Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 67, de 13/03/1997
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1997 VI Legislatura Núm. 67

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 64

celebrada el jueves, 13 de marzo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (núm. reg. 16493) (Página 3270)

Enmiendas del Senado:

-- Proyecto de Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 3.1, de 21 de julio de 1996 (número de expediente 121/000001) (Página 3270)

-- Proposición de Ley sobre reforma del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 13.1, de 12 de abril de 1996 (número de expediente 122/000002) (Página 3276)

Página 3266


-- Proposición de Ley sobre Sociedades Laborales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 14.1, de 12 de abril de 1996 (número de expediente 122/000003) (Página 3280)

-- Proposición de Ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 15.1, de 12 de abril de 1996 (número de expediente 122/000004) (Página 3285)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 25.1, de 18 de diciembre de 1996 (número de expediente 121/000023) (Página 3287)

Avocación por el Pleno (Página 3303)

-- Del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (Página 3303)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación):

-- Proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 28.1, de 3 de febrero de 1997 (número de expediente 121/000026) (Página 3303)

Avocación por el Pleno de proyectos de ley y de proposiciones de ley (Página 3303)

-- Proyecto de Ley del Gobierno (número de expediente 121/000025) (Página 3321)

-- Proposición de Ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica número 10/82, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias (número de expediente 125/000005) (Página 3321)

-- Proyecto de Ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 3321)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores Diputados. Se da por decaído y se retira el dictamen, al no haber sido distribuido en tiempo y forma.


Continúa la sesión con carácter público.


Enmiendas del Senado (Página 3270)

Proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (Página 3270)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular.


Proposición de ley sobre reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Página 3276)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular.


Proposición de ley sobre Sociedades Laborales (Página 3280)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario

Página 3267


de Coalición Canaria; Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular.
Interviene de nuevo el señor Arnau Navarro para una cuestión de orden.


Proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva (Página 3285)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Barrionuevo Peña, del Grupo Parlamentario Socialista, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto y a las proposiciones de ley debatidas anteriormente.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3287)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (Página 3287)

Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista interviene el señor Ros Maorad. Pone de relieve en primer lugar la ausencia de la señora Ministra de Medio Ambiente. A continuación pasa a defender la enmienda de totalidad al proyecto de ley que intenta modificar la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales, flora y fauna silvestres, que hizo el Gobierno socialista, que supuso un avance muy importante para el movimiento ecológico del país e hizo posible que en España hubiera 700 espacios protegidos.
Se refiere a continuación a los recursos de inconstitucionalidad, aclarando que la sentencia 102/1995, del Tribunal Constitucional, solamente declara inconstitucional la disposición adicional quinta, en cuanto que considera básicos los artículos 21, números 3 y 4; 22, en su número 1, y 35, en sus números 1 y 2, y no está de acuerdo con las primeras soluciones que ha adoptado el Gobierno respecto de la sentencia.
Se refiere a continuación a algunas innovaciones introducidas en relación con los parques nacionales que quieren subsanar con su enmienda a la totalidad, incorporando asimismo a nuestro derecho interno las nuevas directivas europeas sobre hábitat y conservación de las aves silvestres.
Manifiesta que el origen de su enmienda de totalidad con texto alternativo está fundamentalmente en el Convenio de Naciones Unidas sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, derivado de la Cumbre de Río, que obliga a los países miembros a desarrollar una estrategia nacional en la que se incluyan, entre otras medidas, la conservación »in situ» de los recursos naturales.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta la enmienda el señor Frutos Gras. Comienza su intervención poniendo de manifiesto que existe una creciente decepción y contestación al conjunto de las medidas que se están tomando por el Ministerio por parte del movimiento ecologista. Reconoce que el discurso de la Ministra ante el Parlamento fue interesante y se presentaron líneas de trabajo adecuadas, pero que éstas se han ido diluyendo. Presenta sus críticas a aspectos concretos como, por ejemplo, la Ley de Envases. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta la enmienda de totalidad con texto alternativo porque piensa que en el proyecto del Gobierno no se tienen en cuenta mínimamente lo que son las recomendaciones de la Cumbre de Río ni se trasponen debidamente las directivas sobre las aves o el hábitat. Asimismo considera que se pierde la oportunidad de hacer adecuadamente la reforma de la Ley 4/1989 y la trasposición de las directivas 409/79 y 92/43 de la Comunidad Europea. Se refiere a continuación a que el proyecto de ley no es una buena ley básica porque se parte de defectos estructurales del Ministerio de Medio Ambiente en los diez meses escasos que lleva funcionando y porque no se ha contado con el movimiento ecologista.
A continuación expone las propuestas de su texto alternativo referentes a la cogestión de comunidades autónomas, Administración central, ayuntamientos, etcétera; a la puesta en marcha de los corredores ecológicos y a la participación de los movimientos popular, asociativo y ecologista.
Interviene la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga), quien pide disculpas por no encontrarse en la Cámara al comienzo del debate. Anuncia que no podrá contestar a la primera parte de la intervención del representante socialista, pero sí se referirá a su enmienda de totalidad.
Explica a continuación las razones que han llevado al Gobierno a presentar este proyecto de ley. Considera

Página 3268


que los que acusan a la ley de ser un parche, no se han leído la exposición de motivos, donde se dice que la finalidad de la modificación urgente es la situación de inconstitucionalidad en que se encuentra la gestión de los parques nacionales. Por lo tanto, antes de entrar en un debate de totalidad, que el Grupo Socialista ha hecho a su propia ley socialista, hay que solucionar dicha situación, aunque está de acuerdo en que hay que seguir trabajando en la futura reforma de toda la ley, para lo que se contará con los sectores sociales, con el consejo asesor de medio ambiente y con la conferencia sectorial, y explica a continuación los pasos que se van a dar. Termina su intervención manifestando que la modificación que ahora presentan trata simplemente de centrarse en tres artículos que eran inconstitucionales y que estaban reclamando un nuevo modelo de organización. Se pretende con ello consolidar el valor simbólico de los parques nacionales, asumir la necesidad de la homogeneidad de la gestión de los parques nacionales integrados en la red estatal, pero teniendo en cuenta la voluntad de proyección global en un sistema que reconozca al mismo tiempo las particularidades de cada una de las partes integradas en él, lo que se hará a través de la tramitación parlamentaria de las enmiendas que se presenten. Asimismo anuncia que no van a aceptar ninguna de las dos enmiendas de totalidad que se han presentado y solicita a los grupos enmendantes que las retiren.
Replica los señores Ros Maorad y Frutos Gras, duplicando la señora Ministra de Medio Ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular.
Se someten a votación las enmiendas de totalidad, que son rechazadas.


Avocación por el Pleno (Página 3303)

Del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (Página 3303)

El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, que se aprueba por asentimiento.


Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 3303)

Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, interviene el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo). Manifiesta que es para él una satisfacción presentar un proyecto de ley que va a significar un paso fundamental en las relaciones de los contribuyentes y de la administración tributaria y es fiel reflejo de la voluntad del Grupo Parlamentario Popular, manifestada en diversas legislaturas, y del Partido Popular en convocatorias electorales. Añade que esta iniciativa responde a la convicción de que en una sociedad democrática avanzada las relaciones entre el administrado y la Administración deben estar basadas, según proclama el texto constitucional, en la justicia y en la igualdad. Agrega que la colaboración y la percepción del ciudadano son esenciales para el cumplimiento del objetivo de que todos soporten las cargas públicas según su capacidad económica. Por otra parte, considera que el fraude fiscal constituye una clara manifestación de insolidaridad e injusticia, por lo que han situado la lucha contra el fraude entre sus objetivos prioritarios. Considera que el reconocimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración, así como las concreciones que se imponen a la actuación administrativa en materia tributaria son instrumentos imprescindibles para potenciar e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y tener un respaldo democrático de la actuación tributaria.
Por otra parte, considera imprescindible avanzar en la simplificación del sistema tributario, reforzando las actuaciones de información y asistencia al contribuyente, y explica a continuación los principios esenciales en torno a los que se debe orientar la labor de la administración tributaria. A continuación pasa a analizar el contenido del proyecto en sus campos de actuación: los derechos y las garantías.
Asimismo se refiere a las modificaciones que existen en algunos aspectos del proyecto de ley, entre los que destaca el artículo 8, en materia de información y asistencia al contribuyente; el artículo 9.10, la equiparación de los intereses de demora; el artículo 10, con el abono automático de intereses; el artículo 24, que reduce los plazos de prescripción; el artículo 10, con la reducción del plazo de las devoluciones de oficio en un mes, y el artículo

Página 3269


11, respecto al reembolso de costes de los avales y otras garantías.
También hace mención, desde el punto de vista de los derechos generales del contribuyente, a que éstos tendrán derecho a conocer el estado de tramitación en que se encuentran los procedimientos de la gestión tributaria, a conocer la identidad de los responsables de la tramitación de los procedimientos, a solicitar que se les expida certificación de las declaraciones tributarias que hubieran presentado y a presentar los documentos en la lengua cooficial de su comunidad, así como a solicitar que les sean traducidos los documentos que expida la Administración.
Considera de especial importancia desde el punto de vista político, la publicidad de los planes de inspección, que garantizan que la actuación inspectora se ajuste a criterios transparentes, facilitando así su control.
Concluye su intervención manifestando que con este proyecto de ley, para el que pide la aprobación de la Cámara, se da un paso definitivo que implica un serio compromiso para la administración tributaria en la mejora de las relaciones con el contribuyente, lo que sin duda redundará en beneficio de un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias.
En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) interviene el señor Zabalía Lezamiz. Empieza su intervención manifestando que quiere dejar bien claro que no se oponen a regular los derechos y garantías que deben asistir a los contribuyentes, pero considera que el proyecto de ley que presenta el Gobierno carece del contenido mínimo necesario para ostentar el título de ley de derechos y garantías del contribuyente o de estatuto del contribuyente, y añade que, a su modo de ver, es una copia literal de los derechos que con carácter de regulación básica se encuentran recogidos en la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se pregunta si este proyecto de ley, en realidad, es necesario y entiende, según lo que se dice en la exposición de motivos, que se trata más bien de un parche de carácter transitorio a la Ley General Tributaria.
Por otra parte resalta la uniformidad obligatoria para todas las haciendas, sin respetar las iniciativas que las comunidades hayan podido adoptar en esta materia. En este sentido, considera que el Gobierno debería limitarse a establecer unas reglas mínimas de juego, y expone las materias en las que, sin embargo, echa en falta el compromiso del Gobierno. Admite que el proyecto de ley contiene algunas mejoras, pero las considera tímidas, por lo que su grupo ha presentado la enmienda de totalidad.
En defensa de la enmienda a la totalidad presentada por Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Saura Laporta, quien suscribe practicamente la totalidad de la primera parte de la intervención del señor Zabalía, y plantea sus dudas sobre si no se estará ante un juicio de artificio que lleva al señor Rato a presentar el proyecto con gran satisfacción. Está de acuerdo en que se ha de aumentar los derechos y las garantías de los contribuyentes, pero estima que ha de hacerse con otro procedimiento, con otro instrumento legislativo y con otro contenido.
Por otra parte, resalta que su grupo no comparte el diagnóstico que hace el Gobierno sobre el sistema tributario español en el sentido de que éste es asfixiante para el contribuyente y no tiene las suficientes garantías.
Para su grupo el principal problema del sistema tributario español es la progresiva y acelerada pérdida de equidad del mismo. Considera que, por lo tanto, a cada uno de estos diagnósticos responden políticas distintas y no se puede hablar de derechos y garantías de los contribuyentes sin hablar simultáneamente de las potestades públicas de la administración tributaria y establecer con la máxima claridad posible qué relación se establece entre derechos y obligaciones.
En turno en contra de las enmiendas a la totalidad interviene el señor Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica intervienen los señores Zabalía Lezamiz y Saura Laporta, duplicando el señor Cabrera Pérez-Camacho.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley y de proposiciones de ley (Página 3321)

Proyecto de ley del Gobierno (Página 3321)

Proposición de ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias (Página 3321)

El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno del proyecto de ley del Gobierno, que es aprobado por asentimiento.


Página 3270


El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno de la proposición de ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se aprueba por asentimiento.


Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (continuación) (Página 3321)

Sometidas a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, se rechazan por 20 votos a favor, 159 en contra y 120 abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 3321)

Proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes (Página 3321)

El señor Presidente somete a la Cámara la avocación por el Pleno del proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, que se aprueba por asentimiento.


Se levanta la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de Registro 16493)

Se da por decaído y se retira el dictamen, al no haber sido distribuido en tiempo y forma.


Continúa la sesión con carácter público.


ENMIENDAS DEL SENADO:

-- PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO (Número de expediente 121/000001)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día, enmiendas del Senado.
Enmiendas al proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado.
¿Qué grupos desean fijar posición sobre las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de acuerdo con lo que se señala en el artículo 121 del Reglamento de esta Cámara, intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en relación con el proyecto de ley Lofage.
Aceptamos el texto remitido y aprobado por la Cámara Alta por lo que supone de avance en la construcción del mapa administrativo público del Estado español y por seguir los principios que se señalan en el artículo 103 de la Constitución española, aunque consideramos que, como toda obra humana, es mejorable, máxime cuando tenemos una Administración y unos administrados que necesitan acercarse mucho más cada vez.
Lo aprobamos también por respeto a las autonomías, cuando se trata de la Administración central periférica. Concretamente, en el Estatuto de Canarias, aprobado por este Parlamento en diciembre último, se acordó que la sede del Parlamento de Canarias, como órgano legislativo del Archipiélago, se estableciera en Santa Cruz de Tenerife, y la sede del delegado del Gobierno central en Las Palmas de Gran Canaria. Ello consagra un equilibrio institucional que es necesario mantener a toda costa, en un territorio fragmentado en siete islas y con la peculiaridad de una capitalidad compartida, ya que hay que defender y apoyar la idea de un solo gobierno regional, de una sola autonomía, porque somos un solo pueblo.
Pues bien, en esta ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, como hemos sabido, se señala que habrá un delegado del Gobierno y subdelegados del Gobierno en las provincias.
En las comunidades archipielágicas, habrá además directores insulares, salvo en aquellas islas en las que haya subdelegado; también se debía consignar donde haya delegados.
Los delegados del Gobierno representan al Gobierno central en el territorio de las comunidades autónomas, ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración general y sus organismos públicos, dependiendo en unos casos del Ministerio de Administraciones Públicas y en otros del Ministerio de Interior. El delegado del Gobierno nombra a los subdelegados del Gobierno en las provincias, siendo su superior

Página 3271


jerárquico, y les asigna competencias para organizar la estructura y la relación con otras administraciones territoriales. Al mismo tiempo, se crea en cada una de las comunidades autónomas pluriprovinciales una comisión territorial presidida por dichos delegados del Gobierno.
Lamentamos, señorías, que no hayan prosperado en la Cámara Alta las enmiendas que se presentaron para que, en el caso del archipiélago canario, en la isla donde resida el delegado del Gobierno, no coincida con un subdelegado del Gobierno y menos con un director insular. Razones de economía presupuestaria y razones de economía de problemas aconsejarían que se hubiesen recogido estas enmiendas del Grupo Mixto.
Actualmente, en Las Palmas de Gran Canaria hay un delegado del Gobierno para todo el Archipiélago y no hay gobernador civil provincial. Por otro lado, es curioso señalar que en cada una de las islas, donde hay una institución administrativa de tanto señorío como son los cabildos insulares, hay una representación parlamentaria, por isla, como es el Senador, y por provincias, como somos nosotros, los Diputados. Pero es curioso que donde hay una administración local, donde hay una administración parlamentaria, no hay una administración estatal administrativa. Es posible que no existan directores insulares en alguna de las islas, porque ello dependerá de la decisión del jefe supremo, que será el delegado del Gobierno.
Apoyamos asimismo, señorías, las correcciones ortográficas, sintácticas y terminológicas de este proyecto de ley. Por tanto, votaremos favorablemente su contenido.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Estamos, por fin, señorías, en el trámite final de la aprobación de la ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, adecuando ésta a los principios constitucionales, recogidos fundamentalmente en el artículo 103 de la Constitución, e introduciendo, en su actuar, la adecuación a la estructura de un Estado que se define como autonómico, tras diecisiete años de aprobación del texto constitucional.
Después de repasar detenidamente las enmiendas del Senado a la ley, la verdad es que hay poco que decir. En su inmensa mayoría son correcciones tipográficas o de estilo; las demás son correcciones de técnica legislativa, en muchos casos sugeridas por los propios servicios jurídicos de la Cámara, o de ajuste con la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, o adecuación a otras leyes.
Por tanto, sólo nos cabría reiterar lo ya expuesto en su trámite en el Congreso y resaltar que, aunque el juicio general que nos merece la ley es favorable, apenas se han corregido los defectos apuntados en su momento, lo cual habría atenuado la perspectiva demasiado estatalista, a nuestro juicio, que se percibe en su articulado y a lo que se dirigía buena parte de nuestras enmiendas.
Se comprueba nuevamente el escaso valor añadido que el bicameralismo existente aporta a la labor legislativa y, sobre todo, a la expresión de los planteamientos autonómicos. Queda ahora en el aire en qué se concretará la eterna apelación a la reforma de la Administración periférica y permanecen inéditas, por último, las posibilidades racionalizadoras y descentralizadoras que permitirían un uso inteligente y generoso del mecanismo previsto al artículo 150.2 del texto constitucional, una vía que podría, y podrá, solventar dificultades de gestión, solapamientos de servicios y necesidades teóricas o reales de coordinación.
Con estos apuntes, nuestro voto será favorable a la totalidad de lo que se ha aprobado por el Senado.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señorías, en nombre del Grup Parlamentari Català expreso nuestra satisfacción por la aprobación de la ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, proyecto que en los diversos trámites de estudio y enmiendas en el Congreso y en el Senado ha asumido notables mejoras en la exposición de motivos y en el articulado.
Nos parece adecuado despedir las últimas enmiendas y con ellas el proyecto con unos apuntes sobre los aspectos más relevantes, a nuestro parecer, de la crónica de este proceso.
Como ustedes saben, los principios constitucionales de 1978 sobre la organización territorial del Estado español impusieron un proceso, todavía no cerrado, de redistribución de poderes normativos y ejecutivos entre los diversos niveles de dicha organización y comportaron un cambio sustancial, cuantitativo y cualitativo, en las funciones de la Administración general del Estado y las administraciones autonómicas, que obligaba a la redefinición del cometido genérico de ambas y a reformar la estructura de la llamada administración periférica del Estado.
Para entender en su extensión el avance que en la cultura administrativa de este país comprende el proyecto, debemos remontarnos a una historia cuyo punto de partida se encuentra en la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812, que trató ya de impulsar la modernización y reforma de las estructuras del Estado, basado en los principios del centralismo liberal,

Página 3272


concretándolo en la división provincial y la regulación de los subdelegados.
El modelo fracasó prontamente y las guerras carlistas de la época y la tensión política lo derivaron en seguida hacia el centralismo represivo que tenía como única finalidad la garantía, aunque fuera recurriendo a la fuerza, del orden público y la unidad, llamada patriótica, del territorio del Estado.
El 28 de diciembre de 1849 se reguló normativamente por vez primera la figura del gobernador civil provincial, cuyas características dominantes se mantendrían hasta hoy: un órgano de control electoral, el garante del orden público, fiscalizador y que actuó de hecho durante casi toda su historia sometido a la autoridad militar. Una figura que, nacida de los principios centralistas liberales, se convirtió en la encarnación del centralismo represivo, de especial significación en Cataluña.
A su vez, la Administración consolidó el mítico centralismo y conllevó a un crecimiento desmesurado y sostenido de la Administración periférica, que jamás se tradujo en un interés legislador que lo encauzara.
Estas seguían siendo las notas dominantes del paisaje de la Administración en 1978 y, sorprendentemente, las primeras medidas reformistas postconstitucionales de los años ochenta y ochenta y tres para adecuar la Administración periférica al nuevo Estado compuesto no fueron una reforma de progreso, sino la consolidación de la organización existente. Se creó la figura del delegado del Gobierno, de acuerdo con el artículo 154 de la Constitución, y se reforzó, a su vez, la figura del gobernador civil, manteniendo la ostentación, con esta expresión, del Gobierno, de poder llevar un banderín, de recibir honores militares, etcétera, cuando todo el mundo sabe, o debería saber, que la palabra ostentar significa mostrar algo con lujo y boato. Esta era la figura del gobernador civil. Se convirtió así también la dirección de la Administración periférica en una dirección bicéfala e incapaz.
Pero la Constitución había dejado un amplio horizonte a soluciones organizativas, que nunca fueron abordadas hasta hoy. La novedad normativa era el artículo 154 y la creación de la figura del delegado del Gobierno, con escasos antecedentes que sólo hallamos en el proyecto de Constitución republicana de 1873, en la Constitución de la Segunda República y en los Estatutos de Autonomía, del año 1932, de Cataluña, y del año 1933, del País Vasco.
El impulso decisivo para la formalización del proyecto de hoy se encuentra en el acuerdo 11 del pacto de gobernabilidad suscrito entre el Partido Popular y Convergència i Unió, que establecía que el Gobierno remitiría a las Cortes un proyecto de ley de reforma de la Administración general del Estado, que adaptaría la Administración periférica a las exigencias del Estado autonómico, que eliminaría posibles dualidades y que desaparecería la figura del gobernador civil.
El proyecto de ley que hoy se aprueba responde a estos dos planteamientos de manera razonable, pero satisfactoriamente desigual. Por lo que respecta al concepto de Administración única, se entiende como el principio de simplificación, y en este sentido el proyecto es todavía tímido, aunque también entendemos que inicia un camino posible, enmarcado en el proceso todavía inacabado de la distribución de competencias y en la exigencia cultural administrativa del pasado.
La desaparición de la figura del gobernador civil formaba parte del pacto, pero también de la racionalidad organizativa. Es pedagógico recordar que hoy desaparece una figura que encarnó durante casi 150 años el centralismo represivo, de manera significativa en Cataluña, y ya la Generalitat republicana, por decreto, en 1934, dispuso su cese. Una figura cuyo componente fue patente durante la dictadura franquista, en la que se centró en tareas de orden público, de control sobre los entes locales y de control político, que se reforzó al convertirse en jefe provincial de la FET y de las JONS. Por ello, su desaparición tiene para mi grupo un valor simbólico político.
El diagnóstico de nuestro grupo sobre la bondad del proyecto es positivo y también esperanzado, porque la Lofage orienta firmemente la acción de la Administración general del Estado en su actividad territorial a superar el pasado centralista, a eliminar los restos escenográficos y ostentosos, a nuevos progresos en racionalidad administrativa y a la búsqueda de una gestión simplificada y masificada.
Desde mi grupo, estaremos atentos al desarrollo de la ley, en especial a la concreción del tipo de servicios que se integran o no en la estructura de la delegación del Gobierno, que esperamos que será coherente y significativa. Seguiremos también con atención que, una vez roto el molde de la Administración centralista, no se mantengan en pie, en la Administración periférica, sus copias.
Nos sentimos, pues, razonablemente satisfechos y adaptamos hoy nuestros deseos, que son más amplios, a las posibilidades que la Lofage ofrece, pero, a la vez, proseguiremos impulsando un mayor cambio, porque mi gobierno quiere --ya que tiene la capacidad, la voluntad y no sólo la aspiración-- administrar en solitario o participar en la administración de otros espacios públicos de la Administración general del Estado con incidencia y actividad en Cataluña o de aquellos que en el exterior tratan asuntos de interés para mi país. Y proseguiremos, porque creemos firmemente que en el horizonte político, como hoy aquí se demuestra, las simples posibilidades, e incluso las aspiraciones que parecen utópicas, las de hoy, son sin duda alguna las realidades de mañana.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


Página 3273


Señorías, la Presidencia, para la mejor ordenación del debate y previsiones de SS.SS. para la ordenación a su vez de sus trabajos, quiere anunciar que las votaciones de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley las acumularemos a las de los siguientes proyectos y proposiciones que constituyen los puntos 36, 37 y 38 del orden del día y que cierran todas las enmiendas del Senado, de forma tal que las votaciones no se producirán antes de una hora.
Cuando quiera, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nos encontramos ante la discusión de las modificaciones que el Senado ha introducido a esta proposición de ley de organización de la Administración general del Estado. Por tanto, deberíamos referirnos, más que a la discusión general, que ya fue ampliamente discutida en su primera fase, a si es verdad que reducimos la Administración periférica o no; es decir, si hemos cambiado el hábito pero hemos dejado el mismo monje, porque en lugar de llamarle gobernador le llamamos subdelegado del Gobierno; si es verdad que le hemos quitado competencias o no; si es verdad que las hemos transferido o las vamos a transferir a otra administración como las comunidades autónomas o si de verdad vamos a fortalecer una organización del Estado de manera diferente.
Y permítanme SS.SS. que diga que la ley ha sido anunciada más a bombo y platillo que cambios sustanciales en realidad tiene. Quizá por las informaciones que hemos recibido de cómo va a producirse el desarrollo de esos plazos de seis meses de reducción, de reubicación de las competencias, y de funcionamiento mínimo de la Administración periférica, un Estado que aquí llamamos de las autonomías, hay presidentes de comunidades autónomas que dicen que el Estado de las autonomía no coloca bien a no sé qué parte del Estado, aunque este es un problema constitucional y cada uno debe verse bien ubicado, pero no quería referirme a eso. Queremos saber si una ordenación del Estado debe referirse a una fuerte Administración central en comunidades autónomas, una fuerte Administración en los municipios cercanos a los ciudadanos y un aparato administrativo del Estado federal más reducido en la ordenación territorial, es decir, menos peso territorial de directores provinciales, menos peso territorial de los gobernadores o delegados o subdelegados del Gobierno; si eso es verdad que se concreta. Además de esto, la ley llevaba --por eso, permítanme SS.SS. que me centre más en esta parte-- una especie de simplificación, de reordenación, de reducción de organismos autónomos y comerciales del Estado. La verdad es que nosotros éramos optimistas ante la propuesta y, sin embargo, la organización definitiva no nos parece tan feliz.
Me voy a referir a tres bloques de enmiendas que se han introducido en el Senado. El Senado sigue siendo una buena Cámara de revisión de nuestras declaraciones; corrigen las mayúsculas y minúsculas y algunas otras cosas, hay un porcentaje de enmiendas que suponen el desarrollo de un trabajo importante. Pero hay algunas apreciaciones que afectan a algunas de las discusiones que mantenemos aquí. La primera parte de la Lofage habla de la organización del Gobierno, de los ministros, de los vicepresidentes, cosas que están a medio camino entre la ley de Gobierno, que discutiremos próximamente, y esta ley. El Senado, en el artículo 12, de los ministros, ha añadido una enmienda por la que declaran como potestad reglamentaria incluida en la legislación reguladora del propio Gobierno --en la que hagamos después-- esa capacidad normativa o reglamentaria de los ministros. De acuerdo, pero es que la ley que han presentado en la Cámara incluye también a los ministros sin cartera. ¿Los ministros sin cartera también van a tener capacidad reglamentaria? ¿Sobre qué? Hay ciertas contradicciones en lo que debe ser la organización legal, por eso decíamos que hubiera sido bueno tramitar las dos leyes juntas y, así, haber evitado estas pequeñas contradicciones que pueden derivarnos de una ley a otra.
Permítanme SS.SS. que ahora haga referencia a las enmiendas que, desde nuestro punto de vista, no son positivas. La primera es, más o menos, contradictoria con la ordenación y está referida a la Administración periférica. El Senado, para Canarias y Baleares, ha añadido una estructuración de la presencia territorial del Estado aún más farragosa de la que hicimos aquí. Según esta estructuración, el Estado tendrá delegado del Gobierno, subdelegado del Gobierno en cada isla y, en las islas como Tenerife y Gran Canaria, además de Subdelegado, tendrán el otro subdelegado insular. ¿Las competencias están en los cabildos, en la comunidad autónoma, o este aparato es más descentralizador? Bajo mi punto de vista no es más descentralizador, sino más controlador, so pena de que estemos pensando en las personas que van a ocupar esos cargos; es decir, que estemos pensando que así hay un abanico más grande para colocar a unas cuantas personas. Si es así, tendremos más empleados de nombramiento, lo que es una buena medida para los que tengan capacidad para nombrar a personas para estos puestos.
También quiero referirme a algunas enmiendas que se nos rechazaron en el Congreso y que han sido recogidas en el Senado; por ejemplo, enmiendas nuestras al artículo 31, sobre las delegaciones y subdelegaciones, en las que se decía que el número de áreas se debería fijar en atención a los distintos sectores orgánicamente similares, con una estructura que suponga un funcionamiento mejor. Aquí se rechazó y en el Senado se ha añadido; es positivo.
Por último, señor Presidente, vamos a referirnos a las enmiendas dirigidas a estos organismos autónomos.


