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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 564, de 05/11/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1998 VI Legislatura Núm. 564

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA

Sesión núm. 37

celebrada el jueves, 5 de noviembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

- Ratificación de la Ponencia designada para informar el proyecto de ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. (Número de expediente 121/ 000128) ... (Página 16488)

- Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. (Número de expediente 121/000128) ... (Página 16488)

Proposiciones no de ley:

- De modificación del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de armas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001107) ... (Página 16496)

- Sobre la urgente necesidad de apertura del nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001109) ...
(Página 16497)

- Sobre coordinación de medidas relativas a menores víctimas de delitos. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001205) ... (Página 16499)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000128)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, figura en el orden del día la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de modificación de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial.
Someto dicha ratificación a votación por asentimiento. (Pausa).
Queda, por lo tanto, ratificada.


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000128)

El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es el debate y aprobación, en su caso, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de modificación de la citada Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
Han presentado enmiendas que continúan vivas el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez y la señora Almeida, así como los grupos de Izquierda Unida y Socialista. Siendo pocas las enmiendas presentadas a este proyecto, vamos a llevar a cabo la primera intervención de cada uno de los grupos, empezando por los que han presentado enmiendas, esto es, en primer lugar, intervendrán los grupos enmendantes, después el resto de los grupos. Tanto los enmendantes como los enmendantes como los demás grupos se referirán a sus propias enmiendas y a la fijación de su posición y expondrán su criterio en relación con las enmiendas que mantienen los enmendantes.
Las votaciones, tanto del proyecto de ley como de las proposiciones no de ley, tendrán lugar a partir de las trece horas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, intervengo para defender las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego al proyecto de ley de modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. En primer lugar, doy por defendidas las enmiendas presentadas por la señora Almeida, a quien le resulta imposible asistir a la Comisión en este momento.
La necesidad de modificar la Ley de Demarcación y de Planta Judicial propuesta por el Gobierno en este proyecto de ley toma como base la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, en la medida en que en apartado 2 del artículo 80.1 permite la creación de secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia. El argumento fundamental de la propuesta concreta que el Gobierno presenta y que se pretende aprobar es el acercamiento de la justicia al ciudadano. Este sería el criterio básico para acometer la creación de nuevas secciones en las audiencias provinciales fuera de las capitales de provincia.
El Bloque Nacionalista Galego no se opone al principio general de que la justicia, como otros servicios de la Administración, esté cerca del ciudadano -queremos dejarlo claro-, sin embargo, el actual proyecto de ley responde al objetivo que se invoca como justificación, cuando menos en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Galicia.
Desde el convencimiento de que este proyecto de ley va a salir adelante nuestras enmiendas van destinadas a corregir el texto original, hoy modificado ya en Ponencia, en el sentido de cambiar aspectos que ponen en cuestión ese principio invocado en su justificación. Pretendíamos, por lo tanto, que los municipios de Vilaboa y Sotamaior, limítrofes con Pontevedra, pasasen a formar parte de su partido judicial, precisamente por cercanía con la Audiencia Provincial y no se adscribiesen a la nueva sección de Vigo por su mayor lejanía.
En segundo lugar y dentro de la propia lógica de la reforma que el Gobierno propone, con otra enmienda pretendemos crear una sección en Ferrol con jurisdicción sobre los partidos judiciales 3 y 9, que abarcarían un importante número de habitantes, aproximadamente 200.000. Resulta muy difícil explicar desde qué lógica se crea una nueva sección, por ejemplo, en Santiago de Compostela pero no en Ferrol. El Grupo Popular quizá sea capaz de dar esa explicación, en tanto en cuanto apoya este proyecto.
Este proyecto de ley se presenta por el Gobierno sin la suficiente reflexión y debate y sin abordar otras cuestiones sin duda urgentes para prestar un buen servicio a los ciudadanos, como, por ejemplo, dotarle de mayor medios humanos y materiales, corregir una justicia lenta con numerosos asuntos pendientes, o proceder a una reforma global acorde con la realidad geográfica, poblacional, económica y cultural de las distintas comunidades autónomas.
Nosotros estamos a favor de una reforma más global, que aborde los problemas reales de la justicia, que dé un adecuado servicio a los ciudadanos, reforma en la que, naturalmente, se incluye el acercamiento de la justicia al ciudadano. Este proyecto de ley no responde a este criterio y prueba de ello es la nueva modificación que, en fase de ponencia se realizó acerca de la jurisdicción sobre la que extienden su competencia, en este caso concreto, la Audiencia de Pontevedra y la nueva sección de Vigo. Nuestro punto de vista por presiones legítimas, naturales, de de defensa de intereses concretos todos ellos legítimos, insisto y seguramente por otro tipo de cuestiones que no entro a valorar, configura un nuevo mapa judicial en el que la nueva sección de Vigo extiende su jurisdicción sobre los partidos judiciales de Vigo y Redondela, y Pontevedra extiende su jurisdicción sobre el resto de los partidos judiciales de la provincia. Es un mapa distinto al inicialmente previsto en el proyecto de ley. Esta nueva planificación, si no se me desmiente, contradice totalmente ese principio de acercamiento de la justicia que el Gobierno dice defender para justificar este proyecto. Los ciudadanos del sur de la

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provincia, por ejemplo, del Baixo Miño o del Condado, no tendrán como sede de la Audiencia la más próxima, sino la más lejana.
En definitiva, lo dicho confirma que este proyecto de ley responderá a cualquier criterio de interés menos el de acercar la justicia al ciudadano. No parece que el ciudadano importe. Creo que se sacrifican sin rubor los intereses de muchos ciudadanos en aras de intereses que no son los suyos. Es un proyecto poco meditado, poco ponderado y probablemente sin la adecuada discusión previa y global. En el caso de Galicia, nos parece un despropósito. El Gobierno y el grupo que lo sustenta, en lugar de abordar un proyecto serio, pretende realizar modificaciones sobre el esquema de las audiencias, sin criterios razonables, pretendiendo satisfacer a todos y mucho me temo que dejando descontentos también a todos y creando agravios innecesarios.
Nos parece que esto es un flaco favor a la justicia y al principio de acercamiento. De aprobar este proyecto en estas condiciones no sabemos qué pasará.
Como grupo político estaríamos dispuestos a discutir sobre la reforma global de la justicia y, por tanto, sobre qué modelo es el más adecuado para responder a las necesidades de los ciudadanos de Galicia en este caso. Pero esta no parece ser la intención del Gobierno y lo lamentamos. En todo caso, nosotros vamos a mantener las enmiendas números 6, 7 y 8, aunque suprimiendo del texto el término Vilaboa, porque con la modificación introducida por la ponencia ese término municipal ya queda adscrito, como proponíamos en nuestra enmienda, a la Audiencia de Pontevedra.


Respecto de las demás enmiendas, vamos a votar favorablemente la número 18 del Grupo Socialista y vamos a abstenernos en el resto de las enmiendas por desconocer el alcance concreto de las propuestas que contienen. Nos abstendremos también en la votación del conjunto del proyecto por lo anteriormente expuesto. No nos oponemos al principio general del acercamiento de la justicia al ciudadano, pero este proyecto de ley no resulta satisfactorio para la Comunidad Autónoma de Galicia.


El señor PRESIDENTE: La señora Almeida está Santiso del Valle: Pido la palabra ausente. (El señor para una cuestión de orden.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, no entiendo cuál es el orden. Si es de menor a mayor, no nos toca y si es por orden de presentación de enmiendas, tampoco.


El señor PRESIDENTE: Había dicho al principio de la sesión que, en primer lugar, le concedería la palabra a los grupos que mantenían enmiendas por su propio orden y después, por el orden de menor a mayor, a los grupos que no mantienen enmiendas. Mantienen enmiendas, en el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez Sánchez y la señora Almeida de Castro y los grupos Izquierda Unida y Socialista.
Por ello, ahora le iba a conceder a S.S. la palabra.
Tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, mi pregunta era simplemente porque no conocía que el Grupo de Convergencia i Unió había retirado las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Señoría, puede referirse no solamente a las enmiendas que su grupo mantiene, sino también a las de los demás grupos y expresar también los criterios que estime pertinentes en relación con el proyecto.


El señor SANTISO DEL VALLE: Quiero hacer una primera valoración de la modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta Judicial. Nuestro grupo va a apoyar esta reforma, aunque mantengamos las enmiendas que ahora pasará a relatar, pero no podemos evitar hacer una reflexión de carácter más general. Seguimos en un parcheo continuo de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que necesita, como creo que todas SS.SS. compartirán, una reforma en profundidad fruto precisamente de todas las variaciones que está sufriendo la distinta legislación que afecta a la demarcación y planta judicial. Hemos tenido oportunidad, hace muy pocos meses, de haber adelantado pasos en algunas cuestiones que hoy se van a aprobar y hemos tenido que esperar seis meses, parece ser que por un problema procedimental.


