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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 156, de 20/02/1997
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 156

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENTE: DON JULIO PADILLA CARBALLADA

Sesión núm. 15

celebrada el jueves, 20 de febrero de 1997

ORDEN DEL DIA:

Elección de vacantes en la Mesa de la Comisión. (Número de expediente 041/000012) (Página 4256)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
(Número de expediente 121/000021) (Página 4257)

Comparecencia del señor Director General de Objeción de Conciencia (Lesmes Serrano), para informar sobre:

--Medidas que piensa adoptar para hacer frente a la situación de colapso en el desarrollo de la prestación social sustitutoria. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000374) (Página 4257)

--El llamado plan de choque para la normalización de la Prestación Social Sustitutoria (PSS). A petición del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000395) (Página 4257)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


--ELECCION DE VACANTES EN LA MESA DE LA COMISION. (Número de expediente 041/000012.)

La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Buenas tardes, señorías. Empezamos la sesión del orden del día. Como consecuencia de la renuncia a su condición de Diputado de don Rodolfo Martín Villa, se ha producido la vacante en la Presidencia de la Comisión y por tanto vamos a proceder a la elección de Presidente.
Quisiera decirles que, a petición de muchas de SS. SS., y habida cuenta que a las cuatro y media de la tarde está convocada la Comisión Constitucional y algunos de ustedes tienen necesidad de participar con ella, vamos a procurar hacer la elección lo más rápidamente posible.
Hemos modificado el orden del día, por acuerdo de la Mesa y portavoces, en el sentido de que a continuación de la elección del Presidente, en el supuesto que quedara vacante el puesto de algún miembro de la Mesa, procederíamos a continuación a hacer la elección del supuesto miembro de la Mesa, en el caso de que quedara vacante. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Quiero celebrar la capacidad de presión de la señora Presidenta en funciones y proponer, en nombre del Grupo Popular, a don Julio Padilla Carballada. (El señor Belloch Julbe pide la palabra.)

La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene interés en que conste en el «Diario de Sesiones» el afecto, el respeto y la felicitación a don Rodolfo Martín Villa. Las dos primeras cosas por su actuación como Presidente de esta Comisión y la tercera, la felicitación, por su nuevo empleo público. Esperamos que siga haciendo las cosas tan bien como las hecho en esta Comisión.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Socialista votará también a Julio Padilla.


La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Muy bien, muchas gracias.


El señor GIL LAZARO: Señora Presidenta, como estábamos seguros, porque no podía ser de otra forma, de la especial sensibilidad del Grupo Parlamentario Socialista en orden al reconocimiento de la tarea desarrollada por don Rodolfo Martín Villa, hemos querido que llevaran el protagonismo de esa iniciativa. Se lo agradecemos y nos sumamos a ella.


La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Vamos a proceder a la votación. Se va a llamar a los Diputados a votar por uno de los secretarios de la Comisión por orden alfabético y después se realizará el escrutinio.
Si algún grupo tiene alguna sustitución cuando se produzca el llamamiento, ruego concurra la persona sustituta y diga a quién sustituye.


Por el señor Secretario Segundo de la Comisión se procede a dar lectura de los miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.


Efectuada la votación y realizado el escrutinio, dijo:

La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Por 33 votos a favor y uno en blanco queda designado Presidente de la Comisión de Justicia e Interior, don Julio Padilla Carballada. (Aplausos.) Presidente, puede pasar a ocupar su puesto y dirigir la próxima elección.


El señor PRESIDENTE: Tal y como ha anunciado al comienzo de la Comisión la Vicepresidenta Primera y habiéndose producido una vacante entre los componentes de la Mesa, vamos a proceder a continuación a la elección de Vicepresidente Segundo.
Y como en el caso anterior se va a proceder al llamamiento por el señor Secretario de la Mesa.


Por el señor Secretario Segundo de la Comisión se procede a dar lectura de los miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.


Efectuada la votación y realizado el escrutinio, dijo:

El señor PRESIDENTE: Por 35 votos a favor de los comisionados de esta Comisión de Justicia e Interior y ninguno en otro sentido, queda elegido Vicepresidente Segundo de la Mesa de esta Comisión don Antonio Cárceles Nieto, a quien la Presidencia le ruega ocupe su lugar en la Mesa.
(Aplausos.) Señorías, en primer lugar quiero expresar mi felicitación al señor Cárceles por su elección como Vicepresidente Segundo de esta Comisión de Justicia e Interior.
Y más allá de la mera cortesía, esto es con verdadero sentimiento, quiero hacerles patente a todas SS. SS., que así me lo han manifestado incluso con su aplauso caluroso, mi agradecimiento por la confianza que en mí han depositado. Acepto la responsabilidad que entraña la Presidencia de esta Comisión con el compromiso de ejercerla con imparcialidad, sin adjetivos, esto es con impecable y estricta imparcialidad, seguro como estoy de que la actitud imparcial no es una disposición humana sobre la que filosofar, inaccesible a quienes estamos en la vida política, sino una oportunidad de cultivar y poner de manifiesto con decisiones cabales la propia capacidad de arbitraje.


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Por ello es un buen bagaje, creo, tener presente que como dijo Luigi Einandi, el optimum se toca en la lucha continua entre ideales, ninguno de los cuales puede ser vencido sin daño común; que los únicos límites del debate parlamentario son el tiempo --tirano implacable, al que siempre hay que someterse-- y la cortesía parlamentaria que, como ha escrito un ilustre letrado de esta casa, Luis Cazorla, en su obra relativa a la oratoria parlamentaria, es el aceite que lubrifica la siempre delicada maquinaria parlamentaria, y que del mayor o menor éxito en el uso de ella que depende el orden interno de las Cámaras y la imagen de equilibrio y ponderación que transmiten a los ciudadanos, que tanto influye, en definitiva, en su prestigio. Y que el Reglamento debe ser bien interpretado, atendiendo a lo que antes he dicho, pero teniendo en cuenta el conocido aforismo de John Hutsell de que es más importante el que haya una regla con la que funcionar que lo que la regla misma sea, que significa que el orden en la deliberación es lo primero.
Finalmente, si el precedente, el stare super vias antiquas, es también un buen instrumento para asegurar el acierto, tendré siempre presente todos los que se han ido consolidando con el tiempo. Y al referirme a ellos quiero también dedicar un recuerdo personal a quien ha sido, hasta ahora, Presidente de la Comisión en esta VI Legislatura, don Rodolfo Martín Villa, y también a quienes le precedieron en otras anteriores, con mención de los que siguen perteneciendo a esta Comisión, como es el caso de don Pablo Castellano, don Carlos Sanjuán, don Javier Sáenz Cosculluela y don Javier Barrero López.
Y ateniéndome al primer límite de toda intervención, que es el tiempo, como ya había anunciado, y reiterándoles, señorías, mi agradecimiento, continuamos con el orden del día de la sesión. (Aplausos.)

--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACION Y PLANTA JUDICIAL.
(Número de expediente 121/000021.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a abordar a continuación el debate, en su caso, con competencia legislativa plena de esta Comisión de Justicia e Interior del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.
¿Algún grupo quiere intervenir en relación a este proyecto de ley? (Pausa.) Entonces, sin más, vamos a proceder a la votación de este proyecto de ley, puesto que no hay ningún grupo que quiera intervenir en relación al mismo.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Señorías, queda aprobado por unanimidad el texto del dictamen del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE OBJECION DE CONCIENCIA (LESMES SERRANO) PARA INFORMAR SOBRE:

--MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA HACER FRENTE A LA SITUACION DE COLAPSO EN EL DESARROLLO DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente 212/000374.)

--EL LLAMADO PLAN DE CHOQUE PARA LA NORMALIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA (PSS). A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000395.)

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la comparecencia del Director General de Objeción de Conciencia del Ministerio de Justicia, don Carlos Lesmes Serrano, para informar sobre las medidas que piensa adoptar para hacer frente a la situación de colapso en el desarrollo de la prestación social sustitutoria, a petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Y acumulada a ésta, la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre el llamado plan de choque para la normalización de la prestación social sustitutoria.
Señorías, como ambas solicitudes de comparecencia tienen un contenido que, de alguna manera, puede agruparse en su tramitación, vamos a sustanciarlas en una sola intervención, salvo que alguno de los grupos proponentes tuviese alguna objeción. Por lo tanto, en principio, va a haber una intervención del Director General y luego las que el Reglamento establece en cada uno de los grupos. Naturalmente, en primer lugar intervendrán los solicitantes de la comparecencia y a continuación los demás grupos que quieran intervenir en relación con la exposición que lleve a cabo el Director General, que para desarrollar en esos términos su comparecencia, tiene la palabra.


El señor DIRECTOR GENERAL DE OBJECION DE CONCIENCIA (Lesmes Serrano): Buenas tardes, Señorías. Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión.
Quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Justicia e Interior por la oportunidad que se me brinda en esta comparecencia, la primera ante la Comisión de Justicia e Interior desde que tomé posesión, en el mes de mayo del pasado año, del cargo de Director General de Objeción de Conciencia, para exponer la situación actual de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria, así como las medidas adoptadas para mejorar la gestión de la prestación social.
Espero poder facilitarles toda la información que me soliciten y si no dispusiera de algún dato de tipo estadístico muy concreto lo haría llegar por escrito en el plazo más breve posible a la Mesa.


