Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 37, de 12/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1996 VI Legislatura Núm. 37

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 36

celebrada el martes, 12 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Modificación del orden del día (Página 1613)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:

-- Del Parlamento de Cataluña, para la publicación de las Leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el Estado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 4.1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000003) (Página 1613)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 26.1, de 17 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000015) (Página 1622)

Página 1608


Proposiciones no de Ley:

-- De los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Coalición Canaria, sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire (número de expediente 162/000066) (Página 1629)

-- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para que, dentro del plan de choque que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa poner en marcha, se contemple, mediante acuerdo con las distintas Concejalías de Asistencia Social de los municipios, y dentro de la prestación social sustitutoria, la atención, por parte de los objetores de conciencia, a los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 63, de 25 de octubre de 1996. (Corrección en escrito NUMREG. 8910) (número de expediente 162/000056) (Página 1634)

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a adoptar en el sector vacuno de carne español, como consecuencia de la crisis provocada por la enfermedad de las «vacas locas». «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 45, de 24 de septiembre de 1996 (número de expediente 162/000049) (Página 1644)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con nuestra integración en la estructura militar de la OTAN. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 70, de 8 de noviembre de 1996 (número de expediente 173/000017) (Página 1651)

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en relación al colectivo de las personas mayores. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 70, de 8 de noviembre de 1996 (número de expediente 173/000018) (Página 1655)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 38, de 13 de noviembre de 1996.)

SUMARIO Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Modificación del orden del día (Página 1613)

El señor Presidente somete a la Cámara la inclusión en el orden del día de la proposición no de ley sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire, que es aprobada por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas (Página 1613)

Del Parlamento de Cataluña, para la publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el Estado (Página 1613)

Para la defensa de la proposición de ley del Parlamento de Catalunya, interviene el señor Fuentes i Navarro, del Grupo Iniciativa per Catalunya-Los verdes. Fundamenta la proposición en dos preceptos constitucionales: en el artículo 3.º que, reconociendo la oficialidad del castellano en todo el territorio del Estado, reconoce también la existencia de lenguas propias en distintas comunidades, y en el artículo 9.º que establece la garantía del principio de legalidad, que comporta no solamente la jerarquía normativa, sino la publicidad de las normas y la seguridad jurídica. Añade que esta proposición pretende establecer la obligación de que las leyes y demás normas de aplicación general sean publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» con separatas específicas en la lengua propia de las comunidades autónomas que la tengan así reconocida con carácter oficial. Señala, asimismo, que en muchos países donde se dan circunstancias lingüísticas equiparables

Página 1609


a las del Estado español, así está reconocido. Manifiesta que esta proposición ha sido aprobada por el Parlamento de Catalunya con la participación de todos los grupos y cuenta con la unanimidad de los grupos representados en esta Cámara.
A continuación explica que la proposición de ley consta de dos artículos y dos disposiciones transitorias y confía en que se admita a trámite, con lo que se dará un paso importante para adecuar la legalidad a la realidad pluricultural y plurilingüística de España.
En segundo lugar, interviene, también en nombre del Parlamento de Catalunya, el señor Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Comienza su intervención manifestando que ésta es una iniciativa que interesa a todos y que podría haber sido promovida por cualquier grupo de la Cámara, puesto que la Constitución reconoce la existencia de distintas lenguas en España y, al mismo tiempo, asume su defensa y desarrollo. Recuerda la importancia del perfil plurilingüe que tiene el Estado español y que el 42 por ciento de sus habitantes tienen en su trato habitual una lengua distinta de la castellana. Manifiesta que el objeto de esta iniciativa es una evidente función social para muchos ciudadanos, para la administración de algunas comunidades autónomas y, muy particularmente, para la Administración de Justicia. Por otra parte, recuerda que el Pleno del Congreso de los Diputados del 29 de octubre aprobó por unanimidad la toma en consideración de la modificación del artículo 8.º de la Ley del Contrato de Seguro, para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos, y considera que, siendo consecuentes, habría que hacer lo mismo con todas las leyes y normas de obligado cumplimiento.
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor González de Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Montseny Masip, del Grupo Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Catalunya, se rechaza por 45 votos a favor, 248 en contra y una abstención.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 1622)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos (Página 1622)

Interviene, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Centella Gómez, manifestando que no va a defender el texto literal de una propuesta, que debe ser modificada desde el acuerdo y el consenso, sino que va a tratar de convencer a los diferentes grupos parlamentarios de la idoneidad de tomar como base iniciativas como la que hoy se presenta para poner en marcha el reloj parlamentario y asegurar el compromiso de tener un texto definitivo que resuelva situaciones injustas que no pueden seguir esperando. Añade que las modificaciones que se proponen al texto de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos tienen como objetivo fundamental suministrar criterios interpretativos seguros para la resolución de los conflictos que más comúnmente se plantean en la práctica judicial en orden a la interpretación de si una determinada relación arrendataria goza o no de la consideración de arrendamiento rústico histórico. Por tanto, se trata de una propuesta que pretende poner término a las vacilaciones jurisprudenciales sobre la materia y, al mismo tiempo, facilitar, en algunos casos, la acreditación de extremos como la antigüedad del contrato originario o la continuidad en la relación arrendataria sin interrupciones.
Insiste en que la voluntad de su grupo es alcanzar el consenso, de manera que cuando se apruebe definitivamente esta modificación legislativa, no tenga otra paternidad política que la voluntad, unitariamente demostrada, del máximo de grupos de esta Cámara de hacer justicia, aunque sea ya con cierto retraso.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 26 votos a favor, 159 en contra y 108 abstenciones.


Proposiciones no de ley (Página 1629)

Página 1610


De los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Coalición Canaria, sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire (Página 1629)

En defensa de la proposición no de ley, intervienen los señores Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular; Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Parlamentario Socialista; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria.
Sometida a votación la proposición no de ley suscrita por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria, sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en el Zaire, es aprobada por unanimidad.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para que, dentro del plan de choque que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa poner en marcha, se contemple, mediante acuerdo con las distintas Concejalías de Asistencia Social de los municipios, y dentro de la prestación social sustitutoria, la atención, por parte de los objetores de conciencia, a los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma (Página 1634)

La señora Barrios Curbelo, defiende la proposición no de ley del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a que, dentro del plan de choque que está elaborando la Dirección General de Objeción de Conciencia, la prestación social sustitutoria se lleve a cabo en el ámbito de la infancia marginada, abandonada o en conflicto social. El Partido Popular considera que esta labor debe llevarse a cabo en íntima colaboración con las concejalías de Asuntos Sociales de los ayuntamientos, por ser la administración más cercana a la familia y al menor, aunque las consejerías de Asuntos Sociales o las direcciones generales hayan de fijar los elementos económicos y personales y los criterios de actuación.
Añade que, aprovechando la elaboración del plan de choque por la Dirección General de Objeción de Conciencia y debido al gran número de objetores que está pendiente de realizar la prestación social sustitutoria, se deben llevar a cabo colaboraciones sociales en programas para prevenir el absentismo escolar, cooperar en tareas escolares, integrar y recuperar a los menores en el medio escolar, para la seguridad vial, para fomentar actividades lúdicas y deportivas en los tiempos postescolares, para acompañamientos preventivos o en actividades escolares, para colaborar en los patios, en los gimnasios, en los laboratorios, y para hacer tareas en la sombra en tratamientos de drogodependencias. Estima que todo esto se puede conseguir en base a tres finalidades: en primer lugar, aumentar la calidad de vida de los menores a los que se aplica; en segundo lugar, incrementar la validez de todos aquellos aspectos que se plantean con un sistema personalizado e individual; y, en tercer lugar, ofrecer al menor una relación interpersonal basada en el carácter afectivo de la misma. A continuación, rechaza rotundamente el que estas actividades que van a llevar a cabo los objetores de conciencia supongan una intromisión laboral, y espera el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, intervienen la señora Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Rivero Baute, del Grupo de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas, interviene la señora Barrios Curbelo.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 158 a favor, nueve en contra y 124 abstenciones.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a adoptar en el sector vacuno de carne español, como consecuencia de la crisis provocada por la enfermedad de las «vacas locas» (Página 1644)

Página 1611


En nombre del Grupo Socialista, interviene el señor Madrid López, para defender la proposición no de ley. Manifiesta que el Grupo Parlamentario Socialista quiere traer a la Cámara aquello que preocupa a los ciudadanos y al conjunto de las familias españolas, puesto que todos los sectores sociales se han pronunciado con preocupación, creándose una alarma general, producto de la cual se provocó la crisis económica y de consumo en el sector. A continuación, hace una relación de los hechos ocurridos en los últimos tiempos sobre la enfermedad de las «vacas locas».
Considera que la grave crisis que atraviesa el sector español de carne de vacuno precisa de medidas de apoyo firmes, generalizadas y directas, puesto que los británicos han querido dar una solución política a lo que fundamentalmente era un problema sanitario, mal gestionado por su Gobierno, y cuyo medio de propagación parece haber sido la ingestión de piensos en los que había harina de carne procedente de restos de animales enfermos. Añade que España parece aislada de este problema, no habiéndose detectado ningún caso de esta enfermedad en el ganado, por lo que se está en condiciones de mantener una actitud exigente y firme en relación a las medidas a adoptar por la Unión Europea, máxime cuando tuvo que controlar y erradicar la peste porcina africana con sus propios medios, con la dificultad añadida de mantener sus fronteras abiertas a la importación y cerradas a la exportación. No considera que las medidas adoptadas por la Unión Europea en cuanto a la prohibición de exportación de animales y productos cárnicos británicos hayan generado la necesaria confianza del consumidor y, por otra parte, las estima presupuestariamente insuficientes y de menor impacto en España, situando a nuestros ganaderos en inferioridad de condiciones. Añade que, por otra parte y debido a la desconfianza del consumidor, se ha generado el alza de precios de otro tipo de carnes, con el consiguiente efecto inflacionista. Por todo ello, considera urgente la adopción de medidas que, desde la generación de la confianza y la recuperación del consumo, se unan a las medidas en el control sanitario y de calidad, a las de apoyo a las rentas y al impacto de los bajos precios y a las de control de la oferta y de apoyo a la exportación.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene el señor Companys Sanfeliú.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pérez Vega, del Grupo Parlamentario Popular.
Para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda, interviene el señor Madrid López.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, es rechazada por 128 votos a favor y 162 en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 1651)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con nuestra integración en la estructura militar de la OTAN (Página 1651)

Presenta la moción consecuencia de interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Aguilar Rivero, manifestando que este debate se realiza en una situación de engaño, de ocultamiento y de burla a este Parlamento, provocada y realizada por el Gobierno actual del Partido Popular, puesto que es inadmisible, desde el punto de vista democrático y en un Estado de Derecho, que un ministerio esté negociando bilateralmente con los Estados Unidos el incumplimiento flagrante de un referéndum en el que se pronunció el pueblo y no lo conozca el Parlamento. Además de inadmisible lo considera nocivo y peligroso para la democracia. Por tanto, exige trasparencia e información suficiente al Gobierno para que no se le substraiga al Parlamento lo que le es propio: la función de control.
A continuación, alude a las supuestas negociaciones del señor Serra a espaldas del Parlamento y a las informaciones contradictorias entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Defensa, que considera se deberían haber saldado con la petición, por parte del Gobierno del Partido Popular, de comparecencia ante este Parlamento para dar toda la información necesaria para poder ejercer la función de control. Cree que el Gobierno no ha tenido ningún interés en que se conozcan los datos de las negociaciones.
A continuación, pone de manifiesto que la intención declarada por el Gobierno del Partido Popular y de su aliado --y en este caso también, de la mano del Grupo Parlamentario Socialista-- en relación al ingreso de España en la estructura militar de la OTAN supone la violación de la voluntad del pueblo

Página 1612


español expresada en referéndum en 1986, y considera imprescindible dar de nuevo la palabra al pueblo para que en otro referéndum, diga si quiere o no variar el contrato.
Por otra parte, estima imprescindible explicar en este Parlamento las prisas que le han entrado al Gobierno y al resto de los grupos parlamentarios que apoyan esta iniciativa por ingresar de inmediato en la estructura militar de la OTAN, cuando no se sabe el nuevo modelo de la OTAN ni está definido el modelo de defensa en el marco del Tratado de la Unión Europea. Estima que con esta decisión y estas prisas se está renunciando de forma expresa a tener una política exterior de seguridad común en el ámbito europeo y a convertir a la organización de la Seguridad y Cooperación Europea en el instrumento útil y adecuado para ello.
Concluye su intervención diciendo que en España no se necesitan más gastos militares ni formar parte del club de países que, dirigidos por los Estados Unidos, piensan que después del fin de la guerra fría y de la desaparición de los bloques militares, hay que inventarse nuevos enemigos para justificar la existencia de un bloque militar. Desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se apuesta por la consulta al pueblo, por una política exterior de seguridad común en el marco de la Unión Europea, por el fomento de la cultura de la paz y de la solidaridad y por una estrategia de disuasión nuclear.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió); Moya Milanés, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, se rechaza por 18 votos a favor, 268 en contra y tres abstenciones.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en relación al colectivo de las personas mayores (Página 1655)

Para defender la moción del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interviene la señora Cortajarena Iturrioz, manifestando que esta moción es consecuencia de la interpelación que se presentó en el último Pleno en relación con el compromiso que debe asumir el Gobierno para mantener e impulsar las medidas derivadas de las recomendaciones internacionales, del Plan gerontológico, del Pacto de Toledo y del Plan concertado en materia de apoyo y asistencia a las personas mayores. Señala las tres razones que avalaron la presentación de la interpelación: la primera era el estudio y la constatación de un hecho, que es el avance demográfico que están sufriendo las personas mayores en nuestro país; la segunda, el problema de las manifestaciones contradictorias de algunos miembros del Gobierno; y la tercera, la necesidad de definir el marco y las medidas para ejecutar las políticas de atención en relación a las necesidades de vida y de convivencia de las personas que ya han pasado los 65 anos.
Aclara, por otra parte, que el término «tercera edad» no lo acuñó el Gobierno socialista, sino que fue propuesto por Francia en la I Conferencia Mundial sobre la vejez, que tuvo lugar en Viena en el año 1982.
A continuación, manifiesta que las cinco grandes áreas de defensa de la problemática de las personas mayores en las que se basa la moción son consecuentes con el marco propuesto en la interpelación. Explica, asimismo, el contenido de los trece puntos de los que consta la moción, en los que se defiende, entre otras cosas, la garantía del sistema público de pensiones y el incremento anual del IPC para todas las pensiones; en el ámbito de la asistencia sanitaria, la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas, facilitando los mecanismos que potencien su control. Asimismo, se propone consolidar y extender la red sociosanitaria y, en el ámbito de las políticas sociales y asistenciales, se solicita la creación de la dirección general de las personas mayores.
También se plantea seguir avanzando en la profundización del Plan gerontológico, aunque no se pide taxativamente que se cumpla en un plazo determinado, así como fortalecer el desarrollo de todo el programa de voluntariado.
Para terminar, estima que, puesto que el Gobierno socialista ha conseguido en 13 años garantizar un sistema universal de pensiones, extender la asistencia sanitaria a toda la población, elaborar el Plan gerontológico, transferir el Inserso a las comunidades autónomas, ampliar las prestaciones en materia de ayuda a domicilio y avanzar en lo que es la participación del movimiento asociativo de los mayores, el Grupo Parlamentario Socialista está en disposición de pedir que el Grupo Parlamentario Popular apoye esta moción.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular, y Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Página 1613


En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas, interviene la señora Cortajarena Iturrioz.
Sometida a votación la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con las modificaciones aceptadas por el grupo proponente, es rechazada por 116 votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


--MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Con carácter previo al inicio del orden del día quiero someter a la Cámara una alteración de dicho orden, que ha sido aprobada por la Junta de Portavoces esta mañana, tras el examen de la iniciativa por la Mesa del Congreso. Se trataría de incluir, como primera de las proposiciones no de ley, es decir como punto III.1 del orden del día, la proposición no de ley sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire.
Formulada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco y de Coalición Canaria.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias.
En consecuencia, queda aprobada por asentimiento la inclusión de este nuevo punto en el orden del día y se debatirá en el momento que he anticipado.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:

--DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, PARA LA PUBLICACION DE LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES DE APLICACION GENERAL EN TODAS LAS LENGUAS OFICIALES DEL ESTADO (Número de expediente 125/000003)

El señor PRESIDENTE: Comenzando con el orden del día previamente acordado y repartido, entramos en el punto primero: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Del Parlamento de Cataluña, para la publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el Estado.
Para su defensa, en nombre del Parlamento de Cataluña, voy a dar la palabra a dos parlamentarios. En primer lugar, al excelentísimo señor Fuentes i Navarro, del Grupo Parlamentario Iniciativa per Catalunya-Los Verdes.
Señor Fuentes, cuando quiera.


El señor FUENTES I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el 9 de febrero de 1994 el Parlamento de Cataluña, por acuerdo unánime de todos sus miembros, aprobó presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con el fin de que se publicaran las leyes y las demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales del Estado.
Esta proposición se fundamenta esencialmente en dos preceptos constitucionales: el primero es el artículo 3.º que, partiendo del reconocimiento evidente de la oficialidad del castellano en todo el territorio del Estado, reconoce también la existencia de lenguas propias en distintas comunidades que gozan, asimismo, de esa oficialidad.
Al propio tiempo, el artículo 9.º de la Constitución establece claramente la obligación, la garantía del principio de legalidad, que comporta no solamente la jerarquía normativa, sino la publicidad de las normas y la seguridad jurídica.
A nuestro juicio, no es posible llevar hasta sus últimas consecuencias estos principios si la legislación promulgada por el Estado y aplicable en Cataluña, si las normas de obligado cumplimiento aplicables en todas las comunidades que tienen una lengua oficial y propia no tienen una versión en esa lengua, porque falta un instrumento esencial para actuar ante los tribunales de justicia, para actuar ante la Administración y, por tanto, estos principios reconocidos constitucionalmente no se cumplen adecuadamente.
Eso es, en definitiva, lo que pretende la proposición de ley que presentamos. Pretende ni más ni menos que establecer la obligación de que las leyes y demás normas de aplicación general sean publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» con separatas específicas en la lengua propia de las comunidades autónomas que la tengan así reconocida con carácter oficial.
Creo que es ocioso señalar que en muchos países donde se dan circunstancias lingüísticas equiparables a nuestro Estado este derecho se ha reconocido en estos términos, está establecida en los términos en que lo planteamos esta posibilidad, en definitiva, este instrumento para hacer efectivo el principio de la oficialidad de la lengua y, además de la igualdad de los ciudadanos

Página 1614


ante la ley, también el principio de legalidad con todas sus consecuencias.
Por ello, esa proposición que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña con la participación de todos los grupos, que ha sido mejorada por todos los grupos, que cuenta con la unanimidad de todos los grupos, que están también aquí representados en esta Cámara, puede ser objeto --y estamos seguros de que si se aprueba y en eso confiamos, lo será en el trámite parlamentario-- de las modificaciones y mejoras que se estime oportuno.
En cualquier caso, lo que nos parece esencial y evidente es la necesidad de regular adecuadamente este instrumento básico para hacer efectivos los principios reconocidos constitucionalmente.
Como decía, esta proposición de ley tiene únicamente dos artículos: el primero que trata de la publicación de las leyes, y el segundo que lo extiende a las normas con rango de ley y demás disposiciones de aplicación general en el Estado. Hay también dos disposiciones transitorias que pretenden establecer un plazo que hemos fijado en un año, pero que puede ser modificado en función de la soberanía de esta Cámara, y también fijar, con el carácter futuro que requiere este texto, las previsiones presupuestarias para que en su momento se atiendan los gastos que va a generar la aplicación de esta norma.
Señorías, pensamos que si se admite a trámite, como nosotros confiamos, esta proposición de ley, se dará un paso importante en la vía de adecuar la legalidad a la realidad existente en nuestro país, la realidad pluricultural y plurilingüística. Se dará un paso muy importante precisamente en la vía de ir equiparando la España realmente existente con la España reconocida en las leyes y con los instrumentos legislativos adecuados. Pensamos que avanzar en esta línea es el mejor camino para que la comprensión entre los españoles sea el mejor antídoto contra las divisiones y los recelos.
Por todo ello, señoras y señores diputados, en nombre de todas las diputadas y todos los diputados del Parlamento de Cataluña, solicito de SS. SS. el voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias, señoras diputadas. Muchas gracias, señores diputados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
En segundo lugar, tiene la palabra el honorable Senador don Joaquim Ferrer i Roca, del Grupo de Convergència i Unió.


El señor FERRER I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta iniciativa que hemos presentado, que procede del Parlamento de Cataluña, hay que reconocer que hubiese podido ser promovida por cualquier grupo de esta Cámara. ¿Por qué empiezo este turno de presentación diciendo que es una iniciativa que hubiese podido surgir de cualquier grupo de esta Cámara? Porque es una iniciativa que interesa a todos y que se inscribe en lo que habitualmente llamamos dinámica constitucional, es decir, el esfuerzo permanente por desarrollar los contenidos de la Constitución.
La Constitución reconoce la existencia de distintas lenguas en España y, al mismo tiempo, reconoce y asume su defensa y desarrollo. Por consiguiente, esta iniciativa que planteamos, procedente del Parlamento de Cataluña, es un episodio más en esta defensa y desarrollo de todas las lenguas del Estado español.
Quizá sea oportuno recordar la importancia del perfil plurilingüe que tiene el Estado español. Un libro recientemente publicado, en el año 1992, cuyo título es España plurilingüe, del profesor Siguán, dice lo siguiente: En las comunidades autónomas en las que su respectivo estatuto reconoce tener una lengua propia distinta de la castellana y establece la coficialidad de las dos lenguas, residen algo más del 42 por ciento de los habitantes de España.
Por consiguiente, no nos estamos refiriendo a algo marginal, a algo minoritario, a algo accesorio; nos estamos refiriendo a uno de los perfiles que tiene el Estado español, a uno de los perfiles que tiene España desde hace muchísimos siglos y que continúa teniendo hoy. Por esta razón, la Constitución, naturalmente, reconoce este hecho, lo ampara, protege y promueve su desarrollo. No se trata, pues, de reconocer una realidad que está ya reconocida en la Constitución. Se trata, simplemente, de continuar en una dinámica coherente.
En esta iniciativa, recordémoslo, se propone que las leyes y normas de obligado cumplimiento sean publicadas en todas las lenguas oficiales del Estado. El objeto de esta iniciativa, después de recordar que el 42 por ciento del Estado español tiene en su personalidad y en su trato habitual una lengua distinta de la castellana, es una evidente función social para muchísimos ciudadanos, para la Administración de algunas comunidades autónomas y muy particularmente para la Administración de justicia.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ferrer.
Señorías, les ruego que guarden silencio y no formen grupos en los pasillos. Señor de Torres. Señoras. (Pausa.) Gracias.
Puede continuar.


El señor FERRER I ROCA: Decía, señorías, que esta iniciativa incide sobre un gran número de ciudadanos españoles; concretamente, sobre un gran número de ciudadanos en algunas comunidades autónomas. Interesa también a la Administración de esas comunidades autónomas en su conjunto y, particularmente, a la Administración de justicia, porque, como SS. SS.
pueden comprender muy fácilmente, en ningún momento la Administración de justicia va a utilizar textos traducidos a otras lenguas del Estado español si no

Página 1615


vienen precedidas, si no están enmarcadas, si no tienen la garantía del mismo Estado. Por consiguiente, es una iniciativa que interesa, repito, a gran número de ciudadanos, el 42 por ciento de los ciudadanos del Estado español, muy particularmente a la Administración en estas comunidades autónomas y mucho más a la Administración de justicia.
El Pleno de este Congreso de 29 de octubre aprobó por unanimidad la toma en consideración de la modificación del artículo 8.º de la Ley de Contrato de Seguro para garantizar la plena utilización de todas las lenguas oficiales en la redacción de los contratos. Señorías, si somos consecuentes, si se aprobó la toma en consideración de aquella iniciativa para que por la sociedad, concretamente en los contratos, puedan utilizarse todas las lenguas del Estado español, ¿cómo no vamos a hacer exactamente lo mismo, cómo no vamos a abrir la posibilidad de que las leyes y normas de obligado cumplimiento, que no voy a entrar a equiparar si son más o menos importantes pero que SS. SS. convendrán en que son muy importantes, tengan la misma posibilidad de ser traducidas a todas las lenguas de España? Tras dos décadas de Constitución llegamos a esta iniciativa que. repito una vez más, no es la reafirmación de nada; es simplemente continuar la dinámica coherente y necesaria para proteger y desarrollar todas las lenguas de España.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Fue el señor Clotas, en el Parlament de Catalunya, quien, al parecer puso énfasis en el argumento central de defensa de esta proposición. Se trata de hacer normal lo que ya tendría que serlo. Es, pues, una proposición obvia, fatigante quizá, si tenemos en cuenta los años de democracia y de Estado autonómico que ya llevamos.
La defensa de esta proposición, que ha sido dignamente realizada por los representantes del Parlament de Catalunya, se basa en tres ejes fundamentales: el derecho constitucional, el derecho jurídico y el derecho histórico. Respecto al último siento hasta pudor de tener que nombrarlo, puesto que significa que aún somos los mismos de siempre los que una y otra vez tenemos que reclamar nuestro derecho a existir en diferencia.
La Constitución ampara las distintas lenguas que cohabitan en el Estado, es cierto, pero es indiscutible que hegemoniza el castellano por encima de las demás lenguas y, en consecuencia, partimos de una discriminación lingüística clara ya en el texto constitucional. No son cuatro lenguas en situación de igualdad las que confluyen en el hecho común; es una lengua que domina y las demás que aún tienen que recordar en debates como el de hoy que tienen derecho a ser.
¿Por qué, pues, la proposición de hoy? Primero, porque nadie puede discutirnos a los ciudadanos de habla catalana, a los gallegos o a los vascos el derecho a vivir en plenitud nuestra diferencia lingüística. Por derecho histórico, por tanto.
Segundo, por derecho jurídico, puesto que si los textos legales y las normas de obligado cumplimiento no están escritas en las diferentes lenguas oficiales, ¿cómo se garantiza, por ejemplo, la Llei de Normalitzaciò Lingüística de Cataluña que teóricamente garantiza el derecho a utilizar el catalán en la Administración de justicia? Se puede llegar, y se ha llegado, al extremo esotérico de celebrar juicios en catalán y tener que leer los textos legales en castellano. No hace falta recordar a SS. SS., supongo, que nadie puede traducir libremente un texto legal, puesto que podría estar interpretando la ley y vulnerando la seguridad jurídica del proceso, de manera que, si no aprobamos esta proposición, estamos vulnerando el derecho estatutario de poder expresarnos en nuestro propio idioma en el ámbito judicial. Una ley nos ampara teóricamente, pero luego es imposible cumplirla por falta de otra ley; resulta grotesco. Iba a decir que casi por sentido común hay que aprobar la proposición del Parlament de Catalunya. En todo caso, si no lo hacemos, no garantizamos, en plenitud, el derecho a una justicia, también en nuestro propio idioma.
Hay también un derecho constitucional, y la propia proposición ya lo recuerda en su exposición de motivos. Recordémoslo de nuevo y con la claridad necesaria. Si no aprobamos la proposición que hoy debatimos, el artículo 3.º.3 de la Constitución hace aguas por todos lados, resulta un simple manual de intenciones. La única manera de proteger, defender y cuidar una lengua es no impidiendo que pueda proyectarse en todos sus ámbitos, sociales, culturales y jurídicos. Tenemos el derecho constitucional a manejar los textos legales y las normas de obligado cumplimiento en las distintas lenguas oficiales y, si este derecho no queda regulado, acaba siendo vulnerado.
No me alargo, puesto que los argumentos están sobradamente, creo, sobre la mesa. En todo caso, un último apunte. Hay cuatro lenguas en el Estado.
Espero que determinadas tendencias a la aberración científica no impulsen a los organismos del Estado, en caso de ser aprobada la proposición, a hacer separatas de la ley en cincuenta variantes dialectales. Supongo que primará el rigor científico sobre la demagogia. Ello si aprobamos la proposición. Si no lo hiciéramos, no podríamos excusarnos con múltiples argumentos, porque

