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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 459, de 20/05/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1998 VI Legislatura Núm. 459

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles, 20 de mayo de 1998

ORDEN DEL DIA:

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar (Número de expediente 121/000097) (Página 13197)

Proposiciones no de ley:

--Sobre eliminación de minas antipersonales. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 161/000881) (Página 13197)

--Sobre medidas para solucionar el problema de las viviendas militares.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000750) (Página 13204)

--Sobre medidas para corregir la desigualdad creada entre los jóvenes en el último sorteo de excedentes de cupo del servicio militar (Número de expediente 161/000752) (Página 13206)

--Por la que se insta al Gobierno a no almacenar munición o explosivos en las instalaciones militares de Sierra del Retín ni en ninguna otra parte del municipio de Barbate (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000794) (Página 13208)

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--Sobre medidas para potenciar el turismo y la pesca en el municipio de Barbate (Cádiz) y alejar la presencia militar en dicha zona. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/000959) (Página 13208)

--Sobre adaptación de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada (AMBAR).
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 161/000964) (Página 13212)

Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa (Morenés Eulate), para informar sobre:

--La posible venta de armamento a Turquía. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 213/000575) (Página 13218)

--La venta de armamento militar, por importe de 30.000 millones, a Turquía (Número de expediente 213/000588) (Página 13218)

--El acuerdo para la fabricación del carro de combate Leopard. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso (Número de expediente 213/000599) (Página 13223)

Preguntas:

--Del señor Moreno Bustos (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre situación actual y destino previsto para el castillo de San Fernando, de Figueres (Girona) (Número de expediente 181/001214) (Página 13227)

--Del mismo señor diputado, sobre actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Defensa al objeto de que la ampliación del Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, reclamado con insistencia por los más diversos sectores, tanto económicos como político-sociales de la Isla, sea una realidad a corto plazo (Número de expediente 181/001215) (Página 13227)

--Del señor Fernández de Mesa Díaz del Río (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre el estado en que se encuentra las constitución del consorcio del Museo militar de Menorca y del patrimonio militar del puerto de Mahón y Cala San Esteban, en Menorca (Número de expediente 181/001217) (Página 13229)

--Del mismo señor diputado, sobre estado en que se encuentra la cesión al Ministerio de Educación y Cultura de la propiedad denominada Acuartelamiento Puig des Molins, en Ibiza (Número de expediente 181/001218) (Página 13229)

--Del señor Herrera Antonaya (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre repercusiones de los cambios de divisa en las adquisiciones militares en el extranjero (Número de expediente 181/001219) (Página 13230)

--Del señor González Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre las líneas básicas que caracterizan el proceso de inversiones en infraestructura en el Organo central para el año 1998 (Número de expediente 181/001223) (Página 13230)

--Del señor Moragues Gomila (Grupo Socialista del Congreso), sobre inversiones del Ministerio de Defensa en edificios catalogados en los ejercicios presupuestarios posteriores al de 1992 (Número de expediente 181/001533) (Página 13231)

--Del mismo señor diputado, sobre el Plan especial del Ministerio de Defensa para los edificios catalogados en los ejercicios presupuestarios posteriores al de 1992 (Número de expediente 181/001534) (Página 13231)

--Del mismo señor diputado, sobre presupuestos del Servicio Militar de Construcciones desde el año 1992 (Número de expediente 181/001535) (Página 13233)

--Del mismo señor diputado, sobre gastos de los Ejércitos españoles en mejora y mantenimiento de instalaciones desde el año 1992 (Número de expediente 181/001536) (Página 13233)

--Del mismo señor diputado, sobre el Plan existente en las Fuerzas Armadas para la mejora y mantenimiento de instalaciones y edificios en acuartelamientos, bases y centros (Número de expediente 181/001537) (Página 13233)

--Del mismo señor diputado, sobre la evolución del número de acuartelamientos españoles en aplicación del Plan Norte (Número de expediente 181/001538) (Página 13233)

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Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE PROHIBICION TOTAL DE MINAS ANTIPERSONAL Y ARMAS DE EFECTO SIMILAR (Número de expediente 121/000097).


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE ELIMINACION DE MINAS ANTIPERSONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000881).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Defensa que, como habrán comprobado, tiene un orden del día muy cargado, por lo cual pido desde ahora mismo a los portavoces que vayan a intervenir que procuren ser lo más escuetos posible, sin pérdida de todo el tiempo que necesitan para exponer sus posiciones. Como SS. SS.
saben, por una parte tenemos el proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar y, después, seis proposiciones no de ley, la primera de las cuales es del Grupo Socialista sobre eliminación de minas antipersonales. Al coincidir este tema con el del proyecto de ley, la Mesa, oídos los portavoces, ha acordado que se celebre un debate conjunto, sin perjuicio de que la votación en su momento sea por separado. También ha decidido la Mesa que las votaciones tanto de las enmiendas del proyecto como de las proposiciones no de ley se realicen a las doce menos cuarto.
Pasamos, por tanto, al punto primero del orden del día, proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto similar.
Iniciamos el debate de las enmiendas de los grupos empezando de menor a mayor. Del Grupo Mixto han presentado enmiendas el señor Saura y la señora Lasagabaster.
Señor Saura, tiene la palabra.


El señor SAURA LAPORTA: Señor presidente, doy por defendidas todas las enmiendas, tanto las de la señora Lasagabaster como las mías, diciendo que las propuestas de transaccional del Grupo Popular son en general satisfactorias, pero quería destacar que en nuestra enmienda 13 al artículo 2, que hace referencia a la prohibición de las minas antipersonal, sería necesario añadir en la propuesta de la transaccional del PP como material prohibido tanto las multibombas como la munición de racimo para mortero y las bombas de aire combustible.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervengo con gran brevedad, dado que ya que tuvimos ocasión en la reunión de la ponencia correspondiente a este proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal y de efecto similar de llegar a un acuerdo --como bien se dice en el informe-- y aceptar lo que se llama el pretexto completo de nuevo cuño presentado por el Grupo Parlamentario Popular, que nos gusta más que el del Gobierno. La ponencia acordó la discusión sobre este pretexto. El Grupo de Coalición Canaria presentó dos enmiendas, las números 19 y 20. El apartado 4 del artículo 6 del pretexto recoge íntegramente el texto literal, en forma y contenido, de nuestra enmienda número 19, siendo la 20 una consecuencia de la anterior en cuanto a sus efectos económicos en las operaciones de desminado que por acuerdo bilateral o de organismos internacionales de los que forme parte España se hubieran realizado por especialistas españoles del Ministerio de Defensa; operaciones de cooperación para la limpieza y eliminación de las minas antipersonal donde se hubieran establecido, bien porque las hubiera suministrado en su día la industria armamentística española, bien de otros países. En cualquier caso, el principio de solidaridad queda perfectamente reflejado en nuestra enmienda 19 que, como he dicho, está en el texto del nuevo artículo 6 del Grupo Popular. Por tanto, nos damos plenamente por satisfechos, señor presidente, retiramos --no sé si es retirar porque están incluidas prácticamente-- estas enmiendas y votaremos en su integridad el pretexto denominado así porque en su exposición de motivos se ha recogido un nuevo penúltimo párrafo que viene a justificar estas operaciones de cooperación que traen causa de nuestra enmienda número 19. Por eso nuestro voto será favorable a este pretexto.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, el proyecto de ley que nos ocupa parece directamente motivado por la proposición no de ley del Congreso, de 25 de febrero de 1997, a la que ya se refiere en su exposición de motivos. Parece, sin embargo, que esa misma proposición pero también la elaboración y tramitación del citado proyecto se han solapado de manera no muy ordenada con la fase final de aprobación del Tratado de Ottawa, abierto a la firma los días 3 y 4 de diciembre pasado. A la vista de este texto internacional se suscitan algunos interrogantes de calado sobre el proyecto de ley. Cabe preguntarse en este sentido si el proyecto es la manera adecuada de tomar posición ante este convenio, si realmente aporta algo o incluso si es la manera más correcta de proceder a su aplicación interna. En abstracto cabe pensar en otras fórmulas mejores de adherirse a la política sobre minas que este convenio significa. Sin embargo, el proyecto pone de manifiesto que es una pura respuesta a un compromiso parlamentario sin que su diseño sea el idóneo desde una perspectiva de actuación internacional. Ciertamente aporta una solución al problema presupuestario y financiero, pero deja sin respuesta

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el requerimiento de previsiones punitivas para los casos de quebrantamiento de las obligaciones. Si los presupuestos en vigor ya tuvieran cobertura para el compromiso financiero, lo normal y lógico hubiera sido la retirada o rechazo del proyecto para proceder del modo antes indicado. En otro caso podría justiciarse el apoyo global a la iniciativa, sin perjuicio de recordar el deber de proceder a la firma y ratificación del convenio, así como la necesidad de completar el régimen jurídico mediante las necesarias previsiones de orden punitivo, que es justamente la otra vertiente de implementación interna que el propio texto del dossier de ratificación del convenio reclama.
Las enmiendas parciales que hemos presentado sólo pretenden incrementar la coherencia del texto del proyecto con la normativa internacional en la materia, amén de tratar de evitar posibles casos de comercio ilícito solapado en forma de transferencias para investigación. Al haberse adoptado en forma de transaccionales, consideramos incluidas en las mismas las enmiendas que hemos presentado y votaremos a favor del texto conjuntamente presentado.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, antes de presentar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán y expresar nuestra posición sobre el texto transaccional, quiero recordar a la Comisión que el Gobierno ya ha mandado para su ratificación, con carácter de urgencia, el tratado internacional. Creo que es importante que al margen del proceso de ratificación del mismo, que es lo que compromete al Estado español a esta convención, seamos capaces de articular una aplicación del mismo a través de la ley que hoy estamos debatiendo, que introduce no sólo la aplicación a la legislación española de los principios del tratado sino previsiones que el propio tratado no podía contemplar. Por tanto, entendemos que esta ley es necesaria para complementar la actuación del tratado y permite a la Comisión y al Congreso, a las propias Cortes, mantener un debate sobre estos extremos. El mecanismo de la simple ratificación del tratado, tal como funciona en la práctica en la Cámara, no permite a los grupos políticos profundizar en muchas de las cuestiones que realmente nos pueden interesar.
Dicho esto, las propuestas de textos transaccionales del Grupo Popular permiten a nuestro grupo no mantener ninguna de sus enmiendas vivas, pero sí nos gustaría introducir en el texto que los señores y las señoras diputadas conocen, el texto que en ponencia ofreció el Partido Popular, en función también de las conversaciones que con el señor Izquierdo hemos mantenido en las últimas horas, algunas propuestas que supongo que en la intervención del señor Izquierdo van a verse reflejadas. En primer lugar, por lo que hace a la definición de instrumentos que deben ser prohibidos por esta ley, el Grupo Catalán y otros grupos parlamentarios entendemos que tenemos que dejar claro que aquellos artefactos que producen efectos similares a las minas antipersonales, resultado de la utilización de mecanismos de dispersión de las mismas, deben ser inequívocamente prohibidos en esta ley. El señor Izquierdo nos ofrecerá una propuesta de redactado que recoge expresamente esta consideración. Al mismo tiempo, cuando la ley prohíbe la tecnología que permite fabricar este tipo de artefactos, nuestro grupo entiende que es importante que la ley de manera expresa mencione en el terreno de lo prohibido las patentes de producción de minas antipersonal. Nos parece que no debemos dejar ningún espacio en el que sea posible que desde el Estado español algunas empresas con patentes sobre estos artefactos fuesen capaces de exportar las mismas.
Son cuestiones que a nuestro entender permiten mejorar la ley.
En segundo lugar, nuestro grupo parlamentario presenta una serie de enmiendas que han sido aceptadas en relación con la vinculación del conjunto del tejido productivo en estas cuestiones para que se viese obligado por la ley. El Grupo Popular en su propuesta transaccional recoge este planteamiento, lo cual nos parece bien. Nosotros pensamos que los plazos que amplían los que marcaba el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pueden permitir una aplicación más racional de la legislación. En este sentido hemos hecho una oferta de transacción a la propuesta del Grupo Popular respecto al plazo para aplicar las previsiones contenidas en la ley a fin de que se mantenga un máximo de tres años para proceder a la destrucción de los stocks de minas. También sería bueno que se introduzca la coletilla «en el plazo más breve posible», con el fin de que si el Gobierno lo puede hacer antes, lo haga.
Creo que el señor Izquierdo va a estar en condiciones también de aceptar esta propuesta.
Otra cuestión objeto de enmienda de diversos grupos hace referencia a la determinación de la cantidad mínima imprescindible de minas antipersona que quedarían en manos del Ministerio de Defensa para desarrollar técnicas de detección, limpieza y destrucción de minas, y especialmente adiestramiento en dichas técnicas. Aceptamos el principio que nos plantea el Grupo Popular en el sentido de que la ley no marque la cantidad de minas mínimas imprescindibles, pero nos parece que la enmienda 28, de la señora Lasagabaster, introduce un mecanismo, por otro lado, ya previsto en el artículo 7 de la Convención de Ottawa, que puede dar a esta Cámara un control efectivo sobre estos extremos. En este sentido no mantendríamos la enmienda número 54, a la espera de que el señor Izquierdo anuncie la aceptación de la 28, de Eusko Alkartasuna.
El Grupo Parlamentario Catalán, coincidiendo con otros grupos de la Cámara, planteó a través de su enmienda número 56 compromisos políticos y jurídicos por parte del Gobierno español en orden a la rehabilitación de las poblaciones víctimas de las minas antipersonas y de apoyo a los programas de Naciones Unidas para el desminado. El Grupo Parlamentario Popular aceptó esta enmienda pero nosotros hemos propuesto introducir algunos cambios en los tiempos verbales para adecuarlos al carácter de ley que tiene el texto que estamos discutiendo, lo cual creo que el Grupo Parlamentario Popular también va a aceptar.


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Centrándome en nuestras enmiendas, nosotros entendíamos que la ley debía prever qué sucedía en el orden punitivo cuando algún particular o alguna Administración incurriese en algunos de los supuestos definidos en esta ley, por el que planteamos una enmienda que hacía referencia a la aplicación de la Ley orgánica de represión del contrabando. Puede haber supuestos que se escapen a las previsiones contenidas en esta ley. Por ello, entendiendo que es necesario que la ley defina qué sucede cuando alguien incumple alguno de los supuestos de la misma, ofrecemos una transacción que iría en un doble sentido. En primer lugar, que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley serán sancionables de acuerdo con las leyes sectoriales correspondientes. Al mismo tiempo debemos hacer una referencia, que con el permiso del señor presidente deberíamos acabar de redactar, para que se desarrolle lo contenido en el artículo 9 de la Convención de Ottawa. Dicho artículo afirma que cada uno de los Estados parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir o reprimir cualquier actividad. Como puede quedar la duda de que haya lagunas en relación a las leyes sectoriales aplicables a esta ley, deberíamos mandatar a quien corresponda para que se desarrolle lo necesario para evitar la existencia de dichas lagunas y debemos buscar una redacción a tal respecto. Espero que al terminar la sesión seamos capaces de encontrar una redacción para evitar situaciones equívocas.
Hay enmiendas de otros grupos, algunas las justificará ahora el señor Estrella, que nos parece que no se mantienen en el texto que el Grupo Parlamentario Popular ofrece y que podemos decir que en estas últimas horas estamos en condiciones de incorporarlas al texto porque introducen principios y criterios que refuerzan el texto de la ley. Todo ello nos permite afirmar que el trabajo de la ponencia y de la Comisión ha mejorado sustancialmente el texto que el Gobierno presentó y reafirma aún más la necesidad de que el Gobierno, al margen del proceso de ratificación del Tratado, haya presentado un proyecto de ley para cumplir aquello que le mandató el Pleno en una proposición no de ley que aprobamos en marzo del año pasado y que al mismo tiempo responde a una demanda que el conjunto de la sociedad nos solicitaba desde hace tiempo.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: En efecto, el trabajo de la ponencia ha mejorado sensiblemente el proyecto de ley del Gobierno al recoger enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Estamos ante un proyecto de ley que yo calificaría, en el ámbito de lo que ha sido el acuerdo de Ottawa, de histórico dentro del movimiento pacifista por lo que supone de avance en sus ideas. Desde ese punto de vista, las únicas enmiendas que vamos a mantener son las números 4 y 5, relativas a la definición de minas antipersonas, añadiendo las bombas de racimo, las submuniciones y las minas navales que colocadas en puertos y ríos en zonas de subdesarrollo producen los mismos estragos en la población civil y en la navegación civil de poco calado. Mantenemos también la enmienda número 6, al artículo 2, que se refiere a la prohibición total de empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales.
Mantenemos también la enmienda número 7, al artículo 3, que hace referencia al tiempo que tendrá el Ministerio de Defensa para proceder a la destrucción de las minas. Frente al texto del Gobierno en el que se establecen tres años, nosotros ofrecemos un año, tiempo suficiente para proceder a la destrucción de las minas antipersonal almacenadas.
En relación a las enmiendas de otros grupos, igual que ha dicho el portavoz de Convergència i Unió, nosotros también vamos a apoyar la enmienda número 28, de Eusko Alkartasuna, porque entendemos que la cantidad mínima de minas antipersonal debe ser comunicada al Congreso de los Diputados. Nos parece muy satisfactorio todo lo recogido en relación a los compromisos del Estado en la cooperación y ayuda para el desminado de los países que han sufrido esta lacra de las minas antipersonas. Nos parece que con estas enmiendas se ha mejorado sensiblemente el documento, que nos resulta altamente satisfactorio.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Presidente, señorías, siendo éste un trámite de lectura única y no yendo esta ley a Pleno, me van a permitir que haga algunas reflexiones. En primer lugar, desde el Grupo Socialista nos parece importante resaltar que estamos incorporando a nuestra legislación, anticipándonos en el tiempo, la Convención de Ottawa que ha sido firmada por España y que tendrá que venir en próximas fechas al Parlamento como un tratado multilateral. Pero al mismo tiempo estamos haciendo algo más, no solamente porque el texto que previsiblemente va a resultar, consecuencia del presentado por el Gobierno y de las distintas enmiendas de los grupos parlamentarios, en algunos aspectos va a ir más allá de lo que establece la Convención de Ottawa, sino porque siendo ésta la incorporación de la Convención de Ottawa a nuestra legislación es también el cumplimiento de un compromiso político adquirido por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, hace ahora poco más de un año, en el que se hacía un pronunciamiento rotundo en favor de la prohibición y eliminación total de las minas antipersonales y en el que quizá de manera no muy habitual, pero a veces ocurre, el Parlamento se situaba a la vanguardia, por delante de la sociedad civil y de las organizaciones sociales, y adoptaba un compromiso que pocos meses después era objeto de toma de posiciones y de campañas promovidas por este tipo de organizaciones. Nos parece importante que se cumpla ese compromiso. Nos parece importante que, al aprobar esta ley que va a experimentar algunas modificaciones ulteriores como consecuencia de la aceptación de enmiendas o de enmiendas transaccionales, estemos manteniendo esa línea de compromiso político que adquirimos en el mes de febrero del año pasado.
Nos parece importante

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porque nuestro país se ha venido caracterizando, en su posición internacional, por estar siempre un paso más adelante de los compromisos internacionales en materia de eliminación y de prohibición de minas antipersonales; lo estuvo con el Gobierno socialista, estando más allá de la posición común de la Unión Europea; lo estuvo desde los primeros días de Gobierno del Partido Popular, cuando ante una nueva posición común de la Unión Europea se adoptó también un compromiso que iba más lejos; y lo está hoy en esta Comisión, en este Parlamento, gracias al impulso político de los grupos parlamentarios y gracias, sin duda, a la voluntad del Gobierno. Nosotros anunciamos en el mes de noviembre que si el Gobierno no remitía a la Cámara un proyecto de ley del Grupo Socialista presentaría su propio proyecto de ley. En el momento en que se puso a la firma el Tratado de Ottawa el Grupo Socialista presentó su propia proposición no de ley. A la semana el Gobierno presentó este proyecto de ley que hoy discutimos y el Grupo Socialista nos sentimos satisfechos pensando que algo habríamos contribuido a esa acción del Gobierno, a que esa voluntad de Gobierno se manifestase de una manera más rápida. Pero sería mezquino entrar en esas cosas en este momento, como sería mezquino abordar las dudas y las indecisiones del Gobierno durante los debates de la Conferencia de Oslo. Lo importante es que hoy todos los grupos parlamentarios estamos en la misma posición, manifestada hace más de un año, con el compromiso de obtener una ley que prohíba totalmente las minas antipersonales.
Hemos presentado una serie de enmiendas dirigidas a la mejora del texto en algunos aspectos en que consideramos que existían carencias. Algunas de ellas, como se ha dicho, por las propuestas que han circulado desde el Grupo Popular como posibles enmiendas transaccionales, vienen a recoger propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, por lo menos nos sentimos representados en ellas. Así ocurre con las enmiendas a la exposición de motivos, por ejemplo; así ocurre en parte con las definiciones y prohibiciones, y ya ha habido alguna aclaración a este respecto. Hay un tema pendiente, señor presidente, sobre el que creo que el Grupo Popular ha avanzado pero sería necesario avanzar un poco más. Me refiero a lo que vulgarmente se llama bombas de racimo, que evidentemente no es una denominación técnica. En las propuestas que nos ha pasado el Grupo Popular a algunas enmiendas que van más allá de esas propuestas se contempla incorporar, tanto en la definición como en el régimen de prohibiciones, los artefactos que se utilicen como vectores para dispersar minas antipersonales; es decir, las bombas de racimo que dispersan minas antipersonales, cuya denominación técnica sería vectores que se utilizan para dispersar o lanzar minas antipersonales, que está en la propuesta del Grupo Popular. Nosotros querríamos --y así lo hemos transmitido al Grupo Popular y a algún otro grupo-- que apareciera tanto en las definiciones como en las prohibiciones, lo cual daría cumplida satisfacción a lo que se ha expresado desde distintos grupos en sus enmiendas.
Quedan algunas otras cosas pendientes en las que mantenemos discrepancias con el texto del Gobierno y con el texto que resultaría de las enmiendas del Grupo Popular. Me refiero, por ejemplo, a la cantidad de minas que el Gobierno podrá retener. En el proyecto se habla de una cantidad determinada pero al final resulta una cantidad indeterminada. Nosotros proponemos una cantidad fija, cinco mil minas, pero estamos abiertos a cualquier mecanismo. Se ha hecho una referencia y se ha defendido desde el Grupo de Izquierda Unida algo que a nosotros nos parece enormemente sensato. No le fijemos al Gobierno la cantidad, pues no somos nosotros los expertos. Simplemente establezcamos un compromiso por el cual el Gobierno debe fijar el número de minas necesarias para entrenamiento en técnicas de desminado y desactivación, pero al mismo tiempo el Gobierno informa al Parlamento --evidentemente un informe razonable-- del número de minas que necesita mantener. Con esa enmienda nosotros nos daríamos por satisfechos.
Otro elemento de discrepancia es el período en el cual deberá realizarse la destrucción de las minas antipersonales. El texto del Gobierno, proponiendo un período inferior al de la Convención, establece un plazo de tres años. Nosotros hemos presentado una enmienda donde hablamos de un año, por una razón muy sencilla, no es un capricho. Hay países de nuestro entorno --Alemania y Bélgica-- que van a destruir en un año o ya han destruido su stock de minas antipersonales. A menos de que se nos dé una razón de peso, nosotros seguiremos manteniendo esta enmienda en la que pretendemos reducirlo a un año. Creemos que es posible y esperamos que se pueda profundizar en el texto actual en cuanto a las definiciones y a las prohibiciones, y nos reservamos la opinión hasta conocer las propuestas definitivas de enmiendas transaccionales.
Hay otra enmienda que para nosotros es importante porque tiene un significado mucho más allá de lo político, tiene un significado metapolítico. Me refiero a la enmienda 45, en la que se propone añadir un nuevo apartado en el artículo 5, que diría: «3. El Gobierno adoptará las medidas necesarias a fin de que los documentos que contienen la doctrina de defensa española excluyan de manera expresa el uso de minas antipersonales.» Es decir, no basta con prohibir las minas antipersonales. Parece que esa lógica que supone la adopción de una posición por parte de España nos lleve también a que España en su doctrina de defensa, en su planeamiento de defensa, excluya el uso de minas antipersonales, con independencia de que en ese mismo artículo se establece que España deberá retener una cantidad determinada de minas antipersonales para entrenamiento en técnicas de desminado. Nos parece importante, porque es lo que refleja que el compromiso internacional de la convención o el compromiso de la ley no solamente afecta al Gobierno con relación al Legislativo o al Gobierno con relación a otros gobiernos, sino que va a permear también la propia elaboración del pensamiento y la doctrina en nuestras Fuerzas Armadas, por tanto --repito--, nos parece importante.
Hemos presentado alguna otra enmienda en la que por ejemplo intentamos definir y clarificar quiénes serían los autorizados, en el ejercicio de sus funciones, para proceder al desmantelamiento, y por tanto a trabajar con ese residuo

