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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 16, de 25/06/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE

Año 1996 VI Legislatura Núm. 16

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 15

celebrada el martes, 25 de junio de 1996

ORDEN DEL DIA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 625)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-- Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones. («Boletín Oficial del Estado», número 139, de 8 de junio de 1996) (número de expediente 130/000003) (Página 626)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 15.1, de 12 de abril de 1996 (número de expediente 122/000004) (Página 644)

-- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre creación de un Fondo de Compensación de Pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 18.1, de 7 de mayo de 1996 (número de expediente 122/000007) (Página 647)

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-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre fondo de garantía de alimentos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 35.1, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 122/000023) (Página 648)

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre creación del Fondo de Garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 37.1, de 14 de junio de 1996 (número de expediente 122/000025) (Página 648)

Proposiciones no de Ley:

-- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación en la Comisión de Presupuestos de una Ponencia que tendrá por objeto recibir la información de las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara el 6 de abril de 1995, conocidas como «Pacto de Toledo». «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 25, de 17 de junio de 1996 (número de expediente 162/000035) (Página 656)

-- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una Ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España, así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos residentes en España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 21, de 10 de junio de 1996 (número de expediente 162/000030) (Página 662)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las Administraciones Locales y en concreto la referida al conocido como «Pacto Local» (número de expediente 173/000007) (Página 668)

-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal (número de expediente 173/000008) (Página 677)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 17, de 26 de junio de 1996.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 625)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 626)

Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones (Página 626)

Interviene en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo), solicitando de la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley sobre liberalización de las telecomunicaciones.
Manifiesta, en primer lugar, que es urgente eliminar las trabas existentes que perjudican a la inversión en este sector, preparar el funcionamiento de las telecomunicaciones para un marco de competencia efectiva y potenciar el sector español de las telecomunicaciones tanto a nivel de los fabricantes como de los operadores existentes, y subraya que el inventario de cuestiones todavía no resueltas, o que lo han sido de forma inadecuada, obliga a recorrer el camino trazado hasta la plena liberalización a mayor velocidad que los países que ya han iniciado su andadura.
Señala que la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, modificada en 1992, consagró un régimen de monopolio en el servicio telefónico básico y admitió la competencia en otros servicios de menor extensión, siendo la Ley de Telecomunicaciones por cable de 1995 un intento de actualización de la normativa vigente no muy bien conseguido,

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por lo que es necesaria una nueva ley de telecomunicaciones para crear las condiciones en las que deben desarrollarse las telecomunicaciones españolas del siglo próximo. Como se está muy lejos de lograrlo y los plazos apremian, es por lo que se presenta el Real Decreto-ley.
El Real Decreto-Ley que se somete a aprobación rompe los impedimentos para que pueda establecerse la competencia en telefonía; para que se puedan construir redes y utilizar otras ya construidas; para crear un segundo operador en el que puedan participar todos los interesados; para procurar, en un mínimo de tiempo, la consolidación del segundo operador; para crear la capacidad reguladora necesaria y para alentar a los interesados en redes de cable.
Añade que el Real Decreto-ley introduce modificaciones en cuatro aspectos sustanciales, dos acciones de carácter genérico, como modificaciones de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y modificación de la Ley del Cable; y otras dos acciones concretas, como la creación de la comisión del mercado de las telecomunicaciones y la creación de un segundo operador de redes y servicios en el entorno de Retevisión. Dicha configuración permitirá contar con un órgano supervisor de arbitraje y consultivo, que tendrá por objeto salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el campo de las telecomunicaciones y velar por la correcta formación de los precios, informando las propuestas de tarifas.
Por otro lado, las funciones de arbitraje se ejercerán en el doble sentido de resolución de controversias entre operadores y entre operadores y usuarios, asesorando, en su faceta consultiva, al Gobierno y a las comunidades autónomas en los asuntos concernientes al mercado de las telecomunicaciones.
Por todas estas razones, considera que estamos ante un órgano cuyas principales características serán estar dotado de autonomía administrativa, económica, financiera y operativa. De suma importancia para lograr estos objetivos es la composición y régimen de funcionamiento de su órgano rector. Como las competencias que se atribuyen a la comisión son propias de la Administración General del Estado, se hace necesario que las personas designadas sean, en una primera fase, de total garantía para la administración delegante. Asimismo, estarán representados los usuarios, los operadores de redes y servicios y la propia Administración.
A continuación, señala las diferentes normas internas de regulación del Consejo y el período de su mandato. En cuanto a las funciones que se le otorgan, son las estrictamente necesarias para lograr el objetivo de salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones, resaltando, entre otras, el poder dictar instrucciones vinculantes, cuyo incumplimiento podría dar lugar a sanciones muy graves, y la potestad sancionatoria indirecta, a través de la Administración del Estado y del Tribunal de la Defensa de la Competencia. Anuncia que en la futura ley general de ordenación de las telecomunicaciones se perfilarán mejor las atribuciones de la comisión y se añadirán otras nuevas, como la regulación de tarifas, la protección de datos o la garantía de libertad y secreto de las comunicaciones.
Añade que en lo que afecta a la modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones se introducen seis modificaciones significativas: la necesidad de abrir a la competencia los servicios finales; la posibilidad de una competencia leal y efectiva en el mercado de servicios de telecomunicaciones; la posibilidad de que el Gobierno modifique las limitaciones a la inversión de capital extranjero en estos servicios desde el 25 por ciento a una cuantía superior, en función de principios de reciprocidad; permite la interconexión de las redes y la interoperatividad de los servicios en condiciones de transparencia, no discriminación y objetividad, en base a criterios de costes, hasta que sea efectiva la competencia; sustituye el sistema de tarifas fijas por un abanico de tarifas fijas máximas/mínimas o precios regulados en función de la evolución del mercado, y elimina en 1998 la figura del Delegado del Gobierno en Telefónica.
A continuación, pasa a enumerar las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que son: otorgar la competencia para la alteración de las demarcaciones preexistentes a las administraciones que aprobaron inicialmente la demarcación en vez de otorgársela, en todos los casos, a la Administración del Estado; introducir la posibilidad de que el Gobierno, a propuesta de la comisión del mercado de telecomunicaciones, suprima las limitaciones establecidas en la ley para que una persona física o jurídica participe en el capital de una o más sociedades que conjuntamente alcancen más del millón y medio de abonados; ampliar el plazo de la concesión de quince años hasta un máximo de veinticinco; suprimir la excepcionalidad de prestar el servicio mediante sistemas distintos al del cable y hacer frente a las situaciones creadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones por Cable.
Resalta en el Real Decreto-Ley el aspecto que se refiere a la puesta en marcha del segundo operador de telecomunicaciones. Y termina solicitando la convalidación de las medidas que introduce el Real Decreto-ley

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que conseguirán situar a España en condiciones adecuadas en el mercado comunitario, primero, y mundial, después.


Para turno en contra de la convalidación, interviene el señor García-Arreciado Batanero, poniendo de relieve la extraordinaria coincidencia que había entre los planteamientos en política de telecomunicaciones que hizo el señor Ministro en su comparecencia en la Comisión de Infraestructuras y los contenidos en el programa electoral del PSOE. Pero añade que, en realidad, esta coincidencia sólo existe en la letra grande del contrato, pero no en la pequeña. Considera que el señor Ministro ha explicado lo que dice el Real Decreto-ley, pero no lo que no dice, como son las consecuencias políticas, técnicas, financieras y económicas que se pueden derivar.
A continuación, establece las objeciones que su grupo plantea al contenido del Real Decreto-ley, dividiéndolas en dos niveles de análisis distintos: desde el punto de vista jurídico-constitucional y desde el punto de vista político.
Por otra parte, se sorprende en cuanto a los contenidos o funciones de la comisión, especialmente de que las funciones de arbitraje entre particulares tengan que ser a petición de los particulares y las de asesoramiento a las comunidades autónomas, al Estado, sean de oficio.
Están de acuerdo en que la comisión no sea independiente, aunque considera que va en contra de la opinión que mantenía el Grupo Popular en la anterior legislatura. Sin embargo, discrepa en cuanto a que los siete miembros del consejo rector de dicha comisión sean nombrados a propuesta del Gobierno, y se pregunta sobre quién va a financiar el mantenimiento de la comisión y del órgano rector.
Desde el punto de vista jurídico, considera que el segundo operador de redes y servicios es la única medida que justifica la promulgación de un Real Decreto-ley, pero estima que el duopolio llega demasiado tarde, porque ya en diciembre de 1995 se propuso al Grupo Popular la promulgación de un real decreto que creaba el segundo operador, considerando imposible que en estos dieciocho meses se pueda crear realmente ese duopolio. Estima que estas medidas inquietan a los usuarios, a Bruselas y a los inversores internacionales.
Muestra su satisfacción por el acuerdo del Grupo Popular en cuanto a tramitar el Real Decreto-ley como una ley, pero manifiesta el rotundo rechazo jurídico y político del Grupo Parlamentario Socialista a los contenidos del Real Decreto-ley.


Contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo), duplicando el señor García-Arreciado Batanero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular.


Sometido a votación el Real Decreto-ley, es convalidado por 172 votos a favor, 144 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, es aprobada por unanimidad, con 317 votos a favor.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 644)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva (Página 644)

El señor Barrionuevo Peña defiende la proposición de ley del Grupo Socialista, manifestando que la misma tiene como antecedente una moción presentada en la anterior legislatura por el Grupo Socialista en el Senado que fue apoyada por la totalidad de los grupos parlamentarios y que, trasladada al Gobierno, comportó que en septiembre de 1995 éste incluyera su contenido en el artículo 32 del proyecto de ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos, pero es bien sabido que este proyecto siguió la misma suerte que el de presupuestos, es decir, que fue rechazado por el Congreso y consecuentemente también el artículo 32, en el que se recogía la moción del Senado, no convirtiéndose, por tanto, en derecho positivo.
Añade que es propósito del Grupo Socialista recuperar dicha iniciativa y tratar de que en esta legislatura las modificaciones entonces propuestas sean por fin aprobadas.
El objeto de la proposición de ley es dar una nueva redacción al último párrafo del número 1 del artículo 144 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en base a la cual los beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva que sean contratados por cuenta ajena o que se establezcan por cuenta propia recuperarán automáticamente en su caso el derecho a dicha pensión cuando respectivamente se les extinga el

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contrato o dejen de desarrollar su actividad laboral. Asimismo, los beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva que sean contratados como aprendices recuperarán dicha pensión durante los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes.
Concluye afirmando el señor Barrionuevo que los objetivos sociales y políticos de la proposición de ley son, fundamentalmente, primero, contribuir a crear estímulos para el empleo para un número de personas no excesivamente amplio, pero sí muy significativo; segundo, perfeccionar una normativa como la de prestaciones no contributivas, y tercero, tratar de equiparar a los perceptores de estas rentas de invalidez en su modalidad no contributiva con los que perciben prestaciones del mismo carácter en las contingencias de desempleo o de jubilación.


Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.


Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Socialista, es aprobada su toma en consideración por 288 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre creación de un Fondo de Compensación de Pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos (Página 647)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre fondo de garantía de alimentos (Página 648)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre creación del Fondo de Garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos (Página 648)

La señora Rahola i Martinez, del Grupo Mixto, defiende la proposición no de ley presentada sobre creación de un fondo de compensación de pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos, con el deseo de que, una vez tomada en consideración, se pueda comenzar a trabajar y dar una respuesta a nivel legislativo realista y pragmática a la situación de impago de pensiones y de alimentos de los cónyuges separados, divorciados o que han visto su matrimonio anulado y que tienen a su cargo hijos menores de edad.
Expresa su posición favorable a las proposiciones de ley que en el mismo sentido han presentado los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, agregando que la que personalmente defiende está en sintonía con lo que su partido ha defendido siempre, procurando dar protección a las familias de hecho constituidas por parejas con o sin hijos que, sin estar unidas por vínculos matrimoniales, constituyen un núcleo familiar perfectamente definido.
Con la creación de este fondo pretenden cubrir las necesidades más perentorias de las familias sin recursos económicos y que no reciben puntualmente la prestación económica a que tienen derecho. El fondo se dirige preferentemente a subsanar las dificultades y las situaciones de grave desequilibrio económico sufrido por beneficiarios o beneficiarias de alimentos para su subsistencia. Se dirige también muy especialmente a las personas mayores sin hijos menores que atender pero que han quedado en una situación de grave desequilibrio económico respecto al cónyuge o pareja que tenía ingresos.
Termina haciendo alusión a la recomendación 869/1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en apoyo a la proposición de ley.
El señor Jover i Presa defiende la proposición de ley del Grupo Socialista sobre fondo de garantía de alimentos, afirmando que la misma tiene unos objetivos muy similares, diría que casi idénticos a la defendida por la señora Rahola, si bien en cuanto al contenido varían bastante. Sin embargo, ambas coinciden en lo fundamental, como es la necesidad de crear un mecanismo que haga frente a las dificultades teóricas, a veces o en la mayoría de los casos prácticas, que genera el cobro de pensiones de alimentos, bien sean declarados en convenios reguladores aprobados posteriormente por el juez, bien sea en sentencias directamente dictadas por el Poder Judicial en supuestos de separación, divorcio, nulidad o también en procesos de filiación o de alimentos.
Señala que muchas veces estas obligaciones no son satisfechas por las personas obligadas a hacerlo y consecuentemente se crea una grave situación de necesidad en algunos casos, sobre todo para el cónyuge a cuyo cargo han quedado los hijos.
Agrega el señor Jover que hasta fechas relativamente recientes su grupo pensaba que las medidas previstas en el Código Civil y también en el Código Penal debían ser suficientes para resolver estos problemas, pero la experiencia ha demostrado que no es así y

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que, pese a los múltiples instrumentos procesales de que se dispone para hacer frente a esta situación, el problema de impago de pensiones de alimentos sigue existiendo. En consecuencia, se hace necesario regular dicha situación y hacerlo, tal como piden las tres proposiciones de ley objeto de debate, mediante la creación de un fondo público por el que el Estado garantice el pago de las pensiones de alimentos cuando los obligados a hacerlo no hayan cumplido.
Concluye exponiendo el contenido material de la proposición de ley, a la que califica de moderada, posibilista y prudente, esperando que merezca el apoyo de la Cámara.


La señora Almeida Castro defiende la proposición de ley en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señalando que con ella no se pretende ningún protagonismo en la Cámara, sino solucionar un grave y viejo problema como es la gravísima situación por la que atraviesan muchas familias monoparentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres, aunque puede darse algún caso individualizado.
Considera que esta obligación viene derivada de la Recomendación 869/1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de los compromisos adquiridos en la Conferencia de Pekín. Se refiere también al Defensor del Pueblo, quien en una entrevista reciente mencionó las numerosas denuncias de mujeres que, tras conflictos matrimoniales y sentencias favorables en las que se les reconocen pensiones alimenticias, se quedan en la calle.
Manifiesta que el Gobierno, la oposición y el conjunto de todos los grupos tienen la obligación de solucionar este problema. No pretende que su proposición sea la mejor, sino simplemente cree que es la más justa, porque considera la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista como insolidaria con las mujeres, puesto que sólo se pide que se paguen los alimentos de los hijos menores. Por otra parte, estima que el Código Penal no soluciona el problema, puesto que un gran número de jueces dicen que la prisión por deuda no existe en nuestro ordenamiento.
Termina asegurando que en este momento se tiene que tomar en consideración esta proposición de ley por justicia, por solidaridad y por eficacia tributaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y las señoras Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la señora Rahola, es rechazada por 161 votos en contra, 147 a favor y una abstención.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, es rechazada por 163 votos en contra y 147 a favor.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 164 votos en contra, 144 a favor y una abstención.


Proposiciones no de ley (Página 656)

De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV), de Coalición Canaria y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación en la Comisión de Presupuestos de una ponencia que tendrá por objeto recibir la información de las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara el 6 de abril de 1995, conocidas como «Pacto de Toledo» (Página 656)

Para la defensa de la proposición no de ley intervienen en turno conjunto un representante de cada grupo parlamentario suscriptor de la iniciativa.
Por el Grupo Popular, interviene la señora Montseny Masip, que considera que la Ponencia debe estar ubicada en el seno de la Comisión de Presupuestos porque los problemas estructurales que puedan afectar al sistema de la Seguridad Social tienen un contenido económico importante.
Presenta una enmienda «in voce» en la que propone sustituir «de las medidas que el Gobierno adopte» por «de las medidas que el Gobierno proponga en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara». Considera más acertado hablar de propuestas, que no de medidas adoptadas, para seguir los criterios que estableció el Ministro de Trabajo en su comparecencia.
Termina su intervención reiterando el compromiso firme del Presidente del Gobierno y del Ministro de Trabajo sobre el mantenimiento de las pensiones y del poder adquisitivo de las misma y la propuesta de diálogo con todas las fuerzas sociales.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Vaquero

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del Pozo, que apoya firmemente la constitución de esta Ponencia porque reúne los requisitos de método para el seguimiento de la aplicación del Pacto de Toledo. Aunque considera que en la proposición no de ley había algunas cuestiones que era necesario aclarar y matizar, se da por satisfecho con la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Popular. Sin embargo, pone de relieve que no sólo se trata de que haya un consenso con los partidos que suscribieron el Pacto de Toledo, sino que debe haberlo también con los agentes sociales. En este aspecto no considera satisfechas sus expectativas y aprovecha la ocasión para decir que a los agentes sociales no les avala solamente el poder fáctico que ellos tengan, ni la concesión que los grupos de esta Cámara vayan a hacer respecto a la negociación con el Gobierno, sino que su poder y la necesidad de contemplar sus aspiraciones viene avalada porque son la representación de la voluntad de intereses colectivos protegidos por la Constitución.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) interviene el señor Olabarría Muñoz, afirmando su posición positiva en relación a esta proposición no de ley. Considera que el Pacto de Toledo no resuelve los graves problemas del sistema público de Seguridad Social y sistema complementario privado, ni siquiera define el modelo claro de sistema de Seguridad Social español, por lo que se debe continuar con el trabajo de desarrollo de las propuestas del Pacto de Toledo en una auténtica definición de aquello que se pretende reformar en múltiples ámbitos. Estima que hay que seguir avanzando en la clarificación de los flujos financieros, en la reconducción de los múltiples regímenes que existen en el sistema de Seguridad Social, en el fortalecimiento de los sistemas complementarios libres del sistema público, en la flexibilización de la estructura normativa de la jubilación y en la superación de seguros anacrónicos como el de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
Añade que las quince propuestas de resolución del Pacto de Toledo no son más que indicaciones genéricas o conceptuales que sirven de fundamento para continuar trabajando y hace hincapié en la distribución de competencias en el ámbito de la Seguridad Social entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas con título competencial suficiente.
Termina manifestando su esperanza en que se pueda ir, entre todos, solucionando los graves problemas que existen todavía en el sistema público de Seguridad Social.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria interviene el señor Mardones Sevilla, haciendo suyos los argumentos que han expuesto los anteriores intervinientes. Considera que un cambio de legislatura y de Gobierno no excluye el espíritu de consenso del Pleno del día 6 de abril de 1995, por lo que considera necesaria la creación de una ponencia que permita no sólo la recepción de los documentos que mande el Gobierno sobre los problemas estructurales que existen en nuestra Seguridad Social y las medidas correctoras de los mismos, sino todas aquellas otras medidas de índole presupuestaria o asistencial de la Seguridad Social.
Por otra parte, está de acuerdo con el señor Olabarría en cuanto al problema de distribución de competencias en el ámbito de la Seguridad Social entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Homs i Ferret, manifestando que una iniciativa firmada por cinco grupos políticos debería ser tomada en consideración por representar a una parte importante de la soberanía popular.
Considera que con esta proposición no de ley se trata de dar continuidad a un compromiso político alcanzado en la anterior legislatura. Estima que el Pacto de Toledo debe cumplirse estrictamente y que es al Gobierno a quien le compete aplicarlo en todos sus extremos, desarrollando los puntos básicos de aquel compromiso alcanzado entre todas las fuerzas parlamentarias. Añade que el espíritu de esta iniciativa es instrumentar una ponencia que, en un tema de tan alta sensibilidad política, pueda trabajar con el espíritu de consenso que dio contenido al Pacto de Toledo. Se dirige especialmente al Grupo Socialista pidiéndole que no cuestione el Pacto de Toledo en ninguno de sus puntos.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Cercas Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.


Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley por 188 votos a favor, siete en contra y 115 abstenciones.


Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una Ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España, así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos residentes en España (Página 662)

La señora Fernández Sanz defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista, manifestando que

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con ella se pretende avanzar en el estudio de la situación de los españoles que viven fuera de España, de los inmigrantes --sean comunitarios o extracomunitarios-- y de los refugiados. A continuación expone los tres objetivos que el Grupo Socialista persigue con esta ponencia: en primer lugar, conocer mejor la realidad de estas personas; en segundo lugar, establecer las prioridades sobre las materias que hay que legislar; y en tercer lugar, establecer una puesta en común entre la ponencia y los parlamentarios que en ella trabajen con los órganos de participación de estos colectivos, para proponer a la Cámara aquellas actuaciones que sean símbolo de libertad, de respeto, de integración y de solidaridad. Esta ponencia intenta trabajar intensamente durante un año y ser un observatorio para examinar las actitudes de la sociedad española ante los inmigrantes. Se refiere a continuación al año 1995 como el Año Internacional de la Tolerancia, de las Naciones Unidas, y al futuro año 1997 como el posible Año Europeo contra el Racismo, propuesta que está bloqueada en el Consejo de Ministros de la Unión Europea por el veto del Reino Unido. Confía en que la propuesta de esta ponencia demuestre el interés de nuestro país y de Europa en estos temas y permita desbloquear esta actitud.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular interviene el señor Jordano Salinas, considerando que las políticas sobre inmigración, emigración, asilo y asistencia a refugiados y desplazados por hechos de guerra deben ser políticas de Estado y no pueden ser objeto de controversia entre partidos con representación parlamentaria. Este Parlamento sentó las bases de una política estatal en relación a los extranjeros en España mediante la aprobación, el 9 de abril de 1991, de una proposición no de ley, con el voto favorable de todos los grupos y la abstención de Izquierda Unida. Considera que la política en relación a la inmigración en España se ha basado en los principios de la más amplia igualdad de derecho de los extranjeros con los españoles y en la limitación de entradas, que permite una integración gradual del extranjero, la lucha contra la inmigración ilegal y contra situaciones de explotación laboral, así como la protección rápida y efectiva de los refugiados, pero considera que ha fallado la modernización y adecuación de las infraestructuras administrativas para la acogida de extranjeros.
En cuanto a la emigración, estima que existe en la sociedad española la sensación de que las administraciones públicas en su conjunto no han respondido a las demandas mínimas de nuestros emigrantes. La enmienda que presenta el Grupo Popular a esta proposición no de ley pretende poner de manifiesto que la propuesta que se hace en la proposición no de ley comprende el estudio conjunto, en una misma ponencia, de la situación de los españoles en el extranjero, de los emigrantes extranjeros en nuestro país y de los refugiados, cuando se trata de tres realidades distintas que merecerían un estudio diferenciado. No obstante, en aras del consenso, el Grupo Popular estaría dispuesto a retirar su enmienda si el grupo proponente aceptara incluir en el texto que la ponencia que se cree tenga como punto de partida las líneas marcadas en la proposición no de ley en relación a la situación de los extranjeros en España y en la moción sobre políticas para los españoles emigrantes y residentes en el exterior aprobadas por este Parlamento en 1991.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario Popular.


Sometida a votación, se aprueba por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Socialista, con 294 votos.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 668)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las administraciones locales y en concreto la referida al conocido como «Pacto Local» (Página 668)

El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propugnando un pacto local que sitúe a los municipios con un mayor protagonismo en un modelo de Estado diferente y que profundice en la realidad que emanaba de la Constitución de 1978. Basa la defensa de su moción en los mismos criterios que expuso en la interpelación de la semana pasada, cuyo principal objetivo era resaltar ante el Gobierno y ante las fuerzas políticas la necesidad de un debate y una reflexión sobre los municipios, y añade que disponen de un estudio detallado de las competencias municipales y del pacto local, realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas, entrando a analizar área por área las competencias que habían sido solicitadas por la propia Federación de Municipios y Provincias. Añade que este trabajo se ve reforzado con la declaración solemne

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en el debate de investidura sobre la necesidad y el compromiso de un pacto local, compromiso que ha quedado tan sólo en unas medidas de competencias en el suelo y en una reducción del poder municipal.
Pasa a concretar la propuesta de la moción, basándose en las enmiendas que los distintos grupos presentaron. Concluye diciendo que lo que intentan con su moción es lograr un acuerdo que esté a disposición de quien debe administrar como Gobierno y de quien gobierna en las comunidades autónomas, y sirva como compromiso de las fuerzas políticas para lograr un mayor protagonismo de los municipios y de los entes locales.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción, intervienen los señores López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular, y Rodríguez Bolaños, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, es aprobada por 273 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal (Página 677)

El señor Barrero López defiende la moción manifestando que la interpelación presentada por su grupo la semana pasada no nace como consecuencia de un debate sobre política judicial, que no es posible porque este Gobierno lleva apenas cincuenta días en su función, ni tampoco como consecuencia de una crítica a decisiones del Gobierno, sino de una preocupación, y es la de que el nuevo Código Penal se cumpla. Para ello considera necesario adoptar rápidamente una serie de medidas que el Grupo Socialista ha tenido a bien presentar a la Cámara.
Anuncia que su grupo va a aceptar una enmienda de Izquierda Unida en el sentido de variar la formulación de plazos preclusivos que aparecen en la moción diciendo «de manera inmediata» en lugar de los tres meses y seis meses. Sin embargo, teme que más tarde tengan que quejarse de que no es posible cumplir un mandato imperativo de carácter parlamentario.
Solicita, en primer lugar, la presentación de un proyecto de ley reguladora de la responsabilidad penal del menor; en segundo lugar, un cambio que adecue el recurso de casación del ámbito penal a las necesidades que se derivan de este Código Penal. Asimismo considera fundamental que existan nuevas plazas que permitan que las audiencias provinciales se hagan cargo del mucho trabajo que van a tener como consecuencia de que los delitos más graves ya no son competencia de un órgano unipersonal de carácter penal, sino de los tribunales colegiados.
Considera necesaria la implantación de equipos de apoyo, fundamentales a la hora de enjuiciar determinados delitos, y el conocimiento por el juez de la situación económica del penado. Todas estas medidas tienen que tenerlas los jueces encima de la mesa para que su enjuiciamiento sea correcto. Hace una referencia al diseño de una nueva estructura y planta de los tribunales de menores y solicita la remisión a la Cámara de un proyecto de ley de ejecución de penas que el propio Consejo General del Poder Judicial demandó a la Cámara cuando era vocal la Ministra de Justicia.
En defensa de la enmienda presentada a la moción interviene la señora Almeida Castro, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ollero Tassara, por el Grupo Parlamentario Popular.


Sometida a votación la moción del Grupo Socialista, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 152 votos en contra, 131 a favor y una abstención.


Se suspende la sesión a las diez y cincuenta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al orden del día, vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de un nuevo Diputado.


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Don José Alarcón Molina, en sustitución de don Miguel Ramírez González, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor ALARCON MOLINA: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
En consecuencia, don José Alarcón Molina ha adquirido la condición plena de Diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)

CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 6/1996, DE 7 DE JUNIO, DE LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES (Número de expediente 130/000003)

El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones.
Para la exposición del contenido del Real Decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de entrar en el análisis detallado del Real Decreto-ley querría sentar una primera reflexión. Debemos ser conscientes de que vivimos en una etapa crucial para el desarrollo futuro de las telecomunicaciones en España. Tres tareas deben emprenderse con urgencia: es necesario eliminar las trabas existentes que perjudican a la inversión en este esencial sector productivo; tenemos que preparar el funcionamiento de las telecomunicaciones para un marco de competencia efectiva, y hay que potenciar el sector español de las telecomunicaciones tanto a nivel de los fabricantes como de los operadores existentes.
En estas circunstancias, a poco más de año y medio de la fecha comunitaria de liberalización plena, se acentúa la preocupación del Gobierno al repasar el inventario de cuestiones todavía no resueltas o que lo han sido de forma inadecuada. Ello nos obliga hoy a recorrer el camino trazado hasta la plena liberalización a mayor velocidad que los países que ya han iniciado su andadura, si queremos estar bien colocados en la línea de salida.
El Decreto-ley es un primer paso importante para después avanzar hacia un marco jurídico cierto, preciso, que despeje en un corto período de tiempo todas las incertidumbres actualmente existentes que condicionan el sector o coartan su expansión, al paralizar o impedir la inversión nacional y extranjera.
La Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, modificada en 1992, consagró un régimen de monopolio en el servicio telefónico básico y admitió la competencia en otros servicios de menor extensión. Respecto a las infraestructuras de telecomunicaciones, que sirven para prestar los diversos servicios, no declara su monopolio directamente, pero las vincula a los servicios de monopolio. Ello ha impedido el desarrollo autónomo de las infraestructuras y también su empleo, una vez desplegadas por el territorio nacional. Así, operadores de servicios nominalmente liberalizados no pueden cursar otras redes que las de operadores de servicios en régimen de monopolio o en régimen de concesión preferente.
(Rumores.) De esta manera, la capacidad de inversión, que hubiera podido encauzarse hasta la creación de redes modernas, independientemente de la que tienen los operadores en monopolio, se ha visto desalentada.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Señorías, les ruego encarecidamente que guarden silencio o procedan a la preparación de las iniciativas que son de su responsabilidad bien en la parte de atrás del hemiciclo, bien en los pasillos o en los despachos.
Con toda sinceridad, señorías, se han recibido muchas quejas en la Cámara, a través de la Presidencia, por el enorme murmullo que, sin que SS. SS. sean conscientes de ello, se produce por los, sin duda, atinados pero no menos numerosos comentarios que se hacen a lo largo de la intervención de un orador. Les puedo garantizar que esto es así. En beneficio de todos, y sobre todo por respeto al orador, procuren en lo sucesivo despachar los asuntos de su competencia fuera del hemiciclo mientras interviene el ponente.
Muchas gracias.
Puede continuar, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas Gracias, señor Presidente.
La Ley de Telecomunicaciones por cable de 1995 representó un intento de actualización de la normativa vigente, no muy bien conseguido. Podría afirmarse que se concibió, originalmente, como una ley para la televisión por cable. La mayoría de sus artículos se refieren a servicios de difusión, con una cobertura territorial limitada por demarcaciones. Sin embargo, se incorporaron referencias a otros servicios, como el telefónico básico, que comparte pocas prestaciones con el de difusión de señales de televisión. Se abrió así un campo de aplicaciones confuso, que ha generado incertidumbre y en el que padece la seguridad jurídica. La situación desalienta a inversores potencialmente interesados en el desarrollo de redes y de servicio de cable.
Es necesaria una nueva ley de telecomunicaciones y es necesario construir los órganos y crear las condiciones en las que deben desarrollarse las telecomunicaciones españolas del siglo próximo. Estamos lejos de

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ello, pero los plazos apremian y obligan a tomar las medidas posibles con la urgencia que requiere nuestra situación.
Lo que se recoge en el Decreto-ley es el paquete urgente que agota lo posible ahora. Con ello, queremos ir abriendo la situación; adelantar la adaptación de los operadores establecidos a la situación competencial real; comenzar desarrollando, mediante su ejercicio, la capacidad reguladora que es esencial para la competencia y ofrecer a los inversores interesados un marco claro y un horizonte despejado para sus decisiones.
Al otro lado del planteamiento progresivo que concebimos y que consiste en pasar rápida pero gradualmente de la situación actual a la futura, se ofrece la opción de una liberalización total e inmediata que algunos propugnan. Sin embargo, estudios solventes sobre la competencia en telecomunicaciones indican que los nuevos operadores entrantes, en un mercado dominado por uno ya establecido, competirán entre sí más que con el operador principal. Se supone que la tasa de mercado que pueden captar deben repartírsela, ya que, en condiciones de competencia leal, se estima que el operador principal perderá una parte del mercado relativamente fija e independiente del número de competidores. En países del tamaño del nuestro, la tasa de mercado disponible para competidores es suficiente para un segundo operador y dudosa para la consolidación de un tercero.
De abrirse total e inmediatamente el mercado a todos, cabe imaginar una situación en la que operadores con gran capacidad para perder dinero en el empeño, entre quienes se pueden contar los grandes operadores establecidos como dominantes en sus propios países, estarán dispuestos a desalojar a los demás competidores, resistiendo más pérdidas durante más tiempo que los demás, en una labor de desgaste que podría incluso envilecer al mercado.
Eventualmente, Telefónica pudiera entender ahora que la situación sería más cómoda contando con una competencia dispersa y en conflicto. Pero su posición en un mercado poco regulado, frente a la fortaleza y capacidad de grandes potencias económicas, aconsejan un mínimo de prudencia en el lanzamiento de la competencia. La experiencia más contrastada corresponde a países que han abierto sus mercados a la competencia mediante la creación de un segundo operador durante un período inicial.
El Decreto-ley que se somete a aprobación rompe los impedimentos para que pueda establecerse la competencia en telefonía; para que se puedan construir redes y utilizar otras ya construidas; para crear un segundo operador en el que puedan participar todos los interesados en invertir en telecomunicaciones en España; para procurar, en un mínimo de tiempo, la consolidación de este segundo operador de forma que represente un estímulo eficaz y un complemento a la acción de Telefónica; para crear la capacidad reguladora necesaria y para alentar a los interesados en redes de cable, aumentando la seguridad con la que pueden considerar sus inversiones a la vista de la multiplicidad de servicios que podrán prestarse a su través.
El Decreto-ley introduce modificaciones en cuatro aspectos sustanciales.
Se trata, en definitiva, de establecer dos acciones de carácter genérico: modificaciones de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones y modificación de la Ley del Cable; y otras dos acciones concretas: creación de la comisión del mercado de las telecomunicaciones y creación de un segundo operador de redes y servicios en el entorno de Retevisión.
La comisión del mercado de las telecomunicaciones se configura como un ente público con personalidad jurídica propia, independiente del Estado y plena capacidad de obrar pública y privada. Dicha configuración, junto con otros aspectos que después se verán, permitirá contar con un órgano supervisor de arbitraje y consultivo, de máxima independencia, de alta cualificación profesional sujeto, en el desempeño de sus funciones, únicamente a la ley y a la revisión de sus actos por la jurisdicción competente. En efecto, se trata de un órgano supervisor, ya que tendrá por objeto salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el campo de las telecomunicaciones y velar por la correcta formación de los precios, informando las propuestas de tarifas.
Por otro lado, ejercerá las funciones de arbitraje en un doble sentido: resolución de controversias entre operadores y resolución de conflictos entre operadores y usuarios. En su faceta consultiva asesorará al Gobierno y a las comunidades autónomas en los asuntos concernientes al mercado de las telecomunicaciones.
En definitiva, estamos ante un órgano cuyas principales características serán: estar dotado de autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; ser independiente de presiones políticas e intereses económicos; actuar con transparencia en los procesos de toma de decisiones; ser capaz de mantener un diálogo fluido con los operadores y con los consumidores de servicios; estar dotado de un equipo profesional multidisciplinar de alto nivel y sujeto a procesos de capacitación permanente y revestir una naturaleza flexible como para responder rápida y adecuadamente a los cambios tecnológicos y del mercado.
De suma importancia para lograr esos objetivos de máxima independencia y plena capacidad de obrar es la composición y régimen de funcionamiento de su órgano rector. En efecto, la comisión estará regida por un consejo compuesto por un presidente, un vicepresidente y cinco consejeros. Habida cuenta de que las competencias que se atribuyen a la comisión son competencias propias de la Administración General del Estado, se hace necesario que las personas designadas sean en una primera fase de total garantía para la Administración delegante. Se ha optado por reservar al Gobierno