Página 1616


quedaría un único hecho: Este Estado no garantizaría sus derechos lingüísticos plenamente a millones de ciudadanos; al contrario, los vulneraría conscientemente y con la excusa y el amparo legal. Un amparo legal que sólo escondería entonces una nítida voluntad de dominio lingüístico de una lengua sobre las otras.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) va a votar favorablemente --no podría ser de otra manera-- la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña, pero quisiéramos hacer algunas matizaciones que, entendemos, pueden ser una aportación a este debate. Vivimos, nominalmente, señor Presidente, en un Estado que se considera constitucionalmente plurilingüe y, sin embargo, constatamos el abismo que existe entre la teoría y la práctica. De facto, en todos estos años de período constitucional, el Estado ha hecho dejación de sus propias obligaciones en materia lingüística y ha dejado en manos de las respectivas comunidades autónomas la consideración de la realidad plural en materia lingüística en los respectivos ámbitos de las comunidades autónomas. Es, pues, una consideración nominalista, en lo que respecta a la realidad de Estado plurilingüe, de la responsabilidad que las instituciones del Estado tienen en materia lingüística.
Las distintas comunidades autónomas han puesto en vigor diferentes leyes de normalización lingüística, cada una con sus toques, con sus matices, con parámetros distintos; pero, en todo caso y en todas y cada una de las realidades, el Estado y sus propias instituciones siguen mirando hacia otro lado en esta materia. Nosotros entendemos que lo coherente sería, en un Estado que constitucionalmente se proclama plurilingüe, que las propias instituciones del Estado y las autonómicas fueran de la mano en el respeto a cada una de las leyes de normalización lingüística que las comunidades autónomas han puesto en vigor. En Navarra, con la ley de normalización navarra --nos guste a unos y no a otros--, en la comunidad autónoma vasca, aquella que el Parlamento vasco ha puesto en vigor y, en este caso, dado que la iniciativa proviene del Parlamento de Cataluña, en los criterios, en los objetivos y en los ritmos de que cada uno de los parlamentos se haya dotado a sí mismo. Lamentamos muy mucho, señor Presidente, que en estas materias el Gobierno del Estado sigan mirando a otro lado, que esta misma Cámara siga mirando a otro lado en temas de tanta trascendencia.
Varios intervinientes han dicho que más del 44 por ciento de los ciudadanos del Estado hablan una lengua distinta del castellano. Es verdad, señor Presidente, que en este tema hay lógicas políticas, hay lógicas testimoniales, existen lógicas de políticas lingüísticas, y vuelvo a reiterar una expresión que manifesté en esta misma Cámara en un debate similar hace quince días con motivo de una proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en relación al uso de las distintas lenguas en las leyes del seguro, en el sentido de que esta Cámara tiene todavía como asignatura pendiente la relativa a la de políticas lingüísticas. Como he indicado anteriormente, las comunidades autónomas, cada una con sus objetivos, con sus ritmos, con sus criterios, han realizado distintas propuestas en distintas materias y, sin embargo, el conjunto de las instituciones del Estado siguen mirando para otro lado. Nosotros quisiéramos que este debate sirviera para hacer ver y hacer constar esta realidad sobre la consideración plurilingüe del Estado.
¿Qué avances se han producido en normalización linguística siendo sujeto el Estado? Probablemente ninguna, muy pocas, el haber dejado a las comunidades autónomas actuar en el ámbito de sus competencias. Hemos tenido en los últimos meses, señor Presidente, en esta misma Cámara, una experiencia muy interesante: una proposición de ley del Parlamento de Baleares que instaba a que la denominación de las islas fuese utilizada con el topónimo que el Parlamento balear había aprobado, el de Illes Balears, y hemos visto cómo tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular, que tomaron en consideración esta propuesta del Parlamento de Baleares, han presentado sendas enmiendas a este único artículo de la proposición de ley del Parlamento de Baleares indicando que, en respeto al espíritu constitucional, las islas deberán denominarse Islas Baleares en castellano e Illes Balears en la lengua cooficial. Nosotros entendemos que este no es el espíritu de estas proposiciones, que este no es el fondo de la consideración del Estado plurilingüe y quisiéramos que este fuera el debate que se realizara con rigor, sin excesivos voluntarismos, en la convicción de que si otros temas se tratan con rigor y seriedad, también el tema lingüístico puede abordarse en esta Cámara con suficiencia y con rigor.
Mucho nos tememos, señores representantes del Parlament de Catalunya, que hoy se va a tomar en consideración esta proposición de ley, que a lo largo de los próximos meses vamos a oír que el bilingüismo es caro, que no hay medios técnicos y humanos, que los retrasos en la tramitación son una cuestión insalvable de cara a que esto se ponga en marcha en los próximos meses, que quizá se podría pactar alguna enmienda para que cada comunidad autónoma lo haga en el ámbito de sus respectivas circunscripciones, etcétera, excusas, en nuestra opinión, señores representantes del Parlament de Catalunya, para que la iniciativa decaiga o quizá concluya la legislatura con este tema en ponencia, en Comisión, quién sabe. Esperemos estar equivocados,

Página 1617


que el voto que todas y cada una de SS. SS. den hoy en esta sesión a la toma en consideración de esta proposición de ley tenga una orientación distinta y que exista una voluntad de que por fin el Estado asuma su condición plurilingüe y sea consecuente con aquello que nominalmente acepta --lo digo para que conste en el «Diario de Sesiones».
Agarramos una larga y accidentada tramitación a esta proposición de ley.
Nosotros entendemos que las prioridades de política lingüística, desde nuestra perspectiva vasca y dando por supuesto que estamos a favor de esta consideración, no están en este lugar o en estos objetivos, y lo decimos con toda claridad porque esa es la postura que mantenemos. Nos daríamos por muy satisfechos, señor Presidente, si las instituciones del Estado, de una santa vez, asumieran sus responsabilidades en materia lingüística, se dieran cuenta de que son el Gobierno del Estado y no el Gobierno de ciertas partes del Estado y que la consideración nominal del Estado plurilingüe tuviera su traducción real, nunca mejor dicho, en hechos y en actitudes que lamentablemente no observamos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señoras Diputadas, señorías, es para mí un honor exponer en esta Cámara el posicionamiento del Grupo Parlamentari Català sobre una proposición de ley elevada por la más alta institución de mi país, el Parlament de Catalunya. Una proposición de ley que tiene un alto valor pedagógico, porque su redacción se ha hecho desde Cataluña con el objetivo de aproximar el conocimiento general de este país a la realidad plurinacional del Estado español a través de la lengua, el mecanismo formal, el único, que sustenta y posibilita las relaciones humanas.
Diversas razones históricas, perceptibles en la misma sustancia de la proposición, han hecho que el conocimiento y la comprensión plurilingüe del Estado español sea todavía insatisfactoriamente insuficiente porque no han dejado entrever que el plural del yo no es yo y no es uniforme, sino que el plural del yo es nos y otros, nos y otras.
Manipulaciones pertinazmente ideológicas de la historia y de los mecanismos de la lengua han sido la clave de la exclusiva identificación Estado español y lengua castellana. La voluntad del bloque constitucional, Constitución común y estatutos singulares, fue la de equilibrar y la de compensar aquella exclusividad.
La proposición de mi Parlamento es una aportación, quizá limitada pero reconfortantemente significativa, para el respeto por la personalidad propia y la diversidad lingüística y cultural de 16 millones de personas que residen en territorios del Estado español donde es oficial una lengua distinta del castellano. Esto quiere decir más del 40 por ciento del total de la población del Estado. Este dato recordatorio es altamente esclarecedor y tiene, por sí solo, un gran valor significativo: el de que al final del siglo XX es difícil argumentar que la identificación lengua castellana-Estado español responde a una realidad.
El Estado nación está en crisis hace años, por doquier. Y el Estado español ha experimentado tan intensas transformaciones económicas y políticas y también culturales que se han creado ya, creemos, las condiciones socioambientales que hacen insostenibles aspectos sobrevivientes de un patrón jacobino estatal. Uno de ellos, aparatoso y simbólico, es el uso exclusivo por el «Boletín Oficial del Estado» de la lengua castellana, exclusividad de la que sólo recordamos una excepción: la de la publicación de la Constitución en las diversas lenguas que son territoriales, oficiales y propias también del Estado español.
Aquello que nos propone el Parlament de Catalunya como expresión unánime del pueblo catalán y de todos los grupos políticos que lo conforman es una acción institucional ostensible y normalizadora del Estado plurilingüe y una muestra de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Euskadi, Galicia, Valencia, Illes Balears, Cataluña y Navarra.
La uniformidad en el uso de la lengua forma parte de aquel baúl de los recuerdos de un pasado humillante. Y los pueblos, al igual que las personas, no pueden convivir con un pasado humillante en el que nuestros yoes distintos fueron marginados e ignorados. La lengua no puede ser jamás minusvalorada en ninguna de sus manifestaciones y, en especial, en aquellas acciones institucionales que, sin duda, siempre mantienen una relación evidente con las acciones y actitudes sociales.
La publicación plurilingüe de las leyes, que obligan a toda la ciudadanía del Estado y que emanan del Poder Legislativo de esta Cámara, sin duda influiría favorablemente en prácticas sociales. La construcción del Estado no puede significar el sacrificio o la ignorancia de la variedad en nombre de una lengua única, sino que debe asegurar el mantenimiento de la diversidad.
Yo me pregunto: ¿es esta Cámara el espacio ético-político representativo de esta diversidad? ¿Es el foro que tiene entre sus propósitos el de forjar una historia común? Si ello es así, debemos aceptar, señoras Diputadas y señores Diputados, de manera responsable y sin condiciones, la historia y las lenguas de naciones y comunidades distintas convivientes en un marco común. Este Parlamento no puede desentenderse de lo que ha dicho el Parlament de Catalunya ni de acciones que pueden conducir al respeto y a relaciones igualitarias. Además, es ineludible plantear aquí una pregunta: las lenguas oficiales distintas del castellano de 16

Página 1618


millones de mujeres y de hombres de este país, ¿son constitutivas del Estado español o no lo son? En nombre de mi grupo y en nombre del Parlament de Catalunya, también les pido la respuesta afirmativa, a través de su posicionamiento favorable, y unánime a la proposición de ley presentada, para que se haga posible, por voluntad de todas y de todos, que la ciudadanía del Estado español pueda leer aquello que le es común en la lengua en la que habla consigo misma y con las personas con las que conforma una comunidad singular.
El consenso permitiría a algunos o a algunas descubrir quizá, o a otros y a otras les estimularía a profundizar en el hallazgo de algo tan precioso como la riqueza cultural y lingüística de este país, para propagar el convencimiento universal de que la sociedad más avanzada, más dinámica y más culta no es la más uniforme sino la más variada y plural. Si su posicionamiento no fuera positivo, desecharán ustedes una iniciativa constructiva y justa y apostarán algunas y algunos de ustedes por hallar un raro encuentro en la consolidación de viejas dicotomías y de imágenes jacobinas.
Sólo quiero recordarles que el castigo divino contra el primer tirano de la historia mítica, Nemrod, fue el de la proliferación de lenguas.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Anuncio, en primer lugar, el voto favorable del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la proposición de ley presentada por el Parlamento Catalán, que hace referencia a la publicación de las leyes en todas las lenguas oficiales del Estado español.
Los Diputados que han hablado en representación del Parlamento Catalán, señores Ferrer y Fuentes, a pesar del breve espacio de tiempo con el que han contado, pienso que han explicado de forma clara y precisa los argumentos políticos, jurídicos y culturales que sustentan la presentación de esta proposición de ley; proposición de ley que, como también se ha dicho, ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento Catalán.
El objetivo de esta iniciativa legislativa es, pues, muy simple. Se trata de acabar con la irracional y absurda situación actual en la que no existen textos legales oficiales de carácter general en los idiomas que también son oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Insisto, una situación irracional y absurda, y que, como se ha dicho anteriormente, afecta a 16 millones de personas en el Estado español.
Esta propuesta viene avalada jurídica y políticamente por lo que dice el artículo 3.3 de la Constitución, cuando habla de que las lenguas son un patrimonio cultural que debe ser objeto de fomento y de protección y, por otro lado, el artículo 9, apartados 2 y 3, de la Constitución que, al establecer los principios de legalidad, publicidad en las normas y seguridad jurídica, faculta a los poderes públicos para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En este caso, un obstáculo importante es el no poder usar el idioma propio, especialmente ante los tribunales o la Administración.
Por tanto, señorías, estamos ante una proposición de ley que responde al espíritu y a la letra de la Constitución, en el sentido de que intenta remover y superar un obstáculo real en los respectivos procesos de normalización lingüística del gallego, del euskera o del catalán. Desde el punto de vista del contenido intrínseco de esta proposición de ley no haría falta decir nada más, pero quiero añadir que nuestro grupo entiende que esta iniciativa, a pesar de que a algunos no se lo pueda parecer, es de un enorme calado político, es una de las iniciativas políticas concretas más importantes en el terreno del reconocimiento real y efectivo del plurilingüismo del Estado español. Porque si bien es cierto que desde la recuperación de la democracia y la promulgación de la Constitución el Estado español ha evolucionado positivamente desde el punto de vista de la descentralización del gasto público, del aumento del autogobierno de las comunidades autónomas, de la transferencia de competencias, si bien todo esto es cierto no lo es menos que desde la óptica del modelo y de la configuración del Estado español existen aún dos grandes asignaturas pendientes íntimamente relacionadas. La primera asignatura es que de verdad exista un reconocimiento real y efectivo de la plurinacionalidad del Estado español. Esta es la gran asignatura pendiente para nuestro grupo parlamentario desde la perspectiva del modelo de Estado. La segunda asignatura pendiente es el reconocimiento real y efectivo del plurilungüismo del Estado español.
La primera asignatura pendiente, el hecho de un reconocimiento real y efectivo de la plurinacionalidad del Estado español, tiene su máxima expresión en el hecho de que hasta la fecha haya sido imposible reformar el Senado para convertirlo en una verdadera Cámara territorial. Nuestro grupo parlamentario entiende que un Estado plurinacional requiere un Senado que sea expresión política de este carácter plurirregional y plurinacional. Queremos que el Senado sea la suma de las distintas comunidades autónomas con competencia para conformar la voluntad del Estado en las cuestiones relativas a la estructura política territorial del Estado español. En todo caso, lo evidente es que hasta hoy ha existido una imposibilidad de reformar un Senado en la dirección que he apuntado. Esta imposibilidad expresa de forma clarísima las dificultades aún reales hoy en el Estado español de reconocer institucionalmente

Página 1619


el carácter plurinacional del Estado español.
La segunda asignatura pendiente hace referencia al tema que nos ocupa hoy. La Constitución reconoce la riqueza y el patrimonio cultural que expresa el plurilingüismo en el Estado español. Hoy, en 1996, diecisiete años después de la promulgación de la Constitución, nos podríamos hacer una pregunta: ¿cuál es el balance desde la Administración central del reconocimiento de que el Estado español es un Estado plurilingüe? La respuesta no sería fructífera ni positiva. El balance de la Administración central, desde el punto de vista del reconocimiento de un Estado plurilingüe, es nulo. En ese sentido, creemos que se han hecho grandes esfuerzos desde las comunidades autónomas donde el catalán, el euskera o el gallego son lenguas oficiales. Pero decimos, y lo hacemos con la voz bien alta, que el reconocimiento de un Estado plurilingüe es ir mucho más allá. Se trata de fomentar, no sólo desde Galicia, desde el País Vasco o desde Cataluña, el uso y la difusión del catalán, el gallego y el vasco, sino que se trata también... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Saura.
Señorías, guarden silencio.


El señor SAURA LAPORTA: Se trata de que también desde la Administración central se fomente el conocimiento mutuo de las distintas culturas y lenguas existentes, desde la premisa de que este factor lingüístico plural y cultural debe ser un factor de enriquecimiento de todos.
Hasta hoy, globalmente, podemos decir que, desgraciadamente, esto no ha sido así, y es en este sentido en el que la proposición de ley que hoy estamos debatiendo debe significar, en caso de que prospere, un paso concreto importantísimo en el reconocimiento real de un Estado plurilingüe, un reconocimiento real que se expresará en el «Boletín Oficial del Estado», una de las grandes realidades de cualquier Estado, un paso en la dirección de considerar efectivamente que el gallego, el euskera o el catalán no son un problema, que el gallego, el euskera o el catalán no es una cuestión de los catalanes, de los vascos o de los gallegos.


El señor PRESIDENTE: Señor Saura, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SAURA LAPORTA: Se trata de aceptar, de fomentar, de impulsar, de vivir en un Estado donde la existencia de cuatro lenguas oficiales sea un patrimonio de todos y sirva para el enriquecimiento cultural de todos los españoles y de todas las españolas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, quiero iniciar mi intervención, en nombre del Grupo Socialista, dando, en primer lugar, la bienvenida a los señores Diputados representantes del Parlamento de Cataluña que en el día de hoy han tomado la palabra en esta Cámara para defender la proposición de ley motivo del presente debate, y que hace referencia a la publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales del Estado. Y lo digo así porque aquí no estamos en este momento debatiendo sobre la política lingüística existente en el conjunto del Estado español.
Tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo respecto al contenido de la misma, y lo voy a hacer con el respeto y la consideración que a mi grupo le merecen los acuerdos adoptados en las cámaras legislativas de las comunidades autónomas --que son muchos y muy importantes-- aunque, como en el presente caso, nuestra posición final y en este momento no tenga la misma... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Morlán.
¡Señor Recoder! Señorías, insisto en que no formen grupos dentro del hemiciclo aunque estén negociando asuntos de Pleno. Señor López-Medel, le insisto de manera particular.
Puede continuar, señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Aunque nuestra posición final y en este momento no tenga la misma conclusión y, por tanto, no sea la misma que se adoptó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Mi grupo lamenta que se produzca esta disparidad de planteamientos y ve necesario que el voto respecto a su toma en consideración no sea afirmativo, pues entiende que las razones que le han llevado a esta conclusión son de la suficiente entidad como para que nuestra posición ahora sea contraria a las pretensiones que se deducen de la proposición de ley.
Desde nuestro punto de vista, señor Presidente, señorías, hay dos tipos de razones que contribuyen a fijar nuestra posición contraria a admitir a trámite la presente proposición de ley: unas, de índole interpretativa de la Constitución --como luego veremos-- respecto de los artículos 3.3 y 9.2 y 9.3, y otras, de carácter más material relacionadas con problemas técnicos, de coste económico, etcétera.
Entrando en un análisis algo más exhaustivo de las primeras, es decir, aquellas que tienen que ver con la interpretación que se hace de preceptos constitucionales, he de comenzar por hacer referencia al contenido

Página 1620


de la exposición de motivos que justifica la parte dispositiva de la proposición de ley, en la que se hace mención a los artículos que antes he citado, y se transmite la impresión de que existen dudas sobre si se está dando cumplimiento o no a lo que disponen ambos preceptos en estos momentos. El artículo 3.3 del texto constitucional establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Si la interpretación de este artículo es una de las razones que se esgrimen para solicitar lo que se plantea en el articulado y la misma conduce a entender que en estos momentos no existe un especial respeto y protección a las distintas modalidades lingüísticas, o al menos hay duda sobre ello, y la mejor manera de solucionarlo, o al menos una de las maneras de solucionarlo es que el «Boletín Oficial del Estado» reproduzca en una separata editada en cada lengua el conjunto del cuerpo normativo que se va publicando, el Grupo Socialista no puede estar de acuerdo con dicha interpretación.
Si leemos el conjunto del citado artículo 3, podemos deducir perfectamente --y así lo interpreta mi grupo--, siguiendo la pauta marcada por el Tribunal Constitucional respecto al marco en que debe desenvolverse la cooficialidad lingüística, que son los órganos centrales del Estado, que es la Administración central del Estado la que tiene la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el derecho a conocer la lengua del Estado, y corresponde a las comunidades autónomas con lengua propia la garantía del uso oficial de las dos lenguas y la adopción de los medios para asegurar su conocimiento y crear las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad.
Visto esto, nosotros pensamos que hay que convenir en que compete al Estado, en orden a preservar el pluralismo lingüístico, la publicación en el diario oficial de todas las disposiciones de ámbito estatal, así como las leyes y demás disposiciones de carácter general en el idioma oficial de todo el Estado; y compete o se debe atribuir o puede darse que las comunidades autónomas con lengua cooficial, si desean hacerlo, puedan publicar en dicha lengua las disposiciones generales emanadas por la Administración central del Estado en castellano como lengua oficial.
Para nosotros ese especial respeto y protección de la riqueza de las distintas modalidades lingüística como patrimonio cultural de España pasa por posibilitar que se produzca un efectivo desarrollo de nuestras diferentes lenguas, garantizando su uso con el castellano como lengua española oficial del Estado.
El artículo 9, apartados 2 y 3, de la Constitución Española constituye el contenido de otra de las razones que se plantean en esta proposición de ley, afirmando que la normalización que se pretende es un mandato constitucional amparado en dicho artículo que establece los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y seguridad jurídica, junto a otra serie de consideraciones que sí que podemos compartir y que se hallan contenidas en el apartado 3 del citado artículo 9. Se dice --si me equivoco, ruego me disculpen-- que la publicación del «BOE» en las dos lenguas cooficiales de una comunidad autónoma supone que los principios antes citados de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, etcétera, adquieren en ese momento plena vigencia y que si sólo está publicado en castellano la tienen pero menos.
Señorías, no podemos compartir esta interpretación que consideramos no adecuada y no conforme a Derecho. En el estado actual del bloque de constitucionalidad hay que afirmar sin ningún rubor que esos principios se hallan perfectamente protegidos y que nadie ha planteado duda alguna sobre este extremo. Ello no obsta para que si alguna comunidad autónoma entiende que ha de completar el principio de publicidad de las normas traduzca las mismas a la lengua que es oficial en su territorio.
Si entendemos que la normalización lingüística supone la puesta en marcha de una serie de medidas por parte de las comunidades autónomas para garantizar el uso normal y oficial de las dos lenguas en un territorio autonómico, hay que acabar indicando que la función de normalización compete a las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos de autonomía y con sus propias leyes de normalización lingüística. Una lectura de los correspondientes artículos de los Estatutos catalán, vasco, valenciano, gallego, navarro, etcétera, creo que, sin lugar a dudas, justifica esta aseveración.
Entrando a analizar, aunque sea someramente, las razones de carácter más material... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Morlán.
Le ruego que sea de verdad muy someramente. Y rogaría al portavoz de su grupo, señor Caldera, al señor Molins, al señor Rato, al señor Eguiagaray que, por favor, guarden silencio, porque era prácticamente imposible que desde aquí pudiera oírse al señor Morlán, y dudo mucho que lo oyeran con facilidad en las últimas filas del hemiciclo.
Continúe.


El señor MORLAN GRACIA: Entrando a analizar, aunque sea someramente --lo voy a hacer brevemente, señor Presidente--, las razones de carácter material, de carácter técnico, tampoco podemos plantear la aceptación de esta proposición de ley. La importancia de los costes económicos que traería consigo la elaboración de las correspondientes separatas en las diferentes lenguas, la determinación de en qué lenguas habría que centrar la edición del citado documento, pues no es sencillo objetivar este dato dada la diversidad

Página 1621


lingüística que existe en el conjunto de España y el conjunto de posibles agravios comparativos que pudieran plantearse si hubiera exclusiones u olvidos, así como otros aspectos de diversa índole, nos hacen ver de muy difícil ejecución el desarrollo de esta iniciativa legislativa. De cualquier manera, entiendo que si alguna comunidad autónoma desea la edición en su lengua propia de los textos legales que se van publicando en el «Boletín Oficial del Estado» no tendría por qué recurrir a la fórmula de esta proposición de ley, porque creo que hay otro tipo de acuerdos o iniciativas que podrían facilitar esta circunstancia con las menores dificultades posibles.
Ahora bien, no existiendo mandato constitucional alguno, no siendo la Administración central del Estado responsable de la garantía exclusiva del uso normal de las lenguas cooficiales y viendo los problemas técnicos y jurídicos que se derivarían de la aprobación de esta proposición de ley y que consideramos son desproporcionados en relación con el objetivo pretendido, el Grupo Socialista, lamentándolo mucho, no la puede apoyar y lamenta sinceramente que se haya planteado esta iniciativa en estos momentos, porque pensamos que el tema de las comunidades autónomas, del Estado autonómico es un tema sobre el que hay que reflexionar con muchísima tranquilidad, con muchísimo sosiego, en beneficio de todas las comunidades autónomas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Gracias señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para defender la postura del Grupo Parlamentario al que represento en relación a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya respecto de la publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales del Estado.
Me gustaría hacer a priori el análisis de los antecedentes que ha habido en torno a esta proposición de ley. Esta proposición fue presentada ante esta Cámara por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, retirada posteriormente para debatirla en el Parlament de Catalunya; pero, una vez presentada por el Parlament de Catalunya, ha habido dos modificaciones, a nuestro modo de ver, sustanciales. Se presentaba como ley orgánica y en la actualidad se presenta como una ley ordinaria y se suprime un aspecto fundamental en la interpretación, caso de que prosperara y que el «Boletín Oficial del Estado» la publicara en distintas lenguas, en virtud de separatas, además del castellano, y es que se potenciaba que las traducciones estarán siempre subordinadas a la interpretación literal de la norma, en lengua originaria, que emanaba del Parlamento español.
Si analizamos, señorías, la exposición de motivos de la presente proposición de ley, nos encontramos con que, en el modo de defender un proyecto de ley, una proposición de ley, cualquier asunto que deba ser debatido ante esta Cámara, se pueden opinar muchas cosas, pero quizá se debería ser más cauto en el modo de escribirlas. Entendemos que manifestar en una exposición de motivos que la situación absurda actual, en la que no existen textos legales oficiales de carácter general en los idiomas que también son oficiales en las respectivas comunidades autónomas..., es un tanto despectiva. Decir también en esa exposición de motivos que se prevé un mandato constitucional que obligue a publicar las distintas disposiciones legales emanadas de esta Cámara en todas las lenguas existentes en todo el ámbito nacional nos parece asimismo una interpretación muy extensiva del propio texto constitucional.
Voy a tratar de leer los textos constitucionales para mostrar que realmente no existe tal precepto, si atendemos a una interpretación literal, tanto del artículo 3, puntos 1, 2 y 3, de la Constitución vigente, como del artículo 9, puntos 2 y 3. El artículo 3 nos dice con toda claridad que el castellano es la lengua española oficial del Estado y sólo en los ámbitos, en las comunidades, donde se hable también otra lengua, y que esté recogido en sus propios estatutos de autonomía, tendrá esa consideración de lengua oficial.
Decir que hay que proteger la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, los derechos que son fundamento del orden político y de la paz social, que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán conforme a la declaración universal de derechos humanos y de los tratados y acuerdos internacionales, entendemos que ha sido ampliamente cumplido, por cuanto en la actualidad existe ya una protección, una potenciación y un reconocimiento a los derechos que emanan de las lenguas que se hablan en las distintas comunidades en que así lo tienen reconocido en los propios estatutos de autonomía.
Podemos analizar también los problemas que se podrían sustanciar en el caso de prosperar la presente proposición de ley, como los relativos a la eficacia. Hay que estudiar muy bien el ámbito de aplicación de las normas, la interpretación en cuanto a las traducciones efectuadas, el coste económico en un año en el que quizás se han presentado los presupuestos más restrictivos de los últimos 15 años, valorar suficientemente un equipo de traducción y su ubicación, si en estas Cortes Generales o en el organismo autónomo

Página 1622


«BOE», que se financia con la venta de los propios boletines oficiales del Estado.
Yo, señorías, querría dejar muy claro que la postura del grupo parlamentario al que represento es más bien contraria a votar afirmativamente hoy la toma en consideración de esta proposición de ley, pero que, en modo alguno, se trata de una posición cerrada. Querríamos simplemente que en este aspecto se estudiaran mucho más las distintas cuestiones que han de ser tenidas en cuenta, las opiniones de los distintos parlamentos regionales, de los distintos grupos parlamentarios que integran esta Cámara, con cautela, con prudencia; hacer un estudio del coste económico que se va a plantear de prosperar esa iniciativa, hacer un estudio del equipo de traductores que habrá que implantar y el ámbito donde habrá que ubicarlo, la titulación y el grado de preparación que deberán tener. Todos esos puntos nos parecen lo suficientemente importantes como para que actuemos con prudencia y empecemos a preparar trabajos para impulsar más adelante esa iniciativa, pero de acuerdo con un estudio pormenorizado, consecuente e importante de la cuestión que nos ocupa.
Me gustaría también decir, para finalizar, que, si comparamos esto con otros países del mundo occidental donde coexisten distintas lenguas, no es exactamente el mismo supuesto jurídico, por cuanto los países que yo conozco donde existen distintas lenguas reconocidas lo están también en el texto constitucional; éste es el caso de Canadá, de Finlandia, de Suiza, de Irlanda y de Bélgica. Y no todos estos países resuelven la cuestión de forma idéntica; habría que hacer otro análisis de las normas que deberían ser traducidas y publicadas en forma separada, aunque quizá no fuera tan importante llegar a todas las disposiciones reglamentarias porque muchas no tienen ni siquiera el carácter de general, sino que solamente lo ubicáramos para estas disposiciones que afectan de manera general.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.


La señora MONTSENY MASIP: Voy terminando, señor Presidente.
Y sí sería más importante tener en cuenta que las leyes que se publicaran y emanaran de esta Cámara fueran las que se tradujeran cuando se hubieran efectuado los estudios pertinentes y se viera que toda la Cámara, con un consenso unitario y mayoritario, creía conveniente aceptar la toma en consideración que hoy por el momento pensamos que es necesario posponer.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para la publicación de las leyes y demás disposiciones de aplicación general en todas las lenguas oficiales en el Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 45; en contra, 248; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley referida.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, DE MODIFICACION DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS HISTORICOS (Número de expediente 122/000015)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día. Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos.
Por el Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor Centella.
(Rumores.) Señorías, les recuerdo que el orden del día se ha ampliado con un nuevo punto y, en consecuencia, es menester tramitar con la máxima rapidez los restantes puntos, para que podamos terminar a una hora adecuada. Por lo tanto, esta pérdida de tiempo entre iniciativa e iniciativa es muy perjudicial para el funcionamiento de la Cámara. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Rumores.)

El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para pedir la toma en consideración de la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Centella.
Señor Homs, señor Suárez Pertierra, señor López-Amor, señor Ollero.
Señorías, les llamo al orden.
Señor Homs.
Puede continuar, señor Centella.