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de minas antipersonales para formación, que serían básicamente miembros de las Fuerzas Armadas, miembros destacados en operaciones de mantenimiento de la paz y personas designadas por el Gobierno de la nación en representación del Estado español.
Finalmente, haciéndonos eco de la reflexión que hacía el señor Campuzano, creemos que en el texto del Gobierno y en el texto ampliado del Gobierno falta una referencia al régimen de sanciones, y nos asalta la duda de que si no se incluye ese régimen de sanciones podrían quedar impunes las violaciones de lo estipulado en la ley.
Por último y en dos minutos, señor presidente, porque ha indicado la presidencia que el turno era conjunto, quiero decir que el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley acompañando a su iniciativa de proyecto de ley --que hoy está decaído desde el momento en que el Gobierno presenta el suyo-- por la que pretendíamos acompañar el acuerdo que íbamos a adoptar sobre la ley. Se trataba de transmitir nuestra preocupación, intentando que sea compartida por la Comisión, en el sentido siguiente: Siendo un paso tremendamente importante la adopción de la Convención de Ottawa y el alto número de países que la han suscrito (y nos preocupa que existan una serie de países que no han firmado la convención, algunos de ellos países de gran importancia mundial), querríamos de alguna manera ser partícipes y solidarios del esfuerzo de concienciación que en su sociedad y en sus parlamentos se está produciendo para que esos países se adhieran también a la convención. Por tanto, se plantea en nuestra proposición no de ley no sólo mantener e incrementar en la medida de lo posible la contribución de España a los fondos de desminado de Naciones Unidas, sino también impulsar, en el ámbito de la comunidad científica española y en el ámbito de la Unión Europea, la investigación y desarrollo de tecnologías de localización, desactivación y destrucción de las minas antipersonales actualmente desplegadas. No podemos olvidar que no basta con prohibir la fabricación de minas o su exportación, el problema real son los más de cien millones de minas que están dispersas, que están enterradas y que siguen matando personas cada día. Por eso también pedimos en la proposición no de ley que el Gobierno promueva la firma de la convención por parte de aquellos países que aún no la han suscrito, y con ese fin, con el fin de generar ese estímulo, impulsar en los foros multilaterales un código de conducta que excluya a las empresas de países no signatarios de la convención de la participación en programas de investigación y acciones de desminado financiados por los organismos internacionales.
Este último párrafo --somos conscientes-- plantea algún tipo de problemas, hay algunos fondos de desminado en cuya financiación participan países no signatarios de la convención. Estamos abiertos a contemplar cualquier posible transaccional que limite esto a un ámbito donde solamente los países signatarios sean parte financiadora de esos fondos.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Las palabras del portavoz del Grupo Socialista me van a ahorrar hacer una reflexión sobre todo el proceso que hemos vivido en los últimos años --quizá en el último año para ser más concretos--, sobre la tramitación que hoy culminamos. Creo que estamos en un momento de extraordinaria importancia y que este Parlamento, esta Comisión de Defensa, con competencia legislativa plena, viene a sancionar lo que fue una intención del Gobierno.
Como ha dicho el señor Estrella, apenas tomado posesión el nuevo Gobierno, creo que una semana después y como una primera decisión, en su Consejo de Ministros inaugural se toma la decisión de adelantarse a la Unión Europea en la prohibición de las minas antipersonales, entonces amparadas por una moratoria que provenía del año 1994, que había sido renovada en el año 1995 y que no excluía la fabricación, la exportación ni el empleo de determinado tipo de minas antipersonales, las llamadas inteligentes. En ese momento el Gobierno español, adelantándose al conjunto de la comunidad internacional, lo que hace es prohibir todas las minas antipersonales, fueran de la clase que fueran.
Sería mezquino hacer cuestiones de estrategia política, como ha dicho el señor Estrella, pero también sería mezquino recordar estas circunstancias, aunque no está de más porque creo que todos podemos sentirnos perfectamente orgullosos de la posición de nuestro Gobierno, del Gobierno de España actualmente, y de la posición de España en su conjunto. Quiero agradecer, señor presidente, a los portavoces de todos los grupos parlamentarios el importante trabajo que han hecho en la ponencia, y también decir que el Gobierno, cuando elaboró este proyecto de ley, presentó un texto abierto, mandatado por las Cortes y a la espera de la firma por parte de España, como finalmente se produjo, del Tratado de Ottawa, sobre el que, por cierto, señor Estrella, no se produjo ningún tipo de duda en la conferencia de Oslo. La única duda de España era la universalidad del convenio, y lo que a España siempre le ha preocupado ha sido que el mayor número de países firmara este tratado para que fuera eficaz, para que no fuera papel mojado, para que no fuera una declaración de intenciones. El Tratado de Ottawa es muy importante, pero no es satisfactorio sobre todo porque no lo han firmado los principales países productores de este tipo de armas, entre los que precisamente no se encuentra España. El Gobierno ya ha manifestado en esta Cámara repetidas veces que ésa fue su posición y que sigue siendo su posición en el concierto internacional intentar que el mayor número de países firme la Convención de Ottawa para que el tratado sea realmente eficaz y contribuyamos de esa manera a la prohibición universal de este tipo de armas.
Dicho esto y reiterando el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular al trabajo de todos los grupos, presentamos por ese motivo una propuesta transaccional a todos los grupos parlamentarios que intentaba incorporar, si no la letra sí el espíritu y en ocasiones también la letra del conjunto de las enmiendas presentadas. Presentamos desde el primer momento la propuesta de trasladar la legislación española los contenidos del propio tratado de Ottawa en su

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extensión (como se ha dicho, el Gobierno está sometiendo al proceso de ratificación por urgencia, cumpliendo de esa manera un compromiso del presidente del Gobierno en esta Cámara de que España sería uno de los primeros países en ratificar, y por tanto en hacer válido en nuestro ordenamiento interno legislativo dicha convención); contenidos que por lo demás vienen a resolver las preocupaciones de muchos grupos parlamentarios, pero la propuesta transaccional del Grupo Parlamentario Popular también intentaba incorporar a los grupos al acuerdo, a que esto fuera un proyecto de ley aprobado por todos, como lo fue aquella proposición no de ley en el Congreso de los Diputados el 25 de febrero de 1997, y para que la posición de España fuera de esta manera mucho más sólida en el concierto internacional, lo cual es muy importante porque si intentamos que la posición de nuestro Gobierno, la posición de nuestras instituciones en el concierto internacional sea sólida y España contribuya en la medida de lo posible a hacer universal este acuerdo, es muy importante también que el Parlamento respalde de manera unánime o de manera ampliamente mayoritaria esta posición. Por eso, señor presidente, incorporábamos en el artículo 1 de nuestra propuesta transaccional todas las definiciones del Tratado de Ottawa, donde se explica con claridad qué es una mina antipersonal y por tanto qué es lo que estamos prohibiendo, qué es una mina para especificar lo que se dice, qué son los dispositivos antimanipulación y qué se entiende por el concepto de transferencia.
Algunos grupos parlamentarios han intentado explicar en sus enmiendas su preocupación al creer que la importación estaba excluida. Nada más lejos del texto del Gobierno ni del texto de las transaccionales, ya que cuando hablamos de la adquisición de un modo u otro de este tipo de armas o de su tecnología, estamos hablando precisamente de importación.
En aquella proposición no de ley es verdad que introducíamos el término «bombas de racimo», sin saber los grupos parlamentarios en ese momento qué alcance técnico tenía esa definición. Lo que todos teníamos muy claro era que pretendíamos prohibir también aquellos mecanismos de dispersión de minas antipersonales, cosa que hace también la Convención de Ottawa, no de manera específica sino genérica, pero con una terminología bastante precisa. Por eso nosotros incorporaríamos un nuevo párrafo en nuestra propuesta transaccional inicial que tiene la Mesa al artículo 1 donde definimos qué se entiende por medios de lanzamiento o dispersión de minas. Al término del debate de esta sesión haremos una redacción de esta y otras cuestiones que voy a anunciar para ordenar el trabajo en la medida de lo posible de la Presidencia y de la Mesa de la Comisión. El párrafo que introduciríamos --y lo voy a decir para tranquilizar al resto de los portavoces-- dice: Por medios de lanzamiento o dispersión de minas se entiende aquellos vectores o mecanismos específicamente concebidos como medio de lanzamiento de minas antipersonales, que luego pasamos a prohibirlos en el artículo 4 donde se habla de la prohibición de utilizar medios de lanzamiento o dispersión, y aquí añadiríamos «de minas antipersonales». De esta manera la preocupación que tienen algunos grupos parlamentarios sobre la cuestión de las bombas de racimo y si no se me enmienda por parte de ningún otro grupo, puesto que así lo he creído entender de la intervención del resto de los portavoces, quedaría de esa manera satisfecha la intención de las enmiendas que aún se mantienen.
Por lo que se refiere al artículo 2, señor presidente, modificaríamos su título, ya que estamos hablando de las prohibiciones, trasladaríamos los contenidos del Tratado de Ottawa y prohibiríamos totalmente el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales. Hay enmiendas de algunos grupos parlamentarios que expresaban su preocupación porque no se especificaba con claridad la prohibición de las patentes de este tipo de armas. Nosotros pensábamos, y también creo que lo piensan los restantes grupos parlamentarios, que al prohibir la tecnología estábamos prohibiendo las patentes. En cualquier caso, al final del último párrafo del artículo 2, cuando decimos: «así como de su tecnología», añadiremos «y patentes».
Al Grupo Parlamentario Popular le parecía muy importante introducir en este mismo artículo de prohibiciones que también queda prohibido ayudar, estimular o inducir de una manera u otra --por ejemplo, en lo que se refiere a la transferencia de patentes, procesos de investigación, etcétera-- a cualquiera a participar en una de las actividades prohibidas por esta ley. Incorporamos también, señor presidente, por una lógica jurídica procesal en este mismo artículo de prohibiciones, las excepciones: la transferencia de minas antipersonales cuando sea para su destrucción está permitida en los mismos términos que lo manifiesta el propio Tratado de Ottawa.
Los grupos parlamentarios han expresado la preocupación sobre el plazo inicial que permitía la Convención de Ottawa y que se ha comprometido reducir el Gobierno. De la lectura de los debates de las diferentes conferencias preparatorias de la propia Convención de Ottawa en Bruselas y en Oslo un número de países muy importante, así como de organizaciones no gubernamentales, expresaron su preocupación sobre este punto. La cuestión de los plazos intentaba conciliar intereses económicos por la disponibilidad de recursos para la destrucción de minas, que los plazos no fueran tan encorsetados, que no se pudieran incorporar algunos países a la Convención, que tampoco fuera tan laxos y se tomaran medidas que no tuvieran una eficacia real en el tiempo.
En este sentido se adoptó en la Convención de Ottawa un plazo máximo de cuatro años para la destrucción de minas, entendiendo todos los países y también las organizaciones no gubernamentales presentes en la Convención que era un plazo suficientemente razonable para conciliar todos estos extremos y que la destrucción de las minas antipersonales lo fuera en circunstancias de profundo respeto medioambiental. Se pueden destruir minas de muchas maneras: de manera muy barata, tirándolas; de manera muy traumática, explosionándolas, lo cual origina un problema según el número de minas que se puedan explosionar y el tiempo que se puede tardar. En cualquier caso, el Gobierno español se comprometió a no cumplir esos plazos de cuatro

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años máximo y propuso el plazo de tres años, sabiendo además que España antes de la ratificación del Tratado que se producirá en estos meses e incluso antes de la entrada en vigor de la propia ley había empezado a destruir sus propias minas antipersonales.
La sugerencia transaccional que han anunciado algunos portavoces es perfectamente aceptable por el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, podríamos modificar nuestra propuesta inicial en el sentido de que el Ministerio de Defensa procederá a la destrucción de todas las minas antipersonal almacenadas en el plazo más breve posible y como máximo en tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley, con lo cual estamos dando cumplida satisfacción a las inquietudes del conjunto de grupos parlamentarios.
El resto de los puntos del artículo 3 al que nos estamos refiriendo quedaría igual que en la propuesta transaccional que hemos hecho.
Pasaríamos a modificar nuestra propuesta inicial sobre el artículo 4, cambiando su título por prohibición de almacenar medios de lanzamiento o dispersión de minas antipersonales, como he dicho antes, y también cambiaríamos en este sentido un poco el texto que diría: Queda prohibido el empleo, desarrollo, producción, adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación a cualquiera directa o indirectamente, de vectores específicamente concebidos como medio de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal, de las armas de efecto similar especificadas en el Protocolo enmendado II de la Convención de 1980, así como de su tecnología. Hacemos entrega a la Mesa de estas nuevas propuestas transaccionales al texto inicialmente presentado por el Grupo Popular.
El Grupo Parlamentario Popular no tiene ningún inconveniente en incorporar al artículo 5 y después del segundo párrafo uno nuevo transcribiendo en su literalidad la propuesta de la enmienda número 28, de la señora Lasagabaster y modificada en su redacción inicial, puesto que nosotros entendemos que en el artículo anterior, cuando hablamos del compromiso del Gobierno de informar al Congreso de los Diputados de todos los extremos contenidos en el artículo 7 de la Convención de Ottawa, ya que como SS. SS. saben es enormemente exigente en cuanto a medidas de control y transparencia. También se especifica en el artículo 3 de este proyecto de ley que el Gobierno ha de informar a las Cortes del número exacto de minas que queden para labores de desminado o destrucción.
Nosotros incorporábamos más exigencias como era el lote, la calificación de las minas, su número de serie, una serie de controles técnicos muy importantes. Modificaríamos la enmienda de la señora Lasagabaster en ese sentido para darle coherencia al texto diciendo: De acuerdo con las disposiciones establecidas por el artículo 3.3. de esta ley, el Gobierno informará al Congreso de los Diputados respecto de las cantidades mínimas imprescindibles destinadas al desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas con especial detalle de las transferencias que hubieran podido ser realizadas con estos propósitos.
¿Por qué la Convención de Ottawa, señorías, no señala a ningún Gobierno una cantidad mínima de minas a conservar para estas labores de desminado o destrucción? Porque evidentemente, y el caso de España es especialmente importante puesto que es un país que contribuye de manera muy notoria a las labores de desminado desde hace muchos años, y además es uno de los principales contribuyentes de los fondos para el desminado tanto de Naciones Unidas como de la Unión Europea o de la Organización de Estados americanos, parece razonable que el Gobierno, en función de esas previsiones, no limite el número de minas a conservar, porque mañana podíamos decidir por ejemplo en este Parlamento que 10.000 españolas y españoles de las Fuerzas Armadas participaran en una operación de este tipo, no tuviéramos minas suficientes para realizar las tareas de instrucción y tendríamos quizá la paradoja de tener que adquirirlas fuera para hacer estas previsiones.
En cualquier caso, la medida de información ya contenida en el artículo 3 de nuestra propuesta transaccional no está de más y no supone ningún inconveniente, sino todo lo contrario, lo aceptamos de muy buen grado.
Podemos incorporar también perfectamente un nuevo apartado al artículo 5, señor presidente, introduciendo en sus términos la enmienda número 45, del Grupo Socialista, en el sentido de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias a fin de que los documentos que contienen la doctrina de defensa española excluyan de manera expresa el uso de minas antipersonales. En los trabajos de la ponencia esta redacción generó algún tipo de dificultades, en el sentido de que no podíamos excluir de la instrucción de nuestras Fuerzas Armadas los conceptos de qué es una mina antipersonal, cómo se pone y cómo se quita, porque estábamos preocupados con que precisamente la orientación militar de nuestras Fuerzas Armadas no está orientada en estos momentos, y pienso que desde hace mucho tiempo, a la colocación de campos de minas ni mucho menos a la utilización de estos artefactos como un instrumento de la defensa nacional. España no ha hecho, señorías, como ustedes saben, ningún tipo de reserva a la convención, ni siquiera aquella que otros países quisieron hacer por motivos de la seguridad nacional, y España además no tiene campos minados, ni en sus documentos de estrategia existe ningún tipo de previsión de hacerlo. Por tanto no es ningún inconveniente incorporar las sugerencias del Grupo Socialista en este sentido.
El artículo 6 es nuevo, en el que introducimos las sugerencias, muy acertadas en nuestra opinión, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y de otros grupos parlamentarios de reforzar la posición de España en cuanto a la cooperación internacional y el apoyo a programas para el desminado. Al objeto de alcanzar el más amplio consenso modificaremos algunos verbos, en el sentido de que decíamos nosotros que el Gobierno continuará adoptando, cuantas disposiciones fueren necesarias para seguir comprometiendo. Quizá expresar en una ley que ya lo estamos haciendo, no sea la técnica más adecuada, pero yo creo, señorías, que es muy importante decirlo, porque precisamente España no se ha caracterizado por todo lo contrario, no es España un país beligerante en el mantenimiento de este tipo de artefactos, sino todo lo contrario, y no de ahora sino de siempre, y la posición de nuestras Fuerzas Armadas

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en el concierto internacional es, señorías, de enorme prestigio. No es mérito del Parlamento ni quizá del Gobierno sino del conjunto de la sociedad, y yo creo que es bueno que así lo manifestemos también los diputados de esta Cámara.
En el segundo punto nosotros decíamos: «El Gobierno seguirá incluyendo»...; modificamos el verbo en el sentido de decir «mantendrá la necesaria provisión». El resto del artículo 6 nuevo queda exactamente igual.
La propuesta transaccional que nosotros hacíamos, señor presidente, incluía también la incorporación de una disposición derogatoria, que faltaba en el proyecto de ley, y que diga: «Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.» Creo haber escuchado, señor presidente, al portavoz de Convergència i Unió que sugería la presentación de una nueva disposición adicional segunda, donde de alguna manera señalemos el régimen de sanciones a aplicar. La sugerencia que hace el portavoz de Convergència es muy acertada. Traslademos al texto, señor presidente, y lo haremos ahora cuando terminemos el debate, en sus propios términos o en términos parecidos, el espíritu de la Convención de Ottawa en este sentido: El Gobierno adoptará cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento o represión de las actividades prohibidas por esta ley. Nos parece bastante razonable, puesto que intentar establecer, como algunas enmiendas pretenden, las leyes que son de aplicación podría crear algún tipo de inseguridad jurídica y además obligarnos sin jurisprudencia, sin casos concretos, y por tanto sin la experiencia necesaria para hacerlo, a algunas reformas un poco en el vacío del Código Penal, tan reformado por cierto últimamente en todas las cuestiones. Esperemos a que se produzcan situaciones para hacer las reformas del Código Penal que tengan que hacerse. En cualquier caso, pienso que el ordenamiento jurídico español es suficientemente comprensivo de todo --esto lo digo de manera general-- y por tanto sería de aplicación el Código Civil, el Código Penal, sanciones administrativas, etcétera, todo tipo de situaciones que prevé nuestro ordenamiento jurídico, pero está bien que se introduzcan, como lo hace el Tratado de Ottawa, las posibles sanciones a los incumplimientos de esta ley.
Las enmiendas del Grupo Socialista a la exposición de motivos y lo digo con toda sinceridad, creo que mejoran la exposición de motivos de la ley, dándole coherencia e incorporando aspectos que el propio texto desarrolla y que la exposición de motivos no lo hace, pero nosotros hemos propuesto una redacción alternativa. Nos parece importante que la ley empiece, como el Grupo Socialista pensaba que podría terminar, diciendo unas frases acertadas --y con esto, señor presidente, voy a terminar--, que creo resumen un poco la intención de todos los grupos parlamentarios, y es que esta ley pretende contribuir al objetivo de salvar las vidas de miles de víctimas inocentes, y es expresión de la solidaridad de España con todos los pueblos de la tierra.


El señor PRESIDENTE: Aunque S. S. ha expuesto muy claramente y con suficiente detalle las propuestas de modificación y las transaccionales del Grupo Popular, le agradecería que hiciera llegar a la Mesa el texto definitivo que vamos a someter a votación a las doce menos cuarto, y agradecería al resto de los portavoces que hiciesen llegar también, a la vista de esa transaccional que yo les ruego conozcan antes de que la sometamos a votación, las enmiendas de sus grupos que quedan vivas, porque imagino que va a haber modificaciones.
Por último, señor Izquierdo, no ha tomado posición respecto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Le agradecería que nos dijera cuál es su posición al respecto.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Estas cuestiones siempre han tenido en la Cámara un amplísimo consenso. Nosotros, por tanto, no vamos a discutir al Grupo Socialista la oportunidad de la presentación, puesto que se hace desde la propia legitimidad y estrategia de su grupo parlamentario.
Pensamos no obstante que muchos contenidos de su proposición no de ley están incorporados en la ley que por rango es de bastante más importancia que una no de ley, pero en cualquier caso, señor presidente, y nosotros lo vamos a hacer, todos los portavoces de los grupos parlamentarios estamos preparando una propuesta transaccional para tener la posibilidad de aprobar esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Por tanto, señor presidente, si usted me lo permite, al término de este debate nos reuniremos los portavoces de los grupos parlamentarios para redactar definitivamente la transaccional que ofreceremos al Grupo Socialista al objeto de alcanzar el mejor de los acuerdos.


El señor PRESIDENTE: Quedamos a la espera de esos textos. (El señor Campuzano i Canadès pide la palabra.) Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Simplemente reafirmar lo expresado por el señor Izquierdo, la necesidad de encontrar un texto que permita aprobar por la Comisión lo contenido en la proposición no de ley del Grupo Socialista, en especial en el punto número 4 que es aquel que a todos los grupos nos suscita dudas sobre el contenido preciso de su redacción y esperamos que al final de la sesión podamos ofrecer la transacción.


--SOBRE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LAS VIVIENDAS MILITARES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000750).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para solucionar el problema de las viviendas militares.
El señor Meyer tiene la palabra.


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El señor MEYER PLEITE: Señor Presidente, esta proposición no de ley es complementaria al texto que presentaremos en relación a la Ley de infraestructuras de la defensa, pero entendíamos que dada la importancia social para el colectivo de los funcionarios de Defensa y en general más allá de los funcionarios por la carencia de vivienda y de suelo público para la construcción de viviendas de promoción oficial, era importante presentar esta proposición no de ley sin menoscabo de que después en el debate de la proposición de ley de infraestructuras de la defensa también se incorpore con un criterio más general lo que significaría reservar una parte del suelo para la construcción de viviendas.
En este sentido, la proposición no de ley plantea que la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa está procediendo a la enajenación de suelo con criterios meramente de mercado sin tener en cuenta que también es necesario actuar con criterios sociales, por lo que se debería reservar un porcentaje de suelo que permitiera a los funcionarios del Ministerio de Defensa el acceso a viviendas tras la constitución de cooperativas y contribuir de esta manera a solucionar el problema de estas viviendas militares. Por esto planteábamos reservar en los terrenos gestionados por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa un 20 por ciento en cada provincia para suelo destinado a promoción de viviendas en régimen de cooperativas, que los que acceden a dicha vivienda no tengan limitaciones a disponer posteriormente de las mismas y crear una comisión en el seno de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa que vele por las garantías de eficacia y transparencia de las cooperativas que concurran al suelo.
En este texto, que como digo es complementario a nuestra posición en relación con el proyecto de ley de la Gerencia de Infraestructuras, vamos a defender que se consiga reservar el 50 por ciento del suelo en general para la construcción de viviendas: el 20 por ciento para funcionarios del Ministerio de Defensa, otro 20 por ciento en régimen de cooperativa para la protección oficial y un 10 por ciento para destinar a usos dotacionales de las corporaciones locales. De esta manera, con esta filosofía de preservar un porcentaje del suelo para construcción de vivienda, con este régimen general de protección en un 20 por ciento, un 10 por ciento para corporaciones locales y el otro 10 por ciento para funcionarios de Defensa, recogimos el espíritu y casi la literalidad de las posiciones que vienen defendiendo las federaciones de asociaciones de vecinos en el sentido de instar a las administraciones y en concreto al Ministerio de Defensa, a que efectivamente se pueda preservar un porcentaje de suelo enajenado de la Gerencia de Infraestructuras para conseguir programas de construcción de viviendas tanto para los funcionarios de defensa como para viviendas de protección oficial o para los entes locales.
Con este carácter de complementariedad a lo que va a ser el proyecto de ley de Gerencia de Infraestructuras de Defensa, por la premura de tiempo, por el interés social y por la demanda social que está teniendo, presentamos esta proposición no de ley con voluntad de resolver la carencia que tenemos dentro de lo que son los funcionarios de Defensa de suelo para vivienda y frenar esta lógica mercantilista y poco social a la hora de lo que está siendo la enajenación de suelo del Ministerio de Defensa. Por tanto, ésta es la idea que tenemos y la pretensión al presentar esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a participar en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Socialista el señor Moragues tiene la palabra.


El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, muy brevemente.
El Grupo Socialista en principio no va a apoyar la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por varias razones, algunas de ellas ya las ha explicitado incluso el propio portavoz del grupo parlamentario cuando ha ido cambiando de argumentación a lo largo de su intervención.
En primer lugar el Grupo Socialista no cree que la proposición de ley vaya en la dirección que anuncia su propio enunciado. Estas no son medidas para resolver el problema de las viviendas militares, sino que es una propuesta para resolver algún problema muy concreto de colectivos muy señalados y muy importantes seguramente como es el de funcionarios del Ministerio de Defensa, pero el Grupo Socialista entiende que para tratar el tema con carácter general debe haber propuestas más en el sentido de algunas cuestiones que ha apuntado el propio portavoz del grupo proponente.
El Grupo Socialista piensa que el debate sobre el tema de fondo con el cual sí podemos estar de acuerdo y que plantea la necesidad de reservar suelo procedente de propiedades que han perdido interés para la defensa, debería hacerse --y en esto coincidimos con el señor Meyer-- en el marco de tramitación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre modificación de la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. En este sentido el Grupo Socialista ya ha preparado enmiendas que van en la misma dirección pero que entendemos dar un tratamiento más general, es decir no circunscribe a un colectivo de destinatarios o beneficiarios muy concretos, como el caso de la propuesta que ahora nos ocupa, sino que intenta dar una salida, intenta que las propiedades que han perdido como digo algún interés para la defensa sirvan para resolver problemas de política de vivienda en general y a algún colectivo en particular.
Por todo ello, porque pensamos que esta proposición no de ley no intenta resolver el problema de las viviendas militares que el Ministerio de Defensa tiene planteado en estos momentos, es por lo que, como ya he dicho al principio de la intervención, el Grupo Socialista no va a poder dar el apoyo, máxime si no hay alguna argumentación nueva que pueda producir un cambio en nuestra posición inicial.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular el señor Moreno Bustos tiene la palabra.


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El señor MORENO BUSTOS: Señor Presidente, no es la primera vez, ya que existen bastantes iniciativas parlamentarias especialmente desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y desde el Grupo Mixto, que se solicita de alguna forma el traspaso de la gestión y titularidad de diversos bienes del Ministerio de Defensa a las administraciones locales o autonómicas para su destino a usos civiles. Bien es cierto que también hasta hoy no había ningún antecedente parlamentario concreto que requiriera favorecer a las cooperativas de viviendas para unas determinadas personas, en este caso para los funcionarios del Ministerio de Defensa.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como decía antes su portavoz, presenta una proposición no de ley que en tres puntos pretende instar al Gobierno a reservar en los terrenos gestionados por la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa un 20 por ciento en cada provincia para suelo destinado a promoción de viviendas en régimen de cooperativas constituidas por funcionarios del Ministerio de Defensa con determinadas garantías de eficacia y transparencia.
No sé por qué, no sé si por desconocimiento o por propio error, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida requiere a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa algo que en estos momentos no le compete y digo que no le compete ya que conforme a la Ley de creación de la propia Gerencia de Infraestructuras, la 28/1984, de 31 de julio, su principal finalidad es la enajenación de bienes inmuebles para la obtención de recursos que satisfagan las necesidades en materia de infraestructura, armamento y material, por lo que la patrimonialización de las propiedades puestas a su disposición debe hacerse en las condiciones que garanticen su enajenación con arreglo al valor real de las mismas.
Por otra parte, señor presidente, y para información del Grupo de Izquierda Unida, la adjudicación de suelo a cooperativas constituidas por personal de las Fuerzas Armadas ya se contempla en el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, de creación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, demostrando así uno de los cometidos de dicho organismo autónomo verdaderamente específico.
Por tanto, sin entrar a valorar lo que pueda ocurrir en el futuro con ese proyecto de ley de la gerencia de infraestructuras de la Defensa y una vez, creo, demostrada la inexactitud en el requerimiento del organismo adecuado para la solicitud, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la proposición no de ley.


--SOBRE MEDIDAS PARA CORREGIR LA DESIGUALDAD CREADA ENTRE LOS JOVENES EN EL ULTIMO SORTEO DE EXCEDENTE DE CUPO DEL SERVICIO MILITAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000752).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 4 del orden del día, proposición no de ley sobre medidas para corregir la desigualdad creada entre los jóvenes en el último sorteo de excedentes de cupo del servicio militar. Es una proposición no de ley presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Está claro, señorías, que parte del texto resolutivo de esta proposición no de ley, que se presentó en noviembre de 1997 y que se debate hoy, 20 de mayo, no tiene sentido ya, por el tiempo transcurrido y porque las soluciones que entonces se daban ahora tal vez añadirían dificultades a un problema muy serio que el Ministerio de Defensa creó en el sorteo en relación al excedente de cupo para realizar el servicio militar. Fueron 148.900 jóvenes del reemplazo de 1998 los que sufrieron un sorteo absolutamente irregular, un sorteo que no garantizaba un procedimiento igualitario; por lo tanto, fue un sorteo discriminatorio. Hubo una contestación social inequívoca clara, en el sentido de adoptar medidas rápidas para rectificar este tremendo error de un sorteo con irregularidades por no dar garantías de igualdad a todos los sorteados. Lamentablemente, en su momento, el Ministerio de Defensa no optó por la rectificación rápida, no planteó ninguna medida de exigencia de responsabilidad a los autores de esta chapuza. Meses más tarde convendría, si cabe, aprovechar esta proposición no de ley para lo que todos los grupos parlamentarios convinimos en su momento, que había por lo menos que aprender de lo que significó ese sorteo de 1998 y que en el sorteo de este año tuviéramos en cuenta otras maneras de resolver los próximos excedentes de cupo.
Yo creo que cabría aprovechar de esta proposición no de ley, dentro del espíritu que se recogió de las propuestas de todos los grupos parlamentarios, a partir de este tremendo incidente, los puntos 1 y 4, no el 2 ni el 3, porque ya no tendría sentido, crearían más dificultades de las que hubo en su momento. Y respecto al punto 4 queremos exponer una cuestión que pienso que es aceptada, que por lo menos a raíz de este escándalo el propio Ministerio daba ya como aceptada, y es que en el próximo sorteo se tenga en cuenta a la hora del excedente de cupo un sistema que parta de la realidad laboral, familiar y médica de los jóvenes, para, de forma objetiva, liberar, en función de esas razones, a los jóvenes del servicio militar y el resto, ya no objetivable, que sí fuera mediante un sorteo, pero que garantizara el principio de igualdad.
Manteniendo estos dos puntos y no considerando válidos los puntos 2 y 3 podría ser útil esta proposición no de ley, que en su momento se presentó con la intención de resarcir el daño producido por este sorteo irregular y absolutamente injusto. Dejando los puntos 1 y 4 podría servir para digamos dar carta de naturaleza a lo que todos los grupos parlamentarios acordaron después de este escándalo y es que en el sorteo de este año se tuvieran otros criterios más objetivos a la hora de resolver el excedente de cupo.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista había presentado una enmienda.
Por lo tanto, tiene, en primer lugar, la palabra el señor Caballero.


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El señor CABALLERO SERRANO: Nos enfrentamos hoy a una proposición no de ley que ha perdido, por la fecha en la que nos encontramos, el objetivo que perseguía en el momento de su presentación y que además es coincidente prácticamente en su totalidad con lo que fue otra proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista en el Pleno y que se discutió en el mes de diciembre.
Esta proposición trata de lo que fue el injusto sorteo de los excedentes de cupo que se celebró el 12 de noviembre del año pasado, injusto porque no reunió en ningún caso los principios de equidad, en la medida en que no todos los participantes tenían las mismas posibilidades ni, a pesar de lo que quiera el Gobierno justificar en este sentido, reunía el requisito de publicidad la asignación de un número que aleatoriamente, antes, se hizo a estos jóvenes. La situación de este sorteo nos permitió también conocer ciertas actitudes del Gobierno, sobre todo en cuanto a su negativa en un primer momento a reconocer el error. Incluso cuando la mayoría de los ciudadanos y de los medios de comunicación ya explicaban matemáticamente cuáles habían sido los elementos que habían producido el error, el Gobierno tardó 48 horas en reconocerlo e incluso, en una actitud de no enmendar en ningún caso el error, el propio presidente del Gobierno decía que, si existía algún problema, se atendrían a lo explicitado en los tribunales, sabiendo que los tribunales tardarían muchos años en resolver y que serían muy pocos los jóvenes que reclamarían para que se impusiera lo que era de justicia.
El Grupo Socialista presentó una proposición no de ley en el momento de ocurrir esta situación, una proposición que por tan sólo dos votos no solucionó lo que entonces sí tenía arreglo, repitiendo el sorteo, reconociendo los derechos a los 16.500 jóvenes que habían sido considerados en ese sorteo injusto excedentes de cupo y volviendo a asignar un número nuevo de excedentes para que todos pudieran tener igualdad de oportunidades.
Hoy hemos presentado a esta proposición no de ley una serie de enmiendas, una concretamente de supresión de los puntos 2 y 3, porque entendemos que ocasionaría más problemas que soluciones repetir de nuevo el sorteo.
Pensamos que no procede ni el punto 2 ni el punto 3, repito, y hemos propuesto su supresión. Apoyamos el punto 1 porque es obvio, que se respeten los derechos adquiridos por los 16.500 jóvenes que se consideraron excedentes de cupo y consideramos positivo, y de hecho lo apoyamos también, fundamentalmente el punto 4, para que en el futuro, a la hora de considerar excedentes del cumplimiento de las obligaciones militares, se tengan en cuenta inicialmente y de manera prioritaria criterios de carácter social y de carácter laboral. En ese sentido, nosotros hemos hecho ya una proposición de ley, para que en el futuro las prórrogas de tercera clase, las que tienen que ver con lo laboral, sean más amplias, no sean tan estrictas como hasta ahora; incluso que se puedan solicitar estas prórrogas por disfrutar el joven de un contrato de carácter temporal. Esperamos que en el futuro, como recomendación, se considere en primer lugar, como preferencia, la situación de los jóvenes a nivel laboral o familiar y posteriormente, si sigue siendo necesario, que entendemos que lo será, que se realice un sorteo, en el que no se vuelvan a cometer las mismas chapuzas y que reúna los principios de equidad que se suponía.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Al entender de nuestro grupo parlamentario, en esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida hay que distinguir los apartados que hacen referencia a los problemas derivados en su momento del sorteo. Ya tuvimos ocasión de debatir estas cuestiones en Pleno y en Comisión y los puntos 1, 2, y 3 no pueden encontrar nuestro apoyo. En cambio, el punto 4 es coherente con lo manifestado por el propio Gobierno en los debates mantenidos en el Pleno del Congreso, incluso con las recomendaciones aprobadas hace escasamente una semana por la Comisión Mixta Congreso-Senado, sobre la necesidad de buscar mecanismos que, en una perspectiva de aumento del contingente de jóvenes excedentes de las levas de servicio militar obligatorio, puedan liberarse del mismo y que se tienen que caracterizar por una mayor objetividad que tenga en cuenta las razones personas, familiares, laborales o médicas que afectan a estos jóvenes. Desde ese punto de vista, para nuestro grupo puede ser posible el voto favorable a este cuarto punto planteado por Izquierda Unida, esperando que, en el transcurso de los próximos meses, el Gobierno, cumpliendo aquello que le marca el dictamen de la Comisión Mixta, pueda prever los mecanismos para permitir esta mayor objetivación de los jóvenes para librarse del servicio militar obligatorio.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cárceles.


El señor CARCELES NIETO: Señor presidente, en relación con esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular tiene una cierta dificultad para ser original, pues es un tema ampliamente debatido y propuesto múltiples veces, de manera que es difícil plantear una nueva posición al respecto. Muy recientemente, incluso el presidente del Gobierno ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema.
Nos parece que esta proposición no de ley entraña un cierto oportunismo, con poca responsabilidad. Nos propone tomar una serie de acuerdos, como reconocer los derechos adquiridos de los jóvenes que han sido declarados excedentes de cupo, repetir al colectivo de jóvenes que han sido reclutados un nuevo sorteo para establecer un nuevo excedente en parte proporcional, resolver el vacío de ese excedente incrementándolo en la misma cifra con jóvenes voluntarios profesionales apostando así por un impulso en la profesionalización, contribuir en acortar al máximo el período de transición hacia la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, y, por último, prever en la solución de próximos excedentes de cupo un sistema que parta de la realidad laboral, familiar, etcétera.
En cualquier caso, señor presidente, parece como si desde Izquierda Unida se aplicara una varita mágica para

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decir: Discrepo del sistema del sorteo y, por esta razón, hagamos profesionales a 15.000 personas nuevas. Bien, pero ¿con qué criterio riguroso, después de tener una discusión durante toda la legislatura sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas para establecer unas aportaciones periódicas y conseguir con equilibrios presupuestarios unos resultados concretos? Parece por lo menos frívolo o ligero plantear unas oportunidades de esta naturaleza.
Hablar de establecer un nuevo excedente en parte proporcional tiene también otro criterio, halagar los oídos de quien desea una determinada situación, pero no de la responsabilidad del Estado para atender un problema o una situación. ¿Que se puede discutir el sistema del sorteo? Evidentemente, se puede discutir. Pero de ahí a que sea ilegítimo o ilegal nos parece fuera de lugar, puesto que el principio de igualdad queda garantizado por ese sistema aleatorio de obtención de número. En ningún caso se puede imputar un interés, una parcialidad o una desigualdad interesada por parte del Gobierno. Nosotros entendemos que ha de superarse este bache, este pequeño obstáculo o la discrepancia sobre este asunto, buscar el nuevo horizonte en el que verdaderamente se resuelvan los problemas de profesionalización y tener un nuevo modelo muy novedoso y costoso para el Estado español, pero pensamos que mucho más eficaz.
Solamente nos parece razonable el cuarto punto de la proposición no de ley, prever en la solución de próximos excedentes de cupo un sistema que parta de la realidad laboral, familiar y médica de los jóvenes, para, de forma objetiva, liberar en función de esas razones y el resto mediante sorteo que garantice el principio de igualdad. Sí parece razonable que, en un sistema que tiende a terminar una situación tradicional de reclutamiento, tenga la observación de cuidar determinadas situaciones de desventaja de la población en edad de ser reclutada para que se puedan incorporar a filas y producir así la menor extorsión posible.
Por todas estas razones, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular no va a votar favorablemente esta proposición no de ley, con la observación que acabamos de hacer sobre el cuarto punto. Y si el portavoz de Izquierda Unida estuviera dispuesto a retirar los tres puntos anteriores para mantener éste, con muchísimo gusto podríamos votarla.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A NO ALMACENAR MUNICION O EXPLOSIVOS EN LAS INSTALACIONES MILITARES DE SIERRA DEL RETIN NI EN NINGUNA OTRA PARTE DEL MUNICIPIO DE BARBATE (CADIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000794).


--SOBRE MEDIDAS PARA POTENCIAR EL TURISMO Y LA PESCA EN EL MUNICIPIO DE BARBATE (CADIZ) Y ALEJAR LA PRESENCIA MILITAR DE DICHA ZONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000959).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los puntos 5 y 6 del orden del día, que tienen un idéntico objeto.
Punto número 5: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por la que se insta al Gobierno a no almacenar munición o explosivos en las instalaciones militares de Sierra del Retín ni en ninguna otra parte del municipio de Barbate (Cádiz). Y punto número 6: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para potenciar el turismo y la pesca en el municipio de Barbate (Cádiz) y alejar la presencia militar de dicha zona.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señorías, en el día de ayer la plataforma por el desmantelamiento del campo de tiro de Retín me hizo llegar un comunicado para enviárselo a todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y así lo he hecho.
Como ustedes saben, la plataforma la integran colectivos como el grupo naturalista Breña, la asociación de vecinos El Chinar, la asociación de vecinos Verde y Blanca, asociaciones de vecinos Virgen de la Oliva, Playa de la Laja, asociación de mujeres Olimpia, asociación de amas de casa Virgen del Carmen, asociación La Comunidad, asociación Mujeres de la Amistad, Grecobar, Cofradía de Pescadores, UGT, Comisiones Obreras, Partido Socialista Obrero Español, Partido Andalucista, Nueva Izquierda e Izquierda Unida.
En este texto de la plataforma se pide a SS. SS., a todos los grupos parlamentarios, que hoy se diera respaldo a este proposición no de ley.
Dice: Uno. Que sea confirmada oficialmente la negativa del Ministerio de Defensa a la instalación de un polvorín en el campo de adiestramiento de la sierra del Retín. Dos. El progresivo desmantelamiento del campo de tiro de Retín y el cese de las maniobras militares. Este texto, que tienen todas SS. SS., resume lo que ha sido una lucha muy importante en Barbate para conseguir que este municipio del litoral de Cádiz no fuera un municipio señalado, como al parecer lo está, para convertirse en un complejo de adiestramiento, no solamente para nuestras Fuerzas Armadas, sino para las Fuerzas multinacionales de la OTAN.
Todo indica, señorías, que, en una evolución lenta pero constante, este municipio, que vive de la pesca y del turismo, parece que ha sido señalado, como decía anteriormente, para convertirlo en un territorio de adiestramiento para la OTAN, de adiestramiento permanente para los ejércitos multinacionales. Tan es así que, tanto en las últimas maniobras de la OTAN, las más importantes después de la guerra fría, «Strong Resolve-98», como en las últimas, «Destined Glory-98», este municipio, junto con muy pocos más en el conjunto de Europa, se utiliza para adiestramiento de desembarcos anfibios, de ocupación de playas y de territorio, en un diseño, que parece que prevalece en estos momentos en la OTAN, de un adiestramiento permanente para una posible acción fuera del artículo 5 hacia zonas fuera de los límites OTAN, del Mediterráneo, de Africa, etcétera.


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Tal vez por esa configuración especial de las costas de Barbate, configuración muy parecida a la de las costas de Africa y del Mediterráneo, de forma aleatoria pero definitiva para este pueblo, se le ha señalado como que tiene las características para recibir estos contingentes de barcos de guerra y maniobras permanentes. Este fin de semana pasado, más de 20 barcos de guerra estaban desarrollando maniobras, con todas las repercusiones negativas para la población. La población no quiere que se le militarice. La población, en su mayoría, no quiere que se use el municipio de Barbate como municipio de adiestramiento de la categoría que está adquiriendo. El municipio de Barbate quiere que se vaya desmilitarizando progresivamente la sierra del Retín y el municipio de Barbate impulsó, desde hace más de seis meses, todo tipo de manifestaciones, concentraciones, acuerdos plenarios, para evitar lo que pretendía el Ministerio de Defensa, aunque parece que ha dado marcha atrás, que era trasladar a la sierra del Retín el polvorín que surtía de munición al TEAR y ubicado en San Fernando.
El Ministerio de Defensa, en un principio, daba por definitivo este paso, trasladar el polvorín de San Fernando al Retín. En contestación que dio el Gobierno a este portavoz venía a decir que efectivamente la pretensión del Ministerio de Defensa era trasladar el polvorín del TEAR a la sierra del Retín. Incluso, el Gobierno me datallaba en esa contestación el tipo de munición que iría destinada a este polvorín como almacén de todo lo que significa la munición del TEAR. Indudablemente, como todo polvorín de la infantería de marina, entraba todo, gran munición, pequeña munición, misiles contra carro, munición para carros de combate, lo que significa un polvorín de estas características.
En estos meses, el pueblo de Barbate se ha movilizado como nunca a lo largo de la historia de la democracia. Más de 5.000 vecinos y vecinas hicieron una manifestación importantísima el sábado 20 de diciembre de 1997, para oponerse a que se instalara el polvorín en la sierra del Retín. A partir de ahí, se ha ido evolucionando y, por las noticias que tenemos, porque así lo anunció el Partido Popular en la provincia de Cádiz, parece que el Ministerio de Defensa desiste de instalar el polvorín en la sierra del Retín. De ser así --y espero que hoy se confirme por el portavoz del Partido Popular en esta comisión para darle ya carta de formalidad--, si se confirma que el Ministerio de Defensa oye a la población de Barbate, a las manifestaciones populares y a la propia corporación local, tendríamos que celebrar que efectivamente se dé marcha atrás y que no se instale este polvorín que no tiene el apoyo ni el beneplácito de la corporación local, la autoridad local, ni de los vecinos, que se han manifestado, como decía, como nunca se había conocido en el municipio de Barbate.
Si el portavoz del Partido Popular lo confirma, y espero que sea así, no habría ningún problema para la aprobación del primer punto de esta proposición no de ley, es decir, conseguir que no se almacene munición ni explosivos en las instalaciones militares de la sierra del Retín ni en ninguna otra parte del municipio de Barbate.
Respecto a los otros dos puntos, recogiendo también el espíritu del pueblo de Barbate y de sus instituciones, sería necesario instar al Gobierno a que se presente un estudio a esta Cámara para la desafectación progresiva de la sierra del Retín como uso militar. Esta es una reivindicación que digamos nace al hilo de estas movilizaciones y que se ha convertido en una reivindicación del mismo nivel que la oposición a instalar el polvorín en la sierra del Retín. De la misma manera, en el punto 3, de forma taxativa --y así nos lo hace llegar la plataforma a todos los portavoces--, se solicita el cese de las maniobras militares en el municipio de Barbate y que Barbate no se convierta en el pueblo idóneo, señalado por OTAN, señalado por el Ministerio de Defensa, en el más apto para recibir periódicamente, cada tres meses, cada seis meses, veinte barcos de guerra para adiestramiento de desembarco anfibio.
Este es el espíritu de la proposición no de ley. Es sencillamente una reivindicación de un pueblo que no quiere que se le militarice, que no quiere esa decisión, tomada no se sabe dónde, de convertirlo en un pueblo fundamental para el diseño OTAN de operaciones fuera del artículo 5, etcétera. No quiere que se le militarice y quiere que se rectifique en relación a su futuro. El futuro de Barbate, según los barbateños y barbateñas, no pasa por su militarización, sino por una apuesta decidida por el turismo, por la pesca, por la producción natural de este pueblo pacífico de la provincia de Cádiz.
Lo que ha hecho hoy Izquierda Unida ha sido simplemente actuar como notario. Es decir, hemos levantado un acta notarial recogiendo la opinión de la plataforma en su conjunto --en la primera parte de mi intervención, he leído quién forma parte de la plataforma-- y, más allá de los que forman parte de la plataforma, esas manifestaciones multitudinarias del pueblo de Barbate para oponerse con rotundidad a su militarización en las tres vertientes: uno, evitar convertir la sierra del Retín en un polvorín del TEAR. Dos, desmilitarización de la sierra del Retín de forma progresiva. Y tres, que se acaben las maniobras militares en el término municipal de Barbate.
Espero de la sensibilidad de SS. SS. que el pueblo de Barbate pueda recibir hoy con satisfacción que en esta Cámara se recoge el sentir del pueblo de Barbate en su conjunto y que seamos capaces de dar respuesta a los tres puntos que plantea esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su proposición no de ley y por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: De forma muy breve, quiero insistir en el argumento que daba anteriormente el señor Meyer sobre que el municipio de Barbate es un municipio que no sólo vive del turismo y de la pesca, sino que tiene grandes potencialidades económicas en ese campo, y que estas posibilidades vienen limitadas o cercenadas por la presencia en la zona de maniobras militares, en la sierra del Retín, y por la presencia de barcos de la Armada en la costa. Esta situación se puede ver agravada por el anuncio de la instalación de un polvorín en el término municipal, a pesar de que parece que este proyecto se ha paralizado o no se va a realizar.


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Ha habido diversas e importantes movilizaciones y los diputados y diputadas de Nueva Izquierda-Iniciativa planteamos una proposición no de ley con cuatro puntos. El primero es que no se lleve a cabo la instalación del anunciado polvorín y que no se almacene munición ni explosivos en el mismo, es decir, la paralización del proyecto que se ha anunciado. El segundo propone una serie de medidas que signifiquen la desmilitarización de la vida cotidiana en Barbate, la no circulación de vehículos militares en el casco urbano, evitar vuelos de aviones militares a baja altura o que no siga la aproximación a la costa de los barcos de la Armada que hoy existe. El tercer punto es que se redacte un estudio para que se acabe con la utilización de la sierra del Retín como zona militar. Y el cuarto sería que se contemplaran todas las medidas que fueran oportunas para la regeneración del litoral que permita recuperar los recursos pesqueros.
Pensamos que alguna de estas propuestas va a poder ser aprobada hoy. En todo caso, insistimos en que se trata de iniciativas que tienen como objeto fundamental permitir un desarrollo normal y cotidiano del municipio de Barbate.


El señor PRESIDENTE: A estas dos proposiciones no de ley, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda conjunta de sustitución. Para su defensa, tiene la palabra el señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en el fondo con los textos de las proposiciones no de ley presentadas tanto por el Grupo Mixto como por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero quizás la rigidez del planteamiento de la proposición no de ley de Izquierda Unida y la falta de alternativas que ofrece nos hacen rechazarla. De ahí que hayamos presentado esta enmienda de sustitución, porque consideramos que en ella se conjuga adecuadamente las legítimas peticiones y aspiraciones de los vecinos de Barbate con la necesidad de tener presente alternativas a la defensa nacional.
El Partido Socialista y los diputados socialistas de la provincia de Cádiz hemos mantenido una línea de entendimiento y de apoyo a la plataforma para el desmantelamiento del campo del Retín. Hemos presentado iniciativas parlamentarias en forma de preguntas para que las intenciones que tenía el Gobierno de llevar a cabo un almacenamiento o la construcción de un polvorín en la zona, al parecer, se quedara --y hoy podemos, como ya ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, verificarlo, oficialmente-- en el camino. Y digo al parecer porque en una respuesta parlamentaria muy reciente, del 23 de abril de 1998, el Gobierno me trasladaba la necesidad de esa instalación y lo daba por hecho. Hoy, día 20 de mayo, según anunció el portavoz del Partido Popular en la provincia de Cádiz, eso no se va a llevar a cabo. Por tanto, ha habido un cambio en los planteamientos iniciales del Gobierno. Nosotros hemos contribuido, como Partido Socialista, a ese cambio, que es positivo para los intereses de los vecinos de Barbate y que está en línea con la petición que se hacía desde la plataforma que se constituyó al efecto.
Por otra parte, es cierto que el municipio de Barbate ya ha pagado suficientemente su contribución a la defensa nacional, pues desde el año 1981 se viene utilizando una parte muy importante de su término municipal para fines de la defensa nacional. Además, ello ha permitido mantener un adecuado nivel de adiestramiento de las fuerzas anfibias y de las unidades de infantería de marina. En definitiva, el término municipal de Barbate, que es un municipio eminentemente turístico y pesquero, ha contribuido ya suficientemente con el apoyo que todo municipio tiene que prestar si se lo pide la defensa nacional para los fines de utilización del Ministerio de Defensa.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que se debe proceder a valorar, mediante un estudio de carácter público, las previsiones de futuro y las alternativas que se tiene para la continuidad de este tipo de instalaciones en la zona. Consideramos que eso se tiene que hacer en el marco de la reestructuración de las Fuerzas Armadas y teniendo en cuenta los intereses de la defensa nacional. No nos podemos olvidar de ello, porque hemos sido Gobierno, aspiramos a serlo, y no queremos caer en el error, como han caído los representantes del actual Gobierno, de trasladar a los ciudadanos que hoy estamos en contra y mañana, cuando gobernemos, vamos a estar a favor. Queremos ser sinceros en este sentido.
Consideramos que se ha contribuido suficientemente, que hay que estudiar unas alternativas de futuro y por eso solicitamos un estudio de carácter público por parte del Ministerio de Defensa para que se llegue a unas conclusiones definitivas.
Igualmente consideramos muy importante --y es el punto dos de la enmienda de sustitución-- que esos planes que tiene que llevar a cabo el Ministerio de Defensa se hagan teniendo en cuenta las legítimas aspiraciones y las alternativas que ofrecen los representantes municipales, conjugando los intereses de los ciudadanos de Barbate y la participación de todas las administraciones implicadas, local, autonómica y central; que se contemple el respeto al medio ambiente, la necesidad de explotar mejor los recursos turísticos, los recursos pesqueros y la regeneración del litoral, todo ello, apoyado con el desarrollo de un plan de medidas económicas y sociales para el municipio de la zona.
Solicitamos también que se reduzcan al mínimo los inconvenientes que plantean actualmente los ejercicios militares en el campo de maniobras, que se adopten al máximo las normas de seguridad aplicables y las consiguientes comunicaciones a las autoridades locales en lo referente a circulación de vehículos militares por el casco urbano de Barbate, a los vuelos rasantes y a la excesiva aproximación a las costas de los barcos de la Armada.
Nos parece que con nuestra enmienda de sustitución se da satisfacción a las legítimas aspiraciones del pueblo de Barbate, que, como bien decía el representante de Izquierda Unida, se ha manifestado públicamente en los últimos meses en contra de la situación actual y sobre todo del proyecto de instalación de un polvorín. Confiamos en que ahora el portavoz del Partido Popular haga oficial lo dicho allí por su representante en la provincia. Por eso decimos que nuestra propuesta conjuga adecuadamente esa alternativa

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de futuro que debe ofrecer el Ministerio de Defensa con las legítimas aspiraciones. Consideramos que el futuro del municipio de Barbate no pasa por su militarización, sino por el desarrollo del turismo y por una mejor explotación de los recursos pesqueros. Con esta enmienda de sustitución se puede dar salida, no de una manera drástica, como se hace en la iniciativa de Izquierda Unida, entendemos nosotros, sino de una manera razonada, a través de unas previsiones de futuro y de un plan que instamos a que se elabore mediante un estudio de carácter público que tenga en cuenta todo lo que acabo de decir.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.


El señor GUTIERREZ MOLINA: En primer lugar, y como ya era esperado, quiero hacer constar que efectivamente se ha eliminado el proyecto de construcción del polvorín, con lo cual, espero saciar la curiosidad y quitar la preocupación de los señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han hecho esta pregunta y que han expuesto esta preocupación. Por criterios meramente de exposición, considere la proposición no de ley que formula el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la desafectación de la sierra del Retín como uso militar y la no realización de maniobras militares en el municipio de Barbate. Sin entrar en los aspectos técnicos que a continuación expondremos, por los cuales mi grupo parlamentario va a rechazar dicha proposición no de ley, nos parece poco riguroso que se enfrenten términos de desarrollo de una determinada comarca con la realización de determinadas maniobras militares. No entendemos, seguramente por nuestra torpeza, por qué se enfrentan ambos conceptos que nos parece que no tienen nada que ver y sobre todo que no tienen por qué ser antagónicos.
Como luego intentaré explicar al considerar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, desde el punto de vista medioambiental, por la mención hecha al desarrollo turístico, de medio ambiente, social, económico, etcétera, creemos justamente lo contrario, que la reserva a favor del Ministerio de Defensa de determinadas parcelas o áreas de la sierra del Retín, al igual que ha ocurrido en amplias zonas de Tarifa y de Zahara de los Atunes, y ahora es ocioso señalarlo, que son emporios turísticos de primera envergadura. Esta reserva a favor del Ministerio de Defensa ha contribuido, de forma notable, a la conservación de los valores naturales, preservándolos del urbanismo, de la presión de otros usos incluso más perjudiciales por lo intensivo, incluida la pesca de una manera aleatoria y sin ningún control, como puede comprobarse, señor presidente, por el desarrollo que dichas zonas tienen, comparándolas con las zonas próximas que no han tenido tal reserva.
Me interesaba partir de este punto de visa, con independencia de los aspectos técnicos a los que antes hice mención. Y otros portavoces lo han dicho. También me parece que es mezclar de una manera un tanto recurrente dos conceptos que aquí se han expresado, el de militarización con los fines de la defensa nacional. Nos parece que estos conceptos, conjugados de una manera un poco aleatoria o superficial, pueden hacernos confundir la esencia del debate.
En cualquier caso, señor presidente, nosotros decíamos antes que íbamos a examinar los aspectos técnicos por los cuales el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso iba a rechazar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Ciertamente, la existencia del campo de adiestramiento sigue siendo imprescindible para la Armada. El adiestramiento que se lleva a cabo comprende una serie de actuaciones de las que aquí se ha hablado como si fueran actuaciones un tanto extraordinarias o que generaran una incertidumbre mayor que la que producen otros campos de tiro o centros a los que se referían otras proposiciones no de ley que hemos discutido aquí, como puede ser el desembarco anfibio con la utilización de embarcaciones, las maniobras en tierra de las tropas que han desembarcado y el empleo de armas de fuego, incluso algunas de grueso calibre, y equipos en general. Como cada vez que ha surgido este problema en esta Comisión, hay que enfatizar una vez más --creo que no por reiterado deja de tener actualidad-- que todos estos ejercicios se realizan de acuerdo con unas normas con las que se cuida el medio ambiente, se atiende la seguridad del personal y del material y se procura que los inconvenientes que se produzcan a la población civil sean mínimos.
Dicho esto y recordando algo que los señores portavoces sin duda saben, es decir, que en ningún otro lugar del municipio de Barbate se almacena ningún tipo de munición y que, desde luego, es especialmente importante la persistencia de este campo porque es irreemplazable, por su necesidad para el adiestramiento de las fuerzas anfibias y de infantería de marina y porque todas estas características no alteran las condiciones de uso del campo, junto con lo que hemos dicho al principio respecto a que se ha eliminado el proyecto de construcción del polvorín --quiero dejarlo claro, enfatizando lo manifestado al inicio de mi exposición--, nos parecen argumentos más que suficientes para no tener en cuenta la proposición no de ley de Izquierda Unida.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, nos parece que coincide sustancialmente con la presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, respecto a la que acabamos de fijar nuestra posición, con una serie de salvedades que me interesa, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, dejar suficientemente explicadas, señor presidente.
Se ha hablado aquí de la esquilmación del litoral pesquero y de la necesidad de suprimir el tránsito de determinados vehículos por el centro urbano de Barbate. Quiero señalar que nada de esto se está realizando.
Las aproximaciones de barcos o de aviones --como ya he dicho al debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-- tienen la suficiente garantía de que las molestias a la población civil sean mínimas, cuando no inexistentes. Desde luego, poco se compadece lo que se decía aquí de la esquilmación del litoral pesquero de Barbate con lo que señalaba ayer la prensa de Cádiz, precisamente al hablar de que, diez años después, la lonja de Barbate vuelve a controlar la venta del atún de almadraba.


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En este momento se están realizando maniobras militares en Barbate y poco se compadecen estas posibles objeciones con una presunta esquilmación --hemos visto que no es así-- del mercado de pesca o impacto medioambiental.
Señor presidente, no voy a repetir --para no ser excesivamente prolijo en la explicación-- lo difícil que nos resulta entender que se hable de impacto medioambiental --insistimos, una vez más, al contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto--, porque precisamente opinamos que esta reserva de la sierra del Retín a favor del Ministerio de Defensa ha contribuido --lo dijimos antes y lo volvemos a decir ahora-- de una forma decisiva a la conservación de sus valores naturales, porque ha preservado la zona de otros impactos medioambientales todavía más deletéreos, como es el urbanismo realizado de una manera arbitraria y la presión de otros usos intensivos que a largo plazo pueden ser más perjudiciales.
Señor presidente, precisamente porque los argumentos que esbozaba el Grupo Parlamentario Mixto coinciden en gran medida con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y porque ya hemos dicho --y reiteramos una vez más-- que este campo en este momento es fundamental para la formación de la Armada, porque no es posible su sustitución por ningún otro campo de maniobra del Ejército de Tierra o del Aire ni su traslado a ningún otro punto del litoral, no vamos a dar nuestro voto favorable a la proposición no de ley que formula el Grupo Parlamentario Mixto sobre medidas para no almacenar munición o explosivos en el municipio de Barbate, prohibir la circulación de vehículos militares por su caso urbano --como acabo de señalar, no es así--, acabar con la utilización de la sierra del Retín como zona militar y acometer la regeneración del litoral para recuperar los recursos pesqueros.


El señor PRESIDENTE: A los efectos de expresar la aceptación o rechazo de la enmienda conjunta del Grupo Socialista, doy la palabra, en primer lugar, al señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Decía el portavoz del Grupo Socialista que la proposición no de ley de Izquierda Unida es rígida y yo tengo que reconocer que sí lo es porque no nos pertenece, no pertenece a este grupo. Esta proposición no de ley pertenece a la plataforma de los vecinos de Barbate, de la que formamos parte como grupo, como también formaban parte Nueva Izquierda y el Partido Socialista Obrero Español.
Por lo tanto, como no nos pertenece, no somos dueños de esta proposición no de ley y no vamos a aceptar ninguna enmienda de sustitución. Además, la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, si había que caracterizarla por algo, no es precisamente por su rigidez en relación con la reivindicación del pueblo de Barbate, sino por su laxitud, puesto que no resuelve ni se pronuncia por la desmilitarización. No se trata --como plantea el Grupo Socialista en el punto 3 de su enmienda de sustitución-- de evitar o reducir al mínimo los inconvenientes que plantean las maniobras militares. Se trata de posicionarse claramente en esta Cámara en contra de las maniobras militares. La plataforma, el pueblo de Barbate lo que no quiere es que se celebren maniobras militares en su término municipal. Por lo tanto, esta enmienda de sustitución no va en la línea de lo que plantea la plataforma, de una clara desmitalirización del término municipal, sino en la línea de la complementariedad, transitoria, con esta militarización del término municipal de Barbate. Desde ese punto de vista, no podemos asumirla porque --insisto-- no somos propietarios de la proposición no de ley, ya no es nuestra. En la comunicación que la plataforma ha hecho llegar a todos los grupos plantea con claridad que se tenga a bien respaldar esta proposición no de ley, no que se la sustituya por otro texto que deje más difuminado el objetivo de la iniciativa. Por lo tanto, no podemos aceptar esta enmienda de sustitución del Grupo Socialista. Creemos que, hoy más que nunca, estamos obligados a llevar hasta el final este debate en la Cámara, que empezó en el mes de diciembre por parte de nuestro grupo, en cuanto tuvimos conocimiento de la instalación del polvorín en Barbate.
Hemos estado al pie del cañón --nunca tan bien dicho--, con todas las manifestaciones y concentraciones de la plataforma y desde luego no vamos a defraudar el sentido de la misma y vamos a llevar hasta el final esta proposición no de ley. En esos términos me pronuncio, no vamos a votar la enmienda de sustitución, porque no nos parece que recoja el espíritu de estas manifestaciones y movilizaciones de la plataforma y nos quedamos con nuestro texto.


El señor PRESIDENTE: A los mismos efectos, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Simplemente, para decir que no aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: En su momento votaremos por separado ambas proposiciones no de ley en los textos originales presentados por los respectivos grupos parlamentarios.


--SOBRE ADAPTACION DE LA ASOCIACION MUTUA BENEFICA DE LA ARMADA (AMBAR).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 161/000964).


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al punto séptimo del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre adaptación de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada (AMBAR).
Para la presentación de la proposición, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Como saben SS. SS., la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, denominada AMBAR, fue creada por Decreto-ley el 24 de junio de 1949, al amparo de la Ley de Mutualidades, y prácticamente a partir de su creación en el año 1949 se desarrolló conforme a las características propias de la época, la obligatoriedad

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de incorporación y nula participación en los órganos rectores de los mutualistas, es decir, en el consejo de gobierno y comisión ejecutiva, y en ese momento inicial estaba circunscrita solamente al personal militar de la Armada. Una modificación normativa del año 1980 vino a incorporar con carácter obligatorio a los funcionarios civiles adscritos a los cuerpos especiales de ingenieros técnicos, maestros y oficiales de arsenales, y mecánicos-conductores, y su inclusión obligatoria en AMBAR se produjo cuando la relación activos-pasivos señalaba una imposibilidad manifiesta de realizar su objetivo social y presentaba una tendencia decreciente irreversible. No obstante, señorías, dicha incorporación de funcionarios civiles pervivió hasta nuestros días con la composición en exclusiva y la clave de jerarquía militar de sus órganos de dirección, es decir, por un lado, la incorporación de funcionarios civiles se hacía obligatoria, pero la configuración de los órganos de gobierno era exclusivamente de jerarquía militar.
El AMBAR, señorías, ha venido adoleciendo desde su fecha de creación de una carencia en puntos de instancias reales de control. Desde el punto de vista interno no había ningún mecanismo de intervención o participación al alcance de los mutualistas y pensionistas, y, por lo que se refiere al control externo, la gestión de la Asociación ha permanecido ajena a la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, así como a la vigilancia en un primer momento del Ministerio de Trabajo y, posteriormente, del Ministerio de Economía y Hacienda prevista para las mutualidades de previsión social.
En la actualidad, se halla en muy avanzado proceso de tramitación para su posterior elevación al Consejo de Ministros el proyecto de real decreto de adaptación de la Asociación Mutua a la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de organización y supervisión de los seguros privados, y las líneas básicas son conocidas a partir de la aplicación de esta normativa. Por lo tanto, para resolver con claridad ese desfase en cuanto a la participación de los mutualistas y la democratización de sus órganos, se presenta esta proposición no de ley, que consta de cinco puntos: en primer lugar, la convocatoria inmediata de la asamblea general de socios en la forma prevista en los artículos 29 y 39 del reglamento, por ser la única instancia legítima que puede decidir la adaptación del AMBAR a la Ley 30/1995; en segundo lugar, promover la sustitución provisional de sus órganos de administración; en tercer lugar, ordenar a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda el ejercicio de control financiero y de solvencia de la Asociación. En cuarto lugar, adoptar las medidas oportunas para reintegrar a su patrimonio el importe actualizado de lo indebidamente percibido por los miembros de sus órganos de administración, y, en quinto, lugar, adoptar también las medidas oportunas para reponer el patrimonio de todos los quebrantos que se le hubiesen ocasionado como consecuencia de la gestión del consejo de gobierno y de la comisión ejecutiva, de forma que los mutualistas y beneficiarios resulten indemnes por sus actuaciones.
Esta proposición no de ley, señorías, va en la línea de democratizar la Asociación Mutua Benéfica de la Armada y de garantizar con la aplicación de la legislación vigente tanto esa democratización como que se ponga en macha un mecanismo que asegure a todos los mutualistas el futuro de la propia Asociación Mutua Benéfica de la Armada.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Borreiros.


El señor BORREIROS FERNANDEZ: Varias han sido las iniciativas que ha presentado el Grupo Socialista sobre la Asociación Mutua Benéfica de la Armada desde su estado contable y patrimonial al reconocimiento de los derechos adquiridos de los mutualistas. Se trata de una Asociación añeja, creada, en el año 1949, con personalidad jurídica propia y que debe asegurar los beneficios de previsión social en pensiones de reserva y retiro, viudedad, orfandad, etcétera, los cuales deben ser para mutualistas que pertenecen obligatoriamente a la Asociación, y no sólo que pertenezcan a la misma, sino lógicamente que hayan contribuido y contribuyan obligatoriamente, tanto oficiales, suboficiales, asimilados y personal de la antigua Maestranza y cuerpos especiales. Por lo tanto, hasta ahora, el imperativo legal de la AMBAR posibilita que deba modernizarse. Hasta ahora también los órganos de gobierno estaban compuestos exclusivamente por jefes, almirantes y generales; no participaban los demás oficiales ni los suboficiales ni personal civil adscrito a la Armada.
Nosotros estamos de acuerdo en que el Gobierno se debe responsabilizar, a tenor de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, y que exista un período de adaptación para actualizar el funcionamiento, las cuotas, prestaciones, nuevos estatutos, incluso la viabilidad o no, es decir, su disolución o no. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que tiene que convocarse esa asamblea. En esta etapa deseamos que las aportaciones de los mutualistas, que son obligatorias, se hallen garantizadas por la mutualidad y por el Gobierno, toda vez que los propios mutualistas en su generalidad no han participado en las múltiples reformas de la AMBAR en las distintas oportunidades que han tenido en los últimos años para modernizarse de cara al futuro de esa mutualidad tanto en lo que se refiere a las aportaciones en forma de pensión a los pasivos como a la cuota de los activos, que en la actualidad tienen que constituir derechos adquiridos como ha ocurrido en otras instituciones de este tipo, y en este caso me refiero a la Muface, por ejemplo. En los años ochenta, el Estado se ha hecho protagonista y responsable del posible ajuste contable y financiero de los mutualistas. Por eso, para nosotros es preciso que el Gobierno no se evada ni se inhiba, ya que en definitiva es el propio Ministerio de Defensa, con los nombramientos y con la garantía de viabilidad de esta Mutualidad, el que a lo largo de los años fue responsable.
Nosotros presentamos una enmienda de sustitución a los puntos 2, 3 y 4.
El grupo parlamentario proponente adopta en esos tres puntos la expresión «sin perjuicio» y nosotros, al estar de acuerdo con la constitución y la proclamación de la asamblea, lo que decimos es que ésta es la garante y la soberana del futuro de esa mutualidad. Lo que propone la enmienda es que el Gobierno garantice y asegure

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la legislación vigente, esto es, que los propios mutualistas decidan el futuro de la Asociación, para lo cual debe poner a disposición de todos los mutualistas los medios precisos para tal fin sin interferencias de ningún tipo y con la información administrativa, contable, financiera y de cumplimiento reglamentario, conforme a lo dispuesto en la ley a que me he referido y en las reglas generales para las demás instituciones públicas del país.
El Grupo Socialista estima oportuna la adaptación modernizadora de la AMBAR sin perder el derecho de sus mutualistas, que han cotizado por obligación en su día o en la actualidad, y creemos que es precisamente el partido que apoya al Gobierno o los grupos que apoyan al Gobierno los que se deben comprometer aquí para que el reconocimiento práctico de esos derechos sea estable y haya garantía de que sean efectivos en los próximos meses.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor presidente, este portavoz no tiene inconveniente en fijar su posición, pero para hacerlo creemos que sería prudente conocer si el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a aceptar o no la enmienda que se propone desde el Grupo Parlamentario Socialista, si es posible.


El señor PRESIDENTE: Si el señor Meyer no tiene inconveniente, el turno de aceptación o rechazo de la enmienda lo puede consumir ahora mismo.
Tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Nosotros vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Si ya le quedan claras las circunstancias, tiene la palabra señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Es de reseñar, en primer lugar, el talante y la disposición que presenta la actual Mesa de esta Cámara al permitirnos tratar en Comisión esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, porque han sido múltiples las iniciativas que ha presentado este grupo parlamentario cuando era oposición y en la anterior legislatura, pero que se han quedado durmiendo el sueño de los justos o de los injustos, por decirlo de alguna manera.
Para una mejor clarificación de nuestra posición a la hora de votarla, he de hacer algunas precisiones que me parece conveniente aclarar al proponente.
Es rigurosamente exacta la fecha que él nos ha dado sobre la creación de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada. Nosotros valoramos positivamente que se haya presentado esta proposición no de ley, pero como reza en su propio nombre, esta institución es benéfica, por tanto, regida e inspirada por el espíritu de solidaridad, y basándonos en ese espíritu tenemos que remitirnos al año 1954 para observar la permisión de ingreso de personal civil en esta Asociación, y no al año 1980. Fue un decreto-ley aprobado, como digo, el 23 de abril del año 1954, que además permitió el ingreso de personal civil con efectos de 1 de enero. De este modo ingresaron el personal de la Maestranza y la segunda sección del cuerpo de auxiliares de servicios técnicos de la Armada, declarado a extinguir. Por otra parte hay que reseñar que estos dos cuerpos estaban conformados íntegramente por personal civil. Distintas disposiciones posteriores han seguido permitiendo entrada de personal civil adscrito a distintos cuerpos.
Está muy bien --lo entendemos y compartimos, pero tenemos que puntualizarlo-- que por parte del ponente del Grupo Socialista se diga que se han presentado muchas iniciativas y que se manifieste una sensibilidad, estimable por nuestra parte, pero sin duda calificable también. El Grupo Parlamentario Socialista lo que tenía que haber hecho no era presentar iniciativas, sino adoptar medidas tendentes a resolver los problemas que esta Asociación pudiese tener dentro de su ámbito de circunscripción. La responsabilidad de Gobierno que ellos han ocupado les obligaba, por ley y por moral, a haber adoptado estas decisiones y no haberlas dejado ir muriendo poco a poco, como ha sucedido con las asociaciones del Ejército de Tierra o del Aire, cosa que también hubiese sucedido en esta ocasión con la de la Armada si no se hubiesen adoptado en su momento y por este Gobierno las medidas que nos han dejado tomar, porque estaban ya cercenadas en muchos de sus puntos. En definitiva, lo que nos han dejado aquí ha sido una bomba con espoleta retardada al aprobar una ley con un período transitorio que nosotros nos vemos en la obligación de modificar o de adaptar, como el proyecto de decreto contempla actualmente.
Lo que en realidad disponía el Real Decreto 1966/1980 es, como bien dice el ponente de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el ingreso forzoso del personal de los cuerpos especiales de ingeniería técnica, maestros y oficiales de arsenales, pero también y con carácter voluntario, y me interesa resaltarlo, del personal de funcionarios civiles de la Administración militar pertenecientes a los cuerpos generales administrativo, auxiliar y subalterno que prestaban sus servicios en la Armada. Por ello, hay que resaltar que un importante número de personal de estos cuerpos especiales ya estaba adscrito a esta Asociación por proceder de la antigua Maestranza.
Tampoco es verdad, como se manifiesta en la exposición de motivos de la proposición no de ley, que la relación de activos/pasivos que en aquel momento figuraban como asociados no permitiese obtener los fines sociales que la Asociación tenía estatutariamente contemplados, pues la realidad era en aquel preciso momento de 2,2 activos por cada pasivo. Las condiciones que se establecieron para el ingreso de nuevo personal fueron realmente favorables, dada la avanzada edad que en la mayor parte de los casos tenían los mutualistas.
En lo referente a los mecanismos de control también hay que puntualizar algo importante y, a nuestro juicio, definitivo. La AMBAR está sometida a un régimen jurídico administrativo diferente del que regía para las mutualidades de previsión social de tipo asociativo, por ser la Asociación

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persona de derecho público y de creación estatal y no una mera persona de derecho privado. Por tanto y en este caso el control corresponde al Ministerio entonces de Marina y hoy de Defensa, y así se manifiesta en la resolución de recursos administrativos, en la aprobación de presupuestos de ingresos y gastos y en los porcentajes sobre el sueldo regulador que haya que aplicar para determinar pensiones y otros auxilios. Además, por no recibir cantidad alguna de los Presupuestos Generales del Estado sino de las aportaciones de los mutualistas, el Tribunal de Cuentas no tiene ninguna intervención fiscalizadora que realizar, y si hubiese alguna duda sobre su carácter y naturaleza públicos con sometimiento a la tutela del Ministerio de Defensa, hay jurisprudencia suficiente para cotejar y comprobar que este efecto es así: la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1990; de la Audiencia Nacional, de 8 de marzo de 1986 y de 11 de noviembre de 1996; y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 6 de junio de 1994, en la que se afirma y se reconoce que la AMBAR está expresamente excluida del campo de aplicación de la Ley 33/1984.
Después de comprobados todos estos puntos nada impide, señorías, la convocatoria de una asamblea general, que incluso está prevista en el proyecto de real decreto de adaptación, pero lo más razonable nos parece que esta asamblea se realice una vez que entre en vigor y culmine esta adaptación a la Ley 30/1995.
En lo referente a la devolución de cuotas sólo basta con leer el reglamento para comprobar que no prevé reintegro alguno, tal y como afirma el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de febrero de 1996, al resolver un recurso de casación para la unificación de doctrina. Esta sentencia denegaba expresamente la devolución de cuotas solicitada por un mutualista.
Señor presidente, para ir terminando señalaré que con la entrada en vigor de esta Ley de referencia, la 30/1995, de ordenación y supervisión de los seguros privados, se regula un único tipo de mutualidades de previsión social, las que rigen concretamente los artículos 64 y siguientes, pero en el apartado 3 de su disposición transitoria quinta dice textualmente: «Las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado, incluso las referidas en las disposiciones transitorias cuarta y octava y en la disposición final segunda de dicha ley, existentes a la entrada en vigor de la presente, dispondrán de un plazo de cinco años, desde dicha entrada en vigor, para adaptarse a los preceptos de la misma.» Entendemos que este período transitorio finaliza el 9 de noviembre del año 2000. Hasta entonces la AMBAR seguirá siendo obligatoria en los términos en que lo era en la legislación precedente y para garantizar la solvencia de la Asociación para este tiempo se ha elaborado este proyecto de real decreto de adaptación y en cuyas previsiones se establece que el consejo de gobierno convocará una asamblea general con el fin de proceder al estudio, debate y votación del proyecto de estatutos de la nueva entidad de previsión social de la Armada, con participación de todos los mutualistas o, en caso de que éstos no sean aprobados --y me refiero a los estatutos--, se planteará y decidirá incluso la posible disolución de esta Asociación.
Está, pues, claro que el proyecto de real decreto no será de regulación definitiva sino provisional de las cuestiones más esenciales de la adaptación. Las fundamentales que se contemplan son la pertenencia voluntaria, la determinación de cuotas a abonar o las prestaciones a satisfacer a beneficiarios por años de cotización. Esta actuación es diametralmente opuesta a la ejecutada por el anterior Gobierno, que se cargó de un plumazo, como dije antes, las de Tierra y del Aire. Del mismo modo ocurría con la que hoy debatimos, que es la perteneciente a la Armada, de no mediar una actuación clara y concreta como la que acabo de señalar y que es la posible dentro del escaso margen de maniobra que nos queda para hacer adaptaciones dentro del período transitorio.
Este Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, busca la viabilidad de la entidad y además la salvaguardia de los derechos de los actuales mutualistas en tanto no se convoque esa asamblea general que todos entendemos que es necesaria y obligatoria, por estar así recogida en el real decreto.
Para finalizar ya, señor presidente, me gustaría dar el mensaje concreto y preciso que hoy tenemos que dejar claro en esta Comisión y es que nada se hará distinto a lo que los propios mutualistas decidan en su asamblea general. Por tanto, después de esta exposición, creemos que coherente con el futuro de la propia Asociación, este grupo parlamentario no va a apoyar los puntos que se nos solicitan, ya enmendados, unos por estar ya incluidos directamente en el proyecto y otros por haber decaído de la propia proposición no de ley, lo que justifica bastante que no tenían razón de ser.


El señor PRESIDENTE: Señorías, habíamos anunciado la votación a las doce menos cuarto, nos quedan por tanto once minutos, así que suspendemos por este tiempo la sesión y la reanudamos exactamente a las doce menos cuarto.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la votación del proyecto de ley de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto militar.
El Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y la intervención de representantes del PNV y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) han dejado claro que retiraban sus enmiendas y aceptaban el texto transaccional al que habían llegado a partir del texto del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida me comunica que mantiene viva la enmienda número 7, y quisiera saber si el Grupo Parlamentario Socialista mantiene vivas algunas de las suyas.
Señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, el Grupo Socialista considera que con las modificaciones

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incorporadas al proyecto de ley, tanto en las propuestas del Grupo Parlamentario Popular como en los acuerdos a los que se ha llegado entre todos los grupos a lo largo de la reunión de la Comisión, no es necesario mantener nuestras enmiendas salvo una de ellas, la relativa al plazo de destrucción, en la que mantenemos nuestra discrepancia. No obstante, se ha presentado una enmienda transaccional, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que se ha discutido y se ha incorporado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la que el plazo se mantiene en el máximo de tres años pero se incluye una referencia a que se haga «en el plazo más breve posible».
Nosotros creemos que sería posible hacerlo en menos tiempo, pero parece ser que hay problemas de carácter técnico. Por eso, anunciando en este momento la próxima presentación de una iniciativa para que en respuesta parlamentaria se concrete un compromiso del Gobierno para establecer en Granada una planta de desmilitarización --casualmente en una provincia a la que yo represento--, es decir de destrucción de material militar dentro de este año, permitiría acelerar considerablemente el proceso de destrucción de las minas antipersonal, también vamos a retirar esa enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, nosotros también vamos a retirar las enmiendas números 4 y 5 al entender que en el nuevo texto transaccionado se incorporan las bombas de racimo tal y como nosotros entendíamos que debía plantearse; por tanto retiramos la enmienda número 4.
En cuanto a la enmienda número 5, relativa a las minas navales, según me indica el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Protocolo II se recoge expresamente ese tipo de minas para ríos de bajo calado, para playas, etcétera; por tanto, la retiramos. Continúa viva la enmienda número 7, en relación con el plazo, que seguimos manteniendo que sea de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor presidente, intervengo con mucha brevedad para agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios que acaban de intervenir la aceptación de las transaccionales propuestas por el Grupo Parlamentario Popular e indicar que efectivamente puede haber problemas de razón técnica para la cuestión del plazo. Tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Gobierno o el Presidente del Gobierno, que intervino expresamente en esta Cámara para indicar que España va a ratificar de modo urgente y probablemente como el primer país de la Unión Europea la Convención de Ottawa, no van a agotar los plazos previstos en dicha Convención, que como SS. SS. saben son cuatro años.
El único problema que tiene España para la destrucción de las minas es de orden medioambiental. La destrucción de las minas, señor presidente, debe hacerse de tal manera que no produzca impacto ambiental no deseado, y los informes técnicos que el Gobierno tiene y de los que dispone esta Cámara indican que el plazo de tres años es el más adecuado. En cualquier caso, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular también participa en la idea de que se haga en el menor tiempo posible y en ese sentido hemos aceptado con muchísimo agrado, junto con el Gobierno, como es lógico, la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que nos parece muy inteligente, en el sentido de que incluya la ley la expresión «en el período más breve posible», que indica la voluntad en ese sentido tanto del Gobierno como del Grupo Parlamentario Popular y la de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: La Presidencia también quiere felicitar a los portavoces por ese esfuerzo de consenso que han hecho, pero les rogaría que en la medida de lo posible al inicio de la sesión esos acuerdos estuviesen ya realizados porque nos hacen perder mucho tiempo y dificultan el buen desarrollo de las sesiones.
Antes de proceder a la votación y para general conocimiento de la Comisión, creo que es conveniente que se lea el texto definitivo. Lo hará el letrado de la Comisión.


El señor LETRADO: Como último punto del artículo 1, se diría en párrafo aparte: «Por medios de lanzamiento o dispersión de minas se entiende aquellos vectores o mecanismos específicamente concebidos como medio de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal.» En el artículo 2, al final del apartado 1 se añade la expresión «y patentes».
En el artículo 3, segundo párrafo del apartado 1, diría: «El Ministerio de Defensa procederá a la destrucción de todas las minas antipersonal almacenadas en el plazo más breve posible y como máximo en tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley.» El artículo 4, párrafo único, quedaría redactado así: «Queda prohibido el empleo, desarrollo, producción, adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación a cualquiera, directa o indirectamente, de vectores específicamente concebidos como medio de lanzamiento o dispersión de minas antipersonal y de armas de efecto similar especificadas en el Protocolo enmendado II de la Convención de 1980, así como de su tecnología.» Al final del artículo 5 se añaden dos nuevos párrafos que dicen así: «De acuerdo con las previsiones establecidas por el artículo 3, apartado 3 de esta ley, el Gobierno informará al Congreso de los Diputados respecto de las cantidades mínimas imprescindibles destinadas al desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas con especial detalle de las transferencias que hubieran podido ser realizadas con estos propósitos.
«El Gobierno modificará los documentos que contienen la doctrina de defensa española de acuerdo con las disposiciones y previsiones de esta ley.» En el artículo 6 (nuevo), el párrafo uno se inicia diciendo: «El Gobierno adoptará cuantas disposiciones fueren

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necesarias para seguir comprometiendo», y el resto sigue igual. El apartado 2 empezaría diciendo: «El Gobierno mantendrá la necesaria», y el resto sigue igual.
Por último, se añade una disposición adicional segundo con un párrafo que diría: «El Gobierno adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida por esta ley.» (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Sobre esta última enmienda, antes de esta frase que se ha leído, se debería añadir otro texto que creo tienen SS.
SS. en la documentación que se les ha pasado, en el sentido de que las disposiciones previstas que entren en contradicción con esta ley son prohibidas. No recuerdo el texto, pero lo tiene el letrado.
Si se busca la transcripción de mi intervención, señor presidente, en la justificación de la enmienda transaccional se vería que el párrafo que el letrado ha leído venía después de un texto que si soy capaz de encontrarlo venía a decir lo siguiente: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley serán sancionable de acuerdo con lo previsto en la legislación sectorial. A partir de ahí, se añadiría ese párrafo. Esa es la lectura que he dado de la enmienda, y al «Diario de Sesiones» me remito.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario tiene algo que objetar a lo que acaba de expresar el portavoz señor Campuzano? (Pausa.) Entonces, incorporamos ese texto. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.) Señor Estrella, ¿quiere hablarnos de algún otro asunto?

El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, entendíamos que el párrafo definitorio del artículo 4 debía ajustarse a lo que luego es el propio artículo 4 y decir: «Prohibición de utilizar medios de lanzamiento» y añadiendo o «dispersión». Creo que así debe constar.


El señor PRESIDENTE: Aunque no lo ha leído el letrado, así consta y estamos de acuerdo.
Vamos a votar en primer lugar la enmienda número 7, de Izquierda Unida, que es la única que queda viva.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora el texto del proyecto tal y como ha quedado de acuerdo con la transaccional que acaba de ser leída.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos.) Vamos a votar ahora el preámbulo de la ley.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda también aprobado por unanimidad.
Pasamos ahora a la votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre eliminación de minas antipersonales, respecto a la que también se ha llegado a una transacción, que va a leer a continuación el letrado.


El señor LETRADO: Quedan sin modificación los números 1 y 2. En el tercero, se añade al final: «así como su urgente ratificación por parte de los firmantes y no firmantes, con el fin de obtener la universalidad deseada que haga realidad la eliminación total de las minas antipersonales».
El número 4 diría: «A impulsar a tal efecto un código de conducta que incluya preferentemente la participación de aquellos países signatarios de la Convención en los programas de investigación y acciones de desminado, financiados por la Unión Europea.»

El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición con el texto que acaba de leerse.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para solucionar el problema de las viviendas militares.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 31; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para corregir la desigualdad creada entre los jóvenes en el último sorteo de excedentes de cupo del servicio militar.
Señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, para aclarar lo que vine a decir: retiramos los puntos 1, 2 y 3 y dejamos solamente el 4.


El señor PRESIDENTE: Votamos por tanto el punto 4 de la proposición no de ley original.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a no almacenar munición o explosivos en las instalaciones

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militares de sierra del Retín ni en ninguna otra parte del municipio de Barbate, Cádiz.
Señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, para plantear votación del punto 1 separada, de los puntos 2 y 3. O sea, que serían dos votaciones: punto primero, y aparte los puntos 2 y 3.


El señor PRESIDENTE: Señor Moya.


El señor MOYA MILANES: El Grupo Socialista solicita votación separada del punto primero de las dos proposiciones no de ley.


El señor PRESIDENTE: De momento, estamos votando la de Izquierda Unida.
Todavía no hemos pasado a la siguiente.


El señor MOYA MILANES: El punto primero separado del resto.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación del punto primero.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate. Vamos a repetir la votación, de acuerdo con el reglamento.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto 1 de esta proposición no de ley.
Votamos ahora los puntos 2 y 3 conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos ahora la proposición no de ley número 6, que era del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para potenciar el turismo y la pesca en el municipio de Barbate, Cádiz, y alejar la presencia militar de dicha zona. (El señor Moya Milanés pide la palabra.) Señor Moya.


El señor MOYA MILANES: También en esta proposición solicitamos la votación separada del punto primero.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en consecuencia, el punto primero de esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Se vuelve a producir un empate; por tanto, repetimos la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora los puntos 2, 3 y 4 de esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, finalmente, el punto número 8, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre adaptación de la Asociación Mutua Benéfica de la Armada, en los términos de la enmienda del Grupo Socialista, que ha sido aceptada por el grupo proponente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (MORENES EULATE), PARA INFORMAR SOBRE:

--LA POSIBLE VENTA DE ARMAMENTO A TURQUIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (Número de expediente 213/000575).


--LA VENTA DE ARMAMENTO MILITAR POR IMPORTE DE 300.000 MILLONES A TURQUIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 213/000588).


El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación damos la bienvenida al secretario de Estado de Defensa, don Pedro Morenés, al que hemos hecho esperar un poco, y vamos a iniciar esta parte de la sesión con los puntos ocho y nueve, que son dos comparecencias del ministro que, por acuerdo de la Mesa de la Comisión, se asignaron al secretario del Estado, y que tratan sobre Turquía. La número ocho dice: Comparecencia ante la Comisión de Defensa para informar sobre la posible venta de armamento a Turquía. Y la número nueve: Comparecencia ante la Comisión de Defensa para informar acerca de la venta de armamento militar por importe de 300.000 millones a Turquía.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Buenos días, señorías.
En relación con las comparecencias que citaba el presidente y que agradezco que se reúnan en una sola por ser los asuntos iguales, informo a esta Comisión que, como conoce, la definición, desarrollo y ejecución de la política de exportación de material de defensa y de doble uso, es competencia

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del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, punto que creo que es importante resaltar para ver luego todos los procesos de información que surgen sobre las posibles exportaciones de material.
La Subdirección General de Comercio Exterior es el organismo encargado de preparar y ejecutar, con carácter general, los acuerdos de la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y doble uso y de participar en la negociación de los acuerdos internacionales que se suscriben sobre la materia. El Ministerio de Defensa solamente participa en esta Junta con dos vocales que son el director general de armamento y material y el director general del Centro de Inteligencia de la Defensa. En cualquier caso, las ventas de armamento son llevadas a cabo por el Gobierno español, con respeto, como conoce la Cámara, escrupuloso de la legislación nacional e internacional vigente que existe en esta materia.
Centrándome en el motivo de la comparecencia, y tal como fue ampliamente explicado por el presidente del Gobierno en fechas posteriores a que saliera la información en un medio de difusión nacional, por parte del Ministerio de Defensa no existe ninguna operación sobre venta de armamento a Turquía por importe de 300.000 millones de pesetas. Según conocen ustedes, el único armamento que podría vender el Ministerio de Defensa sería aquel que obra en sus inventarios y en ningún caso tenemos ningún acuerdo en este sentido con el Gobierno de Turquía. Sin embargo, puedo comunicar a esta Comisión que, con carácter general, solamente con este carácter general, dada la confidencialidad que, en principio, tienen las deliberaciones de la Jirdu, que es la junta que les acabo de mencionar se hicieron autorizaciones, lo que no implica que se realizaran durante el año 1996, de venta a Turquía por importe de 15.897 millones de pesetas; en el año 1997, por 20.000 millones de pesetas y hasta marzo del año en curso, por 9.258 millones, sumando entre los tres años un importe total de 45.165 millones de pesetas. Asimismo, dentro de la política del Ministerio de Defensa y de la actividad en este sentido de apoyo a la exportación de las industrias de defensa españolas, los representantes del Ministerio de Defensa español han mantenido diversas entrevistas con sus homólogos del Ministerio de Defensa turco, al objeto de apoyar los intereses de las industrias españolas en Turquía, y se puede decir que existen buenas perspectivas para la exportación de material de defensa de esas industrias en los productos siguientes: aviones 235, de CASA, munición y espoletas de explosivos alaveses, y existen, aunque ya no con ese carácter de inminencia que los dos anteriores podrían tener, o por lo menos de viabilidad, posibilidades para la venta de fragatas y cazaminas de la Empresa Nacional Bazán. Me gustaría recalcar que, más que posibilidades de una inmediata venta de estos dos productos, lo que existen son programas iniciados por el Ministerio de Defensa de Turquía para poderlos desarrollar en el futuro. Creo sinceramente que todavía no están lo suficientemente desarrollados, ni desde el punto de vista de requisitos operativos ni siquiera, por supuesto, mucho menos, desde el punto de vista económico, para saber cómo podrán resultar al final.
Por lo tanto, estimo nada más que prematuro el poder prejuzgar que esos programas futuros de Turquía puedan considerarse ya dentro de la cartera de los pedidos de nuestras industrias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su información.
En su momento, nosotros pedimos la comparecencia del ministro de Defensa ante las noticias de que se podía producir un negocio de estas características con un contrato que se publicaba para la venta de cuatro fragatas, 12 aviones, un montante de 300.000 millones de pesetas de armas, a Turquía. Cuando nosotros hicimos esta petición de comparecencia pretendíamos, en primer lugar, conocer directamente de la Administración si esto era verdad. Usted ya ha aclarado que no es cierto que se dé por este volumen de 300.000 millones de pesetas y ha concretado --y se lo agradezco-- la línea de la política que esta Cámara de representantes ha venido defendiendo a partir de la aprobación de la proposición no de ley el 18 de marzo del pasado año, sobre los criterios de transparencia a la hora de conocer el comercio de armas. Le agradecemos la información que nos ha proporcionado, que el montante de venta de armas a Turquía, en 1996, fue de 15.800 millones de pesetas; en 1997, 20.000 millones y en lo que va de año, 9.258 millones. Un total de 45.165 millones de pesetas.
Ese aspecto queda aclarado.
Nosotros queríamos exponer en esta comparecencia lo que venimos diciendo, tanto a partir del debate de la proposición no de ley sobre transparencia como del debate que en estos momentos tenemos en Europa pendiente y que terminará --si mal no recuerdo-- el 25 de mayo, en la Unión Europea, en el debate sobre el código de conducta europeo a la hora de plantear una pauta de exportación de armamento. Ese código de conducta viene a desarrollar los ocho criterios comunes ya aprobados por el Consejo de Europa, en los años 1991 y 1992, y la Comisión encargada --que se llama grupo de trabajo sobre comercio de armas, Coarm-- tiene que elevar, a partir del 25 de mayo, una propuesta al Consejo de Europa sobre código de conducta. En este debate, señorías, señor secretario de Estado, interesa avanzar con claridad este código de conducta, para limitar las exportaciones de armamento a países que están vulnerando los derechos humanos o en los que este armamento puede ser usado para resolver por la fuerza conflictos étnicos o de disidencia política.
Atendiendo a estos criterios y recogiendo el espíritu de las ONG europeas que están planteando --en la línea del Gobierno británico-- un código de conducta muy restrictivo en relación con países que están vulnerando permanentemente derechos humanos, creemos --y así se lo manifestamos

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al Gobierno a través del secretario de Estado-- que Turquía no debería ser merecedora de ninguna transacción de armas, precisamente porque Turquía está vulnerando los derechos humanos. Turquía es un país que está represaliando a una minoría étnica: los kurdos. Turquía es un país que ha declarado ilegales a fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Recientemente, el presidente de los derechos humanos turcos ha sido víctima de un atentado precisamente por denunciar los incumplimientos sistemáticos de derechos humanos en Turquía. Por lo tanto, en este debate, no cerrado (desde Izquierda Unida esperamos que las posiciones del Gobierno británico se impongan frente a las francesas en la Coarm y, por lo tanto, tengamos un código de conducta muy restrictivo), desde luego, Turquía no debería ser merecedora de ningún tipo de exportación.
Si hiciéramos un catálogo de países a los que, con los criterios del nuevo código de conducta --que esperamos que se apruebe--, se deberían denegar las autorizaciones de venta de armamento, Turquía sería uno de ellos, de la misma manera que Indonesia. España ha comerciado con Indonesia --un país del que todos estamos pendientes y donde las manifestaciones son disueltas con armas de fuego; indudablemente, una dictadura-- hasta 1996, con armamento, con aviones de transporte, con simuladores de vuelo para el avión CN-235, con sistemas de infrarrojos de observación y con revólveres, con revólveres, repito, para dotar a las Fuerzas Armadas de Indonesia.
Señorías, esta Cámara ha sido muy receptiva a la hora de elaborar una proposición no de ley sobre transparencia de armamento, aunque desafortunadamente la puesta en escena por parte de la Administración fue bastante negativa, porque, en el momento de facilitar los datos de exportación de armamento hasta 1996 para llevar adelante esta proposición no de ley, hubo una ocultación de datos reales y espero que cuando tenga que proporcionar los siguientes datos sobre exportación de armamento ya sea mucho más riguroso en la información. En la línea de este avance que se está consiguiendo en relación con la restricción, la limitación y la transparencia de lo que es el comercio de armas, indudablemente, hay que avanzar más. Y avanzar más significa apostar, desde el Gobierno español, a la hora de definir los códigos de conducta, por unos criterios restrictivos y limitados.
Nosotros hemos pedido --y está pendiente de trámite-- la comparecencia del representante del Gobierno en la Coarm --la Comisión europea sobre control de armamento-- antes de que terminara el debate, porque creíamos que sería interesante que la Cámara conociera directamente las orientaciones que está teniendo el representante del Gobierno español en Europa en relación con el debate del código de conducta, para que pudiéramos participar. Que el Gobierno diera las instrucciones oportunas a su representante y que la Cámara, directamente, también pudiera conocer esa posición antes de que se terminara el debate. La dinámica parlamentaria --como usted conoce, señor secretario de Estado-- no es todo lo rápida que podría ser --por los cupos, etcétera-- y tal vez, cuando comparezca el representante de la Coarm ya se haya cerrado el debate, pero, en fin, siempre será interesante conocer cuál ha sido la posición de la Administración.
Yo quería pedirle, ya que está usted aquí, adelantando un poco ese debate, que nos informara de cuál es la posición del Gobierno por parte de su representante en la Coarm en relación al código de conducta, porque por la exposición que usted ha hecho siguen planteando la necesidad o la posibilidad de una exportación de armamento a Turquía. Esto choca claramente con los criterios comunes del código de conducta si prevalecen los criterios británicos, muy restrictivos en relación con países con incumplimientos flagrantes de derechos humanos. Turquía está claro y admitido por parte de organizaciones internacionales que incumple sistemáticamente derechos humanos, de la misma manera que Indonesia, que tiene actualidad, que no sabemos cómo va a acabar, y sería terrible que las armas que se utilizaran en Indonesia para masacrar a un pueblo que quiere un cambio democrático tuvieran una patente o una denominación española. Sería muy desgraciado que armamento español pudiera ser utilizado para masacrar a las minorías étnicas kurdas, para silenciar a la oposición, a disidentes, o para aniquilar físicamente a personas como el presidente de la Asociación de Derechos Humanos turco.
Agradeciéndole, como le decía, que usted nos haya informado exactamente de cuáles han sido las exportaciones y cuáles son las previsiones, que desde luego no son de 300.000 millones, nosotros seguimos planteando, señor secretario de Estado, nuestra total oposición, nuestra rotunda oposición, a que se comercialice con países como Turquía o como Indonesia. Podríamos extendernos, de acuerdo con este código de conducta, a un catálogo que incluye Afganistán, Albania, Angola, Argelia, Burundi, Camboya, Congo, Croacia, China, Irán, Irak, Liberia, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Turquía y la ex Yugoslavia, países a los que, con el código de conducta según esos criterios británicos, indudablemente se debería denegar cualquier autorización de exportación de armamento.
Es una lástima que en este debate que se está teniendo del código de conducta, el Gobierno hasta ahora no haya adelantado su posición, si va a estar más con la francesa, que es más flexible, o si es más restrictiva, como es la británica.


El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, vaya acabando, por favor.


El señor MEYER PLEITE: Termino, señor presidente.
Quiero decir al señor secretario de Estado que agradecemos su información, pero que tenemos que manifestarle nuestra total y rotunda oposición a que haya una transacción de venta de armamento con Turquía, con Indonesia o con cualquiera de los países del mundo que no cumpla fielmente el respeto a los derechos humanos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señoría, yo he entendido que la comparecencia era para informar sobre la venta de armamento por un importe de 300.000 millones de pesetas a Turquía. He desmentido esa noticia, he explicado cuáles son los acuerdos, sobre todo las transacciones comerciales que hemos tenido con ese país, y S. S.
incide en que no está de acuerdo en que España venda a Turquía y a países que tienen problemas con los derechos humanos material y armamento de defensa.
No obstante, yo creo que este secretario de Estado no puede adelantarse a cualquier conclusión que se pueda adoptar en un foro internacional, en relación con la venta de armas, conclusión que vinculará a España sin duda alguna y que deberá estar de acuerdo con la formalización del tratado, del convenio o de los principios que en su caso se establezcan.
Yo lo que he dicho en mi intervención es que España cumplirá, como los cumple hoy, a rajatabla sus compromisos tanto internos como internacionales en relación con el tráfico de armas. La Junta interministerial que en estos momentos analiza la bondad jurídica, la bondad política y la bondad económica de las transacciones internacionales de armamento, como ya he dicho, funciona de acuerdo con los criterios jurídicos, económicos y políticos que tiene establecido el Gobierno. Este Secretario de Estado no va a poner aquí en tela de juicio las relaciones que España mantiene con Turquía, teniendo en cuenta, además, que es parte de nuestro acuerdo del Tratado del Atlántico Norte, y con la cual mantenemos unas relaciones que nunca han estado vacías de una exigencia, de una normalidad, desde el punto de vista de los planteamientos democráticos de ese país.
En estos momentos no creo que se pueda mantener una posición por parte del Gobierno español que no sea otra que la de cumplir estrictamente con la ley, con los tratados internacionales y con los tratados de amistad y cooperación que tenemos encima de la mesa. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, usted sabe que en comparecencias no hay réplica. Lo siento mucho, pero es la práctica que seguimos en la Comisión, salvo situaciones muy excepcionales, que me parece que no son el caso.
Había pedido la comparecencia para el mismo tema el Grupo Mixto, pero no veo a ninguno de sus representantes.
Por tanto, ¿grupos que quieran participar en el debate? Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: La comparecencia, más allá del motivo estricto que la motivaba, nos permite, con las intervenciones del señor Meyer y la información del señor Morenés, poner de manifiesto, tanto las contradicciones que el conjunto de Estados de la Unión Europea mantenemos en esta materia como las insuficiencias del actual marco legal.
Contradicciones, porque Turquía es un aliado del conjunto de Estados que forman parte de la Alianza Atlántica y porque mantenemos, además, una relación especial en el ámbito de la Unión Europea, pero Turquía es un Estado que vulnera los derechos humanos y que en ningún sentido puede ser homologado al resto de Estados occidentales y democráticos. Consecuencia directa de estas afirmaciones es la imposibilidad que tiene Turquía de incorporarse con plenos derechos a la Unión Europea. Hay una pequeña contradicción: Turquía vulnera unos derechos humanos y es un aliado nuestro. Esta contradicción no nos permite en estos momentos aplicar una política de venta de armas que sea coherente.
El secretario de Estado nos ha citado un tipo de avión y un tipo de munición producidos en el Estado español y las posibilidades que sean utilizadas en operaciones que se desarrollan en contra de la minoría kurda son más que evidentes. La contradicción está ahí. Al mismo tiempo está la insuficiencia de los mecanismos legales, en dos sentidos. En primer lugar, la Unión Europea aprobó a principios de los noventa ocho criterios que deberían informar las políticas de los Estados de la Unión en esta materia y específicamente se hablaba de la prohibición de venta de armas a aquellos Estados que vulnerasen los derechos humanos. Turquía vulnera los derechos humanos, pero todos los Estados de la Unión Europea con capacidad de exportación de armas estamos contribuyendo a estas operaciones. Ese marco real que constituyen los ocho criterios no es un marco legal suficiente para impedir estas situaciones porque --y tiene razón el secretario de Estado-- no hay ningún acuerdo, ni de Naciones Unidas, ni de la Unión Europea, que impida que los Estados de la Unión puedan vender estas armas a Turquía. Por tanto, es una insuficiencia de marco legal e incluso de posibilidades reales de debate de esta materia en el seno de la Cámara.
Hoy tenemos una oportunidad, a través de la comparecencia pedida por Izquierda Unida, de debatir sobre estas cuestiones, pero, reconociendo los avances sustanciales que se produjeron en esta materia a raíz de la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad el invierno pasado en el Congreso, lo que es cierto es que este debate político no se puede producir en unas condiciones que puedan permitir que la posición del Gobierno venga orientada por la Cámara. Nuestro grupo parlamentario tiene pendiente sustanciar en esta Comisión una comparecencia del secretario de Estado de Comercio para poder informar sobre el desarrollo de esa legislación. Es más, el Gobierno ha aprobado hace unas semanas un real decreto que implementa estos ocho criterios de la Unión en la legislación española. El Gobierno, además, a través del Boletín de Comercio Exterior, ha hecho público un primer informe en el que se analizan las operaciones de venta de armas autorizadas por la junta interministerial en un determinado período.
El Congreso aún no ha tenido oportunidad ni en esta Comisión ni en la de Economía ni en la de Asuntos Exteriores de debatir sobre estas cuestiones.
Me parece que para poder hacer debates en profundidad, con seriedad, asumiendo las contradicciones e intentando buscar las soluciones que correspondan debemos ser capaces de dotarnos en el seno de la Cámara de instrumentos mucho más eficaces de los que ahora tenemos. También hemos de ser capaces de superar un concepto. El secretario de Estado ha hablado de la confidencialidad de las

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actas de la junta. A mí me parece que esa confidencialidad puede tener sentido en el momento en que la junta recibe una solicitud de autorización para iniciar un expediente que previsiblemente va a terminar en una operación de venta, pero una vez que la junta interministerial ha autorizado la venta y ésta se ha ejecutado es absurdo mantener el criterio de confidencialidad. No existe ningún motivo, una vez autorizada la venta, para impedir que esa información pueda ser conocida y debatida por parte de los grupos políticos. Si este instrumento no existe es muy difícil que el Congreso pueda cumplir con una actuación destinada a orientar esta política que se impulsa desde las acciones de la junta interministerial. Por tanto, pese a la sensación de todos los grupos, incluido el que apoya al Gobierno, el Grupo Popular, de que existe sensibilidad en avanzar en un mayor control y transparencia en el comercio de armas, nos encontramos en una situación en la que no podemos cumplir con los objetivos de que esta política responda a esos ocho criterios comunes de la Unión Europea en el Estado español y en el resto de la Unión.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Termino, señor presidente.
El señor Meyer ha hecho referencia al debate existente hoy en el seno de la Unión Europea en relación con el código de conducta. Yo entiendo que el señor secretario de Estado no pueda avanzar nada sobre esta cuestión, entre otras cosas porque intuyo que no es su ministerio el que participa en el diseño de este debate, pero sería importante que el Gobierno, en lo que resta del mes de mayo, tuviese oportunidad de explicar a la Cámara cuál ha sido la posición mantenida en el seno del Coarm, porque allí se ha planteado un posible instrumento que, a escala europea, sirva realmente para evitar que situaciones como las que hoy estamos debatiendo se continúen produciendo. Por parte de mi grupo parlamentario vamos a insistir en buscar mecanismos para profundizar en el debate político, en el control democrático y en la transparencia de esta política.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALA: Hemos escuchado con atención la información que el secretario de Estado nos ha dado en esta comparecencia. Hemos escuchado que estamos ante un caso de contactos previos, que no hay nada atado en este momento. Por tanto, lo único que nosotros podemos hacer son unas consideraciones sobre los aspectos generales que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre la exportación de armamento o material de doble uso. Las consideraciones que nosotros haríamos, resumiendo, serían cuatro. En primer lugar, cumplir los acuerdos internacionales concretados recientemente, el 27 de marzo de 1998, en el Reglamento de Comercio Exterior de Armas aprobado por el Gobierno, y, en un paso más adelante, con la impulsión del código de conducta de la Unión Europea.
Este es un aspecto importante porque creemos que una política de exportación de armamento difícilmente puede ser una política de cada país dentro de la Unión Europea; tiene que ser una política común, homogénea y garantizar también el juego limpio por parte de todos los países. En segundo lugar, sería qué tipo de armas son las que se van a exportar a cada país y la posible utilización de esas armas para fines que no fuesen los que estrictamente podemos considerar aspectos de defensa. En ese sentido nosotros somos conscientes, por un informe que nos hicieron llegar diferentes ONG, de que en Turquía diversas organizaciones trabajan en Europa y América del Norte presionando a sus gobiernos para poner fin a las transferencias de helicópteros militares, vehículos militares de transporte y armas ligeras; por tanto, también se concentran en un tipo determinado de armas y no en otro.
En tercer lugar, también hay que tener en cuenta las características del país con el cual se llega al acuerdo, comprobando que sea un país firmante, por ejemplo, del Acuerdo de Wassenaar sobre control de exportaciones para armas convencionales y bienes de uso dual, del 12 de julio de 1996, caso de Turquía; si es un país aliado o qué tipo de relaciones se mantiene con este país y también los intereses que el conjunto de la Unión Europea, más allá de los aspectos estrictamente defensivos, puede tener con este país.
En cuarto lugar, y no por ello menos importante, hay que considerar los intereses nacionales de nuestra industria, que son también intereses legítimos y hay que tenerlos en cuenta.
Dentro de este marco general de consideraciones hay que analizar cada operación concreta. En este caso estamos ante una que no está concretada y, por tanto, nosotros no podemos avanzar nada más que lo que hemos dicho en este momento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor secretario de Estado, por su explicación, sobre todo teniendo en cuenta que lo que motiva esta comparecencia queda completamente despejado en el momento en el que el secretario de Estado afirma que no existe ninguna operación de venta a Turquía por valor de 300.000 millones de pesetas. Creo que esto es lo definitivo, lo categórico y lo que en este momento pone en claro cualquier tipo de dudas que pudiera existir al respecto.
Se han hecho varias consideraciones por parte del resto de los grupos políticos. Todos con cierto fundamento y cada uno desde su perspectiva no dejan de tener razón en las cuestiones que se plantean, pero también hay que tener en cuenta, en primer lugar, el cumplimiento de la legalidad vigente, de la normativa nacional y de la internacional, que es una constatación por parte de este Gobierno y no me cabe la menor duda de que también por la de los gobiernos anteriores.
En segundo lugar, probablemente sea importante destacar que lo que es necesario es que la Comisión Europea de

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Control de Armamento avance, como decía el representante del Grupo Parlamentario Socialista, para que exista un compromiso común de todos los países que no deje a ninguno en desventaja por querer ser escrupulosamente cumplidor de una normativa que en estos momentos nadie está infringiendo.
En tercer lugar --y también comparto las palabras del señor Marsal--, hay que velar por los intereses nacionales y sobre todo por los intereses de la industria nacional de la defensa. En ese sentido el secretario de Estado ha anunciado esta mañana que es Turquía la que tiene in mente realizar programas en el futuro para la posible adquisición de aviones Canadier de los 235 de CASA, de espoletas o de algunas de las fragatas y cazaminas que fabrica la Empresa Nacional Bazán.
Y yo me pregunto si España no oferta este tipo de material, ¿es que no lo va a hacer ningún otro país del mundo? ¿No lo va a hacer ningún otro país europeo? ¿No se va a beneficiar ningún país de que España escrupulosamente vaya más allá de lo que dice la normativa legal vigente en Europa y en el mundo? Por tanto, creo, señor presidente --y con esto termino--, que efectivamente se constata, en primer lugar, que no existe ninguna venta de 300.000 millones de pesetas por ninguna operación que esté realizando el Ministerio de Defensa. En segundo lugar, se constata que se está cumpliendo escrupulosamente la legalidad vigente y, en tercer lugar, se insta desde el propio Parlamento y con toda seguridad desde el propio Gobierno a que se avance en esa Comisión Europea de Control de Armamento para que, de una manera unitaria y con un compromiso común, consigamos poner en claro hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar en esta cuestión tan importante, que repercute de una manera tan directa en puestos de trabajo civiles de la industria nacional de la defensa.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Contestaré en el orden en que han sido hechas las intervenciones. Primero, al señor Campuzano, le diré que en estos momentos objetivar la comparecencia hacia la política general que deba seguir el Gobierno de España, en relación con países acerca de los que existe la sospecha o la convicción de que tienen problemas en sus sistemas internos en cuanto a su consideración democrática, es argumento esencial para impedir la venta de armamento y eliminar el apoyo, desde el punto de vista de la defensa, a ese sistema.
Lo que creo, y se ha dicho aquí en las últimas intervenciones con mucho sentido, es que actualmente nos falta el marco jurídico adecuado y probablemente también en Europa, ante una política que afecta específicamente a un país que quiere formar parte de la Unión Europea, por un lado, cuando, por otro, ya es miembro de la OTAN, para hacer el análisis de una situación interna y de una política común general respecto a la venta de armas. España cumple hoy estrictamente con la legislación que tiene, defiende los intereses de España entendidos como una globalidad y cumplirá en el futuro aquellos acuerdos que el Gobierno de España --no les quepa a sus señorías ninguna duda-- tiene en relación con una política de derechos humanos, que viene manteniendo desde hace tiempo y que es absolutamente inequívoca. Apoyará, digo, cualquier convención internacional que tienda a endurecer las políticas mercantiles que no respeten unos criterios internacionales relativos a los sistemas políticos y a sus características de funcionamiento.
En cuanto a la intervención del señor Marsal, pienso que ha establecido cuatro aspectos de esta política que hay que analizar, que yo creo que están basados en el sentido común y en la experiencia. Primero, parece exagerado extrapolar de una noticia periodística, no basada en la realidad, toda la política española de venta a países terceros. Segundo, tenemos unos acuerdos internacionales con Turquía pero no solamente España, sino también la Comunidad Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay un aspecto que es muy interesante, y es que hay que analizar punto por punto, programa por programa y venta por venta para ver qué incidencia podrían tener en una política que España no comparte en absoluto, pero en la que no puede intervenir directamente sino como posición española. Me refiero muy particularmente a aquellos aspectos que se denuncian como directamente vinculados a esas políticas que España no apoya, y está deseando hacer cualquier esfuerzo para que desaparezcan de cualquier país en el mundo.
La intervención del diputado representante del Grupo Popular abunda en esta presentación. Dice algo absolutamente correcto, y es que no se debe juzgar la política del Gobierno por una noticia que carece de fundamento.
Es decir, la política del Gobierno --ya lo he dicho y lo ha mencionado él-- en relación con la exportación de armamento ha sido absolutamente clara. Los mecanismos que tiene la junta son secretos, pero no podrán ser ocultados al Parlamento si éste los requiere. Por lo tanto, dentro de la Cámara habrá un foro indicado donde esas informaciones se podrán dar, pero por su propia razón de ser deben ser inicialmente secretos.


--EL ACUERDO PARA LA FABRICACION DEL CARRO DE COMBATE LEOPARD. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 213/000599).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 10, que es la comparecencia del ministro de Defensa que, por acuerdo de la Mesa de la Comisión, se atribuye al secretario de Estado de Defensa, para informar sobre el acuerdo para la fabricación del carro de combate Leopard.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Como saben SS.
SS., con fecha 20 de febrero de 1998 el Consejo de Ministros autoriza al Ministerio de Defensa a que inicie las actuaciones necesarias para la cofabricación de 219 carros de combate Leopard 2-E y 16 carros de recuperación Leopard 2-ER, así

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como la puesta en funcionamiento del sistema, incluida la dotación inicial de munición y apoyo logístico integrado, con sujeción a las siguientes condiciones: los carros deberán ser fabricados en España, su presupuesto máximo es de 317.709 millones de pesetas, el retorno mínimo deberá estar en el entorno del 80 por ciento --actividad directa de la industria española el 60 por ciento y un 20 por ciento por retornos indirectos por compras en el exterior-- y será una empresa de nacionalidad española la que tenga la condición de contratista principal.
A fin de dar cumplimiento al citado acuerdo del Consejo de Ministros, en este último plazo, a partir del 20 de febrero, se han realizado las siguientes acciones. El Ministerio de Defensa ha facilitado los requerimientos técnicos a Santa Bárbara Blindados, empresa seleccionada por el Ministerio como contratista principal. Se han comunicado permanentemente a la empresa alemana Krauss-Maffei las condiciones del acuerdo y se ha pedido que presente un plan de colaboración con Santa Bárbara Blindados, ya que la empresa alemana detenta la tecnología del carro Leopard, y así me lo ha manifestado este lunes pasado el propio secretario de Estado de Defensa alemán, en el sentido de que Krauss-Maffei, para este negocio, será en principio la empresa que represente a la industria y a las fuerzas armadas alemanas, que no olvidemos que son las dueñas --podríamos decir-- de la propiedad industrial del carro. Para adquirir los carros de recuperación, que, como ya he dicho, se adquirirán juntamente con los carros de combate, se ha hecho la misma gestión con la empresa alemana MAK, propietaria de la tecnología de los citados carros de recuperación. Se han dado instrucciones a las tres empresas citadas anteriormente para que Santa Bárbara Blindados proponga subcontratistas de los principales elementos del carro: barcaza, torreta, cañón, dirección de tiro, tren de rodaje, motor y transmisión. Se tiene como objetivo que las empresas seleccionadas sean de nacionalidad española, para lo cual se están manteniendo conversaciones pertinentes por parte del Ministerio de Defensa con los subcontratistas alemanes habituales en los programas relativos a los carros Leopard, que son Krauss-Maffei, Wegman --como saben, están en proceso de fusión, aunque ésta no ha terminado todavía--, Rheinmetall, STN-Atlas, Dielm, Mtv, Renk y ZF. Las preofertas de los subcontratistas deberán ser presentadas por el contratista principal, SBB, y los subcontratistas aprobados por el Ministerio de Defensa. Las preofertas económicas e industriales, que serán integradas por el contratista principal, deberán cumplir con las condiciones del acuerdo del Consejo de Ministros que cité antes y tendrán en cuenta los aspectos relativos a la puesta en funcionamiento de carros y su munición inicial.
Previas las negociaciones necesarias y una vez obtenida la oferta final del contratista principal, se someterá a Consejo de Ministros el expediente completo y la orden de ejecución para la aprobación de la contratación. Una vez obtenida la citada aprobación, se procederá a contratar. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente el proyecto Leopard.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Nosotros habíamos pedido esta comparecencia porque, como sabrá por otras anteriores, tenemos mucho interés en este proyecto, impulsado por el último Gobierno socialista.
El Grupo Socialista cree que este proyecto es muy importante para la industria española, fundamentalmente para las empresas que engloba Santa Bárbara y no solamente para SBB. Estamos preocupados porque usted nos ha hablado de las intenciones, de lo que el Ministerio de Defensa está haciendo. Aquí estamos en un proceso doble: de adquisición, de cerrar un proyecto muy importante, pero también en uno de privatización de la empresa Santa Bárbara por parte del Ministerio de Industria. Ya sé que ésta es su comparecencia y no la del ministro de Industria; también llevaremos esta iniciativa a la Comisión de Industria para intentar tener una idea completa de cuál es la operación final que va a salir, pero queríamos aclarar algunas cuestiones y hacerle llegar nuestra opinión sobre cómo debería concluir este proceso.
Es verdad que el Ministerio de Defensa tiene una misión fundamental, que es la responsabilidad de la defensa de nuestro país, pero ligado a ella aunque no en sentido estricto, con una responsabilidad de que exista una industria de defensa competitiva y con capacidad tecnológica en nuestro país, integrado en el ámbito europeo. Desde ese punto de vista creemos que el Ministerio de Defensa no debe ser ajeno a cualquier operación que se vaya a hacer en sentido estricto sobre el programa Leopard y la incidencia que el mismo pueda tener sobre Santa Bárbara. ¿Por qué le decimos esto? Porque todos los días aparecen noticias en la prensa sobre si el socio nacional será Talgo, Gamesa o cualquier otra empresa. El 4 de mayo apareció la noticia en prensa de que Industria negociaba la venta de la empresa pública Santa Bárbara al consorcio alemán Rheinmetall. En sí mismo, esto no es ni bueno ni malo; es una opción como otra cualquiera y nos parecería bien siempre y cuando se mantuviesen las premisas que ha definido el Ministerio de Defensa, porque incluida en esa noticia figuraban otras opiniones del ministro, señor Piqué, que nos ponen en alerta. Concretamente dice que las conversaciones con Rheinmetall no sólo han paralizado la venta de SBB a Talgo, sino que pueden obligar a renegociar el programa Leopard. No sé si esto tiene que ver con lo que usted acaba de decir o si es otra opción de la que ha definido el memorándum del Consejo de Ministros. Hay otras cuestiones que llevaremos a la Comisión de Industria, por ejemplo, la opinión de que el precio de venta no es un factor trascendente. Eso entra en el plano de las privatizaciones, donde, como usted sabe, mantenemos discrepancias sustanciales acerca de cómo se están vendiendo las empresas públicas.
Pero éste no es el caso.
La última cuestión que quiero apuntar es que en la misma noticia aparecida en la prensa también se dice que no debemos dejarnos cegar por ciertas cuestiones de soberanía, que llevadas al extremo podrían acabar poniendo en cuestión la propia supervivencia del sector. Esto no se puede entender de una forma ni de otra porque es una frase un poco ambigua, pero queremos hacer hincapié en que en un mercado global y europeo amplio las industrias de defensa

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españolas también deben participar y, por lo tanto, necesitan socios que tengan capacidad para estar en esos mercados y con capacidad tecnológica para impulsar la industria y no frenarla. Es cierto que eso depende de cómo se haga el contrato, de qué partes se van a hacer, de si se va a cofabricar o a subcontratar o si va a haber un retorno suficiente en tecnología para que esos impulsos se mantengan en el futuro. Porque no podemos olvidar que se trata de un programa que lleva unos años pensándose, y aunque eso lleve un tiempo los próximos años serán fundamentales en la definición de una industria europea en la que se van a fabricar los componentes de lo que va a constituir el núcleo sustancial de los ejércitos en el ámbito europeo.
En ese sentido, señor Morenés, le agradecemos la explicación que nos ha dado. Si esas premisas se mantienen --aunque nosotros siempre hemos pensado que las proporciones de los retornos (en torno al 80 por ciento), cofabricación (60 por ciento) y retornos directos (20 por ciento) podían haber sido mayores, también comprendemos las dificultades de este sector, que no son comparables a las que tiene el sector aeronáutico-- le hacemos la recomendación de que el Ministerio de Defensa siga estando en este proyecto de forma directa y dé posibles soluciones al entorno de Santa Bárbara, incluida SBB (Santa Bárbara Blindados). Nos parece muy bien que se haya tomado la decisión de que SBB sea quien dirija el proyecto y que se aproveche para impulsar que otras industrias cercanas, de otro ámbito y no sólo Santa Bárbara, sino la industria nacional, puedan participar en este proyecto, pero que haya coordinación con el Ministerio de Industria para que al final el objetivo sea aprovechar el esfuerzo inversor, que sin duda es importante, y sacar este proyecto lo mejor posible para que la industria española tenga presencia en el futuro de la industria europea, que es la clave de este asunto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias, señoría, por su intervención.
De su intervención deduzco que la actuación --y tómeselo por favor como es, con total sinceridad-- que está desarrollando el Ministerio de Defensa en este aspecto es la correcta, y me atrevería a decir que también lo es la del Ministerio de Industria.
No sé a qué obedecen las declaraciones de S. S., pero sí le puedo decir que hace dos años, en junio de 1996, nos encontramos con un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de España y el de Alemania que entonces, con toda sinceridad, no tenía viabilidad. Hemos conseguido que la tenga.
Nos ha costado, pero, desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, S. S. puede estar seguro de que hemos dedicado un porcentaje altísimo de nuestro tiempo a conseguir que estemos en la situación actual.
¿Cómo hemos conseguido que esto ocurra? Lo hemos conseguido precisamente por la vía de la solución que S. S. preconiza hoy, es decir por una colaboración plena con el Ministerio de Industria y Energía. ¿Y con qué objetivos? Pues con los mismos objetivos que S. S. presenta, que consisten en ser capaces de aprovechar este programa para que, definitivamente, la industria española de defensa en este sector se pueda integrar en un movimiento imparable, que en estos momentos se produce en Europa, de concreción y de establecimiento de una industria que será la única que en el futuro tenga una posibilidad de competir con las grandes industrias del mundo, y muy particularmente con la industria norteamericana.
Quiero decirle, señoría, que me parece que los hechos del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Industria y del Gobierno en pleno, por la decisión que se ha tomado en fecha muy cercana, hacen posible que el carro exista. A nosotros --y eso sí quiero resaltarlo--, como Ministerio de Defensa, lo que en primera instancia nos interesa es tener un carro magnífico desde el punto de vista del precio, del plazo y de la calidad.
Nos interesa muchísimo --como dice S. S.-- que eso pueda ocurrir. Y para que eso suceda hemos de tener un control permanente de lo que es la actividad de las industrias --que no del Ministerio de Industria--, que al final serán las adjudicatarias de todo el proceso de producción, y en ello estamos.
Nada más, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Intervendré con muchísima brevedad, señor presidente, sin entrar en el detalle de la operación, porque creo que el secretario de Estado la ha explicado de manera suficientemente correcta.
Tampoco voy a entrar en el debate de fondo, que es el de la construcción de esta industria europea de defensa.
Sólo quiero remarcar, y esto enlaza con el debate que hemos tenido anteriormente, que también en esta materia de operaciones, de un coste económico importantísimo para los Presupuestos Generales del Estado --con implicaciones en la industria pública y privada, con implicaciones reales para el mantenimiento de puestos de trabajo y también con implicaciones desde el punto de vista de las prioridades en el gasto de defensa, especialmente de la definición de cuáles son los tipos de armamentos que se desean para responder a las misiones que asignamos a las Fuerzas Armadas--, debemos continuar explorando mecanismos políticos que permitan un debate en profundidad en el seno de la Cámara.
He de recordar, y creo que es importante, que en el informe de la Comisión Mixta para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas se apunta específicamente la necesidad de implicar al Congreso en estas políticas a medio y largo plazo en las compras de armas.
Creo que la operación Leopard, que se alarga en el tiempo desde hace muchos años; al menos en esta legislatura, no tengo constancia de que haya sido motivo de un debate en el seno de la Cámara. Se me escapa, con sinceridad, si en la otra legislatura sí lo fue. Creo que es importante que políticamente seamos capaces de discutir el porqué

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de esta operación, enlazada en estos diversos aspectos. Estoy seguro de que en los próximos meses vamos a encontrar mecanismos que nos permitan realmente avanzar en este mayor compromiso del Congreso en estas cuestiones.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor secretario de Estado, por su explicación.
Efectivamente, este asunto ha sido objeto de debate, en la anterior legislatura, en varias ocasiones. Precisamente el Partido Popular expresaba entonces su preocupación por lo que podría suponer la compra directa de los carros de combate a alguna empresa alemana, sin que ello supusiera ningún tipo de retorno ni ningún beneficio industrial hacia España. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular entiende que el Gobierno ha actuado con una prudencia y una mesura extremadas cuando, al encontrarse en junio de 1996 el memorándum de entendimiento entre España y Alemania, decide paralizarlo, revisarlo y ver de qué forma se puede beneficiar la industria española de defensa de una inversión tan importante.
El Grupo Parlamentario Popular reconoce, como no puede ser de otra forma, que fue el Gobierno socialista el que impulsó la compra de estos carros de combate. Viene a cuento decirlo ahora porque nosotros, en ningún momento, hicimos ningún tipo de demagogia sobre la compra de estos carros de combate ni dijimos que por un lado menos carros y por otro más sanidad, más empleo o cualquier otra de carácter social.
Yo creo que es bueno reconocer que éste es un proyecto que se inicia y se impulsa en la etapa del Gobierno socialista y que cuando llega al Gobierno el Partido Popular lo reconduce de la manera que entiende más lógica, después del tiempo que había pasado entre una y otra situación.
También recuerda el Grupo Parlamentario Popular la preocupación, en diferentes debates, que ha tenido para el mantenimiento de la actividad en la Empresa Nacional Santa Bárbara en todas sus factorías de España.
También recuerda que el proceso de privatizaciones en la Empresa Nacional Santa Bárbara no se inicia precisamente con este Gobierno, sino que se inicia cuando se empieza a soltar partes importantes porcentuales de determinadas factorías de la Empresa Nacional Santa Bárbara, que desgraciadamente, como puede ser con DDO en la fábrica de La Coruña, terminan en un auténtico fiasco y teniendo que reconducir privatizaciones que estuvieron mal planteadas y mal analizadas en su momento.
Apostamos por una industria de la defensa competitiva, como no puede ser de otra forma, y entendemos que lo que este Gobierno ofrece en este momento al Congreso de los Diputados, donde se está produciendo este debate, es algo que nada tiene que ver con el memorándum inicial del año 1996.
Tan es así que los carros de combate serán fabricados en España --y esto hay que resaltarlo--; habrá un retorno mínimo del 80 por ciento, cuando estamos hablando de que en el memorándum anterior no había absolutamente ningún retorno hacia la industria española de defensa; la actividad directa en la industria de la defensa española va a ser del 60 por ciento y más de un 20 por ciento en retornos indirectos y el contratista será una empresa de nacionalidad española.
Nosotros estamos satisfechos de que este Gobierno haya conseguido estas ventajas, que en el memorándum anterior no estaban reflejadas, porque lo que se fijaba era una compra directa a una empresa alemana.
Teniendo en cuenta las cuestiones que aquí se han venido apuntando, el Grupo Parlamentario Popular está completamente convencido de que con los pasos que el secretario de Estado ha venido enumerando, que se producirán antes de la aprobación que conduzca a la contratación definitiva de los carros de combate, se está cumpliendo de manera exquisita la legalidad vigente y se está poniendo bien claro que el objetivo es que las empresas seleccionadas sean de nacionalidad española.
Entendemos que es un proyecto importante, desde el punto de vista de la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, aparejada a esa indiscutible --y ya parece que en recta final-- profesionalización de nuestros ejércitos, y entendemos también, señor secretario de Estado, que esa tan necesaria modernización de nuestras Fuerzas Armadas ha sido realizada de una manera inteligente por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Industria, poniendo en práctica mecanismos que hasta este momento no se habían utilizado en España. Me refiero no sólo a los carros de combate Leopard, sino al programa de las cuatro fragatas de la clase F-100 que se construyen en la Empresa Nacional Bazán y a ese programa tan importante que nos hará estar en primera línea en la aviónica, a nivel internacional y desde luego a nivel europeo, como es la realización del avión europeo de combate EF-2000.
Por tanto, señor secretario de Estado, el Grupo Parlamentario Popular está satisfecho, porque desde el Ministerio de Defensa se están haciendo bien las cosas en esta materia, está repercutiendo de una manera directa en los puestos de trabajo civiles, tanto directos como indirectos, de la industria civil de la defensa y estamos convencidos de que se ha conseguido encauzar, por un lado, la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, imprescindible y necesaria, y, por otro lado, una industria española de la defensa que estaba bastante deslavazada y que, en este momento, con las políticas seguidas desde el Ministerio de Defensa, tiene un futuro mucho más claro y prometedor.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señor Campuzano, quiero decirle que el Gobierno de la nación no va a poner ningún tipo de cortapisa a la claridad y explicación de los programas de armamento y material que pone en marcha, primero, porque ya son públicos, notorios y perfectamente conocidos; segundo, porque las razones que los avalan

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también son conocidas; y, tercero, porque aunque no lo fuese ninguno de los dos, el Ministerio de Defensa y el Gobierno tienen por norma explicar con toda claridad los acuerdos que toman, máxime si son de la importancia económica, industrial y política de la que estamos hablando en este momento.
Al representante del Grupo Popular, diputado señor Fernández de Mesa, quiero agradecerle sus palabras, que animan a seguir trabajando en la línea que tenemos planteada. No es fácil, la verdad es que los programas son de gran complejidad, sobre todo estos que tratan de unir criterios de diversas empresas de Europa que tienen el sello de lo que es la negociación en ella y que, por tanto, no tienen en cuenta solamente los problemas internos que antes creíamos que éramos capaces de dominar, sino que otros procesos de más complejidad se abren delante de nosotros; sin embargo, creo que estamos avanzando.
Efectivamente, este Gobierno ha puesto en marcha tres importantes programas, tres áreas distintas de la industria del armamento y no sólo de ésta, porque afectarán a otras que realmente podrán aprovechar tecnologías derivadas de la defensa para aplicaciones en otros sectores.
Ese aspecto, que muchas veces se olvida, es fundamental de estos programas.
La participación industrial del 80 por ciento, 60 por ciento directa y 20 por ciento en retornos, me parece altísima, teniendo en cuenta, fundamentalmente, que las capacidades que hasta el momento había desarrollado la industria española del sector no eran precisamente las más avanzadas de Europa, y no es fácil dotar de esas capacidades, en un espacio de tiempo corto y prácticamente sin demasiada carga de trabajo, a las empresas que tendrán que hacer el carro de combate más avanzado que en estos momentos existe en el mercado. Por tanto, vamos a pasar de una situación de dificultad tecnológica a una situación de alta capacidad tecnológica a través de un programa, y ello siempre tiene que estar basado en criterios de sentido común y no de alegrías posibilistas que acabarían rompiéndose en nuestras manos por nuestras propias dificultades para hacer frente a cargas de trabajo que en este momento no somos capaces de abordar.


PREGUNTAS:

--DEL SEÑOR MORENO BUSTOS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE SITUACION ACTUAL Y DESTINO PREVISTO PARA EL CASTILLO DE SAN FERNANDO DE FIGUERES, GIRONA (Número de expediente 181/001214).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente bloque del orden del día, que es la contestación, por parte del secretario de Estado, a diversas preguntas.
La primera de ellas es la número 11: Situación actual y destino previsto para el Castillo de San Fernando de Figueres, en Girona. Es una pregunta del diputado del Grupo Popular señor Moreno Bustos, que tiene la palabra.
El señor MORENO BUSTOS: Señor secretario de Estado, en aras a la brevedad, sabiendo que quedan bastantes preguntas por formular y que usted también me lo va a agradecer, paso a hacerle la pregunta en la literalidad que se refleja en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
¿Puede el Ministerio de Defensa explicar la situación actual y el destino previsto para el castillo de San Fernando de Figueres, en la provincia de Girona?

El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Desde que el castillo de San Fernando de Figueres, a partir del año 1993, deja de cumplir su función militar como acuartelamiento y prisión, el Ministerio de Defensa ha mostrado su interés en participar en la conservación del mismo, y para ello ha entendido que la mejor vía es el uso compartido de sus instalaciones con instituciones civiles. Para ello, dada la confluencia de intereses en este asunto con la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Figueres, se han desarrollado gestiones por el departamento de Defensa con estas instituciones, y tras un complejo y largo proceso de negociación se ha llegado a un principio de acuerdo que se plasmará, como paso previo a la constitución de un consorcio, en un acta.
En el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa de fecha 13 de mayo de 1997 se publicó la orden 430/1997, de 5 de mayo, por la que se designaba al teniente general del Ejército de Tierra don Carlos Díaz Campmany como representante del Ministerio de Defensa en la junta de promotores del consorcio del castillo de San Fernando de Figueres. Efectuada la tramitación correspondiente, el día 4 de julio de 1997 se firmó la citada acta de constitución de la junta de promotores del consorcio del castillo de San Fernando de Figueres, cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 181, del día 30 de julio de 1997. Dicha junta de promotores tendrá entre sus funciones la determinación del uso futuro del castillo de San Fernando, sin que ello signifique una pérdida de su propia esencia, determinada por su origen, su función histórica y su actual propiedad. Asimismo, la junta de promotores tendrá entre sus funciones la de establecer las vías de participación de otras instituciones públicas y personas jurídicas privadas interesadas en participar en el proyecto de reutilización del castillo.
Con respecto a las acciones previstas para el castillo, se estudia la posibilidad de ceder determinadas zonas o edificios del mismo a entidades o instituciones que puedan utilizarlo con carácter permanente, lo que permitirá asegurar su mantenimiento y recuperación. También se prevé la creación de un museo dedicado fundamentalmente a las fortificaciones de los siglos XVI a XIX, de las cuales el castillo de San Fernando es ejemplo cualificadísimo.


--DEL SEÑOR MORENO BUSTOS (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES QUE ESTA LLEVANDO

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A CABO EL MINISTERIO DE DEFENSA AL OBJETO DE QUE LA AMPLIACION DEL PUERTO DE LA LUZ, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, RECLAMADO CON INSISTENCIA POR LOS MAS DIVERSOS SECTORES, TANTO ECONOMICOS COMO POLITICO-SOCIALES DE LA ISLA, SEA UNA REALIDAD A CORTO PLAZO (Número de expediente 181/001215).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 12, también es del señor Moreno Bustos, que tiene la palabra.


El señor MORENO BUSTOS: Señor secretario de Estado, en la misma dirección que la anterior, paso a formular la siguiente pregunta: ¿Podría precisar el Ministerio de Defensa qué actuaciones está llevando a cabo al objeto de que la ampliación del Puerto de la Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, reclamado con insistencia por los más diversos sectores, tanto económicos como político-sociales de la isla, sea una realidad a corto plazo?

El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): El Gobierno de la nación es plenamente consciente de que el Puerto de la Luz constituye el motor económico de la ciudad de Las Palmas, de la isla de Gran Canaria, incluso de toda la comunidad autónoma, y que las nuevas circunstancias económicas actuales hacen imprescindible el crecimiento de dicho puerto. Sensible a ello el Ministerio de Defensa ha realizado actuaciones concretas de apoyo a la expansión del citado puerto. Así, con fecha 6 de noviembre de 1987 fue suscrito un convenio entre la junta del Puerto de la Luz y de Las Palmas y la Gerencia de Infraestructura, que tenía una duración de cinco años. En el citado convenio se autorizaba la extracción de materiales pétreos de los terrenos de defensa sitos en la isleta Las Palmas de Gran Canaria, para cubrir las necesidades creadas con motivo de nuevas obras de ampliación a realizar en el mencionado puerto. Cualquier otra alternativa hubiese obligado a los camiones provenientes de otras canteras de la isla a atravesar la ciudad de Las Palmas, con los consiguientes perjuicios para el tráfico y otras molestias similares. El 6 de noviembre del año 1992 se suscribió un nuevo convenio como prórroga del anterior. En las cláusulas se fijó una duración de otros siete años. Sin embargo, la extracción de áridos se paralizó en el año 1993 como consecuencia de la sentencia 868/1992, de 31 de diciembre, dictada por la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se reconocía el derecho de reversión de una parte de la superficie de la propiedad militar de la isleta a favor de los antiguos propietarios expropiados.
Habiéndose solicitado reiteradamente por el presidente de la autoridad portuaria de Las Palmas autorización para la extracción de áridos procedentes de la isleta, por ser absolutamente necesaria para el nuevo muelle en construcción, la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa estimó que podría otorgarse dicha autorización siempre que la citada autoridad portuaria comprase los derechos a los reversionistas respecto de una zona de la cantera distinta de aquélla a la que se contrae la sentencia antes indicada. Efectivamente, el 14 de julio de 1997 la autoridad portuaria de Las Palmas compró la totalidad de los derechos vinculados a la reversión, o derechos de naturaleza similar, dimanantes de la expropiación realizada sobre la denominada cantera Roque Ceniciento.
En consecuencia, considerado el interés público de la petición, el Ministerio de Defensa otorgó una concesión, con fecha 28 de julio de 1997, a la autoridad portuaria de Las Palmas para la restauración de la cantera Roque Ceniciento en el término municipal de Las Palmas. Por dicha concesión, se autoriza a la citada autoridad portuaria a realizar las labores de extracción de áridos comprendidas en el proyecto de reestructuración del espacio natural afectado por la explotación de la cantera Roque Ceniciento, de acuerdo con las condiciones exigidas por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, durante un plazo máximo de dos años.
Posteriormente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mediante sentencia de 9 de diciembre de 1997, ha anulado la anteriormente mencionada sentencia, declarando la improcedencia de la reversión solicitada al no concurrir causa para ello. No obstante, la autoridad portuaria, antes de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, ya había adquirido en el mes de noviembre de 1997 los derechos de reversión sobre aquellos terrenos de la península de la isleta que, por su ubicación, permitirán en el futuro ampliar la zona de servicios del puerto.
Recientemente, el 17 de diciembre de 1997 se firmó en Las Palmas de Gran Canaria una declaración de intenciones entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo de Canarias, el Cabildo insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la autoridad portuaria de Las Palmas en relación con la suscripción de futuros acuerdos por el traslado o reubicación de determinadas unidades militares de la península de la isleta y para la expansión del Puerto de la Luz y de Las Palmas, así como para la restauración de la cantera Roque Ceniciento. En dicha declaración de intenciones se manifiesta la voluntad del Ministerio de Defensa de hacer efectiva la cesión de 211.000 metros cuadrados aproximadamente de la zona este de la península de la isleta a favor de la autoridad portuaria de Las Palmas, para facilitar la obtención de los espacios que permitan hacer realidad la expansión del Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Consecuente con ello, y recogiendo la voluntad de las instituciones participantes en la citada declaración de intenciones, el 12 de marzo de 1998 se ha suscrito un convenio entre la autoridad portuaria de Las Palmas y la Gerencia de Infraestructura de Defensa relativo a terrenos de la zona militar de la isleta en Las Palmas de Gran Canaria para la expansión del Puerto de la Luz y de Las Palmas. En dicho convenio figura como uno de sus fines específicos

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posibilitar la obtención de suelo a la autoridad portuaria, que permita la expansión del Puerto de la Luz.
En resumen, y por cuanto antecede, queda patente la voluntad del Ministerio de Defensa de colaborar estrechamente, y es una cuestión de hecho, con todas las instituciones del archipiélago canario para contribuir a la expansión del Puerto de la Luz.


--DEL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO DEL MUSEO MILITAR DE MENORCA Y DEL PATRIMONIO MILITAR DEL PUERTO DE MAHON Y CALA SAN ESTEBAN, EN MENORCA (Número de expediente 181/001217).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 13, del señor Fernández de Mesa, sustituido en este caso por el señor Fariñas, que tiene la palabra.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Agradeciendo al señor secretario de Estado su presencia aquí para responder a las preguntas de los diputados, doy por formulada la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): El convenio para la constitución del consorcio del museo militar de Menorca y del patrimonio histórico militar del Puerto de Mahón y cala de San Esteban concreta los términos de colaboración entre la Comunidad Autónoma de Baleares, el Consejo Insular de Menorca, los ayuntamientos de Mahón y de Es Castell y el Ministerio de Defensa para administrar, gestionar y promover el desarrollo y difusión de actividades tendentes al conocimiento y promoción de la historia y la cultura, en especial la militar.
Para ello, el Ministerio de Defensa cederá el uso de los terrenos e instalaciones, por un período de 50 años, de las siguientes propiedades militares: fortalezas de La Mola y San Felipe, el fuerte de San Filipet y la Torre del Penyab ubicadas en los términos de Mahón y Es Castell, a excepción de las zonas y dependencias de interés todavía para el Ministerio de Defensa. Los citados inmuebles tienen la consideración de bienes de interés cultural, al amparo de lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 29 de julio, del Patrimonio histórico artístico. Las instituciones participantes en el consorcio han elaborado unos estatutos para regirlo.
El convenio, en unión de sus estatutos, fue remitido a distintos órganos directivos del Ministerio de Defensa para su informe antes de proceder a su aprobación.
Una vez terminados, a la vista de lo manifestado en los mismos, el convenio y estatutos se devolvieron a su origen, al objeto de que las instituciones participantes en la constitución del consorcio reconsideraran algunas de sus cláusulas, teniendo en cuenta lo aportado en los distintos informes emitidos. En la actualidad se ha recibido en el Ministerio de Defensa el convenio y estatutos, una vez recogidas y aprobadas por las instituciones participantes las modificaciones propuestas.
En estos momentos estamos pendientes de proceder al acto de la firma de este convenio y de sus estatutos.


--DEL SEÑOR FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA CESION AL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA PROPIEDAD DENOMINADA ACUARTELAMIENTO PUIG DES MOLINS, EN IBIZA (Número de expediente 181/001218).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 14, del señor Fernández de Mesa, también sustituido por el señor Fariñas, que tiene la palabra.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Señor secretario de Estado, ¿cuál es el estado en que se encuentra la cesión al Ministerio de Educación y Cultura de la propiedad denominada acuartelamiento Puig des Molins, en Ibiza?

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Los terrenos del acuartelamiento de Puig des Molins, en Ibiza, con una superficie de 21.263 metros cuadrados, están integrados en la zona del yacimiento arqueológico del mismo nombre.
Dicho yacimiento es una de las necrópolis fenicias púnicas más importantes del mundo. Está enclavado en un cerro en la ciudad de Ibiza en cuya superficie se abren alrededor de tres mil cámaras funerarias excavadas en la roca caliza. Los terrenos en los que se asienta están divididos en tres zonas, una de ellas propiedad del municipio de Ibiza, otra particular y la tercera del Ministerio de Defensa.
Por Real Decreto de 10 de noviembre de 1987 se aprobó la delimitación del bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, denominada necrópolis púnica de Puig des Molins, en Ibiza.
Por resolución del Ministerio de Defensa de 27 de mayo de 1987 se declaró la desafectación, alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa de 11.040 metros cuadrados en los terrenos del acuartelamiento de Puig des Molins.
Posteriormente, por resolución 13 de septiembre de 1994, se declaró la desafectación, alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa de otros 10.228 metros cuadrados de terreno.
El Ministerio de Educación y Cultura expresó su oposición a la enajenación a terceros de los citados terrenos, solicitando por otra parte la formalización de una mutación demanial en base a que, según lo establecido en el artículo

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segundo del Real Decreto 3258/1997, antes citado, se considera como bien demanial el terreno situado en el yacimiento arqueológico perteneciente a este Ministerio, a los efectos prevenidos en los artículos 124 y 125 de la Ley de Patrimonio del Estado.
Con fecha 18 de junio de 1997, se anularon por el señor ministro las desafectaciones de los terrenos con el fin de proceder a su mutación demanial con el Ministerio de Educación y Cultura. En la actualidad, se está a la espera de que por la Delegación de Economía de Hacienda de las Islas Baleares se fije la fecha para formalizar la entrega de la propiedad, habiéndose designado al delegado de defensa en Baleares como representante del Ministerio de Defensa para realizar dicha entrega. La designación de dicho representante se comunicó a la Dirección General de Patrimonio del Estado por escrito de fecha 17 de marzo de 1998.


--DEL SEÑOR HERRERA ANTONAYA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS DE DIVISA EN LAS ADQUISICIONES MILITARES EN EL EXTRANJERO (Número de expediente 181/001219).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15 del señor Herrera Antonaya, del Grupo Popular, que tiene la palabra.


El señor HERRERA ANTONAYA: Señor secretario de Estado, voy a ser muy breve, porque tras el bombardeo informativo que hemos sufrido a raíz de la reciente cumbre del euro, SS. SS. y los ciudadanos en general tenemos algo más claros los beneficios de tener una moneda fuerte y estable a la hora de realizar intercambios comerciales.
En cualquier caso, resulta evidente la influencia de los cambios de divisas en las adquisiciones de material militar en el extranjero, fundamentalmente por el elevado coste económico y por la extensión en el tiempo de este tipo de operaciones. Es muy distinto pagar con dólares a 150 o a 190 pesetas, o que se produzcan fluctuaciones en el cambio, una vez comprometido el gasto.
Por todo ello, teniendo presente la indudable ventaja que va a tener sin duda el uso de una moneda tan fuerte y estable como a priori va a ser el euro y las adquisiciones de material militar, doy por formulada la pregunta que figura en el orden del día.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Efectivamente, los contratos correspondientes a adquisiciones militares en el extranjero son, por lo general, suscritos en la moneda del país vendedor y para los efectos de presupuestación son valorados en pesetas por los órganos de contratación al cambio fijado por el Banco de España en el momento de iniciación de ese expediente.
Por ello, cualquier variación al alza de la divisa repercute en las disponibilidades adquisitivas del Ministerio de Defensa, pues para poder hacer frente a los compromisos adquiridos se habrán de detraer recursos de otros programas, que quedarán aplazados o frenados en su desarrollo para financiar los deficitarios.
Como consecuencia de la supresión del anexo II de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1997, referente a los créditos ampliables, la posibilidad de solicitar como tal las diferencias por los cambios de divisas no prosperó, teniendo en cuenta los criterios de rigor presupuestario que exige nuestra entrada plena en lo que vaya a ser la Unión Monetaria europea.
El Ministerio de Economía y Hacienda informó en este sentido que el incremento que se produzca como consecuencia del cambio de la paridad de la peseta, tanto en compromisos adquiridos como en el coste de futuras contrataciones que realice el Estado, sus organismos autónomos y entes públicos, debe ser asumido por el presupuesto respectivo, priorizando sus actuaciones de forma que se eviten aumentos del gasto que incidan negativamente en el déficit público. Por ello, el Ministerio de Defensa tuvo que reducir pagos en el extranjero durante el año 1997 por un importe de 3.165 millones de pesetas derivadas del incremento del dólar, de 120 aproximadamente a 150 que se puso en el transcurso del año.
Para el año en curso el cambio previsto por los órganos gestores de la presupuestación del Ministerio es de 150 pesetas/dólar, que creemos que no recibirá un sobresalto cambiario tan gigantesco como el que tuvo durante el año 1997.
Como quiera que las adquisiciones de material y servicios en esta divisa del año 1998 ascenderán a los 300 millones de dólares, esto significa que por cada peseta que se revalorice el dólar el Ministerio de Defensa dispondrá de 300 millones de pesetas menos para atender a sus obligaciones. Al objeto de poder evitar estas variaciones, el Ministerio de Defensa estudia la posibilidad de contratación de un seguro de cambio, que tiene sus dificultades, o fórmula similar, que garantice una paridad que permita hacer frente a los compromisos en divisas al cambio que fueron elaborados los presupuestos de gasto correspondientes. Hasta hoy no se ha podido aplicar este procedimiento dado que el dólar ha estado en este primer cuatrimestre siempre por encima de las 150 pesetas, pero al ser empleado en el momento oportuno en contratos de una gran cuantía, las ventajas económicas para el Ministerio de Defensa serán obviamente considerables. Tenemos que pasar unos determinados trámites administrativos porque no es práctica general en la Administración asegurar el cambio, que venía a su vez asegurado por la propia ley de presupuestos, vía los créditos ampliables que se permitía solicitar en caso de pérdidas cambiarias por divisa.


--DEL SEÑOR GONZALEZ PEREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE LINEAS BASICAS QUE CARACTERIZAN EL PROCESO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

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EN EL ORGANO CENTRAL PARA EL AÑO 1998 (Número de expediente 181/001223).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16 del señor González Pérez, que tiene la palabra.


El señor GONZALEZ PEREZ: Siguiendo la estela de mis compañeros, intentaré ser muy breve para que este prolijo orden del día se vea disminuido con nuestras intervenciones y se nos haga menos pesado.
Señor secretario de Estado, el objeto de la pregunta no es otro que poner de manifiesto varios aspectos fundamentales en el proceso de inversiones del órgano central, máxime cuando esto fue anunciado por el propio Ministerio de Defensa y, además, se observa como viene contemplado en el ejercicio presupuestario de 1998.
La primera observación que queremos hacer es ver cómo hay un único servicio presupuestario y que, desde nuestro punto de vista, consigue la homogeneización y la racionalización de las inversiones. En segundo lugar, y pensando en la próxima profesionalización de las Fuerzas Armadas, creemos que es muy positivo concentrar en un solo órgano la proyección de inversiones que agilizarán en aras a la optimización de los recursos de los que se dispongan. En tercer lugar, y no menos importante, es la constitución de una única autoridad encargada de la política de infraestructuras del órgano central, disminuyendo en sí la propia burocracia.
Por todo esto le pedimos que nos exponga las líneas básicas que caracterizan el proceso de inversiones en la infraestructura en el órgano central para el año 1998.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señoría, gracias por su intervención de apoyo a la gestión que en estos momentos lleva el Ministerio.
Efectivamente, en el ejercicio económico del año 1998, por primera vez desde la creación del Ministerio de Defensa, todos los recursos de inversión, capítulo 6 en infraestructuras, asignados al órgano central, aparecen concentrados en un único servicio presupuestario, el 07, que corresponde a la Dirección General de Infraestructura. Este hecho evidencia la voluntad del departamento en asegurar la máxima racionalización de los recursos disponibles. La existencia de un único recurso y una única autoridad responsable de su obtención y distribución genera las condiciones necesarias para la implantación de una única política de infraestructura en el órgano central.
Las inversiones previstas en infraestructura por el órgano central para el ejercicio de 1998 se desglosan en las siguientes líneas de actuación.
Plan de actuación en infraestructura en los acuartelamientos de la Guardia Real en El Pardo: se pretende con él adecuar los citados acuartelamientos a la normativa vigente en materia de calidad de vida de la tropa y la dotación prevista para el año 1998 es de 315 millones de pesetas. Plan de concentración de centros docentes para los cuerpos comunes: se pretende concentrar todas las escuelas dependientes de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar en los terrenos de la Escuela Militar de Sanidad y la dotación de este programa para 1998 es de 250 millones de pesetas. Proyectos de desviación de la línea de tiro de los polígonos de experiencias de Costilla y González Hontoria en Cádiz: la dotación programada para este proyecto a lo largo de 1998 es de 315 millones de pesetas. Actuaciones de carácter medioambiental en el ámbito del Ministerio de Defensa: los créditos programados para 1998 son de 453 millones de pesetas. El resto de las inversiones del órgano central, cuyo conjunto incluye la sede central del Ministerio de Defensa, las delegaciones de Defensa, las residencias militares Alcázar y Don Quijote, los organismos periféricos y otros, cuentan con una dotación para el año 1998 de 296 millones de pesetas.


--DEL SEÑOR MORAGUES GOMILA (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN EDIFICIOS CATALOGADOS EN LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS POSTERIORES AL DE 1992 (Número de expediente 181/001533).


--DEL SEÑOR MORAGUES GOMILA (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE PLAN ESPECIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LOS EDIFICIOS CATALOGADOS EN LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS POSTERIORES AL DE 1992 (Número de expediente 181/001534).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a un bloque de preguntas del señor Moragues Gomila, del Grupo Socialista, divididas en dos bloques. En primer lugar, las números 17 y 18.
Tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Como consecuencia del proceso de abandono de instalaciones militares, motivado por la reordenación y por la reducción de unidades de las Fuerzas Armadas, ha pasado a ser gestionado por la Gerencia de Infraestructuras un conjunto muy importante de bienes inmuebles que podemos dividir en dos grupos. Un grupo que seguramente tiene interés desde el punto de vista urbanístico y que en el mercado inmobiliario va a tener una salida más fácil o más difícil en función de muchos parámetros, y otro conjunto de edificios, los declarados bienes de interés cultural o catalogados o inventariados por las administraciones que tienen competencia sobre los mismos, ya sean comunidades autónomas, ya sean ayuntamientos. Las dos preguntas que le quiero hacer al señor Morenés hacen referencia precisamente a si existe por parte del Ministerio de Defensa algún plan especial dirigido a estos edificios catalogados o declarados bienes de interés cultural a proteger por los distintos instrumentos

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urbanísticos y si existe alguna partida presupuestaria para hacer frente a la conservación de los mismos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): En mi contestación voy a dar una serie de datos para cuya mejor comprensión pongo en conocimiento de S. S. que hacen referencia a todos aquellos edificios pertenecientes a este Ministerio que por sus características tienen un valor histórico, cultural o artístico, que entiendo que es el sentido de la pregunta de S. S., con independencia de su efectiva declaración como bien de interés cultural, entendiendo que son a éstos a los que se refiere.
Hechas las precisiones anteriores, le detallo las cantidades invertidas en estos edificios singulares señalándole que las correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995 no son realmente significativas puesto que hasta el año 1997 no se ha culminado el proceso de catalogación, provincia a provincia, de tales bienes. Así, para el año 1993, en edificios catalogados singulares se invirtieron 155,9 millones de pesetas; en 1994, 133,3 millones; en 1995, 88,5 millones de pesetas. En el año 1996, el total de los recursos disponibles para invertir en infraestructuras de este departamento fue de 17.669 millones de pesetas, de los que se invirtieron 1.470,6 millones en proyectos destinados a edificios singulares. En detalle, las inversiones en edificios bajo la responsabilidad del órgano central, en el año 1996, fueron las siguientes: Cuartel del Rey, en Madrid, 407,7 millones de pesetas; Taller de Precisión y Centro de Electrónica en Artillería, 39,9 millones de pesetas; Fábrica Nacional de La Marañosa, 64,5 millones de pesetas; acuartelamiento Zarco del Valle, 6,3 millones de pesetas; TYCE, de Guadalajara, 42,3 millones de pesetas; Palacio de las Cigüeñas, en Cáceres, 7,4 millones de pesetas; Palacio de Capitanía, en La Coruña, 13,5 millones de pesetas, y Castillo de San Carlos, en Palma de Mallorca, 12,3 millones de pesetas. En el Ejército de Tierra las inversiones fueron: acuartelamiento Primo de Rivera, 15,7 millones de pesetas; acuartelamiento Capitán Alcaide, 22,8 millones de pesetas; acuartelamiento Zarco del Valle, 3,1 millones de pesetas; acuartelamiento Conde Ansúrez, 22,7 millones de pesetas; acuartelamiento Queipo de Llano, 15,3 millones de pesetas; acuartelamiento Cervantes, 61,2 millones de pesetas; acuartelamiento Peñuelas, 28,1 millones de pesetas; Cuartel General del Ejército, 800.000 pesetas; Palacio de Polentinos, 21,9 millones de pesetas; Casa-taller Berruguete, 2,1 millones de pesetas y el Gobierno Militar de La Coruña, 8,3 millones de pesetas. En cuanto a La Armada, el Cuartel General de La Armada, 4,9 millones de pesetas. En relación con el Ejército del Aire las inversiones en edificios singulares fueron: en la Maestranza Aérea, en Madrid, 75 millones de pesetas; Cuartel General del Ejército del Aire, 544,2 millones de pesetas, y la base de Getafe, 50,6 millones de pesetas.
La Ley 16/1985, de 25 de junio, en su título VIII, artículo 68.1, establece la obligatoriedad de incluir en el presupuesto de cada obra pública una partida equivalente al menos al 1 por ciento de la aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico-artístico español. En el mismo título de esa ley, el artículo 68.3 dice que quedan exceptuados aquellos cuyo presupuesto total no exceda de 100 millones de pesetas y los que afecten a la seguridad y defensa del Estado. El total de proyectos superiores a 100 millones de pesetas dentro del año 1996 fue de 27, por un importe total de 5.284,1 millones de pesetas. El 1 por ciento de esos proyectos a que hace referencia la citada ley sería, por tanto, 53 millones. Si se considera la exención de la actual zona de seguridad la aportación tendría que haber sido algo más de 1 millón de pesetas. De lo expuesto se deduce que con la dotación propia del Ministerio de Defensa la inversión en edificios singulares ha supuesto, en el año 1996, un 28 por ciento del total de los proyectos iguales o superiores a 100 millones de pesetas.
En referencia a las intervenciones en 1997, el Ministerio de Defensa en los diferentes programas de infraestructura del órgano central Aire, Armada y Tierra programó en diferentes proyectos destinados a edificios singulares la cantidad de 1.145,2 millones de pesetas, lo que es un 8 por ciento del total del presupuesto de Defensa en concepto de inversión en infraestructura. Si S. S. lo desea --y le pido permiso al señor presidente--, como es una lectura de inversiones podría darle la documentación, que es muy prolija en datos. (Asentimiento.) En relación con la segunda pregunta, sobre si existe un plan especial para los edificios catalogados en los ejercicios presupuestarios posteriores a 1992, he de decirle que en los diferentes planes anuales de infraestructuras se encuentran relacionados los diferentes proyectos a realizar en ese año como obra nueva, mejoras o reparaciones, conceptos propios de inversión para los diferentes centros. Entre estos centros se encuentran numerosos edificios singulares catalogados con responsabilidad de uso y mantenimiento de Defensa. Asimismo el Ministerio de Defensa, como otra posible aportación económica para esos edificios singulares, firmó el 14 de octubre de 1996 un convenio marco con la fundación Caja de Madrid para la realización de actividades conducentes a la conservación y puesta en valor de los diferentes monumentos con uso y destino militar.
Dentro del ámbito del citado convenio marco, el Ejército del Aire ha propuesto un conjunto de actuaciones en el archivo histórico del Ejército del Aire valoradas en 128,5 millones de pesetas. También el Ministerio de Defensa ha suscrito un convenio con el Ministerio de Fomento y la Junta de Galicia para la financiación de las obras de restauración y rehabilitación de los edificios museo naval Prisión de San Campio, la Herrería museo-biblioteca de construcción naval, del arsenal de la Armada de El Ferrol. En virtud del citado convenio el Ministerio de Defensa está obligado a aportar la cantidad de 108 millones de pesetas en tres anualidades. El proyecto asciende a 540 millones de pesetas y su tramitación, contratación y ejecución corre a cargo del Ministerio de Fomento.
Por otra parte, a la vista del acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación

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y Cultura para la actuación conjunta en el patrimonio histórico-artístico español, se contempla financiación de programas en diferentes campos: catedrales, bienes del patrimonio de la humanidad, centros históricos, obras públicas con valor patrimonial o artístico, programa del Camino de Santiago, museos estatales, programas de teatros, inventario de bienes inmuebles y muebles y patrimonio arqueológico, programas urbanos, plan de castillos y otros elementos de arquitectura defensiva, programa de mercados y programa de balnearios. Dado que entre los programas citados objeto del acuerdo se encuentran diferentes planes que afectan a los edificios singulares de uso por el Ministerio de Defensa durante el año 1997, se ha solicitado a la comisión mixta nombrada, según el acuerdo mencionado, la información necesaria para poder establecer un acuerdo que incluya al Ministerio de Defensa y a los otros dos departamentos, con el fin de recibir prestaciones económicas complementarias a las propias que el Ministerio de Defensa utiliza, tanto en inversión como en mantenimiento.


El señor PRESIDENTE: Señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por la información amplia que nos ha dado y la que nos va a complementar con el envío de los documentos que nos ha anunciado.
La verdad es que la preocupación del Grupo Socialista, compartiendo la que usted ha mostrado, no se dirige tanto a los edificios catalogados en uso por parte del Ministerio de Defensa, que sabemos que son muy costosos de mantener y que, por supuesto, sobrepasan en mucho las posibilidades presupuestarias, sino que iba más bien dirigida a esos edificios que tienen interés, que están catalogados por normas urbanísticas en muchos ayuntamientos o por comunidades autónomas y que dejan de ser usadas por el Ministerio. Son edificios que sufren una gran degradación y necesitan un mantenimiento continuado y también muy costoso. Entendemos que son muy difíciles de atender en su totalidad por el Ministerio, pero alguna solución le debemos dar, señor secretario de Estado. Si el Ministerio no puede mantenerlos, cosa que comprenderíamos, deberíamos agilizar todos estos procedimientos que están en marcha por parte del Ministerio --alguno de los cuales acaba de anunciarnos hace un momento en respuesta a preguntas del Grupo Popular-- para traspasar la titularidad a distintas administraciones que sí puedan darles un uso y hacer el mantenimiento que corresponde a edificios de interés cultural, histórico o artístico. Me consta que muchas instituciones tienen entabladas ya negociaciones. Yo instaría al secretario de Estado --y estoy seguro de que sus esfuerzos van por este camino-- para que estos trámites acaben cuanto antes. Señor secretario de Estado, no puede ser, por ejemplo, haciendo referencia al consorcio del puerto de Mahón que acaba de citar, que llevemos dos años y medio esperando que se terminen las negociaciones entre el Ministerio y las distintas instituciones que conformarán el futuro consorcio del patrimonio militar. Este consorcio va a generar, cuando se ponga en marcha, ingresos que posibilitarán la conservación. Por tanto, estas salidas imaginativas que se tienen por parte de distintas administraciones, con el concurso del Ministerio, son importantes y las deberíamos agilizar.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Yo no puedo sino compartir los criterios de su señoría en dos sentidos. En primer lugar, es vocación y voluntad permanente del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas muy especialmente, que han mantenido con gran esfuerzo económico durante mucho tiempo edificios que no hubiesen podido mantenerse, ayudar a que se pueda seguir su mantenimiento. Pero tenemos unas determinadas prioridades, duras si se quiere, en relación con estos edificios, y lo único que podemos poner encima de la mesa, ya que recursos económicos nos es francamente difícil porque otras son las misiones que nos tiene encargadas el Gobierno, es tratar de agilizar el proceso de acuerdos. Creo que se ha avanzado muchísimo en ese sentido, pero también debo recordar a su señoría que los acuerdos que nosotros tratamos de preconizar como muy poco incluyen a dos partes, y es bastante complicado poder llegar al final a una solución. No obstante, recojo el consejo y la petición de su señoría en el sentido de que se agilicen esos acuerdos, y en esa política seguiremos avanzando.


--DEL SEÑOR MORAGUES GOMILA (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE PRESUPUESTO DEL SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES DESDE EL AÑO 1992 (Número de expediente 181/001535).


--DEL SEÑOR MORAGUES GOMILA (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE GASTO DE LOS EJERCITOS ESPAÑOLES EN MEJORA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DESDE EL AÑO 1992 (Número de expediente 181/001536).


--DEL SEÑOR MORAGUES GOMILA (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE PLAN EXISTENTE EN LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS EN ACUARTELAMIENTOS, BASES Y CENTROS (Número de expediente 181/001537).


--DEL SEÑOR MORAGUES GOMILA (GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO), SOBRE EVOLUCION DEL NUMERO DE ACUARTELAMIENTOS ESPAÑOLES EN APLICACION DEL PLAN NORTE (Número de expediente 181/001538).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas 19, 20, 21 y 22, que van a ser planteadas conjuntamente por el señor Moragues.


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El señor MORAGUES GOMILA: Señor presidente, si antes hacía referencia a edificios de carácter histórico, ahora me referiré a edificios que están en uso por las Fuerzas Armadas.
Señor secretario de Estado, estamos preocupados y queremos saber, en primer lugar, en qué condiciones se ha cerrado la organización de unidades producidas principalmente por el Plan Norte y que ha obligado a reubicar un buen número de unidades del Ejército; queremos saber en qué condiciones de infraestructura y de presupuesto se ha producido.
Entendemos que en algunos casos se han hecho reformas de acuartelamientos, de distintos centros de las Fuerzas Armadas y en otros se han podido construir nuevas instalaciones. No son estas últimas el objeto de la pregunta, porque las nuevas instalaciones sabemos que están relativamente bien, sino la utilización que se hace de antiguos edificios, de edificios añejos que necesitan un concurso importante de fondos para mejorar su infraestructura. Esta es la primera preocupación.
La segunda preocupación que ha animado a mi grupo a presentar estas preguntas es que, a partir del cambio radical que van a sufrir las Fuerzas Armadas con la profesionalización, el Ministerio debe tener muy en cuenta que no solamente harán falta grandes campañas para alistar a nuevos jóvenes para los distintos ejércitos españoles, sino que también tendrá que ofrecer unas condiciones de habitabilidad parejas a aquellas en las que se mueven los jóvenes españoles. Se pueden hacer magníficas campañas de publicidad para que jóvenes españoles se incorporen a las Fuerzas Armadas, pero si la experiencia de habitabilidad, de confortabilidad en las instalaciones no es pareja a todo el ánimo que desarrolla el Ministerio para su alistamiento, es muy posible que todo este esfuerzo sea en vano. La verdad es que muchas veces hemos tenido ocasión de visitar nuevos acuartelamientos que ya disfrutan de parámetros de habitabilidad comparables a los de la inmensa mayoría de las familias españolas, pero todavía están en funcionamiento algunos acuartelamientos que distan muchísimo de estar en condiciones homologables. Por tanto, como le decía, señor secretario de Estado, el Grupo Socialista piensa que el Ministerio debe tener una preocupación especial por posibilitar la incorporación de los soldados españoles en la nueva fase de las Fuerzas Armadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Entiendo que se dan por formuladas las preguntas que van de la 19 a la 22.
Hay una pregunta que se refiere muy específicamente al Servicio Militar de Construcciones y que entiendo que tiene un especial interés. Como sabe S. S., el Servicio Militar de Construcciones es un organismo autónomo de carácter industrial, adscrito al Ministerio de Defensa, que tiene la misión de ejecutar para dicho ministerio las obras de infraestructura más específicamente relacionadas con el concepto operativo. Históricamente ha tenido como únicos ingresos autorizados los procedentes de las obras contratadas por el Ministerio de Defensa. Hasta el ejercicio de 1994, el Servicio Militar de Construcciones mantiene un modelo de gestión de costes muy similar al que regía en las empresas constructoras; es decir, a cada obra se imputaban los gastos que ésta ocasionaba por todos los conceptos. En estos momentos estamos analizando precisamente el sentido del Servicio Militar de Construcciones, que tiene una larga historia, dentro de lo que es una política general de recursos de infraestructura de las Fuerzas Armadas. Las circunstancias que condicionan el Servicio Militar de Construcciones durante los años 1995, 1996 y 1997 son: el aumento de la obra contratada, que pasó de 9.652 millones a 12.458, y los aumentos que se produjeron por el carácter variable que tenían dentro del Ministerio las diversas capacidades financieras de obras que en ese momento no estaban directamente centralizadas. El Servicio Militar de Construcciones intensifica su colaboración con el Ejército del Aire y se inician diversos programas de infraestructuras en zonas remotas que hoy día siguen siendo absolutamente necesarias.
En relación con la preocupación que manifestaba S. S. en cuanto a la habitabilidad de los soldados que se incorporen como nueva tropa profesional, y mientras no sea propiamente profesional con los soldados que se incorporen como conscriptos todavía, puedo decirle que el Ministerio de Defensa construye hoy día sus cuarteles y arregla los antiguos con los criterios OTAN. Es decir, estamos absolutamente obligados a que la habitabilidad de los cuarteles, aunque coincido con S.
S. que no ocurre en todos, sea un proceso que hay que ir desarrollando, aunque los requisitos de habitabilidad son muy avanzados en relación con los que hace 10 años, no ya 25 ó 30, se tenían en los cuarteles españoles. Su señoría habrá visitado cuarteles en los que las condiciones sean todavía poco recomendables, pero también otros en los que los soldados están ya en una situación de real confort, si se me permite utilizar esa expresión.
En infraestructura, desde el año 1992, los gastos del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas son básicamente los que voy a enumerarle.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, me comunica el señor diputado que la documentación de tipo numérico se la puede enviar.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señoría, por su comprensión porque los datos son bastante prolijos.
En relación con el Plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones, que entiendo es la preocupación primera de S. S., el planeamiento y programación de las actuaciones necesarias para cubrir las necesidades de infraestructura, tanto en lo que se refiere a obras de nueva planta como al mantenimiento de las existentes, se regula en la Directiva de planeamiento de infraestructura de 29 de febrero de 1996. Para dar adecuada respuesta al objetivo de fuerza conjunto, en el campo de la infraestructura se confeccionó el Plan director de infraestructuras, dentro del marco del planeamiento de la defensa militar, que es un

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plan flexible, actualizado y revisado, como S. S. conoce, cada dos años.
Las sucesivas formulaciones del plan director de infraestructuras recogen la política del Ministerio de Defensa en este campo, con independencia de los programas de que formen parte o de sus fuentes de financiación. Así, los planes directores de infraestructuras tienen la visión total de la planificación de los recursos en el ámbito de la defensa. Actualmente se ha realizado un Plan director de infraestructuras provisional para el ciclo 1999-2004, que va a servir de puente hasta la promulgación del definitivo y único documento oficial para el año 1999-2005, cuya confección dará comienzo en diciembre de 1998, cuando se conozca el objetivo de fuerza conjunto. Asimismo y con carácter anual se elabora un programa de mantenimiento de la infraestructura en el que se reflejan las dotaciones presupuestarias para la adecuada conservación de las instalaciones, que, como digo, van desde el mantenimiento preventivo hasta la modernización.
En relación con la pregunta específica que formula S. S. acerca de cuál es el número de acuartelamientos españoles en aplicación del Plan Norte, como se trata de un listado, si le parece se lo puedo enviar al objeto de aliviar a la Comisión, que lleva tiempo en la sala.
Gracias, señor presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Agradezco las respuestas y la información que nos ha facilitado el señor secretario de Estado y deseo expresarle que compartimos con el Ministerio la preocupación por que las condiciones de habitabilidad en las que se desenvuelve la vida de los soldados, de la tropa y de la marinería de las Fuerzas Armadas españolas puedan seguir por ese camino de progreso hasta desembocar en una situación mejor a partir de la fecha que se concrete para la profesionalización total de las Fuerzas Armadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Quiero agradecer a S. S. su comentario. Efectivamente, en esa línea estamos trabajando y no solamente por nuestras obligaciones internacionales derivadas de los procesos de normalización OTAN, que nos obligan a conducirnos de esa manera, sino por una convicción absoluta y plena de que la mejora de la calidad de vida de los soldados es un aspecto fundamental del proceso de profesionalización y, sobre todo, de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos llegado al término de esta larga sesión. Agradecemos de nuevo al secretario de Estado su presencia y sus minuciosas explicaciones a las preguntas de los señores diputados.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y cinco minutos de la tarde.

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