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En primer lugar deseo destacar lo que son los principios de actuación del Ministerio de Justicia, tal y como ha puesto de manifiesto la señora Ministra de Justicia y el secretario de Estado en su comparecencia ante la Cámara, en relación con la objeción de conciencia.
El primero de ellos es la garantía por parte de los poderes públicos y, en ese caso, por parte del Ministerio de Justicia, del ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia con arreglo a los términos y condiciones previstas en la Ley 48/1984, de objeción de conciencia, así como asegurar el cumplimiento de la prestación social sustitutoria por parte de todos aquellos que ejerciten el referido derecho constitucional con arreglo a lo establecido en la propia Constitución, para que en ningún caso pueda, o en los menos posibles, utilizarse la objeción de conciencia como una mera vía de escape del servicio militar obligatorio.
En cuanto al análisis de la situación, allá por el mes de junio, y realizando un primer estudio de en qué situación se encontraba la gestión de la prestación social sustitutoria en relación a los aspectos más significativos de la propia Ley 48/1984, de 26 de diciembre, así como el vigente reglamento de 1995, es que esta situación, con la que uno se encuentra, no es una situación realmente satisfactoria. Existe a esas fechas, en los meses de abril y mayo, una bolsa de objetores pendientes de realizar la prestación social que ascendía a 130.000 objetores y un tiempo de espera de varios años, en algunas zonas del territorio nacional, para poder incorporarse a realizar la prestación social.
Para llevar a la práctica los principios que hemos enunciado, y que pretenden, ciertamente, normalizar la situación o tratar de normalizar la situación de la prestación social sustitutoria, se diseñan unas medidas, las que se consideran más urgentes, para poder realizarlo. Y entre ellas --y éste es el objeto de la comparecencia-- se elabora un plan, llamado plan de choque para la normalización de la prestación social que fue aprobado por la Ministra de Justicia a finales de julio del pasado año.
El objetivo principal de este plan, como se destaca en el mismo, es eliminar esta acumulación de objetores pendientes de realizar la prestación y garantizar que su cumplimiento sea riguroso y eficaz para la sociedad. En el objetivo temporal se pretende que a finales del año 1998, que es cuando finalizaría el plan de actuación, los objetores de conciencia que no deseen demorar su incorporación a la prestación social puedan comenzar a realizarla en los plazos establecidos reglamentariamente --algo que no ocurre actualmente.
En cuanto a los objetivos anuales de este plan supone la creación de los siguientes puestos de actividad. En primer lugar, como referencia temporal a 31 de diciembre de 1996, tener concertados 90.000 puestos de actividad; a 31 de diciembre de 1997 tener concertados 105.000 puestos de actividad; y a 31 de diciembre de 1998 tener concertados 120.000 puestos de actividad.
En cuanto a las medidas más relevantes de este plan, son las siguientes.
En primer lugar, conseguir un incremento suplementario de un 25 por ciento de los puestos de actividad concertados con las grandes entidades colaboradoras. En segundo lugar, promover conciertos con la Administración del Estado con el fin de que se puedan desarrollar programas a nivel nacional. En tercer lugar, abrir nuevas vías de colaboración y profundizar las ya existentes con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales; celebrar acuerdos institucionales para incrementar la colaboración y ampliar los puestos de actividad dentro de los conciertos ya suscritos con entidades religiosas con implantación a nivel también de todo el territorio nacional, así como modificar el reglamento de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria para adoptar medidas que permitan la creación de nuevos programas, admitiendo, por ejemplo, la prestación social en forma fraccionada.
Además de las medidas indicadas, tendentes a incrementar el número de puestos de actividad para alcanzar los objetivos señalados, existen otras también contempladas en el plan de choque que, entendemos, permitirán reducir la bolsa de objetores pendientes. Entre éstas destaca: facilitar la más amplia información a los objetores, y de forma individualizada, sobre las posibilidades que ofrece la Ley 15/1996, de 15 de enero del Voluntariado, en la que se prevé el reconocimiento de los servicios como voluntario a efectos de la prestación social, así como la posibilidad de introducir también, en el propio texto reglamentario, la previsión de aplazamientos a la incorporación por prórrogas cuando el objetor se encuentre realizando, y así lo acredite en este sentido, servicio de voluntario en una organización que reúna los requisitos previstos en el artículo 15 de la citada ley.
Enunciadas ya cuáles son las medidas más relevantes, vamos a ver qué es lo que se ha conseguido a lo largo de los primeros meses de desarrollo del plan indicado. A 1 de mayo de 1996, los objetores incorporados a la prestación social ascendían a 47.678. Es decir, en ese momento había 47.678 objetores realizando la prestación social. A finales del año, es decir, a finales del año 1996, se ha conseguido llegar a una cifra superior a los 69.000 objetores incorporados a la prestación social, lo que supone un incremento respecto al mes de mayo de un 45 por ciento.
Por otra parte, el número de puestos de actividad para la realización de la prestación social en el mes de mayo era de 72.738, mientras que a 31 de diciembre de 1996 era de 91.601, habiéndose conseguido un incremento del 26 por ciento aproximadamente. Quiere ello decir que el objetivo del plan a 31 de diciembre de 1996 se ha cumplido y sobrepasado en más de 1.000. Y es más, por primera vez se puede afirmar que en el régimen de la prestación social sustitutoria el número de plazas concertadas para la prestación social ha superado al número de objetores de conciencia reconocidos en el año, que fue de 91.204.
Es de destacar, en este momento, que el cumplimiento del objetivo señalado se ha debido a la colaboración de todos, en la medida en que tanto las comunidades autónomas como las entidades locales y entidades privadas han colaborado muy activamente a la creación de nuevos puestos de actividad para los objetores de conciencia.
No obstante, señorías, la bolsa de los 130.000 objetores pendientes de realizar la prestación social impide ciertamente que al día de hoy se pueda considerar que la situación esté normalizada, y desde luego, obliga a esta Administración a continuar en el esfuerzo de concertar nuevos puestos de actividad. Ciertamente, la tarea está llena de dificultades,

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dado que no son igual los incrementos de 15.000 puestos de actividad cuando se parte de 10.000 que cuando se parte de 90.000 y, aún más, cuando lo que se pretende es un incremento selectivo de puestos de actividad en aquellos núcleos urbanos de mayor densidad de población, que es donde el número de objetores de conciencia es mayor.
En cuanto al desarrollo concreto de las medidas enunciadas, y que han permitido la consecución de este objetivo, cabe destacar las siguientes.
En primer lugar, se ha fomentado a lo largo de estos meses la colaboración con otras administraciones públicas. Así, en relación con las comunidades autónomas, se diseñó un nuevo modelo de colaboración que permite a éstas participar de una forma más decisiva y eficaz en el régimen de prestación social, pudiendo asumir, incluso, funciones de planificación y coordinación en los programas de prestación social que se lleven a cabo en su ámbito territorial. Con este sistema se facilita a los objetores de conciencia optar por el puesto de actividad concreto que más se ajuste a sus posibilidades, y a las comunidades autónomas, a su vez, el que puedan asignar objetores a puestos donde más necesidad haya para desarrollar los fines de cada programa. Incluso la misma proximidad a los domicilios puede permitir a los objetores cambiar la asignación del programa de acuerdo con la comunidad autónoma, o bien cuando ésta considere más conveniente realizar el cambio. Pero en cualquier caso, ya no se va a requerir en estos supuestos la autorización previa del Ministerio de Justicia.
Como consecuencia de ello, se pueden destacar incrementos de puestos de actividad como, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración en el sentido indicado, y que dobla el número de puestos de actividad de 1.000 a 2.000; o, por ejemplo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que también, muy recientemente, ha incrementado en 290 puestos de actividad.
Respecto a las administraciones locales que son, como sabemos, las más próximas a los ciudadanos, se han diseñado fórmulas flexibles de incorporación de objetores a sus programas de actividad con el objeto de que puedan dar acogida, sobre todo en las localidades más pequeñas, a sus propios objetores, para evitar que éstos tengan que salir de su territorio a realizar la prestación social. En este sentido se ha producido un incremento de más de 500 nuevas entidades locales que han concertado convenios con el Ministerio de Justicia.
Como logros más destacables en la colaboración con las administraciones locales podemos reseñar el Ayuntamiento de Madrid que firmó, precisamente ayer, un nuevo convenio y que pasa de 200 puestos de actividad a 1.000 puestos de actividad; el Ayuntamiento de Zaragoza que pasó de 35 a 700; o el de Pamplona que ha pasado de no tener ninguna plaza concertada, a concertar 360; también son notables los incrementos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con 300 plazas; el Ayuntamiento de Granada con 202; el Ayuntamiento de Getafe con 200; el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 141; Diputación Provincial de Castellón, con 100, etcétera.
En cuanto a las grandes entidades privadas se han conseguido notables incrementos de puestos de actividad, y merece especial reseña la Cruz Roja Española que para este ejercicio ha incrementado el concierto en cerca de 2.000 puestos de actividad, y se ha conseguido concertar además, con 500 nuevas entidades privadas, puestos para la prestación social.
También se está consiguiendo el incremento selectivo de puestos de actividad. Y así podemos destacar que en Madrid se han creado, a lo largo de estos meses, 3.381 nuevas plazas, en Barcelona, 1.046, y en Valencia 546.
Sobre la difusión del voluntariado, también es una realidad el amplio despliegue informativo, tanto de forma individualizada como globalmente, sobre las posibilidades que ofrece la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, relativas al reconocimiento de los servicios de voluntario a efectos de la prestación social, para lo que, por primera vez, se editaron dos folletos divulgativos, uno sobre la prestación social sustitutoria y otro sobre la objeción de conciencia y el voluntariado.
Igualmente se ha elaborado ya un nuevo borrador del nuevo reglamento, a efectos de desarrollo de este artículo 15 de la Ley de Voluntariado antes citada, sobre el reconocimiento de los servicios voluntarios.
Finalmente, desde la perspectiva de la gestión, se han adoptado diversas medidas que quiero significarles. Por una parte, se efectuó una corrección de lo que era el régimen de vestuario y se ha procedido a la descentralización de la gestión en las delegaciones territoriales de la objeción de conciencia. Se ha cambiado también el sistema de llamamiento a los objetores (era un sistema, normalmente, de llamamiento cuatrimestral, y se ha pasado a un sistema de llamamiento mensual que agiliza notablemente la gestión), y se está procediendo a la automatización en el tratamiento de documentos mediante la incorporación del sistema de código de barras.
Quiero hacerles una mención especial, específica, en el tema del vale vestuario, en la medida que han trascendido a la prensa quejas y protestas en relación con las modificaciones efectuadas, para explicarles las razones de esta corrección. La Ley 48/1984, de objeción de conciencia, establece el derecho de los objetores a prestaciones equivalentes (éste es el término que utiliza la ley) en materia de alimentación, de transporte y de vestuario. Por lo tanto configura la prestación de vestuario en unos términos no de identidad con el servicio militar sino de equivalencia. No obstante, se venía emitiendo desde la Administración unos vales de vestuario por un importe idéntico, y a todos los objetores, con independencia de que éstos precisaran o no de un vestuario específico para realizar la prestación social.
En este mismo sentido, el artículo 53 del reglamento de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, en su número 5 determina que a los objetores destinados se les proporcionará vestuario o equipo especial de trabajo conforme a lo dispuesto en el artículo 60.2. Y en el artículo 60.2 se alude a lo necesario para el vestuario en los casos, forma y condiciones que se establezcan en los conciertos. Con ello queda el pago de vestuario para objetores de conciencia que realicen la prestación social en programas a desarrollar en condiciones especiales, como determinados

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programas de prevención, planes de emergencia local o protección de la naturaleza.
Pues bien, tratando de adecuar la práctica o la actuación administrativa a estas previsiones reglamentarias, que exclusivamente hablan de la prestación de vestuario a través de los conciertos y sólo cuando sea preciso, se publica la Orden ministerial de 26 de julio de 1996 por la que se establece el nuevo régimen de vestuario en la prestación social sustitutoria, y se dictan, a su vez, instrucciones internas para regular el procedimiento de abono del vestuario. Mediante la mencionada orden se acaba con la práctica, antes referida, de la universalización del pago de un vale vestuario, que daba lugar además a irregularidades diversas, y se determina que la prestación de vestuario sólo se abonará a los objetores de conciencia en los casos en que sea necesario para la actividad que desarrollen, de la misma forma que se hace con el transporte o la alimentación. El principal objetivo de su publicación es el cumplimiento, desde luego, del mandato constitucional establecido en el artículo 103 de la Constitución de sometimiento pleno de la Administración pública a la Ley y al Derecho.
Finalmente quería referirme a la descentralización de la gestión. Se ha establecido para ello una red informática en las delegaciones territoriales lo que, además, está permitiendo acercar la gestión a los propios objetores de conciencia y facilitar la necesaria información tanto a los mismos objetores como a las entidades colaboradoras de la prestación social.
En suma, el departamento pretende no sólo garantizar, como se está haciendo, el derecho constitucional a la objeción de conciencia, sino crear las condiciones necesarias para que los jóvenes españoles puedan realizar la prestación social atendiendo a sus preferencias personales, en cuanto a tiempo, lugar y actividad, pero siempre que ello no implique merma de sus obligaciones, y también de acuerdo con las posibilidades permitidas por los recursos disponibles.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Vamos a sustanciar esta comparecencia, iniciando las intervenciones de los grupos que la solicitaron.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor Presidente, quiero agradecer también la presencia del señor Lesmes en esta Comisión. Para nuestro grupo parlamentario es una satisfacción contar con él esta tarde. (La señora Vicepresidenta, Fernández de la Vega Sanz, ocupa la Presidencia.) Hemos tenido oportunidad, en otros ámbitos, de dialogar en relación a las cuestiones relacionadas con la objeción de conciencia y la prestación social y quiero manifestar en el seno de esta Comisión que hemos encontrado siempre en el Director General una muy buena predisposición a la hora de afrontar algunos problemas que a nuestro grupo parlamentario le preocupaban.
He de manifestar también que nuestro grupo parlamentario presentó esta petición de comparecencia por el mes de noviembre, en un momento en el que los medios de comunicación aparecían noticias que hacían referencia a este plan de choque, y que en sede del Congreso de los Diputados no habíamos tenido ocasión de poder entrar en un conocimiento más profundo del mismo. Hoy ya, en el mes de febrero, tenemos esta información sobre el plan de choque, pero también el escenario político en el que se produce la comparecencia es sustancialmente diferente del que era en el mes de noviembre.
El 28 de noviembre el Pleno del Congreso tomó en consideración una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario, con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, que establece la previsión de un escenario diferente en relación a estas cuestiones. Y es evidente también que el tono y los objetivos de la petición de comparecencia por parte de nuestro grupo parlamentario son diferentes. Por tanto, hoy nos movemos en una perspectiva diferente de la que podía haber en el mes de noviembre, en una perspectiva que, a nuestro entender y en función de las conversaciones que están abiertas entre los diversos grupos parlamentarios, nos permite abordar una modificación sustancial en la actual legislación. Por tanto, buena parte de las medidas que el Director General hoy nos ha recordado van a quedar reforzadas o variadas en función de ese nuevo escenario legislativo.
El Director General ha demostrado una prudencia exquisita al calificar la situación en que se encontró el estado de la prestación social a junio del año pasado. Una visión un poco más objetiva de la situación en el ámbito de la prestación social nos permite afirmar que estábamos en una situación casi de colapso. Y no es tanto la valoración política que se puede hacer desde esta Comisión, sino que el último informe del Defensor del Pueblo, cuando analizaba esta situación, lo calificaba de esta manera. Esto no es responsabilidad del actual titular del Ministerio de Justicia ni mucho menos del actual titular de la Dirección General. Esta era una parte de una herencia recibida en este ámbito, que a pesar de los esfuerzos que seguramente se empezaron a hacer en la etapa del Ministro Belloch, lo que es cierto es que las imprevisiones en la etapa inicial de la puesta en marcha de la ley han permitido una acumulación del número de objetores pendientes de hacer la PSS que configuran esa bolsa de cerca de 30.000 personas, que constituyen el principal problema a la hora de gestionar todo este ámbito.
Es cierto, y eso motivó la presentación por parte de nuestro grupo parlamentario de esa proposición de ley, que tan sólo una política que se basase en el estricto cumplimiento de la ley, en la creación masiva de plazas de la PSS, y en la implementación de algunos mecanismos reglamentarios concretos, iban a ser insuficientes para poder resolver buena parte de ese problema. Ahora bien, insisto, la perspectiva de la toma en consideración de la ley crea un escenario absolutamente diferente.
Para nuestro grupo, la comparecencia de esta tarde puede introducir algunos elementos que justifican plenamente el haber recibido esta información y quizá profundizar en alguno de estos aspectos, pero también queremos plantearle al Director General algunas cuestiones que en su primera intervención no han salido.