Página 3274


En las enmiendas del Senado hay una parte positiva, añaden algo bueno, de forma que la modificación, creación o refundición de estos organismos --parece que es una cosa rara, pero son organismos que funcionan como Correos u otras actuaciones de la Administración-- se va a hacer por medio de ley, aunque luego se deja una puerta abierta y, en caso de que no se cambien los fines ni algunas cosas sustanciales, se podrá hacer por decreto-ley. Finalmente, dice que algunas cosas se podrán matizar por orden ministerial. En todo caso, hay que decir que estas enmiendas del Senado mejoran lo que aquí aprobamos, que todavía era más farragoso.
Permítanme que me refiera a la parte final, en la que vienen a plantear una modificación sustancial de la organización del régimen específico de determinados organismos públicos. El Senado ha ido más allá en lo que aquí fue un pacto, un consenso entre todos los grupos para definir la actuación de Correos y Telégrafos. El Senado ha añadido que el organismo autónomo de Correos y Telégrafos tendrá la condición de entidad pública empresarial. Mal camino lleva esto, y lo digo porque huele a que pueden ir a actuaciones por áreas para privatizar Correos. Si esto es así, tendríamos que tener la valentía, la gallardía de decirlo claramente; negociarlo y discutirlo con los agentes sociales, no vaya a ser que, a hurtadillas, estemos cambiando sustancialmente la relación con un cuerpo con un funcionamiento y una organización del propio Estado. Creo que el Senado, en este punto --nosotros vamos a pedir votación separada--, ha empeorado el proyecto del Gobierno.
En suma, este trámite del Senado ha añadido confusión y una ordenación más farragosa a algo que era más bien una declaración de intenciones que una voluntad decidida, por lo menos desde nuestro punto de vista, de simplificar la organización del Estado y facilitar su funcionamiento.
Señorías, lo público es bueno en la medida en que es útil y funciona bien, al igual que lo privado. El antagonismo entre lo público y lo privado es una falacia que no nos llevará a buen camino, y en los organismos públicos y comerciales esa voluntad que se plantea por parte del Gobierno o por los grupos mayoritarios que le apoyan nos puede llevar a conflictos, porque se está imponiendo por ley y no negociando y discutiendo con todos los agentes sociales y con las propias fuerzas políticas.
En todo caso, espero que el desarrollo de la ley sea acorde con lo que aquí se pone y veamos de verdad concretada en seis meses la organización de la Administración periférica y en dos años este proceso de refundición de organismos públicos, sin que vaya en detrimento de la calidad de la prestación de los servicios para todos los ciudadanos de España.
Nada más, señorías. Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente, para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con las modificaciones introducidas por el Senado. Bien es cierto que algunas de las intervenciones que han precedido a ésta han pretendido incorporar un debate de carácter más general, creo que agotado ya en la discusión que mantuvimos en el Congreso. En todo caso, sí parece evidente que el poco tiempo que normalmente estas Cámaras dedican a la reflexión en torno a la propia Administración general del Estado, o el poco tiempo que han dedicado estos años en comparación con otras administraciones públicas, justifica plenamente esa incorporación.
Desde el punto de vista del Grupo Socialista, como es conocido, hemos mantenido el apoyo a buena parte de este proyecto de ley por razones de coherencia. Es verdad que la lectura final nos produce una cierta inquietud. Creo que al final el proyecto de ley tiene mucho más de organización que de funcionammiento de la propia Administración general del Estado, cuando seguramente la demanda ciudadana estaría más preocupada por una mejora del funcionamiento que de la propia organización, o por un cambio de modelo organizativo que, como se sabe, habitualmente suele acabar en aquella reflexión de que las cosas cambian, pero para que sigan básicamente lo mismo. Esperemos que en algunas cosas no sea así.
Vamos a votar en contra de algunas enmiendas que ha introducido el Senado y que son las que más nos preocupan, en concreto las referidas, en primer lugar, a todo el proceso que se avecina --respecto del que el Senado ha introducido alguna modificación, dejándolo en una posición mucho más compleja-- de adecuación de la actual Administración institucional a lo que a partir de ahora llamaremos organismos públicos, es decir, de organismos autónomos y entidades públicas empresariales. La verdad es que la ley ha dejado en este sentido farragoso y complejo el ámbito de lo que deben hacer el Gobierno y esta Cámara.
Nos preocupa la disposición relativa al nuevo estatus del organismo autónomo comercial, hasta este momento Correos, que se transforma en entidad pública empresarial. En eso coincidimos con el representante de Izquierda Unida, en tanto en cuanto esa podría ser la intención del Gobierno respecto de otros organismos autónomos de carácter comercial. En este punto nos preocupan, sobre todo, los organismos públicos de investigación. Hay un número importante que cumple una tarea fundamental, que necesita una naturaleza orgánica adecuada, y parece ser que su futuro puede estar en entredicho.


Página 3275


Desde el punto de vista de lo que ha sido la nueva construcción de la Administración periférica, hemos manifestado, señorías, que la racionalidad y la simplificación de la Administración periférica del Estado, valores que todos compartimos, no era incompatible con esa especie de actitud de repliegue de la representación del Estado que la mayoría de esta Cámara va a plasmar en la ley. Es más, creemos que seguramente no es una buena aportación, que el Estado debería tener una representación adecuada en el territorio y que eso nada tiene que ver ni con el centralismo ni con la represión, salvo que tenga que ver con el propio discurso estratégico político de cada grupo, sea nacionalista o no, que por cierto es muy legítimo.
Tampoco nos gusta cómo queda todo el entramado de la Administración periférica en relación con las islas, y nuestro voto en ese sentido también va a ser negativo.
En definitiva, señorías, creo que la intención de esta ley, cuando el Gobierno remitió el proyecto --proyecto que en su día ya fue remitido por el Gobierno anterior--, fue la de abrir una expectativa importante. Desde luego, en estos momentos tenemos alguna duda. Queremos seguir apuntándonos a la expectativa del horizonte en positivo, de cara a la reforma y a la racionalización de la Administración del Estado, pero queda un importantísimo trecho de desarrollo, que seguramente es donde el Grupo Popular y el Gobierno deberían tener una actitud algo más abierta al diálogo de la que han tenido en la tramitación del actual proyecto.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, señorías, concluimos hoy los debates parlamentarios a propósito de la ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
El día 3 de mayo, en el discurso de investidura, el candidato a Presidente de Gobierno se comprometió ante esta Cámara a remitir, en el plazo más breve posible, un proyecto de ley que regulase de forma armónica, de forma más racional y de forma más adecuada a lo que es la realidad del Estado autonómico la Administración General del Estado, dando cumplimiento al compromiso que adquiríamos en nuestro programa electoral de desarrollar y hacer efectivo el principio de Administración única.
En su comparecencia ante el Pleno de esta Cámara, el Ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy, también se comprometió a remitir este proyecto en muy breve plazo. Así se hizo y hoy, apenas diez meses más tarde, va a ser definitivamente aprobado, tras su tramitación por el Congreso y por el Senado.
En este punto he de decir que el proyecto de ley, tal y como fue remitido en su momento, ha sido mejorado en el trabajo parlamentario. De hecho, se aceptaron 89 enmiendas en el Congreso y 51 en el Senado, en total 140 enmiendas, habiéndose incorporado 14 enmiendas del Grupo Socialista, así como de Izquierda Unida, del Partido Nacionalista Vasco, de Convergència i Unió, Coalición Canaria y Eusko Alkartasuna. Algunas de estas enmiendas tenían ciertamente carácter técnico, pero otras tenían un sentido político, entre las cuales algunas habían recogido propuestas del Grupo Socialista. Con ello quiero resaltar el espíritu de apertura y diálogo que ha mantenido en todo momento el Grupo Parlamentario Popular en la tramitación de este proyecto de ley.
Resulta evidente que las enmiendas de gran calado político fueron debatidas en su momento precisamente en el Congreso, y algunas de ellas se incorporaron, por lo que no voy a volver a plantear cuestiones de fondo frente a lo que han hecho otros portavoces.
Las enmiendas del Senado tienen un carácter básicamente técnico, consiguen una mayor precisión en aras de mejorar no sólo la técnica legislativa, sino de dar una mayor claridad a los conceptos y a su aplicación en diversos extremos.
Voy a referirme a una enmienda a la cual anteriormente el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha hecho alusión. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso va a solicitar que se vuelva al texto originario aprobado en su momento en esta Cámara. Es la referida al artículo 12.2.a), en el que, a propósito de la potestad reglamentaria que pueden ejercer los ministros, se decía --y así figuraba en el texto aprobado en su momento por el Congreso de los Diputados-- que el ejercicio de esta potestad reglamentaria se llevaría a cabo de conformidad con lo que estableciera la legislación específica. El Senado, en un intento de precisar la legislación específica, lo ha circunscrito exclusivamente a la ley del Gobierno. Nosotros entendemos que la ley del Gobierno, que ciertamente regula la potestad reglamentaria, sin embargo no agota de una manera completa la regulación de esta materia. Por ello, tal y como he dicho, anuncio que, a propósito del artículo 12.2.a), nosotros solicitamos la vuelta al texto aprobado por el Congreso.
Los portavoces de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Socialista se han referido a la enmienda introducida en el Senado sobre el organismo autónomo Correos y Telégrafos. Decía que esta nueva configuración tiene su origen en la enmienda que tanto el Grupo Parlamentario Popular como Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya introdujeron en el Congreso, donde se trataba de garantizar el régimen jurídico aplicable al personal de este organismo autónomo. Ahora lo que se hace es definir, nada más y nada menos,

Página 3276


cuál es el futuro de este organismo autónomo. Es conocido por todos, señorías, que desde hace tiempo se está trabajando en la transformación del organismo Correos y Telégrafos, y es de dominio público que lo que se hace en la disposición adicional es adelantar, ganar el mayor tiempo posible a la hora de definir el marco jurídico adecuado que debe ser de aplicación a este organismo en el futuro. Entendemos que con la decisión que se ha tomado en el Senado de calificarlo como ente público empresarial lo que se hace es ganar tiempo, lo que se hace es calificarlo de forma correcta, de tal forma que ni siquiera los sindicatos se han opuesto a la nueva configuración. Se quiere y se apuesta por una entidad pública empresarial mucho más ágil, mucho más operativa y tratando de evitar que siga teniendo el déficit tan terrible que ha tenido hasta estos momentos y que pueda beneficiar a los 65.000 trabajadores que prestan sus servicios en este organismo público.
Quiero resaltar de una manera muy breve que con la aprobación de esta ley nosotros ponemos las bases para que tengamos una Administración más simplificada y mejor coordinada. Además de dejar sin efecto leyes del año 1957 o del año 1958, con las cuales parece que el anterior Gobierno estuvo ejerciendo su labor con cierta comodidad, nosotros hemos reflejado en esta ley no sólo una visión más constitucional, sino también más integradora y más armónica de lo que es la Administración general del Estado. Se regula en esta ley no sólo la Administración central, sino también la Administración periférica y la Administración institucional, al igual que la Administración general del Estado en el exterior, y todo ello de una forma armónica y sincronizada.
En cuanto a la primera, a la Administración central, se produce una delimitación muy clara de lo que son los altos cargos. En cuanto a la segunda, la Administración territorial, la reforma va a ser de gran envergadura: se potencia el único órgano previsto en la Constitución, las delegaciones de Gobierno, y se suprime la figura del delegado del Gobierno. Nosotros no nos fijamos en cómo actuaron en otro momento o cuál era su configuración. Lo que sí decimos es que en la realidad actual, en lo que es el Estado autonómico hoy en día, esta figura no tiene mucho futuro. En todo caso, en modo alguno se debilita por ello la presencia política del Estado, la representación del Estado. Se refuerza la presencia política del Estado en aquellos sitios donde existe más autonomía política, en las comunidades autónomas. Y donde existe más autonomía administrativa, lo que se hace es configurar los subdelegados como órganos con carácter más administrativo, pero sin que ello suponga un debilitamiento; por el contrario, se consigue un mayor reforzamiento de la representación política del Estado.
En cuanto a la Administración institucional, se pretende delimitar con mayor precisión la tipología de organismos públicos que ya se contemplan.
Simplemente --y con ello concluyo, señor Presidente--, me queda desear que se lleve pronto a cabo el desarrollo reglamentario y que la puesta en marcha de esta ley, de la Lofage, suponga lo que creo que todos los parlamentarios de esta Cámara deseamos, una Administración más eficaz al servicio de los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Medel.


-- PROPOSICION DE LEY SOBRE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL (Número de expediente 122/000002)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo a las enmiendas del Senado sobre el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, pasamos al debate sobre las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
¿Grupos que desean fijar su posición al respecto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, a la hora de valorar las enmiendas introducidas por el Senado, encontramos que, con respecto al texto inicial sobre el que presentamos las enmiendas, se ha incluido la facultad de inmovilización de vehículos cuando se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor, en referencia a los artículos 7.c, 38.4 y 70. El supuesto de inmovilización---entrecomillado-- no está recogido en el actual artículo 70 y creemos que puede tener inconvenientes en su interpretación. No se establecen criterios para determinar cuándo procede la inmovilización y cuándo la retirada; sólo se sabe que esta última, en caso de exceso horario, únicamente cabe cuando se rebase el doble de tiempo abonado, según la nueva redacción dada al artículo 71.1.e), de lo que se infiere que en los demás casos de exceso horario inferior, sólo cabrá la inmovilización. Pero en lo referente al otro supuesto, de no haberse provisto de título, creemos que la confusión que aporta el texto definitivo del Senado es grande.
La inmovilización puede ser una medida desproporcionada si no se justifica en la necesidad de salvaguardar algún otro valor constitucional. La inmovilización podría estar justificada si es una medida para la identificación

Página 3277


del infractor, pero esto no queda claro en la norma. La retirada, en cambio, sí encuentra justificación en la evitación de riesgos para la seguridad del tráfico y en la facultad que tienen las autoridades locales de intervenir en la más racional utilización del espacio público urbano, que es un fin público, un interés público justificante del sacrificio que la retirada supone.
Sí nos parece interesante la distinción que introduce la enmienda del Senado en el artículo 39 entre parar y estacionar. Aporta precisión, pues contempla la diferencia existente entre los conceptos parar y estacionar, diferencia referida al tiempo de la ocupación de la zona por el vehículo, e incluso a la finalidad de la misma.
Igualmente, nos merece un criterio favorable la diferencia que se ha establecido entre conducción negligente y conducción temeraria, que puede excluir el riesgo de bis in idem que habíamos apuntado durante la tramitación en el Congreso respecto al tipo penal establecido en el artículo 389.1 del Código Penal. La conducción negligente, sin más, sería entonces infracción administrativa grave, según el artículo 65.4.1º. La conducción negligente con riesgo para las personas sería también infracción administrativa, en este caso muy grave, según el artículo 65.4.1º en relación con el 65.5.1º. La conducción temeraria sin ese riesgo sería infracción muy grave, según el artículo 65.5.2, y la conducción manifiestamente temeraria con dicho riesgo sería entonces ilícito penal, según el artículo 381 del Código. Como se ve, puede establecerse la distinción entre las distintas tipificaciones, pero ello no resulta sencillo. En cualquier caso, parece que el principio de non bis in idem, que preocupaba a nuestro grupo, queda con esto salvado.
Por lo que hace a la ingesta de bebidas alcohólicas y otras sustancias, seguimos pensando lo que dijimos en las enmiendas, si bien la incorporación de la referencia a las tasas reglamentarias puede apoyar la tesis de que la infracción administrativa queda reservada a los supuestos de simple ingesta en límites superiores a los autorizados reglamentariamente, mientras que el tipo penal se aplicaría a los supuestos de influencia de las sustancias en la conducción, con independencia del dato objetivo de la tasa. En fin, se salva así, una vez más, el principio de non bis in idem, aunque se hace por los pelos y a costa de una gran imprecisión de los límites entre los dos ilícitos.
No se puede decir lo mismo respecto del incumplimiento de la obligación de someterse a los controles de alcoholemia o de otras sustancias. Aquí la afectación del principio aludido es clara, pero en esto no ha sido retocado el texto por el Senado y así salió del Congreso, por lo que ya es imposible cualquier alteración.
Nos parece correcto sustituir la expresión circulación, que figuraba en el texto del Congreso, por la de conducción, en el apartado d) del artículo 65.5.2º.a), porque permite remitir la autoría en relación con la materia de que se trata. Sin embargo, no vemos tan adecuada la referencia que se hace en relación con los estupefacientes y psicotropos, así como otras sustancias análogas, no exigiendo respecto de éstas la superación de tasas reglamentarias. Encontramos que esta técnica legislativa es defectuosa, porque no se trata de sancionar en esta norma el consumo de drogas, sino de ver en qué medida puede alterar o afectar a la conducción su consumo. No confundamos las cosas. No estamos en el marco de una normativa contra la droga, sino ante una normativa que pretende la seguridad del tráfico y la protección de los valores y derechos en él implicados. Nos consuela el hecho de que se emplee la expresión: bajo los efectos, lo que puede llevar a pensar que se está hablando de alguna afectación de tales sustancias en la conducción.
Igualmente, nos parece que queda confusa, aunque es salvable, la redacción que se le ha dado al artículo 67.1, que parece consagrar la existencia de un bis in idem cuando establece que en los casos de concurrencia de sanción administrativa e inclusión en un ilícito penal, procederá la rebaja de la sanción administrativa si ésta no está incluida en ilícito penal. Esto nos parece que es consagrar por el legislador la posibilidad de la doble sanción. Sin embargo, tampoco haremos objeción a lo que se plasma, en el bien entendido supuesto de que el aplicador jurídico podrá entender que la rebaja que se hace respecto de los infractores lo es sólo para aquellos supuestos en los que definitivamente resulte que la conducta no es propia de las tipificadas en el Código Penal.
Por ello, a pesar de que el juicio que nos merece la nueva redacción que se da a la Ley de tráfico y seguridad vial en cuanto a la técnica legislativa no es excesivamente favorable, sí anuncio que mi grupo votará favorablemente las enmiendas, tal y como han sido enviadas a esta Cámara por el Senado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero manifestar nuestra satisfacción porque finalicemos la tramitación de una proposición de ley que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha merecido no solamente el consenso de la mayor parte de las fuerzas parlamentarias de esta Cámara, el consenso y el trabajo constructivo y positivo desde el ámbito legislativo del Senado y de los grupos parlamentarios del mismo, sino el enriquecimiento de sus contenidos con la participación, con la aportación, basada en la experiencia, pero también en la prudencia y en un anhelo de desarrollar la idea de autonomía

Página 3278


local, de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Esta proposición surge excitada por la propia Federación Española de Municipios y Provincias, y muy especialmente inspirada por el Ayuntamiento de Gijón, cuyos planteamientos fueron asumidos en el ámbito de la federación y fueron, además, impulsados por el Presidente de la Comisión de Circulación y Transportes, de la comisión especializada en estos temas en el ámbito de la citada Federación Española de Municipios y Provincias.
Ha habido aportaciones basadas en la experiencia de muchos alcaldes, de muchos munícipes españoles y el legislador ha sido permeable y ha sido también capaz de enriquecer y coordinar, desde el punto de vista técnico, las necesidades que se nos planteaban. Hemos logrado, desde el diálogo abierto y sereno, desde una reflexión conjunta, desde un planteamiento positivo que quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios, un amplio nivel de consenso que hoy hace que sea realidad la aprobación de una disposición legislativa que quisiera resaltar en cuanto a sus características.
¿Cuál es la principal virtualidad o el principal componente de esta proposición en cuanto a su contenido? Ni más ni menos que algo tan importante y tan necesario de desarrollo como es el concepto de autonomía local. Esta proposición de ley tiene un contenido normativo que traslada a los ayuntamientos la responsabilidad política y la capacidad de regulación de aspectos claros que afectan no sólo a la seguridad vial sino a la ordenación de los espacios, a la lucha en la protección del medio ambiente urbano, a una regulación y a un uso más adecuado de los espacios y de las zonas de estacionamiento, desde el punto de vista municipal y urbano. Por tanto, en primer lugar es una ley que potencia, aclara y consolida algunas dudas, algunos cuestionamientos que se hacían por parte de los tribunales y desarrolla las previsiones de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, creando un espacio claro y cierto de autonomía local.
Cuando entre en vigor esta ley, los ciudadanos tienen que saber que la regulación y el uso, tanto del régimen de espacios de aparcamiento como de infracciones y sanciones, es competencia de los ayuntamientos. Los ayuntamientos deberán hacer un uso prudente de su competencia en las ordenanzas municipales y responder ante los ciudadanos del uso de esta competencia. Es una disposición que está basada en un principio fundamental, el principio de solidaridad cívica, el principio de la distribución de espacios de aparcamiento en el medio urbano; una disposición que potencia también la seguridad vial y la fluidez del tráfico; una adecuada ordenación de los aparcamientos desde la perspectiva municipal como competencia propia es una aportación fundamental también a la fluidez y a la seguridad vial. Es una disposición normativa que está inspirada en el derecho de los ciudadanos al uso peatonal de las ciudades y de nuestros pueblos. Es una disposición que, como toda disposición, tiene una proyección claramente medioambiental a la hora de ordenar el tráfico urbano. Está en la línea de garantizar un mejor ámbito, una mejor habitabilidad desde la óptica medioambiental de nuestras ciudades y municipios.
La proposición que hoy aprobamos ha sido enriquecida por el Senado. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente a todas las enmiendas que sugiere el Senado, porque enriquecen, ordenan, mejoran técnicamente y consiguen una mejor distribución sistemática de algunas de las disposiciones de la tipificación del régimen de infracciones y de sanciones. Esta proposición de ley no sólo se queda en el ámbito de la ordenación de espacios o de la regulación de la seguridad vial urbana, hace importantes aportaciones a la hora de regular un régimen de calificación y de tipificación de las infracciones mucho más adecuado de cómo venía hasta ahora recogido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Está basada en una preocupación común en la lucha, por ejemplo, contra la imprudencia y contra la conducción bajo los efectos de intoxicación alcohólica o de estupefacientes; en crear mecanismos que garanticen elementos de prevención, de prevención ante algo que constituye una gran preocupación de todos, de esta Cámara, del Grupo Parlamentario Socialista, cual es precisamente el alto índice de accidentalidad y de siniestralidad. Es una ley, por tanto, también de ordenación de seguridad vial y es una ley preventiva.


El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, le ruego concluya.


El señor CUESTA MARTINEZ: Quisiera finalizar, señor Presidente, señorías, diciendo que con esta ley no se acaban de resolver todos los problemas.
Potenciamos un concepto de autonomía local. Los ayuntamientos tienen ahora que regular, por ordenanza municipal de tráfico y circulación, aspectos que se les reconoce como competencia en esta proposición de ley, y deben hacerlo desde lo que es la voluntad del legislador y de esta Cámara. Esta ley no está hecha con mentalidad represiva. Esta ley no es una ley fiscal. Los ayuntamientos no deben ver en esta ley un instrumento de recaudación fiscal. Esta es una ley de ordenación del tráfico, de solidaridad, de reparto de espacios, de mejora de la habitabilidad y la accesibilidad del medio urbano. Por tanto, debe ser desarrollada, aplicada desde la responsabilidad, desde la proporcionalidad, desde la racionalidad y, sobre todo, desde el diálogo democrático, combinando y recogiendo todos los intereses: los del conductor, los del usuario, los del peatón, los intereses de toda la colectividad, que es hacia quien va dirigida esta proposición de ley que hoy aprobamos. Y anuncio, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que es para nosotros una satisfacción y,

Página 3279


sobre todo, queremos constatar nuestra coincidencia con las enmiendas que mejoran el texto por parte del Senado, nuestra coincidencia, repito, con muchas de las aportaciones que se han hecho en este debate, nuestra plena convicción de la constitucionalidad también de esta disposición y, sobre todo, nuestra satisfacción por haber logrado un alto nivel de consenso.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Seco.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, concluimos en el día de hoy la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de reforma parcial del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto-legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con la consideración de las enmiendas introducidas por el Senado.
Como ya se ha dicho, se trata de una reforma parcial de una iniciativa parlamentaria cuyo objeto lo constituye la reforma parcial de la ley de tráfico. No se ha pretendido, en consecuencia, una reforma global y en profundidad de la misma, sino sólo atender, mediante la revisión de parte de su contenido, a una serie de aspiraciones sentidas desde finales de 1995 por la Federación Española de Municipios y Provincias y puesta de manifiesto también en los debates mantenidos en el seno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de la Dirección General de Tráfico; aspiraciones que han sido recogidas por todos los grupos con un alto grado de consenso. Por esta razón, el contenido de la reforma es limitado, sin perjuicio de la trascendencia de la misma, a la que luego haremos referencia.
En orden a las cuestiones de fondo de la reforma parcial, las modificaciones concretas afectan, en primer lugar, a la especificación en la ley de la competencia de los ayuntamientos para establecer, mediante ordenanza municipal de circulación, la regulación de los estacionamientos de vehículos, así como la posibilidad de establecer limitaciones horarias o temporales al estacionamiento de vehículos en las vías urbanas. Afecta, en segundo lugar, al régimen de estacionamiento y parada de vehículos; en tercer lugar, al régimen de infracciones a la ley y las sanciones correspondientes, dándole, como ya se ha dicho, una mejor y mayor sistemática; y, en cuarto lugar, al régimen de inmovilización y retirada de vehículos de las vías urbanas y al régimen de retirada de vehículos de las vías interurbanas.
Por otra parte, subyace en esta reforma la voluntad de perfeccionar nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico en esta materia, con la finalidad de acabar con las contradictorias resoluciones judiciales que se han venido produciendo en la interpretación de las normas reguladoras de las competencias municipales en materia de tráfico y estacionamiento, cumpliendo de este modo, además, el compromiso contraído en los debates del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial de abordar las modificaciones normativas precisas para reforzar la autoridad municipal y sus competencias en esta materia.
En cuanto a las modificaciones introducidas por el Senado al texto de esta proposición de ley, debo comenzar mostrando la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por el trabajo desarrollado por el Senado, donde se presentaron 24 enmiendas al texto habiendo ampliado de seis a nueve los artículos de la ley de tráfico modificados a lo largo de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que debatimos.
No voy a entrar en el detalle de las enmiendas introducidas por el Senado, que tan brillantemente han realizado la señora Uría y el señor Cuesta, pero sí quiero decir que, en definitiva, se trata de modificaciones que vienen a enriquecer el texto que salió de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados que vienen a mejorar, desde el punto de vista de técnica legislativa y de expresión lingüística, tanto el fondo como la forma de la proposición de ley de modificación que debatimos. En coherencia con ello anuncio el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas introducidas por el Senado.
Señor Presidente, señorías, somos conscientes de que aprobamos hoy una modificación de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que va a tener una gran importancia en orden a la efectividad del cumplimiento de las competencias municipales de ordenación del tráfico en nuestras ciudades, no en vano la declaración final de las primeras jornadas sobre estacionamiento en la vía pública celebradas en Toledo en octubre de 1996, bajo los auspicios de la Federación Española de Municipios y Provincias, concluía que es necesario adoptar sistemas de regulación de estacionamientos en los centros de las ciudades para ordenar racionalmente la circulación y mejorar la calidad de vida y el hábitat de los ciudadanos, excluyendo cualquier afán recaudatorio, en aras de compatibilizar el uso y disfrute de los servicios ciudadanos con el libre ejercicio de sus derechos cívicos, para de esta manera garantizar una mayor aceptación por todos los usuarios de los sistemas de regulación de tráfico y estacionamiento de vehículos.
Dicho de otro modo, la ordenación del tráfico urbano adquiere en nuestros días una nueva y muy relevante dimensión pública, pudiendo afirmarse, sin caer en exageraciones, que la correcta regulación del tráfico influye no sólo en la libre circulación de vehículos y personas, sino también en el efectivo ejercicio de otros derechos como el acceso al puesto de trabajo o el disfrute de servicios tan esenciales como los sanitarios, los educativos o los culturales, sin excluir, desde

Página 3280


luego, su íntima relación con el medio ambiente urbano y con la defensa del patrimonio histórico-artístico amenazados uno y otro por diversas agresiones que tienen su origen, precisamente, en el tráfico urbano.
Por esta razón no debe considerarse casual que la Unión Europea, en el libro verde sobre el medio ambiente urbano, defienda medidas como la que esta proposición de ley regula en el sentido de ser muy beneficiosas para la mejora de la calidad ambiental de nuestras ciudades, como consecuencia del efecto que origina la reducción de la circulación de vehículos privados en determinadas zonas de la ciudad, especialmente las de atmósfera más contaminada.
Concluyo, señor Presidente, señorías, señalando que el consenso ha sido la tónica dominante en todo el proceso de elaboración de esta reforma, pero que si hubo consenso previo en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial sobre la necesidad misma de la reforma y si ha habido un alto grado de consenso en la tramitación parlamentaria en ambas Cámaras de esta proposición de ley, debemos advertir, sin embargo, que el éxito futuro de esta reforma depende, en gran medida, de que las entidades, de que las instituciones encargadas del desarrollo y aplicación de los instrumentos que hoy les concedemos, es decir, los municipios, sean capaces de suscitar en torno a sí el necesario consenso social sobre la conveniencia, por las razones apuntadas, de la reforma de nuestro ordenamiento en materia de estacionamiento en nuestras ciudades.
Por eso, me va a permitir, señor Presidente, que termine esta intervención haciendo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, en general a todas las administraciones públicas y muy especialmente a las administraciones locales, en orden a buscar ese necesario consenso social que garantice la efectividad y el éxito de esta reforma.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.


-- PROPOSICION DE LEY SOBRE SOCIEDADES LABORALES (Número de expediente 122/000003)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las enmiendas a la proposición de ley sobre reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, pasamos al de las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre sociedades laborales.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria, por boca de este portavoz, manifiesta que entiende que el Senado ha introducido, en esta proposición de ley sobre sociedades laborales que nosotros en su día consideramos iniciativa parlamentaria muy afortunada y oportuna, una serie de enmiendas, y quitando aquéllas que son puramente de mejora técnica, gramatical y de coordinación de la sintaxis, voy a entrar fundamentalmente en las que merecen destacarse por el apoyo positivo que las daremos.
En primer lugar, que se hayan suprimido en su contexto general, señor Presidente, una serie de indefiniciones que introducían un principio de inseguridad jurídica inaceptable en todo proyecto de ley; por ejemplo, la enmienda que se introduce al párrafo sexto de la exposición de motivos, que se había mantenido en el texto que salió del Congreso, pese a nuestra enmienda al artículo 8, que se introdujo aquí, en el Congreso de los Diputados, con la expresión «registrador mercantil», que ahora se sustituye por «administradores».
Al artículo 1, punto 2,... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Continúe, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Creemos que la enmienda del Senado al punto 2 del artículo 1 es también muy afortunada, dado que añade un párrafo final --es enmienda de adición que complementa y perfecciona el texto del Congreso--, haciendo la previsión de obligar a la comunicación al Registro de Sociedades Laborales, para la autorización respectiva, de la superación del límite del número de horas trabajadas por los trabajadores no socios. Esto había quedado en un vacío que introducía, por tanto, un principio de inseguridad jurídica inaceptable.
La enmienda al punto 2 del artículo 2, señor Presidente, viene a resolver algo que quedó indeterminado en el texto del Congreso, pues da una nueva redacción y especifica concretamente el criterio de inscripción en el Registro de Sociedades Laborales como paso procedimental previo a la inscripción en el Registro Mercantil, lo cual no merma las competencias del Registro Mercantil, sino precisamente todo lo contrario.
La enmienda dirigida al párrafo primero del punto 3 del artículo 5, que lo suprimen del texto del Congreso, en verdad era innecesaria, sobre todo cuando ya se hacía una clarificación en el propio texto del Congreso del tipo de sociedades, con la mayoría de capital social, que aquí se especificaba claramente que debe pertenecer a los trabajadores que prestan en ellas sus servicios retribuidos.


