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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 118, de 27/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 118

CONTROL PARLAMENTARIO DE RTVE

PRESIDENTA: DOÑA CARMEN ALBORCH BATALLER

Sesión núm. 9

celebrada el miércoles, 27 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Proposiciones no de ley:

--Sobre extensión de la subtitulación por medio del teletexto a toda la programación de televisión. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000137) (Página 3202)

--Por la que se insta al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) para que elabore un texto que fije el Estatuto del Profesional a partir del diálogo con los y las profesionales de RTVE.
Presentada por el Grupo Parlamentario anterior. (Número de expediente 161/000143) (Página 3205)

--Por la que se insta al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española (RTVE) a definir, en el más breve plazo de tiempo, un marco estable para asegurar, de acuerdo con la legislación vigente y de manera equilibrada, el derecho de acceso a las emisiones de RTVE de los grupos políticos con representación parlamentaria y de los grupos sociales más representativos. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente 161/000144) (Página 3210)

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--Por la que se insta al Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) para que apruebe un plan de programación de radiodifusión y televisión en cada uno de los ámbitos territoriales del Estado español que asegure el principio constitucional y estatutario del pluralismo lingüístico. Presentada por el mismo Grupo Parlamentario.
(Número de expediente 161/000166) (Página 3213)

--Sobre agilización y solución a la negociación mantenido entre el Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) y sus sociedades y el Comité General Intercentros. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/000202) (Página 3216)

Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--SOBRE EXTENSION DE LA SUBTITULACION POR MEDIO DEL TELETEXTO A TODA LA PROGRAMACION DE TELEVISION. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000137.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, abrimos esta sesión número 10 de la Comisión de Control, para el debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley. No voy a leer ahora todas ellas, sino que vamos a empezar, si les parece bien, con la primera presentada por Izquierda Unida, sobre extensión de la subtitulación por medio del teletexto a toda la programación de televisión.
Antes de conceder la palabra al representante de Izquierda Unida, quisiera decirles que hemos comentado informalmente y hemos tomado la decisión de que la votación de todas las proposiciones no de ley se producirá al final de la sesión y estimamos que no será antes de las 12 del mediodía. Hacemos esta advertencia porque sabemos que muchas de SS.
SS. tienen que participar también en otras comisiones y pensamos que así podemos facilitar mejor el trabajo de todos.
Por tanto, empezamos ya con la primera proposición no de ley. El representante de Izquierda Unida tiene la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se refiere a la rotulación por medio de teletexto de las programaciones de Radiotelevisión Española, aunque, como luego aclararé, entendíamos que sería deseable que se extendiera obviamente a todas las emisiones televisivas que se producen en el Estado español, para facilitar el acceso a la información, a la diversión o a la formación que se vincula a través del importante medio televisivo para aquellas personas con discapacidades auditivas.
Entendemos que difícilmente podremos encontrar un tema en el cual haya tal unanimidad de todos los grupos, porque creo que la sensibilidad de esta Cámara ha evolucionado pareja a la de la sociedad española, ya que nos encontramos con que el colectivo de sordos conforma en cierto modo, por aproximación, una auténtica minoría lingüística y que además se encuentra sometida a una discriminación. De hecho, en muchos casos, la posibilidad enunciada en la propia Constitución de recibir información veraz y objetiva por todos los medios, incluido el televisivo, se encuentra bastante frustrada. Por lo tanto, nuestra proposición incluye una batería amplia de propuestas dirigidas desde diversas perspectivas a buscar este objetivo y trata de conseguir que se pongan a disposición de este objetivo compartido los medios necesarios y al mismo tiempo contribuir a que esa sensibilización de la sociedad española, que ya se va produciendo, tenga todavía un impulso mayor a partir de esta sesión.
No es la primera vez que esta Cámara aprueba ya algún tipo de medidas en esta materia tendentes a favorecer a las personas con discapacidad auditiva. Cabe recordar, como se ha probado, la idea de que al menos exista la subtitulación en todo caso en los debates de especial relevancia política que sean retransmitidos por Radiotelevisión Española, si bien es cierto que como no es una práctica habitual la retransmisión de debates parlamentarios, ni los sordos ni los no sordos tienen la posibilidad de acceder a esos debates. Sin embargo, en la programación de Televisión Española todavía se está bastante lejos de conseguir unos índices mínimamente aceptables y homologados en el contexto europeo.
Según reconoce el propio Gobierno en alguna respuesta, en 1995 se subtitularon con teletexto aproximadamente unas 68 horas y 15 minutos, y entre enero y marzo del presente año solamente unas 30 horas y 3 minutos y siempre por la Primera Cadena. Estos datos contrastan con los de la BBC, que emite 300 horas mensuales subtituladas; la RAI, 80 horas; la ARD/ZDF alemana, 44 horas --siempre datos mensuales-- o la ORF austriaca, 88 horas. Podríamos seguir ampliando con cifras sobre Holanda u otros países, pero no merece la pena. Hay que recordar que ninguna de las televisiones privadas en España incluye este servicio de manera significativa e incluso algunas televisiones autonómicas tampoco lo hacen. En España, sin duda, y así hay que resaltarlo, quien más se ha comprometido en la defensa de este servicio sería la TV3 de Cataluña, con aproximadamente 30 horas mensuales, que trata de incluir siempre un telediario más una película en prime time, recogiendo por tanto las dos vertientes principales

