de viudedad tiene que ir dirigido a, según nuestra opinión, mayores de 65 años, convertirlo en pensión de jubilación, y menores de 65 años, buscar fórmulas alternativas, no necesariamente la pensión de viudedad, y todas ellas en la dirección de acciones positivas que incorporen a la mujer al mundo del trabajo.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, contando con que además desean intervenir dos de SS. SS., tiene, en primer lugar, la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, en nombre de Unión Valenciana, para dar mi apoyo a las proposiciones no de ley, con las enmiendas sustanciadas en el debate de hoy, respecto a ese impulso en la reforma normativa que permita la subsistencia del derecho a percibir la pensión de viudedad

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cuando el beneficiario o beneficiaria contraiga nuevas nupcias. Creo que esto supone hacer justicia en lo que hasta ahora era una situación de injusticia de nuestro ordenamiento jurídico hacia aquellas personas mayores que se encuentran en este caso, más de un millón de ciudadanas y ciudadanos que después de pasar por el mal trago y la mala situación personal, humana y familiar de la viudedad, no dan el paso de rehacer su vida con un nuevo matrimonio por miedo a perder de hecho, porque así lo marca la Ley de Seguridad Social, su merecido derecho a una pensión de viudedad.
La propuesta de hoy hace justicia y por eso Unión Valenciana, que también lo llevaba en su programa electoral, va a apoyar esta proposición no de ley, porque pensamos que es de derecho atenderla y que se sustancie la reforma legislativa para que subsista el derecho a percibir la pensión de viudedad cuando el beneficiario o beneficiaria contraiga nuevas nupcias, porque libremente así lo haya elegido. Sin embargo, ha habido una intervención de cuyo fondo debo discrepar, la de la portavoz del Grupo Socialista. Estas personas mayores son personas a las que por su edad, su mentalidad o sus costumbres, tal vez no les parece bien el tema de la cohabitación y siguen considerando --quizá por creencias, no porque sean más o menos conservadoras o más o menos progresistas-- que quieren rehacer su vida por medio del matrimonio, por su planteamiento personal ético o moral. Por tanto, a esos miles de ciudadanos y ciudadanas que no dan ese paso por no perder la pensión de viudedad creo que les damos una gran noticia y nos hacemos eco de una reivindicación de muchos años y de muchos ciudadanos para que no pierdan ese derecho si dan el paso libre y voluntario de contraer un nuevo matrimonio. Por todo ello vamos a apoyar la proposición no de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición, en nombre del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna, favorable a la enmienda transaccional que acaban de plantear los grupos Popular y Catalán de Convergència i Unió. Lo hacemos porque es evidente que la normativa actual perjudica claramente a aquellos viudos y viudas pensionistas que desean volver a contraer matrimonio, por lo que es necesaria la reforma de esta situación, ya que lo desean numerosas personas, y eso es lo que está proponiendo esta enmienda transaccional, que además tiene la virtud, desde nuestro punto de vista, de fijar un espacio temporal concreto, lo que es importante para no demorar más de lo necesario la puesta en marcha de esta medida. En el trámite del proyecto de ley habrá tiempo de proponer las fórmulas más adecuadas para concretar cómo perciben sus prestaciones las viudas y viudos nuevamente casados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria ante estas dos proposiciones no de ley presentadas por los grupos Popular y Catalán.
Valoro positivamente como muy acertadas las dos iniciativas presentadas, ya que están orientadas a dar solución a un problema real que afecta a muchos ciudadanos del Estado. Afecta fundamentalmente a las clases menos favorecidas, a los que dependen prioritariamente de la pensión de viudedad, a aquellos que aunque su deseo sea contraer nuevo matrimonio, no lo pueden realizar porque la pérdida de la pensión erosiona gravemente su economía. Este tipo de circunstancias produce situaciones difíciles y complicadas para las personas que se quedan solas. Muchos optan por quedarse solos, sobre todo en las zonas rurales, ante el riesgo y el miedo a que cualquier otra alternativa ponga en peligro su pensión. Otros, obligados por la necesidad y en muchos casos en contra de su conciencia, se unen sin ningún tipo de formalización para evitar la pérdida de los ingresos que perciben por la pensión de viudedad.
En ese sentido y valorando, repito, positivamente estas dos iniciativas, nos sumamos al consenso generalizado que al parecer va a existir en la Cámara para apoyar las dos proposiciones no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar este turno en nombre de mi grupo y lo voy a hacer desde el escaño siguiendo las instrucciones del señor Presidente de la Cámara.
El Grupo Vasco va a apoyar el nuevo texto de las proposiciones no de ley pactado entre los grupos proponentes, después del anuncio de los dos Diputados que han intervenido, señores Núñez y Homs; lo vamos a apoyar porque la actual normativa que regula la pensión de viudedad, desde nuestro punto de vista, es rígida

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y no responde a las aspiraciones de los ciudadanos, puesto que tienen que pesar más las posiciones de los afectados que nuestra opinión personal.
El artículo 174.1 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social, como SS. SS. conocen perfectamente, dispone que tendrá derecho a la pensión de viudedad, salvo que se produzca alguno de los casos de extinción que reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando al fallecimiento del otro cónyuge éste hubiera completado el período de cotización. Entre las causas de extinción figura la de contraer nuevas nupcias. La rigidez de la norma provoca, como se ha anunciado en esta Cámara por los grupos proponentes, que personas que disponen de rentas muy limitadas renuncien a su deseo de contraer nuevo matrimonio porque ello va a reducir sus ya escasos ingresos. Por ello consideramos que es justo reformar la normativa en el sentido que apunta el nuevo texto que se propone a esta Cámara.
Quiero indicar también que desde el punto de vista del Grupo Vasco sería deseable abordar globalmente la recomendación decimosegunda del Pacto de Toledo, que se refiere al reforzamiento del principio de solidaridad y de garantía de suficiencia, adoptando medidas hacia la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos. No quiero hacer demagogia, señorías, porque es muy fácil hacerla con relación a estas cuestiones, pero, como ustedes conocen perfectamente, hay pensiones de viudedad en España de 36.500 pesetas y creo que coincidirán ustedes conmigo en que deben ser revisadas con urgencia, para lo que vamos a tener una ocasión de oro en el próximo debate sobre el proyecto de ley de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, al que el Grupo Vasco ha presentado alguna enmienda en este sentido, como se vio en la Comisión que debatió el proyecto. La medida que se propone en esta iniciativa es una parte del todo; consecuentemente, no nos detengamos, señorías, en cuestiones que sólo parchean los problemas.
Para finalizar, repito que vamos a apoyar el nuevo texto, que coincide con la enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió a la proposición no de ley del Grupo Popular, porque solicita un proyecto de ley de reforma de la norma que regula estas pensiones de viudedad.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
Se ha hecho llegar a esta Presidencia el texto de una enmienda transaccional, acordada entre los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán de Convergència i Unió y Popular, que será el objeto de la votación y que procederé a leer a continuación para que no haya duda alguna.
Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que antes del 31 de diciembre y con conocimiento previo de la subcomisión para el análisis y seguimiento del sistema de la Seguridad Social, presente un proyecto de ley de reforma de la normativa reguladora de las pensiones de viudedad por virtud del cual, con sujeción a los condicionamientos y límites que en su caso puedan establecerse en razón a las características y nivel de rentas de la correspondiente unidad familiar, se evite la extinción de dichas pensiones en el supuesto de que el beneficiario de las mismas contraiga nuevas nupcias. Dicha reforma deberá entrar en vigor en el ejercicio presupuestario de 1998. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Si señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
He pedido la palabra simplemente para corregir lo que quizás es un mero error de denominación. Debe decir previo conocimiento de la Comisión permanente. No es subcomisión. La denominación legal es Comisión permanente para el análisis y seguimiento del sistema de la Seguridad Social.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así se hará.
Muchas gracias, señor Peralta. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios Popular y Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas en relación con el derecho al percibo de la pensión de viudedad al contraer nuevo matrimonio el beneficiario, en los términos resultantes de la transacción que los grupos proponentes han aceptado en su debate ante el Pleno.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 311; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las proposiciones no de ley en los términos de la transacción que se ha expuesto ante el Pleno.


AVOCACION POR EL PLENO:

--DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES (Número de expediente 121/000027)

El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al próximo punto del orden del día, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación

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de la deliberación y votación final del proyecto de ley de reforma de la Ley del Mercado de Valores. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por asentimiento.


PROPOSICIONES NO DE LEY (Continuación):

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ELABORACION DE UN PLAN PLURIANUAL DE FINANCIACION DEL SISTEMA EDUCATIVO (Número de expediente 162/000090)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto segundo del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del sistema educativo, para cuya defensa tiene la palabra el señor Romero. (Rumores.--El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor, guarden silencio. Ruego a SS. SS. que si tienen que mantener conversaciones, lo hagan fuera del hemiciclo. (Pausa.) Señor Belloch, señor Leguina, silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Romero.


El señor ROMERO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista presentamos a esta Cámara una proposición no de ley por la cual es nuestro deseo, si así lo estima la mayoría de la misma, instar al Gobierno a que en el plazo de cinco meses se presente un plan de aplicación de la Logse por comunidades autónomas para los próximos cinco años. Este plan plurianual de financiación de la ley debería incluir una distribución temporal acorde con el calendario previsto para la aplicación de la misma y, además, mi grupo considera que esta estimación plurianual debería ser realizada teniendo en cuenta aspectos del gasto de que son fundamentales para los próximos cinco años, tales como las plantillas de profesores, los gastos de funcionamiento de los centros, el coste del transporte escolar, el coste de los comedores escolares, de los conciertos educativos, de la formación del profesorado, de los programas de formación en empresas, de los programas de garantía social y, naturalmente, de todo el área referida a inversión nueva, inversión de reposición y equipamiento. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, les ruego nuevamente que guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señorías, nos encontramos en la tarde de hoy ante un debate de enorme importancia para el conjunto del sistema educativo de nuestro país, singularmente para diez comunidades autónomas que dentro de ocho meses van a recibir nada menos que la responsabilidad de gestionar la educación en cada uno de sus respectivos territorios. Dentro de ocho meses más de 144.000 profesores, más de un billón de pesetas de presupuesto, más de dos millones de alumnos y 5.200 centros serán responsabilidad de diferentes gobiernos regionales. Nos encontramos, por tanto, ante una gran cuestión que preocupa a un conjunto muy amplio de la comunidad educativa de nuestro país.
Comenzaré por subrayar que dada la importancia del tema, hemos reiterado en muchas ocasiones que la Ministra de Educación pudiera asistir al Parlamento, a la Comisión de Educación, para que nos explicara cuál es el panorama y las perspectivas a la hora de tramitar las transferencias de educación a los territorios. No ha sido posible porque se ha negado a comparecer ante el Parlamento para explicar esta cuestión crucial y hoy debo decir, con un cierto pesar, que aunque he visto a varios ministros del Gobierno en el Parlamento --hasta cuatro--, la Ministra de Educación no se ha dignado a escuchar esta importante cuestión que le afecta directamente, porque en este momento es de su directa y exclusiva responsabilidad. Lástima que ninguno de los 40 asesores le haya podido sugerir la importancia de este tema.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley por cinco razones. En primer lugar porque hubo una primera ocasión en la que el Grupo Parlamentario Socialista, junto con otros grupos de la Cámara, intentó abrir un cauce de diálogo, de compromiso político, para discutir el asunto de las transferencias y de la financiación global de la Logse con ocasión del debate de la iniciativa legislativa popular que aquí se vio en el mes de diciembre. El Grupo Parlamentario Popular y otros grupos votaron en contra, aunque, eso sí, allí se anunció que el Gobierno presentaría en el siguiente período de sesiones, en el que nos encontramos, una iniciativa con objeto de que esta Cámara estudiara el modo de irnos acercando a la media del PIB o incluso estar por encima en la inversión en la educación, un buen compromiso, una buena intención que hasta ahora no ha visto la luz. Por eso pensamos que hoy puede ser una ocasión excelente para que también, por segunda vez, el Grupo Parlamentario Popular y otros grupos de la Cámara se acojan a esta propuesta de compromiso político para financiar con carácter ordenado, homologable y equitativo en el conjunto de nuestro territorio la aplicación de la Logse.
La segunda razón es porque el Partido Popular no garantiza al día de hoy el proceso de transferencias. No lo garantiza porque el balance de un año en el territorio

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de exclusiva gestión del Ministerio de Educación y Cultura no puede ser más desalentador para esas diez comunidades que han de recibir el sistema educativo dentro de unos meses. Se han paralizado completamente las inversiones en infraestructuras. Se han reducido los equipamientos de los centros. Se ha degradado el funcionamiento de servicios como transporte y comedor escolar. Se han suprimido los programas orientados a compensar las desigualdades sociales y económicas de los alumnos, tanto el programa de vacaciones como el programa de estancias en el extranjero de chicos y chicas con dificultades económicas. Se ha reducido globalmente el número de becas. Se está aplicando la reforma de la enseñanza y, en concreto, la secundaria obligatoria en condiciones francamente precarias en la mayor parte de los centros de secundaria del territorio de gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura. Se ha congelado la reforma de la formación profesional y la aplicación de los ciclos formativos de la nueva formación profesional. Se ha congelado la aplicación de los programas de garantía social. Se han degradado las condiciones de trabajo de los profesores, tanto en horarios como en discriminación de maestros y profesores de secundaria a la hora de establecer formas y calendario de trabajo. Se han desmantelado las instituciones de formación permanente del profesorado. Esto lo digo por hacer una breve síntesis del balance de un año de gestión, el año crítico, el año clave, el año en que se ha de negociar el traspaso de estas funciones y servicios a diez comunidades autónomas.
La tercera razón es que esta es una iniciativa que goza de un amplio consenso. Hay una petición ampliamente respaldada en el seno de la comunidad educativa para que precisamente esta importante cuestión sea debatida en sede parlamentaria. Lo piden tanto parlamentos regionales diversos en votaciones unánimes, incluidos parlamentarios del Grupo Popular, como consejeros de Educación que han de recibir transferencias en esta materia en los próximos meses --sea el de Madrid, el de Murcia o el de Aragón, todos ellos, por cierto, pertenecientes al grupo parlamentario que sustenta al actual Gobierno--, como el Consejo Escolar del Estado, como todos los sindicatos de profesores que han venido a ver a este grupo parlamentario para decirle que apoyara una iniciativa de estas características --ANPE, CSIF, STE, Comisiones Obreras, FETE-UGT--, como el conjunto del profesorado con el que este grupo parlamentario ha tenido recientemente reuniones de trabajo. La comunidad educativa desea que esta cuestión se sitúe fuera de la coyuntura electoral, desea que esta cuestión sea debatida en sede parlamentaria y se adquiera un compromiso político que despeje todas las dudas respecto de cómo se va a producir el proceso de traspaso de funciones y servicios a las comunidades autónomas. Además, naturalmente, existe un amplio consenso para que se produzca una financiación homologable, transparente y equitativa, que haga que no haya ninguna discriminación en el conjunto de los territorios, tanto en aquellos que han de recibir las transferencias como en aquellos que hace años que las ejercitan con plena competencia.
La cuarta razón es que el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno, incluso en la Comisión de Educación, ha señalado que pretende realizar las transferencias en materia de educación de acuerdo con lo que hay presupuestado para el ejercicio de 1997. Si esto sucediera de esta manera, estaríamos ante un proceso que tendría muchísimas dificultades de poder ser gestionado en condiciones razonables en los distintos territorios una vez que el 1 de enero las competencias pertenezcan a estas comunidades autónomas.
No es posible, por tanto, en quinto lugar en opinión de nuestro grupo, trabajar con la hipótesis con la que lo hacen diferentes miembros del Gobierno, que es transferir el coste efectivo del servicio del 1997 a las comunidades autónomas a partir del 1 de enero. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que las transferencias, en este caso, en esta coyuntura, en el ecuador de la aplicación de la reforma de la Logse, se encuentran en un momento histórico completamente diferente del momento en que se produjeron las transferencias a comunidades autónomas el año 1983 ó 1984, porque en aquel momento no había una ley en pleno desarrollo, en el ecuador del mismo, que además suponía un incremento de gasto ciertamente notable para el conjunto de los poderes públicos. En este sentido va la proposición no de ley que mi grupo parlamentario presenta hoy aquí, en el sentido de que se garantice que en cinco meses --existe plazo más que suficiente-- el Gobierno remita a la Cámara un estudio plurianual que signifique un compromiso de financiación por comunidades autónomas que además incluya los conceptos de gasto que el desarrollo de la Logse implica, tal y como he señalado en la primera parte de mi intervención. Sería una estimación diacrónica para el período 1998-2002 que, en primer lugar, garantizaría el desarrollo de la Logse completamente. En segundo lugar, nos acercaría, de acuerdo con nuestra estimación, a un porcentaje --estoy seguro que deseado por toda la Cámara-- de gasto público en educación sobre el producto interior bruto, en torno al 5,5 por ciento aproximadamente.
Y, además, esta cuestión nos situaría, como es voluntad amplia del conjunto de la comunidad educativa, al margen de las coyunturas electorales y de las mayorías y minorías gubernamentales; situaría esta cuestión como lo que es: una auténtica cuestión de Estado que requiere colocarla más allá de cualquier coyuntura electoral. Naturalmente, esto garantizaría plenamente el proceso de transferencias en materia de educación y alejaría las innumerables dudas e inquietudes que en este momento existen en las diez comunidades autónomas, con independencia del color político de quien las formula a la hora de recibir