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la decisión sobre su nombramiento. No obstante, y como no podría ser de otro modo, el Gobierno velará para que en dicho consejo estén debidamente representados todos los intereses de la sociedad relacionados con el mundo de las telecomunicaciones. Así, estarán representados los usuarios, los operadores de redes y servicios y la propia Administración. Esta configuración inicial deberá ser mejorada y perfeccionada.
Para salvaguardar la independencia de los miembros del consejo se ha optado por fijar su mandato por un período de seis años, superior al de una legislatura, y excepcionalmente los cargos del primer vicepresidente y dos de los consejeros serán sólo por tres años. También, en aras a la salvaguarda de su independencia, se ha ideado un elenco cerrado de causas objetivas para su cese. De ahí que aun cuando la designación sea directa por el Gobierno, una vez nombrados no dependerán de él para mantenerse en sus cargos. Son, en sustancia, inamovibles.
Otra cuestión muy importante es la relación jurídica del personal que preste sus servicios en la comisión, que al ser una relación de carácter laboral pierde las características de subordinación y jerarquía administrativa que definen a la función pública y, por otro lado, permite a la comisión elegir su personal entre los sectores de mayor competencia técnica, dentro del sector público y del sector privado.
En cuanto a las funciones que se le otorgan éstas son las estrictamente necesarias para lograr el objetivo de salvaguardar las condiciones de competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones. Debe resaltarse, entre otras, el poder de dictar instrucciones vinculantes cuyo incumplimiento podría dar lugar a sanciones muy graves. Debe resaltarse también la potestad sancionatoria indirecta, a través de la Administración del Estado y del Tribunal de la Defensa de la Competencia.
En el marco de un decreto-ley no se podía llegar más lejos.
En el futuro, es decir, en la futura Ley General de Ordenación de las Telecomunicaciones se perfilarán mejor las atribuciones de la comisión y se añadirán otras nuevas, como la regulación de tarifas, la protección de datos o la garantía de libertad y secreto de las comunicaciones.
En lo que afecta a la modificación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones se introducen seis modificaciones significativas.
Primera, la necesidad de abrir a la competencia los servicios finales, es decir, el servicio telefónico básico, el télex y el telegrama y los servicios portadores de telecomunicación que, hasta la fecha, se prestaban en régimen de monopolio. Ello posibilitará la entrada inmediata en el mercado de dichos servicios de un segundo operador y posteriormente de otros operadores.
Segunda modificación: posibilitar una competencia leal y efectiva en el mercado de servicios de telecomunicaciones, evitando que por vía indirecta los titulares de las redes, que a su vez son prestadores de otros servicios, puedan falsear las condiciones de mercado con prácticas abusivas basadas en una posición dominante. Se trata, en definitiva, de establecer condiciones asimétricas entre los operadores en relación con la posición de dominio del mercado que cada uno ocupe.
Tercera, establecer la posibilidad de que el Gobierno modifique las limitaciones a la inversión de capital extranjero en estos servicios, desde el 25 por ciento a una cuantía superior, en función de principios de reciprocidad.
Cuarta, permitir la interconexión de las redes y la interoperatividad de los servicios en condiciones de transparencia, no discriminación y objetividad, y en base a criterios de orientación a los costes hasta que sea efectiva la competencia. A falta de acuerdo entre las partes, resolverá la comisión del mercado de telecomunicaciones.
Quinta, sustituir el sistema de tarifas fijas por un abanico de tarifas fijas máximas/mínimas o precios regulados en función de la evolución del mercado.
Y, sexta, la desaparición en 1998 de la figura del Delegado del Gobierno en Telefónica.
Las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones por Cable son las siguientes: primero, otorgar la competencia para la alteración de las demarcaciones preexistentes a las Administraciones que aprobaron inicialmente la demarcación en vez de otorgársela en todos los casos a la Administración del Estado. Se pueden aquí fortalecer las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de su territorio.
Segundo, introducir la posibilidad de que el Gobierno, a propuesta de la comisión del mercado de telecomunicaciones, suprima las limitaciones establecidas en la ley para que una persona física o jurídica participe en el capital de una o más sociedades que, conjuntamente, alcancen más del millón y medio de abonados.
Tercero, ampliar el plazo de la concesión de 15 hasta un máximo de 25 años. Esta ampliación se establece teniendo en cuenta el volumen de las inversiones necesarias y las correspondientes amortizaciones.
Cuarto, supresión de la excepcionalidad de prestar el servicio mediante sistemas distintos al del cable.
Y, quinto y último, hacer frente a las situaciones creadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones por Cable. Su resolución se podrá hacer caso a caso a la luz de lo establecido por las sentencias del Tribunal Constitucional.
El último gran aspecto del Real Decreto-ley, señorías, es el que se refiere a la puesta en marcha del segundo operador de telecomunicaciones.
No se oculta a SS. SS. que la creación de este segundo operador constituye una opción estratégica que forma parte del objetivo de introducción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. De optarse por la solución de no crear un segundo operador, el aumento de la competencia sería

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menor. Por otra parte, el segundo operador va a permitir introducir en el mercado varias redes alternativas existentes y canalizar una fuerte corriente de inversión y empleo, potenciando una oferta amplia y variada de servicios lo que, en última instancia, beneficiará a consumidores y usuarios en muchos sectores del mercado.
Las experiencias de los países de mediana dimensión muestran que estos objetivos se han conseguido, rompiéndose la situación de monopolio, bajando los precios, fomentando la inversión y ampliando la oferta de servicios con importantes ventajas para los ciudadanos y las empresas.
Los ejemplos de Gran Bretaña y de Australia muestran que se trata de una estrategia experimentada. En suma, la creación de un segundo operador español de redes y servicios persigue, como primer objetivo, dotar a nuestro país de un sector de telecomunicaciones abierto a la competencia, moderno y eficaz, como una de las bases de una sociedad avanzada de servicios.
La consecución de dicho objetivo, partiendo de una situación de sobrerregulación y de monopolio absoluto y dilatado durante más de 70 años, exige una serie de medidas correctoras transitorias tendentes a atenuar esta situación de dominio absoluto de la infraestructura y del mercado, de forma que sea posible una competencia efectiva desde el inicio. Dicha competencia efectiva producirá también un efecto de estímulo sobre el primer operador, como ya se ha demostrado con éxito en el caso de las telecomunicaciones móviles. Han bajado los precios de las dos compañías que operan en el sector, están creciendo ambas más allá de lo previsto y están aumentando sus beneficios a pesar de las espectaculares rebajas de precios.
Señorías, estas primeras medidas que introduce el Real Decreto-ley, cuya convalidación sometemos hoy a la consideración de la Cámara, buscan encauzar un proceso equilibrado de liberalización. No es un equilibrio fácil porque están en juego muchos intereses legítimos de signo contradictorio o, al menos, de signo distinto, pero es un camino que conseguirá situar a España en condiciones adecuadas en el mercado, comunitario primero y mundial después, de las telecomunicaciones, y, por tanto, colocará a España en la sociedad de la información que es, señorías, la sociedad del futuro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Para turno en contra, tiene la palabra el señor García-Arreciado Batanero.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, hace escasamente una semana, en su comparecencia en la Comisión de Infraestructuras, tuve la satisfacción de decirle, señor Ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la extraordinaria coincidencia que había entre los planteamientos en política de telecomunicaciones que hizo usted con carácter general y los planteamientos contenidos en nuestro programa electoral.
Los años que lleva uno en esta Cámara me hicieron tener la precaución de advertirle que la conformidad era con las grandes letras del contrato que usted nos estaba ofreciendo en la Comisión de Infraestructuras, y que a la hora de leer la letra pequeña del contrato tendríamos ocasión de identificar los puntos de encuentro o desencuentro entre la realidad de la política que ustedes hacen y la realidad o la virtualidad de la política que nos predican.
Como estamos en telecomunicaciones, usted ha hecho hoy un ejercicio magistral de una de las tecnologías más avanzadas en telecomunicación, que se llama la realidad virtual. Consiste en envolver al usuario en una realidad ficticia que él mismo crea y controla por medios acústicos, por medios táctiles o por medios sonoros. Usted ha creado aquí, en el entorno de la explicación del Real Decreto-ley, el ambiente que le convenía. Ha explicado lo que dice el Real Decreto-ley.
Es imposible discutirle ni debatir sobre lo que dice el Real Decreto-ley, pero no ha explicado lo que no dice el Real Decreto-ley o las consecuencias políticas, técnicas, financieras y económicas que se pueden derivar de este Real Decreto.
Afortunadamente me llega la información de que su grupo parlamentario está dispuesto a tramitar después ese Real Decreto como un proyecto de ley, con lo cual es posible que nos podamos ahorrar el recurso de inconstitucionalidad que iba a anunciar. Pero tenemos gravísimas objeciones al contenido del Real Decreto, que se pueden establecer en dos niveles de análisis distintos. Desde el punto de vista jurídico-constitucional no hay ni una sola de las exigencias o de los límites que el artículo 86.1 establece al uso por el Gobierno del instrumento legislativo del Real Decreto que no sea sistemáticamente vulnerada en el texto del mismo. Y en el aspecto político, nos parece que establecen ustedes un duopolio nominal, desequilibrado en favor de un segundo operador de redes y servicios que se pretende crear y en contra de un operador actualmente funcionando que constituye la empresa de telecomunicaciones de Europa mejor gestionada, en productividad de líneas por empleado, que es la más internacional de nuestras empresas, que da empleo a 60.000 trabajadores y que administra inversiones de más de 600.000 pequeños inversores. Y lo hacen ustedes de forma gratuita, lo hacen ustedes impidiendo a Telefónica de España operar hasta el año 2000, mientras el segundo operador que se pretende crear se posiciona en el mercado. Sirva un ejemplo citado por S. S. para mostrar la falsedad o la inutilidad de este planteamiento. Se ha referido usted al buen desarrollo de los servicios en telefonía móvil automática, a la competencia entre MoviStar y Airtel, que se ha producido en términos beneficiosos, sin que a nadie se le hubiera ocurrido

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prohibir a MoviStar dar sus servicios durante 24 meses hasta que se consolidara Airtel, como ustedes pretenden hacer ahora con Telefónica.
Son tres tipos de medidas las que nos proponen ustedes. La creación de nuevos organismos, la modificación de la Ley de Ordenación de 1987, con la modificación posterior del año 1992, creo recordar, y la modificación de la Ley del Cable. De la comisión del mercado de telecomunicaciones únicamente queremos decir que nada avala la urgente necesidad, establecida por el artículo 86.1, para crear este organismo en un instrumento legislativo del rango del Real Decreto-ley, máxime porque ese mismo Real Decreto-ley da un plazo de tres años para publicar el organigrama y las funciones de la comisión del mercado que ustedes pretenden crear por este trámite de urgencia. Si a eso unimos los cinco meses, como mínimo, que llevará la tramitación como ley de este Real Decreto-ley, se subraya el argumento de que no existen las razones de urgente necesidad contenidas en el artículo 86.1 de la Constitución española.
En cuanto a los contenidos o funciones de esta comisión, nos sorprenden dos en particular: que las funciones de arbitraje entre particulares tengan que ser a petición de los particulares y las de asesoramiento a las comunidades autónomas, al Estado, sean de oficio. Nos parece que alguien ha confundido la pluma y nos parece más razonable que el asesoramiento al Estado o a las comunidades sea a petición de ellos y la intermediación en las posiciones de conflicto entre los diferentes agentes del cable, por ejemplo, sea de oficio.
Políticamente nos gusta que la comisión no sea independiente, a pesar de la machacona insistencia que ustedes tuvieron durante tres años en relación a que la no existencia de una comisión de expertos independiente deslegitimaba al Estado en su intervención en el mercado de las telecomunicaciones; es más, en la propia referencia del Consejo de Ministros mantienen ustedes que la comisión es independiente.
No nos gusta que los siete miembros del consejo rector de dicha comisión sean nombrados a propuesta del Gobierno, y en el trámite parlamentario como proyecto de ley pretendemos introducir la extracción parlamentaria de parte de los miembros del consejo rector y de la comisión.
Quisiéramos que nos explicara cómo se financia, con cargo a quién se financia el mantenimiento de la comisión y del órgano rector, porque sólo los siete altos cargos que ustedes crean en régimen de incompatibilidad de altos cargos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, un momento, por favor.
Señorías, les insisto en la necesidad de mantener el silencio. Yo les invitaría a SS. SS. a que contemplaran, a través del monitor de televisión, cuál es el grado de murmullo que llega a alzarse desde los escaños cuando SS. SS. se animan a trabajar en el hemiciclo lo que a lo mejor pueden despachar fuera de él. Les ruego encarecidamente que guarden silencio. Puede continuar, señor Diputado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Insoportable, oiga, que diría Forges.
Nosotros quisiéramos saber quién va a financiar la comisión y el consejo rector, porque sólo los siete altos cargos que ustedes crean costarán no menos de 125 millones al año, con lo cual los 200 millones que han ahorrado ustedes en total con la supresión de altos cargos públicos, verdaderamente quedarían reducidos únicamente a 75.
Segundo operador de redes y servicio. Desde el punto de vista jurídico es la única medida que justifica la promulgación de un real decreto-ley. Así se lo hicimos saber, me consta, no sólo mi grupo parlamentario, sino otros grupos parlamentarios de la Cámara. Políticamente, señor Ministro, ¿qué nos parece? Que el duopolio llega quizá demasiado tarde. En diciembre de 1995 se les propuso a ustedes la promulgación de un real decreto-ley que creaba el segundo operador. Se les dijo además que la privatización del capital se produciría en torno al mes de junio, con lo cual sería el nuevo Gobierno el que tendría la decisión, al parecer ya tomada por ustedes, de expulsar al BBV y a La Caixa de los accionistas de este segundo operador, para favorecer a un grupo financiero estrechamente vinculado con su partido político. Pero aún así, ustedes rechazaron la solución y, sin embargo, ahora copian literalmente el contenido del decreto, salvo la fecha de liberalización de los servicios finales y de los servicios portadores, que en nuestro decreto, tal como recoge la Unión Europea, era dentro de 18 meses, en 1998, y ustedes lo anticipan ahora mismo a la fecha de entrada en vigor del decreto, en su caso, de la ley. Y el duopolio, que ya iba muy ajustado en los timing que se proponían desde el Gobierno anterior, ahora resulta verdaderamente difícil que fructifiquen. Lo introdujo Inglaterra en el año 1982, creando Mercury como segundo operador frente a British Telecom. Catorce años después, en el año actual, Mercury controla 200.000 circuitos principales en Alemania, mientras British Telecom controla 26.600.000 circuitos principales. Ustedes quieren poner a competir Telefónica, que tiene una red troncal de más de un millón de kilómetros de fibra óptica, 900.000 circuitos interurbanos, más de 45.000 circuitos internacionales, con Retevisión, que tiene 46.000 kilómetros de circuitos analógicos, que es la prehistoria de la tecnología en telecomunicaciones, 162.000 kilómetros de circuitos digitales, que es una fase tecnológicamente más avanzada, de 34 megabits por segundo, que es también cuasi la prehistoria en telecomunicaciones, y solamente 40.000 kilómetros de circuitos digitales de 140 megabits; es decir, capaces de soportar servicios de banda ancha y la transferencia asíncrona de información.
Como usted comprenderá, a pesar de su esfuerzo de retrasar la entrada de Telefónica en la competencia del

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mercado de telecomunicaciones, la diferencia de instrumentos tecnológicos, la diferencia de «know how», la diferencia de capacidad de recursos humanos y técnicos hacen que, a pesar del exagerado --por decirlo en términos piadosos-- sesgo que el Decreto-ley tiene amparando a Retevisión y al grupo financiero que resultará adjudicatario con la máxima seguridad de esta concesión, resulta imposible pensar que en estos dieciocho meses se pueda crear realmente ese duopolio.
¿Por qué impiden entonces ustedes que Telefónica pueda dar servicios de banda ancha hasta veinticuatro meses después de resuelta la concesión en las demarcaciones? Considerando que el reglamento del cable no está hecho; considerando que las demarcaciones no están aprobadas; considerando que los reglamentos técnicos tampoco están elaborados; considerando que los concursos no están no ya resueltos, sino ni tan siquiera convocados, uniendo a eso los 24 meses de carencia que ustedes introducen, van a impedir que antes del año 2000 Telefónica pueda dar servicios de banda ancha. Van a impedir ustedes que siete millones y medio de familias españolas, cuyos hogares ya están pasados con fibra óptica por Telefónica, puedan tener acceso en el plazo de unos pocos meses a servicios avanzados de banda ancha. Me lo está usted impidiendo a mí; se lo está usted impidiendo a los miembros de esta Cámara, a los españoles, a las empresas, a todas aquellas empresas o bien personas que tienen la red troncal de Telefónica a menos de doscientos metros de su domicilio, faltando únicamente el contrato del bucle de abonado. (El señor Robles Fraga: Sí es posible.) ¿Cómo es posible, señor Michavila, que usted diga, entre otras cosas, las tonterías que dice hoy en la prensa? ¿Cómo es posible que ustedes paralicen el proceso de modernización de este país, de incorporación a la sociedad de la información, y lo hagan en nombre de la competencia fastidiando al usuario? Sí, ustedes perjudican a los usuarios; ustedes perjudican a los pequeños accionistas de Telefónica; ustedes han cesado, sin explicación ninguna, a un excelente gestor de Telefónica, con la consiguiente protesta de los grandes inversores que no encuentran razón ninguna para el cese que se ha producido. No es en nombre de la competencia, al menos entendida la competencia como instrumento al servicio del mercado y de la satisfacción de los bienes y servicios en cantidad y en calidad que se deben de ofrecer a los usuarios.
Yo lamento tener que afirmar desde esta tribuna que este decreto-ley es el primer pago de una hipoteca que ustedes tienen con poderes financieros, que van a conseguir introducirse en este mercado de competencia porque ustedes amarran a Telefónica, porque ustedes le impiden operar.
Pero no solamente eso. Meten ustedes una disposición transitoria en la cual dan una amnistía a los ayuntamientos del Partido Popular, que después de la fecha de entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, el 26 de diciembre, han convocado concursos de adjudicación de servicios de cable, en clara vulneración del contenido del artículo 86.1 de la Constitución, que excluye de las materias que se pueden regular por decreto-ley aquellas que afectan a derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, contenidas en el Título I de la Constitución, y ustedes lo están haciendo, porque están modificando la Ley de Telecomunicaciones por Cable y, por tanto, la prestación del servicio por cable, reconocido por el Tribunal Constitucional como un derecho y libertad fundamental por decreto-ley.
Pero, además de eso, dicen ustedes que la concesión será por diez años más el tiempo necesario para la finalización de las inversiones.
Cualquier demarcación medianamente compleja tardará no menos de seis u ocho años en conseguir que el cable llegue a los extremos más alejados de esa demarcación.


El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego vaya concluyendo.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy terminando, señor Presidente.
Cinco o seis años para finalizar las inversiones, diez años de concesión que ustedes le otorgan, y ahora, como impiden ustedes con su modificación de la ley que el Ministerio que usted dirige pueda crear demarcaciones y convocar concursos en las demarcaciones que al 1.º de enero de 1998 no estén constituidas, ¿sabe usted qué puede ocurrir, señor Ministro? Por eso le preguntaba el otro día quién había hecho este Real Decreto, no con motivo de ofenderle, como usted se dio por ofendido, sino porque no me cabe en la cabeza que ni el Consejo de Estado, ni ningún abogado del Estado, de mínimo rigor, haya leído y autorizado este Real Decreto ¿Sabe usted qué va a ocurrir? Que, por ejemplo, en Sevilla, donde, sin concurso siquiera, se ha adjudicado a dedo una licencia... (Un señor Diputado: En la Expo.) (La Expo fue un triunfo, para su pesar.) ... se ha convocado un concurso del cable y el ayuntamiento no va a tener ningún interés en constituirse en demarcación, porque ya tiene adjudicada su concesión de cable. Como el Ministerio, con la modificación que ustedes introducen, no puede forzar a la constitución de esa demarcación, no habrá concurso de cable y como no habrá concurso de cable, Telefónica, que sólo puede operar dos años después del concurso de cable, se quedará posiblemente sin poder operar en Sevilla, y en Madrid, y en Barcelona, y en Valencia y en Santander y en Jerez y en la parte más cremosa del mercado de las telecomunicaciones.
Esas cosas nos inquietan, señor Ministro, inquietan a Bruselas y por eso usted se marcha mañana a Bruselas a explicarle al señor Comisario Van Miert las incertidumbres que ustedes introducen con este Real Decreto.


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El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego concluya.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: E inquieta a los inversores internacionales, como hemos tenido ocasión de ver recientemente en Nueva York, porque tienen arriesgadas centenares de miles de millones de pesetas de fondos de inversión de Estados Unidos en Telefónica.
Esta gente sí piensa estas cuestiones y los que le han hecho a usted el decreto, señor Ministro, parece no haberse detenido a analizar durante unos minutos las consecuencias de las modificaciones que ustedes introducen, a alguna de las cuales me he referido y no a la mayoría de ellas.
Por tanto, señor Ministro, mostrando mi satisfacción por el acuerdo de su grupo parlamentario --a la fuerza ahorcan-- de tramitar el Decreto-ley como una ley, tengo que manifestar el rotundo rechazo jurídico y político del Grupo Parlamentario Socialista a los contenidos del Real Decreto-ley que, por supuesto, vamos a votar en contra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Tiene la palabra, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor Presidente.
Su señoría ha realizado una serie de reflexiones --por llamarlas de alguna manera-- sobre el Real Decreto-ley que no tienen nada que ver ni con el texto del Real Decreto, ni con la realidad que subyace, ni con la intencionalidad del Gobierno a la hora de redactarlo y someterlo a convalidación de esta Cámara.
La cuestión fundamental es saber cómo se sale razonablemente bien de un régimen de monopolio en la telefonía básica, sin perjudicar al monopolio, como empresa, porque ha de competir en el mercado, movilizando inversión e incorporando tecnología moderna y favoreciendo los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que persigue este Real Decreto-ley.
Usted podrá criticar la solución, pero frente a esa solución debería usted proponer otra alternativa, lo que no ha hecho en absoluto. Y le voy a demostrar por qué no lo ha hecho y por qué ha introducido una permanente contradicción con el único y exclusivo objeto de criticar el Real Decreto-ley.
La respuesta a la gran cuestión de cómo se sale de un monopolio no tiene más que tres posibles caminos: o se va a una liberalización gradual y controlada, breve en el tiempo, de infraestructuras, de redes y de servicios. Esto implica introducir una competencia limitada en el tiempo.
O se va, por el contrario, a una liberalización plena e inmediata, y habría que ver, entonces, las consecuencias que padecería Telefónica. O bien se mantiene el régimen de monopolio hasta que la legislación comunitaria nos imponga la liberalización inmediata y total.
No hay más caminos señoría. Y lo que para ustedes era un buen modelo hace un año se ha convertido en una solución demoníaca un año más tarde. Su argumentación carece, en todo caso, de fundamento. Me voy a permitir contestarle a las principales críticas que usted ha hecho al Real Decreto-ley.
Primero, usted ha querido demostrar que el duopolio en telefonía móvil digital se ha producido, ha tenido éxito, ha funcionado sin ningún tipo de limitaciones; falso, señoría. A Telefónica se le ha impuesto la congelación de tarifas de la telefonía analógica y, por consiguiente, ya se ha introducido una limitación a la actividad del monopolio. Porque, señoría, no se puede salir de un monopolio sin introducir limitaciones, es imposible. Y usted podrá criticar unas u otras limitaciones, pero sin limitaciones es imposible salir del régimen de monopolio. Y lo han hecho todos los países, de una manera o de otra, por un camino o por otro, pero lo han hecho todos los países.
En segundo lugar, ha criticado la urgencia de la comisión reguladora. Ha negado usted que sea urgente la constitución de esa Comisión reguladora.
Yo le diría que no es que sea urgente, es que es urgentísima, porque ya hay conflictos. No hay más que un duopolio en telefonía móvil digital y ya hay conflictos entre Telefónica y Airtel. Imagínese usted si es necesaria o no la comisión. Pero, además, la legislación comunitaria y el Comisario Van Miert nos exigen la puesta en marcha de esa comisión reguladora, para que nosotros podamos proteger los convenios internacionales de nuestra compañía telefónica. Porque la Comisión Europea no autoriza el Convenio de Unisource mientras no introduzcamos la comisión reguladora. Y, como es necesario que ese convenio de Telefónica con otras empresas europeas se produzca cuanto antes, es urgente poner en marcha la comisión reguladora.
Dice usted que no entiende por qué el arbitraje, que como facultad tiene la comisión reguladora, debe hacerse a petición de las partes interesadas. Señoría, porque hay sobrada jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalando que no es posible, en el marco de la Constitución Española, el arbitraje obligatorio. Y, como no es posible el arbitraje obligatorio, es imprescindible que las partes soliciten el arbitraje voluntario. Es una limitación constitucional que está, por otra parte, en la propia naturaleza del arbitraje. No debe haber arbitrajes obligatorios, las partes se someten a arbitraje voluntariamente y, entonces sí, la resolución de la comisión reguladora será vinculante.
Pero eso es doctrina del Tribunal Constitucional, no invención del Real Decreto-ley.
Dice usted que el duopolio llega tarde. Le decía antes que resulta pintoresco que hace un año el duopolio fuera imprescindible y 12 meses después el duopolio llega tarde. Si es un afán de criticar o de provocar un

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debate que pueda interesar a la Cámara, le puedo pasar el argumento, pero la inconsistencia es evidente.
Dice usted que se constituye este duopolio y hace usted un «razonamiento» --y lo vuelvo a poner entre comillas-- que, con perdón, señoría, es absolutamente infumable. Porque si usted piensa que el duopolio se pone en marcha por la presunta vinculación del Partido Popular con un grupo financiero, yo le diría a usted cuál es la vinculación que S. S. tiene con el otro grupo financiero. Y con eso, señoría, no hemos arreglado nada, no hemos discutido nada constructivamente y no hemos ilustrado a la Cámara. Sencillamente, es el tipo de argumentación rayano, señoría --y perdón por la expresión--, en la pura tontería.


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino, señor Presidente. El éxito del duopolio británico es el éxito razonable que puede tener una fórmula opinable como es el duopolio.
Mire usted, en Gran Bretaña bajaron los precios, lo que benefició a los consumidores y, además, se saneó la British Telecom, y hoy es la empresa más competitiva que existe en el mercado de las telecomunicaciones en el ámbito comunitario, como consecuencia de la existencia del duopoplio; es decir, que el duopolio fue un gran servicio que el Gobierno inglés le hizo precisamente a la British Telecom, y ése es el argumento que usted debería haber tenido en cuenta.
Concluyo, señor Presidente. Los 24 meses que se introducen como plazo para que Telefónica pueda operar en los servicios de telecomunicación por cable es un plazo máximo, señoría. El decreto-ley es prudente y ha previsto la posibilidad de rebajar ese plazo según la naturaleza de la demarcación de que se trate, porque hay demarcaciones en las que la puesta en marcha de la competencia va a exigir los 24 meses y otras demarcaciones en las que no será necesario esperar los 24 meses, pero en todo caso, señoría, estamos discutiendo y hace usted una tragedia por una diferencia de 15 meses. En la ley suya se establecía un plazo de nueve meses y ahora fijamos un plazo de 24 meses. Hacer una tragedia y un drama a la griega por 15 meses de diferencia, señoría, me parece una argumentación que es una broma.
Y, señoría, no hay ninguna amnistía para los ayuntamientos. Usted interpreta mal esa disposición transitoria. Esta disposición transitoria recoge doctrina del Tribunal Constitucional que, como usted sabe, dijo que en una situación de alegalidad los ayuntamientos tenían capacidad para adjudicar concesiones de cable, y eso es exactamente lo que pretende resolver la disposición transitoria de este decreto-ley, reconduciendo a un marco de legalidad todas y cada una de las adjudicaciones que se hicieron en esa situación de alegalidad. Y le añadiría: no se establece un plazo de 10 años para todas esas concesiones. Usted ha leído mal la disposición transitoria. Se habla de un plazo máximo, y se dice que se resolverá caso por caso y se dará un plazo distinto a cada caso, según las inversiones efectivamente producidas.
Por tanto, una vez más es una decisión prudente, que quiere reconducir a una situación de legalidad una situación caótica de alegalidad creada por SS. SS. durante el Gobierno socialista.
Señor Presidente, con ello concluyo. Señorías, el Real Decreto-ley es el producto de la incapacidad y de las ojeras ideológicas de un Gobierno que fue incapaz de poner en marcha seriamente un proceso de liberalización de las telecomunicaciones que en España ya está llegando tarde, y que nosotros hemos debido acudir a un Real Decreto-ley para poner en marcha algo que deberían haber puesto en marcha ustedes hace ya varios años. La legislación comunitaria, la más importante, está en vigor desde hace varios años, señoría, y las medidas de su Gobierno fueron, hasta la Ley del Cable, prácticamente nulas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor García-Arreciado tiene la palabra.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Subimos el tono del debate, señor Ministro? Lo vamos a subir. El fracaso y la incapacidad del Gobierno socialista se empiezan a manifestar en el año 1987, cuando separa el operador Telefónica del regulador, que también era la misma compañía Telefónica, situación generada por un Gobierno al que usted pertenecía: el regulador y el operador eran el mismo, y tenemos que esperar hasta 1987 para que se cree un órgano regulador, que es la Administración del Estado, y un operador que tiene que seguir las instrucciones de ese órgano regulador. Pero, además, el fracaso socialista en la materia consiste en tener en órbita dos satélites Hispasat con 24 transpondedores, con la oposición frontal de su grupo parlamentario al proyecto Hispasat. El fracaso es la creación de Retevisión, que en estos momentos da cobertura a la primera cadena en el 99 por ciento del territorio, a la segunda cadena en el 95 y a las privadas en más del 85 por ciento. El fracaso continúa por la Ley de las Telecomunicaciones por Cable que liberaliza, no sólo los servicios como en toda Europa, sino también las infraestructuras, o la ley del satélite que liberaliza las telecomunicaciones por satélite, o la ley de la televisión local, a la que ustedes se opusieron frontalmente, o la ley de los terceros canales que ustedes quieren ahora privatizar y que es también una ley del Gobierno socialista, o al hecho de que las televisiones privadas no existían en 1982, tras períodos de gobierno en los que usted había estado, y ahora existen y están asentadas. El fracaso del Gobierno

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socialista consiste en haber pasado de 8 millones de líneas telefónicas analógicas en 1982 a 16 millones de líneas telefónicas, el 74 por ciento de las cuales son digitales, en el presente año, y todas las centrales de conmutación con tecnología digital.
No tiene nada que ver lo que yo he dicho ni con la realidad ni con las intenciones del Gobierno en el Real Decreto-ley. Le voy a poner un ejemplo más de la desmesura, del abuso que se ha cometido con el Real Decreto-ley en lo referido a la dudosa urgencia y necesidad del mismo.
Establecen ustedes que el delegado del Gobierno en Telefónica desaparecerá el 1 de enero de 1998. No sé yo qué sentido, urgencia o necesidad tiene incluir en un real decreto-ley que dentro de 18 meses ya no habrá delegado del Gobierno en Telefónica.
¿Cómo se sale de un régimen de monopolio para entrar en un régimen de competencia? Pues como hemos salido. La LOT declaraba en monopolio los servicios portadores, los servicios finales, los servicios de valor añadido y todos los servicios en telecomunicaciones. No hay monopolio ni en el servicio de valor añadido ni en la telefonía móvil automática ni en los v-sat --aquí hay una competencia restringida, bien es cierto-- ni en la conmutación de datos ni en radiobúsqueda ni en grupos cerrados de usuarios, que se llaman redes trunking, etcétera. En todo eso, señor Ministro, hemos pasado del monopolio a la competencia sin decretos leyes, sin maniatar a nadie, sin paralizar el mercado, sin perjudicar a los usuarios.
Dice usted que la urgencia de la comisión reguladora viene dada porque ya hay conflictos. Y Secretaría General de Comunicaciones, y Dirección General de Telecomunicaciones, y Tribunal de Defensa de la Competencia que los resuelvan. En todo caso, no nos hemos negado a la creación de una comisión del mercado de telecomunicaciones. Lo que hemos dicho es que no nos parece lo suficientemente urgente para que se incluya en un real decreto-ley. Que se tramite como ley y posiblemente estaremos de acuerdo.
El arbitraje es con carácter obligatorio, voluntario, por sentencia del Tribunal Constitucional. Nos parece muy bien, pero también será entonces voluntario para las comunidades autónomas. Y ustedes dicen que no, que el asesoramiento --no es arbitraje, es asesoramiento--, en definitiva, que meter las narices en las comunidades autónomas no es a petición de las mismas, sino de oficio de la comisión nacional del mercado.
Respecto a la vinculación de nuestro partido a otros grupos financieros, qué más quisiéramos, señor Arias-Salgado, qué más quisiéramos que hubiera habido algo de esto. Desde luego, no ha habido ningún Botín en la historia reciente de la democracia que le haya dicho a nuestro Gobierno lo que tiene que hacer, ni cuándo tiene que hacerlo, ni por qué tiene que hacerlo.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: En unos instantes.
El duopolio bajó los precios en Inglaterra, sí señor, y produjo 65.000 desempleados. Y además lo introdujeron en 1982, con 14 años, para adaptar ese duopolio a la situación de competencia. Como le digo, al final de esos 14 años Mercury gestiona 200.000 líneas principales y British Telecom, además de ser compañía pionera en el mundo, más de 26 millones y medio de líneas principales en el Reino Unido.
Respecto a que no es importante rebajar el plazo de nueve meses que había antes a 24 meses porque, además, ustedes prevén la posibilidad de que la comisión del mercado de telecomunicaciones pueda rebajar este plazo caso por caso, pues peor me lo ponen. Están ustedes deslegalizando un plazo legal de nueve meses, igual que están deslegalizando el tope del millón y medio de usuarios que pueden estar abonados a un operador, que también puede ser modificado a criterio de la Comisión del Mercado de Valores, cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe taxativamente, por la técnica del real decreto-ley, introducir, bajo ningún punto de vista --dice--, medidas deslegalizadoras.
Sobre la amnistía me dice usted que la cláusula transitoria es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que me faltaba por escuchar, señor Ministro. Lo que el Tribunal Constitucional dice es: Pero lo que no puede el legislador es diferir sine die, más allá de todo tiempo razonable y sin que existan razones que justifiquen las demoras, la regulación de una actividad --como es en este caso la gestión indirecta de la televisión local por cable-- que afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental, como son los reconocidos en el artículo 20.1, a) y b), de la Constitución Española. Ponga usted esto en relación con el artículo 86.1 de la Constitución, que dice que en ningún caso se podrán tocar derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución en una norma con rango de real decreto-ley, y sostenga usted, si puede, en su tercera intervención, a la que por desgracia no puedo responder, lo que hacen con esta amnistía. ¿Sabe lo que va a pasar con esta amnistía? Que hay 700 operadores de televisión que se van a encontrar con una concesión de mínimo, como le he explicado antes, dieciséis o dieciocho años sin ir a concursos, sin contraprestación alguna y, además, si tienen mala fe --y según las leyes de Murphy lo que puede ocurrir, ocurre, es decir, que tendrán mala fe--, impidiendo a Telefónica actuar en esas demarcaciones que son las más jugosas.
Nada más, señor Presidente. Gracias por la paciencia que ha tenido en esta segunda intervención. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.