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En primer lugar, están ya el Ministerio, la Dirección General, el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia aplicando el artículo 15 de la Ley del Voluntariado y se están convalidando ya actividades del voluntariado en relación a la PSS. Nosotros le preguntamos: ¿Qué criterios está siguiendo, hoy por hoy, la Administración para convalidar esas plazas y qué previsiones tiene de desarrollo reglamentario de esta norma existente en la Ley del Voluntariado? Hoy, estas convalidaciones se están haciendo con el único apoyo jurídico de la propia Ley del Voluntariado. Nosotros --y esta misma mañana yo recibía una petición al respecto-- vamos a pedir que se sea estricto en esa convalidación. Hemos de procurar que la convalidación de actividades del voluntariado, a efectos de la PSS, no se convierta en un elemento ni de perversión del voluntariado ni de perversión de la propia prestación social. Ese es el elemento, seguramente, de valoración, a veces compleja, pero, en todo caso, va a ser muy importante que el desarrollo de este reglamento y esta aplicación se haga buscando la máxima complicidad posible con la propia sociedad civil. En el propio trámite de la Ley del Voluntariado, buena parte del mundo no gubernamental expresó dudas en relación a esta cuestión. Yo creo que es una buena solución. Nuestro grupo parlamentario entiende que la convalidación, a efectos de la PSS del voluntariado es una buena solución, pero es evidente que tiene riesgos de perversión. En este sentido, va a ser importante que el Gobierno tome las medidas cautelares necesarias.
En segundo lugar, el Gobierno ha optado, como el Gobierno anterior, como el conjunto de administraciones públicas, por esta creación de plazas para dar respuesta a esa exigencia del cumplimiento de un derecho. El Director General nos comentaba que cuando una Administración pública es capaz de crear mil plazas en su seno, a todo el mundo se nos plantea qué rigurosidad va a existir en relación a aquello que la ley marca, que es que esas plazas de la prestación social no pueden ocupar puestos de trabajo. La vía de las administraciones públicas es la vía que permite, de alguna manera, garantizar la creación importante de plazas, pero es la vía que permite una mayor perversión también de esas propias plazas.
Nos gustaría saber qué criterios tiene el Gobierno para procurar que las plazas que se creen no ocupen lugares de trabajo. Nos gustaría saber si se ha rescindido algún convenio o se ha pedido que algunas plazas desaparezcan en función de que hayan ocupado puestos de trabajo.
Nos permitimos proponer al Director General dos apuntes a título de criterios a la hora de valorar estas cuestiones. En primer lugar, seguramente no va a ser interesante que sean ocupadas por prestacionistas plazas que hasta ese momento estaban ocupadas por personal (ya sea laboral o funcionario), ni mucho menos que en un mismo espacio y para hacer unas mismas actividades coincidan un trabajador de la Administración con un prestacionista. Ayer mismo, por ejemplo, hablando con gente de la Asociación de objetores de conciencia de la Comunidad de Madrid nos manifestaban su preocupación en relación a algunas plazas existentes en la Comunidad Autónoma de Madrid de informadores juveniles.
En una mesa estaba sentado un informador, funcionario de la Administración, y en la mesa de al lado, haciendo los mismo trabajos, un prestacionista. Ahí creemos que el Gobierno ha de ser riguroso.
Tercera cuestión en relación a las condiciones de la prestación. Nosotros coincidimos con el Gobierno en la necesidad de implementar una norma, como la que ha mencionado el Director General, en relación con el vestuario. Es evidente que la situación existente hasta ahora llevaba a la anécdota de que un señor se podía perfectamente comprar un anorak de esquí con las 40.000 pesetas del vale de vestuario para realizar la prestación social. Y eso no era serio. A nosotros se nos plantea alguna duda de orden jurídico, desde el punto de vista que una norma que se ha implementado en el mes de julio se está aplicando a objetores incorporados anteriormente. Nos consta que alguno de los objetores están planteando recursos a esa decisión. Nos gustaría saber la opinión del Director General sobre la seguridad jurídica de esta medida.
Nos llegan quejas, y también se las trasladamos, sobre retrasos --ha salido en la prensa-- en el pago del haber en mano de los objetores de conciencia. A pesar de que estamos siempre hablando de una cifra extremadamente pequeña, lo que es cierto es que nos han llegado quejas hasta el grupo parlamentario de objetores que han terminado de hacer la PSS y aún no han cobrado sus haberes en mano. En ese mismo ámbito de las condiciones en relación con la prestación social, ayer leíamos unas declaraciones de la ministra, precisamente en el acto de firma de los convenios con la Comunidad Autónoma de Madrid, que decía: El departamento está trabajando para lograr que a partir de finales de año sólo transcurran seis meses desde que un joven se declare objetor de conciencia hasta que obtenga una plaza para realizar la prestación social en alguna Administración. Si el Ministerio de Justicia sitúa esta cuestión en seis meses, le aseguro, señor Lesmes, que nuestro grupo parlamentario se va a mostrar absolutamente entusiasmado. Nos gustaría saber si confirma este objetivo de la ministra.
Para terminar, le planteo tres cosas muy breves. Nos gustaría saber los criterios que tiene la Dirección General en relación con los testigos de Jehová. Nos consta que hoy estos ciudadanos están planteando problemas en relación con su incorporación a las áreas de la prestación social.
¿Existe algún criterio de la Dirección General en relación a este colectivo? En segundo lugar, nos gustaría que el Director General hiciese una valoración de la noticia aparecida hace unos días en la prensa en relación a la aceptación de una prórroga para los miembros de una pareja de homosexuales. Nos parece que es una buena medida desde el punto de vista del reconocimiento, a efectos de estos casos administrativos, de la convivencia de dos personas del mismo sexo. Nos gustaría saber la opinión del Director General.
Le queremos trasladar una preocupación que fue objeto de una pregunta parlamentaria de nuestro grupo y que recibió una respuesta --¿cómo diría yo?-- de una frialdad y una brevedad por parte del Gobierno, excesiva.
Nosotros

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hicimos llegar al ministerio nuestra preocupación --aunque el Director General quizá mi responda que no es competencia de su ministerio, que es competencia del Ministerio de Defensa-- y yo rogaría al Director General que se interesase por las fichas, a no ser que se haya resuelto, que no me consta, de alistamiento al servicio militar que se distribuyen en las cajas de reclutas y en los propios ayuntamientos. Hasta hace unos años figuraba: Ha solicitado ser reconocido objetor de conciencia. A partir del año 1995, creo, en las fichas deja de existir esa posibilidad y se sitúan otras posibilidades. Me dirá usted que va a ser un detalle pequeño, pero desde la perspectiva de un derecho que tienen los ciudadanos a ser reconocidos objetores de conciencia, la existencia de ese recuadro, precisamente en el momento en el que reciben la información para ser alistados, la posibilidad que el joven indique que ha solicitado la objeción de conciencia, refuerza el carácter de derecho constitucional que tiene el mismo. Yo le rogaría que trasladase esta inquietud de mi grupo parlamentario, a su ministra para que la misma lo traslade al Ministerio de Defensa.
Finalmente nos gustaría también que el Director General --a pesar de que nuestro grupo parlamentario pidió también su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado, que está estudiando, en estos momentos, la supresión del servicio militar obligatorio-- nos pudiese avanzar, si ello es posible aún, cómo se plantea desde la Dirección General, el ámbito de su gestión en un momento en que esta cuestión, a pesar de que no tiene relación directa con la supresión del servicio militar, es evidente que también se sitúa en el ojo del huracán.
El otro día, en la comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Defensa en esta Comisión Mixta, el señor Menéndez hizo una intervención ponderada desde el punto de vista de dejar de magnificar los efectos perversos que puede tener o no la prestación social en relación al fin de la mili. Creo que, por primera vez, Defensa empieza a situar estas cuestiones en su justo término. Nos gustaría saber la posición del Ministerio de Justicia y de la Dirección General: qué medidas cree que se van a implementar en esa transición hacia el fin de la mili obligatoria en relación con la prestación social.
Yo, señora Presidenta, terminaría aquí mi intervención, insistiendo en dos ideas: en la buena voluntad que nuestro grupo parlamentario ha encontrado siempre en el Director General y en que el paquete que le ha tocado gestionar es un paquete nada fácil y que, por tanto, nuestro grupo parlamentario va a procurar, al margen del trabajo legislativo que vamos a empezar el próximo mes de modificación de la ley de objeción de conciencia, colaborar con la Dirección General para procurar que precisamente en este período final de transición hacia el fin de la mili y también de la PSS, lo hagamos de la manera más digna posible, precisamente en beneficio de aquellos ciudadanos que en ejercicio de sus derechos constitucionales han optado por ser objetores de conciencia.


