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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 28, de 26/09/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1996 VI Legislatura Núm. 28

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 27

celebrada el jueves, 26 de septiembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Página 1153)

Tramitación directa y en lectura única de Propuestas de reforma del Reglamento de la Cámara:

--Propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que se modifica el artículo 46.1 (número de expediente 410/000001) (Página 1153)

Página 1148


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. «B. O. C. G., Serie A, número 3.1 de 21 de junio de 1996» (número de expediente 121/000001) (Página 1153)

--Proyecto de Ley de liberalización de las telecomunicaciones.
(Procedente del Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio.) «B. O. C. G., Serie A, número 5.1, de 4 de julio de 1996» (número de expediente 121/000003) (Página 1172)

Avocación por el Pleno de proyectos de ley.


--Proyecto de Ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas. (Procedente del Real Decreto-Ley 8/1996, de 7 de junio.) «B. O. C. G., Serie A, número 6.1, de 4 de julio de 1996» (número de expediente 121/000004) (Página 1187)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Tramitación directa y en lectura única de propuestas de reforma del Reglamento de la Cámara (Página 1153)

Propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que se modifica el ar-tículo 46.1 (Página 1153)

Habiendo sido retirada la enmienda del Grupo Popular, se somete a votación la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que se modifica el artículo 46.1, que es aprobada por unanimidad.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1153)

Proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (Página 1153)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Administraciones Públicas, basándose en el compromiso del Grupo Popular con la reforma y mejora de la organización y funcionamiento de la Administración, puesto que una parte importante de la normativa que regula la Administración hoy en día es preconstitucional y el desarrollo del Estado de las autonomías ha puesto de manifiesto que el funcionamiento de la Administración central y periférica es inadecuado.
Expone que esta Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración del Estado es complementaria de otra que se enviará a la Cámara antes de que finalice el presente período de sesiones y que regulará todo lo referente al Gobierno y su Presidente.
Presenta como aspectos más importantes de este proyecto de ley, en primer lugar, una regulación global de la Administración general del Estado, que se inspira en los principios de racionalización y eficiencia. Por otra parte, el proyecto ofrece un diseño radicalmente nuevo de la organización territorial del Estado, de acuerdo con el principio de Administración única, evitando duplicidades entre las estructuras organizativas de la Administración general del Estado y las distintas administraciones públicas. Asimismo, prevé la integración de servicios periféricos de los ministerios. Se refiere en especial a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, a los subdelegados del Gobierno en las provincias e islas y, particularmente, a la desaparición de los gobernadores civiles. Considera que con esta iniciativa el Gobierno da un paso más en la concreción del modelo constitucional que establece la figura del delegado del Gobierno como pieza clave de la Administración general del Estado en el territorio.


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Por otra parte, señala que otra de las preocupaciones del Gobierno al elaborar el proyecto ha sido lograr una simplificación de la tipología de organismos públicos, reduciéndola a dos categorías: organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Asimismo, hace mención a la Administración general del Estado en el exterior, subrayando que en este terreno se están adoptando ya medidas reglamentarias para acomodar la acción exterior del Estado al grado de desarrollo autonómico alcanzado.
Finalmente señala que en una ley de estas características los mecanismos transitorios cobran una especial importancia para garantizar la efectiva transformación de las estructuras existentes y para que esta transformación se realice sin vacíos normativos y sin pérdida de la eficacia. Considera que mientras no se transfieran, por ejemplo, las competencias de educación y sanidad, dado el volumen de recursos que gestionan, se seguirá teniendo una dependencia clara del ministerio de que se trate, pero habrá que ir trabajando para, gradualmente, llegar a una mayor reducción de la administración periférica.
Termina su intervención manifestando que el proyecto de ley da solución a un conjunto de problemas que hoy tiene nuestra Administración.


En turno en contra del proyecto de ley y en defensa de su enmienda de totalidad, interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
Considera que el proyecto de ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado se apoya en distintos artículos de la Constitución, unos de carácter eminentemente político, como los artículos 9.2, 10.1 y 150.2, y otros que tienen un matiz más claramente burocrático y administrativo, como pueden ser los artículos 103, 97 y 31.2.
A continuación señala los motivos que le llevan a pedir la devolución al Gobierno de este proyecto de ley. En primer lugar, porque considera que profesionalizar la Administración del Estado recurriendo a funcionarios del tipo A o con título superior no es la mejor manera; en segundo lugar, porque no está de acuerdo con que la economía del gasto público se deba centrar específicamente en convertir toda la economía pública en subsidiaria de la privada y, en tercer lugar, porque con adaptar la Administración periférica del Estado al modelo autonómico no se consigue acabar con las duplicidades y, sobre todo, con las tutelas que el Estado, el Gobierno, la Administración general ejercen sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Votará en contra porque considera que el proyecto es continuista, limitado, incluso contradictorio con la protección del derecho de todos los ciudadanos a participar en las tareas directivas del Gobierno y con otros aspectos de la Constitución, y no supera las contradicciones inherentes al Título VIII de la Constitución Española.


En defensa de la enmienda de totalidad al proyecto de ley presentada por Eusko Alkartasuna, interviene la señora Lasagabaster Olazábal. Expone que su enmienda se dirige en especial al espíritu que rige este proyecto de ley en las cuestiones relativas a la Administración central y, especialmente, a la periférica, no estando de acuerdo con los mismos y solicitando por ello la devolución del proyecto de ley. El núcleo central de su enmienda hace referencia al incumplimiento por parte del Gobierno de las expectativas suscitadas de reforma de la Administración general para ajustarse al verdadero espíritu del Estado autonómico. A continuación hace una crítica de la exposición de motivos y del articulado, y finaliza su intervención manifestando que el tan cacareado reajuste que se esperaba desde el establecimiento del Estado autonómico no llega con este proyecto de ley, puesto que la organización de la Administración recogida en el mismo no responde ni a la necesidad de modernización ni a la economía del gasto público ni a la tan deseada organización de la Administración única.


En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Ríos Martínez. Considera que los cambios que se han introducido obedecen, en primer lugar, a una voluntad decidida y manifiesta del señor Ministro y del Gobierno de simplificar y reducir la Administración periférica del Estado y, en segundo lugar, a que ese cambio sea lo suficientemente grande hacia fuera para que todo continúe aparentemente como estaba por dentro. Sin embargo, considera que esta ley, dentro de poco, será una pieza fundamental en el Derecho público, porque modifica o adecua el régimen jurídico de las administraciones públicas, porque las entidades estatales autónomas de la Ley de 1958 también se actualizan y porque va a actuar con una nueva dinámica de la Administración dentro de la propia realidad, pero considera que esos objetivos de la exposición de motivos no se concretan suficientemente en su articulado.
A continuación pasa a hacer una crítica pormenorizada de los diferentes artículos del proyecto y finaliza manifestando que el objetivo de su enmienda a la totalidad es hacer una reflexión sobre los elementos diferentes y fundamentales que han encontrado en el estudio del proyecto de ley, y se ofrece para que, en un proceso de diálogo, se pueda concretar y modificar, dándole una evolución distinta.


En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario

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Vasco (PNV), y Gil i Miró, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); y los señores Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista, y López-Medel Bascones, del Grupo Popular.


Hace uso de la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad del proyecto de ley, se rechazan por 285 votos en contra, 22 a favor y dos abstenciones.


Proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones (Página 1172)

En defensa de la enmienda de totalidad al proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, interviene el señor García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista, deseando que una historia que ha comenzado mal tenga un buen final. Considera que ha empezado mal porque los reglamentos ya están hechos, mientras que las Cortes Generales están iniciando el trabajo parlamentario que debe producir una ley. Reconoce que el decreto del que trae origen el actual proyecto se encuentra en vigor desde su convalidación por esta Cámara y ello faculta al Gobierno al desarrollo reglamentario que ha efectuado, pero esta facultad jurídica, en su opinión, no debe tener una interpretación tan expansiva que exima al Gobierno de la grave responsabilidad política en la que ha incurrido por su intolerable descortesía con esta Cámara.
Expone que el objeto del texto alternativo que defiende en nombre de su grupo no es otro que el de ayudar al Gobierno a conseguir unos objetivos sectoriales que comparten en gran medida con el Grupo Popular, pero que consideran están insuficientemente definidos y mal priorizados. Estima que su texto alternativo nace de una percepción de la sociedad de la información no sólo diferente de la que contiene el proyecto de ley sino más avanzada, desde el punto de vista tecnológico, y más próxima al conocimiento de los grandes cambios sociales. Expone que la propuesta del Gobierno de creación de una Comisión del mercado debe ser ampliada con la propuesta del Grupo Socialista, en el sentido de aumentar sus contenidos y competencias en todo lo referente a tecnologías de la información y audiovisuales, a fin de que dicha comisión no tenga como objetivo exclusivo el de vigilar el respeto de las leyes de la competencia, sino otro más ambicioso, como es el de regular todo lo referente al macrosector de la información multimedia, en beneficio del usuario y no solamente de la competencia. Entre las competencias de que dota a la Comisión hace especial mención a la participación activa de la Cámara en el proceso de nombramiento de consejeros, facultad que se reserva al Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento.
Sin embargo, en contra de lo que dice el proyecto de ley, consideran que el proceso de venta del 51 por ciento, al menos, de las acciones de esa nueva sociedad deberá ser mediante concurso convocado y resuelto por el Ministerio, en lugar de realizarse por el trámite confuso e impreciso de adjudicación restringida por la propia entidad que lo convoca. Asimismo, considera necesario el segundo operador, que podría llevar ya un año funcionando si el Grupo Popular no hubiera rechazado un real decreto del Gobierno anterior.
Otra de las diferencias que mantienen con el proyecto de ley del Gobierno es la referente a las modificaciones que el Real Decreto-ley ha introducido en la denominada Ley del Cable, que fue apoyada por todos los grupos de la Cámara, excepto por el Grupo Popular. Propone al resto de los grupos de esta Cámara recuperar el texto pactado entre todos hace escasamente diez meses para poder establecer el plazo de los nueve meses posteriores a la resolución de los concursos, que permitía a Telefónica operar antes de los nueve meses si el operador de cable entraba en funcionamiento en ese plazo. Insiste en la supresión de la disposición transitoria del Real Decreto-ley, que legaliza los concursos de cable convocados por instancias de la Administración. Propone también que los agentes que ganen los concursos puedan ofrecer la telefonía básica como uno de los servicios.
Por último, reitera que, a pesar de la presentación de un texto alternativo, la intención de su grupo es la de encarar el debate posterior de las enmiendas sin prejuicios y desde la responsabilidad, porque son conscientes de la incertidumbre que produciría en el sector un texto que no contase con apoyos muy cualificados dentro de la Cámara.


En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Alcaraz Masats, manifestando que, a juicio de su grupo, el Partido Popular y su Gobierno no tienen un programa de telecomunicaciones; sólo hay una especie de posición radical. Considera antidemocrático el que acaben de publicar tanto el reglamento concerniente al cable como el referido al funcionamiento y los objetivos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones cuando aún no se ha empezado a discutir el proyecto en la Cámara.
Considera que en el proyecto de ley subyacen dos temas fundamentales: una superliberalización del mercado de las telecomunicaciones y un cambio sustancial en la filosofía de la Ley de Telecomunicaciones por Cable en aspectos puntuales de enorme importancia, en los que se obtuvo el consenso de todos, excepto del Grupo Popular. Añade que su texto alternativo parte de la base de que el proyecto de ley del Gobierno crea

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un duopolio de manera engañosa, teniendo en cuenta previsiones que responden a intereses particulares españoles de cara al futuro y a intereses de multinacionales. Sin embargo, opina que el texto alternativo de Izquierda Unida responde al consenso previo, a la racionalidad y a los intereses nacionales. En este texto se restablece todo lo que se aprobó en este Pleno de la Cámara con una inmensa mayoría y se plantea la creación de un segundo operador con capacidad para entrar en el mercado de las telecomunicaciones, nacional e internacional, desde los intereses nacionales.
En cuanto a la estructura de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, considera que el presidente y el vicepresidente pueden ser elegidos y ratificados a propuesta del Gobierno, pero cuatro integrantes de dicha Comisión deberían ser elegidos por los grupos de la Cámara y tres por los sectores sociales afectados.
Considera que el Grupo Popular no sólo ha roto un consenso político ocasional, sino que ha roto el principio de un pacto de Estado con respecto a las telecomunicaciones, con una apuesta no sólo neoliberal, sino a favor de ciertos grupos de presión nacionales e internacionales.
Por lo tanto, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya introduce de manera clara, sin ambigüedad alguna, la interconexión y la interoperatividad de las redes y la capacidad de concesión por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones de nuevas licencias en condiciones de justicia, de transparencia y de equidad.


En contra de las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene, en nombre del Gobierno, la señora Mato Adrover, que recuerda a los señores portavoces de dichos grupos que lo que se está debatiendo hoy en la Cámara es un proyecto de ley que proviene de un Real Decreto-ley convalidado por la mayoría de la Cámara hace escasas semanas.
A continuación manifiesta que están dispuestos a conseguir un consenso entre todas las fuerzas políticas porque consideran que la política de telecomunicaciones es un asunto de Estado. Añade que el Real Decreto-ley está basado en la Ley de Telecomunicaciones por Cable que presentó en esta Cámara el Gobierno socialista y que se aprobó con la mayoría de la misma, sin tener en consideración al grupo mayoritario de la oposición, en víspera de unas elecciones generales. Asimismo recuerda al portavoz del Grupo Socialista que el Grupo Popular presentó hace tres años una proposición de ley de televisión por cable, porque creía que era imprescindible para el desarrollo económico del país, que ni siquiera fue tomada en consideración, a pesar de ofrecer el máximo diálogo para modificar el texto y mejorarlo. Sin embargo, en esta ocasión, aunque el voto del Grupo Popular a las enmiendas que han sido presentadas va a ser negativo, no rechazan su totalidad ni las descalifican en su globalidad, estando dispuestos a analizar en detalle cada una de ellas, para lograr un texto que cuente con el consenso de la mayoría de esta Cámara.
A continuación expone los tres objetivos que, a su juicio, hay que afrontar con urgencia: en primer lugar, la eliminación de las trabas que perjudican a la inversión; en segundo lugar, sentar las bases para el inicio de una competencia efectiva y, en tercer lugar, potenciar el sector español de las telecomunicaciones. Añade que este proyecto de ley es un paso que el Gobierno se ha visto obligado a dar por la premura de la situación para hacer frente al obligado trámite de liberalización.
Estima que en lo que su grupo no puede estar de acuerdo es en plantear la reforma global en este proyecto de ley, que sólo persigue adoptar medidas que permitan salir de la situación y sentar las bases para plantear un modelo de telecomunicaciones que nos permita alcanzar la primera velocidad de Europa también en dicha materia. Expone que este proyecto abarca cuatro aspectos diferentes, dos de ellos referentes a la modificación de algunos aspectos de las actuales leyes vigentes, propuestas por el Gobierno socialista y aprobadas por esta Cámara en la anterior legislatura, y otros dos referentes a la creación de organismos imprescindibles, como la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, exigida por Bruselas, y la puesta en marcha de un segundo operador nacional que pueda ser competitivo antes de la fecha de liberalización plena de las telecomunicaciones.


Replican los señores García-Arreciado Batanero y Alcaraz Masats, duplicando la señora Mato Adrover.


En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió).


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Socialista, se rechaza por 165 votos en contra y 137 a favor.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza por 172 votos en contra, 17 a favor y 113 abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 1187)

El señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, somete al Pleno de

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la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones, que se aprueba por asentimiento.


Proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas (Página 1187)

En defensa de la enmienda de totalidad con texto alternativo, interviene el señor Martínez Noval, en nombre del Grupo Socialista. Considera que no han cambiado mucho las cosas desde que tuvo lugar la discusión del Real Decreto-ley que ahora se tramita como proyecto de ley y ya, entonces, expuso las importantes discrepancias que había entre el Gobierno que había redactado el decreto y los grupos parlamentarios que lo apoyaban y los grupos de la oposición, entre ellos el Socialista. Recuerda que una de las cuestiones que más controversia causó en aquellos momentos fue si la modificación que se producía en algunos apartados del artículo 28 de la Ley 43/1995 podría dar lugar a la existencia de unas operaciones bursátiles conocidas como lavado de cupón, operaciones que la ley que aprobó el anterior Gobierno impedía. Considera que la redacción que propone el Gobierno en este Real Decreto-ley para el artículo 28 no ha impedido estas operaciones y, por lo tanto, considera necesario hacer un esfuerzo entre todos para que el proyecto de ley que salga de esta Cámara no siga permitiendo esas prácticas fraudulentas y elusivas de la fiscalidad.
Confiesa, por otra parte, que su enmienda con texto alternativo no es más que la redacción literal e íntegra en el caso de los artículos 28, 29 y 30 bis de la Ley 43/1995.
A continuación expone ante la Cámara que la presentación de estas enmiendas de totalidad y el cierre del plazo de enmiendas, no sólo de totalidad, sino también parciales, ha permitido conocer que el Grupo Parlamentario Popular presenta enmiendas a esta ley, con las que trata de corregir algunos aspectos no baladíes ni triviales del Decreto 7/1996, lo que considera una burla para la Cámara, pues se está intentando corregir por la puerta trasera situaciones que no se aceptó corregir en su momento, y pide a los grupos de la Cámara que no incurran en esa indignidad parlamentaria.


En turno en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista, interviene el señor Martínez-Pujalte López. Manifiesta que esta es la tercera vez que se celebra este debate en la Cámara y meses antes ya se había celebrado cuando se discutió el Impuesto sobre Sociedades, en el que el Grupo Popular dejó clara su postura respecto a modificarlo cuando accediera al Gobierno. Añade que el texto alternativo que proponen ahora los socialistas contiene los mismos errores que contenía el texto anterior, que hizo que la ley no consiguiera los efectos deseados: ni era neutral ni favorecía la internacionalización de la empresa española, situándola en un entorno competitivo. Por ello, al Gobierno le pareció necesario plantear, por vía de urgencia, una modificación del Impuesto sobre Sociedades en los artículos que hacen referencia a la doble imposición de dividendos y beneficios no distribuidos, lo que plasmó en el Real Decreto-Ley 8/1996, que fue convalidado en esta Cámara. Expone a continuación que el Grupo Popular apoyó la tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley porque deseaban buscar el mayor consenso posible y no entiende cómo el señor Martínez Noval considera que plantear una enmienda para que se debata en un trámite parlamentario sea una burla al Parlamento; por el contrario, estima que es prueba de la voluntad amplia de llegar a los mayores consensos posibles.
Pregunta a continuación al señor Martínez Noval si de verdad está de acuerdo en que se corrija totalmente la doble imposición, tanto interna como externa, y en que se consiga mejorar la internacionalización de la empresa española. Cree, sinceramente, que el Grupo Socialista no ha estudiado en profundidad el texto que proviene del Real Decreto-ley, porque éste impide totalmente el lavado de dividendos.
A continuación expone los criterios del Grupo Popular que difieren del texto alternativo presentado por el Grupo Socialista y acaba su intervención manifestando que su grupo ha presentado enmiendas porque están dispuestos a mejorar el texto.


Replica el señor Martínez Noval, duplicando el señor Martínez-Pujalte.


En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Zabalía Lezámiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Socialista, se rechaza por 156 votos en contra y 132 a favor.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Continúa la sesión con carácter secreto.


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DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS.


Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA:

-- PROPUESTA DE REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 46.1. (Número de expediente 410/000001.)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, tramitación directa y en lectura única de la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que se modifica el artículo 46.1.
Se ha presentado una sola enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido retirada. En consecuencia, ¿grupos que desean fijar su posición en el Pleno sobre este punto? (Pausa.) Vamos, por tanto, a proceder a la votación.
Votación sobre la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara, artículo 46.1 Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 245; a favor, 245.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000001.)

El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día. Debates de totalidad de iniciativa legislativas.
En primer lugar, del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Para la presentación del proyecto, tiene la palabra el Ministro de Administraciones Públicas, en nombre del Gobierno.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tomo la palabra en este Pleno para presentar el primer proyecto de ley relativo a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que el Gobierno formado tras las últimas elecciones generales ha remitido a las Cortes.
Este hecho no es casual, ya que el Partido Popular tenía, como es sabido, un claro compromiso con la reforma, con la mejora de la organización y funcionamiento de la Administración. Este compromiso obedecía, y obedece básicamente, a la apreciación de dos circunstancias de especial relevancia en las que estoy seguro que SS.SS. coincidirán conmigo. En primer lugar, a que una parte importante de la normativa que regula hoy la organización y funcionamiento de nuestra Administración es preconstitucional.
Ciertamente, desde el año 1978 se han producido algunas normas de adaptación, pero el grueso de la misma es anterior a nuestra Constitución, y casi 20 años después de la promulgación de ésta resultaba imperioso adaptarse a los principios constitucionales, a las nuevas funciones que corresponden a la Administración General del Estado en su relación con los ciudadanos, y todo ello en el contexto de construcción de la Unión Europea. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En segundo lugar, a que el grado de desarrollo alcanzado por el Estado autonómico y la formulación del objetivo de Administración única, tras los traspasos de funciones y servicios a las comunidades autónomas, habían puesto claramente de manifiesto que la estructura, el volumen y el funcionamiento de nuestra Administración central y periférica resultan absolutamente inadecuados.
Han sido, pues, señoras y señores Diputados, estas dos circunstancias las que han exigido sin más demora la elaboración de este primer proyecto de ley que hoy se somete a debate y cuyos aspectos más importantes voy a señalarles a continuación.
En cualquier caso, antes quisiera hacer constar que el Gobierno entiende esta ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado como estrechamente unida y complementaria de otra que se enviará a la Cámara antes de que finalice el presente período de sesiones y que regulará la composición del Gobierno, sus funciones, su Presidente, el Consejo de Ministros, los ministros, la potestad reglamentaria, el estatuto de incompatibilidades del Gobierno,

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su nombramiento, su cese, los regímenes de suplencia, derechos y deberes, etcétera.
Creo, pues, que el debate y el estudio de este proyecto de ley deben hacerse teniendo en cuenta ese próximo envío que el Gobierno va a realizar.
Veamos cuáles son los aspectos y novedades más importantes del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
En primer término, el proyecto establece --y esto creo que es muy importante-- una regulación global de la Administración General del Estado. Se trata de una regulación completa en la que los distintos ámbitos de actuación administrativa del Estado están contemplados de forma conjunta y homogénea. Ello constituye una novedad en nuestro ordenamiento jurídico y tiene la ventaja de ofrecer una visión de conjunto para articular, de la forma más eficiente, las piezas que integran la organización administrativa.
Una vez que este proyecto logre la aprobación de las Cámaras, y si se mantiene su estructura, se dispondrá en un mismo texto de la regulación específica relativa a organización ministerial, organización territorial, administración en el exterior y organismos públicos. Este será un logro importante, ya que en el momento actual la situación adolece, además de la preconstitucionalidad a que se ha hecho referencia inicialmente, del defecto de la dispersión normativa.
En segundo lugar, la regulación que el proyecto establece se inspira en los principios de racionalización y eficiencia en la organización de la Administración, y ello se manifiesta en la simplificación de la estructura de los ministerios. Se establece claramente cuáles son los órganos superiores de los departamentos ministeriales con carácter netamente político: ministros y secretarios de Estado, y cuáles son los órganos directivos de carácter profesional: subsecretarios, excepcionalmente secretarios generales, directores generales, secretarios generales técnicos, que son regulados específicamente, y subdirectores generales, que constituyen el comienzo del estrato directivo profesional de la Administración.
Esta simplificación y racionalización ya fue parcialmente adelantada por los reales decretos de estructuración ministerial aprobados recientemente por el Gobierno.
En cuanto a los órganos de carácter político hay que subrayar la consolidación legislativa de la figura del Secretario de Estado, creada por Decreto de 1977. Las competencias que se le atribuyen en el proyecto le permiten actuar como el máximo responsable de un sector de actividad al que se quiera otorgar una particular relevancia política.
El papel de los subsecretarios ha sido objeto de debate en la pasada legislatura, existiendo diversas posiciones al respecto. El proyecto que el Gobierno ha presentado opta por su reforzamiento, al considerarlos esenciales en el mantenimiento y desarrollo de los servicios comunes concernientes a la asistencia jurídica, al control de la gestión y a la correcta asignación de recursos, tanto humanos como materiales, todo lo cual será de su responsabilidad directa.
Quisiera destacarles que hemos apostado decididamente por la profesionalización de los directivos públicos, reservando, en consecuencia, los puestos de subsecretario, secretario general técnico y director general, salvo excepciones, y subdirector general, para su desempeño por funcionarios públicos a los que se exija, al tratarse de nivel directivo, titulación superior para su ingreso en la Administración.
En tercer lugar, el proyecto ofrece un diseño radicalmente nuevo de la organización territorial de la Administración General del Estado de acuerdo con el principio de la Administración única. Este principio doctrinal de Administración única se plasma en el texto del proyecto en su vertiente organizativa. Se establece claramente la necesidad de evitar duplicidades entre las estructuras organizativas de la Administración General del Estado, así como entre las distintas administraciones públicas, a la vista de las transferencias o delegaciones --se menciona expresamente este mecanismo-- efectuadas en favor de las comunidades autónomas o las corporaciones locales.
Actualmente, la situación de nuestra Administración periférica adolece de un exceso de unidades de distinto rango, en numerosas ocasiones con exiguas cargas de trabajo y deficiencias en su coordinación. A tal efecto, se atribuyen específicamente competencias a los delegados del Gobierno para la simplificación de estructuras, proponiendo las medidas precisas a los ministerios y participando en los planes de empleo y, en general, en las medidas de optimización de los recursos humanos.
Este proyecto potencia los delegados del Gobierno que, dependiendo de la Presidencia del Gobierno, serán los únicos representantes de éste en el territorio de la comunidad autónoma, y los configura como los jefes de la Administración General del Estado que asumirán las competencias que hasta el momento corresponden a los gobernadores Caviles cuando éstos desaparezcan.
De acuerdo con el nuevo perfil del delegado, se le hace depender orgánicamente del Ministerio de Administraciones Públicas, al tener, por una parte, que relacionarse con los entes territoriales y, por otra, que promover la racionalización de las estructuras administrativas.
Por otra parte, los delegados del Gobierno ejercerán las competencias que corresponden al Estado en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana, ostentando la jefatura de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El proyecto prevé, asimismo, la integración de los servicios periféricos de los ministerios, salvo excepciones,

