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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 312, de 15/10/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 312

POLITICA SOCIAL Y EMPLEO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

Sesión núm. 22

celebrada el miércoles, 15 de octubre de 1997

ORDEN DEL DIA:

Solicitud para iniciar el proceso para la obtención de un nuevo mandato para la Subcomisión para estudiar la situación de los españoles que viven fuera, así como la de los emigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país; conocer a fondo sus necesidades y reivindicaciones prioritarias, y proponer las medidas --legales y sociales-- que sea conveniente adoptar para conseguir solucionar los problemas existentes.
(Número de expediente 154/000008) <9164)

Ratificación de las Ponencias designadas para informar las siguientes iniciativas legislativas:

--Proposición de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. (Número de expediente 122/000040) <9164)

--Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida. (Número de expediente 121/000066) <9165)

--Proyecto de Ley por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. (Número de expediente 121/000067) <9165)

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Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, de las siguientes iniciativas legislativas:

--Proposición de Ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de Garantía Salarial. (Número de expediente 122/000040) <9165)

--Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida (procedente del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo). (Número de expediente 121/000066) <9168)

--Proyecto de Ley por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo (procedente del Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo). (Número de expediente 121/000067) <9177)

Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. (Número de expediente 121/000082) <9188)

Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.


--SOLICITUD PARA INICIAR EL PROCESO PARA LA OBTENCION DE UN NUEVO MANDATO PARA LA SUBCOMISION PARA ESTUDIAR LA SITUACION DE LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN FUERA, ASI COMO LA DE LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS QUE HAN LLEGADO A NUESTRO PAIS; CONOCER A FONDO SUS NECESIDADES Y REIVINDICACIONES PRIORITARIAS, Y PROPONER LAS MEDIDAS --LEGALES Y SOCIALES-- QUE SEA CONVENIENTE ADOPTAR PARA CONSEGUIR SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES (Número de expediente 154/000008).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, se abre la sesión. Comenzamos por el punto primero del orden del día, solicitud para iniciar el proceso para la obtención de un nuevo mandato para la subcomisión dedicada al estudio de la situación de los españoles que viven fuera, así como de los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país; conocer a fondo sus necesidades y reivindicaciones prioritarias, y proponer las medidas legales y sociales que sea conveniente adoptar para conseguir solucionar los problemas existentes.
Como conocen probablemente SS. SS., en la última reunión de la Mesa y portavoces acordamos solicitar o presentar al Pleno de la Comisión, para darle mayor realce, una ampliación del plazo asignada por el Pleno, en primer lugar, posteriormente por la Mesa, para concluir los trabajos de esta subcomisión. Hechos similares han tenido lugar con las otras subcomisiones, que ya han concluido la elaboración del informe que vendrá a próximas reuniones de esta Comisión, pero la solicitud de comparecencia que se presentaron por distintos grupos en la subcomisión a la que he hecho referencia al principio ha imposibilitado que concluyeran dichas reuniones e incluso estamos en un proceso de selección o de concentración de las mismas, con el fin de acabar cuanto antes dicho trabajo y pasar a la elaboración del informe.
La Mesa, ante las peticiones que hemos formulado con anterioridad, ha llegado a prorrogar hasta la fecha de esta noche el plazo para la elaboración del informe. Dado que, como digo, esta subcomisión aún tiene pendiente presencias importantes en los trabajos de la misma es por lo que la Mesa y los portavoces solicitamos el consenso de todos los presentes para dirigirnos a la Mesa del Congreso con esta fecha y solicitar la ampliación del plazo del trabajo de la subcomisión hasta el final del actual período de sesiones, es decir, hasta el 31 de diciembre.
Si la Comisión da su asentimiento, lo acordamos y daremos traslado a la Mesa del Congreso para su tramitación correspondiente. (Pausa.) Queda, por consiguiente, acordada la propuesta.


RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Número de expediente 122/000040).


El señor PRESIDENTE: El punto segundo es determinar la ratificación de la ponencia de la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de garantía salarial.


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¿La ratifica la Comisión? (Pausa.) Por asentimiento, queda ratificada.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA (Número de expediente 121/000066).


El señor PRESIDENTE: El punto tercero es la ratificación de la ponencia del proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida.
¿Da su asentimiento la Comisión? (Pausa.) Así ocurre.


--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN LOS INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (Número de expediente 121/000067).


El señor PRESIDENTE: El punto cuarto es igualmente la ratificación de la ponencia al proyecto de ley por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. (Pausa.) La Comisión da su asentimiento a la misma.


APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA SALARIAL (Número de expediente 122/000040).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el apartado de aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre, punto quinto del orden del día, la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de garantía salarial, a propuesta del Grupo Socialista.
Antes de entrar en el debate y votación de estos tres puntos siguientes del orden del día, quiero informarles que los trabajos se desarrollarán de la siguiente manera según hemos acordado con los portavoces hace unos momentos. Cada una de las proposiciones o proyectos de ley se debatirán de forma única para que cada grupo exprese su opinión, su valoración total y parcial y exponga sus enmiendas, dando un tiempo prudencial máximo de 15 minutos para cada una de las iniciativas legislativas, y la votación de todas las enmiendas y del dictamen se producirá a partir de la una. Así que entramos en el debate de la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del Fondo de garantía salarial presentada por el Grupo Socialista del Congreso.
A esta proposición existen enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Para su defensa, tiene en primer término la palabra el señor representante del Grupo de Izquierda Unida, don Pedro Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, intervengo muy brevemente para manifestar cuál es el contenido de las enmiendas que hemos propuesto. En términos generales se trata de enmiendas de dos tipos. En primer lugar para prever una eventual posibilidad de indemnización de los contratos temporales planteamos tres enmiendas: la primera a la exposición de motivos, donde sugerimos la conveniencia de que se plantee esta cuestión en función del cumplimiento de las exigencias expresadas por el Convenio 173 de 23 de junio de 1992 de la Organización Internacional del Trabajo y debido lógicamente a la proliferación de contratos de este tipo que existe desde hace tiempo en nuestro país. En segundo lugar, las enmiendas 2 y 3 hacen referencia alternativa a la posibilidad de que exista relación de trabajo temporal con derecho a indemnización conforme a convenio colectivo (la número 2) o bien conforme a norma estatal (la enmienda 3). Finalmente, respecto a la enmienda 4 planteamos que exista para aquellos expedientes ya resueltos para los interesados un plazo de 6 meses para instar la revisión.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra de estas enmiendas, o renuncian los grupos a hacer uso de él y al final fijarán posición?

El señor GRIÑAN MARTINEZ: Fijaremos posición.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia para la defensa de las enmiendas presentadas.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con muchísima brevedad, deseo hacer un par de puntualizaciones nada más. En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, es una enmienda que se reproduce en el articulado y en la exposición de motivos, que es una mera corrección material, ya corregida de hecho desde la primera intervención, en la que se aludió a ese error de transcripción, en el sentido de que donde dice Ley 11/1994 debe decir Ley 42/1994, de 30 de diciembre. Eso es lo procedente y se trata de corregir un error exclusivamente de transcripción.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, desde el Grupo Socialista diré que sí vamos a apoyar la número 3, por la que se pretende incluir que exista relación de trabajo con derecho a indemnización conforme a norma estatal y no apoyaremos en principio, salvo que a lo largo del debate se nos diera algún argumento más, que sea conforme a convenio colectivo, pues probablemente podríamos conseguir

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un efecto perverso y no deseado porque no sólo potenciaríamos --eso sería lo positivo-- la negociación, sino que introduciríamos una discriminación real: ¿qué ocurre con el colectivo importante de trabajadores que no tengan esa capacidad de negociación colectiva? ¿Van a verse discriminados con respecto a los demás? Aparte de que en la práctica tan sólo, que yo conozca, en este momento esa hipótesis se daría en la antigua Ordenanza de la construcción con esa indemnización de 4,5 puntos, o sea que no habría en la práctica, que yo sepa ahora, posibilidad de aplicar el contenido de esa enmienda. En definitiva y pensando en el futuro, lo que sí nos parece es que por norma estatal, sí, porque afecta al conjunto de lo trabajadores; no por convenio colectivo, porque ahí se producirían, resumiendo, muchos efectos discriminatorios entre unos trabajadores y otros.
Finalmente, en la enmienda número 4, que es a la disposición transitoria, sobre dar un plazo de 6 meses para instar la revisión, nosotros diríamos que, aunque se puede aclarar, conforme va la proposición de ley, es el término general de prescripción que es un año, que es todavía más favorable al trabajador. Por decirlo expresamente, yo creo que no es lo que se pretende; lo que estamos reduciendo es la posibilidad de reclamar en seis meses en lugar de en un año. Si queremos, recojamos expresamente el plazo de prescripción de un año y no de seis meses. En todo caso, no nos preocuparía en exceso; lo que sí nos preocupa es la enmienda del Grupo Popular, que no habla de seis meses, sino de que entre en vigor a partir de la aprobación de esta ley. No tendríamos mayor inconveniente, pero entendemos más favorable para el trabajador que sea un año en lugar de seis meses.
Respecto a la enmienda número 7 del Grupo Popular, que supongo que será una broma y la retirarán, contestaría a posteriori de que argumente su defensa. En cualquier caso, para no reiterarme, aunque insisto en que supongo que se tratará de una pequeña broma y en que la retirarán, dice que la ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación. Estamos corrigiendo el error de una laguna legal que por culpa del legislador cometimos con fecha de 1 de enero de 1995; si estamos corrigiendo una situación de discriminación, supongo --por eso decía lo de la broma--, y las justificaciones de la enmienda son dos, respecto a la primera, prescripción de derechos por el plazo transcurrido desde la Ley 11/1994, hombre, podían haber corregido ese error material de nuestra presentación, que ya corregimos hace ocho meses, y no trasladarlo nuevamente a estas fechas tan recientes; y respecto a la segunda, de que daría lugar a situaciones discriminatorias en el reconocimiento de prestaciones de garantía salarial, claro que daría lugar a situaciones discriminatorias si aprobáramos esta enmienda, porque lo que pretendemos corregir precisamente es esa situación de discriminación. Supongo que será retirada esta enmienda, no se había hecho ninguna alusión a ella ni siquiera en la ponencia y, por consiguiente, espero que dada es unanimidad que hubo en el Pleno, porque es un tema tan claro y es tan necesaria su aprobación, salga en los términos en los que fue aprobada ya en su día.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny Masip.


La señora MONTSENY MASIP: El tema que nos ocupa trata, en definitiva, de paliar una laguna que existía en el Estatuto de los Trabajadores, razón por la cual mi grupo va a apoyar esta proposición de ley, en los supuestos del artículo 52. c) del citado estatuto, para que se incluyan en el ámbito de protección del artículo 33.2, junto con los ya recogidos en los artículos 50 y 51.
De una forma muy breve voy a exponer que mi grupo va a apoyar la presente proposición de ley, puesto que realmente se trataba de una laguna legal, pero que efectivamente tenemos una enmienda que vamos a defender.
Yo creo que planean varios argumentos sobre la defensa de esta proposición de ley. Por un lado, que, iniciada la reforma laboral y llevada a cabo por mesas tripartitas, en esos acuerdos se llegó a la conclusión de que había que modificar distintos acuerdos de las regulaciones o de las relaciones laborales, razón por la cual ir más allá del propio contenido de la proposición de ley, cuando se va a ir a una modificación, en virtud de esos acuerdos, del propio Estatuto de los Trabajadores, nos parecería hasta cierto punto una incongruencia. Y también cabe citar que España ratificó el Convenio 173 de la OIT el 16 de mayo de 1996 y que por lo tanto queda dentro de ese ámbito toda la protección que en esa materia debe derivar del Estatuto de los Trabajadores.
Quiero poner de manifiesto, pues, que mi grupo no va a apoyar las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, las números 1, 2 y 3, precisamente por lo que acabo de citar: porque existen ya acuerdos para modificar el Estatuto de los Trabajadores, y dentro de este acuerdo social entendemos que ya se plasman unas modificaciones que van a apoyar esas mismas mesas tripartitas y que por lo tanto no hay que adelantarse a dichos acontecimientos. En cuanto a la enmienda número 4, hay que respetar a nuestro juicio el contenido en materia de revisión de los artículos 102 a 119 de la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, razón por la cual entendemos que tampoco cabe el apoyo por parte de nuestro grupo a la enmienda número 4.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tengo que decir que nuestro grupo sí las va a apoyar por entender que se trata, como bien ha dicho su portavoz, de una corrección material, pero tenemos que hacer constar, sin embargo, que con ello no se tenga por hecha alusión ninguna a la retroactividad que recoge la proposición de ley, sino que cuando se subsana el error material de citar la Ley 11/1994, en lugar de la Ley 42/1994, se trata simplemente esa corrección material de transcripción. La enmienda número 6, por el mismo argumento, también se informa favorablemente.
Mi grupo mantiene la enmienda número 7, que establece en una disposición transitoria que los expedientes de solicitud de reconocimiento de prestaciones de garantía salarial que se presenten por las causas del artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores surtirán efecto desde la entrada en vigor de esta ley. También planea sobre esa enmienda

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el mismo argumento que ya he defendido, que se están llevando a cabo acuerdos que emanan de la reforma laboral pactada en mesas tripartitas por las fuerzas sociales y empresariales, en las que no ha intervenido el Gobierno, y que por lo tanto no vamos a adelantar acontecimientos que podrán quedar subsanados en los acuerdos sociales cuando se vayan desarrollando.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere hacer uso de réplica o de fijación de posición --los que no hayan intervenido--? (Pausa.) Señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Simplemente para decir que nos han convencido los argumentos del representante del grupo proponente respecto a la enmienda número 4 y en este sentido retiramos esa enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor presidente, para anunciar nuestro voto favorable a la enmienda del Grupo Popular y nuestro voto desfavorable a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Entendemos que efectivamente esta proposición de ley pretendía resolver una situación que se había producido por un mal planteamiento por el legislador, pero pretender colocar en el terreno del simple error esta cuestión y, por tanto, pretender que ese error se corrija ya desde el inicio, desde la puesta en marcha de la legislación con la que hoy pretendemos resolverlo no responde a la lógica de los hechos. Si efectivamente estuviésemos ante un simple error, el anterior legislador o como mínimo el anterior Gobierno hubiese tenido la posibilidad de actuar de manera eficaz para resolver esta situación. Plantear hoy una resolución con efecto retroactivo como pretende el Grupo Socialista nos parece que rompe con el esquema normal de trabajo de la ley. Por ello, la enmienda que formula el Grupo Popular es necesaria para mantener esta mínima lógica. Es evidente que esto puede producir situaciones de discriminación, pero en la mayoría de las veces cuando el legislador actúa y se aplica una nueva legislación es evidente que en anteriores supuestos produce situaciones que seguramente podríamos calificar de discriminación, pero que forman parte de la lógica aplicación de las leyes en su momento y en su tiempo. Por esta razón nos parece necesario votar favorablemente esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Con muchísima brevedad, porque me da la impresión de que, políticamente, el pescado está vendido, pero deseo hacer una reflexión muy rápida, al menos para que se nos diga el porqué y el porqué sólo puede tener una explicación. Si estamos reconociendo que la anterior es una situación injusta, una discriminación que estamos tratando de corregir, ¿por qué demorar los efectos de esa corrección a un tiempo posterior al que la proposición de ley recogía? Un dato. Se dice con cierta coherencia, por el portavoz de CiU, que si era un error de enero de 1995, ¿por qué hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta? Por una razón muy sencilla y lógica y además que es cierta, porque esta proposición se presenta en el otoño de 1996. Antes de ese tiempo difícilmente se podría haber detectado, porque el supuesto de insolvencia, quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores que da lugar a esta situación de reclamación, cuando el expediente ha concluido, por ejemplo, por declaración de insolvencia de la empresa ante cualquier juzgado de lo Social, cuando ese expediente termina después de todos los trámites para la declaración de insolvencia y el trabajador formula su reclamación al Fogasa ha transcurrido ese año y pico, que es el que hemos tardado en detectar esa situación en la práctica y automáticamente presentar la proposición de ley para que fuera corregida. Esa es la situación lisa y llanamente. ¿Se podía haber presentado un mes antes, un mes después? Sí, pero no mucho antes, salvo que teóricamente se hubiera conocido el problema. Lo hemos detectado cuando desde un punto de vista práctico, hemos visto cómo se producía esta discriminación.
Decimos que tan sólo encontramos un argumento para que se consume esta situación de aprobación de esta enmienda manifiestamente injusta y discriminatoria y sería el coste para dar cobertura a esa discriminación que ya se ha producido, y, entonces, preguntamos al Grupo Popular, lo hicimos ya en la ponencia no celebrada, aunque formalmente sí hace unas cuantas fechas: ¿cuál es el coste aproximado que se calcula para dar cobertura a las situaciones producidas desde el 1 de enero de 1995 hasta la actualidad? Porque si fuera bárbaro o tremendo, a lo mejor lo podríamos entender mínimamente, aunque no compartiríamos en ningún caso esta tesis. En definitiva, preguntamos al Grupo Popular cuál es el coste, y aunque, como decía y termino, el pescado parece que está vendido, sí rogaríamos que recapacitaran, porque con esta enmienda estamos consolidando una situación discriminatoria y manifiestamente injusta.
Désennos los argumentos al menos de verdad, no sólo el mero acuerdo habitual y político entre catalanes y populares.


El señor PRESIDENTE: Doña Reyes Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: La verdad es que cuando se oyen determinadas expresiones, en una Comisión legislativa como ésta, de que «el pescado está vendido», y cosas así, me parece una falta de rigor y de sentido de la responsabilidad, porque en momentos anteriores a esta legislatura acuerdos de este tipo no fueron nunca tratados por mi grupo en ese sentido, y también hubiéramos podido pensar que había determinados acuerdos previos a la discusión de una ley.
Se trata de subsanar una laguna legal en que no se contempla o no hay seguridad jurídica para acordar indemnizaciones en los casos de despido por causas objetivas, y el grupo proponente, en su momento, cometió ese error, no reguló una situación que quizá sí debió serlo, pero nosotros volvemos a poner de manifiesto que ir más allá de lo que

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se pretende con la proposición de ley, cuando están en marcha una serie de acuerdos formulados entre las fuerzas sociales y cuando se van a desarrollar nuevas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, en ese momento no procede. Lo injusto fue la legislación en el momento en que fue propuesta, no la enmienda que presenta mi grupo hoy, y en virtud del principio de legalidad y de seguridad jurídica entendemos que hay argumentos que no deberían ser ni siquiera matizados, ni propuestos, ni formulados ante esta Comisión.
Por lo tanto, señor presidente, me ratifico en lo que antes he expuesto.


El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate de esta proposición de ley, quedando para la hora señalada la votación de la misma y de las enmiendas.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO) (Número de expediente 121/000066).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto sexto del orden del día, proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, procedente del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo.
Por el Grupo Mixto, el señor Vázquez tiene presentadas varias enmiendas.


El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Quisiera empezar diciendo que doy por defendidas las enmiendas que presenta la diputada doña Begoña Lasagabaster en nombre de Eusko Alkartasuna y paso a defender las que presenta el Bloque Nacionalista Galego.
Si no me equivoco, las enmiendas que figuran con los números 7,8, 9, 10 y 11 hacen todas ellas referencia a la supresión de una coletilla que aparece en diversos lugares del texto del proyecto de ley, que dice «estatal o, en su defecto, los convenios colectivos de ámbito inferior».
Desde nuestro punto de vista, este texto introduce una modificación en la negociación colectiva y establece una prevalencia en el ámbito sectorial estatal, en detrimento de la negociación en ámbitos inferiores, en materia de contratación, contratos formativos, por circunstancias de mercado o por acumulación de tareas. Para nosotros esto no aporta nada para conseguir el fin que en teoría persigue el proyecto de ley, es decir, el de la creación de más y mejor empleo, y, al contrario, a nosotros nos parece más deseable que para este fin que se persigue en teoría se adecue el ámbito de la negociación a la realidad socioeconómica más inmediata. Supone también, desde nuestro punto de vista, un ataque a la capacidad de los sindicatos más representativos en determinadas comunidades autónomas, como puede ser el caso de Galicia, al sustraérseles una importante materia de negociación, supeditándola a acuerdos de ámbito estatal. Dificulta también que la parte empresarial asuma la responsabilidad de participar activamente en la resolución del problema del desempleo en su ámbito más inmediato.
En cuanto a la enmienda que figura con el número 12, en la que proponemos la supresión del artículo tercero, lo hacemos porque la modificación del artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores viene a ser uno de los ejes fundamentales de la reforma que introduce el proyecto de ley.
Evidentemente este tipo de despido opera sobre los trabajadores con contrato por tiempo indefinido. Si la modificación facilitara los despidos de este tipo con la consecuencia de abaratar el despido general con respecto a la regulación anterior, no podría decirse que encajara como instrumento idóneo para la mejora del mercado de trabajo y mucho menos para el fomento de la contratación indefinida. Pues bien, si se observa un cambio sustancial en los fundados en causas económicas, no ocurre otro tanto en los fundados en causas técnicas, organizativas o de producción, criterio que determina la procedencia de este tipo de despido que se desliza hacia conceptos jurídicos indeterminados, todavía más imprecisos que en la redacción anterior: contribuir a superar dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, y es obvio que a mayor imprecisión, mayor dificultad para el control, incluso para el control jurisdiccional. Por lo tanto, dado este carácter tan abierto e impreciso de las causas justificativas, hay que concluir que la modificación introduce una tendencia al despido a conveniencia del empresario y además abaratado. Así pues, desde nuestro punto de vista, no ofrece ninguna probabilidad de que se mantengan los empleos de los que disfrutan de una contratación indefinida y actualmente introduce un elemento de desestabilización.
En cuanto a la enmienda que figura con el número 13, en la que proponemos la supresión de la disposición adicional primera, lo hacemos porque esta disposición adicional no puede desvincularse de lo que se plantea en el proyecto de ley de incentivos. Desde nuestro punto de vista, este tipo de contratación, tal y como se está planteando, se limita a aprobar un nuevo tipo de contratación temporal de duración determinada por dos años, es lo que se denomina contratación indefinida ahora. Para nosotros esto va a resolver en muy pequeña medida el problema de la estabilidad en el empleo, que, como decía, es una estabilidad en todo caso por dos años y siempre vinculada a incentivos que en algunos casos puedan resultar incluso rentables para algunos empresarios, de manera que, además, si desaparecen esos incentivos, volveremos a la situación de partida. Y decía que resolverá poco o nada el problema de la estabilidad porque hoy se sigue manteniendo la mayoría de las fórmulas de contratación temporal y además se abarata el despido objetivo. La situación puede resultar, desde nuestro punto de vista, muy preocupante, como ya está sucediendo en determinadas empresas de servicios, arrendatarias, concesionarias, etcétera, en las que el trabajador que era contratado por el tiempo de duración del servicio o la concesión, muchas veces por un período superior a dos años, si era despedido improcedentemente recibía 45 días

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por año de indemnización; ahora, si este contrato temporal se convierte en indefinido y ese trabajador es despedido improcedentemente sólo percibirá una indemnización de 33 días por año, lo que, como decía, es preocupante porque puede muy bien suceder que los incentivos al final sirvan para beneficiar a determinados tipos de empresarios, o sea, beneficiar en el sentido de que conseguirán incentivos fiscales de la Seguridad Social y ahorro en el despido improcedente, mientras la precariedad laboral permanece.
En cuanto a la enmienda que figura con el número 14, de supresión del artículo primero, dos, artículo 11.2.i), que se refiere a la nueva redacción del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, proponemos suprimir este punto i), porque lo único que trata es justificar que esos trabajadores no puedan percibir el subsidio de desempleo y, desde nuestro punto de vista, estos contratos deberían cubrir todas las contingencias previstas en el régimen general de la Seguridad Social.


El señor PRESIDENTE: Damos por defendidas, a efectos de votación, como ha señalado S. S. también, las enmiendas 15 a 24, presentadas por la señora Lasagabaster. Igualmente ocurre con las enmiendas 1 a 5, presentadas por el Grupo Nacionalista Vasco.
Tiene la palabra el Grupo Catalán de Convergència i Unió, enmienda 78.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Nuestro grupo, efectivamente, mantenía aún viva una enmienda a este proyecto de ley que, de la misma manera de la enmienda que fue aceptada en el trámite de ponencia, pretende crear un marco de protección específica que facilite la integración laboral de las personas con minusvalías. Esta ha sido una cuestión que hemos mantenido nosotros a lo largo del estudio de estos textos, tanto en su fase de reales decretos como luego de proyectos de ley. Nos parece que el marco jurídico debe garantizar una mayor discriminación positiva hacia los colectivos de minusválidos, que son los que en definitiva tienen mayores dificultades en su integración laboral. La enmienda que planteamos nosotros permite adaptar el contrato para la formación a esta discriminación positiva que necesitan estos colectivos y sitúa su duración máxima en un plazo de seis años. Nos parece que es una medida que puede facilitar la utilización de esta fórmula contractual para permitir una incorporación del mundo de los minusválidos en sus ocupaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero para defender las enmiendas de 25 a 76.


El señor VAQUERO DEL POZO: Lo haré lo más brevemente posible, pero dado el enorme número de enmiendas que hemos presentado a esta importante ley, que consideramos fundamental, tendré que extenderme un poco más de lo que yo quisiera.
En cualquier caso, vamos a votar afirmativamente a las dos enmiendas del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna, que pretenden, en la exposición de motivos, concretar qué sindicatos son los suscriptores del acuerdo de la reforma, pues sin duda alguna esto puede dejar claro que hay otros sindicatos representativos, al menos en el ámbito de las comunidades autónomas respectivas, y que no han estado de acuerdo con el conjunto de la reforma. En general, no estamos de acuerdo con el mensaje de la exposición de motivos y por ello hemos planteado una enmienda de sustitución.
A lo largo de todo el articulado, vamos a votar, sin embargo, en contra de enmiendas de los grupos nacionalistas, tanto del Grupo Vasco como de Eusko Alkartasuna y el Bloque Nacionalista Galego, dentro del Grupo Mixto, que pretenden equiparar los convenios sectoriales estatales con los sectoriales de ámbito inferior, pues nuestra concepción apuesta por el sindicalismo de clase, y por tanto unitario respecto a todo el Estado, lo que favorece sin duda alguna una concepción también de la negociación colectiva de tipo unitaria aunque articulada, lo cual no es incompatible con nuestra concepción federal del Estado, hacia la que habría que avanzar. Por lo tanto, en este sentido, al adelantar nuestra posición contraria a este tipo de enmiendas, manifestamos también, sin duda alguna, nuestra fe en este Estado federal y en cierto sentido el ámbito que tendría la negociación colectiva por comunidades autónomas, pero en cualquier caso articulada en la negociación y la concreción de acuerdos-marco de tipo federal.
En el artículo primero planteamos la enmienda 25, definiendo lo que son los grupos de empresa, a fin de identificar las responsabilidades de los mismos. La 26 se refiere al derecho a la estabilidad en el empleo, a una explicitación de este derecho, derivado sin duda alguna del mandato constitucional. En la 27 proponemos la obligación de que sean por escrito los contratos formativos a tiempo parcial, de relevo, a domicilio, que aparecen en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, artículo 15; si no, al menos, la presunción de que son a jornada completa y por tiempo indefinido. Respecto a la enmienda 28, contiene la obligación de informar de los elementos esenciales del contrato, incluso si el contrato es por menos de cuatro semanas. En la enmienda 29 planteamos un modelo alternativo de contrato formativo y en prácticas con períodos de prueba más reducidos, con un incremento del 15 al 20 por ciento del espacio de la jornada dedicado a la enseñanza teórica, sin que ésta sea sustituida por un certificado de formación profesional ocupacional y sin que sea obligatorio que si el trabajador no tiene certificado de escolaridad se dedique en el tiempo de trabajo a adquirirlo, y al mismo tiempo sin que la retribución sea proporcional al tiempo de trabajo efectivo y recuperando también no sólo el derecho a la prestación por enfermedad sino el derecho al desempleo, laguna que entendemos que viene a mantener la discriminación de este colectivo de trabajadores respecto al conjunto de los mismos.
Aceptamos la enmienda 77 de Convergència i Unió, que ya está incorporada en la ponencia. Sin embargo, somos contrarios a la 78, que propone un período de prueba de seis años para los minusválidos. No aceptamos tampoco la enmienda 14, del Bloque Nacionalista Galego, pues se suprimiría la acción protectora del contrato de formación.


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Izquierda Unida plantea también en la enmienda 30 un modelo de contrato a tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo o de solidaridad intergeneracional, como preferimos llamarlo, sin que puedan los contratos a tiempo parcial hacer horas extraordinarias, computándose a efectos de cotización de Seguridad Social no el tiempo realmente trabajado, sino las jornadas como si fueran a tiempo completo, lógicamente, eso sí, con la base del tiempo realmente trabajado, pues este tipo de contrato significa una dificultad añadida, si no se admite esta enmienda, para los trabajadores que tienen este tipo de contrato en su vida laboral para acceder a las prestaciones de jubilación, etcétera.
En la enmienda 31 planteamos un período de prueba también distinto al que nos propone el proyecto de ley y en la 32 planteamos algo que consideramos fundamental, un cambio de criterio respecto a la contratación, planteando una presunción de estabilidad, fijando las circunstancias en que se pueda contratar por tiempo determinado, y en concreto los de obra o servicio determinado, eventuales, rechazando las circunstancias del mercado por ambiguo, y condicionando a que se produzca un aumento real en la actividad de la empresa, siendo cuatro meses y no seis, y expresando el objeto, el contenido y la duración y rechazando a posibilidad de cambio, por convenio, de la duración, de la relación del volumen de la platilla y del tipo de actividad en los contratos eventuales, con la obligación de notificarlo a los representantes de los trabajadores, rechazando también que aparezca el término «cuando no exista la obligación de entregar la copia básica».
En la enmienda 33 nos planteamos de otra forma distinta y con otra filosofía el ingreso al trabajo y de una forma distinta a lo que viene apareciendo desde la reforma de 1994. Nosotros queremos que se mantenga el papel principal del Instituto Nacional de Empleo, de los servicios públicos de empleo en último término, como oficina pública de colocación, no así este traspaso que ha habido a las agencias privadas de colocación del papel fundamental en este tema, aunque lógicamente algunas de ellas deben tener y seguir teniendo un ámbito de actuación, pero con la obligación de anunciar el número de la demanda de la oficina de empleo y la identificación de la misma.
En el artículo segundo planteamos las enmiendas siguientes. En la 35 se omite la posibilidad de que el Gobierno pueda regular la duración de los contratos para facilitar la colocación de los demandantes de empleo, aunque sí la reserva y la preferencia. Por la 34, pretendemos que se suprima el párrafo segundo del artículo 17.3. En la enmienda 36 proponemos que se dé un puesto de trabajo inocuo para las mujeres trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, etcétera. En la enmienda número 37 planteamos que se añada una condición mejor para los trabajadores en el sentido de habilitar 50 horas al año para estudios y formación profesional y sindical. En la 38 hablamos de un sistema más ágil de ascensos y clasificaciones profesionales. En la 39 planteamos la promoción económica y añadimos el tema de antigüedad, y en la 40 la igualdad salarial de sexos, evitando diferencias producidas aunque sean indirectas, ése es el matiz que pretendemos introducir. En la 41, proponemos la consideración del salario como crédito preferente, sin la limitación del triple del salario mínimo interprofesional, ni determinados derechos reales. En la 44, planteamos que los despidos objetivos del artículo 52 también se cubran con el Fogasa, sin prejuicio de las responsabilidades en suspensión de pagos, quiebra o insolvencia.
En la enmienda 42 introducimos un tema que queremos destacar y es la necesidad de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales como máximo.
Señorías, permítanme que les diga que en el caso de no ser aprobada esta enmienda, como es probable --seguro, me dicen algunos--, nosotros insistiremos, erre que erre, porque consideramos que es un tema, el de las 35 horas semanales, que afortunadamente se está abriendo camino en otros países europeos y sería muy de desear que nuestro país secundase esta línea de trabajo, porque sin duda alguna sin medidas de este tipo, no va a haber una creación de empleo real en las nuevas condiciones del nuevo modelo económico que tenemos en estos momentos. Por tanto, anunciamos que lógicamente vamos a presentar las proposiciones o las actuaciones correspondientes en el ámbito parlamentario a fin de abrir el debate esperando de la racionalidad, de la sensatez y de la sensibilidad de SS. SS. que este debate finalmente se cierre bien.
En la enmienda 43 planteamos la obligación de exponer el calendario laboral, en la 45, límites a las horas extras, en el sentido de que no haya más de 40 horas al año, y una compensación por descanso incrementado en un 75 por ciento. En la 46 intentamos introducir una regulación del trabajo nocturno, los turnos y los ritmos de trabajo para adecuarlos a las medidas de seguridad, evitando trabajos repetitivos y monótonos, tema que tanto preocupa a la sensibilidad de toda la sociedad. En la 47 planteamos que haya para los trabajadores dos días seguidos de descanso semanal, incrementando por tanto este tema en la actual legislación, y en la 48 que existan también 35 días de vacaciones, con la imposibilidad de pactar o firmar contratos con renuncia por causas económicas. En la enmienda 49 planteamos la responsabilidad en las subcontratas de obras y servicios, siendo el elemento nuevo que introducimos que en convenio puedan pactarse límites y garantías. En la número 50 introducimos la prohibición del prestamismo laboral, del reclutamiento con ánimo de lucro, en último término, la prohibición de las empresas de trabajo temporal. En la 51 pedimos que en el caso de un cambio de titularidad de la empresa, centro o unidad productiva de la misma, se produzca una subrogación en las condiciones mejores y la obligación de informar antes a los representantes, así como otras garantías para los trabajadores. En la 52 planteamos una regulación de las excedencias y en la enmienda 53 tratamos de proscribir los pactos o contratos de renuncia al derecho de reincorporación cuando se produzca el fin de la suspensión del contrato.
En la 54 introducimos garantías en el despido colectivo, volviendo al sistema del expediente administrativo laboral de antes de la reforma de 1994.
Respecto a las enmiendas al artículo tercero, primero quiero decir que aceptamos las enmiendas de supresión 12

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y 21 del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna, respectivamente. A este artículo planteamos la enmienda 55, donde se regulan las posibilidades de amortizar el puesto de trabajo en empresas de menos de 50 trabajadores, proponiendo que antes se busque un puesto alternativo en otros centros, con traslados, etcétera. En la 56, tratamos de suprimir la posibilidad de no indemnización, si el despido es por causa económica, que se contempla en el artículo 52. c). En la 57, pedimos que la opción de reingreso sea del trabajador y no del empresario. En la 58 se especifican las causas del despido nulo, ampliándolo. En la 59 tratamos los despidos improcedentes, en el sentido de otorgar la opción de reingreso al trabajador y la indemnización de 45 días por año, con 42 mensualidades de tope, como era el sistema que hasta ahora estaba vigente, hasta la última reforma.
En el artículo 5.º Izquierda Unida presenta una sola enmienda, la 69, alternativa a aquella en la que pedíamos que se dejara sin efecto la regulación de las empresas de trabajo temporal, suprimiendo el párrafo que dice: sin que ello pueda suponer una ampliación del crédito de horas mensuales. Y ello con el fin de que haya una regulación de las garantías sindicales, también en las empresas de trabajo temporal, para defender las necesidades de los trabajadores de estas empresas.
No aceptamos la enmienda número 13 del Bloque Nacionalista Galego de supresión de la disposición adicional primera. Izquierda Unida propone a esta misma disposición adicional primera las enmiendas 70, donde hacemos una relación más exhaustiva de contratos indefinidos, y la 74, al mismo tiempo que anunciamos la retirada de las enmiendas 71, 72 y 73.
Apoyamos la reducción del plazo de revisión del acuerdo a tres años que sostiene esta reforma, como propone la enmienda número 23 de Eusko Alkartasuna, y las mejoras técnicas, que ya han sido asumidas en ponencia, del Grupo Popular.
En la disposición adicional segunda aceptamos la enmienda 83 del Grupo Popular. Al mismo tiempo, el aspecto más novedoso, es que Izquierda Unida, plantea una serie de nuevas disposiciones adicionales. Todas ellas van dirigidas a articular una regulación de una institución novedosa, que serían los fondos de inversión obligatoria, precisamente como mecanismo para la creación de empleo, complementaria a la reforma laboral que en último término proponemos en su conjunto. En la enmienda 61 planteamos el fomento de las asociaciones para la formación en colaboración con el Inem. En la 62, la constitución de fondos para programas de formación profesional con participación de los trabajadores. En la 63, el incremento de las plantillas de inspectores y subinspectores de trabajo y tributarios. En la 64 planteamos como infracciones leves no hacer constar en las ofertas de trabajo de las agencias sin ánimo de lucro la identificación, el número de oferta de la oficina del Inem. En la 65 planteamos también incrementar los supuestos de infracciones graves respecto de los contratos que se hagan sin pasar por el Inem o cuando no se comunique las pruebas selectivas de las empresas. En la 66 proponemos un adelanto de la edad de jubilación, en el sentido de exigir como requisito para la jubilación tener cumplidos los 64 años y no los 65. En la 67, que se rebaje progresivamente la edad de jubilación de los 64, como requisito, a los 60 años a través de un acuerdo con los sindicatos para que sea viable esta reforma de la ley. En la 75 proponemos la jubilación voluntaria a los 60 años, siendo a esta edad forzosa para los funcionarios. Y en la 76 intentamos que se eliminen las cargas familiares en el subsidio de desempleo, así como una ampliación de la cuantía del mismo.
Señorías, hemos intentado sucintamente darles cuenta de lo que son las enmiendas que presenta Izquierda Unida, cuyo sentido final y último es que las distintas reformas que se han ido acometiendo retomen el camino hacia una cierta flexibilidad acordada por las partes, con la potenciación de la negociación colectiva, pero al mismo tiempo que no incurra en una desregulación, que viene a ser de efectos perniciosos para los trabajadores, y, en general para un buen encauzamiento de lo que debería ser la competitividad de nuestras empresas, que no debería estar pivotando sobre la reducción constante de los costes laborales y de las garantías y derechos de los trabajadores, sino más bien sobre la calidad de los productores, la competitividad, en el sentido de una calidad de los productos y una mejor colocación en los mercados, y no precisamente sobre esa reducción de los costes laborales, que es el eterno elemento que se ensaya siempre, pero que no tiene efectos en la creación de empleo, sino más bien en último término en el incremento de los beneficios empresariales estrictamente.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular tiene la enmienda 83. Para su defensa, tiene la palabra don Alejandro Ballesteros.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Para defender, en nombre de mi grupo, la enmienda número 83 que presentamos a la disposición adicional segunda, y cuyo texto sería el siguiente: Contratos para la formación en escuelas-taller, casas de oficio y programas de garantía social dependientes del Ministerio de Educación y Cultura.
Entendemos que todos los alumnos que provienen de estos programas de garantía social, que dependen del Ministerio de Educación y Cultura están en condiciones óptimas para poder acceder a los contratos que se les pueden formalizar a otro tipo de jóvenes, y especialmente a los que salen de las escuelas-taller y casas de oficio. Muchos de ellos terminan a una edad en torno a los 24 años y, por tanto, nos parece positivo hacer extensiva esta posibilidad de contratación a este tipo de programas de garantía social dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.


