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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 73, de 10/04/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 73

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 70

celebrada el jueves, 10 de abril de 1997

ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Núm. Reg.
18963) (Página 3572) Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes: -- Real Decreto-Ley 4/1997, de 14 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales (número de expediente 130/000017) («BOE», número 64, de 15 de marzo de 1997) (Página 3572) Enmiendas del Senado: -- Proyecto de Ley de liberalización de las telecomunicaciones.
(Procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 5.1, de 4 de julio de 1996 (número de expediente 121/000003)(Página 3582)

Página 3570


-- Proyecto de Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del INSALUD. (Procedente del Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de junio).
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 8.1, de 4 de julio de 1996 (número de expediente 121/000006)(Página 3590) -- Proyecto de Ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población. (Procedente del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio).
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 9.1, de 4 de julio de 1996 (número de expediente 121/000007) (Página 3595) -- Proyecto de Ley sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 10.1, de 22 de julio de 1996 (número de expediente 121/000008) (Página 3600) -- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.830.748.838 pesetas, para el pago de las indemnizaciones ocasionadas por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá, número 20, según Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 1994 y auto de la misma de 19 de septiembre de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 11.1, de 22 de julio de 1996 (número de expediente 121/000009)(Página 3602) -- Proyecto de Ley de envases y residuos de envases. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 17.1, de 4 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000011) (Página 3602)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana, con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 3572) Real Decreto-ley 4/1997, de 14 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales (Página 3572) En nombre del Gobierno, el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja) presenta a la Cámara para su convalidación o derogación el Real Decreto-ley 4/1997, de 14 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos por las inundaciones en Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Considera que la descripción de los daños ocasionados y la situación creada hacían necesaria, desde un principio básico de solidaridad, una acción de los poderes públicos tendente a la adopción de un paquete de medidas de diversa índole, encaminadas a reparar los daños de infraestructuras de las zonas afectadas y a restablecer la normalidad en las mismas. A continuación explica dichas medidas y manifiesta que éstas no constituyen una novedad respecto a las adoptadas con anterioridad ante situaciones semejantes, si bien se ha realizado un esfuerzo en la valoración de los daños y en la determinación de los municipios y núcleos de población afectados, tarea en la que se ha colaborado con las autoridades autonómicas. Termina su intervención señalando que el Gobierno, dentro de las limitaciones presupuestarias, ha hecho un importante esfuerzo para hacer frente a estas inundaciones no sólo mediante el reconocimiento de esos créditos extraordinarios, sino también con la adopción de otras medidas que aportan recursos por un importe que superará ampliamente el montante de dichos créditos.
En turno en contra de la convalidación intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sedó i Marsall, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometido a votación el Real Decreto-ley, es convalidado por 166 votos a favor, 143 en contra y dos abstenciones.


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Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, se rechaza por 144 votos a favor, 162 en contra y cuatro abstenciones.


Enmiendas del Senado (Página 3582) Proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones.
(Procedente del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio.) (Página 3582) En turno a favor de las enmiendas intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; García-Arreciado Batanero, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular .
En turno por alusiones intervienen los señores Alcaraz Masats y García-Arreciado Batanero, y la señora Mato Adrover.


Proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud. (Procedente del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio.) (Página 3590) En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Maestro Martín, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Amador Millán, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular.
Proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población.
(Procedente del Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio.) (Página 3595) En turno de fijación de posciones, intervienen el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Maestro Martín, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Novoa Carcacia, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular.


Proyecto de ley sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (Página 3600) En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Alvarez Gayol, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.830.748.838 pesetas, para el pago de las indemnizaciones ocasionadas por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá, nº 20, según Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 1994 y auto de la misma de 19 de septiembre de 1995 (Página 3602) No habiendo ninguna petición de palabra en relación con este proyecto de ley, se pasa al siguiente punto.


Proyecto de ley de envases y residuos de envases (Página 3602) En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado a los proyectos de ley anteriormente debatidos.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3607) El señor De Grandes Pascual informa de que, a la vista de cómo transcurre el Pleno, representantes de los grupos parlamentarios han conversado sobre el particular, pareciendo que existe unanimidad en

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que los temas pendientes sean pospuestos para la semana que viene.
Intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para manifestar que no se oponen a la propuesta de aplazamiento, aunque por respeto hacia los grupos minoritarios creen que se les debería haber consultado para proponer una decisión de estas características, modificando lo acordado en la Junta de Portavoces.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro 18963)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público. (Rumores.) CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS- LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 4/1997, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR INUNDACIONES Y TEMPORALES (Número de expediente 130/000017)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real decreto-ley número 4/1997, de 14 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales.
Para la presentación del real decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro del Interior. (Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.--El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, ruego silencio. (Pausa.) Señorías, les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Señor García-Arreciado, le ruego que ocupe su escaño o abandone el hemiciclo. (Rumores.) Señor Morano, ruego que ocupe su escaño o abandone el hemiciclo. (Pausa.) Señor Morano (Pausa.) Puede comenzar, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante SS. SS. para complementar el trámite de convalidación por esta Cámara del Real Decreto-ley 4/1997, de 14 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos por las inundaciones en Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.
Como SS. SS. conocen perfectamente los hechos se remontan a principios de diciembre del pasado año, mes en el que se registraron en numerosos puntos de esas comunidades autónomas inundaciones importantes que afectaron a bienes de titularidad estatal, a infraestructuras municipales y a bienes de particulares. Estos fenómenos meteorológicos adversos se generalizaron a partir de diciembre de 1996 y continuaron durante enero del año 1997, lo que sin duda constituye un temporal de lluvia y nieve que provocó un volumen inusual de precipitaciones en casi toda España y especialmente en las comunidades citadas.
Las consecuencias del temporal han producido daños en numerosas carreteras y poblaciones con el agravamiento de desbordamiento de ríos, ocasionando daños importantes, no sólo a infraestructuras y locales, sino también a la agricultura de estas comunidades. La descripción de los daños y situación creada hacía necesaria, desde un básico principio de solidaridad, una acción de los poderes públicos tendente a la adopción de un paquete de medidas de diversa índole encaminadas a reparar los daños de infraestructuras de las zonas afectadas y a restablecer la normalidad en las mismas. Para hacer frente a estos daños el Gobierno ha elaborado este real decreto-ley que someto hoy a convalidación por la Cámara y que ha sido informado favorablemente por el Consejo de Estado el pasado día 13 de marzo.
El Real Decreto-ley de 14 de marzo incorpora un conjunto de medidas para conseguir los objetivos descritos que en lo sustancial no difieren de las adoptadas con anterioridad para situaciones semejantes y que pueden concretarse en los apartados siguientes.
Primero, concesión de una moratoria en el pago de los créditos hipotecarios, pignoraticios y cualesquiera otros, vencidos o que venzan en los períodos comprendidos entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 1996, ambos inclusive, para los hechos catastróficos

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acaecidos con anterioridad al 1º de diciembre y los vencidos o que venzan entre el 1º de diciembre del año 1996 y 15 de abril de 1997 para los acaecidos durante los meses de diciembre de 1996 y enero de 1997, cuando los bienes gravados o las explotaciones que hayan sufrido daños estén situados en términos municipales referidos en la correspondiente orden ministerial; orden ministerial que hoy mismo firmaré y en la que se comprende un total de 1.276 municipios con el siguiente desglose por comunidades autónomas. Andalucía, 692 municipios; Valencia, 47; Extremadura, 187; Asturias, 45; Castilla-La Mancha, 305.
Segundo. Declaración de emergencia de las obras, servicios, adquisiciones, suministros o reposiciones de bienes perjudicados por la catástrofe a efectuar por los diferentes departamentos ministeriales y que se estimen necesarios para la reparación de infraestructuras y equipamiento de toda índole.
Tercero. Indemnización de los daños directos causados por las lluvias, inundaciones o arrastre de tierras sobre producciones agrarias con pólizas de seguro en vigor cuando dichos riesgos no estén cubiertos por la póliza del seguro agrario combinado.
Cuarto. Exenciones tributarias, impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica o urbana, sobre actividades económicas y sobre determinados medios de transportes y de cuotas a la Seguridad Social, así como moratorias en el pago de las mismas.
Quinto. Medidas relativas a expedientes de regulación de empleo que sean consecuencia de las inundaciones y el temporal asimilándolos a una situación de fuerza mayor.
Sexto. Líneas de préstamo a bajo interés por parte del Instituto de Crédito Oficial y por un importe total de 3.000 millones de pesetas, que podrá ser ampliado por el Ministerio de Economía y Hacienda en función de los daños y de la demanda consiguiente para anticipar la reparación o reposición de instalaciones industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y ganaderas y locales de trabajo asimismo afectados.
Séptimo. Concesión de ayudas por el Ministerio del Interior, en función de la Orden de 18 de marzo de 1993 y mediante la habilitación de un crédito extraordinario por importe de 3.000 millones de pesetas con destino a unidades familiares o de convivencia económica y corporaciones locales con escasez de recursos para hacer frente a la situación de emergencia, así como a otras personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad competente que hayan realizado prestaciones personales o de bienes necesarias para el restablecimiento de los servicios esenciales.
Octavo. Creación de una comisión interministerial para la aplicación de las medidas establecidas en este real decreto, coordinada por la Dirección General de Protección Civil.
Noveno. Concesión de un crédito extraordinario con carácter ampliable por importe de 17.000 de pesetas para atenciones de todo orden derivadas de la aplicación del presente real decreto-ley, cualquiera que sea la naturaleza del gasto y del destinatario del mismo, a ejecutar por los diferentes departamentos ministeriales implicados, y cuyos posibles remanentes al finalizar el ejercicio de 1997 serán incorporables al presupuesto del ejercicio siguiente. En la Comisión interministerial citada se acordó desglosar esta cantidad del siguiente modo: 10.500 millones de pesetas destinados a la reparación de bienes de titularidad estatal; 1.500 millones destinados a indemnizaciones por daños en cultivos; 5.000 millones, incluidos los gastos del Consorcio de Compensación de Seguros, estimados en 100 millones de pesetas, para bienes de titularidad municipal.
Conviene precisar, señoras y señores Diputados, que las medidas enumeradas no constituyen novedad alguna respecto a las adoptadas con anterioridad ante situaciones semejantes, si bien se ha realizado un esfuerzo con el máximo rigor para la valoración de los daños y la determinación de los municipios y núcleos de población afectados.
Con la finalidad de lograr estos objetivos se ha dispuesto en el articulado del real decreto-ley la necesidad de coordinación con las autoridades de las comunidades autónomas, a través de las delegaciones del Gobierno, y con las comisiones provinciales de gobierno.
Asimismo, se prevé la facultad de solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros las correspondientes valoraciones de los daños, cuando no afecten estrictamente a bienes de titularidad estatal o se hallen entre los contemplados en el artículo relativo a los ocasionados en producciones agrarias. Por otra parte, la determinación de los bienes de los municipios y de los núcleos afectados ha sido efectuada por los medios técnicos de los departamentos ministeriales y delegaciones de gobierno en la clasificación a que antes me he referido.
Por último, conviene resaltar que la cantidad concedida respecto a la valoración estimada de los daños está en la misma proporción de la que se concedió por el Real Decreto-ley 4/1996, que recuerden ustedes hubo una estimación de daños de 85.325 millones de pesetas y la cantidad concedida fue de 12.000 millones de pesetas.
Los datos porcentuales indican que tanto en el real decreto-ley de 1996 como en el que hoy se somete a convalidación se ha cubierto con créditos aprobados un 15 por ciento de la valoración total de los daños.
Para concluir, señorías, quiero señalar que el Gobierno ha realizado, dentro de las limitaciones presupuestarias en las que evidentemente nos encontramos, un importante esfuerzo para hacer frente a estas situaciones y no sólo mediante el reconocimiento de esos créditos extraordinarios, sino también mediante la adopción de otras medidas que aportan recursos por un importe que superará ampliamente el montante de dichos créditos.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
¿Algún grupo desea utilizar algún turno en contra de la convalidación? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra el señor Alcaraz, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para utilizar el turno en contra de la convalidación.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A nuestro juicio, señor Ministro, la posición del Gobierno en este asunto de amplísima y profunda relevancia en nuestra comunidad autónoma ha sido desorganizada, centralista y objetivamente antiandaluza.
Pensamos que no hemos logrado hacer pasar al señor Aznar por el aro de los intereses generales de Andalucía.
Se ha producido un temporal catastrófico, de enormes consecuencias.
Según los datos pluviométricos que existen, el mayor del siglo, no digo que sea el mayor del siglo en general, pero sí uno de los mayores, con datos en la mano, el mayor del siglo --desde luego, el mayor desde que tenemos democracia en este país--, con daños en cuanto a las obras públicas y en cuanto a la agricultura, junto a los daños privados y los que afectan a los ayuntamientos, también de enormes consecuencias. Y digo consecuencias porque, si de cara al futuro no se remedian estos daños estructurales de manera adecuada, nos encontraremos con que, en cierto grado, el futuro de Andalucía queda dañado y lastrado. Ha sido un daño mucho mayor teniendo en cuenta que éramos mucho más vulnerables, mucho más frágiles de lo que creíamos. Obras públicas de reciente construcción, construidas por todas las administraciones, se han venido abajo y todos nos hemos preguntado, de consuno, que qué pasaba en Andalucía, por qué éramos tan frágiles, lo que quiere decir que ha habido una afectación estructural en los daños y que las consecuencias deben ser enfocadas desde el punto de vista de arreglos, de reformas estructurales que hay que recomponer.
A partir de este temporal, se produjo una especie de segundo temporal institucional. Las instituciones no se ponían de acuerdo y comenzó una especie de precampaña electoral que no sabíamos bien a qué obedecía.
En todo caso, hubo un período de tiempo a lo largo del cual nadie se ponía de acuerdo con respecto a la valoración de los daños y había bandas de daños que superaban con mucho, en cuanto a su cuantía, la adopción de medidas que al final se ha producido. En todo caso, al final se llegó a un acuerdo por parte de la Administración central, representada por la Delegación del Gobierno, y por parte de la comunidad autónoma y los representantes de las entidades locales. El acuerdo fue valorar los daños a todos los niveles, provincia a provincia, sector a sector, teniendo en cuenta los daños que afectaban a las distintas administraciones, en 126.000 millones de pesetas; una cantidad que nos parecía a todos baja en función de la valoración que habían hecho las organizaciones empresariales, las organizaciones de los agricultores, los sindicatos, los ayuntamientos o algunas de las administraciones, pero todos aceptamos esa cantidad, 126.000 millones de pesetas, en función de los daños estructurales y de todo tipo que se habían producido a lo largo y ancho de una comunidad tan grande como Portugal, por lo que se requería un gran esfuerzo que, pensábamos, teniendo en cuenta los 126.000 millones, podría concordar para evitar las consecuencias que se podrían deducir de ese temporal.
A la espera del decreto, señor Ministro, nosotros hicimos una pregunta en Pleno, a través de nuestra portavoz Rosa Aguilar, al señor Presidente del Gobierno porque el decreto se retrasaba. Y el señor Presidente del Gobierno nos dijo que tuviésemos tranquilidad, porque las medidas que se contendrían en el decreto serían suficientes.
Incluso la pregunta, dentro de la contundencia necesaria, se desarrolló en un tono adecuado, puesto que la respuesta se basó en el término «suficiente»; habría suficiencia y se paliarían las consecuencias.
Pero cuál fue nuestra sorpresa, y prácticamente la de toda Andalucía, de los medios de comunicación, de las instituciones, de los sectores y territorios afectados, cuando cayó en nuestras manos el Real Decreto-ley 4/1997, de 14 de marzo, que contenía dos créditos que sumaban en total una cantidad de 20.000 millones de pesetas, y 20.000 millones de pesetas para cinco comunidades autónomas que estarían, a partir de entonces, en manos del señor Ministro en muchos de sus condicionamientos de cara a su distribución. Y no decimos que sobren cuatro comunidades autónomas, no decimos que sólo se quede Andalucía.
Es más, pensamos que falta alguna comunidad autónoma, como la de Cataluña u otras, que también sufrieron daños. Concretamente, los daños en Tarragona parece que se han evaluado en 1.307 ó 1.304 millones de pesetas; es decir, que también falta Cataluña y faltan posiblemente otras comunidades autónomas. No decimos que sobren cuatro de las cinco comunidades autónomas que contiene el decreto; decimos que falta el dinero no sólo de estas cuatro más otras comunidades autónomas que no han sido contempladas, sino fundamentalmente, en nuestro caso, también falta el dinero de Andalucía; falta. Porque si de esos 20.000 millones se nos dice que sólo el 7, 8 ó 9 por ciento va a afectar a Andalucía, aunque se nos dijera algo más, nos encontraríamos con cantidades en torno a 12, 13 u 11.000 millones de pesetas, que no nos parecen en absoluto adecuadas.
Los decretos anteriores, excepto el inmediatamente anterior, siempre contemplaban una ayuda inmediata, en función de las valoraciones preestablecidas, que andaba en la banda de entre el 40 y el 60 por ciento de

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esos daños producidos y valorados por las instituciones correspondientes y, en este caso, nos vamos a encontrar en Andalucía con un impacto, con una ayuda de choque que no va a superar, en caso alguno, el 10 por ciento de estos 20.000 millones de pesetas. Por tanto, nos encontramos en una situación de estupor y de indefensión, mucho más cuando el 28 de enero, en la Comisión de Agricultura, el señor Subsecretario --y hablo de otro de los sectores afectados; me refiero concretamente, en este caso, a los jornales, que han sido muy afectados-- nos dijo --y consta en el «Diario de Sesiones»-- que se habilitaría una cantidad complementaria para el Plan de Empleo Rural en función de los jornales perdidos por razón del temporal, y que habría, en los créditos extrarordinarios que se contendrían en el decreto, una cantidad específica para aumentar los fondos relativos al Plan de Empleo Rural, y nos encontramos con que no es así, con que en absoluto aparece ninguna cantidad relativa a jornales, con que en absoluto aparece ninguna cantidad que complemente, que aumente o que hable de una especie de PER extraordinario. Y no estamos dispuestos, señor Ministro, a un golpe de chistera del señor Arenas para una especie de segunda medida o segundo decreto que hable específicamente del PER, una vez que en esta etapa de enfriamiento previo, para que no sigamos con nuestras reivindicaciones, se produzca una segunda etapa en la que el enfriamiento llegaría a los niveles mínimos en función de este golpe de chistera prodigiosa del señor Arenas. Queremos esas medidas de inmediato; queremos que eso se complemente en un decreto, éste que nosotros no aceptamos, cuya convalidación no vamos a votar y que pretendemos que se renueve, que se reescriba de acuerdo con los intereses reales de Andalucía y de acuerdo con los requerimientos firmados que han hecho las distintas Administraciones, incluida la Delegación del Gobierno, con respecto a los daños reales.
A veces, por los pasillos o por otros sitios se nos intenta convencer de que hubo un acuerdo que valoraba los daños en 126.000 millones de pesetas, pero que esto no es posible. Se nos intenta llevar a una especie de segunda negociación. Sin embargo, ya ha habido una negociación --y pública-- seguida por los medios de comunicación día a día y por ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, protagonizada fundamentalmente por la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno, que ha terminado en un acuerdo que todo el mundo conoce: 126.000 millones de pesetas de daños. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo nosotros ahora con una segunda negociación, con una etapa de rebajas? No, no. Ese acuerdo se ha hecho, es público, está suscrito y, por tanto, debe cumplirse. Otra cosa es que se cumpla de manera adecuada teniendo en cuenta las proporciones que cada grupo de administraciones debe aportar: el 50 ó el 60 por ciento depende de la Administración central, el otro 25 ó 30 por ciento de la Junta de Andalucía y el resto de las entidades locales.
Sobre este caso, nosotros dejamos dicho aquí que ha sido tardío el permiso concedido para el endeudamiento de 10.000 millones de pesetas de la Junta de Andalucía, pero al final se ha producido. Sin embargo, 10.000 millones, de cara a una cantidad que debe suponer un monto de 30.000 millones, tampoco ayuda totalmente a subvenir los gastos, los daños dejados por el temporal.
Por tanto, señor Mayor Oreja, nosotros no podemos votar a favor de la convalidación de este Real Decreto-ley 4/1997, de 14 de marzo. No estamos de acuerdo tampoco con ese segundo mensaje que se nos deja sobre la mesa. Se nos dice en alguna administración, y a veces también por voces relacionadas con las Administración central, que, en interés de Andalucía, se va a gastar menos; que del dinero de los andaluces, de las inversiones o del dinero que podría ir a Andalucía, se va a gastar menos en interés de la misma. Esto no lo entendemos. Hay que gastar más, hay que gastar lo adecuado y, de cara a Maatricht o a lo que sea, habrá que ahorrar del capítulo II, de gastos corrientes o donde corresponda, pero no de los intereses de Andalucía en función de algo objetivamente señalado por ustedes, que la cantidad correspondiente a los daños son 126.000 millones de pesetas.
Por eso, señor Mayor Oreja, queremos decirle que hay que reescribir otra vez ese decreto, hay que contemplarlo de nuevo a la luz de la movilización, muchas veces espontánea, otras veces crecientemente articulada, que se está produciendo en Andalucía, no sólo con respecto a esta Administración, pero es ahora cuando debatimos este tema. Ayer se debatió en el Parlamento de Andalucía y esgrimimos los mismos argumentos correspondientes a la Administración que en este caso estaba concernida.
Desde ese punto de vista, lo mismo que dijimos ayer en el Parlamento andaluz se lo decimos a ustedes. Este real decreto-ley no puede ser aprobado en esta Cámara. Ustedes posiblemente habrán conseguido acuerdos de gobernabilidad para aprobarlo, pero serán acuerdos injustos con Andalucía, serán objetivamente antiandaluces. Y no quiero que se quite a las otras cuatro comunidades autónomas. Izquierda Unida no quiere que se quite al resto de las comunidades autónomas afectadas, ni siquiera las que no contempla el decreto, como Cataluña, sino que la cantidad sea la adecuada para que las distintas comunidades autónomas no nos enfrentemos, para que no se enfrenten las distintos territorios y sectores de Andalucía y para que Andalucía pueda compensar, paliar las consecuencias estructurales que va a tener este enorme temporal de los meses de diciembre y enero de 1996 y 1997.
La actuación del Gobierno, señor Mayor Oreja, ha sido desorganizada, insensible, centralista y objetivamente antiandaluza. Y no sólo esto: está siendo muy torpe con Andalucía, incluso desde su propio punto de vista. Han creado ustedes unas enormes expectativas