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de la información y de la distracción. Parece que sería además un buen ejemplo a seguir también técnicamente.
Sin embargo, el simple enunciado de voluntades para intentar que esto se vaya desarrollando encuentra algunos problemas estructurales en Radiotelevisión Española e incluso, en algún aspecto, en el conjunto de la sociedad española. Va a ser difícil que se puedan cumplir los deseos que hoy, espero, exprese esta Comisión si no se incrementa el personal y sobre todo los medios técnicos para efectuar la subtitulación con teletexto. Hay que recordar solamente un dato que va más allá de las personas con discapacidad auditiva, y es que España todavía importa el 70 por ciento de la tecnología que precisan sus discapacitados.
Por todo ello entendemos que hay sobradas razones para la propuesta y defensa de esa proposición no de ley. Hemos tenido conocimiento de la existencia de una enmienda del Grupo Popular, que entendemos que en muchos de sus rasgos coincide con la nuestra, y quiero decir que para nosotros es absolutamente fundamental que se consiga el consenso en esta materia, porque esos objetivos de asegurar los medios y de profundizar en la sensibilización de la sociedad española sin ninguna duda se van a lograr mejor si ese consenso se produce.
Sin embargo, ayer me reunía con algunos representantes de colectivos de discapacitados auditivos y me decían algo que quiero citar a SS. SS.
porque me parece que es muy significativo de cuál es también el nivel de esperanza de estas personas. Ellos me decían que se aprueban cosas, continuamente se aprueban cosas, pero, por favor, que esta vez, si se aprueba, se ejecute. Por lo tanto, esperando que esta vez se ejecute, que sirva de verdad como un impulso decisivo y que hoy pudiera ser un hito en un avance de progreso en favor de acabar con la discriminación de estas personas, es por lo que aceptamos gustosamente la enmienda, no sin indicar que hubiéramos preferido que incluyera algún tipo de compromiso por parte del grupo mayoritario, que hubiera sido acogido por el resto de grupos, en el sentido de que se marcara algún tipo de fechas algún tipo de plazos, para que el Gobierno, la dirección general de Radiotelevisión Española, etcétera, informaran de los avances que se van produciendo en esta materia. Insisto en que en aras del consenso tampoco vamos a profundizar por esa vía, pero sí desde luego entenderán ustedes que les anuncie que por las vías reglamentarias habituales el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya va a mantener, en el caso que se aprobara la proposición una vigilancia muy estricta sobre el cumplimiento de lo que aquí se apruebe.


La señora PRESIDENTA: Al texto de la proposición no de ley del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Socialista y otra por parte del Grupo Popular.
Tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista.


El señor MORENO FRANCO: Señorías, efectivamente, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que no viene a alterar los contenidos básicos de la propuesta que se nos hace por parte de Izquierda Unida, sino que trata de sistematizar un poco el tratamiento de tales contenidos, fundamentalmente tratando de diferenciar lo que, en nuestra opinión, por corresponder al ámbito de responsabilidad del Gobierno, debe ser dirigido al mismo, de aquello que por estar dentro del ámbito estricto de las competencias de la actuación del ente público, debe dirigirse en consecuencia a dicho ente público. En este sentido no podemos por menos dejar de señalar, si me lo permiten SS. SS., un par de cosas o quizás tres.
Primero, que estamos ante una cuestión que ha ocupado bastante tiempo a lo largo de los trabajos de la Comisión. Sin pretender, ni mucho menos, ser exhaustivo ni remontarme demasiado en el tiempo, quisiera recordar una serie de preguntas: en marzo del 94, de la señora Rodríguez Calvo; en septiembre del 94, del señor Martínez Martínez y de la señora García-Alcañiz; en diciembre del 94, de doña Matilde Fernández; una proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en noviembre del 95, y esta misma proposición que se nos plantea hoy de hecho la podemos encontrar ya en julio de 1996 como propuesta de Izquierda Unida. Creo que lo que esto viene a señalar es que hay una preocupación por parte de los diversos grupos parlamentarios, que efectivamente no acabamos de ver que se corresponda con la capacidad de respuesta a la hora de hacer accesibles lo que son las emisiones de Televisión Española a una minoría importante, una minoría además en la que antes o después todos acabamos estando algo incursos por el simple avance de la edad, como es el caso de las personas con deficiencias para la audición.
Como decía, nuestra enmienda lo que trata es de sistematizar un poco las propuestas que se nos hacen. Por tanto, acogemos con satisfacción la enmienda que se formula, a su vez, por parte del Grupo Popular, porque creo que va exactamente en la misma línea y tiene sin duda alguna, es verdad, el valor añadido del compromiso por parte del Partido del Gobierno, un bien político que nosotros siempre hemos apreciado y que naturalmente hoy, cuando estamos en la oposición, seguimos apreciando.
Por tanto, básicamente nuestra posición vendría a ser que estamos totalmente de acuerdo con el fondo de la cuestión, pensamos que los efectos que jugaría nuestra enmienda lo juega también la propuesta que se hace por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por tanto, estaríamos de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida en el sentido de que éste pudiera ser el texto sobre el cual se produjera el acuerdo de la Comisión.
Una última cosa sí quisiéramos señalar, sobre todo a los efectos del seguimiento futuro de las consecuencias de lo que hoy vamos, sin duda, a aprobar. Nosotros pensamos que llevamos bastante tiempo, o al menos algún tiempo, escuchando por parte tanto de la Directora General como del señor Vicepresidente del Gobierno, el que en breve habrá --y tendrán que verse esos contenidos en esta Cámara-- un plan de renovación de Radiotelevisión. Qué duda cabe que el núcleo central del mismo, no puede ser de