La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Carmen del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: En primer lugar, quiero saludar al Director General de Objeción de Conciencia en esta su primera comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso.
Me temo, señor Lesmes, que parte de las preguntas, delas cuestiones que yo le plantee le van a resultar repetitivas después de la intervención del señor Campuzano. Sin embargo, mi grupo no quiere renunciar a plantearlas y a precisar más en algunos aspectos concretos.
Tenía razón el representante de Convergència i Unió al decir que estamos ante un escenario político sumamente movible, que las circunstancias en que se producen estas comparecencias no son aquellas por las que se solicitaron en el mes de noviembre o diciembre. Hoy parece de todo punto previsible que la PSS está llamada a desaparecer en un plazo más o menos largo. Pero también parece de todo punto previsible, al menos con este régimen vigente o con el propuesto por la iniciativa que en estos momentos está en tramitación en el Congreso, que le quedan algunos años de vida. Y para esos años de vida, mi grupo requiere el conocimiento de los planes y proyectos que está poniendo en marcha su Dirección General.
Yo no coincido con el representante de CiU en que hayamos conocido, ya hace tiempo, el contenido de ese llamado, no sé si sólo coloquialmente, plan de choque para la prestación social sustitutoria. Al Grupo Socialista, a diferencia del plan de objeción que se aprobó en el año 1994 por el Consejo de Ministros, le ha costado más tiempo conocer el contenido de este plan de choque. Y hasta hoy, no hemos conocido una primera valoración de sus resultados. Sin embargo, de su comparecencia de hoy, así como de la anterior del secretario de Estado de Justicia, a finales del año pasado en el Senado, para hablar de este mismo tema, sí hemos podido deducir la generalidad de sus objetivos. Nos gustaría comentar algunos de ellos y, sobre todo, el desarrollo que están llevando.
En primer lugar, en cuanto al objetivo general de normalizar la prestación social sustitutoria, se hablaba en la comparecencia del Senado que he mencionado de que, a fines de 1998, todo objetor pudiera iniciar, si así lo deseaba, la prestación de manera inmediata después de su reconocimiento. Quisiera saber si este objetivo de carácter general se mantiene o no, puesto que parece que entra en cierta contradicción con las declaraciones de ayer mismo de la ministra de Justicia, que hablaba de un plazo de seis meses. ¿Es este plazo transitorio o se piensa mantener a finales de 1998? En cuanto a los objetivos concretos que conducían a la realización de este objetivo general, quisiera felicitar al señor Director General por haber cumplido el objetivo del año 1996 y haber creado 90.000 puestos para el cumplimiento de la PSS en este año. Espero que el mismo camino sigan los objetivos de 105.000 para 1997 y 120.000 para 1998. No obstante, hay algo que nos preocupa seriamente y sobre lo cual mi grupo quisiera conocer su opinión.
Sabemos todos que la prestación social sustitutoria nació con mal pie, desde el primer momento hubo que absorber una bolsa previa de objetores de los años anteriores. Y este mal pie, junto con el incremento gradual pero constante

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del número de objetores, dio lugar a una situación francamente difícil.
Nos tememos que, dadas las circunstancias de hoy, primeros del año 1997, con un crecimiento de 93.000 objetores declarados en el año 1996, es decir, 20.000 más que en 1995, este objetivo sea, francamente, poco ambicioso.
Los puestos que se han creado a fines de 1996 absorben escasamente, con alguna deficiencia, el número de objetores reconocidos en 1996. Si el ritmo de creación es ése y el ritmo de declaraciones sigue por el estilo, la creación de 15.000 plazas al año difícilmente va a poder absorber las nuevas incorporaciones a la prestación. Va a ser muy difícil, con este ritmo, poder reducir esa bolsa de 130.000 objetores de la que el Director General hablaba. Quisiera saber cuáles son sus previsiones en este campo, si cree que el ritmo de objetores declarados va a seguir aumentando de la misma manera, o si estima que este aumento súbito, repentino, del año 1996 ha sido fruto de unas declaraciones imprudentes del Gobierno en cuanto a la finalización del servicio militar obligatorio, declaraciones que yo no voy a comentar aquí porque han sido suficientemente expresadas, pero que, desde luego, han originado una avalancha de personas hacia la objeción. Parece --permítame que se lo diga coloquialmente-- que cualquier intento de creación de nuevas plazas para absorberlos es poner puertas al campo.
También quisiéramos saber, en cuanto al incremento de puestos selectivos en las grandes ciudades, si ese aumento de que habla corresponde en mayor medida a las grandes ciudades. Le agradecería mucho, si están a su disposición, que nos hiciera llegar porcentajes de creación de puestos en grandes ciudades o en pequeños municipios. También quisiéramos saber si este incremento de puestos corresponde de forma sustancial a la Administración central, Administración que menos dotación de puestos para cumplimiento de la prestación social sustitutoria tenía hasta ahora.
Incido ahora en una pregunta que me parece sumamente importante, aunque, hasta cierto punto, ya la ha planteado el representante de CiU. Se trata de saber si este incremento se ha producido en puestos adecuados para la realización de la prestación social sustitutoria, es decir, en puestos que no incidan negativamente en el mercado de trabajo, no destinados a personal laboral ni funcionarios, en aquellos sectores de actividad que la propia Ley de Objeción de Conciencia señala como referentes: servicios sociales, protección civil, cuidado del medio ambiente, etcétera. Creo recordar, por otro lado, que son los que el Gobierno recogió a la hora de elaborar este plan de choque. Se lo pregunto, señor Director General, porque mi grupo siente una preocupación grave por noticias que recibe de la prensa, noticias que hablan de que el Ministerio de Justicia proyecta dedicar 50 objetores de conciencia a tareas administrativas propias del personal funcionario, del personal contratado, que han dado lugar a una protesta sindical bastante fuerte.
También quisiéramos saber qué tipo de actividades prevén los convenios aprobados recientemente para los objetores, especialmente los grandes convenios, es decir, los convenios con administraciones como el ayuntamiento o la Comunidad Autónoma de Madrid, los dos muy recientes, que prevén la incorporación de un gran número de objetores, porque nos tememos que se puedan rebajar los criterios de exigencia, afectando a un aspecto tan fundamental como es la no incidencia en el mercado de trabajo.
Hablaba S. S. de que se han desarrollado las posibilidades del artículo 15 de la Ley del voluntariado. En la comparecencia en el Senado las previsiones eran, ciertamente, optimistas. Se hablaba de la posibilidad de que un 20 o un 25 por ciento de las plazas de prestación social sustitutoria fueran cubiertas por este mecanismo. En efecto, en aquel momento nos pareció optimista la previsión, nos lo sigue pareciendo en este momento. Las noticias que tenemos son que la convalidación de servicios voluntarios, a efectos de la prestación social sustitutoria, prácticamente no experimenta aumento y es un volumen muy pequeño.
Quisiéramos saber cuál es este volumen y si el Gobierno tiene previsto, a través del desarrollo reglamentario del artículo 15 de la Ley del voluntariado, incrementarlo de alguna manera.
Esto nos lleva a otro problema, el económico. Según las cuentas del Ministerio de Justicia de finales del año pasado, la reducción de los presupuestos de la Dirección General de Objeción de Conciencia podría compensarse, en cierto modo, con el traspaso de una bolsa de objetores con arreglo a la Ley del voluntariado, ley que no incidía económicamente en el Ministerio. Al no haber sido este traspaso tan grande como se preveía, nos gustaría saber cuáles son las previsiones que tiene la Dirección General para este año sobre la cobertura de los gastos necesarios.
Nos tememos que sean estas carencias económicas las que están dando lugar a algunos incumplimientos que también nos preocupan. Tenía razón S. S. en cuanto la orden ministerial de 26 de julio, que corrige el régimen de vestuario y establece que se pagará sólo a aquellos objetores que lo necesiten por el carácter específico de su tarea determinada. Sin embargo, esta orden ministerial afecta tan sólo a los objetores incorporados después de su fecha a la prestación sustitutoria. Pero, según nuestras noticias, en gran número de casos aquellos objetores que se incorporaron antes de esa fecha no están percibiendo el bono de vestuario, ni todos los objetores que precisan de un vestuario específico por la tarea que desarrollan lo están percibiendo. Quisiéramos comprobar, señor Director General, la certeza de estas noticias y saber cuáles son, también, sus previsiones en este aspecto.
Por último, quisiéramos saber qué avances se han realizado y qué fechas hay previstas para esa reforma reglamentaria de la que usted hablaba, que permitirá el fraccionamiento de la prestación sustitutoria en alguna tarea, como la que se relaciona con escolares, por ejemplo, lo cual podría ser muy interesante; qué otras medidas que usted ha mencionado en términos generales están previstas en la reforma del reglamento; y, por último, si puede decirnos cuándo se va a proceder a esta reforma.
Por mi parte, no voy a formularle ninguna otra pregunta. Le reitero las gracias por su comparecencia, y quedamos a la espera de sus declaraciones.


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La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): ¿Grupos que desean intervenir? En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Bienvenido, señor Director General de Objeción de Conciencia. Conoce usted cuál es la posición de mi grupo parlamentario con relación a este tema que algunos quieren calificar de radical, pero que nosotros calificaríamos, pura y sencillamente, de la más coherente. Es, sencillamente, la de la Constitución, el que el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no imponga a quienes lo ejercitan ninguna clase de subterfugios penalizadores por haber hecho uso de ese derecho.
El tiempo nos va dando la razón. El tiempo nos da la razón cuando estamos viviendo hoy un período transitorio, pero no un período transitorio entre la actual regulación de la objeción de conciencia y el esfuerzo que ha realizado, entre otros, Convergència i Unió con una proposición de ley, pendiente de informe y dictamen, que ya admite hasta la objeción de conciencia sobrevenida, y varía muy sustancialmente la situación, sino un período transitorio frente a algo mucho más importante, que es la desaparición del servicio militar obligatorio. Siendo ésta nuestra posición, más valdría que no interviniéramos, pero hemos de aceptar, en términos coloquiales y dialécticos, con reconocimiento de la realidad, el que las cosas son como son, dando por descontado que la culpa no es suya.
Es verdad que cuando se asoma uno a este período transitorio la primera conclusión que uno obtiene es la de una disminución, si no carencia, de toda autoridad moral para poder decirles a unos ciudadanos que por el simple efecto de la cronología se van a ver obligados a realizar determinadas prestaciones que dentro de muy poco tiempo no van a ser exigibles. Incluso más grave, que por negarse a la prestación social sustitutoria van a caer en una actitud de insumisión, y se llega al barbarismo de que esté contemplado en el Código Penal. Repito que no es culpa de usted sino de la situación. Como llevamos mucho tiempo llamando la atención sobre ella, tenemos una cierta autoridad para seguir incidiendo cada mañana y tratar de ver si algún día somos capaces de alcanzar el camino de la racionalidad, porque es evidente que el camino en que hoy nos movemos es absolutamente irracional.
Nos ha dado usted unos datos que son la manifestación más clara de que ésta es una ley que nació con mal pie. El problema no es que naciera con mal pie, es que era absolutamente vergonzante. Parece ser que los constituyentes cometieron excesos al hablar de la objeción de conciencia y se ha querido corregir por los medios que sea. Y están haciendo ustedes unos esfuerzos sobrehumanos para hacer algo que justifique la denegación y el entorpecimiento del ejercicio de un derecho. Esfuerzos sobrehumanos que podrán ser, incluso, muy bien intencionados, pero que lógicamente tienen que conducir a la más absoluta de las contradicciones y las incoherencias.
Son muy importantes y elocuentes las cifras que usted nos ha puesto encima de la mesa. Ahora bien, como tales cifras de carácter cuantitativo, nos gustaría completarlas con otras cifras de carácter cualitativo. Lo que hace falta saber no es sólo cuál es el número de objetores de conciencia que han alcanzado la prestación social sustitutoria o están pendiente de ella, sino qué hacen los que la van alcanzando, porque es evidente que una cosa es la teoría y otra la práctica. Hay que hablar con ellos. Hay que hablar con los conflictivos, con aquellos ciudadanos a los que se les obliga a la prestación social sustitutoria, porque si de ellos dependiera estarían conformes y satisfechos con haber manifestado la objeción, tranquilamente dedicados a sus actividades. Como se les obliga a ello, no todos desarrollan ciertas actividades de buen grado. Nos hace falta la estadística y saber cómo se distribuyen esas actividades que desarrollan en el conjunto de la actividad --sin ninguna clase de eufemismos y entre comillas-- laboral normal, porque todo el que trabaja ocupa un puesto de trabajo, y todo el que hace algo para otro está realizando un trabajo por cuenta ajena.
Evidentemente, podemos dar un trato diferenciado a los que lo hacen con una actitud independiente de la existencia de la objeción de conciencia, de la prestación social sustitutoria, de carácter filantrópico o benéfico en el voluntariado, pero la mayoría de ellos no están en esas condiciones. Si hacemos una comparación entre los objetores de conciencia propiamente dichos de la prestación social sustitutoria y del voluntariado, veremos que hay una notoria diferencia.
Lo que queremos saber, para ver si estamos equivocados, porque podemos estarlo, es la utilidad de todo ello. Queremos saber qué puestos de trabajo ocupan, a qué actividades se dedican y qué costo tienen esas actividades, porque es eso lo que luego nos permite decir (es uno de nuestros grandes temores y, por lo que veo, invade también al resto de los grupos parlamentarios que lo han puesto de manifiesto) que se está haciendo una disimulada ocupación con eliminación de costos y del trabajo que otros podrían desarrollar cuando nos hallamos en la paradójica situación de seguir teniendo cerca de tres millones de parados. Esas son las estadísticas que nos interesan, dentro del amplio campo de los servicios sociales, de la protección civil, del medio ambiente, teniendo en cuenta que antes de que existieran los objetores de conciencia estos trabajos se remuneraban. Antes de que apareciera en nuestro horizonte la figura del objetor de conciencia había servicios sociales, de protección civil, y había lógicamente cometidos en la protección del medioambiente que no estaban desarrollados ni por el voluntariado ni por la objeción social, sino por ciudadanos a los que se les remuneraba. Obviamente, ante la aparición de la prestación social sustitutoria han minorado sus posibilidades de trabajo pura y sencillamente. Me estoy refiriendo, en concreto, a los incendios forestales u otras actividades, como es el cuidado de masas forestales que permitía un volumen importante de salarios en muchísimos territorios.
Esos son los datos que más nos interesan. No sé si los tendrá S. S., es muy posible que no. No se lo recrimino, pero me acojo a su ofrecimiento de que se nos entreguen en el futuro unas estadísticas más profundas sobre lo cualitativo.