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en el sentido de que ustedes no procederían, como otros Gobiernos, en función de promesas, de acuerdos que se han suscrito. Ustedes han creado esa esperanza en Andalucía, donde el cuerpo social está mirando con lupa cómo se va a afrontar esta problemática, y el P.P. tiene una oportunidad de demostrar que cumple con Andalucía, un territorio donde tampoco a ustedes les va demasiado bien. Si en este momento pierden ustedes la presente oportunidad, si no responden a las expectativas creadas, a las esperanzas que se han suscitado, a los acuerdos suscritos, a partir de ahora van a tener muy poca credibilidad en Andalucía; pierden un tren social de enorme importancia, que afecta prácticamente al 80 por ciento de los ayuntamientos andaluces, que ahora, en función de esta distribución que acaba de anunciar hoy aquí, van a recibir cantidades irrisorias. Tenga en cuenta que en Andalucía los ayuntamientos no van a sentirse satisfechos con esas cantidades, que no van a llegar ni al 8 ni al 9 por ciento, en muchos casos, de los daños sufridos.
Señor Mayor Oreja, en Andalucía tenemos muchísima paciencia, cumplimos siglos desde la paciencia, pero no confundan ustedes nunca la paciencia con la resignación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, nos lleva hoy aquí, no un simple trámite, sino la posibilidad de que cientos de miles de personas, amparadas seguramente en la sensibilidad de los grupos parlamentarios, y hay que sospechar que también en la del propio Grupo Popular y del Gobierno, sean capaces de compensar los daños que produjo una situación catastrófica en algunas comunidades, de manera especial en Andalucía. Por tanto, estamos aquí no para un mero trámite, sino para dar respuesta, señor Ministro, a una necesidad, en ocasiones agobiante y angustiosa, de miles y miles de ciudadanos, de manera especial ciudadanos andaluces.
Nosotros, señor Ministro, como Grupo Parlamentario Socialista, nos vamos a oponer a este decreto, nos vamos a oponer a su convalidación, como se está oponiendo la gente que, en Andalucía (sectores sociales, partidos políticos, asociaciones agrarias), se ha quedado auténticamente estupefacta ante la precariedad de la solución del Gobierno a la situación angustiosa que generó el temporal de diciembre de 1996, ante lo que nosotros consideramos como insolidaridad del Gobierno de la nación, cicatería e insuficiencia de la valoración dada y de los daños producidos frente a esa valoración, como castigo para determinadas comunidades autónomas, como discriminación, especialmente a Andalucía, como una bofetada a los intereses y a las necesidades agobiantes y angustiosas de miles y miles de personas.
Déjeme que se lo diga, señor Ministro, de otra manera. Las ayudas por inundaciones --decía la prensa hace unos días--, cinco veces por debajo de las previsiones del propio Gobierno. Reparte 20.000 millones entre cinco comunidades cuando los daños, sólo en Andalucía, superan los 126.000.
El secretario general de la Unión General de Trabajadores decía el 15 de marzo, conocido que fue el decreto-ley que hoy convalidamos o intentamos convalidar: Es una auténtica burla y una desfachetez por parte del Gobierno; es una auténtica traición a los intereses de Andalucía, a las personas, a los colectivos afectados y desde luego tiene una enorme responsabilidad política. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía, señor Ministro, como consecuencia de este real decreto que hoy intentan ustedes que esta Cámara apruebe, de espaldas a todos estos sectores, calificaba el decreto: Ridículo, vergonzoso, insensible, de tomadura de pelo. Expresaba su enérgica condena a la actitud del Ejecutivo central, que traiciona y vuelve a dar la espalda al campo andaluz. La UPA, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, reaccionó con el mismo estupor que hemos reaccionado los representantes populares, señor Ministro, y decía: Con actitudes como esta la Administración central demuestra, una vez más, lo poco que le importa el sector agrario y las miles de familias que de él dependen.
(Y lo calificaba de tomadura de pelo, señor Ministro). Asaja: Absolutamente insuficiente y cicatero.
¿Por qué se dan estos calificativos, señor Ministro? ¿Qué ocurrió en los meses de noviembre y diciembre de 1996? Le digo lo que decían, no lo que yo digo. El problema más grave del siglo, se decía en la prensa en esas fechas. Incluso su Delegado de Gobierno en Andalucía sostenía este calificativo para la problemática que ocurría en aquella comunidad. Andalucía se inunda con el temporal. Cientos de personas evacuadas por desbordamientos de ríos y pantanos. De esto estamos hablando. El temporal --decía otro periódico nacional-- deja más de 600 kilómetros de carreteras deterioradas y 350 tramos conflictivos. Señor Ministro, se daba también noticia de que con un fallecido en Jaén se cerraba la cifra siniestra de 11 víctimas mortales en esa comunidad.
En ABC: Varios desaparecidos --aparte de dar también cifras de muertos-- en mes y medio, como consecuencia de las lluvias. El temporal --decía El País-- echa de su casa a 2.000 personas y asola --decía asola-- el campo y las carreteras andaluzas. Otra prensa recordaba que más de 1.700.000 jornales agrarios se habían perdido y recordaba que el desbordamiento y las pérdidas eran, no sólo inusuales, sino auténticamente catastróficas. El temporal de lluvia daña 200 edificios históricos en Andalucía. Los sectores agrarios valoraban en 100.000 millones en aquella época los daños que se producían en su sector.


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Señor Ministro, no estamos hablando de ninguna broma. Déjeme que se lo diga en palabras de un subsecretario de su Gobierno. El señor Calvo Sotelo en esta Cámara, el día 29 de enero, en la Comisión de Infraestructuras, aportaba datos con rigor y ponía de manifiesto la realidad. Para que usted vea que no son magnitudes comparables ni con el año 1995 ni con el año 1989, el propio subsecretario recordaba que las lluvias y el temporal de 1996 no eran comparables con ninguno de los que se han producido en los últimos 30 años, de manera tal que en las capitales eran todos muy superiores --decía-- a la media del período que transcurre entre 1961 y 1990. Decía su subsecretario que en Granada ha habido un 161 por ciento de incremento; en Córdoba, un 152 por ciento en temporales de lluvia; en Huelva, un 125 por ciento; etcétera. Calificaba su subsecretario de espectaculares los resultados en todas estas provincias y advertía que, si sólo nos fijáramos en diciembre de 1996, el incremento sería de más del 200 por cien con referencia a la media de los últimos 30 años, y ponía algunos ejemplos: en la provincia de Huelva, más del 365 por ciento; en Córdoba, más del 322 por ciento; en Jaén, más del 213 por ciento; en Sevilla, más del 238 por ciento; etcétera. Así, al final de su intervención decía con rigor el subsecretario: Con esta breve reseña de datos de pluviometría queríamos señalar lo excepcional --así lo calificaba él-- de los temporales que han azotado --la palabra es suya también-- a Andalucía en los meses pasados.
Déjeme darle algunos ejemplos para que prime el rigor en este Parlamento, señor Ministro, y le hagan a usted más fácil la reflexión.
Recordaba nuestro portavoz en la Comisión de Infraestructuras que en Andalucía, sólo en Andalucía, cayeron 25.000 hectómetros cúbicos de agua, es decir, 25 kilómetros cúbicos de agua en 35 días. Para que se haga usted una idea, en un año lluvioso es la mitad de lo que se produce en toda España en doce meses. Si usted quiere otra cifra, 25.000 millones de toneladas actuaron sobre el terreno y produjeron unos daños que todavía los ciudadanos, con sorpresa, no han podido reparar, daños en viviendas, enseres, y al decir sorpresa me refiero, obviamente, al decreto con el que ustedes han abofeteado a esos señores que tienen el recuerdo cercano de esto.
Se lo voy a decir de otra manera. Esa cantidad de agua, señor Ministro, es suficiente para extender en los 80.000 kilómetros cuadrados de Andalucía una capa de agua de más de 35 centímetros de altura. Hágase una idea de lo que estamos hablando, señor Ministro.
Apelo, pues, a su sensibilidad.
¿Cómo valoraron ustedes, señor Ministro, esa desgracia? La prensa decía el 30 de enero: El Mundo: El Gobierno subvencionará la mitad de los daños del temporal en infraestructuras locales. En reunión con los ocho presidentes de las diputaciones andaluzas, el Ministro Rajoy y el Secretario de Estado, don Jorge Fernández --con foto, obviamente-- advertía a los presidentes de las diputaciones, y los tranquilizaba, diciendo que, de los 26.000 millones en que calculaban los daños sólo para infraestructuras básicas municipales, que estuvieran tranquilos, porque la mitad la pagamos nosotros.
Su propio Gobierno en esta casa, el 28 de enero --por tanto no es posible mentira ni falsedad alguna en cuanto a los datos de valoración--, por medio del Subsecretario del Ministerio de Agricultura --díganle, por cierto, a los agricultores hoy por la mañana lo que ahora se va a aprobar aquí, si lo aprueban--, don Nicolás López de Coca, decía que las pérdidas en el campo andaluz eran de más de 45.000 millones de pesetas. No lo decimos nosotros, lo dijo su subsecretario en esta casa, y las desgranaba: infraestructuras agrarias, 17.000 millones; producción hortofrutícola, 13.000; cultivos afectados, 4.100; olivares, 3.600; cítricos, 3.600; ganadería, 1.100. Esto es lo que decía el señor Subsecretario de Agricultura en esta Casa.
El Subsecretario de Infraestructuras advertía también en esta casa también, el 29 de enero, que sólo en infraestructuras estatales las pérdidas se valoraban a la baja en 17.000 millones de pesetas, diferenciando aquellas que se referían a carreteras estatales y a vías ferroviarias. Como consecuencia de ello, señor Ministro, el Director de Protección Civil, que presidía la comisión correspondiente, que, por cierto, había dicho que en los últimos 30 años era el temporal más importante que había ocurrido en la comunidad andaluza, sale en la prensa diciendo que el dinero con que se quiere compensar los daños en tres comunidades (Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) asciende a 141.000 millones de pesetas (ABC, 30 de enero de 1997, es decir, ustedes), de tal manera que 126.000 millones corresponderían a Andalucía, según su valoración; a Castilla-La Mancha 10.000; a Valencia 5.000. Obviamente, venía recogido en la prensa nacional, porque el propio Gobierno tuvo la delicadeza de dirigirse a la opinión pública advirtiendo del esfuerzo que estaban dispuestos a hacer a la vista de la valoración que acababan de realizar.
Más aportaciones de ustedes, no nuestras, porque no le voy a hablar de nuestras iniciativas ni de las de los grupos parlamentarios de la izquierda de este país que han tenido la sensibilidad de aportarlas a la Cámara y golpear en su sensibilidad, señor Ministro; las suyas, nada más. El Grupo Popular aprobaba el día 5 de marzo de 1997 en esta Cámara («Diario de Sesiones» de 19 de marzo) una moción presentada en principio por el Grupo Federal de Izquierda Unida, que apoyaron todos los grupos, también el socialista, además del suyo, insisto, en donde daba por concluida la valoración que se acababa de hacer por el Gobierno central y la Junta de Andalucía y solicitaba urgencia en la medida. Efectuada la valoración, les pedían a ustedes que fueran consecuentes con ella y pedían urgencia únicamente.


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En esa labor, sensible sin duda del Grupo Parlamentario Popular y del propio Gobierno hasta el día 14 de marzo (que toma la decisión el Consejo de Ministros en donde pierden, al parecer, señor Oreja, toda sensibilidad), los eurodiputados de su partido en febrero de este año, y hacían buena publicidad de ello, como debe ser, a la vista de su esfuerzo para conseguirlo, pedían a la Unión Europea ayudas para Andalucía. Solicitaban, mediante una resolución en el Parlamento Europeo, ayudas que desgranaban de la siguiente manera: 4.500 millones para enseres y viviendas, de acuerdo con la valoración de sus propios gobiernos civiles; más de 15.000 millones para infraestructuras municipales, de acuerdo con sus valoraciones, de ustedes; más de 46.000 millones para el campo andaluz como consecuencia del desastre ocasionado en la producción agrícola y ganadera. Firmaban esta petición --que nosotros aplaudíamos, como no podía ser menos en ese momento-- los eurodiputados del Partido Popular don Gerardo Galeote, don Jorge Hernández, don Miguel Arias y el señor Valverde, que no sé, señor Ministro, qué dirán al día de hoy.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, le ruego vaya concluyendo.


El señor BARRERO LOPEZ: Termino rápido.
Después de todo esto, señor Ministro, después de su valoración, de la solicitud --sensible, sin duda-- de su grupo parlamentario en esta Cámara y de su grupo parlamentario en la Cámara europea, después de la publicidad que de esa sensibilidad han hecho ustedes --antes del 14 de marzo, evidentemente; a partir del 14 de marzo los parlamentarios de su grupo están desaparecidos--, después de lo que han hecho el 14 de marzo, después de lo que piensan hacer --yo estoy seguro que esto les va a mover a la reflexión, señor Ministro--, ¿qué piensan decir ustedes hoy a COAGA-COAG Andalucía, a la UPA, a ASAGA, a Comisiones Obreras del Campo, a CTT-UGT, a la FAM --Federación de Municipios--, a la Diputación de Sevilla, a la Diputación de Jaén, a la Diputación de Cádiz, a la Diputación de Córdoba, a la de Granada, a la de Huelva, a Izquierda Unida, al Partido Socialista y al Partido Andalucista, que han firmado un manifiesto solicitándoles solidaridad, a la vista de que es imposible compensar mínimamente con el decreto la catástrofe por la que han pasado miles y miles de personas y por la que se han destruido hectáreas de cultivos, etcétera?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, le ruego concluya.


El señor BARRERO LOPEZ: Termino ya, señor Presidente.
Señor Ministro, déjeme decirle algo solicitando de usted, una vez más, sensibilidad, colaboración y solidaridad, puesto que usted representa aquí al Gobierno. No son magnitudes iguales, señor Ministro, no falseen la realidad. La valoración que se hizo en el año 1996 fue no de 80.000 millones de pesetas sino de 37.218.865.376 pesetas, exactamente. Esa fue la valoración que se tuvo en cuenta a la hora de subvencionar, por parte de la Administración central, 12.000 millones para tres comunidades nada más. Hoy, la valoración que hacen ustedes es de 141.000 millones de pesetas para cinco comunidades y otorgan unas ayudas que no van más allá de 20.000 millones de pesetas.
Señor Ministro...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, debe concluir inmediatamente.


El señor BARRERO LOPEZ: Termino rápidamente, señor Presidente. Le aseguro que esto es enormemente importante para miles y miles de personas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No lo dudo, señor Barrero, pero le ruego concluya.


El señor BARRERO LOPEZ: Señor Ministro, en nombre de mi grupo --permítame hablarle también en nombre de una serie de personas que han formado una comisión aterrados ante la posibilidad de que el Gobierno mantenga la insensibilidad que ha mostrado hasta ahora--, no hagamos de la necesidad acción política. No pedimos otra cosa que lo que nos piden que solicitemos en este Parlamento aquellas personas a las que representamos, muchas de las cuales en este momento se encuentran en una grave necesidad. Esto no es demagogia. Nos piden que solicitemos justicia. Nos piden que solicitemos, obviamente, solidaridad. Nos votan para eso, señor Ministro. No nos votan para que nos conformemos con caridad o con limosna. Nos piden justicia porque lo están pasando mal, porque la catástrofe de los dos últimos meses del año 1996 ha incidido en las personas más humildes, en las explotaciones agrarias más pequeñas, en los municipios más pequeños, no en las grandes capitales, y están esperando una respuesta del grupo parlamentario del Partido Popular también, porque hasta el 14 de marzo fue sensible --parece ser-- a estas peticiones de ayuda por parte de municipios y de ciudadanos. Reflexionen seriamente. Hagan que sea posible que este Parlamento al menos tramite como proyecto de ley algo que está esperando la ciudadanía de cinco comunidades y de manera especial la ciudadanía de la comunidad andaluza, que solicita justicia y solidaridad, señor Ministro.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Turno a favor de la convalidación. (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

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En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad me voy a posicionar como Grupo Parlamentario Mixto, en nombre de Unión Valenciana, respecto a la convalidación del Real Decreto-ley que nos ocupa, 4/1997, de 14 de marzo, relativo a los daños causados por inundaciones y temporales.
La posición de Unión Valenciana al respecto, y por no abundar en algunos de los argumentos manifestados por el portavoz del Grupo Socialista, es de rechazo al contenido de gran parte de las disposiciones de este real decreto, por cuanto no contempla las cuantías mínimas para satisfacer y poder reparar los daños causados en las cinco comunidades autónomas sobre las que se va a aplicar este real decreto-ley. Desde la óptica de la Comunidad Valenciana, las cuantías son indeterminadas y mínimas para los graves daños causados, infinitamente menores en Andalucía, pero este real decreto no contempla aquellas cuantías y medidas que puedan permitir a los afectados reparar y sobreponerse a los daños causados por las lluvias en los primeros meses del año. Por tanto, nuestro voto va a ser contrario y cuando menos vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley para poder mejorar lo que sin duda alguna, desde la óptica de los afectados de las cinco comunidades, es manifiestamente mejorable.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) va a apoyar la convalidación de este real decreto-ley, haciendo una serie de consideraciones que estima oportunas. La primera consideración está en relación con el ámbito territorial de las inundaciones y catástrofes que se han descrito tanto por el Ministro del Interior como por los Diputados que han actuado como portavoces en sus turnos en contra. Entendemos que hay que respetar en este tipo de reales decretos-leyes los ámbitos territoriales, tal y como están establecidos en los ámbitos constitucionales. Unas catástrofes, como estas inundaciones, no pueden ser consideradas como una circunstancia que lleve a diluir la estructura que el Estado se tiene dada a sí mismo. Hubiésemos preferido un real decreto-ley que hubiese tenido en consideración los ámbitos territoriales tal cuales. Así se estableció en otros momentos cuando reales decretos-leyes similares fueron aprobados por esta Cámara en circunstancias parecidas que llevaron a la puesta en vigor de dichos reales decretos-leyes similares. Entendemos que el respeto a la estructura administrativa del Estado debe tenerse en consideración también en estas circunstancias.
Nos llama particularmente la atención, señor Presidente, señor Ministro, la diferencia que existe entre la valoración efectuada por la comisión mixta, compuesta por miembros del Gobierno del Estado y por miembros de la Junta de Andalucía, y el módulo que se asigna como parámetro económico en esta circunstancia, pues existe prácticamente una diferencia que va de uno a seis. El señor Ministro ha dicho en su intervención que son parámetros similares --lo que hemos comprobado-- y que también concurren circunstancias similares como las inundaciones en el País Vasco del año 1983. En todo caso, sí llama la atención, señor Ministro, los diferentes parámetros que las administraciones y las instituciones realizan por una parte a la hora de valorar y, por otra, a la hora de asignar recursos.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que habría que ser más riguroso y contemplar todas las perspectivas a la hora de hacer las valoraciones. En todo caso, hay una circunstancia que los portavoces que han usado el turno en contra no han subrayado lo suficiente --lo ha dicho el señor Ministro en su intervención-- que es la calificación de crédito ampliable que se recoge en el real decreto-ley que se somete a la convalidación de la Cámara en el día de hoy. Nosotros hubiéramos querido oír hablar por el Ministerio del Interior de una línea de actuación en el sentido de que esa característica de ampliable va a ser la que se va a tener en cuenta a la hora de estimar las circunstancias que concurren en cada uno de los expedientes que van a acogerse a este real decreto-ley. Si, por un lado, hay una valoración por parte de una comisión mixta institucional de 120.000 millones y el crédito es, en principio, de 20.000 millones y ampliable, ese órgano interministerial que recoge el real decreto-ley deberá hacer encaje de bolillos para ir ajustando las cifras.
Estimamos que no es correcto que no se convalide este real decreto-ley en el día de hoy, porque nos pondría en la circunstancia todavía peor de no poder atender esta cuestión con mayor inmediatez --estamos hablando de catástrofes sucedidas en diciembre del año pasado--, desde las dos perspectivas, la institucional territorial y la de módulos económicos, aunque sí podemos entender la posición de que se tramite como proyecto de ley. En todo caso, si eso no fuera así, sí quisiéramos que por parte del Ministerio del Interior se subrayara que esa calificación de crédito ampliable no es voluntarista o nominalista, sino que es una actitud política por parte del Gobierno, que yo es lo que creo que dejaría en su sitio la convalidación de este real decreto-ley en el día de hoy.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.


