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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 511, de 22/09/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1998 VI Legislatura Núm. 511

EDUCACIÓN Y CULTURA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET

Sesión núm. 30

celebrada el martes, 22 de septiembre de 1998

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ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre reserva de plazas para alumnos minusválidos en las Universidades. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000923) (Página 14).761)

- Sobre reserva de plazas para alumnos minusválidos en las Universidades. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001139.) (Página 14).761)

- Sobre medidas para garantizar que en los acontecimientos de carácter deportivo en los que participen selecciones españolas la elección de la vestimenta, calzado deportivo u otros materiales se realice a suministradores que no estén implicados en subcontrataciones en factorías en las que se utilice la explotación infantil. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 161/001047.) (Página 14)

- Por la que se insta al Gobierno a que medie para buscar medidas económicas y sociales que garanticen los trabajos de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (Fundesco). Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 1161/000855.) (Página 14).767)

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- Sobre la necesidad de regular el funcionamiento y la financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000960) (Página 14).767)

- Sobre sección de educación secundaria en la Sierra de Francia (Salamanca) Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/001015) (Página 14).770)

- Sobre medidas para evitar el retraso en la concesión de becas para universitarios. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/001131) (Página 14).774)

- Por la que se insta al Gobierno a que los alumnos que se matriculen en primer curso de una titulación universitaria en facultades, escuelas técnicas superiores o colegios universitarios, que tengan más de cuatro puntos en selectividad pero no alcancen los cinco y que cumplan con los requisitos económicos para ser beneficiarios de una beca se les conceda a partir del curso 1998-1999 al menos la mitad de la cuantía de la beca que les correspondería de haber obtenido cinco puntos en selectividad. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/001133.) 14.775

- Sobre medidas para potenciar los programas de garantía social. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/ 000888.) (Página 14).778)

- Sobre medidas para inculcar en el alumnado valores medioambientales y de conservación de la flora y fauna. Presentada por el Grupo anterior.
(Número de expediente 131/001026) (Página 14).780)

- Sobre el cuarto centenario del pintor don Francisco Zurbarán. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario (Número de expediente 161/000992) (Página 14).782)

- Sobre restablecimiento de las funciones profesionales, competencia y facultades de los diplomados en Ciencias Empresariales. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convèrgencia i Unió. (Numero de expediente 161/000638.) (Página 14)

- Sobre medidas para el reconocimiento de todos los derechos del alumnado inmigrante. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/000637.) 14.786

Se abre la sesión a las diez de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días.
Comenzamos el debate del orden del día que obra en poder de todos ustedes y que trata, fundamentalmente, de proposiciones no de ley. Las votaciones se producirán, todas, entre la una y media y las dos.
La número 1...


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor presidente. Ruego disculpas, pero el diputado don José Ignacio Marín Izquierdo, que llevaba las proposiciones números l y 2, que se van a debatir conjuntamente, ha llamado diciendo que está en un atasco. Por lo visto, toda la entrada de Burgos está atascada. Rogaria que, si no tiene inconveniente, se pospusiera su debate por este problema.


El señor PRESIDENTE: Si la representante del Grupo Parlamentario Mixto da su conformidad, que al fin y al cabo es la dueña de la iniciativa, la Presidencia no tiene ningún inconveniente.


La señora RIVADULLA GRACIA: No tengo inconveniente, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Entonces, lógicamente, puesto que tal y como decía el señor Guerra Zunzunegui las proposiciones números 1 y 2 se van a tratar conjuntamente, seguiríamos con la número 3, que al parecer también se solicita su aplazamiento.
Pasamos a la número 4. Respecto a esta proposición, ¿qué quiere decirnos la portavoz de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida?

La señora ARAMBURU DEL RÍO: La portavoz, respetuosamente, espera de su benevolencia que se aplace el debate de esta proposición hasta que venga la diputada que lleva el tema y plantee, desde el punto de vista reglamentario, el quehacer en un día un poco complicado. Si usted es equilibrado, entenderá que la situación está un poco complicada para todos los grupos, en todos los términos.


El señor PRESIDENTE: Mi sentido de la modestia no me lleva hasta el extremo de admitir que yo pueda estar desequilibrado. (Risas.) Creo que los que están desequilibrados

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son todos los que no están en su sitio a la hora en que tenían que estar, pero ese es otro tema. En fin, esperaremos.


¿El Grupo Parlamentario Socialista se encuentra en condiciones de comenzar con el tratamiento de la proposición no de ley número 5?

El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor presidente. Estoy desolado y pido excusas a toda la Cámara, pero esto lo llevaba la diputada Elena García-Alcañiz, y al pensar que era la quinta y que hasta las once...


El señor PRESIDENTE: Consultada la Mesa -estoy seguro de que no me vais a llevar la contraria-, vamos a suspender la sesión por media hora.Ahora, es evidente que se empezará dentro de media hora, pero no habrá más de tres minutos para ninguna intervención, porque los horarios se tienen que respetar y el trabajo se tiene que respetar.
Por lo tanto, se empezará dentro de media hora, pero habrá tres minutos por cada intervención para no estar hasta las cinco de la tarde.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, no soy miembro de esta Comisión, pero yo, que me corresponde defender la proposición no de ley número 7 y estoy a la hora en punto, rogaría comenzar por ella.
Necesito más de tres minutos para exponer los fundamentos...


El señor PRESIDENTE: Sí, claro, señor Caldera, pero para que usted comience hace falta que el resto de Grupos Parlamentarios también se puedan pronunciar en el turno de fijación de posiciones.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: La desidia ajena no ha de suponerme a mi el hecho de que no pueda defender una proposición no de ley que considero muy importante.


El señor PRESIDENTE: Evidentemente. No vamos a hablar de la desidia. Vamos a decir, pura y sencillamente, que el desorden de tráfico, imputable al señor alcalde de la villa (Risas.) -porque al fin y al cabo es lo que tenemos más cómodo y es lo que políticamente resulta más rentable-, hace que nos evitemos otra clase de juicios sobre los diputados.
Dentro de media hora, o sea, a las diez y media en punto, empezaremos el debate de las proposiciones. Por favor, hagan ustedes un esfuerzo telefónico, o de cualquier otra clase, para que todos y cada uno de los afectados se encuentren en el lugar de autos.


La señora RIVADULLA GRACÍA: Señor presidente, debo entender que empezaremos por la primera.


El señor PRESIDENTE: Empezaremos por la primera, dona Mercedes.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión, comenzando en primer lugar por desear que nuestro compañero de Comisión, don Fernando Coquillat Durán, que ha sufrido un percance cardíaco, se restablezca lo antes posible, y rogando a los portavoces del Grupo Parlamentario Popular le trasladen el cariñoso recuerdo de todos nosotros y los mejores deseos para que se una cuanto antes a nuestro trabajo.
A continuación, y en este turno introductorio, tiene la palabra doña Amparo Valcarce García, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, para hacer unas manifestaciones.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, intervengo únicamente para informar a la Comisión de Educación de que todos los diputados miembros de ella recibirán a partir de la próxima semana la publicación del Ministerio de Educación Comunidad escolar. Esta gestión la ha hecho el presidente del Congreso, y mi petición es que conste en el «Diario de Sesiones» el agradecimiento de esta Comisión al presidente por la gestión, dado que Comunidad escolar es una publicación de enorme interés para los miembros de esta Comisión.


PROPOSICIONES NO DE LEY

- SOBRE RESERVA DE PLAZAS PARA ALUMNOS MINUSVÁLIDOS EN LAS UNIVERSIDADES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000923).


- SOBRE RESERVA DE PLAZAS PARA ALUMNOS MINUSVÁLIDOS EN LAS UNIVERSIDADES, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/001139).


El señor PRESIDENTE: Entramos ya en el tratamiento del correspondiente orden del día.
Si no tienen inconveniente y están en condiciones para acometer tal tarea, trataríamos las proposiciones no de ley números 1 y 2 conjuntamente. La número 1 es iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, de doña Mercé Rivadulla, y a ella se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que coincide exactamente con la proposición no de ley del propio Grupo Popular, por lo que vamos a tratarlas conjuntamente. ¿Estamos en condiciones para ello, señor Guerra?

El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Con la mayor brevedad posible, y apelando al sentido común de todos vista la hora y el orden del día que tenemos, tiene la palabra la señora Rivadulla para defender su proposición no de ley.


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La señora RIVADULLA GRACIA: Iniciativa per Catalunya-Els Verds y el Partido de Nueva Izquierda presento esta proposición no de ley el 16 de marzo de 1998 entendiendo que se está dando una situación de no efectividad de una norma por la cual se pretendía la reserva del 3 por ciento de las plazas en la universidad para las personas con una minusvalía. La importancia de esta iniciativa parlamentaria viene reflejada porque otro grupo de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, concretamente el 22 de julio de 1998 presentó una proposición no de ley con el mismo objeto.
Señorías, yo quisiera llamar la atención sobre la situación en que se encuentran los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales en nuestro país. Hay muchos colectivos que tienen la vida difícil, pero entiendo que a este colectivo de minusválidos todavía se la ponemos más complicada.
Todo ello, a pesar de que la Constitución, en su artículo 49, hace una especial atención a estas personas para de alguna manera garantizar el principio de igualdad de oportunidades.
Pensamos que hasta el momento, señorías, las ayudas y lo que se pretende a través de los reales decretos 1.005 y 1.060 han resultado insuficientes porque las plazas que se prevén no se están cubriendo. Las ayudas de otra índole que recibe este colectivo son también insuficientes (pensemos que se requiere una disminución del 65 por ciento para llegar a tener poco más que el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional). Yo quisiera relacionar mi intervención al defender esta proposición no de ley con las dificultades que el colectivo de minusválidos tiene en el trabajo.
Sabemos el porcentaje de paro que existe en nuestro país y las dificultades que hay para el común de los mortales, pero para estas personas todavía mucho más pues hay una reticencia por parte de los empresarios a contratarlos porque piensan que su minusvalía puede derivar en bajas laborales que pueden ser dificultosas para la actividad empresarial. Según los datos que yo tengo, que se refieren a Cataluña, el 75 por ciento del colectivo de minusválidos no tiene trabajo, está en paro; ello nos da una idea de la gravedad de la situación. La única salida que puede ser efectiva es la de la especialización y cualificación profesional, la del estudio y el acceso a la universidad y una buena preparación de cara al mundo del trabajo, todo ello para evitar la centrifugación de los minusválidos del mundo laboral.
Lo que prevén los Reales Decretos 1005/1991 y 1060/1992, que señalan que las universidades reservarán el 3 por ciento de las plazas cuando se dé la circunstancia de que haya más demandas que ofertas para alumnos con minusvalías iguales o superiores al 65 por ciento o con pérdida total del habla o de la audición, no ha resultado efectivo porque no se están cubriendo esas plazas. Es muy difícil que con estas minusvalías se acceda a la universidad porque estas personas tienen muchas dificultades; de hecho, según un estudio que se ha producido en la Universidad de Girona, se están cubriendo sólo el 0,3 por ciento de ese 3 por ciento de plazas. Ello no significa que no haya discapacitados minusválidos que tengan deseos de ir a la universidad, lo que pasa es que no se dan las condiciones para que se puedan integrar. El 65 por ciento es un porcentaje muy alto, tenemos que tener en cuenta que con una minusvalía del 75 por ciento la ONCE no les permite prácticamente ni la venta del cupón. Ese 65 por ciento incluye a personas que están en sillas de ruedas, que tienen muy difícil la movilidad por las ciudades y calles, lo que dificultad su acceso a la universidad.
Por todo ello, porque se está produciendo una clara situación de desventaja laboral, porque es necesaria mejor especialización y mejor acceso a las universidades y porque la legislación actual es muy restrictiva, es por lo que Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda hemos presentado una proposición no de ley que señala que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las medidas necesarias para que las universidades reserven un 3 por ciento de las plazas de aquellos centros en los que se den las circunstancias aludidas en el artículo 2.2 del Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, para aquellos alumnos que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento o con menoscabo total del habla o pérdida total de audición que solicitan iniciar estudios en dichos centros.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda que es prácticamente idéntica a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular con la que nosotros estamos parcialmente de acuerdo, porque la redacción actual la consideramos incoherente, pues por una parte se limita y disminuye el porcentaje de plazas a reservar -no sería del 3 por ciento, sino que se habla del 1 al 3 por ciento- y por otra parte se está abriendo el abanico para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, asociadas o en condiciones especiales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios. Está claro que se produce una gran incongruencia al limitar por una parte el número de plazas a reservar y por otra abrir el abanico.
Tampoco resuelve el hecho que nosotros estábamos planteando, y es que la discapacidad del 65 por ciento la consideramos excesiva.
Por tanto, estaré a la espera de lo que presente el Grupo Popular. Pienso que deberíamos salir de esta Comisión con una proposición no de ley consensuada, y tengo también aportaciones para llegar a una transaccional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marín Izquierdo, por parte del Grupo Parlamentario Popular, para defender tanto su enmienda como su coincidente proposición no de ley y manifestarse sobre lo expuesto.


El señor MARÍN IZQUIERDO: Una vez escuchada las manifestaciones del Grupo Parlamentario Mixto a su proposición no de ley, nosotros teníamos presentada una proposición no de ley y una enmienda, y quisiera exponer algún antecedente respecto a la sensibilidad del Gobierno y del,grupo parlamentario que le apoya respecto al tema de referencia.
En el programa electoral del Partido Popular para las elecciones de 1996 textualmente se comentaba: Se fomentará y potenciará la formación y capacitación del minusválido así como la integración laboral y el empleo de personas con minusvalía, ya que la mejor forma de protección social es un puesto de trabajo digno. Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en Comisión correspondiente del Congreso el 19 de junio de 1996, hablaba también

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de presentar un plan de acción integral para personas discapacitadas.
Al hilo de nuestra propuesta he de recordar una pregunta escrita del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, que fue contestada el 14 de octubre de 1996, en la cual el Gobierno afirmaba: Para el futuro, el Ministerio de Educación y Cultura, en colaboración con el Consejo de Universidades, de acuerdo con el artículo 26.1 de la LRU y del artículo 12.2.e) del Reglamento del Consejo de Universidades, aprobado por Real Decreto 2 de abril de 1985, se ha propuesto evaluar y revisar el conjunto del sistema de acceso a la universidad, con especial atención al diseño de los diversos cupos de reserva y sus respectivos cupos de exigencia.


El Real Decreto 1005/1991, modificado por el Real Decreto 1060/1992, de 4 de septiembre, reserva un 3 por ciento de plazas en los centros en los que la demanda de las mismas ha superado la oferta para alumnos con discapacidad reconocida al 65 por ciento, o menoscabo total del habla o pérdida total de audición. El Real Decreto antes comentado 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales -apartado 2, artículo 18- establece que las plazas a reservar lo serán para alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad que durante la escolarización anterior, hayan precisado recursos extraordinarios de acuerdo con el dictamen efectuado bien por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, bien por los profesores especialistas de psicología y pedagogía de los departamentos de orientación de los centros de educación secundaria en los que hubieran estado escolarizados. Nosotros consideramos que estas normas se deben refundir regulando el procedimiento de selección para ingreso en los centros y que se debe incluir en la norma que se propone a través de nuestra proposición no de ley el 3 por ciento de acceso a la universidad.
Por otra parte, si consideramos el principio de la autonomía de las universidades, que está reflejada en la Constitución en el artículo 27.10, y la propuesta de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, según dictamen emitido en el que solicita flexibilización del porcentaje de plazas que las universidades han de reservar a alumnos con minusvalías, teniendo en cuenta que el actual porcentaje del 3 por ciento no se cubre, las propias universidades reclaman que ese capítulo quede abierto al 1 o al 3 por ciento.
La proposición no de ley que nosotros reflejamos no reduce el porcentaje en cuanto que si se cubre el 3 por ciento no habría necesidad de reducirlo dado que el margen máximo es el 3 por ciento y que a su vez reagruparía a aquellos alumnos que necesitan una atención especial durante su escolarización, con lo cual creemos que nuestra proposición no de ley es mas completa, abarca un mayor número de casos y entendemos que tiene que ser la propuesta que debe primar a la hora de la votación.
De todas maneras, estamos en conversaciones con el Grupo Parlamentario Mixto para poder llegar a una transaccional a lo largo de esta mañana.
El señor PRESIDENTE: ¿,Grupos parlamentarios que desean fijar su posición respecto a estas proposiciones? (Pausa.) Por el Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMAI MUÑOZ: El tema que debatimos hoy aquí se refiere a las diferencias entre los individuos, diferencias reconocidas y especialmente valoradas en nuestra sociedad.
Ya en el siglo XVIII el filósofo Helvetius afirmó que las diferencias que existen entre los individuos se deben enteramente a discrepancias habidas en la educación.
Muchos podrían discutir esta afirmación tan simple, pero pocos serán los que reflexionando sobre sus días escolares no estén de acuerdo en que el proceso de educación ha tenido en ellos un impacto sustancial. De ese impacto estamos hablando en relación a las personas que como se ha dicho aquí, ven disminuidas sus oportunidades debido a que presentan una serie de discapacidades que les hacen difícil entrar en competición con las demás personas.
La educación se deriva pues de las experiencias generales de la vida e implica la iniciación de los individuos en la cultura y la sociedad. Por tanto, para las personas con discapacidad su papel y su participación en el ámbito educativo es especialmente importante.
La educación formal hace referencia a la instrucción sistemática que reciben los jóvenes y los adultos también como preparación para la vida. Para la mayoría, ésta se inicia con el aprendizaje de comportamientos socialmente apropiados en el seno de la familia, sigue con la asistencia a la escuela y quizá en la universidad.
Lo que se plantea hoy aquí con estas dos proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Popular, es revisar un real decreto que en su momento, en el año 1991, se hizo en base a la filosofía expresada en nuestra Constitución de que las personas con discapacidad deben ser protegidas.
El largo camino recorrido en medidas de protección debe llevarnos a otro estadio que es el de la normalización en el sentido, respecto a los discapacitados, de que no debemos pretender la cura en términos de lo que consideramos normal, sino su integración social.
Las dos proposiciones que hoy se presentan tienen planteamientos casi opuestos. La proposición no de ley del Partido Popular, a nuestro entender, representa un paso atrás en cuanto a la reserva de plazas, ya que desde el año 1991 el Real Decreto 1005 establece que las universidades reservaran un 3 por ciento de las plazas en aquellos centros en que la demanda supera a la oferta. Abrir el abanico entre el 1 y el 3 por ciento nos parece que representa un retroceso.
En cualquier caso, si el argumento es que estas plazas no se cubren con discapacitados con un nivel reconocido de discapacitación del 65 por ciento, será porque el nivel exigido es demasiado elevado, no porque existan demasiadas plazas reservadas.
La proposición del Partido Popular mantiene también el mismo nivel de exigencia del 65 por ciento y pensamos que si nos planteamos revisar este real decreto sería en todo caso para revisar ese 65 por ciento. El elemento nuevo que aporta de abrir las puertas a medidas de protección a los

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alumnos con necesidades educativas especiales, como principio no nos parece mal, pero tal y como está formulado es excesivamente ambiguo y no contempla las medidas de control y rigor necesarias para una cuestión tan delicada como es el procedimiento de acceso de los alumnos a la universidad.
Por tanto, si a lo largo de la mañana es posible llegar a consensuar un texto que refleje las intenciones de revisar este real decreto para mejorar las condiciones de los discapacitados en su acceso a la universidad, estaríamos muy satisfechos. Si no fuera así, no podríamos votar la del Grupo Popular y, en cambio, estaríamos a favor de la que presenta el Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Mercedes Rivadulla para manifestarse acerca de si acepta la enmienda o no. De no aceptarla, se votaría su proposición no de ley, a menos que en el transcurso de la mañana se produjera alguna modificación; pero como estamos tratando estos puntos conviene cerrarlos con su pronunciamiento acerca de si acepta o no la enmienda.
Sea lo más breve posible, señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, no aceptamos la enmienda tal y como está formulada por el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, de no producirse un acercamiento de posiciones, cuando llegue el momento, que reiteramos se producirá alrededor de la una y media a las dos de la tarde, la proposición no de ley será objeto de votación. Si hubieran llegado a algún acuerdo, les rogamos lo hagan llegar a la Mesa para informar a toda la Comisión, y desconocido el acuerdo, a lo mejor en ese momento habría que abrir algún turno de manifestación del resto de los participantes.


- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE EN LOS ACONTECIMIENTOS DE CARÁCTER DEPORTIVO EN LOS QUE PARTICIPEN SELECCIONES ESPAÑOLAS LA ELECCIÓN DE LA VESTIMENTA, CALZADO DEPORTIVO U OTROS MATERIALES SE REALICE A SUMINISTRADORES QUE NO ESTÉN IMPLICADOS EN SUBCONTRATACIONES EN FACTORÍAS EN LAS QUE SE UTILICE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/001047).


El señor PRESIDENTE: Continuamos en el tratamiento del orden del día, proposición no de ley número 3 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANÉS NADAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para presentar esta proposición no de ley que tiene como objetivo esencial intervenir de la forma más consensuada posible, para mejorar las condiciones laborales de los niños y niñas del Tercer Mundo y más especialmente en las prácticas deexplotación infantil en un sector preciso, en este caso en el sector deportivo.
El sector deportivo por sus características ha estado en los últimos tiempos afectado y denunciado por las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras situados en las factorías en paises en vías de desarrollo. Determinadas marcas enormemente conocidas y promocionadas por deportistas de elite o sponsors de los equipos nacionales de muchas modalidades, vienen siendo denunciadas por algunas ONG por sus actividades en general y por sus actividades relacionadas con el trabajo infantil.
Las grandes marcas deportivas Nike o Adidas, entre otras, han cerrado paulatinamente sus factorías transmitiendo la mayor parte de su producción a Asia. Prácticamente el 80 por ciento de sus trabajadores o trabajadoras corresponden a estos países en 1a actualidad. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: El trabajo de nuestros queridos colaboradores en materia de constancia en el acta de todo lo que decimos no es que se esté viendo dificultado, es que el esfuerzo que tienen que realizar es absolutamente titánico. Les agradecería un poco de silencio.
Adelante, señora Sabanés.


La señora SABANÉS NADAL: Decía que mantienen una línea de actuación de infravalorar la fuerza productiva que apenas representa el 0,1 por ciento del precio final de sus productos más emblemáticos, mientras que abonan cantidades millonarias a deportistas de élite o selecciones que las promocionan, entre otras las nuestras.
Hay que decir que ante la ofensiva y campañas en sus comunicados, estas marcas y otras han adquirido algunos compromisos de actuación en este sentido.Apesar de ello, y cuando fueron juzgadas los pasados días 2 y 3 de mayo en Bruselas por el Tribunal permanente de los pueblos, numerosos testimonios denunciaron el incumplimiento de los códigos de conducta que ellas mismas habían firmado.
Así y aunque aceptan cierta responsabilidad y proponen algunas soluciones, desde el conocimiento de estos hechos deberíamos comprometernos con la promoción de un consumo responsable que unido a exigencias administrativas favorezcan un comercio internacional más justo.
La última Conferencia Internacional del Trabajo en procedimiento de primera discusión ha propuesto la adopción de un nuevo convenio y de una nueva recomendación, sobre las formas extremas de trabajo infantil, en donde se establezca la edad mínima, la eliminación de formas extremas de trabajo infantil entre las que se contemplan el ambiente insalubre, trabajos en condiciones difíciles como horarios muy prolongados, nocturnos o que impidan a diario regresar a casa a los trabajadores o a los niños o niñas en este caso.
Hay que decir que la fórmula de consenso ha caracterizado el trabajo de la conferencia internacional, si bien es cierto que en algunos temas como la libertad sindical, la negociación colectiva o los compromisos educativos no se han producido avances significativos. A su vez, la Unión Europea propone y promueve fórmulas a fin de incentivar a los países pobres para que acaben o se comprometan con

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la finalización del trabajo infantil. La proposición que hoy presentamos se inscribe en este marco y pretende que en la elección de vestimenta, calzado uotros materiales se garantice, se tenga en consideración y compruebe las prácticas correctas y la no implicación de estas marcas en la explotación infantil. Igualmente, que en el entorno deportivo institucional se realicen campañas en esta dirección.
El nivel de difusión que hoy se utiliza a través del deporte debería garantizar la transmisión de valores de solidaridad y de justicia. La opinión y las actuaciones de los deportistas y de las instituciones tienen mucha fuerza para llamar a un consumo más responsable y desvincular la asociación que hoy se da entre grandes marcas deportivas y explotación o condiciones infrahumanas de trabajo.
No hemos pretendido, como se desprende del propio texto, una actuación de boicot a determinadas marcas o a marcas concretas sino intervenciones posibles y viables que corrijan, al menos en parte, actuaciones en este sentido.
Entendemos que las federaciones deportivas y más concretamente las selecciones que representan a nuestro país deben tener en cuenta estos criterios y deben vincularse con claridad a lo que significa las conclusiones de las conferencias internacionales para vincularse a lo que significa las conclusiones de las conferencias internacionales y a lo que significa exigir garantías a determinadas marcas deportivas para que abandonen estas prácticas en sus factorías fundamentalmente situadas en el Tercer Mundo.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley, tiene la palabra don Francisco González Pérez.


El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Indudablemente, hay que dar la bienvenida a la proposición no de ley que Izquierda Unida ha planteado, pero sin embargo hemos estado en conversaciones, buscando ese consenso del que hablaba la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, precisamente para sacar adelante un tema tan delicado, en donde todos llegáramos a un acuerdo en beneficio lógicamente de aquellos perjudicados que serían en este caso los niños a través de la explotación en trabajo infantil.
La elección de la vestimenta, calzado u otros materiales deportivos, que se utilizan en las selecciones nacionales, sin ningún género de dudas, porque así lo propone o lo dice la propia Ley del Deporte, no son competencia del Consejo Superior de Deportes sino de las distintas federaciones deportivas, y estas federaciones tienen personalidad jurídica propia y no están sometidas a las normas de las administraciones públicas en materia de contratación.
Por otro lado, el grupo parlamentario y el propio Gobierno han demostrado en todo momento una preocupación por erradicar la explotación infantil. En la 86.a reunión de la conferencia internacional del trabajo, celebrada el pasado mes de junio en Ginebra, se concluyó un punto relativo al trabajo infantil con vistas a la eIaboración de un nuevo instrumento internacional sobre esta materia.
En este caso, parece prudente -y de ahí la enmienda- esperar para analizar estas treinta conclusiones, que creo han sido concretamente las que se han deducido de la 86.a reunión de la conferencia internacional, para tomar las medidas oportunas. De ahí, la enmienda que presentamos al primer punto de Izquierda Unida, que creo no va a haber ningún problema.
En cuanto al segundo punto, señor presidente, la propuesta que hacemos es el mismo texto, pero entendemos que también tienen que participar en las campañas de sensibilización, fundamentalmente por ser más operativo, las asociaciones de consumidores y usuarios, a través del Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios, máximo órgano de representación institucional de dichas asociaciones.
Creo que la justificación está perfectamente demostrada, en este caso, dictada por lo que acabo de decir, esperando lógicamente que Izquierda Unida acepte nuestra enmienda para que esta proposición no de ley, que insisto ha sido bienvenida por parte de nuestro grupo, salga adelante a ser posible con la unanimidad de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Fijación de posiciones.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el señor Burballa tiene la palabra.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, se va a sumar al consenso que se anuncia entre el grupo proponente y el grupo enmendante. Sin embargo, sí quisiera aportar a SS.SS. unas reflexiones porque éste es un tema que a nuestro grupo especialmente le preocupa.
Compartimos la iniciativa del grupo proponente porque la explotación infantil, la utilización de mano de obra infantil en las cadenas de producción, que además se producen en zonas del mundo sumidas en el subdesarrollo, en un tema que debe preocuparnos a todos, más aún cuando tenemos fijado en la retina el clamor de las organizaciones internacionales y asociaciones humanitarias e instituciones de todo tipo, que han dado su apoyo a la marcha de los niños contra la explotación infantil.
Uno de los efectos más negativos de la globalización, sin menospreciar los que pueda tener de positivos, que sin duda los tiene, es precisamente el que se anuncia en esta proposición no de ley.
Particularizando el sector deportivo, parece de sentido común que no debemos permanecer impasibles ante la utilización de la mano de obra infantil para la fabricación de productos deportivos que inciden en los costes fundamentales en una nueva forma de esclavitud con el objetivo de obtener unos beneficios maximalistas mediante la comercialización de determinadas marcas, hecho que atenta contra las convenciones internacionales y contra la declaración misma de los derechos humanos y de los niños.
Por otra parte, no nos pueden justificar esta situación argumentos basados en el factor de ayuda compensatoria, que pueden significar los bajísimos salarios, por llamarlo de alguna manera, que se dan como contraprestación a este trabajo, de los niños y de las niñas, o la presentación como única alternativa a este tipo de explotación, otra más terrible como es la explotación sexual de la infancia y de la juventud.
El trabajo infantil, señorías, es un escándalo internacional y una aberración económica, escándalo porque priva a millones de ninos y niñas de su infancia propia, de sus vivencias en un período fundamental en su formación con

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el consiguiente desequilibrio que este hecho puede producir en su vida adulta posterior, en su condición de ciudadanos y ciudadanas libres, y es una aberración económica porque el trabajo infantil priva de toda esperanza de formación cosa que lastra y compromete de forma definitiva el desarrollo económico de sus respectivos países.
Señorías, a nuestro modo de entender, no puede justificarse, que exista una doble moral, una para operar en una sociedad libre, democrática y solidaria y otra para operar en el llamado Tercer Mundo; no puede justificarse que nuestras sociedades desarrolladas no pasen por el agujero de la intolerancia ni las manchas de un vestido, y cuando se trata de las sociedades sumidas en la miseria pase por el agujero evangélico el camello y los cinco continentes, aunque sea bajo la forma de los aros olímpicos.
En lo que hace a esta proposición no de ley, nuestro grupo hubiera querido que en el consenso que han alcanzado los grupos proponente y enmendante se hubieran tenido en cuenta aquellos aspectos constitucionales y legislativos que amplían el marco; constitucionales en el sentido de que el artículo 43.3 de la Constitución habla del fomento que se hace al Estado, y sus organismos e instituciones, y, por otro lado, la legislación deportiva, como SS.SS. conocen, encomienda a las federaciones deportivas, concretamente en el articulo 30.2, una función delegada precisamente de esta función administrativa y pública. Además, hay instituciones como el Comité Olímpico Español que tienen personalidad jurídica propia, o por otro lado, haya instituciones públicas, que también realizan contratos de vestimenta deportiva para sus técnicos, para sus deportistas; en definitiva, se ha ampliado el marco porque aquí se habla o se va a hablar de federaciones deportivas o de selecciones deportivas españolas, y nosotros entendemos que hay otros organismos e instituciones y otras selecciones, que en este momento quizá no existen, pero que, como SS.SS. conocen perfectamente, a nuestro grupo le gustaría que existieran, que se verían evidentemente implicadas en esta consideración para evitar que el objeto del comercio deportivo sea también un aliciente más para mantener esta situación verdaderamente aberrante Por tanto, señorías, nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley, este consenso pero con las consideraciones que acabo de hacer.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Jerónimo Nieto tiene la palabra para fijación de posiciones.


El señor NIETO GONZÁLEZ: Con brevedad.


El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha apoyado aquellas iniciativas que tendían o tienden a prohibir o dificultar la explotación infantil en el trabajo, es decir, la utilización de niños como mano de obra barata en cualquier sector laboral y en cualquier lugar del mundo.
Es un asunto de tremenda envergadura, complicado y difícil, prohibirlo en países de ciertas zonas del mundo, hecho que planteado desde aquí es completamente imposible, pero sí hay que poner todas las trabas para dificultar en lo posible el trabajo de los niños en ciertas labores de productos que luego llegan al consumidor en nuestro país en concreto. En el caso de la fabricación de prendas y diverso material deportivo, se realiza en países que utilizan mano de obra infantil, esto es un clamor, es una realidad que ahí está. Por tanto, desde nuestro punto de vista, dificultar esta situación, prohibirla cuando se pueda con los límites que esto tiene, es algo a lo que estamos éticamente obligados.
La iniciativa, la propuesta que hace Izquierda Unida, bien bajo el texto que presentaba inicialmente la proposición no de ley, o bien bajo el acuerdo al que creo se ha llegado de una enmienda transaccional, va a ser apoyado por el Grupo Parlamentario Socialista, porque creemos que las dos cuestiones que se plantean en la iniciativa pueden contribuir a dificultar que ciertas empresas que fabrican prendas y material deportivo utilicen mano de obra infantil abundante en ciertos países del Tercer Mundo.
Por tanto, estamos de acuerdo con que deben llevarse campañas de denuncia de estas situaciones, que siempre es positivo, y de forma muy importante queremos insistir en que creemos que el dinero público que se utiliza en la compra de este material elimine aquellas marcas que utilizan niños menores en la fabricación de productos dedicados al mundo del deporte. Cuando digo dinero público me estoy refiriendo a aquel dinero que gastan las selecciones nacionales deportivas y las federaciones deportivas en estos menesteres y que en general gastan las diversas administraciones públicas cuando compran material o utillaje deportivo.


Por tanto, teniendo en cuenta la enmienda transaccional que se ha presentado entre el grupo proponente y el enmendante y con la consulta que han realizado a los otros grupos, cosa que quiero agradecer en esta intervención, creo que la redacción final, desde nuestro punto de vista, queda bastante aceptable en el sentido de conseguir este doble objetivo: por un lado, iniciar campaña de denuncia y, por otro, poner dificultades en la compra de material deportivo con dinero público. Por consiguiente, el Grupo Socialista votará afirmativamente esta enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanés para pronunciarse acerca de la enmienda que ha sido defendida y en su caso informar sobre los acuerdos a que hayan podido llegar.


La señora SABANÉS NADAL: Efectuadas las consultas y en aras a introducir un consenso en esa proposición no de ley, porque nos parece que el objetivo esencial es avanzar, poder incorporar elementos de avance en este terreno desde la propia administración y desde las federaciones deportivas, nuestro grupo acepta las dos enmiendas del Partido Popular, pero con una transaccional que iría añadida al final del punto uno de la enmienda de modificación del Partido Popular y que quedaría con la misma redacción, añadiendo: «en todo lo relativo a la utilización de material y prendas deportivas relacionadas con competiciones oficiales». Entendemos que como estaba redactada inicialmente no acababa de desarrollar el espíritu que venía reflejado en el primer punto de la proposición.Al añadir lo relativo a esta utilización y relacionado con el conjunto de las competiciones oficiales, entendemos que puede significar un consenso y respetar el espíritu inicial de nuestra proposición no de ley.


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El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, tenga la amabilidad de hacer llegar a la Mesa las expresiones que se adicionan al número uno de la enmienda, entendiendo en consecuencia que lo que vamos a votar es la enmienda del Grupo Popular con la adición que ha sido reflejada por la señora Sabanés y que, repito, esperamos, llegue a la Mesa.
¿Es así? (Asentimiento.)

- POR LA QUE E INSTAAL GOBIERNO A QUE MEDIE PARA BUSCAR MEDIDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE GARANTICEN LOS TRABAJOS DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES (FUNDESCO). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000855).


El señor PRESIDENTE: Pasamos, en consecuencia, al punto 4 del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación a la Función Social de las Comunicaciones (Fundesco).
Señora Sabanés, tiene la palabra.


La señora SABANÉS NADAL: Para solicitar el aplazamiento o en su caso el decaimiento de esta proposición en los términos que está expresada.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere decir, señora Sabanés, que sería objeto de tratamiento, siendo modificada, cuando le corresponda?

La señora Sabanés NADAL: Exactamente.


El señor PRESIDENTE: Entonces, si no le parece mal, la Presidencia la propone que la demos por decaída o por retirada, y queda en manos de S.S. poderla formular con el texto que le parezca más adecuado a la situación en el día que se presente. La damos, en consecuencia, por retirada.


- SOBRE LA NECESIDAD DE REGULAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000960).


El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el tratamiento de la proposición que figura con el número 5 del orden del día, sobre Financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del Grupo Socialista, que va a ser objeto de defensa por parte del señor Paniagua.