Nos sigue llamando la atención que vamos a aprobar una reforma que plantea cuestiones que en algunos casos la hacían innecesaria, pues podían haberse producido, como de hecho ya sucede en otros casos, desplazamientos de secciones de las audiencias en el caso de haberlo considerado conveniente. Las propias audiencias provinciales podían haber creado tranquilamente secciones en aquellos casos que hoy se van a abordar, para atender a concentraciones de población importantes que se van a ver afectadas por esta reforma.
Dicho esto, nos parece positiva la intención en general, en el sentido de acercar la justicia a los ciudadanos, de desdoblar las audiencias de Cádiz, de Málaga -en el caso de Asturias, la de Oviedo y de Gijón-, Badajoz, A Coruña, Pontevedra y Murcia. Ahora bien, también creemos que pueden existir pequeños desajustes, algunos no tan pequeños, como puede ser la asignación del número de magistrados, que algún caso provoca problemas en cuanto que ya hoy estaban saturadas esas misma audiencias y probablemente con el desdoblamiento pueden incrementarse, así como otros problemas territoriales, como ha expresado en su intervención el portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Creemos que está bien la urgencia, pero no la precipitación. Paso a defender nuestro bloque de enmiendas que, aunque numéricamente son cinco, se refieren a tres cuestiones. La primera es una enmienda a la disposición transitoria cuarta, porque, tal y como está redactada, puede dar lugar a una amortización mecánica de plazas de magistrados que en algunos casos pudiera ser necesario aumentar pero que no nos gusta. Proponemos la supresión del primer párrafo y buscar que sea el nivel de saturación o de ocupación de las audiencias el que determine si de verdad hay algún caso en el que hay que suprimir esa plaza como consecuencia

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de las nuevas creaciones o si, por el contrario, hay que mantenerla porque sigue siendo necesario el número de magistrados.
Las enmiendas 2 y 3 de Izquierda Unida hacen referencia a una reivindicación histórica en Badajoz, que es la creación del partido judicial de Azuaga, que data de 1854, por ser la población con mayor número de habitantes en la comarca. Con la creación del partido judicial número 15 que propone Izquierda Unida se atendería y aproximaría la justicia a esta comarca.
Por último, quiero referirme a las enmiendas 4 y 5, que tienen relación con lo que exponía anteriormente. Pretenden subsanar un error que nos hemos cansado de reiterar en todas aquellas oportunidades en que ha pasado por aquí alguna reforma parcial de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, porque procede precisamente de una precipitación que provocó que en la tramitación de la Ley 38/1988 se omitiera incluir en el Juzgado de lo Social de Mieres municipios que son colindantes con este y que, curiosamente, por este error, tienen que desplazarse a llevar sus casos al de Oviedo, siendo municipios que están a cinco minutos (como son los de Aller, Lena y Quirós) del Juzgado de lo Social de Mieres, juzgado que, por otra parte, tiene un bajísimo nivel de ocupación y que con esta corrección de error que propone Izquierda Unida liberaría de trabajo parcialmente al Juzgado de lo Social de Oviedo, en primer lugar y, en segundo lugar, evitaríamos tener en un nivel alto de desocupación en el Juzgado de lo Social de Mieres. Nos parece de sentido común aprovechar esta oportunidad para corregir este error, insisto, reconocido por todo el mundo, de la Ley 38/1988, que se intentó corregir en la exposición de motivos de la Ley 30/1992, que recoge expresamente la subsanación del error pero que se vuelve a cometer al no subsanarlo.
Yo puedo entender que, en una ley que está planteada fundamentalmente para el desdoblamiento de las audiencias, sorprendan estas enmiendas y que el Grupo Popular pueda pensar que es abrir una puerta para que se vayan colgando otras situaciones pendientes. Insisto, estamos intentando corregir un error de la Ley de 1988, reconocido en la exposición de motivos de la Ley de 1992; es posiblemente una nueva oportunidad perdida cuando tenemos cruzados los brazos en el Juzgado de lo Social de Mieres a una serie de funcionarios judiciales. A fuer de ser pesado, insisto en la necesidad de corregir este error y que nadie lo interprete en el sentido de intentar aprovechar la oportunidad para crear una nueva distribución de los juzgados en el caso de Asturias. Repito el llamamiento y pido la comprensión de todos los grupos para esas dos enmiendas que quieren corregir esa situación.
En cuanto al resto de las enmiendas, las vamos a apoyar todas excepto la número 9 de Izquierda Unida, porque en el fondo no quiere la separación de la Audiencia Provincial en Cádiz, y la número 16 de Convergencia i Unió, porque, en nuestra opinión, teniendo dudas respecto a la disposición transitoria cuarta, creemos que lo quiere solucionar de una manera excesivamente reglamentaria. Parece que el texto está incorporado al informe de la ponencia y ni siquiera se va a votar, con lo cual apoyamos el resto de las enmiendas y votaremos en contra de la número 9 de Nueva Izquierda.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Íñiguez.


El señor ÍÑIGUEZ MOLINA: El proyecto de ley que se somete hoy a la consideración de esta Comisión tiene una serie de defectos que lo hacen fundamentalmente inoportunos. Es una reforma que no debía haberse producido en este momento, puesto que las circunstancias no son las más adecuadas. Aunque existen en este proyecto de ley expectativas en las poblaciones donde se va a crear una sección de las audiencias provinciales, las circunstancias que vamos a exponer a continuación demostrarán que es totalmente inoportuna.
En primer lugar, la página 3 de la memoria nos habla de las causas por las cuales no se ha hecho hasta el momento una reforma de la Ley de Planta y Demarcación en lo que afecta a las audiencias provinciales, siendo los principales motivos -y están en el ánimo de todos- las previstas reformas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Civil - ha entrado en la Cámara recientemente el proyecto-; y la modificación del artículo 14, que está a punto de ser aprobado de forma definitiva y que va a quitar una gran carga de trabajo a las audiencias provinciales volviendo a llevar una serie de asuntos a los juzgados de lo Penal. No estamos por tanto en condiciones de saber con claridad el número de asuntos que va a haber en las audiencias.
En segundo lugar, dice esta memoria que acompaña al proyecto que, sin ignorar la necesidad de revisión de la planta, que ha debido ser pospuesta a causa de las importantes reformas procesales pendientes, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y el Código Penal, la aparición de estas nuevas necesidades contempladas en el presente proyecto exigen de forma ineludible la continuación del desarrollo de la planta judicial. Seguimos leyendo esta memoria creyendo que nos va a explicar cuáles son estas nuevas necesidades ineludibles que demandan cambiar en este momento la Ley de Planta. Nos lo aclara -lo digo entre comillas- un párrafo que tiene muy buenas palabras pero sin contenido, que dice: En consecuencia, estas necesidades (no dice cuáles son) no han de verse alteradas tras las reformas procesales mencionadas, no pudiendo posponerse su cobertura sino a riesgo de incrementar las actuales acumulaciones y, en última instancia, comprometer seriamente los logros habidos hasta ese momento; la efectividad de las últimas reformas legislativas y la consecución de una estructura judicial cualitativa y cuantitativamente óptima en nuestro país.
Es decir, unas magníficas palabras, pero que no tienen un verdadero contenido. Seguimos, por tanto, sin conocer la aparición de esas nuevas necesidades que exigen modificar la Ley de Planta y Demarcación que, en apariencia, va a resolver el problema de acercar la justicia a los justiciables, concretamente en siete poblaciones de España, pero no lo va a resolver en otras poblaciones de la misma categoría e importancia y de casi el mismo número de asuntos que también lo han solicitado; por ejemplo, Ferrol ha solicitado que se cree una nueva sección junto a la de Santiago de Compostela. Esta reforma va a crear una serie de agravios

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comparativos entre las poblaciones en las que se han creado las secciones y va a causar, como ocurre actualmente, una serie de problemas en los sitios donde suprimen. A través de la prensa tenemos conocimiento de que el colegio de procuradores de Cádiz ha interpuesto un recurso contencioso- administrativo ante la Sala Tercera contra el proyecto de reforma que hoy debatimos. Esto hace que en los habitantes de algunas ciudades como Cádiz, Jerez, Algeciras, Cartagena y Murcia, Vigo y Ferrol, todas las que creen que podrían verse afectadas por esta modificación, haya una alteración del ánimo porque se han creado algunas plataformas en defensa de la Audiencia Provincial y de la constitución de una sección. Se ha creado un problema político donde no existía en un momento como éste que no tiene explicación, porque jurídica y técnicamente no tiene explicación que se haga tan inoportunamente esta reforma si no es con un propósito meramente electoralista en las poblaciones a las que les afecta, diciendo que el Partido Popular les va a dar una sección, o, mejor dicho, tal y como está concebido el proyecto, una audiencia provincial.
Si se lee atentamente el proyecto que debatimos al mismo tiempo que el informe del Consejo General de Poder Judicial, vemos que se han atendido algunas circunstancias de las expuestas por el Consejo en su informe; en cambio, otras no, como la relativa a que se deje claramente delimitado lo que son audiencias provinciales y las secciones de las audiencias. Tal y como está configurado el anexo quinto, parece que se van a crear audiencias provinciales en Cartagena, en Jerez, en Algeciras y en las demás poblaciones donde se crea una sección. El Consejo pide reiteradamente en su informe que se aclare este tema y que no se tenga la conciencia de que se ha creado una audiencia bis sino una misma sección de esa misma audiencia.
Habría que dejar de poner parches a esta Ley de Demarcación y Planta ya que se han puesto demasiados. Estamos en un proceso importante de modificación de la justicia, pero hasta que no esté consolidado este proceso no deberíamos crear más problemas como los que se van a producir con la aprobación de esta reforma. Deberíamos considerar cuál es la configuración definitiva de la justicia penal en su fase de audiencias provinciales y dejarlo perfectamente claro, sin esperar a las próximas elecciones y a que haya peticiones de creación de nuevas secciones en poblaciones que preven su implantación, porque nos podemos encontrar con que se desvirtúa por completo la planta judicial en la justicia penal en la relación entre los juzgados de lo Penal, de Instrucción y Mixtos, y las audiencias provinciales.
El informe del Consejo es uno de los más negativos de los varios que hemos visto en esta legislatura en relación con proyectos enviados por el Gobierno. Entre ellos, recordamos el de las condiciones generales de la contratación, totalmente negativo. Este informe, con dos votos en contra, declara la inoportunidad de esta reforma y la falta de estudio y consideración de las circunstancias necesarias para que pueda prosperar este proyecto.
En el tema de los magistrados que han de componer cada una de estas nuevas secciones que se pretenden crear con el propósito de atender mejor al justiciable, nos encontramos con un estudio de seis secciones -todas menos la de Algeciras- en relación con la población, el número de asuntos, la participación en el total de los asuntos en la provincia, los que se resolvieron el año pasado y los que corresponden por magistrado y año. Hay que tener en cuenta que el Consejo establece en su libro blanco que no puedehaber más de 375 asuntos por magistrado y año, y así lo ha estimado como módulo máximo de trabajo.
Aunque el informe del Consejo tiene algún error numérico, vamos a ver cada una de estas nuevas secciones de las audiencias provinciales. La de Jerez, que tiene un 47 por ciento de la población total de la provincia y un 35 y 38 por ciento, respectivamente, de los asuntos civiles y penales, en el año 1997 tuvo un total de 2.151 asuntos. Si la plantilla de esta sección es de tres magistrados, le corresponden por magistrado y año 717 asuntos, algo más del doble del módulo máximo establecido. Si se hiciese una modificación con un nuevo magistrado, también superaría con mucho el número de los que corresponden, porque serían 538 asuntos al tener cuatro magistrados.
Lo que propone el Consejo son seis magistrados distribuidos en dos secciones, que tendrían un total de 358 asuntos, módulos totalmente manejable para llevar los asuntos de esta nueva sección.
En relación con Gijón y Vigo, ocurre exactamente igual. Se establecen cuatro magistrados en vez de tres, como en las demás secciones, pero en ésta con 1.981 asuntos que tuvieron en 1997, le corresponderían 495 asuntos con tres magistrados. De seguir este proyecto adelante, sería interesante que se creasen dos secciones también en Gijón que darían algo menos del máximo establecido, con un total de 330 asuntos por magistrado y año. Lo mismo ocurre con Mérida, que también supera el máximo establecido con 395 asuntos, cantidad menor, pero que podría paliarse perfectamente con un nuevo magistrado. En Santiago de Compostela, con esta misma demarcación y teniendo en cuenta que constituye el 27-83 por ciento de la población lo que le correspondería a la sección de Santiago, si se constituye con tres magistrados, serían 630 asuntos por magistrado y año, es decir, estaría totalmente desbordada la capacidad de trabajo de esos magistrados por mucho que quieran. Si esto siguiese adelante, se debería de hacer con dos secciones de tres magistrados cada una, que daría lugar a 315 asuntos por cada sección. Vigo supera todos los cálculos. Constituye el 60 por ciento de la población de la provincia de Pontevedra. Tiene un 67 por ciento de asuntos civiles y un 64 por ciento de asuntos penales de toda la provincia. El año pasado tuvo un total de 3.358 asuntos que correspondiendo a cuatro magistrados, como se propone, supondría un módulo de 839 asuntos por magistrado y año número de asuntos que comporta la imposibilidad de que esta nueva sección funcione con cuatro magistrados. Por tanto y teniendo en cuenta de que con seis serían 559 asuntos por magistrado y año, lo único que sería adecuado serían tres secciones con un total de nueve magistrados, con lo que serían 373 asuntos por magistrado y año, o sea que estaría dentro del módulo máximo establecido por el Consejo para el trabajo de los magistrados de estas secciones. En Cartagena nos ocurre lo mismo, con tres, como está establecido, serían 564 asuntos por magistrado y año, y haciendo dos secciones, con cuatro, serían 423 asuntos, también mucho mayor de lo que corresponde