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Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSALL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto al presente real decreto que debatimos. Lógicamente, en primer lugar, queremos mostrar nuestro sentimiento de pesar para aquellas personas que han sufrido daños y pérdidas de diversa naturaleza. No hace falta extenderse más en este aspecto por cuanto esta actitud es como siempre por nuestra parte total y sincera.
En cuanto al texto del decreto, hemos de decir que vamos a votar favorablemente su convalidación. Vemos que esta vez en el texto se utiliza una variación en la técnica de redacción por cuanto recoge un amplio intervalo de tiempo, desde últimos de 1996 hasta enero de 1997, inclusive, y también el espacio geográfico de gran parte del Estado.
Cita en concreto el decreto-ley los fuertes temporales que han revestido especial importancia en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, estableciendo con ello una gradación que no excluye, y por tanto incluye, aquellos temporales de importancia o simplemente temporales que han sufrido otras comunidades autónomas, siendo de importancia pero no de especial importancia, como puede haber sucedido en las comunidades autónomas --por citar algunas-- de La Rioja, Aragón y Cataluña, y en ésta en comarcas de Lleida y Barcelona, y también en la parte baja del Ebro con desbordamientos importantes en las comarcas de Tarragona. Ello lleva, pues, a que sea el artículo primero del decreto el verdaderamente definitorio de los ámbitos de aplicación.
Ello nos parece bien porque amplía e incluye en el decreto otros ámbitos que no son los específicamente citados.
Por otra parte, citaré otro concepto de la técnica de redacción, al que antes he aludido, que creo que es acertado. Se trata del artículo 11.2, que dice: Se concede un crédito extraordinario inicialmente dotado con 17.000 millones de pesetas, con carácter ampliable, destinado para atenciones derivadas de la aplicación del presente decreto-ley. Con ello, la comisión interministerial creada en el artículo 14, actuando de acuerdo con los puntos 1 y 2, debería tener plena libertad de actuación para concretar las evaluaciones a la realidad y corregir con ello las desviaciones que ya sabemos que tiene que haber en las valoraciones que se han hecho respecto a lo que inicialmente se ha previsto. Creemos que es factible solucionar la problemática, aunque por vías distintas de las de otras veces. Por todo ello, como ya he citado anteriormente, nuestro grupo va a dar el voto favorable a la convalidación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para fijar la posición con respecto a la convalidación del real decreto por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales. Después de cuatro años de intensa sequía, que afectó por igual a casi todas las comunidades autónomas produciendo graves daños en nuestra agricultura, en los dos últimos inviernos las fuertes lluvias caídas en un número importante de dichas comunidades ha hecho necesaria la aprobación de medidas urgentes para intentar paliar los graves daños producidos en infraestructuras, explotaciones agrícolas, viviendas, equipamientos municipales. El Gobierno central, en esta ocasión, no sólo está actuando en relación con los plazos, las valoraciones y los créditos asignados de forma similar a la realizada en ocasiones como en las de los años 1989 y 1996 por los Gobiernos anteriores, sino que ha introducido mejoras que suponen, por ejemplo, que las subvenciones a los proyectos en infraestructuras municipales se amplíen por primera vez a la red viaria de titularidad de las diputaciones provinciales. También que para las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas afectadas se pueda autorizar la reducción de los índices del rendimiento neto a que se refiere la Orden, de 28 de noviembre de 1995, reguladora del régimen de estimación objetiva por módulos en agricultura y en ganadería.
Nos hubiera gustado, señorías, que existiese una mayor disponibilidad económica para que las cantidades asignadas fueran superiores. Pero en este momento lo más importante, por urgente, es que este decreto se convalide para que sin más dilación puedan acogerse a sus beneficios los afectados, con independencia de las posibilidades futuras de ampliación, una vez comprobados los resultados y la eficacia de las medidas que se están adoptando, sumadas a las que se han acordado, y que espero que se realicen por las comunidades autónomas y corporaciones locales. Esto, señorías, es lo que aconseja la prudencia y el más elemental sentido práctico, sobre todo si tenemos en cuenta que estas medidas, como he dicho anteriormente, no difieren apenas de las que esta Cámara aprobó en pasadas recientes situaciones similares.
Pero esto que parece obvio, para algunos no lo es tanto. En los últimos meses se ha orquestado una campaña utilizando distintos argumentos.
Primero era que se llevara al Gobierno de la nación el convencimiento de que era mejor aprobar un decreto similar al de 1989 que al de 1996; después, no ponerse de acuerdo en las valoraciones; y más tarde, una crítica a la falta de sensibilidad

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y de compromiso del Gobierno central, sin duda para presionar al Gobierno de la nación, utilizando demagógicamente las necesidades evidentes de muchas poblaciones, familias y empresas, principalmente en zonas rurales y agrícolas, planteando peticiones maximalistas y poco coherentes para algunos de los que las hacían, sobre todo si tenemos en cuenta que las evidentes y conocidas insuficiencias financieras del Estado se producen tras la calamitosa gestión económica de algunos políticos de los que hoy alzan la voz airadamente reclamando más dotaciones, reclamando la sensibilidad del Gobierno central que no reclamaron desde marzo hasta mayo del año pasado con un Gobierno socialista en funciones y con unas valoraciones de 36.000 millones de pesetas que luego el Gobierno actual ha tenido que valorar en 86.000 y que, por ejemplo, en la provincia de Cádiz la primera valoración era de 3.500 millones y el Gobierno socialista aprobó en el decreto del 1 de marzo 90 millones de pesetas. Esos mismos sensibles Diputados socialistas, en cuanto el PP tomó posesión del Gobierno de la nación, empezaron a reunir a sus representantes en los municipios para reclamar una mayor valoración y así dejar patente que la culpa no era del Gobierno socialista que había valorado en menor cantidad los daños causados por las inundaciones y que después de reuniones con los representantes del Gobierno se llegó a unas mayores aportaciones de Junta de Andalucía, de diputaciones y del Gobierno central. (La señora Villalobos Talero: ¡Muy bien, Teófila!--Rumores.) También, señorías, olvidándose de que fueron los responsables de tantas chapuzas a la hora de adjudicar las infraestructuras que se han desmoronado como flanes y que habían sido construidas en los últimos años y que significan nada más y nada menos en Andalucía que 15.000 millones de reparación de dichas infraestructuras, responsabilidad del Gobierno central, como en Málaga, Granada, Jaén y Cádiz. Sin ir más lejos, en la Ronda Este de Málaga va a haber que invertir este año en reparaciones más de 4.000 millones más los 2.000 del año pasado, cuando es una infraestructura que se terminó en el 2.000. (El señor Perales Pizarro: ¡En el 2000!) En 1992, perdón. No se pase de listo, señor Perales. (Rumores.) Quizás haya que buscar eso, igual que las infraestructuras de la Junta de Andalucía, en determinadas actuaciones y comportamientos a la hora de adjudicar y de trasladar maletines de algunas consejerías a algunos despachos (Aplausos.--Rumores.) Señorías, también se han visto agravadas las consecuencias de las inundaciones porque durante cuatro años de sequía el Gobierno central no actuó en los sistemas de regadío, porque como estábamos en sequía por esas infraestructuras no pasaba agua. Ahora resulta que todos los daños que se han ido produciendo en esos sistemas de regadío se han acumulado a las actuales infraestructuras de regadío. Si en esos defectos de las infraestructuras y en esas chapuzas no hubiera que invertir 15.000 millones, ahora podríamos invertir más dinero en lo que hay que invertir, que es en procurar que las familias y las explotaciones recuperen su actividad, sus enseres y sus viviendas lo antes posible.
(La señora Romero López: ¡Chapuza las incompatibilidades! --El señor Hernando Fraile: ¡Muy bien!) Señorías, para finalizar mi intervención, en aras de la sensibilidad de los Diputados del Partido Popular --que no nos escondemos-- y del Gobierno popular, queremos decirle, señor Ministro, para que se lo transmita al Gobierno, que vamos a estar muy pendientes haciendo el seguimiento del desarrollo, aplicación y grado de cumplimiento de este decreto, así como de su eficacia real, de tal forma que de ser necesario se propongan las medidas eficaces que se precisen en cada caso y allí donde sea necesario se haga la propuesta al Gobierno de la nación para que se complementen o amplíen las dotaciones contempladas en este crédito ampliable. Señor Ministro, en nombre de los Diputados del Partido Popular y del grupo parlamentario queremos que se aplique y desarrolle este decreto lo antes posible, porque no podemos asistir a cómo muchos de los subvencionados que quieran acogerse al aplazamiento del pago de los créditos, que vence el 15 de este mes de abril, no tengan a su disposición todavía los documentos que hagan posible poderse acoger, por ejemplo, a ese apartado del decreto. Somos conocedores de la situación (La señora Romero López pronuncia palabras que no se perciben.); somos conocedores de la necesidad de que se aplique inmediatamente este decreto, pero no usamos la demagogia...
(Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora Martínez.
Señora Romero, le ruego silencio.


La señora MARTINEZ SAIZ: ...que incluso ha llevado a algunos responsables del Gobierno de Andalucía, con responsabilidades en el Partido Socialista andaluz, a escribir cartas a alcaldes de poblaciones gobernadas por el PSOE alentándoles a presionar al Gobierno (Rumores.) y a hacer más manifestaciones con motivo del decreto de medidas para paliar las inundaciones, pero también para protestar por el modelo de financiación, a la vez, repito, por un alto cargo del Gobierno socialista y por un alto cargo del Partido Socialista. (Rumores.) Nosotros no nos escondemos, señor Ministro. Estaremos muy pendientes del resultado de la aplicación de este decreto, pero lecciones de sensibilidad no hace falta que nos las den los Diputados socialistas, que han dado muestras en ocasiones anteriores de cuál era su sensibilidad porque a ninguno de ellos le vimos en Andalucía, desde marzo a mayo del año pasado, ponerse en huelga de hambre o incinerarse a lo bonzo (La señora Romero López pronuncia

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palabras que no se perciben.) por la falta de sensibilidad del Gobierno socialista. (Aplausos.--Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Martínez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/1997, de 14 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por inundaciones y temporales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 166; en contra, 143; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley 4/1997.
Ha parecido entender a la Presidencia que los Grupos Parlamentarios Izquierda Unida y Socialista consideran conveniente que se tramite como proyecto de ley.
Se somete a votación, por tanto, la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 144; en contra, 162; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--AL PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO (Número de expediente 121/000003)

El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Enmiendas del Senado a varios proyectos de ley.
La Presidencia considera conveniente para agilizar el Pleno que se produzca el debate de las enmiendas del Senado a los diversos proyectos de ley de manera continuada y proceder al final a las votaciones. En consecuencia, éstas no se realizarán antes de los 12,30 de esta mañana.
Proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones.
(Procedente del Real Decreto-ley 6/1996, de fecha 7 de junio.) ¿Grupos parlamentarios que desean consumir un turno a favor de las enmiendas del Senado? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero. (Rumores.) Perdón, señor Rivero. La Presidencia estima que sería más adecuado que todos los portavoces que vayan a intervenir lo hagan desde sus escaños, también a efectos de agilizar la tramitación.
Cuando quiera, señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, brevemente, para fijar la posición de Coalición Canaria en relación con las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley sobre la liberalización de las telecomunicaciones.
En la convalidación del Real Decreto-ley por el Pleno... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rivero.
Señorías, es absolutamente imposible para la Presidencia y los servicios de la Cámara escuchar las intervenciones que, además, son de siempre respetables y decisivas a la hora de ordenar las votaciones con posterioridad.
Les ruego que guarden silencio.
Continúe, señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Decía que en la convalidación del Real Decreto por el Pleno ya fijamos la posición de Coalición Canaria con respecto a este proyecto de ley. Nuestra posición fue de confirmar con nuestro voto positivo la propuesta del Gobierno.
Esperábamos que con las enmiendas que se introdujesen en el Senado se mejoraría el texto. Efectivamente, a juicio del Grupo de Coalición Canaria en el trámite del Senado se ha mejorado sustancialmente el texto presentado. Especialmente valoramos como muy positiva la enmienda al artículo 1, párrafo dos de su apartado tercero, por la que se aumenta de cinco a siete el número de consejeros integrantes del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Entendemos que esta ampliación del Consejo, siempre partiendo de la base de la competencia profesional de los integrantes del mismo, permite una mayor pluralidad al mismo. Así, grupos políticos que no tenían representación pueden estar representados en el citado Consejo.
En una ley como ésta, donde es importante el consenso en todas las fuerzas políticas, esto va a dar una mayor participación, claridad y transparencia al citado Consejo del Mercado de las Telecomunicaciones.
Nos hubiera gustado que este proyecto de ley fuera menos centralista y tuviera más en consideración a las comunidades autónomas, pero la matemática parlamentaria es la que es y no prosperaron dos enmiendas, presentadas por Coalición Canaria en el Senado, que iban precisamente a reforzar el papel de las comunidades autónomas en esta ley. Se referían en concreto a que

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las comunidades autónomas estarían representadas en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y en el Consejo Asesor en la forma que reglamentariamente se estableciera. Esto tenía una explicación muy clara y sencilla, y es que para determinadas decisiones en materia de telecomunicaciones, que no afectan al conjunto del Estado sino a una o varias de las comunidades, era importante tener la opinión de cada una de esas comunidades afectadas.
Por otra parte, presentamos también una enmienda a la disposición adicional en el sentido de que, con carácter previo a la aprobación por parte del Gobierno del Plan de Telecomunicaciones, se recabaran informes de las diferentes comunidades autónomas en relación con la parte del plan que afecte a su territorio. Entendemos que esto, repito, potencia el papel de las comunidades autónomas, que estamos aprobando una ley muy centralista, pero en definitiva, la necesidad de regular el mercado de las telecomunicaciones, dentro del marco liberalizador en el que nos movemos, es un paso adelante positivo. Por eso, la posición de Coalición Canaria será votar afirmativamente a las enmiendas introducidas en el Senado.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Vasco (PNV) , tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar las enmiendas que remite el Senado a esta Cámara, y lo va a hacer en alguno de los casos, en la enmienda fundamental que se remite por el Senado a esta Cámara, incluso en contra de sus propias posiciones.
El Senado ha ampliado de cinco a siete los miembros del Consejo del Mercado de las Telecomunicaciones. Lo ha hecho por un procedimiento muy curioso, a base de una enmienda que presentaron los Senadores de Izquierda Unida y que fue aprobada por el Grupo Popular, y si mis noticias son correctas, incluso ni estando presente el Senador de Izquierda Unida. Al hilo de esta circunstancia, quisiéramos hacer una serie de consideraciones.
Vamos a votar a favor para que quede claro que al Grupo Parlamentario Vasco le parece bien que estos órganos arbitrales y reguladores cuenten con amplia base parlamentaria, que es lo que ha defendido sistemáticamente este Grupo Parlamentario, señor Presidente. Se nos ha acusado, incluso en este mismo caso del Consejo del Mercado de las Telecomunicaciones, por parte de los portavoces de Izquierda Unida --el más duro es seguramente el señor Alcaraz--, de chalaneos, de pactos secretos, etcétera. A todos nos suele tocar esta serie de circunstancias. Yo lo que sí quiero dejar claro es que el Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar esta constitución del Consejo del Mercado de las Telecomunicaciones, porque entendemos que es razonable que estos órganos reguladores arbitrales cuenten con amplia base parlamentaria y que esa amplia base parlamentaria sea lo más plural posible.
Desconocemos al día de la fecha si va a incluir el Gobierno en sus nombramientos al Grupo de Coalición Canaria o al Grupo de Izquierda Unida, si lo va a hacer en la Comisión y si el Ministro de Fomento va a comparecer a petición propia para informar de la profesionalidad de los nuevos miembros de este Consejo. En todo caso, contará con nuestro apoyo, señor Ministro, y nos parecerá correcto ese planteamiento. Lo que sí quisiéramos poner de manifiesto es que lo desconocemos, es decir, que nos tenemos que inventar la realidad, y eso parlamentariamente, en un Grupo que está apoyando al Gobierno, encierra una paradoja parlamentaria. Esto es, a través de rumores, en los pasillos, en enmiendas con procedimientos harto extraños se aprueban en el Senado, cuando el Grupo Popular en el Senado apoya una enmienda de Izquierda Unida diciendo que es una enmienda técnica. Además, ¡menuda tecnicidad, señor Ministro, ampliar de cinco a siete un Consejo de las características y de la importancia de éste! Es realmente interesante leer el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Infraestructuras del Senado para poder tener en cuenta estas consideraciones.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Vasco, señor Presidente, quisiéramos hacer un llamamiento al Grupo Popular y también al Ministerio de Fomento a que restablezca las relaciones con los grupos parlamentarios, entendiendo que no son formas de establecer procedimientos y de realizar pactos tan singulares cuando había pactos previos que estaban consolidados; pactos en los cuales el Grupo Parlamentario Vasco ha sido leal y ha ido apoyando sistemáticamente al Gobierno y al Ministerio de Fomento en este caso. Entendemos que el Ministerio de Fomento tendría que revisar cuál es su actitud para con los grupos parlamentarios, mantener una interlocución más fluida y ser capaz de transmitir cuáles son sus circunstancias políticas que le lleven al cambio de sus propias posiciones. En todo caso, sigo insistiendo en que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) participa de esas posiciones y que las va a apoyar. Lo único que quiere poner de manifiesto es que las desconoce y que se siente molesto cuando se entera de dichas circunstancias por parte de portavoces de grupos de la oposición, por la prensa o en los propios pasillos.
En todo caso, creemos que esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene unas funciones y unos objetivos que son fundamentales en el proceso de la regularización de las telecomunicaciones; entendemos que es un órgano llamado a cumplir funciones relevantes en este proceso liberalizador que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) comparte y, en consecuencia,

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vamos a apoyar estas enmiendas que el Senado nos remite, dejando constancia ante el Grupo Popular y ante el Ministerio de Fomento del desasosiego que producen circunstancias como las que he intentado relatar.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Entramos hoy en la fase final de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que deriva de un real decreto-ley que aprobamos y convalidamos en la Cámara en el mes de junio de 1996 y, por tanto, es obvio que ha tenido una larguísima tramitación parlamentaria que ha dado lugar a un intenso debate.
Durante el trámite parlamentario, yo diría que el texto del real decreto-ley ha cambiado tanto que, hoy en día, se ha hecho irreconocible si lo comparamos con el texto inicial del Congreso. Ello nos parece positivo, porque durante estos ocho meses, concretamente, de debate en el Congreso y, luego, casi dos meses en el Senado, se ha conseguido tejer alrededor de ese texto legislativo un amplio consenso que ha sido fruto, a su vez, de un intenso, pausado y, a veces, acalorado debate. Pero, en cualquier caso, cree este grupo parlamentario que el debate que se ha producido alrededor de este proyecto de ley era el que requería un proyecto de esta envergadura y de esta trascendencia social y económica.
El texto que ha vuelto del Senado nos parece satisfactorio porque introduce algunas modificaciones, que nosotros entendemos necesarias, en el texto del Congreso, aunque también debemos efectuar alguna matización a esta valoración positiva, a la que ahora me referiré. En cualquier caso, y con carácter general, quiero mostrar, una vez más, la satisfacción de nuestro grupo parlamentario con este texto que hoy vamos a aprobar porque creemos que va a ser una buena ley.
En primer lugar, va a ser una buena ley, porque garantiza una rápida liberalización en la telefonía básica el 1 de diciembre de 1998, lo cual ha constituido el caballo de batalla en el debate. En segundo lugar, porque favorece la competencia en telefonía básica no sólo a través de la concesión de la segunda licencia a Retevisión, sino también garantizando la transparencia y objetividad en las interconexiones. En tercer lugar, por algo que nos parece especialmente importante a nosotros, como es que recupera el espíritu de la Ley del Cable, favoreciendo el desarrollo de esta modalidad de telecomunicación; elimina, por ejemplo, las restricciones a la entrada de capital comunitario; elimina los privilegios que el real decreto-ley concedía a los concursos convocados durante la tramitación de la anterior Ley de Cable, pero también, como decía anteriormente, garantiza la posibilidad de que los operadores de cable puedan prestar telefonía básica en una fecha próxima, es decir, en diciembre de 1998.
Y en cuarto lugar, porque refuerza la figura del regulador, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, dotándolo de más competencias.
Señor Presidente, señorías, aquí es donde debo manifestar nuestra disconformidad con lo que se refiere a la ampliación de los miembros de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ya solicitaremos por escrito a la Mesa el voto separado de los preceptos que se refieren a esta cuestión.
Nuestro grupo parlamentario no hace caballo de batalla por el hecho de que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones esté integrada por siete, por nueve o, en su momento, por ejemplo, por cinco miembros.
Nos parece una cuestión absolutamente secundaria. Diría más, nos parece positivo que se produzca esa ampliación en tanto en cuanto puede suponer, aunque no necesariamente va a suponer, que se dé entrada en la Comisión a puntos de vista y a perspectivas políticas distintas de las que en este momento están representadas en el seno de la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Nuestra discrepancia, nuestra crítica, viene por el hecho de que éste, como decía antes, es un proyecto de ley que fue objeto de un larguísimo debate en el Congreso de los Diputados, que afectó incluso a los puntos y a las comas del texto del real decreto-ley que envió el Gobierno a la Cámara, y nos encontramos en el Senado con la sorpresa de que se produce la introducción de unas enmiendas que, como decía irónicamente el señor González de Txabarri, con una justificación exclusivamente técnica suponen un cambio sustancial de algo que había sido ampliamente pactado en el Senado.
Nuestra discrepancia --repito-- no es por el hecho de que se amplíe el número de miembros de la Comisión; no es precisamente, sino todo lo contrario, porque se dé entrada a nuevas visiones políticas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sino que está motivada por una cuestión de forma o por haberse conculcado unilateralmente un pacto que había sido suscrito en el Congreso.
Por todo ello, señor Presidente --y termino--, vamos a solicitar votación separada de estos preceptos y nos vamos a abstener a los mismos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente.