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en las delegaciones del Gobierno que se adscriben orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas y respecto de las cuales corresponden a los delegados las competencias propias de los ministerios en el territorio y la gestión de los recursos asignados a los servicios que se integren. Y se crea una nueva figura, la de los subdelegados del Gobierno en las provincias e islas dependientes jerárquicamente del delegado y nombrados por él entre funcionarios.
Llegados a este punto, quisiera detenerme, siquiera sea brevemente, para subrayar algunas cuestiones relativas a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, a los subdelegados del Gobierno en las provincias e islas y particularmente a la desaparición de los gobernadores civiles.
Con esta decisión de suprimir los gobernadores civiles se supera una regulación que data ya del año 1980, con su antecedente inmediato en el año 1958, y que no había sufrido la imprescindible evolución exigida por la nueva distribución territorial del poder que se ha ido construyendo durante la presente y la pasada década. De hecho, hoy no podíamos ya sino constatar la absoluta obsolescencia de la regulación existente y la necesidad de introducir cambios de nueva planta , que es lo que el Gobierno ha hecho con este proyecto.
En la iniciativa de proponer estos cambios, el Gobierno da un paso más en la concreción del modelo constitucional que establece la figura del delegado del Gobierno como pieza clave de la Administración General del Estado en el territorio. Significativamente, la Constitución no prevé la existencia de gobernadores civiles en las provincias, intuyendo ya que con los años la figura no iba a resultar necesaria. Como consecuencia de ello, el proyecto mantiene y refuerza el papel del delegado del Gobierno en el conjunto del territorio de cada comunidad autónoma, atribuyéndole la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración General del Estado, y crea la nueva figura del subdelegado del Gobierno en las provincias e islas. Este subdelegado del Gobierno, de carácter absolutamente profesional, cuyo nombramiento está abierto a funcionarios pertenecientes a cualquiera de las administraciones públicas, dependerá de forma directa, orgánica y funcionalmente del delegado del Gobierno en la comunidad, a quien corresponde su nombramiento, y dirigirá, bajo la dependencia de éste, los servicios de la Administración del Estado en la provincia.
En cuarto lugar, hay que señalar que otra de las preocupaciones del Gobierno al elaborar el proyecto ha sido lograr una simplificación de la tipología de organismos públicos reduciéndola a dos categorías: organismos autónomos y entidades públicas empresariales, ya que se había detectado la aparición de un exceso de figurar en este ámbito (organismos autónomos administrativos, organismos autónomos comerciales, entes públicos del artículo 6.1.b) de la Ley General Presupuestaria y entes públicos no clasificables, reconocidos en el artículos 6.5 de la misma ley), así como una pérdida de eficiencia en relación con los objetivos que motivaron su creación y, desde luego, un descenso acusado del grado de control de su actividad.
A los organismos públicos se les reconoce personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios y autonomía en la gestión.
Como contrapartida, se establece que los organismos habrán de crearse por ley y que sus estatutos, cuyo contenido se regula detalladamente, deberán ser aprobados mediante real decreto del Consejo de Ministros, que asimismo conocerá previamente un avance del plan de actuación inicial.
Con estas medidas se pretende garantizar que la creación de organismos solamente se lleve a cabo en casos de absoluta y justificada necesidad y que, desde el primer momento, su actividad estará perfectamente planificada y organizada para la consecución de sus fines.
Los organismos autónomos se moverán en el ámbito administrativo y las entidades públicas empresariales, cuya actividad consistirá por regla general en la producción de bienes o servicios sujetos a contraprestación económica, podrán desarrollar una parte de la misma de acuerdo con las reglas del derecho privado. Con esta simplificación se pretende promover una mejora de la gestión de estos organismos, especialmente importante en el caso de las entidades públicas empresariales, en relación con las cuales se regula expresamente el ejercicio del control de su actividad y resultados por parte del ministerio de adscripción. En cualquier caso, el propio proyecto prevé que algunos organismos de los existentes actualmente, dada sus peculiaridades, deban seguir rigiéndose por su legislación específica.
La regulación de la Administración General del Estado en el exterior constituye otra novedad. En el proyecto se establece el marco general y se señala cuáles son los órganos que integran dicha Administración en el exterior y, asimismo, se establecen las competencias de los embajadores y representantes permanentes.
En este punto hay que señalar que también en este terreno se están adoptando ya medidas reglamentarias para acomodar la acción exterior del Estado al grado de desarrollo autonómico alcanzado. El Gobierno, a instancias de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, acaba de aprobar una modificación en la estructura de la representación permanente ante la Unión Europea, con el fin de garantizar y mejorar el grado de conocimiento que las comunidades autónomas tienen en lo que concierne a los asuntos que son de su interés.
Finalmente, hay que señalar que en una ley de estas características los mecanismos transitorios cobran una especial importancia para garantizar la efectiva transformación de las estructuras existentes actualmente y, asimismo, para garantizar que esta transformación

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se realiza sin vacíos normativos, sin pérdida de la eficacia y que se lleva a cabo de una manera natural, sin generar tensiones adicionales.
Por todo ello, el proyecto gradúa la transformación de las estructuras actualmente existentes.
En primer lugar, se dispondrá de seis meses para fijar la nueva estructura de las delegaciones del Gobierno, lo que incluirá la determinación de cuáles son los servicios periféricos que se integran en ellas. En este sentido, es de destacar que el proyecto opta por una integración general, salvo en aquellos casos en que, bien por la peculiaridad de la gestión, bien por el volumen de la misma, resulte aconsejable no proceder a la integración en aras de un mayor nivel de eficacia.
El Ministerio ya está trabajando en la forma de llevar a cabo esta integración, valorando distintos criterios complementarios, como es, entre otros, el grado de incidencia de los traspasos a las comunidades autónomas, la previsión de nuevos traspasos, la existencia de procesos previos de reestructuración o simplificación, o la incidencia de la construcción del mercado interior de la Unión Europea. Unicamente las delegaciones del Ministerio de Defensa estarían a priori excluidas por la propia ley de la posibilidad de integración en este proceso de aproximación paulatina a la Administración única.
En este momento, el criterio del Gobierno es que mientras no se transfieran, por ejemplo, las competencias de educación y sanidad, dado el volumen de recursos que gestionan, parece lógico que sigan teniendo una dependencia clara del ministerio de que se trate, pero habrá que ir trabajando ya en la incorporación de los servicios procedentes de todos los ministerios. A medida en que vaya avanzando el proceso de traspasos se irá procediendo a una mayor reducción de la Administración periférica del Estado y a la integración de los servicios residuales que puedan ser necesarios para el ejercicio de las funciones de la Administración del Estado en las comunidades autónomas, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
En segundo lugar, se establece un plazo de dos años para llevar a cabo el más complejo proceso de adaptación de los organismos autónomos de distinto tipo hoy existentes y de entes públicos a la nueva y más reducida tipología establecida en el proyecto.
En síntesis --y ya termino, señor Presidente--, el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado da solución --naturalmente, en mi opinión-- a un conjunto de problemas que hoy tiene nuestra Administración, entre los que destaca, como ya se ha señalado, la inadecuación de la Administración estatal al grado de desarrollo alcanzado por el Estado autonómico. Con el proyecto que el Gobierno ha enviado al Congreso de los Diputados se establece el marco de organización y funcionamiento que nuestra Administración necesita para hacer frente a los retos de la sociedad española del siglo XXI en el marco de un Estado autonómico e integrado en la Unión Europea.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.
Han sido presentadas tres enmiendas a la totalidad al presente proyecto de ley.
Para la defensa de la primera de ellas, presentada por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores Diputados, el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado se apoya en distintos artículos de la Constitución que en sí misma mantiene un carácter híbrido. Son artículos de fuste y de carácter eminentemente político especialmente los artículos 9.2, 10.1 y 150.2, teniendo un matiz más claramente burocrático y administrativo artículos como el 103, el 97 y el 31.2.
La ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado tiene básicamente un carácter burocrático-administrativo, y es evidente que cuando se alude a don Javier de Burgos se está recordando el tufo centralista en que se asentó el Estado español y que desgraciadamente esta ley no supera por las propias contradicciones de la Constitución española, y de forma especial por las propias contradicciones --pensamos-- y las intenciones del Gobierno que la ha redactado.
En ese sentido y desde nuestra posición queremos señalar los motivos que nos llevan a pedir la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Entendemos la intención de profesionalizar la Administración del Estado, pero consideramos que pensar que se profesionaliza la Administración del Estado recurriendo a funcionarios del tipo A o con título superior no es la mejor manera. Hay casos como el de los secretarios generales técnicos que es evidente que deben ser figuras administrativas claramente cualificadas e incluso de titulación superior, pero no vemos por qué hay que generalizar esto a otro tipo de cargos de responsabilidad política nombrados por el Gobierno. No se va a ahuyentar así el carácter confesional de estos cargos, sino que solamente se va a hacer confesional, político y corporativo.
En segundo lugar, pensamos que el Gobierno tiene obsesión con hacer hincapié en que la economía del gasto público se debe centrar específicamente en convertir toda la economía pública en subsidiaria de la privada, y hay un apartado en la exposición de motivos, el XI, que parece ser que es el marco en que se va a incardinar todo el proceso de reforma.


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En tercer lugar, y de forma fundamental para nosotros, cuando se habla de adaptar la Administración periférica del Estado al modelo autonómico no se consigue acabar con las duplicidades y, sobre todo, con las tutelas que el Estado, el Gobierno, la Administración general ejercen sobre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. No hay aquí un salto cualitativo en relación con la Ley 10/1983, de la Organización de la Administración Central del Estado, y nos preguntamos por qué razón este tipo de departamentos no se podían convertir plenamente en oficinas de gestión dependientes de los delegados del Gobierno, porque esto sí sería un cambio administrativo, no radicalmente político, pero en una línea de simplificación y de intencionalidad política manifiesta en relación con un posible cambio del Título VIII de la Constitución española que tendrá que llegar tarde o temprano. Por tanto, las competencias autonómicas plenas van a seguir siendo, en cierta manera, tuteladas. De esta forma, el total protagonismo de las comunidades autónomas realmente queda mermado, y son evidentes los miedos a que la voluntad conjunta del Estado español se establezca en función de la opinión de todas las comunidades autónomas cuando se es tan pacato y tan restrictivo a la hora de establecer la representación diplomática del Estado en el exterior.
Por tanto, señorías, pensamos que el proyecto es continuista, limitado, incluso contradictorio desde el punto de vista de la protección del derecho de todos los ciudadanos a participar eficazmente y con plenos derechos en las tareas directivas de gobierno y de la Administración pública. Es contradictorio con otros aspectos de la Constitución, por ejemplo, con la afirmación de que estamos en un Estado social y democrático de Derecho, y pensamos que no supera las contradicciones inherentes al Título VIII de la Constitución española. En definitiva, se anunció un animal maravilloso, un monstruo cualitativamente diferente, y prácticamente nos encontramos ante un ratón.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la segunda enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Ministro de Administraciones Públicas, intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna para defender la enmienda a la totalidad presentada al proyecto de ley sobre organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. La presente enmienda se dirige en especial a los principios y espíritu que rigen este proyecto de ley en las cuestiones relativas a la Administración central y especialmente a la Administración periférica, no estando de acuerdo con los mismos y solicitando por ello la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
El núcleo central de nuestra enmienda hace referencia al incumplimiento por parte del Gobierno de las expectativas suscitadas de reforma de la Administración general para ajustarse al verdadero espíritu del Estado autonómico. Por el contrario, esta pretendida reforma se limita a ser una mera recopilación legislativa, siendo, por tanto, las pocas reformas contenidas en el mismo reformas de mero detalle; en resumen, no adecuándose este proyecto ni al verdadero espíritu del Estado autonómico ni, por supuesto, dando respuesta a la solicitud de Administración única reclamada por una gran parte de la sociedad.
La primera cuestión, aun cuando sólo sea simbólica, se refiere al propio título del proyecto de ley. La utilización del término Estado --un término anfibológico--, aludiendo a la Administración general del mismo, induce a una cierta confusión, por cuanto el término Estado en su sentido integral obligaría a considerar otras administraciones que obviamente no podrían ser reguladas por el Gobierno central ni por este foro. La exposición de motivos recoge los principios básicos que deben presidir la Administración hoy aquí objeto de debate: servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Entendemos que no se recoge uno de los grandes principios que debe regir este proyecto de ley, principio básico en un Estado autonómico, cual es el principio competencial. La regulación de las relaciones de la Administración general del Estado --según denominación de este proyecto-- con otras administraciones públicas, como las administraciones autonómicas, no puede estar regida ni por el principio de jerarquía ni por el principio de descentralización, sino única y exclusivamente por el principio competencial o, lo que es lo mismo: no existe sumisión de una Administración autonómica a una Administración o Gobierno del Estado, sino una mera división o distribución de competencias entre unas y otras. La no alusión clara a este principio ya desde su exposición de motivos conlleva una visión total a lo largo del proyecto de cierta jerarquía y predominio en las competencias correspondientes a los órganos de Gobierno central y periféricos hoy objeto de debate, todo ello en relación con los órganos de las administraciones autonómicas.
En la exposición de motivos, igualmente, se alude esencialmente al gran objetivo de simplificación administrativa. Ciertamente es un gran objetivo pero, a nuestro entender, el mismo queda como mero enunciado no advirtiéndose en toda su regulación --regulación concreta y específica de los órganos-- ninguna mención concreta que permita determinar que realmente se ha producido una simplificación administrativa. En los órganos del Gobierno central se vuelven a

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reproducir los mismos cargos y esquemas, llegando a utilizar la misma terminología añeja. Lo mismo ocurre en la Administración periférica, en la cual no se recoge el espíritu de Administración única que meramente aparece mencionado en la exposición de motivos. Ni tan siquiera se alude a la verdadera existencia de comunidades autónomas, verdadero funcionamiento, verdaderas competencias, adecuando en ese sentido la Administración periférica a la existencia de esas comunidades autónomas.
Siguiendo con la exposición de motivos, se hace referencia a la modificación de la figura de los gobernadores civiles. A entender de esta formación política, Eusko Alkartasuna, no existe cambio alguno, limitándose a ser un mero cambio de nombre, de gobernadores civiles a subdelegados. En cualquier caso, mantienen las mismas funciones y competencias, ya fueran representativas, de orden público u organizativas.
Entrando muy brevemente a analizar el articulado del proyecto, resaltamos las siguientes cuestiones. Entendemos que el artículo 3, cuando habla de Administración general del Estado, tiene que hacer referencia exclusivamente al Gobierno del Estado. Los principios de coordinación, funcionamiento y organización son de aplicación en el ámbito interno del Gobierno del Estado, no en su relación con las administraciones autonómicas. En lo que se refiere a la Administración general, órganos centrales, aun cuando éste no es el punto principal de la presente enmienda porque la naturaleza y vocación del partido al que represento no tiene especial interés en la autoorganización del Gobierno central, no es menos cierto que ofrecemos sugerencias en el presente momento legislativo, como las siguientes.
No se advierte modificación alguna en las determinadas categorías o cargos de esos órganos centrales. A nuestro entender, la delimitación de los mismos debiera remitirse a ministros, secretarios de Estado y directores generales. ¿Por qué? Porque la misma respondería a la necesaria modificación que requiere la austeridad del momento y, además, porque requeriría una reforma clave para conseguir un Gobierno moderno y funcional a la altura de los retos actuales.
Las responsabilidades de los subsecretarios en la organización de servicios bien pudieran ser realizadas por los secretarios de Estado. Lo mismo decimos de los subdirectores generales, porque entendemos que sus responsabilidades podrían ser aunadas en las funciones de los directores generales. Lo anterior no sólo supondría un ahorro en el gasto público, tan necesario y recordado continuamente por todos, sino que igualmente respondería a las modernas organizaciones de otras administraciones públicas que, aunque recién creadas, ya han demostrado sus positivos resultados en orden al ahorro y modernidad funcional.
Centrándonos en el artículo 12.2, en las competencias de los ministros, tenemos ciertas discrepancias respecto de alguna de ellas, entendido el espíritu de estas discrepancias en la medida en que no se adecuan al espíritu del Estado autonómico. No se puede hablar de modo genérico de la competencia de los ministros de mantener relaciones con las comunidades autónomas entendidas las mismas en sentido institucional. A nuestro entender, los ministros deben mantener relaciones con los órganos de las comunidades autónomas que por razón de materia correspondan o, lo que es lo mismo, con el consejero titular del correspondiente departamento por razón de materia. Tampoco entendemos correcta la mención a la posibilidad exclusiva de convocar conferencias sectoriales. No debe ser ésta competencia exclusiva o, cuando menos, debiera existir la obligatoria consulta previa a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas. Se plasma así, en estas regulaciones, una visión o principio de jerarquía en lugar del debido principio competencial. Los ministros no son órganos superiores a los consejeros de las correspondientes comunidades autónomas. No hay ni jerarquía ni sumisión, sólo distribución de competencias y funciones.
En aras a la brevedad, lo mismo señalamos de los secretarios de Estado en relación a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, o sea viceconsejeros. En esta cuestión, y como reflexión general, además de la regulación teórica creemos que es necesario tener en cuenta en la práctica la distribución competencial a la hora de organizar los ministerios, por cuanto que no es el mismo caso el de aquellos ministerios que, al menos hoy por hoy, mantienen todas sus competencias que el de aquellos ministerios que lógicamente debieran regularse de otra manera por tener transferidas sus competencias a las comunidades autónomas.
En relación a la Administración territorial, manifestamos nuestra disconformidad con la regulación de la figura del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma y subdelegado en las provincias, término que, déjenme señalar, hubiéramos deseado hubiera sido otro, concretamente territorios, al menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La primera figura, aunque constitucional, es, a nuestro entender, obsoleta y sus competencias debieran quedar reducidas a la mínima expresión, cosa que, por el contrario, se refuerza en este proyecto.
Según el proyecto, esta figura la podríamos resumir en la llamada figura del pontífice, en el sentido etimológico del término de hacer de puente; es decir, hace de puente entre el Gobierno autonómico y el Gobierno central. Nuestra pregunta clave es: ¿necesitan el Gobierno central y los gobiernos autonómicos un puente? Entendemos que no. En las relaciones entre los órganos de las administraciones central y autonómicas debe prevalecer el principio de comunicación directa por razón de eficacia, austeridad, seguridad y agilidad. Al otorgar las competencias

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de coordinar, velar, comunicar, se está potenciando esta figura, imprimiendo otra vez una situación de preferencia de la Administración central sobre la autonómica y dotando a esta figura de un gran significado político, que entendemos no debe tener.
Se alude a cuestiones tan confusas como la competencia de velar por el libre ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos o garantizar su seguridad, como si la misma fuera exclusiva del Gobierno central. No nos olvidemos de que en determinadas comunidades autónomas la misma corresponde de manera genérica y clara a los órganos de las comunidades autónomas. Se confunde en muchos casos Gobierno del Estado con Estado, llegando incluso a inducir a errores, considerando que la máxima representación del Estado en la comunidad autónoma es la del delegado, cuando ésta la ostenta el presidente de la misma.
Es curiosa la absoluta ausencia del respeto al libre ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos del delegado del Gobierno y de la Administración periférica en materia lingüística en las comunidades autónomas. Para Eusko Alkartasuna esta figura debiera quedar exclusivamente como mero jefe de servicios de aquellas competencias que aún sigan correspondiendo al Gobierno del Estado y sin significación política alguna.
Resulta igualmente anómala la incorporación del delegado del Gobierno a la Comisión Mixta de Transferencias y comisiones bilaterales de cooperación. No se había hecho hasta ahora, y aunque entendemos la potestad autoorganizativa de la Administración central, en ningún caso debe romper el carácter paritario de las comisiones mixtas de transferencias.
En relación a los subdelegados, que sustituyen a los gobernadores civiles, como ya he dicho, sólo es un cambio de nombre; su nombramiento, aunque depende del delegado del Gobierno, requiere la previa aprobación del Ministro del Interior y del Ministro de Administraciones Públicas.
Conservan las mismas competencias: orden público, representación y/u organizativas. La reorganización o reestructuración de los servicios periféricos se queda para un futuro incierto, sin control o limitación alguna.
En resumen, que el tan cacareado reajuste que se esperaba desde el establecimiento del Estado autonómico no llega con este proyecto de ley; la organización de la Administración recogida en el mismo no responde ni a la necesidad de modernización ni a la economía del gasto público ni a la tan deseada organización de la Administración única, sólo son recopilaciones de leyes, reformas de estilo, detalle o mero maquillaje, quedando la verdadera reforma ad kalendas graecas.
Por todo ello, presentamos esta enmienda solicitando la devolución del proyecto al Gobierno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Lasagabaster.
Enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías. La verdad es, señor Ministro, que a usted se le podrán decir muchas cosas, pero no se le puede decir que no sea trabajador y constante.
Permítame que le haga dos comentarios antes de precisar el contenido de nuestra enmienda a la totalidad. Ayer debatíamos sobre el agua, y el Gobierno actual ha recogido un plan hidrológico con una serie de estudios, con una serie de datos, pero dice: vamos a hacer un libro blanco, vamos a preparar una propuesta buena y para 1998 la traeremos a la Cámara. La verdad es que en este caso concreto ha sido al revés.
Ustedes se encontraron un borrador, le han adecuado las cosas que tenían que adecuarle y lo han traído aquí, pero con mucha rapidez. Yo propondría (por ponerle un adjetivo para que esta ley no pase a la historia como la que quitó a los gobernadores civiles) otro título para la ley: la ley de acompañamiento del pacto entre Convergència i Unió y el Partido Popular.
Porque solamente ha introducido en el texto de la ley anterior lo que Convergència i Unió le propuso al PSOE, al señor Saavedra, en la pasada legislatura: quiten la expresión gobernadores civiles y pongan en su lugar subdelegado del Gobierno, y que éstos dependan del delegado del Gobierno. Ese era el objetivo.
Yo creo que los cambios que se han introducido obedecen a dos cosas. En primer lugar, una voluntad decidida y manifiesta suya y del Gobierno en el que usted ahora mismo está trabajando de simplificar y reducir la Administración periférica del Estado, que es la diferencia fundamental que tiene con la anterior ley. En segundo lugar, que ese cambio sea lo suficientemente grande hacia fuera para que todo continúe aparentemente como estaba dentro.
Yo creo que es una ley importante por contra de lo que pueda parecer la discusión que estamos teniendo aquí. Va a ser esta ley, a la vuelta de la esquina, una pieza fundamental en el Derecho público: primero, porque modifica o adecua el régimen jurídico de las administraciones públicas; segundo, porque las entidades estatales autonómas de la Ley de 1958 también se actualizan; tercero, porque va a actuar sobre una nueva dinámica de Administración dentro de la propia realidad. Es decir, es una ley importante. Por eso nuestra enmienda a la totalidad pretende, con la devolución al Gobierno, este nuevo impulso que significa un cambio sustantivo, según lo que ha declarado usted aquí cuando ha subido antes a la tribuna, aunque, en realidad, lo que hace es no concretar. Porque si usted y yo discutiésemos cómo va a quedar al final del proceso