El señor CENTELLA GOMEZ: Decía que pido la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, haciéndolo desde la voluntad de alcanzar el más amplio consenso parlamentario. Y para eso debemos situarnos en el trámite parlamentario en que nos encontramos,

Página 1623


que no es otro que la toma en consideración de la proposición de ley.
No voy a defender ahora el texto literal de una propuesta que puede ser modificada, que debe ser modificada desde el acuerdo y el consenso, sino que voy a tratar de convencer al resto de grupos parlamentarios de la idoneidad de tomar como base iniciativas como la que hoy discutimos para poner en marcha el reloj parlamentario y asegurar el compromiso de tener un texto definitivo que resuelva situaciones injustas que no pueden seguir esperando. Por eso, la pregunta primera y fundamental que debemos hacernos es si todos estamos de acuerdo en modificar la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, si consideramos que la actual redacción es incompleta y si está provocando situaciones injustas. Porque ése es precisamente el objetivo de la labor legislativa: el perfeccionamiento de las leyes en función de la experiencia que produce su desarrollo. Este perfeccionamiento dialéctico de la legislación es el que puede permitir que las leyes sean cada vez más un instrumento para la resolución de problemas y no un elemento que genere injusticia o un arma al servicio de intereses que no coinciden ni mucho menos con los de la mayoría. Posiblemente en este caso no estemos hablando de un problema que afecte a millones de personas, sino de una situación que afecta a zonas concretas del Estado, pero es en esta perspectiva donde todavía cobra más importancia nuestra responsabilidad. Nuestra obligación es comprobar que, si bien la ley es justa para la generalidad, en esa globalidad no se castigue a particularidades concretas y, como decía, entendemos que de la aplicación de la ley se van descubriendo las lagunas que pueden perjudicar a colectivos que deben tener el mismo derecho que el resto de los ciudadanos del Estado. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En ese perfeccionamiento dialéctico de las leyes es donde podemos corregir defectos que, como en este caso, están situando en condiciones dramáticas, y créanme que no exagero, a un número de familias que pueden y deben ver cómo su situación es contemplada por la ley de igual manera que se han visto contemplados otros casos que tienen los mismos derechos.
Todos estos argumentos antes esgrimidos cobran mayor sentido, si cabe, cuando hablamos de la distribución de la propiedad de la tierra y de su transmisión hereditaria, situaciones que tienen un desarrollo diferente en nuestro Estado según hablemos de una u otra zona. Sin entrar en el fondo del problema de la distribución de la tierra en nuestro país --evidentemente, ése sería otro debate, que, por cierto, nunca se ha celebrado en España--, sí es importante decir que debe ser obligación de las administraciones públicas la defensa de un sector económico que lucha contra la especulación urbanística. Porque, no nos engañemos, en la mayoría de las zonas del Estado existe un interés especulativo detrás de este problema; nos encontramos con terrenos que no alcanzan precios desorbitados en función de su valor agrícola, sino en función de posibles intereses urbanísticos.
Señorías, las modificaciones que se proponen al texto de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos tienen como objetivo fundamental suministrar criterios interpretativos seguros para la resolución de los conflictos que más comúnmente se plantean en la práctica judicial, conflictos en orden a la interpretación de si una determinada relación arrendataria goza o no de la consideración de arrendamiento rústico histórico. Por tanto, se trata de una propuesta que pretende poner término a las vacilaciones jurisprudenciales sobre la materia y, al mismo tiempo, facilitar en algunos casos la acreditación de extremos como la antigüedad del contrato originario o la continuidad en la relación arrendataria sin interrupciones. En este sentido, la ley pretende facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a quienes venían trabajándola desde tiempo inmemorial, dado que dicha ley prorrogaba la Ley de 12 de febrero de 1987 y que la aplicación de la misma ha dado lugar a que se produzcan diferentes interpretaciones en audiencias provinciales. Todo esto ha conducido a la frustración de la finalidad que la propia ley tenía, si tenemos en cuenta que prácticamente todas las demandas pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor de la ley habían sido interpuestas con anterioridad, ya que la ley de 12 de febrero de 1987 fijaba esta prórroga como última y definitiva.
Todo esto ha provocado, como decía, una grave inseguridad jurídica y, dado que no es seguro que pudiese proceder recurso de casación, se hace necesaria la modificación de la ley. También se da la circunstancia de que en numerosos casos se ha procedido, en décadas pasadas, a crear documentos que fueron elaborados con ocasión de reconocer situaciones de hecho surgidas casi siempre de la normativa sobre subrogación o cesión, con escaso rigor desde el punto de vista de la legislación, pero elaborados por la costumbre y siendo pública y pacíficamente aceptados por la sociedad rural en la que estaban insertos.
Tales documentos hacían tabla rasa o ignoraban su propio origen, silenciando cualquier referencia al inicio real de la relación arrendataria que, en la mayoría de los casos, era planteada ex novo.
También concurre la circunstancia de que, dada la antigüedad de la relación arrendataria, los terrenos objeto de la misma vienen siendo cultivados por personas subrogadas de hecho en el arrendamiento desde el momento del fallecimiento, de la incapacidad o de la jubilación del titular originario. En este caso, el pago se hacía por un ascendente y se venían abonando los tributos y las rentas.
En consecuencia --repito--, ha quedado frustrado el espíritu de la reforma y de las leyes y se hace más necesaria que nunca la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos para que cumpla

Página 1624


con su objetivo, sin que se sigan generando perjuicios en quienes pretendían resolver situaciones problemáticas.
Como decía al principio, no se nos escapa que nuestra propuesta puede y debe requerir modificaciones, modificaciones que, evidentemente, admitiremos en el sentido de mejorar la proposición de ley. Por eso decía que en este trámite no se pide el voto para el texto literal de la proposición de ley. Se pide el voto favorable para la toma en consideración de su tramitación parlamentaria. Por tanto, lo que debe quedar claro en el día de hoy es si existe la voluntad de afrontar la resolución de situaciones a las que antes me refería; es decir, sobre lo que debemos pronunciarnos es si consideramos, según la cita ya famosa, que existe un problema y que estamos dispuestos a resolverlo. Porque si algún grupo considera que no existe problema, o si, reconociendo su existencia, no entiende que éste deba resolverse mediante la modificación de la legislación, difícilmente podremos llegar a ningún entendimiento.
Pero si, como estoy seguro, la mayoría de los grupos de esta Cámara están convencidos de la necesidad de resolver una serie de situaciones caracterizadas, como decía, por su antigüedad en la propiedad y que se han venido sucesivamente debilitando por la carga del arrendamiento, si existe esa realidad, no debe ser ninguna complicación que hoy alcancemos el consenso y admitamos el inicio de la tramitación de esta ley, que todos juntos podremos modificar y todos juntos podremos mejorar.
En este sentido, estoy convencido de que hoy puede ser un día importante para un colectivo que lleva demasiado tiempo luchando por defender unos derechos, derechos que, a pesar de ser evidentes, están resultando muy difíciles de ejercitar. Esta es, como he dicho anteriormente, una de las más dignas funciones del Poder Legislativo: el perfeccionamiento dialéctico de las leyes para que cumplan con el objetivo social y de derecho para el que fueron creadas.
No quiero terminar sin repetir una vez más que la voluntad de nuestro grupo es alcanzar el consenso, de manera que cuando aprobemos definitivamente esta modificación legislativa no tenga otra paternidad política que la voluntad unitariamente demostrada del máximo de grupos de esta Cámara para hacer justicia, aunque sea ya con cierto retraso, y devolver a la ley su espíritu original.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Centella.
Turno en contra (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a manifestar brevemente la posición del Bloque Nacionalista Galego, favorable a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, referente a la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, porque también desde nuestro punto de vista es necesario modificar la ley actual, en el sentido de que se respeten con más claridad los derechos de los arrendatarios históricos, para facilitar el acceso a la propiedad de la tierra, en el caso de que lo deseen.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, obviamente, no creo que exista grupo alguno de esta Cámara que sea contrario al acceso a la propiedad por parte de los arrendatarios. Lo que pasa es que también conviene recordar el origen de la legislación de arrendamientos rústicos históricos, y debemos encuadrarlo en la Ley de Arrendamientos Rústicos, de 31 de diciembre de 1980, en la que se establecían diversas fórmulas de acceso a la propiedad: tanteo, retracto, derecho de adquisición preferente y, finalmente, el acceso forzoso. Y de lo que estamos hablando hoy es precisamente del derecho de acceso forzoso. Por tanto, creo que es conveniente perfilarlo de modo suficiente.
En segundo lugar, deberemos también señalar que la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no sólo contiene algunas disposiciones que podrían entenderse interpretativas, de cara a resolver conflictos de interpretación de las leyes en supuestos que difícilmente accederán al recurso de casación --y ahí si querría recordar al representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que ha defendido la proposición de ley--, que obviamente no es función preferente del Parlamento resolver todos los conflictos interpretativos, porque simplemente con el Código Penal y alguna disposición más no daríamos abasto en toda la legislatura sino que, además, contiene un nuevo supuesto de arrendamiento rústico histórico a los efectos del acceso forzoso a la propiedad, un acceso facultativo por parte del arrendatario y obligatorio desde el punto de vista del propietario arrendador.
Desde este punto de vista, no podemos dejar de sorprendernos de que S. S.
utilice la expresión inmemorial para hacer referencia a arrendamientos anteriores a 1960, porque obviamente no estamos hablando de los otros supuestos de arrendamientos anteriores a julio de 1889; no estamos hablando de supuestos de arrendamientos anteriores a abril de 1935; no estamos hablando

Página 1625


de arrendamientos anteriores a agosto de 1942. Creo que de arrendamientos anteriores a 1960 --si ponemos como fecha base los años 1959 o 1960-- podemos tener memoria casi todos los miembros de esta Cámara, por lo que difícilmente cabrá calificar de inmemorial estos arrendamientos.
De ahí que la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sea contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley, sin ignorar que pueda existir algún problema, sin ignorar que quizá tengamos que proceder a una revisión de la Ley de Arrendamientos Rústicos, pero entendiendo que las razones aducidas en estos momentos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no tienen en la modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos su mejor solución. Como muy bien sabe S. S., si hay posibilidad de especulación urbanística --y en este caso imagino que los beneficiarios serían los que sean propietarios ahora, o lo fuesen, si tomásemos en consideración esta proposición y deviniesen propietarios en virtud de la aplicación de esta ley--, instrumentos legales, jurídicos y hasta judiciales hay para evitarlos.
Sin embargo, en este momento, si acogemos el marco de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, insertamos estos elementos en la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, tengo que manifestar a S. S. que el cuarto supuesto que pretende introducirse no tiene identidad alguna de razón con los restantes supuestos que se encuentran consignados en la ley. Por lo demás, como decía anteriormente, si se trata de justificar el arrendamiento, de justificar la propiedad, testigos hay, gracias a Dios, y mucho ha aumentado la expectativa de vida en este país, para que se pueda justificar o acreditar quién era o no el arrendatario en 1945 o en 1949.
Por tanto, nuestro grupo manifiesta su intención de votar en contra --y antecedentes históricos los hay en Cataluña con la Llei de Contractes de Conreu, e incluso en su propia tierra, con algún ilustre democristiano, como fue Giménez Hernández--, pero manifestando que también estamos por la defensa de este acceso a la propiedad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Alberdi.


La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en torno a la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de los arrendamientos rústicos históricos de 1992, en cuanto al contenido del texto presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, hay que decir que existe un conflicto abierto en Málaga entre la empresa Larios y los colonos arrendatarios de sus fincas en el término municipal de Nerja y otros colindantes de la costa malagueña.
Ayer mismo el problema que se generó fue de orden público con intervención incluso de las fuerzas de seguridad.
El problema jurídico se centra en determinar si la relación arrendaticia colonos-Larios, en este caso concreto, puede tener la consideración de arrendamiento rústico histórico, de acuerdo con la citada Ley de 1992, de 10 de febrero. De ello, qué duda cabe, se ha hecho mención y todos lo conocemos, se derivan muchas ventajas: la prórroga automática hasta el 31 de diciembre de 1997, la opción de compra para el arrendatario, obligatoria para la propiedad y por un precio inferior al de mercado y, en su caso, una indemnización para el supuesto de que terminara el arrendamiento y no se quisiera optar a la propiedad. A esos beneficios ha aludido el representante de Convergència i Unió.
En la actualidad, ser o no arrendatario rústico histórico queda delimitado en esa ley y existen tres grupos claramente --uno de los cuales lo constituyen los anteriores a agosto de 1942--, y además de la antigüedad aparecen los temas relacionados con la acreditación, con el tracto sucesivo, es decir, con la continuidad en la relación arrendaticia, y, además, con la condición --a lo que no ha aludido el representante de Convergencia i Unió--, de cultivador personal. En cuanto a la antigüedad, hay problemas de acreditación; a veces no tienen los documentos, bien porque no existían y eran relaciones verbales o porque se han extraviado. Una vez que se acredita esa existencia del contrato, hay que acreditar la continuidad, el tracto sucesivo. Ya en el debate previo a la Ley vigente de 1992, se habló de la alternativa de la inversión de la carga de la prueba y también de la alternativa de delimitar zonas o censos específicos con algunos requisitos, para considerar que había algunas zonas que tenían que tener una consideración especial.
En cuanto a la continuidad de la relación arrendaticia, es decir, que hay que probar que los contratos traen causa de los iniciales, hay que reconstruir una cadena de subrogaciones y transmisiones por vía hereditaria en la que no haya ni cortes ni interrupciones, tarea que no es fácil, y luego aparece el problema de las cesiones voluntarias. La interrupción en la sucesión de la cadena arrendaticia hace perder esa condición de arrendamiento rústico histórico, pero las excepciones están previstas en la propia Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, cuando hay casos de enfermedad, en que se establecen unos requisitos y un plazo, o cuando se trata de cónyuges o descendientes, además de que puede haber una aceptación tácita. A mayor abundamiento, entra en lid otro tema, que es el cultivador personal, que está relacionado

Página 1626


también con esas ocasiones extraordinarias previstas en la ley por las que durante un lapso de tiempo y por enfermedad o circunstancias extraordinarias puede encargarse ese cultivo a otra persona y no se pierde la condición de cultivador personal.
Tengo que decir aquí, señorías, que en la zona donde están ubicados estos terrenos de Larios hay una tradición, hay algo que implica una cierta consideración relativa a un cierto foro que estaría ligado a una costumbre del lugar, en la que los colonos se consideraban más que arrendatarios y casi podríamos hablar de una semipropiedad en cuanto a la concepción de las personas del lugar. No quiero decir que la legislación vaya en ese sentido, pero sí que hay una tradición en la que pudieran, incluso, haberse producido cesiones en actuación de esa convicción.
En cuanto al tema del cultivador personal, que entra de lleno en la materia que nos ocupa, hay diferencias jurisprudenciales. Bien es cierto que no corresponde a esta Cámara resolver las distintas interpretaciones que los tribunales puedan dar a las normas jurídicas, pero sí es competencia nuestra ayudar con una norma clara, cuanto más clara mejor, a que esa interpretación de los tribunales se mueva en un marco de seguridad para las personas destinatarias de esas resoluciones.
En cuanto al tema del cultivador personal tenemos el caso de que muchos de ellos son jubilados o pensionistas de la Seguridad Social. Hoy ya hay doctrina consolidada, pero no era así hace unos años. Otro supuesto es el de compatibilizar el cultivo de la tierra con otro trabajo remunerado.
Aquí hay sentencias contradictorias. Hay casos muy claros que podrían estar en el supuesto y, sin embargo, no han podido hacerlo valer. Después está el caso del arrendatario que recibe ayuda para el cultivo de la finca. Tampoco aquí hay unanimidad en las resoluciones, siendo un supuesto, como he comentado antes, previsto en la Ley de arrendamientos rústicos bajo determinadas circunstancias o condiciones.
Nos consta que el Ayuntamiento de Nerja está trabajando en este tema. Es el más afectado, junto con Torrox y otras zonas de la costa malagueña. Es cierto que ellos buscan el objetivo de que ayudemos a la interpretación más segura para la resolución de los conflictos. También pretenden --es legítimo-- que haya una mayor generosidad en cuanto a la normativa aplicable a estos casos, porque hay ocasiones en que no se dispone de pruebas documentales que puedan ayudar a las presunciones legales.
También pretenden --y hay que comprenderlo-- que no haya una interpretación restrictiva por parte de los tribunales en cuanto al cultivador personal y, efectivamente, salvo en el caso de la Seguridad Social, la compatibilidad con la pensión, en los otros dos supuestos que he comentado la interpretación jurisprudencial, además sin doctrina consolidada, viene siendo una interpretación restrictiva.
Con estos precedentes, señor Presidente, señorías, no vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición presentada unilateralmente por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El Grupo Parlamentario Socialista se va a abstener en este trámite porque entiende que dicha proposición comprende una serie de modificaciones legales que no asumimos en su totalidad. Por tanto, entendemos que no debemos entrar en esa toma en consideración, sin perjuicio de que, como ha dicho el representante de Izquierda Unida, pudiera, en el trámite de proyecto correspondiente en Comisión, exponer cada grupo su postura y defenderla, pero entendemos que sería más positivo, si ello fuera posible, que todos los grupos parlamentarios llegáramos a un punto en común que nos permitiera, de una forma más ponderada --si fuera necesario con los informes jurídicos pertinentes-- adoptar una postura más consensuada. Eso lo hemos intentando y lo conocen los grupos parlamentarios. Hemos tenido ocasión también, con el Presidente de la Comisión de Agricultura, de atender a los representantes de los colonos de esta zona y de oír las distintas posiciones.
Desde luego, la Ley de 1992, que el Partido Socialista en su momento impulsó y para la que consiguió el apoyo de esta Cámara, fue una ley que dio solución a la mayoría de los problemas, a muchos temas que eran de enorme preocupación y que iban más allá de aquellos innegables, de tiempo inmemorial, casi, digamos, obvios, pero hay otros casos que, aunque no sean tan evidentes, también requieren un tratamiento específico y singularizado que merecen especial atención del legislador.
Quiero terminar esta intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, deseando lograr la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo en este tema, de poder obtener una postura consensuada de todos los grupos, anunciando a la Cámara la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a la proposición de ley que formula el Grupo de Izquierda Unida, dejando muy claro que no cerramos la puerta y que somos partidarios de llegar a una solución que resuelva esos casos que merecen también un tratamiento específico.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Alberdi.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre esta proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Hay que tener en cuenta a este respecto, señorías, que el artículo 1.º crea un nuevo apartado d), en el que se pretende extender la consideración de históricos a

Página 1627


los arrendamientos rústicos concertados con anterioridad a 1960 y, además, que sea el propietario quien deba demostrar que el arrendamiento no tiene la condición de histórico.
Sobre a quién debe corresponder probar la existencia o no de un contrato de arrendamiento histórico el Código Civil establece en el artículo 1.214 que la prueba en las obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento y la de su extinción al que se opone, debiendo ser, por tanto, el arrendatario quien debe acreditar la existencia del contrato entre las partes, invirtiéndose a través del contenido de la proposición de ley la carga de la prueba, tal como está regulada en nuestro ordenamiento jurídico.
En el artículo 1.º2 se da una nueva redacción y se declara, en primer lugar, que la condición de arrendamiento rústico histórico podrá acreditarse por cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Se entiende que se refiere a medios de prueba, y esta declaración reitera el contenido del actual apartado 2 del artículo 1.º de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, no añadiéndose, por tanto, nada nuevo en este punto a lo ya regulado. El párrafo siguiente establece una presunción legal a favor del arrendatario cuando en determinadas zonas conste que las tierras han venido siendo explotadas a lo largo de varias generaciones en régimen de arrendamiento.
La primera conclusión que cabe deducir de lo que aquí se pretende establecer es la inseguridad jurídica que podría crearse de aprobarse su contenido, dada la indeterminación de la que adolece y además la conculcación que se realiza, como he dicho antes, del artículo 1.214 del Código Civil, que establece el principio de la carga de la prueba.
El último párrafo de este artículo se refiere a que los ayuntamientos podrán declarar la existencia de zonas de arrendamientos rústicos históricos o bien podrán hacerlo las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas si el territorio de estas zonas es superior al término municipal de un ayuntamiento. Los ayuntamientos no son competentes para determinar lo que en la proposición de ley se pretende, ni tampoco las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas pueden establecer las limitaciones en el derecho de propiedad privada a que nos conduce el ejercicio del derecho de acceso a la propiedad en los arrendamientos rústicos, que únicamente podrán establecerse por ley.
El artículo 3.º crea un nuevo párrafo 3 en el mismo artículo 1.º de la Ley 1/1992 con la pretensión de declarar la compatibilidad entre la figura del arrendatario efectivo y una serie de circunstancias que regula en tres párrafos. Suponiendo que la proposición de ley se refiera al arrendatario, hay que trasladarse a lo que la Ley 83/1980 regula en su artículo 15, en la redacción que del mismo se hizo el año pasado en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y en el artículo 16 respecto a lo que la ley entiende por profesional de la agricultura y cultivador personal.
El artículo 4.º crea un párrafo 4 para establecer que la condición de arrendamiento rústico histórico no se perderá en el caso de concurrir alguna de las circunstancias que desarrolla. Respecto a lo que establece la letra a) es copia de lo regulado en el apartado 2 del artículo 1.º de la ley vigente. En la letra b) se recogen los supuestos de sucesión en los contratos de arrendamientos por fallecimiento del arrendatario, ya previstos en la Ley 83/1980, que la proposición de ley parece ignorar.
Por último, la letra c) recoge los supuestos de cesiones y se supone que de los derechos del arrendatario, que ya están resueltos en los artículos 7.º y siguientes de la Ley de 1980, declarándose la nulidad, con carácter general, de los actos que la realicen.
Por otro lado, el artículo 5.º da nueva redacción al apartado 1 del artículo 2.º y es reiteración, prácticamente, en su totalidad del apartado que pretende sustituir.
El artículo 6.º crea dos nuevas disposiciones adicionales. En la tercera se trata de reducir en un 25 por ciento la base imponible de los impuestos que afecten a los contratos de compraventa que se realicen como consecuencia del acceso a la propiedad. Por otro lado, hay que decir que la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, aprobada el año pasado, ya contempla importantes reducciones fiscales en las transmisiones de fincas rústicas en favor de los titulares de explotaciones prioritarias.
La disposición adicional cuarta establece la aplicación de la ley a todas aquellas situaciones jurídicas que no se hayan consumado o agotado judicialmente. Es difícil entender el alcance de la disposición cuando se refiere a situaciones jurídicas cuyos efectos no se han consumado.
Respecto a los supuestos en que hubiera recaído sentencia firme, tampoco es fácil de comprender a qué casos se refiere, toda vez que la proposición de ley, en su artículo 5, establece que los arrendamientos rústicos que pretende proteger deben estar vigentes a la entrada en vigor de la presente ley.
Señorías, en cuanto a la finalidad que dice perseguir la proposición de ley de evitar situaciones de inseguridad jurídica derivadas de la jurisprudencia poca esclarecedora de las audiencias provinciales, debemos poner de relieve que el Tribunal Supremo ha establecido una sólida doctrina, que ha venido a unificar la disparidad de criterios y las alegadas oscuridades respecto a la aplicación intertemporal de la normativa referente a arrendamientos rústicos históricos. Y no es suficiente alegar que existen diferentes criterios en las audiencias provinciales, sino que resulta necesaria su demostración, pues de la lectura de las leyes 83/1980, de 31 de diciembre, 1/1989, de 12 de febrero, y 1/1992, de 10 de febrero, no se puede deducir, sin más, que puedan dar origen a diferentes interpretaciones, y el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre algunos

Página 1628


de los aspectos controvertidos del juego interpretativo del bloque normativo. Curiosamente, la mayoría de las novedades que pretende introducir la proposición de ley han tenido su origen teórico en la doctrina del Tribunal Supremo. A modo de ejemplo, diré que la tesis de la compatibilidad entre las condiciones de arrendatario cultivador y la de jubilado o pensionista que se propone en el texto de la proposición de ley ha triunfado abrumadoramente, y esta misma situación jurisprudencial se reproduce en otras cuestiones que ahora se presentan como innovaciones de carácter interpretativo.
Por lo que se refiere al segundo argumento que motiva la proposición de ley, que es el de la seguridad jurídica, tampoco parece aconsejable tomar en consideración el modo en que se trata de defender desde el texto articulado que lo desarrolla. No se discute la necesidad de que el legislador, en ocasiones excepcionales, bien sea por un interés social prevalente, bien sea por una situación anómala de carácter transitorio, establezca una legislación excepcional, con fundamentos tuitivos, que venga a alterar la configuración clásica de los derechos privados. Cuando la proposición habla de seguridad jurídica, lo que busca es facilitar a toda costa, con el menor esfuerzo probatorio, el logro del acceso a la propiedad por el arrendatario, ampliando incluso los beneficios de esta norma excepcional a supuestos y situaciones que la anterior normativa no preveía y que se ha de suponer que no quería. En este sentido, la proposición de ley no sólo se aleja de la defensa de la seguridad jurídica, sino que fomenta precisamente lo contrario. Este factor de inseguridad se ve acrecentado ante las potestades que otorga a ayuntamientos y comunidades autónomas, en orden a crear presunciones válidas e indiscutibles en un procedimiento civil. Ni se regula el modo en que los expedientes han de tramitarse ni se asegura el carácter contradictorio de los mismos o un mismo trámite de audiencia de los propios afectados.
La ejecutividad administrativa se refiere exclusivamente a actos administrativos que tengan carácter de resoluciones y no a meras declaraciones de conocimiento. En este sentido, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, en multitud de sentencias, establecen la ejecutividad como la potestad de autotutela y autoejecución, genéricamente, de cualquier administración pública, con arreglo al artículo 103 de la Constitución. El resto de la proposición debemos valorarlo de forma negativa, desde el momento en que abre las vías a una casuística de prueba y de situaciones excepcionales que propician el desdibujamiento en los concretos límites de una norma excepcional como la que se trata.
Señorías, no quiero terminar sin antes decir lo siguiente. El representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Centella, ha pedido al principio de su intervención que se diga si se quiere o no modificar la ley y si hay voluntad de afrontar las soluciones de unos problemas. Pues sí, señor Centella, hay voluntad de modificar la ley, pero de una forma rigurosa y con datos, que faltan, de tal manera que esa voluntad sirva para afrontar las soluciones de los problemas que existen de manera real. Nosotros tenemos que decir que lamentarnos oponernos, a pesar de estar en la mejor predisposición para obtener un consenso, como en principio se había planteado, y estamos estudiando las modificaciones necesarias, de acuerdo con las situaciones reales existentes, no solamente aquellas a las que ya se ha hecho referencia aquí, sino otras a nivel del Estado español. Consideramos que los arrendamientos rústicos históricos constituyen una forma usual de explotación de la tierra en determinadas zonas y regiones y que no pueden liquidarse sin más mediante la lógica de la extinción del contrato por expiración del plazo de la opción, es decir, mediante lanzamiento de los arrendatarios --no estamos de acuerdo con eso--, que desde hace más de medio siglo ostentan como único medio de vida la titularidad de su derecho arrendaticio. Para ello consideramos que es necesario suministrar criterios interpretativos seguros para la resolución de los conflictos que más comúnmente se vienen planteando en la práctica judicial, en orden a la determinación de si una relación arrendaticia goza o no de la consideración de arrendamiento rústico histórico. También hay que mantener la definición...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Bueso, vaya concluyendo.


El señor BUESO ZAERA: Termino en seguida, señor Presidente. Hay que mantener la definición legal de arrendamiento rústico histórico contenida en el artículo 1.1 de la ley vigente, sin añadir ningún nuevo supuesto de arrendamientos rústicos históricos, para evitar la configuración de un nuevo gravamen de la propiedad, que probablemente carecería de la justificación constitucional de la que gozan los supuestos ya contemplados legalmente en el texto actual. Hay que acudir a la técnica de las presunciones legales contempladas en los artículos 1250 y 1251 del Código Civil y lograr así una mejor ponderación de la posición probatoria. Por otro lado, hay que poner el acento en el hecho de la continuidad del arrendamiento como tal, minimizando la importancia de frecuentes vicisitudes personales o jurídicas referidas a la resolución arrendaticia.
También tengo que decir que es preciso ponderar cuidadosamente la posición probatoria de las partes implicadas, y a este respecto quiero recordar la importante sentencia del Tribunal Supremo --y termino con esto, señor Presidente-- de 9 de marzo de 1992, que resuelve un supuesto en el que se discutió la calificación

Página 1629


de la relación jurídica en virtud de la cual el demandante, que ejercitaba su derecho de acceso a la propiedad, venía cultivando personalmente la finca litigiosa, y el actor no aportó prueba alguna del contrato inicial, es decir, del carácter arrendatario del contrato inicial, y no aportó tampoco documento acreditativo del mismo, ni siquiera la justificación fehaciente del pago de las rentas, y aun así el Tribunal Supremo admitió la procedencia del derecho de acceso a la propiedad al decir lo siguiente: En este tipo de arrendamientos antiguos, sujetos más bien a la tradición de cada región, el hecho cierto y probado de la cesión temporal de uso de los aprovechamientos de una finca en favor de un tercero tiene que conducir racional y presuntivamente a la existencia de un arrendamiento, mereciendo la posible calificación contractual diferente el concepto de excepcional y por tanto sujeta a la demostración de parte de quien alega.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Bueso, le ruego concluya.


El señor BUESO ZAERA: Por todo ello, señorías, y teniendo en cuenta todas estas consideraciones que he hecho en esta última parte de mi intervención, nuestro grupo va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición no de ley, pero en el bien entendido de que dejamos perfectamente claro que este tema no lo cerramos en absoluto y que volveremos sobre el mismo cuando se tengan los estudios correspondientes, con la rigurosidad que requiere una reforma de estas características, precisamente para resolver los problemas puntuales y reales que existen a lo largo de la geografía española.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Bueso.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 293; a favor, 26; en contra, 159; abstenciones, 108.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley debatida.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA, IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (PNV) Y COALICION CANARIA, SOBRE INICIATIVAS PARA LA CONSECUCION DE LA PAZ Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONFLICTO BELICO QUE SE MANTIENE EN LA REGION DE KIVU, EN ZAIRE (Número de expediente 162/000066)

El señor PRESIDENTE: Saben SS. SS. que se ha incluido un nuevo punto del orden del día que corresponde debatir ahora, que es la proposición no de ley sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire, formulada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida, Catalán, Vasco y de Coalición Canaria.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo brevemente para defender una proposición no de ley que cuenta con el respaldo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Robles.
Vuelvo a rogar silencio, especialmente a los Diputados que tienen por costumbre despachar en los pasillos del hemiciclo. Señor Isasi.
Puede continuar señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Como decía, señor Presidente, defiendo la posición de mi grupo en esta proposición no de ley relativa a la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en la región de Kivu, en el Zaire.
Permítanme, antes de explicar el sentido de la misma, recoger mi pésame, y el de mi grupo, por la atroz muerte de Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Angel Isla y Fernando de la Fuente, asesinados en el más noble de sus deberes, en la más hermosa y valerosa tarea de prestar ayuda humanitaria a nuestros compatriotas de la raza humana en esa tremenda zona de los Grandes Lagos.
La muerte de los padres maristas españoles demuestra trágicamente --pues no es la primera vez que algún misionero español sufre en su propia carne las consecuencias del odio étnico-- que incluso en las zonas más alejadas del mundo existen compatriotas nuestros, españoles de bien, que luchan por iluminar, con la luz de su verdad, el destino triste de sus hermanos y hermanas de Africa.
Es cierto que esas voces no han sido silenciadas y que es hoy la voz de esta Cámara, que recoge el clamor

Página 1630


unánime del pueblo español, la que nos da fuerza y coherencia en una acción de Gobierno, en una acción de Estado, que esperamos contribuya de forma decidida a solucionar, a traer la paz y a socorrer de forma urgente a aquellos millones de personas que sufren las consecuencias de un conflicto bélico, de un enfrentamiento armado, en el que, sin duda, la población civil es la más inocente de las víctimas.
El Gobierno español ha sido uno de los primeros que ha decidido instar al resto de la comunidad internacional a una acción urgente e inmediata, ha sido también uno de los primeros que ha comprometido fuerzas militares, que ha movilizado y preparado para el envío urgente a la zona de fuerzas militares, de soldados españoles, para garantizar la ayuda humanitaria internacional, para defender a la población civil, y para iniciar el proceso que lleve a una solución política definitiva.
Hoy mismo el Presidente del Gobierno instaba a los demás países de la comunidad internacional a movilizar y comprometer fuerzas de forma rápida y urgente. La urgencia es la palabra que define la situación, pero esta urgencia, este dolor y este clamor que hoy expresa mi grupo en esta Cámara, representante de la soberanía nacional, junto a los demás grupos proponentes, debe tener consecuencias prácticas, eficaces, que sin duda requieren esfuerzos complejos de organización y movilización. Estamos hablando, señorías, del envío de tropas españolas a una zona en guerra y, por tanto, de la puesta en peligro de vidas españolas en la más noble de las tareas humanitarias, en la más noble de las tareas internacionales, como es la defensa de la paz.
Es cierto que el primer objetivo, como es constituir una fuerza internacional con España, Francia, otros países europeos, Estados Unidos y otros países africanos, debe servir para garantizar el desarrollo y la seguridad de esa acción humanitaria; y que esa fuerza, con ese objetivo militar limitado, debe constituir una zona de seguridad y unos pasillos humanitarios que permitan lo que ahora es urgente y necesario, que es hacer llegar la ayuda internacional a los desplazados, a los refugiados en la zona de los Grandes Lagos. Para eso necesitamos y exigimos un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y necesitamos y exigimos, también, la aceptación de la organización de la Unidad Africana.
Poner en marcha una fuerza de esta naturaleza no es una tarea fácil.
Necesita mecanismos diplomáticos específicos de una gran capacidad logística y también del compromiso de naciones que hasta ahora no han mostrado clara y decididamente su voluntad de participar en esta causa.
Desde aquí lo reclamamos y consideramos que sin esa participación, sin la presencia de tropas de países tan importantes como los Estados Unidos, difícilmente podríamos socorrer con urgencia y hacer llegar ya la ayuda que reclama nuestra opinión pública y que necesitan más de un millón y medio de personas en la zona de los Grandes Lagos.
Pero enviar tropas españolas a una zona en guerra requiere objetivos políticos claros y definidos...