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Este tema ha supuesto un larguísimo debate, puesto que es de enorme importancia, de aliento estratégico, para la propia estructura de un sector a lo largo del siglo XXI.
Nuestra posición ha sido alternativa al texto en general, a la posición real que han mantenido, concordando al final en este texto el Partido Socialista y el Partido Popular. No sólo no estábamos de acuerdo, sino que planteábamos textos alternativos, en general, y, en particular, sobre la Ley del Cable manteníamos el consenso previamente conseguido al final de la legislatura anterior. Por tanto, no hemos estado de acuerdo, seguimos sin estarlo, con las modificaciones que en principio en el real decreto --y posteriormente en su tramitación-- se han introducido respecto a la Ley del Cable. Pero había un tema en el que por razones de método y por razones democráticas no estábamos de acuerdo.
Nuestra oposición ha sido pública, en la Comisión, en los medios de comunicación y en los debates que hemos tenido en el Pleno ¿Por qué nuestra posición ha sido clara y sigue siendo clara? Porque antes de que termine de tramitarse la ley surge la propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, incluso el propio reglamento, sin que seamos ni siquiera consultados. No es que se rechace ningún candidato nuestro, sino que ni siquiera somos consultados, y a partir de la comparecencia del señor Ministro en la Comisión nos enteramos de cuáles son los miembros que la van a integrar y en función de qué propuestas. Ahí nos encontramos con que el Partido Popular propone tres de los miembros; el Partido Socialista, dos; Convergència i Unió, uno y el Partido Nacionalista Vasco otro. Nos parece bien, a excepción de que no se nos ha consultado, no se nos ha preguntado, porque --tiene una enorme importancia-- somos la tercera fuerza política del país y, por ello, debemos formar parte de un organismo que por ser democrático tiene que contemplar esta realidad. Tenemos 2.650.000 votos y nos parece que quedarnos fuera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no le daría carácter de democrática, de plural al menos.
Por razones de forma, el grupo de Convergència i Unió se abstiene. No vamos a entrar en ese debate, pero es cierto que había un acuerdo previo por el que se nos excluía, eso es lo que hemos criticado y con respecto a lo cual hemos protestado. Ya nos ha pasado en otras ocasiones y se ha rectificado respecto a otros organismos. Recuerdo que hemos estado fuera del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española durante un período. No hemos tenido consejeros, siendo la tercera fuerza política del país. Esto no quiere decir que si no estamos nosotros no tenga que estar el PNV o Convergència i Unió.
¡Claro que tienen que estar! El problema es que la tercera fuerza política del país, según la lógica democrática, da legitimidad pluralista a ese Consejo de Administración de Radiotelevisión Española.
También hemos sufrido otro caso absolutamente escandaloso, y es que no estuvimos en la Mesa del Congreso durante una legislatura. Parece que había una especie de voluntad explícita de marginarnos en ciertos organismos fundamentales, de los cuales depende el sesgo, la imagen y hasta el fondo democrático de su funcionamiento, y donde debe estar, sin duda, la tercera fuerza política del país. Naturalmente, ahora estamos integrados en la Mesa del Congreso de los Diputados, en el gobierno de concentración del Congreso de los Diputados. Esa ha sido nuestra posición.
Ahora vemos que, en función de una enmienda que hemos presentado nosotros, la mayoría de los grupos, por las intervenciones que ha habido, están de acuerdo con que eso concuerda con las legitimidades democráticas que debe tener la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. No nos parece una enmienda técnica sino de fondo, y siempre lo hemos dicho así. El que hubiera un acuerdo sin nuestra presencia no nos parecía adecuado, y por eso hemos sido rotundos.
¡Claro que sí! Nuestra oposición ha sido pública, clara, transparente y todo el mundo la ha conocido a lo largo de su trayectoria explicativa, e incluso publicada.
Desde ese punto de vista nosotros nos felicitamos de que en el Senado se haya tenido la suficiente sensibilidad para aceptar esa reforma.
Nosotros seguimos teniendo el mismo planteamiento global con respecto a la estrategia de telecomunicaciones. Sin embargo, creemos que, respecto a la primera parte de esa ley de liberalización de las telecomunicaciones, se introduce una reforma muy interesante, y esperamos también que el Grupo Socialista contemple esa posibilidad como un logro de la pluralidad respecto a la estructura de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Por lo tanto, es lógico que nosotros votemos a favor de esa enmienda.
También nos parecen adecuadas el resto de las enmiendas, porque en algunos casos matizan la posibilidad de que se produzca un cierto abuso de dominio en función de la potencia, de la velocidad de implantación que tiene cierta empresa y en general, repito, nos parecen enmiendas positivas, rectificaciones positivas, aunque nuestra posición no cambia en cuanto a la estructura de la ley, excepto algo con respecto a este punto de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y su estructura democrática.
Por lo expuesto, vamos a votar a favor de las enmiendas y seguiremos planteando nuestra posición de cara a la estrategia de las telecomunicaciones de ahora en adelante en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor Presidente.


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El Gobierno ha incumplido en el Senado los compromisos alcanzados en esta Cámara. Eso que ya no sorprende a los españoles, que saben que tienen un Gobierno en el que no se puede confiar, que no cumple sus públicos compromisos, que no tiene más horizontes que el salir del día a día, esta vez se produce en sede parlamentaria, en la que por una serie de razones, de las que como algún portavoz ha recordado no hemos sido informados, ha decidido romper los compromisos establecidos, algunos de ellos en despachos de muy altos cargos del Ministerio de Fomento sobre el contenido de una ley, con la que seguimos estando conformes. Yo creo que si hubiese que explicar o predicar la paternidad del texto final de este proyecto de ley estaríamos en condiciones de disputar ese título al propio Gobierno. La ley se parece más a nuestros planteamientos que a los del Real Decreto del que traen causa.
Al incumplir los acuerdos parlamentarios, el Gobierno ha iniciado un camino de divergencia con respecto al grupo en cuyo nombre hablo, que es objeto de una táctica clara de un permanente ninguneo en las Cortes; no les importan nuestras razones, nuestros argumentos, son ciegos y sordos a lo que decimos. Pero el camino que han iniciado de divergencia lo es también con sus socios estables, y eso debiera de introducir alguna reflexión en las áreas de sentido común que queden en el seno del Gobierno. No me cabe ninguna duda de que algunos insensatos de vuelo corto y parcas entendederas estarán satisfechos del triunfo, sin duda pírrico, de esta estrategia del engaño parlamentario.
En esos caminos de divergencia el Gobierno ha encontrado nuevos socios, de los que hemos escuchado aquí la intervención de algunos de sus portavoces. Las claves de la modificación de la Comisión Nacional del Mercado, elevando de 7 a 9 el número de sus miembros, no están en esta ley, señor Presidente. La razón profunda y última de esa modificación la vamos a ver exactamente dentro de una semana, el jueves que viene, a esta misma hora, cuando veamos el texto final de la ley conocida como digital. En ella, el Gobierno, claramente consciente de no tener garantizada la mayoría parlamentaria suficiente para llevar a cabo sus planes, decidió variar su geometría de apoyos parlamentarios, siquiera sea circunstancialmente.
¿Qué pensamos de la modificación introducida de 7 a 9 miembros en la Comisión del Mercado? Algunas cosas muy evidentes. Estaríamos satisfechos si este aumento de 7 a 9 significara que la comisión dejase de estar paralizada. La comisión, diez meses después de su nombramiento, tiene un solo cliente: Canal Satélite Digital, y lo tiene en lista de espera desde hace tres meses. Esta entidad solicitó su inscripción en el registro de la comisión, registro declarativo en palabras del señor Ministro. Tienen un solo cliente, repito, llevan tres meses sin registrarlo, y no hablo ya de darle la autorización para operar, que eso es más complicado. Hay un capítulo 1 fijo de 1.000 millones de pesetas, y al único cliente que tienen lo maltratan. Si aumentar de 7 a 9 el número de sus miembros supone que se va a introducir una cierta eficacia administrativa y funcional en el seno de esa comisión, bienvenido sea ese cambio; si supone que va a contar con algo de lo que ahora carece, con la confianza del Gobierno, que consigue introducir para asuntos fundamentales una mayoría de bloqueo en el seno de la comisión, bienvenido sea también, porque el Gobierno no confía en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Su competencia sustantiva de liberalización en estos momentos, que es el establecimiento de las tarifas de interconexión que se le asignan en el epígrafe I) del apartado 3.2 del artículo 1º de la ley, se le sustrae, se le expolia en la disposición transitoria tercera, en la que el ministro se arroga esa competencia para garantizar los procesos de en el mercado. Si en el artículo 1º acabamos de crear una comisión precisamente para regular y pilotar los procesos de liberalización en el mercado, ¿cómo podemos decir en la transitoria tercera de la misma ley que lo que hemos fijado en el artículo 1º nos asusta y nos quedamos con esa competencia, no vaya a ser que los miembros de la comisión incurran en algún tipo de irresponsabilidad? El Gobierno ha hecho uso inmediato de esa competencia. Acaba de publicar una orden ministerial no sólo de tarifas de interconexión, sino telefónicas, según nuestra información, y sin el informe preceptivo de la Comisión del Mercado, a pesar de que consta en el preámbulo de la orden ministerial. De todas formas, éste es un asunto sobre el que ya tendremos ocasión de discutir en Comisión.
Estas son nuestras dos objeciones formales al texto final del proyecto de ley: denuncia del incumplimiento de un acuerdo parlamentario del Gobierno y denuncia de la visión oportunista del corto plazo, del regate en corto que lo lleva a variar socios estables, de cuya fiabilidad podemos dar fe porque durante muchos años lo han sido nuestros, y los sustituye por socios coyunturales para operaciones específicas concretas.
Le dolerá la cabeza, señor Ministro, por esta cuestión; más bien pronto que tarde le dolerá la cabeza. Las facturas se pagan no sólo en el Código de Comercio sino en política, y en política además suelen tener intereses más elevados que los comerciales.


El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Pero este rechazo, expreso y escandalizado, de los procedimientos utilizados por el Gobierno para incumplir los acuerdos parlamentarios, de ninguna manera puede ser interpretado como rechazo de la incorporación de otros socios del Gobierno a esa Comisión. Bienvenido sea. Lo único que rechazamos es el procedimiento insólito

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de acordar un texto y sin información ninguna modificar ese texto en aspectos de considerable importancia, sobre todo por razones completamente ajenas al contenido de esta ley.
Mantenemos, no obstante, nuestro apoyo al texto, es más nuestro que de nadie, es del Congreso de los Diputados obviamente, pero hemos hecho más aportaciones a ese nuevo texto que nadie, y simplemente con nuestros votos expresaremos la abstención o el rechazo que nos produce algunos de los contenidos que nos remite el Senado.
Muchas gracias. (El señor Vicepresidente, Marcet y Morera, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Hago uso de la palabra hoy, aquí, con satisfacción, a pesar de las intervenciones de algún portavoz de grupo parlamentario.
Nos encontramos hoy, como decía el portavoz de Convergència i Unió, ante el último trámite para aprobar definitivamente la ley de liberalización de las telecomunicaciones, un proyecto de ley en el que hemos estado trabajando durante muchos meses, y más hoy que nunca es un proyecto de toda la Cámara, gracias a las modificaciones que se han introducido en el Senado, provocadas por el reiterado llamamiento de consenso y de diálogo que ha propugnado tanto el Gobierno como el Grupo Popular en relación con las telecomunicaciones, puesto que siempre hemos dicho que las telecomunicaciones es una cuestión de Estado y creíamos que debía contar con ese consenso de toda la Cámara.
Precisamente hoy vamos a aprobar un proyecto de ley en el que se ha introducido la creación de una comisión que también hoy es apoyada por el Grupo de Izquierda Unida. Creemos que una comisión de esas características, que se crea para regular el mercado de las telecomunicaciones, un mercado en competencia, es imprescindible que cuente con el mayor consenso posible, y en aras a lograrlo es por lo que en el Senado se han hecho unas mejoras que consideramos que son importantes y que nos permiten hoy contar también con el apoyo de Izquierda Unida. Esa comisión, como digo, no es partidista; es una comisión independiente en la que todos estamos de acuerdo con su nombramiento y con su composición.
En el mes de febrero, cuando aprobamos en esta Cámara el proyecto de ley de liberalización por parte de todos los grupos, sin el consenso en materia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del grupo de Izquierda Unida, el portavoz del Grupo Socialista decía que no se sentía incómodo con este texto y que es un proyecto en el que estaban de acuerdo, incluso en la creación de la comisión, que la habíamos hecho todos. Ciertamente se ampliaron las competencias de esa comisión, ya que ha salido una comisión que yo me felicito por su nacimiento y por su funcionamiento, aunque luego entraré en las palabras que ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista sobre ello.
Me pregunto qué cambios sustanciales se han producido para que las palabras del portavoz del Grupo Socialista, señor García-Arreciado, hayan cambiado tanto y demuestren tanta indignación. A mí me parece que no ha habido ningún planteamiento, ningún cambio en el fondo de la cuestión como para que se plantee esa indignación y esa furia que tiene hoy dicho portavoz del Grupo Socialista, salvo que, como en otras ocasiones, y así lo ha demostrado, estemos otra vez hablando de intereses que no tienen nada que ver con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y con su ampliación en dos nuevos miembros, porque ustedes siempre acaban hablando en los últimos meses, en cualquier tema que tenga que ver con las telecomunicaciones, de una empresa de comunicaciones a la que ustedes han estado privilegiando durante los últimos años. Señorías, hoy estamos hablando de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de su ampliación en dos miembros, y eso nada tiene que ver con ninguna de las cuestiones que usted ha planteado. Por tanto, si su posición es debida a otras cuestiones, no tengo nada que decir. Si, por el contrario, usted se opone porque dice que se han cambiado las cuestiones en el Senado, le responderé que el Senado existe, es una Cámara a la que tenemos que respetar y que vale para algo. Usted está negando la vida al Senado. Si va un proyecto de ley a esa Cámara no me parece serio que se plantee una ruptura del consenso porque se amplíe allí y se modifiquen algunas cuestiones.
Señoría, ninguna de las modificaciones que se han introducido en el Senado lesiona los intereses de ningún grupo parlamentario que se hubiera comprometido anteriormente en esta Cámara. No se ha alterado ni una sola cuestión de fondo a la que nos hubiéramos comprometido o que hubiéramos acordado durante la tramitación en el Congreso. Además, señoras y señores Diputados, la ampliación no se hace en ningún caso en beneficio del Gobierno, sino todo lo contrario; se hace en beneficio de una mayor participación. Entendería su posición si lo que se hubiera hecho en el Senado hubiera sido una reducción de la comisión, porque estaríamos hablando de que estamos excluyendo a alguien o a algo, pero cuando precisamente lo que se ha hecho es una ampliación que implica mayor pluralidad, no tiene mucho sentido el que ustedes planteen una postura contraria.
En cualquier caso, señor García-Arreciado, flaco favor usted está haciendo a todos los españoles con sus

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críticas a la recién nacida Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, porque expresa unas críticas infundadas, que, en aras al rigor que se exige, debería moderar en sus intervenciones públicas. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha empezado su andadura real en el mes de febrero. Usted sabe como yo que el nombramiento de sus miembros se hizo en el mes de noviembre, y que previamente, como es lógico, tienen que organizarse, estructurarse y dotarse de un reglamento interno para ponerse en funcionamiento. Por tanto, eso necesita un determinado plazo de tiempo, máxime cuando estamos hablando de un órgano de reciente constitución que no tiene ningún precedente en España.
Cuando se han creado otros órganos, como la Comisión del Mercado de Valores o similares, siempre han tenido un mayor plazo, no se les ha metido tantas prisas, y provenían de un sector que ya estaba regulado, en el que ya había, diríamos, una cierta cultura al respecto, y no pasa como en España con la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones que, como usted sabe, está creada en un sector que ni siquiera estaba regulado --lo estamos regulando ahora, hoy precisamente con la aprobación de esta ley--, no tenía ningún antecedente. Por tanto, no creo que sea mucho tiempo, desde el mes de febrero hasta ahora, lo que la comisión está tardando en constituirse.
Usted hablaba de la confianza del Gobierno, y una de las funciones principales de esta comisión, como usted bien sabe porque es una de las que hemos aprobado por consenso entre todas las fuerzas políticas, es asesorar al Gobierno, emitir informes sobre las cuestiones que interesan al Gobierno. Le diré para su conocimiento, por si no lo sabe, que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones durante estos escasos dos o tres meses, llámelo usted como quiera, mientras se ha regulado y todo lo demás, ha informado sobre el proyecto de ley general de telecomunicaciones, sobre las tarifas de interconexión, sobre el proyecto de ley de televisión local, sobre las nuevas tarifas de la compañía Telefónica, sobre las tarifas de circuitos, sobre la nueva regulación de los teléfonos de uso público, y también ha emitido algún informe sobre cables inalámbricos. Dice usted que todavía le falta hacer una inscripción, y eso es cierto, sin ninguna duda, pero también, como usted sabe, señor García-Arreciado, todavía no han tenido tiempo para hacerlo, y además tienen el plazo de tres meses, no vencido, para proceder a esa inscripción.
Señorías, hay que crear un registro, porque no existe, de operadores de acceso condicionado. Eso lógicamente lleva un tiempo. Además, hay que seguir un proceso para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Hay que conceder también un plazo de audiencia, tanto para los afectados como para el propio interesado, para hacer alegaciones y para enterarse y poder facilitar mayor información, sin perjuicio de que tengan que esperar el informe preceptivo, que ya se le ha remitido, de la Dirección General de Telecomunicaciones. Por tanto, señorías, tengo que decir que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones no sólo está funcionando bien, sino que está funcionando excepcionalmente bien para el tiempo que lleva desde su nacimiento hasta estos momentos.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Mato, le ruego que concluya.


La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor Presidente.
Señor García-Arreciado, usted se contradice porque nos manifiesta que la comisión no está funcionando bien, que parece que necesita más personas para funcionar mejor, y luego me viene a decir que le hemos quitado una competencia: las tarifas de interconexión. Señor García-Arreciado, o se la damos o se la quitamos. Si usted me dice que se la demos para que no se haga nada porque según usted no funciona, parece que se contradice un poco. Las tarifas de interconexión las tiene que fijar el Gobierno mientras no haya un panorama liberalizador, porque la competencia de la comisión es velar en un mercado en competencia. Mientras no exista la competencia, las tarifas --que precisamente son para que haya competencia-- las fijará el Gobierno.
Lo que pasa, señor García-Arreciado, es que ustedes no creen en esa competencia y no quieren que la haya. Por tanto, no me extraña nada su posición en esta cuestión.
En cualquier caso --y ya finalizo, señor Presidente--, solamente quiero decir que el Senado existe. Creo que se ha hecho una buena labor en el Senado, que ha permitido que haya un mayor consenso en el apoyo a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; un consenso que se extiende a la práctica totalidad de la Cámara. Por eso agradezco a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo que --me consta-- hemos realizado y han realizado para que, al final, tengamos una ley que nos valga a todos para comenzar la andadura hacia la liberalización real de las telecomunicaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Mato. (El señor García-Arreciado Batanero pide la palabra.) Señor García-Arreciado, un segundo, por favor.
Estamos en un trámite de fijación de posiciones frente a las enmiendas del Senado, trámite que todos los portavoces deberían tener en cuenta, en sus contenidos, en la formulación de estas fijaciones de posición.
Entiendo que la señora Mato --y he escuchado con atención sus palabras-- ha hecho una intervención en la que ha estado aludiendo repetidamente a la del señor García-Arreciado. Esta Presidencia no tiene más remedio que conceder un turno de réplica al señor

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García-Arreciado, que será contestado, en su caso, por la señora Mato; pero pediría a todos los portavoces que se ciñan al turno, que es de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado, no de réplicas y contrarréplicas sobre las intervenciones de los otros grupos. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.) Señor Alcaraz, ¿es por la misma razón?