Página 3281


Igual diríamos de la enmienda al punto 8 del artículo 7 y del nuevo punto 4 al artículo 15, que introduce algo que sí quiero destacar, señor Presidente, y que es la facultad de permitir a la junta que, cuando haya exclusión, a efecto de sanciones o participaciones de la clase laboral, fije libremente el importe de la prima. Esto, que ya lo tienen las sociedades anónimas como, por ejemplo, los bancos, y que lo vienen realizando con toda naturalidad en sus juntas generales de accionistas, proponiéndolo en el orden del día, era necesario que las sociedades laborales lo pudieran recoger.
En la enmienda al artículo 18 del título, era necesario suprimir la expresión «sanción», dado que se prestaba a la ambigüedad de interpretar si se estaba sancionando un hecho puramente administrativo o era una sanción punitiva.
En el artículo 21 del título creemos que es también muy acertada la enmienda del Senado, porque viene a hacer una corrección en la redacción que permite incluir y dejar claro que la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social es compatible con los demás regímenes especiales que procedan.
La supresión del título de la disposición final primera es concordante con estas enmiendas y, por tanto, también es acertada.
Por todas estas razones, señor Presidente, vamos a votar afirmativamente todas y cada una de las enmiendas que nos ha remitido el Senado a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a la proposición de ley de sociedades laborales porque entendemos que las 22 modificaciones que plantea el Senado a la proposición, tal y como salió del Congreso, introducen algunos cambios que no son sólo de mejora técnica o de estilo, sino que son sustantivos. Creemos que esta proposición de ley va a introducir una mejora global en las condiciones de inserción de colectivos de trabajadores autónomos o de trabajadores que puedan estar en el futuro en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que para nosotros es muy positivo. Por ello, a pesar de que hay cambios que podrían presentar elementos contradictorios con lo que en el Congreso se planteó y que modifican a la baja estas condiciones, nosotros creemos que, en términos generales, debemos apoyar esta proposición de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, llegamos al último trámite parlamentario de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre sociedades laborales, que fue tomada en consideración por la Cámara --como todas SS.SS. saben-- prácticamente por unanimidad. Nos proponíamos entonces una doble finalidad: por una parte, permitir que la forma societaria de sociedad de responsabilidad limitada pudiera ser adecuada para las sociedades laborales y, por otra, perfeccionar el régimen jurídico de las sociedades laborales, anónimas o de responsabilidad limitada, a la vista de la experiencia, ya larga --desde el año 1986--, en que se aprobó la Ley de Sociedades Anónimas Laborales.
Hoy podemos decir que el primer objetivo se ha cumplido --se permite la fórmula societaria de sociedad de responsabilidad limitada para las sociedades laborales--, pero ha sido, en gran medida, a costa de destrozar o arruinar una proposición de ley que en principio nos parecía buena. El derribo empezó en la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso, al aprobarse enmiendas que desnaturalizaban la sociedad laboral, gracias a los votos del Partido Popular y de su socio, Convergència i Unió. En el trámite del Senado, nosotros --el Grupo Parlamentario Socialista-- intentamos deshacer este entuerto, pero no se aceptaron nuestras enmiendas. Hoy, en gran parte, vamos a ver los despojos que quedan de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que todos aceptaron en la Cámara que era buena.
Como el Grupo Popular no entiende lo que es una sociedad laboral, posibilitan, por ejemplo, privilegios y discriminaciones y permiten que haya dividendos preferentes, trechos especiales en la cuota de liquidación, incluso el propio voto plural. ¡Ah!, eso sí, espectacular avance. Dicen: No será válida la creación de acciones de la clase laboral, privadas del derecho de voto (artículo 5.2.) ¡Faltaría más! Las sociedades laborales, que son el paradigma de la democracia industrial, que permiten o deben permitir la cohesión social, ¿cómo no iban a permitir que existiera el derecho de voto en cada una de las acciones y participaciones.? Dicen: no será válida la creación de acciones de la clase laboral privadas del derecho de voto. Pero empiezan ya las chapuzas. Como no se refieren a las participaciones, se refieren exclusivamente a las acciones, como se deduce del texto que viene del Senado, cabrían participaciones en el capital de una sociedad de responsabilidad limitada, privadas del derecho de voto. Analícenlo, porque nosotros, en este caso, presentaremos además las iniciativas parlamentarias correspondientes para eliminar esta chapuza.


Página 3282


La limitación del tiempo nos impide entrar a fondo en las enmiendas al artículo 5.3 y al artículo 6.3. En la enmienda al artículo 5.3, el Senado suprime el párrafo que dispone que las acciones o participaciones de la clase laboral deben representar cuando menos el 51 por ciento del capital social. Analizaremos esto después.
En relación con las limitaciones en la transmisión de acciones, es natural que existan para los socios trabajadores respecto a las acciones y participaciones de la clase laboral, sin embargo es contraproducente para el resto de los socios respecto a las acciones y participaciones de la clase general. ¿Por qué? La clase laboral implica trabajo compartido, mientras que la clase general implica financiación. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Si ponemos trabas a la transmisión de las acciones o participaciones generales, en definitiva estamos limitando la adquisición y por tanto la financiación de las sociedades laborales. Concuerda esto perfectamente con la línea del Partido Popular que considera marginal la economía social, reproduce sus enmiendas a la Ley de Cooperativas en materia tan importante como la figura del asociado, y concuerda también con la posibilidad permitida por el Partido Popular de que existan cláusulas estatutarias que prohiban la transmisión voluntaria de acciones y participaciones que nuestra proposición consideraba nulas.
Ya he dicho que hemos aprovechado la proposición de ley para mejorar el régimen jurídico de las sociedades laborales, resolviendo algunos problemas sobre encuadramiento en la Seguridad Social y sobre posibilidad de financiación, por ejemplo, a través de la exención en el IRPF de las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único, sometida esta exención a determinadas condiciones. Esto era un sistema de financiación de las sociedades laborales; sin embargo, esto fue rechazado por el Partido Popular, coherentemente con su posición ideológica.
Por otra parte, en relación ya al artículo 21 en materia de Seguridad Social de los socios trabajadores, había que resolver dos problemas. En primer lugar, evitar que los consejeros de administración estuvieran afiliados al régimen de autónomos; en segundo lugar, conseguir el acceso de los socios, al margen de determinadas interpretaciones judiciales, a las prestaciones por desempleo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, le ruego vaya concluyendo.


El señor ARNAU NAVARRO: Nuestra enmienda del Congreso resolvía ambos problemas, pero no se aceptó nuestra enmienda. ¿Cómo queda esto? Primero, el régimen de afiliación de la Seguridad Social de los socios trabajadores queda encuadrado en el sistema tributario de la proposición de ley, es decir, la ubicación material técnicamente es perfecta --sistema tributario-Seguridad Social--, pero, en segundo lugar, la lectura del artículo 21, tal y como viene redactado, después de la aceptación de la enmienda 53 del Partido Popular, provoca realmente hilaridad, es de risa. Dice el artículo 21 que todos los socios trabajadores de las sociedades laborales estarán afiliados al Régimen General de la Seguridad Social o a algunos de los regímenes especiales, según proceda. ¡Faltaría más que los trabajadores de una sociedad laboral no estuvieran afiliados o al régimen general o a uno de los regímenes especiales, según procediera! Pero, como he dicho, señorías, esto no resuelve los problemas.
Por si fuera poco, donde se carga ya realmente la naturaleza de la sociedad laboral es en los artículos 1 y 5. En la sociedad laboral la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores con contrato indefinido. Sobre estos trabajadores recae la obligación de sacar adelante la sociedad. De esto se deduce que hay que limitar o bien el número de trabajadores no socios, como hace la Ley de Sociedades Anónimas Laborales, o bien las horas que trabajan, como hace la proposición de ley, en función del número de horas que trabajan los socios.
Pero llega el Partido Popular y nos dice que esto no tiene ninguna importancia, que el límite está bien, pero que, si se incumple, tienen tres años para arreglarlo las sociedades laborales.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, termine, por favor.


El señor ARNAU NAVARRO: Termino en dos minutos, señor Presidente. El tema es importante y como se ha desnaturalizado, en gran medida, la proposición de ley, creo que la Cámara debe estar informada al respecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría sabe que todos los intervinientes han respetado el tiempo marcado por la Presidencia, por lo cual le ruego concluya en un plazo inmediato.


El señor ARNAU NAVARRO: Como en el Senado se les hizo ver que esto era un disparate, añaden una enmienda al artículo 1º que mantiene los tres años posibles de incumplimiento de este límite. Establecen que tiene que autorizarse, pero no se sabe por quién, ni cómo, ni cuándo. Ya lo dirá el reglamento. Otra chapuza en la proposición de ley.
No entro en el artículo 5º, porque me lo impide el Presidente. En todo caso, sepan SS.SS. que la aplicación de esta ley podría dar lugar a situaciones absolutamente disparatadas. Cabría que los asalariados no socios sean los que trabajen, los que llevan la carga del

Página 3283


trabajo; que los socios trabajadores dirijan trabajando menos; que un capitalista pudiera tener la mayoría del capital, al menos dentro de un año, que es el límite que se le otorga. ¿Qué prevalece: el artículo 1º o el artículo 5º de la proposición de ley? Podríamos enumerar un sinfín de situaciones, repito, disparatadas.
Y todo esto se produce, señorías del Partido Popular, porque ustedes no saben qué hacer con la economía social. O lo saben demasiado bien y abonan el terreno de la confusión para que, al final, confundido lo mercantil y lo social, indiferenciada la sociedad anónima mercantil de la sociedad anónima laboral, no exista motivo alguno para fomentar, por parte de los poderes públicos, la participación de los trabajadores en la empresa como ordena la Constitución. Es ahí donde les duele. Lo malo es que no sólo carecen de sentido social -al fin y al cabo, son ustedes la derecha-, sino que también en el terreno jurídico-técnico son ustedes unos auténticos chapuceros.
Ya me referiré otro día a la propuesta del Ministro Arenas, de mantenimiento del Infes, Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social. El Ministro Arenas decía el 1 de octubre ante el consejo del Infes: Hoy se institucionaliza la nueva etapa de este Instituto para el fomento de la economía social. Por ello, este Gobierno no sólo ha decidido mantener el Infes, sino potenciarlo, animando y propiciando las iniciativas que surjan de las organizaciones que hilvanan el tejido de la economía social en España. La nueva etapa del Infes tiene que reavivar la responsabilidad colectiva en el fomento de políticas activas de empleo.
Pues bien, no sólo se han cargado la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en gran medida, sino que también se han cargado el Infes. Esto lo decían el 1 de octubre. En los Presupuestos Generales del Estado redujeron su presupuesto en un 6 por ciento...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Y en el mes de febrero han acabado eliminando el Infes de la estructura presupuestaria y, sobre todo, de la parte importante que le incumbía en materia de promoción de la economía social y, en concreto, de las sociedades laborales.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Arnau.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor Presidente.
Iba a haber empleado dos palabras porque creía que estábamos en un debate de análisis de las enmiendas del Senado, pero, siguiendo los usos parlamentarios, siempre hay una interpretación amplia y, al final, se habla de esto y de lo que cada uno quiere.
En cuanto al debate concreto que me trae aquí como representante del Grupo Popular, voy a mostrar nuestra posición respecto a las 22 enmiendas que incorporó el Senado a la proposición de ley de sociedades laborales.
Como muy bien ha expuesto el señor Mardones, 18 son técnicas y tres suponen unas mejoras de fondo, como son las aludidas al artículo 2º.2, que implica que la inscripción en el registro de sociedades laborales es previa al mercantil y se clarifica una contradicción emanada del texto aprobado por el Congreso; la relativa a la adición de un punto 4 al artículo 15, sobre la exclusión del derecho de suscripción preferente; y la que se refiere al artículo 21, artículo introducido en una enmienda por el grupo al que me honro en representar, que resolvía una cuestión que la sensibilidad del Grupo Socialista no había recogido siquiera en su proposición de ley inicial, cual era el encuadramiento de los administradores de las sociedades laborales, problema que no generó este Gobierno y que no resolvió el anterior. Aquí se dice gratuitamente que nosotros derribamos la economía social, que no tenemos ninguna sensibilidad a la economía social y que la consideramos marginal, pero la verdad es que los hechos acreditan lo contrario.
La proposición de ley perseguía como primer objetivo --me permitirá el señor Presidente que haga esta digresión, obligada por las alusiones reiteradas del portavoz del Grupo Socialista-- la posibilidad de que las sociedades laborales pudieran adoptar la forma social de responsabilidad limitada, puesto que hasta entonces tan sólo tenían el instrumento de las sociedades anónimas laborales. Es una adecuación a la modificación general de la Ley de sociedades limitadas.
Pretendía también recoger algunas peculiaridades y propuestas de la economía social. Este grupo, en concordancia con la sensibilidad acreditada de todos los grupos de la Cámara porque no se va a arrogar ningún protagonismo que no hayan compartido las demás fuerzas aquí representadas a la hora de apoyar con medidas concretas a la economía social, este grupo, digo, ha introducido un artículo que resolvía un viejo contencioso reivindicado por la economía social, cual era que los administradores únicos, socios, trabajadores o miembros del consejo de administración pudieran estar afiliados al régimen general y no al régimen de autónomos, para poder en su caso ser beneficiarios del derecho de desempleo si debido al cierre de la empresa como trabajadores, y en su doble condición de líderes de esa empresa, tenían que recurrir a las prestaciones del Inem. Cuando se habla de la economía social y de las sociedades laborales hay que saber de qué se habla. Nos estamos refiriendo normalmente a pequeñas empresas con escasas plantillas, en las cuales el hecho de que los administradores o miembros del consejo tuvieran vedada la afiliación al régimen general

Página 3284


implicaba necesariamente un perjuicio en el debido liderazgo que esos trabajadores, haciendo horas extras, tienen que desempeñar para sacar adelante la gestión y la gerencia de su empresa.
Y aunque no debería venir al caso citado, diré que había otra cuestión, y es que, parcialmente al menos --hay que reconocer el mérito en un momento de rigor y austeridad presupuestaria--, en la ley de acompañamiento se recogió una exención de 500.000 pesetas a la capitalización de desempleo cuando se destinaba al fin legal de constituir una sociedad laboral o una cooperativa.
Pues bien, el Grupo Popular y la economía social han heredado esta cuestión, se ha aportado una solución parcial, haciendo un esfuerzo en este momento de penuria económica. Confiamos --lo digo públicamente-- que en el futuro se pueda resolver todavía mejor esta cuestión. Pero cuando se adoptan medidas que a lo largo del tiempo no se han aprobado; cuando se adoptan medidas que no venían incluidas en la proposición de ley inicial; cuando la propia proposición de ley al fin resulta enmendada por sus propios autores para corregir estas desviaciones, resulta inasumible, inadmisible, injusto y es incierto que se diga aquí que el Grupo Popular, el Partido Popular y el Gobierno no son defensores de la economía social, porque en este momento lo están haciendo tanto o mejor de lo que en el pasado se ha hecho. Animamos a que colaboren en todas las mejoras de aquellos errores que pueda haber. Estaremos atentos, seremos sensibles y reivindicaremos su colaboración, pero si nosotros reconocemos que han acertado en el planteamiento de la proposición, reconozcan ustedes las mejoras que hemos introducido, el esfuerzo que se ha hecho y las soluciones que ustedes en su día no proporcionaron a la economía social.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Azpiroz. (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) Señor Arnau, ¿con qué motivo solicita la palabra?

El señor ARNAU NAVARRO: Ha dicho el representante del Partido Popular que nosotros éramos los culpables de que los socios del consejo de administración estuvieran en el régimen especial de autónomos. No es así, ni mucho menos. Se me ha contradicho, aparte de que ya no me ha dejado usted hablar el tiempo correspondiente, ni siquiera los diez minutos...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Me permite, señor Arnau? Su señoría ha utilizado el doble del tiempo reglamentario.


El señor ARNAU NAVARRO: No el doble del tiempo reglamentario, sino el doble del tiempo que ha utilizado el resto de los grupos. (Un Diputado del Grupo Popular pronuncia palabras que no se perciben.-- El señor Yáñez-Barnuevo García: ¡Cállate tú, que habla el Presidente!)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, estaba hablando. No tiene usted el uso de la palabra. Permita que finalice mi intervención. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!

El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, si me permite, cuando he subido a la tribuna, el Presidente...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, no está en el uso de la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: ... me ha dicho que el resto de los intervinientes...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, le llamo al orden.
Su Señoría tendrá tiempo de intervenir cuando la Presidencia le dé la palabra. Permítame que finalice yo mi exposición.


El señor ARNAU NAVARRO: ¿Me da la palabra, entonces?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No.


El señor AGUIRIANO FORNIES: No es la primera vez que lo montas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Aguiriano, le llamo al orden.


Un señor DIPUTADO: ¡No hay desorden! (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Tienen SS.SS.
alguna otra expresión fuera del Reglamento? Señor Arnau, el señor Azpiroz ha utilizado su turno de fijación de posición con respecto a las enmiendas del Senado con las mismas características con que S.S. lo ha hecho. Por tanto, con la intervención del señor Azpiroz no se abre un posible turno de réplica, que es para lo que S.S. me solicitaba la palabra. En ese sentido, S.S. no tiene la palabra. Si a pesar de ello, quiere usted hacer alguna otra aclaración con respecto a la intervención que S.S. iniciaba sobre el tiempo concedido por la Presidencia y al tiempo utilizado por S.S., brevemente está en el uso de ella.


Página 3285


El señor ARNAU NAVARRO: En relación con el tiempo que me ha concedido el Presidente del Congreso, me ha comunicado, cuando yo he subido a la tribuna, que el resto de los intervinientes habían intervenido sólo durante tres minutos. Esto no marca mi intervención. El tiempo de mi intervención lo marca el Reglamento, como S.S. sabe perfectamente, que es de diez minutos.
En relación con la intervención del señor Azpiroz, le tengo que decir...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Arnau, no tiene usted la palabra para responder. (Rumores.) Señor Griñán, le ruego permita a la Presidencia, como mínimo, expresarse.
Señor Arnau, repito, no tiene usted la palabra para ninguna réplica posible al señor Azpiroz. Con respecto a los tiempos, señor Arnau, los decide la Presidencia y los comunica al principio de cada intervención.


El señor ARNAU NAVARRO: La Presidencia es voluble, según quién preside.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No tiene S.S. la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.


-- PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA (Número de expediente 122/000004)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Vamos a votar a favor de las tres enmiendas que nos remite el Senado a esta proposición de ley, que nace y tiene sus orígenes tanto en una iniciativa del Grupo Socialista,que apoyamos aquí todos los grupos, como de la moción que en el Senado presentaron en la pasada legislatura todos los grupos, a la que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado también apoyó con su voto afirmativo.
Las modificaciones en verdad son importantes, aunque sean solamente tres enmiendas. La ley quedará reducida a un solo artículo al suprimirse en el Senado el artículo 1º de la proposición de ley. Todo ello en razón a que las Cortes Generales votaron definitivamente el año pasado, en el mes de diciembre, la Ley 13/1996, sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social. Era ahí donde se recogió precisamente la recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
Eso justifica que la enmienda del Senado modifique el propio título de la proposición de ley, que pasa a llamarse sobre recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos. Es una pura concordancia con la Ley 13/1996, por lo que entendemos que la modificación es lógica, razonable, concordante y positiva y vamos a votar a favor de las tres enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente. El Grupo Vasco va a apoyar las enmiendas introducidas a esta proposición de ley en el Senado, sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez no contributivas. El Senado ha decidido modificar el texto aprobado en la Comisión de Política Social de esta Cámara y lo ha modificado al constatar que la Ley 13/1996, de medidas fiscales, ya había aprobado el contenido del artículo 1º, quedando reducida la proposición de ley al artículo 2º. Como consecuencia de esta modificación se ha alterado el título de la proposición de ley a iniciativa del Grupo Socialista, que diría, como consta en el informe de la Ponencia del Senado que fue aprobado por unanimidad: proposición de ley sobre recuperación automática del subsidio de garantía de ingresos mínimos y, por otra parte, también ha alterado, como conocen SS.SS., la exposición de motivos.
El Grupo de Nacionalistas Vascos en el Senado aprobó estas enmiendas y ahora el Grupo Vasco (PNV) del Congreso va a apoyar las enmiendas introducidas en el Senado a esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nosotros quisiéramos expresar nuestro reconocimiento a todos los grupos por haber apoyado esta proposición de ley, que formulamos en el pasado mes de junio y que traía su causa de otra proposición

Página 3286


aprobada por unanimidad en el Senado en la pasada legislatura.
Nos parece de especial justicia expresar nuestro reconocimiento, dentro del reconocimiento general, al Grupo Parlamentario Popular y también al Gobierno. Porque estamos gratamente sorprendidos de que ante una proposición del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular no nos ha regañado, no nos ha mandado callar y se ha limitado, de una forma razonable, a apoyar nuestra proposición. Pero no sólo eso, sino que el Gobierno ha sido tan diligente que el contenido de la proposición de ley ha entrado en vigor antes de la aprobación que vamos a realizar aquí, incluyendo el contenido básico en la ley de acompañamiento, es decir, que lo básico de nuestra proposición de ley está ya en vigor, señor Presidente.
Esta actitud tan racional y tan diligente hacia una proposición nuestra nos tiene sinceramente emocionados. (Rumores.). Tan emocionados que confío que esa emoción, señor Presidente, nos permita mantener la serenidad suficiente para atinar con el botón del voto positivo, que es el que se merecen estas enmiendas del Senado.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Barrionuevo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Procedo a fijar, en último lugar, como corresponde evidentemente al grupo mayoritario de esta Cámara, mal que les pese a algunos, el debate final sobre lo que fue en su día la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de recuperación de las prestaciones no contributivas de las pensiones de invalidez en materia no contributiva. Un proyecto de ley que, en efecto, va a contar con el consenso de toda la Cámara y que demuestra bien a las claras --y la intervención del señor Barrionuevo así lo ha puesto de manifiesto-- que éste es un Gobierno y un grupo parlamentario que lo apoya consciente de los problemas que atañen a colectivos tan importantes, como es el de los minusválidos, que atiende a las medidas que solucionen esos problemas, vengan de donde vengan, y, sobre todo, se felicita de que también de vez en cuando la oposición actúe de manera moderada y no de esa manera crítica en exceso o incluso crispadora, que tan poco predican pero que posteriormente tanto ejercitan en este hemiciclo.
Cuando hay problemas reales y verdaderos, como era el de nuestros minusválidos o el de los pensionistas que recibían pensiones de invalidez de carácter no contributivo, que eran extinguidas ante una posible relación laboral que mantuvieran; cuando esos problemas necesitan del apoyo de toda la Cámara para su solución; cuando, además, esos problemas se convierten, vengan de donde vengan, en un punto de toque, es cuando se demuestra si esta Cámara verdaderamente está relacionada con la sociedad, porque una sociedad es más justa y solidaria cuando atiende a la gente más necesitada. Hoy, en este último trámite parlamentario, se van a asumir todas esas responsabilidades por el conjunto de grupos que conformamos esta Cámara. Hoy podemos decir que este Parlamento, en su conjunto, responde a esa sociedad justa y solidaria y, además, que tiene un claro refrendo en la propia actitud del Gobierno, que se anticipó a parte de esas medidas --hoy aún se mantiene un artículo 2º, convertido en único--, puesto que ya están en vigor desde finales del presente año con la que vulgarmente llamamos ley de acompañamiento. Eso demuestra a las claras, señor Barrionuevo --y en eso coincidimos--, la sensibilidad social de este Gobierno, pero también de este Parlamento, ya que hoy nadie se tiene que poner la medalla individualmente. Se trata de un triunfo de este Parlamento, del consenso parlamentario y, sobre todo, de aquellos colectivos más necesitados, nuestros minusválidos, porque verdaderamente empezamos a hacer reales y efectivas la libertad y la igualdad en su condición, la libertad y la igualdad en su integración social, porque la mejor integración social es la integración laboral, y hoy estamos removiendo los obstáculos que puedan impedirla.
Por tanto, felicitémonos sin acritud por la aprobación de esta proposición de ley. Desde el grupo parlamentario popular esperamos que estas situaciones, que ponen de relieve la solidez y la seriedad del Gobierno y de esta Cámara, se repitan en momentos venideros y demuestren que realmente estamos preocupados por los problemas de los ciudadanos y no por los que puedan tener algunos individualmente o en grupo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Camps.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley y a las proposiciones de ley que acaban de debatirse. Comenzamos por las votaciones al proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que desglosaremos en cuatro bloques.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Senado al artículo 12.2.a) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, cinco; en contra, 312; abstenciones dos.


Página 3287


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Senado a los artículos 6.3, 23.1, 26.1 y 31.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 173; en contra, 144; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas del Senado a los artículos 29 bis, 62, disposición adicional tercera, antes 20; disposición adicional undécima, antes 13 y disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 174; en contra, 143; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad las restantes enmiendas del Senado.
Votación correspondiente a la proposición de ley sobre reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Se producirá una sola votación de conjunto sobre las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas, por unanimidad del Congreso, las enmiendas del Senado.
Votaciones correspondientes a enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre sociedades laborales. Votamos, en primer lugar, las enmiendas al artículo 3º.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada.
Votación relativa a las enmiendas que hacen referencia a los artículos 5º.3, 7º.8, y 21.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 190; en contra, 129; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado a la proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 189; en contra, tres; abstenciones, 128.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas a la proposición de ley.
Votación, una sola, sobre las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas, por unanimidad de la Cámara, las enmiendas del Senado.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES (Número de expediente 121/000023)

El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día: debates de totalidad de iniciativas legislativas.
En primer lugar, enmiendas de totalidad al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Para la presentación del proyecto... (Rumores.) ¡Silencio, señorías! (Pausa.) Han presentado enmiendas de totalidad los grupos parlamentarios Socialista y Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Por el Grupo Socialista y para la defensa de su enmienda de totalidad, tiene la palabra el señor Ros. (Rumores.) Señor Ros, un momento.
Silencio, señorías. (Continúan los rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio para que pueda continuar el debate. (Pausa.) Señorías. Señor Hernández Moltó. Señor Cisneros. Señora García-Alcañiz. Señorías, les ruego guarden silencio para que pueda intervenir el señor Ros.
Adelante.


El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.


Página 3288


Señorías, es evidente que yo no soy la Ministra de Medio Ambiente.
(Risas.--Aplausos.) Es la segunda vez en esta semana que la señora Ministra da plantón importante cuando hay que tratar asuntos que afectan al medio ambiente. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) El primer plantón lo dio a los representantes del Consejo Asesor del Medio Ambiente esta misma semana bajo la excusa de una visita oficial. El segundo, siendo éste muy importante, lo ha dado esta mañana al Congreso de los Diputados cuando su deber era estar aquí para defender el proyecto de ley que hoy trae el Gobierno a esta Cámara. Me temo que la señora Ministra --lo cual es muy habitual en ella-- se estará haciendo alguna foto por ahí para mañana justificar lo injustificable. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) Dicho esto, señorías, me propongo defender la enmienda a la totalidad de un proyecto de ley que intenta modificar una ley que el Gobierno socialista hizo, la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres. Quiero que mi primera referencia sea precisamente a esa ley y al valor que esa ley tuvo. Para el movimiento ecológico de este país en general, supuso un avance muy importante y se ha demostrado como un instrumento eficaz, como un buen instrumento que a lo largo del tiempo ha hecho posible que en España haya 700 espacios protegidos. A pesar de que algunos han intentado decir machaconamente que esta ley fue mal recibida, no es cierto, fue bien recibida por los movimientos ecologistas de España; cosa muy distinta es decir que esa ley no ha tenido desarrollo reglamentario suficiente o que debido a los distintos recursos ante el Tribunal Constitucional no ha tenido toda su eficacia, pero es una buena ley.
Me gustaría empezar por aclarar que la sentencia del Tribunal Constitucional, Sentencia 102/1995 declara solamente inconstitucional la disposición adicional quinta en cuanto considera básicos los artículos 21, en sus números 3 y 4; el artículo 22, en su número 1; y el artículo 35, en sus números 1 y 2. Baste decir a SS.SS. que el Tribunal Constitucional, máximo garante de la interpretación de la Constitución, declara constitucionales 41 artículos de esta ley más 13 disposiciones; por tanto, la sentencia en nada afecta a los principios conservacionistas avanzados de la ley, ni modifica las medidas de conservación de los espacios naturales de la flora y fauna silvestres, simplemente entra a emitir doctrinas sobre aspectos de competencias, donde se da competencia exclusiva para declaración y gestión de espacios naturales a las comunidades autónomas, se faculta especialmente al Estado, mediante una ley también específica para declaración de parque nacional, no en cuanto a su gestión que siendo de las comunidades autónomas se dará participación al Estado y, por último, se da competencia a las comunidades autónomas para el examen y la licencia del cazador.
Quiero decirles, señorías, que mi grupo se ha visto en la necesidad de presentar una enmienda a la totalidad porque la ley que el Gobierno debía haber presentado en esta Cámara --y que no ha venido a hacerlo-- presenta unas soluciones que no compartimos respecto a la propia sentencia. Las primeras soluciones, las derivadas de la sentencia, el proyecto de la señora Tocino las soluciona de forma expeditiva y eficaz, es decir al estilo del Partido Popular y del Gobierno Popular. Todavía recordarán SS.SS. aquello de que había 140 emigrantes en Melilla, había un problema y lo hemos solucionado. Digo esto porque muy en concordancia con el espíritu de la frontera que la Ministra de Medio Ambiente ha impuesto en su ministerio --y que ha hecho la vida muy peligrosa para muchos de sus colaboradores--, la Ministra tira en este caso por la cañada o vereda del medio en esa trashumancia hacia ningún sitio en que ha convertido la política medioambiental de España y deroga sin más los apartados 3 y 4 del artículo 21 y los correspondientes al artículo 22.
Más aún, señor Presidente, resulta a nuestro juicio de una gran irresponsabilidad derogar lo dispuesto en el artículo 35, apartados 1 y 2 en cuanto al examen del cazador y el pescador. La necesidad de realizar una prueba que permita comprobar la aptitud y conocimiento precisos para la práctica de la caza y de la pesca, es una reivindicación histórica del movimiento ecologista que ya mencionaba la Ley de Caza de 1970, pero que con la aprobación de la Ley 4/1989 se estableció como obligatoria. Es incomprensible que en el proyecto de ley se deroguen los apartados 1 y 2 del artículo 35, cuando se podía haber recogido la obligación de establecer el examen, siendo ello competencia de las comunidades autónomas. Con lo que propone la ley Tocino --ausente--, se elimina ya totalmente la obligación de dichos exámenes y se da un grave y gran paso atrás.
En fin, señor Presidente, para estudiar y modificar estas cuestiones derivadas de la Sentencia del Tribunal Constitucional hace falta dedicación y tener ideas. La propia ausencia de la Ministra demuestra que ni una cosa ni la otra; a este Diputado y a estas alturas ya le parece estéril preguntar por el programa del Partido Popular y sus incumplimientos. La señora Ministra de Medio Ambiente da más la impresión de andar persiguiendo topos --en su propia terminología--, por las dependencias del ministerio que en pensar un a política medioambiental para España Por otra parte, a nuestro juicio, en la adaptación del párrafo 1 del artículo 22, el proyecto se aparta del criterio jurisprudencial y atribuye competencias excluyentes en los órganos de gestión y dirección de los parques nacionales, añadiendo un plus de mala fe en su deslealtad constitucional, pues a pesar del título el proyecto de ley en su articulado hace imposible en la práctica acatar la doctrina del Tribunal Constitucional.