El señor PRESIDENTE: Señor Robles, le ruego vaya concluyendo.


El señor ROBLES FRAGA: Sí, señor Presidente.
Requiere un mandato claro, una buena estructura de mandos y una buena participación y presencia de medios logísticos. Es una operación compleja, pero estoy seguro de que en esa operación compleja y arriesgada, en la que participarán tropas españolas, contaremos con el respaldo unánime de la opinión española, con el apoyo del pueblo español y de la nación española y desde luego, una vez más, con la generosa participación de nuestras Fuerzas Armadas.
Como no es un decisión simple, creo necesario recordar que cuentan desde ahora con el apoyo de mi grupo y estoy seguro con el apoyo de los demás grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Robles.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la coincidencia de los grupos políticos en los objetivos que recoge esta proposición no de ley no debe ser motivo para reducir la importancia o el tono que requiere la aprobación de una resolución de esta naturaleza.
La tragedia que está teniendo lugar en Africa de la que hacen referencia los medios de comunicación y de la que se ha hecho eco desde esta tribuna el representante del Grupo Popular, no necesita mayores subrayados ni llamamientos a su importancia, ni tampoco debe llevarnos a la impotencia por la dificultad de una acción, conduciéndonos precisamente a la inacción, a la falta de reacción ante la complejidad del problema.
Quiero sumarme también al pésame a las familias y compañeros por la muerte de cuatro compatriotas, padres maristas, asesinados en medio de enfrentamientos étnicos y de países en el Zaire. Quiero recordar asimismo que hace poco más de un año, el 19 de diciembre de 1995, presentábamos en esta misma tribuna una proposición no de ley para combatir, para tomar medidas con relación al tráfico ilegal de armas en Ruanda y en los campos de refugiados de Goma. Entonces este portavoz decía que el objetivo de esa proposición --hace un año-- era tomar medidas preventivas que contribuyeran a impedir que estas situaciones volvieran a producirse porque la situación en esa región del mundo no estaba pacificada ni resuelta.


Página 1631


Me refería a los trágicos acontecimientos de la primavera-verano de 1994 y del silencio que le siguió en la comunidad internacional.
Una de las lecciones que debemos extraer ahora es la de no reaccionar sólo cuando nos lo indican las pantallas de televisión o los acontecimientos mediáticos, sino estar detrás de la realidad, de las causas y de las raíces de los problemas, para intentar, con el conjunto de la comunidad internacional, solucionarlo.
Esta proposición tiene cuatro objetivos. Uno, movilizar al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea para que, a su vez, presione al Consejo de Seguridad. Dos, apoyar la acción militar bajo mandato de Naciones Unidas y colaboración de la OUA como fuerza de intermediación.
Tres, colaborar en el diseño del plan internacional masivo de ayuda humanitaria y de emergencia. Cuatro, para no quedarse solamente en la coyuntura, buscar, a través de la convocatoria de una conferencia internacional de los Grandes Lagos propiciada por Naciones Unidas, una solución duradera de la situación en esa región del mundo.
España tiene una experiencia reciente importante en estas tareas de despliegue de fuerzas de paz en los últimos seis años. Desde 1989 a 1995, el Gobierno español ha enviado fuerzas con gran resultado a Namibia, Angola, Centroamérica --dentro de ella, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras--, Haití, Mozambique y Yugoslavia. No quisiera dejar de resaltar el papel de los militares españoles en esas misiones de paz, que significa ya una experiencia importante para contribuir a esa fuerza multinacional que puede estar conformándose.
Termino haciendo una observación final --porque, desde luego, este debate daría para mucho más, e invito además a los grupos a desarrollarlo en esta Cámara con el Presidente del Gobierno y con el Ministro de Asuntos Exteriores--, si me lo permite el portavoz del Grupo Popular, dentro de este ambiente de coincidencia y consenso. Creo que España no debe ir de la mano de Francia en una operación de este tipo. Una operación liderada por Francia estaría condenada al fracaso por la animadversión que despierta en la zona su apuesta por una de las partes, por los hutus, y por el Zaire, lo que ha provocado grandes resistencias en esa zona de Africa. Yo sé que no es la voluntad del Gobierno, que hace bien el Gobierno en buscar aliados y complicidades en esta operación tan compleja, pero debe ser liderado por el propio Consejo de Seguridad y por los países que realmente pueden hacerlo, que son muy pocos, junto con la colaboración de otros muchos, entre los que España debe estar en primera línea. Y por último, debe recabarse la participación africana, especialmente de países prestigiosos en el área como la República Centroafricana. El Gobierno contará con el respaldo, con el apoyo de este grupo para esa misión efectivamente compleja en cuanto a definición de objetivos, en cuanto a soluciones técnicas y en cuanto, sobre todo, a evolución futura, porque es muy fácil que la opinión pública, que es muy volátil, pueda oscilar desde una exigencia extrema para una intervención, a una crítica acerada en cuanto hay el menor error en una intervención que ya sabemos antes de que se produzca que es enormemente complicada y arriesgada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Yáñez-Barnuevo.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, ésta es una de aquellas ocasiones en las que uno se siente avergonzado de vivir en el primer mundo; avergonzado por distancia; avergonzado por sucesos; avergonzado por cinismos estructurales que están ocurriendo en el seno de lo que se viene eufemísticamente denominando comunidad internacional; avergonzado porque, a pesar de todo --en esta Cámara por hueco se denuncia este tema--, Zaire parece caernos excesivamente lejos, muy lejos. Zaire está más lejos que Bosnia, Zaire está mucho más lejos que cualquier nación con petróleo, con independencia de los kilómetros que la separen de la metrópoli, y Zaire y Africa aparecen tremendamente lejos de este país, de Europa y de toda la comunidad internacional.
En las columnas de los comentaristas, las que se están publicando en los medios escritos, sí trasparece esa emoción, esa solidaridad. Alguno da en la tecla superando el lenguaje político, el lenguaje algebraico que a veces aquí utilizamos, fundamentalmente en la Comisión de Asuntos Exteriores, con respecto a lo que es el lenguaje o el sentimiento diplomático. Por ejemplo, Vicente Verdú ha dicho que Africa está tan lejos que se la puede estrangular sin que se escuche un grito, puede desplomarse sin que las bolsas internacionales acusen la menor vibración.
Quizás exagera Verdú, porque lo que aquí aparece es un paréntesis, un cruce de violencia sin que nadie investigue qué es lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo. Se puso --y ha durado treinta años-- a un hombre de paja, Mobutu Sese Seko, cuya etapa se está empezando a superar, según dicen, pero quizás también se está esperando a negociar, porque la poca prisa de Francia, de los Estados Unidos o de otros países, donde quizás sí se mantengan ciertos criterios de bolsa con respecto a materiales y minerales que existen en esta zona de los Grandes Lagos, obedece a que están pendientes de esta situación.
El pueblo español sí tiene muy cerca el este de Zaire, la provincia de Kivu, Ruanda-Burundi, aunque muchas veces ni siquiera se sepan pronunciar los nombres. Las encuestas, el sentimiento popular en las calles dice que hay que ir, que hay que hacer algo, que

Página 1632


hay que impedir que se maten, que hay que impedir que intereses distintos estén enhebrando una situación donde posiblemente al cabo del día mueran más de 10.000 personas, hombres y mujeres, entre ellos españoles algunos.
Pero da igual, están en el bloque de los que mueren lejos, aunque para nosotros y para muchos españoles ya están empezando a morir muy cerca, según vemos a través de la pantallita de la televisión, mientras nosotros cenamos tranquilamente, muchas veces pertrechados por una conciencia histórica de la cosecha de mayo de 1968.
Habría que ir al fondo de la cuestión y habría que comunicar a los señores del Gobierno, cuando los vemos deambulando por el pasillo, que de verdad tomen esto con el interés que merece la situación, con la velocidad que esta situación demanda y con la ayuda y la participación española, al nivel humanitario y de solidaridad que demandan españoles y españolas; que no optemos por el ritmo, por el lenguaje, por el sentimiento frío y distante de la diplomacia en función de intermediarios como Francia y los Estados Unidos a los que les da igual que mueran 10.000 personas diarias si se soluciona, si se negocia adecuadamente la etapa posterior a Mobutu Sese Seko, que es lo que está ocurriendo realmente en este momento.
Desde hace más de diez días el coordinador general de Izquierda Unida mandó, concretamente el 2 de noviembre, una carta al señor Presidente del Gobierno instando esta velocidad de crucero solidario que no se está dando, para abrir pasillos, corredores por donde circule la solidaridad, para acordar un inmediato alto el fuego y también, indudablemente, para que se empiece a organizar una conferencia internacional que llegue a consecuencias a las que no se llegó en 1994 por estas razones que aquí insinúo. Si se hubiesen alcanzado acuerdos concretos y solidarios en la crisis, en la tragedia de 1994, ahora no estaríamos hablando en el mismo tono y con esta solidaridad, necesaria pero lentísima, a la que estamos asistiendo.
Señor Presidente, nos sumamos a esta iniciativa, a esta proposición no de ley, pero desde luego queremos que se impulse con la necesaria urgencia, que hasta ahora, por desgracia, brilla por su ausencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, creo que a nadie de esta Cámara le va a extrañar que hoy aprobemos por la vía de urgencia esta proposición no de ley que pretende dar salida, respuesta a una gravísima situación, la que se está viviendo en la provincia del Kivu en Zaire; al contrario, creo que hubiera extrañado que no lo hiciéramos, hubiera extrañado a nuestra opinión pública, que todavía no ha podido borrar de su mente las escalofriantes imágenes del genocidio que se vivió en Ruanda hace poco tiempo, en el año 1994. Y tampoco nosotros nos podíamos quedar cruzados de brazos, obligados como estamos, moralmente, a hacer lo que esté en nuestra mano para atajar la gravísima situación de padecimiento, la dramática situación que en este momento sufren miles de seres humanos en el corazón de Africa.
Los medios de comunicación han dado testimonio de cómo más de un millón de personas, muchos de ellos niños, vagan por inhóspitas montañas, sin comida ni agua, abrigo o medicamentos, víctimas del agotamiento, las enfermedades y las epidemias que se pueden cebar en ellos; para colmo, parece ser que el temido cólera ya ha llegado. Todo ello, como ha dicho algún anterior interviniente, no es más que la continuación de un drama que ya comenzó hace dos años, cuando cerca de dos millones de hutus ruandeses huyeron de las masacres que tenían lugar en su país e iniciaron un éxodo hacia Zaire, Burundi y Tanzania. Huían por miedo a las represalias del tutsi Frente Patriótico Ruandés, que asumió el poder después de la violencia desatada ese mismo año, en el que murieron, como saben SS. SS., cerca de un millón de personas, tanto de la etnia tutsi como de la etnia hutu.
Desde ese momento, se estableció un muy precario equilibrio en la zona, que no dejaba de esconder una delicadísima situación. La inestabilidad en que vivían los centenares de miles de refugiados en los campos zaireños hacía prever lo peor, abandonados del mundo y también del Gobierno del Zaire, Estado que, no está de más decirlo, tiene un Presidente, el señor Mobutu, que es uno de los hombres más ricos del mundo, como ha sido puesto de manifiesto también estos días por los medios de comunicación, que lleva una vida de dilapidación totalmente ofensiva para la miseria de su pueblo, todo ello con la connivencia de occidente, donde saben ustedes que posee grandes villas y, además, este señor ha ignorado la tragedia de los campos de refugiados que pervivían en el seno de su país.
Así nos lo habían advertido, señor Presidente, señorías, repetidamente los cooperantes españoles en el área, quienes han realizado, y continúan realizando, una encomiable labor. Yo me quiero sumar al homenaje de la Cámara a estas personas que están poniendo en peligro sus vidas; y muy especialmente quiero rendir homenaje, como han hecho anteriores intervinientes, a los cuatro maristas que lo han dado todo, que han dado su vida por los demás.
Un cualificado representante de la ONU afirmaba hace poco que parece --decía él-- que nada hemos aprendido desde que no se hizo nada para evitar la tragedia de Ruanda de hace dos años, y se refería al hecho de que la denominada comunidad internacional, es decir, el mundo, con occidente a la cabeza, tiende a curar, pero nunca a prevenir. Y añadía: Los europeos

Página 1633


tenían algo a probar en la antigua Yugoslavia, pero nadie tiene nada que probar en Africa, sólo Francia. Yo comparto estas afirmaciones, salvo en lo que se refiere a la consideración optimista de la para nosotros tardía intervención en Bosnia.
Una vez más, activa en las palabras, lenta en los hechos, la comunidad internacional asiste a una nueva crisis de esta zona y hay que hacer algo y, además, muy rápidamente.
Este y no otro, señor Presidente, señorías, como ya se ha dicho también por los anteriores intervinientes, es el sentido de esta proposición no de ley, la cual de inmediato pretende hacer una llamada de urgencia a la Presidencia de la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de la ONU para que adopten las iniciativas precisas para garantizar la protección de los derechos humanos en la región de Kivu y apoyar las acciones necesarias de carácter militar para garantizar la acción humanitaria internacional. Con vistas al futuro, la misma proposición no de ley nos propone que el Gobierno se comprometa a apoyar la celebración de la conferencia internacional de la región de los Grandes Lagos.
Por el momento, la Unión Europea ha dado luz verde a un presupuesto extraordinario de 25 millones de ecus para ayuda humanitaria, y también de momento sólo España y Francia han ofrecido fuerzas militares para apoyar esta acción humanitaria, aunque coincido con quien ha puesto en duda el carácter estrictamente altruista del ofrecimiento francés.
Ya no es momento de palabras, hacen falta hechos urgentes. Espero que el Gobierno español se haga eco del mandato de esta proposición no de ley --por tanto, del mandato de la Cámara-- y adopte una posición aún más protagonista en la resolución del conflicto. En este sentido, anuncio que tendrá todo el apoyo de este grupo parlamentario.
Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) también ha suscrito esta proposición no de ley. No vamos a redundar en los criterios que se han manifestado a lo largo de este debate porque compartimos la mayoría de los análisis que se han realizado. Nos alegramos de la diligencia y la prontitud con que esta Cámara ha reaccionado, pero, de la misma manera, nos extrañamos de que otras instancias no tengan la misma capacidad de reacción.
Quizá sea sencillo reaccionar con las palabras, que no es poco, señor Presidente, pero lo que queremos es que la parte de la proposición no de ley en la que se insta a otras instituciones a tomar la iniciativa se vea culminada en un plazo razonable de tiempo. Tal y como se indica en la misma proposición, existen múltiples referencias en relación a actuaciones humanitarias. El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) estima, señor Presidente, que a estas alturas y dadas las situaciones que estamos conociendo en estas zonas de Africa, sobran las palabras, hacen falta actos humanitarios muy razonables y hace falta, sobre todo, la coherencia personal y colectiva que lleve a que estas situaciones no se den.
Entendemos, señor Presidente, que se dan demasiadas palabras, demasiados discursos, demasiadas vanaglorias, demasiadas medallas en relación a estos planteamientos y que la construcción europea debe de conocer una situación de no fronteras. En un Estado donde se discute mucho sobre cómo y dónde se ponen o se deberían poner las fronteras, si deben de existir o no, asistimos a un debate en relación a la construcción europea donde se están poniendo demasiadas fronteras. Europa se está construyendo, en nuestra opinión, señor Presidente, con demasiadas fronteras. Queremos que este problema haga reflexionar también sobre cómo debe ser en el orden mundial, en el orden económico, en el orden de los derechos humanos y así poder ser sensibles a estas situaciones, que haciéndose insufribles desde la propia televisión, lo son, evidentemente, mucho más en la realidad de estos países.
Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), además de suscribir íntegramente esta proposición no de ley y de alegrarse por la prontitud con que esta Cámara reacciona ante una situación como ésta, insta a las demás instituciones que tienen otros medios, otros cometidos u otras funciones en relación a este tema a que con la misma prontitud sean capaces de solventarlo y hace un llamamiento a todos los ciudadanos a que más allá de palabras, sean coherentes con los hechos y que la construcción europea --debate que nos va a ocupar la tarde de mañana-- se realice con unas fronteras que den respuesta a estos países en vías de desarrollo y que la solidaridad sea real y no sólo nominal.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria también suscribe esta proposición no de ley en la misma línea de solidaridad, de cohesión con una idea común, de paz y de respeto a los derechos humanos como han hecho los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que me ha precedido en el uso de la palabra.


Página 1634


Queremos hacer la reflexión de que en esta zona se dan todas las circunstancias extremas de la condición humana, desde la generosidad de los misioneros que dan su vida, hasta el egoísmo de las empresas multinacionales que son capaces de transformar minerales estratégicos en el mercado de armas y de ejércitos profesionales de mercenarios. Que quede constancia de un apoyo político por nuestra parte en el Parlamento español, en esta línea de solidaridad. Pero pensando que toda intervención que tenga que hacer España para poder garantizar allí una ayuda humanitaria, a la vista de los tremendos problemas logísticos que hay allí, se haga en el marco supranacional máximo y no con operaciones bilaterales ni triangulares. El recuerdo que allí han dejado, en la zona de Ruanda, de Burundi, en las fronteras de Zaire, destacamentos militares belgas y franceses en épocas recientemente pasadas, desaconseja estas presencias.
Falla la capacidad de la unidad africana. La OUA debería ser el protagonista principal de esas líneas de garantía de pacificación y de distribución de la ayuda humanitaria y evitar que se conculquen con asesinatos, masacres y hambrunas, los más elementales principios de la vida humana.
Tenemos que presionar en el seno de la Unión Europea y en el seno de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, para que la fuerza que actúe tenga todas las garantías logísticas. Aquella zona es tremendamente difícil. Las fuerzas que se manden allí se pueden ver involucradas en un verdadero caos y en ese caos no podemos entrar. Entre todas las organizaciones internacionales hay que hacer un esfuerzo para que esa garantía se pueda llevar a cabo.
Valga aquí nuestra modesta palabra de testimonio y adhesión a las autoridades responsables y para que el mandato que le damos aquí al Gobierno español, pleno y de absoluta garantía, lo sepa administrar y aplicar, en colaboración con estos organismos internacionales, con las mejores líneas de generosidad pero también de prudencia y de tacto para evitar males mayores.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley que, suscrita por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y de Coalición Canaria, se ha debatido sobre iniciativas para la consecución de la paz y la protección de los derechos humanos en el conflicto bélico que se mantiene en la región de Kivu, en Zaire.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 285.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAN DE CHOQUE QUE LA DIRECCION GENERAL DE OBJECION DE CONCIENCIA PIENSA PONER EN MARCHA, SE CONTEMPLE, MEDIANTE ACUERDO CON LAS DISTINTAS CONCEJALIAS DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS, Y DENTRO DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA, LA ATENCION, POR PARTE DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA, A LOS MENORES AFECTADOS POR PROBLEMAS DE MARGINACION, MALTRATO Y REFORMA (Número de expediente 162/000056)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para que, dentro del plan de choque que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa poner en marcha, se contemple, mediante acuerdo con las distintas concejalías de asistencia social de los municipios, y dentro de la prestación social sustitutoria, la atención, por parte de los objetores de conciencia, a los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, cúmpleme, en nombre del Grupo Popular, defender la proposición no de ley que presentamos en su momento y que hoy se debate, que tiene por objeto instar al Gobierno para que, dentro del plan de choque que está elaborando la Dirección General de Objeción de Conciencia, la prestación social sustitutoria se lleve a cabo en el ámbito de la infancia marginada, en el ámbito de la infancia abandonada, en el ámbito de la infancia que entra en conflicto social.
Además, en ese sentido, el Partido Popular considera que esto debe llevarse a cabo en íntima colaboración con las concejalías de asuntos sociales de los ayuntamientos, y la razón es diáfana y contundente: los parlamentarios, humildemente, debemos considerar que nuestra labor legislativa, que tiene como finalidad modificar conductas o comportamientos, que tiene como finalidad encauzar la realidad, en muchas ocasiones no lo consigue y, por tanto, para que esta labor legislativa sea más eficaz, en ocasiones es necesario

Página 1635


que vaya acompañada de políticas gubernamentales, que vaya acompañada de movimientos sociales para poder alcanzar el objetivo que se fija en dicha ley. Si esto se hace en diferentes ámbitos, qué menos que se haga en el ámbito del menor que sufre abandono, que sufre desamparo. Aquí es mucho más necesario, es esencial el trabajo conjunto y articulado de todas las instituciones, de todo el Estado. (Rumores.) Por ello, para una mejor atención a la infancia, para un aumento de la calidad de las políticas sociales que a ello se aplican...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Barrios.
Señorías, guarden silencio. Gracias.
Puede continuar.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Decía que consideramos que debe ser el ayuntamiento, como administración más cercana a la familia y al menor, el que debe tener protagonismo en estas funciones. La experiencia nos enseña que por las diferentes noticias que nos ofrecen los medios de comunicación, por lo que nos dicen amigos, familiares y vecinos, se comprueba cómo los menores en determinados supuestos sufren abandono, desamparo, y en determinados momentos entran incluso en conflicto social. Y lo peor es que muchas veces les llega la solución sólo cuando se conoce la noticia, cuando se ha producido la alarma social. De tal forma que en muchas ocasiones comprobamos cómo el menor ha ido sufriendo este abandono durante años y cómo se ha producido esta desarticulación familiar sin que se le haya prestado la debida ayuda por las organizaciones gubernamentales.
Ello es lógico, puesto que a las Consejerías de asuntos sociales o a la Dirección General del Menor es difícil conocer el caso concreto del abandono, les cuesta dar una solución inmediata y hacerles un seguimiento en el tiempo para que estas situaciones anormales no las siga manteniendo la familia o el menor. Por eso nosotros consideramos que las Consejerías de asuntos sociales o las direcciones generales en un momento dado deben efectuar la fijación de elementos económicos y personales para llevar a cabo estas funciones, deben coordinar actuaciones, deben fijar criterios de actuación, pero deben ser los ayuntamientos los que den una respuesta idónea e inmediata a las diversas demandas y supuestos que se presenten con familias o menores en el territorio del municipio.
Aprovechando la elaboración del plan de choque por la Dirección General de Objeción de Conciencia, debido al gran número de objetores que están pendientes de realizar la prestación social sustitutoria y que, según se conoce, además está aumentando cada año en un 15 por ciento su número, consideramos que los objetores de conciencia pueden llevar a cabo colaboraciones sociales en programas elaborados por la propia dirección general para prevenir el absentismo escolar, para cooperar en tareas escolares, para integrar y recuperar a los menores en el medio escolar, para seguridad vial, para fomentar actividades lúdicas y deportivas en los tiempos postescolares, para acompañamientos preventivos o en actividades escolares, para colaborar en los patios, en los gimnasios, en los laboratorios de los centros escolares, para hacer tareas de sombra en tratamiento de drogodependencia, etcétera.
Piensen ustedes que todas estas actuaciones y esta iniciativa no es baladí. Es muy importante que se haga un control de la libertad vigilada.
Es importante que se ayude a las familias que tienen niños con enfermedades de larga duración, como el cáncer u otras análogas. Es necesario que se cultive la actividad cultural y de hobby de los menores.
Y quién mejor para eso que los objetores de conciencia, ya que la mayoría de ellos tienen una gran sensibilidad, están comprometidos, están preparados y muchos tienen una gran experiencia con organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo del menor y del adolescente. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Nosotros consideramos que esto se puede conseguir, sobre todo en base a tres finalidades. La primera, aumentar la calidad de vida de los menores a los que se aplica. En segundo lugar, incrementar la validez de los recursos que se aplican con un sistema personalizado e individual. Quizá la más importante de las funciones es ofrecer al menor una relación interpersonal, poniendo su énfasis en el carácter afectivo de la misma, de tal forma que consigamos en un momento dado incluso sustituir a lo que es el sistema familiar, cuando falle, y aumentar el troquelado afectivo del menor, intentando incluso que el menor se integre en el campo social y en el campo escolar con mayores éxitos y mayores garantías.
Aprovechamos la ocasión para manifestar que rechazamos rotundamente que se diga que estas actividades que van a llevar a cabo los objetores de conciencia suponen una intromisión laboral. No, señoras y señores Diputados. Lo que se pretende es que haya una intromisión familiar cuando lamentablemente al menor le falla su familia. Por ello hemos presentado esta iniciativa y pongo como ejemplo de la pretensión que se persigue el tema de la seguridad vial. No es cuestión de que un objetor de conciencia acompañe a un grupo de menores de su casa al colegio y del colegio a su casa. Lo que se pretende con esta iniciativa es que, a través del objetor, estos menores que van cogidos de la mano, de dos en dos, se sientan acompañados, se sientan queridos y sepan que existe una persona mayor que les acompaña, que tiene tiempo para ellos, que les está tratando en imitación a como lo hizo

Página 1636


con él su padre y que está pensando que así él tratará a sus hijos más adelante.
También como apoyo de esta iniciativa, contamos con la propia Ley 48/1984, Reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria que regula en su artículo 6.º.2.c), la consideración como sectores prioritarios para la prestación social sustitutoria las relaciones comunitarias, las relaciones familiares, la protección del menor y del adolescente, la prevención de la delincuencia, la reinserción del toxicómano, del alcohólico, entre otros.
Y no es sólo esto. El Secretario de Estado de Justicia, en su última comparecencia en el Senado del 17 de octubre pasado, lo recogía como objetivo concreto. También quiero recordar desde aquí las iniciativas que han presentado diferentes grupos, como la del Grupo Socialista cuando gobernaba en la anterior legislatura, que en el año 1994 su ministro lo recogía en una comparecencia, dando a conocer el plan de objeción de conciencia como objetivo de la misma.
Asimismo, tanto el Grupo de Izquierda Unida como el de Convergència, en determinadas iniciativas que han presentado para modificar la Ley 48/1984 recogían variaciones de la misma, pero no del artículo 6.º, lo que significa que están respaldando el contenido de este artículo, es decir, que el sector prioritario para las prestación social sustitutoria sea el de la infancia abandonada y maltratada.
Por todo ello, esperamos el apoyo de todos los grupos a esta iniciativa sobre todo porque, señoras y señores Diputados, esperamos que estos objetores de conciencia, con una preparación inmediata, puedan servir de columna de apoyo, a los operadores jurídicos, a los técnicos de tratamiento, a los educadores, a aquellos profesionales que trabajan en el campo social cuando lo necesiten, de tal manera que se pueda pasar de la letra de la norma a la realidad de la acción real, de la acción social, en este campo que es tan importante para todos nosotros y por el que estamos todos luchando dentro y fuera del Congreso, que es mejorar la situación de nuestros menores en España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Barrios.
Se han presentado a esta proposición no de ley dos enmiendas, una por el Grupo Parlamentario Socialista y otra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ante todo quiero adelantar que los objetivos que ha manifestado la señora Barrios como fines que pretende esta proposición no de ley, son difícilmente discutibles. Todos estamos de acuerdo en que es necesario mejorar la calidad de vida de los niños, especialmente la de aquellos que viven en condiciones más difíciles, o que es necesario favorecer sus relaciones afectivas. Por tanto, es una propuesta bien intencionada y aplaudimos esa buena intención.
Sin embargo, mi grupo presenta una enmienda que pretende sumar a esta buena intención del espíritu de la iniciativa unos términos más concretos, que la hagan más realista, más útil y más acorde con la ley.
Hablo en primer lugar de realismo, señorías, porque es difícil para un parlamento discutir sin tener una base concreta de discusión. El texto de la proposición no de ley habla de un plan de choque que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa poner en marcha. Realmente, ya desde el principio, nos surgen algunas dudas, dudas sobre si este plan de choque es presente o futuro, puesto que en el texto de la proposición no de ley se habla del plan que se piensa poner en marcha y en su exposición de motivos se habla del plan que recientemente se ha puesto en marcha.
Pero dejemos aparte estas cuestiones, porque es lo de menos. Aquí lo fundamental es que difícilmente puede el Congreso de los Diputados pronunciarse e incluir o excluir aspectos de un plan cuyo contenido desconoce, señorías.
De ese plan sabemos que hubo un texto --presentado, al parecer, por la Dirección General de Objeción de Conciencia, el pasado 24 de julio--, texto que, hasta hoy, no ha aparecido en sitio alguno o no ha estado al alcance, al menos, de los miembros de esta Cámara. Conocemos de él algunas referencias por intervenciones parlamentarias tanto de la Ministra de Justicia como del Secretario de Estado de Justicia, en el Senado, referencias que ciertamente son escasas y no pueden ser base suficiente para adoptar cualquier posición. En conjunto, lo más concreto que de ella se deduce es que se debe aumentar el número de puestos de actividad para realizar la prestación social sustitutoria y que se deben incluir en el reglamento del año 1995 los efectos de la Ley del Voluntariado.
Sin embargo, no sabemos qué medidas específicas contiene ese plan y en concreto, con relación a los menores, no sabemos si hay nuevas propuestas de empleo de objetores en campos distintos de atención a menores de los hasta ahora contemplados; si hay previsiones para financiar la formación previa de objetores, porque, señora Barrios, importante es la buena voluntad, importante es la formación general, pero más importante todavía, en un campo tan delicado como éste, es la formación específica en la actividad concreta que se va a realizar. No sabemos si hay las cautelas imprescindibles contempladas en él para que la puesta en marcha de ese plan no vaya en detrimento de la labor de los profesionales financiada por los poderes públicos. No sabemos, en fin, muchas cosas que es necesario saber para pronunciarse