El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente, pero en este caso por las alusiones que ha hecho el señor García-Arreciado al Grupo de Izquierda Unida.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muy bien. Señor Alcaraz, tiene la palabra en primer lugar.


El señor ALCARAZ MASATS: Unicamente quiero recordarle al señor García-Arreciado lo que él ha dicho en principio, y es que ellos siguen estando de acuerdo con el texto de esta ley porque, efectivamente, en el trámite del Senado no cambia la estructura de la ley, no cambia absolutamente en nada la estructura argumental, jurídica y política de la ley, excepto en un caso que no reforma el resto de los temas: la ampliación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Se produce una ampliación democrática, una ampliación de la pluralidad en función de algo que no venía bien hecho y que el señor García-Arreciado --de manera muy gráfica-- lo ha fotografiado cuando ha dicho que había acuerdos previos, incluso en despachos de altísimos cargos. Por tanto, ahí no se ha roto ningún acuerdo parlamentario; se habrá roto otro tipo de acuerdo en el que nosotros hemos dicho que no habíamos participado.
Y cuando decimos nosotros decimos la tercera fuerza política del país, que no podía estar al margen de la Mesa del Congreso ni al margen del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y, lógicamente, no podía estar fuera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Da la impresión de que el señor García-Arreciado, al final --no sabemos exactamente cómo va a votar--, a lo único que se opone es a la ampliación de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y más concretamente a esa ampliación en la que puede participar Izquierda Unida. Si esto es así --yo lo he entendido así--, nos sorprendería muchísimo, porque el resto de los grupos o vota favorablemente o, como mínimo, se abstiene. Nos parecería algo que no tiene sentido, máxime cuando la estructura de esa ley, que han compartido en sus aspectos fundamentales PSOE y Partido Popular, se mantiene tal cual se remitió desde este Congreso al Senado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor García-Arreciado, tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Una vez más quiero reiterar que yo digo lo que digo, y se me debe responder a lo que digo y no a lo que se tiene pensado que voy a decir.
No existe objeción alguna del Grupo Parlamentario Socialista ni para la ampliación de la Comisión ni para la inclusión en ella de los nuevos socios del Gobierno, ninguna. Denunciamos el incumplimiento de un acuerdo.
En cuanto al excurso de si el Senado sirve o no sirve, pues naturalmente que sirve, señora Mato, pero sirve también para seguir hablando con la gente que ha llegado a un acuerdo con ustedes; sirve para modificar el acuerdo que hemos alcanzado, porque se modifica. Pero lo que no podemos es enterarnos por el periódico el día que se vota en el Pleno.
Y le subrayo algo más, que tiene el valor político que tiene y me gustaría que lo entendieran: lo de menos es que lo hayan hecho a espaldas del Grupo Parlamentario Socialista, con el que ustedes han decidido romper una colaboración leal que iniciamos fructíferamente en estos asuntos hace unos meses. ¿Por qué? No lo sé. El problema es que lo han hecho también a espaldas de sus socios parlamentarios. Luego ya la falta de credibilidad en el Gobierno no es solamente nuestra, que obviamente no hace falta explicitarla día a día, sino que puede ser un fenómeno mayor.
Dice usted que el apoyo de esta ley en la Comisión va a ser ahora mayor que el que tuvo en el Pleno del Congreso. Esté usted pendiente de esos marcadores, cuente los votos y verá usted --no sé, si será mayor o menor-- si el Congreso apoya o no los cambios que ustedes, por su cuenta, han introducido en el Senado.
En resumen, aquí lo único que he denunciado es un incumplimiento de los acuerdos alcanzados con este grupo y eso es malo. Se ha roto un camino de consenso por el que habíamos venido circulando, y se ha roto no sólo en esta ley, sino en todas las iniciativas en telecomunicaciones que ustedes han tomado desde el 23 de diciembre del año pasado. Esto es simplemente lo que quiero dejar de manifiesto.
Por lo demás, quiero reiterarle una vez más al señor Alcaraz que lo entienda, que él sí puede entenderlo ya que no está en el grupo de la gente de cortas entendederas al que me he referido antes. El puede entender que la objeción no es a que estén ellos, ni a que esté Coalición Canaria. La objeción es que si se nos plantea hubiesen tenido nuestro apoyo, pero como no nos ha sido planteado, no nos sentimos vinculados por ese acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Señora Mato, tiene la palabra.


La señora MATO ADROVER: Con toda brevedad, señor Presidente.


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Solamente quiero aclararle al señor García-Arreciado que no sé si está cansado de su portavocía en el Grupo Socialista, pero no creo que necesiten ningún escudero los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, ya que ellos mismos saben defenderse por sí mismos y decir cuando confían más o menos en el Gobierno. Por tanto, creo que está de más su afirmación. En cualquier caso, no debería ser usted el que la hiciera, sino los grupos que apoyan al Gobierno, salvo que también tenga usted algún compromiso con estos propios grupos.
Como le decía al principio, señor García Arreciado, el Senado es una Cámara que está para mejorar los proyectos. En este caso se ha mejorado sustancialmente el proyecto, permitiendo que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tenga dos miembros más. Usted mismo ha reconocido que apoya dicha comisión, y todos los grupos de esta Cámara han reconocido también que apoyan su composición, su funcionamiento y sus competencias, y eso es lo importante. Qué más da que tenga tres, cinco, siete o nueve miembros. Lo importante es que funcione y que todos estemos de acuerdo con ella. En eso hoy estamos más de acuerdo que en el mes de febrero, porque hoy estamos de acuerdo todos los grupos de la Cámara, sin perjuicio de que ustedes no consideren conveniente que se amplíe la comisión a dos nuevos miembros para que haya dos nuevos grupos parlamentarios que también entren en el consenso logrado. Eso es un tema distinto.
En cuanto al tema del cumplimiento de los acuerdos que se hacen en esta Cámara, no le quepa la menor duda, señor García-Arreciado, que todos los pactos o los acuerdos que se conforman en esta Cámara se cumplen siempre por el Grupo Popular. No obstante, comprendo que ustedes tengan dudas porque a lo mejor ésa ha sido su actuación durante los últimos años. Pero no dude usted nunca que todos los compromisos que se adquieren en esta Cámara, repito, se cumplen siempre, y en este caso también ha sido así. Si no, y se lo he dicho en la intervención anterior, dígame usted qué puntos han alterado alguna cuestión de fondo de este proyecto. Dígame en qué intereses ha sido lesionado su grupo parlamentario por compromisos que se hubieran adquirido en el Congreso con anterioridad. Absolutamente en ninguno, y usted mismo lo ha reconocido. Por tanto, no tiene ningún sentido que usted platee una cuestión de fondo simplemente por un asunto de ampliación de una comisión para lograr un mayor consenso que usted mismo debería apoyar, y si no lo hace tendrá otros motivos o querrá justificarse por otra serie de actuaciones o ante otras personas. En cualquier caso, creo que usted esta vez no tiene razón y debería reconsiderar su posición.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Mato.
--PROYECTO DE LEY SOBRE HABILITACION DE NUEVAS FORMAS DE GESTION DEL INSALUD. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/1996, DE 17 DE JUNIO) (Número de expediente 121/000006.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a pasar a la fijación y debate sobre las enmiendas del Senado del proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a hacer una intervención muy breve.
Quiero resaltar, primero, el apoyo de nuestro grupo al texto que nos envía el Senado, y decir que consideramos que las enmiendas introducidas mejoran y resuelven un debate que tuvimos precisamente en el Congreso de los Diputados en el momento de la tramitación del Decreto-ley sobre habilitación de nuevas formas del Sistema Nacional de Salud, que quiero recordar como un debate que yo entendí como agrio.
En aquel debate había una discusión de fondo muy importante sobre si esta nueva forma de gestión indirecta abría la puerta a la privatización de áreas de sectores del Sistema Nacional de Salud.
Recuerdo que el Grupo de Coalición Canaria, a través de su portavoz, intervino planteando que no nos hiciéramos prisioneros de las palabras, que buscáramos un consenso, que buscáramos la necesidad de defender el carácter público del Sistema Nacional de Salud, con las inevitables reformas para mejorar la gestión, que es, en definitiva, la mejor forma de defender ese carácter público que sin duda alguna es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar.
Por suerte, la tramitación del decreto y luego del proyecto de ley ha producido un proceso de diálogo importante y de búsqueda de consenso, y ha llegado aquí también con un consenso importante, con algunas mejoras que se han introducido en el Senado a partir de esfuerzos de los principales grupos representados en esta Cámara. Sin duda alguna, hoy ese debate agrio inicial tiene un consenso, repito, en el sentido de que la línea está perfectamente establecida en la defensa del sistema público, aunque con forma de gestión indirecta siempre por entidades de carácter público.
Hemos dado un primer paso muy importante, y quiero subrayar ese consenso, no sólo porque este proyecto será hoy ratificado, sino porque es un primer paso para algo que es muy urgente y que es una tarea básica en este momento de este Parlamento y de los grupos parlamentarios, y es culminar los trabajos de la ponencia que está elaborando la reforma del Sistema Nacional de Salud en España, reforma que además

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implica los temas de financiación de los próximos cuatro años.
Usando como referencia esencial este primer consenso que hoy obtenemos, nuestro grupo está dispuesto a trabajar intensamente para que en los próximos meses se culminen las propuestas que esa ponencia está redactando, o en este momento simplemente escuchando para pasar a la redacción. Nosotros creemos que ya ha llegado el momento --y creo que todos los grupos parlamentarios tienen que asumirlo-- de que redactemos unas bases que, en la línea de lo que fue el Pacto de Toledo de pensiones y en la línea de lo que es la reforma laboral, culmine tres ejes importantes de lo que es el Estado de bienestar en España, de las garantías y los derechos de los ciudadanos, y que culmine, de alguna manera, la reforma del sistema sanitario.
Nuestro grupo está por esa reforma, que es tan importante o más que la financiación del sistema autonómico, que tanta polémica ha provocado, y en espera de que el consenso entre todos los grupos políticos nos permita, repito, en muy pocos meses, yo diría que antes del verano, llegar a un gran acuerdo para garantizar algo que está por encima del debate entre el Gobierno y la oposición, es decir, de las coyunturas políticas; algo que afecta al gran pacto de Estado que es la Constitución, que tiene como norma básica la defensa del Estado de bienestar y la defensa de que los sistemas educativo y sanitario estén en el marco del sistema público.
Por todas estas razones, nuestro grupo va a apoyar estas enmiendas que presenta el Senado, y la exposición de motivos, que yo creo que son ya una base de un primer acuerdo de los grandes grupos parlamentarios y de los de entidad menor, como es el nuestro, en aras de avanzar, repito, con el fin de que antes del verano, sin más dilaciones, podamos llegar a un acuerdo sobre la reforma del Sistema Nacional de Salud, que es básica para que este Parlamento cumpla uno de sus objetivos esenciales para 1997.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente. Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con este proyecto de ley.
Vamos a apoyar las enmiendas introducidas en el Senado. Por fin, después de nueve meses, este proyecto de ley abre la puerta a nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Como ya hemos repetido en otras ocasiones, la mayoría de los países de la OCDE están revisando la organización de sus sistemas de salud con el fin de adecuarlos a su entorno. Nosotros también tendremos que buscar un equilibrio entre las necesidades de salud, los recursos sanitarios y una creciente demanda de servicios. Estos vientos de cambio traen consigo nuevas oportunidades para que los ciudadanos se sientan más satisfechos de la asistencia y atención recibida, para que los profesionales obtengan resultados más acordes con el esfuerzo que dedican a su trabajo. En los últimos años, el sistema sanitario ha progresado en gran media, y aunque no siempre se haya acertado, porque eso es imposible, el resultado del esfuerzo es bien notorio en todo el Estado español. El reto, desde nuestro punto de vista, es seguir consolidando los fundamentos del sistema de salud, la universalidad, la equidad, la solidaridad, la calidad y la eficiencia. Este proyecto, desde nuestro punto de vista, aporta medidas en esa dirección. Por lo tanto, vamos a apoyar las enmiendas que han sido introducidas en el trámite del Senado al proyecto de ley que debatimos en este momento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo, en nombre del Grupo Catalán (Convèrgencia i Unió), para anunciar nuestro voto favorable al proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud procedente del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio. Y lo voy a hacer brevemente porque, como SS. SS. saben, transcurridos diez meses desde la publicación del real decreto-ley y después de haberse debatido en ponencia, Comisión y Pleno, pocas son las matizaciones que podemos hacer a estas alturas sobre los criterios expuestos, ya de forma reiterada, por mi grupo parlamentario. La ley que vamos a aprobar en esta Cámara por amplia mayoría modifica ciertos aspectos organizativos de la Ley General de Sanidad 14/1986, del 25 de abril. Esta ley, promulgada en su día por el Gobierno socialista cuando era Ministro de Sanidad el señor don Ernest Lluch, significó un gran avance, pienso que decisivo, para hacer operativo el cumplimiento del artículo 43 de la Constitución que, como SS. SS. saben, reconoce el derecho a la protección de la salud, y del artículo 49, que habla específicamente de la protección de las personas disminuidas. Desarrolló también el título VIII de la Constitución, concibiendo el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de los servicios de las comunidades autónomas convenientemente coordinados.
De todos los empeños que se han esforzado en cumplir los poderes públicos, desde la emergencia misma de la Administración contemporánea, tal vez no haya ninguno tan reiteradamente ensayado ni con tanta contumacia frustrado como la reforma de la sanidad.


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Es, en efecto, un dato histórico fácilmente verificable que las respuestas públicas al reto que en cada momento ha supuesto la atención a los problemas de salud de la colectividad han ido siempre a la zaga de la evolución de las necesidades, sin conseguir nunca alcanzarlas, de manera que se ha convertido en una constante entre nosotros la inadaptación de las estructuras sanitarias a las necesidades de cada época.
Señorías, este párrafo que acabo de pronunciar es literalmente parte del texto introductorio de la Ley General de Sanidad. Nos parece que su contenido sigue siendo válido y que encierra una gran carga de filosofía para todos los que tenemos la responsabilidad de legislar.
Estamos convencidos de que la reforma --que hoy, tras once años, vamos a aprobar-- de las fórmulas de gestión de la Ley General de Sanidad tiene que ayudar a conseguir una mayor eficacia y eficiencia al servicio de la sanidad para todos los ciudadanos. Pensamos también que es un gran preámbulo para conseguir éste tan deseado consenso en la Subcomisión de Sanidad, que está estudiando la reforma para la modernización del sistema. Con estos deseos, y con nuestros votos para que esto sea un éxito, reiteramos nuestro voto favorable.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y siento de veras romper el coro autocomplaciente que se congratula de la pertinencia de las enmiendas del Senado y del texto en sí. Realmente, la soledad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya frente a este proyecto de ley, que es un proyecto de privatización de la gestión de la sanidad pública, no es una soledad deseada ni buscada. Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión. Este proyecto de ley es un calco de las medidas introducidas por Margaret Thatcher en Gran Bretaña en el año 1991, de lo que hay balance en estos momentos. Se ha conseguido algo que, de haberse producido a través de la gestión directa en la sanidad pública, habría que haber oído las voces escandalizadas en su contra. Se ha conseguido aumentar en dos años el gasto sanitario público en Gran Bretaña en un 1 por ciento del producto interior bruto; en dos años. Evidentemente, las voces no se alzan porque este incremento del gasto sanitario haya ido dirigido a incrementar personal o infraestructuras públicas, sino porque ha ido fundamentalmente a incrementar las ganancias de los proveedores privados y exactamente a doblar en cinco años los gastos administrativos del Servicio Nacional de Salud inglés. Esta es la maravilla que se aprueba esta mañana, que además ha tenido la virtud de introducir una simple palabra. Además de decir que los entes tienen que ser de titularidad pública, se ha añadido que pueden ser de «naturaleza» o titularidad pública. ¿Qué es jurídicamente, desde el punto de vista de la interpretación normativa, eso de naturaleza? Es imposible de saber. Expertos en Derecho administrativo lo califican de intangible. ¿A qué viene esa introducción de la palabrita «naturaleza»? Evidentemente, a abrir todavía mucho más las puertas del ya variado menú de posibilidades de gestión privada de la sanidad pública. Es decir, la naturaleza pública la tiene un aparcamiento público, al que se puede entrar, por ejemplo, pagando, porque no está reservado el derecho de admisión a quienes tengan título nobiliario. En estos momentos, señorías, fundaciones, consorcios, concesiones, entes, empresas, pueden gestionar la sanidad pública. Pero habrá que ver hasta dónde llega la capacidad de invención en la gestión, la capacidad de invención de la empresa privada para obtener beneficios privados de los Presupuestos Generales del Estado cuando mucho antes de estar aprobada esta ley, que va a estarlo definitivamente esta mañana, asistimos en el conjunto del Estado español, sin respaldo normativo alguno, a entes, empresas, fundaciones, consorcios y concesiones. Es decir, si sin ley había sido posible esta enorme dispersión de posibilidades en la gestión, ¿qué va a ser cuando la naturaleza, que es decir algo parecido a la inmortalidad del alma, se introduzca entre las posibilidades de gestión privada de la sanidad pública? Señorías, vamos a esperar a ver cuál es el dictamen de la Subcomisión.
No obstante, tengo que decir que para Izquierda Unida el hecho de más gravedad de cuantos pudieran producirse tiene lugar exactamente esta mañana, con la aprobación de este proyecto de ley. El sistema sanitario público se fragmenta, el sistema sanitario público se desarticula. El espíritu de la Ley General de Sanidad es incompatible con este proyecto de ley. La planificación de las actividades sanitarias es incompatible con la gestión autónoma, con la gestión independiente y con criterios empresariales --es decir, de beneficio privado-- de los hospitales públicos.
Señorías, hay quien se va a beneficiar, evidentemente, como las empresas consultoras. Las auditorías que el Partido Popular anunciaba que iba a hacer en todos los hospitales públicos para ver dónde estaba el fraude, para ver dónde estaba la corrupción, están sirviendo para que los hospitales, uno tras otro, dejen de sacar a la luz problemas en su gestión o posibles

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soluciones desde el punto de vista del ordenamiento administrativo para la gestión de los hospitales públicos. Sin embargo, uno tras otro concluyen indefectiblemente en la necesidad de introducir diferentes y variadas medidas de gestión privada de los mismos, con un objetivo ...


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, le ruego concluya.


La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor Presidente.
Con un objetivo que es complementario: el incremento de los beneficios de los intermediarios privados, el comportamiento de los hospitales públicos como empresas privadas desde el punto de vista de la selección adversa de pacientes y, por otro lado, y de manera muy importante, la introducción de relaciones laborales precarias y la reducción de plantillas de los centros sanitarios públicos. Eso sí, con un maquillaje de pensamiento unificado, que ya hemos tenido ocasión de demostrar que se manifiesta autocomplaciente con lo que no es ni más ni menos que un paso muy importante en la liquidación de derechos y servicios sociales paradigmáticos de lo que se llamó Estado del bienestar, como ya se está empezando a hacer en nuestro país.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Amador.


