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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 229, de 27/05/1997
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 229

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA

Sesión núm. 24

celebrada el martes, 27 de mayo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Ratificar la Ponencia designada para informar el proyecto de Ley de reforma de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
(Número de expediente 121/000012) (Página 6566)

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, sobre el proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente 121/000012) (Página 6566) * * * * * * * *

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


RATIFICACION DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000012.)

El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
En primer lugar, figura en el orden del día la ratificación, en su caso, de la Ponencia designada en relación con el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Entiende la Presidencia que podemos solicitar, en relación con esta ratificación, el voto por asentimiento de la Comisión. ¿Aprueban SS. SS.
ratificar la Ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.


EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000012.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate que figura en segundo lugar en el orden del día, relativo al dictamen sobre este proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La Presidencia quiere anunciar que, teniendo en cuenta el tiempo que presumiblemente va a durar el debate, para que SS. SS. puedan organizar sus trabajos parlamentarios de hoy, la votación no tendrá lugar antes de las doce y media de la mañana.
También quiero poner de relieve que, teniendo en cuenta cuál es la materia que comprende este proyecto de ley, los grupos van a consumir dos turnos de intervenciones, tal como manifiestan los portavoces que es más conveniente: uno, para las enmiendas al precepto relativo a la nulidad de actuaciones, y otro, para las demás enmiendas vivas que los grupos mantienen en relación al proyecto de ley.
Por lo tanto, vamos a comenzar, primero, con el precepto que introduce ese incidente de nulidad de actuaciones en el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, la primera intervención de los señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios deberá referirse a las enmiendas que deseen defender en este trámite en Comisión y que tengan relación exclusivamente con este precepto.
A este fin, si ya están los señores portavoces en condiciones de mantener sus respectivas enmiendas, vamos a iniciar el debate.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Uría, en nombre del Grupo Vasco, para defender las enmiendas presentadas.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señorías, al abordar la modificación del artículo 240 que pretende el proyecto de ley que estamos examinando, mi grupo, frente a las reticencias de otros, que entendían que la seguridad jurídica impide que se tengan abiertas prácticamente sine die las situaciones jurídicas, apostó porque se pudiese efectuar una regulación, si bien introduciendo numerosas enmiendas al texto que el proyecto proponía.
Si tenemos en cuenta que más del noventa por ciento de los asuntos que llegan al Tribunal Constitucional son recursos de amparo y, de entre ellos, un número altísimo lo son por fallos en los actos de comunicación en el propio proceso, merecía una valoración positiva el hecho de que estos defectos puedan ser recogidos antes de que el sujeto que padece esa vulneración del derecho fundamental se vea obligado a plantear un recurso de amparo. En estos casos de lo que estamos hablando es de una vulneración de la legalidad por un tribunal ordinario, pero que supone a la vez violación del derecho fundamental y, por lo tanto, tiene esa virtualidad de poder llegar ante el Tribunal Constitucional.
Creemos que servirá, si se llega a aprobar esta regulación, para fortalecer el carácter subsidiario del Tribunal Constitucional y dar más posibilidades a los tribunales ordinarios, si tenemos en cuenta que dicho Tribunal ha llegado en fechas recientes a forzar hasta lo indecible el trámite de audiencia al rebelde, con una argumentación forzadísima para intentar subsanar estos trámites de defectos de comunicación o defectos procesales ocurridos durante el proceso, que con la regulación que proponemos creemos que quedaría arreglada. Suponemos que la enmienda número 6 de las que nos quedan vivas no tendrá dificultad de ser aceptada por los grupos porque, dicho sea sin modestia, es meramente formal.
Supone dar una mejor redacción a lo que realmente propone la modificación del 240. Sería modificar su apartado 2, y añadir dos apartados 3 y 4, si es que, finalmente, es redactado en los términos que proponemos.
La enmienda número 7 creemos que introduce dos elementos interesantes en la línea de lo que ha sido mi exposición inicial, cuando se sugiere que también pueda ser solicitado este trámite de nulidad a instancia de parte, entendiendo que si la razón de ser es evitar que se tenga que llegar hasta el procedimiento de amparo no vemos por qué, si le pasa inadvertido al órgano judicial y no se solicita de oficio, la parte, aunque no tenga ningún recurso ordinario ya abierto, pueda instar esta vía, que impediría el que las situaciones tengan que verse abocadas a acudir al Tribunal Constitucional. Igualmente, se habla de resolución que ponga fin al proceso, en lugar de sentencia definitiva, de lo cual creemos que es una mejora simplemente técnica.
La enmienda va en la línea de introducir una posibilidad de reducir la utilización de la acción de nulidad de actuaciones, regulada en el proyecto de reforma de referencia, reducción que guarda coherencia con el carácter excepcional de dicha acción y resulta requerida por la condición de matización limitadora de la seguridad jurídica en relación con la cosa juzgada que tiene la sobredicha acción.


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Creemos que con este matiz los grupos que se oponían a la regulación del artículo 240, con las novedades que el proyecto introduce, fundamentalmente Izquierda Unida y el Partido Socialista, podrán considerar en alguna medida calmadas sus preocupaciones.
Nos queda también viva respecto de esta parte la enmienda número 8, que no hace sino introducir dos elementos ya establecidos por el Tribunal Constitucional en relación con el recurso de amparo. Se trata de adecuar la dicción del artículo 240 a las exigencias del Tribunal Constitucional, al introducir de forma expresa la idea de que se hubiera causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que éstas no sean susceptibles de recurso que queda reparar la indefensión sufrida.
Creemos que, aunque ambas cuestiones podrían entenderse o sobreentenderse con el texto que se propone, así establecido por el Tribunal Constitucional, el que expresamente se mencione en el texto es un punto a favor de la redacción, avalado por la idea de la seguridad jurídica, introduciendo también el elemento, ya establecido por el Tribunal Constitucional, de que los recursos que hay que agotar antes de acudir al amparo y, en este caso, antes de acudir a este procedimiento de nulidad de actuaciones, son aquellos que tengan la virtualidad o que sean hábiles para reparar las lesiones a los derechos fundamentales de que se trate y que la utilización de otros recursos, aunque sean posibles, pero que no tengan esta virtualidad, puede considerarse una prolongación fraudulenta del plazo para acudir al Tribunal Constitucional, sancionada con la inadmisión del recurso de amparo.
En cuanto a la enmienda número 9, ha sido ya objeto de transacción con la 76 del Grupo Popular, y creemos que como tal aparece incorporada en el informe de la Ponencia, ya que en este texto se somete el ejercicio de esta posibilidad a los límites temporales en relación con el artículo 1.800 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Establece un tope de cinco años para que, transcurrido éste, el principio de seguridad jurídica tenga su virtualidad y resulte imposible acudir a este proceso.
Igualmente aceptamos, y así consta, las enmiendas del Grupo Catalán, que completan un texto en cuanto al trámite del incidente que se establece, evitando que pueda tener vista o limitando las posibilidades de aportación de prueba que completan un texto, que puede servir a las virtualidades que apuntaba al comienzo de mi intervención; es decir, dar posibilidades de subsanar errores que eviten el acceso al recurso de amparo sin que, a la vez, sufra en exceso el principio de seguridad jurídica, quedando sine die abiertas las situaciones jurídicas.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Comienzo con este primer bloque de enmiendas que tiene Coalición Canaria.
En nuestra enmienda número 19, dirigida al artículo 1 del proyecto, artículo 240.3, párrafo primero, proponemos que se incluya la expresión «o hubieren debido serlo en el proceso podrán pedir... denunciar, por causa no imputable al perjudicado, antes de recaer sentencia...».
Entendemos que quienes indebidamente no han sido parte en el proceso judicial necesitan en mayor medida la oportunidad de defensa y audiencia por estas circunstancias. Si no estaríamos haciendo un flaco servicio a un principio de seguridad jurídica, ya que no habiendo sido parte en el proceso sí necesitan la mayor oportunidad de comparecer en el mismo.
Creemos que son enmiendas puramente garantistas, que no modifican sustancialmente el texto del proyecto, pero sí lo perfeccionan.
La enmienda número 20, también a este artículo 1 y artículo 240 del texto de la ley que modificamos, introduce una precisión técnico-jurídica para que el legislador regule con absoluta claridad la imposibilidad de utilizar este medio impugnatorio cuando la sentencia sea susceptible de cualquier otro recurso ordinario y extraordinario. Proponemos en la enmienda que se introduzca, en esta nueva línea, la expresión «no susceptible de recurso ordinario o extraordinario». El resto del artículo igual. Nos parece necesaria esta seguridad jurídica que, además, aporta claridad al texto del proyecto del Gobierno.
La enmienda 22, que permanece viva después del trámite de Ponencia para esta Comisión, introduce en el artículo 1, y también en su artículo 240.4, párrafo tercero, una adición que tiene el propósito de una mejora técnica legislativa. Entendemos que está redactado de una manera confusa y puede dar origen a una inseguridad jurídica. Nuestro texto es puramente aclaratorio.
La enmienda número 94 propone la supresión de la letra b) del artículo 352, que está reflejado en el artículo 2 del proyecto. Se dan una serie de justificaciones en nuestra enmienda, sobre todo porque entendemos que el texto del proyecto, por lo menos el que remitió el Gobierno en su momento, está en contradicción con el régimen estatutario de los letrados al servicio del Consejo General del Poder Judicial. Entendemos que estos letrados al servicio del Consejo General del Poder Judicial deben tener clarificada toda su situación.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, este primer turno era sólo en relación al artículo 240.
Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sólo le queda la enmienda 39 en relación a este artículo. Para su defensa, tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Con la brevedad que ha caracterizado la intervención de los anteriores portavoces, el Grupo Parlamentario Catalán comparte la necesidad de la introducción de este precepto, que puede descongestionar en gran medida al Tribunal Constitucional de numerosos recursos de amparo. Sin embargo, a nadie se le escapa que introduciendo el elemento importante de justicia y, al mismo tiempo, importante desde el punto de vista de la organización de los procesos, existen diversos riesgos, afectantes en muchos casos a la seguridad jurídica, al dejar abierta la posibilidad de acudir a este incidente, que casi podemos llamar sine die, para obtener automáticamente

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suspensiones de ejecuciones de resoluciones de tribunales y, por otra parte, la posibilidad de utilizarlo como un mecanismo dilatorio, convirtiendo un incidente en un auténtico proceso declarativo. Ha sido este último riesgo el que determinó al Grupo Parlamentario Catalán presentar la enmienda número 39, que pretendía eliminar el trámite de vista, tal como se indicaba en el proyecto, para la práctica de las pruebas correspondientes en el seno del mismo.
La experiencia nos dice que el principal supuesto para acudir a un incidente de nulidad de actuaciones viene motivado por la ausencia de notificaciones. Si para acreditar esa ausencia, o el defecto de una notificación, se permite que las partes puedan solicitar la práctica de vista con las pruebas correspondientes, desde el testimonio del cartero hasta la prueba pericial de quién es la firma --se puede insistir en la tarjeta rosa o en el propio libro del cartero--, nos podemos encontrar ante un auténtico procedimiento declarativo en el que se tienen que ir suspendiendo sucesivamente la celebración de vistas, bien por dificultades de la presencia de los correspondientes testigos o de la práctica de la prueba pericial, con lo cual lo que debiera convertirse en un expediente rápido y ágil, para evitar acudir a un recurso de amparo, se puede convertir en un auténtico proceso que dure meses, cuando no años. Evitar ese riesgo ha sido la finalidad de la enmienda 39 del Grupo Parlamentario Catalán, que tenía por objeto eliminar la celebración de vista y que, admitido a trámite el escrito en el que se pida la nulidad, fundada en los vicios de los que hemos hecho referencia, pueda ir acompañado de los documentos que se tenga por conveniente para acreditar el vicio o defecto, pero que no se celebre esa vista en la cual podrían aportarse, aparte de documentos, otro tipo de pruebas, como la testifical o la pericial.
Sabemos que posiblemente se nos ofrezca una transaccional al respecto, que estamos dispuestos a aceptar. Manifestamos que votaremos a favor, como ya se produjo en el trámite de Ponencia, de una aceptación de la enmienda número 21 de Coalición Canaria, que pretende evitar una aplicación sistemática del expediente de suspensión de ejecución de las resoluciones, del mismo modo que también manifestamos nuestro voto favorable a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco a este artículo 1 de la ley y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mantiene la enmienda 33 en relación con este artículo 240.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Como todos ustedes conocen, la enmienda número 33, coherente con la enmienda a la totalidad que se debatió en el Pleno de la Cámara, tiende a la eliminación de esta nueva regulación de un especial incidente de nulidad de actuaciones.
No puede ignorar este portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que se ha hecho un esfuerzo muy serio por parte de la Ponencia tratando de mejorar la redacción dentro del conjunto de cautelas que esta redacción suscita, porque no hay más que ir oyendo a todos y cada uno de los que están interviniendo, y la verdad es que está todo el mundo cargado no voy a decir de recelos, pero sí de ciertas perplejidades en cuanto a la falta de concreción que tiene esta regulación.
Si por parte del Grupo de Coalición Canaria se nos habla, y con razón, de la posibilidad de que quien no haya sido parte también pueda en un momento determinado intervenir porque le afecte el procedimiento, por parte del Grupo de Convergència i Unió también se pone de manifiesto que hay una regulación muy poco satisfactoria de lo que podíamos llamar la práctica de la prueba. Incluso las expresiones acerca de si es susceptible o no la sentencia de ulterior recurso o resolución de carácter ordinario o extraordinario, abre también un campo muy amplio de dudas. Por tanto, es evidente que los esfuerzos que se están haciendo son todos ellos bienintencionados, pero precisamente por la categoría, por la finalidad de este precepto, lógicamente sigue teniendo un importante margen de inseguridad jurídica.
En todo caso, por parte de nuestro grupo se contempla con realismo este precepto que va a salir adelante y lo que nos gustaría es, ya que va a salir adelante, que quedara perfeccionado. En concreto, hay que dejar especificado que no cabe una nulidad abstracta de actuaciones. Y al decir que se haya producido la nulidad de actuaciones nos gustaría que quedara perfectamente clara la nulidad concreta de determinadas actuaciones, porque puede ocurrir que esa nulidad concreta de determinadas actuaciones no tenga por qué afectar bajo ningún supuesto, aunque haya podido suponer una cierta indefensión, si han sido subsanadas posteriormente, a una revisión por completo de la sentencia. Nos gustaría que hubiera un minimum de atención a ese tema.
Nos gustaría también que se contemplara el que la utilización del término vista es bastante inadecuado. En el lenguaje y la terminología jurídica, la vista suele ser para hacer las alegaciones finales, tras un período probatorio, y generalmente cuando se pide vista es para hacer el informe.
Por tanto, la expresión para practicar determinadas pruebas no es la de vista, sino la de audiencia, por lo que debe corregirse. Se tiene que utilizar con una cierta corrección la terminología de proposición de prueba y el período correspondiente a la proposición y a la práctica, sin que se mezcle la práctica de la prueba con un traslado de alegaciones por la otra parte a la que se acompañará los documentos que se estimen pertinentes. Debe quedar perfectamente diferenciado lo que es la proposición de prueba, lo que es la práctica y lo que en su día, si es que hay necesidad de ello, pueda ser una vista, porque desde luego el precepto queda absolutamente confuso dentro de la inseguridad en que el mismo se inserta.
En todo caso --repito-- nos gustaría que por lo menos, ya que va a salir adelante, se hicieran estas correcciones por parte de quienes defienden este peculiar recurso extraordinario de nulidad de actuaciones. No les quepa a ustedes la menor duda --y el tiempo estamos seguros que nos dará la razón-- que se acabará convirtiendo en una práctica

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constante de todo aquel que haya perdido un litigio para tratar, a través de este mecanismo, de dilatar el cumplimiento de la sentencia, sobre todo si, como el mismo precepto dice, cabe la posibilidad de que pueda ni más ni menos que quedar en suspenso la ejecución y la eficacia de la resolución.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista mantiene la enmienda número 48 a esta modificación que el proyecto supone del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para la defensa de dicha enmienda, tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Presidente, para mantener la enmienda número 48 de supresión presentada por el Grupo Socialista al primer artículo de este curioso proyecto de ley, compuesto realmente de dos partes diferenciadas y sin ninguna conexión entre ellas, tal como fueron remitidas por el Gobierno al Congreso, y que trata de un tema que nada tiene que ver con el resto del proyecto.
Se pretende con el artículo primero del proyecto introducir en nuestro ordenamiento un curioso incidente de nulidad de actuaciones que, como se ha dicho por otro portavoz con anterioridad, tal como viene redactado más que un incidente es un auténtico procedimiento completo declarativo de nulidad de actuaciones.
Entendemos que no es buena la introducción de este procedimiento declarativo, sino que lo que sería necesario, a lo que está obligado el Gobierno, es a dar cumplimiento a la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la versión dada por la Ley Orgánica 16/1994 y, por tanto, traer al Congreso la ley de desarrollo del artículo 53.2 de la Constitución Española, que no ha sido traída aún por parte de la Ministra de Justicia, y que, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que ahora debatimos, pretende sustituirse con esta modificación del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Creemos que no es buena la introducción del incidente porque lo único que estamos convencidos que va a producir es una prolongación extraordinariamente larga en el tiempo de la litigiosidad, ineludible prácticamente en casi todos los casos (difícilmente podemos encontrar un pleito declarativo de mayor cuantía, o incluso de menor cuantía, en que no pueda observarse, con la habilidad propia del abogado, alguna causa posible de nulidad de actuaciones), y ello combinado con el hecho de que en el texto del Gobierno se producía una suspensión de la eficacia de la resolución o sentencia contra la que se combatía a través del incidente de nulidad, mientras que en el texto de la Ponencia --creemos que es una mejora, pero demasiado ligera--, admitiendo la enmienda número 21 de Coalición Canaria, se establece que no hay suspensión automática, pero sí la posibilidad de suspensión. Por tanto, es una tentación excesiva puesta en manos de los litigantes para alargar, sin utilidad en la mayor parte de los casos más que la propia prolongación, los pleitos que se tramitan en nuestros tribunales.
Por ello la mantenemos, si bien hay que decir que tenemos una posición favorable a la mayoría de las enmiendas defendidas por el resto de grupos hasta este momento, en cuanto que las mismas vienen a acotar de una forma clara el proyecto inicial, estableciendo garantías y limitando la posibilidad de prolongación excesiva, que como se ve es la obsesión del Grupo Socialista, en la tramitación del procedimiento.
Así, consideramos oportuna la oferta que nos ha llegado de transacción (no a la enmienda nuestra, sino a enmiendas de otros grupos, pero se nos ha informado amablemente por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular) respecto a la fijación de plazo en la posibilidad de interposición del incidente. Creemos que el plazo de cinco años es el mínimo necesario para establecer una seguridad jurídica. Nos parece bien, además --luego de las conversaciones más que discusiones tenidas en la Ponencia--, que este plazo de cinco años venga a coincidir también con el plazo de cinco años establecido para el recurso de revisión, porque siempre es deseable ir unificando los distintos tiempos procesales, excesivamente variados, que tenemos en nuestra legislación de ritos.
Nos parece también adecuada la transacción referente a la supresión de la vista, audiencia o llámesele como se le llame. Insistimos en la Ponencia --y estamos satisfechos de ver que nuestros argumentos han tenido algún efecto-- en que establecer una vista en un incidente de nulidad suponía realmente reabrir un procedimiento, con todos los problemas de citación, de nulidad, de identificación del domicilio de las partes, etcétera, que llevaba a una prolongación realmente sine die del trámite.
Por ello, pese a mantener para votación, como hacemos, nuestra enmienda de supresión e intentar hacer llegar al ánimo del grupo que da soporte al Gobierno lo inadecuado de la introducción del incidente de nulidad, vamos también a dar nuestro voto a aquellas enmiendas que vienen a acotar, desde una prevención clarísima por parte de todos los grupos, la institución del incidente de nulidad, la tramitación del mismo, para hacerla más segura y más breve.
Con ello, señor Presidente, señores comisionados, considero defendida la enmienda número 48 del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular mantiene la enmienda número 76 a este artículo 240.
Para su defensa, el señor Ollero tiene la palabra.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, quería, en primer lugar, expresar la satisfacción de nuestro grupo por el acierto que este proyecto supone, ya que aborda un problema real, y es la cascada de recursos de amparo que acaban llegando al Tribunal Constitucional con motivo precisamente de haberse observado alguno de los elementos que se contemplan en esta ley.
Se ha aludido aquí --como fruto, sin duda, de una experiencia profesional-- a la habilidad reconocida de los abogados para saber descubrir cualquier posibilidad --al menos algunos, se me apunta-- para prolongar un proceso. El problema que me plantea es que por lo menos con esta

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ley se puede conseguir que en aquellos casos en que no haya un puro interés dilatorio, sino que de verdad haya un fundamento objetivo y razonable, contemos con una vía que evite que el Tribunal Constitucional tenga que acabar pronunciándose sobre el particular.
El proyecto, en efecto, es heterogéneo, como consecuencia de la urgencia con la que se plantea; urgencia que, dicho sea de paso, no se ha visto luego, quizá de una manera venturosa, correspondida por una urgencia en nuestro trámite parlamentario, que más bien va siendo excesivo. Partiendo de la voluntad y el deseo del Gobierno de proceder a una reforma en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que llegara incluso a afectar al modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo que se pretendía precisamente era, por ejemplo, abordar ahora una serie de cuestiones de detalle. Parece que esa filosofía no ha sido ajena a otros grupos, porque el mismo Grupo Socialista, que ha criticado esta heterogeneidad, la ha aumentado planteando una serie de enmiendas que no tenían nada que ver con el texto del proyecto y que se referían a la regulación de los magistrados del Tribunal Supremo, con lo cual no sé si es que han optado por la fórmula de: ya puestos..., o qué es lo que han hecho. Pero, a la hora de la verdad, le han dado aún más policromía al proyecto.
De lo que este grupo también se quiere felicitar --y ha sido, con toda justicia, puesto de relieve-- es del trabajo riguroso y del afán de colaboración que ha presidido el trabajo de la ponencia, donde por parte del Grupo Popular, desde luego, ha habido un afán de receptividad máxima, salvo en los casos en los que se plantea la supresión, porque ahí no cabría establecer mucha transacción. Sin embargo, como ya se ha apuntado, los argumentos que expusieron en la ponencia aquellos grupos que solicitaban una supresión sí han sido tenidos en cuenta a la hora de elaborar las enmiendas transaccionales.
Pasando ya a fijar posición sobre las enmiendas de los diversos grupos, al Grupo Popular le parecen enormemente acertadas las enmiendas del Grupo Vasco (EAJ-PNV), concretamente las números 6, 7, 8 y 10, que pensamos votar afirmativamente. Proponemos una transaccional con la enmienda número 9 --transaccional que como texto número uno ha sido repartida a todos los grupos-- en la que asumimos la conveniencia que esa enmienda señalaba de marcar un plazo a la posibilidad de solicitar la nulidad de actuaciones; lo que pasa es que, como ya se ha señalado también, en vez de un plazo de un año, como sugería esta enmienda, después del debate que tuvo lugar en la ponencia, hemos preferido aceptar la fórmula de los cinco años, y es ésta la que figura en esta enmienda transaccional, según la cual el plazo para pedir la nulidad será de 20 días desde la notificación de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que en este último supuesto pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia o resolución.
En cuanto a las enmiendas de Coalición Canaria, una de las cuales fue aceptada en el trámite de ponencia, nos parecen enormemente meticulosas, fruto de un afán de precisar al máximo diversas posibilidades. Nuestro grupo lo que observa es el peligro, puesto que estamos reformando una ley previa, de llegar a incurrir, por un afán detallista, en una falta de armonía en el contexto, puesto que, a nuestro modo de ver, el resto de ese texto legal no está trabajado de una manera tan detallada. De todas maneras, como este proyecto aún tendrá un trámite ulterior, en la medida en que el Grupo de Coalición Canaria fuera insistiendo en mantener esas enmiendas, siempre habría posibilidades de seguir reflexionando sobre ellas.
En cuanto a la enmienda número 39, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), hemos propuesto una transaccional --que hemos sugerido como texto número 2-- en la que hay un inciso que, por otra parte, soluciona también el principal defecto apuntado en su intervención por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la medida en que desaparece la llamada vista. Esa enmienda señala que se dé traslado de dicho escrito a las demás partes, junto con copia de los documentos que se acompañasen en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes. Estimamos que con esto se evita, sin duda, la posibilidad de utilización torticera y dilatoria de este trámite y, por otra parte, se suprime incluso ese término «vista» que, como muy bien se ha señalado, quizá no era riguroso ni acertado.
Nada más por nuestra parte, esperando que nuestras enmiendas transaccionales sean atendidas por los demás grupos.


El señor PRESIDENTE: A efectos de dejar ya cerrado este capítulo de la ley, se ha planteado una transaccional en relación con la enmienda número 9, del Grupo Vasco (EAJ-PNV). Desearía la Presidencia saber si su portavoz acepta la transaccional ofrecida por el Grupo Popular.


La señora URIA ECHEVARRIA: Sí, señor Presidente. Se acepta la transaccional.


El señor PRESIDENTE: También se ha ofrecido una transaccional a la enmienda número 39, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). ¿La acepta el Grupo Catalán?

El señor SILVA SANCHEZ: Se acepta, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías, como he indicado al principio, vamos a iniciar un segundo turno de intervenciones para la defensa de las enmiendas a la parte restante del proyecto de ley, formuladas por los distintos grupos.
No observo la presencia en la sala de ningún representante del Grupo Mixto ni, por supuesto, la del señor Rodríguez Sánchez, autor de la enmienda número 3 que, si ningún grupo mantiene, habrá que dar por decaída.


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El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Ruego que se den por defendidas y que se sometan a votación.


El señor PRESIDENTE: Formulada esa petición por el señor Castellano, queda pendiente de votación la enmienda número 3, del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
Para la defensa del resto de las enmiendas planteadas a este proyecto de ley, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: A este artículo segundo del proyecto, después del trámite de ponencia, mi grupo mantiene vivas para su debate en Comisión, en primer lugar, la enmienda número 24, referida al artículo segundo del proyecto, artículo 352 en su apartado b). Nosotros proponemos su supresión porque se refiere al régimen estatutario de los letrados al servicio del Consejo General del Poder Judicial, y pretendemos que las situaciones que están reguladas como de servicio activo y no de servicios especiales queden aclaradas de una manera significativas. De ahí que propongamos la supresión de este apartado.
He observado en el informe de la ponencia que la enmienda número 25 fue objeto de una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, no la mantenemos porque viene recogida, igual que la número 26, en el informe de la ponencia.
Sigue viva la enmienda número 27 al artículo 356, apartado 1, que es de supresión. La presentamos no por una cuestión de fondo, señor Presidente, sino por una cuestión de sistemática. Ubicar aquí este artículo nos parece incorrecto, ya que nosotros entendemos que debe figurar, por la sistemática legislativa del texto del proyecto, a continuación del articulado que se refiere al régimen previsto para la excedencia forzosa.
A la enmienda número 28, señor Presidente, nosotros le damos una importancia jurídica muy destacada. Propone la modificación del artículo 357 en sus apartados 1, 4 y 5. Se refiere fundamentalmente a las circunstancias para declarar la situación de excedencia voluntaria de los miembros de la carrera judicial cuando se encuentren en situación de servicio activo en un cuerpo o escala de las administraciones públicas o de la carrera fiscal, o pasen a prestar otros servicios en organismos o entidades del sector público, y una serie de circunstancias que se relacionan aquí; también cuando los miembros de la carrera judicial deseen participar como candidatos en elecciones generales, autonómicas, insulares, locales o europeas, en cuyo caso la solicitud de excedencia voluntaria les sería inmediatamente otorgada; y cuando los miembros de la carrera judicial finalicen su mandato como miembros de cámaras o asambleas legislativas o corporaciones insulares o municipales, etcétera, donde hayan salido elegidos. Incorpora una amplia justificación que ya tuvimos ocasión de exponer doctrinalmente, señor Presidente, en la ponencia. Es un tema apasionante que, por las circunstancias ocurridas en años pasados, en determinados casos ha motivado incluso una toma de posiciones de distintos partidos políticos, de la opinión pública y de los medios de comunicación.
Retiramos la enmienda número 29 al artículo segundo, artículo 358, apartado 2, señor Presidente. Pretendía la regulación de la excedencia para el cuidado de hijos conforme al sistema general del resto del funcionariado, y la hemos retirado porque ha quedado recogida en el informe de la ponencia. Aquí terminan nuestras enmiendas presentadas al artículo segundo del proyecto.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, hemos decidido que en este segundo turno se defiendan el resto de las enmiendas hasta el final.


El señor MARDONES SEVILLA: De acuerdo, señor Presidente, lo haré en un trámite mucho más breve por la densidad de nuestras enmiendas.
La enmienda número 30 al artículo cuarto es de supresión. Nosotros entendemos que la frase «formación de criterio» como una nueva causa de abstención y recusación, como figura en el proyecto, tiene una falta de rigor jurídico muy destacada. Por lo tanto, si hay falta de rigor jurídico, queda abierto el sistema de la inseguridad jurídica de las personas afectadas.
También mantenemos la enmienda número 31 a la disposición transitoria segunda --estoy siguiendo el orden, señor Presidente, del primer bloque de enmiendas que se presentó, dado que Coalición Canaria lo hizo en fechas distintas y tienen numeración diferente--. En dicha enmienda proponemos un nuevo texto cuando la presente ley se trata de aplicar a jueces y magistrados. Dice lo siguiente: «previa audiencia del afectado, y en un plazo no inferior a veinte días de haberse producido, le comunicará la situación administrativa que le corresponde tras la entrada en vigor de la presente Ley.» La enmienda número 32, señor Presidente, pretende la adición de una nueva disposición transitoria tercera en la que se emplaza al Gobierno para que redacte un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se establezca la revisión del cuerpo de secretarios judiciales. Sin embargo, como hay enmiendas de otros grupos al respecto, ya tendremos ocasión de ver si se ofrece alguna transaccional. En el caso de que así fuera, nosotros plantearíamos mantener esta enmienda o retirarla.
Paso seguidamente, señor Presidente, a defender el segundo bloque de enmiendas. En la enmienda número 88 --estoy hablando del artículo quinto nuevo-- proponemos una regulación de la magistratura del Tribunal Supremo. Esta enmienda coincide con otras que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que les adelanto vamos a votar favorablemente porque tienen la misma filosofía jurídica con respecto al Tribunal Supremo y a sus miembros magistrados, fundamentalmente. En la misma línea está la enmienda número 89, en la que proponemos un nuevo texto: «El informe al que se refiere el apartado primero tendrá carácter preceptivo para los nombramientos de Magistrado del Tribunal Supremo y será emitido por la Sala a la que corresponda la vacante.» Creemos que

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introducir esto en un texto de ley actualizado significa una consolidación que es verdaderamente exigible para los principios de prestigio y de claridad ordenancista de los magistrados del Tribunal Supremo en relación a su sala correspondiente.
En la enmienda número 90 proponemos que la Jefatura del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial sea cubierta por un magistrado, e introducimos una salvedad en lo que se refiere al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sobre los destinos definitivos.
La enmienda número 91, señor Presidente, propone también un nuevo texto en el que se atribuye al Presidente del Tribunal Supremo la inspección y vigilancia del funcionamiento de las salas y secciones de este Tribunal.
Se refiere a toda la capacidad inspectora. En coherencia con enmiendas nuestras anteriores, el principio de una magistratura de ejercicio del Tribunal Supremo debe recaer en su presidente. Con ello, consolidaríamos y daríamos prestigio de autoridad a esta destacada presidencia.
La enmienda número 92 también propone la adición de un texto nuevo y se refiere al ámbito de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, en los que debe haber una relación de magistrados suplentes en los casos en los que sean llamados a formar parte de las salas, dado que circunstancias imprevistas y excepcionales pudieran hacer que éstas no se constituyesen. Nosotros lo regulamos aquí y creemos que el precepto lo debe recoger así.
La enmienda número 93 propone también un nuevo texto de adición para que magistrados del Tribunal Supremo jubilados puedan ser nombrados Magistrados eméritos. Tenemos intención de mantener esta enmienda porque nos parece que debe hacerse esta regulación en este alto Tribunal y debe ser considerada en la letra y en el espíritu de la ley.
De la enmienda número 94 vamos a mantener solamente el texto del apartado 4, dado que están recogidos en el informe de la ponencia los apartados 1, 2 y 3. Por tanto, mantenemos solamente para la votación el apartado número 4. de la enmienda 94.
La enmienda número 95 fue aceptada en sus apartados 1 y 2 en el trámite de ponencia y, según me ha notificado antes del inicio de la sesión el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el apartado que queda por recoger podría ser objeto de una enmienda transaccional. Nosotros entendemos que la provisión de la plaza del jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial debe hacerse en los mismos términos establecidos en esta ley para los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esperaremos a conocer la enmienda transaccional que nos ofrezca el Grupo Popular. Igualmente, se nos ha hecho saber que existe la misma posibilidad respecto a la enmienda número 96. Quedamos a la espera del texto y de la propuesta que haga el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Mantenemos la enmienda número 97 en su totalidad. En ella proponemos que quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con anterioridad a la carrera judicial se incorporarán al escalafón y se les reconocerá los años de servicio.
Anuncio que retiramos la enmienda número 98, dado que hemos observado que en el texto de la ponencia se recogen las situaciones de jueces y magistrados con respecto al servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria o forzosa. Por tanto, repito, nuestra enmienda número 98 queda retirada en este momento, señor Presidente.
En la enmienda número 99 al artículo 384 bis de la ley actual se pretende introducir la pérdida de la condición de magistrado del Tribunal Supremo en los casos de excedencia, salvo en el caso de que pasen a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional o miembros de los altos tribunales de justicia internacionales. Si queda reafirmado el texto de la ponencia y no hay ninguna enmienda transaccional al respecto contraria a nuestros principios, estaríamos en disposición de retirarla, cuestión que anunciaré definitivamente, señor Presidente. Digo esto a los efectos de informar al portavoz del Grupo Popular.
La enmienda número 100 ha sido recogida por la ponencia y, por tanto, no es cuestión de defenderla aquí.
Mantenemos la enmienda número 101 al artículo 389 bis de la ley actual, en la que proponemos las incompatibilidades del cargo de magistrado del Tribunal Supremo.
Asimismo, mantenemos la enmienda número 102, porque proponemos un texto nuevo para el artículo 404 bis, sobre las retribuciones fijadas para los magistrados del Tribunal Supremo. Un principio de claridad y un principio de --permítame la expresión, señor Presidente-- dignidad en la relación categoría profesional/responsabilidad de las funciones encomendadas, y en relación también con la retribución económica, que en la Función pública siempre ha tenido una correlación directa, nos hace aconsejable mantener la enmienda 102.
La enmienda número 103 --y con esto termino, señor Presidente--, a nuestro entender, ha sido recogida en el texto del informe de la ponencia. Por tanto, salvo que haya alguna enmienda transaccional, como puede ocurrir en el caso de la enmienda 102, con esto terminamos nuestra intervención a los efectos de la votación.


El señor PRESIDENTE: Quiero hacerle una aclaración, señor Mardones. La ponencia recogió la enmienda número 100 de su grupo, pero no en los términos en los que estaba planteada, por lo que quisiera saber si S. S.
considera que la fórmula de la ponencia es satisfactoria.


El señor MARDONES SEVILLA: La mantenemos para votación, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: En relación con el mantenimiento de sus enmiendas al resto del proyecto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.


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Las enmiendas que mi grupo mantiene respecto al resto del articulado son las siguientes. La enmienda número 10, que no ha sido incluida en el texto de las transacciones que se acordaron en ponencia y contempla la situación del juez o del magistrado que no es nombrado miembro de otro órgano, sino que pasa al otro órgano --cualquiera de los contemplados-- como personal adscrito. La redacción propuesta extiende la previsión actual, de adscripción al Tribunal Constitucional o al Defensor del Pueblo, a los órganos equivalentes de las comunidades autónomas. Repito, se trataría de un supuesto en el que el juez o el magistrado no es miembro del órgano del que se trata sino personal adscrito al mismo.
Creemos que eso no entra en la transacción que se hizo respecto al tenor del artículo 352 y que está recogida por la ponencia y, por tanto, mantenemos esta enmienda en sus propios términos.
La enmienda número 11 sí fue objeto de transacción y, por tanto, fue retirada. Sin embargo, debo indicar a la Comisión que en el texto acordado, tal como se ha puesto de manifiesto por el Tribunal de Defensa de la Competencia, no se ha incluido la referencia al Presidente y a los miembros de este tribunal, aunque sí está recogida en la enmienda número 77, del Grupo Popular, por lo que creo que, entre todos, debiéramos hacer el esfuerzo de repasar si efectivamente quedan cubiertos todos los supuestos, puesto que, como digo, de la transacción ofrecida como texto número 3, y que está incluida en el texto de la ponencia, no resulta la referencia a estos órganos. Habrá que ver, en relación con la enmienda número 13 de mi grupo, qué redacción concreta se articula.
La enmienda número 12 de mi grupo, aunque no figura así en el informe de la ponencia, debe entenderse retirada por la aceptación por nuestra parte de la enmienda 79, del Grupo Popular. Es incompatible la aceptación de la enmienda 79 y el mantenimiento de nuestra enmienda número 12. Por tanto, si no lo hice entonces --que me parece que sí--, retiro ahora la enmienda número 12.
La enmienda número 13, que tiene relación con la número 77, del Grupo Popular, mantiene como previsión, dentro del artículo 352, lo siguiente: «Cuando sean nombrados miembros del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, del Tribunal Internacional de Justicia o de cualquiera otra instancia jurisdiccional internacional.» La enmienda número 77, del Grupo Popular, sólo hace referencia al nombramiento para tribunales internacionales y, si es preciso con la terminología, creemos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea no es exactamente un tribunal internacional y que es más correcta la redacción contenida en la enmienda número 13. A eso me refería cuando decía que quizá pudiese completarse el texto de la enmienda 77 con la expresión literal que contiene la enmienda 13, del Grupo Vasco. Con esa condición de que pueda ser objeto de transacción, mantengo dicha enmienda número 13.
Las enmiendas 14, 15, 16 y 17, fruto de la redacción dada en la ponencia, debo retirarlas en este trámite. Si bien al efectuar las enmiendas mi grupo entendió que lo que el texto del proyecto pretende en cuanto a la situación de excedencia voluntaria podía ser --inicialmente nos lo parecía-- un sacrificio excesivo para buscar la independencia y la imparcialidad de jueces y magistrados, el largo tiempo transcurrido --que en algunos casos es un demérito, pero en otros tiene sus virtualidades-- desde que esta ley empezó su tramitación --se presentaron las enmiendas en el mes de noviembre-- hasta ahora, nos ha llevado a pensar que no estamos hablando de un texto legal, de un proyecto que sólo tenga virtualidad en cuanto a elaboración teórica, en la cual podríamos articular si es un sacrificio excesivo o no el contenido en el artículo 23.2, sino que lo que pretende, como todo texto legal, es regular una determinada realidad social. Creemos que el progresivo deterioro de la imagen del poder judicial en la percepción de los ciudadanos puede justificar este sacrificio, que deja de ser desproporcionado y viene a cumplir la función constitucional de servir para que se dignifique, para que se garantice la imagen de imparcialidad de la justicia. Lo que en puridad, de una forma aséptica, prescindiendo del entorno o de la realidad social, en principio y desde el punto de vista de la pura teoría podría parecernos un propósito desmedido, en la situación actual, actuando con criterios de racionalidad y de justificación del sacrificio de un valor constitucional por la protección de otro, nos lleva a pensar que la situación social, la realidad actual de percepción de la justicia por los ciudadanos justifica que cuantos menos movimientos haya, mejor, y los ciudadanos ven con inquietud el paso del Poder Ejecutivo al Legislativo. Creemos que la expresión tan utilizada de que los jueces se dediquen a poner sentencias es una exigencia social de nuestros tiempos y, por tanto, la situación de la excedencia voluntaria nos parece adecuada. Por ello, retiraríamos las enmiendas 14, 15, 16 y 17.
La enmienda número 18 debe entenderse retirada por transacción con la 29, de Coalición Canaria, y la 84, del Grupo Popular.
Paso a defender la última enmienda de mi grupo, la número 104, referida al bloque relativo a la situación del Tribunal Supremo. El texto de esta enmienda era idéntico al presentado por Convergència i Unió, Coalición Canaria y el Grupo Socialista, y nos acogimos al consenso suscitado en torno a la misma al redactarse el informe de la ponencia. Creemos que, aunque no era todo lo que se pretendía con la enmienda, sí suponía un notable avance en esa idea de promover una nueva regulación de la jurisdicción del Tribunal Supremo, configurándola como magistratura de ejercicio, lo que debe llevar a una redefinición más estricta en un futuro de sus incompatibilidades. Creemos que se ha abierto un camino, pero que deberá completarse con una regulación más estricta del recurso de casación, de manera que en un futuro sólo lleguen al Tribunal Supremo los asuntos que realmente lo merezcan. Ello conllevaría que el Tribunal Supremo realmente pudiese hacer doctrina con sentencias que abordasen problemas jurídicos de enjundia y auténticos, no como ocurre en la actualidad. Porque en gran medida, si uno revisa la jurisprudencia del Tribunal Supremo, comprobará que está fallando sobre disposiciones ya derogadas o ya desaparecidas del mundo del Derecho. Por ello, es necesario --y en este tema me gustaría que todos utilizáramos las posibilidades de acuerdo que tenemos--

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dar salida a la enorme bolsa acumulada de trabajo que hoy pesa sobre el Tribunal Supremo, lo que, por supuesto, deberá hacerse sin demérito del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Los consensos que se han suscitado con posterioridad al informe de la ponencia en relación con una posible transacción sobre la enmienda 44, de Convergència i Unió, y la 102, de Coalición Canaria, serán asumidos por mi grupo, así como en lo que respecta a las enmiendas que Izquierda Unida mantenía sobre los secretarios, si es que, finalmente, se acepta por el señor Castellano la transacción que le era ofrecida por el Grupo Popular.
Termino diciendo que también aceptaríamos la transacción a la enmienda 96, de Coalición Canaria, y a la 95, de este mismo grupo.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, la enmienda 104 queda condicionada a esas transacciones.


La señora URIA ECHEVARRIA: No, está retirada. Simplemente he anunciado que, existiendo una transacción posterior al informe de la ponencia respecto de estos otros puntos, mi grupo también los aceptaría.


El señor PRESIDENTE: Con lo cual, únicamente quedarían vivas las enmiendas números 10 y 13.


La señora URIA ECHEVARRIA: El mantenimiento de la enmienda número 13 está en función de la enmienda 77, del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Para el mantenimiento y defensa de sus enmiendas al resto del proyecto, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Las enmiendas que mantenemos podrían agruparse en tres bloques. Un primer bloque hace referencia a la regulación que se efectúa en la ley de la situación de servicios especiales de los jueces y de los magistrados. En primer lugar debemos indicar que ya en ponencia, y en virtud de una transacción que nos fue ofrecida, procedimos a retirar las enmiendas números 41 y 42, pero que, de momento, nos vemos en la obligación de mantener --posiblemente se puedan retirar a renglón seguido-- las enmiendas números 40 y 43.
La enmienda 40, del Grupo Parlamentario Catalán, es prácticamente idéntica a la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, y precisamente lo que se pretende es que, en la medida en que los jueces y magistrados puedan ser adscritos o puedan ser adjuntos al Defensor del Pueblo o a alguno de los órganos equivalentes de las comunidades autónomas, también tengan derecho a esta situación de servicios especiales. La enmienda del Grupo Popular, que estaríamos dispuestos a votar favorablemente, deja a salvo en los servicios especiales a aquellos jueces y magistrados que pasen a ser letrados del Tribunal Constitucional, sin embargo, dicha enmienda no salva la situación de los adjuntos al Defensor del Pueblo. Como ha indicado anteriormente la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, estaremos a la espera de lo que pueda ocurrir en los siguientes minutos para ver si puede corregirse o transaccionarse ese aspecto.
La enmienda 43, del Grupo Parlamentario Catalán, podría integrarse en la enmienda 77, del Grupo Popular. Por tanto, estaríamos dispuestos a retirarla anunciando el voto favorable a la enmienda 77, del Grupo Popular.
Primero en ponencia, y más tarde en trámites posteriores, se nos ha ofrecido por el Grupo Popular transacción a nuestra enmienda número 44, que pretendía establecer ese estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo que en algunos momentos ha sido tan debatido. Nos alegramos de que se haya ofrecido una transacción que recoge sustancialmente el planteamiento de nuestras enmiendas, cuyo objetivo era dotar al Tribunal Supremo de este estatuto sin convertirlo, por lo demás, en un órgano exento de actuaciones o de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. En alguna otra ocasión ya hemos manifestado que el Tribunal Supremo es un órgano constitucional, así se recoge, entre otros preceptos, fundamentalmente en el artículo 123 de la Constitución; que por razones históricas, que podrían remontarse al año 1977 y a la en aquellos momentos problemática legalización del Partido Comunista, no dejó de recibir por nuestros constituyentes un cierto castigo, y estimamos que éste puede ser el momento oportuno para restablecer esa dignidad del Tribunal Supremo y, por otra parte, para dotarle del estatuto que ha sido transaccionado por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Vasco, Coalición Canaria y, de momento también, por el Grupo Parlamentario Catalán. Por lo demás, no podemos sino congratularnos de ese éxito.
Nos mantenemos a la espera de la transacción que ha sido ofrecida por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida respecto a la enmienda 45, que recoge diversas disposiciones respecto de los secretarios judiciales.
Finalmente, manifestamos el mantenimiento, como no podía ser menos, de nuestra enmienda 46, que pretende que la entrada en vigor de la ley no comporte la revisión de situaciones de servicios especiales y de excedencias ya reconocidas antes de su entrada en vigor a los jueces y magistrados que ocupen cargos o desempeñen las funciones a que hace referencia la ley. Desde luego, no es la primera vez en estas últimas semanas que mi grupo tiene que salir en defensa del principio de seguridad jurídica y de la irretroactividad de las disposiciones, bien afecten a derechos adquiridos o bien puedan considerarse expectativas, por lo demás, suficientemente consolidadas. Entendemos que aquellos jueces y magistrados que hicieron determinadas opciones en base a una legislación vigente en aquellos momentos y suficientemente consolidada no deben verse perjudicados en estos momentos por esta modificación; modificación que no deja de ser importante si resulta aprobada y que pretende, como ha expuesto muy correctamente la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, trasladar a la ciudadanía una tranquilidad de la que quizá en estos momentos no goce, toda vez que si bien, como ella también ha dicho, en abstracto podría discutirse la proporcionalidad de algunas de las medidas y de las excedencias voluntarias

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y forzosas que se introducen a través de la ley, no es menos cierto que el ciudadano de a pie está relativamente hastiado de algunos de los problemas que se convierten en titulares de periódico un día y otro día, y también es cierto que este ciudadano de a pie atribuye en gran parte estos problemas a estas carreras de carácter mixto, por lo demás perfectamente respetables, pero que no dejan de levantar algunas suspicacias. En cualquier caso, mantenemos nuestra enmienda 46.
Entendemos que, bien se configuren como expectativas, bien como derechos adquiridos, la propia jurisprudencia constitucional ha entendido que son situaciones respetables y, por tanto, así lo defendemos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y para la defensa de sus enmiendas al resto del proyecto, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Entramos en el debate del auténtico motivo de este proyecto de ley, que evidentemente no era, aunque se haya aprovechado la circunstancia, el de establecer un recurso extraordinario de nulidad de actuaciones ni menos aún revisar la situación de los jueces y magistrados que pudieran pasar a servicios especiales, sino, por el contrario, establecer una auténtica proscripción sobre aquellos jueces y magistrados que, en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales, decidan en un momento determinado de su peripecia vital participar en la vida política formando parte de alguna institución. Por eso, el día que se hable de este proyecto de ley y se hable de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuya discusión nos encontramos hoy, se deberá decir claramente que fue el proyecto sancionador de la participación de jueces y magistrados en la vida política, porque éste es el verdadero meollo de este proyecto de ley.
Nosotros mantenemos, en coherencia con esa enmienda a la totalidad a la que he hecho referencia en mi anterior intervención, la supresión de lo que pudiéramos llamar todo el conjunto de artículos que afectan a las situaciones administrativas. Es evidente que se produce una mezcla de artículos y que no podemos solicitar la supresión con el mismo énfasis que en los artículos 352, 354, 355 e incluso 356, pura y sencillamente porque no afectan a lo que persigue este proyecto de ley.
Este proyecto de ley se va a aprobar y lo que ya cabe en esta última intervención, sin perjuicio de lo que ocurra manteniendo nuestras enmiendas ante el Pleno, porque supongo que serán desestimadas, es poner de manifiesto que la ponencia ha seguido manteniendo el texto remitido por el ministerio y que incurre en gravísimas contradicciones.
Fíjense ustedes el premio que se ofrece a los jueces y magistrados que en un momento determinado, sopesando que va a tener importancia en su carrera profesional poder participar en la vida política, decidan formar parte de una lista; si tienen sentido común --y es de suponer que lo tienen de sobra--, pedirán ser incluidos en el último puesto de la lista para gozar de la excepcional situación de la excedencia forzosa durante tres años; ello les permitirá cobrar todos los emolumentos menos el complemento de destino y, además, no van a ser objeto de ninguna contaminación política porque no han salido elegidos y van a poder compatibilizar perfectamente esa excedencia forzosa con el asesoramiento de cualquier clase de establecimientos mercantiles. Como es natural, no quiero en este momento ponerles ese ejemplo porque es muy variada la gama y podría incurrirse en que el asesoramiento de estos establecimientos mercantiles pudiera llegar, por qué no, a actividades tan legítimas como puedan ser los contactos y masajes que se ofrecen en algunos periódicos.
(Risas.) Esto es una auténtica monstruosidad, y lo es también que aquel que haya ocupado un cargo político, después, pensemos que ha quedado contaminado por el hecho de querer servir a la ciudadanía con un partido, y todos ellos son exactamente igual de legítimos, y le condenemos a tres años de excedencia forzosa. Y a lo mejor resulta que, por querer huir de la contaminación política, estamos facilitando que, como al fin y al cabo se trata de un magistrado que acabará de volver a la carrera, tenga un puesto de cierta relevancia en algún despacho profesional muy importante, entre otras cosas para establecer unos vínculos que el día de mañana a ese despacho le puedan resultar en alguna medida, por lo menos formalmente, elemento de atracción. Esto sigue siendo una auténtica barbaridad, porque, por huir de Málaga se cae en Malagón. Yo no sé si la contaminación política es tan grave, tan grave, por haber querido participar en ciertas actuaciones, pero hay otras en las que, como la excedencia forzosa no significa que tenga que estar en situación de arresto domiciliario y podrá dedicarse a otras actividades que no se contemplan, puede ocurrir que la verdadera contaminación venga precisamente afectando a la imparcialidad y afectando a la independencia por otra vía.
Yo pediría sinceramente a los autores de este proyecto que antes de dar vía libre final a este tema se lo pensaran un poquitín, y si en todo caso quieren establecer alguna cautela de verdad, ¿por qué no contemplan ustedes una mucho más sensata y mucho más lógica, que es que aquel que en un momento determinado haya querido participar en la vida política y no haya conseguido salir elegido, pura y sencillamente, si ustedes quieren tomar alguna garantía frente a la ciudadanía y a la función jurisdiccional, tenga que concursar? Acabado el período electoral, no ha salido elegido, que concurse a una nueva plaza. Y hagamos lo mismo con aquellos que hayan podido ocupar el puesto de Diputado, Senador, Concejal, Diputado autonómico, que concursen a un nuevo puesto para evitar lo que ustedes tienen tanto miedo y que no pasa de ser una situación absolutamente hipócrita. Se lo digo con todo respeto, como saben ustedes que les tengo, porque hay situaciones mil veces más graves que ustedes no quieren contemplar. Por lo tanto, nosotros mantenemos esta actitud de rechazo de lo que es el meollo de este proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica.
Ha ocurrido un hecho importante, del que nosotros nos congratulamos, y es que, con motivo de este proyecto de ley, por parte de un grupo parlamentario de la Cámara, en concreto el Grupo Parlamentario Socialista, se haya empezado

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a tratar una asignatura pendiente, que es el estatuto de los miembros del Tribunal Supremo. Cuando hicimos la enmienda a la totalidad no podíamos hablar de ello, pero nos parece que es una iniciativa que tiene que ser estudiada con auténtico rigor. Y decimos que se empiece a estudiar una iniciativa pendiente, que es la del estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo. Supongo que nadie pensará que se agota esa asignatura con establecer algunas incompatibilidades, por cierto no tan duras, o con establecer en un momento determinado cómo se pierde la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, porque dentro del Tribunal Supremo hay que contemplar todo otro conjunto de temas que son muy importantes.
Yo, por ejemplo, pediría al portavoz del Grupo Popular, que tiene conocimientos de sobra para ello, que me aclare si, como consecuencia de este principio de estatuto, que debe ser objeto de complemento con un trabajo posterior de magistrados del Tribunal Supremo, desaparece esa figura tan peculiar, porque hablamos de los magistrados en activo, de los llamados magistrados suplentes si desaparece. En alguna medida, tiene cierta peculiaridad que haya unos magistrados del Tribunal Supremo y luego haya otros señores a los que el Consejo General del Poder Judicial, cada año, a su arbitrio y sin ninguna clase de requisitos objetivos, les puede conceder ni más ni menos que la categoría de magistrado suplente, acaban siendo ponentes en determinadas resoluciones y lógicamente no vienen amparados por algo tan importante como es el principio de inamovilidad. Fíjese si son movibles que cada año se renuevan.
¿Vamos a seguir manteniendo a los magistrados suplentes y, encima, les vamos a mantener con el mismo sistema remuneratorio que ya se apunta en las discusiones que estamos teniendo? Habrá que tener también en cuenta, supongo yo, cuando hablamos del estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo, que no solamente es un problema de ciertas incompatibilidades, que --repito-- no son todas las que deberían ser. Porque está bien que se hable de que se puedan desarrollar actividades de docencia y de investigación que no afecten a la dirección y control de los servicios académicos, pero también deberían no afectar a ninguna clase de participación en empresas editoriales, por mucho que esas empresas editoriales den cauce posterior a la docencia y a la investigación a la que se han dedicado, que sería un tema también a considerar. Al mismo tiempo, sería tema a considerar ver en qué medida, para que podamos gozar de un auténtico Tribunal Supremo, nos planteamos cuáles son los asuntos que van a parar al Tribunal Supremo, porque todo eso está muy bien y puede ser que a algunos magistrados del Tribunal Supremo les parezca que con ello se va reconociendo, como todos queremos reconocer, el prestigio de que la sociedad debe rodearlos, pero también sería conveniente que les rodeáramos de las condiciones de trabajo que permitan que el trabajo sea reposado y sensato y no tengan que estar en la situación en que están, con una acumulación tal de asuntos que, por mucho que se quiera, cuando además prospera el criterio de que hay que ir sacando papel fuera, por muy Tribunal Supremo de que se trate, hay algunas resoluciones en las que se nota que no ha habido precisamente una gran acuciosidad laboral.
Si ya empezamos con esta podemos decir asignatura pendiente, habrá que llevarla a sus últimas consecuencias, pero sobre todo habrá que medir también, porque la carrera es una, lógicamente, si establecemos un determinado sistema remuneratorio, la repercusión en el resto de escalas --valga la expresión-- de la carrera judicial con los mismos criterios objetivos. Yo ya adelanto que por parte de nuestro grupo nos parece bien que, en lugar de tener que estar dependiendo para la remuneración de los magistrados del Tribunal Supremo de lo que pueda ser en un momento determinado una situación coyuntural presupuestaria, nos acojamos a un criterio mucho más objetivo de asimilación a determinados cargos que tienen, a su vez, un status muy especial, con lo cual nos soluciona ciertos problemas y ya depende más del legislativo, no depende tanto del Ejecutivo, que en un momento determinado puede tener la tentación de, a través de este mecanismo, tratar de premiar o sancionar determinadas conductas. Pero hay que pensarse muy seriamente qué pasa con el resto.
El intento de inicio de un auténtico estatuto de los magistrados del Tribunal Supremo se nos queda corto. Nos gustaría que se adquiriera el compromiso por parte del Gobierno del Partido Popular y de su grupo parlamentario de completarlo, en la línea de muchas disposiciones que el propio Grupo de Coalición Canaria ha querido ir avanzando y que no se han recogido en la ponencia. ¿Para qué? Para que no demos la imagen de que lo único que ha preocupado del estatuto del Tribunal Supremo ha sido el aspecto que yo estoy absolutamente convencido que menos les preocupa a ellos, porque les tienen que preocupar mucho más otros aspectos.
En lo que se refiere al contenido del informe de la ponencia referente a los magistrados del Tribunal Supremo, nosotros lo vamos a apoyar, pero queremos que quede perfectamente claro que sólo podrán ejercer funciones jurisdiccionales en el Tribunal Supremo los magistrados del Tribunal Supremo en activo y no ninguna otra persona. Porque entonces no estamos hablando de un estatuto serio y con rigor de magistrados y del Tribunal Supremo, sino que, pura y sencillamente, estamos aprovechando una determinada ocasión para dar satisfacción, por muy justa que sea, a una necesidad de carácter elemental, sin poner de relieve la importancia que tiene ese Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa del resto de las enmiendas al proyecto de ley, tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Me gustaría comenzar diciendo, como siempre se hace en estos casos, que voy a ser breve, pero no lo haré porque no estoy seguro de conseguirlo y no quiero asumir compromisos que quizá luego no voy a poder cumplir, aunque lo intentaré.
Quiero recordar que mi grupo mantiene vivas 24 enmiendas, si mis cálculos no son erróneos, a toda esa parte que discutimos en este momento. No las voy a defender todas

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una por una, porque estaría fuera de lugar. Me referiré sólo a las más importantes, aunque de entrada digo que mantengo todas para votación, las que defiendo expresamente y aquellas de las que no lo hago por falta de tiempo. Es más, en algún caso tendré que referirme, lo haré al final, a algunos aspectos que no son enmiendas estrictamente nuestras, pero que están en el informe de la ponencia y que son consecuencia de situaciones que se han producido con posterioridad. Concretamente hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que se ha introducido en ponencia y que ha empeorado la situación de los jueces y magistrados que están en excedencia voluntaria pero al cuidado de los hijos. Creo que inadvertidamente, pero es así. Después me referiré a este tema.
Además, hay otra cuestión. Hemos tenido un trámite de ponencia extraordinariamente largo. Desde el 10 de noviembre, me parece que fue, en que se cerró el plazo de presentación de enmiendas, hasta el día de hoy, han pasado seis meses y medio, durante los cuales se podía decir de esta ponencia lo de aquella señora de una conocida película, que se la buscaba desesperadamente y nadie la encontraba. Seis meses para que, al final, en una última sesión de una hora escasa, los representantes del Grupo Popular se presentaran por fin con unas transacciones. Entiendo que el Grupo Popular ha necesitado este tiempo para ponerse de acuerdo consigo mismo y con el Gobierno al que apoya, para ver qué es lo que hacía con este proyecto de ley, las cosas como son, pero mientras tanto se han aprobado algunos textos legislativos, concretamente la famosa Ley de acompañamiento, que de forma indirecta afecta también a esta ley que estamos discutiendo. Por lo tanto, para resolver este tema, que es nuevo, mi grupo presentará una enmienda in voce que creo yo que no es una enmienda que esté en la línea de las que presentaba mi partido; es, señor Presidente, una enmienda con la que todos los comisionados deben estar de acuerdo, porque es de una lógica aplastante.
Voy al fondo de la cuestión; lo decía el señor Castellano e insisto yo también en ello. Entramos en el núcleo del proyecto de ley, el que se refiere a las situaciones administrativas de jueces y magistrados, en particular las situaciones administrativas de aquellos jueces y magistrados que muy digna y libremente deciden optar por ejercer el derecho del artículo 23 de nuestra Constitución, en su vertiente de sufragio pasivo o en su vertiente de acceso a funciones públicas, a cargos de confianza política.
Nosotros mantenemos todas nuestras enmiendas, pero yo voy a referirme a algunas de ellas, las que creo que son más importantes, concretamente la 47, la 53, la 56 y la 69. La primera de ellas es la que se refiere al artículo 352, que es aquel, como todos sabemos, que regula las situaciones las cuales todavía los autores del proyecto consideran que sí, que tiene que haber servicios especiales. Es una redacción tremendamente restrictiva y representantes de otros grupos han recordado ya que hay carencias notables en situaciones en las que todo el mundo está de acuerdo en que tendría que haber servicios especiales. Incluso el Consejo General del Poder Judicial lo dice expresamente en su informe. Y, en algunos casos, a pesar de que había una enmienda del Grupo Popular que también iba en esta línea, esa enmienda no sé por qué razón no se ha incorporado. Por ejemplo, en el informe de la ponencia siguen estando fuera de esta situación de servicios especiales los vocales y presidentes del Tribunal de Defensa de la Competencia, siguen estando fuera los adjuntos al Defensor del Pueblo y los órganos equivalentes a comunidades autónomas, siguen estando fuera todos aquellos jueces o magistrados que accedan a tribunales internacionales --Tribunal Internacional de Justicia, Tribunal Internacional de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas-- aunque seguramente, como decía la señora Uría, no sea adecuado hablar aquí de un tribunal internacional.
Todo esto habrá que resolverlo, porque es algo que tiene una lógica absoluta. Es más, en el informe de la ponencia se sigue hablando todavía de letrados del Tribunal Supremo. Esto es un error. Lo dice el informe del Consejo. Es un tema puramente técnico. Los letrados del Tribunal Supremo no son jueces o magistrados, no tienen por qué serlo; por lo tanto, no tienen por qué referirse a ellos. A quien ustedes se quieren referir es a los miembros del gabinete técnico del Tribunal Supremo, que es otra cosa. Léase el informe del Consejo General del Poder Judicial, que lo dice muy claro. Pero por esto no nos vamos a pelear, porque es un tema completamente menor.
También vamos a enmendar el núcleo central de esta parte del proyecto, que es el que se refiere a la situación en que pasarán a encontrarse, si se aprueba, aquellos jueces y magistrados que, como decía antes, accedan, bien a cargos de confianza política, bien a cargos de mandato parlamentario. La propuesta que hace el proyecto es conocida. Estos jueces y magistrados, por el simple hecho de presentarse a unas elecciones, y lo decía el señor Castellano, aunque sean las elecciones municipales a Villarrubia de Abajo y en el último puesto, está claro que para no salir, sólo por ese hecho tendrán excedencia voluntaria. Después, si no salen elegidos o, si salen, cuando acaben, excedencia forzosa durante tres años. Suponiendo que existiese el problema que esto plantea para la independencia en la imparcialidad judicial, que yo creo que no existe, lo cierto es que ustedes intentan matar, ya lo dijimos en la discusión en el Pleno, moscas a cañonazos. Porque existen, y en esto estamos de acuerdo no sólo mi grupo sino otros muchos y también el informe del Consejo General del Poder Judicial, fórmulas menos gravosas, mucho menos dañinas para el ejercicio del derecho de acceso a las actividades públicas, que pueden conseguir lo que se pretende de una manera, repito, menos gravosa y más proporcionada. Eso es lo que pretende nuestra enmienda número 53, en la cual quiero detenerme. Estamos de acuerdo en que en algo sí tiene razón el proyecto. Es verdad que la aplicación en estos casos, entre otros, de la situación de servicios especiales habría que cambiarla. De acuerdo, que se cambie. Olvidémonos de servicios especiales y que pasen a excedencia voluntaria. Pero lo que es una barbaridad es que, si no salen elegidos o, cuando salgan, una vez acaban con su mandato, se les diga: tres años de excedencia forzosa. ¿Qué se consigue con esto? Lo decía el señor Castellano. Yo creo que no se consigue nada. Es más, se crean problemas enormes. ¿No

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sería más sencillo, como lo propone nuestra enmienda y como propone paladinamente con estas palabras el informe del Consejo General del Poder Judicial, que digamos: cuando acaben su mandato o si no son elegidos, que se reincorporen a la carrera, pero no al puesto que tenían antes, sino a aquel que decida el Consejo, en función de una serie de parámetros y que no afecta a su imparcialidad? Yo estoy de acuerdo, señor Presidente, en que un juez o magistrado que ha pasado a excedencia voluntaria porque ha estado como concejal de urbanismo en el ayuntamiento de Gerona, si era juez del contencioso en esa ciudad, no vuelva allí; claro que no. Pero podríamos encontrar muchos casos en los que el Consejo General podrá decidir, en función al puesto que tenía, ya fuera como parlamentario, ya fuera como cargo político, en función de aquel al que deba volver, si vuelve al que tenía o a otro. Es una solución mucho más sencilla, mucho menos gravosa, mucho más lógica, que además coincide bastante con la enmienda número 17 del PNV --que veo que ha sido retirada, a pesar de que no ha habido ninguna transacción, porque no ha habido ni una sola sobre el tema en Ponencia-- y también con la enmienda 28 de Coalición Canaria, que propone algo parecido a nuestra enmienda, refiriéndose solamente a que no vuelvan al contencioso-administrativo. Repito, el Consejo General del Poder Judicial en su informe proponía dos o tres opciones alternativas al proyecto y la que veía más probable, más buena, era esta última a la que nuestro grupo se apuntó honradamente porque nos parecía más lógica. De manera que, señor Presidente, señores diputados, que quede claro que votar en contra de esta enmienda es votar en contra de la propuesta que el Consejo General del Poder Judicial considera más idónea para este tema. Ya sé que lo podemos hacer, faltaría más; somos los representantes del pueblo y no tenemos por qué seguir las opiniones del Consejo General. Ya lo sé, de esto no hay duda. Ahora bien, parece que cuando el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que constitucionalmente debe velar por la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados, considera que ésta es la solución más adecuada para conseguir esa independencia e imparcialidad, tenemos como mínimo que estudiarla, porque alguna base tendrá.
Segundo aspecto. La reforma de los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que se refiere a las abstenciones y recusaciones. Nuestras enmiendas al respecto tienen un sentido contrario a las anteriores. Así como el proyecto, a nuestro juicio, en el tema de situaciones administrativas se pasaba, aquí se queda corto. Nuestra opinión es que aquí precisamente es donde había que apretar. Si queremos garantizar al máximo la imparcialidad, la independencia de los jueces y magistrados que en algún momento previo han podido tener alguna función política, es en la regulación de las condiciones de recusación y de abstención donde tendríamos que apretar a fondo; aquí sí tendríamos que ser duros, mucho más de lo que es el proyecto, y eso que el proyecto avanza bastante, no lo niego, pero, a nuestro juicio, repito, en esto se queda corto.
Por eso, señor Presidente, nuestras enmiendas al artículo 4 del proyecto, que forma los artículos 219 y 220 de la Ley orgánica, van en dos sentidos. Primero, añadir un apartado 8 nuevo, una causa octava nueva para la recusación y abstención, que es la amistad íntima o enemistad manifiesta, no sólo con las partes, como se dice ahora, sino también con sus representantes y asesores. Cualquier persona que ha ejercido como abogado --yo no lo he hecho, desde luego, pero he hablado con muchos de ellos-- reconoce que actualmente el gran problema de la amistad o la enemistad no es con las partes, sino con sus representantes o asesores.
Esta es una enmienda, señor Presidente, que creo que tiene una gran lógica.
Segundo, en la enmienda a la causa 12, de abstención y recusación, lo único que pretendemos sencillamente es aplicar una doctrina que desde hace mucho tiempo ha elaborado, entre otros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en varios casos ha dicho claramente que el problema de la abstención y de la recusación, en relación con la independencia y la imparcialidad, no sólo es un problema real, práctico, sino también de apariencias. Hay que salvar no sólo la imparcialidad efectiva del juez, sino también la apariencia de imparcialidad. Eso es importantísimo; eso es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algunos casos.
Además, el propio Consejo General nos hablaba de ellos en su informe. En esa línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que todo juez de cuya imparcialidad pueda dudarse razonablemente debe abstenerse de conocer el asunto y, si no lo hace, debe ser recusado. Nuestra enmienda lo que pretende es aplicar más firmemente, al máximo, esta doctrina a las causas de abstención y recusación.
Por último, señor Presidente, y con eso ya acabo esta referencia a nuestras enmiendas al núcleo del proyecto, hablaré de otro aspecto.
Suponiendo que ustedes tuvieran razón, que a nuestro juicio no la tienen, al establecer estas fórmulas tan duras, tan tremendamente duras, tan lesivas del Derecho fundamental, artículo 23 de la Constitución, contra jueces o magistrados que legítimamente han optado por ejercer una función en política, lo que no puede ser es que eso se aplique retroactivamente a jueces y magistrados que ya legítimamente, con una normativa que estaba vigente entonces, optaron por esto y a los que ahora decimos que no, que ahora se les aplica esto. Y, aparte de nuestra enmienda, hay enmiendas de otros grupos, la número 46, de Convergència i Unió, que ha dicho expresamente que lo mantiene; la número 31, de Coalición Canaria, que ha dicho lo mismo. Yo creo que lo que se plantea tiene una lógica absoluta.
¿Cómo vamos a aplicar retroactivamente este castigo, porque es eso, a jueces y magistrados, que decidieron legítimamente una opción política y que lo hicieron de acuerdo con unas expectativas que eran las establecidas legalmente cuando ellos optaron? Y ahora se lo cambiamos, pero se lo cambiamos desde entonces. Yo creo que esto, señor Presidente, no puede ser. Si no introducimos cambios importantes en esta normativa, vamos a encontrarnos con problemas realmente graves, algunos ya se han dicho y no voy a repetirlos. Además, el propio Consejo General ya nos lo ha dicho por activa y por pasiva. Esta ley

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potencia --lo dice exactamente el Consejo-- candidaturas con finalidades espurias.
La excedencia forzosa para jueces y magistrados en nuestro ordenamiento actualmente es una situación excepcional, es una situación muy gratificante para aquel que la pide, y no la pueden conseguir más que con los cargos tasados por la ley, que son muy pocos. Ahora lo tendrán muy fácil. Aquel juez o magistrado --espero que no sean muchos-- que quiera optar por esta situación tan atractiva, no tiene más que conseguir el puesto número 16 de cualquier lista municipal de cualquiera de los 9.000 municipios que hay en España, y ya está, tres años de excedencia forzosa.
Es un proyecto, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que limita de forma excesiva un derecho fundamental, el derecho fundamental de acceso a cargos y funciones públicas, pero, sobre todo, es un proyecto que plantea tremendos problemas que difícilmente se resolverían. Porque ¿qué sucede con esto de la excedencia forzosa? A mí me gustaría, señor Presidente, que este tema se tuviese en cuenta, porque resulta que el régimen de excedencia forzosa es, como decía antes, un régimen muy especial. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que la excedencia forzosa se producirá por supresión de la plaza de que sea titular el juez o magistrado, cuando signifique el cese obligado en el servicio activo. Un caso excepcionalísimo. Además, añade: los excedentes forzosos gozarán de la plenitud de sus derechos económicos y tendrán derecho al abono a todos los efectos del tiempo transcurrido en esa situación. Es un auténtico regalo. Y es un caso que a mí me gustaría que se me aclarase en esta Comisión, señor Presidente: el juez o magistrado que, de acuerdo con esta ley, pasa a la situación de excedencia forzosa durante tres años, ¿qué hace durante ese período de tiempo? Lo que sí que sabemos es que cobra exactamente sus retribuciones, porque mantiene todos los derechos económicos, pero, aparte de eso, ¿qué puede hacer? Como dice don Pablo Castellano, ¿puede entrar en un bufete de abogados a asesorarles? ¿No puede hacerlo? ¿En qué apartado de la ley orgánica se impide esto? En ninguno. ¿Dónde se impide que se pueda hacer esto? En ningún sitio, porque la Ley orgánica prevé la excedencia forzosa para casos muy especiales, que duran muy poco tiempo, porque esa plaza ha desaparecido y rápidamente irá a otra. Ahora ustedes crean una excedencia forzosa que va a durar tres años, y lo único que sabemos es que este señor o esta señora, durante este período de tiempo, estará percibiendo la totalidad de sus derechos económicos. Pero, aparte de eso, ¿qué puede hacer? Desde luego, escribir poesías sí que lo puede hacer, pero ¿qué otras cosas puede hacer? Yo creo que todas. ¿Esto no afecta a su independencia? ¿No afecta a su imparcialidad, que hasta el día antes de reincorporarse haya estado trabajando, haya estado asesorando? ¿Esto no les preocupa a ustedes? Realmente, no entiendo esto.
Hay otro problema todavía más importante, y me imagino que ustedes tendrán que pensar algo al respecto, porque resulta que la situación de excedencia forzosa no es una situación de servicio activo, eso está claro, supongo que en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, el artículo 127 de la Constitución dice que los jueces y magistrados no podrán pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos mientras estén en servicio activo.
Es decir, que cuando están en excedencia forzosa, sí que pueden hacerlo.
Durante tres años podrá ser el secretario general de un partido, porque la ley no se lo impide, porque no está en servicio activo; la ley dice lo que es servicio activo y no lo es la excedencia forzosa. Y esto no les preocupa a ustedes para su independencia. Repito, el artículo 127 de la Constitución dice que los jueces y magistrados que estén en activo no podrán ocupar cargos en partidos políticos y sindicatos. Si no están en activo, se supone que sí, porque pertenecer a un partido es un derecho fundamental, que solamente puede limitarse en la medida en que se diga expresamente. Si no se dice, yo interpreto que todo juez que no esté en activo, que esté en excedencia forzosa sí que puede pertenecer a un partido político. ¿Y esto no afecta a su independencia hasta el día anterior a reincorporarse, una vez pasados los tres años? Son temas sobre los cuales yo creo, señor Presidente, que habría que reflexionar, porque las consecuencias pueden ser tremendas.
Paso a referirme a los dos últimos temas sobre los que quería hablar, señor Presidente. El artículo 357.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no es modificado por este proyecto, establece que el paso a la excedencia voluntaria se hará a partir de un cierto momento, pero solamente por el período de tiempo equivalente a aquel en el que el juez o magistrado hubiera estado ejerciendo en servicios efectivos. Eso lo dice el artículo 357.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la reforma de 1994. Antes decía que podía estar hasta un máximo de diez años en excedencia voluntaria, pero en 1994 se dijo que no podía estar más tiempo del equivalente al que hubiera estado en servicios efectivos, sencillamente para equipararlo con lo que se había hecho en el caso de los demás funcionarios.
Recientemente, en la ley de acompañamiento, que se aprobó en esta Cámara hace poco, se hizo una reforma de la Ley 30/1984, en la cual se eliminó este tope, se estableció que a partir de entonces los funcionarios podrían estar en excedencia voluntaria tanto tiempo como quieran. Pero yo interpreto, señor Presidente, que esto no puede afectar a jueces y magistrados, porque su estatuto está marcado por una Ley Orgánica.
Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues pasan dos cosas. Primero, que vuelve a haber discriminación; todos los funcionarios, todos los servicios públicos podrán estar en excedencia voluntaria tanto tiempo como quieran, pero los jueces y magistrados solamente podrán estar un tiempo determinado que no excederá de aquel que hayan cumplido antes como servicios efectivos. Hay una discriminación que yo creo que habría que resolver, como ya se hizo en su momento. Además, con esta discriminación, se está afectando de una manera tremenda a aquellos jueces y magistrados que habían pasado a estar en servicios especiales por cargo público, porque como ustedes hacen retroactiva esta ley, ¿qué es lo que sucede? Imaginen ustedes un juez o magistrado --el tema es grave-- que, por ejemplo, en las elecciones municipales del año 1991 optó por presentarse en una lista de un partido político o en una lista electoral de una candidatura, de lo que fuera, salió elegido, durante cuatro años ha ejercido un cargo como concejal; en

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las elecciones siguientes de 1995 volvió a presentarse y lleva ya seis años en servicios especiales. Pero supongamos que esta persona previamente sólo llevaba cuatro o cinco años en servicio activo; como ustedes esto lo convierten en excedencia voluntaria, automáticamente esta persona ya no puede volver a la carrera, no puede volver, porque ya ha cumplido más años en excedencia voluntaria de los que la ley le permite.
Y esto retroactivamente. ¿Por qué no se le avisó en su momento? Esto es una barbaridad. Yo creo que en este aspecto, aunque solamente fuera para evitar la tremenda discriminación que se produce en estas circunstancias, convendría reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 357.3. Yo tengo, señor Presidente, una enmienda in voce que pasaré a la Mesa, que diría lo siguiente: Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los miembros de la carrera judicial cuando lo soliciten por interés particular. En este supuesto será preciso haber prestado servicios efectivos durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados. Es exactamente lo que se dijo para los demás funcionarios en la reforma de la Ley 30/1984.
Acabo, señor Presidente. Una de las enmiendas --y ya voy más rápido-- que se introdujo durante el debate de ponencia, enmienda del Grupo Parlamentario Popular al artículo 358.2, no sé por qué razón ha suprimido la referencia a los derechos pasivos para los jueces y magistrados que se encuentren en excedencia voluntaria para atender al cuidado de los hijos.
Lo ha suprimido. El informe de la ponencia dice exactamente: Artículo 358.2. Excepcionalmente se computará, a efectos de ascensos y antigüedad, el tiempo en que los jueces y magistrados se encuentran en excedencia voluntaria para atender al cuidado de sus hijos. En cambio, el texto del proyecto decía esto mismo, pero añadía derechos pasivos. Yo, al principio, creí que era un error, que era un olvido; después lo comparé con la enmienda del Grupo Popular y veo que dicha enmienda también suprime la referencia a los derechos pasivos. Es decir que el juez o jueza que pida la excedencia voluntaria para el cuidado de los hijos no tendrá derechos pasivos y en cambio sí lo tendrá el que está en excedencia forzosa porque ha cesado en un cargo público. Creo que ésta es también una discriminación, señor Presidente, que habría que resolver.
Por último, las enmiendas al estatuto de jueces y magistrados del Tribunal Supremo. Mi grupo debe decir que en este aspecto la ponencia ha avanzado y ha avanzado muchísimo. Ya con las modificaciones que se introdujeron en el trámite de ponencia mi grupo está francamente satisfecho, porque lo esencial, tanto de nuestras enmiendas como de las de Coalición Canaria, del Partido Nacionalista Vasco, de Convergència i Unió, está conseguido y es que se ha introducido un mecanismo de magistratura de ejercicio; que los magistrados del Tribunal Supremo tendrán un estatuto especial; que magistrados del Tribunal Supremo solamente podrán serlo aquellos que efectivamente estén cumpliendo funciones jurisdiccionales en ese órgano; se ha introducido un régimen de incompatibilidades más estricto, aunque no tanto como nosotros hubiéramos deseado y, por tanto, lo esencial de nuestras enmiendas, señor Presidente, está introducido en el informe de ponencia.
Quedaban algunos aspectos que, como ha dicho el señor Castellano, quizás son los que a ellos menos les preocupan. Quedaba el aspecto del informe preceptivo previo al nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial y quedaba el aspecto de las remuneraciones. Yo aquí era muy pesimista porque, tal y como fue el debate, el señor ponente del Grupo Popular nos dijo muy claramente que esto ni soñarlo, que una cosa no iba a hacer el Grupo Popular y era incrementar los sueldos de los magistrados del Tribunal Supremo, menos aún en la medida que pedíamos nosotros. Yo venía dispuesto a decir, señor Presidente, que lo que se propone no es tan exagerado. Hágase por parte de cualquier miembro de esta Comisión un análisis de cómo han evolucionado los sueldos, las retribuciones de los diferentes jueces y magistrados, compárese las que percibe un magistrado del Tribunal Supremo o cualquier otro magistrado y se verá que actualmente eso no se aguanta. Pero parece que en este aspecto, ahora, en el trámite de Comisión, se nos proponen enmiendas transaccionales.
Por tanto, señor Presidente, debo decir que, a la espera de que el ponente del Grupo Popular aclare estas últimas enmiendas transaccionales, mi grupo mantiene todas las enmiendas a esta parte del estatuto de los jueces y magistrados del Tribunal Supremo por una razón muy sencilla y es que las transaccionales que se presentaron en ponencia no lo eran con las de mi grupo y como no era así no me veo obligado a retirarlas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, para la defensa de sus enmiendas y, en su caso, para exponer las transaccionales que ha anunciado, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, en primer lugar, una vez más, en nombre de mi grupo, quiero felicitarme del trabajo que se ha hecho en ponencia, respecto al cual, por cierto, el señor Pedret, en su turno, fue mucho más generoso y me parece que más realista que la intervención que acabamos de oír, a mi modo de ver innecesariamente crítica respecto al trabajo de esa ponencia.
Indudablemente, la cuestión nuclear de este proyecto, que ya fue objeto de un detenido debate con motivo de las enmiendas de totalidad ante el Pleno, tiene que ver con el efectivo cumplimiento del artículo 127.1 de la Constitución, sobre todo ante la realidad, fácilmente constatable, de que nuestro sistema de función pública y el tratamiento que a efectos de participación electoral se le ha venido dando lleva en sí lo que podríamos calificar metafóricamente como un peralte que facilita el deslizamiento de los funcionarios hacia la actividad política. Buena prueba de ello es esta misma Cámara, donde creo que somos mayoría, somos mayoría claramente los funcionarios. No es el caso de todos, tenemos honrosísimas excepciones, parlamentarios excepcionales también en esto, pero la verdad es que es un hecho que ahí está y que en contexto con el artículo 127.1 de la Constitución es preocupante. Es preocupante

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que haya unas condiciones reales --me parece que se decía así hace tiempo-- que facilitan de hecho el deslizamiento de los jueces hacia la participación política. Es la finalidad que este proyecto aborda y en ese sentido quisiera resaltar las palabras que he oído a la portavoz del Grupo Vasco (PNV) que me parece que están llenas de sentido común y de aire razonable cuando ha explicado por qué retiran determinadas enmiendas que hasta ahora habían mantenido precisamente por el ambiente de deterioro de la imagen del Poder Judicial, vinculada a su cercanía a los cargos políticos. Continuamente está esto volviendo a salir a la luz, incluso en ámbitos de los alrededores del Poder Judicial, como puede ser la propia fiscalía; en seguida sale a relucir y no lo sacan a relucir los grupos políticos, sino los medios de comunicación, como algo que de verdad preocupa a la ciudadanía, el hecho de que determinada persona ocupó tal cargo con tal gobierno y les sirve como estampilla política que afecta de una manera decisiva a la independencia objetiva a la que ese Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ha citado tanta importancia da. Y me reconocerá el señor portavoz socialista que, si hay que dar importancia a la independencia objetiva a los efectos de recusación o abstención, muchísimo más a estos efectos de tratamiento de participación en cargos políticos, con muchísima más razón, obviamente.
Por tanto, suscribimos las palabras de la portavoz del Grupo Vasco (PNV) de que lo que se está pidiendo es un sacrificio proporcionado, teniendo en cuenta cuál es la situación Lo que no es muy serio es propiciar lesiones graves a la independencia objetiva de los jueces situándoles en puestos destacados de las propias candidaturas, convirtiéndoles en ejemplo vivo de lo que va a ser la trayectoria de ese grupo político en el inmediato futuro, considerar que eso no afecta para nada a la independencia judicial y, a renglón seguido, bramar contra la politización de los jueces refiriéndose a determinados jueces que no han participado para nada en política, pero cuyas resoluciones estrictamente jurisdiccionales no son de la simpatía del grupo político que así se expresa. Eso nos parece una absoluta contradicción, ha ocurrido y es fácil poner nombres y apellidos a los dos casos a los que me estoy refiriendo. Desde luego, en esa línea de incoherencia el Grupo Popular no se va a mover y este proyecto pretende acabar con esa línea de incoherencia.
Nuestro grupo ha estudiado el planteamiento que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial. ¡Claro que sí! Pero eso no quiere decir que se lo haya aprendido, que es lo que parece que ha hecho el portavoz socialista. Aquí hemos pasado de una situación en la que el Consejo General del Poder Judicial es sospechoso de depender de esta Cámara, a otra situación en la que, como sigamos así, esta Cámara va a ser sospechosa de depender del Consejo General del Poder Judicial, lo cual no sabemos si le beneficia mucho, sobre todo si el fervor viene sólo de un grupo, porque eso, unido a determinadas decisiones que puedan estar tomando, se puede prestar a todo tipo de comentarios, y ya sabemos que, afortunadamente, en este país hay libertad de expresión, y por mucho tiempo.
El planteamiento que se hace en el proyecto es el adecuado. ¿Que se puede prestar a determinada picaresca? No sé, esperemos a los hechos. Ha quedado demostrado que el Grupo Popular tiene mejor opinión de los jueces y de su tendencia a la picaresca que el propio Consejo General del Poder Judicial, dicho sea en honor del Grupo Popular. Ahora bien, si de verdad, en un plazo razonable, se observa que hay levas de jueces que se presentan al último puesto de las elecciones municipales de Vitigudino para poder estar sin hacer anda durante tres años, en cuyo caso ésos no son los jueces que el Grupo Popular cree que existen en nuestro país, evidentemente habrá que poner coto a ese desmán. Somos tan ingenuos, tenemos tan buena opinión de los jueces, que no lo concebimos. Como digo, nuestra opinión de los jueces es muy superior a la que tiene el propio Consejo General del Poder Judicial; cada cual, que saque las consecuencias que estime oportunas.
Respecto a la enmienda in voce que formulaba el Grupo Socialista, sin duda puede ser razonable como consecuencia de esos cambios legislativos.
En todo caso, como este trámite parlamentario va a continuar en el Senado y tampoco es bueno que a la Cámara Alta la dejemos sin trabajo, seguro que allí el Grupo Socialista podrá presentarla y habrá ocasión de darle el tratamiento reflexivo que la cuestión se merece.
En cuanto al tratamiento de aquellos jueces que por dedicarse a la custodia de sus hijos están en excedencia, la voluntad del Grupo Popular ha sido simplemente la de equipararles al tratamiento que recibe el resto de la Función pública. Como es sabido, en la ley 30/1984 se excluye a los funcionarios que forman parte del Poder Judicial, jueces y magistrados en este caso, y por tanto se trata de equipararlos. Creemos que hemos acertado en esa equiparación. Si hubiera algún error siempre habrá ocasión de subsanarlo posteriormente. El sentido de nuestra enmienda, desde luego, no es dar paso a ninguna discriminación, ni por un lado ni por otro, sino hacer un tratamiento cuidadosamente igualitario.
En cuanto a lo que manifestaba el portavoz de Izquierda Unid sobre los magistrados suplentes, aquí hay una enmienda del Grupo Popular sobre la que queremos llamar la atención, porque sería interesante que encontrara apoyo. Me refiero a la enmienda 86, en la que se suprime el tope de edad para poder desempeñar esa función, sobre todo vinculando esa enmienda al espíritu que llevan consigo las enmiendas ya asumidas relativas al Tribunal Supremo. Si se quiere configurar la magistratura del Tribunal Supremo como magistratura en ejercicio, parece razonable que en lo posible, cuando no haya más remedio que recurrir a magistrados que no estén en activo, se recurra a magistrados del Tribunal Supremo. Sin duda, entra en esa lógica. Ese es el sentido de nuestra enmienda. A nuestro modo de ver, sería poco juicioso que a un magistrado del Tribunal Supremo con 73 años, ya jubilado, no se le pudiera contratar como magistrado suplente cuando la situación, nos guste o no, va a obligar, durante un período al menos, a que se siga contratando. Mejor que sean magistrados del Tribunal Supremo. Esta es la razón por la cual pedimos que se quite ese tope de los 72 años, sin perjuicio de compartir la idea

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de que la figura en sí es la que tiene que desaparecer cuanto antes. Pero mientras no desaparezca no compliquemos todavía más la situación, porque peor es que quien ocupe esa función ni siquiera sea un magistrado del Tribunal Supremo jubilado, sino alguien que tenga una menor preparación y experiencia. Hacemos una llamada al sentido común, que sobra en todos los grupos parlamentarios de esta comisión, para que nuestra enmienda 86 encuentre el merecido apoyo.
En lo relativo al Tribunal Supremo, ya que ha aludido a esta cuestión, quiero aclarar con la máxima precisión cuál ha sido y cuál es la actitud del Grupo Popular al respecto. El Grupo Popular, el Gobierno en este caso, que es el que hace el proyecto, inicialmente no contempla esta cuestión, porque, como ya he dicho en mi intervención anterior, sólo ha contemplado cuestiones que estimaba urgentes, siempre desde la óptica de que pensaba y piensa, en la medida en que encuentre los debidos apoyos, abordar una reforma de mayor profundidad de la ley orgánica donde estos elementos deberían haber sido contemplados. De todas maneras, una vez que por vía de enmiendas se han suscitado estas cuestiones, nuestro grupo no ha tenido ningún problema, y, como todo el mundo sabe, es lo que más tiempo nos ha llevado y explica la prolongación un tanto desusada del trámite de Ponencia, precisamente por nuestro afán de atender de la manera más razonable posible a estos planteamientos.
Para nosotros, la atención de una manera razonable pasaba por tres aspectos que en la transaccional que ahora se propone se respetan. Un primer aspecto es evitar, desde un punto de vista de concepto, todo asomo de confusión entre el Tribunal Supremo, que tiene las legítimas funciones que el artículo 123 de la Constitución le reconoce, y el Tribunal Constitucional, que tiene las que se le reconocen en el 159, sobre todo cuando en la Constitución está todavía como recuerdo el artículo 161.1.a), donde se hace referencia a la incidencia de las tareas del Tribunal Constitucional sobre la jurisprudencia recaída sobre normas declaradas inconstitucionales, artículo cuya gestación --ya se ha escrito, está publicado-- fue enormemente pintoresca: por ejemplo, fue objeto de tratamiento en la Comisión Mixta Congreso-Senado destinada a resolver las discrepancias entre ambas Cámaras sobre la Constitución, a pesar de que ese artículo no había sido objeto de discrepancia alguna.
Son historias que ahí están y que exigían un tratamiento lleno de prudencia para evitar cualquier asomo de que aquí hay alguien que pretende actuar como poder fáctico y presionar más allá de lo que sería razonable, asunto que hemos comprobado hasta la saciedad que no es el caso.
Aunque se comparta la idea que aquí se ha expuesto de buscar equiparaciones objetivas en lo relativo a las remuneraciones, que, como se ha dicho aquí también ad nauseam, no es la preocupación fundamental de los magistrados del Tribunal Supremo, ¿qué necesidad hay entonces de buscar una equiparación objetiva que fuera susceptible de dar pie a estas indeseables confusiones? Por otra parte, el Grupo Popular ha evitado en todo momento que el reconocimiento legítimo y justo de la tarea y la relevancia del trabajo del Tribunal Supremo siquiera remotamente pudiera ir en desdoro de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Por eso no hemos admitido determinadas enmiendas sobre inspección, etcétera. Creemos que con el texto y con las transaccionales que ahora se van a ofrecer se respeta también esta situación.
Por último, respecto a esa cuestión a la que todos los grupos están de acuerdo y casi se podría afirmar que a los magistrados del Tribunal Supremo no les preocupa, relativa a las remuneraciones --nos preocupa más a nosotros, por reconocer la dignidad de su trabajo--, lo que este grupo, a través de este modesto portavoz, dijo en el Pleno y repite ahora es que en este ejercicio de 1997, con una congelación de sueldos para funcionarios y con la que estaba cayendo, al Grupo Popular no se le iba a pasar por la cabeza una subida del 46 por ciento de los emolumentos de unos funcionarios. Así lo dijimos y así lo mantenemos. La enmienda transaccional que ofrecemos deja perfectamente abierta la cuestión para que, de un modo razonable y conociendo, como le consta a este grupo, la receptividad del Gobierno para atender esa cuestión, sin ninguna precipitación, se pueda abordar ese asunto. Compartimos lo que se ha dicho desde otro grupo parlamentario de que ello debe hacerse en un contexto no discriminatorio para el resto de los funcionarios que están también al servicio de la Administración de justicia, y por tanto eso deberá tenerse en cuenta en su momento.
Este es el sentido de esa enmienda transaccional --que, numerada como texto 6, hemos circulado entre los diversos grupos-- con la enmienda número 44 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y con la número 102, de Coalición Canaria, que dice: De conformidad con el principio de supremacía jurisdiccional, que se recoge en el artículo 123 de la Constitución, las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo se establecen en la cuantía correspondiente a las de titulares de órgano constitucional con funciones jurisdiccionales. No se dice más ni se dice menos, no se habla de fechas y el asunto queda así, de una manera que nos parece oportuna y razonable.
En cuanto a la enmienda número 100, de Coalición Canaria, que no fue aprobada en ponencia, nuestro grupo anuncia que la apoyará. Precisamente tiende a eliminar un pasaje del informe de la ponencia donde se alude a posibles actividades de docencia de los magistrados del Tribunal Supremo.
Si la filosofía que hay --nos consta que los propios profesionales de esa alta institución así lo desean-- es que los magistrados del Tribunal Supremo se dediquen a hacer de tales y sólo eso, sobraba esa previsión.
Nos parece acertada la enmienda de Coalición Canaria y la apoyaremos, como apoyaremos también la enmienda número 10, del Grupo Vasco (PNV), que hacía referencia a extender a aquellos jueces que estuvieran adscritos a determinados órganos autonómicos la posibilidad de acogerse a los servicios especiales, enmienda que a nuestro modo de ver quizá coincide con la número 40, de Convergència i Unió. Es cuestión de que los mismos grupos se pongan de acuerdo al respecto. Nosotros, al aprobar una quizás estamos aprobando la otra si, como parece, son idénticas.
Nuestra enmienda número 77 pretende --y espera ser apoyada en ese sentido-- dar paso a una enumeración más

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amplia de los cargos que permiten a los jueces acogerse a servicios especiales con arreglo a lo que tuvimos ocasión de oír en el primer trámite de ponencia. Se ha preguntado aquí por qué no se aprobó en ponencia. Entre otras cosas, porque nuestro grupo ha tenido la delicadeza de no aprobar en ponencia aquellas enmiendas que afectaban a posiciones de otros grupos que querían expresar su opinión en este debate. Un modo de yugular el debate, como es bien sabido, cuando se quiere, es aprobar en ponencia determinadas cuestiones, con lo cual ya no hay nada que discutir. Nos constaba que determinados grupos querían exponer aquí su opinión sobre ese asunto y, por eso, no lo aprobamos en ponencia. Pero ahí está contemplado el Tribunal de Defensa de la Competencia, que, por cierto, con gran diligencia, en estos días, ayer y hoy, ha defendido por lo menos sus competencias porque nos ha bombardeado con fax de todos los colores para que no se nos olvide; han mostrado gran alarma porque en la ponencia no se aprobaba su petición. No pasa nada, señores. Aquí estamos en Comisión, dispuestos a aprobarla y estamos defendiendo las competencias del Tribunal de Defensa de la Competencia, como no podía ser menos. Pero, sin empujar, que decían aquéllos.
La enmienda número 87, del Grupo Popular, se refiere a los secretarios judiciales. En varias ocasiones nos hemos dirigido a Izquierda Unida para elaborar alguna transaccional, si era necesario, porque la verdad es que no veíamos grandes diferencias. Pensamos que nuestra redacción responde de una manera más fiel a lo que desde ese respetabilísimo grupo de profesionales se ha planteado y la mantenemos en la confianza de que contará incluso con el apoyo del Grupo de Izquierda Unida.
En cuanto a la enmienda 46 del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre la no retroactividad, voy a ser muy conciso y muy claro. Nuestro grupo no va a apoyar la enmienda. Ello responde claramente a la actitud del Gobierno y, en concreto, de la titular del Ministerio de Justicia. No tengo más que decir sobre el particular. A buen entendedor, pocas palabras bastan. (Un señor Diputado: ¡Vaya argumento!) Que esto sea un castigo no lo compartimos en el siguiente sentido. En una enmienda transaccional estamos planteando también qué ocurrirá con los magistrados del Tribunal Supremo que en estos momentos no están desempeñando la función de tales pero que en un plazo determinado tienen que reincorporarse. Nadie ha entendido eso como un castigo. Ha entendido que la lógica del precepto que se consideraba que era favorable justificaba que se terminara con determinadas situaciones incompatibles con el precepto. En todo caso, no es ningún castigo, podrá ser más o menos oportuno desde la situación que ocupa cada cual, y ya he dicho cuál es la que este grupo asume por unas razones que he dejado muy claras.
Mantenemos, lógicamente, nuestras enmiendas a la exposición de motivos porque son acordes con las que aspiramos a incluir en el texto. Por último, exponemos también dos enmiendas transaccionales más: la primera, con la enmienda número 95 de Coalición Canaria, que añade al artículo quinto nuevo del informe de la ponencia, en relación al artículo 335 de la ley, un punto 3 que dice que la plaza de jefe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial --hay una errata en el texto, como se ha podido advertir, se repite una preposición-- se proveerá entre magistrados en los términos establecidos en esta ley para los presidentes de los tribunales superiores de justicia. Por tanto, dejará de ser un magistrado del Tribunal Supremo, en coherencia con el resto de las enmiendas anteriormente aprobadas en ese sentido. Esta sería la transaccional número 5.
La transaccional que tiene número 7 señala --también en coherencia con lo que se ha establecido ya en el informe de la ponencia a propósito de la Audiencia Nacional-- que los presidentes de Sala del Tribunal Supremo se nombrarán por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados de dicho Tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría. Igualmente se contempla una disposición transitoria --no es ningún castigo, sino en coherencia con lo anterior-- en la que se dice que los presidentes de Sala de Tribunal Supremo que actualmente ejerzan sus funciones continuarán en su desempeño hasta completar un plazo de cinco años desde su nombramiento; por supuesto, si no se jubilan antes. Para el caso de los que ya hubieran cumplido esos cinco años, se proveerá la plaza de nuevo en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Esta es una enmienda transaccional con la enmienda número 96 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor PRESIDENTE: Tal y como habíamos anunciado, la votación no tendrá lugar antes de las doce y treinta minutos. Por tanto, se suspende la sesión hasta dicha hora en que tendrá lugar la votación de este proyecto de ley y su dictamen.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista ya ha facilitado a la Mesa las sustituciones. ¿Algún otro grupo tiene que indicar a la Mesa alguna sustitución de los miembros de la Comisión por otros señores diputados? (Pausa.) El señor Guardans tiene la palabra.


El señor GUARDANS I CAMBO: Sí, señor Presidente. El señor Ramón Companys sustituye al señor López de Lerma. Yo rogaría de la benevolencia de la Mesa un par de minutos, a la espera de que el portavoz de mi grupo se incorpore.


El señor PRESIDENTE: No se preocupe, señor Guardans, que habrá lugar porque hay alguna observación que formalizar.
Señorías, para que los portavoces puedan manifestar lo que sea pertinente, presten atención a la indicación que les voy a hacer. El portavoz del Grupo Popular ha ofrecido unas enmiendas transaccionales en la defensa de las enmiendas al segundo bloque del articulado, tal y como se ha

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ordenado el debate, y alguno de los portavoces había anunciado la posibilidad de retirar alguna enmienda. Les rogaría que indicaran a la Mesa en este momento si aceptan esas transaccionales ofrecidas por el Grupo Popular y, en su caso, si eso trae como consecuencia la retirada de alguna de las enmiendas que previamente habían anunciado que iban a mantener para votación.
El señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, aceptamos las enmiendas transaccionales ofrecidas por el Grupo Parlamentario Popular al Grupo de Coalición Canaria, por lo que retiramos nuestras enmiendas números 95 y 96. Asimismo, hay una enmienda transaccional con la 44 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y con la 102 de Coalición Canaria. Por nuestra parte, retiramos la enmienda 102 para que entre en vigor la enmienda transaccional del Grupo Popular. En este trámite, señor Presidente, la retiramos porque dice exactamente lo mismo. Nosotros hacíamos referencia a las remuneraciones al Tribunal Constitucional, aquí se ha hecho una especie de perífrasis, hablando de titulares de órgano constitucional con funciones jurisdiccionales. A nuestro juicio, es una manera de definir con minúsculas al Tribunal Constitucional. Como en el fondo dice lo mismo, que se interprete así para saber cuál es el espíritu del legislador y nosotros la aceptamos, pero quiero para que no haya dudas de que cuando en nuestra enmienda estamos hablando del Tribunal Constitucional nos estamos refiriendo a los titulares de órgano constitucional con funciones jurisdiccionales. Valga las minúsculas por las mayúsculas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ECHEVARRIA: He anunciado en mi intervención que retiraba las enmiendas números 14, 15, 16 y 17, y en este momento, a pesar de que considero mejor la dicción de la mía 13, la doy por retirada también y votaré, a cambio, la número 77 del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Antes también había retirado las números 12 y 18, con lo cual sólo queda la 10 en este segundo bloque.
¿El Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene criterio formado definitivamente sobre las enmiendas que mantiene para la votación?

El señor GUARDANS Y CAMBO: Salvo que en la inmediatez de la votación se dijera otra cosa, que no lo parece, mantendríamos las mismas que se han mantenido vivas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Como las transaccionales no han sido presentadas a ninguna enmienda del Grupo Socialista, no es necesario que retiremos ninguna para que se puedan votar. Aun así, en estos momentos comunico que mi grupo retira la enmienda número 65, que se refería a las remuneraciones de los magistrados del Tribunal Supremo. La retiramos porque nos parece que la transacción es idéntica a lo que nosotros pretendíamos; con otras palabras, pero idéntica, porque incluso es de efecto inmediato. No habla de posibilidades presupuestarias, es ya. Dice: Se establecen en la cuantía correspondiente a la de los titulares de órgano constitucional con función jurisdiccional. Como estamos plenamente satisfechos con esta propuesta, para evitar votaciones, retiramos la número 65.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: El Grupo Popular se alegra de que las transaccionales hayan sido aceptadas en sus propios términos. No suscribe que hoy sea posible la llamada interpretación auténtica; es una pasión inútil. Cualquier texto queda siempre disponible para interpretaciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Con la venia, señor Presidente, aquí ha habido una enmienda in voce del Grupo Parlamentario Socialista sobre el artículo 357. Nosotros querríamos saber si esta enmienda in voce va a entrar en votación o hay algún grupo que se oponga a su tramitación.
Querríamos saber qué va a pasar con ella, porque a nuestro grupo le parece una enmienda bastante correcta.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, lleva S. S. razón, como casi siempre.
La enmienda aparece como transaccional al artículo 357.3 y eso había hecho que la Presidencia diera lectura a dicha enmienda en el momento de dar lectura a todas las transaccionales antes de proceder a su votación.
Pero, ciertamente, no es una enmienda transaccional, sino que es una enmienda nueva que se produce in voce en este debate y, como ya se ha aportado a la Mesa, yo voy a dar lectura a la misma. Si hay algún grupo que se opone a su votación que lo manifieste y si no la votaremos en sus propios términos, pero no como transaccional.
Es una enmienda al apartado tercero del artículo 357 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya redacción, en el supuesto de prosperar esta enmienda, sería el siguiente: Podrá concederse igualmente la excedencia voluntaria a los miembros de la carrera judicial cuando lo soliciten por interés particular. En este supuesto será preciso haber prestado servicios efectivos durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella no se podrá permanecer menos de dos años continuados. Este sería el texto con que quedaría el apartado tercero del artículo 357 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el caso, repito, de prosperar esta enmienda.
¿Algún grupo tiene inconveniente en que se proceda a la votación de esta enmienda que, formulada in voce, ha

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sido entregada a la Mesa? Procedemos a su votación al finalizar la votación del articulado del proyecto y de las enmiendas previamente presentadas.
Me comunica el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que se retira la enmienda 44 como consecuencia de que se ha aceptado la transacción ofrecida por el Grupo Popular.
Señorías, la Presidencia, recogiendo la indicación que le formulan los servicios técnicos de la Cámara, quisiera poner de relieve que la disposición transitoria tercera nueva, según el dictamen de la Ponencia, tiene una referencia al artículo 348-bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, equívoca, lo que dejo patente en este caso para que si SS. SS.
tuvieran alguna iniciativa al respecto o para que incluso en el debate del Senado se pueda subsanar, porque el párrafo dice: a los que no lo hicieren, le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 348 bis de esta ley. Entonces, como la transitoria es de la ley que estamos aprobando y no de la Ley Orgánica del Poder Judicial a la que pertenece ese artículo 348, sin duda la corrección en la indicación sería el artículo 348 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es de la que forma parte dicho precepto.
Una segunda indicación, señorías, es que esta transitoria tercera nueva, incorporada por la ponencia pudiera ser incompatible --yo únicamente lo sugiero a los grupos-- con la enmienda 46 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), puesto que está estableciendo sobre la misma realidad dos soluciones distintas.
Con esta indicación, que SS. SS. recogerán en la forma que estimen pertinente, vamos a iniciar las votaciones.
En primer lugar, procedemos a la votación de lo que hemos denominado primer bloque, que es el artículo primero del proyecto, en relación al artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Votamos la enmienda número 3, del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, referidas a este primer bloque al artículo primero, por lo tanto al artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Son las enmiendas 19, 20 y 22, de Coalición Canaria.


El señor PEDRET I GRENZNER: Solicito votación separada de la19, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda número 19, de Coalición Canaria, al artículo 240, por lo tanto del bloque primero, y al artículo primero del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas, números 20 y 22, de Coalición Canaria a este artículo primero.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que son las números 6, 7 y 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es la número 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a este artículo primero, que es la número 48.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, iniciamos ya las votaciones en relación al segundo bloque, que son las enmiendas al resto del texto articulado y a sus disposiciones transitorias y exposición de motivos.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, si hubiera acuerdo con los otros señores portavoces, yo propondría votación del resto del texto del proyecto artículo por artículo; si no, me vería obligado a empezar a solicitar aquí la votación por separado de una serie de bloques de enmiendas. Yo sugeriría que, si la Presidencia y los otros señores portavoces lo estiman oportuno, votáramos artículo por artículo, porque además su contenido doctrinal y técnico-jurídico es totalmente distinto.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, yo creo que esa votación va a ser mucho más complicada. Voy a enumerar las enmiendas que se mantienen de cada grupo con la suficiente parsimonia para que, si es necesario, puedan ustedes pedir las votaciones separadas que sea menester. Creo que, si lo hacemos así, serán bastantes menos votaciones que si procedemos a una votación artículo por artículo, que también determinaría la petición de votaciones separadas. Si le parece, señor Mardones, lo hacemos con la lentitud suficiente para que SS. SS. puedan solicitar las votaciones separadas que estimen pertinentes conforme a la fijación de la postura de cada grupo.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 2, 4 y 5, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señorías, quedan vivas las enmiendas 24, 27, 28, 30, 31, 32, 88, 89, 90, 91, 92, 93, la número 94 estrictamente sobre su apartado 4.º, la 97, 98, 99, 100, 101 y 103.
¿Algún grupo quiere votación separada de alguna enmienda?

El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, solicitamos votación separada de la enmienda número 100.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, nosotros pedimos votación separada de las enmiendas números 28, 31, y todas las que hagan referencia al artículo quinto, es decir, al estatuto de jueces y magistrados del Tribunal Supremo.


El señor MARDONES SEVILLA: Para complementar la información y que lo sepan los señores comisionados, aparte de las enmiendas números 28 y 31, que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha situado, las enmiendas que se mantienen vivas, dirigidas al tema del Tribunal Supremo son las números 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 97 de Coalición Canaria, junto a la 101, con la excepción de la 100, que ha señalado el señor Ollero, y la 102, salvo las transaccionales.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, en primer lugar, a la votación de la enmienda número 100. Las enmiendas que han sido mencionadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria empiezan por la 24 y terminan en la 103, y quedan vivas las que se han enumerado al principio. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.) El señor Ollero tiene la palabra.


El señor OLLERO TASSARA: Simplemente, deseo recordar que la aprobación de las transaccionales supone que la 95 y 96 no se votan, así como la 102.


El señor PRESIDENTE: Están retiradas, ya lo hemos anunciado al principio, señor Ollero.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 100, cuya votación separada ha sido solicitada tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Socialista, puesto que es una de las enmiendas referidas al estatuto de jueces y magistrados del Tribunal Supremo.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación las enmiendas 28, 31, 88, 89, 90, 91, 92, el apartado 4 de la 94, la 97, la 101 y la 103 referidas al estatuto de jueces y magistrados del Tribunal Supremo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las restantes enmiendas de Coalición Canaria a este bloque de artículos del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). La única que queda viva es la número 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son las números 40, 43, 45 y 46 las que quedan vivas.


El señor SILVA SANCHEZ: Si me permite, señor Presidente, habiendo sido aprobada la enmienda 10 del Grupo Parlamentario Vasco, de idéntico contenido que la enmienda 40 del Grupo de Convergència i Unió, procede su retirada. Por los mismos motivos por lo que ha sido retirada la enmienda 13 del Grupo Parlamentario Vasco, también retiramos la enmienda 43. Con lo cual quedarían vivas las enmiendas 45 y 46.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna votación separada?

El señor JOVER PRESA: Pido votación separada para la enmienda que se refiere a la no retroactividad, que es la 46.


El señor PRESIDENTE: Enmienda 45, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 46, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que son las números 34, 35, 36 y 37. ¿Alguien desea alguna votación separada?

El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: En cuanto a la enmienda número 37 queda retirada, porque vamos a votar la enmienda relativa a los secretarios judiciales, del Grupo Popular, que tiene el número 87.


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El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, pedimos votación separada de la enmienda 36.


El señor PRESIDENTE: Votamos, por tanto, las enmiendas 34 y 35, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 36 de dicho grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Salvo la 65, que está retirada, son las enmiendas 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72.
¿Algún grupo desea votación separada de alguna de estas enmiendas? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Pedimos votación separada de las enmiendas números 51, 52, 53, 56, las que en el artículo nuevo hacen referencia al Tribunal Supremo, que están numeradas de la 57 a la 64, ambas inclusive, porque la 65 ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la enmienda 69, pueden votarse en un solo bloque.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra votación separada? (Pausa.) Votamos las enmiendas 51, 52, 53, 56, 57 a 64 y 69, del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que esta Presidencia ha enumerado ya al comienzo de esta votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Dentro de este bloque, votamos finalmente las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que, salvo error u omisión, son las números 73, 74, 75, 77...


El señor OLLERO TASSARA: Las tres primeras son a la exposición de motivos.


El señor PRESIDENTE: Habíamos anunciado también la votación de la exposición de motivos. Lo he dicho expresamente al comenzar la votación.
Votamos las enmiendas 73, 74, 75, 77, 78, 86 y 87. ¿Algún grupo desea votación separada? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Votación separada de las enmiendas 77 y 87.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Votación separada de la enmienda 87.


El señor SILVA SANCHEZ: Votación separada de las enmiendas 86 y 87.


El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda 77.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la enmienda 87, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda 86, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Popular, que son las 73, 74, 75 y 78.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos, a continuación, señorías, la enmienda in voce, debidamente articulada por escrito, formulada por el Grupo Socialista al artículo 357, apartado 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, señorías, las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la 76, del Grupo Popular, con la 9, del Grupo Vasco, redactada en los siguientes términos, y que numeramos como enmienda transaccional número 1: El plazo para pedir la nulidad será de 20 días desde la notificación de la sentencia, la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que en este último supuesto pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de

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transcurridos cinco años desde la notificación de la sentencia o resolución del juzgado o tribunal, inadmitirá... Naturalmente, todo ello incardinado dentro del texto que el proyecto ofrecía del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que motivaba el propio proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional que identificamos como número 2, formada por el Grupo Popular en relación con la número 39, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y que se refiere al apartado 4 del artículo 240 de la Ley orgánica, y que implicaría que dicho apartado 4, después de puntos suspensivos, dijera: ... traslado de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En tercer lugar, votamos la enmienda transaccional formulada por el Grupo Popular en relación con la 95 de Coalición Canaria y que consiste en añadir al apartado 3 del artículo 5.º nuevo del informe de la Ponencia, relativo al artículo 335 de la Ley, un nuevo epígrafe con este texto: La plaza de jefe del servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial se proveerá entre magistrados, en los términos establecidos en esta ley para los presidentes de tribunales superiores de justicia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la que sería cuarta enmienda transaccional, formulada por el Grupo Popular con el resto de la 44 de Convergència i Unió y con la 102 de Coalición Canaria, con el siguiente texto: De conformidad con el principio de supremacía jurisdiccional que se recoge en el artículo 123 de la Constitución, la remuneración de los magistrados del Tribunal Supremo se establecen en la cuantía correspondiente a las de titulares de órgano constitucional con funciones jurisdiccionales.
Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Simplemente, para una corrección. Se habla de remuneración en singular, según se ha leído, y debe ser en plural.


El señor PRESIDENTE: Aquí yo lo tenía en singular. ¿Les parece que vaya en plural? (Asentimiento.) Pues con estas remuneraciones en plural vamos a proceder a la votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, votamos la que sería enmienda transaccional número 5, que formula el Grupo Popular con la que era 96 de Coalición Canaria. Se añade un apartado 3 bis al artículo 5.º nuevo del informe de la Ponencia, que modificará el texto del artículo 342 de la Ley en los siguientes términos: Los presidentes de la Sala del Tribunal Supremo se nombrarán por un período de cinco años, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre magistrados de dicho tribunal que cuenten con tres años de servicios en la categoría. Igualmente, se añade un nuevo epígrafe a la disposición transitoria tercera nueva, que sería: 3) los presidentes de Sala del Tribunal Supremo que actualmente ejerzan sus funciones continuarán en su desempeño hasta completar un plazo de cinco años desde su nombramiento. Para el caso de los que ya lo hubieran cumplido, se proveerá la plaza de nuevo en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Es para una cuestión que quizás cuando la explique se pueda entender. Creo que el afán de colaboración de determinados grupos les ha llevado a votar sobre una misma cuestión dos enmiendas distintas, consiguiendo que salgan las dos. Concretamente afecta en parte la enmienda 45 de CiU y de manera total la enmienda 87 del Grupo Popular. Hemos aprobado dos cosas sobre el mismo asunto, lo cual ya dejo a los lógicos simbólicos para que intenten aclararnos la cuestión.


El señor PRESIDENTE: Creo que es una aportación importante, naturalmente, para la interpretación de la votación y del propio proyecto, señor Ollero.
Vamos a proceder a las votaciones.
Tiene la palabra el señor Jover.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, pedimos votación separada de los artículos 1 y 5.


El señor PRESIDENTE: Aparte de estas votaciones separadas, ¿podemos votar el resto del dictamen con la exposición de motivos? ¿Algún otro Grupo quiere votación separada de otro precepto? (Pausa.) El resto del dictamen podemos votarlo incluso con la exposición de motivos.


El señor JOVER PRESA: Incluya el artículo 7.


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El señor PRESIDENTE: Se entiende que la votación separada pedida por el señor Jover es la identificada con un artículo 7 nuevo.
Si está incorporado al texto del dictamen, no puede ser objeto de una nueva votación por parte de su grupo, que no sabemos cuál podría ser. Si está ya eso incorporado en función de una votación anterior de su propio grupo al texto del dictamen, no se puede volver a votar. No parece que ahora quepa una segunda votación sobre algo que su grupo ha votado favorablemente para su incorporación al dictamen.


El señor JOVER PRESA: Señor Presidente, votamos el texto del dictamen.
Pedimos votación separada de esa parte.


El señor PRESIDENTE: Sin que implique ningún deseo de evitar votaciones, diré que las mismas tienen que tener, al final, un sentido, en relación a mostrarse en contra o a favor de una determinada parte del dictamen. Si esa parte del dictamen la han apoyado SS. SS. y se ha incorporado precisamente ese contenido en función de su voluntad, expresada con su voto, no parece lógico que ahora se produzca una nueva votación sobre esa parte del dictamen.


El señor JOVER PRESA: Mi grupo pide votación separada de estos tres artículos porque son los que quiere votar a favor. En los demás no vamos a votar a favor. Parece lógico que pidamos esta votación separada.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Pedimos votación separada de los artículos 1, 2, 3 y 4.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a votar, en primer lugar, el artículo 1 del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, tres; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos los artículos 2, 3 y 4 del dictamen.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículo 5.º del dictamen y contenido de lo que se denominaba 7.º nuevo en su incorporación al mismo.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos el resto del dictamen de este proyecto de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen que emite esta Comisión de Justicia e Interior del Congreso en relación al proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985.
Como anunciaba la Presidencia al comienzo de la votación que la exposición de motivos era objeto de la misma, ese preámbulo queda incorporado como exposición de motivos al texto del dictamen.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.


Era la una y veinticinco minutos de la tarde.

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