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otro modo, debe estar centrado en la garantía de la viabilidad económica del proyecto, pero pensamos nosotros que ése puede ser también un buen lugar para ver no sólo si se garantiza la viabilidad económica del futuro de la Radiotelevisión pública en España, sino también para ver si definitivamente se produce el arranque en un ente público que presta un servicio público, en el sentido no solamente de mantener la gratuidad, no solamente de mantener la universalidad, sino también de facilitar la accesibilidad, en este caso al servicio que se presta de la totalidad de los españoles y muy particularmente de aquellos que más dificultades tienen.
Sólo me resta, por tanto, felicitarme porque el acuerdo sea de todos los grupos, cuestión que algunos pensarán que es menor aunque desde luego para los afectados no lo es, ni mucho menos. Intentemos lograr un grado de acuerdo interesante y también animarnos todos para procurar que de modo gradual, no puede ser de otra manera, pero también con decisión, se vaya avanzando en este terreno.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el representante del Grupo Popular.


El señor DE LUIS RODRIGUEZ: El Grupo Parlamentario Popular ha analizado con mucho detalle, debido al gran interés que hemos manifestado por este problema en repetidas ocasiones, la iniciativa que se somete a debate de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, publicada en el Boletín de las Cortes del 22 de julio.
La lectura de la exposición de motivos recoge ideas que nosotros hemos manejado en distintas ocasiones cuando hemos planteado asuntos relacionados con la necesidad de eliminar las barreras de comunicación que atañen al colectivo de afectados por minusvalías auditivas. Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de tomar medidas concretas en relación con esta materia porque somos conscientes del enorme problema que significan estas barreras de comunicación para la integración social de un colectivo muy importante. En España, según algunos datos no oficiales, por cuanto que las estadísticas oficiales son muy antiguas, ellos sitúan el número de sordos profundos en un número próximo a las 100.000 personas, superando el millón las personas con alguna discapacidad auditiva.
Nosotros hemos defendido también que es necesario adoptar medidas para borrar las barreras de comunicación porque son el primer inconveniente que impide la plena integración de este colectivo en la sociedad. Estamos convencidos asimismo de que las modificaciones o las innovaciones tecnológicas que se producen en un sector tan dinámico como es el de las comunicaciones abren nuevas oportunidades u ofrecen nuevos recursos para conseguir este objetivo que, como ha expresado el representante de Izquierda Unida, en nuestro país está muy lejos de los niveles de los países de nuestro entorno. Creemos que, en efecto, hay muchísimo camino por andar y entendemos que es una obligación fundamental contribuir a que este camino se recorra cuanto más rápido mejor.
Los planteamientos que el Grupo Parlamentario Popular ha defendido desde hace mucho tiempo en relación a esta materia se fundamentan en dos ideas básicas. La primera, naturalmente, es el mandato constitucional de que los poderes públicos contribuyan a lograr la integración plena en la sociedad de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, y pensamos que --también como alguien ha dicho antes--, siendo Televisión Española y el grupo Radiotelevisión unas sociedades de titularidad pública y que prestan un servicio público, siempre hemos entendido que podrían ser un instrumento muy eficaz para conseguir el objetivo que perseguimos. En este caso veo que una vez más va a haber unanimidad de todos los grupos representados en la Comisión.
Por estas razones, tal y como ya quedó expuesto en un debate en el mes de septiembre en esta misma Comisión, que llevó por parte de mi grupo don Tomás Burgos, miembro de esta Comisión, desde el año 1992, con motivo de la presentación de propuestas de resolución en la Comisión que estudiaba los problemas que afectaban a los minusválidos españoles, mi grupo ya defendía la necesidad de incrementar las horas de emisión. Esta misma idea se repitió posteriormente en 1994, en una propuesta de resolución de mi grupo, que fue transaccionada con otros grupos en el Senado en la misma línea. En la legislatura pasada, del año 1993 al año 1995, otro representante de nuestro grupo en la Comisión de Control presentó, como instrumento para conseguir el objetivo que nos anima, varias preguntas orales en distintos momentos al entonces Director General, señor García Candau, para que en efecto incrementara los tiempos de emisión. En aquel momento, el señor García Candau, que compartía la preocupación y que se mostraba favorable, se amparó en dificultades de carácter técnico y en otras razones, y la realidad es que poco se hizo y poco se avanzó en esta materia. En 1995, una vez más, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley, que tuve la ocasión de defender, ya incorporado a la Cámara como Diputado, para la que al final transaccionamos un texto que pretendía que el entonces Ministerio de Asuntos Sociales contribuyera, a través de un acuerdo con el grupo Radiotelevisión Española, para la consecución de este objetivo. Disueltas las Cámaras a principios de 1996, el asunto quedó parado y hemos vuelto otra vez sobre la carga en este nueva legislatura.
Como decía antes, en septiembre de 1996 ya se defendió en esta Comisión una iniciativa, en la que quedó clara la posición de nuestro grupo.
Además yo tuve ocasión de formular una pregunta al Ministro de Trabajo, en el Pleno, en septiembre de 1996, en la que quedó más que patente la sensibilidad y la preocupación del Ministro por este asunto, y estoy seguro de que su preocupación y su celo darán lugar a que tengamos resultados de forma más o menos inmediata.
La enmienda que mi grupo presenta es de carácter técnico y en ningún momento modifica en profundidad el contenido de la iniciativa por cuanto que, como he dicho antes, en líneas generales compartimos plenamente el planteamiento. La enmienda, que es muy similar a la presentada por el Grupo Socialista, pretende distinguir de entre el conjunto de ideas que recoge la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aquellas que