Página 1637


con seguridad sobre la propuesta que hoy hacen ustedes.
Por ello, la primera parte de nuestra enmienda, una parte que a nuestros ojos es fundamental, pretende simplemente que esta Cámara, a la hora de decidirse, ponga los pies en la realidad y para poner los pies en la realidad es fundamental que el Gobierno informe ante la Comisión correspondiente, lógicamente ante la Comisión de Justicia e Interior, acerca de las medidas contempladas en este denominado plan de choque para la normalización de la prestación social sustitutoria.
Esta es la base de realismo de la que queremos y de la que consideramos imprescindible partir para llegar a cualquier resultado positivo. Pero junto a ella hablaba de que el texto de la proposición no de ley suscita a mi grupo alguna preocupación más, señorías, preocupaciones que nos impulsan a hacer algunas modificaciones que hagan el contenido de esta proposición más útil y más acorde con la ley, preocupaciones que por lo que deduzco de la lectura de la otra enmienda presentada a esta proposición no de ley son, en parte al menos, compartidas por el Grupo de Convergència i Unió que ha presentado un texto que también modifica la propuesta del Grupo Popular en un sentido bastante similar al nuestro. La propuesta del Grupo Popular reza así: Que se contemple mediante acuerdo con las distintas concejalías de asistencia social de los municipios la atención por parte de los objetores a los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma.
Tres son las preocupaciones que nos suscita este texto, señorías. La primera es la omisión de las comunidades autónomas. Es cierto, señora Barrios, tenía usted razón, que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, todos lo sabemos, pero también es cierto que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en protección de menores. Es cierto que han legislado en este campo; es cierto que están ejerciendo también su actividad administrativa en protección de menores y que en muchos casos tienen ya convenios firmados con la Administración central y están empleando objetores de conciencia en labores de este tipo. No quiero irme más lejos, pero sí quiero recordarles que hace muy poco tiempo, por ley, la Comunidad de Madrid ha creado el Instituto Madrileño de la Infancia, un instituto en el que ya están funcionando programas de protección de menores con objetores, mediante acuerdo con el Ministerio de Justicia, en concreto con la Dirección General de Objeción de Conciencia.
Nos parece, por tanto, que no es adecuado negar a la comunidad autónoma el protagonismo que tiene en la práctica esta proposición no de ley y que se las debe incluir.
Otra preocupación no menor nos la suscita la mención de los menores con problemas de marginación, maltrato y reforma. Empezaré por la menor de ellas, la que se refiere a los menores con problemas de marginación. Me imagino que SS. SS. están haciendo mención aquí de los menores que la Ley orgánica 1/1996 llama en situación de riesgo, aquellos menores que sufren algún tipo de desasistencia, de desatención familiar que no hace necesario retirar su tutela a la familia, pero sí posibilita la vigilancia y la intervención de las entidades públicas.
En realidad, el problema que aquí se le plantea a mi grupo es saber si hay alguna novedad en esta propuesta que ustedes hacen o se trata sólo de continuar en un campo más amplio los sectores de la actividad comunitaria familiar y de protección de menores y adolescentes que ya venían señalados como prioritarios por el artículo 6.º de la Ley de objeción de conciencia y que venían también contemplados en el plan de objeción de conciencia del Gobierno socialista, plan que, como bien señalaba S. S., fue acordado por el Consejo de Ministros y del que se informó públicamente ante la comisión correspondiente de esta Cámara, exactamente lo mismo que en este momento requerimos para este plan de choque que el Gobierno del Grupo Popular pretende.
Por otra parte, más grave todavía es la cuestión de los menores con problemas de maltrato y reforma. Si en el caso de la marginación el problema es saber si vamos a limitarnos a continuar alguna actividad o si vamos a establecer campos de acción nuevos y, de establecerlos, cuáles serán, que tampoco se especifica, en el caso de los menores con problemas de maltrato y reforma tememos que, tal como está redactada la proposición no de ley, la actividad que en ella se pretende para los objetores pueda incidir en una tarea que es especial responsabilidad de la Administración pública y que debe encomendarse a personal también especializado.
Señorías, los niños en situación de desamparo --y muy probablemente lo serán los menores maltratados-- son aquellos en los que la comunidad autónoma debe asumir la tutela; los niños sometidos a las medidas de reforma de la Ley orgánica 4/1992, son aquellos que requieren una especial atención, seguimiento y vigilancia por parte de la Administración pública. Nos parece que estos dos ámbitos exceden claramente el de los servicios sociales comunitarios que contempla la Ley de objeción de conciencia. Creemos que rozan el ejercicio de la autoridad pública y que este ejercicio lo debe llevar a cabo la Administración directamente a través de sus órganos. No creemos, por tanto, que este sea un campo adecuado para la actuación de los objetores de conciencia. Con toda serenidad se lo digo, señoría.
Por ello, presentamos una enmienda que pretende delimitar, acotar mejor el campo de trabajo de los objetores; ser más realista y ser también más ajustada a los principios que enunciaba la Ley de objeción de

Página 1638


conciencia de 1984, que hasta el momento no han sido discutidos, y reconducir el trabajo de los objetores a un campo más eficaz.
El texto de la enmienda en este segundo apartado diría así: Se insta al Gobierno a que impulse los correspondientes convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos para la creación de nuevas plazas de prestación social sustitutoria en los servicios sociales y, en particular, a los que afectan a la acción comunitaria familiar, protección de menores y adolescentes.
Esta es, en definitiva, la posición de nuestro grupo, señoría: aplaudir la idea que da origen a la iniciativa, observar en ella serias deficiencias, técnicas algunas, de falta de información otras que, con la enmienda que hemos presentado y que esperamos que sea aceptada por el Grupo Popular y por el resto de la Cámara, pretendemos subsanar.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Del Campo.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Esta Cámara va a tener hoy el primer debate en esta legislatura, un poco en profundidad, respecto a los problemas reales que existen en relación a la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria.
Este es un ámbito que nos podría parecer cerrado, en la medida que políticamente se ha acordado tomar hacia la supresión del servicio militar, cerrado en sus aspectos legislativos, cerrado en sus aspectos de administración y de gestión, pero es evidente que este ámbito hoy no está cerrado. No lo está porque el proceso de la supresión del servicio militar no es inminente, por lo que debemos procurar que en ese avance hacia la supresión de la mili todo aquello relacionado con la objeción de conciencia y con la prestación social sustitutoria responda a parámetros que tengan sentido. Por consiguiente, es bueno que se produzca este debate y agradecemos al Grupo Parlamentario Popular que haya traído esta proposición no de ley al ámbito del Pleno con toda su trascendencia política.
Para nosotros este ámbito ni ahora ni antes se ha enfocado bien por parte de los diferentes gobiernos de la Administración central. Nuestra tentación hoy podría ser convertir esta proposición no de ley en un debate general sobre la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Pero no lo vamos a hacer. Nuestro grupo parlamentario tiene presentada una proposición de ley que va a ser debatida en el Pleno de la Cámara próximamente. También tenemos planteada una petición de comparecencia del Director General de Objeción de Conciencia y Prestación Social Sustitutoria para conocer, entre otras cosas --como señalaba también la señora Del Campo--, el plan de choque, plan de choque del que hemos tenido noticia por algunas conversaciones informales y por las referencias que se han hecho de él en los medios de comunicación.
Nuestro grupo ha presentado enmiendas, algunas de ellas, como también se decía, coincidentes con las presentadas por el Grupo Socialista. Y, ¿por qué hemos presentado estas enmiendas? Esta proposición no de ley adolece del conjunto de defectos del que en general, con este Gobierno y con el anterior, adolecían todas aquellas cuestiones relacionadas con la objeción y la prestación social.
Existe una presión producida por el creciente número de objetores de conciencia que lógicamente motiva a los gobiernos para intentar superar el colapso que existe con la creación masiva de plazas de la PSS. Hoy nos encontramos con que muchísimas plazas creadas desde esta voluntad de resolver el colapso que existe en el ámbito de la prestación social son plazas que adulteran el concepto que va ligado a la objeción de conciencia. Son plazas que simplemente responden a la necesidad de superar el pressing que existe, pero que se alejan totalmente de los objetivos iniciales que provocó en su día la incorporación del derecho de objeción de conciencia a la Constitución. Existe un pressing al que se ha dado una respuesta que, entendemos, no es eficaz, que adultera lo esencial de la objeción de conciencia. Además, en numerosas ocasiones con la creación de estas plazas de la PSS lo que se está intentando es resolver un mal funcionamiento de los servicios de las administraciones, ya sean de la central, ya sean de las nacionales o autonómicas, ya sean de las locales. El mal funcionamiento de los servicios sociales no debe ser cubierto con una actuación desde la objeción de conciencia. Estamos adulterando el sentido que tenía la objeción de conciencia.
Este tipo de actuaciones a menudo supone el riesgo de no saber distinguir lo que es un puesto de trabajo de lo que debe hacer un voluntario o un objetor de conciencia. Son plazas que frecuentemente no están desarrollando todas las potencialidades que tiene la objeción de conciencia. Sinceramente, cuando se dice que vamos a resolver los problemas de la objeción de conciencia movilizando a cientos de jóvenes mediante organismos públicos dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, me parece que se está pervirtiendo el origen de este derecho que existe en nuestra Constitución. Además, planteamos el trabajo de los objetores de conciencia en muchas ocasiones en ámbitos donde no pueden desarrollar con eficacia sus funciones. Es evidente que si hay un ámbito en el no es posible actuar es el que se marca en la proposición no de ley, el de los jóvenes en proceso de reforma. Me parece que

Página 1639


es un tema suficientemente complejo que ha de quedar exclusivamente en manos de los profesionales.
Con sinceridad, nuestra tentación inicial en función de estos parámetros hubiese sido votar en contra de esta proposición no de ley, pero coincidimos en una afirmación que hacía la señora Del Campo. Además, por las conversaciones telefónicas y personales que hemos tenido con la Diputada proponente sabemos que esta iniciativa responde de buena fe a la necesidad de afrontar una problemática que existe y en la que se cree honradamente que el trabajo de los objetores de conciencia puede tener sentido.
Esto es, de alguna manera, lo que motiva presentar esta enmienda, que responde a diversos parámetros. Un primer parámetro es el artículo 9.º del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que da competencia exclusiva a la Generalitat de Cataluña en materia de asistencia social y juventud; otros estatutos de autonomía, antes lo comentábamos con los compañeros del Grupo Nacionalista Vasco, también reconocen esa competencia exclusiva.
Nos parecía que el texto que proponía el Grupo Popular no era sensible con esta realidad, y tampoco lo es con la realidad que hoy se plantea, que es un elemento de polémica en relación a este hipotético plan de choque, como es el papel que van a jugar en el futuro las comunidades autónomas en el ámbito de la prestación social. Nosotros entendemos que aquello que referencia a la PSS debería ser traspasado plenamente a las comunidades autónomas que así lo quisieren, y en nuestro caso queda muy claro que nuestro gobierno, el gobierno catalán, debería asumir la capacidad de organizar en su ámbito territorial todo lo que está relacionado con la PSS, y nos parecía que el texto que nos proponían no respondía a esto.
Por tanto, la enmienda que planteamos acota los ámbitos específicos en los que nos parece que puede tener sentido una actuación --la infancia y la adolescencia en riesgo es un ámbito suficientemente amplio, pero no incluye los supuestos de adolescentes o jóvenes en procesos de reforma-- y determina exactamente el ámbito competencial, el que ya establecen las normas y el que, a nuestro entender, deberían establecer en el futuro.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, al menos el primer punto, a mi grupo le parece que podría ser perfectamente asumido por el Grupo Popular. Creo que dentro de quince días, en la Comisión de Justicia, va comparecer el Director General de Justicia para hablarnos de estas cuestiones, a petición precisamente de nuestro grupo, y entendemos que no haría ningún daño que el Pleno del Congreso de los Diputados también se pronunciase en este sentido. En todo caso, está en manos del Grupo Popular aceptar o no esta enmienda.
Para terminar, señorías, insistiendo en que reconocemos la buena voluntad del Grupo Parlamentario Popular al presentar esta iniciativa y agradeciendo la oportunidad de mantener hoy este debate en el Pleno, queremos dejar constancia de dos ideas. Primera idea: No pensemos que los problemas de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria los vamos a solucionar creando cientos de miles de plazas de la PSS vinculadas a la Administración pública. Nos equivocamos. Es necesario que el Pleno tenga presente que hoy, en muchas zonas del Estado, están pasando cosas que nos deben hacer reflexionar. Por ejemplo, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios, hoy, ya están recomendando a sus ayuntamientos que disminuyan paulatinamente las plazas de la PSS. Tengamos presente que el Gobierno no debe obsesionarse con la creación de plazas de la PSS desde las administraciones públicas, porque eso no va a solucionar los problemas.
Segunda idea: Que nadie nos obsesionemos con solucionar los defectos de nuestros servicios sociales, las carencias de nuestro Estado del bienestar con esa movilización masiva de la gente que opta por el derecho constitucional de la objeción de conciencia.
Desde esta posición, esperamos que el Grupo Popular asuma nuestras enmiendas. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, sobre atención, por parte de los objetores de conciencia, a los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma. Después de la intervención de la señora proponente, la verdad es que yo me quedo aún más confuso respecto a lo que pretende realmente esta proposición no de ley, porque no sabemos si trata de pasar las competencias sobre menores a los ayuntamientos o si los objetores son el puntal básico a utilizar para tratar estos temas. En fin, yo me quedo preocupado porque no sé lo que realmente quieren proponer.
En todo caso, a mí me parece que, a lo largo de la exposición de motivos de la proposición no de ley y en su formulación, sí que aparecen algunas cuestiones preocupantes, al menos desde nuestro punto de vista. Yo no sé si efectivamente ésa es la intención, pero a mí me parece ver un cierto retintín en la tal exposición de motivos cuando se define a los objetores de conciencia como personas con una gran sensibilidad, personas que tienen mucho que ver con la marginación o personas que son muy sensibles al maltrato y la marginación infantil. Yo creo, señoras y señores Diputados,

Página 1640


que los objetores son tan o tan poco sensibles a este tipo de problemas como los demás ciudadanos. Más adelante se nos dice que el trabajo de ayudar a los menores con estos problemas es una tarea muy difícil, que no es nada simple, pero parece ser que los objetores de conciencia jugarían un papel fundamental en la resolución de este tipo de problemas. Por tanto, no sabemos qué es exactamente lo que propone el Grupo Popular, pero en todo caso quisiera hacer algunas consideraciones.
Para empezar, sobre los objetores de conciencia conviene decir que el objetor es aquel que no quiere realizar el servicio militar obligatorio por motivos de conciencia --lo que no quiere decir que tenga, como decía antes, ni más ni menos sensibilidad sobre ciertos problemas que la que tenga cualquier otro grupo de personas-- y que por ley tiene que realizar la prestación social sustitutoria, es decir, realizar alguna tarea útil socialmente. Eso es así, pero lo que no parece razonable es que cada vez más se tienda a encomendar a los objetores tareas para las que no tienen la formación adecuada y menos aún, a pesar de lo que mencionó la señora proponente, a que ocupen puestos de trabajo que debían cubrir aquellas personas que sí cuentan con la formación que se precisa. Los objetores, por tanto, mientras la ley no cambie, podrían realizar tareas de voluntariado social, pero siempre como acompañantes y no como elementos fundamentales para tales prestaciones.
Al Bloque Nacionalista Galego le parece que los problemas de los menores son algo serio, que no se solucionan con la vía que parece proponer el Grupo Popular en esta proposición no de ley y que se necesitan políticas concretas, claras y globales que, desde nuestro punto de vista, exceden el marco municipal, a pesar de que quisieran llevarse desde ese marco, y que además, aunque por encima, en estos momentos, son políticas asumidas por las comunidades autónomas, necesitan de profesionales y medios adecuados para llevarlas a cabo.
Cuando hablamos de problemas de marginación de los menores se supone que hablamos de problemas de menores que viven en un medio marginal, y pensar que el problema de estos menores, aunque se pueda salvar en cierta medida, se soluciona llevando un montón de objetores para acompañarlos por las calles de la manita y así sustituir a su papá, me parece mucho, por decirlo de una manera liviana. Yo creo que, si viven en un medio marginal, habrá que actuar sobre ese medio en el que viven y hacer políticas adecuadas de vivienda, trabajo, educación, etcétera, que ayuden a superar esa marginación que padecen, y no pensar que la cosa se soluciona por cuestiones de afecto, que son importantes, naturalmente, pero me parece que no serían lo fundamental.
En estos medios tienen que actuar servicios sociales con capacidad profesional para este tipo de situaciones, programas que a veces conducen a que haya que llevar a los menores a algún tipo de institución o al programa de acogimiento familiar. Por tanto, nos parece que, por mucho que se diga que metamos en estos campos a objetores de conciencia rebosantes de sensibilidad, se resuelve poco esta situación.
Pero ya cuando hablamos de menores maltratados nos parece aún más descabellado lo que se nos está proponiendo, porque estamos refiriéndonos a menores maltratados, que es un problema realmente grave. Cuando un menor sufre un mal trato por parte de sus padres naturales o por las personas bajo cuyo cargo está, es evidente que necesita una intervención profesional cualificada. Los servicios sociales o cualquier otra persona a nivel individual, si detectan un caso, lo ponen en conocimiento de quien corresponda. Ahí interviene naturalmente Protección de Menores, y las comunidades autónomas asumen entonces la tutela de esos menores.
Normalmente esos menores ingresan en un centro especializado y ahí existe personal cualificado que trabaja con la familia, que puede iniciar un proceso de reeducación para intentar que el menor vuelva a su medio natural si las condiciones lo permiten, y si no lo permiten y la relación está muy deteriorada estos menores serán adoptados o pueden permanecer en esos centros hasta los dieciocho años.
Es evidente, por tanto, que este tipo de tareas tienen que asumirlas las comunidades autónomas, por mucho que haya colaboración de los servicios sociales de los ayuntamientos. Yo creo que tampoco sirve para resolver la cuestión decir que muchos objetores de conciencia, muy sensibles ellos, se van a dedicar a este tipo de problemas, porque realmente se necesita personal especializado, como decía, y recursos materiales. Lo mismo podríamos decir de los problemas de los menores condenados --entre comillas-- por un juzgado de menores cuando cometen un cierto delito, porque ahí habría que preguntarse quién hace el seguimiento de estos menores, y me parece que lo fundamental tendría que ser realizado por personal especializado y equipos cualificados.
En todo caso, nos parece preocupante lo que, a lo mejor sin ser la intención, sí esconde la filosofía de esta proposición no de ley, que nosotros evidentemente votaremos en contra porque nos parece confusa en sus planteamientos, ya que de alguna manera --y ya sé que seguramente no es la intención-- yo creo que frivoliza sobre la atención a los menores y también, desde nuestro punto de vista, mantiene conceptos erróneos sobre la función de los objetores de conciencia a la hora de realizar la prestación social sustitutoria. Pero mucho nos tememos que, a lo mejor, trasluce intenciones del Partido Popular, desde nuestro punto de vista poco deseables, ya que bajo el pretexto de fomentar el voluntariado social, esta vez a través de los objetores de conciencia, puede ser que se esconda, yo no digo

Página 1641


que sea, empezar a disminuir el gasto reduciendo el personal especializado y los servicios sociales en su conjunto, para volver a aquella concepción caritativa de esos servicios, tan necesarios en una sociedad tan desigual como la nuestra, pero que no es el modelo deseable.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre la atención por objetores de conciencia a los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma.
Nuestra posición, como no podía ser de otra manera, es apoyar la intencionalidad de la proposición no de ley. Entendemos que todos los recursos que podamos orientar a mejorar los problemas de nuestros menores marginados, bienvenidos sean. Creemos que es positivo que la Dirección General de Objeción de Conciencia haya puesto en marcha un plan para dar respuesta al aumento de los casi 40.000 objetores hasta finales del año 1996. Es importante porque es lamentable que se desaproveche, dentro de la prestación social sustitutoria, el potencial de unos recursos humanos tan importantes que además suelen tener un alto grado de formación.
En cualquier caso, para conseguir los objetivos que persigue la proposición no de ley y partiendo del respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas, entendemos que se requiere precisar las condiciones en las que se debe desarrollar el servicio que, a nuestro juicio, al menos, deben ser: Primero, si se ejerce en programas estructurados, dentro del plan de actuación de la red básica municipal, estará integrado en un equipo de intervención, bajo la responsabilidad del coordinador o director del servicio. Segundo, si se ejerce en programas específicos, en la red especializada, estará inserto en el plan de menores de la entidad pública competente en la materia, ejecutando tareas determinadas, adjudicadas por el coordinador o director del servicio o formando parte de un equipo e integrado en la dinámica del mismo. Tercero, en ningún caso deben admitirse actividades en solitario que no estén insertas en la planificación de menores de los organismos públicos competentes en la materia. Cuarto, el contenido de la tarea le vendrá dado por el responsable del área o por aquel en quien éste delegue. Quinto, la actividad deberá ser supervisada por el responsable del programa. Sexto, habrá una evaluación periódica y otra al final del término de la prestación, y séptimo, se iniciará con un acuerdo firmado sobre las condiciones de la prestación.
Entendemos que éstas son, al menos, las condiciones en las que se debe prestar el servicio, para que no quede esta proposición no de ley como un mero gesto oportunista de cara a la galería o para que la eficacia de la misma no quede en papel mojado.
En cualquier caso, con respecto a las enmiendas presentadas, estamos de acuerdo con la presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y entendemos que el Grupo Popular también debería aceptar la presentada por el Grupo Socialista, que lo que significa es clarificación y precisión con respecto al objetivo que persigue el ministerio correspondiente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco con relación a la proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento.
Yo quiero reconocer la buena voluntad del grupo proponente, pero ésta es una cuestión totalmente ideológica y no escapará a SS. SS. que el Grupo Vasco aspira a tener un ejército profesional lo antes posible. Con motivo de un debate en esta Cámara hace dos meses también de una proposición no de ley, indicábamos que ésta es una cuestión de voluntad política y que para nuestro Grupo no hay otras razones más que las avalen el que antes de que finalice el siglo tengamos un ejército profesional. Con ello desaparecería el servicio militar obligatorio y, por tanto, la prestación social sustitutoria.
Tampoco escapa a SS. SS. que los objetores de conciencia no son voluntarios del trabajo social, sino que es algo que está impuesto precisamente por una prestación social sustitutoria que, como indica la palabra, sustituye al servicio militar obligatorio.
Los servicios sociales, y sobre todo los servicios sociales especializados, que deben dar una respuesta --y en este caso se está planteando relacionada con los menores en situación de riesgo--, necesitan de profesionales también apoyados por el voluntariado social, pero no por otras personas o por otros apoyos que no son voluntarios.
Precisamente nosotros hemos defendido, a lo largo de varias legislaturas, que los objetores de conciencia no pueden cubrir puestos de trabajadores especializados en el campo de lo social.
Por otra parte, también quiero indicar que en nuestra comunidad autónoma vasca casi todos los ayuntamientos han decidido no colaborar ofertando plazas de prestación social sustitutoria para los objetores. Y

Página 1642


éste no es un capricho de las corporaciones municipales, sino que viene avalado por la mayoría de los objetores del País Vasco. Por eso yo quiero ser coherente con lo que defendemos en nuestros ayuntamientos en la comunidad vasca y precisamente por eso anuncio el voto en contra del Grupo Vasco a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fijamos nuestra posición manifestando de entrada --y no queremos incurrir en hacer ningún juicio de intenciones-- que tenemos una seria duda en si lo que preocupa al Grupo Popular es la situación de los menores maltratados, marginados y en abandono, o si lo que le preocupa de verdad son los 40.000 objetores de conciencia. Yo creo que lo que le preocupa son los 40.000 objetores de conciencia. Y si lo que le preocupa es eso, tiene muchos mecanismos para solucionar este problema, pero no hacer un uso de los mismos como si fueran algo así como válidos para todo, porque por las mismas razones por las que se pretende tirar de ellos para el cuidado de los niños maltratados, marginados o en proceso de reforma, se les puede utilizar para combatir los incendios forestales, en algunos momentos incluso para procurar evitar los embotellamientos en carretera y, si se quiere, para otra clase de faenas, todas ellas absolutamente laudables. Por tanto, vamos a tener un poco de rigor, porque en esta clase de temas no es bueno el voluntarismo y menos aún el paternalismo.
Los objetores de conciencia pueden ser unos señores absolutamente respetables, pero puede ocurrir que no estén dotados para ninguna clase de actividades de este tipo.
En consecuencia, a la luz de esas consideraciones, cuando examinamos su proposición no de ley tuvimos la intención de enmendarla, añadiendo, a la expresión de por parte de los objetores de conciencia, el inciso de que tengan capacitación para, y añadiendo in fine a la proposición no de ley: siempre bajo la responsabilidad de las instituciones legalmente responsables de su guarda, tutela y cuidado. Sin embargo, cuando ya teníamos redactada la enmienda y llegó el momento de presentarla, nos dimos cuenta de que si efectivamente se trata de objetores de conciencia capacitados para este trabajo, y se trata además de llevar a cabo el mismo con las instituciones legalmente responsables para ello, no hace falta la proposición no de ley ¿Por qué? Porque ya está absolutamente regulado. Muchos objetores de conciencia ya tienen el ofrecimiento de puestos de trabajo para llevarlo adelante bajo la dependencia de los ayuntamientos y bajo la dependencia de las comunidades, con lo cual no hace falta para nada. ¿De qué se trata en esta proposición de ley? ¿De que se cumplan las leyes? En eso estaremos absolutamente de acuerdo. Pero la proposición de ley, tal como viene redactada, se presta incluso a equivocaciones, porque no es lo mismo una llamada de atención a la responsabilidad municipal o a la responsabilidad de las comunidades que establecer un tratamiento de determinada clase de convenios, cuando además en la proposición no de ley no se dice que van a ir acompañados de la suficiente transferencia de medios. Y sabe S. S. que en muchísimos supuestos municipales no se pueden acometer estas responsabilidades, precisamente por la carencia de medios de la mayoría de nuestros municipios. En todo caso, hay que tener mucho más cuidado, porque meter en el mismo saco a los menores marginados, maltratados o en proceso de reforma, es equivocar, cuando precisamente estas tres situaciones están contempladas legalmente con una especificidad para cada una de ellas.
Hay que tener un respeto absoluto a la responsabilidad judicial y a la responsabilidad de las comunidades en este tema. No es un caso de voluntarismo. Por ello, si como consecuencia de la asunción de las enmiendas no queda perfectamente claro que no hay la menor intromisión en lo que es facultad de los ayuntamientos, no queda perfectamente claro que se respeta, y no sólo se respeta sino que se incide en la responsabilidad de las comunidades autónomas, y no queda también perfectamente claro que se tratará de aquellos objetores que, voluntariamente y teniendo capacitación para ello, estén dispuestos a llevarlo adelante, nos tendríamos que ver obligados, aunque parezca que ello no genera una buena imagen, a votar en contra por un elemental rigor. No nos parece que éste sea un tema con el que se puedan hacer resoluciones fáciles y de momento muy espectaculares, pero que son absolutamente peligrosas.
En todo caso, acabamos, señor Presidente, pidiendo al Grupo Parlamentario Popular, porque le sobran facultades para ello que, si está preocupado por los 40.000 objetores de conciencia, empiece a preocuparse de entrada por aquellos que siendo objetores de conciencia y a lo mejor con enorme capacidad técnica para preocuparse de estos temas, son insumisos, a los que seguimos todo los días, y se ha llamado la atención suficientemente para ello, privándolos de libertad y colocándolos en situación de discriminación civil cuando están haciendo, pura y sencillamente, uso de un derecho constitucional. Esperamos verdaderamente anhelantes la proposición no de ley por la que el Grupo Popular inste a su propio gobierno para que, de una vez por todas, los que sufren persecución por este

Página 1643


tema queden en la más absoluta de las libertades, sin ninguna discriminación. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
Tiene la palabra la señora Barrios, para expresar la aceptación o no de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo parlamentario Popular.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para contestar a los dos grupos que han presentado enmiendas.
En cuanto a la del Grupo Socialista en la que en un primer apartado se recoge la comparecencia del Director General de Objeción de Conciencia, no nos parece adecuado admitirla, puesto que ya se ha fijado fecha para ello por la Mesa del Congreso y es un añadido que no tiene mayor valor.
Respecto a la segunda parte, al coincidir con la enmienda que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió), nos parece que ésta es más adecuada y que su redacción literal es mejor que la suya. Lo único que aceptaríamos es un añadido final que diría: y para ello impulse los correspondientes convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas, puesto que si no se desvirtuaría esta proposición no de ley, que lo que pretende es que los menores que sufren unas determinadas desconexiones familiares y sociales, sean atendidos preferentemente por objetores de conciencia y que se elaboren programas para ello entre los ayuntamientos y la propia dirección general.
Quiero dar las gracias por las intervenciones de los diferentes grupos y decirles que cuando se presenta una iniciativa no vale una interpretación de la misma. Hay que ir a la literalidad del contenido de sus palabras.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entiendo que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) acepta el añadido que propone la señora Barrios a su enmienda.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Sí, señor Presidente, aceptamos la propuesta. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Campuzano. (El señor Castellano Cardalliaguet pide la palabra.) Señor Castellano, ¿qué desea?

El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, quiero rogarle, si no hay inconveniente, que se dé lectura de cómo queda realmente el texto sobre el que nos vamos a pronunciar.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así se hará a continuación, señor Castellano.
A los términos literales de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se le añade una frase al final que dice: y para ello impulse los correspondientes convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas. Esa es la integridad de la enmienda aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor Presidente, ¿es que hay alguna dificultad en que se lea el texto completo de la enmienda?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor Castellano; era por economía de tiempo. Se lo leo encantado a continuación.
Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, desde el respeto a las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas en materia de servicios sociales e infancia, promueva programas de la prestación social sustitutoria que provean la participación de objetores de conciencia en acciones de apoyo a la infancia y la adolescencia en riesgo, y para ello impulse los correspondientes convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): De nada, señor Castellano. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que se tomen las medidas necesarias para que, dentro del plan de choque que la Dirección General de Objeción de Conciencia piensa poner en marcha, se contemple, mediante acuerdo con las distintas concejalías de Asistencia Social de los municipios, y dentro de la prestación social sustitutoria, la atención, por parte de los objetores de conciencia, a los menores afectados por problemas de marginación, maltrato y reforma, en los términos que acaba de leer la Presidencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 158; en contra, nueve; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.


