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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 322, de 04/11/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 322

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO Y LEDO

Sesión núm. 19

celebrada el martes, 4 de noviembre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Proposiciones no de ley:

--Sobre reestructuración de los servicios de información e inicio de los cambios legislativos oportunos para homologarlos a servicios de información de un Estado democrático. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000533) (Página 9462)

--Sobre enajenación en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) del edificio de la ayudantía militar de la Marina en dicha localidad. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/000559 (Página 9466)

--Sobre realización de un estudio de viabilidad de la utilización compartida del campamento militar de «Els Castillejos». Presentada por los Grupos Popular, Socialista y Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000599) (Página 9467)

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--Sobre protección del espacio conocido por el nombre de Punta del Seixo Branco, en la costa de Dexo, en el Ayuntamiento de Oleiros (La Coruña).
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000643) (Página 9471)

--Sobre sustitución de personal español que realiza sus funciones en las instalaciones USA de la base aeronaval de Rota (Cádiz) por personal norteamericano. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000670) (Página 9473)

--Relativa a la base naval de Rota. Presentada por el Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000700) (Página 9473)

--Relativa a oferta de compraventa por el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) de las viviendas de Santiago Apóstol, en la barriada de Narón (La Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Número de expediente 161/000692) (Página 9475)

--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para el reordenamiento del escalafón general de los oficiales de la escala auxiliar. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000570) (Página 9477)

--Sobre utilización de la base aérea de Zaragoza. Presentada por el Grupo anterior. (Número de expediente 161/000616) (Página 9479)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE REESTRUCTURACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION E INICIO DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS OPORTUNOS PARA HOMOLOGARLOS A SERVICIOS DE INFORMACION DE UN ESTADO DEMOCRATICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000533).


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Defensa, cuyo orden del día, que ya conocen, consta de nueve puntos, todos ellos proposiciones no de ley. Como los puntos 7 y 8 se refieren al mismo tema, la Mesa ha acordado que se debatan conjuntamente, sin perjuicio de su votación, por supuesto, por separado. Por otra parte, uno de los grupos parlamentarios pide que la proposición no de ley número 3 se debata más tarde --la podemos debatir al final-- porque uno de los ponentes tiene que retrasarse por razones de desplazamiento hasta Madrid. También a petición de algunos grupos parlamentarios, si a la Comisión le parece oportuno, vamos a realizar las votaciones de todos los puntos al final. Calculamos que en ningún caso antes de las siete menos cuarto.


El señor MOYA MILANES: Señor presidente, en el mismo sentido en que hacía usted referencia a una de las iniciativas, el ponente de nuestra proposición número 5 ha comunicado que tiene algún problema para llegar a tiempo. Solicitamos que se debata al final, junto con la que usted ha manifestado.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Debatimos al final ambas.
Iniciamos, por tanto, el desarrollo del orden del día con el punto número 1: Proposición no de ley sobre reestructuración de los servicios de información e inicio de los cambios legislativos oportunos para homologarlos a servicios de información de un Estado democrático, presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, el objetivo de esta proposición no de ley es poner en marcha los mecanismos legales que permitan la reestructuración de los servicios de inteligencia, modernizarlos y homologarlos a los de un país democrático como es España. En este sentido, creemos que recogemos el compromiso electoral del Partido Popular, que en su programa electoral, en el folio 253, planteó la necesidad de iniciar una reforma en profundidad de los servicios de seguridad.
Señorías, el fin de la guerra fría está permitiendo una revisión, un cuestionamiento del papel de los servicios de información en los países democráticos. Hasta entonces los servicios de información se asociaban a actividades sucias que, amparadas en el secreto, utilizaban éste en ocasiones como escudo protector de actividades ilegales, reclutamiento de personas incompetentes o inmorales, corrupciones, asesinatos, extorsiones, grabaciones ilegales, etcétera. Tan es así que la afirmación de Winston Churchill,

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que vino a decir que es algo tan sucio que sólo puede hacerse por un gentleman; o aquella más cercana, la nuestra, española: Dadme los hombres más limpios para hacer los trabajos más sucios, evidenciaba hasta qué punto se asociaban los servicios de información con actividades irregulares. La concentración de poder que como una regla fatalista han ido acumulando los servicios de información en las democracias durante la guerra fría, con un incremento de las actividades secretas a favor, como mucho, del Gobierno o del partido de turno, ha chocado reiteradamente con las exigencias del propio sistema democrático. El control sistemático de teléfonos y comunicaciones, la apertura de correspondencia, la infiltración en asociaciones legales, la utilización del secreto para la protección de generalidades, actividades de gente inepta o incompetente y claramente ilegales, ha sido lo normal. El debate, pues, a la luz de esa realidad se concreta en los siguientes interrogantes. ¿Merece la pena mantener este tipo de maquinarías? ¿Qué utilidad tienen una vez desaparecida la confrontación entre bloques militares? ¿Son instrumentos eficaces para la defensa de las libertades y la seguridad? En España el tema adquiere una particularidad en el debate general, en relación a otros países democráticos, en función no sólo de los escándalos que han rodeado de forma especial al Cesid en los últimos años, sino también por la inercia autoritaria que viene arrastrando.
Todos los cambios que ha habido en España, desde 1977, han sido justificados por la necesidad de homologar nuestras instituciones y nuestra legislación con las de los países democráticos de nuestro entorno. El Cesid ha sido la excepción por su estructura, dependencia y falta de control.
En todos los países democráticos, las necesidades informativas del Estado se satisfacen con dos servicios de inteligencia independientes; uno dedicado a la inteligencia interior y otro a la exterior. La razón de la existencia de dos servicios se basa en la eficacia ante las diferentes características de ambos campos, el diferente modus operandi y la distinta información que se persigue. Así, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el FBI y la CIA; en el Reino Unido el SS y el SIS; en Francia la DST y la DGSE; en Alemania el BFV y el BND, etcétera. Sólo en Estados totalitarios o en los muy pequeños hay un solo servicio de inteligencia que cubre todos los campos de información: el interior, el exterior, la tecnología y la contrainteligencia. Se podrían citar muchos ejemplos; el más cercano lo tenemos en el servicio de información marroquí, la DGED, que engloba en un solo servicio a todos los servicios de interior y exterior. La existencia de dos servicios nacionales no excluye que haya otros servicios de carácter menor, en particular los específicamente militares como la DIA americana, la DRN francesa, el MAD alemán, el DIS británico, el AMAN israelí o el GRU ruso. Estos servicios, junto a los principales, forman la comunidad de inteligencia, dentro de la cual debe existir una coordinación que asegure el reparto de misiones y evite la duplicación de esfuerzos. Esta comunidad de inteligencia suscita, necesaria e inevitablemente, el problema de la coordinación entre servicios. En Estados Unidos es el director de la CIA quien los coordina, en el Reino Unido el Permanent Secretariat of Intelligence Services, en Italia corresponde a un comité, etcétera. Este ejecutivo para los servicios de información y seguridad es quien plantea todo el sistema de la coordinación. En todos los casos, el coordinador está ligado al presidente o al primer ministro. En España, el Cesid, al asumir las competencias en el ámbito de la coordinación de la defensa del Estado, se desmarca del modelo occidental, donde el servicio de inteligencia militar ocupa un espacio propio ligado a los ministerios de Defensa. Los servicios de información de las democracias occidentales suelen tener un director y un segundo jefe. El primero es un político que representa la cara visible del servicio ante la sociedad, que recibe del Gobierno --quien le ha nombrado-- un mandado de misiones y que comparece ante el Parlamento. El antiguo director de la CIA, el señor Turner, llamó definir un mandato al conjunto de instrucciones y normas que, discutidas anualmente en el Congreso, determinan los objetivos y modos de acción de los servicios de inteligencia, de modo tal que los funcionarios de esos servicios pueden resistir las presiones de los gobernantes cuando éstos les piden realizar acciones posiblemente ilegales en un régimen democrático. El segundo jefe es el técnico que conoce el mundo y los procedimientos de la inteligencia, que gestiona el día a día del cumplimiento del mandato, que garantiza la continuidad del servicio y la no instrumentalización de éste en beneficio político del gobierno o partidos. La dependencia del presidente o del primer ministro de los servicios de información desmilitariza claramente el cometido de estos servicios.
En España, la dependencia del Cesid es compleja. Su director depende del Ministerio de Defensa orgánicamente, pero también funcionalmente para todo lo relativo a la política militar y a las funciones de la política de defensa en él delegadas por el presidente del Gobierno, según los artículos 8.1 y 10 de la Ley Orgánica 6/1980. También funcionalmente el Centro depende del presidente del Gobierno para las funciones de política de defensa que le encomienda la citada ley orgánica y para las funciones de coordinación de la acción del Gobierno en la defensa del Estado. Pero todavía se complica aún más la dependencia al asumir también el vicepresidente competencias. Esta confusión organizativa y la dependencia del Ministerio de Defensa no se corresponde con la homologación de nuestros servicios a los países democráticos.
El control de la sociedad sobre los servicios de información para evitar su instrumentalización partidista, el despilfarro de recursos o las actividades ilegales, determina la diferencia entre países democráticos y no democráticos. Hasta ahora, el control de las actividades del Cesid se ha expresado en uno interno que lo ejerce el propio Centro y otro externo que corresponde a las instituciones del Estado. El control interno, al no existir un estatuto propio de los agentes con todas sus garantías constitucionales, depende de un control absoluto del director sobre toda la estructura del Centro. En cuanto al control externo, al estar protegido por la Ley de Secretos Oficiales los métodos de trabajo, la organización y las actividades del Cesid, y al emplear éste fondos reservados, los controles político, judicial y económico han revelado que el control parlamentario

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ha resultado prácticamente imposible. Solamente ha existido, en la práctica, el control del Ministerio de Defensa y de Presidencia del Gobierno, que como única medida de control se han limitado a depositar su confianza en la persona del director general del Cesid.
Por todas estas consideraciones, Izquierda Unida presenta esta proposición no de ley que viene a plantear instar al Gobierno a reestructurar los servicios de información y a iniciar los cambios legislativos oportunos para, por su estructura, dependencia y control, homologarlos a servicios de información de un Estado democrático, bajo las siguientes características: 1.º Dividir los servicios de información en, al menos, dos servicios de inteligencia independientes. Uno dedicado a la inteligencia interior y otro a la exterior. 2.º Ubicar la dependencia de los servicios de información bajo responsabilidad del presidente del Gobierno. 3.º Confiar la dirección de los servicios de información a un director-coordinador quien, nombrado por el Gobierno, le defina un mandato, es decir, un conjunto de instrucciones y normas que determinen los objetivos y modos de acción de los servicios de inteligencia, de modo tal que los funcionarios de esos servicios puedan conocer la definición de su mandato. 4.º Los servicios de inteligencia se coordinarán con los ministerios de las materias de que se ocupen: servicio de inteligencia interior con el Ministerio del Interior; servicio de inteligencia exterior con el Ministerio de Asuntos Exteriores. De crearse otros servicios, por ejemplo, el de defensa o tecnología, se coordinarán con los respectivos departamentos ministeriales. 5.º Que cada servicio de inteligencia tendrá un coordinador. Los coordinadores de cada servicio formarán el comité interministerial de inteligencia y este comité será coordinado por el director-coordinador mencionado en el punto 3.º y será asistido por un secretario o segundo jefe, profesional de los servicios de información.
6.º El comité de inteligencia inteministerial será el órgano que asigne los objetivos y las prioridades al conjunto de los servicios de información. 7.º Que el director de los servicios comparezca anualmente ante el Congreso para conocer y debatir la definición del mandato. 8.º Que los funcionarios de los servicios de información tengan un estatuto de funcionamiento con todos sus derechos constitucionales reconocidos para, entre otros derechos, si reciben órdenes indebidas, poder denunciarnos ante los órganos jurisdiccionales competentes. En definitiva, dejar claro que el funcionario o contratado de los servicios es un trabajador/trabajadora que desarrolla su función para el Estado, no para el coordinador-director. 9.º Que los servicios de inteligencia sean controlados políticamente por el Gobierno, Parlamento y Defensor del Pueblo, judicialmente por los jueces y económicamente por el Tribunal de Cuentas.
Señorías, lo que pretende Izquierda Unida con esta proposición es encarar una reforma que nos parece imprescindible: los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Hubiesen ocurrido escándalos o no, lo cierto es que nuestros servicios de inteligencia merecen una reforma en profundidad, una modernización. Después de la última comparecencia del ministro de Defensa, con las preguntas que dejó sin contestar y con los interrogantes que todavía quedan abiertos en relación con el actual Cesid, Izquierda Unida sigue planteando la necesidad de esta reforma en profundidad.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: Muy brevemente, señor presidente, nosotros ya tuvimos ocasión, en un debate reciente sobre el Cesid en la Comisión de Defensa, de manifestar nuestra posición contraria a este entonces esbozo de reforma que hacía el Grupo de Izquierda Unida y ahora reiteramos nuestra posición discrepante.
El Grupo de Izquierda Unida está presentando un modelo claramente alternativo al que está vigente dentro de los servicios de seguridad.
Nosotros creemos que el desdoblamiento que el Grupo de Izquierda Unida preconiza dentro de los servicios de inteligencia redundaría en un menor grado de eficacia y, consiguientemente, que éste no es el momento adecuado para proceder a una reforma de esa naturaleza, sino todo lo contrario, más bien mantener una cohesión interna que estaría lejos de este desdoblamiento explícito, claro y rotundo que presenta la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida. Por otra parte, tampoco compartimos, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, este cambio de dependencia que pretende la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida en exclusiva de Presidencia del Gobierno, por razones de fondo, operativas y tácticas también. Finalmente, creo que conviene recordar algo que ya dijimos en la última comparecencia del ministro de Defensa en relación con este tema.
Pusimos de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando un poco las iniciativas que habían sido puestas en marcha con anterioridad por el último Gobierno socialista en esta materia, tanto en lo referente al decreto sobre reestructuración como al estatuto de personal. Creemos que abundando en esa dirección podemos encontrar, sin duda, un grado de eficacia mucho mayor dentro de los servicios de seguridad. Por tanto, todas las preocupaciones que el Grupo de Izquierda Unida manifiesta en relación con los controles políticos, la definición de un mandato, etcétera, creo que están bien encajados actualmente dentro de lo que son los servicios de inteligencia, en la medida en que está definido por el propio mandato que el Gobierno hace en cuanto a las misiones a realizar.
Por otra parte, esa dependencia y esa rendición de cuentas al Gobierno me parece que es notoria dentro de los cometidos y de las obligaciones del Centro en relación con el cumplimiento del mandato que se le asigna. En cuanto a los controles, por una parte tiene los de la dependencia del Gobierno y, al mismo tiempo, los controles parlamentarios a través de su dirección política, que es el ministro de Defensa.
Manifestando nuestras posiciones sobre esta materia en las últimas comparecencias, no consideramos conveniente apoyar esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Nadal.


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El señor NADAL I MALE: Señor presidente, lo más rápidamente posible resumiré el planteamiento y explicaré las razones de nuestro voto negativo.
Lo que propone Izquierda Unida tiene un argumento, que es su Estado democrático, sus servicios de seguridad, que probablemente poco tienen que ver con los servicios de los Estados occidentales, hoy en día, ni de los Estados orientales porque no existen en cuanto a lo que pretende Izquierda Unida. Los servicios que proponen disminuyen la eficacia de los mismos. Creo que los servicios que existen en el Estado español pueden ir mejorando su eficacia, pero siempre dentro de los ritmos que se puedan establecer por los diferentes gobiernos bajo los criterios del Ministerio de Defensa. Quizá lo que se pueda deducir del planteamiento que hacemos es la necesidad de un mayor control político sobre los mismos, control político que puede evitar situaciones como las sucedidas con anterioridad.
Por todas estas razones, señor presidente, vamos a dar nuestro voto negativo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.


El señor GUTIERREZ MOLINA: Señor presidente, señorías, con la brevedad a que el orden del día impele, pero también con la suficiente extensión como para no ser descortés con la proposición no de ley presentada por el Grupo Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Popular expresa desde ahora que se va a oponer a la misma basado en las siguientes consideraciones.
Si no hemos entendido mal, el Grupo Izquierda Unida propone, mediante esta iniciativa, que el Gobierno reestructure los servicios de información e inicie los cambios legislativos oportunos para, por su estructura, dependencia y control, homologarlos a los servicios de información de un Estado democrático bajo las características que ya el portavoz de Izquierda Unida ha desglosado, en las que no vamos a insistir. De los ocho epígrafes en que ha separado su intervención el portavoz de Izquierda Unida, nos parece que dividir el actual Cesid en dos servicios de inteligencia independientes, según su área funcional de competencia interior y exterior, tal y como se promueve en la proposición no de ley que se informa, resultaría una tarea costosa, difícil y que pondría en entredicho, durante mucho tiempo, la eficacia de la inteligencia en España. Ya hace más de un año que del Cesid no se habla y, si se habla, se hace en ambientes puramente académicos, entre comillas, señor presidente, lo que es buena señal. Nos oponemos a esta proposición no de ley, en primer lugar, por lo que estaba diciendo anteriormente, porque esta división significaría automáticamente dedicar más recursos presupuestarios a la inteligencia. Aun en el caso de que se pudiera repartir el personal del actual Centro en dos, elementos importantes que hoy están al servicio de un único organismo, tendría que duplicarse, como es el caso de la infraestructura y muy especialmente el de la agrupación operativa para dar apoyo a las distintas misiones. Cada servicio, lógicamente, debería contar con lo suyo. Es más, aun siguiendo con la hipótesis de esta división perfecta del personal, el número de puestos directivos, de jefaturas, de gabinetes aumentaría por necesidad, con la consiguiente carga presupuestaria. En segundo lugar, dividir el actual servicio en dos supondría preparar nuevo personal tanto para el apoyo operativo como para otras funciones. Teniendo en cuenta que se habla de auténticos especialistas, en muchos casos, dicha preparación podría dilatarse en el tiempo, poniendo en peligro la necesaria eficacia de la inteligencia española. De la misma forma, dicha eficacia se vería también comprometida, ya que hay ciertos elementos que no pueden ser trasvasados de un servicio a otro (redes de informadores, agentes, etcétera). Dividir el Cesid supondría, a su vez, un notable esfuerzo racionalizador, a fin de evitar duplicidades innecesarias en áreas de difícil adscripción a un servicio u otro, como la inteligencia de señales electromagnéticas o las enfocadas a temas económicos y de tecnología.
Con independencia de estos argumentos, señor presidente --y para terminar--, nosotros creemos que --y cojo prestada una frase del subsecretario de Defensa cuando hablaba del problema de la profesionalización-- cuando enfocamos los problemas de inteligencia, debe hacerse no desde la estética de la abdicación, sino desde una estética del compromiso cívico con las necesidades de la defensa de España en el momento actual y mirando hacia el futuro que las mismas tienen planteadas. Señor presidente, es innecesario, dada la brevedad de la intervención, recordar los antecedentes parlamentarios de las mociones ante el Pleno del Congreso que el Grupo Popular presentó, la proposición no de ley que nuestro grupo presentó en Comisión en el año 1985, las intervenciones en el debate sobre el estado de la Nación del año 1994 y más recientemente en la VI legislatura, nuestro propio programa electoral o incluso los restantes programas electorales de otros grupos políticos que se han ocupado del tema.
Por tanto, nosotros, a la luz de este entendimiento, que como en el romance de García Lorca, nos hace ser muy comedidos, vamos a votar en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para reestructurar los servicios de información e iniciar los cambios legislativos oportunos para, por su estructura, dependencia y control, homologarlos a servicios de información de un Estado democrático. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, sabe que en este turno no hay réplica.
Si desea intervenir, me tiene que decir a título de qué porque el debate está agotado. Cada grupo ha expresado su punto de vista, no hay enmiendas sobre las que pueda S. S. tomar posición y no le puedo conceder el turno de palabra para reabrir un debate que está agotado al haber intervenido todos los grupos en el lugar correspondiente.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, por una alusión directa al modelo de sociedad que defiende Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Señoría, eso forma parte del debate. Tengo que decirle que sería otro debate distinto.


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Las alusiones que he oído hacen referencia al planteamiento de su iniciativa y entiendo que no hay por qué volver a entrar en ello.


El señor MEYER PLEITE: Lamento que no podamos iniciar los debates con normalidad, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, hemos agotado el debate. Lo siento.


--SOBRE ENAJENACION EN FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA (CADIZ) DEL EDIFICIO DE LA AYUDANTIA MILITAR DE LA MARINA EN DICHA LOCALIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000559).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día: Proposición no de ley sobre enajenación en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) del edificio de la Ayudantía Militar de la Marina en dicha localidad, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por el que tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, lo que pretende esta iniciativa es algo no propio solamente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, puesto que ya hemos tenido ocasión en otras sesiones de esta Comisión de Defensa de plantear temas de fondo parecidos, y es qué pasa con los edificios que se enajenan por el Ministerio de Defensa y la posibilidad de que revierta su uso a los ayuntamientos correspondientes. En este caso concreto estamos hablando del edificio de la Ayudantía Militar de la Marina de Sanlúcar de Barrameda, que tiene un valor catastral de 8.500.000 pesetas y una superficie de 572 metros cuadrados, y que ya ha sido desafectado por la gerencia de Infraestructuras de la Defensa. Lo que se pretende es aprobar esta proposición no de ley que dice: «1.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la enajenación en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda del edificio de la Ayudantía Militar de la Marina mediante la formalización del correspondiente convenio con el Ayuntamiento de esta localidad que determine el uso y destino del mismo de acuerdo con la Ley de 31 de julio de 1984. Y 2.º El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que dé instrucciones a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa en el sentido de que la enajenación se produzca con la máxima rapidez y en los términos menos gravosos para el municipio.»

El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor presidente, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley porque, respetando la legalidad, va a facilitar la creación de instalaciones públicas de carácter cultural que son absolutamente necesarias para el municipio de Sanlúcar de Barrameda.
La Junta de Andalucía ha decidido financiar la construcción de una biblioteca pública cuyo proyecto ya está redactado y las obras están a expensas de trasladar las dependencias municipales actuales desde su sede hasta el edificio de la antigua Ayudantía Militar de la Marina, que se encuentra a 60 metros de la anterior. Las negociaciones empezaron hace 10 meses y, tras este tiempo de negociación, creemos que las posiciones están muy cercanas, si mi información es correcta, están ahora mismo en manos de los técnicos que tienen que dar forma a un posible acuerdo.
Nuestra enmienda pretende evitar interpretaciones sobre lo que significa máxima urgencia, que es el texto de la proposición no de ley, y llevar el plazo de negociación hasta la fecha prevista de iniciar las obras de construcción de la biblioteca. Así evitaríamos al ayuntamiento el coste que significa alquilar otro inmueble y el trastorno que suponen los sucesivos traslados. Tenemos que resaltar que la moción aprobada por unanimidad de los grupos municipales, incluido el del Partido Popular, requería del equipo de gobierno municipal que solicitara la cesión gratuita del inmueble al Ministerio de Defensa y que el alcalde, escrupuloso con la legalidad vigente, como es esta proposición no de ley, ha negociado la compra del mismo, a pesar de estar sujeto el ayuntamiento a un plan de saneamiento que limita mucho su capacidad inversora. La oferta de los responsables municipales de Sanlúcar está en el término medio entre el valor catastral del inmueble y la valoración que del mismo hace la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, por lo que consideramos que la negociación se está produciendo en unos términos razonables y, por tanto, aceptables, lo que a su vez facilita que el acuerdo se firme en el plazo que nosotros proponemos. Puede incluso beneficiar al Ministerio de Defensa ya que, en el próximo período de sesiones, esta Cámara puede aprobar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre este tema, que viene siendo llamada por los ayuntamientos la bella durmiente. Si esta proposición de ley se aprueba en el próximo período de sesiones, el edificio en cuestión, que está catalogado como bien cultural y, además, ha sido solicitado para uso público, tendría que ser cedido gratuitamente al municipio por parte del Ministerio. Por tanto, nosotros pensamos que si esta enajenación se realiza, y se realiza en el tiempo que nosotros proponemos, todo el mundo gana. El Ministerio cobra --posiblemente si se hace después no pueda cobrar por este inmueble--, el ayuntamiento ahorra dinero, por lo que ya he expuesto, y el pueblo de Sanlúcar tendría la biblioteca pública que está requiriendo.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una transaccional a esta enmienda que acaba de ser defendida; enmienda transaccional que creo que ha sido distribuida a todos los grupos pero que, en todo

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caso y para la debida constancia, voy a leer a continuación. Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, una vez que el edificio de la Ayudantía de Marina quede desalojado por la Dirección de la Marina Mercante, proceda, a través de la Gerencia de Infraestructura, a establecer los contactos necesarios con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para, tras la obligatoria depuración física y jurídica de la propiedad, proceder a su enajenación en los términos previstos en la Ley y Reglamento del Patrimonio del Estado y en la normativa propia del referido organismo autónomo. Para la defensa de esta enmienda transaccional tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Señor presidente, el edificio de la Ayudantía Militar de Marina de Sanlúcar, objeto de la proposición no de ley de Izquierda Unida, forma parte del conjunto de inmuebles de comandancias y ayudantías militares de marina que por la disposición transitoria octava de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y Marina Mercante, fueron transferidos por parte del Ministerio de Defensa al Ministerio de Fomento. La Dirección General de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, ha de ir definiendo las necesidades que tiene sobre los inmuebles que hasta ahora ocupaban las citadas comandancias y ayudantías. En el caso particular de Sanlúcar de Barrameda, la citada dirección ha comunicado recientemente que no es necesario para sus fines, pero lo que se desconoce en estos momentos es el plazo previsto para su desalojo; se está hablando de un año, pero esta fecha no es exacta.
Por las circunstancias citadas, el Grupo Popular ha presentado esta enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: Para tomar posición respecto a la aceptación o no de las enmiendas que acaban de ser defendidas, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Nosotros no vamos a aceptar la enmienda transaccional del Partido Popular. Entendemos que nuestra proposición y la intervención de la portavoz del Partido Socialista son mucho más acordes con lo aprobado en el ayuntamiento, desde luego van en el sentido que se le quiere dar desde Sanlúcar de Barrameda. Yo no sé si el Partido Popular se refiere al mismo inmueble, tengo mis dudas, porque ya saben SS. SS. que en Sanlúcar hay dos inmuebles pertenecientes a la Marina Mercante, uno en Bajo de Guía y otro el edificio de la Ayudantía de Marina. Por tanto, nos parece que tal y como está redactada la proposición no de ley es mucho más clara y va más en el sentido del acuerdo del ayuntamiento.


El señor PRESIDENTE: Señor Meyer, entiendo que ha aceptado la enmienda del Grupo Socialista; la transaccional, no.


El señor MEYER PLEITE: Exacto.


El señor PRESIDENTE: Advierto, por tanto, a la Comisión que la votación que haremos en su momento será de acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Socialista.


--SOBRE REALIZACION DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA UTILIZACION COMPARTIDA DEL CAMPAMENTO MILITAR DE «ELS CASTILLEJOS». PRESENTADA POR LOS GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA Y CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO) (Número de expediente 161/000599).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día, puesto que el punto 3 lo hemos dejado para el final. Proposición no de ley sobre realización de un estudio de viabilidad de la utilización compartida del campamento militar «Els Castillejos», presentada conjuntamente por los grupos Popular, Socialista y Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Señor presidente, la presentación de esta iniciativa obedece al sentido de racionalidad que desde el Grupo Parlamentario Popular pretendemos aplicar a cuestiones como el futuro de las instalaciones militares, muchas veces tratadas de forma simplista y poco objetiva, por no decir demagógica. Racionalidad que para el caso que nos ocupa, el campamento de «Els Castillejos», se ha hecho extensiva a la mayoría del arco parlamentario presente en la Comisión, provocando una coincidencia de planteamientos entre los grupos Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Popular, que a su vez se ha traducido en la presentación de forma conjunta de la proposición no de ley que ahora estamos debatiendo. Solicitamos al Ministerio de Defensa que realice un estudio de viabilidad sobre la utilización compartida del campamento en cuestión, petición que implica, por un lado, la convicción acerca de la necesidad del ejército en seguir utilizando las instalaciones como campo de maniobras para sus diferentes unidades, y, por otro, la no menos convicción de que existen fórmulas que permitirían un aprovechamiento civil del mismo. Pretendemos, por tanto, que el Ministerio de Defensa defina su variable en la ecuación que permita llegar al resultado más correcto posible.
El campamento de «Els Castillejos» no es nuevo en esta Comisión, aunque sí resulta novedoso el tratamiento que le queremos dar. De antiguas iniciativas presentadas a debate, pensadas --creemos-- única y exclusivamente de cara a la galería, apostando radicalmente por el cierre y el desmantelamiento de la instalación de un plumazo, sin tener en consideración los aspectos no sólo militares --que los hay-- sino también económicos, a nivel de costos, de la desafectación, del pago de la misma, de titularidad, hemos pasado a esta proposición no de ley que hoy traemos a discusión los tres grupos mayoritarios de la Cámara basada, como señalaba al principio, en la racionalidad, enfocando la situación con criterios objetivos y solicitando, en consecuencia, actuaciones lógicas y coherentes. Todo ello, además, en la línea de lo expresado por las administraciones locales afectadas, como

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puede ser el Conseill comarcal del Baix Camp y la Generalitat, las cuales valoran positivamente y entienden que en primera instancia hay que apostar por la posibilidad del uso compartido civil y militar del campamento. Somos conscientes de la importancia que tiene para el Ministerio de Defensa como centro de prácticas y ejercicios el campamento del «Els Castillejos». Debemos recordar que es el único campo de maniobras existente en Cataluña que está clasificado como de interés regional y que entre sus características destaca lo accidentado del terreno y de su trazado. Estas circunstancias lo convierten en idóneo para unidades a pie y muy recomendable para grupos de operaciones especiales y unidades de montaña, sin olvidarnos tampoco del servicio que presta a los alumnos de la Academia General Básica de Suboficiales de Tremp. Si a ello añadimos que instalaciones como la de Els Castillejos pueden ser de gran utilidad para mantener el grado de cualificación de los miembros de las Fuerzas Armadas, exigible dentro del contexto de un ejército profesionalizado, convendremos que actualmente se puede decir que existe la necesidad de mantener su uso militar.
Por otro lado, no podemos ser ajenos a la realidad social, económica y ambiental que confluye en la zona de las montañas de Prades, que es el paraje, el lugar donde se encuentra ubicado el campamento. Se trata de un espacio de gran riqueza natural, integrado actualmente en el PEIN, el Plan de espacios de interés natural, y susceptible de ser declarado en breve por la Generalitat parque natural. Paralelamente, las comarcas en las que se integra esta zona, Baix Camp, Priorat, Alt Camp y Conca de Barberá, están sometidas a regresiones demográficas importantes y su economía las sitúa entre las más deprimidas de Cataluña. Por ello, no podemos ser ajenos, no podemos ignorar las expectativas de futuro que la posibilidad de abrir el campamento al uso civil comportaría para los municipios afectados. Obviamente, estas expectativas, estas esperanzas se centran en el movimiento que generarían todas las actividades turísticas y ecológicas derivadas de la apertura a la sociedad en general de un paraje de tal belleza natural.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que con esta proposición no de ley avanzamos un nivel más en este proceso, que debe acabar compaginando intereses y que debe servir también, por qué no, para reforzar, mediante la colaboración, las relaciones entre civiles y militares; en definitiva, que debe despejar todas las incógnitas y dar una solución a la ecuación de compatibilidad a la que me he referido en el inicio de mi intervención.
Somos conscientes de que el uso compartido exigiría un esfuerzo de coordinación y de control para evitar el riesgo de accidentes, pero, paralelamente, pensamos que entre las demandas de las administraciones locales afectadas, centradas básicamente en la creación de algo similar a un parque biológico, con el objetivo de recuperar las diferentes especies de flora o fauna de la zona y en la necesidad de utilización del campamento de maniobras por parte del Ejército --maniobras que están limitadas a períodos muy concretos y de corta duración...
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ricomá.


El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Termino, señor presidente.
Decía que entre estas dos opciones, entre estos dos tipos de necesidades, se abren varias hipótesis y no podemos descartar a priori que exista alguna que pueda colmar las demandas de ambos sectores. Precisamente de ahí viene la necesidad, la petición expuesta en esta proposición no de ley del estudio de viabilidad. Se trata de una petición importante por sí sola, pero entendemos que también es una petición ejemplar en cuanto a las actitudes políticas que la refrendan. En este sentido, no puedo negar la satisfacción de mi grupo y la mía propia al observar la forma positiva en que ha ido evolucionando el debate sobre el campamento militar de Els Castellejos, en primer lugar, consiguiendo un elevado grado de consenso político --la presentación de esta proposición no de ley por los tres grupos que tienen representación parlamentaria en esta Cámara por la circunscripción de Tarragona da buena prueba de ello--; en segundo lugar, obteniendo un posicionamiento por parte de las administraciones locales afectadas, en especial del Consell Comarcal del Baix Camp, favorable al diálogo con el Ministerio de Defensa en aras de encontrar la solución al uso compartido y, finalmente, llevando al terreno de los hechos consumados esta voluntad de diálogo.
Por todo ello, sólo nos queda pedir a los grupos no firmantes de esta proposición no de ley que se incorporen a la dinámica expuesta y que, con su voto favorable, demos un paso más, avancemos un nivel más, en este caso aprobando la presente proposición no de ley, la presente iniciativa, por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PEREZ SEGURA: El señor Ricomá, en su extensa y exhaustiva intervención, ya casi lo ha dicho todo, pero, en nombre del Grupo Socialista, quisiera recalcar algunos aspectos a los efectos de fijar nuestra postura, que no será otra que la de votar positivamente esta proposición respecto a la que como nota, quizá no anecdótica, pero sí original, diré que está firmada por grupos tan antagónicos como el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el nuestro. ¿Por qué? Porque abordar la problemática de la instalación de Els Castillejos, en la provincia de Tarragona, era una necesidad objetiva. Muchos son los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos por parte de las administraciones locales, tanto ayuntamientos como una administración local genuina de Cataluña, el Consell Comarcal del Baix Camp, para dar una solución a los problemas dimanantes de la radicación de esta instalación militar. También a los grupos ecologistas se les tiene que atribuir, sin duda, el mérito de luchar por sus ideas, aunque quizá faltos del grado de posibilismo adecuado --no creo que la calificación de actitudes demagógicas sea la

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adecuada en esta instancia, en esta sede--, porque ellos tienen en su objetivo, al menos en esa zona, poner a disposición no tan sólo de los estudiosos de los ecosistemas, sino de todos los ciudadanos, para su uso y disfrute, el ámbito territorial que actualmente ocupa el campamento de Els Castillejos.
Sin duda, la coordinación de usos va a ser difícil, pero, para quien no conozca estas instalaciones, para que se haga una idea, diré que el retrato más evidente sería lo que se puede ver en los medios de comunicación cuando ha pasado un tifón o un ciclón por una de las ciudades atlánticas. Las instalaciones están en estado precario; algunas de ellas persisten, las que son usadas por el pequeño, por el mínimo destacamento que tiene encomendada su vigilancia, su custodia. La posible utilización de estos parajes --que están tipificados por la Administración autonómica como espacios de interés nacional-- para actividades de tipo económico asociadas al desarrollo ecológico de estas montañas, puede ser efectiva. No es un brindis al sol, no es una justificación ante un electorado, sino que realmente puede ser factible el uso compartido y fruto de ello es nuestra posición, concordante con la de otros grupos, que también dimana de un compromiso verbal de las autoridades militares a estos efectos. Por tanto, anuncio nuestro voto positivo a esta proposición de ley, como no podía ser de otra manera por el mero hecho de ser cofirmantes de la misma.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Como comprenderá, me sumo a todo lo dicho por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra y, para no ser repetitivo, voy a ir un poco hacia atrás en la historia de estos movimientos de proposiciones no de ley en el Congreso.
Hay que tener en cuenta que ya en 1989 el Consell Comarcal del Baix Camp aprueba solicitar el desmantelamiento del campamento de Els Castillejos.
Incluso en aquellos momentos hay una resolución del Parlamento de Cataluña aprobando que el Gobierno catalán inste al Ministerio de Defensa la posibilidad de desmantelar el campamento para darle un uso que no fuese el militar. Después de aquello, en el año 1994, vienen al Congreso unas proposiciones no de ley que no prosperan, porque, en realidad, si el que tenía un mandato dado era el Parlamento de Cataluña, debía ser el Gobierno catalán el que llevase adelante la proposición que se había aprobado en Cataluña. Posiblemente los trámites que el Gobierno catalán llevaba con el Ministerio de Defensa no eran lo rápidos que todos querían, el tiempo iba pasando y llegó un momento en que, a causa de unas noticias mal interpretadas, se dice que va a ser activada la presencia militar en el campamento de Els Castillejos.
Ello no es así por cuanto la retirada del Ministerio de Defensa de la demarcación de Tarragona hizo que el destacamento que llevaba el mantenimiento del campamento de Castillejos fuese más bajo y hubo un momento en el que se pidió que desde otros destacamentos que estaban en Figueras se sustituyera a los que hacían el mantenimiento de los edificios. Este hecho, en una interpretación incorrecta, hizo creer que se iba a dar mucha más actividad al campamento militar de Los Castillejos. Entonces hubo acciones rápidas, con visitas del Consell comarcal y alcaldes de la zona al jefe de la IV Región Militar, el general Martínez Teixido, yo mismo estuve en esa reunión, que fue muy positiva por cuanto se demostró que el Ejército y el Ministerio de Defensa estaban dispuestos a un uso compartido porque, verdaderamente, ellos no tenían clasificado el campamento como zona militar de interés regional en toda su extensión y, por tanto, un uso compartido podía ser factible. Además a los ayuntamientos de la zona les podía favorecer por cuanto la desafectación total comportaría toda una serie de problemas respecto a la propiedad de los terrenos en los que está ubicado el campamento, que son patrimonio nacional, del Ministerio de Defensa, y no tenían capacidad para poder adquirirlos.
En principio se prepararon concentraciones de protesta que después, al ver cómo contestaba el Ministerio de Defensa, a través del jefe de la Región Militar y viendo que había buena voluntad, se desconvocaron e incluso aquí en el Congreso fue retirada una proposición no de ley que había presentada sobre ello.
Por tanto, hemos presentado conjuntamente con los demás grupos esta proposición no de ley que, en realidad, insta al Gobierno a que active la viabilidad de la utilización compartida. En otro momento presentaremos otra proposición porque en la zona de Tarragona hay otro campamento que es el de Mas Enric. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego silencio porque es imposible entenderse.


El señor SEDO I MARSAL: En ese caso tendremos que actuar de la misma manera. En su momento, los grupos que hoy estamos de acuerdo en presentar la de Castillejos, posiblemente nos pondremos de acuerdo para presentar la de Mas Enric.
Tenemos muy claro que las administraciones locales afectadas, en este caso los ayuntamientos y el Consell comarcal que han tenido negociaciones con la administración militar, sigan adelante, lo aceleren y lleguen a conclusiones cuya solución final ya veremos después cuál es. Desde aquí lo que no quisiéramos, en ningún momento, es interferir y, por tanto, instamos a que sigan trabajando. No ocurra como otras veces, que se les pedía categóricamente una actitud desde este Congreso que nuestro grupo al menos creía que no podía ser porque iba en contra incluso de lo que había pedido el Parlament de Catalunya.
Por ello la hemos presentado conjuntamente para buscar el máximo consenso, ya que no pudo llegarse al consenso total que hubiésemos querido entre las formaciones que están en el Consell comarcal. Al menos queremos que quede constancia de que no hay ninguna interferencia por parte del Congreso de los Diputados --que algunas veces se ha dicho-- y que lo que nosotros queremos es que siga adelante la viabilidad de esta utilización compartida.


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El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por la señora Lasagabaster. Para su defensa tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZABAL: He escuchado con mucha atención, como debe ser, las intervenciones que con anterioridad se han sucedido del señor Ricomá, del señor Pérez, del señor Sedó, en representación del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Catalán (Convergència i Unió).
No es la primera vez que esta diputada ha defendido la desafectación o el desmantelamiento de campamentos militares o campos de tiro, en la creencia generalizada de que aquellos campamentos militares y campos de tiro que no son utilizados y que entendemos no deben de ser utilizados, puedan revertir, vía los procedimientos adecuados y establecidos legalmente, a los ciudadanos en sus administraciones civiles.
Una vez más, volvemos a señalar esta misma cuestión dentro de nuestra enmienda. Creo que aquí se mezclan dos cuestiones. En este sentido, me permitirán que utilice ciertos argumentos --a aquellos que conocen el tema no les sorprenderá-- que proceden de determinadas formaciones políticas con las cuales tenemos una relación de colaboración como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña. Han confluido dos tipos de argumentos que no compartimos, al menos el primero de ellos, y que señalaré en este momento. Me refiero a cuando se habla de si los campamentos militares o campos de tiro han de tener una utilización militar, es decir, cuál es el objetivo final de estas instalaciones militares. En este sentido, no compartimos --como decía el señor Ricomá-- que los campamentos e instalaciones militares tengan que seguir manteniendo una utilización militar. Esta es la importante definición que todos debiéramos hacer respecto de este tema y de cuantos otros se presentan en esta Comisión en relación con este objetivo. ¿Deben o no deben tener utilización militar? Creemos que, de modo genérico, cuando se habla de campamentos o instalaciones que no son utilizadas, no deben seguir teniendo una utilización militar. En este caso, en concreto, bien se ha señalado e incluso consta en la propia proposición en su apartado exposición de motivos, que realmente su utilización es escasa y, en algunos casos, como señalaba el señor Pérez, es como si hubiera pasado un tifón, por no hablar de los perjuicios que se han ocasionado por no limpiar lo que es el campo de tiro.
Es decir, partimos de la base de que no podemos compartir el objetivo final y es que estas instalaciones, en concreto este campamento militar, tenga que ser de utilización militar en el futuro, con lo cual la primera diferencia es absolutamente objetiva y finalista. Le parecerá al señor Ricomá que esto es ser simplista o demagógico, pero yo creo que es tener una posición absolutamente legítima en cuanto a cómo deben desafectarse aquellos campamentos que, hoy por hoy, siguen perteneciendo al Ejército.
Respeto profundamente su convicción de que tienen que seguir dentro de lo que es el Ejército, pero permítame que comparta la opinión de otro sector de la población que señala que, pese a las dificultades legales que puedan existir, no estamos de acuerdo con ese objetivo final.
En cualquier caso, hay otra diferencia importante y es la diferencia estratégica. Somos conscientes de que el desmantelamiento de una instalación militar, ya sea campamento o campo de tiro --o las dos cuestiones que confluyen en este tema-- puede ser mucho más difícil en cuanto que se pretenda exclusivamente una utilización civil. Eso sería una diferencia estratégica. Este argumento ha sido utilizado anteriormente por alguno de los intervinientes. Podemos admitir que ese desmantelamiento que en su momento fue pedido --como aquí se ha señalado-- ya desde 1989 por el Parlament de Catalunya y, por supuesto, por los ayuntamientos y por el Consell comarcal a lo largo de los muchos años que se han sucedido, puede ser mucho más difícil si se pide exclusivamente una utilización civil, pero la dificultad no puede llevarnos a que al final prevalezca o se perpetúe una utilización compartida. Nadie nos asegura con esta proposición que hoy se nos presenta que esa utilización compartida no tenga un plazo definitivo o un plazo perentorio; es decir, nos gustaría saber si esa utilización compartida tiene un plazo final o simplemente es una cuestión intermedia.
En este sentido, creemos que como estrategia --aunque más difícil de conseguir-- tiene que irse a una utilización exclusivamente civil.
Por otra parte, como ya se ha señalado antes, y curiosamente por uno de los intervinientes y proponentes de esta proposición, el hecho de utilizarlo de ambas formas, civil y militar, puede generar ciertas dificultades. Si nos atenemos no sólo a lo que está señalando esta oradora sino inclusive a la exposición de motivos, vemos que los propósitos para los que se pretende la utilización de estas instalaciones son absolutamente incompatibles en algunos casos. Hablar a la vez de campo de tiro y hablar de parque natural resulta muy curioso, además de señalar al menos la dificultad que puede llevar consigo este tema.
No estamos pidiendo una definición total y absoluta de cómo se van a resolver las múltiples complicaciones y dificultades de este tema, sino simplemente hablamos de un estudio de viabilidad. Nos parecería mucho más lógico que ese estudio de viabilidad fuera para una utilización estrictamente civil y, mientras tanto, se podrían determinar otra serie de cuestiones. En cualquier caso, ya sea en el Parlament, ya sea en otras instancias, los ciudadanos siempre han hablado de un desmantelamiento, y en este sentido creemos que el mismo tiene que suponer una desafectación a lo que es la utilización militar quedando exclusivamente un uso civil.
Ciertamente, puede haber problemas económicos, no lo dudamos, pero si la zona puede ser importante e incluso objeto de una declaración de parque natural y, por supuesto, de un desarrollo económico y turístico, creemos que habrá administraciones suficientemente competentes y dedicadas a hacer frente a estos costos económicos.
En cualquier caso, nos limitamos a las dos cuestiones: en cuanto al objetivo final, no tiene que existir una utilización militar porque la desafectación lo tiene que ser a todos los efectos, y en cuanto al tipo de estrategia a seguir --y no estamos interfiriendo en nada como señalaba el anterior

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orador, no estamos interfiriendo en ninguna cuestión--, creemos que este estudio de viabilidad tenía que haber sido planteado simplemente como utilización estrictamente civil.
Por eso presentamos la enmienda y solicitamos a los proponentes sea admitida la misma como complemento y, por supuesto, modificación de la parte dispositiva de la proposición hoy objeto de debate.


El señor PRESIDENTE: Por parte de los grupos proponentes, alguno tiene que decir si acepta o no la enmienda presentada.
El señor Sedó tiene la palabra.


El señor SEDO I MARSAL: Señor presidente, intervengo para decir que no aceptamos la enmienda presentada porque cambia totalmente lo que en estos momentos quieren los grupos que representamos a los que están allí en el terreno. En estos momentos se están teniendo unas conversaciones para un uso compartido con el Ministerio de Defensa, y pedir una cosa distinta de lo que se está realizando sería incoherente.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, advierto y aviso que esta proposición no de ley se votará en su momento de acuerdo con el texto original presentado por los grupos proponentes.


--SOBRE PROTECCION DEL ESPACIO CONOCIDO POR EL NOMBRE DE PUNTA DE SEIXO BRANCO, EN LA COSTA DE DEXO, EN EL AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (LA CORUÑA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000643).


El señor PRESIDENTE: Puesto que también dejamos el punto número 5 del orden del día para el final, según acordamos al principio, pasamos al punto número 6 del orden del día, proposición no de ley sobre protección del espacio conocido por el nombre de Punta de Seixo Branco, en la costa de Dexo, en el Ayuntamiento de Oleiros, La Coruña, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Más que nada por una cuestión de ubicación geográfica que puede ayudar a entender el sentido de esta proposición no de ley, me gustaría divulgar muy rápidamente entre los señores y señoras diputadas unos gráficos ilustrativos de la zona a la que nos vamos a referir en esta proposición no de ley.
Estamos ante una zona de grandes valores naturales conocida con el nombre de costa de Dexo, en Oleiros, A Coruña, que abarca desde Punta de Mera al Puerto de Lorbé y que las instituciones de la comunidad autónoma, en concreto, la Consellería de Ordenación del Territorio en sus normas complementarias y subsidiarias de planificación de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra considera espacios naturales, en concreto y especialmente desde los acantilados de Mera hasta la Punta de Seixo Branco que nos ocupa específicamente en esta ocasión y a Illa da Marola. El propio Ayuntamiento de Oleiros en sus normas de planificación o de planeamiento municipal declaró también esta zona costa protegida.
Incluso todos los grupos municipales que actúan en la corporación llevaron en sus programas electorales en mayor o menor medida la protección del medio ambiente y de este paraje natural tan importante para un ayuntamiento que, todo hay que decirlo, vive fundamentalmente de la expansión demográfica provocada por cantidad de familias que huyen del hacinamiento urbano de una ciudad como A Coruña y que, por tanto, está en un medio ambiente privilegiado y que mantiene incluso un urbanismo quizá de los más notables y de los más respetuosos de Galicia.
Dicho esto, está claro que en la preservación de la variedad, de la singularidad y de la belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje está una de las posibilidades del futuro desarrollo tanto de este ayuntamiento como de muchos otros, y no falta en el Estado español la ordenación jurídica suficiente que proteja y conserve estos espacios naturales. No me voy a referir a la Ley 4/1989, de conservación de espacios naturales, recientemente modificada en este Congreso de los Diputados para dotar a las comunidades autónomas de una mayor carga competencial, y tampoco me voy a referir a las directivas europeas. Sí voy a hacer alguna alusión a los últimos informes científicos sobre esta costa. En concreto, en la hoja que les he dado figuran algunas de las variedades de aves marinas que tienen cobijo en las llamadas rías centrales de Galicia, en concreto la de Ares y la de A Coruña. Pues bien, aparte de la principal colonia de aves marinas, hay una comunidad de aves, que está constituida por 82 especies, de las cuales 57 son nidificantes, estando algunas de ellas incluso en proceso de extinción.
Exactamente igual pasa con los vertebrados, con los anfibios y con los reptiles, muchos de ellos en estado endémico, por no hablarles de la variedad vegetal enorme o de los hábitat naturales o de la formación geológica, para concluir en el importante valor paisajístico de todo el conjunto o en el valor etnográfico, histórico y artístico que tiene también en concreto la Punta de Seixo Branco, que fue de los lugares donde se ubicó el sistema defensivo más importante para proteger la ciudad de A Coruña desde el punto de vista histórico.
Pues bien, era objetivo del Gobierno municipal, y en mayor o menor medida de todos los grupos municipales, acabar convirtiendo todo este paraje al que nos estamos refiriendo en un monumento natural. Desgraciadamente, acabo de recibir la noticia de que diez días más tarde de presentar esta proposición no de ley, el Ministerio de Defensa consiguió en segunda subasta vender nada menos que 20.000 --no sé si son 20.000 metros cuadrados o algo así porque no tengo una conciencia muy clarificada desde el punto de vista espacial y geométrico--, por siete millones de pesetas.
Esto está afectado y no se puede construir, pero creo que es una prueba evidente de que no se puede seguir actuando como se actúa con los bienes de Defensa

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desafectados militarmente. Yo no digo que esta venta fuese clandestina, pero no fue en A Coruña, sino que fue realizada en Madrid y, desgraciadamente, ahora nos encontramos con hechos consumados.
Si mantuve la defensa de esta proposición no de ley fue solamente para llamar la atención de SS. SS. sobre que es necesaria una ley marco que ponga orden de una vez por todas en esta cuestión. El domingo estuve en otro paraje natural privilegiado que ya fue tema de debate en esta Comisión. Me refiero a aquella playa de Doniños tan maravillosa y su polígono de tiro, donde se acabó haciendo una galería por valor de 100 millones de pesetas nada menos que en lo que era y es propiedad de Defensa, pero afectando a toda la barra dunar de la playa y cargándose, echando escombros y arena por todas partes, un lugar que está protegido por las normas urbanísticas, que está protegido por la Xunta de Galicia, por Costas y por todo. Señores, yo ya no sé quién manda aquí, pero si manda el Ministerio de Defensa, que lo digan claramente, nos ponemos todos firmes, ¡ar! y se acabó. Vuelvo a repetir que es urgente que se delimite de una forma clara aquello con lo que Defensa puede hacer negocio y aquello en lo que debe cesar inmediatamente por el bien público, por el bien de la sociedad y por el bien no solamente del paraje natural sino de todo lo que tiene valor histórico-artístico y valor para el ecosistema.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moya.


El señor MOYA MILANES: La exhaustiva y prolija intervención del señor Rodríguez sobre las características medioambientales de la zona objeto de debate en este momento, me ahorran cualquier añadido más a su intervención en cuanto se refiere a la necesidad de dotar a esta zona de una protección desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de cauces administrativos adecuados para su mejor rentabilidad y aprovechamiento medioambiental.
Estamos ante una de esas situaciones en la que, una vez que se ha producido la desafectación por parte del Ministerio de Defensa, en el caso concreto de la Punta de Seixo Branco, a la hora de dilucidar cuál es el cauce administrativo adecuado para obtener el mayor aprovechamiento desde el punto de vista medioambiental de la zona, nosotros coincidimos con el fondo de la proposición del Grupo Mixto, que es la necesidad de defender a Seixo Branco de la agresión medioambiental. En ese sentido entendemos que está justificada la necesidad de buscar un cauce administrativo adecuado para que el Seixo Branco pase a ser de titularidad municipal, pues el espacio citado carece de aprovechamiento urbanístico y su conservación produce beneficios por la mejora de la calidad ambiental pero no beneficios económicos.
Por otra parte, la proposición está redactada en unos términos razonables. Los puntos 1 y 3 no nos ofrecen ninguna dificultad. En cuanto al punto número 2, dentro de lo que pudiese ser una enmienda in voce, mi grupo consideraría que, aparte de figurar dentro de la redacción del mismo la conveniencia de impulsar y colaborar con propuestas institucionales, ya sean del Ayuntamiento o de la Xunta de Galicia, destinadas a declarar espacio natural protegido la costa de Dexo, también se podría añadir ahí --entendemos que sería oportuno-- la conveniente participación del vecindario afectado, indicando que estas figuras de espacios naturales protegidos al menos deben contar con la participación y con la opinión de dicho vecindario, dado que buena parte de las alternativas que allí se van a generar desde el punto de vista del desarrollo de esta figura van a redundar sobre el mismo, que en muchos casos tiene sobre esos terrenos unas inversiones económicas que conviene tener en cuenta al introducir esta figura de espacio natural protegido y que, por tanto, a la hora de considerar la figura definitiva, deberían entrar también dentro de lo que es la cooperación con instituciones para llegar a la declaración de espacio natural protegido.
Nosotros simplemente añadiríamos al punto 2 de la proposición no de ley, como enmienda in voce, si el Grupo Mixto no tiene inconveniente, al terminar lo que está entre guiones: impulsar y colaborar con las propuestas institucionales del Ayuntamiento y/o de la Xunta de Galicia...
«y con la participación del vecindario afectado»... destinadas a declarar espacio natural protegido la Costa de Dexo, etcétera.
Eso sería lo que añadiríamos a esta proposición no de ley que, vuelvo a repetir, lo único que pretende es favorecer el uso racional de un espacio desafectado. Compartimos también que ese espacio desafectado, a través del cauce administrativo de la titularidad municipal, puede encontrar el mejor aprovechamiento desde el punto de vista de la rentabilidad medioambiental. En ese sentido votaríamos favorablemente, solicitando del Grupo Mixto la mera adición de este pequeño añadido para que los intereses de los vecinos afectados sean tenidos en cuenta por esta eventual protección a la hora de efectuar esa declaración.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Señorías, este grupo parlamentario reconoce y conoce en directo y sobre el terreno la realidad de los valores ecológicos, etnográficos y culturales que este espacio natural posee en sí mismo.
También opinamos que el fondo de la cuestión se compagina fácilmente con las teorías y planteamientos de este grupo parlamentario, pero hay ciertas cuestiones que conviene que no olvidemos a la hora de formular propuestas concretas como la que hoy aquí estamos debatiendo. Después de la exposición inicial del proponente, señor Rodríguez, yo tengo que hacer ciertas matizaciones que no quería hacer, pero a las que me veo obligado a recurrir dada la proposición presentada.
La cuestión es que el Gobierno bajo ningún concepto puede cometer un acto de prevaricación y por supuesto no puede dilapidar el patrimonio del Estado, en este caso el de Defensa. Si alguien está dispuesto a pagar algo por alguna de las propiedades que en proceso de enajenación se

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ofertan, es evidente que esa recaudación tiene que producirse simplemente por imperativo legal. Es bien cierto que la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa enajena este bien y lo oferta al Concello de Oleiros que, a su vez, manifiesta el interés por esta propiedad de la Defensa, pero sucede que más tarde rechaza por dos veces su compra. Por tanto, cuando uno se refiere a planes municipales de promoción ambiental, turística y socioeconómica está cometiendo como mínimo un leve desliz, porque el Ayuntamiento, por lo que parece, no está dispuesto a adquirir esta propiedad. En consecuencia, no ha lugar a un convenio, no ha lugar a la reversión, porque en segunda subasta pública este bien fue adquirido por una sociedad limitada en las condiciones que le marcaba Defensa y también el Ayuntamiento de Oleiros en cuanto al plan general de ordenación urbana. Aquí queda eliminada la figura de la posible especulación que apuntaba el señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego. Conviene decir que en este proceso de subasta la publicidad ha sido suficiente, yo diría que notable. Ha estado expuesto en los tablones de la Delegación de Hacienda y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y en todos los diarios de tirada nacional, incluido el diario de mayor tirada de Galicia. Por tanto, no procede ni siquiera mencionar la cuestión puramente ocultista que se señalaba. La segunda subasta, también pública y debidamente anunciada, se celebró en Madrid debido a que la que se había celebrado en la Plaza de la Coruña había quedado desierta, simple y llanamente, y aquí está incluido el Concello de Oleiros, que si tanto interés tenía por esta posesión bien pudo haberlo manifestado accediendo a la compra o pujando en alguna de las subastas.
No tengo mucho más que añadir, pero después de ver que este bien de la Defensa está ya en manos de otro propietario, procedería que se efectuase una retirada de esta proposición, por cuanto no es posible actuar sobre una propiedad privada y tampoco es posible acceder a esa reversión al Ayuntamiento que por parte del Bloque Nacionalista Galego se está solicitando. Por tanto, de no aclararse si hay retirada o no, nos veríamos en la obligación de votar en contra de esta proposición.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Sánchez, tiene la palabra para expresar su posición sobre la enmienda in voce presentada y la propia posición del señor Fariñas en nombre del Grupo Popular.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Por supuesto la enmienda que presenta in voce el Grupo Parlamentario Socialista es plenamente aceptable, pero yo creo que en la cuestión de los bienes de Defensa lo que no se puede es hacer una crítica a las administraciones públicas que se niegan a pagar dinero por espacios naturales. Lo que es la trampa de esta ley --y no estoy hablando de la trampa del Gobierno-- es que unas administraciones públicas tienen que comprar a otras, con dinero de los ciudadanos, un bien que a su vez es público. Que venga Dios y lo vea, porque esto es el disparate llevado hasta las últimas consecuencias.
Si se trata además de un lugar que está afectado por Costas, en el que no se puede construir, no entiendo cómo lo puede comprar una empresa constructora, a no ser que tenga la esperanza de que algún día cambien las normas urbanísticas del Concello de Oleiros, porque si no, esto es un disparate. Lo que no se puede pedir a una corporación, cuando ya están como están, es que gaste siete millones de pesetas en la compra de un espacio público, porque después tendrá que gastar otros siete en comprar no sé qué a no sé quién, y otros siete a los privados, con lo cual no hay fondos públicos de una corporación local que resistan. Este es el fondo del debate.
Yo estaba dispuesto a retirarla, pero casi prefiero que se vote para que quede derrotada y, si no, para que le quede constancia al Ministerio de Defensa de un rechazo a la política que se está haciendo con bienes que son de propiedad pública y que además tienen un valor importante, en este caso ecológico, y en otro es un valor histórico-artístico.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que vamos a votar de acuerdo con esa enmienda in voce presentada por el Grupo Socialista en su momento.


--SOBRE SUSTITUCION DE PERSONAL ESPAÑOL QUE REALIZA SUS FUNCIONES EN LAS INSTALACIONES USA DE LA BASE AERONAVAL DE ROTA (CADIZ) POR PERSONAL NORTEAMERICANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000670).


--RELATIVA A LA BASE NAVAL DE ROTA. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/000700).


El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a los puntos 7 y 8 del orden del día que, como anuncié al principio, los vamos a debatir conjuntamente por tratar sobre el mismo tema, y que leo a continuación. El número 7 es: proposición no de ley sobre sustitución de personal español que realiza sus funciones en las instalaciones USA de la base aeronaval de Rota (Cádiz) por personal norteamericano, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Y la número 8 es: proposición no de ley relativa a la base naval de Rota, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Para la defensa de la primera proposición no de ley, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: La proposición no de ley tiene que ver con un conflicto que se está viviendo en estos momentos en el municipio de Rota ante el anuncio, parece que firme, que se ha publicado hoy en los medios de comunicación, de despidos de personal español que está realizando sus funciones en la parte de la base utilizada por las fuerzas de Estados Unidos.


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La situación en este municipio es que hay una contestación social ante el temor, por parte del ayuntamiento y de la provincia de Cádiz, de que los 1.519 trabajadores y trabajadoras que realizan estas funciones puedan ser sustituidos o despedidos de la base, creando un problema serio para una ciudad que tiene una servidumbre que le impide desarrollarse en el medio natural en que está, como es la base naval de Rota, que juega una función fundamental tanto para las aeronaves norteamericanas como para las del Estado español.
Es conocida la posición contraria del Grupo de Izquierda Unida a que exista la base norteamericana en Rota, y así se lo hemos hecho llegar al propio comité de empresa. Pero también hemos planteado con claridad que, mientras estén, hay que mantener el actual status de los trabajadores españoles en la base de utilización conjunta. Por tanto, compartimos el objetivo de que no se suprima ninguno de los puestos de trabajo actuales.
Los trabajadores del comité de empresa han realizado multitud de acciones, encierros en el ayuntamiento y concentraciones. La Mesa y portavoces hemos tenido ocasión de mantener una reunión con ellos y con las autoridades locales (con el alcalde y concejales), quienes nos han manifestado su preocupación. Entendíamos que había que sustanciar un compromiso en la Cámara para que se garantice a todos los efectos que no se va a destruir ningún puesto de trabajo. En ese sentido va la proposición, entendiendo que es un tema que interesa al conjunto de los grupos políticos y dejando claro que nuestra intención es que no se destruyan puestos de trabajo. Estamos abiertos a transaccionar un texto que dé garantías y que el Gobierno exija a la administración norteamericana que mantenga los actuales puestos de trabajo. Con esa filosofía estamos abiertos a llegar a una transacción que dé tranquilidad y que apoye a la Administración española ante las pretensiones norteamericanas de reducir sensiblemente la presencia de trabajadores españoles en la base aeronaval.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, firmante de la segunda proposición, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Sin que sirva de precedente, y con el permiso del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, voy a hacer mías las palabras de su portavoz en lo referente a temas laborales, y no de planteamientos estratégicos, en los que, como todos ustedes pueden suponer, mantenemos ciertas diferencias, al menos formales.
Mi grupo reitera la petición al Gobierno de la defensa a ultranza del cumplimiento del tratado bilateral, en lo concerniente a los puestos de trabajo de la base naval de Rota y de los acuerdos laborales suscritos con los representantes de los trabajadores, que refuerzan más las condiciones en las cuales debe realizarse la política de personal, la política laboral de las instalaciones militares de Rota.
Es bien sabido por los miembros de esta Comisión de Defensa cuál es el sentir, no sólo de los representantes de los trabajadores, sino también de la corporación municipal de rota, a la que tuvimos ocasión de escuchar en su reciente visita a esta casa. Todos los grupos políticos de la municipalidad de Rota expresaron su preocupación por la situación que se vive en la localidad y por los precedentes que su solución puede conllevar para el futuro de la base militar. Sabemos que a principios del mes de diciembre se tendrá una especie de auditoría laboral de la base en su conjunto, y que con ella el comité conjunto hispano-norteamericano podrá estudiar salidas con los representantes de los trabajadores; pero estas salidas están ya un tanto prefiguradas.
La filosofía que hasta ahora han impulsado las autoridades norteamericanas ha sido clara: incentivar las jubilaciones o las prejubilaciones, en su caso, y las bajas laborales. Hemos visto sus consecuencias en la resolución del conflicto del comedor Camp Michel, que de los 24 trabajadores incluidos en el expediente de rescisión de contratos, 16 están esperando ya la comunicación del despido. Es cierto que el Ministerio ya ha anunciado su intención de recolocar a todos los trabajadores despedidos en otras dependencias militares ubicadas en un entorno de 50 kilómetros a la redonda. Esta actuación del Ministerio, no siendo la mejor solución, debemos reconocer alivia o soluciona el drama personal de la pérdida de un puesto de trabajo. Pero no es menos cierto que la pérdida de puestos de trabajo en la base naval de Rota no puede permitirse sin una escrupulosa defensa de los tratados y convenios y, sobre todo, no puede hacerse desde la certidumbre de que las rescisiones laborales no se producen porque haya decaído la actividad en la base, sino cuando, y muy al contrario, se han realizado muchas horas extras por los trabajadores amenazados con el despido.
Toda esta actividad, que dejará de ser desempeñada por trabajadores españoles si el Ministerio no lo remedia, acabará en manos de trabajadores estadounidenses. Esto es lo que debería evitarse, máxime cuando Rota es un municipio profundamente afectado en tiempo y espacio por la presencia de la base naval, cuyos puestos de trabajo son el único beneficio directo que se recibe de la presencia de sus instalaciones.
Como en este mismo espíritu de defensa de los puestos de trabajo creo que coincidimos todos los grupos de la Cámara, estamos dispuestos a aceptar el texto transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Parlamentario Popular hace escasos minutos, y que debe contar ya con el beneplácito de la Mesa para su tramitación. Si es así, nuestro grupo aceptaría el texto transaccional que se nos ha pasado para su aprobación.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el Grupo Popular ha presentado en su momento una enmienda a estas dos proposiciones no de ley, y después ha presentado una enmienda de la enmienda, que entiendo que es la que podemos considerar como transaccional, y que es la que conocen todos los grupos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ibáñez.


El señor IBAÑEZ HARO: Antes de entrar en el debate de las dos proposiciones no de ley que presentan los Grupos

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de Izquierda Unida y Socialista, es de justicia destacar que el pasado mes de junio tuvo lugar la firma del primer convenio colectivo del personal laboral local que presta servicio a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en España, según recogía el anexo 8 del acuerdo bilateral hispano-norteamericano suscrito en 1989. Digo que es de resaltar, porque hay una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, con fecha 20 de enero de 1992, obligando a las partes al inicio de negociaciones; pero éstas no se han producido hasta este año, en que la inquietud y el talante negociador de este Gobierno ha hecho posible el feliz acuerdo.
Con respecto a las proposiciones presentadas, en primer lugar hemos de decir que en modo alguno se ha planteado la sustitución de la totalidad de los trabajadores españoles locales que prestan servicio a la marina norteamericana de la base naval de Rota. Aquí habría que recordar aquello de OTAN no, bases fuera, que precisamente no es de nuestro grupo.
El pasado día 3 de septiembre se celebraron, en el seno del Comité permanente hispano-norteamericano, las consultas previstas en el artículo seis del anejo ocho del vigente convenio bilateral. En dicha reunión, se acordó considerar iniciado únicamente el expediente relativo a la reducción de 24 puestos de trabajo, sitos en el comedor del batallón naval de construcciones, conocido como Camp Michel; reducción que, de hecho, afecta a 19 trabajadores, si bien a tres de ellos también se les ha ofrecido la recolocación por parte de la Comandancia de actividades navales de los Estados Unidos en España; por lo que, si aceptan el ofrecimiento, en principio, sólo afectará a 16 personas, que serán recolocadas por el Ministerio de Defensa español, fruto del convenio colectivo que cité al principio de mi intervención.
Asimismo, se ha paralizado en su inicio el proceso de reducción de otras 81 bajas, con el fin de estudiar en profundidad la posible reasignación a otros puestos o quizá la posibilidad de jubilaciones anticipadas. Cabe destacar que el Ministerio de Defensa no autorizará ninguna reducción que no se encuentre dentro de las previsiones reglamentarias que están contempladas en el anexo seis de la Orden ministerial de 17 de noviembre, en el que se recogen tres supuestos: el cambio de la misión asignada, la reorganización o la falta de fondos. El Gobierno está realizando las gestiones que se interesan en ambas proposiciones no de ley, cerca de los representantes norteamericanos, por el momento en orden a la paralización de las reducciones pretendidas por la Administración USA, y en las que también se les ha planteado la incompatibilidad de un sistema de contratas para desempeñar cometidos que han sido suprimidos desde el punto de vista de una relación laboral, sin que en ningún momento se haya expresado la posibilidad de sustituir con personal civil norteamericano a los trabajadores españoles que ocupan los puestos sujetos a una hipotética reducción.
Por todo lo expuesto es por lo que presentamos la enmienda que tiene la Mesa, que dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que continúe profundizando en las gestiones que viene realizando ante las autoridades norteamericanas, en base al tratado bilateral hispano-norteamericano, al objeto de mantener los actuales puestos de trabajo del personal laboral local de la base naval de Rota.


El señor PRESIDENTE: Para expresar su aceptación o rechazo de esta enmienda presentada, en primer lugar tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: De acuerdo, pero creo que se debe añadir: todos los actuales puestos de trabajo. Con eso estaríamos de acuerdo respecto a la enmienda en la que hemos estado trabajando todos.


El señor PRESIDENTE: Ha leído todos los actuales puestos.


El señor MEYER PLEITE: Entonces de acuerdo, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Socialista no hay ninguna objeción? (Pausa.) Anuncio que, en su momento, votaremos estos dos puntos del orden del día, aunque sea por separado, de acuerdo con el texto que acabamos de leer y que conocen todos los grupos parlamentarios.


--RELATIVA A OFERTA DE COMPRAVENTA POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMADAS (INVIFAS) DE LAS VIVIENDAS DE SANTIAGO APOSTOL, EN LA BARRIADA DE NARON (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/000692).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto nueve del orden del día: Proposición no de ley relativa a la oferta de compraventa por el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) de las viviendas de Santiago Apóstol en la barriada de Narón (La Coruña). Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto y, para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Vamos a tratar un problema elemental y quiero aclarar previamente algunas cuestiones.
Sin duda hace bien el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta la actual situación política, económica y social del Estado español y, sobre todo, los vientos que hay a nivel internacional, en dejar de ser propietario de viviendas que estaban destinadas básicamente a sus trabajadores. Hay que decir, de todas maneras, que debe hacerlo conforme a ciertos criterios y principios. El primero de ellos es que tendrá deberes como propietario con sus inmuebles, como todos los propietarios, de acuerdo con la legislación vigente. En segundo lugar, que no cabe duda de que debe tener en cuenta que estas viviendas, en gran parte, tienen un carácter social y tuvieron esta iniciativa, ya que iban

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destinadas a los sectores que tenían unos salarios más bajos dentro de las Fuerzas Armadas en muchos casos. También hace bien en no cederlas gratuitamente, pero, al mismo tiempo, habría que decir que debe hacerlo de la forma más adecuada a la capacidad adquisitiva de sus moradores e inquilinos.
Decimos todo esto como preámbulo para referirnos al caso de las viviendas de Santiago Apóstol, en el Ayuntamiento de Narón (A Coruña), que son propiedad del Ministerio de Defensa (Invifas) y que están ocupadas por militares retirados, militares con salarios muy bajos, de los escalones inferiores, dentro de lo que es la escala militar, y por funcionarios de defensa con salarios muy bajos también. Realmente, muchos de ellos son inquilinos de estas casas desde hace más de cuarenta años; y, hay que decirlo, son casas que se encuentran en un estado lamentable, con excesivas deficiencias, que demuestran que el propietario no estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a su deber de cuidarlas por lo menos en sus aspectos fundamentales y básicos.
Sería ilustrativo poder ver todo el dossier de prensa que sin duda los diputados del Partido Popular de la comarca de El Ferrol conocen a la perfección, seguramente mejor que el que les está hablando. Se trata de instalaciones eléctricas deplorables, de tejados sin fundir, por donde caen inmensas goteras, de instalaciones sanitarias que son de auténtica pena, de ventanas destrozadas por su vejez, con humedades por todas partes, con grietas e, incluso, con falta de una red de alcantarillado y vertiendo todo a un río que está en un estado infecto. No ha habido, por tanto, por parte del Invifas, una actuación adecuada con estos bienes inmuebles durante muchos años.
Es cierto, además, que este tema no es nuevo en este Congreso de los Diputados. Nos consta que, en concreto, el señor Fernández de Mesa, en la anterior legislatura, planteó varias preguntas parlamentarias en la dirección en que va hoy esta proposición no de ley.
Cuando el Invifas empieza el proceso de compraventa, igual que hizo con anterioridad con las viviendas Virgen del Mar de Narón, en este caso las tasa por un precio a todas luces abusivo, 2.400.000 pesetas, en números redondos, más los gastos de registro, notaría, y así sucesivamente; con lo cual se ponen, tranquilamente, en una cantidad muy próxima a los 3.000.000 de pesetas. Hubo convocatorias para la compraventa en junio y en septiembre y hoy hay, por lo menos, unas 60 viviendas que siguen estando ocupadas por sus inquilinos, pero no quieren acceder a la propiedad en estas condiciones. Desean adquirirlas, pero a través de dos vías: o bien que se baje el precio de la tasación, o bien que el Invifas repare las deficiencias.
La proposición no de ley, por tanto, va destinada a intentar por todos los medios que haya una vía de diálogo que posibilite una mayor adecuación de la compraventa a tres parámetros: el lamentable estado en que están las casas, por tanto va a haber que hacer inversiones para su habitabilidad, y la escasez de recursos económicos de sus moradores.
Teniendo en cuenta esto, la proposición no de ley que el Bloque Nacionalista Galego presenta reza de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, Ministerio de Defensa e Invifas, a realizar una nueva oferta de compraventa de las viviendas de Santiago Apóstol en Narón (A Coruña) a los actuales inquilinos, que tenga en cuenta el lamentable estado en que se encuentran, la ineludible necesidad de inversiones importantes por parte de sus hipotéticos nuevos propietarios para garantizar su habitabilidad, así como la escasez de recursos económicos de las familias que las habitan.
Nos consta, porque así nos fue comunicado, que existe una enmienda transaccional presentada por el Partido Popular y otra por el Grupo Parlamentario Socialista. Parece que estamos de acuerdo en orientar la votación sobre el texto presentado por el Partido Popular, que sitúa una vía de diálogo y de solución a la problemática por el camino de que el Invifas repare las deficiencias más graves de las casas y aquellas que les correspondan, conforme a la legislación vigente, en concreto, un decreto del año 1990.
Como se trata de un problema social, de un problema elemental y de buscar una solución, quiero dejar claro que el Bloque Nacionalista Galego acepta la enmienda transaccional del Grupo Popular que, además, ha sido consultada con los otros grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a la Mesa ha llegado una enmienda presentada por el Grupo Popular y parece que consensuada. Me voy a permitir, señorías, llamar a esta enmienda desalentadora, porque como no tiene ni un solo punto, la lectura de arriba abajo le hace a uno perder el aliento. Quiero decir con esto que quizá sería bueno cuidar un poco la redacción. A pesar de la redacción la voy a leer, aunque seguramente la conocen ya todas SS. SS. Dice así: Que el Invifas, dentro del actual proceso de compraventa --creo que habría que explicarlo un poco--, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1751/1990, inicie los correspondientes expedientes para poder reparar los defectos graves de las viviendas a que se refiere la presente proposición no de ley --aquí debería ir un punto-- y que se consideren responsabilidad del Invifas, una vez recibidas cuantas quejas expusieran defectos graves de las viviendas y una vez comprobados y examinados por la delegación correspondiente. Si se aprueba la «y» y el punto que la Mesa ha introducido.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Si es una cuestión de redacción, en dos minutos le podemos dar una forma adecuada, sin cambiar para nada el contenido, si nos lo permite.


El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente, si quieren introducir alguna mejora. Especialmente, entiendo que las últimas líneas quedan un poco confusas. Creo que siempre es bueno que la Comisión presente sus textos de forma adecuada.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor presidente, simplemente para hacer ver que el texto es el siguiente: Que el Invifas --eso es lo que pone--, dentro del actual proceso de compraventa, de acuerdo con lo

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dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1751/1990, inicie los correspondientes expedientes para poder reparar los defectos graves de las viviendas a que se refiere la presente proposición no de ley...


El señor PRESIDENTE: Hay que poner un punto ahí.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Es una cuestión de redacción.


El señor PRESIDENTE: Pediría a los portavoces que, si les parece oportuno, en unos momentos corrijan el texto, especialmente en sus últimas líneas, y hagan llegar a la Mesa un texto corregido, que será el que sometamos a votación en su momento.
Tiene la palabra el señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: No hay ningún inconveniente en acceder a lo que el presidente nos solicita. Sin embargo, es verdad que la redacción es correcta, puesto que a partir de «proposición no de ley, que se consideren responsabilidad...», es evidente que va referido a los defectos graves de las viviendas. Es bastante difícil colocar ahí un punto, pero lo intentaremos.


El señor PRESIDENTE: Me permito dudar de lo de la evidencia que dice S.
S. La evidencia se supone.
En cualquier caso, les agradecería que revisen el texto, si les parece oportuno.


--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA EL REORDENAMIENTO DEL ESCALAFON GENERAL DE LOS OFICIALES DE LA ESCALA AUXILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000570).


El señor PRESIDENTE: Seguimos debatiendo los puntos del orden del día que nos quedaban pendientes.
Punto número 3, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para el reordenamiento del escalafón general de los oficiales de la escala auxiliar, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Efectivamente, la determinación de la antigüedad entre los oficiales de la denominada escala auxiliar se está viendo alterada de forma grave como consecuencia de las sentencias dictadas por diversos tribunales ante las reclamaciones presentadas por el personal de dicha escala. Las resoluciones judiciales han dado lugar a la existencia de agravios comparativos de doble índole: por un lado, entre los recurrentes, por cuanto unos han visto estimadas sus peticiones y otros desestimadas; y, por otro lado, porque aquellos que no recurrieron han sido sobrepasados en el escalafón por aquellos que han obtenido sentencia favorable.
Esto es lo que nos obliga a traer una propuesta exigiendo una reordenación lógica del escalafón que evite agravios comparativos, lo cual podría realizarse siguiendo el precedente existente para la escala especial en su integración en la escala media, lo que se realizó mediante la orden ministerial y la resolución correspondientes.
Por todas estas razones, se presenta esta proposición no de ley que viene a decir que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para el reordenamiento del escalafón general de la escala auxiliar mediante las necesarias rectificaciones de antigüedad, escalafonando a sus componentes en los puestos que tenían cuando fueron promocionados a su ingreso en esta escala, de manera que se les reconozca antigüedad y efectividad de tenientes, según la fecha en que fueron declarados aptos para el ascenso y se les reconozca la antigüedad y efectividad de capitán.
No ocultamos que este escalafonamiento, como otros que hemos tratado, tiene su dificultad. Es verdad también que estamos hablando de un reducido número de personas, pero dada esa complejidad estaríamos abiertos a cualquier iniciativa que nos permita, al menos, iniciar los trámites para que en un corto espacio de tiempo se nos puedan presentar distintas soluciones. En cualquier caso, creemos que es un colectivo que merece esta reflexión y que merece, además, que entre todos seamos capaces de buscar las soluciones que, a nuestro entender, son de justicia.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar en el debate? (Pausa.) Advierto que por parte del Grupo Popular se ha presentado en la Mesa una enmienda; la consideraremos como una enmienda in voce y sobre ella en su momento expondrá su posición el grupo proponente.
En todo caso, seguiremos el orden habitual. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Esta será una intervención necesariamente breve, porque el cambio constante de textos transaccionales hace muy difícil adoptar una posición sobre un texto que físicamente aún no tengo.
Me lo acaban de entregar ahora mismo. He participado en la negociación del texto y estoy de acuerdo en la filosofía que se deriva de las conversaciones.
Está claro que nos encontramos ante una situación extraña en el ejército.
Una serie de sentencias favorables a recurrentes de la escala auxiliar crearon unas diferencias en el seno de la misma escala, según dónde se presentaban y según cuáles eran las sentencias de los tribunales superiores de justicia que dictaminaban los hechos. Es decir, que la ubicación física de las unidades consagró diferencias en el ejército en un punto muy delicado y específico de su funcionamiento, como es el escalafón. Esto se intentó corregir en la anterior legislatura, y el Gobierno socialista ascendió a capitanes a los tenientes que llevaran al menos ocho años desde la realización de su curso de aptitud para

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ascender a teniente. Ahora, la proposición que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida da un paso más para corregir las consecuencias negativas de las sentencias de los distintos tribunales superiores de justicia, pero deben leerse, hoy en día, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación en interés de ley, de fecha 23 de junio de 1993, que declaró erróneas las sentencias de los tribunales superiores, pues los ascensos consagrados en los mismos incumplían los requisitos legalmente establecidos y dificultaban el cumplimiento de la normativa encaminada a la reorganización del ejército.
Ese es el tenor literal de la sentencia del recurso que acabo de mencionar.
Entendiendo que la proposición no de ley va encaminada a resolver algún problema, aunque crea otros de índole económica y que de alguna forma el texto transaccional que ha presentado el portavoz del Grupo Popular parece que también va en la misma dirección, el Grupo Socialista va a dar su apoyo, esperando que en el plazo a que nos hemos comprometido a través de la votación podamos estudiar, caso por caso, todas las reclamaciones que la escala pueda presentar a lo largo de los próximos meses.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Amador.


La señora AMADOR GUILLEN: Señorías, esta proposición no de ley forma parte de un conjunto de iniciativas ya debatidas en el seno de esta Comisión y en distintas ocasiones, aunque en parecidos términos, por distintos grupos parlamentarios, como es el caso de Izquierda Unida y lo fue el del Grupo Popular, lo que nos indica el interés que despierta este colectivo a la generalidad de los grupos parlamentarios.
Habría que decir que coincidimos todos en el fondo. Sin embargo, habría que señalar dos aspectos bien distintos. Primero, como muy bien decía el portavoz del Grupo de Izquierda Unida, la determinación de la antigüedad entre los oficiales de la escala auxiliar ha venido siendo alterada como consecuencia de haber recaído sentencias discordantes emanadas de diversos tribunales superiores de justicia, que han puesto fin a reclamaciones presentadas por miembros de dicha escala en relación con la reordenación de su antigüedad. Obviamente, la disparidad entre tales sentencias ha tenido efectos perniciosos, puesto que, al tratarse de sentencias firmes, tienen la condición formal y material de cosa juzgada, implicando este último efecto que la misma cuestión objeto del fallo se reproduzca en un nuevo proceso en aras de un elemental principio de seguridad jurídica.
Como es natural, el juego del efecto de cosa juzgada se circunscribe al ámbito de la competencia propia de cada tribunal superior de justicia.
Ello conlleva que las sentencias dictadas por distintos órganos jurisdiccionales tengan contenidos contrapuestos sobre un tema sustancialmente idéntico, con los efectos perniciosos en el orden de la administración militar a que se ha hecho referencia, ya que al Poder Ejecutivo, del que la administración militar es parte integrante, no le queda sino acatar en sus propios términos el contenido de aquellos fallos discrepantes, al ser los mismos firmes y ejecutorios y tener aquel efecto que mencionábamos de cosa juzgada, pues según señala el artículo 118 de la Constitución, es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales. Por tanto, la administración militar se ha limitado a ejecutar, en sus propios términos, aquellos fallos discordantes.
El segundo aspecto interesante a señalar es la modificación de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar profesional en lo relativo a la escala auxiliar y la posición del Gobierno al respecto; posición que fijó el subsecretario de Defensa en la comparecencia del pasado 10 de junio que, dicho sea de paso, fue solicitada por el Grupo Izquierda Unida para conocer las medidas a adoptar por este departamento en cumplimiento de la proposición no de ley relativa a la modificación y aprobada por mayoría en el seno de esta misma Comisión. En la mencionada comparecencia, el señor subsecretario de Defensa manifestó, en primer término, algo que no puede olvidarse hoy aquí, y es que esta proposición también contó con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y que, además de ello, es históricamente este grupo el que primero tomó la iniciativa en la defensa de este colectivo que, por diferentes circunstancias no imputables al Gobierno del Partido Popular, se encuentra claramente relegado y al que hay que trata de reponer en la situación que se merece. Por todo lo cual, y sin lugar a duda, esa proposición no de ley va a ser cumplida en los términos en que en su momento fue aprobada por este Congreso de los Diputados.
No obstante, decía asimismo el subsecretario de Defensa que, por lo que atañe al momento cronológico en que de facto vaya a producirse la modificación legal, no es posible dejar de tener en cuenta que cada vez que se modifica la normativa en materia de personal, se producen efectos de largo alcance desde el punto de vista cronológico y, en consecuencia, parece razonable que antes de hacer un retoque se realicen los estudios oportunos, por lo que al estarse tratando de modificar un conjunto de aspectos en materia de política de personal que afecta a diferentes preceptos de la ley 17/1989, y dado que se pretende llevar a cabo una reforma general del contenido de la misma, ha de ser en este contexto de reforma general donde ha de incorporarse la reforma puntual que dé lugar a la proposición no de ley. Esta fue básicamente, señorías, la comparecencia del subsecretario de Defensa.
En conclusión, el problema, cuya gravedad no se oculta, ha de resolverse, hoy por hoy, en el marco de una reforma global de la legislación de personal de las Fuerzas Armadas; reforma que, por su vocación de profundidad y lo novedoso de algunos de sus aspectos, exige contemplar globalmente el conjunto de circunstancias a abordar, por lo que para garantizar el mejor cumplimiento del espíritu que impregna la proposición no de ley, resulta lo más coherente que el mandato que la misma contiene sea plasmado en el ámbito de aquel nuevo régimen de personal militar que se aborda en la actualidad desde el Ministerio, pues no sería razonable, señorías, que se llevara a cabo en este momento

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una reforma parcial que pudiera distorsionar las estimaciones de personal en los diferentes empleos y que, posteriormente, hubiera de ser modificada en el ámbito de aquella reforma general.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda in voce, a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, en los siguientes términos: Que se estudien las posibles soluciones a los problemas planteados en la escala auxiliar del Ejército de Tierra por los cambios de antigüedad y ascensos otorgados en ejecución de resoluciones jurisdiccionales firmes, sin que en modo alguno tales soluciones conlleven efectos económicos de carácter retroactivo ni aumento alguno del gasto ni perjudiquen los legítimos derechos de terceros, en un plazo de seis meses y a presentar en el Congreso.


El señor PRESIDENTE: Para tomar posición respecto de esta enmienda que acaba de ser leída, en la que advierto habría que decir ejecución de resoluciones jurisdiccionales firmes, es decir, una pequeña corrección ortográfica, tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, aunque nuestro texto nos gusta más, en aras de buscar una solución, teniendo en cuenta además que se tasa el tiempo en seis meses para que se traigan al Congreso las medidas para ayuda de este colectivo, vamos a dar nuestro voto favorable a la enmienda in voce presentada por el Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Por tanto, se votará en su momento en los términos de la enmienda que ya conocemos.


--SOBRE UTILIZACION DE LA BASE AEREA DE ZARAGOZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 161/000616).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5, que es el último dada la reordenación que hicimos del orden del día: Proposición no de ley sobre utilización de la base aérea de Zaragoza, presentada también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Meyer.


El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, esta proposición no de ley se presentó en su día en función de una preocupación de la opinión pública aragonesa, concretamente de la ciudad de Zaragoza, ante el temor de que detrás de la construcción de un centro de mando y control en la base aérea de Zaragoza, por un importe de 1.100 millones de pesetas, dotado de altas prestaciones en su defensa, reconocido por el propio Ministerio, pudiese esconderse la pretensión de un nuevo relanzamiento de dicha base, atendiendo también al próximo despliegue operativo de las fuerzas OTAN en el momento en que España forme parte plenamente de la estructura militar; todo ello en una comunidad que en su momento luchó por conseguir que la base aérea de Zaragoza no jugara un papel principal en el despliegue operativo.
Esta preocupación es la que nos llevó a Izquierda Unida a plantear esta proposición no de ley que pretende, al hilo de todas las movilizaciones que se hicieron en su día en Aragón, en Zaragoza, en contra de la utilización militar de esta base, instar al Gobierno: primero, a rechazar la posible utilización de la base aérea de Zaragoza por fuerzas militares extranjeras en el marco de la estructura militar de la OTAN, por considerar que tal situación supondría una amenaza innecesaria para la seguridad de la ciudadanía aragonesa y perjudicaría el desarrollo de los vuelos civiles y comerciales en el aeropuerto de Zaragoza; y segundo, que las operaciones de control aéreo del aeropuerto de Zaragoza dependan de la autoridad civil como forma de favorecer la potenciación de los vuelos civiles y comerciales.
Lo que pretendemos es que, al hilo de ese sentimiento, que nosotros creemos importante, de movilización para que Zaragoza y su base aérea no represente ningún peligro ni hipoteca alguna para la seguridad de los aragoneses, mantener la proposición con ese objetivo.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, esta proposición no de ley pone en evidencia un problema que existe en este Parlamento, y es que ante la carencia de medios de apoyo técnico al trabajo parlamentario, se plantean con bastante frecuencia iniciativas que se basan en una información que aparece en un periódico y que, pocos días o meses después, es desmentida, matizada o transformada. Y a partir de una información en la que se decía que representantes de las fuerzas militares de Estados Unidos habían mostrado su interés en supervisar las instalaciones de la base de Zaragoza, se presenta esta iniciativa. Todo esto queda matizado y encauzado en los términos del convenio bilateral con Estados Unidos que, evidentemente, plantea una serie de limitaciones a ese tipo de medidas, pero la realidad es que los medios al servicio del trabajo parlamentario no permiten un mejor asesoramiento técnico y nos encontramos con proposiciones como ésta que, por cierto, es contradictoria en sus fines con otra presentada por un diputado del mismo grupo, el señor Ríos, que no hace mucho tiempo veíamos, en la que se nos proponía que el eventualmente futuro mando OTAN en España se ubicase en un lugar determinado, concretamente, en la provincia de Murcia. Aquí se nos dice que no se haga nada en Zaragoza. Zaragoza es una base militar, tiene un uso civil, hasta el momento parece que ambas cosas son compatibles y deben seguir siéndolo hasta tanto la capacidad de uso civil permita el desarrollo de unas instalaciones propias y específicas. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno Bustos.


El señor MORENO BUSTOS: Tengo que empezar por decir, señor presidente, que me sorprende esta iniciativa. Digo que me sorprende porque da la casualidad de que hace cuatro meses, concretamente el 12 de junio del presente año, el Grupo Federal de Izquierda Unida en el Parlamento aragonés presentó la misma iniciativa. Y cuando digo la misma iniciativa es porque ésta es copia literal, con puntos y comas, de la que hoy estamos aquí debatiendo. Ya entonces el Parlamento aragonés la rechazó por amplia mayoría.
Entrando en el contenido de la proposición no de ley, me llama poderosamente la atención que ya en la exposición de motivos se hable tan a la ligera de circunstancias que ni se han producido ni se van a producir; se hable siempre en hipótesis y de términos tan desfasados, pero tan rimbombantes, como amenaza contra la paz y la seguridad de la ciudadanía.
La base aérea de Zaragoza, como ya dijo el señor ministro de Defensa hace un par de semanas ante una pregunta formulada sobre el mismo tema, está clasificada como de utilización conjunta con el aeropuerto, según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, y catalogada en el despliegue del Ejército del Aire como base aérea principal. El Gobierno, por boca de su ministro, ya ha afirmado en innumerables ocasiones que no está previsto alterar para nada ni su situación ni su utilización con relación a la posible plena participación de España en la Alianza, ni siquiera al convenio de cooperación con los Estados Unidos.
Quiero recordar, señor presidente, que las posibles actividades de la Alianza están supeditadas a los acuerdos de coordinación en vigor y a otros acuerdos específicos previos, bilaterales o multinacionales. El incremento, pues, de la actividad militar OTAN no depende de la integración en la estructura, sino de la voluntad de participación de España en las actividades de la Alianza, que viene regulado por un control de actuaciones fijadas mediante acuerdos técnicos firmados por todas las naciones implicadas. Todo ello choca con declaraciones y afirmaciones que seguramente son interesadas y que lo único que provocan es una alarma de la ciudadanía totalmente innecesaria.
Por otra parte, estoy verdaderamente seguro de que el pueblo aragonés desearía ver, y muy especialmente los ciudadanos de Zaragoza, que nuestro aeropuerto fuese --y se está intentando que así sea-- uno de los principales de Europa como terminal de cargo y tráfico de mercancías, ya que, desgraciadamente, como aeropuerto única y exclusivamente para pasajeros acabaría, en el futuro, desapareciendo. Por ello, no se trata de si quien controla el espacio aéreo es la autoridad civil o la autoridad militar, sino cómo potenciamos en mayor grado dicho aeropuerto.
Hay que decir, señor presidente, que el control del tráfico aéreo en las bases aéreas es ejercido por controladores del Ejército del Aire y en el caso de aeródromos de utilización conjunta entre la base aérea y un aeropuerto, como es el caso de Zaragoza, se establece la Comisión interministerial Defensa-Transportes, según el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio. Esta Comisión interministerial, de común acuerdo y considerando el volumen, características y tipo de tráfico aéreo, decide el sistema de control de tráfico y la modalidad más adecuada para cada caso. En ese sentido, la Comisión interministerial Defensa-Transportes decidió aprobar que el control del tránsito aéreo en el área terminal de Zaragoza fuera responsabilidad del Ejército del Aire, al considerar como suficientemente especial la superioridad del volumen del tránsito militar sobre el civil. Desde entonces los controladores del Ejército del Aire vienen ejerciendo su labor sin recibir ninguna queja y a plena satisfacción, tanto de los usuarios civiles como de los militares, y sin que esta circunstancia --y me parece importante resaltarlo-- haya significado ninguna merma en la potenciación de los vuelos civiles y comerciales del aeropuerto de Zaragoza, como así insinúa el grupo proponente en su exposición de motivos.
Señor presidente, acabo recordando a SS. SS. que este tema ya es viejo y me atrevería a decir que casi tradicional y romántico, al menos en mi provincia. Lo que deseamos es potenciar el aeropuerto de Zaragoza en sus usos civiles y militares. Dejemos de alarmar a una ciudadanía que hace muchos años que ya tiene superado este problema. Por ello, el Grupo Popular votará en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado los debates de los distintos puntos del orden del día. Como habíamos anunciado que las votaciones se efectuarían a partir de las siete menos cuarto, para que no quede sorprendido ningún señor comisionado suspendemos la sesión durante cinco o siete minutos. (Pausa.) A petición de alguna de SS. SS. declaramos no suspendida la sesión para leer en voz alta el texto de la enmienda. Queda redactada así. Punto uno: Que el Invifas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1751/1990, inicie, dentro del actual proceso de compraventa de las viviendas de Santiago Apóstol, en Narón, los correspondientes expedientes para poder reparar los defectos graves de las mismas. Punto dos: Que se consideren responsabilidad del Invifas los defectos graves de dichas viviendas, una vez recibidas las quejas al respecto y comprobadas por la delegación correspondiente. (Rumores.) Si alguna de SS. SS. quiere hacer alguna matización, puede hacerlo.
Tiene la palabra el señor Fariñas.


El señor FARIÑAS SOBRINO: Si nos permite, señor presidente, nos gustaría revisar de nuevo el texto, porque parece ser que hay alguna disconformidad.


El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia está dispuesta a todo. Suspendemos por un momento la sesión. (Pausa.)

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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Antes de proceder a las votaciones, querría decir a los portavoces de los grupos que la tarea que tan intensamente han desarrollado esta tarde --me refiero fundamentalmente a la presentación de enmiendas sobre la marcha, de enmiendas in voce, y a la negociación de enmiendas transaccionales--, si la pudieran desarrollar en tiempo y forma, siguiendo lo que marca el Reglamento, mejoraría mucho el trabajo de la Comisión. Como no es la primera vez que esto sucede, yo me permito rogarles que, para satisfacción de todos, para que puedan estudiar los textos de una manera más reposada, a ser posible, presenten las enmiendas en los momentos que marca el Reglamento y sólo excepcionalmente echemos mano de las fórmulas --que esta Comisión siempre está dispuesta a aceptar-- de la enmienda transaccional o in voce. (El señor Meyer Pleite pide la palabra.) ¿Señor Meyer?

El señor MEYER PLEITE: A efectos de la votación, quiero comunicar que en Izquierda Unida hay dos sustituciones. Los diputados señor Navas y señora Sabanés sustituyen a los diputados titulares de Izquierda Unida en la Comisión. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Señor Rodríguez Sánchez?

El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Rogaría que se leyese otra vez el texto para que fuese escuchado universalmente. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Si no le importa, lo leeremos en el momento en que vayamos a proceder a la votación de ese punto del orden del día.
Procedemos a la votación del punto número 1, proposición no de ley sobre reestructuración de los servicios de información e inicio de los cambios legislativos oportunos para homologarlos a servicios de información de un Estado democrático. Se vota en los términos originales de la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley número dos, sobre enajenación en favor del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) del edificio de la Ayudantía Militar de la Marina en dicha localidad.
Se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que, en su momento, conocimos en la Comisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación del punto tercero del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para el reordenamiento del escalafón general de los oficiales de la escala auxiliar. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada inicialmente por el Grupo Popular y apoyada después por otros grupos.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar el punto cuarto, proposición no de ley sobre realización de un estudio de viabilidad de la utilización compartida del campamento militar de Els Castillejos. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto número cinco, relativo a la proposición no de ley sobre utilización de la base aérea de Zaragoza, que se vota también en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la proposición no de ley sobre protección del espacio conocido por el nombre de Punta de Seixo Branco, en la costa de Dexo, en el Ayuntamiento de Oleiros (La Coruña). Se vota de acuerdo con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto siete, relativo a la proposición no de ley sobre sustitución de personal español que realiza sus funciones en las instalaciones USA de la base aeronaval de Rota (Cádiz) por personal norteamericano. Se vota de acuerdo con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto ocho, proposición no de ley relativa a la base naval de Rota, de acuerdo con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


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Finalmente, votamos el punto número nueve. Proposición no de ley relativa a la oferta de compraventa por el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) de las viviendas de Santiago Apóstol en la barriada de Narón (La Coruña). La votamos de acuerdo con la enmienda que leo a continuación para conocimiento de todos los señores comisionados: Que el Invifas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 1751/1990, inicie, dentro del actual proceso de compraventa de las viviendas de Santiago Apóstol en Narón, los correspondientes expedientes para poder reparar los defectos graves de las mismas, que se consideren responsabilidad del Invifas, una vez recibidas las quejas correspondientes, comprobadas y examinadas por la delegación competente.
Votamos el texto tal y como acaba de ser leído.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión.


Eran las siete de la tarde.

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