El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Catalán (Covergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: Para anunciar nuestro voto favorable a las enmiendas que presenta el Grupo Nacionalista Vasco a este proyecto de ley y también

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a las números 7, 8, 9 y 10 y 15, 16, 17, 18 y 20 del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna. Nos parece que estas enmiendas sitúan esta cuestión en un debate importante, que es el debate del ámbito de la negociación colectiva, e introducen salvedades que pueden permitir de alguna manera crear en aquellas naciones del Estado marcos laborales propios, marcos de negociación colectiva propios, porque nos preocupaba que fuera obviado este tema tanto a través de decretos como del posterior proyecto de ley. Así lo manifestábamos en los debates que tuvimos tanto en la comparecencia de los agentes sociales y del señor ministro, como en la toma en consideración, en el Pleno.
Las enmiendas que presentan tanto el PNV, el Bloque Nacionalista Galego y Eusko Alkartasuna, seguramente no nos satisfacen desde el punto de vista de su propia redacción. Si el Grupo Catalán hubiese pretendido corregir este elemento, hubiese presentado enmiendas diferentes, pero nos parece que políticamente nuestra posición ha de ser favorable a las mismas. Quiero anunciar también el voto negativo al resto de enmiendas del BNG y de Eusko Alkartasuna, como también a las de Izquierda Unida.
Nos parece que se alejan del objetivo de estas normas y seguramente corresponden muchas de ellas a otro debate. Estoy seguro de que respecto a Izquierda Unida vamos a tener oportunidad a lo largo de esta legislatura de pronunciarnos específicamente en relación a estas cuestiones.
En relación a la enmienda que presenta el Grupo Popular, haremos llegar a la Mesa una propuesta de transacción, en el sentido de ampliar los beneficios que se apuntan, respecto a los contratos para la formación en escuelas-taller y casas de oficio, no tan sólo a los programas de garantía social dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, sino del conjunto de administraciones públicas competentes en esta materia, con la perspectiva de que en los próximos meses se completen las competencias en materia de educación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo normal será que estos programas sean dependientes no sólo del Ministerio de Educación y Cultura. Creemos que matizar esta cuestión es importante. El redactado que proponemos sería del siguiente tenor: programas de garantía social dependientes de las administraciones públicas competentes. Nos parece que es un mecanismo de garantizar el contenido competencial de las comunidades autónomas en esta materia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Nosotros ya hemos manifestado en varias ocasiones que estamos muy de acuerdo con este proyecto de ley. Estamos muy de acuerdo por la base en la que reposa, que es una acuerdo previo entre los sindicatos y la patronal; estamos muy de acuerdo porque es un perfeccionamiento de la legislación de mayo de 1994, manteniendo sus líneas generales, y es un perfeccionamiento en una buena dirección.
Consecuentemente con ello, no somos nada partidarios de introducir modificaciones que puedan alterar el texto de ese acuerdo entre las partes, que es la base de este proyecto de ley.
Las enmiendas que hemos aceptado en la ponencia a nuestro modo de ver mejoraban la redacción, la expresión de lo que quería regularse, y de ahí nuestro apoyo. A esa actitud contraria a modificaciones del acuerdo y, consecuentemente, del proyecto de ley, nos parece que no es una excepción manifestar nuestro apoyo a dos de las enmiendas que se han expresado aquí: una, la 77 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pensamos que está en esa línea de reforzamiento y mejora de lo que se ha acordado, y asimismo la 83 del Grupo Parlamentario Popular.
Para concluir diríamos que es ser consecuentes con nosotros mismos, en cuanto a que, como digo, mejora y perfecciona esta ley, la de mayo de 1994, aprobada con mayoría socialista, que está dando buenos resultados, de lo que nos alegramos. Y también apoyamos, señor presidente, esta orientación --ya estaba también contenida en esa legislación de 1994 y ahora de alguna forma se refuerza--, destinada a simplificar, a presentar de una forma simplificada las modalidades de contratación. Tan es así que pensamos que con perseverantes esfuerzos pudiéramos llegar a concretar que sólo hay cuatro modalidades de contrato de trabajo posibles: el contrato de aprendizaje, el contrato por tiempo cierto, el contrato por tiempo indefinido y el contrato para obra o servicio determinado.
Descubrimiento, por cierto, al que ya se llegó en el año 1931 con otro ministro socialista de Trabajo en el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ballesteros que no lo había hecho con anterioridad.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Habíamos quedado al principio en intervenir, pero luego lo hice para defender las enmiendas, por eso paso ahora a fijar la posición en nombre de mi grupo. Lo haré dando cuenta de todo el articulado, teniendo también en cuenta que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida lo que ha hecho es presentar, en nuestra opinión, la enmienda a la totalidad troceada. Por ello buena parte de sus enmiendas no se adaptan exactamente al texto del real decreto, y posteriormente pasaré a contestarlas.
Empezando por la exposición de motivos, el Partido Nacionalista Vasco presenta las enmiendas 1 y 2, referentes al concepto de mayor representatividad a nivel estatal de los sindicatos. Entendemos que es un concepto jurídico determinado que viene definido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Otra cosa es la posición jurídica que a determinados efectos, como participación institucional y a nivel estatal, se confiera a sindicatos que ostentan la condición de más representativos a nivel autonómico, como es ELA-STV, pero que en ningún caso hay que confundir con el concepto de mayor representatividad a nivel estatal.
En cuanto a la enmienda 2, que proviene de esta primera, queda ya por tanto también explicada.


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Al artículo 1.o el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta la enmienda número 27, que se refiere a la forma del contrato, en la que habla de que tenga constancia por escrito en la legislación actual. En la legislación actual sólo tendrá constancia por escrito cuando el contrato por tiempo determinado sea superior a 4 semanas, y le pretende dar una rigidez, en nuestra opinión, que va mucho más allá de lo necesario, teniendo en cuenta, sobre todo, la mayor flexibilización que estamos buscando hoy en día en el mercado laboral.
Dentro de la presunción general de jornada completa y tiempo indefinido, en ausencia de forma escrita del contrato, elimina la excepción: salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios. Esto implicaría un dislate jurídico, que consistiría en cerrar los ojos a cualquier otra prueba que pudiera ser admitida en Derecho que acreditar o demostrar las especiales características de un contrato de cualquier otra forma.
A partir de este momento viene un bloque de enmiendas, que son: la número 3 del PNV, que se refiere al artículo del Estatuto de los Trabajadores 11.1, a) y b), y en ella estarían las enmiendas números 7, del BNG, y 15, de EA, que son idénticas, y la 8, del BNG, y la 16, de EA, que son idénticas al 11.1, b).
Igualmente en este sentido van también dirigidas la enmienda número 4, del PNV, al artículo 11.2, b), c), e i). Y ahí tenemos que tanto la 9 del BNG, como la 17, de EA van dirigidas a la letra b); la 10, del BNG, y la 18, de EA, a la letra c); y la 14 del BNG y la 19 de EA a la letra i).
Entrando en la argumentación de la enmienda número 3 del Partido Nacionalista Vasco, referente a la concurrencia en cuanto a los convenios, con ella pretende el enmendante equiparar los convenios colectivos estatales con los de ámbito inferior, de manera que ambos puedan hacer uso simultáneamente, y en consecuencia entre sí, de la posibilidad de modificación y adaptación que otorga la ley. Frente a ello, entendemos que el proyecto otorga prioridad a la regulación de estas modificaciones a nivel estatal, sin perjuicio de que en defecto de tal regulación se pueda autorizar también a los niveles inferiores. En su justificación enmendante alegaba la necesidad de preservar las unidades de negociación y la concurrencia de los convenios. Sin embargo, entendemos que las unidades de negociación se ven idénticamente preservadas en uno y otro caso, dado que lo que se discute no es la preservación o no de las unidades, sino las competencias mayores o menores en cada una de ellas.
En cuanto a la concurrencia, la enmienda creemos que más que preservarla lo que pretende es promoverla y fomentarla en contra de todo objetivo de negociación. Por lo demás, la enmienda altera un aspecto básico del acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales más representativos en el ámbito estatal. No sólo en lo que se refiere al acuerdo sobre estabilidad en el empleo, que da origen a este proyecto, sino sobre todo en cuanto al acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva. El propósito de fomentar en nuestro país una negociación colectiva articulada, desde el ámbito estatal a los ámbitos inferiores, fue saludado como uno de los aspectos más trascendentes de los acuerdos en su conjunto.
Entendemos lógico que la ley reserve determinadas competencias a los convenios estatales y que sólo en defecto de éstos admita la entrada de los convenios de ámbito inferior. Valórese que las competencias a las que se refiere el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores alcanzan la posibilidad incluso de modificar la propia ley en aspectos estructurales básicos del contrato de trabajo. Es evidente que tal posibilidad debe reservarse a los convenios de un ámbito idéntico al de la propia ley que se modifica, es decir, al ámbito estatal, de forma que, de existir por vía convencional una regulación distinta a la de la ley, ésta sea de aplicación en todo el territorio nacional. Lo contrario permitiría que el contrato tuviese una regulación estructural diferente no sólo en cada comunidad autónoma, sino incluso en cada localidad o comarca.
Hay una especialidad con respecto a la enmienda al apartado 11.2, i) del Estatuto de los Trabajadores, que serían las enmiendas 4, del PNV, como decía anteriormente, y 14 y 19, de BNG y EA, respectivamente, que son idénticas en cuanto al aumento de la cobertura social. Se pretende incluir la protección por desempleo en la protección social del contrato para la formación. Hay que tener en cuenta que el Real Decreto 8/1997, que da origen a este proyecto, ha incrementado sustancialmente el régimen de protección social del contrato para la formación, con el consiguiente incremento del coste de las cotizaciones para los empresarios en los términos que los interlocutores sociales más representativos en el ámbito estatal estimaron adecuados para el acuerdo que dio origen a este Real Decreto-ley.
Cabe imaginar que tales interlocutores sociales, y estamos seguros de ello, han estimado que la solución alcanzada representa un punto de equilibrio razonable entre la lógica pretensión de mejorar cada vez en mayor medida la protección social de los afectados y la necesidad de lograr que el contrato para la formación siga sirviendo, como lo viene haciendo hasta la fecha, para los fines de inserción de los que son propios.
Posteriormente, dentro también de este artículo 1.º, está la enmienda número 29 de Izquierda Unida, que se dirige a los contratos en prácticas y los contratos para la formación, introduciendo supuestamente matices que son beneficiosos para el trabajador. En concreto, para los contratos en prácticas se pretende la reducción, y en ningún caso la ampliación, a través de la negociación colectiva, de los períodos de prueba para los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y se eleva la retribución de los trabajadores al 80 ó 90 por ciento de la fijada en convenio colectivo para el primero y segundo año de vigencia del contrato, respectivamente.
En cuanto al contrato para la formación, se pretende asimismo reducir, a través de la negociación colectiva, los contratos que se puedan realizar, se aumenta el tiempo mínimo dedicado a la formación teórica, se aumenta la retribución de los trabajadores, de forma que ésta no venga determinada por el tiempo dedicado al trabajo efectivo, se amplía igualmente la cobertura social de los trabajadores,

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se amplía la posibilidad de sanción a los empresarios por incumplimientos en materia de formación teórica.
Si hacemos una visión de conjunto, posiblemente parecería que las modificaciones que introduce la enmienda suponen una mejora en las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores con contratos formativos. No obstante, creemos, al igual que el resto de las enmiendas de Izquierda Unida, que esta mejora deja de serlo si se tiene en cuenta cuál es la realidad social e industrial actual de nuestro país, que por cierto es bastante similar a la del resto de nuestro entorno europeo.
Así, en este entorno europeo no repugna el hecho de que un trabajador que presta menos horas de trabajo efectivo reciba igualmente un salario menor al de un trabajador que lo hace en jornada completa, o que se puedan establecer períodos de prueba siempre que se establezcan en convenio colectivo, en relación superior al mínimo legal exigible, si en función de la necesidad de la empresa o de los procesos productivos ello fuera necesario.
Por otra parte, creemos que los agentes sociales, como venimos diciendo en todo el hilo argumental, son los verdaderos responsables o los principales responsables de este acuerdo y de esta ley y apartarnos de su voluntad en tal medida no sería lo más apropiado.
La enmienda 30 de Izquierda Unida pretende modificar la redacción del artículo 12 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores sobre contrato a tiempo parcial y contrato de relevo. Sobre los cambios que se propugnan desde esta enmienda, cuando se entiende un trabajador contratado a tiempo parcial, la ley nos dice que cuando preste servicio durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior al considerado como habitual en la actividad en que se trate. La enmienda lo que pretende es apurar más, introduciendo la matización inferior a los dos tercios al considerado como habitual, intentando establecer un límite que puede provocar el efecto de que determinados trabajos realizados por un número de horas inferior al habitual, pero no inferior a los dos tercios, tengan que ser considerados como a tiempo completo.
En cuanto al cómputo de cotización de la Seguridad Social, la ley establece que computarán exclusivamente las horas trabajadas, mientras que la enmienda lo que pretende es que, independientemente de la duración de la jornada, cada día trabajado compute como día cotizado. No creo necesario insistir demasiado en lo desequilibrado que esta medida resultaría para el sistema desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la equidad.
Respecto a las horas extraordinarias, la ley las admite considerando tales las realizadas sobre la jornada pactadas en el contrato. La enmienda pretende prohibirlas simplemente para este caso. Nada justificaría, a nuestro entender, la prohibición, que no implica sino un obstáculo más al proceso continuo de adaptación dinámica de la empresa y sus trabajadores a las necesidades del momento, del mercado o de la producción.
Por lo que se refiere al contrato de relevo, la enmienda pretende ampliar el tramo de edad en que es posible, pasando de los 3 años antes de la edad legal de jubilación a los 5 años. Hay que insistir de nuevo en la carga que supondría para el sistema de la Seguridad Social. Asimismo se añade que una vez alcanzada la edad de jubilación, sustituido el contrato del trabajador que sustituye, se entenderá por tiempo indefinido y de carácter común y ordinario, precisión ausente en la ley actual, pues ello supone una constricción para el empleador y unos efectos de esta modalidad contractual que van más allá, desde luego, de su objetivo inmediato y además, en nuestra opinión, ni siquiera se conseguiría lo que se está buscando.
Finalmente, añade la enmienda un apartado sexto, dedicado a los trabajadores fijos discontinuos, en la misma línea de establecimiento de garantías exorbitantes, con potenciales efectos graves a la hora de añadir cargas al empresario, a la Seguridad Social, y, en definitiva, dotar de mayor rigidez al mercado de trabajo en un momento en que, muy al contrario, como venimos comentando, camina hacia la flexibilización.
La enmienda número 32 de Izquierda Unida, se refiere a la duración del contrato de trabajo. Principalmente la ley establece que el contrato puede ser por tiempo indefinido o por duración determinada. La enmienda presume a todos los contratos indefinidos, salvo determinadas excepciones que se detallan. En cuanto a los trabajos o tareas que pueden considerarse susceptibles de ser cubiertos con contratos de realización de obra o servicio determinado, la ley establece que se determinarán en los convenios colectivos estatales o de ámbito inferior o de empresa, mientras que la enmienda establece que se determinarán en convenios colectivos sectoriales. Elimina la enmienda el supuesto, para contratos de duración determinada, de «cuando las circunstancias del mercado así lo exijan». La ley habilita para que a través de los convenios se determinen criterios de duración máxima, etcétera, de la contratación eventual. La enmienda elimina esta posibilidad haciendo desaparecer todos y cada uno de los párrafos que se dedican a ello. Introduce la enmienda, igualmente, la obligación de readmisión inmediata del trabajador en caso de extinción de contratos temporales celebrados en fraude de ley.
Vemos, en fin, que todos y cada uno de los aspectos que aporta la enmienda pretenden dificultar la posible contratación por tiempo determinado, en la buena intención de que los contratos indefinidos sean la regla casi exclusiva, pero con el perverso efecto de dotar de mayor rigidez a un mercado laboral como el español que, como venimos comentando, no sería en estos momentos lo más apropiado para el mismo.
La enmienda número 77, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), fue aceptada, entiendo, en ponencia igualmente. Y en cuanto a la enmienda número 78, vamos a presentar una transaccional, que posteriormente, señor presidente, le ofreceré el texto, y que iría en el sentido de cambiar la duración máxima en el caso de las personas minusválidas. Entendemos que quizá la duración de 6 años es excesiva, y que 4 años podría ser una duración apropiada, estando plenamente de acuerdo con los argumentos que ofrecía el Grupo Catalán en cuanto a las especiales dificultades que tienen los minusválidos de inserción en el mercado laboral. El texto en la enmienda quedaría de la siguiente manera: ni la máxima superior a 3 años --lo anterior

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viene igual-- o a 4 años, cuando el contrato --aquí es el cambio, de esos 6 a 4 años-- se concierte con una persona minusválida, teniendo en cuenta el tipo y grado de minusvalía y las características del proceso formativo a realizar. Creemos también que hay que considerar los distintos tipos de minusvalía y prestar atención a ellos en cuanto a la duración del contrato, y que es por convenio colectivo la mejor manera de establecer esa duración, pues no se nos escapa, señorías, que hay distintos tipos de minusvalías, como pueden ser, por ejemplo, la de un sordomudo, que requerirá una duración, entendemos desde luego, mayor al plazo habitual de esos 3 años.
Terminamos el artículo 1.º y pasamos al 2.º, donde está la enmienda número 35, de Izquierda Unida, que será igualmente desestimada. Trata de establecer una serie de medidas con respecto a la reserva, duración o preferencia en el empleo que puede establecer el Gobierno para facilitar la colocación de desempleados. El artículo 17.3 del Estatuto de los Trabajadores tiene por finalidad fundamental prever la posibilidad de que se puedan establecer para determinados supuestos unas normas excepcionales que se aparten de los supuestos ordinarios para fomentar la contratación de especiales colectivos de desempleados. En este sentido, además de normas de reserva o preferencia en el empleo, se prevé la posibilidad de que existan especialidades en razón de la duración de dichas medidas. El grupo enmendante asimila estas medidas de duraciones especiales con la temporalidad de los contratos de trabajo y, dado que es conocida su postura en contra de la misma, pretende su supresión. No parece lógico a priori, para nosotros, eliminar tal posibilidad, por cuanto en determinadas circunstancias podrían resultar necesarias y beneficiosas para el empleo algunas regulaciones que afectarán a la duración de los contratos. Esta ha sido la manera de entenderlo por parte igualmente de los agentes sociales.
En cuanto al artículo 3.º, las enmiendas números 12, del BNG, y 21, de EA, son idénticas que pretenden suprimir el artículo 52. c) del Estatuto de los Trabajadores. Entendemos que la nueva redacción de este artículo 52. c) recoge el sentir de los interlocutores sociales y, además, la doctrina de la judicatura respecto a los problemas aplicativos de este citado artículo en la redacción anterior que tenía. No es cierto, como justifican los enmendantes, que la modificación amplíe las causas de despido. De lo que se trata es de la misma causa de despido, en la que se modifica únicamente su enunciación con objeto de dotarla de una mayor seguridad jurídica y de reducir los problemas, ambigüedades e incertidumbres que su aplicación venía demostrando en la práctica. Un acuerdo entre las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores sobre la formulación de una causa de despido, como el que se ha producido en nuestro país sobre este tema, constituye un hecho trascendental e inédito en las relaciones entre los interlocutores sociales en Europa y merece ser, a nuestro entender, plenamente respetado, sin perjuicio de que se estudie y evalúe cuidadosamente, y así se hará en los próximos meses, su funcionamiento según la previsión establecida por los propios interlocutores sociales.
La enmienda 55, de Izquierda Unida, también referente al artículo 52. c), entendemos parte de la premisa de rechazar la regulación del despido colectivo en los términos actuales, volviendo a otra más parecida a la legislación anterior, a la reforma de 1994. Se limita así la posibilidad de despido objetivo por causas económicas, con un volumen de plantilla inferior a 50 trabajadores. No se define en absoluto la causa que da lugar al despido y se potencia la necesidad de recolocación de los trabajadores afectados en otros supuestos de trabajo en la empresa, en la misma o distinta localidad. Igualmente se da preferencia absoluta a ocupar el puesto amortizado en el caso de que se vuelva a crear la plaza.
Nos parece que esta enmienda está dotada de una excesiva rigidez y que va en lucha directa, frontal, contra la evolución actual del mercado laboral.
Con respecto al artículo 5.º, tenemos la enmienda número 69, de Izquierda Unida, sobre representación de los trabajadores en las empresas de trabajo temporal. Principalmente habla de una compensación, ya que este grupo político pretende dotar de más y más medios y privilegios a los representantes de los trabajadores, lo cual siempre está en tensión con las necesidades de productividad de la empresa, pretendiendo el legislador llegar a un punto medio, y así creemos que se ha conseguido, que concilia los intereses de unos y otros.
En cuanto a la disposición adicional primera, la enmienda número 13, del BNG, pretende suprimir el contrato de fomento de la contratación indefinida, y además nos resulta bastante inexistente la justificación que se da. Creemos que no merece demasiada explicación, en tanto en cuanto éste es uno de los contratos básicos (y además está dando ya sus frutos) y estrella de esta reforma laboral.
La enmienda número 2, de Eusko Alkartasuna, hace una ampliación de los colectivos que se pueden beneficiar de este contrato, pero confunde el contrato para fomento de la contratación indefinida con las medidas de fomento de empleo y, en particular, con las medidas de discriminación positiva en el acceso al empleo en favor de determinados colectivos con especiales dificultades en el mercado de trabajo.
La contratación indefinida, que no es propiamente una medida, como decía, de fomento de empleo, está dirigida a fomentar un determinado tipo de empleo, que es el empleo estable, en un determinado tipo de colectivos horizontales. Creemos, además, que es un contrato original y de novedosa creación, que los interlocutores sociales han estudiado, han negociado sus características y el resultado hasta ahora, como venía diciendo, es satisfactorio.
La enmienda número 70, de Izquierda Unida, también pretende cambiar los grupos beneficiados. Reduce la edad de los jóvenes de 29 a 25 años, lo cual supone, a nuestro entender, una limitación negativa en cuanto al acceso al mercado de trabajo de los jóvenes que han superado la edad que se propone. A mayor abundamiento, es conocido que las edades de ingreso al trabajo en nuestros días y por múltiples factores son cada vez más avanzadas, por lo que parece lógico, por realista, el mantenimiento de esta edad.
La enmienda número 71, de Izquierda Unida, suprime la posibilidad de convertir los contratos temporales en contratos

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para el fomento de la contratación indefinida. Si bien es fruto de la postura que mantiene este grupo con respecto a los contratos temporales, ya ha sido señalado suficientemente cuál es la idea de la reforma laboral y la que tuvieron los interlocutores sociales y, por tanto, va en contra directamente de estos intereses.
En ese sentido van igualmente las enmiendas 74, de Izquiera Unida, y 72 y 73.


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ballesteros, el celo de S. S. le lleva a oponerse a enmiendas, como son la 71, 72 y 73, que han sido retiradas hoy mismo por el portavoz de Izquierda Unida.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Perdone, señor presidente, es que son muchas. Pero sí que quisiera dejar clara la postura del grupo, por si acaso.
Pasaríamos a la disposición adicional segunda, donde se ha presentado por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) una transaccional, que sería la redacción nueva respecto a los contratos para formación en escuelas-taller, casas de oficios y programas de garantía social dependientes de las administraciones públicas competentes. Nos parece oportuno presentar in voce una transacción a la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ya que estos programas de garantía social deben depender de las administraciones educativas, porque hay programas de garantía social no sólo autonómicos, sino también locales. Por tanto, creemos que sería conveniente hacer una concreción en el sentido de dejar claro que dependan de las administraciones educativas, para que así sólo se abarquen los programas de garantía social dependientes tanto del Estado, que vienen regulados por una orden ministerial, como de las comunidades autónomas, que no están regulados al día de hoy, pero que se va a hacer próximamente a través de un real decreto para equipararlos en todo el territorio.
En cuanto a la disposición transitoria cuarta, la enmienda número 24 del Bloque Nacionalista Galego pretende una ampliación de la cobertura social, que sería igual a las enmiendas números 4, del Grupo del PNV, y 14 y 19, del Grupo Mixto, BNG y Eusko Alkartasuna. Entendemos, por tanto, que ya defendida.
En la disposición derogatoria está la enmienda 68, de Izquierda Unida, que se refiere a las empresas de trabajo temporal. Es lógica la frontal oposición del grupo enmendante a las empresas de trabajo temporal que solicitan la derogación de su ley reguladora. Recordemos en este sentido cuál es la postura y el papel que vienen jugando las empresas de trabajo temporal en el marco laboral español. Por tanto, nos opondremos y votaremos en contra de esta enmienda.
Terminado con el texto del proyecto de ley, voy a pasar muy brevemente, señor presidente, a defender la postura del Grupo Parlamentario Popular con respecto al resto de las enmiendas. Como decía al principio, quizás éste no sea, en nuestra opinión, el momento oportuno para haber presentado la enmienda a la totalidad troceada, sino que lo ideal sería hacer, si acaso, una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Pensamos que muchas de estas enmiendas se salen del acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales y refrendado por el Gobierno, y que hoy estamos convirtiendo en un proyecto de ley. Por tanto, esto lo consideramos una descalificación no sólo a la labor realizada por estos interlocutores sociales, sino también a la realizada por el Gobierno.
Por otra parte, entendemos que, en líneas básicas, el contenido de las enmiendas (entrando detenidamente en alguna de ellas) vendría a situarse en una hipotética posición garantista para el trabajador, que razonablemente tendría como consecuencia una mayor rigidez en el mercado de trabajo y, por tanto, unas mayores dificultades para el acceso y el mantenimiento del empleo de los trabajadores. Así se introducen alusiones a los grupos de empresas, como se hace en la número 25, con la finalidad de mejorar la identificación de los sujetos responsables de relaciones laborales, pero se hace con absoluta falta de rigor, que puede llevar aparejada la consideración de tales en supuestos en que actualmente no son considerados.
La cuestión de grupos de empresas tiene especial complejidad, por cuanto cualquier definición sobre los mismos implica la confluencia de conceptos procedentes de distintas ramas del Derecho, lo cual hasta la fecha aún no se ha conseguido más que por vía indirecta jurisprudencial, señalándose los aspectos fundamentales identificadores de un grupo empresarial. Se parte, además, de las enmiendas de un presupuesto unidireccional en el sentido de favorecer al trabajador, penalizando la actividad empresarial.
No de otra manera se podría entender algunos de los preceptos que demandan como modificables, en los cuales simultáneamente se exorbitan los derechos de los trabajadores, como mayores ingresos, mayores facilidades para actividades extraprofesionales, excedencias, como puedan ser las enmiendas números 37, 41, 43 ó 52, a la vez que se limitan las obligaciones de los trabajadores (caso paradigmático, tendríamos la reducción a 35 horas semanales de la jornada), como son las enmiendas 42 y 48. Ha de destacarse también que en gran medida, y pese a las apariencias, las innovaciones que se pretenden introducir en el Estatuto de los Trabajadores ya cuentan con un tratamiento similar en el texto vigente, apartándose únicamente en aspectos pequeños, aunque son de gran trascendencia práctica. Merece poner de relieve que, en materia de contratación, los textos son casi similares a los del real decreto, lo cual implica que difícilmente se pueda achacar a las organizaciones sindicales el haberse apartado radicalmente de las propuestas de otros años.
En otro orden de cosas, se pretende la prohibición de las agencias privadas de colocación, tengan o no ánimo de lucro; se plantean créditos horarios obligatorios para los empresarios, con un mínimo de 150 horas anuales para estudios de los trabajadores; se introduce la noción de discriminación indirecta, concepto este aún no asumido por nuestro Derecho positivo; se extienden las garantías a las deudas salariales, calificándolas ampliamente como créditos singularmente privilegiados; se pretende la reducción

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de la jornada ordinaria a 35 horas, como decía anteriormente; se aumentan los supuestos de suspensión de relaciones laborales con derecho a reserva del puesto de trabajo; se modifica el régimen jurídico del despido colectivo, e igualmente se pretenden cosas como la creación de un fondo de inversión obligatoria, caracterizados especialmente como un impuesto sobre los beneficios de las empresas e intervenido por las organizaciones sindicales y pretendiendo la creación de una agencia pública de gestión de dichos fondos para su control.
Evidentemente, todas estas pretensiones están, a nuestro entender, muy lejos de la realidad. Creemos que son fruto de dos sistemas diferentes: uno, el que defendemos una amplia mayoría de la sociedad española, y desde luego de los grupos parlamentarios; y otro, el que defiende el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Termino, señor presidente. La economía española, que ahora está apuntando a una recuperación sostenida en lo que respecta al ámbito laboral, se basa en el mantenimiento del equilibrio de derechos y obligaciones entre los trabajadores y empresarios a través de sus organizaciones representativas. Sin embargo, es deseable que, en función de la evolución social y económica, se establezcan reequilibrios que supongan otras tantas adaptaciones a las nuevas estructuras, bien que se crean, bien que se modifican. En este sentido, todas las reforma que han venido operándose en los últimos años han pasado por una línea liberalizadora de las relaciones industriales, sin olvidar por ello la garantía de los derechos de los trabajadores reconocidas en nuestra Constitución.
La reforma, producto de los acuerdos, está dando ya sus primeros resultados y ése es, a nuestro entender, el mejor aval, señor presidente, para desestimar las enmiendas presentadas por Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate del proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, procedente del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo.


--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN INCENTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/1997, DE 16 DE MAYO) (Número de expediente 121/000067).