Página 3289


Señor Presidente, me referiré ahora a alguna de las innovaciones que nos obligan a presentar la enmienda a la totalidad y que tienen representación en el proyecto; y no seré yo quien diga que son reflejo del carácter que inspira la concepción del medio ambiente de la señora Ministra, pero los hechos son tozudos. Respecto a los parques nacionales, mi grupo parlamentario piensa que la red de parques nacionales constituye un instrumento de importancia estratégica para la conservación in situ de la biodiversidad, ya que debe abarcar los espacios y especies más emblemáticos y representativos de España; por ello, su regulación debe ser modélica en cuanto a la aplicación de los criterios más rigurosos y eficaces diseñados a nivel internacional, sin perjuicio de la consideración de los elementos específicos de cada hábitat, así como de las características socioeconómicas de las zonas donde se ubiquen. La estructura y funciones de sus órganos de gestión participación y asesoramiento, así como la jerarquía de los procesos de planificación que correspondan, deben por tanto garantizar el adecuado equilibrio entre su consideración como patrimonio de interés público general, sujeto a los compromisos vigentes a nivel internacional y el legítimo ejercicio de las competencias autonómicas ya señaladas, así como la participación de las corporaciones locales y de las organizaciones de defensa y conservación de la naturaleza.
Frente a ello, el proyecto de la señora Ministra a una declaración puramente nominal y vacía de contenido de la gestión de los parques nacionales, adjunta una financiación mixta. Mi grupo quiere manifestar su oposición frontal a tal picardía, por decirlo en tono menor, que no tiene base en la Ley 4/1989 ni en la sentencia del Tribunal Constitucional a que me he referido. La confusión de la modificación y del contenido de los instrumentos de planificación, junto con la aparición en la ley de las comisiones mixtas de gestión y el consejo rector de la red, ignorando órganos consultivos previstos, como son la Comisión nacional de protección de la naturaleza, que a su vez tiene adscritos el comité de espacios naturales protegidos y el comité de flora y fauna, con el añadido, además, de órganos duplicados, son un reflejo palpable de la absoluta descoordinación interna del Ministerio de Medio Ambiente y de su absoluta falta de voluntad política para presentar un proyecto de ley coherente. Da la impresión de que a esta ley --a los hechos y ausencias me remito-- no se le ha prestado por la señora Tocino el mismo interés que ha prestado a otros asuntos detrás de los cuales están los beneficios del sector eléctrico.
Por otra parte, señorías, el proyecto de ley está plagado de carencias y olvidos muy significativos, perdiendo la oportunidad de incorporar a la misma la legislación medioambiental que tiene su origen en convenios internacionales como la cumbre de Río, el Convenio Ramsar y las directivas comunitarias de aves y de hábitat; no se interesa por el catálogo nacional de especies amenazadas ni por su revisión, etcétera, etc.
Este hecho, junto a los que anteriormente he citado, viene a demostrar el escaso interés del Gobierno Aznar por el medio ambiente, que se pone de manifiesto en la reducción del presupuesto en un 50 por ciento respecto al anterior y en una obsesión de la señora Ministra por la foto y pare usted de contar. Mientras tanto, trae a este Congreso --o debía haber traído-- un proyecto de ley canijo y clandestino, ya que se ha tenido cuidado exquisito en hurtarlo al conocimiento de los cauces de participación ciudadana y de cooperación interadministrativa, Consejo Asesor del Medio Ambiente y conferencia sectorial del medio ambiente.
Además, está intentando vaciar de contenido estos consejos. La opacidad, no sólo presupuestaria, que es un hecho ya innegable, lleva camino de convertirse en la única orientación política de la señora Tocino, como demuestra bien a las claras esta ley.
Nuestra enmienda a la totalidad quiere subsanar las múltiples carencias del proyecto de ley. El anterior Gobierno socialista realizó un esfuerzo por adecuar nuestra legislación para la conservación de la naturaleza a la requerida por la Unión Europea, esfuerzo que fue reconocido prácticamente por todos los grupos políticos; pero, a pesar de ello, no es menos cierto que continúan sin trasponer partes fundamentales de normas y convenios internacionales, a los que ya he hecho referencia anteriormente, o como el programa marco de la Unión Europea hacia un desarrollo sostenible.
Por otra parte, el proyecto de ley debe actualizar la Ley 4/1989, para incorporar a nuestro Derecho interno con rango de ley formal las nuevas directivas europeas sobre hábitat, la 92/43 y la 92/24, que modifica el anexo segundo de la Directiva 79/409, relativa a la conservación de aves silvestres, además de las carencias concretas que se han detectado en la legislación europea que tenemos obligación de transponer a nuestro Derecho interno y a las que me referiré a continuación.
Quiero señalar a SS.SS. que el proyecto de ley ignora el creciente peso social del movimiento ecologista y no introduce nuevos mecanismos para fomentar el desarrollo de los órganos de participación ciudadana previstos en la Ley 4/1989. El proyecto de ley que trae la señora Ministra está hecho a espaldas de los movimientos sociales y ecologistas defensores del medio ambiente.
En cuanto a la Directiva 79/409, de conservación de las aves silvestres, falta su trasposición en los siguientes puntos: aquellos que afectan a las zonas especiales de conservación y a las zonas especiales de protección de aves. No están reguladas las excepciones a las medidas proteccionistas de las directivas de aves en su artículo 9º, no se hace mención en nuestra legislación a la necesidad de fomentar la investigación en estas materias y no están tranpuestos ninguno de los cinco anexos de la directiva sobre aves.


Página 3290


En cuanto a la Directiva 92/43, sobre protección de los hábitat naturales, no se ha traspuesto el artículo 12.4, de la directiva de hábitat referente al control de captura o sacrificios accidentales de los animales, que vienen reflejados en el anexo cuatro y tampoco el artículo...


El señor PRESIDENTE: Señor Ros, le ruego que concluya.


El señor ROS MAORAD: Voy terminando, señor Presidente.
Debido a todas estas cuestiones, mi grupo presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo que tiene su origen fundamentalmente en el Convenio de Naciones Unidas sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, derivado de la cumbre de Rio, que obliga a los países miembros a desarrollar una estrategia nacional en la que se incluyan, entre otras medidas, la conservación in situ de los recursos naturales. España, como país firmante del convenio arriba indicado y país miembro de la Unión Europea, debe completar el marco legislativo diseñado a partir de la aprobación de la Ley 4/1989. Con esta Ley, sobre la que ha he dicho que supuso un hito fundamental, pretendemos arrancar aspectos importantes y esenciales que deben ser mantenidos, fortalecidos y desarrollados, para que sean ajustados a la sentencia del Tribunal Constitucional y, al mismo tiempo, se incorporen aquellos aspectos de los convenios y compromisos internacionales españoles.
Para terminar, si ése es el marco de actuación, sí me dejará el señor Presidente que diga al menos que en particular los Presupuestos Generales del Estado deben garantizar el correcto mantenimiento de los parques nacionales, cuyo número actual debe ampliarse para consolidar la inclusión de espacios representativos de todos los hábitat del Estado español. Para nosotros sigue teniendo pleno vigor la Comisión nacional de protección a la naturaleza como elemento básico de coordinación y de impulso de cualquier actuación medioambiental. El modelo de gestión de los parques nacionales que se establece en el presente texto, respeta escrupulosamente el contenido de la sentencia 102, manteniendo la presencia de la Administración general del Estado en los correspondientes órganos de gestión, sólo en función del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la consideración de los parques nacionales como bienes de interés general del Estado.
Finalmente, señor Presidente, el texto incluye, asimismo, la trasposición de determinadas disposiciones de las Directivas 79/409 y 92/43, relativas a la conservación de los hábitat naturales que están todavía pendientes de incorporarse al Derecho español. Asimismo, se establecen plazos para el desarrollo, por parte de las comunidades autónomas, de planes específicos de protección.
Gracias, señor Presidente. Lamento que en este debate haya estado ausente la máxima responsable de este desaguisado que se ha generado en este país respecto al medio ambiente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos para la defensa de su enmienda de totalidad.


El señor FRUTOS GRAS: Espero que el Legislativo sea más generoso con la enmienda a la totalidad que el Ejecutivo, y podamos avanzar en algo que es importante. (La señora Ministra de Medio Ambiente, Tocino Biscarolasaga, se incorpora al salón de sesiones.) Buenos días, señora Ministra.
De todas formas y sin acritud quería decir que, últimamente, en todos los grupos y personas que se preocupan y trabajan en el ámbito de la protección del medio ambiente, en el movimiento ecologísta en general o dentro de las organizaciones los grupos que se ocupan de estas historias, empieza a haber una creciente decepción, un cabreo sordo y una contestación al conjunto de medidas que se están tomando por el ministerio. Este ministerio levantó --creo yo-- justas esperanzas y expectativas en su momento. El discurso de la Ministra en su presentación ante este Parlamento fue un discurso interesante, sonaba bien, había una serie de líneas de trabajo sumamente interesantes que luego se han ido diluyendo en añadidos colaterales por parte de diversos secretarios y por ella misma. Se está deshinchando el globo en cosas importantes. No estoy haciendo críticas abstractas, sino cosas concretas que hemos criticado desde esta tribuna, como, por ejemplo, lo poco que se ha avanzado en la Ley de Envases, incluso peligra en el Senado la posibilidad de eliminación del 10 por ciento de residuos en el debate, o la propia agresión, a nuestro entender, que representa la aprobación de la Ley del Suelo --en este momento concreto prácticamente ya todo es urbanizable--, o bien el retroceso que ha habido en el debate que tuvimos anteayer sobre la aprobación de la ley que reforma la 4/1989, y que va en la misma línea, incluso con argumentaciones --que oímos el otro día-- peregrinas y en cierta manera tramposas en relación al debate que hubo sobre la proposición de ley que hizo el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, diciendo: ¿cómo es posible que haya unas normas aquí y veinte metros más allá, en Francia, haya otras diferentes? Pues bien, debemos decir que incluso también estas cosas que están ocurriendo veinte metros más allá están siendo recurridas por la Comisión Europea, hay sentencias del Tribunal de Luxemburgo que van en la línea que hemos defendido nosotros en este tema, señor González de Txabarrí. Pero usted no es el protagonista hoy, el protagonista es la ley y la señora Ministra.


Página 3291


Bien, ¿y ahora qué? Ahora tenemos ya un proyecto de ley, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad, y les aseguro que no la presentamos porque nos place presentar una enmienda a la totalidad. A mi me produce melancolía venir a esta tribuna a defender cosas que es imposible salgan adelante, pero ¿por qué presentamos la enmienda a al totalidad? Por razones que son muy comprensibles, a nuestro entender, y esperamos que sean comprensibles para el conjunto de la Cámara, para el conjunto de los grupos parlamentarios, y luego ya, aunque sea derrotada como me temo esta enmienda a la totalidad por parte de este plenario, en Comisión habrá posibilidad de trabajar en una línea que conduzca a resultados más positivos que los que encierra el propio proyecto de ley.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta una enmienda a la totalidad con texto alternativo, porque pensamos que en el proyecto del Gobierno no se tienen en cuenta adecuadamente o mínimamente lo que son las recomendaciones de la cumbre de Río, por ejemplo, porque no se trasponen debidamente directivas como la de aves, de 1979, o la de hábitat, de 1992, que son muy importantes. Nosotros lo planteamos en nuestra enmienda a la totalidad y luego vamos a defender, consecuentemente con esto, las enmiendas parciales en la Comisión en la misma línea.
A nuestro entender, se pierde la oportunidad de hacer dos cosas importantes que hubieran mejorado de forma efectiva y sustantiva la ley.
En primer lugar, una reforma adecuada de la Ley 4/1989, es decir, un desarrollo de esta ley que lo ha sido escasamente. Señalaba el representante del Grupo Socialista que luego no ha habido una reglamentación, un desarrollo reglamentario, etcétera. Es verdad, ha quedado estancada esta ley. Por tanto, había la posibilidad de una reforma adecuada de la Ley 4/1989 para avanzar. En segundo lugar, había la posibilidad de una trasposición adecuada de las directivas 79/409 y 92/43 de la Comunidad Europea, y a partir de esta base que se creaba se iba a mejorar. A nosotros nos parece que la base de partida era buena; la Ley 4/1989 era una base de partida buena sobre la cual podríamos haber construido muchas cosas. Por eso intentamos ahora hacer una serie de propuestas en una enmienda a la totalidad y luego en enmiendas parciales para intentar cumplir bien y ponerse al corriente no sólo en la trasposición correcta de las directivas europeas sino, si es posible, avanzar en unas condiciones especiales que tenemos en España, que es el país de la Unión Europea que tiene todavía espacios en mejor conservación natural en relación al resto de países europeos, por toda una serie de circunstancias históricas, económico-sociales, industriales, etcétera.
Pensamos que vale la pena trabajar en esta línea, incluso dar los ejemplos que sean pertinentes; que el Spain is different se pueda concretar en ejemplos que puedan ser positivos para el conjunto de la comunidad, para cumplir bien y ponerse al corriente en dos cosas fundamentales: en la conservación de las aves silvestres, la directiva antes citada 79/409, y en la conservación de los hábitats naturales de la flora y fauna silvestres, la trasposición adecuada de todos los contenidos de la Directiva 92/43 de la Comunidad Europea.
La base de la propuesta de IU-IC es la Ley 4/1989 --no nos estamos inventando nada nuevo--, en todo lo fundamental, y a partir de ahí el añadido de las directivas europeas. Pensamos que esto llevaría a una buena ley.
El proyecto de ley, señora Ministra --y perdóneme--, en relación a lo que podríamos hacer en este momento nos parece un parche. No es una buena ley básica, y no lo es porque se parte de defectos estructurales de su ministerio en los diez meses escasos que lleva de funcionamiento, porque no se ha contado con protagonistas importantes, no se ha contado con el movimiento ecologista, ni tan siquiera se le ha informado. En la tribuna hay una representación sustantiva y cualificada del movimiento ecologista, que está hablando en estos momentos concretos no únicamente a través de la hoja azul que nos envió el otro día a todos los Diputados, sino a través de propuestas que quieren que sean escuchadas por el Gobierno y por el ministerio, que quieren que haya una receptividad a todo lo que representa esto porque en definitiva es lo que hay más avanzado en el tratamiento de los problemas medioambientales en nuestro país y fuera de nuestro país. Decía yo el otro día que las organizaciones políticas normalmente subimos a esta tribuna después de haber estudiado toda una serie de documentación que emana del movimiento ecologista, que tiene una ciencia que está constatando en el día a día y, repito, también equivocándose a veces en cosas y rectificando el error. Pero luego la interpretación de estas elaboraciones científicas y rigurosas del movimiento ecologista puede ser más a la derecha, más a la izquierda, más al centro, más conservadora o más progresiva. A nosotros nos parece que en el proyecto de ley que se nos presenta hay una interpretación muy conservadora del conjunto de las elaboraciones del movimiento ecologista.
No me extraña, por tanto, que una serie de organizaciones que representan en su conjunto el movimiento ecologista, pero también asociaciones de carácter popular, asociativo y científico, abandonen el Consejo Asesor del Medio Ambiente porque no están conformes con el desarrollo que se está haciendo desde el propio ministerio.
En el debate de anteayer, en el que se suprimieron los artículos 26.4 y 34.b) de la Ley 4/1989, se contrapuso en un momento determinado la ciencia abstracta de los gobiernos a la ciencia del movimiento ecologista de los científicos. Voy a hacer una pregunta por si la señora Ministra me la puede aclarar: En qué comisión de expertos, en qué universidad o en qué grupo de científicos se apoyaron para decir lo de anteayer, porque se contraponía un conocimiento abstracto, difuso, que no se nos dio a conocer --por tanto no lo tenemos

Página 3292


nosotros aquí-- por los gobiernos, en este caso concreto por el Gobierno vasco y por el Gobierno central, frente a una hoja que emanaba del movimiento ecologista con toda una serie de orientaciones y que se trataba de forma despectiva, peyorativa. Quisiéramos saber dónde se producen los debates: en la universidad, en grupos de científicos, en el movimiento ecologista, en el movimiento asociativo, que desembocan en propuestas concretas que permitan mejorar el conjunto de los problemas que tenemos planteados en nuestro país.
Nuestra propuesta --y termino--, señor Presidente, señoras y señores Diputados, porque repito que no se trata de hacer el debate que inmediatamente vamos a realizar, espero, en la Comisión de Medio Ambiente- intenta incidir en lo que a nuestro entender el ministerio obvia o desprecia, en toda una serie de aportaciones. Intenta avanzar en la cogestión concreta: comunidades autónomas, Administración central, ayuntamientos, etcétera; intenta poner en marcha cosas absolutamente novedosas como, por ejemplo, los corredores ecológicos, que permiten la correspondencia, la relación del conjunto de zonas protegidas, o contemplar en el proyecto la protección, ya definitiva, del conjunto de Zepas que están todavía sin proteger, no sé exactamente cuántas, más o menos unas 149 en España. Finalmente, una cosa que para nosotros es fundamental y que además es el centro, entendemos, que nos permitiría avanzar en la elaboración de propuestas adecuadas a la situación que tenemos y que podrían ser aprobadas en esta Cámara de forma mayoritaria, y es la participación del movimiento popular, del movimiento asociativo y del movimiento ecologista. Nos parece fundamental. Para ello, señora Ministra, tiene que haber un talante diferente. No se puede abrir la puerta trasera del ministerio sino la puerta central, la puerta grande, para que se entre, para que se discuta, para que se tenga en consideración. Si no es así, no quedará otra alternativa, además de continuar batallando, bregando en este Parlamento para que las cosas mejoren, que continuar lo que siempre hemos hecho, lo que siempre ha hecho el movimiento ecologista: movilizarse en torno a las cuestiones concretas y hacer que lo que no se quiera recoger a través de un debate razonado en una mesa se tenga que recoger a través de la presión social o de la presión popular. Nos gustaría que hoy toda esta serie de planteamientos que vienen en nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo se tuvieran en cuenta y se pudieran reflejar de forma inmediata en los trabajos de la Comisión.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados; muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
Quiero pedir disculpas a todas SS.SS., señor Presidente, porque ha habido un problema de horarios. He estado esta mañana, a primera hora, en la Cámara, como saben las señorías con las que he hablado, me informaron que intervendría al final de la mañana y la verdad es que a veces hay alguna cosa más que hacer, aunque evidentemente lo importante es estar en el Parlamento, por lo que no tengo más que pedir disculpas por haber llegado en un momento posterior al que tenía que haber estado para presentar este proyecto de ley. Por esta razón no podré contestar, evidentemente, a la primera parte de la intervención del representante socialista, en la medida en que no he podido escucharle, y únicamente daré los puntos de vista correspondientes a la enmienda de totalidad, puesto que ésa sí que he podido analizarla. Brevemente --porque no quiero interrumpir por más tiempo el proceso ordinario del debate--, también explicaré las razones que han llevado al Gobierno a presentar este proyecto de ley de modificación de la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
He estado oyendo que la mayor crítica que se hacía es que es un parche y que es un proyecto incompleto, pero quizá de lo que no se han dado cuenta SS.SS.
--los dos grupos parlamentarios que han presentado una enmienda de totalidad-- es que cuando se presentan proyectos de ley hay que empezar por leerse la exposición de motivos, y si hubieran leído la exposición de motivos habrían visto clarísimamente cuál es la finalidad de esta modificación de la ley. No es una modificación que la ley sin duda va a requerir y que habrá que hacerla en un momento posterior, sino una modificación, y de carácter muy urgente --que algunos de ustedes llaman un parche--, porque en este momento, cuando estamos ante la protección de unos espacios naturales muy concretos como son los parques nacionales, nos hallamos en una situación de inconstitucionalidad en la gestión de dichos ecosistemas. Si aquí se ha hablado de la importancia de la biodiversidad, de la importancia de la defensa de los distintos ecosistemas y España realmente es rica y plural, como muy pocos --yo diría que es el país europeo que tiene una mayor riqueza en biodiversidad; no hay más que ver las distintas características de todos nuestros parques nacionales--, no acabo de entender que SS.SS. pudieran quedarse tranquilos --sobre todo quienes han tenido responsabilidades de gobierno durante tantos años-- teniendo una situación de inconstitucionalidad en la gestión de dichos parques. Por eso hoy modificamos esta ley en parte, y se dice textualmente cuáles son las partes de esa ley que se modifican, exclusivamente aquellas que por sentencia del Tribunal Constitucional han sido declaradas inconstitucionales.
Señorías, creo que es muy importante tener en cuenta, antes de lanzarse a una crítica o a un debate de totalidad (que evidentemente es un debate de totalidad hecho por el Grupo Socialista a su propia ley socialista

Página 3293


--esto es lo curioso---, no al proyecto que el Gobierno presenta porque no hemos entrado, en absoluto --y así lo justifica nuestra exposición de motivos--, más allá de aquellos artículos que hoy son inconstitucionales), que hay que hacer estas modificaciones porque no podemos demorar por más tiempo la regulación de un espacio protegido tan importante como son los parques nacionales, que tienen la mayor indefinición jurídica puesto que en su gestión son completamente inconstitucionales. El Gobierno socialista, al elaborar esta ley, señorías, en el año 1989 --por tanto, 11 años después de la aprobación de la Constitución Española--, curiosamente --como ocurrió en la Ley de Costas, que tendremos que analizar también en otro momento--, no recuerda que la Constitución Española ha establecido un Estado de las autonomías y que en materia de gestión medioambiental hay también una parte que les corresponde, como complementaria, a las autonomías, y que las comunidades autónomas, ya en el año 1989, debían haber tenido esa posibilidad de entrar a cogestionar los parques nacionales. Esto se ignora en el año 1989 y todas las comunidades autónomas afectadas por un parque nacional, cualquiera que fuera el gobierno que tuvieran en ese momento, recurren por inconstitucional esta ley. Y el 26 de junio de 1995 en una sentencia del Tribunal Constitucional se declaran abiertamente inconstitucionales una serie de artículos que se consideran fundamentales para la gestión de los parques. Se dice que han dado la espalda por completo a las comunidades autónomas y que, por desconocer paladinamente --dice textualmente la sentencia-- la competencia de las comunidades autónomas para ejecutar lo legislado sobre protección del medio ambiente, se plantea la necesidad de diseñar un modelo de gestión operativo de los parques nacionales, basado en la cogestión, que pusiera fin a la gestión en exclusiva de los parques nacionales por el Estado.
Este es, señorías --y no otro--, el objeto de esta modificación parcial de la Ley 4/1989 que hoy el Gobierno trae a esta Cámara. Por tanto, si estamos queriendo adecuar la legislación a la sentencia del Tribunal Constitucional, ciñámonos y juzguemos si a partir de la aprobación de esta modificación de la ley vamos a tener la posibilidad de gestionar, desde la legalidad, los parques nacionales que no están pudiendo ser gestionados --en este momento sí que hay auténticos parches en cada gestión, lo que cada uno puede hacer, porque no hay un estatuto jurídico que defina realmente esta gestión-- y veamos entonces si podíamos demorar por más tiempo esta modificación para que los parques empiecen a funcionar convenientemente. Señorías, no tengo ningún inconveniente, sino todo lo contrario, y estamos trabajando en esa futura reforma, con la que estoy plenamente de acuerdo, que requiere toda la Ley 4/1989 y que hoy se autoenmiendan con un debate de totalidad, con texto alternativo, los propios autores de la ley. No están enmendando la iniciativa que el Gobierno trae hoy a esta Cámara, que evidentemente no tiene nada que corregir puesto que no ha entrado en esas materias y sí, en cambio, se están autocorrigiendo y produciendo un texto alternativo a una ley que está en vigor todavía, que no es inconstitucional y que yo sí comparto que tiene que ser modificada.
Efectivamente, para hacer esas modificaciones hay que contar con los sectores sociales, con el Consejo Asesor de Medio Ambiente, con la conferencia sectorial. Hemos considerado que lo realmente prioritario --y por esto este proyecto entró en esta Cámara antes de finalizar el año 1996-- era que acabáramos con la situación de inconstitucionalidad en la que se encuentra todavía hoy la gestión de los parques nacionales. Ya hemos puesto en marcha distintos grupos de trabajo sobre estrategia nacional para la conservación de la biodiversidad, para la lucha contra la desertización o la estrategia forestal. Señorías, cuando todos estos grupos de trabajo vayan elaborando sus propuestas, créanme que con diálogo y con todo el consenso que también espero obtener de SS.SS.
traeremos esa reforma en profundidad que necesita la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales, de la que una parte muy limitada estamos reformando. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Nosotros entendíamos que hacía falta que se estableciera esa forma de cogestión, y para ello hemos pensado que tenemos que garantizar la participación real y efectiva de todas las comunidades autónomas que tienen un parque nacional. En este sentido se consolida --no por esta modificación que hoy traigo a la Cámara, sino porque ya estaba consolidado en la ley que estamos en parte enmendando y porque también así lo aprueba la sentencia del Tribunal Constitucional-- la red de parques nacionales. Por esa misma razón entendemos que la propia cogestión, es decir, la participación de las comunidades autónomas tiene que ser doble. Por una parte, tiene que participar en la red estatal, es decir, que no solamente sea el Estado, la Administración central, quien dirige esa política de parques nacionales, sino que a través de un órgano de gestión podamos dar paso a las comunidades autónomas implicadas para que con un órgano consultivo, que va a ser el órgano rector de la red de parques nacionales, podamos definir las líneas maestras de dónde queremos y cómo queremos que estén gestionados esos parques nacionales. Ese consejo de la red de parques nacionales, en el que van a estar participando el Estado y todas las comunidades autónomas, se va a encargar de elaborar el plan director de la red, la normativa aplicable a los parques de la red en su conjunto, que hasta ahora eran materias de exclusiva competencia del Estado, va a hacer las propuestas de declaración de nuevos parques a incluir en la red, así como a establecer las directrices para la redacción de los documentos de planificación de los parques y proponer

Página 3294


los criterios de distribución entre los parques de los recursos que la Administración general del Estado va a asignar a la red.
Cuando dicen que el proyecto se queda corto, creemos que es una novedad dar la posibilidad no solamente de gestionar aquel parque nacional a la comunidad autónoma en cuyo territorio se encuentre el mismo, sino de que influyan en todo lo que es la red de parques nacionales. Pero es que, además, entendemos que tiene que ser un funcionamiento muy claro que contemple las especificidades que tiene cada parque nacional en función de donde se encuentren ubicadas y cuál es el ecosistema que estamos protegiendo con ese parque nacional, por lo que consideramos que es imprescindible que haya un órgano de gestión por cada parque, que se llama la Comisión Mixta de Gestión, donde tampoco estaban incorporadas las comunidades autónomas y de la que ahora tienen que formar parte, de tal forma que con una homogeneidad de criterios pero sin defender la unanimidad en cuanto a la uniformidad, sino aceptando desde un criterio flexible las distintas situaciones de cada parque, podamos poner en funcionamiento lo que tienen que ser fórmulas flexibles pero realistas que garanticen la conservación de los parques como elementos simbólicos de una rica y variada realidad nacional. Para todo ello, señoras y señores Diputados, lo que hacemos en la comisión mixta es elaborar ya de una forma paritaria, por una parte, el proyecto de plan rector de uso y gestión, y por otra, los proyectos de planes sectoriales que desarrollen en su caso el plan rector de uso y gestión, evaluar y proponer ante el órgano competente cualquier proyecto de obra o de trabajos o aprovechamientos que haya que hacer en un parque nacional determinado y establecer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y servicios del parque nacional. Toda la responsabilidad de la ejecución de las directrices que emanen de esta comisión mixta correrán a cargo del director conservador del parque, que, como saben SS.SS., se nombrará de común acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente y los funcionarios, que pueden serlo de cualquiera de las dos administraciones, la central o la autónoma.
No podemos olvidarnos --y esta es una situación que tampoco modificamos puesto que no lo hace la sentencia del Tribunal Constitucional-- del papel que juegan los patronatos, órgano de participación creado precisamente para colaborar en esa gestión y para dar mucha más participación a todo el entorno social de los parques, que es lo que hasta el momento ha imposibilitado que los parques sean fácilmente aceptados por los pueblos del entorno, que han visto normalmente que cuando a una circunscripción le declaraban un parque nacional le planteaba una situación de desconcierto, de limitaciones y era automáticamente rechazado. En el momento en que estemos trabajando en colaboración comunidades autónomas, Administración central y todo el entorno social para lograr ese desarrollo sostenible y hagamos compatible la protección de la naturaleza con el uso público, con el disfrute controlado que tienen que tener esos parques, estamos seguros de que estaremos consiguiendo sacar de nuestros parques nacionales, como se hace en otros países, las mejores fuentes de ocio, de recreo, de conservación de la naturaleza, de aspectos culturales y educativos y, en definitiva, el objeto para el que se defienden estos parques nacionales.
Respecto a los instrumentos de planificación, señor Presidente, mantenemos el plan director para los parques integrantes de la red, que va a estar encargado de realizar los objetivos que desde la comisión mixta se determinen durante el plazo que dure ese plan director. Habrá una cooperación y una colaboración una vez más entre todas las administraciones y organismos que tengan que participar en esa comisión mixta y se establecerán las actuaciones necesarias para mantener esa imagen de coherencia y defensa de la biodiversidad que tiene que caracterizar a la red de parques nacionales.
Señor Presidente, creemos que, en definitiva, estamos justificando por qué algunos que decían que esta ley es corta lo que hacen es centrarse en tres artículos simplemente de esa ley que eran inconstitucionales y que estaban reclamando un nuevo modelo de organización de los parques nacionales. Lo que hemos traído, por tanto, a la Cámara en esta mañana es un proyecto de ley que ponga en marcha de inmediato una nueva organización de los parques nacionales. Podríamos decir que lo que se pretende es consolidar ese valor simbólico de los parques nacionales, asumir la necesidad de la homogeneidad de la gestión de los parques nacionales integrados en la red estatal, pero teniendo bien en cuenta, como he dicho antes, la voluntad de proyección global en un sistema que reconozca al mismo tiempo las particularidades de cada una de las partes integradas en él. No va a ser lo mismo hablar de la gestión de un parque que está incluido en tres comunidades autónomas que hablar de la gestión de cuatro parques nacionales, por ejemplo, correspondientes a cuatro islas diferentes pero que a su vez pertenecen a una única comunidad autónoma. Toda esta línea podremos establecerla a través de la tramitación parlamentaria de las enmiendas de SS.SS. que yo estoy dispuesta a aceptar por el bien de una mejor y constitucional gestión de los parque nacionales. Creemos que con la colaboración y el esfuerzo de quienes quieran aportar estas enmiendas podremos lograr que la conservación de la naturaleza en España, a través de los parques nacionales, esté por encima de las distintas coyunturas y avatares políticos y de apreciaciones partidistas.
Termino diciendo, señor Presidente, que no podemos aceptar ninguna de las dos enmiendas de totalidad que se han presentado, ni la del Grupo Socialista

Página 3295


ni la del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por lo que se refiere a la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, ya he dicho que parece apostar por la confusión. Una vez más juega al engaño cuando en su exposición de motivos parece que lo que le mueve a presentar esa enmienda a la totalidad es acercar la legislación a la sentencia del Tribunal Constitucional, cosa que deberían haber hecho cuando tenían responsabilidades de Gobierno y no lo hicieron. Pero cuando uno lee el desarrollo del texto se da cuenta de que para nada han tenido esa intención, y que si antes estaban en la inconstitucionalidad por no reconocer la necesidad de cogestión de las comunidades autónomas, ahora, dando un bandazo, se van a la inconstitucionalidad por la otra parte, porque después de haber declarado en la exposición de motivos el papel importante que tiene el Estado en la gestión de los parques nacionales, artículo por artículo se va viendo que el papel del Estado queda completamente al margen de la iniciativa legislativa que presentan.
Por estas razones, señor Presidente, es imposible aceptar esta enmienda de totalidad, porque o se va a otras materias que, como digo, se están autoenmendando y no han sido objeto del proyecto de ley que el Gobierno trae a la Cámara en el día de hoy, o cuando se ciñe a los dos artículos que el proyecto de ley que estamos debatiendo está modificando va a considerar que el Estado no tiene que hacer absolutamente nada. Bueno, absolutamente nada, no. Tiene que hacer algo muy importante. Es el que paga todos aquellos planes que dirijan las comunidades autónomas, todas aquellas decisiones que tome, es el que nombra al director conservador, al presidente del patronato; es decir, que el Estado sólo existe a la hora de financiar lo que la comunidad autónoma ha decidido. Son cosas tan anómalas, señor Presidente, y tan poco constitucionales como que establece, por ejemplo, que cuando se dé la situación de un parque nacional que esté a caballo entre tres comunidades autónomas, las comunidades vecinas van a tener que estar sometidas a la gestión de la comunidad que tenga más territorio dentro del parque nacional, cosa que es completamente anómala y que plantearía otra serie de recursos de inconstitucionalidad.
Señor Presidente, como lo que nosotros queremos desde el Gobierno, y con todos aquellos grupos parlamentarios que enriquecen este debate haciendo aportaciones que estamos dispuestos a considerar en nuestro proyecto de ley , es que los parque funcionen y que estén bien gestionados, no podemos aceptar un tipo de enmienda que nos va a llevar a un nuevo bloqueo en cuanto se empiecen a plantear nuevos recursos de inconstitucionalidad. Llamamos a la consideración de ambos grupos para que, entendiendo que el conjunto de la ley se modificará posteriormente, y ciñéndonos a la urgencia de este debate concreto para que los parques puedan ser cogestionados como pide la Constitución, puesto que la sentencia del Tribunal Constitucional así lo establece, retiren su enmienda de totalidad y acepten, con las enmiendas que planteen luego durante el debate en Comisión, el proyecto de ley que hoy trae el Gobierno a esta Cámara y que espera contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para que tengamos cuanto antes una gestión compartida de comunidades autónomas y Estado y los parques nacionales sean ese patrimonio de la humanidad, esa reserva de la biosfera, como muchos de ellos han sido ya declarados.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Ministra.
¿Algún Grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Ros para un turno de réplica único en un tiempo no superior a cinco minutos.