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esta Administración que hoy simplificamos y reducimos tanto en organismos públicos --comerciales o entidades de empresas u organismos públicos administrativos anteriores-- como en Administración periférica, dónde queremos ir, dónde estaremos al final, usted me podría reconocer que no sabe dónde estaremos al final o que ya veremos cómo evoluciona, que ya veremos la realidad administrativa de cada comunidad. Es decir, simplemente manifiesta una voluntad, pero no ha medido determinados elementos. Por eso yo creo que sería bueno que el Gobierno, recogiendo toda la discusión que puede haber y todos los elementos que son proclives y midiendo el resultado que afecta a esa ley, trajera una propuesta con más datos y más concreción que de verdad produjese eso que usted ha dicho. Porque permítame que le diga que lo de Administración única está muy bien, eso lo ha dicho usted y lo han añadido en la exposición de motivos; ahora bien, no hay ni un solo artículo que diga cuál va a ser esa Administración única. No hay ningún artículo que regule su evolución; simplemente hay una declaración, pero no hay una concreción. Esa es la voluntad que tenemos nosotros a la hora de presentar la enmienda a la totalidad, el divorcio que existe entre una exposición de motivos que declara once, doce o trece objetivos o principios de la ley y un articulado que no va respondiendo a eso. Reconociéndole, porque yo se lo tengo que reconocer a usted, que la ley puede ser positiva y que la ley era necesaria y que la ley puede terminar con duplicidades administrativas --yo tengo que reconocérselo--, y con lo que es poner en una misma ley todo el cuerpo administrativo del Estado. Son voluntades positivas de la ley.
Por utilizar lo que está siendo el centro de la discusión, ¿cuál es la modificación sobre los delegados del Gobierno? Las delegaciones van a depender de un ministerio, las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas van a depender de su ministerio, los delegados van a depender de Presidencia, orgánicamente de un lado, funcionalmente de otro. Usted va a hacer instrucciones administrativas y el de Interior, también.
Ya sabemos que hay tres ministerios que echan un pulso por ver cómo se hace la Administración periférica, pero es que eso era lo mismo que había antes, era lo mismo que teníamos en la discusión anterior. Han buscado un camino: el presidente propone a los delegados del Gobierno al Consejo de Ministros y previamente tiene que haber un acuerdo conjunto entre el ministro Fulano y el ministro Mengano, y además, los delegados del Gobierno nombrarán a los subdelegados de acuerdo con el Ministro de Interior. Usted me ha nombrado delegado de Gobierno en Andalucía y yo le digo que quiero nombrar a éste en Córdoba, pero el Ministro de Interior dice que no, que aquél. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo el delegado del Gobierno y el Ministro de Interior? En suma, ustedes han mantenido las mismas dificultades que había antes, no han planteado una ubicación única. Nosotros queremos situarlo en un solo ministerio, hacerle depender de Presidencia del Gobierno para todo, y administrativamente que funcione como la relación que tiene usted con cualquier ministerio, organización o administración. Lo podíamos poner en Administraciones Públicas. Pues en Administraciones Públicas. Un ministerio, una relación con el Consejo de Ministros. Eso es lo que nosotros creemos que se podría corregir.
Los subdelegados. Cambian de nombre a los gobernadores civiles, y a mí me parece bueno, pero fíjese usted: en esta Cámara, por recordarle un poquitín de historia, que es importante, cada vez que hemos discutido este proyecto --que lo hemos discutido-- o una proposición de ley de mi grupo sobre delegados del Gobierno u otras propuestas, precisamente los que ponían pegas eran ustedes al cambio de la expresión de gobernador civil.Tengo que reconocer que en aquella ocasión era otro portavoz, no era usted.
Por tanto, la pregunta que hacemos es qué diferencia hay entre el gobernador civil --qué mala denominación-- y el subdelegado del Gobierno.
Hay varios cambios, no se puede decir que no hay ninguno. Lo nombra el delegado del Gobierno, salvo que el Ministro de Interior le diga otra cosa.
Le eligen ustedes entre funcionarios titulados superiores. Esto también es importante. Dicen ustedes que así despolitizan al gobernador civil.
Ponen un funcionario al frente de la subdelegación del Gobierno. Con todos mis respetos, voy a poner un ejemplo como argumentación. Un veterinario municipal que es titulado superior es un buen subdelegado del Gobierno; un médico es un buen subdelegado del Gobierno. Pero otra persona que no sea titulado superior, por muy funcionario que sea y por mucho que conozca la Administración pública, ese no es un buen subdelegado del Gobierno. Por tanto, la innovación que introducen ustedes es que despolitizan porque nombran funcionarios del Cuerpo Superior , y los nombran ustedes, por tanto de su ascendencia política. ¿Qué ha cambiado? Que ya no puede ser una persona que conozca de política, que conozca de la Administración, que forme parte de un proyecto político. Es como si la política y la Administración fuesen cosas antagónicas o malas.
Es, señor Ministro, como si le dijera que mi profesión es ser funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia, pero mi misión es también tener una coherencia y un proyecto político y aplicarlo en los puestos que tenga que desempeñar. No se politiza la Administración porque haya un delegado del Gobierno que no sea titulado superior.
Otra gran modificación que ustedes introducen se refiere a la simplificación de la Administración. Toda la Administración periférica actual va a ser competencia

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de las delegaciones del Gobierno. Hasta en ese tema ustedes han dejado una puerta abierta, no quiero decir que sea innecesaria, es necesaria debido a la realidad competencial existente, pero mantiene una realidad dentro de la propia Administración muy amplia. En el proyecto se dice que se integran en las delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de la Administración general del Estado y organismos públicos. Hasta ahí es fabuloso, estoy de acuerdo. Pero continúa diciendo: en aquellos casos que, por las singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión, resulte aconsejable, se le hará depender de la Administración central. Dígame, señor Ministro, si esto no es una puerta para decir: todos o ninguno, tres o cuatro. Por ejemplo, si tenemos competencias en educación en las administraciones del 143, seguirá al frente un director provincial de educación; si tenemos competencias en sanidad, tendrá un director de sanidad. Si esto va a ser así, establézcanse las precisiones y la temporalidad, que se especifique que esa situación será así mientras se alcanza el techo competencial o se realiza otra actuación.
Respecto a la simplificación que ustedes proponen, me gustaría que ustedes nos aportaran una especie de memoria o resumen. Creo que todas las leyes deberían venir acompañadas de una memoria que cuantifique las decisiones y deberían haber presentado una relación de competencias, que ustedes saben que hay en la Administración periférica, que son proclives de transferir a las comunidades autónomas, que tienen tantos funcionarios y tantas dependencias administrativas y cuáles se podrán transferir a los ayuntamientos, para hacernos una idea. De esta forma se evitaría lo que también ustedes proponen en el artículo 29, en el que se dice que se suprimirán, refundirán y reestructurarán los órganos cuya subsistencia resulte innecesaria a la vista de las competencias transferidas o delegadas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales y a los medios y servicios traspasados a las mismas. Pero yo me pregunto: ¿cuáles, cuánto, cómo? Creo, señorías, que tienen una buena pronunciación pero no hay una concreción. Me hubiese gustado que ustedes hubieran acompañado esa relación o memoria, competencia por competencia, con recursos proclives a ser transferidos, para saber qué volumen de poder van a dejar de tener en la Administración periférica, qué volumen de ese poder pasa a manos de las comunidades autónomas y qué volumen de poder van a tener las administraciones locales que, por cierto, se citan poco; en la descentralización y simplificación administrativa se cita poco la vida municipal como parte de este proceso, y creo que es importante.
Por tanto, el objetivo de nuestra enmienda a la totalidad es hacer una reflexión sobre los elementos diferentes y fundamentales que hemos encontrado. ¿Quiere esto decir que la evolución de la discusión en ponencia y en Comisión no puede modificar la ley y variar alguna de las argumentaciones? Puede. Hay un proceso que, si ustedes abren, dialogan, concretan y modifican, puede llevar a una evolución distinta. Pero permítame que no compartamos las cuatro grandes declaraciones que han hecho, además de la simplificación administrativa y de los delegados y subdelegados.
Creemos que el aplazamiento fundamental que obtienen con esta ley es discutir, de una vez por todas, cuál es el papel de la provincia dentro de la Administración del Estado. Nosotros somos partidarios de que la provincia no sea un centro administrativo, que cada comunidad evolucione administrativamente según su realidad histórica, que exista una delegación del Gobierno con plenos poderes y la realidad administrativa con la comunidad autónoma que hay allá. No hay por qué mantener esa relación provincial. Ustedes llegan incluso a la posibilidad de que haya delegados y subdelegados en comunidades autónomas uniprovinciales, conforme está el texto de la ley. Nos dicen que no lo habrá, ahora no lo hay, ustedes no los están nombrando en este momento, pero esta ley no lo hace imposible. Lo que no abordan ustedes es si estamos en condiciones hoy de una nueva administración pivotada sobre tres pilares: municipios, comunidades autónomas y Administración central, utilizando la provincia en la evolución que cada comunidad autónoma le dé en su desarrollo y su capacidad normativa de base local, pero no poniendo y manteniendo esa propia estructura provincial. Ese sí que es el fondo de la discusión del proceso electoral. Y como en eso no hay acuerdo entre Convergència y el Partido Popular, no se aborda, se aplaza. Pues lo aplazamos y lo discutimos después.
Segunda seña que me gustaría precisar para explicar por qué mantenemos la enmienda a la totalidad. No compartimos esa idea que tienen ustedes en su propuesta de que la Administración no es la que tiene el poder sobre el servicio público, de que la Administración debe cumplir una actuación subsidiaria de la iniciativa privada, de la iniciativa de la sociedad. La sensación de que lo público no es bueno, que actúe sólo cuando lo privado no haya actuado, no la compartimos, con independencia de que al final se terminen privatizando determinados servicios públicos que, por cierto, ustedes no han empezado. Hoy en la Administración los estudios técnicos, la elaboración de proyectos y la ejecución de determinados estudios y asesorías de la misma se hacen con empresas. Es decir, hay parte de la actuación administrativa que se hace residir en una realidad privada o semiprivada.
Creemos que hay que hacer un diseño de cuál es el aparato administrativo que necesitan los servicios que demandamos constitucionalmente y, en función de ello, cumplirlo. Y quien lo garantiza es la Administración pública. Si la Administración pública no es la dueña del servicio público, el Gobierno tampoco, porque

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el Gobierno es la máxima representación de la Administración pública. Es otra cosa que no queda clara aquí. El máximo órgano administrativo es el Consejo de Ministros y los ministros cumplen una serie de actuaciones.
Pues bien, nosotros no estamos de acuerdo con ese proceso rápido, generalizado de poner en cuestión lo público: vamos a ver primero lo que puede hacer lo privado y después veremos lo que hace lo público. Eso luego tiene conclusiones en la parte administrativa. Tengo que reconocerles a ustedes que no lo dicen como nosotros lo planteamos ahora mismo. Cuando ustedes dicen: Simplificaremos organismos públicos, veremos qué entidades empresariales van a ser las que queden al final, ustedes no dicen: Unas las privatizaremos, otras no, otras las ofreceremos, otras simplemente las anularemos para que lo hagan servicios administrativos.
Incluso ustedes pueden decir: Este organismo público deja de serlo y pasa a ser servicio de la Administración. No explican aquí si lo harán o no.
Por tanto, esa indefinición nos lleva a plantear un problema de globalidad a su propuesta.
Hay una discusión que creemos que podríamos compartir todos: la voluntad de que haya una Administración pública neutral en su adscripción a la ejecución de las actividades, pero comprometida con las líneas políticas que le marca un Gobierno. Es decir, que cuando usted llega al Gobierno no tenga que cambiar de arriba a abajo hasta el jefe de negociado, porque resulta que puede ser amigo de éste o del otro. Que cuando vea usted un funcionario, sea del PSOE, de Izquierda Unida o del P.P., lo vea como una persona capaz de hacer una tarea determinada, aunque no sea de su propia ideología. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, lo único que han sido capaces de concretar con la profesionalización de la Administración ha sido: Son cuerpos políticos que marcan los objetivos políticos los secretarios de Estado y los ministros; y son carrera directiva de la Administración, subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, toda la evolución de la propia Administración, que por cierto no reducen, ni siquiera los secretarios generales que habían anunciado que reducirían. Es verdad que dicen «en los casos precisos», no delimitan cuáles, pero podrá haberlos. Permítame que le diga que la Administración que hoy tenemos no funciona por la planificación presupuestaria por programas y objetivos. Funciona administrativamente.
Hay una estructuración funcional muy grande, pero no hay un desarrollo, un funcionamiento de la propia Administración por lo que significa presupuestación por programas y por objetivos. No lo hay.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le ruego vaya concluyendo.


El señor RIOS MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
La profesionalización no se puede limitar a que ustedes puedan elegir por libre designación al subsecretario o al secretario general, eso sí, entre funcionarios del nivel 10 de las distintas administraciones, local, regional y central. Este es el proceso de profesionalización que ustedes nos proponen, pero no es suficiente para, de verdad, obtener esa Administración que, sea quién sea quien gobierne, obedezca al que gobierna, no se resista, no le ponga piedrecillas, no impida lo que es la voluntad política libremente elegida por un pueblo. Eso lo vivimos hace mucho tiempo y lo podríamos volver a vivir ahora.
Resumiendo, señor Presidente, señorías, además de estos comentarios, ustedes, que introducen la idea de la participación para ver si se puede privatizar, no estructuran, no organizan dentro de la propia ley la posibilidad de participación en los asuntos públicos de los ciudadanos, cuáles son los órganos de participación, cómo van a poder llevar las propuestas, etcétera. Esto no se estructura en la ley. No se estructura aquí lo que son los órganos de algo que va a ser vital: la Administración, el Estado. Algunas incongruencias hay, que luego se corregirán en la discusión del articulado. El Estado no es la Administración central. El Estado es la Administración central, las comunidades autónomas y los propios municipios. Ese concepto de Estado que ustedes tienen creemos que habrá que modificarlo. Pues bien, hay unos órganos que son de coordinación y funcionamiento cooperativo. Si algo define a la moderna Administración del futuro es que será una administración cooperativa de todos los entes que compone el Estado. Esos órganos de coordinación, comisiones sectoriales, conferencias sectoriales, etcétera, van a representar el compromiso de actuar de todas las administraciones en los temas que son comunes, así como los que son colaterales a todas esas administraciones, pero eso no se recogen aquí.
No se recogen aquí, pero tengo que reconocerles que ustedes han optado por una vía que puede ser buena, que es separar la ley de gobierno, por un lado, de la ley de funcionamiento de la administración por otro. Y tal vez en la ley de gobierno podrían ir las comisiones delegadas, los gabinetes, etcétera, más, por otro lado, estas comisiones mixtas. Yo se lo acepto. Siempre hay una discusión --me imagino que ustedes la habrán tenido en el seno del Gobierno y dentro de su propio equipo-- sobre si es mejor una ley o es mejor que sean dos. De cualquier modo, veremos cómo se acompasa esta ley cuando tengamos la otra y se vea cómo se hace esa distribución.
Resumiendo, señor Presidente, hay elementos y voluntades positivas en la propuesta de esta ley, por utilizar una frase no combativa, no de confrontación . El informe que han hecho los servicios jurídicos de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, que nada tiene que ver con los grupos parlamentarios, dice: «El proyecto ofrece una buena dosis de coincidencia con el

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presentado en la pasada legislatura con la misma denominación y que fue publicado el 6 de noviembre de 1995. Solamente en relación con la Administración periférica cabe apreciar diferencias.» Eso es lo que dicen los servicios jurídicos de esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le ruego concluya.


El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor Presidente.
En lo positivo estamos dispuestos a discutir y a mejorar, pero creemos que sería preferible una reelaboración que concretara todos los elementos que he dicho y separara lo que es teoría de lo que es concreción articulada, y en ese sentido estaríamos dispuestos a comprometernos. Si eso no se produce con la velocidad o en las condiciones adecuadas tendremos una posición diferenciada. Nuestra voluntad hoy aquí no es decir: No vale nada, todo hay que cambiarlo. No es ese el objetivo, sino mejorar y precisar lo que el Gobierno no ha hecho y eliminar lo que no corresponde a esta ley, lo que son declaraciones de objetivos que no corresponden al articulado de la ley.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en nombre de Coalición Canaria voy a fijar nuestra posición ante las enmiendas que nos han presentado aquí tanto el Grupo Mixto como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Englobo, salvo algunas especificaciones que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, argumentos que también están contenidos en las enmiendas que por parte del Grupo Mixto, de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego, se han expresado aquí. Coalición Canaria está plenamente de acuerdo y conforme con algunas de ellas, pero creemos y entendemos que más que justificar una enmienda de totalidad y de devolución al Gobierno de un proyecto, que empiezo a decir que es necesario y, diría más, imprescindible, pueden ser asumidas plenamente en enmiendas al articulado. Así, Coalición Canaria presentará una amplia serie de enmiendas al articulado que entendemos que conducen al perfeccionamiento de un texto que vuelvo a calificar de necesario para que la Administración general del Estado, sobre todo en su reflejo en los órganos periféricos de las comunidades autónomas a través de las delegaciones del Gobierno y de los subdelegados, cumpla principios constitucionales.
Qué duda cabe que en un proyecto de esta complejidad, y no me extraña, el Gobierno actual ha recogido todo el trabajo realizado por el Gobierno anterior, porque se trata de una administración propia del Estado, de la Administración del gobierno de la nación, y por un cambio de gobierno no va a haber conceptos revolucionarios en un esquema que tiene que constreñirse a la Constitución Española y a lo que es una evolución lógica de determinados cargos y representaciones administrativas. Esto es una continuidad, recordando aquel principio que se sentó en la transición, de la ley a la ley, con esa naturalidad.
Qué duda cabe también que hay unos avances en cuanto a compromisos políticos de profesionalización de la Administración pública que nosotros suscribimos en el proyecto del Gobierno, y nos parece un procedimiento lógico, sensato y responsable el que cada vez que se hace un avance de profesionalización de la Administración general del Estado las personas para ocupar cargos de subsecretarios, de directores generales y de subdirectores sean extraídas de los propios cuerpos de la Administración del Estado. Porque si ahora se dice que porque exigimos que el subdirector general o el director general o el subsecretario sea de un cuerpo de la Administración eso es politizar la Administración, entonces ¿cuál es la solución a ese problema? ¿Exigir por ley la apoliticidad de los funcionarios como se pueden exigir a los jueces determinadas circunstancias en razón de su peculiar actividad? Lo que es admisible, que sería discutible pero está en la ley, a los jueces y a los magistrados no se puede extender a todos los cuerpos de funcionarios técnicos del Estado, cuando el propio proyecto contempla la pluriparticipación de todos los cuerpos de funcionarios en cualquiera de los cargos que se ofrecen. No se dice que para ser Director General de Agricultura haya que ser ingeniero agrónomo; no se dice que para ser Director General de Industrias Eléctricas haya que ser ingeniero industrial en la especialidad eléctrica. Se dice que cualquier cuerpo de la Administración del Estado tiene acceso, incluso en los órganos periféricos los subdelegados, pues se dice que el delegado del Gobierno nombrará a los subdelegados en las provincias respectivas de su comunidad autónoma.
Hay un principio muy interesante que ha planteado el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, creo que también el representante del Bloque Nacionalista Galego, en cuanto a esa especie de abandono de la titularidad del Estado de la cosa pública. Nuestro grupo no ha hecho esa lectura. Podía hacerse, pero yo entiendo que subyace en el resto del proyecto, frente a lo que dice la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que el Estado no renuncia a esa titularidad de la cosa pública. Le obliga la propia Constitución. Otra cosa es que deseemos que haya una participación de otras entidades

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sociales en este aspecto. Por eso Coalición Canaria presentará una enmienda al artículo 1º sobre lo que nosotros llamamos los principios de organización de la Administración del Estado.A nuestro juicio es una enmienda enriquecedora del proyecto del Gobierno, que coincide con algo que también se ha dicho aquí. Nosotros recogemos ese principio de complementariedad en el texto de las enmiendas de totalidad presentadas, pero lo llevamos como enmienda al articulado. El proyecto del Gobierno en su artículo 3º.1 habla de los principios de organización y nosotros los ponemos como jerarquía, supremacía, descentralización, descentralización funcional, desconcentración, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos y coordinación. Porque qué duda cabe también que este proyecto de ley será una pieza para articular con los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, en base constitucional de las transferencias que hay, porque en Canarias pensamos que por qué se va a quedar esto sólo entre Administración central del Estado, la comunidad autónoma y el municipio si en Canarias tenemos la figura de los cabildos insulares, que tienen unas competencias por estatuto de autonomía y por la Constitución en la Administración general de muchos servicios en la propia demarcación territorial de la isla.
Por tanto, señorías, nosotros entendemos que el proyecto no es merecedor de enmiendas de totalidad y de devolución, sí de enmiendas al articulado, por supuesto. Desde Coalición Canaria hemos observado un vacío que es el tema de los delegados o subdelegados o representantes del Gobierno en las islas periféricas. En Canarias se da un fenómeno singular. Es una comunidad autónoma biprovincial, habrá un delegado del Gobierno, como lo hay, que está en una de las islas, que el Estatuto ya señaló que fuera la de Gran Canaria, por tanto el subdelegado del Gobierno estará en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Nosotros no perdemos, como no pierde el proyecto, la óptica de la Constitución de la existencia de la provincia. Pero ocurre en Canarias, como puede ocurrir también en el caso de Baleares, aunque ahora estoy refiriéndome a Canarias, que una provincia como la de Santa Cruz de Tenerife tiene cuatro islas. Se supone, si bien nosotros queremos que el proyecto lo aclare, que en la isla capitalina reside el subdelegado del Gobierno y en las islas periféricas o menores, como se habitúa a llamarlas allí, la figura que hay hoy --que venía existiendo desde muy antiguo-- del delegado del gobierno en las islas menores, al haber ahora un delegado del gobierno, para evitar confusionismo, nosotros proponemos que se llame el representante del Gobierno o el vicedelegado o el delegado del subdelegado, como quiera el Gobierno en sus enmiendas transaccionales aceptarlo, para que no queden estas islas menores carentes de una representación de la autoridad de la representación del Gobierno general del Estado y esto siga funcionando armónicamente.
Coalición Canaria lo que desea en el fondo es que, coincidiendo con el espíritu del proyecto del Gobierno, la Administración general del Estado garantice algo que exige la Constitución: la gobernabilidad y la representación de los órganos administrativos, por supuesto en coordinación con los otros poderes, pero aquí no estamos modificando ni los estatutos de las comunidades autónomas ni la Ley de Bases de Régimen Local. ¿Que habrá que adecuarlas y armonizarlas? Por supuesto. Por estas razones, señorías, nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas de totalidad y de devolución y apoyaremos el texto del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) , tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Vasco votará en contra de las enmiendas a la totalidad, y ello pese a que es cierto que, como argumentan las enmiendas, el proyecto no concreta el significado real del concepto de la Administración única ni, desde luego, se establecen sus consecuencias prácticas. Es verdad igualmente que tampoco se vislumbra en su articulado en qué va a quedar la descentralización a la que teóricamente conduciría ese concepto ni cómo se abordará la consiguiente reorganización de la Administración periférica del Estado. Existe coincidencia también en la apreciación de que este proyecto es una versión simplificada del presentado por el Gobierno del Partido Socialista en la pasada legislatura. Ahora bien, pese a que se trata de un texto reescrito sobre el anterior, tiene una menor significación política que aquel y, además, parece situar en un segundo plano --se invoca de pasada en la exposición de motivos-- un principio tan fundamental para un Estado de Derecho como es el de legalidad. La línea que ahora se sigue es marcadamente tecnocrática y se escora en exceso hacia la eficiencia como meta aséptica y hacia una preferencia acrítica de lo privado sobre lo público. En este punto, que es objetivado por Izquierda Unida, el proyecto parte de un prejuicio bastante simplista hacia la Administración, basado más en la dimensión de ésta que en su razón de ser en un Estado democrático moderno, pero tampoco es de recibo la tesis contraria que santifica lo público y reniega de lo privado sin cuestionar los motivos de esa calificación.
De lo dicho hasta aquí se deduce claramente que el texto del Gobierno no nos satisface del todo, y no sólo por las razones expuestas sino también por otros motivos

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que comentaré. Sin embargo, pese a todo, nos parece que tampoco merece una enmienda a la totalidad como las presentadas. Lo acertado sería que todos hiciéramos un esfuerzo para, a través del trámite parlamentario, paliar las deficiencias de las que en este momento adolece, unas deficiencias que creo que son en su mayoría el fruto de una cierta precipitación en la reelaboración del proyecto por parte del Gobierno y en la falta de atención a la dimensión política y no sólo técnica de la regulación. Hay que insistir, por tanto, en la necesidad de dar un nuevo enfoque a la orientación del proyecto en un sentido menos tecnocrático y eficientista y darle una mayor profundidad política acorde con los requerimientos del Estado de bienestar, al que no podemos en absoluto renunciar.
Desde esta perspectiva, creemos que la crítica, en este caso de Izquierda Unida, es perfectamente compatible, por no decir que es imprescindible que lo sea, con la utilización en esta materia de cuantas técnicas y modelos de organización y gestión se han ideado y se utilizan por otras grandes organizaciones modernas y competitivas, sean públicas o privadas.
Esto es elemental, pues no olvidemos que la gestión pública, las políticas de bienestar, el compromiso social de los poderes públicos demandan una Administración más eficiente y menos costosa. Si ello exige flexibilidad en los instrumentos, dejando un mayor campo de acción a la iniciativa social o a fórmulas mixtas, habrá que acudir a ellas sin complejos. Lo que no es lícito ni democrático es sacralizar lo público y el modelo burocrático tradicional para defender la posición de esta generación, hipotecando el futuro de las que vengan detrás y se enfrenten a la quiebra, no hipotética sino real, del Estado social por agotamiento de los recursos disponibles para las prestaciones sociales básicas.
Así pues, teniendo en cuenta que, hoy más que nunca, la Administración no es un absoluto uniforme en todos sus sectores y que la heterogeneidad de las funciones y servicios públicos es su principal característica, adaptémonos a esta realidad. Estas son las premisas que nosotros hemos defendido y estamos intentando hacer efectivas en nuestras instituciones, las vascas, mediante un ambicioso proceso de racionalización y modernización administrativa, que no obedece sólo al objetivo del control del gasto sino que se orienta fundamentalmente hacia la mejor atención a los ciudadanos a los que la Administración sirve.
En otro orden de cosas he de decir que nuestra postura, favorable a la tramitación del proyecto o, si se prefiere, no contraria al mismo, no descansa en el hecho, testimonial para algunos pero para nosotros muy relevante, de la desaparición de los gobernadores civiles y la promesa de solución práctica de esta problemática existente en torno a ellos. Desde luego, esta cuestión constituyó uno de los motivos de la enmienda a la totalidad que en su día presentamos contra el proyecto del Partido Socialista, del que éste trae causa. Ahora parece que se aborda de una mejor manera. Y lo digo en el entendimiento de que cuanto se regula en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, es respecto de la competencia de la Administración del Estado y no de las competencias que ya no tiene, como ocurre en el caso vasco, en el que el propio Estatuto y la Ley de Seguridad Ciudadana han desapoderado al Estado en este ámbito.
Esta mejor manera de abordar los problemas, unido a la confianza en que los escollos principales que presenta de indefinición del concepto y consecuencias prácticas de lo que sea la Administración única, de la no articulación de la presencia de las comunidades autónomas en el sector público empresarial radicado en ellas, si lo prevén sus estatutos, o el no facilitar, en la organización exterior del Estado, la presencia de las comunidades autónomas para el ejercicio de sus competencias propias o que, finalmente, no se haya aprovechado para excepcionar de la organización militar, en la disposición adicional primera, al Centro Superior de Investigación de la Defensa, estos escollos, digo, podrán ir solventándose en el curso de la discusión parlamentaria del articulado, lo cual nos lleva a apostar por posibilitar la tramitación del proyecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) , tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas y señores Diputados, el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado --de ahora en adelante, coloquialmente, Lofage--, que el Gobierno del Estado español ha presentado, es, a nuestro parecer, una propuesta política que intenta convertir la Administración general proveniente de un Estado uniformador y centralista en una administración adecuada a la nueva estructura del Estado compuesto autonómico. Sus autores han mantenido el criterio de política legislativa del anterior Gobierno de separar en dos textos legislativos diferentes la ordenación del Gobierno y de la Administración. Esta elección tiene, indudablemente, ventajas e inconvenientes. A nosotros nos parece que quizá hubiera sido aconsejable conocer ambos proyectos simultáneamente, para poder realizar una valoración global más adecuada de la reforma que se aborda del aparato administrativo del Estado.
El análisis de este proyecto puede tener dos lecturas, la jurídica y la política simbólica. Es sobre esta última lectura sobre la que el Grup Català hace su valoración para fundamentar la posición al respecto de las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Mixto.