Página 1644


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN EL SECTOR VACUNO DE CARNE ESPAÑOL, COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS PROVOCADA POR LA ENFERMEDAD DE LAS «VACAS LOCAS». ( Número de expediente 162/000049)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a adoptar en el sector vacuno de carne español, como consecuencia de la crisis provocada por la enfermedad de las «vacas locas». (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Para su defensa, tiene la palabra el señor Madrid.


El señor MADRID LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, el problema que nos ocupa es tan antiguo y reiterativo que bien merece nuestra atención, y para ello les contaré una crónica de actualidad, una actualidad del año 1870 recogida en un diario regional con el siguiente titular: Conservación de carnes, y decía así: A mediados del año último se constituyó una empresa en Londres con objeto de explotar un negocio comercial, consistente en traer a diferentes puertos de Europa carne muerta y fresca de América del Sur, conservada por medio de hielo y en aparato especial. Hace pocos años se trató de establecer entre Francia y América del Sur un gran comercio de carne salada de toda especie y principalmente de buey, muy a propósito para suplir la escasez de carnes que de poco tiempo a esta parte se deja sentir en Europa. Algunos cargamentos que habían desembarcado en los puertos franceses fueron inmediatamente vendidos de suerte que empezó a establecerse en las grandes ciudades comercio de estas carnes saladas, pero habiendo examinado la Academia de Ciencias una muestra dio un informe sobre este género de alimentación poco favorable desde el punto de vista de la salubridad.
El problemas que nos ocupa nos hace volver la vista a nuestro siglo.
Señor Presidente, esta iniciativa que tengo el honor de defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista demuestra que las Cortes, por mucho que se quiera establecer en otros ámbitos lo que preocupa a los ciudadanos, es el lugar indicado para discutir aquello que efectivamente no solamente ocupa y preocupa a los ciudadanos, sino al conjunto de las familias españolas. Todos los sectores sociales se han pronunciado con preocupación, creándose una alarma general producto de la cual se provocó la crisis en el sector, crisis económica, de consumo y, por tanto, de credibilidad. Para que SS. SS. se ilustren y puedan comprender la actualidad y la importancia de lo que estamos tratando, les expondré algunos hechos.
Hace quince días se celebró la última de las tradicionales ferias de ganado en Porto de Sanabria. Pues bien, el diagnóstico de la misma, recogido en los medios y manifestado por los profesionales, fue que cada vez se paga menos por las reses sanabresas, por lo que cada vez es menos rentable este oficio. Hace un mes, aproximadamente, se detecta en Portugal un nuevo brote de la enfermedad de las «vacas locas». Hace quince días los médicos franceses informaban de la segunda muerte humana en dicho país como consecuencia de la encefalopatía espongiforme bovina, y así podríamos seguir relatando pequeños y grandes acontecimientos, a veces dramáticos y, como mínimo, inquietantes. Por todo ello, la grave crisis que atraviesa el sector español de carne de vacuno precisa de medidas de apoyo firmes, generalizadas y directas.
Los británicos, con una cierta complicidad de la Comisión de la Unión Europea y el apoyo de ciertos países miembros, incluida la comprensión del Gobierno español, le han querido dar al problema de las «vacas locas» una solución política, cuando era fundamentalmente un problema de salud de los ciudadanos, que ha sumido al sector comunitario en una profunda crisis que afecta asimismo a España. Un problema sanitario originado en Gran Bretaña y mal gestionado por su Gobierno, y cuyo medio de propagación parece haber sido la ingestión de piensos en los que se había usado harina de carne procedente de restos de animales enfermos.
España parece aislada de este problema, no habiéndose detectado ningún caso, por fortuna, de esta enfermedad en el ganado y sin que --según parece-- se haya importado este tipo de material para la elaboración de piensos, habiéndose producido las exportaciones de carne británica con anterioridad aunque en un número muy reducido. Por ello, en España estamos en condiciones de mantener una actitud exigente y firme en relación a las medidas a adoptar por la Unión Europea, máxime teniendo en cuenta que nuestro país ha tenido que controlar y erradicar la peste porcina africana con sus propios medios, con la dificultad añadida de mantener, mientras tanto, nuestras fronteras abiertas a la importación y cerradas a la exportación.
Respecto a las medidas adoptadas por la Unión Europea, la prohibición de exportación de animales y productos cárnicos británicos no ha generado la necesaria confianza del consumidor, debido a la presión de los británicos, a la liberalización parcial de tres productos, como ustedes saben: la gelatina, el sebo y el esperma, que afectan a otros productos derivados, así como a la alarma generada posteriormente por la propuesta de la Comisión de retirar de la cadena alimentaria las vísceras de cordero y cabra.
Por otra parte, las medidas adoptadas tras el Consejo Europeo de Florencia, presupuestariamente insuficientes

Página 1645


y de menor impacto en España, donde hay un menor porcentaje de animales primados, han llevado, para compensar sus efectos, a que los países puedan establecer ayudas equivalentes a las aprobadas por la Unión Europea, en perjuicio de la solidaridad financiera de este tipo de crisis, situando a nuestros ganaderos en inferioridad de condiciones en el caso de que no fueran adoptadas paralelamente en nuestro país.
En cuanto a sus efectos, nos encontramos ante una crisis prolongada, motivada por una fuerte contracción de la demanda, debido a la desconfianza del consumidor y que ha generado su sustitución por otro tipo de carnes; las alzas de los precios por las sustituciones de estas carnes tiene el consiguiente efecto inflacionista de dichos productos. En estos últimos meses, para que ustedes se den cuenta del volumen y la importancia que tiene este problema, de unas 500.000 toneladas los excedentes de carne alcanzan unas 8.000 toneladas/mes. También han resultado afectadas las exportaciones de vacuno, que se han reducido. Hay que añadir la retracción inicial en la oferta de los ganaderos ante la baja de precios.
Por otra parte, nada permite presagiar, desgraciadamente, una recuperación significativa del mercado en un futuro próximo; incluso los expertos señalan que ya están llegando al mercado oleadas de vacuno que no podrán venderse si no es por medio de intervención, cuyo techo podría rebasarse a finales del año. Por tanto, las medidas a adoptar en la línea de las que ha estudiado la Comisión afectarían también al control de la oferta, vinculando ayudas al sacrificio y a la entrega, a la intervención de canales de animales jóvenes, aumentando el techo de la misma e incluso modificando ciertas medidas estructurales como ayudas a las inversiones, instalación de jóvenes agricultores, indemnizaciones compensatorias, régimen de prejubilación, lo que afectaría seriamente a un modo de producción con fuertes consecuencias socioeconómicas y territoriales.
Es urgente, por lo tanto, la adopción de medidas que desde la generación de la confianza y la recuperación del consumo sean vinculadas a la garantía de las medidas en el control sanitario y de calidad, a las de apoyo a la rentas y al impacto de los bajos precios, de control de oferta y de apoyo a la exportación. Todo ello configura una respuesta adecuada a la problemática generada en este importante sector de producción y del consumo de nuestro país.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con esta iniciativa queremos ayudar al sector --los ganaderos, los mataderos y toda la red industrial y comercial--, pero también y sobre todo a los consumidores, ofreciéndoles garantías y también, por qué no decirlo, queremos una vez más ayudar al Gobierno en esta actitud positiva desde la posición que el Grupo Socialista mantiene en esta Cámara. Creemos que éste es uno de los problemas que afecta al conjunto de los territorios y a una parte importante de la economía de nuestro país, pero queremos ayudar al Gobierno y queremos que ese Gobierno se deje ayudar.
De ser apoyada unánimente, como yo espero, esta proposición no de ley, estaríamos contribuyendo a serenar los mercados, a devolver la confianza a los consumidores y a prestigiar nuestros productos en los mercados exteriores. En definitiva, entraríamos en una actitud inteligente y llena de cordura.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Madrid.
A esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de modificación que de hecho es de sustitución. En su nombre va a intervenir el Diputado señor Companys.


El señor COMPANYS SANTFELIU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, sin duda la situación actual creada por la aparición de la enfermedad denominada de las «vacas locas» ha supuesto un nuevo ataque en la línea de flotación de un sector que desde hace muchos años lo está pasando ciertamente mal.
El tratamiento que la reforma de la PAC dio al bovino español de carne es difícil de comprender. De hecho, los legisladores, en el momento de la redacción de la normativa, seguro que no estaban pensando en los intereses de nuestra ganadería y, por lo tanto, en este momento el sector ha de hacer frente a una normativa que le perjudica y además se ve inmerso en un grave problema que queremos creer que es de tipo coyuntural. Me estoy refiriendo, como ustedes saben, señoras y señores Diputados, al mal de las«vacas locas», que, en principio, no nos tendría que afectar, pero no hay duda que estamos recibiendo sus consecuencias y éstas son muy negativas.
Este problema tiene su origen, a nuestro entender, en una falta de reglamentación estricta o en el incumplimiento de la ley en otros casos por lo que hace referencia a la alimentación de las reses, agravado por un retraso inexplicable en el momento de actuar, ya sea por parte de las autoridades sanitarias del Reino Unido, ya sea por las autoridades responsables de la Unión Europea. Esa falta de decisión nos ha convertido en víctimas de un problema en el que nada tenemos que ver, que ha provocado una pérdida de confianza en la carne que ha acarreado la caída de su consumo, la de los precios y, consecuentemente también, la descapitalización del sector.
Por estos motivos nuestro grupo entiende que hay que promover iniciativas dirigidas a tranquilizar al consumidor y a garantizarle que el producto que consume es de primera calidad. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Básicamente asegurando el Estado español que

Página 1646


nuestro país está libre de la enfermedad. Y esa afirmación debe apoyarse en el control estricto de la sanidad de nuestra cabaña, tomando las medidas adecuadas por lo que se refiere a la importación de carnes, vísceras y animales vivos y haciendo un seguimiento de la alimentación de las reses para evitar la aparición de esta enfermedad. Es necesario también poner en marcha un mecanismo de certificación, no sólo de la procedencia de la carne, sino de la calidad de la misma, que devuelva la confianza al consumidor. Por tanto, valorando de forma positiva la preocupación del Grupo Socialista por el tema, nuestro grupo cree que hay que hacer un esfuerzo en la línea de intentar no preocupar más a la opinión pública, sino continuar trabajando de forma constante para erradicar el problema.
Por estos motivos básicamente no estaríamos de acuerdo con los puntos que figuran en la proposición no de ley del Grupo Socialista. Creemos que en el caso de aprobarse la redacción de su apartado 1 podría producir, por encima de todo, una alarma injustificada. En cuanto a los puntos 2 y 3, tenemos constancia de que en la Unión Europea se han aprobado nuevas ayudas para la compensación de la pérdida de renta de los productores por la crisis de las «vacas locas» en concordancia con el espíritu de la reforma de la política agraria comunitaria. Creemos que las actuales medidas de intervención que intentan evitar la saturación del mercado están actuando en este momento de forma correcta y, por lo tanto, no hace falta volver sobre el tema. Además, en este momento el sector, tanto en lo que se refiere a los precios como al consumo, está en una línea ascendente de recuperación y parece ser que está superando con éxito la situación de no cotización de la segunda quincena de abril y la situación de precios mínimos de la segunda quincena de julio.
Creemos que el punto 4 es uno de los más importantes, aunque parece que el Gobierno ya está trabajando en un programa que tendría por finalidad asegurar la calidad de la carne del vacuno español. La caída del consumo, de los precios y la problemática del sector pivota, a nuestro entender, en la pérdida de confianza del consumidor, preocupado por las noticias que van apareciendo sistemáticamente en los medios de comunicación, ya que a nuestro entender sólo hay un sistema para devolver la confianza y es el de certificar de una manera fehaciente la calidad en origen de la carne, herramienta que, si somos capaces de poner en marcha de una forma satisfactoria, nos servirá para promover el consumo de nuestra propia carne en el futuro. Parece que el Gobierno está preparando un programa en esa línea. Lo cierto es que en este momento tampoco sabemos en qué situación está. Entendemos que cualquier actuación en ese campo ha de estar perfectamente coordinada con las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en este campo.
Por este motivo, nuestro grupo, preocupado por la viabilidad de ese plan que el Grupo Socialista apunta en el punto 4 y para dar la máxima transparencia al mercado del bovino, hace la siguiente aportación que entendemos de carácter positivo. Se trata, señor Presidente, señoras y señores Diputados, de una enmienda de modificación que pretende reformar la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista y sustituirla por una que dice lo siguiente. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un sistema de identificación y control con el fin de asegurar la calidad de la carne del vacuno español, potenciar el sector e incrementar la confianza de los consumidores en el mismo.
Este sistema de identificación y control deberá respetar la existencia de distintivos y denominaciones autonómicas que ya garantizan la calidad de las carnes en un proceso que abarca desde el origen del animal hasta su comercialización y, en todo caso, deberá incorporar las siguientes exigencias: a) que el control que se utilice reúna, como mínimo, los mismos niveles de exigencia que se están aplicando en aquellas comunidades autónomas que tienen desde hace años distintivos propios de calidad; b) que las campañas de promoción que establezcan comprendan conjuntamente la promoción de todos los otros distintivos autonómicos existentes, sin perjuicio de que se promocionen las características específicas que atienden, en cada caso, a la raza del animal, medio o tipo de producción; c) que se establezcan mecanismos que aseguren la participación en este ámbito de aquellas comunidades autónomas que cuentan con distintivos propios de calidad plenamente garantizados.» Por tanto, señor Presidente, señoras y señores Diputados, entendemos que es una aportación de carácter positivo, que iría no en la línea de solucionar el problema de forma inmediata, sino de poner encima de la mesa una solución de futuro: dar credibilidad a nuestras carnes y, sobre todo, dar confianza al sector consumidor; que sepa que, cuando va a comprar carne, compra carne producida en España y, además, de gran calidad.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoras y señores Diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Companys.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.--El señor Madrid López pide la palabra.) ¿Qué desea, señor Madrid?

El señor MADRID LOPEZ: Deseo una aclaración.
En definitiva, la intervención del señor parlamentario viene a decir que ésta es una enmienda, ¿de qué?

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Como ya ha aclarado la Presidencia en el momento de presentarla, es una enmienda de sustitución, aunque el texto ponga de modificación. Es tanta la

Página 1647


modificación que, de hecho, es una sustitución del texto de la proposición no de ley.


El señor MADRID LOPEZ: Lo decía porque en el documento que el grupo presenta figura que es de modificación y, por lo tanto, S. S., que para eso es Presidente, sabrá el tratamiento que debe tener.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): La Presidencia interpreta que es una enmienda de sustitución, así lo ha anunciado y así lo ha podido confirmar con el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al finalizar su intervención.
Muchas gracias, señor Madrid.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que hace referencia a las medidas a adoptar en el sector vacuno de carne español como consecuencia de la crisis provocada por la enfermedad de las «vacas locas», la encefalopatía espongiforme bovina.
Nosotros vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley porque, desde luego, expresa una necesidad con la que coincidimos: que el Gobierno español tome medidas concretas en defensa del sector productor de carne de vacuno afectado por la repercusión en los mercados de la denominada crisis de las «vacas locas». Medidas concretas que, entre otras cuestiones, significan aportar fondos que complementen los destinados a ese fin por la Unión Europea, tal y como están haciendo otros Estados miembros de la Unión.
Quiero decir que el sector productor de carne de vacuno tiene un importante peso económico y de él viven numerosas familias. Es un sector muy importante en el conjunto de la producción de algunas comunidades autónomas y, en concreto, señoras y señores Diputados, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Este sector viene atravesando desde hace años una crisis profunda y estructural, debida, fundamentalmente, al estancamiento de precios o al modo de distribuir las ayudas comunitarias destinadas a compensar la caída de los mismos y de las que, por cierto, en la Comunidad Autónoma de Galicia se ven excluidos muchos ganaderos, porque el número de vacas nodrizas es mucho mayor que el número de vacas primables; porque las ayudas para el vacuno, machos sacrificados, sólo alcanzan a los de más de diez meses, cuando en nuestra comunidad es común el sacrificio entre los 7 y 9 meses, porque ése es el tipo de carne que demandan los mercados; porque además la caída de precios también afecta a los terneros de recría de las explotaciones lácteas que no cuentan con ningún tipo de ayudas.
A esta crisis hay que añadir ahora la ocasionada por la aparición de las llamadas «vacas locas» y la posibilidad de transmisión de la enfermedad a los seres humanos. Esto provocó una retracción en el consumo de este tipo de carne, aun cuando la carne producida en el Estado español reúne todas las garantías sanitarias. El consumidor, señoras y señores Diputados, desconfía de que en los mercados no se «cuele» --entre comillas-- carne procedente de la Gran Bretaña.
Quisiera aprovechar esta ocasión para hacer una reflexión, que es la siguiente: ¿Deben primar los criterios económicos exclusivamente sobre cualquier otro? La lógica que últimamente impera de producir más y más barato o tener más y más rentabilidad ¿adónde nos conduce? Porque probablemente nos conduce a este problema de salud y a otros que vendrán en el futuro, a afectar la salud de los ciudadanos. Porque, señoras y señores Diputados, la crisis de las «vacas locas» no es una vez más una especie de castigo divino. Es consecuencia de la utilización de los criterios de la máxima rentabilidad sin que ningún otro criterio lo limite. En este caso, buscando la alimentación del ganado bovino a partir de piensos elaborados con vísceras de animales enfermos. Todo vale. Y las consecuencias están a la vista.
Desde nuestro punto de vista, mejorar la producción de alimentos, utilizar técnicas favorables a ese fin nos parece bien. Hacerlo con criterios exclusivamente productivistas o de rentabilidad económica parece más que discutible. Esos criterios económicos mucho nos tememos que sigan primando en la resolución de esta crisis, porque estamos ante un gravísimo problema de salud y no económico. Y Gran Bretaña, por lo menos, parece, hace caso omiso a las recomendaciones de sacrificar una parte importante de su cabaña. Incluso a nosotros nos parecen preocupantes las resoluciones que adopta la Unión Europea al respecto, nos parecen contradictorias y poco enérgicas, como la adoptada en la última cumbre de Florencia, que dice: La presidencia declara que, mientras tanto un tercer país solicite un suministro de carne de vacuno británica para su mercado nacional exclusivamente, la Comisión estudiará esta solicitud, naturalmente dentro del plan marco global, previa consulta a los comités científicos y veterinarios competentes. Pensamos que abre demasiadas vías a la exportación de esta carne. En concreto, parece ser que a terceros países sí que se podría exportar.
Como decía, esta situación crea desconfianza en el ciudadano, que se inhibe en el consumo de carne de bovino. Y que no hay garantías totales de no exportación de la carne británica a Europa lo pone de manifiesto la detección reciente de una partida de carne con esa procedencia en hamburgueserías francesas o las medidas que recientemente el Gobierno holandés

Página 1648


parece que quiere tomar ante el peligro que supone la transmisión de esta enfermedad.
En todo caso, señoras y señores Diputados, vamos a apoyar esta proposición no de ley porque estamos convencidos de que el Gobierno español debería actuar con más contundencia, siendo consciente de la gravedad del problema. En primer lugar, tomando iniciativas en el seno de la Unión Europea para forzar a Gran Bretaña a resolver el problema generado por su ganado bovino y a garantizar la no exportación de carne británica mientras el problema no se resuelva. En segundo lugar, tomando medidas que garanticen al consumidor el origen español de la carne que consume, además de reforzar las medidas de inspección y vigilancia sobre el origen de la carne foránea que sigue entrando, fresca o congelada, procedente de la Unión Europea o de terceros países. Y, naturalmente, ayudando al sector en este momento y complementando los 11.000 millones de pesetas con fondos procedentes de la Unión Europea, porque el sector necesita ayudas económicas que le permitan paliar la crisis actual.
Además, otros países europeos sí están complementando las ayudas destinadas por la Unión Europea a este fin, lo que hace que sus ganaderos puedan competir en mejores condiciones que los nuestros y resistir, por tanto, mejor la crisis; ayudas a las que, por cierto, desde nuestro punto de vista, deberían tener posibilidad de acceder todos los ganaderos, todos los productores de carne.
Señoras y señores Diputados, tomar medidas para paliar los problemas ocasionados por esta crisis a nuestros ganaderos es muy importante.
También reflexionar sobre la política desarrollada en el sector agroganadero, en la que se respeten criterios naturales, desde nuestro punto de vista es fundamental para el futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, estando en el escaño, un grupo de Diputados se estaba planteando si ésta era una proposición no de ley que correspondía debatir, por su entidad, en Pleno.
Hemos estado discutiendo sobre este asunto y yo he llegado a la conclusión --no sé si he conseguido convencer al compañero Diputado-- de que sí, que es una proposición no de ley para ver en Pleno, puesto que es un problema que afecta de forma rotunda a la economía de nuestro país y 1996 va a ser un año histórico en el mercado de la carne de vacuno, debido a la enfermedad de las «vacas locas» o, si la queremos llamar técnicamente, a la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina.
De la importancia de este problema da cuenta el hecho de que en las Cortes, en estos días, hay dos proposiciones no de ley del mismo tenor, una de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se debería haber visto mañana en la Comisión de Agricultura, y ésta que plantea hoy el Grupo Parlamentario Socialista, cuya filosofía y cuyo objetivo son los mismos, recabar ayudas de carácter estatal, nacional, para el sector de la carne de vacuno.
Señorías, en la proposición no de ley que teníamos prevista, que ya no se verá por cuanto la estamos debatiendo hoy en el Pleno, solicitábamos un plan de medidas extraordinarias, excepcionales y urgentes en materia fiscal, de Seguridad Social y crediticias, con el fin de reparar los efectos producidos en el sector del ganado vacuno por la enfermedad de las «vacas locas». Tuve ocasión de hacer esta demanda, esta reivindicación, a la Ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio, en su comparecencia del 10 de octubre, y en relación a la misma se me comunicó que había dificultades de tipo presupuestario pero que se había pasado al Ministerio de Economía y Hacienda para ver qué medidas se podían habilitar para coadyuvar a paliar los efectos de la crisis.
Si bien, señorías, nuestro grupo también está de acuerdo en que entramos en una dinámica que no nos gusta, la de resnacionalizar las ayudas --entendemos que eso debía ser objeto del principio comunitario de solidaridad financiera y, por tanto, de una atención comunitaria exclusivamente--, el hecho es que los países de la Unión Europea han asignado ya ayudas directas a los ganaderos y al sector de la carne, que nosotros también debemos producir.
Señorías, en los últimos días, la Unión Europea ha aprobado toda una serie de ayudas, ayudas directas, de 29 millones de ecus para España, lo que significa una cantidad de 4.800 millones de pesetas, pero Francia vuelve a llevarse otra vez la parte del león, se lleva el 23,8 por ciento de las ayudas; Alemania, el 20 por ciento; el Reino Unido, el l 3 por ciento y España el 5,8 por ciento. Las ayudas que se han establecido a la extensificación nos parecen muy adecuadas. Van desde 6.000 a 8.500 pesetas por cabeza, dependiendo de la mayor o menor densidad de vacuno sobre el territorio.
Una de las reivindicaciones que el Estado español estaba planteando desde hacía tiempo, el incremento de la ayuda para el vacuno macho, se ha producido también, con un incremento del 10 por ciento, y el conjunto de estas ayudas va a significar para el sector unos 10.000 millones de pesetas. Pero si tenemos en cuenta, señorías, que, desde que ha empezado la crisis, los precios han descendido más allá de las 100 pesetas por kilo y que se sacrifican en nuestro país dos millones de animales al año, las pérdidas que ha experimentado el sector son aproximadamente 56.000 millones

Página 1649


de pesetas y las ayudas que se van a recibir son alrededor de 11.000 millones de pesetas. Eso nos da una idea de lo escasas que son todavía esas ayudas. ¿Y sobre quién repercuten? Repercuten no tanto sobre el sector de la industria, sino, fundamentalmente, sobre los ganaderos.
En la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista se insta al Gobierno a que se declare el sector en grave crisis y para ello se habilita una serie de medidas de tipo fiscal, de Seguridad Social, que se refuercen las medidas de intervención y que se establezca un sistema de identificación y control con el fin de asegurar a los consumidores que están consumiendo carne de vacuno español.
Nos parecen adecuadas las medidas que se establecen en la proposición no de ley, pero entendemos que este tipo de medidas deberían ser moduladas.
No puede ser que reciban las mismas ayudas ganaderos que tienen unas explotaciones muy grandes que aquellos que son agricultores a título principal o aquellas explotaciones que consideramos prioritarias.
Saben SS. SS. que nuestro grupo, siempre que se establecen ayudas de este tipo, exigimos, pedimos, solicitamos que procuren que sean moduladas, para que se ajusten más a los criterios de justicia y equidad que pensamos que deben corresponder a la distribución de la aportación y de la ayuda públicas.
Creemos que serían necesarios créditos de campaña que puedan ser refinanciados, reducciones en las cotizaciones fiscales y las de la Seguridad Social para 1996 y, sobre todo, campañas de promoción y asesoramiento al consumidor de carne de vacuno. Las denominaciones de origen y de calidad hay que extenderlas. Pensamos que se debe tener muy en cuenta a las organizaciones de productores, pues no puede ser que suceda como hasta ahora, que el Ministerio de Agricultura esté centrándose y colaborando únicamente con las sectoriales del vacuno; creemos que las organizaciones profesionales agrarias deben tener un papel muy importante en el diseño de todas esas campañas de calidad en la carne de vacuno y que debe instarse a la Unión Europea para que se prohíba totalmente la elaboración de piensos con proteína animal, en tanto no se solucione la situación derivada de la enfermedad de las «vacas locas».
Creo, señorías, que el Diputado don Ramón Companys, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha hecho una extraordinaria maniobra de dispersión haciendo que nos olvidemos de que aquí hay una proposición no de ley que pide realmente ayudas directas, que pide mecanismos de intervención y que está en la misma línea que nuestra proposición no de ley, presentada en la Comisión de Agricultura, para que se haga un plan de choque para ayudar al sector ganadero.
No creo que nadie de esta Cámara esté en contra de que su enmienda, señoría, fuese una enmienda de adición, por cuanto no es una enmienda de sustitución ni tampoco es de modificación. Entiendo que es una enmienda de adición.
Pienso que todos los grupos estaríamos de acuerdo en que han de ser las comunidades autónomas las que desarrollen fundamentalmente esas campañas de promoción del consumo de las denominaciones de origen, pero no soy yo quien administra esta proposición no de ley, aunque entiendo, señor Companys, que si se pudiese salir de aquí con algunos puntos de acuerdo, debería reconsiderar su enmienda para que fuera de adición.
Señorías, de la misma manera que hemos habilitado recursos para las crisis derivadas de la sequía y de otras catástrofes, la crisis de las «vacas locas» ha afectado tremendamente al sector ganadero y debemos recuperar el consumo y precios y, sobre todo, se debe recuperar la confianza en un sector, debiendo garantizar que los ganaderos tienen renta suficiente para poder continuar con explotaciones viables y de calidad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pérez Vega.


La señora PEREZ VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del grupo voy a fijar la posición sobre esta proposición no de ley.
La crisis del sector vacuno se viene detectando desde los años 1992 y 1993, en parte por un problema estructural del sector en el cual se detecta un frágil equilibrio entre la oferta y la demanda y, por otra parte, por la mala imagen que se tiene de la carne y el precio correlativamente caro respecto a otras carnes alternativas.
La crisis de las «vacas locas» lo único que hace es agravar la situación, que, aunque con menos virulencia, podría haberse producido el año que viene.
La preocupación prioritaria del Gobierno es la salud de los consumidores.
De ahí la prohibición de importar productos vacunos de todos los países en los que se han detectado casos de encefalopatía espongiforme bovina y permitir la entrada de tres productos, semen, gelatina y sebo, cuando se tenga constancia cierta de su inocuidad. Esta constancia se deriva de los informes rigurosos de los científicos y veterinarios.
Por otro lado, se puede afirmar que en nuestro país no existe ningún caso de esta enfermedad gracias a las importantes medidas que se han tomado en este sentido, como la prohibición por parte del Gobierno español de introducir en el territorio nacional proteínas de mamíferos, harinas de carne y hueso y piensos que contengan estos productos, procedentes de los países

Página 1650


en los que habían aparecido casos de vacunos con esta enfermedad.
El Gobierno, consciente de que el gran problema del sector está en que el consumidor recupere la confianza en la carne de vacuno español, está tomando importantes medidas para mejorar la imagen genérica de la carne.
En esta misma línea se van a potenciar también las actuaciones de estímulo de la producción de carne de calidad e información al consumidor, que ya se venían realizando por algunas asociaciones, especialmente las que aglutinan a los productores de razas vacunas autóctonas españolas.
En estos aspectos, cobra gran importancia la consecución de un perfecto seguimiento de las carnes desde el lugar de nacimiento de los animales hasta el punto de venta al consumidor. Por ello, el Ministerio de Agricultura, en colaboración con las comunidades autónomas, tiene previsto de manera inmediata la puesta en marcha de un importante dispositivo para la identificación de los animales, no sólo vacunos sino también ovinos, caprinos y porcinos, con un coste cercano a los 1.000 millones de pesetas. Asimismo, el Ministerio ha apoyado directamente, con financiación suficiente, el Programa Clara, es decir, carne libre de aditivos, regulada y avalada, diseñado por la interprofesional del sector, Intervac, con el fin de estimular la producción de calidad, mediante controles externos en toda la cadena, y mejorar la información al consumidor del producto que se le ofrece.
Señorías, proponer que se concedan ayudas nacionales al sector me parece un ejercicio de demagogia, ya que el consumo de carne de vacuno tocó fondo en junio y en el momento actual está en unos niveles del 90 por ciento del consumo habitual en estas fechas. Dicha propuesta es innecesaria por el motivo anteriormente expuesto. Además, supondría cargar los presupuestos nacionales cuando ningún otro país de la Unión Europea lo ha hecho, a excepción de Francia, que, como sabrán SS. SS., es uno de los países donde han aparecido casos nativos de vacunos con encefalopatía espongiforme bovina.
El Gobierno español ha conseguido para nuestros ganaderos ayudas adicionales de 10.200 millones para compensar la crisis del sector, aparte de las ayudas tradicionales de campaña, que ya se han cobrado. La semana pasada, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, se consiguieron otros 10.000 millones de pesetas adicionales, en ayudas a los productores del sector.
En relación con el último Consejo de Ministros de la Unión Europea, quiero resaltar que se aprobó que España incrementase su límite anual de terneros con derecho a prima. España seria el único Estado que incrementase su límite anual de animales con derecho a esta prima; todos los demás bajan respecto a su cifra actual, excepto Grecia, Austria, Portugal y el Reino Unido, que se mantendría. El incremento sería del 10 por ciento.
Por otro lado, la intervención llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura ha funcionado muy bien, con una retirada de 29.200 toneladas, lo que ha supuesto 12.000 millones de pesetas más para nuestros ganaderos, que, lejos de verse en inferioridad de condiciones con el resto de los países de la Unión Europea, se encuentran protegidos por un Gobierno que defiende sus intereses. Como consecuencia de todas estas medidas es posible observar claros signos de recuperación en el sector.
Entendemos que redundar sobre una situación que afortunadamente se está superando y proponer actuaciones como las que se indican en esta iniciativa del Grupo Socialista pudiera incidir negativamente en la resolución del problema. Si el consumo está prácticamente recuperado y los precios están aproximándose a la normalidad, nos parece que no es conveniente incidir. Asimismo, pensamos que las medidas adoptadas por el MAPA y por las autoridades europeas han sido las correctas.
Aparte de las actuaciones del Ministerio, recuerdo a esta Cámara que se va a poner a funcionar en breves fechas una subcomisión de sanidad animal, donde se hará un seguimiento puntual y exhaustivo de todo el asunto de las «vacas locas».
Concluyo. El Grupo Parlamentario Popular no considera necesario establecer nuevas medidas extraordinarias de apoyo al sector productor, aunque sí encuentra de la máxima importancia continuar con las actuaciones ya iniciadas de potenciación del consumo, mediante la promoción de la producción de carne de calidad y de una información adecuada al consumidor. En este sentido, la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió hace algunas aportaciones que pueden incrementar la confianza de los consumidores en la carne de vacuno. Esto nos parece un complemento positivo a los planes de control de calidad que ha puesto en marcha el Ministerio de Agricultura y consideramos que es una aportación digna de tenerse en cuenta.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Pérez Vega.
Señor Madrid, a los efectos de decir si acepta o no la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra.