El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vaya papelón el suyo, señora Ministra. (Risas.) Además de venir tarde, hace una intervención más propia del Ministro de Administraciones Públicas que de una Ministra de Medio Ambiente. Porque ha estado todo el rato explicando cuestiones que afectan a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y, por cierto, usted debería saber que es un instrumento de absoluta normalidad en un sistema democrático, para ir a ese Tribunal cuando uno no está de acuerdo con algún aspecto de una ley o con una ley.
Por tanto, no dramatice respecto al Tribunal Constitucional. Además --usted no lo ha dicho y estaba ausente cuando yo lo decía--, la sentencia recoge que 41 artículos de la Ley 4/1989, la Ley que hicimos los socialistas, son absolutamente constitucionales. Y 13 disposiciones.
No haga usted un drama de esa sentencia, porque, cuando hay una sentencia, se puede aplicar bien o mal, se puede desarrollar bien o mal.
Yo creo que usted la desarrolla mal. Y no solamente lo cree mi grupo o Izquierda Unida, sino que parece que, hasta esta mañana, también algún grupo de los que apoyan al Gobierno lo entendía así.
A mí me parece que usted tiene dificultades de relación como Ministra, porque si no, no le ocurriría lo que le está ocurriendo en estos momentos. Ha tenido más suerte usted, señora Ministra, al hacer que en las tribunas estén los ecologistas o representantes de movimientos ecologistas y la hayan podido escuchar, cosa que no pudieron hacer cuando usted les invitó a su casa. Hay que cuidar mucho las relaciones con todos los grupos sociales; hay que ser un poco humilde.
No puede decir usted desde esta tribuna que hemos hecho una enmienda a la totalidad que tiene como objetivo el engaño. No es cierto. Y me dice que me ciña; pues me voy a ceñir, señora Tocino. Porque en la exposición de motivos de su texto dice: A diferencia de lo

Página 3296


determinado en la Ley 4/1989, los parques nacionales serán gestionados y financiados conjuntamente por la Administración general del Estado y las comunidades autónomas en cuyo territorio se encuentren ubicados. Esto lo leo de su propio texto, luego ya no se puede ceñir uno más.
Y se le ocurre a usted decir desde la tribuna que nosotros estamos mareando la perdiz para engañar al personal. A usted, aparte de todos los que ha cesado en su ministerio, alguien de su equipo aún le queda. Por ejemplo, le queda Claro José Fernández-Carnicero, que es Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente y que, por otra parte, tiene todos mis respetos, señora Ministra.
Usted, en la exposición de motivos, dice que hay que poner dinero por las comunidades autónomas. Claro, se van de viaje y, como no están coordinados, llega a Asturias su subsecretario y, ante la pregunta de: ¿Qué es esto de la cofinanciación de los parques nacionales?, su subsecretario, repito --no el del Partido Socialista--, va y dice lo que leo a continuación: Negó ayer Claro José Fernández-Carnicero que la reforma de la Ley reguladora de los parques nacionales vaya a suponer la obligación de que las comunidades autónomas tengan que cofinanciar estos espacios protegidos dentro de su territorio. (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Yo quiero pensar, señora Ministra, que ustedes no han tenido un consejillo dentro del Ministerio y que su subsecretario no sabía lo que decía. Por eso digo que hay que ser muy humildes, señora Tocino. No diga que nosotros estamos engañando a nadie, cuando en la exposición de motivos usted dice que hay que cofinanciar --y no estamos de acuerdo, y es absolutamente respetable-- y su subsecretario, cuando va a un sitio donde hay un parque nacional, dice que no hay que cofinanciar. No digan esas cosas, porque se queda en una posición bastante desairada.
Para terminar, señora Ministra, yo pienso que usted ha hecho un parche.
¿Por qué mi grupo tiene que creer que usted, después de un año, ha traído la Ley sólo para seguir puntualmente la sentencia? Podía haber incorporado cosas --y esto no sólo lo dice mi grupo, sino más personas-- como las directivas, los convenios internacionales... ¿Por qué no lo han incorporado? ¿Por qué tenemos que creer, señora Tocino, que dentro de unos meses volverá usted con otra ley? Se suele decir por ahí --y se lo digo en plan cariñoso-- que cada vez que en Medio Ambiente hay un problema se inventan una ley. Y eso creo que no es bueno para el medio ambiente de este país.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, le ruego que vaya concluyendo.


El señor ROS MAORAD: Termino, señor Presidente, no sin antes decir --y esto no es menor-- que no es cierto, a juicio del Grupo Socialista, que ustedes sean leales con la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque, a la postre, y tras una serie de órganos e instrumentos de planificación --que en algunos casos se inventan hasta cinco o seis--, al final, señora Tocino, se hace imposible que se cumpla el espíritu de la sentencia. Por tanto, creemos que están haciendo mal el desarrollo y cumplimiento de esa sentencia.
Por mi parte, señor Presidente, nada más. Sí rogar a la señora Tocino que no vuelva a decir que, cuando presentamos una enmienda a la totalidad, lo hacemos por engañar, mientras siga teniendo subsecretarios que la desmientan ante la prensa, como el otro día en Asturias.
Señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ros.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, entiendo que nos va a aceptar casi todas las enmiendas que presentemos en la Comisión, por lo que usted ha dicho de que no es el momento procesal de debatir nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo y que ya veremos más adelante en la Comisión. Bien, vamos a esperar a la Comisión. De todas formas, vamos a mantener las espadas en alto y vamos a defender y a votar, naturalmente, nuestra enmienda a la totalidad.
Señora Ministra, nosotros no nos estamos autoenmendando. Usted tiene una tendencia muy fuerte a establecer un debate con el Partido Socialista en torno a cómo gobernaron y en torno a cómo gobiernan ustedes. Tiene una tendencia a un debate absolutamente bipartidista, que muchas veces no ayuda a alumbrar aspectos importantes de las propuestas o de las leyes que estamos debatiendo en la Cámara.
No nos estamos autoenmendando. No recuerdo ahora nuestra posición en la Ley 4/1989 --no estaba yo entonces en esta Cámara--, pero nosotros no somos los responsables máximos de esta ley; en todo caso, seremos corresponsables. Nosotros no nos estamos autoenmendando, repito, estamos planteando una serie de cuestiones que nos parecen absolutamente razonables.
Yo he dicho de varias cosas, que están contenidas en nuestra enmienda a la totalidad. Digo: ¿Por qué no avanzar en el cumplimiento de algunas de las directivas de la Cumbre de Río? En junio habrán pasado ya siete años.
¿Por qué no avanzamos en cuestiones que están aprobadas desde hace casi veinte años, como es el caso de la directiva de 1979, o cinco años, con la directiva de 1992? ¿Por qué no avanzamos en cosas concretas? ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? No tenemos tanto tiempo para hacer frente a determinados

Página 3297


problemas, no se deben abordar con tanta paciencia espartana; podemos avanzar en concreto en la elaboración de esta ley.
No hemos hablado en nuestra propuesta de cogestión y de presupuesto.
Nosotros tenemos un sentido federal, también en esto, sentido federal que, además, creo que está avalado por el mejor sentido común, en la medida en que hay una corresponsabilidad de todas las instituciones en lo que se está determinando en una comunidad autónoma, en varias o en todo el Estado. Pero nosotros hablamos, en la misma exposición de motivos, de algo distinto a lo que dicen ustedes. Decimos: Una representación de la administración central, de la administración autonómica en los lugares afectados o que puedan verse afectados. Planteamos una participación de las instituciones a nivel de la Administración central, de la Administración autonómica, de los ayuntamientos, pero, además, planteamos la necesaria participación de las organizaciones ecologistas, es decir, las que están capacitadas y que pueden aportar cosas interesantes en el momento de debatir un problema concreto que afecte a una, a dos, a tres comunidades autónomas, o en el momento de debatir un problema de carácter general. Todos estos elementos se podrían introducir ya, podrían ser elementos de reforma concreta del proyecto de ley que presenta el Gobierno y esperamos que todavía puedan ser tenidos en cuenta en el trámite parlamentario de la Comisión.
Hemos planteado, y aquí termino, señora Ministra, una participación. A nuestro entender, sería una prueba de buena voluntad por parte de su ministerio y se trataría sencillamente de recomponer de forma inmediata la relación con el conjunto del movimiento, de las asociaciones, que se han abierto --algunas, hace tiempo; otras, hace poco-- en el momento de participar en el Consejo Asesor del Medio Ambiente, porque han visto que no se les ha tenido en consideración ninguna de las propuestas que hacían, ni tan siquiera la del diálogo, elemento imprescindible para tener una buena y fructífera relación en el momento de ofrecer alternativas; que, al menos, se escuchen esas alternativas. Debería tener una buena relación, mejorar inmediatamente esa relación, aunque sea dialécticamente conflictiva. Porque no espere usted que las asociaciones, el movimiento asociativo, los grupos de científicos que tratan estos temas o el movimiento ecologista, vayan a darle caramelos al Ministerio de Medio Ambiente. Va a haber una relación dialéctica conflictiva, en muchos casos porque se trata de intereses contrapuestos y porque, señora Ministra, hasta el tratamiento de la naturaleza tiene una sensibilidad más o menos social, está más o menos a la derecha o más o menos a la izquierda. Y yo me congratulo de que partidos de derecha o de centro derecha, como se autollaman ustedes, tengan una sensibilidad creciente en este tema tan importante, en el cual el conjunto de los partidos, y muy en concreto la derecha, no ha tenido una especial sensibilidad, pero debo decir que todavía hay un abismo en el momento de abordar con sensibilidad social una serie de problemas que nosotros, desde la izquierda, hemos asumido desde hace tiempo.
Por tanto, señora Ministra: recomposición de relaciones, participación del movimiento asociativo, del movimiento ecologista y, a partir de ahí, intentar trabajar en cualquier proyecto en una colaboración que, repito, puede ser conflictiva, pero que, estoy convencido, redundará en una mejora de los proyectos que el mismo ministerio presente a este Parlamento.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Frutos.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
Voy a responder brevemente al representante del Grupo Socialista. No seré yo quien haya dicho que las sentencias del Tribunal Constitucional sean anormales. Lo anormal es que, una vez que algunos preceptos de una ley se declaran inconstitucionales, uno permanezca en la inconstitucionalidad.
Eso sí que me parece anormal, porque lleva al bloqueo de la gestión de los parques, que es lo que estamos intentando solucionar con este proyecto de ley. Por tanto, repito, creo que lo anormal es permanecer en la inconstitucionalidad, como han permanecido ustedes cuando tenían responsabilidades de Gobierno, porque eso ha llevado a que los parques nacionales, esos ecosistemas tan ricos que tenemos en España, hayan estado desprotegidos. Y tenemos que meternos directamente en esa cogestión, para que no haya más problemas sobre quién tiene que actuar en cada momento.
Yo le aconsejo que lea el «Diario de Sesiones», porque usted dice y me recuerda que hay 41 artículos constitucionales, pero soy yo quien les ha dicho que, aunque esa Ley tiene que ser modificada una vez que la negociemos con los sectores realmente conservacionistas, el CAMA y la Conferencia sectorial, para incorporar muchas de las iniciativas que SS.SS. han planteado, nuestra intención es no prorrogar más la inconstitucionalidad en la que está la gestión de los parques. Ese es el motivo por el cual mantenemos esos 41 artículos, que son constitucionales, y no entramos a modificarlos, como ustedes hacen; en cambio, modificamos aquéllos que son inconstitucionales. Soy yo quien le ha dicho las razones por las cuales esto no es un parche, sino que es una medida de urgencia. No se habría producido si ustedes en 1989 hubieran sido sensibles a que las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los sectores sociales tenían también que ser escuchados y oídos. Ustedes tampoco escucharon y las organizaciones conservacionistas en aquel entonces les criticaron, porque, abusando de su mayoría parlamentaria, no dialogaron con nadie cuando se debatió la

Página 3298


Ley de 1989. Somos nosotros los que queremos sacar a esta Ley de esa situación de inconstitucionalidad. Posteriormente, hablando y dialogando, podremos llegar a modificar esa Ley que a ustedes hoy tanto les preocupa, pero que sigue siendo suya.
No hay ninguna contradicción ni crea que nos tiene que dar consejos de consejillos, señor representante del Grupo Socialista. Primero, creo que usted no se ha leído la exposición de motivos y tampoco el texto. Ustedes han presentado una enmienda de totalidad de su propia Ley, sin darse cuenta de lo que el Gobierno estaba proponiendo. Si usted, después de la exposición de motivos, lee el desarrollo se dará cuenta, y es lo que recoge el subsecretario en Asturias, de que una cosa es la cogestión paritaria, por ejemplo, en la Comisión mixta de gestión y otra muy distinta es lo que se llama cofinanciación. En la medida en que se vaya dando, cada vez más, paso a las comunidades autónomas, se dice en el texto de la ley que después de entrar en vigor --hoy empezamos el debate-- habrá 18 meses para ponerse también de acuerdo en un modelo de financiación cogestionada. Sólo se habla de cofinanciación cuando haya acuerdo después del diálogo; no se dice que sea una cofinanciación paritaria. Por tanto, lea usted también todos los artículos.
Usted cree que le estoy acusando de inventarse frases grandilocuentes para luego no cumplir el desarrollo. Antes les he dicho, y lo mantengo, que su Ley era inconstitucional porque no contemplaba las comunidades autónomas y que hoy su enmienda de totalidad puede ser también inconstitucional porque quieren excluir al Estado. Si ustedes no están de acuerdo con este proyecto que trae el Gobierno, que al final se convertirá en una ley si lo aprueba la mayoría de los grupos parlamentarios, quizá le queda la vía de la normalidad, intentar un bloqueo nuevamente --que en este caso no sería posible--, con un nuevo recurso de inconstitucionalidad, pero ya veríamos lo que los tribunales dirían en última instancia.
Al señor Frutos quiero decirle que también creo que es bueno que relea el «Diario de Sesiones», porque yo no le he hecho a usted coautor ni corresponsable de la Ley de 1989. En lo único en que han coincidido las dos enmiendas de totalidad es en intentar introducir en este proyecto de ley una serie de contenidos que no tiene previsto el Gobierno en este momento plantear. Porque, como usted muy bien dice, algunos temas ya son de hace 20 años y hay directivas que están en vigor y otras que es necesario modificar, pero todo esto hay que ir haciéndolo pausadamente.
Si algunas directivas --dice usted-- o algunos proyectos llevan 20 años coleando, piense usted si no me habrían dicho irresponsable si en 20 días o poco más les hubiera traído todo solucionado. No habría habido tiempo ni de convocar, ni de dialogar con nadie.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Ministra, le ruego vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino, señor Presidente.
Yo decía que si usted acepta ceñirse a lo que en el proyecto de ley figura, verá que justamente coincide lo que el Gobierno propone en los artículos 19, 22 y 23, que este proyecto de ley modifica, señor Frutos, con lo que el grupo al que usted representa dice. En el plan rector de uso y gestión que aprueba el Gobierno en el caso de los parques nacionales; cuando habla de parques nacionales, quién tiene que hacer la gestión conjunta y cómo tiene que mirarse la financiación; en el artículo 23, por ejemplo, cuando habla de quién tiene que nombrar al director, que se hace de común acuerdo. Usted dice lo mismo, señoría. Por tanto, le digo que si las enmiendas van en esta línea serán admisibles, porque coincidimos plenamente. En lo que no vamos a coincidir es en que yo digo que no ha lugar a presentar enmienda de totalidad sobre unas materias que no se han traído en este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Ministra. (El señor Ros Maorad pide la palabra.) ¿Señor Ros, a qué efectos solicita la palabra?

El señor ROS MAORAD: Por el artículo 71, señor Presidente. He sido contradicho en dos cuestiones. Sólo tardaría un minuto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ros, se lo he dicho al comienzo de su intervención. S.S. ha utilizado un turno de réplica y, como sabe, por el artículo 73.1 es posible su utilización por una única vez y por un tiempo de cinco minutos. Además, la señora Ministra se ha ceñido exclusivamente a contestar a los interrogantes que S.S. expuso en su intervención. Por tanto, no tiene S.S. la palabra.


El señor ROS MAORAD: Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego, para fijar nuestra posición.
Nosotros nos atuvimos al criterio de que la ley que se nos presentaba modificaba la del año 1989 exclusivamente en relación con los parques nacionales, en el sentido de adecuar la legislación a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 1995, que no cifraba en la exclusividad

Página 3299


competencial del Estado la marcha y la vida de estos parques denominados nacionales.
Después de escuchar a la señora Ministra, pensamos que había realmente razones de fondo para presentar una enmienda a la totalidad, y nos vamos a explicar. No es por el hecho de que falten en la modificación las debidas integraciones de las consecuencias derivadas del Convenio de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, las directivas de la Comunidad Europea sobre protección de aves o de los hábitat naturales, o incluso otras legislaciones del mismo rango. La actualización extensiva de la Ley de 1989, y la cualitativa, merecían una enmienda a la totalidad, de devolución, precisamente por clarificar una cuestión política de fondo, que es de la que voy a hablar a continuación.
Desde una perspectiva no sólo conscientemente nacionalista sino meramente autonomista, está claro que no hay razón de ningún tipo para que los denominados parques nacionales no sean planificados, gestionados y también financiados por las comunidades autónomas. Esto no es contradictorio con el limitado papel que debe tener el Estado, que ha de consistir en lo siguiente: en la coordinación interna, en todo caso, de todos estos parques estatales; en la contribución monetaria y financiera, y en las propuestas que se puedan hacer desde la red estatal española en relación con el exterior.
Una vez aclarado esto, es necesario decir que no cabe duda de que los parques --todo tipo de parques, estatales o naturales-- son espacios que están integrados en un determinado tipo de país o de zona del territorio del Estado español, con una estructura administrativa y política clara, que están en interrelación con otros parques que no son estatales o nacionales y que, además, deben estar integrados en su medio, en relación con los ayuntamientos y en relación con su sociedad.
El papel prioritario, específicamente superior, de las comunidades autónomas, en cuanto al nombramiento de la comisión mixta de gestión, en cuanto a los patronatos y en cuanto a la dirección, debe estar suficientemente claro, porque para algo queda el Consejo rector, en el que sí tiene un papel relevante el Estado.
Por tanto, vamos a apoyar las enmiendas de devolución y específicamente queremos decir que el texto del Partido Socialista Obrero Español, del Grupo Socialista, sin entrar en contradicciones con el pasado, está muchísimo más adecuado a este criterio que acabamos de defender, de planificación y gestión financiera de las comunidades autónomas, con carácter prioritario, en cuanto a los denominados parques estatales.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1995 declaró nulos diferentes artículos de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Esta sentencia representa un hito en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas en lo que se refiere a la declaración y gestión de los parques nacionales de España.
Quiero recordar que la Ley 4/1989 fue aprobada en un momento en el que el Partido Socialista contaba con mayoría absoluta en esta Cámara, desde la que pretendió implantar un modelo de declaración y gestión exclusiva por el Estado de los parques nacionales.
Desde muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, País Vasco, Canarias y Andalucía, se interpusieron recursos de inconstitucionalidad por ignorar las competencias autonómicas en esta materia, y el resultado fue la sentencia citada.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional, tras hacer un extenso recorrido sobre el sistema de distribución de competencias en materia de medio ambiente, señala que la Ley en aquella redacción --y cito textualmente-- desconoce paladinamente la competencia de las comunidades autónomas para ejecutar lo legislado sobre protección del medio ambiente y la posición singular de algunas de ellas, con una competencia exclusiva sobre los espacios naturales protegidos.
Señorías, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley cuyo mérito principal es su objetivo: el establecimiento de un sistema de declaración y gestión de los parques nacionales acorde con las competencias compartidas que tienen el Estado y las comunidades autónomas, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional.
El proyecto de ley es, pues, un paso en la dirección correcta, aunque nuestro grupo entiende que hay muchas cuestiones que, en su actual redacción, no satisfacen la cogestión necesaria como principio de funcionamiento de los parques nacionales de España. Sin embargo, conocemos la disposición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular para llegar a acuerdos en la mejora del proyecto. Y, en relación con esto, quiero subrayar que la posición de nuestro grupo parte de los siguientes principios: Primero, los parques nacionales de España deben seguir siendo los espacios naturales protegidos que, por su representatividad, tengan un reconocimiento estatal y una gestión especial compartida; segundo, creemos necesario y adecuado que estos parques se integren en la red de parques nacionales de España como principio de una unidad ambiental; tercero, para ese fin puede existir un órgano de ámbito estatal con presencia de las comunidades autónomas, en función del número de parques enclavados en su territorio que tengan funciones coordinadas; cuarto, no dudamos de que puedan establecerse

Página 3300


directrices básicas para el funcionamiento de la red, teniendo en cuenta que a las comunidades autónomas corresponde la elaboración de los planes de ordenación de los recursos naturales, y en ese marco desarrollarán los planes rectores de uso y gestión de los parques nacionales; quinto y último, entendemos la cogestión no sólo como la consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional, sino como una necesidad ineludible para la adecuada gestión de los parques nacionales.
Señorías, en Canarias contamos actualmente con cuatro de los diez parques nacionales que hoy se integran en la red. Hay quienes han propuesto modelos de gestión de los parques como cotos cerrados de titularidad estatal. Alguien dijo una vez, refiriéndose a los parques nacionales en Canarias, que éstos eran los auténticos peñones de Gibraltar en las islas, desconectados administrativa y ambientalmente de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Hoy nos proponen una enmienda de texto alternativo al proyecto de ley quienes pretendieron imponernos ese modelo. Sin embargo, preferimos creer en un proyecto de ley y en una disposición de encontrar acuerdos en lo que nos separa, que en estos momentos es mucho, con quienes han acreditado esa disposición. Por tanto, Coalición Canaria votará favorablemente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco participa de los objetivos que han sido expuestos por la señora Ministra de Medio Ambiente en este debate y que se encuentran recogidos en el proyecto de ley objeto de debate, y lo hace desde tres perspectivas: una, porque se acomoda a la sentencia del Tribunal Constitucional, habiendo sido la Comunidad Autónoma del País Vasco una de las comunidades que presentó recurso de inconstitucionalidad en relación con el proyecto de ley de 1989, y entendemos que la reforma que se plantea ahora se ajusta a esta sentencia, situación que nos satisface.
Nos satisface también una segunda perspectiva, que se hagan propuestas en relación a la gestión y a la financiación de estos parques buscando fórmulas más abiertas, fórmulas mixtas, fórmulas de cogestión, tanto en lo que se refiere a sus órganos de gestión como a los nombramientos que se derivan de la misma. Entendemos que este modelo puede ser mucho más ambicioso en orden al disfrute de los parques por parte de los ciudadanos.
Participamos también, en tercer lugar, señor Presidente, de las fórmulas de financiación mixtas que se plantean tanto por el Estado, por las comunidades autónomas como por la iniciativa privada; fórmulas de financiación y encuentros entre objetivos de distintas iniciativas que pueden encontrarse para los parques nacionales.
Es verdad que las enmiendas a la totalidad que estamos analizando son más extensivas en las reformas, se solicitan tanto en una como en otra actualizaciones más extensivas que las propuestas por el Gobierno, situaciones que nos parecen razonables pero que no son en principio objeto del debate que el Gobierno propone a esta Cámara.
Se ha insistido por parte de los grupos proponentes, al defender las enmiendas a la totalidad, en la carencia de diálogo por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) quisiéramos indicar, señor Presidente, que conocemos una relación fluida con el ministerio respecto a estos temas y quisiéramos manifestar, en consecuencia, nuestra satisfacción porque las propuestas que se realizan a través del grupo parlamentario encuentran un nivel de análisis y de contraste en los distintos órganos del Ministerio de Medio Ambiente.
Para concluir, quiero indicar que, participando de los objetivos y entendiendo que la reforma que se plantea se ajusta estrictamente a la sentencia del Tribunal Constitucional, votaremos en contra de las dos enmiendas a la totalidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señora Ministra, en primer lugar, queremos felicitarnos porque ha entrado en esta Cámara el proyecto de ley que modifica la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales, que nos permitirá adecuarla a la normativa vigente. No hay ningún tipo de duda de que esa ley nos ha facilitado instrumentos que, con toda seguridad, han contribuido y continuarán haciéndolo a conservar los espacios naturales, la flora y la fauna silvestres.
Si bien es cierto que las leyes las aprueban los legisladores, para que éstas surtan los efectos previstos han de tener la complicidad de los afectados. Por tanto, una buena ley que regule los parques nacionales ha de ser una ley que, además de la protección de la flora y la fauna, ha de estar absolutamente integrada con la realidad cultural, social y económica del territorio. Eso sólo es posible si el territorio tiene el convencimiento de que aquel bien, aquel parque nacional que sus antepasados han mantenido a lo largo de tantas

Página 3301


generaciones, también es suyo y, por tanto, participa de una forma activa en su gestión.
Queremos un modelo de parques nacionales abiertos y participativos, y esa capacidad de intervenir en el actual ordenamiento se hace a través de las participación de los gobiernos autonómicos y también a través de la presencia de las administraciones locales. Pues bien, eso que parece tan obvio, tan simple, tan meridianamente claro, tan razonable, en el caso de los parques nacionales no era posible y la ley, en una interpretación absolutamente sesgada, entendía que era sólo el Estado central quien tenía la capacidad de gestionarlos de forma exclusiva.
Frente a esta situación absolutamente kafkiana, la Generalitat de Catalunya y otras comunidades autónomas se vieron en la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional, y ha sido éste el que ha tenido que venir a quitar la razón a la mayoría absoluta de aquel momento y, por tanto, a pronunciarse en la modificación de toda una serie de artículos.
En algunos casos incluso llega a decir que no es admisible la exclusión de las comunidades autónomas en cuyo territorio está enclavado un parque nacional, como hace la ley en su artículo 35. El Tribunal Constitucional dice: El legislador rebasa las fronteras de la protección del medio ambiente para hacer una incursión prohibida constitucionalmente en el ámbito de la caza y la pesca, título competencial exclusivo de las comunidades autónomas. En realidad, declara nulos los artículos 21.3, 21.4, 22.1, 35.1, 35.2, y también declara nulos algunos artículos del Real Decreto 1095/89.
Por tanto, hoy nos vemos en la obligación de iniciar un proceso de modificación de una normativa, veinte meses después de que el Tribunal Constitucional advirtiese que no era conforme a Derecho, y casi ocho años después de que se hayan sustraído las competencias a algunas comunidades autónomas. A otras, como Cataluña, que se les castigó por el simple hecho de querer ejercitar nuestro derecho, en aplicación tanto de la Constitución como del estatuto, con la exclusión de la disposición adicional primera, la cual declaraba parque nacional al parque nacional de Aigües Tortes y lago de Sant Maurici. Y se le expulsó de un plumazo de la red estatal, siendo uno de los mejores parques del Estado, siendo un parque histórico que fue catalogado como parque nacional en el año 1955, cuando, por ejemplo, Doñana legalmente ni existía, siendo rectificado por la Ley de 1987. Y no porque no reuniera los mínimos de calidad que le han sido reconocidos por los organismos internacionales, sino porque su gestión por ley correspondía a la Generalitat. Es una pena que la insensibilidad de algunas mayorías nos obligase a acudir al Tribunal Constitucional. En todo caso, hoy es un gran día para aquellas personas que desde la periferia creemos que hemos alcanzado la mayoría de edad y que somos capaces de gestionar nuestros propios parques nacionales.
Esperemos que la modificación de esta ley permita a las comunidades autónomas participar en el ordenamiento y protección de su entorno, al que tienen derecho, y devuelvan al parque nacional de Aigües Tortes y lago de Sant Maurici la categoría de parque nacional que, a nuestro entender, nunca perdió pero que de forma mezquina se le intentó hurtar.
Por tanto, señora Ministra, nuestro voto irá en contra de la enmienda a la totalidad, esperando que la ley que debatiremos en Comisión en los próximos días, y a la cual haremos aportaciones de carácter positivo, haga justicia al espíritu de la Constitución y al espíritu de los estatutos de las diferentes comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora de Lara.