La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy, y es la cuarta ocasión en que la habilitación de nuevos modos de gestión del Sistema Nacional de Salud es examinado en esta Cámara, el proyecto de ley en su texto remitido por el Senado.
A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, señorías, las enmiendas introducidas en el Senado no modifican en modo alguno el contenido normativo del texto que este Congreso remitió y, por ello, no tenemos discrepancia alguna con esas enmiendas. En efecto, la nueva redacción dada a la exposición de motivos trata de hacer un relato cronológico que arranca con la aprobación del decreto-ley que hizo el Gobierno del Partido Popular. En cuanto al articulado, la mención de la naturaleza añadida a la exigencia de la titularidad pública, a nuestro juicio, lejos de desvirtuar esa exigencia de la titularidad, no hace sino reforzarla en la medida en que la titularidad de las entidades jurídicas, que nosotros sepamos, es la que determina la naturaleza pública o privada. Desde esa interpretación que mi grupo hace, el contenido normativo del artículo es idéntico al que salió del Congreso y no se han producido más que modificaciones técnicas o de redacción, como el añadido de la referencia a los servicios sociosanitarios, por coherencia entre el número 2 y el número 1 del artículo, o la especificación de que la previsión normativa a favor del Gobierno se hará por real decreto, cosa que, por otra parte, era obvia. En consecuencia, el texto remitido por el Senado no contiene --reitero-- modificación alguna en cuanto al contenido normativo y va a recibir el voto favorable de mi grupo parlamentario.Por tanto, sólo me resta hace dos consideraciones, señor Presidente, porque éste es un debate importante que culmina una larga tramitación en un asunto capital para la sanidad: una se refiere al pasado y otra se refiere al futuro.
La consideración al pasado me hace recordar que este proyecto de ley trae causa de un decreto-ley, de un malhadado decreto-ley aprobado por el Gobierno del Partido Popular en el mes de junio, un decreto-ley que mereció los más duros reproches, las más duras críticas por parte de mi grupo parlamentario desde el momento en que fue aprobado. Entonces ya fueron contradichos nuestros argumentos, en un debate que hasta el día de hoy ha mantenido una enorme confusión, una enorme demagogia y una enorme falsedad en las argumentaciones. Por consideración a todos los miembros de esta Cámara, y porque he dicho que es la cuarta ocasión en que lo debatimos, al referirme a ese decreto-ley, que felizmente va a quedar derogado por el proyecto de ley que hoy aprobamos, hoy no voy a repetir, señor Presidente, los argumentos que mi grupo parlamentario ha dado en todas las ocasiones en que se ha pronunciado sobre él, pero sí me voy a permitir leer a SS.SS. las consideraciones que sobre el decreto-ley, aprobado por el Gobierno del Partido Popular, sobre habilitación de nuevas formas de gestión se contienen en una compilación de textos legales, prestigiosa colección de textos legales sobre sanidad, que acaba de ser publicada, en cuyo prólogo se hacen las siguientes consideraciones en relación con el decreto-ley que, por su interés, me permito leer a SS.SS. muy brevemente.
Dice que el decreto-ley es de cita obligada por la doctrina neoliberal que encierra, abiertamente enunciada y positivizada en la redacción original y desdibujada o suavizada en la corrección de errores; doctrina que, en aras de una eficiencia económica y al socaire de la proposición de que la competencia mejora la gestión, propugna privatizar la asistencia sanitaria pública, entendiendo por tal bien el traspaso a la iniciativa privada de centros públicos con cambio de titularidad, bien la privatización de la gestión, acudiendo a técnicas de gestión indirecta como el concierto. Ello, a pesar de que tal tesis no es la postulada por la generalidad de los estudiosos del tema ni por los responsables de los servicios de salud, que vienen reclamando la gestión de servicios y centros mediante entidades o sociedades públicas sometidas al Derecho privado, de suerte que lo único que se

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privatiza es la organización de los servicios y centros pero sin cambio de titularidad y que, de hecho, es la adoptada en las reformas organizativas que están experimentándose a nivel autonómico y de las que buenos ejemplos son la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña y el proyecto de ley de ordenación sanitaria del Gobierno vasco, prólogo a la segunda edición de la legislación sobre sanidad, prólogo suscrito por un jurista de reconocido prestigio y especialista en Derecho sanitario, que no tengo que resaltar porque es de todos conocido.
Señor Presidente, que el decreto-ley del Gobierno privatizara la sanidad no era una idea extravagante del Grupo Parlamentario Socialista, era la realidad que hoy tengo derecho a poner encima de la mesa, diez meses después de un debate que, como alguien ha recordado en esta Cámara, en ocasiones, y a mi pesar, ha sido agrio. Esa es la consideración de pasada. Esta ley deroga ese decreto y esta ley garantiza la titularidad pública de los centros sanitarios y sus socios sanitarios, y cierra esa posibilidad que, a nuestro juicio, constituía una decisión gravísima.
Finalizo mi intervención con la consideración de futuro. Esta ley se va a aprobar, se va a promulgar y el Gobierno no debe volver a equivocarse. No deben volver a equivocarse los altos responsables de la administración sanitaria del Gobierno del Partido Popular. Y alguna declaración pública de alguno de ellos me obliga a hacer esta consideración y advertencia. Esta ley no santifica cualquier decisión de gestión en relación con la administración sanitaria; esta ley no es un manto protector sobre decisiones que el Gobierno ha concebido con arreglo al decreto-ley, que nada tiene que ver con esta ley, ni tampoco con decisiones de gestión que el Partido Socialista jamás va a compartir y jamás va a apoyar. Por tanto, yo ruego al Gobierno prudencia, reconsideración de algunas de esas propuestas en relación con los hospitales de Leganés, de Alcorcón, con el Policlínico Grande Covián, en Arriondas (Asturias), y con el Hospital de la Princesa, de Madrid. Esta ley no es el manto protector de algunas decisiones de gestión que ni están amparadas por esta ley ni, desde luego, son compartidas por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta ley es simple y llanamente la rectificación que este Parlamento ha hecho, después de diez meses de trabajo, de una decisión grave, errónea, contraria al interés de nuestra sociedad, que el Gobierno del Partido Popular adoptó de manera irreflexiva, precipitada y torpe aprobando aquel decreto-ley.
Esta ley cierra el paso a la privatización de la sanidad, señorías, y con su elaboración creo que este Parlamento, después de diez meses de trabajo, ha hecho un buen servicio a nuestra sociedad, y por ello mi grupo se felicita.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Amador.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Villalón.


El señor VILLALON RICO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente, en nombre del Grupo Popular, para manifestar nuestro apoyo a las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
Señor Presidente, en el debate que tuvimos en esta Cámara, cuando estudiábamos el dictamen de la Comisión, ya anunciamos que el Partido Popular quería modificar algunos aspectos de la exposición de motivos del proyecto de ley, con el objeto de reflejar más fielmente lo que considerábamos cuestiones fundamentales de la ley o del proyecto en sí mismo. Por ello adelantábamos que nuestra intención era presentar una enmienda a la exposición de motivos --como así se ha hecho--, que ha sido acompañada de una enmienda cuasi técnica en el artículo único sobre la previsión normativa a favor del Ejecutivo en relación con esta ley.
Señor Presidente, apoyándonos en la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Senado, se presentó una enmienda transaccional, votada favorablemente por todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, que es el texto del que disponemos en estos momentos en el Congreso de los Diputados, texto que, según lo que han anunciado la mayoría de los portavoces de los distintos grupos, va a ser aprobado. En esa exposición de motivos nos ajustamos fielmente al espíritu de la ley, a las motivaciones que la han originado, a sus antecedentes y a la calidad actual del sistema sanitario en el aspecto relativo a la gestión de los diferentes centros del Sistema Nacional de Salud.
Con permiso del señor Presidente, no me queda más remedio que hacer una breve referencia a las intervenciones de las Diputadas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Hágalo, señor Villalón, en el marco de lo que es la fijación de posición de su grupo, sin entrar en mayores debates, por favor.


El señor VILLALON RICO: En el marco de la defensa de las enmiendas aprobadas por el Senado y que nosotros vamos a apoyar.
Como comprenderá, señor Presidente, que una Diputada plantee un interrogante sobre la palabra «naturaleza» creo que queda fuera de lugar. Está fuera de lugar el hecho de establecer ese interrogante en la duda de si la gestión va a ser pública o privada, si se va a utilizar el sector público por otros sectores que no sean realmente los responsables de la Administración

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pública. Establecer ahora un debate sobre un decreto-ley que se convalidó en el mes de junio del año pasado también me parece fuera de lugar. Las manifestaciones u opiniones personales de juristas, por muy brillantes que sean, no dejan de ser opiniones personales, y decir que las fundaciones públicas no son la vía adecuada para los estatutos de los Hospitales de Manacor y de Alcorcón, me parece fuera de lugar. Con esta ley se pretende que el Sistema Nacional de Salud sea ágil, competitivo, que no haya rigideces ni burocracias en el sistema en sí mismo, que sea eficiente para los ciudadanos desde el punto de vista de la calidad asistencial. Creemos que aquí se introduce cierto grado de autonomía para los gerentes, una autonomía acompañada de la responsabilidad en sus decisiones y en todo lo que significa la dirección de los centros sanitarios. En resumidas cuentas, señor Presidente, se establecen los diferentes mecanismos para facilitar una mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos.
Con la aprobación definitiva del proyecto de ley proporcionamos el soporte legislativo a algunas iniciativas que se habían tomado en diferentes comunidades autónomas con respecto a consorcios, empresas públicas, etcétera. Se aporta el soporte legislativo a todo el Estado, a nivel de todo nuestro país. Al establecer la posibilidad de constitutir cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública, admitidas en Derecho, nos estamos refiriendo, como muy bien dice la exposición de motivos, a las fundaciones, fundamentalmente, a las empresas públicas y a los consorcios.
Señor Presidente, permítame que exprese la satisfacción del Grupo Popular porque en el día de hoy se va a aprobar esta ley que tantas expectativas ha levantado en los ámbitos sanitarios. El Gobierno tiene gran confianza en solucionar con ella alguno de los problemas que tenemos en la política sanitaria en nuestro país, pero sobre todo tengo que transmitir la satisfacción no solamente personal, sino del Grupo Popular, por el hecho de que la ley salga avalada por el apoyo de una gran mayoría de los Diputados y de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Villalón.


--PROYECTO DE LEY DE AMPLIACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO A LA POBLACION. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/1996, DE 17 DE JUNIO) (Número de Expediente 121/000007)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos, a continuación, a la fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Gómez tiene la palabra.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, recién inaugurada la legislatura, Coalición Canaria recibió con satisfacción que este Congreso aprobase la creación de una Comisión para el estudio de la gran cuestión sanitaria del futuro de nuestro país, así como que el Gobierno de la nación promulgara sendos decretos con el marchamo de urgencia sobre la ampliación del Sistema Nacional de Salud, que se acaba de tratar ahora y, al mismo tiempo, la ampliación del servicio farmacéutico a la población. Lo recibió con satisfacción porque suponía el mantenimiento de una línea ascendente en relación con la defensa del Estado de bienestar. Ahora se traen estas dos normas a esta Cámara tras la segunda lectura que ha hecho el Senado, que para nosotros viene a constituir casi la tercera escritura.
Hay un conjunto de enmiendas que presenta el Senado, que remite con el correspondiente mensaje motivado --que no sé por qué razón figura con mayúsculas--, que podríamos clasificar como enmiendas de contenido gramatical; hay enmiendas que se refieren a técnica jurídica y otras que se refieren a cuestiones de fondo.
No voy a entrar, dicho sea con todo respeto, en las innecesarias enmiendas que se refieren unas veces a las sustituciones de títulos de la propia ley, por poner un ejemplo del artículo 1º, a las cuestiones gramaticales de sustitución de una palabra por otra sinónima, etcétera; voy a referirme, en primer lugar y ante la brevedad del tiempo de que dispongo, a cuestiones de técnica jurídica diciendo que no se ha seguido el criterio, que se apuntó en la anterior norma que aquí se trató, de suprimir todas las referencias a legislación positiva, tanto a la Ley de Sanidad como a la Ley del Medicamento, o a la legislación referente a consorcios y fundaciones; aquí se repiten muchísimas veces las fechas de los textos legales. No sé por qué esa técnica jurídica es tan distinta en una norma y en otra.
Tampoco quiero repetir, porque ya lo dije en el trámite del Congreso, por qué se recurre siempre a la no consideración de lo dispuesto en el artículo 2º del Código Civil; por qué esa cómoda disposición derogatoria que suprime todo lo que esté en contra, cuando lo normal por técnica jurídica sería especificar cada una de las normas. Pobres ciudadanos destinatarios de estas disposiciones, sobre todo por la gran cuestión que se van a encontrar con esta aglomeración y maraña de normas legislativas en una época que podríamos calificar de inflación legislativa.
Señorías, entrando ya en las enmiendas, a nosotros nos ha llamado la atención que se haya suprimido una palabra --quizá dirá alguno que es una sola palabra,

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pero es trascendental-- en el artículo 1º. Coalición Canaria, con el apoyo de casi todos los grupos políticos de esta Cámara, había incluido el carácter privado de las oficinas de farmacia, que prestan un servicio público. Incomprensiblemente, el Senado ha suprimido la palabra «privado». No nos preocupa mucho por cuanto que en la ley sanitaria y en la del medicamento se les confiere este carácter, pero ¿por qué suprimen concretamente esta palabra? Se dice que porque las comunidades pueden crear farmacias en los hospitales. ¿Acaso las farmacias de los hospitales van a atender al público? También se dice que se pueden crear botiquines. Esa es la excepción, señores. Coalición Canaria aun considerando que el articulado ha sido ligeramente mejorado, estimamos que la titulación que se quiere dar por el Senado no es la adecuada ni tampoco la supresión de la palabra «privado». Por tanto, en esto mantenemos criterios distintos.
No voy a hacer alusiones a temas que ya están suficientemente debatidos, como la ordenación territorial de las oficinas de farmacia.
Me parece muy bien que se haya considerado con carácter mínimo el módulo de 2.800 habitantes y, en cuanto a la transmisión de oficinas, que se mantenga el criterio actual de que solamente se podrá realizar a otros farmacéuticos para no dar paso a la entrada de multinacionales.
No olvidemos que las multinacionales están detrás de las oficinas de farmacia.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gómez, le ruego que concluya.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La Cámara Alta suprime la disposición transitoria segunda y, al mismo tiempo, incluye el concepto de legislación básica del Estado para esta disposición. Esto será fuente de inagotables problemas.
Solamente quiero decir, señores, que estamos ante un avance legislativo, no cabe la menor duda. Nosotros vamos a apoyar esta ley, salvo las excepciones que he señalado, pero deberemos considerar que no es el desiderátum, que todavía hay mucho por realizar, hay mucho por legislar; quedan los temas del estatuto, de los universitarios de farmacia, inclusive el mayor apoyo a los MIR, el apoyo, también justo, a los mestos. Por cierto, ayer se dio un caso muy curioso en una comisión en el Senado, donde se trata el tema de los mestos de forma que parece no hay coordinación entre los políticas que integran una nueva formación tanto en el Congreso como en el Senado.
Como es un avance, vamos a apoyar esta norma con las salvedades que he señalado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Vasco con relación a las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley que debatimos en esta Cámara.
Voy a anunciar el voto en contra a la enmienda introducida en el Senado al artículo 1º y a la disposición final primera, y voy a razonarlo en el sentido de que, como Grupo Vasco, consideramos que el texto aprobado en esta Cámara es mucho más respetuoso con el bloque de constitucionalidad.
Por otra parte, quiero indicar que apoyaremos el resto de enmiendas introducidas en el Senado a este proyecto de ley que ordena los servicios farmacéuticos en el Estado español. Decir, muy brevemente, que vamos a apoyarlo porque el proyecto persigue una adecuada y homogénea atención farmacéutica; porque potencia un acceso ágil y rápido al medicamento; porque distribuye razonablemente los establecimientos farmacéuticos; porque favorece que los servicios de atención farmacéutica estén dotados de los medios humanos y materiales necesarios a sus fines; porque garantiza la ordenación territorial de las oficinas de farmacia y la atención a todos los ciudadanos; porque obliga a la presencia de un farmacéutico o farmacéutica en la dispensación de medicamentos y porque permite flexibilidad en el régimen de horarios. Como SS. SS. conocen, ésta es una demanda de la ciudadanía del Estado español, y creemos que este proyecto da una buena respuesta a las necesidades y aspiraciones planteadas por los ciudadanos.
Votaremos en contra de la enmienda introducida por el Senado al artículo 1º y a la disposición final primera, y estamos de acuerdo con el resto de las enmiendas introducidas al texto que aprobó esta Cámara en el proyecto de ley que ordena los servicios de farmacia en el Estado español.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente.
Brevemente también, para manifestar en el mismo sentido que la Diputada del Partido Nacionalista Vasco, que nuestro grupo parlamentario también va a pedir votación separada del artículo 1º y de la disposición transitoria primera, por considerar que las dos enmiendas introducidas en el Senado conculcan aspectos que para nuestra comunidad autónoma son totalmente inadmisibles, ya que, como SS. SS. saben, y

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como por otra parte fue repetido por esta misma Diputada en el momento de convalidación del real decreto-ley, mi Comunidad Autónoma, mi Gobierno, el de Cataluña, tiene reconocidas competencias exclusivas, que nos otorga el artículo 9º, punto 19, del Estatuto de Autonomía, en materia de ordenación farmacéutica.
En los demás aspectos, nuestro voto va a ser favorable. Estamos convencidos de que este proyecto de ley introduce mejoras sustanciales de calidad de servicio a los ciudadanos y de ordenación farmacéutica.
Nada más. Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
También con toda brevedad, para expresar el voto en contra de mi grupo parlamentario a las enmiendas del Senado al proyecto de ley que regula la autorización para las oficinas de farmacia, ya que no se ha aprovechado para incluir las enmiendas básicas que pensamos habría que introducir en relación con las oficinas de farmacia.
Nosotros partimos de la base del carácter de servicio público, fundamental para el sistema sanitario, que hoy por hoy cumplen las oficinas de farmacia; otra cosa es que nosotros, desde un punto de vista más estratégico y general, lo hubiéramos ubicado de otra manera, pero ese carácter de servicio público determina la obligatoriedad de su regulación por parte de la Administración. No obstante, creemos que esta obligatoriedad de planificación de la existencia de oficinas de farmacia por parte de la Administración no debiera mantenerse de manera injusta como un privilegio para los actuales titulares de oficinas de farmacia. Pensamos que a finales del siglo XX mantener la posibilidad de que se herede o se done por causa de muerte una oficina de farmacia es absolutamente incompatible con cualquier ordenamiento jurídico democrático.
Debería establecerse un régimen estricto de incompatibilidades precisamente por ese carácter de servicio público y por la función sanitaria que desempeñan los farmacéuticos para dar además, al menos por esta vía, solución a esa enorme bolsa de paro farmacéutico que está suponiendo que un número importante de titulados universitarios no tengan esperanza alguna de desempeñar esa labor. Una de las soluciones fundamentales de ese paro y de la función del farmacéutico en el uso racional del medicamento debiera ser --ya lo he repetido en otras ocasiones-- su incorporación al equipo de atención primaria de salud.
En este orden de cosas, lamentamos que se haya mantenido un papel importante de los colegios profesionales a la hora de determinar y adjudicar la apertura de oficinas de farmacia. Creemos que es una entidad corporativa que no tiene nada que ver con coadyuvar, colaborar o coordinar las competencias de la Administración, en este caso la Administración autonómica, a la hora de regular la concesión de las oficinas de farmacia.
Por todo ello, señor Presidente, anuncio el voto contrario de Izquierda Unida al proyecto de ley de regulación de la apertura de oficinas de farmacia, y al mismo tiempo anuncio que compartimos con el Grupo Parlamentario Vasco y con el Grupo Parlamentario Catalán, las manifestaciones que han hecho en relación con las competencias de las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
Ruego al público que está en las tribunas se abstenga de manifestar su apoyo o rechazo a las manifestaciones que se están realizando en el plenario, ya que está terminantemente prohibido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Novoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de mi grupo con relación a las enmiendas que el Senado presenta al proyecto de ley que hoy debatimos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de todas y cada una de las enmiendas que el Senado ha presentado a este proyecto de ley. Vamos a votar en contra porque, como SS. SS. conocen, el modelo que ha defendido el Grupo Parlamentario Socialista a través de la tramitación del proyecto de ley ha sido el modelo de liberalización, de la libre instalación de las oficinas de farmacia, en consonancia con lo que es el informe y las recomendaciones del Tribunal de la Competencia. No obstante, me referiré a las enmiendas que introducen modificaciones, a nuestro juicio sustanciales, del texto remitido en su momento por el Congreso.
En primer lugar, nos sorprende que las modificaciones sustanciales que se introducen a este texto en el Senado no se hayan producido en el trámite de Comisión, sino en el de Pleno y a través de un número importante de enmiendas transaccionales. Mi grupo parlamentario sí tiene en consideración las fechas en que esto se produce, señorías, y le surgen importantes interrogantes, porque desde la fecha que concluye el dictamen de la Comisión en el Senado y la fecha del 19 de marzo, en que se presentan estas enmiendas transaccionales, tan sólo se ha producido un hecho relevante en ese intervalo de tiempo, y no es otro que el Tribunal Constitucional, debido al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno a la ley de Extremadura, ha dejado en suspenso el acuerdo previo que había adoptado sobre esos artículos recurridos.


