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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 45, de 26/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1996 VI Legislatura Núm. 45

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 44

celebrada el martes, 26 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar (Orgánica) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 29.1, de 31 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000017) (Página 2229)

Modificaciones en el orden del día (Página 2233)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Continuación):

-- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 36.1, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 122/000024) (Página 2233)

Página 2220


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-- Real Decreto-Ley 14/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que se aprueba el Arbitrio sobre la Producción y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla. «Boletín Oficial del Estado», número 271, de 9 de noviembre de 1996 (número de expediente 130/000010) (Página 2244)

Proposiciones no de Ley:

-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a modificar parcialmente el título VIII del Código Penal.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 66, de 4 de noviembre de 1996 (número de expediente 162/000057) (Página 2251)

-- Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se regula el Consejo Consultivo de Privatizaciones. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 70, de 8 de noviembre de 1996 (número de expediente 162/000060) (Página 2259)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

-- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26 de junio de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 39.1, de 23 de septiembre de 1996 (número de expediente 110/000034) (Página 2268)

-- Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 40.1, de 23 de septiembre de 1996 (número de expediente 110/000035) (Página 2268)

-- Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en situación irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 41.1, de 27 de septiembre de 1996 (número de expediente 110/000036) (Página 2268)

-- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 42.1, de 27 de septiembre de 1996 (número de expediente 110/000037) (Página 2268)

-- Tercer Tratado Suplementario de Extradicción entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 43.1, de 27 de septiembre de 1996 (número de expediente 110/000038) (Página 2268)

-- Convenio entre España y Portugal para la construcción de un Puente Internacional sobre el Río Agueda entre las localidades de La Fregeneda (España) y Barca D'Alva (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el 18 de enero de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 44.1, de 4 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000039) (Página 2268)

-- Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el momento de la ratificación. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 52.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000040) (Página 2268)

-- Declaración de aceptación por parte de España de las Adhesiones de Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 53.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000041) (Página 2268)

-- Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 45.1, de 4 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000042) (Página 2268)

-- Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el momento de la adhesión. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 54.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000043) (Página 2268)

Página 2221


-- Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996, constitutivo de Acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites (Madrid, 9-13 de septiembre de 1996). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 55.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000044) (Página 2269)

-- Memorándum de Responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 38.ª Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz (Sevilla, 14 a 17 de mayo de 1996). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 56.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000045) (Página 2269)

-- Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 57.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000046) (Página 2269)

-- Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 58.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000047) (Página 2269)

-- Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y Anexo, firmado en Madrid el 25 de enero de 1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 59.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000048) (Página 2269)

-- Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en San Sebastián el 16 de septiembre de 1995, Canje de Notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio de 1996 por el que se subsana un error material en su artículo XVII. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 60.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000049) (Página 2269)

-- Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Honduras, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25-10-1980). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 61.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000050) (Página 2269)

-- Protocolo de adhesión del Gobierno de la República Austriaca al Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, tal como quedó enmendado por los Protocolos relativos a la Adhesión de los Gobiernos de la República Italiana, del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la República Helénica, firmados, respectivamente, el 27 de noviembre de 1990, el 25 de junio de 1991 y el 6 de noviembre de 1992, hecho en Bruselas el 28 de abril de 1995, así como el Acuerdo de Adhesión de la República Austriaca al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económico Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirieron la República Italiana, el Reino de España y la República Portuguesa, y la República Helénica por los Acuerdos firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990, el 25 de septiembre de 1991 y el 6 de noviembre de 1992, Acta Final y Declaración Aneja, hechos en Bruselas el 28 de abril de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 62.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000051) (Página 2269)

-- Memorándum de Entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EFA (NEFMA) en la agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 63.1, de 14 de octubre de 1996 (número de expediente 110/000052) (Página 2269)

Página 2222


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 1.830.748.838 pesetas, para el pago de las indemnizaciones ocasionadas por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá, número 20, según Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 1994 y auto de la misma de 19 de septiembre de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 11.1, de 22 de julio de 1996 (número de expediente 121/000009) (Página 2272)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 9567) (Página 2272)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de ley (Página 2229)

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica el articulo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. (Orgánica) (Página 2229)

Para la defensa de la proposición de ley, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene la señora Urán González. Manifiesta que su proposición trata de modificar la Ley Orgánica 13/1991 del Servicio Militar con el fin de que se devuelvan los derechos que tenían los residentes españoles en el extranjero a la hora de poder acceder a la exención del servicio militar por solicitud de prórroga de cuarta clase. Añade que ya en la IV legislatura su Grupo Parlamentario presentó esta modificación, que fue apoyada en aquel momento por los grupos parlamentarios Popular, Convergència i Unió y el Centro Democrático y Social, no así por el Grupo Socialista que en aquel momento ostentaba el Gobierno de la nación. Se argumentó en aquella ocasión que la modificación suponía una discriminación hacia el resto de los nacionales residentes en el territorio, pero su grupo opina que a los que no son iguales o no tienen las mismas posibilidades para ser iguales hay que aplicarles, según se reconoce en la Constitución, la discriminación positiva. Recuerda unas palabras del portavoz del Grupo Popular en el debate de aquella ley declarando que su Grupo era beligerante en la defensa de los emigrantes españoles, tanto en lo que se refería al mantenimiento de la nacionalidad como de los derechos que la Ley 19/1984 y su Reglamento les atribuía en materia de prórrogas de cuarta clase y de exención del servicio militar.
La modificación que proponen la consideran justa, necesaria y urgente porque, a pesar de las promesas de que se iba a solucionar el problema a través de los reglamentos, después de cinco años, si cualquier residente español quiere volver antes de cumplir los 30 años tiene que cumplir el servicio militar. Por lo tanto, a la vista de lo leído en el «Diario de Sesiones» sobre lo que defendía en aquel momento el portavoz del Grupo Popular y del apoyo suscitado entonces por Convergència i Unió, espera contar también con el apoyo del Grupo Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sánchez López, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 18 votos a favor, 261 en contra y una abstención.


Modificaciones del orden del día (Página 2233)

El señor Presidente propone a la Cámara la exclusión del orden del día del punto IX, Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 1995, y la incorporación de los restantes puntos a la sesión de hoy martes.


Página 2223


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación) (Página 2233)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social (Página 2233)

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Campuzano i Canadés para defender la toma en consideración de la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, como resultado del amplio consenso político y social que existe en Cataluña en relación a esta cuestión. No es la primera vez que su Grupo defiende en este Pleno una proposición de ley del Parlamento de Cataluña de características similares, y añade que, durante los meses anteriores a esta tramitación, centenares de asociaciones y ayuntamientos catalanes se han pronunciado sobre la necesidad de plantear esta reforma de la legislación sobre la objeción de conciencia. Por tanto, hoy plantean ante esta Cámara una inquietud muy amplia del conjunto de la sociedad catalana que recoge también una sensibilidad que implica a muchísimos sectores del conjunto de la sociedad.
Considera que, aunque alguien podría afirmar que éste no es un cambio oportuno, en la medida en que se ha tomado la decisión política de iniciar el proceso de supresión del servicio militar, sin embargo, es necesario abrir este proceso por dos razones: para reconocer el pleno derecho a la objeción de conciencia, cuestión que ya fue planteada en el año 1984 por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Molins, y porque desde la perspectiva de la supresión del servicio militar hay que dar un salida digna y positiva a todos aquellos cientos de miles de jóvenes de todo el Estado que han optado por declararse objetores de conciencia. Añade que la Ley de 1984 no cubrió las expectativas de amplios y significativos sectores sociales y político que manifestaron su discrepancia porque consideraban que era una ley que sospechaba de la objeción de conciencia y consideraba que había dos tipos de ciudadanos: quienes cumplen con el derecho-deber de defender el Estado por medio del servicio militar y quienes aparecen como menos comprometidos y frente a los que es preciso adoptar prevenciones.
Reitera que su proposición de ley se inspira en un amplio consenso político existente en Cataluña y parte del principio de que se está delante de un derecho en íntima conexión con la libertad de conciencia.
Recuerda, a continuación, el informe Bandrés-Bindi, que afirmaba que la objeción de conciencia y la prestación social tienen su fundamento en el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos y en la Convención Europea de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales. Asimismo manifiesta que la proposición de ley recoge tres ideas fundamentales de dicho informe (la no obligatoriedad de exponer los motivos de conciencia; la igualdad con el servicio militar en cuanto a la duración del mismo y equiparación con los derechos de aquellos que realicen el servicio militar, y la posibilidad de declararse objetor en cualquier momento) y se introducen criterios que permiten hacer efectivo y real este derecho, como la limitación de los plazos de disponibilidad de los objetores a un año o la necesidad de que las administraciones pública, no de manera voluntaria, sino marcada por la Ley, informen sobre este derecho.
Se refiere a continuación al informe del Defensor del Pueblo, donde se dice que ni la modificación de la normativa reglamentaria ni el desarrollo del plan de objeción de conciencia aprobado por el Consejo de Ministros de 11 de marzo de 1994 permiten ser optimistas sobre la proximidad de una solución a los numerosos problemas que se derivan de la insuficiencia de plazas concertadas para la realización de la prestación social sustitutoria. Su Grupo considera que pretender resolver los problemas derivados de la objeción de conciencia y de la prestación social a través de una masiva creación de plazas ha sido un fracaso, y plantea, por un lado, la asunción de competencias de gestión e inspección por parte de las comunidades autónomas y, por otro, que los objetores que llevan más de un año pendientes de incorporarse a la prestación social pasen automáticamente a la reserva. Asimismo, consideran que no hay que olvidar las experiencias positivas que ha tenido la objeción de conciencia en cuanto a que ha contribuido a generar solidaridad y a reforzar lazos generacionales y pide el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley que da respuesta positiva, progresista y moderna a buena parte de la gente joven que, desde su opción generosa, intenta hacer de éste un mundo diferente.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario

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de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 313 votos a favor y uno en contra.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes (Página 2244)

Real Decreto-Ley 14/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Arbitrio sobre la Producción y la Importación en las ciudades de Ceuta y Melilla (Página 2244)

Para la defensa del Real Decreto-Ley, interviene, en nombre del Gobierno, el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo), manifestando que el Gobierno aprobó el 8 de noviembre el Real Decreto-Ley 14/1996, que hoy se somete a la convalidación de la Cámara y que viene motivado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la aplicación de esa misma sentencia que está llevando a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, puesto que, a través de ambos órganos jurisdiccionales, se cuestionó la plena adecuación al ordenamiento comunitario del arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla, creado y regulado por la Ley 8/1991, de 25 de marzo, debido a que este texto legal preveía que ciertas operaciones de producción interior de bienes en las ciudades de Ceuta y Melilla pudieran quedar exentas del arbitrio, quedando sujetas al mismo, sin embargo, las operaciones de importación en ambas ciudades de los referidos bienes, por lo que el arbitrio de las dos ciudades podría estar siendo configurado materialmente como una exacción de efecto equivalente a un arancel a la importación, lo que es claramente incompatible y contrario al ordenamiento comunitario. Añade que esta situación propició un movimiento entre los contribuyentes de Ceuta, y en menor medida entre los de Melilla, de impugnación casi generalizada de los actos de liquidación del arbitrio, que ha situado a las haciendas de Ceuta y de Melilla en un escenario de gran incertidumbre y notable pérdida recaudatoria, al mismo tiempo que se está produciendo una importante caída del tráfico comercial que ha contribuido a agudizar la pérdida recaudatoria por el concepto de arbitrio sobre la producción y la importación. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Gobierno ha consensuado con las autoridades políticas de Ceuta y Melilla el contenido del Real Decreto-Ley que se presenta a la Cámara.
Manifiesta que este Real Decreto-Ley pretende cumplir primordialmente dos objetivos: en primer lugar, introducir en la regulación sustantiva del arbitrio fijado en la Ley 8/1991 las modificaciones imprescindibles en orden a la plena adecuación al ordenamiento comunitario y, en segundo lugar, establecer un mecanismo de compensación financiera a las ciudades de Ceuta y Melilla por las pérdidas recaudatorias que las respectivas haciendas hayan experimentado en 1996, o puedan experimentar en 1997, a consecuencia de las circunstancias que promueven o impulsan la promulgación de este decreto. A continuación, pasa a explicar el contenido del Real Decreto-Ley, que consta de dos artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición adicional única que prevé su entrada en vigor y la aplicación inmediata de las normas que contiene desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por otra parte, expone que las modificaciones legales que contempla el Real Decreto-Ley no deben considerarse aisladamente, sino como parte de un conjunto de medidas más amplio, que no han sido incorporadas a este Real Decreto-ley, cuya finalidad es solucionar de un modo permanente los problemas estructurales de financiación de las ciudades de Ceuta y Melilla, y anuncia que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado introducirá, vía enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, una modificación de la estructura del arbitrio, a fin de dotar a éste de mayor consistencia en aras de la superación futura de los problemas de estabilidad financiera estructural que cabe advertir en la actual configuración del arbitrio. Asimismo, precisa que el Gobierno, como solución definitiva a los problemas de financiación de las ciudades de Ceuta y Melilla, está elaborando y remitirá a las Cámaras un proyecto de ley de régimen económico-fiscal de Ceuta, en el que se refundan todas las disposiciones que lo integran; y respecto a la ciudad de Melilla, se ha aprobado y remitido por su Asamblea una proposición de ley cuyo contenido se tratará de homologar al proyecto de ley de financiación de la ciudad de Ceuta, para que puedan debatirse en un solo texto y puedan ser aprobados por las Cámaras a la mayor brevedad. En virtud de todo lo expuesto, considera plenamente

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justificada la aprobación de este Real Decreto-Ley y, en consecuencia, solicita la aprobación del mismo por la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Alvarez Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica, por haber sido contradicho, interviene el señor Alvarez Gómez, duplicando el señor González Pérez.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 14/1996, se aprueba la convalidación por 302 votos a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley, se rechaza por 141 votos a favor y 162 en contra.


Proposiciones no de ley (Página 2251)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a modificar parcialmente el titulo VIII del Código Penal (Página 2251)

En nombre del Grupo Popular, interviene la señora Barrios Curbelo, para defender la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno para que elabore un proyecto de ley que modifique parcialmente el título VIII del libro segundo del Código Penal, que regula los delitos contra la libertad sexual, en el sentido de que no sólo se tipifiquen determinadas conductas que parece que están ausentes del texto, sino que, además, se estudie la proporcionalidad de las penas que se aplican a dichos delitos.
Manifiesta que prestigiosos juristas consideran que para que un Código Penal sea efectivo es necesario que sus preceptos y disposiciones estén totalmente en sintonía con la realidad política y social de la Constitución vigente y con los valores de la sociedad en la que se va a aplicar.
Por otra parte, se sorprende de que en el nuevo Código Penal, que sólo tiene vigencia de seis meses, se hayan detectado determinadas ausencias y lagunas de tipos penales, como lo han dado a conocer diferentes tribunales de todos los territorios de España. Cita como ejemplos la sentencia de la Comunidad Autónoma catalana, en la que se denunciaba la imposibilidad de penalizar conductas de adultos que utilizaban menores con material pornográfico en Internet, las dos últimas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto a la ausencia del delito de corrupción de menores, y la sentencia que se ha dictado hoy mismo en Valencia, en base a la cual se intentaba procesar a una red que utilizaba menores en material pornográfico, y en la que se ha aplicado de tres a seis años de pena privativa de libertad, quedando algunos absueltos, en lugar de los 130 años que se solicitaban.
Añade que las víctimas de estos delitos son menores, que es el sector más débil, y que hay que tener en cuenta la alarma que esto produce en la sociedad y las consecuencias gravísimas que existen, tanto físicas como psíquicas, para el menor. Por ello, el Partido Popular considera que se debe modificar este título VIII del libro segundo del Código Penal y estudiar la posibilidad de regular de nuevo la figura de la corrupción de menores, que estaba en el artículo 542.bis con la prostitución de menores, y especialmente la difusión, venta y exhibición de material pornográfico utilizando a menores.
A continuación pasa a exponer los factores esenciales por los que existen determinadas ausencias en el Código Penal. En primer lugar considera que se debería haber concedido un período más largo al Consejo General del Poder Judicial para emitir el preceptivo dictamen sobre una materia tan compleja y delicada; y en segundo lugar considera que se ha puenteado de nuevo la sección penal de la Comisión General de Codificación. Sin embargo, estima que en este momento todos los grupos parlamentarios y todos los grupos políticos están de acuerdo en la necesidad de dar protección al menor y que lo único que se discute es si la no mención del término corrupción de menores significa la atipicidad de esa conducta o si estas conductas deben estar englobadas en la prostitución de menores, como se recoge en los artículos 187 y 188 del vigente Código Penal. El Grupo Popular considera que no se regula adecuadamente la corrupción intentando incardinarla en la prostitución de menores porque son conductas diferentes, iniciándose al menor anticipadamente en la actividad sexual y, además, de forma perversa. Asimismo, considera que se debe modificar la edad que figura en el artículo 181, que regula los abusos sexuales no consentidos, y aumentarla de los 12 a los 14 años, haciendo mención en este punto a una iniciativa del Grupo Socialista relativa a la proposición de ley de responsabilidad penal del menor que fija la edad a partir de los 14 años hasta los 18.
Termina su intervención recordando un apartado de la exposición de motivos del Código Penal vigente en el cual se dice que el Código Penal es de todos, que hay que tener en cuenta todas las opiniones y que es bueno aplicar las soluciones más razonables.


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En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, intervienen la señora Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Interviene la señora Barrios Curbelo para manifestar su aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por unanimidad.


Del Grupo Socialista del Congreso, por la que se regula el Consejo Consultivo de Privatizaciones (Página 2259)

El señor Hernández Moltó interviene en nombre del Grupo Socialista para defender la proposición no de ley por la que se pretende regular el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Como cuestión previa expone claramente la consideración y el respeto personal y profesional que le merecen todos y cada uno de los miembros que componen ese Consejo Consultivo, máxime porque las deficiencias que contiene el mencionado Consejo no se pueden achacar, desde su punto de vista, a los miembros de ese Consejo, ni siquiera al Ministerio de Industria, porque son deficiencias achacables, quizá, al propio Gobierno.
Manifiesta, a continuación, que tienen serias reservas respecto a la constitución de un consejo de esta naturaleza, entre otras cosas porque considera que añade bien poco al proceso de privatizaciones, al conjunto de la vida pública y al conjunto de órganos que se ven afectados por la política industrial o de privatizaciones.
Por otra parte, considera que es un hábito que viene desarrollándose prácticamente desde el principio de esta legislatura el conceder gratificaciones de carácter político con determinado tipo de nombramientos, pero su Grupo Parlamentario no puede ser cómplice de estas estrategias por dos cuestiones: por autoestima del propio Congreso y, probablemente, también por autoestima de los propios afectados. Asimismo, está en contra de la constitución de este órgano porque considera que es atípico y no tiene antecedentes, ahora bien, reconoce el derecho político del Gobierno a constituirlo. Aun no estando de acuerdo y reconociendo el derecho del Gobierno a crearlo, piden que se regule, porque hasta ahora lo único que se sabe es que existe algo que quiere perseguir no se sabe qué. Añade que si se acude a la legislación vigente se constata que cualquier órgano con funciones administrativas de decisión, de propuesta o de asesoramiento deberá ser creado, de acuerdo con el artículo 10 de este proyecto, por real decreto aprobado en Consejo de Ministros.
Expone a continuación sus dudas sobre si el Consejo Consultivo de Privatizaciones no está en la más absoluta de las clandestinidades, porque cuando el Grupo Socialista, interesado y obligado a desempeñar su tarea de oposición, preguntó sobre él en el debate presupuestario, sólo se le dio como contestación un documento apócrifo, casi clandestino y sin membrete. Por lo tanto, desean alejar toda sospecha de este Consejo y preguntan sobre la sede social y la dependencia administrativa, funcional, orgánica y presupuestaria; es decir, toda una serie de cuestiones que, en su opinión, no figuran en ningún sitio. Añade que en su proposición no de ley proponen también que, mientras tanto, por la seguridad de todos, incluidos los consejeros, el Consejo se abstenga de tomar ninguna decisión.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández de Troconiz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular.
Replica el señor Hernández Moltó, duplicando el señor Fernández de Troconiz Marcos.
Sometida a votación la proposición no de ley, se rechaza por 145 votos a favor, 159 en contra y dos abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 2268)

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26 de junio de 1996 (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 305 votos a favor y uno en contra.


Página 2227


Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995 (Página 2268)

Sometido a votación se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en situación irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996 (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 304 votos a favor, dos en contra y una abstención.


Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996 (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad

Tercer Tratado suplementario de extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996 (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Convenio entre España y Portugal para la construcción de un Puente Internacional sobre el Río Agueda entre las localidades de la Fregeneda (España) y Barca D'Alva (Portugal), firmado «ad referendum» en Madrid el 18 de enero de 1996 (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el momento de la ratificación (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995 (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el momento de la adhesión (Página 2268)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996, constitutivo de Acuerdo entre España y las Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre misiones de pequeños satélites (Madrid, 9-13 de septiembre de 1996) (Página 2269)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 304 votos a favor y una abstención.


Memorándum de responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 38.ª Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz (Sevilla, 14 a 17 de mayo de 1996) (Página 2269)

Página 2228


Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad

Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referendum» en Rabat el 6 de febrero de 1996 (Página 2269)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 287 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones.


Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación y Anexo, firmado en Madrid, el 25 de enero de 1996 (Página 2269)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 306 votos a favor y uno en contra.


Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado «ad referéndum» en Rabat el 6 de febrero de 1996 (Página 2269)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 289 votos a favor y 18 abstenciones.


Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en San Sebastián el 16 de septiembre de 1995 y Canje de Notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio de 1996 por el que se subsana un error material en su articulo XVII (Página 2269)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por unanimidad.


Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Honduras, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (La Haya, 25-10-1980) (Página 2269)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 305 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Protocolo de adhesión del Gobierno de la República Austriaca al Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmados en Schengen el 14 de junio de 1985, tal como quedó enmendado por los protocolos relativos a la adhesión de los Gobiernos de la República Italiana, del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la República Helénica, firmados, respectivamente, el 27 de noviembre de 1990, el 25 de junio de 1991 y el 6 de noviembre de 1992, hecho en Bruselas el 28 de abril de 1995, así como el Acuerdo de adhesión de la República Austriaca al Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirieron la República Italiana, el Reino de España y la República Portuguesa, y la República Helénica por los acuerdos firmados respectivamente el 27 de noviembre de 1990, el 25 de septiembre de 1991 y el 6 de noviembre de 1992, Acta Final y Declaración Aneja, hechos en Bruselas el 28 de abril de 1995 (Página 2269)

Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 302 votos a favor y una abstención.


Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA) (Página 2269)

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Sometido a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 292 votos a favor y 14 en contra.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2272)

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 1.830.748.838 pesetas, para el pago de las indemnizaciones ocasionadas por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá, n.º 20, según sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 1994 y auto de la misma de 19 de septiembre de 1995 (Página 2272)

Sometido directamente a votación, se aprueba el proyecto de ley por unanimidad.
Continúa la sesión con carácter secreto para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que es aprobado.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 14.4 DE LA LEY ORGANICA 13/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SERVICIO MILITAR (ORGANICA) (Número de expediente 122/000017)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
La primera corresponde al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, de carácter orgánico.
Para la presentación de la proposición, en nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la modificación, a través de esta proposición de ley, de la Ley Orgánica 13/1991 del Servicio Militar, estriba sólo y exclusivamente en que se devuelvan los derechos que tenían los residentes españoles en el extranjero a la hora de poder acceder a la exención del servicio militar por solicitud de prórroga de cuarta clase. Era un derecho adquirido por nuestros residentes en el extranjero, que se venía ostentando desde hacía mucho tiempo hasta la promulgación de la ley orgánica de 1991.
En la IV legislatura ya nuestro grupo parlamentario presentó esta modificación, que fue apoyada en aquel momento por los Grupos Parlamentarios Popular, Convergència i Unió y el entonces Centro Democrático y Social, no así por el Grupo Socialista que en ese momento ostentaba el Gobierno de la nación. Se argumentó en aquella ocasión que la modificación que solicitaba nuestro grupo suponía una discriminación hacia el resto de los españoles o de los nacionales residentes en nuestro territorio. Señorías, a los que no tienen las mismas posibilidades para ser iguales hay que aplicarles, según reconocemos habitualmente, la discriminación positiva. Eso es lo que nosotros pretendemos que se vuelva a recuperar con esta proposición de ley.
Si por cualquier circunstancia, los hombres residentes en el extranjero quisieran volver a nuestro país y no tuvieran aún cumplidos los 30 años, pongamos que tengan 25 o 26, se les obligaría a cumplir el servicio militar. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de residentes de tercera o cuarta generación que vuelven a nuestro país en unas determinadas condiciones, como puede ser la búsqueda de trabajo o mejorar sus condiciones de vida, que en el país en el que están residiendo actualmente no tienen. Si tuvieran que cumplir el servicio militar en nuestro país, obligándoles a trasladarse, estaríamos perjudicándoles gravemente al no poder, en su país de residencia actual, consolidar estudios ni puestos de trabajo, con lo cual estamos frustrando su incorporación al territorio nacional, puesto que no se les obliga por esta razón a renunciar a la nacionalidad española.
Somos conscientes de que no estamos hablando de un gran número de personas, pero el problema tiene la suficiente entidad como para que nos lo tomemos en serio. En esta ocasión, y a la vista de lo que en la IV legislatura manifestaron los portavoces de los diferentes grupos respecto al apoyo a esta iniciativa, traemos hoy a la Cámara esta proposición de ley. En un principio, se dijo que esta ley orgánica no iba a suscitar problemas a nuestros residentes en el extranjero, pero el tiempo transcurrido ha demostrado que se les siguen planteando, por lo que es necesario y urgente su modificación.
Yo tengo la esperanza, después de leer las intervenciones que hicieron en aquel momento los representantes del Grupo Popular y de Convergència i Unió, de

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que hoy contamos con la mayoría suficiente para poder aprobar esta proposición de ley. Solamente les voy a recordar unas palabras que decía el portavoz del Grupo Popular, prácticamente al final de su intervención: En resumen, el Grupo Popular se declara beligerante en la defensa de los emigrantes españoles, tanto en lo que se refiere al mantenimiento de la nacionalidad española como en que permanezcan vigentes los derechos que la legislación anterior, esto es, la Ley 19/1984 y su Reglamento, les atribuía en materia de prórrogas de cuarta clase y de exención del servicio militar. Señorías, esperamos recibir del Grupo Parlamentario Popular la misma actuación que entonces recibió esta iniciativa.
Es verdad que en estos momentos, y al amparo también del debate que se está produciendo sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas, no sería descabellado el que pudiera haber residentes en el extranjero que pudieran acceder a la exención del servicio militar, precisamente por la modificación que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propone.
Creemos que es justo, necesario y urgente. Han transcurrido cinco años desde que se aprobó la ley de 1991 y, a pesar de las promesas de que se iba a solucionar el problema a través de los reglamentos, no es verdad que se haya solucionado y sí que es cierto que si cualquier residente español quiere volver antes de los 30 años, tiene que cumplir el servicio militar.
No es necesario que el Gobierno que pueda estar gobernando en cualquier momento tenga que recurrir a la exención porque así lo quiera el Consejo de Ministro, sino que debería ser, y de hecho lo fue hasta 1991, un derecho reconocido que se ha de recuperar. El debate en la emigración no se ha cerrado y sigue suscitando polémica. Nuestros emigrantes siguen reclamando a esta Cámara que solucione un problema que, como he dicho antes, posiblemente no afecte a un gran número de residentes españoles en el extranjero, pero sí les puede perjudicar gravemente.
Señorías, a la vista de lo leído en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara; de lo que defendía en aquel momento el portavoz del Partido Popular sobre esta iniciativa; de que habían presentado no hacía mucho tiempo una proposición no de ley en el mismo sentido en la Comisión de Defensa, y el apoyo suscitado en aquel momento por Convergència i Unió, esperamos contar con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, dado que hemos observado que durante estos cinco años la aplicación de esta ley no ha mejorado las expectativas de nuestros emigrantes residentes en el extranjero, sino todo lo contrario, les ha perjudicado. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Con mucha brevedad, voy a exponer las razones que llevan a mi grupo a apoyar la iniciativa propuesta por Izquierda Unida.
Existen las razones que se recogen en la exposición de motivos de la iniciativa, que se concretan en el perjuicio que la redacción dada al artículo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991 produce a los jóvenes españoles residentes en el extranjero, en relación con la situación anterior, en que pudiendo solicitar hasta tres prórrogas consecutivas... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora Uría, un momento.
Señorías, les ruego que guarden silencio y no se acostumbren a despachar en los escaños. Señor Ollero, su despacho ya va para muchos minutos.
Señor Blázquez. ¡Señor Blázquez! Está tan concentrado S. S. en el despacho paralelo al desarrollo del Pleno que no atiende la llamada de la Presidencia. Les ruego, señorías, que no hagan este tipo de despachos dentro del hemiciclo.
Señora Uría, puede continuar.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Decía que la redacción dada por el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991 produce a los jóvenes españoles residentes en el extranjero un gran perjuicio en relación con la situación anterior en que podían solicitar hasta tres prórrogas consecutivas por este motivo y quedaban finalmente exentos del cumplimiento del servicio militar. Ello es, además, consecuente con el criterio, siempre sostenido por mi grupo, en favor de la desaparición del servicio militar obligatorio. Apoyaremos cualquier iniciativa en el sentido de favorecer que la prestación pueda desarrollarse en las mejores condiciones para los jóvenes.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, éste no es un debate nuevo en esta Cámara. Ya el 16 de junio de 1992 y el 24 mayo de 1994, el Pleno se pronunció en relación a una iniciativa presentada también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Esta fue una cuestión que preocupó a los ciudadanos del Estado español residentes en el extranjero. La Ley 13/1991 establecía una forma diferente para regular las prórrogas de cuarta clase, en referencia a la anterior legislación. En concreto, se parte del principio de limitar

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la concesión de este tipo de prórroga a aquellos que residan en el extranjero antes de cumplir los 17 años, momento en el que deben inscribirse para el reclutamiento. Además, esta prórroga no conlleva la exención por renovaciones sucesivas de la misma, y tan sólo se puede conceder hasta determinada edad. Al mismo tiempo, existen mecanismos, establecidos por el reglamento del reclutamiento, que permiten impedir la incorporación al servicio militar en algunos supuestos para estos jóvenes residentes en el extranjero. Tanto para aquellas personas que trabajan y no pueden garantizar su puesto de trabajo, como otras situaciones, existen hoy mecanismos en el nuevo reglamento que impiden que se puedan producir posibles discriminaciones.
Nosotros entendemos --y así lo manifestamos en la toma en consideración de esta misma proposición de ley el 24 de mayo de 1994-- que el nuevo reglamento había establecido un marco que permitiría solucionar los problemas. También es cierto que la Ley 13/1991 introdujo un cambio más importante en relación con esta cuestión: el fin de la distinción entre el cumplimiento del servicio militar y el cumplimiento del servicio en filas. Hasta la Ley 13/1993, los residentes en el extranjero empezaban a cumplir el servicio militar y juraban bandera, pero sin servicio en filas. Las consecuencias de esa distinción, trasladadas al ámbito de las prórrogas, producían la existencia de dos clases de residentes en el extranjero afectados por una cuestión de fechas: los que obtuvieron su primera prórroga en 1993, prórroga de incorporación al servicio militar, y los que obtuvieron su primera prórroga de incorporación al servicio en filas antes del 31 de diciembre de 1991 y que, en consecuencia, estaban cumpliendo el servicio militar según la ley anterior. En ese sentido, seguramente se debería encontrar alguna solución a este problema.
Difícilmente, van a quedar exentos de realizar una actividad aquellos que ya la estaban realizando.
La propuesta de Izquierda Unida no resuelve todos los supuestos, pero sí plantea una problemática. Hoy nosotros vamos a ser coherentes con la votación del 24 de mayo de 1994 y no vamos a tomar en consideración esta proposición de ley, pero estimamos que en el marco de la necesaria reforma de la Ley del Servicio Militar que en esta legislatura deberemos realizar, lo que hace referencia a las prórrogas deberemos afrontarlo prioritariamente. Nos consta que hoy el número de ciudadanos que se encuentran afectados por esta legislación es poco significativo y estimamos que en el reglamento se encuentran soluciones para la inmensa mayoría de los casos, por lo que, repito, no vamos a tomar en consideración esta proposición de ley. No obstante, en el trabajo parlamentario que deberemos realizar a lo largo de esta legislatura respecto a la supresión del servicio militar, esperamos encontrar la fórmula técnica que nos permita resolver los posibles errores que aún existen.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez.
Señor Campuzano, puede acercase a los taquígrafos porque las últimas palabras de su intervención, al haber estado retirado del micrófono, no las han captado íntegramente. Gracias.


La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor Presidente, señorías, subo a la tribuna a exponer las razones de mi grupo para oponernos a la proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que, por tercera vez, se debate en esta Cámara. La primera vez se discutió el 16 de junio de 1992, y la segunda vez el 24 de mayo de 1994. A medida que ha pasado el tiempo, desde el primer debate en 1992, la realidad político-social del país ha ido añadiendo un plus de innecesariedad --permítanme la palabra, porque seguramente no será correcta-- a la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aunque el tiempo no parece haber pasado para nuestros compañeros del Grupo de Izquierda Unida, porque mantienen la proposición de ley inalterable, incluso en su exposición de motivos.
La conmoción social que la aprobación de la Ley 13/1991 produjo entre la emigración española no puede ser de ninguna manera hoy la misma que en 1992, ya que han sucedido muchas cosas, entre ellas y muy importante que se han solucionado en la práctica todos los problemas que inquietaban a la emigración española tras la aprobación de la misma ley. Muchos de ellos quedaron aclarados con el reglamento de reclutamiento para el servicio militar, aprobado en 1993 y el resto se ha solucionado en la práctica aplicando el artículo 115.1.c) del reglamento que ha supuesto que se suspenda la incorporación al servicio militar de todos los españoles que residieran en el extranjero el 1 de enero del año en que cumplían diecisiete años. Es decir, ni siquiera son llamados a filas los españoles residentes en el extranjero y sólo hacen el servicio militar aquellos que voluntariamente lo solicitan. Por tanto, pensamos que no existe aquella conmoción social de 1992 entre nuestros emigrantes, como lo desmuesta, además, el hecho de que en el último informe del Defensor del Pueblo no aparece ninguna queja a este respecto.
También demuestra que no existe esa conmoción social el hecho de que el Consejo General de la Emigración, reunido en su comisión de asuntos civiles y de participación en fecha reciente, por primera vez no reitera la petición de modificar la Ley 13/1991 al quedar satisfecho con la información que, representando al Ministerio de Defensa, le trasladó el general Ezquerra, Subdirector General de Reclutamiento, información que les resumo a SS. SS. brevemente: Nadie hace la mili si no quiere siendo español y residiendo en el

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extranjero desde el 1 de enero del año en que cumple diecisiete años, siendo así que sólo entre 100 y 150 españoles residentes en el extranjero hacen la mili de forma voluntaria en cada reemplazo.
Sí se ha planteado en la última reunión del Consejo General de la Emigración algún problema en relación al servicio militar que todavía no está resuelto, como, por ejemplo, la cobertura del viaje desde el país de origen hasta la incorporación en el destino del servicio militar de aquellos españoles que viviendo en el extranjero voluntariamente solicitan hacer el servicio militar; sólo se les paga el viaje desde que pisan suelo español. Esta es una reivindicación del Consejo General de la Emigración que habrá que intentar solucionar en el marco de la Comisión Mixta del Servicio Militar.
Una vez aclarado este punto, que es el más importante, sobre si la Ley 13/1991 producía o no conmoción social entre los españoles residentes en el extranjero, voy a exponer muy brevemente alguna otra razón que también pesa en nuestro grupo a la hora de decidir nuestra posición ante esta proposición de ley. La primera es que volver a la regulación de la Ley 19/1984 significaría recuperar del pasado la posibilidad de picarescas y privilegios para algunos españoles que en ningún caso pueden ser considerados emigrantes, puesto que mantienen su residencia fuera de España para evitar obligaciones constitucionales como declarar a Hacienda o hacer el servicio militar en su momento.
Todos conocemos españoles famosos que aman a España pero que se escaquean de mantenerla y antes de la Ley 13/1991 también se escaqueaban de defenderla. Algunas de SS. SS. pueden recordar unas imágenes de televisión en las que aparecían hijos de famosos jurando bandera en el barco Juan Sebastián Elcano, fondeado en las aguas de Miami. Aquellas imágenes que a algunos, los que nos sentíamos españoles de verdad, nos produjeron una cierta vergüenza y un cierto rubor, se pretendían evitar precisamente con la Ley 13/1991. Nosotros pensamos que en la actualidad se evitan este tipo de cosas con la Ley 13/1991 y con el posterior reglamento de reclutamiento para el servicio militar.
La segunda y última razón que pesa en nuestra decisión es que, de aprobarse esta proposición de ley, tendríamos que modificar mucho más que un solo articulo, como propone el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tendríamos que modificar varios artículos de la Ley 13/1991 y varios artículos del reglamento de reclutamiento del servicio militar, y no nos parece que éste sea el mejor momento y procedimiento para modificar esta ley, por razones que SS. SS.
conocen mejor que yo. Sin embargo, nos ponemos a disposición, tanto del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como de los demás grupos parlamentarios, para solucionar todos aquellos problemas derivados de las leyes en materia de servicio militar que afecten a los españoles residentes en el extranjero.
Creemos que de aquí en adelante podemos establecer una colaboración estable en un marco que es el adecuado, el de la Comisión Mixta del Servicio Militar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, muy brevemente quiero recordar a la señora portavoz de Izquierda Unida que, efectivamente, hubo varios debates en el Congreso de los Diputados y que el Partido Popular mantuvo una posición en el año 1992, pero no es menos cierto que también mantuvo otra completamente diferente en el año 1994, después de ver cómo se había ido desarrollando la ejecución del real decreto que ahora ustedes pretenden modificar.
Es cierto que en junio de 1992 el Grupo Parlamentario Popular planteó de una manera distinta el voto a esa proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero no es menos cierto que el 24 de mayo de 1994 hubo una iniciativa a la que usted, por cierto, no ha hecho referencia y fundamenta su petición de voto al Grupo Parlamentario Popular en algo que se produce en el año 1992 y no en virtud de lo que nosotros dijimos en el año 1994. Nuestro fundamento en aquel entonces era muy claro: que después de haber entrado en vigor aquel Real Decreto en el año 1991, la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, se daba la circunstancia de que más de 5.000 residentes estables en el extranjero habían presentado recursos que se habían resuelto favorablemente, y tan sólo 13 solicitudes de prórroga de 6.ª clase habían sido rechazadas. Ese era el argumento que utilizaba el Grupo Parlamentario Popular en el año 1994.
Rescatan ustedes una iniciativa legislativa presentada ya en dos ocasiones y que ha sido rechazada, la última de ellas por la mayoría de los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara: Convergència i Unió, el Partido Popular y el Partido Socialista.
Quiero decirle que en la exposición de motivos que ustedes presentan en la iniciativa que hoy discutimos utilizan frases que son altamente tremendistas y, desde mi punto de vista, le diría que catastrofistas incluso. Decir que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/1991 ha provocado una verdadera conmoción social, o que puede traer consecuencias gravísimas para nuestros jóvenes españoles residentes en el extranjero, después de estar en vigor esta ley desde hace cinco años, que se añaden dificultades para fundar una

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familia o para mantener su puesto de trabajo en el país de residencia al verse obligados a cumplir el servicio militar en España; o hablar de que la experiencia acumulada en estos últimos años deja patente la necesidad urgente de la modificación de la ley en su artículo 14.4, es realmente inexacto, sin fundamento, carece de toda realidad y es un asunto meramente demagógico. Le voy a decir por qué, señoría; se lo voy a decir porque los datos que obran en la Dirección General de Reclutamiento, después de estos años, dicen que el Ministerio de Defensa, desde el 20 de diciembre del año 1991, no ha incluido ningún año a los jóvenes residentes en el extranjero, de acuerdo con el artículo 115, apartado 1, letra c) de ese reglamento. Ningún joven residente en el extranjero ha sido incluido. Dígame usted si no es demagógico, señoría, que planteen con estos argumentos y con este fundamento la proposición no de ley que hoy se ve aquí. Pero, por si ello fuera poco, le diré que se han incorporado al servicio militar aquellos alistados que voluntariamente han manifestado su deseo de regresar a España para cumplir sus obligaciones militares. No se puede vivir permanentemente instalado en la demagogia, porque este carácter catastrofista, esta exposición de motivos carece de todo fundamento, señoría, como es fácilmente comprobable con los datos de los últimos años, y se los voy a dar. En el año 1992, de residentes en el extranjero, realizaron el servicio militar 121 personas voluntariamente; en 1993, 141 voluntariamente; en 1994, 177 voluntariamente; en 1995, 149 voluntariamente; en 1996, 138 voluntariamente y para 1997 están alistados 130 voluntariamente, no habiendo sido reclamado a filas ningún residente en el extranjero que no hubiera querido prestar el servicio militar.
Por lo tanto, señoría, con estos argumentos suficientemente claros, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la proposición de ley propuesta por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya esta tarde.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa. Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por la que se modifica el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, que tiene carácter de orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 18; en contra, 261; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de ley debatida.


MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA

El señor PRESIDENTE: señorías, la Junta de Portavoces, en su reunión de esta mañana, ha acordado proponer al Pleno la exclusión del punto relativo al Informe del Defensor del Pueblo, que figuraba en el orden del día correspondiente al próximo jueves, que no va a poder realizarse en esta fecha y que dejaremos para el Pleno siguiente a la semana de la Constitución. También se ha acordado modificar el orden del día que estaba previsto para el jueves por la mañana en el sentido de que los puntos que allí figuraban como epígrafes VI, convalidación de reales decretos-leyes; VII, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales; VIII, dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas, y V, dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, se incorporen a continuación del orden del día previsto para la tarde de hoy, de forma que continuaríamos hoy la sesión con estos puntos y quedaría así sin orden del día y, por lo tanto, libre el jueves por la mañana.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Gracias, señorías.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), REGULADORA DE LA OBJECION DE CONCIENCIA Y DE LA PRESTACION SOCIAL (Número de expediente 122/000024)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto primero del orden del día, correspondiente a la toma en consideración de proposiciones de ley, y pasamos a debatir la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
Por el grupo proponente tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente, tomo la palabra para intervenir en esta toma en consideración de la proposición reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. Esta iniciativa la plantea nuestro grupo parlamentario como resultado del amplio consenso político y social que existe en Cataluña en relación a esta cuestión. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Hoy no es la primera vez que este Pleno va a debatir esta cuestión ni mucho menos que va a debatir una iniciativa de estas mismas características. (Rumores.) Yo mismo tuve la ocasión, el 6 de octubre de 1992, en representación del Parlamento de Cataluña...


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Campuzano.
Señorías, les ruego guarden silencio, ocupen sus escaños y si no abandonen, por favor, el hemiciclo.
Puede continuar, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Decía que el 6 de octubre de 1992, junto con otros dos compañeros Diputados del Parlamento de Cataluña, el ilustre señor Padrós i Selma y la ilustre señora Oranich i Solagran, tuvimos el honor de defender en este mismo Pleno una proposición de ley del Parlamento de Cataluña de características muy similares a ésta. Hoy mismo en esta sesión nos van a acompañar los representantes del Consejo asesor de la Generalitat de Cataluña en materia de la prestación social. Por tanto, esta iniciativa, a nuestro entender, va más allá de la estricta posición política de Convergència i Unió, mantenida en esta materia desde hace muchísimos años, porque sobre todo representa un amplio consenso social y político que existe en relación a estas cuestiones. Durante los meses anteriores a esta tramitación, centenares de asociaciones y ayuntamientos catalanes se han pronunciado sobre la necesidad de plantear esta reforma de la legislación de la objeción de conciencia. En su última sesión, el Consejo asesor de la Generalitat en esta materia manifestó su posición favorable a esta toma en consideración. Por tanto, hoy planteamos en esta Cámara una inquietud muy amplia del conjunto de la sociedad catalana, pero entendemos también que esta proposición recoge una sensibilidad que implica a muchísimos sectores del conjunto de la sociedad de todo el Estado, como son los movimientos juveniles, con todas las juventudes de los partidos políticos con representación parlamentaria, los movimientos pacifistas de objetores, amplios sectores de la judicatura con sensibilidad progresista y buena parte de la opinión pública y juvenil expresada a través de todo tipo de sondeos y que ha planteado la necesidad de afrontar este cambio.
Alguien podría afirmar hoy que éste no es un cambio oportuno en la medida que hemos tomado la decisión política de iniciar el proceso de supresión del servicio militar. Nosotros rechazamos esta idea. Nos parece que hoy es necesario abrir este proceso, es necesario abrir el proceso de reforma de la ley del año 1984, por dos razones: en primer lugar, para reconocer el pleno derecho a la objeción de conciencia. Esta es una cuestión que nosotros ya planteábamos el año 1984, que el hoy portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquím Molins, en los debates que hubo en aquella época sobre este tema ya manifestó y cuyas posiciones fueron recogidas por el Defensor del Pueblo, la necesidad de reconocer el derecho de objeción de conciencia en plenitud, objetivo político al que ni esta Cámara ni nosotros podemos renunciar. Por tanto, nos vemos obligados por la propia dignidad de ese derecho a presentar una iniciativa que recoja este posicionamiento. Al mismo tiempo, en la perspectiva de la supresión del servicio militar, entendemos que hemos de dar una salida digna y positiva a todos aquellos cientos de miles de jóvenes de todo el Estado que han optado por declararse objetores de conciencia. La situación derivada de la ley, pero sobre todo de una mala gestión producida en estos años, han llevado hoy a una situación de colapso. Nos parece que estos dos motivos, la necesidad de dar pleno reconocimiento al derecho a la objeción de conciencia y al mismo tiempo resolver la situación de colapso que se vive en este ámbito, nos obligan a plantear esta reforma, a iniciar un proceso político que resuelva los problemas de fondo que tenemos planteados; un proceso de reforma que evidentemente se enmarca en una legislatura que va a venir muy condicionada por la decisión política de supresión del servicio militar, una propuesta incorporada en esta legislatura a raíz de las posiciones mantenidas por Convergència i Unió, que el Partido Popular ha asumido, pero que en todo caso debemos recordar que también es mérito muy especial de ese cerca de medio millón de jóvenes del Estado español que con fecha 31 de octubre han optado por ser reconocidos como objetores de conciencia. A nadie se le puede escapar esa realidad. El cambio mundial, el fin de la política de bloques nos llevan a replantearnos a fondo nuestro modelo de seguridad colectiva, pero también debemos decir que la acción y el compromiso del mundo pacifista en general y la sensibilidad social que representan los objetores de conciencia han contribuido decididamente a ello, al menos en nuestro contexto concreto. Que nadie lo olvide, hoy es posible llegar adonde hemos llegado en el ámbito de la mili porque ha existido el movimiento de la objeción de conciencia.
Decía antes que era de justicia reconocer el pleno derecho a la objeción de conciencia. La ley de 1984 no cubrió las expectativas de amplios y significativos sectores sociales y políticos. El Defensor del Pueblo, los medios sociales, mi grupo parlamentario, entre otros, manifestaron su discrepancia con la ley de 1984, una ley inspirada en la sospecha sobre lo que representa la objeción y una ley que expresa el convencimiento de que existen dos tipos de ciudadanos: quienes cumplen con el derecho-deber de defender el Estado por medio del servicio militar y un sector que aparece como menos comprometido y frente al que es preciso adoptar prevenciones; un planteamiento que llevó en su día a vaciar de contenido el derecho de la objeción de conciencia, a no considerarlo un derecho fundamental.
Esta proposición, que se inspira, insisto, en ese amplio consenso político existente en Cataluña, parte del principio, concorde con todos los organismos internacionales europeos, de que estamos ante un derecho en íntima conexión con la libertad de conciencia. Y hay

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que decir que la libertad de conciencia o la libertad ideológica no sólo supone el derecho a formar libremente la conciencia, sino sobre todo a que el sujeto acomode su conducta y su forma de vida a sus propias convicciones. La principal consecuencia de esta consideración del derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental implica asumir el principio de no discriminación y su igualdad de trato con respecto al servicio militar. Quiero recordar en este sentido el informe Bandrés-Bindi, que afirmaba que la objeción de conciencia y la prestación social tienen su fundamento en el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocida en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos y la Convención Europea de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales.
En concreto, este principio de no discriminación y de igualdad de trato implica, en primer lugar, la no obligatoriedad de exponer los motivos de conciencia. Hoy la ley prevé mecanismos para que el reconocimiento de esta condición vaya más allá que la simple declaración individual.
También hemos de hacer referencia ahora a declaraciones del Parlamento Europeo o al mismo informe Bandrés-Bindi. Dice la resolución del 11 de octubre de 1989 del Parlamento Europeo que ningún tribunal ni ninguna comisión puede arrogarse el derecho a investigar la conciencia de una persona, y afirma el informe Bandrés-Bindi que ningún tribunal o comisión puede pronunciarse sobre la intimidad de las conciencias y que la declaración de un individuo debe ser suficiente para garantizar el estatuto de objetor. Por tanto, no existe obligatoriedad de exponer los motivos de conciencia. En segundo lugar, igualación de la duración con el servicio militar y equiparación con los derechos de aquellos que realicen el servicio militar. También afirma el informe Bandrés-Bindi que el servicio civil no debería ser considerado como una sanción y que su duración no debería ser superior a la del servicio militar. Y, en tercer lugar, se habla de la posibilidad de declararse objetor en cualquier momento. También la resolución del 11 de octubre de 1989 del Parlamento Europeo, aprobada con amplísima mayoría, plantea poder negarse en cualquier momento, por motivos de conciencia, a prestar el servicio militar, con o sin armas, con un total respeto a los principios de libertad y de igualdad de trato para todos los ciudadanos.
Nuestra proposición de ley recoge de manera clarísima estas tres ideas, la última de las cuales, además, liga con la posición que mantiene Amnistía Internacional, de considerar objetores de conciencia a aquellas personas que son condenadas cuando se les niega el derecho a ser declarados objetores con posterioridad al reconocimiento obligatorio.
Estas ideas responden a este principio de no discriminación e igualdad de trato. Además, introducimos criterios que permiten hacer efectivo y real este derecho. Por una parte, planteamos la limitación de los plazos de disponibilidad de los objetores a un año y nos parece que esto es absolutamente necesario para resolver esta situación, que hace que hoy estén pendientes de realizar la prestación social más de 130.000 objetores, sin contar los cerca de 100.000 que en el año 1996 se van a declarar. En este sentido, nos parece que ha habido posicionamientos clarísimos por parte del Defensor del Pueblo y por parte del mismo informe Bandrés-Bindi. En este informe se habla de la profunda inseguridad jurídica que sufren los objetores por la incertidumbre de la fecha de incorporación a la actividad. En concreto, se afirma que el gran número de objetores reconocidos y la insuficiencia de la Administración española para hacer frente a esta demanda ha supuesto una grave discriminación, que ha perjudicado notoriamente a multitud de objetores.
El período de espera que se produce desde el momento de la disponibilidad hasta la incorporación para la realización del servicio civil es indeterminado, produciendo una grave inseguridad jurídica. Es necesario tener en cuenta que en este período de la vida del joven se inicia su reincorporación a la actividad laboral o a la finalización de estudios.
Como segunda medida para activar el ejercicio real de este derecho se impone la necesidad de que las administraciones públicas, no de manera voluntaria sino marcada por la ley, informen sobre este derecho.
Estos son los aspectos más ideológicos de nuestra propuesta que, insisto, enlazan perfectamente con aquello mantenido en el año 1984 y con lo que hoy nos plantea el sentido común. Decía también que nuestra voluntad es aportar soluciones para este colectivo de 130.000 jóvenes pendientes de incorporación o para estos 100.000 que se van a declarar a lo largo de 1996. En el informe del Defensor del Pueblo que vamos a debatir próximamente en esta Cámara, se afirma lo siguiente: Lamentablemente, ni la modificación de la normativa reglamentaria ni el desarrollo del plan de objeción de conciencia, aprobado por el Consejo de Ministros, de 11 de marzo de 1994, permiten ser optimistas sobre la proximidad de una solución a los numerosos problemas que se derivan de la insuficiencia de plazas concertadas para la realización de la prestación social sustitutoria.
Esta es hoy una realidad evidente. Pretender resolver los problemas derivados de la objeción de conciencia y de la prestación social a través de una masiva creación de plazas de la prestación social sustitutoria, que es lo que hemos planteado desde el año 1984 y lo que hoy se vuelve a plantear, no nos lleva a ningún camino. Entendemos que la solución de este problema desde esa perspectiva ha fracasado. Los hechos así lo han demostrado. Nos parece, por tanto, que hemos de avanzar hacia esa limitación por parte de la Administración en cuanto a la indisponibilidad que tiene respecto a los objetores y sobre todo que debemos plantear dos medidas en concreto:

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por un lado, la asunción de competencias de gestión e inspección por parte de las comunidades autónomas, cuestión fundamental para que podamos hacer una gestión cercana al ciudadano y para que se resuelvan los problemas de verdad. He de recordarles nuevamente el informe Bandrés-Bindi, del Parlamento Europeo, que afirma que el bloqueo del Consejo de objeción de conciencia y la situación de colapso de la Oficina para la prestación social de los objetores de conciencia (OPSOC) tienen una de sus raíces en la centralización de ambos organismos, ya que sus tareas son consideradas como exclusivas por la Administración central.
Esa concepción de la prestación social nos ha llevado, sin lugar a dudas, a una situación también de colapso, y hoy existe un proceso político de negociación abierta entre algunas comunidades autónomas, en concreto, entre la Generalitat y el propio Ministerio de Justicia, para encontrar solución a esta cuestión. No obstante, nos parece que o afrontamos una verdadera descentralización en este ámbito o, señores y señoras, esto no lo vamos a resolver.
La segunda cuestión que planteamos para evitar que el colapso nos ahogue es que todos aquellos jóvenes que llevan más de un año pendientes para incorporarse a la prestación social pasen automáticamente a la reserva.
Pensamos que este punto y aparte es hoy necesario para resolver el tema.
Somos muy pesimistas sobre que la política de creación de plazas para la prestación social o la utilización de los mecanismos previstos en la Ley del Voluntariado resuelvan estas cuestiones. Va a ser como administrar el mismo jarabe para la misma enfermedad sin resolver el problema que existe de fondo. El trámite que hoy estamos substanciando pretende dar respuesta política a un doble problema: dar pleno sentido jurídico a un derecho fundamental, que en cualquier Estado democrático ha de ser resuelto de esta manera, y hacerlo de la forma más avanzada posible, situando la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración. Por otro lado, hay hacer que la experiencia positiva que ha tenido la objeción de conciencia en muchísimos sentidos no se pierda. Nuestro grupo parlamentario es de los que creen que la experiencia que ha tenido la prestación social en muchos aspectos ha sido positiva, porque ha habido numerosos programas que se han desarrollado a lo largo de estos años que han contribuido a generar solidaridad, que han servido para reforzar lazos generacionales y para resolver problemas de ciudadanos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Campuzano, le ruego vaya concluyendo.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Sí, señor Presidente.
Si hoy somos capaces de gestionar, en este período transitorio que se inicia con esta legislatura, un final digno y positivo para la experiencia de la objeción de conciencia y la prestación social, vamos a poner las bases para poner en marcha seguramente un servicio civil de corte voluntario que recoja las aspiraciones de un gran número de nuestros jóvenes con unas tremendas ganas de comprometerse con la sociedad desde la más estricta solidaridad. Durante estos años, muchas veces, se ha intentado ensuciar la imagen colectiva de los objetores, pero creo que existe una verdad que nadie puede evitar, que cientos de miles de jóvenes han contribuido con esta acción a acabar con el servicio militar y, con sus actuaciones concretas en el ámbito de la prestación, han desarrollado programas positivos. Hoy, señorías, votando favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley dan respuesta positiva, progresista y moderna a buena parte de esa gente joven que, desde su acción generosa, ha optado por intentar hacer de éste un mundo diferente. Sería lamentable que hoy esta proposición no se tomase en consideración, porque seguramente añadiríamos frustración a muchísima gente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para expresar nuestra posición favorable a la toma en consideración de la presente proposición de ley, presentada por Convergència i Unió, que pretende regular la objeción de conciencia y la prestación social. La razón de esta posición favorable no es otra que el respaldo político que Eusko Alkartasuna ha dado siempre a la actitud de los miles de jóvenes que han optado por la objeción de conciencia y por la insumisión, con una visión claramente idealista, optando, en muchos casos, por algo verdaderamente incómodo, por ir a la cárcel o, en estos momentos, por una inhabilitación social casi total.
Es un respaldo político que en muchos territorios, en concreto en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, responde a un apoyo y a una legitimación social de dichas conductas --objeción de conciencia e insumisión-- de gran parte del conjunto de la sociedad. Es un respaldo político de esta formación que represento, que ha llevado a ser coherentes con la misma a los representantes de este partido político, quienes, siendo coherentes, en especial alcaldes y concejales, han llevado a la práctica sus convicciones en el ejercicio de sus cargos y en muchas ocasiones están siendo o han sido procesados por no

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atender a los requerimientos que establecían las leyes que regulan el servicio militar.
Apoyamos esta proposición de ley porque modifica una ley anterior, del año 1984, que era todo lo contrario a la garantía del derecho de objeción de conciencia. La ley de 1984 no regulaba ni garantizaba este derecho, sino todo lo contrario. Su único objetivo era legitimar el servicio militar obligatorio y penalizaba --curiosamente en relación a lo que debía ser-- a aquellos que realmente querían ejercer este derecho. Por esta razón entendemos que esta modificación, además de ser buena, es positiva y, desde luego, la apoyamos. Modificar lo que es una mayor duración de la prestación social respecto al servicio militar, lo que era la duración del plazo de disponibilidad, lo que era la no consideración de la posibilidad de la famosa declaración de objeción de conciencia sobrevenida era, y es, contrario a ese derecho de objeción de conciencia.
Apoyamos la toma en consideración de esta proposición de ley, pero no olvidamos que respaldamos este derecho y que también respaldamos el derecho de los insumisos o el derecho a otra cosa, a ejercitar una postura que pueda rechazar el uso de las armas y de las concepciones militaristas. En este sentido, entendemos que, si se aprueba esta proposición de ley, en su caso y para la defensa de ese derecho de la insumisión, presentaremos las enmiendas correspondientes para que ambos derechos, en esta ley o en otra cualquiera, puedan ser garantizados y respetados.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de la proposición de ley reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
De nuevo apoyamos la toma en consideración, en primer lugar porque es evidente ya, a estas alturas, la necesidad de modificar la norma legal que actualmente regula la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. En segundo lugar, porque, desde nuestro punto de vista, la iniciativa que presenta Convergència i Unió es muy buena para basar sobre ella la nueva regulación de esta situación, que, por cierto, afecta a un número muy importante de jóvenes.
Es evidente que es necesario reformar la actual norma legal porque ha demostrado su fracaso para garantizar los derechos de los objetores de conciencia y es una ley que, además, es cuestionada por los movimientos de objeción.
El actual modelo de servicio militar obligatorio atraviesa una profunda crisis. El número de jóvenes que no desean realizar el servicio militar no deja de crecer; aumentan los objetores de conciencia, también aumentan los insumisos. La alternativa actual al servicio militar obligatorio es la prestación social sustitutoria, pero, tal y como está concebida, es más un castigo que una alternativa. Está concebida con una mayor duración que el servicio militar, sin previsión de plazas para cumplir la prestación, con los jóvenes teniendo que esperar a veces sine die a que les llamen para realizarla, con los problemas que esto ocasiona desde el punto de vista laboral. Hay que alegar causas sin reconocimiento de la objeción sobrevenida, etcétera.
El movimiento de objetores, como decía, manifestó en muchas ocasiones su disconformidad con la ley actual y esta proposición es una buena ocasión, es una magnífica base para modificarla.
El proponente ya ha expuesto el contenido de la propuesta, por lo que me ahorra repetir lo ya dicho.
Estamos ante una proposición de ley destinada a abordar los problemas reales de los jóvenes objetores, que supone un avance claro en la situación actual, que reconoce los derechos de aquellos ciudadanos que por motivos de conciencia no desean realizar el servicio militar, y por eso vamos a apoyarla. Ahora sólo nos queda a todos reflexionar sobre la situación de los jóvenes insumisos sometidos a penas que en la situación actual, en la que se quiere alcanzar un ejército profesional en pocos años, no tiene ningún sentido.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria va a apoyar con su voto favorable esta iniciativa que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El próximo mes se cumplirán doce años desde que en esta Cámara se votó la Ley de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, la Ley 48/1984, y la verdad es que el simple análisis estadístico de los avatares de esta ley ha demostrado que ha sido una ley problemática, conflictiva y perturbadora, con una serie de incidencias en la vida política, social, incluso penal, de este país. Ahí están los cuadros en los que se demuestran las insuficiencias que la propia ley generó desde su principio, al faltar una coordinación entre la Administración central del Estado, las administraciones autonómicas y las municipales para ofertar las plazas que en ese servicio civil iba a hacer la prestación social sustitutoria.


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Posteriormente, cuando hicimos la reforma del Código Penal tuvimos que asumir y cargar con el coste político del sistema de ordenación de la insumisión, pero la insumisión traía causa en estas disparidades que la propia ley de objeción de conciencia generaba.
La realidad de los últimos meses viene a evidenciar que, frente a una dinámica creciente de jóvenes que se acogen al derecho constitucional del artículo 30 de la objeción de conciencia, o son insuficientes las plazas que se ofertan para la prestación social sustitutoria o, lo que es más grave, del propio hecho de su insuficiencia se derivan unas injusticias de agravio comparativo que no resisten un análisis democrático de la situación. Por tanto, es necesario cambiar y adaptar a las circunstancias la Ley 48/1984. Ojalá avancemos lo antes posible en la reforma para que, una vez que tengamos un servicio militar voluntario y profesional, desaparezca del Código Penal lo que se refiere a la insumisión, desaparezca todo este problema al que se ven abocados ayuntamientos, corporaciones locales, comunidades autónomas, instituciones del voluntariado, Cruz Roja, etcétera, a fin de que se puedan ofertar plazas.
Debo resaltar que la proposición que nos trae el grupo proponente tiene una idea que es necesario resaltar y destacar: diferenciar un servicio civil de una prestación social. Creo que esto es importante.
Cuando debatimos la Ley del voluntariado y de su organización, vimos que se trataba de buscar la percha de enganche donde circunscribir la posibilidad de opción de plazas para los jóvenes que, renunciando a hacer el servicio militar, en virtud de la legislación y de la Constitución, quisieran acogerse a la prestación social sustitutoria. Porque el que quiere cumplir con la ley se encuentra con que tiene un inconveniente y es que no se le ofertan las plazas suficientes. Y a esto es necesario darle una solución.
Tengo que destacar la prontitud del Grupo Catalán (Convergència i Unió) al traernos esta iniciativa que puede ayudar a resolver este problema.
Debo recordar que habíamos aprobado una resolución instando al Gobierno a traer un proyecto de ley modificando la Ley de 1984. Si el Gobierno no lo trae, sirva esta iniciativa del Grupo Catalán, con la salvedad de que nosotros estamos de acuerdo en el fondo y que, en la forma, se presentarán las correspondientes enmiendas. No quiero entrar ahora en el análisis del texto articulado de esta proposición de ley, porque ello será posterior a la toma en consideración.
Por estas razones y considerando necesaria y oportuna esta iniciativa, sin perjuicio de que, si se aprueba su toma en consideración, nuestro grupo hará las observaciones pertinentes para disponer de un texto articulado, si es que antes no resolvemos el tema de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y el Gobierno no cumple con la resolución de este Congreso de enviar un proyecto de ley, Coalición Canaria va a apoyar con su voto afirmativo esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con actitud que no suele tener reciprocidad, el Grupo Vasco manifiesta su criterio favorable a la tramitación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Aunque, desde la perspectiva del Grupo Vasco, lo deseable es la desaparición del servicio militar obligatorio y su apuesta es a favor de un ejército profesional, tal eventualidad no va a producirse de inmediato, ya que la promesa del Presidente Aznar en su discurso de investidura y las posteriores manifestaciones de miembros de su Gobierno aluden a un plazo de seis años. Hasta tanto, el contenido de la proposición de ley que examinamos tiene significativas modificaciones sobre lo previsto en la ley 48/1984, de 26 de diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, en el sentido de mejorar sus insuficiencias y limitaciones.
Ya en el año 1994, con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, desde mi grupo se formuló una propuesta de resolución que fue aprobada por la Cámara, en la que literalmente se recogía que la Ley citada, hoy vigente, no daba solución completa y satisfactoria al libre ejercicio del derecho de objeción de conciencia y se instaba al Gobierno para que en el plazo de tres meses --que obviamente no se cumplió-- remitiese un proyecto de ley de reforma, a fin de introducir modificaciones que corrigiesen las deficiencias prácticas, adecuando la normativa a las orientaciones más progresistas que ofrece el Derecho comparado.
Creemos que estas soluciones están recogidas en la iniciativa, que valoramos y que es reflejo de la resolución del Parlamento Europeo de enero de 1994, y son un avance en la perspectiva de unas Fuerzas Armadas de recluta voluntaria.
En tal sentido, el derecho de poder negarse en cualquier momento a prestar el servicio militar con o sin armas, que nada ni nadie pueda tener el derecho a investigar la conciencia de una persona, que los sindicatos intervengan en la diferenciación entre las actividades correspondientes a la prestación social y los lugares libres en el mercado de trabajo, que la duración de la prestación social no pueda superar la del servicio militar, que se acorten los plazos para la efectiva realización del derecho a objetar, que las comunidades autónomas puedan ejercitar sus competencias en este ámbito, todo ello, son avances en la configuración

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plenamente constitucional del derecho a la objeción de conciencia.
Particularmente interesantes nos parecen las disposiciones transitorias que prevén el archivo de las diligencias abiertas por incumplimiento de la anterior legislación y la exención de la realización de la prestación para todos aquellos objetores cuyo tiempo de espera supere el período de disponibilidad previsto en la Ley.
Al referirme a las mejoras que la regulación pretendida supondrá para los objetores no puedo olvidar mi condición de Diputada por el territorio histórico de Vizcaya, en el que, según datos hechos públicos recientemente, y para el año 1997, el número de objetores superará por primera vez al de reclutas, y ello sin hacer mención de los insumisos, que tan altas cifras suponen en determinadas zonas del territorio del Estado. Existen, pues, a nuestro juicio, fundadas razones de oportunidad y de corrección técnica para que la proposición sea tramitada.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Entenderán SS. SS. que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que siempre ha apoyado toda clase de iniciativas legislativas, lo haga en este caso con mucho mayor motivo, al ser una iniciativa casi coincidente con la larga historia de iniciativas de nuestro grupo en esta materia. Y decimos casi coincidente porque toda la buena intención del grupo proponente, llegado el momento de rematar la faena, se queda en una especie de flatus vocis. No se trata de regular la prestación social sustitutoria. Se trata, de una vez por todas, de hacer realidad, sin ninguna clase de limitaciones, ninguna clase de entorpecimientos, ninguna actitud cautelar ni cínica, la objeción de conciencia, y para eso, sinceramente, igual que alguien dijo un día que la mejor ley de prensa era la que no existía, la mejor ley de objeción de conciencia es el precepto constitucional que la proclama, y nada más. Y bastaría y sobraría con que el ciudadano que es llamado a cumplir el servicio militar manifestara que no es ese su deseo para que no tuviera que intervenir nadie en administrarle ni más ni menos que las razones de esa posición.
En consecuencia, por aquello del mal menor, vamos a votar favorablemente la admisión de esta proposición, pero, como es lógico, vamos a tener que seguir, en la misma coherencia con la que llevamos ya a lo largo de cerca de diez o doce iniciativas legislativas y preguntas hechas al Gobierno, manteniendo que esta legislación de carácter transitorio y parcial dé lugar, de una vez por todas y definitivamente, a la regulación de la objeción de conciencia, pura y sencillamente al arbitrio de aquél que la mantiene o de aquél que la trata de alegar.
Esta ley de objeción de conciencia --entenderán SS. SS.-- no puede ser del agrado de nuestro grupo parlamentario en su totalidad, aunque sólo sea porque, cuando se discutió aquí el Código Penal, también insistimos de forma bastante contundente en la innecesariedad y la inconveniencia, yo diría más bien la incongruencia, de que se penalizara el mal llamado delito de insumisión. No sé si el acuerdo que se palpa hoy en la sala con respecto a esta proposición no de ley va a llegar incluso a reflejarse en enmiendas --algunas ya se han anunciado por algunos de los intervinientes--, en que seamos capaces de no dejar la faena a medio hacer. Y si de verdad queremos administrativizar, por lo menos, la regulación de la prestación social sustitutoria, despenalicemos de una vez por todas el delito de insumisión. Pongámonos de acuerdo, aprovechando esta buena coyuntura que nos ofrece el Grupo Catalán de Convergència i Unió, en hacer todo el trabajo y cumplir bien todos los deberes.
Si dejamos claramente despenalizado ese delito de insumisión, habremos resuelto el problema. Si no, por mucho que aquí se diga y se reconozca por todos que la Ley de regulación de objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria ha tenido una enorme cantidad de fallos, esta nueva proposición no de ley, pasada a trámite y enmendada, seguirá teniendo exactamente los mismos inconvenientes. ¿Por qué? Porque olvida lo que quiere, ni más ni menos, toda nuestra juventud, que es, sencillamente, ser considerados como ciudadanos de pleno derecho, que no haya nadie que tenga que tutelarles en el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución. Algunos pueden pensar que eso puede conducir al abuso. Eso es un problema de conciencia --por algo se llama objeción de conciencia-- de todos y cada uno de los ciudadanos. Dejemos actitudes paternalistas, con las que estamos ni más ni menos que penalizando la objeción de conciencia cuando añadimos que cada vez que se alegue tendrá que venir acompañada de determinada sanción, cual es la de cumplir un determinado trabajo, cuando, a lo mejor, no está en el ánimo de quien quiere, pura y sencillamente, no participar en un servicio militar.
No sé lo que va a hacer el Grupo Popular. A lo largo de muchas iniciativas se le ha pedido que de una vez por todas resuelva este problema. Cuando ellos mismos han anunciado su voluntad de acabar con el ejército o el servicio militar obligatorio, tienen la ocasión de encontrar ahora una legislación transitoria. Por lo tanto, esperamos que aproveche seriamente la ocasión que se les ofrece para poder llevar adelante una medida que cumpla el primero de los objetivos para nosotros,

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que es la salida inmediata de los establecimientos penitenciarios de todos aquellos ciudadanos que están sufriendo una situación absoluta y categóricamente injusta, que están sufriendo una represión absoluta y categóricamente inconstitucional.
Por ello, repito, vamos a apoyar esta proposición de ley. Procuraremos enmendarla y tratar de convencer al resto de los grupos de la Cámara para completarla, y agradecemos la iniciativa del Grupo Catalán de Convergencia y Unió. Sobre todo, valoramos muy positivamente que también haya un margen de confianza, si nos tenemos que instalar en la prestación social sustitutoria, a las comunidades autónomas y a los entes locales.
Nos parece un paso muy importante llevar adelante un proceso seriamente descentralizador de todo lo que pueda ser esta regulación, pero seguimos aspirando a que, de una vez por todas, la simple invocación de un precepto constitucional sea ya ley entre nosotros y no nos pase lo de siempre, que cada precepto constitucional, cuando llega su ley de desarrollo, no sé por qué clase de temores, por qué clase de cobardía, por qué clase de falta de confianza en la libertad, lo que hacemos es menoscabarlo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señorías, voy a fijar la posición del Grupo Socialista acerca de esta proposición de ley, que no es nueva en esta Cámara, aunque sí lo sean y radicalmente las circunstancias en que se plantea esta vez.
Debo empezar adelantando que a mi grupo el contenido de esta iniciativa le suscita impresiones encontradas, impresiones que trataré de analizar.
Pero hay una impresión primera y más fuerte, que es la extrañeza por la presentación, en este momento concreto, de una iniciativa de este calado tan profundo. A estos aspectos trataré de referirme para dejar clara cuál es la postura que el Grupo Socialista va a adoptar respecto a la toma en consideración.
Empezaré por el que es más simple de considerar en este momento, por el contenido de la proposición de ley, contenido que no es nuevo y ha sido largamente discutido aquí: sustituir la solicitud de reconocimiento de la condición de objetor por la propia declaración del interesado, sin necesidad de fundamentar los motivos en que se basa; reconocer la objeción sobrevenida; igualar la duración de la situación de actividad de la prestación sustitutoria con la del servicio militar o limitar la situación de la de disponibilidad; transferir a las comunidades autónomas las competencias de gestión e inspección. Son cuestiones que hemos debatido largamente, como digo, en pasadas legislaturas y en las que la actitud de mi grupo sigue siendo diversa. Algunas de ellas merecen nuestro aplauso, un encendido aplauso, hasta tal punto que han sido contempladas en el programa electoral con que el Partido Socialista se presentó a los ciudadanos el pasado 3 de marzo. Me refiero lógicamente a la igualación de la duración de la situación de actividad de la prestación sustitutoria con la del servicio militar. Otras, sin haber llegado a tomar rango de incorporaciones al programa electoral, no pueden por menos de ser aceptables para nosotros. Es plausible a nuestros ojos cualquier ampliación, cualquier mayor exigencia de información a los objetores por parte de la Administración; es plausible también cualquier mayor vigilancia que impida que la prestación social sustitutoria, en su cumplimiento, incida negativamente en el mercado de trabajo. Estas y otras cuestiones merecerán nuestro apoyo sin reservas a lo largo de la tramitación de esta iniciativa.
Otras cuestiones que ha expuesto Convergència i Unió merecerán también nuestro apoyo. Somos partidarios asimismo de hacer un esfuerzo para agilizar la incorporación a la prestación sustitutoria de los objetores que están en situación de actividad, pero aquí creemos que se debe hacer alguna matización.
Es cierto que esta agilización de incorporación, este no hacer que los jóvenes permanezcan un período indefinido en esa situación de disponibilidad, perjudicando sus posibilidades de desarrollo vital, perjudicando sus posibilidades de integración laboral, es un objetivo compartido por nosotros. Fue éste el principal objetivo del plan de objeción de conciencia que elaboró el Gobierno socialista, fue éste el principal objetivo del reglamento de la Ley de Objeción de Conciencia modificado en el año 1995. Parece ser que también es un objetivo compartido por el Gobierno Popular; al menos, ése todavía para esta Cámara ignoto plan de choque para agilización de la prestación sustitutoria dicen que tiene como fin precisamente eso.
Nos encontramos con una pared difícil de saltar. Si es cierto que el Gobierno actual ha elaborado un plan de choque para agilizar la prestación, también lo es que, con sus precipitadas declaraciones acerca de la profesionalización del Ejército, ha producido un engrosamiento repentino de la bolsa de objetores, engrosamiento que en estos momentos es prácticamente imposible hacer desaparecer. Se habían declarado 55.000 objetores hasta el 30 de septiembre de 1995 y tenemos 72.000 hasta el 30 de septiembre de 1996. Este incremento progresivo, que, además, amenaza con seguir adelante, hace difícil pensar que cualquier medida de éste o de cualquier otro tipo pueda solucionar el problema. De todas formas, con esta bolsa que la imprevisión del Gobierno actual ha creado e incluso con las razonablemente pesimistas previsiones del Defensor del Pueblo sobre la posibilidad de encontrar plaza para que toda esta bolsa de objetores cumpla la prestación sustitutoria, nosotros estamos de acuerdo. Estamos

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de acuerdo en que se debe limitar, de algún modo, el plazo de la situación de disponibilidad, que sería una medida justa y beneficiosa para quienes esperan, pero también es una medida que debe adoptarse con las cautelas necesarias para que el tiempo sea el adecuado y para que aquellos a quienes se aplique no se encuentren repentinamente en una situación de privilegio con respecto al común de los ciudadanos.
Del mismo modo, estamos de acuerdo en que es deseable que las comunidades autónomas asuman el mayor número posible de participación en la gestión y en la supervisión de la prestación sustitutoria.
En este sentido actuó el Gobierno socialista y esperamos seguir actuando, pero con las cautelas que hagan estudiar con todo cuidado cualquier fórmula concreta de desarrollo, teniendo en cuenta que la materialidad de cualquier transferencia a las comunidades autónomas en esta cuestión habría que efectuarse por ley orgánica.
Hasta aquí he expuesto nuestros acuerdos más o menos radicales, más o menos profundos, señorías, pero sería injusto si no dijera que a mi grupo hay cuestiones en esta proposición de ley que le siguen suscitando serios recelos, cuestiones en las que seguimos opinando, con el Tribunal Constitucional y con la mayor parte de la legislación comparada, que el hecho de que el objetor haya de exponer los motivos en que basa su pretensión no atenta contra el derecho a la intimidad ni contra el derecho a no declarar sobre las propias convicciones. Seguimos opinando con el Tribunal Constitucional que la exclusión del ejercicio de la objeción durante el período de actividad resulta justificable en atención a la prestación de un deber constitucional cuya dimensión colectiva podría quedar perturbada por el ejercicio individual del Derecho.
Mantenemos, en fin, señorías, una serie de puntos de discrepancia con los contenidos concretos de esta iniciativa que, dado que previsiblemente será tomada en consideración, podremos analizar con más calma a lo largo de los debates en Ponencia, Comisión y Pleno, pero podemos hablar de una aprobación general del contenido que hoy se propone.
Sin embargo, quiero manifestar algo que es un sentimiento profundo en mi grupo y una sorpresa, de la que hablaba al principio. La sorpresa por la presentación de una iniciativa de este tipo en este momento, en este momento en que el programa del Gobierno, no ciertamente el programa electoral del Partido Popular, pero sí el programa acordado con Convergència i Unió, prevé la desaparición del servicio militar obligatorio y, por consiguiente, de la prestación social sustitutoria; en este momento en que ya hay funcionando una Comisión mixta para prever la profesionalización del Ejército, comisión que debe emitir informe en el plazo de un año. Y precisamente en este momento uno de los grupos que suscribe ese programa nos plantea una reforma de tan amplio calado.
A mi grupo le surgen dudas, señorías, le surgen dudas sobre qué sentido tiene para tan poco tiempo una reforma tan amplia. ¿Qué sentido tiene para un momento de transición cambiar la composición del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia? ¿Qué sentido tiene iniciar un proceso, que forzosamente debería ser efímero, de transferencias a las comunidades autónomas? Lo lógico, a nuestros ojos, si hay fe en ese programa, sería alguna reforma más puntual y más limitada, destinada a solucionar en este período de transición las cuestiones urgentes, las cuestiones como las que se refieren a agilizar la incorporación a la prestación, o a equiparar su duración a la del servicio militar.
No podemos evitar pensar que lo que subyace en una iniciativa de este calado es una cierta desconfianza de Convergència i Unió de que se postergue ad calendas graecas este debate sobre profesionalización del Ejército; una cierta desconfianza, en última instancia, sobre la capacidad o la voluntad del Partido Popular para cumplir el contenido de los pactos de investidura.
Nosotros siempre hemos sido partidarios, señorías, de que quien gobierna cumpla los pactos que le sirvieron para llegar al poder, pero de todas formas no queremos entrar en este debate, porque es un debate entre Convergència i Unió y el Partido Popular, entre el Partido Popular y aquellos que le apoyan en el Gobierno.
Por nuestra parte, baste manifestar en este momento que votaremos a favor de la toma en consideración de la proposición de ley, porque en su contenido hay coincidencias sustanciales, no sólo con nuestro programa electoral, sino con otras posiciones de mi grupo, y que en el trámite de enmiendas --como han anunciado todos los grupos-- también presentaremos propuestas de modificación destinadas, no sólo a subsanar aquellos puntos en que estamos en desacuerdo, sino a suplir algunas omisiones flagrantes que, como consecuencia de la propuesta derogación de la Ley de objeción de conciencia vigente, se producen a nuestro juicio en el texto.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Del Campo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, iba a comenzar mi intervención diciendo que nada queda prácticamente por decir, y valga la reiteración de ese concepto, en relación con esta proposición de ley que estamos debatiendo.
Pero, a la vista del desarrollo del debate, hay que afirmar que quedaba por escuchar lo que ha expuesto la representante del Grupo Socialista, porque sin duda hoy ha dicho en su nombre cosas distintas de las que ha defendido durante bastantes años.


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Como ya se ha expresado, esta proposición de ley recoge conceptualmente en su texto, incluso gramaticalmente, no sólo las ideas, sino las propuestas que a lo largo las Legislaturas IV y V animaron diversas proposiciones de ley de distintos grupos parlamentarios. Nosotros no hemos cambiado nuestro criterio. No creemos que haya criterios para estar en el Gobierno y criterios para estar en la oposición. Hasta dialécticamente se podría entender que puede haber criterios para la oposición que después no se mantengan en el Gobierno. Lo que nos parece insólito es que haya criterios que se hayan mantenido en el Gobierno que después no se mantienen en la oposición. Pero esta es una Cámara para deliberar, y teniendo en cuenta que la deliberación es considerar atenta y detenidamente los pros y los contras de las decisiones antes de realizarlas, toda la deliberación en una sede parlamentaria es buena en la medida en que la Cámara sea capaz de cumplir con la gravísima función de la deliberación representativa en nombre de toda la comunidad nacional. Con ese espíritu no queremos, escuchada y definida la voluntad de la Cámara, ser óbice a que se profundice en esa deliberación, porque el debate en relación con la totalidad de las proposiciones de ley está ya escrito. Lo que queda por ver es si en un debate de trámite legislativo vamos a ser capaces de aportar algo más a un texto legislativo.
Sin embargo, hemos de decir que hay aspectos de esta proposición que no nos gustan. He dicho que no nos íbamos a desdecir ni a disentir de lo que ha sido nuestro mensaje en el pasado en las anteriores proposiciones de ley. Por eso anuncio, en relación a esta proposición de ley, que el Grupo Popular disiente de algunos de sus contenidos por razones de oportunidad, por responsabilidad política, por coherencia con su propio discurso, por motivos técnico-jurídicos e incluso por la capacidad que tiene el propio texto de ser un buen instrumento para alcanzar todos los fines relativos a los intereses, constitucionales todos ellos, presentes en este proyecto de ley.
El Gobierno ha sido sensible a la situación que se encontró.
Efectivamente, señora Del Campo, hay una bolsa de objetores muy importante, pero les aseguro que no es nuestra. En este momento lo que le incumbe al Gobierno popular es intentar dar respuesta, organizar y gestionar mejor la oficina que tiene la responsabilidad de gestionar la objeción de conciencia para que se puedan remediar, mejor antes que después, esas disfunciones.
Recordarán SS. SS. que la Ministra de Justicia anunció en la Comisión del Congreso la voluntad de que en el transcurso de este año se propondrían las correspondientes medidas, adoptadas en su caso mediante disposiciones administrativas y, si fuera menester, con las iniciativas legislativas pertinentes, para intentar proporcionar plazas a 90.000 objetores en el curso de 1997.
Este proyecto tiene además otras posibles disfunciones, alguna ya se ha anunciado por la portavoz socialista. Tendrá disfunciones presupuestarias de mayor coste si saliera adelante en los mismos términos en que se formula por el grupo proponente y tiene además, a nuestro juicio, una incidencia muy negativa en el ámbito de la oportunidad en relación con la situación actual de un derecho/deber regulado en el artículo 30 de la Constitución, y que en el pacto de gobierno entre Convergència i Unió y el Partido Popular tuvo uno de sus puntos esenciales en el acuerdo de iniciar los trámites necesarios --la constitución de la Comisión Mixta es sin duda la primera pieza, la pieza angular para esta tarea política-- para la total profesionalización de la prestación del servicio militar.
Por tanto, como también se ha anunciado y nosotros coincidimos en ese punto, es sorprendente que se traiga una norma que ya no va a ser un proyecto de norma, que no es más que un elemento coyuntural.
En este momento la situación, como se nos ha dicho, es que ha aumentado la bolsa de objetores, efectivamente, pero es que no ha parado de aumentar desde el año 1984, y lo que hay que preguntarse es cuáles son, en definitiva, los mensajes políticos que se reciben, cuáles son las posturas de los grupos políticos que de alguna manera han alentado este proceso. El proceso está en las condiciones en que está y uno de cada tres españoles de los que deben cumplir la prestación personal obligatoria del servicio militar opta por formular la objeción de conciencia y, naturalmente, cada vez es más difícil hacer la previsión de los contingentes necesarios para cubrir las plazas de nuestras Fuerzas Armadas --cuya operatividad es responsabilidad de todos, del Gobierno en primer lugar, pero también de la Cámara-- que aseguren la continuidad de esas prestaciones necesarias para garantizar las obligaciones y, en definitiva, las necesidades de la defensa nacional, que suponemos, señorías, que serán preocupación de todas las señoras y señores Diputados de esta Cámara.
Se han hecho alusiones a normas internacionales, creemos que de alguna manera sesgadas. Ni la resolución ni el acuerdo del Parlamento Europeo de 1989 dice lo que algunos dicen que dice; ni el Consejo de Europa en sus recomendaciones, recogidas incluso por sentencias del Tribunal Constitucional, hizo las indicaciones que algunas personas interpretan que se decían. En cualquier caso, entendemos que por motivos también técnico-jurídicos la proposición de ley tiene algunas dificultades que esperemos que se aclaren en el trámite legislativo. Esas dificultades, señorías, se precisan casi de una manera definitiva no en las famosas sentencias de 1987 del Tribunal Constitucional, a las que tantas veces se ha hecho alusión, sino en una sentencia, la más reciente sobre este particular, de 1996, que hace además una nueva precisión sobre si el derecho de objeción es un derecho fundamental o no. Coincide de nuevo el Tribunal Constitucional en que se trata de un derecho constitucional, pero no de un derecho

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fundamental, extremo que entendemos que también deberá quedar perfectamente aclarado en el trámite legislativo de esta proposición de ley. Me permito, señorías, leerles un párrafo de esta sentencia, la 55 de 1996, del Tribunal Constitucional, que afirma que el derecho a la libertad ideológica, del artículo 16 de la Constitución, no puede ser aducido como motivo para eludir la prestación social sustitutoria. Esto es así, en primer lugar, porque ni la organización ni los servicios relativos a la prestación social sustitutoria suponen, en sí mismo considerados, la realización de actividades que puedan violentar las convicciones personales de quienes se oponen al servicio militar. Carece la prestación social sustitutoria --continúa el Tribunal Constitucional--, por su propia finalidad, de naturaleza militar. No puede alegarse esa relación para justificar, por motivos de objeción de conciencia, el incumplimiento de una prestación social sustitutoria que además, como acabamos de recordar, deriva de una previsión constitucional. Los objetores de conciencia al servicio militar tienen reconocido el derecho a no realizar el servicio militar, pero la Constitución Española no les reconoce ningún derecho a negarse a realizar la prestación social sustitutoria como medio para imponer sus particulares opciones políticas acerca de la organización de las Fuerzas Armadas o de su radical supresión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Padilla, le ruego vaya concluyendo.


El señor PADILLA CARBALLADA: Voy terminando, señor Presidente.
En definitiva, el Tribunal Constitucional, señorías, no es que haya dicho que esta Ley de 1984 fuera constitucional, sino que ha recordado una y otra vez que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia se tenía que realizar respetando, asegurando las garantías necesarias para que otros derechos de interés constitucional, otros fines constitucionales previstos en la Constitución no sufrieran detrimento, no resultaran lesionados por el ejercicio de este derecho de objeción. Y desde esa perspectiva ha analizado algunas de las cuestiones que otra vez se traen aquí de la necesidad o no de expresar las razones por las cuales se objeta, porque lo que sí ha dicho el Tribunal Constitucional es que ningún ciudadano tiene derecho sencillamente a objetar por objetar; objeta porque efectivamente manifiesta voluntaria y libremente que se encuentra en esa posición en la cual entiende que por razones ideológicas, o las demás que el ordenamiento jurídico contempla, debe ser relevado de la obligación militar, pero no es una mera declaración formal.
En los mismos términos --y termino ya, señor Presidente, con su benevolencia-- hay que decir que la objeción sobrevenida ha sido examinada por el Tribunal Constitucional, y dicho tribunal, al margen ya de la declaración de constitucionalidad de esa previsión de la Ley de 1984, ha asegurado una y otra vez, señorías, que ciertamente eso está dentro de esa coexistencia posible, necesaria con los fines que asegura la Ley de 1984, los fines de garantizar el ejercicio de la objeción y de garantizar, en definitiva, la defensa nacional en los términos que el artículo 30 de la Constitución Española prevé.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): señor Padilla, le ruego concluya.


El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente. En síntesis, nosotros consideramos que esta proposición de ley debió ser orgánica. El artículo 150.2 de la Constitución es terminante en este sentido y, por tanto, entendemos que en lo que se refiere a la delegación de competencias en las comunidades autónomas o bien se acude a una iniciativa legislativa de esa naturaleza o ciertamente es imposible, a través de una ley ordinaria, sostener la posibilidad de que por ese tipo de ley se puedan delegar competencias en una materia que es exclusiva del Estado, con arreglo al artículo 149.4 y 1 de la Constitución, en las comunidades autónomas.
En resumen, señorías, nosotros creemos que toda deliberación es buena, la que se produjo en anteriores ocasiones en la toma en consideración de proposiciones de ley de esta misma naturaleza dio de sí todo el debate posible y en este momento entendemos oportuno, con esas reservas que pondremos de relieve en las correspondientes enmiendas, dar paso a la posibilidad de un debate más amplio que cierre, quizá de una vez por todas, un debate que puede parecer, de alguna manera, inacabable.
Termino con el ingenio del gaucho Martín Fierro cuando decía: «Mas naides se crea ofendido, pues a ninguno incomodo; y si canto de este modo por encontrarlo oportuno no es para mal de ninguno sino para bien de todos.» Nada más y muchas gracias. (El señor Campuzano i Canadès pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Padilla.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO Y CANADES: Señor Presidente, solicito la palabra para hacer algunas aclaraciones que se nos han pedido por parte de algunos intervinientes.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Campuzano, le ruego que lo haga brevísimamente, porque todos los grupos parlamentarios han fijado su posición, que puede que no sea coincidente con la de su grupo parlamentario, pero no se

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ha utilizado ningún turno en contra. Le ruego que, como máximo, en tres minutos tenga lugar su intervención.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
No puede haber ni extrañeza ni sorpresa por la presentación de esta iniciativa. Esta iniciativa forma parte de nuestra propuesta electoral, y en la misma ya manifestábamos la necesidad de que en paralelo al proceso de supresión del servicio militar se afrontaran estas reformas. Reformas que, por otro lado --y los señores intervinientes del Grupo Socialista y del Grupo Popular así lo saben--, son compartidas por la mayoría de sus propias juventudes políticas. El fin de la mili debe ir acompañado necesariamente del proceso de reforma de la Ley de Objeción de Conciencia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 313; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 14/1996, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 8/1991, DE 25 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA EL ARBITRIO SOBRE LA PRODUCCION Y LA IMPORTACION EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA (Número de expediente 130/000010)

El señor PRESIDENTE: Como saben SS. SS., se ha acordado la incorporación al orden del día de hoy de los puntos previstos para el jueves por la mañana, salvo el informe del Defensor del Pueblo.
Vamos a pasar, por tanto, a tramitar el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley número 14/1996, de 8 de noviembre, por el que se modifica la Ley número 8/1991, de 25 de marzo, por la que se aprueba el Arbitrio sobre la Producción y la Importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para la presentación del decreto-ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra su Vicepresidente para Asuntos Económicos, señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Como SS. SS. saben, el Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre el Real Decreto-ley 14/1996, que hoy se somete a convalidación por la Cámara y que viene motivado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la aplicación de esta misma sentencia que está llevando a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A través de ambos órganos jurisdiccionales se cuestionó la plena adecuación al ordenamiento comunitario del arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla, creado y regulado por la Ley 8/1991, de 25 de marzo, debido a que este texto legal preveía que ciertas operaciones de producción interior de bienes en las ciudades de Ceuta y Melilla pudieran quedar exentas del arbitrio, quedando sujetas al mismo, sin embargo, las operaciones de importación en ambas ciudades de los referidos bienes. De esta forma, y según los órganos jurisdiccionales antes mencionados --es decir, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía--, el arbitrio de las dos ciudades podría estar siendo configurado materialmente como una exacción de efecto equivalente a un arancel a la importación, lo que, como SS. SS. comprenden y saben, es claramente incompatible y contrario al ordenamiento comunitario. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Tal pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a la configuración material del arbitrio propició un movimiento entre los contribuyentes de Ceuta, más que en el caso de Melilla, de impugnación casi generalizada de los actos de liquidación del arbitrio, que ha situado a la Hacienda de Ceuta --y, como he dicho, en menor medida, a la de Melilla-- en un escenario de gran incertidumbre y notable pérdida recaudatoria. Para que SS. SS. sean conscientes, en Ceuta se está produciendo, según las estimaciones de las autoridades, una pérdida de 400 millones de pesetas mensuales de recaudación.
Al mismo tiempo, se han consolidado ciertas circunstancias estructurales en el comercio de ambas ciudades --especialmente también en Ceuta-- que está produciendo una importante caída del tráfico comercial, que ha contribuido a agudizar la pérdida recaudatoria por el concepto arbitrio sobre la producción y la importación.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Gobierno ha consensuado con las autoridades políticas de las ciudades

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de Ceuta y Melilla el contenido del decreto-ley que tengo el honor de presentar ante la Cámara y que se somete a su convalidación. Este decreto-ley pretende cumplir primordialmente dos objetivos. En primer lugar, se introducen en la regulación sustantiva del arbitrio fijado en la Ley 8/1991, a la que ya he hecho referencia, las modificaciones imprescindibles en orden a la plena adecuación al ordenamiento comunitario, despejando así cualquier duda en torno al carácter discriminatorio del mismo. Con ello se habrá eliminado la actual posibilidad de impugnación de las liquidaciones del tributo y éste logrará la necesaria estabilidad y normalidad de su gestión. En esencia, tales modificaciones se concretan en una nueva regulación del régimen de exenciones del arbitrio, conforme al cual no podrán concederse exenciones a la producción interior de bienes que no puedan ser aplicadas a la importación de los mismos, lo cual subsana el motivo principal de impugnación que se estaba planteando y que se basa en la sentencias a las que he hecho referencia al principio de mi intervención.
El segundo objetivo que cumple el decreto-ley, en opinión del Gobierno, es establecer un mecanismo de compensación financiera a las ciudades de Ceuta y Melilla por las pérdidas recaudatorias que las respectivas haciendas hayan experimentado en 1996 o puedan experimentar en 1997 como consecuencia de las circunstancias que promueven o impulsan la promulgación de este decreto. Estas compensaciones financieras por pérdidas recaudatorias están ya recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que ya ha sido votado por esta Cámara y que se encuentra en el Senado.
El decreto-ley consta de dos artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición adicional única, que prevé su entrada en vigor y la aplicación inmediata de las normas que contiene desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Los puntos uno, dos y tres del artículo primero establecen las nuevas exenciones que se aplicarán en el arbitrio que, como se ha señalado, constituye el motivo fundamental de la aprobación de este decreto-ley. La nueva regulación se caracteriza por dos notas. La primera, se equiparan las exenciones del arbitrio a las de IVA, tanto en relación con las operaciones interiores como en las exportaciones e importaciones. La segunda, se igualan las exenciones previstas para las operaciones interiores a las previstas para las importaciones, motivo básico, quiero recordar a SS. SS., de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre de 1995, que dio lugar a todo el proceso que estoy describiendo.
El punto cuatro del artículo primero del real decreto-ley añade un nuevo apartado al artículo 20 de la Ley de 1991, que regula el derecho a la deducción o, en su caso, devolución de las cuotas soportadas, en las adquisiciones o importaciones realizadas por los sujetos pasivos del arbitrio. Este nuevo apartado que se incorpora contiene una autorización reglamentaria para que sea la ordenanza fiscal la que determine la forma en que deberá acreditarse ante la Administración la realización de exportaciones para tener derecho a la deducción o devolución de las cuotas soportadas.
En el punto cinco del artículo primero se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 22 de la Ley del año 1991 para precisar el momento en el que deberán practicarse la liquidación y pago del arbitrio en las importaciones. Así, se establece que la liquidación y pago se efectuará con anterioridad al despacho o a la entrada de las mercancías en el ámbito de aplicación del impuesto, para evitar así el impago de la deuda tributaria. No obstante, se prevé la posibilidad de que el órgano gestor aplace la deuda hasta un máximo de 60 días, siempre que a juicio de éste quede suficientemente garantizada.
En el punto seis del artículo primero del real decreto-ley se da una nueva redacción al artículo 25 de la Ley de 1991 por el que se autoriza a las ciudades de Ceuta y Melilla a que, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, aprueben las ordenanzas fiscales de desarrollo. Esta nueva redacción introduce dos cambios. El primero se refiere a las ciudades de Ceuta y Melilla, en vez de a los ayuntamientos de Ceuta y Melilla, de acuerdo con el nuevo estatuto de las mismas, aprobado por esta Cámara en la legislatura pasada, y el segundo cambio supone que el desarrollo de la potestad reglamentaria se realizará con sujeción a las normas legales que resulten de aplicación en cada caso y momento, sin vincularla a una en concreto, como se hacía antes en la Ley 39/1988.
En el artículo segundo se sustituyen todas las referencias que se hacían en la Ley de 1991 a los ayuntamientos de Ceuta y Melilla por las ciudades de Ceuta y Melilla, como corresponde a su nuevo estatuto, y a la Ley 30/1985, del IVA, ya derogada, por la legislación del IVA vigente en cada momento.
La disposición transitoria primera establece que las ordenanzas fiscales se adaptarán a los cambios introducidos por este real decreto-ley, mientras tanto se seguirán aplicando las vigentes, siempre que no sean contrarias a lo dispuesto en el mismo. También en la disposición transitoria primera se establece que las operaciones que dejan de estar exentas como consecuencia de esta norma tributarán al tipo mínimo del 0,5, tanto las interiores como las importaciones, equiparando de esta forma la tributación de ambos tipos de operaciones con la mínima presión fiscal posible.
La disposición transitoria segunda establece el sistema de compensación a las ciudades de Ceuta y Melilla, al que me he referido con anterioridad, como consecuencia de las pérdidas en las que han incurrido cuando han sido objeto de recurso las medidas tributarias que este real decreto-ley viene a subsanar. Las posibles compensaciones, como ya he mencionado, están ya recogidas

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en la sección 32 del actual proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 por un crédito de 2.500 millones, que se aplicará a las pérdidas efectivas que se hayan producido durante 1996 y a las que pudieran producirse durante 1997.
Por último, es preciso señalar que las modificaciones legales que contempla el real decreto-ley no deben considerarse aisladamente, sino como parte de un conjunto de medidas más amplio cuya finalidad es solucionar de un modo permanente los problemas estructurales de financiación de las ciudades de Ceuta y Melilla que no han sido incorporadas a este real decreto-ley.
En este sentido quisiera señalar, señorías, dos cuestiones. La primera es que, de acuerdo con el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado introducirá, vía enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, una modificación de la estructura del arbitrio, a fin de dotar a éste de mayor consistencia, en aras de la superación futura de los problemas de estabilidad financiera estructural que cabe advertir en la actual configuración del tributo. Dichas medidas se concretan en incluir en el ámbito de aplicación del arbitrio el gravamen de servicios, hoy sometidos al IGTE, de las labores de tabaco y de los hidrocarburos, inexistentes en ambas ciudades. Esta medida es imprescindible introducirla en una norma con rango de ley por lo que supone de modificación de un tributo.
La segunda precisión que quisiera hacer a SS. SS. es que finalmente el Gobierno, como solución definitiva a los problemas de financiación de las ciudades de Ceuta y Melilla, está elaborando y remitirá a las Cámaras un proyecto de ley de régimen económico-fiscal de Ceuta, en el que se refundan todas las disposiciones que lo integran, y por lo que respecta a la ciudad de Melilla, como saben SS. SS., se ha aprobado y remitido por su Asamblea una proposición de ley cuyo contenido por el Gobierno se tratará de homologar al proyecto de ley, que me he referido, de financiación de la ciudad de Ceuta, para que puedan debatirse en un solo texto y puedan ser aprobados por las Cámaras con la mayor brevedad posible.
En función de lo anterior, y en la medida en que el real decreto-ley se limita a corregir una situación anómala que requiere una solución urgente y extraordinaria y que está produciendo problemas tremendamente serios de financiación de las administraciones de la ciudad de Ceuta, y en menor medida de la de Melilla, y para no interrumpir la recaudación de los recursos imprescindibles para las haciendas de las respectivas ciudades, y al mismo tiempo para garantizar la suficiencia financiera de las mismas, el Gobierno considera plenamente justificada la aprobación de este real decreto-ley y, en consecuencia, solicita la convalidación del mismo por la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vicepresidente.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación del real decreto-ley? (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición en este debate. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votará favorablemente la convalidación de este real decreto, admitiendo el compromiso adquirido hace un momento por el propio Gobierno de tramitar las medidas de este decreto-ley en un proyecto de ley más amplio de adecuación de la fiscalidad de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Nosotros votaremos a favor partiendo de que la modificación del arbitrio viene justificada por una sentencia del Tribunal de Justicia europeo por la que se declara la oposición al establecimiento en los países miembros de figuras tributarias que discriminen las mercancías por su origen. De esta manera, el arbitrio fue creado en 1991 como fuente de ingresos de las ciudades de Ceuta y Melilla, con el fin de incentivar fiscalmente la producción de bienes muebles corporales en unos territorios caracterizados por la práctica inexistencia de un sector industrial. Este parecía ser el motivo de la regulación de forma diferente del tratamiento que se otorga a las importaciones y a las producciones. Por consiguiente, tanto la modificación que ahora se propone como la vía del decreto pueden estar justificadas si, como se decía anteriormente, se complementan con una posterior tramitación de un proyecto más amplio sobre la fiscalidad de estas ciudades; la acción de equiparar al alza la tributación de las operaciones, dejando en el mismo régimen de exenciones fiscales en el IVA, antes de proceder, como se podía haber optado, a una extensión de las exenciones fiscales a las importaciones. Asimismo vemos bien que se contemple un sistema de compensación, durante los años 1996 y 1997, para las arcas municipales de estas dos ciudades, que sea el resultado de las pérdidas que se pueden tener por la recaudación de los problemas de gestión y por los recursos contenciosos económico-administrativos que puedan plantearse por los importadores. Es innegable que se producirá también una baja en el comercio, derivada de las circunstancias estructurales a las que antes hemos hecho referencia, por lo que el Gobierno tiene la obligación de dar respuesta a estas ciudades, no sólo desde el punto de vista fiscal y administrativo, sino fundamentalmente desde el punto de vista económico y social. Por tanto, se requiere que los mecanismos financieros de estas dos ciudades se expliciten normativamente y no se dejen, como parece que hacía el decreto-ley, a la discrecionalidad del Gobierno.


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En este marco, votaremos a favor de esta convalidación, aceptando el compromiso que se ha hecho por el Gobierno, como decía antes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera) Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alvarez.


El señor ALVAREZ GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición en relación con la convalidación del Real Decreto-ley 14/96, que modifica la Ley 8/91, de 25 de marzo, creadora del Arbitrio sobre la Producción y la Importación en Ceuta y Melilla, que el Gobierno somete a consideración de la Cámara.
Se pretende abordar con este real decreto la situación jurídica creada como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 1995, oponiéndose a que se recaude un arbitrio que grava discriminadamente las importaciones, aunque esté configurado bajo la apariencia de un tributo interno. Pero si ello es trascendente desde el punto de vista legal, no lo es menos por las consecuencias que supuestamente esta adaptación a las disposiciones del acta en la que se expresan las condiciones de adhesión de España a la Comunidad Europea y a los posteriores tratados puede producir en relación con los recursos financieros que se venían obteniendo del citado arbitrio y su inmediata consecuencia sobre la suficiencia financiera de las haciendas de estas dos ciudades. Es justamente este posible efecto sobre la recaudación tributaria y su posible merma de recursos, dada la importancia cuantitativa de este arbitrio, lo que podrá determinar la insuficiencia financiera de ambas ciudades. Por esta razón, creemos que abordar esta segunda cuestión requiere el máximo rigor y debemos evitar, en la medida de lo posible también, situaciones de provisionalidad.
Desde el Grupo Socialista creemos que debemos encauzar el problema económico y financiero de Ceuta y Melilla habilitando medidas legales que doten de estabilidad y suficiencia financiera a sus haciendas locales y fomenten también la creación de riqueza para el logro de aquel objetivo, entre otros. Y aunque ello sea necesario confiarlo a la globalidad de las acciones de las haciendas públicas, del lado de los ingresos y también del lado de los gastos, no nos parece lo más conveniente --quizá pudiera ser muy mejorado en este sentido el real decreto-ley--, por razones de oportunidad y eficacia, dejar en un mero ajuste técnico el contenido del real decreto, añadiéndole simplemente un régimen transitorio que no contiene, a nuestro juicio, todos los elementos que han de permitir cuantificar las transferencias a recibir de la Hacienda estatal con la máxima transparencia y estabilidad. Es más, creemos que se puede y se debe ir avanzando en la concreción de los principios y contenidos básicos de una regulación global, en un futuro más o menos inmediato, de los recursos de ambas ciudades a que el Gobierno se ha comprometido al exponer su posición en relación con la convalidación de este real decreto, y que se deben y se pueden establecer ya mejoras técnicas en el contenido de este real decreto-ley a través de mecanismos que permitan facilitar la comprensión del régimen transitorio diseñado por el mismo y, sobre todo, mecanismos que permitan cuantificar y objetivar las transferencias que las supuestas pérdidas de recaudación como consecuencia del conflicto a que ha dado lugar la sentencia y la coyuntura económica que exponía el Gobierno pueden estar produciendo. Por estas razones y por algunas más que a continuación voy a señalar pedimos que se tramite como proyecto de ley, exponiendo a continuación las líneas básicas de las mismas.
Desde el Grupo Socialista creemos que debemos encauzar el problema económico y financiero de Ceuta y Melilla ya, inmediatamente, habilitando medidas legales que tiendan a dar esa estabilidad y esa suficiencia financiera a sus haciendas locales y permitan apuntar que en el futuro proyecto de fiscalidad global para ambos territorios, para ambas ciudades, se va a apostar por el fomento de la creación de riqueza para el mejor logro de aquel objetivo, entre otros. Ello nada impide que se apunte ya en la tramitación como proyecto de ley. Es cierto que ambas ciudades han avanzado notoriamente en su autonomía política, puesto que ya en la anterior legislatura han sido dotadas de sus correspondientes estatutos. Por ello, teniendo en cuenta la citada sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea, la variación real de los recursos financieros obtenidos por dichas haciendas locales a través de los distintos conceptos, más acusadamente en los últimos meses, y la evolución propia de las economías locales de ambas ciudades, no sólo no hay razones para obviar el problema financiero y económico, sino que se hace imprescindible resolver estas dos cuestiones apuntando ya un marco de rigor, de estabilidad y de transparencia en el reparto de los recursos procedentes de la Hacienda estatal.
Con estos planteamientos el Grupo Socialista se compromete a la máxima colaboración institucional para encontrar el acuerdo más amplio de esta Cámara. El Grupo Socialista quiere autonomía y suficiencia financiera para Ceuta y Melilla. Y aun llamando la atención, como reiteradamente hemos hecho en esta Cámara, sobre la excesiva y aun abusiva utilización de la vía del decreto-ley para regular materias de tipo fiscal, podemos entender que se acuda a este mecanismo, excepcionalmente, en el presente asunto. No obstante, y dado el carácter provisional de este tipo de normas, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, recogida

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de alguna manera en la disposición transitoria segunda del texto sometido a convalidación, consideramos --repito--, por esta razón también, que ha de darse una solución más estable, una solución que permita convertir un decreto-ley, que no cambia su régimen por el mero hecho de la convalidación, en una ley formal a través de la tramitación como proyecto de ley.
El rigor en el análisis exige, sobre datos reales de recaudación, establecer hasta qué punto se está produciendo esa disminución de ingresos no sólo como consecuencia de la sentencia comentada, sino también de factores estructurales que ha apuntado el propio Gobierno en esa merma de recaudación, de manera que se pueda acertar en el diseño de los mecanismos que mejoren los indicadores, los módulos o las ratio que se establezcan para fijar definitivamente cuál es la transferencia que se debe hacer a ambas ciudades como consecuencia de la pérdida que se está produciendo y, además, de la pérdida que en el futuro inmediato se pueda producir. Creemos que sólo hace falta voluntad política. El Grupo Socialista la manifiesta y añade que va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley. Sin embargo, insistimos en la necesidad de mejorar el texto y tramitarlo como proyecto de ley.
Entendemos que de esta manera se permitirá establecer criterios claros y objetivos sobre los que fijar la cuantía de las transferencias de la hacienda estatal, que contribuirán además a uno de los objetivos esbozado por el Ministro, que es lograr la estabilidad económica y también la estabilidad financiera.
A través de la exposición que hace el Gobierno de este real decreto-ley es cierto que se puede estar garantizando la estabilidad fiscal, la estabilidad en el marco legal. Sin embargo, no hay nada que garantice que va a haber una estabilidad financiera para ambas ciudades. Las disposiciones transitorias regulan de una manera ambigua cuál es el importe de las transferencias que se van a hacer en los años 1996 y 1997.
Por tanto, salvo que se fijen en las disposiciones transitorias cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser las bases sobre las que se fijan, en qué condiciones y qué previsiones de pérdidas de recaudación se manejan --y no sólo en este momento sino las que se iban a producir mientras durase la tramitación del proyecto de ley o aún más, en el supuesto de que no se admita, mientras el Gobierno no envíe a la Cámara el proyecto de modificación global de la fiscalidad de ambas ciudades, Ceuta y Melilla--, nos parece que se está contribuyendo o se puede contribuir, de alguna manera, a que la prometida estabilidad financiera no sea tal y que por esa vía introduzca este real decreto ciertas dosis de incertidumbre en la economía local, que contribuyan todavía más a mermar los efectos de recaudación del arbitrio, con la importancia cuantitativa que ello tiene. Es cierto que el real decreto-ley era absolutamente necesario desde la perspectiva de la medida, pero no nos gusta desde la perspectiva de la vía que se ha utilizado para adecuar la sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea a la legalidad vigente.
Por estas razones, insistimos en que es preciso tramitarlo como proyecto de ley, repito, porque no aparece claramente garantizada esa estabilidad financiera a través de estos mecanismos y, además, porque los mecanismos que establece en sus disposiciones transitorias el real decreto-ley no aparecen mínimamente claros. Por lo demás, en los aspectos puramente técnicos, de ajuste del real decreto-ley a la normativa vigente, no añadiríamos más que algunos matices sobre los que no es necesario insistir, y estamos de acuerdo con el Gobierno en que la solución definitiva debe venir dada por un texto conjunto que resuelva el problema global de la financiación de ambas ciudades.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alvarez.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González Pérez.


El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el arbitrio sobre la producción y la importación en Ceuta y Melilla, aprobado por la Ley 8/1991 --hace ya cinco años--, de 25 de marzo, al margen de representar la principal fuente de recursos ordinarios de las respectivas haciendas, constituye uno de los elementos más significativos y singulares del régimen económico y fiscal de ambas ciudades.
Con apoyo en una cuestión prejudicial resuelta mediante sentencia de 7 de diciembre de 1995 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado varias sentencias, estimando otras tantas reclamaciones interpuestas por particulares contra liquidaciones del mencionado arbitrio, al considerar que la figura en cuestión, tal y como está configurada, vulnera la normativa comunitaria, por cuanto implica un trato discriminatorio de las importaciones respecto de las operaciones interiores de fabricación, como consecuencia de las excepciones que para estas últimas la ley prevé. Sin entrar a valorar la procedencia jurídica del anterior argumento, lo cierto es que las referidas sentencias han creado una preocupante inseguridad e inestabilidad en torno a esta figura impositiva que, como consecuencia, necesita de una inmediata actuación normativa dirigida a impedir el seguro colapso económico de las entidades e instituciones afectadas. Al mismo tiempo, y con especial incidencia en el caso de Ceuta, a causa del brusco y espectacular descenso provocado en la actividad comercial con destino al vecino Reino de Marruecos, produce una alarmante caída en la recaudación del tributo en la ciudad cifrada aproximadamente, a la fecha de hoy, en el 50 por ciento de los recursos en dicho concepto presupuestado, con lo que, reiterando el sustancial papel del arbitrio como

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principal fuente de financiación de la ciudad, ésta se ve inmersa en una situación de crisis económica y de manifiesta incapacidad de atender a sus obligaciones esenciales.
Llegados a este punto y para profundizar en lo anterior, nos parece oportuno comentar que, con independencia de otros factores inherentes a la falta de estabilidad en la actividad comercial de las ciudades, la profunda crisis manifiesta es la culminación del progresivo agotamiento del modelo económico que sustenta dichas ciudades y, por esto, causa inmediata de la pérdida de atractivos comerciales derivados de la condición de territorio franco, que es la consecuencia del proceso de desmantelamiento arancelario a que se ven sometidos los territorios del entorno de ambas ciudades. Ante tal panorama se puede constatar que ambas ciudades carecen de medios y margen de maniobra para afrontar con éxito la situación sobrevenida. El Gobierno, siendo sensible a las demandas que al respecto se han formulado tanto desde las ciudades como desde el propio Grupo Popular a través de los parlamentarios, en este caso personalizados, de Ceuta y Melilla, ha considerado que está más que justificada la urgente necesidad de poner en práctica un conjunto de medidas, tanto normativas como financieras, encaminadas a la consecución en un corto plazo de tiempo de los siguientes objetivos. Primero, dotar al cuestionado arbitrio de la seguridad jurídica que su condición exige, solventando eficazmente los pronunciamientos judiciales a los que he hecho mención. Segundo, garantizar mediante las correspondientes transferencias, con carácter transitorio, la suficiencia financiera de las entidades afectadas cuyo equilibrio, según se ha comentado, se ha visto alterado por causas exógenas a su propia voluntad y ámbito competencial. Tercero, reformar el citado arbitrio en relación con la producción y la importación al objeto de que éste se convierta en el núcleo central de la imposición indirecta aplicable en ambos territorios, reforzando asimismo, con ocasión de la reforma, su potencial recaudatorio en orden a evitar el fenómeno no deseado de que las respectivas ciudades autónomas se conviertan en administraciones permanentemente subsidiadas.
Y en cuarto lugar, actualizar el régimen económico y fiscal especial con el fin de que sea con base en los principios de solidaridad y equilibrio interterritorial que sanciona nuestra Constitución. Un instrumento eficaz para, por un lado, favorecer el desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla en condiciones equiparables a las medidas nacionales y comunitarias y, por otro, contrarrestar los condicionamientos que en ambas se dan para dicho desarrollo, entre los que destacan la insularidad o extrapeninsularidad, el aislamiento relativo al que están sometidas las dos ciudades, la escasez de recursos básicos como suelo, agua y energía y, por último, su condición de frontera sur de la Unión Europea en el continente africano.
Aun reconociendo que lo anteriormente expuesto resulta ser de extrema urgencia para posibilitar la supervivencia económica de las dos ciudades, y teniendo en cuenta que el recurso del real decreto-ley como instrumento válido cuenta con un marcado carácter limitado en cuanto a su alcance, el Gobierno, acertadamente, decide delimitar el consiguiente paquete de medidas en dos ámbitos de actuación diferenciados: de una parte, el real decreto, que ahora debatimos, centrado en su propia naturaleza y estrictamente en la circunscripción del mero arbitrio y, de otra parte, viabilizar los otros dos objetivos, reforma sustancial del arbitrio y actualización del régimen económico y fiscal a través de las oportunas leyes ordinarias, que aquí ha anunciado el Vicepresidente Segundo del Gobierno que se van a tramitar dentro de breve tiempo. De acuerdo, por tanto, con los principios y fines que justifican el Real Decreto 14/1996, de 8 de noviembre, que nos ocupa, pretende fundamentalmente dotar a la figura del arbitrio de la necesaria seguridad jurídica y atender la pérdida de suficiencia financiera de las respectivas ciudades autónomas, tal y como hemos venido diciendo anteriormente.
No voy a entrar en lo que es la matización, en todo caso, o a ahondar en lo que requiere el propio real decreto, pero sí quiero hacer una referencia explícita a la intervención que ha desarrollado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en donde se habla de provisionalidad, en donde se manifiesta que hay que hablar de transparencia, en donde se habla de inmediatamente un proyecto de ley con referencia a la tramitación del real decreto, y quiero puntualizar y matizar algunas de las afirmaciones que no se ajustan exactamente a lo que hasta ahora el Partido Socialista ha venido desarrollando con respecto a Ceuta y Melilla.
He de recordar que se agradece en sumo grado la oferta de colaboración que el portavoz del Grupo Socialista ha realizado en esta tribuna, pero también he de manifestar que a lo mejor no tiene conocimiento de que en el Comité de Política Económica, Fiscal y Financiera las comunidades regidas por el Partido Socialista votaron en contra de la inclusión de ambas ciudades en este comité. Bienvenida sea la colaboración explícita que se ha hecho desde este foro, pero no se puede estar poniendo velas en un sitio y negando la lumbre a esas velas en otro lado. Creo que hay que participar de una política global coherente y no hacer manifestaciones que se contradicen con las propias actuaciones que ha venido teniendo el Grupo Socialista o por lo menos las personas que tienen responsabilidades en las comunidades autónomas.
Se ha hablado también de cuál va a ser el objetivo respecto a la compensación que se va a realizar sobre las deficiencias financieras que puedan tener las ciudades de Ceuta y Melilla. Pues bien, si se hubieran repasado en este caso con vehemencia, por decirlo de alguna

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manera, los Presupuestos Generales del Estado, observarían que en la sección 32 figura una compensación de 2.500 millones de pesetas como consecuencia de las pérdidas que se han tenido por el recurso del arbitrio y por la propia inestabilidad de la economía ceutí y melillense.
Es cierto que este real decreto que hoy se trae aquí para su convalidación, y que tiene por objeto remediar una situación jurídicamente inestable, se negó por parte del anterior gobierno.
Documentos hay porque desde las propias ciudades se pedía una inmediata actuación respecto a la inestabilidad del arbitrio. Si ahora es urgente darle estabilidad, no solamente con el real decreto, sino entrar en lo que sería la tramitación como ley, hace ocho meses era mucho más urgente.
Precisamente hoy se trae a esta Cámara como consecuencia de la inoperatividad a la que han estado sometidas estas dos ciudades en épocas pasadas. De todas formas he de decir que se agradece esa colaboración. Es más, desde aquí le pediría al Grupo Socialista que su grupo parlamentario en el Senado apoyara las modificaciones que se introduzcan vía enmiendas para la estabilización económica de ambas ciudades. Ahí se verá cuál va a ser la colaboración explícita que se ha hecho por parte del portavoz socialista.
Hay un tema que no puedo dejar de obviar. También el real decreto viene a certificar la ley orgánica, de 13 de marzo de 1995, donde se aprueban los estatutos de autonomía de ambas ciudades. Los propios recursos de las ciudades a través de su autonomía política, como consecuencia de las transferencias que se vienen haciendo, van a necesitar de una dotación económica lo suficientemente estable para que se puedan desarrollar aquellas actividades que desde el Gobierno central, por medio de los distintos ministerios, se venían realizando. En este caso se va a necesitar de esa autonomía económica para que se pueda seguir realizando esa política en la ciudad de Ceuta.
Para terminar quiero decir que el Grupo Popular se va a oponer a la tramitación como ley del real decreto por una sencilla razón. Si hay un compromiso del Gobierno de traer a esta Cámara una ley del régimen económico y fiscal de las ciudades de Ceuta y Melilla, si además se encuentra en el registro del Congreso una petición en ese mismo sentido de la propia ciudad de Melilla para que se tramite una ley en donde se normalice el régimen económico y fiscal que están sufriendo las dos ciudades, sería duplicar la función de lo que vamos a desarrollar en esta Cámara --a través de esas dos leyes se tiene la posibilidad clara y concreta de participar de esa mano tendida del Grupo Socialista--, por lo que no tiene mucho sentido tramitar por ley algo que se refiere estrictamente, según he podido entender del portavoz socialista, al método de compensación por falta de recursos. Creo que en el real decreto viene perfectamente especificada cuál es la fórmula de compensación que llevaría a cabo el ministerio a través de los presupuestos de 1992 a 1994, sacando una media y objetivando lo que eran los presupuestos precedentes. En segundo lugar, para la elaboración de los presupuestos de ambas ciudades es estrictamente necesario que tengan una dotación económica al día de hoy para que en 1997 no pase lo que ha ocurrido hasta ahora. En último lugar quiero decir que eso que era necesario hace ocho meses ahora lo estamos tratando aquí. Por tanto, lo que pido al portavoz del Grupo Socialista es que comunique a su grupo parlamentario y a los presidentes o consejeros de economía de las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen tanto derecho o más a participar en lo que es su régimen económico y fiscal.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González Pérez.
Señor Alvarez, efectivamente, en la última parte de la intervención del señor González Pérez ha sido contradicho. Tiene la palabra para un breve turno de réplica.


El señor ALVAREZ GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos llaman la atención precisamente las últimas afirmaciones del portavoz del Grupo Popular por cuanto el Grupo Socialista ha hecho una oferta generosa a toda la Cámara y al Gobierno para que se mejore el texto, para alcanzar justamente uno de los objetivos mencionados por el Ministro de Economía, que es garantizar la suficiencia financiera. La disposición adicional segunda, insisto, no garantiza para nada esta suficiencia financiera sino que la deja justamente al arbitrio del Gobierno. Es más, si hemos dicho que estamos de acuerdo en que se convalide este Decreto-ley, a pesar de que es una materia fiscal, a pesar de que el Gobierno debería haber ejercido sus funciones desde hace más de seis meses, no comprendo cómo el Grupo Popular entiende que, con una sentencia que se produce el 7 de diciembre de 1995 exactamente, pudiera entonces el Gobierno socialista, en plena campaña electoral y sin apoyo parlamentario, tomar decisiones para resolver esta cuestión cuando otras de mayor calado eran constantemente torpedeadas desde la oposición entonces del Grupo Popular.
La intervención del portavoz del Grupo Popular casi nos invita a votar en contra de la convalidación, y no lo haremos exclusivamente porque mantenemos --y es la posición del Grupo Socialista en esta Cámara-- firmemente el compromiso para que haya suficiencia financiera para ambas ciudades, para que haya estabilidad financiera para ambas ciudades y para que de verdad el bloque de legislación que el Gobierno se ha comprometido a enviar a esta Cámara a primeros del año 1997 --para lo que tendremos que hacer un acto

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de fe en este momento, demostrando nuevamente nuestra generosidad-- no se contraponga con las opiniones, las afirmaciones y la posición del Grupo Popular.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alvarez.
Señor González Pérez, tiene la palabra. Brevemente, por favor.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Alvarez, yo creo que el 7 de diciembre, cuando se produjo la sentencia, por lo menos mi grupo todavía no estaba en campaña electoral, porque si mal no recuerdo las elecciones fueron en marzo, pero se hizo un reclamo desde las ciudades de cuál era la situación en que nos encontrábamos y se hizo caso omiso. Es más, insisto en que hay escritos de las direcciones generales correspondientes en donde se obviaba la gravedad del problema. De todas formas y para no reabrir el debate, bienvenido sea el cambio de postura del Grupo Socialista a efectos de colaborar en esas dos ciudades con relación a su financiación, y si esa insistencia de colaboración se lleva a cabo en ese acto de fe que ustedes han comentado lo veremos a primeros de año, e intentaremos compensar de alguna manera lo que ustedes han manifestado pero que no hicieron en su día. Por tanto, agradezco la colaboración que brinda el Grupo Socialista, pero también hay que recordar lo pasado para mirar hacia el futuro.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor González Pérez.
Vamos a proceder a la votación sobre la convalidación o no del Real Decreto-ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 14/1996, por el que se modifica la Ley del arbitrio sobre la producción y la importación en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 302; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley.
Algún grupo parlamentario ha pedido su tramitación como proyecto de ley.
Por ello, lo sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 141; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación, como proyecto de ley, del Real Decreto-ley convalidado.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR PARCIALMENTE EL TITULO VIII DEL CODIGO PENAL (Número de expediente 162/000057)

El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley, que constituyen el punto II del orden del día.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a modificar parcialmente el título VIII del Código Penal. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a modificar parcialmente el título VIII del Código Penal, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, me corresponde, en nombre del Grupo Popular... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Correspóndeme, en nombre del Grupo Popular, la defensa de la proposición no de ley por la que instamos al Gobierno para que elabore un proyecto de ley que, mediante un previo estudio y si así lo considera, modifique parcialmente el título VIII del libro II del Código Penal, que regula los delitos contra la libertad sexual, en el sentido de que no sólo tipifique determinadas conductas, que parece que están ausentes del texto, sino que, además, estudie la proporcionalidad de las penas que se aplican a los delitos de dicho título.
Prestigiosos juristas consideran que para que un código penal sea efectivo es necesario que sus preceptos y disposiciones estén en completa sintonía con la realidad política y social que regula la Constitución vigente y con los valores de la sociedad española en la que se

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va a aplicar. Pues bien, esta iniciativa, señoras y señores Diputados, es una iniciativa que tiene como cuestión principios y valores. Consideramos en el Grupo Popular que la elaboración de un código penal requiere un dilatado tiempo durante el cual no sólo se debe hacer un estudio detallado del proyecto, sino que, además, con la crítica profesional y la opinión pública, se dé a conocer la serie de errores e imperfecciones que conlleva el texto antes de que éste se apruebe y se aplique, puesto que las normas penales tienen una gran vinculación con la conducta cotidiana de los ciudadanos.
Es por ello que nos ha sorprendido que en nuestro flamante Código Penal, que sólo tiene de vigencia seis meses, en estos momentos se hayan detectado determinados puntos negros o determinadas ausencias y lagunas de tipos delictivos que han dado a conocer en sus sentencias diferentes tribunales de todos los territorios de España. Hemos de decir, por tanto, que este Código Penal tiene unas determinadas ausencias y lagunas, y además, unas ausencias de delitos graves que no es en cualquier título del libro II, sino en el título VIII que es el que regula los delitos contra la libertad sexual y que produce un gran rechazo social.
Existe una sentencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la que se denunciaba la imposibilidad de penalizar conductas que utilizaban menores con material pornográfico en Internet; dos sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 1996 respecto a la ausencia de regulación del delito de corrupción de menores y, hoy mismo, señoras y señores Diputados, en Valencia, se ha dictado una sentencia en base a la cual se intentaba procesar a una red que utilizaba menores en material pornográfico. Se ha sabido que a los componentes de la misma se les solicitaba más de 130 años de pena privativa de libertad y, sin embargo se les ha aplicado a varios de ellos sólo de tres a seis años de pena privativa de libertad y otros han quedado absueltos. Además, estas lagunas producen una gran alarma social porque las víctimas de estos delitos son menores. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señora Barrios.
Por favor, señorías. Muchas gracias.
Puede continuar, señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Las víctimas de estos delitos son menores, que es el sector más débil de la sociedad. Es un sector que tiene el mismo derecho que los demás ciudadanos a ser respetados, y a que no se les ataque su libertad sexual. Porque, aparte de la torpeza del acto y de la abominabilidad del mismo, debido seguramente a las inhibiciones en la escala de valores de los agresores, hay que tener en cuenta que esta alarma se produce por las consecuencias de la actuación que se lleva a cabo sobre los menores. Piensen ustedes que a veces no es sólo el daño físico o brutal, sino también un gran daño psíquico que hace que el menor crezca y madure con unos determinados estigmas y traumas durante toda su vida.
Es por ello que dentro del Partido Popular consideramos que se debe modificar este título VIII del libro II del Código Penal. Es necesario que se estudie la posibilidad de regular de nuevo el rufianismo que no aparece, regular de nuevo la figura de la corrupción de menores, que antes estaba regulada en el 452 bis con la prostitución de menores y que ahora no aparece. Es necesario que se regule especialmente la difusión, fomento, venta y exhibición de material pornográfico utilizando a menores e incapacitados y además que se tenga en cuenta lo que regula el artículo 181 del Código Penal. Sabrán ustedes que dicho artículo recoge el delito de abusos sexuales considerando que son abusos sexuales no consentidos aquellos que se llevan a cabo siempre con menores de 12 años. Nosotros consideramos que se debe aumentar la edad hasta los 14 años para considerarlos abusos sexuales no consentidos.
El problema que se plantea es si en este Código Penal, que ha transcurrido tanto tiempo desde que se elaboró la Constitución de 1978 hasta que se aprobó en 1995, el Código, en este largo espacio de tiempo transcurrido tuviera como consecuencia lógica la entrada en vigor de un texto penal sin imperfecciones.
Nosotros vamos a exponer dos factores que consideramos que han sido esenciales para que existan determinadas ausencias en el Código Penal, como las que he relacionado. Pensamos que se le debió haber concedido un período más largo al Consejo General del Poder Judicial, puesto que tenían que haber emitido, como saben ustedes, su preceptivo dictamen sobre una materia muy compleja, muy delicada y muy amplia, teniendo en cuenta, además, que este Código Penal tenía profundas y múltiples reformas y novedades.
También nos ha parecido que se ha punteado de nuevo la sección penal de la Comisión General de Codificación, que no ha sido llamada desde el año 1982, para emitir informe, cuya actitud contraviene el artículo 88 de nuestra Constitución, que requiere que los proyectos de ley que sean aprobados en el Consejo de Ministros serán traídos a la Cámara acompañados de la exposición de motivos y de antecedentes que hagan posible su debate y estudio.
Sin embargo, creemos que esto no se ha llevado a cabo y es lo que ha dado lugar a estas determinadas ausencias. Pero no vamos a realizar ataques de un partido a otro o dedicándonos a decir lo que se pudo haber hecho y no se hizo. En este momento creo que todos los grupos parlamentarios y todos los partidos políticos estamos de acuerdo en la necesidad de la protección del menor. Aquí lo único que se discute es si la no mención del término corrupción de menores significa la atipicidad de esta conducta o si estas conductas deben estar englobadas en la prostitución de menores,

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que así se recoge en los artículos 187 y 188 del vigente Código Penal. En el Grupo Popular consideramos que no se regula adecuadamente la corrupción, intentándola incardinar en la prostitución de menores, porque son conductas diferentes, en el sentido de que la corrupción de menores tiene su núcleo en el trato sexual mediante precio y, sin embargo, la corrupción de menores es un delito de resultado cortado, de actividad; que no requiere que se produzcan los nefastos efectos que persigue el agresor y que no conlleva una finalidad lucrativa.
Quizá la trascendencia del mismo sea que se inicia al menor anticipadamente en la actividad sexual, y además de forma perversa, de tal manera que puede llevar, cuando éste alcance la plenitud de su personalidad, a que se impida que libremente elija su actividad sexual con el compañero que así considere, según sus instintos y su libertad.
Por ello, consideramos que toda corrupción no es prostitución, pero que toda prostitución sí es corrupción y, por tanto, debe regularse de nuevo este término.
También creemos que se debe modificar la edad en el artículo 181 que regula los abusos sexuales no consentidos y aumentarlo de los 12 a los 14 años. Lo consideramos porque hay que tener en cuenta lo que dicen otros sectores del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el Código Civil saben SS. SS. que da validez a determinados actos que realizan nuestros menores y sobre todo los mayores de 14 años. El artículo 663, recoge la capacidad del mayor de 14 años a poder testar. El artículo 48 recoge la posibilidad de que el juez dispense del impedimento de la edad para celebrar matrimonio también a partir de los 14 años. Sin embargo, hay algunos artículos, como el 173 y 177, que permiten que a un menor de más de 12 años se le tenga en cuenta en sus opiniones, sobre todo cuando se va a llevar a cabo la adopción y el acogimiento del mismo. En los artículos 92 y 159, estando en trámite de separación y divorcio los padres y antes de decidir a quién se le concede la guardia y custodia, se fija que se escuche y que se tenga en cuenta la opinión del menor que tenga 12 años cumplidos.
También en cuanto a aumentar la edad hasta los 14 años, quiero hacer mención a una iniciativa del propio Grupo Socialista que hace escasos días se presentó, relativa a la proposición de ley de responsabilidad penal del menor que fija que para que el mismo tenga responsabilidad penal, porque es cuando tiene madurez, lo hace a partir de los 14 años hasta los 18. Lo que significa que dentro del Grupo Socialista están ratificando que es a partir de los 14 cuando verdaderamente se tiene madurez. Pensamos, y siempre lo hemos defendido, que es a partir de los 14 años cuando se deben fijar en el apartado 2.º del artículo 181 los abusos sexuales no consentidos. Porque la irreflexión, la inmadurez, las inferiores defensas anímicas permiten que los menores de 14 años sean susceptibles de ser utilizados por los proxenetas u otras personas que llevan a cabo la misma actividad delictiva y además son más proclives a la prostitución y a la corrupción.
Señoras y señores Diputados, he intentado hacer una breve exposición de lo que considero que son lagunas y ausencias en este título VIII del libro II del Código Penal y alguna modificación que al respecto se debe hacer en el artículo 181. El debate se puede centrar en si podemos conciliar la estabilidad de un nuevo Código Penal con vigencia reciente con la necesidad de llenar esas lagunas que han producido estupor e indignación, no sólo en todo el pueblo español, sino que a nivel jurisprudencial también ha sido bastante criticado. Considero, y por eso les pido a todos su voto, ya que es necesaria una modificación de este título y que es necesario que el Gobierno estudie con sus técnicos el contenido del título VIII. Es bueno que se traiga aquí y que se debata posteriormente.
Me despido, señorías, recordando un apartado de la exposición de motivos precisamente de este Código Penal vigente --que fundamenta en posición-- en el cual se dice que el Código Penal es de todos, que hay que tener en cuenta todas las opiniones y que es bueno aplicar las soluciones más razonables. Parece que de forma diáfana y contundente, los elaboradores de este proyecto, los legisladores de 1995, como después, además, recogen en su último inciso, reconocen la necesidad de contar con todos. Dicen que el Código Penal no es una obra perfecta, que pretenden que sea una obra útil, y aquí el Gobierno --decían-- en esta presentación del proyecto, no tenemos la última palabra, tenemos la primera, y esperamos que al pronunciarla también intervengan las diferentes fuerzas políticas, los diferentes ciudadanos para ayudar a perfeccionar este texto.
Considero, por tanto, que estamos en el momento oportuno, en la sede oportuna, que es el Congreso de los Diputados, donde se debe debatir, y que por el bien de todos los menores nos tenemos todos que poner de acuerdo. Por eso pido el voto favorable a esta iniciativa del Grupo Popular, que considero que es una cuestión de valores y de principios.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Barrios.
A esta proposición no de ley avalada por el Grupo Parlamentario Popular han sido presentadas dos enmiendas, una de ellas corresponde al Grupo Socialista y la otra al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de la enmienda de modificación que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández de la Vega.


La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señor Presidente, señorías, la actualidad reciente de

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nuestro país y de otros de la Unión Europea (Bélgica, Alemania y Francia) ha sacado trágicamente a la luz la amplitud y gravedad del problema de la prostitución infantil, de los abusos sexuales a la infancia y a la adolescencia y del tráfico y explotación de menores. Estos gravísimos acontecimientos, que emergen desgraciadamente de forma ya continuada produciendo una lógica alarma social y que convulsionan a la sociedad española, y yo diría que a la sociedad europea, a la sociedad de los derechos humanos, no son nuevos. Lo que sí es nuevo es su mayor denuncia, su mayor aparición, y yo creo que es positivo; es positivo que empiecen a salir a la luz comportamientos y ataques que tradicionalmente se han producido y se siguen produciendo en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de la escuela. Pero es verdad que junto a esa mayor publicidad y denuncia también es cierto que las formas de violencia, y de violencia sexual sobre los menores, son más intensas y sofisticadas que antaño. La delincuencia organizada es una constante de nuestras sociedades y actúa no sólo en el ámbito del terrorismo y del narcotráfico sino también en el ámbito de la prostitución, del tráfico, de la venta de personas, por no hablar del auge del turismo sexual y de la difusión de la pornografía infantil por nuevos cauces, como la red de Internet.
Al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa sobremanera la situación de las personas especialmente desprotegidas, las situaciones de explotación y, desde luego, el alarmante incremento de las conductas de explotación de menores con fines comerciales. Estoy segura, señoría, que a todos los miembros de esta Cámara les angustia este problema y todos tenemos una especial sensibilidad para tratar de arreglarlo. Es obvio que todos la tenemos, mi grupo la tiene, y aquí esta Cámara va a encontrar, en el Grupo Parlamentario Socialista su colaboración y el apoyo para tratar de prevenir y erradicar este tipo de graves acontecimientos.
Durante los últimos diez años, en España se ha desarrollado un profundo cambio en las estructuras asistenciales de la infancia y de la adolescencia, tanto desde el punto de vista legal como social, educativo y sanitario, que culminó con la ley de derechos del menor, aprobada por unanimidad en la pasada legislatura. Ese es el camino que va a seguir el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que hay que adoptar medidas multidisciplinares para combatir este problema.
Las propuestas que se contienen en la proposición no de ley que hoy se debate instan a modificar el título VIII del Código Penal por considerar que las conductas descritas, los tipos establecidos, las sanciones y las penas señaladas son insuficientes, inadecuadas y dejan huecos a la impunidad. El Grupo Parlamentario Socialista considera que la protección sexual de los menores se ha visto incrementada en el Código Penal de 1995. Creemos que se establecen nuevos tipos, se diversifican las conductas y las penas se gradúan en función de la gravedad del ataque, desde las más graves, llegando hasta 15 o 20 años, hasta las más leves, de forma que ningún hueco quede a la impunidad.
No obstante, mi Grupo no hace dogma de fe --como no lo hace de nada-- del Código Penal. Es evidente que el Código Penal, como toda obra humana, es perfectible, y, por tanto, si de forma reflexiva, serena, como resultado de un debate en profundidad, con datos reales de la aplicación judicial, es necesario modificar algún aspecto o especificar algún tipo nuevo, lo haremos, colaboraremos en lo que sea preciso y por eso hemos presentado esta enmienda, porque queremos conocer el trabajo que al parecer se está realizando en la Fiscalía General del Estado sobre la aplicación del nuevo Código Penal; porque queremos conocer los problemas que puede plantear a las administraciones, a las comunidades autónomas y a los órganos que tienen competencia en materia de protección del menor; porque no nos parece, en principio, que sea muy riguroso poder afirmar, sin ningún matiz, que los abusos sexuales sólo están penados por debajo de los doce años. Es verdad que se puede discutir si la edad es doce o catorce, pero no se puede afirmar que los abusos sexuales no están penados, están penados todos los abusos sexuales, porque un abuso sexual es un ataque a la libertad sexual, aunque sea sin violencia e intimidación. Podremos discutir si la pena puede ser superior o inferior, pero no podemos afirmar que el abuso sexual no está castigado. Lo mismo que no se puede decir tampoco con rotundidad, sin matices, que la desaparición del concepto de corrupción de menores ha sido un olvido involuntario. La corrupción de menores fue un tema ampliamente debatido en esta Cámara y fue una opción de política criminal que reclamaba toda la doctrina de nuestro país ante la dificultad de predeterminar en qué consiste la conducta corruptora; es decir, la imposibilidad de fijar en un código penal cuál es la conducta sexual debida y la formación sexual debida sin referencias a parámetros morales concretos imposibles de trasladar a un código penal.
Los conceptos de desviación y prematureidad sobre los que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha construido la corrupción, son conceptos indeterminados y en un código penal democrático, que está caracterizado por el principio de tipicidad, hay que matizar y concretar esos conceptos. De ahí que el legislador optara por sancionar actos concretos que ataquen a la libertad sexual del menor. Esos ataques estarán mejor o peor tipificados --podremos discutir si hay algún tipo que no lo está--, pero eso no significa decir que la corrupción fue un olvido involuntario del legislador.
Lo mismo que no se puede decir --creo que la portavoz del Partido Popular lo ha aclarado en su intervención-- que los menores hoy no tengan derecho a la libertad sexual; los menores sin matices, porque hoy el concepto de menor y de infancia ha cambiado. La misma

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Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de la infancia establece que el niño es hoy un ser humano titular de derechos propios y responsabilidades, lo que no significa que no estén sujetos a la tutela; pero las mismas leyes que regulan la tutela eximen de la tutela para los actos relacionados con la personalidad en función de las condiciones de madurez del menor. Podremos discutir si son los doce, trece o catorce años, pero lo que no podemos negar es que los menores también tienen derecho a su autodeterminación en el ámbito de la libertad.
Lo mismo podemos decir en cuanto a la difusión de la pornografía infantil por Internet, un fenómeno que acaba de aparecer. El Grupo Parlamentario Socialista considera que se halla penalizado en el Código Penal, en los artículos 185 y 186, como exhibicionismo y provocación. Lo está, señorías, en el artículo 197, como un delito contra la intimidad, porque difundir imágenes de menores manteniendo relaciones sexuales, consentidas o no, es un ataque a la intimidad.
No obstante, también podríamos discutir si en lugar de un tipo genérico es necesario ir a un tipo específico, porque se considera insuficiente el tipo genérico. En eso estamos dispuestos a colaborar, de ahí que podamos llegar a un acuerdo con las enmiendas que hemos presentado.
Al Grupo Parlamentario Socialista le parece muy bien que se abra este debate, que conozcamos los problemas reales y que, una vez conocidos, abordemos las reformas necesarias. No nos gusta en esta materia la precipitación. Desde luego, estamos por el consenso, lo dijimos en su día: el Gobierno va a tener nuestra mejor predisposición para tratar de consensuar, si es que hay que reformar algo del Código Penal. Es posible que haya algún tipo que especificar, pero nos gustaría tener todos los datos de la realidad de la aplicación judicial, porque llevamos sólo tres meses desde que el Código Penal ha empezado a marchar.
No nos gustaría instrumentalizar este tema, sino que todos en esta Cámara fuésemos capaces de ponernos de acuerdo para que el mensaje que lancemos a la sociedad --y en eso el Grupo Socialista va a estar con todos ustedes-- sea que tenemos todos una gran sensibilidad a la hora de proteger a los menores. Pero tampoco nos gustaría que por eso se trate de hacer una reforma precipitada; y menos aún nos gustaría que, al hilo de intentar proteger o sobreproteger a los menores --puede darse el caso--, consigamos criminalizar a un sector de nuestra población porque, como decía el informe de población de Naciones Unidas, del año 1995, en el año 2000 el 50 por ciento de la población tendrá menos de 15 años.
Esperemos, señorías, que a través de las enmiendas que hemos presentado podamos llegar a un acuerdo para, con serenidad y con reflexión, ver si hay algún tipo específico o nuevo que introducir en el Código Penal para lo que creo que todos queremos conseguir: que ninguna conducta que ataque a la libertad sexual de un menor quede impune.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Fernández de la Vega.
Para la defensa de la enmienda que tiene presentada el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario parte de la base de que todo Código Penal es una gran obra en la que si aplicásemos los criterios del derecho administrativo y de la legislación contractual, nos encontraríamos, como en toda gran obra, con una recepción provisional, un período de garantía, y, finalmente, una recepción definitiva. Esto ocurre con todas las grandes obras. Acabada la obra se entrega, se examina durante un período de tiempo para ver si existe algún defecto, si existen goteras, si hay alguna otra anomalía, se procede a su corrección y, finalmente, se efectúa su recepción definitiva. Esto tampoco supondría entender que esta obra es perfecta, y digo perfecta en el sentido de acabada. Obviamente, la realidad social va por delante de la ley y, por tanto, va también por delante de los legisladores.
Digo esto porque, con la legitimación que le da al Grupo Parlamentario Catalán el haber votado en su día el Código Penal, el haber apoyado la investidura del Presidente del Gobierno y prestar apoyo parlamentario a este Gobierno, llamamos a la generosidad de los dos principales grupos de esta Cámara para que no configuremos este Código Penal como un castillo a asaltar o a defender. como una trinchera donde tengamos que consumir esfuerzos de esta Cámara, sino que, por el contrario, y sin dejar a un lado la pasión (porque obviamente a la pasión llama la protección de los intereses de los menores, los intereses de la sociedad y los intereses de la protección del medio ambiente y de la ordenación del territorio, así como muchos otros, sobre todo los de los menores), sin dejar de lado esa pasión, decía, entendamos que todo código es una obra fundamentalmente de la razón y, por tanto, nos demos también la serenidad, la tranquilidad y el equilibrio para entender cuáles son las conductas que tenemos que tipificar y el equilibrio de intereses que debemos satisfacer.
Es precisamente esta filosofía a la que pretende servir la enmienda transaccional que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No queremos una vuelta al sistema anterior del Código Penal, a la tipificación como tal de las violaciones, prescindir de la división entre agresiones sexuales y abusos sexuales; no pretendemos volver tampoco --lo digo con toda sinceridad-- a una introducción del antiguo elemento

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de la corrupción de los menores, entre otras cosas porque esta corrupción después será fruto de una elaboración jurisprudencial, que no legislativa, y a veces se llegaba a la triste conclusión de acabar mermando la propia libertad que se pretendía defender en algunos casos.
Mi grupo entiende que el título VIII del Código Penal, junto a la propia libertad sexual, protege también algún otro bien; y a eso hacemos referencia con el concepto de indemnidad o incluso integridad en esta enmienda transaccional. Obviamente, junto a la libertad sexual se protege también la libertad de la formación y del libre desarrollo de la personalidad de los menores respecto a determinadas injerencias. Ese bien jurídico que se protege precisamente al tipificar la venta de la pornografía a los menores, también puede servir para introducir la tipificación de alguna otra conducta que en estos momentos no se encuentre correctamente tipificada en el Código Penal.
En cualquier caso, también se ha puesto de manifiesto que la tipificación de los abusos sexuales a los menores de 12 años, con una pena máxima de dos años, puede ser insuficiente en casos de abusos continuados (recuerden SS. SS. que hasta los dos años de condena o de pena cabría producirse una suspensión de la ejecución de la misma), del mismo modo que ante abusos sexuales reiterados en mayores de 12 años podría considerarse a la pena de multa en algunos casos insuficiente. Estimamos que procede efectuar una revisión de estos tipos y de estas penas; y también procede examinar con el debido detenimiento, si corresponde, la protección del derecho del menor a una libre formación, desarrollo de su personalidad, protección ante determinadas injerencias y tipificar alguna nueva conducta.
En cualquier caso, mi grupo estima que no sería procedente retroceder en el tiempo y volver pura y estrictamente al sistema del Código Penal anterior. Tengo que decir, después de examinar las enmiendas que presentaron los distintos grupos parlamentarios en la legislatura pasada al apartado relativo a corrupción de menores de este título del Código Penal, que ningún grupo pretendía precisamente eso.
Señorías, vuelvo a apelar a este esfuerzo de generosidad. Procedamos a dar esta satisfacción a intereses sociales muy dignos de protección.
Hagámoslo, eso sí, con la racionalidad, con la perspectiva y con la serenidad precisa. No pretendamos proteger tanto alguna libertad que la acabemos precisamente ahogando.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Silva.
¿Grupos que deseen fijar su posición al respecto? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, comprendemos la preocupación por este problema, del cual la iniciativa del Partido Popular es un síntoma.
A una fuerza política como el Bloque Nacionalista Galego, que no participó en el debate en esta Cámara del último Código Penal, le llama la atención que la iniciativa del Grupo Popular se centre en la modificación del título VIII del Código, relativo a los delitos contra la libertad sexual. Pensamos que no es afortunado centrar este debate en el artículo 181 del título VIII del citado Código pues habría que leer todos los artículos referidos a estos delitos contra la libertad sexual para juzgar la adecuación del Código Penal al tema que nos preocupa.
Efectivamente, hay que leer los artículos 178 a 183. Leídos conjuntamente uno observa que, para los delitos que figuran bajo este epígrafe, se contemplan penas que van desde seis meses hasta 15 años junto a una variada casuística que tiene en cuenta si hubo o no consentimiento por parte de la víctima; si hubo engaño o si se utilizó la superioridad moral, económica o laboral por parte del agresor; si hubo violencia o intimidación; si hubo un trato degradante y también, por supuesto, la edad, que es lo que ahora parece preocuparnos a todos gravemente.
Pues bien, señorías, no solamente se contempla a los menores de doce años, sino que se hace también una casuística en relación con aquellos que están comprendidos entre más de doce y menos de dieciséis años, donde se sitúan los delitos que se refieren a los muchachos y muchachas que tienen catorce años. Además, se habla clarísimamente de cuándo el abuso sexual llega a ser acceso carnal, empleando la terminología de este Código Penal y se tienen en cuenta las relaciones de parentesco del agresor e incluso el carácter de funcionario de un servicio público respecto a la agresión que sufre la víctima. El Código Penal establece que en caso de que se trate de relaciones de parentesco, minoría de edad y servicio público y funcionario, no se puedan aplicar penas menores a tres años, siendo, por lo tanto, de hasta diez o quince años, lo cual lleva implícito entrar obligadamente en la cárcel.
Hago este recorrido superficial por el Código porque no se puede decir bien intencionadamente que la llamada en otra época, desde el punto de vista de la subjetividad, corrupción de menores no aparece contemplado.
Aparece en lo que son acciones prácticas, que es lo que un Código Penal debe contener en último extremo. Por otro lado, los artículos 187 a 194 son, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, un arma suficiente para combatir la prostitución y la pornografía. Otra cosa distinta es, señorías, que estemos viviendo un momento en el que por circunstancias sociales, económicas y políticas y por el proceso de internacionalización, que no vamos a entrar a debatir, se esté creando una alarma social que aunque es efectivamente

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grave y debe ser tenida en cuenta, sería gravísimo que los partidos políticos lo llevásemos a nivel de la psicosis, porque no hay peor forma para afrontar un problema de este tipo que la psicosis a que nos tienen acostumbrados determinado tipo de conductas morales o políticas, sin ir más lejos en los Estados Unidos.
La impunidad en que sitúan muchos tribunales a los agresores frente a las víctimas no se debe a que este Código no sea suficiente, sino a los compromisos sociales que la Administración de justicia tiene, como toda administración humana, respecto a los agresores según su cualificación social y económica. No pensamos que la solución esté en hacer exclusivamente más punitivo el título VIII y recurrir exclusivamente a la vía represiva, sino que hay que tener en cuenta también la vía preventiva y en este sentido me permito incitar a SS. SS. a pensar en lo siguiente.
El caso de abuso de delito sexual contra menores, cuando se da en las familias, en las relaciones de parentesco, está muy vinculado a la miseria, a la pobreza, a la frustración psicológica y a la enfermedad psíquica. Hay que tener esto muy en cuenta. Y cuando el caso es de prostitución, está vinculado al negocio, al dinero, al sibaritismo o a la perversión, si ustedes quieren, conforme a determinado tipo de categorías morales. Todos los casos de pederastia que hoy nos están preocupando, efectivamente vinculan, con razón o sin ella, a personas de la alta sociedad a este tipo de vicios desde la perspectiva moral. Pero lo más grave son las agresiones, los asesinatos o la violencia terrible que se ejerce a través de un comercio de menores, que es lo que tenemos que combatir. Esto hoy es un negocio. No creo que lo sea porque el Código Penal, en concreto el de 1995, lo promueva o desampare a estos menores.
El Bloque Nacionalista Galego comprende la importancia crucial de este problema y se muestra favorable a apoyar la enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de tener, en primer lugar, una información, con la que a lo mejor podemos no contar, para saber cómo se cuantifican estos delitos, qué dialéctica social y económica tienen y ver la conveniencia de la modificación del título VIII.
Estimamos que esto se debe hacer desde una posición serena y tranquila, no dejándonos llevar por hipocresías sociales que no ayudarán a resolver el problema. Contando con una correcta información veremos después si podemos enfrentar un problema, que no es exclusivamente atribuible a un Código Penal sino a algo mucho más grave que podría ser objeto de debate cuando dispongamos de esa información o se cree la ponencia pertinente para, en su caso, volver a elaborar un nuevo Código Penal.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Muy brevemente, quiero sostener que, pese a las dudas que nos suscita el abordar tan pronto reformas del Código Penal, votaremos a favor de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular hace referencia a lo que en lenguaje ciertamente alarmista de actualidad en los medios se ha dado en llamar agujeros en los códigos, en alusión a la existencia de conductas merecedoras de reproche social, y que por un defecto en la regulación pueden quedar impunes.
Vaya por delante la creencia sostenida por mi grupo en el sentido de que cualquier reforma a la normativa penal debe abordarse de forma racional y desapasionada y que quizá fuese conveniente dejar andar algo más al Código para apreciar con suficientes elementos de juicio sus reales carencias.
El supuesto más notorio de que se ha hablado es el de la difusión de material pornográfico, protagonizado por menores, es decir, la circulación de pornografía infantil a través de las autopistas informáticas, no contemplado, es verdad, expresamente en el artículo 186 del Código, que sólo hace referencia a la difusión, venta o exhibición de material pornográfico entre menores, lo que dejaría en principio impune su difusión entre adultos.
Si existe laguna o no es una cuestión dudosa ya que he oído en boca de ponentes del Código Penal que queda cubierta la posibilidad de penar, con el artículo 301 que castiga a quien comercie o trafique con material delictivo, además de que en el artículo 189 se castiga a quien utilice a un menor con fines de exhibición pornográfica.
Algo parecido puede también decirse, dado lo joven que todavía es el Código, de las demás carencias que se han ido apuntando. Aunque creemos que sí es alarmante la posible existencia de un crimen sin delito, debe buscarse el convencimiento social lo más unánime posible de qué comportamientos no contemplados --si realmente lo están-- deben ser castigados.
El matiz de ponderación que introduce la enmienda del Grupo Catalán, centrando el posible objeto de estudio y reforma, nos lleva, sin embargo, a apoyar la tramitación de la proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDIALLAGUET: Nuestro Grupo, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa

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per Catalunya, va a apoyar la proposición no de ley y, en su caso, de ser aceptada la enmienda por parte del grupo proponente, la enmienda que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Compartimos la sensibilidad que se ha puesto de manifiesto en nuestra sociedad ante la posible insuficiencia. No lo queremos afirmar categóricamente, pero creemos que tiene que tener una prevalencia el sentir de la ciudadanía sobre las posibles discusiones doctrinales, y esa sensibilidad también nos ha hecho reflexionar.
Sentimos, evidentemente, la preocupación que anhela tanto en el grupo proponente como en los enmendantes, y por ello no vamos a hacer grandes consideraciones ya que nos reservamos para el momento en que, de prosperar esta iniciativa, tengamos que estudiar su fondo.
Lo que sí queremos llamar la atención es acerca de dos peligros que se corren en el tratamiento de esta cuestión. El primero de todos es el determinismo de la edad en cuanto lo que entendemos la posibilidad de manifestación de la personalidad por la actividad sexual. Nos parece que la edad puede ser un elemento, pero no puede haber una actitud de carácter determinista. ¿Por qué?, porque la maduración, la responsabilidad, el sentido de lo que llamamos una sexualidad responsable, se puede dar perfectamente con menor edad y, a lo mejor, no darse con unos años muy superiores a ella.
En segundo lugar, hay que tener mucho cuidado porque el bien protegible, que es la libertad sexual, puede permitir determinadas represiones contra toda actitud de violencia, intimidación o falta de consentimiento, pero también hay un bien protegible, que es la manifestación de la personalidad, y no creemos que sea lógico ni prudente el que, bajo una presunción por razón de edad de una falta de preparación, se impida algo tan importante como es la actividad lógica de cualquier ser humano en una manifestación cual es la actividad sexual de comunicación con el resto de otros seres.
Por esas razones, apoyaremos, como hemos dicho, esa proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular y, en su caso, la enmienda en el supuesto de ser aceptada.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Castellano.
Señora Barrios, como conoce S. S., hay presentadas dos enmiendas de modificación al texto que ha avalado su grupo parlamentario. De las palabras de la señora Fernández de la Vega, del Grupo Parlamentario Socialista, he entendido que este grupo presenta una transaccional a la del Grupo Parlamentario Catalán, consistente en el cambio de la palabra «indemnidad» por «integridad» en el apartado primero de la redacción que propone el Grupo Parlamentario Catalán, que supongo que el señor Silva acepta. (Asentimiento.) Por lo tanto, señora Barrios, inicialmente tenemos una enmienda de modificación del texto del Grupo Parlamentario Popular, que es la del Grupo Parlamentario Catalán con esa modificación que ha introducido el Grupo Parlamentario Socialista.


La señora BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, no me parece que se haya interpretado adecuadamente la presentación de las enmiendas. El Grupo Socialista presentó una enmienda ad petitum de esta proposición no de ley por la que se recogía un determinado texto. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó otra enmienda, que estudiaron el Partido Popular y el Partido Socialista y dijimos al portavoz de Convergència i Unió que modificara el término de «indemnidad» por «integridad». Considero que esto no es una enmienda transaccional del Grupo Socialista, sino la enmienda del Grupo de Convergència i Unió que modifica ese término. No comprendo por qué habla en este momento de una enmienda transaccional del Grupo Socialista cuando ni la portavoz del Grupo Socialista ni nosotros lo consideramos así.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): señora Barrios, seguramente que son interpretaciones distintas desde ópticas igualmente distintas. Pero, al final, la pregunta es la siguiente: ¿Acepta S. S. la enmienda de modificación que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la salvedad de cambiar la palabra «indemnidad» por «integridad», sí o no?

La señora BARRIOS CURBELO: Efectivamente, tal como se expresa ahora, señor Presidente, sí.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Barrios.
Vamos a someter a votación este texto de acuerdo con la afirmación de la señora Barrios. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por la que se insta al Gobierno a modificar parcialmente el título VIII del Código Penal, en los términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos.)

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--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE REGULA EL CONSEJO CONSULTIVO DE PRIVATIZACIONES (Número de expediente 162/000060)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, por la que se regula el Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Hernández Moltó. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Mi grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley que pretende regular, y quizá exponer por primera vez ante la luz pública, un órgano, probablemente desconocido para muchos de ustedes, que tuvo ocasión de constituirse en el mes de junio y que se autodenomina Consejo Consultivo de Privatizaciones. Como cuestión previa, mi grupo parlamentario quisiera hacer una salvedad necesaria y es que, como suele ser tradicional, las iniciativas de este tipo tienen la costumbre de ser bautizadas o denominadas con nombres y apellidos, dirigidas normalmente no a favor de nadie sino contra alguna persona. En ese sentido, mi grupo parlamentario quiere exponer claramente la consideración y el respeto personal y profesional que le merecen todos y cada uno de los miembros que componen ese consejo consultivo. De ahí nuestro deseo político, que explicitamos al inicio de este debate, de que quede absolutamente al margen cualquier insinuación o cualquier consideración de carácter personal, máxime porque las deficiencias de las que, desde nuestro punto de vista, adolece el mencionado consejo no se pueden achacar --ni mucho menos-- a los miembros del mismo, ni siquiera, si me apuran sus señorías, al Ministerio de Industria; quizá sean deficiencias más achacables al propio Gobierno, en el sentido más amplio de la palabra. Por eso traemos hoy aquí esta iniciativa, una iniciativa debida --y es una cuestión que también es necesario exponer antes de la consideración de la proposición-- a nuestra oposición a este consejo.
Tenemos serias reservas respecto a la constitución de un consejo de esta naturaleza, entre otras cosas porque consideramos que añade bien poco al proceso de privatizaciones, al conjunto de la vida pública, al conjunto de órganos que se ven afectados por la política industrial o la política de privatizaciones. Pensamos que, precisamente por su falta de regulación, tiene unas funciones que le harían más próximo al burladero de un gobierno que se defiende tras la opinión de un órgano hasta ahora poco conocido e incluso, en alguna ocasión, más próximo al concepto de un invento político que al de un órgano administrativo. Por tanto, sinceramente, creemos que es un órgano inútil para el objetivo que se pretende crear.
En cualquier caso, aún no compartiendo los motivos de su constitución, es que éstos van más allá, porque son motivos que pensamos que se enmarcan en un procedimiento que el Gobierno y el Partido Popular vienen manteniendo en los últimos meses y que creo que afecta de lleno al corazón del problema que estamos debatiendo. A los seguidores de la vida parlamentaria y a los cronistas parlamentarios no les habrá pasado desapercibido un hábito que viene desarrollándose prácticamente desde el mismo momento de constitución de esta legislatura. Es esa práctica en virtud de la cual se conceden medallas por méritos en determinadas cuestiones o gratificaciones de carácter político con determinado tipo de nombramientos. Por ejemplo, a nadie le habrá pasado desapercibida la concesión y la gratificación política que se produjo hace algunas semanas con la concesión de la medalla al mérito mercantil en clave de vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o bien la concesión de la medalla al mérito agrario con el nombramiento de algún parlamentario del Partido Popular como presidente de alguna empresa pública agraria, o en esta ocasión la medalla o medallas al mérito industrial en clave de presencia o constitución de un órgano como el que nos ocupa.
Nosotros ya entendemos la necesidad que el Presidente del Gobierno ha tenido para explicar a algunos de sus colaboradores más directos la composición de su propio Gobierno, la ausencia en determinados ámbitos o, diría más, lo escaso de la retribución política postelectoral que han llegado a tener. Ahora bien, ya entenderán que no nos resignemos a que esta Cámara y este grupo parlamentario puedan ser cómplices de esas estrategias, de esas facturas que, en cualquier caso, me parecen algo legítimo y en algún caso incluso generoso y noble por parte del Presidente del Gobierno, pero es un procedimiento del que no puede hacerse cómplice a esta Cámara, por dos cuestiones: por autoestima del propio Congreso y probablemente también por autoestima de los propios afectados. Precisamente por eso es por lo que no estamos de acuerdo con el órgano que se ha creado, porque, además, como no había un fundamento jurídico, político o administrativo, como simplemente tenía un fundamento de carácter partidario, esto probablemente nació con la precipitación que Santa Teresa diría de mala noche y en mala posada. Y, efectivamente, nació mal y, además, yo creo que nació con una vida realmente corta. Este es de los regalos envenenados; muchos quisieron sentirse gratificados con el nombramiento en un órgano que ya el que lo puso en marcha sabía que no se iba a poder desarrollar, y, por tanto, es normal que tenga el nivel de deficiencias que podemos observar.
También estamos en contra de la constitución de este órgano porque convendrán ustedes conmigo en que es realmente atípico. Sus señorías sobre todo los juristas

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que puedan haber estudiado en profundidad este proyecto, no creo que hayan encontrado muchos antecedentes. Hay algunos que dicen que los antecedentes del procedimiento se encuentran en un método británico. Yo creo que es la primera vez que a un método opaco y poco transparente se le llama británico; y es en esta especie de invento, repito, de club, en el que algunos toman unas decisiones cuyo alcance, desde luego, no se le escapa a nadie de los que están en la Cámara. Por tanto, no estamos de acuerdo con el órgano.
Ahora bien, no es el tema que traemos hoy a esta Cámara, puesto que reconocemos --cómo no, cómo no-- el derecho político del Gobierno a constituir el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Lo digo así y despacio para que algunos sepan que existe, porque, repito, yo estoy convencido de que para muchos es una buena oportunidad para tomar contacto con lo que llamaríamos la «paraadministración». Hasta ahora hemos estado hablando del presupuesto extrapresupuestario. Ahora nos introducimos en la Administración periférica o en la «paraadministración». Estoy ansioso por conocer los fundamentos jurídicos que algunas de SS. SS. puedan traer a esta tribuna para justificarlo. Por tanto, aunque no estamos de acuerdo y reconocemos que el Gobierno legítimamente puede crearlo, simplemente pedimos que se regule. Con el sentido cristiano que algunos tienen de la vida, simplemente pedimos que se bautice, que tome carta de naturaleza, que se le dé partida de nacimiento a este órgano. En definitiva, pretendemos que se revele el negativo, porque hasta ahora lo único que sabemos es que existe algo que quiere perseguir no sabemos qué y cuyos propios miembros no pueden tomar decisiones por miedo a caer en incompatibilidades, supuestas prevaricaciones --diré esto en un tono menor y que no es ofensivo--; es decir, falta algo, falta sustento, falta amparo, falta regulación, falta probablemente voluntad política de haberlo creado. Creo que detrás de esto había voluntad de que no se pusiera en marcha, pero dirán ustedes que a lo mejor uno es un mal pensado.
Después de estas reflexiones entenderán que la proposición de ley que traemos no ha sido una ocurrencia del Grupo Parlamentario Socialista. Hay fundamentos, hay elementos que nos permiten pensar que esto en lo que no creemos puede ser mejorado, porque estaremos de acuerdo en que esto no es un club liberal, en que es un órgano de la Administración. Si vamos a la legislación vigente, desde la Constitución hasta incluso el propio proyecto de la Lofage que se está discutiendo, y el Gobierno no irá contra sus propios actos, vemos que según consta en la exposición de motivos de este último proyecto, cualquier órgano con funciones administrativas de decisión, de propuesta o de asesoramiento deberá ser creado, de acuerdo con los artículos 10 y 65 de la Lofage, por real decreto aprobado en Consejo de Ministros. Entiendo que el deseo y la voluntad política del Gobierno es que no existan órganos tan desamparados, tan huérfanos de apoyo jurídico, de apoyo administrativo como el que estamos tratando.
Sé que ustedes comparten conmigo la necesidad de legalizar este consejo, de sacarlo de este impasse, de esta situación no diré de ilegalidad, sino de alegalidad; de dar a los propios miembros y padres de la idea la energía, los elementos, los medios suficientes para que puedan desempeñar y para que puedan desarrollar adecuadamente su gestión. Tenemos la posibilidad de enmendar el error. Traemos aquí la proposición de ley para hacer bien lo que quizá por precipitación no pudo hacerse en ese momento, pero para eso habría que empezar también a eliminar dudas. Hasta ahora uno de los problemas con los que nos estamos encontrando cuando mencionamos este asunto es que todo el mundo habla por lo bajini de este órgano, hablan como si fuera un órgano vergonzante, y es que el Gobierno, en esa situación confusa, en esa situación poco transparente, está poniendo bajo sospecha el Consejo Consultivo de Privatizaciones, porque está en la más absoluta clandestinidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros, interesados, curiosos y obligados a desempeñar nuestra tarea de oposición, en el debate presupuestario preguntamos por el Consejo Consultivo de Privatizaciones. ¡La que se montó! Todo el mundo se puso a buscarlo. Tanto se pusieron a buscarlo, y alguno llegó a encontrarlo, que esta hoja es toda la documentación que a la oposición de este Parlamento se le dio sobre el consejo consultivo, un documento apócrifo, un documento casi clandestino, que no tiene membrete, ni pie, ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Si consideran que tiene que existir este consejo, denle algo, denle aire, denle carta de naturaleza. Preguntamos quiénes eran sus miembros, dónde estaba, a qué se dedicaba, qué presupuesto tenía. Para los que no sabían de este consejo, este documento hasta ahora es el único que ha tenido carta oficial de naturaleza de la existencia del consejo consultivo. Queremos evitar estas cosas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernández Moltó, vaya concluyendo.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muy bien, señor Presidente.
Queremos dejar de sospechar sobre este consejo. Queremos saber dónde está su sede social, queremos saber de quién depende, la dependencia administrativa, funcional, orgánica, presupuestaria. Queremos saber los medios que tiene, queremos saber quiénes lo componen, aunque ya lo sabemos, y si cobran, cuánto cobran y de qué cobran. Queremos contribuir a algo que yo he escuchado en muchas ocasiones que algunos miembros de esta Cámara que hoy están en el Gobierno pedían, y debían haber aprendido de lo machacón que ha sido el discurso que durante tantos años han lanzado. Queremos saber cosas elementales. No queremos saber aquí cosas ocultas. No queremos que nos

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digan nada que no esté sucediendo. Queremos simplemente que esta Cámara tome carta de naturaleza de su aprecio por sí misma, que esta Cámara no sea burlada por una iniciativa, repito, precipitada, sobre la que muy probablemente no hubo intención de que tuviera este tipo de desafueros, pero que evidentemente los está teniendo.
Por tanto, regulemos para evitar riesgos. Si alguna de SS. SS. hubiera tenido una sola duda de que era necesario regular este asunto, el propio presidente del consejo consultivo, con su comportamiento --que yo tengo que resaltar-- consecuente --he de decir que aunque algo tardío--, nos ha dado la pista de la necesidad de que este consejo se regule, porque si no es así, ¿por qué en su última reunión ante una decisión importante como la que se estaba ventilando, que era informar e influir sobre una decisión que tenía que tomar el Gobierno, tuvo --repito-- el derecho consecuente de abstenerse? ¿No parece que es un órgano algo contradictorio, un órgano en el que alguien puede actuar de una forma, repito, algo contradictoria? Es como si en un proceso el juez instruyera el caso como fiscal o como abogado defensor y a la hora de la verdad, cuando tuviera que dictar sentencia, se viera prisionero de su propia situación y no pudiera pronunciarse. Liberemos de estas contradicciones al Consejo Consultivo de Privatizaciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernández Moltó, termine, por favor.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Voy acabando, señor Presidente. Evidentemente yo creo que debemos contribuir a limpiar las dudas que hay en el ambiente, y por eso traemos una proposición no de ley yo creo que realmente muy clara, en la que pedimos que se regule, en la que además solicitamos que los miembros de este consejo se vean sometidos a los mismos niveles de transparencia que cualquiera de SS. SS., diré más, que cualquier subdirector general de la Administración central. ¿Les parece a ustedes razonable que, con las decisiones que se están adoptando, consejo que va a influir, que va a tomar decisiones sobre la venta de los activos más importantes del patrimonio empresarial de este país no quede sometido a un mínimo nivel de limitaciones? Si un subdirector general se tiene que pasar dos años sin trabajar en ninguna de las empresas sobre las que ha tomado alguna decisión, espero yo que ustedes coincidirán conmigo en que tendremos que saber dónde trabajan esos consejeros, a quién representan, y evidentemente en los dos próximos años no podrán ser contratados por las empresas privadas que han sido adjudicadas por ese consejo. Digo yo que estos consejeros no podrán recibir encargos de asesoría jurídica o económica mientras estén generando su actividad por las empresas o por los intermediarios que quieran acceder a comprar esas empresas. Digo yo que por la propia estima de los consejeros, necesitan que se les blinde su honestidad, y yo creo que esta es una iniciativa que favorece fundamentalmente a los consejeros. ¿O es que los consejeros, si tuvieran que hacer su vida transparente, ya no serían consejeros? Esa es una duda que puede estar planeando en la sociedad y que haría mucho daño al consejo y a sus miembros.
Por último, señor Presidente, decimos en esta proposición no de ley que, mientras tanto, por la seguridad de todos, incluida la de los consejeros, ante esas lagunas, ante esas dudas jurídicas, se abstengan de tomar ninguna decisión, sobre todo para no complicar este tema más de lo que ya está.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!-- Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
No habiéndose presentado enmiendas a la proposición no de ley, ¿qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria en esta proposición no de ley que presenta el Partido Socialista Obrero Español, con el propósito de regular el Consejo Consultivo de Privatizaciones, que fue aprobado en un Consejo de Ministros en el mes de junio pasado.
No voy a resaltar determinados --vamos a llamarles-- (Un señor Diputado: Llámales, llámales.) defectos de tipo gramatical en el preámbulo de esta proposición no de ley, cuando se dice, por ejemplo: El Gobierno viene enunciando una política de privatizaciones. Será: El Gobierno viene anunciando. Enunciar significa decir algo con brevedad, y el Gobierno se ha cansado de dar reiterada publicidad a una política necesaria de privatización. (Una señora Diputada: ¡Muy bien!) Se habla también de que el consejo debe estar integrado por personas de conocido prestigio. Quizá sea mejor decir de reconocido prestigio, pero lo que me preocupa no es esto, lo que me preocupa es que se hable de que los miembros del consejo deben tener en sus manos una información contable económica y financiera, y no se hable para nada de que tengan en sus manos una información patrimonial, tratándose de un órgano que tiene que asesorar en materia de privatización. Yo me pregunto si hay posibilidad de que haya datos contables sin contenido económico, financiero y patrimonial. No lo entiendo.
También me preocupa otro párrafo en el que se habla de la --por lo visto-- existencia real de un ocultamiento a los accionistas de determinados hechos de

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estas sociedades a privatizar. ¿Dónde está el derecho a la información de los accionistas de las sociedades anónimas reconocidos por una ley específica, que al mismo tiempo señala una gravedad en la responsabilidad de los miembros del consejo de administración que tuviesen esa conducta, que viola un principio de contabilidad que se llama de imagen fiel, que además está no reiterado, pero sí castigado y tipificado en el nuevo Código Penal o código de la democracia? Dejando esto a un lado, nosotros creemos que el Gobierno --así lo ha reconocido el señor Hernández Moltó-- tiene capacidad propia para crear esta entidad; entidad que no es decisoria ni ejecutiva. Es una unidad asesora, administrativamente se califica como unidad asesora. No es un órgano colegiado. No dicta actos administrativos. No se pueden recurrir sus actos. No es, por tanto, un órgano resolutivo. No está adscrito jerárquicamente a ministerio alguno y, según me informan, no tiene carga funcionarial alguna. Asimismo --también me informan--, sus miembros no perciben retribución alguna, salvo, en su caso, dietas e indemnizaciones que correspondan conforme a la ley. Por lo tanto, más que un caramelo envenenado, es un caramelo no gratificado. Su misión consultiva afecta a la publicidad, transparencia y libre concurrencia de las operaciones concretas y el desarrollo del proceso de las privatizaciones.
Si examinamos la legislación vigente y el proyecto de ley de la Lofage, vemos que la creación de este órgano no requiere de un real decreto. Su existencia actual está en armonía con la legislación vigente y con este proyecto de ley que he citado. No es, en resumen, y utilizando un vocablo que no está en el Diccionario de la Real Academia Española, alegal. Es legal. Está dentro de las facultades del Consejo de Ministros.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, votaremos negativamente la proposición no de ley que se debate.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
La posición del Grupo de Convergència i Unió respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista va a ser la de votar negativamente a su propuesta en cuanto a proceder... (Rumores.) Lo siento muchísimo, señorías. En cuanto a proceder, repito, a la regulación pertinente del reciente Consejo Consultivo de Privatizaciones, así como también a que los miembros de dicho consejo queden sujetos al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 12/1995.
Hemos tomado esta decisión en base a tres consideraciones que voy a exponer muy brevemente. En primer lugar, por una cuestión de forma.
Convergència i Unió considera que el Consejo Consultivo de Privatizaciones no es ninguna persona jurídica ni ningún órgano de la Administración. Es, como su nombre indica, un consejo consultivo carente de personalidad y, en consecuencia, sus actuaciones son solamente vinculantes. Por ello, los informes y opiniones que emitan los miembros integrantes de dicho consejo tendrán un mero carácter consultivo, sin fuerza vinculante; asimismo, este consejo no tiene ningún carácter permanente, solamente se reunirá cuando se haya de proceder a un informe consultivo para las privatizaciones y siempre y cuando lo requiera la Administración.
También vamos a votar en contra de dicha proposición no de ley por una cuestión no de fondo, y ya me referiré a cuestiones políticas importantes y procedentes en este debate. Primero, nosotros estamos convencidos de que la regulación de dicho consejo consultivo burocratizaría el trabajo permanente, en cuanto a dar agilidad a todas las privatizaciones que ha de poner en marcha el Gobierno, y entendemos que sería un obstáculo importante para dar la agilidad y transparencia de la cual han de estar dotadas las privatizaciones que se lleven a cabo durante esta legislatura. En la cuestión de la transparencia de dichas privatizaciones, me gustaría hacer mención a las iniciativas llevadas por mi grupo, Convergència i Unió, concretamente en junio de 1995, en el sentido de que, a través de esta Cámara, y en el debate global de privatizaciones, se aprobó la creación de una ponencia para que fuera efectivo el seguimiento de todas las privatizaciones a lo largo de dicho año 1995, pero finalizó dicho año sin que el Gobierno hubiera creado dicha ponencia; y esto sí que era una cuestión importante de cara a la transparencia y a la agilidad de las privatizaciones.
Quiero recordar asimismo a la Cámara que desde Convergència i Unió, insistiendo en el mismo objetivo de la transparencia, de la agilidad y la celeridad de las privatizaciones, hemos presentado una iniciativa parlamentaria en la Comisión de Industria y Energía con el fin de crear una subcomisión para que dichas privatizaciones sean transparentes y ágiles, ya que, en definitiva, el objetivo que se persigue en las privatizaciones, independientemente de la transparencia, es mejorar la eficiencia económica del tejido productivo, así como la competividad de nuestro tejido industrial.
Hay otra razón de peso, importante, por la cual nuestro grupo va a votar en contra de dicha iniciativa presentada por el Grupo Socialista, que son las razones prácticas que avalan que no es necesario, señor Hernández Moltó, regular ningún consejo consultivo ni ningún órgano de la Administración para llevar a cabo dichas privatizaciones. Concretamente, del año 1985 a 1995 ustedes privatizaron total o parcialmente 50 empresas del desaparecido Instituto Nacional de Industria y 12 del Patrimonio. La mayoría de esas privatizaciones tuvieron un buen objetivo y seguramente

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también representaron importantes ingresos para la caja del Estado sin ningún control parlamentario, sin ninguna comisión al respecto, sin ninguna regulación de ningún consejo consultivo.
Asimismo quiero recordarles, señorías, que durante el período 1989/1995, por ustedes, y en muchos casos con el apoyo parlamentario de Convergència i Unió, se llegó a la privatización del 90 por ciento de empresas tan importantes como Repsol, el 12 por ciento de otra empresa también básica e importantísima en España como es Telefónica, el 75 por ciento de Argentaria y el 32,7 por ciento de Endesa, sin ningún control de comisiones parlamentarias ni ninguna regulación de ningún órgano consultivo.
Entendemos, señoras y señores Diputados, que es posible, por razones prácticas, impulsar las privatizaciones, la modernización del tejido empresarial público español, sin ningún tipo de regulación efectiva de dicho consejo consultivo, porque, en definitiva, los que han de controlar las privatizaciones, los que han de velar por la transparencia de las mismas es el Congreso de los Diputados y la Comisión de Industria y Energía.
Por estos motivos, el Grupo de Convergència i Unió votará negativamente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista, fundamentalmente, y en primer lugar, por sentido común.
Un nuevo organismo tan importante, según el propio Gobierno, para las decisiones que se van a tomar, relativas a las privatizaciones de empresas públicas no puede estar sin regulación, no pueden desconocerse los criterios con los que funciona y, por tanto, cuáles son los elementos fundamentales para ese tipo de informes, es decir, si va a primar la información sobre la empresa o el sector en el que está esa empresa afectada por una privatización, si van a primar los criterios sociales de empleo, los criterios de la propia viabilidad económica de ese sector, qué criterios se van a tener a la hora de estudiar las posibles ofertas de compradores, a quién se vende y por qué; si solamente van a ser criterios estrictamente contable o si va a primar otro tipo de criterios como, por ejemplo, el que imponen los propios presupuestos del Estado de este año.
A nadie se le oculta que en estos presupuestos, solamente en la sección de Industria están previstos más de 460.000 millones de pesetas de ingresos procedentes de la venta de participaciones o de empresas públicas. Tal volumen de patrimonio público no puede quedar supeditado simplemente al informe de una Comisión, que el propio Gobierno denomina sui generis en un informe que ha emitido recientemente, que queda fuera de cualquier regulación, control, etcétera.
Como se ha dicho antes, yo creo que se hace un flaco favor a los miembros de esa Comisión al mantenerles en esa situación de irregularidad. En primer lugar, porque van a estar sometidos a muchas tensiones, dada la importancia de los intereses en juego en muchos de los sectores en los que hoy se está actuando para su privatización. No hay más que leer la prensa económica, por ejemplo, de hoy, y ver las tensiones que está habiendo en la OPA en relación con Sefanitro y Fertiberia, donde incluso hay una imputación, una vez más, al señor Piqué de haber hablado demasiado al citar que Fertiberia podía ser el socio de Sefanitro. Una vez más, hay intereses tan importantes en juego que algunos empresarios empiezan a decir ya: cuidado que vienen los nuestros, en el sentido de que piensan que pueda haber determinadas actuaciones que pueden estar supeditadas a otro tipo de intereses. No tengo ninguna opinión previa sobre los componentes de este órgano consultivo, pero, si no se corrigen estas situaciones, van a ser sometidos a un importante bombardeo por parte de la propia opinión pública sobre sus posibles actuaciones y decisiones.
Si aterrizamos en el terreno jurídico, en nuestra opinión, este órgano se crea exclusivamente por una decisión del Consejo de Ministros, dentro del documento llamado Plan de modernización del sector público, del cual nosotros ya habíamos evaluado que, más que un plan de modernización, era un plan de venta del sector público. Nos preocupa también porque, incluso entrando en la lógica del Partido Popular y del Gobierno, intentar vender en un año, para estos presupuestos, más de 460.000 millones va a incidir directamente en la oportunidad, desde su criterio político, de esas ventas y los efectos sobre los precios, incluso de sus acciones, o la situación de las ventas. Es la ley de la oferta y la demanda. Cuando alguien sabe que uno tiene que vender a corto plazo, los precios caen y hay una incidencia importante en los procesos, que además se mueven con otras referencias, según el sector del que estemos hablando.
Este acuerdo del Consejo de Ministros nunca ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» como tal acuerdo. Y existe jurisprudencia que señala que un acuerdo del Consejo de Ministros que tenga naturaleza de disposición de carácter general y no haya sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» no ha nacido como tal, ni puede aplicarse como norma jurídica vigente, ni servir de fundamento a una resolución.
Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, de 9 de marzo de 1992, al respecto. Al mismo tiempo, el artículo 52 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, establece que, para que produzcan efectos

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jurídicos las disposiciones administrativas, habrán de publicarse en el diario oficial que corresponda.
Si hablamos de la naturaleza de este consejo consultivo que, insisto, el propio Gobierno denomina en sus informes órgano sui generis, el Gobierno sostiene que del texto del acuerdo se deduce que no es un órgano administrativo, por cuanto no es incardinable lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 30/1992, ya que carece de dotación presupuestaria (punto 11.1.c.), no está integrado en la Administración pública y carece de adscripción jerárquica (11.1.a.) de la misma ley. Este ha sido uno de los argumentos, por ejemplo, para evitar la comparecencia de los miembros de este consejo en el debate presupuestario, a petición de diversos Diputados que queríamos conocer su opinión sobre la situación de las empresas de la Agencia Industrial del Estado y otras. Se argumentó precisamente la falta de dotación presupuestaria para escapar al control de esta Cámara.
Nosotros creemos que el Gobierno tiene razón en un sentido, y es que donde debe acogerse es al capítulo II, del título II, de la misma Ley, relativo a los órganos colegiados. Aquí sí tiene acogida el hecho de que puede autorregularse (párrafo primero in fine del artículo 22.2 de la Ley) y que no participe de la estructura jerárquica (párrafo segundo del artículo 22.2 de la misma Ley). No es posible afirmar su condición de órgano sui generis, porque en Derecho eso constituye una aberración jurídica, ya que no existe norma alguna que permita su existencia. La única es la vigente Ley 30/1992, y a ella debe someterse la creación de órganos de la Administración o relacionados con ella. Sólo son posibles los órganos recogidos en los capítulos I y II del título II de la Ley 30/1992. En consecuencia, para Izquierda Unida este consejo sólo puede ser calificado de consejo de amigos del Gobierno, del Ministro de Industria, de alguien que le pregunta qué opina sobre una situación concreta. Carece de relación alguna con la Administración General del Estado y ésta no tiene obligación ni necesidad de contar ni siquiera con el criterio de tan sui generis consejo.
Por otro lado, cabe preguntarse que, si sus funciones son consultivas y no de gestión, del artículo 11, en nuestra opinión, estarían sometidos al artículo 22 o, de lo contrario, al no estar amparados por ninguna norma, no son nada en términos jurídicos, ni siquiera en términos consultivos.
En cuanto a la no dotación presupuestaria, el Gobierno insiste en que la ausencia de dotación presupuestaria contribuye aún más al carácter sui generis del consejo, por cuanto no lo hace incardinable en el artículo 11.2.c). Esto es cierto, pero sí le somete, en nuestra opinión, al artículo 22 y siguientes, ya que en ellos no se hace referencia a la dotación presupuestaria, pues dicho artículo establece que los órganos colegiados quedarán integrados en la Administración pública que corresponda. De esto se deduciría, primero, que su dotación presupuestaria está integrada en la de la Administración correspondiente, Si no, de dónde van a salir las dietas, los gastos de gestión y personal administrativo, de dónde va a salir ese personal, o si también van a recurrir a otra comisión de voluntarios que apoye a esta comisión sui generis creada por el propio Gobierno. Segundo, que forzosamente los órganos colegiados deben estar integrados en la Administración correspondiente.
Apoyamos también esta resolución porque habla de otro tema muy importante, que son las incompatibilidades. Nosotros nos reservamos en este momento la opinión para la comisión correspondiente sobre la posible incompatibilidad de los Diputados con la pertenencia a este órgano consultivo, entendiendo nosotros que están afectados por la Ley 5/1985.
Sí estamos de acuerdo, y por eso apoyamos la resolución, en que es de aplicación la Ley 12/1995 de incompatibilidad de altos cargos.
Por todas estas razones, en primer lugar, las de sentido común, pues un órgano que va a tener ese peso decisivo, según nos comunicaba el propio Ministro de Industria a los Diputados en sus comparecencias, a la hora de decidir como órgano independiente, ajeno a todas estas actividades, creo que debe ser regulado --y los primeros beneficiados en esta transparencia, en esta regulación, serán los futuros miembros o los actuales miembros de este órgano ya que les permitirá trabajar con mucha mayor tranquilidad y evitar la avalancha de críticas que, lo hagan mejor o peor, van a sufrir de los propios sectores implicados en estos procesos de privatización--, termino por donde empecé, reflexionen sobre esta situación y háganles un buen favor a los propios miembros de este órgano.
Y, en segundo lugar, respeten lo que ustedes mismos venían diciendo, que los procesos de privatización sean transparentes, que se traigan para su discusión a esta Cámara, porque ya hay ejemplos, como minas de Almagrera, que se ha privatizado con nocturnidad y alevosía; se convocó a los sindicatos para comunicarles que tenían ya otros interlocutores, que eran los futuros compradores y la Administración no quiso saber ya nada del diálogo con los sindicatos, pendiente todavía del informe del órgano consultivo sui generis, como lo califica el Gobierno, y pendiente de la decisión del Consejo de Ministros. Sinceramente, creo que se está emprendiendo el peor camino, y además, insisto, es necesario que comparezcan en esta Cámara para explicar por lo menos cuáles van a ser los criterios generales de evaluación de este tipo de procesos, para despejar dudas, para saber que no va a primar la urgencia presupuestaria de patrimonio público sin haberlo podido discutir previamente en esta Cámara.
Insisto en que nos parece que es una proposición no de ley muy razonable y que debería haber sido apoyada si no fuera porque a veces prima otro tipo de intereses. Dentro de poco, probablemente, en esta Cámara

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nos vamos a ver discutiendo la privatización de alguna empresa y alguno se arrepentirá quizás de no haber sido más reflexivo en este tema.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Santiso.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Troconiz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, realmente es para no dar crédito a lo oído de un Diputado que ya lleva largas sesiones en esta Cámara, cuando siempre se intenta tergiversar la realidad en una cosa u otra para llevar siempre el agua al cántaro de cada cual. Señor Hernández Moltó, sinceramente, una de dos, y usted creo que es el portavoz en la Comisión de Industria del Grupo Parlamentario Socialista, o no ha recibido la comunicación que les hizo el Ministro en la comparecencia, o no está al tanto de lo medios de comunicación en lo que es la Comisión Consultiva de Privatizaciones, o sencillamente, y con el más absoluto --y se lo digo con todo el cariño que sabe que le profeso-- descaro, miente. Señor Hernández Moltó, pienso que no se ha tomado ni siquiera la molestia de leerse el apartado noveno del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1996, por el que se crea el Consejo Consultivo de Privatizaciones.
El Consejo Consultivo de Privatizaciones, en el acuerdo del Consejo de Ministros, tal y como está configurado, tal y como está constituido, tal y como está --y para entendernos entre nosotros, porque me temo que con el barullo jurídico que se pueden formar ustedes no lo van a comprender-- regulado, no decide absolutamente nada. El Consejo Consultivo de Privatizaciones --y en este sentido redundante consejo y también consultivo-- se limita a asesorar al Consejo de Ministros y a la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en lo que se refiere a las propuestas que le realicen (y abro un paréntesis para explicarles cómo se va a realizar la intervención del Consejo Consultivo de Privatizaciones en el proceso, cierto, importante, necesario y esencial para la economía española de la privatización del sector público estatal) sobre privatizaciones los agentes gestores de privatizaciones, que les digo que son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales y la Agencia Industrial del Estado. Sólo a efectos de que el Consejo de Ministros tenga la confianza, la garantía de ocho magníficos profesionales que voluntariamente colaboran en las tareas públicas del Gobierno, a los efectos de garantizar la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia en el proceso de privatización de las acciones que se vayan a enajenar de estos agentes gestores actualmente titulares absolutamente de las participaciones del sector público.
Y permítanme que les diga algo al hilo de esta cuestión. Se dice en la exposición de motivos de la proposición no de ley que la ley recientemente aprobada por este Pleno, pendiente aún de tramitación por el Senado, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, desvirtúa, agiliza, facilita que el Gobierno actúe con discrecionalidad a los efectos de privatizar en la modificación que realiza de los artículos 103 y 104 de la Ley de Patrimonio del Estado. Nada más alejado de la realidad. Esta modificación --y lo reitero, puesto que parece que no se entera nadie de lo que se dice en esta tribuna cuando toma la palabra el Grupo Popular-- se limita a recoger la situación jurídica actual de cómo está regulado el entramado español de participación del Estado en cuanto a su tenencia de las participaciones en empresas públicas.
Exclusivamente. No se trata de allanar en absoluto el camino para llevar a efecto las privatizaciones. Por lo tanto, esté tranquilo, señor Hernández Moltó, en la medida en que no tiene razón en lo que manifiesta en la exposición de motivos en relación a este punto. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Y ahora vayamos al núcleo fundamental de la cuestión. El Consejo Consultivo de Privatizaciones, señor Presidente, señoras y señores Diputados, ¿es un órgano o no lo es? Hemos de concluir muy fácilmente: no es un órgano, porque para saber si lo es hemos de pensar previamente qué es un órgano y un órgano es un conjunto de competencias y atribuciones de las que es posible imputar su actuación a la organización de la que forma parte. Al mismo tiempo, y en la posible conceptuación que le dé el posible futuro artículo 5.2 de la ley de organización y funcionamiento de la administración general del Estado, será una unidad administrativa cuya actuación produce efectos jurídicos frente a terceros.
No estamos ante un órgano, porque el Consejo Consultivo de Privatizaciones asesora al Consejo de Ministros con efectos sólo para el Consejo de Ministros, con los informes que le quiera someter el Consejo de Ministros, sin eficacia respecto de terceros. El Consejo de Ministros quiere estar tranquilo de las decisiones que realiza, el Consejo de Ministros quiere saber que las decisiones de privatización se hacen de acuerdo con procedimientos adecuados, con procedimientos económicos con garantías suficientes, con procedimientos jurídicos que den la necesaria publicidad, transparencia y garantía del principio de libre concurrencia.
De esto se trata en lo que se refiere a la actuación, simple y llanamente, del Consejo Consultivo de Privatizaciones. No quieran ustedes buscar tres pies al gato, a pesar de que somos perfectamente conscientes de que son buenos amigos de hacerlo; no busquen tres pies al gato. El Consejo Consultivo de Privatizaciones es algo simple, es algo sencillo.
El Gobierno busca un grupo de profesionales independientes, pero independientes

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de verdad. (Rumores.) No porque la norma diga que el Consejo de Ministros nombrará a personas independientes, estos profesionales pasan a ser independientes, lo son porque efectivamente son independientes.
Por esto he de decirles, señoras y señores Diputados, que pueden estar absolutamente tranquilos en lo que se refiere a este grupo de trabajo, grupo de trabajo que el Consejo de Ministros acuerda su creación para que asesore sólo al Consejo de Ministros en aquello que éste decide someter a su voluntaria colaboración. No se trata de ninguna garantía ad extra, frente a terceros, respecto a la actuación futura del Consejo de Ministros; se trata de que el Consejo de Ministros, el Gobierno-- y comprendo que les duela que el Gobierno sea del Partido Popular, pero es así-- del Partido Popular entiende que es bueno que así se realice, que el Consejo Consultivo de Privatizaciones actúe como una asesoría interna del Consejo de Ministros.
Es más, señoras y señores Diputados, yendo, señor Hernández Moltó, a la posible regulación jurídica de un posible consejo asesor de privatizaciones, de un posible consejo que se dedicase a asesorar con garantía también frente a terceros respecto de las privatizaciones, una especie de Consejo de Estado de privatizaciones, no es posible realizarlo y no lo es por razones de eficacia, de oportunidad.
Voy a ponerles algunos ejemplos. En principio, el Consejo Consultivo de Privatizaciones tendrá un presupuesto de 150 millones de pesetas. Señor Hemández Moltó, usted no lo sabe porque no lo ha preguntado; si usted hubiera preguntado dónde se ubican físicamente las reuniones de este grupo de trabajo, sin lugar a dudas se le hubiera respondido, se le hubiera dicho. Si usted pregunta al Ministro de Industria con cuánto personal se va a dotar por parte de los diferentes entes privados, públicos, a los cuales va a servir el Consejo Consultivo de Privatizaciones, sin lugar a dudas se le dirá. Le invito a que así lo pregunte, y le puedo garantizar --en la medida en que puedo asumir el compromiso del Ministro de Industria-- que el Ministro le responderá adecuadamente y, desde luego, con todas las explicaciones que S. S. tenga por conveniente.
Les hablaba de un presupuesto de 150 millones de pesetas, porque hablando de otros órganos en el pasado habrá que ver sus presupuestos. ¿Sabe cuál es el presupuesto, exclusivamente de explotación, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales? 1.210 millones. La Agencia Industrial del Estado, 1.176 millones de pesetas. Un órgano muy querido para ustedes, la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, ¿saben cuál es su presupuesto? 3.249 millones de pesetas. ¿Saben ustedes cuál es el presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear? 4.642 millones. Les voy a dar otros cuantos presupuestos más. Consejo Económico y Social, 899 millones de pesetas. Agencia de Protección de Datos, 469 millones de pesetas. Frente a ello, nos encontramos ante un presupuesto muy parco para la importante misión que tiene encomendada el Consejo Consultivo de Privatizaciones, asesorar al Consejo de Ministros en la importantísima labor que tiene que realizar respecto a las privatizaciones del sector público español.
Señoras y señores Diputados, ya he dicho que razones jurídicas avalan que votemos, lógicamente, en contra de esta proposición no de ley, porque jurídicamente no es un órgano y, por consiguiente, no debe tener regulación, y más aún, señor Hemández Moltó, tenga usted en cuenta que en su proposición no de ley llega a decir que se regule el Consejo Consultivo de Privatizaciones que ya ha sido constituido con anterioridad. Una de dos, o está constituido o hay que regularlo. Pero si usted dice que hay que regularlo es porque no está constituido.
Independientemente de estas cuestiones, que pueden ser y a veces parecen nada más y nada menos que terminologías jurídicas que se van y se vienen, jurídicamente no es un órgano, jurídicamente no es necesario regularlo y, en la medida en que no aparece a la vida del Derecho este grupo de trabajo formado por el Gobierno, evidentemente ni le es de aplicación ni se le puede aplicar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 11 de mayo de 1995, ni ningún régimen especial ni específico ni de declaración de bienes ni de declaración de actividades. Por consiguiente, y por lo mismo, he de decirle que no ha lugar a razón alguna que aconseje la paralización de las actuaciones del Consejo Consultivo de Privatizaciones, que, por cierto, hasta ahora ha elaborado dos magníficos informes, a cuya lectura le invito --por cierto, pídaselos al señor Ministro de Industria, que también estoy convencido de que se los facilitará--: uno, sobre la privatización de Gas Natural, S.A. y, otro, sobre la privatización de la Compañía Telefónica Nacional de España.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández de Troconiz, le ruego que vaya concluyendo.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ: Voy concluyendo, señor Fernández-Miranda.
Lo que sucede es que, ante el cambio de Presidencia, el señor Beviá fue un tanto generoso con el señor Hernández Moltó y me gustaría que hiciese un ejercicio de benevolencia a los efectos de poderle responder adecuadamente sobre todas las cuestiones que ha planteado, porque quiero resolver las dudas que comprendo que tiene, en la medida en que no ha leído adecuada ni correctamente los asuntos relativos a este Consejo de Privatizaciones.
Hay también razones políticas, en cuanto a razones de garantía y eficacia, no solamente presupuestarias, respecto al funcionamiento, tal y como está constituido el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Y es que miren ustedes, encontrar a magníficos profesionales en España que están actualmente bien en la universidad,

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bien en la empresa privada, bien en sus despachos profesionales, para que se incorporen a la Administración a colaborar en este asunto tan importante para el futuro de la economía española, señor Hernández Moltó, que estén dispuestos a incorporarse con esa dedicación y con un régimen de incompatibilidades como el que ustedes plantean es imposible.
Y hablando de medallitas, le quiero recordar --y se me pasa por la imaginación-- las medallitas al mérito financiero, dos, y la medallita, por ejemplo, al mérito en la telefonía, una. Y como no hay profesionales que sean capaces y estén dispuestos al régimen de incompatibilidades que supondría su incorporación a la Administración de acuerdo con la regulación de un órgano, entendemos que es una buena manera de innovar en la Administración española, entendemos que es una magnífica forma de crear estructuras organizativas de consultoría respecto del Gobierno perfectamente factibles sin tener necesidad de llegar a regímenes de contratación específica, sin tener necesidad de llegar a incorporaciones a la Administración para que actúen como titulares de cualquier tipo de órganos administrativos, en este caso, de un órgano colegiado.
Señor Hernández Moltó, sinceramente quiero decirle que este asunto no tiene chicha política, creo sinceramente que usted muerde en hueso, y le voy a decir por qué. El Gobierno está empeñado en que el proceso de privatizaciones se haga con claridad, transparencia, publicidad y libre concurrencia y, en esta medida, difícilmente va a encontrar nada que hacer en el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Además, nuestro grupo va a apoyar la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de Industria para que políticamente se vigile muy de cerca el proceso privatizador del sector público estatal. Por consiguiente, esté tranquilo, que se van a garantizar absolutamente los principios que se quieren mantener y defender en el proceso de privatizaciones. Y he de decirle --y no quiero entrar, evidentemente, en réplica con el señor Sánchez i Llibre-- que ya antes se privatizó mucho y, por desgracia, sin garantías. Este Gobierno quiere privatizar todo lo privatizable y con todas las garantías posibles, necesarias, pero, claro, imaginables.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--El señor Hernández Moltó pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández de Troconiz.
Señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: señor Presidente, en principio, creo que el artículo 71 es el que me ampara, pero si no, le dejo a usted que busque el artículo que corresponda para consumir un minuto (Risas), fundamentalmente a efectos de las 16 menciones que se han hecho, aproximadamente .


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Yo no voy a buscar el artículo porque no hace falta, señoría. Yo le recuerdo que se ha producido una fijación de posición que no es coincidente con su proposición, obviamente. Creo que no se ha utilizado un turno en contra, pero si S. S. ha percibido contradicciones, que ha sido enmendado o ha sido contradicho --no aludido porque, obviamente, usted es el artífice de la iniciativa y ha sido aludido continuamente--, le doy la palabra durante tres minutos, rogándole que no se exceda del tiempo marcado.
(Rumores.) ¡Silencio!

El señor HERNANDEZ MOLTO: Me hace falta mucho menos tiempo, señor Presidente, porque de lo poco que me ha podido llegar con claridad de lo que el Diputado ha dicho desde la tribuna hay dos cuestiones que sí quiero resaltar y que no estaban en la intervención ni en el ánimo de mi grupo parlamentario. Una de ellas es esta nueva denominación que ha sido citada y calificada desde la tribuna como el voluntariado profesional para ayudar a las privatizaciones, una nueva ONG inventada por el Grupo Parlamentario Popular, del que yo sinceramente desconfío.
(Risas.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Punto segundo, señor Presidente. Si no es una ONG, es otra cosa que el señor Diputado ha citado: grupo de trabajo sin adscripción para asesorar directamente a las administraciones públicas. Pues mire usted, señor Diputado, me ha sacado de mi duda. El consejo a partir de ahora ya no es un órgano alegal, es un órgano ilegal, porque el artículo 159.2.d) de la Ley de Régimen Electoral prohíbe expresamente que los Diputados asesoren a ninguna de las administraciones públicas. Por lo tanto, señor Diputado, terminamos de calificar como ilegal el órgano sobre el que hoy aquí debatíamos. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Tiene la palabra el señor Fernández de Troconiz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, apelo a que me deje hablar por el artículo 72 bis tercius, que me imagino que es el artículo en función del cual hacemos estos turnos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. la palabra durante tres minutos. Le ruego que no se exceda, puede fijarse en la luz porque a lo mejor le resulta más sencillo.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Hernández Moltó, no sé qué tiene que ver

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que un grupo de trabajo, que, además, está previsto en el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en concreto en su artículo 38, entre en funcionamiento cuando esta ley esté aprobada definitivamente por esta Cámara; artículo 38, cuya lectura le recomiendo. No sé por qué habla de ONG, no sé por qué habla de órganos ilegales, cuando --insisto-- lo que no hay es un órgano y, en la medida en que no hay un órgano, difícilmente podemos hablar del 159.2 d), porque el 159.2 d) --si no recuerdo mal-- lo que dice es que la actividad de Diputado es incompatible con la realización de actividades de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, a favor de organismos o empresas del sector público, estatal, autonómico o local. Y en esta medida, difícilmente puede hablar de esta incompatibilidad cuando lo que no hay, sencilla, lisa y llanamente, es prestación de servicios de ninguna especie.
Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández de Troconiz.
Votación correspondiente a la proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se regula el Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 145; en contra, 159, abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la proposición no de ley.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN QUITO EL 26 DE JUNIO DE 1996 (Número de expediente 110/000034)

--ACUERDO EUROMEDITERRANEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE TUNEZ, POR OTRA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 17 DE JULIO DE 1995 (Número de expediente 110/000035)

--ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANIA RELATIVO A LA READMISION DE PERSONAS EN SITUACION IRREGULAR, FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996 (Número de expediente 110/000036)

--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA EN MATERIA DE SUPRESION DE VISADOS A TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS, FIRMADO EN BUCAREST EL 29 DE ABRIL DE 1996 (Número de expediente 110/000037)

--TERCER TRATADO SUPLEMENTARIO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, HECHO EN MADRID EL 12 DE MARZO DE 1996 (Número de expediente 110/000038)

--CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO AGUEDA ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA FREGENEDA (ESPAÑA) Y BARCA D'ALVA (PORTUGAL), FIRMADO AD REFERENDUM EN MADRID EL 18 DE ENERO DE 1996 (Número de expediente 110/000039)

--PROTOCOLO NUMERO 7 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, HECHO EN ESTRASBURGO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1984, ASI COMO RESERVA Y DECLARACIONES QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION (Número de expediente 110/000040)

--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE LETONIA, ESTONIA Y POLONIA AL CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCION DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970 (Número de expediente 110/000041)

--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO EN BAYONA EL 10 DE MARZO DE 1995 (Número de expediente 110/000042)

--CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS, HECHO EN NUEVA YORK EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1954, ASI COMO RESERVA QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESION (Número de expediente 110/000043)

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--CANJE DE CARTAS, DE FECHAS 17 DE JULIO DE 1996 Y 19 DE AGOSTO DE 1996, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS PARA LA CELEBRACION DE UN SEMINARIO SOBRE MISIONES DE PEQUEÑOS SATELITES (MADRID, 9-13 DE SEPTIEMBRE DE 1996) (Número de expediente 110/000044)

--MEMORANDUM DE RESPONSABILIDADES QUE HAN DE ASUMIR EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION CON RESPECTO A LA 38.ª REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL ARROZ (SEVILLA, 14 A 17 DE MAYO DE 1996) (Número de expediente 110/000045)

--ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO AD REFERENDUM EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996 (Número de expediente 110/000046)

--ACUERDO EN MATERIA DE PERMISOS DE RESIDENCIA Y TRABAJO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, FIRMADO AD REFERENDUM EN RABAT EL 6 DE FEBRERO DE 1996 (Número de expediente 110/000047)

--ACUERDO COMPLEMENTARIO DEL CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACION Y ANEXO, FIRMADO EN MADRID EL 25 DE ENERO DE 1996 (Número de expediente 110/000048)

--ACUERDO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO AD REFERENDUM EN SAN SEBASTIAN EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1995, CANJE DE NOTAS DE 8 DE MARZO DE 1996 Y 13 DE JUNIO DE 1996 POR EL QUE SE SUBSANA UN ERROR MATERIAL EN SU ARTICULO XVII (Número de expediente 110/000049)

--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE HONDURAS, SAN CRISTOBAL Y NIEVES, CHIPRE, ZIMBABWE Y COLOMBIA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES (LA HAYA, 25-10-1980) (Número de expediente 110/000050)

--PROTOCOLO DE ADHESION DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADOS EN SCHENGEN EL 14 DE JUNIO DE 1985, TAL COMO QUEDO ENMENDADO POR LOS PROTOCOLOS RELATIVOS A LA ADHESION DE LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA ITALIANA, DEL REINO DE ESPAÑA Y DE LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y DE LA REPUBLICA HELENICA, FIRMADOS, RESPECTIVAMENTE, EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990, EL 25 DE JUNIO DE 1991 Y EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 1995, ASI COMO EL ACUERDO DE ADHESION DE LA REPUBLICA AUSTRIACA AL CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN DE 14 DE JUNIO DE 1985 ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE LA UNION ECONOMICA BENELUX, DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y DE LA REPUBLICA FRANCESA RELATIVO A LA SUPRESION GRADUAL DE LOS CONTROLES EN LAS FRONTERAS COMUNES, FIRMADO EN SCHENGEN EL 19 DE JUNIO DE 1990, AL CUAL SE ADHIRIERON LA REPUBLICA ITALIANA, EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA, Y LA REPUBLICA HELENICA POR LOS ACUERDOS FIRMADOS RESPECTIVAMENTE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1990, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1991 Y EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1992, ACTA FINAL Y DECLARACION ANEJA, HECHOS EN BRUSELAS EL 28 DE ABRIL DE 1995 (Número de expediente 110/000051)

--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO NUMERO CINCO RELATIVO A LA INTEGRACION DE LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL APOYO EN SERVICIO DEL MRCA (NAMMA) Y LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EFA (NEFMA) EN LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EF2000 Y DEL TORNADO (NETMA) (Número de expediente 110/000052)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto VII del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en alguno de ellos? (Pausa.)

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Vamos a proceder a su votación.
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 26 de junio de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305, en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho acuerdo.
Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana ): Queda aprobado por unanimidad.
En este Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y la República de Túnez se ha realizado, habiéndose aceptado previamente por la Mesa de la Cámara, la corrección de las erratas que aparecían en el texto.
Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía relativo a la readmisión de personas en situación irregular, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 304; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho acuerdo.
Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre España y Rumanía en materia de supresión de visados a titulares de pasaportes diplomáticos, firmado en Bucarest el 29 de abril de 1996.


Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por unanimidad.
Tercer Tratado Suplementario de Extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 12 de marzo de 1996.


Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por unanimidad.
Convenio entre España y Portugal para la construcción de un Puente Internacional sobre el Río Agueda entre las localidades de La Fregeneda (España) y Barca D'Alva (Portugal), firmado ad referendum en Madrid el 18 de enero de 1996.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por unanimidad dicho convenio.
Protocolo número 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, hecho en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984, así como reserva y declaraciones que España va a formular en el momento de la ratificación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por unanimidad dicho protocolo.
Declaración de aceptación por parte de España de las Adhesiones de Letonia, Estonia y Polonia al Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada por unanimidad la mencionada declaración.
Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre Cooperación Transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por unanimidad dicho tratado.
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecho en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, así como reserva que España va a formular en el momento de la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada dicha convención por unanimidad.
Canje de Cartas, de fechas 17 de julio de 1996 y 19 de agosto de 1996, constitutivo de Acuerdo entre España

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y las Naciones Unidas para la celebración de un seminario sobre Misiones de Pequeños Satélites.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 304; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho canje de cartas.
Memorándum de Responsabilidades que han de asumir el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con respecto a la 38.ª Reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Arroz.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho memorándum por unanimidad.
Acuerdo de Cooperación Económica y Financiera entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado ad referéndum en Rabat el 6 de febrero de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 287; en contra, 14; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho acuerdo.
Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, para el Financiamiento de Programas y Proyectos de Cooperación y Anexo, firmado en Madrid el 25 de enero de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 306; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho acuerdo.
Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado ad referendum en Rabat el 6 de febrero de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 289; abstenciones, 18.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho acuerdo.
Acuerdo de Coproducción Cinematográfica entre el Reino de España y los Estados Unidos Mejicanos, firmado ad referendum en San Sebastián el 16 de septiembre de 1995, Canje de Notas de 8 de marzo de 1996 y 13 de junio de 1996, por el que se subsana un error material en su artículo XVII.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado por unanimidad.
Declaración de aceptación por parte de España de las adhesiones de Honduras, San Cristóbal y Nieves, Chipre, Zimbabwe y Colombia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 305; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada dicha declaración.
Protocolo de adhesión del Gobierno de la República Austriaca al Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie C, número 62.1, de 14 de octubre de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 302; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho protocolo.
Memorándum de Entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo. Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie C, número 63.1, de 14 de octubre de 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 292; en contra, 14.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho memorándum.


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DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 1.830.748.838 PESETAS, PARA EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES OCASIONADAS POR EL INCENDIO DE LA DISCOTECA DE LA CALLE ALCALA, N.º 20, SEGUN SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 20 DE ABRIL DE 1994 Y AUTO DE LA MISMA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1995 (Número de expediente 121/000009)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto VIII del orden del día, dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por un importe de 1.830.748.838 pesetas, para el pago de las indemnizaciones ocasionadas por el incendio de la discoteca de la calle Alcalá número 20, según Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 1994 y auto de la misma de 19 de septiembre de 1995.
Algún grupo desea fijar su posición (Pausa.) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado dicho proyecto de ley.
Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas porque, como SS. SS. saben, el punto V del orden del día se procederá a discutir en sesión secreta.


Continúa la sesión con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro 9567)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): La sesión se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

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