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el traspaso de funciones y servicios en materia educativa.
Además, señorías, la situación no es exclusiva de las comunidades autónomas que recibirán competencias en el futuro, sino que está plenamente compartida por las que ya gestionan actualmente esta competencia de educación. La perspectiva de estas comunidades autónomas descansaba, como SS. SS. saben, sobre el principio de gasto estatal equivalente, que actuaba plenamente en el anterior sistema de financiación de las comunidades autónomas. Sin embargo, naturalmente, hoy, dos circunstancias que afectan de manera muy directa a esta garantía de equidad territorial que implicaba el gasto estatal equivalente han sufrido modificaciones sustanciales. En primer lugar está la desaparición del propio concepto de gasto estatal equivalente; la desaparición y, en consecuencia, la garantía que el mismo implicaba, que se deriva del traspaso de la totalidad de las competencias de educación a las comunidades autónomas, el mayor peso que alcanza la financiación con origen en el rendimiento tributario de cada territorio en el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Eso significa que este escenario, probable en enero de 1998, sitúa a la totalidad de las haciendas autonómicas ante una notable dificultad, porque tienen la obligación de hacer frente al esfuerzo presupuestario que exige la aplicación de una ley orgánica que determina la ampliación de la dimensión y la calidad del sistema educativo, una ley que se encuentra en el ecuador de su desarrollo, porque como SS SS. saben estará culminada en el año 2002, y, además, desaparece el mecanismo de salvaguardia que les aseguraba un trato equivalente al del gasto estatal al desaparecer prácticamente la función educación, el 1 de enero, del presupuesto del Estado.
De manera que también por este motivo mi grupo entiende que hay razones de peso que aconsejarían instrumentar estas necesidades de financiación de las comunidades autónomas, como las de las administraciones educativas en todo el territorio del Estado, precisamente mediante un plan plurianual, extraordinario, de vigencia quinquenal paralela a la del sistema 1997-2001 ó 1998-2002, según cursos, que abordaría secuencialmente la financiación de las operaciones de capital y de gastos corrientes correspondiente.
La reciente entrada en vigor del sistema de financiación de las comunidades para el quinquenio 1997-2001 y la coincidencia entre la finalización de su vigencia y la de la completa aplicación de la Logse permitiría culminar una etapa y a partir de ese momento abordar su financiación en un horizonte de estabilidad competencial. Finalizado dicho período, el futuro sistema de financiación de las comunidades para el quinquenio 2002-2006 ya podría integrarse, en la base de cálculo de cada comunidad, el gasto consolidable anual derivado de esta aplicación.
En consecuencia, nuestro grupo parlamentario estima que es éste el momento, precisamente ahora y con un plazo razonable, de instar al Gobierno, dándole cinco meses para que en el mes de septiembre pueda tener acabado --es perfectamente posible, porque hay información sobrada para hacerlo así--, a elaborar un plan de financiación plurianual que tenga en cuenta estas dos grandes realidades que han coincidido en el tiempo y que, además, en el último trimestre del año 1997, con sosiego, permita adquirir, precisamente en sede parlamentaria, ese compromiso de financiación que haga que la distribución de este programa plurianual pueda realizarse con criterios objetivos de equidad y, al mismo tiempo, se pueda --y se deba-- asignarle más cometidos de los que directamente se pretende subsanar, es decir, financiar a todas las comunidades autónomas como administraciones educativas y, a la vez, tener en cuenta todos los conceptos de gasto que tendrán que asumir estas comunidades que tienen que recibir las transferencias --y las que tienen transferidas competencias pero que, además, se encuentran en este nuevo escenario de financiación-- hasta que la aplicación de la Logse esté completamente ultimada.
Señorías, pensamos que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es razonable y está llena de sentido común, que es una iniciativa constructiva, que sólo sirve para despejar dudas a diez comunidades autónomas --ocho de las cuales gobierna el Partido Popular--, que en este momento ven una enorme dificultad para asumir competencias con garantías, como están poniendo de relieve cada día que es necesario, los propios responsables de educación y los propios responsables de los gobiernos de esas y otras comunidades autónomas.
Además, es una proposición no de ley que introduciría criterios de equidad, de transparencia, evitaría acuerdos bilaterales que no siempre caminan en la dirección del criterio equitativo del concepto de gasto para el conjunto de los territorios, entendiendo por territorios los usuarios que han de recibir y que disfrutan este sistema. Mi grupo entiende que por todos estos motivos el conjunto de la Cámara será sensible a esta iniciativa parlamentaria, que, por otra parte, no se aleja mucho de lo que el conjunto de la comunidad educativa, en este momento, en estos días, desde hace meses, demanda al Parlamento español.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Romero.
A esta proposición han presentado enmienda el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.


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Señorías, subo a la tribuna para defender la enmienda que presenta mi grupo, Coalición Canaria, a la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del sistema educativo. Los argumentos invocados por el Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición no de ley presentada a debate insisten en el enorme impacto que en el panorama educativo español tuvo la aprobación de un nuevo programa educativo, diseñado en la Logse. Esa tesis resulta absolutamente incuestionable, si no diera la impresión de que es el partido que sostuvo al Gobierno que propició su aprobación el único responsable de su diseño y de su puesta en práctica.
El amplísimo debate que suscitó el inicial proyecto de ley, no sólo en los estamentos políticos sino entre las fuerzas sociales, sindicales y educativas, puso de manifiesto la necesidad de reformar el sistema anterior y apostó claramente por la alternativa propuesta. No puede, pues, arrogarse el grupo proponente el éxito que tuvo el nuevo sistema educativo. Precisamente una de las carencias --por demás, evidente-- que fue detectada en el proyecto y que se consolidó en el texto final aprobado fue la de la existencia de una cobertura financiera que asegurara la puesta en práctica con garantías de éxito, en el marco de la solidaridad entre las diferentes administraciones, de la implantación del nuevo sistema. No es preciso recordar cuál fue el resultado de las diferentes propuestas que en tal sentido se hicieron desde los distintos ámbitos al Gobierno de entonces. La propia exposición de motivos de la proposición que se debate reconoce, por su parte, la cuantificación del coste de la reforma educativa en su día realizada, en el ámbito de gestión de la Administración central y en el conjunto del Estado, en un período de siete años. La única explicación que la desestimación de la cobertura financiera provoca siete años después es la existencia de dificultades financieras y el reconocimiento del acuerdo entre Estado y comunidades autónomas competentes, para dilatar la implantación de la reforma a lo largo de los diez años que la Ley fija. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista propone ahora no sólo que se establezca por parte del Gobierno un plan de financiación de aplicación de la Logse por comunidades autónomas sino, además, que dicho plan abarque el período de los cinco próximos años.
Conviene dejar sentado desde el principio que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no alberga ningún género de duda acerca de la conveniencia de abordar ambos extremos de la proposición presentada a debate. Es preciso recordar la postura de este grupo favorable a dilatar el período previsto en la disposición adicional primera de la Logse fundamentada esencialmente en argumentos de carácter socioeducativo, dado que el último calendario de aplicación de la Ley aprobado por el Gobierno socialista, que supuso una notable alteración del proyectado inicialmente, va a provocar graves perjuicios al alumnado y a su familia, fundamentalmente con la implantación simultánea de sendos cursos de los niveles de la educación secundaria obligatoria. En este sentido, es muy loable que el Grupo Parlamentario Socialista reconozca ahora la oportunidad de alargar la implantación del nuevo sistema hasta el año 2002.
Por lo que hace referencia a la financiación de la ampliación de la enseñanza hasta ahora realizada, es preciso recordar el enorme esfuerzo económico que ha supuesto para las comunidades autónomas con competencia en materia educativa llevar adelante no sólo el calendario previsto en la Logse sino, al menos en el caso de Canarias, el adelantamiento de la implantación del sistema sobre las previsiones iniciales. En ese sentido, también este grupo parlamentario se congratula de que desde las instancias de quienes desecharon la necesidad de una ley de financiación de la reforma educativa se reconozca ahora la evidente carencia con que la Logse nació. Así, desde la convicción de la ineludible conveniencia de abordar ambos extremos en la proposición que se debate, es decir calendario y financiación, resulta preciso introducir una matización importante al texto de la propuesta socialista que despoje a ésta del claro ropaje de oportunismo político del que se reviste.
Ha quedado resaltado el esfuerzo financiero que las comunidades autónomas con competencia educativa plena han llevado a cabo para sacar adelante la renovación del sistema en la que se habían embarcado, en una apuesta clara, al menos por lo que a Canarias se refiere, por la necesidad de cambio educativo y por la aplicación del que la Logse proponía. Este esfuerzo pocas veces se había visto reconocido y apoyado por los gobiernos estatales anteriores a los que sistemáticamente se había planteado la cofinanciación de la implantación de la reforma.
Sin obtener el compromiso de corresponsabilidad en esta tarea, Canarias ha seguido adelante en la progresiva generalización a que estaba obligada y, además, en el adelanto en las etapas, ciclos y niveles cuya implantación se prevé a más largo plazo. Este esfuerzo, paralelo sin duda al de otras comunidades autónomas, debe de ser valorado en sus justos términos y en el marco de las obligaciones que le corresponden.
Junto a ese reconocimiento de lo ya realizado es preciso igualmente comprobar no sólo cuánto de ello era deber de la administraciones autonómicas y cuánto correspondía al Gobierno del Estado, sino también cuánto queda por hacer y en qué medida es responsabilidad de cada Administración pública.
En cualquier caso, no debe olvidarse el argumento que se contiene en la propia exposición de motivos de la proposición que se debate, en el sentido de respetar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de su derecho, contemplada en el artículo 149.1,1.ª de la Constitución.


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La actitud de gobiernos anteriores de no admitir la corresponsabilidad que les imponía la puesta en práctica de una Ley que obliga no sólo a las comunidades autónomas sino al Estado mismo, ha puesto en entredicho el cumplimiento de ese precepto constitucional.
Por todo ello, antes de abordar la redacción de un plan de financiación como el que se pide al Gobierno, es criterio de este grupo parlamentario que debe llevarse a cabo un estudio de la situación actual sobre la implantación del nuevo sistema en cada una de las comunidades autónomas, al objeto de poseer un diagnóstico previo de la realidad que permita posteriormente la elaboración de un plan de financiación realista y ajustado a las necesidades de cada comunidad.
En consecuencia, este grupo parlamentario plantea una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de cinco meses presente en la Cámara un estudio previo de las inversiones realizadas por las distintas administraciones públicas para la aplicación de la Logse, de la situación actual de la implantación de cada una de sus etapas y de las necesidades previstas a su desarrollo definitivo, con vistas a la redacción de un plan de financiación de la implantación de la misma por comunidades autónomas para los próximos cinco años. El citado plan plurianual de financiación de la Logse deberá incluir una distribución temporal, acorde con el calendario que se prevea para la aplicación de la ley. Tanto el estudio previo, como la estimación realizada por comunidades autónomas deberá considerar, al menos, los siguientes conceptos de gastos: plantillas, gastos de funcionamiento de los centros, transporte escolar, comedores escolares, conciertos educativos, formación del profesorado, formación en empresas, programas de garantía social, inversión nueva, inversión de reposición, equipamiento y reposición de equipamiento.
Esta es la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que espera sea aceptada por el grupo proponente y que consiga el respaldo mayoritario de la Cámara.
Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, se han cumplido siete años desde la promulgación de la Logse. Esta ley era, como todos sabemos, una promesa y también una puerta abierta a expectativas positivas para este país.
La Logse implica una verdadera reforma. En aquel entonces había dos opciones: reformar, para que el sistema educativo siguiera reproduciendo desigualdades y clases, o cambiar, para dar a toda la ciudadanía las mismas oportunidades, algo muy parecido a la verdadera definición de la igualdad. Pero el sistema educativo, desgraciadamente, no avanza sólo sobre eslóganes y sobre buenas intenciones, sino que avanza también con recursos económicos, porque con ellos los problemas no financieros, si existen, por lo menos se vuelven explícitos y pueden llegar a tener solución. Pero la ley llegó sin financiación, ustedes deben recordarlo, Nosotros lo recordamos, y es loable que el Grupo Socialista intente borrar hoy los siete años transcurridos desde la promulgación de la ley y los seis años de gobierno, responsable desde entonces, sin procurar financiación para el buen desarrollo de aquélla.
Tiempo hubo, pero, desgraciadamente, los recursos no llegaron.
En este hemiciclo y en todo el Estado español está admitido que invertir en educación es el medio más eficaz para contribuir a la riqueza económica del futuro. Apenas hace tres semanas el semanario The Economist encabezaba la portada con un titular: La educación y la riqueza de las naciones, y redescubría algo tan sabido como que la educación es la llave del éxito para la economía del futuro. Pero hay mucho más. Desde el punto de vista político, la educación es el único instrumento, el instrumento privilegiado para la movilidad social y el reparto más justo del futuro.
Desde Cataluña y desde nuestro grupo tenemos la certeza de que el Estado español cumplirá los requisitos de convergencia de Maastricht y que participará en la tercera fase del proceso de unión económica y monetaria, pero esto, señoras y señores Diputados, no será suficiente para que este país sea un país europeo. Porque para afrontar el siglo XXI desde Europa debemos acumular capital escolar, que ahora no tenemos. No puede existir un país, una sociedad medio educada o educada sólo a medias.
El capital del trabajo durante estos años se ha convertido en algo mítico; pero el capital escolar es la realidad actual y futura para la adaptabilidad de aquél. Ustedes recordaran que aquí se ha hablado de que nuestro paro es estructural, aunque mejoren y se creen puestos de trabajo. Vamos a sacrificar a diversas generaciones de eficaces trabajadores y trabajadoras porque no poseen suficiente capital escolar para adaptarse a los nuevos puesto de trabajo que sin duda se crean y se crearán y que necesitan una calificación mayor. Por ello nosotros creemos que este debate y el posicionamiento de hoy debería convertirse en un signo unitario, en un acto positivo.
Nuestra enmienda intenta adecuarse a la realidad e intenta contraer un compromiso moderado y posible. Yo desearía que ustedes la escucharan con atención: instamos al Gobierno a que, una vez culminado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas

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en materia de educación, presente ante la Comisión de Educación y Cultura un estudio informado sobre los criterios, estructura, priorización de objetivos y fases posibles de desarrollo de las previsiones de financiación de la aplicación de la Logse. ¿Por qué decimos una vez culminado el proceso de transferencias a las comunidades autónomas? Porque deben adoptarse criterios sobre un escenario cercano a la homogeneidad posible. Las comunidades autónomas que asumirán competencias de educación el 1 de enero de 1998 las recibirán valoradas de manera parecida a las que las recibimos --en nuestro caso, Cataluña-- el año 1981, 1 de enero. Entonces se usó para la valoración el método de los servicios transferidos, que evaluaba el coste para la Administración del Estado, como ustedes recuerdan, de la prestación del servicio educativo, con los parámetros reales con que se venía prestando en el momento de la transferencia (éste era el llamado tramo de financiación básica), y el coste efectivo acumulado para mantener la prestación lo cubría de los servicios transferidos.
En el período siguiente, de 1987 a 1991, se modificó sustancialmente, ya que la financiación global de cada comunidad autónoma se desvinculó del coste efectivo y la financiación se asigna en función de determinadas variables, reduciéndose el coste efectivo --y esto sigue-- a una simple garantía de mínimos, lo que deberá revisarse, porque el cambio del sistema educativo modifica radicalmente el escenario en que se desarrolló la asunción de competencias en materia educativa el año 1981 y la valoración de los servicios transferidos. Hay un nuevo sistema educativo, una nueva estructura educativa, se ha universalizado la enseñanza secundaria. Todo esto conforma un servicio muy distinto, cuyo coste deberá valorarse para que las distintas administraciones educativas del 151 y del 143 dispongan de los recursos necesarios para prestarlo con calidad. Recuerden, sólo se valoró el coste del momento y únicamente para que fuera posible el poder mantener el servicio educativo en el mismo estado e intensidad en que lo prestaba entonces el Ministerio de Educación y Ciencia y que ahora será prestado por el Ministerio de Educación y Cultura. No se corrigieron los defectos y ni tan siquiera se consideró si el nivel de prestación de un servicio tan básico como el educativo era el adecuado o no.
Ustedes también recordarán que la nueva inversión fue mínima y de todos son conocidas las vicisitudes del Fondo de Compensación Interterritorial y la creación del aquel concepto llamado de compensación transitoria.
También recordarán que la falta de una contabilidad de costos por la Administración del Estado fue una grave deficiencia para la valoración de las transferencias, en este caso la del servicio educativo. Por ello decimos que se deben establecer los criterios, se debe hacer el estudio del plan de financiación, una vez cumplido el proceso de transferencias a todas las comunidades autónomas.
Instamos también a elaborar un estudio, a establecer unos criterios.
Queremos conocer los criterios. Creemos que en la Comisión de Educación y Cultura debemos discutir los criterios, cómo se formula un plan de financiación, porque, ¿sobre qué tasa de escolarización vamos a hacer el plan de financiación? ¿Sobre qué tasa? ¿La enseñanza secundaria obligatoria? ¿La primaria? ¿Sobre el cien por cien? Esto será erróneo porque se repite. No se sale del sistema. En alguna cohorte demográfica de alumnado deberá haber 115, en otras 109. Se ha de saber qué tasa de escolarización quiere este país cuando se financie el bachillerato.
¿Queremos que el 70 por ciento del alumnado haga bachillerato? ¿Queremos el 20 por ciento sólo? ¿Queremos el 30? ¿No queremos que nadie vaya a la universidad? ¿Queremos sólo una élite? ¿Queremos que vayan más? Estos criterios se deben discutir. Se debe hacer este estudio. Y lo que se pide es sin este estudio. También se deben priorizar los objetivos. Cualquier gobierno prioriza los objetivos, cualquier empresa, cualquier hogar prioriza sus objetivos con los presupuestos que tiene. Primero, entre los diversos departamentos y, luego, dentro del mismo departamento. Un plan de financiación de la educación debe señalar qué vamos a priorizar primero. ¿La danza? ¿Los estudios de teatro? ¿O la enseñanza secundaria obligatoria y los programas de garantía social que cubren a toda la sociedad, que aseguran el capital escolar para toda la sociedad? Por eso hemos presentado esta enmienda.
Estimadas Diputadas y estimados Diputados, estamos hablando de educación y estamos hablando del futuro. Nuestro grupo, mi gobierno, mi parlamento exigirá la financiación, pero la exigirá de manera rigurosa, con este estudio previo que ahora pedimos. No querríamos estabilizarnos en una permanente insatisfacción o legar a la sociedad y a las generaciones de hoy y de mañana esta insatisfacción. Por ello, pedimos al Grupo Socialista que nuestra enmienda no les parezca un retroceso, porque mi grupo no da saltos al vacío. Ustedes saben que un salto al vacío significa adelantar el paso y cerrar los ojos para no ver la inutilidad del gesto. En cambio, nosotros tenemos la voluntad de saltar por encima de un obstáculo, tenemos la voluntad de superarlo.
Por ello, quizá debemos retroceder, tomar impulso para saltar mejor y lograr el éxito. Sería una ironía, señor Diputado y señores del Grupo Socialista, que la proposición no de ley sea una iniciativa que nunca ocurrió o que el no sea lo único que quede de ella.
Nosotros no deseamos ser complacientes con los errores. Hoy sólo podemos alcanzar aquello que es posible. Nuestra enmienda puede hacer alcanzar lo posible. Puede ser imperfecta. De acuerdo, pero si aúna las voluntades de consenso de todos nosotros, puede ser operativa y eficaz.
Gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Gil.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En el Grupo Parlamentario Vasco compartimos los objetivos genéricos que recoge esta proposición no de ley que presenta en el día de hoy en la Cámara el Grupo Socialista --lo hemos venido sosteniendo reiteradamente, tanto en Pleno como en Comisión--, siempre que se pongan las cosas en su sitio, tal y como indicaba en su intervención la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Apoyamos la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, la apoyamos con una memoria económica que llevaba una serie de parámetros donde estaban reflejadas muchas de las cosas que se están pidiendo en el día de hoy y rigurosamente sostenidas. Sin embargo, a lo largo de siete años, hemos visto que todos aquellos parámetros no sólo cayeron en desuso, sino que se hicieron viejos antes del primer ejercicio. Esa es la aplicación de una ley que fue consensuada por el entonces Gobierno socialista, por el Grupo Socialista que lo sostenía y por otros como el Grupo Parlamentario Vasco, pero que en aquella parte del territorio de su competencia, como es el territorio MEC, fue quedando en desuso. Una memoria económica, señor Presidente, que hoy en día muchos quisieran que desapareciera de los archivos de la Administración y, sin embargo, está ahí. Otras administraciones públicas usaron criterios distintos en relación a la misma ley y a la memoria. Me estoy refiriendo, en concreto, a la administración educativa vasca que, sin llegar a los parámetros que se recogían en aquella memoria educativa, ha sido más exigente en la aplicación de los parámetros económicos que respondieran a los objetivos políticos en materia educativa que recogía la Logse.
Esta es una situación que nos tiene que llevar a la reflexión porque, indudablemente, el que haya unos planes de financiación que garanticen esos objetivos que contaban con una amplia mayoría en esta Cámara, que se pueda planificar en una situación educativa muy cambiante en los últimos años, que se pueda contar con garantías presupuestarias a esos efectos y, además, se haga referencia a parámetros de PIB respecto al gasto educativo y se cuente con parámetros europeos, son criterios por todos compartidos, siempre que se reconozca que hay administraciones que han intentado cumplir mejor esos objetivos y que otras han quedado en otros niveles dentro de sus ámbitos de sus propias responsabilidades.
En lo que respecta al estudio que se solicita en la enmienda del Grupo de Coalición Canaria o del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es una petición que repetidamente ha solicitado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), porque los análisis que se realizan en el terreno educativo tienen el fallo fundamental de no contar con criterios contrastados en lo que es gasto público de las distintas administraciones educativas, y las referencias que se hacen al gasto público, al PIB, a distintos parámetros o ratios, en nuestra opinión, no están suficientemente contrastadas. Por ello entendemos, señor Presidente, que es razonable que la Administración del Estado, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, en el uso de sus competencias sea, de una vez por todas, el Ministerio de Educación y Cultura del Estado. Nosotros observamos --basta seguir en esta Cámara las labores de la Comisión de Educación y Cultura-- que el Ministerio de Educación se circunscribe casi en exclusividad al territorio MEC.
Lo hacía antes el Gobierno socialista y sigue con la misma práctica el Gobierno popular. Nosotros entendemos que el Ministerio de Educación y Cultura es un ministerio del Estado que debe atender y reflejar cuantas funciones le están encomendadas en todo el territorio del Estado, que debe poner a disposición de esta Cámara los datos que las distintas administraciones educativas llevan a cabo en el ejercicio de sus funciones y que debe de poner encima de la mesa, en un informe, la realidad del gasto educativo público en las distintas administraciones públicas. Si ese estudio se lleva con rigor y refleja la realidad de todas las administraciones educativas, nos llevaremos una sorpresa. En este sentido, en estudios que ha hecho el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) para poder tener datos más exactos de la realidad educativa en el Estado, se observa que los datos que usa el ministerio están bastante alejados de la realidad del gasto público, porque la referencias que se toman son casi exclusivas de lo que es territorio MEC. Esa es una realidad que está ahí, pero no es la única. Existen realidades plurales que hay que incorporar para ver el conjunto de las administraciones públicas, sus actividades y sus gastos en relación a la materia educativa. Indudablemente, una vez tengamos ese estudio, habrá que hablar de prioridades, habrá que hablar de objetivos, habrá que reformular los objetivos en materia educativa.
Nos parece correcto, compartiendo el cumplimiento de una serie de objetivos de gasto público que están en nuestra opinión correctamente recogidos en la Logse, que se establezca una reformulación, admitiendo que la memoria económica de la Logse quedó vieja casi antes de nacer, en una aplicación concreta que se ha ido realizando a lo largo de estos siete años. Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco va a fijar su posición en relación a que el dato fundamental con que esta Cámara debe contar es ese estudio; si no, nos estamos engañando, estamos haciendo un brindis al sol y ofrecimientos a la galería.


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Nos alegramos de que otros grupos parlamentarios compartan con nosotros una solicitud que hicimos en la Comisión de Educación y Cultura reiteradamente. No lo hemos conseguido, a ver si esta vez es la definitiva, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señorías, cualquier asiduo lector o lectora del «Diario de Sesiones», incluido el mismísimo Gobierno, puede tener la impresión de que algunos agentes sociales, por ejemplo, Comisiones Obreras u otras fuerzas políticas, entre las que se encuentra mi grupo, estamos obsesionados u obsesionadas con la financiación del sistema educativo. En este exclusivo caso, señorías, no se equivoca el Gobierno. Hay una conjura social y política en no cesar de plantearlo hasta conseguirlo; insisto, conjura social y política.
Con desigual grado de apuesta educativa sacamos adelante la Logse, convencidos de que podía haber sido mejor, pero en aquel momento la correlación de fuerzas nos hizo aprobar la ley posible. El objetivo lo marcó la sociedad civil, y se trataba de poner en marcha un conjunto de medidas que dieran salida a la obsoleta enseñanza vigente. La comunidad educativa afectada --no exclusivamente, pero sí en primera instancia-- reclamaba y reclama abordar sin más dilación un plan suficiente que permita abordar en profundidad los problemas detectados en las diferentes esferas. Sería razonable recordar la cifra del 6 por ciento del PIB como un logro europeo y como adecuada para el gasto público educativo, para lo que es necesario un plan estratégico que aterrice en lo concreto.
Nuestra particular preocupación parte del último y drástico recorte presupuestario que va directo, directo, como la flecha de cupido, al corazón de la calidad de la enseñanza. Esto unido a la realización de unas transferencias que van a exportarse a diez comunidades autónomas, con las correspondientes inyecciones financieras hibernadas, hace que se enciendan las luces de alarma.
Las reformas iniciadas, señorías, están siempre pendientes de las tormentas políticas y de los rigores económicos. Y es una auténtica irresponsabilidad --digo, irresponsabilidad-- abordar una reforma como la contenida en la Logse sin un compromiso parlamentario que, mediante una ley de acompañamiento, garantice unos recursos para aplicar lo aprobado en dicha ley.
Tenemos, señorías, la agria sospecha de que la fiebre neoliberal va a hacer algunas averías en el sistema público de la enseñanza; todos y todas conocemos cómo la filosofía ecuménica consiste en poner freno a lo público mediante un progresivo deterioro del mismo y una subliminal privatización, regulando lo que las doctrinas empresariales más ortodoxas consideran un mercado puro y duro. Es necesario, señorías, que todos --unos más y otros menos-- les demostremos cómo la educación es un derecho y no puede someterse a las leyes de la bolsa del Wall Street. La enseñanza no es un objeto material, sino un bien cultural y hay que evidenciar que las leyes del mercado per se no garantizan la calidad y la eficiencia del sistema educativo.
Señorías, no quisiera pasar a la historia de esta legislatura como el torpedo de doña Esperanza, pero parece evidente que mi querida ministra es la víctima o el verdugo --en los parámetros españoles en materia de enseñanza-- de una convergencia que tiene como titular al becerro de oro llamado Maastricht y que concluye con una reiterada evidencia, y es que la educación, una vez más --hay que decirlo desde este púlpito--, no es una prioridad para el Gobierno Aznar.
Una vez descontados contablemente, señorías --y ustedes lo saben--, el polvo y la paja, el incremento presupuestario para el próximo año está cifrado en 3.267 millones, lo que no alcanza en pesetas corrientes una subida ni siquiera --y sé la respuesta que usted me va a dar ahora, señor Guerra-- del 0,4 por ciento. Ello, sin tener en cuenta la inflación, claro está, por lo que la resultante tiene nombre, y es estrepitosa caída del gasto educativo. Esto, en lenguaje parlamentario, se llama brutal agresión al sistema público de enseñanza.
Señorías, concluyo diciéndoles que, aunque todo es manifiestamente mejorable y la proposición no de ley que debatimos hoy está en clave menor, vamos a votarla favorablemente para hacer como decía el poeta: se hace camino al andar, conscientes de que esto es sólo el hormigón de un edificio que está por construir y está sencillamente paralizado, porque no es rentable para el mercado.
Ahora sí termino, señorías, con una bíblica frase, recordándoles a los colegas de la derecha que no sólo de pan vive el hombre.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Aramburu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor Presidente.
Siguiendo los consejos de la Presidencia, desde el escaño voy a fijar la posición del Grupo Popular.
Cada dos o tres meses venimos discutiendo aquí algo semejante. El 10 de diciembre se dieron aquí una serie de argumentos cuando se defendía una proposición de ley de carácter popular, con 600.000 firmas, la cual fue saludada por nuestro grupo con satisfacción.


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Sin embargo, veíamos que ello no era viable por el cambio de posición absoluta de algunos grupos que, cuando gobernaban, decían que la mejor ley de financiación era el presupuesto.
Aquí se ha recordado, y lo voy a invocar como argumentación para la posición que vamos a adoptar, que había una ley de financiación teórica de 548.000 millones de pesetas, que serían alrededor de 622.000 millones, que no se cumplió ni en un 40 por ciento. Esos fueron tiempos pasados y yo no quiero aquí volver hacia atrás, sino mirar hacia el futuro.
Yo dije aquí, en nombre del Grupo Popular, que habría una iniciativa por parte del Gobierno que está estudiando detenidamente el tema de la financiación de la Logse. En estos momentos, el Grupo canario ha presentado ya en la Cámara una proposición para que la plena implantación de la Logse se retrase dos años más, lo cual no es una novedad y, además, no es solicitado sólo por el Grupo canario, sino también por el propio Grupo Popular y por alguno de los consejeros que gobiernan en estos momentos autonomías de signo diferente al de este partido.
Quiero reiterar aquí que hay que espantar los fantasmas de que ha caído en picado la inversión en educación nacional. No es así. Y además, en los dos últimos años, el anterior Gobierno... (Rumores.) Escuchen ustedes las cifras y, después, hablen. Durante los años 1995 y 1996 --es verdad que era un presupuesto fallido y, por tanto, que se retrasaba--, bajaron las inversiones y, además, se retrajeron 120.000 millones, de los cuales 31.000 fueron de universidades cuya competencia se transfería competencia, pero el resto bajó el presupuesto.
Es curioso el dato si comparamos las inversiones de este año, que van a ser de 33.000 millones. Me comprometo ante la Cámara, en la próxima Comisión de Educación y Cultura, a traer los datos exactos: 21.000 de presupuestos más la cifra del Fondo Europeo; 33.000 millones van a ser las inversiones. Ojalá pudieran haber sido 45.000 ó 48.000 millones, porque en lo que coincidimos plenamente con el resto de la Cámara y, especialmente con algunas de las frases que han dicho los representantes del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió, es en que el Partido Popular --lo quiero reafirmar-- piensa que la mejor inversión para el futuro de un país es en educación nacional.
(Protestas.) Indudablemente, dentro de las posibilidades...
(Rumores.--Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señorías, no se rían, porque esas risas me hubiesen gustado cuando estaban en el Gobierno y cuando bajaban 90.000 millones un presupuesto; me hubiese gustado oír esas risas.
(Aplausos.--Rumores.) Indudablemente, también me gustaría oír esas risas en el Parlamento andaluz, porque les voy a decir que en la comunidad gobernada por el Parlamento andaluz el esquema comparativo de inversiones en 1994 fue... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Dentro de la educación está guardar silencio. (Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Guerra, no es necesario que ayude a la Presidencia a mantener el orden, se basta y se sobra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Decía que en el programa de 1994, el presupuesto para la educación infantil ascendió a 5.000 millones; en 1996, a 3.600 millones y en 1997, a 3.600 millones. Y en educación secundaria hubo 16.000 millones en 1994; no cito 1995 porque estaba prorrogado; en 1996, fueron 11.190 millones y en 1997, 10.700 millones de pesetas.
Resumo, señorías, porque creo que aquí hay un cierto pecado o contrición de la época pasada e, indudablemente, tiene que haber por parte del Partido Popular una decisión... (Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Confiesa!) Confieso, pero con propósito de la enmienda.
Tengo que decir a SS. SS. que efectivamente he oído que esto era una cuestión de Estado y espero que en las propuestas que traiga el Gobierno y en el próximo presupuesto para 1998 nos acordemos todos de que es una cuestión de Estado. No nos acordemos sólo una vez que desde la Logse, en el año 1990, han pasado bastantes años y una vez que en los últimos ejercicios se han bajado las inversiones.
En definitiva, nuestra posición sería la de reiterar lo que aquí dijimos, el 10 de diciembre, cuando nos opusimos a esa ley de iniciativa popular y reiteramos que la mejor ley de financiación es un buen presupuesto. La frase no es nuestra, es de un alto cargo socialista en la época en que gobernaban.
Nuestro grupo va a apoyar la proposición, en caso de que el grupo proponente acepte la enmienda de Convergència i Unió, porque entendemos que es una enmienda, como se ha dicho, de carácter moderado que obliga al Gobierno a traer un estudio informado sobre los criterios, estructura, priorización de objetivos, etcétera. De lo contrario, no podrá votar a favor sino que lo hará en contra. Repito que nos gustaría que el grupo proponente aceptase esta enmienda de Convergència i Unió.
Finalmente, señor Presidente, espero que no se vuelva a reiterar que el Grupo Popular no hace inversiones en educación. Repito, que son 33.000 millones, y me ofrezco para traer en la próxima Comisión el detalle de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Guerra.
Señor Romero, a los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas que han presentado los citados dos grupos, tiene la palabra su señoría.


El señor ROMERO GONZALEZ: Señor Presidente, quiero agradecer a los grupos de Convergència i Unió y Coalición Canaria el interés y la voluntad que han demostrado. Se lo agradezco en nombre de mi grupo parlamentario porque, sin duda, han intentado buscar una fórmula de acercamiento, aunque debo añadir, a continuación, que a mi grupo le parece insuficiente. Argumentaré muy brevemente algunas razones por las cuales, desgraciadamente, no podemos aceptar esta transacción.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Con toda brevedad, señor Romero.