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Señor Ministro, para un brevísimo turno de cierre de este debate, en el que se entiende además consumido el turno a favor.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchísimas gracias, señor Presidente.
Yo nunca he negado que ustedes hayan legislado, señoría. Lo que ocurre es que han legislado mal y al final hay que modificar esas leyes para poder salir razonablemente bien de una situación de monopolio, que ustedes simplemente no han resuelto.
Segundo: Hay que demorar la supresión efectiva de la delegación del Gobierno en Telefónica por dos razones. Primero, porque la delegación del Gobierno tiene unas funciones que el Ministerio de Fomento no puede asumir en relación con los usuarios a plazo inmediato. Y en segundo lugar, porque no es tan fácil como usted cree, señoría, poner en marcha una comisión reguladora del mercado de las telecomunicaciones, que exige desde la transferencia de expedientes administrativos hasta la constitución de una infraestructura de asesoramiento multidisciplinar, enormemente compleja de montar. Probablemente, la puesta en marcha de esa comisión reguladora llevará no menos de doce meses. Por consiguiente, prever la desaparición de la delegación del Gobierno el 1 de enero de 1998 es simplemente una medida de prudencia.
Tercero: Usted confunde --lo comprendo, no es jurista-- el arbitraje con el asesoramiento, que no tienen nada que ver, y como no tiene nada que ver el arbitraje con el asesoramiento, su argumentación simplemente carece de sentido; no se tiene de pie desde el punto de vista jurídico, ni siquiera a los meros efectos dialécticos.
Habla usted de las declaraciones del presidente de un determinado grupo financiero. ¿Quiere que repasemos la hemeroteca y veamos las declaraciones que, allá por los principios de los años ochenta, hacían otros presidentes de grupos financieros? Podemos repasar la hemeroteca, señoría; podemos repasarla. Va a haber muchas más declaraciones en apoyo al Gobierno de S. S. que al Gobierno del Partido Popular.
Y señoría, aquí no se deslegaliza. El arbitraje que como función debe ejercer la comisión reguladora exige, necesariamente, una regulación de urgencia. Eso no implica para nada deslegalizar, ni tampoco es deslegalizar resolver caso por caso --y con ello concluyo, señor Presidente-- los problemas planteados por la desidia legislativa de su Gobierno hasta la promulgación de la Ley del Cable.
Mire usted, señoría, por mucha lectura literal que quiera hacer de la sentencia del Tribunal Constitucional, jurídicamente significa una cosa sólo: las adjudicaciones hechas por los ayuntamientos antes de la entrada en vigor de la Ley del Cable son simplemente legales y no se pueden perjudicar los derechos adquiridos por los adjudicatarios. Se lo digo a S. S. porque hay ayuntamientos socialistas que han hecho esas adjudicaciones antes de la entrada en vigor de la Ley del Cable; adjudicaciones, señoría, que son, desde un punto de vista jurídico, plenamente legales. Eso es lo que significa la sentencia del Tribunal Constitucional y no otra cosa. Por consiguiente no insista usted. Es mucho mejor reconducir hacia un marco de legalidad todas esas situaciones creadas al amparo de una situación de legalidad que dejarlas a su aire en un mercado loco y caótico como el que han creado ustedes con la Ley de Televisiones Locales, que no es objeto de este debate pero que tendrá que serlo en esta Cámara porque realmente han sido ustedes incapaces de reconducir a la legalidad una situación caótica de plena ilegalidad. Esa es la eficacia de las leyes que su Gobierno ha propuesto a esta Cámara y que han salido adelante con su mayoría.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, intervengo muy brevemente para explicar nuestra posición en relación con este proceso de intereses contrapuestos y contradictorios, según las palabras del propio señor Ministro de Fomento.
Desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego nos tenemos que expresar en términos de cierto estupor porque, efectivamente, cuando se habla de libre concurrencia en el debate al que estamos asistiendo, se nos tiene que hablar de un monopolio de carácter dual. Cuando se habla de igualdad de trato está subyacente la promoción de un grupo determinado vinculado al aparato del Estado hoy por hoy, como es Retevisión, u otro muy vinculado a los Gobiernos anteriores, como puede ser Telefónica. Y cuando se habla de liberalización se reconoce que, en todo caso, el Estado tiene que actuar en función de empresas públicas más o menos privatizadas y que, por tanto, no puede prescindir de un cierto grado de reglamentación de este tipo de temáticas. Y por fin, cuando se habla de internacionalización, se nos dice que es inevitable cierto proteccionismo si queremos mantener una cierta dosis de autonomía en un tema tan importante como el de las telecomunicaciones.
En definitiva, señorías, estamos hablando de una guerra de intereses oligárquicos que es así de clara porque no se quiere reconocer que cuando menos el Estado tendría que garantizar, con todo tipo de colaboración, las infraestructuras de las telecomunicaciones, las redes básicas, y discutir después la pluralidad de los servicios que se iban a ofertar a través de ellas.
Pero, en relación con el decreto que nos ocupa, nosotros queremos expresar nuestra preocupación por

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que a través de un decreto-ley se vayan a modificar aspectos de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de Telecomunicaciones, precisamente para poder asegurar una competencia plena a concesiones, que serán muy paralegales o que es interesante legalizar, de los ayuntamientos por encima de un poder competencial de las comunidades autónomas, que debía estar garantizado por ley, aunque tuviese que tener, lógicamente, determinado tipo de requisitos de carácter de servicio público. Pensamos que es grave que en el terreno de las telecomunicaciones no se garanticen los derechos lingüísticos de las comunidades que están integradas en el Estado español y determinado tipo de características de servicio público.
Piensen ustedes lo que puede pasar con redes de telecomunicación por cable cuya concesión está dada exclusivamente por corporaciones locales.
Vamos a llegar a un grado de atomización peligrosísimo, sobre todo en países como Galicia donde no existe un poder político suficiente para hacer una reglamentación de servicio público clara.
En definitiva, señorías, no entendemos tampoco cómo un decreto que se presenta en nombre de la liberalización establece la gubernamentalización más descarada a través de una comisión del mercado de telecomunicaciones, que es un apéndice del Gobierno. En todo esto vemos graves contradicciones y preferíamos que se enfrentase radicalmente el problema de la Ley de Telecomunicaciones por Cable, que se modificase con todo el equipo en este Congreso de los Diputados y que se pudiese dar pie a un debate sobre el papel de las comunidades autónomas en esta cuestión de tanta gravedad para el futuro de todas ellas y, en definitiva, del Estado español. Por tanto, nuestra posición será contraria, sobre todo por farragoso, por contradictorio y por posibilitar que los ayuntamientos vayan a actuar por libre.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria, al fijar su posición en la convalidación de este Real Decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones, se sitúa en lo que es un proceso dinámico, abierto ya hace años por disposición de los compromisos que el Gobierno español, como miembro de la Unión Europea, ha aceptado de las normativas comunitarias, y así hemos podido ver cómo se han llevado a cabo en las legislaturas pasadas, cuando lo debatimos aquí y por las decisiones del Gobierno socialista en estos últimos años, liberalizaciones en el campo del desmontaje de los monopolios. Empezamos primero con Campsa, todo el monopolio del arrendamiento de los productos petrolíferos, y posteriormente se pasa al desmontaje del monopolio de la telefonía móvil. En el campo del monopolio arrendatario de petróleos, la antigua Campsa, ya se concreta de alguna manera dado que hay que dar una distribución de cuotas de mercado en razón de lo que llamaríamos operadores, es decir, los refinadores, las refinerías instaladas en el territorio español por distintas empresas privadas que van accediendo a ese mercado y se compatibilizan, incluso se entra en el campo de la distribución minorista en las estaciones de servicio. Y ahora llegamos a las telecomunicaciones por este imperativo de la normativa de la Unión Europea. Nosotros creemos que este Real Decreto-ley está en esa línea y por esa razón fundamental, que ahora explicaré en detalle, Coalición Canaria va a votar favorablemente la convalidación del mismo.
Creemos que se han tratado tres aspectos fundamentales de garantía. En primer lugar, como bien ha señalado, y en esto participamos del criterio sistemático que ha manifestado el señor Ministro, desmontar un monopolio no es una operación fácil. O se hace un desmontaje rápido, y se pueden producir consecuencias indeseables o perversas; o se puede optar por un desmontaje paulatino y ordenado, que creemos que es el que hace el Real Decreto-ley y va a permitir que se introduzcan dos operadores; o se puede hacer con el mantenimiento del monopolio, que se nos agoten los plazos y que en un momento determinado se nos encienda la luz roja por imperativo de la normativa comunitaria de Bruselas. Entonces haríamos las cosas mal y a destiempo y no podríamos liberalizar con calidad de servicio para el usuario público, que es lo que aquí interesa, porque en el fondo hace falta que el usuario normal español se encuentre con una competencia libre, sana y transparente que le permita el acceso a un mercado moderno en el que no podemos perder el ritmo.
En el artículo 1.º del Real Decreto-ley nos parece acertada la creación de una comisión del mercado de telecomunicaciones. Nos hubiera preocupado tremendamente que se hubiera liberalizado el mercado de las telecomunicaciones sin un organismo interpuesto de regulación y de garantía con tres funciones fundamentales que aquí se señalan. En primer lugar, salvaguardar las condiciones de la competencia, porque también es muy peligrosa la competencia entre dos, ya que pasaríamos de un monopolio a un oligopolio, en el que se hace una segmentación de los mercados y se lo reparten por acuerdo de precios. Tenemos un antecedente que hay que tener en cuenta. Los buenos deseos que se especificaron en el espíritu y en la letra de las disposiciones que desmontaron el monopolio de Campsa no se han reflejado en la política de precios al consumidor de combustibles en estaciones de servicio, ya que pese a la diversidad de marcas parece que se han puesto de acuerdo en la fijación de los precios unitarios, sea cual sea la distribuidora que suministra combustible a cualquier vehículo en España. En segundo lugar,

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la correcta formación de precios. Creemos que la comisión del mercado de las telecomunicaciones debe, al menos en los primeros años, tutelar, dirigir y orientar la correcta formación de los precios, para evitar efectos de reparto de mercado que perpetúen los males del monopolio los oligopolios de dos operadores o concesionarios. En tercer lugar, creemos que es de modernidad operativa que haya un órgano no judicial de resolución arbitral de los conflictos.
En el artículo 2, señorías, se produce un avance en algo que era necesario: adaptar a una realidad latente tanto la Ley de 1987, como la que la reformó en el año 1992, la ordenación de las telecomunicaciones.
La modificación de la Ley 42 de 1995, que vino a regular las telecomunicaciones por cable, se hace también de modo imperativo. Debemos tener perfectamente regulada la Ley de Telecomunicaciones por vía satélite, pues ya hemos visto lo que ha pasado en la desregulación de la telefonía móvil, que ha ido penetrando en las cuotas de mercado y de utilización, pues es donde está el futuro la telefonía vía satélite. A veces, el legislador se queda por detrás de los avances tecnológicos, por lo que hay que evitar que el mismo entorpezca el avance y la aplicación de toda la tecnología que hoy día se encuentra detrás de este sistema.
Entendemos --y este es el tercer punto de apoyo a la convalidación-- de sentido común que el Gobierno, al conceder el segundo operador de telecomunicaciones, se lo adjudique no a una nueva entidad que pudiera surgir, sino a una que ya estaba formada. Creo que este fue un mérito del Gobierno anterior cuando en 1988 aprobó la Ley 37 por la que se creaba el ente público de Retevisión y que fuese sobre el marco de Retevisión, con unas nuevas condiciones legales, sobre el que mediante una aplicación de contrato de gestión de servicio público se utilice la figura jurídica de este ente público para adjudicarle directamente la licencia de segundo operador de telecomunicaciones y que se haya hecho de una manera distinta, de forma que no pueda dar origen a un contencioso ante Bruselas, como se hizo con la telefonía móvil: a Telefónica no se le cobró la concesión y a Airtel se le cobró más de 80.000 millones de pesetas. Eso sí que llama poderosamente la atención. Ahora creo que se ha hecho de una manera más limpia, más equilibrada, más equitativa, sin exonerar a Telefónica de un depósito para la concesión, y a una compañía privada como Airtel, en la que también hay intereses financieros, se haya cubierto su concesión previa una exigencia de depósito que ya veremos qué se dice del mismo en el contencioso ante Bruselas.
Por todas estas razones, señorías, y por dar racionalidad a algo que no puede pararse, en aras de la brevedad, vamos a dar nuestro apoyo a la convalidación de este Real Decreto-ley de las telecomunicaciones.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco va a dar su voto favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley, que presenta el Gobierno, en relación a la liberalización de las telecomunicaciones, y lo va a dar, básicamente, porque los aspectos sustanciales sobre los que se estructura este Real Decreto-ley coinciden con posturas clásicas mantenidas por el Partido Nacionalista Vasco.
En un primer bloque, el Gobierno crea la comisión del mercado de las telecomunicaciones como un órgano que se pretende independiente a los efectos de la regularización del sector, con unas funciones determinadas.
En la tercera parte del Real Decreto-ley se fomenta y se prevé la liberalización del mercado, la creación del segundo operador, con la privatización de Retevisión, postura que ha sido defendida por el Partido Nacionalista Vasco, con la peculiaridad, señor Ministro, de que se da el segundo título habilitante a este ente de Retevisión. Entraré después en los detalles en relación a esa matización. Y en el cuerpo del Real Decreto-ley se fomentan una serie de medidas en relación a la liberalización y al fomento de la competencia en el sector. En conjunto, son medidas que el Partido Nacionalista Vasco no puede más que favorecer y aprobar.
Las reticencias por parte del Grupo Parlamentario Vasco están en la metodología de trabajo, por una parte, y en los matices competenciales que este Real Decreto-ley nos presenta. En la metodología de trabajo, porque en relación a la puesta en vigor de este Real Decreto-ley el Ministerio ha sido coherente con las posiciones que el Partido Popular ha manifestado a través de sus programas electorales en la propia campaña electoral, ha sido coherente con trabajos previos que desde el Ministerio anterior se venían desarrollando, y sin embargo no se han visto reflejadas las posturas de otros grupos como la del Grupo Parlamentario Vasco que, a través de las mismas legítimas oportunidades, ha podido exponer sus posiciones en relación a estos temas. Seguramente estaríamos en una posición mucho más limpia y mucho más segura en este momento si, previa la puesta en vigor de este Real Decreto-ley, el Gobierno hubiera tenido oportunidad de conversar y transar sus posiciones con distintos grupos parlamentarios, porque el acercamiento hubiera sido inmediato y, a través de los matices, se hubiera podido llegar a un texto de real decreto-ley en el cual se recogieran posturas que reflejaran también la mayoría de esta Cámara.
Insisto, señor Ministro, en que nosotros estamos de acuerdo en el fondo del Real Decreto-ley. Estamos a favor de la liberalización del sector, estamos a favor de la

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introducción de competencias en este sector. Vemos bien que haya un órgano independiente en relación a su regularización y que se privatice, por un lado, Retevisión, y que, por otro lado, en lo que es el mercado de telecomunicaciones, se ponga a Telefónica en su sitio. Nos sigue llamando la atención la postura del Grupo Socialista que sigue defendiendo Telefónica por encima de cualquier otra consideración. Lo hemos padecido en legislaturas anteriores, intentando centrar la postura del Gobierno y del Grupo Socialista, y en este momento nos encontramos con posturas que entendemos que desde el Gobierno son razonables de mantener.
En relación a la comisión del mercado de las telecomunicaciones, el Grupo Parlamentario Vasco entiende que debe ser un órgano independiente, como se dice en la exposición de motivos. Quizás haya cierta incoherencia al indicar que este órgano, que se pretende independiente en la exposición de motivos, venga íntegramente nombrado por el Gobierno o por el Ministerio. Existen ahí ciertas disfuncionalidades, ciertas incoherencias que probablemente habría que ajustar, al igual que las funciones que se otorgan a esta comisión del mercado de las telecomunicaciones que en su redacción, entendemos, han sido realizadas de una forma holística, de la forma más general en su propio planteamiento, sin tener en cuenta que existen administraciones competentes con relación a estos mismos temas y que se podían matizar dichas funciones. Nosotros creíamos que con la puesta en vigor de la Ley de Telecomunicaciones, en la legislatura anterior, aquella discusión semántica entre lo que son telecomunicaciones y lo que son medios de comunicación social había quedado superada. Vemos que en la redacción de este Real Decreto-ley el hilo conductor de aquella discusión no ha sido suficientemente reflejado.
En relación a la privatización de Retevisión como segundo gran núcleo de este Real Decreto-ley, digo con claridad que estamos a favor de dicha privatización. Existe la dificultad añadida de que es el propio decreto el que da el título habilitante como segundo operador a Retevisión en su conjunto, y sería interesante articular fórmulas para que otros operadores, operadores regionales, puedan encontrar ámbitos de colaboración con Retevisión, a los efectos de que la constitución de este segundo operador tenga, tanto desde la dimensión política como desde la dimensión empresarial, la suficiente masa crítica como para que podamos constituir un mercado de telecomunicaciones potente, con dos operadores, en lo que se llama ahora el duopolio, pero en la consideración de que hacen falta empresas potentes que generen confianza de cara a la inversión. Entendemos que existen, desde el Derecho mercantil --usted mismo, señor Ministro, lo anunció ayer, en el Senado--, fórmulas para poder abordar estas situaciones y esperemos que se puedan encontrar.
En el centro de los contenidos del Real Decreto-ley, encontramos un totum revolutum de medidas que inciden en la liberalización del sector; algunas más afortunadas, otras con las que estamos en clara discrepancia. Yo participo de la intervención del portavoz socialista, en el sentido de que aquellas posturas clásicas en esta Cámara del Grupo Parlamentario Popular han sido recogidas en el Real Decreto-ley, quizá con excesiva beligerancia. Yo creo que se podía haber sido más inteligente en la redacción de estos artículos del Real Decreto-ley, con el fin de buscar... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González de Txabarri.
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Señor González de Txabarri, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Como decía, en el sentido de encontrar eso que el señor Ministro decía en su intervención, ese equilibrio de liberalización entre intereses contradictorios. Yo creo que el señor Ministro lo ha reflejado con mucha claridad en su intervención.
Existen intereses contradictorios en este sector y hay que buscar un equilibrio de liberalización. Quizás alguno de los contenidos de ese tronco central del Real Decreto-ley tampoco encuentra, en nuestra opinión, ese punto razonable de equilibrio, pero, en el conjunto, son matices, señor Presidente, son posturas que comparte el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Creemos que pueden existir bases de acuerdo entre distintos operadores para que ese título habilitante concedido en este Real Decreto-ley a Retevisión pueda encontrar fórmulas desde el Derecho mercantil.
Entendemos que el Gobierno debiera responder en el momento de la convalidación de este Real Decreto-ley a dos preguntas clave: la primera, dado que aquí ya no se puede hablar de tendencias de forma genérica de cara a la liberalización sino que la liberalización se está produciendo de iure, yo creo que hay que responder a la pregunta de con qué fecha.
Esa es la pregunta a la que el Gobierno debe contestar, porque de cara tanto a los inversores como a los propios grupos parlamentarios es una de las claves que hay que resolver: la clave temporal; es decir, en qué espacio, en qué escenario --como se dice ahora-- nos encontramos de cara a esa liberalización. Y la segunda sería la de si el proyecto legislativo por parte del Gobierno en esta legislatura se agota con este Real Decreto-ley o van a existir fórmulas, dentro de esta misma legislatura, para tender hacia la liberalización, hacia la libre competencia en este sector, ordenando la anterior Ley de Telecomunicaciones con los contenidos de este Real Decreto-ley. Estas son dos de las preguntas en nuestra opinión razonables que el Gobierno aborde en este debate.
Existe un tercer punto, señor Presidente --para terminar por mi parte--, en el sentido de plantear cuál es la postura del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) en relación,

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una vez convalidado, en su caso, este Real Decreto-ley, a su tramitación como proyecto de ley. Nosotros entendemos las razones de urgencia del Gobierno para poner en vigor este Real Decreto-ley. Que se cree esta comisión del mercado de las telecomunicaciones y que se privatice Retevisión son razones de urgencia para incidir en el mercado de una forma distinta y clara. Las asumimos y las mantenemos y entendemos, además, que el que se tramite como proyecto de ley puede tener una cierta incidencia en sectores concretos económicos e incluso políticos; son razones que, en nuestra opinión, hay que comprender y clarificar. Como he dicho al principio de mi intervención, se hubiesen subsanado, desde el punto de vista político, si el Gobierno hubiera mantenido una metodología de trabajo distinta a la hora de la puesta en vigor de este Real Decreto-ley. No estamos en esa tesitura en este momento. Quizás estemos diciendo que no debe haber más precedentes en este sentido. Si se anuncia por parte del Gobierno un nuevo proyecto de ley que venga, de alguna forma, a dar un nuevo cuerpo a ese tema de las telecomunicaciones, nos podíamos encontrar en el absurdo de estar tramitando esto como proyecto de ley, cuando el Gobierno ya vaya a remitir uno nuevo, lo cual sería un sinsentido, incluso desde el mismo punto de vista parlamentario.
Por tanto, indicamos que el Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar la convalidación de este Real Decreto-ley y que existen razones importantes en el sentido de que esta Cámara entienda, si el Gobierno anuncia por una parte la fecha y por otra la puesta en vigor de un nuevo proyecto de ley, que su tramitación como proyecto de ley pueda no ser razonable.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario ha estudiado con detenimiento el contenido de este Real Decreto-ley de liberalización de las telecomunicaciones, y quiero manifestar, en primer lugar, que tenemos una coincidencia básica, una coincidencia global con el mismo, aunque también debo decir que mantenemos discrepancias con algunos de sus artículos; discrepancias que, aunque seguramente no se refieren a aquellos aspectos del Real Decreto-ley que justifican su urgencia, sin embargo se refieren a aspectos que tienen un calado político que nuestro grupo considera que es importante. A pesar de todo ello y por lo manifestado ya anuncio que nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de su convalidación por esta coincidencia básica global.
El Real Decreto-ley, como nos explicaba el Ministro hace un momento, tiene cuatro partes muy claramente diferenciadas y a ellas me voy a referir a continuación.
En primer lugar, se crea la comisión del mercado de las telecomunicaciones. Con esta propuesta parece que se quiere trasladar a nuestro país el modelo que ya existe en otros, consistente en la creación de un organismo que tiene capacidad de salvaguarda de las condiciones de competencia de un mercado como éste donde, a menudo, resulta muy difícil, sin intervención pública, garantizar precisamente estas condiciones de competencia y evitar monopolios de hecho. Asimismo, a este organismo, según el Real Decreto-ley, se le otorgan facultades de intervención en la fijación de los precios.
El modelo de organismo que desde una posición independiente ejerce de árbitro en el mercado de telecomunicaciones a nuestro grupo parlamentario no le parece mal en absoluto. Pero, dicho esto, también nos aparecen serias dudas en relación al modelo que nos propone el Gobierno, ante todo en cuanto a su composición, siete consejeros de designación exclusivamente gubernamental, que no creemos que sea la más adecuada, ya que, de no modificarse en el futuro, supongo que a través de la norma que hace un momento se intuía por un anterior portavoz, parece que estemos más ante una Dirección General de Telecomunicaciones ampliada, porque de hecho las competencias serían similares, que ante el organismo nuevo que nosotros creemos necesario. Por tanto, este grupo parlamentario piensa que debería modificarse en su composición y también encontrar una fórmula que incrementara su pluralidad e incluso la independencia gubernamental de dicha comisión.
También debemos expresar las dudas que tenemos en relación a las competencias de la comisión. En ese sentido creo que su capacidad de incidencia queda francamente disminuida cuando se le atribuye capacidad de arbitraje en los conflictos que pudieran surgir entre operadores, pero exclusivamente un arbitraje con carácter voluntario. Por tanto, nosotros creemos, y pienso que es obvio, que la capacidad de obligar por parte de las decisiones de esta comisión en los conflictos que puedan surgir entre operadores, sólo se produciría cuando existiera una sumisión expresa al arbitraje de la comisión. En ese sentido pensamos también que su capacidad --repito-- queda francamente disminuida o cuando menos no se sitúa al nivel que nuestro grupo parlamentario entiende debe tener una comisión como ésta.
En segundo lugar, el Real Decreto-ley contiene toda una serie de modificaciones de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Es ésta una ley que ha sido profundamente debatida en esta Cámara. El proyecto de ley que nos remitió el Gobierno fue objeto en su momento de aprobación, allá en el año 1987, y, a continuación, fue objeto en la anterior legislatura de un proyecto de ley de reforma. Las modificaciones que nos propone el Gobierno en relación a esta ley no puedo decir nada más que son acertadas y además son absolutamente

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necesarias. La liberalización de las telecomunicaciones no es algo que nos estemos inventando, sino que es una imposición del desarrollo mundial y también una exigencia de la Unión Europea. Obviamente la apertura de los servicios finales (para entendernos, el teléfono, pero también el telégrafo o el télex) o de los servicios portadores, es decir, las líneas, a la competencia, así como también de las redes existentes, son algunas de las medidas que se contemplan en el texto que el Gobierno somete hoy a nuestra consideración. De hecho, son medidas que suponen quitar de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones unas limitaciones a este proceso de liberalización, pero que por sí mismas no son suficientes para procederse a dicha liberalización. Por tanto, quedan condicionadas a posteriores decisiones del Gobierno.
En cuanto a las modificaciones en la Ley de Telecomunicaciones por Cable permítame, señor Ministro, que le diga que a nosotros nos parece que son un poco más arriesgadas en relación a las que se introducen, por ejemplo, en el texto de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. No podemos olvidar, como punto de referencia, que estamos ante una ley, la de Telecomunicaciones por Cable, de aprobación reciente --al final de la anterior legislatura--, que fue objeto de un larguísimo proceso de tramitación en la Cámara, de una larga negociación, en la cual participó nuestro grupo parlamentario, y de una larguísima tramitación, no precisamente por la dificultad de la negociación, sino porque por la obstinación de algunos el proyecto de ley gubernamental estuvo exactamente nueve meses en situación de espera en este Parlamento sin que se diera ningún paso en ningún sentido, ni de retirar el proyecto de ley, ni tampoco de intentar efectuar un acercamiento a los grupos parlamentarios para desbloquearlo; desbloqueo que se produjo luego precipitadamente en el mes de octubre del año 1995.
Quiero referirme muy brevemente a algunas de las novedades que introduce el Real Decreto-ley respecto a esta Ley de Telecomunicaciones por Cable.
Concretamente me voy a referir solamente a dos. De un lado, modifica el artículo 2.4 de dicha ley, que es el que se refiere a la alteración de las demarcaciones. Sin duda alguna debo reconocer que existe una cierta lógica del Gobierno en su propuesta, como también tenía su lógica la distribución competencial en cuanto a la alteración de demarcaciones que surgía o que se plasmaba en la ley que aprobamos en el año 1995. Por ello pienso que quizá sería conveniente que sometiéramos este artículo a una reflexión más profunda.
La segunda novedad a la que me quiero referir es, diría, aún más comprometida e incluso arriesgada que la anterior, y estoy hablando nada más y nada menos que de la disposición transitoria primera, la cual se refiere a los concursos municipales de cable convocados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Telecomunicaciones por Cable. Con dicha disposición se garantiza a las sociedades adjudicatarias de estos concursos una licencia que puede llegar a ser de hasta diez años, y ello en el supuesto de que no ganaran el concurso convocado. Debo decirle sinceramente, señor Ministro, que a nuestro grupo parlamentario este precepto no nos causa el más mínimo entusiasmo, sino más bien lo contrario, por cuanto no podemos olvidar que estamos hablando de unos concursos convocados con ánimo beligerante en relación a una ley que estaba en fase de tramitación en el Parlamento, y además unos concursos convocados haciendo uso de una competencia que en todo caso nosotros entendemos que no es municipal.
Por último, y termino señor Presidente, el Real Decreto legislativo otorga título habilitante a Retevisión para poder operar en telefonía.
Poco podemos decir al respecto. Simplemente que esta propuesta es razonable e, incluso, nos parece acertada. Entendemos que el sistema de duopolio que se intenta dibujar de alguna forma en sus líneas maestras con este Real Decreto legislativo es un proyecto que es conveniente para el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país.
Debo decirle también que más que la creación de la figura del segundo operador a través de Retevisión, nos preocupa el futuro desarrollo que pueda tener este sistema de duopolio o el hecho que se empieza a dibujar en el texto del Real Decreto en lo que se intuye como modelo cuando en el propio Real Decreto se le está otorgando ya una licencia de telefonía urbana, interurbana e internacional.
No voy a extenderme más, señor Presidente. Para terminar quiero subrayar que nuestro grupo mantiene discrepancias con el texto del Real Decreto-ley y que, por tanto, tras su convalidación vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley, de un lado con el interés de introducir enmiendas, algunas importantes como he subrayado, pero de otro también porque nos parece que los temas que trata este Real Decreto-ley son de suficiente importancia y trascendencia para que merezcan un debate más en profundidad en la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A juicio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Real Decreto-ley de privatización de las telecomunicaciones resulta precipitado, que no es lo mismo que urgente, es engañoso por lo que respecta a la creación e instauración del segundo operador, es vengativo en relación con la Ley de las Telecomunicaciones por Cable, recientemente aprobada en esta Cámara; ciertamente, me va a permitir la expresión, señor Arias-Salgado,

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es algo esperpéntico por lo que se refiere a la creación de una supuesta comisión independiente del mercado de telecomunicaciones, y hasta cierto punto, en el Real Decreto-ley, se trasluce una cierta inquina hacia Telefónica, la empresa Telefónica, que es una de las empresas más grandes de España y la que sin duda ha trabajado mejor en el extranjero y que integra, como usted mismo sabe, a unos 60.000 trabajadores.
Es precipitado a nuestro juicio el Real Decreto-ley. España intenta ser --mañana se va a ver usted, parece, con Van Miert-- más papista que el Papa e intenta llevar una serie de trofeos sumamente liberalizadores, por lo menos de palabra, a esta reunión un día antes de que se reúna el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de Europa. Usted intenta demostrarle --no se va a transmitir el contenido de la conversación, pero estoy seguro que se lo va a decir-- que España va a dar más facilidades que ningún otro país para la liberalización de las telecomunicaciones; y, en segundo lugar para la inserción de empresas extranjeras dará más seguridad, a través de una intervención de dos años, hasta finales de 1999, para que a través del segundo operador se instalen multinacionales extranjeras. Al mismo tiempo, usted va a llevarle estos trofeos intentando solucionar temas pendientes como el canon de Airtel, Cablevisión o la alianza de Telefónica con Unisource, que está todavía pendiente de algunas medidas de liberalización.
Se trata también de un Real Decreto-ley engañoso por lo que se refiere al tema del duopolio. Tiene una cierta estructura cínica que oculta el fondo real de la cuestión. Ustedes dicen que constituyen un duopolio; con la ampliación de la protección hasta 31 de diciembre de 1999 no realizan la liberalización completa, con la idea, dicen, de fortalecer tanto a Telefónica cuanto a Retevisión, al segundo operador, hasta la liberalización total, dos años después de la fecha prevista por todos. A nuestro juicio, no se trata realmente de esto. Se va a intentar, creemos, recompensar a una serie de grupos financieros --alguno de los cuales incluso está empezando a funcionar como un auténtico poder fáctico en política-- que se quedaron fuera del núcleo duro de accionistas de Telefónica y a los que se va a reenganchar a partir de esta operación de protección específica con respecto a la instauración del segundo operador a través de Retevisión.
Ustedes intentan, efectivamente, fortalecer a Retevisión, pero el problema de fondo no es discutir el duopolio, no es discutir la instauración de un segundo operador, sino ir al fondo de la cuestión, y es que dentro de un par de años aproximadamente ustedes van a privatizar totalmente el segundo operador, lo van a fortalecer, lo van a proteger, y no sólo esto, sino que, como consecuencia --ahí funciona una cierta inquina comercial y política contra Telefónica--, a partir de ahí privatizarán y a partir de ahí también ciertas empresas multinacionales --y esto ha pasado en otros países-- que no podrían aterrizar en este país, que no podrían aterrizar en España si el segundo operador tuviese una fuerte componente del sector público, van a encontrar en Retevisión, en el segundo operador, una especie de caballo de Troya que, naturalmente, les abra las puertas del mercado español en mejores condiciones de lo que sería con una liberalización total a partir de ahora o, naturalmente, manteniendo una gran parte del segundo operador en el sector público.
Estoy tentado de decirle, señor Arias-Salgado, que están ustedes empezando a legislar contra los intereses nacionales. Se lo digo con plena responsabilidad, en función de un análisis riguroso de las consecuencias de este Real Decreto-ley y después de muchos contactos, después de muchos análisis, después de muchos debates. En todo caso, lo que está claro, y no se oculta casi en el texto del Real Decreto-ley, no aparece ni siquiera como un síntoma sino como algo directamente dicho en la letra, es que se perjudica notablemente a Telefónica. Perjudicar a Telefónica en este momento --no estoy haciendo una defensa, como si Telefónica fuese una especie de patria, que lo es para algunos, una especie de cultura especial de la mejor, de la más grande empresa o la que mejor ha llevado los intereses nacionales fuera-- supone llevar el terreno a una competencia especial que va a afectar al servicio público universal, no ya de telefonía, porque la telefonía está extendida de una manera adecuada, pero sí de telecomunicación de calidad.
Una de las consecuencias fundamentales que se deduce de este Real Decreto-ley, en función de una competitividad que va a llevar a las empresas a los mercados de mayor importancia, es que a raíz de esta manera de legislar, en este país habrá una telecomunicación para ricos y una telecomunicación para pobres en servicios nuevos, en servicios de calidad, en una serie de servicios que superan incluso el tema del teléfono, por descontado también en el tema de la televisión por cable, que van a separar, a segregar, a estratificar no sólo por razones de territorio o de clase social, sino por razón de acceso a este tema fundamental, que es el de la vida telecomunicativa a partir de ahora, que va a ser, en gran parte, uno de los perfiles fundamentales del siglo XXI.
Se está ayudando a debilitar a Telefónica, e incluso introducen, cuando cambian la LOT, elementos de gran rigidez que pueden afectar a las tarifas; pueden afectar a tarifas especiales para Retevisión o incluso impedir bajada de tarifas en Telefónica, tal como vayan las cosas a partir de ahora, lo que sería una consecuencia muy negativa para los usuarios. Por tanto, el debate real es que en estas condiciones las consecuencias, indudablemente, son muy graves y no se puede aprobar el texto que ustedes traen aquí.
Se trata también de un texto, lo he dicho anteriormente, vengativo con la Ley del Cable, una ley que surgió de un gran consenso en la recta final de la anterior legislatura. Sólo se quedó fuera de este debate el Partido

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Popular; digo de este debate, porque ni siquiera participó, a pesar de que muchas de sus enmiendas coincidían en principio, antes del giro brusco que se hizo al final, con los postulados que se contenían en la proposición o proyecto de ley. Pero actualmente los temas importantes que concitaron incluso un gran debate social no tienen esa importancia para partidos que entonces coincidieron con un consenso muy mayoritario en la aprobación de esta ley.
La rectificación que ustedes hacen de la Ley de Telecomunicaciones por Cable afecta a uno de sus aspectos esenciales, que es la necesidad de impedir dinámicas de concentración y dinámicas de abuso de dominio.
Afecta a ese límite de un millón y medio de abonados, que no se puede superar en función de las necesidades de un mercado plural, diversificado, que se rompe con el Real Decreto-ley que hoy estamos debatiendo. Desde ese punto de vista, también se pone en peor situación, y vuelvo a lo de la inquina latente en todo el Real Decreto-ley con respecto a Telefónica, cuando se habla de veinticuatro meses en lugar de nueve meses a la hora de que Telefónica eche a andar en función del concurso una vez determinadas sus resoluciones.
Finalmente, señor Presidente, señor Arias-Salgado, la comisión que crean ustedes bajo la supuesta independencia que le asignan desde el principio incluso en su propia intervención es un poco esperpéntica. Son siete magníficos, todos ellos a propuesta del Ministerio de Fomento, alguno de ellos nombrado, como el presidente, por el Gobierno, con unas características muy similares a las que tiene el presidente de comisiones parecidas, por ejemplo, en el Reino Unido, que al final van a marcar realmente todo el mercado y todas las normas de competencia en este país.
Se trata de una ficción de independencia donde no se contiene ni siquiera el procedimiento de recurso y donde se le va a dar a una sola persona que está en contacto directo, en una especie de centralismo tremendamente controlado, todas las capacidades para organizar las normas de competencia en este país.
Consecuentemente, nosotros no podemos aprobar este Real Decreto-ley. Nos oponemos rotundamente por lo que contiene, por las consecuencias, porque es vengativo con aspectos esenciales de la Ley del Cable y, también en el mismo sentido, solicitamos que se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Vamos a proceder a la votación. (La señora Mato Adrover pide la palabra.) Perdón, señorías. Había omitido, lo lamento, señora Mato, la intervención para fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular.


La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, utilizo un turno breve a favor del Real Decreto-ley que ha presentado el Gobierno a esta Cámara.
Por fin en esta Cámara hoy podemos hablar de una verdadera liberalización de las telecomunicaciones; un asunto que ha estado dilatado a lo largo de trece años de Gobierno socialista, bien porque los socialistas no quisieron, no pudieron o simplemente no tenían las ideas claras, como parece ser, según la intervención del portavoz del Grupo Socialista aquí esta tarde.
Nosotros creemos que la liberalización de las telecomunicaciones es un asunto pendiente para España que se tenía que haber llevado a cabo hace unos cuantos años. Es cierto que partimos de una situación de desventaja, partimos de una situación de retraso, una situación grave de retraso con respecto a otros países europeos y también con respecto a los plazos que tenemos fijados con la Unión Europea. No obstante, este Real Decreto-ley lo que pretendía a través de la urgencia, que no precipitación, era avanzar en los pasos iniciales para afrontar con éxito lo que significa el reto de situar a España en la primera velocidad de las telecomunicaciones en Europa.
También el señor Ministro ha ofrecido a esta Cámara, y es lo que a nuestro grupo le hubiera gustado, para este otoño presentar una ley general de telecomunicaciones. Somos conscientes de la importancia de que haya una ley general de las telecomunicaciones que resuma todo lo que es el panorama legislativo en estos momentos. Un poco más adelante, cuando comente el contenido del decreto, hablaremos de la LOT, una ley antigua, que, por supuesto, todos los grupos están de acuerdo en que hay que modificar, y hay que hacerlo porque cada vez que se adopta una postura en favor de la liberalización o en favor de las comunicaciones siempre hay que modificar previamente en parte la LOT, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones. Por tanto, creemos que el paso más importante que hay que dar en esta legislatura es presentar una ley general que regule las telecomunicaciones y que fije también las competencias de las distintas administraciones en la misma.
Nosotros queríamos que este decreto se aprobara con urgencia, como he dicho, porque las medidas que se adoptan en él son necesarias e imprescindibles para poner en marcha los mecanismos que nos acerquen en parte y que permitan acelerar el proceso de liberalización que tanto retraso lleva durante todos estos años.
Las características fundamentales de este decreto son: el respeto por el mercado, un respeto absoluto por el mercado, que creemos necesario y que es importante para proceder a la creación de riqueza y de empleo en España. Se apuesta, por supuesto, por la competencia, porque siempre trae mayor calidad, mejora de precios y mayores servicios para los ciudadanos.
Nosotros creemos que no se trata de impedir que siete millones de españoles puedan hacer uso de unas redes

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ya existentes, sino que se trata de posibilitar que todos los millones de españoles puedan acceder a la red de cable, a las redes de telecomunicaciones que consideren conveniente en régimen de competencia.
La única manera de posibilitar esa opción y que los ciudadanos puedan elegir en niveles de calidad y de precio es fomentando la competencia en materia de comunicación.
Por otro lado, también se apuesta, obviamente, en el decreto por la industria nacional, por los intereses nacionales. Se apuesta también en el decreto porque sea capital prioritariamente nacional el que obtenga el segundo operador de comunicaciones, el que atienda a las redes de cable y, por tanto, no solamente se apuesta por la industria nacional, sino que además se apuesta por el aprovechamiento de todos los recursos existentes, incluida Retevisión, como se deja patente en el decreto, y también incluidas las compañías eléctricas y las compañías de agua que son igualmente recursos existentes en España que nosotros creemos que se deben aprovechar. Todo esto se hace dentro de un marco de transparencia, de objetividad y en el ámbito de concursos. Por tanto, en todos los procesos se va a respetar la transparencia y la objetividad.
El decreto crea, en primer lugar, una comisión que garantiza el arbitraje, está hecha para él; también es un órgano consultivo y garantiza la independencia, la transparencia y la objetividad, que son los principios fundamentales que se quieren mantener en telecomunicaciones.
Este órgano regulador, la comisión del mercado de las comunicaciones, es además, diría, una urgente obligación, puesto que todos sabemos que la Unión Europea está abogando por la existencia de un órgano regulador europeo que coordine todos los órganos reguladores nacionales y, por tanto, consideramos corre prisa que España cuente con un órgano regulador antes de que se cree ya la figura del órgano regulador europeo.
Entrando ya con brevedad en el contenido del Real Decreto-ley que se trae hoy a convalidación ante esta Cámara, en primer lugar, como decía, está el órgano regulador, un órgano independiente, un órgano necesario para garantizar que haya competencia, que no haya abuso de posición dominante, como ya ha ocurrido durante la pasada legislatura en algunos temas, que no haya problemas con la Unión Europea, que no haya problemas entre los propios operadores y, por tanto, un organismo, como digo, de arbitraje independiente del Gobierno, independiente de cualquier tipo de control político.
La LOT, la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, creo que estamos todos de acuerdo en que es una ley, como he dicho antes, que hay que modificar, una ley que es preciso fije unas líneas generales que rompa el monopolio. Es una ley que en principio parecía que iba a ser un poco liberalizadora, y sin embargo cortó la liberalización de infraestructuras y siguió consolidando el monopolio de una compañía de telecomunicaciones.
Por tanto, cada vez que se apuesta por la creación del segundo operador, cada vez que se apuesta por la creación de una segunda red de cable, cada vez que se apuesta por una autopista de la información, siempre hay que contar con que la LOT pone cortapisas a que se pueda llegar a ese proceso de liberalización.
Estamos todos de acuerdo en que la modificación prevista en el Real Decreto es urgente y además necesaria para llevar a cabo otras medidas.
En cuanto al cable, se trata también de modificar la Ley del Cable no con ánimo revanchista sino manteniendo los principios que se han venido debatiendo en esta Cámara. El problema del cable, el problema del segundo operador y el problema de las telecomunicaciones en general, no es que ahora se modifiquen, no es sólo que se hayan perdido nueve meses de debate en esta Cámara, sino que se han perdido cinco años desde que se hizo el primer anuncio de que iba a venir una Ley de Cable a esta Cámara.
Después pasaron otros dos años desde que el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley del cable. Luego pasó otro año más desde que el Gobierno empezó a cambiar televisión por cable por telecomunicaciones por cable; y al final, se aprobó una ley a toda prisa, una ley que hay que modificar parcialmente para aprobar un reglamento y poner en marcha las redes de cable.
No se trata como decía, de perjudicar a los usuarios de Telefónica con la modificación que se hace, para que Telefónica tenga un plazo máximo de 24 meses para poder intervenir, sino de que haya posibilidad, para que exista un segundo operador, un tercer operador de red de cable que compita con Telefónica.
Por lo que se refiere al tema de los concursos de los ayuntamientos, no se trata de hacer amnistías de ningún tipo, sino simplemente de no interferir en la autonomía local, de respetar la autonomía local, de respetar las decisiones de los ayuntamientos en uso de sus legítimas competencias y, por tanto, creemos que es necesario respetar los concursos que se han realizado en los ayuntamientos y dar ese plazo en la modificación de la Ley del Cable que se plantea en este decreto.
Voy a dedicar un apartado especial a Telefónica que parece es el objeto prioritario de preocupación en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Mato, un momento.
Señor Grinán, señor Cabrera, les ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Puede continuar, señoría.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.