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Me referiré a las enmiendas que el Senado ha introducido a este texto y que para nosotros tienen una importancia relevante. En primer lugar, la primera modificación que ha introducido el Senado es al título del proyecto, y si bien es cierto que esta modificación clarifica el contenido exacto del texto, también ha puesto al descubierto la máscara del Grupo Parlamentario Popular y reconoce que este texto no significa una ampliación de servicios hacia la población, sino una garantía de protección a la actividad económica de las oficinas de farmacia.
En relación con las enmiendas al articulado, se suprime la referencia al carácter privado de interés público de la oficina de farmacia, al que algún grupo parlamentario ya ha hecho alusión. El texto se limita a definirla como establecimiento sanitario. A mi grupo parlamentario no le parece irrelevante esta modificación, señorías, ¿por qué obviar el carácter privado de las oficinas de farmacia? ¿De qué hay que proteger a las oficinas de farmacia? ¿De que alguien pueda pensar que no tiene sentido que una actividad privada como ésta tenga la protección que se le concede mediante este proyecto de ley? ¿Es ésa la protección que pretenden introducir con esta omisión en el texto salido del Senado? Otra modificación que se introduce, a nuestro entender nada baladí, es la referencia a los módulos. Introducen el término de mínimos, a nuestro juicio para burlar el carácter de básico; pero señorías, la formulación del artículo sigue siendo básica. Esta formulación es totalmente contradictoria con el carácter básico que la disposición final primera pretende otorgar al texto que hoy debatimos. En definitiva, la modificación que el Senado introduce viene a decir que no podrá existir ninguna oficina de farmacia por debajo de 2.800 habitantes.
Otra modificación relevante, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es la que se introduce en el artículo 3º: Autorizaciones administrativas. Al referirse a los principios que deben regir la autorización de nuevas oficinas de farmacia se suprimen los requisitos de concurrencia competitiva, mérito y capacidad y se mantienen los de publicidad y transparencia. Señorías, yo me pregunto sinceramente: transparencia y publicidad ¿sobre qué? ¿No será que el Grupo Parlamentario Popular conoce perfectamente que los principios de mérito y capacidad, a la hora de acceder a una oficina de farmacia, son jurídicamente cuestionables para luego garantizar el derecho de transmisión de esa oficina de farmacia? Los principios de igualdad, de mérito y de capacidad, en el momento de la transmisión --y lo saben perfectamente los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular--, se tornan en la capacidad adquisitiva, en la capacidad económica de quien adquiere esa transmisión.
También quiero hacer referencia a otra modificación, a nuestro juicio importante, relativa a la supresión de la disposición transitoria segunda. Posiblemente esta supresión se produzca una vez que el Grupo Parlamentario Popular haya tomado en consideración las distintas argumentaciones que, a través del trámite en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista expuso sobre la disposición transitoria segunda del texto original, que únicamente decía que los expedientes pendientes de resolución y presentados al amparo del Real Decreto 11/1996 serían resueltos, una vez aprobada esta ley, al amparo de esta nueva legislación.
El Grupo Parlamentario Socialista en más de una ocasión ha indicado al Grupo Parlamentario Popular que esta disposición transitoria segunda, tal y como estaba formulada, posiblemente sería en el futuro una fuente de importantes conflictos, puesto que personas individuales con expedientes de solicitud de apertura de nueva oficina de farmacia solicitados al amparo del Real Decreto 11/1996, al ser resuelto su expediente al amparo de esta nueva ley, que muy poco tiene que ver con aquel texto original, podrían sentirse lesionados en su derecho y ser esto una fuente importante de conflictos. Por tanto, estimo que el Grupo Parlamentario Popular ha tomado en consideración estas observaciones del Grupo Parlamentario Socialista y les ha llevado a suprimir esta disposición transitoria segunda.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Novoa, le ruego concluya, por favor.


La señora NOVOA CARCACIA: Sí, señor Presidente, muy brevemente.
Si alguna modificación introducida por el Senado tiene importancia especial para mi grupo parlamentario, es la que se introduce a la disposición final primera.
Señorías, el texto remitido por el Congreso al Senado consideraba básicos determinados artículos del texto del dictamen de la Comisión, pero la sorpresa que hemos recibido es que en el Senado se ha declarado íntegramente como básico el texto de la disposición final primera del proyecto de ley y, además de declarar básico todo el texto, se introduce un inciso final en el que se dice que es sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas.
La inseguridad jurídica que esta formulación introduce al texto no nos puede llevar a votar hoy sin más las enmiendas del Senado. Señorías, como legisladores y en base a la necesidad de seguridad jurídica que deben tener las comunidades autónomas para saber a qué tienen que atenerse en relación a esta regulación, estamos obligados a decir claramente en este trámite qué se quiere decir con ese inciso final, porque después de declarar como básico un texto decir que sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas es una aberración jurídica que no tiene en cuenta para nada no sólo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre esta materia, sino que va además

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en contra de los principios de la Constitución. Si, por otra parte, se pretende compatibilizar que sea básico con la preservación de competencias de determinadas comunidades autónomas, el texto automáticamente dejaría de ser una ley básica. Por tanto, mi grupo parlamentario reclama de los grupos parlamentarios de esta Cámara que quede perfectamente especificado en este acto cuál es la voluntad del legislador con relación a la disposición final primera.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir única y exclusivamente que mi grupo parlamentario tiene conocimiento de que es voluntad del Grupo Parlamentario Popular votar en contra de determinadas enmiendas remitidas por el Senado a esta Cámara. He de decir que me congratulo de que el Grupo Parlamentario Popular esté dispuesto a votar en contra de las enmiendas del Senado, sobre todo porque otra portavoz de dicho Grupo Parlamentario Popular en el trámite de enmiendas del Senado en un proyecto de ley en esta misma sesión ha hecho la aseveración de que las enmiendas del Senado son intocables en esta Cámara. Por tanto, me parece una corrección importante del Grupo Parlamentario Popular en esta sesión plenaria.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Novoa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, completamos hoy la tramitación de una iniciativa parlamentaria que ha devenido en ley y que moderniza, consolida y a nuestro juicio reafirma lo que tiene que ser un servicio farmacéutico moderno, fiable y adaptado a las necesidades de la población española de nuestros días.
Las enmiendas que el Senado nos remite sin duda son una aportación importante, sobre todo en el plano de la dicción y la gramática y como tal son de agradecer. Mi grupo parlamentario entiende que el consenso que se había producido sobre algunos aspectos esenciales del texto que salió del Congreso de los Diputados está plenamente vigente, y que ciertas enmiendas remitidas por la Cámara Alta cuando menos suscitan algunas dudas sobre su viabilidad y sobre las previsibles consecuencias en el plano jurídico y en el competencial, que son suficientes como para que nos replanteemos una reflexión serena y puntual sobre todas y cada una de ellas.
Creo que hemos dado muestras de un debate razonado, de un debate sereno, muy meditado, un debate participado hasta la saciedad por las fuerzas políticas y sociales, y eso tiene que quedar también en evidencia en este último tramo parlamentario del debate.
Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, evidentemente carecen de sentido las críticas que se hacen, por ejemplo, sobre la reforma, la modificación del título de la ley. Evidentemente, esto ya no es una ampliación del servicio farmacéutico a la población, es mucho más, señorías; empezó siendo una ampliación del servicio farmacéutico a la población, pero las Cámaras de este país han decidido que sea algo más y que regule también aspectos como la definición, las funciones o la transmisión de esas oficinas de farmacia. Lógica consecuencia de esta tramitación es que el título también se modifique, señoría, como tendrá que hacerse con la exposición de motivos, pese a que el portavoz socialista en el Senado tenía la peculiar opinión de que la exposición de motivos es lo que justifica realmente el articulado posterior, curiosa opinión legislativa que sin duda también explica muchas de sus argumentaciones posteriores. La exposición de motivos tendrá que ser puesta en cuestión y pido a los Servicios de la Cámara que tomen muy buena nota de las modificaciones que en este trámite se producirán para que la exposición de motivos sea fiel reflejo de las disposiciones que vamos a aprobar.
Mi grupo parlamentario va a votar en contra de las enmiendas del Senado que hacen referencia al artículo 1º de la Ley, porque entendemos que el concepto de establecimiento sanitario privado de interés público es un concepto definido en la legislación vigente en materia de sanidad y en materia de medicamento y, como tal, no solamente no tiene por qué ser excluido del ámbito de la definición de esta ley sino que entendemos importante que aparezca expresamente reflejado, precisamente para evitar las veleidades o las experiencias, cuando menos cuestionables, que se están produciendo en algunas comunidades autónomas. Entendemos que el texto del Congreso era más preciso en este ámbito de la definición y de las funciones de la oficina de farmacia y, por ello, en lógica consecuencia, vamos a votar en contra.
Sin embargo, entendemos que el Senado también ha hecho algunas mejoras en los artículos siguientes, como puede ser el artículo 2º, que hace referencia al ámbito de la ordenación territorial de las farmacias, y la nueva redacción sin duda aclara y mejora el texto que había salido del Congreso de los Diputados.
En cuanto al artículo 3º no puedo compartir la opinión de quienes piensan que la desaparición de los criterios de concurrencia

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competitiva, mérito o capacidad puedan suponer un paso atrás en lo que siempre ha sido una exigencia del Grupo Parlamentario Popular en el trámite parlamentario de este proyecto de ley, y es que se den las condiciones absolutas de transparencia y de publicidad en todo el proceso de autorización de nuevas oficinas de farmacia; pero ha de quedar muy claro que las comunidades autónomas son las que tienen que establecer las condiciones efectivas de ese procedimiento, y en esas condiciones hay comunidades autónomas que han optado, que están optando en estos momentos por basarse en criterios de concurrencia competitiva y otras no. Hay algunas que entienden que el mérito es objetable y que la capacidad del farmacéutico es perfectamente objetivable y otras no lo entienden. Precisamente porque queremos ser muy respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas, es por lo que nosotros entendemos que lo esencial, por una y primera vez en la ordenación farmacéutica de este país, es que los procedimientos sean públicos, sean transparentes. Que la concurrencia competitiva, el mérito y la capacidad serán regulados por las comunidades autónomas de acuerdo a sus propias convicciones o criterios.
En relación al artículo 4º, creemos que el Senado también ha hecho una aportación interesante con la regulación de la transmisión de las oficinas de farmacia. Seguro que su grupo parlamentario es consciente de la relevancia que tiene esta cuestión de la transmisión de las oficinas de farmacia; lo digo porque ustedes, en algunas comunidades autónomas, han puesto en cuestión lo que es básico y esencial, un componente fundamental del modelo de oficina de farmacia vigente en este país hasta este momento. Precisamente en la línea de mantener esa transmisión de las oficinas de farmacia como un aspecto básico para todo el Estado y, además, estableciendo las garantías de que sólo habrá una excepción a esa transmisibilidad, y es la derivada de la incompetencia o de la falta de calidad en el servicio farmacéutico, mi grupo parlamentario ha tenido un norte muy claro a la hora de tramitar este proyecto de ley, que ha sido exigir el máximo de calidad en el servicio, el máximo de responsabilidad a los profesionales farmacéuticos y el máximo nivel de garantías en la prestación farmacéutica para los usuarios, y es importante que quede claro que, también en la transmisión de las farmacias, quienes no estén a la altura de las circunstancias en estas exigencias, tampoco podrán transmitir su farmacia en las condiciones previstas por la normativa vigente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Burgos, le ruego concluya, por favor.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy acabando, señor Presidente.
Entendemos que también está justificada la supresión que hace el Senado de la disposición transitoria segunda porque, sin duda --y usted lo ha dicho--, suscitaba, cuanto menos, dudas interpretativas muy razonables sobre la existencia de esa identidad sustancial de esos criterios de íntima conexión que debía haber para que se pudiera producir la acumulación de los expedientes. Es evidente --todas SS. SS. lo pueden constatar-- que este proyecto de ley ha mejorado sustancialmente sus previsiones iniciales y ha incorporado muchas de las previsiones de los grupos parlamentarios y, en ese sentido, podían existir dudas de que no se parezca tanto al real decreto, como podía ocurrir en un primer momento.
En cuanto al último aspecto --al que mi grupo también quiere expresar su voto negativo--, la disposición final relativa al carácter básico de la norma y, por tanto, a la distribución competencial que sobre la ordenación farmacéutica existe en estos momentos en nuestro país, mi grupo parlamentario está dispuesto a sostener hoy el mismo criterio que sostuvo en la tramitación parlamentaria en esta Cámara, en el sentido de que hemos de ser tremendamente respetuosos y escrupulosos con la ordenación competencial que ya se ha configurado en nuestro país de acuerdo a los estatutos de autonomía, al bloque constitucional y, sobre todo, a muchas sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia.
Entendemos que con la definición que aparecía en la tramitación del Congreso queda mucho más recogido y clarificado ese espíritu de ordenamiento que está plenamente vigente en nuestros días.
En definitiva, señorías, creo que este es un proyecto de ley que no viene --como se ha dicho-- a liberalizar las farmacias, sino a flexibilizar un régimen, a hacer la farmacia mucho más accesible y de mucha más calidad ante el ciudadano, y eso debe ser motivo de satisfacción para todos nosotros. La ruptura --pretendida por algunos-- de este modelo de farmacia, consolidado en nuestro país a lo largo de los últimos años, desde nuestro punto de vista, implicaría algo inaceptable: la degradación de un servicio que ha sido muy eficaz y que los españoles tienen en muy alta consideración. Por tanto, mientras algunos piensan en cómo derribar este edificio, nosotros ya estamos pensando en cómo hacerlo más sólido, cómo hacerlo más útil, cómo hacerlo más cercano al ciudadano y cómo hacerlo más apreciado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Burgos.


--PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE INFORMACION Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE EMPRESAS DE DIMENSION COMUNITARIA (Número de expediente 121/000008)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la fijación de posiciones sobre el proyecto de ley sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.
¿Grupos que desean fijar posición sobre las enmiendas del Senado de este proyecto de ley? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, brevísimamente, quiero anunciar nuestra posición favorable al proyecto de ley tal y como viene del Senado, en coherencia con la posición de nuestro grupo dentro del Senado y de la posición que mantuvimos también en la primera fase del trámite parlamentario en el Congreso. Sin duda alguna, es un paso importante el que introduce la ley en las relaciones laborales, en este caso en el ámbito comunitario, que deseamos sirva para ir articulando esas relaciones laborales en ese ámbito tan necesario, con el impulso de los derechos sociales de los trabajadores y de las relaciones productivas dentro de la Unión Europea.
Nada más. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alvarez Gayol.


La señora ALVAREZ GAYOL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a apoyar y votar a favor del proyecto de ley sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. En su trámite parlamentario este proyecto de ley, esta futura ley, ha coincidido con dos circunstancias que me llevan a calificar la ley de real como la vida misma. El día que lo debatimos en la Comisión de Política Social y Empleo de esta Cámara, coincidió con el día que los funcionarios hacían huelga general, o paro general, porque se les habían congelado los salarios. En el día de hoy, en que definitivamente aprobamos esta ley, los sindicatos y la patronal han llegado a un acuerdo de reforma del mercado del trabajo, continuación de las anteriores. Por eso decía que es real como la vida misma. Quiero expresar mi apoyo al acuerdo al que han llegado los sindicatos y la patronal y quiero felicitar a las partes --que, como ustedes saben, son los sindicatos y la patronal-- por haber conseguido llegar a ese acuerdo.
Como todos sabemos, este país tiene problemas de paro, tiene problemas de precariedad muy graves. El acuerdo que se ha logrado, con un gran esfuerzo indudablemente de las partes, significa que se han quitado las reservas, que se han quitado las excusas para crear nuevo empleo y para intentar remediar el problema de la precariedad. Ya no hay excusas; los empresarios tienen que crear nuevo empleo. Los empresarios tienen que conseguir que el empleo precario, el empleo que en estos momentos hace inseguros a los trabajadores, vaya desapareciendo y vayamos entrando en lo que se llama una seguridad en el empleo y nuevo empleo.
Siguiendo con el proyecto de ley --una ley en el futuro, cuando salga de esta Cámara--, como ustedes saben, se envió al Consejo Económico y Social por el anterior Ministro de Trabajo, el señor Griñán, en diciembre de 1995. El Consejo emitió dictamen positivo en enero de 1996. Se ha retrasado seis meses con respecto a lo que marcaba la directiva comunitaria, porque tenía que haberse terminado su trámite parlamentario en septiembre. Se ha retrasado y no por problemas con la Cámara, sino porque han surgido otras realidades. Yo quiero señalar que es la primera ley de relaciones laborales que emana de la Comunidad Europea. Por esa razón, la consideramos muy importante en el día de hoy y trascendental en el futuro, cuando se vaya poniendo más en práctica todavía.
En los últimos días hemos leído y visto en los medios de comunicación (periódicos y televisión) manifestaciones de los trabajadores de la empresa Renault en Bélgica oponiéndose al cierre de su empresa. También hemos leído que un tribunal de una localidad francesa ha dictado sentencia por la que no se puede cerrar la empresa hasta que el Comité de Empresa Europeo no sea informado. Como comprueban, es una ley que demanda la realidad, una ley muy importante para los trabajadores, para los empresarios, para las futuras relaciones de trabajadores y empresarios.
Termino diciendo que estamos en un mercado abierto, por donde caminan los dineros, el complejo sistema financiero y también la producción.
Estamos en lo que llamamos una economía globalizada, donde decisiones que afectan a un trabajador en el último pueblo en muchos casos son tomadas muy lejos de allí, sin conocimiento de una realidad social, laboral, etcétera. Necesitamos ir construyendo mecanismos legales que den lugar a derechos laborales para que ese mercado abierto, esa economía globalizada, sea un avance económico para todos y no para unos pocos.
Esta ley se enmarca en ese contexto, es una buena ley. Como saben, sólo tiene una enmienda de carácter técnico y la vamos a votar a favor, como toda la ley. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Deseamos que la ley en su desarrollo práctico sea útil para cubrir dos objetivos: mejorar las relaciones laborales entre los trabajadores y los empresarios de los países europeos, porque eso creará riqueza para todos económica, social y políticamente; y abrir el camino necesario para nuevas leyes laborales y sociales de la Comunidad Europea.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Alvarez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps

El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, observo con satisfacción la valoración positiva que por parte de los distintos grupos parlamentarios se ha hecho de este proyecto de ley enviado en su día a esta Cámara por el Gobierno, y aún observo con más satisfacción la valoración positiva que se ha hecho también por parte de algún otro grupo parlamentario

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respecto al reciente acuerdo, en el marco del acuerdo social que existe en este país desde el advenimiento del último Gobierno democrático, que han firmado la patronal y los sindicatos respecto a las reformas del mercado de trabajo.
No seré yo quien abra un nuevo debate, aunque sí valoro muy positivamente la insistencia que algún otro grupo ha tenido de hacerlo ya así, lo que supongo que harán absolutamente compatible con la rapidez en cuanto a que esas medidas se pongan en marcha con la mayor celeridad posible por parte del Gobierno de la nación, y que no habrá impedimentos por parte de ningún otro grupo a que esas medidas (que, como muy bien han dicho, es el momento de crear empleo por parte del Gobierno) se pongan en marcha, reitero, con la mayor celeridad posible.
Respecto al propio contenido del proyecto de ley que en el trámite de enmiendas del Senado estamos debatiendo en este momento, reiteramos, como no podía ser de otra manera, lo que ha sido nuestra posición a lo largo de todo el trámite parlamentario de valoración positiva en cuanto al conjunto de las disposiciones que en el mismo se contienen y también en cuanto a la enmienda que se ha introducido por parte del Senado. Es una enmienda técnica que en el trámite de ponencia en el Congreso ya tuvo una discusión entre los distintos ponentes del proyecto de ley, que no acabamos de considerar en la totalidad de su conjunto, aunque sí apuntamos soluciones. En el trámite del Senado ha sido solucionada de la forma en que se recoge en el texto y, por tanto, tendrá nuestro voto a favor.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Camps.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 1.830.748.838 PESETAS, PARA EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES OCASIONADAS POR EL INCENDIO DE LA DISCOTECA DE LA CALLE ALCALA, Nº 20, SEGUN SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 20 DE ABRIL DE 1994 Y AUTO DE LA MISMA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1995 (Número de expediente 121/000009)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos, a continuación, al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.830.748.838 millones de pesetas para las indemnizaciones ocasionadas por el incendio de la discoteca de la Calle Alcalá nº 20. Sobre las enmiendas que vienen del Senado ¿algún grupo desea fijar su posición? (Pausa.) --PROYECTO DE LEY DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (Número de expediente 121/000011)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Por último, queda en este trámite el debate de las enmiendas del proyecto de ley de envases y residuos de envases. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, de las enmiendas que remite el Senado a esta Cámara en relación a este proyecto de ley de envases y residuos de envases, nos encontramos con enmiendas con cuyo texto participamos y con otras no. Voy a intentar matizarlas.
Hay enmiendas que van más allá del tema nominal y sobre las que sí quisiera dejar constancia en el «Diario de Sesiones», como la referencia al territorio nacional por la mención de territorio del Estado, que es una enmienda con un contenido político importante, del cual participamos. Nos llama la atención que en un proyecto de ley como este de envases y residuos el Senado realice esta sustitución del término territorio nacional por el del territorio del Estado.
Participamos de las enmiendas que intentan abrir los extremos de la gestión de estos envases y residuos de envases a otras organizaciones en orden al mejor cumplimiento de los objetivos genéricos que recoge el proyecto de ley. En sentido negativo, quisiéramos hacer mención al cambio de un participio por un gerundio que se materializa en el tercer párrafo del apartado 1,del artículo 9, donde se sustituye «separados» por «separando», circunstancia que altera, señor Presidente, el sujeto objeto de dicha cuestión. No hará falta citar a Camilo José Cela para ilustrar a SS. SS. de que la función de un participio pasivo por la de un gerundio es sustancialmente distinta. No vamos a poner más ejemplos que el de «durmiendo» y el «dormido» para entender que supone una alteración sustancial en el objeto que recogía este artículo 9. El Grupo Parlamentario Vasco votará en contra de esta enmienda por entender que altera las funciones de los distintos agentes en el proceso.
Participamos de la generalización que se ha hecho en la disposicón adicional segunda, incluyendo a Canarias y a Baleares en una enmienda que se aprobó en esta Cámara, que provenía del Grupo Parlamentario Vasco, para mediatizar y fijar con mayor precisión los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas en orden a estos sistemas integrados de gestión. Observamos con satisfacción que también Canarias y Baleares participan de los órganos de gestión específicos,