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por el módulo y habría que establecer, por tanto, dos secciones de tres magistrados, con 282 asuntos.
Si a pesar de la inoportunidad de esta ley, se va a conseguir que se constituyan estas secciones y se pongan en funcionamiento, vamos a hacerlas, si lo que queremos que funcione es la justicia, de forma que pueda funcionar, no vamos a abocarlas al fracaso de encontrarse con 839 asuntos, tal y como está, por ejemplo, la de Vigo, donde, dadas las condiciones de esta población, estos magistrados no van a poder asimilar los 839 asuntos, y si queremos perfeccionar la justicia y conseguir el mejor servicio público de la justicia para los ciudadanos, cambiemos el número de magistrados que tienen que componer cada una de estas secciones, con los criterios establecidos de un módulo de 375 asuntos por el Consejo General del Poder Judicial, que es órgano de gobierno de los magistrados y jueces, y vamos a hacer algo que sea verdaderamente operativo y no una reforma que sea exclusivamente electoralista, con la que queramos conformar a unas ciudades dándoles de forma fija una sección de las audiencias provinciales, que se va a convertir, lo digan así o no lo digan, en una audiencia provincial bis. Si queremos hacerlo, hagámoslo de forma que pueda ser perfectamente operativa y pido precisamente al Partido Popular que si ha de seguir con este proyecto, que haga una adecuación del número de magistrados necesarios para que sea verdaderamente operativa esta sección.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas Grupos no enmendantes que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Canario, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, seré muy breve, porque mi grupo valora positivamente el texto que llega hoy a la Comisión después de las enmiendas introducidas en el trámite de ponencia. Mi grupo no había presentado ninguna enmienda singularizada al respecto porque el anexo V de este proyecto de ley se refería a comunidades autónomas distintas de la canaria, y dado que habíamos tenido ocasión en el anterior proyecto de ley de modificación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial que creaba dos nuevos partidos judiciales, uno en Canarias y otro en la Comunidad de Valencia, de manifestarnos en el trámite de esta Comisión del Congreso de los Diputados, nada teníamos que enmendar al respecto.
Sí queremos resaltar que vamos a apoyar con nuestro voto el texto que nos llega de la ponencia entendiendo que ha sido positiva la supresión de la disposición transitoria cuarta, que no venía en verdad nada más que a complicar el ejercicio de la misma, y es positiva la introducción de dos nuevos artículos, el artículo tercer (nuevo) y el cuarto (nuevo), especialmente este último, porque tiene correlación y va a poder ser aplicado precisamente al anterior proyecto de ley al que me he referido anteriormente, ya visto en esta Cámara, de modificación de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, que creaba un nuevo partido judicial en la isla de Tenerife en Canarias, para que sea ahora una ley cuya competencia de emisión corresponde a la comunidad autónoma, que será la que fije la sede de la capital del partido y, por tanto, el nombre del municipio correspondiente. Estos son problemas que a veces suscitan un gran litigio y entendemos que esta responsabilidad la debe asumir el propio Parlamento autonómico correspondiente y que el Gobierno de esa comunidad autónoma emita el correspondiente proyecto de ley que apruebe ese Parlamento autonómico.
Por todo lo demás, como estamos de acuerdo con su texto, lo vamos a votar favorablemente votando en contra de las enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE: (Cárceles Nieto): Por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: El Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió presentó cinco enmiendas al proyecto, de las cuales cuatro han sido incorporadas en trámite de ponencia y una quinta retirada. El sentido de las enmiendas, aparte de un par de correcciones puramente técnicas y de precisar una remisión que se encontraba equivocada, tenía por objetivo fundamental, por un lado, en la medida en que se establecen secciones desplazadas de audiencias provinciales, recoger el principio del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que por ley del Parlamento de la comunidad autónoma respectiva se fije la sede de esa sección desplazada de la comunidad autónoma correspondiente. Por otro lado, también otra enmienda de un cierto calado, que se ha incorporado al proyecto, pretende que en los supuestos de transformación de órganos jurisdiccionales sea preceptivo el informe de la comunidad autónoma. Tenemos que decir que hasta ahora el Gobierno estaba solicitando esos informes y que por tanto la ley no va a variar lo que ha sido una práctica, pero de lo que se trataba también era de protegerlo a través de este principio de preferencia de ley.
Tengo que decir, en cualquier caso, en relación con el proyecto, señorías, que a mi grupo no le entusiasman las secciones desplazadas de las audiencias provinciales. Ciertamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 78 se establecía esa posibilidad para los tribunales superiores de Justicia y en el artículo 80 para las audiencias provinciales, y por tanto da la impresión de que no se hace otra cosas que poner en práctica estos principios teniendo incluso en cuenta que por su propia naturaleza y por la práctica ausencia de competencias penales de los tribunales superiores de Justicia tiene incluso más sentido, una vez que se admite o se quiebra ese principio general de unidad dentro de la comunidad autónoma o de la provincia respectiva, admitir una sección desplazada de la audiencia provincial, en la medida que es la jurisdicción penal o la civil la que determina, sobre todo la penal, movimiento de ciudadanos, que no la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la que constituye el elemento básico de los tribunales superiores de Justicia, en la que se mueven papeles precisamente y no personas.
De todas formas ya digo que quiero dejar claro que a mi grupo no le entusiasma la existencia de secciones desplazadas, que nos da la impresión de que lo que va a producirse va a favorecer una quiebra o un riesgo de quiebra del principio de unidad en la aplicación del ordenamiento jurídico y que precisamente la existencia de estas secciones

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hace, desde nuestro punto de vista, ineludible situar un recurso de casación penal y civil incluso en el ámbito de los tribunales superiores de Justicia, dejando posteriormente al Tribunal Supremo un recurso de casación para la unificación de doctrina, porque ciertamente la dispersión geográfica de las secciones de las audiencias lo que va a motivar es precisamente la dispersión también de esa doctrina jurisprudencial.
De todas formas, el Gobierno así lo ha establecido en el proyecto de ley, los gobiernos autonómicos no se han opuesto y los que se opusieron en su día han rectificado esta posición, las secciones desplazadas han sido admitidas, aprobadas y hasta impulsadas por los parlamentos autonómicos y, por tanto, res inter alíos acta nec nocet nec prodest, lo que hagan otros a nosotros no nos afecta. A lo que sí nos opondríamos siempre es a que se nos pretendiese aplicar el mismo criterio y desde luego ya anticipo que no estamos por que exista una sección desplazada de la Audiencia Provincial de Barcelona con competencia en el Baix Llobregat, por más que en población puede tener más que algunas de las secciones que aquí se crean, o por jugar a las dobles capitalidades y generar una mayor contienda de la que en estos momentos puede existir en Tarragona entre Tarragona y Reus, precisamente también sobre la base de la existencia de secciones desplazadas de las audiencias provinciales. La uniformidad del ordenamiento jurídico entendemos que no puede ver con buenos ojos estos desplazamientos. Ahora bien, si otras comunidades los desean, allá va.
La enmienda que habíamos presentado a la disposición transitoria tenía por objeto impedir que con el pretexto o incluso como causa de la creación de secciones desplazadas al final lo que hubiese es un incremento de plantilla en determinadas audiencias provinciales en detrimento de aquellas otras en las que se aplica el principio de unidad. Una vez que es el propio Grupo Parlamentario Popular el que ha presentado una enmienda de supresión de esa disposición transitoria, nosotros no hemos tenido el más mínimo inconveniente en retirar la nuestra y, por tanto, manifestamos ya el voto favorable al proyecto.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: En nombre del Grupo Popular, voy a fijar la posición en relación a las enmiendas presentadas y realizaré a su vez unas valoraciones en torno al proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.


