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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 679, de 28/04/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1999 VI Legislatura Núm. 679

RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles, 28 de abril de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la Ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales (número de expediente 121/000149) ... (Página 19628)

-Proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (número de expediente 121/000156) ... (Página 19628)

- Proyecto de ley por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana (número de expediente 122/000128) ... (Página 19628)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre:

- Proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales (número de expediente 121/000149) ... (Página 19628)

Página 19628


-Proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (número de expediente 121/000156) ... (Página 19631)

- Proyecto de ley por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana (número de expediente 122/000128) ... (Página 19632)

Proposiciones no de ley:

- Relativa a la necesidad de que el Gobierno estudie la concesión de medidas oportunas para dar un tratamiento específico al municipio de San Fernando (Cádiz), con el fin de superar su especial situación de cuasiinsularidad. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 161/001270) ... (Página 19635)

- Por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, ponga en marcha, de forma inmediata, el Consejo Interautonómico de la caza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular del Congreso (número de expediente 161/001516) ... (Página 19637)

Comparecencia del señor subsecretario para las Administraciones Públicas (Rodríguez-Arana Muñoz) para informar sobre las certificaciones utilizadas para la concesión de créditos a empresas de acuicultura afectadas por la catástrofe del Mar Egeo y criterios seguidos para asignar cantidades, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1998. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 213/001016) ... (Página 19641)

Preguntas:

- Del señor Borreiros Fernández (Grupo Socialista del Congreso), sobre causas de los cambios, retrasos e incumplimientos de las Administraciones Públicas para con todos los afectados por el siniestro del Mar Egeo, puestos de manifiesto repetidamente por éstos (número de expediente 181/002335) ... (Página 19641)

Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY POR LAQUE SE CREAEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. (Número de expediente 121/000149)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS. (Número de expediente 121/000156)

- PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE DECLARAN COOFICIALES LAS DENOMINACIONES ALACANT, CASTELLÓ Y VALÈNCIA PARA LAS PROVINCIAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 122/000128) El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Se abre la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, agradeciendo la presencia de SS.SS. en una hora tan temprana en este miércoles.
En primer lugar, voy a someter a la ratificación de SS.SS la ponencia designada para informar tres iniciativas legislativas: la primera, el proyecto de ley por la que se crea el consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos forestales; la segunda, el proyecto de ley por la que se crea el consejo general de colegios oficiales de biólogos y, la tercera, una proposición de ley por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana.


¿Ratifican las tres ponencias SS.SS.? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías. Quedan ratificadas.


APROBACIÓN, CON COMPETENCIALEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:

- PROYECTO DE LEY POR LAQUE SE CREAEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES

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DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. (Número de expediente 121/000149)

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a pasar a la tramitación de los siguientes puntos del orden del día, la proposición de ley mencionada y dos proposiciones no de ley.
De acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, vamos a convocar a SS.SS. para la votación de todas estas iniciativas a las que acabo de aludir, tras el debate del último de los proyectos, no antes de las once y media de esta mañana.
Sin más, pasamos a la tramitación del proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos forestales. El proyecto de ley ha recibido una enmienda. El grupo enmendante, el Grupo Federal de Izquierda Unida, ¿desea intervenir? (Asentimiento.)

Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Nuestro grupo no mantiene solamente una enmienda, sino cuatro, a este proyecto de ley. No obstante, antes de proceder a su defensa, quisiera decir que no nos cabe la menor duda de que la legislación vigente ampara la creación de colegios profesionales, así como la de los consejos generales de estos colegios. Nuevamente manifiesto nuestra posición discrepante en cuanto a la filosofía de la propia ley que regula la creación de estos colegios, porque la ley lo que hace es imponer barreras por las que obliga a colegiarse a los profesionales, impidiendo así el libre ejercicio de las profesiones. La obligatoriedad para sindicarse es una traba, solamente se da en este tipo de profesiones liberales, y no entendemos que los trabajadores tengan que sindicarse obligatoriamente, y tampoco es conveniente.
La primera enmienda que hemos presentado es a la disposición transitoria primera. En ella proponemos que los ingenieros técnicos forestales sean elegidos democráticamente de entre los miembros pertenecientes a dichos colegios. La motivación es asegurar que se elige al representante de cada colegio de entre los miembros que lo componen, sin que necesariamente tengan que pertenecer a su junta directiva. Al mismo tiempo, nuestra enmienda trata de garantizar que en el proceso de constitución del consejo general exista la mayor participación posible de los colegiados.


La segunda enmienda, a la disposición transitoria primera, apartado 2, es de adición. Proponemos añadir, entre las expresiones: «...se deberán incluir las normas de...» y «constitución y funcionamiento...» la palabra: elección. Creemos que es conveniente introducir la palabra elección ya que la comisión gestora es la que va a elaborar, en el plazo de seis meses, los estatutos profesionales, y es lógico que dichos estatutos incluyan también normas de elección de los órganos de gobierno.
Presentamos otra enmienda a la disposición transitoria primera, apartado 3, también de modificación. Pretendemos que una vez redactados los estatutos generales provisionales sean votados por todos los colegios oficiales de ingenieros técnicos forestales o por la mayor parte de sus miembros. Así la redacción está más clara y fomenta el que dicho estatuto sea votado por todos los ingenieros técnicos forestales, sin que sean las juntas de dichos colegios exclusivamente las que decidan sobre él.
La cuarta enmienda -y última- es a la disposición transitoria segunda, apartado 1, y es de modificación. Proponemos instituir el texto del punto 1 de dicha disposición transitoria por el siguiente: El consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos forestales quedará formalmente constituido y adquirirá, tanto personalidad jurídica como plena capacidad de obrar, una vez que sus estatutos generales provisionales entren en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Creemos lógico esperar a que estos estatutos por los que se rige, tanto la elección como la composición y el funcionamiento del consejo general se publiquen en el Boletín Oficial del Estado para que este órgano adquiera tanto la plena personalidad jurídica como la capacidad para poder obrar. Éstas son las enmiendas que hemos mantenido en este proceso de constitución del consejo general de ingenieros técnicosforestales.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Torres Sahuquillo.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor presidente, el Grupo Socialista tiene una enmienda.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Torres Sahuquillo, en nombre del Grupo Socialista.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor presidente, nosotros estamos básicamente de acuerdo con la redacción que se da al modesto proyecto de ley, pero hemos introducido una enmienda porque, en primer lugar, tenemos interés en que este proceso, que nos parece necesario, no se retrase excesivamente; y en segundo lugar, porque haya seguridad jurídica. Nuestra enmienda tiene un pequeño error, porque, cuando habla de que se añadirá al final del apartado 2, lo que pretende es que sea al final del apartado 3. La frase, por tanto quedaría así: Se propone la adición al final del apartado 3 -no del 2- del siguiente párrafo.
Nosotros pretendemos con nuestra enmienda que haya voto ponderado en el caso de que no exista la unanimidad dentro de los colegios existentes. En este momento existen tres colegios de ingenieros técnicos forestales en España y, para que vean la importancia de nuestra enmienda, a uno de ellos -sin citar cuál, no es necesario- están adscritos 85 profesionales frente a otro que tiene 2.200. No parece sensato que, en caso de que un pequeño colegio como éste no esté de acuerdo con alguna de las fórmulas que se planteen, pueda por sí mismo paralizar el proceso y dejar prácticamente al 90 por ciento de los adscritos al colegio sin la posibilidad de tener constituido el consejo general. Por tanto, nos ha parecido oportuno añadir, al final del apartado 3 una enmienda que diga lo siguiente. No obstante, si no fuera posible obtener la conformidad de todos los colegios profesionales, los estatutos provisionales serán adoptados mediante un voto ponderado de cada representante en función

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de la representación profesional que cada colegio ostenta.
Como se ve, además, esta ponderación la estamos estableciendo, única y exclusivamente para el acto de decidir los estatutos provisionales, pero, más allá, no tiene ninguna traslación a otros posteriores. Por tanto, nos parece conveniente hacerlo así, por seguridad jurídica y para que todo ello se desarrolle con rapidez porque es necesario.
Finalmente, y aunque no sea la costumbre de los grupos parlamentarios de la oposición hablar de las enmiendas de otros grupos, nosotros entendemos que sería conveniente, si fuera posible, que la enmienda número 4 de Izquierda Unida pudiera ser objeto de alguna transacción por parte del grupo mayoritario de la Cámara. Pensamos que valdría la pena que pudieran contemplarse las dos posibilidades, la del proyecto de ley, es decir, la que propone la creación del consejo general del colegio de ingenieros técnicos forestales con la entrada en funcionamiento sus órganos de gobierno -y en lo que estamos de acuerdo-, y la propuesta de Izquierda Unida, que dice que debería publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Refundir ambas propuestas sería bueno y conveniente por seguridad jurídica. Nosotros solicitamos a ambos grupos que, si tienen voluntad de llegar a un acuerdo, lo hagan posible, porque mi grupo se alegraría de poder votar esta enmienda de transacción. Si no fuese así, votaríamos a favor de lo que dice el proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Castro Masaveu.


La señora CASTRO MASAVEU: Manifiesto, en primer lugar, que el Grupo Parlamentario Popular entiende la necesidad de este proyecto de ley y también la de que se cree el consejo general de colegios profesionales de ingenieros forestales. Nosotros no entendemos que esto pueda coartar la libertad de los profesionales que se agrupan en los colegios, puesto que para lo que sirven los colegios profesionales es para proteger los derechos de los profesionales que se agrupan en ellos, y por lo tanto en este caso es aún más necesario este proyecto de ley, puesto que al existir tres colegios de ingenieros técnicos forestales en el territorio nacional es de obligado cumplimiento el hecho de que exista un consejo general.
Respecto a las enmiendas tanto de Izquierda Unida como del Grupo Parlamentario Socialista, he de manifestar que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de ellas. Pasando a analizar brevemente cada una de las cuatro enmiendas de Izquierda Unida, en la que se refiere a la disposición transitoria primera entendemos que el representante de cada uno de los colegios debe designarse de acuerdo con la normativa reguladora de los colegios profesionales estatal o autonómica y con los estatutos de cada uno de ellos. Por lo tanto, no procede la enmienda de Izquierda Unida.
Respecto a la enmienda relativa a la disposición transitoria primera, apartado 2, en la que el Grupo de Izquierda Unida quiere añadir la palabra elección, la referencia expresa a normas de constitución que existe en el proyecto lleva implícito el que deban fijarse las normas para la designación de los órganos de gobierno y que la expresión normas de constitución jurídicamente supone por sí el que exista la elección. Por lo tanto, nosotros rechazamos esta enmienda.
Respecto a la enmienda relativa a la disposición transitoria primera, apartado 3, podría afectar al régimen de adopción de acuerdos establecidos en la normativa autonómica reguladora de los colegios profesionales. En consecuencia, la conformidad de los colegios debe recabarse de acuerdo con las normas que rijan en cada uno.
Y respecto a la última enmienda de Izquierda Unida, el apartado 2 de la disposición transitoria primera determina expresamente, como acabo de mencionar, que los estatutos deben incluir unas normas de constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno del consejo general. Al amparo de estas normas de constitución se debe proceder a la determinación concreta de estos órganos, por lo que la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar debe quedar condicionada a su efectiva constitución, que habrá de ser posterior a la verificación de la legalidad de los estatutos por el Ministerio de Medio Ambiente.
Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que hace referencia a la inclusión de la posibilidad de acudir al voto ponderado en el supuesto de la falta de unanimidad a la hora de aprobar los estatutos del consejo general, es cierto que esta enmienda supone una garantía para el supuesto de que no se obtenga la conformidad de los colegios. Esta posibilidad fue valorada a la hora de redactar el anteproyecto, como lo fue también el voto unitario de cada uno de los colegios profesionales. Existen en la actualidad únicamente tres colegios de ingenieros forestales, como ya manifestó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Hay un colegio oficial nacional en el que están colegiados el 90 por ciento de los profesionales, mientras que los otros dos, que son el de Cataluña y el de Galicia, agrupan entre sí a un 10 por ciento de los ingenieros técnicos forestales españoles. Por lo tanto, aceptar que los estatutos provisionales se pudiesen adoptar mediante el voto de la mayoría de los colegios representados haría que primase el voto conforme a los dos colegios autonómicos existentes. Por otra parte, si aceptásemos el voto ponderado en función del número de colegiados representados en cada colegio, esto llevaría aparejado la total primacía del colegio nacional, por lo que los estatutos se podrían adoptar con el criterio unitario de dicho colegio pese al voto en contra de los colegiados de los dos, en los de Cataluña y de Galicia.
Por eso, la redacción del proyecto que ha valorado estas dos posibilidades, tanto la del voto ponderado como la del voto unitario, debe ser la que se mantenga. Exigir que la comisión gestora cuente con el respaldo unánime de los colegios para la aprobación de los estatutos está justificado por la trascendencia que éstos van a tener en la composición y funcionamiento del consejo y en los estatutos definitivos que éste ha de elaborar. Esperamos y deseamos que no haya problemas a la hora de aprobar los estatutos y mantenemos el texto del proyecto, si bien, efectivamente, cabía la posibilidad propuesta, que de hecho se ha estudiado, pero consideramos que debe permanecer la redacción tal y como viene en el texto del proyecto de ley. (El señor Torres Sahuquillo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Torres.


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El señor TORRES SAHUQUILLO: Yo entendía que tenía derecho a una breve réplica a la intervención en contra de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. No sé si es así; creo que es lo habitual.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Torres Sahuquillo.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Sólo quiero decir a la representante del Grupo Parlamentario Popular que espero que no acabe como Hamlet, porque la duda que tiene es la misma. Le parece muy bien la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque evita una serie de problemas, da seguridad jurídica, y también le parece muy bien lo que dice el proyecto de ley; como le parecen las dos cosas muy bien, dice: seguimos con lo nuestro. Por eso digo que espero que no acabe como Hamlet y que tenga mejor salud, pero tiene la misma duda.
Amí me parece razonable lo que hemos planteado, porque dése usted cuenta de que si esto no se resuelve con una cierta rapidez, en un plazo muy corto de tiempo vamos a tener constituidos un montón de colegios más, y entonces puede ser incluso mucho más difícil ponerlo en marcha. De lo que estamos hablando -acabo con esto- es de los estatutos provisionales. Tampoco estamos hablando aquí de la Constitución española de 1978.


El señor PRESIDENTE: Señora Castro.


La señora CASTRO MASAVEU: Intervengo brevemente para decir que yo tampoco espero terminar como Hamlet. Le digo también que yo no he manifestado dudas; simplemente he dicho que se había valorado la posibilidad y que, al final, la conclusión es que es más aséptica la norma que viene regulada en el proyecto de ley y que ésa es la que consideramos más oportuna. No es que haya duda, sino que también, aparte del voto ponderado, se había considerado el voto unitario, y nos ha parecido, en definitiva, que la mejor redacción es la del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que el Grupo Parlamentario Socialista ha ofrecido una transacción con respecto a la enmienda número 4, del Grupo Federal de Izquierda Unida. Si su portavoz desea manifestar su acuerdo o desacuerdo con la transacción ofrecida por el Grupo Parlamentario Socialista, que entrañaría la retirada de la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida en caso afirmativo, puede hacerlo ahora.
Señor Fernández Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, nuestro grupo acepta la transacción que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista. Entendemos que no es contradictorio lo que nosotros planteamos con lo que él ha dicho. Por lo tanto, sí aceptamos esta transacción.


El señor PRESIDENTE: Someteremos entonces a votación la transacción a la enmienda número 4. Le ruego, señor Torres, que transmita a esta Presidencia por escrito dicha transacción.
- PROYECTO DE LEY POR LAQUE SE CREAEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE BIÓLOGOS. (Número de expediente 121/000156)

El señor PRESIDENTE: Señorías, damos por consiguiente por finalizado el debate del punto 4 del orden del día, correspondiente al proyecto de ley por la que se crea el consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos forestales, y pasamos, sin más, a debatir el proyecto de ley por la que se crea el consejo general de colegios oficiales de biólogos.
Creo no equivocarme si digo que hay cuatro enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para defenderlas, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Creo que sería reiterar los argumentos que ya he expuesto en las anteriores enmiendas en cuanto al colegio oficial de ingenieros técnicos. Por tanto, mantenemos nuestras enmiendas, tal como están expuestas.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Heredia Díaz.


El señor HEREDIA DÍAZ: El Grupo Parlamentario Socialista quería introducir una enmienda in voce a la disposición transitoria primera, apartado 3. Sería una enmienda de adición al final del párrafo, que diría lo siguiente: No obstante, si no fuera posible obtener la conformidad de todos los colegios profesionales, los estatutos provisionales serán adoptados mediante el voto ponderado de cada representante, en función de la representación profesional que cada colegio ostenta.
El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar este proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios oficiales de biólogos ya que, como establece la ley, cuando estén constituidos varios colegios de una misma profesión -en este caso de biólogos- de ámbito inferior al nacional, existirá un consejo general. En este momento están constituidos cuatro colegios oficiales de biólogos, cuyo ámbito es, en tres casos, el territorio de las respectivas comunidades autónomas (Euskadi, Cataluña y Madrid) y, en el otro, el resto del territorio español. No obstante, y de ahí la necesidad de presentar la enmienda, se encuentran en proceso de constitución los de Andalucía, Canarias, Castilla y León y Comunidad Valenciana. Esto supone que en muy poco tiempo existirá un elevado número de colegios territoriales, por lo cual consideramos imprescindible que se apruebe esta enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, vamos a votar a favor de una y en contra a las otras dos. Por seguir el orden, rechazamos la enmienda al punto uno de la disposición transitoria primera, ya que se da por supuesto que las juntas directivas de los colegios de biólogos han sido elegidas democráticamente y, por tanto, están legitimadas para decidir quién los representará en el consejo general. Aceptamos

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la enmienda al apartado 2 de la disposición transitoria primera; no aceptamos la enmienda al punto tres de la disposición transitoria primera, ya que, como dije respecto a la primera enmienda, si las juntas directivas de los colegios de biólogos se eligen democráticamente y tienen carácter representativo, no comprendemos esta propuesta, menos aún, cuando únicamente se trata de unos estatutos provisionales.
A la última enmienda de Izquierda Unida querríamos presentar una transacción en relación con la disposición transitoria segunda, apartado uno, que diría lo siguiente: y adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento en que se constituyan sus órganos de gobierno y sus estatutos generales provisionales entren en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que S.S. presenta la enmienda in voce, al amparo del artículo 114.3, como enmienda transaccional o enmienda de carácter técnico. Le rogaría que pase por escrito a la Mesa, para que puedan ser correctamente tramitadas, tanto esta enmienda in voce como la enmienda que ha presentado como transaccional. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: No entraré a valorar la importancia que tiene la creación de este consejo general, para cuya creación se precisa una ley del Estado, según lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley 12/1983, del proceso autonómico, porque de todos es sabido lo importantes que son las organizaciones profesionales en un país como el nuestro para la protección y defensa de los intereses de sus colegiados. En este caso, la existencia del consejo general completaría el marco normativo que en este momento tienen los colegios profesionales de biólogos.
En cuanto a las enmiendas que aquí se han presentado, me voy a referir, en primer lugar, a las de Izquierda Unida. Ante todo hay que tener presente que este proyecto de ley se elevó al Consejo de Ministros en un anteproyecto de ley que había sido elaborado a iniciativa del colegio oficial de biólogos y ese proyecto, que fue enviado al Congreso por el Gobierno, refleja los términos que la propia corporación del colegio oficial de biólogos contemplaba en cuanto a las disposiciones primera y segunda, relativas al proceso de constitución de una comisión gestora y el posterior consejo general.
Por tanto, si no hay lugar a que el colegio de biólogos se exprese sobre las enmiendas parlamentarias al proyecto, nosotros solamente podemos opinar sobre aquéllas en función del análisis del contenido del proyecto de ley dentro de todo el conjunto normativo que proporciona nuestro marco general, que es el artículo 36 de la Constitución y la Ley de colegios profesionales, y basándonos en los principios generales de derecho. Según estos postulados, todo colegio profesional legalmente constituido se atiene, en su estructura interna y en su funcionamiento, a los principios democráticos, que se entiende que se cumplen tanto si se articulan por medio de elección, de votación directa por todos los miembros del colegio, como si se trata de actuaciones de órganos de gobierno elegidos democráticamente. Por tanto, aquí hay dos puntos de vista válidos, ya que forman parte de este concepto que todos tenemos de constitución democrática colegial.
En lo que se refiere a las enmiendas que afectan a la disposición transitoria primera, apartados 1, 2 y 3, no vemos razones por las que las enmiendas hayan de preferirse al criterio del colegio oficial, que fue el que asumió la iniciativa. La redacción dada al texto ahora sometido a la aprobación parlamentaria nos parece la correcta.
En cuanto a la enmienda a la disposición transitoria segunda, apartado 1, no parece necesario que el texto se someta a una rectificación. La enmienda quiere que el nacimiento de personalidad jurídica del consejo general del colegio oficial de biólogos se supedite a la entrada en vigor de los estatutos provisionales, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En el proyecto ya se fija el momento de la adquisición de personalidad jurídica del Consejo General, refiriéndolo a la constitución de sus órganos de gobierno, conforme está previsto en los estatutos provisionales.
La disposición transitoria primera, apartado 3, prevé que el Ministerio verificará la adecuación de los estatutos provisionales a la legalidad y ordenará la publicación, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, esta exigencia de publicación oficial de los estatutos provisionales ya es necesaria para la válida constitución de los órganos de gobierno y proporciona la imprescindible seguridad jurídica a todo el proceso previo de constitución.
En cuanto a la enmienda in voce, nos reiteramos en que se trata de otro punto de vista, de otra opinión. Nosotros creemos que lo expuesto en el proyecto de ley tiene todas las garantías democráticas y es respetuoso con el marco legal y que simplemente se trata de una discrepancia de opiniones. Para nosotros, lo expuesto en el proyecto de ley, que asume el concepto del colegio de biólogos, que fue el que promovió la iniciativa, nos parece lo más adecuado.


El señor PRESIDENTE: Como el Grupo Socialista ha presentado dos enmiendas transaccionales, el Grupo de Izquierda Unida debería emitir su opinión acerca de la aceptación o no.
Tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Aceptamos la enmienda transaccional del Grupo Socialista a nuestra enmienda número 4 y no la propuesta que hace de incluir el voto ponderado.


El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, someteremos a votación la primera de ellas. Con esto damos por finalizado el debate del proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios oficiales de biólogos.


- PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE DECLARAN COOFICIALES LAS DENOMINACIONES ALACANT, CASTELLÓ Y VALÈNCIA PARA LAS PROVINCIAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.(Número de expediente 122/000128.)

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El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir la proposición de ley por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana.
A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Coquillat.


El señor COQUILLAT DURÁN: Señor presidente, retiramos las dos enmiendas presentadas originariamente y ofrecemos una enmienda de carácter transaccional que se ha entregado ya a la Mesa y que da origen a este parlamento.
La toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Mixto, Nueva Izquierda, creemos que en principio no ofrece ningún tipo de problemática en su punto de partida, por cuanto está en la misma línea que otras que fueron aprobadas con anterioridad, si bien es cierto que cada una de ellas con determinadas peculiaridades. Hacemos un breve recordatorio de las mismas, puesto que al final recalcamos la idea básica de que estos temas han entrado siempre por unanimidad, aspecto que sería deseable. Confiábamos en que ocurriese así en este caso concreto.
En la IV Legislatura se tomó en consideración una proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el sentido de cambiar la denominación de las provincias de Gerona por Girona y de Lérida por Lleida. La ley fue aprobada el 28 de febrero de 1992, y creemos que es la más similar a la ahora estudiada, aunque difiere de la cooficialidad que se pide para la denominación de las provincias de la Comunidad Valenciana. En la VI Legislatura se han tomado en consideración tres proposiciones de ley de análogo contenido: la del Parlamento balear, por la que se cambiaba la denominación de la provincia de Baleares por Illes Balears; la del Grupo Vasco (PNV), por la que se denominarían oficialmente Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa; y la del Parlamento de Galicia, sobre el cambio de denominación de la provincia de La Coruña por ACoruña y de Orense por Ourense. Todas estas iniciativas prosperaron con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.


Favorables por tanto a la toma en consideración, formulamos alguna observación al contenido de la disposición adicional que podría incorporarse mediante la correspondiente enmienda transaccional que hemos presentado, que, en opinión de nuestro grupo parlamentario, recoge en su sencilla redacción tanto la línea de planteamiento del articulado del estatuto de autonomía como la de la Ley de uso y enseñanza del valenciano. Las capitales de las provincias valencianas tienen denominación bilingüe, que fue aprobada por decretos del Consell y de la Generalitat Valenciana, de 19 de julio de 1982 para Castellón y de 31 de enero de 1990 para Alicante. Es lógico, por tanto, que se pretenda el cambio de denominación solicitado, puesto que el nombre de las provincias debe de concordar con el de sus respectivas capitales, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 30 de noviembre de 1933, el cual establece en su artículo 1 que las provincias tomarán el nombre de sus capitales respectivas, lógicamente con excepciones como Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que conllevan sus actuales denominaciones.


La actual redacción de la disposición adicional de la que estamos hablando podría ser interpretada en el sentido de que en las poblaciones con predominio de la lengua valenciana se utilizaría sólo y obligatoriamente el nombre valenciano de la provincia. Para obviar cualquier tipo de interpretación o de ambigüedad, posible exclusividad, y en atención al propio título de cooficialidad, es por lo que proponemos -insisto, retirando las dos enmiendas iniciales- la transaccional presentada a la Mesa con el siguiente texto: Disposición adicional. De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, los organismos de la Administración general del Estado utilizarán la denominación de las tres provincias en valenciano y en castellano.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, la Mesa ya dispone de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular. ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Alcaraz Ramos.


El señor ALCARAZ RAMOS: Como grupo inicialmente proponente, quisiera mostrar mi satisfacción en nombre de Nueva Izquierda, Nueva Esquerra se me permitirá decir en este caso, ya que parece que vamos a llegar a buen puerto porque el nivel de consenso es elevado.
Lo que a nosotros nos parece política y jurídicamente un anacronismo, la denominación de las provincias en aquellas comunidades que disponen de una lengua cooficial, debe tramitarse como ley de Cortes Generales. Lo lógico sería hacerlo por su estatuto de autonomía, pero éste es el marco legal que tenemos; como ya ha hecho referencia a ello detalladamente el señor Coquillat, se han producido una serie de innovaciones en diversas legislaturas para adecuar la denominación únicamente en castellano a una que se compadece mejor con el actual sistema lingüístico establecido a partir del artículo 3 de la Constitución.
La denominación que se propone en la presente proposición de ley recoge la versión valenciana del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Si bien su texto, tramitado como ley orgánica, está exclusivamente redactado en castellano, sin embargo, en cuanto norma que abre el sistema legal de la Comunidad Valenciana, tiene los mismos efectos en castellano y en valenciano; por eso se ha recogido la denominación que aquí se ofrece. La propuesta de que en la denominación se utilice un sistema de cooficialidad, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, entendíamos y seguimos entendiendo que es lo que mejor se compadece con la realidad sociolingüística de la Comunidad Valenciana.
Sin duda, esta proposición tiene sobre todo un valor simbólico, el ir haciendo oficial aquello que es normal. También va a servir para proteger mejor los derechos individuales de opción lingüística, ya que todavía nos encontramos con casos en que los ciudadanos no ven algo tan sencillo como que en el DNI su residencia se refleje en valenciano. Igualmente pretendíamos obligar a los poderes públicos a que adoptaran determinados tipos de actuaciones

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que contribuyan a la normalización, por ejemplo señalización, indicativos, etcétera, y de ahí la disposición adicional que se introduce.
Nuestro grupo, Nueva Esquerra, entiende que, cuando se habla de obligatoriedad no significa exclusividad, pero éste es un debate que debemos superar, dado que, como ha indicado el señor Coquillat, se ha alcanzado una transaccional.


Agradezco al Grupo Popular la retirada de su enmienda número 1 a la exposición de motivos, que en realidad era un debate más bien de tipo conceptual, que no aportaba gran cosa en el sentido práctico.
Igualmente me felicito por el hecho de que los diversos grupos parlamentarios hayamos sido capaces de llegar al acuerdo de una enmienda transaccional para la disposición adicional, que, como digo, va a permitir que al menos se garantice que la Administración general del Estado utilice siempre el valenciano -el castellano ya lo utiliza, y, por eso, pongo el énfasis en valenciano- en todas sus actuaciones.
Reitero mi satisfacción por el consenso en todo aquello que tenga que ver con la lengua, ya que desgraciadamente ha sido causa injustificada de conflicto en el País Valenciano. Como digo, es una satisfacción añadida que en este caso sea posible el acuerdo, confiando en que ese acuerdo se mantenga en el Senado y que esta ley pueda verse definitivamente aprobada de manera inminente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Señor presidente, mis palabras son solamente para levantar acta de que nuestro voto será favorable a la proposición en su conjunto y a la enmienda a la disposición adicional que, formulada como transaccional, se ha hecho con el consenso de todos los grupos.


Quiero apuntar, como ya ha indicado el diputado señor Alcaraz, promotor de la iniciativa, que nosotros seguimos sorprendiéndonos con cierta indignación de que un hecho tan natural como el de la expresión de la lengua y como el que explicita el proyecto deba transmutarse por mandato legal en un hecho político y definirse en esta Cámara. En cualquier caso, nos satisface el consenso de hoy, en el que han sido copartícipes todos los grupos, ya que su concreción práctica administrativa será sin duda positiva porque hará más visible entre la sociedad del País Valenciano y también fuera de ella que nuestra lengua común, allí conocida histórica y estatutariamente como valenciano, va a estar en condiciones de igualdad con su cooficial la lengua castellana.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Brevemente. Comparto las intervenciones que han hecho mis predecesores en el uso de la palabra.
Lo único que queda por añadir y reiterar es el hecho de que hayamos conseguido al final reflejar en un texto legal algo que se viene aplicando en la Comunidad Valenciana, aunque, como ya se ha dicho, es anacrónico que la normalidad del uso de la lengua en la Comunidad Valenciana se tenga que ver reflejada al final en un texto legislativo, cuando en realidad no tendría ni tan siquiera por qué plantearse en esos términos, pero así nos lo manda la ley.
Deseo felicitar al Grupo Mixto, al diputado de Nueva Esquerra, por haber sido consciente de que esto no está todavía recogido por la ley y que haya sido el que lo haya presentado. Como era normal en nuestra comunidad que se viniera produciendo ya la doble denominación tanto en lengua valenciana como en lengua castellana, no se nos había pasado por la cabeza a ningún otro grupo el pensar que todavía no estaba recogido en la ley. Por tanto, señorías, nos felicitamos por haber llegado a un acuerdo, que no satisface al Grupo Federal de Izquierda Unida, como estoy convencida de que no satisface tampoco a ningún otro grupo. Pero esa enmienda transaccional sí viene a solucionar el problema por el que se había presentado la iniciativa dando, en principio, satisfacción suficiente para que podamos votarla favorablemente y zanjar un tema que ya es de uso corriente en nuestra comunidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Beviá Pastor tiene la palabra.


El señor BEVIÁ PASTOR: También el Grupo Socialista manifiesta su satisfacción por haber conseguido en la tarde de ayer llegar a un acuerdo entre todos los grupos con relación a esta disposición adicional, puesto que inicialmente parecía que había una disonancia grande entre la enmienda y el texto original de la proposición de ley.
La propuesta en aras al consenso es aceptable. Creemos que es importante que al menos en estas cuestiones, que no son más que un guiño o un gesto a la pacificación, a sacar de la lucha electoral y partidaria en la Comunidad Valenciana el conflicto lingüístico, se dé este consenso.
Decía el señor Alcaraz que efectivamente la enmienda transaccional propuesta a la disposición adicional en cierto modo está reflejando la realidad sociolingüística de nuestra comunidad. Es verdad que su texto inicial también reflejaba, y yo creo que más exactamente, la realidad sociolingüística de nuestra comunidad, una comunidad afectada muy directamente por la diglosia. Por eso, el apartado 4 del artículo 7 del estatuto de autonomía plantea que se otorgará especial protección y respeto a la recuperación -no a la conservación ni al mantenimiento, sino a la recuperación, que es un término mucho más dinámico- del valenciano. Porque lo que mostraba la disposición adicional era el juego de la utilización de las denominaciones de la provincia, creando preferencia en una parte y obligatoriedad en otra.
El término que venía marcado de una manera expresa era el de la obligatoriedad, en la medida en que señalaba que ésta se debía dar en los municipios con predominio de la lengua valenciana y, en cambio, el término no marcado, pero en cierto modo marcado por exclusión, era el de preferencia y, en consecuencia, esa utilización preferente venía a referirse a toda la comunidad pero de una manera especialísima a aquellos municipios con predominio del castellano.


También desde ese intento que establece el apartado 4 del artículo 7, de otorgar especial protección y respeto al

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valenciano, el texto original de la proposición de ley venía a decir que también en los municipios de predominio castellano se debía utilizar preferentemente el término en valenciano para ir superando esa situación de diglosia, mientras que en el ámbito valenciano- hablante se concretaba la obligatoriedad de la denominación de la provincia en valenciano.
Es verdad que el término obligatoriedad puede dar una sensación seguramente no real porque, como ya se ha indicado aquí, obligatoriedad no significa exclusividad; es decir, lo que es opuesto a obligatorio es lo optativo, lo opcional y, en cambio, lo opuesto a lo exclusivo es la negación de toda posibilidad de cualquier opción alternativa. En cualquier caso, esta transitoria se acerca de alguna manera también a este espíritu que latía en la disposición adicional original de la proposición de ley, para que la coaficialidad esté marcada en la denominación de los dos términos para las tres provincias permanentemente, cualquiera que sea la zona, y respetando el mismo orden que el propio estatuto de autonomía establece como idiomas de la Comunidad Valenciana, el valenciano y el castellano.
Entendemos con esto, como decía al principio, que es un paso, un guiño, un símbolo, pero importante en una pacificación que la Comunidad Valenciana necesita. Es preciso que no se haga de la lengua un elemento más de la lucha partidaria. En la medida en que esto, por una parte, como ya se ha anunciado, hace que sea legal, que sea oficial lo que es real, lo que es habitual, lo que es usual, lo que es histórico en la comunidad, como son las denominaciones de Alacant, Castelló y València y, por otro lado, contribuye, aunque sea como guiño o como gesto a esa pacificación lingüística, entendemos que es positiva y, por tanto, nuestro grupo prestará el apoyo a esta transaccional.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- RELATIVA A LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO ESTUDIE LA CONCESIÓN DE MEDIDAS OPORTUNAS PARA DAR UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO AL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CÁDIZ), CON EL FIN DE SUPERAR SU ESPECIAL SITUACIÓN DE CUASI-INSULARIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001270.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, damos por concluido, por consiguiente, el debate de la presente proposición de ley, y pasamos al punto 7 del orden del día, para debatir la proposición no de ley relativa a la necesidad de que el Gobierno estudie la concesión de medidas oportunas para dar un tratamiento específico al municipio de San Fernando, en Cádiz, con el fin de superar su especial situación de cuasi-insularidad.
Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, por el grupo proponente, tiene la palabra el señor de la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Nos encontramos ante una proposición no de ley realmente llamativa, cual es solicitar para un municipio la concesión de medidas oportunas para que se le dé un tratamiento específico con el fin superar su situación de cuasi-insularidad, pero no es una proposición no de ley novedosa, puesto que en esta misma Comisión de Administraciones Públicas ya en su momento se aprobó el que se diera este trato específico a la ciudad de Cádiz.
El municipio de San Fernando colinda con Cádiz y tiene una problemática prácticamente idéntica a la de Cádiz. San Fernando tiene una superficie de 2.980 hectáreas, de las que 1.572 son parque natural, 233 están ocupadas por servidumbres militares, 89 por zona industrial, y el resto, 300, por marismas y aguas salinas. Obviamente esas condiciones suponen un freno, yo diría un frenazo, al desarrollo económico de la ciudad, sobre todo por la importante servidumbre militar que soporta este municipio, y que no recibe ningún tipo de ingresos por parte de Defensa, ya que las instalaciones castrenses están exentas de todo tipo de impuestos.
Este problema de falta de suelo se ve agravado por la imposibilidad de poder llevar a cabo construcciones de viviendas. En San Fernando hay altos índices de paro, agravados además por una situación de crisis industrial de las empresas públicas de la bahía de Cádiz donde, como todo el mundo sabe, se encuentra ubicada la Empresa Nacional Bazán y otra empresa, que es civil, que ha sufrido una gran crisis, que está de hecho en trance de desaparición, como es Fábrica de San Carlos; si a ello unimos el hecho de que Cádiz y su provincia son las que desgraciadamente tienen el índice más alto de desempleo de toda Europa, estaremos añadiendo una circunstancia más grave a este problema que padece San Fernando. San Fernando es, fundamentalmente una isla; tiene posibilidades de entrada y salida sólo a través de dos puentes: el puente Suazo y el puente Carranza, que une la península con Cádiz. Esta circunstancia es hasta tal punto cierta, que su nombre singular histórico es La Isla, conocido porque, en 1813, Fernando VII la declaró real villa Isla de León.
Actualmente, existe una moción en el Pleno del Ayuntamiento para cambiar su nombre por el de La Isla. Por tanto, tenemos las condiciones socioeconómicas que se dan en esta ciudad, por una parte, y, por otra, las condiciones de insularidad.
En cuanto a las condiciones socioeconómicas, existe el precedente de la ciudad de La Línea, también en Cádiz, para la que el Gobierno actual habilitó medidas específicas que se han consolidado en los Presupuestos Generales del Estado. Además, tenemos el precedente de la ciudad de Cádiz: en esta misma Comisión se aprobó una proposición no de ley para que se le diera un tratamiento específico, que se ha traducido en una aportación anual del Estado de 700 millones de pesetas.
Por todo ello, teniendo en cuenta los precedentes existentes en la misma provincia, en La Línea y Cádiz, instamos al Gobierno -esta es nuestra proposición no de ley- a estudiar la concesión de medidas oportunas para dar un tratamiento específico al municipio de San Fernando, con el fin de superar su situación especial de cuasi insularidad.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario

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Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora Montseny Masip.


La señora MONTSENYMASIP: No es la primera vez que se trata este asunto en esta Comisión. Estábamos presentes cuando la diputada del Grupo Parlamentario Popular y alcaldesa de Cádiz, señora Martínez, hizo una larga y brillante exposición por la que solicitaba que se estudiara un estatuto especial para la ciudad de Cádiz que supuso una aportación de 700 millones para dicha ciudad, tal como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista no estuvo de acuerdo entonces con la iniciativa, no creyó oportuno votar favorablemente la proposición no de ley y votó en contra. Recuerdo de una forma muy clara la intervención de la señora Martínez porque fue una intervención yo diría que luchadora por su ciudad y, sin embargo, aquí hubo discusiones y palabras que crearon cierta tensión. Quiero ponerlo de manifiesto porque creo que no son esos los términos que los grupos parlamentarios deben emplear cuando se trata de ayudar y colaborar en determinadas actuaciones administrativas que pueden redundar en beneficio de los ciudadanos.
El caso de la insularidad pretendida en esta iniciativa para el municipio de San Fernando no es exactamente igual que el del término municipal de Cádiz, donde la posibilidad de crecimiento y desarrollo industrial está mucho más restringida porque la limitación del suelo es mucho más concreta que en San Fernando.
No obstante, el grupo parlamentario al que represento está a favor de esta cuestión y, cuando se discutió la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social que acompaña a la Ley de Presupuestos para este año -la de diciembre de 1998-, admitió una enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por la que se estableció que el Gobierno estudiaría, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, la posibilidad de tomar medidas administrativas para proteger todos esos municipios -no específicamente el de San Fernando ni otro municipio catalán que tenía características similares- que tengan dificultades especiales de crecimiento.
No existe un número tasado de municipios con problemas de expansión, de crecimiento económico o de desarrollo industrial por falta de suelo. Por ejemplo, hay municipios que, por la proximidad de las demarcaciones municipales colindantes, tienen también dificultades de expansión al no existir suelo concreto donde edificar. Es un problema más amplio que el que se plantea en esta iniciativa concreta.
Mi grupo ha presentado una enmienda con ánimo de consensuar. En ella se propone instar al Gobierno, ya que la enmienda 371 que antes he mencionado fue incorporada a la Ley de medidas en una disposición adicional, a que siga profundizando en la creación de un estatuto o de una regulación específica para todos esos municipios que tienen especiales dificultades.
Leo a continuación la enmienda que mi grupo ha presentado por escrito a la Mesa; dice así: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe profundizando en el desarrollo de las medidas administrativas ya puestas en marcha, respecto de la realidad específica del municipio de San Fernando. Se trata de puntualizar que, en este caso concreto, se dé prioridad al estudio de la especificidad del municipio a que nos referimos.
Doy por defendida esta enmienda con la pretensión y la esperanza de que sea aceptada por el resto de los grupos porque, en definitiva, redunda en beneficio del municipio de San Fernando, y agradezco a la Cámara su atención.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) El señor de la Encina, por el Grupo Parlamentario Socialista, ha de manifestar la aceptación o no de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Señor de la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Entendemos que la enmienda que se plantea es una manera de alargar la no solución del problema y no nos parece razonable la exposición que ha hecho la portavoz del Partido Popular.
Me gustaría aclarar que no es cierto que estuviéramos en contra cuando se debatió la situación especial de Cádiz y su aprobación posterior. Dijimos que había circunstancias como ésta que hacían que se tuviera que extender ese tratamiento específico a otros municipios.


El señor PRESIDENTE: Señor de la Encina, expresada esa aclaración que soy consciente que S.S. quería hacer, debe limitarse a decir si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: No aceptamos la enmienda del Partido Popular. (La señora Montseny Masip pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Montseny, ¿a qué efecto?

La señora MONTSENY MASIP: Creo que es evidente, señor presidente: el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no se ha ceñido a aceptar la enmienda, ha vuelto a poner de manifiesto expresiones mías.
Le pido treinta segundos, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Le daré los treinta segundos, pero esta Presidencia entiende que el señor de la Encina se ha limitado a hacer una aclaración a lo que S.S. ha indicado en relación con una postura adoptada anteriormente en una sesión de esta Comisión, por una parte, y, por otra, a expresar casi lacónicamente su no aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Le daré treinta segundos a S.S., pero le daré otros treinta segundos al señor de la Encina.


La señora MONTSENY MASIP: Veinticinco segundos.


El señor PRESIDENTE: Pues veinticinco segundos. Dispone S.S. de ellos.


La señora MONTSENY MASIP: Sólo quiero decir que es bueno que impere la ilusión para mejorar determinadas

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situaciones administrativas. Únicamente he querido poner de manifiesto que, cuando se trató la situación específica de Cádiz, hubo mucha tensión. Hoy el talante ha sido muy distinto y esperábamos un cierto consenso por parte del Grupo Parlamentario Socialista porque, en definitiva, redunda en beneficio de los ciudadanos de San Fernando.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere decir alguna cosa brevísimamente, señor de la Encina?

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Solamente que comparto sus palabras y que es buena la ilusión; lo que no es bueno es venderle a los ciudadanos cortinas de humo o humo, que es lo que el Partido Popular vende con esta enmienda que presenta hoy aquí. Porque pretende seguir alargando el tema a base de decir que se va a seguir profundizando en algo que ya está mandatado ya que en el plazo de seis meses se tenía que haber dado respuesta a ese tema. En la enmienda se dice solamente que se continúe profundizando, y eso es vender humo, es vender ilusión. Nosotros no queremos engañar más a los ciudadanos de San Fernando, queremos vender realidades concretas, medidas concretas a la solución difícil y singular, única en España, que tienen dichos ciudadanos.


- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE, DE ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, PONGA EN MARCHA, DE FORMA INMEDIATA, EL CONSEJO INTERAUTONÓMICO DE LA CAZA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/ 001516)

El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate de la proposición no de ley relativa al tratamiento específico del municipio de San Fernando, Cádiz, con el fin de superar su especial situación de cuasi-insularidad, y pasamos al debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que de acuerdo con las comunidades autónomas, ponga en marcha de forma inmediata el consejo interautonómico de la caza.
Para la presentación, tiene la palabra, por el grupo proponente, el diputado señor de Luis.
Adelante, señor diputado.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para someter a consideración de esta Comisión una proposición no de ley presentada el día 19 de abril y una enmienda que introdujimos en registro ayer, que pretende modificar el texto de la proposición no de ley inicialmente presentada, intentando lograr el mayor consenso entre los grupos parlamentarios representados en la Cámara. Si la enmienda a la proposición no de ley fuera aceptada, implicaría una modificación del título, por cuanto que hay un giro en lo que a la disposición inicial se refería.
Esta proposición no de ley y la enmienda lo que pretenden es establecer un diálogo permanente entre las distintas administraciones públicas que tienen competencias en materia de caza y los sectores implicados en el desarrollo de esta muy digna actividad para intentar la identificación de los problemas que la afectan, que son varios, como después veremos y, teniendo presente la importancia que la actividad tiene en nuestro país y su vinculación a tradiciones históricas de nuestro pueblo, intentar buscar una solución de equilibrio entre todas las partes implicadas.
En estos momentos hay que reconocer que las competencias que sobre el mundo de la caza se ejercen y, por tanto, las decisiones adoptadas que inciden en la misma, tienen distinto origen. Por una parte, es evidente que la configuración de España como Estado autonómico, según establece la Constitución de 1978, establece una división de competencias. En este caso son competentes exclusivas las comunidades autónomas en materia de caza. Muchas de estas competencias, recogidas en los estatutos de autonomía de las distintas comunidades autónomas, han dado lugar a una legislación completamente legítima, digna, conforme a derecho, en donde se establece una disparidad de requisitos en relación a distintos factores que influyen en la actividad cinegética. Es decir, el colectivo de cazadores tiene que considerar, según el territorio en donde ejerza su actividad, la normativa que rige elementos utilizados habitualmente en esta actividad, como es el uso de visores, como son las realas, como son las vedas, como son los requisitos para acceder a la licencia de caza -que, por cierto, es una licencia por cada comunidad autónoma-, que son distintos, incluso el cuadro de sanciones.
Por otra parte, la Administración central, como también tendremos ocasión de comentar posteriormente, tiene ciertas competencias en relación al entorno en el que se desarrolla esta actividad, existiendo algunos problemas en este momento. Esta división de competencias entre los parlamentos y ejecutivos autonómicos y la Administración central ya fue motivo de preocupación y por eso la Ley de espacios naturales y de flora y fauna, de 1989, en su título V, reconocía la necesidad de establecer un cierto mecanismo de coordinación entre todas las partes implicadas, precisamente a los efectos de no perjudicar la actividad, y es el tema central que nos ocupa hoy.
El tema central que nos ocupa hoy en esta Comisión, a raíz de la iniciativa de mi grupo parlamentario, es intentar establecer un diálogo que permita que esta actividad se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles, garantizando respeto a las competencias de las distintas administraciones públicas y escuchar a los sectores, como antes tuve ocasión de decir.
Observando las competencias que colateralmente en muchas ocasiones inciden en el ámbito de la actividad cinegética, podemos decir que la Administración central, desde distintos departamentos, adopta decisiones que en este momento son motivo de cierta preocupación en el colectivo afectado. Por ejemplo, el Ministerio de Interior tiene competencias en todo lo que a armas se refiere, que es un instrumento fundamental para la actividad. Hoy hay un problema con un real decreto que regula el uso de las armas, que establece unas pruebas psicofísicas para garantizar el perfecto estado de la persona que va a ser titular de ese arma. Ese real decreto, en principio no hace una equiparación entre personas que prestan su servicio en la seguridad

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privada y cazadores, establece una distinción; su redacción es muy prolija, compleja y ha introducido un importante elemento de preocupación en el colectivo; preocupación que es nuestra intención que quede resuelta mediante el diálogo.
El Ministerio de Medio Ambiente, si bien no tiene competencias en materia de caza por cuanto que, como hemos señalado anteriormente, son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, no es menos cierto que sí tiene unas ciertas competencias sobre espacios naturales, tanto sobre el hábitat como sobre especies de la fauna salvaje. Es evidente que los cazadores tienen hoy una especie de reclamación no satisfecha ante el Ministerio de Medio Ambiente que es, nada más y nada menos, que se les reconozca como importantes elementos activos, principales preocupados en el mantenimiento del medio natural en sus mejores condiciones. Si el medio natural no está en óptimas condiciones y las especies no están vitales, ellos no tienen escenario para practicar su actividad.
Conviene que la Comisión conozca que el Ministerio de Agricultura tiene unas competencias que, sin ser de menor cuantía, sí tienen menor grado de preocupación que las anteriores que he señalado, y es que, a través de la Dirección General de Ganadería, el Ministerio de Agricultura tiene competencias sobre el libro Orígenes de perros de raza y, por otra parte, en la federación se lleva un libro de registro de perros de caza; ahí hay un cierto conflicto para que, sin romper la unidad del libro Orígenes de español, también los cazadores tengan la posibilidad de llevar un libro registro de este tipo de animales que contribuyen de forma decisiva a la actividad.
Del Ministerio de Educación y Cultura, como responsable a través del Consejo Superior de Deportes de toda la actividad deportiva, depende la Federación Española de Caza. Hoy, el problema que existe en la Federación Española de Caza en relación al Ministerio de Educación y Cultura es que requiere un mayor apoyo del Consejo Superior de Deportes, reconociendo a la federación como persona jurídica definitiva en todo lo que significan pruebas deportivas relacionadas con esta actividad. Por tanto, parece que en el horizonte de la actividad hay determinados elementos de preocupación, hay distintas nubes que preocupan al colectivo: una, la disparidad de normativa a cumplir derivada de la legítima actividad de los parlamentos autonómicos y, otra, derivada de la Administración, por decisiones en asuntos de su competencia. Por esa razón, sería conveniente llegar a una situación de diálogo. ¿Por qué es importante? Porque el sector en sí tiene importancia social y económica y por los valores que aporta.
Según datos que ha obtenido este grupo parlamentario del colectivo afectado, de la plataforma constituida al efecto de solventar los problemas que hoy en día tiene este grupo de personas, en nuestro país existen más de 400.000 personas asociadas a la Federación Española de Caza, ocupando en número de federados una posición muy notable. Por otra parte, según las mismas fuentes, el número de cazadores en este país está en torno a 1.800.000 personas, lo que quiere decir que estos datos avalan claramente la afirmación, que creo que todos los grupos representados en la Cámara pueden compartir, de que es una actividad que tiene muy profundas raíces en nuestra sociedad y que, por tanto, sus problemas afectan a un importante grupo de ciudadanos.
Como en esta Cámara hay que dar solución a los problemas del ciudadano, parece que esta razón es suficientemente válida para que el tema fuera sometido a debate de forma urgente.
La segunda razón es puramente económica, pero no es un factor menor, ni mucho menos. En razón del importante número de personas que ejercen la actividad, según datos facilitados a mi grupo parlamentario, el entorno de la caza constituye un sector económico muy importante, no sólo por el volumen económico que mueve a lo largo del año, que según los orígenes de información que antes he señalado puede estar en torno a los 600.000 millones de pesetas al año, lo que significa un importante volumen de recursos económicos y de generación de renta, sino también porque, con la cantidad de consumidores que hay en esta actividad, se puede estimar que existen 100.000 empleos directos y 500.000 inducidos, por lo que en la situación en la que está España, donde el objetivo prioritario de la legislatura es la creación de empleo, creo que es una variable que no debemos olvidar.
Hay que darse cuenta de que en torno al hecho de la caza hay unas economías de escala que suministran servicios y bienes a las personas que la practican, como la hostelería, los propios armeros, los ojeadores, en fin, todo un conjunto de servicios relacionados con esta actividad y que creo que deben ser alentados y animados. Sin olvidar, por cierto, que, como actividad que se desarrolla en el medio rural, debe ser especialmente cuidada, ya que puede representar una actividad complementaria de las tradicionales agrícola y ganadera, y mi grupo entiende que se trata de una actividad que puede contribuir de una forma muy decisiva a fijar la población en el medio rural, objetivo muy importante tanto en el ámbito de la política comunitaria como en el ámbito de la política que desarrolla el Gobierno que hoy tiene la responsabilidad de dirigir este país.
Las siguientes consideraciones, que avalan la importancia del tema, dejando al margen la importancia social y económica, se refieren a su valor medioambiental. Antes he tenido ocasión de hacer referencia a esa cuestión, ya que es un valor que los cazadores, las personas que practican esta actividad, tienen muy presente. Todos somos conscientes de la necesidad de mantener el medio natural en sus mejores condiciones, y también es uno de los ejes de la legislatura.
Todos los grupos representados en la Cámara se muestran muy sensibles y preocupados por este acontecer y, por tanto, parece que si existe un importante y potente colectivo que va a trabajar de forma activa en el mantenimiento del medio ambiente, de los hábitat y de las especies salvajes de nuestro país, sería lógico que en lugar de preocuparles -por utilizar una expresión bastante diplomática- se tomaran medidas para que su actividad pueda ser desarrollada en las mejores condiciones.
Sinceramente, y termino, creo que el planteamiento que mi grupo parlamentario hace en la enmienda que antes he tenido la oportunidad de presentar, merece el apoyo de todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara, y creo que el colectivo lo vería como una respuesta inmediata de la Cámara a los problemas que ellos suscitan.
Durante muchos años se ha criticado al Congreso de los Diputados, a las instituciones parlamentarias de nuestro país, diciendo

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que íbamos a nuestra bola -hablando en plata- y que la calle iba por otro camino.
La celeridad en el debate de esta iniciativa pretende dar respuesta a la ciudadanía, demostrando que el Reglamento es lo suficientemente ágil y flexible para conseguir que problemas que están en la calle sean debatidos de forma rápida en la Cámara, permitiendo que los grupos parlamentarios se posicionen y así obtener una cierta concienciación del Gobierno en algunos problemas que a la Cámara y a la ciudadanía preocupan, aun cuando el Gobierno no pudiera tener conocimiento de ellos.
Espero que, con el apoyo de los grupos, la iniciativa prospere y espero que, establecido el diálogo, las personas que practican esta muy noble e importante actividad para el conjunto del país, por las razones que he expuesto, puedan ver con optimismo el futuro de su actividad, próximamente.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentario que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), la señora Uría Echevarría tiene la palabra.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Aunque sea con cierta brevedad, sí querría fijar la posición de mi grupo, ya que inicialmente vimos con cierta suspicacia la presentación de esta iniciativa.
Es de todos sabido el escasísimo entusiasmo que suscita a los grupos nacionalistas lo que huele a foros sectoriales, de alguna manera liderados desde las instancias cen trales o desde el Gobierno del Estado. Suspicacia que se vio aumentada por el hecho de que hace referencia a una materia, la caza, en la que las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias y que, con independencia de que incidan otras materias como el medio ambiente o la mera normativa de Interior sobre licencias de armas, en sí, la caza como tal está asumida por las comunidades autónomas, por lo que, en principio, no veíamos una necesidad excesiva de que existiese un foro de este estilo.
Además, creíamos que no encajaba en la tipología de órganos sectoriales existentes, si bien hay que decir que con la enmienda que a sí mismo se ha presentado el Grupo Popular esto ha quedado más bien como un foro atípico para que hable el sector. Sector con enorme capacidad de influencia, ya que de otra forma no se explicaría la presentación de la proposición no de ley hace escasísimos días - creo que tuvo entrada en la Cámara el día 19- y que, sin publicarse, consiguiese ser incluida en el orden del día de esta sesión de la Comisión.
La representación del Grupo Popular ha explicado de manera muy clara y brillante el número de áreas que inciden en el sector de la caza, desde lo que es el medio ambiente hasta lo que hace referencia -como ya he indicado- a la expedición de los permisos de caza y la normativa reciente, que ha sembrado en el sector una cierta suspicacia. Ha aludido a los registros de perros de raza y, por no dejar nada fuera, incluso se ha referido a las cuestiones relativas a la hostelería o a los puestos de trabajo que este sector genera.
Si desde el grupo al que represento sostenemos que es bueno hablar de todo y por todos, tampoco en este caso nos vamos a oponer, puesto que los sectores interesados sí desean que exista un órgano de este estilo. El hecho de que nos parezca que es un foro atípico no va a ser motivo para que nos opongamos. El Grupo Vasco apoyará la iniciativa, si bien desde la perspectiva interna le generará problemas. Cuando se plantean las cuestiones desde instancias centrales pocas veces se tienen en cuenta las peculiaridades específicas de cada una de las comunidades autónomas, ya que no todas somos iguales. En el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca, las competencias en materia de caza no le corresponden a la comunidad autónoma, sino que, dentro de la Ley de Territorios Históricos, la tienen asumida las diputaciones forales.
No sabemos si en este foro estarán representados los tres territorios históricos o si tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para que, como comunidad autónoma, asuma uno de ellos la representación. Ésta es una cuestión que vendrá añadida con posterioridad y que simplemente la señalo para que se vea que las diferencias existen también cuando se pretende hacer foros de este estilo. Simplemente quería manifestar, repito, que por la importancia que el sector tiene y la presión social que existe, mi grupo tampoco es ajeno a ella y apoyará la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Telegráficamente, señor presidente.
He escuchado con atención la reflexión que ha hecho el portavoz del Grupo Popular en relación con la exposición que ha llevado a la puesta en marcha de esta proposición no de ley, y coincidimos totalmente en la importancia del sector, tanto en el ámbito económico como en otros campos, que ha definido perfectamente, incluso en el medioambiental.


Por todo ello y dado que efectivamente existen diferentes departamentos ministeriales y comunidades autónomas con competencia en la materia, sí nos parece enormemente adecuada la existencia de este foro de encuentro.
Decía la señora Uría que en el foro tendrán que estar quienes tengan que estar y yo creo que precisamente de lo que se trata, o se debe de tratar, es de que estén representados todos aquéllos que tienen competencias en este sector, desde el propio sector hasta las administraciones que tengan cualquier tipo de competencias, en unos casos las comunidades autónomas, en otros las diputaciones forales.
En el fondo, de lo que se trata es de montar esta mesa de encuentro donde todo el mundo pueda exponer la problemática desde el punto de vista del sector, así como desde las competencias administrativas, y, a partir de ahí, encontrar las soluciones que afecten al mundo de la caza y que lo regulen mejor de lo que actualmente está regulado este sector.


Por todo ello, el Grupo Socialista está de acuerdo con la proposición no de ley presentada y mucho más con la enmienda que deja las cosas más en el aire, si cabe, para que se pueda facilitar, desde una menor rigidez, un encuentro en positivo.


El señor PRESIDENTE: Señorías, damos por finalizado el debate del punto 9 del orden del día. Vamos a suspender unos minutos la sesión, que continuaremos a las once y

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media ó quizá mejor a las doce menos cuarto con las votaciones correspondientes a los proyectos de ley y proposiciones no de ley que han sido debatidos esta mañana, para continuar con el debate de los puntos 11 y 12 del orden del día, puesto que el punto 10, correspondiente a una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, ha sido retirado.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Vamos a pasar a las votaciones correspondientes a los puntos 4 a 9 del orden del día, que han sido debatidos esta mañana.
En primer lugar, el proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos forestales.
Vamos a votar las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Señor González Revenga.


El señor GONZÁLEZ REVENGA: Solicitamos votación separada de todas ellas.


El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 36, abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda transaccional a la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 5, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, sometemos a votación el texto del proyecto de ley en los términos remitidos por el Gobierno.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios oficiales de ingenieros técnicos forestales queda aprobado en esta Comisión con competencia legislativa plena.
Pasamos, a continuación, a las votaciones del proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios oficiales de biólogos.
¿Solicitan los grupos parlamentarios alguna votación separada? (Asentimiento.) En primer lugar, votamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda transaccional con la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


No ha sido aceptada la enmienda in voce y, por consiguiente, no podemos someterla a votación.
Finalmente, sometemos a votación el proyecto de ley en los términos remitidos por el Gobierno.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley por el que se crea el consejo general de colegios oficiales de biólogos, con competencia legislativa plena, de esta Comisión.


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Pasamos a las votaciones correspondientes a la proposición de ley por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana.
Votamos, en primer lugar, la enmienda transaccional con las enmiendas del Grupo Popular, que proporciona una nueva redacción de la disposición adicional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Texto de la proposición, con la modificación de la disposición adicional que acabamos de votar.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con competencia legislativa plena en esta Comisión, la proposición de ley por la que se declaran cooficiales las denominaciones Alacant, Castelló y València para las provincias que integran la Comunidad Valenciana.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a la necesidad de que el Gobierno estudie la concesión de medidas oportunas para dar un tratamiento específico al municipio de San Fernando (Cádiz). (El señor de la Encina Ortega pide la palabra.) Adelante, señor de la Encina.


El señor DE LA ENCINAORTEGA: Señor presidente, quiero hacer constar que los grupos parlamentarios Socialista y Popular hemos presentado una enmienda conjunta con la siguiente redacción: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en 1999 adopte las medidas oportunas para determinar las posibles compensaciones, en función del estudio que se está realizando respecto de la realidad específica del término municipal de San Fernando, en Cádiz, en aras a que se puedan incorporar en la próxima reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Estamos convencidos de que esas posibles compensaciones van a ser realidad en un cercano futuro, y que San Fernando -que tiene unas características de cuasi insularidad, con condiciones socioeconómicas similares a Cádiz, y Cádiz ya lo ha recibido- va a recibir ese tratamiento específico. Nadie entendería el que, siendo ciudades colindantes y con idéntica problemática de cuasi insularidad, a una se le diera y a la otra no. Por eso, señor presidente, nos alegramos de haber sido capaces de consensuar con el Grupo Parlamentario Popular esta enmienda, que estamos convencidos que va a apoyar el resto de los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny Masip.


La señora MONTSENY MASIP: Quiero poner de manifiesto nuestra satisfacción por poder llevar a cabo acuerdos, como ocurre tantas veces en esta Comisión, en la que, por consenso casi unánime y con espíritu constructivo, hemos aprobado muchas leyes recientemente.


Me gustaría resaltar que el diputado por Cádiz del Grupo Parlamentario Popular,Juan Ibáñez ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que esa enmienda transaccional presentada in voce saliera adelante. Nos congratulamos porque, en definitiva, va a redundar en beneficio de los ciudadanos adscritos o que viven en el municipio de San Fernando, para que tengan una mejor administración local de los recursos del municipio.


El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley relativa a la concesión de determinadas medidas para dar un tratamiento específico al municipio de San Fernando (Cádiz), en los términos resultantes de la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley por unanimidad.
Votación relativa a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que, de acuerdo con las comunidades autónomas, ponga en marcha de forma inmediata el Consejo interautonómico de la caza, en los términos resultantes de la enmienda presentada.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS CERTIFICACIONES UTILIZADAS PARACONCESIÓN DE CRÉDITOS AEMPRESAS DE ACUICULTURA AFECTADAS POR LA CATÁSTROFE DEL MAR EGEO Y CRITERIOS SEGUIDOS PARA ASIGNAR CANTIDADES, DE CONFORMIDAD CON ELACUERDO DELCONSEJO DE MINISTROS DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 1998. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/001016)

PREGUNTAS:

- DEL SEÑOR BORREIROS FERNÁNDEZ (GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LAS CAUSAS DE LOS CAMBIOS, RETRASOS E INCUMPLIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA CON TODOS LOS AFECTADOS POR EL SINIESTRO DEL MAR EGEO, PUESTOS DE MANIFIESTO REPETIDAMENTE POR ÉSTOS. (Número de expediente 181/002335)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día.
Puntos 11 y 12 del orden del día, que vamos a tratar agrupadamente puesto que tienen unidad temática.


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Comparece el señor subsecretario para las Administraciones Públicas, a quien damos una vez más la bienvenida en esta Comisión, quien abrirá el tratamiento conjunto de los puntos expresando el contenido de su comparecencia.
Tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO PARALAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rodríguez- Arana Muñoz) : Señoras y señores diputados, con mucho gusto comparezco ante SS.SS. para informar a esta Comisión respecto de determinadas cuestiones relativas a la tramitación de los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial a particulares y empresas afectados por los daños causados a consecuencia del naufragio del buque Mar Egeo.
En primer término realizaré una exposición lo más sucinta posible del proceso de establecimiento de las ayudas aprobadas por varios acuerdos del Consejo de Ministros y, a continuación, profundizaré en algunos extremos que creo de interés para conocimiento de esta Comisión, teniendo bien presente que el objeto de la comparecencia, como se establece en el oficio enviado oportunamente, es informar de las certificaciones utilizadas para concesión de créditos a empresas de acuicultura afectadas por la catástrofe del Mar Egeo y criterios seguidos para asignar cantidades, de conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1998. El tema, como saben SS.SS., procede del naufragio del buque Mar Egeo en la ría de A Coruña y los daños que se sufrieron, entre otros, los mariscadores y empresarios de este sector.
En 1996 se dictó sentencia condenando por imprudencia al práctico del puerto y subsidiariamente a la Administración general del Estado. No obstante, un grupo importante de afectados no había solicitado la correspondiente responsabilidad civil, por lo que no pudieron obtener las indemnizaciones que esperaban. Quedaron, pues, a la espera de que los tribunales civiles de ACoruña resolvieran los recursos interpuestos por los interesados en junio de 1998. Ante esta situación, los mariscadores se dirigieron al Estado, solicitando ayudas que les permitieran solucionar su problema en tanto que se produjeran sentencias firmes que determinaran el quantum a satisfacer por el Estado y por el Fondo internacional para la compensación de daños causados por hidrocarburos.
Estando así las cosas, el 15 de abril de 1997 el Congreso de los Diputados, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a conceder ayudas en concepto de adelanto de las indemnizaciones a percibir del Fondo internacional por los afectados por la catástrofe causada por el Mar Egeo. De acuerdo con esta proposición, el Consejo de Ministros, el 30 de mayo de 1997, tomó el acuerdo, por un lado, de abrir una línea de crédito de 2.500 millones de pesetas a favor de los mariscadores y pescadores de bajura perjudicados, pertenecientes a 13 cofradías de pescadores de la zona, línea tramitada por el ICO y que no exigía avales a los perceptores de los créditos, y, por otro lado, de abrir otra línea de crédito a favor -es el objeto de esta comparecencia- de las empresas de acuicultura por importe de 10.000 millones de pesetas.
Es importante destacar que para obtener estos últimos créditos en este acuerdo de 1997 los afectados debían avalar de forma suficiente, con su propio patrimonio, la devolución de la cantidad percibida en el momento del vencimiento del crédito, si bien contaban con un aval complementario que para cada caso facilitó el Instituto Galego de Promoción Económica, otorgado con arreglo a su propia normativa. Las condiciones de dicho crédito-puente no satisficieron del todo las expectativas de los afectados, por insuficiencia en su cuantía, porque respondían con su patrimonio -y esto es importante-, porque habían sufrido más daños de los entonces certificados, por aparecer nuevos afectados que en su momento no habían interpuesto las reclamaciones civiles, etcétera.
A la vista de ello, el Consejo de Ministros adoptó -y éste es el motivo de esta comparecencia-, el 18 de septiembre de 1998, un nuevo acuerdo sobre el que versa la comparecencia de esta mañana. En dicho acuerdo se contemplaban dos cosas: Primera, ampliar la línea de crédito de los mariscadores y pescadores de bajura de 2.500 a 3.000 millones de pesetas, en las mismas condiciones que estableció el acuerdo de 1997. Y, segunda, abrir una nueva línea de crédito por un importe de 9.500 millones de pesetas a favor de las empresas de acuicultura. Dichos créditos -esto es fundamental para el caso que nos ocupa- no exigen avales ni garantías que no sea el importe del derecho a la indemnización. Los créditos del primer acuerdo se garantizaban con el patrimonio de los afectados. En este caso dichos créditos no exigen avales ni garantías que no sea el importe del derecho a la indemnización que a cada afectado pudiera corresponder frente a los responsables civiles de los daños producidos por el embarrancamiento de Mar Egeo, es decir, al fondo internacional en cuanto a los daños producidos por contaminación de vertidos de hidrocarburos y el Estado español como responsable subsidiario por los actos del práctico del puerto.
Entre el primero y el segundo acuerdo del Consejo de Ministros se ha producido -dato importante- la interposición de las acciones civiles por todos los afectados, los que se contemplaron en la primera línea de crédito y otros más, y se ha realizado un nuevo estudio -también dato fundamental- de daños por economistas del colegio de A Coruña, por encargo de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, que ha servido -lo subrayo- como prueba pericial en los pleitos civiles planteados ante los juzgados de A Coruña, que en algún caso ya ha tenido alguna sentencia firme, estableciendo unos criterios de valoración en relación con los daños ocasionados a los empresarios de acuicultura. Al ejecutar este acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1998 se ha partido de las condiciones señaladas en dicho acuerdo y del estudio económico de daños, que se ha incorporado a las acciones civiles.
Se preguntarán SS.SS. qué hace el subsecretario para las Administraciones Públicas en una Comisión dando cuenta de unos créditos en relación con un siniestro ocurrido en el sector de la acuicultura. Sencillamente, el acuerdo de mayo de 1998 del Consejo de Ministros le atribuye al Ministerio para las Administraciones Públicas comprobar que los afectados eran tales, que no tenían pendientes de amortizar préstamos en la primera línea de crédito y que, en todo caso, habían interpuesto las acciones vivas contrael Fondo internacional de compensación de hidrocarburos.


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Una vez expuestas grosso modo las bases y los principios de este procedimiento, sí que interesa hacer unas puntualizaciones, para poder conocer con detalle qué es lo que ha ocurrido y cómo se han realizado esos criterios a los que se hace referencia en la comparecencia.
Con fecha 21 de octubre de 1998, el abogado de todos los interesados presentó instancias solicitando la concesión de créditos para sus representados, y para seis mariscadores no representados por indicación de la Xunta de Galicia y con la posterior anuencia de los mismos, acompañándose certificación del colegio de abogados de A Coruña en la que se indicaban las personas que habían solicitado en vía civil y las cantidades pedidas por cada una, lo que ascendía a un total de 23.137 millones de pesetas.
Para calcular el monto de los créditos a conceder se partió de las valoraciones que se habían acordado entre el Ministerio, la Xunta de Galicia y los representantes legales de los interesados. Aquí quiero también destacar, subrayar y hacer especial hincapié que en todo momento el representante legal de los afectados aceptó en nombre de los mismos los criterios que se tuvieron en cuenta para las valoraciones, que no son otros, en lo que se refiere al acuerdo del año 1998, que los criterios en los cuales se basa la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia de ACoruña en relación con los daños causados a los mariscadores, sentencia de junio del año 1997 que ha sido determinante para el informe pericial que hicieron los economistas del colegio de tal nombre de ACoruña por encargo de la Xunta de Galicia y que son los datos de facto y técnicos que han permitido hacer estas valoraciones. Por eso, en dichas reuniones sirvió como documento base el informe pericial elaborado por economistas del colegio de A Coruña ya mencionado anteriormente. En dichas reuniones se señalaron unas indemnizaciones que estaban en el contexto de los 11.000 millones de pesetas.
Llegados a este punto, se hacen precisas dos consideraciones: primera, comprobar que los peticionarios reunían los requisitos señalados en el acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1998, y, segunda, ya que el crédito que concedía el ICO era de 9.500 millones de pesetas, ajustar los 11.000 millones de pesetas de la valoración a los 9.500 millones de pesetas aportados por la segunda línea del crédito del ICO. Tras aclararse una serie de casos dudosos con la información recibida tanto de la Xunta como del abogado de los afectados, se hicieron las correcciones necesarias y se hizo el listado de créditos a conceder y cantidades con carácter provisional dentro de los 9.500 millones de pesetas, y se dio traslado del mismo a la Xunta de Galicia, a la Subdelegación de Gobierno en A Coruña y al abogado de los interesados. Todos ellos manifestaron su plena conformidad, por lo que el secretario general técnico del Ministerio firmó la correspondiente certificación, que en fecha 18 de noviembre fue comunicada a todas las partes intervinientes sin que ninguno de ellos hiciera la menor objeción.
Tengo que decir también que, llegados a este extremo, en ningún caso las certificaciones del primer acuerdo del Consejo de Ministros ni las certificaciones del segundo acuerdo del Consejo de Ministros fueron recurridas por ninguno de los afectados en la vía administrativa. Son actos administrativos que podían haber sido objeto de recurso en la vía administrativa y en ningún caso nos consta, por lo menos a nosotros, que hayan sido recurridos. Por lo tanto, a partir de esa certificación del secretario general técnico y por las cantidades en ella indicadas, se hicieron luego las certificaciones singulares de cada afectado por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, según se acordó, y se dio traslado al Instituto de Crédito Oficial.
Tras exponer los antecedentes del caso, voy a exponerles también algunas cuestiones concretas que estimo de interés para ilustrar esta comparecencia. Ante todo -y me parece que este punto también es fundamental en la argumentación-, es preciso indicar que carece de significado comparar el proceso de ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997 con el del 18 de septiembre de 1998. Son dos procesos diferentes, sustanciados en momentos distintos, fruto de situaciones distintas y, lógicamente, en circunstancias notoriamente distintas. Al desarrollar el acuerdo de 30 de mayo de 1997, hubo que acudir a paliar la situación existente con urgencia a partir de la información y datos que obraban en poder de la Administración en aquel momento. Sin embargo, al ejecutar el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1998 existen datos fundamentales que no están contemplados en el primer acuerdo y que permiten la solución a la que se llegó, que son: que se ha producido ya la interposición de acciones civiles por todos los afectados; que se ha realizado un estudio razonado de daños por economistas del colegio de ACoruña, a petición de la Xunta de Galicia, y que -y esto sí que me parece básico y fundamental- se han dictado sentencias firmes por los juzgados de A Coruña aceptando dichas valoraciones. Esos criterios de valoración del colegio de economistas y del juzgado de la Audiencia Provincial de A Coruña coinciden además con las valoraciones que sirven de base a las certificaciones que en su momento efectuó el secretario general técnico del Ministerio.
Por otro lado, hay varias razones más a tener en cuenta en el momento de ejecutar el acuerdo de 18 de septiembre de 1998. Hay que cumplir dicho acuerdo en sus propios términos y comprobar que se dan en los peticionarios los requisitos fijados por el mismo. Piensen ustedes que en el primer acuerdo la garantía para el otorgamiento de los créditos se centraba en el patrimonio de los afectados, y ahora la garantía se centra en las indemnizaciones que en su caso establezcan los tribunales civiles; son, por lo tanto, créditos concedidos en supuestos muy distintos. Hay otra circunstancia que es importante, y es que hay empresas que ya han obtenido sentencia firme, reconociéndoseles la correspondiente indemnización, y en este caso, lógicamente, no prorratean, sino que se les concede un crédito por el importe exacto fijado en la sentencia, como así se ha hecho. La tercera circunstancia es que ha habido un movimiento vegetativo en algunas empresas, como cambios de denominación, sucesión en la titularidad, etcétera.
Respecto a las empresas de acuicultura, se han seguido los criterios hasta aquí expuestos. Repito que se ha partido de la valoración realizada en el dictamen de los economistas del colegio de ACoruña, incorporada al pleito civil ante los juzgados de A Coruña y aceptada por estos en varias sentencias firmes; se ha comprobado si reunían los requisitos del acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiem bre

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de 1998 y se ha realizado el correspondiente prorrateo para que los créditos alcanzaran el montante establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros, que vincula la acción posterior del ICO. Los créditos concedidos en ejecución del acuerdo de 18 de septiembre de 1998, como digo, no requieren el aval de los interesados, que responden con la indemnización que en su día fijen los tribunales. En esto precisamente se diferencian los acuerdos del Consejo de Ministros y, por lo tanto, la acción posterior realizada por la Administración.
Creo que estos datos permiten, al menos a juicio del Gobierno, explicar los criterios que presidieron las certificaciones del Ministerio de Administraciones Públicas y que se refieren exclusivamente a los criterios establecidos en la sentencia de junio de 1997 y al dictamen de varios economistas del colegio de A Coruña pedido a cargo de la Xunta de Galicia. En todos estos casos se contó con el acuerdo del representante legal de todos los afectados, que aceptó las resoluciones de la Administración. En ningún caso se recurrieron los actos administrativos objeto de los certificados, y también quiero señalar que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras catástrofes conocidas y que fácilmente vienen a la memoria y algunas de cuyas sentencias todavía ahora se están ejecutando, sentencias que proceden de la década anterior, en este supuesto, a los tres meses de aprobarse el acuerdo del Consejo de Ministros, los afectados ya estaban en condiciones de disponer de los créditos, con lo que me parece que al menos una relativa celeridad y agilidad para que pudieran los afectados disponer de los créditos presidió la actuación de la Administración.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el grupo solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Desde luego, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, sería bueno que si se produce una catástrofe de las dimensiones que provocó el siniestro del Mar Egeo, con 80.000 toneladas de crudo expandidas por la bahía de ACoruña, la diligencia del Estado fuese otra tanto en cuanto a defender el medio ambiente como los intereses económicos de la comunidad social afectada.
Desgraciadamente, se repiten con mucha frecuencia este tipo de catástrofes, que son en muchos casos de una gravedad extrema. Parece que los gobiernos sucesivos se contentan simplemente con ver cómo se mendiga algo de los fondos de un organismo internacional que ayudamos a mantener con nada menos que 40.000 millones anuales. Pero el dinero del fondo nunca acaba de llegar por una sencilla razón, y es que no se actúa como tal Estado responsable, personándose como una de las partes en el litigio, y no solamente por vía judicial, sino también por vía claramente política. Se deja todo a una casuística individual, en la que se va incluso por la vía judicial, más que por la vía administrativa, política y colectiva, y entonces los resultados son siempre muy poco de desear desde una perspectiva política correcta, social y amplia. Y lo que hacen ustedes ahora es poner un paliativo que, efectivamente, viene a cumplir la proposición no de ley que fue aprobada el 8 de mayo de 1997, pero lo hacen de una manera más que sospechosa, que da pie a excesivas irregularidades formales e incluso a sospechas fundadas de que no se actúa correctamente con el dinero de la Administración. Y me voy a explicar.
Efectivamente, los pescadores y mariscadores recibieron un crédito de 2.500 millones de pesetas por el acuerdo del 30 de mayo de 1997, acuerdo que además conllevaba una línea de crédito de mediación para las empresas de acuicultura, que lógicamente pretextaron que no era aceptable porque tenían que poner sus bienes como aval de un crédito concedido por el ICO. El Gobierno actuó meses más tarde, a través de la línea de crédito de 9.500 millones de pesetas, con fecha 18 de septiembre, modificando el acuerdo de mayo de 1997 y en este caso, efectivamente, sin que los afectados se convirtiesen en avalistas.
El problema empieza cuando, en forma sorprendente, los afectados tienen conocimiento única y exclusivamente de una lista, que fue efectivamente consensuada y acordada de forma voluntaria y unánime por la Administración autonómica, por la Delegación del Gobierno y por los representantes de los afectados, en la que había 68 empresas afectadas y en la que se atribuía a cada una de ellas una cantidad específica. En concreto, yo tengo aquí las certificaciones de don Fernando Rodríguez Corcoba de un momento determinado, cuando se hicieron las certificaciones de la Subdelegación del Gobierno, donde se dice que en el Consejo de Ministros de 30 de mayo la Subdelegación ha relacionado las empresas que pueden ser beneficiadas en la línea de crédito, y entre estas aparecen las que se identifican a continuación con la cantidad que se les destina. Aparecen los nombres de varios señores con la cantidad abajo y una lista de empresas donde efectivamente constan las cantidades en función de daños reconocidos.
Estos eran los datos, en concreto, el 17 de noviembre de 1998, los datos conocidos por los afectados. El Gobierno pretexta ahora que hay un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros, pero no hubo una nueva reunión a tres partes, como se hizo para elaborar este listado de los afectados con los daños reconocidos, entre la Administración autonómica, representantes de la Asamblea y Subdelegación del Gobierno; se hizo otra teniendo en cuenta nuevos criterios de valoración en los que se mezclan criterios de carácter totalmente privado, señor Rodríguez Arana. Porque a mí me trae sin cuidado lo que haga el colegio deeconomistas de ACoruña. Creo que es alarmante que la Administración esté dispuesta a repartir 9.500 millones de pesetas con el criterio de un organismo que no es de la Administración pública, por mucho que cuente con el aval de una de las partes, que es la Administración autonómica, que hizo desde el principio de intermediario en el diálogo.
Si se cambian las reglas del juego iniciadas en una parte del proceso, hay que advertirlo con luz y taquígrafos, con una nueva reunión y diciendo, también con luz y taquígrafos, sin ocultamiento de ningún tipo, cuáles son los nuevos criterios y los nuevos papeles que se utilizan y, por lo tanto, dando pie a que todas las empresas vuelvan a reiniciar el proceso de entrega de papeles y en una ventanilla pública. Acabamos de asistir en este Congreso de los Diputados a un debate que me parece que tuvo una gran corrección en relación con los afectados del síndrome tóxico, y efectivamente

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la Administración monta una ventanilla pública, con lo que saben dónde tienen que ir los afectados, en último extremo, la Administración se hace responsable de todo, de que los papeles son correctos, legales, son confomes con la ley y, por lo tanto, se responsabiliza con todo el equipo.
Ustedes nos presentan ahora unas certificaciones que dicen están elaboradas por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, cuando las únicas públicas son aquellas a las que me he referido antes, asignando unas cantidades conforme a los criterios de unas sentencias judiciales que afectan a unos sí y a otros no, como usted mismo reconoce, porque no las hay para todos.
Segundo. Lo que va a dar el cidac, si lo da, es fuera de las propias sentencias jurídicas, porque el propio Gobierno español admite que es una negociación política y va a ver si a última hora consigue reclamar unos 10.000 millones de pesetas, contradiciendo, claro está, los acuerdos iniciales, porque yo creo que ahora está todo bajo sospecha, y razonablemente, y no por un afán de carácter político; ya que usted comprenderá que esto no tiene ningún tipo de interés electoral ni para nosotros ni para nadie. Usted sabe muy bien que todos los empresarios cobraron su dinero; si escoge que, si coge a ochenta y tantos empresarios, muchos de ellos en situaciones difíciles, y les reparte el dinero, cogerán 5.000.000 de pesetas y la protesta vendrá después de forma colateral, por vía política o por vía de denuncia social.
Las transformaciones son de tal calibre que reinciden en beneficiar a empresas que ya estaban ampliamente compensadas, y a lo mejor hasta legalmente, no lo dudo, en el primer acuerdo. En el primer acuerdo hay tres empresas en concreto que, bajo nuestro punto de vista, son las que llaman más la atención: Promotora Industrial Sadense, S.A., que tenía 2.090.938.100 pesetas. Depuradora de Mariscos Lorbé S.A., que tenía 1.097.014.590 pesetas y alguna otra que tenía una cantidad importante. Pues bien, ahora, para elaborar la nueva certificación, de la que no tenemos noticias que se hiciese en un proceso público como la anterior -nunca figuró en un diálogo abierto con los afectados, la Administración autonómica y la subdelegación; la primera pasa de 2.090 millones a 3.273 y la segunda, de 1.097 millones a 2.196. Entre las dos se cargan más de la mitad del crédito, 5.500 millones de pesetas. A esto hay que añadir que alguna otra empresa que ve aumentada sensiblemente su dinero, como alguna de Muros, también vinculada a este grupo empresarial y donde no afectó la marea negra nada más que por una cuestión de imagen, -yo no niego que haya que pagar también por cuestiones de imagen-, que pasa a 314 millones. Prácticamente entre esas empresas se llega a los 6.000 millones de pesetas, de 9.500, que además ahora se reparten con un mayor número de empresas, que pasan de sesenta y algo a ochenta y algo.
Usted comprenderá que con estos datos en la mano hay muchos motivos para pensar que la Administración actuó, cuando menos, de forma irregular. Una administración pública no puede dejar un proceso de este calibre -vuelvo a repetir que no es una coña- en manos de un abogado privado -manda caray-, de un colegio de economistas y después con la cobertura del subdelegado del Gobierno decir que esa es la cantidad asignada, que contradice las decididas con anterioridad.
Repito que a mí me parece que esto es una forma de actuar que se presta a los chanchullos más.
Todos los documentos públicos con membrete de la Administración dicen siempre claramente que el listado debe hacerse siguiendo las cantidades consignadas en las certificaciones expedidas por la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, y de esas no existen más que las de 1997 en relación con el primer acuerdo, además de las pactadas y las comunicadas entre sí. Si se quieren rectificar, que se repita el proceso, que no lleva a nada, y no en tres meses, desde septiembre hasta noviembre, encontrándonos aquí con unos resultados claramente alarmantes, se lo repito.
El control directo de la Administración era fundamental, la publicidad, la responsabilidad directa de la misma. Me extraña que usted, como subsecretario de Estado, venga ahora a cargar el muerto a un colegio de economistas, a un abogado; nadie protestó. Repito que nadie protesta por vía administrativa porque todo el mundo quiere coger el dinero. Todos sabemos como funciona esto, conocemos la miseria que hay. A mí, desde luego, ya en un terreno más trascendente, me preocupa que esas catástrofes se diriman con estos resultados, que son el reparto de la miseria, el círculo caciquil, el enriquecimiento de unos cuantos, la compra de voluntades y una información privilegiada solamente para algunos sectores. Esto es así de claro.
Yo no dudo que estas empresas sean muy importantes, pero usted comprenderá que si ellas invirtiesen ahora este dinero que se les acaba de dar para beneficiar a este sector productivo, convertiríamos el sector mejillonero en Hollywood. Hay que ser bastante más rigurosos. Le vuelvo a decir que tiene que comprender que esto no tiene transcendencia electoral ninguna -usted lo sabe mejor que yo-, primero por la conformación ideológico-política de los que conforman todo eso; segundo, porque todo el mundo ha cogido el dinero; y tercero, porque ya sabe usted que la vía judicial no es una vía política y, desde luego, yo no la comparto. Yo prefería que esto se hubiese aclarado por la vía política y a lo mejor así habría más beneficiados, -ya se verá-, pero desde luego bajo mi punto de vista lo que ha sucedido es totalmente escandaloso. Yo quiero decirle que un abogado no es nadie para representar la voluntad de un colectivo y que un colegio de economistas tampoco es nadie desde el punto de vista de la Administración para legalizar estos resultados. Por lo tanto, se confirman mis sospechas de que aquí, cuando menos, hubo una manipulación evidente del dinero público para beneficiar a unos cuantos empresarios, desgraciadamente no con la finalidad de invertir en el propio sector, sino seguramente para comprar pisos o coches; mire usted que resultado más bonito para A Coruña, mientras que los otros miserables quedan arruinados, eso sí, con cinco o 17 millones de pesetas, porque la verdad es que nadie le hace ascos a una cantidad así.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el grupo autor de una pregunta parlamentaria sobre la misma temática, tiene la palabra el señor Borreiros.


El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: Yo empezaría mi intervención con una noticia con la que desayunamos ayer en la prensa regional gallega, cuyo titular era que los afectados insisten en que hay un caso de estafa. Desde mi punto de vista es un titular muy fuerte cuando se está

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poniendo en cuestión a una parte de los empresarios con mayores o menores ingresos anuales, pero empresarios que están afectados por un problema que ocurrió hace siete años, y que solicitan una entrevista personal con el presidente del Gobierno, el señor Aznar. El vicepresidente considera que la estafa puede superar los 6.000 millones de pesetas, 36 millones de euros, concedidos a través del ICO y ellos insisten en que quieren venir a la Moncloa para que les expliquen el hecho de que dos empresas, de un total de más de 50, acaparen más de un tercio de los créditos que adelantó el ICO. Esto, lógicamente, va en contra de las valoraciones que se hicieron en un principio durante dos años; yo no me voy a meter en eso, porque ya lo explicó muy bien el señor subsecretario. Es incuestionable que desde mayo de 1997 al 21 de diciembre de 1998 ha habido una valoración distinta de lo que se hizo en dicho año 1997 hasta que al final se pagó; estos créditos se dieron según una nueva valoración que no fue consensuada.
Aquí se puede uno perder en el entramado formal, -entre comillas- que ha expuesto el señor subsecretario, pero lo que es evidente es que hay unas empresas que, por ejemplo, por un producto cobran 50 millones por batea y, en cambio, otras cobran nueve en la misma demarcación, en el mismo ayuntamiento, en la zona de Lorbé, que conoce el señor subsecretario. Tampoco es lógico que a una empresa que ha sido valorada en su momento en 1.097 millones, el Gobierno le conceda al final la posibilidad de obtener un crédito ICO, -ya lo cobró- de 1.783 millones. Estamos hablando prácticamente del doble, del cien por cien. Yo creo que ni la Xunta ni la Consellería de Pesca ni un abogado, relacionado familiarmente con el candidato del Partido Popular a ese ayuntamiento en las próximas municipales y actual diputado autonómico, piensen que un encargo a un grupo de economistas pueda justificar la actividad y la acción de derecho en un Estado de derecho. Yo creo que aquí lo que se pone en cuestión, y no voy a hablar de otras cosas, es que el Estado como servicio público que ofrece criterios de valoración y de concesión de subvenciones, créditos, ayudas o iniciativas de todo tipo, tiene que obedecer a unos criterios, en primer lugar, de derecho y, en segundo lugar, de consenso. Yo creo que el señor subsecretario es conocedor, por sus escritos, sus trabajos y publicaciones, de que aparte del derecho también está la cooperación y la colaboración, el consenso. No entiendo cómo en el año 1997 se llega a acuerdos entre la Administración autonómica, la central y los propios afectados, con su abogado incluido, y cuando realmente se va a repartir el bacalao -entre comillas- desaparece ese consenso y esa información. Entonces se baraja sólo por una parte, según una asociación de empresarios afectados legalmente constituida, y se dice que ha sido una persona parcial -a la que yo no conozco personalmente-.
Tampoco puedo explicarme cómo cuatro empresas relacionadas desde el punto de vista económico y empresarial pueden acaparar casi la mitad de todos los créditos concedidos. Es decir, de los 9.500 millones de pesetas, un grupo de cuatro empresas que agrupan a 87, todas ligadas entre si y llevadas por personas muy conocidas en la provincia de ACoruña y en Galicia han recibido 4.486 millones de pesetas,. El que una empresa pase de lo que ha sido valorada en su momento a un crédito de más de mil millones, que es prácticamente el doble, nos hace pensar que no ha habido transparencia. De todas las empresas que se han valorado, al final 17 casos han sido modificados sensiblemente. Esto es muy llamativo y hay que hacer una serie de preguntas. En primer lugar, queremos conocer qué papel ha jugado la Xunta de Galicia en esta valoración final. Los afectados la acusan de que ha influido de una manera decisiva en la nueva valoración. En segundo lugar, por qué no se ha explicado y por qué no se ha tenido un contacto directo entre la Administración y los afectados. Eso nos trae a la mente un cierto grado de opacidad y de falta de transparencia en este tiempo y no podemos obviarlo ni dejar de decirlo públicamente y en sede parlamentaria.
A mi me maravilla que las empresas más débiles que han sido valoradas durante estos dos años, desde 1997 a finales de 1998, son las que peor han sido tratadas al final. Las empresas más pequeñas, que no quiere decir que sean las que tengan menos puestos de trabajo, pero que son las más débiles, han sido las que al final han salido más perjudicadas.


Tengo que criticar la actitud de la delegación del Gobierno en la provincia de ACoruña y en Galicia en general y el peloteo que se ha habido continuamente entre la subdelegación del Gobierno mandando a los afectados a Madrid diciéndoles que ellos no tenían nada que ver y haciendo lo mismo cuando llegan aquí; porque la Administración Central se ha lavado las manos también.
Me gustaría, si se puede, que el señor subsecretario aclare los últimos contactos que tiene el Estado con el Fondo de compensación para daños por hidrocarburos, porque en medios de comunicación, no sólo de la provincia y de la región afectadas sino en medios públicos nacionales y con gran alarde de letra impresa, se ha denunciado en múltiples ocasiones, y bastante recientemente, que el Gobierno quiere llegar a un acuerdo con el Fidac, pero no sabemos en qué términos, si va a seguir con las medidas judiciales previstas en su momento, etcétera.
Por último, y es una cuestión que preocupa y por eso tengo que plantearla, en estos últimos siete años, desde que el Mar Egeo expulsó 80.000 toneladas de crudo en la zona de ACoruña, pero que trascendió a las rías colindantes, a la ciudad de Ferrol, todo el mundo del sector sabe que las capturas y el propio cultivo marino ha disminuido de una manera ostensible. Yo preguntaría, ya que la Xunta de Galicia tiene competencias en la zona litoral del marisqueo y de la acuicultura, y ya que ha intercedido de una u otra manera, según parece entreverse por su primera intervención, en el resultado final de los créditos concedidos por el ICO: ¿tiene conocimiento el Estado de qué medidas de regeneración se van a tomar en un litoral que fue seriamente dañado?

El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?

El señor RIVAS FONTÁN: Señor presidente, ¿puedo intervenir después del señor subsecretario?

El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario intervendrá más tarde.
Por consiguiente, éste sería el momento de que interviniera su grupo parlamentario.


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Adelante, señor Rivas.


El señor RIVAS FONTÁN: Señor presidente, señorías, pienso que es legítimo que todo grupo político en el Parlamento vele por los intereses generales de los ciudadanos, pero también es legítimo que, en la medida de lo posible, se expongan los hechos con la mayor objetividad en un tema como éste, que es una desgracia, que afectó en general a Galicia y que en el día de hoy está siendo tratado entre coruñeses, porque coruñés es también el propio subsecretario del Ministerio. A mi como gallego en esta ocasión me corresponde decir algo, aunque quizá más desde el punto de vista político, porque poco habría que añadir a lo que ha expresado don Jaime Rodríguez-Arana.
Si me permiten SS.SS. yo traería aquí a colación un dicho de un clásico. Cuando un alumno en un momento determinado le comentaba que estaba en una situación personal en la que debía tomar una decisión el filósofo le respondió diciendo: hagas lo que hagas te pesará. Esta frase quizá venga bien aplicársela en este momento a nuestro Gobierno. Es cierto que la catástrofe se produce en el año 1992 y las primeras medidas que se adoptan desde el Consejo de Ministros son en los años 1997 y 1998, y la catástrofe, insisto, se produce en una aciaga noche de diciembre del año 1992.
Recordaré lo que el subsecretario ha planteado. Él ha expuesto con detalle lo que ha sucedido. Mis colegas de Parlamento hacen afirmaciones que yo creo que en algún caso son exageradas, bastante exageradas. No se puede decir que no haya habido diligencia por parte del Estado, cuando se trata de un asunto de responsabilidad civil y penal de alguien que pilota un barco, que está asegurado tanto en su mercancía, como en su casco, como en su responsabilidad, por entidades internacionales; tampoco se puede decir que el Estado se ha lavado las manos. Yo creo que no; se ha intervenido en un tema muy complicado y muy difícil, puesto que incluso hay errores que se cometen al principio, no desde el Ejecutivo sino desde el aparato judicial del Estado, y voy a dar un ejemplo para ilustrar a los que como no son gallegos posiblemente tengan menos conocimiento de este problema. Es famosa aquella mañana en la que un equipo de abogados ingleses llega a la ciudad de A Coruña y obliga a corregir decisiones que se habían tomado equivocadamente con el capitán del barco.
Nadie puede discutir desde luego la capacidad que los hombres de derecho ingleses tienen en materias de accidentes marítimos, porque son auténticos especialistas en derecho del mar, y además tienen un tribunal específico que, a diferencia de España, actúa en cualquier punto de la costa donde se produzca el accidente, y no como en España donde el juez es designado por la ley en el lugar en donde se produce el accidente. Esto, en principio, ha de tenerse en cuenta, así como que es un tema tan complicado en el que el Estado español tiene que ir con pies de plomo, porque en el fondo quien va a responder de los daños son organismos e instituciones internacionales. Por tal motivo, todos los pasos que ha de dar la Administración española tienen que ser absolutamente solventes. No es bueno -y aquí reclamo la atención de mis compañeros- que se hagan afirmaciones gratuitas, puesto que en algún caso ya se han hecho y nos han obligado a corregir decisiones que estaban tomadas acertadamente. No es bueno que se hagan estas afirmaciones; me parece que aquí hemos de ser más respetuosos con las valoraciones o peritaciones judiciales. No fue sólo el Gobierno el que acudió al colegio de economistas de A Coruña, sino que precisamente las autoridades judiciales dieron valor a la peritación que formuló dicho colegio. No se puede poner en evidencia -desde luego, por nuestra parte, no lo hacemos- una valoración difícil en un asunto como éste por el que toneladas de petróleo invaden la costa y afectan a muchísimas empresas y a modestos trabajadores y mariscadores.
Concluyo, señor presidente. Hemos de ser objetivos, los documentos están en el Ministerio de Administraciones Públicas a disposición de cualquiera que los demande. El subsecretario ha informado detalladamente y no voy a insistir en la diferencia que hay entre los dos acuerdos del Consejo de Ministros.
Se ha dicho que hay varias listas, es verdad, puesto que el Consejo de Ministros del año 1998 parte en su acuerdo de una serie de exigencias distintas de las del acuerdo anterior que había sido hasta cierto punto poco exigente. Apartir de noviembre de 1998 la Administración central conjuga los esfuerzos -para eso está la Administración- de la Xunta de Galicia, de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y de los abogados de los afectados -¡cómo no!-, teniendo en cuenta que éstos para defender sus intereses ante los tribunales de justicia, necesitan hoy en España acudir a abogado colegiado. El colegio de abogados también intervino en determinado momento para certificar si las demandas de los que reclamaban perjuicios estaban sometidas al procedimiento que determina la ley.
Deseo corregir a Paco Rodríguez. Sobre esa famosa valoración que él hace, todos tenemos alguna experiencia con la Administración pública y sabemos lo que se produce alrededor de la expresión -afectados, entre comillas, insisto con todo respeto en esta expresión-. No digo que la mayor parte de afectados no actúen con absoluta y estricta razón, pero también es cierto que entre ellos, por lo menos en mi tierra que es la yo conozco, surgen algunos no tan afectados, entre comillas. Hay que tener sumo cuidado, sobre todo cuando, hablando de afectados, nos referimos a valoraciones multimillonarias.
La Administración ha actuado con diligencia y con objetividad.
Contestando al señor Rodríguez, insisto en que es precisamente el 18 de noviembre cuando la Xunta de Galicia, la Subdelegación del Gobierno y los abogados de los interesados, todos de acuerdo, manifiestan por escrito su conformidad a la tasación del colegio de economistas de los daños que se habían producido con motivo de esta catástrofe.
Creo que no es justo, aunque es legítimo -insisto- que cada grupo político reclame lo que le parezca bien. Para decirlo con una frase conocida: a Dios lo que es Dios y al césar lo que es del césar.


El señor PRESIDENTE: El señor subsecretario tiene la palabra para contestar a los intervinientes de los diferentes grupos parlamentarios.


El señor SUBSECRETARIO PARALAS ADMINISTRACIONESPÚBLICAS (Rodríguez- Arana Muñoz):

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Señorías, ya que el señor Rivas Fontán ha utilizados algunas citas, probablemente porque estamos todavía bajo los efectos de la semana del libro y de la lectura, a mí me gustaría traer a colación lo dicho por una persona muy conocida para el mundo de la Administración, por lo menos por alguno de sus comentarios, que es Mariano José de Larra: es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Yo tengo muy poca experiencia, pero probablemente esto se puede aplicar a la vida parlamentaria de una manera paladina y exacta. (Rumores.) Cuando el Gobierno pone en marcha estas líneas de créditos lo hace intentando solucionar un grave problema en poco tiempo. No traeré a colación lo que se hizo de 1991 a 1996; todos los que estamos aquí somos de Ferrol y su comarca y sabemos exactamente lo que el Gobierno hizo en ese momento.
En lo que me corresponde más directamente, los criterios en virtud de los cuales se elevaron estos certificados del Ministerio de Administraciones Públicas, vaya por delante que los funcionarios y las personas que han participado, están dispuestas a facilitar lo que sea menester. Si hemos modificado la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y la Lofage (la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado) en algunos puntos es para dar entrada a principios como el de transparencia, y somos lógicamente los primeros interesados en que la opinión pública conozca cómo se han producido los criterios y certificaciones en este caso.
Para contestar algunas de las preguntas, quiero leer aquí el extracto de una resolución de la Audiencia Provincial de ACoruña en cuanto a la valoración de 81 millones de pesetas para una empresa -cuyo nombre no voy a mencionar porque no me parece razonable-, sobre la que al final llega a la conclusión, utilizando determinados argumentos y criterios, de que le corresponde una indemnización de 20 millones de pesetas.
Se trata de una sociedad que tiene un parque de cultivo en...
Constando, como se ha dejado expuesto en la relación fáctica de esta resolución, que por disposición de la Xunta de Galicia estuvo prohibida toda actividad de almeja en aquella zona desde el 6 diciembre de 1992 hasta el 7 de septiembre de 1993 -SS.SS. lo saben-, por esta entidad, y sobre la base de un informe económico biológico, se hace una reclamación de 81 millones de pesetas por la paralización de sus actividades, pérdida de existencias y actividades de limpieza.
No obstante, se entiende que, a la vista de las manifestaciones hechas en el acto del juicio por los técnicos que elaboraron el meritado informe, debe ser aminorada aquella cantidad.
Como responsable en esta comparecencia de lo que estoy diciendo, prefiero acogerme a unos criterios que están en sentencia firme, y que son los que ha tenido la Secretaría General Técnica del Ministerio como base para elevar sus certificaciones, que acudir a otros criterios. ¿Por qué? Porque SS.SS. saben, que en situaciones de conflicto, al final, el derecho es lo que dicen los jueces. Distingo lo que es el derecho de lo que es la situación de hecho. Me parece que los tribunales, cuando emiten sus fallos, están zanjando la cuestión, sobre todo si se trata de una sentencia firme.


Sigue diciendo la resolución en este punto: En primer lugar y a la vista del poder notarial obrante en autos, se pone de manifiesto que aquella sociedad se había constituido con un capital social de..., aunque posteriormente se aumentó a... Asimismo y a preguntas del mismo letrado, los técnicos informantes expresaron que, a pesar de aquella fecha de constitución, no empezó a funcionar hasta poco antes de producirse el siniestro, reconociendo que fue entonces cuando se habían comprado las existencias, habiendo solamente una partida de tantos kilos de almeja comercial, de acuerdo con lo consignado en el acta de inspección de la Xunta, existiendo unos alevines o crías de almeja fina -750.000 individuos- y de almeja japonesa -760.000 individuos- a los que los peritos atribuyen un precio de dos pesetas/ unidad, lo que daría un total de 3.000.000 de pesetas para estas crías. Teniendo en cuenta estas existencias y que se trataba de una empresa de reciente entrada en actividad, que, como reconocieron los propios peritos, no podría alcanzar una capacidad de producción o rendimiento óptimo hasta el ejercicio 1994-1995, debe señalarse que la cantidad que ahora se reclama resultara un tanto prematura y desproporcionada para una empresa que, como ya se ha dicho, estaba iniciando su actividad con unos resultados económicos por aquel entonces inciertos dentro de las previsiones. Después de valorar la prohibición prolongada durante nueve meses, el perjuicio, el lucro cesante y el daño emergente llegan a la conclusión de que la indemnización que le corresponde es de 20 millones de pesetas.
Hay algunos casos más, no les voy a aburrir a SS.SS. con ellos, pero el tribunal ha tenido presentes los argumentos que se señalan en el dictamen pericial de los economistas -base de las certificaciones de valoración-, en el que se ha tenido presente la mortandad de las existencias acreditadas en el momento en que se produce el siniestro, la paralización de las actividades motivada por las órdenes dictadas al efecto por la Conselleria de Pesca, Marisqueo y Acuicultura de la Xunta de Galicia y las operaciones de limpieza y reparación de las instalaciones necesarias como consecuencia del vertido del petróleo.
Muchas de las empresas afectadas han pretendido la toma en consideración de los daños sufridos en base a otros conceptos, como pueden ser los daños comerciales, pérdidas de mercado, gastos financieros, campañas de publicidad y otros que forman parte del lucro cesante y que, en algunos casos, no se han tenido presente por las valoraciones que hacen los tribunales.
Los acuerdos del Consejo de Ministros son de 1997 y de 1998. En el de 1998, como decía al principio de mi intervención, lo que se ha pretendido es facilitar que los empresarios pudieran acceder a esos créditos, para lo cual se ha modificado la garantía, en lugar de que su patrimonio fuera el montante del derecho a la indemnización. Se han hecho las valoraciones conforme a los criterios que se han establecido en las sentencias que conocemos hasta ahora y que irán poco a poco produciéndose, lo que trae como consecuencia, después de las que hemos visto, que se están produciendo unas rebajas, desde la valoración que se había realizado a la que establece la indemnización, del orden del 40 por ciento.


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Ya he comentado antes que no hay ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en facilitar la documentación, tanto en Madrid como en la Subdelegación de Gobierno, para que pueda verla quien quiera. En este caso, -insisto-, lo que ha presidido la acción del Gobierno ha sido facilitar que un sector que podía haber pasado a la historia (porque si hubiéramos dado los créditos que se concedieron en otro momento resultaría que un sector estratégico y fundamental para el desarrollo de Galicia podía haber quedado reducido a nada, si la Administración no manifiesta su sensibilidad ante estos problemas) ha sido razonablemente impulsado. En este momento se han mantenido puestos de trabajo y muchas de las empresas estarán en condiciones cuando reciban las indemnizaciones, de seguir con su actividad. Por ello, el Gobierno me parece que ha cumplido con su función.
En relación con la argumentación legítima que hace cada grupo político sobre oscurantismo y con la ejecución del acuerdo de 18 de septiembre de 1998, quiero dejar muy claro que por el Ministerio de Administraciones Públicas no han existido irregularidades, oscurantismos ni resultados contradictorios, y que dichos factores, de existir, estarían únicamente en la imaginación de quienes, no habiendo acreditado suficientemente los daños realmente sufridos, pretenden ahora obtener créditos injustificados, al margen de las valoraciones periciales y de los criterios judiciales tenidos en cuenta al emitir las certificaciones precisas para obtener unos créditos que, insisto una vez más, no son subvenciones y ayudas, son créditos puente, en tanto no se fijen las indemnizaciones que pudieran corresponder por sentencias firmes de los tribunales ordinarios, que serán los que, a la postre, dirán la última palabra, como procede en un Estado social y democrático de derecho. Por tanto, las certificaciones realizadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Administraciones Públicas en la ejecución de este segundo acuerdo correspondientes a cada empresa, se han realizado según los criterios que se han tenido presentes en la sentencia.
Un tema más complicado son las negociaciones con el fondo, lo cual requiere una especial atención. Quiero manifestar con carácter general que se está intentando, por todos los medios, que la garantía inicial que el fondo había manifestado pueda ser aumentada notablemente para que éste responda por los daños reales. Se están realizando gestiones y reuniones, aunque en este momento procesal no es conveniente transmitir, pero van encaminadas a que el fondo pueda elevar el tope que hasta el momento tenía para hacer frente a estas indemnizaciones.
Finalmente, y es la línea clave para entender el acuerdo del Consejo de Ministros de 1998, es conveniente -y voy a ser reiterativo- que se distinga lo que es el acuerdo de septiembre de 1997 del acuerdo de 1998. ¿Por qué? Porque la situación del año 1997 es totalmente distinta a la del año 1998. Faltaban estos criterios judiciales y faltaban estos dictámenes periciales. Puede producir sorpresa, pero el representante legal de los afectados en todo momento, en las reuniones que ha habido con la Xunta de Galicia y con el Ministerio, ha entendido, sobre todo como consecuencia del segundo acuerdo, -que es cuando entra el Ministerio de Administraciones Públicas en escena-, que había unanimidad por parte de los afectados a la hora de establecer esas valoraciones que luego dieron pie a las certificaciones. Es conveniente destacar que sí es legítimo que haya distintas maneras de ver el problema, y los afectados pueden tener distintos puntos de vista, pero en ningún momento se presentó algún recurso administrativo contra las certificaciones, ni del primero ni del segundo acuerdo. Por eso, al tomarse el acuerdo el 18 de septiembre de 1998, la situación ha cambiado sustancialmente. Se han interpuesto acciones civiles por todos los afectados, por eso hay más empresas de las que había antes. Se ha realizado un nuevo estudio económico. Los estudios técnicos y económicos que están en la Subdelegación del Gobierno de la Coruña, y que fueron en su día elaborados por funcionarios de la Xunta y de la Dirección General de la Marina Mercante, sirvieron de base para las primeras certificaciones, como se pone de manifiesto en el dictamen de los economistas. Me parece que es legítimo y que no hay problema en que la Administración pueda pedir un dictamen en un caso determinado. Así está previsto. Si los tribunales han tenido en cuenta los criterios que están en el dictamen, me parece que es una manera razonable de funcionar.
Se ha realizado un nuevo estudio económico por encargo de la Xunta de Galicia, por economistas del colegio de La Coruña, donde se establecen criterios y valoraciones firmes que han sido emitidas y consagradas en varias sentencias de 1996 y de 1997.
Por otro lado, está claro que el Ministerio de Administraciones Públicas tenía que comprobar, que es lo que le obliga el acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre de 1998, que los afectados eran tales, que no tenían pendientes de amortizar préstamos en la primera línea de crédito -porque es imposible que pudieran acceder a la segunda-, y que habían interpuesto acciones vivas frente al fondo internacional para los hidrocarburos.
Por último, hay que tener en cuenta que sabiendo los interesados que las cantidades acordadas en base a los criterios del informe de los economistas eran del orden de 11.249 millones de pesetas, como el crédito era de 9.500 millones, había que prorratear esa cantidad para que pudieran obtener esos créditos de acuerdo con lo realmente disponible. Para entender este problema, hay que darse cuenta de que una cosa es el acuerdo del Consejo de Ministros de 1997, con unas circunstancias, unos requisitos y un contexto distinto del de 1998, y que tiene la gran ventaja para la Administración de que los criterios que han inspirado esas valoraciones están amparados por los que se han seguido en algunas sentencias y en el dictamen de los economistas encargado por la Xunta de Galicia.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Sánchez, tiene derecho a un turno muy breve, siguiendo la práctica de esta Comisión en este tipo de debate concreto.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Que quede constancia de que, sobre el 18 de noviembre 1998, cuando tuvimos las primeras noticias de que se habían modificado las certificaciones, me dirigí al ICO con este texto: Creo que es mi deber hacerle reconocer estas denuncias que nos llegan sobre la forma de proceder en la concesión de los créditos ICO a las empresas afectadas por la catástrofe del Mar Egeo. Desde luego, no parece una forma propia de organismos

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oficiales. Le agradecería que se informase sobre este problema, que por los indicios es grave. Ni contestación. Acto seguido lo puse en conocimiento del entonces ministro de las Administraciones Públicas, que se asustó momentáneamente y dijo que iba a mirar lo que había pasado, pero, a partir de ahí, escapado por los pasillos.
Quiero decir que si esto llega ahora aquí no es porque no haya habido una preocupación, incluso administrativa y personal, a su debido tiempo de, al menos de informarse. Por mucho que usted ahora intente justificar las cosas, en los textos figura que son valoraciones de la Administración, a partir de las cuales se hace el prorrateo. Se autorresponsabiliza y da informes, que en algunos casos son sentencias, no en todos, porque no todos tienen esas sentencias firmes, lo cual ya es un indicio de discriminación brutal.
Hay una segunda cuestión y es el dictamen -ahora ya es un dictamen-, que se toma como punto de partida, del colegio de economistas, pero la última responsable es la Administración.
Quizá la Administración cambia las certificaciones conforme al acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de septiembre. Los préstamos se conceden a las empresas de culturas damnificadas, según certificación expedida por la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, conforme al acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997, porque no hay que olvidar que el de septiembre era una modificación del anterior, no era uno nuevo.
En todo caso, en ese interregno hay un proceso oscurantista, esto es así. Se cambia las cosas al margen de los afectados. Pero yo ya sé que el problema está en el inicio. Cuando un abogado es el que controla toda la relación con la Administración,resulta alarmante que pueda enviar cartas de este tenor a los afectados: En relación con el tema del Mar Egeo y los créditos ICO, actualmente en tramitación, le ruego que, a la mayor brevedad posible, haga llegar a este despacho, bien vía fax bien por teléfono, el número de cuenta corriente -con sus veinte dígitos- a los que el ICO haría la correspondiente transferencia. Apaga y vámonos. Aquí desapareció la Administración pública y la consecuencia lógica es este tipo de resultados.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Le vuelvo a decir que eso es oscurantista y que, en todo caso, esa investigación sobre la documentación de la Administración ahora tendremos que hacerla a título particular, y ¿quién? Un diputado acompañado de un abogado. ¿Son métodos estos?

El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Borreiros.


El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: Un segundo, señor presidente.


En primer lugar, tengo que decir que el señor subsecretario empezó citando, en general, a Larra y trasponiéndolo a los diputados, achacándoles una cierta ignorancia.
Tengo que decirle que hablé con los del sí y con los del no. Hablé con afectados que no están de acuerdo y hablé con afectados que se callan. Pero hablaron y dieron su opinión. Lo que manifesté aquí no se refiere sólo a los que han cobrado menos de lo que pensaban, porque usted da a entender que el problema que estamos tratando es el de los que cobraron menos de lo que ellos pensaban que iban a cobrar, y ese no es el tema.
En segundo lugar, es cierto que las solicitudes -y acabo ya- de los afectados sobrepasan los 10.000 millones de pesetas, y que el Consejo de Ministros estableció un tope máximo de 9.500 millones. Pero es que eso aún es peor,. porque usted no explicó por qué cuando se rebaja el monto total de los créditos posibles a que tienen acceso los afectados unos cobran muchísimo menos y otros cobran 1.000 millones más. Eso no lo explicó. La regla de la transferencia queda de nuevo en duda.


El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rodríguez Arana Muñoz): Muy brevemente.
Lamento si S.S. ha entendido lo de Larra en sentido personal, pero yo me refería más a la acción, en sí misma, de la dialéctica parlamentaria. En cualquier caso, lo concreto. Tampoco me resulta muy problemático hacer la corrección que sea menester.
Llegados a este punto, lo que reitero y manifiesto es que el acuerdo del Consejo de Ministros es el objeto de esta comparecencia. Porque son dos acuerdos distintos y éste es el nudo gordiano del asunto.
Repito, son dos acuerdos distintos, en dos circunstancias distintas y con unos criterios -especialmente el segundo- que se complementan con sentencias de los tribunales. Desde luego, me quedo más tranquilo con los criterios de los tribunales que con otros criterios. ¿Por qué? Porque lo que es justo y lo que es el derecho lo dicen los tribunales y esa valoración me ofrece más seguridad.
Reitero que, por supuesto, tanto en el Ministerio como en la Subdelegación del Gobierno toda la documentación que hay está a disposición de los afectados que estén interesados en el procedimiento y con mucho gusto se podrá evacuar, sin ningún problema, cualquier tipo de pregunta o de consulta que quieran hacer.
Todas las cifras de la valoración de las sesenta y pico empresas parten de estos criterios del dictamen. No es el caso entrar ahora en las que han cobrado más o en las que han cobrado menos, porque esto nos llevaría muy lejos, nos llevaría a discusiones demasiado problemáticas en aspectos muy concretos, que se pueden tener en otra sede, y tendré mucho gusto en ello. Sin embargo, sí reitero que para el Gobierno el haber actuado de esta forma, en la ejecución de este acuerdo del año 1998, de conformidad con las sentencias y con lo que representa este dictamen del colegio de economistas, supone una garantía.
Si a esto unimos el hecho -que no quiero dejar de recordar- del tiempo transcurrido entre la puesta a disposición del crédito y su percepción, y lo comparamos con otros casos tristes que a todos nos vienen a la memoria, en relación a catástrofes en empresas o con la ingerencia de

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algunas sustancias, creo que en este caso la comparación es favorable a la actuación y a la sensibilidad del Gobierno.
Para terminar, y como estábamos hablando de comparaciones, o estaba yo planteando las comparaciones, quiero decir que dialécticamente es posible comparar cosas que son radicalmente distintas, todo es posible, pero lleva a conclusiones que pueden ser equivocadas. La metodología de identificar el primer acuerdo con el segundo lleva a resultados que son los que se deducen de lo que para mí es el error fundamental, que es, repito, intentar identificar el primer acuerdo con el segundo sin incorporar el ingrediente de los tribunales y el dictamen del colegio de economistas.
Por eso y con toda cordialidad, también me permito recordar algo que decía don Quijote, en el libro de Cervantes Saavedra -por cierto Cervantes Saavedra son dos apellidos gallegos, lo que el otro día me llamó mucho la atención y hay mucha gente que no lo sabe-, cuando decía: ¿Es posible que vuestra merced no sepa que las comparaciones son siempre odiosas y mal recibidas, sobre todo cuando se trata de cuestiones distintas?

El señor PRESIDENTE: Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión.


Era la una y veinte minutos de la tarde.

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