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El proyecto gubernamental persigue, a nuestro parecer, el objetivo de organizar la Administración general modernizando la estructura ya conocida en una síntesis de perspectiva interna, o sea, la de la propia Administración actuante, y de perspectiva externa, aquella que tiene la ciudadanía usuaria de aquélla, y lo hace apoyándose en una formulación de principios clásica, casi diría yo proverbial, en que en algunos puntos es contradictoria, como ha apuntado la señora Diputada Lasagabaster, cuando se intenta armonizar los principios de jerarquía y de descentralización.
En esa perspectiva externa, la del cliente o usuario administrado, el proyecto sitúa el camino hacia la Administración única, ignorando en ocasiones la verdadera causa que origina esta necesidad, que es la propia estructura plural del Estado, una realidad que debería impregnar todas las actuaciones de la Administración.
Ciertamente, como ha dicho el señor Ministro, el proceso de reforma política y construcción institucional del Estado español no se ha visto acompañado por la transformación paralela en las estructuras administrativas, y la concurrencia de la Administración periférica y de la Administración de las comunidades autónomas origina conflictos que a veces anulan sus propias actuaciones, mientras que conducen a que el aparato administrativo del Estado mantenga su preeminencia y el centro de decisión bajo el sucedáneo de control técnico. Nosotros creemos que la Lofage es una consecuencia y a la vez un ejemplo de la crisis que sufre la Administración y que no definiríamos como una crisis de eficacia, sino de identidad. La realidad de un Estado compuesto y plurinacional, con gobiernos de signo distinto y de culturas públicas distintas, ha puesto en crisis, que quiere decir en situación de cambio, el cometido de la Administración general del Estado como actuante protagonista de la voluntad centralizadora de decisiones y como imagen y representación única de ese mismo Estado.
Pero el Estado español tiene colores diversos, como diversos son los pueblos, las acciones y las regiones que en él coexisten, y por ello es un Estado poliédrico. Por eso creemos que debe articularse administrativamente la coexistencia de las dos esferas, la Administración general del Estado y la de las comunidades autónomas, dando preeminencia en éstas a su territorio. Esta sería la Administración única, que además sería la única garante para suprimir duplicidades y estructuras y reducir el gasto público. Un cambio como el que inicia y pretende el proyecto de la Lofage necesita también asomarse al pasado y atacar de raíz los símbolos más emblemáticos del universo ceremonial superviviente de la antigua Administración triunfal.
Señor Diputado de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, este es un punto de concurrencia entre su grupo y el nuestro. Ustedes presentaron, como usted mismo ha recordado, una proposición no de ley al respecto.
Para la sociedad catalana, para Cataluña y para nuestro grupo en particular este símbolo de la antigua Administración se identifica con la figura del gobernador civil. El gobernador civil forma parte de la iconografía, del aparato ideológico de un sistema político centralista, uniformizador y negador de las diferencias, y creemos que respondió en su génesis y desarrollo y en su supervivencia a las palabras de Althusser cuando dice que detrás de todo aparato ideológico del Estado se perfila el aparato represivo de este Estado. Así pues, la desaparición de la figura del gobernador civil, la pérdida de contenido político, así como la funcionarización del delegado del gobierno merecen nuestra valoración positiva, ya que dan respuesta a una reivindicación permanente y legítima desde el siglo XVIII en Cataluña.
Hay en el proyecto de la Lofage otros puntos favorables respecto a proyectos anteriores que merecen nuestra aprobación: la simplificación y eliminación de contenidos prescindibles y la regulación de la estructura de la Administración de manera más adecuada y respetuosa con el Estado autonómico.
El proyecto es una propuesta moderna, razonable y, como todo lo humano y en especial lo gubernamental, perfectible, y especialmente en aquellos aspectos relacionados con las excesivas competencias de los subdelegados del Gobierno, la dependencia, la previa aprobación doble del nombramiento, y también en aquellos aspectos relacionados con las empresas públicas, las relaciones exteriores y los mecanismos de relación con las corporaciones locales. Creemos que debería corregirse su timidez para hacer más evidente la estructura plurimorfa y las culturas y aspiraciones públicas diferentes del Estado en las actuaciones y servicios de la Administración general de aquél. Las Administraciones autonómicas son ya adultas y son también Administración del Estado.
Creemos que este es el escenario para la reflexión y que no debería haber otro posible.
Confiamos que el proyecto que se propone hoy aquí devolver al Gobierno responderá a mayores exigencias técnicas y políticas, con el trabajo responsable de todos los grupos parlamentarios durante el trámite de enmiendas a su articulado. Por esta razón, creemos y defendemos que no merece ser devuelto a sus autores, porque tiene indudables y suficientes aciertos que mantener; tiene suficientes defectos que corregir y suficientes vacíos que llenar para que, después del proceso de enmiendas, el proyecto de hoy sea la ley moderna y abierta que satisfaga a toda la sociedad.
Por todo ello, votaremos desfavorablemente la intención de las enmiendas sometidas ahora a debate.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Gil.


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En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Socialista en este debate de totalidad, en relación con el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado.
Ciertamente, en opinión del Grupo Socialista, la virtualidad máxima que tienen las tres enmiendas a la totalidad que se han presentado es facilitar este debate de carácter general ante el Pleno de la Cámara. Más allá de esa consideración he de confesar que, en nuestra opinión, no son compatibles buena parte de los argumentos que aparecen formulados, es verdad que de forma bastante vaga, en las tres enmiendas que provocan este debate de totalidad.
Hay algunas de las objeciones, que aparecen en la enmienda de Izquierda Unida, que están más cerca de las posiciones del Grupo Socialista; también aparecen algunas referencias en las otras dos enmiendas, y es ese tono de fondo de desconfianza que aparece en el nuevo proyecto de este Gobierno hacia el sector público.
Curiosamente este debate nos permite hoy hacer algo que prácticamente, desde la aprobación de la Constitución, no se había producido en esta Cámara, y es un debate sobre la Administración general del Estado. La vorágine histórica, lo que suponía la aprobación de la Constitución y su Título VIII, ha hecho que haya habido innumerables debates sobre las otras Administraciones que integran el Estado, pero muy poco debate sobre la propia Administración del Estado, y esto no deja de ser una paradoja.
Es más, al Grupo Socialista nos preocupa que el tono del propio contenido de la ley, sobre todo los desafortunados cambios en la exposición de motivos, e incluso la propia intervención del Ministro, han dejado un poso de desconfianza, de imagen negativa de la Administración general del Estado.
Yo creo que habría que hacer un acto de reivindicación del buen hacer y del buen funcionamiento, en términos generales, de la Administración general del Estado; del buen funcionamiento de la prestación de los servicios públicos que hace la Administración general del Estado, la que se ha configurado fundamentalmente a través de la aprobación de la Constitución, y la que hoy funciona . Y nos hubiera gustado, hubiera sido, incluso, más lógico, que eso lo hubiera hecho el actual Gobierno de la nación, que ciertamente tiene que empezar a sentirse como tal Gobierno. Sabe que cuenta con una buena Administración general del Estado, independientemente de que represente al Estado, independientemente de que represente al Gobierno de la nación, que parece que en esta Cámara hacer una posición de defensa de lo que es el Gobierno del Estado y, en definitiva, de lo que es la representación global del Estado en su sentido estricto, es difícil, o cuesta, o está en contra de los vientos de la historia. Pero ciertamente esos vientos de la historia son cíclicos y cambiantes, y nunca debemos dejarnos llevar por un oportunismo coyuntural.
Por tanto, el Grupo Socialista va a articular, lógicamente, un conjunto de enmiendas destinadas a mejorar el texto que ha presentado el Gobierno; un texto que, como se ha dicho aquí, reproduce en buena medida el texto presentado por el Gobierno anterior, pero que ha introducido cambios, algunos de ellos a nuestro juicio bastante negativos.
En primer lugar, nos gustaría afirmar que hubiera sido bueno que esta ley se acompañara de la ley de Gobierno y que el debate hubiera sido conjunto. En segundo lugar, creemos sinceramente que el principio que intenta instaurar como teóricamente novedoso la ley de profesionalización de la Administración, que es plasmado en la pretendida funcionarización de determinados altos cargos, con sus excepciones, es un principio que está falsamente planteado. Lo que determina qué grado de profesionalización tiene una Administración, cuando se produce un cambio de Gobierno, es hasta qué niveles alcanza lo que históricamente se conocía como el botín de la representación política, lo que en Estados Unidos alcanza unos niveles casi absolutamente alarmantes.
Pues bien, señorías, si ustedes quieren trasladar ese principio, desde luego sus actuaciones en la práctica han sido bastante llamativas.
Ustedes han llevado los cambios más allá de cualquier consideración de la profesionalidad, más allá de cualquier consideración de la gestión de muchos de los responsables en distintos niveles de la Administración general del Estado. Si no, habría que explicar --tendremos tiempo de debatir sobre ello-- muchos de los cambios que se han producido, de los ceses en masa en el Boletín Oficial del Estado, incluso de gestores de entidades o de direcciones provinciales que tienen acreditado unos resultados magníficos. Quizá objetivamente se puede afirmar que no ha habido, desde la aprobación de la Constitución, un cambio de Gobierno que haya aparejado un nivel de politización tan grande a la hora del relevo en la Administración.
Sin duda alguna el tema nuclear, aparentemente, del proyecto de ley que hoy empezamos a debatir, es el cambio relativo a la Administración periférica del Estado. Yo creo que el Gobierno y, en su caso, el Grupo Popular, en esta materia ha tenido un marco muy condicionante, porque en buena medida --alguien lo decía con cierta gracia-- estamos, en parte, en una ley de acompañamiento de los pactos que dieron lugar a la investidura, pero yo estoy plenamente convencido de que el modelo que se ha plasmado de Administración

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periférica es equívoco, un modelo que avanza escasamente hacia lo que debería de ser una real simplificación y, al mismo tiempo, camina en una dirección preocupante, a juicio del Grupo Socialista, plagada de contradicciones, y donde parece que el que el Gobierno de la nación tenga una representación política en todo el territorio nacional es un tabú de poca consistencia democrática, o que va contra el Estado autonómico o el Estado compuesto.
Pues bien, desde la perspectiva del Grupo Socialista no es así. El Grupo Socialista cree que el Gobierno de la nación tiene que tener representación política en todo el territorio nacional, y esto es especialmente importante en aquellas comunidades autónomas que están integradas por muchas provincias, y es importante para los ciudadanos, para que sientan quién representa, en términos políticos, al Gobierno, quién explica sus políticas públicas y que haya esa cercanía y esa inmediación que la Constitución trae.
Se ha dicho que con esta ley desaparece o va a desaparecer esa figura tan controvertida, tan discutida, de los gobernadores, que se asimila al régimen anterior. En rigor los gobernadores habían desaparecido ya, no de nombre pero sí en su contenido y en su función, porque en nada se ha parecido el papel que representaban bajo el Estado democrático, y a medida que se ha ido construyendo el Estado autonómico, con el papel que representaron en el Estado centralista.
El proyecto camina por un territorio laberíntico en relación con esa definición del nuevo representante, no ya del Gobierno, sino del delegado del Gobierno , que es el subdelegado. Siempre se ha dicho que una delegación de la delegación es algo bastante malo, pero cuando a esa delegación de la delegación se le atribuye todavía un papel que supone, como ha reconocido el Ministro y está en el proyecto de ley, nada más y nada menos que ser el responsable de la garantía de los derechos y libertades públicas, de la seguridad ciudadana y el ejercicio de la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cada provincia, salvando allí donde las comunidades autónomas tienen atribuida esta competencia, que eso se atribuya por delegación de la delegación es poco sostenible. Igual que es poco sostenible que ese papel lo desempeñe alguien que tenga un rango de subdirector general, que va a tener la responsabilidad de dirigir a funcionarios seguramente con más rango orgánico y con más nivel en la propia Administración periférica, en sus organismos o en las delegaciones de Defensa, etcétera. Es una incoherencia, fruto de la incapacidad del Gobierno de tener un modelo serio, y es tributario en este caso de la necesidad de garantizar una investidura y un pacto de gobernabilidad.
Nos ha sorprendido que ese modelo se plasme de una forma tan contradictoria y tan poco positiva, cuando además, y el Grupo Socialista anuncia que ha presentado alguna enmienda en esa dirección, no parece que haya una simplificación real de la Administración periférica. Hay que comprometerse políticamente a decir en qué tiempo van a desaparecer las direcciones provinciales, en función de la duplicidad de la que ustedes han hablado. Siempre han hablado de que existe una duplicidad , el texto lo deja por escrito y lo reitera en muchas ocasiones, y no hay un compromiso claro. Igual que es contradictorio que en la figura del delegado del Gobierno hayan recortado su papel político fundamental en relación con el texto que remitió a la Cámara el anterior Gobierno. El Grupo Socialista va a trabajar también en esa dirección.
Igualmente nos parece que hay una contradicción en algún otro aspecto en la exposición de motivos . Si todos estamos por la simplificación de la Administración general del Estado, igual que deberíamos de estar por la simplificación de las Administraciones de las comunidades autónomas, algunas de las cuales no renuncian a tener su representación territorial de una manera política en cada una de las provincias que integran su comunidad...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez Zapatero, le ruego vaya concluyendo.


EL señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Algunas no renuncian a tener un número significativo de altos cargos.
Nosotros vamos a proponer una reducción de la tipología de órganos superiores y directivos proponiendo la desaparición de las secretarías generales y de las secretarías generales técnicas, que vienen siendo figuras que encajan de manera anómala en lo que es la estructura de la Administración del Estado.
En definitiva, nos hubiera gustado, porque creemos que estamos ante un proyecto importante --aunque no diseñe en este caso el desarrollo del Título VIII--, que el Gobierno en su presentación hubiera hecho una oferta de diálogo y de consenso. Ha estado ausente en su presentación.
Lamentamos que el Gobierno actual , como ha demostrado ya en el pacto de financiación autonómica, no ponga como primer elemento en su estrategia política llegar a acuerdos en temas que afectan a cuestiones esenciales de la organización territorial del Estado. Y señor Ministro, desde nuestra perspectiva, esta ley afecta a cuestiones esenciales de la organización del Estado. La representación del Gobierno en el territorio es una cuestión esencial, el modelo de Administración que después de tantos años vamos a discutir es una cuestión esencial.
El Grupo Socialista, participando en este turno y anunciando que va a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, pone de manifiesto su claro y sincero interés

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porque se produzca ese diálogo y porque se pueda mejorar el texto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, normalmente cuando se presenta una enmienda a la totalidad se produce como consecuencia de que tras un estudio detenido de lo que es un proyecto de ley se observan discrepancias de fondo en los temas esenciales que contiene ese proyecto.
En este caso, dadas las argumentaciones expuestas por los enmendantes a la totalidad, he de decir que la impresión que tenemos es que el procedimiento ha sido a la inversa. Primero se ha decidido presentar enmienda a la totalidad y luego se ha intentado buscar justificaciones.
Digo esto por la debilidad de los argumentos utilizados por los enmendantes, porque reflejan una lectura superficial, llena de desconfianza y apresurada de lo que es el proyecto de ley.
Aparte de estas consideraciones también diré algo que ha sido apuntado por otras personas que me han precedido en el uso de la palabra, cual es que muchas de las justificaciones empleadas en la enmienda a la totalidad son, sin duda, más propias de enmiendas al articulado, por lo que ésta habría sido la vía más correcta, lo cual deseo que se lleve a cabo para mejorar un texto que el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha calificado como oportuno y necesario. Muchas gracias, señor Ríos.
Y en ese sentido, aun cuando este último grupo no haya presentado, por lo menos hasta la fecha de ayer, enmiendas al articulado, sí lo han hecho los otros dos enmendantes, concretamente el señor Rodríguez y la señora Lasagabaster. El primero ha presentado 15 enmiendas y la segunda siete. Y les doy las gracias en nombre del Grupo Popular porque para eso estamos, para entre todos mejorar los textos y hacer las mejores leyes posibles.
Pero también he de decirles con firmeza que las enmiendas que ustedes presentan al articulado, que por cierto carecen todas ellas de motivación, son, en una gran mayoría, mejoras puntuales que no afectan a lo que es el núcleo esencial o a la filosofía del proyecto de ley.
Igualmente resulta llamativo que algunas de las justificaciones utilizadas en la enmienda a la totalidad luego no se hayan traducido en enmiendas al articulado en esos puntos concretos.
En cualquier caso, quisiera dar una respuesta conjunta a los argumentos básicos utilizados por los enmendantes. Así, en primer lugar, se quiere ver una pretendida reducción de lo que es el sector público. Sobre todo a ustedes, señores representantes de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, les pediría que no vieran fantasmas donde no los hay, porque desde luego llegar a ver que en el proyecto de ley, tal y como ustedes manifiestan en su escrito de enmienda a la totalidad, subyace que no hay ya interés público sino una serie de intereses privados a compaginar, o llegar a decir que los gestores públicos renuncian al poder decisorio sobre la satisfacción de los intereses públicos, me parece digno de una antología del disparate.
Nosotros no renunciamos en modo alguno al sector público, pero lo que sí queremos es que éste sea racional y eficaz. Ustedes prefieren lo público aun cuando sea malo. Nosotros queremos un sector público --le decía-- que sea eficaz y que dé respuesta a las diversas necesidades de los contribuyentes de la forma menos costosa. En efecto, en la exposición de motivos se afirma lo que es el principio de subsidiariedad y la progresiva simplificación del sector público y no hay que extrañarse por ello, porque además ésta es la posición dominante en el mundo más desarrollado.
En cualquier caso, es importante señalar que este proyecto de ley no pretende en modo alguno diseñar lo que es la dimensión de la Administración del Estado, sino más bien determinar lo que es el modelo organizativo y funcional que promueva una Administración más sencilla, mejor ordenada, más eficaz y, desde luego, más preparada para el siglo XXI. Entendemos que el proyecto de ley de la Lofage cumple perfectamente este objetivo, porque nosotros no compartimos el criterio de ande o no ande, caballo grande, que ustedes aplican a la Administración.
En segundo lugar, tengo que decir que, sorprendentemente, se ha criticado la profesionalización de los cargos directivos, y digo sorprendentemente porque, sensu contrario, podría deducirse que los enmendantes preferirían que estos puestos fueran ocupados por políticos, tal y como sucedió en el anterior gobierno socialista. (Rumores.) Nosotros entendemos que las funciones de dirección en el seno de la Administración...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un instante, señor López-Medel.
Señorías, ruego silencio. Señor Sanjuán. (Pausa.) Señor Sanjuán.


El señor MARTINEZ SANJUAN: Martínez Sanjuán.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez Sanjuán, le ruego que no ocupe el pasillo ni mantenga conversaciones que interrumpen la normalidad del debate. Muchas gracias, señorías.
Continúe, señor López-Medel.


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El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Decía que nosotros entendemos que las funciones de dirección en el seno de la Administración requieren una cualificación técnica, porque, en definitiva, lo que los ciudadanos demandan a la Administración es, ante todo, buenos gestores, de ahí que se requiera la condición de funcionario con titulación superior. Pero, además, en el artículo 10 del proyecto de ley se exige que estas personas cumplan con los requisitos de competencia profesional y experiencia en la gestión. Y les pediría que, por favor, en ningún momento confundan lo que es la exigencia de titulación con las posibilidades de promoción, que es una materia que debe ser objeto de tratamiento específico en el futuro estatuto de la Función pública.
En tercer lugar, se afirma que es escasa la modificación en la estructura superior de la Administración general del Estado. Yo les diría que es la primera vez que se lleva a cabo una delimitación clara entre lo que son los órganos políticos, ministros y secretarios de Estado, y lo que son los órganos directivos y profesionales, siendo esto absolutamente novedoso en el Derecho español.
En cuanto al mantenimiento de figuras como la de subsecretario o secretario general técnico, diría que nosotros consideramos importantes las labores horizontales en los ministerios. No entendemos que un departamento esté dividido en áreas estancas o totalmente separadas, sino, por contra, que deben existir unos servicios comunes, que son muy importantes y requieren una organización básica y una coordinación.
En cuarto lugar, se ha afirmado por los enmendantes que existe una simplificación muy reducida de la Administración periférica del Estado.
Sin duda alguna éste es uno de los aspectos más sorprendentes de sus enmiendas. He de recordar que, a poco de iniciar esta legislatura, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó una proposición de ley que iba a ser objeto de debate y votación el pasado martes y que fue retirada horas antes. En esa proposición de ley el grupo enmendante proponía que se suprimieran los gobiernos civiles y que se regulase la figura del delegado del Gobierno. He de decir que si el tema de principal calado político que contiene el proyecto de ley remitido por el Gobierno es precisamente la supresión de los gobiernos civiles y una importante simplificación de la Administración periférica, me resulta inconcebible que hayan presentado una enmienda a la totalidad. Confieso que no les entiendo.
Además, quiero decirles que ustedes tienen una visión absolutamente fragmentaria de lo que es la Administración periférica del Estado.
Nosotros, tal y como hace el proyecto de ley del Gobierno, consideramos mucho más acertado hacer una regulación más global de lo que es la Administración general del Estado, en la cual se inserta, pero no se separa, la Administración periférica, la cual ha de estar coordinada con lo que es la Administración central; de ahí la coordinación con los distintos departamentos ministeriales.
Por otra parte, pretender minimizar la reforma de la Administración periférica es algo incierto. Yo afirmo con total rotundidad que la envergadura de la reforma diseñada en el proyecto de ley es histórica, y sólo destacaré tres aspectos.
En primer lugar, la figura del delegado cambia sustancialmente: se refuerzan sus competencias en materia de seguridad ciudadana y muchas de las funciones que los gobernadores ejercen actualmente; realmente va a dirigir los servicios periféricos que van a quedar integrados en las delegaciones; se refuerza notablemente su posición de superioridad sobre los subdelegados; se promueve una mejor relación con las comunidades autónomas, etcétera.
En segundo lugar, se suprimen los gobiernos civiles, gobiernos civiles que no habían desaparecido y habían seguido actuando en el sentido más propio y tradicional de este término. En ese sentido, también queremos suprimir los gobiernos civiles por las connotaciones que ello tiene, por lo cual resulta sorprendente que por el representante del Grupo Socialista se pretenda mantener la existencia en las provincias de lo que son auténticamente agentes políticos. Pues bien, esta supresión de gobiernos civiles decía que es clara y rotunda, y no puede ser confundida esta figura con la nueva que se crea de los subdelegados del Gobierno. Es una figura absolutamente nueva por su diferente perfil profesional y no político; es nueva por su forma de nombramiento; es nueva por las competencias mucho más reducidas, que son esencialmente gestores, y es nueva por la clara subordinación al delegado del Gobierno.
En tercer lugar, la reforma que se pretende es de tal envergadura que, cuando la planta de la Administración periférica esté instalada en la Lofage, nada va a tener que ver con la existente en la actualidad, produciéndose la desaparición de direcciones territoriales y provinciales.
Por último, en este punto permítame, señor Ríos, que le diga que ustedes a pesar de que dicen querer --y yo creo que son sinceros-- la reforma de la Administración periférica, sin embargo parece que no tienen mucha prisa en que eso se lleve a cabo. Y si no se ha apercibido le quiero llamar la atención sólo sobre dos preceptos de la proposición de ley que ustedes presentaron en esta Cámara y su comparación con lo que dice el proyecto de ley del Gobierno. En primer lugar, en cuanto a la supresión de los gobiernos civiles, ustedes proponían que se llevase a cabo en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la proposición de ley, y nosotros queremos que esto se lleve a cabo en el mismo día de su completa publicación o en el plazo de veinte días. Pero es que además la segunda contradicción es más palmaria, porque en sus disposiciones transitorias

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ustedes concedían al Gobierno el plazo de dos años para llevar a cabo una adaptación de la Administración periférica. Pues bien, el plazo que el Gobierno se concede a sí mismo en este proyecto de ley no es de dos años, es tan sólo de seis meses, con lo cual revela que nosotros tenemos unas grandes ganas de llevar a cabo esa Administración periférica.
También se han señalado competencias u observaciones en materia de seguridad ciudadana, concretamente de la señora Lasagabaster. Quisiera decirle muy brevemente que la Lofage se está refiriendo solamente a lo que es la Administración general del Estado y, por tanto, a lo largo de todo su articulado hace siempre referencia a las competencias de lo que según el ordenamiento constitucional le corresponde, sin necesidad de detallar o repetir en cada caso que son competencias que corresponden a la Administración del Estado...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López-Medel, le ruego vaya concluyendo.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Sí, señor Presidente, voy concluyendo.
En todo caso, señora Lasagabaster, le anuncio que el Grupo Parlamentario Popular está abierto a buscar alguna fórmula para que haciendo un reconocimiento evidente de las competencias que el Estado tiene en materia de seguridad, también exista un cierto reconocimiento de las competencias que algunas comunidades autónomas puedan tener en esta materia.
Por otra parte, y de una manera muy breve, las críticas que se hacen en el sentido de que no hay referencia alguna a los consejos de ministros y comisiones delegadas, como ha dicho anteriormente el Ministro pronto se presentará un proyecto de ley y nosotros hemos optado por esta solución, que usted la ve positiva y que, no obstante, el representante del Grupo Socialista la ve negativa. Nosotros queremos hacer una clara delimitación entre los órganos políticos y los órganos profesionales.
Por último, dejando a un lado otros aspectos que quisiera en otro momento señalar, quiero decir también que, desde luego, el proyecto de ley de la Lofage contiene importantes menciones a las corporaciones locales, como consecuencia de las transferencias que se produzcan a éstas, pero queremos respetar siempre lógicamente las competencias autonómicas que existen en materia local. La participación ciudadana es un punto importante que usted hoy no ha señalado, y quiero recordarle que en los artículos 4 y 37 son aspectos muy novedosos, ya que se permite la participación de organizaciones representativas en los órganos colegiados.
Concluyo ya. En cualquier caso, les emplazo a todos los grupos a que en el trabajo en Comisión, de una manera coherente, responsable y con actitud abierta, como nosotros vamos a tener, logremos la mejor ley posible, efectuando el cumplimiento de un compromiso que en el debate de investidura esta Cámara otorgó con la confianza al nuevo Presidente del Gobierno, José María Aznar, por la cual va a existir en esta legislatura una ley que lleve a cabo una profunda reestructuración de la Administración general del Estado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel. Vamos a proceder a la votación. (El señor Ministro de Administraciones Públicas, Rajoy Brey, pide la palabra.) Perdón, señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Presidente.
No es una intervención para debatir con ninguno de los intervinientes anteriores; simplemente para agradecer el tono en el que se ha producido el debate.
Manifestar que estoy absolutamente convencido de que va a majorarse a lo largo de todo el trámite, porque realmente, como ha dicho el señor López-Medel en su intervención, no he visto dificultades insuperables en las enmiendas de totalidad que han presentado los portavoces de los grupos que han decidido hacerlo.
Sí quiero señalar dos cosas. Primero, que este proyecto de ley supone el inicio de la refoma de la Administración periférica del Estado. desde luego, supone la reforma más importante que se ha planteado en España en muchos años y quiero que esto conste en el «Diario de Sesiones».
En segundo lugar, quisiera hacer un comentario sobre alguna afirmación que se ha hecho en el sentido de que este proyecto de ley es continuación de otro proyecto de ley que en su día presentó aquí el anterior Gobierno con algunas modificaciones; incluso se ha esgrimido como argumento de que así lo es un informe presentado por los servicios jurídicos de esta Cámara. No sé si eso es la constatación de un hecho, es una crítica hacia el Gobierno o es un elogio; yo lo tomo como un elogio. A mí me parecería mucho más preocupante que este Gobierno, en un asunto de estas características, presentase un proyecto absoluta y radicalmente diferente del que presentó en su día el anterior Gobierno. Desde luego, siempre que tenga que presentar un asunto de estas características procuraré aprovechar todo lo que, en mi opinión, haya de bueno en los servicios correspondientes de los ministerios.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ministro.


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Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas de totalidad, de devolución del proyecto de ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 22; en contra, 285; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de devolución del proyecto debatido.


--PROYECTO DE LEY DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES.
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO.) (Número de expediente 121/000003.)

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones. Al proyecto se han presentado dos enmiendas de totalidad con texto alternativo.
Para la defensa de la presentada por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor García-Arreciado Batanero. (Rumores.--Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, guarden silencio. Les ruego que si han de abandonar el hemiciclo lo hagan con la máxima celeridad. (Pausa.) Saben SS.SS. que a este proyecto de ley se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En consecuencia, el debate se presume largo y aún hemos de entrar a debatir otro proyecto de ley. Por tanto, en beneficio de todos les ruego que abandonen rápidamente el hemiciclo, si desean hacerlo, y, en caso contrario, guarden silencio, señorías, para que pueda comenzar su intervención el señor García-Arreciado.
Cuando quiera, señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, es mi intención, y la de mi grupo, que una historia que ha comenzado mal tenga un buen final. Ha comenzado mal, porque al igual que en la mejor época caciquil del Conde de Romanones, el Gobierno de la nación ha decidido dejarnos hacer la ley mientras él se dedicaba a hacer los reglamentos. Quiero añadir que la igualdad es meramente formal y en ningún caso la considero de fondo; pero la conocida máxima, ciertamente cínica, del Conde de hagan ustedes la ley, que yo ya haré los reglamentos, ha sido perfeccionada y mejorada por el Gobierno invirtiendo los términos del proceso, porque los reglamentos ya están hechos, mientras que las Cortes Generales, hoy el Congreso, mañana el Senado, están iniciando el trabajo parlamentario que debe producir una ley ya reglamentada.
Deben saber SS.SS. que para vergüenza de esta Cámara --no me atrevo a decir para mofa y escarnio--, los boletines oficiales de ayer y de hoy mismo recogen el reglamento de la comisión del mercado que pretende crear la ley y el reglamento de la denominada Ley del cable, algunos de cuyos aspectos sustanciales, sobre todo el papel de la Compañía Telefónica, se pretenden modificar en la ley cuyo debate formal iniciamos hoy. Las cosas se hacen como se hacen y los reglamentos han recibido el rechazo de todos los sectores afectados, exceptuando el de un grupo multimedia ligado íntimamente a un grupo financiero muy próximo a las áreas económicas y mediáticas de este Gobierno.
El decreto del que trae origen el actual proyecto se encuentra naturalmente en vigor desde su convalidación por esta Cámara y ello faculta indiscutiblemente al Gobierno para proceder al desarrollo reglamentario que ha efectuado; pero esta facultad jurídica no debe tener una interpretación tan expansiva que exima al Gobierno de la grave responsabilidad política en que ha incurrido por su intolerable descortesía con esta Cámara.
En política las cosas son lo que parecen y, en este caso, lo que parece es que el Gobierno prefiere actuar por la vía de hechos consumados y rehuir del debate parlamentario en sus actuaciones más desafortunadas.
Este es, pues, señor Presidente, señorías, un debate que ha sido rebajado por el Gobierno, que ha sido completamente invalidado por el Gobierno, motivo por el cual he de agradecer muy sinceramente la presencia en la Cámara de aquellos miembros de la misma que nos acompañan en este acto.
Ante ellos quiero excusarme por la completa inutilidad de cuanto yo pueda decir en nombre de mi grupo y les pido disculpas por ocupar su tiempo y atención con asuntos que el Gobierno ha resuelto ya, en muchos casos de manera irreversible.
El objeto del texto alternativo que presento y defiendo en nombre de mi grupo no es otro que ayudar al Gobierno a conseguir unos objetivos sectoriales en materias que compartimos en gran medida pero que por la forma impensada y urgente con que el Gobierno procedió a redactar el decreto-ley esos objetivos, a nuestro criterio, están insuficientemente definidos, mal priorizados y formulados de forma imprecisa e incoherente.
No procede ni me permitiría el señor Presidente volver a relatar las razones que llevaron a mi grupo parlamentario a votar en contra de la convalidación del real decreto, por lo que procede presentar resumidamente ante la Cámara los contenidos básicos del texto alternativo;

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texto que nace de una percepción de la sociedad de la información no sólo diferente de la que contiene el proyecto de ley sino más avanzada desde el punto de vista tecnológico y más próxima al conocimiento de los grandes cambios, sociales fundamentalmente, que, como consecuencia del nacimiento de la sociedad de la información, se anuncian a pasos muy acelerados.
Nos encaminamos hacia una nueva etapa de desarrollo en la que el uso y el acceso a la formidable fuente de riqueza que representa la información constituyen unos elementos claves para el aumento de la calidad de vida en los años venideros. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Esa sociedad de la información tiene para nosotros el objetivo básico de alcanzar el acceso universal a la información y se fundamenta en una infraestructura que conecte en una sola red todos los servicios relacionados con la información, ya sea a través del ordenador, la televisión, el teléfono o cualquier otro soporte. Dicho en otras palabras más comprensivas. en el horizonte de la sociedad de la información se viene produciendo un solape incontenible entre tres sectores cuyo funcionamiento ha sido hasta hace muy pocos años, por no decir muy pocos meses, específico y diferenciado y ese solape está creando un hipersector de la información --el multimedia--, en el que cada vez tiene menos sentido hablar de las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones, de la informática o el audiovisual en términos disconexos. Por ello la propuesta del Gobierno de creación de una comisión del mercado debe ser ampliada con nuestras propuestas en el sentido de aumentar sus contenidos y competencias con todo lo referido a tecnologías de la información y audiovisual, de forma tal, que el objetivo de dicha comisión no sea exclusivamente vigilar el respeto de las leyes de la competencia en el mercado, sino otro más ambicioso: regular todo lo referente al macrosector de la información multimedia en beneficio del usuario y no solamente en beneficio de la competencia.
Entre los nuevos medios o capacidades de las que dotamos a la comisión, debería merecer especial consideración por los grupos parlamentarios el referido a la participación activa de la Cámara en el proceso de nombramiento de consejeros, facultad que reservamos al Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento, y en la que incluimos la participación de la Cámara, mediante votación por mayoría cualificada, para aceptación de los consejeros que nos sean indicados por el Gobierno.
El gran poder que estamos dispuestos a ceder a esta comisión y la excepcional importancia de la realidad económica, social y política que debe gestionar en nombre y por cuenta del Estado justifica, a nuestro criterio, la intervención decisiva que proponemos del Congreso de los Diputados en la designación de los consejeros. Decíamos que una de las funciones de esta comisión, entre otras, será velar por el respeto de la competencia en el sector, y para materializar esa competencia apoyamos la necesidad de crear un segundo agente que tenga la facultad de operar las telecomunicaciones, tanto en los servicios finales como en los portadores, una sociedad creada sobre la base de la actual Retevisión.
Sólo diferimos del proyecto en lo siguiente. El proceso de venta del 51 por ciento, al menos, de las acciones de esa nueva sociedad deberá ser, a nuestro criterio, mediante un concurso convocado y resuelto por el Ministerio, en lugar de realizarse por el trámite, confuso e impreciso, de adjudicación restringida por la propia entidad que lo convoca. La ley debe incorporar también algunos criterios técnicos y económicos --y en ellos nos extendemos-- que orienten la resolución del concurso, así como recoger en los pliegos de condiciones de bases algunas de aquellas que se les impongan a las personas jurídicas que participen en el proceso concursal.
El segundo operador es, por tanto, preciso y sólo quiero añadir al respecto que podría llevar un año funcionando si el grupo que apoya a este Gobierno no hubiera rechazado un real decreto del Gobierno anterior que a la postre, y con un año de retraso, han terminado por copiar de mala manera.
Llevaríamos ya un año de anticipación en la introducción de los sistemas de competencia y no tendríamos que soportar algunas impertinencias de Miert por la propuesta del Gobierno de España de utilizar, en todo o en parte, el período transitorio que en derecho nos corresponde.
Termino con el último contenido de nuestro texto alternativo que representa diferencias importantes con el proyecto de ley del Gobierno.
Me refiero a las modificaciones que el real decreto ha introducido en la denominada Ley del cable, que fue una ley apoyada por todos los grupos de la Cámara, incluso con una intervención muy importante en una redacción final que fue responsabilidad de todos los grupos --insisto-- menos del grupo que apoya al Gobierno que entonces, de forma involuntaria y aún sin explicar, se apartó de un esfuerzo de consenso que hoy desde el Gobierno quiere desvirtuar sin ninguna justificación.
Nuestra postura en relación con las modificaciones introducidas por el real decreto en el cable se sustancian en lo siguiente: Como norma general se propone al resto de grupos de esta Cámara recuperar el texto pactado entre todos hace escasamente diez meses; de manera muy especial queremos recuperar el plazo de nueve meses posteriores a la resolución de los concursos para que Telefónica pueda actuar, pues carece de sentido mantener ociosas infraestructuras que han costado cientos de miles de millones de pesetas y, sobre todo, resulta incomprensible que se prive a los

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usuarios de los servicios que dichas infraestructuras les pueden ofrecer en un plazo breve.
Se propone, igualmente, recuperar la norma que permitía a Telefónica operar antes de los nueve meses si el operador de cable entraba en funcionamiento antes de nueve meses, norma incomprensiblemente suprimida en el real decreto del que trae causa el actual proyecto de ley.
Queremos insistir enfáticamente en la supresión de la disposición transitoria del real decreto que legaliza los concursos de cable convocados por instancias de la Administración, que no tienen competencia para ello con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley del cable.
Aquellos que fueron convocados o adjudicados antes están lógicamente amparados por una sentencia que establecía que en ausencia de legislación los municipios tenían la facultad de otorgar licencia para ciertos servicios, pero una vez que esa norma se promulga, todos los concursos convocados, resueltos o no, con fecha posterior a la entrada en vigor de la ley, son a nuestro juicio no sólo ilegales, sino inconstitucionales.
También deseamos que los agentes que operen el cable y que ganen los concursos puedan ofrecer la telefonía básica como uno de sus servicios.
Queremos que eso sea así porque la introducción real de competencias va a venir por el cable antes que por Retevisión que tardará bastante tiempo en madurar su proyecto, en ejecutar las inversiones que son precisas y, por tanto, en plantear una alternativa de competencias al actual agente operador. Quiero dejar muy claro ante la Cámara que, a pesar de la presentación de un texto alternativo, nada más lejos de nuestra intención que encarar el debate posterior de las enmiendas desde el prejuicio ni desde la responsabilidad y, desde luego, no desde la ciega pasión de oponernos a este Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, señor García-Arreciado, por favor.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Somos conscientes de la necesidad de producir un texto con vocación de duración; porque sabemos de la incertidumbre que produciría en el sector un texto que no contase con apoyos muy cualificados dentro de esta Cámara, y porque estamos convencidos de la trascendencia económica, cultural y social que se puede derivar del trabajo que tenemos encomendado, quiero insistir y subrayar que en el debate posterior de esta ley no nos guiará sino el interés general de España. El Gobierno y los grupos que le dan su apoyo tienen la última palabra para encauzar un proceso de convergencia y de consenso, como fuimos capaces de hacer hace unos meses, o mantener desde el Gobierno la ciega posición que impidió el acuerdo con su grupo en la anterior legislatura.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Enmienda de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, el señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A juicio del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Partido Popular y, consecuentemente, el Gobierno sustentado por él no tienen un programa de telecomunicaciones; no hay una concepción global de a dónde se quiere ir. En todo caso --y perdóneme que se lo diga así-- hay una especie de posición radical, una especie de exabrupto jurídico y reglamentario que no tiene mucha justificación en el ritmo democrático y legal que deben llevar los distintos pasos a la hora de una aprobación en el Pleno del Congreso y previamente por el Gobierno de la nación.
Ustedes acaban de publicar tanto el reglamento concerniente al cable cuanto --y esto es todavía más escandaloso-- el reglamento referido al funcionamiento y los objetivos, en la parte que corresponda, de la Comisión del mercado de telecomunicaciones, cuando aún no hemos empezado aquí a discutir el proyecto de ley, que lo hacemos en este momento; desde hoy ya está publicado este último reglamento y desde ayer el que se refiere al tema del cable. No entendemos ese forma de funcionar y lo mínimo que podemos decir es que tal forma es antidemocrática. ¿Qué significa, que no se va a cambiar la ley en absoluto, que este debate que hacemos es una pantomima, que es un debate de cartón piedra, que no van tener sentido alguno la Ponencia, la Comisión ni el Pleno, cuando se ha pedido incluso la avocación para Pleno? ¿A qué estamos jugando, señor Ministro? Comprendemos la forma de funcionar de don Miguel Angel Rodríguez que entró como una especie de vaca en un tejado en el tema de las telecomunicaciones, con la convocatoria de concursos en los ayuntamientos respecto al cable, a través de una lectura absolutamente infiel de la sentencia del Tribunal Constitucional. Una cosa es que se permitieran situaciones de hecho y otra cosa es que se hiciera esa interpretación para los ayuntamientos, y figuraba así después en el texto de la ley del Partido Popular, diciendo que no era posible, repito, que los ayuntamientos tuvieran capacidad para conceder licencias.
Nos encontramos hoy en un debate ridículo, absolutamente ridículo. Hoy acaba de publicarse la estructura y la realidad reglamentaria de la comisión del mercado de telecomunicaciones. No entiendo, permítame que se lo repita, la forma de funcionar de este Gobierno y la forma de asumir las presiones lógicas que se deben cruzar; no entiendo la forma de asumir estas

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presiones, de tal manera que están dejando fuera de juego a este Congreso de los Diputados. Repito, lo mínimo que puedo decir es que se trata de una forma antidemocrática de funcionar, porque parten de la base de que este Congreso no va a cambiar ni una coma, o cosas que pueden afectar al reglamento o a la composición de la comisión del mercado de telecomunicaciones.
Pues bien, en el marco esperpéntico en el que nos situamos en este debate, nos encontramos ante un proyecto de ley en el que subyacen dos temas fundamentalmente: una superliberalización del mercado de las telecomunicaciones, y en el seno de esta extraliberalización aparecía la instauración, la creación del segundo operador y, al mismo tiempo, se hace referencia a alguna modificación de la LOT. El segundo tema del que trata este Real Decreto, hoy convertido en proyecto de ley, es un cambio sustancial en la filosofía de fondo de la ley de telecomunicaciones por cable y en aspectos puntuales de enorme importancia. Pero no sólo se tocan puntos de índole jurídica o de índole textual aludiendo a la ley que aprobamos, sino que se rompía un consenso que acababa de fraguarse en los meses inmediatamente anteriores, un consenso de todos, excepto del Partido Popular, que no es que rompiera el consenso, sino que ni siquiera entró en la posibilidad de participar en él, en función del giro drástico que en ese momento le dio a la supuesta política de telecomunicaciones don Miguel Angel Rodríguez.
Por tanto, políticamente se ha roto un consenso de enorme importancia que extrajo de su debate una ley sintética de cara a las telecomunicaciones, abortando la posibilidad de que esto se convirtiera en una ley de la jungla, la ley del más fuerte, y me da la impresión de que, si el Gobierno se atreve a publicar los reglamentos, es que ya hay un acuerdo previo como mínimo con Convergència i Unió sobre el cambio de la ley del cable y la ruptura del consenso. Porque si no --y se me dice que no con la cabeza desde las filas de Convergència i Unió--, todavía entiendo menos que se haya aprobado y publicado el reglamento. Ya no lo entiendo, ya no lo puedo entender, a menos que se nos intente imponer un reglamento contra la ley que pueda aprobarse aquí, si logramos restablecer el consenso, con respecto a puntos esenciales (y parece ser que el PNV también puede estar en esa dirección) en relación con la ley del cable que se aprobó aquí al final de la legislatura.
Señores del Gobierno, en este momento yo tendría que irme a pensar a un desierto a ver qué es lo que está pasando aquí. En todo caso, nosotros ya lo dijimos, se trata de un proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones muy desequilibrado, que mostraba en su interior una cierta inquina respecto al papel de Telefónica, que podía afectar a la forma de plantear la estructura y el funcionamiento del segundo operador, lo cual podría dar lugar a consecuencias serias en el mercado de las telecomunicaciones y consecuencias muy serias también en la estructura laboral de lo que es Retevisión o los distintos componentes de este segundo operador, y que, al mismo tiempo, rompía el consenso político al que he aludido anteriormente, creando, ya lo dijimos, una comisión supuestamente independiente del mercado de las telecomunicaciones, que, a la hora de leer realmente el texto, la independencia no aparecía por ningún lado. Eran siete componentes y los siete a propuesta del Gobierno, del Ministerio de Fomento correspondiente. No había ni uno solo a propuesta de grupos parlamentarios, ni uno solo a propuesta de grupos sociales o de las correspondientes organizaciones. Por tanto, de independiente, absolutamente nada. Y no sólo eso, sino que, quizá siguiendo el modelo británico en este caso, se le daba todo el poder al presidente de una manera omnímoda de cara a hacer un mercado opaco, en absoluto transparente, y de cara a dirigir esta selva de las telecomunicaciones que ustedes están agudizando. De ahí la presentación de nuestro texto alternativo.
Nuestro texto alternativo parte de la base de que ustedes crean un duopolio de manera engañosa, teniendo en cuenta previsiones que responden a intereses particulares españoles de cara al futuro y a intereses de multinacionales.
El segundo operador que ustedes crean, con el amparo de ampliar la etapa de la liberalización, que la pasan del 1 de enero de 1998 a finales de diciembre de 1999, con ese amparo, ustedes van a engordar con dinero público un segundo operador (dicen que es para proteger al mismo tiempo a Telefónica; no señor, a Telefónica se le irá gradualmente debilitando), para, en un momento determinado, a finales de 1999, vender a esos grupos de presión que ya denunciamos aquí anteriormente y convertir a ese segundo operador en una especie de caballo de Troya, a través del cual entraría la multinacional correspondiente, rompiendo, enrareciendo profundamente la transparencia y la libertad real del mercado de las telecomunicaciones en este país.
Por tanto, a partir de ahí, esa propuesta no es en absoluto aceptable y mucho menos cuando se compagina con una comisión del mercado de las telecomunicaciones que no responde, en ningún criterio, ni a la transparencia, ni a la democracia, ni a la independencia con la que muchas veces se le ha caracterizado o bautizado.
Al mismo tiempo, señores del Grupo Popular, señores del Gobierno, señor Ministro, ustedes rompen de manera profunda, no sólo temas esenciales que caracterizaron de manera progresista la Ley del Cable, como el tema del límite cara a que no hubiera tentaciones de concentración de un millón y medio de abonados para cada una de las empresas que participaran en el sector, sino que también amplían el período de carencia de

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Telefónica con respecto a su funcionamiento de cara a la segunda licencia de nueve a veinticuatro meses y al mismo tiempo rompen una de las partes filosóficas que estuvo en la base de conceder a Telefónica el papel que tiene, primer título habilitante, y que está en la base del sentido progresista auténtico de este proyecto, que es el servicio público universal. Eso lo rompen ustedes con la forma de crear este segundo operador, con la forma de modificar la Ley del Cable y con las actuaciones posteriores y aledañas que están teniendo en este asunto.
Por tanto, señores del Gobierno, el texto alternativo de Izquierda Unida es un texto que responde al consenso previo, a la racionalidad y a los intereses nacionales. Ustedes están legislando contra los intereses nacionales en este proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones; ustedes están creando un caballo de Troya, para que entren multinacionales frente a Telefónica y empresas nacionales y frente a los intereses de este país, por unas razones o por otras, por presiones de todo tipo, dándole la parte del soporte nacional a esos grupos de presión que no entraron en el núcleo duro de los accionistas de Telefónica, estableciendo ahí las contraprestaciones que todos conocemos que se van a dar a ciertos sectores bancarios que, repito, crearán esa plataforma para que entre la multinacional correspondiente enrareciendo, rompiendo la libertad del mercado nacional y los intereses nacionales de este país.
Desde ese punto de vista, nosotros incluso cambiamos el título de la ley, en el sentido de que no se llame liberalización de las telecomunicaciones, y, en su seno, lo que es real, puesto que se le ha dado un título ampuloso que no responde a la verdad textual, en la creación del segundo operador, que es la parte sustancial; por tanto, nosotros denominados nuestro texto alternativo: ley de creación del segundo operador de telecomunicaciones. En este texto, al no recoger ninguna de las enmiendas que ustedes asumen contra la Ley del Cable, consensuada aquí, naturalmente restablecemos todo el texto que se aprobó en el Pleno del Parlamento con una inmensa mayoría, excepto los votos del Partido Popular.
Nosotros planteamos la creación de un segundo operador con capacidad para entrar en el mercado de las telecomunicaciones nacionales e internacionales desde los intereses nacionales. Desde ese punto de vista, el 51 por ciento de las acciones serían acciones de capital público, y no llegarían, por tanto, más allá del 49 por ciento las acciones de capital privado, procedieran o no de multinacionales, e, indudablemente, superamos la estructura esperpéntica de la comisión del mercado que ustedes nos plantean.
A nuestro juicio, por ejemplo, el presidente y el vicepresidente pueden ser elegidos y ratificados a propuesta del Gobierno, pero luego habría que ir a una estructura democrática: cuatro integrantes de la comisión del mercado de telecomunicaciones deberían ser elegidos por los grupos parlamentarios de la Cámara (en el proyecto aparece un error; habla de grupos políticos; serían, repito, grupos parlamentarios) y tres miembros de la comisión elegidos por los sectores sociales afectados, o sea, del mundo de los sindicatos o del mundo empresarial. Todos ellos con funciones indudablemente diferentes; funciones fundamentalmente de cara a lo que alumbró el proyecto del cable y a lo que alumbraba la política de telecomunicaciones como auténtico pacto de Estado.
Realmente, ustedes no sólo han roto un consenso político ocasional: han roto el principio de un pacto de Estado con respecto a las telecomunicaciones. Ese es el fondo de la cuestión, eso es lo que han roto ustedes: el principio que alumbraba ese pacto de Estado, la prioridad de la cohesión social y territorial de este país de cara a lo que va a ser el núcleo fundamental de la información y de la educación en el siglo XXI, que son los telecomunicaciones. Eso es lo que ustedes han roto, con una apuesta neoliberal, pero no sólo neoliberal, sino a favor de ciertos grupos de presión nacionales e internacionales.
Por tanto, nosotros también introducimos de manera clara, sin ambigüedad alguna, la interconexión e interoperatividad de las redes y la capacidad de concesión, por la comisión del mercado de telecomunicaciones, de nuevas licencias en condiciones de justicia, de transparencia y de equidad.
A diferencia del Gobierno, repito, seguimos manteniendo el consenso político, que tenía ciertos visos de consenso de Estado en un tema de enorme importancia como son las telecomunicaciones, que aunó la fuerza y la argumentación positiva de PSOE, Convergència i Unió, PNV e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Respecto a la creación del segundo operador, creemos que hay una infraestructura pública de enorme importancia en este país; infraestructura pública, por cierto, que ya ha invertido mucho en el alimento a televisión, etcétera, que está ahí y que no sabemos si esta inversión va a correr peligro, pero, en todo caso, no sabemos tampoco cómo se va a emplear, de hecho, esta infraestructura de enorme importancia, que debiera sustentar este segundo operador con mayoría de capital público. Me refiero a Retevisión, a toda la infraestructura a este nivel de Correos y Telégrafos, a la fibra óptica de Renfe y, naturalmente, a la red eléctrica española. Todo eso podría componer, de hecho, de manera lógica, en función de los intereses de este país y de los intereses de un mercado transparente, el segundo operador que nosotros estamos planteando.
Termino, señor Presidente, diciendo que, frente a la operación especulativa que encubre el texto; ante la presión de intereses económicos que no lograron participar

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en el núcleo duro de Telefónica y que ahora quieren una contraprestación de este Gobierno; frente al caballo de Troya que se crea para la entrada de las multinacionales que ya están pendientes de ver quién se lleva, a partir de finales de 1999, el segundo operador, en compañía de este capital español; frente a la ruptura de la filosofía del servicio pùblico universal, porque entonces aparecen, naturalmente, la captación del mercado más cercano y del mercado con mayor rentabilidad económica y no aparece la necesidad (por eso se le había dado a Telefónica el título habilitante, primero) de cubrir todo el territorio nacional y que no se empezara a instaurar una telecomunicación para ricos y otra para pobres; frente a todo ello, nosotros planteamos este texto alternativo y les decimos, señores del Partido Popular, señor Ministro, que no entendemos la forma de actuar que están teniendo. Parece que no parte ni siquiera de un consenso político; no parte de la lógica parlamentaria; no parte de la lógica jurídica; no tiene el ritmo democrático adecuado (acaban de publicar algo que ya estamos discutiendo aquí, a otro nivel, y que no tiene ningún sentido) y supone lo que ustedes están haciendo, en definitiva, aunque esto no se perciba en la calle, puesto que no es un tema como el del recetazo u otros, el mayor golpe que dan a la posibilidad de un pacto de Estado con respecto a las telecomunicaciones; el mayor golpe que se da a la posibilidad de un futuro en el que territorios y personas no se distancien en función de este tema esencial que son las telecomunicaciones y la información en general.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, intervengo, en nombre del grupo mayoritario de esta Cámara, para mostrar en principio nuestro desacuerdo con las enmiendas de totalidad con texto alternativo presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida.
Con el permiso de la Presidencia y previamente quería recordar a los señores portavoces de dichos grupos que estamos debatiendo hoy en esta Cámara un proyecto de ley que proviene de un Real Decreto-ley convalidado por la mayoría de esta Cámara hace escasas semanas, y digo esto porque comprendo la dificultad que tienen algunos grupos parlamentarios, que han practicado el rodillo durante años y que siempre han dado su apoyo a un Gobierno que a veces ha actuado al margen de la ley, para respetar las decisiones mayoritarias de esta Cámara y también, cómo no, las actuaciones de un Gobierno basadas en ellas. En cualquier caso, le pido a don Jenaro García-Arreciado respeto por esta Cámara y, sobre todo, respeto a las posibilidades de legislar que tiene esta Cámara.
Lo que quiero decir es que durante la tramitación de este proyecto de ley nosotros --veníamos dispuestos a ello y lo voy a seguir diciendo hoy-- estamos dispuestos a que podamos conseguir un consenso entre todas las fuerzas políticas, porque creemos que la política de telecomunicaciones es un asunto de Estado, un asunto de todos, y por tanto consideramos que sería importante llegar a un acuerdo con la mayoría de las fuerzas políticas de esta Cámara. En esa dirección quiero anunciar de nuevo, porque ya lo hemos hecho más veces aquí, nuestra máxima disposición al diálogo en esta materia.
En cualquier caso, y en relación con el Real Decreto, que, como le digo, está convalidado, en base al cual el Gobierno está actuando en estos momentos, sí le quiero decir que tiene usted que recordar que está basado en una ley, la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que presentó en esta Cámara el Gobierno socialista y que se aprobó con la mayoría de la misma.
Por tanto, esa ley sí que se aprobó sin tener en consideración al grupo mayoritario de esta Cámara en vísperas de unas elecciones generales que, previsiblemente, iban a cambiar el Gobierno, como así sucedió a continuación. En cualquier caso, es cierto que esa ley sí contó con la oposición de mi grupo, minoritario en la Cámara, pero mayoritario en la oposición, y de la mayoría del sector, que se opuso a la tramitación y aprobación de ese proyecto de ley de telecomunicaciones por cable que luego fue aprobado por la Cámara.
En cualquier caso, en los últimos años, mientras el Gobierno socialista fue anunciando múltiples medidas en materia de telecomunicaciones, fue constante el empeño de nuestro grupo parlamentario por llegar a acuerdos con las distintas fuerzas políticas, acuerdos que contaran con el consenso de la mayoría, y cito un ejemplo: hace tres años el Grupo Popular, nuestro grupo, presentaba en esta Cámara una proposición de ley de televisión por cable. Nosotros creíamos que esa ley era imprescindible para el desarrollo económico de nuestro país, para ir avanzando y no encontrarnos en la situación de urgencia en que nos encontramos hoy, en que hay que dar los pasos adecuados porque, lamentablemente, el tiempo que nos queda es escaso, y hemos perdido tanto tiempo que ahora es necesario que lo recuperemos a marchas forzadas. En ese momento, como digo, el Grupo Socialista ni siquiera tomó en consideración esa proposición de ley, a pesar de que ofrecimos el máximo consenso, el máximo diálogo y la posibilidad de modificar el texto para mejorarlo.
Entonces como ahora apostábamos por superar la dinámica partidista y propiciar un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas para establecer un sistema aceptable por todos para hacer una España competitiva en lo que se refiere a telecomunicaciones.


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En esta ocasión, nuestro voto a las enmiendas que han presentado los Grupos Socialista y de Izquierda Unida tiene que ser necesariamente negativo, pero no rechazamos su totalidad, no las descalificamos en su globalidad. Estamos dispuestos a analizar en detalle cada una de sus propuestas, y tenemos el objetivo de lograr, al finalizar los trabajos en Comisión, un texto que cuente con el consenso de la mayoría de esta Cámara.
El proyecto al que se presentan las enmiendas contempla los tres objetivos que con urgencia es necesario afrontar: en primer lugar, la eliminación de las trabas que perjudican a la inversión; en segundo lugar, sentar las bases para el inicio de una competencia efectiva y, en tercer lugar, potenciar el sector español de las telecomunicaciones.
Este proyecto de ley que estamos debatiendo es un paso imprescindible que el Gobierno se ha visto obligado a dar por vía de urgencia, por la premura de la situación. Y lo ha hecho, como digo, porque los plazos apremian y para hacer frente al obligado trámite de liberalización.
Asistimos a un proceso gradual, a un proceso controlado, haciendo desaparecer los impedimentos para que se pueda establecer, de una vez por todas, la competencia en telefonía; para que se puedan construir redes y utilizar las ya existentes; para que se pueda crear un segundo operador en el que puedan participar todos los que están interesados en invertir en este sector prioritario para España.
Como verán SS.SS., se trata de un proceso gradual que nos llevará a la liberalización total en un plazo de tiempo razonable. Finalidad ésta que creo es compartida por todos los miembros de esta Cámara.
Señorías, una vez iniciado el camino y despejadas las incógnitas heredadas, es el momento de plantear globalmente lo que debe ser el modelo de telecomunicaciones que España necesita. No es que sea conveniente, es que nosotros creemos que es imprescindible que este país cuente con una ley general de telecomunicaciones y de lo audiovisual; reivindicación ésta que venimos sosteniendo desde hace muchos años. En eso estamos todos de acuerdo.
En lo que nuestro Grupo no puede estar de acuerdo es en plantear esa reforma global en este proyecto de ley que sólo persigue adoptar medidas que permitan salir de la situación, sentar las bases para plantear un modelo de telecomunicaciones viable para España, que nos permita alcanzar la primera velocidad de Europa también en materia de telecomunicaciones.
Este proyecto abarca cuatro aspectos diferentes: dos de ellos referentes a modificación de algunos aspectos de las actuales leyes vigentes, propuestas por el Gobierno socialista y aprobadas por esta Cámara en la anterior legislatura, para introducir la liberalización de servicios finales y portadores, rompiendo, por tanto, el monopolio existente y facilitando el desarrollo de la competencia y de la inversión.
Los otros dos aspectos suponen la creación de organismos imprescindibles: el primero, la comisión del mercado de telecomunicaciones, instado por Bruselas, órgano de arbitraje y consultivo, y, en segundo lugar, la puesta en marcha de un segundo operador nacional que pueda ser competitivo antes de la fecha de liberalización plena de las telecomunicaciones.
Es nuestro deseo, y lo reitero, una vez analizadas las enmiendas, abrir el diálogo en Comisión para que la mayoría de los grupos de esta Cámara podamos votar favorablemente un texto que sirva de punto de partida para dibujar un panorama futuro de telecomunicaciones, basado en la libre competencia y en la transparencia. Qué importante sería que nos pusiéramos todos de acuerdo en el punto de salida, porque ello permitiría facilitar el acuerdo en la línea de llegada.
La comisión del mercado de las telecomunicaciones tendrá algunas de las competencias que hoy son propias de la Administración del Estado y que, en ningún caso, podrán ser la totalidad de las mismas. A medida que pase el tiempo y que se ponga en funcionamiento el sector, y con ello su liberalización, la comisión deberá asumir nuevas competencias.
Competencias que pueden fijarse en la futura ley general de telecomunicaciones que cierre el modelo definitivo para España.
Hoy mismo, a la vista de algunas propuestas contenidas en el texto alternativo presentado por el Grupo Socialista, podemos afirmar que, en el curso del propio debate, se podrán incrementar algunas de sus atribuciones y podremos, en consecuencia, aceptar o transaccionar algunas enmiendas.
Nuestro grupo siempre ha apostado por la existencia de una comisión que vigile los contenidos y actúe de árbitro en los conflictos audiovisuales, y bien pudiera ser que esta comisión fuese la del mercado de las telecomunicaciones. Es probable que el procedimiento adecuado no sea crear dos comisiones con un solo presidente, pero, en cualquier caso, son cuestiones a debatir entre los grupos en las próximas semanas.
La comisión del mercado de telecomunicaciones, señorías, debe ser, y es importante que todos estemos de acuerdo en ello, un órgano independiente que vele por la aplicación de los principios generales que ya mencioné anteriormente: la libre competencia, la transparencia y la igualdad de trato, a la vez que pueda actuar de árbitro en los conflictos y servir como vehículo de asesoramiento en otras ocasiones.
El nombramiento de sus miembros y las fuentes de financiación también pueden ser objeto de análisis compartido, y, sin perjuicio de que la designación de los miembros, sin duda personas de reconocido prestigio, representativos de los distintos sectores, corresponda al Gobierno, se podrían estudiar fórmulas intermedias,

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teniendo en cuenta las propuestas de los textos del Partido Socialista y de Izquierda Unida.
En cuanto a la creación de un segundo operador, no tengo la menor duda de la posibilidad de que el Grupo Socialista se sume a nuestra propuesta. No es viable el acuerdo en el caso de Izquierda Unida, que pretende que ese segundo operador sea un operador público.
Ya a principios de este año, como ha recordado el portavoz socialista, el Gobierno, entonces, del PSOE presentó una propuesta para la creación de este segundo operador. Propuesta que fue rechazada por nuestro grupo, tanto por el momento de su presentación, que llegaba con varios años de retraso y en vísperas de una inminente convocatoria electoral que, como SS.SS. saben, ha producido un cambio de Gobierno, como por la ausencia de un modelo transparente en el proceso de adjudicación del segundo operador; proceso de adjudicación que contara con todas las garantías jurídicas que ya entonces propuso el Grupo Popular y que hoy están recogidas en este proyecto de ley.
En lo que afecta a la modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), hablamos de una ley anticuada, cuya modificación es imprescindible para permitir la entrada inmediata en el mercado de servicios que hasta ahora se prestaban en régimen de monopolio y permitir que entre un segundo operador y, posteriormente, otros operadores, posibilitando la competencia leal y efectiva en el mercado de servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, se modifican los límites de inversión de capital extranjero en estos servicios, materia que está vinculada con el resultado de la ronda negociadora de la Organización Mundial de Comercio y con la liberalización en el seno de la Unión Europea.
Por último, se garantiza la posibilidad de interconexión de las redes, reforzada la garantía de esta posibilidad a través de la segunda enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario a este proyecto de ley, que recoge en parte también la propuesta de los grupos enmendantes, en un intento de plasmar adecuadamente la normativa comunitaria.
Las diferencias, pues, de fondo en cuanto a estas modificaciones de la LOT con los textos presentados por los Grupos Socialista e Izquierda Unida son mínimas.
Por el contrario, al analizar las modificaciones que se introducen en la Ley de Telecomunicaciones por Cable, sí se aprecian diferencias entre los textos. Sin embargo, hemos intentado acercarnos con la tercera de nuestras enmiendas, a la que luego me referiré.
Asimismo, se pretende dar una solución global e integral a la problemática surgida por la situación de alegalidad, y repito alegalidad, en la que han empezado a desarrollarse los operadores de cable.
Las enmiendas presentadas pretenden básicamente suprimir estas modificaciones en la Ley del Cable volviendo al texto inicial. Sus discrepancias --en este caso discrepancias de fondo-- son relativas al inicio de servicio por parte de Telefónica, modificación con la que el Gobierno pretende posibilitar la competencia efectiva de todos los operadores de cable.
Les recuerdo que en países como Estados Unidos o en Gran Bretaña los plazos de prohibición a los operadores ya establecidos han sido mucho mayores. Se trata de crear unas condiciones más favorables para la entrada de capital y siempre, como hemos dicho más veces, suponen plazos máximos. Si no existiera esta limitación temporal, no sería posible la aparición de competencia, una competencia necesaria para ofrecer una mayor calidad de servicios y unos mejores precios.
Otras diferencias se refieren a las competencias de los ayuntamientos y a los concursos convocados por ellos, que fueron la respuesta, en una época de alegalidad, a la creación de una situación monopolística inaceptable, rechazada o juzgada negativamente tanto por el Tribunal de Defensa de la Competencia como por la jurisdicción ordinaria y por la Comisión Europea.
Por último, en cuanto al derecho a prestar servicios portadores y finales, incluido telefónico, por estas redes, se ha recogido en nuestra tercera enmienda que se garantiza que los operadores de cable puedan ofrecer estos servicios a partir de 1998.
Señorías, como han podido comprobar a lo largo de mi intervención, estamos intentando, y he intentado, acercar posiciones. Y es que nuestro grupo es consciente de que, respetando las propuestas realizadas por el Presidente del Gobierno en esta Cámara en el debate de investidura, respetando el contenido de los pactos de Gobierno, que siempre los vamos a respetar, se pueden buscar fórmulas de acercamiento para llegar a acuerdos mayoritarios entre las distintas fuerzas políticas sobre un sector tan importante para España como es el de las telecomunicaciones.
Señoras y señores Diputados, recapitulo. No se pretende con esta ley regular lo que deben ser las telecomunicaciones en el futuro; no se pretende hacer un planteamiento global sobre el modelo de telecomunicaciones que para España tiene el proyecto popular, sino que en este momento preciso pretendemos dar los pasos adecuados que nos permitan comenzar, y digo bien, comenzar a situarnos para ser competitivos con Europa y con el resto del mundo.
Si no lo hiciésemos así, llegaríamos tarde y nunca podríamos hablar de un mercado español de telecomunicaciones. Estaríamos supeditados a las ofertas y a las influencias de otros países.
Siempre he dicho que, en materia de comunicación, el legislador va por detrás de la realidad. Nuestro grupo va a intentar que, una vez puestas en marcha estas medidas que hoy debatimos y que impulsarán el sector, podamos contar con una legislación que, partiendo de la realidad presente, mire hacia el futuro, y

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de esa manera podamos afrontar los retos que en materia de telecomunicaciones todavía tienen que llegar.
Señorías, finalizo reiterando que si bien en este trámite parlamentario vamos a votar en contra de las enmiendas presentadas, estamos dispuestos a estudiar una a una las propuestas de todos los grupos, tanto en el debate de los asuntos que conciernen a este proyecto, como en el futuro, cuando debatamos la ley general de telecomunicaciones y de audiovisual.
Siempre, siempre, en materia de telecomunicaciones, el Grupo Popular y el Gobierno al que respalda van a estar más que abiertos a oir opiniones ajenas, porque para el desarrollo del sector unas reglas de juego aprobadas por amplia mayoría en esta Cámara son en sí una garantía de éxito.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Mato.
Tiene la palabra el señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero agradecer el tono de la intervención de la señora Mato, ya que, si se traduce en actitudes concordes con el mismo, puede facilitar el trabajo de esta Cámara. La oferta de consenso que nos hace --yo la he hecho anteriormente-- tendrá una respuesta absolutamente leal por nuestra parte, centrada en temas concretos de este proyecto de ley. No lo vamos a mezclar, como ustedes hicieron, con el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a hablar de las telecomunicaciones y del proyecto de ley.
En aras de ese consenso, no me hagan recordarles por qué no estuvieron ustedes en el consenso anterior, ni por qué tuvimos que rechazar el texto que nos habían presentado, que era exclusivamente para uno de los servicios, televisión. Ustedes hablaban exclusivamente de ese servicio y se olvidaban del conjunto de los servicios que se deben regular. Pero, en fin, eso es agua pasada. Hay aguas futuras que nos interesan más.
Anuncian un proyecto de ley general. Es necesario. Desde hace mucho tiempo la LOT tiene rotas las costuras por todas partes, y ya lo sabemos.
Unicamente les pedimos que no nos sorprendan con ese proyecto de ley. Ya sabe lo que le quiero decir. Que no nos le encontremos hecho, puesto encima de la mesa, con el reglamento incluso pactado, sino que hablen con nosotros, que algo sabemos de esto.
Mantenemos buenas relaciones con algunos sectores, y hay muchos de ellos en el entorno de las telecomunicaciones sensu stricto que debieran dar su opinión a la hora de redactar una nueva ley general. Y no insisto sobre el asunto. No la hagan sorprendentemente ni sorpresivamente. Intenten contar con nosotros porque es muy importante lo que estamos decidiendo para el futuro del país.
El resto de su intervención me ha resultado difícil seguirla, porque ha mezclado la crítica legítima al proyecto que he defendido de una manera breve, con una segunda defensa del real decreto y del texto que presenta su Gobierno como alternativa. No me voy a referir a ello. Tomo buena nota de que reconocen que hay ciertas insuficiencias en la comisión que ustedes definen, y que ese es un primer punto de encuentro que estamos dispuestos a recorrer con ustedes. Quiero decir que no creamos dos comisiones, sino una sola comisión con dos consejos. No creamos dos estructuras, sino una única con una cabeza. El presidente lo es de la comisión en pleno y de los dos consejos.
Agradezco también su ofrecimiento de encontrar fórmulas de participación de la Cámara en la designación de los consejeros. Mi satisfacción sería plena si las fórmulas de participación que encontrásemos fuesen con carácter retroactivo, es decir, si pudiesen entrar en vigor ahora y no tener que esperar a que dentro de seis años se renueve esta comisión, porque entonces la fórmula sería un fraude de voluntad de consenso.
No me contesta a nuestra sugerencia sobre el segundo operador. Nos parece tan evidente que es el Ministro de Fomento y no Retevisión quien tiene que convocar y resolver el concurso, nos parece tan evidente que la ley tiene que definir los criterios básicos de resolución del concurso y nos parece tan claro que los pliegos de condiciones deben recoger alguna especificación establecida en la ley sobre las exigencias de las personas jurídicas que participen en el proceso del concurso, que supongo que será un olvido en su intervención y no ningún motivo de discrepancia con algo que se nos ocurre también un punto de encuentro y de consenso fácil.
Sobre las modificaciones de la LOT no tenemos nada que decir. El texto nuestro coincide sustancialmente con el de ustedes, aunque creo que lo hacemos mejor, que lo hacemos con mejor técnica jurídica, que lo hacemos con mejor sistemática, que lo hacemos con unos conceptos más precisos y con mayor rigor en la técnica, pero eso es opinable, es un tema menor y estoy seguro que el buen sentido de todos nos ayudará a encontrar un acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya, señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Concluyo.
Sobre el cable las diferencias son mayores. Ustedes presentan lo que llama una tercera enmienda en la que me viene a contar algo que no comprendo. Dice que el que obtenga la licencia de operador de cable podrá dar la telefonía básica. No, señora mato. Podrá dar la telefonía

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que ustedes dividen en tres concepciones distintas (telefonía local, interurbana e internacional) sobre sus propias estructuras. Dicho en otras palabras, no puede utilizar la infraestructura existente la Compañía Telefónica o cualquier otra para ofrecer los servicios. Eso tiene un grave problema El primero con su propio real decreto-ley y, el segundo, con la ley del cable. Su propio real decreto-ley, en el punto tres del artículo dos establece que las entidades que sean explotadoras de servicios portadores, infraestructura, están obligadas a proveer éstos con sujeción a los principios de neutralidad, publicidad y no discriminación, en las condiciones de uso de tarifa y plazos de entrega en la prestación de dichos servicios.
Lo de la ley del cable es todavía más grave.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor García-Arreciado, le ruego concluya, por favor.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy concluyendo.
El artículo siete de la ley del cable, que ustedes enmiendan, dice que una vez adjudicada la concesión, el concesionario tiene el derecho de establecer su propia red o utilizar las existentes. Su política, señora Mato, nos lleva a algo que no compartimos de manera radical. Ustedes, con su enmienda, diseñan una política de duplicación de redes. En tanto en cuanto que la segunda licencia solamente se la van a dar a aquellos que tengan red propia, ustedes están obligando a hacer una red paralela a la existente ya en el país. Nos parece un error conceptual. Telefónica tiene un uso de su red de nueve minutos por abonado y día. Mire usted si tiene capacidad suficiente como para ofrecérsela a un segundo operador sin necesidad de meter a éste en una inversión que es ineficaz. Pero estoy seguro de que la convenceré de ello en la ponencia.
Le reitero las gracias en nombre de mi grupo, no sólo por el tono sino por el contenido de sus palabras y, como decía al principio de mi anterior intervención, aunque habíamos empezado mal el día creo que estamos en el camino de poder terminarlo bien y de poder acordar realmente por lo menos los aspectos sustantivos de una política de extraordinaria trascendencia para el futuro económico, cultural y social del país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señora Mato, reconozco que ha utilizado un tono que no me esperaba. Creí que iba a entrar en el debate desde la defensa a ultranza de sus posiciones, teniendo en cuenta que hace tres días --quiero decir tres días políticos-- que aprobaron el texto del real decreto. Por tanto, lo que aparece de nuevo es lo que yo dije al principio de mi intervención: que ustedes no tienen claro el proyecto de telecomunicaciones, que no aparece una concepción global, sino que lo que aparecen constantemente son improvisaciones encadenadas, un parche tras otro. Ha hablado usted de la LOT y de algunas rectificaciones que confusamente hemos podido aprehender a lo largo de su intervención, y digo confusamente porque éste no es el momento ni el sitio --lo será la ponencia cuando empiece a funcionar-- de ver las posibilidades de acuerdo respecto a enmiendas parciales. Usted ha intentado cambiar lo que es un debate de totalidad, de filosofía, de contenidos políticos, por un debate de cambio, de trueque, pero desde el punto de vista de una plataforma confusa, puesto que no ha aclarado totalmente de qué modo, con qué profundidad y cómo afectarán las rectificaciones que acaba de iniciar.
Respecto a la LOT, le diré que nosotros sólo introducimos una serie de medidas en el texto alternativo para garantizar la equidad de todos los operadores y para que los servicios finales se adapten al mercado comunitario, pero, indudablemente --nosotros lo hemos dicho siempre--, hay que ir a una nueva ley general de ordenación de las telecomunicaciones porque la que tenemos vigente no sirve. Usted nos habla de la posibilidad de un consenso. De acuerdo, discutamos cuando llegue ese momento, aunque, según se ha filtrado en ciertos medios de comunicación, parece ser que para ustedes, en plan personal, en plan individual, ya ha llegado ese momento; es decir, que están realizando un texto que después nos pueden traer aquí, pero que será ya muy difícil de enmendar, muy difícil de matizar. Eso ya no será un consenso, sino lo que estamos empezando a hacer aquí a partir de la ruptura: un debate exclusiva y rigurosamente parlamentario. Por tanto, de conseguirse, lo que haríamos es, sobre las cenizas del anterior consenso político, intentar restablecer un consenso parlamentario, que con respecto a la LOT está todo en el aire y con respecto a algunas matizaciones de la ley del cable está todo absolutamente confuso.
En todo caso, señora Mato, este debate, si de verdad queremos hacerlo limpiamente, sin ninguna espada de Damocles sobre nuestra cabeza, exigiría que ustedes retiraran los reglamentos publicados hoy y ayer, porque, si no, no es creíble que este debate sea serio y tenga una voluntad de síntesis. Ustedes tienen los reglamentos publicados --como la carne de oveja: si la quieres, la tomas y, si no, la dejas-- y establecen el marco de un debate confuso, muy limitado, que no sabemos a dónde puede conducir, y que si ustedes, a pesar del tono que ha utilizado hoy aquí, se mantienen en sus posiciones, puede conducirnos a los mismos reglamentos, con lo cual estaríamos en una situación perteneciente al teatro del absurdo.


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Por tanto, señora Mato, yo le pido que ahora, en su intervención, anuncie si van a retirar o no los reglamentos publicados ayer y hoy relativos al cable y al mercado de las telecomunicaciones. Si es verdad lo que usted ha dicho de elegir a los integrantes de esa comisión de forma que se dé participación a este Congreso, a los grupos políticos, si es verdad lo que ha dicho a la hora de aclarar y ampliar las funciones de esta comisión en relación con el mercado de las telecomunicaciones; si todo eso es verdad, lo que corresponde política y jurídicamente es que anuncie la retirada de los reglamentos, que reconozca que ahí hay un error.
Quizá, y con esto término, señor Presidente, el tono que usted ha utilizado derive más de la constatación de ese error, de la constatación de que esos reglamentos no se han publicado en su momento, de la constatación de que vamos a un debate con el pie forzado y sin un marco democrático adecuado, que de la posibilidad de llegar a acuerdos serios y ciertos, por lo menos con respecto a Izquierda Unida.
En consecuencia, señora Mato, le pido que nos aclare si esos reglamentos operan a partir de hoy con respecto al cable y a la comisión del mercado de las telecomunicaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, señor Alcaraz, tengo que decirle que es cierto que usted tiene razón en un tema: vamos con el pie forzado, y vamos con el pie forzado porque la situación en la que nos hemos encontrado las telecomunicaciones hace preciso adoptar una serie de medidas que tenían que haberse tomado hace ya tres o cuatro años y que nuestro grupo había reivindicado durante todo este tiempo a través de distintas proposiciones y proyectos de ley.
Ciertamente, en estos momentos nos encontramos en una situación diríamos de emergencia, que hace preciso que para llegar a la liberalización --que, como usted sabe, nos viene impuesta también por la normativa comunitaria y por la Unión Europea-- necesitemos tomar unas medidas inmediatamente, que no pueden esperar a que esta Cámara debata un proyecto de ley durante tres meses, luego se ponga en práctica y se hagan los reglamentos. Por esa razón se presentó en esta Cámara un real decreto, por vía de urgencia, para empezar a dar los pasos necesarios y poner en marcha las telecomunicaciones mientras la Cámara aprueba un proyecto de ley que se convierta en una ley general de telecomunicaciones. Ese real decreto, insisto, fue convalidado por la mayoría de esta Cámara, lo que quiere decir que está en estos momento en vigor. Con esto quiero decir que los reglamentos que se han aprobado en virtud de dicho real decreto tienen que estar funcionando mientras la Cámara aprueba este proyecto de ley. Cuando este proyecto de ley sea aprobado, como digo, no será un modelo definitivo de telecomunicaciones, porque no se trata de crear y de fijar el modelo definitivo de las telecomunicaciones para España, se trata de dar unos pasos adecuados para poder acercarnos al objetivo de liberalización que pretendemos. Por tanto, señor Alcaraz, por supuesto que debatiremos un modelo de telecomunicaciones que el Grupo Popular tiene, que el Grupo Popular ha propuesto en algunas ocasiones en esta Cámara, y que el Gobierno, sin ninguna duda, presentará ante este Congreso de los Diputados.
En cualquier caso, quiero reiterar, como he dicho antes, y también al señor García-Arreciado, que me alegro mucho que hoy se haya levantado un poco más optimista, porque ayer estaba, como decía la Ministra de Medio Ambiente, un poco agorero con todos los asuntos, y me alegra que piense que la ley de telecomunicaciones por cable podrá salir y lo hará con el consenso de toda la Cámara. También me alegro de que el día haya terminado bien.
Solamente quería aclarar una serie de puntos. Nosotros tenemos un modelo de telecomunicaciones que vamos a presentar en un futuro. En esta ley, como decía antes, lo único que se pretende es dar unos pasos adecuados para poner en marcha lo que es la liberalización de las telecomunicaciones. En nuestro proyecto, señor Alcaraz, el que estamos defendiendo hoy, por supuesto que vamos a mantener los aspectos necesarios para hacer frente al trámite obligado de liberalización en un proceso gradual controlado para potenciar el sector español de operadores y para favorecer la creación de un entorno de competencias. Eso no tiene ninguna discusión; vamos a dar los pasos adecuados para llegar a buen término. Lo único que tenemos que fijar es si es posible entre todos los grupos llegar a unos acuerdos para lograr los objetivos de una u otra determinada manera. Pero los objetivos son esos y se van a cumplir a través de la aprobación de este proyecto de ley.
Por último, señor García-Arreciado, en cuanto al tema del segundo operador, usted sabe bien que nuestra propuesta es más avanzada que la anterior que presentó el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. Usted sabe bien que en el artículo 4.9 el procedimiento básico de adjudicación está perfectamente reflejado, independientemente de quienes vayan a ser o de quienes pudieran ser los que conformaran o tuvieran la base accionarial en el segundo operador. Por tanto, no tengo nada más que decirle en el tema del segundo operador que los concursos se realizarán en base a la legislación.


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Por último, sólo reiterarles la disposición del Grupo Popular, que he manifestado esta mañana, para que logremos un consenso no solamente en este proyecto de ley, que, como digo, es un paso previo, sino en lo que debe ser el modelo de telecomunicaciones, que al final creo que es lo importante. Y tenga usted la seguridad de que el proyecto que venga a esta Cámara no será un proyecto que esté cerrado, porque siempre habrá la posibilidad de modificarlo cuando llegue. Esa es la esencia de la democracia y por eso estamos todos aquí trabajando.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Mato.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieren participar en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri

El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera comenzar mi intervención para fijar la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación a este proyecto de ley de la liberalización de las telecomunicaciones anunciando, sobre todo a la portavoz del Grupo Popular, la sorpresa de nuestro Grupo Parlamentario en relación al impasse que está conociendo este sector. En su intervención, señora Mato, ha hecho ciertas alusiones a cómo se ha encontrado el Gobierno popular el sector de las telecomunicaciones y a partir de qué bases --se ha hablado de cenizas también-- se ha tenido que empezar a legislar, etcétera. Lo que es un dato cierto, señora Mato, es que asistimos a un impasse real durante bastantes meses. Usted recordará que este portavoz, en esta misma tribuna, indicaba, cuando se convalidó el real decreto-ley en esta Cámara, que no era razonable que se tramitara como proyecto de ley, dadas las urgencias del tema y dado el calendario de liberalización ante el que nos encontramos, y convendrá conmigo, señora Mato, que el tiempo nos está dando la razón: estamos exactamente igual que en julio con una novedad, que el Gobierno por sorpresa también ha puesto en vigor un reglamento que desconocemos qué apoyos tiene. En principio --quiero anunciarlo a esta Cámara ante las intervenciones de otros portavoces-- no la del Grupo Parlamentario Vasco, que presentó en su día las observaciones oportunas al Gobierno y ha visto cómo el Consejo de Ministros ha aprobado un reglamento que arregla los problemas que tradicionalmente ha tenido el Grupo Popular en esta Cámara, las posiciones clásicas, legítimas que el Grupo Popular ha mantenido en esta Cámara, pero no ciertamente las del consenso, no ciertamente las opiniones mayoritarias. Así lo dijimos cuando se convalidó el real decreto-ley e insisto en que estamos exactamente igual que en el mes de julio.
Pero la sorpresa puede avanzar aún más allá cuando observamos que el Grupo Popular ha solicitado la avocación de este proyecto al Pleno, luego muchas prisas no deben tener, señora Mato, o faltan diseños, faltan estrategias, faltan mayorías suficientes, o tendrá que justificar usted de alguna manera por qué el Grupo Popular, en su legítimo derecho, avoca este trámite parlamentario a Pleno, que indudablemente tiene un efecto, y es que se dilata en el tiempo la aprobación de estas medidas, y en un sector estratégico como el de las telecomunicaciones no hay que tener especial sensibilidad para indicar que el tiempo es oro y que nos encontramos en una inseguridad estratégica, tanto desde el punto vista jurídico como desde el punto de vista económico. Si de lo que se trata es de generar riqueza, de generar empleo, de desatascar, en definitiva, este tema, no parece que sea la estrategia más razonable.
Indicamos en nuestra intervención en el Pleno de julio que nosotros compartimos los tres grandes vectores sobre los que se sustenta este real decreto-ley: que haya una comisión del mercado de telecomunicaciones; que se constituya un segundo operador; que se hagan modificaciones legales de la LOT y de la Ley de Telecomunicaciones, que son los grandes vectores del real decreto-ley, sobre principios de libre concurrencia, de transparencia, de igualdad de trato a agentes y operadores; ahí no hay problema. Indudablemente, de lo que se trata de avanzar sobre esa situación real.
Entendemos, desde el Grupo Parlamentario Vasco, que hay que liberalizar, que hay que impulsar la competencia, que haya más operadores, que se ofrezcan mejores servicios a costos más ajustados, pero, indudablemente, a partir de esos grandes principios entendemos que ha llegado la hora de la concreción para que haya un desarrollo armónico de ese sector de las telecomunicaciones y para que esos grandes principios del servicio universal, de la cohesión social, de la cohesión territorial sean efectivos en un plan concreto. Creo que se ha superado ya, a estas alturas del debate, ese planteamiento a través del cual hay que abordar el tema de las telecomunicaciones desde los grandes principios. Ese debate está ya más que realizado, más que superado, y hay que avanzar en otra línea.
Por ello indicamos, señor Presidente, que es la hora de despejar incógnitas, y es lo que no vemos; a estas alturas seguimos viendo todavía la ecuación de segundo grado en sus propios términos. Y porque no se despejan las incógnitas, el impasse está ahí. Nos sorprenden terriblemente estos dos datos que tenemos de los últimos meses. Por una parte, que el Gobierno apruebe el reglamento, parece que sin el menor consenso en la Cámara, o al menos le preguntaríamos, ¿con qué consenso, señora Mato? Y, en segundo lugar, que el Grupo Popular haya solicitado la avocación de este debate al Pleno. Quisiéramos también conocer las razones para

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que estas dos cuestiones se hayan producido en el tiempo que va desde julio hasta aquí.
Por eso indicamos que desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que es la hora de despejar las incógnitas. ¿Qué incógnitas? Los plazos, cuál es la fecha de liberalización de la telefonía vasca. Alguna vez lo tendremos que conocer. En el debate de julio el señor Ministro indicó en esta Cámara que en unas semanas se nos iba a indicar. Algunas semanas es indeterminado, pero desde julio hasta aquí también han pasado meses.
Tendremos que conocer, en esta labor de despejar incógnitas, cómo y cuándo vamos a cumplir la normativa europea; es decir, cuándo, en qué medida vamos a acomodar la legislación del Estado a los contenidos de esa normativa europea, con un objetivo claro, que parece que no se discute porque es del nivel de los principios, que se pueda prestar desde ya en cada demarcación los servicios portadores y finales de telecomunicación, incluido el del servicio telefónico básico.
¿Que este real decreto-ley, ahora proyecto de ley, que convalidamos y estamos tramitando es un totum revolutum? De la propia lectura del real decreto, hoy proyecto de ley, se puede derivar, no parece que a partir de ahí se puedan establecer excesivas controversias. En el Grupo Parlamentario Vasco hemos analizado las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos Socialista y Federal de Izquierda Unida, y creemos que una vez manifestadas las posiciones conocidas y clásicas de los distintos grupos parlamentarios, en un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones, sería conveniente despejar estas incógnitas para que no haya inseguridad jurídica, para que haya un marco económico y fiscal adecuado, de forma que el sector de las comunicaciones conozca el desarrollo que debe conocer en una sociedad moderna.
Nosotros, señor Presidente, vamos a rechazar estas dos enmiendas que se nos presentan hoy por parte del Grupo Socialista y por parte de Izquierda Unida, en el convencimiento de que son complementarias, en el convencimiento de que a partir de las enmiendas al articulado, a partir de dichos textos, a partir de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y de las que nosotros mismos, como Grupo Parlamentario Vasco, presentamos, se puede llegar a un acuerdo. No podemos estar discutiendo si el consenso anterior era el necesario o si el consenso de ahora es el suficiente; entendemos que el de las telecomunicaciones es un sector estratégico en el que se genera empleo, en el que se genera riqueza, en el que se sientan las bases para una sociedad moderna, y no podemos estar en el prurito de quién se lleva el gato al agua y que a partir de ese momento uno pueda decir: ¿ves como yo tenía las bases sensatas sobre las cuales este proyecto se podía sustentar? No creemos que esa sea la discusión, nos parece que sería completamente estéril.
En todo caso, quisiéramos hacer una anotación genérica en relación tanto al texto del Gobierno como a los textos presentados por Izquierda Unida y por el Grupo Socialista, en el sentido de que nos llama la atención el exceso de intervencionismo que destilan los tres en sus contenidos.
Creemos que hablando de liberalización estar permanentemente leyendo controles, resquicios para poder entrar intervencionistamente en el sector, llama la atención, y llama mucho más la atención en un Grupo como el suyo, señora Mato, que ha estado predicando la liberalización.
Liberalización ya, ahora, con telefonía básica, de forma que pueda ser un buen proyecto.
No nos parece razonable que un Gobierno como el suyo, señora Mato, pueda manifestar tanto recelo, tanto control, tanta cautela para con un sector, y menos para con un sector inversor. No es esa la tónica que se está sustentando en los últimos meses desde la Vicepresidencia económica en otros proyectos de ley.
Nosotros creemos, señor Presidente, que este sector necesita aire para respirar, necesita aire para tener seguridad y necesita despejar incógnitas de forma que podamos contar con una red de telecomunicaciones y con unos contenidos y unos servicios propios de una sociedad moderna.
Desde esta perspectiva, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha presentado ya 26 enmiendas tendentes a mejorar tanto el aspecto técnico como el aspecto político de este proyecto de ley. Entendemos que superando el monopolio no es razonable pasar a un duopolio, que hay que tender a la liberalización y que hay que hacer análisis realistas de inversión.
Parece que el Gobierno quiere jugar a todas las cartas en planes extensivos, como si este país pudiera permitirse en las telecomunicaciones todo tipo de alternativas. Nosotros entendemos, señor Presidente, que hay que optar por unos proyectos liberalizadores, por unos proyectos de telecomunicaciones que sean reales y que se acoplen a las inversiones que se puedan realizar. Nosotros, señora Mato, no vivimos en el Sultanato de Brunei. Vivimos con unos condicionantes y están ahí, y es básicamente el Gobierno el que tiene que aceptarlos y el que tiene que hacer los proyectos de telecomunicaciones debidos.
Capitulo, señor Presidente, como se ha dicho anteriormente: liberalización ya, incluida la telefonía básica; ámbitos competenciales bien definidos; superación no sólo del monopolio sino también del duopolio que se propone en el proyecto de ley; eliminar intervencionismos obstruccionistas, que se recogen curiosamente en las dos enmiendas a la totalidad y en proyecto de ley, y apostar por la generación de riqueza y empleo y por las tecnologías de una sociedad moderna. Esas son las bases de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Entendemos que sería razonable, al igual que en la legislatura pasada todos los grupos menos el Popular conseguimos ponernos

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de acuerdo en relación al proyecto de ley, hoy Ley de Telecomunicaciones, que hoy fuéramos capaces de despejar las incógnitas que he planteado, de forma que estos sectores inversores pudieran entrar en tiempo y con la suficiente seguridad jurídica como para realizar los proyectos que ellos quieren efectuar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, hoy reemprendemos el debate de la liberalización de las telecomunicaciones, que es la continuación del que ya mantuvimos hace tres meses con ocasión de la convalidación del real decreto-ley del que este proyecto de ley proviene. Y es un debate, y creo que no nos equivocamos, que no es una invención del Gobierno, que no es una invención de este Parlamento ni es fruto de la imaginación de algún Diputado o de algún grupo parlamentario.
Entendemos nosotros, y estamos convencidos de ello, que este debate es una imposición de la evolución vial y es obviamente también una imposición, una exigencia de la Unión Europea. Pero esta exigencia de la Unión Europea, esta imposición de la evolución mundial debo decir también que nuestro grupo parlamentario la recibe con suma satisfacción.
La liberalización es competencia, lo que en este sector equivale a una mejor calidad del servicio, al incremento y a la diversificación de la oferta y al descenso de los precios. En definitiva, la liberalización comporta y comportará beneficios notables para nuestros ciudadanos, receptores y usuarios de unos servicios que tradicionalmente han sido sumamente deficientes, y la liberalización comportará notables beneficios para nuestra competitividad, para nuestra economía. Por tanto, bienvenido sea el camino que despeja un poco más esa norma, aunque no de una forma tan clara como este grupo parlamentario quisiera.
El pasado mes de junio, y con ocasión del debate del real decreto-ley, ya pudimos exponer nuestro punto de vista. En aquel momento ya puse de manifiesto una serie de coincidencias, así como una serie de discrepancias con su texto, discrepancias que nos llevaron a coincidir con otros grupos parlamentarios de la Cámara en la necesidad de que aquel real decreto-ley fuera tramitado como proyecto de ley. De hecho, es lo que estamos iniciando con el debate de hoy.
Hoy nuestra posición, señor Presidente, señoras y señores Diputados, sigue siendo la misma que la que mantuvimos en el mes de junio, si cabe un poco más matizada, porque, obviamente, hemos tenido más tiempo para estudiar con detalle el contenido del real decreto-ley --hoy proyecto de ley--, y por ello obviaré reiterar lo que puse de manifiesto en aquel momento e intentaré no extenderme excesivamente.
Coherentemente con el voto favorable que mantuvimos en la convalidación del real decreto-ley anuncio --y a nadie le va a sorprender-- que este grupo parlamentario no va a votar favorablemente las enmiendas de totalidad planteadas tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Ello no significa --y no quisiéramos confundir-- que en este momento hayan desaparecido las objeciones que el 25 de junio este portavoz ponía de manifiesto. Debo decir --con toda la claridad que convenga-- que continuamos sin compartir algunas de las propuestas del real decreto-ley, y algunas de las desavenencias consideramos que tienen una importancia de cierto calado.
A este grupo parlamentario le gustaría, en primer lugar, que la comisión del mercado de las telecomunicaciones que se crea con este proyecto de ley viera reforzado ya su papel, porque no creo que sea imprescindible esperar al futuro proyecto de ley que ha de refundir toda la legislación existente en materia de telecomunicaciones. Nos gustaría que mediante este proyecto de ley la comisión viera reforzado ya su papel y apareciera ante los operadores como un regulador sólido, y a ello contribuiría el hecho no sólo de reforzar directamente, por ejemplo, sus potestades sancionadoras, sino también que este Parlamento tuviera una participación directa en el proceso de designación de los siete miembros de dicha comisión.
Nuestro grupo parlamentario quisiera, en segundo lugar, compartir el modelo de segundo operador que diseña el proyecto y deshacer --durante la tramitación de este proyecto de ley-- las contradicciones del modelo del proyecto en relación al modelo que diseñó la Ley de Telecomunicaciones por Cable. Este tema lo puse de manifiesto en su momento pero quiero reiterarlo. Mi grupo parlamentario participó en un amplio --no amplísimo, lamentablemente-- consenso en la Cámara acerca de aquella Ley de Telecomunicaciones por Cable y, por tanto, nos sentimos responsables, con una parte alícuota obviamente, del texto final de esa ley.
Nos gustaría ver despejado el camino de la liberalización de todos los servicios de telecomunicación, especialmente el de telefonía básica y aún con mayor interés en su vinculación a las concesiones de cable, porque son muchas las sombras de duda e incertidumbres que planean sobre el futuro y ello desmotiva a los inversores. Recordarán SS.SS. que la Ley de Telecomunicaciones por Cable establecía que los concesionarios de cable tendrían derecho a prestar el servicio de telefonía básica el 1 de enero de 1998, aunque en el texto se añadía después que previa obtención del correspondiente título habilitante.


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En el conjunto normativo que forma este proyecto de ley --derivado del real decreto-- con el reglamento de desarrollo de la Ley del Cable --que ya ha sido aprobado--, resulta que esa previsión legislativa, o lo que nosotros interpretamos que quería decir la Ley de Telecomunicaciones por Cable cuando otorgaba licencia a los operadores de cable para poder prestar el servicio de telefonía básica a partir de enero de 1998, eso en cierta forma se diluye. Y lo que nos preocupa más no es precisamente el retraso que se pueda producir en la obtención de esa licencia por parte de los operadores de cable, sino la incertidumbre que se genera por cuanto no saben cuándo van a poder prestar ese servicio. Y deshacer las incertidumbres y las incógnitas --y en eso coincido totalmente con lo que ha manifestado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco-- es absolutamente fundamental para poder acometer la liberalización y para poder tranquilizar a todas aquellas empresas que se pueden sentir interesadas en entrar en nuestro mercado de telecomunicaciones, pero que a la vez deberán acometer cuantiosas inversiones que son en cierta medida disipadas o ahuyentadas por las incógnitas que todavía permanecen.
Debo decir también --y en ese sentido lo valoro-- que el Partido Popular ha presentado una enmienda que intenta deshacer esta incógnita y establece la posibilidad de prestar el servicio de telefonía básica a los operadores de cable el 1 de enero de 1998. Digo que la despeja solamente en parte, porque hay dos cuestiones que preocupan a nuestro grupo parlamentario. En primer lugar, cuando se establece que ese servicio se podrá prestar, única y exclusivamente, sobre la propia red --y en ese sentido coincido con las manifestaciones del señor García-Arreciado, portavoz socialista-- y, en segundo lugar, cuando se remite a las condiciones que reglamentariamente se exijan al respecto. Por tanto, continúa viva la incógnita.
En cuarto lugar, no podía ser de otra forma, seguimos sin compartir el trato de privilegio que el proyecto de ley otorga a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones por cable que obtuvieron su licencia en unas operaciones, para decirlo suavemente, urdidas en contra de la ley que se encontraba en tramitación en esta Cámara. En ese sentido van las tres enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley.
Quiero decir otra cosa, antes de terminar, que me parece importante.
Nuestro planteamiento favorable a la rápida liberalización no pierde y no puede perder de vista dos cuestiones que son fundamentales en este momento. En primer término, la negociación que nuestro Gobierno está llevando a cabo con la Unión Europea y las contrapartidas que puede obtener España con la apertura de sus mercados al resto de inversores europeos. Que nadie se piense que las medidas liberalizadoras que propone este grupo parlamentario, en cierta forma contundentes, pierden esto de vista.
En segundo lugar, tampoco perdemos de vista, y las tenemos en cuenta, las negociaciones que en paralelo se llevan por parte de la Comisión Europea con el Gobierno de los Estados Unidos en el seno de la Organización Mundial de Comercio de cara a la apertura recíproca de los mercados. Es otra cuestión que obviamente no podemos olvidar.
Vamos a hablar de todo ello en las próximas semanas y estoy seguro de que lo vamos a hacer con serenidad, con tiempo y, sobre todo, con la voluntad de encontrar lógicos puntos de acuerdo, amplios puntos de acuerdo. Estoy convencido, como lo estaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, de que existen suficientes puntos de aproximación entre los grupos de esta Cámara para que se pueda repetir en este proyecto de ley, si no la mayoría que se produjo con la Ley de Telecomunicaciones por Cable, sí una mayoría aún mayor. Ello nos parecería absolutamente positivo.
Ahora bien, para ello es necesario que acometamos el diálogo con convicción y con la clarividencia de que la negociación política implica a menudo renunciar en parte a los propios puntos de vista en aras al consenso o, en todo caso, en aras a obtener una mayoría que permita al proyecto convertirse en ley.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Recorder.
Terminado el debate, vamos a proceder a la votación de las enmiendas a este proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre las enmiendas de totalidad de texto alternativo presentadas por el Grupo Socialista del Congreso y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones.
Votaremos, en primer lugar, el texto alternativo propuesto por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 137; en contra, 165.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado el texto alternativo.
Sometemos a votación el texto alternativo propuesto por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 17; en contra, 172; abstenciones, 113.


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El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda también rechazado el texto alternativo propuesto por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY.


El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, someto al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de liberalización de las telecomunicaciones por haberse solicitado así. ¿Lo acuerda el Pleno? (Asentimiento.) Así se entiende por asentimiento.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES URGENTES SOBRE CORRECCION DE LA DOBLE IMPOSICION INTERNA INTERSOCIETARIA Y SOBRE INCENTIVOS A LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/1996, DE 7 DE JUNIO.) (Número de expediente 121/000004.) El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas, al que se ha presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Martínez Noval. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego silencio. (Rumores.) Señora Montseny, señora Balletbó, silencio, por favor.
Su señoría puede comenzar.


El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley procedente de un decreto-ley que la Cámara decidió tramitar como proyecto de ley para corregir la doble imposición intersocietaria y para incentivar la internacionalización de las empresas es, sin ninguna duda, una de esas cuestiones que entre nosotros denominamos abstrusas. Fíjense lo abstrusa que será que la discusión sobre esta cuestión no le interesa ni al señor Ministro de Economía. Además, estamos en una circunstancia que es preciso aclarar. No han cambiado mucho las cosas desde que hace pocas semanas, no muchas, tuvo lugar la discusión del decreto-ley sobre una materia que ya entonces puso de relieve unas importantes discrepancias entre el Gobierno que había redactado el decreto y los grupos parlamentarios que apoyaban ese decreto, y algunos otros grupos en la oposición, entre ellos el Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Martínez Noval. Señorías, les ruego silencio.
Continúe, por favor.