La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, podría comenzar diciendo que, al ser el nuestro el grupo que interviene en último lugar en el turno de los grupos parlamentarios, el diseño argumental de lo que supone el texto del proyecto de ley que debatimos está ya expresado en pro y en contra. Sin embargo, no creo innecesaria una reflexión sobre lo que comportan las enmiendas a la totalidad con texto alternativo y el propio texto, en forma y fondo, del proyecto de ley que nos propone el Gobierno.
La enmienda con texto alternativo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya rebasa el ámbito de modificación propuesto por el proyecto de ley del Gobierno, tal como ha indicado la señora Ministra; lo rebasa en el sentido de que toca distintos aspectos que serán objeto de otras modificaciones, por lo que no voy a entrar en las bondades o en las carencias del texto que nos presentan. Si excluimos esta circunstancia, la enmienda a la totalidad no aporta elementos nuevos que no puedan incorporarse en el trámite de debate de las enmiendas parciales.
En cuanto a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista, en cierto modo se puede aducir una argumentación similar, dado que el propio marco normativo también queda rebasado, al incorporar trasposiciones de directivas europeas que no son elementos a incorporar cuando debatimos un concreto proyecto de ley.
Cuenta, además, la enmienda socialista con un componente perverso, al que me referí en el último Pleno de la Cámara cuando debatíamos una moción sobre política hidráulica; rectifica la realidad de la acción de los gobiernos socialistas en esta materia, y parece emanar de los remordimientos de gestión de quienes tuvieron la obligación, la responsabilidad y la oportunidad

Página 3302


de hacer desde el Gobierno, durante trece años, lo que ahora, en unos meses, exigen se haga desde la oposición. Es un papel que, quiero pensar, no les gusta, pero que han asumido y que supone --repito-- subir a la tribuna para decirnos que el Gobierno actual debe hacer lo que ellos, desde un Gobierno socialista, no pudieron o no supieron hacer. Esta urgencia y esta preocupación medioambiental, de repentina asunción, deben ser bienvenidas por lo que tienen de rectificación, de reconocimiento de errores, de buena voluntad de nuevo cuño, pero llegan tarde.
En cuanto al afán de reparto de juego, de traslado de gestión a las comunidades autónomas, es loable y debe ser bienvenido, pero igualmente resulta nuevo, ya que los gobiernos socialistas hicieron todo lo contrario. Afortunadamente, una de las potencias del alma es la memoria, según aprendimos en la escuela, y junto a la memoria están los «Diarios de Sesiones» de las Cámaras, en cuyo cuerpo documental pueden encontrarse, sin bucear demasiado, muestras contrarias a esa postura de reparto de juego autonómico en materia de parques nacionales, que ahora proclaman y exigen los socialistas. Como de muestra vale un botón, que señala el refranero, recordemos el tema del parque nacional de Picos de Europa.
Por todo ello, señorías, el voto del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas a la totalidad de Izquierda Unida y del Grupo Socialista será negativo.
En cuanto al proyecto de ley que presenta el Gobierno, resumiré la posición de nuestro grupo parlamentario en seis puntos que entiendo positivos y por los que vamos a otorgarle nuestro voto favorable.
Primero, modifica determinados artículos de la Ley 4/89, para adaptar el contenido de ésta a la sentencia del Tribunal Constitucional. Segundo, conforma una estructura organizativa para la red de parques nacionales.
Señorías, una red de parques nacionales no es una relación, una suma de espacios protegidos; es un proyecto unitario de conservación de la naturaleza que debe revestirse de unas particularidades organizativas en función de la especial trascendencia de su valor global. Tercero, se introducen figuras de gestión intermedias y de gestión compartida, a la vez que se dan nuevas atribuciones a los patronatos, ampliando sus funciones y la participación social, con lo que el proyecto de ley se ajusta a las nuevas necesidades que reclama la sociedad. Cuarto, frente al autoritarismo de la etapa anterior, prevalece la no imposición, la mayor implicación y motivación de la población del entorno de los parques nacionales. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que cuando un territorio se encuentra en buen estado de conservación, con unos valores que hay que defender, es porque los habitantes de la zona han colaborado en que estos valores nos hayan llegado de esta forma hasta nuestros días.
Quinto, el proyecto de ley da un contenido a los planes rectores de uso y gestión, a la vez que se incorporan los planes anuales de trabajo y los planes anuales de inversiones. Y sexto, y último, se establece por primera vez un instrumento, la red de parques nacionales de España, y un órgano, el consejo rector, a través de los cuales se conseguirá coordinar las políticas de conservación. Se conseguirán unos criterios básicos generales en las áreas de investigación, de uso público, sensibilización y formación ciudadana, y un largo etcétera, dando una coherencia a las actuaciones de la que anteriormente se carecía.
En definitiva, señorías, estamos ante un proyecto de ley que afecta a unos espacios que mueven la sensibilidad social, positivamente creciente respecto a los temas medioambientales: los parques nacionales. Junto a las notas que acabo de enumerar, es justo reconocer el talante abierto del Gobierno y su espíritu de diálogo. Estamos ante el debate sobre la enmienda a la totalidad y no resultaría responsable confundir este ámbito. Estoy segura que la actitud abierta del Grupo Parlamentario Popular y de los demás grupos de esta Cámara enriquecerán el texto en el trámite del debate en ponencia y en Comisión de las enmiendas parciales.
En temas de parques singulares, como el citado anteriormente por el señor Companys de Aigües Tortes, esta actitud abierta buscará las soluciones más adecuadas dentro de la normativa vigente. Desde esta seguridad, convoco a SS.SS. a votar favorablemente la continuidad del trámite parlamentario de esta ley, no haciendo de los parques nacionales un arma más en la confrontación política. La defensa de estos espacios, de todos y para todos, nos demanda responsabilidad, ecuanimidad y buen juicio.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora De Lara.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley discutido. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley que modifica el de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Al ser enmiendas con texto alternativo, votamos, en primer lugar, el propuesto por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 142; en contra, 172; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida.
Votación sobre la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista.


Página 3303


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 143; en contra, 172; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista.


AVOCACION POR EL PLENO:

-- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES (Número de expediente 121/000023)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno la solicitud de avocación por el Pleno de la ley --cuya totalidad acaba de aprobarse, al rechazarse las enmiendas-- de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final del proyecto? (Asentimiento.) Se entiende que, salvo alguna excepción que se manifieste en forma expresa, queda aprobada por asentimiento la avocación.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación):

-- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número de expediente 121/000026)

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad sobre el proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes, al que se han presentado dos enmiendas de totalidad.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra su Vicepresidente para Asuntos Económicos, señor Rato. (Rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio para que podamos concluir el debate y efectuar las votaciones. Les ruego, en consecuencia, que quienes deseen abandonar el hemiciclo lo hagan cuanto antes y guarden todas SS.SS. silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señor Silva! ¡Señor Ollero! ¡Señor Isasi! ¡Señor González de Txabarri! Lamentaría tener que citar a todas SS.SS. por su nombre para llamarles al orden. ¡Silencio, señorías! Cuando quiera, señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, es siempre para mí una satisfacción presentar un proyecto en esta Cámara, en especial el proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente, más conocido por el estatuto del contribuyente, y que va a representar, sin duda, un paso fundamental en la definición de las relaciones de los contribuyentes y de la Administración tributaria.
El proyecto que ahora presenta el Gobierno es fiel reflejo de la voluntad desde hace tiempo manifestada, primero, por el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, en diversas legislaturas, y también por el Partido Popular, en convocatorias electorales y, desde luego, en la última, como ha sido también motivo de presentación por el Presidente del Gobierno en el discurso de investidura, el pasado mes de mayo. Es, por tanto, una iniciativa política del Partido Popular, defendida a lo largo de muchos años y que representa para nosotros una muestra clara de nuestra concepción en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración y, más concretamente, entre los contribuyentes y la Administración tributaria. Esta iniciativa responde a nuestra convicción de que, en una sociedad democrática avanzada, las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, en este caso, los ciudadanos como contribuyentes, deben estar basadas en los principios de seguridad y equilibrio de las posiciones jurídicas, donde la colaboración sea el elemento definitorio.
Asimismo, estos principios, como he dicho, han quedado plasmados en todos nuestros programas electorales, desde luego, de esta década, y en nuestras intervenciones parlamentarias, especialmente en la del Presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Por ello, el pasado 17 de enero, el Consejo de Ministros aprobó y acordó remitir a las Cortes este proyecto de ley.
Quisiera, señorías, mencionar ahora la razón de ser y la filosofía del proyecto. Quiero comenzar por afirmar que la obligación de todos los ciudadanos, por mandato constitucional, de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica es una base esencial que respalda precisamente este proyecto de ley; y esta obligación de los ciudadanos viene acompañada de la obligación del Estado, a través de su Administración tributaria, de hacer que este deber de contribuir a las cargas públicas se cumpla.
El Gobierno del Partido Popular está convencido de que para lograr este objetivo constitucional se encuentra condicionado a la percepción por parte de los ciudadanos de cuál es la actuación administrativa y, por tanto, de cuáles son las relaciones entre el administrado y la Administración en el sistema tributario, que debe estar basado, en nuestra opinión, tal y como proclama nuestro texto constitucional, en la justicia y en la igualdad. Es opinión del Gobierno que la colaboración y la percepción del ciudadano son esenciales para

Página 3304


el cumplimiento del objetivo de que todos soporten las cargas públicas según su capacidad económica, porque, señorías, nuestro sistema tributario se basa, en gran medida, en el cumplimiento voluntario de las obligaciones, lo que significa que, al deber de contribuir, se añade también el deber de colaborar. Por ello, entiende el Partido Popular y, desde luego, el Gobierno, que debe facilitarse el cumplimiento de la obligación de contribuir. El ciudadano debe tener la convicción de que la Administración tributaria, aunque dotada de importantes facultades que le permiten cumplir su función, se sitúa frente al ciudadano en una posición de equilibrio en virtud de los derechos y garantías que le atribuye el ordenamiento jurídico. Estos derechos y garantías significan precisamente que el Gobierno del Partido Popular está decidido a aplicar con rigor el sistema tributario. El Gobierno considera que el fraude fiscal constituye una clara manifestación de insolidaridad e injusticia y, por ello, ha situado la lucha contra el fraude entre sus objetivos prioritarios, y el reconocimiento de los derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración, así como las concreciones que se imponen a la actuación administrativa en materia tributaria son instrumentos imprescindibles para potenciar y para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y tener un respaldo democrático de la actuación tributaria. En definitiva, la decisión de luchar enérgicamente contra el fraude fiscal, para conseguir que la generalidad en la obligación a contribuir sea una realidad, y la considerable ampliación del marco de derechos y garantías de los contribuyentes, constituyen medidas complementarias encaminadas todas al objetivo común de hacer efectivo el deber consagrado en el artículo 31 de nuestra Constitución.
Por todo ello, el Gobierno considera imprescindible facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de las obligaciones fiscales y también, al mismo tiempo, reducir el coste indirecto que este cumplimiento representa. La normativa tributaria española --todos somos conscientes-- ha sido sometida a cambios casi de forma permanente, lo cual hace que no sólo resulte difícil de comprensión sino, incluso, de conocimiento. Para la gran mayoría de los ciudadanos y para aquéllos que la conocen --incluso la conocen profesionalmente--, en no pocos supuestos estos cambios permanentes a los que ha estado sometida nuestra normativa tributaria suponen dificultades en su aplicación. Por ello, debe avanzarse en la simplificación del sistema tributario y, al mismo tiempo, reforzar las actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
Sin duda, el proyecto tiene un componente muy destacado de carácter programático, por cuanto describe los principios esenciales en torno a los cuales se debe orientar la labor de la Administración tributaria.
Algunos de los principios que contiene este proyecto reconocerán SS.SS.
que ya estaban recogidos en otras normas y que vienen a incorporarse a este proyecto. Por otro lado --y esto es más novedoso--, este proyecto incorpora al ordenamiento tributario lo que pueden considerarse los derechos básicos de cualquier administrado reconocidos en la Ley de 1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Y esto es novedoso porque tradicionalmente nuestro ordenamiento tributario se ha mantenido aparte del ordenamiento administrativo general, en atención a las peculiaridades de la gestión y de la relación tributaria. Pero siendo incuestionable esta especialidad, ello, en opinión del Gobierno, no debe suponer, en ningún caso, un menoscabo de los derechos y garantías, y el administrado, a partir de esta ley, en el ámbito tributario va a tener los mismos derechos que ahora tiene en el ámbito administrativo general, sin que ello impida, de ninguna manera, la especialidad de la relación y el procedimiento tributarios y, por tanto, la capacidad de la Administración tributaria de cumplir con su obligación.
Además de estos derechos generales --junto con los que ya estaban reconocidos en el ordenamiento tributario--, esta ley de derechos y garantías del contribuyente va a comportar modificaciones sustanciales en la práctica tributaria corriente al incorporar, por un lado, nuevos derechos que no estaban reconocidos y, por otro, fortalecer las garantías existentes en los procedimientos, que obligan a la Administración tributaria a actuar con un mayor dinamismo y agilidad, en beneficio de los principios de certeza y seguridad jurídica.
Este proyecto, señorías, constituye un marco de referencia muy preciso que permitirá valorar la adecuación a los principios que contempla, tanto de las modificaciones legales que se aprueben en el futuro como de la actuación de la Administración en la aplicación de las normas contenidas en el estatuto del contribuyente.
Finalmente --y acabando esta primera parte, señor Presidente, sobre las razones y la filosofía del proyecto--, quisiera señalar ante SS.SS. que la creación del consejo de defensa del contribuyente --aprobada por el Gobierno el pasado 2 de diciembre-- constituye un instrumento práctico y técnico, que contribuirá eficazmente a la aplicación de esta ley.
Quisiera ahora, señor Presidente, repasar el contenido del proyecto.
El propio título del proyecto recoge dos campos de actuación: los derechos y las garantías. El primero, el de los derechos, hace referencia a aquellos preceptos que por sí mejoran la posición jurídica del contribuyente. Seguramente todos estamos de acuerdo, aunque tenemos que escuchar dos enmiendas que piden la devolución del proyecto, en que el precepto que iguala el interés que la Administración cobra a los contribuyentes cuando el ingreso de la deuda tributaria se produce fuera de plazo con el que la Administración ahora abona, si es ella la que incurre en el retraso, deben ser

Página 3305


iguales; como también estoy seguro de que estaremos muy de acuerdo, si no totalmente de acuerdo, tal y como este proyecto reconoce, en el derecho a estos intereses sin necesidad de requerimiento expreso; como también estoy seguro que podemos encontrar vías de consenso en coincidir con el precepto del proyecto que atribuye la posibilidad de recuperar el coste de avales u otras garantías aportadas cuando se recurre a una deuda tributaria y el tribunal da la razón al contribuyente. Sin duda estos son preceptos que mejoran los derechos del contribuyente y que después explicaré con más detalle.
El segundo bloque es el que afecta a materias referidas a garantías y presenta, a grandes rasgos, un contenido básicamente procedimental o de funcionamiento, aunque no por ello menos importante, como somos todos plenamente conscientes. Se trata de establecer pautas concretas de comportamiento a la actuación de la Administración cuando ésta se relaciona con el contribuyente, para equilibrar las posiciones entre los dos sujetos de la relación tributaria. En este bloque se encuentran aquellos preceptos que establecen plazos para determinados procedimientos tributarios que actualmente no tienen fijado ningún plazo, como es el procedimiento de inspección, o los que reducen plazos actualmente existentes, como el de la devolución de oficio que se acorta en un mes frente al plazo actual.
Por tanto, señor Presidente, señorías, la redefinición de las relaciones Administración-contribuyente exige inexcusablemente abordar los dos polos de la relación, de un lado reforzando la posición del contribuyente, es decir, sus derechos y, de otro, regulando, de forma cada vez más explícita, el actuar administrativo, es decir, las garantías. En definitiva, los derechos y garantías se configuran como la necesaria contrapartida a las obligaciones concretas de los contribuyentes que están ya recogidas en nuestro ordenamiento jurídico y en las leyes tributarias.
El proyecto se inicia con un capítulo dedicado a los principios generales que lo inspiran, y en él se hace referencia al carácter básico de la norma y a su aplicación por todas las administraciones tributarias. Se destaca así la clara vocación de generalidad con que el proyecto está concebido y que constituye un objetivo ambicioso y sin duda deseado por los ciudadanos.
A continuación se relacionan los derechos y garantías que el proyecto regula y se establece un mandato al Gobierno para que las disposiciones legales y reglamentarias que de ahora en adelante contengan normas tributarias lo hagan constar expresamente en su título y para que, en caso de modificación de normas tributarias, se relacionen aquellas que son derogadas y se haga constar la nueva redacción de las modificadas.
En los capítulos siguientes se regula, por un lado, la información y asistencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de publicaciones, comunicaciones, consultas y acuerdos previos de valoración; las devoluciones y reembolsos, tanto la devolución de ingresos indebidos como la devolución de oficio y el reembolso de los costes de garantía; los derechos generales del contribuyente que no son si no, como ya he dicho, la extrapolación al ámbito tributario de los derechos generales que recoge la Ley 30/1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, para que sean ahora de aplicación directa también en el derecho tributario, y se regulan además los aspectos puntuales de procedimientos tributarios básicos como la inspección, la recaudación o el procedimiento sancionador, y se establece, finalmente, una nueva configuración de las reclamaciones económico-administrativas.
Quisiera ahora, señor Presidente, relatar brevemente a la Cámara las modificaciones más importantes. Empecemos por el artículo 8 del proyecto, en materia de información y asistencia al contribuyente. Los contribuyentes, a partir de esta ley, podrán solicitar a la Administración tributaria que determine con carácter previo y vinculante la valoración fiscal de rentas, productos, bienes, gastos y demás elementos del hecho imponible. Esto quiere decir que los contribuyentes, antes de realizar un acto jurídico, podrán saber cuál va a ser la valoración y las consecuencias tributarias de ese acto. Con ello generalizamos a todos los tributos el esquema que ya se había planteado en el Impuesto sobre Sociedades aprobado a finales de 1995.
También quisiera mencionar en los artículos 9 y 10 una medida especialmente novedosa, que es la equiparación de los intereses de demora. A partir de ahora, nos encontramos con que el retraso en el pago de las deudas, ya sea por parte de los administrados contribuyentes, ya sea por parte de la Administración, vendrá afectado por el mismo tipo de interés, y no como hasta ahora, que había una diferencia de dos puntos a favor de la Administración en sus relaciones con los administrados.
El tercer aspecto que quiero destacar es el artículo 10, con el abono automático de intereses. Esto quiere decir que, junto con la obligación de pagar el mismo tipo de interés tanto en las relaciones a favor de la Administración como en las relaciones a favor del contribuyente, nos encontramos con que el abono se hará de manera automática, sin necesidad de requerimiento expreso, y esto es especialmente importante para aquellos contribuyentes con menos medios y con menos información, que verán que la Administración está obligada a satisfacerles los intereses sin necesidad de que tengan que realizar un acto positivo para reclamarlos.
Quisiera mencionar también, señor Presidente, el artículo 24, que reduce los plazos de prescripción, y este es un tema especialmente novedoso en este procedimiento. Primero quisiera afirmar que el instituto jurídico de la prescripción tiene, en nuestra opinión, el

Página 3306


objeto fundamental de promover la seguridad jurídica, de forma que el sujeto que cumple con sus obligaciones --en este caso las tributarias-- sepa que, transcurrido un plazo razonable, sus obligaciones no podrán ser sometidas a revisión. La prescripción se configura como una garantía para quien cumple debidamente sus obligaciones y no como un instrumento para eludirlas. El proyecto que ahora tengo el honor de presentar reduce el plazo de prescripción con carácter general en un año y lo sitúa en cuatro, frente al plazo de cinco años actualmente vigente. Ahora bien, de forma simultánea el plazo se amplía en un año, es decir, de cinco a seis, para los contribuyentes que ocultan sus fuentes de renta, bien no presentando declaración, bien no declarando alguna de sus actividades sujetas a tributación.
Hacemos, por tanto, claramente una discriminación a favor de los contribuyentes cumplidores de sus obligaciones frente a los contribuyentes que tratan de eludir al fisco. En ese sentido, ampliamos las garantías dándoles un año menos para que se produzca la prescripción a aquellos contribuyentes que colaboran activamente con las administraciones públicas, y sin embargo ampliamos el plazo de prescripción para aquellos que intentan defraudar.
También quisiera mencionar, señor Presidente, el artículo 10, con la reducción del plazo de las devoluciones de oficio en un mes, pasando de siete meses a seis meses. En ese sentido, la reducción, unida al abono de intereses de demora sin necesidad de requerimiento, implica una mejora sustancial en la gestión tributaria, puesto que el contribuyente percibirá el importe de las devoluciones que le corresponden en un plazo inferior al actual, y si por cualquier circunstancia la Administración no fuera capaz de cumplir este plazo, de manera automática tendrá que pagarle intereses, que a partir de ahora serán similares a los que el contribuyente tendría que pagar si estuviera él en mora con la Administración.
Quisiera también mencionar el artículo 11, respecto al reembolso de costes de los avales y otras garantías. La regulación de la posibilidad de obtener el reembolso de los costes de los avales u otras garantías prestadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria constituye sin duda una de las grandes novedades de este proyecto. Se trata, en definitiva, de que la prestación de avales o garantías que viene exigida por la normativa vigente para suspender la ejecución de una deuda no represente coste para los contribuyentes a los que los tribunales dan razón en su pretensión.
Desde el punto de vista de los derechos generales del contribuyente, a los que ya he hecho mención en el capítulo IV, los contribuyentes tendrán ahora derecho también en su relación tributaria, de manera directa, a las mismas garantías y derechos que tienen en su relación administrativa general, es decir, a conocer el estado de tramitación en que se encuentran los procedimientos de la gestión tributaria, como dice el artículo 13; a conocer la identidad de los responsables de la tramitación de los procedimientos; a solicitar que se les expida certificación de las declaraciones tributarias que hubieran presentado; a presentar los documentos en la lengua cooficial de su comunidad, así como a solicitar que les sean traducidos los documentos que expida la Administración.
Todas estas medidas no son sólo de transparencia sino de apertura de la Administración tributaria. La Administración tributaria en este proyecto se configura como una administración abierta a su colaboración con el contribuyente, al cual informa de todos aquellos aspectos que le son esenciales para mantener una relación equilibrada con la Administración pública.
Un tema especialmente importante, desde el punto de vista político, es la publicidad de los planes de inspección. A partir de este proyecto la Administración tributaria tendrá el deber de hacer públicos los criterios que informan cada año el plan nacional de inspección. De este modo se garantiza que la actuación inspectora se ajustará a criterios transparentes, facilitando así su control. Este es un artículo de contenido, yo diría, no sólo de seguridad jurídica, sino de seguridad política. Los planes de inspección se harán públicos y, por tanto, el Gobierno someterá a debate público sus criterios de inspección para cada año, lo cual es una garantía no sólo para el contribuyente individual sino para el conjunto de la sociedad española.
Quisiera mencionar también, señor Presidente, el artículo 28, en el alcance de las actuaciones inspectoras. Los contribuyentes a partir de este proyecto tendrán el derecho de solicitar que una actuación de carácter parcial pueda convertirse en una actuación de carácter general.
Con ello se logra aumentar la seguridad jurídica al evitar que quienes son objeto de una actuación limitada a un aspecto concreto de su tributación por cualquier impuesto puedan ser nuevamente investigados por ese mismo impuesto, pero en relación con aspectos distintos, dándole la posibilidad al contribuyente de solicitar que una actuación parcial, repito, se convierta en una que tenga carácter general.
Un elemento especialmente llamativo de este proyecto es el plazo máximo de 12 meses para las actuaciones inspectoras. Sus señorías son conscientes de que en este momento en la relación tributaria la Administración no tiene plazo para finalizar una actuación inspectora.
Tiene una obligación, según el artículo 31.4 del reglamento de inspección, de no interrumpir la actuación por más de seis meses, pero la actuación inspectora no tiene plazo de tiempo, lo cual es realmente llamativo en una relación jurídica equilibrada.
A partir de este proyecto de ley la actuación inspectora tendrá que finalizar en doce meses.
Por tanto, ya no se trata de que las interrupciones no podrán durar más de seis meses; con interrupciones o sin ellas, la actuación inspectora tendrá que durar doce meses.


Página 3307


Por tanto, los ciudadanos tendrán la seguridad jurídica de que cuando la Administración comience una actuación inspectora, ésta finalizará en doce meses, además de todas las otras que he mencionado anteriormente. Es indudable que el Gobierno podrá, en casos tasados legalmente, dada la dificultad que puedan suponer determinados supuestos de especial complejidad, ampliar este plazo, pero tendrán que ser, vuelvo a repetir, supuestos tasados.
Una novedad importante de este proyecto de derechos y garantías del contribuyente la contiene el artículo 34. El procedimiento sancionador se dota asimismo de nuevas e importantes garantías como consecuencia de la separación de procedimientos. A partir de ahora habrá dos procedimientos: el procedimiento de comprobación e investigación y el procedimiento sancionador, que serán procedimientos separados como uno de los instrumentos básicos de garantía del contribuyente.
Asimismo, como lo indica el artículo 35, la ejecución de las sanciones podrá quedar suspendida por la simple interposición de recurso, sin necesidad de garantizar o avalar en la vía administrativa.
Señor Presidente, en el artículo 37 se introduce una modificación también especialmente relevante, y es que a voluntad del contribuyente podrá haber una única instancia en la vía económico administrativa. Esto querrá decir que el procedimiento, si el contribuyente así lo desea, podrá tener una mayor celeridad para pasar a la vía de reclamaciones jurisdiccionales normales. En ese sentido la doble instancia que existe en este momento podrá no tener lugar, si el contribuyente así lo solicita, para pasar directamente a la vía judicial, agotando la vía económico- administrativa.
Con todas estas novedades que he mencionado se cierra, sin duda, un círculo de derechos y de garantías extraordinariamente importantes de cara a la relación con el contribuyente y que, junto con la ya existente -como era natural- posibilidad de todo contribuyente de acceder a los tribunales para defender sus posiciones, configuran una situación sumamente novedosa y moderna en las relaciones entre los contribuyentes y la Administración pública.
En conclusión, señor Presidente, señorías, este proyecto que remite el Gobierno a la Cámara es, por un lado, un paso, no sólo decidido sino definitivo, que implica un serio compromiso para la Administración tributaria en la mejora de las relaciones con el contribuyente, con la finalidad de hacerlas más fluidas y más asequibles, lo que sin duda, en opinión del Gobierno, redundará en beneficio de un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La Administración tributaria tiene, a partir de ahora, si SS.SS. aprueban el proyecto, la obligación de prestar un servicio al ciudadano y facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones. Ello, en opinión del Gobierno, será un instrumento valiosísimo en la lucha contra el fraude.
Una Hacienda pública más colaboradora y más cercana al ciudadano contribuirá a que todos los ciudadanos nos sintamos más responsables de nuestras obligaciones. Sin duda este proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente representa un compromiso muy importante y un esfuerzo para la Administración tributaria, que deberá hacer frente a una mayor concreción de sus obligaciones, a una mayor tarea de información y a un cumplimiento más riguroso de los plazos. Señorías, ¿qué sería de las relaciones del ciudadano con la Administración en general si ésta no cumpliera sus plazos, no le diera información y no estuviera dispuesta a llevar a cabo, cada vez con mayor concreción, el cumplimiento de sus obligaciones? Este proyecto de ley, vuelvo a repetir, señor Presidente, como dije al principio, representa una de las posiciones políticas más largamente defendidas por el Partido Popular en nuestros programas electorales y en esta Cámara, y es parte sustancial del discurso y del programa de investidura; abre la puerta a unas relaciones en un nuevo marco equilibrado y de seguridad jurídica, a unas relaciones que yo me atrevería a decir de mucha más profundidad democrática entre los ciudadanos y la Administración tributaria y, por tanto, supone un avance más en nuestra estructura jurídica de garantías para los ciudadanos.
Por todo ello solicito de la Cámara su aprobación.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Al proyecto de ley se han presentado, como anticipamos, dos enmiendas de totalidad, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ambas de devolución.
Para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo ha presentado efectivamente una enmienda de totalidad a este proyecto de ley que, como ya ha dicho el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, pretende regular la relación entre la Administración tributaria y el contribuyente desde el punto de vista de los derechos y garantías que asisten a este último. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) La propia memoria del proyecto ya concluye que los deberes de los contribuyentes no requieren mayores explicaciones, o al menos no requieren de una norma que compendie tales deberes, y yo creo que es lógico. Parece que el redactor del proyecto ha estimado que no está el humor del contribuyente como para que le

Página 3308


recuerden sus obligaciones, y más después de los últimos acontecimientos.
Mi grupo quiere dejar claro que no nos oponemos a regular los derechos y garantías que deben de asistir a los contribuyentes, por supuesto que no nos oponemos. Creo que nosotros hemos dado siempre la imagen --que es así-- de la defensa de los contribuyentes, de un sistema tributario justo, de un sistema fiscal adecuado a las necesidades del momento, a las necesidades del mercado y, por supuesto, siempre hemos hecho una defensa del contribuyente. Lo hemos dicho y lo hemos demostrado a través de la normativa de las actuaciones de nuestras haciendas forales. Por lo tanto, no nos oponemos a regular estos derechos, muy al contrario. Ahora bien, creemos fundamental que esta materia tenga el rigor, la seriedad y la profundidad que merecen. Y en nuestra opinión el proyecto remitido por el Gobierno carece del contenido mínimo necesario para ostentar el título de ley de derechos y garantías del contribuyente o de estatuto del contribuyente.
El proyecto de ley remitido al Congreso constituye --a nuestro modo de ver-- una copia literal de los derechos que con carácter de regulación básica se encuentran recogidos en la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y salvo algunas cuestiones, que podíamos llamar novedosas, desde nuestro punto de vista, en conjunto, creo que este proyecto de ley sobra.
Además del inventario que se hace sobre derechos y garantías, el proyecto contiene como novedad algunos derechos y garantías del contribuyente, eso sí, pero entendemos que bastante vacío de contenido, añadiendo, únicamente, algunas modificaciones menores de carácter específicamente tributario y en este último caso las novedades se amparan en un mero reconocimiento de la doctrina jurisprudencial en la materia que se modifica.
La pregunta que deberíamos formularlos respecto al proyecto que debatimos --y es la que nosotros nos hemos hecho-- es si en realidad este proyecto debería existir. ¿Por qué ha de ser especial la relación Hacienda-contribuyente con respecto a la relación general Administración-administrador? Existe una ley que regula el procedimiento administrativo, que se aplica con carácter básico y general --como bien ha apuntado el señor Vicepresidente del Gobierno-- a la relación de Administración y administrado. Por otro lado, la Ley General Tributaria regula de forma específica la relación tributaria, con lo que se delimitan perfectamente las reglas del juego en esta materia. No parece bien que exista un catálogo de derechos y garantías del contribuyente.
Pero más importante que la existencia de este catálogo es que los derechos y garantías, que en este momento están regulados, tengan una real aplicación práctica.
La relación de derechos contenida en el proyecto es una repetición de algo que ya está establecido. Por lo tanto, los preceptos, que son una mera transcripción de los contenidos en la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, podrán sobrar en este proyecto. A su vez, los preceptos que tengan un carácter tributario deberían estar ubicados en la Ley General Tributaria, a través de su oportuna modificación, porque esta es la norma donde de forma natural se deben contemplar los postulados sometidos a reserva legal, que afectan a las relaciones entre la Hacienda pública y los contribuyentes. Parece, por tanto, lógico que desde la perspectiva de la política legislativa las normas de índole tributaria estén residenciadas en la norma tributaria por excelencia, que es la Ley General Tributaria, y las normas que afecten a todos los ciudadanos que tengan un carácter básico, estén en la mencionada Ley 30/1992. En definitiva, lo tributario no es sino una especialidad de algo más general, que es lo administrativo, por lo que las normas que contengan derechos y garantías de carácter tributario deberían estar ubicadas en las normas estrictamente tributarias y las de carácter genérico en las de contenido administrativo. Es un problema de ubicación.
La exposición de motivos señala que el proyecto de ley recoge una serie de derechos y garantías y dice: «...sin perjuicio de su posible integración en un momento ulterior en la Ley General Tributaria...» ¿Hay que entender que el destino de esta ley es su desaparición para integrarse en la otra ley? ¿Se puede entender así? Si esto es así estamos ante un proyecto que más bien es un parche de carácter transitorio, y con vocación de desaparecer, a la Ley General Tributaria.
Denominar este proyecto de ley de derechos y garantías del contribuyente traspasa aquello a lo que se quiere llegar y puede dar la sensación de que estamos regulando completa y definitivamente toda una serie de derechos y garantías que, desde luego, no creemos que estén reflejados en el contenido de esta ley. Entendemos que este proyecto de ley está lejos de definir un nuevo marco de relaciones.
Por otro lado, el Gobierno vuelve a proyectar la imagen de la obligatoria uniformidad del Estado al obligar a todas las haciendas a hacer suyo el contenido del proyecto, sin respetar las iniciativas que otras haciendas hayan podido adoptar en esta materia. El Gobierno, que está dando muestras de preocupación en relación con el tema competencial en todos los órdenes de la economía, tendría que preocuparse también en este caso.
¿Por qué no se incorpora en materia de hacienda la siempre sana competencia? Creo que el Gobierno se debería limitar a establecer unas reglas mínimas de juego y, a partir de ahí, que cada hacienda luche por el respeto y el prestigio frente a sus contribuyentes. ¿Será buena la competencia en el servicio al ciudadano? Yo creo que sí, que con esa competencia saldría ganando el ciudadano; de hecho, nosotros estamos dando prueba de ello.