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y que, junto con el País Vasco, circunstancia que se matizó en el Congreso, forman un triunvirato que va a desarrollar de una forma específica su gestión en envases y residuos de enveses.
Participamos también de la enmienda referente a la disposición adicional tercera, para asegurar que las administraciones públicas promuevan el uso de materiales reutilizables y reciclabes. De eso se trataba. En orden a esos objetivos, nos parece que las redacciones que se proponen inciden todavía más en los propios objetivos del proyecto.
Si desde el principio de este proyecto de ley el Grupo Parlamentario Vasco estuvo de acuerdo con la traslación de esta directiva europea, porque en las instituciones vascas entendemos que es modélica en su forma de gestión, creemos, señor Presidente, que con las enmiendas que hoy se puedan incorporar, con ese matiz al artículo 9º (porque pensamos que es razonable que los grupos de la Cámara puedan volver al texto original que se aprobó, volviendo al participio, desechando el gerundio), nos encontramos con una traslación muy adecuada de la directiva europea, de lo cual nos felicitamos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria ha visto con determinada sorpresa, en un sentido negativo, algunas enmiendas que ha introducido la Cámara Alta, por lo cual las vamos a votar en contra. Consecuentemente, solicitaremos también votación separada de aquellas otras que, por haber introducido cuestiones de aclaración --las mismas que señalaba el señor González de Txabarri-- sobre la terminología de Estado y nación, y las de carácter técnico que traen alguna aclaración positiva, votaremos en un sentido afirmativo.
Lo que no se puede votar, señor Presidente, es una enmienda al texto que había propuesto el Congreso de los Diputados para el artículo 1º en su disposición general, que calificaba a los residuos de envases como comercializados. Nos extraña que el Senado dé a estos envases el carácter de ser vivo, porque cambia nuestra redacción de «envases comercializados» por «envases a lo largo de todo su ciclo de vida».
Esta puede ser una expresión coloquial, pero el diccionario y las leyes civiles españolas dicen muy claramente qué es vida y qué es un ser viviente. Lo que no puede tener vida es un envase inerte y físico.
No estamos de acuerdo, señor Presidente, con las enmiendas de supresión o de cambio que ha hecho el Senado. Por ejemplo, en el artículo número 9, lo que según el texto de esta Cámara eran envases y envases usados separados por materiales, ahora con el nuevo texto podría parecer que se le endosa, y de hecho es así legalmente leyendo el texto, que en los centros indicados para esta transformación de las entidades locales, estos envases y envases usados tengan la obligación de separarlos por materiales. Vienen ya separados por materiales, si no aquello no podría funcionar técnicamente.
Tampoco estamos de acuerdo con las enmiendas de supresión, señor Presidente, que ha propuesto el Senado, sobre todo en la disposiciones final segunda y consecuentemente en la misma del anejo. Por esto, señor Presidente, a estas enmiendas, cuya votación pedimos se haga por separado, nos vamos a oponer.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones. Le ruego pase por escrito a la Cámara las enmiendas que solicita se voten por separado.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) , el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero manifestar, en primer lugar, nuestra conformidad con la mayoría de las enmiendas que han sido introducidas a este proyecto por el Senado, salvo alguna excepción a la cual me referiré, y de hecho alguna de ellas ya ha sido reiteradamente objeto de referencia por los anteriores intervinientes.
Entendemos que estas innovaciones modifican el texto en un sentido positivo, tanto desde la perspectiva terminológica, como han apuntado el señor González de Txabarri y el señor Mardones, como desde la perspectiva técnica, o incluso desde la perspectiva ambiental, como está sucediendo cuando se incorporan a las entidades ecologistas entre los agentes suceptibles de recibir la información sobre sistemas integrados de gestión, marcado de los envases o sobre programas de residuos de envases y envases usados; o también cuando se está tipificando como falta muy grave, --en el texto del Congreso era falta grave-- el incumplimiento por los agentes económicos de las obligaciones de suministro de información.
Sin embargo, como decía, mantenemos algunas discrepancias a las que me voy a referir seguidamente. En primer lugar, se ha incorporado una enmienda al artículo 9.1, párrafo tercero, que cambia sustancialmente el sentido del texto del Congreso, por lo que se refiere a quién es el responsable de la separación de los materiales: si es el sistema integrado de gestión, o bien son las administraciones locales.
Nosotros, parafraseando al señor González de Txabarri, nos inclinamos por el participio y, por tanto, rechazamos el gerundio que ha introducido el texto del Senado.


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La segunda enmienda es la que se refiere al artículo 13 y, como consecuencia de su modificación, a las modificaciones que se han introducido en la disposición final segunda y en el anejo. Tampoco estamos de acuerdo con la misma, no sólo porque sea una enmienda que se refiere a un texto que se introdujo en el Congreso tomando en consideración una iniciativa de este grupo parlamentario, sino porque entendemos que supone un paso atrás dejar a la decisión reglamentaria el contenido de las concentraciones máximas de metales pesados que inicialmente, en el texto del Congreso, se incorporaban en el texto del proyecto de ley. Por tanto, solicitamos, y, de hecho, ya lo hemos hecho por escrito a la Mesa, la votación de estas dos enmiendas para volver al texto original del Congreso.
Para terminar, simplemente quiero felicitarme una vez más por la aprobación de este proyecto de ley. Hemos dicho y hemos reiterado a lo largo del debate que es un proyecto de ley muy importante que va a tener una incidencia social y económica muy importante en los hábitos de consumo pero también de producción y de comercialización de las empresas de este país.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista se alegra de que el texto que hoy se va a aprobar sea, en un porcentaje muy elevado, prácticamente idéntico al proyecto que heredó el actual Ministerio de Medio Ambiente, aunque lamentamos las ausencias que siguen diferenciando este texto del que había quedado en su última fase de elaboración. Las ausencias son las referencias a la necesaria reducción específica en origen del PVC y a la regulación de la incineración de los residuos urbanos. Pero, por lo que se refiere al resto del contenido, a través de la tramitación, primero en el Congreso y después en el Senado, se ha producido una aproximación de la que nos congratulamos, muy en particular porque ha hecho que se reafirme la importancia de introducir en el texto, en contra de la opinión del Grupo Popular y de la propia Ministra de Medio Ambiente, el objetivo cuantificado de reducción en origen coherente con la actual política europea de residuos y que en el Senado ha recibido una ulterior reafirmación. Ahora queda claro que esa reducción de los envases en origen es una reducción que debe producirse en el plazo de cinco años, que se refiere al 10 por ciento de la totalidad en peso de los envases, que debe aparecer un compromiso explícito en los sistemas integrados de gestión y, por tanto, los fabricantes de envases que entren en dichos sistemas integrados tienen el compromiso de asumir un objetivo en relación con dicha reducción en origen y, por tanto, ya no se trata de ese canto o brindis al sol que la Ministra comentaba que era, a pesar de su valoración en contra de la introducción de este objetivo.
Nos congratulamos también de que el Senado haya aceptado una enmienda por la cual se obliga al Gobierno a regular que determinados residuos susceptibles de generar toxicidad en el flujo de basuras, en el flujo de residuos urbanos, puedan ir a los sistemas integrados de gestión y deban necesariamente, por el contrario, llevarse a los sistemas de devolución y retorno, porque esto puede evitar problemas, efectivamente, en cuanto a la correcta separación selectiva de los residuos urbanos. Estas son mejoras que, por supuesto, vamos a apoyar con nuestro voto, pero hay algunas enmiendas defendidas por el Partido Popular que empeoran el texto que salió del Congreso, que han sido ya señaladas por los que me han precedido en el uso de la palabra, y que se refieren a la eliminación de compromisos concretos en el texto de la ley en lo que se refiere a la concentración de metales pesados y a la existencia de un anejo en donde se establecen determinados requisitos que entendemos como mínimos. Todo esto llevaría, de aprobarse hoy esas enmiendas aquí, que creo que no será así, a que el reglamento que el ministerio está obligado a elaborar en un plazo de tiempo muy breve incorporara todavía más elementos de los que tiene que incorporar de forma inmediata.
Por tanto, vamos a pedir la votación separada de las enmiendas presentadas en el Senado por el Partido Popular y también, por supuesto, de la enmienda 135 presentada en el Senado por Eusko Alkartasuna que, como ya se ha señalado en intervenciones anteriores, haría perder cualquier virtualidad a la exigencia de la recogida selectiva previa en los sistemas integrados de gestión. Con todo ello tendremos al final un texto que desde luego será papel mojado si no hay por parte del ministerio, como no lo ha habido hasta ahora, ningún avance en cuanto a la elaboración de un plan nacional de residuos sólidos urbanos, que desde hace un año espera una concreción que no se está llevando a cabo en la medida que ni siquiera se han convocado reuniones de los grupos de trabajo correspondientes de la conferencia sectorial, y por tanto nos tememos que tarde en llevarse adelante ese plan nacional para el que la ley da un año y que sería importante que no se ajustara a ese plazo máximo sino que se llevara a cabo antes.
Lamentamos también que el decreto sobre incineración que la Ministra se comprometió en esta Cámara a que sería aprobado por el Gobierno antes de final del año pasado todavía no haya sido aprobado, porque creemos que la regulación de la incineración de residuos sólidos urbanos es urgente que se realice con las máximas exigencias ambientales en nuestro país.
En cuanto a la cuestión del uso del PVC, es evidente que la sociedad española va bastante más rápido que

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el Ministerio de Medio Ambiente. En estos momentos hay doce municipios que han acordado eliminar el uso del PVC en las obras públicas, hay dieciocho empresas envasadoras de agua mineral que han acordado no utilizar el PVC, hay dos grandes superficies comerciales que también lo han acordado y, por tanto, que en el ministerio no haya habido la voluntad de establecer una señal concreta en esta dirección nos aleja, como en otros aspectos de la política ambiental actual, de lo que es el escenario de los países de nuestro entorno.
Sin embargo, por supuesto que nos alegramos de que, aunque sea con un año de retraso respecto de lo que hubiera podido ser su aprobación de forma muy inmediata por el Gobierno, finalmente hoy esta Cámara dé el último paso para la implantación de una ley de envases y de residuos de envases, y estaremos pendientes de que el Gobierno elabore un reglamento a la máxima brevedad y que se establezca un plan nacional que permita la cooperación interadministrativa, así como la regulación adecuada de los sistemas integrados de gestión por parte de los operadores privados.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Narbona.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBO: Señorías, voy a ser muy breve en mi intervención, ya que hemos debatido en numerosas ocasiones en esta Cámara la importancia de este proyecto de ley de envases y residuos de envases.
Es un proyecto importante, dado el gran porcentaje que suponen los envases y residuos de envases en el volumen total de basuras, aproximadamente el 60 por ciento. Por consiguiente, la correcta gestión de estos residuos contribuirá a gestionar adecuadamente las basuras urbanas. En el trámite parlamentario del Senado se han introducido varias enmiendas que mejoran la redacción original del proyecto de ley y enriquecen el texto precisando algunos aspectos que nos parecen interesantes, con algunas excepciones. En primer lugar, la ya reiterada enmienda al tercer párrafo del artículo 9, al que anuncio que nuestro grupo parlamentario votará en contra, porque, como ya han indicado otros grupos parlamentarios, al sustituir la palabra «separados» por «separándolos» se atribuye la separación de los materiales que forman los envases a los sistemas integrados de gestión en lugar de a las entidades locales, lo cual no nos parece admisible desde ningún punto de vista. Creemos que lo correcto es volver a la redacción original, y ello por dos motivos. En primer lugar, porque esa modificación dificultaría seriamente la operatividad del sistema y, en segundo lugar, porque ya son muchas las entidades locales que poseen o están desarrollando plantas de separación de envases. Creemos que por operatividad del sistema es preciso volver a la redacción original. Que quede constancia aquí de que en cualquier caso, como se indica en el apartado 2 del artículo 10, la industria deberá cubrir el sobrecoste de las entidades locales asociado a esta actividad. Nuestro voto será, por consiguiente, negativo.
De otra parte, nuestro voto será también negativo a la enmienda introducida al apartado 1 del artículo 13, a la enmienda a la disposición final segunda y a la que suprime el anejo, referidas a los niveles de concentración de metales pesados permitidos en los envases.
La redacción del texto del artículo 13, tal y como se aprobó en esta Cámara, cree el Grupo Parlamentario Popular que es adecuada al establecer la suma de los niveles de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexevalente presentes en los envases o en sus componentes, a la vez que en la redacción original de la disposición final segunda se autoriza al Gobierno a revisar esos niveles de concentración de metales pesados. Por ello, como he indicado, nuestro voto también será negativo a estas tres enmiendas de supresión introducidas en el Senado.
Quiero indicar a la señora Narbona, a pesar de que lo ha repetido reiteradamente en todos los debates en este Pleno, que la discusión del proyecto de ley de envases y residuos de envases no es el lugar idóneo para regular la incineración de residuos sólidos urbanos, no es el lugar idóneo para regular la reducción del PVC ni para hablar del decreto de incineración de residuos tóxicos que usted ha recordado.
Todo ello debe hacerse en su momento y no en este proyecto de ley.
Creo, señorías, que con la aprobación en unos momentos de este proyecto de ley de envases se da un gran paso hacia adelante en la gestión de los envases y de los residuos sólidos urbanos; gestión que es un objetivo prioritario para el Grupo Parlamentario Popular y para el Ministerio de Medio Ambiente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora De Lara.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas del Senado a los proyectos de ley que acaban de debatirse.
Comenzamos por las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, que vamos a dividir en cuatro bloques. Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senado a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 103; en contra, 204; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Senado a la disposición transitoria tercera. (Aplausos.) Votación relativa a las enmiendas al artículo 3, apartado 6.3 párrafo primero, y al artículo 4. (Rumores.) Señorías, me indican los portavoces la imposibilidad de escuchar con mediana claridad las indicaciones de la Presidencia sobre los artículos y enmiendas que se someten a votación. Les ruego que guarden silencio. (El señor De Grandes Pascual pide la palabra.) ¿Señor De Grandes?

El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, quiero explicar, en nombre de mi grupo, que evidentemente ha habido una confusión (Risas.), que no atribuimos a causas ajenas a nuestra propia confusión, pero queremos que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de que la intención del voto era naturalmente la de la mayoría del grupo y no la que se ha producido por razones de una u otra índole, que no atribuimos a nadie sino sencillamente a un problema de confusión. Señor Presidente, pedimos, si fuera posible, la repetición de la votación (Rumores.) y si así no fuera, porque no existan precedentes, que conste en el «Diario de Sesiones» el sentido de nuestro voto a todos los efectos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes. No está prevista la repetición de las votaciones. Además, en este caso, el resultado es suficientemente contundente y me expresan otros portavoces de la Cámara que no hay posibilidad de transacción al respecto.
Votación, como decía, de las enmiendas al artículo 3, apartado 6.3 párrafo primero, y artículo 4, apartado 9.3.b).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 187; en contra, 122; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas.
Votación sobre las enmiendas al artículo 1, apartado 3.2 y las disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 173; en contra, 122; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado por unanimidad del Pleno del Congreso.
Proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Insalud, procedente del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio. Vamos a votar en una sola votación las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 290; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las enmiendas al proyecto de ley.
Pasamos al proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población. Votaremos las enmiendas en dos bloques, el primero integrado por las enmiendas del Senado al artículo 1 y a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; en contra, 308; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las referidas enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 170; en contra, 140.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico.
Pasamos al proyecto de ley sobre derecho de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. Votaremos todas las enmiendas del Senado en una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno del Congreso todas las enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.830.748.838 de pesetas, para el pago de las indemnizaciones ocasionadas por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá, 20, de Madrid, según sentencia de la Audiencia Provincial de 20 de abril de 1994 y auto de la misma de 19 de septiembre de 1995. Las enmiendas del Senado las votamos a continuación en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad del Pleno del Congreso las enmiendas del Senado.
Proyecto de ley de envases y residuos de envases. Se someten a votación tres bloques de enmiendas. El primero está integrado exclusivamente por las enmiendas al artículo 1º.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 288; en contra, cuatro; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
El segundo bloque está constituido por las enmiendas al artículo 13.1, artículo 9.1, disposición final segunda 1 y anejo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, dos; en contra, 287; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de las restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de envases y residuos de envases.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 292; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas al proyecto de ley de envases y residuos de envases.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORDENADORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Número de expediente 121/000030)

El señor PRESIDENTE: Señorías, al no haberse presentado enmiendas de totalidad a los convenios internacionales previstos en el punto X del orden del día, vamos a pasar, antes de la suspensión para el almuerzo, al debate de totalidad del proyecto de ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que constituye el punto XI del orden del día. Se ha presentado una enmienda de totalidad. (El señor De Grandes Pascual pide la palabra.) Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Los grupos parlamentarios hemos tenido una conversación, a la vista de cómo transcurre el Pleno, y parece que existe unanimidad en que los temas pendientes puedan ser pospuestos a la semana que viene, si bien en la Junta de Portavoces estableceremos algún tipo de cambio como pasar al martes temas que correspondieran al jueves. En cualquier caso, la unanimidad constatada era para que se suspendiera la sesión y pasaran los temas pendientes al Pleno de la próxima semana. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor De Grandes. La señora Lasagabaster está pidiendo la palabra y es la titular de la enmienda de totalidad, la única enmienda de totalidad, al proyecto de ley que había anunciado.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, quiero hablar en mi nombre y en el del Bloque Nacionalista Galego, que por fallecimiento del padre de uno de los Diputados no puede estar en este momento aquí.
No tengo ningún inconveniente en trasladar la enmienda de totalidad a la semana que viene, pero me gustaría dejar constancia de que tal petición fue formulada por esta Diputada en la Mesa y Junta de Portavoces y no se accedió a ello. Creo que he hecho mis deberes para esta semana y, aunque accedo perfectamente a trasladarlo a la semana que viene, quiero dejar constancia de que algo que no se me admitió en Junta de Portavoces ahora se admite a petición de otros grupos. Yo desde luego no tengo ningún inconveniente, pero me gustaría que constara en el «Diario de Sesiones». (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!-- Rumores.-- Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, en consecuencia, si hay unanimidad de la Junta de Portavoces... (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Señora Aguilar, la Presidencia debe suponer que cuando se dice unanimidad es porque se cuenta también con su aquiescencia. Disculpe.
Tiene la palabra, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo no se va a oponer a la propuesta que se ha hecho, pero lo mínimo que se podía hacer por los grupos mayoritarios de la Cámara es tener un respeto por el resto de los grupos y consultar a todos y cada uno de los que conformamos este Congreso de los Diputados a la hora de proponer una decisión de estas características, en el ámbito del plenario, que modifica lo acordado en la Junta de Portavoces. Por tanto, que quede constancia

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de que nuestro grupo no ha sido consultado, aunque no nos vamos a oponer a esta propuesta. Nos parece, además de otras cosas, una falta de cortesía total que se omita la consulta a algún grupo parlamentario que puede determinar la finalización de la sesión o no.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
¿Algún otro grupo parlamentario desea manifestar su opinión al respecto o dejar constancia de no haber sido consultado? (Pausa.) Señor De Grandes.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, quiero dejar constancia de que yo no me he querido erigir en portavoz de toda la Cámara, sino trasladar lo que entendía que era unanimidad. Quiero dejar claro que lo que ha hecho este grupo parlamentario ha sido no pedir, sino acceder a una petición del grupo mayoritario de la oposición que nos ha parecido comprensible, una vez que hemos trasladado diferentes opiniones. Lamento que la señora portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por razones de olvido de quien fuere, no haya sido consultada. (Rumores.--La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio para que podamos escuchar.
Señora Aguilar, tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Como quiera que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho referencia a la unanimidad de los grupos de la Cámara y mi grupo no ha sido consultado y no estamos representados por nadie, sino por nosotros mismos, hemos querido hacer constar que aunque no nos oponíamos a que la sesión se suspendiera y los temas pendientes quedaran para la próxima semana, desde luego no habíamos sido consultados y, por tanto, esa unanimidad no era real. Eso es lo que hemos querido decir, porque a nosotros no nos representa nadie, salvo nosotros mismos, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Molins i Amat pide la palabra.--Risas.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, pido la palabra simplemente para intentar que doña Rosa Aguilar no se sienta discriminada sólo ella y decirle que tampoco nosotros habíamos sido consultados, aunque en cualquier caso no tenemos ningún inconveniente en que sean pospuestos los restantes puntos del orden del día. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.

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