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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 39, de 14/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1996 VI Legislatura Núm. 39

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 38

celebrada el jueves, 14 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Comunicación del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento (continuación):

-- Propuestas de Resolución relativas a la comunicación del Gobierno sobre la participación de España en la Alianza Atlántica renovada (número de expediente 200/000001) (Página 1706)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley de envases y residuos de envases. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 17.1, de 4 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000011) (Página 1710)

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-- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 13.1, de 18 de septiembre de 1996 (número de expediente 121/000012) (Página 1739)

Informe anual sobre la Cuenta General del Estado:

-- Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1992 y resoluciones adoptadas por la misma (número de expediente 250/000001) (Página 1762)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez y diez minutos de la tarde.


Comunicación del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 196 del Reglamento (continuación) (Página 1706)

Propuestas de resolución relativas a la comunicación del Gobierno sobre la participación de España en la Alianza Atlántica renovada (Página 1706)

En defensa de las respectivas propuestas de resolución y para fijación de posiciones respecto de las de los restantes grupos parlamentarios, intervienen los señores Almunia Amann, del Grupo Parlamentario Socialista; Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Vázquez Vázquez (don Guillerme) y Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; y Rupérez Rubio, del Grupo Popular.
Se procede a las votaciones de las distintas propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1710)

Proyecto de ley de envases y residuos de envases (Página 1710)

En nombre del Gobierno, la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga), presenta el proyecto de ley de envases y residuos de envases. Manifiesta que la mejor forma de gestionar los residuos es evitar que se produzcan y, a su vez, conseguir que, una vez bien gestionados, se conviertan en materias primas secundarias. Esto es lo que pretende el Gobierno con el proyecto de ley, siguiendo las instrucciones y recomendaciones de la Directiva comunitaria 94/62. Se trata, por tanto, de una norma ambiental que, por su contenido, supone una modificación de la legislación general aplicable en materia de residuos sólidos urbanos que exige rango de ley y que va a representar para todos los españoles un importante cambio en sus conductas. Añade que este proyecto de ley se propone armonizar las normas sobre gestión de envases y residuos de envases de los diferentes países miembros de la Unión Europea, basándose fundamentalmente en las normas establecidas en Alemania y en Francia.
A continuación pasa a explicar el contenido del proyecto de ley, que consta de siete capítulos. Los tres primeros están dedicados a las disposiciones de general aplicación, a fijar determinados principios de acción de las administraciones públicas para fomentar la prevención y reutilización de los envases y a establecer objetivos de reciclado y valoración previstos en la citada Directiva; el capítulo cuarto regula los diferentes procedimientos establecidos en el sistema español; el capítulo quinto se refiere a requisitos aplicables a los envases y condiciones de seguridad; el capítulo sexto a sistemas de información y programación e instrumentos económicos, y el capítulo séptimo contiene el régimen sancionador. Asimismo, el Gobierno ha sido sensible a una serie de corrientes de opinión sobre algunos materiales que, si bien no están contemplados en la Directiva comunitaria, es necesario regular, como los utilizados para los envases que pueden ser más o menos agresivos con el medio ambiente

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y producir una mayor contaminación. Se refiere en este sentido a la polémica surgida por la utilización del policloruro de vinilo como material de envasado. El Gobierno se compromete, en el plazo de un año, a regular las medidas oportunas sobre la base de las conclusiones del estudio técnico que va a elaborar la comisión de expertos que contempla el proyecto de ley en la disposición final segunda. Igualmente, los ministerios de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo realizarán una evaluación de los aditivos nocivos y peligrosos utilizados en la fabricación de envases, con vistas a establecer un calendario para su sustitución en aquellos supuestos en que se pudieran aplicar algunas sustancias alternativas.
Expone, a continuación, que esta norma no solamente impone obligaciones a los ciudadanos y a los agentes económicos, sino que también recomienda a las administraciones públicas que pongan en marcha actuaciones que fomenten la realización de objetivos concretos fijados en la ley, por lo que tendrán la obligación de informar a los consumidores y usuarios sobre las nuevas medidas que se adopten. Por otra parte, se encarga a las administraciones públicas que tomen medidas para que, en la contratación de obras públicas y suministros, se favorezca el orden de prioridades en la gestión de los residuos de envases que anteriormente se ha señalado.
Finalmente, el proyecto de ley garantiza que el traslado de los residuos de envases y envases usados desde las islas y desde Ceuta y Melilla a la península se haga sin coste alguno cuando no sea posible su tratamiento en esos lugares.
Para la defensa de las distintas enmiendas presentadas, intervienen el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rodríguez Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto.
Contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
Replican el señor Frutos Gras, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Narbona Ruiz, del Grupo Socialista, y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, duplicando la señora Ministra de Medio Ambiente.
En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Vasco (PNV); el señor Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Popular.
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Mixto, se rechazan por 20 votos a favor, 288 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 141 votos a favor, 169 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Socialista, se rechaza por 141 votos a favor, 169 en contra y cuatro abstenciones.


Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 1739)

Presenta el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/l985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en nombre del Gobierno, la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Manifiesta que el proyecto se ciñe a dos reformas legales muy concretas y particularmente urgentes. Se trata, por un lado, de modificar la regulación de la situación de los jueces y magistrados que pasan a desempeñar cargos públicos ajenos a la Administración de Justicia y, por otro, de resolver los problemas ocasionados por la actual redacción del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de nulidad de actuaciones procesales. Añade, sin embargo, que no se agota la necesaria reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con estas dos cuestiones, siendo uno de los objetivos fundamentales de la política del Gobierno el fortalecimiento del Consejo General del Poder Judicial.
Confiesa que el Gobierno es consciente de que la Ley Orgánica del Poder Judicial necesita una reforma de mayor amplitud y más calado que la que representa el proyecto de ley que hoy se trae a la Cámara.
A continuación pasa a analizar los problemas a los que trata de dar respuesta el proyecto de ley. En primer lugar, a la redacción actual del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece las vías a través de las cuales pueden denunciarse los vicios de nulidad de pleno derecho que afectan a las actuaciones judiciales. Afirma que esta regulación ha originado graves problemas en la práctica de los tribunales, que han sido puestos de manifiesto por el Tribunal Constitucional y por el Consejo General del Poder Judicial, y se reforma el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar cabida, siquiera sea excepcionalmente, a un incidente de

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nulidad de actuaciones del que conoce el mismo Tribunal que haya dictado la sentencia viciada de nulidad y que permite que dicha nulidad sea declarada incluso cuando la sentencia sea firme. Añade que con esta nueva regulación se garantiza un adecuado equilibrio entre la protección del derecho de los justiciables a no sufrir indefensión y las exigencias de la seguridad jurídica y de duración razonable de los procesos.
En cuanto al segundo de los problemas que aborda el proyecto de ley, que es la situación de los jueces y magistrados que pasan a desempeñar cargos públicos no judiciales y el retorno de dichos jueces y magistrados al ejercicio de funciones jurisdiccionales, se establece un período de espera de aquellos jueces y magistrados que hayan desempeñado un cargo político antes de que puedan retornar al ejercicio jurisdiccional, para dar cumplimiento así al mandato constitucional que mantiene el ejercicio de la función jurisdiccional alejado de la política. Estima que la reforma proyectada no afecta de ninguna manera al derecho fundamental de acceder a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, y las únicas diferencias entre la regulación actual y la contenida en el proyecto se refieren a la situación administrativa en la que se queda durante el desempeño del cargo político, que deja de ser la de servicios especiales y pasa a ser la de excedencia voluntaria, y a las condiciones de reingreso en el servicio activo tras el cese en el cargo político, que deja de ser inmediato y en la misma plaza y pasa a demorarse tres años desde el cese y a plaza obtenida mediante concurso ordinario, salvo que se obtenga destino que no comporte ejercicio de la jurisdicción.
Para terminar, considera que las reformas que se contemplan en el proyecto son necesarias y dan respuesta a problemas reales de nuestra justicia y no hay por qué esperar a una futura y más amplia modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Castellano Cardalliaguet.


Se suspende la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Para la defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Jover Presa.
En turno en contra de las enmiendas, contesta el señor Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular. Replican los señores Castellano Cardalliaguet y Jover Presa, duplicando el señor Ollero Tassara.
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 119 votos a favor y 158 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 120 votos a favor y 160 en contra.


Informe anual sobre la Cuenta General del Estado (Página 1762)

Dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1992 y resoluciones adoptadas por la misma (Página 1762)

En turno de portavoces, intervienen los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pérez Touriño, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1992 y resoluciones adoptadas, se aprueba por 259 votos a favor, y ocho abstenciones.


Se levanta la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Reanudamos la sesión.
Como saben SS. SS., el Registro del Congreso, por decisión de la Mesa, estuvo abierto en la noche de

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ayer, tras la finalización del debate, hasta las once horas, y se han presentado propuestas de resolución por todos los grupos parlamentarios sobre las que se va a ordenar y producir el debate a partir de este momento. En consecuencia, conforme a precedentes producidos en ocasiones similares, la decisión de la Presidencia es mantener la ordenación del debate que se siguió en el día de ayer y, por tanto, que intervengan los grupos en un solo turno para fijar su posición respecto a su propuesta de resolución y, en el mismo turno, respecto a las propuestas de los demás grupos, utilizando, como digo, un solo turno, que se ordenará, como ayer, de menor a mayor representación parlamentaria, cerrando el turno de intervenciones el grupo que apoya al Gobierno.
Por tanto, para la defensa de su propuesta y la fijación de posición respecto de las demás, tiene la palabra el señor Almunia, en nombre del Grupo Socialista.


El señor ALMUNIA AMANN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista ha suscrito, junto con otros grupos parlamentarios, con la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, un proyecto de resolución conjunta que recoge las posiciones y los criterios que ayer sostuvo en nombre de mi grupo don Felipe González y en nombre de otros grupos y del propio Gobierno quienes intervinieron ayer en favor de la presencia definitiva de nuestro país en la estructura política y militar de la nueva Alianza Atlántica.
Con brevedad, voy a exponer o, mejor dicho, reiterar las principales razones de esta fijación de postura por parte del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, estamos plenamente convencidos de que España debe comprometerse en trabajar por la paz, debe comprometerse activamente para buscar fórmulas y mecanismos que aseguren al máximo posible la seguridad y la paz dentro y fuera de nuestras fronteras, y para ello, estamos convencidos, esta Cámara debe fijar con claridad las líneas que estructuren nuestra política de seguridad y defensa, dando, a partir de esas líneas, mandato al Gobierno para que plasme las mismas en la negociación de la renovación de la Alianza Atlántica.
No queremos que esa política de seguridad y defensa, que ese trabajo activo en favor de la paz sea decidido al margen de nuestro país, lo decidan otros países afectando a lo que va a ser la política de seguridad de España. Queremos que España esté activamente definiendo en común con otros países, con nuestros aliados, esa política, y no sólo lo queremos porque creemos que España debe jugar un papel más allá de nuestras fronteras en muchos ámbitos, sino que no es concebible, a nuestro modo de ver, una política de seguridad digna de tal nombre, una política de defensa digna de tal nombre a escala nacional. Eso sería una opción que llevaría más inseguridad a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de muchos países amigos del nuestro.
Ese afán colectivo en la definición de una política de seguridad y defensa lo vemos en el marco europeo y en el marco atlántico, y ayer el Secretario General del Partido Socialista y Presidente del grupo parlamentario ha explicado razones abundantes para justificar esa opción europea y atlántica de nuestra política de seguridad y de defensa, y a partir de ahí debemos dejar constancia de algo evidente que son los cambios que se han producido y que se van a producir en ese marco europeo y atlántico de la política de seguridad.
De 1989 a 1996 la OTAN ha cambiado y los europeos hemos decidido, en el marco del Tratado de la Unión, dotarnos de una identidad de seguridad y de defensa europea, y a partir de 1996 no podrán llevarse adelante esos propósitos y esos criterios si no se toma nota y si no se participa en plan protagonista en los cambios adicionales y profundos que va a sufrir la Alianza Atlántica, que debe sufrir la Alianza Atlántica y en la construcción en ese marco de una auténtica identidad europea de seguridad y defensa.
La Alianza tiene que dotarse necesariamente de una nueva estructura militar, así lo ha decidido, y esos cambios en la estructura militar de la Alianza no sólo afectan a los países que hasta ahora no hemos participado en la estructura militar integrada, sino que todos los países miembros de la Alianza actualmente y todos los países que desean pertenecer a la Alianza Atlántica y que, sin duda, lo harán en los próximos años, deben tomar nota e integrar en sus políticas de seguridad y defensa esos cambios y esa nueva estructura militar. Además, en esa nueva estructura militar es posible --y así lo hemos decidido colectivamente-- dar cuerpo a la nueva identidad europea de seguridad y defensa, que no debe hacerse al margen de la estructura militar en el ámbito atlántico sino compatible con esa estructura y utilizando buena parte de los instrumentos y de los medios de esa estructura, no duplicando esfuerzos sino utilizando los mismos instrumentos y los mismos medios para tender hacia ese doble objetivo de seguridad. En tercer lugar, la Alianza debe ampliarse y abrirse a los países de Europa Central y Oriental que desean pertenecer a la misma, y lo debe hacer en paralelo y sin contradicción con el marco de apertura hacia esos mismos países de la Unión Europea y, por último, al igual que lo hace la Unión Europea, la Alianza debe alcanzar un acuerdo estable con Rusia.
Son cambios nada desdeñables, son cambios profundos, son cambios radicales. Nada del pasado podrá mantenerse si no se tienen en cuenta los cambios que necesariamente debemos afrontar de cara al futuro y a los que debemos dar respuestas eficaces y operativas, y para afrontarlos desde España nos parece que el método inexcusable es la búsqueda del mayor consenso parlamentario posible, y creo que ese consenso va a dar un paso importante a partir de la votación de esta

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resolución conjunta que ha suscrito el Grupo Parlamentario Socialista junto con otros grupos de esta Cámara. Y ese consenso no debe traducirse, a nuestro modo de ver, en un mandato cerrado y en un mandato imposible de garantizar una actuación eficaz de nuestro Gobierno en las negociaciones que se abren en el marco de la Alianza Atlántica, sino que el consenso debe dar lugar a un mandato abierto, como lo fija el proyecto de resolución, que no se puede confundir, como quizá hizo ayer algún portavoz en el debate, con un cheque en blanco. El mandato abierto no significa dejación de las funciones parlamentarias de este Congreso a partir de ahora. Significa un común entendimiento de la necesidad de que el Gobierno venga a esta Cámara, cuantas veces sea necesario, para informar del uso que hace del mandato que hoy le vamos a dar, y que esa información del Gobierno sea la base para ir profundizando en el consenso que hoy construimos y para ir detallando y precisando los elementos en los que se va a concretar ese consenso. Nos gustaría que, en los próximos meses, a medida que avancen las negociaciones en las que el Gobierno va a participar a partir del debate de hoy, peticiones como las del Grupo de Coalición Canaria sean una realidad, pero es imposible, como se dijo ayer, garantizarlo desde hoy. Por eso, entendiendo las razones que justifican las posiciones y las preocupaciones del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, no podremos apoyar el texto de su resolución, aunque compartimos los deseos que la animan, y nos gustaría que hoy mismo se incorporasen al consenso o, si no es posible que lo hagan hoy, que lo hagan en los próximos meses, a medida que las negociaciones permitan ir precisando y concretando las características y la forma de organizarse de esa nueva estructura militar de la Alianza Atlántica.
No compartimos, por el contrario, las posiciones que se reflejan en las resoluciones del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya o en la resolución que han planteado algunos componentes del Grupo Parlamentario Mixto, por razones que ya han sido puestas de manifiesto ayer y en las que no voy a entrar por falta de tiempo. En síntesis, nos parecen posturas irreales, posturas que no se corresponden con el rigor con el que debe expresarse un Parlamento como éste en materias de seguridad y defensa, porque la seguridad y la defensa, si no se afrontan con rigor, si no se afrontan con datos reales, si se afrontan, no a la derecha ni a la izquierda sino al margen de los acontecimientos que todos los días vivimos y que hablan de la necesidad de reforzar políticas de seguridad y defensa colectivas, si no se afrontan así, no sólo no sirven para el propósito que dicen animar a sus proponentes, sino que servirían, caso de ser tomadas en consideración, para situar a nuestro país al margen de esos esfuerzos, de espaldas a los esfuerzos solidarios para garantizar la seguridad en lugares más o menos alejados de nuestras fronteras, pero que tienen el mismo derecho que los ciudadanos de nuestro país a vivir en paz y a encontrar mecanismos, de quienes pueden dárselos, para garantizar y defender esa paz y esa convivencia.
Frente a lo que podía imaginarse hace unos cuantos años, ni siquiera nos parece que esas posiciones irreales en materia de seguridad y defensa puedan tener un componente estético que satisfaga, al menos personalmente, a quienes las proponen. No hay más que ver la falta de estética de quienes pueden compartir en algún rincón del planeta --cada vez hay menos rincones, pero todavía queda alguno-- algunas de las peregrinas ideas que en materia de política de defensa se han escuchado en este debate, en la tarde de ayer, por parte de quien propone resoluciones aparentemente basadas en la búsqueda de la paz por encima de cualquier otro condicionante. La paz hay que buscarla trabajando por ella y comprometiéndose eficaz y realmente con ella, y no diciendo palabras que a los oídos de muchos españoles, hace años, podían sonar como palabras llenas de sentido, pero que hoy carecen totalmente de él.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Ha finalizado el debate que a lo largo de estas dos semanas nos ha ocupado y que se suscitó, lógicamente y en primer lugar, por una interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a quien represento en este acto, y ha continuado con motivo de la comunicación del Gobierno. No es, por tanto, tiempo para reabrirlo. Sí es tiempo y hora y llegada para dejar sentadas las conclusiones, para hacer patentes los obligados reconocimientos y para valorar dicho debate.
Vaya por delante mi reconocimiento a mi grupo parlamentario, pues es un honor para un viejo socialista democrático siempre el subir a esta tribuna, pero mucho más cuando se trata de hablar de estos temas; en resumen, de la lucha contra toda violencia desde la palabra y desde la razón. Es un honor prestar una vez más la voz a los que creen que el primer derecho humano es la paz, sin la cual la realización del resto de los derechos humanos es imposible y sin la cual se ha demostrado a lo largo de la historia que perdemos la dignidad humana.
Mal se corresponde un intransigente pacifismo democrático con la menor complicidad, encubierta o declarada, con el complejo bélico industrial y financiero, que es el que hoy hegemoniza poderes políticos, pensamientos y se impone con una u otra vestimenta por todo el orbe. Reconocimiento también a aquellos hombres

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y mujeres de la cultura y de la ciencia que, frente a tanto intelectual orgánico vendido o de alquiler, nos han respaldado estos días públicamente para que no cejemos en nuestro empeño y no nos dejemos arrastrar por el pensamiento dominante, la panmilitarización, hasta de las acciones humanitarias.
Señoras y señores Diputados, hablar de Bosnia sin hablar de la guerra del Golfo es sencillamente dar gato por liebre. Señoras y señores Diputados, hablar de gobiernos, que no de pueblos, de ciertas naciones del Este que quieren entrar en la OTAN y no hablar de Austria, Irlanda, Suiza y Suecia es sencillamente estar engañando a la población.
Reconocimiento a esta Cámara y muy sincero, pues con este debate ha permitido fijar con más nitidez los linderos y las posiciones. Un viejo líder de la izquierda socialista, León Bluhm, aunque fuera con otro motivo, dijo un día una frase que puede ser aplicada al presente: «alguien tiene que guardar la vieja casa». Alguien tiene, en tiempos de dificultad para la izquierda, en los que parece antiguo y anacrónico, casi jurásico, el antimilitarismo, el anticapitalismo y el internacionalismo, que reclamar su puesto en la lucha por la racionalidad del pensamiento frente a la tentación de la barbarie. Hoy esa racionalidad resulta que es irreal.
Por este debate han pasado de forma clara y diáfana la diferencia entre derechas e izquierdas, que no se engañe nadie. Hoy está muy poco de moda, pero le pasa como a las brujas gallegas: no existe, pero haberla, hayla.
También pasa esa diferencia entre derechas e izquierdas por la defensa del Estado. Del Estado como instrumento fundamental de la sociedad para la redistribución de la riqueza, para la realización de la equidad en la libertad y en la justicia. Pasa por la defensa de lo público, pero todo ello no podría ser coherente si con ello no pasara como su sustrato la defensa del pacifismo, la lucha contra toda alienación ideológica, contra la miseria intelectual, que es el presupuesto de la explotación y la sumisión de los pueblos y de los ciudadanos.
Señor Presidente, aquí y en estos días, no sólo se ha concretado quién está por la racionalidad del pensamiento y del quehacer humano, que tan certeramente prologa nuestra olvidada Constitución, sino quién está también por un modelo de democracia participativa frente a la tentación de burocratizar la democracia y reducirla a una mera democracia delegada.
Algunos queremos ser sólo, y no es poco, mandatarios y representantes, que no dueños, de los votos y de las voluntades, y siempre que haya ocasión volveremos a la fuente y volveremos al origen, a beber en ella, en la doblemente sabia --con be y con uve--, la razón de nuestra presencia en esta sala. No tenemos más mérito que la confianza que en nosotros se ha puesto para servirles, no para sustituirles en las grandes decisiones.
Señor Presidente, desde un inocultable orgullo por el mantenimiento de las viejas y frescas convicciones de tantos y tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia nos dejaron este legado, la paz a toda costa, desde un pensamiento y acción que no abre la puerta de los dorados salones de los poderosos ni merece medallas ni honores, ni hace aflojar la bolsa, generosa siempre con los lacayos servidores de los dueños y señores de la tierra y de la guerra, podemos hoy pedir el voto para cuatro propuestas de resolución que, como se explican por sí solas con su simple lectura, a ello me voy a limitar en este acto.
Queremos, en primer lugar, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a respetar escrupulosamente las condiciones para la permanencia de España en la OTAN, decididas por la ciudadanía en el referéndum de marzo de 1986, y, en el caso de considerar necesario modificarlas, se convoque el correspondiente rerferéndum con el contenido de la modificación y se remita a esta Cámara el oportuno proyecto de ley orgánica.
Queremos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que, en el caso de producirse la adhesión de España a la estructura militar integrada en la OTAN, se mantenga la reducción de la presencia militar estadounidense en nuestro país y quede claramente prohibido el tránsito o almacenamiento de armamento nuclear, no sólo en el territorio nacional y su espacio aéreo sino también en sus aguas de soberanía.
Queremos que este Parlamento inste al Gobierno a actuar en el seno de la Conferencia Intergubernamental encargada de reformar el Tratado de la Unión Europea para impulsar la creación de un nuevo marco de seguridad paneuropea, en el que la Unión Europea juegue un papel fundamental, y que tenga como estructura central una Organización de Seguridad y Cooperación Europea reformada en sus procedimientos de toma de decisiones y dotada de los medios suficientes de actuación, utilizando preferentemente conceptos e instrumentos como la diplomacia preventiva y teniendo como objetivos, entre otros, el desarme nuclear y convencional y la reconversión de la industria militar y de la investigación y el desarrollo al servicio de tareas civiles.
Queremos finalmente, señor Presidente, que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que, en cumplimiento de la resolución sobre la retirada de fuerzas americanas de las que un día fueran bases de utilización conjunta, sus instalaciones no sean usadas, bajo cualquier fórmula jurídica, al servicio de tropas extrañas a nuestras Fuerzas Armadas.
Como conclusión, señor Presidente, anunciamos que votaremos favorablemente, porque como se verá se produce una notoria coincidencia, con las proposiciones que ha hecho llegar a la Mesa el Grupo Mixto o una parte de él. Lógicamente, nos abstendremos en lo que se refiere a la resolución sostenida por el Grupo de Coalición Canaria y, como es obvio, votaremos en contra de la propuesta de ese frente común, respecto del

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que ha quedado perfectamente claro que no solamente se refleja en la economía sino también en la política internacional y, sobre todo, se refleja en el pensamiento y en los valores.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, señores Diputados, hace mucho tiempo, bastante más del que podría imaginarse, que Convergència Democrática y Unió Democrática mantienen el deseo de la plena integración de España en la Alianza Atlántica. Este deseo es el convencimiento que hemos expresado en repetidas ocasiones y en todas y cada una de las opciones electorales a las que nos hemos presentado. Este convencimiento radica en la necesidad de establecer que el Estado español no puede incorporarse al mercado económico europeo y disociarse de lo que es el mercado de la protección de Europa. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Dicho esto y señalando específicamente este convencimiento, puesto de relieve a lo largo de todas las contiendas electorales, desearíamos establecer un hecho que marca profundamente lo que es la incorporación española en la Alianza Atlántica. Por primera vez en muchos años, el Estado español ha considerado que su Ejército le es útil; le es útil en su integración, le es útil en sus aplicaciones y, sobre todo, le es útil porque tiene un objetivo claro, que es la paz.
Deseamos dejar muy claro que la paz no solamente es patrimonio de aquellos que desean salir de la Alianza Atlántica, que la paz no sólo es patrimonio de aquellas personas que entienden que la incorporación española en la Alianza Atlántica provoca un caos o una eventual lucha, y no lo voy a decir simplemente con las palabras que pueda utilizar un Diputado o un representante de una opción política o de una circunscripción. Lo digo de una forma mucho más clara. Las diversas apreciaciones que la sociedad española tiene, desde aquellos que practican compromisos religiosos en Zaire y en Ruanda hasta aquellos que tienen opciones claras respecto a lo que debe ser la integración o el tratamiento que tiene que darse a la antigua ex Yugoslavia, piden la intervención de fuerzas militares para pacificar territorios.
Por primera vez desde todos los rincones de la sociedad se pide que el Ejército intervenga en misiones de paz y, por tanto, nadie tiene el derecho exclusivo a decir que la paz solamente se trata desde la integración. Por eso, entre otras cosas, por ésta justamente, por la necesidad de que el Ejército sea útil en el trabajo y en el compromiso por la paz, vamos a aprobar la moción conjunta que han presentado los diferentes partidos.
Desearíamos que quedara constancia desde nuestra perspectiva de tres cuestiones. Primera, que el tratamiento que da la resolución al tema del Mediterráneo nos parece insuficiente. Insuficiente quiere decir que lo seguiremos estudiando, que se lo seguiremos planteando al Gobierno y que insistiremos en que se conciba el Mediterráneo como uno de los ejes importantes de la defensa europea. Segundo, que es importante empezar a saber qué es lo que está pasando en toda la vieja Europa y qué es lo que está pasando en la antigua Unión Soviética y alguien tendrá que contestar, alguien tendrá que explicar por qué la mayoría de los países de la vieja Europa están integrados en la Alianza Atlántica y por qué los antiguos países de la extinta Unión Soviética desean integrarse. Será porque han evolucionado más que las otras personas que practicando un inmovilismo no desean acercarse a términos más claros.
Finalmente, señores Diputados, y con esto concluyo, creo que es muy importante establecer que la Alianza Atlántica tiene que estar abierta a todo, que la Alianza Atlántica tiene que estar abierta a tratar y comprometerse con todo aquello que suponga el progreso, con todo aquello que suponga la paz, con todo aquello que suponga la defensa de los compromisos y de las necesidades de la Europa que todos juntos deseamos crear.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Nadal.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco (PNV) en relación a este proyecto de resolución conjunta que presentamos cuatro grupos parlamentarios.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Presidente, conocimos ayer un debate en profundidad en relación a esta materia.
Quisiéramos subrayar lo riguroso y serio que fue y el sosiego con el que se desarrolló. Los distintos grupos parlamentarios tuvimos oportunidad de fijar posiciones, cada uno con sus distintos matices. Hoy quizás es el momento de encontrar el tronco común, el denominador común, en torno a este proyecto de resolución que se presenta. Esta propuesta de resolución constituye, pues, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el tronco común del debate que se desarrolló en el día de ayer, es decir, aquellos contenidos sustanciales en los que cuatro grupos parlamentarios de la Cámara encontramos ese común denominador para fijar las posiciones centrales de la Cámara respaldando, por una parte, la comunicación del Gobierno y proponiendo en

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consecuencia al Pleno en el día de hoy una resolución que constituye lo sustancial, la parte resolutiva de la materia. Así lo entendemos, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) quisiera hacer una primera consideración, porque valora sobremanera el modo, el ambiente, las formas democráticas en las que se ha desarrollado este trámite, tanto en sus fases previas a la tramitación en esta Cámara, en sus antecedentes, como en el debate desarrollado en el día de ayer y sobre todo por la forma en que se ha elaborado esta propuesta de resolución intentando buscar los elementos comunes en los que gran parte de los Diputados de esta Cámara pueden encontrar base para la fijación de sus posiciones. Es un método de trabajo interesante que habría que aplicar también en otras materias. Por ello, en lo que respecta al fondo de la cuestión en el día de hoy se va a dar paso cualitativo importante en la configuración de un nuevo espacio de defensa y seguridad, que consideramos conveniente para los intereses políticos, económicos y de seguridad de nuestros conciudadanos. La participación plena del Estado y de sus instituciones en la Alianza Atlántica renovada con el apoyo de gran parte de SS. SS. constituye la puesta al día de las instituciones del Estado en orden a esta actualización institucional ante un proceso tan importante como es la transformación que está conociendo la Alianza Atlántica.
Quisiéramos comentar, como he indicado, tanto el método con que ha sido confeccionada esta propuesta de resolución como las matizaciones que se introducen tanto en el punto primero como en el punto segundo. Nos parecen matizaciones acertadas y que, de alguna forma, prefigurarán el futuro al que estamos abocados en estas materias. Por una parte, la participación en el nuevo diseño de estructura de mandos no debe alterar, y debemos significarlo expresamente, los términos de la autorización otorgada por las Cortes Generales para la adhesión de España al Tratado de Washington y debe mantenerse la condición no nuclear del Estado.
Igualmente, en nuestra opinión, merecen destacarse las cinco recomendaciones que se incluyen en la propuesta para que se continúe impulsando la nueva estructura de mando única, más reducida y flexible, para que se atribuyan al Estado las responsabilidades de mando operativas, para que la estructura de mandos de la Alianza Atlántica refleje de forma manifiesta la identidad europea de seguridad y defensa, subrayándose además la dimensión estratégica que toma en esta materia el Mediterráneo y el Atlántico; también para que esta Cámara tome en consideración la voluntad libre de los países de Europa central y oriental que quieran participar en la Alianza Atlántica y el apoyo final a las negociaciones entre la Alianza Atlántica y Rusia para conseguir un marco estable de seguridad euroatlántica.
Señorías, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, no se trata de marcar ahora las diferencias, de subrayar los matices; lo hicimos en el debate de ayer y creemos que quedaron suficientemente claros. En nuestra opinión, señorías, hoy se trata de entrar en el fondo de la cuestión y de prejuzgar cuáles van a ser los siguientes pasos que el Gobierno debiera dar en esta materia, garantizando un marco de seguridad y estabilidad para que los ciudadanos podamos gozar de cotas de bienestar social para lo que es imprescindible un marco como el que está diseñado. Quizá, señor Presidente, a todos nos convenga realizar una labor pedagógica en orden a que nuestros propios ciudadanos entiendan que estas materias deben dibujarse de esta manera.
El Grupo Parlamentario Vasco seguirá apostando por la construcción europea como uno de los proyectos políticos más ambiciosos y determinantes de nuestras sociedades en este final de siglo y no nos cabe ninguna duda de que el tema que hoy nos ocupa conocerá en este planteamiento situaciones novedosas a corto plazo. Por ello, señor Presidente, subrayando hoy lo fundamental, el Grupo Parlamentario Vasco se suma a esta propuesta de resolución con otros tres grupos parlamentarios. Entendemos que esta propuesta de resolución recoge la síntesis del debate del día de ayer y esperemos que a su apoyo se sume la mayoría de sus señorías.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo de Coalición Canaria subo a defender nuestra propuesta de resolución que trata sencillamente, señor Presidente del Gobierno, señor Ministro de Defensa, señoras y señores Diputados, de situarnos en una política de responsabilidad de Estado. Y quiero que se entienda el porqué de esta propuesta de resolución y el contenido de la misma, ya que en la propuesta que presentan los grupos mayoritarios con otros de la Cámara no se encuentra Canarias. Canarias como parte de España, como territorio español y parte indisoluble del Estado español en nuestra Constitución no se siente reconocida ahí. No traigo esta propuesta de resolución en nombre de Grupo de Coalición Canaria por un puro tecnicismo de división de un mapa militar.
¿Usted sabe, señor Aznar, por qué Canarias tiene buen clima? Se lo voy a decir en clave irónica: porque cumple dos de los requisitos del artículo 6 del Tratado de Washington: está en el Atlántico y está por encima y al norte del Trópico de Cáncer. Y le voy a dar otras notas: ¿Sabe usted a qué distancia está Canarias de Madrid? A 2.000 kilómetros. ¿De otro mando del Atlántico? A cerca de 10.000. ¿Sabe usted a qué distancia está

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Canarias del Trópico de Cáncer, la frontera sur de la OTAN? A 500 kilómetros escasos, señor Presidente del Gobierno. Los vuelos regulares de la aviación comercial entre Canarias y Madrid tardan dos horas y media en llegar; hasta mandos atlánticos, en el Reino Unido, cuatro horas y media. ¿Sabe usted qué tarda con la misma velocidad de crucero un avión comercial en llegar desde Canarias al Trópico de Cáncer, la frontera sur de la OTAN? Cuarenta minutos escasos. Si miramos desde el Trópico de Cáncer, el primer territorio europeo OTAN es Canarias, señor Presidente.
Pero el comandante supremo aliado del área del Atlántico (Saclant), en Norfolk, cuando se sienta en su puesto de mando y ve la pantalla y el mapa, encuentra que Canarias es la frontera sur de la OTAN. El territorio más distante del mando es Canarias.
Nuestra enmienda trata, sencillamente, en una política de Estado, señor Presidente, de darle a S. S. argumentos para cuando se siente, en diciembre, con sus colegas de los restantes países de la OTAN, en hacer bueno, por una propuesta de resolución de este Congreso, lo que usted ayer hizo, y yo reconozco, como reconoció ayer mi compañero de grupo, el portavoz señor Mauricio, en su discurso: un reconocimiento de Canarias. Y le leo textualmente, por si se ha olvidado: Consecuente de lo anterior --es decir, que usted pide que se ubique en España un mando subregional conjunto--, tanto las islas Canarias como los accesos atlánticos y mediterráneos al estrecho de Gibraltar habrán de quedar en el área de responsabilidad del mando aliado ubicado en España.
Nosotros, señor Presidente, en Coalición Canaria, no le cuestionamos ahora la modalidad de integración. Sé que la sombra del referéndum de 1986 es muy larga y muy dubitativa; pero no cuestionamos eso. Y estamos de acuerdo con la propuesta de resolución que ustedes presentan, pero ésa es una propuesta de resolución propia del territorio peninsular español y de las islas Baleares, es decir, de los que dependen del mando europeo de la OTAN, del Saceur. Y usted sabe, señor Presidente, que hay dos comandantes supremos aliados: el de Europa, en las tres zonas, noroccidental, centro y mediterránea o meridional, que es el comandante supremo aliado para Europa; y hay otro comandante supremo aliado, con base en Norfolk, en Virginia, que es el Saclant, y en ese área es donde está Canarias, señor Presidente. Y si modificamos las condiciones, ahora, en la nueva estructura de la Alianza Atlántica, una vez que no entro en la modalidad de integración, que aceptamos plenamente, quedaría la gran pregunta entonces de para qué sirvió el referéndum del año 1986, salvo para dividirnos a los españoles, en el único proceso de la democracia, pero no me negará usted, señor Presidente, que los canarios tenemos derecho a lo que usted, ayer, recriminaba a mi portavoz: a la duda. No estamos situados en la duda, señor Presidente. Estamos situados en la inseguridad. ¿Dónde queda Canarias en la nueva estructura de mandos? Porque en una situación de crisis, ustedes, con su propuesta de resolución, lo resuelven con el comandante supremo aliado y los mandos españoles integrados. Pero en mandos españoles integrados ahora por el lado del Saclant, ¿dónde queda Canarias? ¿Separada de una política de Estado? Esto es políticamente gravísimo, señor Presidente.
Yo no le estoy cuestionando informes de mapas militares. Cuando aquella votación nos dividió, posiblemente, muchos Diputados que hoy se sientan en su grupo, entonces Alianza Popular, se abstuvieron. Si nosotros tenemos que abstenernos, como respeto aquella abstención de Alianza Popular, respete usted también nuestra abstención, señor Presidente, porque lo haremos bajo un principio de responsabilidad de Estado; de que es incuestionable la unidad de España en el Estado, no solamente por una cuestión de mandos militares, sino por una cuestión política, porque allí puede haber lecturas muy diferentes. No se confundan ustedes con la situación geográfica de Canarias que dan los telediarios en el mapa del tiempo. No estamos donde dice la pantalla de televisión. Estamos, como le he dicho, geográficamente al lado de esa línea de la frontera sur del Trópico de Cáncer, que curiosamente es la línea geográfica imaginaria que pasa por todos los países del continente africano y asiático que tienen el integrismo fundamentalista islámico en las puertas de muchos de sus gobiernos, si no están ya dentro de ellos.
Después de ese deseo vehemente que se expresa en el Parlamento de Canarias por unanimidad en una votación en 1987, por las secuelas que nos dejó el referéndum de 1986 y el voto que de allí salió, en que nos declaramos plataforma de paz, pero activa, por nuestra vocación europea, después de que en Maastricht, señor Presidente, la constancia canaria, coincidiendo con el Gobierno y con todos los grupos de la Cámara, hace que se dicte una resolución en que se considere a Canarias región ultraperiférica europea, no nos saque usted ahora del marco europeo. No queremos estar en el marco Saclant. (El señor Ministro de Defensa, Serra Rexach, hace gestos al orador.) Señor Ministro de Defensa, usted me hace gestos, pero pónganlo en la resolución. Vayan con esa fuerza. El Gobierno tiene que tener un pragmatismo para discutir, y la fuerza para tener ese mando único se la puede estar a usted dando una resolución de la Cámara para no caer en manos del lápiz geográfico de los técnicos y de los tecnócratas militares incluso, porque creo que muchos militares españoles podían estar sintonizando con un discurso mucho más consecuente con una unidad de mando que es la que nosotros estamos pidiendo en este momento para Canarias, y le vuelvo a decir, no por una cuestión de estrategia o de logística militar, sino por una interpretación y lectura política que es la que quiero que se haga aquí.
En esta lectura se ha situado Coalición Canaria y no se nos acuse ni de dudas, ni de que la prudencia está