El señor PANIAGUA FUENTES: La Universidad Nacional de Educación a Distancia, señorías, ha cumplido ya veinticinco años de existencia y, aunque no son muchos años para una universidad si lo comparamos con las que nacieron en la baja Edad Media o a comienzos de la Edad Moderna, en el caso de España no es de las más modernas, porque más de un tercio de las universidades existentes han surgido en los últimos quince años, y especialmente a partir de la Ley de Reforma Universitaria.
Su creación y posterior evolución no fueron fruto de un plan prediseñado. Nació en la confluencia de intereses diversos, que iban desde la necesidad de dar solución a la masificación universitaria presencial -contaba con un importante porcentaje de alumnos que entonces se llamaban libres, para diferenciarlos de los oficiales- a la aspiración de muchos profesores de encontrar una plaza en Madrid, de donde habían tenido que salir a otras universidades que entonces se llamaban de provincias, junto al deseo de mucha pequeñas ciudades de contar con estudios universitarios y que veían en los centros asociados un buen instrumento para ello.
El experimento, sin embargo, tuvo éxito, y poco a poco, a pesar de la improvisación, la demanda de estudiar una carrera universitaria por un procedimiento diferente que la asistencia a clase contó con una fuerza creciente. Existían en la sociedad española muchas personas que estaban trabajando y no habían podido acceder a los estudios universitarios, y vieron en la UNED la expresión de una universidad de segunda oportunidad. De esta manera, y casi sin preverlo, la estructura de su sede central fue creciendo en profesorado, personal de administración y servicios y red periférica, a través de unos centros llamados asociados que se constituían en patronato sin una base jurídica clara y con la financiación casi exclusiva de las entidades patrocinadoras -ayuntamientos, diputaciones provinciales y cajas de ahorros-, donde los intereses locales jugaron un papel mayor en su funcionamiento que la propia UNED central, porque ésta carecía de un plan de creación, organización y planificación que proporcionara una homologación a las actividades administrativas y académicas.
Cada centro se convirtió en una entidad propia, con su funcionamiento particular, que en muchos casos no era homologable. La UNED se limitaba entonces a dar la venia docendi a los profesores tutores, que se convertían en asesores, preparadores, estimuladores de unos alumnos, que tenían prefijados sus programas desde Madrid en las distintas titulaciones impartidas y que también controlaban sus evaluaciones, sin que los profesores tutores tuvieran ninguna responsabilidad clara en las mismas. Los centros eran para la sede central lugares principalmente de exámenes y poco más.
Sin embargo, si esto fue así en los primeros diez o doce años, las cosas comenzaron a cambiar a medida que la financiación de los centros entró en crisis porque la mayoría de las entidades financieras cortaron sus subvenciones y los ayuntamientos y diputaciones restringieron o congelaron sus presupuestos cuando las demandas de otros servicios fueron creciendo, al tiempo que se creaban nuevas universidades en las comunidades autónomas. Desde 1984 hasta 1995, año en que se aprueba la red básica de centros, la UNED central ha tenido un mayor intervencionismo en la organización y financiación de los centros, lo que le ha llevado a consolidar en sus presupuestos cantidades mayores e intervenir en su control presupuestario. De igual modo, la selección de los profesores tutores se ha realizado con mayor rigor, mediante publicidad y baremo, bajo el control de los departamentos de la universidad. La dotación

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para bibliotecas, videoconferencias, material informático y subvenciones específicas para nuevas infraestructuras han sido también elementos que han proporcionado una mayor presencia de la Universidad en su red territorial, especialmente en los llamados centros de la red básica, donde, si se cumplen las previsiones, acabará sufragando el 80 por ciento del presupuesto, contando con que las otras entidades continúen aportando todavía el resto de esta financiación.
Toda esta evolución, pareja al propio crecimiento de los servicios centrales, no fuera posible si la demanda de estudios universitarios no fuera constante. De los 11.400 alumnos del curso 1973/74 se ha pasado a los casi 156.000 del curso 1997/98, en las diecisiete titulaciones que expide actualmente la UNED, al margen de los más de 21.000 en enseñanzas no regladas, convirtiéndose en la primera universidad española por el número de alumnos, el 10 por ciento de la población universitaria total. Ya no es exclusivamente una universidad dedicada a recibir a los que no pueden acudir a las universidades presenciales por motivos laborales, de residencia o cualquier otro similar; hay una parte de los matriculados que la elige porque la considera un buen procedimiento para estudiar, por lo que representa de ahorro de tiempo y de adaptación a una metodología que está en función de la propia disponibilidad de los alumnos.
Nos encontramos, por tanto, con diversas realidades sociales: los que estudian para obtener una titulación que no consiguieron en otro tiempo o quieren ampliar sus estudios medios -son trabajadores de diverso tipo-; los que quieren una segunda licenciatura; los que no han podido entrar en la universidad presencial, fundamentalmente alumnos de COU con menos de 22 años, cuyo número en estos últimos tiempos se ha incrementado al aplicarse el númerus clausus en distintas universidades, y aquellos que la utilizan como solución a su situación personal -parados, amas de casa, presos, etcétera-. Es una variedad interesante porque incide en poblaciones con condiciones sociales muy diversas y también de edades muy diferentes.
El incremento en los últimos años de la participación juvenil ha introducido modificaciones en el objetivo prioritario de ofrecer una segunda oportunidad como característica de la UNED, fenómeno que no es sólo propio de ella, sino que afecta también a las universidades a distancia que se han ido constituyendo en Europa. Conviene no olvidar que la concepción de la educación que se respiraba cuando se crearon las universidades a distancia, desde la fundación de la Open University en Gran Bretaña en 1969, correspondía a la de la educación como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Actualmente, la necesidad de contener el gasto público ha impuesto un modelo más restrictivo, aunque no explicitado, intentando que las universidades sean costes eficientes, y desde esta perspectiva la educación para adultos como segunda oportunidad no se considera de igual modo que para los alumnos más jóvenes, los de la primera oportunidad, y todavía tendrían menos apoyo los de una segunda titulación. La formación continuada está saliendo hoy del ámbito del Estado para implantarse por entidades privadas o por la acción de empresarios y trabajadores.
Desde este contexto puede entenderse que la UNED reciba del Estado un porcentaje de financiación menor que el resto de las universidades. Nos recordaba el rector de la UNED en su última comparecencia en esta Comisión del 13 de mayo pasado que la relación entre recursos propios y financiación del Estado estaba alrededor del 70 al 30 por ciento. Exactamente, si copemos los porcentajes del último año, está entre el 67 por ciento por parte de la propia financiación y el resto por la financiación del Ministerio de Educación; es decir, que su presupuesto está sustentado fundamentalmente en recursos propios, al contrario que el resto de universidades. Así, la aportación pública por alumno/ano está en unas 37.000 pesetas, mientras que en las universidades presenciales las cantidades van desde las 360.000 a las 250.000 pesetas. No se trata de comparar ambos sistemas, ni de exigir las mismas subvenciones, porque el coste es distinto, pero debería llegarse -así lo manifiestan muchos expertos al 50 por ciento de lo que se recibe por alumno en las universidades presenciales, y ello no necesariamente de un año para otro pero sí como tendencia, como objetivo final, que es uno de los propósitos de esta proposición no de ley.
Los costes fijos en la enseñanza a distancia son en general, más elevados que en la convencional, pero los costes variables son más bajos. La mayoría de los expertos encuentra que la enseñanza a distancia desarrolla economías de escala significativas en relación con las universidades presenciales. La UNED es prácticamente la única universidad que va a seguir dependiendo del Gobierno del Estado y además tiene implantación en toda la geografía española.
Pueden surgir desde luego experiencias similares -y han surgido- en otras comunidades autónomas, en base fundamentalmente a sus competencias, lo que puede constituir para el futuro un problema de financiación y de organización que no es fácil de improvisar, pero esa ya es una decisión que excede de las competencias del Estado.
Si la UNED ha podido ir funcionando en las actuales circunstancias ha sido por el ámbito en que se ha desarrollado -el territorio español-, y ello es una característica de las universidades a distancia para que el coste/eficiencia del que tanto se habla sea el adecuado, es decir, que abarque a una población numerosa y que tenga entidad propia.
Esto representa que cuanto más alta sea la inversión en costes fijos más alto será el número de matriculados necesarios para estar al mismo nivel que en la enseñanza convencional.


Los sistemas duales de enseñanza, donde se combina la presencial con la de distancia, no han dado buenos resultados, salvo para cursos muy específicos y de duración limitada, y el modelo que al final ha triunfado es el de la especificidad propia, como la UNED, la Open o la Fern universität alemana, porque ello permite fijar la organización y los objetivos con mayor precisión y eficacia y obtener el coste/eficiencia adecuado para este tipo de enseñanza.
Por eso convendría dejar definitivamente claro que la UNED debe seguir manteniendo ese ámbito estatal, perfectamente compatible con la competencia de otras ofertas posibles que puedan surgir, evitando su fraccionamiento y permitiendo que continúe su tarea, que ya es más plural que la que le llevó a su creación.
Estamos en una coyuntura en que la demanda de enseñanza universitaria a distancia está cambiando, y en el futuro ya no se producirá tanto por la aspiración de conseguir

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un título universitario por personas que trabajan y no lo obtuvieron en la edad convencional (lo que hemos llamado antes la segunda oportunidad), como por la necesidad de muchos directivos que poseen ya títulos universitarios convencionales de adaptarse a un sistema productivo cada vez más cambiante y a un sistema laboral flexible con amplias posibilidades de despidos continuados. Se buscan nuevas titulaciones para ir respondiendo a las exigencias del mercado y comienzan a utilizarse las ofertas de la enseñanza a distancia.


El señor PRESIDENTE: Procure ir acabando, señor Paniagua.


El señor PANIAGUA FUENTES: Acabo en seguida.
Por todo ello, esta proposición no de ley pretende incitar al Gobierno para que asuma la responsabilidad de incrementar los presupuestos de una universidad, la UNED, que es de su competencia y que, por su estructura académica y su organización interna, es una más de las universidades públicas españolas. Sus titulaciones son las mismas y tiene la misma validez, el profesorado pertenece a los mismos cuerpos universitarios y su organización se rige por las mismas normas de carácter general que el resto de universidades, y además los alumnos inscritos pagan idénticas tasas académicas que en las otras universidades, aunque reciben muchomenos que los alumnos que no contribuyen con rentas del trabajo. Así, como muchos de ellos manifiestan, pagan dos veces: una, como trabajadores a través de sus impuestos, sosteniendo, por tanto, parte del presupuesto universitario; y, otra, con el precio de la matrícula.
Respetando el ámbito de competencias de la Ley de Reforma Universitaria, también es preciso establecer los mecanismos legales que dejen definitivamente determinado el carácter estatal de dicha universidad. Decretos como el de la red básica de centros, de julio de 1995, que avalaba un acuerdo del claustro de la universidad de marzo de 1994, han contribuido a clarificar la situación legal de los mismos, sobre todo porque ha unificado la actuación académica y presupuestaria, pero existen todavía vacíos que hay que llenar en el futuro, y es en este sentido lo que se propone por parte de esta proposición de no ley.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Mixto desea hacer uso de la palabra en fijación de posiciones, señora Rivadulla? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Convergència i Unió, señora Gil y Miró, quiere hacer uso de la palabra? (Asentimiento.)

Tiene la palabra Su Señoría.


La señora GIL I MIRÓ: Sólo para exponer que nuestro voto va a ser desfavorable a la aceptación de esta proposición no de ley en los términos en que se ha presentado.
Desde mi Gobierno y desde mi grupo hemos aducido reiteradamente nuestro respeto por la UNED y su actividad, pero también y especialmente nuestro desacuerdo con su regulación, adecuada en el momento de su creación en un Estado de régimen muy distinto del de hoy, y contrapuesto especialmente al de hoy. La UNED no se corresponde hoy con el Estado autonómico y su regulación no la permite el respeto a las competencias estatutarias educativas de la Generalitat de Catalunya; su inadecuación a la Ley de normalización lingüística vigente en este tiempo reciente y hay a la ley sobre el uso de las lenguas ha sido irrespetuosa con la lengua propia y oficial de Cataluña en este ámbito de la educación.
Por otro lado, y nosotros quizá presentaremos una iniciativa al respecto, hemos de hablar sólo muy brevemente sobre un aspecto que puede ser legítimo de la UNED de ampliar su campo de actividades, pero que, en cambio, está llevando el escándalo, por lo menos en Cataluña.
La UNED, de acuerdo con su programación académica y a través de una vía ciertamente extraña y forzando la interpretación de la ley, quizá incluso con un fraude de ley, convierte en universitarios, sin control alguno, centros que no reúnen las mínimas condiciones e incluso que han sido rechazados como centros universitarios para su adscripción a universidades presenciales en Cataluña; me refiero a escuelas de turismo. La UNED abre la puerta y formaliza convenios con escuelas que las universidades no han aceptado porque no cumplen los requisitos mínimos de calidad que exige el Real Decreto 557/1991, y mediante estos convenios las escuelas que no han encontrado entrada en el sistema tienen posibilidad de entrar y de impartir una diplomatura universitaria, al margen incluso de la adscripción universitaria.
Por todo ello, nosotros, creemos que no es simplemente cuestión de financiación y funcionamiento sino de pensar en una nueva regulación de la UNED que haga posibles sus actividades por todo el Estado español, pero también sus respetos por las competencias de la Generalitat.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular doña Elena García-Alcañiz Calvo tiene la palabra.


La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señorías, el portavoz del Grupo Socialista, señor Paniagua, en la intervención que nos ha hecho esta mañana ha narrado el nacimiento y desarrollo de la UNED que, a nuestro juicio y a modo ilustrativo está muy bien, pero todas SS.SS. pueden recordar que hace poco tiempo, concretamente el 13 de mayo del año en curso, tenía lugar en esta Comisión la comparecencia del rector de la UNED, señor Costas Rodríguez, para informar de la situación de la universidad que él tiene la responsabilidad de dirigir.
Si uno vuelve a releer las manifestaciones realizadas por el señor rector en aquel momento, tan próximas al día de hoy, labor que nos ha facilitado también el señor Paniagua, no encuentra en ellas justificación alguna para que de aquella (la exposición del rector) y la de hoy (la del portavoz socialista) se pueda deducir la necesidad de esta proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Socialista.
Esta proposición no de ley presenta en su exposición de motivos, otra vez, la corta pero larga historia, si se compara con otras universidades, de la UNED. Todos los grupos de la Cámara comparten y se alegran del buen hacer de esta universidad, de su labor social y científica. Quiero destacar esta segunda, puesto que no se debe considerar a esta universidad como una institución de beneficencia. Yo misma he de manifestar que tengo extraordinarios colegas a los que me une una gran amistad trabada en los trabajos de

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investigación llevados a cabo con muchos de ellos, a los que admiro por su extraordinario quehacer y rigor científico y su reconocido prestigio nacional e internacional, aunque existan también, cómo no, algunas excepciones que en la mañana de hoy ha señalado quien me ha precedido en el uso de la palabra. No nombro a ninguno de ellos puesto que seria proliJo.
Al final de esta vasta exposición de motivos y de la disertación con la que nos ha ilustrado el portavoz socialista, decía que no tenemos mucho que ver, o a mí no se me alcanza, con el texto propuesto en la resolución de esta proposición no de ley. Este texto, como todas SS.SS. conocen, consta de dos partes que no tienen mucho o, mejor dicho, nada que ver la primera con la segunda; es más bien una yuxtaposición de intenciones. En la primera se pide adoptar las medidas legislativas oportunas, y nos preguntamos qué medidas legislativas se proponen ya que no se dice, no se explicita; cuáles son los convenientes o inconvenientes de lo que se quiere proponer, pues no se cita; cuáles son los propósitos que llevan a esta modificación de medidas y qué es lo que se quiere modificar; qué se va solucionar con esas medidas no nombradas. Es decir, se pide que se decida sobre la nada. Es tal la indefinición de esta propuesta que, por ende, es rechazable. Permítanme, señor presidente y señorías, que les diga que propuestas de este cariz son pocos serias, mucho más si esta falta de rigor expositivo procede del entorno universitario. Sencillamente creo que no son de recibo.
Por lo que respecta a la segunda petición de la proposición no de ley: asumir el incremento presupuestario necesario para paliar sus déficit, permítame, señor presidente y señorías, que me cite (cosa que no suele hacer uno) en lo expuesto por el Grupo Parlamentario Popular a través de la intervención realizada por esta diputada el 13 de mayo.
Permítanme que les recuerde, muy brevemente, algunos datos que hacen referencia a esta propuesta que hoy nos trae el Grupo Socialista.
Recordaba en esa exposición del 13 de mayo al señor rector su comparecencia del 25 de octubre de 1995, y decía el señor rector de la UNED: «Estamos en pleno proceso de elaboración y aprobación del presupuesto para el ano 1996, y ello nos permite hacer una radiografía nítida de nuestra situación económica, que es sin duda alarmante». «Señor rector, estas eran -le decía yo- sus palabras en su comparecencia de octubre de 1995». El seguía hablándonos de la situación real en la que en esos momentos se encontraba la UNED en 1998 y decía que no nombraba para nada esta situación. Yo le respondía que, afortunadamente, esta preocupación del señor rector había desaparecido debido al intenso trabajo de la Secretaría de Estado de Universidades del Gobierno popular que preside el señor Aznar, que ha realizado y realizó en su momento un aumento de 349 .millones de pesetas respecto al año 1997, que suponía un incremento de un 6,8 por ciento. Dicho esto, se ve fácilmente que el incremento presupuestario que solicita el Grupo Parlamentario Socialista, permítame que lo reitere, ya ha sido cumplido. La solicitud que hace en estos momentos el Grupo Socialista ha sido cumplida ya por el Gobierno del Partido Popular. Reitero que en 1998 el aumento de la subvención nominativa a la UNED por parte de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación ha sido del 6,83 por ciento respecto a la cuantía de 1997. Pero si tenemos en cuenta también la respuesta que el secretario de Estado dio en el Senado el 13 de febrero de 1997, decía que: Teniendo en cuenta todos los programas específicos que la Secretaría de Estado realiza respecto a la UNED, el aumento de los incrementos medios era superior a un 7,3. Estas cifras del 7,3 y del 6,83, cuando no se tienen en cuenta todos los programas específicos, son significativas si se interrelacionan con la media obtenida en los cinco últimos años en los presupuesto cuya cifra alcanzaba un 4,4. Repito, si estas dos cifras se compararan, la significación estadística es bastante amplia, y también lo es la significación real y no sólo la estadística. Por lo tanto, el incremento presupuestario realizado por la Secretaría de Estado ya se ha cumplido, y por todo ello el voto del Grupo Parlamentario Popular va a ser en contra.


El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, como en toda intervención, ha habido algún contenido de turno en contra. Por si quiere hacer alguna aclaración, le voy a dar un minuto.


El señor PANIAGUA FUENTES: Intervengo para decir que el rigor que exige también se aplique para uno mismo. Porque fue el rector el que señaló en la misma comparecencia que ese 6,8 por ciento era producto de los incrementos presupuestarios de trienios, que es una reglamentación general para todos los funcionarios, y de los presupuestos de los sexenios de investigación, pero en ningún caso ese presupuesto venía a fijar las diferencias entre lo que recibe un alumno de la UNED y lo que recibe un alumno como media de la universidad presencial. Si se quiere tener rigor se ha de tener para todo, no sólo para lo que a uno le interesa.


El señor PRESIDENTE: Al no haber ninguna intervención más, queda debatida la proposición no de ley, que será objeto de votación en su momento.