El señor MADRID LOPEZ: Señor Presidente, en primer lugar, he de decir que las ayudas equivalentes desarrolladas en los países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal ya las han realizado.
Señor Presidente, la Mesa sabrá por qué ha clasificado la enmienda recibida como de sustitución; ése es su problema. Y no podemos aceptarla porque estamos hablando de cosas diferentes. El señor Diputado manifiesta una enorme contradicción cuando dice que hay que dar confianza a los mercados y al Estado español. No entendemos esa forma de utilizar en estos momentos

Página 1651


al Estado español. Si la propuesta de sustitución, perdone el tono, afectara al hecho diferencial, la aceptaríamos.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Madrid.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas a adoptar en el sector vacuno de carne español, como consecuencia de la crisis provocada por la enfermedad de las «vacas locas», en los términos inicialmente planteados por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 128; en contra, 162.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DE DEFENSA DE NUESTRO PAIS EN RELACION CON NUESTRA INTEGRACION EN LA ESTRUCTURA MILITAR DE LA OTAN (Número de expediente 173/000017)

El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con nuestra integración en la estructura militar de la OTAN.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Aguilar. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para presentar la moción consecuencia de la interpelación que presentó mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política de seguridad y defensa de España en relación con el cambio de status de nuestro país en el seno de la OTAN, que comporta ni más ni menos que el ingreso en la estructura militar de la Alianza Atlántica.
Debo comenzar mi intervención, señoras y señores Diputados, diciendo que realizamos este debate en una situación de engaño, de ocultamiento y de burla a este Parlamento, provocada y realizada por el Gobierno actual del Partido Popular, presidido por el señor Aznar. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señora Aguilar.
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
(Pausa.) Puede continuar, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Decía que realizamos este debate en una situación de engaño, de ocultamiento y de burla a este Parlamento, provocada y realizada por el Gobierno actual del Partido Popular. Porque hay que decir que es inadmisible, desde el punto de vista democrático y en un Estado de Derecho como el nuestro, que un Gobierno, un ministerio esté negociando bilateralmente con los Estados Unidos el incumplimiento flagrante de un referéndum en el que se pronunció nuestro pueblo, y nada de esto, absolutamente nada de esto, lo conozca nuestro Parlamento. Además de inadmisible, nosotros creemos que es nocivo y peligroso para la democracia que la derecha, el Partido Popular, acompañada en muchos momentos de sus aliados naturales y habituales, cada día sustente más su actuación política en vaciar de contenido a este Parlamento. Cada vez podemos observar, día a día, cómo la política y las decisiones fundamentales e importantes que se van tomando se van haciendo fuera del Parlamento, vaciando de contenido nuestra Cámara, el Congreso de los Diputados, y es que parece como si se pretendiera mantener de convidada de piedra a esta Cámara en lo que son decisiones fundamentales e importantísimas para el desarrollo de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho y para el conjunto de nuestro pueblo, y es como si también se pretendiera mantener a este Parlamento como mero espectador, sin poder ejercer su función de control.
Nosotros, precisamente por todas estas circunstancias que vienen de manera habitual rodeando los debates de los grandes temas, queremos exigir desde aquí, aquí y ahora, ya, transparencia e información suficiente al Gobierno para que no se le sustraiga al Parlamento lo que le es propio, la función de control, porque no queremos de ninguna de las formas y maneras que se deje esquelética a nuestra propia democracia. Y es que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señorías, en estos últimos días hemos asistido a un espectáculo ciertamente lamentable. Hemos comprobado cómo lo que afirmaba un ministerio, el de Asuntos Exteriores, lo negaba otro, el Ministerio de Defensa, el señor

Página 1652


Serra, y cómo a continuación lo confirmaba la Embajada americana. El espectáculo ha sido total, máxime cuando el señor Serra, después de haber negado la mayor, ha empezado a decir ya que reconocía que había contactos con los Estados Unidos para que se reinstalaran en las bases españolas de Zaragoza y de Torrejón. Se ve que el señor Serra está acostumbrado a aquello de los secretos, que todo lo quiere mantener oculto y en el secretismo, y estaba realizando unas negociaciones totalmente a espaldas del Parlamento --esperemos que no a espaldas del propio Gobierno--, sin que estuviera dispuesto a ofrecer la información debida y necesaria para que pudiéramos debatir lo que puede comportar una decisión que significa de entrada, ya, vulnerar las condiciones del referéndum celebrado en España en 1986. Nosotros creemos que esta situación bochornosa que se ha dado, de contradicción evidente en el seno del Gobierno entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Defensa se tenía que haber saldado con una actitud en positivo por parte del propio Gobierno del Partido Popular habiendo pedido con urgencia la comparecencia en este Parlamento para darnos toda la información que debemos tener para ejercer así nuestra función de control.
Nosotros creemos que precisamente el Gobierno no ha tenido ningún interés en que se conozcan todos y cada uno de los datos sobre las negociaciones que se estaban produciendo entre el Gobierno y Estados Unidos, porque se pensaba y se planteaba un debate, el debate del ingreso de España en la estructura militar de la OTAN, con una información incompleta para con este Parlamento, tratando el propio Gobierno del Partido Popular de guardarse una carta bajo la manga.
En este sentido, con las decisiones que toma este Gobierno que tenemos de la derecha, del Partido Popular, en primer lugar y de forma apresurada, de ingreso en la estructura militar de la OTAN y, por otro lado, con esas negociaciones bilaterales que está llevando a cabo con los Estados Unidos para que se vuelvan a utilizar las bases españolas por parte de los americanos, con esa situación, cada vez está quedando manifiestamente claro lo dependiente que en cuestiones políticas fundamentales y esenciales este Gobierno es y se hace cada vez más de Estados Unidos, de los americanos.
Desde Izquierda Unida exigimos hoy, y continuaremos haciéndolo cuantas veces sea preciso y necesario, el papel de este Parlamento, sus funciones y sus competencias, porque al parecer hay un interés que nosotros creemos que es tremendamente peligroso, que es el de descafeinar la democracia vaciando de contenido al Parlamento y hurtándole el papel fundamental que debe cumplir, desempeñar y desarrollar. Eso supone, ni más ni menos, descafeinar la democracia, ir vaciando de contenido al Parlamento, llevarse fuera las decisiones más importantes para que no podamos participar en el debate e ir progresivamente desmantelando el Estado de Derecho. Frente a eso siempre nos vamos a colocar el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque no estamos dispuestos a que se rebaje, en absoluto, la democracia que hemos alcanzado con el esfuerzo de todas las ciudadanas y ciudadanos.
Dicho esto, hemos de plantear también que la intención declarada y puesta de manifiesto por parte del Gobierno del Partido Popular y de su aliado, en este caso también de la mano del Grupo Parlamentario Socialista, en relación al ingreso de España en la estructura militar de la OTAN, supone, ni más ni menos, y hay que constatarlo de esta forma, la violación de la voluntad del pueblo español expresada en referéndum en 1986. Eso, desde nuestro punto de vista, a nivel político es ciertamente una inmoralidad. Señorías, el pueblo español suscribió un contrato con el Gobierno en unas condiciones a través de un referéndum. Hoy el Gobierno y otros grupos parlamentarios de la Cámara pretenden modificar las condiciones del contrato firmado con el pueblo, lo que, desde el punto de vista democrático, comporta y lleva aparejado inexorablemente darle de nuevo la palabra al pueblo, a través de su voto, para que diga si quiere o no variar el contrato que realizó en 1986, pronunciándose en el referéndum en la consulta que se le evacuó. Eso hay que decir que es algo fundamental y esencial. Es que se quieren variar las condiciones del referéndum de 1986. Es que se quiere modificar sustancialmente el contrato que el Gobierno hizo en su momento con el pueblo y que este Parlamento respaldó también en su momento. Para variar ese contrato hay que usar y utilizar el mismo método, es decir, hay que ir necesariamente a la celebración de otro referéndum.
No deben de buscar subterfugios, deben hablar en este aspecto con absoluta claridad. Dígannos si es que no creen en la democracia participativa; si no creen en un pueblo, el nuestro, que ha dado muestras, ya sobradas, de madurez y de mayoría de edad. Pretenden, con la menor información posible, concretar, en un día y medio de debate parlamentario, que al pueblo se le niegue la posibilidad de decidir si quiere o no variar las condiciones que estableció en 1986 a través de un referéndum.
Nosotros queremos plantear aquí ahora una cuestión y es que, con absoluta coherencia, al igual que exigimos que no se sustraiga el papel al Parlamento, demandamos que no se le quite su papel al pueblo, usando como excusa al Parlamento, y convóquese ya a ese nuestro pueblo para que se pueda manifestar a través de otro referéndum. Hay que decírselo también al conjunto de nuestra sociedad. Es que se quieren variar las condiciones. Es que, a sus espaldas y negándole incluso lo más preciado, la información para que se pueda opinar con libertad, se quiere ir, deprisa y ya, al ingreso en la estructura militar de la OTAN.
Además, después de todo esto, hay una tercera cuestión que por parte de nuestro grupo también queremos

Página 1653


reseñar. Se deben explicar en este Parlamento las prisas que le han entrado al Gobierno y al resto de los grupos parlamentarios que apoyan esta iniciativa por ingresar de inmediato y ya en la estructura militar de la OTAN, cuando no se sabe ni dónde entramos, toda vez que en estos momentos todavía se está diseñando el modelo de la llamada nueva OTAN --que, por cierto, parece que tiene mucho de vieja y también un cierto tufo a añeja--, y cuando, además de no estar diseñado ese nuevo modelo de OTAN que algunos vienen denominando, tampoco está definido el modelo de defensa en el marco del Tratado de la Unión Europea. Cabría aquí preguntarse por qué las prisas. ¿Qué intereses se esconden detrás de esta decisión apresurada que se quiere tomar? ¿Qué se pretende no consultando al conjunto de la sociedad la variación sustancial del status de nuestro país en la OTAN? Hay que responder a estos interrogantes que cada vez, conforme pasa el tiempo, son más y más importantes.
Por otra parte, señorías, con esta decisión y con estas prisas, ustedes están renunciando de forma expresa a tener una política exterior de seguridad común en el ámbito europeo y a convertir a la Organización de la Seguridad y Cooperación Europea en el instrumento útil y adecuado para ello.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aguilar, le ruego vaya concluyendo.


La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía que se está renunciando a esa política exterior de seguridad común en el marco europeo; renuncia que nosotros entendemos que es clave y fundamental y que debe razonarse y explicarse. Lo que pasa es que a estas alturas ya, mucho nos tememos que, visto lo visto y tenido en cuenta lo oído, no existen esas razones. Hay posiblemente intereses, intereses no confesados, pero no razones. Además, es curioso, da la sensación cada vez más que aquellos que usan siempre a Europa como bandera cada vez creen menos en ella. Al menos eso es lo que resulta de las actuaciones políticas que cada día van plasmando, preparando y concretando.
Concluyo, señor Presidente, señorías, diciendo que en momentos como los que estamos lo que menos necesitamos es más OTAN. Lo que menos necesitamos son más gastos militares. Lo que menos necesitamos es formar parte de ese club de países que, comandados por los Estados Unidos, piensan que después del fin de la guerra fría y de la desaparición de los bloques militares, hay que inventarse y fomentar nuevos enemigos para justificar la existencia y supervivencia de un bloque militar. Lo que no necesitamos en un país como el nuestro, con el 14 por ciento de paro, con más de 360.000 objetores de conciencia a lo largo de los tiempos y miles de insumisos, muchos de ellos presos en la cárcel en estos momentos, es la fuerte apuesta militarista que se ha realizado por parte de la derecha, por parte del Partido Popular, acompañada de sus aliados habituales, y en este caso también del Partido Socialista Obrero Español.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aguilar, le ruego concluya.


La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, Presidente.
Nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, apostamos por construir una política alternativa, por la consulta al pueblo, porque creemos en la participación de la ciudadanía, porque queremos llenar de contenido el concepto de democracia participativa. Apostamos por una política exterior de seguridad común en el marco de la Unión Europea.
Nosotros sí queremos construir Europa. Apostamos por fomentar la cultura de la paz y de la solidaridad y apostamos por una estrategia de disuasión nuclear.
Mi grupo, señoras y señores Diputados, en esta moción que presenta ante este Pleno del Parlamento sabe que va a tener escasa compañía parlamentaria que vote favorablemente esta moción que proponemos al conjunto del Parlamento, no porque no haya razones suficientes para apoyarla, sino sencillamente porque ustedes políticamente han apostado por la sinrazón, pero tenemos la certeza de contar con un importante respaldo y apoyo social de los ciudadanos en la calle, de esos ciudadanos y ciudadanas a los que, por cierto, ustedes no quieren consultar y los reducen en un tema tan extraordinariamente importante como éste al papel de mudos espectadores. Esa a la que ustedes no quieren dejar hablar es, ni más ni menos, que nuestra sociedad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Aguilar.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Gracias señor Presidente, intervengo para fijar la posición del BNG sobre la moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Lo vamos a hacer votando a favor, porque coincide en lo fundamental, aunque no en alguna expresión concreta, con la posición política del Bloque Nacionalista Galego, contrario a la integración del Estado español en la estructura militar de la OTAN. No vamos a insistir en la argumentación contraria a la integración, porque ya tuvimos ocasión de hacerlo con motivo de la discusión de la interpelación durante el pasado Pleno y porque lo volveremos hacer con motivo del debate general sobre la integración que tendrá lugar mañana.


Página 1654


Reiteramos nuestro voto favorable a la moción que se discute.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco ratifica su postura clásica atlantista en las materias que nos ocupan hoy. Entendemos que se superponen los debates, el de la tarde de hoy y el debate trascendental sobre esta materia que se va a celebrar en la tarde de mañana. Por lo tanto, creemos razonable que el debate en lo sustancial en las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, dada la trascendencia del debate de mañana, se sustancie en este mismo Pleno en la tarde de mañana miércoles.
Vamos a ser coherentes con esta posición, vamos a intentar exponer mañana los distintos matices de la intervención que ha planteado hoy la portavoz del Grupo de Izquierda Unida y en coherencia vamos a votar negativamente la propuesta que ahora se realiza.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente, sólo para decir que, mostrando la más absoluta disconformidad con los planteamientos realizados por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y significando que aun alargando los propios argumentos, las convicciones se quedan justamente en los términos en que están, consideramos que esto ha sido un intento de suplantar el debate de mañana, que es el que racionalmente tiene que comprometer a todas las fuerzas políticas para un destino más claro en lo que representa la OTAN. Por tanto, las argumentaciones se plantearán mañana. Simplemente para fijar la posición diré que votaremos que no a la propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Nadal.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Señor Presidente, para expresar también, en nombre del Grupo Socialista, nuestro rechazo a la moción de Izquierda Unida por razones de fondo y por razones de oportunidad. Las razones de fondo ya fueron expresadas en la anterior interpelación, con la posición del Grupo Socialista en aquel debate. Por otra parte, se deriva del contenido de la propia moción y de la intervención de la señora Aguilar que rezuma un claro espíritu de rechazo a la nueva Alianza y al papel de la participación de España en la misma. Y por razones de oportunidad, porque no nos parece razonable que se fije la posición del Parlamento en esta materia tan importante en el marco de un debate superpuesto y al hilo de una iniciativa cuyo planteamiento de fondo es contrario al sentir mayoritario de los grupos de la Cámara en este tema, estando pendiente para mañana y pasado un debate en profundidad que entendemos es el que debe fijar la posición del Parlamento en este tema.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Moya.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a repetir los argumentos que utilizó hace quince días con motivo de la presentación de la interpelación urgente por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por lo tanto, no tenemos más que reiterarnos en la posición mantenida entonces y decir que estamos claramente en contra de la moción, como no podía ser de otra forma, que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el día de hoy.
Quería hacerle dos puntualizaciones a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha hecho algunas afirmaciones que en nada se refieren a la moción, sino que han sido como un preámbulo de todo lo que ha sido el compendio de lo que al final han plasmado en un papel, que es la moción presentada por ustedes, a la que al final no se ha referido.
No es aceptable que ustedes pretendan decir que el Gobierno del Partido Popular quiere vaciar de contenido a este Parlamento, ni mucho menos que pretende ocultar a la sociedad el debate sobre la OTAN. Si alguien quisiera vaciar de contenido a este Parlamento, serían ustedes, que pretenden trasladar el debate de la Cámara, de los representantes legítimos del pueblo español, a la calle, cuando esta Cámara tiene potestad plena para poder debatir sobre estos asuntos. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) En segundo lugar, quiero decirle, señora Aguilar, que no podemos decir que haya ni ocultismo ni absolutamente nada, porque si de algo ha hecho gala este Gobierno desde el principio, ha sido de una transparencia absoluta, y prueba de ello ha sido, primero, la comunicación

Página 1655


que el Gobierno ha presentado ante esta Cámara y, en segundo lugar, que el Presidente del Gobierno se haya comunicado y se haya entrevistado con todos los líderes políticos de los partidos que conforman el espectro político del Congreso de los Diputados. Por tanto, si hay algo, es la transparencia de este Gobierno en una cuestión que es importantísima para España precisamente en estos momentos en los que se está debatiendo y, en segundo lugar, si algo quiere este Gobierno, es que en esta Cámara se debata un tema tan importante como el de nuestra incorporación plena a la participación en la nueva Alianza Atlántica.
Termino, señora Aguilar, diciéndole algo muy claro. Ustedes dicen que OTAN no, y hablaba de nuestros aliados, en este caso el Partido Socialista y Convergència i Unió. Mire usted, cuando todos o la inmensa mayoría de los grupos de la Cámara están de acuerdo y ustedes son los que dan la nota discordante, empiecen a pensar quiénes son los que están en la sinrazón y quiénes son los que tienen la razón.
Muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.--La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Señora Aguilar, sabe que en este turno de mociones no hay posibilidad de réplica. No ha habido alusiones. El señor Fernández de Mesa ha utilizado un turno de fijación de posición que no es coincidente con el de su señoría. No tiene la palabra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política de defensa de nuestro país en relación con nuestra integración en la estructura militar de la OTAN.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 18; en contra, 268; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción propuesta por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACION AL COLECTIVO DE LAS PERSONAS MAYORES (Número de expediente 173/000018)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista del Congreso sobre política general del Gobierno en relación al colectivo de las personas mayores.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les mego que guarden silencio. No puede comenzar la señora Cortajarena, y lo avanzado de la hora me lleva de nuevo a pedirles que guarden silencio en beneficio de todos.
Cuando quiera, señoría.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que ya conoce la Cámara que esta moción es consecuencia de la interpelación que se presentó en el último Pleno, hace justamente dos semanas, en relación con el compromiso que debe asumir el Gobierno para mantener e impulsar las medidas derivadas de las recomendaciones internacionales, del plan gerontológico, del Pacto de Toledo y del plan concertado en materia de apoyo y asistencia a las personas mayores.
Tres razones fueron las que avalaron la presentación de la interpelación.
La primera era el estudio y la constatación de un hecho, que es el avance demográfico que están experimentando las personas mayores en nuestro país. Un segundo hecho que nos inquieta y que inquieta también al colectivo de los mayores era el problema de las manifestaciones controvertidas y contradictorias que algunos miembros del Gobierno efectúan. Y un tercer elemento importante es la necesidad de definir el marco y las medidas para ejecutar las políticas de atención en relación a las necesidades de vida y de convivencia de un colectivo tan importante como las personas que ya han pasado los sesenta y cinco años. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Nuestra sociedad ha sufrido varios cambios desde el punto de vista demográfico y uno de los que es importante es que más del 15 por ciento de la población está formado por este colectivo. Como muestra evidente de esta realidad y de la evolución y de la esperanza de vida en nuestro país, que ocupa el tercer escalón en el mundo después de Japón y de Suecia, puedo decir que nos congratula y nos enorgullece pensar que nuestro Presidente, Ramón Rubial, acaba de cumplir noventa años. Ahí sigue, con estímulo, con ilusión, luchando por el ideario socialista, siendo para los militantes y las militantes un buen ejemplo del qué y del cómo hacer en política. Eso nos llena de satisfacción porque creemos que es un buen exponente de las aportaciones que pueden hacer muchas personas de la tercera edad a nuestra sociedad.
En la interpelación y en boca del señor ministro escuchamos que el Gobierno ha considerado muy oportuna

Página 1656


la interpelación --lo leo textualmente-- porque le parece que precisamente este no es un momento en el que el Gobierno entienda que está sometida a debate su política en relación con las personas mayores.
Creo que este era un buen comienzo y. por tanto, creemos que la moción puede tener una magnífica acogida.
Quiero trasladar a la Cámara, porque parece que sentó alguna confusión, que el término de tercera edad no lo acuñó el Gobierno socialista ni lo acuñamos en España. Este término fue propuesto por Francia en la primera conferencia mundial sobre la vejez que tuvo lugar en Viena en el año 1982. En el año 1984 el Ministerio de Trabajo convocó a todas las organizaciones de personas mayores, a los responsables de los hogares y de los clubes de toda España, y uno de los grupos en los que se planteó un debate importante fue el de conocer cómo quería el colectivo que se les denominara, si personas mayores, ancianos, viejos, tercera edad. No llegamos a un acuerdo, lo tengo que reconocer, y automáticamente por consenso se decidió esperar a encontrar una acepción que fuera avalada y asumida por todos los integrantes de este colectivo y que, por tanto, nos sirviera para unir opiniones y, sobre todo, para conseguir una denominación que les identificara a todos con su realidad. Esta modificación ha quedado patente cuando el Gobierno socialista promulgó el real decreto de creación el Consejo estatal de los mayores, y ya nadie discute que a las personas de este colectivo se les llama colectivo de los mayores.
Si cinco son las grandes áreas de defensa de la problemática de las personas mayores, que ya fueron defendidas en la interpelación, la moción, por lógica, ha sido consecuente con el marco propuesto en la misma. En relación a la firma del 9 de octubre por parte del Ministro de Trabajo y del Gobierno del Partido Popular, sobre la consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, valorado por el Ministro como el primer y gran acuerdo sobre pensiones, vaya por delante nuestra felicitación; ya lo hicimos antes y lo volvemos a hacer ahora. De verdad que nos congratula. Pero de lo que no estamos tan convencidos es de que la alarma social que han generado algunas manifestaciones vertidas por ilustres miembros del Gobierno del Partido Popular hayan serenado los ánimos, hayan trasladado una imagen de confianza, hayan trasladado una imagen de interés, hayan trasladado una imagen del Gobierno del Partido Popular de una cercanía y de una corresponsabilidad con sus problemas y las necesidades de su vida cotidiana.
Por ello, seguimos en esta tarea, en este trabajo, y hemos presentado una moción que tiene trece puntos. En el primer punto defendemos la garantía del sistema público de pensiones y la garantía del incremento anual del IPC para todas las pensiones: las pensiones del sistema contributivo, las pensiones no contributivas, las pensiones asistenciales para los emigrantes y, por qué no --tampoco lo podemos dejar de lado--, las mejoras que se hacen en las pensiones mínimas.
En el ámbito de la asistencia sanitaria, tres han sido las medidas que se han propuesto, que van en la línea de garantizar la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas, facilitando los mecanismos que potencien su control. Hace unos días leímos en la prensa que ha aparecido un fraude en la dispensa de las recetas sanitarias, en el cual estaban implicados algunos médicos y también algún laboratorio. Pero quiero llamar su atención, señorías, en cuanto que esta investigación llevaba ya dos años en marcha.
Se propone consolidar y extender la red sociosanitaria, sobre todo teniendo en cuenta que, como tanto se alude problema que hay en relación con el coste de la asistencia de las personas mayores, una plaza en una residencia asistida cuesta un promedio de 6.500 a 7.500 pesetas/día y una plaza en un centro sanitario como mínimo cuesta 30.000 pesetas día. Me parece importante tener este dato en cuenta.
En el ámbito de las políticas sociales y asistenciales, dado que ha quedado reducido a la mínima expresión el extinto Ministerio de Asuntos Sociales, y que desde el punto de vista administrativo tenemos muy poca infraestructura de apoyo, se solicita en nuestro punto tercero, por creerlo necesario, creación, con las transferencias del Inserso, de la dirección general de las personas mayores. ¿Por qué razón lo pedimos? Porque creemos que es necesario tener un rango administrativo y la confianza del Gobierno en la toma de decisiones que van a seguir a la elaboración y a la realización de las directrices internacionales del plan gerontológico y de todos los planes y programas que tenemos que poner en marcha en colaboración con las comunidades autónomas.
Se plantea también seguir avanzando en la profundización del plan gerontológico, pero entiéndase que no hemos sido maximalistas. De verdad que somos respetuosos; si algo hemos aprendido es la responsabilidad de gobernar, de eso sabemos mucho. Por ello, nuestra idea, en relación con la moción, es que el plan gerontológico vaya avanzando en adquirir las cotas que desde su aprobación y publicación fueron defendidas; es decir, que exista un 3,5 por ciento de plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años, que existan ocho personas atendidas en la ayuda a domicilio y que se amplíe el mapa de hogares y centros de día para las personas mayores. Digo --y entiéndase bien-- que queremos ver la voluntad del Gobierno. No se pide taxativamente que esto se cumpla en un plazo determinado.
Como la esperanza de vida se incrementa, a partir de los 80 años es evidente que aparece un grave problema en nuestra sociedad y es que cada vez más son las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad que genera bastantes distinciones en las relaciones de vida y de convivencia y,

Página 1657


sobre todo, en su estado más avanzado exige que las unidades familiares se vean abocadas a contratar personas externas o a no garantizar los cuidados que precisan. Por lo tanto, creemos que es importante avanzar en esta línea y generar un plan específico para atender a este colectivo de personas. Queremos también fortalecer el desarrollo de todo el programa de voluntariado y del gran recurso humano --no se pierda de vista que supone 6 millones de personas que tienen tiempo libre-- para avanzar en los programas de solidaridad y de voluntariado.
Si en estos 13 años de gobierno socialista hemos conseguido garantizar un sistema universal de pensiones, contributivas y no contributivas, extender la asistencia sanitaria a toda la población de este país, elaborar el plan gerontológico, transferir el Inserso a las comunidades autónomas, ampliar las prestaciones en materia de ayuda a domicilio, de residencias, y también hemos conseguido avanzar en la participación del movimiento asociativo de los mayores, estamos en disposición, señorías, de pedir que el Grupo Parlamentario Popular apoye esta moción. Creemos de verdad que la atención y la política para los mayores pasa por diversas voluntades: la de los profesionales, que tienen que mejorar sus procesos de formación y de intervención en la prestación y en la asistencia al colectivo; la de los sindicatos, con la voluntad expresa y manifiesta de seguir manteniendo el sistema público de pensiones y el sistema público sanitario; la del movimiento asociativo, porque tiene una gran labor en la elaboración de sus plataformas reivindicativas y también en ese recurso humano, en ese recurso solidario que prestan a sus unidades de convivencia; y la de los partidos políticos para acceder con sensibilidad al diseño de las políticas que atiendan las necesidades de vida y de convivencia de nuestros mayores.
El Gobierno tiene en su mano --dado que por ahora gobierna-- la posibilidad de gestionar esta moción.
Gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Cortajarena.
A esta moción del Grupo Parlamentario Socialista han presentado enmiendas los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
En relación a esta moción sobre la política del Gobierno respecto a las personas mayores, manifestamos, con la voluntad y el tono que ha utilizado la Diputada socialista, que queremos afrontar este debate desde el rigor y la seriedad de las políticas públicas dirigidas a este importante sector de nuestra población. Hago esta afirmación porque, a pesar de que no pude seguir en directo el debate que tuvimos en la interpelación, al leer el «Diario de Sesiones», especialmente la segunda parte, no me he sentido cómodo. La confrontación dialéctica entre el señor ministro y la señora Diputada, con mutuas acusaciones de clientelismo electoral, no ayudan a enfocar los problemas de este colectivo, que requiere muchas veces, como se ha afirmado ahora y en la interpelación, claridad y seguridad. No es buena la acusación de clientelismo, como seguro que tampoco ha sido bueno que determinados responsables del Gobierno hayan podido crear inquietud. Nos parece que se deben afrontar estas políticas con pedagogía, rigor y claridad.
Además en esta Cámara, en la anterior y en la presente legislatura, hemos ensayado fórmulas de trabajo político que nos permiten avanzar en la solución de problemas sin demagogia, con rigor y con claridad. El Pacto de Toledo, el posterior acuerdo con los sindicatos que desarrolla el mismo, la incorporación en los presupuestos de 1997 de la necesaria seguridad de las prestaciones para las personas mayores, son ejemplos de estas políticas desarrolladas con consenso, con rigor y sin demagogia. La reciente constitución en esta legislatura de la subcomisión para el estudio de la amortización del sistema sanitario, es también otro ejemplo de fórmulas políticas para trabajar y afrontar estos problemas.
A nuestro entender, el Gobierno debe presentar en estos ámbitos sus propuestas porque es su obligación como Ejecutivo. Es en ese ámbito donde los grupos políticos nos debemos pronunciar y donde los grupos parlamentarios deben presentar sus propuestas. Hoy en esta Cámara existen varios grupos de trabajo en esta línea. Podríamos entrar a discutir algunas de las cuestiones que plantea esta moción y podríamos coincidir en muchos de los aspectos, no creo que existan tantas diferencias.
Debemos recordar que no se han creado en vano estos grupos. Se ha creado la subcomisión de la familia, la subcomisión de las migraciones, la subcomisión de la exclusión social, la subcomisión que hace el seguimiento del Pacto de Toledo y la subcomisión para el estudio de la amortización del sistema sanitario. Allí es donde debemos afrontar los problemas que tiene la gente mayor y hoy ahí los estamos abordando.
Nuestro grupo se había planteado la posibilidad de crear una nueva subcomisión que abordase los problemas de las personas mayores, pero nos ha parecido que añadir a la Comisión de Política Social una subcomisión no nos iba a ayudar a avanzar. Por tanto, hemos presentado dos enmiendas que intentan reconducir este debate en dos aspectos. La primera apuesta por que el Pleno del Congreso considere necesario que en la subcomisión ya constituida en esta legislatura