El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto 7 del orden del día, relativo al proyecto de ley por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, procedente del Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo. Hay presentadas enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez para su defensa.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Para decir nuevamente que doy por defendida la enmienda que presenta la señora Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna. Paso a defender las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista Galego.
La enmienda que figura con el número 3, de adición al artículo 4.º de un nuevo párrafo e), diría lo siguiente: Contrataciones temporales realizadas por empresas arrendatarias de servicios o concesionarias, que por convenio colectivo o por cualquier otro título tengan establecidas cláusulas de subrogación de efectos equivalentes a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Con esta enmienda lo que pretendemos es que los incentivos que se concedan por el Estado sirvan al fin que teóricamente se proponen, no excluyendo la posibilidad de hacer «negocio» --entre comillas-- a determinado tipo de empresas que, como ya dijimos en la defensa de otras enmiendas al proyecto ley anterior, pudieran verse favorecidas por este tipo de contratos indefinidos, desde el punto de vista económico, sin que se consiguiese una menor inestabilidad laboral.
La enmienda número 4, de adición también de un nuevo párrafo al artículo 7.º, diría: «en los supuestos de declaración de despido improcedente».
Desde nuestro punto de vista también resultaría injusto e inadmisible que la retención de los veneficios sea a costa del contribuyente y, mediando declaración judicial de improcedencia, haya violado la finalidad de aquéllos en orden a la contratación estable.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Vasco PNV tiene también presentada una enmienda que mantiene a efectos de votación.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADéS: El proyecto de ley que estamos en estos momentos debatiendo formaba parte del margen político que los propios agentes sociales dieron al Gobierno en aplicación de la reforma laboral.
Es, por tanto, un ámbito que seguramente se aleja del núcleo duro de lo que fue el acuerdo interconfederal. Desde esta perspectiva, nuestro grupo parlamentario se ha sentido liberado de la posición que mantuvo en el anterior proyecto de ley. En aquél entendíamos que era importante que la acción de los grupos parlamentarios no modificase aquello que la negociación entre los agentes sociales había producido. Cuando afrontamos ya lo que es la política del Gobierno del Estado en materia de incentivación de la contratación, con el objetivo de crear empleo y con el objetivo de crear empleo estable, nos parece que los grupos parlamentarios sí que tenemos capacidad para introducir nuevas prioridades en aquello que constituye de alguna manera un eje vertebrador de la política del Gobierno. Y es desde esa perspectiva que nuestro grupo ha planteado diversas enmiendas. Enmiendas que, a nuestro entender, no se alejan en ningún momento de la filosofía del proyecto de ley, ni tampoco de la filosofía del acuerdo interconfederal. Enmiendas que inciden sobre sectores que nos parece que,

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por razones diversas, necesitan de una mayor potenciación de sus posibilidades a través de las vías que el propio Gobierno ha marcado.
Entendemos, en primer lugar, a través de nuestra enmienda número 18, que existe un colectivo, que son las empresas con menos de 25 trabajadores, que van a necesitar una protección especial. Y planteamos, por tanto, unas bonificaciones específicas para ellas. Entendemos también que en esta misma línea va dirigida la enmienda número 21, que refuerza lo que entendemos como las primeras contrataciones, muchísimas de estas primeras contrataciones vinculadas a proyectos de autoempleo o a pequeñas, y entendiendo por pequeñas realmente a núcleos formados por 5, 6, 7 u 8 trabajadores, que son los que hoy pueden generar un esfuerzo en su contratación. Y la enmienda número 22, que precisa el alcance de la bonificación introducida en la determinación del rendimiento neto por el método de signos, índices y módulos, que nos parece que en el redactado de la actual ley puede producir en su aplicación una grave discriminación respecto a los pagos a plazos o a términos de esta fórmula de fiscalidad.
Por tanto, las enmiendas 22, 21 y 18 refuerzan el ámbito de la pequeña empresa.
Un tercer bloque de enmiendas, que constituiría la número 19, que introduce una discriminación positiva para las mujeres que se reincorporan al mundo laboral, transcurridos 5 años o más desde el abandono del mismo con ocasión del nacimiento, adopción o cuidado de sus hijos. Nos parece que es importante que se faciliten estas medidas en un momento en el que todos los grupos políticos de esta Cámara, incluso los grupos políticos a escala europea, planteamos la necesidad de la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y al mismo tiempo la necesidad de desarrollar políticas que permitan un crecimiento de nuestras poblaciones. Nos parece que esta referencia específica, más allá del alcance legal que tiene, tiene otro alcance de tipo político y de tipo de gesto que el Congreso de los Diputados asume.
Y finalmente, la enmienda número 20, que refuerza, aumenta las contrataciones para parados mayores de 45 años. Esto se constituye en el principal núcleo de preocupación desde la perspectiva de generación de empleo. Y nos parece, por tanto, que reforzar este perfil va a ser importante.
Y finalmente, la enmienda número 23, que pretende dar respuesta a una situación que yo creo que al conjunto de los grupos nos debe indignar, y es que los incentivos para la contratación de trabajadores con minusvalías prácticamente están congelados desde el año 1983. El Gobierno anunció la puesta en marcha de un plan urgente de medidas para este colectivo. Se anuncia ya un primer aumento de estos incentivos, pasándose de las 500.000 pesetas a las 650.000, que es un paso adelante. Por tanto, entendemos que esta enmienda liga perfectamente con este anuncio del Gobierno, pero anunciamos que nuestro grupo parlamentario entiende que esas 150.000 pesetas van a ser escasas y que, por tanto, habrá que pedir al Gobierno que haga un esfuerzo para una mayor actualización de unas cifras que nos parecen hoy extremadamente ridículas, que seguramente en el año 1983 podrían tener un sentido y que hoy no lo tienen.
Este conjunto de enmiendas --y termino, señor presidente-- lo que pretende es reforzar determinadas líneas que ya apuntaba el proyecto del Gobierno, que no se alejan de lo que constituye el núcleo duro y del acuerdo interconfederal y que nos parece que pueden ser perfectamente asumibles por los grupos de la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: También con brevedad, a pesar de que hemos presentado bastantes enmiendas.
Izquierda Unida plantea en la enmienda número 5 otra exposición de motivos. Nosotros coincidimos y reconocemos que no sólo es necesario incentivar la contratación indefinida para ir cambiando la correlación que existe entre contratación indefinida y contratación precaria, sino que, además, es necesario incentivar la creación de empleo neto, cosa que desde nuestro punto de vista queda fuera del objetivo de la reforma. Pero esta incentivación, tanto de la contratación indefinida como de la creación de empleo, no debería realizarse, como hace en exclusiva este proyecto de ley, a través de medidas desfiscalizadoras o de reducción de las cotizaciones sociales, sino más bien por otra vía, la de penalizar la contratación temporal o incrementar las cotizaciones de las mismas, la de constituir fondos de inversión obligatoria y la de bonificar la conversión de contratos precarios en indefinidos. Así lo planteamos en nuestra exposición de motivos alternativa.
En el artículo 1.º presentamos la enmienda 6, precisamente en coherencia con los objetivos previstos en esa exposición de motivos que hemos enunciado.
En el artículo 2.º proponemos la enmienda número 7, en el sentido de que se aplique a los jóvenes desempleados menores de 30 años, o a los parados mayores de 45, y rectificando el texto del proyecto en el requisito del año de inscripción en el registro del Inem, cambiándolo por 6 meses para el resto de los parados.
Al artículo 3.º presentamos la enmienda número 8, en la cual proponemos un recargo del 25 por ciento a la cuota empresarial por cotizaciones comunes de los contratos temporales, así como una bonificación del 25 por ciento a las transformaciones de los temporales en indefinidos (formación, relevo, prácticas, sustitución por anticipación de la edad de jubilación). Pero la diferencia iría al fondo de inversión obligatoria correspondiente, no se la reembolsaría el empresario. En último término, no se trata de darle para quitarle, sino que el empresario también saldría bonificado en el sentido de que no se le incrementaría su cuota con esa nueva imposición, que sería la constitución del fondo. Se trata de una limitación y reformulación de los incentivos en favor de la contratación indefinida.
Aceptamos, alternativamente, la enmienda 44, del Grupo Socialista, en la que se propone un tanto alzado de bonificaciones, pues racionaliza y limita las pretensiones del proyecto de ley, así como la enmienda 19, de Convergència i Unió, en la que plantea el supuesto de las mujeres

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que se reincorporan tras varios años por el cuidado de los hijos.
Nos oponemos, no obstante, a la enmienda número 22, de Convergència i Unió, pues parece exorbitado que no se cotice para favorecer el primer empleo, y nos abstenemos en las demás que afectan a este artículo.
En el artículo 4.º votaremos favorablemente la enmienda número 3 del Bloque Nacionalista Galego, pues apostilla que los incentivos favorezcan la contratación indefinida en los casos de empresas arrendatarias o concesionarias.
En el artículo 6.º aceptamos la enmienda número 37, del Grupo Popular, para que no sean acumulables las ayudas.
En el artículo 7.º aceptamos la enmienda número 4, del Bloque Nacionalista Galego, pues compartimos la idea de que no se pueden beneficiar de los incentivos los empresarios que hayan despedido de forma improcedente y hayan sido así sentenciados.
Izquierda Unida propone como nuevos los artículos 8.º, 9.º, 10, 11, 12, 13 y 14, a fin de introducir en ellos la regulación de los fondos obligatorios de inversiones.
En la enmienda 9 se plantea la constitución misma de los fondos, con un porcentaje de los beneficios después de impuestos y su inclusión en el pasivo del balance de situación; los fines de creación de empleo en actividades económicas social y medioambientalmente útiles, la gestión de los que lo constituyen y la participación de los trabajadores a través de sus representantes, así como la posibilidad de renunciar a la gestión directa del fondo. En la enmienda 10 se plantea la titularidad de esos fondos de inversión obligatoria. En la enmienda 11 se propone la imputación de los resultados positivos que de la materialización de los fondos resulte, en el sentido de que cada ejercicio se reintegrará en la parte alícuota de cada participación, o bien se capitalizará. En la enmienda número 12 se especifican los proyectos a los que deben ser destinados los fondos de inversión obligatoria, planteando criterios de rentabilidad social y medioambiental, así como la viabilidad necesaria como requisito de esos proyectos. En la enmienda número 13 se plantea la gestión, destacando el derecho de los trabajadores a participar en la misma, no solamente los que constituyen esos fondos. En la enmienda número 14 se concretan las aportaciones que constituirían los fondos de inversión obligatoria, y en la 15 se regula la constitución de la agencia pública de gestión de los fondos de inversión obligatoria, con presencia paritaria de empresas, trabajadores y otros agentes.
Izquierda Unida plantea también en la enmienda 16 una disposición adicional tercera nueva, en la que se establece un plan social de empleo por el que el Gobierno se comprometería a proponer, en el plazo de tres meses, la creación directa, por parte de las administraciones y organismos públicos, de 500.000 puestos de trabajo en sectores de actividad de los arriba mencionados.
Pese a comprender la buena intención de la enmienda 45, del Grupo Socialista, que pretende que las bonificaciones se financien con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social, sin embargo no la aceptamos, pues tampoco creemos que sea solución que se financien con cargo a los actuales presupuestos del Inem, siempre decrecientes últimamente en función del endurecimiento de las condiciones de acceso a sus prestaciones, pues ya la reforma de 1994 está empezando a dejar sentir sus perniciosos efectos para la cobertura de desempleo.
Izquierda Unida acepta las enmiendas 1 y 17 del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna respectivamente, pues incorporan una cláusula de respeto a los regímenes forales de Euskadi y de Navarra, así como la enmienda 23 de Convergència i Unió para actualizar los incentivos de contratación de los minusválidos.
Señorías, con estas enmiendas que Izquierda Unida propone a la Ley de Incentivos de la Reforma Laboral queremos completar el cuadro de las medidas que propone Izquierda Unida para la creación de empleo, que requieren, sin duda alguna, un esfuerzo por parte de todos. En la medida en que todos estamos preocupados por la prioridad que debe ser número uno de nuestra sociedad, que es la creación de empleo, y al no tener por parte del Gobierno una clara alternativa a esta creación de empleo, sino que más bien los efectos de la reforma vienen a circunscribirse a la conversión de un segmento minoritario de lo que es la contratación precaria, temporal, etcétera, en contratación indefinida --entre comillas--, nosotros queremos ampliar el marco o el ámbito de esta problemática a través de todas las propuestas alternativas que hemos ido sugiriendo y desgranando en los dos proyectos de ley que hemos ido comentando, y que esperamos sean acogidas poco a poco.
No hemos querido hacer ningún tipo de réplica en el anterior debate parlamentario, tampoco lo vamos a hacer en esta ocasión, pero permítanme, señorías, que les comente que tendremos que seguir debatiendo todos estos temas. En último término, la historia y SS. SS. finalmente nos darán la razón.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Griñán.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Haré una intervención breve, pero me gustaría no solamente justificar las enmiendas que plantea el Grupo Socialista, sino hablar algo del contexto en el que se producen.
Este decreto-ley, ahora ley, no es sino una consecuencia del anterior, que hemos visto unos momentos atrás, y que pretende añadir a lo que es una nueva regulación del mercado de trabajo unas políticas de incentivación a las contrataciones estables que se introducen en aquel decreto-ley, hoy ley.
El propósito fundamental de estos acuerdos que se trasladan a la ley y que ahora estamos viendo en las medidas de fomento que han sido establecidas por el Gobierno era favorecer la creación de contratos estables o la estabilidad en el empleo; así era el título, por otra parte, que dieron los agentes sociales al acuerdo que formalizaron. Y es verdad que en eso no tenemos nada a que oponernos: no hemos presentado enmiendas al anterior proyecto de ley, en la medida en que consideramos que son los agentes sociales

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los que tienen la primera oportunidad para regular las relaciones de trabajo y, en todo caso, como dije en el Pleno, son los que tienen un derecho preferente a equivocarse. Ellos son los que tienen que regularlo y, si no funcionan las medidas, los que tienen más facilidad para adaptar los cambios a la realidad a la que no se acomodan las que se introdujeron en su momento.
Yo creo de todos modos que el problema de la estabilidad no es solamente jurídico. Tengo la impresión de que el problema de la temporalidad no solamente no ha terminado sino que se mantiene. Hay un programa económico en nuestro país en donde verdaderamente se siguen haciendo muchos contratos temporales, y no por reducir éstos se produce una reducción de la temporalidad. De hecho, es como si pretendiéramos simplemente con modificar el menú de una carta que se ingirieran menos alimentos, porque esto no depende, ni mucho menos, del número de platos que se ofrecen, sino del hambre del comensal; por lo tanto, habría que actuar más sobre medidas más profundas de estructura económica que sobre lo que es el elenco de contratos que se puedan formalizar.
Baste decirles algún dato de los que ya se pueden utilizar hoy día. En junio de 1997 se hizo un 24 por ciento más de contratos eventuales que en junio de 1996. Y se hizo un 18 por ciento más de contratos de interinos que en junio de 1996. Y se hizo un 5 y pico por ciento más de contratos para obra o servicio determinado en junio de 1997 que en junio de 1996.
Es decir, después de haber entrado en vigor las medidas de control del número de contratos y de fomento de la contratación estable, lo que se ha producido es un incremento de la tasa de temporalidad de nuestro mercado de trabajo. Y de hecho esto nos lo decía la EPA: mientras que en julio de 1996 la tasa de temporalidad era el 33,66 por ciento, en julio de 1997 era el 33,72 por ciento. Por lo tanto no solamente no ha disminuido, sino que se ha incrementado ligeramente la tasa de temporalidad. Y han aumentado sustancialmente los contratos temporales: más del 14 ó 15 por ciento en promedio, a pesar de la eliminación del contrato de lanzamiento de nueva actividad. El conjunto global de contratos temporales en el período de después de la reforma es muy superior al que se produjo en períodos anteriores. Por lo tanto, no bastaría ni siquiera el acuerdo de los agentes sociales, no bastarían ni siquiera estas medidas de fomento, sino que habría que estabilizar más las expectativas empresariales para que, en vez de formalizar relaciones de tiempo determinado, se pudieran realizar contratos por tiempo indefinido y menos contratos temporales.
Presentamos una serie de enmiendas porque entendemos que la incentivación que ya se produce para la formalización de contratos estables en el primer proyecto de ley puede que no sea suficiente, y es necesaria una acción pública también para favorecer la formalización de contratos indefinidos. No solamente el abaratamiento del despido que se produce en el primer contrato puede ser suficiente, y se añade por parte de los poderes públicos una serie de medidas que consisten fundamentalmente en reducciones de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes. Pero cuando ya es el Estado el que aporta recursos públicos para obtener una mejora en el comportamiento del mercado de trabajo, entendemos que esas mejoras deben guardar una clara correspondencia con los fines que se pretenden alcanzar. Y el fin fundamental es que la contratación (punto primero) sea de verdad estable; y el punto segundo sería favorecer la contratación de aquellos que más lo necesitan. Y a eso van nuestras enmiendas.
En primer término entendemos que dar un porcentaje de reducción de las cotizaciones sociales igual para todos es tratar de forma igual a los desiguales. Porque hoy día aquellas personas que son contratadas por doscientas y pico mil, trescientas mil pesetas, en el mercado de trabajo son personas de alta productividad que quizás ni siquiera necesitarían incentivación alguna para ser contratados porque sus márgenes de productividad y, por lo tanto, de ganancias empresariales, son por sí mismos altos. Por lo tanto, en este caso no parece que sea necesaria tanta incentivación, y sin embargo hay otras personas que tienen bajas retribuciones, que tienen baja productividad, a los que ese porcentaje que se les aplica puede ser insuficiente para favorecer su inserción en el mercado de trabajo. Por lo tanto, nos parece que más adecuado que poner un porcentaje de disminución igual para todos sería incorporar una cantidad a tanto alzado igual para todos y para todos los contratos de bonificación en el momento en que se formalizara ese contrato por el empresario. De esta manera la bonificación para las personas de baja productividad en algún caso, incluso, podría llegar al cien por cien de los costes de seguridad social, y la bonificación para las personas de alta productividad podría quedarse a lo mejor en el 10, en el 15 por ciento de lo que ahora mismo puede ser el 50 o el 60 por ciento.
Por lo tanto, primer objetivo, que sería por otro lado seguir y avanzar por las líneas que se establecieron en la Unión Europea desde la cumbre de Essen, sería disminuir los costes sociales, fundamentalmente de los salarios de baja productividad y de aquellos que tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Y eso nos lleva a que la cantidad a aplicar de descuento por las contrataciones, al ser igual para todos, sea significativamente más alta para aquellos salarios menores que para los salarios más altos: y favoreceríamos mucho mejor la inserción de estas personas que tienen especiales dificultades porque su productividad es muy baja.
Yo he dicho en algunas ocasiones, y repito ahora, que el gran problema que están teniendo los mercados de trabajo de toda Europa, también el de España, es el dualismo social que se está produciendo entre trabajadores que prestan sus servicios en sectores de alta productividad, que mejoran permanentemente sus condiciones de trabajo, pero que su número también disminuye permanentemente y aquellos otros, que cada vez son más, que trabajan en sectores de baja productividad con peores condiciones de trabajo, y con menores oportunidades, por lo tanto, para lo que puede ser llegar a hacerse acreedores de los beneficios de una sociedad de consumo como en la que vivimos.
Precisamente de lo que tratamos es de equilibrar, hacer un reparto equitativo de la productividad, y por consiguiente favorecer mucho más la contratación de estos trabajadores

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con mayores beneficios a las empresas, que normalmente son empresas intensivas en el uso de mano de obra, empresas que se desarrollan en el sector que se ha llamado el «tercer sector», que son servicios de proximidad, servicios sociales, educativos, etcétera; y favorecer esta inserción laboral frente a los de alta productividad.
El segundo objetivo que pretendemos es que de verdad se estabilice la relación. Porque hoy, cuando se hace un contrato de esta naturaleza con ese 40, 50, 60 por ciento de reducción de cotización a la Seguridad Social, el empresario durante dos años va a obtener un beneficio que es superior al que le supondría el coste del despido pasados esos dos años.
O dicho de otra forma: cualquier empresario puede contratar por dos años con estas bonificaciones a un trabajador, despedirle a los dos años, y salirle más barato que si lo contratara temporalmente por dos años. Por lo tanto, lo que procuramos también con nuestra enmienda es que se estabilice después de esos dos años. Y lo que decimos es que el empresario que haya obtenido esta bonificación durante dos años, si en los dos años inmediatamente siguientes a la finalización del percibo de la indemnización despide improcedentemente al trabajador, venga obligado a devolver la bonificación que haya obtenido de la Seguridad Social. Sólo así ponemos en situación al empresario de tener perspectivas a medio y largo plazo y contratar a aquel que necesita y además no utilizar o hacer un mal uso de las bonificaciones que confiere esta legislación. Por lo tanto, queremos que el contrato estable sea de verdad estable, y que no lo sea solamente cuando se perciba una bonificación de la Seguridad Social, sino que se mantenga como indefinido después de haberla percibido.
Y queremos también que la medida sirva para crear empleo, y por lo tanto queremos que se produzca un incremento neto de los trabajadores fijos de plantilla, de forma que cuando se dé una serie de bonificaciones a los trabajadores a los que se les ha hecho un contrato estable, esa contratación, en el marco global de esa empresa, suponga un aumento neto de la plantilla de trabajadores fijos que tenía en el mismo momento en que se hace la contratación o la transformación del contrato temporal en contrato indefinido. Porque si no, se podría abrir un gran proceso de sustitución de trabajadores, de rejuvenecimiento de plantillas, y eso, que puede ser bueno para la productividad de las empresas, tiene muchos inconvenientes para muchos trabajadores mayores que no van a tener oportunidades de empleo futuras y, sobre todo, un sobrecoste para la Seguridad Social y para el sistema público de pensiones.
Queremos, por último, que todas las medidas fiscales se hagan con carácter global: que no se incorporen en la ley de acompañamiento unas, en una ley específica otras, en esta ley otras distintas, sino que haya un proyecto global de fiscalidad de las empresas, de las sociedades y de las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto que no andemos permanentemente troceando el problema de esta fiscalidad. Y por eso también pedimos que todo lo que se refiere a la fiscalidad de las empresas, a bonificaciones fiscales, se trate unitariamente en un único proyecto de ley que nos hable con carácter global de la fiscalidad de la empresa, grande, mediana y pequeña.
Estos son los cuatro objetivos que persiguen nuestras enmiendas y que entendemos que mejoran sustancialmente lo que es el proyecto, en el entendimiento de que no queremos sino conseguir los objetivos fundamentales que se pretendieron con el acuerdo. Estabilizar el empleo, estabilizarlo de verdad, no producir fenómenos o usos indebidos del derecho con sustituciones indebidas de plantillas, queremos al mismo tiempo favorecer a aquellos trabajadores que tienen rentas más bajas y, por lo tanto, mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Y éste es el contenido, por lo tanto, de las enmiendas que propone el Grupo Socialista y que defiende en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, para defender sus enmiendas, tiene la palabra don Atanasio Ballesteros.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Entiendo, señor presidente, que es simplemente a los efectos de mantener y defender las enmiendas que presenta el Grupo Popular. Porque se han hecho varias cosas. El señor Campuzano va a emplear dos turnos, el señor Vaquero ha hecho lo contrario. A mí me gustaría saber qué es lo que hacemos al final, aunque sólo sea a efectos de acta.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, el señor Ballesteros tiene toda la razón al hacer la pregunta, porque habíamos acordado al principio que hubiera un solo acto. En el debate anterior fue el Grupo Popular el que se olvidó de unir en su intervención ambos aspectos, y por eso se le concedió un turno, muy generoso además en cuanto al tiempo, y ahora quien se ha olvidado de la unificación de la intervención ha sido el señor Campuzano. De forma que luego tendré que darle la palabra al señor Campuzano, y lo mismo al Grupo Popular si lo separa; si está en condiciones de unirlo, mucho mejor. Lo mismo respecto al Grupo Socialista.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Perdone, señor presidente, y al señor Griñán también, que solamente parece haber hecho un turno Voy a hacer uso de la palabra solamente para defender las enmiendas de mi grupo y esperaré a un segundo turno para ver qué es lo que ocurre con los distintos compañeros.
Por otra parte, solicitaría, a efectos simplemente de acta, que las referencias a este parlamentario se hagan con el nombre de señor Ballesteros Morcillo, para diferenciarlo del diputado señor Ballestero de Diego.


El señor PRESIDENTE: Sí, efectivamente, generalmente mi «ese» final desaparece; en ese caso la he pronunciado adecuadamente para que se vea que es Ballesteros.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Ya, sin abusar más del tiempo que me ha concedido, paso a defender las enmiendas que se mantienen por el Grupo Popular en el Congreso, todas referidas al artículo 3. Son las enmiendas números 30, 31, 32, 33 y 34. Me ha parecido oír al señor Vaquero que apoyaba la enmienda número 37 del Grupo

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Popular; y hay que advertirle que no está vigente. En el trámite de ponencia quedó incorporada al texto, a los efectos de votación. Ahorrando el tiempo que se usó anteriormente por mi grupo, simplemente decir que mantenemos estas enmiendas con un carácter meramente técnico, fundamentalmente la enmienda número 30, a los efectos de reordenar el artículo 3, sin ningún cambio sustancial al efecto. El resto de las enmiendas, que también quedaron vigentes después del trámite de ponencia, números 32, 33 y 34, también son a efectos meramente técnicos de cambio de vocablos: Real Decreto por la presente ley. La número 31 la retiramos en este momento porque se incorporaría en el nuevo texto que hemos dado a la número 30.


El señor PRESIDENTE: De nuevo tiene la palabra el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Lamento y pido disculpas por el tipo de intervención que he realizado, que quizás alargue un poco más los ritmos de trabajo de la Comisión, pero al no llegar puntualmente, seguramente no he oído la explicación que el señor presidente nos ha dado.
Entrando ya en la cuestión, anuncio, en coherencia con la posición que hemos mantenido a lo largo de todo este proceso, nuestro voto contrario a las enmiendas que nos plantean Eusko Alkartasuna y BNG, del Grupo Mixto. En el caso de Eusko Alkartasuna, con la excepción de la enmienda número 17. En este mismo sentido nuestra posición favorable a la enmienda que mantiene el Partido Nacionalista Vasco y nuestro voto negativo a las enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Socialista.
Nos ha parecido especialmente interesante la reflexión que nos ha hecho el señor Griñán, que siempre aporta elementos de reflexión que a este portavoz le hacen pensar en relación a bastantes cosas, pero creemos que precisamente el proyecto del Gobierno contempla distintos niveles de bonificación en función de distintas realidades, que se priorizan determinados ámbitos y que, por tanto, consideramos que liga perfectamente con la filosofía que expresaba el señor Griñán. Por otro lado, nos parece que el objetivo que se plantea en estas medidas es la disminución de las tasas de temporalidad; y yo creo que debemos dar el tiempo suficiente al proceso iniciado esta primavera para comprobar si efectivamente o no estas medidas inciden en la misma. Nos parece que situar hoy los defectos que pudiese tener la reforma simplemente en el terreno de las fórmulas de bonificaciones, nos parece no centrar el debate allí donde realmente se debe centrar, y por tanto, preferimos ser prudentes a la hora de analizar estas cuestiones.
Proponemos al Grupo Popular una enmienda transaccional a su enmienda número 30, que haremos llegar dentro de unos instantes, que es una reordenación que liga perfectamente con su planteamiento, pero que nos parece que es un poco más racional, y estoy seguro que el Grupo Popular la va a aceptar. En esta misma enmienda introducimos una salvedad para evitar una utilización fraudulenta (ni siquiera entre comillas) de las bonificaciones previstas en este real decreto. En concreto esta salvedad pretende un agotamiento de la duración mínima inicialmente pactada en los contratos formativos, para que esa hipotética transformación pueda dar lugar a beneficios, aunque evidentemente estamos hablando siempre de niveles muy escasos de esa mala utilización; que la Ley prevea una salvedad que pueda impedir en el futuro una mala utilización de esta posibilidad nos parece necesario. La enmienda es conocida por el Grupo Parlamentario Popular; también se la transmitiremos al resto de los grupos parlamentarios, y entendemos que no va a haber problemas para que sea asumida.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista quería hacer uso de la palabra, ¿o entiendo de su intervención que no sólo había defendido las enmiendas, sino que además hizo una valoración total del proyecto de ley?

El señor GRIÑAN MARTINEZ: El Grupo Socialista se va a limitar a apoyar sus enmiendas, y del conjunto de las enmiendas presentadas por otros grupos va a apoyar la 23 y la 19 de CiU, si se presenta una transaccional que me habían prometido. Al resto de las enmiendas vamos a votar que no.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra de nuevo el señor Ballesteros Morcillo.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: En primer lugar, antes de que se nos olvide, vamos a aceptar la enmienda transaccional que nos propone el Grupo Parlamentario Catalán, porque efectivamente, sin olvidar la filosofía ni la literalidad, hace otra nueva reordenación que parece prudente a la vista del articulado y de nuestra enmienda.
Haciendo una intervención ordenada --pero sin asustarse, porque no voy a ser muy extenso-- sobre la aceptación de algunas enmiendas y sobre nuestra posición respecto a otras, diré que no vamos a aceptar la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la exposición de motivos. Ya mis compañeros de grupo parlamentario, en la fase plenaria de la defensa de la totalidad, le contestaron prudentemente al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que no era éste el momento para hacer este tipo de planteamientos, fundamentalmente por dos cuestiones: una, porque vemos que se hace una exposición de motivos restrictiva, aplicándolo solamente a las pymes; y por otra, porque se crean los fondos de inversión obligatoria que se nutrirían de aportaciones derivadas de beneficios fiscales y de una agencia pública de gestión de fondos. Yo creo que este tema no está ampliamente discutido y creemos que puede dar lugar a diferentes problemas en la aplicación, incluso puede ser de dudosa constitucionalidad, el detraer aquellos incentivos de los beneficios de los empresarios. Además, como otra razón, este tema debería tener un debate mucho más amplio, porque no ha sido visto en los pactos interconfederales que se intentan aplicar en la reducción de este proyecto de ley y del anterior Real Decreto-ley 9/1997. Además, no se ha estudiado la repercusión económica que esto podría tener. Por lo tanto, éste va a ser el argumento fundamental, y no lo vamos a reiterar, del rechazo de las enmiendas, que

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es el desgaje, como decía mi compañero de grupo anteriormente, del desgaje de toda la enmienda a la totalidad que ha hecho particularmente en este Real Decreto.
Queda en el artículo 1 la enmienda número 6, de Izquierda Unida. La rechazamos por los mismos motivos que la número 7 al artículo 2. En el artículo 2 ya no quedan vigentes las enmiendas 27, 28 y 29, del Grupo Popular, que se incorporaron al texto, así como la 26 al artículo 1.
No vamos a apoyar tampoco, por los mismos motivos expresados, la enmienda número 8 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ni tampoco la número 44 del Grupo Socialista. Me ha parecido bien la exposición literal del señor Griñán. Parece una lección teórica y en el papel aceptable, aunque, a la vista de los acontecimientos, no tan aceptable. Yo creo que no se sostiene desde ningún punto de vista, por eso advertimos que vamos a rechazar todas las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado. Creemos que desde la aplicación del Real Decreto-ley, del que proviene este proyecto de ley, hay una incidencia clara y demostrada de lo que ha sido y de lo que va a ser seguramente, sin ánimo visionario, la aplicación de este proyecto de ley. Ya que el señor Griñán nos ha dado algún dato estadístico, podríamos añadir a esa lección inaugural que, por ejemplo, la Ley 22/1992, de 30 de julio, solamente transformó 45.000 puestos nuevos temporales en indefinidos, y sin embargo, el Real Decreto-ley ha creado hasta el 23 de septiembre 255.000 contratos nuevos.
Yo creo que es un dato estadístico más que elocuente para desestimar toda aquella exposición que nos hacía el portavoz del Grupo Socialista.
Además, creemos que va a haber una gestión más sencilla y más transparente. Este es el eterno y antiguo debate conceptual entre lo que son las indemnizaciones y lo que son las bonificaciones. Al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular les parece que hay que elegir las bonificaciones, sobre todo habiéndose demostrado lo anterior por el Partido Socialista tanto tiempo en el poder. Además, esto forma parte del consenso entre los distintos interlocutores sociales. Por otro lado, tendrá una gestión mucho más sencilla: no hace falta dar dinero para que luego, cuando se eche al trabajador, se tenga que recuperar el dinero, no se pueda y se tenga que exigir. Con este sistema hay un autocontrol por parte también del empresario, que sabe que va a gozar de esta bonificación solamente en tanto en cuanto mantenga al trabajador. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista conceptual incluso parece que va a tener mejores resultados, al menos así lo indican los datos últimos estadísticos, las medidas que ha adoptado el Gobierno del Partido Popular.
Respecto a las otras enmiendas sobre los incentivos fiscales, nos parece bien la tesis del Grupo Socialista sobre la unificación de las medidas fiscales, la compartimos, evidentemente, lo que ocurre es que no vemos la necesidad de que desaparezca del proyecto de ley que hoy vamos a aprobar, Dios mediante, y los parlamentarios lógicamente. No encontramos ninguna justificación, y la que se nos ha dado no nos parece de una contundencia suficiente como para rechazar los incentivos fiscales en este articulado.
Por lo demás, en este mismo artículo 3, además de las enmiendas del Grupo Popular que ya defendimos en el anterior turno, tenemos las enmiendas 18, 19, 20, 21 y 22 del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Vamos a leer para conocimiento de la Comisión, y la haremos llegar a la Mesa, una transacción para que, retirando las enmiendas, quedase una enmienda de adición de una disposición adicional nueva que dijese «en función de la evolución de la contratación y de acuerdo con el seguimiento efectuado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, podrá presentar propuestas de modificación de normativa que afecten a los colectivos protegidos o a las cuantías de las medidas incentivadoras, a fin de lograr el máximo impulso y adecuación del fomento entre la contratación indefinida y su extensión a los colectivos con mayores dificultades en el acceso al empleo estable, y con especial consideración a las pequeñas empresas y a las primeras contrataciones».
Planteamos esta enmienda transaccional porque nos parecen procedentes e interesantes las enmiendas que planteaba el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Lo que ocurre es que, como le decíamos también a Izquierda Unida sobre los fondos de inversión, por motivos lógicos no se pueden aceptar en este momento. Habría que estudiar cuáles iban a ser las repercusiones de ampliar los colectivos, que al fin y al cabo es lo que pretenden todas estas enmiendas, de la 18 a la 22. El Ministerio tendría que ver cuáles eran las repercusiones económicas, tendríamos que estudiarlo. Lo que hacemos es trasladarlo a un futuro, para que se pueda estudiar la posibilidad de ampliar los colectivos, que de todos es deseable, sobre todo aquellos colectivos que introducía en sus enmiendas el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Retiramos la enmienda número 30 al aceptar la transacción que ha planteado Convergència i Unió. La 31 ya la habíamos retirado y quedarían vigentes la 32, 33 y 34, que son mejoras técnicas. Lo que abunda no daña, señor presidente.
La enmienda 35, del Grupo Popular, al artículo 4, quedó asumida en el trámite de ponencia. Y la enmienda número 3, del señor Vázquez, que está todavía viva, no la vamos a aceptar. No nos parece prudente impedir todo aquello que ayude a la estabilidad en el empleo. No nos parece prudente que ni siquiera las empresas que puedan subrogarse en los trabajadores no puedan tener acceso a estos incentivos. Nos parece, como dice el Constitucional, y con esto contestamos también al señor Griñán, que no toda desigualdad constituye discriminación. Nos parece que no se pueden hacer distinciones entre trabajadores según las empresas en las que trabajan. Yo creo que por esto hay que rechazar la enmienda número 3 del señor Vázquez.
El artículo 5 no tiene enmiendas. Al artículo 6 no quedan, por haberse incorporado la 36 y 37 al texto, como advertíamos al señor Vaquero. Y luego el resto de las enmiendas las damos por rechazadas, con los argumentos que decíamos, por tratarse de un texto que es alternativo, pero con una filosofía diferente, como decía también el diputado que me precedía, es decir, una manera diferente de plantear los incentivos. Son los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12,

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13, 14, con las enmiendas 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya.
En la disposición transitoria primera no quedan enmiendas. Había una del Grupo Popular, la número 38, que fue incorporada al texto. Tampoco quedan enmiendas en la disposición transitoria segunda. En la disposición adicional primera hay una enmienda del Grupo Socialista, la número 45, que no vamos a aceptar por coherencia, y sirven los argumentos dados anteriormente.
Luego están las tres disposiciones adicionales nuevas que se pretenden crear por los Grupos Vasco, Izquierda Unida y la señora Lasagabaster. Las enmiendas 1 y 17 (del Grupo Vasco y de la señora Lasagabaster) nos parece que no tienen interés y que no sirven a la causa de la generación de empleo, no tiene ningún sentido su ratificación en esta ley, y por tanto no vamos a apoyarlas. Y por los mismos motivos también desestimados la número 16 de Izquierda Unida.
No queda disposición derogatoria única porque fue incorporada la enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Popular. Y en la disposición final primera queda, después de haberse incorporado la número 42 del Grupo Popular, la enmienda 46, propuesta por el Grupo Socialista, que por coherencia con nuestros argumentos, utilizando las mismas justificaciones que ellos mismos dan en su enmienda, también vamos a rechazar.
La disposición final segunda no tenía enmiendas, y en la disposición final tercera, queda la 47 del Grupo Socialista (después de haberse incorporado la 43 y la 41 del Grupo Popular), que por los mismos motivos anteriores y por coherencia con nuestras manifestaciones vamos a rechazar.
Y finalmente, vamos a votar favorablemente (para acabar con buen gusto) la enmienda número 23 del Grupo Parlamentario Catalán. Nos parece que, efectivamente, hace mucho tiempo que no se han revisado los incentivos de los minusválidos, pero además nos parece que hay que apoyarla porque incentiva el empleo estable y la contratación indefinida dentro de este grupo.
Por todo ello, señor presidente, señorías, doy por defendidas y hechas las réplicas a las demás.


El señor PRESIDENTE: Señor Griñán, por alusiones, supongo, o para réplica.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor presidente, siendo así que el artículo 73 del Reglamento dice que en todo debate el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar. En aplicación del 73, por una sola vez y por cinco minutos.
Simplemente querría decirle al señor Ballesteros que, habiéndole escuchado atentamente, le tengo que decir que no sé si conoce la diferencia que existe entre oír y escuchar o entre leer y hojear, o incluso entre ojear y hojear. Quiero decir que hay bastantes diferencias y me parece que S. S. no las practica.
Yo no he dado ninguna lección. Y si he dado alguna lección, perdóneme, es la lección del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque me he limitado a dar los datos estadísticos del movimiento laboral registrado que edita la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto no es ninguna lección magistral, es sencillamente decirle que según este observatorio, en junio de 1997 se hicieron 290.583 contratos eventuales, y en junio de 1996, cuando todavía no estaba en vigor la reforma, 234.497, es decir que aumentaron un 24 por ciento. Pero esto no es una lección, es un dato que está ahí. ¿Que hay más contratos indefinidos registrados? Naturalmente, entre otras cosas porque estos contratos indefinidos es obligatorio registrarlos y los anteriores no lo eran. Es decir, lo que es obligatorio registrar siempre aumenta su número. Pero no quiero entrar en luchas ni en guerras estadísticas, quiero que se produzca de verdad una estabilidad en el empleo, y si hay datos preocupantes, en la temporalidad, como ya han señalado los sindicatos, habrá que afrontarlos.
Respecto a las enmiendas le decía lo de leer, porque nosotros no planteamos indemnizaciones, sino bonificaciones. Y de hecho, si usted se lee la enmienda, verá que dice que las bonificaciones establecidas se prorratearán mensualmente a razón de 12 mensualidades, deduciéndose en los documentos de cotización correspondientes a los períodos a los que le liquidación se contrae. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Es una bonificación de Seguridad Social, lo que pasa es que no es siempre y para todos el 50 por ciento; para unos puede ser el 100 por ciento, y para otros será el 10 por ciento. Esto es lo que estamos diciendo. Para salarios de baja productividad será el 100 por ciento y para salarios de alta productividad será el 10 por ciento. Eso es lo único que estamos diciendo, pero es el mismo sistema. La única diferencia es que al ser una cantidad fija para todos, es distinta en sus términos porcentuales aplicadas al salario de cada quien. Pero es bonificación, por lo tanto no es indemnización.
Pero no solamente es que me haya contestado a esto, también me gustaría que me contestara a una sola pregunta: ¿por qué se opone el Grupo Popular a que si un empresario que ha recibido quinientas y pico mil pesetas de bonificación en la Seguridad Social durante dos años, si en los dos años inmediatamente siguientes despide al trabajador, y el despido es declarado improcedente, venga obligado a devolver las bonificaciones? ¿Por qué no? Si despide improcedentemente dos años después a quien ha contratado y del que se ha beneficiado de quinientas y pico mil pesetas en bonificaciones, lo lógico es que lo devuelva. Yo sólo quiero una contestación a esa pregunta: ¿por qué se opone el Grupo Popular a que devuelvan ese dinero los empresarios que despiden improcedentemente?