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en el documento del Gobierno. Con los principios no se juega. Y cuando estamos en esa distancia geográfica y bajo mandos distintos, porque hasta ahora, por no estar incluidos e integrados en la estructura militar integrada de la OTAN, en Canarias no se había presentado el fantasma de esta suposición, incluso en momentos de crisis, ahora, cuando se trata de hacer este cambio de integración, sí queremos que se nos despeje esta duda. Concédannos, al menos, el derecho desde Canarias del beneficio de la duda, en interés del Estado español, en interés de la integridad de su territorio y en interés de nuestra seguridad y defensa, porque estamos tan lejos que la inseguridad es una de las razones también que nos llevan a nosotros a situarnos en esta posición.
No queremos que en un mapa estratégico del comandante supremo aliado del Saclant en Virginia a Canarias se la tome de moneda de cambio, de puesto fronterizo que puede ser sometido a todas las tensiones de conflictos bélicos o militares. Queremos seguir siendo plataforma de paz, territorio europeo, región ultraperiférica, como nos definió Maastricht y toda la Unión Europea. ¿Por qué aquello que fue un deseo vehemente de sentirnos integrados con un estatuto especial, que Canarias ha reivindicado y está reconocido en las leyes españolas que hemos demandado un estatuto permanente, no se nos reconoce en el campo de la logística y de la distribución territorial de la OTAN? Esta reflexión que les hago, señorías, la quería traer aquí Coalición Canaria. Todos mis compañeros y el consejo político se reunieron específicamente para tratar este tema para que sopesasen la responsabilidad política que hay aquí. Con nuestra posición queremos que al menos quede claro que estamos velando por estos intereses sin el interés pragmático de una mesa de negociación. Sigo entendiendo que ustedes irían mucho más reforzados para lo que quieran pedir, y yo interpreto que deben pedir, como españoles para Canarias si llevan este testimonio de la lectura política que el Grupo de Coalición Canaria está haciendo. No se dejen aconsejar tanto por técnicos, tecnócratas y diseñadores de mapas teóricos, que nos pueden dejar a nosotros en la situación de tener un planteamiento de incógnita política muy grave y muy profunda.
Esta es la reflexión en defensa de nuestra propuesta de resolución que pide para España las responsabilidades de mando y operativas acordes con nuestra contribución militar. No quiero hablar de la contribución militar de Portugal porque ustedes, señor Presidente del Gobierno y señor Ministro de Defensa, tienen todos los años a su disposición el balance militar que se edita en Londres. Portugal no tiene ni un grupo aeronaval de combate.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino ahora mismo, señor Presidente.
Si en una situación de crisis el grupo aeronaval de combate español, que financiamos todos los españoles con nuestros impuestos, todo el grupo de fragatas, con el buque insignia «Príncipe de Asturias», entra en la zona del Atlántico en la nueva estructura de mandos, ¿de quién depende? ¿Del Saceur o del Saclant? Si usted dice que de nosotros, de ustedes, señor Ministro de Defensa, póngalo en la propuesta de resolución. Espero, y agradezco las palabras del portavoz socialista, de que ustedes hagan buena esa idea en diciembre, pero no nos lo fiéis a largo. Canarias tiene derecho a esta duda y a esta reserva, porque nos sentimos perfectamente comprometidos con el Estado, con nuestra Constitución y con nuestras propias Fuerzas Armadas, que son las que financiamos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna y el Partit per la Independencia, para defender la propuesta de resolución que presentamos basada en el debate de ayer realizado por nuestros grupos políticos, una postura, la nuestra, contraria a la mayor implicación del Estado español en la estructura de la Alianza Atlántica, en favor de estimular una política de defensa propia, en favor de la desnuclearización, en favor de una política de paz, desarme, cooperación internacional en pie de igualdad y respeto a la libre determinación de los pueblos; unas propuestas de resolución que defienden la necesidad de adaptar los gastos de defensa a la situación actual en el camino de su disminución paulatina, unas propuestas que reflejan la necesidad de cambiar el actual modelo de relaciones internacionales.
Por eso proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno español a mantenerse fuera de la estructura militar de la OTAN y a abogar por una política de paz y respeto por la libre determinación de los pueblos, única forma de contribuir a unas relaciones en pie de igualdad y en mutuo beneficio de las naciones a nivel internacional. A desarrollar una política de defensa propia que contemple el acercamiento a las naciones de Africa y América Latina, basada en la libre determinación de los pueblos, el mutuo beneficio y la distensión internacional. A no aceptar bases militares extranjeras ni almacenamiento de armas atómicas en el territorio del Estado, a negociar una política de defensa común con Portugal que contemple el cierre de todas las bases militares extranjeras en la Península

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Ibérica y la declaración de esa zona libre de armamento nuclear. A mantener en el seno de la Unión Europea y de la UEO posiciones conducentes a la desaparición de la OTAN como organización superada por la historia y ajena a los intereses de los pueblos de Europa. A mantener en el seno de la ONU una posición favorable a la distensión internacional, el respeto a la libre determinación de los pueblos y la oposición a la conformación de bloques militares agresivos.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de la propuesta de resolución número 2, porque se posiciona respecto a la integración en la estructura militar en el sentido justamente contrario a lo que nosotros proponemos y porque persiste en el fondo en defender el actual orden internacional claramente injusto para la mayoría de los pueblos del mundo.
Nos vamos a abstener respecto a la proposición presentada por Coalición Canaria y votaremos a favor de las propuestas de resolución presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya porque también cuestionan la integración que se propone.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Chiquillo, como firmante de la resolución presentada por distintos grupos parlamentarios que él acompaña.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor Presidente, con toda brevedad.
Creo que ayer quedaron de manifiesto cuáles eran los planteamientos al respecto de Unión Valenciana. Hemos suscrito esta propuesta de resolución conjunta y hemos contribuido con ese granito de arena a este amplio consenso que hoy se va a plasmar con la aprobación, parece ser, por una amplia mayoría de esta propuesta de resolución que contiene un conjunto de ilusiones, de planteamientos, que esperamos que a lo largo de los próximos meses se hagan realidad por aquello por lo que apostamos, de un Estado español fuerte en Europa y reconocido a nivel internacional. Nos hemos sumado a esa propuesta de resolución y en Unión Valenciana nos congratulamos del amplio consenso alcanzado en una materia tan decisiva y tan importante para el futuro.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Mi grupo parlamentario, conjuntamente con otros tres, ha presentado una propuesta de resolución que ha sido glosada ampliamente y con acierto por parte de los respectivos portavoces y no tengo ningún inconveniente en suscribir los puntos de vista que han sido ofrecidos a la Cámara por los señores Almunia, Nadal, González de Txabarri y Chiquillo.
Quería, simplemente, hacer algunas glosas adicionales que, insistiendo sobre lo que tuve ocasión de decir ayer, deben aclarar, por una parte, si necesario fuera, algunos de los puntos que están recogidos en la resolución y, por otra parte, manifestar también, brevemente, nuestro parecer y punto de vista sobre el resto de las resoluciones.
En primer lugar, quiero reafirmar el sentimiento de nuestro grupo en el sentido de que este es un momento especialmente significativo para la definición de la política exterior de paz y de seguridad española.
Estamos tomando decisiones que van a conformar de una manera definitiva, y estoy seguro de que enormemente positiva, el futuro de nuestra colocación en el marco de la seguridad europea y atlántica. Estoy seguro, por otra parte, de que esta decisión, que ayer tuve ocasión de calificar de proceso de maduración que se ha producido a lo largo de los últimos años, va a revertir de una manera extraordinariamente positiva en todos aquellos puntos que son, lógicamente, motivo de preocupación, bien porque se refieran a nuestra aportación a la seguridad estrictamente europea, a través de los mecanismos previstos en el Tratado de Maastricht y a través de la formación definitiva --y esperemos que pronta-- de la identidad europea de seguridad y defensa, o bien porque se refieran a la aportación de todos aquellos procesos de paz y de seguridad que en este momento se están desarrollando en el mundo y a los que tan definitivamente está colaborando la OTAN. Todos ellos son procesos que debidamente acogidos por la opinión pública --y el señor González de Txabarri se refería adecuadamente a la necesidad de una actividad pedagógica en ese sentido-- reportarán enormes beneficios para el sentido de nuestra propia identidad, de nuestra propia conciencia como pueblo, capaz de aportar datos fundamentales para la paz en nuestro entorno inmediato.
Desde ese punto de vista, el hecho de que España, a partir de este momento, pueda aceptar sus plenas responsabilidades en el contexto de la distribución de los mandos de la Alianza Atlántica --como decimos en la misma resolución-- tendrá toda una serie de consecuencias favorables en las atribuciones correspondientes del mando y control, en la visibilidad de esa identidad europea de seguridad y de defensa, en el hecho de que otros países del centro y del este de Europa están deseando hacer lo que nosotros hemos venido haciendo ya desde hace 15 años, que es, fundamentalmente, participar en todas las tareas de la seguridad europea, a través de la Alianza Atlántica y, desde luego, embarcarnos en ese proceso absolutamente indispensable de contribuir a la seguridad geoestratégica del continente,

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a través de las grandes negociaciones entre la Alianza Atlántica y la Federación Rusa.
Desde ese punto de vista, como también dije ayer, y como han puesto de relieve otros portavoces parlamentarios, no únicamente el hecho de que firmemos esta resolución, sino de que lo hagan tantos grupos parlamentarios, que reflejan una tan gran mayoría en esta Cámara, es un signo de solidez, de madurez, es un signo muy positivo y esperanzador para el futuro de nuestra política exterior.
Quería, al mismo tiempo, hacer alguna referencia sobre el resto de las resoluciones. No podemos, en algunos casos, desgraciadamente, apoyar las resoluciones que se han presentado por otros grupos parlamentarios. La que patrocinan el Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna y doña Pilar Rahola, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, contiene toda una serie de afirmaciones que nosotros sinceramente creemos son ajenas a lo que realmente constituye la sustancia de la discusión sobre la seguridad europea; contiene una serie de afirmaciones que son posiblemente erróneas sobre los efectos y las consecuencias de esa seguridad. En cualquier caso, nos parece que están mal situadas en lo que es el centro de este debate.
No podemos, pues, prestar nuestro apoyo a esas resoluciones; como tampoco podemos prestar nuestro apoyo a las resoluciones presentadas por Izquierda Unida. Debo decir que he escuchado con el máximo interés las palabras que han sido pronunciadas por su portavoz, el señor Castellano, pero quería hacer una brevísima referencia a esas manifestaciones.
En primer lugar, Izquierda Unida ha presentado este proyecto de resolución al amparo del artículo 201 del Reglamento de esta Cámara. El resto de los grupos parlamentarios lo han hecho al amparo de los artículos 196 y 197 del mismo Reglamento. Tengo que decir que esa ubicación, la invocación de ese precepto reglamentario nos parece, con todos los respetos, indebida. Este no es un debate tasado. Como ayer explicaba el Presidente del Gobierno, esta no es una obligación que tenga el Gobierno --la de traer a la Cámara en este momento este debate--, porque en términos estrictos constitucionales y legales hubiera correspondido exclusivamente al Gobierno tomar esta decisión. Las decisiones que tenían ese alcance constitucional legal fueron tomadas por esta Cámara por una mayoría absoluta en 1981.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego vaya concluyendo.


El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente, voy concluyendo.
Y no es, digamos, una generosidad, porque creo que es un acto políticamente significativo pero no ha sido una obligación. Desde ese punto de vista quiero resaltar la indebida invocación de ese artículo 201.
Por otra parte, quería pura y simplemente decir, señor Presidente, si me permite todavía un par de observaciones adicionales, que la invocación de la paz siempre tiene consecuencias distorsionantes. ¿Es que únicamente los que invocan una determinada forma de paz son los que quieren la paz? ¿Es que los demás quieren la guerra? Podríamos concluir que ese tipo de manifestación puramente maniquea en el fondo no hace más que torcer y distorsionar también el sentido del debate.
Finalmente, señor Presidente, quería referirme a las propuestas que ha hecho desde esta tribuna el señor Mardones en nombre de Coalición Canaria. Le puedo decir, señor Mardones, y lo sabe su grupo y lo sabe el señor Mauricio, que tenemos la más profunda de las simpatías por sus planteamientos; diría más, el más profundo de los acuerdos. Y lo dijo ayer de una manera muy formal y pública, certificada y notarial el señor Presidente del Gobierno desde esta tribuna.
No tengan ustedes absolutamente ninguna duda sobre el sentido del ejercicio. No tengan ustedes absolutamente ninguna duda sobre qué es lo que el Gobierno y nuestro grupo parlamentario quieren, y lo que quieren el resto de los grupos parlamentarios que han firmado nuestra resolución respecto de la articulación de los mandos. No tengan absolutamente ningún tipo de duda. No puede ser de otra manera. Este grupo parlamentario, este Gobierno y el resto de los grupos que en este momento suscriben exactamente las mismas resoluciones quieren que toda la soberanía española quede incluida bajo un solo mando: el de responsabilidad española.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rupérez le ruego concluya.


El señor RUPEREZ RUBIO: No hay absolutamente ninguna duda al respecto y eso, si leen ustedes bien la resolución correspondiente, lo encuentran en esa referencia, que no es nada oculta ni opaca, al Atlántico y al Mediterráneo. Estas dos referencias no están puestas ahí por casualidad; reflejan exactamente lo que ustedes y nosotros tenemos en nuestra cabeza.
Y por eso, señor Mardones, si me lo permite todavía la Presidencia, quería decirles: súmense ustedes al consenso, que estarían defendiendo no únicamente los intereses canarios, como todos queremos defender, sino los intereses de España y ahí encontrarían una adecuada respuesta a sus preocupaciones.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rupérez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)

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El señor PRESIDENTE: Votación de las propuestas de resolución relativas a la comunicación del Gobierno sobre la participación de España en la Alianza Atlántica renovada.
Votamos, en primer lugar, la propuesta del Grupo Parlamentario Mixto, en la que se contienen las que han defendido el señor Rodríguez y las señoras Lasagabaster y Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 24; en contra, 292; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de resolución del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, cinco; en contra, 288; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la propuesta de resolución de Coalición Canaria.
Propuesta de resolución de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (PNV) y del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 293; en contra, 23; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la propuesta de resolución de los citados grupos parlamentarios.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 26; en contra, 294.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Punto sexto del orden del día, debates de totalidad de convenios internacionales. No habiéndose presentado ninguna enmienda de totalidad, se da por agotado este punto.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES. (Número de expediente 121/000011)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII, debates de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, del proyecto de ley de envases y residuos de envases, para cuya presentación y defensa, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la Ministra de Medio Ambiente, señora Tocino.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la mejor forma de gestionar los residuos es evitar que se produzcan, y asimismo los residuos, y muy especialmente los residuos de envases, no sólo no deben ser una fuente potencial de contaminación sino que aspiramos a que se conviertan, una vez bien gestionados, en un importante caudal de materias primas secundarias. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Esto es lo que, siguiendo las instrucciones y las recomendaciones del quinto programa comunitario de actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, llevó a la Comunidad Europea, a la Unión Europea hoy, a presentar una directiva comunitaria, concretamente la 94/62, que hoy trae el Gobierno para trasponer a través de este proyecto de ley de envases y residuos de envases, de tal forma que nuestro Gobierno va a llevar a la práctica esta trasposición cumpliendo así la obligación que dicha directiva comunitaria nos ha impuesto. Y es nuestra intención que de esta forma las comunidades correspondientes, las administraciones competentes puedan ser lo más eficaces posible, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde un punto de vista económico, en la adecuada gestión, que tienen que llevar a la práctica, del tratamiento de los residuos de envases y de envases usados.
Señorías, nos encontramos, por tanto, hoy ante una norma ambiental que por su contenido supone, efectivamente, una modificación de la legislación general aplicable en materia de residuos sólidos urbanos, que exige por ello que la norma interna de incorporación tenga rango de ley, exigencia que se deriva también de la obligación que se impone a los fabricantes de hacerse cargo de los residuos de envases y envases usados que se les presenten, si no se hubieran hecho cargo de ellos los recuperadores, recicladores o valorizadores autorizados o cualquier agente económico que los destina a reutilización. La obligación que se impone de cumplir esa normativa mediante un régimen sancionador para el caso de que no se cumpla lleva también a tenerlo que tratar con rango de ley.


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Por eso nos encontramos hoy ante una norma ambiental que por su contenido va a representar para todos los españoles un importante cambio en las conductas de todos los ciudadanos, fundamentalmente por lo que se refiere a nuestras costumbres domésticas cotidianas en el tratamiento y selección de los residuos urbanos, con la finalidad de que, sobre todo, estos residuos de envases y envases usados, que están representando en la actualidad algo más de un 30 por ciento del total de los residuos sólidos urbanos generados en nuestro país, se canalicen hacia operaciones de gestión ambientalmente correctas, fundamentalmente hacia la reutilización y el reciclado.
Digamos también que siguiendo otro de los objetivos de esta directiva comunitaria que se propone armonizar las normas sobre gestión de envases y residuos de envases de los diferentes países miembros, el proyecto de ley de envases que hoy trae el Gobierno a esta Cámara sigue, en líneas generales, la legislación que sobre esta misma materia está ya en vigor en otros Estados comunitarios, fundamentalmente habiéndonos guiado de aquellos que nos han parecido más cercanos a las condiciones de nuestro país, como pueden ser las normas que están aplicando tanto Alemania como Francia. En ese sentido coincide nuestro sistema con el alemán en la medida en que se fijan objetivos de valorización y reciclado, de acuerdo con esta directiva, aunque hemos de reconocer que aún se asemeja mucho más al sistema francés en el hecho de que la recogida de estos envases va a ser llevada a cabo por las entidades locales. (Rumores.) Diríamos, a la vista de todo esto, que en líneas generales el que ya podemos denominar como sistema español y que traemos en este proyecto de ley esta mañana a esta Cámara, contiene siete capítulos: los tres primeros dedicados a las disposiciones de general aplicación; el capítulo segundo, dedicado a fijar determinados principios de acción de las administraciones públicas para fomentar la prevención y reutilización de los envases y el tercer capítulo a establecer los objetivos de reciclado y valorización previstos en la citada directiva. (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señora ministra. Por favor, señorías, silencio.
Continúe, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
El capítulo cuarto regula los diferentes procedimientos que hemos establecido en el sistema español; el capítulo quinto se refiere a requisitos aplicables a los envases y condiciones de seguridad; el capítulo sexto, se refiere a sistemas de información y programación e instrumentos económicos, y, por último, el capítulo siete que contiene el régimen sancionador. Asimismo, contiene este proyecto de ley tres disposiciones finales y una derogatoria.
Señorías, nos encontramos con que esta nueva normativa contiene, por tanto, un esquema de organización administrativa que respeta escrupulosamente el sistema de distribución de competencias en el Estado español entre las distintas administraciones públicas en materia de medio ambiente y al mismo tiempo permite, como así lo manda la directiva comunitaria, la participación de los agentes económicos y sociales interesados, en particular la de los consumidores y usuarios.
Las líneas generales, por tanto, de lo que pudiéramos denominar ya el sistema español de recogida y tratamiento de residuos de envases y envases usados, se refieren, en primer lugar, a la aplicación de políticas preventivas que permitan reducir la cantidad, peso y volumen de los envases puestos finalmente en el mercado, atendiendo al principio de que la reducción es el mejor método posible de gestión de los residuos, tal como ha sido asumido por la propia Unión Europea en la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1990, y que también contempla el quinto programa comunitario de desarrollo sostenible, al que me refería con anterioridad.
En línea con esta argumentación, el proyecto de ley que hoy traemos a esta Cámara establece que la Administración general del Estado y las comunidades autónomas, dentro cada una de sus respectivas competencias, serán las que tengan que adoptar las medidas oportunas, especialmente relativas al diseño y proceso de fabricación de los envases, para minimizar y prevenir en origen la producción de residuos de envases. Por la misma razón, también queremos, en el programa nacional de residuos de envases y envases usados que nos obligamos a traer en el plazo de un año, y previa consulta a una comisión mixta en la que estarán representadas todas las administraciones públicas y los sectores interesados, que se establezcan unos objetivos de reducción en peso de los residuos de envases generados.
Como complemento de estas medidas preventivas, se propone también esta norma y apuesta decididamente por el fomento de la reutilización de los envases usados como método idóneo de reducción, una vez que los envases han sido puestos en el mercado, para lo cual las administraciones públicas podrán establecer aquellas medidas de carácter económico, financiero o fiscal que piensen van a favorecer la reutilización de los envases usados sin perjudicar al medio ambiente.
Como es obvio, señorías, la situación actual de nuestra vida en las sociedades desarrolladas no puede seguir aplicando el principio de usar y tirar, generando cada vez más y más residuos. Por eso, quizá uno de los puntos más importantes de este proyecto de ley, una de las novedades más importantes, siguiendo siempre

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la directiva comunitaria, es establecer un porcentaje determinado de estos residuos de envases que deben retirarse del flujo de residuos eliminados en vertederos, con la finalidad de darles un tratamiento mucho más adecuado y que consista en el reciclaje, la reutilización y, llegado el momento, la valorización. Por eso, este proyecto de ley establece que, en el plazo de cinco años, deberá valorizarse entre el 50 y el 65 por ciento, en peso, de la totalidad de los residuos de envases generados, e igualmente, en este mismo marco de objetivo global, se reciclará el 25 por ciento como mínimo y el 45 por ciento como máximo, en peso, la totalidad de los materiales de envasado que forman parte de todos los residuos de envases generados, con un mínimo de un 15 por ciento en peso de cada material envasado. Y precisamente porque este porcentaje mínimo de reciclado es la única obligación que impone esta directiva, es por lo que el proyecto de ley establece que se podrán tener en cuenta y poner en práctica los instrumentos económicos que incluyan medidas de fomento de tipo fiscal cuando algún material de envasado no consiga alcanzar dicho porcentaje.
La directiva comunitaria, señor Presidente, señoras y señores Diputados, obliga a su vez a que los Estados miembros establezcan sistemas de recogida y recuperación de los residuos de envases y envases usados, para que puedan ser reutilizados, reciclados o valorizados, con la obligación de que estos sistemas tengan que estar abiertos a los agentes económicos interesados. Por eso, cumpliendo esta disposición, la nueva norma diseña un sistema propio en el que después de analizar la aplicación práctica, como decía antes, de los sistemas ya establecidos en Francia y en Alemania, hemos procurado recoger los aspectos más positivos de cada una de estas aportaciones y, por ello, el modelo español, que adecua la normativa de estos países a las necesidades de nuestro país, establece la aplicación de mecanismos obligatorios de depósito o consigna, de los que pueden eximirse los agentes económicos si se responsabilizan de la recogida de sus propios residuos, mediante la suscripción de acuerdos voluntarios autorizados por las administraciones públicas, mientras que la regulación española se asemeja al sistema alemán en la imposición obligatoria de porcentajes de reciclado y valorización y coincide, en cambio, con el sistema francés en el hecho de que la recogida de residuos de envases y envases usados será efectuada por las entidades locales, advirtiendo que este sistema lo convierte en mucho más económico y, por tanto, va a tener una menor repercusión para los consumidores en cuanto al coste final del producto envasado.
En líneas generales, lo que podemos denominar sistema español de recuperación, recogida y devolución de residuos de envases y envases usados se articula sobre una dualidad de mecanismos; es decir, que, diríamos, utiliza dos instrumentos concretos. Por una parte, y con carácter obligatorio, los productos envasados tienen que ser puestos en el mercado mediante la aportación de una cantidad individual fijada por el Ministerio de Medio Ambiente, previa consulta a todos los sectores interesados, que se retiene en concepto de depósito y que se devuelve tras la entrega del residuo del envase. Este sistema, que el proyecto denomina de depósito, devolución y retorno, y que se corresponde con el tradicionalmente conocido como sistema de consigna, está configurado con un carácter intencionadamente desincentivador, puesto que los demás países de la Unión Europea están utilizando el otro sistema, mucho más eficaz --el sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados--, que es el que, como ya dije anteriormente, se constituye sobre la base de acuerdos voluntarios entre los agentes económicos, de acuerdo con el principio de responsabilidad compartida, y los industriales autorizados por las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se plasman dichos acuerdos voluntarios.
Para lograr, efectivamente, que estos sistemas se pongan en práctica en todo ese desarrollo de medidas que exige este proyecto de ley que hoy presentamos a la consideración de SS. SS., esta norma establece que en el plazo de un año el Gobierno apruebe un programa nacional de residuos de envases y envases usados, que será elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y que pasará a formar parte del Programa Nacional de Gestión de Residuos Urbanos. Dicho programa, como no podía ser de otra forma, será el resultado de la integración de los respectivos programas que sobre envases y residuos de envases elabore cada una de las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y reflejará el conjunto de actuaciones que se pondrán en marcha en todo el Estado español para desarrollar esta materia que hoy legislamos.
Por otra parte, el Gobierno ha sido sensible a una serie de corrientes de opinión que, si bien no están contempladas en esta directiva comunitaria, es cierto que a nivel de opinión pública vienen siendo consideradas, como que, en algunos casos, determinados materiales utilizados para estos envases pueden ser más o menos agresivos con el medio ambiente y producir una mayor contaminación, contaminación que, según se comenta, se produciría tanto a nivel de producción del envase como en el momento en que son gestionados los residuos que generan dicha contaminación. No obstante, y desde luego sin querer quedarnos en ningún planteamiento demagógico y, por supuesto, carente de rigor y de cualquier tipo de racionalidad, que es lo que debe ampararnos y guiarnos cuando presentamos un proyecto de ley de la trascendencia del que hoy traemos a esta Cámara, necesitamos tomar medidas siempre que exista un sustento científico-técnico que justifique las medidas que se vayan a adoptar. En este sentido, y como pueden imaginarse SS. SS. me estoy refiriendo a la tan traída y llevada polémica de la utilización del policloruro de vinilo, el llamado PVC,

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como material de envasado, el Gobierno se compromete, en el plazo de un año, a que, una vez oídos los agentes económicos y sociales, propongamos las medidas oportunas sobre la base de las conclusiones del estudio técnico que vaya a elaborar una comisión de expertos que contempla este proyecto de ley en la disposición final segunda. Igualmente, los Ministerios de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, al cabo de dos años de la entrada en vigor de esta norma, realizarán una evaluación de los aditivos nocivos y peligrosos utilizados en la fabricación de envases, con vistas a establecer un calendario para su sustitución en aquellos supuestos en que se pudieran aplicar algunas sustancias alternativas.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que esta norma no solamente impone obligaciones a los ciudadanos y a los agentes económicos, sino que tiene muy claro que es necesario encomendar a las administraciones públicas la conveniencia de que pongan en marcha actuaciones que fomenten la realización de objetivos concretos fijados en esta propia ley. Por ello, impone a dichas administraciones la obligación de informar a los consumidores y usuarios sobre las nuevas medidas que se ponen en marcha para que conozcan la forma en que ellos mismos pueden participar en el logro y la consecución de estos objetivos.
Por otra parte, se encarga a las administraciones públicas que adopten medidas para que en la contratación de obras públicas y suministros se favorezca el orden de prioridades en la gestión de los residuos de envases que anteriormente hemos señalado.
Finalmente, este proyecto de ley garantiza que el traslado de los residuos de envases y envases usados desde las islas y desde Ceuta y Melilla a la península se haga sin coste alguno cuando no sea posible su tratamiento en estos lugares.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, entendemos que, a grandes rasgos, puesto que obra en poder de SS. SS. este proyecto de ley -que ha sido estudiado por diferentes grupos parlamentarios que han presentado enmiendas que pasarán a defender-, en los aspectos fundamentales la norma que el Gobierno ha aprobado sobre envases y residuos de envases y que hoy somete a la consideración de esta Cámara contiene, sobre todo, las líneas básicas para constituir lo que entendemos debe ser el instrumento normativo adecuado para regular esta materia que en España era tan necesario regular con rigor, con seriedad y con eficacia por razones de orden técnico-jurídico y porque se necesita la mejor adecuación de la directiva comunitaria que necesitamos aplicar y convertirla en derecho interno, cuya finalidad es la que hoy estamos contemplando aquí.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Ministra.
A este proyecto de ley se han presentado y mantenido enmiendas de texto alternativo por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y dos enmiendas de devolución que vienen avaladas por el Grupo Mixto.
Para la defensa de la enmienda de texto alternativo que ha presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo, no de devolución, porque pensamos que la ley es necesaria, y presentamos un texto alternativo a la totalidad aunque luego nos veremos las caras en la Comisión cuando discutamos las enmiendas parciales, porque me temo que esta enmienda no va a tener mucha fortuna, y ya me gustaría que la tuviera. Esta enmienda a la totalidad intenta explicar qué es lo que ocurre en el mundo del residuo, en el mundo de la contaminación, en el mundo de la porquería que de vez en cuando cae, como en Bens, sobre la población, que nos cae sobre las espaldas; en un mundo en que uno piensa qué llegaría a ocurrir si los 5.600 millones de habitantes que hay en él derrocharan, consumieran, degradaran como degradamos nosotros, el mundo llamado civilizado occidental, rico y desarrollado; un mundo que ha aumentado sus residuos en un 40 por ciento en los últimos diez años: los residuos por habitante han pasado de 744 gramos por día a 1.035 gramos por día aquí, en España; un mundo en el que cada vez hay más distancia, una cosa absolutamente irracional, entre la producción y el consumo, es decir, donde se produce y donde se consume; un mundo donde se ha generalizado la magnífica filosofía de usar y tirar, que yo calificaría de enfermedad infantil del nuevo rico --del nuevo rico como colectivo, de la inconsciencia colectiva-- y del nuevo rico como ser individual que ha accedido en los últimos años o décadas a un determinado consumo, que se cree a partir de aquí que es el rey del mambo, que puede destruirlo todo y que puede hacerlo todo.
Los resultados los tenemos ya: lo que está ocurriendo en el conjunto de los países europeos, en España, en Galicia, en Cataluña, en todas partes, en Valdemingómez ya de forma inmediata, etcétera. Hasta ahora, los grupos de presión, que funcionaban perfectamente engrasados -porque lo que se hace a través de intereses siempre funciona perfectamente engrasado-, han impedido cualquier control del proceso de crecimiento, que yo califico de ultraliberal del sector, es decir, sin ningún control democrático, pensando que todo el monte es orégano, que el crecimiento puede ser ilimitado, que se puede contaminar porque siempre hay un sitio donde arrojar las basuras. En algún caso hay basuras que si

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no se pueden arrojar en nuestro maravilloso mundo es igual, lo vamos a arrojar al tercer mundo.
El desastre de Bens, como señalaba antes, es una muestra de dos cosas concatenadas. La primera, que el sistema de eliminación de basuras existente hasta hoy es ineficaz y, además, no cuenta con medios para hacer una labor más eficaz, porque parte de una base que nosotros consideramos elemental --por eso introducimos una serie de propuestas en nuestra proposición de ley--, y es que el que contamina no paga. No es que nosotros nos centremos en que se pueda contaminar y luego pagar; no es eso. Pero como mínimo, para llegar a un proceso en el que la gente decida, de forma lúcida e inteligente, que no se debe contaminar, que pague mientras contamine.
En segundo lugar, el desastre de Bens muestra otro elemento, que es la falta de voluntad política hasta ahora para aprovechar los residuos en un proceso de reutilización, revalorización y reciclaje, previa una reducción de los residuos que se producen, porque es posible, racional e inteligente hacerlo de esta forma.
La Directiva de envases europea 94/62 suponía poner en práctica medidas de reducción en origen de los residuos, al menos esas eran las intenciones, para poner en práctica medidas que favorezcan a los envases reutilizables y para una reducción efectiva del sobreembalaje, al mismo tiempo que paralelamente se potenciaba el reciclado de materiales. Hay que decir que esta directiva europea es de mínimos y las leyes son de mínimos o de máximos en función de los determinados intereses que hay detrás de cada una de ellas.
La realidad es que esta directiva intentaba únicamente --está bien para empezar, pero es muy poco, es insuficiente-- armonizar las legislaciones en los distintos países de la Unión para que no obstaculizaran el comercio del conjunto de los mismos. El aspecto ecológico de esta directiva es puramente marginal, prácticamente inexistente. Defiende, sobre todo, los intereses de los grandes grupos químicos europeos y fue mal recibida por el movimiento ecologista europeo en su conjunto, desde el moderado hasta el más radical. De todas formas, y a nuestro entender, vale más esta directiva que nada, porque aunque las clases dominantes sean siempre las últimas en enterarse de que están cavando su propia tumba, también tienen que vivir en este mundo, y nosotros incluso somos tan buena gente que intentaremos salvar esas clases que hacen políticas suicidas en el momento, como en este caso concreto, de controlar la producción de residuos.
El Gobierno ha remitido su proyecto. A nuestro entender, este proyecto, señora Ministra, es una copia a la baja de la directiva europea. Además, lo más importante no son las propuestas; las propuestas van en un sentido y algunas de ellas son positivas, suena bien la música, pero luego se tiene que ver cómo se concreta esto.
Lo más importante del proyecto son las ausencias. No incluye objetivos concretos para reducir envases y residuos de envases, no establece una cuota mínima de envases reutilizables, no propone reducir materiales no reciclables, no establece responsabilidad de los productores de los envases y de los residuos, considera la incineración algo absolutamente válido y limpio, a nuestro entender de forma absolutamente errónea. En relación al PVC, tan controvertido --usted misma lo ha citado--, la única medida es una comisión de expertos; vamos a intentar fiscalizar esta comisión de expertos para que no sea una comisión al alimón entre el Ministerio de Industria y la CEOE, ya que se han tenido tan en cuenta en este proyecto ley las opiniones de la CEOE.
Ya desde el artículo 1º son notorias las ausencias de concreción y la confusión de prioridades. Las prioridades deberían quedar nítidamente expresadas en sus diferencias para adaptarse al diverso grado de impacto ambiental que causa cada tipo de residuos y, demás, debería adaptarse también a las prioridades internacionalmente reconocidas. Por tanto, el artículo 1º debería señalar una ordenación de prioridades, la primera de las cuales sería prevención en la producción de residuos; la segunda, reutilización de los envases; la tercera, reciclado, y la cuarta, otras formas de valoración.
El proyecto de ley no concreta medidas de prevención de la cantidad y toxicidad de los residuos de envases, pese a que, en su artículo 1º, desde el primer momento establece como prioridad la prevención de la reducción de residuos de envases en el conjunto. Ya en el Plan nacional de residuos tóxicos y peligrosos se estableció una reducción del 40 por ciento en cinco años, siendo mucho más difíciles de tratar estos residuos que los otros de los que estamos hablando en este momento concreto. ¿Por qué no se puede hacer esto respecto a los residuos sólidos urbanos? Nosotros proponemos reducir un 25 por ciento en peso en cinco años y un 60 por ciento en diez años --todo en relación a los números de 1995--, y un 50 por ciento la utilización del PVC en cinco años y en diez años su desaparición, para que la industria del PVC tenga la posibilidad de irse acomodando gradualmente a las necesidades de fabricación de otros productos, al mantenimiento de los puestos de trabajo, etcétera, yo diría más, a la ampliación de puestos de trabajo con otras técnicas.
En relación a la reutilización, a la que se refiere el artículo 4º, ningún objetivo concreto, siendo la reutilización, según el proyecto de ley, la segunda prioridad que se plantea, al menos formalmente. A nuestro modo de ver, esto demuestra poco interés para el desarrollo de la reutilización. En este sentido, proponemos incrementar un 25 por ciento en cinco años los envases reutilizados, medidas concretas no filosofía, no literatura únicamente.
Respecto al reciclado, los objetivos que se plantean son absolutamente insuficientes, ya que no aseguran la reducción de residuos de forma notable. Por ejemplo, el artículo 5º establece objetivos de reciclado, valorización

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y reducciones notoriamente insuficientes. A nuestro entender, repito, copia la directiva a la baja, no viendo la situación concreta que tenemos ya en España, en algunos casos bastante más grave que la que tienen otros países de la Comunidad. Además no piensan desarrollarlo; da la impresión de que con esto cumplimos el expediente porque estamos en la Unión Europea, pero no hay voluntad de liderar desde España, desde nuestras posibilidades, desde nuestra voluntad política, un intento de hacer una aportación al conjunto de Europa en la eliminación de residuos, por tanto, en la mejora del medio ambiente en general. Además, España importa materiales recuperados de otros países mientras malgastamos los propios, es decir, que hay contradicciones a todos los niveles.
En el artículo 2º, de definiciones, en el apartado 6, se considera reciclado la transformación de los residuos de envases para su fin inicial u otros fines, es decir, que se desvirtúa el auténtico concepto de reciclaje que debería ser --y además decirlo en concreto en el proyecto de ley-- la transformación de los residuos de envase dentro del proceso de producción, para cumplir la misma función para lo que fue destinado al principio. Lo mismo, por tanto, sin perder ninguna propiedad en un ciclo cerrado de producción y de consumo que permitiese aprovechar al máximo la termoestabilidad, la resistencia del producto inicial y garantizar el control y la reintroducción de los residuos en los ciclos de producción.
El sutil concepto que hay en el conjunto del proyecto de ley de valorización energética esconde la potenciación incineradora tan amada por la Administración en general, creo yo, y en concreto por la administración madrileña (Valdemingómez) o catalana, no importa de qué latitud, para los intereses que defienden -casi, no del todo- que el aire de las incineradoras es oxígeno puro. Yo he tenido que escuchar cosas así en los últimos días: que es oxígeno puro o que no perjudica nada la salud ni el medio ambiente.
En el proyecto de ley hay una apuesta por la continuación de la incineración. Incluye la incineración como elemento de eliminación, a nuestro entender, de forma absolutamente errónea, si es que realmente queremos avanzar en lo que se pretende globalmente.
El proyecto incumple la directiva de envases de la Unión Europea. No incorpora el contenido de sus tres anexos en su artículo 11, referido a niveles de conservación de metales pesados en los envases. Se deberían especificar los niveles máximos de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente de los envases, según hace de forma concreta la directiva.
También hay otras insuficiencias de carácter más general. No garantiza el control de la gestión de residuos municipales por parte de las entidades locales y públicas, por parte de las administraciones públicas. No veo la participación ciudadana de los consumidores, ecologistas, vecinos, etcétera. No asegura el pago de los costes por parte de los responsables de los residuos --lo que dije al inicio de mi intervención--, ni tan siquiera el hecho elemental de que quien contamina paga, ni tan siquiera eso, para ir a un proceso de que no contamine nadie. No garantiza el derecho de los consumidores a poder escoger una compra y un consumo sin generar residuos, es decir, no informa y, por tanto, no es pedagógico, no educa.
Aunque en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tenemos nuestra propia personalidad, somos fundamentalmente servidores del movimiento ecologista en su conjunto, porque pensamos que el movimiento ecologista es el único que en los últimos años ha introducido elementos de razón y de control, así como elementos que permiten la participación de la gente, en la medida en que ha tenido el respeto suficiente para hacerlo posible.
Algunas cuestiones que se han producido con un mínimo control en cuanto a lo que está ocurriendo en el tema de la contaminación, en el tema de los residuos, viene determinado por el movimiento ecologista. Por tanto, nosotros somos deudores de este movimiento y en definitiva somos servidores de él.
Nuestra propuesta pretende concretar los principios de desarrollo ecológico sostenible, reducir, por tanto, en esta misma línea el volumen de residuos; incidir en la regulación de producción y comercialización de envases, rechazando la falsa solución del vertedero y de la incineración; apuesta por un sistema público de gestión de envases, buscando toda la colaboración de los operadores económicos públicos y privados, no despreciando una visión mixta de cómo tratar el tema de los residuos, pero siempre con la tutela de la Administración. La tutela de la Administración, señoras y señores Diputados, aunque a veces no quieran enterarse, es la tutela democrática de este Parlamento, de los parlamentos autonómicos, de los ayuntamientos, etcétera. Además, proponemos la aplicación de medidas preventivas en la producción de residuos y el fomento de la reutilización de envases, estableciendo objetivos de valorización, reciclado, devolución, recogida y recuperación de residuos, todo concatenado y al mismo tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Frutos, vaya terminando, por favor.


El señor FRUTOS GRAS: Estoy terminando, señor Presidente.
Proponemos medidas fiscales y financieras para dotar al sistema público de recursos suficientes para la gestión de residuos. Proponemos unas ecotasas, que sería, en definitiva, un sistema impositivo selectivo de carácter disuasorio que afectaría a los envases que utilizan materiales no adecuados para su reciclado.
Pensamos que el envasador debería ser el responsable de la recogida de estos impuestos, de estas ecotasas que liquidaría a la Administración. En esta línea planteamos,

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por tanto, la constitución de un fondo para la gestión de envases y residuos para financiar los programas de gestión de residuos domésticos, su recogida selectiva y su tratamiento posterior, en lo que estamos absolutamente atrasados, aunque es verdad que también hay comunidades autónomas o incluso ayuntamientos concretos que tienen este aspecto mucho más avanzado. Por tanto, la ley marco ayudará a que se pueda desarrollar en todas partes.
Planteamos en nuestra enmienda la distribución proporcional del fondo según el número de habitantes de cada lugar; la regulación de la fabricación y comercialización de envases, eliminando elementos tóxicos y los materiales que impiden su reutilización; sistemas para asegurar el retorno e incorporar los envases al ciclo productivo y un sistema de etiquetaje y marcaje de los productos que favorezca su identificación.
A nuestro entender, estas medidas son imprescindibles e inaplazables desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de introducir una racionalización superior que nosotros no vemos en el proyecto de ley.
Y serán positivas también en otras cuestiones absolutamente importantes, como es el desarrollo endógeno o interior o el desarrollo de microeconomías frente al de las macroeconomías, que tienden a laminar lo que son economías absolutamente viables, eficaces, creadoras de empleo, potenciadoras de la pequeña empresa y de su racionalización y que tienen una eficiencia demostrada en el plano industrial, tanto a nivel internacional como a nivel español, por las experiencias concretas que hay.
Vamos a utilizar la ley a fondo, y nos alegra que haya, finalmente, un marco en el que podamos debatir y defender, desde el primer momento, nuestras enmiendas, como es la Comisión de Medio Ambiente, cuando se ponga en marcha la discusión de la ley en concreto, para intentar mejorarla en este primer trámite. Luego continuaremos trabajando, junto al movimiento ecologista y los sectores de la sociedad que cada vez sean más sensibles a estos planteamientos, para que esta ley de mínimos, que es la trasposición de una directiva europea, sea una ley no de máximos pero mínimamente aceptable dentro de un tiempo prudencial.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender la enmienda de texto alternativo, tiene la palabra la señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ante todo, quiero situar la enmienda a la totalidad que nuestro grupo presenta al proyecto de ley de envases, en la valoración desfavorable que nuestro grupo hace al conjunto de actuaciones que, en materia de política de residuos, el actual Gobierno ha llevado a cabo desde que tomó posesión del Ejecutivo y que, en síntesis, han supuesto una ralentización, una paralización en algunos casos, de actuaciones emprendidas en la etapa anterior. Cuando el actual Gobierno tuvo la ocasión de empezar a demostrar que la política ambiental era un eje fundamental de su nuevo escenario de acción creando el Ministerio de Medio Ambiente, a partir de ese momento, en realidad no se han llevado a cabo actuaciones que sean coherentes con esa denominada voluntad política, y lo vemos muy bien en materia de política de residuos.
En cuanto al proyecto de ley de envases, el nuevo Gobierno se encontró con un anteproyecto, que había sido objeto de una prolongada elaboración y de un amplio consenso, que no pudo ser aprobado por razón de las elecciones anticipadas; se encontró con un proyecto de ley de gestión de aceites usados, que ya había sido aprobado por el Gobierno y, por tanto, hubiera podido ser retomado de forma inmediata por el actual Gobierno, cosa que no ha hecho; se encontró con planes nacionales en ejecución, en materia de residuos peligrosos y descontaminación de suelos, que se han visto seriamente paralizados a lo largo de este año. Todavía ni siquiera se han pagado las subvenciones en materia de aceites usados y está absolutamente parada la relación con el Instituto de Crédito Oficial para la concesión de préstamos a bajo tipo de interés para empresas que introduzcan tecnologías limpias. Asimismo, el nuevo Gobierno se encontró con un borrador de plan nacional de residuos urbanos, que también ha tardado tiempo en volver a retomar. Todo esto nos confirma una valoración negativa, dentro de la cual se sitúa específicamente la enmienda a la totalidad que hemos presentado al proyecto de ley de envases.
La ley de envases que presenta el Gobierno tiene, a nuestro juicio al menos, cinco áreas de importante discrepancia en la valoración que hacemos de la misma. La primera y más importante es que no se entiende (la propia Ministra ha empezado su intervención diciendo que la mejor manera de resolver el problema de los residuos es evitar que se produzcan), si se es consecuente con eso, que el proyecto de ley del Gobierno haya renunciado a cuantificar en lo más mínimo objetivos de prevención, objetivos de reducción en origen, tanto de la cantidad como de la toxicidad de los envases. En este sentido, no se trata de ser voluntaristas o utópicos, se trata, por una parte, de ver lo que otros países de la Unión Europea están haciendo, países a los que debemos referirnos necesariamente cuando hablamos de una política tan incipiente en nuestro país, y se trata también de tener en cuenta lo que la propia Unión Europea está pidiendo a los Estados miembros. Señora Ministra, el próximo mes, cuando usted vaya al Consejo de Ministros de la Unión Europea en materia de medio ambiente, tendrán que valorar la comunicación

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que la Comisión hace a los Estados miembros en materia de política de residuos, en la que, de manera textual, se pide a los Estados miembros que fijen objetivos cuantificados de reducción en origen de los residuos.
Esto es lo que dice la Comisión Europea, que los Estados miembros hagan lo que no fue posible hacer, por las numerosas presiones soportadas en la elaboración de la directiva que ahora estamos trasponiendo. Por tanto, la Comisión nos pide un compromiso en materia de reducción en origen, un compromiso que, además, otros grupos de esta Cámara también plantean como enmienda parcial al proyecto que usted presenta.
Nosotros proponemos que haya, al menos, una reducción del 10 por ciento en peso, a cinco años vista después de la aprobación del proyecto, y que esa reducción sea del 20 por ciento en el caso del PVC. Ya hemos oído de boca de la Ministra que en el caso del PVC, según su opinión, no existen estudios llevados a cabo con rigor, no existe evidencia científica de su toxicidad y, por tanto, el Gobierno se quiere dar todavía un año para analizar este problema. Pues bien, basta mirar a los países de nuestro entorno para comprobar que incluso existen países, como Suiza, donde una ley prohibe el uso del PVC en envases de bebidas, y en el resto de países más avanzados de nuestro entorno existen, desde hace años, serias restricciones al uso del PVC. Eso es así en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Holanda; países que han tenido ocasión de estudiar informes científicos --que, por supuesto, existen-- y han tomado decisiones políticas relevantes. En ese sentido, baste señalar, por ejemplo, los acuerdos de reducción, insertos en los planes nacionales de medio ambiente, en el caso de Dinamarca, en el caso de Suecia; en países donde la propia industria ha aceptado un proceso de reducción en el uso de este material. No podemos entender que esos acuerdos se hayan desarrollado sin rigor y sin suficiente conocimiento científico. Ahí está la posición de Suecia, que nos parece absolutamente relevante en esta materia, que aprobó, en su momento, una norma de orientación en materia de política ambiental, según la cual el único nivel aceptable de sustancias sintéticas persistentes en la naturaleza debe ser nivel cero y, a partir de ahí, aprobó, en 1995, una resolución para llegar a la total eliminación del PVC. En palabras de la propia Ministra de Medio Ambiente, no se trata de discutir si hay que eliminar el PVC, sino de cómo hay que hacerlo.
Creo que calificar de poco rigurosas las posiciones asumidas por otros ministros de la Unión Europea, por los responsables políticos y los sectores productivos en esta materia, no es de recibo. Además, en materia de comisiones, ya hemos tenido en la anterior legislatura, a impulso del Senado, una comisión interministerial que llegó a recopilar suficiente material, pudiendo analizar el mismo en tiempo antes de las elecciones anticipadas. Creo que ese material debe ser distribuido y analizado y debe ser el punto de partida para decisiones más ambiciosas en ese campo.
Sin embargo, nuestras discrepancias no están sólo en el campo de la ausencia de compromisos reales en materia de prevención. Podríamos hablar de que, además de lo que nos pide la Unión Europea, España ha suscrito convenios internacionales que deberían llevar a una política mucho más potente en este sentido. Quiero recordar solamente el que se refiere a la contaminación de origen terrestre, en el marco del Convenio de Barcelona, que compromete al Estado español a la progresiva eliminación de las sustancias orgánicas persistentes, puesto que dentro de las mismas se encuentran sustancias, como las dioxinas y los furanos, que requieren actuaciones serias y compromisos reales en materia, por ejemplo, de los plásticos clorados como el PVC.
Nuestras discrepancias, como decía, señora Ministra, no están sólo en el campo de la ausencia de compromisos de prevención; están también en la propia garantía de cumplimiento de lo que estrictamente establece la directiva. Ustedes dicen que trasponen la directiva y la trasponen, es cierto, en sus objetivos, pero creemos que para nada se garantiza, con la última redacción de este texto, que esos objetivos se vayan a cumplir.
Consideramos que los textos anteriores han sufrido, en este caso también, un recorte significativo y que desaparecen mecanismos de control que, en nuestra alternativa, proponemos que se recuperen; mecanismos de control como son, concretamente, el establecimiento de un calendario de objetivos intermedios a dos años vista, a partir de la entrada en vigor de la ley, para que se compruebe suficientemente si se está avanzando en el camino de los objetivos que hay que alcanzar en el plazo de cinco años. Pensamos que esto mejoraría la capacidad de seguimiento de los sistemas que se pongan en marcha, así como opinamos que la Administración general del Estado debe tener la posibilidad de hacer un seguimiento real de los sistemas integrados de gestión, que debe compartir con las comunidades autónomas el seguimiento de sus resultados, y no quedar ajena, como ha quedado en el texto que nos presentan. Por supuesto, entendemos que las autorizaciones que se den a los sistemas integrados de gestión, deben poder ser suspendidas y anuladas en el caso de que no se estén cumpliendo los objetivos, los mecanismos de control e información que se piden a los agentes que se incorporen a estos mecanismos de sistemas integrados de gestión de residuos.
Asimismo, el texto que presenta el Gobierno pensamos que tiene una serie de carencias en lo que se refiere a la información y a la fijación de requisitos concretos. Hay excesiva remisión a reglamentos posteriores y, por poner un ejemplo, hay también una inaceptable disposición que abre la vía a excepciones no claras desde el primer momento en cuanto a envases que quedarían fuera de las obligaciones del decreto en razón

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de su tamaño, de su tipología. Creemos que esto es completamente innaceptable y que debe ser evitada la apertura de una vía que desvirtúe completamente la posibilidad de vigilar el cumplimiento de los objetivos de la directiva.
Nuestra área de discrepancia tercera es la ausencia de mecanismos suficientemente eficientes en cuanto a planificación y coordinación con el resto de las administraciones. No es de recibo que en estos momentos todavía se planteé que tiene que pasar un año para que haya un plan nacional de residuos sólidos úrbanos con el correspondiente programa en materia de envases. Creemos que como mucho, y así lo planteamos en el texto, no pueden pasar más de seis meses para que este plan esté dispuesto para su aprobación. El tema urge y también aquí hay una urgencia planteada desde la Comisión Europea a todos aquellos países que todavía no dispongan de un plan nacional de residuos solidos urbanos.
También creemos que las entidades locales no están suficientemente consideradas en el texto que nos propone. Han evitado que sean participes en el proceso de fijación de las cantidads individualizadas sobre los distintos tipos de envase, así como en las cuantías de financiación complementaria que requieren las entidades locales para poder atender la recogida selectiva. Creemos que las entidades locales deben ser oídas y deben participar en la fijación de esas cantidades individualizadas y de esas cuantías de financiación complementaria.
En cuarto lugar, creemos que no está suficientemente adecuada la norma a las exigencias de participación ciudadana. Señora Ministra, usted tiene ya creado un órgano de participación, incluso modificado por ustedes en fecha reciente, que es el Consejo Asesor de Medio Ambiente y ni siquiera lo menciona en esta norma. Creemos, por el contrario, que debe de tener un papel real en el seguimiento y en el impulso de la política de reducción y de reciclaje de envases y embalajes. Por tanto, en este caso proponemos en las disposiciones alternativas que aparezca claramente mencionado y con una función, así como que se refuerce la posibilidad de seguimiento, por parte de consumidores y usuarios, que nos parece también insuficiente.
Por último, señora Ministra, hay otra cuestión en la que discrepamos, y es el hecho de que no aprovechen esta norma para hacer algo que, por lo visto, están dispuestos a hacer en normas de menor rango, que es fijar los límites de emisión de dioxinas de las incineradoras de residuos sólidos urbanos. Esto nos parece lo mínimo, aprovechando una norma en la que debería quedar suficientemente reflejada la jerarquizacion que la Unión Europea hace en materia de política de residuos. La Unión Europea nos está diciendo no solamente que la prevención debe ser la primera prioridad, de eso ya hemos tenido ocasión de hablar, sino que también dice que la recuperación de energía, a partir de la quema de residuos sólidos, debe de hacerse sólo en determinadas condiciones; debe de hacerse con los límites más estrictos posibles, pero también, textualmente dice la Comisión en su informe, de forma que no perjudique en ninguna manera los principios de prevención y recuperación de materiales. Es decir, creemos que la incineración sólo puede contemplarse de forma legítima, cuando exista en el contexto de un sistema integrado de gestión de residuos de envases, que permita y garantice la recogida selectiva plena. Por tanto, sólo en ese momento sería a nuestro juicio deseable que hubiera un reconocimiento, una legitimación de las plantas de incineración, siempre que, además, se cumplan los límites de emisión que otros países de nuestro entorno ya están cumpliendo.
Esperamos que, una vez que pase este debate, ustedes sean capaces de recoger en el trámite de enmiendas de la ley algunas mejoras que los grupos de esta Cámara estamos proponiendo. Estamos convencidos de que debe ser así, porque de lo contrario la creación de un Ministerio de Medio Ambiente habría sido una expectativa frustrada, una falta absoluta de ambición real, en algo que es absolutamente trascendente para nuestro país y, en esta primera norma que usted trae a esta Cámara, señora Ministra, resultan fácilmente identificables las carencias de la misma y las posibilidades, por tanto, de mejora.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Narbona.
Por el Grupo Mixto, para defender la primera de sus enmiendas de devolución, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora Ministra, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego, hay tres pegas fundamentales que hacer a este proyecto de ley del Gobierno. Unas de ellas que puede parecer utópica o idealista, consiste en que realmente el proyecto de ley evidencia una falta de consulta real a las organizaciones más preocupadas por la cuestión del medio ambiente, y que esta falta de consulta se ha traducido en la ley con la falta de participación en los organismos consultivos que se contemplan en la misma por parte de estas organizaciones, especialmente las organizaciones ecologistas.
En segundo lugar, la segunda pega sería que de una lectura completa de la ley se deduce, es que hay una clara postergación en la reducción de la producción de envases y de resíduos de envases y de su reutilización en beneficio sin duda de la incineración, y, además, debemos decir que en casos muy concretos del Estado español los programas de incineración están sustentados en muchísimos miles de millones de pesetas y

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abarcan intereses de sectores oligárquicos muy poderosos de los distintos países que integramos el Estado español. Esto lleva consigo que la ley de manera subrepticia contemple a la baja los objetivos de reciclaje.
En tercer lugar, la tercera pega fundamental está basada en que hay una obsesión con el problema de la gestión de los resíduos más que con la miniminización de los resíduos de envases y la producción de envases y su reutilización.
Ahora, señora Ministra, nos gustaría hacerle algunas consideraciones previas para que entendiese mejor nuestra crítica a la ley que intentaremos mejorar en todo el proceso de debate posterior.
En primer lugar, está claro que en la cadena de comercialización se impongan tasas a cobrar a los clientes y que, naturalmente, conlleve su devolución por cada envase devuelto, o bien un sistema integrado de gestión de resíduos con recogida y objetivos de reciclado y valorización final; parece que es más bien esto lo que se convierte en norma y lo primero en excepción.
También observamos que hay muy poco recogido en relación con el problema de que se obligue a los fabricantes de envases a producir con materiales procedentes de resíduos de envases y, por otra parte también, como consideración previa, cuando se habla de reciclado y valorización, observamos que en la valorización hay una clara apuesta por la recuperación de energía, pero el reciclado queda con un serio interrogante.
En definitiva, señora Ministra, los principios de actuación respecto de la reducción y la reutilización son prácticamente inexistentes en la ley, y le puedo leer, por ejemplo, lo que dice la misma en relación con la prevención y reutilización que por su carácter puramente potestativo y vago podría ya hacerse ahora y no se hace, e indica que en el futuro hay un gran vacío a este respecto cuando se dice que la Administración general del Estado y las comunidades autónomas adoptarán las medidas oportunas especialmente relativas al diseño y proceso de fabricación de los envases con la finalidad de minimizar y prevenir en origen la producción de los resíduos de envases, y cuando, al mismo tiempo, se habla de que las administraciones públicas podrán establecer aquellas medidas de carácter económico financiero y fiscal que sean necesarias con la finalidad de favorecer la reutilización de los envases.
Ustedes dejan toda la cuestión de la reducción del peso de los mismos a merced del programa nacional de resíduos de envases y envases usados, que queda en manos de la Administración, de las grandes empresas interesadas desde el punto de vista de la fabricación, y de los técnicos que en gran parte están comprometidos con estas empresas. Es más, cuando ustedes hablan de los objetivos de reciclado y de la organización en plan concreto antes del 30 de junio del 2001, y optan por el 50 por ciento como mínimo y el 65 por ciento como máximo en peso de la totalidad de envases generados, y en reciclado el 25 por ciento como mínimo y el 45 por ciento como máximo, realmente están ocultando que hoy día, en el caso del reciclado del vidrio y de varios metales, se supera el objetivo del 25 por ciento y concretamente en el caso del papel, el 45 por ciento.
Parece que hay un deseo de dejar a los plásticos al margen de todo este proceso; por tanto, consideramos que la ley está hipotecada por las empresas fabricantes de plástico, en concreto las petroleras, las energéticas y las ingenierías de incineración, que serían las que seguirían manteniendo gran parte de la cuota en todo este proceso de conversión o reconversión de los residuos.
Para ir acabando, cuando hablan de la dialéctica entre un sistema de depósito, devolución y retorno y un sistema integrado de gestión de residuos, está claro que en esta dialéctica sale mucho más beneficiado el sistema integrado de gestión de residuos. Además, lo colocan en manos de unos agentes económicos interesados, que prácticamente se trata de empresas privadas que incluso pueden complicar excesivamente el sistema integrado de la gestión de residuos, ya que ustedes dicen que se pueden colocar símbolos, pero no está claro quién va a controlar esta simbología, qué grado de diversidad va a tener y no se preocupan de dejar claro que el depósito, devolución y retorno debería ser prácticamente generalizado para productos como el agua, la cerveza, los zumos o incluso los vinos, ni establecen un montante suficiente de dinero a reintegrar por la devolución de los envases, que realmente se utilizaría como arma de fuerza frente a los consumidores.
En definitiva, los ayuntamientos quedan como meros recogedores y transportistas, sin que controlen prácticamente toda esta gestión que, vuelvo a repetir, favorecerá a las grandes empresas. Además, habría que requerir a los productores de envases una serie de criterios en los materiales utilizados; en concreto no solamente el control de los materiales pesados, sino también el límite de dioxinas, de furanos, así como de otros productos tóxicos y, sin paliativos, la prohibición del PVC, que, como ya le indicaron, es clara incluso en Estados centrales de la Unión Europea con grandes intereses industriales, como pueden ser Alemania y Austria que, por cierto, nos envían el PVC que ellos no emplean para estos envases. Incluso se echa en falta en el proyecto mayor requerimiento taxativo sobre los tipos y materiales que se deben utilizar en los envases.
En definitiva, señora Ministra, pensamos que la ley es corta, de difícil aplicación, más bien caótica cuando se aplique en el beneficio que se oferta a la alternativa del sistema integrado de gestión de residuos, preocupada exclusivamente por esta gestión mercantil y muy poco participativa. Esperemos que en todo el debate posterior algunas de estas cuestiones se modifiquen y

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solucionen, aunque sea en un plano pragmático y realista a corto plazo y que todos podamos apoyarla.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para defensa de la segunda enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto, enmienda de devolución, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señora Ministra, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para defender la enmienda a la totalidad, con solicitud de devolución, presentada al proyecto de ley de envases y residuos de envases.
Entendemos que es necesario un proyecto de ley para este tema, no sólo porque es requisito de obligado cumplimiento por razón de trasposición de la directiva europea, sino porque el contenido en sí del proyecto al regular los envases y sus residuos es importante, pero entendemos que el proyecto presentado no reúne, a nuestro entender, las características suficientes para aceptarlo y solicitaríamos un nuevo proyecto que recoja estas características que ahora voy a señalar.
La justificación de nuestra enmienda se puede realizar, de modo general, basada en cuatro cuestiones. La primera cuestión es la ausencia de objetivos de reducción y minimización, que es una cuestión muy importante. Es cuestión importante --como ya han señalado otros oradores-- porque contradice el espítu de la normativa comunitaria y, de alguna manera, también podría contradecir el proyecto de ley que hoy se presenta, si nos atenemos al contenido de su exposición de motivos.
Entendemos necesario fijar unos objetivos concretos en cuanto a reducción, considerando imprescindible que la fijación de estos objetivos se realice por materiales de forma que los más respetuosos con el medio ambiente no tengan que soportar las carencias o deficiencias de otros.
Hay que señalar que en anteriores anteproyectos ya aparecía este objetivo que consideramos muy importante.
La segunda razón en que basamos nuestra enmienda a la totalidad hace referencia a la ausencia de claridad en el sistema de financiación. Hay que entender que en un proyecto de estas características la trascendencia económica del mismo es realmente importante y que es necesario tratar de la misma.
Entendemos que resulta ineludible realizar una valoración económica que permita contar con datos ciertos, a través de la incorporación al proyecto de una memoria económica. En esta cuestión también pensamos que el artículo 10.2 en su párrafo segundo hace aparecer una paradoja, por cuanto si los sistemas integrados compensan a las entidades locales por los costes adicionales que en cada caso tienen que soportar por el nuevo sistema en el que participan, podría darse, repito, la paradoja de que aquellos ayuntamientos que menos presupuesto hayan dedicado al tratamiento de residuos en sus municipios, se vean beneficiados por el nuevo sistema de financiación frente a aquéllos más concienzados medioambientalmente, al aplicar el ingreso como diferencia entre la gestión actual y la futura.
Nuestra tercera razón se refiere a la ausencia de especificaciones claras sobre el papel de las entidades locales en los sistemas integrados de gestión y sobre la articulación de su participación en los mismos. Lo mismo podría afirmarse respecto al papel desempeñado por las comunidades autónomas en los supuestos en que dispongan de planes propios de gestión de residuos sólidos urbanos.
La articulación de participación de los entes locales mediante la firma de convenios puede suponer, en aquellos supuestos en que las comunidades autónomas no tengan planes de gestión de residuos, que éstas últimas desconozcan, en principio, los términos de aquellos convenios y que los mismos pudieran contradecir determinaciones de la política autonómica en esta materia.
Al mismo tiempo, las desigualdades en la generación de residuos entre los grandes núcleos y los pequeños, pueden originar grandes diferencias de trato entre unos entes locales y otros a la hora de elaborar el texto de los convenios. Resultaría por ello razonable otorgar un mayor papel en la articulación de esta participación a los órganos autonómicos.
Por último y reiterando este tema, como cuarta razón clave está el posible conflicto con las facultades reconocidas a las comunidades autónomas en materia de formulación de planes de gestión de residuos. El artículo 17 del proyecto que hoy se presenta contempla la elaboración de un programa nacional de residuos de envases y envases usados, integrado por los programas elaborados por las comunidades autónomas, y afirma igualmente ese artículo que dicho programa se incluirá en el plan nacional de gestión de residuos urbanos y tendrá validez para todo el territorio nacional.
Las posibles disfunciones competenciales pudieran provenir de la ausencia de concordancia entre los planes existentes actualmente en las comunidades autónomas y el plan nacional de residuos urbanos, aún sin elaborar y contemplado en el proyecto de ley.
Estas son las cuatro consideraciones de carácter general que reflejan graves consideraciones diferentes respecto al proyecto hoy presentado.
También tenemos otras consideraciones al articulado, a las que simplemente paso a referirme mencionándolas enunciativamente. En el artículo 9º.1, en sus párrafos segundo y tercero, hay muchas lagunas respecto a cuál es el papel que tienen que realizar los entes locales.
Asimismo, en el artículo 12 no se clarifica a quién se refiere la expresión: «poseedor final». Del mismo modo,

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entendemos que en el título de este articulo 12 debería incorporarse la expresión «recuperados», en concordancia con el título de la sección 3ª.
Hay otra consideración a tener en cuenta en el artículo 13, en el que entendemos resulta insuficiente la referencia única a los metales pesados como único contaminante.
Por último, el artículo 10.3 señala que la autorización de los sistemas integrados de gestión quedará sujeta a la prestación de la fianza, aval bancario u otro tipo de garantía, en cuantía suficiente a juicio de la Administración autorizante, para responder del cumplimiento de las obligaciones de contenido económico que frente a las administraciones publicas se deriven de la actuación de los sistemas integrados de gestión. Se estima enormemente dificultoso valorar a priori el perjuicio que pudiera originarse en los supuestos de incumplimiento por parte de la entidad autorizada para la constitución del sistema integrado de gestión, de sus compromisos, frente a las entidades locales.
Por estas razones de carácter general, pero también por razones específicas en cada uno de los artículos, entendemos que es muy necesario este proyecto, es necesario por obligación legal, es necesario por la materia que trata, pero entendemos que el proyecto de ley debiera recoger todas estas consideraciones y, por tanto, solicitamos su devolución para la presentación de uno nuevo que recoja todas estas consideraciones que hoy mismo hemos solicitado.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra que prevé el Reglamento de la Cámara? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve para responder a los intervinientes de los grupos parlamentarios que han presentado unas enmiendas de devolución, dos de ellos con presentación de texto alternativo. En primer lugar, al representante de Izquierda Unida, que quería explicarnos hoy lo que ocurre en el mundo de los residuos.
Señor Frutos, he tenido la impresión, al escuchar su intervención, de que lo que estaba echando en falta, como también lo ha echado el Gobierno actual en cuanto ha llegado a hacerse cargo de esta situación de los residuos, es una ley básica de residuos y, por tanto, lo que necesitamos cuanto antes es un compromiso legislativo de este Gobierno para traer a esta Cámara, antes de que finalice el año, una ley básica de residuos que nos explique y nos dé las soluciones de cómo debemos establecer ese mejor tratamiento de los residuos en general. Le digo esto porque usted continuamente, cuando ponía ejemplos de la incineradora de Valdemingómez, del vertedero de Bens, se estaba refiriendo no a problemas específicos que hoy traemos a esta Cámara, el proyecto de ley de envases y residuos de envases, sino a los problemas generales que están padeciendo los ciudadanos españoles por la carencia de una normativa específica sobre la ley básica de residuos. Por tanto, no podré contestarle a todas esas generalidades, si usted quiere, o deseos de buena voluntad que sin duda podremos concretar cuando se produzca esa ley básica de residuos.
Señor Frutos, aquí no ha funcionado, ni engrasado ni sin desengrasar, ningún grupo de presión. No podemos perder el sentido de por qué hemos traído hoy a esta Cámara este proyecto de ley, y es por la obligación que teníamos de incorporar a nuestro Derecho interno una normativa comunitaria. Por tanto, hemos transcrito en tres bloques de normas esa directiva comunitaria. En tres bloques de normas en la medida en que nos encontramos, por una parte, con la trasposición casi literal de toda una serie de disposiciones de la directiva comunitaria a este texto. Por tanto, no entiendo las críticas que tanto usted como otros grupos hacen a este proyecto de ley que hoy traemos a la Cámara diciendo que devalúa, reduce a la baja, los compromisos de la directiva comunitaria de mínimos.
No, señor Frutos. Es una transcripción casi literal en un bloque muy importante de normativa el que hemos traído. Por ejemplo, cuando dice que no se contemplan las medidas concretas en cuestión de reciclaje o de valorización. No, señor Frutos, porque se dice expresamente --y lo he comentado en mi primera intervención-- que antes de cinco años se deberá valorizar en todo el territorio nacional concretamente el 50 por ciento máximo en peso de la totalidad de los residuos de envases generados. Y con referencia al reciclaje también se dice que se deberá establecer ese objetivo global de reciclar un máximo de 25 por ciento. Por consiguiente, quiero decirle, señor Frutos, que esto es textual de lo que dice la directiva comunitaria y no hemos modificado ni una coma, ni un ápice. Por otra parte, se impone al Gobierno la obligación de aprobar en el plazo de un año como máximo, señora Narbona --no hemos dicho que se vaya a agotar todo el plazo--, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, ese programa nacional de residuos de envases y envases usados.
Tenemos un segundo bloque, señor Frutos, en el que transcribimos y cumplimos de esta forma la obligación que impone la directiva a los Estados miembros de establecer unos sistemas abiertos a la participación de todos los sectores económicos y sociales. Por eso me va a permitir que le diga que el modelo de gestión que usted trae en su texto alternativo a esta Cámara, aunque yo no puedo valorarlo --es una decisión política de su grupo, que desde luego respeto--, no responde para nada a los objetivos de esta directiva comunitaria, que, como

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sabe muy bien S. S., en la exposición de motivos dice que el objetivo prioritario es armonizar toda la normativa referente al tratamiento de residuos de envases en todos los países de la Unión Europea. España es uno de esos países. Por tanto, tiene que armonizar con los demás países los instrumentos que la directiva comunitaria pone a su alcance para gestionar estos envases. En esos instrumentos ya hemos optado por un modelo abierto en el que no solamente el ente público, sino todos los sectores afectados, puedan participar, mediante responsabilidad compartida, que es lo que también establece --y no nos lo inventamos, señor Frutos-- el quinto Programa comunitario de acción, sobre la base de acuerdos voluntarios, en el tratamiento de esos envases que hoy tenemos aquí en esta ley que estamos debatiendo. Por tanto, por el procedimiento de acuerdos voluntarios --que a S. S. parece que no le gusta y quiere rechazar, pero es lo que está funcionando con muchísimo éxito en los demás países de la Unión Europea--, que sean esos agentes económicos autorizados y controlados por la Administración, en este caso concreto en España por las comunidades autónomas, los que puedan establecer ese sistema integrado de gestión de residuos. Y en el supuesto de que no se adoptaran esos acuerdos voluntarios, siempre, porque tenemos muy claro ese objetivo de la reducción en origen de los envases --cosa que usted dice que no contemplamos y yo creo que no se ha leído muy bien nuestro texto--, para hacer esa reducción lo que estamos comentando es que hace falta, sin lugar a dudas, que si no existe ese sistema integrado, por lo menos se obligue a los agentes a recuperar todo ese material de envasado que ellos han estado utilizando.
Por otra parte, cuando habla usted de los costes, señor Frutos, yo no acabo de entender muy bien el texto que plantea, porque está lleno de carencias, inclusive legislativas, suponiendo que se pudiera aceptar, que ya digo que no es homologable a la Unión Europea, el planteamiento que usted hace de hablar de unas tasas ambientales. De entrada le puedo decir que esas tasas ambientales supondrían muchísimo más coste no solamente al envasador, sino al usuario de esos productos, que lo que nosotros estamos proponiendo con esta ley de envases, con la que, copiando, como le dije en mi primera intervención, el sistema francés, según los últimos balances que tenemos del sistema francés en este año 1996, del mes de abril, parece que el incremento máximo que se puede producir normalmente --varía en función del tipo de envase o del peso del envase--, por término medio suele ser de unos cincuenta céntimos por envase, lo cual es mucho menos costoso, mucho más barato que lo que usted está proponiendo con las tasas ambientales. Pero es que además no acabamos de entender muy bien, cuando habla en su proyecto de tasas ambientales, de qué tipo de figura tributaria nos está hablando, si es que realmente se refiere a un impuesto especial sobre consumos específicos --que es lo que parece, como los impuestos que ya existen similares al IVA--, o si por el contrario, como utiliza el término de tasa, está hablando realmente de una tasa, aunque aquí no estamos ante el pago concreto de un servicio público, de una contribución especial. Pero es que, aun suponiendo que diéramos por válido este concepto de tasa, de lo que también se ha olvidado S. S. es de cumplir un principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 133 de la Constitución y en la Ley General Tributaria, en la que, como sabe muy bien S. S., precisamente se obliga a hablar en concreto de ese hecho imponible, de los sujetos pasivos, del devengo, de las normas de gestión, y todo esto S. S. lo pasa por alto completamente.
Otra objeción que tengo que hacerle, y que yo creo que está basada en lo que decía al principio de mi intervención de que usted ha creído que estamos hablando aquí de una ley básica de residuos, es que, suponiendo que, según su procedimiento, se cobrara esa tasa ambiental, usted no la utiliza para la mejora de la gestión de los residuos de envases, sino que quiere hacerlo para cualquier tipo de tratamiento de residuos. Y yo entiendo que, en el supuesto de que se pudiera aplicar, no se debe financiar cualquier clase de tratamiento de residuos domésticos, sino limitarlo en exclusiva a lo que sería la ley de envases.
Cuando habla de objetivos de prevención, su texto alternativo impone unos porcentajes obligatorios en cuanto a la reutilización de envases. Tengo que decirle, señor Frutos, que esto ya no es que nos guste o que nos disguste, es que es contrario también a la normativa comunitaria y, en la medida en que tenemos que homologarnos con los demás países comunitarios, no podemos imponer concretamente a un Estado una obligación que sería totalmente contraria a lo que los demás países, en trasposición exacta de esta directiva, se han dado como normativa.
Habla usted, por otra parte, de que este texto parece que lo que hace es --lo decía textualmente-- una sutil alusión a la valorización que esconde la incineración. No, señor Frutos. Somos claros y tan abiertos y tan transparentes que definimos en uno de los artículos qué se entiende por valorización, y lo definimos no con palabras nuestras sino de la propia directiva de la Comunidad Europea. Si usted realmente piensa que esto es estar hipotecados a las grandes multinacionales del sector químico, es evidente que estaría Europa entera hipotecada a las grandes multinacionales del sector químico; criterio que desde luego respeto pero que no puedo compartir. Lo que sí ocurre con la propuesta de S. S. es que, como no respeta en absoluto la directiva comunitaria en su texto alternativo, nos encontramos con que al final de sus observaciones parece que coincide plenamente la valorización con el reciclado, aunque lo llame valorización ecológica y, por tanto, no tendría sentido, como hace la directiva comunitaria, definir por una parte el reciclado, la reutilización por

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otra parte, y la valorización por otra, puesto que la valorización, en la mayoría de los casos, lleva unida la recuperación energética, que es la que S. S. parece que no respeta.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, señora Ministra, por favor.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor Presidente, voy terminando con el señor Frutos y seré lo más breve posible en la contestación a los demás representantes de grupos parlamentarios.
Por tanto, señor Frutos, no podemos aceptar su proyecto puesto que está creando, haciendo depender del Ministerio y con escasa consideración a las comunidades autónomas, una comisión para el control de la gestión que solamente controlaría el Gobierno, que como usted sabe precisamente no tiene esas competencias.
Con relación a la señora Narbona --y voy a ser todo lo breve que me pide el Presidente, pero no puedo ser tan telegráfica como seguramente él desearía en este momento-- esto es lo de la botella medio llena o medio vacía. Usted acusa a este Gobierno que acaba de entrar en la Administración de paralizar actuaciones de la etapa anterior. También he oído a S. S. esa crítica con relación al Plan Hidrológico Nacional, cuando ustedes han estado gobernando catorce años y no han sido capaces de sacarlo adelante, y nosotros proponemos hacerlo en dos años, por lo que es absurdo decir que se está paralizando. Pasa lo mismo cuando S. S.
hoy hace una crítica general al tratamiento de los residuos que hace el Gobierno desde que ha llegado, porque creo que se quiere referir S. S. a que ustedes no fueron capaces de sacar una ley básica de residuos y, por eso, todo lo demás que se ha ido haciendo son pequeños parches en el tratamiento de residuos. No fue tampoco capaz S. S. de trasponer durante su mandato esta directiva comunitaria y, por tanto, me sorprende muchísimo que usted ahora venga a decirnos que somos nosotros los que estamos demorando este tratamiento en la gestión de residuos, cuando traemos esta directiva comunitaria hoy en su trasposición a través de un proyecto de ley. Por tanto, quiero decirle que lo que hace falta es esa ley básica de residuos, que la tendremos cuanto antes.
No puedo aceptar, señoría, su texto alternativo por muchísimas razones.
En primer lugar, por técnica legislativa --y me sorprende en S. S. que tiene una gran experiencia parlamentaria y, por tanto, legislativa--, porque es muy farragoso su texto, mezcla distintos niveles en cuanto a la consideración de la norma. En esa redacción tan extensa y tan farragosa mezcla lo que desde nuestro punto de vista es muy lógico que se contemple y que lo debatamos, pero en el desarrollo reglamentario de este proyecto de ley. Por tanto, no tiene sentido mezclar al mismo nivel las medidas concretas que usted, por otra parte, dice que quiere ya aplicar en lo que tiene que ser exclusivamente una reserva legal.
Señora Narbona, cuando habla de esos conceptos de reducción en general de los residuos y en particular del PVC, quiero decirle, en primer lugar, que desde luego no figura para nada esa obligación en la directiva comunitaria y, por tanto, no estamos incumpliendo, ni a la baja ni al alza, el tratamiento que se da en la directiva comunitaria. Pero es que además tengo que decirle, señora Narbona, que yo creo que no es bueno hacer brindis al sol con determinadas afirmaciones, porque si usted repasa --no tengo tiempo ahora, pero lo tengo aquí delante-- su texto alternativo, en ningún momento plantea las medidas concretas que se van a aplicar, cómo las van a aplicar y qué es lo que va a pasar si no se aplican. Es decir, no hay ningún tipo de concreción ni de sanciones. Por tanto, lo que se plantea de reducción en la prevención o de reducción en cuanto a la utilización del PVC, no deja de ser más que un brindis al sol, un quedar bien con la galería. Pero es que además yo he encontrado un texto en el que, cuando S. S. hizo este mismo planteamiento a la Comisión, le respondieron que informara de los mecanismos que pensaba aplicar el Gobierno español para poner en marcha esta situación, porque la Comisión ya se daba bien cuenta de que no era más que una buena declaración de intenciones para quedar bien con determinados sectores que estaban presionando a S. S. para darle el visto bueno, que al final tampoco se lo dieron. Y en cuanto a lo que usted dice de que aquí no ha habido consenso, quien no lo tuvo fue S. S., que no fue capaz de llegar a ese acuerdo en el órgano que usted ha citado, el Consejo Asesor de Medio Ambiente, que inclusive le llevó a que algunas de las organizaciones no gubernamentales abandonaran el consejo precisamente porque no consiguió el objetivo que ellos buscaban de la prohibición expresa de la utilización del PVC en los envases, cosa que S. S., yo creo que con cierta lógica, tampoco pudo aceptar. Hay otro criterio también, y es que si la directiva comunitaria no impone a nadie esta reducción con medidas concretas en la misma, y lo puede dejar después para un desarrollo reglamentario, si España lo hiciera estaríamos afectando precisamente al artículo 18 de la propia directiva, en el que se dice que no se pueden aplicar estas limitaciones porque podríamos estar atentando al principio de la libre competencia que, como sabe S. S., es incompatible con el tratado. Por tanto, son muchas las razones por las que no se puede aplicar esta reducción que usted misma tampoco está aplicando.
Señora Narbona, por otra parte, plantea usted también el porqué no se fijan en esta directiva unos límites de eliminación de dioxinas. Me sorprende, señora Narbona, que usted plantee esto, porque sabe muy bien que en la ley de atmósfera lo que se permite al Gobierno es fijar estos niveles de emisión pero mediante real decreto, y vuelvo a decirle que por razón

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de técnica legislativa no entiendo por qué tendríamos que utilizar el procedimiento de una ley para aplicar estos límites, en concreto, de las cantidades de eliminación de dioxinas. Pero es que además hay otra razón.
Suponiendo que sí lo hiciéramos en esta ley, como sería tan concreta y tan específica la limitación de estas dioxinas en un porcentaje determinado, justo para este supuesto de incinerar residuos de envases, en aquellos supuestos en los que tuviéramos también esta emisión de dioxinas y de furanos pero que no fueran provocadas, como ocurre en muchos procedimientos de valorización, concretamente por envases y por residuos de envases, entonces quedarían completamente indemnes. Es decir, no habría que exigirles ninguna responsabilidad, no se podría tampoco sancionar a esas incineradoras, porque la normativa, si la hubiéramos dejado exclusivamente aquí contemplada, como propone S. S., se referiría solamente a envases y a residuos de envases. Por tanto, nosotros nos proponemos -al igual que todavía no lo ha especificado la Comunidad Europea, pero parece que se van a imponer unas limitaciones de 0,01 nanogramos por metro cúbico- implantar esas limitaciones, pero en el tratamiento de la incineración de residuos tóxicos y peligrosos, cuya trasposición de directiva también haremos antes de final de este año.
Y como tengo que ir terminando, señor Presidente, a los representantes del Grupo Mixto quiero decirles, en concreto al representante del Bloque Nacionalista, que no ha faltado consulta con las organizaciones no gubernamentales, puesto que si algo encontré cuando llegué al Ministerio de Medio Ambiente eran consultas y consultas que habían dado lugar hasta quince borradores, y lo que hacía falta era no seguir dialogando en un callejón sin salida que había llevado al Gobierno anterior a no poder trasponer esta directiva comunitaria sino a tomar una decisión política.
Por eso tomé la decisión política de transcribir literalmente la directiva comunitaria y, posteriormente, dar cabida a nuestras comunidades autónomas y entes locales en todos los procedimientos de reducción y en el desarrollo de esa normativa, pero, como digo, ponerla en marcha cuanto antes porque, si no, se produce el agravio comparativo de que los productos españoles que se estén exportando van a estar obligados a cumplir esa directiva mientras que España podría verse convertida en el paraíso de los envasadores de otros países extranjeros si aquí no les sometiéramos a la misma directiva comunitaria que ya están aplicando otros países. Esto es lo que nos ha movido y, como al señor Frutos, le reitero que, si ustedes quieren, ideológicamente está muy bien hacer el planteamiento de que estamos hipotecados a las multinacionales, pero, créame, en problemas tan graves como los que tenemos entre manos es mucho más importante concretar lo que es una gestión de residuos, como hacen los demás países de la Unión Europea, que hacer grandes discursos sobre lo que puede suponer estar hipotecado a los intereses de las grandes multinacionales.
A la señora Lasagabaster quiero decirle que no tenga ninguna preocupación, primero, en cuanto a la ausencia de reducción, porque ya le he explicado por qué razones no podemos ser nosotros más restrictivos y más concretos de lo que han sido otros países en la trasposición de la directiva comunitaria y que, en cambio, cuando mediante ese programa nacional de residuos de envases -atendiendo a las comunidades autónomas con sus propios programas regionales de residuos de envases- lleguemos a un acuerdo, sí se podrán concretar esas medidas que ahora está exigiendo S. S. de prevención, de reducción de esos residuos.
En cuanto a la valoración económica del proyecto, creo que si S. S. lo lee nuevamente se va a encontrar con que está muy especificado. Realmente me sorprende que diga que no comprende el artículo 10. Quizá no lo ha leído con suficiente calma, porque en ese artículo 10 se expresa claramente de qué forma van a ser subvencionados los sistemas integrados de gestión, puesto que van a ser cada uno de los envasadores los que aporten esa cantidad por cada producto envasado puesto por primera vez en el mercado. Creo que si usted lee con calma ese artículo 10 también se dará cuenta de que las entidades locales no quedan marginadas y, por otra parte, tampoco se benefician aquellas que tratan los residuos con menos rigor, sino todo lo contrario. Precisamente ahora se va a beneficiar a aquellas entidades locales que ya estuvieran haciendo un tratamiento de residuos más adecuado a este proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, porque con este nuevo proyecto de ley se van a aplicar esos sistemas más avanzados, como los de recogida selectiva, y se les va a dar la diferencia, que hasta ahora tenían que sufragar ellos, que supone poner en marcha estas iniciativas adicionales que, al no estar legisladas, tenían que cargar a sus presupuestos municipales. Ahora, como digo, no se va a hacer así, puesto que mediante el sistema de gestión integrada hemos conseguido que sean los propios envasadores los que se hagan cargo de esta financiación.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, por estas razones creemos que al tratarse de una ley muy concreta de incorporación de una normativa comunitaria a nuestro Derecho interno, directiva comunitaria que tiene como objetivo prioritario armonizar la legislación que se está aplicando sobre envases en los demás países de la Unión Europea, es imposible que ahora, por concesiones a la galería, como se plantea en algunos de los textos alternativos, nosotros queramos tomar determinaciones y concreciones que luego no se van a poner en marcha. En el Estado de las autonomías que nos hemos dado en España por la Constitución de 1978 lo que tenemos que hacer en poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas en sus procedimientos de reducción, de reutilización y de reciclaje

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para que, efectivamente, lleguemos a ese máximo consenso y logremos el objetivo de este proyecto de ley, que es un tratamiento adecuado de la gestión de residuos, concretamente de los residuos de envases.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Al abrir debate vamos a aplicar el artículo 73. Para el uso de su derecho de réplica tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora Ministra, yo quería hablar desde el escaño porque quiero ser corto en mi réplica en este momento, ya que no me gusta el exceso retórico en ningún sentido, creo que no sirve absolutamente para nada y, como tendremos el trámite en Comisión, ya hablaremos; como he dicho antes, ya nos veremos las caras, ya consensuaremos, ya llegaremos o no a acuerdos. Pero he querido hablar desde aquí para que usted pueda leer en mis labios y no interpretarme.
Fíjese que ni tan siquiera digo torcidamente, sino simplemente interpretarme, seguramente de manera errónea.
¿Qué esperaba, señora Ministra? ¿Que le íbamos a aplaudir desde la tribuna porque traía un proyecto de ley en cumplimiento de una directiva? ¡Pues no! Ya valoramos positivamente que traiga un proyecto de ley ¡Bienvenido sea, y usted también, señora Ministra! Pero no nos acaba de gustar, nos faltan cosas, y humildemente queremos hacer algunas aportaciones que sirvan para mejorarlo.
Usted dice que yo en mi intervención echo en falta en el proyecto una ley básica de residuos. Sí, efectivamente, también, pero al mismo tiempo hay insuficiencias flagrantes a nuestro entender y en función de la filosofía que defendemos en el proyecto de ley que presenta el Gobierno. Repito que lo valoramos positivamente para que quede reflejado en el "Diario de Sesiones". Valoramos positivamente que tengamos un papel para poderlo aprobar y poder empezar a funcionar y que la gente sepa cuál es el marco en el que se van a discutir todos estos problemas; y problemas generales y concretos. Señora Ministra, todos van juntos. ¡Claro que es verdad! La incineradora de Valdemingómez o el vertedero de Bens. ¡Claro que es un problema de carácter general! Pero es un problema de carácter general también porque en estos sitios se queman o se han vertido determinados residuos que son los que tratamos hoy en este proyecto de ley, y por eso tiene interés, tiene una concatenación, está perfectamente coordinado.
Me alegro de que no funcione ningún grupo de presión. Eso lo veremos. Yo creo que sí, pero en fin, ya lo veremos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sólo tiene vocación de concretar y mejorar lo que hay en el proyecto, y nos gustará ver cuál será la posición del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno en el momento en que se planteen enmiendas concretas, nada revolucionarias, muy concretas, muy de moda en algunos países europeos, algunas de ellas todavía no suficientemente desarrolladas pero otras sí, para ver qué hacemos aquí. Y si en algún caso nosotros en España podemos ser pioneros de alguna cosa, no estaría mal ¿no? No estaría mal que fuéramos pioneros de alguna cosa; no solamente de playa y toros sino de alguna otra cosa. Si podemos ser pioneros en la mejora del medio ambiente a nivel español y a nivel europeo y dar algunos elementos, algunas pedagogías, pues bienvenidos sean. Yo creo que debemos utilizarlos.
En relación con la participación ha dicho que nuestras propuestas no se corresponden con la normativa comunitaria y que España debe armonizar. En relación a las críticas decía que yo he dicho que estamos hipotecados a los intereses de los grandes grupos químicos, etcétera. Pues sí, creo que estamos hipotecados efectivamente, hay intereses que nos hipotecan, pero también en Europa, y la directiva europea está hipotecada a estos grandes intereses y no ha podido ir más lejos, como han ido algunos países concretos, porque no ha sabido sortear estos intereses; intereses que yo no sé si son legítimos o no. No voy a discutirlo ahora, no se trata de discutir eso, pero en todo caso son intereses que lesionan y, según la experiencia, han lesionado gravemente el medio ambiente. Por tanto, se tienen que tocar.
Dice que nuestro texto está lleno de carencias. De acuerdo. Vótenlo ustedes y luego lo mejoran. Suplan las carencias, las insuficiencias que tiene, los vacíos, los pozos negros, etcétera. Todo lo que quieran.
Mejórenlo. O como mínimo --vamos a ser más modestos-- en la Comisión recojan las enmiendas concretas que plantean la mejora del texto sin saltarse a la torera lo que es el conjunto del proyecto de ley.
Recójanlo. Iremos avanzando poquito a poco.
Finalmente, en relación con las tasas yo creo que queda claro lo que he dicho y está claro en el proyecto de ley. Es un sistema impositivo, selectivo y disuasorio que afecta a los envases que utilizan materiales no adecuados y que afecta al conjunto de los envases a través de una ecotasa que representa la utilización para un fondo de gestión de los residuos. Yo creo que está bastante claro lo que se plantea. Se puede no estar de acuerdo con lo que nosotros decimos en nuestra enmienda a la totalidad, pero en todo caso creo que es bastante concreto.
En definitiva, vamos a ser dulcemente implacables en la utilización, desarrollo y concreción de la ley, pero intentando que no se quede donde está, intentando que esta ley avance, y repito y saludo que, por fin, llegue al Parlamento este proyecto de ley cumpliendo la directiva europea.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Frutos.
Señora Narbona, tiene la palabra.


La señora NARBONA RUIZ: Señor Presidente, señorías, señora ministra, comprendo que no le guste a usted oír decir que en los seis meses que lleva en el ministerio en materia de política de residuos o no ha hecho nada o ha dado marcha atrás. Comprendo que esto no le guste oírlo, pero que responda diciendo que lo que se había hecho antes eran simplemente parches, me parece que es bastante arriesgado por su parte, sobre todo a la vista de las decisiones que ahora están adoptando y las que van a adoptar.
En materia de residuos peligrosos el año 1995, con un plan nacional aprobado a principios de año y consensuado con todas las comunidades autónomas, se les transfirió una cantidad de más de 6.000 millones de pesetas, y, con un plan en materia de suelos contaminados, se transfirieron 3.300 millones de pesetas. Si eso le parece un parche debe ser porque las cifras de 1996 serán mucho más altas, y me temo, señora ministra, que esto no es así ni mucho menos.
Usted llama parche al hecho de haberse encontrado un proyecto de ley aprobado por el anterior Gobierno en materia de gestión de aceites usados. Me parece que es un parche que le va a ser de gran utilidad. Como le debe ser de gran utilidad en estos momentos haberse encontrado un proyecto, en fase de elaboración muy avanzada, de ley básica de residuos, que ya había sido objeto de las primeras consultas con las comunidades autónomas y que usted anuncia que va a sacar un día de estos. Me parece también un parche de gran utilidad.
Señora ministra, ni siquiera han sido capaces de hacer la trasposición de la directiva sobre envases en la fecha exigida por la Unión Europea. Ni siquiera han sido capaces de eso, a pesar de que usted reconoce que encontró un anteproyecto con tal cantidad de consultas efectuadas antes que ya no ha tenido que pedir parecer a nadie más, ni a sus socios de Gobierno, ni a las comunidades autónomas, ni al Consejo Asesor de Medio Ambiente. Por tanto, creo que yendo a esa rapidez y con esa ausencia de consultas, y habiendo operado sobre el anteproyecto que usted se encontró una simple modificación a la baja en algunos aspectos, podría haberse aprobado este texto en la fecha prevista.
Comprendo que las críticas no gusten, pero de eso a que usted me responda diciendo que los objetivos cuantificados de reducción en origen se pusieron en este texto para quedar bien con organizaciones ecologistas que más tarde se fueron del Consejo Asesor de Medio Ambiente porque no les gustaba este texto es, además de todo, faltar a la verdad. Usted sabe perfectamente que las dos organizaciones que dejaron el Consejo Asesor de Medio Ambiente lo hicieron por cuestiones muy específicas: el embalse de Itoiz y las Hoces del Cabriel. Y nada tiene que ver con la política de residuos, porque con las organizaciones ecologistas y con los representantes de la sociedad, en general, en el Consejo Asesor de Medio Ambiente se alcanzó un grado de consenso muy alto, le guste o no. Reducir eso al comentario de que se ponen unos objetivos para quedar bien, como digo, es faltar a la verdad.
Por supuesto que la Comisión Europea, cuando se plantea una norma que introduce algunas cuestiones que van más allá del texto que hay que trasponer, pide al Gobierno las medidas específicas. No está diciendo que no se introduzcan esos objetivos. Es más, como he dicho antes, nos lo están pidiendo en estos momentos. Los grupos de esta Cámara que hemos manifestado nuestra disconformidad a la ausencia de un compromiso político en esta materia no somos los únicos que se lo pedimos. Lo pide la Unión Europea. Y le he leído el texto que va a tener ocasión de debatir en diciembre en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. La Unión nos pide compromisos cuantificados de objetivos de reducción. Y el propio texto alternativo contiene en este sentido la sanción más inmediata para los sistemas integrados de gestión que no cumplieran, en su caso, con los objetivos de reducción.
Por lo tanto, tampoco en este caso es verdad lo que usted dice de que simplemente se pone algo al principio del texto y, después, no se vuelve sobre ello ofreciendo alguna medida. Se ofrecen, por ejemplo, medidas de impulso a través de planes específicos de I+D en esta materia. Otra cuestión que ustedes han eliminado del texto, no sabemos muy bien por qué, quizás porque no haya que quedar bien con nadie.
En cualquier caso, la directiva no es la única pieza de la política de residuos a nivel europeo, no lo es en ningún país de nuestro entorno, en ninguno de aquellos países con los que debamos de medirnos verdaderamente en esta materia. En todos los países a los que valga la pena mirar existían, antes de aprobarse la directiva, compromisos de reducción y de reciclaje, que en algunos casos eran incluso superiores a los que la directiva, que ha sido tremendamente descafeinada en su proceso, ha fijado al final como objetivos. Por lo tanto, trasponer literalmente los objetivos de la directiva no puede darle mayor satisfacción de la que debe dar ajustarse a algo que nos viene de Bruselas, pero de Bruselas vienen muchas más cosas, señora ministra, por lo que no se trata de decir que ha hecho una trasposición insuficiente de la directiva. Antes le he dicho que, a nuestro juicio, son insuficientes los mecanismos de control para que esos objetivos se cumplan, y estoy convencida de que serán capaces de aceptar en el trámite parlamentario algunas de las sugerencias que se les hacen desde los grupos parlamentarios en este sentido, porque todos queremos que esos objetivos se cumplan.
En el plan nacional de residuos sólidos urbanos, cuyo borrador usted también se encontró entre esos numerosos

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parches que había al llegar al ministerio, será donde se plasmen mecanismos y medidas, de los que tendrá que informar a la Comisión, naturalmente, como informamos cuando aprobamos el plan nacional de residuos peligrosos, donde incorporábamos una reducción en origen del 40 por ciento para el año 2000, cifra obviamente ambiciosa, con todo un paquete de apoyo a tecnologías limpias que, como le he dicho antes, ustedes han parado a lo largo de este año.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Narbona.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Sería bueno como método de análisis de los discursos de los demás, señora ministra, que se tuviese en cuenta que, igual que hay intereses sociales y económicos detrás de las alternativas políticas que no son las de uno, lógicamente los hay también en las del Gobierno y en las del partido que lo sustenta. Nadie está ajeno a una serie de intereses económicos y sociales y todos presionan sobre cada uno de los grupos de esta Cámara en un sentido o en otro, aun en sentido antitético. Lo que le quiero decir es que la anulación de los argumentos de determinado grupo político en nombre de criterios ideológicos no nos parece acertado cuando se dan una serie de datos a los que usted no contesta.
El primero es que en toda la ley hay una evidencia, ya no digo del pasado, sino una consecuencia para el presente y para el futuro, de falta de participación en los organismos consultivos de organizaciones o entidades sociales que no sean claramente empresariales, de técnicos, que es una interpretación tremendamente ambigua de la palabra, y de la Administración. En segundo lugar, que toda la gestión de los residuos está muy pormenorizada, acertada o desacertadamente, lo cual contrasta poderosamente en la ley con lo poco pormenorizado y matizado que está el problema de la minimización y del reciclado. En tercer lugar, que el control en fábrica del producto y de los materiales procedentes de residuos es prácticamente nulo. En cuarto lugar, usted misma ya se encargó de aclarar que en la valorización hay una apuesta clara por la recuperación de energía que excluye prácticamente el reciclado, y no combatió para nada los datos que yo le di sobre que hoy en día en el Estado español ya se supera el objetivo del 25 por ciento de reciclado de vidrio, de varios metales, y del papel incluso el 45 por ciento. Por tanto, decir que en el montante global tiene que haber un 50 por ciento como mínimo y un 65 por ciento como máximo y en el reciclado un 25 por ciento como mínimo y un 45 por ciento como máximo, inevitable y objetivamente es intentar favorecer la salida de la incineración. Salida que se da para el caso de los plásticos de una manera evidente, a excepción hecha del 15 por ciento en peso de cada materia, que efectivamente quedaría excluido.
Por otra parte, usted tampoco ha aclarado --yo ya sé que por falta de tiempo seguramente-- por qué el sistema de depósito, devolución y retorno, que es muy importante, está muy poco desarrollado en la ley, y éste es uno de los factores fundamentales para la credibilidad del sistema que ustedes ofrecen. Sin embargo, es curioso que el sistema de gestión, que es tremendamente difícil, caótico, quede en manos de grandes empresas, porque eso no lo van a poder hacer nada más que grandes empresas, algunas de ellas con su centro de decisión deslocalizado incluso de muchas comunidades autónomas.
No ha aclarado el problema de los tipos de envases, que es fundamental, y de los materiales que se deben emplear. Tampoco me ha dicho usted por qué Alemania y Austria exportan el PVC y nosotros lo compramos cuando ellos no lo utilizan para los envases y nosotros sí.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra la señora ministra para cerrar el debate.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor Presidente.
El señor Frutos tiene razón. Yo no estoy buscando aplausos, lo que yo busco es gestión eficaz, y para conseguir esa gestión eficaz necesito participación, por lo que agradezco su participación y sus propuestas. Lo que sí le pido, y estoy segura de que lo vamos a conseguir, es esa responsabilidad y ese compromiso.
Le aseguro que lo que usted llama insuficiencias del proyecto de ley del Gobierno no es más que un cumplimiento de la directiva comunitaria. Le vuelvo a repetir que yo no soy fácilmente influenciable, no me dejo llevar por ningún grupo de presión. Por lo que sí me dejo llevar es por la trasposición de una directiva comunitaria, que es lo que ha motivado que hoy estemos debatiendo este proyecto de ley de envases.
Yo estoy de acuerdo con usted en que España no tiene por qué ir siempre a rastras y que está muy bien que sea pionera, pero claro, hay que ser pioneros, señor Frutos, siempre que no vayamos a imponer, como usted sugiere, unas prácticas limitadoras de la libre competencia que nos van a llevar a ir en contra del Tratado de la Unión Europea. A lo mejor su grupo o usted mismo no está de acuerdo con el Tratado, pero quienes hemos apostado, incluso a nivel presupuestario, por cumplir esos requisitos y llegar en el momento oportuno a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria tenemos que acoplar todos nuestros proyectos

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para participar en la armonización de leyes que tienen los demás Estados de la Unión Europea.
Usted llama a esto estar hipotecado. Yo no pretendo que nadie esté hipotecado, pero si lo que usted piensa, como me ha dicho, es que toda Europa está hipotecada, los que estamos a favor de la Unión Europea diremos que estamos hipotecados según el concepto de hipoteca del señor Frutos.
A la señora Narbona quiero decirle que esa idea de que las críticas molestan es realmente lo que les pasaba a ustedes cuando estaban en el Gobierno, que siempre nos hablaban de la única política posible y todo aquello que no era lo que ustedes imponían no era posible, no era bueno para España y no era bueno para acercarnos a Europa, cuando realmente eran ustedes los que nos estaban alejando.
Yo me estoy limitando --lo vuelvo a reiterar-- a hacer una trasposición de esa directiva comunitaria. Si usted misma está reconociendo que la propia directiva comunitaria tiene como objetivo fundamental la prevención en origen de los envases y no impone unas medidas concretas, hagamos lo que han hecho los demás países. No me vuelva a recordar usted, señoría, el texto que me van a dar en el próximo Consejo de la Unión Europea porque, como sabe muy bien S. S., está indicando que como hasta ahora ningún Estado ha impuesto por vía normativa esas medidas concretas de reducción que usted dice que quiere imponer --y reitero que S. S.
conoce que la Unión Europea, y usted está a favor de ella, no puede ir limitando para España lo que otros no han limitado--, va a decir que a partir de la trasposición de las directivas comunitarias y de la ley de envases, a través del Estado de las autonomías que tenemos, seamos capaces de concretar --y es lo que yo propongo-- esas reducciones escuchando a todos los entes territoriales y a también a los entes municipales. Eso es lo que nos proponemos en esta directiva comunitaria, pero no hoy.
Lo mismo tengo que decirle en relación a los mecanismos de control que S.
S. encuentra insuficientes. No es que sean suficientes o insuficientes, es que no tenemos competencia para imponer esos mecanismos de control mientras no tengamos en cuenta lo que opinan las comunidades autónomas que por mandato constitucional tienen transferidas esas competencias de gestión y medio ambiente, al igual que las tienen transferidas los ayuntamientos, los entes locales, que también tienen que ser escuchadas a la hora de ver cómo se implanta este tipo de medidas de control. Por tanto, reitero que estoy siendo muy fiel al mandato constitucional.
Al representante del Bloque Nacionalista Gallego le manifiesto que, efectivamente, esos intereses sociales que usted dice que está defendiendo el Gobierno pretenden solucionar la gestión en el tratamiento de los residuos de envases; ése es el mayor interés social: que todos los ciudadanos podamos tener la garantía de que se están gestionando bien los residuos que estamos produciendo y, a su vez, que los residuos de los envases sean cada vez menores. Y en cuanto a los intereses económicos, evidentemente, el Gobierno tiene un interés económico prioritario: que no le cueste al Estado --por tanto, no queremos recargar los presupuestos del Estado, y no se van a recargar con esta ley-- y, al mismo tiempo, que tampoco le cueste al usuario, como suele ocurrir. Por consiguiente, queremos que los productores de envases, que los envasadores sean los que mediante la compra de ese punto verde consigan la financiación que se necesita para aplicar fundamentalmente uno de los instrumentos que nos hemos dado.
Dice que no se desarrolla lo que pudiéramos llamar el sistema de consigna. Pues, mire, ya hemos conseguido el primer objetivo. De lo que se trata es de desincentivar la utilización de ese sistema de depósito porque es tremendamente complicado, y lo dejamos como una opción, efectivamente, porque no podemos obligar pero sí deseamos que se tome esa determinación mediante acuerdos voluntarios que consigan que las administraciones concierten con todo tipo de empresas -no diga usted nuevamente con multinacionales- la gestión y tratamiento de esos residuos de envases.
Como vamos hacia un sistema integrado de gestión igual, vuelvo a repetirlo, que los demás países de la Unión Europea, que lo están aplicando con verdadero éxito, y porque no queremos poner límites comerciales con el otro sistema que es mucho más complejo, no lo desarrollamos más puesto que queremos desincentivarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición respecto del proyecto de ley o de las enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Intervendré con gran brevedad dada la hora que es.
A este proyecto de ley de envases y residuos de envases se han presentado dos enmiendas de totalidad con texto alternativo y otra de devolución que Coalición Canaria no va a apoyar, respetando las razones que puedan tener. Coalición Canaria va a apoyar el proyecto de ley remitido por el Gobierno y, por tanto, está en contra de las enmiendas de totalidad, por las siguientes razones.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado diez enmiendas al articulado de este proyecto de ley, aunque creemos que el proyecto que ha hecho el Gobierno obedece, en primer lugar, a una línea gradual de prudencia. Es un buen proyecto que permite mantener un equilibrio en algo que es un valor indicativo, por supuesto,

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en la Directiva 62/1994, del Consejo Europeo, porque se trata de armonizar intereses medioambientales con intereses económicos. Nosotros creemos que mientras no se resuelvan intereses económicos no podrán resolverse los de gestión medioambiental.
El proyecto del Gobierno trata de armonizar prudentemente este equilibrio porque viene a decir bien claro en su preámbulo, señor Presidente, que se trata, por un lado, de prevenir o reducir el impacto medioambiental y, por otro, evitar obstáculos comerciales entre los distintos Estados miembros, y no solamente entre éstos sino entre las propias comunidades autónomas españolas que hacen intercambios comerciales de envases y que producen después los residuos de esos envases.
Nosotros creemos que una directiva de este tipo necesita un tratamiento prudencial. Entendemos que la señora ministra lo ha especificado muy claramente y compartimos plenamente su política de que esto necesita un tratamiento gradual en el tiempo, un subir los escalones poco a poco, respetando esta competencia no sólo de las comunidades autónomas, sino también en el área canaria incluso de los cabildos insulares, y por supuesto de los ayuntamientos, que son órganos competenciales de gestión del medio ambiente, pero que se encuentran con el problema de los residuos y que tienen que darle alguna salida. Incluso la propia estructura del índice que figura en el proyecto del Gobierno tiene en cuenta lo que significa el reciclado de productos para las áreas insulares españolas, tanto de Baleares y de Canarias como para Ceuta y Melilla, que tienen que venir a centrales o plantas de reciclado en el territorio peninsular español, y todo ello con un coste cero; en esto, señora ministra, tiene también nuestro reconocimiento. Todo ello nos permite dar nuestro apoyo al proyecto para que siga adelante en la línea de prudencia y sensatez que he señalado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir para fijar la posición del Grupo Vasco con relación a las enmiendas a la totalidad y a las enmiendas a la totalidad con texto alternativo, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al proyecto de ley que debatimos en esta Cámara.
Analizando las diferencias existentes entre el proyecto de ley de envases y residuos de envases y el texto alternativo presentado por el Grupo Socialista, podemos indicar que la estructura de ambos proyectos es muy similar a la que sigue la Directiva comunitaria 94/62, relativa a la misma materia. Nuestro grupo quiere destacar que el proyecto de ley no presenta ningún anejo, remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario los contenidos que como tales se presentan en el texto del Grupo Socialista, con la ventaja, en el primer caso, de que se determinarán conceptos técnicos una vez esté en marcha la legislación. Por lo tanto, contando con más experiencia, como está ocurriendo en otros países que han implantado ese sistema, donde se ha desarrollado gradualmente; por ejemplo, en algunos länder de Alemania, después de diez años, todavía no está en pleno funcionamiento. Además, quiero destacar que, en otros casos, se exige que previamente se estudien los temas por un comité de expertos.
En relación al capítulo III, objetivos de reducción de reciclado y valoración, entendemos que el texto socialista es más rígido y estricto que el del proyecto de ley. El texto alternativo establece, en la disposición adicional cuarta, la normativa para las instalaciones de incineración, cuestión que, como conocen perfectamente SS. SS., no se regula en el proyecto de ley. Existe un proyecto de directiva comunitaria que va a regular este tipo de instalación; una regulación más estricta y equiparable, según los informes que obran en mi poder, a la alemana.
El proyecto de ley, como ya ha indicado la señora ministra, en relación al PVC, remite a que el Gobierno, en el plazo de un año, oído un comité de expertos y los agentes económicos y sociales, propondrá las medidas oportunas. Yo no soy ninguna defensora del PVC, pero creo que también hay que indicar que, hasta el momento y según los informes que obran en nuestro poder, la ciencia no dice nada categórico en contra del PVC.
Finalmente, debo indicar el escaso papel que se otorga a las administraciones locales en cualquiera de los textos que hemos analizado, pudiendo concluir que aquellas funciones que se refieran a la gestión de los envases y residuos de envases corresponde a los entes locales, y como tal debe ser reconocido, respetando la autonomía local reconocida en el artículo 137 de la Constitución Española.
Respecto al texto alternativo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero indicar que tiene una estructura y un contenido totalmente diferentes a los del proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista, su contenido es menos elaborado y concreto, sin establecer ningún tipo de sistema integrado de gestión, depósito, devolución y retorno de residuos de envases, imponiendo únicamente medidas de carácter impositivo y fiscal a determinados tipos de envases.
Por último, quiero indicar que no se regula en ningún momento la participación de las entidades locales en la gestión de los envases y residuos de envases ni se garantiza su participación en dichos sistemas.
Por todo ello, señorías, el Grupo Vasco (PNV) no encuentra argumentos suficientes para apoyar las enmiendas a la totalidad.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, la primera reacción de este Diputado y del grupo parlamentario que representa ante el debate que hoy iniciamos es de satisfacción; es de satisfacción porque bienvenido sea este debate y, aunque parezca una redundancia, porque al fin habrá debate.
Es un proyecto largamente esperado; que ha sido ampliamente debatido por los sectores sociales sensibilizados en la problemática medioambiental; que se ha discutido con la industria, que deberá contribuir a su aplicación y que además deberá de adaptarse a sus exigencias; y es un proyecto de ley absolutamente necesario no sólo porque tenemos la obligación de trasponer una directiva comunitaria, la 94/62, derivada del quinto programa comunitario en materia de medio ambiente, sino también, y sobre todo, porque es un proyecto necesario para empezar a resolver, con una base legal, el grave y creciente problema de los envases y de los residuos que éstos generan, cada vez en mayor cantidad, con los consiguientes problemas ambientales que se derivan.
Por tanto, repito, bienvenido sea el debate parlamentario, aunque también quiero subrayar que es un debate que llega unos meses tarde, porque saben SS. SS. que el plazo de trasposición de la directiva comunitaria concluía a finales del pasado mes de junio, y cree este grupo parlamentario que debemos tomarnos en serio las obligaciones comunitarias puesto que, demasiado a menudo, España no cumple con las exigencias de plazos.
Nos hemos pasado meses y años siguiendo, a través de la prensa, las conversaciones, opiniones y discusiones sobre los múltiples borradores --que hasta hace un momento creía que eran doce, pero, si no recuerdo mal, la señora ministra ha llegado a citar incluso quince-- que de este proyecto han circulado. Aunque todos estos debates son necesarios e importantes, pienso que es mucho más importante poder debatir algo en sede parlamentaria, algo que tiene la posibilidad real por primera vez de aparecer, en un día no demasiado lejano, publicado en el Boletín Oficial del Estado como ley y, por tanto, un texto que sea capaz de poner en marcha unos complicados pero imprescindibles mecanismos, mecanismos de recogida, reciclado y recuperación de envases sobre los que casi nadie ni entiende ni sabe nada en este país. Prefiero, pues, fijarme en lo que aporta este proyecto de ley y en el gran cambio, en determinados hábitos comerciales o de consumo, que va a suponer.
Quiero dejar constancia también en este trámite parlamentario, señor Presidente, señorías, de que éste es un proyecto de ley que no nos satisface en su totalidad, como ha quedado patente en las enmiendas que ha presentado este grupo parlamentario al articulado, cuyos aspectos principales quiero comentarles.
En primer lugar, y ello nos parece importante, quiero subrayar que quizá es la enmienda de mayor trascendencia y a la cual damos más importancia de las que hemos presentado... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señor Recoder.
Por favor, señorías, guarden silencio.
Prosiga, señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: En primer lugar, decía, hemos presentado una enmienda que consideramos de gran importancia, que pretende incorporar en el proyecto el objetivo de reducir un porcentaje en peso de la totalidad de los residuos de envase generados, porcentaje que nosotros ciframos en el 10 por ciento, antes del 30 de junio del año 2001, y no dejar, como prevé el proyecto de ley que nos ha remitido el Gobierno, este objetivo u otros que se pudieran incluir de reducción de porcentajes en peso al programa nacional de residuos de envases y envases usados que el propio proyecto anuncia.
Creo que esta es una propuesta, señora ministra, totalmente acorde con el objetivo de la directiva, que no es otro que el de reducir el impacto de los envases y sus residuos sobre el medio ambiente. Es una propuesta que supondrá un paso importante en las exigencias del proyecto y que, además, facilitará la labor de las comunidades autónomas que han aprobado leyes que consideran la reducción de los residuos de este tipo como objetivo prioritario en su política ambiental y que, incluso, en algunos casos van más allá de esta exigencia, como sucede en el caso que mejor conozco, que es el de la ley catalana del año 1993. Un modo de prevenir la generación de residuos es reducir su cantidad global y lo facilita fijar un objetivo de reducción en peso. Por ello hemos presentado, repito, esta enmienda al artículo 5. También, y con el fin de facilitar la consecución de los objetivos de reciclado del mismo artículo 5, que, como saben SS. SS., se deberían cumplir antes de la fecha del 30 de junio del 2001, proponemos un objetivo intermedio de reciclado del 15 por ciento... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señor Recoder.
Por favor, señorías, señor Caballero, señora Mato.
Muchas gracias.
Prosiga, señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Como decía, proponemos un objetivo intermedio de reciclado del 15 por ciento, a cumplir antes de los 24 meses a contar desde la entrada en vigor de la ley.


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En el artículo 13 hemos presentado una enmienda que pretende que se incluyan los niveles máximos de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente, presentes en los envases, es decir, de metales pesados. Quiero recordar que en el proyecto del Gobierno se efectúa una remisión al desarrollo reglamentario de la ley, pero ello no nos parece lo más acertado, ya que la directiva que estamos trasponiendo es muy clara en sus exigencias en este sentido y pensamos que es muy sencillo reproducirlas en la ley. Además, si en el futuro se produjesen modificaciones de la directiva por parte de la Comunidad que afectaran a los niveles de concentración de metales pesados, ello se podría resolver extendiendo la autorización al Gobierno en la disposición final segunda y para ello también hemos presentado la consecuente enmienda.
En la disposición adicional primera eliminamos la posibilidad de que los envases industriales y comerciales, una vez convertidos en residuos, puedan someterse voluntariamente a los sistemas de gestión previstos para los residuos domésticos. Estos envases, como saben sus señorías, tienen establecidos sus propios sistemas de gestión. Se han de entregar, por tanto, a un recuperador, reciclador o a un valorizador autorizado o un agente económico también autorizado para su reutilización. Pensamos que sería distorsionador que voluntariamente pudieran excluirse de esta obligación.
En sus líneas generales, señor Presidente, señorías, señora ministra, estas son nuestras principales propuestas y, por tanto, enmiendas al proyecto del Gobierno, que, de incluirse, pensamos lo mejorarían notablemente y harían de la nueva ley una ley aceptable y realista que permitiera, y que permitirá, poner en marcha una cultura de la recuperación y reciclado, aún incipiente, que obligará, como decía antes, a cambios en los hábitos de consumo, producción y comercialización y que , por tanto, será un paso importante para extender la protección medioambiental al consumo doméstico.
Quiero subrayar, y voy terminando, el gran cambio cultural de consumo de producción que supondrá la nueva ley. Asimismo también estoy convencido de que los propios mecanismos que pondrá en marcha esta nueva ley iniciarán una dinámica que obligará, en pocos años, a modificarla y a ser aún más exigentes en sus objetivos.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, señor Recoder, por favor.


El señor RECODER I MIRALLES: De momento, vamos a votar en contra de las enmiendas de totalidad y vamos a hacerlo porque consideramos el proyecto de ley aceptable y, además, porque nos parece urgente poner en funcionamiento en este país unos engranajes que ya puso en marcha a nivel comunitario la Directiva 94/62.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto , el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario Socialista, y lo hará por diferentes motivos que voy a exponer brevemente.
La enmienda con texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta modificaciones sustanciales sobre el proyecto de ley del Gobierno, con unos criterios básicos diferentes. Ya fue presentada en la pasada legislatura y también en los inicios de ésta como proposición de ley y reiteradamente rechazada por esta Cámara.
El texto de Izquierda Unida introduce un nuevo concepto, el de valorización ecológica, que excluye la incineración con recuperación de energía como operación de valorización energética. El concepto es voluntarista, pero contrario a la directiva comunitaria que debe trasponerse a nuestro ordenamiento interno. Desde el Grupo Parlamentario Popular, considerando y admitiendo que la no incineración es un principio básico de la política medioambiental de Izquierda Unida, creemos que no es el momento adecuado para incidir en esta norma, ya que el artículo 1.2 de la directiva que debemos trasponer indica textualmente la valorización de la incineración con recuperación energética como una de las formas admitidas de eliminación. Aunque, como he dicho, no parece que la norma adecuada para la discusión sea incineración sí o incineración no, creo, señor Frutos, que sería conveniente que en otro momento se mantuviera en esta Cámara un debate serio sin demagogias sobre ello, un debate sobre la incineración, las dioxinas, cómo se producen, cómo se eliminan. Entonces, creo que será el momento adecuado de profundizar en ello.
Respecto a los objetivos señalados en el texto alternativo en cuanto a prevención o reducción de la producción de residuos de envases, más ambiciosos que los objetivos no cuantificados en la directiva, parecen, dada la situación actual, poco realistas, voluntaristas y difícilmente alcanzables, y no se indican en el texto medidas tendentes a cumplir el objetivo propuesto. La reducción propuesta para el famoso PVC, policloruro de vinilo, no tiene en cuenta ni las consecuencias ni las posibilidades reales de sustitución del PVC ni el impacto en la industria nacional y en el precio de los envases españoles frente a los de sus competidores europeos que no han adoptado esta medida. El PVC es el

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plástico de mayor consumo en España y el segundo de mayor consumo en el mundo. Tiene sus defensores y sus detractores, y no es intención del grupo parlamentario hacer una crítica ahora de los defectos del PVC o una apología de sus virtudes. Lo correcto, lo serio, en opinión del grupo al que represento, es lo que se indica en la disposición final segunda del proyecto de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Vaya terminando, por favor, señora De Lara.


La señora DE LARA CARBO: Lo indicado en la disposición final segunda del proyecto de ley coincide, por otra parte, con el mandato del Senado, en el que ya entonces se indicó la necesidad de efectuar un estudio serio sobre los posibles efectos del PVC, estudio que por cierto no tenemos noticia de que se realizara en su momento.
Respecto al texto alternativo presentado por el Grupo Socialista, se corresponde, salvo ligeras modificaciones, con el último texto asumido públicamente por el anterior Gobierno. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señora De Lara.
Señor Gil Lázaro, señor Guardans, señor Alcaraz, señor Centella, por favor, les ruego silencio.
Continúe, señora De Lara, y finalice, por favor.


La señora DE LARA CARBO: Voy finalizando.
Decía que el texto del Partido Socialista se corresponde con el último texto asumido públicamente por el anterior Gobierno y pensado para ser aprobado como real decreto-ley. Por ello presenta graves carencias de técnica legislativa como es una redacción extensa y fuertemente reglamentarista. Sin embargo, analizando el texto alternativo, hemos encontrado pocas diferencias de fondo entre el presentado por el Grupo Socialista y el proyecto de ley del Gobierno. Una de estas diferencias de fondo, escasas --realmente podía haberse subsanado simplemente con enmiendas parciales--, es la de la disposición adicional cuarta del texto alternativo, en la que se establecen unos valores límites de emisión en los gases de escape de las instalaciones en las que se incineran residuos de envases que contengan compuestos organoclorados, es decir, compuestos de PVC. Desde el Grupo Popular no entendemos que se elija la trasposición de esa directiva para introducir estos límites, en lugar de modificar la obsoleta legislación de contaminación atmosférica, a lo que, por cierto, se había comprometido el anterior Gobierno hace muchos años. La propuesta creemos que es oportunista e inadecuada, ya que, de hacerlo, ¿por qué se imponen límites sólo a las incineradoras que quemen residuos organoclorados? ¿Por qué incluir esos límites de emisión en una norma de envases que impediría su aplicación en instalaciones de incineración de residuos que contuvieran compuestos organoclorados, pero que no fueran residuos de envases? Creemos, por consiguiente, que esta modificación es inadecuada.
En cuanto a la enmienda a la totalidad de los representantes del Grupo Mixto, ya se han explicitado aquí los distintos puntos y, por consiguiente, queda explicado por qué vamos a votar también en contra de su enmienda a la totalidad.
Para terminar, señorías, quiero resaltar la importancia que para el medio ambiente va a tener la entrada en vigor del proyecto de ley de envases y residuos de envases, ya que la reducción del volumen de residuos de envases implica directamente la reducción o la disminución del volumen de residuos sólidos urbanos y, en consecuencia, atenúa los problemas medioambientales de su gestión. Creo que debemos felicitarnos por ello todos los que apostamos por la defensa del medio ambiente.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora De Lara.
Vamos a proceder a la votación de este proyecto de ley y de las enmiendas presentadas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de envases y residuos de envases.
Votamos, en primer lugar, de manera conjunta, las enmiendas de totalidad de devolución presentadas por el Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 20; en contra, 288; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de devolución.
Votación de la enmienda de totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 141; en contra, 169; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votación sobre la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 141; en contra, 169; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente: 121/000012)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Va a presentar el proyecto en nombre del Gobierno la Ministra de Justicia y se tramitará a continuación la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista y podremos suspender la reunión y continuar por la tarde.
Señorías, me indican los servicios de la Cámara que la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es anterior en su presentación y, en consecuencia, tras la intervención de la señora Ministra de Justicia, procederemos a la presentación de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Si con estas intervenciones se llegara a las dos y media, suspendería la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Puede comenzar, señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente.
Señorías, constituye para mí un honor comparecer ante esta Cámara...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora ministra.
Señorías, les ruego que guarden silencio y si deben abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio para que pueda continuar el debate y la exposición de la Ministra de Justicia.
Cuando quiera, señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor Presidente, intentaré hablar alto para que así se pueda escuchar lo que tengo el honor de exponer ante esta Cámara.
El proyecto, como saben SS. SS., se ciñe a dos reformas legales muy concretas y que el Gobierno considera particularmente urgentes. Se trata, por un lado, de modificar la regulación de la situación de los jueces y magistrados que pasan a desempeñar cargos públicos ajenos a la Administración de justicia, estableciendo, para reforzar las garantías de la independencia y la imparcialidad, un período de espera entre el cese en ciertos cargos públicos, los que comportan una mayor implicación en la actividad política, y el retorno al ejercicio de la función jurisdiccional. Por otro lado, se pretende resolver los problemas que ha venido ocasionando la actual redacción del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de nulidad de actuaciones procesales, con una nueva regulación que prevea, siquiera sea excepcionalmente, que se pueda declarar la nulidad de actuaciones incluso cuando haya recaído sentencia firme, en aquellos casos en que durante el proceso se hayan producido defectos de forma que hayan causado indefensión y que no hayan podido ser denunciados antes de que la sentencia ganara firmeza. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Quiero subrayar ante SS. SS. que no se agotan en estas dos cuestiones los puntos en los que el Gobierno estima necesaria la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como ya tuve ocasión de anunciar en esta Cámara, en mi comparecencia del pasado 20 de junio ante la Comisión de Justicia e Interior, uno de los objetivos fundamentales de la política del Gobierno en materia de justicia es el fortalecimiento del Consejo General del Poder Judicial y para lograr tal objetivo, como ya indiqué en dicha ocasión, el Gobierno quiere conseguir el suficiente grado de consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria para abordar una amplia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Gobierno es consciente, por tanto, de que la Ley Orgánica del Poder Judicial necesita una reforma de mayor amplitud y de más calado que la que representa el proyecto que hoy tengo el honor de presentar ante sus señorías. Este es, por tanto, y ruego a SS. SS. que lo tengan en cuenta, un proyecto cuyos objetivos son limitados. Se trata de dar respuesta a dos problemas concretos, cuya solución no tiene por qué demorarse hasta que se aborde esa reforma más amplia a la que me acabo de referir.
El primero de los problemas a que trata de dar respuesta el proyecto es el que plantea la actual redacción del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto establece las vías a través de las cuales pueden denunciarse los vicios de nulidad de pleno derecho que afecten a las actuaciones judiciales. Como es sabido, se contempla con carácter general que los vicios de nulidad sean denunciados a través de los recursos. Por otro lado, se permite también que la nulidad de actos procesales sea apreciada y declarada de oficio por el propio juez o tribunal que conozca del proceso, pero esta posibilidad existe sólo antes de que haya recaído sentencia definitiva. Esta regulación ha originado graves problemas en la práctica de nuestros tribunales, porque hay casos en los que los vicios de nulidad se ponen de manifiesto después de recaída sentencia firme. En estos casos la actual redacción del artículo 240 no permite que la nulidad sea declarada

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en vía judicial ordinaria, ya que, siendo firme la sentencia, la nulidad no puede depurarse por medio de los recursos y, por otro lado, existiendo sentencia definitiva, el juez o tribunal que la ha dictado, aun cuando comparta la existencia de vicio determinante de nulidad, no puede declararla de oficio.
Creo que este es un problema real --así lo entiende el Gobierno-- que se plantea con alguna frecuencia en la práctica de nuestros juzgados y tribunales, y creo estar en condiciones de demostrar a SS. SS. que estoy hablando de un problema real con unos cuantos datos. En primer lugar, hay una larga serie de sentencias del Tribunal Constitucional que tienen por objeto precisamente situaciones de indefensión causadas por la ausencia de cauce procesal ordinario para denunciar vicios de nulidad que se han puesto de manifiesto después de dictada sentencia firme. La primera sentencia que se ocupó de este problema fue la 110/1988, lo que demuestra que el problema es antiguo, y a ésta siguieron otras cuatro, dictadas en el año 1989, hasta que las propias salas del Tribunal Constitucional elevaron al pleno una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La cuestión fue resuelta por la sentencia 185/1990, que aunque declaró que el artículo 240 no era contrario a la Constitución, puso de manifiesto los problemas que dicha norma ocasionaba y reclamó una solución al legislador.
Otro dato que me parece conveniente recordar a SS. SS. es que el Consejo General del Poder Judicial, en la relación circunstanciada de necesidades de 1992, decía literalmente: La experiencia demuestra cómo el régimen previsto en el artículo 240 de la Ley Orgánica no resulta en su actual configuración satisfactorio, planteando incluso la necesidad de pronunciamiento expreso por parte del Tribunal Constitucional. Parece, pues, de todo punto necesario revisar la actual redacción del expresado precepto. En la relación para 1993 el Consejo reiteró esta petición.
Pero no sólo y exclusivamente el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial eran conscientes del problema. También los anteriores Gobiernos lo fueron, como lo demuestra el proyecto de la que luego fue Ley Orgánica 16/1994, en el que se incluía una reforma del artículo 240 muy parecida a la ahora propuesta por el Gobierno. Así pues, me parece arriesgado sostener a estas alturas que un problema que ha planteado graves dificultades al Tribunal Constitucional, que ha sido reiteradamente puesto de manifiesto por el Consejo General del Poder Judicial y que, en fin, hasta ha sido reconocido en términos inequívocos por los anteriores Gobiernos no sea un problema real necesitado de urgente solución.
Quisiera subrayar que estamos hablando de situaciones de indefensión, es decir, de situaciones que comprometen la efectividad del derecho fundamental reconocido por el artículo 24.1 de la Constitución. La reforma que se propone del artículo 240 no pretende otra cosa que salir al paso de una situación en la que la efectividad de ese derecho fundamental sólo puede conseguirse en ciertos casos mediante largos, además de costosos, trámites procesales, en los que el recurso ante el Tribunal Constitucional se convierte en obligado. Frente a este problema, el proyecto establece una solución muy simple, en opinión del Gobierno.
Se reforma el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar cabida, siquiera sea excepcionalmente, a un incidente de nulidad de actuaciones del que conoce el mismo tribunal que haya dictado la sentencia viciada de nulidad y que permite que dicha nulidad sea declarada incluso cuando la sentencia sea firme. Para lograr que este incidente sea verdaderamente excepcional y, por tanto, que se reduzca al mínimo el coste en términos de dilación de los procesos y de sacrificio del principio de invariabilidad de las sentencias y demás resoluciones firmes, se establece que el incidente sólo procederá cuando se hayan producido defectos de forma que hubieran causado indefensión y siempre que no haya sido posible denunciar dichos vicios antes de dictarse la sentencia firme. Se fija además un breve plazo de veinte días para pedir la declaración de nulidad y se permite al tribunal rechazar de plano la pretensión cuando no se den los anteriores requisitos. Por lo demás, la tramitación del incidente es extraordinariamente breve. Este incidente de nulidad no comporta lesión alguna del valor esencial de la seguridad jurídica. Pienso, por el contrario, que lo que realmente compromete la seguridad jurídica es el mantenimiento de la situación actual en la que quien resulta afectado por una sentencia firme viciada de nulidad y causante de indefensión sólo tiene abierta la incierta vía del recurso de amparo y ha de sortear las trabas que resultan de la vacilante doctrina del Tribunal Constitucional sobre los requisitos de admisibilidad del recurso. Es esta situación la que verdaderamente compromete la seguridad jurídica y no el establecimiento de un incidente de nulidad en la vía judicial ordinaria. Este incidente, tal y como está regulado en el proyecto, garantiza un adecuado equilibrio entre la protección del derecho de los justiciables a no sufrir indefensión y las exigencias de la seguridad jurídica y de duración razonable de los procesos.
El segundo de los problemas que aborda el proyecto es el de la situación de los jueces y magistrados que pasan a desempeñar cargos públicos no judiciales y el retorno de dichos jueces y magistrados al ejercicio de funciones jurisdiccionales. El proyecto plasma en este punto un compromiso expresado por el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura en términos muy claros: el de establecer un período de espera de aquellos jueces y magistrados que hayan desempeñado un cargo político antes de que puedan retornar al ejercicio jurisdiccional. El Gobierno considera que el establecimiento de este período de espera es una medida

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imprescindible para evitar que se produzcan indeseables situaciones en las que la independencia y la imparcialidad de un juez o de un magistrado puedan verse cuestionadas por razón de una reciente y relevante participación de éste en la vida política.
La Constitución ha querido mantener el ejercicio de la función jurisdiccional alejado de la política; por esta razón, prohibe a los jueces y magistrados en activo desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos políticos. Pues bien, este imperativo constitucional de alejamiento de la función jurisdiccional respecto de la política está íntimamente relacionado con la garantía de la independencia y de la imparcialidad que han de presidir el ejercicio de dicha función.
Desde este convencimiento, el proyecto que hoy presento a SS. SS. incluye algunas reformas en los preceptos que disciplinan las situaciones administrativas de los jueces y magistrados que acceden a cargos públicos no judiciales. El desempeño de aquellos cargos que comportan una mayor implicación en la política pasa a ser determinante de la situación de excedencia voluntaria, que no comporta reserva de plaza y, por otro lado, se establece un plazo de tres años desde el cese en dichos cargos durante el cual los jueces y magistrados afectados no pueden regresar al servicio activo en plaza o destino en el que haya de ejercerse la potestad jurisdiccional. Durante este plazo de tres años, los jueces y magistrados afectados quedan en situación de excedencia forzosa y sólo pueden concursar a plazas o destinos cuyas funciones no tengan carácter jurisdiccional.
La garantía de imparcialidad se refuerza, finalmente, con la introducción de una nueva causa de abstención y recusación que conjura el riesgo objetivo de que, con ocasión del desempeño por un juez o magistrado de un cargo público no judicial, haya podido éste formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad sobre el objeto del pleito o causa.
El Gobierno entiende que esta es una solución razonable que, sin perjudicar de manera relevante la carrera profesional de aquellos jueces y magistrados que en un momento determinado hayan decidido servir a la sociedad desde el mundo de la política, evita las indeseables consecuencias que puede tener un inmediato retorno desde ese mundo de la política al ejercicio de la función jurisdiccional.
La reforma proyectada no afecta de ninguna manera, en opinión del Gobierno, al derecho fundamental de acceder a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad. En realidad no se establece limitación alguna en las posibilidades de acceso de jueces y magistrados a cargos o funciones políticas. Tal y como sucede con la regulación vigente, los jueces y magistrados pueden, sin dejar de pertenecer a la carrera judicial, acceder a todo tipo de cargos públicos no judiciales, con la única consecuencia, del todo razonable, de que, tratándose de cargos incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, el acceso a los mismos comportará el cese en la situación de servicio activo.
Las únicas diferencias entre la regulación actual y la contenida en el proyecto se refieren a la situación administrativa en la que se queda durante el desempeño del cargo político, que deja de ser la de servicios especiales y pasa a ser la de excedencia voluntaria, y a las condiciones de reingreso al servicio activo tras el cese en el cargo político, que deja de ser inmediato y en la misma plaza y pasa a demorarse tres años desde el cese, y a plaza obtenida mediante concurso ordinario, salvo que se obtenga destino que no comporte ejercicio de la jurisdicción.
Pero estas diferencias no afectan al acceso a cargos políticos, puesto que precisamente se pone de manifiesto después de ese acceso, aunque en conjunto configuran una situación más desfavorable que la actual en cuanto a las perspectivas de reingreso al servicio activo, tampoco perjudican gravemente la carrera profesional de los jueces y magistrados afectados, puesto que se computa el tiempo de servicio en cargo político a efectos de ascenso, antigüedad y derechos pasivos, y durante el plazo de espera la situación de excedencia forzosa garantiza no sólo el abono del tiempo a dichos efectos, sino también derechos económicos. Por tanto, el régimen previsto en el proyecto no tiene por qué tener efectos disuasorios sobre los jueces y magistrados que en un momento determinado quieran acceder a un cargo político.
En resumen, señorías, creo que las reformas que se contemplan en el proyecto son necesarias, que dan respuesta a problemas reales de nuestra justicia, y que pudiendo abordarse ahora la solución de estos problemas no hay por qué esperar a una futura y más amplia modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estoy convencida de que si SS. SS. aprueban hoy que continúe la tramitación parlamentaria, con las mejoras que habrá de operar, será beneficiosa para la Administración de justicia.
Muchas gracias, señorías; gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias expresamente a las señoras y señores Diputados que están haciendo manifestación clarísima de una capacidad de sacrificio y abnegación que merece ser destacada. En consecuencia, tras dirigirme a todos ustedes, también me dirijo con todo cariño al excelentísimo señor «Diario de Sesiones», que es el que siempre nos acompaña en esta clase de actos y nunca nos falla.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución de esta reforma

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parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siguiendo la propia terminología de nuestro Reglamento, por innecesariedad e inoportunidad.
Pero a mí me gustaría añadir --incluso mejor que el criterio de inoportunidad--: por absoluto oportunismo.
Primero, tenemos que hacer una pequeña digresión de carácter previo acerca de qué valor tiene de verdad, a lo largo de lo que estamos viendo y de tanta tramitación de tanto proyecto de ley, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial que, efectivamente, es preceptivo en cuanto a su emisión, pero no es vinculante en cuanto a lo que defiende. Por lo que vemos, ese dictamen del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un puro trámite burocrático y rutinario, porque es evidente --y yo estoy absolutamente convencido de que la señora ministra se lo habrá leído-- que sólo con leerse el dictamen del Consejo General del Poder Judicial este proyecto merecía ser retirado para su reconsideración. Y más evidente que todo esto es que habiendo un dictamen del Consejo General del Poder Judicial, que es preceptivo y no vinculante en materia de proyectos de ley que afectan a la justicia, estemos incurriendo en la práctica, nada oportuna y poco responsable, de eliminar dicho dictamen por la vía de las enmiendas; no digamos ya cuando además esas enmiendas no tienen nada que ver con el proyecto y son auténticas proposiciones de ley encubiertas que, lógicamente, no pueden ser objeto de formación de opinión, ni más ni menos que por quien tiene la obligación de administrar las leyes y de interpretarlas.
El otro día, en la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior y portavoces, hemos rogado, y hemos sido atendidos por nuestro Presidente, señor Martín Villa, que se dirija a la presidencia de la Cámara para que se haga uso de esa reforma que hay en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y de vez en cuando, cuando lleguemos a situaciones como éstas, se pida el dictamen, dictamen que tengo que aclarar rápidamente que nuestro grupo agradece de forma muy seria en este momento. Es un dictamen francamente bien hecho. A la luz de este dictamen, podríamos decir del proyecto de ley que hoy nos presenta doña Margarita Mariscal de Gante, con todo el respeto y aprecio que la tenemos, que su proyecto de ley, definido según la doctrina Aznar, ni es esplendoroso, ni es brillante; le pasa como a la ley de secretos oficiales.
Lógicamente, ante un proyecto de ley bastante oportunista, se ha producido también la presentación de enmiendas oportunistas --yo les llamo enmiendas de chupar rueda-- que sirven para, se hable de lo que se hable, dar satisfacción a las peticiones corporativas de alguno, y hay unas enmiendas que, de pronto, manifiestan una profunda preocupación por la situación del Tribunal Supremo. Debe quedar bien claro que esa preocupación la compartimos, ¡cómo no vamos a estar preocupados por el Tribunal Supremo, aunque nada nos afecte en estos momentos su actuación!; lo que hace falta es que la preocupación por el Tribunal Supremo se demuestre en un respeto absoluto a su independencia y no en el demagógico ofrecimiento de aumento de privilegios, canonjías y sustanciosos aumentos de sueldo, que lo hacen bastante sospechoso.
Pero vamos a entrar en materia. Señora ministra, la exposición de motivos no tiene desperdicio, es una auténtica venda colocada antes de la herida, y parece ser que, porque ustedes lo digan, ni conculca la Constitución ni violenta ninguna norma jurídica, pero, luego, cuando se penetra en el contenido del proyecto, las cosas no son así. Mire usted, lo que llama la exposición de motivos «sencillo incidente de regulación del recurso extraordinario de nulidad de actuaciones», por mucho que queramos, atenta contra la seguridad jurídica, entre otras cosas porque puede llegar a afectar a sentencias que están en trámite de ejecución, que quedan paralizadas, lo cual abre el portillo a que el ciudadano y el abogado que quieran ver si les queda un último recurso formulen este recurso extraordinario de reposición para nulidad de actuaciones. Desde luego, también contraría la invariabilidad de las sentencias; contraría el principio fundamental del juicio sin dilaciones --ya veremos el resultado y cómo, lógicamente, va a dilatar en el tiempo la continuación de los procedimientos--; vulnera la eficacia de la cosa juzgada y, finalmente, deniega posteriores recursos. Aunque sea un recurso extraordinario, siendo visto por el mismo órgano que dictó la resolución inicial, no parece muy sensato que no tenga posterior recurso jurisdiccional. En todo caso, a mí me queda la duda --creo que usted me la aclarará-- de que, tramitado el recurso extraordinario de nulidad de actuaciones, cabe todavía el recurso de amparo, porque, lógicamente, no habrá lugar a recursos ordinarios pero siempre tendrá acceso ante el Tribunal Constitucional.
En realidad, esta reforma parcial del artículo 240, en cuanto al problema de fondo, de una manera que se esboza y que se enmascara, lo que pretende, pura y sencillamente, es mostrar la preocupación porque en la utilización del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se han disparado las cifras --en esa valoración estamos de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley y con lo que dice el propio informe del Consejo General del Poder Judicial-- y el recurso de amparo casi se ha convertido en una especie de recurso parajurisdiccional; ahora, la fórmula para arreglar esa situación tendrá que ser otra, lo que no puede ser es desdecirnos del estudio que se hizo en su día del artículo 240, cuando fue aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial, y, sobre todo, de algunos pronunciamientos que hizo el propio Consejo sobre una intención similar en otra clase de leyes y, desdiciéndonos de ellos, volver a innovar una cosa que hasta ahora estaba siendo bien valorada por los profesionales del Derecho.
Sinceramente, coincidimos con el informe del Consejo General del Poder Judicial en el sentido de que es

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preferible que acometamos de una vez la reforma de las leyes procesales y no hagamos estas reformas parciales, que nos van a dar mucho peor resultado y, desde luego, lo que rechazamos rotundamente es que este recurso extraordinario de nulidad de actuaciones contra sentencias firmes y definitivas --entendiendo por definitivas incluso lo que dice el Tribunal Constitucional: «definitivamente ejecutadas»-- sea dar cumplimiento al artículo 53.2, que nos habla de un procedimiento o recurso jurisdiccional previo y sumario, que no puede ser éste, que de previo tiene poco y de sumario también va a tener muy poco. Repetimos que, sinceramente, no es un acierto el intento de reforma de este artículo 240.
Además, como dice la exposición de motivos, tampoco es cierto que hoy no existan cauces para declarar esa nulidad, porque existen en los recursos ordinarios. Y tenga usted en cuenta que por lo menos en materia contenciosa o en materia civil la justicia es rogada, y no se puede convertir al juez en tutelador del ejercicio de las acciones que aquel particular, debidamente asistido, no ha querido llevar adelante. Otra cosa podría ser lo que llamamos la jurisdicción penal o de carácter público.
Por tanto, deben estar las partes atentas al establecimiento de los recursos ordinarios para denunciar lo que pueda haber de indefensión o de nulidad de actuaciones en un momento determinado. En todo caso, cabe también la propia declaración de oficio de la nulidad, como usted misma ha reconocido; cabe el recurso de audiencia al rebelde para aquéllos que en un momento determinado no hayan sido parte; cabe el recurso extraordinario de revisión y, por si fuera poco y también, hasta el incidente de aclaración de sentencia.
Por tanto, no compartimos la teoría de que este extremo de la reforma que hoy se nos presenta sea tan necesario; al contrario, pensamos que debe ser mucho más meditado, y repetimos que en ello coincidimos, lógicamente, con lo que nos dice el informe del Consejo General del Poder Judicial.
Segundo objetivo de la reforma, debidamente adornado, eso sí, debidamente adornado, adornado con la reducción del pase a los llamados servicios especiales de un conjunto de cargos públicos porque eran muchos los que, según el proyecto, gozaban de esa situación; adornado incluso con una alusión a las excedencias por interés particular, incluido el cuidado de los niños, lo cual le da un cierto tono entrañable al objeto del proyecto, e incluso adornado con la manifestación, absolutamente gratuita, de que no hay pretendido interés de dañar gravemente a la carrera de los jueces y magistrados que desempeñen cargos públicos. Pero, sencillamente, señora ministra, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es institucionalizar la presunción temporal de parcialidad de todo juez y magistrado que actúe o que vaya a actuar políticamente. Lo que hacemos es, pura y sencillamente, decirle a la ciudadanía que el hecho de actuar políticamente y de participar en política desmerece cualquier consideración y hay que tomar algunas prevenciones, porque parece ser que es dejarse arrastrar por alguna no muy elogiosa pasión.
La exposición de motivos llega a más, y cuando se refiere a los cargos públicos utiliza una terminología, pero al llegar a hablar de los parlamentarios, Diputados, Senadores o miembros ni más ni menos que de una corporación municipal, utiliza la expresión de que en ellos hace falta tomar medidas precautorias por la máxima implicación en la lucha política. Es muy pobre este sentido que tenemos de la participación política. La participación política no es tomar partido. La participación política, por lo menos para algunos de nosotros es, pura y sencillamente, un intento de servir, quizá equivocados, al interés general. No es verdad que quien participe políticamente per se tenga que perder objetividad, que pierda preocupación por los intereses comunes de su ciudadanía, que pierda imparcialidad e idoneidad, que sea un sectario en suma. Es más, esta filosofía tiene que ser rotundamente rechazada, y tiene que ser rotundamente rechazada porque, además, si fuera verdad explíqueme S. S.
por qué sólo por tres años. ¿Es que la contaminación es como una determinada enfermedad contagiosa y sólo con pasar por la cámara de descompresión de tres años se recupera la objetividad, se recupera la imparcialidad, se recupera el buen criterio y se recupera el sentido de independencia judicial? Si se pierde se ha perdido, porque es una cosa que va íntegramente asociada al comportamiento humano y al criterio de cada uno.
Por tanto, no entendemos, de verdad, seriamente, por qué se establece esta limitación, limitación que, por mucho que diga el proyecto de ley, pisotea el artículo 23 de la Constitución; ya no podemos hablar de condiciones de igualdad. Si las consecuencias para unos determinados profesionales por pasarse a la política, entre comillas, son tales que le apartan de su propia profesión, no podemos hablar de la igualdad de condiciones porque ninguna otra profesión está sometida a estas limitaciones, y pisotea el artículo 14 porque establece una discriminación. Restringe, como dice el informe del Consejo General del Poder Judicial de forma muy acertada, el derecho de sufragio y, desde luego, no estimula a la aportación de jueces y magistrados.
Yo creo, señora ministra, que si repasamos la historia de esta Cámara nos acordaremos de jueces y magistrados que han ocupado estos bancos y que dejaron una ejecutoria de trabajo serio y riguroso, y me estoy acordando del señor Bolea Foradada y me estoy acordando de don Joaquín Navarro que fueron ni más ni menos que magistrados que en esta sala dejaron perfectamente claro cuál era su preocupación por el Derecho. Y no tenemos por qué vernos privados de que magistrados y jueces puedan pasar por la política.
Nosotros no tenemos --y nos tememos que se va a aprobar este proyecto de ley y va a continuar su tramitación--

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la fuerza parlamentaria necesaria para poder interponer el recurso de inconstitucionalidad por el atentado gravísimo que este proyecto comete con los artículos 23 y 14. Pero ya le anunciamos, para que no haya posteriores sorpresas, que desde este momento procuraremos estar en relación con el Defensor del Pueblo que, obviamente, está dando una sensación de sensibilidad bastante importante y de cuya ejecutoria todos nos tenemos que sentir satisfechos, para que nos eche una mano y tratar de evitarlo.
Están ustedes pura y simplemente legislando desde la sospecha, legislando desde el recelo y la cautela, y volcando sobre unos profesionales una injusta especie de que en un momento determinado, porque participen en la política, van a perder toda posibilidad de volver ni más ni menos que a tratar de juzgar y ejecutar lo juzgado.
Es una ley que castiga y sanciona el derecho a participar políticamente, pero a una profesión determinada. Porque resulta que si luego hay algún juez o magistrado que se le ocurre abandonar la carrera, no para ir a la vida política, sino para algo mucho peor, para entrar en un gran despacho especialista en tráfico de influencias, puede volver tranquilamente cuando le parezca conveniente a ser juez o magistrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué han hecho los jueces y magistrados? ¿O qué está ocurriendo con ciertos jueces y magistrados que merecen hoy, por razón de oportunismo, legislar desde una actuación absolutamente rencorosa? Si hemos de tomar cautelas acerca de lo que es el acceso a la Función pública, empecemos a tomarla con algunos presidentes de consejos de administración, que a lo mejor se sientan en estos bancos, y que si han venido aquí no ha sido precisamente por servir al interés general, sino clarísimamente para actuar como lobby. Además, es contradictorio, señora ministra, y es contradictorio que, además, esta tesis de colocar la sospecha sobre jueces y magistrados, porque actúan políticamente, la vayan a tener ustedes y el Partido Socialista, que han nombrado magistrados en los tribunales superiores de justicia por el turno autonómico a gentes con carnet y por haber estado en la política.
Repasemos la lista de los magistrados que han sido elegidos por las asambleas de las comunidades autónomas y los veremos con el carnet abandonado al día siguiente. Es más, alguno de ellos al día siguiente de ser nombrado magistrado ha sido ponente en un asunto en que ha tenido que pronunciarse sobre el procesamiento de su contrario político del día anterior. Si quieren ustedes podemos recordar lo que ha pasado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Un poco de seriedad.
Es una ley que causa profundos daños de imagen y a las personas que quieren participar políticamente. Y es una ley que, además, está tan mal hecha que abre el portillo a los espabilados, porque como ya la sospecha lleva hasta aquel que se presente y no salga elegido, resulta que algunos pueden decir que se van a presentar para no ser elegidos, porque si no salen elegidos van a estar tres años en el invernadero pero, eso sí, cobrando todos los emolumentos. En todo caso no veo yo la razón por la que el que es elegido va a tener que vivir exclusivamente de su sueldo como funcionario público y el que no es elegido va a poder ni más ni menos que disponer de un trienio sabático, que yo supongo que dedicará a preparar las oposiciones a lo contencioso-administrativo, porque al parecer algún día vamos a tener ya jueces de lo contencioso y nos hace mucha falta.
Es una ley oportunista, señora ministra. Es una ley, quiero recordar, que puede correr el mismo camino que otra que en esta Cámara se aprobó.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego vaya concluyendo.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy acabando, señor Presidente, o por lo menos lo voy a intentar.
Aquí un día se puso de acuerdo casi toda la Cámara e hicieron una ley, ni más ni menos que en el Parador de Sigüenza, en virtud de la cual si se trataba de proceder contra algún Diputado o Senador por algún atentado al honor, la imagen o la intimidad, hacía falta un suplicatorio civil. ¿Se acuerdan ustedes de esa ley patrocinada por don Gregorio Peces Barba? Perdone que haga referencia a cuestiones personales. Yo vi que era monstruosa y me opuse, y pertenecía al grupo que la promovía. Me opuse en Ponencia, me opuse en Comisión, me opuse en Pleno y al final el Tribunal Constitucional me dio la razón, porque era establecer un privilegio que no tenía ninguna razón de ser. Estoy convencido que aquí el Tribunal Constitucional nos dará la razón en su día, a través del Defensor del Pueblo, porque es establecer una discriminación que no tiene ninguna necesidad.
Se añade, es verdad, como ha dicho S. S., una nueva causa de recusación, pero repasemos simplemente la literalidad de cómo se esboza: Cuando haya podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad sobre el objeto del pleito, sobre las partes, sus representantes y sus asesores.
Estoy absolutamente de acuerdo con que todo aquel que haya podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad sobre el objeto del pleito o las partes, sus representantes y asesores, debe ser recusado, pero sólo se les ocurre a ustedes hablar de esta causa de recusación cuando se trata de los que han ocupado cargos públicos. ¿No tenemos bastante con el Instituto de la Recusación y de la Abstención? ¿Qué necesidad tenemos? En primer lugar, porque nuestros magistrados y nuestros jueces --yo así lo espero-- tienen sentido serio de lo que es su obligación de abstenerse

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y, si no, a través del mecanismo a probar --no a presumir, a probar--, pero a probar concretamente, y podrán ser objeto de recusación.
Vamos a hacer, señor Presidente, una afirmación final. Bastaría y sobraría, frente a este proyecto de ley, señora ministro, que debe ser retirado --yo estoy absolutamente seguro de que la he convencido, lo que pasa es que la fuerza de las cosas no le va a permitir decir que da marcha atrás--, bastaría, repito, pura y sencillamente, que estableciéramos algo tan concreto como que todo aquel que quiera participar en la vida política participe libremente; cuando vuelva a la carrera judicial, que no se le reserve la plaza, que vuelva a concursar, que vuelva tranquilamente a concursar, así no volverá a la plaza que tenía. Esto es mucho más lógico, en beneficio de él y en beneficio de otros que podrían ocuparla, pero no la reserva de plaza. Bastaría, pura y sencillamente, que al que vuelva a concursar y se le adjudique el puesto de trabajo que tenga por conveniente, bien sea jurisdiccional o no, si es jurisdiccional se le aplique el sistema, perfectamente tasado, de lo que son las abstenciones y las recusaciones.
Cuando vi por primera vez la ley y vi que se mezclaba la nulidad de actuaciones con esta actitud represiva contra los jueces y magistrados, pensé que era una ley en la que se estaban mezclando las churras con las merinas, pero, después de habérmela estudiado, he visto que no, que lo que se están mezclando son los churros, porque es un auténtico churro, con las porras, porque es absolutamente represiva y, por lo tanto, indigerible.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, se reanuda la sesión.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jover Presa.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, son varias las razones que ha considerado mi grupo para presentar esta enmienda a la totalidad; algunas de ellas --lo reconozco-- meramente coyunturales, como la perplejidad que nos produce el hecho de que, en un momento en el que hay tantos temas importantes, en el ámbito de la justicia, que requiren un tratamiento legislativo urgente, el primer proyecto de ley que el nuevo Gobierno envíe a esta Cámara sea una reforma no ya parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino limitadísima, con solamente cuatro artículos muy concretos y que se reduce a dar una regulación a dos aspectos que además no tienen ninguna conexión entre sí, cuales son la recuperación del incidente de nulidad de actuaciones y algunas nuevas regulaciones sobre situaciones adminsitrativas de jueces y magistrados. Mientras tanto, transcurridos ya más o menos seis meses desde la toma de posesión del actual Gobierno, aún estamos a la espera, por ejemplo, del proyecto de ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, que es un proyecto de ley importantísimo, urgentísimo, para lo que no existen, creo yo, razones de prórroga, porque ya esta Cámara, en la legislatura pasada, se pronuncio de forma yo diría consensuada, según un informe de ponencia. Estamos a la espera de la reforma procesal civil, respecto a la cual hace ya por lo menos un año que existen textos a nivel de anteproyecto; a la espera de la ley penal juvenil; de la ley concursal, tantas veces citada. Esperemos que al menos este debate sirva para que el Gobierno acelere sus obligaciones en esta materia.
También debo reconocer --y en esto coincido con lo que decía anteriormente el señor Castellano-- que la lectura del informe que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial en relación con este proyecto ha reforzado y ha confirmado la idea que ya teníamos de presentar una enmienda a la totalidad. Porque lo cierto es que es un informe crítico, muy crítico, yo diría que de los informes más críticos que he podido leer en los últimos años, por parte del Consejo, respecto a proyectos de ley. Es verdad que posteriormente ha habido algunos informes aun más negativos sobre otros proyectos, es verdad, pero, en todo caso, éste ya lo es bastante. No hace falta tener grandes dotes de interpretación para darse cuenta de que lo que se ve en ese informe es una clara preocupación por las consecuencias negativas -y digo esto, consecuencias negativas- que pueden resultar de la aprobación del proyecto, tanto por lo que se refiere a la nueva regulación del incidente de nulidad de actuaciones como a la regulación de las actuaciones administrativas de jueces y magistrados. Además, para cada uno de estos casos el informe prevé soluciones alternativas, prevé propuestas cautelares y modificaciones sustanciales.
Lo más llamativo de este informe es que ustedes lo han ignorado plenamente. No han considerado oportuno incorporar ni una sola de las sugerencias que a este proyecto hacía el Consejo General, ni siquiera en los aspectos más técnicos. Porque quiero recordar, por ejemplo, que, respecto al incidente de nulidad de actuaciones, que no es un tema político, que es un tema en el que nos podríamos poner todos más o menos de acuerdo, sobre el que el Consejo dice cosas muy razonables y hacía, si no me equivoco, hasta ocho propuestas

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cautelares, ni una sola hemos visto incorporada al proyecto.
Esto por parte de un Gobierno que, en el momento de su constitución, anunció el compromiso de reforzar el papel del Consejo General. Hoy, la señora Ministra lo ha vuelto a repetir, ha vuelto a repetir el compromiso de reforzar el papel, el protagonismo del Consejo General del Poder Judicial. No es un buen comienzo. Esto se demuestra con hechos, no con palabras. Y, de momento, ustedes no han demostrado con estos hechos que están dispuestos a tener en cuenta al menos algo de lo que dice el Consejo General del Poder Judicial respecto a temas que le afectan directamente.
En todo caso, señor Presidente, la motivación directa y afectiva de nuestra enmienda no está aquí. Nosotros enmendamos a la totalidad este proyecto por su contenido, porque no nos gusta, porque no estamos prácticamente de acuerdo con nada de lo que ustedes nos proponen, prácticamente con nada.
Cuando empezamos a trabajar en el articulado, nos salían enmiendas a todos y cada uno de los artículos. Como, además, consideramos que ésta es una buena ocasión para ampliar la reforma que ustedes traen con este proyecto a otros temas de la propia Ley orgánica que están conexos con el objeto del proyecto, porque se refieren al estatuto judicial de los jueces y magistrados, concretamente a temas relacionados con el estatuto judicial de los magistrados del Tribunal Supremo y con una nueva regulación en las normas de acceso a los cuerpos de secretarios judiciales, la realidad es que la enmienda a la totalidad venía casi obligada.
Dicho esto, señor Presidente, quiero insistir en una cuestión que se desprende claramente del contenido de esta enmienda. Nosotros no propugnamos la devolución del proyecto al Gobierno. Nosotros no negamos la conveniencia de reformar o, cuando menos, de debatir algunos aspectos relacionados con las garantías de independencia e imparcialidad de jueces y magistrados. Sobre todo, estamos de acuerdo en que es urgente reformar el instituto de abstenciones y recusaciones que tenemos actualmente, porque está claro, lo ha demostrado la experiencia, que es insuficiente.
Es más, nosotros coincidimos plenamente con el que dice ser el objetivo central del proyecto, que es --leo textualmente la exposición de motivos-- reforzar la protección de los valores de independencia e imparcialidad en el ejercicio de la jurisdicción consagrados por la Constitución. Yo añado: consagrados por todo el resto del ordenamiento jurídico y aceptados plenamente por todos. Lo que sucede es que, lamentándolo mucho --ya lo decía antes--, nosotros no podemos estar de acuerdo con la regulación propuesta por ustedes. No podemos estar de acuerdo con el contenido del proyecto ni con las fórmulas utilizadas.
Por referirme ya más concretamente a lo que es el contenido central del proyecto, la nueva regulación de las estructuras administrativas de jueces y magistrados, nosotros consideramos que se dan soluciones que en absoluto son adecuadas para avanzar en la consecución de estos objetivos, que probablemente en nada o en muy poco van a ayudar a ello, y --esto es más grave-- que no son en absoluto proporcionadas para perseguir los fines que pretenden; que su aplicación creará, sin duda, mayores problemas que los que pretende solucionar. Vamos por partes y veremos cómo nuestra enmienda a la totalidad intenta enfrentarse con esta situación.
Diré muy poco sobre el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que propone reformar, incidente de nulidad de actuaciones. Entendemos que se trata de un incidente de nulidad de actuaciones en cuanto a sentencias definitivamente ejecutadas, según lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, porque si no fuera así, ya existen actualmente otros medios; ya, el juez, incluso en fase de ejecución, de oficio, puede anular las actuaciones. Sentencias definitivamente ejecutadas.
No voy a insistir mucho en este tema, señor Presidente, señoras y señores Diputados, porque asumo plenamente todo lo que ha dicho anteriormente el señor Castellano. Hago mías todas sus argumentaciones y no vale la pena que insista más en ello. Solamente diré que éste es un tema muy debatido doctrinalmente, no resuelto en absoluto por la doctrina; es más, es un tema nada pacífico. Si no me equivoco, solamente algunos sectores de la doctrina procesalista se puede decir que se decantan claramente por una solución como la que incorpora el proyecto. He leído muchos otros artículos, muchas otras intervenciones que avisan sobre los grandes peligros que puede comportar un incidente de este tipo. En nuestra opinión, señor Presidente, esto es algo que en su día deberá ser resuelto en el marco de una reforma más amplia, en el marco del desarrollo del artículo 53.2 de la Constitución, a lo que también se ha comprometido el Gobierno.
Es verdad que nosotros tenemos una ley, la Ley 62/1978, que establece una garantía contencioso-administrativa para la protección preferente y sumaria de los derechos fundamentales, que está muy bien, pero, en cambio, todavía está por desarrollar el procedimiento preferente y sumario que sirva para proteger los derechos fundamentales cuando la vulneración proceda del propio órgano jurisdiccional.
Pues bien, cuando llegue este proyecto, que yo espero que llegue pronto, tendremos ocasión de discutir estos temas y ahí quizás sí que será conveniente dar una solución al problema de la nulidad de actuaciones y sobre todo al problema de la evidente aglomeración de casos, de recursos de amparo que llegan ante el Tribunal Constitucional, por la no suficiente regulación de esta cuestión.
Y vamos ya al fondo de la cuestión: Situaciones administrativas en la carrera judicial. El proyecto, ya se ha explicado antes, propone una reforma importante.


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Básicamente significa que los jueces y magistrados que pretendan optar o que alcancen cargos, ya sean de representación (Diputados, Senadores, parlamentarios autonómicos, corporaciones locales), ya sean de confianza política, en lugar de pasar a la situación de servicios especiales, como sucede con todos los demás funcionarios, pasarán a una situación de excedencia voluntaria, que, como sabemos, no comporta reserva de plaza, ni ningún tipo de derechos económicos ni de derechos a efectos de ascensos, antigüedad o derechos pasivos --para algunos, porque ya vemos que el proyecto hace aquí una cierta división muy interesante, a la que me referiré más adelante--, y después, dice el proyecto, cuando cesen en este cargo, tres años de excedencia forzosa. A nosotros nos parece que esto es un disparate, que es una promoción disparatada. Quizás la palabra sea muy fuerte, pero con ella expreso mi opinión.
Para empezar, es una regulación que parece estar abriendo una puerta al fraude de ley. No lo digo yo, lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. Porque esta regulación puede provocar, leo textualmente, candidaturas puramente instrumentales o de conveniencia, destinadas en exclusiva a obtener determinadas situaciones individuales, personalmente más ventajosas, que los candidatos no alcanzarían por otros medios. Es verdad. Con este artículo, la puerta abierta al fraude de ley está muy clara; parece que se esté animando. Cualquier juez o magistrado que, por cualquier razón, desee llegar a la situación administrativa de excedencia forzosa y que no la puede conseguir, obviamente, porque sólo se consigue cuando la plaza desaparece, ya lo tiene muy fácil. Le basta con conseguir figurar en una candidatura, no ya de partido político, es igual, de una agrupación de electores; no ya en elecciones generales o autonómicas, en las elecciones de cualquiera de los 9.000 municipios de España. Es más, ni siquiera en un puesto para salir; no, sobre todo eso, sobre todo en un puesto que no sea para salir. Con esto solamente, tres años de excedencia forzosa, tres años de vacaciones pagadas. Porque, para los que no lo sepan, les diré que, en la carrera judicial, la excedencia forzosa implica plenos derechos económicos. Como aquí ha dicho el señor Castellano, no un año sabático, que tanto nos gusta a los universitarios, un trienio sabático, durante el cual, además, se puede hacer lo que se quiera, porque la excedencia forzosa no implica ningún tipo de limitaciones respecto a la actuación posterior. Yo creo que eso ya, de entrada, es una auténtica barbaridad y que tendría que ser reformado desde cualquier perspectiva, no ya sólo política.
Además, yendo a la cuestión más directa, señor Presidente, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando del derecho fundamental, recogido en el artículo 23 de nuestra Constitución, de acceso a cargos y funciones públicas; no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de derechos fundamentales, de los derechos que están en el núcleo duro de nuestra Constitución, en el capítulo segundo, sección 1ª, y lo que resulta es que toda esta regulación, ya se ha dicho, coincido con ello, es una restricción excesiva, absolutamente innecesaria, de este derecho fundamental, y sobre todo es una restricción desproporcionada, totalmente desproporcionada. Porque los fines que pretende alcanzar, y yo estoy de acuerdo con ellos, se podrían conseguir perfectamente con medios mucho menos gravosos para la efectividad de este derecho fundamental.
Yo no voy a llegar a decir que éste es un problema de inconstitucionalidad, no me atrevería a tanto, pero ciertamente estamos bordeándola, porque todos sabemos que la Constitución nos dice que los derechos fundamentales solamente se regulan por ley orgánica, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. Y aquí estamos bordeando estos problemas.
La realidad es que lo que se desprende de esta regulación --y en eso coincido con lo que decía el señor Castellano y también con la motivación de algunas enmiendas parciales que han presentado otros grupos--, se quiera reconocer o no, es una concepción profundamente conservadora de lo que significa el ejercicio de cargos públicos representativos, porque se desprende la idea, la concepción de que la persona que ha desempeñado temporalmente uno de estos cargos queda irremisiblemente contaminada, infectada, por así decirlo, de tal forma que pierde toda posibilidad, en cualquier circunstancia y de forma general, de actuar con imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Eso, así, con esta generalidad, con esta amplitud, sin prever las diferentes posibilidades que puede haber, es una barbaridad.
En primer lugar, comporta un perjuicio absolutamente inaceptable en cuanto a lo que significa el ejercicio de cargos públicos, de cargos públicos representativos, por ejemplo, que son tan legítimos como cualquier otro y que en absoluto se entiende que puedan significar ninguna contaminación ni nada parecido.
Además, lo que hace el proyecto es equiparar condiciones y situaciones que son muy diferentes en la práctica, que son tremendamente diferentes.
¿Ustedes me pueden decir, por ejemplo, en qué afecta, en qué puede afectar a la imparcialidad del juez, haber desempeñado durante unos años el cargo de concejal de cultura en el Ayuntamiento de Sant Celoni, si después va a ejercer como juez a lo mejor en otra provincia, incluso en otro municipio? ¿En qué afecta eso a su imparcialidad? Creo que en nada.
¿Ustedes me pueden decir, por ejemplo, que podemos incluir en el mismo saco, a efectos de considerar los problemas que pueden surgir de imparcialidad después cuando hay reingreso en la carrera judicial, destinos en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, y equipararlos al de juez de primera instancia de Minglanilla

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o al juzgado número 10 de lo social de Sevilla? ¿Qué tiene que ver esto después en función de lo que se vaya a hacer para afectar a la imparcialidad? Yo pienso que nada, y esta generalización es lo que nosotros pensamos que es tremendamente abusiva.
Y, manteniéndose durante tres años en excedencia forzosa, en estas auténticas, digamos, vacaciones pagadas, ¿ya resulta que hay una descontaminación? ¿Por qué tres años y no dos, o uno, o cuatro, o cinco? Sobre todo, ¿qué pasa durante estos tres años? ¿No hay contaminación durante esos tres años? Porque ese juez o magistrado durante los tres años que tiene excedencia forzosa puede dedicarse a lo que quiera, puede montar un gran despacho, puede hacer consultorías, puede hacer todo tipo de actividades privadas. Esto no contamina. Contamina solamente el cargo público; las actividades privadas, no.
Señor Presidente, nosotros en absoluto podemos estar de acuerdo con esta concepción y, por tanto, nuestras enmiendas en este sentido están muy claras.
¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es bastante sencillo. A nuestro modo de ver, los problemas que a ustedes tanto les preocupan, y a nosotros también, pueden resolverse mediante soluciones mucho menos gravosas, sobre todo para el derecho fundamental de acceso a cargos y funciones públicas. Porque estos son problemas que en realidad hacen referencia no tanto a la imparcialidad objetiva y estructural, a la que se refiere a la independencia del órgano jurisdiccional como tal, sino más bien a la imparcialidad subjetiva,...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jover, le ruego que vaya concluyendo.


El señor JOVER PRESA: Concluyo, señor Presidente.
Decía que estos problemas afectan más bien a la imparcialidad subjetiva, a aquélla que afecte más directamente a la persona titular del órgano.
Por tanto, estos problemas afectan no ya solamente a la imparcialidad como tal, sino también a la apariencia de imparcialidad.
Pues bien, nosotros entendemos que estos problemas pueden resolverse, y en eso no tenemos más que reproducir lo que dice el informe del Consejo General del Poder Judicial, a través de vías mucho más sencillas y mucho menos gravosas. Leo textualmente. Dice el Consejo que tanto nuestro Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rehuyendo las afirmaciones generales y abstractas, se orientan a que la concurrencia del requisito de imparcialidad en el juez o tribunal debe ser apreciado a la vista de las concretas circunstancias del caso objeto de enjuiciamiento. Estamos fundamentalmente ante un problema de abstenciones y recusaciones y es desde esta perspectiva desde la que tenemos que ver este hecho. Y esto es lo que hacen nuestras enmiendas, señor Presidente.
Nosotros, en este aspecto, vamos mucho más allá que el proyecto. Estamos de acuerdo en que se ha de regular a fondo el instituto de abstención y recusación, pero más. Nuestra enmienda es más estricta en esto, es más exigente que el proyecto, puesto que la propuesta que nosotros hacemos de reforma de los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por una parte, incluye, en la causa octava del artículo 219, la amistad íntima y enemistad manifiesta, no solamente con las partes, sino también con sus asesores y representantes.
Y, después, por lo que se refiere a la nueva causa de recusación duodécima, en el artículo 220, nosotros entendemos que se ha de incluir no solamente haber ocupado puesto político y administrativo --añadimos nosotros--, sino también --y en esto seguimos alguna propuesta del Consejo General-- haber participado en el debate público, en el proceso de formación de la opinión pública, de tal manera que se expresen opiniones que posteriormente pueden acabar afectando al sentido de su resolución.
Esta es básicamente, señor Presidente, la idea que nosotros tenemos.
Podría continuar hablando de muchas más cosas, pero, como veo que el tiempo se me acaba, esperaré para una segunda ocasión en la réplica.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jover.
¿Turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, es una gran satisfacción para este Diputado poder intervenir en defensa de un proyecto que responde de manera clara no sólo al programa electoral del partido, sino al propio debate de investidura que en su día consiguió el apoyo de la mayoría de esta Cámara. En su discurso, el actual Presidente del Gobierno afirmó --y hoy se cumple-- que el Gobierno promovería la reforma legal oportuna para establecer un período de espera de aquellos jueces y magistrados que hubieran desempeñado un cargo político antes de que pudieran retornar al ejercicio jurisdiccional. Hoy se cumple esa promesa y es una gran satisfacción, en nombre del Grupo Popular, poder constatarlo así.
Y nos encontramos ante dos enmiendas a la totalidad, género parlamentario que puede responder a muy diversos planteamientos. Una enmienda de totalidad puede ser expresión de una coherente discrepancia total --lo que podríamos llamar la ratio de un proyecto, y así entendemos que ocurre en la primera de las que se han defendido-- o puede ser una ocasión de instrumentalizar

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un trámite parlamentario aprovechando la oportunidad o cayendo de manera indisimulada en el oportunismo para presentar un pintoresco texto alternativo.
En este caso no se trata de intentar resolver de otra manera las mismas cuestiones planteadas, sino de montar una operación Pisuerga, en la cual ustedes acaban hablando de unas cuestiones tan poco defendibles que quien ha salido a la tribuna a defenderlas ni las ha mencionado prácticamente, a pesar de que cuando uno hace una enmienda de totalidad, señor Jover, con texto alternativo, se ve obligado a defender su texto alternativo.
Porque en eso consiste la enmienda, no en decir que el proyecto es malo.
Si se hace sólo una enmienda a la totalidad, eso es lo que hay que hacer, pero si presenta un texto alternativo, que en el fondo es una proposición de ley encubierta, usted tiene que defenderlo, si es que tiene defensa.
Entiendo que no tiene defensa y, la verdad, comparto su actitud.
Voy, por tanto, a la primera de las dos enmiendas que se han presentado, la de Izquierda Unida, que, desde luego, a nuestro grupo no le produce ninguna extrañeza viniendo del grupo del que viene y menos todavía habiendo sido quien ha sido el portavoz de ese grupo hoy, alguien que, por no traicionar sus convicciones, se vio obligado a cambiar de partido, sigue fiel a esas convicciones y las sigue defendiendo igual que las defendió hace muchos años. (Rumores.) Desde la óptica de ese grupo y de ese portavoz (Rumores.) se consideran injustificadas ... Es que cuando se apela a la historia, escuece, pero es la verdad. (Rumores y aplausos.) Decía que se opina que hay unas dificultades injustificadas para los jueces y magistrados en el ejercicio de su función. Yo quiero recordar que hace ya muchos años, el 8 de junio de 1978, ese mismo portavoz defendía las mismas cosas aquí mismo y creo que es bueno recordarlo, porque es un espectáculo que no se da siempre. Decía entonces, el 8 de junio de 1978, el señor Castellano: No podemos jamás confundir la independencia de la función judicial con la apoliticidad de las personas.
Y añadía que el intento que había en los constituyentes de establecer que los jueces y magistrados no podían ser militantes de partidos políticos y sindicatos, sembraba suspicacias --hoy, dicho sea en su honor, casi ha repetido sus palabras-- al dar por sentado que la pertenencia a un partido político y la asunción de un ideario iba a llevar inequívocamente a una posible parcialidad. Es más, luego preguntaba: ¿Por qué no pedimos en esta Constitución que se prohiba la pertenencia a partidos políticos a los delegados de Hacienda? De esto, como digo, hace dieciocho años.
El señor Castellano entonces, y ahora, se negaba a distinguir entre independencia e imparcialidad subjetiva de un juez en cuanto persona y ciudadano e independencia e imparcialidad objetiva, de la que, por cierto, no sólo ha hablado con largueza el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, sino el propio informe del Consejo General del Poder Judicial, tantas veces citado, que recuerda cómo la confianza que en una sociedad democrática deposita la sociedad en la imparcialidad de su Administración de Justicia lleva a tener en cuenta incluso las apariencias que puedan revestir importancia, ya que no sólo debe hacerse justicia, sino también parecer que así se hace efectivamente. Don Pablo Castellano, muy legítimamente, no comparte esa postura, nunca la ha compartido. Por eso, hoy, fiel a sus convicciones, sigue diciendo lo que decía hace dieciocho años. Sin embargo, nosotros entendemos que, así como la política es una noble actividad, como aquí se ha defendido --y prueba de ello es que estamos todos aquí, si no, no estaríamos--, también está claro que hay un tipo de política, la política de partido, que se caracteriza legítimamente por su parcialidad, y la función judicial se caracteriza esencialmente por su imparcialidad y por la apariencia que de ella se debe trasmitir. Ese es el sentido del proyecto, que el señor Castellano no comparte, nunca lo ha compartido, aunque él mismo reconocía en aquel debate que algo ocurría cuando admitía que, para evitar todo tipo de recelo, podría ser conveniente que no se actuase públicamente en el ejercicio político.
Yo le quiero recordar, señor Castellano, que en elecciones no muy lejanas aquí ha habido jueces que no es que hayan actuado en actos públicos, es que han ido en lugares destacados de candidaturas en listas cerradas como símbolo de la regeneración de un partido que, consciente de su desprestigio, dice públicamente: Miren ustedes si ahora vamos a ser de fiar que éste no es del partido, pero no sólo no es del partido, no es ni político, es juez. ¿Usted cree que los jueces deben servir para eso? ¿Que deben servir para ocultar determinadas situaciones calamitosas de un partido? Para eso han servido, y eso afecta a la imparcialidad de la tarea de un juez.
En todo caso, señor Castellano, el debate quedó zanjado. Lo que usted decía hace dieciocho años, por ejemplo, que las medidas hoy recogidas en el artículo 127.1 de la Constitución afectaban a lo que hoy serían los artículos 14 y 16 de la Constitución, ha quedado claro que no es así, porque el debate se zanjó como se zanjó. Su señoría podía decir entonces que era evidente que no podíamos prohibir a ningún miembro de la carrera judicial el pertenecer a un partido político. Hoy es evidente que sí lo podemos prohibir, está prohibido, aunque algunos no se han enterado, como veremos a continuación. Por tanto, señor Castellano, su coherencia en la defensa de sus convicciones es digna de admiración, pero reconózcame que ese debate se zanjó hace tiempo.
De lo que se trata no es de poner dificultades a nadie, sino de neutralizar determinadas facilidades. Aquí ya se ha dicho que, hoy día, un juez, en el fondo, como todo funcionario --podríamos contar los funcionarios

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que estamos aquí, lo cual, sin duda, tiene una ventaja, porque, si no, a lo mejor sólo podrían estar aquí los que tuvieran dinero para poderse permitir ciertas cosas--, con el régimen que hasta ahora se ha llevado a la práctica, se mete en la política, en política de partido como bandera de una campaña electoral, que, como es lógico, es donde más se marca la parcialidad, se le reserva la plaza y le cuenta como antigüedad en el cuerpo --ha habido jueces del Partido Socialista que han ascendido a magistrados del Tribunal Supremo por la antigüedad en el desempeño de cargos políticos--, cuestiones que, dicho sea de paso, sus compañeros no consideran muy profesionales. Con eso es con lo que se trata de acabar, matizándolo y haciendo que las consecuencias sean distintas.
El texto de su enmienda a la totalidad dice que ya hay un condicionamiento constitucional. En efecto, lo que queremos es que sea real, que no haya un fraude a la Constitución, que es mucho más peligroso que un fraude a la ley, señor Jover. Nos tememos que lo está habiendo y el ciudadano lo está sufriendo, porque no entiende determinadas situaciones. ¿Y por qué tres años? Pues mire, porque la apariencia tiene una capacidad de retención en la memoria de los ciudadanos.
Evidentemente, podían ser cinco o cuatro y medio; propóngalo usted y, a lo mejor, lo estudiamos, pero lo que es indudable es que la apariencia deja una secuela y hace que el que ha aparecido como paladín de un partido difícilmente luego puede parecer imparcial y es muy importante que lo parezca.
En cuanto al otro punto, señor Castellano, el problema de la unidad de actuaciones es un problema perentorio, por supuesto que sí; es un problema que ha justificado incluso que las salas del Tribunal Constitucional planteen una cuestión de constitucionalidad sobre este artículo ante el pleno, cosa que, como S. S. sabe, ocurre muy rara vez; ha justificado que el Consejo General del Poder Judicial --al que aquí se ha citado en términos tan elogiosos, una y otra vez, como merecidos--, en 1992 y en 1993, haya pedido que se aborde la reforma de esta cuestión; ha justificado que venga una reforma a esta Cámara del Partido Socialista, entonces en el Gobierno; y ha justificado, como ahora veremos, que haya incluso una proposición de ley del Partido Socialista en esta Cámara sobre esto mismo.
Dice S. S. que se podría solucionar por recurso ordinario. No, porque estamos hablando de sentencias irrecurribles, por tanto, por definición no se pude solucionar por recurso ordinario, salvo que S. S. entienda que alguna de las partes podía haber utilizado recursos anteriores, y no lo hizo por falta de diligencia. Es un juicio que quizá no siempre sea tan fácil de constatar, y, por supuesto, luego habrá recurso de amparo.
Paso a ese texto alternativo que el señor Jover no se ha atrevido a defender, pero no sólo él; no se ha atrevido a defenderlo tampoco el señor Belloch --al que en este momento no veo en la sala--; ni se ha atrevido a defenderlo la señora Fernández de la Vega, sin duda por mover el banquillo. No porque S. S. no esté a la altura del proyecto, ya que S.
S. está muy por encima de este proyecto, dicho sea en su favor.
Estoy seguro de que determinados artículos de este proyecto, S. S., que sabe de Derecho constitucional, jamás los hubiera puesto encima de esta mesa porque son un baldón para esta Cámara. El oportunismo les ha cegado a ustedes hasta el extremo de que, puestos a equiparar a los magistrados del Tribunal Supremo, por los que de pronto sienten un arrebatado amor, ustedes han puesto en una enmienda que un magistrado del Tribunal Supremo no puede ocupar cargos de dirección en un partido político ni en un sindicato. Señor Jover, usted sabe --los demás por lo visto, no-- que el artículo 127 de la Constitución dice que no es que no pueda ocupar un cargo directivo, es que no puede ser militante de un partido ni de un sindicato. Quizás ustedes ya están pensando en su partido, en tener directivos que no sean ni del partido. !Así están ya! A lo mejor, ése es el problema y por eso han puesto esa condición ahí. El asunto clama al cielo realmente: que haya podido pasar por el control de un grupo parlamentario y que esté registrado en este momento que ustedes no saben que los magistrados del Supremo no pueden ser militantes de un partido político ni de un sindicato. !Realmente clamoroso! Este texto alternativo me recuerda la situación que viví en Louisiana.
Allí hay una técnica muy original para conseguir que un proyecto vaya rápido evitando trámites, que es coger un proyecto que ya hay y cambiarle todos los artículos. Yo recuerdo que había uno sobre la bandera y el respeto a la bandera norteamericana y un grupo pro-choice, en relación al aborto, lo cambió totalmente para convertirlo en una profesión de ley sobre ese particular. Ustedes han hecho eso mismo con los magistrados del Tribunal Supremo. Si no he entendido mal, señor Jover, si usted dice que las prioridades del Gobierno se miden por lo que consta en este proyecto, habrá que entender que las prioridades de la oposición se miden por lo que han puesto en el texto alternativo. Por lo visto, el problema más grave que tiene en este momento la Justicia es la situación de los magistrados del Tribunal Supremo, su consideración y su retribución.
Ustedes tendrán razones para defender eso y usted tiene un turno ahora para explicarme aquí y a mi grupo también por qué hoy el problema más grave de la justicia en España es el tratamiento de los magistrados del Tribunal Supremo y su retribución. Suba aquí y explique por qué el problema más grave es que se suba en un 44,69 por ciento las retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo; suba aquí y explíquelo porque, sin duda, usted tiene dotes oratorias para eso y para mucho más. Yo no me voy a molestar ni siquiera en argumentar.


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Sí voy a recordar --porque aquí hablar, habla mucha gente-- que el mismo día que hablaba don Pablo Castellano, el 8 de junio de 1978, ¡fíjese qué casualidad!, hablaba en esta misma tribuna don Gregorio Peces-Barba.
¿Sabe usted de qué hablaba? No se lo va a creer. Hablaba de los magistrados del Tribunal Supremo. Fíjese usted lo que decía de los magistrados del Tribunal Supremo el señor Peces-Barba, proponiendo que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran 20 y no 15 --que así fueron en efecto-- para que los jueces y magistrados, que iban a ser elegidos por jueces --por cierto, decía él que iban a ser elegidos por jueces--, lo fuesen en las diversas categorías: «Con ello se evita la posible inercia o la posible determinación por la ley de que fueran miembros de los sectores superiores, magistrados del Tribunal Supremo, los que obtuviesen la representación de sus compañeros como cierta interpretación conservadora, que se sostiene según nuestras noticias en algunas altas cúpulas de la Magistratura» --precisamente esas altas cúpulas--, «defiende.» Hace dieciocho años, ustedes estaban asustados ante la posibilidad de que la cúpula de la Magistratura pudiera gobernar el Consejo General del Poder Judicial, y hoy vienen aquí y ponen al Tribunal Supremo por encima de la cúpula, porque lo sustraen al gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Venga aquí y explíqueme en qué les gobierna el Consejo.
(Aplausos.) !Sí señores, así es! La señora Amador, como no sabe de esto, se asombra. (Rumores.) Se lo explico, señora Amador. Usted sabe que el proyecto dice que, ope legis --¿sabe S. S. lo que es ope legis?--, el Tribunal Supremo se convierte en algo similar al Tribunal Constitucional en el sentido de que tiene autonomía presupuestaria ¿Usted sabe que ahora hay un órgano judicial con autonomía presupuestaria? Lo dice aquí, señor Jover (mostrando un documento a la Cámara.) Léalo. Es que usted no ha leído el texto porque empezó a leerlo y no fue capaz de seguir, pero lo dice. !Claro que lo dice! (Aplausos.) Un órgano judicial con autonomía presupuestaria. !Lo que nos faltaba! Señor Jover, al hacer la Constitución --que se hizo entre todos-- hubo determinadas opciones. Hubo una opción por un Tribunal Constitucional que hiciera un control de constitucionalidad concentrado. Podía haberse diseñado perfectamente un control de constitucionalidad difuso y S. S., que es experto, sabe que eso significaría que el Tribunal Supremo sería a la vez Constitucional. No se quiso hacer así y, desde ese momento, el Tribunal Constitucional está por encima de este poder, que es el primero de los poderes del Estado, aunque a algunos se les olvide, por encima del Ejecutivo y por encima del Judicial. Por supuesto que sí, inevitablemente. Y no habrá manera de ponerlos al mismo nivel. Nunca, y menos con argumentos tan pobres como los que manejan aquí. Porque el Tribunal Supremo no se ocupa de la igualdad en la aplicación de la ley.
No hace falta haber escrito un libro sobre eso --como modestamente he hecho-- para saber que no tiene nada que ver la igualdad en la aplicación de la ley con el Tribunal Supremo. La igualdad en la aplicación de la ley sólo afecta al mismo órgano judicial respecto a sus resoluciones, por tanto, ningún órgano judicial está condicionado por el Tribunal Supremo a la hora de respetar el principio de igualdad en la aplicación de la ley que le obliga a respetar sus decisiones, no las del Supremo.
Otra cosa es la consecuencia que tiene el recurso de casación para unificar doctrinas. No tiene nada que ver. El que ha escrito eso no tiene ni idea. Ya sé que no ha sido usted, eso le salva. (Rumores.) Como usted sabe, señor Jover, porque es catalán, en las comunidades autónomas con Derecho propio hacen la casación los magistrados de allí ¿Les van a subir ustedes el sueldo el 46 por ciento también? ¿O es que el motivo está en otra de las pintorescas razones: que el Tribunal Supremo controla penalmente a los altos cargos?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero, le ruego vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señor Presidente.
Señor Jover, no mencione la soga tan cerca de la casa del ahorcado. Por favor, no lo haga.
Si lo que usted quería, en vez de defender su papel que es indefendible, es saber si el Grupo Parlamentario Popular ahora, en este contexto en el que estamos en todos los sentidos, también en el presupuestario, va a subirle un 44,69 por ciento a los magistrados del Tribunal Supremo, ya tiene la respuesta: no. Así de clara.
Este tinglado que ustedes montan es tardío y poco convincente, porque han tenido catorce años para subirle el sueldo a los magistrados del Tribunal Supremo todo lo que han querido y qué casualidad que el único papel que ellos pueden exhibir para justificar este asunto es un papel que tiene fecha del 16 de abril de 1996. A elecciones perdidas, el Partido Socialista les da un papel a los magistrados del Supremo en el que dice que instruye al Ministro de Economía para que les guarde dinero para cuando les suban. (Aplausos.) Esto es todo lo que han conseguido.
Señor Jover, es de una enorme torpeza lo que ustedes han hecho. Que quede claro que a nuestro grupo la situación de los magistrados del Tribunal Supremo le produce un enorme interés y atención, pero, entre otras cosas, no creemos que se pueda resolver de tapadillo mediante un texto alternativo de otra cosa distinta que usted no se atreve a defender. Haga usted una proposición de ley, debatamos cómo debemos regular la situación de los magistrados del Supremo, pero no lo metan ustedes de tapadillo como si fuera algo inconfesable. Claro que después de lo de las cúpulas, se entiende que tengan que hacer un poco de topo porque,