El señor ROMERO GONZALEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
En primer lugar, porque cuando presentamos la proposición no de ley pedimos que en cinco meses hubiera un compromiso del Gobierno. Creemos que en ese período es perfectamente posible hacer un estudio. En segundo lugar, porque esos estudios están elaborados. Hay muchos miembros de esta Cámara que han estado en comunidades autónomas y en el propio ministerio, que tienen elaborado desde hace muchos meses el mapa escolar de cada una de las comunidades autónomas, y los mapas escolares incluyen todo aquello que SS. SS. han dicho que un estudio previo debería tener; todo lo que SS. SS. han señalado, el representante del Grupo Vasco, el representante de Coalición Canaria y la ilustre representante de Convergència i Unió, de manera que no puede demorarse más. En tercer lugar, porque es posible que haya prioridades distintas. Nosotros entendemos que puede haber prioridades diferentes, pero la prioridad no se debe disfrazar como coartada.
Comprendemos que para algún grupo parlamentario pueda haber ahora prioridad en materia de sanidad, más tarde en materia de educación, y nos parece razonable, pero no así intentar ganar tiempo, porque los estudios están ahí. Si aceptáramos sus propuestas, ilustres Diputados, nos iríamos a diciembre, las transferencias estarían hechas, no habría garantías, y cada comunidad tendría, vía negociación bilateral, lo que el Gobierno generosamente le quisiera dar. Sin transparencia y sin un criterio homologable, nos parece que no es la mejor fórmula para asegurar un proceso de transferencias coherente, homologable y con suficiencia financiera. Por esa razón, señorías, no podemos aceptarlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Romero. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre elaboración de un plan plurianual de financiación del sistema educativo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 139; en contra, 166; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley del Grupo Socialista.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA VIARIA Y AUTOPISTAS DE PEAJE (Número de expediente 173/000033)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, entramos en el debate de la moción del Grupo Socialista sobre política viaria y autopistas de peaje. Para su presentación, tiene la palabra el señor Pérez Touriño. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)

El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, en abril de 1994 el anterior Gobierno remitió a la Cámara el Plan Director de Infraestructuras, un plan que, tras su correspondiente tramitación y debate parlamentario, obtuvo el pronunciamiento favorable de esta Cámara en su sesión del 21 de diciembre de 1995. En las resoluciones aprobadas en aquella sesión de la Cámara ésta consideró --y cito textualmente-- que el Plan Director de Infraestructuras es una respuesta adecuada a los problemas planteados para la incorporación de España a la nueva dinámica territorial europea. Igualmente, el Congreso consideró en aquella sesión de diciembre de 1995 que, por su carácter estratégico y flexible, el PDI constituye el instrumento objetivo básico para desarrollar una política de infraestructuras a largo plazo susceptible de obtener un adecuado consenso social y político. Son también palabras textuales de la resolución aprobada en su día con el consenso unánime del conjunto de la Cámara, consenso que ha cristalizado ampliamente en ese pronunciamiento favorable y que, en aquella ocasión no tan lejana, fue complementado por 56 resoluciones aprobadas en ese momento. Pues bien, precisamente una de esas resoluciones del Congreso es la que mandata al Gobierno a la concreción y al desarrollo del Plan Director de Infraestructuras mediante los correspondientes planes sectoriales en sus diversas

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áreas, en sus diversos campos de trabajo. Sin embargo, en ese contexto de consenso y con ese mandato del Plan Director de Infraestructuras, que el Ministro de Fomento en el Gobierno actual ha considerado repetidamente a nivel de declaraciones como un útil instrumento de trabajo, no ha sido ésta la opción tomada por el actual Gobierno; un Gobierno --hay que decirlo-- que no ha tomado esta opción, transcurrido prácticamente un año de su acción ejecutiva, a pesar de que cuando toma posesión prácticamente tiene a su disposición toda la documentación, todos los estudios correspondientes a los planes sectoriales, cuando menos en materia de carreteras, en materia de ferrocarriles y en otras materias; un Gobierno, insisto, que, prácticamente desde el primer día de mandato, ha tenido a su disposición los planes sectoriales cuyo desarrollo mandataba el Plan Director de Infraestructuras. Por el contrario, este Gobierno ha optado por ir prometiendo, al hilo de las diferentes y muy concretas presiones territoriales, aquí y allá, de forma deshilvanada, una tras otra, determinado tipo de actuaciones, desde la variante de Pajares hasta altas velocidades, a distintas partes del territorio.
Finalmente, hace escasos días --un mes--, el Ministro de Fomento ha terminado por presentar un programa de autopistas de peaje. El mismo lo calificaba como un programa modesto, de corto contenido. En definitiva, como SS. SS. conocen, nos presentó un programa que no es más que una mera yuxtaposición de actuaciones desperdigadas, deshilvanadas, a lo largo y ancho del conjunto del territorio nacional, y todo ello al hilo de la magia de la financiación extrapresupuestaria, de esa desconocida financiación a la que luego me referiré. Una propuesta respecto a la cual, en el trámite de la interpelación correspondiente, hemos planteado nuestro más profundo desacuerdo en la pasada sesión, desacuerdo basado sucintamente en que, en primer lugar, esa propuesta no responde a una estrategia de transportes y comunicaciones para nuestro país; en segundo lugar, es una propuesta automáticamente discriminatoria con determinados territorios y con usuarios, con ciudadanos de esos territorios; en tercer lugar, porque, como hemos tenido ocasión de argumentar anteriormente, su propuesta no se apoya en criterios sólidos de tipo funcional, de tipo territorial, ni tan siquiera en criterios sólidos y fundamentados de carácter económico. Nos hemos opuesto y nos oponemos porque, en definitiva, supone privatizaciones encubiertas con aportaciones relevantes de fondos públicos procedentes de privatizaciones cuyos mecanismos de instrumentación, su propio origen y su finalidad en última instancia, hoy en día todavía no conocemos perfectamente, y mañana mismo, al hilo de una interpelación de este grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Socialista, tendremos ocasión de discutir de esta cuestión en términos más generales. En resumen, nos oponíamos y nos oponemos a esta propuesta porque es muy grave, señorías, plantearse el problema de las infraestructuras como un problema de carga de trabajo para las empresas constructoras.
En definitiva, es muy grave renunciar a una política nacional en materia de transportes, en una materia tan trascendente para la competitividad de la economía, para la cohesión del territorio, para el reequilibrio del mismo. Por todo ello, creemos que se justifica plenamente la moción que presentamos. Es necesario reorientar la acción del Gobierno para que nos presente con urgencia, cuanto antes, este año, a lo largo de 1997, un plan de carreteras que, a partir del Plan Director de Infraestructuras, en desarrollo de sus criterios y de sus objetivos, defina el conjunto de las actuaciones que en materia viaria necesita nuestro país para los próximos años, tanto en lo que se refiere a las relaciones interurbanas en los grandes ejes de transporte del país, como en lo que se refiere a las ciudades y a las áreas metropolitanas de nuestro territorio. Un caso este último, el de las áreas metropolitanas, en el que las infraestructuras viarias tienen un carácter especialmente complejo ya que sirven a distintos criterios y a distintas funciones, en el que es todavía más negativa la inserción de elementos aislados, tal y como se viene formulando en la política del Gobierno. Se trata, por lo tanto, de la necesidad imperiosa de que nos presenten ya un marco global e integrador que defina actuaciones, que establezca prioridades y que establezca las correspondientes dotaciones presupuestarias para la financiación de las mismas. En resumen, señorías, si así se hace, se estará ofreciendo al conjunto del país y a los sectores de actividad económica una alternativa, un marco estable que les permita generar actividad, generar empleo y diseñar su futuro y sus estrategias. Esa sí que sería --y debe ser-- una orientación de Gobierno que permita no ir al hilo, no ir al paso, no ir al dictado de las propuestas de actividad y de carga de trabajo de un sector determinado, sino hacer política nacional desde la perspectiva del interés general.
Para aquellos casos que consideramos que deben ser de carácter singular, de carácter excepcional y complementario, en los que se proponga la concesión de autopistas de peaje al sector privado, debe celebrarse siempre el debate y discusión de ese plan general de carreteras. Cuando existen dudas razonables, fundamentadas, sobre la viabilidad económica y financiera de algunas de esas propuestas y que éstas no van a terminar respondiendo a una óptica de actividad constructora, de lo que desgraciadamente tenemos experiencia histórica en nuestro país; cuando se van a aportar fondos públicos relevantes --al menos un 35 por ciento de la inversión para cinco de las autopistas de peaje propuestas será aportado por fondos públicos procedentes de la privatización de patrimonio público--; cuando se propone imponer peajes en un área metropolitana, como es el caso de Madrid, en cuyos corredores se pueden generar importantes recursos y

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cuantiosos ingresos para las concesionarias privadas de ese servicio público; cuando se pretenden concesiones al año 2075, a 75 años vista, es absolutamente imprescindible dotar de transparencia, dotar de información a esta Cámara y posibilitar el control por el Parlamento de este tipo de operaciones; máxime, señorías --y voy concluyendo--, cuando el ritmo y las condiciones de desarrollo del llamado capitulo VIII, de donde proceden estos fondos, es a estas alturas de la historia presupuestaria tan lento y tan desconocido como nos veníamos temiendo al inicio de la misma.
Por estas razones, confío plenamente en la necesidad de obtener el consenso de esta Cámara para suscitar finalmente dos cuestiones elementales: que tengamos, ya que no hemos podido disponer de él hasta el momento presente, un plan de carreteras que oriente la actividad, que oriente la inversión, pero que, sobre todo y al mismo tiempo, establezca criterios de financiación, de prioridad y de perspectiva a nuestro país desde la óptica de la convergencia europea y del proceso de construcción de la Unión Económica y Monetaria; y que esa información no se omita al Parlamento. Hasta ahora, señorías, quiero recordar que el Ministro de Fomento, responsable de la materia, ha optado por no establecer ningún tipo de compromiso, y a estas alturas desconocemos todos los mecanismos concurrentes de desarrollo del capitulo VIII de la llamada financiación extrapresupuestaria.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Pérez Touriño.
¿Qué grupos desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición de Unión Valenciana respecto a la moción consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Socialista respecto a la política viaria y autopistas de peaje.
Vaya por delante que en alguno de los planteamientos que se recogen en la moción presentada por el Grupo Socialista hay cierta conformidad por parte de Unión Valenciana. El Gobierno central ha adoptado algunas soluciones alocadas e improvisadas, ya que ha tomado lo que considera oportuno del PDI, ha desestimado lo que considera inoportuno del PDI, lo ha reformado, ha adicionado, y ha adoptado decisiones respecto a nuevas autopistas de peaje en contra de la voluntad popular, como es el caso concreto de la autopista de peaje A-7, cuyo rescate de la concesión se ha solicitado por las Cortes Valencianas. Creo que sería oportuno desarrollar el plan actual y debatir en esta sede parlamentaria el futuro de las carreteras, el futuro de los ejes viarios, el futuro de las nuevas autovías, de peaje o no, la viabilidad financiera y económica de nuevas autopistas y la oportunidad o no de ampliar las concesiones de las autopistas vigentes. Esto se ha hecho sin tener en cuenta la voluntad mayoritaria de los valencianos respecto a la autopista A-7, que han solicitado el rescate de la concesión para su gratuidad total en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, creo que sería importante abrir un debate a partir de esta moción en el que se alcanzara un consenso respecto al futuro de esas infraestructuras viarias, carreteras, autovías y autopistas de peaje.
También debería llevarse a cabo un estudio pormenorizado, un impulso y la adopción de medidas sobre los ejes metropolitanos, sobre los problemas específicos de las grandes ciudades, como es el caso de Barcelona, Madrid o Valencia, y que se tuvieran claros los criterios respecto a estas grandes decisiones de futuro.
Con ese ánimo, creo que es importante la moción que presenta el Grupo Socialista. Sería fundamental un amplio consenso al respecto, porque en la política viaria de carreteras, autovías y autopistas de peaje no se puede improvisar, no se pueden adoptar decisiones consumadas un poco de espaldas al sentir mayoritario de los ciudadanos, que son realmente los que están demandando carreteras, ejes y autopistas de seguridad, y, en el caso valenciano, una autopista de seguridad gratuita y libre de peaje. Para conseguirlo tiene que haber un amplio consenso y esta moción puede ser el principio de ello.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre la moción que debatimos.
Desde hace unas semanas, prácticamente desde el día 10 de marzo, se han presentado diversas iniciativas parlamentarias repetitivas. Se presenta el plan de autopistas, el modesto plan por parte del ministro; se debaten en Comisión proposiciones no de ley que también entran en este tema; se debate una interpelación y hoy una moción. Las tres primeras se refieren en gran medida a temas gallegos. Así, nos encontramos debatiendo la moción de hoy, que nosotros no vamos a apoyar porque creemos que lo que se pide en ella no es correcto. En realidad, se nos pide desarrollar el Plan Director de Infraestructuras. A ese plan director que iba del año 1993 al 2007, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de marzo de 1994, se le definía como deslizante en el tiempo, y el primer deslizamiento era su aprobación en 1994, cuando el texto provenía

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de 1993. Pero eso nos parecía lógico. Además, se definía al Plan Director de Infraestructuras como un instrumento de política de Estado.
Era un gran instrumento, un buen documento. Pero actualmente, ¿qué es el PDI? Para nosotros es un documento que no vincula al nuevo Gobierno; un documento no vinculante. Hasta ahora hemos oído las opiniones del ministro diciendo que verdaderamente es una documentación válida para trabajar, pero no lo considera como el documento básico de trabajo de su ministerio, cosa que debería probar nuevamente el actual Gobierno.
La moción nos plantea un absurdo, porque se quiere vincular al Gobierno. Parece que se quiere desarrollar el Plan Director de Infraestructuras presentando al Congreso a lo largo de este año un plan de carreteras, en cuyo marco global e integrador se defina el conjunto de actuaciones en todo el horizonte temporal. Ni siquiera en el anterior Plan Director de Infraestructuras existía un plan de carreteras global; se hablaba siempre de planes sectoriales, ninguno de los cuales vimos desarrollados en esta Cámara. En todo caso, se iba trabajando con planes puente en las distintas infraestructuras que se iban creando. Ahora se pide un plan global de carreteras. Si hemos de tener en cuenta que el PDI dice que su carácter estratégico implica el que la programación de las actuaciones previstas no forme parte de su esencia y se señala que se opta en tal sentido por un modelo de programación deslizante en el que los sucesivos programas de actuación, en donde se concreta y periodifican las inversiones, se van elaborando en función de un riguroso análisis generalizado que tiene en cuenta las coyunturas económicas y presupuestarais de cada período y los comportamientos concretos de la demanda; si se indica que los grandes objetivos del plan se concretan al ritmo marcado por las prioridades de cada período, ¿cómo puede ahora pedirse que globalmente se traiga todo aquí? En su segundo apartado, sobre el que dice que hay tantas dudas, se pide un informe documental de los elementos básicos de los anteproyectos correspondientes y su viabilidad económica y financiera, y que se presente antes de que el ministerio actúe en las licitaciones. También solicita que se informe de los riesgos básicos de las concesiones una vez otorgadas; o sea, que la Cámara intervenga antes de realizar las licitaciones y después.
Además, señorías, ya se nos ha anunciado que el orden del día de la Comisión de mañana también tendrá un componente en esta línea. Mañana en Comisión se presenta una proposición no de ley del Grupo Socialista que se refiere al capítulo VIII y se insta al Gobierno a que haga un informe sobre las aportaciones con cargo a este capítulo. También se pide que se presente un informe cada trimestre y que éste sea previo a la presencia trimestral del ministro. Mañana someteremos a votación que la Comisión de Infraestructuras acuerde la comparecencia trimestral, previa emisión de informe, del ministro. Señorías, nos parece que estamos entrando en una dinámica en la que el Ejecutivo no es tal. Nosotros creemos que el Ejecutivo lo que tiene que hacer es ejecutar, hacer un plan de carreteras, pero no tiene por qué hacerlo dentro del ámbito de lo que decía el PDI. En todo caso, tendríamos que pedir al señor ministro que nos haga una declaración sobre el PDI, y estudiaremos la forma de hacerlo, porque presentar en estos momentos la moción tal como se hace nos parece, como digo, inadecuado y absurdo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, respecto a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre política viaria de autopistas de peaje.
En primer lugar, quiero manifestar que este debate, como todos los que se suscitan en esta Cámara que tengan interés para los ciudadanos y las ciudadanas, es bien recibido por nosotros. Y digo esto porque no entendemos el lamento que hacía el ministro la semana pasada en cuanto a la interpelación del Grupo Socialista. El ministro se quejaba del debate reiterativo que se estaba produciendo en esta Cámara por la proximidad de su comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras, donde explicó el llamado pequeño plan de autopistas de financiación privada. Nosotros entendemos que son debates diferentes, porque el ministro presentó su plan en Comisión y, lógicamente, los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de posicionarnos, pero que la interpelación y la moción dan otras posibilidades y otro juego político. Por lo tanto, entendemos que el debate es conveniente.
El programa de autopistas de peaje presentado por el Ministro de Fomento, desde luego, es muy coherente con la línea de actuación de este Gobierno de derechas. La filosofía en la actuación gubernamental es simple: que los ciudadanos paguen, a través de tasas, impuestos o peajes, los servicios que el Estado les presta, ya sea en infraestructura de carreteras, quizá también, próximamente, regadíos o servicios de otra índole. Este Gobierno sigue también el hilo conductor principal: la convergencia monetaria con Europa, sin mirar los costes sociales que la política de restricción y contención del gasto conlleva, sobre todo en las inversiones públicas. Entendemos que la poderosa patronal del sector de obras públicas ha conseguido mover al Ministro de Fomento, y aquí está la justificación de este pequeño plan de autopistas, que nace con una única

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intención: contentar a un sector muy poderoso. De ahí deriva que el plan propuesto no tenga nexo de unión con el Plan Director de Infraestructuras. Este, señorías, es un plan inspirado fundamentalmente en el sector privado, que necesita urgentemente licitación pública y, desde luego, con este plan, solamente unos pocos privilegiados van a tener acceso a este campo cada vez más restringido.
Se prevén 256.000 millones de pesetas de inversión privada a partir de 1998 en la construcción de autopistas de peaje. ¿Cómo es posible que en estos tiempos, que se habla constantemente de ajustes, cuando a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos se nos pide restricción en el gasto, este Gobierno hipoteque el futuro con tan elevada suma? Señorías, el Gobierno nos ha dicho recientemente en esta Cámara que no se podían hacer mayores esfuerzos para favorecer inversiones en la vivienda, en el debate de los Presupuestos Generales del Estado se nos dijo que no se podían aumentar las inversiones para mejorar el ferrocarril, y así un largo etcétera. Para nosotros hubiese sido mucho más serio presentar --aunque fuese pequeño-- un pequeño plan para modernización del ferrocarril, no para seguir con la construcción de autopistas de peaje; pero, en fin, parece ser que tenemos distintos puntos de vista respecto a estos asuntos.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya apoyará la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos de acuerdo con que el Gobierno presente al Congreso un plan de carreteras que defina las actuaciones viarias a desarrollar dentro de un marco global integrador y sin exclusiones. Coincidimos plenamente con el punto 2 de la moción que reclama que se informe documentalmente al Congreso de los Diputados sobre los elementos básicos de los anteproyectos antes de proceder a su licitación. Esta petición debiera ser tenida en cuenta no solamente en este caso. En distintas ocasiones, desde esta tribuna, se ha reclamado mayor información por parte del Gobierno para poder cumplir dignamente con nuestra función.
Para terminar, anunciamos que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya priorizará dentro del contenido del PDI la construcción y mejora de carreteras convencionales, las autovías donde no existan redes de alta capacidad, y por supuesto la red de ferrocarriles en las modalidades de velocidad alta, mejora de trazados y tecnificación de los mismos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jiménez Suárez.