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entendemos son competencia del ámbito de la gestión del grupo de Radiotelevisión Española, y por lo tanto, respetamos la libertad de gestión del grupo de sociedades del Ente Público RTVE, de aquellas que sí pueden ser competencia del Gobierno. En esta línea, la enmienda nuestra, en una primera parte, pretende una manifestación de voluntad del Congreso relacionada con el aumento de las horas de emisión, con los aspectos relacionados con la política de producción de Radiotelevisión o con lo que influye o que afecta a la política que Televisión puede mantener o realizar con sus anunciantes, y aquello que afecta a la agencia EFE; y luego un conjunto de mandatos al Gobierno por parte de la Cámara, que sí entendemos que son competencias del Ejecutivo, como es el desarrollo de los reglamentos de las distintas modalidades de televisión, la política de subvención que el Gobierno realiza en apoyo a la industria cinematográfica española y aquellas que pueden tener un carácter informativo para concienciar a la sociedad y al sector de la necesidad de adoptar medidas.
He escuchado con mucho agrado la intervención del representante de Izquierda Unida, que se muestra favorable a incorporar la enmienda y por tanto a que pueda ser votada por la Comisión, y naturalmente también me agrada conseguir el apoyo del Grupo Socialista, aunque estaba seguro de que iba a ser así, porque la enmienda, como decía antes, no cambia fundamentalmente o en profundidad el contenido de la iniciativa, sino simplemente aporta ciertas correcciones de carácter técnico. Me parece muy positivo que los grupos de la Cámara estén unidos en torno a esta necesidad y estoy seguro de que, conocida la sensibilidad y la preocupación del Gobierno, en muy poco período de tiempo podremos obtener para este colectivo los resultados que todos deseamos.


La señora PRESIDENTA: ¿El resto de los grupos desean manifestar su posición? La señora Diputada, representante del Grupo Catalán, tiene la palabra.


La señora AMOROS I SANS: Una vez más nos hallamos ante una noble iniciativa que choca con la realidad. Lo que se propone en estos diez puntos es sencillamente imposible desde el punto de vista técnico y económico, pero también conceptualmente, puesto que no hay ninguna televisión en el mundo que haga o pueda hacer lo que se solicita.
El Grupo Parlamentario Catalán se ha caracterizado siempre por tener clara conciencia de los problemas de población afectada por discapacidades auditivas, y lo ha hecho de una manera realista, que es la mejor manera de ayudarles consiguiendo cosas realmente posibles. Hemos de recordar que la subtitulación para sordos no es la simple subtitulación como las películas en versión original, sino específica y mucho más compleja, ya que incluye distinción entre interlocutores, expresión de efectos significativos y la utilización de un lenguaje adaptado a la capacidad de conocimiento del idioma por parte de estas personas. La tecnología para llevar a cabo esa subtitulación es limitada y sólo cuentan con ella las televisiones, y no todas, que han desarrollado teletexto. De todos modos, con iniciativa y perseverancia se puede avanzar para lograrlo.
Durante los últimos años son muchas las actuaciones que el Gobierno de la Generalitat ha efectuado en Catalunya para reglamentar los servicios y las prestaciones sociales dirigidas a las personas sordas. En este momento estamos en una línea de crecimiento ascendente, por lo que ahora de subtitulación se refiere en la cadena autonómica de televisión, pues hemos pasado de 28 horas/mes a 8 horas por semana, lo que hace un cómputo de 32 horas mensuales. Otras actuaciones paralelas de refuerzo son las emisiones de programas infantiles subtitulados en catalán y la venta de los mismos en vídeos domésticos, siendo considerados material de soporte educativo en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. La Televisión de Cataluña también ha impartido cursos de lenguaje de signos entre el personal del servicio de subtitulación con el objetivo de sensibilizarles respecto a la problemática y a la vez facilitar su comunicación con el colectivo de personas sordas.
La integración de las personas sordas al mundo de los oyentes requiere de adaptaciones mutuas. En un mundo formado mayoritariamente por personas oyentes, el acceso a la información y a la cultura en general, de aquellas personas sordas que no tienen restos auditivos suficientes, se produce única y exclusivamente a través de la visión. Por tanto, la compleja incorporación de estas personas a la sociedad depende también de que tengan acceso a la información que les rodea. Para el cumplimiento de dicho objetivo han de poder visualizar la información que las personas oyentes perciben por vía auditiva. Por ello no nos parece justo alimentar falsas esperanzas con una proposición no de ley de imposible cumplimiento a corto plazo y creemos más oportuno apostar por una gradual adaptación de los medios de comunicación a la necesidad de las personas con minusvalías auditivas, instando al ente de Televisión a que elabore un plan de implantación de subtitulación específica y al Gobierno a que ponga los recursos pertinentes o los busque para una necesaria financiación. Por eso también creemos que es bueno apoyar la comisión mixta entre el Real Patronato de Minusvalías, en la que ya están presentes la Confederación Nacional de Sordos y Televisión Española.
El Grupo Parlamentario Catalán apoyará las enmiendas que han presentado el Grupo Popular y el Grupo Socialista por creer que son más coherentes y más realistas a la hora de su aplicación.


