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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 308, de 21/10/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 308

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL CISNEROS LABORDA

Sesión núm. 12

celebrada el martes, 21 de octubre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Ratificación de la ponencia encargada de informar la proposición de Ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Número de expediente 122/000087) (Página 9074)

Emitir dictamen a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, sobre la proposición de Ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 122/000087) (Página 9074)

Comparecencia de la señora Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Iglesias Cano), para informar sobre la actuación y proyectos del citado Centro. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 212/000754) (Página 9082)

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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA (Número de expediente 122/000087).


El señor PRESIDENTE: Vamos a celebrar la sesión número doce de esta comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Tengo que empezar por solicitar la autorización del pleno de la Comisión para introducir una rectificación en el orden del día, toda vez que por una mera omisión, probablemente atribuible a los servicios informáticos de la Cámara, no se ha incluido el punto primero preceptivo en orden a la ratificación de la composición de la ponencia informante de la proposición de ley orgánica de transferencia de competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
¿Autoriza la comisión la introducción de este punto del orden del día? (Asentimiento.) Muchas gracias, señores comisionados. En consecuencia, el primer punto del orden del día consistiría en la ratificación de la ponencia informante de la mencionada proposición de ley.
La ponencia queda integrada por don Manuel Seco Gordillo, don Ignacio Gil Lázaro, don Jordi Pedret i Grenzner, don Josep López de Lerma i López, don José Carlos Mauricio Rodríguez, don Jesús María López-Medel Bascones, don Pere Jover i Presa, don Francesc Frutos Gras, doña Margarita Uría Echevarría y doña Pilar Rahola i Martínez. ¿Queda ratificada? (Asentimiento.) Por asentimiento queda ratificada la composición de la ponencia.


--EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN MATERIA DE TRAFICO Y CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA.
PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y CATALAN DE CONVERGéNCIA I UNIO (Número de expediente 122/000087).


El señor PRESIDENTE: Podemos introducirnos en el trabajo del dictamen de esta proposición de ley orgánica tomada en consideración por el Pleno de la Cámara y presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y de Convergència i Unió.
Al informe de la ponencia se han presentado y están vivas dos enmiendas.
La enmienda número 1 es a la disposición transitoria única y está suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor presidente, con toda brevedad, puesto que esta enmienda se defiende por sí misma. Leyendo su contenido creo que queda bastante clara. Lo que nosotros pretendemos no es en absoluto cuestionar la transferencia de esta competencia a la Generalitat de Catalunya, por supuesto que no; lo único que planteamos es la conveniencia de que los miembros de las agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil que actualmente están destinados en Cataluña y que estén prestando servicios en esta actividad, puedan incorporarse a la división central de Tráfico de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, por supuesto realizando los concursos que sean necesarios en igualdad de condiciones con los demás participantes.
No se trata de una integración automática, puesto que estamos ante una transferencia que es de sustitución, pero, eso sí, ya que el Gobierno de la Generalitat convoca concursos --por cierto, ha convocado ya sin esperar a que esta ley sea aprobada--, que se haga en condiciones de igualdad y que los actuales componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil puedan participar en los mismos, repito, en condiciones de igualdad con el resto de los participantes, lo cual significa sin cupos limitativos.
Básicamente esta enmienda tiene dos objetivos que me parece que están bastante claros. En primer lugar, pretendemos que se asegure la máxima eficacia en el servicio del control de tráfico durante un período que, como todos los períodos transitorios, será difícil, y con ello quiero dejar muy claro que mi grupo no tiene ninguna duda sobre la eficacia, sobre la profesionalidad, sobre la dedicación que en su día tendrá la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, a este servicio, ninguna duda; por tanto, que no se vea ahí ningún tipo de resquemor, de desconfianza al respecto. Ahora bien, repito, se trata de un período transitorio y como todos los de este tipo un período difícil. No se olvide, además, que estamos hablando de una actividad, de un problema que hoy día, y sobre todo en los últimos meses, está demostrando una siniestralidad importante, y todo lo que hagamos en este sentido para garantizar la máxima eficacia del servicio creo que será bueno.
Nos parece que es bueno que ya que hay en las provincias de Cataluña --en Girona, para empezar y después en las que vengan-- una agrupación de tráfico de la Guardia Civil, con personas que han demostrado a lo largo de años su profesionalidad, su eficacia, por qué no vamos a utilizar, en la medida de lo posible, esa eficacia, sin que ello en absoluto cuestione el hecho de que estamos ante una transferencia de sustitución y que será la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra la que se haga cargo de este servicio.
En segundo lugar, señor presidente, y con ello ya acabo, estamos ante un problema también humano, el problema de un conjunto de familias que viven en Cataluña desde hace muchos años, que están prestando sus servicios allí y que como consecuencia de esta transferencia de competencia,

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que se dice es de sustitución, posiblemente tendrán que abandonar sus casas, sus allegados, sus amigos e irse, como funcionarios que son de la Guardia Civil, a otros lugares. Se me dirá que son muy pocos; se me dirá que actualmente es un problema que solamente afecta en Girona a cincuenta o sesenta familias. Son muy pocos de momento, pero luego vendrá Lleida, Tarragona y Barcelona, y son varios miles los pertenecientes a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cataluña que podrán verse afectados por esta transferencia. Por tanto, señor presidente, creo que éstos son temas que hay que tener en cuenta.
Para acabar, y como último argumento, resulta, y ya lo sabemos todos, que los concursos que se han convocado para proveer las plazas de esta división central de Tráfico de la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, los primeros que se convocaron para cubrir las plazas de Girona --que si no me equivoco eran 187 reservadas a Mossos d'Esquadra--, no se cubrieron ya como participantes ni siquiera una parte de ellos, y en la primera criba habían caído unos cuantos más. De manera que ya que ni siquiera se van a cubrir las plazas reservadas para personas que proceden del cuerpo de Mossos d'Esquadra, por qué, si no se van a cubrir estas plazas, no se aprovecha para personas que haciendo las pruebas podrían realmente integrarse en este cuerpo.
Por todo ello, señor Presidente, pido el voto favorable a esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Aunque la enmienda suscrita por el señor Alcaraz tiene una formulación distinta en su literalidad de la del Grupo Socialista, sin embargo, el emparentamiento de su objeto, entiendo, y de sus conceptos, nos permitiría formar mejor criterio y encauzar mejor el debate si diéramos ahora la palabra al segundo enmendante, el señor Alcaraz, para la defensa de su enmienda número 2.


El señor ALCARAZ RAMOS: Señor presidente, en nombre de Nueva Izquierda quiero indicar nuestro apoyo global al proyecto que se trae por considerar que es un elemento importante en la estructuración del Estado de las autonomías, y más en una comunidad autónoma como la catalana, con una tradición de policía autonómica que entendemos debe ser reforzada y que debe asumir el máximo de capacidad de gestión, de trabajo y de eficacia posible. Sin embargo, defendemos esta enmienda en el sentido de que ese extraño concepto de una especie de cupo reservado que no podría limitarse para los actuales funcionarios de la Guardia Civil en materia de tráfico no nos parece de recibo.
La señora Mercé Rivadulla, en el momento de la toma en consideración, aludía, por ejemplo, a la confusión que se genera en la propia Comunidad Autónoma de Cataluña cuando se ha debatido el tema. El señor Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular en Cataluña nos dice, y sale en los medios de comunicación, que la forma en que se ha realizado ese traspaso es un verdadero ejercicio de miopía política y policial, y añade que el Gobierno catalán es prisionero de los sectores más nacionalistas de Convergència i Unió. Por otra parte, Convergència i Unió nos dice que ha sido un acto absoluto de generosidad, ya que Interior no pidió ni una sola plaza para los guardias civiles, es más, el Conseller Pomes dice que el Ministro Oreja, al parecer, mostró su sorpresa cuando se lo propuso el propio Conseller.
Nos encontramos, por tanto, ante una situación sin duda extraña y contradictoria con los propios principios que deben regir una estructuración armónica del Estado de las autonomías, por un lado, y un funcionamiento normalizado y eficaz de la actuación policial. Por eso, la enmienda que defiendo lo que pretende es que se tenga en cuenta la aportación de actuales funcionarios de la Guardia Civil que demostraran experiencia y profesionalidad en materia de tráfico y voluntad de permanencia en el territorio de la comunidad autónoma, a reserva del futuro desarrollo legal que matizara y desarrollara, lógicamente, estos conceptos.
A nuestro modo de ver --y sin duda debo reiterar, como no podía ser de otra manera, algunos de los argumentos aportados por el diputado que ha intervenido anteriormente en nombre del Grupo Socialista--, el sistema propuesto --y según la propia delegada del Gobierno ha dicho en algunas declaraciones de los 1.200 guardias civiles que hay actualmente en Cataluña 699 se tendrían que ir--, de aprobarse esta norma tal y como se nos propone, significaría unos límites a derechos subjetivos que podrían chocar incluso con preceptos constitucionales.
En segundo lugar, seguramente nos encontraríamos con una ocasión en que no sólo no se aprovecharía la experiencia acumulada, una experiencia normalmente bien vista por el conjunto de la población catalana sobre la eficacia en el servicio de apoyo a actividades relacionadas con la conducción, en general con la Guardia Civil de Tráfico, sino que entendemos que es un desperdicio, como digo, de experiencia y profesionalidad que no parece que sea lo más asumible desde el punto de vista de los objetivos que la propia transferencia pretende.
Finalmente, nos encontramos también con situaciones humanas y familiares complejas y complicadas, que pueden provocar situaciones indeseables de conflicto que podrían ser malinterpretadas desde sectores que se negarían seguramente a cualquier tipo de transferencia de esta clase. Pero por encima de ello entendemos que, en una materia como ésta, esas situaciones humanas y familiares deben ser tratadas de manera mucho más exquisita que como lo hace el texto que ahora se nos remite. Por ello defendemos esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Para un turno en contra en nombre de la ponencia, el señor López de Lerma tiene la palabra.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Efectivamente, las enmiendas que se han mantenido y defendido en este trámite tienen como finalidad, así lo han expresado los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Mixto, garantizar la incorporación de miembros de la Guardia Civil en la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, en el momento en que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de