Se ha dicho por parte de los portavoces de diversos grupos que era un proyecto meditado, inoportuno y que no obedecía a razones objetivas.
Quiero rebatir estos criterios inicialmente. Quienes conocen los antecedentes parlamentarios recordarán que cuando se estaba tramitando la Ley de Demarcación y Planta Judicial en 1988, el Grupo Popular presentó ya entonces enmiendas al articulado y al anexo V tendentes a garantizar la creación de secciones de audiencia fuera de la capital de provincia. Sus señorías conocen igualmente, y si no lo subrayo con mucho gusto, que es un compromiso del Partido Popular que hace suyo el Gobierno y que apoya el Grupo Popular.
Quiero recordar también de dónde trae causa el proyecto de ley que estamos debatiendo. Parece que SS.SS. olvidan que al Ley Orgánica del Poder Judicial, y estamos hablando de una ley orgánica de 1985, posibilita el proyecto de ley que hoy estamos discutiendo. Así el artículo 80.1 de dicha ley establece que las audiencias provinciales tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre y extenderán su jurisdicción a toda ella. También conocen que en el número 2 del mismo precepto se establece la posibilidad de crear secciones de audiencia provincial fuera de la capital de la provincia, a la que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Pues bien, como consecuencia del número 2 de este artículo 80, el Gobierno elabora un proyecto de ley que remite a las Cortes Generales, que es el que estamos debatiendo en la Comisión de Justicia. Por si fuese poco, en la justificación de la oportunidad del proyecto nos parece capital el artículo 24 de nuestro texto constitucional, donde se tiende a garantizar un fácil acceso de los ciudadanos a la justicia y a adoptar las medidas precisas para el funcionamiento y perfeccionamiento de la justicia. Es decir, tanto el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, como el artículo 24 de la Constitución y algunos estatutos de autonomía, específicamente el de Ceuta y Melilla, dan cobertura legal al proyecto de ley que hoy estamos examinando.
No puedo entender las críticas absolutamente demoledoras del Grupo Socialista al proyecto de ley que estamos examinando, críticas desde el punto de vista político y desde el punto de vista de contenido que tienen una traslación parlamentaria insólita, porque se presenta una única enmienda al texto referida a la disposición transitoria cuarta.
La intervención que hace el portavoz del Grupo Socialista debería conllevar en el ámbito parlamentario la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista presta su atención de forma pormenorizada añadiendo una sección en un sitio, quitando una sección en otro, justificando la carga de trabajo y la adscripción de determinados partidos judiciales y, ¡oh sorpresa!, se presenta una única enmienda por parte de su grupo a la disposición transitoria cuarta.
Los grupos parlamentarios deberían acompasar sus discursos, no solo en el Parlamento sino también en las respectivas comunidad autónomas en las que se van a crear secciones de la audiencia fuera de la capital, a lo que es el período y el plazo estrictamente parlamentario en el desarrollo de una ley, que es la formulación de las enmiendas. No puedo aceptar ni alcanzar a comprender la oportunidad un discurso donde se establecen criterios específicos de creación o supresión de secciones y que no aparezcan luego en enmiendas al texto articulado. Hacer ese tipo de política y de discursos parlamentarios, donde las voces van por un lado y las enmiendas no van por otro, favorece poco el rigor que se debe tener en el ámbito parlamentario en la tramitación de determinados proyectos de ley, salvo que se pretenda posibilitar discursos variados y contradictorios dependiendo de las necesidades coyunturales que existan en cada comunidad autónoma y en cada localidad concreta y determinada.


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Hay otra serie de enmiendas que plantean otros grupos parlamentarios respecto de las que quisiera invocar también los antecedentes que llevan al Grupo Popular a rechazar enmiendas que no se refieren al objetivo primordial y único de este proyecto de ley, que como saben obedece a la creación de nueve secciones fuera de la capital en las audiencias provinciales.
En cuanto a otro tipo de enmiendas que se plantean referidas a juzgados de Primera Instancia y a juzgados de lo Social, es perfectamente legítimo defender estos intereses en el debate parlamentario y dentro de los criterios de estrategia política, pero es legítimo igualmente, porque así lo hemos hecho anteriormente y a ello me referiré, rechazar enmiendas que no se refieren al núcleo de este proyecto de ley que estamos debatiendo y que apoyamos desde el Grupo Popular. Sus señorías recordarán, concretamente el portavoz de Izquierda Unida, que cuando se discutió la modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial recientemente se hizo con un objetivo determinado que se refería a la creación de juzgados en la Comunidad Autónoma de Canarias y en la Comunidad Valenciana, por necesidades turísticas de ciertos municipios, que SS.SS. conocen perfectamente, ya que el proyecto de ley ha sido tramitado en las Cortes Generales.
Pues bien, en aquel momento otros grupos y concretamente Izquierda Unida y el Grupo Mixto, se planteaban enmiendas que no traían causa del objetivo que tenía el Gobierno y que apoyaba el Grupo Popular, que se circunscribía a las citadas comunidades autónomas. Por aquel criterio objetivo de trabajo, de rigor y de analizar los proyectos conforme la finalidad fundamental para la que son presentados y tramitados en el Congreso y en el Senado, el Grupo Popular rechazó entonces -qué paradoja- la creación de secciones de determinadas audiencias provinciales fuera de la capital. Los que siguen con atención los debates en la opinión pública se acordarán del desgaste al que se nos quiso someter desde el Grupo Socialista porque se nos provocaba diciendo: si el Grupo Popular tanto quiere las secciones desplazadas, plantéese apoyar las enmiendas que desde el grupo de Izquierda Unida y desde el Grupo Mixto se presentan y que el Grupo Socialista apoya.
El rigor a la larga, en el Parlamento y en la vida, suele ser bastante rentable y coloca a cada uno en su sitio, en el Parlamento, en política y en general en la vida. Cuando rechazamos con objetividad y con criterio aquellas enmiendas soportando un desgaste político importante e invocamos que desde el Ministerio de Justicia y desde el Gobierno del Partido Popular se enviaría a las Cortes Generales un proyecto, el que hoy estamos discutiendo, para modificar la Ley de Planta y Demarcación Judicial y crear secciones fuera de la capital algunos diputados socialistas dijeron que estábamos mintiendo a los ciudadanos y faltando a la verdad. Fíjense ustedes qué satisfacción política y personal tengo yo hoy aquí como ponente y portavoz del Grupo Parlamentario Popular de demostrar no solamente el rigor del Gobierno sino también la trayectoria impecable de mi grupo parlamentario, que ya en el año 1988 planteó enmiendas cuando se estaba tramitando la Ley de Planta y Demarcación Judicial; el rigor que nos asiste cuando no sucumbimos a tentaciones parciales que se plantearon de forma legítima pero poco rigurosa cuando se estaban tratando otros proyectos de ley, y hoy estamos manteniendo un discurso perfectamente coherente con la presentación de una enmienda a la disposición transitoria cuarta, que como han recordado anteriores portavoces, ha sido incorporada en el trámite de ponencia y ratificada al inicio de este debate por la propia Comisión de Justicia.
Señorías, quiero decir que este proyecto de ley no solamente trae causa de la propia ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Planta y Demarcación Judicial, sino también de nuestro texto constitucional, del artículo 24, que invoca y apela para que la justicia sea accesible al justiciable, para que podamos aproximar la justicia al justiciable. Creo que el objetivo de la ley consigue dar carta de naturaleza a este principio establecido en nuestro texto constitucional.
Quiero recordar también, porque ha habido dudas y algunos hemos formulado muchas preguntas en legislaturas anteriores, que la ley era el único cauce posible para proceder a la adaptación de la Ley de Planta y Demarcación Judicial y a la creación consiguiente de secciones fuera de la capital. No había otro procedimiento posible y, por tanto, hemos establecido el cauce adecuado, con criterios objetivos de carga de trabajo y desde luego con un objetivo global y genérico, que es el que entendemos debe alumbrar y asistir siempre a todos los proyectos de ley. Les dirá que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas -y quiero hacer una especial referencia al caso de Ceuta y Melilla- asisten con auténtica expectativa a la creación de estas secciones fuera de la capital; en los propios estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla se instaba a través de su disposición adicional sexta para que la normativa del Estado adecuase la planta judicial a las necesidades de Ceuta y de Melilla, y hoy tenemos la satisfacción de que la normativa del Estado, mediante una ley, adecua la planta judicial a las necesidades verdaderas de Ceuta y Melilla, donde como SS.SS. saben no solamente razones geográficas sino razones objetivas aconsejaban y aconsejan que se constituyan dichas secciones.
Señorías, creemos que criterios generales de carga competencial, la existencia de planta judicial en cuanto a los juzgados unipersonales suficientes en todos los partidos judiciales sede de las nuevas secciones, las peticiones y las solicitudes acreditadas, fundamentalmente por colegios de abogados de todas las ciudades, y las necesidades judiciales expuestas por el propio Consejo del Poder Judicial aconsejan y acrediten no solamente la oportunidad sino también la bondad de este proyecto de ley. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular está de más decir que lo vamos a apoyar, lo vamos a hacer absolutamente satisfechos, porque creemos que estamos colaborando, con este apoyo y con esta tramitación parlamentaria, a una finalidad que debemos perseguir sin ningún género de dudas, que es facilitar el acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales y acercar la justicia al justiciable.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): El señor Castellano había pedido la palabra. No obstante, ¿grupos que desean intervenir en un segundo turno? (Pausa.) Señor Castellano.


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El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Señor presidente, no estaba en mi ánimo intervenir; además no he sido yo el ponente de este ley, don Mariano Santiso ha tenido que ausentarse, porque lógicamente entenderán ustedes que en un grupo parlamentario como el nuestro tengamos muchos frentes que cubrir, pero es que he sido provocado, porque si se dice que de lo que se trata es del acceso de los ciudadanos a los órganos judiciales, precisamente las enmiendas 4 y 5, que hacen referencia al territorio de su señoría, señora Fernández, a Mieres, y que además ha quedado demostrado que fue un error que se cometió, deberían ser aceptadas.
En todo caso, ha sobrado por completo esa defensa de la objetividad de los proyectos, porque yo le voy a recordar a usted algún proyecto tan objetivo como el de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la intención de instalar la famosa cámara de descompresión despolitizante a aquellos magistrados y jueces que han pasado por la política, que venía acompañado de algo tan coherente como era el recurso de nulidad de actuaciones, y no digamos cuando además se le añadió por vía de enmienda el estatuto de los miembros del Tribunal Supremo. Es lógico que sea exactamente igual de objetivo su criterio que el de los demás cuando llega un proyecto de ley. En estos días estamos viendo una reforma del título VIII del Código Penal que se está aprovechando, y me parece muy bien, por los grupos parlamentarios para dar un salto importante en algo como es la reforma del propio Código Penal en materia de malos tratos para poder tomar determinadas medidas con respecto a las mujeres maltratadas.
Por tanto, no enarbolemos el principio de la objetividad y de la coherencia estricta de los proyectos para no aceptar ninguna enmienda, porque yo le puedo poner a usted encima de la mesa -sólo le he recordado dos a vuela pluma- todo un auténtico censo de leyes que han motivado a los diputados a tratar de, anexo o conexo con el tema, reformar otras. ¿Que ustedes no quieren ahora corregir el tema que el señor Santiso y nuestro grupo les han propuesto en las enmiendas 4 y 5 para impedir seguir en un determinado error? Me parece muy bien.
Ahora, no me diga usted que es por objetividad con el proyecto, porque la objetividad es la que tendrá usted el día de hoy, pero hubiera sido bueno que la hubieran tenido ustedes hace unos cuantos días, no hubiera estado nada de más, y que luego a lo mejor la adquieran dentro de otros pocos, pero hoy precisamente está siendo usted lo suficientemente objetiva, tan objetiva, tan objetiva que está usted dejando en muy mal lugar a su propio grupo, al que usted le acusa precisamente de falta de objetividad cada vez que ha aceptado otras propuestas. No tengo ningún ánimo de polémica, solamente se lo digo por defender a su grupo parlamentario, para que no tenga usted ningún problema, porque si no alguien le va a decir: ¿cómo dices estas cosas? Porque, por ejemplo, aprovechando una iniciativa popular para regular exclusivamente un tema tan concreto como es la modificación del quórum para determinadas reformas en las fincas sometidas al régimen de propiedad horizontal, ha dado motivo para que hagamos una auténtica ley de propiedad horizontal casi nueva. ¿Y nos va usted a acusar de falta de objetividad, si eso se ha hecho en base a sus propias enmiendas?

Sea usted lo suficientemente objetiva para añadir a la objetividad, porque usted lo sabe hacer perfectamente, un mínimo de coherencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Íñiguez.


El señor ÍÑIGUEZ MOLINA: Voy a tratar de ser muy breve. Saliendo al paso de la tremenda crítica que nos ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular únicamente queríamos decirle que nuestro rechazo no es a la creación de secciones, sino a lo mal que está hecho el proyecto. Está tan mal hecho que lo ha reflejado el órgano del Consejo del Poder Judicial, especialmente en relación con el módulo de los magistrados que deben de componen la planta en cada una de las secciones, alusión a la que, por otra parte, la portavoz del PP no ha hecho la más mínima consideración sobre los números que hemos expuesto en nuestra intervención y que son recogidos del informe del Consejo. Por tanto, nosotros no estamos diciendo que estemos en contra de la creación de las secciones en los casos en que sea procedente, pero en el momento oportuno, que no es este, para poder hacer esta modificación, puesto que está pendiente, entre otras cosas, saber el resultado que nos va a dar la modificación del artículo 14, que va a descongestionar bastante a las audiencias provinciales en materia penal, y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está iniciando su tramitación en esta Cámara y que va a tener también unas consecuencias importantes en cuanto al número de asuntos y las apelaciones que correspondan.
Hubiese sido mejor esperar a un momento más oportuno, en el que estuviese cerrado ya el mapa judicial y no pudieran afectar estas modificaciones últimas que se están tramitando.


Por otra parte y abundando en lo que ha dicho el señor Castellano, hay un tema, concretamente el del juzgado de Mieres, que es un error inexcusable pero desde hace mucho tiempo. (La señora Fernández González: ¿De quién? El señor Castellano Cardalliaguet: Corríjanlo).
Después de establecer el juzgado de lo Social de Mieres, posteriormente en el anexo no se recogen las partes que tenían que componerlo. Por tanto, es el momento oportuno para aceptar cualquiera de las enmiendas que se han presentado ampliando el número de poblaciones que deban de adscribirse al juzgado de Mieres. No difiere en absoluto de las demás cuestiones y debería ser aprobado este tema por Comisión. Nosotros vamos a votar a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Intervengo con toda brevedad.
Por empezar por las palabras del portavoz socialista, he de decir que he sacado una conclusión clara sobre el sentido de voto de todos los grupos parlamentarios, pero no sé qué va a votar el Grupo Socialista.
Lo digo porque el trámite parlamentario, después de hacer el discurso en defensa o en contra del proyecto, como ha sido el caso, normalmente los demás grupos sabemos en qué sentido va a ser la vota ción.


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Desconozco en qué sentido va a ser la votación del Grupo Socialista y espero expectante -créanme-, y conmigo muchas personas que siguen con atención la tramitación de este proyecto de ley.
Vuelvo a no entender nada -y se lo quiero decir con todo respeto pero con toda contundencia al señor Íñiguez- . Si el proyecto de ley es tan malo, reglamentariamente usted y su grupo parlamentario tuvieron la posibilidad de presentar una enmienda de totalidad con texto alternativo. Parlamentariamente es posible, políticamente es muy ilustrativo y sería muy conveniente para haber concretado este debate, porque S.S. parece que tiene una precisión y un termómetro exacto para medir la bondad o la maldad de este proyecto de ley. Por el contrario, S.S. -insisto- o su grupo parlamentario despacha el trámite de las enmiendas con la presentación de una sola enmienda a la disposición transitoria cuarta. No entiendo la actuación parlamentaria en la que ha incurrido el Grupo Socialista, ni puedo acompasar el discurso a las votaciones y a las enmiendas (El señor Cuesta Martínez: Eso ya lo ha dicho antes). Créanme que he prestado mucha atención y la vamos a seguir prestando, pero están ustedes instalados en un perfecto galimatías jurídico y político.
Por lo que se refiere al portavoz de Izquierda Unida, al señor Castellano, entiendo que el señor Santiso se haya tenido que ausentar. Él conoce perfectamente y tiene sensibilidad respecto a este proyecto de ley como ponente, me consta y lo conozco desde hace unos pocos años. Como nos pasaba en la facultad cuando nos preguntaban un tema y sabíamos justo el inmediatamente posterior y anterior, tratábamos de confundir mezclando para salir adelante lo mejor posible. (El señor Castellano Cardalliaguet: Me rejuvenece.- Risas.) Y el señor Castellano a quien no hace falta que yo le rejuvenezca porque tiene un espíritu joven, me ha trasladado a mi época universitaria. Estamos hablando del proyecto de modificación de planta y demarcación judicial. Le agradezco, porque siempre se aprende de sus intervenciones parlamentarias, la multitud de ejemplos que, no con respecto a este proyecto sino con carácter general, ha tratado de poner de manifiesto y, cual incrustación de lapislázuli, ha tratado de colar en el debate parlamentario que hoy traemos respecto a las secciones desplazadas fuera de las capitales de provincia. Le agradezco igualmente la sensibilidad que me consta que tiene hacia la Comunidad Autónoma asturiana, pero no ha prestado atención a nuestra intervención. He tratado -ya veo que sin éxito- de justificar la razón objetiva, señor Castellano - creo que me asiste ese derecho de poder calificar mis palabras y mis discursos con los titulares que estime yo oportuno-, que nos impedía apoyar enmiendas que con carácter general hacían referencia a otras cuestiones distintas al propio proyecto de ley.
Su señoría invocaba, y es verdad, que se trata de un error, que trae causa histórica, de hace muchísimos años, que se ha podido corregir por gobiernos anteriores -y no lo han hecho-, y créame que la preocupación que usted tiene yo la comparto y se comparte desde este grupo parlamentario, pero al igual que mantuvimos un discurso razonado y razonable cuando se modificaba la Ley de Plana y Demarcación justamente para modificar la planta referida a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad Autónoma de Canarias para la creación de juzgados por razones de incremento turístico, en aquel entonces rechazamos la creación de secciones de audiencia. Siguiendo con ese hilo argumental usted me permitirá que yo califique de objetivo el criterio por el que hoy no vayamos a apoyar enmiendas que se refieren a cuestiones distintas a las establecidas y tratadas en este proyecto de ley, compartiendo, sin duda, la sensibilidad que S.S. tiene hacia el juzgado de lo Social de Mieres, al que también emprenderá que por proximidad, por vecindad y por nacimiento estoy más cerca que S.S. en cuanto a esa sensibilidad.
Proposiciones no de Ley:

- DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 137/1993, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ARMAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/ 001107)

El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Sustanciado el debate del proyecto de ley de modificación de la ley Demarcación y de Planta Judicial, entramos en el punto tercero del orden del día, debate y votación de proposiciones no de ley. Proposición no de ley de modificación del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el reglamento de armas.
Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Esta iniciativa tiene como objeto responder a la demanda de los mayores, sobre todo aquellos aficionados a la caza, que son muchos, que con razón se sienten discriminados por la redacción del artículo 104 del reglamento del Real Decreto 137/1993.
Este real decreto, que contempla una vigencia de la licencia de armas diferenciada en función de la edad, a partir de los 60 años, hace que se produzca una discriminación en cuanto a los costes económicos por el recorrido burocrático que se tiene que hacer para obtener estas licencias. Entendemos que debe existir una diferenciación en la edad en cuanto a la idoneidad psíquica y física del que tiene la licencia, pero no otro tipo de agravio. En consecuencia, para evitar esta discriminación y facilitar los trámites a las personas mayores que gustan y son aficionadas a la caza, pedimos la modificación de este artículo 104 en el sentido que recoge la enmienda que hemos presentado.
Quiere decir que la única diferenciación que habrá a partir de los 60 y 70 años será la presentación de un certificado médico de un centro de reconocimiento autorizado, en el caso de los 60 años cada dos años y en el caso de los 70 una vez al año, pero solamente será un visado que se dará mostrando este certificado, para lo cual también se solicita en la proposición que la Administración apruebe un modelo de licencia con espacio suficiente destinado a la consignación de los sucesivos visados gubernativos. Insisto en que esta iniciativa responde a facilitar, abaratar y evitar trámites burocráticos innecesarios y a igualar a todos los ciudadanos ante estas concesiones.


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El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Señor Caneda, como el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, entiendo que ha sido defendida en su intervención, e efectos de ordenación del debate.


El señor CANEDA MORALES: Entiende bien el señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Muchas gracias.


¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, mi grupo va a apoyar con su voto positivo, la aprobación de esta proposición no de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar nos parece que tiene lógica y presta atención a un problema que incluso razonándolo sobre la base de que la Constitución española señala en su artículo 14 que nadie puede ser discriminado, entra en el terreno no de la discriminación, sino de la potestad de la Administración en razón de un certificado médico, cubierta ya la etapa de los 60 años y el nivel de los 70, que el vigente reglamento del Real Decreto 137/1993 señala en el artículo 104 -que se propone modificar aquí-, respecto a estas exigencias; exigencias dentro del trámite burocrático -como bien ha señalado el portavoz del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular-, pero que obligaban a una reiteración de la obtención de los certificados de antecedentes penales. No se trata de una cuestión vinculada a la comisión de delitos (que era la exigencia que sustentaba el rigor en la obtención del certificado de antecedentes penales), sino que se estaba poniendo en duda que estas personas hubieran cometido determinados delitos cada año, pasada la edad de los 70 años, cosa que verdaderamente resultaba pintoresca. Por tanto, lo que hay que pedir no es un certificado de antecedentes penales, sino el certificado de la aptitud psicomotriz o el certificado que un colegiado médico expende y expide al respecto. Ydigo lo de expende porque se cobra y está en tela de juicio el cobro de estos certificados médicos, pero no es ésta la cuestión que se trae aquí.
Sí quiero decirle al Grupo Parlamentario Popular que mi grupo no ha considerado por el momento esta proposición no de ley objeto de una enmienda, pero sí quiero recomendarle al Gobierno que teniendo en cuenta la edad de las personas de que se trata, sobre todo los mayores de 70 años, y dado que la Dirección General de la Guardia Civil tiene dependencia orgánica del Ministerio del Interior, adoptara la elogiable costumbre de la Dirección General de Tráfico en relación con la inmediata caducidad de los permisos de conducir. Todo ciudadano con permiso de conducir recibe aproximadamente tres meses antes de que se produzca la caducidad del mismo, un preaviso de la jefatura de tráfico de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior advirtiéndole de esa situación para que haga la renovación pertinente porque en caso de caducarle se verá obligado a repetir todo el examen. Pues bien, esto no lo viene haciendo el servicio de intervención de armas de la Dirección General de la Guardia Civil con los que tienen las licencias correspondientes y la casuística nos viene indicando que es un verdadero trastorno para las personas con esta edad, que en muchos casos no pueden tener la memoria ni una agenda que les preavise del momento en que les va a caducar la licencia. Si esto lo puede hacer la Dirección General de Tráfico con lo millones de permisos de conducir que hay -porque hoy hay ordenadores para resolver esta cuestión-, con mucha mayor razón lo podría hacer el servicio de intervención de armas de la Dirección General de la Guardia Civil, dado que el número de licencias y permisos de armas es infinitamente menor y hay ordenadores que facilitan estos procesos de preaviso.
Esto es lo que quería decir al respecto para que quedara constancia en el «Diario de Sesiones», porque ni siquiera pretendo que sea una enmienda in voce.


- SOBRE LA URGENTE NECESIDAD DE APERTURA DEL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE PALMA DE MALLORCA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/001109).


El señor VICEPRESIDENTE (Cárceles Nieto): Pasamos al punto 4 del orden del día: proposición no de ley sobre la urgente necesidad de apertura del nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca, del Grupo Socialista, a cuyo efectos tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA MADURELL: Señor presidente, señorías, la situación que viene arrastrando el viejo centro penitenciario de Palma de Mallorca es ya insostenible. Se trata de unas instalaciones obsoletas, con capacidad para entre 200 y 300 reclusos y reclusas, que en la actualidad alberga a más de 600 -exactamente 630- y en ciertas épocas ha llegado a tener más de 700, es decir más del doble.
Son unas instalaciones que no reúnen los requisitos mínimos que exige la propia Ley General Penitenciaria en lo referente a la clasificación de internos, y en consecuencia los reclusos y reclusas ingresados en dicho centro penitenciario no reciben de la Administración el mismo grado de prestaciones que el resto de internos e internas del sistema penitenciario español.
Ante tal grado de hacinamiento, se carece de personal suficiente para atender con eficacia las necesidades del centro, en deterioro lógicamente de la seguridad y del tratamiento de las propias personas. Por este mismo motivo, muchos reclusos y reclusas tienen que ser trasladados a las prisiones de la Península, lo que trae consigo importantes problemas afectivos y económicos, tanto para ellos como para sus familiares, con los que fácilmente pierden el contacto.


Como solución a todos estos problemas, durante el Gobierno socialista, y dentro del plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios, se abordó la construcción de un nuevo centro penitenciario en Palma de Mallorca, cuyas obras, después de superados algunos retrasos iniciales, estaba previsto que finalizaran en septiembre de 1997 (así, al menos, se nos dijo por escrito en contestación a una pregunta formulada por esta diputada en febrero

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de 1997), pero en contra de las previsiones anunciadas por el Gobierno el nuevo centro penitenciario de Palma todavía hoy no ha entrado en funcionamiento ni hay fecha prevista para ello, a pesar de estar ya desde hace varios meses virtualmente terminado. (El señor vicepresidente, Aguiriano Forniés, ocupa la Presidencia.) Por otro lado, señorías, a lo largo de este año 1998 se han inaugurado nuevas prisiones: dos prisiones tipo en la comunidad autónoma gallega, concretamente la de Curtis, en A Coruña, y Alhama, en Pontevedra; una en Andalucía, el nuevo centro tipo de Granada y, recientemente, una en la Comunidad Autónoma de Madrid, la de Aranjuez, que ha supuesto el cierre de Carabanchel. Ninguno de los centros antiguos a los que estos nuevos centros han sustituido tenía una tasa de saturación comparable a la que tiene actualmente la vieja prisión de Palma de Mallorca, que está todavía en funcionamiento.
Parece deducirse que la puesta en marcha de nueva prisión de Palma va viendo postergada no en base a criterios técnicos, sin en base a criterios de oportunidad política. Mientras tanto, los ciudadanos y ciudadanas privados de libertad en Mallorca tienen que ser enviados a la Península, con el consiguiente problema de desarraigo y de gasto añadido a la familia; gasto que debe asumir si quiere seguir manteniendo un mínimo de relación.
Pueden imaginarse SS.SS. el enorme coste social que está suponiendo el retraso en la puesta en funcionamiento del nuevo centro penitenciario de Palma, y por ello el Grupo Socialista presenta esta proposición n de ley en la que pedimos al Gobierno que solucione de forma inmediata y con carácter de urgencia todos los obstáculos que impiden la apertura inmediata del nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca y que dicho centro se ponga en funcionamiento antes de finalizar el presente año 1998.
Por ello, señorías, pedimos a todos ustedes su voto favorable.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Simplemente, para manifestar que nuestro grupo votará a favor de dicha proposición no de ley haciendo nuestras las palabras que se han vertido por parte de quien ha presentado la propuesta.


El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cava de Llano.


La señora CAVADE LLANO Y CARRIÓ: Para justificar su proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho mención al grado de hacinamiento que sufre la cárcel de Palma de Mallorca y que según su representante conlleva que los reclusos no reciban el mismo trato que los reclusos que se hallan internados en otros centros penitenciarios. Ha manifestado que los funcionarios no pueden realizar su labor de forma eficaz y que muchos reclusos de Baleares son trasladados a prisiones de la Península.
También ha hecho mención a que el Gobierno socialista aprobó el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios en el año 1991, y efectivamente señorías, esto es así, pero la representante del Grupo Parlamentario Socialista ha olvidado hacer mención a algo fundamental, y es que hubo que efectuar otro Plan de infraestructuras en el año 1998 para atemperar la política penitenciaria a las modificaciones habidas con motivo de la promulgación del Código Penal de 1995. Ha hecho mención también a que su grupo formuló una pregunta que le fue contestado el 5 de febrero de 1997, pero esa contestación fue anterior a la aprobación del Plan de infraestructuras, que como ustedes saben se aprobó por Consejo de Ministros de 30 de abril de 1998. Por tanto, consideramos que no es justo que se haga mención a una serie de acontecimientos que han tenido una enorme incidencia en lo que ha ocurrido con la cárcel de Palma de Mallorca pero que se omitan otros hechos importantísimos que justifican y de alguna forma hacen entrever cuál ha sido la política del Gobierno, y si se le contestó en 1997 que el plazo de apertura del centro penitenciario de Palma de Mallorca iba a ser el plazo de apertura del centro penitenciario de Palma de Mallorca iba a ser de cuatro meses, si no recuerdo mal hubo que esperar y prolongar este plazo habida cuenta, como digo, de la aprobación del Plan de infraestructuras.
De todas formas, señorías, me llama mucho la atención que ahora le entren las prisas al Grupo Parlamentario Socialista, y les voy a decir por qué. Efectivamente, el centro penitenciario actual de Palma de Mallorca está obsoleto, es de una vejez clara, hay un hacinamiento enorme y por datos que tengo existe una sobreocupación de 182,83 por ciento, una masificación importante, con dormitorios colectivos para 20 ó 25 personas; pero señorías todo esto no ha ocurrido en dos años, como ustedes pueden imaginar, sino que hace mucho tiempo que esta situación se ha venido sufriendo. Han tenido 13 años para modificar esta situación, y ahora en dos años de Gobierno de Partido Popular, en los que ha habido modificaciones del Código Penal y del nuevo Plan de infraestructuras, de forma que no se acaba de entender, les entran estas prisas desorbitadas.
Hemos hablado del Plan de amortización y creación del centro penitenciario de 1991, en el que ya se establecía que el actual centro penitenciario estaba destinado a su desafectación para uso penitenciario y que se incorporaría como aportación no dineraria a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario, Sociedad Anónima, para su posterior enajenación. Esto fue en el año 1991, cuando el Gobierno de la nación estaba formado por el Grupo Parlamentario Socialista, y pasaron cinco años, señorías, en que no se puso ni un ladrillo en la cárcel de Palma de Mallorca. Ahora sin embargo vienen las prisas.
Cuando el Grupo Parlamentario Popular accedió al Gobierno en el año 1996, se encontró con que habían transcurrido cinco años, como digo, desde que el Gobierno socialista había aprobado el Pan de amortización y creación de centros penitenciarios, que se había aprobado el nuevo Código Penal en el que se contemplaban unas nuevas modalidades en el cumplimiento de las condenas, y el nuevo Gobierno del Partido Popular se tuvo que replantear

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el mapa de infraestructuras y que se revisara el plan de 1991 para que se pudiera adaptar a la política penitenciaria que exigían las modificaciones realizadas en el ordenamiento jurídico español.
Por todas esas razones se aprobó el Plan de infraestructuras, como les he dicho en el Consejo de Ministros del 30 de abril de 1998, en sustitución del anterior plan. Con la aprobación del Plan de infraestructuras se daba también cumplimiento a un mandato del Congreso de los Diputados, ya que en junio de 1996 se aprobó una mención sobre política penitenciaria en cuyo apartado tercero se decía textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que proceda a una revisión del actual Plan de amortización y creación de nuevos centros y del vigente modelo de centros tipo, a fin de establecer un mapa de infraestructuras penitenciarias que se adecue a las previsiones de la Ley Orgánica y a las demandas inherentes al marco de legalidad que surge del imperativo establecido en el artículo 25.2 de la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Pues bien, señorías, el Gobierno revisó el plan y se trazaron una serie de objetivos. En primer lugar lógicamente había un nuevo modelo punitivo en España, un nuevo Código Penal con unas nuevas penas de arresto de fin de semana y de trabajo en beneficio de la comunidad que eran factores determinantes a la hora de diseñar el nuevo mapa de infraestructuras. Por otro lado, en el plan de 1991 existía un diseño de tres grandes hospitales que pudiesen dar respuesta a los enfermos en las cárceles españolas, y el nuevo plan cree que esa fórmula no es la más correcta y prevé por ello la construcción o adecuación de 40 unidades o zonas de custodia en hospitales del sector público, con una distribución geográfica que permitía dar cobertura a la asistencia sanitaria en los hospitales de referencia. Puedo adelantar que actualmente se está negociando con el Insalud la posible instalación de estas 40 zonas de custodia en el hospital de referencia de Palma de Mallorca, es decir en el Hospital Son Dureta.
Por todo ello, señorías, quiero manifestarles que en el Plan de infraestructuras se establece que el centro penitenciario de Palma de Mallorca no se abrirá antes del primer trimestre de 1999, concretamente dice a partir del primer trimestre de 1999. Se encuentra en la actualidad en fase avanzada de construcción; no obstante están pendientes de ejecución de obra las cubiertas de chapa, la seguridad activa, la climatización, la pintura intumescente, las concertinas, electricidad, remates de obra civil y fontanería. En septiembre de este año se inició el equipamiento del centro penitenciario, que está previsto requiera unos cuatro meses a partir de hoy concretamente, y esta apertura va a llevar consigo un incremento de personal que será cubierto con la oferta de empleo público de 1998, si bien su incorporación está prevista durante el año 1999 debiendo a los procesos de selección y a los traslados desde otros centros al nuevo y al período que transcurra hasta que se adjudiquen las plazas de la oferta del año 1998, que se prevé finalice en el primer semestre de 1999. Por lo anterior, la apertura del centro penitenciario de Palma de Mallorca, de acuerdo con los requerimientos técnicos de equipamiento de las infraestructuras, de finalización de obras y de acuerdo, como digo, con el Plan de infraestructuras del año 1998, no será anterior al primer semestre de 1999.
Lamentamos que su grupo parlamentario, que ha omitido, supongo que no por no conocer el dato, la obligación creada por el Plan de infraestucturas de apertura a partir del primer semestre de 1999, no haya retirado su proposición no de ley, que consideramos es absolutamente extemporánea, por lo que nuestro grupo anuncia el voto en contra de la misma.


- SOBRE COORDINACIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/001205).


El señor VICEPRESIDENTE (Aguiriano Forniés): Vamos a entrar en el punto 5 del orden del día: proposición no de ley sobre coordinación de medidas relativas a menores víctimas de delitos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Nuestra Constitución impone no sólo a los poderes públicos sino también a la sociedad en su conjunto una especial protección de los derechos de los menores. La verdad es que este mandato constitucional ha calado; a lo largo de estos años los poderes públicos se han comprometido en la protección de la infancia con la aprobación de distintas leyes y con la ratificación y aplicación de los convenios internacionales que protegen los derechos de los niños.
Pero no han sido sólo los poderes públicos, también la sociedad ha sentido el calado de este mandato constitucional en distintos aspectos, pero entre otros y de una forma muy especial en la preocupación creciente que se manifiesta ante los delitos que tienen como víctimas a niños, lesiones, malos tratos, los delitos contra la libertad sexual o contra la intimidad de la infancia. Esta preocupación ha repercutido lógicamente en el incremento de las denuncias de estas conductas. Hasta aquí se trata de un fenómeno muy positivo, pero por desgracia no todas las consecuencias de este fenómeno son tan positivas. En ocasiones, como consecuencia de la denuncia de un delito que tiene como víctima a un menor, el rosario de trámites reiterados que se imponen al niño desde el momento de la denuncia, los reconocimientos médicos y psicológicos, las distintas declaraciones ante la policía y la autoridad judicial, la intervención de los servicios sociales en ocasiones dependientes de Administraciones diferentes, pueden suponer para este niño una victimización secundaria que en ocasiones es igual o más grave que la originada por el delito en sí y que puede originarle perjuicios psicológicos de carácter irreversible.


Mi grupo considera que estos perjuicios han de ser remediados, o al menos paliados en todo lo posible. Es cierto que quizás alguna de las medidas necesarias para paliarlos sea de carácter legislativo y que debamos contemplarla en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no cabe duda que hay también medidas de tipo administrativo que es preciso adoptar de manera inmediata.
Precisamente

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consciente de esto, hace algo más de un año el Congreso de los Diputados, merced a una enmienda del Grupo Socialista, aprobó un punto en una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a implantar mecanismos de coordinación y personal especializado que puedan ser utilizados tanto en juzgados como en fiscalías, a fin de agilizar los trámites y reducir los elementos negativos que conlleva para el menor la denuncia de delitos contra la libertad sexual. Se trataba de una recomendación que afecta a un aspecto de esta victimización del niño que en este momento recuerdo, recomendación aprobada si no recuerdo mal por unanimidad, pero que poco resultado ha dado hasta el momento en la práctica. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es cierto que algunas comunidades autónomas vienen paliando el problema mediante la firma de protocolos de coordinación de las distintas instancias, que son muchas por cierto (Poder Judicial, fiscalías, los colegios de abogados, la Policía, las consejerías de bienestar social, la Administración sanitaria, los ayuntamientos), que intervienen en la investigación del delito y en la atención al niño víctima de éste. Tenemos ejemplos recientes de ámbito provincial o de ámbito ya de comunidad autónoma. Castilla-La Mancha ha extendido algún convenio provincial hace poco más de un mes a toda la comunidad autónoma; que consta que la Generalidad de Gataluña ha actuado también en este sentido y tiene prevista con carácter inmediato la firma de algún convenio, al menos de ámbito provincial. Tales soluciones sin duda son positivas; ahora tienen sus pegas. La primera es que dependen exclusivamente de la buena voluntad de las numerosas partes firmantes, o al menos de algunas de las numerosas partes firmantes. La segunda es que por su propia naturaleza su ámbito territorial lógicamente es restringido y no garantizan la adecuada protección de los niños en todo el territorio español.
Mi grupo opina que sólo el Gobierno de la nación está capacitado para instar con carácter general la firma de estos convenios, fundamentalmente a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Interior, y conseguir que las distintas administraciones públicas y el Poder Judicial se pongan de acuerdo para mejorar de manera uniforme la protección a los niños víctimas de delito. Simplemente éste es el objeto de la proposición no de ley. Creemos que es un objetivo asumible por todos los grupos parlamentarios y precisamente el interés por esta protección, el interés por que la recomendación que salga de esta Cámara al Gobierno sea unánime en este sentido, nos mueve a aceptar la enmienda que sabemos que el Grupo Popular va a proponer.


Creemos señor presidente que no se trata aquí de enredarnos en discusiones sobre si son galgos o podencos ni en inútiles polémicas sobre lo efectivamente hecho o no hasta ahora en relación a la protección de los menores víctimas de delito. Los hechos están a la vista de todos y su interpretación es libre por cada uno. Se trata simplemente de procurar las garantías para que se les proteja mejor en el futuro, y con ese ánimo aceptaremos la enmienda que se nos propone.
El señor PRESIDENTE: Para mantener la enmienda que plantea el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Barrios.


La señor BARRIOS CURBELO: Ante la proposición no de ley del Grupo Socialista que ha defendido la señora Del Campo y ante la sensibilidad que siempre esa parlamentaria y estoy segura que casi todo los parlamentarios que vamos a intervenir ahora por los diferentes grupos tenemos respecto al menor, admitimos todo lo que la señora Del Campo ha dicho y mantenemos nuestra enmienda, en el sentido de que nosotros no sólo estamos de acuerdo, sino que además, y espero convenciera con mi intervención, ya desde el Gobierno de la nación se están llevando a cabo una serie de medidas que facilitan en este momento esa coordinación de actuaciones. Tan es así que tanto en la Dirección General de la Policía como de la Guardia Civil se dispensa un tratamiento policial especializado por los grupos de menores, Grume, y los equipos de mujer y menores, Emume, que atienden a los niños contra cualquier tipo de explotación comercial, desamparo, agresión o abuso sexual, velando para no provocar un mayor agravio en la intervención policial, como ya he dicho, que el causado por la propia agresión de la que han sido víctimas. En la actualidad, tanto los Grume como los Emume tienen en el desarrollo de sus funciones una relación permanente con las instituciones y organizaciones con competencia en el tratamiento de menores, entre los que cabe destacar las autoridades judiciales y el ministerio fiscal.
A mayor abundamiento y con el fin de armonizar las actuaciones de los diferentes colectivos encargados de velar por los derechos del menor, en la Dirección General de la Policía se han creado las bases necesarias para establecer convenios de colaboración con las distintas comunidades autónomas en los que se contempla no sólo la atención a las víctimas, sino la adopción de mecanismos de cooperación y coordinación entre las instituciones y servicios, a fin de mejorar la asistencia y la racionalización de los recursos y evitar duplicidad de actuaciones a las que ha hecho mención la señora Del Campo y que efectivamente en algunos supuestos se llevan a cabo.
Los menores víctimas son objeto de especial atención en la formación de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dado el tratamiento específico que requieren. Por ello incluso se han incluido en los programas de estudio, tanto para nuevo ingreso como para la promoción interna, módulos específicos sobre el tema de menores. Por lo que se refiere a la Dirección General de la Policía, dentro de los planes del Ministerio de Interior se contempla además la creación del servicio de atención a la familia, en el que se encuadrarán los servicios policiales actualmente existentes para la atención especializada a las víctimas, como son el SAM y el Grume, lo que permitirá homogeneizar las actuaciones policiales que se desarrollan en relación a las mismas.
Con todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que en el ámbito de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil se vienen adoptando numerosas actuaciones en el tratamiento del menor victimizado en el sentido que establece esta proposición no de ley.


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La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista contiene también un llamamiento al Gobierno, tal como la señora Del Campo ha defendido, para que firme acuerdo con las administraciones públicas y con el Poder Judicial; sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos acuerdos habría que enmarcarlos en el ámbito de las respectivas competencias. Los trámites judiciales, como todos sabemos, forman parte de las actuaciones o de las competencias exclusivas del Estado. Las comunidades autónomas pueden agilizar los trámites policiales y judiciales desde sus competencias en materia de servicios sociales y de protección de menores. Ya desde el propio Ministerio de Justicia se han dado los pasos a los que insta la proposición no de ley del año 1997, referida con antelación, con la implantación de las oficinas de asistencia a las víctimas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 35/1995, de ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. De hecho, el artículo 15 de esa citada ley también recoge todos los supuestos que aquí ahora hemos repetido y en los que no voy a entrar porque todos los conocemos.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado por tanto esta enmienda, que agradezco a la señora Del Campo que haya aceptado, porque no es cuestión de adoptar medidas nuevas, como he dicho, sino de continuar con la política que viene ejerciendo hasta la actualidad, porque creemos que sería injusto obviar los enormes esfuerzos que desde las distintas administraciones se han realizado en aras a proteger y amparar a los menores víctimas de delitos. No sólo la comunidad autónoma catalana ha desarrollado medidas en ese sentido, desde la Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplos, se acaba de aprobar un plan integral del menor, y también me consta que en la Comunidad Autónoma Valenciana y en la asturiana se han desarrollado medida similares.
Es cierto, como ha dicho la señor Del Campo, que por muy buena legislación que exista si ésta no se aplica adecuadamente no podemos encontrar con una ineficacia de la misma, pero me consta que el Gobierno en todos los sentidos está muy sensibilizado y todos los grupos parlamentarios que en este momento conforman el Congreso de los Diputados están en ello y estoy convencida de que todos vamos a seguir por esta senda de la protección integral del menor, que por supuesto no sólo se debe hacer, como ha dicho muy bien la señor Del Campo, desde las diferentes instancias judiciales o desde el Gobierno, sino desde la propia sociedad a la que nosotros representamos.
Por ello, solamente hacer el añadido de que en los próximos días 10 y 20 de noviembre se van a celebrar en Madrid las primera jornadas sobre protección del menor en España y su proyección hacia Iberoamérica, donde está prevista la asistencia de jueces, fiscales, juristas, psiquiatras, psicólogos, especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en las que se tratará de manera multidisciplinar la mejor forma de proteger al menor.
Señor presidente, sólo me queda decir que mantenemos la enmienda, que no parece muy bien la intervención de la señora Del Campo, pero que se han iniciado ya medida en ese sentido y por ello presentamos esta enmienda que agradecemos haya aceptado, y que desde luego desde el Congreso todos seguiremos controlando la actuación del Gobierno para que todos los menores en España, estén en el lugar que estén y vivan en la comunidad autónoma que vivan, tengan por igual el mismo tratamiento y la misma protección.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Estamos conformes con el fondo de lo que pretendía literalmente la iniciativa del Grupo Socialista y también con la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Coincidimos plenamente con las exposiciones que han hecho las diputadas proponentes de ambas iniciativas. Como bien ha señalado la señora Barrios, son varias, no sólo la Administración Pública o el Poder Judicial, sino comunidades autónomas con las competencias transferidas en justicia, como son la catalana, la vasca y la canaria, el caso más reciente, desde hace dos años. Nuestro grupo muestra también sensibilidad para evitar toda esa mal entendida burocracia que hacía humillante esta cuestión relacionada con la dignidad de las personas, en este caso con los menores que han sido víctimas de delito. Que los policías, los agentes judiciales, la Guardia Civil y cualquiera de las policías autonómicas se comporten con sentido ético de la justicia. Por estas razones, si el Grupo Socialista acepta la enmienda transaccional, la vamos a votar a favor por coincidir con el fondo de la cuestión.
Supongo que ha tenido sensibilidad el Gobierno, tanto del grupo proponente como los que apoyamos con nuestro voto esta cuestión.
Votaremos afirmativamente, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Quiero anunciar el voto favorable a la proposición con la enmienda aceptada. Como acaba de comentar el señor Mardones, tenemos todos sensibilidad. Hace una semana, aproximadamente, la Fiscalía General del Estado aprobó la circular 2/ 1998, de ayudas públicas a las víctimas de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual, en la que, versando sobre lo que aquí se indica, ayudas públicas y de carácter económico, hace una importante referencia a otro tipo de ayudas y, sobre todo, a la necesidad de asistencia y de evitar ese proceso al que se ha hecho referencia de doble victimización.


Como ha tenido a bien indicar doña Carmen del Campo, en la Generalitat de Cataluña también se está negociando un protocolo, precisamente para menores maltratados y víctimas de abusos sexuales, que estará en condiciones de ser firmado de forma inmediata y en cuya redacción han intervenido la Administración del Estado, a través de la Delegación del Gobierno; la Policía Nacional; la propia Generalitat, a través de la policía autonómica; la Dirección General de atención a la infancia, la de justicia juvenil y asistencia a la víctima y medidas alternativas, así como también la propia Fiscalía, equipos sanitariosde forenses, etcétera, con una intervención muy

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importante del adjunto al Sindic de Greuges para la protección de los menores. Este protocolo vinculará a las administraciones públicas y contendrá recomendaciones al Poder Judicial, en la medida que por su naturaleza y por su independencia éste no puede ser parte en estos procedimientos.


Yendo a los aspectos prácticos, el objetivo fundamental es reducir al mínimo las explotaciones e intervenciones sobre menores que en algunos casos, lamentablemente, se han venido reiterando en el mismo procedimiento a lo largo del tiempo, produciéndose esa doble victimización a la que anteriormente hemos hecho referencia. Quería comentar que precisamente en el día de hoy también se están inaugurando en Barcelona las nuevas dependencias del servicio de asistencia a las víctimas. Representando a dos partidos políticos, a un grupo parlamentario que hace gala de esa atención a las víctimas, no podemos sino congratularnos de la propuesta de la enmienda y del consenso que determinará la unanimidad en su aprobación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Intervengo con el único y exclusivo objeto de anunciar nuestro voto favorable a la proposición y, en consecuencia, a la aceptación de la enmienda transaccional en la forma que finalmente va a quedar redactada.


El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante cuatro minutos para ordenar las votaciones.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Vamos a comprobar el número de diputados que en este momento se encuentran en la sala.
No he escuchado a ninguno de los señores diputados que han intervenidos en relación con el proyecto de ley que expresamente mantuviera las enmiendas de la diputada señora Almeida. Si fuera así, naturalmente dichas enmiendas se darían por decaídas. (Pausa.) El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Señor presidente, al principio de la intervención di por defendidas las enmiendas de la señora Almeida.
El señor PRESIDENTE: Siendo así, las someteremos a votación.
Sencillamente quería concretar este extremo.
Votamos, en primer lugar, señorías, las enmiendas números 6 y 7 del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 8, también del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 9 y 10 del a señora Almeida, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 11 y 18, también de la señora Castro.
Tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, habíamos pedido votación separada de ambas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda número 11 de la señora Almeida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 18 de la señora Almeida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
En primer término, las números 1, 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 4 y 5 de dicho grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 17 del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, finalmente, el texto del proyecto de ley para su aprobación con competencia legislativa plena como resultado del debate de esta Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, seguidamente, las proposiciones no de ley debatidas en esta sesión. En primer lugar, la proposición no de ley de modificación del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de armas, con la enmienda, fruto del debate, que se incorpora el texto de dicha proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


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Votamos la proposición no de ley sobre la urgente necesidad de apertura del nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca, del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, finalmente, la proposición no de ley sobre coordinación de medidas relativas a menores víctimas de delitos, con la enmienda introducida por el Grupo Popular y aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Gil Lázaro pide la palabra).
Señor Gil Lázaro, ¿qué desea?

El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, quería informar a los grupos parlamentarios de que el próximo martes hay sesión de la Comisión de Justicia e Interior con comparecencias del señor Ministro del Interior. Quiero recordar que en la reunión de Mesa y portavoces los grupos acordamos por unanimidad que, de las seis comparecencias que figuran en el orden del día, dos se tramiten en los términos reglamentarios previstos para las comparecencias y cuatro tan sólo bajo la fórmula de pregunta oral, interviniendo sólo el grupo que solicita la comparecencia y el ministro.


El señor PRESIDENTE: Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.

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