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Me gustaría saber --porque podemos estar equivocados, a lo mejor los colectivos con los que contactamos son absolutamente irreductibles en su radicalización y todo lo ven de una forma muy negativa-- qué criterios de evaluación se están siguiendo, porque, a lo mejor, se hace una distribución muy bien intencionada con arreglo a las propensiones y a la inclinación de quienes solicitan esos trabajos, pero luego hay que hacer una evaluación y tenemos noticia de ciertas evaluaciones insatisfactorias. Por ejemplo, en el terreno de lo educativo y de lo asistencial, en casos de chiquillos con una determinada minusvalía o educación especial, puede que haya alguien que ha ido a parar a esos cometidos que le gustaban mucho y que los ha escogido porque le han parecido más cómodos que otros, pero el resultado es que el remedio ha sido mucho peor que la enfermedad. Además de saber hacia dónde van inclinándose los objetores, hay que conocer en qué medida es compatible con los conciertos y acuerdos que tiene la Administración, y qué evaluación posterior hay de determinadas actividades, porque a lo mejor la evaluación posterior pone de manifiesto que está cumpliendo un puro trámite quien está obligado a hacer una prestación social y la tiene que hacer como sea. En tal caso, no la presta, obviamente, poniendo lo mejor de sí mismo en tal trabajo, sino tratando de pasar el trámite cuanto antes para poder disponer de su libertad. Esos son los datos que más falta nos hacen. Nos gustaría mucho equivocarnos, pero nos tememos que nos van a poner de manifiesto una realidad que no es tan ilusionante como la que usted nos pinta.
Le reitero nuestro agradecimiento, sea cual sea nuestra posición, por lo que están intentando hacer. Le reconocemos de antemano la mejor de las intenciones, aunque por muy buenas que sean, podíamos haber cogido un camino mucho más coherente, racional y, sobre todo, menos costoso, no solamente en cuanto al dinero que se invierte, sino en cuanto a la repercusión que está teniendo en el campo de lo laboral esta vergonzante, disimulada o eufemística colocación.


La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Antonio Bermúdez de Castro.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del Director General de Objeción de Conciencia en esta Comisión, toda la información que nos ha dado en relación con el plan de choque y normalización de la prestación social sustitutoria y las medidas contenidas en el mismo que consideramos que van a ser eficaces para intentar solucionar ese problema; y el respaldo a la política que el Ministerio de Justicia está llevando a cabo en la prestación social.
Obligación que, tengo que recordar, viene derivada del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, derecho que fue recogido en el artículo 30 de nuestra Carta Magna.
Como quiera que algún grupo parlamentario ha realizado algunas valoraciones de carácter histórico, me veo obligado a recordar que, efectivamente, tuvieron que pasar seis años desde la aprobación de la Carta Magna hasta que el legislador desarrollara el artículo 30 de dicho precepto constitucional a través de la Ley 48/1984 en la que se reguló la objeción de conciencia con la mayor amplitud de causas posibles, abarcando no sólo aquellas que venían derivadas de convicciones de carácter religioso o ideológico, sino también aquellas que venían derivadas de razones morales, éticas, filosóficas u otras de análoga naturaleza, recogiendo en su plenitud las expresadas en la resolución de la Asamblea consultiva del Consejo de Europa del año 1967, e interpretando que es la incompatibilidad entre las actividades militares y las convicciones del ciudadano y no la naturaleza de dichas convicciones lo que justificaba la exención del servicio militar; exención que, para evitar discriminaciones entre los ciudadanos por razón de sus creencias e ideologías, aparejaba la obligación de cumplimiento de una prestación social sustitutoria.
El señor Castellano ha calificado esa ley de vergonzante. Sin duda no es una ley tramitada por el gobierno actual, pero no deja de ser cierto (como puso de relieve mi compañero, el señor Padilla, hoy presidente de esta Comisión, al recordar el debate en el que se tramitaba la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de objeción de conciencia) que ya el propio Tribunal Constitucional, en sentencia 55/1996, recordaba que los objetores de conciencia tienen reconocido el derecho a no realizar el servicio militar, pero la Constitución española no les reconoce derecho a negarse a realizar la prestación social sustitutoria como medio de imponer sus particulares opciones políticas acerca de la organización de las Fuerzas Armadas.
Cierto es, señor Castellano, que ustedes mantienen un discurso coherente durante todos esos últimos años, pero no es menos cierto que habiendo optado el legislador por imponer esa prestación social sustitutoria a quienes eran reconocidos objetores, lo que importa en este caso y sobre lo que hemos venido a hablar es sobre si, puesto que corresponde a la Administración garantizar su cumplimiento mediante la creación de puestos de actividad en sectores prioritarios mediante conciertos con las entidades públicas o privadas donde poder ejercitar dicha obligación, esa situación está mejorando o no. Ese debería de ser el eje central de la comparecencia y no entrar en terrenos de discusión cuasi doctrinal en relación a cuál pudiera ser la naturaleza jurídica, el rango o el carácter del derecho a la objeción de conciencia que, por otro lado, ha dejado sentado, en sucesivas sentencias, el Tribunal Constitucional. Como todas SS. SS. saben, las sentencias del Tribunal Constitucional, de acuerdo con nuestra Carga Magna, tienen el valor de cosa juzgada, por lo que no tendría ningún sentido poner en tela de juicio aquí, en un discurso, el contenido de las mismas.
Me alegra también, al hilo de la intervención del señor Campuzano, que fue el que defendió el texto de la proposición de modificación de la Ley orgánica de objeción de conciencia, que ninguna intervención haya querido convertirse en una suerte de debate previo de lo que podrá ser una interesantísima deliberación de los términos en que pudiera ser modificada la Ley 48/1984 de objeción de conciencia, a raíz de la aprobación plenaria, el pasado 26 de

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noviembre, de esa toma en consideración presentada por el Grupo de Convergència i Unió. Sería inútil entrar en un debate que no corresponde hoy a esta Comisión cuando, por otro lado, de acuerdo con la calificación de la Mesa, tampoco le corresponderá ver a esta Comisión, sino a la propia Comisión Constitucional.
Llegados a este punto, querría realizar una primera reflexión, toda vez que parece claro cuáles son las razones que han motivado esta comparecencia y cuál podría ser el eje central de la misma, que no es sino ver el plan de choque, el plan de normalización de la prestación social sustitutoria y las medidas contenidas en él, así como el balance inicial de su desarrollo, por cuanto estimo es bastante alentador y esperanzador.
Decía que quería comenzar con una primera reflexión, quizá la fundamental. Y es preguntarnos por qué la necesidad de poner en marcha un plan de choque de normalización de la prestación social sustitutoria y por qué tenemos que reconocer la existencia de una situación, si no de colapso, sí, desde luego, de grave acumulación de objetores pendientes de realizar la prestación. Pues bien, la respuesta es muy clara. Hoy abordamos un plan de choque, simple y llanamente, porque el Gobierno anterior endosó al actual 130.000 objetores que estaban en período de espera para realizar la prestación social sustitutoria. Está claro que como quiera que ningún gobierno puede aceptar una herencia a título de inventario, como ha puesto de manifiesto el Director General, esa situación, aun siendo una carga o servidumbre, se asume y se afronta con unas medidas que intentan solucionarlo. Consideramos que el plan de choque que nos ha expuesto el Director General es realista, valiente, tiene compromisos no solamente cuantificables en cuanto a lo que pudiera ser creación y concertación de números de puestos de actividad en los próximos años, sino también temporales cuando se plantea como meta que, a finales de 1998, todos los objetores que lo soliciten y no deseen demorar la incorporación a la prestación social sustitutoria puedan comenzar a realizar el período de actividad en los plazos legal y reglamentariamente establecidos. Finalmente se plantea como objetivo, como no podía ser de otra manera, normalizar la prestación social sustitutoria disminuyendo progresivamente la bolsa de objetores existente y heredada del Gobierno anterior.
Créanme, señorías, que no pretendo, al hilo de esta comparecencia, que esta cifra de 130.000 objetores se convierta en una acusación de ineficacia contra el anterior Gobierno. Aunque en algún momento podría haber tenido esa tentación, porque políticamente sería rentable hablar de la eficacia de la gestión del Gobierno anterior, ésa no es mi intención.
Pero quiero que quede constancia clara de cuál ha sido el punto de partida que ha tenido que asumir este Gobierno para que se valore, en sus justos términos, el esfuerzo. El enorme esfuerzo y las enormes dificultades que se deben superar para solucionar un problema que, como se ha puesto de manifiesto en esta comparecencia, se afronta sin reservas con un plan de choque, como decía, realista y valiente, y con unas medidas que, a nuestro juicio, son muy positivas y están encaminadas a cumplir los objetivos previstos.
Señora Del Campo, yo tampoco vengo a discutir en esta comparecencia sobre la bondad o las buenas intenciones de lo que usted ha denominado un serio plan de objeción de conciencia del año 1994, frente a lo que ha definido usted como coloquial plan de choque. No vengo a discutir ese plan de 1994, pero no puedo por menos que recordar que el objetivo prioritario del plan de objeción de conciencia de 1994 no era otro que disminuir la bolsa de objetores. Y en marzo de 1994, si mis cifras no están confundidas --creo que no, porque las he recogido en aquel plan--, había 115.000 objetores en período de espera. Dos años más tarde, no sólo no se eliminó esa bolsa de objetores pendientes, no disminuyó, sino que se incrementó en 15.000 más, dando lugar a esa cifra de 130.000 a la que antes había aludido. Y entonces no estaba en marcha un proceso de plena profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Por cierto, señora Del Campo, yo creo que deberíamos de convenir todos en que, cuando hablemos de las posibles motivaciones que dan lugar a que jóvenes soliciten ejercer su derecho de objeción de conciencia, lo hagamos en el terreno de la hipótesis y no de las afirmaciones. Si usted vuelve a reiterar que existe una relación de causa-efecto, a su juicio imprevisto (no sé si ha dicho imprudente), entre el anuncio de profesionalización de las Fuerzas Armadas y el incremento del número de solicitudes de declaración de objeción de conciencia, es lo mismo que decir que ha habido miles de jóvenes que a lo largo de 1996 han solicitado ser declarados objetores de conciencia no por motivos de conciencia, sino por conveniencia, es decir, en fraude de ley. Es lo mismo que decir que el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, en función de sus competencias, no ha establecido las cautelas y garantías para evitar ese fraude de ley.
Por tanto, señora Del Campo, no sigamos entrando en el terreno de las tesis o afirmaciones, sino valoremos las posibles hipótesis, las situaciones a que pudieran dar lugar, por cuanto, como usted bien sabe, nadie puede entrar a valorar las doctrinas alegadas por el que solicita ser declarado objetor de conciencia. Por otro lado, usted considera que el incremento de 1995 en comparación con el de 1996 ha sido espectacular.
El Director General ha puesto de manifiesto que el incremento ha sido del 22 por ciento. Le tengo que recordar que el incremento entre 1993 y 1994, en relación con el número de solicitudes, fue casi del cien por cien.
Hagamos todos una reflexión seria dado que nos encontramos en un período transitorio, que se han abierto nuevas expectativas, nuevos escenarios a raíz de la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de objeción de conciencia presentada por Convergència y Unió, y responsablemente pongamos todos de nuestra parte para introducir en esa modificación las medidas que pudieran ser eficaces en ese período transitorio al que antes aludí.
Centrándonos en las medidas, quiero resaltar porque es muy importante en el balance de estos primeros meses de ejecución del plan, la satisfacción que nos produce la información que nos ha facilitado el Director General respecto a la evolución de las cifras de puestos de actividad para cumplir la prestación social sustitutoria. Yo creo que