El señor JIMENEZ SUAREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intentaré argumentar la posición del Grupo Parlamentario Popular en base a dos razones, y me permitiré hacer ciertas reflexiones sobre algunas de las afirmaciones que se han hecho en la Cámara.
La moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista parte de una premisa falsa, que es ni más ni menos que reconocer implícitamente la no existencia de política viaria por parte del Gobierno.
La actuación del Gobierno como expresión de su política viaria se enmarca en una política de transporte que, aunque no se aborda aquí hoy, sobrevuela cualquier planteamiento sobre infraestructuras, y la actuación del Gobierno es coherente, como no podía ser de otra forma, con el programa del Partido Popular que lo sustenta. La política viaria del Gobierno, señorías, no tiene muchos secretos, sí muchos matices respecto a las actuaciones precedentes. En síntesis, se traduce en las siguientes actuaciones: un programa de infraestructuras de vías de gran capacidad, vías de conexión y actuaciones en núcleos urbanos; un programa de conservación del patrimonio público de carreteras; un programa de seguridad vial y la disposición de mecanismos de gestión de trafico eficaces. El Gobierno del Partido Popular, señorías, no está haciendo camino al andar; actúa de forma coherente, estableciendo el marco legal, administrativo y económico acorde con su programa político. En él y en las propuestas de resolución presentadas en la legislatura pasada al Plan Director de Infraestructuras se pueden encontrar los antecedentes. Quiero recordar que fueron 92 resoluciones las presentadas y 40 las aprobadas, y especialmente para el tema que nos ocupa, la 7, 24, 25, 26, 45, 49, 50 y 51. Admítame, señoría, calificar estas propuestas como un PDI alternativo, y no es presunción.
Es más, en este año el Gobierno ha dado muestras suficientes de esta coherencia con las siguientes actuaciones: en los Presupuestos Generales del Estado se ha dado continuidad al plan de actuaciones prioritarias en carreteras, con 300.000 millones de inversión nueva, algo más que la media del PDI; 129 actuaciones, 25 de ellas en autovías; 60 actuaciones en proyectos, 29 de ellas en autovías; 81.000 millones en conservación, y quiero recordar que en 1996 había 72.330 millones. En la ley de acompañamiento, artículo 147, se posibilita la financiación anticipada con pago máximo a diez años; la creación de sociedades estatales de carácter mercantil para la construcción y explotación de carreteras, artículo 158; la modificación de la ley de autopistas, artículo 157. Se está elaborando, como ha anunciado el ministro, un plan sectorial de carreteras garantizando mínimos de infraestructuras en zonas rurales y ciudades medias, con el objetivo de alcanzar una accesibilidad del 6 al 10 por ciento. Es un anuncio que ha hecho el ministro en Comisión y en esta Cámara. Se ha actuado, de acuerdo con las resoluciones aprobadas, coordinando las actuaciones del ministerio con las comunidades autónomas: el convenio con la

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Comunidad Autónoma de Canarias, el convenio con la Comunidad Autónoma de Baleares que aparece en la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado, el convenio para la ejecución del enlace de la A-7 con la B-40, el convenio para acondicionar la N-1 en el paso por el Condado de Treviño, los convenios con Portugal. Se han adoptado nueve acuerdos del Consejo de Ministros para la realización de obras concretas. Se ha puesto en marcha un plan de choque de conservación de carreteras; se ha puesto en marcha una campaña de divulgación de la seguridad vial. Se ha adoptado el acuerdo del Consejo de Ministros de hacer una congelación de tarifas, previa a la rebaja del 7 por ciento, del 1 de enero de 1997. Y se ha anunciado y expuesto en esta Cámara el programa de autopistas de peaje con 10 actuaciones, 441 kilómetros (recordemos que el PDI proponía 470) y 256.000 millones de inversión.
Quiero recordar a SS. SS. que estas autopistas están en lugares donde los niveles de servicio son insuficientes y donde el índice de peligrosidad y el de mortalidad superan la media. Entiendo, señorías, que estas actuaciones son una buena muestra de cuál es la política viaria del Gobierno. Este simple hecho serviría como argumento para no aceptar la moción del Partido Socialista, pero existe una razón más poderosa. Señorías ¿qué es hoy el Plan Director de Infraestructuras? ¿Un documento desvirtuado por un debate riguroso y enriquecedor, enmendado con 56 resoluciones? Recuerden que fueron 20 reuniones, 80 horas de duración y 69 comparecencias. ¿Es un documento de consulta y estudio? ¿Es esa cosa, como lo llamó en Comisión recientemente un Diputado? ¿Es un esquema orientador de inversiones? ¿Es una decisión política unilateral del Gobierno? Creo que hay suficientes dudas respecto a cómo calificar el documento. En todo caso, el PDI ha recibido y ha sido objeto de múltiples reconocimientos que yo no voy a reiterar porque participo de ellos. Pero entiendo, señorías, que el PDI cumplió una gran misión que no fue otra que fomentar uno de los debates más ricos e importantes de esta Cámara y de la sociedad. No queramos darle otra misión como es servir de fundamento a la política viaria de este Gobierno. Sería una pretensión desmedida porque, además de estar desvirtuado, existen otras formas de hacer política y de transmitirla.
El PDI, y no pretendo reproducir el debate ya cerrado, participa de las siguientes características extraídas de las múltiples resoluciones y del debate de la sociedad que también ha sido importante. En plan telegráfico diré que no tiene una relación coherente y completa con la ordenación del territorio. No tiene los mecanismos explícitos y claros de coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Debe ser intermodal y no multimodal como es. No tiene un esfuerzo de reflexión profundo sobre la relación entre carreteras y ferrocarril. Persevera en la heterogeneidad de la red. Entiendo que conviene reflexionar más sobre las autovías y las autopistas porque el PDI no resuelve la falta de homogeneidad de la red de gran capacidad, no sólo interna sino dentro de la Unión Europea. No existe un diseño de modelo coherente de gestión y de financiación de la red de alta capacidad. No tuvo el trámite reglamentario previsto en el artículo 18.1 del vigente Reglamento de carreteras. Aunque indica como objetivo que la red debe ser mallada luego en su diseño no lo es. Y no aborda, por no ser más extensivo, algunas soluciones acordes con las nuevas tecnologías de transporte como son las vías rápidas. Ante lo cual cabe preguntarse: ¿Se renuncia a perfeccionar un documento ampliamente cuestionado, imponiendo su aplicación y haciendo caso omiso de las 56 resoluciones aprobadas por esta Cámara? ¿Se tiene conciencia de las contradicciones que plantean algunas de las 56 resoluciones aprobadas? Entiendo que a partir de las resoluciones y del nuevo marco político hay que hacer algo nuevo: el PDI que sirva como referencia histórica, por el simple hecho de que quien olvida la historia está condenado a repetirla.
Por último, quiero hacer una reflexión sobre el peaje. Señorías, cabe preguntarse cuánto es el peaje de las obras que no se realizan. Pongo dos ejemplos: ¿Cuánto pagan los usuarios de la Nacional-3 por los siete años de retraso de la no existencia de la misma? ¿Cuánto pagan los usuarios de las entradas a Madrid por la no existencia de las vías rápidas de calidad adecuada? Lo digo en términos de tiempo, de costes de combustible, de costes de amortización de los vehículos. Es un coste que existe y un peaje indiscriminado que se paga por la no existencia de las vías adecuadas de gran capacidad. Y no olvidemos que cuando se hacen infraestructuras con deuda pública que genera intereses también los usuarios pagamos un peaje indiscriminado. La solución que ha adoptado el Gobierno de hacer autopistas con peaje puro, que sabemos que son rentables por encima de los 10.000 vehículos día y con costes de inversión de 600 a 1.000 millones el kilómetro (recordemos que el peaje es un equilibrio entre tarifa, tráfico, costes y tiempo de amortización), es una solución posible que entre otras cosas hace que el peaje pueda cumplir varias funciones. Una de ellas es el equilibrio financiero de la concesión. Pero no olvidemos otras funciones que tiene el peaje: por ejemplo, ser un impuesto de disuasión de infraestructuras y reasignar tráficos en el corredor; ser un elemento de gestión del tráfico y de distribución más racional dentro de un corredor; ser un instrumento de internalización de los efectos externos ocasionados por el transporte. No le restemos virtudes a la financiación privada y al peaje que en estos momentos de restricción económica tienen.
Pues bien --y termino con esto, señorías--, partiendo del reconocimiento del PDI y abogando por su definitiva jubilación, entiendo que existen razones objetivas

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para no aceptar la moción del Grupo Socialista, y así se propone a esta Cámara.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Jiménez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista sobre política viaria y autopistas de peaje.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 140; en contra, 163; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), PARA LA APLICACION DE UN PLAN DE MODERNIZACION DEL COMERCIO INTERIOR (Número de expediente 173/000034)

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aplicación de un plan de modernización del comercio interior. Para su defensa tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo, señorías, para argumentar los contenidos que han llevado a mi grupo parlamentario a formalizar la moción consecuencia de interpelación relativa a la política que se debe adoptar para impulsar la modernización del comercio interior. Señorías, la semana pasada, el miércoles, tuvimos oportunidad en esta Cámara de iniciar nuevamente en esta legislatura un debate sobre la situación del comercio minorista y, a la vez que retomar el debate político que dejamos en la anterior legislatura al terminar la Ley de comercio, tomar conciencia sobre la situación en que se encuentra ahora el comercio y poder determinar un conjunto de contenidos para incorporarlos a un plan de modernización de este sector que instamos al Gobierno que plantee con inmediatez a esta Cámara. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) La moción, señorías, parte del reconocimiento que ya expresamos en el debate del miércoles pasado en torno a que el elemento más importante para poder contribuir a dinamizar la actividad del comercio es saber orientar una adecuada política económica que nos permita proyectarnos, en un inmediato plazo de tiempo, a un marco de estabilidad para poder reconducir los desequilibrios que hemos ido acumulando anteriormente, a la vez que poder garantizar una senda de crecimiento estable con una tendencia a la reducción progresiva de la ... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Homs. Ruego silencio.


El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente, porque ya no podía chillar más.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No chille su señoría. Vamos a esperar un instante a que SS. SS. guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Señor Borrell, le ruego que guarde silencio.
Puede continuar, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente, por su amparo, porque ya no sabía cómo elevar la intensidad de mi voz no sé si para hacerme escuchar, porque ya renuncio a esa pretensión, pero al menos que les llegue el sonido de mi voz.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Adelante, señor Homs, que le están oyendo y escuchando.


El señor HOMS I FERRET: Ya lo sé, señor Presidente. Mi veteranía ya me hace entender estas cosas, pero la verdad es que a veces se hace difícil transmitir a todos ustedes desde esta tribuna, como saben perfectamente, porque yo soy el único que paso por esta tribuna, los mínimos conceptos que se fundamentan en las intervenciones...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, su señoría está perdiendo un tiempo precioso. Le ruego que continúe con la iniciativa.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente; gracias por el amparo, repito.
Señorías, estaba diciendo simplemente que la moción partía del reconocimiento de que ya está bien que planteemos la conveniencia de un plan de reestructuración. Pero de nada nos serviría este plan de reestructuración o de modernización del sector del comercio si éste no se pudiera enmarcar en una orientación global de la política económica que nos garantizara, por ejemplo, un crecimiento de la tasa del consumo, un desarrollo del proceso de reducción de la inflación o nos permitiera en la política económica desarrollar una actividad que nos garantizara la creación de empleo,

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un marco estable de crecimiento, un tipo de inflación progresivamente más bajo, en definitiva, una tasa de consumo progresivamente más alta.
Son características de toda una situación económica que viene, prácticamente garantizada hoy por la orientación que se le ha dado a la política económica a partir de esta legislatura y que tiene continuidad en algunas otras actuaciones impulsadas en la anterior. En definitiva, de nada serviría, señorías, impulsar un plan de reestructuración del sector del comercio si éste no se enmarcara en un contexto de política económica acertada para poder dinamizar la actividad económica de este sector.
Es más. Decíamos entonces que no era suficiente con reorientar la política económica y garantizar un marco de estabilidad general, que era necesario actuar directamente, que era conveniente adoptar prioritariamente medidas dirigidas a contribuir directamente a la reestructuración de ese sector que se encontraba en transformaciones estructurales profundas. Este es un sector tensionado, como decíamos, por la nueva implantación de las modalidades de distribución, un sector afectado por los cambios que está experimentando cualitativamente la demanda en el país y un sector que se ve reflejado en las transformaciones que está sufriendo la unidad de consumo en nuestro mercado, la propia actuación del ciudadano, de las unidades familiares frente a su provisión. En ese sentido decíamos que era necesario adoptar un paquete adicional de medidas para poder afrontar esa transformación que está experimentando el sector. ¿Que tipo de medidas --decíamos entonces-- deberíamos impulsar? Dijimos: medidas fiscales, medidas laborales; hablábamos de medidas administrativas y también de medidas de naturaleza financiera. Cuatro campos en los que creíamos que debería impulsarse un paquete de actuaciones inmediatas. Pues bien, señorías, la moción viene a concretar, a particularizar qué compromisos sometemos a consideración de la Cámara para que el plan de reestructuración que instamos al Gobierno en la moción a que presente con carácter inmediato contenga como mínimo estos cuatro campos.
Concretamente, señoras y señores Diputados, nuestro grupo cree que es importante que la Cámara tome conciencia, en materia fiscal, de que se inste al Gobierno a reformar la estimación objetiva de los rendimientos netos de las actividades empresariales en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuando éste principalmente se refiera a la actividad del comercio. La reforma de los módulos es absolutamente necesaria para orientar un marco fiscal más equitativo en el ámbito de la actividad del comercio. Pero también hay que revisar el Impuesto sobre Actividades Económicas. El IAE y los módulos son los dos pilares de la reforma en materia fiscal que nuestro grupo plantea.
En el campo de las medidas administrativas, señorías, creemos que combatir la morosidad mediante una mayor vigilancia del cumplimiento de la Ley de ordenación del comercio minorista es absolutamente necesario, especialmente en las materias de plazos de pago o de garantía de pago entre los proveedores o entre las propias actividades comerciales. Creemos que, por ejemplo, desarrollar en el ámbito administrativo el régimen de franquicia es también uno de los elementos importantes para modernizar la actividad del comercio. Y este es otro punto que la moción contempla: comprometer al Gobierno a desarrollar normativamente el régimen de franquicia, que es prácticamente uno de los que más extensamente está desarrollando y que más se está utilizando en la expansión del sector del comercio.
Creo, señorías, que también es importante tener muy en cuenta la implantación del euro en este sector. La moción avoca al Gobierno la conveniencia de analizar y estudiar específicamente las repercusiones que puede tener en la actividad del comercio la implantación del euro.
Esta es, digamos, una preocupación que en estos momentos está acelerándose en el ámbito de nuestra sociedad porque, con toda seguridad, la inmediata incorporación de nuestra moneda en el Sistema Monetario Europeo, de forma definitiva ya, va a abrir una dinámica de adaptación y transformación de nuestra moneda que va a influir de forma importante en la actividad del comercio.
En el ámbito de las medidas financieras, señorías, hay dos o tres cuestiones que nuestro grupo trae a consideración de la Cámara. La primera es que hoy el Gobierno tiene establecida una línea preferente de crédito, dirigida de forma especial a las pequeñas empresa, para poder contribuir a dinamizar la actividad económica en las mismas.
Nuestro grupo propone que en esta línea, hoy ya existente, se afecte una parte y se priorice el destino de esta línea para la actividad del comercio; que el comercio no quede fuera de la utilización de esta posible línea que como ustedes saben, o algunas de SS. SS. saben, tiene hoy una cifra de unos 200.000 millones de pesetas. Pues decimos que de esta línea de crédito se afecte preferentemente una parte destinada a la actividad del sector del comercio. Pero también planteamos, señorías, la conveniencia de desarrollar reglamentariamente la Ley de régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, para que de forma también particular pueda ser útil a la dinámica de las empresas pequeñas que operan en el sector del comercio. También otras medidas relativas a aspectos que hemos contemplado en algunas enmiendas que se han presentado por otros grupos parlamentarios y que hacen referencia al campo de medidas financieras, a las que luego haré alguna puntual referencia. Por tanto, medidas fiscales, medidas administrativas, medidas financieras y medidas, por último, laborales.
En el ámbito laboral, nuestro grupo cree que el plan de reestructuración debe incorporar el compromiso de afrontar la reforma del régimen especial de trabajadores

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autónomos, porque este es un elemento importante que hoy está obstaculizando un adecuado desarrollo de la actividad del comercio minorista. Hoy no nos sirve el régimen de autónomos para desarrollar un inmediato proceso de crecimiento del sector del comercio. Hoy hay que modernizar el régimen especial de autónomos de la Seguridad Social.
Ya hay un compromiso en ese sentido. El Pacto de Toledo abrió la línea de compromiso político de esta reforma. Es más, en los últimos debates de la Comisión que está estudiando el desarrollo del Pacto de Toledo ya hemos expresado muchas veces la conveniencia de afrontar esta reforma del régimen de autónomos. Es, pues, una asignatura pendiente, con voluntad política de que el Gobierno la afronte en los próximos meses, pero se trae a esta moción para ratificar de forma concreta compromiso de que el comercio necesita revisar o readaptar el régimen de autónomos a su específica actividad y a su específica dinámica. Por ello creemos que es bueno instar a este compromiso. Nuestro grupo hubiera deseado que en este compromiso hubiéramos ido un poco más allá, con el ánimo de entrar, por ejemplo, en dinámicas más concretas de habilitar procesos de jubilaciones anticipadas. Creemos que en este momento quizá lo procedente es plantear el compromiso de la reforma abiertamente, sin matizarla, sin condicionarla; instar al Gobierno a que lo haga, a que nos traiga a la Cámara esta reforma, pero que cuando lo haga tenga en cuenta que el principal destinatario de un nuevo régimen de autónomos es el sector del comercio, y el comercio hoy necesita este nuevo régimen de autónomos.
Señorías, también en el ámbito de las medidas laborales planteamos potenciar la línea de utilización de los recursos del Forcem; recursos del Forcem que se destinen a la formación de los trabajadores y de los pequeños empresarios en el ámbito del comercio. Hoy ya es así; hoy ya están utilizando en determinados ámbitos sectoriales y empresariales la vía de acceso a los recursos del Forcem para actividades de formación. Pero hay que intensificar de forma preferente esos recursos para mejorar la formación y la especialización de los hoy trabajadores utilizados en el ámbito sectorial del comercio, para que puedan readaptarse, con nuevas formaciones y nuevas especialidades, a nuevas actividades dentro del ámbito del sector del comercio. Por ello creemos que es importante instar al Gobierno a la intensificación del compromiso de potenciar el uso, la utilización de los recursos hoy existentes en el Forcem.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le ruego vaya concluyendo.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, voy terminando.
He hecho referencia a que la moción hablaba de medidas laborales, medidas administrativas, medidas financieras y medidas fiscales. La moción, señorías, concluye con un último punto: que este programa de modernización del sector del comercio, que instamos a que el Gobierno plantee a esta Cámara, tenga el compromiso de que se elabore de forma coordinada con las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas tienen las competencias ejecutivas en esta materia y en la elaboración de este programa deberían participar para poder definir los extremos concretos de todas estas medidas que proponemos.
Señor Presidente, termino diciendo que mi grupo ha conocido las enmiendas que a esta moción han presentado los grupos parlamentarios Popular y Socialista. Las dos enmiendas que se plantean son básicamente de adición. Mi grupo las acepta en su casi total literalidad.
Quisiera, señor Presidente, hacer una puntual referencia a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque en casi toda su extensión la aceptamos, con algunas puntuales correcciones a las que quisiera hacer mención a los efectos de que pueda tomarse nota y adicionarse literalmente en los términos que voy a expresar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Puede hacerlo S.
S. en este momento o al final del debate, aceptándolas o no.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, yo creo que para simplificar las cosas sería mejor hacerlo en este momento.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perfectamente.
Adelante, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: La primera parte de la aportación que hace la enmienda del Partido Popular, las referencias a las medidas fiscales nos parecen todas correctas. Las medidas administrativas de carácter mercantil nos parecen adecuadas excepto una que se expresa en el último punto, que es la última del apartado referido a las medidas administrativas y que empieza el párrafo en «habilitar una forma genérica que permita el aprovechamiento del íntegro de los recursos de este plan marco». Este párrafo, señor Presidente, mi grupo cree que es innecesario pues es casi redundante. Han hecho ustedes un trabajo tan exhaustivo que creo que este punto es excesivo e innecesario.
Proponemos, no incorporar este punto.
En el ámbito de las medidas financieras ustedes hablan de las entidades de capital-riesgo. Pues bien, mi grupo cree que la frase que hace referencia al capital-riesgo, señor Presidente, debería empezar con la siguiente expresión: «Potenciar y desarrollar reglamentariamente las entidades de capital-riesgo...,», y el resto igual. Se trata de potenciar y desarrollar reglamentariamente esas entidades de capital-riesgo.


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En el segundo punto de las medidas financieras, el encabezamiento debería decir: Extender la práctica de los préstamos participativos.
Se trata no de potenciarlos, porque ya se están potenciando, sino de extenderlos a la actividad del comercio.
Señor Presidente, en el capítulo de las medidas laborales, el segundo punto de las que propone el Grupo Popular, que empieza por: Constituir y mantener actualizado en la dirección general, etcétera, nos parece que tampoco es necesario. Es hasta excesivo. Repito, han sido ustedes muy perfectos en la enmienda que han presentado.
Finalmente y termino, señor Presidente, en el segundo punto, al final de la enmienda que hace el Grupo Parlamentario Popular, el párrafo que nos propone añadir, dice que el ministerio de Economía y Hacienda, en coordinación con las comunidades autónomas, elaborará un plan de ejecución de este programa de modernización del sector del comercio.
Mi grupo propone al Grupo Parlamentario Popular que se incorpore una frase. Cuando dice: El Ministerio de Economía y Hacienda, en coordinación con las comunidades autónomas, nosotros añadimos: y sin perjuicio de las competencias que éstas tienen asumidas en materia de comercio. Porque es así, señorías, y, de otro modo, olvidaríamos en la moción el reconocimiento tácito de que las comunidades autónomas tienen competencias ejecutivas en la materia. Que se elabore de forma coordinada, pero que se tenga en cuenta que las competencias de las comunidades autónomas en materia de comercio son competencias ejecutivas.
Señor Presidente, éstas son las observaciones y con ellas admitiríamos literalmente la enmienda de adición que ha presentado el Grupo Popular.
Por último, en cuanto a las tres enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, señor Presidente, quisiera expresar que nuestro grupo acepta la primera, que también es una enmienda de adición al capítulo de medidas fiscales, en su literalidad, porque nos parece correcta la propuesta. También nos parece correcta la adición que proponen al punto 2 de medidas administrativas, que también la aceptamos, pero la que no podemos aceptar es la tercera enmienda, que es de sustitución de un punto de las medidas financieras, porque simplemente nos parece que está mejor redactado en los términos en que lo ha hecho mi grupo parlamentario.
Con estas observaciones, señor Presidente, admitimos dos de las enmiendas de adición que hace el Grupo Socialista; admitimos toda la enmienda de adición de Grupo Popular y esperamos, señorías, que den unánimemente su apoyo a la moción que nuestro grupo ha presentado para exigir instar al Gobierno la elaboración de un plan de modernización del sector del comercio, con un conjunto de medidas de ámbito laboral, fiscal, administrativo y financiero.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
A esta moción han sido presentadas enmiendas de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Socialista y Popular.
En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, y con gran brevedad.
Nosotros, al texto original de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hemos presentado una enmienda, que vamos a mantener, por si es aceptada, aunque el señor Homs no se ha referido expresamente a ella. Dado que hay ya una enmienda transaccional entre el grupo proponente y el Grupo Popular, tengo que decir que estábamos perfectamente conformes con la sistemática del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el texto de esta moción, consecuencia de la interpelación de la semana pasada. Nos parece muy afortunada la sistemática con que se ha presentado esta moción, dirigiéndose en concreto a cuatro aspectos fundamentales, las medidas fiscales, las administrativas, las financieras y las laborales. Nuestra enmienda se ha dirigido al punto segundo, que son las medidas administrativas, que la enmienda del Grupo Popular extiende a las de carácter mercantil, porque nos parecía que era oportuno y acertado, aunque no lo vemos recogido en la enmienda transaccional que conocemos del Grupo Popular, cuando en el penúltimo párrafo de este apartado segundo el Grupo Catalán, al procurar un conocimiento lo más exacto posible de la situación del comercio interior en España, recurre a una fuente informativa, señor Presidente, que consideramos importante, la fuente informativa de los censos del impuesto de actividades económicas. No se recoge así en el texto propuesto por el Grupo Popular. A nosotros nos parece mucho más conveniente el texto del Grupo Catalán de Convergència i Unió, aprovechar no solamente el efecto de la información que se puede obtener para ver ese proceso biológico de comercios que entran o salen del mapa vivo de la estructura en toda España del comercio interior, y no solamente el censo del Impuesto de Actividades Económicas; aprovechar una ocasión para aquellas comunidades autónomas que tienen esta competencia transferida y complementarlo cruzando el dato con los que tienen las respectivas comunidades autónomas, como es el caso de la catalana, de la vasca, de la canaria, por citar unos ejemplos inmediatos. Cruzar su base de datos con los del Impuesto de Actividades Económicas que tiene la Administración central del Estado es muy oportuno.
Nuestra enmienda iba sencillamente a adicionar al censo del Impuesto de Actividades Económicas: y los suministrados por las comunidades autónomas. Entonces

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tendremos una radiografía muy al día, muy exacta, y con el compromiso tanto de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas, que salvaguardan así sus competencias, sin ningún perjuicio.
Este era el alcance de nuestra enmienda, que viene a enriquecer la fuente de suministro de datos de algo que conviene conocer con una puntualidad --diría yo, hablando en lenguaje de procesador de datos-- casi a tiempo real.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.


El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, señorías voy a fijar la posición de nuestro grupo respecto a la proposición del Grupo de Convergència i Unió.
Hay que decir que se desarrolla en esta iniciativa parlamentaria un conjunto de medidas que están, casi en su totalidad, recogidas en la Ley del Comercio o en el plan de modernización del comercio y que es fruto del amplio consenso que en aquel momento hubo para desarrollar la ley. Por lo tanto, estamos casi totalmente de acuerdo con la propuesta. Ahora bien, es cierto que, estando de acuerdo, queremos poner énfasis en algunos vectores concretos, que son los que van a permitir hacer viable la modernización del sector del comercio.
Va a ser muy difícil ir hacia adelante en un problema tan complejo como es el cambio generacional en el pequeño y mediano comercio si no establecemos líneas ad hoc, líneas específicas que regulen, que estimulen y que impulsen el cese de la actividad comercial en determinados pequeños comerciantes. Este es un elemento clave para poder llegar realmente a una estructura en el pequeño y mediano comercio mejor de la que tiene actualmente, sobre todo para posibilitar que haya una evolución no traumática del mismo.
Nuestras enmiendas, que han sido aceptadas, por lo que agradecemos la sensibilidad del Grupo de Convergència i Unión, iban en el sentido de que tiene que haber un diálogo constante, un diálogo continuo con los representantes del sector. El sector comercio está vertebrado en distintas asociaciones, en distintos grupos. Hay que mantener con todos ellos, y pongo énfasis en la palabra «todos», un diálogo fluido y continuo, con el objeto de que aquellos problemas que se van suscitando en el propio seno del comercio seamos capaces de canalizarlos.
Respecto a las medidas fiscales que se contemplan, que estaban ya anunciadas en la propia Ley del comercio y en el plan del comercio, con la enmienda que nos ha sido aceptada nosotros nos sentimos satisfechos, porque va en el sentido que decía S.S de poner énfasis en el relevo generacional.
Es bueno que utilicemos también el observatorio que se creó en la Ley de comercio y que este observatorio sea un instrumento, como ya lo ha sido, muy eficaz para conseguir tener los conocimientos suficientes y que las decisiones que se puedan tomar sean decisiones que estén basadas en una realidad que se conoce a conciencia. También contemplábamos algunas singularizaciones de carácter administrativo que se recogen en la moción. Sin embargo, siendo todo esto así, nos preocupa que no se haya aceptado la enmienda de medidas financieras en la que nosotros pedíamos que figurase claramente en la moción la creación de una línea específica destinada al plan de modernización del comercio interior. Es cierto que el proponente ha aceptado su espíritu y que lo ha hecho de tal manera que por fortuna nos va a permitir votar afirmativamente esta moción, pero aunque lo hagamos no quiero ocultar que tenemos cierta preocupación sobre todo cuando leemos las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado. Algunas de estas enmiendas nos llenan de perplejidad. Que el Grupo Popular nos diga que quiere incrementar las dotaciones del plan marco de modernización del comercio interior para extender los beneficios del mismo a todos los proyectos merecedores de ayuda, como textualmente dice, no deja de ser una clara contradicción con haber disminuido un 30 por ciento el presupuesto de comercio. ¿Cómo se entiende una disminución en las dotaciones presupuestarias del 30 por ciento para, después, vía enmienda, pedir que se incrementen estas dotaciones? Algo no ha funcionado. Está claro que cuando en el debate presupuestario decíamos que aquélla era una bajada temeraria no se nos hizo caso; ahora nos vienen a dar la razón vía enmienda. Y la verdad sea dicha, más alegría hay por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que perseveran. Así que en este sentido tenemos que estar de acuerdo.
Sin embargo, seguimos estando preocupados cuando reiteradamente el Grupo Popular en sus enmiendas nos habla de habilitar fórmulas genéricas que permitan ciertos trasvases de recursos y cuando en todo momento se elude crear algo que sería lo fundamental, crear una línea específica. Se está jugando con el saco de las pyme y se está intentando meter todo el comercio dentro de ellas. Y ya decíamos en la discusión de la interpelación que el comercio necesita un tratamiento singular dentro de la pequeña y mediana empresa y que esa singularización del sector comercio tiene que llevar forzosamente aparejada unas partidas presupuestarias muy superiores a las que tiene.
Son precisamente estas partidas presupuestarias ad hoc, totalmente específicas, no dentro del saco de las pyme, sino específicas para el comercio y para el plan de modernización del comercio, las que nos pueden permitir hacer viable el plan de modernización. Seguimos preocupados

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porque no hemos visto voluntad por parte del Gobierno de hacer esta separación y no sabemos claramente con qué dotaciones cuenta el Gobierno para el plan de modernización. Por tanto, es muy importante que ya no se juegue más en el futuro de manera ambigua con la pequeña y mediana empresa, con dotaciones para la pequeña y mediana empresa y plan de modernización del comercio. Tenemos que saber claramente, y espero que el Gobierno así lo resalte en el plan que proponga a esta Cámara, cuáles son las dotaciones específicas con las que se cuenta para este plan tan necesario, el plan de modernización del comercio interior, que se hace viable gracias al amplísimo consenso que ha habido en esta materia y que permitió la aprobación de la Ley del comercio interior, de la cual emanan todas las iniciativas que estamos debatiendo aquí, así como el plan de modernización, que también se hizo en ese momento, en el cual se concreta lo que prescribía esa Ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
El señor Homs pedía consenso al Grupo Popular el miércoles pasado y le puedo asegurar --ya se lo aseguré el miércoles y hoy se lo reitero-- que lo tiene. Quiero decirle de antemano a usted y a su grupo que estamos en plena sintonía con la moción que han presentado, que la apoyaremos íntegramente en su literalidad, y que nos alegra que nos haya aceptado nuestra enmienda, con algunas correcciones de estilo y quitando dos puntos, porque, como usted sabe, enriquece su moción con veinte medidas. Su moción y nuestra enmienda, señor Homs, conforman un escenario muy favorable a la modernización del comercio interior y, por otro lado, nos permiten lanzar un mensaje político positivo.
Señorías, el año pasado, cuando el Parlamento aprobó la Ley de comercio, todos estábamos de acuerdo en que era un avance importante en la regulación del sector, pero mi grupo --y consta así en el «Diario de Sesiones»-- ya avisó que esta ley, sin unas medidas de escolta, sin unas medidas de acompañamiento, era insuficiente. Y de eso vamos a hablar, señorías, de unas medidas que favorecen la modernización del comercio interior.
Previamente, quiero decir que el Gobierno ya ha hecho algunas cosas.
Encontró un marco macroeconómico desestabilizado y ya no lo está; puso freno al entorno tributario hostil, al encarecimiento del precio del dinero y al incremento de los costes empresariales, y tomó una serie de medidas puntuales respecto de las pyme, con clara incidencia en el comercio, que el señor Rato expuso el miércoles pasado y que no voy a repetir, aunque sí quiero recordar, a modo de ejemplo, que el Gobierno ya está revisando el IAE y los módulos, que son dos cuestiones que ustedes plantean en el primer punto de la moción sobre medidas fiscales.
Además de esto, señorías, mes y medio después de formar Gobierno, el director general de Comercio, siguiendo instrucciones del Secretario de Estado, acometió la reforma del plan de modernización. Como saben SS. SS., el objetivo del plan era impulsar la actualización y puesta al día de los pequeños y medianos comercios, con vistas a lograr la deseable competitividad de los mismos, y ello a través de una serie de programas generales y específicos que son conocidos por todas SS. SS.
Existía un problema, la insuficiencia de información fiable sobre la estructura y características del sector de la distribución comercial.
Por consiguiente, era necesario un plan de investigación para llegar a un conocimiento lo más exacto posible de la situación actual y de la previsible evolución futura. Pues bien, trabajando, entre otros, en ese objetivo está el observatorio de la distribución comercial, que ha pasado de ser un órgano inoperante a ser un instrumento vivo y eficaz que sirve para señalar la política a seguir, detectando los problemas y aportando soluciones.
Porque ¿de qué estamos hablando aquí? Las cifras macro del sector indican una población activa de 2.362.000 personas, con un aumento importante en los últimos años, que también ha servido como colchón de desempleo, con una tasa de ocupación del 87 por ciento --nueve puntos superior a la media-- y representa en torno al 14 por ciento del PIB y explicaba --digo explicaba en pasado porque este Gobierno está rompiendo todas las previsiones en materia de inflación-- entre 0,7 y l punto la inflación. Pues, señorías, gran parte de la estructura comercial está en proceso de transformación, de modernización. Efectivamente, el uso del coche privado, la estructura de los hogares, con una mayor capacidad de almacenamiento, la incorporación de la mujer al trabajo, las nuevas técnicas de comercialización y la expansión de la población provocan unos cambios en los hábitos de compra que podemos resumir como un ensanchamiento en la frecuencia y los períodos de compra. La consecuencia de todo esto, señorías, es la coexistencia de dos subsistemas de producción, que ofrecen características muy diferentes entre sí. Uno, el constituido por las formas tradicionales de comercio, que presta importantes servicios a la sociedad, juega un papel trascendental en la estabilidad de la población laboral, en el mantenimiento de los cascos urbanos y en la atención a la población rural, diseminada o radicada en pequeñas ciudades. Y otro, integrado por las modernas empresas de distribución, que, por sus dimensiones, por las técnicas