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Decía que la regulación que se hace en este Real Decreto-ley sobre Telefónica, es asimétrica pero suficientemente generosa para permitir que haya competencia y, sin embargo, se establezca un equilibrio para seguir protegiendo en parte a dicha compañía. Apostamos al cien por cien por la Compañía Telefónica, es una compañía que funciona desde hace muchos años y en la que se ha invertido mucho dinero. Por consiguiente, es importante que la Compañía Telefónica siga con sus pasos adelante. Eso no quita que creamos necesario que no se consolide un monopolio de Telefónica ni de ninguna otra empresa. Por tanto, hemos apostado por la existencia de un segundo operador basado en Retevisión, un segundo operador que ya planteó el Gobierno socialista en el mes de diciembre de 1995.
Parece que el plazo de cinco meses es poco para crear un duopolio de telecomunicaciones y es tarde para que haya un segundo operador. A mi grupo le parece que cuando el Gobierno socialista presentó el segundo operador lo hizo en unas condiciones de falta de transparencia y con unas adjudicaciones previamente realizadas a unas determinadas empresas que no eran congruentes con lo que nosotros creemos debe ser la transparencia en el proceso de telecomunicaciones y de libertad de telecomunicaciones. Por consiguiente, creemos que el plazo de cinco meses --es cierto que tenemos un poco más de retraso-- es suficiente para que se cree un duopolio necesario en España, que también se ha dado en otros países europeos.
¿Se podría abrir la liberalización absoluta del sector y no hacer un duopolio? Creemos que no, porque eso mermaría el mercado. El mercado no puede asumir en estos momentos más de un segundo operador y nosotros apostamos porque se cree un duopolio de telecomunicaciones que permita en el plazo de dos años ese segundo operador de telecomunicaciones --que como digo se mantiene a través de Retevisión y más tarde se procederá a su privatización parcial-- y será el que tenga que competir con Telefónica. No significa anular a Telefónica en ningún caso, sino competir y facilitar mejores servicios, mejores calidades y mejores precios a los ciudadanos en materia de comunicación.
Por último (Un señor Diputado: ¡Tiempo!), quiero agradecer el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios de esta Cámara para la convalidación de este Real Decreto-ley y también --cómo no-- agradecer al Gobierno el esfuerzo que me consta ha realizado para traer a la Cámara, en el plazo de un mes, un Real Decreto de liberalización de las telecomunicaciones que, repito, fija los pasos más importantes para proceder a una liberalización total de las mismas y, sobre todo, atiende lo que es una demanda de los ciudadanos, atiende lo que es una demanda del sector y atiende lo que son los intereses generales de España.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Ahora sí, señorías, vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la convalidación del Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de las telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 172; en contra, 144; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto-ley.
Se ha manifestado por algún grupo parlamentario la conveniencia de que sea tramitado como proyecto de ley. Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 317.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se aprueba por unanimidad su tramitación como proyecto de ley.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA (Número de expediente 122/000004)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
Por el grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Barrionuevo. (Rumores.--Numerosos señores Diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, les ruego que si han de abandonar el hemiciclo lo hagan con rapidez y permitan así que comience a hablar el orador. (Pausa.) Cuando quiera, señor Barrionuevo.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: señor Presidente, señorías, esta proposición de ley de recuperación automática de las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva tiene como antecedente una moción presentada en la anterior legislatura por el Grupo Socialista en el Senado, moción que tras su presentación fue apoyada por la totalidad de los grupos parlamentarios y que, trasladada al Gobierno, comportó que en septiembre de 1995 el anterior Gobierno socialista incluyera el contenido de la moción del Senado en el artículo

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32 del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la denominada ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos. Es bien sabido que este proyecto de ley siguió la misma suerte que la Ley de Presupuestos, es decir fue rechazado por el Congreso y, consecuentemente, toda la ley pero también el artículo 32, en el que estaba contenida la moción del Senado, no se convirtió en derecho positivo. Por esta razón, es propósito del Grupo Socialista recuperar esa iniciativa y tratar de que en esta legislatura las modificaciones propuestas sean por fin aprobadas.
El objeto de esta proposición de ley es modificar, dando una nueva redacción al último párrafo del número 1 del artículo 144 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social. La redacción que se propone para este párrafo es la siguiente: «Los beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, que sean contratados por cuenta ajena o que se establezcan por cuenta propia, recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha pensión cuando, respectivamente, se les extinga el contrato o dejen de desarrollar su actividad laboral, a cuyo efecto, no obstante lo previsto en el apartado 5 de este artículo, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus rentas, las que hubiera percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena o propia en el ejercicio económico en que se produzca la extinción del contrato o el cese en la actividad laboral».
«Igualmente, los beneficiarios de la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, que sean contratados como aprendices, recuperarán dicha pensión durante los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias comunes».
Los objetivos sociales y políticos de esta proposición de ley son fundamentalmente tres. El primero, contribuir modestamente a crear estímulos para el empleo de un número de personas no excesivamente amplio ciertamente, pero sí pensamos que muy significativo. El segundo objetivo podía ser perfeccionar una normativa que nos parece muy digna de aprecio, como es la de prestaciones no contributivas, que se incorporó a la legislación de la Seguridad Social y que comenzó, antes de este texto refundido, por la Ley de 20 de diciembre de 1990. El tercer objetivo sería tratar de equiparar a los perceptores de estas prestaciones de invalidez, en su modalidad no contributiva, con los que perciben prestaciones del mismo carácter en las contingencias de desempleo o de jubilación.
La razón de que existiera esta excepción en la legislación vigente está en la forma que se regula el cómputo de la insuficiencia de rentas, requisito claramente justificado para tener derecho a la percepción de esta prestación. El requisito está justificado, pero la forma de exigirlo ciertamente admite una mejora, y es lo que tratamos de hacer con esta proposición de ley.
Hay que decir también como antecedente que dentro de la propuesta que formulamos se recoge que la ley vigente ya prevé una fórmula similar de recuperación de las prestaciones en los casos que el beneficiario sea contratado como aprendiz, es decir, realice una prestación dentro del contrato de aprendizaje. Esa modalidad se mantiene y el objetivo de esta proposición de ley es ampliar la regulación ya existente a todas las modalidades de contrato por cuenta ajena y también a la del trabajo por cuenta propia.
Finalmente confiamos, señorías, en que esta proposición de ley del Grupo Socialista merezca el apoyo de los demás grupos parlamentarios, al igual que sucedió en la pasada legislatura en la Cámara Alta, en el Senado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrionuevo.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como ha recordado el portavoz socialista, señor Barrionuevo, en la pasada legislatura en el Senado mi grupo parlamentario --entonces de Coalición Canaria-- votó favorablemente. También lo vamos a hacer hoy, congratulándonos de esta iniciativa del Grupo Socialista, porque si trae causa de la vez anterior, en la misma línea argumental de entonces entendemos, en primer lugar, que cumple un requisito de justicia social, de rectificar algo que el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994, cuando la aprobamos, no había tenido en cuenta y es lo que ocurría con estas personas en situación de invalidez que estaban disfrutando de una pensión no contributiva, pero que se les abría un horizonte de oportunidades, bien al realizar un trabajo por cuenta propia en una empresa, bien al ser contratados por cuenta ajena. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) No hay un gravamen para los presupuestos de la Seguridad Social porque, en el momento que entre a prestar por contrato una actividad laboral o bien él entre en la suya, inmediatamente deja de percibir la pensión. Se trata de que una vez haya perdido esas condiciones contractuales laborales o de negocio propio, pueda reincorporarse a la percepción del régimen de la pensión de invalidez en la modalidad no contributiva.
Lo que se especifica también en aspectos parciales, como es el tratamiento a los aprendices, nos parece de la misma lógica y sentido común. Por tanto, señor Presidente, vamos a votar favorablemente esta iniciativa que en forma de proposición de ley nos trae el Grupo Socialista, sobre la recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Para manifestar el voto positivo de mi grupo parlamentario a esta proposición de ley, en primer lugar, por congruencia con la moción aprobada por el Senado, ya referida por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y, sobre todo, porque acoge requerimientos constitucionales de fácil exégesis, que no deberían ser discutidos en este momento en la Cámara.
Efectivamente, cuando la Constitución configura el Sistema de Seguridad Social en su artículo 41, también en el artículo 50, se refiere a un sistema público que tiene que contener protección suficiente --y la palabra suficiencia es la que habría que destacar en este contexto-- ante cualquier situación de necesidad, de forma irregresiva y para todos los ciudadanos, de carácter universal. Cuando en el artículo 50 se refiere a los ciudadanos de la tercera edad, estableciendo que han de tener una protección económica suficiente a través de pensiones periódicamente actualizadas, se refiere tanto a las pensiones contributivas, señor Presidente, como a las no contributivas.
El concepto de suficiencia es un concepto metajurídico, es un concepto elástico, que puede ser discutido en términos cuantitativos y aun en términos cualitativos, pero no debe ser igualmente discutido el concepto de revalorización. La revalorización, a tenor de los sistemas que se utilizan para el sistema público de pensiones en el ámbito contributivo, es el IPC, se utiliza como criterio objetivo el IPC y éste es el criterio que debe servir también de referencia, de forma automática, como propone la proposición, para las pensiones de naturaleza no contributiva; no menores son las necesidades de las personas acogidas a este ámbito de protección del sistema, el no contributivo, que las necesidades de las personas acogidas al sistema de protección contributivo, el sistema público normal y convencional de la Seguridad Social.
Por estas razones, nos parecen requerimientos de justicia, requerimientos de equidad, que acogen también los requerimientos del principio de igualdad, sobre todo suponen la superación de una no equivalencia, de una discriminación, que mi grupo en anteriores debates también ha denunciado y que merece la aprobación entusiasta por parte de mi grupo parlamentario.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente también, para manifestar la posición de nuestro grupo acerca de esta proposición de ley.
Nuestro grupo va a votar favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por entenderla coincidente con los propósitos de nuestro grupo parlamentario acerca de tomar esa decisión, que nos propone en estos momentos, sobre las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva, acogidas al régimen general de la Seguridad Social.
Señor Presidente, ésta es una iniciativa que ya tuvo en la anterior legislatura su debate político en torno a dicha materia. Con unanimidad, se aprobó un mandato al Gobierno; en esta ocasión, el Partido Socialista se anticipa al mandato del Gobierno. Nos parece correcto para no demorar la aplicación del propósito que tiene y, en este sentido, nos manifestamos totalmente partidarios de aceptar la iniciativa que se nos plantea.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, para fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que va a ser positiva al pase a trámite de esta proposición de ley del Grupo Socialista por varias razones.
Primera, porque ya en el Senado, donde se aprobó en la pasada legislatura, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mostró su conformidad con la misma; por tanto, simple coherencia, en esta ocasión, se trata simplemente de ratificar su posición.
Segunda, por razones políticas y sociales sustantivas. La práctica diaria manifiesta la necesidad de modificar el número 1 del artículo 144 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, pues ello permitirá eliminar los inconvenientes que hasta ahora se derivan de su ausencia, al tener que reanudar la tramitación normal de la pensión el beneficiario de la pensión no contributiva de invalidez, cuando es obvio que en una invalidez previamente reconocida persisten las razones para su concesión por parte de los organismos gestores de la Seguridad Social.
Y, tercera razón, porque contempla el supuesto del aprendiz beneficiario de la citada pensión que, al no tener acceso a los mismos derechos de Seguridad Social que cualquier otro trabajador desde que se instituyó la figura de la reforma del mercado de trabajo de 1994, hay que prever ahora que recupere la pensión no sólo cuando dejan de trabajar sino también cuando se encuentran

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en proceso de incapacidad temporal derivado de contingencias comunes. Sin embargo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya espera que sea innecesario contemplar dicha circunstancia en el futuro, en la medida en que se produzca la modificación legislativa del contrato de aprendizaje a la que el Presidente del Gobierno se comprometió en su discurso de investidura.
Izquierda Unida va a votar a favor de esta proposición de ley.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Vaquero.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo con brevedad para manifestar en este caso la coincidencia del Grupo Parlamentario Popular con las fijaciones de posición, en orden a esta toma de consideración, del resto de los grupos que me han precedido en el turno de palabra.
Y no podía ser de otra manera porque las coincidencias ya lo fueron en todos los antecedentes de esta proposición de ley. Ha sido recordado el trámite del Senado con la aprobación de la moción número 142 propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, que además fue apoyada por todos los grupos excepto el Mixto, y también han sido recordados antecedentes legislativos, como la disposición adicional segunda de la Ley 10/1994, de 10 de mayo, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, que ya hacía extensiva esta cobertura que ahora se pretende a los contratos de aprendizaje, exactamente a aquellos que, habiendo sido contratados como aprendices, al extinguirse la contratación de la que eran objeto recuperaban automáticamente la prestación de invalidez no contributiva de la Seguridad Social. Esos antecedentes los encontramos también en cuanto a la recuperación automática de la incapacidad temporal por enfermedad común en el caso de los que ahora son contratados como aprendices. Es una norma ya en vigor, está recogida en el artículo 45 de la Ley 42/1994.
Introducirla en esta proposición de ley tal vez sea adecuado no en el sentido de la moción aprobada en su día en el Senado, sino en cuanto a una adecuada adecuación --valga la redundancia-- de nuestra normativa al respecto.
Es por ello que si hay coincidencia en los antecedentes y en el objetivo de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, como es facilitar la integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales en el mercado de trabajo y asimismo garantizar sus derechos tanto sociales como económicos, difícilmente se puede estar en contra de la toma en consideración de la misma.
Sí, en cambio, cabrá hacer en su momento determinadas matizaciones tanto a la exposición de motivos como tal vez a los requisitos exactos para salvar esta condición que nuestra ley pone en el caso de las prestaciones, como son las no contributivas, en orden a la acumulación de determinados ingresos y el cómputo anual para tener acceso a las mismas.
Pero ello ya será objeto, evidentemente, del posterior debate parlamentario.
En este caso nos congratulamos de la doble dirección en la que se dirige esta proposición de ley en cuanto a la recuperación automática de las prestaciones no contributivas, tanto para las de incapacidad temporal por enfermedad común para los aprendices como para las de extinción de contrato de trabajo. Entendemos la oportunidad del momento, que no es más que la consecución de los distintos momentos que ha tenido esta iniciativa en el iter parlamentario y que no se pudo consumar por la no aceptación por este Congreso de la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del año 1996, presentada por el anterior Gobierno, y entendemos que ahora debe ser el momento adecuado para proceder a su debate y a su posterior aprobación.
Señorías, estimamos, además, que claros criterios de racionalidad y de sensibilidad hacia ese sector tan desfavorecido como son los minusválidos y discapacitados de nuestro país, no pueden hacer más que coincidamos con el grupo proponente y con el resto de grupos parlamentarios y apoyemos la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Camps. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 288.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. RAHOLA), SOBRE CREACION DE UN FONDO DE COMPENSACION DE PENSIONES EN SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O DEL NUCLEO FAMILIAR Y DE ALIMENTOS (Número de expediente 122/000007)

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--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE FONDO DE GARANTIA DE ALIMENTOS (Número de expediente 122/000023)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CREACION DE FONDO DE GARANTIA DE ALIMENTOS Y PENSIONES COMPENSATORIAS EN SUPUESTOS DE RUPTURA MATRIMONIAL O DEL NUCLEO FAMILIAR Y DE ALIMENTOS (Número de expediente 122/000025)

El señor PRESIDENTE: Dentro del punto segundo del orden del día, los apartados 3, 4 y 5 versan sobre la misma materia, por lo que procedemos a su debate acumulado.
En primer lugar, para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre la creación de un fondo de compensación de pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos, tiene la palabra la proponente.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, en nombre de Esquerra Republicana les quiero presentar una proposición de ley de creación de un fondo de compensación de pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos, para que, una vez tomada en consideración, podamos empezar a trabajar con el fin de dar una respuesta, a nivel legislativo, realista y pragmática a la situación de impagos de pensiones y de alimentos a cónyuges separados, divorciados o que han visto su matrimonio anulado y que tienen a su cargo hijos menores de edad.
Antes quiero que quede clara también nuestra posición favorable a las otras dos proposiciones de ley que van en el mismo sentido y que se han presentado en esta Cámara, la del Grupo Socialista y la de Izquierda Unida, aunque lamentamos, en el caso de Izquierda Unida, que quizá la precipitación les haya hecho calcar casi literalmente la nuestra.
Retornando a la proposición de ley de Esquerra, no hace falta decir que esta misma protección, obviamente y en sintonía con aquello que Esquerra Republicana ha defendido siempre, se pretende dar con esta proposición de ley a las familias de hecho constituidas por parejas con o sin hijos que sin estar unidas por vínculo matrimonial constituyen, a nuestro entender, un núcleo familiar perfectamente definido. Por eso en el enunciado de la proposición de ley distinguimos perfectamente entre la crisis del matrimonio y la crisis del núcleo familiar.
Nos proponemos, pues, con la creación de este fondo cubrir las necesidades más perentorias de las familias sin recursos económicos y que no reciben puntualmente la prestación económica a que tienen derecho, por medio de aquello que establecen las resoluciones judiciales, ya sean sentencias, ya sean resoluciones interlocutorias que fijen medidas de carácter provisional o provisionalísimas. Al mismo tiempo, estas familias no tienen posibilidad real de que, con su reclamación legal, estas pensiones sean atendidas. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Y, por tanto, se producen situaciones de agravio comparativo y en ocasiones una especial y particular perversión en el caso de los menores de familias monoparentales o que son víctimas del abandono de sus padres y que se encuentran acogidos por otros familiares.
Partimos, a nuestro entender, de una constatación inevitable: todos conocemos, más o menos, que en los procesos judiciales que se inician por crisis matrimoniales se producen situaciones de impago de las pensiones acordadas judicialmente y, por tanto, las situaciones negativas que esto comporta y que antes hemos descrito. Me estoy refiriendo particularmente a que estos incumplimientos llevan a los hijos y a sus progenitores que tienen a su cargo el cuidado y custodia de aquéllos, y muy especialmente de manera mayoritaria a las mujeres, a la práctica indigencia y, por tanto, a situaciones de pobreza graves, que no encuentran amparo en los tribunales de justicia ordinarios, en la medida en que, de un lado, la Administración de justicia tiene defectos obvios de funcionamiento sufridos por el colectivo que nos ocupa en su condición de justiciables, por tanto de usuarios de esta administración, pero, de otro lado también, porque constatando la realidad diaria, la lastimosa y penosa búsqueda de vías que permitan huir de la ley, tal como evidencia la importancia de la economía sumergida, al mismo tiempo pretenden escapar a controles de creditores singulares, preocupados por la satisfacción de sus créditos.
Si además añadimos que la justicia es cara y que ésta es una circunstancia que en absoluto favorece a quienes sufren el problema de la falta de pago de las pensiones y alimentos, nos lleva a una situación, desde un punto de vista económico, patrimonial y familiar que entendemos muy crítica.
Pueden observar SS. SS. que la idea motriz, el motivo central de nuestra proposición de ley está constituido por la necesidad de tomar conciencia ante la situación de marginación y pobreza que se origina a partir de estas circunstancias.
Pero quiero llamar la atención muy particularmente sobre los efectos especialmente negativos y perversos que esta conducta, que entendemos claramente incívica y, por tanto, inmoral, tiene, en primer lugar, sobre las pensiones de alimentos stricto sensu, entendidos como tales, porque de su percepción o no depende el sustento más básico de las cargas familiares más indispensables para la propia subsistencia. En segundo lugar, sobre las llamadas pensiones compensatorias que,

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como ustedes conocen perfectamente, son las que se dan a partir de situaciones de eventual desequilibrio económico y que se otorgan a favor de aquellas personas, aquellos cónyuges o miembros de parejas de hecho, sobre todo gente de avanzada edad, gente mayor sin hijos a su cargo, pero que están muy necesitadas de una percepción económica, sobre todo cuando han estado toda la vida dedicadas al trabajo de labores domésticas, sin acceso al mundo del trabajo y con una estricta dependencia de los ingresos del cónyuge o de la pareja con quien ya no conviven.
En tercer lugar, quería también reclamar su atención y poner un especial énfasis en el efecto negativo que esto tiene en otro segmento de la población, en otro colectivo especialmente. Me estoy refiriendo --lo quiero destacar-- a las dificultades que en la práctica tienen las mujeres. Cualquier abogado, cualquier persona con cierta experiencia profesional desde cualquier actividad jurídica puede constatar que es muy alto el porcentaje de mujeres que tienen atribuida la custodia de los hijos menores y que sufren dificultades muy acusadas, más que los hombres, para una adecuada inserción en el mundo del trabajo.
Para acabar esta primera parte de mi intervención, en síntesis, la creación de este fondo se dirige preferentemente a la tutela y a la protección de los intereses legítimos de estas mujeres, a subsanar las dificultades y las situaciones de grave desequilibrio económico sufrido por beneficiarios o beneficiarias de alimentos para su subsistencia. Se dirige también, muy especialmente, a las personas mayores sin hijos menores que atender, pero que han quedado en una situación de grave desequilibrio económico respecto al cónyuge o pareja que obtenía ingresos.
Llegado a este punto, quiero citar la ya clásica y obligada recomendación 869/1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por la cual se invitaba a los gobiernos representados en este organismo a incorporar a su ordenamiento interno la necesidad de garantizar el pago de las pensiones por alimentos de hijos menores no emancipados, establecido por medio de resolución judicial relativa a la ruptura matrimonial. Se consagraba, pues, en esta clásica resolución la necesidad de establecer una compensación económica a cargo de los Estados, a modo y manera de adelanto, por lo tanto, anticipando estas cantidades en caso de incumplimiento de pago de la pensión de alimentos por parte del cónyuge o persona obligada a hacerlo.
Debemos lamentar aquí que, desde la aprobación de la antedicha recomendación, ha sido nula la voluntad política expresada por los sucesivos gobiernos del Estado a la hora de crear este fondo, a pesar de existir ensayos sectorial o incidentalmente en la reforma operada en el Código Penal a través de Ley Orgánica de 21 de junio, en la que se tipificaba el entonces tipo penal del artículo 487, que actualmente, reconvertido en un nuevo Código Penal, vendría a ser el actual precepto 227, y que incidentalmente venía a introducir algunos mecanismos coercitivos tendentes a exigir o garantizar el cumplimiento del pago de la pensión. Pero estos ensayos, estos intentos se han revelado, a nuestro entender, insuficientes para poner fin a este problema. Para nosotros, ésta ya es suficiente razón para presentar esta iniciativa en el Congreso; iniciativa, finalmente, que debemos abordar por una cuestión de estricta justicia social, estricta iniciativa legislativa que debe prosperar para no girar la espalda a problemas de muchas familias y para liderar la defensa de los derechos colectivos de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Estamos hablando de marginación, estamos hablando de tercera edad, estamos hablando también de mujeres.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rahola.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso sobre fondo de garantía de alimentos, tiene la palabra el señor Jover Presa.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la proposición de ley que me propongo defender tiene unos objetivos muy similares, yo diría casi idénticos, a los que acaba de exponer aquí la señora Rahola; objetivos, no el contenido, que varía bastante. Ambas coinciden básicamente en lo fundamental, a saber, que ya hemos observado todos la necesidad de crear un mecanismo que haga frente a las dificultades teóricas, a veces prácticas, en la mayoría de los casos, que genera el cobro de pensiones de alimentos, bien sea declarados en convenios reguladores aprobados posteriormente por el juez, bien sea en sentencias directamente dictadas por el Poder Judicial, en supuestos de separación, divorcio, nulidad, filiación o alimentos.
Muchas veces, ciertamente --ya se ha dicho aquí--, estas obligaciones no son satisfechas por las personas obligadas a hacerlo y, consecuentemente, se crea una grave situación de necesidad en algunos casos, sobre todo, para el cónyuge a cuyo cargo han quedado los hijos.
En principio, mi Grupo, hasta fechas relativamente recientes, hace apenas un año o año y medio, había pensado que las medidas previstas en el Código Civil y en el Código Penal debían ser suficientes para resolver estos problemas. Yo creo recordar, concretamente, que esta Cámara y el Senado aprobaron hace años una reforma del Código Penal, artículo 487 antiguo --creo recordar que en el actual es el 227, si no me equivoco, señor Presidente--, que estableció la máxima sanción posible en nuestro ordenamiento para el impago de pensiones, es decir, la sanción penal que apenas existe en ningún otro ordenamiento. De manera que podía suponerse que esta sanción penal, junto con los medios

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que propone el Código Civil y las leyes procesales, debían ser suficientes para resolver estos problemas.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no es así. La experiencia ha demostrado que, pese a la sanción penal, pese a las previsiones del Código Civil, pese a los múltiples instrumentos procesales de que se dispone para hacer frente a esta situación, el problema sigue existiendo sigue habiendo casos, más de los que a nosotros nos gustaría, de impago de pensiones de alimentos. Por tanto, se hace necesario ya regular esta situación y hacerlo, como aquí se ha dicho y piden las tres proposiciones de ley, mediante la creación de un fondo público por el cual el Estado garantice el pago de las pensiones de alimentos cuando los obligados a hacerlo no lo han cumplido.
Señor Presidente, yo quiero reconocer que esta proposición que presenta mi Grupo, como las otras dos, no son nuevas. No pretendemos con ello abrir ningún camino, porque es cierto que esta Cámara, durante la pasada legislatura e incluso antes ya había debatido estas cuestiones. Yo estoy dispuesto a reconocer que antes que nosotros, otros grupos parlamentarios, concretamente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular, habían traído a esta Cámara propuestas similares; no diré muy similares, pero sí que pretendían objetivos parecidos. La sensibilidad demostrada por estos Grupos me permite suponer que se traducirá ahora en un voto favorable a la toma en consideración de estas proposiciones de ley, repito, que solamente implican un acuerdo sobre la oportunidad y no sobre el contenido.
Quiero recordar además que sobre esta cuestión los gobiernos anteriores, concretamente el Gobierno socialista, no habían sido ajenos a ella, como aquí se ha dicho pues se había trabajado en la cuestión y el Gobierno anterior había realizado estudios en profundidad, fruto de los cuales se elaboró un anteproyecto de ley, cuyo borrador estaba acabado hace un año, con su memoria justificativa, con su memoria económica, que hacía ya una cuantificación suficientemente precisa del coste que podía tener esta propuesta. Señor Presidente, yo creo que a partir de estas propuestas, podemos trabajar ya en ello. Quiero añadir que esta documentación de que disponemos, es decir, el anteproyecto de ley al que acabo de referirme, la memoria justificativa que lo acompañaba, la memoria económica, son hoy una documentación que, a mi juicio, puede ser utilizada de forma clara por los grupos de la Cámara para llevar adelante los trabajos de Ponencia y de Comisión, en el caso de que estas proposiciones de ley sean aprobadas.
Concretamente, señor Presidente, nuestro Grupo, para elaborar la proposición de ley que traemos hoy a la Cámara, se ha basado en estos trabajos; se ha basado, aunque no al pie de la letra, en el anteproyecto que ya existía hace un año aproximadamente en el Ministerio de Asuntos Sociales y, sobre todo, ha tenido muy en cuenta esa memoria económica que cuantificaba el problema con la máxima precisión. Porque nosotros, señor Presidente, somos muy conscientes de que proposiciones de este tipo generan un impacto económico, un impacto presupuestario que necesariamente debe ser tenido en cuenta.
Dicho esto, señor Presidente, paso rápidamente a exponer el contenido material de nuestra proposición. La ley que proponemos tiene como finalidad, ya se lo he dicho aquí, garantizar por parte del Estado el pago de alimentos a los hijos menores de edad, acordados en el procedimiento correspondiente, ya sea en sentencia judicial por separación, divorcio, nulidad, filiación o pensiones de alimentos, ya sea mediante convenio regulador, previamente acordado por los cónyuges y aprobado posteriormente por resolución judicial.
Naturalmente esto tendrá que hacerse a través de la incoación del oportuno procedimiento administrativo y aprobado por el órgano correspondiente, que a nosotros nos parece debería ser el Ministerio de Economía y Hacienda. Una vez acordado se hará el pago en concepto de adelanto, por así decirlo, porque automáticamente el Estado, una vez realizado el pago, se subroga totalmente en los derechos inherentes al acreedor para ver si consigue que su importe sea posteriormente satisfecho.
En nuestra proposición de ley, señor Presidente, incluimos tres cautelas que hay que tener muy en cuenta. La primera es que entendemos que lo previsto en la ley, al menos en una primera fase, solamente debe ser tenido en cuenta y aplicado a situaciones de auténtica necesidad, a situaciones en las que la unidad familiar, como consecuencia del impago de la pensión de alimentos, se encuentra ante una auténtica necesidad.
Por tanto, en nuestra proposición de ley, señor Presidente, establecemos claramente, como condición para que los beneficiarios puedan recibir las ayudas, que los ingresos de la unidad familiar no superen la cantidad establecida en la Ley reguladora del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas para la obligatoriedad de efectuar declaración. También se prevé que la unidad familiar no tenga bienes patrimoniales distintos de la vivienda en que resida habitualmente.
Segunda condición, la cuantía de las ayudas. Por supuesto, la cuantía exacta deberá ser fijada caso por caso, en función de las circunstancias que se produzcan en cada situación. En la proposición de ley creemos que se han de establecer unos ciertos criterios; criterios que, tal y como los establecemos nosotros, habrían de ser las pensiones mínimas consideradas en la normativa vigente para casos similares. Concretamente, las pensiones de orfandad que han sido previstas en el Real Decreto 2547/1994, de 29 de diciembre.
Por último, y con esto voy terminando, señor Presidente, una condición absolutamente imprescindible para evitar posibles abusos es que las personas que vayan a recibir las ayudas, los futuros beneficiarios, hayan instado previamente la ejecución judicial y que ésta

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no haya tenido los efectos adecuados. Sin embargo, como sabemos que a veces hay situaciones de auténtica urgencia, de auténtica provisionalidad, recogemos la posibilidad de que, ante esta situación, se puedan dar con carácter provisional aunque aún no haya habido la resolución judicial ante la instancia que se haya hecho.
Esta es muy brevemente expuesta, señor Presidente, nuestra proposición de ley y su contenido.
Resumiendo, creo que es una propuesta moderada, posibilista y prudente.
Porque nosotros hemos de tener en cuenta los problemas de toda índole, administrativos pero también presupuestarios, que puede generar el cumplimiento de las previsiones de esta ley. No somos ajenos a estos problemas. Por tanto, así se explican las cautelas que establecíamos y a las que antes me refería.
Quiero que se tenga en cuenta que las previsiones que tenemos, según el informe económico al que me refería antes, indican que, hoy por hoy, ya se pueden cuantificar aproximadamente el coste que podían tener estas previsiones. Si no me equivoco, una encuesta realizada por el Consejo General del Poder Judicial, hace ya algunos años --no hay datos para imaginar que ha cambiado--, habla de un porcentaje de impagos que está en torno al 14 ó 15 por ciento; puede llegar al 17 por ciento en el caso de incumplimientos esporádicos en medidas provisionales. Pues bien, con estas previsiones, y en el caso de que no cambiasen, creemos, señor Presidente, que la propuesta que hacemos es perfectamente posible y prudente. No podemos garantizar que esto no vaya a cambiar en el futuro y es por lo que nuestra propuesta, repito, es así de posibilista y moderada.
Para acabar, señor Presidente, quiero decir que mi Grupo va a votar también favorablemente las otras dos proposiciones de ley, la que acaba de ser defendida por al señora Rahola y la que será defendida posteriormente por la señora Almeida, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nosotros somos conscientes de que el contenido de nuestra proposición de ley es bastante diferente del de las otras dos, es --decía antes-- más moderado, más posibilista, creo que tiene mucho más en cuenta las implicaciones presupuestarias, pero el voto hoy a estas proposiciones de ley es solamente el voto a una toma en consideración, es solamente el voto a un problema de oportunidad, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es oportuno que esta Cámara discuta y debata sobre esta cuestión.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jover.
Proposición del ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos.
En nombre del grupo proponente tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la verdad es que cuando estaba preparando esta proposición de ley y la defensa ante esta Cámara pensaba que iban a salir algunas palabras como las de la señora Rahola diciendo: se ha copiado. Una de las cosas que quería dejar clara aquí es que no venimos a contarnos ningún protagonismo en estas leyes, sino a solucionar un grave y viejo problema, que está generando pobreza en la mujer fundamentalmente. En este sentido, cualquier solución que se diera por esta Cámara para tomar en consideración, haría una ley que no sería ni la de la señora Rahola y el Grupo de Esquerra Republicana, ni la del Grupo Socialista, ni siquiera la de Izquierda Unida. Sería, en todo caso, la de toda la Cámara, que ofrece la solución de un problema a los ciudadanos.
Pero ya que se dice que se copia yo le diría a la señora Rahola que la presentamos antes en el Parlamento catalán Iniciativa per Catalunya; luego la presentó el señor Colom; luego la presenta usted; doña Joaquima Alemany la presentó en el Senado; hubo una reunión conjunta en el Senado; en el año 1990 incluso el PP también la presentó, y en 1994. Es decir, estamos presentando esto todo el mundo y venimos al final a presentar la proposición con el único deseo de que se apruebe, que se tome en consideración y se dé una salida.
Es verdad que en eso vamos a coger de todas, porque yo creo que en todas las leyes hay cosas positivas e incluso hay elusiones que yo misma me estoy dando cuenta de que parecen importantes. Además son situaciones que debemos resolver no solamente por un deseo de protagonismo de los partidos, sino por un débito que tenemos con la gravísima situación por la que atraviesan muchas familias monoparentales, la mayoría de ellas encabezadas por mujeres, aunque puede darse algún caso individualizado, pero mayoritariamente por mujeres, y es una obligación que tenemos derivada de muchos compromisos.
Uno de los grandes compromisos, por ejemplo, de los últimos y más recientes, ha sido en la Conferencia de Pekín, que cuando ha analizado la progresiva pobreza de las mujeres ha determinado un compromiso a los gobiernos, y de entre ellos, leo el párrafo 58 de la Plataforma de Acción en su letra i), que dice: Formular y aplicar políticas concretas económicas, sociales, jurídicas y de otra índole en apoyo de los hogares encabezados por mujeres.
También, y lo ha citado ya la señora Rahola, y lo citamos también nosotros porque creemos que es importante,