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si no, no hay manera. (Rumores.) Busquen otro cauce más lucido.
En cuanto a la nulidad de actuaciones, señor Jover, usted no sabe cuáles son las proposiciones que su partido presenta aquí. Aquí hay una del 24 de octubre de su partido -¿su partido sigue siendo el Partido Socialista, no? (Risas.), donde ustedes regulan la nulidad de actuaciones...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero, vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: Usted ha dicho aquí que no había que regularlo.
A esto es aplicable todo lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial multiplicado por diez, y usted no se ha enterado. Lo que hacen ustedes es una cosa muy nueva --señor Presidente, con esto termino--, una nueva fórmula que es la reserva de proposición de ley. Hasta ahora había reserva de ley, determinadas cosas sólo se pueden hacer por ley, pero el Grupo Socialista acaba de inventar la reserva de proposición de ley, que es decir: Mire usted, la unidad de actuaciones, para mí, porque me gusta y la quiero hacer yo, y ustedes hagan eso del rebelde, que dice el Consejo General del Poder Judicial, y se entretienen.
Por cierto, señor Jover, el que tengamos que hacer eso del rebelde en tres meses, ¿qué significa, que no podemos hacerlo después o que ustedes no quieren que lo hagamos antes para que no le quitemos protagonismo al debate de su propuesta de nulidad de actuaciones? Aclárenoslo. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ollero.
Señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDIALLAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
A mí me parece bien la explicación de que el motivo de introducción de este proyecto de ley sea --y es bueno que así sea-- el cumplimiento del programa electoral y también la realización del anuncio formulado en el debate de investidura, en el que , efectivamente, el señor Aznar anunció que procuraría hacer una reforma legal oportuna. Precisamente porque no la consideramos oportuna es por lo que hemos presentado la enmienda a la totalidad. Hagan ustedes caso al señor Aznar y háganla oportunamente, porque ésta no lo es.
En segundo lugar, cuando ha empezado usted diciendo: viniendo de quien viene, yo me estaba temiendo que el palo iba a ser de tamaño natural, pero veo que no, que se trata de un cariñoso recuerdo, que le agradezco, pero le quiero aclarar que, a lo largo de mi vida, yo no he hecho más que aprender y sigo aprendiendo. Y me alegro de haber estado 23 años en el Partido Socialista Obrero Español, donde aprendí mucho, y de seguir en Izquierda Unida, donde sigo aprendiendo. A lo mejor el día en que me muera ya sé algo.
En cuanto a que no sé distinguir la independencia y la imparcialidad, subjetiva y objetiva, señor Ollero, le han traicionado las palabras, porque todo el acento lo pone en las apariencias. ¿En qué quedamos? ¿Quedamos en que de verdad entendemos que una persona que ha recibido una determinada formación, ni más ni menos que para juzgar y ejecutar lo juzgado (incluso algunos magistrados y jueces, aunque yo no soy partidario de esta clase de fórmulas, hablan de que es como un sacerdocio; a mí esas fórmulas no me valen porque, entre otras cosas, a lo mejor el ejemplo es todavía peor), y dado que algunos piensan que ha recibido una formación que permite equilibradamente distinguir y solucionar, con la aplicación del Derecho, los conflictos entre los ciudadanos, de la noche a la mañana, por el hecho simple de que ocupe un cargo público y, efectivamente, bajo la fórmula de un partido, pierde ya toda objetividad? Yo no puedo mantener esa tesis, porque mantenerla sería ofensivo hasta para miembros de su propio grupo político.
Señor Ollero, la imparcialidad y la independencia de criterio hay quien efectivamente puede dejar que sea influenciada o influida por el carné, pero en la mayoría de las gentes conscientes y con sentido de su propia dignidad, el carné es, pura y simplemente, un accidente. Por tanto, se puede perfectamente servir desde una formación política a los intereses generales y, finalizada esa función, recuperar aquélla que se tenía y servir al interés general desde el puesto anterior. ¿Por qué? Porque el problema es que lo que no podemos confundir, bajo ningún concepto, es militancia expresa con función. Y en muchísimos de estos supuestos, precisamente en el de los jueces y magistrados que tienen prohibida la militancia expresa, cuando se les reclama su colaboración, se les reclama la de su función, no la de la militancia, porque si quisieran militar tendrían que abandonar la carrera. Por tanto, no han militado jamás, figuren o no en las listas. Son personas de las que tiramos --y ojalá pudiera mi propio grupo político mañana tener sentados en esos escaños a jueces y magistrados en lugar de a algunos que estamos ahí que no somos más que aprendices--, y eso en modo alguno desmerece el que alguien pueda servir a los intereses de todos nosotros. No confundamos esta situación, la militancia, en la que yo me afirmo en aquello que me ha leído usted, tan antiguo, de hace 18 años (yo no sé si lo ha hecho usted con la intención de recordarme lo que pensaba o lo que he pasado, porque me queda la duda de ver cómo he envejecido desde entonces), con confundamos la militancia, digo, con la función.
En cuanto al problema perentorio de la nulidad de actuaciones, efectivamente, lo es, pero el problema perentorio no es el recurso de nulidad de actuaciones. Estamos todos de acuerdo. El problema perentorio es

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que tenemos atascado el Tribunal Constitucional a base de recursos de amparo. Vamos, de verdad, a acometer una reforma del Tribunal Constitucional. Vamos, de verdad, a poner en marcha y a desarrollar ese procedimiento urgente, sumarísimo del artículo 53, y, mientras tanto, hagamos, si quieren ustedes, una reforma para que el recurso extraordinario de revisión no sea un recurso extraordinario de revisión tan absolutamente mezquino en cuanto a las causas que contempla y contemple como una fundamental ésta, pero con una ventaja sobre lo que es este recurso de reposición en materia de nulidad de actuaciones, que sea otro tribunal el que dictamine. Porque aquí hay una preocupación latente, cuando se habla de este proyecto de ley en cuanto a lo que llamamos la contaminación por formación de criterio, y usted y yo sabemos que el 99 por ciento de los recursos de reposición son desestimados porque supone que tiene que reconocer el propio juez que se equivocó. Y no digamos los recursos de reforma. A lo largo de mi larga vida profesional...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego vaya concluyendo.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: ... yo no he logrado encontrar ninguno que haya prosperado.
Por tanto, tenemos mecanismos para no tener que llegar a esta fórmula, que, repito, va a abrir el portillo, muy lógicamente, a que los litigantes, aprovechando cualquier circunstancia y más si se les ofrece una nueva oportunidad, discutan la sentencia definitivamente ejecutada, y no hagamos más que demorar y demorar la Administración de Justicia que, de por sí, ya tiene bastantes lentitudes y demoras.
Me ha quedado un poco de mal sabor de boca esta mañana con mi propia intervención, porque ha podido parecer a alguien que quería ser duro con la señora ministra. Y le voy a decir una cosa para que no quepa la menor duda. Le agradezco que usted haya anunciado que vamos a hacer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial más profunda y más amplia. Cuente usted con la más absoluta e incondicional colaboración de este grupo político para, con usted y con ustedes, llevar adelante esa reforma.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
El señor Jover tiene la palabra.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Ollero, yo no voy a perder el tiempo ahora aquí debatiendo con usted ni con nadie sobre si nuestra enmienda a la totalidad lo es realmente o no lo es. Me basta con saber que la Mesa la calificó como tal, y ya está. Usted podrá pensar lo que quiera sobre ella, y yo también. Es una enmienda a la totalidad, calificada como tal por la Mesa, y no hay por qué continuar con el tema. Tampoco voy a extenderme sobre sus críticas al oportunismo de mi grupo al presentar enmiendas. Supongo que se refiere a las enmiendas sobre el estatuto judicial de los magistrados del Tribunal Supremo, enmiendas que no se refieren al contenido concreto del proyecto.
Usted, señor Ollero, que ya hace muchos años que lleva en esta Cámara, sabe que cuando se inicia la tramitación de una iniciativa legislativa, ya sea un proyecto, ya sea una proposición de ley, que reforma un texto normativo, se abre el melón, y los grupos tienen pleno derecho a presentar enmiendas no solamente a los temas que están tratados por el proyecto sino a cualesquiera otros. Siempre se ha hecho así. ¿Por qué le sorprende? ¡Se ha hecho siempre así! No nos acuse de oportunismo. Es una práctica generalizada, y es una cosa absolutamente aceptada. Es más, este supuesto oportunismo, señor Ollero, hágalo usted extensivo a otros tres grupos de la Cámara que también han presentado enmiendas a este proyecto.
Hágalo extensivo a ustedes mismos, porque resulta que ustedes han presentado enmiendas al tema de secretarios judiciales que nada tiene que ver con el contenido del proyecto. De manera que oportunistas, ustedes los primeros, porque también enmiendan cuestiones que en absoluto han sido tocadas por el proyecto del Gobierno (Aplausos.), los artículos 480 y 482 nuevos, de ustedes, con enmiendas parciales. Si aquí somos oportunistas, lo somos todos.
Nulidad de actuaciones. Usted aquí ha leído una proposición de ley, supongo que será la que se refiere a la proposición de ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Léala bien. Porque la propuesta que hacemos nosotros sobre el incidente de la nulidad de actuaciones es exactamente la misma que salió de la Ponencia que estudió este tema en esta Cámara en la pasada legislatura, y en absoluto es coincidente con la del proyecto del Gobierno. De manera que éste es un tema sobre el cual yo creo que está haciendo trampa. Como también hace trampa en relación con el contenido de nuestra enmienda a la totalidad, porque usted tampoco ha defendido el proyecto. Usted se ha dedicado a criticar a fondo nuestras enmiendas, según usted oportunistas, a un tema que no se refiere al proyecto, pero, al menos, cuando ha contestado a este modesto Diputado --que parece que no merece su atención--, tampoco ha defendido el proyecto del Gobierno, porque es indefendible. Si empezamos a leer el informe del Consejo General del Poder Judicial en los dos aspectos, tanto por lo que se refiere al incidente de nulidad de actuaciones, como por lo que se refiere a la nueva situación, a las situaciones administrativas de jueces y magistrados, es que no hay quien lo salve, desde el punto de vista no ya de lo que diga yo, que parece que a usted no le convence, sino de

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lo que diga el Consejo General del Poder Judicial. Si quiere lo empezamos a leer. No creo que quiera porque es evidente que, no. ¿Quiere que lo lea? (Pausa.) Voy a leerlo, si me lo permite el señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jover, sabe S. S. que si considera que ha de ser leído algún texto debe solicitarlo a esta Presidencia, y si fuese oportuno para el debate se procedería a su lectura. Le ruego que continúe con el debate en su turno de réplica conforme al Reglamento.


El señor JOVER PRESA: De acuerdo, señor Presidente. En su momento, cuando acabe mi intervención, pediré que se lean esos documentos del Consejo General del Poder Judicial.
Hay un aspecto que recordamos todos en donde la crítica que hace el Consejo sobre la regulación de las situaciones administrativas de jueces y magistrados es tan tremendo que ustedes mismos se han dado cuenta y lo están enmendando. Por lo que he oído antes, parece que la señora Ministra no se ha enterado de que ustedes lo enmiendan. Me refiero al artículo 358.2 de su proyecto, en el que se comete la barbaridad de establecer un régimen diferenciado, por lo que se refiere a la excedencia voluntaria, para aquellos jueces o magistrados que hayan dejado el servicio activo y que hayan ocupado cargos representativos, y otro para los que estén ocupando cargos de confianza política. Fíjense ustedes porque el asunto tiene mucha miga.
Resulta que según el artículo 358.2 del proyecto aquellos jueces y magistrados que hayan ocupado cargos representativos, parlamentarios, Senadores, concejales, alcaldes, durante este periodo tienen una excedencia voluntaria que, como tal, no cuenta a efectos de ascensos, antigüedad ni derechos pasivos. Pero dice el proyecto: excepcionalmente, a los que hayan ocupado cargos políticos y de confianza, por ejemplo un ministro o un secretario de Estado, a éstos sí que les cuenta, sí que les computa este periodo a efectos de derechos pasivos, antigüedad y todo lo demás. (Rumores.) A estos sí, señora Ministra, lo dice su proyecto. Es tan bárbaro esto, era una aplicación tan absoluta de la ley del embudo, que su propio grupo lo ha suprimido. Su propio grupo lo suprime, como todos los demás grupos. Porque esa ley del embudo, ese barrer para casa, era tan notoriamente inaceptable que su propio grupo se ha dado cuenta y en enmiendas parciales lo suprime. Menos mal que, por lo menos, las enmiendas del Grupo Popular van a servir para evitar esta barbaridad y esta absoluta inconstitucionalidad.
Voy acabando, señor Presidente. Por lo que se refiere a esas enmiendas al estatuto especial de los magistrados del Tribunal Supremo, que tanto preocupan al señor Ollero, yo creo que no las ha leído bien. En ningún momento dicen que se coloca al Tribunal Supremo por en encima del Tribunal Constitucional. ¿De dónde saca usted eso? En ningún momento se dice. Ni tampoco se dice en ningún momento que el Tribunal Supremo quede excluido del gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí se dice, que es una cosa muy diferente, es que habrá informe preceptivo del Tribunal Supremo respecto a anomalías del Consejo. Informe preceptivo, no vinculante, por supuesto, y nada más. ¿Esto es extraer al Tribunal Supremo del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial? Si usted lo entiende así, yo no. Nadie lo entiende así.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jover, le ruego vaya concluyendo.


El señor JOVER PRESA: Acabo, señor Presidente.
Respecto a estas enmiendas, solamente quiero decir tres cosas. Primero, tan deleznables son, tan fuera de sentido están, tan carentes de sentido son, que resulta que, además de nosotros, otros tres grupos parlamentarios las han presentado. De manera que, por lo menos, en este soportar los rayos jupiterinos del señor Ollero, veo que no estamos solos. Señores de Convergència i Unió, señores del Partido Nacionalista Vasco, señores de Coalición Canaria, ustedes también tienen, por así decirlo, el terrible pecado de haber presentado estas enmiendas. Y en algún caso, algunas han ido más lejos que las nuestras.
Segundo, no sé por qué le preocupa tanto al señor Ollero. Si tan malas son estas enmiendas, si tan rechazables son, lo tienen muy fácil.
Llegaremos a Ponencia, llegaremos a Comisión, y allí pueden votar en contra de ellas. Así de simple. Nosotros ya lo aceptamos. Sabemos que estamos en la oposición. Sabemos que la solución de unas enmiendas que presenta un grupo de la oposición es que sean rechazadas. Muy bien, voten en contra, lo tienen así de fácil.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jover, le ruego concluya.


El señor JOVER PRESA: Concluyo en un minuto, señor Presidente.
En este tema, cuando lleguemos a ponencia, cuando lleguemos a comisión, cuando no tengamos que hablar de cara a la galería sino hablar de verdad, nos podremos poner de acuerdo. Incluso en este tema de las enmiendas que presenta Convergència, nos pondremos de acuerdo.
Sobre este tema, quiero hacer una propuesta, señor Ollero. Usted sabe que la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior se ha dirigido a la Mesa de esta Cámara para pedirle que, de acuerdo con lo que dice el artículo 109.3, creo que es éste, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nos dirijamos al Consejo para pedirle también un informe sobre estas enmiendas que, como son nuevas, no había podido ver en su momento.
Nosotros

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estamos de acuerdo con esto. Digo aún más --si no quieren que se haga, lo dirán ustedes--, cuando llegue ese informe, nosotros estamos dispuestos a hacerlo nuestro y a aceptarlo plenamente. ¿Lo harán ustedes igual? Hasta ahora no lo han hecho; esperemos que lo hagan. (Fuertes aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jover. (La señora Amador Millán pide la palabra.) ¿En función de qué artículo solicita la palabra, señora Amador?

La señora AMADOR MILLAN: Señor Presidente, invocando el artículo 71, párrafo primero, del Reglamento del Congreso de los Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Efectivamente, le concedo la palabra durante tres minutos para contestar estrictamente a las alusiones realizadas, sin entrar en el fondo del debate que está teniendo lugar.
Tiene la palabra por tres minutos.


La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente. No voy a necesitar tanto tiempo para contestar a la alusión directa que se ha permitido hacer el portavoz del Grupo Popular mientras yo seguía atentamente el debate.
Tiene usted razón, señor Ollero, en que algunas de sus afirmaciones me han producido gran asombro y tiene razón si imputa ese asombro a que yo no sé de eso, me ha dicho que yo no sé de esto. Si cuando S. S. dice de esto, se refiere a lo que S. S. hace cuando sube a la tribuna, yo no sé de eso y no estoy dispuesta a aprender, señor Ollero.
Gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Amador.
Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, señor Castellano, en ningún momento de mi intervención he sugerido que S. S. no sepa distinguir entre independencia o imparcialidad subjetiva y objetiva, he dicho, quizás me equivoque, que se niega a distinguir porque, a la hora de la verdad, todo lo reduce a la subjetiva, y aquí ha insistido en ello cuando ha hablado de la formación que una persona tiene o no siendo militante, con carnet o sin carnet. Señor Castellano, el problema de la imparcialidad objetiva no es la formación que yo, que hoy estoy aquí, pueda tener, sino la que tienen los ciudadanos que no están aquí y que me ven tomar partido, como es mi obligación como hombre de partido y miembro de un grupo parlamentario, que me ven actuar en una campaña electoral, donde usted sabe que los decibelios suben más que aquí todavía --qué no habría dicho alguno que otro en una campaña electoral--, se queda asombrado al verme como imagen de la imparcialdiad y luego no me acaba de ver. El problema es la formación de esos ciudadanos, que son la gran mayoría y que tienen derecho a que sus jueces parezcan imparciales.
En cuanto al trámite de nulidad de actuaciones, usted mismo ha señalado, señoría, cómo ahí entran en juego los recursos de amparo. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de vicios que no han sido advertidos en el proceso cuando se ha llegado a una sentencia respecto a la que no cabe recurso y ya sólo cabe como solución un recurso de amparo, lo cual, aparte de sobrecargar al Tribunal Constitucional, supone una dilación mayor que el trámite que aquí se sugiere. Además, S. S. sabe perfectamente que ese colapso del Tribunal Constitucional favorecerá que en muchos casos no se admita un recurso de amparo en una circunstancia en que sí se habría admitido sin ningún problema este trámite que aquí proponemos. Por tanto, estamos defendiendo, en la medida de lo posible, al justiciable.
Señor Jover, usted ha defendido aquí un texto alternativo. A estas alturas, después de diez años de Parlamento, yo tambien he defendido algún que otro texto alternativo y sé que, cuando me toca un texto alternativo, lo mío es defenderlo porque lo que quiero es que se convierta en el proyecto de ley como alternativa al que se ha presentado.
Su señoría, en dos turnos, no me ha explicado en absoluto por qué dice que, ope legis, el Tribunal Supremo, un órgano judicial, va a tener autonomía presupuestaria. No se ha molestado en explicar por qué a los magistrados del Supremo hay que subirles su retribución de un golpe --porque otros grupos no lo han propuesto así, señor Jover--, este año, en un 44,69 por ciento. No me ha explicado por qué, si los magistrados del Tribunal Supremo van a tener un informe preceptivo a la hora de nombrar magistrados del Tribunal Supremo, porque conocen la actividad de los jueces que pretenden serlo, en la medida en que han casado sus sentencias, los magistrados del Constitucional, que anulan sentencias del Tribunal Supremo, no son también oídos en un informe preceptivo a la hora de nombrar magistrados del Tribunal Constitucional, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que suele proponer a jueces. Deberían ustedes contemplarlo con la misma lógica.
Dice usted que otros grupos han presentado esas enmiendas y más. Claro que sí, porque son más coherentes que ustedes. Primero, ninguno ha tenido el oportunismo de disfrazarlas de texto alternativo, que es un oportunismo que se cae por su propio peso. Segundo, han sido más rigurosos, porque si ustedes dicen que el magistrado del Supremo debe ser una magistratura en ejercicio, como determinados magistrados del Supremo proponen --y nuestro Grupo no ha rechazado--, usted tiene que entender que tiene que modificar un

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artículo, el 335, por el cual el Presidente de la Audiencia Nacional tiene que ser magistrado del Tribunal Supremo, y usted lo deja tan pimpante, ni se ha molestado en corregirlo. Eso es porque ustedes no se han tomado en serio su propio texto.
Hasta tal punto no se lo toman en serio, que empiezan diciendo que aquí el primer problema con que nos encontramos es regular el estatuto de jueces y magistrados que han desempeñado cargos públicos y, el segundo, el estatuto especial que corresponde al magistrado del Supremo. Y en el punto siguiente empiezan a hablar de los magistrados del Supremo y ya no hablan del primer punto hasta el final, porque se les ha ido la mano. Es que ustedes han descubierto al Tribunal Supremo y los ciudadanos tiemblan, porque ustedes descubrieron a la Guardia Civil y se armó la que se armó. Por favor, no descubran al Tribunal Supremo, que la podemos liar. (Aplausos.) Bueno está que don Gregorio Peces-Barba, hace 18 años, hiciera aquí un brindis al sol, a la solanera, metiéndose con los magistrados del Tribunal Supremo, pero, claro, la figura del brindis a la sombra es un asunto tan insólito para un taurino como yo que no me lo acabo de explicar. Por tanto, no se metan en esos follones. (Rumores.) Aquí, además, señor Jover, usted que sabe tanto de Constitución --mucho más que los de su grupo, por los papeles que presenta-- debe saber que el artículo 122.1 dice que hay un cuerpo único para todos los magistrados y jueces. Explíqueme cómo compagina usted los planteamientos que hace aquí, donde sitúa al Tribunal Supremo, no por encima del Constitucional --eso es lo que quiere algún que otro magistrado, pero muy aislado--, sino a su nivel, entre otras cosas, de retribuciones y a su nivel de funcionamiento autogestionario en presupuestos, aq la hora de la verdad, explíqueme cómo forma parte del mismo cuerpo único.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: Voy concluyendo.
Y reconózcame que si un magistrado del Supremo es una magistratura en ejercicio, un catedrático de universidad que se convierte en magistrado del Supremo, como hay tantos, cuando deje de ser magistrado del Supremo debe pasar a ser catedrático, que es lo que era, y no darle 15 años de antigüedad en la carrera judicial, como quien regala un salchichón. ¿Por qué no lo puede usted hacer? Porque la Constitución no lo permite, porque hay que ser de la carrera judicial para ser magistrado del Tribunal Supremo. Ustedes montan un escalafón aparte de los magistrados del Tribunal Supremo, con el miedo que tienen ustedes a la cúpula, y ya la configuran hasta en papel impreso.
Respecto a la unidad de actuaciones, señor Jover, su señoría es que no se entera, en este caso porque no quiere, claro, no le interesa. (Rumores.) Pero fíjese, esto que tengo aquí no es la proposición de ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, ésta es la proposición de ley de su Grupo --espero que siga siendo su Grupo todavía--, en la que se dice: Proposición de Ley Orgánica por la que se modifican determinados preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Usted no tiene noticia y le pregunta a su vecina, y hace muy bien. Pero por lo menos conozca usted lo que hace su Grupo. Comprendo que como lo han sacado a usted hoy aquí como lo han sacado, usted no está puesto, pero esto es lo que hay.
En resumen, lo que nos diferencia es muy simple:

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero, le ruego que concluya.


El señor OLLERO TASSARA: Para nosotros, un juez que participa en un proceso electoral, que toma partido públicamente en una campaña electoral, salga o no salga, no debe volver a cumplir funciones jurisdiccionales a lo largo de tres años. Ustedes entienden que no.
Queremos resolver la unidad de actuaciones. Ustedes están de acuerdo, pero quieren hacerlo con una proposición de ley que ignora, pero que si la lee verá que es bastante peor y merece mucho más las críticas del Consejo General del Poder Judicial que la nuestra. Eso es lo que nos aparta. Por cierto, le recuerdo algo muy elemental: ningún Gobierno, ni el Gobierno socialista antes, ni el popular ahora, está vinculado por los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial que, además, tiene un detalle de delicadeza. El Consejo General del Poder Judicial no hace como el Tribunal Constitucional, que sí sabe que es vinculante lo que dice. El Tribunal Constitucional tiene un gran esmero por el principio de conservación de la norma, la maneja con gran delicadeza y no se pronuncia ni un milímetro más de lo necesario. Por el contrario, el Consejo General del Poder Judicial, para recordar su libertad a los miembros del Gobierno, en sus informes opina con toda libertad, y bien que hace, sobre todo lo divino y lo humano y se permiten decir: la solución más deseable es tal. Eso no lo haría nunca un órgano que pensara que es vinculante, y por eso lo hace, porque sabe que no es vinculante. Por tanto, si ellos lo saben y el Gobierno también, entérese usted, y todos contentos. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Ollero.
Tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Socialista, y acogiéndome al artículo 72.2 del Reglamento sobre petición de lectura de normas o documentos, quisiera solicitar la lectura de un documento.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Aceptando la solicitud realizada por el Grupo Parlamentario Socialista, ruego hagan llegar a la Presidencia el documento del que solicitan su lectura, y ruego a la señora Secretaria, doña Carmen del Campo, que proceda a la lectura del mismo.


La señora SECRETARIA TERCERA (Del Campo Cassasús): Punto 4 del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre este proyecto de ley orgánica. Respecto de las posibilidades de acceso de los miembros de carrera judicial a cargos de representación popular, si es cierto que no debe restringirse excesivamente la presentación como candidatos de los jueces y magistra-dos ni gravarse tampoco en exceso la vuelta de quienes no resulten elegidos, tampoco cabe primar con una situación profesionalmente atractiva a éstos, porque pueden producirse candidaturas puramente instrumentales. Así, la situación de excedencia forzosa que comporta la plenitud de derechos económicos (artículo 356.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), podría ser un incentivo para la presentación de candidaturas de este tipo, ya que durante tres años el candidato no elegido permanecería en dicha situación. Aun sin una finalidad espúrea como ésta, tanto para candidatos no elegidos, como para cargos de elección directa que finalicen su mandato y cargos políticos y de confianza distintos de los que disfrutan de servicios especiales, resulta excesivamente gravosa, desde el punto de vista presupuestario, y priva de los servicios útiles que pudieran prestar los interesados, no ya en destinos de índole no jurisdiccional, sino incluso en juzgados y tribunales de distinto orden, de diferente localización geográfica o no afectados por la actividad representativa o administrativa prestada entre tanto por el juez o magistrado.
En un orden de cosas secundario, cabe añadir que, de reconocer a la situación de excedencia voluntaria derivada del ejercicio de un cargo político o de confianza , no para el cuidado de hijos, efectos para ascensos, antigüedad y derechos pasivos, es tanto como alterar una de las características peculiares de la situación de excedencia voluntaria.
La situación de quienes acceden a cargos o funciones públicas probablemente no debería llevar a las consecuencias del anteproyecto, sino a un régimen que permita asegurar que quienes acceden a un cargo o función de carácter público, perfectamente honorable en cuanto a manifestación del derecho a participar en los asuntos públicos, no reingresan, sin embargo, a su anterior destino, tanto para posibilitarles una mayor libertad de actuación durante el desempeño de sus nuevas responsabilidades, como para asegurar una mayor garantía de imparcialidad a su regreso.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Del Campo.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, tomo la palabra, en nombre de mi Grupo de Coalición Canaria, para fijar nuestra posición en este debate, desde el sosiego en el talante y desde el respeto a la materia de la que estamos tratando.
El año 1996 es un año importante en el mundo de la justicia española. Es el año en que ha entrado en vigor el nuevo Código Penal, uno de nuestros grandes pilares, cuya administración corresponde al Poder Judicial. El año 1996 es el de la renovación de un nuevo Parlamento, de unas nuevas Cortes Generales. El año 1996 es el de un nuevo Consejo General del Poder Judicial, que hemos renovado desde este Congreso y desde nuestro Senado.
Y a la vista del debate que se acaba de desarrollar aquí, me hago una gran pregunta y me planteo una reflexión en la incógnita: ¿No ha faltado diálogo entre las instituciones, Gobierno o Ministerio de Justicia, órganos judiciales, Consejo General, Tribunal Supremo, cualquiera de las otras instancias e instituciones y grupos políticos, para que este tema hubiera venido a la Cámara en un grado más completo de consenso por la materia de que se trata? Es una materia que afecta al común de los españoles, y yo me estoy haciendo esa pregunta casi encontrando una respuesta positiva en el sentido de que ha faltado eso. Y me voy a referir a las palabras de esta mañana de la señora Ministra de Justicia, que me permiten hacer una toma de posición en breve discurso pero más en el sosiego.
En primer lugar, estando abierto un procedimiento de reforma de cualquier ley, cualquier grupo político de la Cámara, la Cámara toda está perfectamente legalizada y legitimada para entrar en la renovación que políticamente estime que se tiene que hacer. Qué duda cabe de que aquí se ha producido un fenómeno con las distintas jurisdicciones, con las distintas instituciones, con las distintas personas y colectivos afectadas por la Ley de 1985. Se nos ha evidenciado, con el debate que ha habido esta tarde aquí, que la vigente Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, con once años ya de existencia, necesita renovación, por si algo le faltaba, pero no solamente en la línea que ha traído el proyecto del Gobierno, sino ante la demanda que han tenido de otros sectores, sea del propio Consejo General del Poder Judicial, que entiende que hace falta otra ley, sea del propio órgano del Tribunal Supremo, sea de los secretarios de Justicia. Luego, hay demanda de las partes, y demanda del ciudadano español que solicita un poder judicial más actualizado, más renovado, más puesto al día a través de los instrumentos legales. Aquí la primera posición de Coalición Canaria es decir: si en la estrategia legítima del Gobierno se considera oportuno, en el propio texto del proyecto del Gobierno

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--no me refiero a las enmiendas de ninguno de los grupos de la oposición-- hacer la apertura de renovación o de modernización de una ley de rango orgánico, como ésta del Poder Judicial, queda abierto todo el campo de la ley en la legitimidad que tenemos todos los grupos políticos de presentar enmiendas, recibamos o no demandas de los sectores afectados, en nuestro leal saber y entender de grupos políticos parlamentarios, porque pensamos que así se aprovecha una legítima oportunidad de trámite parlamentario para introducir ahí todo lo que los grupos políticos, incluso los que intervinimos en el debate del año 1985 de la entonces Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, entendimos que se quedó en el tintero al no pasar determinados trámites parlamentarios.
Aquí viene, once años después, una oportunidad parlamentaria, democrática, de ponernos al día sobre aquellas circunstancias.
Hecho este reconocimiento, nosotros hemos presentado a este proyecto 30 enmiendas. De ellas, al menos 14 van en el sentido de corregir aspectos del propio texto del proyecto que usted ha presentado, señora ministra, porque nos parece necesario entrar en esa materia, circunscribiéndonos en esas primera 14 enmiendas al propio texto del proyecto del Gobierno. De la número 14 a la número 30 entramos en otras cuestiones -tema del Tribunal Supremo, tema de secretarios de justicia- que se contemplan en la ley orgánica.
Nosotros nos negamos a aceptar que porque el Gobierno, en su legitimidad, entienda que debe adecuar determinados preceptos de una ley, este hecho impida que se intenten modernizar también los cuartos vecinos. No entenderíamos que en un proyecto de arquitectura, deseando modernizar una habitación, haya que impedir que se modernice la habitación que está al lado, dentro de la misma vivienda. Aquí, en el mundo del Poder Judicial todos los compartimentos están trabados.
No quiero hacer ninguna otra imputación, pero existe el hecho de que esas instituciones, llámese Consejo General del Poder Judicial, llámese Tribunal Supremo --sus magistrados--, llámese colectivo de los secretarios de justicia, como derecho de una ciudadanía, como derecho de unos profesionales, como derecho de unos colectivos implicados en una Constitución que les reconoce este derecho, se han movilizado legítimamente, se han llamado a la parte cuando la ley que les afecta fundamentalmente se abre en el trámite parlamentario. Y si se abre una puerta, se abre con todos los grados que permiten sus bisagras. Esa es una exigencia de una democracia libre y parlamentaria.
Dicho esto, nosotros queremos ir por la vía de lo fáctico. Me baso en su discurso porque, incluso con todo el afecto y el cariño al señor Ollero, he de decirle que me ponía difícil entrar en un pacto de apoyo al Gobierno, que quiero respetar porque fue nuestro compromiso con el Presidente señor Aznar, porque entre las enmiendas de los grupos proponentes de las enmiendas de totalidad, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario del Grupo Socialista, vienen también enmiendas parciales al articulado cuyo contenido respetamos. Por ello señalo que, en esa congruencia, nosotros entendemos que sin apoyar la devolución del proyecto de ley al Gobierno, porque creemos que esta materia necesita urgencia en su tratamiento, necesita que se dé una respuesta parlamentaria positiva, si hay coincidencia con las enmiendas de otros grupos, Coalición Canaria mantendrá las suyas, afecten al texto del proyecto del Gobierno, afecten a otros aspectos no contemplados en el mismo, como pueden ser el Tribunal Supremo o los secretarios de justicia --por poner dos ejemplos-- o a la propia estructura del Consejo General del Poder Judicial, por un respeto a las enmiendas, de respeto al fondo de la materia que estamos tratando, que es el Poder Judicial. Noble empeño que en esta Cámara necesita una respuesta de altura por parte de los parlamentarios. Mantendremos esas mismas enmiendas en los trámites de ponencia, de comisión y de Pleno, si llegan, porque entendemos que, salvo argumentos en contra de peso suficiente, por la congruencia del discurso que hago, deben ser mantenidas.
Necesitamos que todo ese mundo del Poder Judicial esté sosegado, no esté en crispación interna, no esté en contenciosos --entre comillados-- de pugna y de litigio de áreas de poder o de influencia jurisdiccional, política, representativa, presupuestaria si se quiere, dentro de las propias instituciones del Estado. Esta es una materia de auténtica política interior de Estado. A veces hablamos de política de Estado para la defensa, para las relaciones exteriores. Hay un Estado interior en la nación. No solamente hay un Estado exterior para hablar de la defensa o de la política internacional. Hay un estado interno que es necesario tener equilibrado, tener armonizado y tener sosegado. En esa línea de responsabilidad, para que se entienda el discurso político, no jurisdiccional, que estoy haciendo, diré sencillamente que Coalición Canaria va a apoyar que esto se conduzca rápidamente a ponencia y a comisión. Por esta razón no dará un voto de apoyo, con todo el respeto a las enmiendas de devolución, y mantiene este criterio y estas enmiendas para que esos objetivos democráticos de sosiego y de equilibrio que he predicado desde esta tribuna puedan encontrar lo que deseamos para lo que es la vida cotidiana de muchos miles de españoles, entrar y salir de los tribunales de justicia para encontrar lo que garantiza nuestra Constitución al justiciable: una buena justicia.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.