Página 3309


¿Qué se echa en falta en este proyecto? Se echan en falta mayores compromisos por parte de Hacienda en determinadas materias: el compromiso de aplicar al contribuyente el régimen que le resulte más favorable; la aplicación automática de las deducciones o beneficios sobre los que la Administración tributaria disponga de información; un mayor compromiso en materia de devoluciones; un mayor compromiso en materia de consultas vinculantes o en materia de valoraciones previas; la reforma del complicado procedimiento de devolución de ingresos indebidos y de las garantías a prestar por los contribuyentes en los procedimientos que éste emprenda en contra de las resoluciones administrativas; un mayor compromiso en materia de información y puesta a disposición de los contribuyentes de las normas actualizadas, así como de la doctrina administrativa; un análisis sobre la procedencia de reformar determinadas relaciones por la vía económico-administrativa, dotándola de agilidad real, que permita solucionar en plazos mínimos las relaciones planteadas, dando entrada en esta vía a reclamaciones contra actos de las haciendas locales, eliminando su carácter obligatorio previo a la vía contenciosa y equiparando los plazos procesales en vía administrativa con respecto a los existentes en la vía contenciosa.
¿Qué novedades reales incorpora el proyecto, señor Ministro? Desde luego, el pago de intereses de demora más allá del plazo establecido para practicar la liquidación provisional, aunque en este punto desearíamos ir más lejos para practicar devoluciones en determinadas situaciones y en aplicación del principio de presunción de buena fe en la relación Hacienda/contribuyentes; la reducción, con carácter general, de los plazos de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria, que también es una mejora --hay que reconocer las cosas--; el reembolso del costo de las garantías prestadas para afianzar las deudas tributarias, y poco más. Yo creo que las leyes de presupuestos de los últimos años, con las correspondientes leyes de acompañamiento, han incorporado más novedades que las que contiene este proyecto de ley.
¿Justifican estas novedades la existencia de una ley específica de derechos y garantías de los contribuyentes? Creemos que no. No vamos en contra del catálogo de derechos y garantías de los contribuyentes, pero creemos que eso se puede hacer de forma más sencilla, que no hace falta una gran ley con un gran título. Además, para defender los derechos y garantías de los contribuyentes hay que trabajar día a día desde la Administración tributaria, ganando el respeto del contribuyente con una actitud colaboradora y responsable y evitando que, en una materia tan importante como ésta, la ley constituya únicamente una salva o un fuego de artificio. Esto es lo que queremos evitar. No queremos incrementar la desconfianza del contribuyente hacia la Hacienda pública. Bastante existe ya. No nos dejemos deslumbrar por las mejoras de este proyecto, señor Ministro. Perfectamente se pueden incorporar, y de inmediato, en la Ley General Tributaria. A partir de ahí, habría que analizar a fondo la relación entre Hacienda y contribuyente, así como elaborar un proyecto que sustituya a la Ley General Tributaria actual y que incorpore todas las garantías y derechos específicos que deben asistir al contribuyente, de forma que se consiga que contenga una gran virtud --de la que debe hacer gala una ley de estas características y de la que adolece la práctica totalidad de nuestras normas de carácter tributario--, que es la continuidad en el tiempo, el grave problema del derecho fiscal.
Señorías, señor Ministro, el proyecto de ley añade, como se ha puesto de manifiesto --y no tenemos en ello grandes objeciones--, algunas mejoras pero, desde nuestro punto de vista, son muy tímidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía, le ruego vaya concluyendo.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Concluyo, señor Presidente.
Decía que añade unas mejoras, que entendemos que son tímidas, a la relación entre la Administración tributaria y los contribuyentes.
Indudablemente, algo tendría que mejorar. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Pero un proyecto de ley que tiene por título derechos y garantías de los contribuyentes debería ir mucho más lejos. A nuestro juicio, la ley se ha quedado corta e insuficiente. Lo único que estamos haciendo es añadir una ley más al complicado entramado de las que ya existen; decretos, leyes y medidas fiscales urgentes con las que habitualmente desayunamos todos los días en los medios o en esta Cámara y que componen un intrincado sistema tributario en el que se mueven los contribuyentes. Esto es lo que tenemos que evitar.
Estas son las razones por las que nuestro grupo parlamentario ha presentado en esta ocasión una enmienda de totalidad a este proyecto de ley, sabiendo las cosas buenas que tiene, sabiendo que los derechos de los contribuyentes deben reforzarse, pero entendiendo que para este viaje no hacían falta estas alforjas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
Para la presentación de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Quiero decir, en primer lugar, que suscribo prácticamente la totalidad de la primera parte de la intervención del señor Zabalía. Incluso me asaltaba la duda de si después de su intervención el Ministro de Economía

Página 3310


haría uso de la palabra para pedir la retirada del proyecto. El señor Zabalía ha dejado tan claro --mi nivel de coincidencia hoy es tanto que incluso tenía escrita la expresión fuego de artificio como ejemplo de esta ley-- que estamos ante un verdadero fuego de artificio, que ha llevado al señor De Rato a envolver esta ley diciendo que la presenta con una gran satisfacción. Tiene necesidad de aumentar los calificativos de satisfacción porque no tiene sentido alguno tal como está planteada.
Me voy a saltar la primera parte de la intervención que tenía prevista porque coincido con las manifestaciones del señor Zabalía, dejando muy clara nuestra voluntad, y creo que la de todos los grupos parlamentarios, de aumentar los derechos y las garantías de los contribuyentes, así como que esto se ha de hacer con otro procedimiento, con otro instrumento legislativo y con otro contenido.
Antes de pasar a otras manifestaciones quiero insistir en que, tal como está planteada la ley, contiene muy pocos elementos positivos para la mayoría de los ciudadanos y de los contribuyentes, tiene grandes peligros y, como también se ha dicho, su primera parte es copia literal de normas que ya están contenidas en otras disposiciones y que aseguran derechos y garantías de los ciudadanos.
Dicho esto, quisiera hacer una primera reflexión política importante, que le lleva a nuestro grupo a la presentación de esta enmienda a la totalidad. ¿Cuál es la reflexión política importante? Nuestro grupo no comparte el diagnóstico que el Gobierno hace en este proyecto de ley del sistema tributario español. ¿Qué nos dice el proyecto de ley, qué han venido diciendo el Gobierno, el Ministro de Economía o altos cargos del Ministerio de Economía? Nos dicen que el principal problema hoy del sistema tributario español es la ausencia de suficientes garantías jurídicas del contribuyente. Este es el diagnóstico que se hace. Hasta el punto de que se ha dicho, explícita e implícitamente, que la Administración tributaria tiene un comportamiento abusivo, asfixiante.
Alguien ha escrito que parece que el Gobierno nos está diciendo que nos encontramos ante un Estado de excepción fiscal.
A partir de este diagnóstico, de que la Administración tributaria tiene un comportamiento abusivo, que asfixia al contribuyente, se justifica en la exposición de motivos la renuncia a entrar en una modificación global de la Ley General Tributaria. Se justifica la renuncia por la urgencia de hacer frente a estos abusos de la Administración tributaria y se dice que lo que es necesario es presentar un estatuto del contribuyente, una carta de derechos, en parte copia literal de derechos que ya existen, para que esto favorezca un clima que haga frente al fraude fiscal. Esta es --más allá, repito, de los contenidos y de las formas que el señor Zabalía y yo mismo hemos señalado anteriormente-- la filosofía política de fondo.
En el primer párrafo de la exposición de motivos hay una frase que ya es significativa y que expresa claramente esta filosofía política. En el primer párrafo de la exposición de motivos el proyecto de ley dice que hay que lograr un equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y la Administración pública. Y la pregunta es, señor De Rato, ¿está desequilibrado hoy? A continuación, se dice que hay que lograr un equilibrio para que no exista fraude fiscal y los ciudadanos cumplan mejor sus obligaciones tributarias. Señor De Rato, en el mejor de los casos, esto es ingenuidad.
La primera observación que nuestro grupo quiere hacer a esta ley es que no compartimos el diagnóstico que el Gobierno hace de que hoy el principal problema es, insisto, los abusos de la Administración tributaria. ¿Cuál es para nuestro grupo el principal problema del sistema tributario español hoy? Para nuestro grupo, el principal problema del sistema tributario español hoy es la progresiva, la continuada, la acelerada pérdida de equidad del mismo. No son los abusos de la Administración. Seguro que hay que corregir cosas, seguro que hay que aumentar determinados derechos de los contribuyentes, pero ése no es hoy el principal problema. El principal problema del sistema tributario español, hoy y desde hace años, es que se ha ido desplazando hacia espacios de menor equidad. Les pondré tres ejemplos. En estos momentos, en el sistema tributario español las rentas sujetas a un estricto control fiscal, que son las rentas del trabajo, son las que soportan, cada vez más, mayores cargas tributarias. Aquellas rentas que tienen un estricto control fiscal, que son fundamentalmente las rentas del trabajo, son las que progresivamente soportan mayor carga fiscal del sistema tributario español.
El segundo ejemplo es todo lo contrario: progresivamente hay mayores beneficios y mayores posibilidades de eludir las responsabilidades fiscales de las rentas del capital. El tercer ejemplo sería la escasa eficacia de la Administración tributaria en la lucha contra el fraude fiscal. En un país como el nuestro, donde la Administración anterior dijo que había un fraude fiscal que superaba los tres billones de pesetas, cifra ésta que no tiene absolutamente ningún parangón con cualquier país de la Unión Europea, la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Saben ustedes cuál es hoy en España la mayor vulneración de los derechos y garantías de los contribuyentes que pagan, que cumplen con sus impuestos? La mayor vulneración de nuestros derechos es la existencia de un fraude fiscal de tres billones de pesetas. Esa es la mayor vulneración de las garantías y de los derechos del conjunto de ciudadanos que cumplen.
Estoy hablando de dos diagnósticos: el del Gobierno, el del Partido Popular, aquí el problema es que hay un abuso de la Administración. El nuestro: aquí el problema es que en este país hay un sector de gente con menor poder económico que se está haciendo cargo,

Página 3311


cada vez en mayor proporción, de pagar los impuestos del Estado español.
Evidentemente, a cada uno de estos diagnósticos responden políticas distintas: en la medida en que el Gobierno popular dice que éste no es el problema importante, las primeras medidas que toma en mayo del año pasado consisten en desfiscalizar más las rentas del capital. Como no considera que el principal problema del país es hoy el fraude fiscal o la progresiva carga desproporcionada de impuestos sobre los trabajadores y las trabajadoras, lo que hoy dice el Partido Popular es que la Administración abusa, cuando tenemos un ejemplo claro estos días, estos meses: en el tema de los 200.000 millones de pesetas se demuestra claramente que sobre los presuntos grandes defraudadores no sólo no hay abusos sino que, en todo caso, ha habido negligencias e irregularidades de la Administración.
Con esta razón de fondo, que significa un determinado desarrollo normativo de la ley, habría suficiente para pedir la devolución del proyecto presentado por el Gobierno, objetivo que se pretende con la presentación de nuestra enmienda a la totalidad. Con los argumentos que el señor Zabalía ha dicho antes y que yo me he ahorrado, hay dos grandes razones de fondo para pedir doblemente su devolución.
Hay otras razones que también quiero señalar. Este proyecto cae en otro error conceptual básico y es que no contempla de forma unitaria la regulación de los derechos y garantías de los contribuyentes con los deberes de los contribuyentes. Ciertamente no se puede decir, como hace la exposición de motivos del proyecto de ley, que posteriormente ya veremos si es necesario integrar. Sus señorías saben perfectamente que en materia tributaria, como en muchas otras materias, existe un conflicto de intereses: los intereses que expresan personas, sociedades o entidades individuales, personas físicas o jurídicas, y los intereses públicos; y siempre se han regulado en un mismo texto los derechos y los deberes.
Tenemos la Ley General Tributaria de la que seguro que hay cosas que hay que modificar, pero ahora aparece un texto que despacha este tema con una Ley General Tributaria de 1963. Ayer el señor De Rato me decía: Es que el señor Saura me habla de una orden ministerial de 1960. ¿Cómo es posible esto? Yo le respondo: señor De Rato, ¿cómo viene usted aquí hoy y no modifica la Ley General Tributaria de 1963, a pesar de que algunos artículos se modificaron en el año 1985? No es posible hoy hablar de derechos y garantías de los contribuyentes sin hablar simultáneamente de las potestades públicas de la Administración tributaria y establecer, con la máxima claridad posible, qué relación existe entre derechos y obligaciones.
Quisiera hacer una consideración --no voy a citar los artículos-- sobre las redundancias y las normas innecesarias, que también se han mencionado. Quiero señalar que hay aspectos fundamentales que hoy están en el centro del debate de los profesionales, de los inspectores fiscales, de todas las personas preocupadas por este tema, que no están resueltos y sobre los que el proyecto no dice absolutamente nada.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le ruego vaya concluyendo.


El señor SAURA LAPORTA: No se hace ninguna referencia al domicilio tributario, no se hace ninguna referencia al acceso al domicilio para la inspección tributaria, no se hace ninguna referencia a las infracciones o a las sanciones. A pesar de que se copian cosas literalmente, no se hace referencia a problemas que hoy están encima de la mesa y se cuelan de rondón algunas medidas preocupantes que pueden ir en la dirección de disminuir la equidad del sistema tributario. Voy a mencionar dos: la reducción de la prescripción a los cuatro años --si bien en el proyecto de ley se establece que para los buenos defraudadores esos cuatro años pueden ser seis--; y la limitación a doce meses del conjunto de actuaciones. El señor De Rato ha dicho que era necesaria una simplificación de la Administración tributaria, que era necesario avanzar en la persecución del fraude fiscal y, por otro lado, nos propone hoy aquí un límite de doce meses del conjunto de las actuaciones.
Es cierto que el proyecto dice que las excepciones se determinarán reglamentariamente y que uno de los tres casos lo constituyen los procesos de especial complejidad. Pero yo les quiero decir que no va a haber un solo fraude fiscal importante en este país que se pueda realizar en doce meses.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, por favor, le ruego concluya.


El señor SAURA LAPORTA: Un minuto, señor Presidente, y acabo. Ustedes saben que sólo la demanda de información a las entidades financieras lleva mucho tiempo y este tema no se resuelve en este proyecto. ¿Qué va a ocurrir? Que los trámites administrativos se van a hacer mucho más complejos. Se va a recurrir la expresión especial complejidad. ¿Qué va a ocurrir con los expedientes que no se hayan acabado cuando hayan transcurrido doce meses? Señor De Rato, si usted quiere acabar con los expedientes, no en doce sino en seis meses, lo tiene muy fácil: ponga más medios económicos y más personal, pero no modifique la ley.
Por último y rápidamente, quiero insistir en los aspectos que no se incluyen en el proyecto. Por un lado, es absolutamente incomprensible que sobre investigación en las cuentas bancarias o el acceso a los domicilios de los sujetos pasivos, temas hoy clave en la persecución del fraude fiscal, no haya ninguna mención en el proyecto. Por otro lado, hay una cuestión sobre la que me gustaría que el señor Ministro contestara. El

Página 3312


artículo 16, relativo a la lengua, tiene dos puntos. En el primero se dice que la lengua que se va a utilizar en los procedimientos será la castellana. En el segundo se describe un complicadísimo proceso de traducciones que se origina por la utilización de otras lenguas. Sería importante, si ustedes no retiran esta ley, que hoy el Ministro de Economía expresara su voluntad de que el primer punto de este artículo dijera simplemente que cada contribuyente del Estado español se puede dirigir y cumplimentar los impresos de la Administración tributaria en su lengua y que fuera ésta la que viera cómo hace frente el hecho de que el Estado español es plurinacional y plurilingüe.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Saura.
¿Turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos lleva por título derechos y garantías de los contribuyentes.
La primera consideración que debemos hacer es frente a quién se ejercitan esos derechos y se utilizan esas garantías, ya que es inherente a la esencia de cualquier derecho el poder utilizarlo u ostentarlo frente a otra persona o colectividad. La respuesta no ofrece dudas: frente a la Hacienda pública. El eterno debate sobre las relaciones del ciudadano con la Administración se vuelve aún mucho más tenso y cobra mucha más fuerza cuando el ciudadano ve que tiene que hurgarse su bolsillo para pagar ante una Administración que se ha puesto el gorro de recaudador. En ese momento, asumiendo cada uno su rol social, aparecen el contribuyente y la Hacienda pública.
Aunque no se trate de una guerra declarada, invariablemente los intereses de la Hacienda pública por recaudar se contraponen a los intereses del contribuyente porque le recauden lo menos posible según la ley; al igual que siempre entran en enfrentamiento esa pretensión y permanente inclinación de lo público por meterse en donde puede y de lo privado por intentar impedirlo; o lo que es lo mismo, se contrapone la codicia --si es que puede llamarse codicia-- del fuerte frente a la modestia --si es que puede llamarse modestia-- del débil.
Por eso, aunque no sea una guerra sí vamos a analizarlo como una pequeña batalla incruenta entre dos sectores cuyas ideas y objetivos son sólo parcialmente convergentes, dos elementos subjetivos que no se conocen personalmente y que nunca se encuentran, mejor dicho, que lo hacen solamente una vez al año, cuando un contribuyente con aspecto de derrotado y de pocos amigos se dirige a la Hacienda, en su domicilio, con un sobre que reza: Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En abril de 1993, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó lo que entonces denominados proposición de ley de bases del estatuto del contribuyente. El texto fue debatido por esta Cámara el 30 de noviembre del mismo año, siendo rechazado. En el programa electoral de las elecciones de marzo de 1996, el estatuto del contribuyente se configuró como una de las estrellas de nuestra acción legislativa en materia de Hacienda pública. El Gobierno ha cumplido sus compromisos trayendo este proyecto a la Cámara, nos toca ahora a nosotros cumplir con nuestros deberes.
En los años 1977 y 1978, con la reforma tributaria de Fernández Ordóñez, totalmente necesaria, por otra parte, dado el rumbo que tomaba en aquellos años la economía internacional, el contribuyente español pasó de un sistema tributario realmente cómodo y sencillo a un sistema tributario completamente distinto. Era evidente que era necesario; la crisis del petróleo, por una parte; por otra, la progresiva tendencia al déficit sistemático que experimentaban los presupuestos públicos de la época, hacían necesaria una recaudación fiscal que el sistema anterior no permitía. Junto a estos factores históricos, nuestra Constitución se aprobó también a finales de 1978, incorporando el principio de progresividad en la imposición, con lo cual el camino para la reforma tributaria global quedaba abierto. Aquel contribuyente pasó en pocos meses, en ningún caso en más de dos años, del mundo feliz orwelliano a la psicosis de Alfred Hitchcock, si ustedes me permiten hablar de la reforma tributaria con unos títulos literarios y cinematográficos tan entrañables. Aquella psicosis del contribuyente español tuvo unas causas muy concretas, causas que se desarrollaron y aumentaron durante los últimos trece años. En primer lugar, el aumento de la presión tributaria global, no sólo por el exceso de progresividad en el IRPF, sino también por el aumento cuantitativo de toda clase de tributos. Por otro lado, la inseguridad jurídica provocada por la multiplicidad de normas tributarias, por los cambios legislativos y tributarios constantes que hacen que ni los abogados, asesores o funcionarios tengamos facilidades para estar al día en la normativa tributaria. También por la mala redacción de las normas tributarias, por su oscuridad, que las hacen ininteligibles para la mayor parte de la ciudadanía.
Por último, la exagerada posición de supremacía de la Hacienda pública frente a la posición jurídica del contribuyente; exagerada posición que hace mucho más difícil todavía el de por sí dificultoso cumplimiento de la normativa tributaria a un contribuyente que entre los meses de mayo y junio se ve en la necesidad de conciliar los intereses de su bolsillo con ese principio de que Hacienda somos todos, principio que a algunos

Página 3313


les trae sin cuidado, a otros les quita el sueño, a otros el apetito y a todos daña su cuenta corriente.
En cualquier caso, nos encontramos con que a partir de ese momento la Hacienda pública empieza a convertirse para el ciudadano en algo importante, en algo necesario, en algo que proporciona la recaudación buscada, pero algo que, de alguna manera, daña algunos de sus derechos y hace que el contribuyente, en ocasiones, no se sienta bien tratado por esa Administración.
A partir de esa reforma tributaria, es evidente que también nos encontramos con que la posición jurídica de supremacía hace que el contribuyente pida una reforma del sistema, pida que aunque no haya una posición exacta, porque cualquier pretensión de equiparar la posición jurídica de la Hacienda con la del contribuyente está condenada al fracaso, ya que el Estado siempre persigue intereses generales que implicarán siempre la existencia de prerrogativas y la existencia de potestades a las que el contribuyente jamás podrá sustraerse, aunque esto sea así, el contribuyente empieza a reclamar un estatuto en donde la posición jurídica del mismo quede perfectamente definida.
A través del estatuto del contribuyente tenemos que buscar el asentamiento de unos principios básicos y elementales que no pueda conculcar ninguna arbitrariedad y el cese de determinadas prerrogativas públicas que ya hoy no pueden sostenerse al amparo de la Constitución. El estatuto del contribuyente debe configurarse, pues, como un código de derechos inviolables y fundamentales, perfectamente compatible con el interés público, al igual que los principios constitucionales tributarios. Un código donde estén perfectamente establecidos cuáles son los derechos y cuál es la posición jurídica que en cualquier caso la Hacienda tiene que respetar. Ese codigo de derechos fundamentales debemos redactarlo de manera concisa y clara, para que sea entendible por toda la ciudadanía. Ese código debe ser asequible a cualquier ciudadano, para que cumplamos con el viejo principio que defendía Joaquín Costa. El ciudadano español no puede entender las normas tributarias, tal como han venido redactándose en estos últimos trece años; no olvidemos que el ciudadano español no tiene el deber de conocer los complejos entresijos jurídicos de las normas, como ha declarado el Tribunal Supremo, dándole otra vez un varapalo al viejo e injusto aforismo de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
Hoy hemos oído decir al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, entre otras muchas cosas, que este proyecto más bien puede defender al defraudador y que implicará una merma en la capacidad de la Hacienda pública. Ante una afirmación así, tengo que decirle que es muy fácil hacer demagogia barata, pero más fácil aún es desmontarla, porque por lo general las torpezas ideológicas, aunque suelen hacer daño, son muy fáciles de desmontar. No suelen aguantar el más pequeño embate de un análisis riguroso y serio. Ustedes pueden engañar a quienes quieran con esas argumentaciones, a quienes quieran, por supuesto, que sean profanos en la materia; ahora bien, no digan esas cosas en el Congreso. Aquí hay personas que conocen muy bien cómo funciona la Hacienda pública, y a esas personas ustedes no las pueden engañar. ¿Qué ocurre, señor Saura? ¿Tal vez ocurre que a su grupo político le parece bien que la Administración resuelva los expedientes fuera de plazo o los resuelva sin atender a las alegaciones y pruebas formuladas? ¿Puede ocurrir que a su grupo parlamentario le parezca bien que los tribunales económico-administrativos y de justicia se vean obligados cada año a anular miles de actos tributarios porque en ellos la Administración ha vulnerado derechos constitucionales de los españoles?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cabrera, le ruego vaya concluyendo.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Gracias, señor Presidente.
Tal vez pueda ocurrir que a ustedes les trae sin cuidado el hecho de que la Administración conteste a las consultas, dudas y recursos fuera de plazo, o no les parezca mal que algunos contribuyentes, pobres y ricos, tengan que hipotecar sus patrimonios para avalar las deudas tributarias ante los tribunales cuando presentan reclamaciones. Tal vez les parezca bien que las deudas tributarias haya que pagarlas antes de que adquieran firmeza --podría ser ésa la razón--, o incluso puede ocurrir que les parezca mal que la Administración sea la que tenga que probar la culpabilidad del ciudadano, porque creo que hay un principio por ahí que dice que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, y lo único que hemos hecho es decir que sea la Administración la que pruebe la culpabilidad. Tal vez les parezca un error que se premie al contribuyente que ha cumplido con sus obligaciones tributarias dándole cuatro años de plazo de prescripción, y que se castigue, por contra, a los que no han cumplido con sus obligaciones dándoles seis años. Si sus respuestas no son acordes con el sentido común, y de su discurso podemos presumir que no lo son, lo que ocurre es que realmente ustedes no defienden al contribuyente pudiente, pero tampoco al humilde; ustedes no defienden al contribuyente que genera muchos ingresos, pero tampoco al que le cuesta incluso pagar la contribución de su casa. Ustedes, por supuesto, y me parece muy bien --nosotros tampoco--, no defienden al defraudador, pero tampoco defienden a la persona que está al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cabrera, le ruego concluya.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Ya acabo, señor Presidente.