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es alentador el incremento de un 26 por ciento de plazas concertadas y, no menos importante, el incremento del 45 por ciento de plazas ocupadas.
Porque convendremos todos, señorías, que de nada serviría concertar plazas e incrementarlas si luego éstas, finalmente, no están ocupadas o no se cubren. Como también es ciertamente esperanzador que se haya alcanzado (agradezco el reconocimiento expreso que algunos grupos han hecho) o, incluso, superado el objetivo marcado para 1996 de conseguir 90.000 puestos de actividad, habiendo pasado, en sólo ocho meses, de 72.738 plazas a 91.601. Quiero manifestar que, de no haber habido una bolsa de objetores pendientes, de no haber habido una herencia de 130.000 objetores pendientes, en este año nos encontraríamos con una situación de pleno equilibrio entre puestos de actividad y número de objetores reconocidos. Ello es motivo de satisfacción y así lo quiero poner de manifiesto porque es el mejor síntoma de la eficacia de las medidas que se están poniendo en marcha y que ha enumerado el Director General. Y si de justicia es constatar la eficacia en la acción de Gobierno, igualmente lo es reconocer el esfuerzo que, en general, las diferentes administraciones públicas y entidades privadas están realizando para crear puestos de actividad. Confirma dicho reconocimiento el incremento que ha expresado el Director General con las cifras que ha puesto encima de la mesa que, en aplicación de dichas medidas, se está produciendo tanto en las diferentes administraciones como en las entidades colaboradoras (creo recordar que ha mencionado usted la Cruz Roja), sin descartar, desde luego, las posibilidades que, de acuerdo con el plan de choque, pueden ofrecer en el ámbito de la colaboración con entidades religiosas en aras a cumplir dicho objetivo.
Es también destacable la medida que en algunos casos se va a ofrecer a los objetores de conciencia de posibilitarles la prestación fraccionada, para lo cual lógicamente será necesaria la correspondiente modificación reglamentaria, que en este trámite procesal adelantamos que vamos a apoyar toda vez que, como bien dice el propio plan de choque en relación a la prestación fraccionada, en determinados sectores como el medio ambiente o la educación, por sus propias características de estacionalidad, el período de prestación continuado resultaría claramente inadecuado. También nos parece una medida muy acertada --y voy terminando, señor Presidente-- la información que con la edición de 200.000 folletos se está dando a los objetores sobre las posibilidades que ofrece la vigente Ley del voluntariado de convalidar el tiempo de prestación de servicios de voluntariado respecto al cómputo de la prestación de actividades de la prestación social sustitutoria, cuya plena aplicación servirá, sin duda, para disminuir la bolsa de objetores pendientes.
Termino, señorías, haciendo una breve referencia a la acusación que se ha hecho en relación al vestuario. Desde luego, no sólo coincidimos con la medida adoptada mediante orden ministerial por el Ministerio de Justicia y de la Dirección General, sino que también coincidimos con los argumentos que ha expresado el propio Director General. Como se ha puesto de manifiesto en otros debates parlamentarios, lo cierto y verdad es que el vale de vestuario, por falta de controles, se utilizaba irregularmente. Constan facturas en las que se demuestra que fue utilizado, por ejemplo, para comprar baterías de cocina, anillos de compromiso, o cadenas musicales. Ese no es el fin que establece la ley para el vale de vestuario. Semejante abuso, a nuestro juicio, debe ser corregido en aras al principio de rigor en la utilización de los recursos públicos y de control de gasto, por lo que consideramos adecuada la medida, la necesidad de su justificación. Por otro lado, ni las necesidades de vestuario son iguales para todos los objetores que están realizando la prestación, ni todos pueden justificar la necesidad del mismo en algunos puestos de actividad. Lo que sí solicitaría al Director General, en aplicación de dicha orden ministerial, es que todos los objetores que necesiten la adquisición de vestuario no vean mermado un ápice su derecho, para lo cual apoyamos dicha medida.
Se trata, señorías, de un plan coherente, realista, valiente y respetuoso con las medidas de control de gasto adoptadas por este Gobierno, que contiene las medidas acordes con las necesidades y objetivos marcados y cuyo balance inicial, como ya he dicho anteriormente, es esperanzador y alentador.
No me resta sino agradecer la presencia del Director general y expresarle, en nombre de mi grupo parlamentario, el pleno respaldo y apoyo para las medidas que en este terreno se están poniendo en práctica desde su departamento.


La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de la Vega Sanz): Tiene la palabra el Director General, don Carlos Lesmes.


El señor DIRECTOR GENERAL DE OBJECION DE CONCIENCIA (Lesmes Serrano): Espero con mis contestaciones dar satisfacción, en lo posible, a todas las cuestiones que se han planteado.
Por orden de intervenciones, iniciaré mi exposición contestando al representante del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En primer lugar, pregunta si el Ministerio de Justicia, concretamente el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que es el que tiene atribuida la competencia, está aplicando el artículo 15 de la Ley del voluntariado. La respuesta es afirmativa. Desde la entrada en vigor de la ley, a principios de enero de 1996, el Consejo, sin necesidad de desarrollo reglamentario porque la ley tampoco lo impone, lo aplica directamente.
Así lo entiende el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y, por lo tanto, acoge peticiones de convalidación desde esa fecha. Lo viene haciendo desde entonces.
¿Cuáles son los criterios? Los criterios del Consejo han sido recabados por la Dirección General para llevarlos, precisamente, al borrador que se ha elaborado ya y que está en trámite de información pública. La representante del Grupo Parlamentario Socialista pregunta también por el estado de tramitación: actualmente está en información pública del artículo 130 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Finalizará posiblemente en dos semanas y se remitirá a informe del Consejo de Estado, necesario al ser desarrollo de una ley. Por tanto, se puede decir que el trámite

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puede dar lugar a la aprobación del Consejo de Ministros en un mes y medio aproximadamente.
En cuanto a las previsiones de desarrollo reglamentario, este reglamento se atiene a las previsiones del artículo 15, donde se establecen unos requisitos para la convalidación que aparecen recogidos en el texto reglamentario. Y aquellos supuestos dudosos que le han surgido al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia a lo largo de este año de vigencia de la ley (el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia es presidido por un magistrado, como es sabido, tiene una composición plural) los ha plasmado en unos criterios que se han llevado al texto reglamentario para que haya una mayor seguridad jurídica para el administrado y conozca, mediante la lectura del texto reglamentario, cuáles son los criterios que hasta ahora viene utilizando el propio Consejo. Por otra parte, se establece también el desarrollo de las disposiciones adicionales de la Ley del voluntariado. Como saben SS. SS., en la disposición adicional tercera se prevé la posibilidad de convalidación de aquellos servicios voluntarios prestados en programas mixtos con administraciones locales o comunidades autónomas.
En cuanto a si se ha de ser estricto en la convalidación, ciertamente no es una competencia de la Dirección General, sino de un órgano que no tiene una subordinación jerárquica de la Dirección General, sino que actúa con autonomía, como es el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia. Lo cierto es que en el reglamento sí se han introducido algunas cautelas, como es la posibilidad de que el propio Consejo Nacional de Objeción de Conciencia utilice los servicios de inspección de la Dirección General de Objeción de Conciencia para que contraste si los servicios de voluntariado han sido prestados en la forma determinada en la ley. En aquellos supuestos en los que vengan a convalidarse servicios de voluntariado prestados en programas mixtos con comunidades autónomas o administraciones locales, será la propia Administración la que certifique y acredite la realidad de esos servicios voluntarios prestados. Son éstas las cautelas que se recogen, no diré en el texto definitivo porque corresponde al Consejo de Ministros su aprobación, pero sí en el texto que ha sido elaborado en la Dirección General.
Se me pregunta por la creación de plazas vinculada a puestos de trabajo.
Este es un tema que también ha sido abordado por la representante del Grupo Parlamentario Socialista y por el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. La posición de la Administración es de estricto respeto a lo que establece la legalidad. Se nos pregunta por las cautelas. Hipotéticamente, cualquier actividad humana es susceptible de ser retribuida y, por lo tanto, puede configurar un puesto de trabajo.
Cualquiera que sea, por elemental y sencilla. Ahora bien, no es esto lo que dice la Ley de objeción de conciencia. La Ley de objeción de conciencia dice que no incida negativamente en el mercado de trabajo y que no se sustituya empleados. Como Administración tenemos que procurar que no se incida negativamente en el mercado de trabajo, es decir, que no se creen programas en sectores o actividades que específicamente están definidos como puestos de trabajo. Por tanto, se estimula la creación de programas dirigidos a la prestación de servicios que no existen. Pensemos en un ayuntamiento donde no existe ningún tipo de atención a personas mayores en sus propios domicilios. A ese ayuntamiento se le dice: Cree usted un programa con objetores para que acudan a las casas de esas personas ancianas, les hagan compañía o les acompañen en sus tareas más sencillas, simplemente una labor de acompañamiento. Se estimula a las administraciones públicas a crear programas, no en materia donde esté definida una actividad realizada por funcionarios o por personal laboral, sino a la creación de nuevos servicios, nuevos programas de actividad que no existen, que tienen una finalidad claramente beneficiosa para la sociedad y, en muchos casos, también para el objetor.
En cuanto a las observaciones que hace el señor Pablo Castellano, quiero manifestar que hay que ver también el lado positivo que tiene la objeción. La prestación social estimula en muchos jóvenes un sentido de solidaridad y de entrega hacia los demás que, muchas veces, antes de iniciar la prestación social no tienen. Descubren valores con una colaboración con discapacitados, con personas mayores, con menores, o, incluso, con temas medioambientales.
Las cautelas que se siguen para evitar abusos en la creación de puestos de actividad son dos elementales: por un lado, los servicios de inspección de la propia Dirección General se encargan de velar porque se respete estrictamente lo que establece la ley; y en segundo lugar, por la denuncia. Cualquier objetor al que se le estuviera utilizando para sustituir a un empleado tiene la posibilidad --de hecho, se hace-- de presentar una denuncia al servicio correspondiente de la Dirección General. Y desde luego, siempre se investiga con absoluto rigor y de forma inmediata para evitar que esta situación se produzca.
En cuanto al vestuario, tema que ha sido suscitado por todos los intervinientes, quiero explicarlo con mayor detalle, partiendo, en cierto modo, de cuál era la situación presupuestaria de la Dirección General en la primavera del año 1996, que parte de un dato por todos conocido, y es que el presupuesto para el año 1996 se elabora en el otoño de 1994. En el otoño de 1994 se elabora un presupuesto para 1995 que, por razones de todos conocidas, se prorroga automáticamente para el año 1996. Cuando yo me hago cargo de la Dirección General de Objeción de Conciencia la partida presupuestaria destinada al haber en mano, que es la cantidad que perciben los objetores, las 1.500 pesetas mensuales, asciende a 583 millones de pesetas. Con esta cantidad se puede abonar el haber en mano a 32.000 objetores y hemos llegado a 69.000. ¿Qué quiere decir? Que la partida presupuestaria es claramente insuficiente para pagar puntualmente a los objetores de conciencia. A lo largo del otoño se realizan modificaciones presupuestarias, se efectúa antes del verano la corrección del régimen del vestuario que se considera inadecuada, y se producen modificaciones de unos capítulos presupuestarios a otros para poder satisfacer puntualmente el haber en mano, porque el pago del haber en mano constituye una obligación legal para el Ministerio de Justicia y debe hacerse puntualmente.
Puedo manifestar que al día de hoy, desde el mes de enero del presente año, el haber en mano está siendo cobrado

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puntualmente por todos los objetores de conciencia. Y si hubiera alguno que no lo ha percibido es simplemente porque ha remitido sus datos bancarios de forma insuficiente y, a lo mejor, se están produciendo devoluciones por parte de las entidades bancarias. Pero hay presupuesto, los servicios correspondientes han grabado todo lo pendiente y se está efectuando, desde el uno de enero, puntualmente, el pago del haber en mano.
En cuanto al vestuario, ocurre exactamente lo mismo. Se prorroga el presupuesto de 1995, que es elaborado en el otoño de 1994 por la Cámara, y que nace de una previsión presupuestaria claramente insuficiente también para satisfacerlo. Partiendo de la propia normativa reglamentaria donde se establece que se abonará el vestuario en los casos en que sea necesario para la prestación; partiendo de un hecho indubitado, que es que no toda la prestación exige un vestuario específico (hay muchísimos programas donde el objetor no necesita ningún vestuario, es decir, va con su propia vestimenta y no necesita bata, ni mono de trabajo, ni guantes, ni botas), lógicamente hay que corregir ese sistema que era universal y generalizado. El sistema entonces vigente era la emisión de un vale de vestuario, 45.000 pesetas a cada objetor, se dirigían al Corte Inglés y compraban lo que les apetecía, normalmente después de haber finalizado la prestación social sustitutoria.
Como pueden ver SS. SS., este sistema no era el más correcto desde el punto de vista del control del gasto público. Entonces, ¿qué se hace? Dos cosas: Una orden ministerial para el futuro conforme a la cual se establece que el sistema del pago del vestuario se hará a través de conciertos con las propias entidades. Es decir, una entidad que tenga un programa determinado que requiera un vestuario especial hace una propuesta a la Dirección General y dice: Necesito doscientos equipos de vestuario para un programa medioambiental, y se aprueba la propuesta. Se realiza la correspondiente transferencia a la entidad para que adquiera el vestuario y se lo proporcione a los objetores. Ese es el sistema que se instaura a través de la orden ministerial, pero también se modifica el sistema vigente respecto a los anteriores en la medida en que pasa a exigirse la justificación del vestuario. Antes de julio de 1996 no se exigía ningún control desde el punto de vista del gasto, si había o no necesidad de vestuario. A partir de la instrucción interna que se dicta, a cada objetor que reclama el vestuario se le pide la justificación de su necesidad para realizar la prestación. Y a todos los que lo están justificando se les está abonando el vestuario. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos tienen dificultades para acreditar esa necesidad, porque realmente no ha existido nunca.
En cuanto a los testigos de Jehová, he de manifestar que parece que en esta secta protestante se ha producido un cambio de criterio. En las primeras épocas había un rechazo a la prestación en la medida en que hay un rechazo al servicio militar. Sin embargo, actualmente, aunque se rechaza el servicio militar se están incorporando a la prestación social.
En cuanto a la prórroga a una pareja de homosexuales, quiero recordar que el reglamento no establece una vinculación de parentesco, sino una fórmula abierta que es propia también de nuestros textos penales, de relación afectiva análoga. Ha sido interpretado por los funcionarios del servicio correspondiente que esta relación afectiva análoga se daba, y se ha concedido. No creo que tenga mayor importancia. Es una resolución dictada por el servicio correspondiente mediante una interpretación de nuestro actual reglamento que utiliza esta expresión.
En cuanto a las fichas del Ministerio de Defensa, le respondo que no pertenezco a ese Ministerio y, por lo tanto, tendrá que trasladar sus preocupaciones al responsable correspondiente del citado Ministerio.
Finalmente, en cuanto a la profesionalización y las medidas que se puedan adoptar con relación a la prestación social sustitutoria, lo único que puedo decir es que al ser sustitutoria necesariamente habrá que definir primero qué es lo que va a pasar con el servicio militar, y, a continuación, definiremos nosotros lo que va a pasar con la prestación social sustitutoria. Pero en tanto no se defina lo que va a ocurrir con el servicio militar, difícilmente vamos a aventurar nosotros soluciones al respecto.
Respecto a las preguntas formuladas por la representante del Grupo Parlamentario Socialista, doña Carmen del Campo, espero también darle cumplida respuesta a todas las cuestiones que me ha planteado. La primera de ellas es la relativa a la falta de conocimiento de su grupo del plan de choque. Si es culpa nuestra, pido disculpas por ello. Pero en todo caso, creo que no se nos ha pedido, en ningún momento, que remitiéramos al Grupo Parlamentario Socialista su texto. En los servicios de documentación de esta Cámara está desde que fue aprobado, porque nos fue solicitado y se les envió. Por tanto, a disposición de cualquier Diputado de esta Cámara ha estado este plan de choque porque está en los servicios de documentación. No obstante, si se nos hubiera solicitado, con mucho gusto se lo hubiera trasladado.
En cuanto al plazo de incorporación, yo mantengo lo que se establece en el plan de choque. No conozco exactamente las palabras de la Ministra de Justicia a las que S. S. se refiere. El objetivo del plan, que trata de ser realista, es que a finales de 1998 los plazos de incorporación sean los reglamentarios, porque actualmente no lo son.
Pregunta S. S. cómo van los otros objetivos. Sabemos que se ha conseguido el objetivo de 1996. ¿Cómo van los de 1997 y 1998? Al día de hoy, el número de puestos de actividad concertados puede que ronde los 93.000 ó 94.000. Posiblemente, el objetivo de 105.000 se puede conseguir, lo que ocurre es que hay otras medidas añadidas que también deben conseguirse para que pueda, realmente, reducirse la bolsa de puestos de actividad.
Señala S. S. que la objeción de conciencia nació con mal pie y que la situación es difícil. Ciertamente, la situación es difícil porque hay un volumen muy importante de objetores de conciencia pendientes. Como ya señalé en mi exposición es difícil, cuando se parte de 90.000 puestos de actividad, crecer de una forma importante.
Pregunta S. S. si va a subir más. Lo desconozco. El único dato que puedo darle es que en los 45 primeros días de este año, comparados con los 45 días primeros del año pasado, la cifra se está manteniendo. Es un poco inferior a

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la del año pasado, pero prácticamente se mueve en las mismas cifras, por lo que no parece que continúe la tendencia al alza.
En cuanto a la posibilidad del incremento selectivo, ya les he facilitado unas cifras en relación con algunos sitios que tradicionalmente han sido conflictivos, como Barcelona, Madrid o Valencia. También he indicado la cifra de Pamplona, que es uno de los sitios, tradicionalmente, más complicados en cuanto a prestación social sustitutoria. Si S. S. quisiera conocer el incremento que se ha producido en otra ciudad española, no tiene más que solicitarlo y se lo haremos llegar de forma inmediata.
Por lo que se refiere a los pequeños municipios, expresé que una de las medidas del plan es establecer unos criterios flexibles para que puedan acoger en programas propios a todos los objetores. Básicamente, esta medida de flexibilidad significa que, si en un momento dado, un ayuntamiento tiene concertadas tres plazas pero en su localidad hay cinco objetores, que el propio convenio prevea la posibilidad de flexibilizarlo para acoger en vez de a los tres, a esos cinco objetores. Se busca el objetivo de no tener que trasladar al objetor de su propia localidad a otro lugar a realizar la prestación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cuanto a la Administración central, creemos que va a haber un crecimiento en programas medioambientales. Precisamente, la creación de un Ministerio de Medio Ambiente ayuda en esta línea, pero hay que recordar que la mayoría de los sectores de actividad están referidos a competencias que son de las comunidades autónomas o de la Administración local y, por lo tanto, las posibilidades de crecimiento en la Administración central del Estado son más limitadas.
Respecto a los puestos adecuados que no incidan en el mercado de trabajo, ya le he expresado al señor Campuzano los criterios que guían la actuación de la Dirección General de Objeción de Conciencia. Hace referencia S. S. a un programa concreto que existe en la Dirección General de Objeción de Conciencia. Le facilito la información de este programa que no se ajusta, en absoluto, a lo publicado en un diario nacional que no se tomó la molestia de contrastar lo que allí se decía.
Es un programa absolutamente transparente que se crea mediante una instrucción que es comunicada a los representantes sindicales de la Dirección General de Conciencia, que son Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, y el Sindicato de Funcionarios USIAL. Tanto la Unión General de Trabajadores como el sindicato USIAL no manifiestan ninguna objeción ni rechazo a la existencia de este programa, sino que les parece positivo. En esa instrucción se establece cuál es el fundamento legal para la creación de un programa en una Administración, como la propia Dirección General de Objeción de Conciencia, como existen múltiples programas de prestación en administraciones públicas. Y se definen exactamente, siguiendo los criterios del reglamento, cuáles son las actividades que pueden realizar esos objetores.
Aunque se fija un tope máximo de 50, en realidad hay 7 nada más. Existe aquí una situación de equivalencia al propio servicio militar, que viene establecida en la Ley de 1984, que dice que los servicios serán equivalentes. Todos sabemos que así sucede en el servicio militar, lo dice el propio reglamento del servicio militar, pues el soldado de reemplazo participa en alguna actividad de organización, normalmente en la propia oficina militar; no en la actividad estrictamente profesional pero sí en alguna tarea de colaboración. Existe aquí, por tanto, una equivalencia. Para mayor garantía, el responsable de este programa en la Dirección General de Objeción de Conciencia es precisamente el representante sindical de la Unión General de Trabajadores. Se le nombró a él precisamente para evitar abusos en el desarrollo de la actividad que pudieran realizar estos objetores en la propia Dirección General de Objeción de Conciencia.
En cuanto al voluntariado, pregunta S. S. en qué medida va a crecer y dice que está subiendo poco, que hay una especie de estabilidad. Es cierto. Esta afirmación se ajusta exactamente a la realidad. El crecimiento ha sido muy pequeño. ¿Por qué lo ha sido? Tiene una muy fácil contestación.
La Ley del voluntariado prevé unos requisitos mínimos para que se efectúe la convalidación. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero y fundamental: llevar seis meses realizando un servicio de voluntariado. La campaña la inicia la Dirección General de Conciencia con la divulgación entre los objetores, remitiendo de forma individualizada, a cada uno de ellos, un folleto informativo donde se les expone cuáles son los requisitos exigidos por la normativa. Esto se efectúa en los meses de agosto, septiembre y octubre. Ningún objetor que se acoja a este sistema podrá convalidar antes de los meses de febrero o marzo de este año. Y normalmente esperarán haber realizado un año de servicio voluntario para presentar la correspondiente solicitud de convalidación. Esa, evidentemente, es la razón por la que no hay crecimiento. Se nos podrá reprochar cuando en septiembre del presente año no hayan subido las solicitudes de convalidación de servicios voluntarios. Pero a la fecha de hoy, no porque precisamente la Ley del voluntariado está impidiendo que se presenten solicitudes.
En cuanto a los presupuestos y previsiones de cobertura de gastos, en relación con el vestuario he facilitado suficiente información sobre la actuación de esta Administración. Respecto a las previsiones para este año, existe ahora mismo equilibrio presupuestario, es decir, con el presupuesto aprobado por las Cortes para el año 1997 cubrimos las incorporaciones que se van a efectuar a lo largo del año. Si, excepcionalmente, se consiguieran unos volúmenes de incorporación muy superiores a los previstos (¡ojalá que ello fuera así!), habría que pedir un suplemento de crédito a las propias Cámaras. En todo caso, siguiendo las previsiones y los cálculos del propio plan, hay presupuesto suficiente.
En cuanto a la fecha de las reformas reglamentarias, ya lo he indicado en contestación al señor Campuzano. Se me pregunta por las medidas además de la prestación fraccionada, que le parece bien. Existe otra: la posibilidad de incorporar el aplazamiento por la prestación de servicios voluntarios que les permite a aquellos jóvenes que se incorporen al voluntariado no ser obligados a realizar la prestación