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la Recomendación 869 del año 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que precisamente la citamos en la exposición de motivos, y que además invitaba a los Gobiernos a que se creen este tipo de fondos que ya existen en diversos países de nuestro entorno y que suponen una protección social para algo más que la familia: para intentar que la gente no se agote en perseguir y en conseguir unos derechos tan esenciales como son los de alimento.
Hemos recibido hace muy poco el informe del Defensor del Pueblo que se ha presentado a esta Cámara, pero casi no hemos tenido ocasión de leerlo.
Precisamente el propio Defensor del Pueblo en una entrevista que le hacían este mismo domingo decía --y leo porque son frases bastante claritas-- lo siguiente: Nos han llegado muchas denuncias de pobres mujeres que tras conflictos matrimoniales y muchas sentencias favorables en las que se les reconocen pensiones alimenticias, se quedan en la puta rue, con perdón (leo textualmente al Defensor del Pueblo), y sigo: Eso es intolerable. Entonces empiezas a buscar a los responsables del tema y ves que los tíos son tan listos que no hay manera de hacerles que paguen las pensiones. Hicimos una recomendación al Ministro de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria para que ordenaran a todas sus delegaciones mantener un criterio uniforme y que facilitaran a los jueces los datos fiscales, etcétera. Ellos también hablaban de la necesidad de insistir ante las Cortes en la solución de este problema.
En este momento tenemos un reto y una obligación para solucionar este tema. En este juego entre Gobierno y oposición, oposición y Gobierno hemos pasado por todas las alternativas. Antes, cuando los que están en la oposición estaban en el Gobierno, negaban la creación de este fondo.
Ahora, cuando están en el Gobierno los que estaban en la oposición, y lo pedían en la oposición al Gobierno, no sé si lo van a negar ahora que están en el Gobierno. Pero los que estamos siempre en la oposición, venimos perpetuamente intentando resolver un problema que esperemos que alguna vez, Gobierno, oposición y el conjunto de todos los grupos, le demos esta solución.
No creo que tenga que recordarle a la Diputada, María Jesús Sainz, lo que decía, por ejemplo, en el año 1993, como lo ha dicho otras veces, incluso no habiendo apoyado nosotros esta propuesta porque mezclaba situaciones distintas de abandono de niños, y no trataba lo que es el fondo del tema.
Incluso hizo que la señora Alemany se opusiera por estas cuestiones un poco dispersas, y nosotros también. Decía S. S.: El Grupo Popular considera que debe subsanarse con la urgencia que la necesidad requiere.
Consideramos que ya no puede haber disculpas de más estudios, porque, señoría, la Ministra anterior lo tenía todo estudiado.
En este compromiso y en esta perentoriedad en la que todavía siguen las mujeres, haya cambiado el Gobierno o haya aumentado la oposición, lo que sí creemos es que tiene que tener una solución en esta Cámara. Hemos presentado nuestra proposición de ley. No pretendemos defenderla como la mejor, simplemente creemos que es la más justa. En ese sentido, sí quería referirme a que la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista nos parece fundamentalmente insolidaria con las mujeres. En su proposición sólo paga los alimentos de los hijos menores, y las mujeres, que muchas veces han dedicado toda su vida al matrimonio y que se le pone una escasa pensión compensatoria, se pueden quedar en el más absoluto abandono con este tipo de proposición. Por eso hemos puesto garantía para el pago de alimentos y pensiones compensatorias, porque si no podemos dejar indefensas a muchas mujeres que con un modelo injusto de reparto de la responsabilidad familiar se queden sin el derecho a percibir las pensiones.
Para distanciarnos, señora Rahola, pedimos que esta ley sea aplicable no a las que vengan detrás, sino a las que ya estén exhaustas, reclamándola desde hace años, para que puedan acogerse a este proyecto de ley si se crea el fondo de garantía de pensiones, porque si no las muertas ya por alimentos no van a tener encaje en esta ley.
Nuestra proposición intenta, una vez más, colaborar en la solución del problema, y ésta no está en el Código Penal. Se ha hecho el Código Penal, lo hemos modificado. El Código Penal ha sido interpretado de mil maneras, y no le voy a dar una lección. De las denuncias que se han hecho por impago de alimentos, montones de jueces dicen que la prisión por deuda no existe en nuestro ordenamiento, por lo tanto no van al Código Penal.
Otros dicen que los pobres no han sabido nada, que no les han requerido formalmente y no hay carga de pruebas. De todas las querellas que se han puesto, las sentencias por condena se pueden contar con los dedos de una mano --pondré las dos para que no digan que soy exagerada--. Encima cuando condenaban no ponían el resarcimiento civil, sino que te mandan a la vía civil, con lo cual estamos en las mismas.
Tendríamos que llegar a un acuerdo en esta ley para cuando se produzca un impago, porque los impagos de pensiones se producen en la gente de más dinero, en profesionales, en autónomos, porque todo el que tiene nómina le pillan, le embargan y no se salva ni de Hacienda ni de nada. Si a todos los que no pagaran y tuvieran un nivel alto se les obligara a pasar una inspección de Hacienda para ver de dónde vienen sus ingresos y dónde está el dinero negro del que viven y no puede aflorar, estoy segura de que aquí pagaba el 80 por ciento de los que ahora no pagan. Quizá lo tendremos que poner así y prever que en este caso tendremos que tener una actitud de iniciativa, precisamente de colaboración, que hoy no se está dando, entre la Agencia Tributaria, entre la agencia administradora de la

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Hacienda Pública y que facilite a los jueces toda una serie de datos para poder recabar este tipo de información.
Nosotros creemos que en estos momentos se tiene que tomar en consideración este tema, por justicia, por solidaridad, por eficacia tributaria, porque nosotros, ahora que se está hablando tanto de que se va a cambiar la Administración, queremos que lo que se pague no sea a fondo perdido; queremos que obligue a una gran capacidad de recuperación de la Administración del Estado, que no sólo en este caso, sino en otros muchos, es ineficaz; en la recuperación del Fondo de Garantía Salarial en los trabajadores; en la Seguridad Social en los accidentes de tráfico; en montones de situaciones. Hay que tener eficacia para hacer repercutir precisamente la irresponsabilidad como una forma de mantener una acción eficaz contra lo que nosotros consideramos que es un delito social, que es una vergüenza social, y no es la listeza de uno que dice: si me habrá salido bien el divorcio que estoy logrando no pagar nada. Los que dicen eso son dignos de reproche social.
Nosotros creemos que precisamente las que tienen encomendada una labor de cuidar a los hijos, de alimentarlos y de responsabilidad, deben tener el amparo social que les daría tomar en consideración esta proposición de ley. Por eso lo solicitamos de la Cámara y no para que se apruebe, repito, una u otra, sino para que entre todos y entre todas hagamos una buena ley que solucione un viejo, injusto y creo que antisolidario problema.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que es difícil decir que no a una proposición o a unas proposiciones, en este caso, de estas características. Y es más difícil decir que no tras escuchar las pertinentes argumentaciones que han utilizado las portavoces y los portavoces que las han defendido y el apasionamiento y el calor puesto por alguna de ellas en particular.
Esta es una materia razonable, es una materia justa, es una materia conceptualmente indefinida todavía; estamos en un período de tránsito, de transición de los compromisos del denominado originariamente Estado providencia o Estado del Bienestar hacia situaciones nuevas donde se redimensionan compromisos de esta naturaleza vinculados a necesidades de carácter social y donde se suscitan cuestiones muchas de ellas novedosas, incluso para el ordenamiento jurídico y para las propias constituciones, que debe ser objeto de atención por los poderes públicos y particularmente por los poderes públicos parlamentarios, señor Presidente.
Dicho esto, hay que decir también otra cosa, señor Presidente. Esta es una proposición de ley que se suele presentar siempre por los grupos de la oposición y que normalmente deniegan o no toman en consideración los grupos que apoyan al Gobierno; lo pudimos comprobar en la legislatura pasada sin ir más lejos.
La verdad es que las propuestas son razonables conceptualmente; son de difícil discusión. Aquí el debate contradictorio, por mucho que uno se esfuerce, es materialmente imposible; cómo va a decir uno que no a que se atienda el pago de las pensiones de alimentos o de otra naturaleza, como las expuestas en caso de situaciones de necesidad, de no existencia de otros bienes diferentes al propio domicilio, o del incumplimiento de resoluciones judiciales. La verdad es que es muy difícil decir que no a esto; pero la verdad es que también el debate, por otra parte, no está suficientemente maduro.
A nosotros nos gustaría, señor Presidente, alternativamente a la toma en consideración de estas proposiciones de ley, un compromiso por parte del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno y del propio Gobierno, temporalizado, concretado, en términos temporales, con una cronología precisa, atendiendo al carácter multidisciplinar que necesariamente tiene lo que se intenta regular jurídicamente en estas proposiciones, puesto que afecta a materias presupuestarias, afecta a materias jurídicas y obliga a rectificaciones de cuerpos jurídicos heterogéneos y diversos.
Nos tranquilizaría, desde una perspectiva del requerimiento más elemental de seguridad jurídica, que el Gobierno se comprometiera a la presentación de un proyecto de ley regulando una materia que es de justicia, que supone evitar discriminaciones que son intolerables --utilizo la misma expresión que algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-- y que necesitan ser compensadas, superadas y atendidas por los poderes públicos del Estado, desde una perspectiva de compromiso presupuestario público, pero que quizá no tengan o requieran como instrumento, por lo menos suficiente, el contenido material de estas proposiciones de ley presentadas. Si el Gobierno o el grupo que apoya al Gobierno se compromete a estudiar el tema multidisciplinarmente y a presentar un proyecto de estas características, mi grupo vería de alguna forma satisfechas sus inquietudes y anuncia en este contexto que va a votar que no a la toma en consideración de las tres proposiciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas, gracias, señor Olabarría.
Por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Solsona.


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La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, expondré cuál es nuestra posición ante las proposiciones de ley sobre fondo de garantía de pago de alimentos que presentan los Grupos Parlamentarios Socialista, Mixto e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nuestro grupo ha manifestado ya reiteradamente su preocupación por las consecuencias personales, familiares y sociales que se derivan del impago de las pensiones decretadas por decisión judicial en los casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Hemos defendido la creación de un fondo de garantía de pensiones y continuaremos defendiéndolo mientras continúen existiendo las familias afectadas, fuertemente afectadas diría yo, por las consecuencias que en este momento se derivan de la vulneración de la ley y de la burla de los derechos, puesto que, en definitiva, señorías, impagar una pensión, cuyo derecho está legalmente establecido y que es decretado judicialmente, no es únicamente hacer caso omiso de la ley incumpliendo unos deberes, hecho por sí solo grave, sino que además impide a otros, generalmente a mujeres e hijos, el disfrute de sus derechos. Un problema, señorías que, dada mi vinculación con asociaciones de mujeres, conozco muy de cerca y me preocupa extremadamente; me preocupa personalmente y preocupa a nuestro grupo parlamentario, y prueba de ello es que el fondo de garantía de pensiones es uno de nuestros compromisos electorales.
Por otra parte, permítanme, señorías, que recuerde que ha sido nuestro grupo el que mayoritariamente ha llevado la iniciativa parlamentaria de este tema a través de proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones, requerimientos de cumplimiento de mociones. Uno de los resultados de las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán fue la aprobación, por unanimidad, en el Senado de una resolución derivada de una moción alternativa de todos los grupos parlamentarios a otra presentada por la Senadora Joaquima Alemany, de nuestro Grupo, en la que el Senado instaba al Gobierno a que, dentro de la presente legislatura --decía--, concluyan los estudios que viene realizando y envíe a las Cortes el proyecto legislativo creador de un fondo de garantía encargado de anticipar las cantidades necesarias para hacer frente a las situaciones de necesidad causadas por el impago de las pensiones de alimentos debidas a los hijos, reconocidas en decisión judicial o en convenio judicialmente aprobado.
Esta resolución fue aprobada el día 20 de junio de 1991 y asumida por el Gobierno. Se demostró ya en aquel momento que los diversos grupos parlamentarios coincidían en la necesidad de hallar una solución a un problema que afecta a muchísimas familias. Esta coincidencia ha tenido continuidad, puesto que esta Cámara ha debatido en múltiples ocasiones iniciativas provenientes de uno u otro grupo político, con variaciones diversas, pero también con muchos puntos coincidentes. Sin embargo, señorías, y a pesar de esta preocupación generalizada, lo cierto es que la creación del fondo de garantías de pensiones continúa siendo una de las asignaturas pendientes, siendo una necesidad que responde a una problemática que no es individual, sino que tiene un alcance social. El Grupo Socialista, que hoy presenta, entre otros, esta proposición de ley, ha tenido medios y años para poner en práctica y plasmar realmente la voluntad que ahora presenta como una urgencia inaplazable.
El Grupo Parlamentario Catalán, coincidiendo con la mayoría de los grupos políticos, cree en la necesidad de crear un fondo de garantía de pensiones, pero creemos también que ha de incluirse en la elaboración de los presupuestos del Estado y es responsabilidad del Gobierno presentar una propuesta concreta, dadas las implicaciones económicas y presupuestarias que esto tiene.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aun manteniéndose firme en la necesidad de crear un fondo de garantía para cubrir el impago de pensiones decretadas judicialmente, votará negativamente estas proposiciones de ley que estamos debatiendo porque, a nuestro entender, la manera de solucionar este problema no es pasarlo de uno a otro grupo político, sino que debe ser el propio Gobierno del Estado quien, plasmándolo en la política general, tome la iniciativa y proponga la solución definitiva. Por eso instamos al Gobierno a que se comprometa en ello y en un plazo de seis meses presente un proyecto de ley que permita la creación real y efectiva, dentro de un marco también realista, de un fondo de pensiones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Solsona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición, en nombre del Grupo Popular, sobre tres proposiciones de ley de los Grupos Mixto, Socialista e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias, justificadas en el mandato constitucional de protección a la familia y en la recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como aquí ya se ha hecho referencia. Iniciativas, en definitiva, similares, referidas principalmente a un mismo objeto, a la extensión de la cobertura de esas pensiones complementarias, si bien, desde luego, hay importantes diferencias entre ellas, incluso de gestión, por el Ministerio de Asuntos Sociales en el caso de la propuesta del Grupo Mixto y de Izquierda Unida, y por el Ministerio de Economía en la propuesta del Grupo Socialista y remitida desde luego a la vía reglamentaria para regular

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los principales aspectos de la misma en el caso de la proposición del Grupo Mixto.
Pues bien, señorías, nuestro grupo, como no podía ser menos, valora positivamente la creación de un fondo de garantía de pensiones de alimentos, por lo que de forma complementaria implica un reforzamiento de las restantes medidas contempladas en la legislación civil y penal, extremo este que nuestro grupo vio desde el primer momento claro y no así algunos de los grupos que ahora han intervenido.
Bien sabemos que el incumplimiento genera situaciones de necesidad, problemas sociales importantes como a lo largo de estos años hemos venido diciendo, llegando a darse, incluso, situaciones muy duras y ello, señorías, es muy cierto, pues si bien el artículo 487 del Código Penal recoge la penalización por el impago de pensiones, también sabemos que, en definitiva, esto no soluciona el problema. De ahí la necesidad de que desde el sector público se actúe solidariamente, como tantas veces hemos dicho, buscando una clara respuesta y dando solución a un problema que afecta de una manera importante, principal y casi fundamentalmente, aunque hay algunas excepciones, a muchas mujeres, que llegan en algunos casos, incluso, a sufrir problemas de marginación y desde luego siempre un nivel de dependencia muy grave, que afecta, lamentablemente, a una situación dura y crítica de unas familias constituidas fundamentalmente por los niños y por las madres.
Pues bien, si esto es así, el Grupo Parlamentario Popular, consciente de todo ello, a lo largo de la IV Legislatura instó al Gobierno. Lo hizo también en la V Legislatura a través de numerosas iniciativas en ambas Cámaras para que se creara ese fondo de garantía y siempre, señorías, como ustedes saben perfectamente, nos encontramos con el rechazo sistemático del grupo que apoyaba al Gobierno, del Grupo Socialista.
Primero era el estudio, después era la determinación de la cuantía presupuestaria, por último, la imposibilidad económica de abordarlo.
De nada sirvió que tuviésemos el año Internacional de la Familia; de nada sirvió que nuestro grupo recordase los mandatos constitucionales; que hiciéramos también claras referencias a lo que había ya en numerosos países europeos; tampoco sirvió recordar la resolución del Parlamento Europeo que instaba a los gobiernos a que tomasen esa iniciativa. Y finalmente, como aquí también se dijo, no fuimos capaces, ni siquiera habiendo instado el Senado, por unanimidad, al Gobierno a que se llevase a cabo. Se incumplieron los mandatos de las Cámaras y nos quedamos sin el fondo de garantía de pensiones.
Era evidente, por tanto, que lo que faltaba, señorías, era la clara voluntad política de crearlo, circunstancia que concordaba claramente con que se había eliminado del Segundo Plan de Igualdad y que, por otra parte, tampoco figuraba en el programa electoral del Partido Socialista.
Por eso, señorías, tienen que permitirme que les diga que para nuestro grupo no deja de ser sorprendente que sea ahora --transcurridos apenas cincuenta días después de la apertura del Parlamento, habiendo perdido el Partido Socialista las elecciones y, por tanto, sin tener ninguna responsabilidad de Gobierno--, cuando presente el Grupo Socialista esta iniciativa. Repito, no han dejado transcurrir ni cien días para presentar lo que ustedes fueron claramente incapaces de elaborar durante trece años de Gobierno. Tal vez ello lo hagan, señorías, para ocultar la realidad contrastable de que el Grupo Socialista se negó a cumplir un mandado imperativo de la Cámara y siempre empleó tácticas dilatorias constantes.
De todas formas, a nuestro grupo le alegra saber que el Grupo Socialista ha cambiado y que desde el debate tranquilo, sereno y realista podemos contar con el apoyo de su grupo para paliar este problema que sufren tantas familias españolas, con el que ustedes no han querido enfrentarse desde el Gobierno.
El programa de Gobierno del Partido Popular para la presente legislatura sí recoge como uno de los compromisos la creación del fondo de garantía de pensiones. Pues bien, por otro lado, si ese es un compromiso habrá oportunidad de legislar en este período sobre el fondo de garantía de pensiones. Esa es la voluntad del Gobierno y del grupo que lo apoya.
Quiero decirles, antes de terminar, que hay también defectos técnicos o lagunas importantes en las proposiciones de ley que han presentado ustedes. En primer lugar, hay que resaltar que todas ellas olvidan algo fundamental e importante que es la distribución de competencias que en materia de asistencia social tienen ya asumidas las comunidades autónomas. También es verdad que en la proposición del Grupo Socialista se contempla la existencia de signos externos como elementos a tener en cuenta para los límites establecidos para esos fondos de garantía de pensiones, lo cual lleva a una enorme inconcreción e incluso a hablar de unos síntomas que nos preocupan porque podrían dar lugar a actuaciones claramente arbitrarias. No faltan errores judiciales también en la de Izquierda Unida y la ausencia de una reglamentación es clara, como decía al principio, en la proposición del Grupo Mixto.
En todo caso, también es verdad que alguien podría argumentar que estos extremos podrían ser subsanados en los siguientes trámites parlamentarios. Nuestro grupo considera importante, coherente y fundamental que el Gobierno presente un proyecto de ley. Nos consta, señorías, que el Gobierno está revisando y evaluando el anteproyecto del Grupo Popular que tenía preparado. Proyecto que hoy, de manera responsable, el Gobierno ultima para mejor articular su estructura administrativa, para realizar la valoración económica precisa, después de determinar el número de beneficiarios.
Termino, señor Presidente, diciendo que el Gobierno se compromete a presentar un proyecto de ley en esta

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Cámara el próximo mes de septiembre --fecha y decisión, desde luego, muy importantes--, en el marco de un programa integral de política claramente solidaria y que ya el señor Ministro consideró como una de las acciones prioritarias de su Ministerio en su reciente comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo. Señorías, con ello el Gobierno preparará las bases de una sociedad moderna, de una sociedad claramente solidaria, que apoye al principal agente de solidaridad en nuestros tiempos, la familia. Y, por otra parte, comenzando por lo que debe ser, por aquellas familias que tienen más problemas, por aquellas familias más débiles y a las que, por tanto, es necesario atender en primer lugar.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Sainz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación separada sobre la toma en consideración de las tres proposiciones de ley, que se han tramitado conjuntamente pero que han sido defendidas separadamente.
En primer lugar, votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por la señora Rahola, sobre creación de un Fondo de Compensación de Pensiones en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 147; en contra, 161; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, sobre fondo de garantía de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 147; en contra, 163.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración.
Finalmente, votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 144; en contra, 164; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICION CANARIA Y CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), RELATIVA A LA CREACION EN LA COMISION DE PRESUPUESTOS DE UNA PONENCIA QUE TENDRA POR OBJETO RECIBIR LA INFORMACION DE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO ADOPTE EN DESARROLLO DE LAS RECOMENDACIONES PARLAMENTARIAS APROBADAS POR EL PLENO DE LA CAMARA EL 6 DE ABRIL DE 1995, CONOCIDAS COMO «PACTO DE TOLEDO» (Número de expediente 162/000035)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día, proposiciones no de ley, Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Catalán (Convergència i Unió) relativa a la creación en la Comisión de Presupuestos de una ponencia que tendrá por objeto recibir la información de las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara el 6 de abril de 1995, conocidas como «Pacto de Toledo».
Para la presentación de la proposición no de ley van a intervenir, en turno conjunto, un representante de cada grupo parlamentario suscriptor de la iniciativa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, me ruega el señor Presidente que sea breve, puesto que debemos repartirnos un poco el tiempo entre las distintas formaciones políticas que avalamos la presente proposición no de ley que se debate en este Pleno, que ha sido propiciada por la mayoría de las fuerzas parlamentarias de esta Cámara, con excepción del Grupo Parlamentario Socialista.
Para el desarrollo de los Pactos de Toledo, y para conocimiento de toda la Cámara, creo que interesa la

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creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para que haga el seguimiento de las propuestas que el Gobierno vaya adoptando, con una serie de argumentos que estimo es importante debatir en este momento.
Creemos importante que la ponencia siga estando ubicada en el seno de la Comisión de Presupuestos, por entender que los problemas estructurales que puedan afectar al sistema de la Seguridad Social tienen un contenido económico importante. Por tanto, si en el año 1993, cuando se empezó a detectar esos problemas, se creo una ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos, estimamos que esta nueva ponencia debe seguir teniendo la misma ubicación.
Se ha publicado recientemente por la Secretaría de Estado para la Seguridad Social un documento muy importante, que se ha hecho llegar a SS. SS., sobre el estado actual del sistema a nivel financiero, económico y presupuestario de la Seguridad Social. Pues bien, entendemos que es urgente empezar a aplicar todas y cada una de las recomendaciones contenidas en el documento que suscribimos todas las fuerzas parlamentarias.
En representación del Grupo Parlamentario Popular presentamos una enmienda in voce ante este Pleno, y me gustaría leer la redacción para que sea analizada por parte de los grupos que firman la presente proposición no de ley y también por el Grupo Parlamentario Socialista. Se propone la frase «de las medidas que el Gobierno proponga en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias aprobadas por el Pleno de la Cámara», en lugar «de las medidas que el Gobierno adopte».
Nos parece mucho más acertada esta redacción por entender que, en el seno de esta ponencia, se van a consensuar, a analizar, siguiendo los criterios que estableció el Ministro de Trabajo en su comparecencia, los planteamientos y las líneas de actuación que iba a seguir su departamento. Nos parece mucho más acertado hablar de propuestas que no de medidas adoptadas.
Por tanto y para terminar, puesto que el tiempo es muy limitado, quiero reiterar la propuesta que se hizo, tanto por parte del Presidente del Gobierno como por parte del Ministro de Trabajo, de compromiso firme del mantenimiento de las pensiones, del mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas y, asimismo, reiterar la propuesta de diálogo con todas las fuerzas sociales y oír todas aquellas ideas que puedan ser mejores para la aplicación de las recomendaciones referidas del Pacto de Toledo.
También quiero agradecer de antemano al Grupo firmante de la presente proposición no de ley, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que haya retirado una enmienda que había presentado en relación a aludir a las negociaciones con los agentes sociales, que ya se han iniciado por parte del titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y por parte del responsable de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social. Les agradezco que hayan retirado esta enmienda, pero late el compromiso firme de que, por parte de los responsables del Gobierno en materia de Seguridad Social, se va a tener permanentemente informados a los Diputados que vayan a integrar la ponencia que estamos proponiendo crear en esta Cámara. Asimismo, van a ser tenidas en cuenta todas y cada una de las argumentaciones y planteamientos de dichas fuerzas sociales.
Muchas gracias, señor Presidente.
Nada más. Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montseny.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero del Pozo.


El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha suscrito la proposición no de ley para constituir esta ponencia. En consecuencia, apoyamos firmemente la constitución de esta ponencia que, entendemos, reúne los requisitos de método que nosotros habíamos previsto para el seguimiento de la aplicación del Pacto de Toledo. Hemos dicho ya en esta Cámara que nosotros apostamos por una aplicación del Pacto de Toledo que sea consensuada y al mismo tiempo global; por tanto, que huya de cualquier aplicación unilateral por parte del Gobierno y, al mismo tiempo, de una aplicación parcial de los contenidos de dicho Pacto.
En este sentido, entendíamos que efectivamente la ponencia reunía estas características. Sin embargo, en el texto de la proposición no de ley había algunas cuestiones que era necesario aclarar y matizar. Por eso habíamos presentado unas enmiendas, que en estos momentos retiramos, porque la fórmula transaccional que ha propuesto el Grupo Parlamentario del Partido Popular satisface también los contenidos de lo que nosotros queremos defender. Se trata no solamente de recibir información por parte del Gobierno de las medidas que vaya a adoptar; se trata de hacer un seguimiento real y, por tanto, de tener la ocasión de consensuar aquellas medidas de aplicación del Pacto de Toledo.
En segundo lugar, se trata también de que haya un consenso con los partidos que suscribieron el Pacto de Toledo, pero también con los agentes sociales. En este aspecto, no han sido satisfechas nuestras expectativas, aunque retiramos la enmienda que habíamos propuesto en aras al consenso de todos los grupos, no sin antes decir, aprovechando la ocasión, que a los agentes sociales no les avala solamente el poder real, fáctico, que ellos tengan ni tampoco la concesión que los grupos

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de esta Cámara vayan a hacer respecto a la negociación con el Gobierno.
Es sencillamente un cauce institucional, constitucional, el que se plantea, que los agentes sociales sean la representación de la voluntad de intereses colectivos protegidos por la Constitución y, por tanto, es de ahí de donde dimana ese poder y la necesidad de contemplar sus aspiraciones, de negociar con ellos temas que afecten a aquellos a los que representan.
En este sentido, lamentamos que no haya sido posible contemplar también explícitamente la negociación con los agentes sociales, pero reconocemos que es voluntad practicada por el Gobierno esa negociación con los agentes sociales. Esperemos que no solamente haya una negociación, haya unas reuniones, sino que efectivamente lleguen a buen término, a buen puerto, esas negociaciones con los agentes sociales, así como el consenso en la ponencia que hoy vamos a constituir.
Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para contribuir al debate y afirmar nuestra posición positiva en relación a esta proposición de ley, suscrita también por mi grupo parlamentario, en algo tan importante como es el sistema público de la Seguridad Social del Estado español y de su configuración.
El Pacto de Toledo no resuelve los graves problemas que gravitan sobre el sistema público de Seguridad Social y sistema complementario privado, que también es sistema de Seguridad Social, tal como está definido por la Constitución el sistema. El Pacto de Toledo, a pesar de las reflexiones de sus apologetas, entre los que yo en algún momento me he encontrado, ni siquiera define el modelo claro de sistema de Seguridad Social español, modelo perturbado por una jurisprudencia cambiante del Tribunal Constitucional. Recuerdo a SS. SS. en este momento dos sentencias, de mayo y de junio de 1987, donde se convalida la constitucionalidad de la limitación de la pensión máxima de jubilación por primera vez, por la Ley de Presupuestos de 1984, estableciendo el Tribunal Constitucional y proclamando con mucho énfasis que no hay derecho a una cuantía predeterminada de pensión; que cuando hablamos del sistema de Seguridad Social español no estamos hablando de un sistema ni parecido a lo contributivo, ni siquiera con similitudes con lo contributivo, sino que estamos ante un régimen legal basado en los principios de unitariedad, de uniformidad y de solidaridad, criterios que, tan enfáticamente propuestos por el Tribunal Constitucional, fueron luego objeto de contradicción expresa por un Real Decreto-ley presentado por el Gobierno en el año 1992, reduciendo la protección por desempleo e indicando en la propia exposición de motivos de este Real Decreto-ley que lo que se trata de corregir es el seguro contributivo o la parte contributiva en el ámbito de la protección del sistema de Seguridad Social del desempleo que estaba en este momento, con la gran rotación de mano de obra y la proliferación de contratos temporales, tan perturbada, que se tendrían que introducir correcciones presupuestarias en lo que expresamente se calificaba sistema contributivo, donde las previsiones actuariales sí tenían relevancia.
Desde esa perspectiva, entre las normas aprobadas por estas Cámaras, los reales decretos-ley presentados a convalidar por el Gobierno y las sentencias con contenido diferente del Tribunal Constitucional, había una auténtica indefinición estructural del modelo de sistema de Seguridad Social en el Estado español que sólo parcialmente resuelve el Pacto de Toledo.
Por tanto, tenemos que continuar con el trabajo de desarrollo de las propuestas del Pacto de Toledo en una auténtica definición, primero, de aquello que pretendemos reformar, y además en múltiples ámbitos, algunos de los cuales ya han sido indicados por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Tenemos que seguir avanzando, y este es un compromiso que hay que dirigir al Gobierno y al grupo parlamentario que lo apoya, en la clarificación de los flujos financieros, de forma y manera que se cotice con contribuciones la parte contributiva del sistema y con presupuestos o con tributos la parte no contributiva asistencial y sistema sanitario; en la reconducción de los múltiples regímenes, todavía demasiados, que existen en el sistema de Seguridad Social a dos, a un régimen general y a un único régimen especial de trabajadores autónomos, con la salvedad del régimen de los trabajadores del mar que, por razones que no es preciso reproducir en este momento, mi grupo continúa defendiendo; en el fortalecimiento de los sistemas complementarios libres o complementarios voluntarios del sistema público (fortalecimiento de las entidades de previsión social voluntarias, de las mutuas no integradas en la Seguridad Social, de los fondos de pensiones) mediante tratamientos favorables de tipo fiscal, de tipo tributario, de tipo presupuestario y acabando con discriminaciones que todavía existen, en relación a las entidades de previsión social voluntaria particularmente, a las que se trata de forma favorable en la legislación especial, tanto en el ámbito tributario como también en otros ámbitos, cual es el de la prohibición de concurrencia de este tipo de entidades en el seno de la función pública, cuando se establece también por leyes de presupuestos que dentro de la función pública sí se pueden constituir fondos de pensiones pero no se pueden constituir, sin embargo, otro

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tipo de entidades del sistema complementario de Seguridad Social, como son las entidades de previsión social voluntaria.
Tenemos que avanzar también en la flexibilización de la estructura normativa de la jubilación, que ayude a que nuestro sistema de jubilación sea más gradualista, como lo es en los países de nuestro entorno socioeconómico; en la superación de seguros anacrónicos todavía, como el de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, atribuyendo a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional otras competencias y la protección de otras contingencias diferentes a las que en este momento tienen atribuidas. En definitiva, las quince propuestas de resolución del Pacto de Toledo, que no son más que indicaciones genéricas o conceptuales, que nos sirven de fundamento para continuar trabajando, y de esto se trata, señor Presidente, con esta proposición: de seguir trabajando y de hacerlo con consenso parlamentario suficiente, por lo menos similar al que ya existió en la anterior legislatura, y esta es la apelación que nosotros hacemos a los demás grupos presentes en esta Cámara, incorporando un elemento nuevo, y con esto acabo, señor Presidente, a este consenso que para nosotros es un elemento terriblemente dilecto, preferido.
Somos un grupo que nos hemos caracterizado tradicionalmente, y desgraciadamente en esta materia en solitario, en resolver el problema de distribución de competencias en este ámbito, en el de la Seguridad Social, entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas con título competencial suficiente.
Nos encontramos con estatutos de autonomía, como el de Guernica, que tiene preceptos, como el artículo 18 y la disposición transitoria quinta, que atribuyen la posibilidad de la transferencia de todo lo que no sea legislación básica, que es el título competencial que corresponde constitucionalmente al Estado, y esta es una materia que en esta Cámara se ha dicho, señor Presidente, que no es discutible, que no hay madurez política suficiente para avanzar, para progresar en ella, cuando es un puro requerimiento de constitucionalidad.
Por eso queremos incorporar también el problema competencial al Pacto de Toledo, la solución de la transferencia de posibles competencias que se financian (y con esto acabo, señor Presidente) de forma parafiscal, no con tributos, no con Presupuestos Generales del Estado, sino con exacciones parafiscales, como sucede con la protección de la Seguridad Social, con las entidades gestoras de la Seguridad Social. Apelamos a todos los grupos parlamentarios a que participen en el consenso, también en esta materia, porque es un requerimiento de constitucionalidad.
Con estos buenos deseos, señor Presidente, y esperando que con el trabajo de todos, conjuntamente, y con consenso podamos ir solucionando y removiendo las graves dificultades que gravitan todavía sobre nuestro sistema público de Seguridad Social y estar en el futuro en condiciones razonables de posibilitar a las futuras generaciones el cobro de las prestaciones o de la protección de naturaleza o cuantía similar a la existente en este momento por lo menos, esperemos que esta ponencia pueda avanzar eficientemente en sus trabajos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
También Coalición Canaria, como grupo parlamentario firmante de esta proposición no de ley, hace suyos los argumentos que han expuesto aquí los anteriores intervinientes, señalando nosotros que, de la propia lectura del «Diario de Sesiones» del Pleno que tuvimos aquí el 6 de abril del pasado año, 1995, se deduce que aquellos acuerdos y recomendaciones de la Cámara eran un muestrario, quince fundamentales, que abrían una dinámica del propio control y seguimiento de la Cámara.
Un cambio de legislatura y un cambio de Gobierno no excluyen aquel espíritu de consenso que teníamos todas las fuerzas parlamentarias de que a aquellas recomendaciones era necesario hacerles el seguimiento del cumplimiento por el Gobierno de turno, sobre todo por tratarse de una materia, la contemplada en los pactos de Toledo, que tiene ambiguedades, según distintas lecturas públicas, que tiene posibilidad de trasladar incertidumbres al amplio colectivo de pensionistas de España. Por tanto, para despejar esas incertidumbres y cualquier otro tipo de lectura sesgada, es importante que, dentro del consenso de la Cámara, mantengamos viva una ponencia que permita la recepción de los documentos que mande el Gobierno en cumplimiento de aquellos acuerdos, para ver y seguir detectando qué problemas estructurales siguen existiendo en nuestra Seguridad Social y qué medidas correctoras hay de los mismos, así como todas aquellas otras medidas respecto a cuestiones presupuestarias o asistenciales de la Seguridad Social en cuyas reformas el Gobierno tiene que estar comprometido.
Entendemos que si hay una ponencia con la concurrencia de todos los grupos parlamentarios, tanto a nivel de competencias estatales como de aquellas que se han señalado por el señor Olabarría y que comparte Coalición Canaria, las de las comunidades autónomas, ésta será una manera de transmitir a los parlamentos autonómicos el compromiso de seguimiento de aquellas competencias que tengan las comunidades autónomas, que lo tienen para que todo se haga dentro de un marco general legislativo y consecuente con los principios

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que nos inspiraron a las fuerzas políticas en el denominado Pacto de Toledo.
Se trata, señorías, señor Presidente, de una materia muy sensible, política y socialmente, para la opinión pública española. Por tanto, mantener vivo aquel espíritu subyacente de los acuerdos de abril de 1995 en esta Cámara, coincidiendo con los demás grupos parlamentarios, nos ha llevado a plantear esta proposición no de ley, porque creemos que es el mejor sistema político y parlamentario de controlar los cumplimientos del Gobierno en materia de Seguridad Social, de transparencia y de interpretación de la situación actual en España. Por esta razón nuestro voto será positivo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve en fijar la posición de mi grupo en esta proposición no de ley, suscrita por cinco grupos parlamentarios de la Cámara. No es habitual debatir una iniciativa firmada por cinco grupos políticos, con lo cual debería ser de entrada una iniciativa a tener en consideración, puesto que lleva la firma de un gran número de parlamentarios y de grupos que representan a una parte importante de la soberanía popular.
El tema, sin duda, es importante. Se trata de la continuación del Pacto de Toledo, de cómo le damos continuidad a un compromiso político alcanzado en la anterior legislatura; compromiso que es uno de los de mayor trascendencia alcanzados y su destinatario es toda la sociedad española. Una de las materias de mayor atención social en estos momentos es cómo se revisa y cómo se reafianza todo el sistema público de pensiones en España.
Nuestro grupo quisiera dejar constancia en este trámite de unas puntuales posiciones políticas. Nuestro grupo cree que el Pacto de Toledo debe cumplirse estrictamente y que al Gobierno le compete aplicarlo en todos sus extremos. El Gobierno debe desarrollar los catorce puntos y bases que recoge aquel compromiso político alcanzado con todas las fuerzas parlamentarias. No se trata en esta legislatura de reiniciar el debate ni la reflexión sobre los contenidos en los que ya se alcanzó un acuerdo en la anterior legislatura.
Dicho esto, señorías, ¿que es lo que pretendemos con esta proposición no de ley a la que nuestro grupo se adhirió, firmándola junto con otros grupos parlamentarios? Básicamente, en una materia tan importante como el Pacto de Toledo sería oportuno, en esta legislatura, constituir de forma equivalente una ponencia, en el seno de la Comisión de Presupuestos, para poder hacer el seguimiento y el análisis del desarrollo y aplicación de este Pacto de Toledo. No se trata de iniciar una reflexión ni un debate político para hacer un segundo pacto; no. Tampoco se trata con esa ponencia de levantar ningún mecanismo, ningún artilugio parlamentario para no responsabilizar al Gobierno de lo que debe ser su principal responsabilidad, que es aplicar el Pacto de Toledo. Se trata simplemente, señorías, de que en una materia de tan trascendental importancia e interés para la sociedad española se constituya, en esta Cámara, una ponencia equivalente a la que se constituyó en su momento y dio origen al pacto para poder hacer el análisis de seguimiento de la aplicación del mismo por parte del Gobierno. Y no solamente el análisis de las medidas que el Gobierno pueda desarrollar en aplicación de los principios que recoge el pacto, sino las problemáticas que deben ser desarrolladas y aplicadas por parte del Gobierno y que hemos de ir observando y estudiando, por si requiriesen de una segunda revisión en el futuro, si ello fuera procedente, pero que en estos momentos no lo es.
El espíritu de esta iniciativa es básicamente, señorías, instrumentar una ponencia que en un tema de tan alta sensibilidad política pueda trabajar con el espíritu de consenso que dio contenido a los pactos de Toledo, para poder seguir las medidas que el Gobierno debe desarrollar y aplicar.
Este es el sentido estricto de la voluntad de nuestro grupo al suscribir esta iniciativa. No es dilucidar, en una segunda etapa de debate político, si es necesario o no un segundo acuerdo político en torno a estas materias. No, señorías. Y me dirijo especialmente al Grupo Socialista puesto que lo veo temeroso de posibles interpretaciones que pudieran dar pie a una probable revisión de ese pacto. Ese pacto es el que es y nuestro grupo no lo cuestiona en ninguno de sus puntos.
Simplemente cree que es operativo y es útil instrumentar una ponencia de seguimiento de la información que el Gobierno nos pueda remitir, de seguimiento de las medidas que el Gobierno pueda ir desarrollando y del conocimiento directo que nosotros, como grupos parlamentarios, hemos de tener de las materias y del objeto final de la naturaleza de todas esas medidas y propuestas que contempla el Pacto de Toledo.
En este sentido, señor Presidente --y concluyo--, nuestro grupo cree muy procedente que en la literalidad de la proposición no de ley, cuando se hace mención a recibir la información de las medidas que pueda aplicar el Gobierno, se haga referencia al desarrollo y seguimiento de esas medidas.
Se trata de darle más amplitud a la función estricta de la ponencia para que no sea simplemente la información de las medidas del Gobierno que ya haya adoptado, sino las que tenga en previsión adoptar, para que las podamos conocer también en la fase que corresponda. Que esta ponencia pueda tener la más amplia información posible para garantizar la mejor aplicación y cumplimiento del Pacto de Toledo.
Señor Presidente, termino. Nuestro grupo desearía que el espíritu que impulsó aquella ponencia que se

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constituyó en el seno de la Comisión de Presupuestos fuera el mismo que diera también nacimiento a esta ponencia de seguimiento del Pacto de Toledo. No creo que ésta fuera una equivocada decisión política de esta Cámara. Creo que sería una buena decisión política que instrumentáramos esta ponencia para poder continuar la vigilancia y la buena aplicación del Pacto de Toledo.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
¿Grupos parlamentarios que no han suscrito la iniciativa y desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, antes de entrar en el fondo de la cuestión que hoy aquí nos ocupa, me gustaría hacer una distinción, que me parece importante, en medio del debate un tanto confuso que se está produciendo en torno a esta iniciativa. Estamos discutiendo, si no nos hemos enterado mal los Diputados del Grupo Socialista, un puro problema instrumental, un puro problema de si se crea o no una ponencia que siga el desarrollo que haga el Gobierno de los pactos de Toledo. Por tanto, si esta interpretación es correcta, deberíamos todos tener cabal convencimiento de que no vamos a posicionarnos a favor ni en contra ni nos vamos a abstener sobre el conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Tiene mucho interés para mi grupo establecer esta distinción preliminar puesto que estamos observando en muchos medios de comunicación, a lo largo de la jornada de ayer y de hoy mismo, interpretaciones sobre una hipotética votación de nuestro grupo en contra, ligándola a una interpretación de ruptura del consenso sobre el Pacto de Toledo. Es perfectamente posible y, aunque no se va a producir esta tarde, hubiera sido perfectamente natural que nuestro grupo hubiera votado en contra de la creación de una ponencia, por las consideraciones que luego diré, y, sin embargo, pudiéramos seguir estando --de hecho seguiríamos estándolo-- firmemente comprometidos con el desarrollo de las recomendaciones, de los análisis y de los objetivos del Pacto de Toledo. Por tanto, tenemos que denunciar en primer lugar una cierta utilización, un cierto chantaje sobre la libertad de posición de los grupos cuando discutiéndose, como se discute, un tema instrumental se haya llevado en otros foros (ciertamente no aquí esta tarde, y yo agradezco mucho que en este sentido no se hayan pronunciado los portavoces) a una confusión de los términos, haciendo que cuestiones importantes que hemos venido diciendo los días pasados en contra de la redacción original de esta proposición no de ley se estuvieran transmutando como si fuese una oposición de nuestro grupo al conjunto del consenso y del compromiso político que mantuvimos, mantenemos y seguiremos manteniendo en el futuro, siempre que efectivamente sean las recomendaciones del Pacto de Toledo y no cosas extrañas lo que veamos próximamente en el «Boletín Oficial del Estado».
Dicho lo anterior, señorías, habría también que decir que alguna razón asistiría al Grupo Socialista, en afirmaciones preliminares al debate de esta tarde, al tachar de que la redacción era confusa, de que los objetivos no estaban claros, cuando los grupos proponentes hoy, y lo agradecemos, se autoenmiendan para, al menos, dar una claridad mayor a los objetivos de la propia ponencia. Porque, señorías, decía el señor Homs hace un momento que pocas veces se ha visto en la Cámara que cinco grupos se pongan de acuerdo para traer una iniciativa parlamentaria.
Señor Homs, yo creo que también es relativamente raro en la Cámara observar cómo los grupos parlamentarios establecen, como han hecho en la tribuna, discursos bien heterogéneos, discursos de los que sinceramente, para un observador que no esté en nuestros debates, sería difícil saber exactamente cuáles son las pretensiones de cada uno de los grupos. Yo agradezco mucho la intervención del señor Homs porque algo ha centrado la cuestión. Yo agradezco mucho la iniciativa que ha tomado también la primera portavoz del Grupo Popular de hacer una enmienda de transacción que va a posibilitar a nuestro grupo no oponerse a esta iniciativa, aunque nos vamos a abstener porque creemos que aún no se dan las condiciones para que pudiéramos saber exactamente todas las implicaciones de esta ponencia. Porque no es habitual, señor Homs, en la Cámara, no es habitual que leyendo la redacción inicial de ustedes en la proposición no de ley tengamos una proposición no de ley que en la parte sustantiva contradiga lo que es la exposición de motivos. Incluso alguien se ha deslizado por ahí en esta tribuna anteriormente.
En la exposición de motivos se decía, señorías, que esta era una ponencia análoga a la que hizo el Pacto de Toledo (y ésta no puede ser una ponencia análoga salvo que ustedes quisieran hacer una reforma del Pacto de Toledo) y, por tanto, la oposición de nuestro grupo a una actitud revisionista del Pacto de Toledo era total. Porque si algo caracteriza al Grupo Socialista es el compromiso de la A a la Z con el Pacto de Toledo.
Y esa mención a crear en el Parlamento una ponencia análoga al Pacto de Toledo nos traía, unido al conjunto de consideraciones que hay en el debate político de la nación, la alarma y el temor de que se pretendiera una revisión en una ponencia bis, en un Pacto de Toledo bis. Eso lo dicen ustedes en el preámbulo de la proposición no de ley. Pero era contradictoria también con el propio texto de la proposición no de ley.
En el texto de la proposición no de ley, en una redacción desafortunadísima, se venía a decir que la ponencia, en todo

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caso, sólo conocería a posteriori las iniciativas que el Gobierno tomara sobre esta materia.
Ya tuvimos ocasión la semana pasada de decir que la posición del Grupo Socialista en esta materia, que no es de forma, señor Ministro, sino de fondo, si usted quiere un pacto con la oposición, si usted quiere continuar el consenso, el Grupo Socialista debe conocer los textos antes de que el Gobierno los apruebe, debe negociar los textos antes de que el Gobierno resuelva definitivamente, también en diálogo con las fuerzas sociales, lo que será la articulación concreta del Pacto de Toledo. En ese camino, señor Ministro y mayoría gubernamental, tendrán nuestro apoyo. En el otro camino, en el de hechos consumados, en el de información a la Cámara a posteriori de decisiones del Gobierno, nunca tendrán nuestra conformidad. Por ello también pensábamos haber votado que no esta tarde, en el Pleno de la Cámara, porque el texto inicial decía que el Parlamento sólo conocería decisiones ya adoptadas por el Gobierno y no tendría ninguna capacidad de intervenir en la conformación del consenso social y en la conformación del consenso político.
Como el tiempo reglamentario es limitado y no voy a cansar a SS. SS.
porque está clara nuestra posición, terminaré diciendo que no les quepa la menor duda de que la abstención del Grupo Parlamentario Socialista no se va a traducir, en manera alguna, en una ruptura del Pacto de Toledo.
Es una abstención porque queremos llamarles la atención de que no es procedimiento traer proposiciones no de ley no conocidas por nuestro grupo. Y si ustedes pretenden que el Grupo Socialista vote algo en este Parlamento, discutan con nosotros previamente, no nos traigan hechos consumados simplemente con el argumento de que los demás grupos de la Cámara están de acuerdo, porque nosotros queremos saber con precisión lo que votamos, queremos saber con precisión a lo que nos obligamos y, desde luego, queremos dejar muy nítidamente claro que una cosa es la responsabilidad del Gobierno y otra la de la oposición, y queremos dejar nítidamente clara la dignidad de la Cámara, que no puede ser un juguete de la mayoría gubernamental. La Cámara tiene que seguir participando activamente en el desarrollo de un proyecto que exige el consenso. Por tanto, señorías, ninguna duda sobre la defensa de nuestro grupo de la globalidad, de la integridad del Pacto de Toledo, ninguna duda de que, a pesar de nuestra oposición, vamos a ser una fuerza activa en el trabajo que realice dicha ponencia.
Por último quiero hacer un ruego, señores de la mayoría. La próxima vez traigan textos más claros, textos no contradictorios y textos que, si pretenden nuestro voto favorable, tienen que discutir previamente con nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cercas.
Concluido el debate vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación sobre la proposición no de ley de los grupos Parlamentarios Popular, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV), Coalición Canaria y Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación en la Comisión de Presupuestos de una ponencia para recibir la información de las medidas que el Gobierno adopte en desarrollo de las recomendaciones parlamentarias conocidas como Pacto de Toledo, en los términos de la aceptación de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310, a favor, 188; en contra, siete; abstenciones, 115.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley anteriormente citada en sus propios términos.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA CONSTITUCION DE UNA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACION DE LOS ESPAÑOLES EMIGRANTES O RESIDENTES EN EL EXTERIOR Y LA SITUACION DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA, ASI COMO LAS ACTITUDES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ANTE ESTOS NUEVOS RESIDENTES EN ESPAÑA (Número de expediente 162/000030)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España, así como de las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos residentes en España.
Para la defensa de la proposición no de ley, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Socialista presenta esta proposición no de ley reclamando el apoyo de todos ustedes para que constituyamos una ponencia. Cuando preparaba estas notas recordaba al portavoz de la Comisión de Política Social y Empleo de Convergència i Unió que la semana pasada subía a esta tribuna y decía: ¿Otra ponencia más? Sí, otra ponencia más, señor Diputado de Convergència i Unió. Esta es ya la cuarta en nuestra Comisión. Dos de ellas intentan llegar a la recta final de unos trabajos de la legislatura pasada. En esta ponencia el Grupo Socialista

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pretende, con ustedes, conseguir avanzar en el estudio de la situación y de la realidad de tres colectivos importantes para todos nosotros.
En primer lugar, los españoles que viven fuera de España, emigrantes en su mayoría, residentes algunos de ellos, el resto, porque son segundas o terceras generaciones, incluso los profesionales de la España de hoy que tienen una movilidad geográfica voluntaria y deseada desde sus altas cualificaciones profesionales o su trabajo en la función pública. El segundo colectivo es el de los inmigrantes, sean comunitarios o extracomunitarios. Y el tercer colectivo es el de los refugiados; refugiados sobre los que (en casi toda Europa coinciden los expertos en esta materia) resulta cada día más difícil hacer una distinción: inmigrante económico o por motivos políticos, es decir, el refugiado político, porque aquellos países cuyos hombres y mujeres tienen que huir por motivos económicos suelen ser países también cuyos hombres y mujeres huyen porque sus democracias están poco desarrolladas y porque las injusticias son importantes. Esto lo decía últimamente un antiguo Diputado, ahora Presidente de la Comisión española de Ayuda al Refugiado.
Tres son los objetivos que el Grupo Socialista quiere también compartir con ustedes en esta ponencia. En primer lugar, conocer más y mejor la realidad de estas personas, de estos grupos, de este colectivo. En segundo lugar, establecer --y ojalá seamos capaces de hacerlo con un alto grado de consenso-- las prioridades sobre las materias nuevas que hay que legislar, porque nuevos son los problemas que surgen cada corto período de tiempo, incluso adaptaciones y mejoras de las normas que ya nos hemos dotado en estos últimos años, y también las prioridades que en materia de política económica y social hemos de proponer al Gobierno, al conjunto de las administraciones o a nosotros mismos. El tercer objetivo que perseguimos en esta ponencia es el de establecer una puesta en común entre la ponencia y los parlamentarios que en ella trabajemos con los órganos de participación de estos colectivos.
Sus señorías conocen perfectamente la existencia del Consejo General de la Emigración, donde con democracia directa y participativa y de forma muy rica los españoles emigrantes se reúnen con el Gobierno para decidir iniciativas que tienen que ver con su futuro. A la vez, casi plagiando esa estructura de participación de la sociedad, se creó más recientemente el foro de los inmigrantes. A mí me gusta decir que si el Parlamento, que es la cuna de la democracia parlamentaria, claro está, se reúne y trabaja con las instituciones de la democracia más directa estamos avanzando en una sociedad más participativa y estamos profundizando mucho más en la democracia de nuestro país.
Señorías, hemos dejado de ser un país de emigración para ser un país receptor de personas que vienen en busca de un trabajo o de personas que pretenden que sus derechos humanos sean respetados en un territorio como el nuestro. Todavía quedan alrededor de 1.300.000 españoles que viven fuera de España, sobre todo en los países de América Latina. Otras estadísticas nos hablan de alrededor de 600.000 extranjeros, entre comunitarios y extracomunitarios, que están ya viviendo en España. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Las políticas que reivindican estos diferentes grupos guardan mucho paralelismo y merece la pena integrar al máximo sus esfuerzos. Este es mi argumento ante lo que yo espero que pueda ser un cambio de posición del Grupo Parlamentario Popular retirando una enmienda que pretende que la ponencia sólo trabaje con los españoles que están fuera, con los emigrantes, y que se deje para otro momento el tema de los inmigrantes, recordando trabajos anteriores de la Cámara. Mi argumento, señores Diputados, es que cuando los españoles piden que se exporte el Estado del bienestar, están hablando de la educación, la sanidad, los servicios sociales, las pensiones no contributivas que les han llegado, también para ellos, aunque estén fuera, aunque no hayan contribuido y aunque no hayan participado en la creación de riqueza de nuestro país. Cuando los inmigrantes hablan de que el Estado del bienestar les llegue a ellos están hablando de una integración fácil en el sistema educativo de sus hijos, están hablando de una sanidad también para ellos, aunque acaben de llegar, están hablando de unos contratos serios de trabajo por los que puedan cotizar y les den acceso en un futuro a una pensión. Cuando los inmigrantes demandan poder reagrupar a sus familias, traer a sus familias aquí, esa filosofía tiene mucho que ver con la reivindicación de los españoles cuando dicen: Pedimos a todas nuestras administraciones que se haga una política lo más activa posible de retorno para que, si ya nuestra historia está divida entre dos países, tengamos el menor número de obstáculos posibles para ese regreso. Reagrupación familiar de inmigrantes, retorno de emigrantes, en el fondo son las mismas políticas.
Cuando los emigrantes hablan de ejercitar el voto más fácil y más cómodamente o de la recuperación automática de la nacionalidad nos están hablando de que sigamos mejorando el Código Civil, a pesar de haberlo hecho en la pasada legislatura y en la anterior, de que sigamos mejorando todas aquellas normas, como la Ley Electoral, que permitan que aunque estén fuera sus derechos políticos y civiles son respetados. Esa es la misma reivindicación cuando los inmigrantes dicen que quieren un código civil y una ley de extranjería que hagan que en el menor espacio de tiempo posible cambien las leyes para que la adquisición de la nacionalidad española para ellos, ya como emigrantes permanentes, y para sus hijos nacidos aquí sea una realidad. Hablamos de las mismas leyes, hablamos de las mismas políticas y casi de los mismos

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programas a desarrollar. Por eso, señores Diputados del Grupo Popular, les pido que retiren esa enmienda para que podamos hacer un trabajo aunando esfuerzos, muy en paralelo, en defensa de los intereses de los españoles que están fuera y de los inmigrantes que están dentro.
Esta ponencia pretende que trabajemos intensamente durante un año y que intentemos ser un observatorio para examinar las actitudes de la sociedad española ante los que son diferentes, ante los inmigrantes. Se trataría de proponer también desde esta ponencia, y a la Cámara luego, aquellas actuaciones que sean símbolo de libertad, de respeto, de integración y de solidaridad. Octavio Paz a estas palabras y sobre el tema de los inmigrantes, él que se consideró un extranjero en su país y un extranjero en los países que le iban acogiendo, decía: son los mayores valores éticos o morales de un pueblo. Siguiendo esa reflexión de Octavio Paz, que nosotros podamos, en esta ponencia, hacer un observatorio para que allá donde haya comportamientos racistas y xenófobos, podamos con nuestras propuestas intentar hacer frente a ellos.
Saben SS. SS. que en 1995 Naciones Unidas dijo que ese año debía ser para todos nosotros el Año Internacional de la Tolerancia. Se hicieron cosas importantes también en este Parlamento, también en nuestro país. Ahora conocemos que para 1997 hay una propuesta de decisión del Consejo para que dicho año 1997 sea el Año Europeo contra el Racismo. En este momento, esta decisión está bloqueada en el Consejo de Ministros sólo por el veto del Reino Unido. Tal vez actuaciones --no quiero pecar de ingenua--...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández, le ruego que vaya concluyendo.


La señora FERNANDEZ SANZ: Lo voy a hacer en breves segundos.
Tal vez actuaciones como ésta, sacando adelante una ponencia, dejando el mensaje en nuestro país y en Europa de nuestro interés en estos temas, permitan desbloquear esta actitud o incluso permitan que ustedes, como grupo, terminen de dar el último empujón al Gobierno --porque sé que el Ministro de Trabajo lo ha intentado-- y que ese organigrama recortado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fusionando la Dirección General de Migraciones con la Dirección General de Trabajo pueda tal vez, a sugerencia de ustedes, ser replanteado por el Gobierno y que los españoles que viven fuera y los inmigrantes dispongan de un organigrama administrativo lo suficientemente específico y completo para atender todos sus planteamientos.
En definitiva, señorías, se trata de una ponencia que persigue el objetivo de que los españoles que vivan fuera se sientan, si cabe, y por qué no, cada día más vinculados y más orgullosos de las instituciones españolas y, desde luego, de esta Cámara, y que los inmigrantes que viven ahora en nuestro país se sientan cada día un poco más en su casa. Para eso, el Grupo Socialista reclama el apoyo de todos ustedes y así poder contribuir a aquello que decía Attali, que en las agendas de los políticos el problema fundamental, de los más importantes y de los más prioritarios, es el del mundo nómada, de las migraciones. Pues que empecemos nosotros a ocupar el tiempo de esta Cámara, de nuestro trabajo en eso que creo que definía bien el señor Attali.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.-- Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Defenderé inicialmente y con suavidad la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y, al mismo tiempo, fijaré la posición de nuestro grupo respecto a esta proposición.
Señorías, las políticas sobre inmigración, emigración, asilo y asistencia a refugiados y desplazados por hechos de guerra deben ser políticas de Estado; no son ni pueden ser objeto de controversia entre partidos con representación parlamentaria.
Los países europeos en los que se han utilizado estos temas como reclamo electoral --evidentemente en ciertas circunstancias un reclamo electoral atractivo para determinados colectivos-- están sufriendo las consecuencias de la consolidación de extremismos y del reforzamiento de tendencias xenófobas. Buena prueba de ello pueden ser las últimas elecciones en Austria o las manifestaciones en los últimos días en Francia por parte del Frente Nacional sobre la falta de franceses puros en la selección nacional de fútbol como hecho determinante del fracaso deportivo. Realmente, esto está pasando en Europa, en estos días además.
Este Parlamento sentó las bases de una política estatal en relación a los extranjeros en España, mediante la aprobación, el 9 de abril de 1991, de una proposición no de ley, con el voto favorable de todos los grupos y la abstención de Izquierda Unida. De hecho, en los últimos años la política en relación a la inmigración se ha basado en los principios de la más amplia igualdad de derechos de los extranjeros con los españoles, en la limitación de entradas que permita una integración gradual del extranjero, en la lucha contra la inmigración ilegal y contra situaciones de

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explotación laboral, en la protección rápida y efectiva de los refugiados, con algunas lagunas en esta materia, en la asistencia al desarrollo económico y social de los países de los que procede el mayor número de inmigrantes. Ha fallado quizás otro de los puntos que se incluían en 1991, cual era la modernización y adecuación de las infraestructuras administrativas para la acogida a los extranjeros. Buena prueba de ello puede ser la peregrinación última de los extranjeros llegados desde Melilla por la insuficiencia de los centros de acogida.
En materia de emigración la sensación que existe en la sociedad española es que las administraciones públicas en su conjunto --no es sólo un problema de Administración del Estado, es también un problema de Administración local-- no han respondido en estos últimos años a las demandas mínimas de nuestros emigrantes. Es difícil para un emigrante obtener cobertura de Seguridad Social; es difícil para el emigrante, sobre todo para los que estuvieron en Europa, hacer compatibles sus cotizaciones en aquellos países con las cotizaciones al sistema español; es difícil o muy difícil para algunos de los emigrantes ejercer el derecho al voto; es difícil el retorno, no sólo la decisión sino la materialidad del mismo; y es difícil la integración laboral cuando vuelven. La verdad, creo que tenemos que reconocer que no se ha actuado con justicia con los emigrantes, no se les ha recompensado el esfuerzo que hicieron en otros tiempos y el beneficio que produjeron a esta sociedad.
Este Parlamento en el año 1991 aprobó por unanimidad una moción sobre política para los españoles emigrantes y residentes en el exterior. En relación al derecho de asilo tuvimos también ocasión en las dos últimas legislaturas de manifestar la postura de los grupos. Se produjo creo que una aproximación muy interesante de todos los grupos, quizá con algunas discrepancias por parte de Izquierda Unida.
Hemos formulado una enmienda --que decía que la defendería en tono suave-- que pretende poner de manifiesto que la propuesta que se nos hace comprende el estudio conjunto en una misma ponencia de la situación de los españoles en el extranjero, de los inmigrantes extranjeros en nuestro país y de los refugiados. Para nosotros se trata de tres realidades distintas que merecerían un estudio diferenciado como, por otra parte, se ha hecho en el pasado en el Parlamento. Es cierto que existen puntos de comunicación y que problemas que tienen los emigrantes españoles se presentan también a los inmigrantes, pero creemos que la confusión de todos los puntos podría restar eficacia a los trabajos de la ponencia.
Desde el punto de vista de gestión administrativa y de aplicación de políticas para la Administración, el tratamiento unitario puede ser rentable y eficaz, pero quizás a efectos de un análisis correcto de los problemas, pueden introducirse elementos de confusión, y éstas eran las razones por las que presentábamos nuestra enmienda.
Por otra parte, no hacemos una cuestión de la defensa de esta enmienda o de la admisión por el grupo proponente de la enmienda que presentamos, puesto que creo que a nuestro grupo, como a todos los grupos, le gustaría que el voto a la proposición presentada fuera unánime, y por ello estaríamos dispuestos a retirar esta enmienda si el grupo proponente aceptara incluir en el texto propuesto que la ponencia que se cree tenga como punto de partida las líneas marcadas en la proposición no de ley en relación a la situación de los extranjeros en España y en la moción sobre políticas para los españoles emigrantes y residentes en el exterior, aprobadas por este Parlamento en 1991. Fueron decisiones de toda la Cámara y creo que serían unos buenos puntos de partida para el trabajo a realizar en el futuro.
La sociedad española tiene una actitud favorable al extranjero. Creo que es un hecho en el que todos podemos estar de acuerdo; actitud favorable ligada a que durante muchos años este país ha surtido los flujos migratorios hacia América, primero, y después, hacia Centroeuropa. Creo que entre todos debemos dar solución a los problemas que ahora mismo tenemos planteados, para evitar una quiebra importante de las sociedades desarrolladas. En relación a la emigración la quiebra se produce por el olvido del trabajo y del esfuerzo que los emigrantes han realizado en otros tiempos en situaciones difíciles. En relación a la inmigración, el desbordamiento de la capacidad de absorción de flujos razonables de inmigrantes produce la caída de muchos inmigrantes ilegales en manos de mafias de trabajo sumergido o de redes de delincuentes y genera, si el flujo o la absorción no ha sido lo suficientemente gradual, la explosión de tendencias xenófobas, de las cuales ya tenemos en la sociedad española algunos ejemplos, cuya repetición debemos intentar evitar.
En relación a los perseguidos políticos, a los solicitantes de asilo, la no prestación de ayuda, una denegación en falso de la ayuda, una sola denegación en falso, a nuestro entender, es un fracaso del sistema de protección de derechos y libertades de la sociedad europea.
Por lo que se refiere a los refugiados y desplazados por hechos de guerra, el voluntarismo de muchas organizaciones, la dispersión de esfuerzos, la falta de organización convierten en ineficaces las prestaciones solidarias de la sociedad occidental, de los ciudadanos occidentales, y genera lo que Acnur ha llamado el cansancio de la solidaridad. Realmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para evitar que estas quiebras de los principios que han inspirado las sociedades democráticas occidentales no se produzcan en nuestro caso.
Espero que el grupo proponente acepte nuestra propuesta y que el trabajo de la ponencia que se va a crear responda a esta exigencia que nuestra sociedad

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tiene tanto en materia de emigración, como en materia de inmigración.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Jordano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como decía al principio de su intervención la señora Fernández, nuestro grupo, siempre que existan propuestas de creación de ponencias, de grupos de trabajo, de comisiones que respondan a problemas que tenga nuestra sociedad, procurará, a pesar de ser un grupo con un número limitado de Diputados, dar respuesta a estas inquietudes y ponernos a trabajar. La propuesta que nos hacen esta tarde de creación de una ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España, así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos residentes, nos parece que justifica la creación de una ponencia parlamentaria en el seno de la Comisión de Política Social para efectivamente trabajar en esta perspectiva.
No voy a entrar a profundizar en los problemas, en el análisis, en el diagnóstico de la situación. Creo que en la exposición de motivos de la proposición no de ley consta, en las intervenciones que se están teniendo también se afirman y supongo que otros portavoces harán referencia a ellos.
Me gustaría hacer algunos breves comentarios, en primer lugar, en relación a la enmienda del Grupo Popular. Seguramente tiene mucha lógica lo que nos plantea el Grupo Popular, que estudiásemos las distintas problemáticas en varias ponencias, porque responden también a problemas que pueden ser diferentes, pero esta mañana, cuando le daba vueltas a esta cuestión --incluso nos planteábamos la posibilidad de presentar una enmienda en ese mismo sentido--, hemos creído ver una importante virtud en la propuesta de trabajar en una sola ponencia. Nos parece que vincular las dos cuestiones en un mismo ámbito tiene un profundo carácter pedagógico. Creemos que aquello que realza el tratamiento que el Estado español debe dar a la realidad que supone la inmigración que tenemos aquí es vincularlo con la emigración que existe de ciudadanos del Estado español en el resto del mundo. Nos parece que son dos caras de una misma moneda. Por tanto, es importante, y creo que éste es un factor que a nosotros nos hace ver que es más interesante que se mantenga la posibilidad de una sola ponencia. Si el Grupo Socialista entendiese que no, tampoco nos parecería mal, pero en todo caso, tiene ese valor pedagógico que creemos que es positivo.
Dicho esto, nos parece también --y coincidimos con la intervención del ponente del Grupo Parlamentario Popular-- que ésta debe ser una política de Estado en el sentido más amplio posible. Es evidente que hoy gobiernos autonómicos, el Gobierno de la Generalitat, y municipios están desarrollando políticas en relación al mundo de la inmigración, políticas que muchas veces se ven limitadas por un marco legal que no facilita ni los medios ni las posibilidades legales para profundizar en los derechos que estos colectivos, que estos ciudadanos tienen planteados. Para dar sentido a esas políticas que se realizan desde el mundo local, desde las nacionalidades y regiones, es necesario que esa política de Estado contenga una visión que implique al conjunto de las administraciones. Hay que poner los medios legales y materiales para que los municipios y los gobiernos nacionales y regionales puedan desarrollar sus políticas.
Seguramente también hay que hacerlo ahora --de hecho ya se viene haciendo--, en unos momentos en los que la situación de la inmigración específicamente en el Estado español en relación a otros países, a otros Estados europeos, no es especialmente preocupante. Estamos en una fase del problema en la que es importante que tomemos ya medidas y, por tanto, que se continúen desarrollando políticas que a lo largo de estos años se han llevado a cabo. Hay que asumir seguramente que las visiones que podíamos tener del año 1991, que han de ser una base para la actuación de esta ponencia, hoy también la realidad social misma las está superando.
La misma Ley de Extranjería contiene aspectos que en un momento u otro deberá entrar a reformar esta Cámara. Los reglamentos que se han desarrollado introducen algunos cambios importantes. Nos parece que continúan dejando de lado muchas realidades de índole legal que están ahí y necesitan respuesta de tipo política. Por tanto, hay que trabajar desde ese consenso político, pero asumiendo claramente que existe una realidad a la cual debemos responder.
Hay que recordar que en el Parlamento de Cataluña se creó en la anterior legislatura, la legislatura de 1992 a 1995, una Comisión de estudio sobre la problemática de los trabajadores extranjeros residentes en Cataluña.
Yo era miembro de esta Comisión y, aludiendo a lo que decía en su intervención inicial la señora Fernández, la aportación que en relación con la situación hicieron los colectivos, los responsables de administraciones locales, los responsables del mundo sindical, los responsables de organizaciones empresariales, nos ayudó a los Diputados y Diputadas que formábamos parte de esa Comisión a intentar encontrar soluciones en esa línea de trabajo. Por tanto, desde esa experiencia, al menos la mía personal, del trabajo realizado en Cataluña, podemos apuntar soluciones en el ámbito específico de la inmigración.


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Debo decir también que el Gobierno de la Generalitat aprobó un plan integral en relación a la inmigración, y nos gustaría que la política del Gobierno en esa materia tuviese ese carácter integral. Sin entrar tampoco en una recomendación al Gobierno, nos preocupó el nuevo organigrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Es evidente que el organigrama no ha de condicionar necesariamente la actuación política. Esa política integral se puede analizar desde el punto de vista de una misma estructura administrativa, pero nos parece importante que esta ponencia trabaje mucho desde la perspectiva de reivindicar del Gobierno una política integral en relación a la inmigración. Desde este punto de vista, modificaciones de leyes como la Ley General de Sanidad, de asistencia sanitaria y de la Seguridad Social, de la Ley que establece las prestaciones no contributivas, la de protección de las familias numerosas e incluso de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local deberán ser estudiadas en esta ponencia.
Por lo que hace referencia a la emigración, quiero recordar también que el trabajo que la ponencia desarrolle debe tener en cuenta --y en esto nuestro grupo parlamentario va a ser especialmente sensible-- que los ciudadanos del Estado español residentes en el extranjero también responden a la condición de ciudadanos catalanes, vascos y gallegos. El Gobierno de la Generalitat desarrolla, a través de los conocidos Casals Catalans, una política de apoyo a los catalanes residentes en el extranjero; una política que muchas veces se ve limitada por una actuación del Gobierno que no tiene en cuenta estas realidades nacionales existentes en el extranjero, a las que hay que ser sensibles. En esto nuestro grupo parlamentario quiere ser especialmente combativo. La defensa y la promoción de la cultura y la lengua catalana para estos ciudadanos residentes en el extranjero nos parece que debe ser algo a estudiar por parte de esta ponencia.
Señoras y señores Diputados, sólo quiero reafirmar el apoyo favorable de nuestro grupo y, como decía uno de nuestros poetas nacionales, esperar que esta ponencia contribuya a establecer puentes de relación entre los ciudadanos de este Estado y los del resto del mundo también provenientes de este Estado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a votar favorablemente la creación de esta ponencia, porque consideramos importante que a pesar de las iniciativas que se hayan podido tener en otras legislaturas y de la inquietud que estoy segura tenemos todos los grupos parlamentarios tanto respecto de la situación de los emigrantes españoles como de la que genera la inmigración o los refugiados políticos en nuestro país, bien es cierto que una ponencia siempre nos permite conocer mucho más la realidad en la que se mueven las organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados, así como las necesidades de nuestros emigrantes en los diferentes países en los que residen habitualmente. Además, también nos permite evaluar cuál es el resultado de las diferentes políticas que se han venido realizando, así como el de las iniciativas legislativas que ha habido en esta Cámara tanto para la integración de los inmigrantes extranjeros en nuestro país como respecto de la situación de los emigrantes en el extranjero.
Hablando de los problemas que tiene nuestra emigración, creo que es necesario plantear que sí es cierto que sus reivindicaciones van en el sentido de la doble nacionalidad y de la reivindicación de las prestaciones económicas que necesitan para cubrir sus necesidades, pero también es cierto que tendríamos que estudiar en esta ponencia cómo han afectado los recortes presupuestarios a nuestros emigrantes, por la anulación de oficinas que han sufrido los consulados españoles, lo que ha impedido que determinada información pudiera llegar a estos emigrantes y que pudieran acceder a pensiones, a puestos de trabajo o a información laboral, lo que ha ido en perjuicio de sus condiciones de vida en el extranjero. También es cierto que ha habido recortes presupuestarios para apoyar la cultura y la lengua, que son reivindicaciones de nuestros emigrantes en el exterior. Por tanto, es necesario que, a través de los organismos que existen en estos momentos y que ya han sido nombrados desde esta tribuna, tengamos una visión clara de cuáles son sus necesidades, de qué iniciativas legislativas habría que abordar, si son necesarias, o si, por el contrario, sólo se trata de un problema de dotar de mayores recursos económicos a la Administración española en el extranjero para poder cubrir ese tipo de necesidades.
Con respecto a la inmigración, señorías, ya decíamos que muchos de los problemas que hoy ya está teniendo en nuestro país, que está viéndose abocada a esos brotes de xenofobia y de racismo que ya existen, tienen mucho que ver con la propia Ley de Extranjería que el nuevo reglamento que ahora se está empezando a aplicar intenta paliar, pero nosotros consideramos que no es suficiente para conseguirlo y que, desde luego, un reglamento nunca puede sustituir una ley, por lo que la ponencia tendrá que abordar realmente la modificación del texto de la Ley Orgánica de Extranjería, porque es la que está generando muchos de los problemas que, hoy por hoy, tienen los inmigrantes a la hora de su integración en nuestra sociedad. Esperemos que podamos analizar en la ponencia qué resultado han tenido las políticas definidas en el plan para la

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integración social de los inmigrantes, si ese resultado es positivo, si hay que evaluarlo de una manera negativa o regular y qué modificaciones tenemos que hacer en este plan.
Este grupo tiene también la esperanza de que la ponencia, por el mero hecho de serlo, sea capaz de abordar las consecuencias que genera para la sociedad española y para las personas que se ven en esas condiciones la problemática de los inmigrantes ilegales, que es bastante grave y que da lugar a muchísimos más conflictos que la propia integración de los inmigrantes legales en nuestro país.
Por tanto, señorías, he de decir que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos dispuestos a colaborar en todos aquellos aspectos que vengan a facilitar la vida de nuestros emigrantes en el extranjero, pero, al mismo tiempo, consideramos importante el trabajo que tenga que realizar esta ponencia para la integración de los inmigrantes en nuestro país, que realmente podamos abordar políticas que permitan esa integración y que vayan haciendo desaparecer los focos de racismo y xenofobia, lo que sólo conseguiremos con una buena política de integración.
Nos preocupa --creo que ése es un trabajo que también tendrá que abordar la ponencia-- que dentro de la reestructuración del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales haya desaparecido la Dirección General de Migraciones, y si complejo es para una ponencia poder estudiar, como decía el portavoz del Grupo Popular, los problemas de la emigración, de la inmigración y de los refugiados, mucho más complejos pueden resultar para el Ministerio de Trabajo los problemas de las migraciones, dentro de la Dirección General de Trabajo, además de la tarea de la propia Dirección de Trabajo, con lo cual, ya que el Grupo Socialista ha dicho que no aceptaba la enmienda del Grupo Popular y el Grupo Popular ha tenido a bien retirarla, nuestra posición era que no se aceptara, porque creemos que los problemas en común que tienen nuestros emigrantes en el extranjero y los inmigrantes a la hora de integrarse en nuestro país nos pueden servir como experiencia para poder aplicar determinadas políticas en el territorio español y para demandarlas a otros países en donde residen nuestros emigrantes.
Por tanto, señorías, yo no creo que eso vaya a restar eficacia, sino todo lo contrario, creo que va a enriquecer mucho más la ponencia. Como punto de partida los trabajos realizados en 1991 pueden ser válidos, pero en cinco años han cambiado muchísimo las condiciones, ha cambiado mucho la situación y yo creo que, sin partir de cero, esta ponencia tiene que estar abierta a todo tipo de trabajos y, por tanto, a poder llegar a las conclusiones que creamos mejores para solucionar los problemas que hoy por hoy existen con la emigración y la inmigración en nuestro país.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
Señora Fernández, tiene la palabra para expresar la aceptación o no de los términos en que ha planteado la enmienda el Grupo Parlamentario Popular.


La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, intervengo para agradecer al Grupo Popular la retirada de su primera enmienda y para manifestar, y que así conste, nuestra aceptación de la enmienda que in voce ha planteado dicho grupo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Fernández.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la constitución de una ponencia para el estudio de la situación de los españoles emigrantes o residentes en el exterior y la situación de los inmigrantes en España, así como las actitudes de la sociedad española ante estos nuevos residentes en España, en los términos de la enmienda in voce aceptada por los proponentes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la proposición no de ley anteriormente citada en los términos de la aceptación de la enmienda in voce.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y EN CONCRETO LA REFERIDA AL CONOCIDO COMO «PACTO LOCAL» (Número de expediente 173/000007)

El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto de las administraciones locales y en concreto la referida al conocido como «Pacto Local».
Para la defensa de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, vaya por delante la explicación del objetivo que perseguía Izquierda Unida presentando en esta Cámara la semana pasada una interpelación al Gobierno sobre qué actuaciones se estaban derivando para conseguir un pacto local que sitúe a los municipios con un mayor protagonismo y en un modelo de Estado diferente, que profundice la realidad anterior que emanaba del pronunciamiento de la Constitución en el año 1978.
¿Qué pretendía Izquierda Unida con la interpelación? No tenía como objetivo entrar en controversia o confrontación sobre las velocidades en que se está acometiendo esta realidad, sino resaltar, en el momento que el Gobierno y las fuerzas que habían apoyado el pacto de investidura, en la discusión con las comunidades autónomas, habían compuesto una nueva realidad del Estado, donde las comunidades autónomas iban a recibir un mayor volumen de competencias y de recursos y un nuevo sistema de financiación, para que el modelo de Estado que pudiera salir tuviera una pata más, no solamente comunidad y Administración central del Estado sino también vida municipal, entendiendo Izquierda Unida que la distribución de poder hoy, dentro del nuevo Estado, está siendo más escorada hacia la nueva realidad del desarrollo autonómico que hacia los propios municipios.
Por dar cifras que entonces se entendían como reales, cuando se vaya a ultimar el desarrollo de las competencias que se iban a transferir a las comunidades de los artículos 143 y 151, el Estado central administra en torno al 55 por ciento del poder, las comunidades autónomas en torno al 30 ó 31 por ciento y los municipios en torno al 15 ó 16 por ciento.
Cuando se ultime todo el proceso, la distribución será más o menos equiparada entre la Administración central y comunidades autónomas y los municipios con el mismo 15 por ciento.
El objetivo de la interpelación era resaltar ante el Gobierno y las fuerzas políticas un debate y una reflexión sobre los municipios que queremos. ¿De dónde partíamos? ¿Qué realidad teníamos para esa interpelación? Fundamentalmente, partíamos de tres grandes cuestiones.
Primero, la Asamblea de la Federación española de Municipios, en La Coruña, donde, a través de una serie de resoluciones, se dio contenido a un nuevo pacto local. En ellas, se recogía que la Administración central y las comunidades autónomas, para evitar que el centralismo de Madrid se trasladara a cada una de las capitales de las comunidades autónomas, debían proceder a una transferencia de competencias, a una delegación de competencias, en temas tan importantes como podían ser la gestión de determinado desarrollo urbanístico, transferencia de actuaciones en deporte, en educación, en empleo, en juventud, en mujer, en servicios sociales; en suma, se trataba de poner el máximo poder en el resorte más cercano al ciudadano.
Fruto de esas conclusiones de la Asamblea de la Federación Española de Municipios, tuvimos un debate en esta Cámara, y el segundo elemento que tenemos en nuestras manos son las conclusiones que el 22 de noviembre de 1993 se produjeron aquí y los acuerdos que se llevaron adelante por mayoría. Estos acuerdos empezaban, por ejemplo, en hacer frente a la realidad municipal, a la situación de deuda que los municipios tenían.
Por tanto, el primer compromiso era hacer frente a un modelo de refinanciación de la deuda con la que los municipios acometían esa nueva batalla. En segundo lugar, un nuevo marco competencial nítido para hacer residir en los municipios unas determinadas competencias y un modelo de financiación de esos municipios que sea acorde con esas transferencias.
En tercer lugar, hacíamos referencia a la adecuación de los tributos locales y la necesidad de reformar las haciendas locales.
Tenemos encima de la mesa lo que fue el acuerdo en esta Cámara, después de las enmiendas que se presentaron a una interpelación también de Izquierda Unida y a una moción de Izquierda Unida. En aquella moción se daba al Gobierno un plazo. Se hablaba de que en el primer trimestre de 1994 el Gobierno habría concretado con la Federación española de Municipios una serie de puntos. Repito, primer trimestre de 1994; estamos terminando el primer semestre de 1996 y nos encontramos en la misma situación aunque un poco más adelante.
¿Y cuál es el tercer elemento de que disponemos para haber hecho esta reflexión sobre los municipios? El tercer elemento que tenemos encima de la mesa es lo que ha realizado el propio Ministerio de Administraciones Públicas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ríos.
Señorías, además de agradecer la localización del teléfono --gracias, señor Trías Sagnier-- y aunque ya sé que SS. SS. no son culpables de que el artefacto se haya puesto en marcha, ruego encarecidamente que en lo sucesivo procuren colaborar con la Presidencia para que cunda la voz de que no se introduzca este tipo de mecanismos en el Pleno o se dejen en la parte de atrás porque, como ven, distorsionan el desarrollo normal de la sesión.
Continúe, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, hablaba del tercer elemento del que también disponíamos en nuestras manos y hacía referencia...
(Rumores.--Risas.)

El señor PRESIDENTE: ¿Los servicios de la Cámara pueden retirar el teléfono? Gracias.
De nuevo disculpe, señor Ríos. Puede continuar.


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El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a intentar plantear el tercer elemento --se resiste este tercer elemento estando encima de la mesa--, y que es qué ha hecho el Ministerio de Administraciones Públicas desde el acuerdo de la federación y desde el acuerdo de este Parlamento.
Creo que hay dos documentos del Ministerio de Administraciones Públicas donde se hace un estudio detallado de las competencias municipales y además hay un documento técnico del propio Ministerio de Administraciones Públicas, denominado más o menos documento marco sobre el pacto local, donde entra a analizar área a área y bloque temático a bloque temático las competencias que habían sido solicitadas por la propia Federación española de Municipios y Provincias para incrementar el poder local.
Además, reforzando este trabajo del Ministerio de Administraciones Públicas, contamos también con una declaración solemne en el debate de investidura sobre la necesidad de un pacto local y el compromiso por un pacto local. Lo que pasa es que la evolución que ha tenido en este Congreso ha sido un decreto-ley sobre medidas de competencias en el suelo y una reducción del poder municipal haciendo residir en los municipios menores recursos en suelo y también haciendo residir el poder en cuanto a la ordenación urbanística de manera delimitada.
Es verdad que la Presidenta de la Federación española de Municipios vino a decir que el Gobierno intentaría compensar la pérdida de suelo municipal con alguna actuación. No sabemos cuál va a ser la compensación; pero, en todo caso, ¿cuál es el resorte que hemos utilizado para concretar nuestra propuesta hoy? Fueron las enmiendas que los distintos grupos presentaron y por refrescar la memoria, porque es bueno recordar lo que hemos ido haciendo a lo largo de los momentos en que esto se ha debatido, diré que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) presentó enmiendas a nuestro proyecto de moción y venía a proponer que se añadiese como primer punto negociar con las organizaciones municipalistas una formulación para la refinanciación de la actual deuda municipal. Venía a proponer que se iniciara de forma urgente el diálogo para concretar antes del fin del año 1993 un nuevo modelo de financiación de las haciendas locales; y venía a proponer que se diera cumplimiento a ese nuevo modelo de financiación siguiendo lo que era el funcionamiento de las haciendas locales en la realidad anterior, con una imposición local más activa.
El Grupo Popular nos vino a proponer que se creara en esta Cámara una Comisión de varios grupos para conseguir que se hiciesen residir competencias nítidas en los propios municipos, que se modificara la Ley de Haciendas Locales, que se modificara el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas y que se determinaran las deudas de las corporaciones locales. El Grupo Popular se atrevió entonces a cifrar la deuda anterior en 47.000 millones de pesetas y proponía que hubiese una ampliación presupuestaria antes del 30 de diciembre del año 1993 para hacer frente a esa situación de deuda.
El Grupo Socialista proponía también en sus enmiendas una serie de aportaciones, una serie de incorporaciones que mejoraban el texto que nosotros habíamos propuesto, precisando y concretando estos tres niveles.
¿Qué propone hoy Izquierda Unida? ¿Qué quiere conseguir Izquierda Unida con su moción? Fundamentalmente pretendemos hacer un pronunciamiento amplísimo de este Congreso para que el Gobierno pueda administrar la voluntad de consensuar rápidamente un nuevo pacto local que permita situar a los municipios en condiciones de jugar un protagonismo real en el futuro del propio Estado. Para eso pretendemos que el Gobierno reciba de esta Cámara el mandato de agilizar las negociaciones y el diálogo entre municipios, representantes de los municipios FEMP, fuerzas políticas y comunidades autónomas para que en el menor tiempo posible puedan acceder a lo que pudiéramos llamar compromisos en techo competencial, compromisos de recursos de suficiencia para hacer frente a su propia realidad y, nosotros creíamos y creemos, también a la refinanciación de la deuda. Si los ayuntamientos no hacen frente a la situación que tienen hoy, malamente o con mal pie van a empezar a recibir nuevas competencias con nuevos recursos.
También proponíamos en esta moción que en ese nuevo pacto local se recogieran dos compromisos. Incrementar la capacidad de descentralización de los municipios hacia lo que son entidades de menor realidad administrativa (entidades locales, juntas vecinales, pedanías), para que el poder se acerque a los ciudadanos y no se quede en los centros de las grandes ciudades. (Hay regiones y municipios que tienen pedanías y entidades locales de 15.000 y de 20.000 habitantes; no son municipios, como en otros sitios de 200 o de 700 habitantes.) Además, proponíamos la creación de un fondo de solidaridad vinculado a la participación de los ingresos.
¿Y cuál era el otro compromiso que añadíamos? Bien, ése es el pronunciamiento que ponemos en manos del Gobierno para que administre.
Esa es la decisión de la Cámara. Poníamos dos grandes elementos encima de la mesa. Que se fomentara la participación estable del municipalismo, de lo que son las organizaciones que representan a los municipios, la FEMP, en otras comunidades la realidad que tenga la estructuración organizativa de los propios municipios, en el seguimiento y mantenimiento de ese pacto, porque muchas veces son palabras bonitas cuando firmamos acuerdos pero difíciles de concretar en el devenir del propio acuerdo. Dentro de esa filosofía, además de crear un cauce de permanente participación en la ejecución y gestión del propio pacto,

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que en esta Cámara se hiciese un seguimiento también de esos compromisos.
¿Para qué? Para conseguir que en esta Cámara pudiéramos anualmente, o en cada período de sesiones, decir qué realidad hemos tenido, qué valoración ha habido, qué competencias se han residenciado en los ayuntamientos, qué recursos hemos transferido, de qué manera el municipalismo está acrecentándose, eso sí teniendo en cuenta la realidad plural que nuestro país tiene puesto que cada comunidad autónoma debe poner en marcha las condiciones de desarrollo normativo en lo que es régimen local, de qué manera el municipalismo juega el protagonismo en el próximo futuro de ese desarrollo del Estado.
En suma, señor Presidente, y con esto termino, el objetivo de Izquierda Unida no es ir a ver quién es más municipalista de los grupos que estamos en la Cámara, porque eso lo han decidido los ciudadanos. Cuando votaron en las elecciones municipales eligieron cuáles eran más municipalistas para ellos; supieron discernir muy bien. Los ciudadanos saben distinguir muy bien. Yo siempre pongo el ejemplo de Sabadell, donde en las elecciones municipales gana una determinada formación política, en las elecciones autonómicas gana otra formación política y en las elecciones generales gana una formación política diferente. Los ciudadanos saben muy bien lo que votan, y saben muy bien cuando votan para gestionar municipios, comunidad autónoma o Administración central.
Pues bien, lo que intentamos nosotros no es ir a ver quién es más municipalista sino de qué manera hacemos confluir el máximo de esfuerzo para poner encima de la mesa lo que fue una demanda del municipalismo en este país desde noviembre de 1993. Es verdad que ha pasado poco tiempo, es verdad que hay buenas declaraciones, pero hartos estamos de buenas declaraciones, obras son amores y es lo que deberían hacer nuestros gobernantes. Por eso lo que venimos a plantear es un acuerdo a disposición de quien debe administrar como Gobierno, a disposición de quien gobierna comunidades autónomas y un compromiso como fuerza política para lograr un mayor protagonismo de los municipios y de los entes locales.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
A la moción se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Socialista, por este orden.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Medel.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para manifestar el criterio del Grupo Popular sobre la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a propósito del pacto local, y para defender la enmienda formulada por mi grupo.
Quisiera comenzar señalando algo que no debe perderse de vista en estos momentos. En primer lugar, que el día 3 de mayo, en el debate de investidura, por vez primera un candidato a la Presidencia del Gobierno hacía unas referencias concretas y unos compromisos expresos hacia lo que se ha venido denominando pacto local.
Por otra parte, días más tarde, en la declaración programática que llevó a cabo el nuevo Gobierno, concretamente el día 10 de mayo, también se abordaba el deseo y la necesidad de impulsar este pacto.
Igualmente, en la comparecencia del señor Ministro, tanto en el Congreso como en el Senado, los días 10 y 11 de junio, explicó como una de las prioridades de su departamento llevar a cabo dicho pacto.
En este tiempo ha habido, además, diversas reuniones entre el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias de España, a fin de que cuanto antes se pueda culminar este tema, del cual se viene hablando desde hace bastante tiempo.
En este contexto se produce la interpelación y subsiguiente moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. De ahí que algunos puedan calificar tal iniciativa como oportuna; tal vez, otras personas lo puedan calificar con un nombre muy parecido, concretamente, oportunista, dado que esta moción no pretende sino instar al Gobierno a que haga algo que el Gobierno ya ha anunciado que es prioritario llevar a cabo, algo que el Gobierno ya está negociando con la FEMP.
En todo caso, permítanme que no vaya a entrar a calificar en modo alguno esa iniciativa, pero sí decirles algo que el Grupo Popular considera importante. Desde hace tiempo, muchas personas del Partido Popular venimos impulsando, en muchos municipios de España, la elaboración de ese pacto local. Parlamentarios populares han hecho estudios y han escrito libros sobre ese tema. También hoy en las filas del Grupo Popular en esta Cámara del Congreso se encuentran muchas personas que han estado incardinadas en la vida municipal: Gijón, León, Pontevedra, Santander, Madrid; son muchos los municipios donde los hoy día Diputados del Partido Popular ejercían sus responsabilidades. Precisamente por eso sus ideas no son teóricas; sus ideas provienen de la experiencia de lo que han vivido, y la experiencia de lo que han vivido es precisamente eso que se ha hablado en ocasiones: la cercanía a los intereses de los ciudadanos. Por eso digo que desde esa experiencia en la vida municipal se quiere impulsar desde esta Cámara, desde el Grupo Popular. También --y lo ha dicho en algunas ocasiones en su comparecencia en esta Cámara-- el Ministro de Administraciones Públicas tuvo oportunidad en su momento de ocupar un cargo de responsabilidad local.
Quería señalar también que el otro día, a propósito del debate de la interpelación, se indicaba algo importante,

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y es que durante mucho tiempo las entidades locales han estado abandonadas. Se ha hablado solamente de algo que era muy importante en ese momento, y era la consolidación de lo que suponía un sistema autonómico, la descentralización de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas; sin embargo, aparte de las competencias que pudieran tener las comunidades autónomas, en algunos puntos concretos (y ahí están las resoluciones aprobadas por la Asamblea de la FEMP en noviembre del año 1993) el Estado tiene todavía competencias que debería pensar en descentralizarlas.
Además, en el Grupo Popular estamos convencidos de que cuando la Constitución proclama el principio de descentralización, cuando el artículo 103 de nuestro texto constitucional lo proclama como principio de la organización de nuestro Estado, entendemos que ese principio es predicable de todas las administraciones públicas y no solamente de algunas. Desde el Grupo Popular así lo pensamos, así lo defendemos y lo vamos a impulsar. Estamos seguros de que por el Gobierno se va a hacer lo mismo, precisamente porque lo está haciendo ya en el poco tiempo que lleva, en escasamente mes y medio que lleva. Por ello, queremos que se reconozcan esas actuaciones en ese breve tiempo y también esos compromisos. Nosotros somos coherentes, decimos ahora lo que decíamos en la oposición, y votaremos lo mismo que decíamos cuando estábamos en la oposición.
También quisiera resaltar algo importante: la necesidad de un amplio acuerdo. El Gobierno debe continuar impulsando foros de encuentro entre las federaciones de municipios, también entre las comunidades autónomas y todas la entidades locales, porque todo acuerdo a que ha de llegarse en esta materia ha de realizarse con ese amplio espectro de consenso.
En ocasiones se ha hablado de lo que es el carácter bifronte de las entidades locales y el otro día se recordaba en esta misma Cámara. Las entidades locales tienen relaciones tanto con la Administración central como con las comunidades autónomas. También voy a manifestar el criterio del Grupo Popular al respecto y el criterio del Grupo Popular al respecto es que esas relaciones bifrontes han de intensificarse con las dos. Han de profundizarse esas relaciones y ese principio de descentralización con esas dos administraciones, pero también con pleno respeto, por parte del Gobierno central, de lo que suponen las competencias que puedan tener las comunidades autónomas. Por ello, entendemos que el papel que pueda representar el Gobierno en este punto es impulsar, diseñar un marco general; pero han de ser las comunidades autónomas las que fijen los criterios concretos; han de ser las comunidades autónomas las que fijen los destinatarios. En unos casos serán municipios, en otros diputaciones provinciales y en otros serán comarcas. También las comunidades autónomas han de fijar la forma de llevar eso a cabo. Por tanto, insisto, que el papel del Gobierno, y así lo entiende el Grupo Popular, es la fijación de ese marco general para que pueda llevarse a cabo el proceso que, en definitiva, en la medida en que las comunidades autónomas tienen muchas competencias sectoriales, puedan ser ellas las que desarrollen de manera efectiva lo que ellas mismas entiendan debe llevarse a cabo.
Por otra parte, señorías, insistimos en que no se trata tanto de que las entidades locales simplemente tengan más competencias o arrebaten competencias que pueden tener otros entes públicos; se trata, más bien, de que exista una mayor coordinación, que exista una mayor cooperación y que exista, en algunos casos, una reordenación de las funciones bajo el prisma de evitar duplicidades, reducir gastos y, por otra parte, algo importante, que piensen en los ciudadanos --tenemos que pensar continuamente en ellos-- que, en ocasiones, empiezan a dar vueltas entre administraciones y a veces no saben a cuál dirigirse. Por ello el Grupo Popular ha presentado esa enmienda, y esa enmienda va en la línea de seguir impulsando el pacto local, de que las negociaciones que el Gobierno está llevando a cabo con la Federación de Municipios y con las comunidades autónomas --que deseo se lleven a cabo lo más rápidamente posible-- logren ese acuerdo de pacto local, pero, no lo olvidemos nunca, en un clima de consenso.
Si al principio de mi intervención les decía que la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya podía haber sido oportuna o, según otros casos, oportunista, lo que quiero es que se recojan, en nombre del Grupo Popular, las enmiendas que nosotros proponemos, porque entendemos que lo que llamamos pacto local, lo tenemos que hacer entre todos, y nadie, ni ustedes ni ningún otro grupo de la Cámara ni siquiera el nuestro, sino que entre todos tenemos que llevar la bandera.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López-Medel.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, señorías, en la sesión del pasado jueves, ya tuvimos ocasión de manifestar la posición del Partido Socialista en relación a la consecución del llamado pacto local; posición que, ya tuve la ocasión de expresar, es absolutamente favorable. Les quiero decir que esta posición no es nueva ni se produce ahora al hilo de una determinada interpelación, que yo no juzgo de oportunista, en todo caso, de oportuna, porque me parece que todo avance en esa dirección siempre es oportuno cuando, sobre todo, está pendiente de que se cierre esta descentralización

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del Estado y, realmente, el sector local juegue el papel que le corresponde.
Digo que no es nueva, como se puso de manifiesto en la aprobación de la moción a la que el señor Ríos hacía alusión ya en el mes de noviembre de 1993, moción que fue aprobada por todos los grupos políticos de esta Cámara y, como también hacía referencia el entonces Gobierno del Partido Socialista, se puso en marcha el proceso que quería culminar en un acuerdo de todas las fuerzas políticas en relación con dicho pacto local.
Ahora bien, tengo que manifestar que en aquel momento, a instancias del Ministro para las Administraciones Públicas, la única fuerza política que contestó al requerimiento del Gobierno para que manifestara cuál era su posición en relación a los bloques competenciales que ahí se definían y a la posición de las fuerzas políticas sobre la base de esa descentralización, fue el Partido Socialista Obrero Español y no otra fuerza política. Por eso, no vengamos ahora aquí a subirnos a esta tribuna a hablar de municipalismo, a decir que somos el partido que más ha hecho en esa dirección, el único que en el discurso de investidura del candidato a Presidente ha citado a las corporaciones locales, porque el problema del pacto local es muy complejo. Tengo que decir que no puede el Partido Popular, de ninguna manera, hacerse el abanderado del municipalismo y el paladín de la descentralización. Tampoco puede, es obvio, manifestar aquí cuántos son procedentes de las filas del municipalismo. Podíamos hacer un repaso y, a lo mejor, somos más socialistas o hay gente de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchos hemos estado en el municipalismo y conocemos y somos conscientes de la complejidad del tema. En todo caso, quiero decirles que yo tengo experiencias de la voluntad no descentralizadora y, por tanto, no municipalista del Partido Popular. No pensaba hacerlo en esta ocasión, pero su intervención me da pie y casi me obliga a hacerlo.
Tengo que decirle que el señor Aznar, que hizo aquí una intervención aludiendo a esa necesidad del pacto local, antes de ser Presidente del Gobierno de España, fue Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, usted lo sabe. Le repito, como le dije hace aproximadamente una semana, que yo entonces tenía alguna responsabilidad en esa comunidad autónoma en la otra esfera de la Administración, y pusimos en marcha comisiones de transferencias, eso sí, convocando a todos los medios de comunicación habidos y por haber. El resultado de esa voluntad descentralizadora del Partido Popular y del señor Aznar se tradujo en que no hay ni una sola competencia de la comunidad autónoma transferida a los ayuntamientos. Le recuerdo que dicha comunidad autónoma está gobernada por el Partido Popular. Por tanto, no vengamos a ver quién es más municipalista y hagamos esa voluntad de consenso para que el pacto local sea una realidad en nuestro país.
Yo subo a la tribuna porque estoy convencido, al igual que mi Partido, el Partido Socialista, de la necesidad de dicho pacto ya que el proceso de descentralización es hoy un proceso incompleto. Porque uno de los objetivos de la descentralización es el de situar las competencias en la administración más cercana a los ciudadanos, y eso no se produce en nuestro país.
Reconociendo, como se ha dicho también aquí, el vaciamiento de la Administración central en favor de otras administraciones, las comunidades autónomas, falta dar el siguiente paso en favor de los municipios. Estos son el lugar adecuado para residenciar la parte significativa de competencias que afectan a los ciudadanos, a los problemas cotidianos del pueblo. Una parte importante de la sanidad, de la educación, de la vivienda, de los servicios sociales, las políticas deportivas y culturales para la juventud, e incluso el acceso al trabajo con recursos en manos de los ayuntamientos, darían mejores resultados para los ciudadanos. Además, se cumplirían así tres preceptos reglamentarios en cualquier proceso descentralizador. El principio de subsidiariedad que indica que sea la Administración más próxima al ciudadano la que cargue con las competencias y que sólo aquéllas que no pueda gestionar sean asumidas por otros niveles de la Administración. De otra parte, el mejor conocimiento por la proximidad de los problemas reales y, por tanto, la mejor capacidad de gestión. Por último, la posibilidad de participación de los ciudadanos en la solución de sus problemas, que se produce a través del sector local, consiguiendo de esta manera un importante salto hacia una democracia no sólo representativa, sino también de participación activa y continuada de los ciudadanos. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Retomando la cuestión de la falta de pasos en el proceso de descentralización a favor de los municipios, hay que decir que el que no se haya producido ese avance se debe, a mi juicio, a dos motivos fundamentales: el primero de ellos es la prioridad que todas las fuerzas políticas han dado a la articulación del Estado español en el actual Estado de la autonomías, dejando al margen a las corporaciones locales, entre otras cosas, porque eran una parte del Estado ya consolidada con la que no existían fricciones importantes, mientras que las comunidades autónomas eran administraciones, muchas de ellas nuevas dentro del Estado, que requerían, por tanto, toda la atención política.
El segundo motivo está, en muchas ocasiones, en la actitud de las propias comunidades autónomas. Estas, encontrándose con recursos y competencias, han tenido y están teniendo una actitud tan o más centralista que el propio Estado hacia la comunidades autónomas. Comportamiento debido, por un lado, a la necesidad de autoafirmarse, al ser la mayor parte de ellas de

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nueva creación y, por otro, a la propia dificultad que entraña el hecho de desprenderse de poder. Cosa que se criticaba con asiduidad al Gobierno central, pero cuando demandaba para sí misma más competencias.
Ante esta realidad el proceso de descentralización se impone. Y se impone el pacto local que no es otra cosa que situar las competencias en el nivel de Administración donde, por su proximidad al ciudadano, están en mejor posición para ser gestionadas con mayor transparencia, participación y eficacia. Ese nivel es en un país moderno el ámbito local. Desde los ayuntamientos españoles, a través de la Federación española de Municipios y Provincias se viene reclamando este esfuerzo.
El pacto local, por tanto, debe reunir a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas, además de a las propias comunidades autónomas, para que, de la misma manera que se alcanzó el compromiso autonómico, aunque entonces fue firmado por el PSOE y el Partido Popular solamente, pero fue un avance importante en el proceso de descentralización de las comunidades autónomas, se consiga también un compromiso similar que haga que el Estado, administraciones autonómicas, Administración central, transfieran hacia las corporaciones locales la mayor parte de las competencias a las que antes aludía. Sólo así podremos afirmar con rigor que estamos construyendo un Estado moderno, donde al ciudadano no se le mande de ventanilla en ventanilla y en el que cuente con una Administración a la que se dirige en primera instancia, que es su ayuntamiento, en disposición de resolverle sus problemas eficazmente.
Espero, y termino, señor Presidente, que la voluntad aquí expresada por todos sea sincera. Digo que lo espero sinceramente porque no vale decir que se es muy municipalista y, a la vez, hacer las cosas que se hacen en el poco tiempo que se lleva gobernando.
La primera medida que ha adoptado el Gobierno del Partido Popular en relación a los ayuntamientos ha sido un decreto-ley, que es la medida legislativa más antimunicipalista que se ha promulgado desde la democracia en este país. (Aplausos.) De un tirón, por decreto, le han quitado la tercera parte del suelo a los ayuntamientos que estaba obligado por ley a cedérselo. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy bien, muy bien!) Señores del Partido Popular, se han inmiscuido en la autonomía municipal.
Eso sí, sin consultar a las corporaciones locales. Esa es hasta ahora su voluntad municipalista.
Espero e insisto, sinceramente, en que lo que aquí expresemos no sea un ejercicio de ver quién queda mejor, quién es el que tiene más impulso...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez Bolaños, le ruego vaya concluyendo.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: ... quién es el que hace mejor las cosas, sino que la mejor manera para trabajar es que lleguemos a un acuerdo en esta moción, consensuemos esta moción, concitemos el acuerdo de las corporaciones locales a través de la Federación española de Municipios y Provincias y las comunidades autónomas y realmente cerremos ese Estado que es necesario procediendo a esa descentralización absolutamente justa hacia las corporaciones locales.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, para manifestar que por coherencia con lo que ha sido siempre la postura de mi Grupo cuando se habla de pactos autonómicos o de pactos locales, que suscitan en nosotros la cierta idea de uniformadores desde arriba, nos abstendremos en la cuestión que se debate en este momento en la Cámara.
De los dos aspectos que componen el concepto jurídico indeterminado que integra el contenido de pacto local, el que hace referencia a la financiación y el competencial, los dos nos suscitan problemas que nos llevan a no sumarnos al consenso en esta materia.
En el aspecto de la financiación, que puede ser en efecto una asignatura pendiente, ni en la moción, ni en las enmiendas presentadas, se hace mención alguna a las posibles diferencias o regímenes diferenciados que algunas partes del Estado, como el País Vasco o Navarra, tienen en esta materia.
La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su disposición adicional segunda puntos 5 y 6, reconoce la financiación propia para el País Vasco y Navarra. La Ley del Concierto Económico lo recoge igualmente en la disposición adicional tercera. Ya, como normativa propia de la Comunidad, la Ley de Territorios Históricos o la Ley de Aportaciones contemplan lo que hace referencia a la financiación local en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.
En el terreno competencial también nos suscitan recelos conceptos tales como algunos de los contenidos en la moción en la que se hace referencia a la redistribución de competencias. Para nosotros las competencias están ya atribuidas en los estatutos de autonomía aprobados y no hay nada que redistribuir.
Se habla, además, de materias propias como el urbanismo, el deporte, la asistencia social o el turismo, que son competencias propias de las comunidades autónomas. No es éste, por tanto, un debate político a tener en este foro sino quizás en otro y a partir de

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las propias comunidades autónomas o con su presencia.
Respetando el consenso de los demás grupos, como no podía ser de otra manera, mi Grupo no se suma a él y se abstiene.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil.


La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán ha analizado con detalle la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Al respecto exponemos que vamos a votar negativamente la moción que surja de esta sesión y vamos a expresar también las razones que nos mueven a ello. Pero antes queremos explicitar ante esta Cámara que nuestro grupo ha apoyado siempre que se siguiera un proceso entre la Federación de Municipios y el Gobierno del Estado para alcanzar logros que satisfacieran las aspiraciones legítimas en materia de financiación de las corporaciones locales.
De todos es sabido que es perentoria la revisión de la financiación local que se encuentra en delicada situación. De una parte, porque las demandas ciudadanas han hecho necesaria la aparición de nuevos servicios públicos municipales, y, de otra, porque es sabido que la participación de los entes locales en los ingresos del Estado no ha seguido el mismo crecimiento que aquéllos han tenido. De tal manera, que ha pasado de modo alarmante de una participación aproximada del ocho por ciento en el año 1983, a la del cinco por ciento actual. También es necesario --se ha dicho en esta Cámara repetidamente-- afrontar el sistema de refinanciación de la deuda municipal.
Pero ustedes nos han sorprendido, señoras y señores Diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Partido Socialista y Partido Popular, porque nosotros, después de estudiada la primera moción, habíamos valorado positivamente los apartados a) y c), precisamente aquéllos que hablaban de la deuda crediticia y también de la revisión del sistema financiero.
Ahora vamos a exponer al resto de SS. SS., y en especial a sus proponentes, nuestro absoluto y terminante desacuerdo con el tratamiento que se le da en la moción, que quizá se apruebe en esta Cámara por consenso. También nuestro absoluto y terminante desacuerdo con el tratamiento dado en la primera moción presentada por ustedes sobre la definición de un nuevo marco competencial.
Nunca nos dejarán de sorprender ustedes, señoras y señores Diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sabemos sus planteamientos sólidamente radicales, pero desconocíamos, y por eso nos sorprende, sus cambios y transformaciones radicales. En primer lugar, quiero exponer también nuestra sorpresa por su empecinamiento en ignorar que las comunidades autónomas son gobierno, son Estado, y que el Estado español es un Estado autonómico y por ello plurilegislativo. El proceso que ustedes diseñaban y que debería haber conducido a la consecución del llamado pacto local, omitía la potestad cotemporal de los gobiernos autonómicos. De tal manera que su aceptación por nuestro grupo equivaldría a menospreciar a nuestro Parlamento, a nuestro Gobierno, a la Generalitat, que debía ser una institución coagente y no una mera observadora de este proceso relacional.
Ustedes, señorías, han menospreciado a las comunidades autónomas --después hablaremos de la financiación-- y ustedes lo saben, y saben que este olvido o ignorancia que había en su primera moción no era tal.
La exposición de motivos que ustedes han redactado es diáfana al respecto y demuestra con rotundidad el verdadero motivo, pertinazmente ideológico y estratégico, de la moción. Dice así --y éstas son las palabras que ustedes han redactado: Los pactos de investidura dotarán de más poder y más recursos a las administraciones regionales. Ha situado en un plano complementario el reforzamiento de la vida municipal. Y añade: En estos meses de composición de gobierno y debate de investidura ha cobrado un nuevo protagonismo el techo competencial y la financiación de las comunidades autónomas.
Señorías, Diputadas y Diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo Parlamentario Catalán lamenta profundamente que éstos sean los motivos que ustedes han expuesto para presentar la moción: su desconfianza hacia los gobiernos autonómicos, su poco aprecio por las competencias de los gobiernos de las distintas naciones y su estentórea desazón ante la posibilidad de un techo competencial más alto para las comunidades autónomas.
Algunos o algunas de ustedes quizá deberían afrontar las preguntas que esta realidad del Estado les plantea, por qué abrigan estos recelos; quizá es porque desconocen directamente aquello que conlleva la responsabilidad del ejercicio del Gobierno de una comunidad autónoma. En cualquier caso, éste es un problema que deberían ustedes resolver y nosotros no lo vamos a hacer.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán rechazamos que la necesidad asumida, y políticamente inexcusable, de búsqueda de una respuesta definitiva a las demandas de las corporaciones locales, haya sido para ustedes una manera de vehicular sus recelos. Y mostramos otra vez nuestra indignación y nuestra sorpresa porque el tenor de esta búsqueda se haya diluido en una redacción sin compromisos en la que han sustituido respuestas que pudieran haber sido soluciones definitivas

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por enmiendas del Grupo Popular y quizá también del Grupo Socialista.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán tiene muchas razones para apoyar un proceso que conduzca a soluciones definitivas de la situación financiera de las corporaciones locales, pero también tenemos muy buenas razones para negar nuestro apoyo a la moción en debate. Consideramos absolutamente rechazable el motivo aducido por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el preámbulo y denunciamos que el contenido final de ésta, resultante de acuerdos transaccionales, escamotea el problema que reiteradamente plantean las corporaciones locales y que es de índole económico. Y lamentablemente no habrá solución ahora con este Gobierno, como no la hubo en el pasado con el Gobierno anterior, a la difícil situación financiera de nuestros municipios.
El Grupo Parlamentario Catalán no será consolidario en esta Cámara de esta especie de fraude acordado a las expectativas creadas con el llamado pacto local. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Qué barbaridad!) Nuestros municipios necesitan una mayor participación en los ingresos estatales, con la revisión de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y necesita la refinanciación de la deuda crediticia. Esta es una demanda de solución urgente. Estas demandas no pueden tener como respuesta en esta Cámara sólo palabras.
Muchas gracias. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora Gil.
Para expresar la aceptación o no de las enmiendas presentadas, tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, intervengo brevemente para recoger --en mi primera intervención lo pensaba haber hecho, pero no me ha dado tiempo-- las aportaciones que como enmiendas han presentado el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Hemos utilizado como esquema para el texto de la transacción, recogiendo estas enmiendas, que le acabo de dejar al Presidente, la propuesta del Grupo Popular, incorporando las enmiendas que el Grupo Socialista ha ido planteando a lo largo de toda la discusión, es verdad que desde la óptica de hacer conjugar voluntades que a veces pueden ser contrapuestas. Aquí alguien se puede haber erigido en defensor de las comunidades autónomas, cuando sólo ha defendido la opinión de una, pero las comunidades autónomas son diecisiete, y de un municipio, cuando pueden ser 8.000. Por eso, a veces, la propuesta de uno es contradictoria con la del otro, y como no hay otras propuestas más que las que ha hecho el Grupo Popular y el Grupo Socialista, la transacción que voy a ofrecer, señor Presidente, está en base a lo que se ha aportado por escrito, porque las palabras son las que se dicen y no se concretan en papeles; eso es lo que son las palabras.
Por tanto, señor Presidente, la mejor forma de hacerlo es leer cómo queda la propuesta de moción, después de lo que ha sido el debate. El texto diría: El Congreso de los Diputados, ante la necesidad de concretar un pacto local que supere la situación actual de las corporaciones locales, insta al Gobierno a que: 1) Siga impulsando las negociaciones y el diálogo con los representantes de las corporaciones locales, FEMP, Gobierno, fuerzas políticas y comunidades autónomas, para que, en el plazo más breve posible, pueda concretarse un pacto local que permita profundizar en el principio de descentralización y la reordenación de competencias entre administraciones, alcanzando las corporaciones locales, como Administración más cercana al ciudadano, los siguientes objetivos: a) Lograr un nuevo marco competencial en base al principio de subsidiariedad y las competencias susceptibles de transferencia o delegación para su gestión desde las comunidades autónomas y la Administración central del Estado, con los estudios previos que sean precisos para redefinir la atribución de competencias, teniendo como base las áreas temáticas definidas por la asamblea extraordinaria de la FEMP.
b) Proyecte un nuevo modelo de financiación de las haciendas locales que permita que se lleve a cabo, de forma equilibrada, el reparto del gasto público.
Dos. Que continúe propugnando foros de encuentro entre la Federación española de Municipios, el Gobierno central y las comunidades autónomas y fuerzas políticas. Ese pacto se realizará buscando el consenso mayoritario y lo más amplio posible de las comunidades autónomas.
Tres. El Ministerio de Administraciones Públicas remitirá en cada año legislativo a las Cortes Generales un informe sobre la evolución del citado pacto para su debate y resolución, si procede.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ríos.
Rogaría que brevísimamente, lo cual quiere decir con un sí o con un no, tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular como el del Grupo Parlamentario Socialista, expresasen si aceptan la fórmula transaccional leída por el grupo proponente.
El señor López-Medel tiene la palabra.


El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, muy brevemente para decir que manifestamos nuestro acuerdo en la idea ya expresada de máximo

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consenso. En todo caso, voy a hacer una pequeña referencia al portavoz del Grupo Socialista.
Nosotros hemos pedido consenso y no actitud de crítica. Ustedes han limitado su intervención a criticar a este Gobierno (Rumores.), cuya actitud está manifiesta en esta línea. Así se recoge en el punto primero, en el que precisamente se solicita que se siga impulsando el pacto local.
Por ello, vamos a votar favorablemente a ese acuerdo. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor López-Medel.
El señor Rodríguez Bolaños tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, en base a ese reiterado y deseado consenso también por nuestra parte, vamos a aceptar la enmienda de Izquierda Unida con una reflexión, si se me permite. No es la que nosotros hubiéramos deseado, pero es verdad que hay que aceptar ciertas cosas, no en virtud de quien es más municipalista o no. Cuando ustedes hablan de que hay que seguir impulsando, a lo mejor se refieren al anterior Gobierno. Es igual, no nos importa y seguimos en esa línea.
Me desagrada que haya desaparecido --eso sí quiero decirlo-- un apartado en la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el que hace alusión a la descentralización y la participación ciudadana. Digo que me desagrada porque me parece que es un modelo magnífico de hacer unos ayuntamientos y una democracia participativa. Sé perfectamente --y lo siento si es crítica-- que ése no es el modelo de los ayuntamientos del Partido Popular. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno respecto a las Administraciones locales y en concreto la referida al conocido como Pacto Local, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, tal como ha expresado el ponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 273; en contra, 13; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA LA PLENA APLICACION DEL NUEVO CODIGO PENAL (Número de expediente 173/000008)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal.
Por el Grupo proponente tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, en nombre de mi grupo defiendo la moción consecuencia de interpelación presentada hace una semana ante la Ministra de Justicia y defendida por mi compañera doña Teresa Fernández de la Vega.
Quisiera, en la misma línea de discurso que mi compañera que defendió la interpelación, hacer algunas advertencias que me parecen importantes para aquellos grupos que no tengan todavía un conocimiento exacto de la moción, a la vista de que no ha habido enmiendas, o no tenga una conciencia exacta de lo que se va a votar.
Esta interpelación, señorías, no nace como consecuencia de un debate sobre política judicial, que no es posible cuando este Gobierno lleva apenas 40 ó 50 días en su función. No nace tampoco como consecuencia de una crítica a decisiones del Gobierno, que no se han podido producir por ese mismo espacio brevísimo de tiempo que lleva en el poder, sino que nace, fundamentalmente, de una preocupación.
Este Parlamento, en noviembre de 1995, tomó una decisión fundamental: aprobó el Código Penal, llamado de la democracia, el Código Penal también llamado del Parlamento porque prácticamente todos los grupos parlamentarios lo aprobaron. Sólo el Grupo Parlamentario Popular se abstuvo. No obstante, hizo un esfuerzo importante también apoyando, a través de sus enmiendas, la mejora técnica, la profundización en los tipos delictivos, en fin el apoyo a lo que se entendía sin duda alguna como una de las normas más importantes de este siglo.
Este Parlamento desde esa fecha, noviembre de 1995, y de manera más concreta desde el 25 de mayo de este año, ha dado un mandato expreso, un objetivo decidido y concreto a este Parlamento: que ese Código Penal del que al parecer todos los parlamentarios nos sentimos orgullosos sea posible, es decir, se cumpla. Para ello, se necesitan de una forma absolutamente rápida y breve --tenemos poco tiempo señores del Grupo Parlamentario Popular--, una serie de medidas que mi grupo, como consecuencia de la interpelación que nacía de esa preocupación, ha tenido a bien presentar a la Cámara, medidas que consideramos de carácter riguroso,

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es decir, necesarias, en las que se puede estar de acuerdo a efectos de cuándo deben cumplirse, si el plazo debe ser preclusivo o no, pero no habrá nadie en la Cámara que haya conocido bien el debate del Código Penal --obligación que tenemos todos los parlamentarios-- y que lo haya conocido a posteriori, que no esté de acuerdo en que todas y cada una de estas medidas concretas necesitan un espacio muy corto para su tramitación parlamentaria, en algunos casos, o para su decisión ejecutiva por parte del Gobierno en otros.
Pocos podrán evitar decir que tenemos poco tiempo. Insisto en ello señores del Grupo Parlamentario Popular, porque no quiero pensar, ni lo pienso, que pudiera alguien deducir de la negativa en la votación --conclusión a la que llego como consecuencia de la no aportación de enmiendas y de alguna que otra conversación de pasillos que he tenido con anterioridad-- que no existe voluntad política de hacer cumplir un mandato parlamentario.
Nosotros vamos --y lo advierto desde el principio-- a aceptar una enmienda de Izquierda Unida en el sentido --por si eso ayudara-- de variar aquella formulación de plazos preclusivos que aparecen en la moción, que lo único que intentan es excitar al Gobierno a poner medidas concretas en espacios de tiempos concreto, y cambiaríamos los tres meses y seis meses por la expresión: de manera inmediata.
Sin embargo, déjenme decirles algo para que aparezca en el «Diario de Sesiones» claramente, porque tengo miedo, señores de los distintos grupos parlamentarios, que en otra ocasión, más tarde, tengamos que hacer este debate teniendo --más ustedes que nosotros y algo nosotros por no haber podido argumentar hasta convencerlos-- que quejarnos todos de que no es posible dar cumplimiento a un mandato imperativo de carácter parlamentario.
La primera medida que solicitamos --y seré muy breve, señorías-- es la presentación de un proyecto de ley reguladora de la responsabilidad penal del menor, aceptada ya en su momento como consecuencia de un debate objeto de interpelación sobre temas de asuntos penitenciarios, acerca de lo cual sospecho que SS. SS. no tendrán ninguna dificultad, porque tiene un añadido: el texto existe ya en el Ministerio de Justicia. La Secretaría de Estado de Justicia tuvo ocasión de redactar un texto, de remitirlo al Consejo General del Poder Judicial, de remitirlo a la Junta de Fiscales y los informes de estos órganos junto con otros colectivos figuran ya en el Ministerio correspondiente. Por tanto, la presentación del proyecto podía realizarse ya, toda vez que va a tener su tramitación parlamentaria, por lo que pedimos que en el más breve plazo de tiempo posible se realice.
De la misma manera, nos parece fundamental, porque esa fue la voluntad parlamentaria de este Congreso de los Diputados y del Senado, que se haga un cambio legal, amparándose en las posibilidades de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con breves cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un cambio que adecue el recurso de casación del ámbito penal a las necesidades que se derivan de este Código Penal. Insisto, fue voluntad parlamentaria --expresada, además, en esta tribuna en Comisión y en Ponencia y que figura en el «Diario de Sesiones»-- que, a través de un órgano superior, los nuevos delitos --todos ellos, pero de manera especial los más graves y de manera más concreta aquellos delitos nuevos-- fueran objeto de estudio, de interpretación correcta por un órgano superior, que no podía ser otro que el Tribunal Supremo, en su ámbito de unificador de doctrinas.
Es un texto nuevo, un texto que va a necesitar que alguien ordene su interpretación para que sirva para todos. Asimismo, es fundamental que tengamos nuevas plazas que permitan que las audiencias provinciales se hagan cargo del acopio, de la carga de trabajo que van a tener como consecuencia, por su aprobación en esta Cámara, de que los delitos más graves ya no son competencia del órgano unipersonal de carácter penal sino de los tribunales colegiados y, por tanto, de las audiencias provinciales.
Existe esa posibilidad mediante la adscripción del cuarto magistrado, que hemos permitido por vía legal, a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1994, o la creación de nuevas secciones de tres magistrados. Así aparecía en los presupuestos que no votó la Cámara y, sin duda alguna, aparecerá a través de los nuevos presupuestos o de los créditos extraordinarios que consideren más oportunos y que, con causa en esta voluntad real de cumplir el Código Penal, tengan SS. SS. a bien, sobre todo aquéllas que apoyan al Gobierno, poner de manifiesto.
De la misma manera, es necesaria la implantación de equipos de apoyo, porque en el nuevo Código Penal se da una circunstancia que es la valoración, el pronóstico de la peligrosidad criminal. Es decir, un concepto de acuerdo con el cual el juez adopta medidas enormemente importantes para el individuo; medidas como la de la suspensión, medidas cautelares, medidas de seguridad o medidas de libertad condicional.
Ese tipo de equipos, que aparece ya en las ofertas de empleo público de 1996, es fundamental para formar el criterio del juez a la hora de enjuiciar determinados delitos, a la hora de adoptar determinadas decisiones con referencia a la pena. Como consecuencia de su comparecencia, parece que la propia Ministra de Justicia ha aceptado como algo perentorio, rápido, la posibilidad de crear 40 plazas en este sentido. Bueno será, por tanto, que lo aprueben ahora, para que sea toda la Cámara la que tome conciencia de este problema. También lo es, como consecuencia de las nuevas penas, que los jueces tengan conocimiento de cuál es la situación económica del penado, posible sentenciado.


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¿Por qué? Porque, junto con el hecho criminal, el juez debe investigar la situación económica para el supuesto de las responsabilidades civiles que se deriven del delito o de la posibilidad de condena a pena pecuniaria.
Porque ha cambiado ese tipo de pena, la llamada pena de multa, y hemos querido --por cierto, en este caso concreto con el voto de toda la Cámara-- que así fuera.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, le ruego vaya concluyendo.


El señor BARRERO LOPEZ: Concluyo inmediatamente, señor Presidente.
De la misma forma, es fundamental que el registro de penados tenga la normativa adecuada para hacerlo posible, y hay una línea operativa nueva que se ha producido el día 8 de mayo. Están los trabajos en el Ministerio y es necesario hacerlo, porque va a empezar a producirse ya mismo, con cualquiera de los inicios de las causas penales que tengan su origen en el nuevo Código Penal. Como lo es la modificación de la planta judicial, en el tema de la jurisdicción voluntaria, porque son nuevas ahora las competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria. Se dijo ya con motivo del debate de la interpelación que tuvo lugar hace dos semanas y a la que contestó el Ministro del Interior. Allí estábamos todos de acuerdo en que estos jueces tienen nuevas competencias para la ejecución de la pena, para su control, para las medidas de seguridad, para la observación de las reglas de conducta impuestas a los distintos penados, o para el control del cumplimiento de penas nuevas como son las de arresto de fin de semana. Es fundamental, porque con el nuevo Código Penal las causas criminales se inician ahora, señores de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, y las sentencias, sus enjuiciamientos se producirán dentro de unos meses. Estas medidas tienen que tenerlas los jueces encima de la mesa para que su enjuiciamiento sea correcto, sencillamente correcto.
Por último --termino ya, señor Presidente--, tengo que hacer referencia al diseño de una nueva estructura y planta de los tribunales de menores, porque hemos sido nosotros los que hace dos semanas, aquí, por unanimidad, hemos aceptado la posibilidad de una ley de responsabilidad penal del menor. Este es un paso más dilatado en el tiempo, y parece lógico entender que este Parlamento tiene que pronunciarse sobre la estructura y planta de los juzgados de menores, a los que les va a corresponder un mayor nivel de competencias como consecuencia de esa nueva ley orgánica que esta Cámara, hace dos semanas, insisto, instó al Gobierno para que la remitiera a las Cortes.
Por último, algo de lo que me imagino que se sentirá especialmente ilusionada la propia Ministra --y yo lo digo desde esta tribuna-- es la remisión a la Cámara de un proyecto de ley de ejecución de penas que el propio Consejo General del Poder Judicial solicitó a la Cámara cuando era vocal la Ministra de Justicia. Por tanto, parece que es un buen momento como consecuencia, además, de las medidas que adecuan la aplicación del Código Penal a niveles de eficacia acordes con la realidad ciudadana, y podemos hacerla ahora. Yo confío todavía seriamente en que todos los grupos parlamentarios que hemos sido coautores del proyecto de ley, no caigamos en la contradicción de no hacer lo posible, porque no aceptemos, por las razones que a mí se me escapan --desde luego, no por el hecho de la brevedad en el tiempo--, un Código Penal del que estamos orgullosos y que creemos en niveles reales que sólo se puede cumplir, porque sólo se puede cumplir --y tenemos poco tiempo para ello-- con las medidas que ahora se arbitran, medidas, insisto, que ya están...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Barrero, le ruego concluya.


El señor BARRERO LOPEZ: ... en el Ministerio en forma de texto la mayoría de las veces.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señores parlamentarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Barrero.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que vengo a defender una enmienda que, aunque parezca que no tiene un contenido demasiado exótico, porque es muy cortita, sin embargo tiene más contenido del que nos queramos creer. Hemos pedido sustituir la expresión: tres meses y seis meses, que se propone en esta moción presentada por el Grupo Socialista a la Cámara, que nos ha sonado un poco a ultimátum, un poco casi a algo que nos va a separar más que a unir en algo que hemos intentado que en la Comisión de Justicia e Interior se hablara del gran pacto de la justicia, del gran pacto de Estado por la justicia. No creemos muy acertado fijar estos nuevos plazos de tres y seis meses cuando ha habido una pereza legislativa, que no la debemos olvidar, por parte de otras personas, por lo que hemos querido eliminarlos, y así nos lo han admitido por lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, sustituyendo dicha expresión por: de manera inmediata. Hay cosas que se tienen que hacer en esos plazos, pero no con esa rotundidad por una razón: porque queremos que en los temas de Justicia lleguemos al máximo acuerdo. Yo he visto al portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia decir lo mismo y me parece que hay temas que tenemos

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que tratarlos con esta visión. Pero, además, hay otra razón, y es una razón de utilidad práctica.
Yo le podía decir al portavoz del Grupo Socialista que esta moción es demasiado para la interpelación que se hizo sobre este tema. Es más, yo le diría que en el número uno de la moción nosotros lo vamos votar a favor en el sentido de la enmienda, puesto que no tiene nada de contradictorio con otras cosas que hemos aprobado.
El número 1.º es reiterativo, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Ya aprobamos aquí, en la interpelación sobre prisiones, que se remitiera una ley del menor. Pero esto es más antiguo que nada. Les había dado tiempo hasta hacerlo ustedes pues en 1994 se aprobó la necesidad de remitir una ley de responsabilidad del menor a través de una enmienda que presentamos desde Izquierda Unida a una moción, porque sabíamos lo que iba a ocurrir.
Incluso si fuéramos malísimos --yo soy un poco mala-- le diría también que había otros acuerdos en los que no nos han hecho caso. Cuando se discutió el Código Penal, en la defensa de las enmiendas que hizo el señor López Garrido para que remitieran una ley de ejecución de penas porque sabíamos lo que iba a pesar con el Código Penal, usted le decía: no seas desconfiado, esto se va a arreglar, esto está todo hecho, en el Senado hablaremos. En el Senado no hablaron y ahora nos vemos aquí teniendo que sufrir el que no estén previstas una serie de cuestiones que sabíamos que la puesta en marcha del Código Penal iba a provocar. No lo queríamos hacer por un exceso de pragmatismo, sino por la necesidad que se iban a encontrar los jueces en todos estos temas.
En estos momentos todo lo que piden es verdad. Si sólo se pidiera esto por la administración de justicia se lo podían dar ustedes porque no iban a quebrar. Mañana viene el Consejo General del Poder Judicial con un tomo enorme sobre las necesidades de la administración de justicia para el año 1997 y esto se queda en un chiste para lo que nos tienen que pedir precisamente para adecuar la administración de justicia.
Es verdad todo lo que se pide en esta moción y por eso la vamos a apoyar nos guste o no el estilo, aunque nos parezca que de verdad se viene con prisas cuando se tenía que ver en la lentitud. Es verdad que había un proyecto de ley penal del menor y también había informes del Ministerio, así como de la Fiscalía de Menores. El colegio de psicólogos la criticó enormemente. Creemos que se debe hacer con una mayor audiencia de gente para poder llegar a un acuerdo entre todos en esa ley de responsabilidad del menor. Creo que las demás cosas no están bien formuladas porque no ejecutan lo que es la necesidad actual de la justicia. Pero sin poner plazo se podía pensar que todas estas cosas son necesarias. Se tiene que reestructurar incluso en el Tribunal Supremo, porque la tipificación de delitos nos ha dejado sin unidad de doctrina. Tenemos que actuar sobre eso, tenemos que hacer una nueva cancelación de antecedentes, puesto que si los plazos de prescripción son distintos las penas se tienen que aplicar de otra manera. Por tanto, hay cosas que, aunque se pidan bien o mal, hay que hacerlas. Creo que no mostrarse en contra de esta moción es no cerrar la puerta a un acuerdo mucho más amplio que es necesario en este tema de la justicia.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos dispuestos a apoyar la moción en aras a que no se quiebre un principio de necesariedad de todo lo que se pide, con independencia de la responsabilidad, porque los que menos hemos tenido y los que más hemos aportado para que esto se pudiera evitar en tiempo y forma fuimos nosotros desde la discusión del Código Penal, cuando sabíamos que esto iba a ocurrir. Votaremos afirmativamente esta moción.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Almeida.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en cuyo nombre hablo, ha estudiado con mucho respeto y detenimiento esta moción. Encuentra, dentro de su contenido, aspectos necesarios y positivos, fundamentalmente aquellos que consideramos que son competencia del Gobierno al mandar el proyecto de ley para que esta Cámara lo debata, como la necesidad de una ley orgánica de responsabilidad del menor.
Ya ha citado bien la señora Almeida el tiempo procesal en que se viene hablando en la Cámara de esta necesidad de la ley de responsabilidad penal del menor, y estamos en la fecha en que no ha aparecido.
También estamos de acuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en que es necesario dotarnos, también en desarrollo del nuevo Código Penal, de un proyecto de ley orgánica que modifique fundamentalmente toda la tramitación del recurso de casación en el ámbito penal. Efectivamente, no podemos dejar que opere el nuevo Código Penal teniendo pendiente regular todo el proceso del recurso de casación en la vía penal, por las nuevas figuras e implicaciones que trae este tema aquí. Esto obliga a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal; no son palabras menores.
Dicho esto, tengo que admitir que hay puntos, como el tercero, el cuarto e incluso el quinto, que, a juicio de Coalición Canaria, no deberían venir aquí. La señora Almeida también ha dicho que mañana, cuando veamos

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las memorias que trae el señor Presidente del Consejo General del Poder Judicial, esto se queda reducido a una pura minucia comparado con las necesidades que hay de inversión, de logística y de funcionamiento de la administración de justicia.
Ya tuvimos ocasión, con motivo de la comparecencia en la Comisión correspondiente de la señora Ministra de Justicia el otro día, de ver las demandas de los juzgados de lo contencioso-administrativo, que vienen también denunciadas en las memorias de 1994 y 1995 del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, si hay que atender necesidades del funcionamiento de la justicia por el atasco impresionante que hay en la jurisdicción contencioso-administrativa, hay que ver las responsabilidades que tienen que contemplarse, no solamente con estas propuestas sino con una nueva ley de planta y una nueva ley de dotación del Ministerio de Justicia, vía Presupuestos Generales del Estado.
Nosotros somos partidarios de que sería más conveniente y prudente dejar al nuevo Consejo General del Poder Judicial que haga causa común con determinadas cuestiones que aquí se plantean y lo pueda estudiar y proponer. Posiblemente, vamos a nombrar en breves fechas los veinte representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Qué duda cabe que, en cuestiones como las que se traen aquí en el punto 1.º del apartado b), modificación de la planta judicial en el ámbito de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria, en las cuestiones que se plantean aquí para establecer mecanismos de colaboración entre las administraciones local y tributaria, qué duda cabe que tiene que haber unos mecanismos de colaboración entre la Administración local y la tributaria para aquellos conocimientos que tenga que necesitar el justiciable en aplicación de una norma o de una medida, para que se sepa cuál es la situación económica de los imputados. Efectivamente, hoy en día existe un tremendo desconocimiento, una dificultad, pues depende de qué vía se esté utilizando por el señor juez para obtener el informe de la situación económica de los imputados. Nosotros entendemos respecto a esto que también deberíamos dejar que hiciera la propuesta pertinente el Consejo General del Poder Judicial, porque temo que podamos hacer una restricción de competencias que constitucionalmente, en el mejor sentido del espíritu y la letra de la Constitución, no corresponden tanto al Ejecutivo, ni al Ministerio de Justicia dentro de él, como a la organización de los jueces y magistrados, es decir, al Consejo General del Poder Judicial. Creemos que este órgano es el que tiene que proponer medidas y que las asuma después el Ejecutivo o las iniciativas de esta Cámara para hacerlo así. No vemos correcto que, en una cuestión tan importante como es el Código Penal, que nos costó tantas legislaturas para llevarla felizmente a término, se den plazos perentorios de tres meses ahora.
Señor Barbero, nosotros no estamos dispuestos a amparar con nuestro voto esta fórmula de plazos perentorios, porque además se dice «desde la aprobación de esta moción». Creo que son necesarias dilaciones mayores de plazo. No digo que nos remitamos ad kalendas graecas y decir: a lo largo de la presente legislatura. No estoy en ese proyecto maximalista de tiempo, sino en llegar a un consenso porque no podemos empaquetar aquí, en unos plazos de tres meses, proyectos de ley orgánica, como la responsabilidad del menor o del Poder Judicial en cuanto al recurso de casación en el ámbito penal.
Estas son las razones por las que nosotros, que estamos de acuerdo con estas cuestiones de fondo y las defenderemos, no creemos que el procedimiento perentorio de tres meses sea acorde con la seriedad con que debemos prestar en esta Cámara al desarrollo de un nuevo Código Penal.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán comparte el interés legítimo del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en favor de garantizar la plena aplicación y desarrollo del Código Penal.
No en vano fuimos coautores del mismo, participamos activamente en su elaboración y votamos favorablemente dicho Código. De la misma manera, comparte lo que podría considerarse legítima preocupación de estos grupos por su ejecución.
Donde existe alguna discrepancia es en la angustia que en estos momentos parecen manifestar estos grupos sobre la posibilidad de su ejecución y de su aplicación --y subrayo la expresión: en estos momentos, ya que puede que después del verano la tengamos que compartir--, porque esta angustia sólo puede venir, por un lado, de la convicción de la necesidad de adoptar medidas de carácter inmediato y, por otro, de una manifestación de la voluntad del Gobierno de no adoptarlas. Hay que aclarar que la señora Ministra de Justicia, en la comparecencia que efectuó el jueves de la semana pasada, manifestó reiteradamente, y reiteradamente se manifiesta así en el acta de la sesión, la necesidad de adoptar de forma inmediata esas medidas. Por lo tanto, no podemos compartir --como decía antes-- la preocupación excesiva de que no se adopten. Parece que está clara la apreciación del Gobierno y que existe también, al menos de forma claramente expresada, la voluntad del Gobierno de adoptarlas.
En cualquier caso, lo que también quiere manifestar este grupo es que si voluntad de diálogo hace falta en el Gobierno, también voluntad de diálogo hace falta en la oposición. Por ello, para la presentación de

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una moción de estas características, tanto por su concreción como por su exhaustividad, entiende el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que hubiese sido preciso, conveniente o, en cualquier caso, hubiese venido exigido por la prudencia el mantener algún tipo de diálogo, de consenso, de comentario con otros grupos parlamentarios para no vernos emplazados en el día de hoy simplemente a cambiar el plazo de tres meses por seis meses o bien a acoger conceptos o referencias nuevas de la inmediatez que mi grupo entiende que se refiere a plazos notablemente inferiores a los tres meses a los que nos referíamos anteriormente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán votará en contra haciéndose solidario, como he dicho antes, de la preocupación, no haciéndose solidario en este momento de esa angustia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, procuraré no abusar de su paciencia a estas horas.
Estamos, por otra parte, en un curioso trámite porque, como ya se ha dicho, estamos debatiendo esta moción como consecuencia de una curiosa interpelación. Me limito a recordar un hecho que cualquier parlamentario apreciará en lo que vale. Ni uno solo de los portavoces de los diversos grupos consideró oportuno pisar esta tribuna para hablar de esta interpelación; hasta tal punto había habido falta de consistencia. Lo más que se dijo de ella, en tono un poco cáustico, es que había parecido una querella doméstica.
A raíz de esa interpelación la verdad es que había cierta curiosidad por ver cuál era la moción que se iba a presentar, porque se suponía que sería una moción suave, sencilla, no muy complicada. El asombro vino al comprobar que nos encontramos con una rolliza moción de tres folios que simplemente propone que en tres meses --incluido agosto, eso sí, porque en agosto hay más tiempo, como es sabido-- se hagan dos leyes orgánicas, un decreto y un plan. ¡No está mal! Y una vez que se ha hecho ese esfuerzo, para que la gente no se acostumbre a la holganza, en seis meses otra ley más y dos modificaciones de la planta judicial. ¡No está mal! Es como un cómitre que va dando con su martillo para que los remeros del Gobierno no vayan a sufrir algún tipo de somnolencia estival. ¡No está mal! Todo esto es consecuencia a la vez de una fecha, que es la que figura en la moción: el 20 de junio. Ese 20 de junio compareció la señora Ministra, como ya se ha dicho, en Comisión, y ocurrieron dos cosas. La Ministra estableció los plazos que consideraba razonables para poder llevar a cabo proyectos que en el fondo son estos que están aquí plasmados y, por otra parte, el portavoz socialista invocó épicamente una y otra vez un pacto de Estado. La verdad es que tenemos curiosidad por ver cómo empezaba el pacto de Estado. Entendíamos que empezaría por la moción. Entendíamos que habría que hacer una moción escenificando en qué consiste el pacto de Estado. Ante nuestro asombro, con el grupo que apoya al Gobierno no habló nadie en absoluto. Pasaron por Registro el ultimátum y, pim-pam, con el martillo dale que te pego. Y, por lo que hemos visto, los grupos de la oposición tampoco hablaron, con lo cual este pacto de Estado es muy original. Yo no sé de qué Estado se trata, quizá del estado cataléptico al borde del cual estamos casi todos. Pero aquí yo creo que más que un pacto de Estado ha habido un pasar del Estado. Se ha pasado del Gobierno; se ha pasado de la oposición; se ha pasado de todo el mundo. Mal empezamos; no parece que sea así como se hace un pacto de Estado, por lo menos como suele entenderse. Lo que no tiene ningún sentido es estar hablando de pacto de Estado por la mañana y repartir patentes de democracia en Comisión, como se ha hecho en esta misma Cámara, como si se estuvieran entregando premios en un parvulario.
Aprovecho para decirle, señor Barrero, algo tan obvio como que el Código Penal de la democracia existe desde el día siguiente en que se aprueba la Constitución, porque la disposición derogatoria de la Constitución hace que cualquier elemento antidemocrático del antiguo ordenamiento jurídico sea expulsado inmediatamente del mismo y el juez ordinario no tiene ni que plantear una cuestión de inconstitucionalidad al respecto. Algo elemental; algo que sabe cualquier estudiante de Derecho. (Aplausos.) Por tanto, dejémonos ya de bambolla y de historias. Tenemos un Código Penal que hemos hecho entre todos, como usted muy bien ha dicho, unos más, otros de diversa manera; estupendo, y hay que llevarlo a la práctica, por supuesto que sí. Y el Gobierno dejó bien claro en la comparecencia de la Ministra que lo va a llevar a la práctica. Pero no olvide usted lo que decía un conocido lidiador: Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Por tanto, no se empeñe usted en cosas que son imposibles.
Yo creo que lo que ha pasado aquí es que ha habido mayor preocupación por parte del Gobierno anterior por dejar el Código hecho que por hacerlo viable. Porque usted ha hablado aquí de mandatos imperativos parlamentarios. Dígame usted, señor Barrero, ¿es cumplir un mandato imperativo parlamentario, cuando se veía venir todo esto porque ya lo anunció el Grupo Popular, gastarse 13.000 millones de pesetas sin crédito presupuestario y dejar esa trampa en el Ministerio? ¿Es eso responsable, cuando hay que poner en

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marcha todo eso? ¿Es eso cumplir un mandato parlamentario? Reconózcame que no, que es una irresponsabilidad. Ahora hay que gobernar con esas circunstancias, las que ustedes han dejado.
La actitud con la que el Gobierno se ha comprometido está clara. A corto plazo piensa determinar los desplazamientos de trabajo que se van a producir desde los juzgados de lo Penal hasta las audiencias provinciales, a los que S. S. ha aludido, y va a procurar un refuerzo no solamente de magistrados, como usted ha dicho, sino también con personal no judicial y, por supuesto, será necesaria la ampliación de la planta en unos casos y en otros habrá que recurrir al cuarto magistrado al que S.
S. aludía. Pero hay que incrementar también espacios físicos, obviamente, a los que usted no ha aludido, y todo esto exige una dotación presupuestaria, porque en este Gobierno, al que mi Grupo apoya, se ha acabado eso de gastar y luego el que venga detrás que arree. Así no se puede gobernar. Eso no es serio ni es legal, y en un Ministerio de Justicia conviene ser legal.
Las cuarenta y nueve plazas de los equipos de apoyo para los juzgados de menores que están en la oferta de empleo público van a ser convocadas, por tanto, no tiene sentido que ustedes exijan imperiosamente que se haga lo que se va a hacer. En cuanto a las leyes, ha quedado claro que la Ley Penal del Menor tiene como plazo el primer trimestre de 1997, y ése es el que va a tener, y no hay crédito presupuestario además para hacerlo antes, no lo olvide, señor Barrero.
En cuanto a la elaboración del proyecto de ley de ejecución de penas es muy curioso. Usted ha recalcado que el Consejo General del Poder Judicial, al que pertenecía entonces la señora Ministra reclamó esa ley.
¿Por qué entonces, señor Barrero, el Ministerio que estaba en manos de otro antiguo miembro de ese mismo Consejo no ha dejado ni un solo estudio sobre esa ley? ¿Porque se toma al Consejo General a beneficio de inventario, o por qué? Ni un solo estudio hay en el Ministerio sobre la ley de ejecución de penas. Y quiere usted que se haga en dos patadas.
La reforma de la casación penal se hará en el marco de una reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, lógicamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que le afecta. A esto es a lo que el Gobierno se ha comprometido. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Izquierda Unida ha presentado una bienintencionada enmienda que apreciamos en lo que vale, pero reconózcame la portavoz de Izquierda Unida que quitar los plazos a las mociones es quitarles sus partes más nobles; las deja sin trapío y sin fuerza ninguna. Una moción sin plazo es un chiste, porque dice cuatro obviedades. Esta moción hablaba de plazos, mal dichos, pero es lo que decía.
Por otra parte, si usted dice que se haga de manera inmediata, habría que hacerlo antes todavía. Claro que en la justificación hace una sentencia interpretativa. Dice: entiéndase por inmediato cuando se pueda. Da la casualidad de que tenemos un Gobierno que quiere cumplir los plazos, por lo que no está dispuesto a que se le diga mañana: se dijo que de manera inmediata, han pasado veinticuatro horas y ustedes no me han dado nada.
Por tanto, no podemos aceptar su bienintencionada enmienda.
Resumiendo, quisiera recordar una frase de un viejo amigo, catedrático de Derecho Político, que se esfuerza periódicamente por defender las posturas del Partido Socialista. Ultimamente, en su afán por ayudar al Partido Socialista, incluso dice cosas razonables. Por ejemplo, como ésta: El PP, después del 6 de junio de 1993, era portador de una política para la que existía receptividad inmediata en la sociedad española. Eso no se puede decir del PSOE después del 3 de marzo de 1996. En estos momentos el PSOE no está en condiciones de adoptar iniciativas de política general que la sociedad española pueda hacer suyas. Es un partido de Gobierno sólo potencialmente en estos momentos. El PP, en la pasada legislatura, lo era desde el comienzo. Esta es una de las cosas que diferencian políticamente esta legislatura de la anterior. En la pasada legislatura hubo un pulso prácticamente desde el principio entre la política socialista y la alternativa popular. En ésta no lo hay.
Esta moción es la historia de un pulso fallido. Otra vez será y le agradezco el tono al señor Barrero porque presagia la posibilidad de un consenso.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--El señor Barrero López pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
Señor Barrero, S. S. ya ha tenido oportunidad de aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en su intervención. De todas formas, tiene un minuto para concluir el debate.


El señor BARRERO LOPEZ: No creo que lo consuma, señor Presidente.
No he entendido bien la intervención del señor Ollero. Me da la impresión de que ha hablado de otro tema, igual que he podido comprobar ese tipo de confusión en algún que otro parlamentario. Es posible que la hora provoque algunos problemas mentales o intelectuales a alguna de SS. SS.
Yo no he hablado para nada de política judicial. Estoy hablando de unas medidas que algún compañero parlamentario de Convergència considera agónicas o agobiantes y que mi grupo y yo, por responsabilidad, consideramos que deben adoptarse de la manera más rápida posible. Si usted considera que esos tres o seis meses eran un escaso plazo de tiempo para el Gobierno, o bien podía haber aceptado la enmienda de Izquierda Unida o bien haber

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presentado una enmienda. Lo que pone de manifiesto el no aportar dato alguno de manera activa a esta moción y a esta voluntad de cumplir el mandamiento parlamentario, señor Ollero, es que no tienen voluntad política de cumplir el Código Penal.


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, puede desestimar la enmienda, pero no reabra el debate, se lo ruego encarecidamente en nombre de la Cámara.
Estoy seguro de que ha quedado muy clara su posición.


El señor BARRERO LOPEZ: Unicamente voy a aclarar dos cuestiones, si me lo permite, señor Presidente, porque se han hecho alusiones.


El señor PRESIDENTE: Este turno se concede exclusivamente para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda, no para reabrir el debate. Tiene S. S. medio minuto para concluir.


El señor BARRERO LOPEZ: No le he entendido, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, este turno es exclusivamente para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda. No debe S. S. reabrir el debate ni replicar ni convertirlo en un turno de alusiones. Le ruego que concluya en medio minuto, señor Barrero.


El señor BARRERO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Respeto, lógicamente, la forma de moderar que tiene el señor Presidente, pero se ha hecho una alusión que a mi grupo le hubiera gustado poder contestar, porque ha sido una alusión de mal gusto. En todo caso, señor Presidente, que quede constancia de que aceptamos la enmienda de Izquierda Unida.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Se somete a votación la moción del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para la plena aplicación del nuevo Código Penal, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 131; en contra, 152; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación.
Se suspende la sesión hasta mañana.


Eran las diez y cincuenta minutos de la noche.

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