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En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para anunciar el voto del Grupo Vasco, contrario a las dos enmiendas de totalidad, tanto a la de devolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como a la presentada con texto alternativo por el Grupo Socialista.
De los dos aspectos regulados en el proyecto que examinamos, de muy distinta naturaleza, como acertadamente señala el informe del Consejo General del Poder Judicial --el tratamiento procesal de la nulidad de actuaciones y el Estatuto de los Jueces y Magistrados en lo que se refiere al desempeño por parte de éstos de cargos o funciones ajenas a la Administración de Justicia-- la enmienda de Izquierda Unida se fundamenta casi exclusivamente en el segundo. Se considera por este grupo, y así lo ha expuesto su portavoz, que la regulación que se propone establece injustificadas dificultades para que un colectivo de ciudadanos, los jueces y magistrados, pueda ejercer derechos que les corresponden como tales. Lo pretendido por el proyecto supone, a su juicio, un desapoderamiento de un derecho fundamental, el del artículo 23.2 de la Constitución, respecto del colectivo de jueces.
Pese a las objeciones de totalidad del grupo enmendante, es una obviedad hoy en día que existe una preocupación generalizada en torno a las condiciones de acceso de los miembros de la carrera judicial a cargos y funciones públicas y un interés en la sociedad por reforzar la protección de valores tan esenciales como la independencia y la imparcialidad. A la hora de abordar estas cuestiones es imprescindible no olvidar que la participación en los asuntos públicos, en la doble vertiente de ejercicio del sufragio pasivo o de presentación como candidatos, es un derecho fundamental, según el citado artículo 23, cuyo apartado 2 introduce los requerimientos de igualdad en el acceso del artículo 14. Ello nos lleva a que la regulación de lo que se pretende garantizar, la independencia de jueces y magistrados, debe extremar las cautelas para no restringir de modo excesivo el ejercicio de ese derecho fundamental. Es un difícil equilibrio que además ha de cohonestarse con el legítimo derecho a la carrera que como funcionarios les corresponde; eso sí, con importantes peculiaridades en función de los elevados intereses a los que sirve el ejercicio de la función jurisdiccional.
La regulación que propone el proyecto está inspirada en el loable propósito, tal como manifiesta la exposición de motivos, de conseguir el mayor distanciamiento entre el quehacer público no judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional. El juicio del Grupo Vasco sobre la plasmación concreta de esta pretensión se evidencia en las enmiendas presentadas al articulado en la línea de lo recomendado por el informe del Consejo General del Poder Judicial.
No es legítimo pretender que quienes acceden a un cargo o función pública perfectamente honorable en cuanto manifestación del derecho a participar en asuntos públicos salen de tal modo contaminados que son incapaces de desempeñar objetivamente la función jurisdiccional o se han perdido la capacidad de ser imparciales, ya que, no olvidemos, también en el Ejecutivo y en Legislativo se actúa de acuerdo con la legalidad y al servicio de intereses generales, como ha señalado el representante de Izquierda Unida. Sin embargo, sí debe procurarse el no reingreso a su anterior destino, tanto para posibilitar una mayor libertad de actuación durante el desempeño de las responsabilidades políticas como para asegurar una mayor garantía de imparcialidad a su regreso sin riesgo de que su actuación o sus públicas manifestaciones puedan condicionar su ulterior actividad jurisdiccional, teniendo además en cuenta que aquella actividad judicial pudo haber sido determinante en la designación o en la elección para el cargo público.
Tal y como señala el Consejo General del Poder Judicial, las soluciones a este respecto creemos que podrían ser el mantenimiento en la situación de servicios especiales sin reserva de plaza; el reingreso transitorio a otras funciones jurisdiccionales compatibles con la exigencia de la imparcialidad, mediante la asignación provisional de otro destino; la obligación de concursar con ciertas preferencias y también con ciertas limitaciones para asegurar que el nuevo destino no presente los mismos inconvenientes de reingreso que el anterior. Soluciones todas ellas articulables a través de enmiendas parciales, sin que, a nuestro juicio, proceda la devolución del texto al Gobierno, ya que quizá no sea afortunada la excesiva limitación de la carrera profesional que se plasma en el texto del proyecto en relación con el fin perseguido, pero desde luego, a nuestro juicio, es obvio que no llega a violar el artículo 23.2, como se pretende por el grupo enmendante.
Las numerosas enmiendas ya presentadas permiten un amplio debate de mejora del texto en ponencia y en Comisión, coincidiendo todos los grupos en la necesidad de su regulación.
Respecto de la reforma de la nulidad de actuaciones, la previsible utilización abusiva del trámite y las afirmaciones genéricas de elección posible al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y de invariabilidad de las sentencias no tienen, a nuestro juicio, por genéricas, la relevancia necesaria para justificar la no tramitación del proyecto.
El desarrollo del artículo 240 ha sido reiteradamente requerido por el Tribunal Constitucional para afrontar situaciones, reales también, necesitadas de tutela judicial efectiva. El cúmulo de problemas que una regulación de este estilo plantea, señaladas ya con gran

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acierto, rigor y extensión en el informe del Consejo General del Poder Judicial, evidenciadas también en la tramitación del anterior proyecto de reforma y al abordar el informe del proyecto de ley del proceso contencioso-administrativo, tiene también, a nuestro juicio, cauce adecuado para conseguir una regulación más acertada en el estudio y consenso sobre las enmiendas ya presentadas.
La enmienda del Grupo Socialista con texto alternativo nos parece técnicamente bien construida, pero aborda numerosas cuestiones no contempladas en el texto del proyecto; no enmienda, en realidad, el texto presentado, sino que es realmente otra proposición de ley sobre cuestiones distintas, respecto de cuya necesidad de regulación no albergamos dudas, pero quizá resulta precipitado introducirlas ahora en el debate parlamentario, sin haber pasado por el tamiz previo que supone el informe del Consejo General del Poder Judicial, aunque el Reglamento de la Cámara contemple la posible petición posterior de este informe.
Ello nos lleva a rechazar su texto como enmienda de totalidad, pero, en todo caso, nos parece que las cuestiones que plantea en relación con el estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo sí afrontan con acierto una cuestión necesitada de solución urgente y justa, que creemos puede ser abordada mediante la presentación de enmiendas parciales sobre esta cuestión, como así ha hecho el grupo al que represento, en coincidencia, además, con varios otros grupos de la Cámara.
Así pues, rechazamos las dos enmiendas de totalidad y hacemos votos por un enriquecedor debate del texto propuesto por el Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) manifiesta su intención de votar en contra de las dos enmiendas de totalidad que se han presentado al proyecto, pero no queremos negar que algunas de las cosas que se han manifestado esta tarde aquí durante la sesión nos han impresionado vivamente. En cualquier caso, la decisión de votar en contra de las enmiendas de totalidad y, por tanto, permitir, por así decirlo, la tramitación del proyecto de ley, se fundamenta, y eso quiero decirlo, más en la oportunidad del proyecto que en el espíritu y en los principios del mismo. Y se fundamenta también, no ya en lo que pudo manifestar el Presidente del Gobierno al introducir esta medida en el discurso de investidura (y ahí quiero recordar al señor Ollero que el Grupo Parlamentario Catalán no tiene más compromisos que el pacto que suscribió con el Partido Popular y que, obviamente, no se siente vinculado por el discurso de investidura), sino por la creencia que esa introducción y el voto a favor de la investidura haya podido provocar en el Grupo Parlamentario Popular y aun en el propio Gobierno.
Por tanto, tengo que manifestar que nuestra votación a favor de la tramitación del proyecto se fundamenta, como digo, en la oportunidad del mismo y en la posibilidad de que, durante la tramitación parlamentaria, podamos ir resolviendo alguno de los puntos dudosos, alguno de los conflictos que ponen de manifiesto las diferentes enmiendas que, tanto el Grupo Parlamentario Popular como los demás grupos parlamentarios, hemos introducido.
Dos son los aspectos que me gustaría abordar. Por un lado, es obvio que uno de los elementos fundamentales del proyecto del Gobierno viene constituido por la modificación de la situación de los jueces y magistrados regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y un segundo aspecto, que ha sido obviamente introducido a través de la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista, y a la que ha hecho una referencia importante el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es la introducción de unas enmiendas que puedan constituir una modificación del estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo.
Empezando por este segundo aspecto, sí querría recordar al Grupo Parlamentario Popular, como también a don Pablo Castellano, que la posición, en este caso, del Grupo Parlamentario Catalán, no es una posición de oportunismo. No cabe hablar de una enmienda o de unas enmiendas Pisuerga, como han sido denominadas, sino que, si tenemos que acudir a símiles geográficos, sería una enmienda Ebro, Ter, Llobregat o Besós, y lo digo porque en nuestro programa electoral, el programa con el que hemos concurrido a las elecciones de este año, en el apartado referente precisamente a Administración de justicia, el compromiso del Grupo Parlamentario Catalán se expresa, entre otros puntos, en el siguiente, y se dice textualmente: Impulsaremos el establecimiento del estatuto jurídico de los magistrados del Tribunal Supremo, con el fin de garantizar su independencia al máximo y la plena potestad para unificar criterios interpretativos, así como la integridad del amparo constitucional.
Por tanto, señorías, oportunismo, evidentemente ninguno; oportunidad, estoy seguro que toda. Por tanto, quede eso por sentado, en primer lugar.
En segundo lugar, hay que indicar que no existe en modo alguno, como se ha podido señalar, fraude a la Constitución o fraude a la ley por el hecho de que estas enmiendas, en las que existe coincidencia parcial con las enmiendas presentadas por otros grupos, no se haya producido un informe del Consejo General del Poder Judicial. Y eso lo digo por dos motivos: en primer

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lugar, obviamente, el Parlamento es soberano y, como saben SS. SS., incluso en aquellos casos en que venga especialmente establecido para los proyectos de ley del Gobierno, la omisión de tal tipo de dictámenes no produce, en principio, vicio o defecto alguno; pero, en cualquier caso, y ya se ha señalado anteriormente, cuando en 1994 se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, se introdujo un artículo 109, apartado 3º, en el que se establece que las Cortes Generales, cuando así lo dispongan los reglamentos de las Cámaras, podrán solicitar informe al Consejo General del Poder Judicial sobre proposiciones de ley o enmiendas que versen sobre las materias comprendidas en el apartado anterior.
Yo creo que todos los grupos parlamentarios manifestamos el martes en la Comisión de Justicia que estábamos interesados en recibir este informe del Consejo General del Poder Judicial y que así se iba a hacer. Pero también tengo que indicar que no sería tampoco fraude alguno porque, en cualquier caso, esta Cámara ha aprobado reiteradamente proyectos de ley que, por ejemplo, con los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado en la mano, hubiesen requerido informe del Consejo de Estado, y me estoy refiriendo a aquellos proyectos de ley, proposiciones o enmiendas que suponen cumplimiento, desarrollo, ejecución de tratados, acuerdos y convenios, o me refiero a aquellas proposiciones de ley --y algunas las estábamos debatiendo hace dos semanas-- que suponen también la transferencia y delegación de competencias del Estado en las comunidades autónomas. A nadie en aquel momento se le ocurrió señalar que faltaba informe del Consejo de Estado y que se estaba produciendo una infracción o un fraude de ley. Por tanto, no existe en modo alguno obstáculo a la tramitación que se está realizando.
Sí querría recordar a SS. SS. que el Tribunal Supremo es un órgano especialmente contemplado en la Constitución, y así resulta en el propio artículo 123, y también quiero recordarles que, en el debate constitucional, llegó a haber una enmienda que reclamaba la supresión de ese artículo, por entender que su contenido era más propio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una enmienda que fue presentada por un Diputado en aquellos momentos del grupo de Alianza Popular y que, sin embargo, por ser retirada, no tuvo ocasión de ser de batida.
En cualquier caso, la configuración constitucional del Tribunal Supremo es obvia, es evidente; como dice el propio artículo 123, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en los casos de garantías constitucionales, y, por tanto, bien merece que le dediquemos una atención.
No quiero extenderme más en los planteamientos de mi grupo respecto de la introducción de estas enmiendas, porque, como digo, en modo alguno se ha producido fraude, ni se ha producido oportunismo; no chupamos rueda, ni hacemos nada de lo que en ese sentido se ha indicado.
¿Cuál es el segundo aspecto que debemos contemplar? El que hace referencia a la regulación, por parte del Gobierno, de las situaciones de los jueces y magistrados. Es evidente que todos los grupos hemos leído el informe del Consejo General del Poder Judicial; también es posible que unos hayamos leído más unos párrafos que otros; pero lo que sí quiero señalar de este informe, por un lado, es que el Consejo General del Poder Judicial, y así lo manifiesta por escrito, comparte --y obviamente compartir supone tener-- la preocupación expresada por al anteproyecto en torno a las condiciones de acceso de los miembros de la carrera judicial a cargos y funciones públicas y su interés en reforzar la protección de valores tan esenciales como la independencia y la imparcialidad. Por tanto, como decía antes, parece que el proyecto es oportuno.
Pero digo más, en otra de las páginas de este informe, concretamente en la página 40, y justo en el punto donde anteriormente el Grupo Parlamentario Socialista dejó de leer, el Consejo General del Poder Judicial, después de indicar la honorabilidad de la profesión o de la participación en asuntos públicos, señala que haría falta esta nueva regulación para posibilitar una mayor libertad de actuación durante el desempeño de sus nuevas responsabilidades --se entiende que políticas--, para asegurar una mayor garantía de imparcialidad a su regreso, sin riesgo de que sus actuaciones o sus públicas manifestaciones puedan condicionar su ulterior actividad jurisdiccional, teniendo en cuenta asimismo, y eso quiero subrayarlo también, que aquella actividad judicial previa pudo haber sido determinante en la designación o elección para cargo público. Por tanto, el Consejo General del Poder Judicial comparte algunas de las preocupaciones que se pueden manifestar en el proyecto y que han sido determinantes para que algunos de los grupos, en este caso el Grupo Parlamentario Catalán, no apoyen enmienda de devolución alguna.
También hay que reiterar una expresión, una frase de este informe a la que anteriormente se ha hecho referencia, que dice que incluso las apariencias pueden revestir importancia, ya que no sólo debe hacerse justicia, sino también parecer que así se hace efectivamente.
Finalmente, por entender que esta preocupación por la situación de los jueces y de los magistrados no debe ser exclusiva de fuerza política alguna, me he permitido bucear también en las conclusiones de un trabajo colectivo que Justicia Democrática publicó allá por el año 1971...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Silva, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SILVA SANCHEZ: Acabo ahora mismo, señor Presidente.


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En este trabajo colectivo, y voy a limitarme a leer un párrafo, se dice algo que, con las debidas matizaciones, puede entenderse en la actualidad. Tratando un punto primero, en el habla de supresión del régimen de excedencias especiales, dice que este régimen de excedencias especiales hace recaer sobre la Administración de justicia la tacha de prestar sus hombres para el cumplimiento de tareas gubernamentales, con lo que puede producirse una confusión entre las gentes, como si la justicia estuviera identificada con un determinado régimen. Obviamente, esto se escribía en 1971. Pero dice más: Además, de esta tacha, el poder judicial ha de soportar en sus miembros el trabajo que estos funcionarios políticos no realizan y cuyas aspiraciones ulteriores, cuando vuelven a la carrera, es ocupar los mejores puestos de ella, lo que suelen conseguir en perjuicio de los que se mantuvieron en sus puestos como funcionarios y no pudieron dar prueba evidente de su especial valía.
Mi grupo ni comparte ni discrepa de estos planteamientos; lo que sí quiere poner de manifiesto es que esta preocupación por la situación de los jueces y magistrados, por las carreras públicas o mixtas, por la apariencia, que en el fondo también tiene su importancia y que aparece protegida por el ordenamiento jurídico en principios como el de legitimación, por ir al más cercano, es la que determina que, atendiendo a la oportunidad del proyecto, confiando en su mejora a lo largo de la tramitación, nos pronunciemos en contra de las dos enmiendas a la totalidad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La primera de las enmiendas que sometemos a votación es la de totalidad, de devolución, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 119, en contra, 158.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de devolución.
Enmienda de totalidad, de texto alternativo, presentada por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 120; en contra, 160.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista.


INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO:

--DICTAMEN DE LA COMISION MIXTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A 1992 Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA MISMA. (Número de expediente 250/000001)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día. Informe anual sobre la Cuenta General del Estado. Dictamen de la Comisión Mixta correspondiente a la cuenta del año 1992 y resoluciones adoptadas por la mencionada Comisión.
¿Desea algún grupo parlamentario, o miembro de la Comisión, intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) , tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Cada vez que este Diputado tiene que intervenir en nombre de su grupo parlamentario en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para analizar el informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado, de los organismos autónomos o de empresas públicas, siente una sensación mezcla de frustración e impotencia ante las conclusiones que se sacan de estos informes. Nos encontramos con cuentas que se presentan al Parlamento con tres y cuatro años de retraso, llenas de errores, inexactitudes y defectos contables, y no son unas cuentas cualesquiera: son cuentas que reflejan cómo se ha administrado el dinero público. Como dice el Ministerio Fiscal en su informe sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1992, que hoy se presenta al Pleno, la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado no es un informe de examen o fiscalización de cuentas cualquiera, sino algo más importante: es el resumen de lo más trascendente de la Cuenta General del la Administración del Estado y los organismos autónomos y la valoración emanada de los resultados de los análisis hechos.
Hoy se presenta para su aprobación en el Pleno el dictamen de la Comisión Mixta sobre las Cuentas del Estado de 1992. También se presentan una serie de resoluciones, nueve en total, con recomendaciones y mandatos para el Tribunal de Cuentas, el Gobierno y el propio Parlamento, en parecidos términos al informe de fiscalización del ejercicio de 1991, 1990 y anteriores.
Bien es cierto que hay que reconocer que, en los últimos tiempos, ha mejorado al menos la labor del Tribunal

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de Cuentas, pero poco más. La Cuenta General del Estado de 1992, según el informe de dicho Tribunal, presenta innumerables deficiencias.
Primero, no es completa. Faltan las cuentas de doce organismos autónomos y de uno de carácter administrativo. Segundo, no hay concordancia entre los datos aportados en la Cuenta General del Estado por las entidades pagadoras y receptoras, relativo a las transferencias internas. Tercero, falta de coordinación o concordancia, que se debe a desajustes contables motivados por información deficiente, indefinición normativa, incorrecta clasificación contable en los estados de ingresos y gastos. Cuarto, inexactitudes respecto a las modificaciones de los créditos incididos.
Con respecto a la Administración General del Estado, destacan las siguientes irregularidades: no se ha aplicado el presupuesto de gastos de determinadas obligaciones, ni se ha aplicado el presupuesto de ingresos de determinados derechos. El superávit de gestión presupuestaria tiene unas correcciones por las que se vería disminuido en más de 187.000 millones de pesetas. Permanecen sin aplicar al presupuesto obligaciones originadas en 1992 y en ejercicios anteriores por más de 1,2 billones de pesetas. Y así un largo etcétera que no relato para no alargar mi intervención.
En las cuentas de los organismos autónomos y de los organismos comerciales, industriales y financieros ocurre lo mismo: defectos formales, obligaciones y derechos reconocidos en exceso y faltos de reconocer, deficiencias e incorrecciones relativas a información complementaria, y un largo etcétera. En definitiva, una falta de ajuste a las normas legislativas aplicables y a los principios que deben informar su rendición y elaboración, como así lo ponen de manifiesto el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Fiscal. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Ante esta situación, se hace cada vez más urgente establecer las medidas necesarias para corregir estas deficiencias. Medidas que tienen que estar relacionadas con los estamentos que tienen relación y responsabilidad en esta materia. Deben seguir mejorando las actuaciones del Tribunal de Cuentas, para lo cual se hace necesario estudiar la reforma del propio organismo y de la normativa que lo rige actualmente.
Es necesario, como ya se puso de manifiesto en el debate de presupuestos, acometer con urgencia la reforma de la Ley General Presupuestaria, reforma que parece ser que el Gobierno va a presentar dentro de pocos meses.
Es necesario que el Gobierno acometa la reforma de la Administración pública, sobre todo en relación con la materia que nos ocupa, exigiendo a los órganos de la Administración que están relacionados con la elaboración, control y gestión de las cuentas del Estado que éstos alcancen el grado de cumplimiento de las normas y principios contables que garanticen la fiabilidad de los estados financieros de las administraciones públicas.
Y de todo esto, señorías, no olvidemos que gran parte de la responsabilidad última la tiene el Parlamento, del cual depende el propio Tribunal de Cuentas y el establecimiento de la legislación por la que se rigen las normas que regulan los organismos responsables de la elaboración de las cuentas públicas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Zabalía, termine, por favor.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
La habitualidad con que en este Parlamento se presentan las cuentas públicas, con defectos, inexactitudes y errores, hace que hayamos llegado a un grado de indiferencia por el cual, a pesar de esta situación, aprobemos las cuentas sin más trascendencia que la elaboración de una serie de resoluciones, de las que, además, no hay un seguimiento sobre su grado de cumplimiento.
Creo, señorías, que si no somos capaces de cambiar radicalmente la elaboración de las cuentas del Estado, tendremos una gran responsabilidad. Espero que con las medidas que ya ha propuesto el Gobierno, y que se han aprobado en esta Cámara, para evitar ciertas situaciones, se dé comienzo a un verdadero cambio, no sólo normativo, sino de la mentalidad de los gestores y administradores de los dineros públicos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto al dictamen que ha elaborado la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al año 1992, después de su análisis y estudio en profundidad, sobre la base del informe elaborado por dicho Tribunal, es una posición crítica en el fondo, porque entendemos que este debate, que teóricamente es muy importante, se ha transformado, en primer lugar, en un debate devaluado, políticamente, en el tiempo. No es correcto, políticamente hablando, debatir las cuentas del año 1992 cuando está finalizando el año 1996 y prácticamente estamos en los inicios del año 1997. Por tanto, la primera crítica en cuanto a la forma es que se trata de un debate devaluado políticamente en el tiempo. Si como consecuencia de esta devaluación política en el tiempo añadimos que se trata de un debate de trámite ya que dicho debate

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político está desfasado en la actualidad porque, en definitiva, en 1996 se ha producido un cambio de signo político, hemos pasado de que gobiernen los socialistas a tener un Gobierno popular, la conclusión es que pocas filigranas se pueden hacer en un debate en el que el juicio de las cuentas del año 1992 no corresponden al Gobierno actual.
Desde Convergència i Unió consideramos que esta posición crítica también la tenemos respecto al fondo y no solamente en la forma, ya que en base al informe elaborado por el Fiscal del Tribunal de Cuentas se detectan dieciocho tipos de anomalías contables que nosotros consideramos políticamente muy graves, a las que me referiré más adelante, por lo que también podríamos deducir que las cuentas no se corresponden correctamente con los datos fiables que se habrían de encontrar dentro de las mismas. También podríamos llegar a la afirmación de que, realmente, dichas cuentas no reflejan la imagen fiel de la situación financiera del Estado en cuanto a las cuentas del año 1992.
Respecto a las anomalías que están perfectamente dictaminadas en el informe que ha elaborado el fiscal, ya las ha comentado mi predecesor en el uso de la palabra, pero me gustaría incorporar las fundamentales a este debate, ya que nosotros les damos una importancia políticamente relevante: falta de rendimiento de cuentas por parte de doce organismos autónomos, defectos formales graves en la contabilidad de seis organismos autónomos, falta de concordancia entre las contabilidades de las entidades pagadoras y las receptoras, discrepancias contables, errores en las cuentas de los inmovilizados materiales así como errores en cuanto a la aplicación de la amortización de dichos inmovilizados materiales, falta y confusión en las cuentas de préstamos y asunción de deudas, defectos en la contabilización de activos ficticios, excedentes de capital injustificables, cuentas bancarias no registradas, etcétera.
A partir de estos dieciocho defectos importantes quizá cabría hacer tres o cuatro consideraciones importantes. ¿Se podían haber evitado dichas irregularidades si hubiera existido una actuación más estricta por parte de la Intervención General del Estado --y vuelvo a repetir la expresión más estricta porque entendemos que dicha actuación ha sido estricta-- en cuanto a la aplicación del artículo 93 de la Ley General Presupuestaria y la aplicación del Real Decreto del 20 de septiembre? ¿Hubieran existido dichas irregularidades si, repito, la Intervención General del Estado hubiera sido más estricta? ¿Se han impuesto también las sanciones correspondientes a todos aquellos organismos autónomos que no han presentado las memorias respectivas? Quizá aquí tendríamos que hacer otra pregunta importante: ¿qué hubiera pasado si cualquier compañía mercantil del ámbito privado hubiera cometido las irregularidades que han cometido los diferentes organismos autónomos? Que hubieran incurrido en responsabilidades penales y mercantiles y es muy probable que también se les hubieran impuesto las multas correspondientes. Otra pregunta que queda en la Cámara es a quién se han de pedir responsabilidades por los defectos de contabilidad importantes en dichos organismos autónomos.
Por tanto, en base a este informe y a las conclusiones a las que llega el fiscal en su análisis de la cuenta del año 1992, creemos que no es completa, que hay múltiples infracciones así como abusos contables e irregularidades. Se podría llegar a la conclusión por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió que en esta ocasión en el debate y aprobación de la cuenta de 1992 el Gobierno de 1992 continúa suspendiendo la asignatura de la Cuenta General...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sánchez i Llibre, vaya terminando.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Termino, señor Presidente.
A partir de aquí, nosotros esperamos que en los futuros debates del año 1993 y posteriores el Gobierno recoja estas consideraciones para poder evitar unas conclusiones tan contundentes y tan críticas como las que acabo de plantear.
Por consiguiente, a partir de estos razonamientos y de estas consideraciones el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha incorporado unas propuestas de resolución, que se aprobaron en la Comisión, orientadas básicamente, por una parte, al reconocimiento del trabajo por parte del Tribunal de Cuentas en cuanto a la solución en el tiempo y en cuanto a la periodificación de la incorporación de dichos informes para que podamos irlos viendo sin tantas distancias en el tiempo, y como consecuencia de ello a continuar en este proceso de mayor adecuación de dichos informes en el tiempo.
Hay una necesidad ineludible de que definitivamente se realicen las comprobaciones oportunas a los efectos de analizar el grado de cumplimiento de las diferentes recomendaciones y ajustes finalmente acordados. Por descontado también, como he dicho en mi intervención, nosotros consideramos procedente que, en base a las irregularidades detectadas por el informe del Tribunal Cuentas, se proceda inmediatamente a la aplicación de las multas respectivas a los organismos autónomos por falta de presentación de las cuentas correspondientes, de acuerdo con el artículo 35 de la ley de 1988.
Creemos oportuno que el Gobierno adopte las medidas necesarias con objeto de que la Cuenta General del Estado y de las entidades que lo conforman se ajuste plenamente a la legislación aplicable y a los principios que deben informar su rendición y elaboración. Por descontado, debemos manifestar que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está estudiando una serie de iniciativas parlamentarias encaminadas a que

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se puedan ver en Comisión y en Pleno las cuentas generales del Estado de 1993 y posteriores. Ahora hay un desfase pro medio de cuatro años, que es el plazo que existe entre que se presentan y se debaten en Pleno y en Comisión. Pretendemos, para ganar tiempo, rebajar el plazo a un 50 por ciento de manera que las cuentas se puedan ver en la Comisión correspondiente y en el Pleno en un plazo máximo de dos o tres años.
Por último, señor Presidente, y agradeciendo su benevolencia en cuanto al tiempo, quiero decir que Convergència i Unió votará favorablemente el dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas respecto a la Cuenta General del año 1992.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, intervengo para exponer la opinión de nuestro grupo brevemente por imperativo de la Presidencia y también porque uno sube a esta tribuna desmoralizado, como parece ser que también lo han hecho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Tenemos ante nosotros unas cuentas del Estado de 1992 que se han presentado con una tardanza que hace que este debate y otros que se hayan tenido anteriormente en Comisión tengan un carácter meramente testimonial. En ese sentido es normal que subamos, como decía, bastantes desmoralizados en relación a la eficacia de lo que aquí hoy podamos o no acordar. Queremos que esta intervención sirva al menos para poner en evidencia una forma de administrar los fondos públicos por parte de quienes deberían ser ejemplo para el resto de los ciudadanos y entidades del Estado.
Resulta vergonzoso que el Tribunal tenga que terminar con una simple pero contundente propuesta, en el sentido de pedir a las Cortes Generales que requieran al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que las cuentas generales del Estado y las entidades que lo conforman se ajusten plenamente a la legislación aplicable y a los principios que deben informar su elaboración. Con esto, señorías, mal ejemplo les damos al resto de los españoles, mal ejemplo damos a aquellos que están obligados a cumplir la ley y para los que seguramente la justicia es mucho más severa que este dictamen y la propia Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.
Para evitar que se nos pueda acusar de tendenciosos en nuestra valoración, nos vamos a limitar a repetir textualmente algunas de las conclusiones que aporta el propio Tribunal de Cuentas y que dejan en evidencia a quienes tenían la obligación de administrar el dinero de todos los españoles. Señala el Tribunal de Cuentas la deficiente información mutua que existe entre las entidades implicadas en operaciones de transferencias internas, unida a una cierta indefinición normativa sobre la cuantía y el momento en que, una vez aprobados los criterios de transferencia, nace la obligación de pago y estos relativos derechos de cobro. Igualmente destaca la incorrecta clasificación contable de estos gastos e ingresos por algunas entidades y también la aplicación ocasional de criterios contables diferentes por parte de pagadores y de perceptores.
Señala el Tribunal de Cuentas numerosas discrepancias contables, entre las que se destacan por su significación y por su importancia cuantitativa las que se derivan de la contratación de derechos en numerosos organismos por transferencias del Estado que no llegaron a reconocerse por éste, incorporándose, sin embargo, los correspondientes remanentes de crédito a 1993. Así como por el reconocimiento de obligaciones por el Estado cuyos respectivos derechos habían sido contraídos por los organismos en 1991 y las originadas por el registro en las cuentas de la Administración general del Estado de 50.000 millones de pesetas como derechos reconocidos en el ejercicio pendientes de cobro a 31 de diciembre de 1992 por transferencias del exterior, que corresponden a una transferencia a favor del INEM pendiente de pago y que, sin embargo, el organismo las tiene correctamente contabilizadas desde el año 1987, año en que se produjo la operación.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas observa que en 118 créditos los remanentes anulados superan el importe de sus aplicaciones y, en 29 créditos más, sus remanentes se sitúan entre el 25 y el 100 por cien de las ampliaciones efectuadas.
En relación a la cuenta de la Administración general del Estado, no se han aplicado en el presupuesto de gastos, según informa el Tribunal de Cuentas, determinadas obligaciones originadas en el ejercicio y, por el contrario, se han imputado a él obligaciones generadas en años anteriores.
En otro apartado se indica que las acciones de Tabacalera estaban sobrevaloradas en 7.204 millones en relación con el valor que les correspondía, de acuerdo con los criterios de instrucción de contabilidad de la cartera de valores.
Este es un simple muestreo de las irregularidades que han sido señaladas por anteriores portavoces. Ante éstas y otras conclusiones, nuestro grupo presentó propuestas de resolución que intentaban subsanar los problemas que reflejaba el propio Tribunal de Cuentas. Sin embargo, nuestras propuestas no fueron aprobadas por la mayoría de la Comisión y, en ese sentido, nos vamos a abstener en la votación, esperando que alguna vez las cuentas del Estado puedan ser ese ejemplo en el que, como decía, se miren el resto de los ciudadanos e instituciones del Estado y que este debate nos dé más moral a los portavoces de esta Comisión y

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podamos subir a esta tribuna con la convicción de que no estamos hablando simplemente para el «Diario de Sesiones», sino para resolver problemas importantes para el país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Touriño.


El señor PEREZ TOURIÑO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, para el Grupo Parlamentario Socialista, de cuya posición soy hoy portavoz, lo sustantivo es que las cuentas que hoy se traen a discusión y aprobación de este Pleno fueron favorablemente dictaminadas en su día en la correspondiente Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas y aprobadas con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios allí presentes, y entendemos que merecen la aprobación del Pleno porque han aprobado el examen de los cuatro grandes objetivos que la fiscalización del Tribunal de Cuentas exige a las cuentas generales del Estado. En primer lugar, porque la cuenta es conforme, en plazo, estructura y contenidos, según las disposiciones que les son de aplicación; en segundo lugar, porque tienen la necesaria y suficiente homogeneidad y consistencia interna, en definitiva, porque responden al denominado principio de coherencia; y por último, porque aun existiendo discrepancias en cuanto a la aplicación y la interpretación de determinadas normativas contables y presupuestarias, los estados financieros reflejan adecuadamente la situación económico financiera y patrimonial de los distintos órganos sometidos a fiscalización, según el propio dictamen de la Comisión.
En efecto, las cuentas fueron rendidas en plazo, sobre un total de 101 organismos autónomos sometidos a fiscalización, con la única excepción de once organismos autónomos que, en términos de créditos iniciales, vienen a ser el 4 por ciento de los créditos iniciales del grupo, y por un organismo autónomo administrativo, el 0,04 por ciento de los créditos iniciales del grupo de organismos autónomos correspondiente. En definitiva, una mejoría importante respecto al año 1990, que había sido del 10 por ciento, o del año 1991, que había sido del 6 por ciento.
Desde el punto de vista formal, su estructura y su contenido, el Tribunal de Cuentas tan solo apreció finalmente defectos formales relevantes en cinco de los organismos sometidos a fiscalización. Asimismo, según el propio dictamen del tribunal, los estados de liquidación presupuestaria son homogéneos y consistentes, aunque puedan existir problemas de información mutua deficiente entre organismos que son, al mismo tiempo, receptores y pagadores de transferencias internas. En todo caso, estas deficiencias afectan, señorías, al 4 por ciento del total transferido y se aporta, por otra parte, un estado de conciliación entre las mismas.
Por último, conviene recordar que tampoco existen problemas de legalidad que conduzcan al inicio de actuaciones por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, al establecimiento de piezas separadas o de alcance contable.
En términos de contabilidad presupuestaria, de resultados en la gestión del presupuesto --y con ello entro de lleno en la valoración de la liquidación presupuestaria de 1992--, existen determinadas discrepancias entre el Tribunal de Cuentas y el Gobierno y la Intervención General de la Administración del Estado respecto a las cifras de la liquidación, por una parte y, por otra --que es la causa y fundamento de lo anterior--, derivadas de de la diversidad de criterios, a las que posteriormente me referiré.
En ese sentido, las discrepancias se agrupan básicamente en tres órdenes.
Primero, en cuanto a la imputación de gastos. Hay criterios diferentes, en segundo lugar, respecto a los requisitos administrativos para la aplicación presupuestaria, para la aplicación en presupuesto, que originan desfases temporales en la imputación. Y existen, por último, algunas diferencias conceptuales en cuanto a las imputaciones determinadas, concretas o puntuales.
En síntesis, señorías, creo que lo importante es reseñar que estos desfases temporales en imputación de presupuesto y estas diferencias de criterio, a veces en cuanto a la imputación administrativa, se deben básicamente a diferencias de criterio en la interpretación de normas contables entre lo que ha efectuado el Gobierno y la IGAE y lo que efectúa el Tribunal de Cuentas. En definitiva, lo que hacen el Gobierno y la IGAE es la aplicación correspondiente a la normativa vigente y aplicable a la altura de 1992.
Para no prolongarme excesivamente, el último aspecto al que me voy a referir es al de la crítica a las modificaciones de crédito efectuadas; en definitiva, la crítica de que el presupuesto ejecutado no se corresponde con el presupuesto aprobado por el volumen de las modificaciones realizadas. Tan sólo por situar las cosas en sus justos términos, diré que se habla de más de cuatro billones, pero hay que decirlo todo con claridad. Más de la mitad de estos cuatro billones el propio Tribunal de Cuentas lo separa claramente porque corresponden a operaciones financieras de deuda pública. En definitiva, en gran parte se trata de amortización de pagarés del Tesoro, que se tramitan de esta forma, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos. Son modificaciones que no afectan tampoco a los déficit públicos, a los déficit no financieros. En puridad, de lo que estamos hablando es de modificaciones de créditos que afectan al 11 por ciento del crédito inicial.
En resumen, señorías, no debemos confundir las cosas. Los criterios de imputación de gastos de la contabilidad

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presupuestaria y de la contabilidad general que aparecen en la Cuenta General del Estado --por cierto, se compensan los gastos unos ejercicios con otros-- son y pueden ser distintos a los de la Contabilidad Nacional.
Es más, interpretando correctamente las cifras y los conceptos del Tribunal de Cuentas --que, por cierto, algún medio de comunicación en su día y algún grupo parlamentario hoy también se han apuntado en el mismo sentido--, el déficit habría de incrementarse, según esas interpretaciones, en algo más de dos billones de pesetas. Pues bien, señorías, en caso de aplicar el criterio de devengo estrictamente, el déficit no sólo se incrementaría en tan alta cifra, sino que se reduciría en 115.000 millones de pesetas, si no he hecho mal el ejercicio del cálculo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pérez Touriño, vaya terminando.


El señor PEREZ TOURIÑO: Acabo, señor Presidente.
Nos felicitamos porque el dictamen de la Comisión Mixta fuera unánime y aprobatorio. Desde las cuentas de 1992 hasta hoy se han producido elementos importantes de mejora y perfección; se ha aprobado una nueva Ley de Contratos del Estado; existe un nuevo Plan de Contabilidad Pública que entra en vigor a partir del año 1995. En síntesis, hay que decir con claridad que ni hay facturas en el cajón ni hay agujeros ni estamos hablando, ni se puede hablar con rigor, de déficit ocultos. Se aplican criterios válidos, los criterios contables vigentes a la altura del año.
Y lo que no hay, eso sí es cierto, son dosis de contabilidad creativa o de contabilidad imaginativa, como tanto parecen abundar últimamente en los proyectos y en los presupuestos presentados por el Gobierno.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pérez Touriño.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Pérez Touriño, en la contabilidad que presente el Gobierno del Partido Popular a partir del ejercicio de 1996 quizá pueda haber algún elemento de contabilidad creativa, pero puede estar seguro que no habrá inadecuaciones contrarias a la transparencia contable. Es decir, lo que no habrá son maniobras para enmascarar determinadas partidas contables, que es lo que pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en relación al ejercicio de 1992.
El Grupo Popular va a votar por primera vez a favor de las cuentas generales del Estado, pero lo hace no porque le merezca una aprobación total la contabilidad presentada, sino porque nos encontramos con que la posibilidad que teníamos era rechazar las cuentas y, por tanto, mandar a nuestro Gobierno, que no ha hecho estas cuentas de 1992, que no ha tenido nada que ver con la realización del ejercicio de 1992, que volviera a hacerlas con otros criterios. Como comprenderá, eso es imposible.
La segunda particularidad que nos vamos a encontrar es que a instancias precisamente del Grupo Socialista, que dice que las cuentas merecen su aprobación y que las ve muy bien, se aprueban trece medidas concretas que, una a una, rectifican apartados de lo que hizo el Gobierno en el ejercicio de 1992. Por tanto, no parece que sea muy adecuado cantar las bondades de estas cuentas y, sin embargo, imponer trece correcciones diferentes.
Pero para tranquilidad de la Cámara y del Grupo Socialista, que tanto empeño ha tenido ahora, una vez que ya no está en la responsabilidad de gobierno, en imponer una serie de criterios de rigor contable, le puedo decir que el Gobierno del Partido Popular ya está aplicando esos criterios de rigor contable. En el Pleno del 22 de octubre, en que se presentó el proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria, ya se incluyeron una serie de medidas que van a impedir que vuelvan a presentarse en esta Cámara unas cuentas con los defectos, los problemas y los errores de las cuentas de 1992. De entrada, se garantiza un techo global del gasto, lo que va a significar respecto a las cuentas de 1992 que no se va a producir una modificación presupuestaria de cuatro billones 265.000 millones. Esa fue la modificación presupuestaria acordada por el Gobierno en el ejercicio de 1992. Se van a limitar taxativamente las incorporaciones de crédito, se van a reducir las ampliaciones de crédito, se van a vincular los gastos en bienes y servicios corrientes a las obligaciones de tracto sucesivo. En definitiva, no se va a encontrar nunca un Gobierno con que los teléfonos de los distintos organismos públicos no están pagados; se va a hacer un seguimiento periódico de los créditos comprometidos, y se va a imponer la obligación de no disponibilidad en los supuestos de superación de los gastos. Por supuesto, se va a aplicar un criterio efectivo que evite las desviaciones para ejercicios posteriores.
En el año 1992 se desplazaron a ejercicios posteriores gastos comprometidos y realizados por dos billones 188.000 millones, en el mejor de los casos. Si aplicamos los criterios de gastos financieros, superaríamos los tres billones de pesetas. Aplicar con claridad un criterio de imputación de gastos en el ejercicio en que se devengan va a permitir que los Gobiernos posteriores no tengan que asumir errores o pagos no realizados por el Gobierno que está en un ejercicio determinado.
Se trata de que algo que no representa las cuentas de 1992, que es que recoja la imagen fiel de la actividad económico financiera del Estado, sí lo representen las cuentas públicas. Se trata de que la auditoría que realice el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del Estado

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sea limpia. Y respecto al ejercicio de 1992, hay que decir que ha sido una auditoría sucia porque las cuentas estaban muy mal hechas. No hay más remedio que aprobarlas, pero no crean que el hecho de hacerlo significa aprobar y ratificar todo lo que hizo mal el Gobierno en 1992 respecto a las cuentas públicas.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano.
Vamos a pasar a la votación correspondiente al dictamen. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación del dictamen de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 1992 y resoluciones adoptadas por la citada Comisión, que han sido presentadas y debatidas por los portavoces que han intervenido.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 259; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
Se levanta la sesión.


Eran las seis y treinta minutos de la tarde.

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