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de venta utilizadas o por ambas cosas a la vez, ha logrado una posición de preeminencia en el mercado.
Pues bien, señorías, una de las tareas esenciales en ese terreno debe ser la de arbitrar los medios necesarios para conseguir la deseable relación de complementariedad entre ambos subsistemas, de forma que la coexistencia entre uno y otro se pueda mantener en términos de armonía, para bien del sistema en su conjunto, de la política económica de la nación y de los consumidores en particular, que son los destinatarios últimos de la actividad comercial. Por consiguiente, todas las medidas que propicien que el comercio se especialice, se modernice o se incorpore a nuevas técnicas de comercialización serán positivas para el sector en su conjunto, favorecerán una transformación no hostil, no traumática, y nosotros las apoyaremos, porque el comercio que se moderniza y se especializa sobrevive.
Por eso, apoyaremos la moción de Convergència i Unió, nos alegra, insisto, que acepte nuestra enmienda, que inmediatamente paso a defender, porque sumadas ambas crean un marco especialmente favorable para el comercio.
Y paso ya, señorías, a defender telegráficamente la enmienda del Grupo Popular.
Señor Homs, las medidas fiscales de su moción parecen suficientes y bien planteadas. Como dije con anterioridad, están siendo revisadas por la comisión interministerial, así que no hay nada que objetar; las asumimos plenamente. Porque, señorías, el alto grado de competitividad en que se desenvuelve el sector comercial hace que cualquier reducción de costes, por pequeña que sea, se configure como un factor muy positivo, no sólo por su intrínseca eficacia antiinflacionaria, sino también por lo que representa de contribución al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas comerciales. Estas empresas, señorías, constituyen uno de los segmentos más importantes y eficaces del sector del comercio interior, tanto en lo que se refiere a su potencia generadora de empleo como en lo que hace a la creación de riqueza.
En cuanto al punto número 2, medidas administrativas y de carácter mercantil, a sus cinco puntos añadimos doce medidas nuevas. Van desde la eliminación de exigencias burocráticas hasta promover códigos de conducta y buenas prácticas comerciales, pasando por la potenciación del observatorio en diferentes vertientes. Entre ellas, aparte del desarrollo de sus funciones de información, consulta y asesoramiento, destaca la creación de diversos grupos de seguimiento. El primero de ellos, en materia de horarios comerciales, para observar la evolución normativa de las comunidades autónomas y analizar sus efectos sobre los hábitos de compra y el desarrollo del sistema de distribución. Otros dos, para el seguimiento de las ventas con pérdida y aplazamiento de pago, con el fin de verificar el cumplimiento de la ley.
Otras medidas propuestas se refieren a establecer instrumentos de coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas, para adaptar criterios comunes para la aplicación de la ley o potenciar sistemas estadísticos para conocer en tiempo real la evolución del comercio y el consumo. Además, pretendemos en nuestra enmienda instrumentar las medidas legales para homogeneizar el tratamiento que ofrece la banca al comercio en los pagos mediante tarjeta de crédito y evitar cualquier discriminación entre grandes y pequeños comerciantes. Intentamos asimismo divulgar las nuevas tecnologías para que resulten asequibles al pequeño comercio y puedan mejorar su competitividad.
Medidas financieras. A sus dos medidas añadimos otras dos, referentes una a la potenciación y desarrollo normativo de las entidades de capital-riesgo y otra a extender la práctica de los préstamos participativos con la intervención del Estado y las comunidades autónomas. La figura de capital-riesgo se hace necesaria como consecuencia del escaso porcentaje de recursos propios en los pequeños comercios. Se apoyará, tanto por su utilidad a la hora de capitalizar aquellas empresas que lo necesiten para crecer como por su función formativa, en tanto en cuanto llevan consigo el valor añadido de profesionalizar la gestión de la empresa en la que intervienen. La ausencia de un marco estable en torno al capital riesgo es lo que nos ha llevado a desarrollar la existencia de este tipo de sociedades que acabará con la inseguridad y dispersión existentes hasta el momento.
En lo que se refiere a los préstamos participativos, saben SS. SS. que se trata de un instrumento intermedio entre el préstamo propiamente dicho y la inversión en capital. Entendemos que su potenciación actual no es posible sin la intervención de las administraciones, tanto la central como las autonómicas. Junto a las medidas de apoyo a la promoción y constitución de sociedades de préstamos participativos, se minorará los tipos de interés de estos préstamos a través de la iniciativa Pyme y de desarrollo empresarial.
Medidas laborales y de formación profesional. Completamos sus cinco puntos con seis medidas nuevas que pretenden no sólo ampliar la formación a los funcionarios que desempeñan su labor en las diferentes administraciones públicas, sino a la enseñanza de formadores y a la promoción y financiación de cursos a distancia. También pretendemos establecer canales de comunicación con los comerciantes, para que conozcan las posibilidades que se ofrecen para mejorar su formación.
Asimismo, elaboremos un catálogo de actividades de formación profesional que resulten asequibles a los comerciantes, dándoles una adecuada difusión. Todas ellas son medidas importantes a juicio de mi grupo, porque sólo a partir de una formación profesional eficaz puede pensarse en la reforma y modernización del comercio.


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En cuanto al último punto, señorías, lo complementamos con la finalidad de incluir un calendario y manifestamos que el conjunto de actuaciones deberá estar operativo a partir de 1998.
Quiero terminar diciendo, señor Presidente, que desde mi grupo somos plenamente conscientes de la importancia del sector de la distribución y que el compromiso de apoyo por parte del Gobierno a este colectivo no se basa en una mera estrategia electoral, sino en el convencimiento de que todas las medidas que se tomen para mejorar la situación del sector benefician a toda la economía nacional y al pueblo español en su conjunto.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, contando con que hay solicitadas tres intervenciones dentro de ese grupo parlamentario, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para dar el apoyo total y unánime a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con las adiciones que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Pensamos que después de la aprobación de la Ley del comercio, con lo que significó a este importante sector, es fundamental la adopción de medidas de este plan marco de modernización del comercio interior, ante los graves momentos de dificultad que atraviesa. Apoyamos con rotundidad estas medidas que abarcan las fiscales, la necesaria modificación de la estimación objetiva, los famosos módulos, que están sacrificando día a día el pequeño comercio, y también la revisión inaplazable del impuesto de actividades económicas. Apoyamos estas reformas que se proponen de medidas financieras, laborales y administrativas, porque pensamos que este plan de modernización es inaplazable; sin él no tiene sentido el esfuerzo hecho el año pasado de aprobación de la ley de comercio. Pero es más, este plan de modernización tiene que ir apoyado con otras medidas, como es acabar con la incertidumbre de los horarios comerciales, la presunta y anunciada libertad de horarios salvaje que puede acabar con los pequeños comercios y, sobre todo, el gran esfuerzo que debemos hacer todos por acabar con la proliferación y el trato de favor que tienen las grandes superficies comerciales en todo el Estado español.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Evidentemente, después de la Ley de comercio, del consenso que hubo y de la importancia que tuvo para el sector, hacían falta unas medidas concretas que desarrollaran dicha ley, que la estabilizaran. Sobre todo, eran medidas pedidas por el propio sector, un sector profundamente castigado por variables diversas, que van desde la reducción del consumo, esta especie de castigo bíblico que representan los módulos, a la aparición de nuevos formatos cada vez más agresivos, hard discounts, etcétera. En todo caso, eran unas medidas muy importantes que van a tener una concreción necesariamente más positiva o más negativa para el sector en función de cómo se desarrollen. Hace falta, primero, que se respete la competencia autonómica, especialmente sobre la concesión de licencias. Hace falta que se prevea la concesión de ayudas a los municipios para actuaciones en los ejes urbanos del comercio y muy especialmente para la mejora en los mercados municipales, medidas, por cierto, que en el caso de Cataluña no tienen el beneplácito de Convergència i Unió. La revisión del régimen de módulos es correcta, necesaria, urgente y absolutamente importante. La revisión del IAE puede ser correcta pero es técnicamente muy complicada. Nosotros entendemos que en la revisión del IAE hace falta tener en cuenta lo siguiente. Hay que evitar que el conjunto de presión fiscal sobre el comercio sea más grande después de la reforma, algo que ya pasó con el cambio de las medidas fiscales por el IAE, y reconsiderar la distribución de la presión fiscal entre pequeño comercio y grandes superficies, ya que con los actuales epígrafes llega a ser hasta tres veces más grande para el pequeño comercio.
Yo quiero recordar que desde mi grupo tenemos presentada una proposición no de ley que plantea la necesidad de crear un impuesto específico para las grandes superficies, como forma de compensar los costos medioambientales, puesto que obligan al uso del vehículo privado, y los costos de infraestructuras que producen. Son unas medidas absolutamente necesarias que, por supuesto, aplaudimos siempre y cuando en su desarrollo posterior contemplen necesariamente otras para el sector que ahora no están incluidas. En la revisión del IAE y en cómo se plantee esta técnicamente va a ser donde veamos la bondad o no de estas medidas. De momento, por supuesto, nuestro voto a favor y nuestro aplauso.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Deseo expresar la posición favorable y por lo tanto también el voto a favor del Bloque Nacionalista Galego

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a la moción del Grupo Catalán Convergència i Unió, ahora transaccionada por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, sobre el apoyo a la modernización del comercio interior. Siendo como son medidas necesarias las que se proponen, no lo es menos desde nuestro punto de vista que deberían acompañarse de decisiones políticas claras que defiendan nuestro comercio y que pasan inevitablemente por definir qué modelo de desarrollo comercial queremos, dentro de lo citado anteriormente por otra portavoz, es decir, del modelo económico general que se pretende, modelo, por tanto, que prime los intereses de las empresas propias o los intereses de las empresas ajenas.
Es una evidencia que cuando se están planteando estas medidas es porque el sector atraviesa una crisis importante, debida entre otros factores a que el modelo de comercio impulsado, permitido o considerado inevitable en los últimos años en el Estado español permitió la entrada, con muy escasas limitaciones, a las grandes transnacionales del sector, que compiten en desigualdad de condiciones con nuestro propio comercio y ocasionan en amplias zonas, especialmente urbanas, la destrucción del comercio autóctono. Esto va combinado con que apenas se tomaron medidas reales y serias de apoyo a la modernización y capacidad de competir del pequeño y mediano comercio.
Por lo tanto, es necesario que el Gobierno adopte medidas globales capaces de crear un marco en el que sea posible la igualdad de oportunidades a la hora de competir, porque nosotros estamos a favor de la libertad de comercio, pero, sobre todo, estamos a favor de la libertad de nuestros comerciantes. Decimos esto porque, de lo contrario, las medidas necesarias de apoyo al pequeño y mediano comercio corren el riesgo de servir apenas para prolongar la agonía del tejido comercial propio que cada vez va retrocediendo en importancia y, de no modificarse la situación actual, seguirá haciéndolo. Es una evidencia, señoras y señores Diputados, y de esto también hay que hablar, que las grandes transnacionales del comercio provocan efectos negativos sobre nuestro tejido comercial y económico y son uno de los factores que están provocando la crisis actual. Conviene decirlo porque la política comercial debe tener desde luego dos ejes, el apoyo al comercio propio con medidas concretas y con un marco adecuado y favorable y la limitación a la penetración de las transnacionales del comercio.
En todo caso, bienvenida sea la aplicación de medidas como las propuestas en esta transacción y por eso las vamos a votar favorablemente, desde luego en espera de su concreción en la práctica.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Homs, le resta a S. S. expresar la aceptación o no de la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente, tiene usted razón.
Le comunico la aceptación de esta enmienda en su estricta literalidad, y le pido disculpas al grupo proponente por no haberlo mencionado en mi intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
Vamos a proceder a la votación. Correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la aplicación de un plan de modernización del comercio interior, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la moción consecuencia de interpelación.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA SOCIAL DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA VIVIENDA (Número de expediente 173/000035)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política social del Gobierno en relación con la vivienda.
En nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANES NADAL: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para defender la moción consecuencia de la interpelación sobre política social del Gobierno con relación a la vivienda.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora Sabanés, discúlpeme.
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.) Cuando quiera.


La señora SABANES NADAL: Quisiera empezar manifestando que somos perfectamente conscientes de que existe en este momento una subcomisión que trata de los problemas de la juventud y de la vivienda en nuestro país y que en ningún caso tratamos de adelantar conclusiones sobre los debates que en el seno de la

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misma están teniendo lugar para buscar los necesarios acuerdos que marquen las políticas del Gobierno en esta problemática y para este sector. No obstante, esta circunstancia no nos puede hacer olvidar que, entretanto, la sociedad evidencia problemas acuciantes concretos a los que tenemos que intentar dar soluciones en este momento y con los ritmos que la sociedad precisa. En este contexto, señorías, es en el que enmarcamos nuestra moción, que trata de introducir un debate necesario y de aportar algunas soluciones a las consecuencias de un problema que afecta a una parte importante de nuestra sociedad, cuyos síntomas más evidentes son los movimientos okupas en las grandes poblaciones y otros movimientos sociales de características similares, de familias desalojadas, etcétera. Con independencia de la valoración personal que podamos hacer o de la evaluación de algunas de esas prácticas, no deberíamos olvidar en ningún momento que responden en general a la imposibilidad cierta y no cuestionada hasta el momento de acceso a la vivienda para determinados colectivos y para la población más desfavorecida. En el mejor de los casos, es decir, que la situación mejorará sustancialmente a través de la calificación de más suelo urbanizable, con nuevos elementos de fiscalidad o con la bajada de los tipos de interés, tesis que nuestro grupo no comparte, es evidente que estas medidas no resolverán a corto plazo el problema de la vivienda y, lo que en este caso es más preocupante, que no resolverán tampoco a más largo plazo el problema para la vivienda de determinados sectores de población, problema que además va en aumento.
Deberíamos de comprender la necesidad de complementar cualquier actuación general con medidas concretas en el momento presente que hagan efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada mediante medidas de política social que aseguren el cumplimiento de la función social que debe tener la vivienda. Es necesario buscar medidas de apoyo a la rehabilitación, fórmulas legislativas en referencia al derecho al uso sobre edificios desocupados, que garanticen realmente el uso social de la propiedad de edificios que en este momento están desocupados, o promover una política decidida de apoyo a parques públicos en viviendas de alquiler. En este sentido el último informe europeo, de próxima aprobación, sobre los aspectos sociales de la vivienda indica ya la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas concretas contra la especulación inmobiliaria y urbana y, en especial, a través de la disuasión, con el fin de impedir que los propietarios dejen abandonadas las viviendas de manera intencionada o por negligencia. Propone también una política europea que, entre otros objetivos, favorezca la evaluación, el intercambio y la promoción de prácticas correctas en los Estados miembros, en relación con los proyectos y servicios que tengan que ver con la vivienda, en especial aquellos servicios cuyos objetivos sean los de ayudar a las personas sin hogar y a aquellas cuya situación económica y social les haga especialmente vulnerables y les obligue a seguir en una situación de vivienda precaria. De la misma forma, propone el seguimiento permanente de las políticas de vivienda, con el objetivo de tener en cuenta las repercusiones, positivas o negativas, en los grupos más vulnerables y desfavorecidos. Nosotros pensamos que las modificaciones o las políticas anunciadas por el Gobierno tendrán, en el mejor de los casos, un efecto neutro en los grupos especialmente vulnerables de nuestra sociedad. Finalmente el informe europeo señala la necesidad de una política integrada que atienda no sólo a los aspectos de construcción e inversión sino a los servicios de acompañamiento, de asesoramiento, de asistencia, de formación y de información y que se garantice un nivel de seguridad mínimo a las personas o grupos con problemas de exclusión social.
Es por tanto evidente que, en coherencia con lo que se está haciendo en la Unión Europea, deberíamos de iniciar una línea de trabajo considerando que el problema de los sin techo y la precariedad de vivienda se están agravando por muchos factores; que no existe la necesaria política de prevención para los casos de pérdida de vivienda y que cuando una persona pierde su alojamiento o no logra solucionar sus problemas en este sentido ni recibe con carácter inmediato el asesoramiento y la asistencia social necesarios estas dificultades se acabarán convirtiendo en permanentes, se encadenarán inevitablemente con otras y generarán a la larga otras problemáticas asociadas y conflictivas que podrán en último extremo generar una alarma social que ya estamos percibiendo y que no es otra cosa que los síntomas de un problema que, señorías, tenemos que afrontar de forma adecuada y a nuestro entender urgente.
Debemos afrontar todas las medidas que seamos capaces de desarrollar, incluso con carácter excepcional, porque excepcional es el problema que tienen planteado numerosos colectivos de jóvenes y familias en proceso de desahucio, de desalojo y en otros términos. El señor ministro decía en el transcurso de la interpelación que nuestro grupo formuló con carácter genérico sobre vivienda en el mes de febrero que lo único que no debíamos ni podíamos cuestionar eran los datos y que el dato era que nuestra juventud no tiene viviendas asequibles y que las viviendas son excesivamente caras. Nosotros no discutimos estos datos, con los que además estamos de acuerdo, pero también es verdad que estamos en desacuerdo con las estrategias de solución a esta problemática y, sobre todo, estamos en desacuerdo en que esas estrategias tengan un efecto a corto plazo. El reconocimiento de esta realidad lo planteaba un especialista del propio Partido Popular en la subcomisión sobre los problemas de la juventud, que creía plenamente en los efectos de las políticas que iba adoptar el Gobierno, pero, a su vez, era consciente