El señor MARTINEZ NOVAL: Les quiero recordar que una de las cuestiones que más controversia causó en aquellos momentos era el hecho de si la modificación que se producía en el decreto de algunos apartados del artículo 28 de la Ley 43/1995 podría dar lugar a la existencia de unas operaciones bursátiles conocidas como lavado de cupón o lavado de dividendo que todos tratábamos de impedir por la vía de la norma, por la vía de la legislación.
Entiendo que la ley que aprobó el anterior Gobierno y una mayoría distinta en esta Cámara en el mes de diciembre del año 1995 impedía esas operaciones, y el Grupo Popular se empeñó entonces, cuando discutimos ese decreto-ley, en que las modificaciones que se habían producido iban también en la dirección de seguir impidiendo, sólo que de manera más efectiva, la operación de elusión fiscal conocida como lavado de cupón o lavado de dividendo. Pues bien, señorías, en términos objetivos, algo tendremos que hacer en el trámite de este proyecto de ley porque la redacción que le ha dado el Gobierno en ese decreto-ley al artículo 28 no ha corregido, no ha impedido ni muchos menos estas operaciones bursátiles denominadas lavado de cupón o lavado de dividendo.
La mejor prueba, señorías, es que yo tengo aquí una información de un diario económico, del domingo 30 de junio de 1996 --llevaba ya un tiempo en vigor el citado decreto-ley--, y en uno de los análisis de la evolución de las cotizaciones de la semana, precisamente en el sector de las comunicaciones, el titular de la semana es el de: «Lavado de cupón».
En él se describe brevemente que, a lo largo de la semana anterior, que se resume en este diario de los domingos, habían tenido lugar una serie de operaciones, de aplicaciones bursátiles que el periódico denomina --creo que felizmente--, como denominamos todos, con esa terminología de lavado de cupón.
Lo que en su momento aseguró aquí el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía de que este decreto-ley iba a impedir esas operaciones elusivas no es correcto; desgraciada y lamentablemente no es verdad, no ha servido la nueva regulación para impedir este tipo de operaciones. Por lo tanto, señorías, estamos ante una circunstancia, una tesitura en

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la que deberíamos hacer un esfuerzo entre todos por corregir ese peligro, el riesgo de que el proyecto de ley que salga de esta Cámara siga permitiendo la existencia de esas operaciones fraudulentas y elusivas de la fiscalidad.
Quiero decir también, señorías, que la nuestra es una enmienda con texto alternativo, y tampoco quiero esconder que el texto alternativo no es otro que la redacción literal e íntegra, en el caso de los artículos 28, 29 ó 30 bis, de la Ley 43/1995; no podía ser de otra manera. En esta materia, que ya dije anteriormente que era un poco abstrusa, tampoco hay imaginación suficiente para andar cambiando las redacciones de un mes para otro, ya que tengan en cuenta que estamos hablando de una proposición del mes de diciembre en la que basamos nuestras posiciones y, además, del día 27 de diciembre de 1995. Luego con tal cercanía cronológica se entenderá fácilmente que nuestra enmienda de texto alternativo sea justamente la reproducción literal del texto de esa ley del año 1995.
Quiero exponer, antes de dejar esta tribuna, señorías, con toda claridad, una cuestión que espero sea bien acogida por parte del Grupo Parlamentario Popular. La presentación de estas enmiendas de totalidad y el cierre del plazo de enmiendas, no sólo de totalidad sino también parciales, ha dado lugar a que podamos conocer, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular presenta enmiendas a esta ley en las que trata de corregir algunos aspectos, y no aspectos baladíes o triviales, del Decreto 7/1996. Señorías, para nosotros esto es una burla de la Cámara, dicho lisa y llanamente.
El Real Decreto 7/1996 --del que estamos hablando hoy es el 8/1996--, les recuerdo, se refierre a las plusvalías en el IRPF, a la introducción de ese nuevo impuesto del 3 por ciento en la revalorización de los balances de las empresas, y el Grupo Parlamentario Socialista presenta un recurso de inconstitucionalidad basado fundamentalmente en esas cuestiones.
Cuando les dije desde esta tribuna: ¿Por qué aceptan tramitar como proposición de ley el decreto 8 y no el decreto 7?, su respuesta fue tajante: Porque sí. Pues ahora, señorías, presentan ustedes una enmienda, la enmienda número 16, en la que tratan de modificar el decreto 7 --algo ha debido de pasar después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de los socialistas-- en esta proposición de ley.
Señorías, para nosotros, lo digo con claridad, es una cuestión que significa, ni más ni menos, la burla de esta Cámara, y vamos a hacer el trabajo político necesario para que si no el Grupo Parlamentario Popular , que está decidido a ello en la medida en la que ha presentado esta enmienda, al menos los grupos que le dan la mayoría en esta Cámara no incurran en esa indignidad parlamentaria que significa que por la puerta trasera se esté tratando de corregir situaciones que no se aceptaron corregir en su momento.
En consecuencia, señorías, esto es todo lo que tengo que decir, a estas horas de la mañana, sobre una cuestión --vuelvo a incidir-- compleja y difícil de discutir, en que además se da la circunstancia de que en pocas semanas la discutimos por segunda vez.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Noval.
¿Turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, mi grupo, como no podía ser de otra manera, conociendo la enmienda a la totalidad con texto alternativo que ha presentado el Grupo Socialista va a votar en contra.
Ya manifestamos que esta es la tercera vez que este debate se celebra en esta Cámara. Hace pocos días se discutió este mismo texto, en la presentación del Real Decreto-ley 8/1996, en la que el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda no sólo presentó el texto sino que participó activamente en un largo debate también con el señor Martínez Noval. Pero es que, además, este debate ya se había celebrado meses antes, cuando discutimos el Impuesto sobre Sociedades. Ya dijimos entonces que era uno de los puntos que no veíamos claro en la redacción del Impuesto sobre Sociedades y que pretendíamos modificarlo cuando accediéramos al Gobierno. Ustedes, como muy bien ha dicho, han traído un texto alternativo cuya redacción es similar al texto del Impuesto sobre Sociedades en los artículos 28, 130. 131 y en la supresión del artículo 30 bis. Yo creo, señor Martínez Noval, que podrían haber hecho el esfuerzo de mejorar la redacción del impuesto. Han traído el texto antiguo y, además, parece que lo hacen con el orgullo del artista que cree que la obra que ha realizado no es mejorable. El articulado, que hace referencia a la deducción por doble imposición en el Impuesto sobre Sociedades -- qué duda cabe que es un tema más técnico que político--, ya se debatió con ocasión del impuesto y nosotros manifestamos nuestra posición negativa --y ustedes ahora lo reproducen-- porque contiene errores importantes que hacen que la ley no consiga los efectos deseados: ni era neutral ni favorecía la internacionalización de la empresa española situándola en un entorno competitivo. Por ello al Gobierno le pareció que era necesario plantear por vía de urgencia una modificación del Impuesto sobre Sociedades en los artículos que hacen referencia a la doble imposición de dividendos y beneficios no distribuidos, lo que se plasmó en el Real Decreto 8/1996, que fue convalidado en esta Cámara con una mayoría muy sólida de la que ustedes no formaban parte.


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Nosotros --se lo digo sinceramente-- apoyamos la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley --y por eso estamos debatiendo hoy la enmienda de totalidad-- porque queríamos buscar el mayor consenso posible. Usted hace hoy un alegato de que son una burla las enmiendas planteadas. Yo le quiero decir que si plantear una enmienda para que se debata en un trámite parlamentario es una puerta trasera, no sé el concepto que tiene usted de la vía parlamentaria. A nosotros nos parece que hemos ofrecido una voluntad amplia de llegar a los mayores consensos posibles, porque nos importa que el texto de este articulado sea el mejor posible. Cuando estuvimos hablando del real decreto desde esta tribuna le ofrecí nuestra voluntad de llegar a consensos, de negociar las enmiendas, pero parece que ustedes han presentado este texto alternativo, similar al anterior, no en busca de un mayor consenso sino de nuevos titulares.
Yo le quiero plantear lo siguiente, señor Martínez Noval: ¿Usted está de acuerdo en que se corrija totalmente la doble imposición, tanto interna como externa? ¿Usted está de acuerdo en que consigamos mejorar la internacionalización de la empresa española? ¿Usted está de acuerdo en que la situemos en un entorno competitivo, similar al que tienen el resto de las empresas? Desde luego nosotros estamos en esa tarea, y hemos presentado este real decreto-ley que ahora estamos tramitando como proyecto de ley porque creemos que son objetivos que no se pueden conculcar.
En el debate del Impuesto sobre Sociedades se puso de manifiesto que era un objetivo compartido por todos corregir la doble imposición, y yo así lo creo, pero ni el texto del Impuesto sobre Sociedades lo conseguía ni el mecanismo elegido contribuía a alcanzar eficazmente ese objetivo. De hecho, es opinión compartida no sólo por nuestro grupo y por otros grupos de la Cámara que apoyaron el real decreto-ley, sino por técnicos y asesores fiscales, que la regulación tenía deficiencias, que había que plantear modificaciones y que las modificaciones planteadas actualmente mejoran el contenido anterior.
Ustedes presentan un texto del artículo 28, similar al del Impuesto sobre Sociedades, como usted ha reconocido, donde pretenden conceder la deducción por doble imposición de dividendos al tenedor de las acciones, cosa que nosotros respetamos y que nos parece el objetivo a conseguir, pero la deducción por doble imposición de beneficios no distribuidos se la conceden al último tenedor y se la niegan al transmitente de las acciones, aunque esos beneficios se hayan producido durante el tiempo en que el transmitente tenía en su poder las acciones. Manifiestan en la exposición de motivos --y usted lo ha vuelto a reiterar aquí-- que lo hacen para establecer cautelas en relación al lavado de dividendos.
Yo creo sinceramente, sñor Martínez Noval,que no han estudiado en profundidad el texto, porque el texto actualmente vigente, que parte del real decreto-ley, impide absolutamente lo que usted ha denominado lavado de dividendos, porque la expectativa de aplicarse la deducción no se transmite, permanece siempre en el vendedor, y si éste no se la aplica se pierde. No hay posibilidad de transmitir las acciones y que el comprador se aplique una deducción. Ni siquiera se puede aplicar la deducción el comprador de las acciones de una sociedad con beneficios por distribuir y que se distribuyen con posterioridad a la compraventa. Eso queda perfectísimamente claro en el apartado 4.e).
También alegan ustedes en la exposición de motivos que no debería concederse la deducción en el caso de transmisión de las acciones o participación. Yo creo, señor Martínez Noval, que ustedes no tienen en cuenta que la plusvalía obtenida --y esa es nuestra voluntad al hacer este decreto ley-- refleja el incremento de los fondos propios que proceden de beneficios gravados anteriormente y que, por tanto, en caso de transmisión le corresponde aplicársela al vendedor de las acciones. El sistema que nosotros planteamos es más neutral. La deducción se la debe aplicar el poseedor de las acciones durante el período en que la sociedad ha generado los beneficios no distribuidos pero que sí han sido gravados.
Usted nos ha hablado de la supresión del artículo 30 bis. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la supresión del artículo 30 bis que ustedes plantean en su enmienda de totalidad porque supone una traba, un inconveniente, una dificultad añadida a la internacionalización de las empresas españolas. Como muy bien expuso aquí el Ministro, y debatió con usted en la presentación del real decreto-ley, sitúa a las empresas españolas con un déficit de competitividad respecto a las empresas de los países donde se han instalado filiales de empresas española. Ustedes proponen volver al sistema anterior, eliminar el sistema de exención y pasar a un sistema de deducción parcial, lo que dificulta enormemente la instalación de empresas en el exterior, y en el caso de la implantación de empresas en el exterior conduce a la no repatriación de los dividendos.
Es opinión de mi grupo --y usted no se ha referido a este tema que nosotros consideramos esencial en este real decreto-ley-- que en un momento en que se están abriendo las fronteras, que caminamos hacia una globalización de los mercados, hay que ayudar a la competitividad de las empresas en el exterior. No podemos cerrar las fronteras. Hay que conseguir que las empresas españolas tengan una presencia activa en los mercados de destino. Hay que procurar un régimen que no dificulte esa competitividad, que no penalice la inversión española en el exterior. Por eso nosotros presentamos ese añadido al Impuesto sobre Sociedades, ese artículo 30 bis que ustedes suprimen actualmente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque nos parece retroceder.


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Acabo diciéndole, señor Martínez Noval, que nosotros estamos dispuestos a negociar. Se han presentado enmiendas. Quisimos tramitar este real decreto-ley como proyecto de ley porque queríamos que los grupos, y también el nuestro, presentaran enmiendas; enmiendas conducentes a mejorar el texto porque queremos el mejor texto posible, porque no estamos hablando de un tema político, estamos hablando de competitividad y de mejorar la presencia de las empresas españolas en el exterior. Le ofrezco desde esta tribuna hablar de las enmiendas para mejorar el mecanismo.
Mi grupo cree, señor Martínez Noval, que el proyecto en vigor, que sin duda mejorará en el trámite parlamentario, está ayudando a dotar de mayor neutralidad al sistema fiscal y también a la internacionalización de las empresas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Yo acepto el ofrecimiento del señor Martínez-Pujalte respecto a la buena disposición para discutir las enmiendas, excepto la número 16. Para nosotros es una cuestión de principio que, si ustedes se han negado en su momento a que ese decreto-ley se tramitase como proyecto de ley, utilicen ahora otro proyecto de ley para regular (porque usted conocerá la enmienda, que es una regulación en toda regla) de un nuevo impuesto que, señor Martínez-Pujalte, ha sido la base de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cómo me puede usted decir que eso forma parte de la experiencia parlamentaria normal? No, señor Martínez-Pujalte. No pase la esponja por encima con esa facilidad, porque no lo vamos a aceptar. De ninguna manera. Yo estoy dispuesto a discutir con usted todas las enmiendas, excepto la número 16.
Le digo más. Haremos todo lo que sea necesario para convencer al resto de los grupos parlamentarios de que este es un procedimiento que convierte esta Cámara en un lugar poco digno, porque se respeta poco... (Rumores.) Sí, señorías. Yo pregunté --insistí antes y lo reitero ahora-- que por qué no se tramita el decreto como un proyecto de ley y se me contestó: Porque no. Y como había tantos argumentos, hace falta que se explique ahora qué argumentos hay para regular, de nueva planta, un nuevo impuesto en una disposición adicional nueva de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Explíquenoslo. Y, desde luego, si esto no es una indignidad para la Cámara, es una burla de la Cámara. Insisto en ese término.
Señor Martínez-Pujalte, si el decreto-ley impedía todo por la vía de hacer residir en el transmitente, etcétera, qué pasa, por qué entonces este medio de comunicación, después de estar unas semanas en vigor, habla de lavado de cupón en una sociedad a la que no me quiero referir. ¿Por qué? Será por algo. Supongo que porque el periodista que transmite la noticia se ha informado bien de que se había producido esa figura del lavado de cupón. Yo no estoy diciendo que ustedes la quieran proteger y no tengan voluntad de combatirla. La tienen igual que nosotros. Tendremos que ponernos de acuerdo en cuál es el mejor procedimiento para impedirlo, pero no me niegue usted los hechos, que son a los que yo estaba haciendo referencia hace un momento.
Yo no le puedo aceptar, señor Martínez-Pujalte, que no hayamos estudiado el texto. Puede acusarnos de ser obcecados o de malentender el texto, pero decir en esta Cámara que no lo hemos estudiado es un argumento que siempre se trae por los pelos. Haga el favor de utilizar otros argumentos porque ese no es de recibo en la discusión parlamentaria.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez Noval.
El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Martínez Noval, en la primera parte de esta intervención suya no ha hablado de lo sustantivo, sino de una enmienda que no hace referencia a este real decreto-ley y que yo había obviado porque mi grupo ha entendido que la presentación de esa enmienda era importante para mejorar el mecanismo de la revalorización de los activos, el mecanismo para aplicar esa medida tan importante que era lo que se llama la actualización de los balances. Hemos presentado una enmienda, es verdad. Está en el Registro de la Cámara. Tan poca puerta trasera es la presentación de la enmienda que está registrada en la Cámara. Es una enmienda que nosotros entendemos que mejora el texto. Y, desde luego, los recursos de inconstitucionalidad que presente cualquier grupo no van a marcar nuestro respeto a la Cámara y no van a marcar el camino que nosotros creemos que se debe seguir con los trámites parlamentarios. Entendemos que esa enmienda era necesaria para mejorar el mecanismo y la hemos presentado. Si ustedes no están dispuestos a hablar de ella, será su problema el no buscar el consenso en todos los puntos.
Además, señor Martínez Noval, nunca mi grupo parlamentario y de ninguna manera el Vicepresidente y Ministro de Economía le dió la respuesta de que no se lo queríamos decir. Explicamos por qué entendíamos que el Real Decreto-ley 7/1996 no debía tramitarse como proyecto de ley, porque esas medidas no debían

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levantar expectativas, sino que debían ser aplicadas inmediatamente porque era importante que fuera así. Sin embargo, el Real Decreto 8/1996 nos pareció que era correcto que se tramitara como proyecto de ley porque en el trámite parlamentario, con el mayor respeto posible a esta Cámara, se conseguiría un mejor texto añadiendo las sugerencias y las enmiendas de los otros grupos parlamentarios.
Respecto a lo sustantivo de la ley, señor Martínez Noval, vuelve usted al lavado de cupón y dice usted que sí, que se ha estudiado el texto. No me cabe ninguna duda. Prueba de ello es que nos trae como argumento de autoridad una nota pequeña en un periódico que no hace referencia al real decreto-ley sino a un lavado de dividendos de una sociedad, nota que sale dos semanas después. No sabemos si es por el real decreto-ley. Ese es el gran argumento de autoridad.
Señor Martínez Noval, vuelvo a repetirle que esté usted tranquilo, el lavado de dividendo no cabe en ningún caso. Nos podemos sentar en una mesa y se lo explico detalladamente. Y vuelve a omitir lo más sustantivo de esta ley, que es apoyar a las empresas en su implantación en los mercados de destino de las mercancias. Eso justifica este real decreto-ley de una manera esencial, y usted lo omite, señor Martínez Noval. Por todo ello,no podemos estar de acuerdo en su enmienda de totalidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) , tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el texto alternativo que presenta el Grupo Socialista al proyecto de ley de medidas urgentes sobre la corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas tiene como objeto mantener la regulación que en esta materia se establecía en el Impuesto sobre Sociedades anterior al Real Decreto-ley 8/96, del 7 de junio, aprobado por el Gobierno y convalidado por esta Cámara con trámite de proyecto de ley. Nuestro grupo parlamentario, en el debate sobre la toma en consideración de este real decreto, dejó expuestas en su día las razones por las que apoyaba su convalidación. Estas razones son las mismas que, en consecuencia, nos sirven para rechazar la enmienda a la totalidad con texto alternativo que ha presentado el Grupo Socialista.
Tengan en cuenta, señorías, que la corrección de la doble imposición, tanto en renta de las personas físicas como en renta de sociedades, ha sido una de las tradicionales propuestas que hemos hecho en todas las ocasiones en que se ha presentado la oportunidad a nuestro grupo parlamentario, y en particular en las leyes de presupuestos, pero sobre todo en la reforma del Impuesto sobre Sociedades que debatimos y aprobamos en la legislatura anterior. Por tanto, cuando el Gobierno presentó el real decreto-ley sobre la corrección de la doble imposición no dudamos en apoyarlo. Como digo, en la reforma última del Impuesto sobre Sociedades, a pesar de significar un paso importante en la actualización de la tributación de la renta de sociedades, quedaban aspectos que no pudieron ser contemplados y otros que sí lo fueron pero con criterios en cierto modo muy conservadores, desde nuestro punto de vista, incluso restrictivos y, desde luego, no adecuados a las necesidades que el mercado impone y que obligan a dotar a nuestras empresas de instrumentos para equiparar al menos su nivel de competitividad al de las empresas con las que tiene que competir.
El real decreto-ley, hoy proyecto de ley, modifica sustancialmente, o por lo menos desde nuestro punto de vista suficientemente, la doble imposición interna de dividendos, incorporando al sistema la corrección de las rentas obtenidas en las transmisiones de valores representativos de capital --y este es quizá el aspecto más destacado con respecto a la situación anterior--, lográndose una mayor neutralidad en el impuesto al aplicarse la deducción la entidad que lo hubiese hecho de haberse repartido los dividendos. Es, como digo, uno de los aspectos más importantes, aunque ello puede comportar a la Administración una mayor dificultad en la comprobación de estas operaciones, pero esto indudablemente es un problema de la Administración.
Otra de las mejoras en este apartado es la eliminación de las restricciones en lo relativo a determinadas operaciones de lavado de dividendo, que ha sido motivo hace unos momentos de un cierto debate en el que no vamos a entrar por el hecho de que consideramos que el que se haya establecido también la corrección de las rentas obtenidas en las transmisiones mejora lo relativo a las operaciones de lavado de dividendo.
Otro de los aspectos que entendemos ha mejorado es la modificación en el tratamiento de los dividendos y plusvalías de fuente extranjera, ampliándose la deducción por doble imposición económica internacional, eso sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas la existencia de un convenio de doble imposición o la existencia de una tributación similar por el Impuesto sobre Sociedades en el país origen de las rentas.
Finalmente, se mejora el régimen especial de las entidades de tenencia de valores extranjeros al eliminarse la exclusión de dicho régimen a las entidades que obtuvieron rentas sometidas al régimen especial de transparencia fiscal internacional.
Estábamos de acuerdo en su día con el real decreto-ley, hoy lo estamos con el proyecto de ley, y no podemos

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estar de acuerdo, por tanto, con la enmienda a la totalidad con texto alternativo que ha presentado el Grupo Socialista. Podríamos discutir si técnicamente está mejor el sistema de imputación o el sistema de exención, que es el que nosotros aplicamos en el País Vasco, pero creo que en este momento no merece la pena entrar en este debate porque, además, en el fondo el sistema de imputación establecido viene a significar las mismas consecuencias que el sistema de exención.
Estamos, como digo, por tanto, en sintonía con esta reforma o, mejor dicho, nos congratulamos de que la Administración tributaria y el Gobierno central, en definitiva, esté en sintonía con nosotros, puesto que la corrección de la doble imposición interna e internacional ya había sido contemplada en el Impuesto sobre Sociedades en las normas forales vascas. Este es un botón de muestra de cómo en la medida de sus posibilidades la Administración central va caminando por la misma senda que las administraciones vascas en materia tributaria. Hoy es la corrección de la doble imposición, ayer fue la actualización de balances o el mejor tratamiento en las deducciones por creación de empleo, por gastos en investigación y desarrollo, por formación o por ayudas a la internacionalización de las empresas y mañana será, así lo espero, por revisar el tipo impositivo, por mejorar la autofinanciación empresarial y por establecer un sistema tributario adecuado a la pequeña y mediana empresa.
Es decir, la Administración central, señorías, seguirá avanzando en el camino que nosotros estamos recorriendo, porque es lo que necesitan nuestras empresas, simplemente por eso. Y cuando digo las empresas me refiero a todas las empresas: las vascas, las gallegas, las andaluzas, las catalanas, las de Cantabria, las de La Rioja, las de Burgos, absolutamente todas, porque es lo que se está haciendo en Europa, punto de referencia tan utilizado para todo, en especial cuando queremos justificar nuestras actuaciones, propuestas o decisiones; siempre recurrimos al referente europeo. Y lo que hacemos también es en apoyo del sistema productivo y de la empresa, y lo proponemos para que se regule también en el resto del Estado. Señorías, ustedes son testigos de que medidas tributarias establecidas por las diputaciones forales vascas han sido propuestas todos los años, a través de enmiendas, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado; repito, todos los años se han propuesto medidas que ya estaban establecidas en el País Vasco, al margen de que también lo hemos hecho en las ocasiones que se han presentado, como, por ejemplo, en la reciente reforma del Impuesto sobre Sociedades.
Sé que en el fondo están de acuerdo conmigo, o al menos así me gustaría que fuese, señores del Gobierno. Sé que reconocen que si queremos hacer un Estado competitivo, una economía competitiva, necesitamos empresas competitivas, para ello tenemos que proporcionarles las herramientas necesarias y, desde luego, la fiscalidad empresarial es una de estas herramientas.
Por tanto, yo les animo a que sigan copiando nuestras normas fiscales, y no sólo eso, sino que ojalá se adelanten a nosotros con una fiscalidad más agresiva, más moderna, adecuada a las necesidades de la economía.
Ojalá lo hagan; eso denotará el dinamismo que necesita un sistema fiscal del siglo XXI en un Estado que quiere estar en Europa entre los primeros.
Eso sí, señorías, señores del Gobierno, en este caso, en caso de que ustedes opten por esta forma de actuar y de establecer normas fiscales incluso más adelantadas que las nuestras, yo les puedo asegurar que vamos a intentar copiarlas; intentaremos copiar sus normas tributarias y, desde luego, en ningún caso vamos a recurrirlas ante los tribunales.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero anunciar nuestro voto afirmativo a la enmienda a la totalidad a este real decreto-ley.
Votaremos a favor de la enmienda a la totalidad porque, tal y como dijimos en el debate de convalidación, este real decreto-ley está enmarcado en un paquete de medidas económicas y fiscales que nuestro grupo parlamentario ha calificado de fiscalmente regresivas y socialmente injustas. En el debate de convalidación ya dijimos que nuestros argumentos en relación a esta calificación de fiscalmente regresivas y socialmente injustas se basaba fundamentalmente en tres ideas: primero, que estas medidas no van a crear empleo; en segundo lugar, que estas medidas van a significar una redistribución de la renta en favor de los sectores de rentas más elevadas y, tercero, que estas medidas evidencian una cierta hipocresía política del Gobierno en relación al tratamiento del déficit público. Hoy no queremos volver a repetir con detalle todos los argumentos que ya dimos en el anterior debate, pero sí insistir en esta idea de que este paquete de medidas no va a crear ocupación y que esta línea de política económica ya se ha experimentado y no ha dado resultado.
Entrando en el contenido del real decreto-ley, simplemente quiero señalar dos ideas que motivan nuestro rechazo al mismo y nuestro apoyo a la enmienda a la totalidad. La primera hace referencia a la modificación que se introduce en el artículo 28 de la Ley de Sociedades, artículo que, como SS.SS. saben, habla sobre la deducción por doble imposición interna y dice que la modificación que se introduce es una modificación que abre el camino para que esta deducción pueda duplicarse;

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es decir, con la modificación que el Gobierno nos propone se hacen posible operaciones de ingeniería financiera. La segunda hace referencia a que, por otra parte, este real decreto-ley modifica el artículo 30 de la Ley de Sociedades, artículo que se refiere a la deducción para evitar la doble imposición internacional. La innovación que plantea el real decreto es que, a partir de ahora, esta deducción se realice mediante el método de exención, según el cual los dividendos y las participaciones en beneficios procedentes del extranjero sencillamente no se computarán en la base imponible del impuesto español; es decir, que esta medida va a significar, seguro, la deslocalización industrial de parte del sector productivo español.
Por todas estas razones, señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro grupo votará a favor de la enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Saura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada y defendida por el Grupo Socialista del Congreso, al proyecto de ley de medidas fiscales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre incentivos a la internacionalización de las empresas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 132; en contra, 156.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda de texto alternativo.
Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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