- SOBRE SECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA SIERRA DE FRANCIA (SALAMANCA).
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/001015).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al tratamiento de la proposición no de ley que figura como número 6 en el orden del día. Sobre sección de educación secundaria en la Sierra de Francia (Salamanca).
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Caldera, autor de

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Miranda del Castañar se sitúa en el centro geográfico de la zona escolar Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca. La madrugada del 19 de febrero de 1998 dicho municipio fue objeto de primeras portadas de medios de comunicación, lo que profundamente lamentamos. Fue objeto de una triste actualidad porque un grupo de madres, que protestaban por una decisión del Ministerio de Educación acerca de la ubicación

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de un centro de enseñanza secundaria, retuvieron -cosa reprobable como así hice constar en esta misma Cámara- a un inspector de Educación, y fueron violentísimamente desalojadas por parte de la Fuerzas de Seguridad, lo que ha merecido la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad la semana pasada en esta Cámara. He de decir de antemano que el principal capital a preservar -es decir, el humano, el de los niños- merece de todos nosotros un severo esfuerzo de coordinación y de diálogo, porque detrás de una decisión del Ministerio de Educación se ha generado un grave conflicto social. Lo que es indispensable es la ubicación de un centro de enseñanza secundaria; eso es absolutamente indispensable. En consecuencia, todos mis pasos van encaminados a conseguir esa decisión.
Señoras y señoras diputados, el 16 de febrero de 1996 la Dirección Provincial del Ministerio de Educación de Salamanca elevaba a la Subdirección de Educación Secundaria propuesta acerca de algunas zonas para la ubicación de centros de secundaria en la provincia de Salamanca.
Hecha la planificación de las enseñanzas de la ESO para el curso 1996-1997, se decidió que el centro de secundaria debería instalarse en el municipio de Miranda del Castañar.
Llamo la atención de la fecha, 16 de febrero de 1996. Después de las elecciones de marzo de 1996, con el cambio de equipo en el Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Educación, en la persona de su director y debido a que aquella primera decisión también generaba algunos rechazos, propone a la comunidad educativa afectada que manifieste cuál es el lugar idóneo para la instalación del centro, propuesta no habitual en las tareas planificadoras del Ministerio de Educación pero que, amablemente, la Dirección Provincial formula. Reunidos la comunidad educativa y los municipios pertinentes, deciden por una gran mayoría que el lugar más adecuado es el municipio de Miranda del Castañar. Sin embargo, la decisión definitiva del Ministerio de Educación es distinta: ubicarlo en otro municipio de la zona llamado La Alberca.
Ante informaciones aparecidas, mediante filtraciones a diversos medios de comunicación, que indicaban que se cambiaba el criterio, los vecinos, las madres y los padres de alumnos, muchos representantes institucionales en los ayuntamientos, comienzan una serie de movilizaciones para manifestar su descontento. Incluso este diputado que les habla acompaña a una representación muy amplia de la comunidad educativa a un encuentro con el señor Nasarre, a finales de enero 1998, donde se nos dice que no está tomada la decisión definitiva y se abren las vías del diálogo.
Pero cuál sería, señorías, mi sorpresa cuando, dos días después, al llegar a esta Cámara, recibo respuesta a una pregunta escrita que yo había formulado con anterioridad, donde -contestada diez días antes- se me dice que el lugar definitivo va a ser La Alberca. En consecuencia, no hay una posición clara por parte del Ministerio de Educación, y una parte importante de la comunidad educativa y de los habitantes de esta zona utilizan la expresión engaño, creo que con cierta razón, para referirse a esta decisión.
¿Cuáles deberían ser los criterios de valoración? Creo que para ustedes, que son miembros de la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara, son evidentes a la hora de tomar una decisión de esta naturaleza. Primero, el de las infraestructuras educativas existentes y sus condiciones.
En este caso, en el municipio de La Alberca hay que levantar un edificio de nueva planta, mientras en Miranda del Castañar hay un edificio subutilizado, moderno y con posibilidades para la instalación en el mismo del centro de secundaria. Por supuesto, el número global de niños y niñas y anticipándome a lo que se me pueda contestar, aquí tengo las tablas de evolución del propio Ministerio de Educación, según las cuales el municipio de La Alberca tiene más niños, pero en el cómputo de la proyección hacia el año 2008, la diferencia en el ano 2002 -por poner un año de referencia- es de 49 a 30. Eso sí, ahora veremos cuál es la ubicación geográfica de ambos municipios. Tercero, la situación geográfica, con las condiciones climatológicas y orográficas que hay que valorar. Me he permitido ilustrar a SS.SS. con una fotografía en la que se ve perfectamente cuál es el sentido de mi intervención. Esta es la zona escolar Sierra de Francia. El municipio de Miranda del Castañar está justo en su centro geográfico, el municipio de La Alberca está en una esquina. Esto nos lleva a pensar que lo razonable sería la ubicación en el centro geográfico de la comarca por razones de desplazamiento, menor coste, por razones de climatología y de altitud, dado que el municipio de La Alberca está casi a 1.100 metros de altitud y el de Miranda delCastañar a 650.Además, la infraestructura viaria que en esa zona tiene un componente deficiente y provocaría desplazamientos hacia La Alberca, en cómputo anual, de 28.560 kilómetros más, contando con las diversas rutas escolares, que en el municipio de Miranda del Castañar.
Cuarto lugar, no se ha tenido en cuenta por parte del Ministerio de Educación el hecho de que haya varios municipios que quieren incorporarse o incluirse en esa zona escolar y que desearían acudir al municipio de Miranda del Castañar. Por último, el acuerdo del Ministerio de Educación, señorías, que es lo que más me preocupa, provoca enfrentamientos persistentes y perjudica la necesaria convivencia de las comunidades de la Sierra de Francia, tradicionalmente unidas.
Llegados a este punto, hay que dar una solución y mi grupo parlamentario no quiere en modo alguno limitar los derechos de los ciudadanos y las manifestaciones de uno y otro municipio y de los que se sitúan en unas u otras alternativas.
Vista la profundidad del conflicto, hemos presentado una proposición no de ley donde proponemos, con abundancia de datos en su exposición de motivos, que se creen dos secciones para este instituto de enseñanza secundaria: una en La Alberca y otra en Miranda del Castañar.
Que el Ministerio de Educación revise la zonificación de enseñanza secundaria, puesto que hay varios municipios que quieren incluirse en esta zona escolar, lo que facilitaría la adopción de la medida de las dos secciones. Por último, que las adscripciones posteriores de los niños en la zona educativa a cada una de las secciones creadas se realice con criterios de proximidad, voluntariedad y eficiencia que garanticen una enseñanza de calidad.
Podría decirse -y acabo ya con esta parte de mi intervención- que esta propuesta es extemporánea por lo gravosa que podría resultar en la utilización de los recursos públicos. Pues no, señorías; hemos hecho un estudio -que pongo a disposición de los miembros de esta Comisión- desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista

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económico, desde el punto de vista de la organización escolar y de la distribución de los recursos, que demuestra claramente -y lo diré en dos minutos- cómo el incremento de los recursos disponibles no llega más allá del 20 ó 25 por ciento de los necesarios si se decidiera la construcción de un sólo centro de secundaria. Conozco muchos casos, y SS.SS. también, de centros de secundaria que desarrollan su actividad en más de un edificio y ello está avalado y protegido por el Ministerio de Educación. En 1979 se creó, como ustedes saben, el Instituto de Bachillerato a Distancia; es verdad que respondía a una necesidad concreta y generalizaba una modalidad de enseñanza específica. En este caso creo que hay que dar respuesta educativa a unas poblaciones con características sociales, geográficas, económicas y culturales concretas y específicas; en resumen, respuestas adecuadas a necesidades poco comunes.
Desde el punto de vista económico, en cuanto a los edificios con los que nos encontramos, está claramente delimitado el hecho de que Miranda del Castañar tiene un edificio moderno subutilizado y en La Alberca hay que levantar un edificio de nueva planta. Se podría reducir el coste unitario de La Alberca, sin minorar en absoluto su calidad, proyectando el centro de manera que permita una posible ampliación futura, si llegase el caso, sin cambiar su estructura. El equipo directivo sería único; el claustro de profesores estaría constituido por una plantilla que apenas sufriría incremento sobre la de un centro de similares dimensiones ubicado en sede única; los departamentos didácticos con mayor dotación de plantilla repartirían simplemente su personal entre las dos sedes en función del número de grupos/hora en cada una de ellas, sin necesidad de compartir, para evitar los desplazamientos; los departamentos unipersonales organizarían su dedicación y horario por jornadas completas en cada sede, sin desplazamientos intrajornada; el personal no docente sería el mismo que el de un centro normal; los gastos de funcionamiento, una vez puesto en marcha el centro, sí podrían verse incrementados en un 20 ó 25 por ciento sobre los de un centro normal, como viene sucediendo en los que actualmente funcionan con más de una sede. Por último, la organización escolar, debido a los enormes adelantos técnico-científicos que se han venido dando en los últimos años, estaría perfectamente adaptada, como otras experiencias que conocemos, a la posibilidad de que la dotación de medios didácticos informáticos y de nuevas tecnologías fueran modernos para cumplir sus objetivos: teléfono, fax y ordenadores. Ya hay compromisos del Ministerio de Educación para desarrollar los programas didácticos y tecnológicos. El programa del Ministerio de Educación Aldea Digital, que se aplica actualmente en una provincia de España, en Teruel, tiene previsto extenderse a otras provincias y utiliza algunos de estos elementos, señorías, que han utilizado otros muchos países que por la dispersión de su población y condicionamientos geográficos o climáticos se ven obligados a buscar fórmulas educativas. EnAustralia y Canadá hay desde hace más de un cuarto de siglo ejemplos de enseñanzas descentralizadas organizadas por los Estados o provincias federales, que ofrecen centros de educación secundaria que vienen utilizando nuevas tecnologías disponibles en cada momento para simultanear las modalidades presencial y a distancia.
Señorías, el conflicto que enfrenta a ciudadanos tradicionalmente unidos exige imaginación, generosidad y diálogo por parte de quienes somos sus representantes. Yo lo reivindico así en nombre de mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Guerra Zunzunegui tiene la palabra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Hacía usted alusión a un suceso de triste actualidad que ocurrió el 19 de febrero de 1998. No voy a entrar en detalles porque ya se trató el otro día en la Comisión de Interior. Únicamente quiero decir, para conocimiento de los miembros de esta Comisión que todavía no hayan leído el «Diario de Sesiones» de la de Interior, que un inspector de enseñanza media estuvo retenido hasta las seis de la mañana. En estos momentos, en el juzgado de Béjar, el fiscal pide para el alcalde de La Alberca y para el primer teniente de alcalde un año de prisión y un año de inhabilitación. No quiero revolver en este asunto triste, que creo fue azuzado por personas que en ese momento no tenían realmente voluntad de apaciguar, sino de que no se llegara a un acuerdo.
Ha sido una reivindicación de la Sierra de Francia desde hace muchos años, concretamente desde el año 1990 en que se aprobó la reforma educativa, que esta zona y estos chicos y chicas tuvieran un centro donde se pudiese impartir la enseñanza superior de la ESO.
Pues bien, resulta que esa petición reiterada de los ciudadanos de la Sierra de Francia no ha sido atendida desde el año 1990; ha sido el actualMinisterio de Educación, el Gobierno actual, el que ha adoptado la decisiónde que en la sierra de Francia haya un centro en el que se pueda cursar latotalidad de la educación secundaria obligatoria. Decía Ortega que la razónse tiene que imponer a impulsos del corazón. Lo comprendo perfectaimente,porque no es solamente en esa zona de España sino en muchas otras en lasque se querría tener no dos secciones sino incluso más y que en cada una delas localidades hubiese un instituto, un centro en el que se pudiese cursar latotalidad de la educación secundaria obligatoria.
Pero vayamos a los antecedentes, una vez que se toma la decisión de que se cree en la Sierra de Francia un centro de estas características.Indudablemente había una contraposición entre un ayuntamiento y otro,había una propuesta del entonces director provincial, hecha en febrero de1996 -y decía el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra querecalcáramos la fecha; quiero fijarme en esa fecha: febrero de 1996-, al Ministerio de Educación, propuesta que fue contestada por la entonces directora general de centros educativos, señora Maestre, en la que se decíaque se tendría que estudiar y que habría que efectuar un informe técnico, puesto que la propuesta del entonces director provincial de Educación no aportaba un estudio técnico al respecto.
Pues bien, lo que se ha hecho en los años 1997 y 1998 ha sido efectuar un informe técnico que, por supuesto, no ha sido elaborado por el director provincial actual, sino que está hecho por tres funcionarios, por tres inspectores, señores Amador Muñoz, Luis Grajal y Luis Herrero. Del informe técnico que fue elevado al Ministerio de Educación se

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deduce perfectamente, por el número de habitantes, por la proyección del número de niños en los sucesivos años hasta el año 2202, que indudablemente es mucho más racional que el centro esté situado en La Alberca y no en Miranda del Castañar. Algunos de estos datos a tengo que disposición de SS.SS.demuestran que, por ejemplo, si aceptáramos la propuesta que se nos hace en la proposición no de ley, de Miranda del Castañar habría en el curso 2002-2003, un solo alumno en el primer curso de la ESO, cuatro en el tercer curso y cinco en el cuarto; un total de 16. Tres inspectores de la provincia de Salamanca -no se ha hecho la imputación y no creo que se haga, por tanto, no voy a indicar nada al respecto-, elaboraron este informe técnico completo que obra en poder de este diputado y del Grupo Popular, en el quese indica que el centro debe estar en La Alberca; se dan cifras quevienen a señalar que, si se hace en La Alberca, de un total de 235 alumnos, 128 serían de los pueblos circundantes y 107 alumnos de La Alberca. Por el contrario, si se hiciese en Miranda del Castañar, serían 164 alumnos de los pueblos circundantes y 47 de Miranda del Castañar. Se ha dicho que se hizo algo que en otra ocasiones no se suele hacer -se hizo dado el contencioso que había entre estas dos localidades-, que fue una reunión cuya acta tengo aquí a disposición de los miembros de esta Coimisión- que se celebró el 20 de noviembre, a las 18 horas, en la cual, reunidos los alcaldes de las zonas, los presidentes de las APA, etcétera, se llegaba a la siguiente conclusión -ruego me disculpen si me alargo algo-: Al no haber llegado a un acuerdo en cuanto a la definición de la localidad, Miranda o La Alberca, para la ubicación de la sección de educación secundaria de la Sierra de Francia, se reitera de manera unánime la petición formulada desde años anteriores -los ciudadanos de la Sierra de Francia llevaban muchos años pidiéndolo-. La Dirección Provincial será asesorada por los servicios técnicos para el emplazamiento de la sección de educación secundaria de la Sierra de Francia. Adquirir compromiso de escolaridad para los alumnos de las localidades de la Sierra de Francia en el centro que allí se cree, sea cual fuere su emplazamiento.
Entre las firmas está la del alcalde de Miranda del Castañar, señor Cano.
Tengo que decir que el acuerdo que se toma el 20 de septiembre por los ayuntamientos afectados, los presidentes de las APA, etcétera, es apoyar y dar conformidad a la decisión que ante la falta de acuerdo tome la Dirección Provincial, asesorada por los servicio técnicos. Pues bien, eso es lo que hace la Dirección Provincial, elevar el informe técnico, firmado por unanimidad de los tres inspectores que lo realizan, al Ministerio, y éste, ante este informe técnico y no por otros motivos de ninguna clase, como parece ser que indirectamente se quiere decir aquí, sacando fantasmas que no existen, llegaa la conclusión de que se realice la construcción del centro en La Alberca. Para ello, se fija una cifra total de 149 millones más 12, en total, 161 millones de pesetas, de los cuales se fija una cantidad para el proyecto este año y el resto para el año 1999.
En definitiva, en el año 1999, cuando se inicie el curso, estará terminado, que ha sido la gran petición de los ciudadanos de la Sierra de Francia; petición que no ha sido atendida, por desgracia, porque si hubiese sido atendida no tendríamos estos problemas -de aquellos polvos vienen estos lodos-. Conforme al informe técnico se construirá este centro en La Alberca.
La propuesta que hay en estos momentos es hacer dos secciones. No podemos hacer centros débiles, no podemos, bajo ningún concepto, dejarnos llevar por ciertos impulsos del corazón. Nosotros los compartiríamos, pero en un presupuesto en el que tenemosque ser rigurosos, en unas decisiones que tienen que estar avaladas por informes técnicos, no podemos llegar a una solución salomónica, aunque más que salomónica podría ser calificada de falta de racionalidad; máxime -y termino, señor presidente- cuando si se hiciesen dos secciones, en una de ellas, la de Miranda, -y lo digo porque es curioso- habría un solo alumno de Miranda del Castañar cursando primero de la ESO.
Señorías, creo que para las personas que no conocían el asunto ha quedado claro -al menos he intentado explicarlo- que la decisión ha sido tomada única y exclusivamente basándose en informes técnicos y única y exclusivamente al acuerdo que se llevó a cabo con los alcaldes, presidentes de APA, etcétera, el 20 de noviembre de 1997.
Por último, señor presidente, quiero referirme a la reunión que se ha citado con el señor Nasarre, que había sido pedida por los alcaldes de la zona, a la que parece ser que les acompañó el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra. El señor Nasarre -ayer me lo dijo de palabra- les indicó que se estudiaría conforme al informe técnico y que no habría ninguna decisión basada en otros motivos que no fueran el informe técnico. Fue conforme a ese informe técnico por lo que a las 48 horas el señor Nasarre manifestó clarísimamente que el centro tendría que estar ubicado en La Alberca.
Señorías, creo que lo que tenemos que hacer aquí es tranquilizar la zona y conseguir -ese es el compromiso del Partido Popular y del Gobierno, estoy seguro de que se van a adherir otras fuerzas y pediría al diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra que se adhiriera a esta fórmula- que por fin la Sierra de Francia tenga un centro, que es la petición de los ciudadanos de esta zona; que no se sigan manteniendo unos dimes y diretes que pueden ser contraproducentes para que ese centro esté terminado y entre en funcionamiento en el curso 1999-2000. En consecuencia, señor presidente, nuestro grupo va a votar en contra de la proposición no de ley. (El señor Caldera Sánchez- Capitán pide la palabra.


El señor PRESIDENTE: Es evidente que no hay ningún turno, pero el señor Caldera quiere hoy acogerse a la hospitalidad de esta Comisión. El conoce el Reglamento mejor que nadie, no en vano forma parte de la ponencia, y sabe que si él estuviera sentado aquí no se le daría la palabra.
Pero yo se la voy a conceder por medio minuto por si tiene que hacer alguna matización frente a las informaciones suministradas, sin entrar encontradicción.
Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Exactamente es para ello. Malamente podría haberse construido el centro de secundaria por parte del anterior Gobierno, salvo que éste fuera milagroso, ya que hasta el curso1996- 1997 no podía dar comienzo el mismo. En consecuencia, hubo una decisión que luego fue alterada, en uso de las

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competencias que tiene el Ministerio de Educación -que yo critico y que es legítima, por supuesto-, una vez que ganó las elecciones el Partido Popular. Por lo tanto, no podía haberse creado este centro que estaba ya decidido.
En segundo lugar, ante la insistencia de la utilización del dato de un solo niño en uno de los municipios, les recuerdo que estamos hablando de una zona escolar en la cual hay 20 municipios. Por consiguiente, es una visión sesgada utilizar el criterio de niños de uno u otro municipio.
Hay que ver el conjunto, que son los datos que yo he dado, sobre la base del estudio técnico del Ministerio de Educación.


El señor PRESIDENTE: Sepa, señor Caldera, que empezó usted con la matización pero está usted a punto de deslizarse en la contradicción. Yo creo que la matización acerca de qué Gobierno hubo antes y hoy se constata tranquilamente en el Boletín Oficial del Estado.


Señor Guerra.


El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Se ha hecho una afirmación que no es exacta. No había decisión alguna.
Había una propuesta, y la directora general indicó, que para que esa propuesta siguiera adelante tenía que haber un estudio técnico, que es el que se hizo posteriormente.


El señor PRESIDENTE: Ha culminado la polémica a satisfacción de todos los intervinientes.


- SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR EL RETRASO EN LA CONCESION DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/001131).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el tratamiento de los puntos 7 y 8 del orden del día, rogando a don Miguel Angel Heredia Díaz, y dado que ambos tratan de becas, que en una sola intervención defienda las dos proposiciones no de ley. Es usted el dueño de ellas. Esto es una sugerencia.


E1 señor HEREDIA DÍAZ: Lo voy a hacer en dos intervenciones porque son dos asuntos distintos, pero ambas van a ser extremadamente breves.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Con esa esperanza, tiene usted la palabra.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, señorías, la razón de la presentación de esta primera proposición no de ley es que durante el pasado curso la concesión de becas para estudiantes universitarios se retrasó un mes con respecto a los dos años anteriores, según se desprende de una respuesta parlamentaria aportada por el propio Gobierno.
Concretamente, las primeras becas en el pasado curso fueron resueltas en el mes de noviembre, frente alos dos cursos anteriores, que lo hicieron en el mes de octubre. Tal vez un mes no tenga demasiada importancia para el Gobierno del Partido Popular, pero para bastantes alumnos universitarios que deben alquilar un piso, comprar los libros y afrontar tantos y tanos gastos de comienzo de curso, sin duda alguna que sí la tiene. Por ello, consideramos fundamental tratar de buscar las causas que han motivado este retraso y al mismo tiempo solicitar que se adopten las medidas necesarias para corregir la tardanza. Los motivos hay que buscarlos, por un lado, en que en los dos últimos cursos la convocatoria de becas y ayudas al estudio se publicaron con retraso con respecto al curso 1995-1996; y por otro, en que el Gobierno del Partido Popular ha eliminado la renovación de las becas. Hasta el pasado curso se producía la renovación de becas dentro de un mismo ciclo universitario, siempre y cuando la situación económica familiar del alumno no hubiera variado significativamente.
Esto tenía dos ventajas: por una parte, el alumno sabía que, obteniendo buenos resultados académicos, se aseguraba la beca para el siguiente año; por otra, se aceleraba la resolución de las mismas. Debido al tiempo transcurrido desde que se presentó esta proposición no de ley, puede que la primera parte esté resuelta. No obstante, habría que intentar que para cursos sucesivos la publicación de la convocatoria de becas se realizara antes del 30 de junio.
En la segunda parte de esta proposición no de ley se insta al Gobierno a que al alumno uníversitario que haya conseguido beca durante un curso se le renueve automáticamente, como mínimo, para el siguiente curso, siempre y cuando la renta familiar no haya variado significativamente y siempre que cumpla con los requisitos académicos, con el objeto de dar -y hago hincapié en esto- una mayor rapidez a la resolución de las becas.


El señor PRESIDENTE: Con respecto a esta proposición y para fijar su posición, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Rodríguez Espinosa.


El señor RODRÍGUEZ ESPINOSA: Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición en relación a la iniciativa del Grupo Socialista relativa a la convocatoria de becas para estudiantes universitarios del curso 1998-1999.
La primera impresión de mi grupo sobre la iniciativa que debatimos es que su contenido resulta de imposible cumplimiento para el curso que acaba de comenzar, y ello por dos razones: la primera, porque cuando el 13 de julio pasado se presenta esta proposición no de ley en la Cámara y se aprueba en la Mesa el 21 de julio, ya se había producido la convocatoria de becas para estudios universitarios del curso1998-1999, concretamente se había publicado en el Boletín Oficial el día 2 de julio, por lo que entendemos que esta circunstancia dejaba sin contenido la iniciativa en cuestión y suponía un desconocimiento craso de la trayectoria dispositiva del Gobierno, que todos los miembros de esta Cámara debemos conocer. La segunda razón de su imposible cumplimiento se debe a que dificilmente se puede instar al cumplimiento de algo que ya se ha cumplido en este curso y dentro de los plazos que la propia proposición no de ley contempla, concretamente cita el 30 de junio. En todo caso, debería haberse planteado la instancia al Gobierno de que en cursos sucesivos siga cumpliendo, como hasta ahora viene haciendo, o en todo caso que adelante la fecha de convocatoria. Pero lo cierto es que estos

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extremos no se contienen en la parte propositiva de la iniciativa.
Por estas razones creemos que hubiera sido más oportuno retirar la iniciativa y guardarla para cuando haya, si es que la hay, una ocasión propicia.
En cuanto a los retrasos a que alude el diputado que me ha precedidoen el uso de la palabra, bueno sería actualizar y recordar los retrasos en los pagos del Gobierno anterior e igualmente actualizar el adelanto de los pagos en las becas desde que está el Gobierno popular.
Con respecto al segundo punto de la proposición no de ley, el que hace referencia a la renovación de la beca al curso siguiente de forma automática, siempre que no haya variado la renta familiar y se cumplan los requisitos académicos, mi grupo entiende que la reforma efectuada es una contribución importante para evitar posibles fraudes, fraudes que, por otra parte y según han podido detectar los servicios del Ministerio, eran frecuentes. Sin embargo, el hecho de que no se produzca la prórroga automática sino que sea necesaria una nueva solicitud no merma en nada las posibilidades de concesión ni tampoco el tiempo y momento de disponer de la ayuda, como tampoco evita al posible becario los trámites administrativos, puesto que para que le sea prorrogada la beca ha de presentar documentación acreditativa de la renta familiar y de los rendimientos académicos, es decir, prácticamente la misma documentación que debiera presentar si fuera nuevo becario.
Por tanto, estamos hablando de dos enfoques de pura técnica administrativa que no afectan a la esencia de la concesión de la beca, con la particularidad de que con uno de los procedimientos se consigue, o por lo menos se plantea, mayor trasparencia en la gestión de los fondos públicos.
Por estas razones mi grupo votará en contra de esta proposición no de ley, si antes no la retira el grupo proponente, dada la inoportunidad que, en nuestra opinión, señalaba al principio de la intervención. (El señor Heredia Díaz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, tiene la palabra por medio minuto.


El señor HEREDIA DÍAZ: Nosotros no vamos a retirar esta proporsición no de ley. Hay una serie de datos que sería fundamental señalar muy brevemente. El primero de ellos, cuando habla de la inoportunidad por la tardanza, porque la convocatoria está prácticamente redactada. He dicho que el Gobierno tarda tremendamente en contestar la pregunta, aproximadamente unos tres meses, con lo cual los datos de la concesión de becas por meses del año pasado prácticamente se dieron sobre junio y era muy dilicil hacer el seguimiento; eso por una parte. Por otra, cuando habla de la segunda parte de la proposición no de ley, de que la renovación automática de la beca no afecta al tiempo en que el alumno recibe la beca, tengo que decirle que mientras a finales de mayo había concedidas 235.000 becas en el curso 1995-1996 y 249.000 en el curso 1996-1997, como consecuencia de la negligencia del Gobierno este año en la misma fecha únicamente se habían concedido 32.000 becas. Luego sí es importante tenerlo en cuenta, posiblemente no para este curso pero sí estudiar la posibilidad para el año siguiente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Espinosa, le equidad es la equidad. Tiene medio minuto.


El señor RODRÍGUEZ ESPINOSA: Tan sólo quiero matizar que en la proposición no de ley, como todos han podido comprobar, no se plantea lo que ahora dice. Dice textualmente: Insta al Gobierno a que la publicación de la convocatoria de becas se produzca con carácter inmediato.
Es decir, cuando se presenta la proposición ya estaba hecha la convocatoria. Por tanto, creo que la justificación de su inoportunidad está sobradamente apoyada en el propio texto de la iniciativa.


- POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A QUE LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULEN DE PRIMER CURSO DE UNA TITULACION UNIVERSITARIA EN FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES O COLEGIOS UNIVERSITARIOS, QUE TENGAN MAS DE CUATRO PUNTOS EN SELECTIVIDAD PERO NO ALCANCEN LOS CINCO Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ECONOMICOS PARA SER BENEFICIARIOS DE UNA BECA SE LES CONCEDA A PARTIR DEL CURSO 1998/1999 AL MENOS LA MITAD DE LA CUANTÍA DE LA BECA QUE LES CORRESPONDERIA DE HABER OBTENIDO CINCO PUNTOS EN SELECTIVIDAD.
PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/001133).


El señor PRESIDENTE: Proposición que figura como número 8 del orden del día. Tiene la palabra el señor Heredia.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, señorías, durante los años de Gobierno socialista se realizó un enorme esfuerzo en materia de ayuda al estudio incrementando tanto el número de alumnos que perciben becas como la cuantía de éstas, consiguiendo que por primera vez en nuestro país cualquier joven, independientemente de su clase social y económica, pudiera acceder en igualdad de oportunidades con los que hasta esa fecha siempre habían podido ir a la universidad, los hijos de las familias acomodadas.
No obstante, consideramos necesario y fundamental seguir potenciando la política de becas en general y la de los universitarios en particular, razón por la que traemos hoy a esta Comisión la proposición no de ley. Con ella tratamos de solucionar un caso concreto que afecta a innumerables estudiantes universitarios, no beneficiaros de becas hasta la fecha.
Actualmente, si un alumno universitario de primer curso obtiene cinco puntos en las pruebas de selectividad puede recibir becas, tanto en facultades, como en escuelas técnicas superiores y en colegios universitarios. Sin embargo, si obtiene cuatro puntos en el examen de selectividad, si ha aprobado el examen pero no alcanza los cinco puntos, sólo obtiene beca si cursa estudios en escuelas universitarias.
En el caso concreto de un alumno procedente de una familia con elevada renta, con más de cuatro puntos en el

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examen de selectividad pero sin alcanzar los cinco y que desea acceder a una facultad, escuela técnica superior o colegio universitario, no tendrá ningún tipo de problemas, ya que su familia puede pagarle los estudios. En el caso de un alumno procedente de una familia con renta baja, que tenga la misma puntuación y quiera acceder a los mismos estudios, que resida en un pueblo o localidad alejada de donde está situada la universidad, perdería la beca, que este curso alcanza las 600.000 pesetas. Y como este alumno procedente de una familia humilde no puede permitirse el lujo de estudiar sin beca, debe renunciar a cursar una licenciatura y deberá estudiar en las escuelas universitarias para no perderla. Esto, sin duda, discrimina a los alumnos procedentes de familias con rentas más bajas a la hora de elegir una titulación universitaria.
Por ello, para que todos los alumnos que se encuentren en esta situación puedan acceder a una licenciatura, se propugna una solución intermedia, una solución de mínimos entre conseguir la cuantía completa de la beca y quedarse sin ella, en muchos casos tan sólo por una décima o incluso una centésima, en la prueba de selectividad. Por todo ello es por lo que se insta al Gobierno a que a los alumnos que se matriculen de primer curso de una titulación universitaria en facultades, escuelas técnicas superiores o colegios universitarios que tengan más de cuatro puntos en selectividad pero que no alcancen los cinco, y que cumplan con los requisitos económicos para ser beneficiario de beca, se les conceda, a partir del presente curso 1998-1999, al menos la mitad de la cuantía que les correspondería de haber obtenido cinco puntos en selectividad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Elena García-Alcañiz.


La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente, señorías, como todos ustedes conocen la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista comienza, en su exposición de motivos, aludiendo al Decreto 2298 de 1983, de 28 de junio. Alude a este decreto y no dice qué es lo que quiere o no modificar de su contenido. El resto de la exposición de motivos corresponde -permítanme, señorías, la licencia- a algo que podríamos calificar de una demagogia ramplona.
El señor Heredia ha corroborado algo que yo no me atrevía a decir -y sobre ello tengo aquí unas notas-, pero ha vuelto a reiterar un soliloquio que lo conjugan sistemáticamente fijándose sólo en los aspectos económicos y cuantitativos y no en los aspectos de la excelencia, de la calidad y de la valía. Confunden con muchísima frecuencia -y esto es preocupante, menos mal que en estos momentos no están en el gobierno, pero hemos sufrido...


El señor PRESIDENTE: Señoría, no facilitan ustedes el que luego no haya turno de réplica. Usted ya no está haciendo un turno en contra. Tiene total y absoluta libertad de expresión, pero entienda S.S. que es absolutamente inexcusable que otorgue un turno de réplica o un turno de defensa. Pero continúe.


La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Puede que tenga razón, ¿pero no le parece excesivo, señor presidente, traer y llevar siempre a los ricos y a los pobres, en vez de mencionar a los que tiene aptitud y los que no la tienen, que evidentemente, valen para otras cosas? Señor presidente, yo quiero recalcar que no hay que confundir capacidad económica con capacidad intelectual.
Normalmente, la mayoría de los sujetos más aptos, no sólo de España sino del resto de los países en los que se han hecho estudios serios, corresponden, en general, a gentes de la clase media, que hacen un gran esfuerzo para que sus hijos estudien. Y el presupuesto y las declaraciones de la renta de muchas de estas familias, también por muy poco dinero, no alcanzan a poder recibir esa beca.
Dicho esto, nuestro grupo y esta diputada ponen su énfasis en los criterios que son requeridos para tener una beca, no sólo en los económicos, en los que sería tremendamente generosa, sino también en los criterios académicos.
En mi opinión, y en la de nuestro grupo, la universidad debe ser elitista y a ella deben ir los mejores, los más aptos, los más capaces, los más dotados. Sólo así podremos tener un país más próspero, más desarrollado y que pueda competir con el resto. Esto no significa, en modo alguno, que ellos sean los más ricos. Es probable que hubiera que adoptar otras medidas para aquellas personas que, aún teniendo dinero, no tienen capacidad para estar en la universidad y probablemente no debieran estar en ella y así lo reitero.
El criterio académico que ustedes pretenden modificar, señores socialista, señor Heredia, es decir, alcanzar la puntuación de cinco en las pruebas de selectividad, no parece en modo alguno un nivel elevado de exigencia. Pero este criterio, hay que recordarlo, fue adoptado para la convocatoria del curso 1985-1986. Se modifican los requisitos acadéimicos que son exigidos para obtener una beca, en el año 1985, y se reduce de dos cursos académicos a únicamente el curso académico anterior. Otra vez se vuelve a igualar por abajo, tratando de que haya café para todos y para todo el mundo sea igual, cuando la realidad es que todos soimos diferentes. Por tanto, si somos diferentes, hay que adecuar las exigencias a la capacidad, y el estudio de las carreras a los intereses, a la motivación y a las aptitudes.
Pueden recordar SS.SS. que desde el año 1986 han transcurrido diez años de Gobierno socialista en los que estaba vigente este criterio y ha permanecido invariable.
¿Por qué no lo modificaron antes? Esta sería la pregunta más simple que podríamos hacer; no lo han modificado durante diez años. Supongo que al señor Heredia o a los responsables de esta sección de educación les parece, sin duda alguna, inadecuada la política educativa realizada por el Gobierno socialista en la última década de su mandato.
Al menos esta es la impresión que puede dar si se presenta esta proposición no de ley.
Si nos fijamos en los requisitos económicos, todas las convocatorias de beca establecen unos límites máximos de renta familiar, de manera que si éstos se superan no se tiene derecho a la obtención de una beca. Créame -lo he dicho anteriormente- que tanto mi grupo como yo personalmente seríamos más flexibles y generosos, porque por muy poco dinero, a veces por menos de mil pesetas, una familia no puede acceder a disfrutar de unas becas cuando sus hijos sí tienen capacidad y aptitudes para estudiar la carrera que desean, y tienen que sacrificarse excesivamente, mientras que a otros, sin capacidad, se les facilita. Creo que esta

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cuestión tendríamos que replantearla con cierta seriedad todo los grupos parlaimentarios.
¿Qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? He de significar, en primer lugar, que se ha dedicado una especial atención a los programas de becas y ayudas al estudio y también se ha realizado un importante aporte presupuestario.
En la convocatoria para 1998-1999, en cuanto a requisitos económicos se refiere, los datos son los siguientes.
Primero, el 47,67 por ciento de familias españolas tendrían derecho a beca -reitero, habría que ampliarlo más-, y el 67,44 tendrían derecho a la exención del importe de la matrícula en la universidad por no superar el segundo nivel de renta que da derecho a esta ayuda.
De este esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno del Partido Popular únicamente les señalaré algunos datos que corroboran esta afirmación. En 1996 se destinaron al programa de becas y ayudas al estudio 109.200 millones de pesetas, contabilizando los créditos extraordinarios aprobados en dicho programa. En el año 1997, el presupuesto que esta Cámara aprobó incluyó un incremento de 1.682 millones de pesetas respecto de anteriores presupuestos en el programa correspondiente a becas.
Asimismo, conviene señalar que se aportó un crédito extraordinario de 7.674.135.600 pesetas que permitió compensar a las universidades por las matrículas no abonadas por algunos becarios. Simplemente señalo, no siendo prolija, que es la obligación de un gobierno reiterar, pero no rebajar.
En el año 1998 -en este curso-, recuerden que en el vigente presupuesto tuubo un incremento de un 9,17 por ciento respecto del año anterior, lo que supone un aumento significativo en este capítulo presupuestario.
En cuanto a la actual convocatoria de becas para el curso 1998-1999, por lo que respecta a los requisitos económicos, se han actualizado los niveles de renta exigibles, se han mejorado los requisitos pedidos a las familias numerosas, a las que se ha incrementado su nivel máximo de renta en el doble del IPC (yo creo que esto debía hacerse también a familias aunque no fueran numerosas que, como saben, en estos momentos lo son aquellas familias con tres hijos), y las familias numerosas también se benefician en sus rentas con un importe de 50.000 ó 75.000 pesetas por cada hijo, según a la categoría que pertenezcan.
Señor presidente, quiero terminar significando que se recogen importantes bonificaciones a todas las familias que tengan entre sus miembros a personas afectadas de alguna discapacidad. Igualmente, se consignan bonificaciones a aquellas familias cuyos hijos, para cursar estudios universitarios, tengan que residir fuera del domicilio familiar.
Por lo que se refiere a los requisitos económicos, hemos de señalar la mejora sustancial que se ha realizado en cuanto a la valoración de los diferentes elementos patrimoniales, fundamentalmente los que afectan a las familias del sector agrario, a las que en muchas ocasiones se les denegaba la ayuda por tener un tractor, que era un requisito indispensable para poder trabajar en su labranza.
Aunque nocorresponde exactamente al debate, señorpresidente, permítame destacar que durante el curso académico 1997-1998 se convocaron, por primera vez, 200.000 ayudas para la adquisición de libros de texto, dato éste que es importante y cuya cuantía se ha elevado este año a 300.000 pesetas la convocatoria de ayudas y a 3.000 millones la partida correspondiente. Asimismo, quiero recordar que el 15 de junio de 1998 se aprobó un crédito extraordinario de 7.000 millones de pesetas, destinado a compensar a las universidades por el importe de las matrículas no abonadas como consecuencia de la ampliación del concepto de familia numerosa a las familias con tres hijos.
Con esto, señor presidente, quiero resaltar el esfuerzo -por otra parte, obligado- que ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Es su deber el de tratar de que ninguna inteligencia del país se pierda y, por tanto, hay que ser más y más exigentes en cuanto a los requisitos académicos y de capacidad, y de dedicación, y mucho más flexibles en los requisitos económicos.
Nada más, señor presidente. Anuncio que nuestro voto será negativo.


El señor PRESIDENTE: Señor Heredia, debidamente administrado y modulado, tiene un minuto para réplica.
Sabe usted que no hay ese turno, pero le voy a dar ese minuto.


El señor HEREDIA DÍAZ: Señor presidente, trataré de ser lo más breve posible.
Le ha costado, pero el Grupo Popular ha hecho una afirmación contundente, eso de que la universidad debe ser elitista.
Ya lo era hasta que llegó el Gobierno del Grupo Popular, porque en la universidad solamente pueden estudiar los que siempre habían estudiado en este país, y posiblemente el objetivo de dicho Grupo Popular sea que la universidad vuelva a ser elitista, para que estudien únicamente los hijos de las familias acomodadas.
Yo no sé si la señora portavoz del Grupo Popular no me ha entendido o es que la obcecación de dicho Grupo Popular hace que cualquier propuesta que venga de las filas socialistas sea negada instantáneamente, sin analizar las ventajas o, en este caso, los perjuicios que puede suponer para bastantes alumnos universitarios de nuestro país. La señora portavoz del Grupo Popular preguntaba por qué no lo variaron antes; tal vez porque nosotros creemos que la política de becas no debe ser algo estático, sino que debe ir progresivamente avanzando y mejorando. Lo que nosotros planteábamos era el hecho de que a un alumno procedente de una familia humilde, sencillamente porque le falten unas décimas, incluso unas centésimas, en el examen de selectividad le sea negada una beca que puede suponer este año 600.000 pesetas. Por eso, nosotros ofrecíamos una solución intermedia, es decir, no dar la partida completa -esas 600.000 pesetas- sino una cuantía mínima para que la familia pudiese permitirse ese lujo de que el alumno optara a los estudios que deseaba. Posiblemente, el alumno no deseaba una diplomatura sino una licenciatura, pero no puede conseguir la licenciatura porque no tiene dinero para poder estudiarla. Nosotros buscamos una solución intermedia, repito, una solución que creemos que es posible, pero la señora del Grupo Popular dice que ellos, este año, han elevado la cuantía de las ayudas a más del IPC, y quiero recordarle a la portavoz del Grupo Popular que ese incremento en la cuantía de las becas fue el resultado de otra proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista, en esta misma Comisión, hace algún tiempo.


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El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, tiene un minuto también.


La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente, voy a tratar de ser más breve. Quiero señalar y poner en evidencia -y a nadie se le ha escapado-, que esta tendencia a igualar por abajo se pone de manifiesto en muchos ámbitos de la vida española, incluso en estaCámara.


- SOBRE MEDIDAS PARA POTENCIAR LOS PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000888).


El señor PRESIDENTE: Culminado el debate de la proposición número 8, vamos a ver la que figura como número 9, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para potenciar los programas de garantía social. Esta proposición tiene una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Pardo para la defensa de esta proposición no de ley.


La señora PARDO RAGA: Señor presidente, señorías, buenos días. En nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a presentar y defender en esta Comisión de Educación la proposición no de ley que se refiere a la adopción de medidas para potenciar los programas de garantía social. Si hacemos un poco de memoria podemos observar que el 11 de noviembre de 1997, en la Comisión de Política Social y Empleo, cuando aprobábamos el informe de la subcomisión de exclusión social, recomendábamos una serie de medidas, y en lo que denominábamos pilares básicos, en su punto 2, se proponía ahondar en la educación y en la formación, incluyendo programas específicamente diseñados para aquella población en riesgo de exclusión social.
También dentro del nuevo Programa de formación profesional que se aprobó recientemente por el Consejo General de Formación Profesional, entre sus objetivos hay uno que se recoge textualmente en el contenido de esta proposición no de ley, concretamente es aquel que se refiere a la colaboración entre las administraciones educativa y laboral.
Asimismo, en el Plan Nacional de Empleo del Reino de España de 1998, dentro del primer pilar, en su punto número 2, que se refiere a la renovación en profundidad de la formación profesional, se alude a aquellos convenios de colaboración entre el INEM y el Ministerio de Educación para prácticas en centros integrados de formación y, por otro lado, al convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la formación de garantía social de adultos. Por tanto, yo señalaría que la oferta formativa es, como medida eminentemente activa, una factor clave de lucha contra el desempleo.


Entre las medidas del Plan nacional de empleo aparecen los incentivos a la contratación estable de colectivos especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo.
Así, en el nuevo programa se detallan esos talleres de empleo que están concebidos como un programa mixto que combina acciones de formación y de empleo, sobre todo dirigido a desempleados, para nuevos yacimientos de empleo.
La exclusión social no es sólo una insuficiencia económica sino un conjunto de factores, unos generadores y otros desencadenantes de la situación de marginación social.
Hecha, pues, esta definición, las actuaciones deberán encaminarse no sólo a la atención económica -por más importante que ésta sea-, sino a las modificaciones de estos factores.
El término de exclusión social se define como una ruptura del vínculo social, o sea, una desconexión social por las graves dificultades para incorporarse a la plena participación en la sociedad.
Desde el Gobierno que preside el señor Aznar y desde el propio Ministerio de Cultura, se tiene interés en seguir potenciando los programas de garantía social para aquellos alumnos que han intentado obtener el título de graduado en educación secundaria mediante los programas de diversificación curricular o se encuentran en situación de riesgo de abandono escolar y desean trabajar o reincorporarse al sistema educativo, y también para aquellos jóvenes que se encuentran desescolarizados, en situación de alto riesgo de marginación social. Aquí traería a colación un informe que hizo Cáritas en junio de 1998, en el que la cifra escalofriante era que el 44,2 por ciento de la población que vive en el umbral de la pobreza es menor de veinticinco años.
Estos programas tienen una doble finalidad. Por una parte, motivar al alumnado para que se pueda integrar en l sistema educativo accediendo a los ciclos formativos de grado medio a través de la prueba de acceso y, por otra, prepararlo en un perfil profesional que les permita la incorporación al mercado de trabajo. Dependiendo de que el objetivo prioritario sea la incorporación al sistema educativo o a la inserción laboral y en función de las necesidades de diferentes colectivos de alumnos, se configuran distintas modalidades dentro de la gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura.
En primer lugar, citemos la iniciación profesional. En ella hay unos programas de un año de duración dirigidos fundamentalmente a aquellos alumnos que habiendoo utilizado todos los recursos del sistema educativo, incluida la diversificación curricular, bien tienen el riesgo de abandonar el sistema educativo o bien están ya desescolarizados.
El objetivo general de esta modalidad es prepararles para el acceso, mediante prueba, a los ciclos formativos de grado medio y, por otra, asegurarles una calificación profesional elemental que les permita acceder al mundo laboral con ciertas garantías de éxito. Estos programas se desarrollan en centros educativos públicos dependientes del Ministerio de Educación y Cultura y también en centros privados en que el Ministerio los subvenciona.
En segundo lugar, y haciendo alusión a estos cuatro puntos que había, hablemos de los talleres profesionales.
Estos programas están dirigidos fundamentalmente a aquellos jóvenes que han abandonado el sistema educativo y que presentan, en general, un rechazo a la escuela fruto del fracaso escolar que han padecido. Su objetivo principal es preparar a los jóvenes para el mundo laboral y la posibilidad de reinsertarse en el sistema educativo, y son desarrollados

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por aquellas federaciones sin ánimo de lucro subvencionadas por convocatoria pública.
En tercer lugar, hablamos de formación y empleo, modalidad dirigida a aquellos jóvenes desescolarizados que deseen alcanzar una rápida cualificación profesional que les permita acceder a un mundo productivo. Estos programas tienen un doble objetivo: por una parte, la adquisición de una formación profesional durante los primeros seis meses; por otra, el objetivo de alcanzar una experiencia laboral en una empresa con un contrato para la formación de otros seis meses. Se desarrolan siempre mediante subvenciones públicas por dos tipos de entidades: las entidades locales responsables de la formación que están gestionando un 96 por cineto de las subvenciones dedicadas a esta modalidad, y por asociaciones empresariales sin fines de lucro que, en las mismas condiciones que las anteriores, gestionan el restante 4 por ciento.
En cuarto lugar, señalaríamos el apartado de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad. Estos programas van dirigidos, como su nombre indica, especialmente a personas con discapacidad que han cursado primaria en integración y, encontrándose en la misma situación en la educación secundaria, han agotaddo aquellos recursos que les ofrece el sistema educativo y no van a obtener el título de graduado en dicha educación secundaria obligatoria.
Asimismo, se matriculan, aunque en menor grado, alumnos procedentes de centros de educación especial que por sus condiciones personales y nivel curricular están en condiciones de cursar estos programas para acceder al mundo laboral libre y protegido.
Entre los planes de inserción laboral podemos complementar la formación profesional recibida por alumnos con necesidades educativas especiales y este Ministerio de Educación y Cultura subvenciona desde el año 1996 - y SS.SS. sabrán que esta cifra es significativa- los denominados planes de inserción laboral que se desarrollan en centros del Ministerio de Eduación y Cultura, con la colaboración de entidades privadas sin fines de lucro. Su objetivo es apoyar al alumnado con discapacidad para favorecer su inserción laboral. El apoyo se basa en aportar una mayor formación en habilidades sociales, en prestar ayuda al alumno para la búsqueda de un puesto de trabajo y, una vez producida la inserción, prestarle un servicio de acompañamiento o tutela muy cercana para conseguir su óptima adaptación al mismo. En ese sentido, es constante el incremento presupuestario y, por ello, de forma indirecta las plazas disponibles para este programa. Quiero señalar que las inversiones en 1996-1997 para gastos de funcionamiento de centros docentes suponía 293.600 millones y que en el año 1997-1998 alcanza la cifra de 500.000 millones de pesetas. En subvenciones públicas, en el año 1996-1997 hay 3.517.422.54766 pesetas y en el 1997-1998 hay 3.721.648.400. ¿Qué quiere decir? Que el incremento de gasto de funcionamiento en centros docentes públicos desde el curso 1997-1998 se sitúa en un incremento del 10 por ciento y también que el incremento destinado a subvenciones públicas oscilará entre el 10 y el 14 por ciento.
Así pues, me permito, en nombre del Grupo Popular, presentar esta proposición no de ley. De la exposición de motivos que todas las SS.SS. tienen quisiera resaltar dos temas: primero, se ha hecho con el objeto de: racionalizar los recursos y elaborar un mapa estatal de necesidades, sobre todo con una estimación de costes. Y, en segundo lugar, dar salida al mundo laboral a todas aquellas personas que, estando en programas de garantía social, desearían pasar a ciclos formativos de grado medio.
En cuanto a la enmienda que ha presentado CiU a esta proposición no de ley, le adelanto ya, señor presidente, que vamos a admitirla, porque en cirto modo clarifica el ámbito de competencias en que se tiene que aplicar. Por tanto, la proposición no de ley quedaría redactada de la siguiente manera: Potenciar -incluyendo en este apartado la enmienda de CiU- en el ámbito de sus competencias los programas de garantía social previstos en el artículo 23.2 de la Ley de Ordenenación General del Sistema Educativo, Logse, e incrementar su oferta relacionándolos con las políticas de formación y empleo.
Por ello, recabo de SS.SS. el apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley en la que se pretende la plena participación en la sociedad de aquellos que por algún motivo no lo han estado hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Convergència i Unió, con respecto a su enmienda sobre la cual ya se han pronunciado favorablemente, ¿desea añadir algo?

La señora GIL I MIRÓ: Simplemente quiero agradecer al Grupo Popular la aceptación de la enmienda, ya que también ha explicado perfectamente la intención de ella.


El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posiciones por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Amparo Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: El Grupo Parlamentario Popular nos propone aquí la siguiente proposición no de ley: Instar al Gobierno a potenciar los programas de garantía social previstos en el artículo 23.2 de la Logse e incrementar su oferta relacionándolos con las políticas de formación y empleo. Aceptada la enmienda de CiU, significaría, además, en el ámbito de sus competencias.
Quiero significar que esta proposición no de ley que presenta hoy y aquí el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso no se entiende bien, y ello es debido a que esta proposición no de ley es copia textual del objetivo quinto del Programa nacional de formación profesional. La larga intervención de la señora Pardo no nos ha aclarado qué dudas o qué temores alberga el Grupo Popular en cuanto a las intenciones del Gobierno sobre un compromiso firme adquirido nada menos que en el Consejo de Ministros del pasado 13 de marzo, en el que se aprobó ese Programa nacional de formación profesional y, en consecuencia, ese objetivo quinto. Por tanto, queremos pensar que o bien se trata en este caso de una proposición no de ley en la que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene una preocupación meramente retórica sobre los programas de garantía social, o bien comparte las preocupaciones que tiene el Grupo Socialista sobre la cuestión del desarrollo de esos programas de garantía social.
Esto viene dado porque del análisis de los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998, el Gobierno cifraba

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la necesidad de los programas de garantía social en crear doce mil plazas escolares nuevas por el Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, y ya tuvimos ocasión de exponerlo en el debate de presupuestos, el Gobierno sólo fue capaz de crear, para este curso 1998-1999, 315 plazas nuevas. En consecuencia, muy lejos de las necesidades reales detectadas y admitidas por el propio Gobierno.
Por otra parte, esta preocupación por los programas de garantía social y por la necesidad de incrementarlos es compartida por mi grupo parlamentario con el Consejo Nacional de Formación Profesional, y queremos hacer nuestra la preocupación que ha expresado ya el Consejo Escolar del Estado en su último informe sobre el estado y situación del sistema educativo español, en el cual insta al Gobierno a ampliar los programas de garantía social para aprovechar adecuadamente los fondos europeos, porque le recuerda al Gobierno que los programas de garantía social son subvencionados con cargo al Fondo Social Europeo.
En consecuencia, lo que tenemos que hacer aquí es un recordatorio al Gobierno indicándole que los programas de garantía social deben estar en el centro de sus preocupaciones, pero esas preocupaciones deben llevarse más allá de la retórica y, por tanto, a los compromisos efectivos en los Presupuestos Generales del Estado, a los cuales este grupo parlamentario estará muy atento para ver cuál es el grado de compromiso con la cuestión aquí planteada.
Respecto a una cuestión colateral que ha planteado la señora Pardo en cuanto al mapa de los ciclos de garantía social y la posibilidad de estudiar el acceso desde esos ciclos formativos de grado medio y las titulaciones que pueden obtenerse por los alumnos que los cursan, quiero recordarle que el Gobierno ha perdido una muy buena oportunidad cuando ha regulado el pasado 2 de junio, a través de un real decreto, la formación profesional derivada de la Logse; ha perdido una gran oportunidad, y nosotros compartimos con la señora Pardo que probablemente la orden ministerial que regula los estudios de garantía social, después de cinco años -puesto que es una orden ministerial del año 1993-, ha proporcionado una larga experiencia que no permite evaluar cómo han funcionado estos cursos.
Posiblemente sea conveniente una reforma. Para ello contará, sin lugar a dudas, con la ayuda y con el consenso del Grupo Parlamentario Socialista, pero en una dirección en la cual, desde luego, se camine por dotar de una mayor financiación, con mayores recursos, tanto humanos como materiales, a los ciclos de garantía social de formación profesional derivada de la Logse.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo doña Carmen Pardo? (Asentimiento.) Tiene la palabra.


La señora PARDO RAGA: Brevemente, sólo para recordar a la portavos del PSOE que esta proposición no de ley tiene su fecha de entrada en el Registro el 26 de febrero, y el Plan Nacional de Empleo del Reino de España se aprobó en el mes de abril. También quisiera decirle que el Gobierno del Partido Popular admite las sugerencias de los grupos parlamentarios y las lleva a iniciativas. Es decir, es al revés, primero estaba registrada la iniciativa y luego lo recoge el Plan de empleo, porque se aprobó en el mes de abril. Yo creo que ha quedado bien explicado.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, ¿quiere usted añadir alguna cosa para finalizar el debate?

La señora VALCARCE GARCÍA: Únicamente insistir en que es el Programa nacional de formación profesional, en su objetivo quinto, y qu ese puede presentar por parte del Grupo Parlamentario Popular una iniciativa, pero que, una vez que ha sido ya aprobada por el Gobierno, salvo que haya dudas o temores sobre su cumplimiento, lo que procede es su retirada. En cualquier caso, señora Pardo, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, porque nosotros sí que tenemos serias dudas y temores sobre el cumplimiento de los compromisos del Gobierno en lo que se refiere a la garantía social.


- SOBRE MEDIDAS PARA INCULCAR EN EL ALUMNADO VALORES MEDIOAMBIENTALES Y DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/001026).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tramitación de la proposición no de ley que figura bajo el número diez en el orden del día: medidas para inculcar en el alumnado valores medioambientales y de conservación de la flora y fauna. También a esta proposición no de ley existe presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por el Grupo Parlamentario Popular va a hacer uso de la palabra el señor De Luis para defender su proposición no de ley.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Tomo la palabra hoy en esta comisión, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para presentar la proposición no de ley incluida en el orden del día y que fue presentada por mi grupo en el mes de mayo. Esta proposición no de ley, en síntesis, pretende que el Gobierno, a través de una acción conjunta de los Ministerios de Medio Ambiente y de Educación y Cultura, desarrolle acciones concretas a los efectos de inculcar en la población juvenil e infantil, es decir, aquella que se encuentra en tramo de formación, los valores medioambientales y de conservación de la flora y fauna de nuestro país.
En cuanto a las razones que justifican esta iniciativa, creo que primero conviene señalar la importante magnitud del patrimonio medioambiental de la Península Ibérica, y concretamente de España, tal y como ya ha habido ocasión de señalar en la Cámara por parte de mi grupo. Con motivo de la defensa en la primavera de una iniciativa sobre conservación de especies de flora y fauna, se hizo constar que el patrimonio de la Península Ibérica, y concretamente el nuestro, es, en el conjunto de los países de Europa, el más importante. Hay que tener presente que, de ese conjunto europeo, el 50 por ciento de los invertebrados tienen su hábitat natural aquí, el 65 por ciento de los vertebrados igual y aves y mamíferos entre el 74 y el 79 por ciento; de las distintas especies de aves europeas, 368 de 500 especies habitan en España, y en el caso de los mamíferos también

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es muy notable la residencia en nuestro país de más de 118 especies, frente a 150 en el resto del continente. Por tanto, desde el punto de vista de fauna España es una gran potencia en cuanto a patrimonio. Respecto a flora, exactamente igual. Las condiciones geográficas de nuestro país, con influencia del Mediterráneo y del Atlántico, su orografía y su variedad de climas hace que en Españ exista desde gran cantidad de poblacione de musgos y líquenes hasta importantes masas de bosque.
Sin embargo, en relación a este asunto y a la iniciativa que nos ocupa hoy, conviene considerar distintos factores.
El primero de ellos, que creo que es especialmente preocupante, es que la situación de este patrimonio, a los efectos de transmitirlo a generaciones futuras, está a menos comprometido en cierta manera. Es evidente que existen, en relación a fauna, especies que se encuentran amenazadas, otras que están en peligro de extinción y otro grupo de especies que han sido recuperadas, y hay que mantener esas poblaciones en los niveles de máxima vitalidad posible para que los programas que se han desarrollado para su conservación puedan conseguir su objetivo.
Por otra parte, si pasamos a analizar la situación de nuestra flora, también es cierto que la salud de nuestros bosques no es la más conveniente. Hay que considerar que en los últimos años ha habido períodos de sequía dilatados que han perjudicado notablemente la salud de nuestra flora.
La desertización también es un factor que perjudica notablemente su desarrollo y, por último, no debemos olvidar que en el período 1986/1995 se han producido más de 160.000 incendios forestales en nuestro territorio que lógicamente le perjudican notablemente.
El segundo factor a considerar es que, por suerte o por desgracia, y debido a que la recuperación y el mantenimiento del patrimonio medioambiental depende de ciclos biológicos o ciclos naturales, la relación entre causa y efecto no es inmediata. Esto quiere decir que desde el momento que se produce una determinada catástrofe que afecta al medio ambiente, desde el inicio de las acciones para su recuperación hasta que ésta se produce, transcurre un importante número de años. Por tanto, creo firmemente que la prevención en este caso es algo fundamental.
Otro aspecto a considerar es que la magnitud de las acciones a desarrollar, de los objetivos a alcanzar, implica un esfuerzo presupuestario muy notable y la prevención desde el punto de vista económico es capital.
La posición del Gobierno sería el tercer factor. El Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta, tanto en la oposición como, naturalmente, ahora que tenemos las responsabilidades de hacer vivir en mejores condiciones a los ciudadanos de este país, siempre consideramos que el medio ambiente era un factor determinante. Esto ha quedado demostrado por la voluntad del presidente Aznar desdeel primer momento de conferir rango de departamento ministerial a la Secretaría de Medio Ambiente en cuanto a responsabilidades en la Administración central, responsabilidades que tiene compartidas con las distintas Comunidades Autónomas por efecto de las transferencias que éstas tienen. El Ministerio tiene aspectos fundamentales en cuanto a legislación básica, y en esto dos años de gestión ya ha introducido en el ordenamiento jurídico español alguna legislación fundamental que tenía que haberse hecho mucho antes, como es la Ley de Residuos y Envases, que eran mandatos de la Comisión Europea y que no habían sido cumplidos por gobiernos anteriores.
En cuanto a la voluntad del Gobierno en relación al tema que ocupa hoy a la Comisión y que nosotros traemos como consecuencia de la presentación de la proposición no de ley, es evidente que el Ministerio también es consciente de la preocupación y, por tanto, yo creo que será muy receptivo al mandato que la Comisión tenga a bien votar.
El Ministerio, si se consulta la documentación presupuestaria que cada año se remite a la Cámara, desarrolla un programa, el 533-A, protección y mejora medioambiental, entre cuyos objetivos está implementar medidas para conseguir la adecuada educación ambiental de la educación civil. Otro factor también a considerar y que apuntala la bondad o la conveniencia de esta iniciativa que mi grupo ha presentado es el hecho de que por desgracia, teniendo presente algunas estadísticas o algunas encuestas que se han hecho públicas en la primavera con ocasión del Día mundial del medio ambiente, el grado de preocupación por los valores medioambientales y por el medio ambiente en general en nuestros ciudadanos no está en primer nivel de prioridad, solamente el 14 por ciento de los encuestados consideran que el medio ambiente es un problema muy importante.
El último factor a considerar es que las tesis de la comunidad internacional en relación a la necesidad o los recursos que hay que movilizar para conseguir la preservación en buenas condiciones del patrimonio medioambiental o del patrimonio natural parece que van por el camino de no dejar exclusivamente la responsabilidad en manos de las administraciones públicas sino también llamar a la sociedad civil a que participe, a que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de ello. Así queda constancia en la Conferencia de Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, e incluso la Comunidad Europea desarrolla un programa, el llamado V Programa, en donde se trata de introducir el concepto de responsabilidad entre la población de los distintos países.
La proposición no de ley que nosotros defendemos, apoyada en todos estos factores y consideraciones a que antes he hecho referencia, pretende inculcar a la gran cantidad de alumnos de nuestro país, que serán generaciones de futuro, primero, el concepto de corresponsabilidad con la Administración pública en el mantenimiento del patrimonio.
Creemos que es una buena forma de completar su formación, que entendemos que debe ser integrada, igual que existe la conciencia de la conservación del patrimonio histórico, también los jóvenes y los niños deben de ser conscientes de la necesidad de no agredir al patrimonio natural.
Por último, entendemos que si la proposición no de ley es aceptada por esta Comisión y votada favorablemente por la mayoría de sus miembros y el Gobierno desarrolla las acciones que ella pretende, conseguiremos movilizar a un importante número de ciudadanos para que, junto con las tesis, los principios, las acciones políticas que desarrolla la Administración pública, podamos garantizar transmitir el patrimonio medioambiental de nuestro país, que como decíamos al inicio es muy rico y muy importante en el conjunto de los patrimonios europeos, en mejores condiciones a las generaciones futuras.


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Espero que la proposición no de ley cuente con el apoyo mayoritario de los grupos representados. Únicamente quería apuntar que en lo que es el petitum de la misma, en las dos últimas líneas dice: en los alumnos, los valores medioambientales de protección; debe decir: en los alumnos, los valores medioambientales y de protección de flora y fauna.
En relación a la enmienda presentada por Convergència i Unió, anticipándome a la defensa y presentación de la misma por el grupo proponente, quiero manifestar el total acuerdo para su inclusión en el texto de la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Lo que no nos libra de dar la palabra a doña Carmen Laura Gil i Miró para que, como la enmienda es suya, se manifieste, porque a lo mejor podríamos encontrarnos con la sorpresa de que la retira.
Señora Gil i Miró, tiene la palabra.


La señora GIL I MIRÓ: Señor presidente, en este momento la enmienda ya no es mía, sino que yo creo que es de casi todas y todos los diputados que nos encontramos en esta Comisión. Es simplemente una enmienda que salvaguarda y deja claras las competencias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para fijación de posiciones, tiene la palabra doña María Sacramento Cánovas.


La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista respecto a la proposición que nos ocupa.
Nuestro grupo comparte la afirmación del Grupo Popular en la exposición de motivos cuando dice que la educación no es completa si no contribuye a concienciar a los alumnos de la importancia que para su desarrollo como personas tiene la protección del medio ambiente. Vemos, por tanto, que el texto de la proposición es uno de los muchos contenidos del área de educación medioambiental contemplado en la Logse como uno de los ejes transversales de la educación. Entendemos que la ley vigente deja claro el que, el cómo y el cuándo de la educación ambiental no sólo en la Logse sino en las normas que se han ido dictando en estos años, quedando asimismo especificados los diferentes niveles de concreción curricular a medida que los centros se han incorporado a la reforma educativa. La normativa es suficientemente explícita y el cómo implementarla hace años que está fundamentado desde la Dirección General de Renovación Pedagógica, a través, entre otros, del Centro Nacional de Recursos y los CPR, con abundante bibliografía y formación del profesorado. Es evidente que el desarrollo metodológico implica recursos materiales y personales, y estos nunca sobran; por tanto, convendría continuar con la formación del profesorado, sobre todo el de los centros que se han ido incorporando a la reforma en estos últimos años.
La proposición nos parece bien, aunque inconcreta. No sabemos a qué medidas se refiere el proponente, y ese bajo nivel de concreción podría llevarnos a una declaración genérica, bien intencionada, pero poco efectiva al perderse en la burocracia de los Ministerios de Medio Ambiente, Educación y Cultura y ComunidadesAutónomas, e innecesaria por obvia. Quisiéramos apreciar mayor coherencia en las actuaciones del Gobierno, ya que es contradictorio querer implantar medidas de avance en la línea que se propone y, simultáneamente, recortar el cupo del profesorado, iniciar el curso académico sin los profesionales necesarios, no respetar la ratio profesor/alumno, o hacer que el profesorado simultanee perfiles profesionales diversos itinerando por los centros. Medidas administrativas, en resumen, que no ayudan en nada a la calidad de la educación, mientras en el Congreso nos dedicamos a aprobar declaraciones de intenciones instando al Gobierno a poner en práctica medidas genericas. No obstante, nuestro grupo, entendiendo que en esta materia lo que abunda no daña, y que queda mucho camino por recorrer, apoyará la proposición del Grupo Popular, esperando ver cómo los CPR amplían la oferta de educacion medioambiental a los profesores, asi como que se establecen estimulos a la investigación, tanto del profesorado como del alumnado, en los diversos niveles educativos, por ejemplo. También nos gustaria recibir información de las medidas que se adoptan cuando las administraciones las concreten (calendario de aplicación, evaluación, etcétera).
Por tanto, el Grupo Socialista votará a favor de la proposición con las enmiendas aceptadas por el grupo proponente.


- SOBRE EL CUARTO CENTENARIO DEL PINTOR DON FRANCISCO ZURBARÁN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 161/000992).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al tratamiento de la proposición que figura bajo el número 11, sobre el cuarto centenario del pintor don Francisco Zurbarán, introducida por el Grupo Parlamentario Popular, y para cuya defensa tiene la palabra el señor Zambrano.


El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Se cumple en noviembre de este año, señorías, el cuarto centenario del nacimiento del pintor extremeño Francisco de Zurbarán y su rememoración motiva esta proposición no de ley que presento en nombre del Grupo Popular.
Quiero, antes de iniciar la exposición de argumentos y motivos, dejar patente mi agradecimiento a mis compañeros de grupo en esta Comisión que me permiten realizar hoy la defensa de la misma tendente a celebrar, conmemorar y, en definitiva, a recordar en el cuarto centenario de su nacimiento la figura y gloria del pintor extremeño más universal, natural, como este diputado que lo recuerda hoy, de Fuente de Cantos, pueblo blanco del sur de Badajoz que, como Zurbarán, se encuentra en la simbiótica frontera territorial y cultural entre las provincias de Badajoz y Sevilla.
Indudablemente estas connotaciones de paisanaje íntimo producen en este diputado, aparte del orgullo normal por la fama y el reconocimiento del que fuera pintor del rey y rey de los pintores, la satisfacción personal de cumplir el sueño remotor de poder ensalzar y defender su obra y su memoria en nombre de todos los extremeños, sobre todo los de la provincia de Badajoz, a los que represento, ante

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este Congreso de los Diputados que, a su vez, representa la voluntad de todos los españoles.
Celebramos este año el recuerdo de dos extremeños ilustres: el nacimiento hace 400 años de Francisco de Zurbarán y la muerte del sabio teólogo humanista Arias Montano.
Sin desmerecer en absoluto los valores del frexnense por su universalidad, eso sí reconocida tardíamente, es la figura de Zurbarán la que vamos a recordar hoy en un ámbito no sólo localista provincial o autonómico, como en parte, aunque tímidamente y sin apenas relevancia, se está haciendo en la comunidad extremeña, a lo peor por considerar algunos a Zurbarán un tópico extremeño más también a desterrar. En Cáceres, lugar de localización del único conjunto de cuadros que se conserva en su localidad de origen, Guadalupe, no se han realizado actos de transcendencia significativa; tampoco en Badajoz. Y sólo son dignos de reconocer los esfuerzos voluntariosos realizados a instancias de las localidades de Fuente de Cantos, lugar de nacimiento, con colaboraciones de la iniciativa privada tan generosa, espotánea y altruista como la de la Asociación de empresarios fuentecanteños y de la vecina Llerena, lugar de una década de estancia. También la Junta de Andalucía, con la colaboración de la de Extremadura, han propiciado para octubre una exposición, de la que tenemos pocas noticias, sobre algunos cuadros del pintor, entre los que figuran algunos procedentes del Museo del Prado y del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, ambos de titularidad estatal, por tanto también con la colaboración del Ministerio de Educación y Cultura.
Francisco de Zurbarán, nacido en Fuente de Cantos y bautizado en su iglesia parroquial el 7 de noviembre de 1598, estoy seguro que es de sobre conocido por SS.SS., pero aunque sólo sea porque todavía figura en algunos diccionarios y enciclopedias como nacido en Madrid o Sevilla, me van a permitir que aproveche esta proposición para recordarles de forma breve unas pinceladas de su biografía, casi desconocida o mejor de su pintura en claroscuro, y también sobre su obra, y en definitiva sobre su gloria y fama como pintor universal. Hijo de Luis de Zurbarán, hidalgo mercero de origen vasco, y de la extremeña del sur Isabel Márquez, de su infancia sólo tenemos como cierto, aparte de la partida de bautismo, la comisión que su padre confirió al vecino de Sevilla, Pedro Delgueta, para que colocara al joven Francisco, de 15 años, cuyas dotes artísticas debían ser ya notorias, con un pintor de dicha ciudad, encargo que rápidamente quedó cumplido, mediante contrato fechado el 15 de enero de 1614, por espacio de tres años en el taller del pintor Pedro Díaz de Villanueva, donde realizó su formación en el ambiente de la organización gremial, que sin duda complementaría o completaría con el conocimiento de la pintura sevillana del momento, Pachecho, Mohedano y Herrera el Viejo, así como tratando a las jóvenes promesas de la misma, nada menos que Velázquez, del que se haría gran amigo, yAlonso Cano.
Cumplido el contrato, volvió a Extremadura, estableciéndose en Llerena hasta 1629, población cercana a Fuente de Cantos y que era entonces la más importante de la comarca, al ser la capitalidad del priorato santiaguista de San Marcos de León, así como la residencia del prelado titular del mismo y del tribunal de la Inquisición. Se casó pronto, en 1617, con María Páez, diez años mayor que él, y tuvieron tres hijos, María, Juan e Isabel Paula, y cuando ésta muere en 1623, vuelve a casarse en 1625 con Beatríz de Morales, también mayor que él y de la que no tuvo descendencia.


En Llerena desarrolla el pintor fuentecanteño su actividad inicial como artista, sin perder el contacto con Sevilla, como lo prueban los encargos recibidos en 1626 y 1628 de los cenobios hispalenses de San Pablo y la Casa Grande de la Merced. A causa de este último encargo se trasladó a Sevilla con su taller y como consecuencia de sus éxitos en ambas empresas tuvo lugar la insólita petición del Venticuatro Suárez, aceptada por el asistente de don Diego de Mendoza, de que la ciudad le rogase que se avecindase en ella y se comprometía a favorecerle y ayudarle en todas las cosas que se le ofrecieran. Nuevos encargos de los trinitaros descalzos y de los franciscanos de San Buenaventura consolidaron su vecindad sevillana. Sin embargo, un incidente peculiar, que retrataría la dignidad, recidumbre y seguridad de Zurbarán como artista, ocurre en 1630 cuando Alosno Cano, en su condición de alcalde veedor del gremio de pintores, formula una reclamación al ayuntamiento sevillano para que se obligase a Zurbarán a examinarse ante el gremio para poder ejercer como pintor públicamente.
Zurbarán se negó, alegando que la categoríade sus obras realizadas juzgaban por sí mismas, razones que el ayuntamiento hispalense no sólo entendió no admitiendo la demanda, sino que le encargó una Inmaculada para su sala capitular, lo que supuso el asentamiento definitivo de Zurbarán en Sevilla durante casi 30 años.
De 1631 a 1640 es el período más fecundo de Zurbarán, interrumpido en 1634, cuando quizás por sugerencias de su amigo Velázquez es llamado a la Corte, para trabajar en la decoración del salón del reino del palacio del Buen Retiro, lo Trabajos de Hércules y dos lienzos referentes a la Defensa de Cádiz contra los ingleses. En el Buen Retiro iba a verle trabajar Felipe IV, que un día le nombró, según sus palabras, pintor del rey y rey de los pintores. De vuelta a Sevilla, comenzó su carrera de grandes realizaciones, de las que son su obras culminantes las series de la Cartuja jerezana de la Defensión y del Monasterio jerónimo de Guadalupe, con su perla, la Apoteosis de San Jerónimo, que se fechan entre 1637 y 1639.
En 1639 muere su segunda esposa y sufre una gran depresión, de la que sale obligado por las circunstancias familiares, ya que en 1641 se casa su hijo Juan, que le daría dos nietos. Aparece en su vida otra mujer, esta vez más joven que él, la viuda Isabel de Tordera, con la que se casó en 1644. Tuvieron seis hijos que todos murieron en la infancia, lo que hundió más al pintor, activando en este período su producción para las Indias, Lima y Buenos Aires. En 1649 recibió un nuevo golpe, la muerte de su hijo Juan, su ayudante más notable, a consecuencia de una epidemia de peste que asoló Sevilla. Su estado de ánimo, junto al cambio estilístico del comedio del siglo y la creciente popularidad del joven Murillo, empiezan a partir de entonces a arrinconar a Zurbarán, por lo que en 1658, amparado en su amigo Velázquez, busca fortuna en la Corte, en Madrid, donde al principio vuelve a trabajar para el rey, pero la muerte de su amigo y delsoberano cortan el efímero resurgir del pintor. Su muerte llegaría el 27 de agosto de 1644.


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La obra de Zurbarán abarca cinco períodos diferenciados (el juvenil, los primeros años sevillanos, la etapa magistral de 1631 a 1640, los años críticos y el éxodo madrileño), por lo que es imposible de recoger y enumerar en el corto período de esta proposición, pero sí el posible señalar sus principales características.
A Zurbarán, considerado como el pintor monástico por antonomasia, y por Eugenio D?Ors como el más español de todos los artistas españoles, sin duda, aunque su extremeñismo como pintor esté claramente por reivindicar, habría que considerarle también ocmo el más extremeño de todos los artistas extremeños, ya que aun habiendo trabajado casi tres décadas en la por entonces culta y refinada Sevilla y en la corte madrileña, de su arte emana un recio carácter popular, provincial, con una severidad única, que nadie ha realizado ni superado con tanta intimidad y simplicidad.
En resumen, podríamos señalar que las cuatro virtudes que se conjugan e imbrican fundamentalmente en el arte de Zurbarán son: dominio del claroscuro, síntesis formal (dentro de su muy contundente visión realista), energía volumétrica o monumental y potenciación de las calidades.
Por otra parte, del carácter universal y la trascendencia de su obra, dan fe la admiración y el estudio del que fue objeto su fuerte realismo por parte de la pintura moderna, de los cubistas, de 1907 en adelante, entre las que podemos citar a Picasso, Juan Gris, Braque y muchos más. La grandeza, magnitud y genialidad de la obra de Francisco Zurbarán nos obligaron a presentar esta iniciativa en marzo del actual, instando al Gobierno a conmemorar el cuarto centenario de su nacimiento, y hoy ya un poco tarde la debatimos cuando apenas queda poco más de un mes para su celebración, así que dejaremos al Gobierno la libertad del cómo hacerlo. Pero como extremeño y como paisano del pintor fuentecanteño, me permito hacer unas sugerencias concretas, aunque sólo sea para paliar, en parte, el desconocimiento que todavía hoy existe sobre Zurbarán y su obra de los que dan fe, como dije al principio, algunos diccionarios y enciclopedias que todavía lo consideran como madrileño o sevillano. Así el Ministerio podría confeccionar una publicación-catálogo que recogiera todas sus obras, muy difuminada, de forma que se difundieran por todos los colegios e institutos, preferentemente en los extremeños, y en todas las bibliotecas públicas. Asímismo sería muy interesante realizar un estudio sobre el retablo realizado por Zurbarán en la parroquia de Llerena, cuyo contrato de agosto de 1663 se conserva; nadie ha investigado a fondo todavía qué pinturas contenía, cuáles se conservan y dónde están.
Para ello habría que crear una comisión de autoridades administrativas y de expertos para conseguir una doble respuesta: Uno, celebrar una exposición de los cuadros que los expertos suponen componían el retablo y de aquellos contemporáneos de los que no se sepa su localización originaria y, dos, analizar en un seminario un estudio retablístico de adivinación de cómo fue realizado por Jerónimo Velázquez y Zurbarán en la citada iglesia, así como el estudio de las dimensiones, contenidos y temas de los cuadros posiblemente incorporados al retablo.
Para concluir, con el convencimiento y la seguridad de que el Ministerio de Educación y Cultura atenderá esta petición como se merece la figura del magistral pintor de Fuente de Cantos, sólo me queda solicitar a todos los grupos que forman esta Comisión que apoyen esta iniciativa, que propongo de la forma siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conmemorar la figura de don Francisco de Zurbarán Márquez en el cuarto centenario de su nacimiento, cuya obra es gloria de la pintura española y orgullo de su patria extremeña, horando así la memoria de quien dejó un magnífico y magistral legado artístico a la pintura universal.


El señor PRESIDENTE: Es evidente que el Reglamento tiene que quedar vencido ante la invocación de Zurbarán y ante la invocación de Extremadura, pero que no sirva de precedente. Quedamos todos agradecidos a su intervención y a su ilustración sobre la importante figura de Zurbarán.
Para fijación de posiciones, don Miguel Ángel Heredia, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.


El señor HEREDIADÍAZ: Este año secumple el cuarto centenario del nacimiento del gran pintor Francisco Zurbarán, sin duda uno de los más importantes de nuestro Siglo de Oro, lo que supone un acontecimiento de primer orden dentro del mundo de la cultura, efeméride que el Ministerio de Educación y Cultura no debería haber olvidado; pero dado el poco interés que éste muestra por el mundo de la cultura, tampoco es de extrañar. Tampoco es de extrañar que el Grupo Parlamentario Popular traiga a esta Comisión una proposición no de ley donde se insta al Gobierno a conmemorar el nacimiento de Zurbarán tres meses antes de que concluya el año en que se celebra su cuarto centenario. Tampoco se entiende la escasa concreción del texto. Cuando el Grupo Parlamentario Popular habla de conmemorar, ¿a qué se refiere? ¿A que el Gobierno organice simposios, ciclos de conferencias, exposiciones sobre el pintor... o simplemente a que se realice una ligera mención al acontecimiento? No queda claro en el texto. Eso sí, una ligera mención al acontecimiento con un buen titular y una magnífica fotografía en los medios de comunicación. Vista la importancia que el referido Ministerio da a la cultura, también nos tememos que con la actual redacción se limite a hacer lo segundo.
Dada la premura de tiempo y la escasa previsión que ha tenido el Gobierno al respecto, ¿por qué razón no se contempla en ningún apartado de esta proposición no de ley una coordinación entre el Gobierno del Partido Popular y las consejerías de Cultura de la Junta de Andalucía y de Extremadura, de cara a celebrar el cuarto centenario? Habrá que recordarle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, pese a lo que ha dicho, tanto la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como la de la Junta de Extremadura están llevando a cabo desde comienzos de este año múltiples actividades sobre el pintor, actividades que van desde simposios y conferencias hasta una exposición de casi 90 cuadros del pintor -recalco, 90 cuadros del pintor- procedentes de diversas pinacotecas y, colecciones privadas, tanto de Europa como de América, que se expondrán a partir de octubre en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y, a partir de diciembre, en el de Badajoz.
Esta proposición no de ley llega tarde y mal. El Grupo Parlamentario Socialista no puede votarla favorablemente

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si no se concretan más los compromisos del Gobierno y si no se coordina la conmemoración con las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía, lugares de nacimiento y desarrollo pictórico de Zurbarán (el señor Zambrano Vázquez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señor Zambrano, por un minuto.


El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Sólo quiero aclararle al ponente del Grupo Parlamentario Socialista que esta proposición se presentó en marzo, ya lo he dicho - creo que me ha oído-, he dicho que se han celebrado algunas cosas y que teníamos poco conocimiento de esta exposición que se inicia en octubre, pero en ella colabora -y lo he dicho también- el Ministerio de Educación y Cultura con cuadros del Museo del Prado y del Museo de Escultura de Valladolid.
Aunque dejo en libertad al Ministerio de Cultura, debido al poco tiempo que tenemos desde la presentación hoy de esta proposición no de ley, le hago unas propuestas muy concretas.


- SOBRE RESTABLECIMIENTO DE LAS FUNCIONES PROFESIONALES, COMPETENCIAY FACULTADES DE LOS DIPLOMADOS EN CIENCIAS EMPRESARIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÉNCIA I UNIÓ (Número de expediente 161/000638).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al tratamiento de la proposición no de ley que figura bajo el número 12 del orden del día, de la que es promotor el Grupo Parlamentario Catalán, sobre restablecimiento de las funciones profesionales, competencia y facultades de los diplomados en Ciencias Empresariales.
Para su defensa, por dicho Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i Miró.


La señora GIL I MIRÓ: La proposición no de ley que en nombre de mi grupo presento ante la Comisión para su consideración, es simplemente una iniciativa que pretende llenar el vacío legal existente en la regulación de las competencias profesionales de los diplomados en Ciencias Empresariales, regulación que se vehiculó mediante decreto el año 1981, que fue declarado nulo, por sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1986, por un vicio grave de forma, por no haberse realizado en su proceso de elaboración la preceptiva consulta a la Comisión Permanente del Consejo de Estado. Así pues desde esta fecha, es decir, desde hace más de 12 años, el Gobierno o los sucesivos gobiernos no han cumplido lo que dicha sentencia falló, y que era algo tan simple en apariencia como reponer el expediente tramitado para su elaboración al estado procesal que permitía la preceptiva consulta a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, simplemente eso. De manera consecuente, desde aquella fecha los diplomados en Ciencias Empresariales están privados de una regulación de sus funciones profesionales, competencias y facultades, con los graves perjuicios que ello les reporta.
Cabe recordar que la Ley General de Educación de 1970 sustituyó la titulación de profesor mercantil por la de diplomado en Ciencias Empresariales, y que en su disposición transitoria catorce.2 estableció que el Gobierno dictara las normas necesarias para garantizar el uso de las nuevas instalaciones académicas. En 1977 se promulgó el Real Decreto 877, que estableció las funciones profesionales, competencia y facultades de los profesores mercantiles; el año 1981, por el Real Decreto 3132, se dispuso que aquéllas podían ser ejercidas igualmente por los diplomados en Ciencias Empresariales. Este real decreto, obviamente, estuvo vigente los cinco años que transcurrieron desde su publicación hasta el fallo de la sentencia citada.
Muchas son, pues, las promociones de diplomados surgidas y miles los profesionales afectados por la nulidad de aquel real decreto, que les ha situado en un estado de precariedad jurídica ante cualquier demanda de responsabilidad civil que pudieran recibir por sus actividades profesionales.
También los colegios oficiales correspondientes se encuentran en la imposibilidad de adecuar de manera correcta sus estatutos para dar cabida al colectivo de diplomados en Ciencias Empresariales, ya que no pueden hacer referencia al Decreto 3132/1981 anulado.
Sorprendentemente, otro Real Decreto, el 1665/1991, sobre títulos académicos y profesionales de la Comunidad Europea, identifica como una sola profesión la del uso de las titulaciones de diplomado en Ciencias Empresariales y de profesor mercantil, reiterando que éstos disfrutarán de los mismos derechos que aquéllos.
Es evidente que el olvido del Gobierno para subsanar un vicio de forma causa perjuicios desde hace años, ahora soslayables, al colectivo de antiguos profesores mercantiles y al que por la ley de 1970 le sustituyó el colectivo de actuales diplomados en Ciencias Empresariales.
Por ello, y a petición de estos colectivos, someto a su consideración esta iniciativa, solicitando que la acojan favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña Montserrat Palma tiene la palabra.


La señora PALMA I MUÑOZ: Simplemente quiero decir que mostramos también nuestra satisfacción porque, después de tanto tiempo, se vea resuelto el problema a que se ha visto sometido este importante grupo de profesionales.


La verdad es que el origen del problema, tal como ha expuesto la portavoz del grupo proponente, fue un desafortunado error en la tramitación del mencionado real decreto. Por tanto, simplemente se trataría de reponer el expediente en el trámite que permita llevar a término la audiencia debida, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo. En cualquier caso, quiero reiterar nuestra satisfacción por la solución que se les da a los miles de profesionales afectados durante este tiempo y decir que, además del olvido, como ha dicho la portavoz del grupo proponente, también es verdad que en cuestiones de colectivos, que a veces esgrimen argumentos de tipo corporativista,

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digamos, surgen muchas dificultades para llegar a solucionar los problemas.
En cualquier caso, no se trata sólo de solucionar el tema de la capacitación profesional y de las funciones de los diplomados en Ciencias Empresariales sino que también los antiguos titulados, peritos y profesores mercantiles han visto asimiladas también sus funciones profesionales a las de los diplomados en Ciencias Empresariales. Por tanto, con esta resolución van a salir beneficiados todos ellos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, para utilizar un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra don Juan Carlos Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio, me gustaría valorar muy positivamente esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Convergéncia i Unió sobre el establecimiento de las funciones profesionales, competencias y facultades de los diplomados en Ciencias Empresariales, porque la cruda realidad es que existe un vacío normativo en cuanto a la definición de estas funciones; esto es debido, como ya se ha comentado, a que el Real Decreto 3182/1981, por el que se atribuía a los diplomados en empresariales las mismas funciones que las previstas para los profesores mercantiles en el Real Decreto 871/1977, fue declarado nulo. Dicho vacío normativo provoca, como ya se ha dicho, muchos problemas; por ejemplo, cuando los colegios de titulados mercantiles y empresariales pretenden adecuar sus estatutos para acoger a los diplomados en Ciencias Empresariales, ya que no pueden ampararse en ninguna norma vigente para regular las funciones profesionales de aquéllos.
Creemos que este es un asunto que se debería haber solucionado hace mucho tiempo. Esa es nuestra voluntad: solucionarlo. Digo que hace mucho tiempo, porque recordemos que la anulación del decreto se produjo por una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 1986.
Señor presidente, el Grupo Popular anuncia su voto favorable a esta proposición no de ley sobre restablecimiento de las funciones profesionales, competencias y facultades de los diplomados en Ciencias Empresariales, sabiendo que así se empieza a solucionar un serio problema que afecta sobre todo a profesionales jóvenes que verán por fin más clara la regulación legal de su diplomatura.


- SOBRE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS DERECHOS DEL ALUMNADO INMIGRANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 161/999637)

El señor PRESIDENTE: La proposición número 13, sobre medidas para el reconocimiento de todos los derechos del alumnado inmigrante, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se entiende por la Presidencia retirada, teniéndose en cuenta que se están tramitando proposiciones de ley, a instancias de los grupos parlamentarios de Convergéncia i Unió, Socialista y Popular, sobre la reforma de la Ley de Extranjería, en cuyo articulado evidentemente hay una referencia muy expresa a lo que son los derechos en materia de educación de la población inmigrante, con lo que hemos dado por culminado el trabajo de la Comisión del día de hoy.
Como habíamos señalado que las votaciones se celebrarían a partir de la una y media, nos tomamos un descanso hasta dicho momento, interesando de los señores portavoces que realicen cuantas gestiones sean precisas para que todos los diputados que tengan que votar estén presentes.
Muchas gracias.


Se suspende la sesión. (Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión para proceder a las votaciones de todas y cada una de las proposiciones no de ley que hemos ido debatiendo a lo largo de la mañana. En primer lugar, rogaría a la señora Rivadulla que tenga la amabilidad de ilustrarnos acerca de si se ha llegado a alguna enmienda transaccional con respecto a las proposiciones no de ley números 1 y 2 sobre reserva de plazas para alumnos minusválidos, ¿Han llegado a alguna enmienda transaccional?

La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, ¿Puede usted dar lectura a la misma?

La señora RIVADULLA GRACIA: Sí. Dice. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las medidas necesarias para que las universidades de titularidad pública reserven un 3 por 100 de las plazas para aquellos alumnos que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 o padezcan menoscabo total del habla o pérdida total de la audición, así como para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, asociadas a condiciones personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado recursos extraordinarios, reconocidos oficialmente por los organismos competentes. Las universidades podrán disponer, una vez finalizado el período de matriculación de cada curso, de las plazas no ocupadas por los colectivos antes aludidos.
Seguiría con el segundo párrafo de la proposición del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Que dice: Del mismo modo el Ministerio de Educación y Cultura promoverá los acuerdos necesarios entre comunidades autónomas, asociaciones y entidades, tanto públicas como privadas, a los efectos de proveer el apoyo que posibilite la mejora de los rendimientos académicos de este colectivo.
¿Nos puede hacer llegar el texto del primer párrafo modificado para que quede constancia? ¿Están ilustradas todas SS.SS. acerca de lo que va a ser objeto de votación? ¿Algún grupo quiere hacer alguna manifestación con respecto a esta enmienda transaccional, que es la que se va a someter a trámite, sustituyendo las anteriores proposiciones no de ley que han sido objeto de debate? (Pausa).


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Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición debatida con el número 3, en relación a las prendas deportivas, que también ha sido objeto de enmienda transaccional, a la que voy a dar lectura. Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, primero, una vez analizadas las conclusiones de la 86.a reunión de la conferencia internacional del trabajo, celebrada el pasado mes de junio en Ginebra, promueva acuerdos con las diferentes federaciones deportivas españolas, de cara a impulsar la lucha contra la explotación infantil en todo lo relativo a la utilización de material y prendas deportivas relacionadas con competiciones oficiales. A continuación iría el número dos, que era el que figuraba inicialmente en dicho proposición, que dice que en las campañas de sensibilización que se realicen invitando a los consumidores a valorar el compromiso de las distintas marcas deportivas en su lucha contra la explotación infantil, se busque la colaboración de asociaciones de consumidores y usuarios, a través del consejo nacional en el que se agrupan estos organismos.
Suficientemente informados, procederemos a su votación.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


La proposición debatida bajo el número 4, como saben ustedes, quedó retirada.
La proposición debatida bajo el número 5 del orden del día, sobre financiación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, no ha sido objeto de enmienda, no ha sufrido ninguna modificación, les supongo a todos ustedes enterados de su texto y pasamos a su votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 18; en contra 20.


El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición debatida bajo el número 6, sobre sección de educación secundaria en la Sierra de Francia (Salamanca).
¿Están SS.SS. suficientemente informados del contenido de la proposición? (Asentimiento).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 18; en contra 20.


El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición tramitada bajo el número 7 del orden del día, sobre retraso en la concesión de becas para universitarios, del Grupo Socialista del Congreso.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 18; en contra 20.


El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición número 8, sobre concesión de una mitad de la cuantía de la beca a quienes hayan obtenido menos de los cinco puntos de selectividad, pero hayan obtenido cuatro puntos y medio.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 18; en contra 20.


El señor PRESIDENTE: Queda desestimada.
Proposición número 9, sobre potenciación de los programas de garantía social. Como consecuencia de la admisión de la enmienda de Convergéncia i Unió, el texto que se vota dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a potenciar, en el ámbito de sus competencias, los programas de garantía social previstos en el artículo 32.2 de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo e incrementar su oferta relacionándonos con las políticas de formación y empleo.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con la enmienda que la modifica y a la que se ha dado lectura.
Proposición número 10, sobre promoción en el alumnado del conocimiento y valoración de los valores medioambientales y de protección de la flora y fauna ¿Están todos informados? (Asentimiento.)

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Es evidente que se sobreentiende que también ha sido objeto de modificación, en el mismo sentido que la anterior, delimitando que todo lo que se dice es para que sea realizado en el ámbito de las competencias del correspondiente ministerio, con respecto absoluto a las de otras administraciones merecedoras del mismo trato y consideración.
Proposición tramitada bajo el número 11, sobre el cuarto centenario del pintor don Francisco Zurbarán y su conmemoración.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 24; abstenciones 14.


El señor PRESIDENTE: Queda estimada.
Proposición no de ley tramitada bajo el número 12, sobre restablecimiento de las funciones profesionales, competencia y facultades de los diplomados en ciencias empresariales ¿Están informados todos de su contenido? (Asentimiento.)

Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Culminado el debate, se levanta la sesión.
Muchas gracias a todos.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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