El señor PRESIDENTE: Concluimos pues.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Señor presidente, con su permiso. No voy a entrar en debate, evidentemente no quiero alargar más la sesión, pues los compañeros están deseosos de votar, como lo estamos todos. No se preocupe, señor Griñán, que no voy a entrar en

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20 minutos de debate. Simplemente quiero decir que mi recurso a una lección magistral no ha pretendido ser hiriente en ningún momento, simplemente ha sido un recurso lingüístico, de estilo en que apoyarme para decir que era una cuestión teórica la que se estaba departiendo, única y exclusivamente. No he pretendido en ningún momento decir que aquí se nos venga a dar clases. Evidentemente la sede de las clases está en la universidad y no aquí. Solamente eso.
Por lo demás, no voy a contestar a ninguna otra pregunta. Creo que el debate ha sido amplio y las estadísticas, como las daba y las reproduzco, están ahí, con el matiz de que no es cierto, desde ningún punto de vista, que los contratos no se hacen indefinidos para despedir después, aunque sea la misma indemnización. Cuando una persona se forma en una empresa, lo sabemos todos, es muy difícil desprenderse de ella, desde el punto de vista de la calidad en el empleo y de la productividad por tanto.
Con lo cual, yo creo, subjetivamente, que no queda reabierto el debate.
Y solamente decirle al señor Griñán que me disculpe si él ha entendido que era una referencia personal.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Quede aclarado, señor Ballesteros, que no pedí la palabra por alusiones, sino para rectificar argumentaciones.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones en torno a este proyecto de ley, del que estamos finalizando su debate, tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: Simplemente dos minutos, aunque sé que reglamentariamente ya está fuera de lugar. Sencillamente decir que tanto en el proyecto de ley que se ha debatido anteriormente como en el de ahora manteníamos nuestras enmiendas con un carácter testimonial, y que tienen en cuenta fundamentalmente el hecho de que las organizaciones sindicales de obediencia vasca representan a más del 60 por ciento de la clase trabajadora vasca, frente al carácter muy minoritario de las organizaciones sindicales de obediencia no vasca.
Y en segundo lugar decir que en el proyecto que se acaba de debatir manteníamos la enmienda adicional tercera por entender que aunque no afecta a las competencias del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, sin embargo significa una salvaguarda que nunca está de más y que tradicionalmente se ha venido introduciendo.


El señor PRESIDENTE: No se ofenderá S. S. si en defensa de la libertad sindical, artículo 28 de la Constitución, expreso mis dudas: supongo que no habrá querido manifestar, al hablar de organizaciones sindicales, de obediencia vasca; será de ámbito vasco, pero nunca de obediencia a no se sabe qué, será a algún poder, porque atentaría contra la autonomía sindical. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.) Señor Campuzano, había intervenido antes, ¿se refiere a la aceptación de enmiendas transaccionales y de retirar las correspondiente?...
El señor CAMPUZANO I CANADES: Exacto, a efectos de aceptar la enmienda transaccional que ofrece el Grupo Popular, y por tanto retirar nuestras enmiendas en este sentido, haciendo constar, a efectos del Diario de Sesiones, que para nosotros va a ser importante que en los próximos meses se concrete esta voluntad que se apunta a través de esta fórmula de enmienda transaccional. Evidentemente, el presentar estas enmiendas tiene como objetivo remarcar la necesidad de tomar medidas específicas para los sectores que entendíamos que con las medidas que se contemplaban en el proyecto de ley no quedaban plenamente satisfechos en sus necesidades.
Por tanto, vamos a estar atentos a ese diálogo social, pero sobre todo vamos a estar atentos a que el Gobierno desarrolle lo previsto en esta nueva disposición.


El señor PRESIDENTE: Concluye así el debate del punto 7 del orden del día, y se interrumpe la sesión 15 minutos hasta iniciarla con las votaciones.
Propongo a los portavoces y miembros de la mesa que aprovechemos este cuarto de hora para hacer la reunión de la mesa y portavoces que estaba convocada para el final de la sesión. Aprovechemos este período.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas y del texto de la proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de cobertura del fondo de ganrantía salarial.
En primer lugar, se someten a votación las enmiendas de Izquierda Unida de la 1 a la 3, porque la 4 se retiró.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Votación separada de la enmienda número 3 de Izquierda Unida.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas 1 y 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 1 y 2.
Votación de la enmienda número 3 de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 3.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, enmiendas números 5 y 6.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas números 5 y 6.
Enmienda del Grupo Popular número 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 11; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmiendo número 7.
Sometemos a votación el texto en su totalidad.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de las enmiendas y texto del proyecto de ley de medidas urgentes para mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida procedente del Real Decreto-ley 8/1997, de 16 de mayo.
En primer lugar se someten a votación las enmiendas del Grupo Mixto, todas menos la 12, que se va a votar separada, por petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Hay alguna otra petición de votación separada. (Pausa.)

El señor CAMPUZANO I CANADES: Nosotros pedimos votación separada de las enmiendas 7, 8, 9, 10 y 11 en un bloque, y de las números 12, 13 y 14, por otro, por lo que hace referencia a las del BNG. ¿Y las de Eusko Alkartasuna también las votamos ahora?

El señor PRESIDENTE: Luego. Vamos a votar ahora las números 7, 8, 9, 10 y 11 del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de la número 12, del Bloque Nacionalista Galego.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 12.
Votación de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego 13 y 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas número 13 y 14.
Pasamos a las enmiendas de Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 24. ¿Separación?

El señor CAMPUZANO I CANADES: Pedimos votación separada de las emiendas 15, 16, 17, 18 y 20 en un bloque, y en otro bloque las enmiendas 19, 21, 22 y 24.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas de Eusko Alkartasuna, números 15, 16, 17, 18 y 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 31.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 15, 16, 17, 18 y 20.
Votación de la enmienda número 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 19.
Votación de la enmienda número 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 21.
Votación de la enmienda número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: voto a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 22.
Enmienda número 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 30; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 23.
La enmienda número 24 de Eusko Alkartasuna.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 24.
Enmiendas del Grupo Vasco PNV, números 3, 4 y 5.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Pedimos votación separada de la 4.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas 3 y 5.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 3 y 5.
Votación de las enmiendas 1 y 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 30.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 1 y 2, del Grupo Vasco.
Finalmente, enmienda número 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 32; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 4.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Hay dos y se ha pedido votación separada.
Votación de la enmienda número 77.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Perdón, señor presidente, si me permite.
Pensaba que la 77 estaba ya incorporada, aprobada en ponencia, y luego en la 78 se había presentado una transaccional del Grupo Popular que no sabemos si estaba admitida o no.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Sí, la hemos admitido.


El señor PRESIDENTE: La enmienda transaccional a la 78 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) dice, sobre la redacción inicial, «ni la máxima superior a 3 años o a 4 años, cuando el contrato se concierte con una persona minusválida, teniendo en cuenta el tipo y grado de minusvalía y las características del proceso formativo a realizar».
No creo necesario aclararles más el alcance de la enmienda transaccional.
Votación de la enmienda transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmiendas del Grupo Popular...


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señorías, yo quisiera pedir una aclaración: ¿además de la 83 hay alguna otra?

El señor CAMPUZANO I CANADES: La 83, pero con el texto transaccional.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar corresponde votar la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y finalmente la transaccional del Grupo Popular, en lugar de la 83.
Sometemos a votación las enmiendas, una vez retiradas las 71, 72 y 73, del Grupo de Izquierda Unida. No hay ninguna petición de votación separada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Votación de la enmienda transaccional, en lugar de la 83 del Grupo Popular, a la disposición adicional segunda, que quedaría redactada como sigue: «Contratos para la formación en escuelas taller, casas de oficio y programas de garantía social dependientes de las administraciones públicas educativas competentes. Los contratos para la formación que se realicen en el marco de los programas públicos de empleo, formación de escuelas taller, casas de oficio y programas de garantía social, podrán celebrarse con trabajadores mayores de 16 años y menores de 24 años.»

Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación del texto del proyecto de ley que estamos sometiendo a votación, concluidas las enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley con las enmiendas que se han incorporado.
Concluido el proceso de votación del punto 6, sometemos a votación las enmiendas relativas al proyecto de ley por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo procedente del Real Decreto-ley 9/1997, de 16 de mayo.
En primer lugar, enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, números 3 y 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego.
Votación de la enmienda número 17, de Eusko Alkartasuna.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo Vasco número 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 30.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 1.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Hay una enmienda transaccional que afecta a casi todas...


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Señor presidente, afecta a todas menos a la 23, de la que pedimos la votación separada.


El señor PRESIDENTE: El texto de la enmienda transaccional, que sustituye a las enmiendas 18, 19, 20, 21 y 22, dice: «En función de la evolución de la contratación y de acuerdo con el seguimiento efectuado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales, podrá presentar propuestas de modificación de normativas que afecten a los colectivos protegidos o a las cuantías de las medidas incentivadoras, a fin de lograr el máximo impulso y adecuación del fomento de la contratación indefinida y su extensión a los colectivos con mayores dificultades en el acceso al empleo estable, y con especial consideración a las pequeñas empresas y a las primeras contrataciones.» Estamos votando la transaccional que sustituye a las enmiendas 18, 19, 20, 21 y 22 del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Enmienda de adición de una nueva disposición adicional.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la única enmienda que queda viva del Grupo Parlamentario Catalán, que es la número 23.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Todas en su conjunto, de la número 2 a la 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 44.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 44.
Enmienda número 45, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 45.
Enmiendas números 46 y 47, del Grupo Parlamentario socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 46 y 47.
Por último, enmiendas del Grupo Popular que quedan vivas, números 32, 33 y 34 y la transaccional a la número 30.
Si la tienen todos los grupos, dada su extensión, omito su lectura. En consecuencia, se somete a votación esta enmienda transaccional a la número 30, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números 32, 33 y 34.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Grupo Popular.
Concluida la votación de las enmiendas se somete a votación el texto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde en punto.


Era la una y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 (Número de expediente 121/000082):

--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (DIAZ GUERRA), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 212/000877), GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL

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CONGRESO (Número de expediente 212/000931), GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/001000) Y GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001032).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, señoras y señores diputados, con la comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.
En primer lugar, comparece el subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, don Marino Díaz Guerra, a solicitud de los grupos Vasco, Izquierda Unida, Socialista y Popular. Como es norma en este tipo de comparecencias, serán los grupos los que intervengan en primer lugar y luego el compareciente responderá a los mismos. Siguiendo el orden de menor a mayor por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO BASAÑEZ: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales a quien voy a dirigir alguna pregunta.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) participa plenamente de la creciente preocupación en la sociedad vasca por el continuado incumplimiento por parte de los sucesivos gobiernos españoles del desarrollo del estatuto de autonomía en todo lo relativo a lo que podemos denominar bloque socio-laboral. Esto ha llevado incluso al secretario general del sindicato ELA-STV, sindicato mayoritario que representa a más del 40 por ciento de la clase trabajadora vasca, a afirmar que el incumplimiento del estatuto ha situado a ELA al margen de la ley y a solicitar la creación de un nuevo marco jurídico-laboral para Euskadi a través de una nueva estrategia democrática.
Nuestro grupo comparte esta preocupación, pues no hay otra forma de avanzar en el autogobierno para el pueblo vasco. No podemos admitir por más tiempo este continuado incumplimiento de una ley que fue aprobada por la mayoría de Euskadi. Recientemente en el Parlamento vasco fue aprobado, por consenso, un paquete de competencias pendientes, entre ellas todas las relativas al bloque social incluso con el apoyo del partido en el Gobierno actualmente.
Este continuado incumplimiento de la ley puede llevarnos incluso a no respetar otras leyes. ¿Qué les parecería a SS. SS., por ejemplo, que puesto que la inmensa mayoría del pueblo vasco está disconforme con la presencia de la Guardia Civil en Euskadi, o puesto que no nos gusta la monarquía borbónica implantada por Franco, se dejase de pagar las proporciones correspondientes a estos conceptos en el cupo? Por consiguiente y bajando al terreno concreto de las preguntas, quiero preguntar al señor subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales si en el presupuesto para 1998 se contempla la transferencia de la gestión del Inem y de Fogasa a Euskadi en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía y requeridos por el Parlamento Vasco.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señor subsecretario, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, su presupuesto para el año 1998, decrece en términos generales el 5,4 por ciento, representando el 4,1 por ciento respecto al total del presupuesto del Estado, mientras que, por ejemplo, el de Defensa representa el 4,8 por ciento. Sin embargo, los organismos autónomos del Ministerio sí crecen el 3,2. Quisiera preguntarle, en primer lugar, a qué se debe exactamente este descenso del presupuesto del Ministerio de Trabajo en términos globales.
Por otro lado, quisiera preguntarle también sobre un aspecto que nos parece interesante comentar. Desde nuestro punto de vista, hay un desequilibrio entre las partidas de fomento del empleo, que crecen sustantivamente el 28,1 por ciento, pues en último término son bonificaciones y ayudas a los empresarios para crear empleo, aunque esa creación de empleo se podría reducir a que entre todos los contribuyentes pagamos la indemnización a los despedidos, que debería ser pagada por los empresarios. Esta medida ya la hemos criticado en cuanto más que una medida de fomento del empleo, viene a ser un abaratamiento del despido, de los costes laborales y, en último término, en la línea de flexibilizar el mercado de trabajo y no de crear empleo. En cualquier caso, esta partida presupuestaria de fomento del empleo crece muy sustantivamente y, sin embargo, la cobertura de desempleo sigue decreciendo; digo sigue porque no es éste el primer presupuesto en el que decrece sino que se repite la tendencia de decrecimiento de esta partida. Entendemos que este desequilibrio debería preocupar al Ministerio, puesto que efectivamente la cobertura del desempleo, según los datos, puede ser el 48 por ciento si contemplamos la estadística del paro registrado y puede ser el 31 por ciento si contemplamos la estadística de la EPA; en cualquier caso, es siempre inferior a la mitad de la población desempleada. Este tema debería preocupar al Ministerio, cosa que no parece ser así, dado que no existe una política para paliar esta caída de la cobertura del desempleo, sino que más bien se propicia el desequilibrio que hemos comentado entre las partidas de fomento del empleo y la cobertura del desempleo.
Por otro lado, quisiéramos saber si el Ministerio tiene previsto invertir en aumento de las plantillas de inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social para potenciar la Administración laboral de cara a reforzar las campañas y programas de seguimiento de seguridad y salud laboral de las empresas, la economía sumergida, el fraude y morosidad empresarial en las cotizaciones, en la contratación, etcétera, pues el dato conocido es que baja el número de funcionarios. El número de funcionarios de la Seguridad Social pasa de 15.941, en 1996, a 14.167 en el año 1998, según hemos leído en los documentos que se nos han facilitado. ¿Afecta también a los inspectores y subinspectores el tope de reposición de efectivos del 25 por ciento que se contempla con carácter general en estos presupuestos? De ser así, ¿en qué cuantía? Solicitamos información

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sobre el incremento, congelación o decrecimiento de las plantillas de estos cuerpos de funcionarios.
También quisiéramos que se nos facilitase información sobre el programa en que está prevista la campaña de sensibilización sobre seguridad laboral, concretamente cuánto se va a invertir en este tema, qué más transferencias o inversiones hay previstas para salud laboral o si existe algún tipo de partida referida exclusivamente a la campaña de sensibilización.
El presupuesto del Instituto nacional de seguridad social e higiene en el trabajo se reduce un 7 por ciento y nos gustaría saber a qué se debe esto. ¿Está previsto un incremento de los recursos humanos del Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo a pesar de este decrecimiento global o, por el contrario, afecta también el tope ya aludido del 25 por ciento de reposición de efectivos a este Instituto? Quisiéramos conocer por qué está congelada prácticamente, incluso decrece un poquito, la partida del Fogasa y si el Ministerio tiene alguna previsión respecto a lo que se denomina reparto del empleo, reducción de jornada laboral, etcétera, cuestiones todas que son de palpitante actualidad y de preocupación para la población general. Por otro lado, también quisiéramos conocer las líneas maestras que tiene previstas el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de cara a la participación del Gobierno, por tanto del Ministerio, en la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo. No sé si esto corresponde exactamente a la comparecencia sobre los Presupuestos Generales del Estado, pero si el señor subsecretario tuviera a bien adelantarnos alguna noticia sobre este tema, quedaríamos muy satisfechos por su generosidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Francisco Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor subsecretario, por su comparecencia este año con motivo de los presupuestos para el ejercicio 1998.
Señor subsecretario, vamos a ponérselo fácil, vamos a hacerle prácticamente las mismas preguntas que el año pasado o, por lo menos, vamos a tratar sobre los mismos programas.
Empezaremos por el programa 134.A, cooperación para el desarrollo. Este programa lo congelan prácticamente, no experimenta ninguna variación, reducen gastos de personal, mantienen gastos corrientes y las aportaciones para programas las elevan en una cifra que no llega al millón y medio de pesetas. Estamos hablando de un presupuesto de 484 millones en 1997 y de 491 para 1998.
¿Cómo piensan cumplir los convenios suscritos en materia sociolaboral con Iberoamérica, con los países africanos y con los países del Este de Europa? ¿Qué razón hay para esta congelación? La misma pregunta que el año pasado, que no se me respondió: ¿Cuántas becas de cooperación piensa conceder el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1998? Nos parece que hay algo más sorprendente en este programa 134.A, cooperación para el desarrollo. Sabemos todos que en la descripción de los objetivos los indicadores tienen una importancia fundamental, porque tienen una finalidad básica. Aquí estamos, entre otras cosas, para controlar al Gobierno y la oposición democrática se sirve en parte de estos indicadores para ejercer esa labor democrática de control; por eso se llaman indicadores de seguimiento. Nos cambian los indicadores de seguimiento, pero no ya para el año 1998 --ustedes son muy libres de hacer lo que deseen en cuanto a los indicadores-- sino en el presupuesto de 1997; digamos que nos los cambian con efecto retroactivo. En el presupuesto de 1997 dijeron que iban a enviar al exterior, en 1997, a 140 expertos cooperantes para la ejecución de acuerdos bilaterales en materias sociolaborales, pero en el presupuesto de 1998 dicen que dijeron sólo 50. No me lo explico. ¿Me puede dar alguna explicación para lo que a primera vista parece absolutamente inexplicable? ¿Cuántos expertos han enviado al exterior en 1997? Pasando al programa 311.A, dirección y servicios generales de seguridad social y protección social, vemos que también cambian indicadores y objetivos ya comprometidos en los presupuestos del año 1997. En 1997 se comprometieron a financiar el 30 por ciento de un nuevo edificio del patrimonio sindical acumulado. En la memoria de los presupuestos de 1998 para la sección 19 no aparece este edificio, pese a que, según los datos presupuestarios con los que contamos, no debería estar totalmente financiado. ¿Nos puede decir, señor subsecretario, de qué edificio se trata? ¿Por qué no aparece en los presupuestos para 1998? ¿Está ya absolutamente pagado? También se comprometieron a acondicionar 15 edificios del patrimonio sindical acumulado. ¿Podría decirnos, señor subsecretario, la ubicación de estos 15 edificios? En relación con el programa 311.B, inspección y control de seguridad social y protección social, voy a hacerle la misma pregunta que el año pasado. Me voy a referir a las indemnizaciones por servicio de los funcionarios de la Inspección de Trabajo, inspectores y controladores.
Estoy hablando de gastos de locomoción. Ya le dije el año pasado que, normalmente, a esta finalidad se dedicaban por parte del Ministerio 800 millones de pesetas. Por ejemplo, el año 1994 se destinaron 887 millones.
Usted tiene que reconocerme que, en cierta medida, mareó la perdiz cuando el año pasado en su comparecencia nos habló de un complemento de productividad transitorio y nos dijo, además, que cabían modificaciones presupuestarias internas en el capítulo 2, pero yo no le preguntaba sobre el modelo de productividad sino sobre las indemnizaciones por servicio.
Le preguntaba y le pregunto, ¿por qué razón se produce esta disminución? Hablábamos antes de 800 millones. El año pasado incluyeron 667 y este año 680 millones. ¿Podría decirme, señor subsecretario, lo abonado por este concepto hasta junio de 1997 y su comparación con al menos tres ejercicios anteriores? No le pido que me lo diga ahora, pero le ruego que me dé la contestación por escrito.
Los accidentes laborales --hace unos días vimos una interpelación y una moción del Grupo Parlamentario Socialista al respecto-- se están incrementando. Ello exige, entre otras medidas, mayor presencia de la Inspección en

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los centros de trabajo. Y no piensen sólo en Madrid, piensen en Valencia, Murcia u otras provincias del Levante español en las que está muy diseminada la industria y, por tanto, el desplazamiento de los inspectores y los controladores se convierte en un gasto para ellos.
Estamos hablando también de morosidad de la Seguridad Social, que exige presencia en los centros de trabajo; no citaciones en las oficinas, sino presencia de la Inspección en los centros de trabajo. Pensando que hay que controlar directamente los accidentes, la seguridad e higiene en las empresas y en los centros de trabajo, y la morosidad, en la memoria de los presupuestos de la sección 19 para el año que viene nos dicen que van a exigir 522.000 visitas a centros de trabajo, pero reducen los gastos de locomoción. ¿Cómo se explica esto, habida cuenta, además, de que el año próximo va a entrar en vigor una nueva ley de la Inspección de Trabajo en cuya exposición de motivos se dice que debe propiciar una acción pública de control en el orden social, modernizadora, eficiente y adecuada a las nuevas exigencias de una sociedad desarrollada? En relación con este mismo programa, dice la memoria de la sección 19 que las unidades de Inspección de Trabajo en la Tesorería General de la Seguridad Social, actualmente puestas en funcionamiento en 13 provincias, culminarán previsiblemente su proceso de implantación y pleno funcionamiento a lo largo de 1998. Señor subsecretario, ¿a qué unidades se están refiriendo en la memoria de la sección19? Porque las unidades a las que parece que hace referencia la memoria las creó el anterior Gobierno y la nueva ley de Inspección se las carga, van a desaparecer.
¿Qué tipo de coordinación existe entre usted, señor subsecretario, y el director general de la Inspección de Trabajo? No parece que exista, habida cuenta de que se están refiriendo a una extensión de unas unidades que van a desaparecer. Hay más problemas, pero ya no afectan a su competencia y, por tanto, habría que hacer las correspondientes preguntas a otras autoridades del Ministerio de Trabajo. Tengo entendido, además, que van a desaparecer también las actas de liquidación por descubiertos, que se va a volver a los certificados de descubierto, con incremento de la tramitación, de la burocracia, etcétera.
Las unidades implantadas en la Tesorería General de la Seguridad Social estaban funcionando correctamente. No es que lo diga yo. Lo dice el Ministerio, lo ha dicho el ministro en sus comparecencias y se lo dicen también los inspectores que están actuando en esas unidades. Me gustaría que me dijera a qué unidades se están refiriendo, si es que piensan presentar algún otro proyecto de ley para recrear esas unidades que están funcionando correctamente.
Por último, porque no quiero alargarme, voy a hacerle prácticamente las mismas preguntas sobre programas que el año pasado. En relación con el programa 315.B, Fogasa, Fondo de Garantía Salarial, son las siguientes.
En 1997, ¿en cuánto se ha incrementado o disminuido, respecto a 1996, la recuperación de cantidades satisfechas en bienes o en efectivo? ¿Por qué motivos se fijan los mismos objetivos para 1998 que para 1997? Sabe perfectamente el señor subsecretario que el Consejo de Ministros, el mes pasado, autorizó un suplemento de crédito por 4.000 millones de pesetas.
¿Cómo se explica la reducción del presupuesto del Fogasa para 1998? ¿Hay, efectivamente, una reducción de gastos, como parece que dijo el Consejo de Ministros? Y, si la hay, ¿por qué se ha recurrido a un suplemento de crédito? Esto es todo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Quiero agradecer la presencia del señor subsecretario esta tarde para informarnos sobre el presupuesto de la sección 19, correspondiente a Trabajo y Asuntos Sociales.
Indudablemente la almendra del presupuesto de esta sección es mejorar el bienestar social e incrementar el empleo en España. Esos son, en principio, los objetivos que se marcan desde este Ministerio y que para la sección 19 contemplan 2,6 billones de pesetas en el presupuesto consolidado. A mí me gustaría entrar en detalle en algunas cuestiones más concretas. Me gustaría, señor subsecretario, que nos concretara los datos relativos a los incrementos en políticas activas para la promoción de empleo y, específicamente, en aquellas referidas a formación profesional, fomento y gestión del empleo, escuelas taller y casas de oficios y la comparación del presupuesto de 1998 con el de 1997. También me gustaría que diera una explicación sobre la evolución de las cifras de protección al desempleo, capítulo cuya reducción no se debe, como se ha venido repitiendo, a una disminución de las prestaciones para los desempleados sino a la reducción del desempleo y a la eliminación de este ámbito de determinados colectivos que me gustaría que concretara el señor subsecretario.
Otro elemento básico del presupuesto de 1997, que se incluye en 1998, es la lucha contra el fraude. Me gustaría que el señor subsecretario nos dijera los sectores en los que se va a seguir combatiendo el fraude y la cuantía prevista en la reducción del gasto.
Por último, señor subsecretario --y con esto concluyo--, me gustaría que hiciera referencia al incremento en las partidas de protección social. El presupuesto de la sección 19 es básico y contribuye a mantener las líneas básicas del presupuesto general para el año próximo, es un presupuesto orientado a la creación y al fomento de empleo. Es indudable que desde la creación y el fomento de empleo se puede mantener y mejorar la política de asistencia social en nuestro país y hacer que este presupuesto consolide el crecimiento sostenido y sostenible que en estos momentos induce a un incremento en el empleo, como ha señalado antes.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a los portavoces que han intervenido, tiene la palabra el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Díaz Guerra.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): Voy a intentar ser lo más concreto posible ante las preguntas y las informaciones que me solicitan. Voy a seguir el orden en que han

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sido efectuadas, por lo que empezaré, en primer lugar, por el representante del Grupo Vasco que me ha preguntado sobre cuál es la línea que piensa seguir el Ministerio en las transferencias del Inem y Fogasa al País Vasco.
Como sabe S. S., la política que está siguiendo el departamento es la de diseñar un nuevo modelo de servicio público de empleo, incardinado, en primer lugar, en el contexto de nuestro Estado autonómico, pero, al mismo tiempo también incardinado, porque estamos obligado a ello, en el contexto europeo. En consecuencia, es un modelo de servicio público de empleo que se está diseñando en consulta con los propios interlocutores sociales. El primer esbozo que se ha hecho de ese nuevo servicio público de empleo es el que consiste, desde el punto de vista de las transferencias, en transferir lo que son las políticas activas de empleo.
Así se ha diseñado en las transferencias ya aprobadas a la Generalitat de Catalunya y a Galicia. Evidentemente, este mismo modelo es el que se va a seguir en el resto de las comunidades autónomas y es el que, a lo largo del próximo ejercicio, se irá efectuando.
Con respecto al resto de los temas por los que me ha preguntado el representante de Izquierda Unida, hay una primera pregunta que afecta al descenso que, a su juicio, tiene el presupuesto del Ministerio en términos globales. Si contemplamos el Ministerio desde el punto de vista del departamento, incluidos organismos autónomos, veremos cómo el presupuesto no tiene un descenso de carácter global. El incremento es leve, del 0,9, y se debe a que en las transferencias a organismos autónomos, fundamentalmente a desempleo y a Seguridad Social disminuyen una serie de partidas desde el punto de vista de la aportación del Estado, que se reflejan en el presupuesto del Ministerio. Hay otras partidas concretas que también disminuyen. Por ejemplo, los gastos de personal, en menos 1,9. Si se refiere en sentido estricto al presupuesto del Ministerio, sobre el cual había hecho la referencia del menos 5,6 por ciento del presupuesto no financiero, ahí la disminución es superior, del menos 4,5. La partida de gastos de personal ha sufrido la reordenación, igual que en otros muchos departamentos ministeriales, como consecuencia de la nueva actualización de las relaciones de puesto de trabajo. En función de eso, los créditos presupuestarios se han adaptado a las nuevas relaciones de puestos de trabajo.
Con respecto a la cobertura del desempleo, al porqué ese desequilibrio en políticas activas y pasivas, y concretamente a esa disminución en la cobertura del desempleo en el contexto de flexibilizar o crear empleo, ya sabe usted que la política del departamento es la política del Gobierno de que las políticas activas sigan las políticas a nivel europeo y, concretamente, los criterios que, como sabe usted muy bien, se acuñaron en la famosa cumbre de Essen, por los cuales todos los países vienen obligados a presentar los famosos programas plurianuales de empleo. El primero se presentó en el año 1995 y ahora se ha vuelto a presentar una actualización de ese programa. Lógicamente estas políticas se sujetan a los criterios de Essen. Uno de esos criterios es precisamente el de que las políticas pasivas sean sustituidas por políticas activas. Dicho en otros términos, hay que intentar que determinados colectivos de desempleados sean estimulados, incitados o se creen las condiciones para que dejen de formar parte de esa población pasiva y se integren, como es lógico, en la población activa, porque, en última instancia, ésta es la que refleja los incrementos de empleo en una sociedad y la creación de empleo.
En consecuencia, los presupuestos se corresponden con esa política, es decir, incrementar al máximo las políticas activas de empleo. ¿Eso supone una restricción de los derechos de los desempleados? En absoluto. Como usted sabe muy bien, se puede decir que a principio del año 1995 ha concluido el proceso de la reforma que se introdujo en el desempleo a lo largo de los años 1992 y 1993, si mal no recuerdo. A partir de 1995 se han consolidado las tasas de cobertura del desempleo, tanto la tasa bruta como la tasa neta. Si usted repasa las cifras, se dará cuenta de que unas están en torno al 50 y, otras, al 62. La estabilidad se sigue manteniendo exactamente en esa línea.
Con respecto a la Inspección, a los controladores, al aumento de plantilla y a si realmente ha habido una congelación de las mismas, le tengo que responder que no ha existido en este terreno congelación de plantillas. Voy a dar una respuesta concreta que ampliaré con más detalle cuando conteste al representante del Grupo Socialista, porque ha incidido en la actuación de la Inspección de Trabajo.
Con respecto a las plantillas, teniendo en cuenta los datos de diciembre de 1996 a diciembre de 1997, con algunas previsiones para 1998 que ahora adelantaré, le diré que el número de inspectores habrá crecido de 612, en diciembre de 1996, a 642, en diciembre de 1997, en cuanto se incorporen 20 nuevos inspectores, cuya incorporación se está efectuando prácticamente en estas fechas. En cuanto a controladores laborales, han pasado de 798 a 814. Está prevista una nueva promoción de 20 nuevos inspectores, que empezarán en breve las prácticas y que tomaron posesión de sus puestos en abril de 1998, que habrá que sumar a los 642 a los que he hecho referencia anteriormente. Se ha producido, en consecuencia, un crecimiento en las plantillas de los cuerpos, tanto de inspectores como de controladores. También está previsto que siga efectuándose el incremento, dentro de la oferta pública de empleo, de cara al próximo ejercicio de 1998.
En el servicio de Inspección se inició en el ejercicio anterior, y continuará en 1998 porque en un solo ejercicio lógicamente no se puede resolver, la informatización de todas las unidades de Inspección de las provincias. Se ha concluido todo un cableado en las distintas inspecciones provinciales, se las ha dotado de nuevos equipos y, sobre todo, se han incorporado todas a la red local informática del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con 610 puntos de conexión. Al mismo tiempo, entre septiembre de 1996 y abril de 1997, se ha ultimado el acceso de la Inspección al banco de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social que, como saben ustedes, tiene una gran trascendencia a efectos de la actuación de la propia Inspección de Trabajo. Se ha iniciado también la conexión informática de los servicios ordinarios de la Inspección con la unidades especializadas de Inspección de la Tesorería en

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esas trece provincias, a lo largo de 1997. Hay otro diseño para seguir ampliando esta cobertura informática porque es de una gran trascendencia para la mejora de la gestión de la Inspección.
Sobre la campaña de sensibilización de prevención de riesgos laborales, como sabe S. S., precisamente se va a efectuar, si mal no recuerdo, a partir de noviembre de 1997, con cargo al presupuesto del mismo año y, en gran medida, se está desarrollando también en coordinación con los propios interlocutores sociales. De tal manera que el diseño de la campaña va a ser global y va a participar el Ministerio y los interlocutores sociales. Se sumará posteriormente, tras el último acuerdo firmado con la asociación de mutuas, la Asociación de mutuas de accidentes de trabajo.
Me pregunta S. S. por qué disminuye el presupuesto del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La disminución que se opera se debe, sobre todo, a transferencias efectuadas a las comunidades autónomas. Se están concluyendo algunos de estos procesos de transferencias y, lógicamente, eso repercute en los capítulos presupuestarios.
En cuanto al presupuesto de Fogasa, ya saben ustedes que no podemos hablar realmente de congelación porque, en gran medida, su mayor o menor necesidad presupuestaria depende de como vaya el funcionamiento de los distintos expedientes de regulación de empleo.
Su presupuesto va, cada vez más, equilibrando su actuación porque, aunque tenía un retraso de ejercicios anteriores, en base a esos suplementos de créditos, como el último aprobado recientemente, se está aproximando a las necesidades reales de cada ejercicio anual. El desfase ha disminuido en este último año.
A continuación, pregunta S. S. por la jornada de reducción, el reparto del empleo --quizá se salen del marco presupuestario-- y la cumbre del empleo. En cuanto a la cumbre del empleo, como después viene el secretario general de Empleo, quizá le pueda contestar con mayor detalle.
Respecto al reparto de empleo y la jornada de reducción, ya saben ustedes que en nuestro país, en el famoso acuerdo sobre estabilidad en el empleo y, sobre todo, en el de negociación colectiva, que es un acuerdo bipartito, los interlocutores sociales asumieron llegar a una serie de acuerdos sobre cómo reordenar el tiempo de trabajo y en qué medida, analizando sector por sector y empresa por empresa, puede influir ello en la reducción de la jornada de trabajo. Sabe S. S. perfectamente que la política del Gobierno es la de considerar que la estabilidad en el empleo no está reñida con la flexibilidad en la organización interna del trabajo. No se trata de flexibilidad externa sino interna, y solamente se puede reorganizar internamente el trabajo si se hace mediante la vía del diálogo social entre los interlocutores sociales. Las leyes y las normas solamente pueden generar las condiciones que los propios interlocutores sociales soliciten. La política en ese tema es la de mantener estabilidad en el empleo y, lógicamente, flexibilidad en la organización interna del trabajo, porque no son contradictorios, sino complementarios. Al menos, los nuevos sistemas productivos y las nuevas formas de organizar el trabajo van en esa línea. Nuestro país y los propios interlocutores sociales a nivel europeo así lo patrocinan y los interlocutores sociales en nuestro país, en ese último acuerdo, mantienen esa posición. Estamos seguros de que esa política de diálogo social entre ambos dará los resultados apetecidos para lograr estos objetivos.
El portavoz del Grupo Socialista, señor Arnau, me hace unas preguntas muy concretas sobre el cumplimiento de la cooperación en el exterior.
Pregunta exactamente por el número de becas y el número de cooperantes --en estos momentos no se los puedo facilitar, pero en 48 horas se los haré llegar-- del ejercicio pasado, y las cifras previstas para 1998. Le quiero decir que se han intensificado --es un tema que S. S. conoce perfectamente-- nuestras relaciones con la OIT con el fin de potenciar al máximo todos los proyectos de cooperación, no solamente en una zona tan querida por nosotros como es Iberoamérica, sino también en el Magreb. Son las dos prioridades que rigen todas las acciones de cooperación y los sucesivos convenios, proyectos técnicos y demás.
En relación con el programa 311.A, ya sabe S. S. que históricamente hay planteado un problema en relación con el mantenimiento y las inversiones en el patrimonio sindical acumulado. Ojalá se pudiera disponer de un gran presupuesto para conseguir el mantenimiento de todo ese patrimonio sindical acumulado. Desgraciadamente, la Ley 6/1986 contempla que el mantenimiento de ese patrimonio derive, en la medida de lo posible, de su administración, para lo cual necesitamos de una agilidad que la ley no nos proporciona para poder enajenar, permutar bienes y, como consecuencia, generar los créditos suficientes para su mantenimiento.
Sabe S. S. que en la ley de acompañamiento del año pasado se modificó esa ley para dar agilidad al propio Ministerio, de manera que los créditos derivados de las enajenaciones que se efectúen del patrimonio sindical puedan generar crédito en el propio Ministerio con toda rapidez. Eso se aprobó en la ley de acompañamiento. Por otro lado, hay otro tema que lógicamente no figura desde un punto de vista normativo, que es cómo agilizar al máximo --eso lo conoce la Comisión consultiva del patrimonio sindical-- las enajenaciones y permutas de este patrimonio que nos permita la financiación y la generación de los créditos correspondientes para el mantenimiento del patrimonio sindical acumulado. Se ha llegado a un acuerdo con una de las empresas de patrimonio del Estado especializada en esa materia, que es la misma que está interviniendo en enajenaciones de patrimonio de la Seguridad Social, con el fin de poder cumplir este objetivo. En cuanto a los datos concretos sobre previsiones presupuestarias de los edificios del patrimonio sindical acumulado a que ha hecho referencia S. S., a veces, son obras que se están realizando con carácter plurianual, alguna de ellas --no sé si se refería a Murcia-- se inició precisamente en el ejercicio pasado, tiene su reflejo presupuestario en este ejercicio y lo tendrá también en los ejercicios siguientes ya que muchas de estas reparaciones afectan a varios ejercicios. Le facilitaré los datos con mucho gusto por escrito en el plazo antes citado.
Volviendo a la Inspección de Trabajo, recuerdo muy bien que en el capítulo 2 el año pasado --que fue un año de

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muchísima austeridad en todos los departamentos y que, lógicamente, también afectó al nuestro, pero que venía siéndolo ya en años anteriores, porque si ve una serie histórica habrá observado que en los cinco últimos años el capítulo 2 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tuvo siempre decrementos, es decir, cifras negativas, porcentualmente hablando, de menos 2, menos 3, menos 1, etcétera, el año pasado, digo, fue mucho más elevado y afectó al concepto presupuestario de dietas y gastos e indemnizaciones por razones de servicio. Tal como indicamos el pasado año, la partida correspondiente a las dietas de la Inspección de Trabajo fue incrementada posteriormente en una cuantía superior a 200 millones de pesetas. En la medida en que sea viable, también en este próximo ejercicio, como mínimo, será incrementada bien por un expediente de modificación de créditos o a través de una enmienda de carácter técnico.
¿En qué medida puede afectar a las tareas de la Inspección de Trabajo? Puede afectar, pero no ha ocurrido así en 1997, porque, al mejorar la gestión del servicio mediante lo que podríamos llamar un nuevo modelo de gestión, mediante las modificaciones en los incrementos de productividad, que esperemos mejoren bastante para el ejercicio de 1998, y, sobre todo, mediante la mejora técnica en los medios materiales de la Inspección, los resultados obtenidos en el último ejercicio, o al menos en un período homogéneo entre enero y septiembre de 1996 y enero y septiembre de 1997, que son los últimos datos que tenemos, son que en prevención de riesgos laborales el importe de sanciones ha crecido el 117,5 por ciento, que el número de infracciones en acta se ha incrementado en el 73,8 por ciento y que el número de trabajadores afectados por acta se ha incrementado en el 105,5 por ciento; incluso las paralizaciones en el trabajo se han incrementado en un 52,3 por ciento.
En materia de Seguridad Social, los resultados han sido de esta índole, en algunos casos superiores, incluso contando con esas 13 unidades especializadas, a las que ahora me referiré, de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. Concretamente, en el importe de liquidaciones ordinarias en Seguridad Social el incremento ha sido del 57,3 por ciento; el total de liquidaciones, contando las ordinarias y las liquidaciones por desviación de responsabilidad, del 92,5 por ciento; el número de trabajadores que se han visto afectados por estas liquidaciones se ha incrementado en un 535,5 por ciento. Como verá S. S., son resultados tangibles de la Inspección de Trabajo en 1997 que reflejan que la actuación de la Inspección no ha sufrido merma en absoluto, sino todo lo contrario en un área tan delicada como la prevención de riesgos laborales que, como indica la propia Ley de prevención de riesgos laborales que aprobó este Parlamento, depende de un conjunto de actuaciones en las cuales todos debemos acertar al máximo en la coordinación para evitar los riesgos laborales.
En relación con las unidades de la Inspección de la Tesorería General de la Seguridad Social, conoce muy bien S. S. por la nueva ley de ordenación de la Inspección de Trabajo, que se aprobará en esta Cámara en breve plazo cuando vuelva del Senado, que el diseño que se ha operado no es el suprimir las unidades especializadas, pero sí modificar lo que podríamos llamar la dependencia orgánica de esas unidades especializadas de la Tesorería. La razón fundamental es que el diseño global del nuevo modelo de Inspección reflejado en esa ley es un modelo complejo que trata de equilibrar las competencias autonómicas con las competencias de la Administración general del Estado. En ese equilibrio de competencias administración autonómica/Administración general del Estado, donde hay que tener en cuenta las normas de la OIT sobre la autoridad central de la Inspección de Trabajo, es donde se ha modificado el funcionamiento de esas unidades especializadas, que afecta a determinadas características como la dependencia orgánica de la Tesorería General de la Seguridad Social de esas unidades especializadas. Pero entendemos --y así lo han entendido también la Tesorería y la Inspección de Trabajo-- que no va en detrimento de los objetivos que se persiguen con esas unidades especializadas.
Por último, me ha preguntado por el presupuesto del Fogasa. Me hace unas preguntas concretas, que tendré que facilitarle por escrito. No se puede hablar de reducción del presupuesto del Fogasa por la misma razón que aduje anteriormente, porque viene equilibrándose el desfase en que los últimos años se había producido en este organismo para atender sus necesidades. Cuando le dé los datos concretos del año 1996, comparado con 1997, comprobará S. S. cómo no se ha producido una disminución en el presupuesto del Fogasa, contando con el último expediente de modificación de créditos, suplemento que se ha aprobado recientemente en el Consejo de Ministros.
El representante del Partido Popular solicita datos sobre el incremento en políticas activas, desempleo, lucha contra el fraude y políticas de solidaridad social. Las políticas activas, por la razón que anteriormente expuse, son las que sufren un mayor incremento, porque se considera que, en la medida de lo posible, deben incrementarse con el fin de insertar al desempleado en lo que podríamos llamar mercado del empleo, bien por vía de formación, bien por vía de fomento de las políticas de empleo y, sobre todo, mediante el crecimiento de la estabilidad en el empleo y tratando de luchar en contra del empleo temporal. Los aspectos más importantes radican en que las políticas activas de empleo se han incrementado, si eliminamos gastos de funcionamiento, en el 33,6 por ciento, capítulo 4 sólo, y con gastos de funcionamiento, crecen el 28,4 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Desde ese punto de vista, el incremento es enorme. Si a su vez las desagregamos y hablamos de la política de fomento y gestión del empleo --ya sabe que hay dos políticas activas básicas, la de fomento y gestión del empleo y la de formación profesional--, el incremento ha sido del 35,1 por ciento, en cifras absolutas aumenta en más de 60.969 millones, es decir, pasa de 173.000, en números redondos, a 234.000 millones en 1998. Tenía 173.000 en 1997 y pasa a 234.577 en 1998.
La política de formación profesional, como saben, es una de las políticas activas de empleo de mayor trascendencia, sobre todo a la vista de los nuevos criterios en la transformación de las nuevas formas de organización del trabajo; pues bien, las políticas de formación profesional

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se incrementan en un porcentaje relativo del 28,4 por cien, pasando de 148.900 millones a 191.284 millones.
En relación con el desempleo, se produce un descenso en el número de desempleados gracias lógicamente al crecimiento del empleo. Ya sabemos que en el ejercicio de 1997 está previsto un crecimiento en torno a 350.000 empleos. Concretamente la última cifra conocida, que ustedes saben perfectamente por la EPA, es la del segundo trimestre y el crecimiento interanual ha sido exactamente de 364.000 empleos. Está previsto para el año 1998 un crecimiento en torno a 320.000 empleos. Las previsiones de crecimiento del empleo para 1998 posiblemente parezcan un poco cortas en relación con el crecimiento del PIB. Si con un crecimiento previsto del 3,2 para 1997 se produce un incremento de 340.000 ó 350.000, ¿por qué con un crecimiento previsto del 3,4 se va a producir una disminución del empleo? En realidad se ha querido ser estricto en el crecimiento del empleo, con el fin de no pillarse los dedos en el reflejo presupuestario que, lógicamente, tendría en todos los sentidos, tanto en el Inem como en la propia Seguridad Social.
La disminución en el desempleo supone 40.858 millones de pesetas respecto al presupuesto inicial del año 1997; en realidad supone un decremento del 2,7 por cien. Pero la tasa de cobertura, que es lo importante a este respecto, no se ve alterada desde la línea de consolidación que se inició en 1995, que se ha mantenido en 1996 y que hasta el momento en 1997 también se mantiene. En consecuencia, no se ven afectados para nada los derechos de los desempleados.
Desde el punto de vista de las medidas de lucha contra el fraude, se han obtenido a lo largo de 1997 unas mejoras que, en líneas generales, se cifran en torno a 200.000 millones. Está previsto en 1998 profundizar en medidas análogas a las de 1997, que tan buenos resultados han venido dando. Las medidas más significativas van a afectar a las áreas de la incapacidad temporal, al control de las prestaciones de complementos por mínimos, a las prestaciones no contributivas y al desempleo, y van a afectar, por descontado, al control de la morosidad de las administraciones públicas en materia de recaudación.
Desde el punto de vista de los incrementos en políticas de bienestar social o de solidaridad social, dentro de las políticas sociales del departamento referidas al área de asuntos sociales, a la que creo que se refería concretamente, con independencia de que posteriormente la secretaria general de Asuntos Sociales se refiere a ello con muchísimo mayor detalle, puedo decirle que se produce un incremento en torno al 11,2 por cien, y en torno al 12,6 si se excluyen los gastos de funcionamiento. Hay determinados colectivos cuyos incrementos son superiores a la media, es el caso de promoción de la mujer, discapacitados y familias desfavorecidas, que sobrepasan el 25 por ciento; sobrepasan el 15 por ciento migraciones, infancia y familia, concretamente emigrantes el 17,4 por ciento; el Plan concertado de servicios sociales con corporaciones locales se incrementa en el 4,3; el gerontológico, en el 7,1; el Plan de acción integral para personas con discapacidad, el 25 por ciento; actuaciones concretas exclusivamente referidas a la mujer, el 27 por ciento; en materia de juventud, el 9,3.
Es decir, como ve, los incrementos del presupuesto de 1998 con respecto al presupuesto de 1997 están reorientados concretamente a estas políticas de solidaridad social, como le gusta mucho decir a la secretaria general de Asuntos Sociales.


El señor PRESIDENTE: Si algún portavoz quiere hacer uso de la palabra, recuerden que es sólo a efectos de pedir alguna aclaración o de hacer alguna pregunta complementaria. No estamos en una comparecencia habitual, sino simplemente informativa.
Señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a intervenir muy brevemente, porque sólo quiero alguna aclaración muy puntual sobre determinados aspectos.
En primer lugar, se nos comenta que la cobertura del desempleo se estabiliza, se mantiene o se consolida desde el año 1995. Los datos que barajamos vienen a decir que hay un ligero descenso, en términos porcentuales, de la cobertura. En cualquier caso, es verdad que es mucho menor el descenso en estos últimos años que el que se produjo a partir de 1992-1993, cuando la cobertura se fijaba en torno al sesenta y tantos por ciento, incluso el 68 por ciento. En cualquier caso, debe reconocer con nosotros, señor subsecretario, que todo depende desde qué año se comparen las cifras. Por tanto, seguimos manteniendo esta preocupación sobre el desequilibrio presupuestario en este parámetro de la cobertura de desempleo, en la medida en que no se remonta hacia unos términos más razonables de una mayor cobertura. En cualquier caso, nos gustaría contrastar las cifras exactas, para ver si efectivamente las que nosotros barajamos no son las adecuadas, y le solicitamos, por tanto, los datos concretos de la cobertura de desempleo desde estos últimos años, mes a mes, la cobertura bruta y neta.
Por otro lado, se nos ha dado la cifra de 642 inspectores de Trabajo, pero nos gustaría saber si esa cifra excluye a aquellos que están destinados en otras funciones de distinto ámbito del de la inspección propiamente dicha y cuántos de estos inspectores de Trabajo están destinados a otras tareas, sin duda alguna legítimamente, pero que en todo caso disminuyen los recursos humanos de la labor inspectora.
Finalmente, se nos aclara que la campaña de sensibilización de seguridad y salud laboral en las empresas va a hacer con cargo al presupuesto de 1997. Sin embargo, no está previsto que esa campaña se mantenga a lo largo de 1998. Queremos conocer las cifras que se barajan para la campaña de 1997 y en cualquier caso si se va a mantener en el ejercicio de 1998.


El señor PRESIDENTE: Señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Telegráficamente. Señor subsecretario, en relación con el programa de cooperación exterior, le agradecería que me facilitara por escrito no sólo el número de becas y de cooperantes, sino también las razones de los cambios en los indicadores a los cuales

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usted no se ha referido en su intervención. Me da la impresión de que han ajustado la cifra a lo realizado en 1996, pero es sólo mi impresión. Lo que quiero saber son las razones que tiene el Ministerio de Trabajo para justificar el referido cambio.
En relación con el patrimonio sindical acumulado, he hecho dos preguntas muy concretas, a las cuales rogaría contestara también por escrito, sobre el nuevo edificio y el acondicionamiento de los quince edificios. ¿Cuál es ese nuevo edificio? Yo no lo conozco, señor subsecretario.
En relación con la Inspección de Trabajo, dice usted, en contestación al representante de Izquierda Unida, que no ha habido una congelación de plantillas; es decir, da la sensación de que lo que se presupuesta son más funcionarios y menos indemnizaciones por razón de servicio. Se pide más eficiencia y se dan menos recursos. Ha dicho usted que en este ejercicio la partida de indemnizaciones por razón del servicio, dietas y gastos de locomoción, se incrementó en 200 millones. Si estamos de acuerdo, ¿por qué no presupuestan ya para el año próximo esos 200 millones? Llegaríamos a la cifra de los 800 millones, que eran los presupuestados en ejercicios anteriores. No obstante, le agradecería me proporcionara la serie histórica a la que tanto usted como yo nos hemos referido.
Señor subsecretario, los resultados en la Inspección de Trabajo son buenos, pero eso se relaciona más con la eficacia, la responsabilidad y la dedicación de unos funcionarios que son los medios escasos que las autoridades del Ministerio les proporcionan. No tienen nada que ver una cosa con la otra.
En cuanto a la supresión de la unidad dependiente de la Tesorería, usted lo ha relacionado con el nuevo equilibrio entre el Ministerio y las comunidades autónomas. No veo esa relación; estaba funcionando perfectamente, según ha dicho el señor ministro en esta Comisión, y no conozco las razones por las cuales se va a suprimir esa unidad dependiente de la Tesorería.
En cuanto al Fondo de Garantía Salarial, le agradezco que me facilite los datos por escrito. Ha dicho usted que la evolución del presupuesto del Fogasa depende de la marcha de los expedientes, pero la entrada de nuevos expedientes, según una nota que tengo aquí del Consejo de Ministros, en los seis primeros meses del año 1997 disminuyó en un 13,04 por ciento de media. Lo que no se explica es cómo se pide después un suplemento de crédito. ¿No será que hay una reducción de ingresos vía recuperación de bienes? Quisiera una contestación a esto.


El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario, tiene la palabra.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): En relación con las nuevas aclaraciones del representante de Izquierda Unida, nuestros datos sobre tasa de cobertura de desempleo, son los datos que se publican con las series en el Boletín de estadísticas laborales, entre otros. Por descontado, le facilitaremos esos datos, esas series históricas. Coincido con usted en que el descenso se produjo entre los años 1992 y 1995, como consecuencia de las modificaciones normativas que se operaron en el régimen del desempleo. Una vez concluido el proceso de aplicación de esas modificaciones normativas, a partir de 1995, se han estabilizado. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de derechos sigue siendo el vigente de acuerdo con las normativas actuales. En consecuencia, no tiene nada de extraño que en gran medida se hayan estabilizado, al menos mientras siga existiendo desempleo, como es lógico, pero le facilitaré esos datos.
Sobre las cantidades previstas para la campaña de prevención de riesgos laborales de cara a 1998, se lo enviaré por escrito porque desconozco en estos momentos cuáles son las cuantía previstas para poder mantener esas campañas de sensibilización. Me imagino que habrá que evaluar la campaña que se va a operar entre los meses de noviembre y diciembre fundamentalmente y, a la vista de ello, se verá, desde el punto de vista técnico, cómo deben continuar esas campañas de sensibilización.
En cuanto al representante del PSOE, dentro de la respuesta por escrito irán incluidas las modificaciones de los indicadores a los que hacía referencia basándose, sobre todo, en el cambio de indicadores de ese programa de cooperación en el desarrollo.
En cuanto al patrimonio sindical acumulado, le indicaré exactamente, porque además en el programa de inversiones figura así, tanto los quince edificios como los nuevos. Le he preguntado si se refería al de Murcia, que es el último que ha sido presupuestado como programa plurianual. De todas maneras, se lo detallaré, pues como sabe todos los acuerdos en esta materia se adoptan en la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical Acumulado, la competencia en estas cuestiones pasa por dicha Comisión en la que están presentes todos los interlocutores sociales, aparte de las administraciones afectadas. También le facilitaré esa serie histórica sobre la cuantificación de los gastos de dietas a los que hacía referencia.
Por último, no le puedo decir que existe una supresión de la unidad de Tesorería. No se han suprimido las unidades de Tesorería, lo que pasa es que se ha modificado el régimen de dependencia orgánica que tenían con la Tesorería General de la Seguridad Social. Esa es la única modificación que ha existido. ¿Por qué razón? Por la misma que en ese modelo global de Inspección de Trabajo de lo que se trata es de compatibilizar las competencias autonómicas con la competencia de la Administración general del Estado. Dentro de ello caben unidades especializadas, tanto a nivel autonómico como de la propia Administración general del Estado. Entonces, se puede cubrir perfectamente el objetivo, los fines que se persiguen con esas unidades especializadas, sin necesidad de que siga existiendo esa dependencia orgánica, porque daría la sensación de que se pretende fraccionar la Inspección de Trabajo que como sistema unitario quiere conservar el nuevo modelo de la Ley de Inspección de Trabajo. En ese sentido aparece mucho más coherente cumplir los objetivos de la unidad especializada sin tener que llegar a una especie de fraccionamiento de la misma a través de una dependencia orgánica de otra entidad distinta que la propia Inspección de Trabajo.


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Era mucho más conveniente y ésa es la razón por la cual se han hecho esas modificaciones.
El dato concreto que me ha solicitado sobre Fogasa también se lo facilitaré por escrito, porque no puedo hacerlo en estos momentos.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, tomo la palabra solamente para reclamar una de las explicaciones que no se me ha facilitado; es sobre el número de inspectores que no están destinados a las tareas propias de la Inspección.


El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Díaz Guerra): Le detallaré concretamente si de las cifras que le he dado hay alguno que no esté en estos momentos en ejercicio activo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario. Concluye así su comparecencia.
Antes de pasar a la próxima comparecencia, debo informarles de que ha habido alguna modificación en el orden de comparecencias e igualmente hay que dar de baja una de las solicitudes. Esto no debe animar a prologar las intervenciones de SS. SS., se trata simplemente de que sepan que quedan tres comparecencias porque hemos recibido del Grupo Mixto la retirada de la solicitud de comparecencia del director general del Instituto Nacional de Empleo.
En consecuencia, comparecerá en primer lugar la directora general del Instituto de la Mujer, después el secretario general de Empleo y, finalmente, la secretaria general de Asuntos Sociales.


--DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (DANCAUSA TREVIÑO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 212/000914) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001012).


El señor PRESIDENTE: Comparecencia de la directora general del Instituto de la Mujer, doña Concepción Dancausa, a solicitud del Grupo Mixto, Nueva Izquierda, y del Grupo de Izquierda Unida.
En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: Doña Concepción, es un placer verla en esta Cámara aunque no haya motivo de celebración, ya que los presupuestos para las políticas en clave mujer son claramente deficitarios, insuficientes y evidencian cómo este colectivo no es una prioridad para el gabinete Aznar. En este sentido podemos decir que son unos presupuestos claramente masculinos --insisto, masculinos--, donde el principio de solidaridad está sacralizado bajo el sesgo casi excluyente de la caridad y no bajo una filosofía activa de integración en la diversidad.
En este sentido quería plantearle algunas cuestiones, y paso a ello. El primer interrogante serían las actuaciones que se desprenden del objetivo marcado. Yo entiendo que no se concretan en ningún caso y, en contra de lo que venía sucediendo en años anteriores, no son objetivos reseñados en el tercer Plan de igualdad de oportunidades, sino que amplía criterios de éste, repito, sin definir ninguna acción.
Por otra parte, yo quería preguntarle si hay presupuesto para la ejecución del PIOM, pues en estos presupuestos no aparece ninguna partida, suficiente al menos, que yo haya detectado.
En segunda instancia, yo entiendo que no podamos evaluar --al menos no con rigor-- el cumplimiento de los presupuestos para 1997, ni siquiera en estimación, pues al menos por la lectura que yo he hecho de ellos he visto que se han variado los criterios de magnitud en muchos indicadores, además de variar los propios indicadores, no se conoce ni el presupuesto para 1998 ni el número de proyectos de 1997. En fin, yo entiendo que no hay una cuantificación económica de ningún objetivo y sería del máximo interés que usted nos lo explicara.
Entiendo, además, que en 1997 se nos comunicó el traslado del centro de documentación del Instituto ubicado en la calle Caracas al centro de documentación general del Ministerio en la calle Huertas, y quiero preguntarle, doña Concepción, qué ha sucedido, por qué se incrementa en más de dos millones el apartado arrendamientos y cánones, y si piensa usted en el alquiler de más espacio para el Instituto de la Mujer o en sus centros derivados.
También quiero decirle que en 1997 nos preocupaba la definición del capítulo 4, el concepto 7, de transferencias a empresas privadas. En esta ocasión vemos que se ha ampliado a la definición de: fomento a la creación de empresas por mujeres y autoempleo femenino. ¿Esto quiere decir que se subvencionarán directamente, que se les asesorará de manera gratuita, o se les ofrecerá otro tipo de servicios de carácter gratuito? ¿Qué significa ayudas a la edición? Es un concepto absolutamente novedoso que dificulta tremendamente la comprensión.
Cuando se presente el desglose del gasto de 1997 me gustaría conocer las experiencias de los programas piloto experimentales para los que se habían presupuestado 50 millones. En los presupuestos para 1998 se introduce el concepto de programas innovadores en formación, presupuestado con 9 millones; quisiera que nos adelantara a qué se refiere ese gasto.
No tenemos conocimiento de que se hayan hecho públicas las subvenciones, lo cual es tremendamente preocupante, a entidades para actividades a celebrar este año. Según nos han informado, fundamentalmente las organizaciones de los movimientos de mujeres, el reparto de los 321 millones se informará individualmente, con lo que tiene de opacidad el tema, y yo le planteo por qué no se publica en el BOE para conocimiento público. Creo que sería exigible una información detallada de entidades, programas y adjudicación presupuestaria acordada por el Instituto.


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También le pido, si es posible, que desglose los conceptos y presupuestos adjudicados o por adjudicar en los presupuestos generales de 1998 a entidades y personas físicas, cuál es el objetivo y los contenidos que se barajan en el convenio de la FEMP y también, si es posible, que nos explique cómo se concretan las inversiones del capítulo 6 en los artículos 2 y 3 durante el año 1997 y la razón de la ampliación en tiempo para su finalización.
Yo, sinceramente, doña Concepción, no he detectado ni una peseta de forma detallada para financiación de actividades propias del Instituto, para promoción de la mujer, de la igualdad de oportunidades, de edición de documentos, de libros, de folletos, de estudios proyectados, jornadas, seminarios, y también sería del máximo interés para esta Cámara y para mi grupo en concreto saberlo.
He seguido por El Mundo las declaraciones de doña Amalia en las que informaba del incremento, que espero que luego desglose suficientemente, del 11,2 por ciento en políticas de solidaridad, calculado en 5.300 millones más que el año pasado (es decir, calderilla, desde luego), y el del Instituto de la Mujer, que subía un 20,15 por ciento, y planteaba que en los objetivos que ustedes iban a esbozar priorizaban el fomento del empleo en el marco de las mujeres rurales, la prevención de malos tratos y el apoyo a las víctimas. Yo creo que, aun siendo temas tremendamente excepcionales, doña Concepción, están ustedes instalándose desde el punto de vista de la traducción presupuestaria en líneas de actuación fundamentalmente asistenciales. Por tanto, yo entiendo que no está actuando como un instrumento corrector de la doble condición de discriminadas que tenemos las mujeres en el conjunto de la sociedad sin excepciones.
Igualmente, pierde peso el carácter transversal de la variable mujer al aparecer el tema mujer sólo en el Instituto y en política social y no tener soporte presupuestario las políticas de igualdad en otras secciones; por ejemplo, la sección 18, con la que trabajábamos en la tarde de ayer.
Creo que en el programa de referencia, en el 323.B, programa por excelencia, aparecen los conceptos desarrollo y participación ligados a lo público, obviando de una manera muy irresponsable todo lo que es la esfera de lo privado, entendiendo --y usted lo compartirá-- que es un factor determinante de los comportamientos sexistas en lo social. Por tanto, me gustaría saber cuáles son las razones para trabajar desde el punto de vista presupuestario sólo en una de las variables, poniendo el acento sólo en la variable género frente a todo el trazado de trabajadoras, reproductoras y productoras. ¿Por qué ese sesgo de instalarse sólo en la variable de género? Por hacer justicia con los presupuestos y reconociendo que son unos presupuestos restrictivos y encorsetados en los dictámenes de Maastricht, tengo que decir que rezuman una gran dosis de voluntarismo, posiblemente por el perfil de la secretaria general, pero para ser honestos también habría que plantear que se detecta una falta real de iniciativa política y de iniciativa social para ayudar a paliar el conflicto de que lo que obviamente usted comparte también es la mitad de la sociedad. Por tanto, denuncio que el Gobierno Aznar sólo le dedica a la mitad de la población de forma específica el 0,00 por ciento.
En consecuencia, termino planteándole por qué razón, doña Concepción, no interviene el Instituto, no se moja, no actúa como lobby y no obliga a presupuestar tanto en el Instituto como en los otros departamentos ministeriales los siguientes puntos que paso a enumerarle: en primer lugar, un reconocimiento contable en las cuentas satélites del PIB del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, valorando lo que es la aportación real de las mujeres a la sociedad.
En segunda instancia, ¿por qué no se plantea de forma decidida reducir la jornada laboral y flexibilizar los horarios comerciales, administrativos y escolares para coincidir en un ocio común? En tercer lugar, ¿por qué no se aplica definitivamente el principio de igual retribución para trabajos de igual valor? ¿Por qué no se contempla la figura de inspección de la igualdad dirigida a garantizar las igualdades en el mundo laboral? ¿Por qué no hay una cobertura sanitaria presupuestada en su apartado de forma transversal y en clave pública en materia de interrupción del embarazo, planificación familiar, asistencia preventiva y salud integral de la mujer? ¿Por qué no potencian ustedes, también con soporte presupuestario y de forma legal, el observatorio de la publicidad sexista discriminatoria y la participación de las asociaciones de mujeres en el mismo? ¿Por qué no han actuado como lobby en la sección 18 y antes, por ejemplo, para la ampliación de las escuelas infantiles de cero a tres años? ¿Por qué no se incluyen en la ESO las materias relacionadas con la salud, la educación sexual, la prevención de la violencia de género, fomento de la autoestima y la convivencia en igualdad? ¿Por qué no se han abordado los programas de formación al profesorado acordes con las políticas de igualdad de oportunidades, la educación para adultos para devolver a las mujeres su capacidad de obtener conocimientos que les han sido negados en el pasado? ¿Por qué, definitivamente, no lideran ustedes la aplicación de la carta de igualdad de oportunidades de las mujeres en el medio rural? Hoy hubiera sido todo un éxito, en el día internacional de la mujer rural. ¿Por qué no abanderan el reconocimiento de los derechos y prestaciones económicas de las mujeres rurales pasándolas del régimen especial agrario al general? ¿Y el incremento de las pensiones de viudedad? ¿Por qué no se acaba de desarrollar, con todas sus consecuencias, el fondo que garantice el pago de las pensiones compensatorias y de los alimentos fijado en cualquier resolución judicial? ¿Y la creación de una fiscalía contra las agresiones sexuales? En definitiva, ¿por qué no han liderado ustedes algo que es esencial y clave para que su proyecto sea creíble, como es la creación del Consejo Estatal de la Mujer? Yo entiendo, y termino, que ésta sería la apuesta política con soporte presupuestario que daría credibilidad a este Instituto, a un programa serio, riguroso y alternativo para las mujeres, para la creación de una sociedad más justa y más igualitaria.


El señor PRESIDENTE: Aunque se ha retrasado algunos segundos, vamos a darle la palabra a la representante del Grupo Mixto por Nueva Izquierda, doña Cristina Almeida.


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La señora ALMEIDA CASTRO: Señor presidente, yo estaba tan tranquila en mi despacho cuando me he enterado de que, en vez de la secretaria de Asuntos Sociales, quien estaba era la directora del Instituto, así que he venido corriendo. Por tanto, la tardanza ha sido por un cambio en las comparecencias.
Coincido en bastantes cosas con mi compañera María Jesús Aramburu. El Instituto de la Mujer es una especie de isla que, en principio, está llamada a grandes fines, que es intentar que todos los ministerios hagan cosas por las mujeres, pero nunca sabemos dónde se hacen. Usted hace un plan y no dice qué ministerios están implicados, luego vienen los presupuestos y nadie en su ministerio dice qué es lo que le toca hacer del plan, y debería usted indicárnoslo para orientarnos y saber dónde estamos. Ni con la memoria de los presupuestos hemos podido saber cuáles son los ritmos que va a tener el Plan de igualdad, con las críticas que tuviera, porque ya sabemos que no se concretaba; qué ritmo va a tener para 1998, qué ministerios están implicados, qué cantidades van a ir, qué se va a hacer, en definitiva, desde el punto de vista de la evaluación económica con todos los proyectos. Nada de esto se dice en la memoria de los presupuestos ni en ninguno de sus departamentos.
También tendríamos que saber qué ha pasado en 1996, en el presupuesto correspondiente del año 1996-1997, para conocer el grado de ejecución de las medidas que se han tomado, las que estaban previstas para este año, si se han realizado o no, si han dado un resultado satisfactorio, si han podido ser financiadas y ha habido gastos, porque de esta forma podríamos ayudarla a intentar lograr subsanar las deficiencias presionando sobre los presupuestos a través de enmiendas, pero es que no hemos tenido ninguna información de ese tipo y nos vemos un poco imposibilitadas para hacerlo.
Hay algo en los presupuestos que nos presenta que tampoco nos gusta. Dice que no se disminuyen las ofertas de asociaciones, pero sí se han disminuido las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, a lo que es el asociacionismo. Hay una merma considerable. Sin embargo, hay transferencias --también lo decía María Jesús-- para realizar actividades que fomenten la no discriminación de las mujeres y su participación en la sociedad. La verdad es que es la primera vez que se asignan 321 millones de pesetas y no sabemos qué publicidad le dan a esto, cómo se otorga.
Dicen que va a haber información individual a cada asociación, pero lo cierto es que no se dice cómo se va a formalizar esto, dando lugar a muchas sospechas. Las subvenciones hoy en día tienen que ser muy claras, nítidas, porque, si no, son clientelismo y nosotros no queremos asociaciones clientelares para ningún Gobierno, queremos asociaciones que contribuyan a la capacidad de igualdad de la mujer. Creo que eso no se explica en la presentación del presupuesto y la verdad es que no hemos tenido suficientes datos.
Tampoco tenemos datos sobre los programas-piloto experimentales. A las mujeres nos gustaría mucho estar siempre en esta experimentalidad, pero sabiendo de qué experimento se trata, porque es bastante fundamental saber si el experimento es para ir hacia atrás o hacia delante. Nos gustaría saber algo más concreto sobre estos temas.
Las inversiones reales que están previstas, ¿a qué van determinadas?, porque tampoco lo sabemos. Antes decía que van a cambiar todos los centros de sitio, pues yo no es que le tenga mucho amor a los sitios, pero me gusta más que sean céntricos y no que estén en la periferia. El Instituto de la Mujer se ha llevado a las calles Condesa de Benadito y Huertas para ahorrar alquileres y resulta que luego viene el aumento de los alquileres.
Las cantidades que hay de aumento en el presupuesto también nos parecen burocráticas, no están hechas con imaginación ni son de futuro. Nos dice, por ejemplo, que hay un aumento de un 61 por ciento en el capítulo 1.
Parece que nos van a aumentar mucho, pero resulta que ese 61 por ciento va a las cuotas de la Seguridad Social. Parece, como si el año anterior no se hubieran pagado y ahora vayan a pagarse todas de una vez. Si no hay aumento de personal y hay aumento de cuota, o antes estábamos en la ilegalidad o no sé qué es lo que se va a pagar. El caso es que el aspecto burocrático desvirtúa el presupuesto, no decimos que no lo tenga que poner si hay que pagarlo, pero no es dinero para iniciativas en torno a la mujer.
Lo mismo decimos con respecto a otro tipo de aumento, el relacionado con el material y suministro, que asciende a una gran cantidad. Está muy bien que tengan material y suministro, pero si va a ser para lápices, pues tampoco influye en la actividad de promoción de la mujer ni en la actividad del propio Instituto. A la hora de la verdad, nos encontramos con que realmente no sólo no hay un aumento, sino que el aumento no va a repercutir en las actividades propias del Instituto, y en algunos casos no va a favorecer el asociacionismo y la promoción de entidades que sí ayuden a trabajar en el ámbito de la mujer dentro de la diversidad y dentro de la pluralidad.
Tampoco nos dice en qué consiste, y lo hemos hablado a veces en la Comisión, el convenio con la Federación Española de Municipios. Asimismo, se ha hablado de los indicadores y de los objetivos que tenemos para el año 1998, así como de los cuatro objetivos que había en 1997, que ahora resulta que son tres y no sabemos si es que se ha cumplimentado alguno de ellos, porque no hay una rendición de cuentas del propio Instituto, aunque lo podemos seguir pidiendo.
Al hacer los presupuestos hay que ver para qué nos ha servido lo del anterior, qué es lo que hemos culminado, qué es lo que damos por cumplido, qué es lo que nos queda para este año, qué financiación va a tener una determinada cosa. Nosotros no nos hemos encontrado con esa explicación en los presupuestos y yo lo que creo es que los hacen los funcionarios y copian siempre casi las mismas letras todos los años, poniéndoles un adornito para que no se note, pero no nos dan contenido.
Hay que acostumbrarse a que la explicación de los presupuestos se haga un poco más coordinada con lo que queremos hacer cada año y no sólo traer el libro, hacer la foto, que nos lo leamos todos y luego encontrarte que dentro no hay una verdadera acción política, y menos una acción política en torno al tema de la mujer.


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Hay cosas que se tendrían que poner, cosas que nos están preocupando, cosas de toma de conciencia de la sociedad sobre la violencia contra la mujer, cosas sobre la actitud social; que se sepa que hemos pedido al Ministerio de Justicia que aplique tal cosa o que haya tal posibilidad; comisarías de asistencia, casas de acogida. Claro, que como estamos con el Plan de igualdad de hombres y mujeres, pues en vez de casas de acogida para mujeres maltratadas, que haya casas de acogida para hombres maltratadores, que tampoco estaría mal que se los llevaran a ellos y que no tuviéramos que ir siempre nosotras con los niños y encima maltratadas.
Explíquenos un poco por dónde quiere ir, por dónde va a ir.
Estamos en un momento en que todo va bien, la economía va muy bien, pero a nosotros nos gustaría que de ese crecimiento económico viniera algo para intentar evitar la desigualdad que tiene la sociedad, y que eso se viera como una apuesta para el futuro. Si ahora apostamos por la mujer, estoy segura que la bonanza económica no va a ser ahora, va a ser una inversión para el futuro, y por eso cuando hay dinero debíamos hacer políticas que permitieran hubiera más igualdad y más desarrollo en la sociedad.
Creo que esto no viene y por eso la hemos hecho comparecer, para ver si nos animaba un poquito más, nos contaba algo más y no nos veíamos sólo con números y letras sino reflejadas ahí, ya que no nos hemos encontrado reflejadas en otros ministerios en los que creíamos que las medidas del plan podían tener una referencia. Cuéntenos aquí por lo menos sus penas, si es que no le hacen caso en ningún sitio, o sus alegrías, si es que ha logrado algo en otros departamentos. Creo que nada de eso se refleja, y nos ha dado una sensación de números, y pequeñitos. De todos los organismos autónomos del Ministerio de Trabajo, el más pequeñito es para las mujeres, y somos el 51 por ciento. Yo no espero ser del 51 por ciento a los 60 años, pero a los veintitantos lo somos y me gustaría que tuviéramos esa repercusión en la sociedad.
Considero que tal porcentaje no se refleja en los presupuestos y por eso le hemos pedido con interés que si no va hablar mucho en el pleno nos cuente aquí qué hay de verdad, qué posibilidades tenemos de llevar adelante el cumplimiento de un plan de igualdad que no se concretaba y que menos se concreta en los presupuestos.


El señor PRESIDENTE: Para responder a los portavoces tiene la palabra la directora general del Instituto de la Mujer, señora Dancausa.


La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Dancausa Treviño): Cuando ha comenzado la señora María Jesús Aramburu a hablar del presupuesto, pensaba que estábamos hablando de un presupuesto distinto, que nos habíamos leído distintos presupuestos. Tengo que decir que este presupuesto insuficiente --cualquier presupuesto es insuficiente para un gestor-- es el presupuesto más alto que ha tenido el Instituto de la Mujer desde que se creó en el año 1983. Este año el presupuesto crece el 20,5 por ciento, que es un incremento importante en una época de ajustes presupuestarios, fundamentalmente el aumento va en la línea del capítulo 2, que es donde se realizan todos los convenios y todas las actividades del instituto, y aumenta el 43,9 por ciento, es decir el presupuesto más alto que ha tenido el Instituto de la Mujer desde el año 1983.
Creo que aquí se han mezclado muchas cosas, porque en esta comparecencia se está pidiendo que yo conteste a cuestiones de ejecución del presupuesto de 1997, que no tienen nada que ver con el presupuesto de 1998, y yo estaría encantada de podérselo decir. También me sorprende que tenga desconocimiento de lo que se ha efectuado, en primer lugar, porque creo que a través de las asociaciones e incluso de la Comisión Mixta de las Cámaras nosotros tenemos una buena relación y una buena comunicación, pero además porque estamos metidos desgraciadamente en el seguimiento especial por objetivos que tiene el Ministerio de Hacienda, que lo publica anualmente, y también publicamos una memoria anual donde se ve la realización de todas las actividades, y cuando termine 1997 también la tendrán ustedes. Pero, además en el tercer plan que se aprobó en el mes de marzo, una de las cuestiones a que se ha comprometido el Gobierno --y el instituto, por tanto-- es a hacer una evaluación anual, que nunca se había hecho, evaluación anual en la que vamos a dar resultados de qué son las actividades, y en qué se concretan.
La señora Aramburu también ha manifestado una serie de deseos, y yo estaba encantada porque veía que todos respondían prácticamente al tercer plan; muchas de las cuestiones que se han planteado, que se van a hacer y que se están haciendo, responden al tercer plan; pero desgraciadamente, señorías, el Instituto de la Mujer no va a poder resolver cuestiones que aquí se plantean como para que se resuelvan de una sola vez. Pensar que en un año se va a resolver el tema de la discriminación salarial, es absolutamente imposible, o pensar que se va a resolver en un año el problema de la mentalidad de hombres y mujeres en este país, también es imposible. Es una labor callada, paciente --yo no diría callada, diría más bien gritona--, pero a lo largo de los años. Se podrán hacer muchas actuaciones concretas que redunden en favor de las mujeres pero hay determinadas cuestiones que no se resuelven en uno, en dos ni en tres años, ahora bien estamos de acuerdo en que tenemos que incidir en ellas.
Por ir a temas más concretos, que son los planteados en relación con el presupuesto del año 1998, quería señalar en primer lugar y, respecto a los gastos de personal, que es verdad hay un incremento de aproximadamente 30 millones, son 29 millones y medio de pesetas. Esto se debe a que en anteriores presupuestos no se contemplaba en este capítulo, el de personal, la cuota social que paga la empresa por sus trabajadores, con lo cual todos los años había que hacer, al igual que el año pasado, una modificación de crédito para que pudiera pagarse. Nosotros simplemente hemos puesto lo que teníamos que pagar donde tenía que estar, que es en el capítulo 1 de personal; el resto del pequeño incremento --y hay también una disminución-- es debido a que primero se ha contemplado el aumento de retribución de los funcionarios, del 2,1 por ciento (se ha disminuido en algunas cuestiones porque se ha ajustado a las

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categorías reales que tienen los funcionarios en los puestos que están desempeñando), y se ha disminuido en la medida que se han transferido dos centros de información, el de Galicia y el de Canarias, y al reducirse el alquiler y el tema de personal hemos tenido que reducirlo. El incremento en 3 millones se debe fundamentalmente a las cuotas patronales de la Seguridad Social.
En segundo lugar, el tema del arrendamiento, que también se ha planteado.
Es cierto que nos acabamos de cambiar a otro edificio que es propiedad de Patrimonio del Estado y, por tanto, nos vamos a ahorrar el alquiler que supone alrededor de 100 millones de pesetas al año; sin embargo, no se ha disminuido aquí. ¿Por qué? Porque el anterior equipo tenía firmados unos contratos que ahora nos obligan a hacer una serie de indemnizaciones, y no podemos disminuir el presupuesto mientras no sepamos exactamente qué indemnización vamos a tener que pagar a los propietarios con los cuales estamos negociando. No digo de todos los alquileres, porque no sé si saben que el instituto tenía siete u ocho contratos de alquiler, no había un único contrato, y cada uno con unas condiciones y plazo diferentes. El año que viene, una vez que se haya solventado este tema de la administración por alquiler, ese capítulo disminuirá porque nos ahorraremos aproximadamente 100 millones de pesetas.
Entro a hablar del capítulo 2, que efectivamente se ha incrementado el 43,9 por ciento, y ahí se ha reflejado que había un aumento del 59,7 por ciento en el concepto 22, relativo a material, suministros y otros. Ese concepto, aunque se llama así porque presupuestariamente es el nombre, tiene otros subconceptos; los subconceptos fundamentales donde están las mayores cantidades son actividades realizadas a través de convenios que suponen 493 millones y significa un aumento de 215 millones, y el subconcepto 227, que es estudios y trabajos técnicos, que pasa de 137 millones a 338, con un aumento del 200,1 por ciento. Ahí es donde están explicados los aumentos; en el resto de subconceptos no tienen aumento.
Ni el material de oficina, que disminuye el 1,89; ni los suministros, que la energía eléctrica disminuye el 0,50; ni las comunicaciones, que disminuyen el 0,84. La actividad propia del instituto está en estos dos subconceptos: actividades realizadas a través de convenios y estudios y trabajos técnicos.
Quiero recordar aquí también otro tema que se ha puesto de manifiesto, y es el tema del mainstreaming. El Instituto de la Mujer tiene una función fundamental que es, además de hacer medidas específicas en favor de las mujeres, hacer que otros también las hagan. Lógicamente no vamos a pensar que el Ministerio de Educación o el de Sanidad están haciendo programas exclusivamente para hombres: están haciendo programas para hombres y mujeres. Nosotros tenemos que hacer programas para poner en marcha iniciativas que afectan exclusivamente a las mujeres y hacer que los otros ministerios dediquen créditos y hagan actividades en favor de las mujeres; eso es precisamente lo que están haciendo porque creo recordar --y ya se lo habrán explicado en esta Comisión-- que tanto Educación como Sanidad, son dos presupuestos que han subido, se han incrementado, y lógicamente van a redundar en favor de las mujeres, y como también sería lógico en favor de los hombres.
Por tanto, centrándome exclusivamente en el capítulo 2, con el aumento del 47 por ciento, tengo que decir que las actividades realizadas a través de convenios van dirigidas fundamentalmente a convenios que se hacen con ministerios, con comunidades autónomas y con otras instituciones, y todas ellas van dirigidas a poner en marcha lo que ya hemos comenzado: el cumplimiento del Tercer plan de igualdad. En un presupuesto como éste que tiene unos conceptos diferentes de lo que es el tercer plan, no se puede poner el tercer plan con las cantidades; lo que tendremos que hacer es agrupar aquellas cuestiones presupuestarias que vamos a hacer, y luego en la evaluación del tercer plan y en la memoria que hagamos se verá cómo se han cumplido y con qué cantidad.
El subconcepto estudios y trabajos técnicos, exactamente igual. Es otro concepto donde se pagan presupuestariamente muchos de los programas que ponemos en marcha. Por decirles un dato, habría que explicar --y a mí me hubiera gustado que lo hubieran preguntado-- por qué se aumenta 400 millones. Tengo que decir que hace poco tiempo, a primeros de enero, se acaba de publicar la iniciativa comunitaria NOW, que el instituto ha concursado a esa iniciativa comunitaria, ha presentado seis proyectos y, por tanto, esos proyectos son los que vamos a desarrollar fundamentalmente con cargo a estos conceptos, además de los convenios que venimos realizando con los ministerios pertinentes. En este sentido, debo decir que uno de ellos va a mujeres rurales y tiene un importe de 1.000 millones de pesetas, en colaboración con las comunidades autónomas que, por supuesto, se paga en dos años, quiere decirse que no vamos a aportar los 1.000 millones ahora, sino que se hará en sucesivos años; hay un programa de televínculo para fomentar a las mujeres de teletrabajo; hay un programa de asistencia técnica a empresarias; está el programa Optima, que este año vuelve a repetirse con algunas innovaciones; hay un programa para mujeres responsables de núcleos familiares; y hay un programa para mujeres inmigrantes. Todos estos programas, más los marcos comunitarios de apoyo, son los que dedicamos a los cursos de formación Nova, es decir nuevas profesiones para mujeres, y suponen alrededor de 2.000 millones.
Estos 2.000 millones y el aumento del presupuesto, del cual aproximadamente 1.300 millones van dedicados a actividades, son los que tenemos aquí. Creo que nunca tengo que ser optimista pero sí bastante conformista con que el Gobierno haya tenido sensibilidad y haya podido apoyar, en un momento restrictivo en el cual otros ministerios han tenido disminución, el presupuesto de la mujer, cuando nadie daba un duro porque este Gobierno apoyara al instituto ni, por supuesto, aumentara el presupuesto.
En cuanto al tema de las subvenciones, sí me gustaría decir que la Ley de Procedimiento Administrativo establece que la notificación de las subvenciones se tiene que hacer de forma individualizada, y a los tres meses se publica en el «Boletín Oficial del Estado». Desde luego no es nuestra intención, ni mucho menos, no publicarlo, primero porque estaríamos contraviniendo la ley y, segundo,

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porque no tenemos la más mínima intención. Eso está remitido al «Boletín Oficial del Estado», se ha comunicado como es preceptivo individualmente a las asociaciones que han recibido el dinero y en el momento que el boletín pueda se publicará para que todo el mundo lo conozca. A nosotros nos interesa más que a nadie que se vea que estamos haciendo una política no sectaria y que estamos apoyando al movimiento asociativo en su conjunto. Supongo que dentro de unos días estas subvenciones saldrán.
En el tema del capítulo 4, que también María Jesús Aramburu lo había comentado, tengo que decir que hay un error y es que en fomento de creación de empresas por mujeres aparecen 10.000.300 y, sin embargo, aparecen en ayudas a la edición 15 millones. Hemos propuesto una enmienda técnica porque es un baile de números. En realidad es: subvenciones a empresas creadas por mujeres, 50 millones de pesetas --hay un incremento de 10 millones respecto al año pasado-- y 15 millones en ayudas a la edición. Esto, que era un programa que se venía haciendo habitualmente por el Instituto de la Mujer, lo hemos reflejado porque tenía presupuesto y, sin embargo, en estos presupuestos no se reflejaba. Nosotros lo hemos reflejado y desagregado del concepto de empresas privadas porque venía conjuntamente. Estas ayudas a la edición van a empresas privadas para comprar libros que se publican sobre temas de mujeres, sobre feminismo a empresas privadas que los quieren publicar y lo que nosotros hacemos es comprarles una parte de sus libros para difundirlos entre las asociaciones y bibliotecas en general.
En el tema de las subvenciones tengo que decir que aunque no sea un incremento muy notable, sí hay un pequeño incremento en la subvención de régimen general, me parece que son 6 millones de pesetas que están en subvenciones a ONG sobre programas para la mujer. El año pasado había 194 millones y este año se incrementa a 200. Teniendo en cuenta que la subvención del IRPF, que no gestiona el Instituto de la Mujer, pero que sí propone en su resolución y está presente en la Comisión de evaluación y que también ha tenido incremento del 10 por ciento este año, supone un aumento importante de las subvenciones que se conceden a organizaciones no gubernamentales.
En el tema del convenio con la FEMP, que SS. SS. han planteado, tengo que decir que este convenio va dirigido a poner en marcha un programa telemático que está haciendo la FEMP, se está conectando a través de todos los municipios, no estaba previsto que hubiera dentro de ese programa un apartado específico de mujer, y con esta cantidad de dinero nosotros estamos complementando ese programa para que todos los programas de mujer lleguen a los ayuntamientos, así como toda la información de mujer que se está haciendo.
No sé si alguna cuestión ha quedado sin respuesta. Creo que en general he contestado a todo. Respecto a los proyectos piloto experimentales, que también se había cuestionado, decirles que están desagregados posteriormente, es decir, los programas piloto experimentales son el programa de formación de personal sanitario y el programa de formación de profesorado de educación. Esos programas se mantienen. Sí desaparece un programa que ya el año pasado disminuyó, que era el programa de becas para formación en empresas públicas. El año pasado estaba presente pero había disminuido en gran parte. Nosotros entendemos que este programa no tiene ningún sentido, primero por su coste, ya puso de manifiesto la anterior directora del Instituto de la Mujer que era un programa muy caro y que, además, no está dando resultados. Entendiendo que el criterio de la directora era válido y que la mayoría de las empresas públicas están en un proceso de privatización, no tiene sentido continuar con este programa. Lo que se ha hecho es incrementar esa cantidad en otros proyectos como son, por ejemplo, la cooperación al desarrollo, que este año se incrementa en nueve millones de pesetas, el convenio con la FEMP, que tenía una cantidad menor y este año también se incrementa 11.000.500 pesetas y una serie de programas que se han ajustado siempre al alza.
Sin tirar cohetes, señorías --porque aquí no se trata de tirar cohetes--, tengo que estar verdaderamente contenta porque mi presupuesto haya aumentado el 20 por ciento.


El señor PRESIDENTE: La señora Almeida quiere puntualizar o añadir alguna pregunta, pero les recuerdo que estamos en una comparecencia singular, que no es de control.


La señora ALMEIDA CASTRO: Singular sobre todo porque nos ha hecho pensar que no somos tan tontas. Yo tenía la duda de no enterarme, pero me he dado cuenta que hay que adivinarlo, porque en material y suministro meter los programas de convenio, hay que ser un poco lista para podérselo imaginar. Es verdad que burocráticamente será, pero nos gustaría conocer las cosas que se hacen. No sé si darían un duro por el Gobierno de Aznar en esto, pero por el Instituto de la Mujer sí, no es el Gobierno Aznar, es un derecho de las mujeres y no es su presupuesto, es nuestro presupuesto; es el presupuesto que nos va a llevar al año que viene, camino del año 2000 que es cuando tenemos compromisos con la Conferencia Internacional de China y con todo un montón de cuestiones que creo que debe quedar más claro. Me parece que de las explicaciones que nos ha dado no se deriva una política decidida. Es verdad que a lo mejor usted no va hoy a hacer todos los condicionamientos. Creo que es bueno que cuando se presenta un presupuesto se haga una memoria que explique de verdad la actividad del instituto. Nosotros para enterarnos del convenio de la FEMP, que le llaman telemático, lo hemos de tener aquí. Creo que hubiera sido más fácil, y no porque lo hagamos en comisiones, que estamos en la Comisión de Presupuestos. En la Comisión de la mujer ya preguntaremos y nos contestará, pero en la Comisión de Presupuestos deberíamos tener más facilidad.
En cualquier caso, agradezco la información. Sigo indicándole que esa labor de control presupuestario debía ser más decidida por el instituto.
No hemos visto que en el conjunto de los presupuestos las obligaciones que otros ministerios tengan hayan sido destacadas por usted ni por otros ministerios como consecuencia de las líneas del plan

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de igualdad, que en unas cosas las hemos criticado y en otras estábamos de acuerdo, porque las políticas de igualdad pertenecen siempre a las mujeres y ningún Gobierno va a dejar de hacerlas aunque lo intente.


El señor PRESIDENTE: Señora Aramburu.


La señora ARAMBURU DEL RIO: El tema mujer creo que tiene entidad superior como para remitirnos a puntualizar. Por tanto, voy a obviar entrar en un debate sin el tiempo y los contenidos suficientes. Sí voy a pedir a doña Concepción que, una vez leídas nuestras intervenciones, haga un esfuerzo en la línea que ha planteado para contestarnos detalladamente a todas las dudas que tenemos y planteamientos que hemos hecho. Ya le adelanto que si usted no lo hace a petición propia, en breve voy a pedir su comparecencia para poder debatir a fondo los problemas que están planteados desde el punto de vista no sólo presupuestario sino también político.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo la directora general?

La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER (Dancausa Treviño): Quiero insistir en que los presupuestos tienen una técnica. No es que yo coloque mis actividades en material, suministros y otros, es que son capítulo 2, y hay siete capítulos en el presupuesto. Para cambiar toda la técnica presupuestaria tendríamos que hablar con el Ministerio de Hacienda y lleva muchos años así; no es una cosa de ahora, esto es así desde hace mucho tiempo.
Para mí es una satisfacción acudir a la Comisión Mixta de la Mujer para explicar absolutamente todo. Siempre lo he hecho con muchísimo gusto y estaría encantada. No dude S. S. que voy a leer exactamente su intervención para ver cuáles son las cuestiones que a lo mejor, sin querer, he dejado sin responder.
Centrándome en esta cuestión, que yo creo que es explicar los presupuestos respecto de nuestras actividades, les he dado las explicaciones sin querer extenderme y aburrirles con todo tipo de programas.
Creo que es importante destacar el aumento del capítulo 2. He comentado los proyectos más importantes que vamos a realizar este año. Y, por supuesto, también quiero manifestar que no es el momento adecuado para exponer la cantidad de actividades que se hacen desde el Instituto de la Mujer y por ese motivo no me he extendido más.
No obstante, quiero decirles que éste es un presupuesto para todas las mujeres y es lo que nosotros pretendemos. No podemos dejar de estar en cierto modo satisfechas porque el Gobierno nos haya oído y hayamos conseguido que sea el presupuesto más alto que hemos tenido desde el año 1983 en que se creó el instituto.


El señor PRESIDENTE: Agradecemos a la directora general del Instituto de la Mujer su presencia entre nosotros y la despedimos a la espera de la comparecencia del secretario general de Empleo, que viene a continuación.
--DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (PIMENTEL SILES). A PETICION DEL GRUPO MIXTO (Número de expediente 212/000898), GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/000932) Y GRUPO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001034).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, pasamos a la comparecencia del secretario general de Empleo, don Manuel Pimentel, comparecencia requerida por Eusko-Alkartasuna, que no está presente.
Por el Grupo Izquierda Unida, que sí está presente, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señor secretario de Estado de Empleo, antes comentábamos con el señor subsecretario del ministerio al que usted pertenece, el desequilibrio que, desde nuestro punto de vista, existe en el presupuesto entre lo que son las partidas globalmente llamadas de fomento del empleo, que crecen el 28,1 por ciento, y lo que era la cobertura al desempleo que, desde nuestro punto de vista --si no vemos mal porque eso es cuestión de ver simplemente las cifras--, sigue un constante decrecimiento respecto a los porcentajes de cobertura y, por tanto, hay un desequilibrio entre las políticas activas y las políticas pasivas del ministerio.
Como uno no sabe bien exactamente cuando hay comparecencias múltiples de cargos del ministerio a quien hacerle este tipo de preguntas, quisiéramos conocer también su opinión, si eso no fuerza excesivamente lo que son criterios reglamentarios de esta Cámara respecto a las comparecencias.
En cualquier caso, dentro ya del epígrafe mismo de fomento del empleo observamos cierto desequilibrio interno entre las diferentes partidas, el programa 322.A, fomento y gestión del empleo, que crece el 35 por ciento, y el de formación profesional ocupacional, que crece el 28,4 por ciento el programa 324.A, mientras que, por ejemplo, las partidas destinadas al presupuesto de escuelas-taller y casas de oficio sólo crece el 2,5, aunque disminuye el porcentaje total, porque del 12,8 por ciento de 1997 pasa al 10,3 en 1998 y en la medida que, efectivamente, crece globalmente la partida del presupuesto, decrece el porcentaje de lo destinado a escuelas-taller y casas de oficio. También la partida de desarrollo de la economía social crece el 3,8, aunque ya de por sí son partidas modestas, en este caso 2.203 millones de pesetas para 1998. Por tanto, diríamos que también decrece esta última partida de desarrollo de la economía social.
Quisiéramos saber por qué se orientan desde nuestro punto de vista de forma desorbitada estas partidas de fomento y gestión del empleo, no ya tanto la de formación profesional que entendemos todo es poco para esta partida, pero, en concreto fomento y gestión del empleo, que vienen a ser las subvenciones a las indemnizaciones que deberían pagar los empresarios por despedir a los trabajadores y que, en definitiva, vamos a pagar todos los contribuyentes.


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Perdonen la caricatura, pero mucho me temo que en último término va a ser ese resultado. En cualquier caso quisiéramos conocer también por qué hay este desequilibrio en la orientación del incremento de una partida de fomento del empleo hacia este tipo de política de subvenciones y no hacia el desarrollo de la economía social, etcétera.
Lo mismo pasa con el tema del autoempleo. Quisiéramos saber si, dentro de las cifras que se nos ofrecen, hay alguna especialmente destinada a fomento del autoempleo en general y a fomento del autoempleo respecto a la construcción de viviendas propias con control local en particular.
En cualquier caso, dentro del mismo epígrafe de fomento del empleo, los gastos de personal decrecen el 6,4 por ciento. Quisiéramos saber también a qué es debido, si es por las transferencias a Cataluña y a Galicia o se debe a otro tipo de políticas de restricción de personal en general y, por tanto, cómo afecta este decrecimiento a la gestión.
Por otro lado, quisiéramos saber cómo todo este tipo de partidas presupuestarias y el crecimiento presupuestario, este empeño, por tanto, en las políticas activas, va a ser controlado y cómo se va a medir la eficacia de este tipo de políticas activas; por ejemplo, cómo se va a controlar la eficacia de los 191.000 millones de pesetas en formación profesional ocupacional y, en concreto quisiéramos conocer, si no es posible ahora que se nos diera información por escrito, cuánto dinero es a fondo perdido, por decirlo de alguna forma, es decir para la gestión de las entidades colaboradoras o como margen o fondo de maniobra. En este tema, como todos somos garantes en la transparencia del destino del dinero público, quisiéramos conocer este aspecto del presupuesto.
¿El seguimiento del desempleado que realizan los SIPE está teniendo eficacia en la colocación efectiva? A través de esta comparecencia, nosotros solicitamos información o un balance --aunque sea provisional-- de la gestión de los SIPE (que, en cualquier caso, es algo que se tiene que ir realizando ya) y datos, por tanto, sobre la evolución de la colocación que hacen estos SIPE y otras entidades. Quisiéramos conocer la evolución de la gestión de estos servicios integrados de promoción del empleo para saber si el nuevo modelo de gestión está teniendo los resultados apetecidos.
También deseamos conocer si el Gobierno tiene ya resuelto el problema de la validez estadística de los datos sobre el empleo que proporcionan el paro registrado y la EPA. Es un tema que salta a la opinión pública, de vez en cuando decrecen o crecen los desempleados en función de un dato, de un parámetro o de otro. Este problema tiene un poco perpleja a la opinión pública y también a nosotros en particular. Hay que evitar que, efectivamente, unas veces se utilice el paro registrado, otras veces se utilice la EPA, según convenga a las políticas o a la estrategia informativa del Gobierno.
Más allá de lo que es estrictamente la comparecencia relativa a presupuestos, quisiéramos reiterar una pregunta que hemos hecho, posiblemente de forma no conveniente ni adecuada, al señor subsecretario.
No sé si será adecuado dirigirla a usted en este momento; en cualquier caso nos preocupa y quisiéramos que nos alumbrara sobre la política que va a llevar el Gobierno a la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo.
Insisto que no sé si será oportuno, pero nos gustaría, en cualquier caso, que nos adelantara, si lo tiene a bien, qué criterios se barajan.
Comprenderé una respuesta evasiva al respecto, pero nos gustaría vislumbrar cuál va a ser esa política porque, sin duda alguna, preocupa a toda la opinión pública, que está viendo cómo otros gobiernos de la Unión Europea orientan su política de empleo en un sentido y que por parte de las más altas instancias del Ministerio se pronuncian en un sentido absolutamente contrario a estas orientaciones y, por tanto, van dejando ya claramente una posición gubernamental para la opinión pública que nos gustaría se despejara. ¿Va a haber, realmente, una negativa por parte del Gobierno, en esta cumbre de Luxemburgo, a intentar cualquier tipo de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales? Perdone usted nuestro atrevimiento; en cualquier caso es una preocupación muy importante para nosotros y, por tanto, le agradeceríamos que tuviera a bien contestarla.


El señor PRESIDENTE: Usted sabe, señor Vaquero, que ese tema, que es del máximo interés, será abordado en otras instancias (en esta misma Comisión --en otro momento-- o en Pleno) pero ahora no es adecuado.
El Grupo Socialista había también pedido la comparecencia y por ello, tiene la palabra el señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: En principio cada grupo tiene su técnica y su estilo en la presentación de las preguntas a los representantes del Gobierno, en este momento al secretario general de Empleo. En el caso de mi grupo, concretamente en el mío propio, la intención de mis preguntas es obtener una respuesta concreta. Mi impresión es que se ha citado al secretario general en esta Comisión para que amplíe la información que nosotros tenemos de la lectura de estos presupuesto.
Quiero indicarle de entrada la importante preocupación de mi grupo y la mía propia respecto a los presupuestos, entre otras razones porque en unos presupuestos de dos billones (como los del Inem) entendemos que la información que tenemos de cómo se va liquidando el presupuesto de 1997 debería y podría mejorarse; en cualquier caso, usted va a poder suplir en parte la deficiencia de información que tenemos. Lo decimos con la voluntad clara no de plantear una crítica sino, fundamentalmente, de conseguir una información que creemos necesaria para analizar en profundidad lo que son estos presupuestos. La técnica presupuestaria indica cómo se tiene que gastar y cómo se tiene que ingresar, pero es una forma y no permite deducir claramente cuál es la situación. Por decirlo de otra manera y, para que nos entendamos, en los presupuestos de la Seguridad Social se ha presentado a esta Cámara la liquidación completa del presupuesto de 1996. Quiero agradecer al secretario general que ya esté en Internet la liquidación del presupuesto de 1996 del Inem, pero lamentablemente tengo que decir que no conocemos lo que está pasando mes a mes del año 1997. Tenemos alguna información al respecto de la Seguridad Social, tampoco toda la que nos gustaría tener y, a nosotros, a mí personalmente (en cualquier

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caso lo consideraremos en otro momento en la Cámara), me parece que un organismo que gestiona dos billones, y lo digo entre paréntesis porque la gestión ya no sólo es por volumen de cifras sino que también hay participación de la Seguridad Social en esta parte de la gestión, aunque la responsabilidad, por supuesto, corresponde al área de empleo, pero un presupuesto de semejante envergadura exigiría como mínimo unos boletines de gestión financiera como los que presenta la Seguridad Social, o por lo menos que se acumulara a la información presentada en los boletines de gestión de la Seguridad Social; información que nosotros, lamentablemente, tengo que decir desconocemos en este momento. Sobre todo empiezan a preocupar enormemente algunos temas. Estos días estamos oyendo cosas --no sé si son fiables las informaciones de los medios de comunicación-- que hacen no sepamos si en Trabajo manda el ministro de Economía o el ministro de Trabajo respecto a algunas de las cosas que aparecen en los medios de comunicación.
Entrando directamente a lo concreto y para que entendamos las dudas que a nosotros se nos suscitan, primero, quiero preguntarle cuáles son las previsiones de liquidación de los presupuestos de 1997. Cuando le digo eso soy consciente de que en los presupuestos hay datos de la liquidación de 1997 del Inem pero son tan insuficientes y tan globables que, realmente, poco podemos pensar y decir de esa liquidación. Nos gustaría que pudiera concretar esas previsiones no sólo por los grandes capítulos o por los programas (que es como están apareciendo en el avance de liquidación que presenta el Gobierno) sino desglosadas las grandes cifras. Entre otras cosas, nos gustaría conocer cuál es la previsión de liquidación en 1997 de las cuotas de desempleo, de formación profesional, las transferencias del Estado al Inem, como aspectos que nos parecen no tanto como derechos reconocidos sino como pagos realizados por el Inem.
En cualquier caso, en todas las fórmulas posibles.
¿Hay alguna razón que justifique la disminución del 21 por ciento en las transferencias del Estado al Inem? ¿Podría explicarnos por qué los reintegros por operaciones corrientes han crecido nueve veces respecto al ejercicio anterior alcanzando más de 19.000 millones? ¿A qué gastos afectaron este tipo de situaciones? ¿A qué se debe que se dupliquen --es una mera curiosidad-- los gastos de personal laboral, con las cifras que aparecen en los presupuestos? Hay una pregunta y un problema que se nos suscita y lo estamos preguntando en todas las instancias posibles, al secretario de Estado de Presupuestos, al secretario de Estado de la Seguridad Social y, ahora, se lo preguntamos a usted: ¿Qué criterios han seguido para estimar el crecimiento de las cuotas de desempleo y de formación profesional? Aquí tenemos un lío enorme entre las distintas vías --o distintas posibilidades-- que se están produciendo al respecto. Nos gustaría saber los criterios, y si tienen algo que ver o no con las cotizaciones de la Seguridad Social y con las cotizaciones sociales, porque a partir de ahí el galimatías es más sorprendente. Creíamos que tenían algo que ver y resulta que no se parecen en nada los datos y estamos desconcertados.
Estamos desconcertados porque en la técnica que yo creo siguen ustedes en la definición de los programas utilizan unos datos tan antiguos para hacer la previsión que parece como si voluntariamente quisieran equivocarse. Por ejemplo, para que nos entendamos. ¿Podría darme una explicación de por qué en 1997 previeron ustedes 621.000 perceptores de prestaciones contributivas, en términos de media mensual, durante todo el año? Sin embargo, en septiembre de 1996, cuando se presentaron los presupuestos en esta Cámara, las cifras de perceptores que había ya estaban por debajo. Habida cuenta las dificultades que tenemos los diputados de la oposición para hacer las cuentas, calculamos los perceptores --ustedes dan el dato en los presupuestos--, los multiplicamos por la prestación media que corresponde, les sumamos los costes medios de Seguridad Social --que también ustedes ponen en el presupuesto-- y nos coinciden con la cifra. Pero esas cifras de los perceptores no coinciden en nada con la realidad del año. Por ejemplo, en 1997 es evidente que los perceptores, en términos medios, desde enero hasta diciembre van descendiendo y, sin embargo, ustedes anteriormente utilizaban en el cálculo cifras mucho más altas. Eso vale para el subsidio de desempleo. Ustedes utilizaron unas cifras muy antiguas para hacer la estimación --posiblemente los presupuestos se hacen a mediados del año--, pero sabiendo las tendencias que existen, estamos en un ciclo expansivo de la economía y, como consecuencia, es de prever que, aunque todos piensan que todo esto es cosa del Gobierno, la situación económica va mejorando y que los perceptores de prestaciones van disminuyendo. Nos da la impresión de que cuando ustedes hacen estas estimaciones parece como si a la fuerza quisieran equivocarse, porque si no entendemos la situación que se está produciendo.
En los presupuestos de 1998 tenemos el mismo problema. El boletín de estadísticas del Ministerio de Trabajo nos facilita información. Sin embargo, no sé qué pasa últimamente porque no consigo conectar Internet con el boletín para tenerlo más al día. El boletín del Inem sí lo he conseguido, pero cuando he ido a los perceptores de las prestaciones de desempleo, que lo necesitaba para poder tener una aproximación más real al presupuesto, no he encontrado el boletín de estadísticas. Por ello, le agradecería que nos dijera en este momento cuántos perceptores por prestaciones de desempleo tenemos ya en el mes de septiembre, porque a lo mejor con ese dato nos aproximaríamos más a la realidad, si es que se mantiene su tendencia al descenso. En el caso de que ustedes previeran que van a crecer, entendería alguna de las cifras. Tampoco me cuadran las cifras que se utilizan para el cálculo de perceptores con los datos que yo creo que en estos momentos se está moviendo el volumen de perceptores de prestaciones por desempleo. Esos datos se los pediría también para el subsidio de desempleo porque es otro tema bastante interesante. Las previsiones del Reass se acercan más a nuestros datos y a los que ustedes utilizan, así como a las liquidaciones que se van produciendo.
Tenemos un problema muy serio para conocer la realidad. Le puedo asegurar que no hemos conseguido que este problema nos lo resolviera el secretario general de la Seguridad

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Social. Vamos a ver si conseguimos que usted lo haga. Confiamos más en usted para esta tarea. Nos gustaría conocer el balance de situación del Inem en 1996. Pero nos gustaría conocer el balance de situación también lo más próximo posible a la fecha en que nos encontramos, porque nos permitiría hacer un juicio más real. Usted está responsabilizado de un organismo en el que no se quejan de la política de ingresos, pero no se quejan entre paréntesis. En esta fase la coyuntura va bien. Supongo que en las fases en que la coyuntura va mal es más terrorífico el tema del Inem porque aumenta mucho el número de los que perciben prestaciones y los ingresos disminuyen debido a los ciclos de la economía. Estamos interesados en el balance de situación del Inem y la cuenta de resultados, porque nos permitiría hacer un juicio mucho más real de la situación.
¿Qué deudores por derechos reconocidos tiene el Inem? ¿Qué deudores por aplazamiento y fraccionamiento de pago tiene? ¿Qué deudores por prestaciones? ¿Es deudora la Seguridad Social con el Inem? Se lo pregunto porque el otro día leímos en los medios de comunicación unos datos que nos pusieron los pelos de punta. Decían que la Seguridad Social debe cerca de cuatro billones de pesetas y es acreedora de 1,8 billones. Si la Seguridad Social recauda al Inem y, además, dicen que tampoco paga a Hacienda --eso sí que lo reconocía el secretario general de Presupuestos--, yo me preguntaba, ¿la Seguridad Social le deberá también al Inem? El Inem deberá a Hacienda también de una forma indirecta. La situación es complicada y por eso le pediré también otra información importante.
En 1996 y en el momento actual ¿tienen en su pasivo acreedores por obligaciones reconocidas u otros acreedores no presupuestarios? El término acreedores no presupuestarios ya sabe usted que está acuñado en la contabilidad pública y, además, en lo que es la relación entre el Inem y la Seguridad Social. Que yo sepa, ha sido hasta motivo de intervención del Tribunal de Cuentas para pedir aclaración de lo que son las relaciones entre el Inem, la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Nos gustaría conocer cuál es la cuenta entre el Inem y la Seguridad Social. No sé si es una cuenta extrapresupuestaria, en el mejor sentido de la palabra (no se entienda que no es una cuenta correcta; es una cuenta que funciona en términos extrapresupuestarios, que es perfectamente posible y perfectamente legal), porque ello nos permitiría conocer si los ingresos del Inem están sirviendo también para financiar a la Seguridad Social. Por ejemplo, nos permitiría tener un conocimiento más en profundidad y mucho más real.
Le quiero hacer una pregunta muy concreta porque hemos oído rumores en la Cámara de una manera indirecta, pero también fuera de ella a través de los medios de comunicación. ¿Está previsto en estos presupuestos, como ingreso, ese anuncio de una posible subida del uno por ciento de las cuotas por desempleo? No sé si eso es verdad. Me ha extrañado escucharlo en distintos momentos, pero lo he oído como una política incentivadora de algún tipo de actuaciones. Si fuera así esa medida que se ha anunciado no de una manera muy concreta, pero sí indirectamente, ¿está previsto en la política de ingresos del Instituto en estos presupuestos o no tendría nada que ver? Ustedes hablan mucho de una cuestión, y creo que ahora sería un dato importante en este área y nos permitiría conocer datos que nosotros necesitamos utilizar en los debates sobre la política de empleo del Ministerio. Por ello querríamos saber el número de contratos que pretenden incentivar. He oído en distintas ocasiones diferentes cifras.
Me gustaría conocerlas, así como el coste de cada contrato --en la incentivación-- y el crecimiento de la partida total. Sinceramente he oído cifras muy altas de incentivación y quería saber si coincide con mis cuentas --yo las hago a mano-- sobre los incentivos totales previstos en las partidas presupuestarias. Tengo alguna duda sobre si coinciden esos datos. Espero que usted lo concrete mucho mejor.
Me gustaría conocer el número de contratos indefinidos que se han firmado a partir de las nuevas normas de contratación, desde que entró en vigor el decreto-ley, es decir, desde mayo a septiembre, y, si fuera posible, por tipo de contratos. También le pediría que me facilitara, de mayo a septiembre, el número de contratos eventuales, para obra o servicio determinado, e interinos. Queremos analizar en profundidad estos datos.
Los boletines que nosotros estamos contrastando son anteriores a mayo y no nos permiten entrar en el conocimiento más profundo de las consecuencias de la ley que, sin duda, ustedes están dando a conocer, pero nos gustaría analizarlo en profundidad.
Estas son, más o menos, las dudas o las preguntas que le plantearíamos al secretario general, a fin de efectuar un control desde la oposición de la labor del Gobierno en este área tan importante.


El señor HERNANDO FRAILE: Para una cuestión de orden.
La comparecencia del secretario general entiendo que es para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos para 1998 y no sobre la ejecución de 1996, en la que existen posibilidades de solicitar comparecencias ad hoc o a propósito para ello.
Solicitaría, por tanto, que no se venga a utilizar argumentos similares a los que sirvieron ayer para hacer preguntas respecto de 1996, y en virtud de que esos datos no se tenían en este momento, alegar luego oscuridad presupuestaria.
Quiero dejar claro, y que lo haga también la Presidencia, que este trámite parlamentario es para el presupuesto de 1998 y no para la ejecución del de 1996, no vaya a ser que algunos internautas que luego hacen las cuentas a mano nos vengan con datos extraños. (El señor Gimeno Marín pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: No sé a qué se refiere el portavoz del Grupo Popular. Si leemos la Ley General Presupuestaria veremos las obligaciones que tiene el Gobierno cuando presenta los presupuestos generales de cada ejercicio siguiente, y en ellas va incluida la liquidación de 1996 y las previsiones de 1997.
Lo digo para que se sepa. No estoy diciendo nada extraño. Ya he agradecido al secretario general de que presupuestariamente

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exista una información más detallada de la que se disponía anteriormente, porque la facilitó como consecuencia (no sé si como consecuencia, posiblemente lo hubiera hecho igual) de la comparecencia que hubo en esta Comisión. Sólo estoy pidiendo datos de información que me parecen muy importantes. El balance de situación del Inem es un dato muy importante desde el punto de vista de la contabilidad pública.
A mí me extraña que se hagan afirmaciones de estas características. No necesito ni siquiera los de 1996. Estaría encantado con que me diera el balance de situación de agosto de 1997. Supongo que a lo mejor es más fácil el de 1996 que el de agosto de 1997, que también lo he pedido. En cualquier caso, me conformaría, secretario general, con el balance de situación y la cuenta con la Tesorería y la Seguridad Social referido a agosto de 1997. Me encantaría disponer de esos datos para poder estudiarlos en profundidad.


El señor PRESIDENTE: Creo que ambas intervenciones son obvias, en la medida en que son correctas. No ha habido infracción por ninguna parte, ni incorrección reglamentaria en ninguna de las intervenciones producidas con anterioridad. En aquellas cuestiones que se salgan del ámbito de la información presupuestaria, ya hemos quedado en que para el control político es otro el momento, pero esta comparecencia tiene sentido en todo aquello que pueda enriquecer a los grupos parlamentarios para la presentación de enmiendas.
El señor secretario general tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Señorías, quiero agradecer, en primer lugar, las preguntas y algunas de las opiniones que formulan los grupos que solicitan la comparecencia del secretario general de Empleo para intentar arrojar alguna luz sobre el proyecto de presupuestos para 1998, en lo que se refiere a la Secretaría General de Empleo.
Son muchos los temas. La mayoría espero poder contestarlos o ampliar alguna información, pero de algunos de ellos remitiré la contestación posterior, en función de la disponibilidad o no de datos que tenga en este momento. Sí quisiera estructurar mi intervención al hilo de las intervenciones previas que ha habido.
Las dudas del portavoz de Izquierda Unida, señor Vaquero, plantean temas que abren debate. Algunos de ellos son muy generales y me veré muy limitado a abrirlos, aunque son absolutamente apasionantes. Uno en el que sí quiero profundizar un poco es en la desproporción que él ve, utilizando sus términos algorítmicos exactos, sobre políticas pasivas y políticas activas.
Efectivamente, es una obviedad que hay una apuesta decidida de este Gobierno por incremento de políticas activas, no en decremento o a costa de las políticas pasivas, sino únicamente poniendo más dinero a las políticas activas. El porqué disminuye en el presupuesto un 2,8 por ciento el costo de las políticas pasivas es conocido. Independientemente de la base de cálculo o no, la respuesta es muy obvia: el próximo año, fruto de la buena marcha de la economía española y fruto de esa generación intensa de empleo, va a haber menos desempleados; al haber menos desempleados, va a haber menos perceptores de desempleo, que a título individual mantienen los mismos derechos que tenían; es decir, no se vulnera ni se modifica ni uno solo de los derechos que tienen los desempleados actuales, únicamente es algo tan sencillo como que va a haber menos desempleados. Puede estar tranquilo, S. S., a no ser que plantee que sería conveniente el incremento de derechos o de algunas fórmulas. En los términos que S. S. lo ha planteado le quería garantizar, para su tranquilidad, que se mantienen todos los derechos; no hay ningún tipo de oculta referencia a la ley de acompañamiento de uno solo de los derechos que configuran el acervo social de los desempleados españoles.
En este sentido sí es importante reconocer el esfuerzo que se hace en políticas activas. No hay foro europeo, no hay foro de la OCDE, no hay foro internacional por cuestión de empleo donde no se pondere cada día más la importancia de la política activa frente a la política pasiva.
Pero esto, que empieza a ser un dogma bastante general, no tan sólo corresponde a partidos o a ideologías de un mismo espectro, sino que créame que es bastante amplio. Hoy mismo he estado fuera en un foro donde había gobiernos de muy distinto signo, y en todos ellos había un compromiso por seguir intensificando el porcentaje de fondos dedicado a políticas activas frente a políticas pasivas.
Coincido con usted en que igual de bueno es incrementar las políticas activas como igual de malo sería satanizar las políticas pasivas. Yo creo que no podemos, ni mucho menos, echar tierra sobre la bondad y necesidad de las políticas pasivas, que hacen falta, que son necesarias, que hay que mantener, que ahí están, y vamos a seguir estudiándolas, pero donde va a haber incremento de fondos por parte de este Gobierno, y el próximo año es evidente que va a continuar, va a ser en el conjunto de políticas activas.
Le voy a dar algunos datos. En 1994, si sumamos políticas activas y pasivas, teníamos un 11,5 aproximadamente de políticas activas y el 88 por ciento restante eran políticas pasivas. En este año hemos tenido un 20 por ciento de políticas activas y un 80 por ciento de políticas pasivas. La tarta se va ampliando a favor de las políticas activas. Según el programa plurianual de empleo, en el año 2000 tendremos ya más de un 33 por ciento, aproximadamente, de políticas activas frente a un 66 de políticas pasivas y en ese mismo año nos acercaremos a la media de la Unión Europea en cuanto a reparto de políticas activas frente a políticas pasivas. Créame que sería francamente positivo, dinamizador y con mejores efectos para la marcha del empleo que este avance en la proporción de políticas activas frente a políticas pasivas se fuera dando.
La cobertura permanece constante. Me dice que se lo han preguntado al subsecretario. Salen dos grados distintos, dependiendo frente a qué se tome: si cobertura frente a número total de desempleados o cobertura frente a desempleados que hayan tenido al menos un trabajo. En el primer caso permanece constante, no hay disminución de cobertura; en el segundo, la cobertura se aumenta un poco, pero no quiero entrar en fórmulas concretas de universo, sino

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que la idea es que la cobertura permanece más o menos constante y la cuantía disminuye algo porque va a haber menos perceptores de desempleo, lo cual sin duda constituye una buena noticia, y seguro que a usted y a su grupo también le alegra.
En cuanto a la distribución de las políticas activas de los fondos --no sé si es que le he entendido yo mal--, creo que asocia usted la partida de fomento del empleo con la de bonificación; exclusivamente la asocia a bonificaciones. Incluso en nuestros cuadros de mandos está separado. Las bonificaciones en fomento de empleo suben un 26,42 por ciento, las bonificaciones un 45 por ciento, la contratación y SIPE un 44 por ciento, el total de formación profesional un 34,64 por ciento. Efectivamente, usted destaca que hay dos conceptos: escuelas-taller y economía social, que suben un 4,27 el primero y un 3,8 por ciento el segundo.
Es importante que sepa que los presupuestos medios suben un 3,4 por ciento. Por tanto, en ambos conceptos se está subiendo por encima de lo que lo hacen los presupuestos. Es decir, que ya hay un añadido a lo que es la subida media de los presupuestos, que en unos momentos de restricción y de austeridad presupuestaria creo que es una buena noticia.
Entendemos que un crecimiento del 4,27 por ciento es razonable, aunque es verdad que hay otras partidas que van a crecer mucho más. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos --lo hechos dicho-- que las escuelas-taller son un magnífico instrumento, que hay que mantener, y no sólo mantenerlo sino desarrollarlo. Le anuncio que tal vez estimemos positivo iniciar la modernización de algunas de las normas que regulan las escuelas-taller, con el objeto de que no sólo se puedan enseñar oficios artesanales, que son muy importantes y deben constituir el núcleo de su formación, sino que se puedan ofrecer oficios nuevos, nuevas tecnologías, otros conceptos y otro universo de conocimientos más requeridos por la sociedad actual, en vez de ceñirnos exclusivamente a esos oficios tradicionales que sin duda son positivos, pero que creo que debemos ampliar. Por eso subimos un digno 4,27 por ciento.
Sin embargo, el resto de las políticas las incrementamos con una fuerza y una convicción enormes. Hablar de que la suma de políticas activas aumenta diez veces lo que sube un presupuesto significa mucho dinero, es una apuesta muy importante. De tal forma que a usted cuando algo sube, aunque sea por encima del presupuesto medio, un 4,27 por ciento le parece poco, porque lo compara con la apuesta tan firme que ha hecho este Gobierno por las políticas activas de empleo, no sólo por las bonificaciones --que también--, sino por las iniciativas locales de empleo y fórmulas de contratación. Su grupo es muy afecto a la contratación Inem-corporaciones locales, que es una forma de dar empleo público en determinadas condiciones y que tiene un incremento importante, que puede ser perfectamente. Por tanto, yo creo que forma un conjunto armónico en sus proporciones frente a las políticas pasivas; es decir, ese avance es adecuado en la proporción y supone una apuesta muy importante. Apuesta que se hace no a costa de cotizaciones, sino con incremento de la aportación del Estado. Después, cuando le intente aclarar al portavoz socialista algunas de las cuestiones que formula, en cuanto a aportaciones del Estado, podremos profundizar en este aspecto.
Hay alguna propuesta que plantea S. S. que yo considero muy interesante, dentro de las medidas de fomento del autoempleo. Sin duda una de las fórmulas donde hay que trabajar y ahondar, en concreto, es en la autoconstrucción de viviendas.
Cada día más --y esto lo anunciamos como principio programático al inicio de nuestro Gobierno, pero cada día lo vamos demostrando con hechos-- creemos que es más positivo acercar la política de empleo al territorio.
A nivel presupuestario, tenemos que crear un marco razonable donde estos instrumentos sean posibles, pero deben ser, por una parte, las comunidades autónomas y, por otra, muchos entes locales, a través de iniciativas locales de empleo, los que puedan configurarlos.
Usted sabe que gran parte de las iniciativas de autoempleo ya se están llevando a cabo a través de agentes de desarrollo local, un mundo todavía incipiente y que tiene un potencial extraordinario en estos próximos años. Creo que optimizaría muchísimo el empleo de esos fondos públicos que se hiciera a través de iniciativas locales. Corresponde claramente a su ámbito el tema urbanístico, el de las licencias, y no sería el Inem o un instituto de empleo quien lanzara un programa específico de autoconstrucción de viviendas. Creo que tiene su nicho propio en estas iniciativas concertadas entre entidades locales e Inem. Por cierto, coincido con usted en que será una de las líneas donde más habrá que trabajar, donde hay un incremento fuerte de presupuesto y que es una senda que tendremos que continuar para el próximo año.
Ya no coincido con usted cuando manifiesta dudas. No sé si es que le cuesta admitir --supongo que me lo dirá ahora, yo también le voy a pedir esa pequeña aclaración-- o no le parece bien la subida tan fuerte de las políticas activas, que supongo que sí. De alguna de sus intervenciones me ha parecido deducir que tenía alguna duda al respecto.
Lógicamente, las fórmulas de control de cualquier gasto público son las que tenemos previstas administrativa y jurídicamente y se aplicarán con toda la eficacia y con toda la prudencia debida, pero no sé si tiene usted dudas en alguna partida concreta que quiere que le aclare. En la partida de formación existen unos sistemas de inspección. Como usted sabe, algunos de los datos más importantes de formación, como es la continua, han tenido importantes variaciones respecto al año pasado. El año pasado el Forcem gestionaba directamente los fondos y este año lo hace una tripartita que preside la Administración, siendo el Inem quien libra los fondos, que se someten a todo el control administrativo ordinario. Creo que es un avance de control en esta línea.
Hay un tema que sí es controvertido. Se trata de la eficacia de los SIPE y su configuración actual. Los SIPE son una buena idea y teóricamente es un buen instrumento. El problema es que muchas veces no hemos encontrado el Sipe, el Servicio Integral para la Promoción de Empleo. Cuando un desempleado o una desempleada acude al Sipe

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no tan sólo es útil --que lo es-- la ayuda psicológica, la orientación, que es muy importante, sino que la eficacia máxima se da cuando se le puede orientar o conducir hacia los circuitos de empleo: escuelas-taller, formación, oferta de empleo, contratación a través del Inem-corporaciones locales, etcétera. En muchos casos nos hemos dado cuenta de que estos Sipe quedan aislados, puesto que se limitan a las tareas de orientación, promoción e información. Aunque hacen una tarea que podemos calificar de buena, es insuficiente y el rendimiento no es el que nos gustaría tener.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar modificar la norma, mantener la idea, que nos parece buena, pero tenemos que conseguir que este Sipe integre realmente las distintas salidas; es decir, que no tan sólo oriente, que es un afán noble y positivo, sino que permita el inicio de un auténtico circuito del mundo del trabajo. Es una norma que queremos modificar, dado que va a haber un incremento, dentro del concepto de políticas activas. Es más importante muchas veces hacia dónde orientamos las salidas que únicamente poder orientar, aunque sea algo positivo, repito.
Plantea dos temas interesantes, sobre todo el último de ellos, relativo a la cumbre europea, en el que no voy a profundizar. Pero en cuanto al paro registrado Inem o datos de EPA, sabe que es un viejo debate nacional en el que sólo el Gobierno no va a tomar la iniciativa. Si hiciéramos algo tendría que ser entre todos los grupos, porque a veces la tentación de modificar la fórmula de hacer las encuestas o el registro también puede tenerla cualquier Gobierno o cualquier oposición. Creo que su cambio es un debate muy complejo. Usted dice que el Gobierno toma los datos de uno u otra en función de sus intereses. También la oposición puede tomarlo en función de sus intereses, pues tiene esa posibilidad, pero están clara y nítidamente diferenciados.
La EPA, como usted sabe, está homologada internacionalmente y, por tanto, es el dato que tiene la OID. Refleja, mediante encuesta, los ocupados, la población activa y los desocupados. El Inem, en cambio, es un registro que refleja desempleados demandantes de un empleo. Por tanto, es complejo que a corto plazo puedan coincidir porque recogen situaciones distintas.
De todas formas, es un debate que tenemos abierto todavía y durante algún tiempo vamos a convivir con estos dos sistemas. Esto demuestra hasta qué punto el empleo es un debate nuclear de la sociedad europea y no tan sólo española. Si me permite una pequeña alabanza a este Gobierno, expondré el anticipo que hicimos declarando 1997 el año por el empleo, como anticipando el debate social serio y el protagonismo que tienen estas cuestiones en España. En este sentido, vamos a ir a la cumbre europea con mucho avanzado y con mucha tarea hecha, en un año de profundo reformismo en materia de empleo, por lo que esperamos logros positivos. Este tema me daría, porque estoy muy centrado en ello, para una comparecencia completa, pero me permitirá que no me extienda, aunque realmente es muy tentador para mí entrar en un debate como éste, que me gusta y que creo que tiene el máximo interés.
En cuanto al portavoz socialista, aparte de que siempre me animo cuando le oigo, he de decir que animaré a mis colaboradores para que continúen con las nuevas tecnologías en el uso y en la transmisión de información.
Muchas veces, cuando nos hemos ido actualizando en las nuevas tecnologías, nos hemos preguntado si alguien consultará estas informaciones. Acabo de comprobar que usted nos sigue y créame que es un aliciente para las personas que pensamos no tan sólo en el principio jurídico de transparencia de la información, sino también en la conveniencia del uso de las nuevas tecnologías, que acercan los presupuestos a los ciudadanos. En este sentido, le agradezco sinceramente el uso de estos instrumentos telemáticos.
Me va a constar --y no porque tenga nada que ocultar ni haya nada de oscurantismo-- aportarle datos concretos de liquidación de los presupuestos de 1996 y de 1997. Sí quería hacerle dos reflexiones globales. En primer lugar, la parte coincidente. Creo que el presupuesto del Inem es muy importante en su aspecto cuantitativo, pero también cualitativo, por lo que coincido con usted en que hay que darle la máxima transparencia. En la pasada comparecencia que solicitó para la liquidación de 1996 ya quedamos en que procuraríamos actualizar la transmisión de información. Creo sinceramente que es un deber del Gobierno. Vamos a ir haciéndolo. Sí le digo --y en este sentido permítame que le devuelva la pelota-- que en la forma de transmitir inicialmente los datos seguimos con la herencia administrativa anterior. Es decir, el Gobierno anterior transmitía los datos en función de que nosotros iniciamos su transmisión. Lo bueno o malo, la rapidez o no, inicialmente es la que había y nosotros estamos procurando acelerar esa transmisión de información --coincido con usted-- para los aspectos de liquidación.
El Estado aporta globalmente al Inem un 20,82 menos, un 21 por ciento que redondeaba usted. Sigue más o menos una partida constante, sólo hay un pequeño descenso del 2 por ciento para el cumplimiento de sus fines, porque está muy equilibrado, y el baile de cuantías corresponde a que se incrementa en 78.000 millones la aportación pública para la política activa de empleo y se disminuyen 135.000 millones para aportación al desempleo. ¿Por qué hay esta disminución? Porque el sistema no necesita esta cuantía para el próximo año. Es un sistema casi equilibrado.
Necesita este pequeño apoyo de 7.000 millones, que mantenemos para su equilibrio global, y realmente esa partida de 142.000 millones, que fue precisa el pasado año, no hace falta este año. Vuelvo a insistirle en que los derechos de los desempleados quedan garantizados, lo que ocurre es que hay menos desempleados. Con esto queda justificada esa disminución del 21 por ciento, manteniendo los derechos de los empleados e incrementando en 78.000 millones la aportación del Estado a las políticas activas de empleo.
También, y muy relacionado con este capítulo de ingresos del Inem, usted pregunta por qué suben los gastos del personal laboral. No le puedo facilitar esa información en este momento; se la mandaré por escrito.
Usted dice que ve diferencia de incremento de cuota, de Seguridad Social, de desempleo. Creo recordar que la Seguridad Social subía un 5,1 ó 5,3 por ciento. Nosotros tenemos un incremento medio del 8,15 por ciento. Hay varias razones que lo justifican,

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y la suma de todas ellas es lo que hace que suba este presupuesto.
Empezando por su última duda, he de decirle que no está prevista. La hipotética subida de la cotización por desempleo a los contratos temporales no va incorporada a la previsión financiera, porque, como usted sabe, todavía no se ha aprobado ninguna subida en este tipo de cotización y no podríamos hacerlo. En los presupuestos se va a facultar al Gobierno para que, en las circunstancias debidas o convenientes, pueda hacer esa subida. Por tanto, dentro de esta subida del 8,15 por ciento no va esa hipotética subida del uno por ciento a contratos temporales. ¿Por qué sube? En primer lugar, porque se considera como partida dentro del Inem --no ha pasado en años anteriores-- a algunos colectivos que no cotizan a la Seguridad Social (por ejemplo, lo hacen a Muface); su cotización la consideramos como social dentro del Inem, como es el Isfas, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Un incremento importante lo estamos teniendo en el Reass, debido a que en el pacto sobre protección agraria entre empresarios y sindicatos se aprobó que los jornaleros, los eventuales agrarios, estuvieran al corriente de los pagos de todas las cuotas atrasadas para poder ser perceptores. Anteriormente sólo tenían que presentar la última cuota. Esto ha producido un incremento notable.
Por último, hay una subida de la base porque el año pasado y el anterior nos quedamos un poco cortos en nuestra previsión. La liquidación ha demostrado que nos quedamos cortos en la previsión y ha habido una subida proporcional frente al año pasado para ajustar el universo real que tenemos. Todas esas subidas hacen que nuestra hipótesis de cálculo suponga un incremento del 8,15 por ciento. Es normal que al aparecer una subida del 8,15 por ciento usted plantee si es que van a aumentar las cotizaciones sociales. Veo razonable la pregunta, pero he de decirle que no suben las cotizaciones sociales al desempleo y únicamente se faculta para esa hipotética subida del 1 por ciento al desempleo de los temporales.
También hace usted una sobreevolución del número de perceptores, y no le voy a poder dar los datos de cómo van este año. Es una información que podría darle sin ningún problema, pero no tengo los datos disponibles. Lo que sí le digo es que volvemos a estar en el debate que ya hemos tenido en cuanto al objetivo de creación de empleo. El año pasado contemplábamos en los presupuestos que se iban a crear 234.000 empleos. Como usted sabe, se han creado o se van a crear más de 300.000, aproximadamente 340.000, a lo largo de todo el año. La previsión para el año que viene es de 318.000 nuevos empleos, que es un incremento muy fuerte, frente a la previsión de los 234.000 del año pasado. Efectivamente, los supuestos en los que nos estamos basando se están viendo desbordados por la buena marcha de la economía, y nuestros propios objetivos del programa plurianual de empleo se están viendo superados; esto hace que a veces exista esa flexibilidad que hasta ahora es muy positiva dentro de las previsiones del número de ocupados al alza y del número de desempleados a la baja.
Sobre el balance de situación, que se lo daré con todo lujo de detalles, le diré que el Inem no debe nada a Hacienda. Como usted sabe, la Seguridad Social gestiona los fondos del Inem (conoce perfectamente el sistema; incluso compañeros suyos de grupo han sido los gestores del sistema y lo conocen perfectamente, por lo que le habrán dado con todo detalle información al hilo de alguna de las preguntas que cuestiona) y, por tanto, el sistema es totalmente transparente. No existe deuda presupuestaria. Puede haber desfases, más o menos prisas en el pago de la liquidación, en aspectos de tesorería, pero nunca de deudas; por tanto, difícilmente aparecerá en términos presupuestarios esa deuda. El Inem ahora funciona perfectamente, no ha tenido ni un solo problema de liquidez. En este sentido, como responsable de la Secretaría y, por tanto, del Instituto, le puedo transmitir mi satisfacción plena por el equilibrio financiero y las relaciones entre la Seguridad Social y el Inem. El Inem no financia a la Seguridad Social, debido a que todo está contabilizado. Contable y presupuestariamente aparece lo que es del Inem y lo que es de la Seguridad Social. Por eso a los que a veces catastróficamente hablan de esos agujeros o de esa deuda les diré que no tienen nada que ver, que no existe ese riesgo.
También me hace una extensa pregunta acerca de las previsiones de los distintos tipos de contrato. En estos momentos no puedo dárselo porque he venido mucho más preparado para cuestiones de programas específicos que para evolución de contratación, pero ya se lo aportaré. Cuando haga los cálculos, que me agrada que haga, tenga en cuenta que la forma de incentivos es a dos años. Por tanto, cuando usted calcule lo que va a costar el incentivo de este año tiene que dividir entre dos el costo total y sumar lo del año anterior. Se lo digo porque hay una evolución muy creciente del costo de los incentivos hacia el último año y es muy importante que lo calcule de esa forma. El costo de incentivos medios, y hablo de memoria, está en torno a las 430.000 ó 440.000 pesetas por incentivo de contratación a lo largo de los dos años; estaríamos hablando de un costo por año de cada uno de los contratos bonificados de doscientas y pico mil.
Espero que con esta intervención por lo menos haya aclarado alguna de sus dudas. Creo que he tocado casi todos los puntos que me han planteado, pero si hay alguna cuestión que por pura transcripción física de la misma no me hubiera dado tiempo y pudiera respondérsela, estaría encantado de podérsela aclarar en mi segunda intervención.


El señor PRESIDENTE: ¿Algunos de los portavoces quieren intervenir de nuevo? Señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Por cortesía. No sé si ha sido una pregunta retórica la que me ha formulado el secretario de Estado, pero si el presidente me lo permite me convierto en compareciente y contesto yo a la pregunta que me formulaba. Entre otras cosas, porque a mi grupo le interesa mucho dejar clara constancia de nuestra posición respecto a las políticas activas, ya que sin duda alguna me he explicado muy mal porque no trataba de cuestionar en absoluto. Por nuestra parte apoyamos lo que son las políticas activas, en general. Otra cosa es que tengamos que añadir, a

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esta valoración general de las políticas activas, alguna apostilla concreta. Me parece que, en primer lugar, depende de las modalidades de cada una de esas políticas que nosotros creamos que son más eficaces. En términos concretos hablábamos que acumular un crédito presupuestario tan importante para subvencionar determinados tipos de contratos, que en último término pueden tener eficacia o no, y que puede ser criticable o cuestionable. En cualquier caso, eso lo relacionábamos poniendo en la balanza las políticas activas de ese tipo con las políticas pasivas, sobre todo cuando la cobertura del desempleo se queda por debajo del 50 por ciento. Eso se mantiene, crece, o incluso baja, desde nuestro punto de vista. Pero lo cierto es que si se mantiene es siempre por debajo del 50 por ciento. En este sentido es por lo que entendemos que cabe un cuestionamiento de si efectivamente se aplica el presupuesto de forma correcta en la medida en que no se equilibre esa cuestión; pero es una cuestión, insisto, de valoración, que no tiene nada que ver con nuestra valoración positiva de las políticas activas en general.
Aparte de eso tenemos que decir también que las políticas activas, siendo correctas y positivas, no bastan. Esta es la crítica que, en general, nosotros hacemos. Por eso, al final suscitábamos un tema que no nos cansaremos de suscitar, aunque sea a destiempo como en esta ocasión.
Nosotros, sin habilitar un tipo de políticas de reparto o reducción del tiempo de trabajo, no vamos a profundizar en el tema de la creación de empleo. En las políticas activas por supuesto que sí; algunas de ellas son más o menos cuestionables en función de las cantidades que se aporten para ellas y, en último término, no bastan.
Finalmente, diré que nuestras preguntas iban en el sentido, no de cuestionar las políticas activas de formación profesional, de las SIPE, sino más bien de saber si existen mecanismos de control y de revisión de resultados, de balances, etcétera, a lo que ya me ha contestado el secretario de Estado de una forma genérica. Esperemos que en el futuro podamos ir teniendo esos balances de forma más concreta para poder hacer la valoración conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: Doy por supuesto que, sin tener que pasar las preguntas por escrito a la Mesa, del acta taquigráfica deducirá la Secretaría General las preguntas que faltan por contestar.
Simplemente quiero indicar que algunas de las preguntas se suscitaban del balance de situación de la Seguridad Social que S. S. sabe que ha sido presentado, y está en la Cámara. Pero también se hablaba de otros acreedores no presupuestarios, del orden de 435.000 millones. Como S. S.
sabe en estos presupuestos figuran en la Seguridad Social, para desfases de tesorería, préstamos por 350.000 millones. En ese sentido, siempre existe la tentación, en una cuenta INEM-Tesorería, que ya sé que no produce deudas presupuestarias, de desajustes en el tiempo. Esos desajustes en el tiempo, cuando hablamos de cantidades importantes es necesario conocerlos para saber la situación estructural exacta de los distintos sistemas. Esto no es catastrofismo, es adoptar medidas para hacer mucho más solventes todos los sistemas, pero éste es un debate que ya lo realizaremos en su momento en las distintas instancias que se tiene que producir.
Muchas gracias por la voluntad de facilitar información y por su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.


El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Estoy tranquilizado porque me había nacido la duda de si su grupo apoyaba o no unas políticas activas, donde creo que había una coincidencia en el amplio espectro político. Pero siendo un debate apasionante y complejo, donde no hay certeza y donde todos tenemos que ser muy respetuosos con cualquier propuesta y también con la de reparto de trabajo, tampoco creo conveniente que la panacea o que el único debate que haya sobre las posibilidades de empleo sea el reparto del tiempo del trabajo, que se ve por parte de algún interviniente con esa insistencia monolítica y con ese monorraíl. Que el reparto del tiempo de trabajo de una forma monorraíl tan sólo se pueda conseguir con la disminución por ley del tiempo de la hora semanal. En ese debate complejo y rígido no debemos entrar ninguno, ni los que están totalmente a favor, ni algunos que están totalmente en contra. Tenemos que tener flexibilidad hacia este debate que sin duda está en la sociedad, está en Europa, va a estar en los próximos años en nuestro país, y todos tenemos que tener flexibilidad para verlo en sus más amplios términos.
En cuanto al portavoz socialista, le agradezco sinceramente sus palabras.
Procuraremos aclararle los datos. Mis colaboradores han tomado nota y le daremos puntual información. Queda más o menos aclarado, en lo que se puede aclarar en una comparecencia, lo relativo a esas relaciones financieras y presupuestarias, Seguridad Social-Inem.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pimentel.
Concluye la comparecencia del secretario nacional de Empleo.


--DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (GOMEZ GOMEZ). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO (Número de expediente 212/000913), SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 212/000935) Y FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (Número de expediente 212/001035).


El señor PRESIDENTE: Continuamos con la última comparecencia del orden del día, que es la de doña Amalia Gómez, secretaria general de Asuntos Sociales, solicitada por los grupos Mixto, Izquierda Unida y Socialista.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Sabanés.


La señora SABANES NADAL: Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de la secretaria general de Asuntos Sociales.


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A la vista del presupuesto, quisiera formularle algunas preguntas en relación a algunas dudas que nos suscitan ciertos contenidos del presupuesto. En primer lugar, en lo que hace referencia al programa 313.J, relativo a los servicios sociales de la Seguridad Social a la tercera edad, quiero decir previamente que no acaban de cuadrar las diferencias que figuran en este programa y las explicaciones de los correspondientes programas de gestión de la Seguridad Social. En todo caso, y salvando este matiz que seguramente tendrá su explicación técnica o que quizá sea un simple error de apreciación de esta diputada, entendemos que la minoración del conjunto de programas se debe, en todo caso, a las transferencias que se han formalizado. Quisiéramos que nos facilitara la distribución geográfica, fundamentalmente de las inversiones de 1.908 millones que figuran en ese programa, si no ahora, cuando sea posible. Nos interesa preguntar más específicamente, en lo que hace referencia al plan gerontológico, cuáles serían los plazos para su cumplimiento y el presupuesto anual destinado para cada apartado del plan; si participa de forma decisiva el Consejo estatal de las personas mayores en la elaboración de las partidas presupuestarias que afectarían a este colectivo y si en estos presupuestos se incluyen partidas presupuestarias para el reparto gratuito de telealarmas a los mayores que viven solos o en malas condiciones físicas.
En lo que hace referencia al programa 313.I, de minusválidos, ocurriría algo parecido a lo que he expresado en el programa de la tercera edad. En este caso la minoración del 9,3 por ciento entendemos que corresponde a la incorporación de beneficiarios de estas prestaciones a las pensiones no contributivas. En todo caso, nos gustaría que nos aclarara si los gastos que se minoran en el capítulo 1 serían también debidos a las transferencias de algunos de estos centros. También nos gustaría conocer, si no ahora cuando sea posible, las inversiones territorializadas en este programa y, más específicamente, el plan de acción que se aprobó en 1996, que se presupuestó en el año 1997, qué dotación más concreta tendría en este presupuesto del año 1998.
Por lo que se refiere al programa 323.A, de Juventud, el Consejo de la Juventud tiene una asignación presupuestaria de 95 millones, pero entendemos que participa en los programas de subvenciones como entidad prestadora de servicios de juventud. Nos gustaría saber en cuánto viene a participar, aproximadamente, el Consejo de la Juventud en esos programas, como entidad prestadora.
En el programa 313.H, que hace referencia a los programas de acción de los inmigrantes, quisiéramos expresar que en el capítulo de transferencias a instituciones sin ánimo de lucro se produce, precisamente en la subvención a programas de atención a inmigrantes y actuación en su favor, una minoración de 166 millones. Pediríamos una explicación en un tema que...


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): ¿Sería tan amable de decirme la aplicación económica?

La señora SABANES NADAL: Capítulo 4, transferencias corrientes, 48, a familias e instituciones sin fines de lucro.
Decimos que es especialmente preocupante en un momento en el que precisamente el trabajo de estas instituciones es de una enorme importancia, dada la situación que, en general, se vive en estos colectivos.
Finalmente, en el programa 313.O, de atención a la infancia y a la familia, se expresa en la descripción del programa que al no estar transferidas Ceuta y Melilla este programa comprende la gestión de los centros e instituciones a menores en esas ciudades. Quisiéramos que nos lo aclarara, ahora o en su momento, cuando corresponda, porque los indicadores y lo presupuestado en los años 1997 y 1998, en lo que hace referencia a los días de estancia de los niños atendidos en centros de internamiento, reflejan un aumento muy significativo, de 12.500 a 30.600 y de 17.000 a 34.200. Nos gustaría que nos diera una explicación en este momento o, repito, cuando corresponda.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, doña Elvira Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En relación con los presupuestos presentados por la Secretaría General de Asuntos Sociales, a mi grupo parlamentario le interesa conocer una serie de propuestas que vienen reflejadas en los mismos.
En primer lugar, le diré que en el programa de acción en favor de los inmigrantes, el 313.H, en el capítulo 4 aparecen 885 millones de incremento. De esta subida del capítulo 4, ¿qué cantidad se destina al mantenimiento del poder adquisitivo, es decir, a los incrementos del IPC? ¿Qué cantidad a expedientes que ya están pendientes de resolución? ¿Qué cantidad a la expectativa de posibles nuevas demandas que pueda haber, e incremento de peticionarios, dado el empobrecimiento de los países de América Latina? En relación al plan integral para inmigrantes, que es una partida nueva de 250 millones, y que estaba prevista en 1996 en la Secretaría General, como bien saben SS. SS., no fue aprobado ese presupuesto, sino que fue prorrogado, ¿qué prioridades van a cubrir con dicha cuantía de 250 millones para el plan integral de inmigrantes? Tengo que hacer referencia también a que en el capítulo 48 aparece un nuevo proyecto, un nuevo concepto presupuestario de 1.307 millones de pesetas, que es para la financiación de aquellos programas europeos que están gestionados por las organizaciones no gubernamentales. En función de lo que nos han trasladado algunas organizaciones no gubernamentales, quiero que vaya por delante nuestra felicitación por la idea de haberlo puesto, porque se estaban estrangulando las organizaciones. Pero, por otra parte, en función de los datos que nos han ido trasladando las organizaciones, está claro que no se va a llegar a nivelar ni el 50 por ciento de las demandas que estas propias organizaciones tienen en relación a los pagos del Fondo Social Europeo. Por tanto, me gustaría contrastar si usted tiene otra información, si es erróneo, si se nos ha solicitado por otro lado, porque ustedes en el Ministerio hoy en día tienen un mayor contenido en los datos y una mejor información.
En relación al programa 313.L, otros servicios sociales del Estado, vemos que decrece el capítulo 1 en un 18,7 por

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cciento, y nos gustaría conocer por qué, es decir, cuál es el decrecimiento de este capítulo 1.
En el plan gerontológico, se incrementa por un lado, pero, sin embargo, por otra parte, lo que son inversiones se minora. Nos parece también que en el cómputo total acaba teniendo un incremento de un 7 por ciento, nos gustaría conocer su valoración.
En el plan de lucha contra la pobreza hay 82 millones más, pero, como usted sabe, el año de erradicación y de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que fue hace dos años, nos ha generado que tengamos una comisión parlamentaria para todos los acuerdos y propuestas para la lucha conta la exclusión social. Creemos que con ese incremento presupuestario no se va a poder hacer frente a ninguna de las medidas o a muy pocas medidas de las que el propio plan va a incentivar, y éste es un compromiso que España ha adoptado frente a los países de la Unión Europea y a todos los programas que están llegando en este sentido.
Pasaríamos a las transferencias a la Seguridad Social. En concreto, vemos que el incremento de las pensiones no contributivas se sigue manteniendo; decrecen los programas de la Lismi y también los de movilidad y de garantía de ingresos mínimos. Pero hay una cuestión que me ha llamado la atención y quiero conocer qué propuestas hacen. Ocho mil millones de pesetas va a pagar el Inserso en la gestión de las pensiones no contributivas, es decir, en una partida que aporta la Seguridad Social a la gestión de estas prestaciones.
La semana anterior el Defensor del Pueblo ha trasladado a la Cámara el informe de gestión de la institución, y uno de los elementos en que más hincapié hacía era en la tardanza que algunas comunidades autónomas tienen a la hora de efectuar la tramitación administrativa del reconocimiento del derecho a la pensión no contributiva. Por ello, me gustaría conocer si tienen ustedes puesto en marcha o tienen idea de hacer algún tipo de programa, bien informático o bien algún tipo de programa de homologación de todo lo que sea la documentación administrativa a exigir, para ir acortando los tiempos en la concesión de las pensiones no contributivas; o también se puede hacer como lo efectúa el INSS en la Seguridad Social, un adelanto cuando se cumplen las condiciones, si faltan documentos, para poder tener derecho real a la prestación, porque esto se da con bastante frecuencia y, sobre todo, hay comunidades que están tardando, en concreto la de Madrid, un año para la gestión y para el reconocimiento de este derecho.
En relación al programa 315.A, protección al menor, ahora vemos que se llama, yo diría que pomposamente, atención a la infancia y la familia, porque el cambio de denominación no lleva aparejado el incremento presupuestario que las atenciones familiares tenían que conllevar. Aquí sí que me parece importante ahondar en lo que ya hemos planteado en el programa anterior. Las familias en riesgo social tienen un incremento de 70 millones, que es un 53 por ciento en comparación con el presupuesto del año 1997, pero nos parece importante seguir afianzando este tipo de proyectos.
Pasamos al organismo Instituto de la Juventud. Según los datos que constan, este organismo sube un 5,29 por ciento. Sin embargo, hay tres cuestiones que yo le quiero plantear. En el presupuesto del Injuve, el 66 por ciento va destinado a los capítulos 1 y 2, de la gestión de este presupuesto y del incremento del mismo. El plan de juventud concertado con comunidades autónomas no se presupuesta en 1997; en 1998 aparecen 100 millones, que son de nueva creación. Queremos saber quién los va a recibir o si tiene información de qué comunidades autónomas o para qué va destinado.
El programa 761, a corporaciones locales, sigue con la misma cuantía, y es el acceso de jóvenes a la vivienda. Aquí hay un aspecto que, una vez aprobado el plan de empleo juvenil, nos parece o que hay una correlación que no está bien expresada en el documento del plan de empleo juvenil o que no está expresada en estos presupuestos del Instituto y tampoco en la Secretaría de Empleo. Se lo voy a comentar. En el documento aparece el Injuve y se dice que ya la Secretaría General de Empleo presta servicio de asesoría a jóvenes, la bolsa de empleo joven y la formación de empleadores. ¿Con cargo a qué partidas, dónde está recogido? Yo he repasado toda la documentación relativa al Ministerio de Trabajo y no lo he encontrado. Si usted tiene esta información, le agradecería que me la facilitara.
Respecto al Inserso, vemos que en el programa dirigido a personas mayores hay una reducción de presupuestos en un 7,70; también disminuye el programa relativo a minusvalías; en las personas mayores está justificado por las transferencias de los centros de Ponferrada, Benavente, Miranda, Valladolid, Soria y el de Aragón. Sin embargo, en el programa relativo a los créditos de inversiones, capítulos 6 y 7, nos produce una seria alarma. Desde el año 1995 decrecen las inversiones en un 3,3 por ciento en ambos capítulos. Vemos que en el año 1995 estaban presupuestados 6.751 millones de pesetas y en el proyecto de presupuestos para 1998 se destinan 6.652. Creo que este tema es importante.
Otro elemento que también me llama la atención es que aparece un programa nuevo relativo al control interno y contabilidad en el Inserso, que tiene un incremento del 17,79 por ciento. Es el programa 46 del Inserso.
Queríamos conocer a qué responde este nuevo programa.
Respecto a los emigrantes, hay varios incrementos. El Inserso va a gestionar 250 millones destinados a acogida y acceso de inmigrantes en las provincias de Ceuta y Melilla y nos gustaría conocer, porque no está diferenciado, cuánto se va a asignar a Ceuta y cuánto a Melilla, si es que ya se conoce.
Hay una partida nueva en el programa 428, dotada con 837 millones, que se va a transferir al Inserso. Me gustaría conocer qué previsiones tienen en relación a esta partida y qué gastos van a efectuar.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Los 837 millones pertenecen al programa 313.H. Agradecería que me dijera la aplicación económica.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La 428.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Amalia Gómez.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En primer lugar, quiero agradecer las preguntas en la medida en que permiten, en primer lugar, a la Administración explicar y justificar los presupuestos y, en segundo lugar, y respecto a la pregunta que me ha formulado la portavoz del Grupo Socialista en relación con la aplicación 46.92 del control interno y contabilidad, que es el programa 76, efectivamente son 436 millones. Sí quiero decirle que con mucho gusto, en el plazo establecido de las 48 horas se le hará llegar lo que solicita.
Voy a responder a la portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente el descenso, tanto en los programas destinados a la atención a personas con discapacidad como a personas mayores, tiene que ver con las transferencias, incluso en materia de política de discapacidad está previsto, como sabe bien S. S., a primeros de enero, las transferencias a La Rioja del Camp de Font Mayor, que creo que se abría en octubre o noviembre y ello puede explicar la disminución. Por otra parte, en lo que se refiere a política a mayores, quiero que comprendan la disminución en relación con las transferencias (con muchísimo gusto, le voy a dejar los datos al presidente) porque el Gobierno ha elaborado unos presupuestos teniendo en cuenta recursos que asigna por otros conductos a la misma finalidad. En ese sentido, quiero que SS. SS. recuerden que, en materia de minusválidos, el incremento de este año --y ahora le diré exactamente para qué-- ha llegado a 2.069 millones con cargo al IRPF, y en el tema de mayores, a 2.687 millones. Es decir, que, desde una articulación de complementariedad y en función de los recursos que se van encontrando, procuramos que no todo vaya vía Presupuestos Generales del Estado, sobre todo cuando los programas que estamos desarrollando van dirigidos fundamentalmente a atención no institucionalizada, y eso nos permite un mayor juego con las organizaciones no gubernamentales. Le hago llegar esta documentación al presidente con el fin de que los señores portavoces --hombres y mujeres-- tengan los datos.
Respecto a la distribución geográfica de los 1.908 millones, no se la puedo decir en este momento, pero con mucho gusto recabaré del Inserso esa información.
Me pregunta por los plazos de cumplimiento en relación con el Plan gerontológico. En este momento, y en colaboración con las comunidades autónomas, estamos procediendo a hacer una evaluación no sólo del Plan gerontológico, sino también del Plan concertado. Por lo que se refiere al Plan gerontológico, SS. SS. comprenderán que estamos llegando a unas generaciones de mayores con más salud y con el deseo de permanecer en su entorno el mayor tiempo posible, lo que hace que, aun sin esperar el final de la evaluación, haya un sentir muy compartido de que hay que ir a lo no institucionalizado, a todo lo que pueda ser teleasistencia, ayuda domiciliaria, viviendas tuteladas e, incluso, centros de día, ya que hay personas mayores que, mientras puedan comer, estar y pasar el día, prefieren pasar la noche en casa. Por tanto, puedo decirle que tanto la evaluación del Plan gerontológico como del Plan concertado van a la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales; entre otras cosas porque, respecto al Plan concertado, SS. SS. saben que es clave ver si de alguna manera habrá que imbricar servicios que ahora se llaman especiales, como puede ser la atención a inmigrantes o alguna fase de atención a menores, puesto que el primer lugar al que acuden las personas en demanda de información y apoyo es a los servicios básicos. Todo eso se va a hacer, pero siempre con la colaboración y el consenso de las comunidades autónomas.
Respecto a la participación del Consejo estatal, tengo que decirle que el Consejo estatal, como órgano consultivo, sí es oído y consultado respecto a unos presupuestos elaborados. La propia normativa del Consejo estatal establece que sea escuchado e informado, pero, como S. S. puede entender, no que los presupuestos se hagan a partir de los que haga el Consejo estatal de Mayores. Es cierto que la participación del Consejo puede ser mejorable, estoy de acuerdo con usted, pero eso lleva consigo cambios en la mentalidad de la propia función. Usted sabe que el Consejo estatal es un órgano reciente --tiene un año y pico de antigüedad-- y que se ha ido avanzando y se han creado comisiones de trabajo, pero esperamos que, dentro de lo que es su carácter consultivo, su participación pueda ser más activa para que ellos también puedan opinar; como usted sabe muy bien, en algunas cosas no están de acuerdo con lo que se está haciendo, sobre todo en lo material, ya que en lo global, por las actas del propio Consejo, puedo decirles que se les está consultando absolutamente todo.
Respecto al Plan de acción --programa 313.I--, me habla usted de una minoración en los gastos del capítulo 1. En el año 1997 los 400 millones del Plan de acción de personas con discapacidad se destinaron a tres cosas fundamentalmente: en primer lugar, a ayudas a familias de rentas medias y bajas, esto es, con rasgos de necesidad, para atender a minusválidos profundos; en segundo lugar, a ayuda domiciliaria, y, en tercer lugar, a adaptación y mejora de viviendas. Este año se incorporan 100 millones más, pero, como usted verá, a través de organizaciones no gubernamentales tratamos de complementar las cinco grandes áreas de trabajo, sobre todo lo que es la sensibilización para el empleo, el trabajo psicosocial con familias y la formación. Puedo añadir que precisamente esta tarde el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales acaba de firmar con el Cermi el Plan de medidas especiales de apoyo al empleo, y esto, con cargo a los presupuestos, quiere decir la mejora en la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, la rebaja del porcentaje de minusválidos para la creación de un centro especial de empleo y el apoyo a la formación, que imagino que les explicará en su comparecencia el director general del INEM.
En tercer lugar, me preguntaba usted por la participación del Consejo de la Juventud en las subvenciones para prestación de servicios. No le puedo dar el dato porque habría que pedir la información a la Subdirección General que se encarga de las subvenciones con cargo al IRPF; cuando la tenga, con mucho gusto se la enviaré.
Habla usted de emigrantes y me pregunta por la aplicación económica del programa 313.H, en el apartado de subvenciones,

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pero no he tomado nota, señor presidente, de la partida concreta a la que se refería. Lo que puedo decirle es que no sólo no baja ninguna, sino que aparece una partida de 265 millones que trata de las pensiones asistenciales. No ha variado porque el año pasado no se gastaron ni 65 millones ya que, como sabe, las personas que retornan tienen que esperar dos años para volver a cobrar la pensión no contributiva que percibían en los países donde vivían. Por tanto, estamos haciendo gestiones en este momento para que las personas que vengan de cualquier país de Iberoamérica puedan seguir cobrando la PNC en vez de esperar los dos años. Pero, repito, la cantidad no ha variado porque el año pasado, aunque se presupuestaron 265 millones, por la razón que le he dicho, no llegaron a gastarse ni 65 millones.
Respecto al 313.O, de atención a la infancia, la cantidad de 105 millones presupuestada supone un ligero incremento con respecto al año pasado, pero es porque para el 1.º de enero está prevista la transferencia de los centros. Usted sabe muy bien que hace falta, en primer lugar --y por eso está incluida aquí--, una mejora de las instalaciones para ampliar la cobertura de plazas de niños a atender.
Como usted me hablaba de indicadores de estancia, le puedo responder que sólo sé que en el centro de menores infractores están teniendo una estancia de seis-siete días y no se cubre siquiera el número de plazas que el centro oferta. Pero como me ha pedido que explicara datos concretos sobre el paso de los 12.500 a los 36.000, con mucho gusto recabaré la información de la Dirección General de Acción Social, Menor y Familia. Si hubiera dejado alguna pregunta sin responder, estoy segura de que, gracias a la benevolencia del presidente, podría hacerlo en la segunda parte.
Paso a responder a doña Elvira Cortajarena, del Grupo Parlamentario Socialista. Habla del mismo programa de emigrantes, 313.H, y de 885 millones. Estoy tratando de buscar esa cifra, pero no la encuentro. Señor presidente, solicito una mayor explicitación de esta aplicación económica porque, según los datos que tengo, en el programa 313.H no existe esa dotación. Le pido que se asegure de que la cantidad es de 688 y no de 885 millones.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El cómputo total del año 1997 eran 6.566 millones, en el capítulo 4, y en el año 1998 aparecen 7.452 millones.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): Ese es el total del capítulo.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Quería conocer qué previsiones se tienen en relación a esto.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): En materia de pensiones asistenciales el incremento está muy claro en ese capítulo porque se llega a casi 1.000 millones de pesetas, pero no sólo para hacer frente --que eso está por determinar-- a los nuevos demandantes de pensión, sino también para acabar de resolver la demanda de pensiones atrasadas desde el año 1993. En este sentido, señoría, tengo que decirle que la dotación de 1.000 millones, según la ratio que sigue produciendo a lo largo de los años, parece suficiente para dar cobertura al crecimiento del último año más los atrasos, y es lo que ha hecho que se haya podido conseguir ese incremento notable.
Por lo demás, lo que sí puedo decirle es que en este momento estamos tratando de conseguir un plan integral de salud con el Ministerio de Sanidad. El problema de los emigrantes, sobre todo en Iberoamérica, son los que trabajan por cuenta propia porque, como usted sabe, al no haber cobertura por parte de la seguridad social de los países, se encuentran desprotegidos, ellos y su familia. En este sentido, hay una partida, la aplicación económica 49201, de 654 millones, de la que se beneficiarían fundamentalmente Venezuela, Argentina y México, que va destinada a esos fines.
Me preguntaba usted por los 250 millones del Plan integral. La financiación en el año 1997 no estaba prevista, en ningún momento. Yo no lo recuerdo y he revisado mi comparecencia del año pasado, pero me parece que corresponde a la legislatura anterior. La financiación de los 250 millones se une a los 925 millones que, con cargo al IRPF y con una subida de más de 200 millones con respecto al año 1997, se distribuyen a través de las organizaciones no gubernamentales. Su señoría, que conoce muy bien este tema, sabe que la labor de integración, primero, está transferida a las comunidades autónomas, y segundo, se diseña en colaboración con ellas en conferencia sectorial a través del Inserso. Por tanto, una vez recuperado el deseo, hemos conseguido que la labor de integración tenga un respaldo presupuestario; respaldo presupuestario que ha de hacerse en colaboración con las comunidades autónomas en tres sentidos: puntos de información, asesoramiento sobre los recursos del Estado y de la sociedad vía ONG y, por supuesto, asesoramiento legal para defensa de sus derechos y acceso al mercado laboral. Por tanto, repito, ya no son sólo los 250 millones que aparecen plasmados por primera vez en el presupuesto, sino también, con ese incremento de 200 millones con respecto al año pasado, los 925 millones a través de organizaciones no gubernamentales.
Los 1.307 millones --como usted bien sabe-- representan una vieja demanda del sector asociativo y conviene aclarar muy bien, señoría, que se trata del dinero que anticipa el Estado a cuenta de lo que tienen que recibir de Bruselas las ONG. Es decir, no es el dinero con el que la Administración ayuda, a través del IRPF, para cofinanciar proyectos. Creo que el Ministerio de Hacienda lo ha hecho --y quiero darle las gracias públicamente por su sensibilidad cuando le planteamos que había muchas ONG que estaban endeudadas, S. S. lo sabe-- porque, como no llegaban los fondos de Bruselas, tenían que endeudarse para hacer frente a los programas.
Si lo observa, señora Cortajarena, verá que también en el presupuesto del Inserso hay cuatro mil y pico millones que se dan a cuenta del dinero que tiene que llegar de Bruselas. En este momento los cálculos que se han hecho parecen más que suficientes porque, también por primera vez, en el IRPF se han incluido partidas para cofinanciar proyectos europeos. Las estimaciones parecen suficientes, y le agradezco la generosidad de felicitarnos porque creo

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que es un paso adelante. Indudablemente, en cuanto lleguen las certificaciones de Bruselas estaremos al tanto de lo que pudiera ser necesario, aunque las estimaciones, repito, son suficientes.
Me pregunta por el descenso en el programa 313.L, capítulo 1, otros servicios sociales del Estado. Aunque en 48 horas le puedo enviar el dato, me da la impresión de que el descenso del 18,7 tiene que ver con las transferencias de Ceuta y Melilla, pero como no estoy segura de ello, con muchísimo gusto se lo haré llegar.
Sobre el Plan gerontológico, me habla de la disminución en el capítulo 7 y del incremento en el capítulo 4. Su señoría sabe, y si no se lo comunico, que la distribución del Plan gerontológico se ha hecho por unanimidad con las comunidades autónomas. Han sido las propias comunidades autónomas, por unanimidad, las que han preferido llevar mayor inversión al capítulo 4 en detrimento del 7, y tiene su razón de ser por la explicación que daba antes. Es decir, hay una mayor tendencia a cubrir prestaciones a través de lo que llamamos no institucionalizado. En cualquier caso, quiero recordarle que el Plan gerontológico se incrementa en 300 millones; el año pasado se había incrementado en 200 y este año en 300, es decir, 500 millones en dos años. Su señoría sabe que, por problemas de erario, de numerario, llevaba ya casi cuatro años congelado.
A mí me gustaría que hubiera subido más, pero creo que una subida de 500 millones en dos años, y habiéndose hecho la distribución de acuerdo con las comunidades autónomas, supone que hay un nivel importante de encuentro y colaboración.
El Plan de lucha contra la pobreza. Es verdad que en el año 1996, fecha del último presupuesto de la legislatura anterior, se cayeron de los presupuestos los 218 millones. El año pasado recuperamos los 218 y este año los hemos aumentado a 300. Creo que en los presupuestos de solidaridad hay que producir avances y, aunque a veces parezca poco, es importante porque hay que multiplicarlo por tres; sobre todo es importante en momentos de austeridad y cuando Europa, como S. S. sabe muy bien, tiene paralizado el proyecto Pobreza IV. Estoy convencida de que las conclusiones de la subcomisión o grupo que está trabajando sobre exclusión social apoyará para el año que viene un mayor compromiso en el incremento presupuestario, pero quiero recordarle que se han dotado con casi 1.090 millones de pesetas programas destinados a la erradicación y la lucha contra la pobreza, que van fundamentalmente en el área de voluntarios y de integrales. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Porque si no dejamos que desaparezca del presupuesto el programa en sí, como creo que estamos consiguiendo entre todos, y si ustedes, como representantes de la soberanía popular, llegan a esa conclusión, sin duda impulsarán que esos proyectos se recojan en los presupuestos del Estado.
Por otra parte, es verdad que se destinan 1.090 millones de pesetas a través del IRPF; no es todo lo que hace falta, pero sí mucho más de lo que pudiéramos soñar cuando Europa tiene congelados los programas de pobreza.
Le agradezco su sugerencia en materia de pensiones no contributivas y estoy de acuerdo con usted. Las pensiones no contributivas, como otros aspectos de la gestión compartida --más que gestión, gestión, decisión y pago--, tienen graves problemas con la burocracia. Voy a hablar con el equipo que trabaja en esta área y también le trasladaré al ministro la propuesta de adelanto que se hace en otras áreas. Yo creo que podría ser viable, aunque tampoco quiero comprometerme en un área que no es exclusivamente mía, pues es de Seguridad Social, pero se la trasladaré al secretario de Estado. En cualquier caso, tengo que decirle que, también en conferencia sectorial, se trató lo que tendrían que ser pautas no sólo de tramitación sino también de acuerdo en los requisitos, porque también hay algunas disfunciones.
Su señoría pregunta por qué se incluye infancia y familia. Hemos incluido infancia y familia, primero, porque eso nos permite jugar con lo que se llama los duros interactivos. Si usted gasta un duro que sirve a un niño y sirve al padre o la madre que hay detrás, estamos cubriendo dos objetivos con un mismo precio. No se trata de ahorrar en inversiones sociales, sino de rentabilizarlas mejor. Yo sé que usted ha observado que, por ejemplo, la conciliación de vida familiar y laboral, con un contenido clarísimo de apoyo a la mujer, se incrementa en 100 millones de pesetas. Me parece que se refiere usted a esos programas.
El programa, por ejemplo, de maltrato infantil está dotado sólo con 24 millones, pero sabe usted que más importante que los recursos son los programas que están llevando a cabo sobre todo las organizaciones gubernamentales en esta área, que este año han recibido 1.482 millones del IRPF, es decir, 300 millones más que el año pasado.
Otro programa que estoy segura que también le interesa es el de menores tutelados al alcanzar la mayoría de edad, que se incrementa en 60 millones. Usted sabe que el año pasado al final hubo que correr para que se pudieran gastar los 200 que se presupuestaron, y ello por una sencilla razón: porque falta, sobre todo, el diseño de programas que den respuesta a ese colectivo tan importante.
Seguimos manteniendo los 1.100 millones para el programa de guarderías laborales, que no se puede incrementar porque, como usted sabe, están transferidas; se trata del mantenimiento de un compromiso.
El programa de atención a familias desfavorecidas en situación de riesgo social se incrementa en 70 millones. Yo creo que es importante que ustedes sepan que la virtualidad de estos proyectos es el dinero que se mueve, porque son comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado.
Por otra parte, quiero decirle que de esos 650 a 750 millones se benefician, sobre todo, menores de cero a tres años, con lo que esto repercute en familias de baja renta y en mujeres que quieran acceder al trabajo.
Con respecto a la pregunta sobre los capítulos 1 y 2 del Injuve, con muchísimo gusto le haré llegar la respuesta en las 48 horas establecidas.
Los 100 millones del Plan de juventud fundamentalmente van dirigidos a formación para el empleo y apoyo a la vivienda. Eso explica que en el programa 761 exista la misma cuantía para el acceso de jóvenes a la vivienda. O sea, va por dos vías: una, la del 761, y la otra, la del propio Plan de la juventud.
En relación con el Inserso, me parece que es suficiente con la respuesta que le he dado a la señora portavoz de Izquierda

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Unida. Si no es así, con muchísimo gusto volvería a contestar. En cuanto a lo del control interno, no le puedo decir nada en este momento, le responderemos por escrito.
El programa de 252 millones para Ceuta y Melilla es un programa cuya necesidad yo creo que SS. SS. comprenden. Hay muchas personas en Ceuta y Melilla en las condiciones que SS. SS. conocen, en situaciones que no han mejorado todo lo que quisiéramos, pero que por lo menos no son verdaderamente indignantes. Ahí hace falta no sólo acogida, sino también sanidad y, por otra parte, un asesoramiento de los recursos que pueden tener, de las soluciones que se le puede dar a su problema personal y respecto al futuro, porque la acogida sin más es un paliativo y no es una respuesta a derechos humanos. La respuesta a derechos humanos es un trabajo y una residencia. En este sentido, como los 250 millones van a ser gestionados por las propias comunidades autónomas, se va a acordar con ellas cómo se van a distribuir, aunque si en Melilla hay más personas que en Ceuta, indudablemente el apoyo estará en función de las necesidades. Son, sobre todo, prestaciones a personas, es decir, para cubrir necesidades de salud, de acogida y saneamiento.
Me preguntaba por los 837 millones. No tengo aquí la aplicación económica, por lo que, señor presidente, si usted nos da el permito, lo hablaremos vis a vis.
Ha hecho alguna pregunta más sobre el Plan concertado. De él tengo que decir que el incremento va destinado, y es importante que lo sepa S. S., a consolidar el personal laboral contratado, que es un 15 por ciento, lo que significa, primero, estabilidad en el puesto de trabajo y, por otra parte, consolidar el sistema de servicios sociales.
Si me he dejado olvidada alguna cosa o quieren que amplíe algo más, señor presidente, responderé con muchísimo gusto.


El señor PRESIDENTE: Señora Sabanés, ¿no tiene ninguna pregunta que formular? (Pausa.) Se lo agradecemos.
Señora Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Yo quería hacer un par de consideraciones a las manifestaciones vertidas en esta comparecencia por la secretaria general de Asuntos Sociales.
Como la historia es muy tozuda, lamento responderle que, a pesar de sus buenas dotes de persuasión y su asignación permanente a las aplicaciones de otros fines de interés social del 0,5, cuando se elaboró el presupuesto en el año 1995 y el señor Valero, entonces subsecretario del Ministerio de Asuntos Sociales, hacía estas comparaciones, la señora Sanz, portavoz del Grupo Popular, manifestaba que esto dependía de la voluntad o de la capacidad de los ciudadanos para el pago al IRPF y que, por lo tanto, no se podía contabilizar ni cuantificar. Yo sí le quiero decir que entiendo que estos beneficios que obtienen algunas organizaciones y algunos proyectos, aunque sea a través de una nueva técnica presupuestaria que no habíamos visto --yo por lo menos no la he conocido hasta ahora--, son aportaciones económicas que van engrosando determinados aspectos.
Hay un tema que me parece de más calado. He leído con detenimiento todas sus declaraciones, llevo varios días siguiendo el presupuesto y todas las declaraciones de la secretaria general. En realidad, cuando ustedes comentan que en el área de la Secretaría de Asuntos Sociales se ha incrementado en 53.000 millones el presupuesto, usted omite cuánto se han incrementado los presupuestos en relación a las pensiones asistenciales y a las pensiones no contributivas. Esto supone casi 20.000 millones de incremento, con lo cual el crecimiento real, porque son prestaciones de derecho subjetivo perfecto, quedaría bastante reducido.
Aquí tengo el recorte de un periódico magnífico que no es nada tendencioso y que dice que España es un valor al alza en toda la economía dentro de Europa y que, por lo tanto, las expectativas económicas en nuestro país son las mejores de Europa. Si se supone que es cierto lo que dice cuando afirma que Bruselas define la economía española como una de las más prometedoras de Europa, nos encontramos con una situación que para mí es preocupante, y le voy a decir por qué.
Dentro del ámbito de las políticas asistenciales y de servicios sociales nos hemos encontrado con que la economía nos ha jugado bastantes malas pasadas y también buenas. Cada cinco años hay un ciclo económico, de repente sube la economía y nadie sabe por qué; de repente baja y nadie sabe por qué. Siempre hay factores que los economistas aducen, argumentan y hasta casi nos convencen. Creo que es importante que recordemos que cada cinco años, en el ámbito de las prestaciones asistenciales y en el de los servicios sociales, ha habido puntas de lanza y cuando la economía iba bien nosotros íbamos a remolque, pero avanzábamos algo. Le quiero recordar, por ejemplo, que de 1980 a 1985 se puso en marcha la Lismi.
Cuando se inició --lo recuerdo porque yo estaba en el Ministerio-- eran 30.000 millones y acabamos pagando casi 100.000 millones. En el quinquenio 1985 a 1990 se puso en marcha el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales (usted ha dicho que estuvo congelado durante cuatro años, pero tenga en cuenta que realmente se hizo una gran aportación económica), se activó el programa de vacaciones y de termalismo del Inserso. Igualmente, se cofinanciaron los programas europeos en esta materia. De 1990 a 1995 se ha desarrollado la Ley de Pensiones No Contributivas, y usted conoce muy bien que estamos hablando de cerca de 300.000 millones de pesetas.
Lo que me pregunto es qué vamos a poder decir de 1996 al 2000. Dado que la economía va bien, dado que España va muy bien, qué vamos a poder recordar en esta época de expansión económica, ya que somos una de las economías más prometedoras y que España envejece, tiene población maltratada y hay exclusión social. ¿Se va a hacer una apuesta por los programas sociales, señora secretaria general? ¿Qué apuesta va a hacer el Gobierno del Partido Popular en relación a esta materia para que por lo menos en el quinquenio que nos ocupa, dado que en 1996 no hubo presupuestos sino que fue una prórroga, podamos recordar que si la economía va bien, en materia de pensiones asistenciales y en materia de servicios sociales hemos hecho un impulso complementario para garantizar que esta

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economía favorable, positiva, que es la admiración de Bruselas, realmente revierta en lo que son las necesidades sociales de los colectivos más desfavorecidos?

El señor PRESIDENTE: Señora Gómez, pero sin abrir un debate sobre este último punto, por favor.


La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Gómez Gómez): He sido diputada en el Parlamento andaluz y no en el Congreso de los Diputados, pero conozco la técnica y la estrategia parlamentaria. Su señoría puede estar tranquilo.
En primer lugar, presupuestos del Estado son de los que estamos hablando.
Dinero público destinado a política social es todo. Yo no entro, no entiendo y respeto los debates que haya podido haber en la Cámara, pero es que hasta en eso, señoría, tengo que decirle que los años de buena economía han hecho que pasemos de 8.995 millones de IRPF en el año 1995 a casi 13.000 millones en el año 1996.
Pero, señoría, la bonanza no es sólo que se recoja más dinero sino a la hora de optar por distribuir, y la distribución explica que se ha primado lo que eran emergencias. Por tanto, yo tengo que explicar en la Cámara, primero, por qué, por ejemplo, la ayuda a las personas con discapacidad no son sólo 500 millones, 100 de incremento, para un plan aprobado con el consenso de todas las comunidades autónomas y que, además, entra por primera vez en el año 1996 para 1997; segundo, yo tengo que explicar que eso se apoya no sólo desde el IRPF sino también con un plan que se acaba de firmar esta tarde.
Posiblemente, sea también porque, cuando era diputada, me ceñía exclusivamente a lo que era la partida, y ahora que soy Administración tengo que explicarlo todo, pero yo creo que ustedes, que en política social les interesan los logros, querrán saberlo.
En cuanto a lo de persuasiva, a mí me alegra mucho que usted me siga, porque por lo menos hay alguien que me sigue, pero --repito-- no soy persuasiva, yo creo que siempre soy así, algunas veces dejo de ser así, pero, créame, son muy pocas y sólo por estado de necesidad.
Respecto al crecimiento, usted sabe muy bien que los presupuestos de lo que hoy es Secretaría General y hasta el año 1996 fue ministerio, estuvieron prácticamente congelados cuatro años. Yo creo que en un año en que el presupuesto del Estado crece un 3,2, en que el PIB crece un 3,4 y en que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales crece un 0,9, ya no le voy a decir si crezco un 12 si no incluyo los gastos o, si los incluyo, un 8 por ciento. Le quiero decir que estamos creciendo por encima del 8 por ciento, y con los datos que están ahí de un 3,2, del presupuesto del Estado, un 3,4 del PIB y un 0,9 de crecimiento del Ministerio, el 8 por ciento en política social, donde lo que vale son los hechos y no la declaración de intenciones, me parece que por lo menos es de respetar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en un año que era especialmente difícil.
Yo le voy a decir a usted no por lo que apuesto, porque en ese sentido no me gusta apostar sino más que nada comprometer. Estamos apostando por conciliar dos cosas: las políticas activas de solidaridad, que son las que crean empleo, con las políticas que podríamos llamar asistenciales de complemento, que son las que apoyan a los más desfavorecidos.
En ese sentido, yo creo que la puesta en marcha con respaldo presupuestario del Plan de acción estatal del voluntariado, del Plan de apoyo integral o de ayuda a los inmigrantes, el reforzamiento del Plan de acción, el incremento del plan de lucha contra la pobreza, como usted sabe, y aquí lo saben muchas personas que han sido también diputados autónomos, todo esto genera una mimesis muy importante porque todos los presupuestos autonómicos, como usted sabe, se empiezan a trabajar a partir del 30 de octubre. Además, esto genera un ejemplo muy positivo porque las comunidades autónomas --yo he sido diputada autonómica siete años-- difícilmente no contemplan partidas que están contempladas en los presupuestos del Estado.
Estoy de acuerdo con usted en que es verdad que hay que hacer lo que sería una previsión de lo que va a ser el 2000, pero yo también tengo que decirle que la primera y mejor previsión respecto al futuro es asegurar el presente. Señoría, quiero tranquilizarla y decirla que yo creo que en el presente, sin triunfalismos y sin persuasión tampoco --es mi tono, la gente del sur hablamos así-- no sólo ya en los presupuestos de cara a 1998, sino en el esfuerzo que se hizo en 1996, se está demostrando que es posible converger en lo económico sin retroceder en lo solidario. Además estoy convencida que el trabajo y el impulso de los grupos de la oposición y del grupo que sustenta al Gobierno mejorarán esto. Pero desde luego no puedo aceptar, con todo respeto, que se pueda poner en duda el futuro de una política cuando el presente está demostrando que se va avanzando; para unos será mucho, para otros poco, pero el hecho es que se avanza. En cualquier caso, el futuro sabe usted que no está escrito, pero espero que entre todos, y sobre todo en un área como ésta, donde hay tantas personas que se pueden beneficiar, sepamos encontrar los puntos de encuentro, porque a mí nunca me ha dolido en esta Comisión reconocer las ideas buenas, vinieran de donde vinieran, entre otras cosas porque usted sabe que estamos de paso por aquí y, al final, lo que queda es lo que hacemos entre todos.


El señor PRESIDENTE: Con la comparecencia de la secretaria general de Asuntos Sociales concluye el orden del día.
Se levanta la sesión.


Eran las ocho y veinte minutos de la noche.


Nota.--El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Política Social y Empleo, del miércoles, 15 de octubre de 1997, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.

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