--POR LA QUE SE INSTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) PARA QUE ELABORE UN TEXTO QUE FIJE EL ESTATUTO DEL PROFESIONAL A PARTIR DEL DIALOGO CON LOS Y LAS PROFESIONALES DE RTVE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000143.)

La señora PRESIDENTA: Como hemos acordado que las votaciones se realizarán al final de la mañana, vamos a

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pasar, si les parece bien, a la segunda proposición no de ley, que también plantea el Grupo de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Esta proposición no de ley pretende, y ya ha sido en ocasiones defendida en estos términos o similares por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, iniciar el camino o posibilitar que se inicie para conseguir que en Radiotelevisión Española exista un marco estable de derechos para todos los profesionales que intervienen en la confección y difusión de la información, concepto que es más amplio que el concepto estricto de periodista dedicado a la elaboración de la noticia o el periodista dedicado a tareas de redacción.
Por lo tanto, cuando nos referimos a ese estatuto del profesional, tal y como figura en el enunciado de la proposición, nos estamos refiriendo a ese deseo de establecer un marco estable de derechos para todos esos profesionales.
¿Qué es lo que se pretende fundamentalmente con ese marco estable de derechos? Ante todo, evitar posibles e indeseables actos de discrecionalidad y arbitrariedad que pudieran producirse y, en segundo lugar, asegurar que el buen funcionamiento de las relaciones profesionales contribuya al cumplimiento de los mandatos constitucionales del artículo 20 en el ámbito estricto de Radiotelevisión Española porque, obviamente, nos encontramos ante la principal empresa de generación de información, de difusión de información, que existe en el Estado.
En concreto, y en desarrollo de lo que prevé el artículo 20 de la Constitución, entendemos que la existencia de este estatuto del profesional, que también llevaría aparejada la existencia de un consejo de redacción, vendría a tener cobertura en el artículo 4 del estatuto de la Radio y la Televisión, en especial garantizando la objetividad, veracidad e imparcialidad de la información, la separación entre información y opinión y respeto al pluralismo.
Obviamente hablamos de derechos, y de lo que se trata es de establecer derechos, pero lógicamente también esa existencia de derechos llevaría aparejada el establecimiento de algún tipo de deberes por parte de los profesionales, en cuanto a que se espera de ellos, al atribuirles esos derechos, que ajusten su actuación profesional de una manera que permita fundamentalmente asegurar estos principios del artículo 4 del estatuto de la Radio y la Televisión y, por ende, de la Constitución, en su artículo 20. Por lo tanto, mejor sería hablar del concepto derecho-deber, sin adelantarnos lógicamente a una posible redacción ulterior en aquellas garantías o en aquellos aspectos que pudiera regular este Estatuto.
Y una vez definido qué es lo que se pretende, trataré de definir cómo se pretende o cuál es el camino que nos parece que debe seguirse.
Entendemos que la fórmula más adecuada es la de instar al consejo de administración. Sabemos que sobre esto ha habido debates en el pasado, pero no encontramos ningún obstáculo de tipo jurídico, ni mucho menos de carácter político --dada además la conformación del consejo de administración por el actual estatuto de Radio y Televisión, dada la pluralidad existente; aunque sea un modelo que a nosotros no nos guste, existe una determinada pluralidad--. El consejo de administración de Radiotelevisión Española es el órgano competente, repito, fundamentalmente según el apartado a) del artículo 8.1 del mismo Estatuto, que ordena al consejo de administración velar por el cumplimiento en la programación de lo dispuesto por el capítulo 1 de la presente Ley. El citado artículo 4, al que he hecho referencia antes, está precisamente en ese capítulo.
Ahora bien, el consejo de administración debe actuar como impulsor, estrictamente como impulsor. El protagonismo, en un momento determinado, va a tener que pasar a otro tipo de órganos, a otro tipo de colectivos existentes en Radiotelevisión Española. En algún momento tendrá que intervenir, lógicamente, la dirección general, como organismo ejecutivo fundamental, y sobre todo, esa actividad de impulso del consejo de administración debe comenzar por favorecer la negociación con los mismos profesionales. No tendría sentido, desde luego, una imposición por parte del consejo de administración o de la dirección general; este estatuto, este consejo de redacción debe ser el fruto de la negociación, del acuerdo, del consenso entre los propios profesionales de Radiotelevisión Española.
La proposición fija además dos ideas concretas. En primer lugar, que se incluya lo referente al secreto profesional y a la cláusula de conciencia, en desarrollo del artículo 20. Saben ustedes que esto es casi una obsesión histórica de nuestro grupo y que en esta legislatura de nuevo hemos intentado, con desigual suerte, que la Cámara tomara en consideración su regulación. Por lo tanto, con independencia de la evolución posterior de la ley, si llega a buen puerto, la ley de cláusula de conciencia, cuyo trámite está ya admitido, entendemos que sería bueno que ya figurara específicamente en este estatuto de profesionales.
Incidentalmente, también me atrevería a pedir a aquellos grupos que se opusieron a la toma en consideración de la Ley orgánica sobre el secreto profesional, en parte porque decían confirmarse en la autorregulación, que ahora muestren su sensibilidad también al aceptar este punto concreto de la proposición no de ley.
Un segundo aspecto que recoge la proposición es, como decía, la creación de un comité de profesionales, lo que habitualmente se ha denominado consejo de redacción, independiente de los órganos laborales, porque obedece a otro tipo de funciones específicas y por lo tanto no podría en ningún caso confundirse con los órganos de extracción estrictamente sindical (comité de empresa, comité intercentros, etcétera), que vigile --ésta debería ser la función de este comité de profesionales-- el cumplimiento del estatuto y formule recomendaciones. Es lógica, a nuestro modo de ver, esta cautela, pues no tendría sentido establecer un marco de derechos, de derechos-deberes, o derechos-obligaciones, como antes decía, y privar de voz a los principales interesados.
Señorías, estamos en un momento interesante en la evolución de la radio y sobre todo de la televisión en España y habría seguramente un último argumento que ofrecer, y es que sería bastante bueno que Radiotelevisión Española, como ente público, cumpliera también una función de servicio

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público, que es hacer pedagogía, y ofrecerse de ejemplo para el resto de medios de comunicación del Estado. Algunos ya lo están desarrollando, por ejemplo, Radiotelevisión valenciana, otra radiotelevisión pública, pero, salvo algún caso aislado, no existen estas experiencias. Por lo tanto, esperamos contar con su apoyo.
La proposición está redactada con amplitud y quiero concluir indicando que de todas maneras estaríamos abiertos, no sólo a escuchar con suma atención sus opiniones, sino a la posibilidad de admitir enmiendas que pudieran mejorar este texto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Qué otros grupos quieren intervenir? Tiene la palabra el señor Burballa, de Convergència i Unió.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, respecto a la iniciativa de fijar un estatuto del profesional a partir del diálogo con los profesionales y las profesionales de Radiotelevisión Española, entiende que esta iniciativa mezcla diversas cosas que deberían quedar fuera de esta discusión.
En primer lugar, se insta a una actuación del consejo de administración en un sentido determinado, cuando podríamos discrepar abiertamente sobre si éstas son o no sus competencias. Quizá nos hallamos más ante una cuestión que claramente afecta a las relaciones entre la dirección y los profesionales.
Evidentemente, éste no es un tema fácil, y la prueba es que en ninguna televisión pública ha sido resuelto. Una televisión pública no tiene un propietario que libremente pueda acordar con sus periodistas, sus profesionales, un determinado estatuto, sino que viene condicionada por dos instancias de control: esta propia Comisión de control parlamentario y el consejo de administración del ente público. Hay cosas que, como hemos dicho, deben quedar fuera de este debate, como son, evidentemente, la regulación del secreto profesional y de la cláusula de conciencia, que no deben desarrollarse aisladamente en Radiotelevisión Española, sino que deberían considerarse dentro de una regulación general más compleja y fuera de este ámbito.
Por otro lado, en estos momentos la dirección de Radio Nacional de España y Televisión Española ya ha ofrecido un diálogo sobre los consejos de redacción, y en esto están, por lo que no parece procedente en estos momentos tomar en consideración esta proposición, puesto que el diálogo ya está en el ámbito en el que nuestro grupo entiende que verdaderamente debe producirse.
Por lo tanto, nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: El representante del Grupo Socialista tiene la palabra.


El señor MARTINEZ LASECA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley presentada ante la Comisión de control de Radiotelevisión por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En ella se viene a solicitar del consejo de administración de Radiotelevisión que elabore un texto que fije el estatuto del profesional a partir del diálogo con los y las profesionales de Radiotelevisión Española y que debería regular al menos los dos siguientes aspectos: en primer lugar, derechos y deberes de los profesionales de la información, incluyendo el marco para el ejercicio de la cláusula de conciencia y el secreto profesional y, en segundo lugar, la creación de un comité de profesionales que vigile el cumplimiento del estatuto y formule recomendaciones a la dirección general y al consejo de administración, todo ello con total independencia de las relaciones laborales.
Pues bien, señorías, esta proposición no de ley plantea a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, una serie de reflexiones previas a la fijación de su posición y que se desprende de su exposición de motivos.
Primero, porque la misma se encauza a través del consejo de administración, al que se viene a solicitar la elaboración del denominado estatuto del profesional cabe advertir a este respecto que el actual estatuto de Radiotelevisión Española, en su artículo 8.1, donde se señalan las competencias que corresponden al consejo de administración, no establece ninguna atribución para actuar en este sentido, por lo que, en todo caso, para hacer viable esta posibilidad, habría que proceder a la modificación o redacción de un nuevo estatuto para el ente público y, en su consecuencia, la regulación de los derechos y los deberes de los profesionales de la información quedarían sometidos en su cumplimiento y salvaguarda a los tribunales de justicia, por lo que estaría de más la creación de un comité de profesionales que vigilara su cumplimiento, tal y como se reclama en el último párrafo de esta proposición no de ley.
Segundo, otro problema que se nos presenta es el derivado de la inclusión del marco para el ejercicio de la llamada extraña pareja, que componen la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Respecto a la cláusula de conciencia, que se ejercita frente a la empresa titular del medio de comunicación para defender la libertad ideológica del periodista, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión plenaria de 29 de octubre de 1996, tomó en consideración la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya reguladora de la cláusula de conciencia de los periodistas, reconocida en el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución española. En consecuencia, dicha ley orgánica, actualmente en tramitación, será la que en su caso regule este aspecto.
Por otro lado, se habla del secreto profesional, que es oponible ante la administración o el poder judicial con la finalidad de no revelar las fuentes de información. En este caso, ni tan siquiera se ha iniciado la correspondiente tramitación legal por este Congreso de los Diputados. Es más, prestigiosos catedráticos de Derecho constitucional, como Pérez Royo y Tomás de la Cuadra, mantienen criterios diversos. Así, algunos de ellos opina que es mejor no regular este aspecto por ley, ya que acabará teniendo su definición

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por los tribunales de justicia mediante las correspondientes sentencias en cada caso.
Cabría, no obstante, en tercer lugar, pensar que lo que realmente se pretende con esta proposición no de ley es dotar a los profesionales de la información de Radiotelevisión Española de un estatuto de redacción como el que ya rige para algunos medios de comunicación privados, como son los periódicos El País, El Mundo, El Periódico de Cataluña y la Cadena SER, entre otros. En este caso, se trataría del establecimiento de normas voluntarias entre la empresa informativa y los periodistas, normas que garanticen el ejercicio profesional y que obligan a las partes en virtud del convenio que han suscrito. El contenido de estas normas tiene carácter diverso, pero podemos destacar el establecimiento de principios editoriales de carácter ideológico, la regulación del poder que sobre el contenido de la información tiene el director o los redactores reunidos en asamblea o representados por el comité de redacción, los principios deontológicos de la información, los derechos y deberes de los periodistas y el secreto profesional y la cláusula de conciencia, dentro de un largo etcétera. Por supuesto que no se debe confundir el convenio colectivo con los estatutos de redacción. Los convenios colectivos son pactos necesarios que afectan sólo a las relaciones de carácter laboral.
En cambio, los estatutos de redacción son pactos voluntarios entre los titulares de los medios y los trabajadores.
En conclusión, señora Presidenta, creemos que el ejercicio del periodismo comprende derechos y deberes, libertad y responsabilidad, con lo que esta cuestión es de autorregulación o autocontrol, ya que supone autolimitarse en el ejercicio de la profesión, por lo que se adentraría en el campo de la ética periodística propia de los códigos deontológicos.
Aquí sí que cabría, si los trabajadores lo quieren voluntariamente, la creación de ese comité de profesionales para su vigilancia a que se refiere la proposición no de ley. Y, en este sentido, por citar un ejemplo reciente, podemos referirnos a la iniciativa adoptada por el Colegio de Periodistas de Catalunya, que muestra la necesidad de aprobar un estatuto de redacción en el medio para el que trabajan y que asimismo posibilitará que el próximo 1 de diciembre se constituya un consejo regulador de la profesión periodística, como lo es el Consejo de la Información de Catalunya, que es un órgano concebido para velar precisamente por el cumplimiento del código deontológico de los periodistas catalanes. Conviene resaltar que este tribunal deontológico de notables ha sido promovido por los propios periodistas catalanes, que prefieren autorregularse a que les regule alguna, entre comillas, ley de prensa.
Nuestro grupo parlamentario es del parecer de que estas cuestiones deben resolverlas las personas interesadas, o sea, los informadores y los titulares de los medios, que, concretando, serían el Ente Público de Radiotelevisión Española y sus profesionales de la información, comprometiéndose en todo caso al sometimiento de principios deontológicos rigurosos que aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir noticias veraces y opiniones honestas.
En definitiva, coherentemente con lo expuesto, y al situarse el tema que nos ocupa en el campo de la autorregulación y de la ética periodística, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, decantará su voto por la abstención respecto a esta proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, en primer lugar, quizá sorprenda la posición del Grupo Parlamentario Socialista, después de la magnífica exposición que ha hecho su portavoz, anunciando un voto de abstención cuando todos los argumentos, a mi modo de ver y en mi corto entender, indicaban el voto negativo.
En cualquier caso, y entrando en el fondo de la proposición no de ley, nos sorprende que se haya dicho que es una proposición no de ley de enorme amplitud y que no tenga una exposición de motivos que la justifique.
La primera pregunta que tenemos que hacernos es qué motivaciones, en el tiempo político actual, existen para presentar esta proposición no de ley, qué se persigue con ella y por qué se presenta si se sabe que entre las competencias del consejo de administración de Radiotelevisión Española contempladas en el estatuto no figuran las de elaborar un texto semejante, y el apartado número 1 del artículo 8, al que se ha hecho referencia, es una vía posiblemente más adecuada a la dirección general que al propio consejo.
Se comete de esta manera, en nuestra opinión, el mismo error, formal probablemente, que ya cometiera Izquierda Unida en la pasada legislatura cuando el 8 de marzo de 1994, al hablar, eso sí, de los consejos de redacción, provocó la abstención de nuestro grupo, por estar de acuerdo, en el fondo probablemente y no en la forma, y el rechazo mayoritario del resto de los grupos parlamentarios de la Cámara, si bien por diferentes razones. El Grupo Socialista se opuso frontalmente con palabras y términos como que ninguna televisión pública tiene estos consejos de redacción, las medidas que se proponen son medidas desmedidas, no es competencia del consejo. Y otros grupos parlamentarios, por ejemplo, Convergència i Unió, entonces indicaba algo bastante razonable, que Izquierda Unida instara a la reforma del estatuto de Radiotelevisión para poder darle mayores u otro tipo de competencias a su consejo de administración.
Antes, el 27 de diciembre de 1993, el anterior Director General, señor García Candau, consideraba que la independencia e imparcialidad de los profesionales estaba garantizada desde su propia profesionalidad y por los principios que emanan del estatuto así como por los principios básicos de programación. Entonces la posición era una posición frontalmente contraria a la creación de los consejos de redacción. Pero no es de lo que se trata en esta proposición no de ley, según hemos entendido, porque, como se ha dicho, y es cierto, los consejos de redacción, a los cuales no se opuso el Grupo Parlamentario Popular en la pasada legislatura, están ya en el nivel de diálogo donde tienen que estar, que es entre la empresa y sus profesionales.