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Cataluña asuma las competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
Respecto de estas dos enmiendas, que teniendo un objetivo igual diría que tienen redacción distinta y contenido conceptual también distinto, cabe señalar lo que dice la Constitución en su artículo 150.2, que es el artículo que permite al Estado transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades que corresponden al propio Estado; es decir, a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza son susceptibles de transferencia o de delegación. Y establece ese mismo artículo, además, que la ley preverá, en cada caso concreto, la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserven al Estado.
De acuerdo con este artículo, a esta futura ley orgánica de transferencias, que procede de una proposición de ley avalada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), le corresponde únicamente precisar las competencias de ejecución de la legislación estatal que en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor se confiere a la Generalitat, y es, por tanto, impropio de una ley orgánica de esta naturaleza, derivada del artículo 150.2 de la Constitución, una previsión que prevea --permítame la redundancia-- el traspaso de medios personales. En ese sentido, no existe ningún precedente de transferencia de personal en las distintas leyes orgánicas de transferencias de competencias. Nadie habló ni nadie enmendó, vía personal, es decir referido a funcionarios, la Ley orgánica de transferencia de competencias de titularidad estatal a la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley orgánica de transferencias de competencias a distintas comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y que vieron incrementado su llamado techo competencial; la Ley orgánica de transferencia de otras competencias a la Comunidad Autónoma de Galicia; ni tampoco la Ley orgánica complementaria de la ordenación del comercio minorista. En ninguna de estas leyes, que obviamente me puede decir que son de distinto contenido y de distinta finalidad --en todo caso, todas ellas se fundamentan en el artículo 105.2--, se habla de una previsión de traspaso de medios personales. No podía haber enmiendas en ese sentido, y no debería haberlas hoy ante esta proposición de ley, porque --reitero-- se trata de precisar las competencias de ejecución de la legislación estatal, que en este caso lo serían en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor hacia la Generalitat de Catalunya, y es impropio la previsión de traspaso de medios personales. En ninguna de estas leyes, que son nuestros antecedentes más cercanos, repito, hay esta previsión de transferencia de funcionarios.
Otro aspecto a considerar es que la Generalitat, en virtud de algo que es lógico e inherente al concepto de autonomía política, que prevé, que contempla, que desarrolla y que define nuestra Constitución, y en virtud de sus competencias exclusivas de autoorganización, previstas precisamente en la Constitución, artículo 148, o en su Estatuto de Autonomía, artículo 9, tiene plena potestad para regular y organizar el Cuerpo de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra y, por tanto, cualquier previsión sobre esta materia en una ley orgánica estatal iba a vulnerar --que es lo que pretenden, de hecho, las enmiendas, lo que harían posible las enmiendas de ser aceptadas-- las competencias exclusivas sobre autoorganización mencionadas que contempla y defiende tanto la Constitución como el propio Estatuto de Autonomía. De acuerdo con esa normativa, la Generalitat ha establecido los sistemas de acceso al Cuerpo de Mossos d'Esquadra y los sistemas de provisión de los puestos de trabajo de dicho cuerpo.
Por lo que respecta a la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, que es el sistema que se ha autorizado en la convocatoria para cubrir las plazas de la categoría de mosso del área regional de tráfico de Girona --el que aquí se ha mencionado--, la participación en las correspondientes convocatorias está reservada a los miembros de dicho cuerpo, de acuerdo con el decreto 111/1996, de 2 de abril, por el que se aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. En ese sentido, cabe citar --y aquí yo creo que de manera voluntaria se ha olvidado-- la existencia de un auto dictado muy recientemente, el 8 de octubre pasado, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un recurso que se presentó contra el departamento de Gobernaçio de la Generalitat en relación a la resolución por la que se convoca concurso oposición para la provisión de puestos de trabajo de la categoría de mosso en el área territorial de Girona, al que ha hecho mención el digno portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En este auto se reconoce que los puestos de una unidad especializada de la policía autonómica han de ser cubiertos, se dice --leo textualmente--, por efectivos del propio Cuerpo de Mossos d'Esquadra, cuando se dice que es obvio, además, que la Administración --y cito literalmente-- demandada --en este caso la Generalitat-- al configurar una unida especializada de nueva creación, necesariamente debe nutrirse de sus propios efectivos. No obstante, el Gobierno de la Generalitat, de acuerdo con la norma relativa a la regulación de movilidad de los funcionarios que provengan de los cuerpos policiales, ha permitido establecer qué puestos de trabajo de ese Cuerpo de Mossos d'Esquadra pueden ser ocupados por miembros de dicho cuerpo o bien de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso, concretamente, de la Guardia Civil, obviamente con el requisito previo de superar los procesos selectivos que se establecen. Por tanto, lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de Autonomía y lo acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que compete a la Generalitat de Cataluña decidir sobre la posible incorporación de personal de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Lo contrario sería desconocer, sería negar las potestades de autoorganización de la Generalitat.
Hay que hacer mención expresa a que, como aquí de pasada se ha señalado, la implantación de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra responde a un modelo de sustitución, y ese modelo de sustitución no fue aprobado por el actual Gobierno del Estado de acuerdo con el Gobierno de la Generalitat, sino que lleva fecha de octubre de 1994 y era, por tanto, otro gobierno el estatal, no el Gobierno de la

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Generalitat; y ese modelo de sustitución, acordado en la Junta de Seguridad del 17 de octubre de 1994, se desprende, a su vez, de la Ley de 11 de julio de 1994, de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, aprobada, asimismo, por unanimidad en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, todos los pasos que se han ido dando se han basado en la Constitución, se han basado en el estatuto, se han basado en la capacidad de autoorganización de la Generalitat, se han basado en leyes del Parlamento de Cataluña aprobadas por unanimidad y se han basado en acuerdo de la Junta de Seguridad, integrada la misma por representacionesdelGobiernocentral,en el año 1994 --obviamente también hoy--, y por el Gobierno autonómico de Cataluña.
Ha sido este modelo de sustitución el que ha implicado que el ejercicio de determinadas funciones en materia de seguridad ciudadana y protección de bienes y personas haya dejado de realizarse por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo asumidas por el personal del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. En ningún momento, el Gobierno del Estado de entonces --y supongo que menos el Gobierno actual del Estado-- se cuestionó la competencia, la eficacia, los problemas humanos y los límites de derecho subjetivos, ni se ha querido desperdiciar experiencias ni profesionalidades. Muy lejos de todo esto ha estado el entonces Gobierno del Estado, el hoy Gobierno del Estado --que son de colores distintos--y el Gobierno de la Generalitat. Han sido exquisitamente neutros, desde esta perspectiva, y exquisitamente cómplices --si me permiten-- con lo que señala la Constitución, el Estatuto de Autonomía y los acuerdos bilaterales y, además, con la Ley de creación de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra --reitero--, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña.
Esto que hoy se produce aquí es un debate, para mí, extraño. No tiene antecedente cuando se realiza el traspaso de los servicios del Estado al País Vasco en materia de ejecución de la legislación estatal sobre tráfico y circulación de vehículos. Cuando se produce esto, el 15 de octubre del año 1982, nadie pone en duda eficacias, nadie habla de problemas humanos ni de desperdiciar experiencias y profesionalidades; lo que hubo fue un gran silencio, que yo debo interpretar por la vía del respeto a la Constitución y del respeto al Estatuto de Guernika, no por otra vía. Por tanto, no entiendo cómo hoy se nos plantean aquí cuestiones que en 1982 jamás fueron planteadas respecto al País Vasco.
En conclusión, señor presidente, tal como venía diciendo anteriormente, la fijación mediante ley orgánica de la previsión de traspaso de funcionarios de la Guardia Civil a la comunidad autónoma no es procedente por ser impropio de una ley orgánica de transferencias de competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución. Asimismo, la determinación en la ley orgánica de la posibilidad de que el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil pueda participar en los concursos que a tal efecto convoque la Generalitat, violaría las competencias exclusivas de autoorganización que tiene atribuidas la Generalitat vía Constitución, vía estatuto de autonomía, y que, además, han sido puestas de manifiesto en el citado auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Nada más, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El señor Jover tiene la palabra para consumir un turno de réplica.


El señor JOVER PRESA: Voy a intervenir sin perjuicio de que posteriormente el portavoz de mi grupo, señor Solé Tura, también añada alguna cosa a esta intervención si el señor presidente lo permite.
Solamente quiero aclarar un par de cuestiones. Señor López de Lerma, que quede muy claro que nosotros no planteamos una transferencia de personal, en absoluto. Si usted se lee nuestra enmienda verá que ahí no se habla de transferencia personal. Sabemos muy bien que ésta es una transferencia de sustitución específica, diferente de las que prevé el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y lo sabemos tan bien como que fue el Gobierno socialista el que, como usted ha dicho, lo acordó en su momento. No cuestionamos en absoluto ese acuerdo. Sabemos que ésta es una transferencia diferente, tan diferente que no está prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y por eso hoy estamos discutiendo aquí, por eso tenemos que hacer una ley orgánica de las previstas en el artículo 150.2 de la Constitución, si no, no haría falta hacerla. No está, repito, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; es más, el Estatuto de Autonomía de Cataluña lo que dice es que en ningún caso se puede transferir esta competencia, por eso no es una competencia estatutaria, sino que es necesario hacer una transferencia del artículo 150.2 de la Constitución.
Por todo ello, señor presidente, en nuestra enmienda no planteamos una transferencia de personal, en absoluto; sabemos que no se transfiere entera la Guardia Civil a la Generalitat, como se hizo durante la II República, ya sabemos que no. Si ésta fuera una transferencia de las ordinarias, de las previstas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, señor López de Lerma, nuestra enmienda sería otra; nuestra enmienda sería sencillamente que se aplique la disposición transitoria 6.4 del estatuto, que dice que los funcionarios afectados por la transferencia, todos en bloque, pasarán a depender de la Generalitat. Como sabemos que eso no es así, como sabemos que ésta es una transferencia diferente, no prevista en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y no de sustitución, nosotros, en nuestra enmienda, no decimos que se transfiera el personal, lo que decimos es que, habida cuenta de que el Gobierno de la Generalitat ya ha escogido libre y autonómicamente un modelo, que es el modelo de crear una división central de tráfico, cuyas plazas serán cubiertas mediante concurso, y a este concurso podrán acceder, dice, de un lado los actuales miembros de la policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, y, de otro lado, los actuales miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (eso lo ha dicho el Gobierno de la Generalitat, no es que lo digamos nosotros, señor López de Lerma); lo que decimos, repito, es que, ya que se hace así, que se haga en igualdad de condiciones. ¿Por qué establecer un cupo del 15 por ciento? ¿Por qué no del 10 o del 20 o del 30? ¿A qué se debe ese 15 por ciento? No quiero abrir un debate sobre este 15 por ciento, que no viene al caso, pero sí decir que ha sido el Gobierno de la Generalitat el que ha iniciado una vía, que

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yo creo que es correcta, de decir: no es una transferencia de sustitución, no hay transferencia de personal, pero los actuales integrantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil podrán participar en este concurso. Muy bien; estamos de acuerdo, señor López Lerma, pero sin trámites, sin límites, sin cupos discriminatorios.
Sencillamente, que el concurso sea en igualdad de condiciones con los demás participantes. Nosotros no planteamos otra cosa. No cuestionamos, en absoluto, el modelo de transferencia, no cuestionamos que será la policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, los que se harán cargo de estas actividades; no lo cuestionamos en absoluto. Lo único que decimos es que no se hagan discriminaciones, ya que se ha abierto la posibilidad, que yo saludo y reconozco como buena, de que los actuales integrantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil puedan participar en esos concursos. Que participen, pero que participen en condiciones de igualdad, insisto, sin cupos limitativos, porque eso incluso podría plantear alguna duda en relación con lo que dice el artículo 23 de la Constitución.
Quiero decir un par de cosas más. Aquí se ha mencionado un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se ha mencionado, pero no se ha mencionado todo lo que dice el auto y, para que quede claro, éste no es un auto que cierre el caso, sino solamente el auto que ha dictado el tribunal para pronunciarse sobre la demanda de suspensión cautelar del acto impugnado; nada más. Lo único que ha dicho el Tribunal Superior es que no procede suspender cautelarmente el acto impugnado, y ha dado una serie de argumentos; argumentos que, como ha dicho el señor López de Lerma, van a favor de lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat.
Pero ya dice el propio auto --y si hace falta lo leemos-- que esos argumentos solamente son válidos en la medida en que sirven para lo que se decide en ese momento, que es no acordar la suspensión del acto impugnado, y no prefiguran, en absoluto, lo que se diga en su momento, cuando haya sentencia. Digo esto para que quede claro, y el señor López de Lerma, que conoce muy bien cómo funciona un proceso contencioso-administrativo, sabrá muy bien que este acto lo único que hace es aplicar lo que dice la ley de 1956, cuya regla general es la no suspensión de los actos impugnados; nada más. El tribunal no ha dictado sentencia sobre este tema.
Para terminar, quiero decir que creo que no es válida la referencia al caso del País Vasco. El señor López de Lerma sabe muy bien que, en esta materia, el Estatuto de Autonomía del País Vasco dice cosas muy diferentes al Estatuto de Autonomía de Cataluña y que, precisamente por eso, la transferencia de competencias al País Vasco en materia de seguridad no se hizo mediante una ley orgánica de transferencias, sino que está en el artículo 17.5 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y es una cosa, insisto, completamente diferente. Por tanto, aquí las comparaciones no valen y no procede hacerlas.


El señor PRESIDENTE: Como el señor Alcaraz renuncia a un nuevo turno, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Voy a intentar ordenar las diversas ideas que ha expuesto el señor Jover y hacer la oportuna réplica.
Es cierto que el Estatuto de Autonomía del País Vasco dice algo distinto en esta materia y precisa más que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no es menos cierto que el traspaso de servicios del Estado al País Vasco en materia de ejecución de legislación estatal sobre tráfico y circulación de vehículos se hace en el año 1982, gobernando el Partido Socialista, sin que se obligue a cupos o a participaciones concretas y sin entender como discriminatoria esa no participación de la Guardia Civil en el cuerpo que se iba a formar, que es el calificativo que ha utilizado el señor Jover. Es cierto, y así lo ha reconocido el señor Jover, que en 1994 hubo un acuerdo entre el Gobierno central, presidido por el presidente González, y el Gobierno de la Generalitat, presidido por el presidente Pujol, sobre el modelo a desarrollar por la Policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, de acuerdo con una ley aprobada unánimemente en el Parlamento de Cataluña, y se trata de un modelo de sustitución, que es lo que el 17 de octubre de 1994 acordó por unanimidad la Junta de Seguridad, integrada por representantes del entonces Gobierno socialista del Estado y representantes del Gobierno de Convergència i Unió en la Generalitat de Cataluña, pero allí no se planteó ese tema porque, como digo, tampoco había el antecedente del País Vasco en cuanto al planteamiento.
Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no ha dictado una sentencia --yo ya he dicho que era un auto-- y es cierto que ha sido dictado en función de una denuncia presentada --digámoslo así-- en relación a un acto administrativo del Gobierno de la Generalitat. No es menos cierto, sin embargo, que el auto profundiza en la exposición del porqué de la denegación cuando dice que es obvio --reitero y cito textualmente-- que la Administración demandada, la Generalitat, al configurar una unidad especializada de nueva creación, debe nutrirse necesariamente de sus propios efectivos. Por tanto, el auto va mucho más allá de la simple denegación de la suspensión de un acto administrativo y entra en el fondo de la cuestión, como no podía ser de otra manera, que es reconocer la capacidad de autoorganización a Cataluña, a su Gobierno y a su Parlament a través de la Constitución y de su Estatuto de Autonomía.
Respecto a si participan en condiciones de igualdad, sí lo hacen. Que sepa, los guardias civiles que han optado por renunciar al cuerpo de origen e integrarse en un cuerpo nuevo, han participado en los exámenes o en la selección en igualdad de condiciones que cualquier otro mosso d'esquadra. Por tanto, aquí no ha habido trato discriminatorio, ni han sufrido desigualdades, ni ha habido trato a favor de nadie; simplemente ha habido un acto, que se deberá reconocer --no quiero hablar de generosidad-- que es distinto del que hubo en el País Vasco y que se debería subrayar como positivo, que es el reconocimiento del Gobierno de la Generalitat a un trabajo bien hecho por la Guardia Civil --esto está claro-- y a la posibilidad de que miembros de la Guardia Civil se integren en el nuevo cuerpo de Mossos d'Esquadra que va a estar en las carreteras, en este caso, en

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esta primavera, en las de Girona. Por tanto, no ha habido trato discriminatorio, se ha hecho en condiciones de igualdad y de acuerdo con lo que marca el Estatuto y la Constitución, de acuerdo con lo que señaló la Junta de seguridad en su momento como modelo de sustitución, en octubre de 1994 de acuerdo con lo que se desprende de la Ley del Parlament de Catalunya y, obviamente, de acuerdo con el Gobierno central.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no han participado en el debate y desean manifestarse, incluso en virtud de esa solicitud excepcional que uno de ellos ha hecho? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Los argumentos que ha expuesto mi compañero de grupo, señor Jover, son muy claros y si el señor López de Lerma considera que el principio de igualdad es importante, creo que esto se puede compaginar perfectamente con que voten nuestra enmienda, ya que lo que dice exactamente es que tengan absoluta igualdad. El problema es que no hay tal igualdad y los guardias civiles de Tráfico que viven en Cataluña con sus familias son ciudadanos de Cataluña; por consiguiente, son catalanes a efectos legales desde el punto de vista del Estatuto y deberían tener el mismo derecho como ciudadanos que cualquier otro si desean cambiar de cuerpo, porque es una sustitución de cuerpo y deberían tener ese derecho.
Eso es lo que se llama igualdad desde el punto de vista de los derechos de la persona, pero no es así porque estos guardias civiles, aunque se presenten todos y todos pasen las pruebas, no entran en el siguiente cuerpo, puesto que hay un cupo. En consecuencia, lo que está ocurriendo es que una parte importante de estos ciudadanos de Cataluña se ven privados de ejercer su derecho como tales, no pueden dejar un cuerpo y pasar a otro porque se lo impide una limitación en el número. Este es el problema. Por consiguiente, nosotros, que estamos totalmente de acuerdo --lo hemos dicho y lo repetimos-- con la transferencia, lo único que solicitamos es que se trate a los ciudadanos de Cataluña exactamente en pie de igualdad y que no haya cupos que discriminen a unos porque pertenezcan a un cuerpo, negándoles la posibilidad de que pasen a otro, si ésta es su voluntad. Este es el fondo del asunto, señor presidente.
Por ello nosotros pedimos que se reconsidere el tema y que si el deseo de igualdad existe, se vote nuestra enmienda, que va en este sentido.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), doña Margarita Uría tiene la palabra.


La señora URIA ECHEVARRIA: Mi grupo no tiene enmiendas vivas en esta fase de la elaboración de la disposición, pero sí queremos manifestar nuestra postura en relación con la proposición que estamos debatiendo. Creemos que es una ley de extraordinaria importancia desde el punto de vista de una comunidad autónoma, como la catalana, que ha hecho una apuesta por la tenencia de policía propia, y considerando que la competencia en las materia de tráfico y seguridad vial se viene vinculando por tradición administrativa a la seguridad pública, que es el cometido de toda policía que se pretende con vocación de que sea integral.
En cuanto al instrumento jurídico utilizado, que es el del artículo 150.2, nos parece especialmente feliz, ya que este artículo de la Constitución, introducido en la misma por una enmienda de mi propio grupo, del Grupo Vasco, no siempre se ha utilizado con la previsión que doctrinalmente se le quiso dar. Las leyes de transferencias de competencias, llamadas Lotrava o Lotraca, con las que se pretendía completar los estatutos valenciano o canario, o las leyes que sirvieron para desarrollar los llamados pactos autonómicos de 1992 han sido utilizaciones de aquel artículo a las que la doctrina ha aludido como consecución de un propósito estimable conseguido con técnicas discutibles. Más adecuadamente se utilizó en relación con la transferencia o delegación de la materia de transporte terrestre. Valga esta exposición en el momento presente para indicar que la enmienda que presenta el Grupo Socialista nos parece absolutamente inadecuada dentro de la técnica legislativa que se está utilizando en este momento y de que estamos aludiendo exclusivamente a una ley utilizando el artículo 150.2, es decir, en ella debe preverse la transferencia de lo que es la competencia que el Estado tiene y que se reserva en el artículo 149.1.21.ª única y exclusivamente. La plasmación de la transferencia deberá hacerse luego por la Comisión mixta de transferencias y, en concreto, en el real decreto que se llegue a acordar en este órgano, que es el previsto para la tramitación a la que estamos aludiendo. Que la materia sea competencia estatal, a nuestro juicio, no supone nada en relación con la previsión que el propio Estatuto catalán hace en relación con la tenencia de una policía propia, que en la dicción del Estatuto se recoge en el marco de éste y de la ley orgánica, de acuerdo con el artículo 149.1.29.ª Por tanto, el modelo no les puede venir impuesto por una ley estatal, sino que será la propia Generalitat de Cataluña la que tendrá que optar por el modelo que le parezca adecuado.
Por tanto, estamos ante una ley del artículo 150.2 en la que no resulta adecuada la previsión que por el Grupo Socialista se pretende y, por ello, mi grupo votará en contra de esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Seco tiene la palabra.


El señor SECO GORDILLO: Intervengo para fijar con la brevedad que aconsejan las circunstancias la posición del Grupo Parlamentario Popular en torno a esta iniciativa de la que es coautor junto con el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Me van a permitir, señor presidente, que comience por el último argumento que han expuesto los grupos enmendantes, también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que no es otro que el del problema humano que puede representar.
El Grupo Parlamentario Popular comprende el problema humano que para determinados guardias civiles se

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puede plantear con motivo de la transferencia de estas competencias y la asunción de las mismas por los Mossos d'Esquadra; comprende el problema, lo comparte y se solidariza con aquellos guardias civiles y con sus familiares afectados por el mismo, pero también comprende que la propia naturaleza de un cuerpo como el de la Guardia Civil está sujeto a unas condiciones de movilidad y de traspaso que hacen de sus miembros personas en cierto modo desarraigadas, en la medida en que siempre están sujetas a los cambios de destino. En consecuencia, no creo que pueda utilizarse como argumento de autoridad el deseo de permanecer, aunque, efectivamente, como argumento humano o moral sí tendría cabida, pero no creo que pueda esgrimirse este motivo desde el punto de vista de la legalidad.
Se han presentado dos enmiendas a la proposición de ley. La del Grupo Parlamentario Socialista pretende que los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinados en Cataluña y que deseen incorporarse a la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra puedan participar en los concursos que a tal efecto se convoquen por la Generalitat en igualdad de condiciones con el resto de los participantes.
A esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista nos opondremos por tres razones fundamentales. La primera de ellas es una razón de constitucionalidad. Ya se ha expresado suficientemente por el señor López de Lerma, y por tanto no insistiré mucho, que se transfieren, en virtud de esta proposición de ley, las competencias ejecutivas de la legislación estatal en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y en la medida en que la vigilancia y control del tráfico son materias que no sólo por tradición administrativa sino también por su propia naturaleza están vinculadas al orden público y a la garantía de la seguridad pública, deben quedar bajo la competencia de la Policía autonómica, de los Mossos d'Esquadra. En consecuencia y dado que la previsión del Estatuto de Cataluña, artículo 9.1, reserva a la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña la regulación de sus instituciones, entre las que el artículo 13, apartado 4, prevé la de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra, estaríamos injiriéndonos en el ámbito propio de las competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña si desde el Congreso de los Diputados pretendiéramos determinar la composición, contenido y desarrollo de esta institución de la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. En consecuencia y en primer lugar, razones de constitucionalidad nos aconsejan oponernos a esta enmienda, que determinaría, de prosperar, una norma legislativa de carácter inconstitucional. En segundo lugar, nos opondremos a la misma por razones de política legislativa y de política general, porque no parece conveniente --no creo que sea necesario insistir mucho más en ello-- que desde el Congreso de los Diputados debamos decirle a un Gobierno autónomo como es el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni a ningún otro, cómo debe organizarse o cómo debe hacer sus cosas. En tercer lugar, nos oponemos por una razón de índole práctica. Todos hemos convenido en el debate de esta iniciativa que se trata de una medida inteligente de la Generalitat de Cataluña la reserva de un cupo para los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico que deseen incorporarse a la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, porque ello permite aprovechar la experiencia y la profesionalidad de los guardias civiles de Tráfico.
Hacer cuestión de una medida que, como he dicho, es inconstitucional resulta artificial e inútil y puede incluso poner en riesgo, en el desarrollo futuro de la División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, que se reserve de nuevo un cupo de plazas para los guardias civiles de Tráfico. Por tanto, pediría que se pensara más, que no se precipitara el análisis de la situación creada, en aras de un mejor desarrollo en el futuro de esta materia.
En cuanto a la enmienda defendida por el señor Alcaraz, en virtud de la cual se pretende, sin más, el traspaso de los guardias civiles a los Mossos d'Esquadra y que sean incorporados en dicho cuerpo cuando acrediten experiencia, profesionalidad y deseos de permanecer en la Comunidad Autónoma de Cataluña, además de por las razones que antes hemos apuntado, podemos rechazarla por dos argumentos fundamentales, en primer lugar porque si ni siquiera el Congreso de los Diputados tiene potestad para decidir cómo debe organizarse la Policía de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, menos puede dejarse al libre albedrío de los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil determinar la composición de los Mossos d'Esquadra; en segundo lugar, por una razón de principios, porque no podemos compartir, como se hace en esta enmienda, que se ponga en duda, siquiera sea desde el punto de vista teórico, la profesionalidad y la experiencia de los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. No lo compartimos, por un lado porque la profesionalidad la tienen suficientemente acreditada y se les supone, como el valor a los soldados, desde el momento en que tienen una extensa y rigurosa preparación en las academias; y por otro, porque la experiencia les viene dada por la sencilla razón de que no pueden incorporarse a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil si no llevan al menos dos años en dicho cuerpo. Por estas razones votaremos también en contra de estas enmiendas y a favor del dictamen de la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Yo creo que, pese a la brevedad del proyecto de ley, el debate nos ha permitido profundizar en todos sus planos, constitucionales, de los precedentes en otras comunidades autónomas, de técnica legislativa y, por qué no, en el de la consideración sensible de los problemas humanos y familiares implícitos en el desarrollo de la aplicación del proyecto y, en consecuencia, parece que cualquier demora o prolongación del debate sería superflua.
Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda número 1, suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista. Es una enmienda de adición de un nuevo punto, que sería el 3, a la disposición transitorio única, que diría: «Los miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil destinados en Cataluña que deseen incorporarse a la División central de Tráfico de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra podrán participar en los concursos que a tal efecto se convoquen por la Generalitat en igual de condiciones con el resto de los participantes.»

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 2, de adición de un segundo párrafo al artículo 3, suscrita por el diputado del Partido Democrático de la Nueva Izquierda, señor Alcaraz, que dice así: «El traspaso de servicios de la Administración general del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña incluirá la aportación de actuales funcionarios de la Guardia Civil que demostraren experiencia y profesionalidad en materia de tráfico y voluntad de permanencia en el territorio de la comunidad autónoma.»

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra; 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación del texto del informe de la ponencia.
Podemos proceder a la votación conjunta de los artículos 1, 2, y 3.


Efectuada la votación dijo:

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
Pasamos a la votación de la disposición transitoria única en sus puntos 1 y 2.


Efectuada la votación dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la disposición final.


Efectuada la votación dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la exposición de motivos.


Efectuada la votación dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Había una solicitud de palabra por parte del señor Castellano; no sé si concernía al desarrollo de la votación.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Aunque ha caído en desuso la explicación de voto y no habiendo intervenido en la fijación de posición, quiere mi grupo manifestar...


El señor PRESIDENTE: El señor Castellano tiene la palabra a efectos de explicación de voto.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Mi grupo quiere manifestar que ha votado favorablemente ambas enmiendas, la sostenida por el Grupo Parlamentario Socialista y la sostenida por el Grupo Parlamentario Mixto, y que salva, lógicamente, su posible responsabilidad ante el hecho de que lo que hoy se ha votado, al desestimar ambas enmiendas, es ni más ni menos que la privación a un conjunto de ciudadanos de un derecho elemental a concurrir por el simple hecho de haber pertenecido a un determinado cuerpo de la Administración, porque es evidente que fijar un numerus clausus es privar a otros, y se les priva no por cualquier otra razón sino por el hecho de pertenecer a un determinado cuerpo de la Administración, porque el cupo se fija para los que pertenecen a ese cuerpo de la Administración, y esa discriminación, desde luego, en esta Comisión Constitucional, en relación a la proscripción de toda discriminación por razón de nacimiento, profesión u oficio, no la encontramos en modo alguno nada sensata ni responsable. (El señor Solé Tura pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Solé Tura me solicita también la palabra para explicación de voto. Se la voy a dar en un ejercicio de auténtica liberalidad. Le ruego, señor Solé Tura, que se circunscriba a la explicación del voto favorable y no nos replantee el debate de la enmienda, que creo que ha quedado muy suficientemente satisfecho en el curso de su intervención. Tiene la palabra.


El señor SOLE TURA: Señor presidente, precisamente he pedido la palabra para explicación de voto porque el rechazo a nuestra enmienda nos hubiera llevado seguramente a otro tipo de voto. ¿Por qué hemos votado que sí? Porque estamos de acuerdo con lo que hay y estamos en desacuerdo con lo que falta, porque entendemos que aquí falta un texto, un párrafo, que sería nuestra enmienda o la enmienda que ha presentado el señor Alcaraz con lo que tendría un contenido más exacto y más acorde con la Constitución, puesto que la Constitución la hemos manejado para arriba y para abajo.
Yo no entiendo, señor presidente, tal como está o, exactamente, con lo que le falta a este texto, cómo podemos aducir el argumento de la Constitución cuando en realidad, al no admitirse nuestras enmiendas estamos diciendo que una persona, por el hecho de ser guardia civil, no puede llegar a ser mosso d'esquadra, aunque quiera. ¿En virtud de qué, en virtud de qué derecho, de qué texto? Por eso reiteramos nuestra enmienda, pero al mismo tiempo hemos votado que sí a lo que hay, pero no a lo que le falta. En consecuencia, mantendremos nuestra enmienda para el Pleno, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: En los mismos términos de limitación conceptual y temporal, el señor Trías Sagnier tiene la palabra.


El señor TRIAS SAGNIER: En el mismo ejercicio de liberalidad, le agradezco a la Presidencia el turno para explicación de nuestro voto favorable, que nuestro grupo considera que es muy beneficioso para Cataluña y que además no crea ningún tipo de discriminación de unas personas

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con respecto a otras. Eso era lo que queríamos señalar en nuestra explicación de voto favorable.


--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (IGLESIAS CANO), PARA INFORMAR SOBRE LA ACTUACION Y PROYECTOS DEL CITADO CENTRO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDAINICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/000754).


El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el segundo punto del orden del día de la sesión de hoy con la presencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de la doctora Carmen Iglesias, directora-presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, solicitada en su día por el señor Alcaraz, que es quien va a ejercer el derecho de ser el primer solicitante de dicha comparecencia.
Estoy seguro de interpretar el sentir de los señores comisionados al formular la más cálida bienvenida a la doctora Iglesias ante este ámbito parlamentario que en gran medida debe ser aquel con el que, por su responsabilidad y el ejercicio de sus competencias en el Ejecutivo, deba relacionarse con una mayor intensidad y con una mayor asiduidad, de suerte que, doctora Iglesias, bienvenida.
Como sabe sin duda, esta comparecencia fue solicitada en su momento por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, solicitud que ejercerá en este momento el señor Alcaraz, pero el formato, por un consentimiento ya largamente establecido, de este tipo de iniciativas parlamentarias es que dejamos al albedrío de la propia autoridad que nos acompaña que la comparecencia se inicie por las preguntas del grupo que la ha solicitado o bien, como viene siendo la práctica más general y probablemente más útil porque ilustra a las señoras y señores diputados para la posterior formulación de preguntas y cuestiones suscitadas por su intervención, que se inicie por una exposición por parte de la autoridad compareciente sobre el objeto propio de la iniciativa, de suerte que si éste es su deseo, daría en este momento a doña Carmen Iglesias la palabra.


La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (Iglesias Cano): Muchas gracias a todos por concederme el honor de estar hoy aquí entre ustedes. Creo que es la primera vez, si los archivos no engañan, que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tanto en su anterior faceta como Centro de Estudios Constitucionales, como en la de ahora, comparece en esta casa. Por tanto, es un honor estar en este Parlamento y más en esta sala, ya que, cuando me han dicho que llevaba el nombre de Olózaga, no he podido evitar un cierto gusto de encontrarme en ella, pues es el nombre de uno de los padres del liberalismo español y, como bien saben SS. SS., el padre de la Constitución del año 1837, que es precisamente uno de los puntos de referencia de toda la tradición liberal española. Por tanto, soy yo la que estoy verdaderamente agradecida y es para mí un honor estar hoy entre sus señorías.
Voy a ser muy breve, pero me van a permitir una pequeñísima exposición.
La mayoría de todos ustedes conocen bien el Centro y además han estado en él, en cierta medida ha sido una casa a la que han podido ir con gran libertad y pluralidad, pero me van a permitir unas breves referencias que servirán simplemente para orientarnos.
En primer lugar, en la nueva etapa bajo mi dirección en este año la actividad del Centro tenía dos objetivos sencillos sobre los que hemos estado trabajando, por un lado, una redefinición de su estructura y de sus funciones para acomodarse a la realidad político-constitucional, que ha quedado cumplida con el decreto que salió en agosto de este año; por otro, la potenciación, siempre en una labor de continuidad y al mismo tiempo de impulso e innovación, de las funciones desempeñadas hasta ahora, articulando algunas propuestas de actuación nuevas.
Quería recordar que el Cesco o Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ahora es un organismo de estudios e investigación que, como saben bien SS. SS. depende del Ministerio de la Presidencia y que realiza muy fundamentalmente funciones de apoyo a las instituciones que así lo desean, tanto individuales como públicas, en materia de Derecho público. La función principal del Centro, como heredero de toda una serie de organismos anteriores que habían cumplido también esta función creo que brillantemente en su momento, como fue el Instituto de Estudios Políticos y el Instituto de Estudios Administrativos, diríamos que es la posibilidad de reflexionar sobre temas politológicos y constitucionales y plasmar eso en una importante labor editorial que le ha conferido, como bien saben ustedes, un destacado prestigio en sus publicaciones --hemos traído catálogos y algunas últimas publicaciones que están a disposición de SS. SS.-- en el panorama académico nacional e internacional.
Yo diría que el Centro contribuyó en su momento a posibilitar y potenciar la formación de una doctrina constitucional española que a comienzos de los 80 estaba casi por hacer. De alguna manera es algo similar, salvando las distancias, a lo que en años anteriores había hecho también el Instituto de Estudios Políticos con toda la sección administrativa que se plasmaba en esa magnífica revista de Administración Pública, que sigue siendo una de la joyas del Centro. En torno a esa revista se articularon una serie de disposiciones legales que han sido fundamentales para la evolución política posterior del país. Si me permiten, diría que el contenido de fondo del Centro sería movilizar, por así decir, la teoría y la tradición para los problemas contemporáneos, es decir, marcar el énfasis en un análisis objetivo, distanciado y al mismo tiempo profundo, de problemas que, a veces, en el día a día y en la urgencia de la vida cotidiana no se puede hacer. Movilizar esas ideas y crear debates acerca de los problemas de la arquitectura institucional y constitucional que hemos ido creando en España creo que es uno de los puntos básicos en que se apoya el Centro.
Dicho esto, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la organización, el aparato y los instrumentos para

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plasmar esta reflexión y este debate de carácter plural, como decía antes e insisto en ello y heredando una tradición liberal que creo que es muy importante, habría como tres pivotes, tres puntos o tres sectores donde nuestra actividad se plasma de una manera bastante significativa.
En primer lugar, el Centro es un núcleo de documentación y yo quisiera insistir hoy ante SS. SS. en este punto, porque creo que, de alguna forma, se olvida. Tenemos un depósito en revistas y en libros, pero sobre todo en revistas, y en artículos de todo tipo que nos permite --no quisiera pecar de inmodestia, pero los profesionales que hay en el Centro son conocidos por muchos de ustedes y creo que soy justa diciéndolo-- preparar dossieres sobre temas diferentes con una gran amplitud, con una gran objetividad y con una gran actualidad. Es uno de los depósitos de documentación legislativa y jurisprudencial de índole legislativa de los mejores que hay en el país. Quisiera insistir en ello. En plazos relativamente breves, podemos atender y estamos atendiendo tanto a título individual como institucional a todo el que necesita alguna información sobre este punto. Es un archivo abierto al público y, desde luego, a disposición de las instituciones y lo ofrezco muy sinceramente a esta Comisión. Hay cierta diferencia que no se les escapa a SS. SS. con los gabinetes de documentación, puesto que nosotros tenemos la posibilidad, y creo que el Centro sirve para esa articulación, de poder identificar muy rápidamente en cada momento qué grupos universitarios o académicos están tratando una cuestión, tanto nacional como internacionalmente, y, por tanto, acudir a esas fuentes para la información. Este depósito es, yo creo, una de las mayores riquezas que tenemos. Uno de los objetivos es, precisamente, potenciarlo hacia las comunidades autónomas --luego les comentaré algo sobre ello-- y, desde luego, está al servicio de todos ustedes. Simplemente como dato, tenemos 24 plazas en la biblioteca.
Aunque pensaba decirlo al final, están todos ustedes invitados, con mucho gusto, cuando quieran visitarnos. Hasta primeros de octubre, los usuarios de esa biblioteca han sumado 15.650 consultas, es decir, que realmente es, insisto, un depósito muy notable y me atrevo a calificarlo como uno de los mejores del país, con diferencia. El número total de títulos de revistas por ejemplo que tenemos es 1.520, de las cuales 649 son títulos extranjeros; prácticamente todo lo que se publica en el mundo lo tenemos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Este es un punto en el que quería insistir.
Otro apartado es el de las publicaciones. Esta documentación se traduce en parte, dando lugar a las que ha proporcionado una tradición y prestigio al Centro verdaderamente notables. Quiero recordar que las mejores traducciones de clásicos son las publicadas en el antiguo Instituto de Estudios Políticos, que nosotros seguimos reeditando con verdadero éxito y son publicaciones esperadas por los especialistas en estas materias. Todo lo referente a problemas de vertebración del Estado y a problemas contemporáneos está en nuestro catálogo de publicaciones y hemos seguido impulsando, dentro del marco restrictivo que SS. SS. conocen y que nos afecta este año, la publicación de revistas, de trabajos y de monografías de acuerdo con los criterios de calidad y ahorro del gasto que nos hemos visto obligados a mantener. A ese efecto hemos reordenado las publicaciones existentes, hemos hecho convenios con otras instituciones para que pudiéramos abordar el gran número de publicaciones que seguimos manteniendo. Quiero mencionar la actitud tan generosa del Boletín Oficial del Estado que nos permite editar conjuntamente determinadas publicaciones que si no no podríamos abordar.
Hemos unificado el diseño gráfico de nuestros libros y revistas, hemos hecho, como digo, convenios de colaboración y precisamente estamos en trámite de firmar con el Congreso un convenio marco para realizar algunas cosas conjuntamente, así como con el Senado, con el Tribunal Constitucional, con el Consejo General del Poder Judicial, la Asamblea de la Comunidad de Madrid, el Instituto Valenciano de Estudios e Investigación y el departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña; es decir, estamos intentando cubrir todo lo que podamos en estas coediciones y en estos planes conjuntos.
Las revistas que edita el propio centro quisiera recordarles que siguen siendo pioneras en su campo. Antes mencioné y vuelvo a citar la revista de Administración Pública que el año próximo precisamente cumple cincuenta años de edición y que es una referencia obligada para todos los estudiosos de esos temas; la revista de Derecho Constitucional, que todos conocen también y la revista de Estudios Políticos. Digamos que estas tres serían las revistas emblemáticas que siempre ha tenido el Centro; y luego nos encontramos también con otras dos revistas cuya publicación hemos tenido que reducir, pero no la calidad de su contenido; una era la revista de Instituciones Europeas, que hemos transformado en revista de Derecho Comunitario Europeo, que parecía más acorde con las necesidades, de acuerdo con sus directores y ampliado al consejo rector, y la revista de Derecho Privado y Constitución, que también se mantiene como anuario y con un carácter monográfico.
Unicamente tuvimos que suprimir en esta necesidad de ahorro, pero que, con sinceridad, me parecía que se podía hacer perfectamente, una relativamente recién creada revista del Centro de Estudios Constitucionales, que se solapaba en buena medida con la revista de Derecho Constitucional anterior y cuyos contenidos más interesantes podíamos trasladarlos a las otras revistas en funcionamiento, sobre todo la parte que nos afectaba de la nueva documentación que se va incorporando, porque hemos elaborado un boletín del Centro que justo ahora en septiembre ha entrado en Internet y el año próximo, además de continuar, naturalmente, en el nuevo soporte informático, podremos plasmarlo también en papel. Es decir, que quedaba cubierto perfectamente todo eso.
Hemos creado también con la base de convenios y todas estas coediciones una nueva colección de textos y documentos que pretende ser una colección muy de divulgación para estudiantes universitarios y que ponga muy a mano de este público universitario los textos y documentos jurídicos e histórico-políticos de interés actual. Por ejemplo, para que se hagan una idea SS. SS., en los primeros títulos tenemos Las constituciones de España, que es bastante

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útil, como digo, para este público universitario; otro, La transición española en sus documentos, y otro, Treinta importantes sentencias del Tribunal Constitucional, para que tengan este material.
También estamos, en relación con el Tribunal Constitucional, organizando un posible Anuario Español de Justicia Constitucional y hemos editado el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, sobre el cual quisiera llamar la atención porque también una de las prioridades que nos hemos trazado en el Centro es la relación con los países iberoamericanos. Está previsto continuar con la publicación de este Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional en los años sucesivos, que realmente ha sido acogido por los países iberoamericanos con verdadero interés y entusiasmo.
No les quiero cansar con las publicaciones. Insisto en presentarles los catálogos y nuestra participación, también, en algunas otras, por ejemplo, en la revista de Historia Económica o en una revista de filosofía política, en Valencia, en Doxa, es decir, que mantenemos en todo lo posible nuestra presencia en aquellos temas que tratan el fondo de la cuestión que antes mencionaba.
Otro de los pivotes, naturalmente, son los cursos y los estudios que hacemos; unos estudios y unos cursos de formación que --como también conocen, puesto que algunos de los aquí presentes han sido a veces profesores del Centro-- son muy especializados y están regidos por el principio de pluralidad exquisita en todos los sentidos y de un carácter interdisciplinario. Se diferencian tajantemente de los cursos de doctorado de las instituciones académicas porque dan una especialización en la excelencia, que no es la misma que la de los doctorados, acogemos tanto a estudiantes de postgrado como a funcionarios de niveles de las distintas instituciones que desean hacer estos cursos y creo que tienen un rigor y un prestigio bien ganados. Nosotros hemos procurado darles una mayor articulación, combinar la columna vertebral de estos cursos con los seminarios monográficos sobre temas concretos, procurando que no se dispersara de tal manera que perdiera una cierta coherencia y una cierta relación. Hemos traído, también, los trípticos que informan y el cuadro de profesorado, que cambia, como saben, todos los años y que tienen una gran aceptación. Tengo que decir que el número de estudiantes elegidos es limitado porque ésa es la garantía de que el curso será de calidad y de cuidado a los estudiantes. Además de los profesores que dan los cursos y los seminarios, hay tutores que se ocupan de cada estudiante y de los trabajos que realizan a lo largo del curso y, en este sentido, también cambiamos cada año, procuramos que los mejores nombres nacionales e internacionales, en la medida en que el presupuesto nos lo permite, pasen por el Centro.
Por otro lado, y sin querer cansarles, tenemos toda una serie de mesas redondas, debates, conferencias, etcétera. Para este año está previsto, naturalmente, un ciclo de conferencias sobre Cánovas, como homenaje en el año que estamos recorriendo y otros ciclos de conferencias sobre España actual, perspectivas y problemática, en los que participarán algunos de los nombres señeros de nuestro mundo académico intelectual.
Dentro de poco verán la luz las obras completas de Tomás y Valiente. Es una labor de gran envergadura que encontré iniciada cuando llegué, que hemos impulsado al máximo y que sigue esa línea que el Centro tampoco debe perder de mantener vivos los textos de al menos algunos de los grandes maestros que hemos tenido la suerte de conocer. Esa línea, como saben ustedes, se inició con las obras completas de García Pelayo, en tres volúmenes; las de Tomás y Valiente ocuparán ahora seis volúmenes bastante gruesos, y posteriormente queremos acometer las de Díez del Corral y algún otro. Habrá que hacerlo poco a poco porque estas obras sí que nos resultan caras, pero creo que es una función que hay que hacer para que no se pierda la memoria, que es la que --como bien sabemos-- alimenta las relaciones y la articulación de un país.
En cuanto a relaciones internacionales, naturalmente, estamos en los foros y en las organizaciones que afectan a todo lo que trata nuestro Centro. Sí quisiera insistir en el papel fundamental --perdón, quizá me paso--, bueno, en la importancia que estamos dando a la pertenencia a la Comisión Europea para la Democracia a través del Consejo de Europa, cuyas reuniones se celebran generalmente en Venecia y a las que además van o bien miembros del Centro especializados, o bien, a veces, expertos académicos que no forman parte del Centro, aparte de colaborar con informes específicos que nos han pedido sobre temas muy diversos. Por ejemplo, basándonos en esa documentación que antes les mencionaba, que es excepcionalmente rica, hemos realizado informes sobre protección de minorías, descentralización política, financiación autonómica, justicia constitucional, etcétera. En esos foros creo que hemos cumplido también un papel importante.
Para terminar ya y no cansarles, además de esos frentes --documentación, publicaciones, investigación, cursos--, quería insistir en que en la reorganización, que ha consistido en acomodar, como decía al principio, la nueva realidad política y constitucional del momento, hemos hecho mucho hincapié --supongo que muchos de ustedes lo conocen bien-- en la importancia que el Centro da a la vinculación con Iberoamérica. Hemos procurado que tanto en publicaciones como en cursos, como en todas las materias que trata el Centro, la presencia de los países iberoamericanos esté en primera línea.
Respecto a ese decreto de reorganización saben SS. SS. bien que el Cesco --el Centro de Estudios Constitucionales-- se había creado en 1977 como fusión, como dije antes, del Instituto de Estudios Políticos y del Instituto de Estudios Administrativos; luego vimos que había habido una serie de reorganizaciones parciales menores --unas en los años 1980, 1985 y 1996-- y sobre todo que había habido una reorganización ministerial especialmente en Presidencia, que exigía dar coherencia a todas reorganizaciones que habían salido. En sustancia lo que hemos hecho es dar mayor peso al consejo rector, que creo que asciende en calidad, en número y en excelencia, de manera que el presidente de esta Comisión Constitucional, el presidente de la Comisión Constitucional del Senado y un magistrado del Tribunal Constitucional son vocales natos del consejo rector del Centro. Luego hay otros nombramientos de personalidades

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del Consejo de Estado, directores de reales academias que tienen que ver con el Centro; es decir, se trata de elevar la calidad, el número e insisto la excelencia de ese consejo rector, reorganizándolo en el sentido de procurar la presencia real de instituciones y personalidades del mundo académico, investigador y docente. Creo que ha sido la principal importancia que hemos dado al decreto de reorganización, al igual que hemos vuelto a introducir el nombre de políticos y constitucionales. Porque si ustedes ven todo el catálogo de publicaciones, desde siempre --y en toda la historia del Centro ha sido siempre así-- ése ha sido su contenido, aunque en unos determinados años estuvo más volcado en problemas estrictamente constitucionales. (Todavía el otro día me recordaba Jiménez de Parga que en uno de los salones del Centro se habían fraguado un poco las bases de lo que debía ser el Tribunal Constitucional, pero que ahora se había ampliado de tal manera que necesitábamos adecuarlo ordenadamente.) En fin, ésta es un poco, quizá dicho muy brevemente y de forma muy somera, la labor del Centro. Como decía antes, nos movemos sobre todo en ese ámbito --a veces difuso pero me parece que absolutamente necesario-- de movilizar las ideas, de movilizar la tradición, de movilizar la teoría para abordar los problemas contemporáneos, para abordar los problemas de arquitectura constitucional con los que constantemente nos estamos enfrentando.


El señor PRESIDENTE: Según su criterio, una vez que demos la palabra a los distintos portavoces de los grupos, puede responder puntualmente a cada uno de ellos o, por el contrario, agrupar las respuestas en una sola intervención.


La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (Iglesias Cano): Agruparlas será más fácil.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, y en razón de su condición de solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el diputado señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Quiero sumarme, sin ninguna duda, al saludo y al agradecimiento que se han formulado a la señora directora, doctora Iglesias, y hacerlo particularmente mío como solicitante de la comparecencia.
La verdad es que esta comparecencia, a diferencia de las que habitualmente se sustancian en comisiones parlamentarias, no trata tanto de hacer un acto de control estrictamente político, aunque en la medida en la que es un órgano dependiente de la Administración también está sujeta a ese control, sino de intentaraportarnotoriedad al Centro y de formular el deseo, que creo que suscribirían todas SS. SS., de colaborar con él.
No se nos escapa la cualificación importante, humana, técnica, del Centro, y a veces sería de agradecer que propuestas que vienen del Gobierno, propuestas que vienen de la Administración, llegarán en más ocasiones avaladas por informes como los que usted comenta que se realizan. No sabemos si es que no se les hace caso, o se omite cuál es el origen de algunas de esas ideas.
En este caso, entienda usted que esta petición de comparecencia y mi intervención, que va a ser muy breve, son también una oportunidad de brindarle apoyo. Un apoyo con el que seguirá contando, siempre que el Centro se comporte según las pautas que, a nuestro entender, deben regir lo público: eficacia y transparencia en la gestión, adecuación a sus fines y pluralidad en su funcionamiento. Entiendo, y no tengo ninguna razón para entender lo contrario, que estas pautas se están cumpliendo hasta ahora. De todas formas, me gustaría que hubiera una declaración estricta de coincidencia con estos objetivos.
Entendemos el Centro como un elemento al servicio de la profundización y conocimiento de la Constitución, del Derecho constitucional, de la ciencia política, como un foro de debate científico y también --y creo que en esto todos deberíamos profundizar más en la reflexión-- como un factor de creación y difusión de cultura constitucional. Algo que no quede solamente reducido a los expertos o a los técnicos, sino que, de alguna manera, ojalá, pueda impregnar al conjunto de la sociedad española.
En su intervención ha hecho una descripción que ha enfocado y estructurado --lo cual me parece perfectamente legítimo-- desde el tipo de actividad que se realiza. A lo mejor, hubiera preferido esa estructuración --esto lo digo a efectos de gusto personal, no implica necesariamente una crítica-- a partir de cuáles son los objetivos básicos, que supongo deben estar plasmados en algún tipo de documento que nos gustaría conocer.
Me gustaría que profundizara en sus respuestas, si lo estima conveniente, en esa idea de reorganización. Las reorganizaciones siempre pueden ser necesarias, sobre todo si se basan en criterios puramente técnicos, pero no sabemos muy bien si esta reorganización tiene algo que ver con algún tipo de objetivo político del Gobierno o del Ministerio al que está adscrito el Centro.
Ha aludido usted a la composición del consejo rector. Podemos compartir ese criterio de que la existencia de unos miembros natos que provoque un sistema de vasos comunicantes entre instituciones y Centros es oportuna, pero también nos gustaría conocer otros criterios para el nombramiento del resto de los miembros del consejo rector, desde ese punto de vista de pluralidad, etcétera.
Ha hecho usted reiteradas alusiones a las limitaciones económicas que tiene el Centro. Creo que eso es algo habitual a todos los comparecientes de este tipo, pero dadas las fechas en las que nos encontramos, sin que obviamente esta Comisión sea un sucedáneo de la Comisión de Presupuestos, nos gustaría que valorara las disponibilidades económicas concretas que le atribuye el proyecto de presupuestos en comparación con los del año anterior y, en definitiva, que valorara también los medios humanos, no desde la calidad que se presupone existe sino desde la cantidad, así como los medios técnicos, por ejemplo, los niveles de informatización a los que puedan dar lugar el centro de documentación, la biblioteca, etcétera, y si considera suficientes los medios económicos para la realización de actividades, más allá de la resignación que a todos los dirigentes

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administrativos se les supone cuando al final tienen que operar con unos presupuestos que les vienen dados.
Junto a la descripción que usted ha hecho de las actividades que se están realizando ha apuntado algunas otras que se van a realizar, pero nos gustaría que nos indicara si eso queda inserto en algún tipo de programas genéricos, no sé si anuales o plurianuales, y si está plasmado en algún tipo de documentos que, insisto, también nos gustaría conocer.
Ha hecho alusión, lo cual es obvio y yo incluso por razones profesionales también lo conozco, a los sistemas de cooperación con universidades y a dos centros de estudio. También aquí nos gustaría que valorara si esos sistemas de cooperación son suficientes, si la relación con la Secretaría de Estado de Universidades o con las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia o directamente con los departamentos correspondientes de las diversas universidades del Estado es suficiente, si se puede mejorar y si existe algún sistema de evaluación de la cooperación existente y programas estables de cooperación, así como de dónde suele surgir la iniciativa, si de los centros universitarios o del propio Centro.
También --y esto es algo a lo que no ha hecho referencia y entiendo por tanto que seguramente no hay un camino iniciado ahí-- nos gustaría conocer su opinión sobre si consideraría oportuna y factible la realización de proyectos de cooperación con enseñanzas no universitarias, tanto en la formación y reciclaje de profesorado como en la edición de materiales que pudieran servir, desde ese punto de vista de la difusión de la cultura constitucional, para los niños o para los adolescentes que están en colegios.
Finalmente, también ha hecho alusión a cooperaciones puntuales con organismos de algunas comunidades autónomas a través de publicaciones allí radicalizadas, algunas de las cuales son de un alto nivel y seguramente los que estamos aquí las conocemos, pero yo creo que eso no es exactamente lo mismo que la pregunta que le formulo y sobre si existe en la realidad o en proyecto un programa de colaboración global con comunidades autónomas o abierto a la integración en colaboración con comunidades autónomas.
Con esto concluiría, no sin antes formularle un ruego. Aunque considero que su presencia aquí es muy grata para todos, yo creo que sería útil que tuviéramos una información más puntual y más continuada sobre las actividades de ese boletín a que usted alude, catálogos o cualquier otra publicación que usted considere oportuno que llegase a esta Comisión. Es decir que, como sucede con otros organismos dependientes del Estado, y ahora que nadie me oye, a veces de mucha menos significación que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que nos bombardean con una gran cantidad de información, esta Comisión recibiera puntualmente cualquier tipo de material, información en definitiva, sobre lo que usted realiza. Yo creo que todos los miembros de esta Comisión se lo agradeceríamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra doña Margarita Uría.
La señor URIA ECHEVARRIA: Sólo deseo cumplir con el deber de cortesía parlamentaria de agradecer a la doctora Iglesias su presencia en esta Comisión.
Como ha manifestado el diputado solicitante de la comparecencia, efectivamente ésta no es una comparecencia de control parlamentario sino más bien de contenido informativo. En ese sentido, desde el punto de vista de mi grupo, creo que la exposición de la señora directora ha sido enormemente ilustrativa. Sabemos del rigor y el merecido prestigio de que gozan los trabajos que el Centro realiza y nos gustaría aprovechar su presencia en la Comisión para conocer los criterios de selección de temas de estudio y cómo es posible --y en esto también coincido con lo expuesto por el diputado señor Alcaraz-- conocer en un momento determinado en qué está trabajando en concreto el Centro. Quizá sería bueno que hubiese una difusión periódica de lo que allí se va realizando, no sé si a través de esta Comisión o por cualquier otra vía, y nuestro interés sería conocer en todo momento cuál es la situación de los trabajos que el Centro realiza, sobre todo en qué está interesado en un momento determinado.
Unicamente me queda reiterarle una vez más la felicitación por el merecido prestigio de que goza el Centro y darle la bienvenida a esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pablo Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Como no podía ser de otra manera, nuestro grupo se suma a la bienvenida de que está siendo objeto y también pone de manifiesto su mejor ánimo de colaboración en la medida en que le fuere preciso, para que, efectivamente, esa institución siga manteniendo y acrecentando el nivel y el prestigio de que goza.
Es evidente que no se le puede exigir a una institución como la que usted preside y gestiona otro cometido que el que usted ha puesto de manifiesto. Lo que ocurre es que los sometidos y tareas que usted ha puesto de manifiesto y que, lógicamente, deben estar tanto a disposición de la Administración en general como de toda la sociedad, deben evidentemente llamar la atención sobre cuál es el grado de disponibilidad y de aprovechamiento en materia educativa.
No nos gustaría, y vamos notando una cierta tendencia a ello, que esa pieza tan fundamental de convivencia y reglaje de la misma que es la Constitución fuera objeto de un tratamiento erudito y científico constante, pero poquito a poco acabará convirtiéndose en un referente retórico. Decimos esto porque la propia directora con su experiencia habrá comprobado que aquel impulso ilusionante de los años en que se aprobó la Constitución, en que se movilizaba no sólo su instituto, sino fundamentalmente esta Cámara para llevar hasta el último rincón, en el último colegio, un contacto que permitiera ir exponiendo cuáles eran los valores que la alimentan, y tratando de hacer una cosa que es fundamental en cualquier sistema político que se precie, que es lograr el encariñamiento de los ciudadanos con sus propios instrumentos, ha caído, y no creo que exagere si lo afirmo, en una situación de cierta apatía. Es evidente

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que no es achacable a usted, puede ser perfectamente achacable al Ministerio de Educación y Cultura que es quien tiene la responsabilidad de ir rellenando de contenido las enseñanzas en este tema tan importante que a algunos nos parece que es bastante más interesante que el binomio de Newton, pero a lo mejor estamos equivocados en esta valoración.
Simplemente nos gustaría saber cuál es el grado de aprovechamiento que en concreto el Ministerio de Educación y Cultura está haciendo en esta institución, de cara tanto a los que imparten las disciplinas a lo largo de todas las instituciones docentes, como de cara a los propios alumnos.
Es evidente que no ignoramos la utilización que se hará por parte del consejo de rectores, de las universidades e incluso por parte del Gobierno, aunque a veces parece ser que no se hace mucha, porque algunas que otras leyes de las que vienen aquí debieran de haber sido debidamente informadas para evitar alguna que otra aberración. Parece ser que no se ha estimado preciso o a lo mejor es una tarea que se nos quiere dejar a nosotros, bastante menos preparados para ello.
En suma, eso es lo que nos preocupa, ver cómo puede esta Cámara, los grupos políticos, el propio Poder ejecutivo y sus instituciones recuperar un minimum, no digo ya de curiosidad sino de preocupación porque toda la ciudadanía conozca algo tan importante como la constitución, hacia la cual, yo creo que es usted absolutamente consciente de ello, no sólo hay una situación de cierto abandono en cuanto a su teorización --podemos decir-- en los centros, de enseñanza, sino en cuanto al vaciamiento político y social de la misma en las últimas prácticas políticas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Solé Tura tiene la palabra.


El señor SOLE TURA: Debo empezar sumándome a lo que han dicho mis colegas de Comisión, felicitándole por su presencia aquí, doctora Iglesias, y esperando que este encuentro sea el primero de otros que deban venir para informarnos mutuamente. Creo que es bueno que nos veamos la Comisión Constitucional y un centro cuyo principal eje es el de los estudios constitucionales.
Prácticamente, podría decir que me sumo a lo que han dicho mis colegas y aquí casi podría terminar mi intervención, pero quisiera hacer alguna reflexión en voz alta porque, como usted sabe perfectamente, el Centro que usted dirige ahora ha pasado por avatares muy diferentes en la historia reciente de nuestro país. En realidad, es un centro que surgió como intento de órgano de producción ideológica del régimen anterior, luego evolucionó y no se llamó Centro de Estudios Constitucionales hasta que tuvimos una Constitución. Creo que el cambio de nombre, quería subrayar eso, que por fin teníamos una Constitución, por lo que dejó de llamarse Centro de Estudios Políticos para llamarse Centro de Estudios Constitucionales, y veo que ahora se ha hecho la síntesis entre los dos.
En realidad, no sólo es la historia, sino que el propio Centro precisamente por lo que ha tenido detrás y también por su propia estructura y dependencia orgánicas, siempre ha planteado problemas.
Digamos que nunca se le ha visto con exactitud como lo que es o lo que debería ser; siempre ha habido la reticencia, incluso por parte de muchos profesionales, de pensar si sería o no un centro al servicio del Gobierno del que depende.
Creo que todos los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, y estoy seguro de que usted también, conocen este problema y, por consiguiente, están en condiciones de superarlo, pero es algo que ha pendido siempre sobre la visión que se ha tenido del Centro de Estudios Constitucionales, ahora Políticos y Constitucionales. Por consiguiente, el problema está en hasta qué punto hay o no una dependencia del Gobierno. Conociéndola a usted, estoy convencido de que puedo estar tranquilo, pero no sé hasta qué punto se puede encontrar un equilibrio duradero entre la necesaria independencia como centro que es y la dependencia orgánica y económica. Este es un problema muy serio que nos lleva a otro, que es el de hasta qué punto el Centro está en condiciones --creo que debe estarlo e, insisto, conociéndola a usted, estoy seguro de que las cosas van exactamente en ese sentido-- de respetar la integración y el pluralismo, hasta qué punto el Centro cumple con creces con estos dos grandes objetivos de asegurar pluralismo e integración.
Dicho esto, creo que los grandes desafíos que, a mi parecer, tiene el Centro --que usted ya ha expuesto en gran parte, o sea, que en algunas cosas no añado nada a lo que usted ha explicado--, aparte de la necesidad de abrirse no sólo a la profesión sino al público, de modo que sea un centro realmente más abierto en el sentido exacto de la palabra, son, por ejemplo, la modernización del acceso a los documentos. Creo que es un gran tema, cada vez más importante, que este acceso sea cada vez más fácil.
Otro gran desafío es que el Centro se extienda fuera del ámbito estricto de Madrid. Creo que debe ser un centro que no sólo conecte con otras instituciones, sino que esté presente en otras partes del país, no porque tenga instituciones de carácter sucursal, sino por su actividad.
Como tercer gran desafío está el de una relación muy sólida, muy abierta y continuada, con las universidades. Esto lo han dicho ya los intervinientes anteriores, pero creo que ahí están las claves del presente y del futuro del Centro.
También es muy importante la relación con las comunidades autónomas. Es un tema que no deberíamos abandonar ni un segundo, porque es necesario que se produzca una cooperación entre todas las fuentes de producción teórica que existen ya en algunas comunidades autónomas; si no, existe el riesgo de que cada uno vaya por un camino diferente y, al final, resulte que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acabe siendo, como antes decía, un camino único, ni siquiera por voluntad política, sino simplemente por la falta de presencia que pueda existir en esta relación con otras autonomías.
Estoy muy de acuerdo con usted cuando ha subrayado la importancia de nuestras relaciones con América Latina --creo que ése es un tema absolutamente fundamental-- y también con respecto a nuestra presencia, cada vez mayor, en las grandes instituciones europeas.


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Usted ha señalado nuestra presencia en la Comisión de Venecia. Pues bien, yo creo que éste es un tema clave, porque, como usted sabe, la Comisión de Venecia está actuando hoy como un gran asesor de problemas constitucionales en, prácticamente, los países que más lo necesitan, es decir, en los países del Este, y muy especialmente en los que más conflictos han tenido. Hoy casi todos saben que en la Comisión de Venecia tienen un punto de referencia y creo que es importante que nosotros estemos ahí con la mayor presencia posible.
El último de los grandes desafíos, el de los problemas contemporáneos, que usted lo ha citado al final, creo que debería, si es posible, desarrollarlo un poco más. Pienso que el Centro tiene que dedicarse con especial ímpetu al análisis y a la aportación de reflexiones y de posibles evoluciones de los grandes problemas contemporáneos, que son jurídicos, pero no sólo jurídicos, y que necesitan que las experiencias se mezclen.
Yo, como miembro del Consejo de Europa que soy, tengo responsabilidades en este aspecto y hace muy poco hemos tenido un simposio con diputados de la duma rusa. Esto se lo pongo como ejemplo. Fue una reunión enormemente importante, que también nos enseñó mucho a nosotros, es decir, ¿hasta qué punto podemos nosotros aportar nuestros conocimientos, o nuestra propia experiencia, o lo que ha sido la forma de nuestra transición y hasta qué punto ellos también nos pueden aportar cosas?; porque, a veces, nosotros mismos tendemos a encerrarnos aquí pensando que hemos construido un extraordinario edificio y que con esto ya vale, pero creo que incluso el gran edificio que hemos construido necesita ser examinado y reparado continuamente y, quizá, las soluciones nos pueden venir de lugares que nos parecen improbables.
Dicho esto, que ya ve que no es nada diferente de lo que usted misma nos ha citado, le quería insistir en algo que ha mencionado el señor Alcaraz sobre la necesidad de tener un mayor conocimiento de cuáles son los objetivos básicos y los criterios de reorganización.
Terminaría con una simple reflexión, que es que, sinceramente, me ha parecido que el consejo rector, por lo menos por lo que usted ha citado, tiene un componente demasiado institucional. Ese es mi parecer. Creo que el consejo rector debería ser un consejo propiamente rector, o sea que dirija, para lo cual puede tener, efectivamente, representaciones institucionales, pero no sólo esto, yo creo que se necesita una mayor presencia de los grandes sectores que hoy están moviendo al mundo de la política y de la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Trías Sagnier.


El señor TRIAS SAGNIER: Como no podía ser menos, mi salutación más sincera y afectuosa a la doctora Iglesias por esta comparecencia que, como han dicho mis compañeros, no es tanto de control, sino una comparecencia por la que los miembros de la Comisión Constitucional tenemos la oportunidad de conocer más directamente la labor que está desarrollando el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y por ser ésta, además, la primera vez que comparece su directora o cualquier director que haya habido antes en el Centro, que todavía no habían venido a esta Comisión.
Doctora Iglesias, en lo que usted ha explicado, yo me uno esencialmente a todas las sugerencias, preguntas y profundización que han hecho mis compañeros, tanto el señor Alcaraz como la señora Uría, el señor Castellano o el señor Solé Tura. Sinceramente, yo creo que su biografía, plena de servicios al Estado y a la Corona, es más que un aval de la actuación independiente que usted ya está desarrollando y que, sin duda, va a seguir desarrollando en un centro a veces tan poco conocido y tan importante como es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Yo me uno a las peticiones anteriores de esa labor de divulgación, porque creo que sería muy interesante que se diese a conocer más en las universidades y, como ha dicho mi compañero el señor Solé Tura, en las comunidades autónomas, aunque ya he visto, y me congratulo de ello también como catalán, que existe una amplia colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, esencialmente con el departamento de Justicia. Pero también sería interesante quizá que hubiese un mayor contacto con el Parlamento. Bien es verdad que la presencia en su consejo rector de los presidentes de la Comisión Constitucional tanto del Congreso como del Senado puede ser el inicio de esa mayor colaboración.
Quiero resaltar la labor del Servicio de Publicaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con algunas revistas realmente magníficas, porque no pueden ser calificadas de otro modo, como la Revista de Administración Pública, que efectivamente ahora va a cumplir su cincuenta aniversario; en ella nos hemos educado y hemos estudiado todas aquellas personas que de alguna manera tenemos relación con esa rama del derecho.
Quizá sería interesante profundizar en alguna otra publicación que, probablemente por su propio lastre histórico, unas veces positivo y otras negativo, tiene una existencia más lánguida. Yo creo que las publicaciones de las obras completas son muy importantes, tanto las de García Pelayo, ya hecha, como las que se están haciendo ahora del profesor Tomás y Valiente y del profesor Díez del Corral, porque ayudará a profundizar en la doctrina constitucional española, en esa doctrina liberal que le es tan grata a nuestra directora --y con esto quisiera acabar mi intervención--, que es una especialista en ese pensamiento liberal constitucional español y que obtuvo un premio importante en Francia por una publicación, editada en España, que se llama «El pensamiento de Montesquieu, política y ciencia natural». Aunque algunos se hayan empeñado (probablemente con una defectuosa interpretación de sus propias palabras) en decir que Montesquieu está acabado o que había muerto, él es la base y el inicio del pensamiento constitucional moderno, no solamente en España sino en todos los países donde la división de poderes es algo trascendente y fundamental para la convivencia democrática.
Nada más, doctora Iglesias. Le reitero nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento por darnos a conocer mucho más de primera mano las publicaciones y toda la actuación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.


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El señor PRESIDENTE: Doña Carmen Iglesias, si no estuviera en condiciones de responder a los extremos concretos planteados por los señores diputados en sus preguntas --me estoy refiriendo muy concretamente a las del señor Alcaraz-- por el mayor nivel de concreción o de detalle de algunas de las cuestiones, podría, con la mayor brevedad posible, eso sí, facilitar la respuesta escrita a algún asunto concreto, como el presupuestario, porque es presumible que usted no esté en condiciones de contestar con la exactitud que el señor diputado requería.
La doctora Iglesias tiene la palabra.


La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (Iglesias Cano): Muchas gracias a SS. SS. por las amables y brillantes palabras que han pronunciado. Realmente, he de repetir que estar hoy entre ustedes es para el Centro y para mí personalmente uno de los actos más importantes, que espero efectivamente que se repita y que podamos establecer algún tipo de contacto más permanente.
Si les parece, para no cansarles, voy a agrupar la respuesta a ciertas cuestiones, puesto que algunas han coincidido; lo haré en la medida en que pueda contestar con más exactitud.
Voy a empezar, si me perdonan, por algo que a mí me toca muy directamente como docente, que además amo la profesión y creo en ella, que es lo que primeramente ha planteado don Pablo Castellano, también el señor Solé Tura y un poco todos los que han intervenido, que es la enseñanza de la Constitución.
Una de las primeras cosas que cuando he llegado al centro me impresionó, y que supongo recordarán ustedes, fue un artículo de periódico, titulado: La Constitución hace novillos (que publicó uno de los grandes periódicos, no recuerdo ahora cuál, pero que yo lo recorté con mucho cuidado), donde se llegaba a la conclusión de que no se conocía para nada la Constitución. Es una de las primeras cosas que tomé como algo en lo que el Centro tenía que iniciarse, no solamente por supuesto en la relaciones con las universidades, que eso es relativamente fácil para la gente que nos movemos en los medios académicos universitarios, sino con las enseñanzas no universitarias. Realmente me ha llegado muy a fondo esa pregunta, porque presenté al Senado (pero lo haría ampliable con muchísimo gusto a esta Cámara), un poco porque estamos con el Senado no sólo de vecinos sino de compañeros en muchas cuestiones (algunas las estamos intentando hacer conjuntamente) un proyecto para la enseñanza de la Constitución a profesores de enseñanza media, involucrando al Ministerio de Educación a través de los ICE. Aquí tengo el proyecto y estoy esperando, porque de nuevo tropezamos con las limitaciones presupuestarias, ya que el Centro no puede hacer esto, ni tampoco tiene la capacidad para movilizar todo eso, pero estamos justo en ello, creo que irá a buen puerto y pretendemos hacer en jornadas continuadas unos seminarios de tres, cuatro días, que además les sirvan a los profesores de enseñanza media para su propio currículum.
Además, es una enseñanza sobre la que el señor Castellano ha empleado la palabra encariñamiento; exactamente eso; no se trata sólo de enseñar formalmente, sino de transmitir lo que podríamos llamar los valores intangibles que están detrás de nuestra Constitución y toda una historia y unos avatares que son los que merece la pena que sean algo acogido e interiorizado por las nuevas generaciones. Ese es un tema por el que además agradezco toda la colaboración que la Cámara pueda prestar ya de entrada con su propio apoyo, porque ha sido una de mis preocupaciones.
También estamos dando vueltas alrededor de si podíamos hacer algo con la radio, a través de las ondas; la televisión es otro mundo bastante complicado en el que no se puede entrar, pero tenemos en nuestra época la suerte de vivir con unos medios tan fabulosos de comunicación que no los podemos desaprovechar, haciendo que al mismo tiempo sea algo ameno.
También hablé con algunos amigos periodistas que se han interesado, que han sido asiduos de esta Cámara, para ver si podíamos montar algo --ése es un proyecto que está sobre la mesa, pero está menos adelantado que este otro de la enseñanza-- que fuera a través de la historia, de manera que pudiéramos unir episodios históricos pasados. La Historia no se repite literalmente, pero sí que se repiten situaciones parecidas con motivaciones constitucionales actuales. Por eso, bienvenido sea todo el apoyo de esta Cámara, y desde luego puedo asegurar que es una de las prioridades y de los desafíos, porque creo que hay que abrir el Centro a un público que no lo conoce. Ese es el punto en el que quisiera insistir.
Otro de los puntos, con lo que creo respondo a varias de SS. SS., es el de la reorganización. En la reorganización hemos seguido, como decía antes, el objetivo de ampliar todo lo posible las instituciones y personalidades, no solamente instituciones, sino que luego hemos puesto un número de vocales, no superior a diez, para que puedan entrar personalidades que no pertenecen a instituciones pero que están interesadas por los temas constitucionales, que además son renovables cada dos años, y pueden ser prorrogables hasta cuatro, precisamente para que el Centro tenga una cierta circulación.
El señor Solé Tura ha hecho mención a todo ese pasado del Centro y yo no resisto la tentación, como historiadora, de contestarle a ese punto, porque ha aludido además varias veces a tradición e innovación. Creo mucho en ese equilibrio, creo que solamente se puede crear sobre lo que ya está y en los intersticios que las cosas nos ofrecen ir mejorando en la medida de lo posible. Concretamente, sobre lo que mencionaba el señor Solé Tura de que el Instituto de Estudios Políticos fue creado en su día como órgano de producción ideológica del antiguo régimen, creo que muy al principio de los cuarenta, ocurren las paradojas de la historia, que bien conocen SS. SS. Ese centro desde el principio sirvió --con la cantidad además de directores de distinto tipo que pasaron--, por así decir, de refugio de muchos ilustres profesores y de muchos ilustres nombres que todos conocemos. El profesor Tierno Galván dio ahí sus clases; el profesor García Pelayo también antes de irse a Venezuela; el profesor Carande, en la época que estuvo separado de la cátedra, en ese momento de la postguerra, también recibió refugio allí; se hacían traducciones, se hacían

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publicaciones. Es decir, de alguna manera estamos con un organismo --y yo como historiadora lo vivo con cierto apasionamiento-- donde se da esa paradoja de la realidad apasionante de las consecuencias no intencionadas de la acción, de que las cosas, por su propia dinámica, resultan diferentes de lo que se ha propuesto.
Cuando yo entré en la universidad el año 1963, creo recordar, en el Instituto de Estudios Políticos se daban unos seminarios de una pluralidad, de una libertad de expresión y de pensamiento que ya empezaba a darse en la universidad, pero no con la riqueza que se daba en el propio Instituto, y luego el Centro se ha mantenido en lo mismo.
Es cierto que el equilibrio entre una dependencia orgánica y económica y la independencia de criterio puede ser delicado, pero el hecho es que el Centro y el anterior Instituto lo ha mantenido, y yo espero sinceramente que esto sea así permanentemente, no sólo porque en este momento esté yo de directora. Esta reorganización que hemos hecho era necesaria, porque, si recuerdan ustedes, en el decreto de 1977 todavía el centro dependía del ministro adjunto al presidente encargado de la coordinación legislativa; luego, como digo, hubo modificaciones parciales muy confusas: en un momento aparecía como vicepresidente de ese consejo rector el director, en otros momentos posteriores aparecía el secretario de Presidencia, luego en la época en que fue ministro de Relaciones con las Cortes don Virgilio Zapatero --que por cierto es un asiduo del Centro-- él se hizo un poco cargo del Centro. O sea, que hay una mezcla que simplemente hemos reorganizado con arreglo a unos criterios de coherencia que me parece que son bastante estables y creo que de alguna forma garantizan, por esa pluralidad, el que se mantenga esa independencia de hecho.
No sé si con esto contesto a varias de las preguntas, pero estoy, no hace falta decirlo, a la completa disposición de SS. SS. para después ampliar cualquier otra cosa.
Los tres puntos que señalaba el señor Alcaraz, eficacia y transparencia, adecuación a sus fines, y pluralidad, creo sinceramente que se están manteniendo. El cuadro de profesores, las publicaciones, la multiplicidad de los directores de colecciones, de los directores de revistas, creo que atestiguan ampliamente este carácter.
Una de las cosas en la que estoy totalmente de acuerdo y en la que quisiera insistir, es que no es sólo un asesoramiento, sino que está abierto a toda la sociedad, a todas las instituciones, y yo creo que efectivamente el Centro es bastante desconocido. No recibimos tantas peticiones de informes de la Administración. Tenemos casi más actividad, por ejemplo, con la Comisión de Venecia y con las universidades que con otros órganos de la Administración. Por eso insistía en la importancia de ese depósito documental que nos permite unas elaboraciones que quizá no nos piden con demasiada frecuencia, pero que estamos dispuestos a proporcionar en la medida de nuestras fuerzas.
En cuanto a si existe programa de colaboración (otro punto importante que han tratado algunas de SS. SS.) con las comunidades autónomas, nuestra intención es crear programas estables, porque lo que había hasta ahora casi siempre era para una actividad concreta. En eso estamos. Hemos empezado con el departamento de Justicia de la Generalitat y también con la Comunidad de Madrid, que por cercanía nos ha sido fácil establecerlo.
Nuestra intención es hacerlo con todas las comunidades autónomas que podamos.
En cuanto a los objetivos, sobre los que insistía el señor Alcaraz, en esta nueva etapa, y de forma muy clara, estamos dando un impulso mayor con los países de toda Iberoamérica, que es un punto fundamental.
Pretendemos mantener una relación permanente con otros centros políticos y constitucionales de distintos países y de las comunidades autónomas.
Estos serían los grandes focos a los que añadiría el tercero, que antes mencionaba, el factor de creación de difusión de la doctrina constitucional, que hago mío con todo entusiasmo y con toda fe, porque creo que se pueden hacer muchas cosas.
En cuanto a transparencia, relaciones y lo que hace el Centro, estamos a su total disposición. Aquí están nuestros catálogos. Precisamente por eso hemos hecho ese boletín informativo, que, como digo, el año que viene podrán recibirlo SS. SS. directamente en papel. Por equilibrios presupuestarios, este año nos hemos limitado a engancharlo a Internet.
Con relación a la informatización del Centro, siempre nos faltan medios, pero en este momento son suficientes para poder acometer las tareas de las que estamos hablando.
No sé si algunas de las cosas muy importantes que han apuntado SS. SS, se me queda en el tintero, pero las anoto todas. Tengan la seguridad de que haré lo posible por llevarlas a cabo. Muchísimas gracias a todos. (El señor Solé Tura pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Quería saber si en este momento es posible tener acceso al fondo documental a través de Internet o todavía no.


El señor PRESIDENTE: Doctora Iglesias, si quiere, puede recabar el conocimiento específico de alguno de sus colaboradores.


La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (Iglesias Cano): Todavía no, porque estamos enganchados al servicio informático de Presidencia. El señor Villagrá, que es nuestro gerente y persona encargada de este tema, si le permiten, puede ampliar la información. Pero en ello estamos.


El señor PRESIDENTE: Señor Villagrá, ¿tiene la bondad de incorporarse a la Mesa?

El señor GERENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (Villagrá Blanco): Se están resolviendo unos problemas técnicos con el Ministerio de la Presidencia, con el que estamos conectados directamente.
En este momento se ha planteado un programa para entrar en Internet a través de la red Iris,

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pero todavía no están resueltos los problemas para podernos relacionar directamente y en la extensión que S. S. solicita.


La señora DIRECTORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES (Iglesias Cano): Pero se hará.


El señor PRESIDENTE: Dadas las disponibilidades informáticas de la propia Cámara, quizá alguno de los problemas que estamos planteando podrían ser susceptibles de una solución inmediata, sin necesidad de pensar en soporte papel.
El señor Trías Sagnier tiene la palabra.


El señor TRIAS SAGNIER: Solamente quería hacer una sugerencia, que ruego que no se me tome como malintencionada, y es la siguiente: he oído, y yo creo que es muy importante, que están estudiando la posibilidad de hacer algún programa de radio o incluso algún programa de televisión. Yo le sugeriría que si consiguen hacerlo, que sea en horas de mucha mayor audiencia que el programa que tenemos nosotros que se denomina Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Resumo e interpreto el sentir, explícitamente manifestado por todos los señores portavoces intervinientes en el desarrollo de esta Comisión, del reconocimiento y gratitud de la doctora Iglesias por la información, muy útil, que nos ha proporcionado sobre el funcionamiento y desarrollo de su actividad en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Si me permite la pequeña concesión cinéfila, concluyamos levantando la sesión y diciendo que sea éste el comienzo de una gran amistad.
Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

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