Página 3314


En resumidas cuentas, tengo que decirles que nosotros tenemos otro concepto del Estado de Derecho; Estado de Derecho que nos lleva a defender a todos los contribuyentes, sean pobres o ricos, en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
Al señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco tengo que decirle simplemente que le dedicaré apenas medio minuto en la respuesta, ya que tampoco su enmienda da para mucho más. Ustedes deben conocer que el artículo 149 de la Constitución establece que es competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que desarrollen el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales reconocidos en la Constitución, y ésta ese la materia. También se establece esa competencia exclusiva del Estado en la Hacienda general, en el párrafo 14, así como en el 18; por tanto, no me explico cómo ustedes han presentado una enmienda de devolución. Se quejan de que hay uniformidad en el texto y de que se obliga a las haciendas a asumir el texto, por supuesto. ¡Estaría bueno que no hubiese uniformidad! Estaría bueno que no hubiese uniformidad para el ejercicio de los derechos constitucionales de cualquier español, en cualquier parte de España y ante cualquier Hacienda pública. Sinceramente, no me explico entonces el contenido de su enmienda. Para explicármelo tendría que pensar en que la única explicación posible es la soledad de su grupo parlamentario y la rabieta política.
Nada más, señor Presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cabrera.
Para un turno de réplica de cinco minutos, tiene la palabra el señor Saura. (El señor Zabalía Lezamiz pide la palabra.) Señor Zabalía, no he dado a S.S. la palabra porque no me la ha solicitado, pero puede usted intervenir para respetar el orden de presentación de las enmiendas de totalidad. Lo hace utilizando un turno único de réplica y por cinco minutos. Adelante.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, estaba absolutamente tranquilo en mi escaño oyendo al señor Cabrera defendiendo la postura de su grupo parlamentario. En algunos momentos no sabía si se estaba refiriendo a este proyecto de ley o estaba haciendo una exposición sobre la filosofía del sistema tributario, todo un proceso histórico. De repente me ha asustado y me ha hecho bajar. Lo siento por ustedes, pero decir que no está de acuerdo con la presentación de nuestra enmienda a la totalidad única y exclusivamente porque tenemos una rabieta política...
Señor Cabrera, dígame punto por punto en qué no está de acuerdo con lo que he expuesto y por qué todos esos puntos que he expuesto le hacen creer que no deberíamos presentar una enmienda a la totalidad. No me diga que es por una rabieta política.
¿Usted se cree que nosotros actuamos por rabietas políticas? No nos conoce. Está absolutamente equivocado. Este tema es importante para nosotros y usted lo sabe; todo lo relacionado con la Hacienda pública es importante; que nosotros no hacemos uso de estos elementos para protestar, tenemos otros medios y los decimos públicamente en los medios de comunicación y por eso a veces no le sienta bien a alguien, pero desde luego lo que no hacemos es utilizar armas de este tipo.
De lo que he manifestado, dígame en qué no tengo razón. En todo lo que he expuesto como motivo por el cual hemos presentado la enmienda a la totalidad dígame en qué no tengo razón, al margen de otras consideraciones que pueda hacer, que yo las respeto, no las admito, las acepto, pero de todas formas no estoy de acuerdo con ellas. No ha dado absolutamente razón alguna.
No es cuestión ahora de volver otra vez desde aquí a repetir las razones.
Quizás lo tenga que hacer después si hay otras intervenciones que me obligan a ello, pero desde luego, señor Cabrera, usted no conoce a los vascos; hay muchos canarios que nos conocen, pero usted no nos conoce cuando dice que nosotros estamos con una rabieta política. Por esa razón de ser, con las rabietas políticas que a veces muchos no digo de su grupo parlamentario pero de su partido nos están permanentemente introduciendo, estaríamos presentando enmiendas de totalidad a todos los proyectos de ley, a todos. No va por ahí. Usted sabe que hoy he retirado la enmienda al siguiente proyecto de ley porque hemos hecho un análisis del tema y hemos considerado importante que ese aspecto desde luego en el proyecto de ley de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estaba bastante bien regulado desde el punto de vista técnico, y aunque no estábamos de acuerdo con los aspectos competenciales, hemos creído que se puede corregir en las enmiendas al articulado y retirado esa enmienda.
A este proyecto no lo hemos hecho no por ir en contra de las medidas, creo que eso ha quedado claro, lo hemos hecho porque creemos que este proyecto de ley da unas expectativas que no contiene, da las expectativas de unos derechos y garantías al contribuyente que no contiene, que hay que ir más lejos, hay que ubicarlo en su sitio y que lo podemos hacer muy fácil, no por la tramitación de un proyecto de ley.
Por tanto, creo que esto debe quedar absolutamente claro. Si usted quiere que debatamos punto por punto lo haremos en otro momento, pero no voy a alargar mi intervención más que para decir y reafirmar que no he oído en su exposición ningún rechazo a los puntos que hemos presentado como los que de alguna forma han servido para justificar nuestra enmienda a la totalidad.
Esa es nuestra postura, señor Cabrera, y déjese de buscar explicaciones sobre rabietas políticas, porque además yo podría buscar otras explicaciones, que no he dicho, sobre por qué ustedes tienen que presentar

Página 3315


obligatoriamente este proyecto de ley. No he entrado en ese debate porque creo que no era prudente y no lo voy a hacer, pero no me obligue a decir otras cuestiones que no están dentro de lo que puede ser el contenido del propio debate.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalia.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Con todos los respetos hacia la persona del representante del Partido Popular, quiero decir que pienso, estoy convencido de que su intervención desde el punto de vista político ha sido lamentable; creo que ha sido una intervención políticamente lamentable, de las más lamentables que he oído en esta sala. También esta vez coincido con el señor Zabalia. Cuando estaba todas maneras, el tipo de intervención, el contenido de la intervención es coherente con el contenido del proyecto de ley, porque este proyecto de ley tiene esta contestación a las réplicas, a las intervenciones que el señor Zabalia y yo mismo hemos hecho; una contestación, por una parte, cinematográfica. Nos decía el Diputado del PP que estábamos en una situación orweliana y que, en los últimos años, se había ido a una situación hitchcockniana. Ustedes están yendo hacia una situación woodyalleniana, bananera; es decir, ustedes están entrando en una tercera fase cinematográfica desde el punto de vista fiscal; es una situación de país bananero, con el referente de Woody Allen.
El señor Diputado nos decía: los contribuyentes piden un estatuto del contribuyente. Seguro que los contribuyentes piden mayores garantías y derechos; pero si ustedes tienen suficiente sensibilidad auditiva para oír peticiones de estatuto del contribuyente, me extraña que ustedes no oigan los gritos de miles y millones de personas cuando dicen que fundamentalmente pagan impuestos aquellos que lo hacen con la nómina, y que en este país personas importantísimas están haciendo evasión fiscal.
¿Cómo es posible que ustedes tengan sensibilidad auditiva tan fina y, ante otros gritos, no oigan lo que se está diciendo? Otro razonamiento que se ha utilizado ha sido decir que los argumentos que yo había expuesto eran de demagogia barata y que un análisis serio los desmontaría en segundos. Aquí también se me ha planteado una duda, porque como pienso que no ha podido, en definitiva, rechazar ningún argumento, tengo la duda de si no se ha podido rechazar porque no he hecho demagogia barata o simplemente porque el análisis que se ha hecho de serio no tenía absolutamente nada; es decir, intentar rebatir los argumentos que hemos dado en las dos enmiendas a la totalidad con el discurso políticamente lamentable que hemos oído, me parece que no se sostiene.
En todo caso, la última parte de la intervención del Diputado del Partido Popular ha sido lanzar toda una serie de preguntas, en algunos casos ofensivas, al decir que el Partido Popular no entiende a quién defendemos. Yo creo que lo pueden ir entendiendo. De cualquier forma, les queremos decir que nosotros, en esta ley, sí entendemos a quiénes defienden ustedes. Ustedes pueden tener dudas de a quién defendemos; nosotros no tenemos ninguna duda de a quién defienden ustedes, porque en el proyecto de ley que han presentado, prácticamente no hay mejora alguna para la mayoría de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
Ustedes no han mejorado nada de eso. Han introducido una serie de normas, que son nuevas grietas en un sistema fiscal, para que los profesionales de la evasión tengan más instrumentos para evadir y para que la Administración tributaria tenga menos instrumentos.
Por tanto, no estén preocupados por quién defendemos nosotros; en todo caso, preocúpense porque ustedes defienden a los sectores económicamente más poderosos y más fuertes de este país, y este proyecto, una vez más, va en esa misma dirección.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
Señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: En este turno de réplica ha habido dos clases de intervenciones. La primera, del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y yo tengo que decirle, señor Zabalía, que en una cosa se equivoca: en el hecho de que yo no conozca al pueblo vasco.
Estuve destinado un año entero en San Sebastián... (Rumores.) Perdón; perdón, y siento un profundo respeto por el pueblo vasco, y por su partido. Desde luego, usé un recurso parlamentario, pero no pensaba en modo alguno que usted se ofendería por ese recurso.
Muy distinta es la intervención del portavoz de Izquierda Unida. Tengo que felicitar al señor Saura porque es realmente difícil hacer un discurso tan contrario a la verdad con la precisión con que usted lo ha hecho. Evidentemente, jamás nos vamos a poner de acuerdo, ni siquiera en una cosa tan justa y tan evidente como es la defensa del contribuyente.
Ya decía Bertolt Brecht: Qué tiempos estos en los que hay que discutir lo que es evidente. (Rumores.) Usted y yo defendemos dos modelos diferentes de sociedad y, por tanto, estoy convencido de que tampoco en esto vamos a ponernos de acuerdo. Yo estoy seguro de que ustedes prefirirían otro modelo de Hacienda pública, un modelo que diese poderes absolutos a la hacienda sobre el ciudadano, un sistema político en el cual...
(Rumores.--La señora Almeida Castro pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Me permite seguir hablando,

Página 3316


señora Almeida? Un sistema político en el cual los ciudadanos eran súbditos y todos sus bienes, su persona y su sangre pertenecían al poder absoluto, sin tener derecho a reclamar nada. (Fuertes rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Por fortuna... (La señora Almeida Castro pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida, le ruego silencio.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Por fortuna, la Revolución Francesa y el Estado de Derecho hizo protagonistas al hombre y al ciudadano, frente a una Administración pública cuando ésta conculca sus derechos. Ciudadanos amparados en la Ley y en la Constitución, cosas que a ustedes les disgustan. (Rumores.) Señor Saura, cuando yo oía su discurso, no sé por qué, me vino a la cabeza una antigua leyenda que me contaron... (Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Cabrera.
Señorías, les ruego silencio. Estamos finalizando el debate y rogaría que tuviesen un poco de paciencia. Les ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Decía, señor Saura, que cuando yo escuchaba su discurso, resultó inevitable acordarme de una leyenda que cuenta un escritor y médico argentino, que está afincado en Canarias, Daniel Molina y de Soti, que se refiere a una divinidad de las tierras del norte de Argentina. La leyenda habla de esta divinidad como elemento protector de unos animales que se llaman vicuñas o guanacos, una especie de llamas, y se dice de esta divinidad protectora que, por las noches del mes de septiembre, vaga por los cerros, con unos grandes rebaños de vicuñas, llevando unos sacos envueltos con una serpiente, sacos que están llenos de oro y de plata, y que los deja en las minas del Potosí. Esta divinidad tiene fama de ser muy generosa, de tal manera que cuando cualquier persona se encuentra con esta divinidad, que se llama Coquena, puede convertirse en algo grande, ya que la divinidad le otorga bienes en abundancia. Ahora bien, al igual que puede ser generosa, también puede ser tremendamente severa. En una ocasión --cuenta la leyenda-- un cazador se encontró con esta divinidad (Rumores.) y, como el cazador había matado muchísimas vicuñas, la divinidad le dio oro y plata en abundancia para que no matara más vicuñas. El cazador se hizo rico, pero contó la historia a un indio, y el indio quiso hacer lo mismo. Ya se imaginaba rico, en consecuencia, cogió y mató muchas vicuñas para que Coquena le diese oro y plata. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio.
Permitan que finalice el interviniente con respeto. (Rumores.--Un señor Diputado: Ya ha acabado.)

El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Acabo en seguida.
El indio a quien le contó la historia (Risas.) quiso hacer lo mismo, y mató muchísimos animales. Se encontró con que la reacción del dios que amparaba a estos animales fue no darle oro y plata sino castigarlo a pastorear ganado a perpetuidad, porque esperaba algo distinto a lo que ocurrió después.
¿Qué quiero decir con ello? (Rumores.--Aplausos.) Oyendo sus planteamientos tan rigurosos, ustedes corren el riesgo de confundir al contribuyente con el dios Coquena, y pueden ser condenados también a pastorear ganado a perpetuidad. ¿Por qué? Porque hoy esa expresión implica estar siempre en la posesión por sistema, oponiéndose sistemáticamente a todo sin alcanzar nunca, nunca, responsabilidades de Gobierno. Ténganlo presente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cabrera, le ruego concluya.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Acabo, señor Presidente.
Ustedes recuerden simplemente unas palabras pronunciadas hace mucho tiempo, en el año 1926, y que hoy le son aplicables: El Parlamento puede obligar a los ciudadanos a obedecer sus leyes y a someterse a ellas, pero nunca puede obligar al pueblo a estar de acuerdo con esas leyes. Hoy, los ciudadanos españoles no están de acuerdo con que las leyes fiscales les den un trato no adecuado en sus relaciones con la Hacienda pública. Si ustedes no quieren darse cuenta de que ese es el sentimiento social, están en un grave problema.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cabrera.
Grupos que desean fijar su posición. (El señor Saura Laporta pide la palabra.)

El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: ¡Otro cuento!

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, ¿a qué efectos pide S.S. la palabra? (Rumores.)

Página 3317


Silencio, señorías. Ruego silencio. No podemos avanzar en la sesión si SS.SS. no permiten que nos oigamos, no ni siquiera que nos escuchemos.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Tengo ciertas dificultades en saber qué artículo hace referencia a las divinidades y a las leyendas, pero, en todo caso, a los artículos que hagan referencia a leyendas y divinidades en relación a nuestro grupo parlamentario. Por tanto, me acojo a todos aquellos que puedan hacer referencia a leyendas y a divinidades.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, primero, no hay efectivamente artículo alguno que invoque leyendas ni divinidades, y el señor Cabrera ha cerrado el turno de réplicas. (La señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Aguilar ¿Me permite finalizar? Sabe S.S. que ha finalizado el turno de réplicas que se establecen, tal cual dice el artículo 73.1 por una única ocasión y por cinco minutos.
El señor Cabrera no ha introducido más allá de sus propios ejemplos ningún debate nuevo en el planteamiento que ha formulado, por tanto S.S.
no tiene la palabra.
Señor Saura, S.S. no tiene la palabra.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Miranda y Lozana): Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, les ruego silencio. Señora Almeida, le ruego silencio, igual que al resto de SS.SS. No podemos continuar el debate en estas condiciones. ¡Señor Jover! ¡Señor Gómez Darmendrail! Puede continuar, señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señores y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con todos nuestros respetos a los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes --Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Grupo Parlamentario Vasco (PNV)--, va a ser la de votar en contra de dichas enmiendas; repito que con todos nuestros respetos, ya que algunas argumentaciones expuestas en la intervención de los citados Diputados en la defensa de sus enmiendas a la totalidad, como voy a demostrar en mi intervención, son coincidentes pero no son objeto de trámite como enmienda a la totalidad, y nuestro grupo cree que podrán ser perfectamente subsanadas en su tramitación parlamentaria en la Comisión, el Pleno y posteriormente el Senado.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que a dicho proyecto de ley se podría presentar alguna objeción de carácter general, tanto en su aspecto formal como en algún aspecto sustantivo, pero un análisis objetivo del mismo no puede impedirnos tener una visión positiva y analizar las ventajas e inconvenientes que pueda tener en relación a una falta de regulación de los derechos y garantías de los contribuyentes. Para evitarlo, nuestro grupo piensa que es mejor tener una ley que regule estos derechos de los contribuyentes que no tener ley, obligando al ciudadano a un recorrido incierto sobre una marabunta de normas fiscales muy dispersas y de difícil comprensión para la mayoría de los mortales. En realidad, nuestro grupo hubiera preferido una nueva ley general tributaria --cuestión esta que ha sido planteada por el señor Zabalía en su intervención en defensa de la enmienda a la totalidad-- adaptada a la Constitución Española, en uno de cuyos capítulos cabría perfectamente poder recoger los derechos y garantías de los contribuyentes, pero esta no ha sido la postura del actual Gobierno ni del anterior Gobierno socialista, que iniciaron sus esfuerzos en la dirección de reformar la Ley General Tributaria. Por este motivo nuestro grupo no renuncia al objetivo de que se dicte una nueva ley, adaptándola no sólo a la Constitución, sino también a los próximos cambios fiscales que deben producirse inevitablemente en el futuro y los que se han producido en un pasado inmediato.
La Ley General Tributaria, vigente desde el año 1963, ha cumplido su cometido a lo largo de estos últimos años, modificándose, como todas SS.SS. saben, en el año 1995, pero es evidente que necesitamos una renovación total de la misma que, a nuestro entender, deberá ir acompañada necesariamente de una reforma general del sistema tributario español, incluyendo lógicamente las modificaciones que se produzcan en el IRPF, en el IVA, en los impuestos especiales, en los impuestos locales, etcétera. Lo importante, por tanto, a nuestro entender, es recoger y recopilar los derechos y garantías de los contribuyentes de una manera sencilla, de forma que no se produzcan abusos de la Administración frente al ciudadano, que se ve lógicamente abrumado en la mayoría de los casos por una inmensa legislación que le imposibilita una comprensión fácil y

Página 3318


objetiva. De todas formas, nuestro grupo parlamentario intentará reforzar los derechos y garantías de los contribuyentes a través de las enmiendas que nuestro grupo presentará al articulado, como es preceptivo, en los trabajos que se desarrollarán en la Comisión y posteriormente en el Pleno.
Asimismo, estas enmiendas irán encaminadas en la siguiente dirección para conseguir un compromiso más firme, más profundo, más diáfano y más intenso, de cara al incremento de la seguridad de los derechos y las garantías de los contribuyentes. En primer lugar, el Grupo de Convergència i Unió cree indispensable reforzar los derechos lingüísticos de los ciudadanos residentes... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, les ruego silencio. Señora Fernández de la Vega, le ruego silencio. ¡Señor Clotas! Puede continuar.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Los comportamientos de nuestro grupo parlamentario, en cuanto a dónde van a ir dirigidas las enmiendas que vamos a presentar a dicho proyecto de ley, van a ser, en primer lugar, reforzar los derechos lingüísticos de los ciudadanos residentes en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales propias, en el sentido de que puedan elegir en qué lengua se tramitará el procedimiento del interesado en cuestión. Coincidimos plenamente con la intervención del Diputado señor Saura en cuanto a reforzar la posibilidad de que el ciudadano pueda elegir cuál es la lengua que va a utilizarse en el procedimiento en cuestión, ya que, según lo previsto en dicho proyecto de ley, creemos sinceramente que se produce un serio retroceso respecto a la legislación actual, con la que nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo y ha tramitado un recurso de inconstitucionalidad, concretamente a la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento común, que permite al interesado que se dirija a la Administración para utilizar la lengua cooficial de las comunidades autónomas, pudiendo elegir en qué lengua puede dirigirse dicho procedimiento. Como desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió entendemos que este proyecto de ley lamina los intereses de todas las comunidades que tenemos otra lengua cooficial, vamos a intentar la supresión del citado artículo 16 que regula dicho procedimiento.
También desde Convergència i Unió vamos a impulsar, de acuerdo con la propuesta suscrita por varios grupos parlamentarios, especialmente el Grupo de Convergència i Unió, que el estatuto del contribuyente garantice absolutamente la traducción de las leyes tributarias en las tres lenguas cooficiales de las diferentes comunidades autónomas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sánchez i Llibre, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente. Yo pediría amparo a la Presidencia --teniendo en cuenta que en el debate que se ha producido la mayoría de los grupos se han excedido en el tiempo-- y que me permitiera un poco más de tiempo para poder explicitar perfectamente cuál va a ser nuestra posición. (Rumores.) Pediría también la comprensión de SS.SS. con el fin de que pudieran entender perfectamente cuál va a ser nuestra postura parlamentaria.
Entendemos en el Grupo de Convergència i Unió que el estatuto del contribuyente va a ser el marco ideal para eliminar ciertos privilegios que tiene actualmente la Administración tributaria, frente a la Administración en general, en relación a las garantías de los contribuyentes. Son diversos los preceptos legales de carácter tributario que implican un trato diferente en favor de la Administración de hacienda, que no tienen correspondencia en el resto de las ordenaciones jurídicas ni específicamente en el Derecho administrativo. No se entiende que en el ámbito penal, sancionador por excelencia, no se deba cumplir una pena hasta que no se haya producido sentencia en firme, y en el Derecho fiscal el recurso pueda devenir inútil ante los perjuicios irreparables ocasionados por la vía ejecutiva anticipada.
También desde Convergència i Unió entendemos que a través de nuestras enmiendas reforzaremos los derechos de los contribuyentes, no sólo en cuanto al reembolso de los avales, que está perfectamente previsto en dicho proyecto de ley, sino en todos aquellos costes que se le puedan declarar al contribuyente cuando la resolución falle contra la Administración en beneficio del contribuyente.
Respecto a la prescripción de los derechos y de las acciones, que está perfectamente explicado en dicho proyecto de ley, creemos sinceramente que este es un paso cualitativamente importante, pero al mismo tiempo entendemos que en el pase de cinco a cuatro años y en el de cinco a seis años, en función del comportamiento fiscal de los contribuyentes, se podría producir una interpretación que puede incrementar la inseguridad jurídica del contribuyente y puede también generar en algunas ocasiones más confusión y perjudicar los intereses de unos ciudadanos respecto a la situación actual de prescripción de los cinco años. Vamos a intentar modificar este artículo para mejorarlo, reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes en cuanto a los derechos y garantías, incorporando mecanismos más proporcionales, más objetivos, más justos, más ágiles y más modernos para que todos los ciudadanos que cumplen religiosamente, período tras período, pagando sus impuestos puedan tener también

Página 3319


un beneficio proporcional a dichos derechos y obligaciones.
Por último, nuestro grupo considera muy positiva la posibilidad prevista en dicho proyecto de ley en cuanto a recurrir en instancia única, pero también pensamos que esto pueda llevar a una mayor centralización de la Administración económico-administrativa previa al trámite judicial, lo cual entraría en contradicción con lo que se propugna en toda la Administración del Estado, así como en la Administración de justicia, por lo cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a incorporar enmiendas de cara a potenciar los tribunales económico-administrativos regionales.
Por todas estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votará negativamente las enmiendas presentadas, con todos nuestros respetos al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y al Partido Nacionalista Vasco.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos reflexionado, creemos que con seriedad, sobre el contenido del proyecto de ley que debatimos en esta Cámara y también sobre las consideraciones que en relación al mismo conocíamos que iban a formular los dos grupos que lo han enmendado solicitando su devolución al Gobierno.
En la tranquilidad que ha adquirido en este momento el debate, tendría que decir a la Cámara que nos ha suscitado algunas dudas la actitud que deberíamos adoptar. Y las dudas vienen fundamentalmente porque el contenido del proyecto tiene sobre todo un carácter recopilador de una serie de normas ya existentes, algunas de las cuales son de muy reciente promulgación. Los portavoces de los Grupos Parlamentarios Vasco e Izquierda Unida han puesto de relieve estos hechos, y nos hallamos en una situación en la que una buena parte de este proyecto de ley que hoy debatimos reitera una serie de preceptos ya existentes, hoy en vigor, y en otra buena parte lo que hace es reforzar terminológicamente el contenido de la legislación vigente.
A lo largo de los últimos años se ha venido desarrollando en España un proceso de mejora de las relaciones entre la Administración y los administrados, y el espacio tributario no ha sido ajeno en modo alguno a estas modificaciones. Es más, un procedimiento tan masivo como éste, que lo aplican millones de contribuyentes, en un elenco amplio y diversificado de figuras tributarias, ha venido adoptando un conjunto de decisiones con la finalidad de elevar la calidad de los servicios tributarios y también de garantizar los derechos de todos y cada uno de cuantos actúan en él. El resultado de esa evolución ha sido que un viejo modelo de relaciones, caracterizadas fundamentalmente por la insensibilidad, por la incapacidad para aprender, por actuar a partir de ciudadanos pasivos que se acomodaban de alguna manera y que eran meros receptores de un conjunto de servicios públicos en una dialéctica de imposición y protección, cambió hacia un modelo más receptivo, más abierto hacia el exterior y en el que los roles de la Administración tributaria se dirigían fundamentalmente al cumplimiento tributario, facilitando la realización de las obligaciones de los contribuyentes, informándoles, aconsejándoles, asistiéndoles y protegiéndoles con unos procedimientos cada vez más rápidos, cada vez más simples y fiables.
Todo ello, como aquí se ha dicho esta mañana, en un sistema tributario dotado de un carácter de autoliquidación, que hacía que fuera el propio contribuyente el que tenía que determinar su base imponible y el que a lo largo de un tiempo determinara la cuantía de su cuota y el momento en el que con mayor o menor precisión hacía el ingreso de la misma. Y en ese sistema, por razones de eficacia y por razones de equidad, habría que establecer un mecanismo que ayudara a aquel que cumple sus obligaciones tributarias protegiéndole en sus derechos. De hecho, la Administración tributaria del Estado ha estado dirigida en una doble dirección: colaborar con los cumplidores y reprimir a aquellos que eran defraudadores, y ha desempeñado una función habitual, rutinaria si se quiere, al servicio de un importante objetivo recaudatorio; objetivo recaudatorio que yo no voy a ocultar aquí que tenía un carácter coactivo, porque no suele ser muy frecuente que las arcas públicas se llenen con contribuciones voluntarias. Porque aquí y fuera de aquí el contribuyente, el ciudadano trata de alguna manera de defenderse del impuesto, de trasladarlo a otro contribuyente y de entender, en muchas ocasiones, que la tributación es una especie de imperativo categórico de origen kantiano al cual no está siempre dispuesto a someterse. Pero no es menos cierto que esa concepción individualista y egoísta de la acción de la Administración tributaria del Estado tiene un correlato y tiene un sentido contrario. Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización, son el precio de la libertad, y detrás de la efectiva realización de un sistema tributario no hay más que el espíritu de los pueblos y una parte muy importante de su historia fiscal. (Rumores.) Recuerdo aquí esta mañana algunas de las intervenciones del último gran reformador de la Hacienda pública española.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández Marugán, discúlpeme, señoría.
Señorías, les ruego silencio.


Página 3320


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Paco Fernández Ordóñez decía, en 1978, que no hay ningún test mejor que el tributario para definir la posición de los individuos o de los grupos sociales en el espectro político. Por ello, cuando un ciudadano cumple honorablemente con su obligación tributaria está en su derecho a exigir una atención por parte de la Administración tributaria. Una atención, una tarea amable, distinta de la meramente recaudatoria que ha venido llevándose a cabo a lo largo de los últimos años, tratando de reducir el antagonismo que podía establecerse entre el contribuyente y la Hacienda pública en un mundo con derechos individuales en ascenso; en un momento en el cual queríamos contribuir a la legitimación social del sistema tributario y a evitar...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Marugán, le ruego que vaya concluyendo.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Sí, señor Presidente.
Evitar que lo que unos no pagan, debiendo hacerlo, terminen por pagarlo otros, ya sea porque tienen una superior moral fiscal, ya sea porque carecen de instrumentos adecuados para evadirse. En este contexto, en el contexto de las relaciones entre los ciudadanos y la Hacienda pública, la parte programática del proyecto de ley que hoy consideramos nos ha resultado, al igual que a otros intervinientes, escasamente novedosa. En honor a la verdad, tendríamos que decir que no constituye un hito y que tienen razón aquellos que dicen que estamos ante un conjunto de derechos ya reconocidos que no se acrecientan con esta norma y, por tanto, que quizá hubiera sido conveniente que el Gobierno no hubiera adoptado la decisión de remitir este proyecto de ley a la Cámara. Consideramos que esta iniciativa es más el resultado de una estrategia propagandista que producto de una decisión madura y acertada.
También coincidimos con aquellos que señalan que la ubicación correcta del proyecto bien pudiera haber sido, después de una reflexión madura y sosegada, una modificación de la Ley General Tributaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Marugán, le ruego concluya.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, mi grupo quiere decir algunas cosas, por lo que ruego de S.S. que me ampare en la posibilidad de hacerlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Puede decirlas, pero a la mayor brevedad porque ha excedido ya su tiempo reglamentario.
Dígalas, por supuesto, señor Fernández Marugán, pero procure concluir de forma prácticamente inmediata.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Con qué frecuencia interrumpe usted algunas intervenciones y con qué generosidad el señor Presidente trata otras.
(Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández Marugán, en este momento S.S. ha excedido en el doble el tiempo que le concede el Reglamento. No le tolero que dude S.S. de la neutralidad de esta Presidencia y le ruego que retire esas afirmaciones.
(Aplausos.--Continúan las protestas.) El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, volviendo al contenido de mi intervención, he de decir que hay pocos elementos novedosos en este proyecto, y tendría que decir que eso no es preocupante desde el punto de vista de mi grupo parlamentario.
Lo peor es que los pocos elementos novedosos que hay en este proyecto son malos, y eso sí nos produce una gran preocupación, porque creemos...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández Marugán, debe finalizar de forma inmediata.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Me es difícil, señor Presidente, concentrarme, pero voy a hacer honor a mi condición de parlamentario y voy a tratar de cerrar cuanto antes mi intervención. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: En cualquier caso, creo que el proyecto que hoy debatimos es un proyecto que incide en una filosofía determinada que ha venido aplicando el Grupo Parlamentario Popular y el propio Partido Popular: reducir la capacidad de pago de los contribuyentes, reducir la exigencia en materia de fiscalidad, planteamientos que se han ido poniendo de relieve a lo largo de una serie de proyectos que se han discutido en esta Cámara en los últimos meses. Esos puntos de vista se acrecientan en el día de hoy porque el proyecto que estamos discutiendo reduce los plazos de prescripción y amplía las dificultades que tiene la Hacienda pública para perseguir a los grandes defraudadores; porque reduce el plazo para la culminación de los procedimientos de inspección, y porque establece procedimientos en virtud de los cuales una parte importante de las reclamaciones que hoy están en los TEAC pueden prescribir. Toda estas circunstancias, todos estos comportamientos habrían justificado que nosotros hubiéramos apoyado las enmiendas a la totalidad que han presentado el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo de Izquierda Unida.


Página 3321


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández Marugán, debe concluir.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: No lo hemos hecho, señor Presidente, porque creemos que ello perjudicaría a un número importante de contribuyentes que no lo entenderían, pero sí manifestamos en esta Cámara y a los grupos que lo han enmendado que mi grupo presentará un conjunto de enmiendas tendentes a evitar que se perjudiquen los intereses generales de la Hacienda. Nosotros no vamos a comprometernos ni a facilitar la defraudación.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández Marugán. Ha concluido su tiempo.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Nosotros señor Presidente, no vamos a apoyar a aquellos que quieren hacer de la gestión tributaria, del levantamiento de las actas un tarea imposible. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández Marugán, le llamo al orden. (Aplausos.) No está S.S. en el uso de la palabra. Muchas gracias.


El señor FERNANDEZ MARUGAN: Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY Y DE PROPOSICIONES DE LEY:

-- PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO (Número de expediente 121/000025)

-- PROPOSICION DE LEY PARA EL DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 62 DE LA LEY ORGANICA 10/1982, DE 10 DE AGOSTO, DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANARIAS (Número de expediente 125/000005) El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación conjunta de las enmiendas de totalidad, quiero someter al Pleno de la Cámara, de acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, la avocación por el Pleno del proyecto de ley del Gobierno.
¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Asimismo, quiero someter a la Cámara la avocación de la proposición de ley para el desarrollo de las previsiones del artículo 62 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias.
¿Lo acuerda también el Pleno? (Asentimiento.) Entiendo que por asentimiento así lo acuerda.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación):

-- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número de expediente 121/000026) El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las dos enmiendas de totalidad de devolución sobre el proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 20; en contra, 159; abstenciones, 120.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

-- PROYECTO DE LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS CONTRIBUYENTES (Número de expediente 121/000026)

El señor PRESIDENTE: Someto ahora a la consideración de SS.SS. la avocación por el Pleno del proyecto de ley de derechos y garantías de los contribuyentes.
¿Acepta el Pleno la avocación solicitada para este proyecto de ley? (Asentimiento.) Se entiende aprobada por asentimiento.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y cinco minutos de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal