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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 608, de 02/02/1999
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES Año 1999 VI Legislatura Núm. 608

EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET

Sesión núm. 34 celebrada el martes, 2 de febrero de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley: - Por la que se insta al Gobierno a la creación de un consejo de las culturas como órgano consultivo y de carácter participativo en materia cultural. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número de expediente 161/000430) ... (Página 17704)

- Relativa a la realización de trámites por el Gobierno para declarar la muralla de Lugo monumento perteneciente al patrimonio de la humanidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 161/000834) ... (Página 17708)

- Relativa a la dotación de recursos para la restauración y conservación de la muralla de Lugo, y solicitud de que la misma sea declarada patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO.
Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 161/001295) ... (Página 17708)

- Sobre declaración de la ciudad de Morella como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 161/001054) ... (Página 17713)

Página 17704


- Para garantizar la calidad de los centros de formación profesional específica. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (número de expediente 161/001169) ... (Página 17715)

- Sobre la construcción de un centro de secundaria en Cabezuela del Valle (Cáceres). Presentada por el Grupo anterior (número de expediente 161/001171) ... (Página 17718)

- Relativa a la educación vial extraescolar de los niños y jóvenes comprendidos en el segmento de cuatro y dieciocho años. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 161/001213) ... (Página 17721)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, bienvenidos.


Antes de empezar la sesión supongo que no tendrán inconveniente en que, a propuesta de la Presidencia, de la Mesa y creo que de toda la Comisión, dejemos constancia en acta de nuestro sentir por el fallecimiento de don Gonzalo Torrente Ballester y que se dé traslado a los familiares.
Asimismo, y sin perjuicio de las diferentes posiciones que legítimamente mantiene cada grupo, creo obligado hacer una referencia cordial, amable y cariñosa hacia quien ha sido, hasta hace poco tiempo, titular del departamento de Educación y Cultura. Con ella ha habido una colaboración -repito, sin perjuicio de las diferencias de opiniones-, y creo que merece que quede constancia en acta de su paso por el departamento y del apreció que despertó en todos y cada uno de los miembros de la Comisión. ¿Les parece bien? (Asentimiento. La señora Aramburu del Río: Señor presidente, en lo personal.) Siempre en lo personal, doña María Jesús.
Esperaremos de la próxima comparecencia del nuevo titular para darle la bienvenida.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UN CONSEJO DE LAS CULTURAS COMO ÓRGANO CONSULTIVO Y DE CARÁCTER PARTICIPATIVO EN MATERIA CULTURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 161/000430).


El señor PRESIDENTE: Hechas estas introducciones, entramos en el orden del día.
En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la creación de un consejo de las culturas como órgano consultivo y de carácter participativo en materia cultural.
Para la defensa de dicha proposición no de ley, a la que no se ha presentado enmienda alguna, tiene la palabra don José Luis Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Izquierda Unida presenta para su aprobación esta proposición no de ley por la cual se instaría al Gobierno a la creación de un consejo de las culturas. Lo hacemos porque en Izquierda Unida estamos convencidos de que hoy por hoy las españolas y los españoles nos encontramos ante una política cultura en la que se prima de forma fundamental el carácter exhibicionista de la cultura frente a un carácter más participativo y más descentralizado que permitiría a las personas y a los colectivos sentirse protagonistas del hecho cultural.
Esta situación se plasma, a nuestro modo de ver con toda crudeza, en una dependencia cada vez mayor de nuestra cultura de las multinacionales que nos imponen modas culturales como instrumento de colonización. Esto se evidencia, sobre todo, en la creencia cada vez más extendida de que la política cultural se debe basar en la difusión de grandes acontecimientos culturales. Por otra parte, la desconexión es total, cuando no enfrentamiento, entre la política cultural estatal con la de otros ámbitos de nuestra realidad, precisamente en un Estado como el nuestro que es plurinacional.
Para Izquierda Unida la cultura debe ser un motor de transformación que debe estar basada en la creación de una conciencia crítica y de una participación que dé acceso a la mayoría de los ciudadanos a los bienes culturales y permita también la formación multidimensional de la persona para dotar a los colectivos de la participación activa en la vida de la comunidad desde la capacidad de asumir las realidades del entorno.
A pesar de las carencias que señalamos sobre la sistemática cultural, es una realidad que nuestro Estado posee un rico patrimonio cultural basado en la diversidad de culturas, de pueblos y en una acumulación histórica de riquezas culturales que debe servir de encuentro entre los distintos pueblos del Estado español frente a otras tendencias que lo que buscan y promueven es la confrontación entre culturas, entre pueblos. Por esto, buscar un lugar de participación y encuentro de las culturas del Estado español, como proponemos en esta proposición no de ley, es también una aportación a la convivencia pacífica de los españoles,

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de reconocimiento y desde la potenciación de nuestra diversidad cultural.
Desde esta perspectiva, señor presidente, queremos recordar que nuestra Constitución en el artículo 44 reconoce como una obligación inherente de los poderes públicos la promoción y la difusión de la cultura, así como la creación de las condiciones adecuadas para que se facilite el acceso a su producción y disfrute de todos los ciudadanos, promoviendo además las condiciones que aseguren la participación libre y eficaz dentro de su desarrollo. Por tanto, creemos que una sociedad de este carácter debe llevar la necesidad complementaria de transmitir la experiencia individual de los hechos culturales mediante las actuaciones de índole colectiva que en la mayor parte de los casos tienen que tener también un componente industrial.
Por ello es imprescindible, a nuestro modo de ver, que los poderes públicos se doten de los instrumentos adecuados para darse cuenta de los cambios que se producen en la sociedad y, sobre todo, para atender las nuevas demandas generadas tanto en el llamado mundo de la cultura como entre la generalidad de los ciudadanos destinados a ser protagonistas de la actividad cultural. De ahí que esto suponga una mayor experiencia, un mayor interés en la creación del foro que proponemos, donde confluyan los puntos de vista tanto de los creadores y sujetos activos de la cultura como también de los que tienen que pasar de ser meros consumidores a ser protagonistas del hecho cultural. Ello permitiría la obtención de una visión de conjunto de la experiencia cultural y supondría la puesta en marcha de un instrumento imprescindible para la actuación, tanto de las administraciones públicas como también del sector privado, facilitando de esta manera unos criterios integrados y contrastados para llevarla a cabo. Con el consejo que proponemos se crearía un foro de encuentro, un lugar de convivencia, de participación entre las diversas culturas de nuestro Estado y dentro de los diversos sectores del mundo de la cultura, de manera que tengan la posibilidad de exponer libremente sus ideas y opiniones y participar activamente en el diseño de la política cultural.
Por ello presentamos una proposición no de ley en la cual planteamos la creación de este consejo de las culturasque con un carácter consultivo, participativo, tenga al menos seis funciones, dejando su formación y composición a un desarrollo posterior por el Ministerio de Educación y Cultura, eso sí respetando tanto la polaridad en su composición como los objetivos que se les encomienda, objetivos que sintetizamos en los siguientes elementos: Fomentar la diversidad cultural del Estado y su conocimiento por el conjunto de los habitantes del Estado español, así como su proyección exterior y la cooperación con los pueblos que comparten raíces culturales con España. Asesorar en cuestiones relacionadas con la cultura, así como emitir dictámenes sobre proyectos de disposiciones de carácter general, reguladores de cuestiones culturales que hayan de aprobarse por el Consejo de Ministros. Estudiar y realizar, a instancias del Ministerio competente en el ámbito cultural, cuantas cuestiones se refieren al fomento de la cultura, así como informar de las propuestas de concesión y participar en el seguimiento de las subvenciones y ayudas que se establezcan para actividades de carácter cultural. Proponer cuantas iniciativas en materia cultural se consideren convenientes y cualquier otra de naturaleza cultural que le fuera confiada expresamente por el Gobierno.
En definitiva, ésta es una aportación importante que puede servir no solamente para un mayor desarrollo de esta cultura, sino también para un mayor desarrollo de la intercomunicación entre los pueblos del Estado español.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran manifestarse al respecto? Por su orden, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Desde el principio vamos a exponer que nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley. El consejo de las culturas no es una propuesta desdeñable, pero es simplemente una propuesta en este momento utópica y ucrónica porque está fuera de lugar y de tiempo. El Estado de hoy, mejor podríamos decir culturalmente la España de hoy, es una España monocultural, todavía lo es, y por ello no cabe este consejo que estaría pensado para un Estado donde no existiera un Ministerio de Cultura y donde se fuera muy riguroso con las competencias exclusivas que en cultura tienen las autonomías.
Este consejo no cabe porque el Gobierno del Estado y los gobiernos del Estado español han sido y son gobiernos monoculturales hasta ahora. Mucho nos tememos que la diversidad cultural se podría convertir en algo muy pintoresco y que el pluralismo cultural nacional se vería siempre como un problema, como se ve ahora, y como el origen también de la dispersión de una cierta unidad cultural que es imaginaria absolutamente.
No podemos apoyar un nuevo órgano que se convertiría sin duda en una pantalla o una excusa para cambiar por conceptos jerárquicos los de fomento y coordinación. En este momento también tenemos en este Estado, como elemento de coordinación cultural, si es que se puede llamar así a la conferencia de consejeros de cultura.
Quiero decir al grupo proponente que la realidad político- cultural de hoy no es la adecuada para su proposición. No creo que nos encontremos en un jardín cultural, todo lo más en un oasis que hace que por su misma naturaleza sea más evidente la existencia de un desierto en este sentido. Por tanto, no vamos a votar a favor y esperamos que en otro momento nosotros, o conjuntamente, podamos presentar la creación de un consejo plurilingüe y pluricultural de distinto tipo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra don Salvador Clotas.


El señor CLOTAS I CIERCO: Para el Grupo Socialista la iniciativa que hoy nos presenta el Grupo de Izquierda Unida tiene una indudable buena intención, que valoramos. Sin embargo, quiero anunciar desde ya que nuestra posición no va a ser favorable, aunque tampoco vamos a manifestarnos en contra de una iniciativa en la que apreciamos las buenas intenciones, pero no tanto la materialidadde las propuestas y algunas consideraciones que desearía

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hacer sobre la situación actual en materia de competencias culturales y la oportunidad en este momento, con un Gobierno de derechas que no ha favorecido excesivamente la política cultural en nuestro país, de presentar una iniciativa como ésta, que deja además en manos del Gobierno que desarrollara la iniciativa que aquí se propone la posibilidad de convertirlo más en una caja de resonancia de la actividad del Gobierno que en un verdadero órgano de participación.


En la actualidad, señor presidente, desde la democracia, las distintas administraciones, tanto el hoy Ministerio de Educación o Secretaría de Estado de Cultura, como la de distintas comunidades autónomas y las corporaciones locales desarrollan políticas culturales bien basadas en un ordenamiento jurídico que desde la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley de Bases de Régimen Local garantizan o fundamentan estas actividades.
El Tribunal Constitucional se ha referido en más de una sentencia al carácter concurrencial de la competencia cultural, lo cual significa -en esto discrepo de la intervención que acabamos de oír- que en nuestro ordenamiento jurídico distintas administraciones pueden desarrollar actividades y políticas culturales sin que tengan nada privativo o exclusivo.
Un poco como preámbulo a lo que va a ser nuestra conclusión, quisiera indicar que lo que en esta proposición se manifiesta como cultura encierra cosas muy distintas, es decir, desde la actividad de los creadores a la actividad de las industrias culturales. Eso implica procesos e intereses de carácter muy diverso.
Por otra parte, la proposición no hace ninguna mención de los organismos que ya existen de tipo consultivo y participativo; ya ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que existe, con mayor o menor eficacia, una conferencia que reúne a los consejeros con el ministro. Además el Gobierno socialista, desde el año 1982 creó muchos órganos de consulta y de participación que siguen existiendo, de modo que esta iniciativa no cae en un terreno donde no haya organismos de participación, de consulta y asesoramiento, sino que, todo lo contrario, los hay y desde luego sería previo analizar lo que cubren y lo que no cubren los mismos.
Por todas estas razones consideramos que una propuesta como la que hoy examinamos necesitaría previamente varios pasos que entendemos no se han cumplido, tal como demuestra el texto que estamos analizando.
En primer lugar, una evaluación clarísima de la situación actual de todos los organismos que existen en la Administración central, hoy en la Secretaría de Estado, antes en el Ministerio de Cultura, que constituyen elementos de participación a lo mejor más idóneos que una comisión de las culturas que, como he dicho antes, parece reunir todos los aspectos más diversos e incluso me atrevería a decir contradictorios, del mundo cultural.
En segundo lugar, convendría ver y determinar con claridad cuáles son las necesidades desde los distintos sectores industriales o desde los distintos intereses de los creadores, para poner los dos extremos más alejados del mundo cultural, analizar sus intereses y ver cuáles deberían ser las funciones de esta comisión.
En tercer lugar, nos parece que sin consultar a las comunidades autónomas y sin abrir incluso un cierto debate nacional una propuesta como ésta, en un país que está dotado si no de un Ministerio de Cultura, sí de un ministerio que lleva el nombre de Cultura, de una Secretaría de Estado y de una Dirección General de Cooperación Cultural que tiene alguna de las funciones que señala esta iniciativa, nos parece que es actuar con una cierta precipitación y quizá sin el consiguiente rigor.
Finalmente, señor presidente, diré que la proposición que analizamos adolece de algunas deficiencias, me atrevería a decir, con todo respeto, de fuertes deficiencias de forma. Me ha parecido que la portavoz de Convergència i Unió también señalaba un poco la posibilidad de que su propio título tenga una especie de lectura pintoresca o indigenista; lo de la comisión de las culturas no sé si sería el mejor nombre para un órgano de este tipo, pero incluso la primera formulación, la de fomentar la pluralidad, tampoco sabemos si quiere decir garantizarla o fomentarla, porque fomentar la pluralidad no estoy seguro de que, llevado a sus extremos, sea una tarea positiva. De lo que se trata es de garantizar la pluralidad que existe más que de fomentar. Quizá esto son imprecisiones terminológicas, pero lo que sí nos parece grave es la ambigüedad.
En la proposición no se dice ni cómo se elige ni cuáles son en realidad las funciones más concretas, no se acaba de entender cómo se integra en los órganos que hoy existen. Además, señor presidente, hay una especie de naturaleza que no acabamos de entender entre lo que podría ser un consejo de las culturas y un foro de discusión, de contacto y de conversación, que nos parecen cosas realmente distintas y que la proposición no aclara.
Como he dicho anteriormente, creemos que poner en marcha una iniciativa de este tipo no sería una muestra de un órgano de eficacia, sino más bien, como también he dicho al principio pero quiero repetirlo, una caja de resonancia que el actual Gobierno sabría utilizar en provecho propio, pero con escaso provecho para la vida cultural y para los distintos agentes que la integran.
Por tanto, creemos que estas iniciativas tan voluntaristas carecen de capacidad operativa y, aunque apreciamos la buena intención, ya que efectivamente algún día quizá tendremos que plantearnos algo respecto a la cultura, cuya situación no nos satisface desde la supresión del Ministerio de Cultura por parte del Gobierno Popular porque ha quedado con muchos interrogantes, nos parece que la iniciativa debería ser más sólida y por eso el Grupo Socialista se va a abstener.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Fernando Coquillat Durán tiene la palabra, al que le damos la bienvenida y celebramos su restablecimiento total y absoluto, además invitarle a que no vuelva a darnos otro susto porque no estaría nada bien.
Cuando quiera, señor Coquillat.


El señor COQUILLAT DURÁN: Muchas gracias.
Con respecto a esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida debo hacer una pequeña introducción, no sé si adjetivarla quizá de anecdótica, y hago lectura del artículo 44.1 de la Constitución.
Los poderes públicos promoverán

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y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho.
Nada más, son dos líneas muy escuetas, muy concretas y lo suficientemente claras como para que cualquier interpretación pueda, a partir de este punto, ser a lo mejor digna de una discusión.
El Grupo de Izquierda Unida hace una lectura muy peculiar del artículo 44 en su introducción al tema. Dice que la Constitución reconoce como una obligación inherente a los poderes públicos la promoción y difusión de la cultura, así como la creación de las condiciones adecuadas que facultan el acceso a su producción y disfrute a todos los ciudadanos, promoviendo además las condiciones que aseguren la participación libre y eficaz de éstos en su desarrollo. Evidentemente, entre el texto constitucional y el texto constitucional nuevamente redactado por el Grupo de Izquierda Unida hay una diferencia sustancial que ya queda dentro de una libre interpretación y, repito, con una adjetivación exclusivamente anecdótica; no se me ocurre en este momento otra calificación.
Lo que llama la atención de la iniciativa formulada por los proponentes es que en ella no se hace ni la más mínima referencia a las comunidades autónomas, sino únicamente al Gobierno. Es evidente que está respondiendo en buena medida a una propuesta programática del Grupo de Izquierda Unida, donde habla de la interrelación enriquecedora entre nuestras culturas y entre éstas y las foráneas, así como la proyección de las nuestras en el extranjero, lo cual en sí ya entraña un reconocimiento de la realidad de las comunidades autónomas, y, sin embargo, en la proposición no hace prácticamente referencia a esta situación e insiste en su propia declaración programática en la promoción del conocimiento de las diversas culturas de los pueblos de España entre los españoles. Por tanto, se está planteando una contradicción entre su propuesta y su propia propuesta programática.


Nuestra Constitución -volvemos nuevamente a ella- proclama en los artículos 148 y 149 muy claramente la dualidad competencial en materia de cultura. Esta fórmula fue expresamente buscada por la Constitución. Aeste respecto, uno de los senadores intervinientes en el debate del apartado 2 del artículo 149 manifestó: La cultura es una realidad profunda y trascendente, cuyo fomento no puede atribuirse en exclusividad al Estado ni a las comunidades autónomas.
Debo hacer referencia a cuestiones puramente legislativas y legales.
El Tribunal Constitucional ha expuesto la concurrencia competencial en materia de cultura y ha anunciado, en su sentencia 491/1984, un regla general para la ordenación territorial del complejo mundo cultural, y dice así -estoy transcribiendo literalmente-: Una reflexión sobre la vida cultural lleva a la conclusión de que la cultura es algo de la competencia propia e institucional, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y aún podríamos añadir de otras comunidades, pues allí donde vive una comunidad, existe, hay una manifestación cultural respecto de la que las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias dentro de lo que, entendido en un sentido no necesariamente técnico- administrativo, puede comprenderse dentro del fomento de la cultura.
Esta es la razón a la que obedece el artículo 149.2, en el que, después de reconocer la competencia autonómica, afirma una competencia estatal, poniendo el acento en el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Hay, en fin, una competencia estatal y una competencia autonómica, en el sentido de que más que un reparto competencial vertical lo que se produce es una concurrencia de competencia ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social desde la instancia pública correspondiente. Hasta aquí la lectura del texto constitucional.
El sistema dual de competencias en materia de cultura tiene en la Constitución excepciones -no voy a leer ahora la Constitución, hago referencia a ella-, concretamente en materia de educación, en el artículo 149.1.3.a; en materia de investigación, en el 149.1.15.; en materia de patrimonio cultural, en el 149.1.28.a; en medios de comunicación social y propiedad intelectual, en el 149.1.27.a, las cuales se encuentran sujetas a un sistema ordinario de reparto de competencias. Esta doble vertiente favorece, insisto en esto, que surjan problemas competenciales en materia de cultura, y por ello se plantean serios conflictos entre el Estado y los gobiernos autonómicos. Estos conflictos son generalmente resueltos por el Tribunal Constitucional acudiendo a títulos singulares, como ocio, espectáculos, etcétera, frente al general de cultura, y reclamando al mismo tiempo la necesidad de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.
En un conflicto en materia de cinematografía, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 106/1987, expuso: La existencia de competencias de ejecución autonómica supone la necesidad de establecer instrumentos de coordinación y de colaboración entre las administraciones públicas implicadas, en este caso el Ministerio de Cultura y el órgano correspondiente en la Generalidad de Cataluña. La cultura no es una realidad uniforme, sino que adquiere múltiples variedades que la hacen diferente en cada territorio y con características propias de cada comunidad. Concretamente en mi comunidad existe el Consejo Valenciano de Cultura, que ejerce sus competencias y desarrolla una actividad positiva e interesante, reguladora en muchas ocasiones de estas actuaciones, sin que en sus competencias interfiera con la actividad central del Estado, que para eso tiene sus propios órganos, como el Grupo de Convergència i Unió ha mencionado; por ejemplo, la conferencia de consejeros de cultura.
Debo plantear, por tanto, nuestra negativa a la creación de este órgano, y rechazar de una forma rotunda y total esta expresión del Grupo Socialista de que la creación de este órgano a la que nos oponemos, pudiera constituir en algún momento una caja de resonancia en provecho propio. Nada más lejos de la realidad del Gobierno en estos momentos y de la realidad cultural de España, porque esa caja de resonancia solamente está en la idea de un partido, como el Grupo Socialista, que se negaría a la existencia de ella precisamente por creer que esa caja de resonancia no fuera plural en su constitución, y no estamos hablando de ese planteamiento.
Por consiguiente, insistiendo en todo lo indicado y, por supuesto, en esa argumentación, tanto constitucional como de principio y de comprensión de la realidad de las comunidades autónomas, este grupo se va a oponer a esta creación del consejo de las culturas.


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- RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES POR EL GOBIERNO PARA DECLARAR LA MURALLA DE LUGO MONUMENTO PERTENECIENTE AL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de expediente 161/000834).


- RELATIVA A LA DOTACIÓN DE RECURSOS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MURALLA DE LUGO, Y SOLICITUD DE QUE LA MISMA SEA DECLARADA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR PARTE DE LA UNESCO.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 161/001295).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al siguiente punto del orden del día, recordando que vamos a concentrar todas las votaciones a la una, pues creo que para entonces habremos despachado el orden del día.
Los puntos dos y tres se refieren a la declaración de la muralla de Lugo como monumento perteneciente al patrimonio de la humanidad y lo vamos a debatir conjuntamente: en primer lugar, la primera propuesta del Grupo Parlamentario Mixto; en segundo lugar, la propuesta del Grupo Socialista, luego una enmienda del Grupo Popular, y a continuación manifestarán su opinión los restantes grupos presentes en la sala.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Francisco Rodríguez tiene la palabra.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En nombre del Bloque Nacionalista Galego me gustaría llevar al ánimo de la Comisión que hoy estamos celebrando que nuestra propuesta no trata de banalizar o trivializar las declaraciones de patrimonio de la humanidad o de buscar caprichos de marketing para que el territorio o la nación a la que uno pertenece cuente con monumentos patrimonio de la humanidad en una cantidad considerable que le diese un cierto pedigrí. Es más bien la defensa de un legado histórico que nos está contextualizando nada menos que en el ámbito de la civilización romana, que se dice que es uno de los sustratos de la actual Europa, y que además nos autodescubre a los gallegos, respecto de nosotros mismos y en relación con el resto de los pueblos del Estado español, con gran singularidad, con gran especificidad y desde luego en una exclusividad arqueológica- monumental que es digna de señalar.
La UNESCO tiene una tendencia, yo creo que acertada, a considerar para la declaración de patrimonios de la humanidad los monumentos, no solamente artísticos o arqueológicos sino también de la naturaleza, de los países del Tercer Mundo. Sin duda esta idea, que es muy acertada, hay que completarla también con que se realice una idea más equilibrada en el ámbito de lo que se consideran hoy Estados desarrollados, en concreto de la Unión Europea, y no cabe duda que la visión que hay de la romanización, dentro de la actual Unión Europea o de la Europa Geográfica y cultural en total su amplitud, no es una idea equilibrada. Por eso, me gustaría dar unos cuantos datos, una pequeña documentación, siguiendo a los investigadores más recientes, en concreto los señores Abel Vilela, Felipe Arias y Vázques Seixas, que, sin duda, debieron también en las investigaciones anteriores sobre las características del monumento que proponemos para su declaración como patrimonio de la humanidad.
Se trata de un monumento, de una presencia monumental. Es un recinto amurallado de una grandiosidad prácticamente sin parangón en Europa y que además tiene su perímetro íntegro, es decir, que todo el trazado original se mantiene vigente y actualmente. Fue construido de forma continua, por supuesto a lo largo de varios años como una obra monumental que es, pero no pertenece a diversos períodos históricos diferenciados. Para darse una idea mantiene en su interior o rodea nada menos que 34 hectáreas y tiene un perímetro con una longitud de 2.120 metros, es decir, más de dos kilómetros, con una altura media de 10 metros y un ancho de cinco metros, siempre como media. Los materiales utilizados son las pizarras características de la comarca y también la cantera de granito que es característica del país. En origen tenía 85 torres, todas ellas de planta semicircular y relativamente próximas unas de otras. La muralla en la época medieval no tuvo transformaciones importantes, pero sí las hubo en el siglo XIX para eliminar precisamente los pisos altos con que contaban las torres a las que aludí anteriormente y también con la apertura de puertas, sobre todo entre 1853 y 1921, años que coinciden, como ustedes pueden comprobar, con un desarrollo urbano o paraburgués o preburgués de la ciudad. En todo caso, aún se sigue manteniendo las primitivas puertas romanas, que fueron seis, en concreto, la más prototípica es la llamada Porta Miña, que conducía por camino apropiado al Miño y a toda la parte sur, en concreto, a Braga, que era otro de los conventos importantes de las circunscripciones administrativas del Imperio Romano; se conserva la Puerta Toledana, que no es de Toledo, por supuesto, sino de Tolda, que es una pequeña parroquia próxima a la ciudad, que comunicaba con Austúrica Augusta; la Porta Nova, que posiblemente se llamase así porque venía a reestructurar la muralla con algunas otras que existían en el alto imperio; la Porta do Postigo y la Porta Falsa. todas ellas naturalmente conducían a un lugar importante, desde el punto de vista de la civilización romana, por ejemplo, a necrópolis. Es, sin duda, en la última década cuando mejor se conoce otra serie de vericuetos o vestigios que estaban prácticamente ocultos. Así, en los últimos diez años hemos podido comprobar que existían caminos de acceso por detrás de las torres, e incluso había un gran foso en la parte noroeste del recinto, de 15 ó 20 metros de anchura y cuatro o cinco metros de profundidad.


Cabe preguntarse ¿por qué razón una ciudad como Lugo mantiene hoy actuante y vigente una muralla de tal importancia y por qué fue construida? Todos los historiadores vinculan la construcción de esta muralla romana en un momento crítico, desde el punto de vista político, militar, social y económico del Imperio Romano, es decir, en el siglo III, un momento en el que empezaba a haber la amenaza externa de civilizaciones germánicas y más concretamente en el interior, convulsiones derivadas incluso del proceso de cristianización de la península ibérica y particularmentede la Galaecia romana.


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En todo caso hay más murallas, si bien hoy solamente quedan restos de este estilo que fueron catalogados en 1931 por arqueólogos importantes como Legionario Hispano, en concreto en León, en Astorga, en Gijón, en Zaragoza. De todas maneras solamente queda en pie la muralla romana de Lugo, aunque existía algo parecido pero de forma residual, en la Galia, en Germania o en Britania. Para darnos una idea de la importancia de la muralla de Lugo, por ejemplo en Roma, que también tiene una muralla erigida por Aureliano, no se puede completar en su trazado, tal como se puede contemplar la de Lugo, y eso que las dos son coetáneas. Por tanto, podríamos situar la construcción de esta muralla entre mediados del siglo III d.J.C. y principios del siglo IV, entre la época del emperador Galieno (253) y la de Constantino I, en el 337. Siguiendo las técnicas de Vitruvio, a partir de aquí tenemos una larga historia que hoy está ya mejor documentada, no exenta de agresiones desde dentro y desde fuera de la propia ciudad, pero que no impidieron que el valor derivado de la edad de la muralla, de su monumentalidad y de su significación la conviertan en un ejemplo único en todo el vasto Imperio Romano. Y así se refería Otero Pedraio en su Guía de Galicia en la década de los veinte a este monumento: Monumento en su magnitud y simplicidad único como conjunto en la arquitectura militar de los países sometidos al Imperio Romano, en una ciudad que, desde Augusto, fue capital del convento jurídico de la Galaecia norte y que prácticamente apareció como ciudad fundada nuevamente a partir de restos o huellas importantes de civilización castreña en el año 25 a.J.C.
En el año 1972, después de haber aparecido, por supuesto, desde mediados del siglo XIX, período de desenvolvimiento de la ciudad, importantes mosaicos, alguno conservado en Lugo y otros en el Museo Arqueológico Nacional, índices de cloacas, de termas, de foros, de necrópolis; en el año 1972, repito, se fueron derribando todos los edificios anejos que impedían ver la impronta romana de la ciudad y la gran muralla. Catorce años más tarde, en 1986, con las excavaciones para realizar o construir plazas para unos polémicos aparcamientos, apareció una ciudad con un sustrato arqueológico impresionante; aún en estos días hay una información en la prensa donde se dan todos los indicios de la existencia de un foro de dimensiones considerables, prácticamente comparables a los más importantes de todo el Imperio Romano en el sustrato de la ciudad.
Pero si uno visita, por ejemplo, el museo de Lugo encontrará mosaicos, lápidas, indicación de templos de termas, columnas, piscinas, cerámicas, monedas, relieves e incluso, muy próximo a Lugo, una villa romana, es decir, una explotación agraria con el nombre de Santa Eulalia de Bóveda, donde, sin duda, empezaron a germinar los primeros síntomas de un cristianismo contestatario que fue el priscilianismo. Ytodo esto indica por qué razón Lugo llegó a ser en la alta Edad Media la gran capital de la Galicia norte, de la Galicia que aún hoy existe integrada en el Estado español, porque la Galicia bracarense, como saben ustedes, fue la que dio origen al actual Portugal.
Voy acabando, señor presidente. Convendría decir tres cosas sobre la política administrativa o la política en relación con los monumentos.
Hoy la muralla de Lugo tiene como titular a la Xunta de Galicia, después del Real Decreto 2167/1994, y goza de la protección jurídica que pertenece a los bienes de interés cultural, tal como fueron establecidas estas protecciones en la Ley 16/1985. Lógicamente el monumento contaba ya con una protección como formante del patrimonio histórico español, con la catalogación de monumento del patrimonio histórico a partir de la Real Orden de 16 de abril de 1921. Incluso la propia ciudad en el año 1973, coincidiendo con la eliminación de los edificios que estaban adosados a la muralla prácticamente desde el siglo XVIII, recibió la catalogación de conjunto histórico por Decreto del año 1973, ya que la muralla está cercando con todo su perímetro un casco antiguo que, les vuelvo a repetir, contiene no solamente edificios muy notables, valiosísimos, desde el punto de vista de la Edad Media, incluso hasta el siglo XVIII, sino también todo el sustrato de la civilización romana. Saben que la legislación vigente obliga a proteger, a conservar y también a difundir y así, siguiendo el espíritu de la Ley de 1985, es reconocido por la ley autonómica respectiva del Parlamento de Galicia.
El municipio en el año 1997, a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, por unanimidad instó a la Xunta a que solicitase a la UNESCO la declaración de patrimonio de la humanidad. En este momento se cuenta con un convenio efectivo que existe con el Ministerio de Educación y Cultura para invertir 200 millones de pesetas (fifty- fifty), es decir, 100 millones por parte de la Administración central y 100 millones por parte de la Xunta. Las ciudades del Eixo atlántico, además del concello de Lugo, pidieron al Gobierno esta declaración de patrimonio de la humanidad. Las ciudades del Eixo atlántico son no solamente las gallegas, sino las del norte de Portugal, de la Galicia bracarense. La posición del Gobierno en respuesta a este duplicado fue la siguiente: Probablemente sería un estímulo, tanto la petición como la propia declaración, para actuaciones y divulgación de su conocimiento internacional.
Créanme, señorías, que les tengo que decir, sin ningún tipo de chovinismo, que posiblemente la visión artística del Estado español, por motivos lógicos de cómo se fue conformando nuestra historia, está ampliamente sesgada. Yo aún recuerdo como estudiante de filosofía y letras que en la historia del arte del profesor Angulo no había ninguna sola alusión nada menos que a la única muralla de toda la civilización romana que permanece intacta, única y original. Por eso les vuelvo a repetir que no se trata de un capricho sino de un monumento vivo, actuante, presente, que además encierra grandes vestigios de nuestro pasado que se irán descubriendo progresivamente, e incluso las huellas de lo que fue una civilización prerromana importantísima. Por eso a nosotros nos gustaría que esta Comisión avalase consecuentemente esta petición de la declaración de la muralla romana de Lugo como patrimonio de la humanidad, muralla romana que desgraciadamente no solamente desconocen muchos de fuera del Estado español, sin también muchos de nuestros conciudadanos, algunos viviendo pegados a ella sin darle mayor importancia pero sí conscientes de cómo forma parte del paisaje urbano hasta el extremo de que no se derribó nunca a lo largo de toda la historia, aparte de que sería un derribo costoso porque tiene una gran solidez, admirable desde el punto de vista técnico, sino también porque consideraron que Lugo era inseparablecomo ciudad milenaria de esta obra importantísima,

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cuya propuesta de declaración como patrimonio de la humanidad hacemos hoy.


El señor PRESIDENTE: Como proponente también de la proposición no de ley de idéntico contenido, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Blanco.


El señor BLANCO LÓPEZ: Hoy, sin lugar a dudas, señor presidente, es uno de esos días en el que un parlamentario se siente satisfecho de poder representar a su circunscripción para contribuir, para alzar su voz, para impulsar el reconocimiento por parte de la UNESCO de un importante monumento como patrimonio de la humanidad. Hoy damos un paso más en el camino ya emprendido en su día por la corporación municipal de Lugo que unánimemente acordó solicitar de la UNESCO este reconocimiento, el camino también emprendido por la Administración autonómica, el camino emprendido, en definitiva, por todos los que siente y ven en la muralla de Lugo un monumento que, como dice el polígrafo lucense Narciso Peinado, es un monumento único en el mundo por conservarse en toda su integridad el recinto.
Seguramente si las nuevas tecnologías nos hubiesen posibilitado hoy ilustrar con imágenes nuestra intervención hubieran sobrado las palabras al ver las imágenes para conseguir el consenso de la Comisión de Educación y Cultura para impulsar este reconocimiento, un reconocimiento que, a nuestro juicio, es justo y es necesario. Es justo porque, como dice el historiador lucense Adolfo de Abel Vilela, es sin duda el edificio más característico de Lugo, es un monumento apreciado y respetado por los lucenses a lo largo de la historia, no sólo como elemento defensivo, sino también como timbre de la antigüedad, eficaz cortavientos y extraordinario paso público. Es, pues, la muralla de Lugo un monumento único al ser conservado de la forma en que lo está, en toda su integridad, en el conjunto de un recinto. Por tanto, es justo, insisto, el reconocimiento como patrimonio de la humanidad, pero también es necesario.
Como ya se dijo por parte del anterior proponente, la muralla de Lugo fue declarada monumento nacional por Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes el 16 de abril de 1901, denominándose hoy, a tenor de la Ley de patrimonio histórico artístico español de 1985, bien de interés cultura. Fueron muchas las vicisitudes históricas y de todo tipo por las que pasó la muralla después de dos mil años de existencia: A mediados del siglo XVII pasó a depender del obispo por encargo del Rey y pasó luego al Ayuntamiento, que se hizo cargo de su mantenimiento y reparaciones; en 1972 se eliminaron 81 edificios que había adosados por el exterior, que impedían observarla, procediéndose a su restauración general, eliminándose los tendidos eléctricos que soportaba en las zonas ocupadas por la construcción; en 1973, al tratarse de un bien vacante sin dueño conocido, el Estado se posesionó de ella por vía administrativa mediante acta de incautación, y en 1994, respondiendo a un requerimiento de la Xunta de Galicia, fue transferida por parte del Ministerio de Cultura a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Señorías, decía que era justo su reconocimiento, pero también es necesario. Estoy convencido de que el impulso de un reconocimiento de estas características va a ser, sin lugar a dudas, un acicate también para el impulso y para el desarrollo de la ciudad de Lugo, para el impulso desde el punto de vista turístico pero también económico.
Por tanto, señorías, espero que hoy seamos capaces de lograr el consenso en torno a esta propuesta, consenso que en su día fuimos capaces de alcanzar cuando otras instituciones plantearon esta iniciativa.
Además, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista pide que se establezca un nuevo convenio para garantizar su restauración y su conservación, para dar respuesta a lo que en su día fue un diseño de actuaciones en la muralla de Lugo que propició la elaboración de un conocido plan director en el año 1989. Bien es verdad que a partir de ese momento se vinieron haciendo numerosas actuaciones para su conservación y restauración; bien es cierto que hace tan sólo un año se estableció un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Xunta de Galicia, pero a juicio del grupo proponente es insuficiente porque no se contemplan todas las actuaciones que en ese plan director se tenían previstas. Por eso también plantamos que se pueda establecer un nuevo convenio a partir de la finalización del ya vigente que garantice todas las obras previstas en ese plan director elaborado por un equipo multidisciplinar.


Señorías, estamos convencidos además de que las raíces gallegas y también, sin lugar a dudas, la sensibilidad cultural del actual ministro de Educación y Cultura va a ser positivo a la hora de relanzar esta petición que hoy formulamos. No nos caben dudas al respecto, y a ello también apelamos para que, con el concurso de todos, lo que hoy nos proponemos se lleve a buen término.
Aprovecho señorías -permítanme la osadía-, para invitar a todos aquellos que no conozcan la muralla de Lugo a visitarla -nos ofrecemos los parlamentarios lucenses de guía-, y estoy seguro de que se darán cuenta de que nuestras palabras fueron parcas cuando ustedes visualicen tan importante monumento.


El señor PRESIDENTE: Por parte de la Mesa ya se acepta la invitación, pero lógicamente en toda su extensión, no solamente en la oportunidad que ofrece la visualización, sino también en la exoneración de toda clase de costes. Que quede así en acta y procuraremos darle cumplimiento cuanto antes.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa, y dándole la bienvenida, damos la palabra a don Julio Padilla, presidente de la Comisión de Justicia, que además pone de manifiesto que no es incompatible la dedicación represora, en la que algunos pueden pensar, de los cometidos de la justicia con la preocupación cultural.
Señor Padilla, tiene usted la palabra por el Grupo Popular.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor presidente, por la bienvenida y por la justificación de mi presencia, que por supuesto S.S . pone de relieve en las muchas ocasiones en que, además de presidir tan brillantemente esta Comisión de Educación, participa como portavoz de su grupo en la Comisión de Justicia e Interior, mostrando

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esa capacidad abierta que tienen casi todos los diputados, algunos más que otros sin duda.
Como diputado también por la circunscripción de Lugo me siento especialmente complacido de intervenir en este debate y agradezco la proposición a los dos diputados que han intervenido previamente y a los dos grupos en cuyo nombre han hablado.
Después de escuchar sus intervenciones, he de decir que, naturalmente, para el grupo que apoya al Gobierno de la nación en la política cultural -por ser justamente la minoría mayoritaria de la Cámara, pero también el grupo que apoya al Gobierno de la Xunta de Galicia en esa comunidad y el que apoya al gobierno del Ayuntamiento de Lugo, por ser también el grupo mayoritario de esa corporación local- es muy grande nuestra responsabilidad y, naturalmente también debe ser muy clara nuestra posición, muy medido, muy justificado nuestro criterio y ha de responder a todas esas responsabilidades que el pueblo gallego puso en nuestras manos para administrarlas. Por tanto, he de decir, desde luego no con mala intención, por lo menos sin mala intención, que nosotros celebramos siempre este tipo de iniciativas, en este caso en el ámbito de la política cultural, para un monumento que efectivamente es emblemático de nuestra cultura, de nuestro patrimonio monumental, en definitiva, del ser mismo de Galicia y en este caso del ser mismo de Lugo; y lo celebramos y lo celebraremos y lo agradecemos. Pero, repito, desde luego no con mala intención, y sin mala intención pedimos que nunca se utilicen estos elementos esenciales como instrumentos de la acción política que pudiera tener alguna connotación interesada.
Dicho eso, esta pretensión, concretada en lo fundamental de las dos proposiciones no de ley, tanto del Bloque Nacionalista Galego como del Grupo Socialista, hace referencia a iniciar los trámites oportunos para que la muralla de Lugo sea declarada monumento perteneciente al patrimonio de la humanidad en la UNESCO; no menciona los trámites populares, porque éstos están en el alma y en el ser mismo de la ciudad de Lugo y de toda la provincia. Es decir, para nosotros es un signo tan identificativo que, si alguna vez no somos suficientemente activos en todo lo que concierne a su beneficio y mejora, será por el ensimismamiento que nos produce la contemplación de un monumento, pero no por otra razón.
Por tanto, estas iniciativas han de tener en cuenta -la del Bloque Nacionalista Galego se produjo el 30 de enero de 1998, la del Grupo Socialista en el mes de noviembre de dicho año- que ya el 20 de febrero de 1998 -lo cual quiere decir que los trámites habían comenzando antes, incluso con fax y medios de comunicación activísimos-, y a iniciativa del Gobierno de la Xunta de Galicia, el consejo de Patrimonio incluyó en el índice, que es el primer trámite para el fin perseguido de impulsar por estas proposiciones no de ley, la muralla de Lugo entre aquellos monumentos que el Estado español pretende que sean objeto de esta declaración por parte de la UNESCO.
Están en trámite esas actuaciones, que necesitan la preparación de un detallado expediente que concierne al Gobierno de la Xunta, y en ello está. Precisamente en estas fechas tendrá que llevarlo para que definitivamente se presente, si se recoge, como esperamos, deseamos, como impulsaremos y como apoyamos, este monumento como una de las candidaturas de este período, porque en la armonización de estas iniciativas al Gobierno ha querido que se pusiera fin a cierto desorden que se había ido produciendo por la llegada anárquica de proposiciones, en unos casos de corporaciones locales, en otros de comunidades autónomas, en otros por la vía incluso del propio Ministerio; en definitiva, se ha entendido que esto debía someterse a una racionalización que, naturalmente, ha de impulsar la seguridad del buen fin de aquellos proyectos que sean apoyados por el Gobierno de la nación, como en este caso sin duda lo va a ser en el momento en que concluya esta tramitación. Fruto también de una preocupación activa por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia y receptiva por parte del Gobierno de la nación es la firma en 1997, bastante antes que estas iniciativas, de un convenio de cooperación, de colaboración entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de la nación para las actuaciones a realizar en este monumento. Ese convenio, como han recordado con anterioridad, supone la dotación para estas actuaciones de 200 millones de pesetas, que terminan en el año 2000. Pero sin duda el hecho de que nos encontremos en el Congreso de los Diputados, por tanto en la Cámara nacional, no implica que no pongamos las cosas en su sitio.
El Gobierno de la nación, repito, ha sido sensible. Es una excepción la dotación para un monumento transferido de las características del recogido en ese convenio de 1997, y eso es fruto, sin duda, de la sensibilidad, de la importancia que el Gobierno de la nación ha dado a ese monumento. Quizá, si me lo permiten, se debe a insistencia y al acierto por parte de quienes representamos a esa circunscripción en el ámbito de nuestro grupo parlamentario de presentarlo, de apoyarlo y de defenderlo. Pero, sin duda, un monumento transferido es competencia de la comunidad que lo es, de la administración que lo es. Un convenio de cooperación relativo a una actuación de una competencia, en este caso de Galicia, debe ser promovida siempre por Galicia. Debe ser propiciada, por tanto, en su foro, que no debe ser otro, si en este caso el Grupo Socialista lo considera así, que el Parlamento de Galicia. Por tanto, nosotros somos sensibles y estamos abiertos, por lo menos en la parte que a mí me concierne; somos entusiastas en acoger cualquier tipo de proposición que formulara hacia el futuro un nuevo convenio al fin de éste, como se ha referido, en forma muy ordenada, el señor Blanco, mi ilustre colega en la representación política por la circunscripción de Lugo. Sin embargo, entiendo que debe ser el Parlamento de Galicia en su caso el que planteara esos criterios iniciales, puesto que el monumento está atribuido como competencia de la Xunta de Galicia, y creo que no debemos nunca, ni siquiera por fruto de nuestra pasión, invadir las iniciativas que a otros corresponden, y que les corresponden por nuestra propia voluntad y porque entendemos que así debe ser. Por esa razón -porque, en primer lugar, el convenio está vigente, por las intervenciones previstas, por las intervenciones posibles en este momento, puesto que ese plan director todavía no ha terminado, ya que aún siguen produciéndose algunas intervenciones; por los informes técnicos de que disponemos, que nos aseguran que el monumento esencialmente, teniendo en cuenta sus características, no ofrece ninguna preocupación mayor, y sí hay la voluntad de irconsolidándolo, conservándolo y mejorándolo en todos los

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sentidos, que irían desde aquellas actuaciones materiales dentro de él en su conservación y consolidación, y aquellas externas -incluso de su ornato y mejora-, no existe ninguna situación preocupante.
Creemos que la intervención prevista está razonablemente dotada; si no, sin duda no hubiera sido la propuesta por el Gobierno de la Xunta de Galicia. Por tanto, consideramos que resulta extravagante a las competencias del Gobierno de la nación que le formuláramos desde el Congreso de los Diputados lo que constituye la segunda parte de la proposición no de ley del Grupo Socialista.
En cuanto a la primera parte de ambas, por lo dicho, creo que todos somos en este punto contestes. El Grupo Popular había hecho en principio una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista, que matizamos ahora, contando con la generosidad y con esa identificación que hemos mostrado respecto de los fines por todos perseguidos. La enmienda se dirigía tanto al primer punto del Grupo Socialista como al del Grupo del Bloque Nacionalista Galego, en definitiva, para el Grupo Mixto. Yo sugeriría -como resumen de estas intervenciones- un texto que finalmente, sobre el de nuestras enmiendas y naturalmente sobre el de las iniciativas de ambos grupos, dijera lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y apoyar los trámites en curso iniciados ya a instancias de la Xunta de Galicia en coordinación con dicho gobierno autónomo, en orden a que la muralla de Lugo sea declarada monumento perteneciente al patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Espero, señorías, que este texto merezca la aceptación por su parte.
Creo que es, en definitiva, el espíritu que recoge las intervenciones tanto de los grupos proponentes como del grupo enmendante en este punto, siempre con voluntad sólo de mejora, por las razones que creo que no necesitan más explicitación que la que he indicado. En definitiva, con esa disposición anunciamos nuestra voluntad de conseguir este texto común de apoyo a la muralla de Lugo en este trámite ya en curso desde hace más de un año para que, por fin, pueda ser declarado patrimonio de la humanidad en ese catálogo admirable de la UNESCO, y he de decir que por las razones, creemos que muy justificadas, que hemos dejado patentes no apoyaremos el punto de la proposición del Grupo Socialista en lo que se refiere a modificar o propiciar un nuevo convenio de cooperación y colaboración del Gobierno central con la Xunta, anunciándole al señor Blanco (porque ciertamente en este tipo de menesteres siempre nos encontramos; no en vano somos sólo dos grupos los que obtuvimos en la circunscripción de Lugo el apoyo de los electores para estar en esta Cámara, aunque los tres grupos que hemos intervenido hoy están en el Parlamento de Galicia) que creo que es el Parlamento de Galicia el lugar oportuno en su caso para una reflexión de este tipo, y le aseguro que cualquier planteamiento que allí se pudiera hacer para mejorar de manera razonable y en el momento oportuno para el futuro esta iniciativa de cooperación contará también con el apoyo del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) Señora Solsona, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene usted la palabra.


La señora SOLSONA I PIÑOL: Señor presidente, Lugo, la antigua Lucus Augusta, tan importante en época romana por ser la capital de la provincia Galaica, cuando ésta se constituyó separada de la Tarraconense en tiempos de Diocleciano, tiene la imponente muralla de más de 2.000 metros de circuito, cinco de espesor y entre 10 y 14 metros de altura, reforzada por cincuenta cubos y perforada por varias puertas ya citadas, las más importantes, por el representante del Bloque Nacionalista Galego. Ya empezó su destrucción en la antigüedad con las primas invasiones de suevos y normandos y en la actualidad, pese a que fue declarada monumento nacional en 1921 -y tengo que rectificar esta fecha al representante del Grupo Parlamentario Socialista- y declarada también bien de interés cultural en 1985, su estado de conservación no es el más adecuado, como se ha dicho, como tampoco su conocimiento y difusión, como corresponde a un monumento de tal importancia.
Por ello, consideramos oportunas las dos proposiciones no de ley presentadas y deseamos que el grupo enmendante y los grupos proponentes lleguen a una transacción para poder votar por unanimidad tan importante proposición de ley.


El señor PRESIDENTE: Es el momento de que manifiesten los grupos proponentes si aceptan la enmienda, la rechazan y qué texto mantienen para su votación.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez tiene la palabra para manifestarse sobre la enmienda.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego va a aceptar la enmienda transaccional precisamente porque es importante que haya unanimidad de criterios y porque sin duda alguna va en la línea que planteamos en nuestra proposición no de Ley.
Solamente deseamos advertir que esta proposición no de ley fue presentada, como ya se remarcó, hace un año cuando aún no se había iniciado ningún tipo de trámites administrativos.
Para acabar, voy a leerles en concreto lo que dice el Gobierno a este respecto a la altura del 1 de octubre de 1998: Como ya se ha señalado debe de ser la Junta de Galicia la que busque la oportunidad de presentar esta candidatura. Una vez presentada y elegida el Gobierno la defenderá ante las instancias que considere necesario para que sea declarada patrimonio de la humanidad, al igual que hará con el resto de las candidaturas españolas elegidas. Es decir, a la altura de octubre de 1998 aún no era un trámite formalizado. Iniciados los trámites, nosotros participamos de ese criterio, lo admitimos, pero que quede claro que es muy necesario este impulso para que se formalice en el seno del consejo del Patrimonio Histórico.


El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, tiene la palabra para pronunciarse con respecto a la enmienda lo más brevemente posible.


El señor BLANCO LÓPEZ: En un segundo.
Este grupo no va a cejar en su empeño de conseguir la financiación que posibilite en su momento que el plan

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director elaborado se pueda ejecutar en todos sus términos, pero, en cualquier caso, esa posición no debe empañar el consenso en un tema importante como es seguir impulsando la declaración de la muralla como patrimonio de la humanidad, y en ese sentido aceptamos la enmienda transaccional que se nos propone con el fin de que esta Cámara logre el consenso ya conseguido en sus días en otras instituciones como el Ayuntamiento de Lugo y el Parlamento autonómico.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, esa enmienda será objeto de votación en su momento oportuno, con retirada, evidentemente, de las dos proposiciones no de ley que han resultado enmendadas.


- SOBRE DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE MORELLA COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LAUNESCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 161/001054).


El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día, declaración de la ciudad de Morella como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
El Grupo Parlamentario Popular es el proponente de esta proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Ramón Calpe.


El señor CALPE SAERA: El Grupo Parlamentario Popular al presentar esta proposición no de ley pretende dar un paso más en la ya larga andadura que la ciudad de Morella lleva en su postulación como patrimonio de la humanidad.
Desde finales de los dos años ochenta Morella figuraba ya en una antigua lista indicativa, que ha sido reformada en la reunión del consejo del Patrimonio Histórico que se celebró el pasado año en Alcalá de Henares. Es una candidatura que lógicamente ha despertado grandes ilusiones entre los habitantes de esta pequeña ciudad de la comarca de Els Ports, al norte de la provincia de Castellón en la Comunidad Valenciana y que también ha despertado ilusión entre sus visitantes. De hecho es destacable que, pese a que es una ciudad de no fácil acceso, que no goza todavía de las mejores comunicaciones, una campaña de recogida de firmas organizada por su Ayuntamiento ha logrado reunir ya, creo, más de 27.000, lo que parece una suma destacada.
Nuestra proposición no de ley en su exposición de motivos decía que la ciudad de Morella es un conjunto monumental único por su estructura urbana y por su arquitectura civil, militar y eclesiástica y conserva un notable acervo de tradiciones, fiestas, formas de vida, manifestaciones folclóricas y usos artesanos que la hacen excepcional.
Como han hecho quienes me han antecedido al defender la proposición no de ley relativa a la muralla de Lugo, creo que es oportuno referirse un poco a todo este conjunto monumental, cultural, folclórico y artesanal que estamos postulando para que sea declarado patrimonio de la humanidad.
Cuando nos aproximamos a Morella su primera visión nos sorprende por la armónica imagen de sus murallas sobre las que aparecen torres de iglesias y conventos, casas nobles y coronado el conjunto un castillo. En el término municipal se hallan yacimientos arqueológicos antiguos, entre otros hallamos pinturas rupestres en Morella la Vella, que por cierto están encuadradas en un conjunto que recientemente también ha sido declarado patrimonio de la humanidad y sobre el que también presentó nuestro grupo ante esta misma Comisión una proposición no de ley. La fundación de la ciudad actual, en cualquier caso, se debe a los árabes y la perdieron definitivamente al ser conquistada por don Blasco de Alagón, uno de los caballeros del Rey Don Jaime I. Precisamente el volumen tercero de la crónica del Rey Conquistador, al referirse a la conquista de Morella por don Blasco de Alagón, ya nos la presenta como una importante ciudad y hay una disputa entre don Blasco y el Rey porque ambos querían el señorío de la ciudad y de hecho el Rey dice que éste es lugar tan fuerte y renombrado que por más que merezcáis todo el bien que pudiéseis tener no es adecuado para ningún hombre del mundo sino sólo para un rey. Al final parece que llegaron a una transacción y don Blasco pudo poseer la ciudad, aunque era de dominio real hasta su muerte.
Morella tiene 1.562 metros de murallas jalonadas por catorce torres de defensa y a las que se puede acceder por las puertas de San Mateo, de San Miguel, del Rey, de Ferrisa, de Forcall, de la Nevera y Dels Estudis. Se construyeron en los siglos XIV y XV y se reformaron en los siglos XVII y XVIII y en los últimos años han sido precisas diversas actuaciones en ellas, y están siendo necesarias también en este momento por lo que hay previsiones de inversiones futuras para su mantenimiento y restauración.
El interior de la ciudad ya fue declarado conjunto histórico artístico en 1965 por el entonces Ministerio de Educación. En él destacan el castillo, ya famoso desde la Reconquista y a propósito del cual hubo la disputa entre don Blasco y el Rey Don Jaime, que tuvo un gran protagonismo en las guerras carlistas y que desgraciadamente acabó con una parte importante destruida durante estas guerras.
Entre sus monumentos religiosos destacan especialmente la basílica de Santa María la Mayor, del siglo XIV, que es quizá el gótico más importante de la Comunidad Valenciana, y del esplendor posterior de la ciudad en los siglos siguientes da testimonio el órgano instalado en ella, del constructor Torull, uno de los más importantes constructores de órganos valencianos y de Europa en la primera mitad del siglo XVIII. También es destacable el Real Convento de San Francisco, con un claustro gótico del siglo XIII y el conjunto de edificios de la calle Blasco de Alagón, con sus bajos porticados por los palacios del Cardenal Ram, del siglo XVI, el Palacio de Ciurana, del siglo XIV, la Cofradía de Labradores, del siglo XVII o el Palacio de Piquer, del siglo XVI y el Ayuntamiento, de los siglos XIV y XV.
Morella tuvo una gran importancia en el comercio de la lana y en la industria textil, sus principales aportaciones económicas que le valieron para el desarrollo de la ciudad en la Edad Media y en los siglos posteriores. De ello queda una de sus manifestaciones más típicas y conocidas, como es la manta morellana, que ha alcanzado una justa fama y

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vestigios de todo ello constituyen hoy los telares que quedan y una importante artesanía de punto.
También destaca su gastronomía, que es celebrada por los gourmets, especialmente su trufa, la sopa morellana, el conejo con caracoles, las populares vaquetes, las croquetas morellanas, la carne de toro mechada, la tortilla en mullador, el ternasco o la gallina trufada y también postres como la cuajada o repostería, en la que destaca un pastel típico, els flaons, pasteles rellenos de requesón y almendra.
Sus fiestas también tienen un importantísimo valor antropológico, y destaca entre ellas el sexeni, que se celebra cada seis años y hay que asociar como tantas otras fiestas a la celebración de que en este caso la Virgen de Vallivana libró a la ciudad según la tradición popular de una peste en el siglo XVII. Estas fiestas dan lugar a que se bailen danzas típicas de los diversos gremios de la ciudad durante ellas y el año anterior al sexeni, precisamente en este año de 1999, se proclama la fiesta que se va a celebrar el año siguiente con el anuncio.
Hechas todas estas manifestaciones respecto a los valores de la ciudad y que justifican su candidatura para ser proclamada como patrimonio de la humanidad, he de insistir en que esta proposición supone un paso más. Morella, como he dicho ya, fue incluida en la lista indicativa de ciudades o lugares candidatos a ser declarados patrimonio de la humanidad en el consejo del Patrimonio Histórico, que se celebró en Alcalá de Henares el pasado año 1998. De todas maneras, ahora es necesario que la Comunidad Autónoma Valenciana presente expresamente esta candidatura, en cierto modo que la saque de la lista para que pase a ser candidatura, que el consejo pueda aceptarla y para que el Estado la presente ante la UNESCO para su proclamación.
Por tanto, la aprobación de esta proposición no de ley sería un importante refuerzo e impulso para que estos trámites se vayan cumpliendo y cada vez nos acerquemos más al objetivo final, que es como vengo diciendo la declaración como patrimonio de la humanidad.
Creo que no sólohay que tener en cuenta los valores que ya se han mencionado, sino muy especialmente tener en cuenta que estamos hablando, como ya he dicho, de una ciudad pequeña, situada en el interior de la provincia de Castellón, no excesivamente lejos de la costa pero sí a una altitud considerable, a 1.000 metros, a la que no es fácil acceder por las actuales vías, pese a que actualmente también se están mejorando las comunicaciones y las carreteras. Tiene un clima muy duro, sin ir más lejos, ayer o anteayer se alcanzaron temperaturas de 7 y 8 grados bajo cero, eso es frecuente en invierno, muchas veces incluso con riesgo de quedar incomunicada. Su declaración como patrimonio de la humanidad lógicamente reforzaría mucho la vitalidad de la ciudad, de toda su comarca y de sus riquezas, que hoy no son las que fueron antaño, porque la industria textil hoy camina por otros derroteros y su principal expectativa de desarrollo económico lo constituye actualmente, y lo ha de constituir mucho más, el desarrollo turístico, especialmente ese turismo cultural que cada vez tiene una mayor clientela y sería importante que esta declaración que estamos pidiendo lo aumentase.
Por todo ello, pediría el voto unánime de la Comisión, como se ha hecho en otras iniciativas de este tipo, como va a ocurrir al parecer con las relativas a la muralla de Lugo, que acabamos de debatir y no quisiera ser menos que el señor Blanco e invitar a todos los miembros de la Comisión a que conozcan la ciudad de Morella. Sé que los diputados castellonenses estamos dispuestos a colaborar en ello y a enseñarla y estoy seguro de que quienes la conozcan comprenderán lo justificado que está respaldar esta iniciativa y apoyar la candidatura de Morella para ser patrimonio de la humanidad.


El señor PRESIDENTE: Tras la exposición que ha hecho de los atractivos no sólo de la ciudad sino de su gastronomía, ya puedo adelantarle que la Mesa acepta la invitación, evidentemente con todo lo que comporta respecto a su patrimonio. ¿Hay algún grupo parlamentario que quiera manifestar su opinión al respecto, porque no hay presentada ninguna enmienda? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Solsona tiene la palabra.


La señora SOLSONA I PIÑOL: El núcleo urbano de Morella, rodeado de murallas y construido en el siglo XIV, por orden del Rey Pere III, con un perímetro de 2.500 metros, 14 torres, siendo las principales las de San Mateo y San Miquel y los portales del Estudis del Rey y el Forcadell; tenemos que destacar también, aunque sea insistir en ello, la plaza de San Francesc, con un convento gótico, sede hoy del Museo Etnológico, y la iglesia arciprestal de Santa María, de factura gótica como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Popular. La antigua calle del Almodí o del mercado, también porticada, muchos palacios y casas de los siglos XIV y XVIII, la Casa de la Vila, del siglo XIV al XVIII, y sobre todo su castillo de época islámica reforzada en el siglo XIX, y el trazado característico de la ciudad, formada por tres recintos concéntricos. Todo ello merece la consideración de ser declarado un conjunto de incalculable valor, y así fue que en 1963 fue declarado conjunto histórico- artístico.
Debemos constatar, como ya ha hecho mención el grupo proponente, que ya desde finales de los años ochenta Morella está incluida en las listas de selección de candidaturas a la declaración como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, si insistir en ello sirve para logar el objetivo, nuestro grupo avalará esta proposición no de ley, como no podría ser de otra manera.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Olga Mulet.


La señora MULET TORRES: Mi grupo parlamentario apoyará esta proposición no de ley, aunque el texto de la misma se insta al Gobierno a que se dirija a la Generalidad Valenciana para que presente al Consejo del Patrimonio Histórico el proyecto ciudad de Morella con la finalidad de ser aprobado y elevado a la UNESCO para su declaración como patrimonio de la humanidad. Posiblemente por la tardanza en su inclusión en el orden del día en esta Comisión, éste es un trámite ya superado por la aspirante ciudad de Morella y los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y comarca han sido en todo momento los promotores

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de esta iniciativa, convirtiéndose en una iniciativa popular apoyada e impulsada por el Ayuntamiento.
En documentación aportada por el propio Ayuntamiento, queda constancia de que la Consejería de Cultura de la Generalidad Valenciana ha vuelto a incluir la ciudad de Morella dentro de la lista indicativa previa para la elección y que ésta ha quedado ya cerrada por diez años. Representar en este momento a mi grupo parlamentario para votar y que quede constancia del trabajo realizado por las gentes de Morella y de la comarca de Els Ports para declarar la ciudad patrimonio de la humanidad es un honor para mí, y es al mismo tiempo un orgullo poder reiterar su carácter, ensalzar el atractivo de esta ciudad maravillosa en la que perviven y conviven su patrimonio artístico y cultural junto al buen hacer de sus gentes, sus tradiciones y costumbres.
Todo ello convive y perdura porque han apostado desde siempre por una activa y sensible defensa de su patrimonio. Poder resaltar el entusiasmo de sus ciudadanos por compartir, dejando atrás actitudes posesivas, para que este valor extraordinario pueda abrirse universalmente y la historia que en su ciudad se esconde sea patrimonio y bien no sólo de sus gentes, de los valencianos, de España, sino que forme parte también del resto de la humanidad.
Morella es un claro ejemplo de ciudad gótica, en la que se combinan la arquitectura militar, religiosa civil y tradicional. La iglesia arciprestal de Santa María la Mayor, su retablo del altar mayor configuran junto al Real Convento de San Francisco parte de su arquitectura religiosa. El acuerdo de 1276, la Casa del Común, Cort de Justicia i Presó, actual ayuntamiento, y el palacio del cardenal Ram o el barrio judío y el barrio de Soldevila representan un ejemplo de la arquitectura civil y tradicional.
Por Morella han pasado en el transcurso del tiempo diferentes culturas y civilizaciones. Alo largo de la historia ha sido un enclave idóneo para controlar el Mediterráneo. Su ubicación geológica y geográfica la sitúan como un lugar privilegiado. Desde íberos y romanos hasta carlistas y cristianos han sido los morellanos quienes casi siempre han ido reconstruyendo lo que la guerra destruía. El castillo, sus murallas y las torres han participado de las realidades, leyendas y fantasías de su historia, viendo pasar reyes y papas, caballeros, santos, poetas. El Cid, don Blasco de Alagón, el Rey Jaime I, el Papa Luna, San Vicente Ferrer son sólo algunos de sus protagonistas. Es obligado recordar que el mismo Rey Jaime I, en su libro Crónicas de Jaime I, la describió como lugar sólo digno de un rey y de ningún hombre del mundo.
Esta iniciativa que cuenta con el unánime entusiasmo de la ciudadanía de Morella, cuenta también con el máximo apoyo de gentes de distintos lugares y países del mundo como lo demuestra la recogida de firmas en apoyo del manifiesto de adhesión iniciada por el ayuntamiento en septiembre de 1997 que bajo el lema Tu firma hará historia ha recogido sus frutos. En estos momentos, hasta el 7 de enero de 1999, son 26.514 firmas de todas las instituciones más relevantes de nuestra comunidad autónoma, políticos, periodistas y medios de comunicación, personajes del mundo de la educación, investigación y ciencia, de economía, de artes, gastronomía, justicia y otras instituciones. Quiero reiterar aquí que es fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, que está aprobada por el Pleno de las Cortes Valencianas y presentada por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana en la lista indicativa, cerrada ya por diez años.
Señor presidente, me gustaría invitar a los miembros de la Mesa y de esta Comisión de Educación y Cultura a la que pertenecen a que firmaran el manifiesto en defensa de Morella patrimonio de la humanidad; se lo trasladaré al secretario de la Mesa para que pueda facilitarlo a los señores diputados. Por tanto, en nombre del Grupo Socialista nuestro más sincero apoyo a la ciudad de Morella y a sus ciudadanos y representantes municipales que con su tesón, deseamos logren por fin que Morella sea reconocida como patrimonio de la humanidad.
Al mismo tiempo y para finalizar, me gustaría invitar a todos los grupos parlamentarios a que siguiendo el consenso que desde el primer momento ha perseguido esta iniciativa, presenten una proposición no de ley en el sentido de dar un paso más importante: Que se inste al Gobierno a que ayude técnica y económicamente al Ayuntamiento de Morella y a la Generalitat Valenciana en el proyecto que en estos momentos se está ya redactando y preparando para su presentación a la UNESCO, y que por fin Morella sea declarada patrimonio de la humanidad.


- PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTADELCONGRESO (número de expediente 161/001169.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día: Proposición no de ley para garantizar la claridad de los centros de formación profesional específica, presentada por el Grupo Socialista del Congreso. Por tanto, para su defensa tiene la palabra doña Amparo Valcarce García.


La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista somete hoy a la consideración de esta Comisión de Educación una proposición no de ley que pretende llamar la atención sobre la calidad de los centros de formación profesional específica porque el Gobierno ha aprobado en el año 1998 el Real Decreto 777/1998, en cuyo capítulo IV y en sus artículos 18 a 21, modifica sustancialmente las previsiones de la LOGSE, en concreto del Real Decreto 1004, que regula los requisitos mínimos de los centros educativos. Este Real Decreto modifica el anterior en un sentido que supone retroceso, y desde luego una agresión a la calidad de la enseñanza. Eso es debido a que modifican los criterios de calidad de la formación profesional, reduciendo hasta el 30 por 100 las condiciones que deben reunir nada menos que los laboratorios, las aulas, las bibliotecas o las salas de informática de los centros de formación profesional. Además tiene previsto que un centro que tiene autorizado el grado medio de la formación profesional, sin modificar esos requisitos, pueda impartir también el grado superior. Hay más; también tiene previsto en el caso de los centros concertados y los centros privados que se pueda impartir la formación profesional en edificios que no sean de uso exclusivo escolar. Todo esto supone unretroceso en lo que está sucediendo hasta el año 1998. Además,

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las previsiones de este Real Decreto no constituyen materia básica, lo que supone por tanto que sólo afecta al territorio llamado territorio MEC que es de competencia directa del Ministerio de Educación y Cultura, y por tanto no afecta a las comunidades con competencias propias en materia de educación. Con ello lo que se hace es romper un principio para nosotros desde luego básico que es la garantía de que todos los españoles pueden tener la seguridad de que los centros educativos responden a unos requisitos mínimos de calidad. Por tanto, la ruptura de este principio básico puede conducir, y de hecho así sucederá, a diferencias de calidad; además, supone una discriminación entre territorios. No hay más explicación para esta reducción en los criterios de calidad de los centros de formación profesional que las condiciones de implantación de la formación profesional y también las condiciones de transferencia en materia de educación a las comunidades autónomas del artículo 143 que todavía no disponen de ella. Como seguramente SS.SS. saben, la implantación de la formación profesional ha sido retrasada en dos años, por tanto no será completada hasta el año 2002. En la actualidad, en el llamado territorio MEC algo menos del 50 por 100 de los ciclos formativos de grado medio y superior han sido implantados.
Por tanto, más de la mitad lo harán en diferentes condiciones de calidad; pero hay comunidades autónomas como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, donde sólo ha sido implantado un 35 por 100.
Por tanto, estas comunidades autónomas y también el territorio MEC implantarán la formación profesional con una notable diferencia de calidad.
Para nosotros es además muy importante señalar que las siete comunidades que todavía no tienen la transferencia en materia de educación recibirán la transferencia en materia de formación profesional con unos recursos muy inferiores a los que les habría permitido alcanzar el anterior Real Decreto 1004/1991, de requisitos mínimos.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacerse aquí eco de la preocupación que existe en toda la comunidad educativa y también de las reiteradas peticiones de los sindicatos de la enseñanza y de todos los grupos representativos de la formación profesional para solicitar el apoyo a esta proposición no de ley que tiene como objetivo garantizar en todo el territorio español, y por tanto para todos los ciudadanos españoles, que los centros educativos que impartan la formación profesional específica lo harán con unos requisitos mínimos de calidad y también que los objetivos y los indicadores de calidad de la formación profesional que se imparte en toda España serán homologables con el marco europeo.
Para nosotros no sería comprensible que mientras se hacen afirmaciones retóricas en apoyo a la formación profesional, que según ha manifestado el Gobierno se sitúa como estrategia básica a la hora del empleo y también a la hora de ofrecer oportunidades a los jóvenes españoles, el grupo mayoritario no apoyase esta proposición no de ley; no se entendería que manifestaciones retóricas en las cuales se defiende la formación profesional no fueran seguidas de unos hechos en pro de la formación profesional en vez de retroceder clara y flagrantemente como suponen las medidas adoptadas por el Gobierno en este Real Decreto 777/1998.
Nada más. Esperando el apoyo de todos los grupos parlamentarios, agradezco la atención prestada.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Carme Laura Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Anuestro parecer, la proposición no de ley del Grupo Socialista es una muestra recidiva de identificación entre calidad y normativa de espacios e instalaciones. El desacuerdo de nuestro Gobierno y de nuestro grupo con carácter detallista e hiperregulador del Real Decreto 1004 era ya anterior a su promulgación en el año 1991, y proviene de la experiencia secular de que el concepto de calidad no es inmutable, sino que por su naturaleza es variable y con frecuencia coyuntural. Cuando el Gobierno socialista utilizó la fórmula del real decreto sabía también que esta fórmula permite una ágil modificación de la norma, lo que no sucede si se establece por ley formal. No se puede considerar los parámetros administrativoburocráticos y el cálculo en centímetros cuadrados o metros cuadrados como criterios básicos de la calidad; a nuestro entender, no son ningún criterio cierto de calidad. El real decreto fue ya cuestionado desde su gestación, hasta el punto que una modificación con perceptible aire de familia a la formulada por el Gobierno popular se encontraba ya antes del mes de marzo de 1996 en puertas de su publicación, consensuado con las asociaciones y federaciones de titulares de la enseñanza privada, como usted señora proponente quizá sabe.
Un apunte más, que en realidad es una pregunta a mí misma: Me gustaría saber si los espacios e instalaciones de los centros de educación primaria de ayer son los requeridos normativamente para los centros de enseñanza secundaria obligatoria de hoy; si los espacios e instalaciones de los institutos de enseñanza secundaria de hoy, que eran los de bachillerato de ayer, son los requeridos para los centros de formación profesional. ¿Minoraría la respuesta la calidad de los centros públicos? De ninguna manera; no lo creemos en absoluto porque la calidad no se puede medir en centímetros cuadrados.
También querría recordar a la proponente que en la actualidad existen movimientos revolucionarios sobre la concepción arquitectónica pedagógica escolar. Las ideas sobresalientes del mañana, que hoy se gestan especialmente en Estados Unidos lideradas por el prestigioso arquitecto de escuelas Paul Hansen y un equipo de educadores, rompen con el pasado y extienden la escuela más allá de la escuela a espacios que no son de uso escolar hoy. Éste es el movimiento que propugna que los centros escolares deben ser como la vida: Espacios cambiantes, abiertos, flexibles, adaptables y pluridisciplinarios.
Con ello sólo quiero indicar que todo criterio pasado fue mejor y que la garantía de la calidad no viene dada por un real decreto, sino por una evaluación de la consecución formativa de alumnas y alumnos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña María Jesús Aramburu, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


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La señora ARAMBURU DEL RÍO: Quiero mostrar una vez más nuestra preocupación respecto a la proposición planteada; nuestra preocupación por el hecho de que haya de recurrir permanentemente a la reiniciativa de cumplimientos, en este caso de reales decretos o legislación en general, lo que demuestra que los poderes correspondientes no acaban de cumplir con sus responsabilidades.
Entiendo que es absolutamente inaceptable comprobar la inutilidad o la incapacidad de un gabinete que ni siquiera presta la debida consideración a los temas estrella, como éste. Y con mucha brevedad, quiero decir lo siguiente: Estamos hablando de conseguir hacer de la educación un instrumento para la igualdad y para ello no basta con proporcionar oportunidades formales, sino que es preciso aplicar políticas más correctoras y expansivas en el seguimiento de la educación en aquellos sectores en que suelen acceder prioritariamente los más desfavorecidos socialmente, como es el caso de la formación profesional. En ese sentido entiendo que lo prioritario debe ser facilitarles, dotarles de lo indispensable y en este caso estamos hablando, entre otras cosas, de recibir una enseñanza de calidad.
Por tanto, se trata de completar la implantación de la LOGSE, de que las transferencias se hagan con recursos; en definitiva, estamos hablando de financiación para conseguir no sólo un sistema educativo, sino un mejor sistema educativo. Por supuesto, en esta sintonía siempre encontrarán a Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Adolfo Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Adelanto el voto negativo del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista. En primer lugar quiero manifestar que el Partido Popular y el Gobierno que sustenta siempre han hecho una defensa viva de la formación profesional, apostando por ella como auténtico motor de creación de empleo, mejora de la cualificación profesional de los trabajadores, y buena muestra de ello son el nuevo plan de formación profesional 1998-2001, que cuenta con una Memoria económica de 2,5 billones de pesetas; la potenciación del Consejo General de la Formación Profesional; la finalización del Real Decreto que diseña los currículos de los nada menos que 135 títulos que componen el repertorio de la nueva formación profesional, y en los que por cierto participó de forma importante el ex Gobierno socialista; la aceleración del ritmo de implantación de los ciclos formativos de grado medio y grado superior con criterios de calidad, es decir, realizándose las construcciones nuevas o adaptaciones, así como las dotaciones de equipamiento necesario, y por último la elaboración del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, que regula aspectos pendientes y reclamados desde distintos sectores de la sociedad sobre formación profesional en el ámbito del sistema educativo, real decreto que nos ocupa y que al parecer preocupa al Grupo Socialista. La aprobación y publicación del Real Decreto 777/1998, que fue objeto de informe o dictamen por la Conferencia de Educación, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional y finalmente por el Consejo de Estado, no supone merma alguna en las condiciones de calidad de impartición de la formación profesional; es más, ocurre todo lo contrario: Representa la posibilidad cierta de optimizar los recursos del centro, permitiendo la adaptación de los espacios formativos definidos al número real de estudiantes que los ocupa. Restringir -como ha dicho la compañera que me ha antecedido en el uso de la palabra- el concepto de calidad de formación profesional a un mero ejercicio de medidas superficiales, es cuando menos empobrecer dicho concepto, a la vez que confundir calidad de enseñanza con calidad de las estructuras materiales y minusvalora todo un conjunto de elementos activos, receptivos e instrumentales que intervienen en el proceso, aprendizaje y calidad de estas enseñanzas. Se da la paradoja de que lo que hoy preocupa al Grupo Socialista son varios de los reales decretos de títulos que ustedes mismos legislaron cuando gobernaban. Como conoce la portavoz del Grupo Socialista, en los años 1994 y 1995 los reales decretos de títulos no se ajustaban a los mínimos de los centros que imparten FP y que venían en el Real Decreto 1004.
Vamos a hacer un pequeño análisis según los artículos que hoy se cuestionan. Los artículos 32 y 39 regulan los requisitos mínimos de los centros de FP, diciendo que se necesita un espacio de cinco metros cuadrados por puesto escolar, que en ningún caso sea inferior a 180 metros cuadrados si se trata de ciclos formativos del grupo A, o un espacio de ocho metros cuadrados por puesto escolar, que en ningún caso será inferior a 280 metros cuadrados si se trata de ciclos formativos del grupo B. Posteriormente, el Gobierno socialista no entendió al legislar, ni tampoco lo ha hecho el Gobierno popular, que los 135 ciclos formativos que componen todo el repertorio tuvieran que estar encuadrados en sólo dos categorías, A y B; al contrario, entendieron que cada ciclo formativo debía tener unos espacios concretos según sus características. Así lo constatamos en algunos de los reales decretos diseñados por el ex Gobierno socialista, con espacios inferiores a los 180 metros cuadrados, espacio mínimo del artículo 32 del Real Decreto 1004, como, por ejemplo, en documentación sanitaria (150), higiene bucodental (150), desarrollo de aplicaciones informáticas (120), técnico superior en agencias de viaje (150), información y comercialización turística (150), y así un largo etcétera.
El Real Decreto 777 tiene la ventaja de recopilar en un solo documento los espacios mínimos necesarios para impartir todos los títulos de FP, partiendo de los 135 reales decretos que los desarrollan y que en algún caso incrementan los espacios. Podríamos poner como ejemplo la higiene bucodental y alojamiento. Hasta la llegada de este real decreto los espacios se diseñaban para un máximo de 30 alumnos, mientras que éste posibilita ciclos formativos para un máximo de 20 alumnos, con la lógica reducción proporcional al número de alumnos en sus espacios necesarios.


Por otra parte, hay que significar que se sigue aplicando el principio de autorización administrativa, tal como establece el artículo 19.5, que textualmente dice que la autorización concedida a un centro para impartir un determinado ciclo a solicitud del mismo podrá ser extensiva a otros ciclos formativos de la misma familia profesional y delmismo grado del que ya tenga autorizado, y aquí sí que se

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añade, previa comprobación por la Administración educativa competente de que los espacios formativos cumplen los requisitos para el nuevo ciclo, como no podía ser de otra manera ya que recoge lo establecido en la disposición adicional sexta de la LOGSE. Que preocupe el hecho de que la formación profesional específica pueda ser impartida en los centros que ya tienen autorizada la ESO o el bachillerato es negar una realidad que está sucediendo en los centros públicos, pues existen innumerables institutos de educación secundaria que imparten enseñanzas de ESO, bachillerato y FP específica de grado medio y superior que comparten estos estudios en instalaciones, recursos y profesorado. Dado que los requisitos mínimos para impartir los ciclos de grado medio son los mismos que para impartir los ciclos de grado superior era lógico que el nuevo articulado fundiera los dos artículos diciendo que la formación profesional de grado medio y grado superior podría impartirse en centros en los que se imparte actualmente la educación secundaria obligatoria o el bachillerato. En este supuesto, las enseñanzas de formación profesional se organizarán independientemente de las otras enseñanzas, si bien podrán disponer de recursos materiales y humanos comunes.
Resumiendo, la mayor parte de las innovaciones del Real Decreto 777 sobre el 1004 ya venían recogidas en los reales decretos que desarrollan los 135 títulos de formación profesional de la LOGSE; además, este Real Decreto salvaguarda los principios básicos en que se asienta la calidad formativa, permite optimizar los recursos de los centros y supone una adaptación en las expectativas reales que se dan en los centros de FP. Por todo ello, nuestro voto será negativo.
Agradezco al señor presidente que me haya permitido un poquito más de tiempo, pero creo que la ocasión lo merecía en pro de muchos jóvenes que en formación profesional realmente esperan de nosotros muchas cosas.


- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SECUNDARIA EN CABEZUELA DEL VALLE (CÁCERES). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 161/001171.)

El señor PRESIDENTE: Punto 6 del orden del día, sobre la construcción de un centro de secundaria en Cabezuela del Valle, presentada por el Grupo Socialista del Congreso.


Tiene la palabra doña Inmaculada Fernández.


La señora FERNÁNDEZ RAMIRO: El tema de la red de centros, señorías, ocupa un lugar destacado desde el momento que consideramos que la educación es un derecho básico de todos los ciudadanos y constituye un servicio público prioritario. Por tanto, impulsar una educación de calidad para todos, basada en la compensación de las desigualdades, es una línea preferente de actuación para este grupo. En este sentido, entendemos que es necesario conjugar la calidad de la enseñanza con la necesidad de apoyo que tienen las zonas rurales.
La etapa de educación secundaria obligatoria se debe impartir en los institutos de educación secundaria, como está regulado, si bien provisionalmente y hasta su pleno desarrollo se pueda impartir el primer ciclo en los centros de educación primaria. La razón fundamental es la entidad propia y la unidad con que fue concebida esta etapa, precisamente para evitar la ruptura que supone el paso de EGB a BUP en una edad tan crítica como son los catorce años. Por tanto, señorías, el primer ciclo de secundaria no debe permanecer en los centros de primaria más que el tiempo estrictamente necesario para completar la red de centros de secundaria puesto que, como hemos dicho, seguiría existiendo la ruptura de la etapa y además se perdería en calidad de enseñanza, por cuanto estos centros carecen de infraestructuras y servicios contemplados en la LOGSE para impartir secundaria, tales como aulas de música, plástica, laboratorios, aulas taller de tecnología, departamentos de orientación, etcétera, además de las dificultades de coordinación entre ambos ciclos o empobrecimiento de la oferta en materias optativas.
Como todos sabemos, Extremadura presenta unos caracteres muy diferenciados en cuanto a la orografía del terreno y a la densidad de población, por tanto cada zona ha sido y debe ser objeto de un tratamiento específico dentro de la generalidad. Esto hace que los criterios generales establecidos por el MEC necesiten una adaptación a las características propias de la comunidad extremeña en sus distintas zonas. Creemos que la flexibilidad en la aplicación de estos criterios posibilita una verdadera adaptación a las peculiaridades de nuestra población y es donde debemos manifestar nuestra solidaridad con algunas zonas que mediante una aplicación estricta de lo establecido con carácter general posiblemente quedarían marginadas o precariamente atendidas. Éste es un tema de gran sensibilidad social y entendemos perfectamente la preocupación de los padres por conocer el camino que va a seguir el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente cuando a una localidad se le ha comunicado la creación de un centro y después se incumple.
Éste es el caso de Cabezuela del Valle y de los municipios de Jerte, Tornavacas y Valdastillas, en los que se vienen produciendo importantes conflictos en relación con la creación del IES programado para la primera de estas localidades.
En la red de centros 2000 del MEC se contemplaba la creación de un instituto de 16 + 6 unidades en Cabezuela del Valle; así se le comunica al Ayuntamiento en 1994, quien hace las gestiones para la cesión de los terrenos. Sin embargo, en diciembre de 1997 el MEC comunica de nuevo que se pretende construir un instituto en esta localidad pero de 8 + 4 unidades, con una inversión de 293 millones de pesetas para los presupuestos de 1998 y 1999. Apesar de esta reducción se acepta la decisión por parte de los ciudadanos afectados, que son sorprendidos por segunda vez en abril de 1998 con un nuevo recorte que deja el instituto convertido en un centro de secundaria obligatoria de ocho unidades, sin bachillerato ni formación profesional, todo ello sin otra justificación por parte del MEC que la prepotente actuación, puramente partidista desde nuestro punto de vista, de satisfacer la demanda del único alcalde del Partido Popular en esta zona.


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Si se observan los datos del número de alumnos por curso resulta curioso comprobar cómo va disminuyendo en Navaconcejo, municipio donde se pretende ubicar el instituto, mientras aumenta en Cabezuela en la misma proporción. Además, señorías, geográficamente, Cabezuela del Valle está situado en medio de la zona; crear el instituto en Navaconcejo supone tener que trasladar más de 50 alumnos por curso, pasando más de la mitad por la propia localidad de Cabezuela, en tanto que desde las localidades del otro extremo, es decir el caso contrario, son sólo tres los alumnos, que además tienen la posibilidad si lo desean de ir a Plasencia, como se contempla en la red de centros de Extremadura. No tiene por tanto mucho sentido la creación de dos centros en localidades que están a tan corta distancia. Además, señorías, si tenemos presente el deseo de todos los ciudadanos y ciudadanas de los municipios afectados, como se está poniendo de manifiesto en las repetidas medidas de protesta, así como en la realidad objetiva de los datos del alumnado, la orografía de la zona y la situación de las localidades no tenemos más salida que calificar esta decisión de auténtica burla y tomadura de pelo a todos los ciudadanos de esta zona por parte del Ministerio. Esta comarca -seguramente el presidente de esta Comisión lo conoce muy bien-, desde diferentes ámbitos ha trabajado tradicionalmente con un fuerte sentimiento de unidad y desde luego también en el terreno educativo; así lo manifestaron las asociaciones del Valle del Jerte en su día.
A estas alturas de legislatura, señorías, lo absolutamente lamentable es que este Gobierno sigue mareando la perdiz, amparándose en procesos administrativos, por cierto procesos administrativos complicados según el Ministerio, que alega problemas con los terrenos y que curiosamente queda resuelto en un abrir y cerrar de ojos sacando a licitación las obras para aulas de secundaria obligatoria el pasado viernes, seguramente motivado por la campaña electoral que se avecina y las presiones ejercidas por parte de los ciudadanos y también por parte de este grupo parlamentario.


En definitiva, lo único que ha propiciado todo ello es la inexistencia de la red de centros de secundaria en toda la comarca, probablemente dando tiempo para enviar la pelota al tejado de la Junta de Extremadura, cuando asuma las competencias de educación, después de haber destrozado la unidad de todos los municipios del Valle del Jerte.
Es posible, señorías, que la única verdad de todo esto sea la pobreza de argumentos del propio jefe de gabinete de ex ministra de Educación, cuando manifestaba a la coordinadora de los municipios afectados hace poco más de un mes que ahora que gobierna al Partido Popular el Ministerio tiene que tener contento a sus alcaldes, aunque con ello se hayan cargado la planificación de la enseñanza en toda una comarca.
Por todo ello, este grupo parlamentario propone para su toma en consideración la siguiente proposición no de ley: La construcción inmediata de un instituto de secundaria de 16 más 6 unidades en Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres, como única posibilidad de tener una oferta adecuada de enseñanza tanto de bachillerato como de formación profesional.


Retiro el segundo punto de esta proposición no de ley, teniendo en cuenta el momento en que se está debatiendo en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Amador Álvarez.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señorías, la iniciativa que ha defendido la portavoz del Grupo Socialista, que se presentó el 23 de septiembre, sobre la construcción del IES en Cabezuela del Valle debería haberla retirado el grupo proponente puesto que el viernes pasado, el 29 de enero, se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la licitación del citado proyecto de construcción de este IES por trámite de urgencia, procedimiento abierto y concurso público, por una cuantía de 246 millones.
Si la preocupación del Grupo Socialista, que creo que debe ser la de todos, era garantizar una enseñanza de calidad y acercarla a la población del valle del Jerte, con esta licitación se han disipado las dudas. Cabezuela tendrá un IES próximamente. Lamentablemente, creemos que no eran esos los objetivos que preocupaban al Grupo Socialista; parece que al Grupo Socialista le interesaba crea un clima de enfrentamiento entre la comunidad educativa de una comarca, haciendo demagogia y utilizando la educación de nuestros jóvenes como pura mercadería política. Es verdaderamente increíble que representantes de un grupo político con experiencia de Gobierno actúen a veces con tanta falta de coherencia como en esta ocasión.
Nunca en el MEC se ocultó a la opinión pública un documento con tanto celo y misterio como la red de centros -a la que se ha hecho referencia- que elaboró el PSOE estando en el Gobierno, sin lugar a dudas porque no se quería que la opinión pública conociera los intereses partidistas y la falta de objetividad de aquel mapa escolar. Al inaugurarse algunos centros previstos en aquella programación han sobrado aulas por falta de alumnos, y por eso el Gobierno del Partido Popular ha tenido que hacer de manera responsable y con todo rigor una redefinición y adaptar a las necesidades reales las nuevas construcciones escolares. Si la aplicación de la LOGSE está careciendo de servicios es justamente porque el Grupo Socialista, que aprobó esta ley, fue contrario a que se aprobara una ley de financiación que la desarrollara perfectamente en el momento de su aplicación, en cuyo caso no hubieran existido las deficiencias que hay.
El MEC ha estudiado las necesidades de escolarización de la ESO y bachillerato en todo el valle del Jerte, con el fin de que los alumnos de esta comarca reciban la enseñanza en las debidas condiciones de calidad. Para eso, lógicamente, ha evaluado todos los recursos materiales y constructivos ya existentes con el objetivo de hacer las inversiones necesarias. De ese estudio de la comarca se detecta que en el municipio de Navaconcejo ya existe un colegio de bachillerato municipal desde hace más de treinta años. Eso no es un invento de ayer ni de antes de ayer; además, este ayuntamiento ha estado gobernando por otros grupos políticos. Por tanto, no se puede achacar partidismo al Ministerio ni al Gobierno. Hay una tradición de enseñanza postobligatoria en esta comarca desde hace muchos

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años. Cuando lo plantean los ayuntamientos que están en la misma situación que el de Navaconcejo, el MEC está sustituyendo estos centros municipales por centros de secundaria dependientes del Ministerio, porque hay que advertir que estos centros están sostenidos con fondos públicos. Se transforman en centros de secundaria con objeto de mantener la escolarización que ya existe en estas localidades en las condiciones más idóneas para la implantación del nuevo sistema educativo, y, además, supone una ventaja al no ser necesarias grandes inversiones en este caso. Decir que el Ministerio ha hecho una transformación y que ha roto el esquema previsto en la red de centros, no es exacto, porque el MEC estimó que debiera haber dos centros en esta comarca; en el año 1995 ya se preveía construir otro centro. El ministro del Gobierno socialista Jerónimo Saavedra Acevedo decía en una carta al alcalde de Navaconcejo: A través de mi director de gabinete fui informado en su día de los argumentos a favor de que el centro municipal de Navaconcejo se convirtiera en un instituto de secundaria. Y dice el ministro el 11 de enero de 1996: Una vez estudiadas las distintas posibilidades por las unidades competentes del Ministerio, tengo el gusto de poner en tu conocimiento que hemos incluido en la programación la adaptación del citado centro para ocho unidades de ESO. No se puede tachar a la FEMP partidista, porque cuando estaba gobernada por el Partido Socialista dice don José María Velázquez Andrés, secretario de la Comisión de Educación, que, siguiendo instrucciones del presidente de la Comisión de Educación y Cultura, don José Antonio González Caviedes -por cierto, fallecido-, te informo acerca del informe que nos remite la directora general de Centros del Ministerio de Educación y Ciencia: Navaconcejo. Se puede dar contestación sobre la decisión de dejar el colegio municipal de bachillerato existente para centros de secundaria con ocho unidades, para lo cual se realizarán obras de adaptación del mismo. Conviene aclarar que desde que se inició el proceso de planificación de la red de centros nunca ha influido en modo alguno a la hora de tomar decisiones la afiliación política de los responsables.
Si éstas son actuaciones del Gobierno anterior, ahora no podemos estar rasgándonos las vestiduras diciendo que es este Gobierno el que ha roto el consenso, el que ha roto un equilibrio. No hay tal rotura de equilibrio, hay una postura demagógica de estar incitando a un enfrentamiento entre esas localidades, porque la evolución del alumnado será determinante a la hora de ampliar estos IES, y ésta es la línea en la que va a ir la enmienda. La enmienda que nosotros presentamos pretende la construcción inmediata de un instituto de secundaria en Cabezuela del Valle de ocho más cero unidades, ampliable en el futuro si las necesidades de escolarización lo hicieran necesario.
El MEC no ha podido cumplir con la construcción del centro durante el año 1998, porque desde el día 2 de junio, en que se pidieron los primeros datos al ayuntamiento para que diera contestación certificada de que los terrenos estaban libres de carga, se descubre que los terrenos están considerados -así lo dice el documento urbanístico- como suelo no urbanizable con protección. Desde el 2 de junio se han seguido dirigiendo escritos al director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, a la Consejería del Medio Ambiente, para que se arregle esta situación, y así hemos llegado a escritos en una dirección y en la otra. El 4 de diciembre, la Consejería dice que el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura acordó, en sesión del día 2 de diciembre de 1998, dejar en suspenso la aprobación definitiva de las normas subsidiarias municipales de Cabezuela del Valle. No se puede pretender que un Ministerio construya en un terreno que tiene la consideración de terreno no urbanizable con protección, y esto es lo que parece que está pretendiendo en este momento el Grupo Socialista con su proposición.
A pesar de eso, el día 27 de enero de 1999, desde la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo se envía el siguiente escrito al Servicio del Patrimonio de la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Educación y Cultura: En relación con el expediente del centro de enseñanza secundaria sito en Nave del Vadillo, promotor el Ministerio de Educación y Ciencia, en Cabezuela del Valle, y en base a la información requerida, fue publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 147, de 24 de diciembre, fecha a partir de la cual dio comienzo el trámite de información pública, que finalizó el día 20 de enero de 1999, no habiéndose recibido hasta la fecha de hoy alegación al mismo.
Sólo con este escrito, y sin haber resuelto la calificación de suelo que está pendiente en la Junta de Extremadura, el Ministerio y la Gerencia, el día 29 de enero, justamente cuarenta y ocho horas después de haberse dado esta comunicación y para ir adelantando los plazos en los que dar satisfacción a Cabezuela del Valle y a su entorno, ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la licitación de estas obras con carácter urgente y a través de concurso abierto. Esto demuestra la intención del Ministerio de que las necesidades educativas del Valle del Jerte estén atendidas perfectamente. Lo que sí es cierto es que establecer en este momento dos centros de secundaria no es ninguna aberración, sino que es lo que ha venido sucediendo hasta ahora, puesto que ese colegio que impartía bachillerato venía haciéndolo hace más de treinta años, y el utilizar unos recursos materiales, en este caso unas instalaciones, no es ningún desdoro para ninguna administración que se precie de hacer una buena utilización de los recursos públicos.
Al haberse retirado el segundo punto de la proposición, la enmienda iría en la dirección de que esta construcción sea inmediata y se apruebe definitivamente la calificación de suelo urbano. Por lo tanto, tendría el siguiente tenor: La construcción inmediata de un instituto de secundaria en Cabezuela del Valle de ocho más cero unidades, que es lo que ya está licitado, ampliable en el futuro si las necesidades de escolarización lo hicieran necesario.


El señor PRESIDENTE: Haga el favor de hacer llegar a la Mesa la corrección y, sobre todo, a la proponente, para que, a la vista del texto, manifieste si esa enmienda le da satisfacción de modo tal que retira su proposición no de ley para que sea objeto de votación por consenso o, por el contrario, no acepta la enmienda manteniendo su proposición no de ley.
Doña Inmaculada Fernández tiene la palabra para manifestar sobre tal punto.


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La señora FERNÁNDEZ RAMIRO: El señor diputado conoce perfectamente la situación, exactamente igual que yo, y es una obviedad la enmienda que él plantea, porque sabe perfectamente que por el número de alumnos que tiene Cabezuela del Valle y su entorno es absolutamente imposible que los alumnos entren en ocho aulas, con lo cual es una obviedad el plantear que se van a hacer más aulas, es que van a ser absolutamente imprescindibles. Lógicamente, no aceptamos la enmienda.
(El señor Álvarez Álvarez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Tengo que decir que en este instituto...


El señor PRESIDENTE: El debate ha acabado. Usted ha presentado una enmienda, la enmienda no ha gozado de la adhesión por parte de la proponente, y ya está. La proposición no de ley será objeto de votación.


- RELATIVA A LA EDUCACIÓN VIAL EXTRAESCOLAR DE LOS NIÑOS Y JÓVENES COMPRENDIDOS EN EL SEGMENTO DE CUATRO A DIECIOCHO AÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 161/001213.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, relativa a la educación vial extraescolar de los niños y jóvenes comprendidos en el segmento de cuatro a dieciocho años, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para cuya defensa damos la palabra a don Manuel Seco.


El señor SECO GORDILLO: Comenzaré afirmando que me parece un hecho social y unánimemente aceptado que la siniestralidad vial es un problema que preocupa tremendamente a toda la sociedad española y que preocupa también al Gobierno de la nación, como lo demuestra que en su día creó una Comisión interministerial para el estudio de este tema concreto.
Dentro de las medidas que contribuyen a mejorar la seguridad vial está sin duda la de la educación vial, porque las medidas más tradicionales, que serían las que actúan sobre la carretera o las que actúan sobre los vehículos, parecen estar acercándose a un límite de eficacia que aconseja buscar otras medidas alternativas, complementarias, que incidan sobre la seguridad vial, y aquí entra con firmeza la educación vial como una medida que contribuye decididamente a mejorar la seguridad vial en nuestro país. Ahora bien, lejos de focalizar o concretar la educación vial sobre la mera reducción de los accidentes de tráfico, la educación vial debería ser más bien formal en cuento a sus contenidos, de manera que una vez implantada de forma efectiva permitiera a los ciudadanos disfrutar de una mejor calidad de vida dentro del ámbito de la circulación.
Tenemos que hacer notar que la educación vial, dado su entorno cambiante, es un concepto temporal, al menos en cuanto a los conocimientos, habilidades y a los hábitos, y en este sentido, aunque los hábitos, conocimientos y habilidades son importantes, el Grupo Parlamentario Popular cree que lo primordial en materia de educación vial sería reforzar las actividades de los ciudadanos en materia de circulación; así, básicamente invariables dentro del entorno cambiante a que me refería, debemos tender a potenciar las actitudes de respeto, de sometimiento a las normas y de aceptación de las libertades de los demás.
La educación vial tiene como objetivo final crear comportamientos más que proporcionar conocimientos, pero no es menos cierto que la consecución de estos conocimientos, habilidades y hábitos no garantiza que los usuarios que los hayan alcanzados se comporten como habría de esperarse de ellos y, por tanto, los apliquen en toda su extensión. Puede decirse que la seguridad vial (de la que, como antes decíamos, forma parte esencial la educación vial) considerada en su conjunto es algo que a todo el mundo le gustaría comprar, pero tratada individualmente es algo que nadie desea comprar, y este rechazo a nivel individual fomenta una curiosa complicidad social que se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando un conductor avisa a otro de la presencia de una patrulla de la Guardia Civil, o cuando los conductores se dan mutuamente consejos sobre cómo se pueden evitar los controles de alcoholemia, complicidad que actúa en una sociedad que anteriormente ha aceptado con carácter teórico y de un modo general la bondad de las medidas que la Administración adopta para mejorar la seguridad vial de todos los conductores, y con esta complicidad social hay que contar y hay que luchar contra ella en todo lo que haga referencia a la educación vial.
Por no alargar mucho esta intervención, simplemente diré que son tres, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, los sectores de población sobre los que habría que actuar, partiendo de la premisa que toda actuación en materia de educación vial será tanto o más efectiva cuanto más limitado, cuanto más concreto sea el ámbito poblacional sobre el que se actúe. Así, habría que distinguir tres niveles según se trate de los niños en edad escolar, de las personas adultas que son ya conductores y que al mismo tiempo deben ser educadores en esta materia de la educación vial y un tercer grupo prioritario que sería el de las personas mayores, el de la tercera edad.
Nótese, señor presidente, lo digo a título meramente informativo, que no se trata de un problema nuevo y que ya el Código de la Circulación en su redacción de 1934 señalaba en su artículo 7 que el profesorado de todas las escuelas y colegios, tanto oficiales como particulares, está obligado a enseñar a sus alumnos las reglas generales de la circulación y la conveniencia de su perfecta observancia, es decir, no se trata de un problema antiguo, aunque afortunadamente en la actualidad está mucho mejor enfocado desde su incorporación a los criterios generales de la Ley de ordenación general del sistema educativo.
Seguramente podría atribuirse puramente a la casualidad el hecho de que en este primer acto parlamentario de este período de sesiones del año 1999 estemos tratando de una iniciativa que los duendes parlamentarios hicieron que no se debatiera en la última sesión del anterior período sino precisamente en esta primera sesión de 1999. Lo digo porque 1999 fue declarado por la Comisión interministerial

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para la seguridad vial como el año de la educación vial, y en ese sentido me parece sumamente importante y oportuno que también desde el Congreso de los Diputados podamos implicarnos en la previsión y en la resolución de los problemas que encuentra la implantación generalizada y la extensión de la educación y formación vial a todas las capas de la población, porque, por un lado, el campo de la educación vial extraescolar está atendido desde muy distintos ámbitos y muy distintas instancias, desde la propia Administración, la Dirección General de Tráfico, desde las comunidades autónomas, corporaciones locales, empresas y entidades privadas, etcétera, que no siempre están sujetas a la sistematización, la coordinación y el rigor que este tema merece y que a veces solapan sus esfuerzos sobre los mismos grupos de alumnado, sobre los mismos centros o sobre las mismas zonas. Por otra parte, esta asignatura está considerada como una materia transversal en nuestro sistema educativo, lo que no siempre permite asegurar el dominio de todos los contenidos implícitos en la misma ni que se realice o se asegure la llamada educación vial familiar, tan fundamental como consideramos que es en esta materia.
Ahora debo pedir disculpas a los miembros de esta Comisión si el lenguaje que utilizo no es el más adecuado en este ámbito de la Comisión de Educación, mis escasos conocimientos en esta materia me hacen caer en este tipo de errores, debo reconocer que únicamente entiendo poquito aunque algo de seguridad vial y no de educación, pero no tengo más remedio que decir que la eficacia de la educación vial viene determinada por su implantación o porque sea impartida precisamente desde el ámbito escolar, y éste es un hecho constatado en la mayoría de los países europeos. La justificación parece evidente: La necesidad de asistir a las aulas, la necesaria presencia de los alumnos en el colegio que garantiza la transmisión de este mensaje a todo el segmento de población. Sin embargo, en aras a garantizar la eficacia de esta educación vial, parece cada vez más limitada la versatilidad y disponibilidad del campo escolar, porque la aparición de nuevas obligaciones académicas y la implantación de otras materias no tan nuevas, como, por ejemplo, la educación medioambiental, la informática, etcétera, limitan la posibilidad de incrementar el número de iniciativas que en materia de educación vial se podrían llevar a cabo. Esto, que en principio podría ser un grave problema, sobre todo a medio y largo plazo, considera el Grupo Parlamentario Popular que es todo lo contrario, es decir, una excelente oportunidad para reorganizar, para implantar y para potenciar la educación vial fuera del ámbito escolar.
Por todas estas razones el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa y dispenso a SS.SS. de la lectura de su parte dispositiva, en aras a la brevedad y teniendo en cuenta la hora.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa hay presentada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para cuya defensa damos la palabra a doña Carme Laura Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: Nuestra enmienda tiene dos partes, en la primera se quiere hacer patente, como siempre, que la iniciativa propuesta se circunscribe al ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Cultura. La segunda parte de nuestra enmienda responde, sin duda alguna, a una deficiencia de la diputada que ahora interviene y la podemos retirar sin ningún esfuerzo, si así lo sugiere el proponente del Grupo Popular. En realidad, los principios que, de acuerdo con la proposición, han de regir la política del Gobierno respecto de la educación vial me han resultado ininteligibles y, sobre todo, el que trata de la reciprocidad, pero reitero que la causa está en mi capacidad de comprensión.
Por otro lado, de la redacción también creo que se podría inferir que los principios que se proponen se confunden con los directores de las posibles conclusiones, con lo que anularían la eficacia de éstos.
Esta segunda parte, como digo, podemos retirarla, si así lo quiere el Grupo Popular, pero de ninguna manera retiraríamos la primera.
Querría apuntar algo más brevemente y es que ya existen programas al respecto en las comunidades autónomas con competencias en materia educativa que están avalados por una experiencia satisfactoria desde hace muchos años, y tengo también entendido que los hay en el ámbito de gestión ministerial. Es sólo por ello que me pregunto si es que ahora es el centro el punto desde donde se puede descubrir el Mediterráneo.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


La señora ARAMBURU DEL RÍO: Creo que estamos ante una iniciativa de esas llamadas blandas o parcialmente insuficientes. Tengo la impresión de que la iniciativa respira una cierta resignación en el sentido de más vale algo que nada; pero entiendo que, si hay voluntad, y parece manifiesta por parte del partido del Gobierno y presupongo que del resto, deberíamos meternos a resolver la parte posible y más relevante del problema, que yo creo que es de una gran magnitud.
Con mucha brevedad voy a decir lo siguiente. Esta propuesta que hoy nos trae el Partido Popular tiene que ver con muchas más cosas. Tiene que ver con las normas de circulación, con el sistema educativo, entre otras cosas; con la normativa sobre seguridad, con el diseño de obras públicas sobre carreteras, con el comercio automovilístico.
Pero, sobre todo, tiene que ver con los valores en uso y al alza, que son, por ejemplo, la competitividad, la violencia, la agresividad, etcétera. Esos son los paradigmas contrarios a los comportamientos cívicos que deberían ser constitutivos de las normas básicas y universales entre todos los ciclos, los géneros y los lugares. Creo que ese es uno de los orígenes y enmarca la centralidad del problema, además de la subsidiariedad de las normas y de la iniciativa planteada. Obviamente, no se trata de intensificar para nada, o al menos no sólo, información escolar; ni siquiera académica, ni siquiera formal, ni siquiera una formación al uso. Creo que estamos hablando de que se está construyendo una sociedad irrespetuosa e irrespetable, desintegradora, donde el todo vale, fundamentalmente en la conducción, tiene un gran valor comercial, personal, etcétera. Lo que trato de decir es que la iniciativa es parcial, importante pero parcial, y que es sólo parte del problema, por lo que sería aconseja ble

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ampliar, reformular y, sobre todo, reforzar en todas las direcciones afectadas los mecanismos que hagan que la educación vial extraescolar en los niños y en los jóvenes sea una garantía para circular con seguridad y sin miedo a la supervivencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Montserrat Palma i Muñoz.


La señora PALMA I MUÑOZ: Vaya por delante que el Grupo Socialista no duda en ningún momento de la bondad de las intenciones de esta iniciativa, producto evidentemente de una preocupación social patente. Supongo que compartimos la necesidad de favorecer al máximo las actuaciones preventivas en un ámbito directamente relacionado con la seguridad personal y la lucha contra los accidentes de circulación que golpean demasiado a menudo a segmentos jóvenes de la población.
Pero no sólo son los temas de seguridad vial los que preocupan, también hay que tener en cuenta el estrecho vínculo que los hábitos en la conducción tienen con el desarrollo de pautas de comportamiento relacionados con el medio ambiente.
La educación vial es un eje transversal del currículum y la proposición no de ley que trae hoy aquí el Partido Popular ignora y en algunas partes de su redactado puede incluso parecer un menosprecio a la importancia que la educación vial tiene dentro del sistema educativo. Como eje transversal significa que está incluida en diversas áreas del currículum, concretamente en conocimiento del medio en educación primaria y en ciencias sociales en educación secundaria obligatoria, pero también, y así lo especifican los diferentes diseños curriculares, en lenguaje, matemáticas, en educación física, etcétera. Esto en ningún caso conlleva añadir contenidos adicionales, como se puede entender a partir del redactado de la proposición no de ley del Grupo Popular, sino que significa perfilar aquellos contenidos de tipo conceptual, procedimental, valores, actitudes y normas que tengan una relación directa con la educación vial. Por tanto, cuando estamos hablando de la inclusión de la educación vial como un eje transversal del currículum en ningún caso estamos hablando de añadidos, sino de contenidos de todo tipo que se relacionan con muchas áreas del currículum.
Es evidente, por otra parte, que la escuela no es el único agente educativo y que el medio social ofrece multitud de oportunidades y de condiciones para el desarrollo personal y naturalmente para la adquisición de pautas y hábitos de comportamiento que determinan las relaciones de convivencia y, entre ellas, las pautas de comportamiento como conductores y como peatones. Pero la escuela puede, y así lo ha hecho y lo está haciendo, colaborar con otros agentes sociales e instituciones para conseguir los principales objetivos de la educación vial, que se resumen, a nuestro entender, en dos fundamentales: Por una parte, aprender los procedimientos vinculados a la actividad de circular y, por otra, desarrollar la capacidad de compartir con los demás un espacio común considerado como un bien público, capacidad de claro carácter socializador.
La colaboración de los centros escolares con las administraciones e instituciones es antigua. Podríamos citar una lista importante de actividades que se llevan a cabo a través de estas colaboraciones. Los ayuntamientos, con sus servicios de policías locales, llevan a cabo dentro de los propios centros escolares programas y actividades de educación vial que vienen de antiguo. Las administraciones educativas autonómicas han desarrollado materiales específicos sobre educación vial como soporte a las actividades que los profesores llevan a cabo en sus aulas. La propia Administración del Estado, a través de la Dirección General de Tráfico, desarrolla actividades y materiales sobre educación vial.
Quiero citar aquí las actividades interesantes que lleva a cabo el Centro Superior de Educación Vial, situado en Salamanca, que es un punto de referencia importante para la formación en este ámbito. Este centro funciona en gran parte como centro de recursos pedagógicos al que acuden otras administraciones y las propias policías locales aportando materiales, intercambiando experiencias y llevando a cabo actividades de formación.
Además, la consideración de la educación vial en los programas educativos no es reciente, su incorporación definitiva como eje transversal viene de la LOGSE, de la reforma educativa. Quiero recordar aquí que la publicación del Código de Circulación en 1934 ya indicaba la necesidad de incluir en las enseñanzas escolares instrucciones, consejos, normas en relación con el tráfico, y que los diferentes textos legislativos referidos a educación a lo largo de los años han ido conteniendo, de forma reiterada, referencias a la educación vial. Los contenidos de los programas renovados para preescolar y EGB de 1980 incorporan ya la educación vial. Con todo ello quiero decir, finalmente, que la educación vial no puede llevarse a cabo al margen del proceso educativo que se desarrolla en el marco escolar. Entiendo que la proposición del Grupo Popular tampoco pretende esto pero, al insistir en la necesidad de dar un carácter extraescolar a la educación vial, creemos que el enfoque es quizá el que proporciona todas estas dudas que estoy planteando. Si queremos reforzar la educación vial que se lleva a cabo dentro del marco escolar, deberíamos proporcionar seguramente más recursos dentro del propio marco escolar y, en cualquier caso, si hay que complementar el esfuerzo de la institución escolar, deberíamos tener en cuenta aquellas actividades que proporcionan modelos de actuación respecto a los comportamientos y pautas en la circulación. Me refiero concretamente a los colectivos de padres, a los medios de comunicación, a las autoridades que diseñan infraestructuras, a los propios agentes y policías de tráfico que llevan a cabo estas colaboraciones, incluso a los publicistas y a los fabricantes de todo tipo de instrumentos y de vehículos que tienen que ver con el comportamiento vial.
En definitiva, creemos que la proposición no de ley del Grupo Popular tiene buenas intenciones pero están mal orientadas. En cualquier caso, no la podemos votar en contra, por la bondad del objetivo, pero tampoco la vamos a votar a favor, por lo confuso y erróneo del planteamiento. Entiéndase la abstención del Grupo Socialista como una reserva de la posibilidad de presentar alternativas y propuestas en la orientación que consideramos adecuada.


El señor PRESIDENTE: Con respecto a la enmienda, y entendiendo que ha quedado retirada la segunda parte de

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la misma y que, por tanto, en la introducción se trataría de acotar expresamente que se insta al Gobierno para que actúe de determinada manera en el ámbito territorial propio de la gestión del Ministerio de Educación Cultura, tiene la palabra el señor Seco para manifestarse sobre la misma.


El señor SECO GORDILLO: Quiero señalar que esta iniciativa va dirigida al Gobierno, que habrá de actuar a través de la Comisión interministerial, y concretamente del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial, en el que participan las comunidades autónomas. En ese sentido, no me cabe la menor duda de que el Gobierno buscará la colaboración de las comunidades autónomas para conseguir los objetivos que se persiguen en esta iniciativa. Si, como señalaba la señora Gil i Miró, el centro político es lo que mueve esta iniciativa, tengo que decirle que es una actitud dialogante y tolerante, de la que quiero hacer gala en este momento, la que me impulsa a aceptar su enmienda, reconociendo la omisión en que había caído.
Por último, si me permite, señor presidente, con toda brevedad, quiero señalar a la representante del Grupo Socialista...


El señor PRESIDENTE: No, son las reglas del juego. Se lo diré en otro lenguaje: Eso ahora no toca; ahora sólo toca pronunciarse sobre la enmienda. Se lo digo para que las buenas costumbres que teníamos de anteriores períodos de sesiones las guardemos en éste.


El señor SECO GORDILLO: Pido disculpas al señor Presidente por no ser vocal de esta Comisión, y si no ha quedado suficientemente claro, reiteraré que aceptamos la primera parte y que la segunda la consideramos retirada.


El señor PRESIDENTE: Acabado el correspondiente orden del día, hemos anunciado a los componentes de la Comisión que a la una se celebrarían las votaciones. Por tanto, suspendemos momentáneamente la sesión hasta la una. Mientras tanto, si están todos los portavoces, les agradecería que se aproximaran a la Mesa para ver cómo ganamos tiempo de cara a futuras convocatorias.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión. ¿Los grupos parlamentarios, quieren manifestar a la Mesa las sustituciones que se han producido a efectos de valoración? Señor Guerra Zunzunegui,

El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Don Julio Padilla sustituye a don Juan Carlos Ruiz López y don Jesús Posada sustituye a doña Elena García- Alcañiz.


El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: El señor Centella sustituye a doña Inés Sabanés.


El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista hay alguna sustitución?

La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Doña Inmaculada Fernández sustituye a don Joaquín Leguina; doña Blanca García Manzanares a doña Carmen Romero y don José Blanco sustituye a don Joan Romero. El señor Padilla Carballada pide la palabra.


El señor PRESIDENTE: Don Julio Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Le pediría la palabra por un minuto.
Su señoría, en su intervención en el debate en el que participé, hizo la indicación de que no solamente quedaba en la Mesa y, por supuesto, en la Comisión, el deseo de visitar la muralla de Lugo sino que esperaba que también hubiera una acogida gastronómica. Antes de que se produzca la votación, quiero decirle, señor presidente, que muy gustoso acojo el guante que S. S. deslizó y están invitados todos, como es natural, además de a visitar el monumento, a la mejor gastronomía de Galicia, probablemente de España y hasta de gran parte del mundo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Las invitaciones son siempre excitantes, pero no deben llegar a tanto. (La señora Díez de Baldeón García pide la palabra.)

La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Don Joaquín Leguina se ha incorporado. La persona que le sustituía sustituirá a doña María Sacramento Cánovas.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la proposición por la cual se instaba al Gobierno a la creación de un consejo de las culturas como órgano consultivo y de carácter participativo en materia cultural, que fue presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, tres; en contra, 22; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda transaccional relativa a los puntos 2 y 3 del orden del día que, en consecuencia, sustituye a sus proposiciones no de ley y se entiende que como tal enmienda transaccional es suscrita por los dos proponentes y por el enmendante; por tanto, es un texto atribuible al Grupo Mixto, Grupo Socialista y Grupo Popular, sobre la muralla de Lugo.
Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, por unanimidad.


A continuación, votamos el punto 4 del orden del día, sobre declaración de la ciudad de Morella como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


A continuación, votamos el punto 5 del orden del día, proposición no de ley para garantizar la calidad de los centros de formación profesional, del Grupo Socialista del Congreso.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, votamos el punto 6 del orden del día, relativo a la construcción de un centro de educación secundaria en Cabezuela del Valle, Cáceres.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la relativa a la educación vial extraescolar de los niños jóvenes, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con la enmienda introducida por Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en la forma resultante de la aceptación de la enmienda de Convergència i Unió.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. Doy las gracias a los servicios de la Cámara.
Se levanta la sesión.


Era la una y diez minutos de la tarde.

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