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de que las consecuencias positivas que pudieran conllevar estas medidas tendrían efecto en último término para las clases más desfavorecidas o para los colectivos situados en especial precariedad. Asumir esta realidad, asumir que ese es el ritmo, que no se van a ver beneficiados por estas medidas aquellos colectivos que esencialmente más lo necesitan significa también tener un comportamiento honesto con la sociedad y admitir que nos encontramos ante un problema que no puede tener una solución inmediata y que, como decíamos antes, se va a dilatar todavía más para algunos grupos, familias o colectivos de nuestra sociedad.
En esta línea nuestro grupo plantea una moción que es lo suficientemente amplia para, tratando de recoger algunas medidas que consideramos imprescindibles, empezar a trabajar y sobre las que nos gustaría, en todo caso, encontrar el consenso de esta Cámara. Estamos convencidos de que haciendo un esfuerzo de objetividad tendremos que reconocer que existe un problema social específico en el marco de la vivienda, además del problema general. En la Unión Europea se reconoce la existencia de 18 millones de personas sin hogar o en condiciones de especial precariedad y se considera que existe una tendencia generalizada en los gobiernos de no asumir convenientemente esta responsabilidad sobre los aspectos sociales de la vivienda fundamentalmente; que el mercado de la vivienda y las políticas aplicadas no disponen, en definitiva, de los suficientes elementos sociales correctores que alcancen al conjunto de la ciudadanía.
Consecuentemente, reconocer esta realidad puede ser la forma de trabajar hacia resultados más satisfactorios de los que hasta hoy hemos conseguido.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Sabanés.
No han sido presentadas enmiendas a esta iniciativa, por lo cual corresponde ahora la fijación de posición de los grupos que así lo deseen. (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar el voto contrario de nuestro grupo parlamentario a esta moción que nos plantea el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nuestro voto va a ser contrario porque si bien podemos coincidir con alguno de los puntos que se incluyen en la misma, mantenemos una discrepancia de base con la argumentación que en ella se defiende, muy especialmente en su preámbulo, que ha constituido también el eje de la intervención de la portavoz del grupo proponente.
El movimiento que se conoce como okupa es un movimiento que gusta denominarse como alternativo, contracultural, antisistema, una parte de cuya motivación obedece a una inexistencia real de vivienda para los jóvenes, es decir, a la problemática de la vivienda, especialmente agudizada por lo que afecta a la juventud, pero ésta no es ni mucho menos la principal motivación de este movimiento, que es mucho más amplia, mucho más compleja y que merecería un análisis muy detallado.
Quiero poner de relieve, a título de ejemplo y para ilustrar lo que estoy defendiendo, que hace escasamente dos semanas se produjo una jornada de lucha de este movimiento denominado okupa, concretamente en Cataluña, y de todos los locales que se ocuparon --entre comillas-- en ni uno solo el objeto era resolver el problema de la vivienda, sino que su objetivo era constituir lo que denominaban centros cívicos alternativos a los gestionados por la Administración local. Creo que este no es el debate de hoy y en todo caso, como ha manifestado en su intervención la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en cuanto al grave problema de la vivienda que afecta a la juventud, existe una subcomisión especial en esta Cámara para analizarlo y para encontrar soluciones y entendemos que aquella parte del problema que motiva la existencia de este movimiento, que nuestro grupo parlamentario podría compartir, tiene un cauce adecuado en esa subcomisión.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde nuestro punto de vista, con esta moción se pretende encauzar la solución del problema que se plantea con la ocupación de viviendas y locales, que se encuentran vacíos, propiedad de terceros por parte de grupos y personas que tienen necesidad de una vivienda o de un lugar donde cobijarse y lo hacen sin autorización alguna. Cualquier solución que se quiera plantear tiene que partir de la compatibilidad en su ejercicio de dos derechos: de un lado, el de propiedad y, de otro, el del acceso a una vivienda digna. Efectivamente, en nuestra sociedad existe una pugna, entre comillas, en el ejercicio de ambos derechos.
Eso se ha puesto de manifiesto con los planteamientos formulados por aquellos ciudadanos o ciudadanas que no tienen techo donde cobijarse o que sufren la marginación. Esta pugna, entre comillas, entre el derecho del propietario y el del ciudadano o ciudadana que ocupa la vivienda o local como pretendido ejercicio de su derecho a acceder a una vivienda, cuando no se resuelve por la vía del acuerdo o contrato, debe estar sujeta a unos mínimos que, por una parte, vienen dados por el respeto a la propiedad individual, constitucionalmente

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reconocida y defendida, y, de otra, por la obligación que tienen las diferentes administraciones de facilitar el progresivo acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, cumpliendo la obligación que en la Constitución se impone a los poderes públicos en su artículo 47 y que tantas veces ha sido citado en esta Cámara en los últimos tiempos.
Esto último tiene que llevarse a cabo mediante políticas activas de vivienda, encaminadas a atender las necesidades de aquellos ciudadanos que lo necesiten, partiendo, por lo que respecta al tema objeto de la moción, del conocimiento exacto del problema, dos de cuyos aspectos generales más importantes son la dificultad de acceso a la vivienda para amplias capas de la juventud y la existencia de un número muy elevado de edificios desocupados en las áreas urbanas. Mañana, sin ir más lejos, en la Comisión de Infraestructuras volveremos a tocar el tema de las viviendas vacías y nos podremos ocupar con más precisión de una parte del problema que hoy se discute en este Pleno.
Es indiscutible la función social que la propiedad tiene, pero este principio tiene que tener una traducción práctica. Debe ser plasmado en una acción política, en cuyo contenido este Gobierno no parece que esté muy dispuesto a avanzar; solamente hay que contemplar lo hasta ahora desarrollado, viendo cómo se reduce la aportación presupuestaria a la política de vivienda, viendo cómo se reduce la actuación de las empresas municipales de vivienda y suelo, viendo cómo se reducen las cesiones obligatorias a los ayuntamientos, cómo se cuestiona la acción pública en esta materia, cómo el año estadístico tiene quince meses en lugar de los doce, según se plasma en el día de hoy en algún medio de comunicación cuando hace referencia a los datos estadísticos de vivienda. Por esta forma de actuar entendemos que la problemática no merece la consideración necesaria por parte del Gobierno y desde luego que no es bueno que el Gobierno actúe tal y como lo está haciendo.
El vigente plan de vivienda que viene del anterior Gobierno el actual lo deja de lado y las medidas comprendidas en el mismo, relacionadas con políticas de rehabilitación y de puesta en alquiler de edificios desocupados o la promoción de viviendas para jóvenes, no son aceptadas.
Viendo todo ello se puede afirmar que la voluntad política existente en el Partido Popular en todos sus niveles institucionales, pues no hay que olvidar que en materia de vivienda las comunidades autónomas tienen muchísimo que decir, es la menos adecuada y correcta para hacer frente a este problema, y nos gustaría equivocarnos. De todas formas, en breve lo comprobaremos, pues el nuevo plan de vivienda parece ser que pronto verá la luz de manera definitiva y veremos hasta qué punto las medidas que se contemplan en el mismo son las más adecuadas para hacer frente a este tipo de problemas.
En la moción que Izquierda Unida presenta en esta sesión cabría distinguir tres aspectos, que muy brevemente voy a desarrollar y que corresponden a los cuatro puntos de la misma, cuya valoración voy a llevar a cabo, distinguiendo, en primer lugar, que los puntos 1 y 2 de la moción, que me imagino que SS. SS. conocerán, nos parecen oportunos y esperamos que el Gobierno y el Partido Popular se comprometan a orientar su política de vivienda en los términos que recogen ambos puntos. En este sentido, la posición del Grupo Socialista es favorable a su admisión y, por lo tanto, nuestro voto será positivo.
Por lo que respecta al punto 3, relacionado con la despenalización de la ocupación de inmuebles abandonados, la posición del Grupo Socialista es contraria a su admisión. Extraña, desde nuestro punto de vista, que en el debate sobre la reforma del Código Penal que recientemente celebró esta Cámara en ningún momento se haya puesto de manifiesto, tanto en el Senado como en el Congreso, la posición favorable de alguna formación política a esta despenalización. Nos parece raro que ahora se plantee en una moción como esta que discutimos en este día.
Entendemos que la despenalización de estas conductas en nada contribuye a solucionar el problema de la escasez de vivienda. Por ello, como he dicho anteriormente, nuestra posición será contraria.
Por último, respecto al punto 4, vamos a votarlo a favor, pero no nos gustaría que ello supusiera trasladar a los ayuntamientos responsabilidad alguna distinta a la mera intervención de los servicios sociales municipales, porque se puede correr el riesgo de que ante la ciudadanía quede fija la imagen de que va a ser el ayuntamiento el que va a tener que hacer frente a este tipo de problemas, cuando no son de su competencia.
Por ello, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista va a apoyar parcialmente la moción que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida. Pediremos votación separada de los puntos 1, 2 y 4, por un lado, y del punto 3, por otro.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la cortesía de la brevedad que corresponde dado el estado del debate y, sobre todo, la hora en la que estamos, quiero empezar por manifestar que mi grupo va a votar negativamente todos y cada uno de los puntos de la moción presentada por Izquierda Unida. Las razones son obvias. Desearíamos votar el punto 1, pero, en última instancia, no es sino repetir una vez más el enunciado del artículo 47 de la Constitución y hablar de la función social de la propiedad. Los tres puntos restantes son, si me permite la expresión la portavoz

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de Izquierda Unida, absolutamente invotables porque, en definitiva, están en plena contradicción con la política que está siguiendo el Gobierno.
Como saben SS. SS., la competencia en materia de vivienda, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución y en función de los estatutos de autonomía es competencia, y así fue objeto de transferencia en su momento, de las comunidades autónomas. El Estado mantiene, con todo, una serie de competencias exclusivas, propias, si se me permite, colgadas del artículo 149.13 de la Constitución, sobre las bases y la coordinación de la planificación general del sistema económico. En este orden de cosas tiene competencias en materia de financiación, obviamente en materia fiscal, en la fijación del esquema general de ayudas y en la normativa básica en materia de suelo, aunque esta última materia, como saben muchas de SS. SS., la última sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo la pone claramente en tela de juicio en no pocos aspectos, de tal manera que, a partir de ahora, el derecho urbanístico va a ser más un derecho autonómico que un derecho íntegra o propiamente estatal. En todo caso, el Gobierno se está moviendo con una auténtica política de vivienda, y no tengo más remedio que rechazar las afirmaciones de la portavoz de Izquierda Unida y, sobre todo, las afirmaciones del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Gobierno está haciendo cosas serias. En materia de financiación el Gobierno --y lo recuerda ciertamente algún medio de comunicación en el día de hoy-- ha comprometido o va a comprometer para el año 1997 una cifra cercana a los 900.000 millones de pesetas en créditos para la financiación de viviendas, en un nivel prácticamente idéntico al del año 1995, que es el año absolutamente mágico al que se ha hecho referencia en múltiples ocasiones por parte de los distintos portavoces socialistas.
Se van a acometer en el corriente año 1997 182.000 actuaciones, o sea, 30.000 por encima de las 150.000 anuales que como media figuraban en el programa electoral del Gobierno del Partido Popular y 25.000 ó 30.000 más que las del plan de viviendas socialista del período 1992-95.
En materia de fiscalidad se han acometido algunas cosas. Se ha establecido la bonificación o exención de la transmisión de viviendas en el ámbito de la comunidad familiar, se han equiparado fiscalmente las viviendas de carácter social o de protección pública de acuerdo con la normativa autonómica a las viviendas de protección oficial del Estado y tan pronto como lo permitan las coordenadas de Maastricht, en las que inevitablemente nos movemos, se acometarán medidas como la eliminación de la renta presunta o la reducción del IVA, todavía al tipo superreducido, en las viviendas de protección oficial y de precio tasado.
En materia de suelo el Gobierno promulgó un decreto-ley, que ya es ley puesto que fue objeto de trámite parlamentario como proyecto de ley en esta Cámara, y tiene en proceso de elaboración una nueva ley del suelo, precisamente como réplica o como fórmula de solución del vacío normativo que ha creado sin duda la sentencia del Tribunal Constitucional. No puedo dejar de sucumbir a la tentación, señorías, de decirle al portavoz socialista --ya que él, en nombre de su grupo, se ha erigido en el gran defensor de la política de vivienda del pasado-- que en pocas ocasiones el Tribunal Constitucional ha dado un varapalo a un gobierno como el varapalo que ha recibido con la sentencia del Tribunal Constitucional, si se tiene en cuenta que en un texto de 310 artículos se declaran inconstitucionales 230 ó 240.
Seguro, señor Morlán, que en el Guinness de los varapalos en política acabará figurando la sentencia del Tribunal Constitucional.
En definitiva, señorías, el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, y está haciendo una política de vivienda seria; y también la está haciendo, en la medida de sus posibilidades, en el ámbito de la vivienda más social, que son las viviendas de protección oficial, de promoción pública, a través de los convenios correspondientes con las comunidades autónomas, como sabe bien --seguramente mejor que nadie-- el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Además, hay actuaciones por vía indirecta, que son los famosos gastos fiscales, que ascienden para el año 1997 nada menos que a la cifra de 445.000 millones de pesetas.
No podemos estar de acuerdo con los apartados 2, 3 y 4 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista. El despenalizar a los okupas, impulsar una modificación de despenalización de la ocupación de propiedades, de inmuebles abandonados o aparentemente abandonados, para fomentar el movimiento de los okupas que, como ha subrayado el portavoz de Convergència i Unió, tiene causas y orígenes multidimensionales que no se pueden atribuir exclusivamente a la escasez de viviendas, sería tanto como olvidarnos de que estamos en un Estado de Derecho. Con razón, entiendo que ni siquiera el Grupo Parlamentario Socialista pueda apoyar el punto 3 de la moción.
En cuanto al punto 4, que quiere dar instrucciones a los delegados del Gobierno para la actuación en relación con los okupas, hay que decir que las actuaciones de desalojo por parte de los gobiernos del Partido Popular, y también, creo, por parte de los gobiernos del Partido Socialista, se producen con arreglo al ordenamiento jurídico, y las actuaciones policiales con arreglo a los procedimientos establecidos y siempre del modo más respetuoso con los derechos humanos de quienes son objeto de ellos. Por otra parte, cualquier información que difunda, como se pretende en la moción, con carácter previo, las actuaciones

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policiales que se van a producir en ese tipo de episodios, las harían imposibles o muy difíciles y más violentas.
En relación a los servicios sociales municipales, quiero creer que la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país están siempre abiertos a quienes precisan de sus atenciones. Comprendemos y sintonizamos con no pocos de los planteamientos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Como prometió el Ministro de Fomento en la sesión en la que se debatió la interpelación, contamos con su colaboración y apelaremos a ella.
Pero estamos firmemente convencidos de que estamos haciendo la política de vivienda que corresponde hacer en el momento presente.
Una última referencia, y acabo ya, de verdad, señor Presidente. La política económica del Gobierno del PP está permitiendo algo fundamental en materia de política de vivienda, que es la rebaja sustancial de los tipos de interés.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Ortiz.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política social del Gobierno en relación con la vivienda.
En primer lugar, vamos a proceder a la votación de los puntos 1, 2 y 4 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; votos a favor, 119; en contra, 150; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan rechazados los puntos 1, 2 y 4 de la moción.
Votación correspondiente al punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; votos a favor, 18; en contra, 254; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazado el punto 3 de la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las diez y quince minutos de la noche.

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