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social en un programa que les es ajeno y poder continuar realizando ese voluntariado durante el tiempo necesario para convalidar en su totalidad la prestación social sustitutoria; así como el desarrollo de la propia disposición adicional tercera para que no sea obligada la existencia de convenios con el Ministerio de Justicia, sino que cuando existan programas mixtos con administraciones locales y comunidades autónomas pueda convalidarse el servicio de voluntariado.
En relación con las observaciones que realiza el señor Pablo Castellano, quiero indicar que el tema de la insumisión, como S. S. observa, es un problema de Código Penal y, por lo tanto, ajeno a toda responsabilidad y competencia de la Dirección General de Objeción de Conciencia. En cuanto a qué hacen los objetores, igual que el señor Castellano tiene testimonios de que quizás hagan poco en algunos casos, yo también tengo testimonios de magníficos programas de prestación en donde la utilidad de lo que hacen los objetores es altísima y la calidad de los servicios que prestan a la sociedad y a los ciudadanos es muy alta y satisfactoria.
Quiero ponerlo de manifiesto aquí. Se nos pregunta si es útil.
Ciertamente, no lo será porque habrá incumplimientos al cien por cien de la prestación, pero hay muchísimos programas de prestación que son de gran utilidad a los objetores y a la sociedad.
En cuanto a los criterios de evaluación o de seguimiento de los programas, son dos: a través de los propios servicios de inspección de la Dirección General de Objeción de Conciencia, y a través de los responsables de los programas que, cuando se dan incumplimientos, tienen la obligación legal y reglamentaria de comunicarlo a la Dirección General para que pueda actuar a través de sus servicios de inspección, corrigiendo disciplinariamente a los objetores que incumplan y procediendo, en su caso, a la rescisión de convenios con las entidades, cuando el incumplimiento proceda de las propias entidades.
Respecto al hecho en sí de que existan unos programas de más calidad y otros de menos calidad, volvemos al símil del servicio militar del que la prestación social es sustitutoria. Tampoco en el servicio militar todos los regimientos o unidades militares tienen la misma calidad de exigencia. Ciertamente, aquí ocurre lo mismo: hay programas de una gran calidad y otros de menor calidad.
Finalmente, deseo agradecer sus palabras de ánimo al representante del Grupo Parlamentario Popular e indicarle que los esfuerzos de esta administración continuarán adelante.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz quiere hacer alguna puntualización? El señor Campuzano tiene la palabra brevemente y sólo para alguna puntualización concreta para no reabrir el debate que ya ha quedado sustanciado con la amplia exposición del compareciente.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Agradeciendo la intervención del señor Lesmes, quiero plantearle dos cuestiones. Una pedirle que a pesar de que él no es miembro, gracias a Dios, del Ministerio de Defensa, esta inquietud de su grupo parlamentario en relación a las fichas del alistamiento se traslade a través de los cauces, que seguro que el Gobierno o el órgano colegiado tiene previstos. Nosotros entendemos que no responde a ninguna razón lógica el hecho de que en estas fichas de alistamiento hoy no figure esta afirmación, que entendemos que ayuda a normalizar la presencia de un derecho constitucional, también dentro del Ministerio de Defensa.
Nos interesaría que el Director General pudiese desarrollar un poco más las previsiones que hay en el reglamento, que hoy está en información pública, en relación con los criterios para convalidar los servicios de voluntariado respecto a la PSS, porque en su intervención ha hablado de los criterios pero no los ha concretado.


El señor PRESIDENTE: Señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, voy abusar de la amabilidad del señor Director General solicitándole alguna información complementaria. Es posible que en este momento no obre en su poder, pero le agradecería su remisión.
En primer lugar una simple aclaración, dirigida no sólo al Director General sino al representante del Grupo Popular. Yo no he discutido, señorías, la seriedad del plan de choque; he discutido su publicidad.
Quisiera que esto quedara claro.
De todas formas, evidentemente, señor representante del Grupo Popular, no es un mal incremento el que hemos tenido en el pasado año, es un incremento notable. Y si S. S. no quiere que establezcamos relaciones causa-efecto, digamos que se ha dado la curiosa coincidencia de que en el año que el Gobierno ha hecho unas determinadas declaraciones se ha disparado el número de objetores de conciencia.
Pero en fin, señor Director General, yo quisiera hacerle alguna pregunta complementaria, solicitándole, en primer lugar, ya que usted lo ha ofrecido amablemente, conocer cuál es el número de objetores reconocidos en el último año en el País Vasco y en Navarra. ¿Cuáles eran las plazas que se han creado en esas comunidades y cuáles son los llamamientos que se han hecho en ellas? También ha hablado usted del servicio de inspección de la Dirección General de Objeción de Conciencia. Nos interesaría conocer el funcionamiento de ese servicio. Es decir, ¿cuál ha sido la actividad inspectora? ¿Cuántos expedientes se han abierto por incumplimiento, en lo que se refiere a cobertura de plazas que correspondan al mercado laboral o a otro tipo de incumplimiento de las condiciones de la prestación? Del mismo modo, quisiéramos información sobre el programa de prestación en la Dirección General de Objeción de Conciencia. Efectivamente, han aparecido noticias en los medios de comunicación que nos han llenado de alarma. Su señoría da ahora una visión totalmente distinta; he de decirle, con toda sinceridad, que no acaba de convencernos la equivalencia de la prestación al servicio militar para establecer una organización que, a nuestro modo de ver, es totalmente propia del ejército. Pero no incidiremos en este tema sin conocer los datos que nos pueda facilitar.


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Y por último, con respecto a la Ley del Voluntariado, sí que hay un aspecto que nos sigue preocupando, y es el aspecto de que quienes prestan servicios como voluntarios son normalmente gente con un alto nivel de conciencia, gente a la que no se suele, no se debe suponer mal informada o desinformada. Nos extraña que aun antes de cualquier tipo de requerimiento, de explicación por parte de la Dirección General, no hayan sido ellos mismos, quienes de motu proprio hayan acudido a convalidar los servicios prestados como voluntarios por la prestación social sustitutoria. Ello nos hace temer, pero simplemente temer y no planteamos en este momento crítica alguna, que el resultado de este tipo de convalidación no sea tan brillante como se espera.
Por otra parte, quiero felicitarle por el equilibrio presupuestario en este momento, pero también insistir en que no estábamos, desde mi grupo, en esta comparecencia suya en la que venimos a solicitar información, discutiendo las condiciones de la orden ministerial del año pasado. Eso será objeto, o puede serlo, de otro tipo de actividades de nuestro grupo.
Simplemente inquiríamos, y su respuesta ha sido afirmativa, si se está pagando ese bono de vestuario, bien sea a través de las entidades con las que se establecen conciertos, bien sea a los propios objetores incorporados antes de julio, en todos los casos en que la propia orden ministerial así lo prevé.
Nada más, muchas gracias por su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMUDEZ DE CASTRO FERNANDEZ: Brevísimamente, señor Presidente.
Sencillamente me alegro de constatar que ahora la señora Del Campo defina como serio el plan de choque, pero no es menos cierto que antes lo calificó como coloquial. De manera que me alegro del reconocimiento y de que, tras la exposición y el conocimiento de las medidas que ha expuesto el Director General, se constate por el Grupo Parlamentario Socialista como un plan serio, como en buena medida, desde luego a nuestro juicio, lo es.
De la misma forma me alegra que no siga insistiendo en la afirmación de esa conexión causa-efecto entre determinadas medidas políticas del Gobierno y el incremento de solicitudes de declaración de objeción de conciencia, si bien le tengo que recordar que a pesar de que, efectivamente, existe un incremento, porcentualmente sólo ha sido del 22 por ciento. No así en el año 1989, que como consecuencia de una medida, de una medida política (y no de una declaración, como fue aquel decreto que pasó a la reserva a más de 20.000 objetores), no dejó de ser cierto que a partir de esa medida política se dispararon las cifras de solicitud de declaración de objeción de conciencia.
No obstante, lo que yo pretendía y vuelvo a insistir en ello, era realizar una llamada de responsabilidad a todos los grupos, dado que nos encontramos en un período transitorio, dado que se ha abierto la posibilidad de modificar la ley de objeción de conciencia, en la que todos los grupos aportaremos nuestras medidas para mejorar tanto el texto como el contenido de la ley. Lo que pretendía, sin duda, es que no se minorara con otros debates ni la bondad, ni la eficacia de un plan de choque, cuyo balance inicial, y así se lo vuelvo a reiterar, señor Director General, es altamente satisfactorio.


El señor PRESIDENTE: Señor Director General.


El señor DIRECTOR GENERAL DE OBJECION DE CONCIENCIA (Lesmes Serrano): En cuanto a los criterios del Reglamento puedo hacer llegar a la Mesa el borrador, pero teniendo en cuenta que no es un reglamento, que es el borrador que se está sometiendo a información pública.
En cuanto a lo solicitado por la representante del Grupo Parlamentario Socialista, se enviarán los datos porque existen estadísticas de reconocimiento y llamamiento del País Vasco y Navarra. Si quiere se le puede enviar desglosado de todas las comunidades autónomas, referido al año 1996, que es la fecha. Si quiere incluso por años.
En cuanto a la actividad inspectora también haremos llegar la información de nuestro informe de gestión, donde se recogen las actuaciones inspectoras que se realizan.
En cuanto a la información del programa de la Dirección General le haré llegar a la Mesa de la Cámara también la instrucción que lo crea, donde se establecen los criterios, el fundamento legal y la actividad que podrán desempeñar los objetores. No sé si quiere algún tipo de información más, pero en fin, ahí es donde está establecido el programa.
En cuanto a la Ley del Voluntariado creo que no ha requerido ningún tipo de información. Han sido algunas afirmaciones. Y en cuanto al vestuario, creo que no se me ha requerido información. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General. Terminadas todas las previsiones del orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias.


Eran las seis y quince minutos de la tarde.


Nota: El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de Justicia e Interior, del jueves, 20 de febrero de 1997, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.

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