Página 1658


para la modernización del sistema sanitario, se traten con especial atención los siguientes aspectos relativos a los recursos necesarios para aplicarlas. Destacamos las actuaciones específicas para los afectados por la enfermedad de Alzheimer y, sobre todo, la promoción de la política que fomente el derecho a la salud de las personas mayores con las necesarias ayudas públicas que permitan seguir garantizando en un futuro los medicamentos y atenciones que precisan en este ámbito. Desde esta subcomisión podemos afrontar con tranquilidad y serenidad estas dos problemáticas en su dimensión más amplia. En el Pleno o en la Comisión de Política Social, sería interesante que el Gobierno compareciese y nos informase de sus propuestas, en base a las cuales abriríamos el debate político. Este es el sentido de las dos enmiendas de nuestro grupo parlamentario.
Sobre los 14 puntos que componen la moción que ahora estamos debatiendo queremos hacer algunas matizaciones. No queremos volver a votar el punto 1.º de su moción porque hoy existen acuerdos políticos muy sólidos.
Tenemos el Pacto de Toledo, existe un acuerdo con los sindicatos y está pendiente la discusión de los presupuestos que estamos tramitando en esta Cámara. No queremos redundar en lo que ya es evidente. Tampoco queremos interferir en las competencias exclusivas que hoy tienen las comunidades autónomas en este ámbito. Los puntos, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, y 10.º, a nuestro entender, suponen una ingerencia en las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas. El debate sobre estas cuestiones se debería plantear, al menos desde la perspectiva de Cataluña, desde la necesidad de aumentar los recursos que destinemos a las personas mayores.
Si hoy existe un debate sobre las nuevas políticas hacia las personas mayores, va a ser el debate relativo a mayores recursos. No creemos que sea positivo pedir a las comunidades que tienen competencias exclusivas en materia de asistencia social que desarrollen nuevas políticas si antes no hemos resuelto flecos importantes en sus necesidades de financiación.
En el punto número 4.º proponen la creación de una dirección general de personas mayores, vinculándola a la reducción del Inserso.
A nuestro entender, tampoco se trata en estos momentos de crear una nueva instancia administrativa. Nos parece que se puede continuar desarrollando lo que le queda al Estado y que, en todo caso, el debate sería sobre reforzar los recursos que hoy tienen las comunidades autónomas en ese ámbito.
Quiero decir también que en su propuesta hay algunas cuestiones a las que nos resulta muy difícil votar negativamente, porque en cierta manera responden al sentido común y a buena parte de las competencias que el Estado debe desarrollar. Me estoy refiriendo específicamente a las propuestas 11, 12, 13 y 14 de su moción. La propuesta número 7, a nuestro entender, forma parte de ese bloque que nuestro grupo podría votar favorablemente, aunque, como usted ha visto, tenemos una enmienda específica que nos permite separarlo.
Presentamos estas dos enmiendas porque creemos que es bueno tratar estas cuestiones en las subcomisiones, que es bueno que las tratemos con más sosiego en la Comisión de Política Social, que es importante que mantengamos el respeto a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y a su mayor dotación de recursos para hacer frente a los problemas relativos a la gente mayor y, sobre todo, que aquello que ha de informarnos en este terreno es el rigor, la seriedad y la falta de demagogia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda de sustitución que ha presentado, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, al subir a la tribuna, y después de la intervención que ha hecho la señora Diputada del Partido Socialista, parece que, por cortesía parlamentaria, lo suyo sería felicitar a don Ramón Rubial por su noventa cumpleaños y desearle que cumpla muchos más. (Rumores.) Eso, como cuestión previa.
Pasando al texto de la interpelación presentada por el Grupo Socialista y los motivos de esa interpelación, así como de la presentación de la moción, tengo que decir que S. S. ha vuelto a insistir en los motivos que dieron lugar a la presentación de esta interpelación. Lo que debe hacer mi grupo, en primer lugar, es plantear la disensión precisamente en el origen: la motivación de esta interpelación, que, a nuestro juicio, no es lo más oportuno en estos momentos, no es lo más razonable. Voy a explicarlo.
Usted habla de que fundamentalmente fueron tres las motivaciones que movieron a su grupo a presentar la interpelación: la primera hace referencia a los cambios demográficos; la segunda, a las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno, que, según usted, creaban alarma social; y la tercera, a la necesidad de la definición de un marco político para atender las condiciones y de convivencia de la tercera edad.
Por lo que se refiere a la primera, los cambios demográficos, diré que obviamente son cambios demográficos no producidos en estos seis últimos meses. Esto también tiene relación, a sensu contrario, con la tercera formulación. En su tercera motivación parece que usted quiere decirnos que en la política actual no existe un marco para atender las condiciones y de convivencia de la tercera edad. A mi juicio, esto es incomprensible después de que usted haya estado

Página 1659


defendiendo y vanagloriándose de la labor efectuada en esta materia por el Gobierno anterior durante trece años.
Por último, en lo que se refiere a las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno, tengo que decirle que más alarma social han creado las declaraciones hechas por el ex Presidente del Gobierno. Quiero recordarle que el anterior Presidente del Gobierno, en un debate público en televisión, dijo que si se producía la alternancia política en este país, los pensionistas perderían hasta 8.000 pesetas. Y quiero recordarle también que durante la campaña electoral reciente algunos miembros de su grupo...


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señor Hernando.
Le he concedido la palabra para defender la enmienda, no para polemizar o entrar en debate con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista porque automáticamente me va a pedir la palabra y abriremos un segundo debate. (Varios señores Diputados de los bancos del Grupo Socialista: ¡Muy bien!) No es necesario que coreen las decisiones de la Presidencia.
Ya se basta. Muchas gracias por su colaboración. Continúe, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente, pero estoy intentando justificar la presentación de esta enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Entiendo perfectamente que está intentando justificarla, pero no sobre los argumentos que ha expuesto la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la exposición de motivos que acompaña a esta moción. (Varios señores Diputados de los bancos del Grupo Socialista: ¡Muy bien!)

El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
No obstante, y antes de que me corte el señor Presidente, quiero recordar que también en la última campaña electoral se utilizaron argumentos similares.
Por lo que se refiere al texto de su moción, nuestro grupo cree que hay temas que no son necesarios ni tan siquiera convenientes volver a suscitar en estos momentos. Hay asuntos a lo largo del listado que son poco originales. A nosotros así nos lo parece. Hay nuevas demandas que ya están en funcionamiento también y que en parte se pusieron en marcha por el Gobierno anterior, al que le da bastante poco crédito como decía antes. Y otras que afectan a competencias transferidas. Asimismo, hay asuntos que usted plantea aquí sobre los que se están realizando estudios en el propio Parlamento, tal como lo ha puesto de manifiesto el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Si aprobáramos su texto tal como viene estaríamos determinando una capacidad de propuesta e interfiriendo en los trabajos de las subcomisiones es que se han creado en el Parlamento.
En la primera parte de la moción habla usted de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Eso está garantizado más allá del año 2000. Para eso se ha firmado un acuerdo con los sindicatos, saludado por su grupo parlamentario. Usted dejó entrever el otro día que no sabía si estaba bien hecho o no. Eso es así. Además, está hecho en virtud del programa del Partido Popular y de acuerdo con el discurso de investidura del Presidente del Gobierno.
En cuanto al segundo apartado, relativo a la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas, vuelvo a repetir que existe una subcomisión que está estudiando este tema y, por tanto, no podemos anticiparnos a las deliberaciones. Cuando se intentó en este mismo Parlamento, hace unos meses, lo que pretendimos fue rebajar el debate para dar la posibilidad de que la subcomisión trabajara con independencia de criterios.
Por lo que se refiere al tercer punto, sobre la creación de una dirección general de personas mayores, debo decir que ya existe una secretaría general, con rango superior a la dirección general, que coordina todas estas políticas. Aceptar esta dirección general que, por cierto, ustedes han tenido mucho tiempo para crearla sería, a nuestro juicio, rebajar la normativa del Gobierno sobre coordinación de la política para las personas mayores.
Proponen también en el punto quinto el desarrollo del plan gerontológico.
Nosotros estamos de acuerdo en el objetivo. Quizá no estemos de acuerdo en que ahora en una legislatura tengamos que hacer lo que no se ha hecho en tanto tiempo atrás, porque los datos cantan. En el año 1982 había 90.000 plazas y se ha pasado en 1996 a 145.000. Ahora se pretende que pasemos, en tan solo tres años y medio, cuatro años que dura la legislatura, a 220.000, que es el 3,5 por ciento, lo que supone más de 75.000 camas. Además ésta es una competencia que debe ser coordinada con las comunidades autónomas y entidades locales, en virtud de la descentralización del Estado.
Sí vemos aceptable algunas de las otras propuestas que ustedes hacen, como la referente al Alzheimer, como aquellas referidas a fortalecer el desarrollo del voluntariado colectivo; a financiar y apoyar la realización de estudios postgrado en gerontología y geriatría en las universidades; a potenciar y coordinar las investigaciones para la aplicación de nuevas tecnologías y ayudas técnicas que faciliten la integración social y el bienestar de las personas mayores; o la última que habla del respeto a nuestros mayores. Precisamente por eso hemos presentado esta enmienda de modificación de su moción.
Creo sinceramente que nuestra enmienda es mucho mejor, que completa, en algunos casos, algunos de los

Página 1660


aspectos a que he hecho referencia anteriormente y que elimina otros porque es innecesaria su mención en el texto. Por tanto, le pediría que se mostrara razonable y la aceptara.
En el anterior debate, en la presentación de la interpelación, concluía su formulación con algo que me llamó la atención y tengo que decírselo señora Diputada. Usted dijo en esta tribuna que, a veces, los mayores son como niños. Yo no estoy de acuerdo con eso, los mayores nunca son como niños. Los mayores son personas respetables, personas razonables, personas a las que hay que apoyar, personas a las que hay que ayudar, personas a las que hay que escuchar. Para eso, señora Diputada, es para lo que estamos nosotros aquí. Para eso, señora Diputada, es para lo que presentó ya en las elecciones nuestro partido, el Partido Popular, un programa muy ambicioso de ayuda a los mayores. Y para eso y en eso ya se están aplicando medidas, algunas de ellas aprobadas por su grupo, como la del Pacto de Toledo, que es el primer gran pacto sobre pensiones apoyado por la mayoría de los agentes sociales y de las fuerzas políticas de este Parlamento.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Hernando.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifiesta su coincidencia general con los términos de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, como consecuencia de la interpelación urgente sobre la política del Gobierno en relación a las personas mayores. Ello no obsta para que intentemos en esta intervención manifestar lo que pensamos lealmente sobre algunos aspectos de su contenido y de su significado, a la vez que defendemos las enmiendas concretas que hemos presentado.
Con toda sinceridad, Izquierda Unida cree que la referencia que la motivación de la moción hace al acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social no hace al caso y da, al mismo tiempo, lugar a adelantar un debate que aún no está planteado en esta Cámara, aunque sí en la sociedad, al que, sin duda alguna, contribuiremos con mucho gusto.
En todo caso, la pertinencia de la moción va a depender de sus contenidos, aunque no esté de más que señalemos, a fuer de lealtad con los proponentes, con el conjunto de la Cámara y sobre todo con los ciudadanos y ciudadanas, la contradicción del significado de la moción misma o de alguno de sus contenidos concretos, por venir de un grupo parlamentario que ha manifestado su coincidencia con el citado acuerdo, presentado oficialmente como la solución a todos los males de los pensionistas.
En segundo lugar, hemos de decir que, genéricamente, nuestras enmiendas pretender urgir a la concreción de las propuestas contenidas en la moción, pues entendemos que ésta adolece de generalidad e inconcreción.
Especial énfasis vamos a poner en la enmienda que presentamos al punto primero. Con ella queremos que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones, sin necesidad de especificar las que concreta el texto de la moción. Hay que reconocer que esto ya se hace en el mencionado acuerdo y que, en último término, sería innecesario volver a repetirlo, pues es reiterativo. Al mismo tiempo, queremos que se garantice que para el año 2000 todas las pensiones sean al menos como el salario mínimo interprofesional, sobre todo las pensiones más bajas, incluidas las de los emigrantes. Esto no lo hace el acuerdo, pese a que nuestro grupo lo propuso explícitamente y por escrito en el seno de la subcomisión correspondiente. Por ello, planteamos, aprovechando esta ocasión que se nos ofrece, una enmienda en este sentido que esperamos sea acogida favorablemente por el proponente.
Además, pretendemos que cuando se habla de la gratuidad de los medicamentos para los pensionistas se incluyan en concreto las prótesis de extremidades, dentales, auditivas y oculares y que se añade al punto 2.º que trata de este tema, la determinación y regulación de los medicamentos más idóneos para cada enfermedad, dando participación a laboratorios, facultativos y representantes políticos y sociales.
Junto a esto proponemos una enmienda en la que se pretende dar al Consejo Estatal de Mayores y a los consejos de mayores de las comunidades autónomas, facultades para la decisión, coordinación, control y seguimiento de las competencias de las personas mayores.
Planteamos también llenar de contenidos esa propuesta que trata de consolidar en toda España la red sociosanitaria de atención a las personas mayores dependientes. Por brevedad no voy a explicitar todos los contenidos que en este punto plantea nuestra enmienda.
También deseamos que se concrete mucho más --y con la enmienda intentamos hacerlo-- el impulso al desarrollo del plan gerontológico.
Por otro lado, queremos añadir un punto 7.º bis para que se asegure la vivienda digna a las personas mayores mediante créditos suficientes, ayudas a la reparación y adaptación de viviendas, adjudicación del 10 por ciento de las viviendas de protección oficial debidamente acondicionadas para los mayores.
A fin de propiciar el acercamiento de posiciones para que pueda haber un cierto consenso final, vamos a retirar las enmiendas que hemos hecho en tiempo y forma respecto a los puntos 8.º, 9.º y 10.º.
Finalmente, proponemos en otra enmienda --y esa sí la mantenemos-- que a efectos de contribuir a incorporar en la sociedad española, como dice el texto

Página 1661


de la moción, no sólo el respeto por nuestros mayores, sino también la importancia de su papel activo, se añada que esto se debe hacer o se puede hacer a través de campañas efectivas de sensibilización, información, publicaciones y debates sociales en los diferentes medios de comunicación, impulsado todo ello por el Gobierno.
Por tanto, anunciamos nuestro voto favorable pese a las reservas con que debamos emitirlo en función del previsible desarrollo del debate.
Gracias, por su atención.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor Vaquero.
¿Grupos que deseen fijar su posición y no han presentado enmienda? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.


El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, tomo la palabra --y pretendo ser breve por muchísimas razones-- para fijar la posición de Coalición Canaria en esta importantísima moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Quisiera empezar dando las gracias a mi joven compañero de Coalición Canaria, Paulino Rivero, por haberme concedido el honor de fijar la posición a mí, que soy el mayor de esta Cámara, lo que me sirvió de base para presidir la Mesa de edad de este Congreso, cosa que no podré nunca olvidar por lo emocionante que fue para este modesto Diputado ser Presidente, aunque fuese una Presidencia efímera de cinco horas.
Señorías, el tema de las personas mayores es sugestivo, que cada día incrementa su importancia de una forma asombrosa, pero hay que ir abandonando muchos tópicos. Esos criterios generalizados de que los mayores o son inútiles o hay que tratarlos como niños, hay que erradicarlos. Es una tradición, que viene de antiguo, que los mayores recogían la experiencia. Recordemos el Senado griego y el Senado romano.
Pero también recordemos que, por deterioros circunstanciales, los mayores han sido siempre considerados como seres que merecen una protección, pero un cierto alejamiento. Aunque sea universitario, yo nunca canto el himno de la universidad. Cuando se dice aquello de ioconda iuventutis sí, pero cuando hablan de molesta senectutem, no. Creo que la senectud también puede ser ioconda. Y lo creo, pues hoy aquí se ha hablado de un nonagenario, siguiendo a don Ramón Menéndez Pidal, que decía que siempre es uno joven mientras tiene una tarea y una razón entusiasmante.
Permítanme que dé lectura a un artículo de un sociólogo que publicaba hace pocos días un periódico nacional. Decía: Si el sistema económico y laboral persiste en la marginación actual y no se encuentran alternativas a las políticas de infantilización de los mayores, éstos, que cada vez tienen mayor poder electoral, intentarán cambiar las cosas a su favor, porque no se olviden, señorías, que por razones del avance de la medicina, por razones de la longevidad, la tercera edad o las personas mayores, como se las quiera denominar, van a constituir un lobby muy importante en el siglo próximo.
Coalición Canaria, tras detenido estudio de la moción socialista, defendida con el magnífico estilo con que lo ha hecho la Diputada socialista, como no podía ser menos, cree que se debería lograr una declaración conjunta, porque el tema de los mayores está en el programa de todos los partidos políticos que conforman esta Cámara.
Si analizáramos la moción, podríamos distribuir sus puntos en tres apartados, apartados que podríamos llamar redundancias, como el punto 1.º, que se refiere nada menos que a algo que ya está acordado en el Pacto de Toledo. Hay en la moción, señorías, algunas propuestas que hacen interferencia en la labor de dos subcomisiones de esta Cámara, la de Sanidad y la de Asuntos Sociales. Sin embargo, hay puntos que son aceptables pero hay otros que son una redundancia, porque son políticas que se vienen aplicando desde el anterior Gobierno; me refiero, por ejemplo, al punto 10.º Por supuesto, rechazamos algunos puntos relativos a violar las competencias autonómicas y locales, como son los puntos 3.º y 8.º. Pero les digo y repito que hay puntos que son aceptables y los distribuiría en dos grupos: uno, a los que habría que hacer algunas matizaciones, y otro que habría que aceptar. Desarrollar el acuerdo para consolidar en toda España la red sociosanitaria de atención a las personas mayores dependientes, así como impulsar el desarrollo del plan gerontológico lo aceptamos, pero sin planteamientos de metas quiméricas, porque no podemos olvidar que estamos en una época de restricciones en que hay que apretarse el cinturón --todo el mundo lo está haciendo-- para poder llegar a la convergencia europea.
También vemos favorablemente generar, impulsar servicios de ayuda, de apoyo, como señala el punto 6.º, pero respetando siempre a las autonomías.
Apoyamos el establecimiento, dentro del plan gerontológico un programa específico para atender a los afectados por la enfermedad de Alzheimer, como señala el punto 7.º. Vemos plausible también la realización de estudios de postgrado en gerontología y geriatría en las universidades, así como todas las medidas que se señalan en los puntos 12.º, 13.º y 14.º para apoyar las investigaciones en orden a potenciar la aplicación de nuevas tecnologías para una mayor integración social y mayor bienestar de las personas mayores y para que éstas, aprovechando su capacidad creadora y productiva, puedan darnos su experiencia vital.
Nosotros creemos que este tema merecería muy bien un texto transaccional basado en las líneas principales expuestas aquí por los diferentes portavoces.


Página 1662


Creo que la cuestión es importantísima y ello ayudaría a que fuese verdad aquella frase que le decía Alexis Carrel a nuestro sabio doctor Marañón contemplando Toledo: Para llegar a mayor hay que seguir interesándose en lo que nos interesaba desde jóvenes; nunca dar por terminada el ansia de crear y jamás descansar. Quizás esta fuera la causa de aquellas bellas estrofas que redactara el doctor Marañón cuando decía: Vivir no sólo es existir, sino existir y crear, saber, gozar y sufrir y no dormir sin soñar; descansar es empezar a morir.
Por ello, Coalición Canaria luchará y votará a favor de estas enmiendas que estoy seguro van a triunfar y, en caso contrario, votaríamos punto por punto a las interesantes cuestiones que se plantean en esta moción.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, señorías, voy a ser muy breve porque sé que a estas horas de la tarde-noche todas SS. SS. me lo van a agradecer.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco en relación a la moción presentada por el Grupo Socialista. Quiero indicar, en primer lugar, que apoyamos, como no podía ser de otra manera, todas las acciones que persigan una mayor calidad de vida y un mayor bienestar social para todas las personas mayores y, además, apoyamos todas y cada una de las acciones que se recogen en la moción. Pero nuestra discrepancia está en desde dónde se diseñan estas acciones, si desde el Estado o desde las comunidades autónomas. Por eso yo anuncio que vamos a votar en contra de algunos puntos de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista --si se nos permite, porque si da lugar a aceptación de transacciones, no tendremos la oportunidad de votar por bloques--, y la razón fundamental de nuestro rechazo es porque incide en una materia que es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En nuestro caso, de la Comunidad Autónoma de Euskadi, porque el Estatuto de Guernica, en el artículo 10, puntos 12 y 39, establece estas materias como competencias exclusivas de la comunidad autónoma.
Con relación al punto 1.º, y aunque ya lo han indicado también portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero decir que vamos a votar a favor porque así dejamos claro nuestro voto en el Pacto de Toledo y además hay un acuerdo con los sindicatos, que también está recogido en el proyecto de presupuestos para 1997, y en este momento, aunque no aporta nada, pero como lo que abunda no daña, lo apoyaremos.
Respecto al punto 2.º, y por razones de prudencia, yo, en nombre de mi grupo, propondría esperar a las conclusiones de la subcomisión de Sanidad, que todavía no las ha dictaminado. Con relación a los puntos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 11.º, al ser las comunidades autónomas competentes en esta materia, desde nuestro punto de vista, el Estado carece de facultad alguna y, en consecuencia, de esas facultades de coordinación, entendiéndose ésta en el mismo sentido que las ha interpretado el Tribunal Constitucional.
Todas estas medidas, desde nuestro punto de vista y como Grupo Vasco, están incardinadas, sin ningún género de dudas, en la materia que actualmente gestionan las comunidades autónomas, de acuerdo a las políticas por ellas diseñadas. En nuestra comunidad autónoma hemos desarrollado planes de actuación basados en los siguientes principios: Las personas mayores no deben estar ceñidas a un modelo de vida único, sino que ellos deben decidirlo libremente; las personas mayores se mantendrán en su entorno, siempre que sea posible, potenciando los servicios comunitarios; potenciar las capacidades de utilización de recursos propios; mantener la autonomía personal; proteger la salud; dar apoyo social a las personas dependientes y garantizar el bienestar material.
Por eso hemos defendido, desde todas las instituciones donde tiene algo que decir nuestro partido político, una intervención gerontológica suficiente, económica y sostenible, adaptada, flexible y dinámica, descentralizada, integral, integradora, evaluativa, renovada y optimizada. Y ello ha dado lugar a un índice de cobertura que, por ejemplo, en el territorio histórico de Alava, al que yo represento, se ha llegado a un índice en residencias de 4,6 plazas por cada cien personas mayores de 65 años. Asimismo, se ha desarrollado un proyecto, que para nosotros es muy importante y novedoso, de apartamentos tutelados; se ha creado también una red suficiente de centros de día para personas dependientes y afectadas por la enfermedad de Alzheimer, centros socioculturales para personas mayores, centros de atención diurna y, además, hemos llegado a una cobertura de ayuda a domicilio de 5,4 mayores por cada cien habitantes.
Insisto, para terminar, en que la razón fundamental de nuestro rechazo a los puntos antes referidos es por incidir en una materia que es competencia exclusiva autonómica. Por ello, si es posible, vamos a solicitar votación separada de los puntos 1.º, 4.º, 10.º, 12.º y 13.º, en un bloque; el punto 2.º, por otra parte, y los puntos 3.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 11.º por otra.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora Aguirre.
Tiene la palabra la señora Cortajarena, a los solos efectos de manifestar si acepta o no las enmiendas de modificación que le han presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular, la parcial de modificación y el

Página 1663


resto de adicionales que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero hacer una especial mención, en función de los artículos 71 y 73 del Reglamento de la Cámara, a la intervención que ha hecho el representante del Partido Popular, porque no ha sido nuestra intención en absoluto tener que utilizar el «Diario de Sesiones» permanentemente, pero le diré que si en un momento dado se identificó con que las personas tenían una percepción del tiempo de las personas mayores que se podía asemejar a los niños, y dije, sí, en ese momento que los mayores son como niños, le quiero comentar también que ustedes permanentemente, cada vez que habla el Ministro de Trabajo, nos echa en cara el voto cautivo y la capacidad que se ha tenido, a través de las pensiones, de alarmar a toda la sociedad. Es más, usted lo acaba de decir ahora mismo, y nosotros jamás lo hemos dicho en el debate de una moción. (Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señora Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: No lo hemos dicho, y es que ustedes también lo utilizan. (El señor Torres Gómez: Eso no lo ha dicho nunca el Ministro de Trabajo.) Aquí, el «Diario de Sesiones», caballero.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Torres, le llamo la atención.
Señora Cortajarena, esta Presidencia ya ha advertido al señor Hernando en la presentación de la enmienda que no podía entrar en debate con sus argumentos, pero usted comprenderá que cuando se presenta una enmienda de modificación a la totalidad de la moción que ha presentado su grupo lo cierto y verdad es que es absolutamente necesario e imprescindible que se haga algún tipo de alusión a la argumentación, porque precisamente es una enmienda alternativa, de sustitución, de modificación total. Por eso en su momento esta Presidencia, como ha podido observar incluso S. S., ha llamado la atención al señor Hernando. En la misma medida le llamo la atención a usted.
Por favor, cíñase estrictamente al artículo l84.3 de nuestro Reglamento.
En este momento estamos en el trámite final de que usted indique a la Presidencia si acepta o no las enmiendas presentadas por los tres grupos que han enmendado.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor Presidente, por la aclaración, pero espero también que la magnanimidad que ha tenido usted con algún grupo parlamentario de esta Cámara la tenga con la proponente de la moción.
En primer lugar, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la descripción que ha hecho de la moción.
Realmente el tono de la moción ha sido un tono reflexivo, un tono evaluado, un tono que quiere comprometer a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, porque el problema de las personas mayores atañe a seis millones, señoría, y no es una cuestión de broma.
(Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señoría, no le importa a esta Presidencia el tono, le importa saber si usted acepta o no la enmienda presentada como modificación total por el Grupo Parlamentario Catalán. Dígame sí o no sencillamente.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Perdón, señor Presidente, la enmienda del Grupo Catalán no es de modificación. La enmienda del Grupo Catalán a la moción tiene dos propuestas; la primera no la vamos a aceptar, y sin embargo la segunda dice que el Pleno del Congreso considera necesario que en la subcomisión ya constituida en esta legislatura para la modernización del sistema sanitario se traten con especial atención los recursos necesarios para aplicarlas en los siguientes aspectos: actuaciones específicas para los afectados por la enfermedad de Alzheimer --que estamos absolutamente de acuerdo-- y la promoción de una política que fomente el derecho a la salud de las personas mayores, con las necesarias ayudas públicas que permitan seguir garantizando en un futuro los medicamentos y atención que precisan en este ámbito. En este segundo punto las aceptamos, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias.
¿Y respecto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?

La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, que es de sustitución, no es aceptada por esta proponente. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¿La enmienda a la moción que ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya?

La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Se acepta con las propuestas que ha hecho el representante y portavoz de Izquierda Unida.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): ¿Es decir, la sustitución del punto 1.º y la adición del resto?

La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El punto 1.º no se acepta; el 2.º tampoco; el 3.º sí se acepta; el 4.º

Página 1664


punto sí se acepta; el 10.º punto se acepta en el último párrafo: a través de la elaboración de campañas efectivas de sensibilización e información, publicaciones y debates sociales en los diferentes medios de comunicación, impulsado todo ello por el Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor Presidente, agradecemos las palabras de la Diputada socialista, pero entendemos que nuestra enmienda sólo tendría sentido en su incorporación plena y, por tanto, lamentándolo mucho, no podemos aceptar su transacción.
Pedimos votación separada, señor Presidente, de los puntos 7.º, 11.º, 12.º, 13.º y 14.º.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Campuzano. Como sabe S. S., y también la señora Aguirre, que ha pedido votación separada, al incorporar el grupo autor de la moción enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es absolutamente imposible, con el Reglamento en la mano, hacer votación separada.
Por tanto, se va a someter a la votación de todas SS. SS. la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con las modificaciones que ha aceptado la señora Cortajarena, que provienen del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista del Congreso, presentada a consecuencia de interpelación urgente, sobre política general del Gobierno en relación al colectivo de las personas mayores, en los términos resultantes de la aceptación por el grupo proponente y por su ponente de las enmiendas que ha expuesto a la Cámara en su última intervención.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 116; en contra, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Socialista.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las diez y cinco minutos de la noche.


Corrección de errores

--En la página 1602 del «Diario de Sesiones» del día 31 de octubre de 1996, en la votación referente a las enmiendas del Grupo Socialista, debe decir:

«Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 132; en contra, 155; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Socialista del Congreso.»

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal