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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 159, de 27/02/1997
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 159

INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

PRESIDENTE: DON JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL,

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 12

celebrada el jueves, 27 de febrero de 1997

ORDEN DEL DIA:

Proposiciones no de ley:

--Sobre creación de un plan de relanzamiento de la actividad económica y de recuperación de zonas degradadas y contaminadas en la zona conocida como «margen izquierda» en el País Vasco. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000250) (Página 4304)

Comparecencia del señor Presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A., ENRESA (Colino Martínez), para informar sobre la política general de la citada Empresa. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000419) (Página 4308)

Comparecencia del señor Presidente de la Agencia Industrial del Estado (AIE) (Prada Gayoso), para informar sobre:

--El estado de las empresas integrantes de dicha Agencia, así como de los informes y decisiones adoptadas en relación al proceso de privatización de algunas de esas empresas. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000424) (Página 4320)

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--Los criterios del Gobierno en el proceso de privatización de la Siderurgia Industrial, S. A., así como de las gestiones realizadas hasta el momento. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 212/000491) (Página 4320)

--El Plan de Privatizaciones del Sector Público Empresarial, también llamado Programa de Modernización del sector Público Empresarial del Estado. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000067) (Página 4320)

--Sus declaraciones relativas al cierre de determinadas fábricas de la Empresa Nacional Santa Bárbara y sobre las políticas de reestructuración y diversificación. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000059) (Página 4320)

--Las declaraciones del 16-7-96 del Presidente de la Empresa Nacional Santa Bárbara, sobre el cierre de determinadas fábricas de la empresa, sobre sus políticas respecto del plan de reestructuración de la empresa y la política de diversificación. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000060) (Página 4320)

--La política a desarrollar en la Empresa Nacional Santa Bárbara, así como el posible cierre en centros afectados por la misma. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000065) (Página 4320)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICION NO DE LEY:

--SOBRE CREACION DE UN PLAN DE RELANZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DE RECUPERACION DE ZONAS DEGRADADAS Y CONTAMINADAS EN LA ZONA CONOCIDA COMO «MARGEN IZQUIERDA» EN EL PAIS VASCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000250.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Buenas tardes, señorías, vamos a dar comienzo a la sesión.
Quiero comunicar a todas SS. SS. que ha habido alguna modificación en el orden del día, pues han sido retirados los puntos números 8, 10, 11 y 12.
En conversación con los diversos portavoces se ha llegado al acuerdo de que, en primer lugar, se discutirá la única proposición no de ley; en segundo lugar, comparecerá el presidente de Enresa y, después, el presidente de la Agencia Industrial del Estado.
Si todas SS. SS. están de acuerdo, comenzamos con el primer punto del orden del día: proposición no de ley sobre creación de un plan de relanzamiento de la actividad económica y de recuperación de zonas degradadas y contaminadas en la zona conocida como margen izquierda en el País Vasco.
Tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Navas.


El señor NAVAS AMORES: Señor Presidente, la proposición que tenemos el gusto de presentar a la consideración de la Comisión hace referencia a una comarca situada en la provincia de Vizcaya, en la desembocadura del Nervión, una comarca que tiene una serie de características que la distinguen del resto del territorio, todas ellas negativas en base a la incidencia continua y dura que ha tenido sobre este territorio la reconversión industrial, fruto de una cultura de un monocultivo productivo basado principalmente en la industria siderometalúrgica, en las transformaciones metálicas, que han sido dos de los sectores productivos industriales más castigados por las reconversiones.
Esto le ha supuesto a la comarca una pérdida de tejido productivo importantísimo, que la renta per capita haya bajado a niveles muy inferiores a los que son la media de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y ha situado los niveles de desempleo en un 32 por ciento, incidiendo de forma dispar, sobre todo en jóvenes menores de 25 años, en un 64 por ciento, y en mujeres, en un 47 por ciento. Estamos hablando de una comarca que, junto con otras limítrofes de la misma margen del Nervión, suponen una población de unos 400.000 habitantes, para que tengamos una visión de la incidencia y de la magnitud del problema que estamos analizando, características que derivan de esta situación de paro y que suponen una crisis social importantísima. Se han aplicado planes de lucha contra la pobreza, que han visto triplicados los demandantes de esos fondos en muy breve espacio de tiempo. Nos encontramos en un territorio que ha tenido un deterioro urbanístico y

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medioambiental importantísimo, fruto de la disposición a las necesidades de la industria, que en un momento fue de gran demanda de mano de obra, aumentando las densidades de población, en un espacio reducido, a límites realmente desorbitados, y a una contaminación medioambiental. Básicamente es el esquema en el que nos encontramos.
El mantenimiento en el tiempo de esta situación está provocando una tensión en la comarca que, de alguna forma, ha causado la alarma entre los representantes institucionales que pertenecen a este territorio. Por todo ello, nosotros presentamos a esta Comisión esta proposición no de ley que supone adoptar medidas socioeconómicas para la puesta en marcha de un plan de reindustrialización y de recuperación de zonas degradadas y contaminadas, con el fin de generar las expectativas suficientes para promover y apoyar un relanzamiento económico que origine la creación de puestos de trabajo tan necesarios en la zona y que, al tiempo, sirven para disminuir la situación de pobreza y marginación manifiesta.
Lo que estamos implícitamente reconociendo en esta afirmación es que hace falta un plan multisectorial y que debemos de circunscribir nuestro acuerdo única y exclusivamente a lo que supone el plan de reindustrialización. El compromiso que de esta Cámara salga debe apoyar e impulsar la aplicación de un plan que logre recuperar la pujanza industrial de ese territorio; cultura industrial que aún permanece y que es necesario rentabilizar socialmente.
El plan que se proponga debe tener determinadas características. Tiene que ser, sobre todo, un plan de futuro, que contemple la estabilidad de las inversiones que se vayan a incluir en el territorio; tiene que ser consensuado. Tenemos que superar ya el nivel de estrategias anteriores, es decir, que cada administración proponía un plan para revitalizar la zona y de alguna forma no posibilitaba que el resto de las instituciones pudiesen participar en el desarrollo de esos planes; tenemos que superar el nivel de las propuestas voluntaristas de distintas administraciones para posibilitar la unión de la fuerzas de todas las administraciones, para conseguir un solo plan que dé visión y expectativas de futuro a esta comarca.
Por eso, al final del año 1996 nosotros registramos esta proposición no de ley. En el mes de enero, culminando en febrero, ha habido una importante modificación dentro del panorama político y económico en la margen izquierda, y es que las cuatro instituciones que tienen competencias sobre ese territorio --ayuntamientos, Diputación, Gobierno vasco y Gobierno central-- han llegado a un acuerdo para --leo literalmente-- revitalizar industrialmente las márgenes del Nervión. Se trata de un acuerdo que viene a satisfacer una de las demandas fundamentales que este grupo quería hacer llegar a la Cámara. Por otra parte, mediante una serie de acuerdos y de consensos queremos introducir algún elemento corrector que enriquezca el documento y que, manteniendo básicamente su línea argumental, posibilite en la mayor medida la aportación de otros grupos, una de las características que, en nuestra opinión, debía reunir el plan que se aprobase para esta comarca. Repito que se trata de un plan abierto al consenso y a la participación tanto de las representaciones sociales como de las representaciones empresariales.
En definitiva, un plan de todos para que la margen izquierda del Nervión, las márgenes de la ría, puedan volver a ser ese elemento pujante, dinamizador, que iguale sus estándares a la media del territorio y que deje de figurar en las referencias más negativas en cuanto a marginación, a necesidades sociales, a necesidades de infraestructuras y a necesidades de tejido industrial.


El señor VICEPRESIDENTE: Ha sido presentada una enmienda por el Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Peón.


El señor PEON TORRE: Nuestro grupo tan sólo quiere afirmar las palabras del portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que, efectivamente, la comarca conocida como la margen izquierda del Nervión fue una zona de España especialmente caracterizada por su pujanza industrial.
Desgraciadamente, los acontecimientos de la última década, tanto de índole social y político como empresarial, nos trajeron una realidad no demasiado positiva: pabellones industriales abandonados, tasas de desempleo en unos niveles alarmantes, cierto pesimismo entre la población de la zona afectada respecto a que parecería ya imposible una recuperación de esa zona y una vuelta a estar en la cabeza de las posibilidades industriales de nuestro país.
En sintonía con la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, el Gobierno central actual puso en marcha una serie de actuaciones tendentes a buscar la colaboración, la coordinación de las diferentes administraciones públicas implicadas para hacer posible un nuevo clima de entendimiento que permitiera sentar las bases para la recuperación industrial de esa zona geográfica de nuestro país. Como decía el representante de Izquierda Unida, ese esfuerzo tuvo su fruto por la generosidad y por la conciencia clara de todas las administraciones implicadas (tanto los ayuntamientos de las márgenes del Nervión, la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno vasco y el propio Gobierno central) de la gravedad del problema y de la necesidad de empezar a ofrecer soluciones para esta comarca tan degradada. Como consecuencia de esa conciencia se produjo un acuerdo de gran calado, tanto político como estrictamente de naturaleza industrial.
Este acuerdo, de fecha 17 de febrero de 1997, que lleva por título: Acuerdo interinstitucional entre la Administración general del Estado, la Administración general del País Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y los municipios de la margen del Nervión para la revitalización industrial de la margen del Nervión, supone, desde nuestro punto de vista, un hito de lo que se puede hacer desde el consenso y la colaboración, no sólo entre las administraciones implicadas sino entre los partidos políticos que apoyan esas administraciones. Porque, señorías, este acuerdo no sólo se produjo entre estas instituciones que citamos, sino que vino avalado por un previo acuerdo entre el PNV, Partido Socialista y Partido Popular del País Vasco, que, como se reconoció públicamente, facilitó el acuerdo entre las diferentes administraciones. Es una buena noticia que, hoy,

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otra formación política con influencia en esa comarca española y vasca, como es Izquierda Unida, participe y realice una aportación a este proceso de consenso y de coordinación como es la iniciativa que hoy debatimos. Entendiendo que es importante ese clima de generosidad de los partidos políticos y de estar a la altura de las circunstancias ante los ciudadanos, para que, por encima de discrepancias ideológicas, podamos ponernos de acuerdo en cuestiones que pueden resolverse atendiendo simplemente a criterios de sensatez y de lealtad política recíproca, nos congratulamos de que hoy podamos ofrecer al conjunto de la sociedad vizcaína, vasca y también española, la posibilidad de alcanzar acuerdos muy positivos para los ciudadanos. En este sentido, ya adelantamos que hemos avanzado con los otros grupos en la modificación de la enmienda que presentaba nuestro grupo parlamentario de sustitución de la iniciativa de Izquierda Unida y que ahora, previa su aceptación por el grupo proponente, sería modificada en el punto tercero. Sin perjuicio de que luego facilitemos a la Mesa el texto literal de la enmienda transaccional, el mencionado punto tendría la siguiente redacción: 3.º) Insta al Gobierno a: a) Presentar las primeras propuestas de actuación en la comisión de seguimiento prevista en el artículo 9.º del convenio en un plazo máximo de seis meses, a fin de contribuir a la agilidad del proceso. b) Favorecer la implicación, el compromiso y la participación de los agentes económicos y sociales en las actuaciones que se deriven del referido plan de revitalización, a fin de generar un marco de corresponsabilidad entre las administraciones públicas y la sociedad civil que facilite la mejor consecución de los objetivos fijados, sin perjuicio de la facultad decisoria, que corresponde en todo caso a las autoridades competentes. c) Informar a la Comisión de Industria, Energía y Turismo, al menos con periodicidad anual, sobre el desarrollo de las actuaciones previstas en el referido acuerdo.
Aceptada esta modificación de la enmienda que presentaba nuestro grupo, nosotros votaríamos favorablemente la iniciativa de Izquierda Unida.
Para terminar, señorías, nos gustaría resaltar algo que consideramos trascendental: si se cumple este compromiso previo de votar favorablemente esta iniciativa que hoy se presenta a la Comisión, esto no sería un simple acuerdo de intenciones, sino que tiene objetivos muy concretos. Quiero resaltar el objetivo principal del acuerdo interinstitucional, que, en su apartado primero, establece que es: realizar las actuaciones que tiendan a equiparar las tasas de desempleo de la zona a la media de la Comunidad Autónoma del País Vasco al finalizar el tiempo de vigencia de las actuaciones públicas previstas en dicho acuerdo, que será al final del año 2000. Es decir, señorías,que el objetivo básico de este acuerdo es crear empleo, equiparar las tasas de desempleo de la zona, que eran alarmantes --en el caso de los jóvenes incluso llegaba al 50 por ciento de la población--, a la media de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y para ello hay compromisos muy concretos, tanto por parte de la Administración central, como es la declaración de zona prioritaria de reestructuración y de reindustrialización esta margen del Nervión; como por parte del Gobierno vasco, que se compromete a declarar prioritarios y estratégicos los proyectos industriales de la zona; como por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, que también establece un compromiso de ejecución de infraestructuras, de facilitar suelo y pabellones industriales, así como un tratamiento fiscal y de ayudas a la promoción que pueda incentivar los proyectos industriales; como por parte de la Agencia para el Desarrollo, que aglutina a municipios de la margen izquierda en cuanto a la colaboración administrativa para poner en el mercado suelo industrial urbanizado a precios competitivos e incrementar el presupuesto público destinado a la promoción industrial.
Esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida; un magnífico punto de partida, que ha sido posible gracias al esfuerzo de consenso, de colaboración de las instituciones implicadas y de los grupos políticos que hoy van a prestar su apoyo a esta iniciativa en la Comisión de Industria.


El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Redondo.


El señor REDONDO TERREROS: Empezaré diciendo que nuestro grupo va a apoyar la iniciativa de Izquierda Unida y la enmienda transaccional entre Izquierda Unida y el Partido Popular, como no podía ser de otra forma, entre otros motivos porque los debates de este tipo son buenos para la margen izquierda y es bueno tenerlos aquí.
Permítame, señor Presidente, que haga una reflexión que abarca la margen izquierda, pero también al País Vasco. En el País Vasco vivimos dos realidades distintas: una, dramática, que hiere al País Vasco y al resto de España, presidida por la intolerancia, el fanatismo y la violencia terrorista, que, como digo, perjudica al País Vasco en primer lugar, pero también al resto de España; y, otra, bien distinta, de consensos, de acuerdos, de coalición, de posiciones intermedias entre partidos que piensan de forma diferente, y la mejor muestra de todo esto es el acuerdo político que firmamos don Leopoldo Barrera, por parte del Partido Popular; don Javier Atutxa, por el Partido Nacionalista Vasco, y quien le habla por parte del Partido Socialista de Euskadi; un manifiesto para impulsar la revitalización de la zona; un acuerdo de carácter político, general e integral, como el representante de Izquierda Unida, señor Navas, reconocía que era necesario, y que dio el primer paso, un paso inmediato --a los dos días--, con un acuerdo interinstitucional que firmaron el Ministro de Industria, señor Piqué; el Consejero de Industria, señor Retegui; el Diputado General de Vizcaya, señor Vergara, y el alcalde de Baracaldo, Carlos Pera, en nombre de todos los alcaldes de la margen izquierda y zona minera. Me parece que ésa es una realidad del País Vasco que no trasciende los límites de nuestras fronteras, una realidad del País Vasco distinta, enriquecedora, de acuerdo y coalición, como le comentaba.


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Para la margen izquierda era necesario un acuerdo de este tipo, y era necesario porque hoy existía la posibilidad de trabajar con el Gobierno de la nación a través del Ministerio de Industria y de otros responsables del propio Gobierno. Tengo que decirles que mi impresión es que lo que hablamos sobre la margen izquierda puede ser perfectamente aplicable a la zona minera --que creo que también está incluida en esta iniciativa por el grupo proponente-- y a otros pueblos de la margen derecha, como Erandio, que, por desgracia, tiene las mismas características de los de la margen izquierda, y a pueblos ubicados en el alto Nervión, como Basauri.
Tengo que decir también que ese plan integral, el plan al que hacía mención el señor Navas y que compartía el señor Peón, necesariamente tiene que contar con vectores industriales --ése es el acuerdo que firmó el Ministro Piqué--, pero, además de esos elementos de carácter industrial que tienen que planear clarísimamente sobre ese plan, tenemos que tomar medidas de carácter ambiental, que son necesarias e imprescindibles para la zona y tenemos que hacer un gran esfuerzo en cuanto a infraestructuras. He de decir que los alcaldes de la margen izquierda tuvieron una reunión con el Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado, reunión que fue propicia porque solucionó uno de los problemas más importantes de la zona, el túnel de Serantes, por el cual saldrán todas las cargas del puerto autónomo; puerto autónomo que, por otra parte, se convierte en el motor fundamental de progreso de la margen izquierda, zona minera y pueblos de la otra margen. En ese sentido, me parece que es necesario contemplar estas medidas, como todas las de carácter social que hacen referencia al panorama descrito por el señor Navas, que es muy preocupante para todos nosotros. Esa zona, como decía Unamuno, fue el corazón palpitante del poderío industrial de Vizcaya y, en gran medida, de todo el Estado español y, en ese sentido, tenemos la vocación, la voluntad, el interés y la intención de recuperar para Vizcaya, para el País Vasco y para España el protagonismo económico e industrial de esa zona, que es una zona estratégicamente bien ubicada, con el puerto y con magníficas infraestructuras alrededor.
Complementando el panorama descrito por mis compañeros del Partido Popular y de Izquierda Unida sobre la situación de la margen izquierda, quería dar algunas pinceladas, que me parecen absolutamente importantes para que no tengamos una visión resignada y negativa de una zona que está preparada para el futuro. Hace pocas semanas, el Rey inauguró la Acería Compacta, que es un proyecto de futuro para la margen izquierda, un proyecto de futuro para Vizcaya, un proyecto que entronca con la tradición metalúrgica de la zona y que, sinceramente, pienso que pone a la zona en un alto valor para las posibles instalaciones futuras. Por otro lado, y refiriéndome a temas como el del paro, al que hacían referencia los señores Peón y Navas, que es muy grave, tengo que decir que lo que antes --justo hace doce años-- producían 7.000, 8.000 ó 10.000 trabajadores en Altos Hornos, en esa Acería Compacta, lo mismo y la misma calidad, lo producirán 300 trabajadores. Esto repercute muy claramente en la sociedad de la margen izquierda, sin que suponga un empobrecimiento de la misma. Es un proyecto que viene de atrás, apoyado por todas las instituciones: por la Comunidad Autónoma vasca, por la Diputación Foral, por instituciones privadas y también por el Gobierno de la nación, presidido por don Felipe González.
En segundo lugar, es evidente que el puerto autónomo de Bilbao se convierte en una pieza fundamental para el futuro de la zona, como ya lo fue antes. La ampliación de ese puerto autónomo, que culminará en los próximos años, es un elemento clave y tiene que quedar claro que está consolidado para el futuro. Se inició hace muchos años con la colaboración de todas las instituciones.
Planes como el Urban, con una inversión justamente en el Ayuntamiento de Baracaldo, de 3.200 millones de pesetas de la Unión Europea, de la Comunidad Autónoma vasca, de la Diputación Foral y del Gobierno de la nación, pondrán a Baracaldo, con el resto de los pueblos de la margen izquierda (Santurce, Portugalete y Sestao) mirando otra vez a la ría después de un siglo. Esa zona, caracterizada por los elementos que han comentado mis compañeros, tenía otra característica y es haber vivido durante más de un siglo de espaldas a la ría del Nervión. Con el plan Urban recobraremos la ría para la convivencia armónica de los habitantes de esta zona. Me parece muy importante complementar estas matizaciones a lo que han dicho mis compañeros al describir la zona.
También será importante la segunda línea del metro, que dará contenido a la primera, y que es voluntad de las instituciones vascas: de la Diputación Foral de Vizcaya, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos de la margen izquierda. Me parece interesante remarcar la importancia de la comunicación de la zona, entre la zona y de la zona con Bilbao.
Por otro lado, no quisiera olvidar dos elementos que me parecen fundamentales para el futuro de la zona: el proyecto Gastenet con la Unión Europea que introduce tanto a educadores como a educados, a enseñantes y alumnos y a medianos empresarios y autónomos en las autopistas de la información, algo que es imprescindible para el futuro, concretamente para aquella zona; y la operación de la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno vasco con la Unión Europea que denominados Cedemi, que es un nicho de empresas de alta tecnología que será muy importante para el futuro, lo cual nos lleva a decir que esa zona ha sufrido mucho y los primeros que hemos sufrido somos los que hemos vivido allí, como ha descrito bien el señor Navas. Pero esa zona está dispuesta a enfrentarse al futuro con unas condiciones óptimas, fundamentalmente por todo lo que he dicho, y remarcaría una vez más lo que he dicho al principio de mi intervención: la voluntad de acuerdo interinstitucional, la voluntad de acuerdo de la nación hoy, la voluntad de acuerdo de la Comunidad Autónoma vasca, la voluntad de acuerdo de la Diputación Foral y de los alcaldes, algo que tiene que estar abierto necesariamente, como remarcaba el señor Navas, a otros partidos políticos. Hay que tener en cuenta que, fundamentalmente por la existencia de gobiernos de coalición, lo que he comentado que es una operación hecha por el Partido Nacionalista Vasco y

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por el Partido Socialista de Euskadi con el complemento fundamental y trascendente del Gobierno de la nación en este caso, tiene que estar abierto a otros partidos como Izquierda Unida. Necesariamente también tiene que estar abierto a la colaboración de los sindicatos y de los empresarios de la zona. Esperamos que con todo esto se consiga el éxito.
Por eso nuestro partido ha firmado ese acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Popular. Creo que la zona, aun habiendo repercutido mucho en ella las necesarias e ineludibles reconversiones de los años 80, está dispuesta a enfrentarse a todos los retos del futuro.


El señor VICEPRESIDENTTE: Tiene la palabra el señor Navas, a los efectos de decir si acepta o no la enmienda del Grupo Popular.


El señor NAVAS AMORES: Como he dicho en mi exposición, ha habido un cambio sustancial desde la fecha en la que se registra nuestra proposición no de ley hasta este momento, en cuyo intervalo surge el acuerdo institucional al que hemos estado haciendo referencia. El propio acuerdo ya contiene una de las condiciones que nosotros consideramos fundamentales, que era la coordinación entre las distintas instituciones como paso previo para seguir avanzando en el proceso de recuperación, para consolidar y concretar un plan que sitúe a las márgenes del Nervión como a la zona minera en esos niveles de desarrollo que actualmente no tiene. Dos de los elementos de ese acuerdo que deberían ser mejorados están incluidos en la enmienda transaccional que hemos alcanzado entre el Partido Popular e Izquierda Unida para enriquecer aquellos aspectos manifiestamente mejorables. Uno es el apartado que hace referencia al plazo máximo que no limita porque puede realizarse el plan de recuperación de las márgenes del Nervión en plazos inferiores a seis meses. Es un plazo de referencia para decir a la sociedad que con lo que pretendemos hacer no se pierde el tiempo, que tiene una concreción.
El otro elemento que consideramos fundamental y que se incluye en la enmienda transaccional es el compromiso de los firmantes de la posibilidad de la colaboración, coordinación, seguimiento y evaluación del plan que se va a aplicar en la zona de los agentes sociales y económicos, elementos fundamentales que van más allá de la mera consulta esporádica. Como dice la normativa europea, cuando se trata de gestionar planes de rehabilitación de comarcas con declive industrial tienen que ser elementos fundamentales en la composición de los órganos de gestión, de evaluación y de impulso.
Por todo ello, estamos satisfechos de que la enmienda transaccional incorpore esos elementos que considerábamos deficitarios en el acuerdo al que hacemos referencia. Aceptamos la enmienda del Partido Popular más la transaccional, con lo que Izquierda Unida se incorporaría al acuerdo interinstitucional para la recuperación y revitalización de la margen del Nervión.


El señor VICEPRESIDENTE: Si he entendido bien, queda aceptada la enmienda transaccional. Por consiguiente, señorías, vamos a pasar a votar la proposición no de ley con la enmienda del Grupo Popular, de tal forma que los apartados números uno y dos quedarían igual en su literalidad y al apartado número tres se le incorporaría la enmienda introducida por el Grupo Popular, leída por el señor Peón y que todas SS. SS. tienen. Son los tres apartados que engloba el punto número tres.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Sólo deseo expresar, si se me permite, el apoyo del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto, de la señora Lasagabaster, del Grupo de Eusko Alkartasuna, a la que represento en este momento, a la proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos a votar la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S. A. (ENRESA) (COLINO MARTINEZ), PARA INFORMAR SOBRE LA POLITICA GENERAL DE LA CITADA EMPRESA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000419.)

El señor VICEPRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día es la comparecencia del Presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (Enresa), para informar sobre la política general de la citada empresa.
Quiero agradecer al señor Colino el esfuerzo que ha hecho por venir, sobre todo dada la premura con que se ha convocado esta Comisión, y le doy la bienvenida a la misma.
Tiene la palabra el señor Colino.


El señor PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S. A.
(Colino Martínez): Es para mí una satisfacción poder comparecer en esta Comisión de Industria del Congreso, por lo que he aceptado muy gustoso la invitación que se me ha formulado, máxime cuando, según tengo entendido, hace ya algún tiempo desde la última comparecencia. Agradezco también que se me dé la oportunidad de comparecer ante SS. SS. al poco tiempo de mi nombramiento para este cargo. En todo caso, resulta evidente que Enresa, creada al amparo de una resolución del Congreso, es la empresa que con más motivo debe dar cuenta periódica de sus actividades ante esta Cámara.
Como SS. SS. sin duda ya conocen, Enresa es la empresa responsable en España de la gestión de los residuos radiactivos señalados por todo tipo de instalaciones

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(energéticas, médicas, industriales y de investigación) que utilizan isótopos radiactivos. Da capital cien por cien público, su creación obedece a una decisión parlamentaria que con fecha 28 de junio de 1984 instaba en dicho sentido al Gobierno en las resoluciones aprobadas por el Congreso de los Diputados con motivo del Plan Energético Nacional de 1983. Con fecha 4 de julio de 1984 el Gobierno aprueba el Real Decreto 1522/1984, de constitución de Enresa, detallándose en el artículo 2.º de dicha norma los cometidos de la empresa que, como ustedes saben, son los de tratar y acondicionar los residuos radiactivos; buscar emplazamientos; concebir, construir y operar los centros para almacenamiento temporal y definitivo; gestionar las operaciones derivadas de las cláusulas nucleares y radiactivas; establecer sistemas para la recogida, transferencia y transporte de los residuos radiactivos: actuar en caso de emergencias nucleares como apoyo a los servicios de protección civil en la forma y circunstancias que se requieren; acondicionar de forma definitiva y segura los estériles originados en la minería y fabricación de concentrados cuando se requiera; asegurar la gestión a largo plazo de toda instalación que sirva como almacenamiento de residuos; efectuar los estudios técnicos y económico-financieros necesarios que tengan en cuenta los costes diferidos derivados de la gestión de los residuos radiactivos al objeto de establecer la política económica adecuada y, por último, cualquier otra actividad necesaria para el desempeño de su objeto social.
Asimismo, en el artículo 4.º de dicho real decreto se establece la obligación de Enresa de elaborar anualmente una memoria que incluya las actuaciones del ejercicio y un plan general de residuos radiactivos (PGRR), que contemple todas las actuaciones técnicas, operacionales, de investigación y financieras para desarrollar a largo plazo la actividad que la empresa tiene encomendada. Dicho plan general de residuos radiactivos cobra virtualidad sólo después de ser aprobado por el Gobierno y trasladado a las Cortes Generales, hecho que ha tenido lugar en cuatro ocasiones. Se trata, por tanto, de una planificación deslizante que año a año replantea y actualiza las estrategias, los medios y la financiación en un horizonte temporal de largo plazo.
Así pues, la gestión de residuos radiactivos en España se guía por los sucesivos planes generales de residuos que la Administración va aprobando de acuerdo con el real decreto de constitución de Enresa. Actualmente el Gobierno está valorando la propuesta realizada por la propia empresa y, en función de los cambios habidos en el entorno, proceder a la definición de un nuevo plan de residuos radiactivos, que, como ya se ha dicho, sería el quinto desde la constitución de Enresa en 1985. Sin embargo, antes de plantear las líneas en torno a las cuales estimo se debe abordar en el futuro la gestión de los residuos radiactivos, considero conveniente hacer explícito en qué punto nos encontramos y cómo la situación actual en el campo de la gestión de residuos radiactivos nos permite acometer las futuras actividades con orden y desde unas posiciones sólidas.
Enresa, que, como SS. SS. conocen de sobra, era empresa pública creada a instancias del Parlamento para gestionar los residuos radiactivos, ha ido acumulando en el curso de estos últimos años capacidad técnica y de gestión dotándose de los recursos precisos. Algunos de los avances más significativos conseguidos en estos años son los siguientes: establecimiento de un sistema de gestión para los residuos de baja y media actividad y vida corta, que incluye su recogida, transporte, acondicionamiento, caracterización y verificación de la calidad. Enresa se hace cargo de todos los residuos de baja y media actividad que se generan en España, no sólo los correspondientes a centrales nucleares, que suponen un volumen del 95 por ciento del total de los residuos de baja y media actividad, sino también de los procedentes de centros médicos industriales y de investigación, con los que Enresa ha firmado acuerdos específicos .
Como SS. SS. conocen, se dispone de un centro único de almacenamiento de residuos de baja y media actividad, en El Cabril, sierra Albarrana, provincia de Córdoba, que garantiza la seguridad absoluta mediante un sistema de barreras múltiples que sitúa a nuestro país a la cabeza de las experiencias internacionales en este campo. Actualmente, de un total de 28 grandes celdas de las que dispone este centro se encuentran llenas y selladas cuatro, con un total de 1.600 contenedores de hormigón almacenados en su interior, lo que viene a representar un total de 35.000 bultos. Existe además un total de 11.300 bultos en los almacenamientos temporales que existen en la instalación.
Antes de seguir adelante, quisiera efectuar brevemente tres comentarios al hilo de lo expuesto sobre tres cuestiones que considero muy importantes a la hora de centrar la temática de los residuos radiactivos.
Lo primero es puntualizar que ciertamente el problema de los residuos radiactivos es de una enorme dimensión medioambiental, pero no por su volumen, que en el ámbito de la Unión Europea representan sólo un uno por ciento del total de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en dicha Unión Europea. En segundo lugar, las estimaciones de residuos de baja y media actividad total a gestionar en España en el horizonte de la vida de las centrales nucleares, que hasta ahora se cifraba en 200.000 metros cúbicos, evolucionan sensiblemente a la baja en función de los programas de minimización, cuyos resultados están siendo muy satisfactorios. El tercer comentario que quiero hacer es en relación a la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de junio pasado. Se trata, en primer lugar, de una sentencia que se refiere a las instalaciones existentes en El Cabril en 1989, año en el que sólo se contaba con los módulos del almacenamiento provisional y todavía no estaba construida la actual instalación autorizada por la orden ministerial de 1992. En ningún momento se pone en cuestión la seguridad intrínseca de El Cabril, cuestión esta que nadie discute y que el Consejo de Seguridad Nuclear ha destacado reiteradamente en sus informes semestrales al Parlamento. La abogacía del Estado y el Ministerio de Industria y Energía discrepan de la sentencia, que se basa en una cuestión de exégesis jurídica un tanto complicada y que en ese momento habrá de exponer en detalle.


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En consecuencia, se han interpuesto los recursos pertinentes, en concreto los de no ejecución de la sentencia y el contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. El Gobierno considera que en estos momentos El Cabril goza de las autorizaciones necesarias que permiten su normal funcionamiento, razón por la cual ha renovado el permiso de explotación provisional de las instalaciones, mediante orden de 8 de octubre de 1996, por un período de cinco años.
Por lo que se refiere a los residuos radiactivos de alta actividad, nos encontramos con que se han puesto en marcha soluciones válidas para aumentar la capacidad de almacenamiento temporal. En primer lugar, hay que citar el cambio de bastidores llevado a cabo en las piscinas de las centrales nucleares y tras esta operación la fecha de saturación se ha alargado notablemente variando en las centrales entre el 2014 y el 2021.
Solamente existe un cuello de botella en la central de Trillo y por ello la empresa propietaria ha solicitado los permisos para construir un edificio en el emplazamiento de esta central para albergar su combustible gastado a partir del año 2003.
En segundo lugar, quiero citar un importante desarrollo tecnológico realizado por Enresa que permite el almacenamiento en seco del combustible gastado, solución necesaria una vez que se haya llegado a la saturación de las piscinas de las centrales nucleares. Se dispone ya de un contenedor exclusivamente de almacenamiento fabricado en España que está licenciado en Estados Unidos y susceptible de ser licenciado en nuestro país, caso de requerirse su utilización. Se ha culminado con éxito el desarrollo de un contenedor de doble propósito: almacenamiento y transporte, diseñado por Enresa, Equipos Nucleares, y la empresa norteamericana NAC, Nuclear Assurance Company. Este contenedor denominado STC, que servirá para todos los reactores de agua a presión de tecnología americana, ya está licenciado en Estados Unidos por el Consejo de Seguridad Nuclear americano y se espera su próxima autorización por parte del Ministerio de Industria y Energía. Asimismo, se dispone de un contenedor similar diseñado específicamente para Trillo, adaptación del anterior, denominado DPT (doble propósito Trillo), también pendiente de autorización por el Ministerio de Industria y Energía. El fin de estos contenedores evidentemente es permitir el almacenamiento en seco del combustible gastado.
Otras actividades que se han desarrollado hasta la fecha, y que sólo me limitaré a citar, son las siguientes. Mejora del conocimiento de nuestra geología con vistas a la obtención de los datos básicos, necesarios para el estudio y seguridad del almacenamiento geológico profundo de residuos de alta actividad y larga vida. Realización de diseños conceptuales de instalaciones de superficie y subterráneas en relación con el almacenamiento definitivo de alta, que servirá de referencia para fines posteriores y como orientación de los trabajos de investigación en esta área. Seguimiento, con interés creciente, de desarrollo de nuevas metodologías y opciones para gestión final de los residuos de alta.
Desarrollo de actividades de desmantelamiento de aquellas grandes instalaciones que han llegado al final de su vida útil; ya se completaron las operaciones correspondientes al desmantelamiento de la antigua fábrica de uranio de Andújar, FUA, y se ha elaborado el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Vandellós I, sólo pendiente de la declaración de impacto ambiental y del permiso del Ministerio de Industria y Energía.
Es muy importante reseñar también las actividades de investigación y desarrollo llevadas a cabo por Enresa hasta la fecha, que se estructuran en sucesivos planes de gran envergadura, estando en ejecución actualmente el tercer plan de I+D, que incluye desde 1995 hasta 1999, con actividades y programas que se articulan en los planes de los organismos y países con objetivos similares.
Por lo que se refiere a las líneas de futuro y dado que actualmente se está preparando un nuevo plan general de residuos, sólo les puedo indicar algunas ideas y circunstancias que obligan a la reevaluación de las actividades de Enresa.
En residuos de baja y media actividad, como ya he citado, los programas de minimización nos obligarán a reconsiderar a la baja la estimación de residuos generados. En residuos de alta, hay que diferenciar claramente entre almacenamiento transitorio y el tratamiento a largo plazo de los residuos de alta. En principio y con el actual nivel de tecnología, parece que unos residuos, cuya vida se puede alargar entre 20.000 y 100.000 años, pueden encontrar una solución definitiva en un almacenamiento geológico profundo, AGP, que garantice su máximo aislamiento respecto a la biosfera y su mínima manipulación por el hombre. Ahora bien, la solución de almacenamiento geológico profundo necesita ser investigada, puesta a punto y contrastada a nivel internacional y, lo que es más importante, los avances tecnológicos pueden ofrecer nuevas soluciones que maticen o modulen las características de un almacenamiento geológico profundo que, vuelvo a insistir, hoy parece necesario a largo plazo.
He citado que, como solución provisional, se encuentra el almacenamiento en piscinas y centrales nucleares. Ahora bien, el almacenamiento intermedio en centrales es una solución transitoria que no puede ir más allá de la vida útil de aquéllas. Por ello, contemplamos la necesidad de un almacenamiento temporal centralizado, ATC, solución disponible gracias a la tecnología de almacenamiento en piscinas, a los últimos desarrollos de contenedores de almacenamiento y transporte, así como a las tecnologías de contenedores y bóvedas de hormigón. Nuestro objetivo es disponer de un ATC en superficie, estimándose actualmente su fecha de disposición a la segunda década del próximo siglo, en función de las hipótesis que actualmente manejamos y de un período de vida útil de cuarenta años para las centrales nucleares. El ATC, almacenamiento temporal centralizado, es una solución rigurosa que no encierra ningún problema de concepto al estar basado en tecnologías ciertas, fiables y verificadas.
Son criterios de racionalidad los que aconsejan proceder a la liberación de los diversos emplazamientos nucleares y a la concentración ordenada de los residuos en otro que satisfaga los requerimientos de idoneidad y aceptabilidad. Internacionalmente, las autoridades reguladoras imponen una restricción coherente con las necesidades técnicas

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de seguridad y de protección radiológica de que las tareas principales de desmantelamiento de una central nuclear, actividad cuyo inicio suele situarse entre cuatro y ocho años después de su parada, no se pueden realizar hasta que el combustible gastado haya sido retirado de la piscina de almacenamiento de la central. Este almacenamiento permite la centralización temporal del combustible nuclear gastado, simplificando notablemente la logística y la seguridad con la consiguiente disminución de los costes de operación.
Al ser un almacenamiento temporal en superficie, el ATC sólo requiere una actividad normal de caracterización del emplazamiento, en absoluto comparable a la de un almacenamiento geológico profundo, si bien se considera que su designación precisaría del necesario diálogo social y de la oportuna normativa para llegar a un consenso entre el Gobierno, el Parlamento, las administraciones autonómicas y locales, organizaciones interesadas y público en general. En todo caso, debe quedar claro que la localización del ATC es totalmente independiente de la hipotética ubicación de un AGP, dado que el plan de búsqueda de emplazamientos no se aplica a una instalación de almacenamiento intermedio en superficie.
Por tanto, el ATC permite que las líneas de investigación, de cara a la gestión final de combustible gastado se haga no por presión de los plazos de saturación y desmantelamiento, sino cuando se haya completado todo nuestro ambicioso programa de investigación y desarrollo que, por su magnitud y características, debe ser desarrollado equilibradamente, de acuerdo con los plazos y prioridades marcados y sólo después de haberse llevado a cabo las pruebas necesarias en laboratorios in situ que aseguren la viabilidad de esta solución. Hay que señalar también que ritmo y etapas de este complejo esfuerzo de investigación y desarrollo se realizan a nivel internacional y que la interdependencia tecnológica entre países es muy alta, por lo que al final ningún país podrá destacarse ni desentenderse de lo que hagan los demás.
Por lo que respecta al tratamiento a largo plazo de los residuos de alta actividad, que es sin duda el aspecto más problemático de la gestión de residuos, hay que señalar que, como ya he apuntado, dado el estado actual de la técnica, la línea de trabajo que hasta la fecha se ha tenido más en cuenta a nivel internacional es la del almacenamiento geológico profundo, por lo que se viene desarrollando todo un conjunto de estudios y proyectos encaminados a garantizar que una instalación de este tipo cumpla con todos los requerimientos exigibles de estabilidad geológica y baja permeabilidad, a fin de servir de barrera natural de protección de la biosfera. Sin embargo, gracias a las soluciones industriales para la gestión intermedia del combustible gastado y a la disposición de un ATC, cuestiones a las que me acabo de referir, no existe premura de tiempo, por lo que en estas circunstancias parece oportuno no comprometer ahora soluciones de almacenamiento definitivo ni en modalidades ni en calendario, puesto que la aparición y contrastación de tecnologías emergentes pueden obligar a redefinir a medio plazo estas mismas soluciones. Ello justifica que la actividad futura de Enresa en el campo de los residuos de alta actividad se centre en el plan de I+D, contemplándose las nuevas tecnologías de partición y transmutación, sin abandonar la investigación asociada al confinamiento geológico, a fin de asegurar el conocimiento cabal de los procesos y parámetros que intervienen en dicho confinamiento y de la seguridad a largo plazo de los almacenamientos.
En todo caso, tanto la necesidad de un ATC, que se plantea ya a medio plazo con fechas concretas, como la de un futuro AGP y, en general, de toda la gestión de residuos de alta actividad representan una cuestión de Estado que exige fórmulas de consenso político y social que hagan viable la adopción de soluciones específicas. En concreto, ya el IV plan general de residuos radiactivos, todavía vigente, esboza la necesidad de un proceso de --cito textualmente-- establecimiento, por un lado, del cauce normativo que incluya aspectos procedimentales y ayudas socioeconómicas a las zonas de ubicación, mediante la elaboración de un proyecto de ley que incluya el procedimiento para la designación del emplazamiento de las instalaciones de almacenamiento, que incluirá las formas de participación, la decisión final de las instituciones del Estado, organizaciones interesadas y público en general y las ayudas socieconómicas a la zona de ubicación de las instalaciones. En este mismo sentido, SS. SS. conocen perfectamente que, en el seno de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado, se ha creado una ponencia especial para el estudio de la problemática generada por los residuos de alta actividad, cuyos trabajos, según reza la moción aprobada, se dirigirán a la presentación de propuestas orientadas a la solución de tal problemática, así como de los instrumentos legales necesarios para posibilitar la misma. No oculto a SS. SS. que la experiencia francesa, la ley Bataille es una fuente de inspiración indudable a la hora de acometer este proceso, pues permite avanzar por el camino de los llamados laboratorios, experimentación in situ, dejando para más tarde la decisión final respecto a la opción técnica escogida y la selección de los emplazamientos.
En el capítulo financiero, tengo que incidir, aunque seguramente sea éste un aspecto ya conocido por esta Comisión, en el modelo escogido para la financiación de Enresa, consistente en un plan financiero basado en un desfase temporal entre gastos e ingresos, de manera que los costes de las actividades derivadas de la gestión de los residuos radiactivos sean asumidos por los agentes generadores de dichos residuos y, en concreto, que las compañías eléctricas dediquen un porcentaje de la recaudación de la tarifa precisamente durante el período productivo de las centrales nucleares.
Evidentemente, este sistema produce un desajuste estructural entre ingresos y gastos, dando origen a lo que se ha venido a denominar, como muy bien conocen SS. SS., el fondo para la financiación de la segunda parte del ciclo del combustible nuclear, que viene regulado por la disposición adicional séptima de la Losen y por el Real Decreto 404/1996, de primero de marzo. Esta normativa establece que este fondo, que hoy alcanza los 200.000 millones de pesetas, tiene el carácter de provisión y sólo podrá ser invertido

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en gastos, trabajos, proyectos y movilizaciones derivados de actuaciones previstas en el plan general de residuos radiactivos aprobado por el Gobierno. Asimismo, el Real Decreto 404/1996, que desarrolla la Losen, en base a una experiencia acumulada de diez años, establece los criterios y procedimientos relativos a la constitución, gestión y aplicación del fondo, los valores activos y créditos en los que se puede materializar dicho fondo, así como la supervisión y el control, que se atribuyen a un comité de seguimiento y control.
El porcentaje de la recaudación global de la tarifa eléctrica que se transfiere a Enresa ha ido decreciendo año tras año. Empezó con el 1,4 por ciento y hoy es el 0,8 por ciento, de acuerdo con el último Real Decreto 2657/1996, por el que se establece la tarifa eléctrica para el año 1997. Con cargo a esta recaudación, se atienden tres conceptos: los gastos e inversiones que se derivan de los presupuestos de Enresa, en cumplimiento del plan general de residuos radiactivos; las compensaciones a ayuntamientos afectados por las instalaciones de almacenamiento de residuos, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente orden del Ministerio de Industria y Energía, y el fondo para la financiación de la segunda parte del ciclo del combustible nuclear.
Finalmente, paso a exponerles sucintamente la situación actual de Vandellós I. Sus señorías conocen que Enresa es también la empresa encargada de llevar a cabo el desmantelamiento de las centrales nucleares españolas cuando éstas hayan cesado su período de actividad. Actualmente, la única central parada en España es la de Vandellós I, como consecuencia de un incendio en el edificio de turbinas el 19 de octubre de 1989. Este incendio produjo importantes daños, por lo que la central quedó inmediatamente fuera de servicio, en situación de parada, quedando suspendido con posterioridad y con carácter definitivo el permiso de explotación. Una resolución ministerial requirió a Enresa la elaboración del plan de desmantelamiento y clausura, para ser sometido a aprobación.
Cuando dicho plan sea aprobado por el Ministerio de Industria y Energía, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, se facultará a Enresa para asumir la condición de explotador responsable, a los efectos previstos por la legislación nuclear vigente, para llevar a cabo los trabajos de desmantelamiento.
Enresa presentó al Ministerio de Industria y Energía, en el mes de junio de 1991, un documento analizando las alternativas al desmantelamiento para la clausura de dicha central, así como la propuesta de alternativa más viable. Las tres opciones analizadas son las siguientes: mantenimiento indefinido de la central en la situación de parada definitiva; desmantelamiento, en una primera fase, de los elementos, estructuras y componentes convencionales y activos de la instalación, excluidos el cajón de reactor y sus internos, así como aquellos elementos útiles para su protección y futuro desmantelamiento (el desmantelamiento total sería efectuado después un período de espera --latencia--, a determinar, y llevaría aparejado una liberación total del emplazamiento); y la tercera opción analizada era el desmantelamiento total inmediato de la instalación, dejando el emplazamiento en condiciones radiológicas tales que pudiera ser liberado sin ningún tipo de restricción. El informe evaluaba las distintas alternativas a la luz de factores tecnológicos de política de gestión de residuos y económicos, proponiendo la alternativa número 2.
El Ministerio de Industria y Energía, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, resolvió aceptar, el 27 de noviembre de 1992, la alternativa de desmantelamiento y clausura propuesta por Enresa.
Paralelamente, se requería a Enresa la presentación del plan de desmantelamiento y clausura, para su aprobación oficial, en el máximo de dieciocho meses a partir de la fecha de la resolución. La opción aceptada por el Ministerio de Industria y Energía consiste en que, una vez evacuado el combustible gastado y acondicionados los residuos reactivos de la operación se procederá al desmantelamiento de las estructuras y componentes externos al cajón de reactor, el cual quedará sin desmantelar, confinado el reactor, sin combustible nuclear, hasta que haya transcurrido el período de espera. El cajón, con el reactor y sus internos, se aislará convenientemente, procediendo al cierre y sellado de las diferentes conexiones con el exterior. La actividad residual en él contenida quedará confinada y aislada e irá decreciendo con el tiempo. En cuanto al emplazamiento, se mantendrá bajo vigilancia, tanto en la fase de ejecución del desmantelamiento como en la fase de latencia, si bien, en este período, la vigilancia se limitará a la zona controlada. El resto del emplazamiento, aproximadamente un 80 por ciento del actual, se prevé que pueda ser utilizado sin ninguna restricción. Una vez transcurrido el período de latencia --para el que se considera una duración de 25 a 30 años--, se abordará el desmantelamiento total de las instalaciones remanentes, que llevará aparejada la liberación total del emplazamiento.
En cumplimiento de estos requisitos, Enresa presentó, el 27 de mayo de 1994, el plan de desmantelamiento de la central (PDC) de Vandellós I, cuya evaluación está a punto de ultimarse por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. En paralelo, se ha presentado la declaración de impacto ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente, encontrándose actualmente en fase de información pública. El plan de desmantelamiento y clausura propuesto por Enresa contiene toda la documentación requerida por el Gobierno para su evaluación, aprobación y ejecución del proyecto, bajo la titularidad de Enresa.
Actualmente, está finalizada la fase de ingeniería de detalle --especificaciones y procedimientos-- para la contratación de las obras, estando a la espera de los correspondientes permisos y licencias. Para el inicio de las mismas, es necesario que el título de explotador responsable de la institución sea transferido a Enresa, para lo que se requiere que Enresa reciba la aprobación del plan de desmantelamiento y clausura por parte de la autoridad competente, y que Hifrensa --la actual propietaria-- complete las actuaciones requeridas en la resolución de 1990. En estas condiciones, se entiende que el cambio de titularidad de la instalación y el consecuente comienzo de las obras pueden iniciarse en el primer semestre de este año 1997.


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Quiero agradecer a SS. SS. la paciencia escuchando mi exposición, la oportunidad que supone mi primera comparecencia en esta Comisión para conocerles y ponerme a su disposición para cualquier cuestión que ahora o en el futuro se plantee. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha solicitado la comparecencia, tiene la palabra el señor Ros.


El señor ROS MAORAD: Señor presidente de Enresa, bienvenido y suerte en este cometido que la vida le ha dado. Es usted Presidente de una empresa pública, nombrado por el Partido Popular --espero que con más acierto que el nombramiento del director general de Televisión Española, señor López-Amor (Rumores.), y deseo decirle, con cariño, que le deseo que siga siendo presidente de una empresa pública durante mucho tiempo, porque podría ocurrir que, como el señor Rato se entere de que usted tiene una libreta de ahorros con 170.000 millones de pesetas, pueda tener la tentación de privatizar también Enresa. (Rumores.) Dicho eso, señor Presidente de Enresa, quiero decirle que hoy es un día curioso, porque coincide que usted viene a esta Comisión por primera vez, para explicarnos las líneas y los objetivos de Enresa de cara al futuro.
El discurso podría haberlo leído también el señor Alejandro Pina --se lo digo con cariño, señor Presidente--, porque realmente no hay ni una sola modificación. Por otra parte, no lo digo en sentido agrio ni de crítica, sino porque ésta es una política que ha sido consensuada y concertada por todos los grupos políticos. Hoy, como decía, es un día curioso porque como muy bien sabe el señor Presidente, se está cambiando la tapa de la vasija del reactor de la central nuclear José Cabrera, de Zorita, en la provincia de Guadalajara, que ha tenido un despliegue informativo importante. Yo deseo que la operación haya salido bien. Usted sabe también que en estos días ha habido alguna anticipación por parte del director general de las centrales nucleares, en el sentido de que el fondo de la vasija del reactor --esta Comisión de Industria en la ponencia insistió muchísimo en que cuando se cambiase la tapa de la vasija se analizase a fondo--, al parecer, no presenta problemas que impidan que el Consejo de Seguridad Nuclear pueda dar el visto bueno para que Zorita se pueda conectar a la red, aunque todos sabemos, señor Presidente, que la central de Zorita es muy vieja, yo no sé si por aquello de ser de la generación del 68, a la que muchos pertenecemos. A mí me gustaría que no tuviera problemas. Pero le digo esto porque me parece que ya es hora de que vayamos viendo si el cese de Santa María de Garoña y de Zorita iba a producir una distorsión insufrible e inasumible para el conjunto del sistema eléctrico nacional. Y digo que también es un día curioso porque esta mañana --cuando yo madrugaba, en Guadalajara-- escuchaba una conexión, nada menos que del otro lado del Atlántico, con unos periodistas españoles que estaban visitando la instalación de Yucca Mountain. Yo les he visto muy entusiasmados con aquel proyecto, pero no sé si realmente tienen toda la información. Parece que hay problemas con la toba volcánica; parece que tiene menos problemas de tipo financiero, hasta tal punto que el Congreso de los Estados Unidos, según decía el Financial Times hace 20 días escasos, había reducido notablemente el presupuesto para ese proyecto; incluso, como usted sabe, su empresa homónima en Estados Unidos anda en algunos que otros pleitos con las centrales nucleares, porque no va a poder cumplir los plazos, y esas centrales nucleares no van a poder llevar los residuos a esa instalación que sería una AGP de facto.
Ha habido algunas otras curiosidades hoy, pero no voy a detenerme en ellas. He tenido oportunidad de ver en televisión un reportaje prolongado para un tema como éste, de ocho o diez minutos, en los momentos de máxima audiencia hoy, donde les he visto demasiado seguros de la incertidumbre que usted planteaba como Presidente y que creo que es la acertada. En esto, señor Presidente de Enresa, igual que cuando salen los toros por el chiquero, hay que dejar que den un par de vueltas al ruedo para ver por dónde derrotan. Digo esto porque les he visto muy entusiasmados hablando de que ahora el almacenamiento profundo estaba resuelto y que todo iba viento en popa. No digo que lo haya dicho usted, sino que curiosamente ha coincidido.
Voy a hacer algún comentario respecto a su intervención. Quiero manifestarle con toda claridad cuál es la posición del Grupo Socialista, que no es otra que la posición que mi grupo ha ido manteniendo a lo largo de este tiempo respecto a ese asuntillo tan importante que usted decía de los residuos nucleares, fundamentalmente de los residuos de alta, porque yo comparto con usted que España tiene la mejor instalación o tan buena como las otras dos o tres que hay en el mundo, ya que la instalación de El Cabril es modélica y para cualquier persona que trabaje en el mundo de Enresa o en este mundo nuclear creo que es justo reconocer el éxito que hemos tenido en El Cabril, a pesar de que, cuando usted muy bien decía, hay una sentencia, que no pone en duda la seguridad de la instalación, sino algunas cuestiones respecto a la licencia concedida en su momento.
Querría empezar por decirle que todos los países nucleares --no sólo nosotros-- tienen el mismo problema. El problema no es otro que todavía no sabemos en estos momentos qué hacer con el combustible gastado de las centrales nucleares y con esos residuos nucleares de alta actividad, aunque estamos avanzando en ello. Ahora bien, reconocerá usted conmigo que, si es cierto que tenemos el mismo problema que todos los países, no es menos cierto que el nuestro es menor, porque nosotros tenemos nueve reactores nucleares frente, por ejemplo, al gran potencial del parque nuclear francés y, por tanto, también tenemos menos problema en cuanto a las cantidades de residuos que ustedes como empresa pública deben gestionar. A pesar de la ampliación de la vida de las centrales de 30 a 40 años, podríamos pasar de que Enresa deba gestionar en torno a 9.000 toneladas de residuos de alta al principio hasta unas 11.800 toneladas, que parecen las previsiones una vez la vida de las centrales se prolongue durante 40 años, suponiendo que ninguna cese su actividad, etcétera. Por tanto, la primera cuestión es que éste es un problema

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que tienen todos los países nucleares y que el nuestro es menor porque tenemos menos centrales y, por tanto, también tenemos menos residuos.
Ninguno de los países nucleares ha aceptado de facto el acondicionamiento definitivo subterráneo. Si quiere, hay una excepción, que es Suecia, pero no creo que ésa sea la posición que tiene el Presidente de Enresa, cuando sabe que precisamente en Suecia, después de un referéndum, se ha llegado a un gran pacto social para hacer un almacén de residuos de alta, pero eso conlleva el cese de la actividad de las centrales nucleares.
Hay otra cuestión que también me parece importante, y usted la ha apuntado --y me parece que no me equivoco cuando digo que parece que en el futuro puede que las cosas vayan por ahí--, y es que existen soluciones tecnológicas en estos momentos que son aceptadas internacionalmente y que permiten contemplar la solución definitiva de los residuos nucleares con una tranquilidad que era impensable hace quince, diez e incluso si me apura cinco años.
Por cierto, respecto al contenedor en seco es cierto --luego hablaremos de Trillo-- que si ustedes y las tres empresas propietarias de la central de Trillo saben que para el año 2002, una vez hechos todos los ensanchamientos posibles, para entendernos, la piscina no tendrá mayor capacidad, no parece lógico que en estos momentos ese tipo de contenedor, tanto el licenciado ya en Estados Unidos como el contenedor casi proyectado exclusivamente para Trillo, no esté licenciado por el Ministerio de Industria. Si no estoy mal informado, el último adelanto que ha habido, y es importante, ha sido el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear en vista a informar favorablemente al Ministerio de Industria para el licenciamiento de este contenedor, pero creo que deberían agilizar ya esos plazos, porque, insisto, o tiene resueltos sus problemas en el 2003 o Trillo tendrá que desconectarse de la red.
Quiero decirle también, señor Presidente, que nosotros hemos dicho en síntesis a lo largo de estos años: hay que estar al loro de todo. ¿Y eso qué significa en residuos nucleares? Pues que hay que jugar con todas las hipótesis de futuro para que, cuando España tenga que tomar la decisión de almacenar definitivamente los residuos nucleares tenga todas las variables e hipótesis estudiadas, pero no solamente una. Efectivamente, ha habido un tiempo, en esto de los mundos nucleares, en que el almacén geológico profundo era lo que iba a misa, no se hablaba de otra cosa.
Ahora, también le recuerdo, señor Presidente, que el AGP tampoco es un dogma, porque, por ejemplo, en algún momento la Europa civilizada creyó que era un dogma seguro para los residuos nucleares echarlos a las fosas atlánticas, y todos recordamos aquellos cargueros depositando bidones en el mar y todos estamos absolutamente de acuerdo en que parecía que aquello era lo más recomendable. Eso produciría en estos momentos gran escándalo en cualquier ciudadano, más allá de su militancia o no en un movimiento ecologista.
Luego hay otra cuestión que no es menor, y es que durante estos años se ha mareado mucho la perdiz del AGP, y yo no digo que no haya habido que marearla; si es una hipótesis, nosotros debemos tener conocimiento y tecnología suficientes para, cuando España tenga que tomar la decisión, poderla tomar si ésa fuesa la solución, pero no partir de que ésa es la solución, porque en torno a esto también hay un gran negocio. Usted sabe que si sumáramos las pesetas que cada país ha puesto en esto del AGP, o bien en minas de sal, en granitos o en tobas volcánicas, nos encontraríamos con la bonita cantidad de 20.000 millones de dólares americanos, que es lo que hasta ahora se ha metido en el asunto este del AGP. Yo estoy de acuerdo con usted en que necesitamos un ATC, pero utilizando las tecnologías que en este momento tenemos. Si tenemos un contenedor de doble uso, por tanto de almacenamiento y transporte, habrá que ir trabajando desde Enresa para que esa solución, sobre el año 2013 aproximadamente, pueda estar a disposición de los residuos que se han producido en este país.
Creo que debemos confiar cada vez más --ya voy terminando, señor Presidente-- en las nuevas tecnologías, usted ha hablado de alguna de ellas, y me parece que por ahí podrían ir las cosas, pero sobre todo porque, dada esa planificación deslizante que S. S. decía hablando de Enresa --es cierto que las cosas van avanzando y que hemos pasado de tirar bidones a la transmutación, imagínese el cambio que hay en esa filosofía--, yo creo que nosotros podemos esperar y ver, no debemos hacer demasiadas declaraciones de que éste es ya el año definitivo para los residuos nucleares, porque seguramente no va a ser así, y es que además no tenemos necesidad de que sea así, porque tenemos los contenedores para, con toda seguridad, mantener nuestros residuos. No hay certeza, por tanto, en los AGP, no hay prisa y, desde luego, hay soluciones transitorias demostradas ya eficaces, y con esto no quiero decir que no sigamos avanzando dentro de los grupos políticos en una propuesta de ley para lo que son los almacenamientos en general o la ley de almacenamientos de residuos, en lo cual se puede trabajar perfectamente sin tener que definir previamente para dónde vamos, porque creo que además nos equivocaríamos. Por tanto, podemos aplazar la fecha, la del 2020 yo creo que ya es una broma, se puede ir al 2020, al 2040, al 2060 o al 2080, porque SS. SS. deben saber que los contenedores licenciados en Estados Unidos, que son los mismos que va a haber aquí, están licenciados para cincuenta años prorrogables por otros cincuenta años. Por tanto, no entusiasmemos demasiaado a la opinión pública, porque a lo mejor se nos echa encima, y vayamos a abordar con seriedad este asunto.
Creo que debemos seguir trabajando en el ATC y, sobre todo, no tener prisa. Señor Presidente, desde que usted ocupa el cargo no le he criticado nada; excepto cuando he leído algunas notas de la Agencia Efe, porque yo veía que usted actuaba demasiado rápido en el tema de los almacenes y aunque en su intervención se ha deslizado un poquito, sé que no lo ha hecho por desconocimiento; desde luego no creo, en absoluto, que usted tenga presiones corporativas y no seré yo quien nunca diga que aquí lo que existe es el gran negocio de las constructoras, pero tienen SS.
SS. que saber que en torno al almacén geológico profundo se podrían mover --porque nadie lo sabe-- aproximadamente

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tres, cuatro o cinco billones de pesetas; por tanto, es un bocado muy suculento.
Voy a terminar, señor Presidente, exponiendo dos cuestiones puntuales. Me consta que Enresa ha cumplido con lo que era su obligación, que consistía en presentar el plan general de residuos al Gobierno y lo hizo en el mes de junio. Señor Presidente, yo quiero llamarle a la diligencia, porque tiene que saber que el IV plan que yo tengo aquí es de 1994. Por tanto, si hemos dicho que hay que introducir muchas cosas, no sólo desde este punto de vista, sino desde el punto económico, tecnológico y social, sería bueno que desde Enresa no sólo se presente dicho plan, y nada más, sino que se urja al Gobierno para que ese plan de residuos se traiga al Parlamento para poderlo discutir con rapidez.
Ahora sí, termino ya. Me va a perdonar, señor Presidente, que me refiera a una cosa de mi pueblo, se trata del almacén de Trillo. (Risas.) No es una cuestión menor, porque Trillo es una central que produce 1.064 megavatios, es una central muy potente, que tiene un problema a cortísimo plazo y es que esos contenedores, una vez que los licencie el Ministerio, puedan ser utilizados para depositar con seguridad, dentro de la central, los residuos de alta de Trillo. Yo he oído decir --no a usted, aunque al final usted es el responsable de la gesitón de todos los residuos de este país-- que la empresa ya ha solicitado permisos, he leído en alguna parte que ya tiene la licencia... Yo no digo que lo haya dicho usted, señor Presidente de Enresa, no se equivoque. La primera vez que la propiedad de Trillo presenta la petición de la licencia para construir el almacén, le es denegada por el Ayuntamiento de Trillo, ayuntamiento, por cierto, del Partido Popular.
Ahora el ayuntamiento no es del Partido Popular, pero sería muy importante que en este asunto sepamos exactamente cuál es la posición del Ministerio de Industria, de usted como Presidente, y si usted es partidario o no de ese almacén. ¿Es partidario, sí o no, el Ministro de Industria de ese almacén en Trillo? ¿El Partido Popular, en sus órganos regionales y provinciales, es o no partidario de que en Trillo, con una solución tecnológica adecuada, se instale o no un almacén? Queremos saberlo, porque si no, señor Presidente, podemos estar creando entre todos una gran bola para que al final tenga que ser el Consejo de Ministros el que tenga que dar la licencia de obra.
Por tanto, señor Presidente, muchas gracias. Quiero reiterarle nuestra voluntad de acuerdo, que tiene que ser compatible, como entenderá S. S., porque yo soy un Diputado de la oposición, y espero que usted tenga más correa democrática que la que observé ayer en el Pleno del Congreso por parte del Presidente del partido que a usted le ha nombrado, señor Aznar.


El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Voy a ser muy breve. El señor Presidente de Enresa hizo referencia a los AGP, a los lugares de almacenamiento geológico profundo para los residuos de alta actividad y dio dos características fundamentales para su situación: la estabilidad geológica del terreno y la baja permeabilidad.
Como quiera que hay globos sondas y filtraciones en la prensa, que no sé quién las está lanzando, pero que ponen en alerta a muchos ayuntamientos, por lo menos de Galicia, nos gustaría saber, en primer lugar, qué zonas del Estado español están siendo objeto de estudio para la hipotética situación de un almacenamiento geológico profundo. En segundo lugar, quisiéramos saber si en el estudio sobre el almacenamiento futuro se tiene en cuenta la información que dan los ayuntamientos o algún otro tipo de institución local, además de la comunidad autónoma, respecto de sus efectos sociales y económicos, o bien si la información se hace exclusivamente con equipos que dependen de Enresa y del Ministerio de Industria.


El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor Colino, quiero saludarle en nombre de nuestro grupo, Convergència i Unió, en su primera comparecencia en esta Comisión. Aunque no soy titular precisamente, en temas de energía nuclear y cuestiones directas de Enresa he tenido la responsabilidad de ocuparme durante muchos años como representante de mi grupo y, por ello, son temas que conozco. Anteriormente, junto con otro compañero, podía presumir de ser el Diputado de la Cámara que vivía más cerca de una central nuclear.
Eso ya ha pasado a otro nivel, porque hay algún otro compañero que también está tan cerca, al menos, como yo. Ya he expresado muchas veces que teníamos la preocupación de vivir cerca de una central nuclear, aunque no teníamos ningún problema social por tenerla allí mismo. Pero esa central nuclear, Vandellós I, tuvo el conocido accidente y, como puede comprender, nosotros nos ponemos a su disposición para llevar a buen fin la función que tiene Enresa; pero respecto a los temas particulares nos preocupa mucho la temática Vandellós. Por ello, he de sumarme a la preocupación que el portavoz del Grupo Socialista mencionaba respecto al licenciamiento de contenedores. Desde mi punto de vista y en lo que yo conozco --que creo es bastante--, pienso que los contenedores serán una solución semidefinitiva por mucho tiempo; por tanto, habría que realizarlo rápidamente.
Respecto a Vandellós, me preocupa también que esté pendiente la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente y la decisión definitiva del desmantelamiento de lo que queda de la central, que está totalmente parada. Llevamos mucho tiempo esperando que Enresa entre en la zona; hace más de un año que se está esperando que entre a hacerse cargo de todo Vandellós I y ahora usted nos dice que esperan que esta operación se inicie en el primer semestre de 1997, y nos dice que el segundo proyecto que ustedes habían presentado es el que se va a llevar a cabo, y dentro de él encontramos una latencia entre 25 ó 30 años. Sin embargo, lo que más me preocupa de todo esto es que el primer semestre termina a finales de junio, esto es, mañana. Por ello creo que no debe

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comprometerse al primer semestre de 1997, porque no lo van a poder cumplir; ya no digo que sea Enresa; depende de otras muchas cosas; no podrán cumplir este compromiso y siempre vamos cambiando los plazos. La latencia de 25 ó 30 años está dentro del núcleo de Vandellós II. ¿Qué pasará? Pues que 25 ó 30 años en estos temas es como mañana o pasado mañana. Por tanto, nos preocupa que den fechas, que hagan promesas, que ya está Enresa, que ya está el terreno, la gente, la información, el contorno, etcétera, todo crea inquietud.
Yo le decía que, viviendo allí, estamos muy tranquilos; no hemos tenido ninguna inquietud social fuerte de peligro, a pesar de que hubo el accidente y en aquellos momentos, lógicamente, sí lo hubo. Los habitantes de la zona sabemos dónde estamos, sabemos lo que hay allí; pero si después vamos diciendo que empezamos, hacemos, no hacemos, y no se hace, empieza a correr un gusanillo que va moviendo a la gente y si antes eran diez los que estaban preocupados, ahora serán veinte. Le pediría que por parte de Enresa, al menos en lo que corresponde a la empresa, se digan las cosas claras. Hoy salgo con una inquietud por Enresa (no por tener las centrales nucleares tan próximas, porque teníamos allí cuatro centrales, la de Ascó la más lejana) en relación al primer semestre de 1997; si es así, por favor, confírmelo, porque entonces, campanas al vuelo, pero verdaderamente no lo repitan, porque no creo que ustedes lo puedan cumplir.
Perdóneme, señor Colino, porque tengo que ausentarme, ya que estoy haciendo la suplencia a un compañero, pero en estos momentos tengo la comparecencia del Presidente de otra compañía, de AENA, en la Comisión que me corresponde directamente y tengo el tema de Barajas, que también tengo que cumplir.
Le agradezco de antemano su respuesta, y lo que me diga lo leeré en el correspondiente «Diario de Sesiones».


El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso, a quien ruego concisión, igual que a los restantes portavoces, porque tanto el señor Colino como el señor Prada parece que tenía compromisos anteriores, ya que, como he dicho antes, el orden del día se fijó con mucha premura. Les ruego, a ser posible, la máxima concisión, que les agradezco de antemano.


El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaré ser lo más breve posible.
En primer lugar, daré la bienvenida al Presidente de Enresa. En segundo lugar, quiero hacer algunas pequeñas consideraciones y preguntas para que en su momento, en todo caso, si no puede ser hoy, algunas de ellas puedan ser contestadas más adelante.
Adelanto que nuestro grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es partidario para nuestro país de una solución del tipo de la que se alcanzó en Suecia, es decir, llegar en algún momento a un gran acuerdo de cierre programado en el tiempo que, además, contemple todo este otro tipo de aspectos de los que hemos estado hablando: qué hacer con los residuos nucleares y cómo resolver este problema.
Compartimos lo que se ha dicho hasta ahora de que hay que esperar y que en este momento no hay prisa para tomar una decisión definitiva sobre los residuos, puesto que hay soluciones transitorias que permiten esa espera y no anticiparse a otras soluciones, ya que quizá la tecnología pueda colaborar al cabo de unos años en encontrar otras mejores.
De su intervención me han llamado la atención algunas cosas. Usted ha citado que está en vigor el III plan de I+D, un plan que al menos este Diputado no conoce, conocía el anterior, que terminaba en el año 1995, pero creo que no ha sido remitido a esta Cámara; por tanto, pediríamos que nos fuera remitido y que, en todo caso, al menos lo pudiéramos discutir en algún momento en esta Comisión.
También hacemos un llamamiento a la agilidad en hacer el V plan, después de este IV plan que continúa en vigor, puesto que usted ha anunciado que está ya en tramitación ese V plan de residuos radiactivos que, efectivamente, no tenía fecha de caducidad, pero parece obvio y necesario establecer uno nuevo que fije cuáles son los objetivos y planteamientos de Enresa.
Por tanto, insisto, también en el tema de almacenamiento de residuos nuestra posición es que no hay prisa, que no se creen inquietudes cuando todavía no hay consenso social sobre los almacenamientos profundos, porque lo más que puede producir es preocupación en aquellas zonas en las que se detecte que se está investigando o promoviendo el estudio geológico correspondiente. Creo que esto es provocar inquietud innecesariamente.
En todo caso, en cuanto a la solución de los contenedores en seco, quisiéramos preguntar si tienen ya estudios o los están haciendo sobre el sitio en el que puede estar ese almacén de contenedores en seco, centralizado, del que usted hablaba.
En cuanto a Vandellós, que usted lo ha citado (y que en una comparecencia posterior que había hoy, que ha sido retirada, se concretaba el tema Vandellós I), sí nos interesan algunas cosas. Usted ha hablado de que está en marcha el estudio de evaluación de impacto ambiental. Nos preocupa también, como se ha dicho en la intervención de Convergència i Unió, que todavía no se pueda tener este estudio y que no se pueda responder a las preguntas elementales; es decir, cuáles van a ser las etapas de desmantelamiento, si se mantiene la opción número 2 que usted ha anunciado, cuál es el coste de ese desmantelamiento, dónde se va a repercutir. También quisiéramos hacer una pregunta específica sobre las dos barras de combustible que estaban o están en el silo. Qué solución se ha tomado, si es que se ha tomado alguna, si se va a tomar, con qué medios, cuándo se va a hacer la operación, qué riegos radiológicos existen, cuál va a ser la metodología. En definitiva, cuál es la situación de esas dos barras que se encontraban, insisto, o se encuentran en el silo de Vandellós.
En cuanto al presupuesto de Enresa en general, dos consideraciones. Cómo afecta al presupuesto de Enresa, primero, la bajada de tipos de interés y, por tanto, la gestión de sus propios fondos, que puede producir, lógicamente, unos rendimientos financieros inferiores a los que estaba produciendo hasta ahora; segundo, si tiene alguna repercusión, en cambio, precisamente la reducción de lo que nos

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cargan en la factura de la luz, la reducción del 0,89 por ciento, y si esa revisión va a afectar también a los fondos que reciben los municipios del entorno de las centrales nucleares, puesto que la orden ministerial de 1994, en su disposición adicional, ligaba de alguna manera la evolución al mismo tiempo que la tarifa eléctrica. Por tanto, queremos saber cómo van a resolver ustedes esto. Adelantamos que no somos partidarios de reducir los fondos que los municipios del entorno de las centrales tienen destinados en este momento para compensación de esta situación.


El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.


El señor SOUVIRON GARCIA: Empezaré dando la bienvenida también, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al señor Colino, Presidente de Enresa, en su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo y desearle los mayores éxitos.
También queremos mostrar nuestra satisfacción porque nos parece que es una garantía el hecho de que el Gobierno haya designado a una persona del propio sector energético, que tiene una dilatada experiencia en el mismo; creemos que eso asegura desde el primer momento una gestión adecuada, conociendo de verdad de lo que se trata, lo que también va a llevar a una estabilidad de su gestión, de la que yo no dudo, a pesar de que se haya demostrado aquí, por lo que nos ha comentado el portavoz socialista, que el Grupo Parlamentario Socialista parece estar muy obsesionado con el tema de las privatizaciones.
Desde luego, quiero también felicitarle por su exposición sobre la política general de la empresa, que nos ha parecido absolutamente clara y que ha dejado nítidas las líneas maestras de su actuación. Queremos manifestarle en este momento también nuestra disposición a la colaboración con Enresa; no en vano el propio Presidente en su exposición ha dejado claro que la partida de nacimiento de esta empresa precisamente se produce en el Parlamento y que es una encomienda que el Parlamento hace para la gestión de residuos radiactivos a una empresa pública. El contacto con el Parlamento, sin duda, es permanente a través de los sistemas de control que el propio Parlamento se da, en esta Comisión, en la ponencia, y también a través de la ponencia que según nuestras noticias se ha creado en el Senado para hacer un seguimiento de estas materias.
Sin duda, tendremos ocasión de debatir más concretamente cuando se presente el V plan de gestión de residuos radiactivos sobre los temas que puedan afectar a la empresa. Yo entiendo la indicación que hacía anteriormente el Presidente de brevedad en la exposición, y por eso me remitiré a ese momento para hablar más profundamente del tema, pero sí tomamos nota ahora del objetivo fijado de disponer de un almacenamiento temporal centralizado. Nos parece fundamental, porque eso nos permite ganar tiempo, ver tranquilamente cómo evoluciona la tecnología, que ha ido evolucionando y que se va presentando cada día más como un instrumento adecuado para solventar el problema de los residuos de alta actividad. Quizá ésa es la buena noticia, o al menos así le ha parecido al Grupo Parlamentario Popular, que se deduce de las palabras del Presidente de Enresa. La buena noticia es que se va ampliando el horizonte para que podamos ver en el tiempo cómo va evolucionando la tecnología. Cada día va cristalizando más la idea de que, probablemente, la solución del almacenamiento profundo, la solución de los residuos de alta, pueda terminar siendo una solución internacional, una solución global en un mundo globalizado. En ese sentido, es un tema en el que hace poco no podíamos ni siquiera pensar. Hoy día puede ser un dato que podemos manejar --salvo que el Presidente diga otra cosa--, y es una muestra quizá de que todo lo que suponga dar tiempo para ver cómo va evolucionando el entorno es bueno en esta materia.
No obstante, quisiera brevemente hacerle algunas preguntas por saber la posición del Presidente de Enresa sobre ciertos temas. El primero es histórico en la posición del Grupo Parlamentario Popular cada vez que ha intervenido el Presidente de Enresa. Ha sido una constante en todas nuestras intervenciones la referencia al fondo de gestión de residuos.
Siempre mantuvimos la oportunidad de que una comisión de control independiente garantizara la transparencia de la disposición de esos fondos. La verdad es que tenemos que reconocer que, a pesar de que intentamos una y otra vez argumentar de la mejor forma posible esta aspiración nuestra, hasta marzo de 1993 no lo conseguimos. Lo que quisiera saber es si ahora podemos tener alguna esperanza para la tranquilidad de Enresa, para la tranquilidad del propio Parlamento y de los ciudadanos, en cuanto a la gestión de los fondos de Enresa, va a tener viabilidad y va a ser una posibilidad.
En cuanto al tema de la central de Trillo, quiero en este momento mostrar la preocupación del Grupo Parlamentario Popular. Ya sabemos que hemos alargado la fecha de saturación de las piscinas de almacenamiento de los residuos de las centrales, pero también sabemos que la central de Trillo es la que tiene el horizonte más próximo y la que antes puede presentar el problema. Quisiéramos saber la posición del Presidente de Enresa sobre este tema.
También quisiéramos que nos dijera cómo va la experiencia de la ponencia en el Senado sobre la gestión de residuos radiactivos y su problemática.
Y nos parece en materia de gestión de residuos radiactivos que es prudente, diría que hasta imprescindible, mirar un poco lo que pasa en nuestro entorno y aprender de la experiencia, por aquello de que más vale prevenir que curar. Preferiríamos prevenir a tener que vernos en la tesitura de solucionar un problema. Por ello, nos gustaría saber cómo explica el Presidente de Enresa la situación de los residuos de alta en Estados Unidos y qué podíamos hacer para evitar que se repitiera esa situación en la que, a lo mejor, a la hora de recoger residuos no hay acuerdo y se produce un cuello de botella difícil. No quisiéramos vernos en ese momento concreto. Por tanto, nos gustaría saber la posición del Presidente de Enresa.
Queremos mostrar nuestro interés por el programa marco de investigación y desarrollo. Nos parece que es una labor fundamental del desarrollo del IV programa marco entre los objetivos y finalidades de Enresa. También quisiéramos

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saber, en cuanto al contenido de doble propósito, en qué momento concreto está el licenciamiento por parte del Consejo de Seguridad Nuclear.
Por otra parte, nos congratulamos de que en la exposición del Presidente de Enresa no haya habido grandes noticias porque, sin ninguna duda, en asuntos como éste la mejor noticia es que no haya noticia. Eso es lo que deseamos en el desarrollo de la gestión del nuevo Presidente de Enresa.


El señor PRESIDENTE: Señor Colino, le agradecería que fuera lo más breve posible. Ya he explicado los problemas que tenemos. Si en algún caso fuera necesario que diera la contestación por escrito, no habría ningún problema.
Tiene la palabra, señor Colino.


El señor PRESIDENTE DE ENRESA (Colino Martínez): Quisiera agradecer a SS.
SS. sus buenos deseos para mi nuevo puesto, y voy a intentar contestar rápidamente a todas las preguntas sobre las que he podido tomar nota.
No ha habido grandes cambios en mi presentación respecto a la que hubiera hecho mi predecesor, al que comunicaré la mención que han hecho, porque estamos todavía basados en nuestro IV plan general de residuos radiactivos, que fue aprobado por el anterior Gobierno socialista. Hemos discutido ya con el Ministerio de Industria y Energía el V plan general de residuos radiactivos. Se puede decir que hemos llegado a un acuerdo en la parte técnica y que el plan, a nuestro nivel, como empresa técnica, está terminado. Estamos esperando que el Ministerio de Industria y Energía lo emita, lo eleve al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo pase a SS. SS. para su información. En este plan sí habrá alguna diferencia respecto al IV. Si ustedes me hacen el honor de convocarme otra vez después de aprobado el V plan, veremos esas diferencias.
El fondo en estos momentos (por la mención que han hecho al señor Rato, se asustaría más) no son 170.000, son hoy 203.000 millones de pesetas. No somos la empresa más rica del mundo. Lo que tenemos no son 203.000 millones de pesetas. El presupuesto de Enresa para realizar la actividad que tiene encomendada es 1,5 billones. Hasta ahora en el centro de El Cabril, aumentando las piscinas de las centrales, pagando las cuotas a los municipios afectados, participando en grandes proyectos internacionales con nuestros estudios, hemos gastado unos 240.000 millones. Tenemos un fondo de 203.000. Nuestras actividades, fijadas por el Gobierno y aprobadas por la Cámara, representan 1,5 billones. Luego no somos una empresa que tiene 203.000 millones de pesetas, sino una empresa a la que le faltan 1,1 billón de pesetas para realizar sus actividades.
Podría, como técnico, entrar a discutir cosas sobre centrales nucleares, pero aquí estoy como Presidente de Enresa. Por ello, no quiero comentar nada de la tapa de la vasija de Zorita, ni si hay fisuras o no en el fondo de la vasija. Voy contestando una a una a las preguntas, por eso a veces no hay ilación entre dos frases.
Se ha mencionado el problema de la Yucca Mountain, que es el repositorio --como dicen ellos-- del almacén definitivo, el AGP nuestro, el almacenamiento geológico profundo de Estados Unidos. Ya han perforado casi todo, han pasado de la puerta norte a la puerta sur, ya están casi en los ocho kilómetros de perforación. Lo que es verdad es que Ocrwn-Doe, la Enresa americana --ellos distinguen entre la parte civil y la parte militar--, la parte civil, no ha cumplido sus compromisos. Tenía que empezar el 31 de enero de 1998, o sea, el año que viene, a recoger y almacenar el combustible gastado de las centrales nucleares americanas, que son unas 111, pero ha avisado ya que no lo podrá cumplir. Ustedes han mencionado el problema, pero no es nuestro caso. Por ahora, se pueden almacenar los residuos de alta actividad. Muchas centrales americanas los están almacenando en los contenedores de un uso o de doble uso. Se pueden almacenar tanto en contenedores en seco como en instalaciones de piscina.
También quiero agradecer las menciones que han hecho a la excelencia de nuestras instalaciones de El Cabril, con las que coincido plenamente y coinciden también todos los países del mundo.
En cuanto a Suecia, que es un país que tiene muy organizado todo el sistema de residuos radiactivos, no voy a mencionar lo que está pasando con el cierre de las centrales. Lo que sí puedo decir es que en Suecia el 53 por ciento de la energía eléctrica se produce con centrales nucleares.
Son las centrales que producen el kilovatio-hora más barato del mundo.
Por ello, el país sueco tendrá un gran problema si quiere cerrar las centrales nucleares. Es verdad que en los periódicos leemos que las van a cerrar, pero lo que sí sabemos es que están alargando la vida a todas las centrales nucleares suecas y que las están aumentando la potencia. Es bastante contradictorio con lo que vemos en otros sitios. Esto me lo han contado la semana pasada en Suecia.
Soluciones tecnológicas. En Enresa y en todas las enresas del mundo seguimos opinando que por ahora la única solución que tenemos para los residuos radiactivos de alta actividad son los almacenamientos geológicos profundos. Es verdad que podemos llegar a los almacenamientos geológicos profundos a través de almacenamientos temporales centralizados que pueden durar 20, 25, 30 ó 35 años. No discutimos nunca si el ATC va a durar 30 ó 40 años.
En este momento, todas las agencias o empresas de residuos radiactivos del mundo opinamos que, hoy, la solución es el AGP, lo que no quiere decir que no estemos examinando, estudiando e invirtiendo grandes sumas en analizar cualquier otra actividad, y aquí se han mencionado algunas: la espalación de los neutrones, la partición y la transmutación, la incineración de actínidos, amplificadores de energía, que está de moda hoy o cualquier otra actividad. Todas las agencias de residuos radiactivos del mundo analizamos toda clase de alternativas, pero, hoy en día, si lo necesitáramos, sólo podríamos construir un AGT.
Sobre Trillo ha habido varias preguntas. En primer lugar, diré que el almacenamiento temporal que se va a hacer en Trillo es sólo, sólo y sólo para el combustible de Trillo, y ya saben SS. SS. por qué digo tres veces sólo. Nadie ha pensado nunca que allí se pudiera almacenar algo que no fuera de la central de Trillo. En Trillo tenemos licenciado

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el contenedor, que es responsabilidad de Enresa. Está basado en un diseño americano --de la NAC-- y, como digo, está licenciado por el Consejo de Seguridad Nuclear, pero tiene que ser autorizado por el Ministerio y el Ministerio no lo va a autorizar hasta que no se consiga (no nosotros, sino la empresa propietaria de la central nuclear de Trillo, que es el conjunto de las empresas eléctricas españolas propietarias) la licencia municipal. De momento no la tienen; creo que fue rechazada la primera petición y ya veremos cuándo vuelven a presentar la solicitud, pero, como digo, no somos nosotros, sino que es la empresa eléctrica la que tiene que presentarla.
Se han depositado residuos radiactivos en el fondo del mar, en las fosas atlánticas, pero nunca ha sido España, nunca ha sido Enresa y nunca han sido residuos de alta actividad; por lo que sabemos, han sido residuos de baja y media actividad. Creo que, más o menos, eran batas de hospital, jeringuillas y objetos de laboratorio.
En cuanto a nuevas tecnologías, tengo que decir que participamos en todos los proyectos; técnicos de Enresa participan en todos los grandes proyectos que hay en el mundo sobre técnicas de almacenamiento de residuos radiactivos y en alguno de ellos, precisamente de los más importantes, no sólo participamos los técnicos españoles, sino que somos los directores, con lo que tenemos a nuestras órdenes técnicos de otros muchos países.
En relación con las fechas, quiero decirles que en el V plan general de residuos --se notará algún cambio entre el IV plan y el V-- no tenemos presión para fijar una fecha para un AGP e incluso tampoco para un ATC.
Sí sabemos que nuestras centrales --todas de diseño americano-- saturarán su capacidad de almacenamiento entre el año 2011 y el 2021. El problema mayor está en Trillo, que podría estar saturada en el 2003, y por ello estamos licenciando el contenedor y la empresa eléctrica propietaria de Trillo está intentando conseguir la licencia municipal para la construcción del edificio.
En cuanto a la construcción del edificio, yo puedo asegurar miles de veces que nunca vamos a depositar ningún combustible de otra central --por eso decía que es sólo, sólo y sólo de Trillo--, pero no hace falta que lo asegure yo, basta con ver el edificio que se va a hacer y las celdas que hay, en las que solamente cabe el combustible de Trillo. No hace falta ser ingeniero nuclear para contar las celdas; es bastante fácil saber que en Trillo, aunque quisiéramos, nunca vamos a poder depositar combustible de otras centrales.
Se ha hecho mención también al terreno en que se instale un AGP --almacenamiento geológico profundo--. Han hablado de la estabilidad de la zona, por supuesto, y tiene que haber baja permeabilidad. Enresa ha realizado un estudio de todo el territorio peninsular. Si en este momento nos preguntan qué regiones hemos analizado para un AGP, tendría que decir que todas. La Puerta del Sol no ha sido analizada, pero el resto de España sí. En cuanto a los tres pueblos gallegos que suelen salir en los periódicos, tengo que decir que han sido analizadas las zonas, como ha sido analizada cualquier otra zona de las 50 provincias españolas, pero hasta ahora no hemos elegido ninguna zona. Hemos hecho muchos estudios, han sido cuatro fases de estudio y, en la última fase, hemos concentrado, de forma que en este momento tenemos unas 25 posibles zonas, pero en cada zona --se escogerían las mejores técnicamente-- podría haber varios AGP.
En relación con la ponencia de la Comisión de Industria y Energía del Senado para analizar la gestión de los residuos radiactivos, tengo que decir que hemos hecho muchos estudios técnicos --los planos que hemos hecho en Enresa tienen fama de ser los mejores planos de España que existen--, hemos analizado toda la península, pero nunca hemos dicho en qué zona se va a poner, que ésa es una decisión política. Hemos visto las zonas que cumplen los requisitos técnicos de estabilidad, impermeabilidad, etcétera, y no vamos a seguir analizando las zonas con más detalle porque creemos --e igual ha pasado en todos los países-- que la elección del sitio, del emplazamiento, no es una decisión técnica, no nos corresponde a los técnicos. Pensamos que la parte política, la parte socioeconómica, va a ser mucho más importante, va a tener más peso, y con la información técnica que tenemos en este momento sabemos en qué sitios se puede instalar --no estoy hablando de en qué pueblos, sino de zonas en general, que son unas 25; si tuviera que concretar, tendría que decir que en toda España hay zonas--, pero sabemos que la decisión va a ser política y socioeconómica, que va a influir la aceptación social, y para eso está la ponencia. Nosotros queremos que el emplazamiento lo elija el Estado, no queremos que sea un gobierno, ni un partido, sino el Estado, con la información técnica que nosotros, junto con otros organismos e instituciones, academias, universidades, municipios, comunidades autónomas, debemos suministrar. La ponencia, en el Senado, va avanzando.
Son nueve los Senadores que la forman y hemos pedido la incorporación --no sé si es incorporación la palabra técnica-- de un representante de Izquierda Unida, que no tenía ninguno; está colaborando con nosotros y recibe toda la información, de forma que sea una cuestión de Estado y todos estemos representados. Se ha convocado ya a varias organizaciones (todavía no hemos sido convocados los de Enresa, que somos la empresa más ecologista de España; nuestro único objetivo es proteger el medio ambiente y a todas las personas) y creemos que tienen que preparar el informe a finales de este año.
Nosotros mandamos toda la información al Ministerio y el Ministerio debe mandar a ustedes la información sobre el V plan general de residuos, cuando sea publicado, como supongo que pasa con los planes de I+D.
Supongo que aquí está la última versión de nuestro plan de I+D. Los planes de I+D no los hacemos solamente para España, sino que estamos coordinados con los programas de I+D de la Unión Europea. Participamos en muchísimos programas e incluso parte de nuestros programas de I+D están siendo financiados por fondos europeos, además de por nuestro fondo propio. Este año la cuota para el fondo es 0,8 --antes era 1,4, pero ha ido bajando--, aunque también es verdad que va a bajar la facturación total del sector eléctrico, que está alrededor de 2,2 billones. Si estos factores se reducen, también se va a reducir la aportación de las empresas

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eléctricas al fondo, pero esto no tiene nada que ver con las fórmulas que tenemos para los municipios de alrededor de nuestras centrales o de nuestros almacenes de material radiactivo. No tienen por qué verse afectados; no hay ningún peligro con los municipios y yo creo que ellos lo saben; los que están afectados de verdad lo saben, porque han hablado con nosotros, conocen las fórmulas y saben que los factores que han cambiado no tienen nada que ver con sus fórmulas.
Se ha mencionado también la solución internacional. Ninguna empresa o agencia de residuos radiactivos apostamos en este momento por la solución internacional. No hay ningún país que haya indicado estar interesado en tener un almacén geológico profundo para todo el combustible del mundo, o al menos de los países de la zona. Que nosotros sepamos, y lo hemos comentado todas las agencias, sin excepción, ninguna agencia ha iniciado ese movimiento. Ningún país se ha presentado, luego ninguna agencia puede aceptar o modificar sus planes de investigación en cualquiera de sus alternativas (incineración de actínidos, transmutación, etcétera). No podemos aceptarlo porque alguien nos diga que puede que en el futuro haya un nuevo agente nacional. No hay ninguna noticia cierta de ninguna agencia que haya empezado a moverse ni ningún país que hable de este tema. Para nosotros, por ahora, es un tema de ciencia ficción. Se puede decir que estoy hablando en nombre de Enresa y de todas las agencias nacionales de los países.
El control del fondo. Es un fondo muy goloso; no es un fondo nuestro.
Como ya he dicho, no es que tengamos 203.000 millones de pesetas, sino que nos falta 1,1 billón de pesetas del año 1996. No queremos volver a oír hablar de que tenemos 200.000 millones, sino que queremos que se organice algún procedimiento para que sigamos recibiendo lo que necesitamos: 1,1 billón de pesetas. Se ha creado un comité de control para ese fondo en mayo de 1996. Está constituido por el secretario de Estado de la Energía, el interventor general del Estado, el director general del Tesoro, la directora general de la Energía y, como secretario, el subdirector general de la Energía Nuclear. La primera reunión de este comité de intervención estaba convocada para el próximo lunes. Ha sido aplazada hasta el próximo viernes como consecuencia de esta reunión. En ocho días se celebra la primera reunión del comité de intervención del fondo.
Colaboración internacional. A nivel institucional todas las enresas están comunicaas; a nivel técnico tenemos muchísimos proyectos comunes. Incluso estamos pensando que para la próxima reunión del mes de mayo de los presidentes de las enresas del mundo se vaya oficializando todavía más una coordinación que existe de facto, pero que vamos a hacer legal.
Creo que he contestado a todas las cuestiones planteadas.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Colino. Le agradecemos ésta su primera comparecencia ante la Comisión de Industria, así como su exhaustiva exposición, y le deseamos todo tipo de éxitos en su gestión.
Señorías, voy a suspender la Comisión exclusivamente un minuto para despedir al señor Colino y recibir al señor Prada. (Pausa.)

COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (AIE) (PRADA GAYOSO), PARA INFORMAR SOBRE:

--EL ESTADO DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE DICHA AGENCIA, ASI COMO DE LOS INFORMES Y DECISIONES ADOPTADAS EN RELACION AL PROCESO DE PRIVATIZACION DE ALGUNAS DE ESAS EMPRESAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000424.)

--LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO EN EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA SIDERURGIA INDUSTRIAL, S. A., ASI COMO DE LAS GESTIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000491.)

--EL PLAN DE PRIVATIZACIONES DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL, TAMBIEN LLAMADO PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL DEL ESTADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000067.)

--SUS DECLARACIONES RELATIVAS AL CIERRE DE DETERMINADAS FABRICAS DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA Y SOBRE LAS POLITICAS DE REESTRUCTURACION Y DIVERSIFICACION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000059.)

-- LAS DECLARACIONES DEL 16/07/96 DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA, SOBRE EL CIERRE DE DETERMINADAS FABRICAS DE LA EMPRESA, SOBRE SUS POLITICAS RESPECTO DEL PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA Y LA POLITICA DE DIVERSIFICACION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000060.)

--LA POLITICA A DESARROLLAR EN LA EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA, ASI COMO EL POSIBLE CIERRE EN CENTROS AFECTADOS POR LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/000065.)

El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


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Damos la bienvenida al Presidente de la Agencia Industrial del Estado, señor Prada Gayoso. Si no hay ningún inconveniente por parte de los portavoces, vamos a agrupar los puntos 2 a 7 del orden del día. Los portavoces podrán intervenir tanto en el tema de las privatizaciones como en lo que se refiere a la Empresa Nacional Santa Bárbara.
¿Algún portavoz tiene inconveniente en agrupar las seis peticiones de comparecencia? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Prada.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (AIE) (Prada Gayoso): Agradezco a los grupos parlamentarios que han solicitado mi comparecencia la oportunidad que me dan de explicar, una vez más, la actuación de la Agencia Industrial del Estado y de recibir las sugerencias de los distintos grupos sobre este conjunto de empresas en situación problemática en general. Creo que el sometimiento a debate de algunas de las cuestiones serán útiles.
Debido a que formalmente hay seis comparecencias distintas, la mayoría de las cuales suele atender a suntos puntuales derivados del reflejo en algunos medios de comunicación de hechos, declaraciones o acontecimientos puntuales que quizá tenían una gran actualidad en el momento específico en que se producían y que con el transcurso del tiempo han sido matizados, entiendo que sería útil dividir la intervención en dos partes, una primera en la que intentaré hacer un repaso general a la situación de lasdistintas empresas de la Agencia Industrial del Estado y a los criterios que pretendemos implementar para la tutela de este conjunto de empresas, y después hacer una referencia específica al proceso de privatizaciones, que es el motivo fundamental de algunas de las peticiones de comparecencia y, por tanto, de una perfectamente entendible --y uno se siente satisfecho de comprobar que así sea-- preocupación de SS. SS. por el proceso de privatizaciones. Por tanto, intentaré hacer una revisión general de la situación de las empresas y de los criterios que pretendemos implementar en la Agencia Industrial del Estado para su control.
El 11 de julio de 1996 hubo una comparecencia del ministro referida al plan de modernización del sector público, que es el tema de una de las comparecencias solicitadas hoy y, por tanto, creo que con una referencia al «Diario de Sesiones» quedaría contestada. Esa comparecencia se solicitó el 5 de julio, se produjo el 11 de julio y entiendo que hoy puede considerarse satisfecha esa preocupación, sin perjuicio de que en las intervenciones posteriores haya oportunidad de volver a incidir en alguno de los asuntos que hayan quedado poco aclarados.
Mi primera comparecencia en esta Comisión se produjo el 26 de septiembre y ya entonces expuse las líneas generales de la orientación de esta gestión en la Agencia Industrial del Estado. Volví a tener la oportunidad de aclarar algunos aspectos, con motivo del debate presupuestario, el 16 de octubre, y volví a comparecer en dos ocasiones en el Senado, el 30 de octubre y el 22 de noviembre del año pasado. Por último, el tema de las privatizaciones fue también objeto de una reciente comparecencia en esta Comisión del presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones el pasado día 18 de este mes de febrero. Por tanto, es un asunto debatido, refleja --ya lo he dicho antes-- una comprensible preocupación de SS. SS.
y es oportuno de nuevo referirse a ello.
¿Cuáles son los criterios generales que intenta mantener la Agencia Industrial del Estado para el control y dirección de las empresas que están bajo su responsabilidad? Podemos agruparlos en seis aspectos fundamentales. El primero de ellos es el del rigor profesional, con implicación de la agencia y de sus directivos en la gestión de cada una de las empresas. Hemos cambiado el modelo de organismo que nos encontramos cuando asumimos esta responsabilidad, hace aproximadamente un año. Era un organismo dirigido con una visión un tanto superficial, tal vez fruto de una muy reciente implementación, ya que este organismo se había creado --recuérdenlo SS. SS.-- por la Ley 10/1996, en el mes de enero anterior, es decir, llevaba pocos meses de rodaje y había un cierto distanciamiento bastante evidente de la agencia con la Administración.
Hemos modificado sustancialmente la manera de enfocar estos temas y actualmente hay una intervención directa muy importante de los directivos de la agencia en los asuntos que comprenden las principales cuestiones de las distintas empresas de la Agencia Industrial del Estado.
Un segundo criterio es el de la transparencia informativa, que consiste en dar la oportunidad de que todos los que puedan resultar interesados (la opinión pública en general, desde luego el Parlamento de manera preeminente con cada una de las oportunidades en que tenemos ocasión de celebrar comparecencias como las de hoy y en general los interlocutores de cada uno de los asuntos) tengan puntual información, no sólo de los aspectos positivos, como quizá se ha practicado con mayor evidencia en épocas pasadas, sino también, y quizá con mayor incidencia todavía, de aquello que puedan ser situaciones negativas, situaciones preocupantes.
Procuramos que los problemas no pillen a nadie por sorpresa, sino que todos contemos con información suficientemente clara y extensa, sobre todo de aquellos aspectos que pueden ser los principales problemas actuales o potenciales que puedan concretarse en el futuro. En algunas ocasiones hemos sido criticados en ciertos medios de comunicación, en una legítima actuación, de ser catastrofistas. En algunos asuntos, como por ejemplo Santa Bárbara, al que luego me referiré, se ha valorado positivamente esta posición inicial de facilitar toda la información para que todas las partes hayan tomado verdadera conciencia de cómo se encuentra esa empresa concreta porque, a partir de ese descarnado conocimiento de cuál es su situación, ha sido posible llegar a acuerdos que en otra época hubiesen parecido absolutamente imposible de obtener, y a los que luego brevemente procuraré hacer referencia.
En tercer lugar, el criterio de la negociación con los interlocutores sociales, es decir, el intento --que no conoce límites-- de introducir las reformas, las medidas --a veces duras medidas, difíciles de aceptar-- que son necesarias para reconducir, para modificar la evolución negativa de algunas de las empresas. Tenemos que ser capaces cada día de conseguir una disposición al diálogo sin límites, a la

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convicción, y procurando hacer el menor uso posible de actuaciones que pudieran ser consideradas como próximas a la coactividad. Este proceso de negociación ha sido también favorablemente entendido y acogido por los principales interlocutores sociales, especialmente por las principales centrales sindicales, y es un proceso absolutamente continuado que hoy tiene proyección en algunos de los principales problemas, como quizá tengamos ocasión de ver a continuación.
El cuarto punto es el de procurar una transparente implicación de los gobiernos de las principales comunidades autónomas donde las empresas públicas tienen una actuación relevante; implicación transparente que se traduce, en primer lugar, en haber atendido una antigua y generalizada demanda de las distintas comunidades autónomas, que es la de la incorporación de representantes específicos de éstas a los consejos de administración de las empresas públicas con actuación relevante en cada una de las comunidades autónomas. Esto es hoy ya una realidad. En todas las comunidades autónomas que lo han solicitado hay ya representantes en los consejos de administración de todas las empresas de la Agencia Industrial del Estado con actuación relevante en las respectivas comunidades autónomas. Hay una excepción que hay que señalar, siguiendo este criterio de transparencia informativa, la de la comunidad autónoma andaluza, que, pese a haber manifestado insistentemente esta disposición, habérsele autorizado y solicitárselo reiteradamente que comunicase los nombres de las personas que habrían de ocupar esos puestos, todavía estamos a la espera. Quizá tengan asuntos más urgentes de los que ocuparse y no hayan tenido tiempo para facilitarnos los nombres de las personas que han de ocupar los puestos en los consejos de administración de tres empresas de la Agencia Industrial del Estado que tienen especial relevancia en esa comunidad autónoma, que son la Empresa Nacional Bazán, la Empresa Nacional Santa Bárbara y Astilleros Españoles. Tan pronto como la comunidad autónoma tenga oportunidad de concretar esos nombres, verán SS. SS. que se dará cumplimiento al compromiso reiterado de la presencia de las comunidades autónomas en los consejos de administración, que es ya una realidad en las que lo han planteado, que son Galicia, Asturias, Navarra y el País Vasco.
En segundo lugar, esta transparencia supone un sistema reiterado de información fluida y puntual sobre los principales asuntos que afectan a las distintas empresas con cada una de las comunidades autónomas, información fluida y puntual que no significa sumisión de los criterios que debe mantener la línea general de actuación de la Agencia Industrial del Estado en cuestiones a veces respetables pero divergentes y que sean especialmente deseables por esas comunidades autónomas. La oportunidad de la discusión no significa someter la gestión de las empresas de la Agencia Industrial del Estado a los criterios específicos de cada una de las comunidades autónomas. Este mismo criterio ha tenido otro refrendo, que me permitirán que subraye, en la constitución formal y la celebración de la primera reunión, producida a finales del año pasado, del consejo territorial de la Agencia Industrial del Estado, que debía haberse constituido hace año y medio o al menos un año por mandato del decreto-ley por el que se constituyó la Agencia Industrial del Estado inicialmente, a mediados de 1995 o principios de 1996 --perdonen que no recuerde la fecha exacta--. Cuando asumimos la responsabilidad habían transcurrido ya uno o dos semestres sin que se hubiese cumplido el mandato legal según el cual este consejo debía constituirse y además celebrar una sesión de trabajo al menos cada semestre. En el período transcurrido de nuestra responsabilidad hemos cumplido ese mandato legal, hemos celebrado la primera reunión de este consejo territorial y, naturalmente, seguiremos dando cumplimiento a esa previsión legal de celebrar una reunión con carácter semestral.
El quinto criterio es el de la austeridad en los gastos, que es notable y significa no cuestionar todos aquellos conceptos que son necesarios para la gestión eficaz de las compañías, pero que admite la discusión, crítica y supresión de todo aquello que pueda considerarse gastos superfluos en el conjunto de las empresas y que indican unas manifestaciones que quizá puedan considerarse anecdóticas, y en algún caso se han calificado así, pero que pueden ser símbolos de una manera de entender la responsabilidad en la utilización de recursos públicos, con la supresión de los viajes en clases preferentes en cualquier clase de vuelos para todo el personal de las empresas de la Agencia Industrial del Estado, empezando por el Presidente que está en el uso de la palabra, así como la revisión estricta de la utilización de tarjetas de crédito o de autorizaciones de gasto en general, tanto en concepto de representación como de cualquier otra naturaleza. Todo ello, evidentemente, con el criterio de no poner nunca en riesgo lo que son actividades comerciales o que puedan tener una traducción en la gestión de estas compañías.
Por último, un objetivo que marca el criterio de referencia, por decisión del Gobierno reflejada en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de junio del año 1996 que establece el programa de modernización del sector público empresarial, que ha de ser el de la viabilidad, entendida como tendencia hacia la posibilidad de privatización de las empresas públicas; criterio tendencial de privatización que no significa, como a veces se ha querido simplificar, una decisión de plazos específicos para que todas las empresas que están hoy en la Agencia Industrial del Estado vayan a se privatizadas, utilizándose esta referencia, a veces, con ocasión de producir, o acaso sin haberlo previsto, insatisfacciones, preocupaciones en colectivos de trabajadores afectados y preocupados por esta posible situación. Hablaremos después de este proceso, pero es necesario distinguir los proyectos específicos de privatizaciones, que son aquellos que podemos abordar razonablemente en el período de esta legislatura --el único al que podemos referirnos responsablemente y al único al que vamos a hacer referencia--, de una tendencia general como objetivo de referencia, la de pensar que la finalidad perseguida por la gestión debiera ser colocar a todas las empresas de la Agencia Industrial del Estado, sin excepción, en situaciones de viabilidad, que pudieran tener como contraste la posibilidad de ser privatizables, es decir, poder subsistir sin la

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necesidad del soporte financiero de los Presupuestos Generales del Estado, en definitiva, de la financiación pública. Eso es algo entendible como criterio de referencia y objetivo profesional, separable de la decisión política que habría de adoptarse necesariamente, en su caso, sobre la posible privatización de cada una de las empresas.
He procurado hacer una referencia general a los criterios que enmarcan la gestión de las empresas. Voy a hacer un pequeño repaso a las principales ideas de cada una de las empresas que constituyen el conjunto de la Agencia Industrial del Estado.
En primer lugar, como SS. SS. conocen, tenemos las empresas de minería del carbón Hunosa y Figaredo. Sobre Hunosa y Figaredo hemos reiterado continuamente, y lo haré una vez más, que nuestro criterio, como en las demás empresas, está enmarcado por la decisión de cumplir escrupulosamente todos los compromisos vigentes el día en que asumimos la responsabilidad sobre estas empresas, incluso de aquellos compromisos sobre cuya idoneidad hubiésemos tenido dudas o de aquellos, como en el caso del contrato-programa de Minas de Figaredo, cuya fase jurídica de suscripción no había concluido y que no estaban firmados pero en los que se habían producido todas las fases anteriores para llevar a la convicción moral a los principalmente afectados, fundamentalmente al colectivo de trabajadores, de que se trataba de un contrato vigente.
Como SS. SS. conocen, el contrato-programa de Hunosa se firmó en plena campaña electoral de las elecciones pasadas, en los últimos días del mes de febrero del año 1996, y nunca hemos recurrido a la oportunidad de ponerlo en discusión. Es un contrato-programa vigente hasta el 31 de diciembre del año actual. Recuerden SS. SS. --lo he comentado en esa comparecencia anterior a la que me refería-- que tiene la peculiaridad de que, aunque está suscrito en febrero de 1996, también incluye el año 1995, que llevaba ya varios meses finalizado. Hemos considerado un deber indiscutible seguir cumpliéndolo y así seguiremos. Mientras tanto, hemos introducido una evidente modificación en la manera de concebir la gestión de esta tan complicada empresa. Creo que es uno de esos casos en los que todos los interlocutores, desde las principales centrales sindicales hasta el conjunto de las fuerzas políticas, han entendido que la profesionalidad es hoy el elemento que indiscutiblemente preside la gestión de esta complicada empresa. Hemos mejorado ostensiblemente el grado de control y, por tanto, hemos mejorado los resultados, pero mejorar los resultados en una empresa tan complicada como Hunosa de ninguna forma puede entenderse, ni nosotros aspiramos a que así sea, como que Hunosa pueda en el futuro reportar resultados positivos. Ahora mismo, el panorama general del carbón está sometido a un proceso de revisión, presidido por ese criterio del que antes hablaba, que obviamente no se refiere sólo a la Agencia Industrial del Estado sino en general a la actuación del Gobierno en su plenitud, desde luego del Ministerio de Industria, que es el de la negociación sin límites, el de la consecución de acuerdos para el reenderezamiento de sectores concretos, como es el caso del carbón, en un proceso en el que no se va a abandonar esta disposición a obtener por la vía de la negociación las soluciones razonables. Una vez que haya concluido esta negociación, estaremos en disposición, por otro lado perfectamente coordinada en el tiempo, de abordar la discusión de lo que haya de ser el contrato-programa o el instrumento jurídico oportuno para el nuevo periodo, que será el de 1998 al 2002 o al 2005 o al 2007 o al periodo que, una vez que se despejen algunas otras dudas, consideremos oportuno.
En este mismo sector de la minería en general, aunque en otro tipo de productos, la compañía Presur, dedicada a la explotación de minerías de cobre y hierro, altísimamente deficitaria, está ahora pendiente de los resultados de las nuevas prospecciones que se están llevando a cabo y que esperamos culminen en los próximos meses con una de dos posibles soluciones. Como deseamos la verificación de la viabilidad económica de esas explotaciones, tal vez sería razonable profundizar en los acuerdos con Río Tinto Minera, ahora mismo ya partícipe en ese sistema de explotación, o con alguna otra compañía, sobre la eventualidad de continuar bajo titularidad pública. Una vez que se despeje esa duda tecnológica de si existe o no posibilidad de explotar esos yacimientos, espero que en el entorno de mediados del año actual, el año 1997, estemos en disposición de manifestar una opinión sobre ese futuro. Mientras tanto, continuamos con esa explotación, a pesar de la necesidad de soportar una actuación deficitaria.
Potasas de Subiza es la última de las compañías mineras. Potasas de Subiza es una compañía operante en Navarra, constituida hace aproximadamente once años con el objetivo de paliar los problemas, fundamentalmente sociales, que se derivarían de la finalización de las actividades de Potasas de Navarra, S. A. Una sociedad que tiene dos socios al 50 por ciento: la Administración central y la Agencia Industrial del Estado, un 50 por ciento, y una sociedad instrumental del Gobierno de Navarra, el otro 50 por ciento.
Recientemente --a finales del año 1996--, hemos llegado a un principio de acuerdo entre la Agencia Industrial del Estado y la Consejería de Industria del Gobierno de Navarra, con aquiescencia de las centrales sindicales --no utilizo aquí el término de principales centrales sindicales porque son las dos únicas representadas-- Comisiones Obreras y UGT, por el cual la sociedad instrumental del Gobierno de Navarra asume la plena titularidad de esta compañía, es decir, se transfiere la plena titularidad de esta sociedad --ésa es la posición de la Agencia Industrial del Estado--, si así lo acuerda el Consejo de Ministros, a quien en todo caso compete la decisión última sobre la transmisión de estas participaciones. Esta propuesta se elevará en estos días al Consejo de Ministros, una vez que ha sido revisada por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, a pesar de que se trate de un caso verdaderamente peculiar, en el que, tal como sugería la Agencia Industrial del Estado, el consejo consultivo manifestó su opinión en el sentido de que no se trata propiamente de una privatización, porque privatización significa transferir al sector privado la titularidad, la responsabilidad de unas acciones, y esto es una transmisión entre dos órganos del Estado --la Administración central y la comunidad autónoma-- y, de

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acuerdo con criterios constitucionales que refiere el consejo consultivo en su informe, las relaciones entre ambas administraciones se basan en los principios de colaboración y no de concurrencia. Por tanto, en este caso no son aplicables los principios de concurrencia, publicidad y transparencia que, en general, ha establecido el Consejo de Ministros para un proceso de esta naturaleza. No hay otros concurrentes porque se trata, en definitiva, de paliar los efectos negativos de este asunto.
Reitero la condición que había puesto la Agencia Industrial del Estado --y que finalmente se ha cumplido-- para poder continuar este proceso, y era que contase con la específica, concreta y escrita conformidad o aprobación de las centrales sindicales y del comité de empresa sobre esos dos aspectos: la transferencia de la responsabilidad de la Agencia Industrial del Estado al Gobierno de Navarra y la dotación por ambas administraciones --cada una en la parte correspondiente-- de la parte que equivaldría a la liquidación. Por causas también tecnológicas, la posibilidad de explotación de estos yacimientos finalizaría el 30 de junio próximo. Puedo añadir que el Gobierno de Navarra, de acuerdo con las centrales sindicales, tiene algunos proyectos de empleo alternativo que permitirían minimizar los efectos que podría tener el cese definitivo de esas actividades sobre el empleo.
Otra de las empresas es la CSI. La Corporación de la Siderurgia Integral es una empresa que, en cuanto a sus principales magnitudes económicas y a su situación de gestión, es atípica actualmente en la Agencia Industrial del Estado. Mientras que el resto de las empresas tienen situaciones de viabilidad complicada --son empresas demandantes de recursos, son empresas en las que no está todavía aclarado el futuro económico--, la CSI, afortunadamente, ha superado una fase anterior --es el resultado de la reestructuración del sector de la siderurgia integral en España-- y hoy es un conjunto de empresas plenamente saneado, viable, capaz de subsistir sin ningún tipo de apoyatura del Estado. Por tanto, es una empresa perfectamente privatizable. Además de cumplir los requisitos financieros para poder ser privatizable, es una empresa en la que no existe ninguna razón apreciable por el Gobierno, de significación estratégica, que pudiese poner en duda la oportunidad de su privatización. Por ello --como ya anuncié en alguna de las anteriores comparecencias a las que antes me he referido--, la Agencia Industrial del Estado ha iniciado --con la debida prudencia, con la debida cautela y sin intentar ningún tipo de aceleración en este proceso-- la privatización de la CSI.
La privatización de la CSI era un proyecto ya iniciado por la anterior Administración. La diferencia esencial creo que hay que ponerla en el hecho de que, mientras que la privatización iniciada por el anterior Gobierno se refería a la consideración de cada una de las unidades de negocio, cada una de las distintas empresas que componen la CSI, como un elemento susceptible de ser privatizado por separado, y se había iniciado con la privatización de la compañía CSI-Productos largos, que es una de las partes de la compañía que en este momento está jurídicamente separada, pero que es una parte del proceso. En definitiva, el horno alto es único y, después del arrabio, se distribuye, fundamentalmente, entre CSI-Planos y CSI-Largos. Pues bien, la privatización de esta compañía estaba perfectamente avanzada. Se había asignado un banco de negocios, un banco asesor, el Grupo Baring. Este grupo había hecho su trabajo de acuerdo con las pautas que se le habían marcado, había seleccionado a un adquirente razonable y el contrato ya estaba escrito, pendiente de firma, cuando se produjo la renovación de los responsables de la Agencia Industrial del Estado.
El Gobierno actual manifestó la decisión de, en primer lugar, paralizar ese procedimiento, explicando que era otro el enfoque que había de darse a la cuestión; en segundo lugar, la consideración de la corporación de la siderurgia integral como un todo indivisible e inseparable, no susceptible de privatización por partes sino, por el contrario, como otro elemento más en la progresión de esa concepción unitaria. Se suprimieron los consejos de administración de todas las empresas vinculadas y se sustituyó por un único consejo de administración de la sociedad Corporación de la Siderurgia Integral, S. A., al que se transfirieron las representaciones --que ahí sí existían-- de otras partes como, debido a un precedente histórico, la compañía anterior en el Principado de Asturias era Ensidesa. Si no recuerdo mal, según una norma especialmente recogida en el estatuto de autonomía, Ensidesa tiene la presencia de tres representantes de la Junta General del Principado de Asturias en su consejo de administración. Por tanto, esta compañía mantenía un consejo de administración (aparente, puesto que no había nada que aconsejar en una sociedad que, en el argot interno de la casa --si me permiten SS.
SS.-- se conoce como sociedad latente, sociedad que, en definitiva, está abocada a la desaparición y únicamente continúa gestionando provisionalmente unas determinadas instalaciones, en régimen de maquila, para CSI) para no incumplir en la forma lo que, a nuestro modo de ver, era incumplir en el fondo lo que significaba ese mandato del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, que era la presencia de la representación asturiana en el centro de decisión de los asuntos que afectan a la gestión de ese conjunto de actividad, tan importante en ésa y en otras comunidades autónomas, como es la siderurgia. Por tanto, se ha suprimido y, además, se ha dado entrada en ese consejo de administración no sólo a estos tres representantes que antes estaban formalmente en Ensidesa por la Junta General del Principado de Asturias, sino también del Gobierno del País Vasco y del Gobierno de Navarra. Asimismo, se ha manifestado la firme decisión de considerar unitariamente a la CSI. Esta posición fue refrendada públicamente --el mes pasado-- por las principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, que han hecho público un manifiesto en el que recogen su posición ante la posible privatización de la CSI, aunque no ocultan una discrepancia esencial en cuanto a si debe o no quedar un remanente de participación pública y, en su caso, cuál debe ser ese porcentaje y hasta qué punto, en el tiempo, puede ser mantenido; cuestiones en las que no coincidimos. Sin embargo, hay que manifestar una satisfacción especial por el hecho de ver refrendada públicamente cada una de estas medidas en el documento

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emitido para estas dos centrales, tanto la valoración positiva de estas principales decisiones a las que antes me he referido como, incluso --la siguiente--, la manera de enfocar la privatización, aunque --reitero-- discrepando en la posibilidad de que la privatización se extienda a la totalidad del capital social de la CSI.
La privatización la hemos enfocado en dos fases. En primer lugar, en la necesidad de potenciar, de posibilitar una alianza estratégica entre CSI y uno de los relevantes actores del proceso siderúrgico mundial, quizá preferentemente europeo. En este proceso es en el que nos hemos implicado, estamos en contacto y se han manifestado positivamente interesadas varias de las principales siderúrgicas, tanto europeas como extraeuropeas. Es evidente que vamos a tener oportunidad de elegir, una elección que se va a basar fundamentalmente en el contenido del plan industrial que cada uno de los posibles socios estratégicos va a plantear, en las garantías que se ofrezcan de ese plan industrial y, en definitiva, en el aseguramiento de lo que hemos considerado como variables sensibles en cuanto al futuro de la CSI, que, fundamentalmente, son el nivel de empleo y las garantías sobre ese nivel de empleo; la política de inversiones y la plasmación concreta de esas inversiones en el tiempo; el mantenimiento del equilibrio territorial que ahora mismo mantiene la CSI y la identificación de sinergias, de ventajas complementarias que cada uno de los posibles socios pueda aportar a la CSI. En este proceso estamos en estos momentos, todavía no se ha cerrado este nivel de discusión, pero sí puedo confirmar que va a haber oportunidad de elegir, porque hay ya pluralidad de interesados entre los principales actores de esta actividad que es la siderúrgica mundial.
En otro orden de cosas, el proceso de privatización exige la designación de un asesor que auxilie a la Agencia Industrial del Estado en todo este proceso, y recientemente el consejo de la Agencia Industrial del Estado ha seleccionado al Banco Central Hispano como agente asesor del proceso, asesoramiento que no se va a confundir con la gestión de algunas partes relevantes, como pudiera ser una hipotética colocación pública de acciones, incorporación a la bolsa de acciones de la CSI. Pensamos que la incorporación de este socio tecnológico se producirá mediante su participación en el capital social de la CSI, en un nivel que tentativamente hemos establecido entre el 20 y el 30 por ciento, porcentaje que consideramos razonable. En el supuesto especial de que el socio elegido se tratase de una empresa cuyas acciones cotizasen en bolsa, hemos barajado la posibilidad de que se produjese esa alianza estratégica de doble sentido mediante un sistema de participación recíproca que permitiese a su vez a la CSI el acceso a los órganos de decisión de esta compañía.
Sus señorías irán teniendo información puntual de este proceso, porque para la Agencia Industrial del Estado la privatización de la CSI es la privatización por antonomasia, es la compañía más importante de la Agencia Industrial del Estado y tenemos especial interés en que aquí esos principios que se han señalado por el Gobierno de la transparencia, la concurrencia y, en definitiva, la profesionalidad sean absolutamente --si se me permite-- exagerados, precisamente por su importancia, por el conjunto de sensibilidades que la CSI conlleva.
En este sentido, estamos manteniendo un sistema continuo de información a los principales afectados. Recientemente se ha hecho pública una nota conjunta de las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, con la Agencia Industrial del Estado recogiendo el resultado de una primera entrevista, a la que ha asistido el Ministro de Industria, en la que, además de haber repasado las principales ideas que estoy desarrollando sobre los criterios del Gobierno para la privatización de la CSI, hemos alcanzado públicamente el compromiso de mantener periódicas reuniones para que haya puntual información y procuremos eliminar por anticipado preocupaciones que nos parecen perfectamente injustificadas, sustituyendo este tipo de actuaciones por la información transparente.
De igual manera, estamos actuando con el conjunto de las comunidades autónomas en las que tiene actividad relevante CSI, sin perjuicio de la presencia en el consejo de administración de representantes de estas comunidades autónomas y de las responsabilidades o funciones que la ley reserva al consejo territorial de la Agencia Industrial del Estado.
Productos Tubulares es una compañía, de las tres existentes en España, las tres en Vizcaya, dedicada a la fabricación de tubos de acero sin soldadura. En octubre de 1994 se alcanzaron unos compromisos, llamados acuerdos sectoriales para el sector de los tubos de acero sin soldadura, como resultado de una actuación conjunta entre el Gobierno vasco y la Administración central. Se establecieron una serie de compromisos y unas pautas de actuación que darían lugar a que, transcurridos dos años y una vez producido el saneamiento de Productos Tubulares, se procedería a la integración en Tubos Reunidos; la tercera sería Tubacex. Pues bien, esos acuerdos sectoriales tenían prevista la integración de Productos Tubulares en Tubos Reunidos transcurridos los dos años. Esos dos años se han cumplido en octubre de 1996, por tanto llevamos ya varios meses de retraso; estamos haciendo y continuaremos haciendo todos los esfuerzos que estén a nuestra disposición para conseguir esa efectividad en la integración. Las dos administraciones, la Agencia Industrial del Estado y la Consejería de Industria del Gobierno vasco, estamos --permítame la expresión, señor Presidente-- volcados en conseguir remover todos los obstáculos que se producen, pero, desgraciadamente, siguen presentes en forma de reticencias que no acabamos de comprender muy bien y por tanto no es todavía una realidad esa integración, que esperamos pueda culminar en los próximos meses.
El grupo de astilleros públicos constituye ahora mismo objeto de preocupación para la Agencia Industrial del Estado y estoy seguro de que también para SS. SS. Como es sabido, en noviembre de 1995 se firmó el Plan Estratégico de Competitividad para el conjunto de los astilleros públicos que se puso en ejecución. Digo el PEC que se puso en ejecución porque el PEC firmado en noviembre de 1995 no es el PEC que la anterior Administración había querido poner en aplicación. Este plan fue el resultado de modificar el anterior, el que los datos objetivos manejados por los

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anteriores responsables de este conjunto de empresas hacían necesario, combinado con una fuerte contestación social que estoy seguro de que SS.
SS. tienen en la memoria, quizá debida no tanto al contenido específico del plan, sino a que ha habido poca oportunidad de negociar y discutir cuáles eran las razones que llevaron a la adopción de cada una de esas medidas. Se puso en ejecución un plan en el que puede manifestarse que no creían ni los autores ni quienes lo firmaban. Puesto en ejecución ese plan se vio, con el transcurso del primer año, el año 1996, que casi se duplicaron las fortísimas pérdidas que ya entonces estaban previstas y que según ese PEC iban a desaparecer.
No hemos ocultado una enorme preocupación por la situación de los astilleros como consecuencia de estas desviaciones tan fuertes y, por qué no decirlo, de la existencia de un clima realmente poco favorable en el conjunto de los astilleros públicos, entendemos que justificado por la ausencia de una verdadera disposición a la negociación, a la transparencia, a facilitar datos al conjunto de los afectados fundamentalmente por esta actuación. Hemos confeccionado un documento con un conjunto de actuaciones, que hemos dado en llamar plan de choque --permítanme SS. SS. la osadía de la utilización de este nombre-- para mostrar que había que producir un revulsivo en estas compañías, que había que cambiar la cultura y una situación de generalizada decepción y falta de fe en el futuro de estas compañías por una búsqueda de ilusión, de la seguridad de que arrimando el hombro, poniendo voluntad, dedicación, convicción y transparencia es posible --y hoy estamos en disposición de manifestarlo-- alcanzar dos objetivos que para nosotros son hoy absolutamente inmodificables y a los que vamos a prestar toda la disposición. Vamos a mantener en actividad todos los centros de trabajo de este grupo de empresas y vamos a mantener todos los puestos de trabajo.
A estos dos objetivos, que no son más que un mismo objetivo manifestado por dos veces, estamos dedicando todos los esfuerzos, y para ello hemos implementado un plan que incluye mejoras evidentes en la gestión, en las personas responsables de estas gestiones y modificaciones en la estructura jurídica, que vamos a promover mediante la fórmula que hemos dado en llamar de filialización, de conversión de cada uno de los astilleros en empresas independientes, para que sea más próxima, para que cada uno de los afectados vea más cerca cuál es el resultado de esa dedicación. Con esto y, sobre todo, con el mantenimiento de la esperanza de que por la negociación sin límites vamos a ser capaces de alcanzar la situación posible para que todo ello sea una realidad, estoy seguro de que resolveremos los problemas.
No oculto que hay otro frente importante de preocupación, que es la posición en la Comisión de las Comunidades Europeas. Las significativas ayudas públicas a los astilleros están sometidas a revisión, afortunadamente se ha formalizado un procedimiento definitivo de revisión de este conjunto de ayudas públicas y está previsto que en el próximo mes de abril se produzca, formalmente, la decisión última. Puedo avanzar que la posición se ha modificado favorablemente en los últimos meses. Se ha visto una verdadera intención de abordar el problema en sus orígenes y no en sus efectos, hemos conseguido convencer a los responsables de la Comisión de las Comunidades Europeas de que el problema de los astilleros españoles no se resolvería con el cierre de una planta, porque eso sería una solución si hubiese un conjunto de centros de trabajo y alguno de ellos tuviese resultados negativos o muy negativos y el resto tuviese resultados positivos. Si todas las plantas tienen una situación semejante no se resuelve el problema porque alguna de dichas plantas se cierre, al contrario, ese problema se agravaría porque a una situación de insatisfacción --con gran justificación por la desmoralización generalizada de los trabajadores-- vendría a añadirse un elemento más, que es el del cierre, sin encontrar una justificación clara, de alguna de las plantas. Tampoco se resolvería el problema con la reducción del número de puestos de trabajo, porque estamos cerca de lo que se suele considerar masa crítica. No es posible gestionar un astillero eficazmente con menos personas de las que hoy trabajan allí. El problema está en que es necesario, además de los aspectos a que antes me he referido, producir un vuelco en el esquema de relaciones laborales. Estoy seguro, por el talante que compruebo cada día con las principales centrales sindicales, de que vamos a ser capaces de que esto se produzca en los próximos meses.
No vamos a bajar la guardia en este asunto, porque --reitero-- el objetivo sigue siendo absolutamente irrenunciable: vamos a mantener todos los centros de trabajo, vamos a mantener todos los puestos de trabajo si somos capaces de conseguir éxito con estas medidas.
La Empresa Nacional Bazán, el conjunto de astilleros dedicados a la defensa, se encontraba, como referí en mi anterior comparecencia, en una situación que podía considerarse límite cuando asumimos esta responsabilidad, porque no había carga de trabajo. La Empresa Nacional Bazán tiene una excelente dotación tecnológica y es un orgullo poder representar a esta empresa cada vez que --y ello se produce con gran continuidad-- se recibe la visita de responsables de fuerza armadas de las marinas de otros países. En general, hay un enorme interés por la capacidad de esta empresa, pero no había trabajo en curso. Fruto de la colaboración y de la asunción de responsabilidades entre los Ministerios de Industria y Defensa, ha sido posible la puesta en funcionamiento de las fragatas F-100, y esta empresa ahora mismo tiene una razonable carga de trabajo asegurada para los próximos diez años. A pesar de esto, de ninguna forma han finalizado los problemas de Bazán. Necesitamos reorientar Bazán hacia una empresa viable. Una vez que se ha resuelto el problema esencial de contar con una razonable carga de trabajo, hemos abordado la confección de un plan de empresa para el próximo período de Bazán; un plan en el que esperamos poder actuar con todas las condiciones de profesionalidad y objetividad que exige la situación. Hemos abierto un concurso para pedir la colaboración de un consultor externo que procuraremos seleccionar por consenso con las principales centrales sindicales, de forma que desde el primer momento procuremos aunar criterios y formas de enfocar el problema porque, en definitiva --y creo que eso sí se ha traducido--, el problema

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es conjunto. Los representantes de los trabajadores y los responsables de la Agencia Industrial del Estado tenemos el mismo problema.
Imenosa es una compañía de reciente incorporación a la Agencia Industrial del Estado. La transferencia de las acciones desde Babcock Wilcox, una sociedad correspondiente a Sepi, se ha producido definitivamente en el día de ayer, después de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros y, por tanto, es una empresa de reciente incorporación. Está en una situación próxima al límite y la primera actuación es encomendar la preparación de un plan riguroso de empresa que nos permita enfocar la viabilidad de esta empresa --si es que, como creemos, la tiene-- para el próximo futuro.
Por último, voy a hacer una breve referencia a la Empresa Nacional Santa Bárbara. Se han solicitado varias comparecencias a partir de las declaraciones que efectué en el acto de toma de posesión del presidente de la Empresa Nacional Santa Bárbara, el 16 de julio del año pasado. Al releerlas hoy, con motivo de esta comparecencia, no puedo más que reiterarme en ellas en la satisfacción --ya antes anunciada-- que produce que esa política de transparencia informativa que consiste en hacer públicas las situaciones difíciles, yo creo que se ha entendido después de haber experimentado un conjunto de críticas --que entiendo perfectamente y agradezco-- y, posteriormente, se ha traducido en que todos hayamos tomado conciencia de la extrema gravedad en que se encontraba esta compañía, técnicamente en quiebra desde hace muchos años y sin viabilidad alguna. Puedo asegurarles ahora que la Empresa Nacional Santa Bárbara va a ser ejemplo de cómo puede darse la vuelta a un problema tan complejo. Después de un proceso --reitero-- muy difícil, en enero de este año hemos firmado un acuerdo que puede marcar un punto de inflexión --de hecho, lo ha marcado-- en la manera de entender las relaciones entre los responsables de la gestión de las empresas públicas y las centrales sindicales. Como es sabido, ese acuerdo consiste en comprometernos ambas partes --y esto creo que es lo esencial-- a poner todo lo necesario para que cada uno de los centros de trabajo sea efectivamente viable porque esté en situación de supervivencia, sin recurso a subvenciones que no pueden mantenerse en un plazo razonable, pero exigente, de tres años. Poniendo esos medios ambas partes --estoy seguro de que lo vamos a conseguir-- cada uno de los centros de trabajo será un centro viable.
La Agencia Industrial del Estado está procediendo, sin ninguna concesión, a cumplir escrupulosamente ese asunto. Hace pocos días hemos promovido la visita del secretario de Estado de Defensa al centro de I+D para que el principal usuario de la Empresa Nacional Santa Bárbara, que no es otro que el Ministerio de Defensa, vea el cambio que estamos introduciendo, lo que es la nueva Santa Bárbara. Puedo anunciarles que de su impresión se derivó una instrucción de que más responsables del Ministerio de Defensa realicen ese acercamiento porque, efectivamente, es sorprendente el cambio que se ha producido, cambio que ha tenido su primer efecto consistente en que ahora los responsables del Ministerio de Defensa empiezan a pensar que Santa Bárbara va a ser un instrumento útil con el que se pueda contar en similitud con el modelo de Bazán y su relación con la armada, que es la referencia que tenemos.
Señor Presidente, siento haberme extendido en esta exposición más de lo que había previsto inicialmente, pero me parecía necesario hacer referencia a cada una de las empresas. Si me he dejado algún asunto involuntariamente en el tintero, estoy a disposición de SS. SS. para aclararlo ahora.


El señor VICEPRESIDENTE: Las comparecencias han sido solicitadas por los Grupos Socialista e Izquierda Unida.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Cuevas. Tengo entendido que va a compartir su tiempo con la señora Cánovas. Si es así, le ruego que lo tenga en cuenta.


El señor CUEVAS DELGADO: La señora Cánovas va a formular una pregunta puntual.
Señor Presidente, señorías, nuevamente comparece, señor Prada, y repasando la comparecencia anterior compruebo que le hice una serie de preguntas concretas. Hablamos de muchos temas y la comparecencia era para un tema concreto, pero comentamos que a lo largo del tiempo podíamos ir satisfaciendo las preguntas que yo le hacía.
Han pasado seis meses desde entonces, un año ya prácticamente desde que están ustedes en el Gobierno, y hoy comparece aquí y nos vuelve a contar otra vez cuál es la situación y la historia de estas empresas, en algunas de las cuales se ha remontado hasta diez años; pero de lo que están haciendo este año, nos ha hablado muy poquito. Lo poco que han hecho, desde luego, no tiene ningún interés, porque es exactamente lo que ustedes decían que estaba muy mal hecho. Lo voy a explicar, a ver si en esta comparecencia, en la que usted puede hablar de todo --lo que pasa es que tenemos poco tiempo--, podemos sintetizar las cosas para que nos vayamos entendiendo en esta Comisión.
Hay una serie de consideraciones que son la clave de toda esta cuestión.
Usted ha empezado hablando de la política de privatizaciones. Yo voy a hacer la intervención al revés, porque me parece que es ahí donde radica el quid de esta cuestión. Y radica ahí porque lo que ustedes pretenden es exactamente eso: privatizar el sector público. Esa es una filosofía base y ahí orientan sus objetivos. Cómo se relanza el sector. Los Diputados del Partido Popular decían en la anterior legislatura que el Gobierno socialista no estaba haciendo y debía hacer ciertas cosas; sobre eso no sabemos nada. Las soluciones que nos ha dado, por ejemplo, en el tema de Santa Bárbara, es que han firmado un convenio en el que reproducen prácticamente lo que en este año tenían que haber hecho y no han hecho, y vuelven a dejarlo para el año 2002. Hacen ustedes un convenio que, después de todo lo que dijeron los periódicos y de la alarma social que produjeron, ha tenido una aceptación menor por parte sindical.
En este convenio ustedes y los sindicatos acuerdan, una vez más --ya estaba antes, no tenían más que haberlo puesto en marcha--, eliminar gastos de financiación superfluos.


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Me gustaría --y se lo voy a preguntar por escrito-- que me dijera qué gastos superfluos han eliminado de un año hasta ahora, porque estamos hablando de un año, ya estamos hablando de su gestión, no de la del Gobierno socialista. Dicen que se incrementa el capital social, se absorben costes de reestructuración, se potencian las actividades de I+D, se actualizan existencias, etcétera. Eso estaba en un plan completo, detallado, empresa por empresa, que ustedes dicen que no sirve de nada.
Lo que hacen, porque no les sirve de nada, es redactar estas dos hojas, donde se recogen una serie de acuerdos que son las actas de lo que se va a hacer. Al final dicen: Si a partir del año 2000 (porque el contenido del plan es una regulación de empleo, es lo que ustedes hacen; aplazar el problema hasta el año 2000) algún centro no logra el resultado económico deseado, la dirección se compromete a poner en práctica los mecanismos previstos en los dos primeros párrafos. Es decir, volvemos otra vez a aumentar el capital social, a eliminar gastos y a abordar un plan de inversiones, que es lo que dice el punto dos.
Señor Prada, aunque usted cree que esa dialéctica le conviene, se está dando cuenta de que ya no es posible seguir, ya no es posible la coartada de que se lo encontraron mal. Ahora mismo llevan un año con Santa Bárbara después de haber dicho, por activa y por pasiva --y no se lo podrá achacar a la oposición--. El Gobierno plantea otra reconversión naval, la quiebra de Santa Bárbara y el cierre de Hunosa. Piqué anuncia el cierre definitivo de la fábrica de armas de Oviedo y condiciona el futuro de Trubia. Piqué insiste en el cierre de la Vega.
Ahora dice usted que no va a sobrar ningún puesto de trabajo, perfecto; pero tampoco va a haber trabajo, señor Prada. No va a haber trabajo, va a haber una regulación en la que ustedes van a ir amortizando, porque hay unas previsiones de jubilaciones anticipadas, etcétera. Pero de lo que significa Santa Bárbara como empresa y ese plan de reindustrialización de Santa Bárbara, de eso nada; al menos usted no ha dicho nada sobre si han avanzado algo en lo que había previsto en el anterior plan de diversificar el empleo industrial.
Las cosas que me interesan son de carácter general, y es que con esa política de privatizaciones y con las modificaciones legales que ustedes han efectuado en las normas que regulaban la Agencia Industrial del Estado, la SEPI, las modificaciones que han introducido en la Ley de acompañamiento de los presupuestos, han creado un aparato perfecto para que se privatice sin transparencia. Por mucho que usted repita aquí que hay transparencia, no la hay. La prueba es que no nos ha podido dar ni siquiera un dato de ningún proceso de privatización. Y le recuerdo que, cuando se aprobó la ley y se dijo cómo se iban a hacer las enajenaciones de empresas públicas, la Agencia Industrial del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como sus empresas, deberían remitir a las Cortes Generales la misma información y en los mismos plazos en los que las sociedades que cotizan en bolsa están obligadas a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Luego hablaremos de este asunto interesante que es el quid de la cuestión. Vamos a despachar brevemente la comparecencia de la Agencia Industrial del Estado.
Le pregunté por el plan financiero de las empresas de la AIE. Todavía no sabemos nada, y ese plan financiero, que estaba en el contenido básico del convenio marco, preveía reducir un 50 por ciento, en 1999, las aportaciones de 1996. Ya sé que ahora no hay aportaciones y, por tanto, ustedes no tendrán, seguramente, ningún plan financiero o, si lo tienen, como son tan transparentes, no lo dicen, porque, a veces, creo que confunden la transparencia con que no se vea nada. Un cristal es transparente, pero no hay nada en el cristal. A ver si es ésa la transparencia a la que usted se está refiriendo.
Hace seis meses le pregunté sobre los planes estratégicos definidos para cada una de las empresas. ¿Tiene usted ya algún plan hecho para esas empresas? ¿Han elaborado algún contrato programa o, sino, han elaborado otro sistema que permita saber cuál es la evolución de la carga de trabajo, la evolución del empleo? ¿Hay alguna posibilidad de que sepamos en esta Cámara cómo están gestionando ustedes el sector público y, usted concretamente, la Agencia Industrial del Estado? A mí me parece que no hay ningún dato que nos permita saberlo. A lo mejor, lo están haciendo bien, como usted dice. Usted dice que lo están haciendo perfectamente pero no hay ningún dato. No sabemos qué está pasando. A ver si en el año 2000 seguramente tenemos también la culpa de que haya sido un absoluto desastre.
Ha dicho usted, por cierto, que les han acusado en los medios de comunicación de catastrofistas. Yo no estoy de acuerdo con ello. No creo que sean ustedes catastrofistas, porque catastrofista es el que anuncia una catástrofe. Yo creo que ustedes son catastróficos. Van a llevar al sector público a la catástrofe. (Risas.) Se lo digo tal como me sale, porque no sé ya cómo decirle concretamente algo para que usted nos responda. (Rumores.) Defienden ustedes un nuevo sistema de seguimiento y control de la situación económico-financiera de las empresas. Ha estado negando el dato a los sindicatos, porque decían que no se podían dar datos empresa por empresa. A preguntas escritas muy concretas hechas por Diputados de este grupo en octubre del año pasado, han contestado ustedes que había empresas de Santa Bárbara en las que su problema para acceder a determinados contratos era la capacidad tecnológica, la homologación.
¿Han hecho ustedes ya algo concreto para que, empresas que están muy homologadas y que trabajan con las mejores empresas europeas e internacionales, tengan ya esa homologación que ustedes dicen, para participar, por ejemplo, en el programa del avión europeo? Porque de eso no nos pueden echar la culpa tampoco. Están la fábrica de La Coruña, la fábrica de Oviedo --sobre todo esta última-- que tecnológicamente está bien, que tiene una capacidad tecnológica y una normativa homologada. No sé si faltará alguna. Digan ustedes cuál y a ver si en un año somos capaces de hacer esto, porque, si no, no me lo explico, por mucho interés que tenga Defensa. Por cierto que con el Gobierno socialista ya el Ministerio de Defensa tiene interés; fueron ustedes los que dijeron que el Ministerio de Defensa tenía que comprar

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donde fuera más barato. Si han cambiado de opinión, yo me alegro.
Situación de Hunosa y Figaredo. Dice usted que va magnífico. Yo le vuelvo a repetir lo mismo, para no alargar la sesión. Dennos algunos resultados de los planes que están poniendo en marcha, si han reducido los costes, cómo va la explotación, y los planes de diversificación y promoción económica: empresas, puestos de trabajo creados, etcétera. Se lo vuelvo a repetir. Se lo preguntaré por escrito.
Sobre el tema concreto de Santa Bárbara, en la primera comparecencia usted decía que el posible acuerdo con Santa Bárbara tenía que basarse en criterios distintos: en criterios de eficacia de la empresa, de competitividad, etcétera. ¿Usted cree que el acuerdo que han firmado con Santa Bárbara tiene estos criterios? ¿Está ahí contabilizada cuál va a ser la mejora de la competitividad, cuando un porcentaje muy amplio de la plantilla de todas las empresas se va a pasar 18 meses regulado y no trabajando? (Una Diputada del Grupo Parlamentario Popular: Pero no les han despedido como a otros.) A eso me referiré luego, porque también hay otra especie que se está deslizando y usted en el Senado lo dijo con mucha claridad. Habló de los puestos de trabajo que había en 1982, habló de los que quedaban en 1995, y habló de que a usted le tocaba la responsabilidad de conservar los que había.
Creo que es lógico que Diputados del grupo que apoyan al Gobierno digan --como han dicho ahora mismo-- que ha habido pérdidas de empleo. Claro que ha habido pérdidas. ¿Por qué? Por la situación del INI, por cómo estaba el INI cuando en 1982 asumió la responsabilidad de gestionar la empresa pública. Además, no se pueden comparar, porque no son homogéneas, una serie de empresas de aquel entonces con otra serie de empresas de ahora. Algunas están y otras ya no están en el INI. ¿Por qué, señor Prada? Usted lo ha dicho de una de ellas, Corporación Siderúrgica, lo que pasa es que se le ha olvidado decir que eso fue obra del anterior Gobierno. Corporación Siderúrgica es una empresa que antes evidentemente tenía una capacidad de empleo que usted podría considerar en esos parámetros, pero es cierto que esa empresa empezó a dar beneficios con el anterior Gobierno. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Señor Cuevas, le ruego vaya concluyendo.


El señor CUEVAS DELGADO: Sí, señor Presidente.
Explique eso, que no es así. Usted sabe perfectamente que en 1995 había ya 3.000 millones de beneficios de Corporación Siderúrgica. Yo no estoy de acuerdo con la explicación que usted ha dado de que había ya un sentido de privatización de esa empresa o de una parte de esa empresa porque, en la anterior posibilidad de enajenación de los bienes de la agencia, tenía que estar tres años dando beneficios para pasar a la SEPI.
Lo que sí podía haber eran negociaciones para la introducción de algún socio en una parte de las empresas que participaban en la Corporación Siderúrgica. Eso sí es perfectamente posible, pero, desde luego, no obedece a esos criterios.
Por cierto, hay una cosa muy importante en lo que usted acaba de decir en relación con la Corporación Siderúrgica. Ha dicho que puede entrar un socio con un porcentaje determinado de acciones o bien puede haber un canje de acciones por el que la Corporación Siderúrgica pueda participar en otra empresa. Si esto se hace así, no solamente no habrá ninguna posibilidad de ingreso --de los que ustedes tienen tantas previsiones--, sino que, además, creo que esto no es ninguna posibilidad lógica. No tiene ningún sentido que la Corporación Siderúrgica tenga un 5 por ciento de Usinor, que no pinta absolutamente nada, cuando Usinor sí tendrá la mayoría de las acciones o la posibilidad de controlar Corporación Siderúrgica. Creo que si ustedes hablan de un socio tecnológico tienen que buscar un socio tecnológico; si buscan un socio que tenga mercado, busquen un socio que lo tenga. Pero no creo que eso sea una posibilidad, por lo menos no estamos de acuerdo con esa posibilidad.
Hay otro tema más, pero no sé cómo estamos de tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE: Ha superado ampliamente el tiempo. Además, queda todavía la intervención de la señora Cánovas.
Le ruego concluya, por favor.


El señor CUEVAS DELGADO: La señora Cánovas va a intervenir muy poco tiempo, no se preocupe.


El señor VICEPRESIDENTE: No estoy preocupado. Simplemente le digo que concluya.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Perdón, señor Presidente. Sólo una cuestión para retomar el debate. Aquí hay portavoces de los otros grupos, y usted mismo fue testigo, que conocen lo que se vino a denominar total generosidad por parte de la Mesa para un debate de las características del que tenemos hoy, en el que no podemos atosigar al Presidente de la Agencia, que tan dispuesto ha venido a informarnos de todo, a pesar de que los grupos hagamos el esfuerzo de concentrar nada más y nada menos que seis comparecencias. El propio Presidente, lamentablemente hoy ausente, vino a comprometerse a que en absoluto habría limitación de tiempo. Con esto no quiero decir que nos vayan a dar aquí las uvas, pero sí que en ese sentido no haya una consideración tradicional de los tiempos. Pediría que hubiera ese compromiso que se asumió en Mesa y Junta de Portavoces, y que el propio Presidente, que en este momento ejerce magistralmente el orden, lo recuerde y lo asuma.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Creo que esta Presidencia está siendo suficientemente flexible. Pero también he dicho al principio de las comparecencias que la premura con la que se fijó el orden del día dio lugar a que tanto el anterior compareciente como el actual tuvieran también una serie de compromisos adquiridos con anterioridad. Lo he dicho al principio y he rogado

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la mayor concisión, que sigo rogando. Ello no quiere decir que cada uno no haya podido exponer lo que ha querido, como es notorio.
Le ruego una mayor concisión y que vaya concluyendo, señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Sí, señor Presidente, yo creo que estoy siendo demasiado conciso, pero a veces, por algunas caras que veo, parece que habría que explicarlo más, y no sé cómo se puede ser conciso y a la vez explicarlo.
El tema astilleros. Ha hablado usted de la contestación social de Astilleros, y yo creo que ya no es posible hablar de eso, porque ya estamos en otra historia. Para Astilleros vale lo mismo que le he dicho para otras empresas, pero aquí sí hay un matiz, porque usted ha dicho que había un plan gestado que cuando ha llegado no le gustaba. Es perfectamente razonable.
Ahora, ¿hace falta un año para definir otro plan? Porque todavía no tienen ninguno alternativo a ese que no le gustaba. ¿Hace falta un año? ¿Por qué no han sido tan diligentes como con la televisión digital, decreto incluido? A lo mejor es porque Astilleros es un problema que afecta a la sociedad. La televisión digital afecta a otro tipo de sociedad. No nos diga más que va a esperar otro año para hacer un plan para Astilleros.
Díganos aquí si en este año que ustedes llevan gestionando Astilleros hay más carga de trabajo. Díganos qué sistemas se han introducido en cada centro de trabajo, como usted ha dicho y a mí me parece correcto, para ver la evolución en cada uno de ellos y mejorar la competitividad. Digan qué medidas se están tomando para hacer que el sector público (y usted ha reconocido que los Astilleros pierden prácticamente casi todo, pero que es un sector que no tiene por qué desaparecer, o al menos yo he creído entenderlo así) pueda seguir siendo viable.
Ha hablado de cómo están las negociaciones con la Comunidad. ¿Cuál es el argumento que ha hecho cambiar a la Comunidad? ¿Van ustedes a aceptar una rebaja en la capacidad de carga de la empresa? ¿Van ustedes a aceptar una rebaja de 30.000 toneladas o no la van a aceptar? Porque en la anterior legislatura hay ejemplos en el «Diario de Sesiones» diciendo que nosotros íbamos a aceptar una rebaja de la capacidad instalada. Dígalo, no se lo calle aquí. Ahora, cuando tenga la oportunidad de contestarme, diga sí o no. Han cambiado de opinión porque somos magníficos explicando cómo tienen que resolver los problemas del sector naval en nuestro país.
Sobre Bazán dice usted que no había carga de trabajo. Le recuerdo que el programa de la fragata se aprobó con el anterior Gobierno socialista.
Había dotación en los presupuestos de 1996, que su Grupo no votó, y no fueron aprobados, y por eso no fue posible incluirlo ese año. Ustedes lo que han hecho ha sido recoger ese fruto (Rumores.) Hay que ver no, eso es exactamente así. Es un programa que tiene tiempo de gestación, tiene también la decisión presupuestaria de invertir en eso, estaba prevista la inversión, no se pudieron aprobar aquellos presupuestos y no se hizo. En estos presupuestos seguramente hay posibilidad. Ahora está el programa de las fragatas, pero en todo este tiempo podía usted haber adelantado algo.
¿Se va a diversificar el contrato de las fragatas en los centros de trabajo? ¿Se va a repartir la carga de trabajo, o no? En fin, se podían comentar algunas cuestiones más, pero yo creo que no merece la pena, porque no hay tiempo para ello, y creo que es más interesante centrarnos en lo que yo pienso que es la cuestión fundamental, que es la filosofía con la que ustedes encaran las privatizaciones. Hay una diferencia fundamental en lo que el Gobierno socialista hizo durante tiempo y estaba culminando, como era conseguir que un sector público potente, saneado, fuera motor de la industria en este país, con la participación privada necesaria. No hace falta tener el 51, ni el 60 de una sociedad para seguir teniendo presencia en sectores estratégicos, que además, como en el caso de las empresas que usted y la SEPI incluyen, tienen una capacidad de generar nuevas actividades en sectores adyacentes. Eso no tiene nada que ver con el programa de privatizaciones. Tampoco tiene nada que ver con la forma en que eso se estaba llevando a cabo. Le he citado antes un ejemplo de cómo estaban previstas las cosas. Pero es que además ustedes han iniciado y han puesto en marcha un mecanismo donde la transparencia no tiene absolutamente cabida.
Usted explicaba en el Senado cómo era esa proceso. Hay una primera parte en la que los presidentes de las tres sociedades, la nueva que se ha creado --la de participaciones patrimoniales--, la SEPI y la Agencia Industrial, forman el primer núcleo de decisión sobre las empresas a privatizar. Después, hay una segunda fase que se remite al Consejo Consultivo de Privatizaciones, consejo que sigue siendo fantasma porque no tiene traducción en el «Boletín Oficial del Estado» --dicen que también mutilado--, que ya está empezando a cumplir sus funciones, pero no las que ustedes dicen, sino las que realmente cumple.
Ustedes, para ese proceso de privatización, necesitan dos cosas: primero, que no sea transparente, por mucho que digan que es transparente, y, segundo, poner de acuerdo a todos los grupos económicos afines para que en ese proceso no haya ningún problema. Ese es el papel que interpreta el Consejo Consultivo de Privatizaciones. Si no, ¿cómo es posible que dos miembros de ese consejo, cuando han hecho el segundo informe, referido a Telefónica, estén ya en el consejo de administración de Telefónica? ¿Cómo es posible, siendo tan independiente, que el presidente de ese consejo tuviera que abstenerse en esa votación que hubo, por supuesto reñida, para decidir cómo se hacía el informe para privatizar una sociedad? De independiente nada, señor Prada; de independiente nada. Y dentro del aparato del Estado o de los estamentos del Estado tampoco, está de forma colateral, pero tiene una función decisiva y no precisamente --creo yo-- para evaluar lo que le he dicho antes: si una empresa puede servir de motor para el sector público. Lo que hace es, simplemente, decir en qué momento y de qué forma se vende y, desde luego, ahí se pueden hacer muchas interpretaciones. Si hubiera transparencia, no tendríamos que hacer ninguna, pero si no la hay, tendremos que hacer algunas, porque, a lo mejor, el momento no es el mejor para los intereses públicos y el

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precio tampoco, aunque también es cierto que usted ha dicho que el precio es lo de menos en esto de las privatizaciones. Si el precio es lo de menos, ¿qué es lo de más? Si el precio es lo de menos, si el comprador o los compradores no se conocen hasta que no se ha hecho la venta, si el proceso y los informes que se emiten tampoco se conocen, ¿qué es lo de más? Pues lo de más es lo que yo le estoy diciendo: que ese proceso de privatizaciones va a conducir a esquilmar el sector público en unos años, y las empresas que no son susceptibles de privatización --como usted ha dicho, por una razón fundamental: que no hay quien las compre-- las pasan ustedes a la Agencia, que ya empieza a funcionar como el antiguo INI.
Ustedes están resucitando el Instituto Nacional de Industria hasta tal punto que han hecho una modificación legal por la cual la Agencia Industrial, que antes tenía que sujetarse a la Ley de Contratos del Estado, ahora no tiene que hacerlo, ahora la Agencia Industrial puede contratar lo que quiera, sin necesidad de ajustarse a dicha ley. Y, para parecerse más al Instituto Nacional de Industria, ustedes prevén centralizar las compras de todas las sociedades de la Agencia Industrial.
Eso también lo anunció usted como una novedad que iban a introducir para que el sector público tuviera iniciativa. Así que nos encontramos con que de aquí al 2000 --quizá ustedes prevén que en el 2000 ya no les tocará austedes el problema, sino que se lo encontrará otro-- van a tener a los trabajadores regulados y van a tener unas empresas con magníficas instalaciones, aunque con dificultades. Por ejemplo, Santa Bárbara, evidentemente, tiene un futuro difícil si no se acometen reformas y --seguramente la primera parte era dotarla de tecnología y de maquinaria suficiente, cosa que se hizo, y otra parte era, como usted ha dicho, convencer a los trabajadores y a la parte social de que había que incrementar la productividad--, pero también tiene que tener una cartera de pedidos y un funcionamiento, y no es menor el problema que tiene Santa Bárbara si lo comparamos con el que tenía la siderurgia en nuestro país.
Por tanto --y no me voy a extender mucho más--, esperando que usted me responda a estas cuestiones, termino diciendo que aquí tenemos que hablar con claridad. Ya no es posible mantener más coartadas. Ustedes asuman lo que están haciendo, explíquenlo y si los ciudadanos lo ven bien, perfecto, pero no anden contando con reiteración, hasta la saciedad, la historia de lo mal que se hizo, diciendo que no están haciendo lo que le acabo de decir, que esto es transparente y preguntando de qué nos quejamos. Nos quejamos de que no es transparente y de que no están haciendo lo que dicen, sino todo lo contrario. Esta es la primera comparecencia en la que esto se pone de manifiesto, porque para ello tenía que haber pasado este año y que ustedes no tuvieran la coartada.
Esto, como digo, se pone de manifiesto ahora y, en la próxima comparecencia, lo va a tener usted mucho más difícil.


El señor VICEPRESIDENTE: Teniendo en cuenta que la flexibilidad ha llevado a que el señor Cuevas haya hablado 24 minutos, ruego a la señora Cánovas que sea todo lo breve que pueda.
La señora CANOVAS MONTALBAN: Lo intentaré, señor Presidente.
Señor Prada, quiero agradecer su intervención, pero pedirle mayor concreción respecto a la posible privatización de la Empresa Nacional Bazán. Para ello le ruego escuche un breve resumen de algunos documentos: El 5 de julio el Gobierno contesta a una pregunta de esta Diputada en estos términos: no se plantea la privatización de la Empresa Nacional Bazán.
El 11 de julio, en la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia, el portavoz del Grupo Popular reitera la decisión del Gobierno que preside José María Aznar de no privatizar la empresa de construcción naval Bazán: No sé cuántas veces tendremos que decir esto para que entre en sus entendederas y quede bien claro, pero no hay ninguna reticencia a eso que el Ministro, etcétera... y en aras de la brevedad, paso.
De las declaraciones del señor Alsina en sus comparecencias en el Congreso y el Senado, ni de las suyas propias señor Prada, en ningún momento se ha deducido ni ha aparecido el fantasma de la privatización.
Siempre se ha hablado de viabilidad, de consolidación, de la gran tecnología de esa empresa y del gran orgullo que supone representarla, lo cual compartimos. Sin embargo, ¡oh, sorpresa!, el 12 de febrero leemos en la prensa: La Agencia Industrial del Estado quiere privatizar Bazán en un plazo de siete años. Su Presidente anuncia que esta semana se encargará el estudio de viabilidad de la empresa. Señaló igualmente que todas las empresas públicas, incluidas las llamadas estratégicas en gran medida dependientes del Ministerio de Defensa, serán susceptibles de ser privatizadas. Prada negó la posibilidad de hacer ajustes laborales, pero sí anunció la necesidad de reducir los salarios de los trabajadores. Esas declaraciones, que no hemos visto desmentidas por usted en el mismo diario, han causado una gran alarma en Cartagena, en su comarca y en la región de Murcia.
Posteriormente, se han sucedido una serie de declaraciones, algunas muy encendidas y en aras de la brevedad solamente citaré algunas cosas: los desmentidos de los Diputados del PP que las consideran imprudentes, porque dicen que lo único que crea es una incertidumbre innecesaria. Es más fácil cuando se hacen estos órdagos, y leo textualmente, que el presidente de la Agencia Industrial deje de ser presidente antes de que se privatice Bazán y otras manifestaciones de ese estilo. El dice que no lo ha dicho --esto lo dice el Diputado del Partido Popular--, pero lo cierto es que en otro marco se afirma que en siete años se privatizará Bazán. Esto es ciencia ficción, etcétera. Y así siguen los desmentidos de la alcaldesa, etcétera. Los periodistas llaman a esto por segunda vez.
Los grupos políticos van a la asamblea y de nuevo todos ellos hacen una declaración institucional apoyando a Bazán y entonces nos preguntamos: Ante esta polifonía discordante ¿habrá una tercera vez? ¿No será como en el juego infantil que a la tercera va la vencida? Por eso, señor Prada, le solicito que su voz sea clara y nítida porque Cartagena y su comarca no tienen por qué soportar más incertidumbres. Tenga en cuenta que en

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este caso sus declaraciones han podido seguir la ley física de la palanca: que la efectividad de las fuerzas se ha multiplicado por la distancia, y los desmentidos de los representantes del P.P. en Cartagena, por contra, al ser multiplicado por cero kilómetros, han perdido su credibilidad.
Por ello, le ruego nos diga si la Agencia quiere privatizar Bazán en siete años o en otra cantidad de años. Si prevén reducir los salarios de los trabajadores. Si habrá o no ajuste de plantilla. Si tienen ultimado el plan de futuro o de empresa. Si han encargado --aunque entiendo que a esto parece que ha respondido que sí-- a asesores externos un estudio respecto a este plan. Despéjenos usted de dudas, aclare qué dijo si es que lo dijo, porque a lo mejor no lo dijo, y qué dice ahora ante esta Comisión en el Congreso de los Diputados, porque la Empresa Nacional Bazán es una empresa estratégica que desde que se recuerda ha sido un motor económico y sustento de muchas familias no sólo en Cartagena, sino en la Comunidad Autónoma de Murcia y como usted ha sugerido en su intervención, que incluso no dudó en participar económicamente en la empresa ayudando a su modernización. En aras de la brevedad termino pidiéndole que con su respuesta levante la niebla que envuelve a Bazán y que luzca el sol mediterráneo de la claridad absoluta respecto a las declaraciones del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.


El señor SANTISO DEL VALLE: Nuestro grupo considera que a la hora de agrupar estas comparecencias existe muchas veces la posibilidad de la dispersión y la incapacidad de profundizar en aspectos que nos gustaría conocer con mayor profundidad.
Decía a lo largo de su intervención que había seis aspectos fundamentales que brillaban en la gestión de la Agencia Industrial, citaba el rigor profesional, la transparencia informativa, la negociación con los interlocutores sociales, la transparente participación de las comunidades autónomas, la austeridad en los gastos y la tendencia a la viabilidad de las empresas para su privatización. Hay un apartado en el que es clara la posición de nuestro grupo y es el hecho de no compartir la filosofía de la privatización por la privatización. Creemos que ustedes forman parte de un Ministerio de Industria que hasta el momento no tiene una política industrial definida. Está poniendo toda su carne en el asador para desprenderse, en el caso de las empresas de la Agencia, de lo que interpreta como una carga, y busca mecanismos para desprenderse de lo que considera un problema en un sector en el que algunas de estas empresas tienen posibilidades de diversificar sus actividades actuales y servir de motor dentro de las posibilidades de cada una en algunos de los sectores, como puede ser el caso de Santa Bárbara o la Corporación Siderúrgica Integral, etcétera, para abordar actividades I+D u otro tipo de actividades que por su tamaño tienen unas posibilidades que no se dan ni siquiera en muchas empresas privadas. Son aspectos sobre los que no han explicado suficientemente cuáles son los esfuerzos que, desde lo que todavía queda, se pueden hacer o se están haciendo.
En mi opinión, sigo sin tener información suficiente sobre cuáles son las actividades en positivo, incluso las actividades de viabilidad, planes de futuro, etcétera, y qué se ha hecho a lo largo de este año, aparte de atender los conflictos y de tener que cambiar, cosa que me parece positiva, o rectificar incluso, las primeras intenciones anunciadas en el caso de la Agencia Industrial del Estado.
Hablaba, por ejemplo, de transparencia informativa y que eso había sido positivo. En términos de tácticas de negociación puede ser un mecanismo legítimo y lo es. Es decir, se trataría de plantear una situación tan catastrófica que luego los otros interlocutores entiendan que hay que llegar a un punto intermedio. Si eso era una mera táctica, me parece que fue abusar de esos mecanismos por los titulares que provocaron al inicio de esta legislatura, y que algunos se han citado hace un momento en la intervención, que significó cierta inquietud social en algunos sitios.
En cuanto al diálogo social, es positivo. Me alegro que haya habido acuerdos. Lo que pasa es que no son del todo tranquilizadores, primero porque hay que darle a cada uno lo que tiene. Hay un cambio de actitud también importante, pero vamos ha hablar de lo que más se ha visto que es el tema de la minería. Ese cambio de actitud se produce forzado porque toda una región como ha sido Castilla y León se tira a la calle, incluso con los Diputados del Partido Popular a la cabeza. Me alegro de que eso haya provocado un cambio de actitud, se esté negociando y que el viernes, por ejemplo, haya una reunión importante para estudiar el sector del carbón, al mismo tiempo que un mediador ha tenido que desautorizar, entre comillas, a su propio ministro para intentar tapar lo que se podía convertir en un conflicto social muy serio. Me alegro de que esas rectificaciones se vayan produciendo, pero creo que los interlocutores sociales, incluidos los empresarios de León, han tenido mucho que ver en ese cambio de actitud a priori.
En cuanto a la comunicación transparente con las comunidades autónomas, forma parte de esta misma discrepancia que es legítima. Me parece positivo que las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por el partido que sustenta al Gobierno, discrepen del Gobierno. Prueba de ello es que, por ejemplo, en los avatares que puede sufrir la privatización de la Corporación Siderúrgica Internacional hay una discrepancia importante entre los criterios que usted a priori ha definido aquí, aunque no los ha explicado muy bien, y luego hablaré un poco de la CSI; es decir, qué participación pública va a quedar dentro de la CSI. Usted ha hablado de desprenderse, si puede ser, de un 20-30 por ciento a esta especie de socio europeo, pero no ha hablado de algo importantísimo, como es saber qué participación pública va a quedar y, por lo tanto, qué capacidad tendrá nuestro país para ser determinante en la gestión de la CSI, no vaya a ser que nos convirtamos en meros instrumentos de otras estrategias de multinacionales ubicadas fuera de nuestro país.
En cuanto a otras cosas, ustedes las convierten en acto de fe. Quiero creer que ha mejorado la austeridad en los gastos y el rigor profesional en la gestión, pero quiero hacerle

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una crítica genérica. La información consiste, entre otras cosas, en remitir a esta Cámara puntualmente lo que usted mismo se comprometía el 26 de septiembre de 1996: que este Parlamento tendría información puntual. Su ministerio, al que pertenece la Agencia, creo que es el que menos documentos nos envía, sobre todo de política industrial. Y voy a ponerle un ejemplo, tonto si quiere: ni siquiera el acuerdo firmado con los sindicatos nos lo han remitido ni a los portavoces ni a los Diputados de esta Cámara. No hay ningún problema porque los sindicatos lógicamente nos los remiten, pero no es el procedimiento lógico. Hubo un caso en el que ustedes pudieron presentarnos un acuerdo con los sindicatos, y lo lógico hubiera sido que siendo un acto significativo, en un conflicto significativo, remitírnoslo a esta Cámara para poder tener información por la vía normal.
Esto es extensible también a los procesos de privatización y a muchas cuestiones que están gestionando. Al final le vamos a pedir que nos mande la misma documentación que entregan a los medios de comunicación. Eso evitaría tenerles que preguntar después sobre titulares que probablemente distorsionan la información que ustedes entregan directamente a los medios de comunicación especializados. Esto creo que es una fuente de conflictos entre grupos políticos, porque tenemos que interpretar lo que el periodista escribe y no lo que probablemente han remitido de forma puntual a los medios de comunicación. Si no quieren enviarnos otra, al menos envíennos esos mismos documentos que me consta que ustedes entregan sistemáticamente a los medios de comunicación. No le voy a pedir que nos manden las filtraciones porque sé que eso lleva otra gestión más complicada. (Risas.) Yendo al correlato que usted ha hecho y sobre el tema Hunosa-Figaredo, creo que no nos han aportado, ni siquiera por escrito, de vez en cuando, algunos datos significativos de la evolución.
Tenemos que enterarnos siempre por la prensa de si hay o no desviaciones en el cumplimiento del contrato-programa, de qué tipo, por qué y, sin embargo en la prensa salen informaciones que luego son desmentidas o corregidas. En el caso concreto de Hunosa han salido recientemente sobre si había problemas de absentismo o de otro tipo. Usted no nos ha informado, ya que faltan nada más que once meses para que termine el contrato-programa, sobre cómo está realmente la empresa.
Sobre la CSI nos ha dicho que hay una oferta plural, estamos cansados de leer en la prensa de si va a ser Usinor u otro tipo de grupos. Díganos al menos qué grupos han tomado alguna iniciativa de contacto con la Agencia Industrial del Estado para saber de quién estamos hablando y tener algún tipo de información de primera mano y no tengamos que comprar «La Voz de Asturias» u otro tipo de periódico, que no sabemos qué fiabilidad tienen.
Estos datos me consta que en muchos casos proceden de su departamento.
Díganos con quién se ha puesto en contacto y haga una primera evaluación que no ponga en riesgo, por supuesto, el proceso en que están embarcados.
Nos interesa mucho saber cuáles son y cuál va a ser el criterio que se va a tener al final. Por informaciones de prensa sabemos que habrá una salida de la Corporación a bolsa, pero queremos saber en qué porcentaje, qué porcentaje va a quedar, si hay programados distintos plazos y si el objetivo final es desprenderse del cien por cien. Nosotros seguimos insistiendo en que tiene que haber una presencia pública significativa en la Corporación Siderúrgica Integral y que hay que tener mucho cuidado en no convertirnos en instrumentos de estrategias de otro alcance de multinacionales. Esto no le corresponde a usted, pero en una próxima comparecencia sobre la SEPI hablaremos por ejemplo del aluminio, ya que nos preocupa en qué manos puede caer, sobre todo por lo que usted decía: mantenimiento de empleo, de actividad y por entender que es un sector que tiene todavía un papel muy importante que jugar, fundamentalmente en el caso concreto de regiones como Asturias o País Vasco, después de todos los procesos traumáticos que ya han sufrido.
En cuanto a Astilleros Españoles hay una cosa en la que podemos coincidir, que debemos conocer la evolución de los astilleros uno por uno y no entremos en una especie de ceremonia de confusión, que sería malo para todo el grupo de Astilleros. No creo que sea necesario ir a la separación jurídica de las empresas, pero sí al menos a las unidades de gestión independientes, que ya se han utilizado en otros sectores. Por tanto, estamos de acuerdo en conocer individualmente y por comunidades cuál son la actividad, los ingresos y los gastos, es decir, poner todo en una cuenta de resultados propia de cada astillero, pero tenemos dudas de si para eso sería necesario ir a una separación jurídica del sector.
En el caso de la Corporación Siderúrgica Integral entendemos que hay una unidad de empresa y, por tanto, estamos de acuerdo en que se haya reforzado. Hay que decir lo que es bueno y lo que no, los pros y los contras de las actuaciones. En ese caso estamos absolutamente de acuerdo en que la Corporación Siderúrgica Integral es un todo indivisible y que, por tanto, es una acción correcta en ese sentido. El problema es que si eso termina con la venta total de la Corporación Siderúrgica Integral no estaremos de acuerdo. Es un poco lo que nos pasa en otros sectores, en Endesa, etcétera, donde podemos compartir actuaciones puntuales, pero el problema es cuál es su fin último.
En relación a Astilleros nos preocupa en qué va a consistir este nuevo acuerdo en el que hay que buscar el máximo aprovechamiento de la plantilla, etcétera. Nos preocupa cómo se va a desarrollar ese plan, que al principio parecía convertir a los trabajadores en absentistas o algo similar. Esa fue la primera impresión que dieron --insisto una vez más-- las comunicaciones de prensa que surgían del entorno ministerial. Daba la impresión de que estábamos ante unos trabajadores que no cumplían con sus obligaciones. Creo que eso no es así y que además las empresas tienen mecanismos de gestión para optimizar los recursos humanos que tienen y para evitar eso. Yo creo que la primera responsable de una situación de ese tipo es siempre la dirección de la empresa, que ha de tener mecanismos suficientes para gestionar sus recursos humanos. Nos preocupa que eso se pueda convertir en algún tipo de medida que genere conflictos en el sector.


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Por último, me voy a centrar en Santa Bárbara. Nosotros nos alegramos de la rectificación de las primeras medidas que se anunciaron. Se llegó a hablar de la posible quiebra, si no había otra solución, a fines del ejercicio que ha terminado y del cierre concreto de Oviedo o de Murcia.
Nos sigue preocupando, porque consideramos que estamos en una situación muy similar a la que existía antes del acuerdo. Creo que se ha ganado tiempo y que eso es positivo porque relaja la tensión social, pero afecta a trabajadores que en algunos casos llevan muchos y largos meses en regulación de empleo, demasiados años ya sin actividad laboral, lo cual perjudica a la propia formación y supone un deterioro del capital humano que tiene esta empresa. Por lo tanto, bienvenido sea el acuerdo en lo que supone de ganar tiempo en cuanto a revisar los planes posibles y a algo que siempre dijo Izquierda Unida, que una de las bases fundamentales de salida era que el Ministerio de Defensa tomara conciencia de que aquí había una empresa que podía realizar una actividad importante y que con medidas de acompañamiento podíamos solucionar que nuestro ejército no dependiera en todo de tecnología externa, que al menos el montaje de aquellos elementos que se pueden hacer se realizaran en las factorías de Santa Bárbara y, que por tanto, era vital. Que ahora parezca un gran avance que el Secretario de Estado de Defensa visite la fábrica Santa Bárbara dice muy poco en favor del Ministerio de Defensa, porque parece que en el año 1997 no conoce qué tecnología o qué centros de producción tiene Santa Bárbara. No sé si es culpa de los actuales o los anteriores, pero da la sensación de que el Ministerio de Defensa llevase varios años sin conocer la existencia de Santa Bárbara. Ese acuerdo es válido para salvar una situación puntual, pero se necesita a muy corto plazo que se sepa adónde va Santa Bárbara, cuáles son las actividades que va a desarrollar y, en especial, los centros que inicialmente estaban considerados como susceptibles de ser cerrados. Creo que hay dos o tres centros que siguen teniendo una enorme preocupación. Básicamente son los de Murcia, La Coruña y Oviedo. Querríamos saber cómo se va a abordar esa situación. Insisto en que hay una serie de informaciones que si ustedes nos hubieran enviado nos habríamos ahorrado algunas de las preguntas.
Termino por donde empezaba. A mí no me gusta dedicarme a crispar las intervenciones de las comparecencias. Insisto en que ha pasado mucho tiempo y que tenemos una escasa información.
En cuanto al proceso de privatizaciones, quiero referirme a algo que ya se ha dicho. Algunas de las actuaciones del Consejo Consultivo de Privatizaciones, así como algunas situaciones que se están dando, pienso que son impresentables. Que un consejo de privatizaciones se autorregule sus incompatibilidades no pasa en ningún país. Creo que es un mal camino y que, en todo caso, a los consejeros que quedan habría que preguntarles, antes de seguir haciendo informes, si tienen gran interés en continuar en esa actividad o si prefieren otro tipo de actividad empresarial. Dado el volumen de privatizaciones que va a haber, se evitaría que se repitan situaciones como el hecho de que más que un verdadero consejo de privatizaciones parezca una oficina de colocación de altos cargos.


El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Grupo Mixto y Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Peón.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, creo que me corresponde intervenir primero.


El señor VICEPRESIDENTE: Unas veces vamos de menor a mayor y otras de mayor a menor.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Ese no es ningún criterio. O se empieza por el grupo de la oposición y se acaba por el que sustenta al Gobierno o no sé qué clase de criterio es. Lo digo porque me parece anormal. Es la primera vez que pasa.


El señor VICEPRESIDENTE: Las dos comparecencias anteriores habían sido solicitadas por el Grupo Socialista y por Izquierda Unida. Por eso les di la palabra a ellos dos. Se puede hacer de menor a mayor o viceversa.
Empezamos con el Grupo Popular y tiene la palabra el señor Peón.


El señor PEON TORRE: Acabada esta cuestión de procedimiento, voy a ceder la palabra a mi compañero Arsenio Fernández de Mesa, que va a hablar del tema de Bazán y Santa Bárbara específicamente, porque tiene que ausentarse, y después haremos una valoración general sobre lo que ha expuesto el compareciente señor Prada.


El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo, señor Peón.
Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente de la Agencia Industrial del Estado, por su comparecencia.
Entiendo sinceramente que las cosas están cambiando. De lo que no cabe la menor duda es de que los criterios que ha introducido este Gobierno en términos generales, el Ministerio de Industria en lo que le compete y la Agencia Industrial del Estado en las empresas de la misma, están empezando a cambiar la tendencia que venía produciéndose desde años anteriores, gobernara quien gobernara.
Algún punto de referencia habrá que tener. No vamos a estar permanentemente acudiendo al pasado. Ni siquiera me parece lógico que se acuda a 1982 para justificar la situación que se hereda por parte del Partido Socialista para justificar la que entregan en el año 1996. Están en su legítimo derecho de hablar siempre de la herencia recibida en 1982.
Nosotros no vamos a hacerlo, pero sí habrá que partir de una situación base: los términos reales y concretos en que se encuentran determinadas empresas de la Agencia Industrial del Estado y sobre las que su Presidente ha hablado aquí esta tarde.


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Señor Presidente, nosotros nos alegramos de que la Agencia Industrial del Estado y este Gobierno hayan sido capaces de profundizar en el diálogo social, algo que gobiernos socialistas fueron incapaces de realizar, y mucho menos en los temas de Santa Bárbara, de Bazán o de Astilleros Españoles. Ha habido que llegar a laudos de colegios arbitrales porque no se ponían de acuerdo. Ha habido que llegar a planes estratégicos variados en 24 horas ante la contestación social que se producía con algunos de estos planes. La sección del metal de la UGT llegó a declarar el plan estratégico sobre Santa Bárbara como un delito social. Estas no son palabras que diga el Grupo Parlamentario Popular y que se refieran al Gobierno anterior; estamos hablando de una realidad. Si tenemos una memoria relativamente cercana, hay Diputados que no podemos olvidar lo que ha pasado en esta Cámara durante muchos años. Sin tener ganas de echar absolutamente nada en cara al Gobierno anterior, cuando se refieren a lo que está haciendo este Gobierno --por cierto, lleva usted en su cargo nueve meses y hay que recordar que algunos decretos y decisiones del Gobierno socialista, que han perjudicado gravemente a la economía del país, se tomaron en funciones, después de las elecciones generales del 3 de marzo-- habrá que tener en cuenta cuáles son las medidas que el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Industria y la Agencia Industrial del Estado han venido tomando durante estos últimos meses.
Vamos a partir de datos objetivos en lo que se refiere a Santa Bárbara, señor Prada. La situación real social del plan estratégico del Gobierno anterior era la siguiente, centro por centro. Plan de competitividad, situación de plantillas y futuro de plantillas. Decía: Granada, plantilla actual, 271 trabajadores; plantilla futura, a partir del día 1 de enero de 1997, cero trabajadores. La Coruña, plantilla actual, 293 trabajadores; plantilla futura, día primero de enero de 1997, cero trabajadores. Valladolid, plantilla actual, 210 trabajadores; plantilla futura, 1 de enero de 1997, cero trabajadores. Toledo, plantilla actual, 170 trabajadores; plantilla futura, 1 de enero de 1997, cero trabajadores. Reducción de plantilla, de 3.128 trabajadores, una reducción de 2.170 trabajadores. Esta es una realidad virtual, éste es un documento oficial del Gobierno anterior. No sabemos qué Gobierno, no es responsable nadie de lo que ha pasado en España durante los últimos catorce años. Es un documento del Gobierno anterior. Situación del día 27 de febrero de 1997: no se ha cerrado un solo centro de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Punto y final. El Partido Popular está totalmente convencido de que este Gobierno va a ser capaz, en tan sólo nueve meses, de crear un punto de inflexión tal que va a demostrar a la opinión pública española y a algunos grupos parlamentarios que somos capaces de hacer rentables las empresas del sector público de la defensa.
Es muy fácil decir que la situación heredada, antes de 1982, ha llevado a la situación caótica de 1996, pero la situación, después de diferentes planes estratégicos, es la siguiente. Subactividad en la fábrica de La Coruña, año 1986, el 3 por ciento, el 3 por ciento de subactividad en la fábrica de La Coruña en 1986; habían pasado cuatro años del Gobierno heredado en 1982. Subactividad en el momento de cambiar de Gobierno --vamos a hablar del Gobierno del Partido Popular--, 99,7 por ciento.
Toledo, de una subactividad en el año 1986 del 14 por ciento, subactividad superior al 80 por ciento cuando se produce el cambio de Gobierno. Estos son datos del Gobierno anterior, sea cual fuere. Murcia, de una subactividad del 40 por ciento en el año 1987 y del cero por ciento en 1986, llegamos a una subactividad del 98 por ciento en el año 1996. Granada, de una subactividad del 9 por ciento a una superior al 80, etcétera. La situación, no heredada, la situación con la que se encuentra, regalada del cielo, el Gobierno del Partido Popular en el año 1996, cuando accede al poder, de la Empresa Nacional Santa Bárbara es de quiebra técnica, de cierre de factorías. En el momento actual, nos encontramos ante un proceso de negociación donde no hay previsto el cierre de ninguna de las factorías de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Señor Prada, me alegra saber que el señor Secretario de Estado visita, por primera vez, alguna de las factorías de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Hay que reconocer públicamente que el Ministro de Defensa las conoce todas y ha estado en todas viendo cuáles eran las posibilidades estratégicas de cada una de ellas, desde la fabricación del Pizarro, del Leopard, del Cetme o de la SBB de Sevilla. Por tanto, el Ministerio de Defensa tiene conocimiento exacto de lo que está pasando en la Empresa Nacional Santa Bárbara. Señor Prada, el Grupo Parlamentario Popular le felicita respecto a la Empresa Nacional Santa Bárbara por haber alcanzado un punto de inflexión que hace atisbar a los trabajadores y a las ciudades en las que se encuentra ubicada la empresa que las cosas están cambiando.
En cuanto a la Empresa Nacional Bazán se coge de ese Gobierno etéreo que no era de nadie con una falta total de carga de trabajo. No es cierto que estuviera previsto por el Gobierno anterior la fabricación de las fragatas F-100; no es cierto en modo alguno, no lo es. Se trata de un programa del año 1994 que desde entonces está en stand by y cuya orden de ejecución de 1.800 millones de pesetas pudo haber aprobado el Gobierno del Partido Socialista, puesto que a él se ha referido su portavoz, en febrero del año pasado, pero prefirió aprobar con el mismo presupuesto la orden de ejecución de 6.000 millones de pesetas de los Pizarro en Oviedo, que nos parece muy bien, pero dinero había, programa había, voluntad política de favorecer a la Empresa Nacional Bazán, ninguna. La orden de ejecución de 1.800 millones no se quiso aprobar en 1996 en el Consejo de Ministros del Gobierno socialista; sí se aprobó en el Consejo de Ministros de la segunda semana del mes de febrero la orden de ejecución por valor de 6.000 millones de pesetas de unos carros de combate en Asturias. ¡Oh casualidad!, la circunscripción por la que se presentaba como cabeza de lista el ex Ministro de Defensa socialista. Por tanto, la Empresa Nacional Bazán se encontraba en una situación caótica y afortunadamente, en virtud del acuerdo que alcanzan el Ministerio de Defensa y el de Industria, se ha garantizado carga de trabajo desde 1996 con una importante innovación tecnológica de futuro que hará de la

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Empresa Nacional Bazán una de las empresas número uno en el mundo como exportadores de material de defensa.
Tengo que decir más, en estos dos años valle el Ministro de Defensa y el Ministro de Industria han anunciado el compromiso de este Gobierno para la construcción, en un plazo que ya se está culminando, de una segunda LPD para que dé carga de trabajo estos dos años. A pesar de las fragatas que ustedes iban a hacer, no habían contemplado que habría tres años de época valle en la que habría que empezar con regulaciones de personal que supondrían unas pérdidas mensuales cercanas a los 800 millones de pesetas en la Empresa Nacional Bazán.
Señor Prada, yo no he leído en ningún sitio en España que usted haya dicho que la Empresa Nacional Bazán se va a privatizar, en ninguno, y me remito a la contestación escrita del Gobierno y a la contestación oral del Ministro de Industria y del Ministro de Defensa en el Pleno de la Cámara. Y tengo que repetir que ningún político, ni del Partido Socialista ni del Partido Popular lo ignora. Me imagino que el señor González no será responsable de haber dicho en el seno de una reunión del Partido Socialista que el Partido Popular se había financiado de manera ilegal y, sin embargo, los titulares estarán ahí y tendrá que responder si es cierto o no; me imagino, repito, que el Gobierno no tendrá que estar desmintiendo permanentemente titulares de prensa que en ocasiones obedecen a la verdad y en otras a interpretaciones que se le pretenda dar desde determinados medios de comunicación.
La Empresa Nacional Bazán ha sido catalogada reiteradamente por el Grupo Parlamentario Popular cuando era oposición y ahora cuando es Gobierno como una industria de carácter estratégico de la defensa y como tal la consideramos imprescindible en el sector público. Eso se ha dicho por activa y por pasiva por el Ministro de Industria y por el Ministro de Defensa en sede parlamentaria en preguntas orales y por escrito, como usted muy bien dice, en contestaciones que tiene en su poder.
Señor Prada, quiero terminar no sin antes decir que también en Astilleros Españoles las cosas están cambiando, porque, frente a todas las manifestaciones y revueltas que hicieron cambiar en 24 horas el plan estratégico del Gobierno socialista, y lo recordamos en esta misma sede y probablemente en esta misma sala, ya no sólo hay la previsión de no cerrar ningún centro, compromiso de este Gobierno, no del anterior, que tenía en su objetivo Sevilla; ya no sólo hay el compromiso de mantener todo el personal de los astilleros públicos españoles, sino que además contratamos barcos para que se construyan en los astilleros españoles y no suceda, como hemos tenido la desgracia de ver, que mientras nuestro astillero de Sevilla no tenía una sola tonelada que llevarse a la boca hace cuatro años, Trasmediterránea encargaba la construcción de un buque, por importe de 10.000 millones de pesetas, en Masa-Yard, en Finlandia.
Por lo tanto, celebramos también el nuevo cambio de talante, la nueva visión de futuro del Gobierno del Partido Popular.
Por eso, señor Prada, nosotros creemos que ustedes, de momento, tienen el beneficio y la garantía desde este grupo parlamentario de que las medidas que están adoptando, con las bases que están asentando, por lo menos, con el tiempo, darán sus frutos. No pedimos catorce años. Yo comprendo que el Partido Popular había levantado expectativas inmediatas, pero no se puede hacer menos en menos de un año lo que se ha deshecho en catorce. Nosotros no vamos a pedir catorce años para que se juzgue nuestra labor. Nosotros vamos a pedir, cuando menos, que empiecen a dar su fruto esos diálogos entre las centrales sindicales y la empresa; esos diálogos en los que políticamente no queremos meternos, porque para eso están empresa y centrales sindicales, y esperamos que muy pronto den sus frutos. Por lo menos y de momento, hay paz social y, por lo menos y de momento, hay voluntad, por parte de este Gobierno, de resolver la situación anterior y de enmendar la plana y conseguir un punto de inflexión que haga rentables las empresas del sector público español, en este caso concreto, las empresas de la Agencia Industrial del Estado.
Gracias, señor Presidente de la Agencia Industrial del Estado. Mucha suerte.


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peón, tiene la palabra.


El señor PEON TORRE: Señor Presidente, procuraré colaborar en la necesidad de brevedad para que todos los grupos puedan intervenir y fijar su posición.
Agradeciendo al señor Prada su comparecencia en el día de hoy, tenemos que ratificar las palabras de nuestro compañero en lo que sirven para calificar globalmente las palabras del compareciente. A nosotros nos ha llamado la atención, señorías y señor Prada, que, por fin, en esta sesión se empiece a clarificar ante la opinión pública quién siembra incertidumbres y quién siembra inexactitudes e incorrecciones respecto a la realidad de las intenciones y de los planes del Gobierno, porque, señorías, nosotros hemos encontrado, entre los grupos que pedían la comparecencia --y atendiendo a la explicación del señor Prada, que entendemos que ha sido concisa, ha profundizado en los temas y en cada una de las empresas--, dos posiciones. En primer lugar, la de uno de los grupos que, viendo aspectos positivos en lo que está desarrollando el Gobierno y, en concreto, la Agencia Industrial del Estado, en cuanto a las empresas de la agencia, ve también algunas cuestiones mejorables, como la remisión de más documentos a esta Cámara, y ahí podemos avanzar el intento de atender esas peticiones. Pero ha habido otro grupo que ha planteado sombras de duda hablando de que va a haber regulación de empleo en el año 2000 o que se van a cerrar empresas en el año 2000, que no va a haber trabajo para algunas empresas, que aquí no hay ninguna posibilidad de que se avance en los acuerdos y que no hay planes para la viabilidad de esas empresas. Pero, curiosamente, no ha sido el señor Prada el que ha hecho estas manifestaciones. El señor Prada ha dicho lo contrario. Ha dicho que no se van a cerrar los centros de esas empresas, que se van a mantener planes de viabilidad en cada una de ellas, que no va a haber regulaciones de empleo, que se van a mantener puestos de trabajo. Eso es lo que ha dicho el Gobierno, eso es lo

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que ha dicho el Presidente de la Agencia Industrial del Estado. ¿Quién siembra las incertidumbres? ¿Quién siembra las preocupaciones en determinados ámbitos sociales y geográficos de nuestro país? Desde luego, no es el Gobierno del Partido Popular, señorías, por lo escuchado hoy en la Comisión.
En segundo lugar, se hace el permanente discurso de la privatización como un mal que, de pronto, se ha instalado en las actuaciones gubernamentales desde la llegada del nuevo Gobierno. Pero es que las privatizaciones, señorías --lo estamos diciendo permnentemente--, no son un invento de este Gobierno. El anterior Gobierno --no sabemos qué partido era el que lo apoyaba-- privatizó empresas públicas por importe de 2,3 billones de pesetas. No es un invento de este Gobierno. Lo que ocurre es que ahora sí se está haciendo con un orden, con unos criterios --que ha expuesto el propio compareciente con claridad-- que abundan en la necesidad tanto de mejorar los aspectos macroeconómicos de la economía en nuestro país, como de garantizar precisamente la viabilidad industrial de las empresas afectadas por ese proceso.
Se ha dicho también, por parte de alguno de los grupos --y por eso estamos muy satisfechos de las explicaciones del señor Prada en el día de hoy--, que existía una especie de catástrofe del sector público con las actuaciones del Gobierno. Sin embargo, nosotros creemos, señorías, que de las explicaciones del Presidente de la Agencia Industrial del Estado se deduce lo contrario. Se deduce que lo que eran previsiones del Gobierno anterior de cierre de empresas del sector público, en este momento, gracias al esfuerzo, tanto del Gobierno y de la Agencia Industrial del Estado como de los propios trabajadores, de los agentes económicos y sociales implicados, no se van a producir.
¿Quién llevaba al caos al sector público y quién está salvando lo que quedaba del sector público? Nosotros creemos, señorías, que no es este Gobierno el que está llevando al caos a esas empresas encuadradas actualmente en el sector público, sino que es al contrario, está sacándolas del caos en el que se encontraba. Simplemente, señorías, voy a dar unos datos bastante ilustrativos. En el período de mandato del Gobierno anterior se perdieron en el sector público 70.000 empleos, y se ha hablado del caso CSI como un ejemplo de gestión imputable al Gobierno anterior. Se ha dicho que es una empresa que da beneficios, ahora sí los da, pero en la CSI en el sector siderúrgico con el Gobierno anterior se han empleado recursos públicos por valor de un billón de pesetas, y ese saneamiento del sector siderúrgico, que hay que continuar garantizando su viabilidad industrial con los planteamientos de privatización previstos por el Gobierno, se ha producido además con un importantísimo sufrimiento del nivel de empleo en este sector. Se ha pasado de niveles de 22.000 empleados a poco más de 8 ó 9.000 empleados desde el punto de vista del sector público. Entonces, si somos realistas, si nos vamos a las cifras de verdad que se corresponden con la realidad, no a las palabras del discurso político vacío de alternativa y sobre todo vacío de sentido de la medida al establecer una comparación entre la situación con la que se ha encontrado este Gobierno y la situación actual las previsiones del futuro, a nuestro grupo le produce una enorme satisfacción la exposición del señor Prada al comprobar que aquí lo que siembra incertidumbres y miedos injustificados no son precisamente las actuaciones del Gobierno sino al contrario.
Voy a terminar, señorías, porque hemos intentado colaborar a ese fin de la brevedad, con una alusión final a lo que se refiere permanentemente por parte de algunos grupos en cuanto a la filosofía de privatizaciones, que es un debate recurrente, porque se dice que no hay suficiente transparencia. Lo estamos repitiendo en cada debate en que surge esta cuesitón, hay que comparar, hay que buscar parámetros que permitan analizar si el Gobierno camina en la buena dirección o no, porque hablar de transparencia, hablar de independencia, hablar de neutralidad en todo el proceso como términos absolutos es imposible. Ningún grupo de esta Cámara, tampoco el Gobierno, ha podido encontrar un cauce perfecto para garantizar esos conceptos de transparencia, neutralidada e independencia.
Es imposible la perfección. Habrá que ver si la actuación del Gobierno actual y de la Agencia Industrial del Estado en este momento mejora la situación anterior. Resulta curioso que se califique como situación de especial riesgo o de especial preocupación respecto a la independencia lo que ya se cita en cada intervención sobre algún consejero de Telefónica.
Nosotros ya hemos dicho que, curiosamente, el informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre Telefónica ha sido el más duro desde el punto de vista de la exigencia hacia el Gobierno de todos los que ha hecho el consejo. Luego creemos que precisamente ha sido una muestra de independencia de los integrantes del consejo. Pero también hemos dicho que no entendemos que esa preocupación que ahora se ve en esa incorporación de consejeros a una empresa privatizada no se expresara en la última privatización del Gobierno anterior, que fue la de Sidenor, porque, señor Prada, a nosotros nos gustaría que nos explique cómo valora la agencia y cómo es posible interpretar que los mismos directivos, a excepción de su presidente, de Sidenor, cuando era público, pasaran a ser los mismos directivos de Sidenor privado, es decir, que los mismos directivos que informaron favorablemente sobre la privatización de Sidenor sigan siendo los directivos de Sidenor privado, y, además, reclamen, según ha aparecido ante la opinión pública recientemente, a la Agencia Industrial del Estado por haber sido incumplidas determinadas cláusulas del convenio, es decir, que de alguna manera se autorreclamen los propios directivos de Sidenor, porque siguen siendo los mismos.
Entonces, señorías, insistimos, hay que tener sentido de la medida para comprobar si el Gobierno, en cuanto se refiere a transparencia y a independencia, camina en la buena dirección, y nosotros hemos dicho en varias ocasiones que camina en buena dirección, y la palabra hoy del señor Prada en la comparecencia que acaba y que está realizando son buena prueba de ello. Se ha mejorado en cuanto a los cauces. Está el Consejo Consultivo de Privatizaciones, está en marcha la subcomisión de privatizaciones, está la permanente comparecencia de diferentes miembros del Gobierno, desde el Ministro al Presidente de la Agencia, al secretario de Estado, o los propios presidentes

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de las empresas, y el debate permanente en esta Cámara sobre los procesos de privatización, y nada de esto se pudo producir con el Gobierno anterior, incluso se decía por parte de algún interviniente que había una previsión de información de la Agencia Industrial del Estado a esta Cámara similar a la que deben facilitar las empresas que cotizan en bolsa, pero que esa fórmula estaba prevista, no se pudo llevar a la práctica, y nosotros entendemos, como ha dicho el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, que catorce años son pocos y no han tenido tiempo suficiente para que esos mecanismos de transparencia pudieran llevarse a la práctica. Nosotros creemos que en los ocho meses de Gobierno actual se está mejorando bastante en lo que se refiere a la transparencia y a la independencia de los órganos que tienen que influir sobre el proceso de privatizaciones.
Alguna profecía que se acaba de realizar respecto a la próxima comparecencia del señor Prada, en el sentido de que la próxima vez lo va a tener más difícil, seguramente se cumplirá, porque pensamos que la intervención del Presidente de la Agencia Industrial del Estado ha sido concisa. Ha entrado en profundidad a abordar los criterios por los que está desarrollando ese proceso de saneamiento de las empresas públicas dependientes de la Agencia Industrial del Estado, ha garantizado, además, como objetivos irrenunciables de la Agencia Industrial del Estado el mantenimiento de los centros y del nivel de empleo, ha garantizado también como un criterio irrenunciable el diálogo social para llevar adelante las medidas que sean necesarias en ese objetivo de saneamiento empresarial y, desde luego, el Presidente de la Agencia Industrial del Estado tiene todo el apoyo del Grupo Popular para continuar en esa línea.
Por supuesto lo tendrá más difícil en la próxima comparecencia, porque en ésta creemos que la intervención de los grupos, sobre todo de alguno que ha podido tener algo que decir por la gestión del Gobierno anterior, ha sido sinceramente falta de realidad y se ha caracterizado por mezclar todas las cuestiones en un totum revolutum, sin reconocer que, afortunadamente para nuestro país, se está encauzando adecuadamente el problema del sector público que depende de la Agencia Industrial del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Realmente es cierto que, desde el punto de vista formal, la actuación del señor Prada, y en concreto su intervención, no pueden merecer ningún tipo de críticas, pero desde el punto de vista real y sobre todo como Presidente de la Agencia Industrial del Estado me gustaría hacer tres observaciones sobre las dificultades del proceso en el que está inmerso. La primera de ellas es que resulta innegable que todas las empresas que ha enumerado y todos los sectores productivos están gravísimamente afectados --sobre todo de los que voy a hablar--, por un proceso de internacionalización que tiene un doble aspecto; el de la relación institucional y política con la Unión Europea, a la que desgraciadamente se refirió muy de pasada y que debiera ser objeto de un debate en profundidad que nunca se hizo desgraciadamente en las instituciones parlamentarias del Estado español, y cómo se acepta la internacionalización por parte de los gobiernos sucesivos que hubo en España. La segunda cuestión es saber si están interesados en mantener cierto sector industrial público, aunque nada más sea como arma estratégica y como autodefensa o como contrapeso a una economía internacional que realmente cada vez tiene más su control en el exterior de la mayoría de los Estados. Una tercera cuestión que es muy problemática y que subyace en algunas de las intervenciones que hubo aquí, y por supuesto va a subyacer en la mía, es el problema del poder político interno del Estado español, cómo es la dialéctica de este poder político interno y cómo afecta a las cuestiones que ahora estamos debatiendo.
En fin, afortunadamente, como fui expulsado del marco político del Estado, en este acto me voy a dedicar exclusivamente a tirar para casa y vamos a ver qué podemos sacar.
En primer lugar, por lo que se refiere al sector naval, nos gustaría saber, en el caso de Astano y de Barreras, cómo va a afectar la individualización de las empresas del sector naval a ese dúo Astano-Barreras, que tenemos en Galicia ya que, según una información que salió en la prensa que no sé si era veraz, iban a formar un tándem integrándose en un organigrama único de gestión.
En segundo lugar, en relación con el sector naval, ya que tenemos el único astillero que en las negociaciones con la Unión Europea fue expulsado de la construcción de barcos, cómo se come que, no produciendo barcos como la construcción naval convencional, sin embargo ahora sea contabilizado como si construyese barcos, recibiese ayudas a la construcción naval y se le intentasen contabilizar esas ayudas como una pega o un prejuicio a la hora de mantenerlo abierto. ¿Es que los señores de la Unión Europea y el Gobierno español pensaban que se iba a cerrar y ahora que lo ven abierto hay que contabilizarlo con un esquema tradicional la construcción off shore? ¿Qué posibilidades tiene de mantenerse en este mercado off shore de una manera competitiva, manteniendo la plantilla actual? Es de agradecer que se diga que todo el sector naval del Estado español tiene una plantilla tan exigua y tan raquítica que rebajarla sería ponerlo en peligro por falta de masa técnica, tecnológica y masa crítica, lo cual podía ser una evolución desgraciada.
Queríamos saber si en estos debates con la Unión Europea alguna vez el Gobierno actual está discutiendo la cuota de mercado y de producción que nos redujeron hasta límites alarmantes, teniendo en cuenta el punto de partida de una gran potencia en la construcción naval como era el Estado español por la década de los años setenta.
También me gustaría que dijera qué van a hacer para que Imenosa, vinculada a la Agencia Industrial del Estado, y territorialmente en concreto a la puerta de Astano, pueda subsistir en esta panorámica tan problemática que usted pintó.
En relación con el astillero público, que está vinculado a la construcción militar, querríamos saber si ese plan de

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empresa va a contemplar una nueva posibilidad para que el astillero no quede vinculado exclusivamente a la construcción naval militar y a la diversificación real de la empresa, que nunca se acometió con seriedad, ni siquiera en los niveles que se hizo en Cartagena o en San Fernando (Cádiz).
Por fin, me gustaría que nos explicase, porque es un misterio y en qué consiste la fórmula de financiación de las fragatas F-100, porque el montante global del dinero no está en el Ministerio de Industria y tampoco en el Ministerio de Defensa. Cuál es esta forma especial que se ha buscado y por qué se busca esta fórmula y no la de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué está condicionada esta cuestión? En último lugar me voy a referir a Santa Bárbara. Santa Bárbara que truena y esta vez afortunadamente tronó algo, por lo menos en el noroeste de España, aunque no fuera con éxito, pero sí por lo menos con dignidad, y no me refiero precisamente al poder político, sino a un sector sindical que no es de los principales.
En este sentido quería hacerle unas preguntas decisivas. En primer lugar, sabemos que se va a fabricar un nuevo modelo de fusil. Teniendo en cuenta que Santa Bárbara es especialista en armamento ligero, qué factoría lo va a fabricar. En segundo lugar, de las ocho marcas extranjeras que se presentaron al concurso para la fabricación del nuevo fusil, que aparece en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre de 1996, qué marca es la más apropiada para que se le adjudique esta concesión. En tercer lugar, se firmaron unos acuerdos entre la Agencia Industrial del Estado, Santa Bárbara y los sindicatos principales, las federaciones estatales de Comisiones Obreras y de la UGT, ¿qué posibilidad hay de que Santa Bárbara A Coruña siga perteneciendo a la Empresa Nacional Santa Bárbara? En último lugar, si tiene previsto el señor Presidente de la Agencia Industrial del Estado mantener alguna reunión en A Coruña con el comité de empresa de Santa Bárbara para dar a conocer el futuro de la factoría y no dejar solamente estas conversaciones en la correspondiente autoridad política autonómica.
Si es posible, desearía que estas empresas mejoren, pero que no dé tiempo a privatizarlas, porque cuando se intente privatizar después de mejorarlas --puesto que hay muchos años por delante-- existirá otro Gobierno en el Estado español que será más equilibrado en el tema industrial y en mantener un tejido público, que yo creo es fundamental en todo el panorama internacional en que nos estamos moviendo.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE: El señor Prada tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA AGENCIA INDUSTRIAL DEL ESTADO (Prada Gayoso): Señor Presidente, procuraré contestar a las diversas cuestiones que me han planteado los grupos siendo consciente, sin embargo, de que la hora va avanzando y es oportuno no extenderse excesivamente.
Al señor Cuevas le agradezco su preocupación y el interés de sus preguntas. Es realmente satisfactorio ver que sigue con atención la actuación de la Agencia Industrial del Estado y para quien tiene la principal responsabilidad; es, créame, una auténtica satisfacción.
Quiero aclarar una cuestión que se ha manifestado por otros representantes de los grupos y que, probablemente, afecte al funcionamiento burocrático de esta Cámara. Puntualmente todos los trimestres, dentro de los plazos establecidos, entregamos la información que nos exige la ley, que es la misma que se envía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para las empresas cotizadas en bolsa. Desconozco cuál es el flujo de la documentación interna, pero le puedo asegurar (con mucho gusto puedo facilitarles copias de todos los documentos, si no los tiene a su disposición) que en todos los períodos se ha cumplido escrupulosamente y, por supuesto, se van a seguir cumpliendo. Enviaré esa información a S. S. de modo privado, sin perjuicio de que a través de la secretaría procuraré conocer cómo se reparte esta información, porque --reitero-- tengo especial interés en que la transparencia a que antes me refería no quede sólo --como recordaba el señor Santiso, a quien me referiré luego más directamente-- en los medios de comunicación, pues donde cabe residenciarse fundamentalmente esta transparencia es precisamente en esta Cámara.
Hay una serie de manifestaciones, que respeto profundamente, pero que confirman los diferentes puntos de vista que su grupo político mantiene con referencia a estas cuestiones en cuanto a los que mantiene el Gobierno que ahora mismo tiene la responsabilidad de dirigir los intereses de España.
Dice S. S. que la política de privatizaciones se orienta a privatizar todo el sector público. Ya he dicho antes que especialmente para la Agencia Industrial del Estado el criterio de privatización tiene un carácter tendencial; es decir, al reorientar la gestión de las empresas es necesario tener algún elemento de referencia sobre cómo se puede ir comprobando si nos acercamos o nos apartados de un objetivo hipotético, teórico, abstracto, absolutamente alejado de una decisión política que habrá de tomarse en el momento adecuado. Por ejemplo, podíamos haber establecido que el objetivo fuese necesariamente obtener un excedente en términos financieros --beneficios contables--, que fuese la propia supervivencia o cualquier otro criterio, pero se ha adoptado el objetivo de carácter tendencial de la posible privatización. Después de que, en su caso, se hubiesen cumplido esas circunstancias, habría de producirse una especial decisión política sobre que determinada empresa, por haber cumplido efectivamente esos condicionantes anteriores, cumple las restantes condiciones y especialmente la de oportunidad política para iniciar ese proceso de privatización. Por el contenido y por las características de las empresas de la Agencia Industrial del Estado, un número escaso de éstas va a estar en esa situación en el período que con propiedad puede hablar el responsable de la Agencia Industrial del Estado, que es, como máximo, la extensión de la actual legislatura. No es verdad que lleve un año en el cargo, llevo nueve meses; de todas formas algunas veces

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se hace un tanto largo, por eso quizá S. S. tenía razón cuando decía que llevaba tal vez un poco más de un año, aunque no se ha cumplido todavía.
No obstante, quedan muy poco más de tres años; luego me referiré a eso.
Cuando se hace algún tipo de especulación sobre un período tan largo como siete años, no tiene nada que ver con lo que pueda ser un proyecto específico, porque precisamente si reparan en ello SS. SS., siete años será normalmente no del siguiente, sino del subsiguiente Gobierno que tenga la responsabilidad de tomar la decisión, si es que la considera oportuna, de una hipotética privatización. Una cosa es que sea un elemento de referencia temporal, hacia dónde nos dirigimos, otra cosa es que esté ya tomada, y con tanta anticipación, una decisión de esa naturaleza.
Hemos introducido modificaciones legales que ha tenido la Cámara ocasión de discutir, de pronunciarse y al final aprobarlas. Las hemos introducido porque tenemos un especialísimo respeto al texto de la ley. Tiene razón S. S., no se debería haber privatizado ninguna empresa de la Agencia Industrial del Estado porque en la ley precedente --lo he reiterado en mi anterior comparecencia-- parece que se puede interpretar que estaba prohibido. La previsión era trasladar a SEPI las empresas que fuesen viables, después de haberse mantenido tres años en viabilidad. Sin embargo, ese criterio el anterior Gobierno no lo mantuvo con Sidenor, que fue una empresa privatizada absolutamente, con un proceso culminado por la Agencia Industrial del Estado y no se consideró entonces, ni se ha considerado por ahora, un obstáculo que la ley manifestara que si una sociedad estaba en esa situación lo que había que hacer era trasladarla a SEPI.
Es evidente que era un criterio de racionalidad operativa, si lo que se va buscando no es fortalecer un grupo llamado Teneo, cuyo instrumento de gestión es SEPI, en cuyo caso sí tenía sentido. Su señoría se refería antes de pasada a ello; se trataba de profundizar en un sector público empresarial, con plena vocación de permanencia como público, que se podía haber privatizado parcialmente por el método conocido que tenía el anterior equipo y que probablemente no fuese radicalmente reprobable, pero que es diferente del actual y que, como es sabido, era privatizar Teneo por el procedimiento de sacar a bolsa participaciones de ese grupo.
Por eso lo buscado era que aquellas empresas que pudiese añadir valor, prestigio, resultados, porque ya habían pasado al menos tres años en la Agencia Industrial del Estado --esa referencia temporal que se tomaba-- fuesen indirectamente privatizadas por el procedimiento de transferirlas a SEPI, cuyas acciones y cuyo patrimonio se privatizaría de forma global a través de Teneo; procedimiento que, entre otras cuestiones, permitiría mantener un centro de poder, por lo menos paralelo --por usar una expresión coloquial-- al del control político que tradicionalmente ha sido el INI, como S. S. conoce muy bien. Si se mantenía indefinidamente un instrumento como Teneo es evidente que se potenciaba también la subsistencia de ese especial órgano de poder o de capacidad de influencia económica muy relevante que había sido anteriormente el INI.
No pretendemos reinventar el INI, pero tampoco hay que seguir utilizando el péndulo y no es que todo lo que hiciese el INI fuese negativo; de modo que no pretendemos reinventar el INI. Si ése fuese el proyecto tengan seguridad SS. SS. que lo hubiésemos planteado con claridad y con transparencia y sería objeto de una discusión, pero de ninguna manera ha sido ese procedimiento.
En términos de transparencia, como se ha comentado antes, créame que es una preocupación introducir la mayor transparencia posible, pero es verdad que esto es imposible de medir con grados; no se ha publicado por ahora ningún índice para medir la transparencia. Nos esforzamos en ello, pero es posible que haya mejoras y procuraremos introducirlas.
Se ha hecho referencia al convenio marco de la Agencia Industrial del Estado. Es efectivamente un instrumento adaptado a la legislación anterior, que carece de sentido en el sistema actual; la ley se ha reformado para ello y ha sido objeto de discusión ya con ocasión del trámite presupuestario, a que antes he hecho referencia.
No hemos elaborado todavía ningún contrato-programa, que es una de las preguntas concretas --creo haber tomado literalmente su expresión-- porque nos parece que si es oportuno el contrato-programa no hay que elaborarlo, es el resultado de una negociación, de un proceso negociado largo y no es resultado de una imposición, es decir, de una decisión unilateral. Hemos puesto las bases para que mecanismos semejantes sean la guía de nuestra actuación y, por ejemplo, en la Empresa Nacional Santa Bárbara hemos hecho eso. Ese documento, el primero, se ha suscrito el día 23 de enero del año 1997, después de este proceso largo, es un documento de intenciones, de líneas generales entre la Agencia Industrial del Estado, uno de los suscriptores, y las dos principales centrales sindicales. Después, fruto de ese primer documento, se ha iniciado el desarrollo, a través de un convenio ya firmado en el ámbito de la empresa concreta y --cumpliendo todas esas previsiones-- estamos poniendo las bases para su desarrollo. En el día de ayer, y es otra de las previsiones de este documento, se constituyó la comisión paritaria que va a hacer un seguimiento trimestral del cumplimiento de estas previsiones. Tiene un especialísimo interés para la Agencia Industrial del Estado el seguimiento de este asunto; por tanto, encontraremos el procedimiento administrativo para hacerlo.
Tengo interés en que esta Cámara conozca trimestralmente la evolución de esos parámetros que se contemplarán en el futuro de la gestión de la Empresa Nacional Santa Bárbara, porque hemos establecido, de acuerdo con lascentrales sindicales, la oportunidad de que también la opinión pública, y por supuesto esta Cámara, hagan el seguimiento trimestral para que podamos ir analizando tanto la realidad que va teniendo en el tiempo el cumplimiento de los compromisos asumidos como, en su caso, los aciertos o las desviaciones que se vayan produciendo. Por tanto, reitero que encontraremos el procedimiento para hacerlo, pero haremos también partícipe a la Cámara de la información que pretendemos dar. Para ello, estamos en proceso de seleccionar también un consultor externo que nos auxilie,

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que nos ayude profesionalizando lo más posible tanto la propia confección del plan de viabilidad o el plan de empresa de cada una de las compañías, como la manera de establecer esos controles y de hacerlos públicos.
Su señoría comentaba que el Ministerio de Defensa --y lo he entendido como una crítica-- tiene que comprar a quien sea más barato. Eso se lo confirmo absolutamente, y es un criterio que compartimos en la Agencia Industrial del Estado, por eso nuestro objetivo no es que el Ministerio de Defensa, sintiéndose cautivo, compre a una empresa, sea o no viable y cualquiera que sea el precio; nuestro reto es conseguir que las empresas que están bajo nuestra responsabilidad si no son precisamente las más baratas, por lo menos que sean suficientemente competitivas, porque no se trata aquí sólo del precio, sino que hay que combinar siempre, como es evidente, ese coste-prestaciones. Creemos que vamos en la línea de conseguir que estas empresas se acerquen a esos inevitables parámetros, pero, desde luego, no vamos a mantener la línea de que el Ministerio de Defensa necesariamente tenga que adquirir los productos que fabriquen unas determinadas empresas, porque de esa manera no conseguiríamos efectividad en las especialísimas misiones que competen a las fuerzas armadas, ni tendríamos precios competitivos.
Por tanto, ¿cuáles son los criterios esenciales de este plan? Poner los medios necesarios para llevar a cabo una razonable dotación tecnológica, hacer un evidente esfuerzo en I+D en la Empresa Nacional Santa Bárbara y establecer unos mecanismos de control de revisión trimestral para ver cómo nos acercamos o cómo nos alejamos, y esto con un objetivo importante, que es conservar el mayor número posible de puestos de trabajo, pero siendo perfectamente conscientes todos los autores de este plan, es decir la agencia y las centrales sindicales, que posiblemente no puedan mantenerse en esa actividad todos los puestos de trabajo actuales, cuestión que ya habían observado y en la que coincidimos en líneas generales con los anteriores gestores, nos comprometemos por la vía de la negociación a promover otros proyectos de empleo alternativos, y hemos encontrado un cauce --creo que novedoso-- precisamente para pactar también cuándo un proyecto puede ser viable o no. En el anterior período, creo que con la mejor buena voluntad, con la mejor disposición, se ha dilapidado una cantidad muy importante de dinero público a través de Santa Bárbara en proyectos más cargados de voluntarismo que de viabilidad económica; menciono a estos efectos el proyecto DDO, en La Coruña, y el proyecto Surgiclinic, en Asturias, que no han servido a la finalidad perseguida, no han proporcionado al final ningún puesto de trabajo y, sin embargo, han significado la pérdida de miles de millones de pesetas que debían y tenían que haber sido mejor destinados. Pensamos, por tanto, que hay que cambiar el método; hemos cambiado el método y hemos encontrado un procedimiento del que nos sentimos realmente orgullosos.
En cuanto al CSI, ha hecho una breve referencia a que no le parece adecuado el procedimiento de alianza estratégica que he descrito. Tomo nota de su discrepancia, pero mi función aquí es explicar con el mayor detalle qué pensamos hacer. Desde luego, recojo su criterio divergente.
Respecto a Astilleros --reitero que no llevamos un año--, creo que no es muy oportuno entrar aquí en una enorme discusión sobre si es o no adecuado aceptar --valga la expresión-- esa posición de reducir la capacidad en 30.000 toneladas. Me ha preguntado expresamente si vamos a aceptar. La posición actual del Gobierno español consiste en ver razonable esta posición. Tenemos que finalizar esta incertidumbre, tenemos que resolver, de una vez por todas, cuestiones que son complejas.
Déjeme explicarle una cuestión.
Cuando se suprimió el INI y se transfirió el conjunto de empresas a la Agencia Industrial del Estado --lo que justifica que hoy esté aquí, hablando en nombre de esta institución--, yo creo que no se tuvo en cuenta que en los astilleros públicos se iba a producir un efecto especialmente negativo, que es ahora una preocupación añadida, respecto a la Comisión Europea. Antes, el régimen de tributación de las empresas incluidas en el INI se producía en el régimen de consolidación fiscal y, por tanto, las empresas deficitarias, las empresas que tenían pérdidas, como es el caso de los astilleros, recibían una especie de inyección financiera, que se producía en el seno del propio INI y que era el importe de los impuestos que otras empresas que sí tenían beneficios --fundamentalmente Endesa es uno de los casos más conocidos-- hubieran ingresado de otra manera formalmente como impuestos en el Tesoro público.
Al separarse las empresas -- permítame la expresión-- que ganan dinero en un lugar y las que pierden en otro, no hay ocasión de producir esa compensación fiscal y, por tanto, cuando se hicieron los planes que el equipo anterior presentó a la Comisión Europea y cuando después se continuaba en la discusión, resulta que faltaba una cifra importante, una cifra que está en el entorno de los 60.000 millones de pesetas, una parte de los elementos ahora sometidos a revisión.
Hemos desarrollado el máximo esfuerzo en explicar esta situación y, por ello, entendiendo que puede ser una solución razonable a esta cuestión, en la ley conocida como Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado se incluye una disposición especial, en la cual se extiende a todas las empresas (de otra forma no podía ser aplicable al ser considerado como ayuda específica si era una operación sólo para los astilleros) que se encuentren en esa situación, en virtud de una ley, puedan recibir, sin que se considere como tal ayuda, porque es una cuestión totalmente generalizada, la cantidad a que hubiese correspondido esos impuestos que, reitero, antes en el INI, se producían por transferencia interna. Es una cuestión técnica. Creo que S. S., como ha tenido oportunidad, lo conoce suficientemente bien, pero yo pienso que es una cuestión bastante complicada, como conoce también S. S., discutir estas cuestiones con los responsables de la Comisión Europea y quizá no sea imprescindible profundizar mucho en estas cuestiones aquí, que no entraña ningún tipo de opacidad. Vamos a convencer. Hemos avanzado mucho, por lo menos en el nivel de comprensión de esta situación y, sobre todo, hemos ganado credibilidad en cuanto a que vamos a conseguir un objetivo que, en definitiva, es el objetivo esencial: que los astilleros públicos puedan

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ser viables, puedan sobrevivir sin el recurso de ayudas públicas.
En cuanto a su filosofía de las privatizaciones, que ha comentado discrepa, creo que hace muy pocos días se produjo la comparecencia en esta misma Comisión del Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones y entiendo que es más oportuno, habiendo leído el texto de su comparecencia como parece que se anunciaba que se producirá, y es perfectamente razonable que se busque una nueva comparecencia suya, que sea él quien conteste a sus criterios sobre si tiene o no transparencia en su gestión y la oportunidad o inoportunidad de que se autorregule o que sus miembros continúen durante un tiempo o pasen a otras cuestiones.
Discúlpeme, yo no puedo contestarle, porque pienso que no corresponde a mi competencia.
Sí hemos modificado el régimen jurídico, en cuanto al funcionamiento de la Agencia Industrial del Estado, y ya he explicado las razones en una anterior comparecencia; lo hemos modificado para que no sea imprescindible seguir todo el procedimiento, un tanto cargado de burocracia, que implica la legislación de contratos del Estado, porque es complicado llevar a cabo las privatizaciones y los asuntos especialmente complejos con el régimen de publicidad tan grande que se exige en este sistema.
Pretendemos atender al fondo, aunque no sea oportuno sujetarnos a esas formas, y como no queremos incumplir una norma legal, hemos seguido el procedimiento idóneo para ello, que es traer a esta Cámara antes la modificación legislativa y, por tanto, después, sujetarnos a su cumplimiento.
Me gustaría, señor Cuevas, haber dado respuesta a todas sus inquietudes.
Me temo que quede en duda todavía alguna cuestión. Pero desde ahora le aseguro que es una satisfacción para mí comparecer aquí cuantas veces S.
S. o cualquiera de los grupos lo considere oportuno. No me parece ninguna comparecencia más difícil que la anterior.
A la señora Cánovas he procurado contestarle con anterioridad sobre la Empresa Nacional Bazán. También comparto el criterio de que probablemente yo cese en el cargo de Presidente de la Agencia Industrial del Estado antes de iniciar la privatización de la Empresa Nacional Bazán.
El referente es el de que una empresa deba dirigirse a una situación objetivamente, materialmente, profesionalmente, económicamente como si fuese a ser privatizada, pero es evidente que hay que tomar la decisión específica de poner en marcha el instrumento de la privatización, y de ninguna manera se toma nunca una decisión de ninguna especie en la Agencia Industrial del Estado a plazo tan largo como siete años.
He explicado antes por qué la mención de siete años. En el contexto de una reunión con periodistas de información económica, en la que se trataba de explicar la filosofía que regía estas empresas, acaso hice una referencia inadecuada a un plazo. Pretendía indicar que hace falta un número de años demasiado largo, lamentablemente, para que la Empresa Nacional Bazán, sin poner en riesgo ninguno de sus elementos fundamentales, pudiese cumplir objetivamente esa circunstancia de ser una empresa comparable con otra del sector privado y que, por tanto, harían falta al menos siete años. Mi expresión, creo recordar, fue: al menos cinco o siete años serían los que harían falta para poder pensar en eso.
La profesión periodística sabe usted que está muy necesitada de algún titular que llame la atención, y mire con qué eficacia esa comparecencia mía cumplió esa función, porque durante varios días he tenido la oportunidad de desmentirlo específicamente en la prensa o por lo menos de atender a periodistas de su comunidad autónoma que me lo pedían; en la televisión de Murcia lo he dicho expresamente; no he hecho el seguimiento y no sé si se ha recogido así o no. Conozco las reuniones previas y las manifestaciones de la alcaldesa y del consejero sobre ese asunto. Lo he transmitido al comité de empresa. En fin, he dicho por todos los procedimientos que me ha sido posible --espero haberlo hecho una vez más aquí-- que no existe ninguna previsión de privatización a tan largo plazo, que siete años en este contexto es una eternidad.
Al señor Santiso le agradezco tanto sus preguntas específicas como el tono que ha empleado. En líneas generales --lo hemos mantenido en otras ocasiones-- compartimos algunas de sus preocupaciones y algunos de los puntos de vista de su grupo político.
Créame que no planteamos la posibilidad de la privatización de una empresa en la Agencia como desprendernos de una carga. El problema es que sólo nos desprendemos, como es obvio, de las empresas que no son ninguna carga, de las empresas que incluso producen satisfacciones. Le aseguro que tengo con frecuencia más satisfacciones con CSI que con algunas de las otras empresas. Es una satisfacción, sin embargo, ocuparnos de las empresas que están en situación de dificultad.
Ante su preocupación respecto a la información, he reiterado que estamos cumpliendo esa obligación de enviar aquí esta información puntualmente.
Recojo su sugerencia de que lo hagamos, en términos generales, cuando hagamos algún comunicado. Coincido con usted en que las filtraciones es un poco más complicado hacerlas seguir a la Cámara, pero esa función vamos a dejársela a los medios de comunicación, que lo hacen con profusión.
Es cuestión de matices si el abusar de la transparencia causa problemas.
Mantenerse en la satisfacción de contar sólo lo que es positivo no es un criterio que compartamos. Nos sentimos en la obligación de decir lo más posible, tanto lo negativo como lo positivo. ¿Que cambiamos de actitud? Si reconocemos que nos equivocamos en algo, somos los primeros en intentar corregirlo. Pero en cuanto al carbón, que usted ha mencionado, y aunque sólo indirectamente corresponde a la Agencia Industrial del Estado, es decir, sólo en lo que se refiere a unas empresas específicas, no comparto su visión de que se haya producido ese supuesto cambio de criterio forzado por las circunstancias en Castilla y León.
Nunca el Ministerio de Industria cambió su mensaje en el sentido de que se aprestaba a una negociación en profundidad sobre este asunto, nunca.
Desde el primer día se dijo que era necesario afrontar con realismo este problema, que había que negociar, que había que sentarse, y fue el anuncio de ese sentarse a negociar lo que produjo un movimiento en Castilla y León.


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Creo que S. S. conoce algunas peculiaridades de Castilla y León. Déjeme que le recuerde que es paradójico que donde todos tenemos la conciencia de que este problema afecta en mayor medida, que es la comunidad asturiana, no hubo por aquella época esta contestación social. Por tanto, yo creo que habrá que buscar en otro tipo de situaciones, que no son precisamente las más deseables, algunas circunstancias que se producen en León. Es verdad que fue en León, la comunidad autónoma cuyas explotaciones de la minería y del carbón están más cerca, por sus condiciones geológicas, por la organización de sus empresas y por los anteriores cierres que se han ido produciendo, de los parámetros de viabilidad económica que se están barajando. Es, por tanto, sorprendente que este movimiento no se haya visto con tanta preocupación en Teruel, ni especialmente en Asturias, cuando estamos a una distancia tan grande.
Creo que S. S. comparte también alguna de estas preocupaciones.
¿Qué participación pública va a quedar en CSI? Es evidente que hay puntos de vista diferenciados. El modelo sobre el que estamos trabajando en la Agencia Industrial del Estado es el de una privatización del cien por cien de las acciones de la CSI. Es decir, entendemos por privatización el proceso por el cual se transfiere la responsabilidad sobre una compañía al sector privado y, por tanto, el modelo sobre el que estamos trabajando, reitero, es el de la privatización del cien por cien. Por eso no es éste el momento de tomar la decisión sobre el hecho de si puede hacerse en una o en sucesivas veces, y, sobre todo, lo esencial, si es o no oportuno, si es o no conveniente conservar algún tipo de participación en el sector público.
Si le reitero el pleno convencimiento de que control, el que sea necesario, la garantía de los intereses nacionales, la que sea oportuno dar. El Estado de Derecho tiene otros instrumentos mucho más eficaces y también mucho más económicos que el poder que se deriva de un determinado control en las juntas de accionistas de las compañías. Sería verdaderamente problemático que el Estado no pudiese controlar el funcionamiento de las empresas si no fuese accionista de todas ellas. Le recuerdo que uno de los sectores más controlados históricamente en España es la banca y, salvo en alguna ocasión especial, no ha necesitado el Estado tradicionalmente ser accionista relevante de los principales bancos para, sin embargo, conseguir un sistema que quizá ha sido criticado, yo también creo que con justicia, de excesivamente intervencionista, excesivamente controlador en algunos casos. Hay otros métodos alternativos para conseguir eso. En todo caso, corresponde a la Agencia Industrial del Estado preparar técnicamente una decisión que, por las repercusiones que tiene, será objeto de un debate en el Gobierno y oportunamente comunicada y estoy seguro que discutida en esta Cámara.
Yo sé que S. S. comprende la imposibilidad de ser mucho más concreto sobre el proceso de privatización de la CSI. Le puedo confirmar que hay varios grupos interesados, pero, discúlpeme, tengo la obligación legal de mantener compromisos sobre la prudencia o la reserva en este tipo de cuestiones.
Valga, desde el punto de vista político, que es lo que creo que interesa ahora, primero, la información de que hay varios grupos y, por tanto, va a haber oportunidad de elegir entre más de un grupo. Va a haber varios grupos europeos y probablemente va a haber alguno no europeo. No puedo en este momento ser más explícito en esta cuestión.
Se había hecho referencia a si en la Empresa Nacional Santa Bárbara hemos salvado una situación puntual o si simplemente hemos aplazado un problema. Yo creo que, en un asunto de tanta repercusión, de tanta sensibilidad social, bastaría con que existiera alguna probabilidad de que aplazándolo lo resolveríamos para que fuera necesario hacer la prueba, pero no es sólo una mera probabilidad, sino que partimos de la convicción de que, con esos medios, vamos a poder salvar, por lo menos, varios centros de trabajo. Yo no puedo asegurar que vayan a ser los cuatro sobre los que, inicialmente, hay mayor coincidencia en mantener en actividad. Estamos de acuerdo con los sindicatos en que, sobre todo en dos de esos centros de actividad, que serían los de Murcia y La Coruña, acaso la solución --haciendo un esfuerzo especial por mantener los puestos de trabajos; en algún caso, incluso con posibilidades de ampliarlos-- esté en orientarlos, para poder garantizar la supervivencia de los demás, hacia otro tipo de actividades. En el caso de La Coruña, estamos trabajando en una serie de proyectos, de acuerdo con la Xunta de Galicia, para promover varias empresas alternativas, empresas que van a dedicarse a diversas actividades, desde la matricería y procesado de aluminio hasta la producción de elementos de corte de diamantados o la producción de armamento deportivo y, por qué no, con la posibilidad de que también sean productores de armamento ligero para las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estamos trabajando en esa línea y en eso consiste precisamente el acuerdo que hemos suscrito.
Por último, al señor Rodríguez, tras agradecerle sus preguntas y su intervención, voy a tratar de responderle.
La primera pregunta se refería a cómo va a afectar el proceso de filiación que se proyecta para el grupo de astilleros Astano y Barreras.
Esto consiste en extender a los demás astilleros la fórmula que hoy tienen Barreras y Astano. Por tanto, a esos no les afecta de ninguna forma, salvo que los demás pasen a estar en la misma situación, que ha funcionado razonablemente bien como método organizativo en esas dos empresas, en Astano y Barreras.
Compartimos su preocupación por esta situación especial de Astano de que, no haciendo barcos, en opinión de la Unión Europea, deba discutirse algún tipo de ayudas, porque estos instrumentos pueden ser considerados como barcos. La tecnología ha ido avanzando. Hace unos años los sistemas offshore consistían en plataformas, que, en general, eran fijas, mientras que hoy se va a los sistemas de plataformas móviles y, sin perjuicio de que discutamos con plenitud de argumentos jurídicos y técnicos la consideración de que lo que Astano hace últimamente no son barcos de ninguna forma, yo que no soy un experto en barcos --y probablemente usted opine lo mismo--, cuando los miro, pienso que, sin no son barcos, tienen la misma forma.


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Efectivamente, se parecen mucho a los barcos, pero yo creo que en la Comisión están convencidos de que no son barcos, lo que pasa es que se mueven, es que tienen motores, tienen proa y popa y tienen unos sistemas de manipulación de los que también están dotados los barcos. Por tanto, discutir si son barcos que además llevan elementos de procesamiento de petróleo o son elementos de procesamiento de petróleo que tienen que moverse, es una discusión complicada. Creemos firmemente que Astano tiene viabilidad manteniéndose en el sector de offshore, que tiene que profundizar en lo que hoy ya es una realidad, que es una realidad, que es que en ese sector hay una enorme especialización, y hacia eso vamos.
En cuanto a Imenosa, hemos manifestado que la decisión de traspasar la responsabilidad desde el ámbito de SEPI al de la Agencia Industrial del Estado se basa en una apuesta por la viabilidad de esta empresa; es decir, si el proyecto fuese cerrar esa empresa, no hubiésemos abordado el complejo proceso de cambiarla de sitio; para cerrarla, se podía hacer desde Babcock Wilcox, pero, porque pensamos que pueden existir, que tienen que existir condiciones de viabilidad, desde la Agencia Industrial del Estado vamos a hacer un esfuerzo de rigor, de encontrar --eso sí sin concesiones al voluntarismo exagerado-- esa viabilidad. Estoy seguro de que va a ser posible.
El señor Rodríguez plantea la posibilidad de la diversificación en Bazán.
Hemos solicitado la colaboración de un experto independiente, como antes he referido, para la elaboración de ese plan de empresa de Bazán, que intentamos consensuar con los principales interlocutores sociales, fundamentalmente con las principales centrales sindicales. Como estamos en una fase absolutamente preliminar, es prematuro pronunciarme ahora sobre cuál va a ser el contenido del plan, pero sí puedo decir de qué manera vamos a abordar su confección. Más adelante, cuando esto esté suficientemente avanzado, sí podré contestarle.
Me preguntaba una cuestión sobre las posibilidades de la Empresa Nacional Santa Bárbara en La Coruña y cuál es la empresa mejor situada en el concurso abierto por el Ministerio de Defensa. Comprenda S. S. que es algo totalmente ajeno a mi ámbito de responsabilidad. No puedo facilitarle ninguna información porque desconozco esas cuestiones, no es un tema de la Agencia Industrial del Estado. Lo que le aseguro es que la Empresa Nacional Santa Bárbara está muy interesada y hará todo lo posible por estar posicionada con quien sea el elegido para el diseño por el Ministerio de Defensa. Como usted conoce, hay dos fases totalmente diferenciadas: el diseño y luego la construcción material.
He especificado antes cómo se orienta en La Coruña el futuro de la fábrica de armas a través de una colaboración con la iniciativa privada y la Xunta de Galicia, que se va a centrar fundamentalmente en el sector de armas deportivas y también de armamento ligero; por tanto, naturalmente, podrá competir como uno más cuando se abra la posibilidad de contratación, pero es un tema de futuro.
Creo haber dado respuesta a todas las cuestiones que me había planteado, señor Rodríguez.
Siento haberme extendido de nuevo durante tanto tiempo. (El señor Cuevas Delgado pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, a qué efectos quiere intervenir.


El señor CUEVAS DELGADO: Pensaba que habría una intervención más, pero de todas formas quiero intervenir por alusiones, porque aquí se ha producido un uso indebido del Reglamento en estas comparecencias, hemos sido el grupo solicitante de la comparecencia, se supone que los demás grupos fijan posición sobre lo que dice el compareciente y el Grupo Parlamentario Popular en sus dos intervenciones no ha hecho ni una sola pregunta, no han fijado ninguna posición; se han dedicado a atacar a este portavoz y tengo que pedir un turno para responder a tres personas.


El señor PRESIDENTE: Le voy a dar un turno de tres minutos por alusiones, señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: De cualquier forma, yo no tengo ninguna prisa, que conste que la prisa no es de este grupo que ha solicitado la comparecencia.
Quiero decir tres cosas en referencia a las soluciones que aquí se han planteado. En primer lugar, respecto a las manifestaciones y revueltas cuando se presentó el plan de astilleros, no son achacables al Gobierno socialista de aquella época, porque no es cierto que en ese plan estuviera contemplado el cierre de ningún astillero. Fueron unas declaraciones de un miembro de la Agencia Industrial del Estado, como se han hecho otras luego, en el sentido de que si no se cumplían determinadas cuestiones podía llegarse a esa situación. Eso generó manifestaciones y revueltas apoyadas por su grupo. La alcaldesa de Cádiz estuvo en la manifestación cuando se quemó la sede del Partido Socialista en Cádiz. A ver si vamos poniendo las cosas en su sitio.
Se ha dicho que es mentira una afirmación mía sobre que había dotación presupuestaria para el programa de fragatas en los presupuestos de 1996.
Lo podemos comprobar yendo a ese presupuesto y a una enmienda que en los posteriores se introdujo. Además, la misma afirmación se podría hacer en estos momentos, cuando hay una consignación, pero no está la totalidad de lo previsto.
También se ha dicho, en contestación a este portavoz desde el Grupo Parlamentario Popular, que el señor Prada no ha dicho que se va a cerrar en el año 2000. El señor Prada no ha dicho eso, no ha dicho nada de lo que le he preguntado en ese sentido; lo dice el acuerdo al que han llegado. Léanselo y verán que se puede interpretar que si en el año 2000 no hay ninguna posibilidad de acuerdo, o bien se toma otra decisión o se puede cerrar.
En todo caso, y para terminar, señor Prada, le aconsejo que se lea las comparecencias del Grupo Parlamentario Popular en la anterior legislatura. Le servirán para saber que esta oposición que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con aquélla. Ante un acuerdo similar en relación con un plan de prejubilaciones que está contenido en

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su propio acuerdo (no le leo lo que decía el portavoz), era contrario a ese tipo de acuerdos en esas condiciones, basándose en que a esa edad las personas pueden trabajar. Igual que el acuerdo que ustedes han firmado.
Ahora deberían mantener la misma actitud.
También se preguntaba que cuándo iban a producir los astilleros y cuándo iban a fabricar barcos, porque la producción mundial de barcos o la demanda de barcos, la posibilidad de construir barcos se estaba incrementando en todo el mundo. Usted compartirá conmigo que ésa no es una afirmación seria ni en aquellos momentos ni ahora. Por eso comprendo esas dificultades y, dentro de las críticas, no quiero caer en los mismos excesos.


El señor VICEPRESIDENTE: Si nadie desea hacer uso de la palabra, agradecemos al señor Prada su comparecencia y a SS. SS. la intensidad y la calidad del debate.
Se levanta la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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