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Y yo me pregunto, señorías, ¿por qué un estatuto de los profesionales de Radiotelevisión y no del conjunto de los profesionales de la información? ¿Es que sus derechos y sus deberes, la regulación o desregulación de la cláusula de conciencia o el secreto profesional pueden ser distintos en la radio o en la televisión pública que en cualquier otro medio privado? El fondo de la cuestión, señorías, en cualquier caso es ahora bien distinto en la nueva etapa de Radiotelevisión Española, digo el fondo y no la forma, en lo que se refiere a la defensa de la pluralidad, a la defensa de la participación, a la defensa de la libertad y a la ausencia de sectarismo en los profesionales de Radiotelevisión Española.
Puede corresponder, señorías, al Gobierno o a cualquier grupo parlamentario, incluso el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, si así lo considera, la elaboración de un texto, de un proyecto de regulación de lo audiovisual en lo público y en lo privado, y conoceríamos entonces sus ideas al respecto, las discutiríamos. Por lo tanto, tomen la responsabilidad de una propuesta más elaborada bajo su propio punto de vista y sométanla al criterio de los grupos parlamentario de, lo que es más importante, los trabajadores en general de la información y, lo que es todavía más importante, de la opinión pública en general.
En consecuencia, señorías, nuestro grupo parlamentario, por las razones expuestas, votará en contra de la proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Quería hacer, señora Presidenta, un turno de réplica.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: En primer lugar, quisiera poner de manifiesto que lamentamos por parte de nuestro grupo que, digamos, existiendo, parece ser, coincidencias en algunas ideas genéricas, ningún grupo haya presentado alguna enmienda parcial que, como yo he anunciado, hubiéramos estado dispuestos a ver con cariño, para ver si se podía integrar en nuestra proposición. Parece que en el momento en que un grupo llega al Gobierno se le olvidan las ganas que en otros momentos ha tenido de transigir o de facilitar la posibilidad de esto.
El señor Burballa aludía, y ha sido algo que se ha reiterado y a lo que luego me referiré con alguna mayor amplitud, a la posibilidad de competencias del consejo de administración. No nos hubiera importado que se hubiera introducido una enmienda en la cual se pudiera haber hablado de consejo de administración y dirección general, o incluso de dirección general, si se entendía que era un órgano más adecuado.
Obviamente, entre las competencias del consejo de administración hay una serie de preceptos difusos, donde difícilmente muchas de las cosas que el Consejo de Administración hace podrían encontrar amparo con la letra estricta del texto del estatuto de Radiotelevisión. Por lo tanto, entendemos que sí que entra dentro del abanico genérico de competencias del consejo, dado el espíritu del estatuto de Radiotelevisión, poder impulsar --porque siempre hemos utilizado esta expresión-- esta negociación entre trabajadores-dirección general, etcétera.
En cuanto a las alusiones que se han hecho sobre el secreto profesional y la cláusula de conciencia, es cierto que ésta ha empezado su iter parlamentario, pero no lo es menos que, después de las experiencias de nuestro grupo en pasadas legislaturas, donde, después de empezar, al final no se aprobaba, nosotros tenemos un cierto miedo. En el secreto profesional, nos encontramos en tal situación que yo rogaría a algunos grupos que se aclararan, porque si cuando se debate la toma en consideración se dice que eso debe hacerse por autorregulación en las empresas y que, por lo tanto, no debe ser votada como norma general, como ley orgánica, y luego, cuando se plantea hacer eso en el marco de una autorregulación, lo que se dice es que hace falta una norma general, evidentemente lo que no hay es voluntad de acotar este derecho constitucional.
Las motivaciones, por las que preguntaba el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular yo creo que son obvias; entendemos que existe un vacío, y ese vacío existe ahora y existía hace cinco años y hace tres meses; por lo tanto no es un problema de que haya sucedido algo especial.
Que no tema el Grupo Parlamentario Popular, que no piense que es que no nos fiamos de la actual dirección general o algo por el estilo. Nos fiamos en la medida en que nos debamos fiar, pero no hay nada nuevo que motive una especial inquina.
Y en cuanto a, agradeciendo el tono, la educada información, aunque en algún punto entenderá que discrepemos, del señor portavoz del Grupo Socialista, decía que esto de dirigirse al ente público no está claro. Yo creo que en muchísimas materias nos dirigimos con toda tranquilidad, y seguramente en esta misma sesión nos vamos a dirigir al ente público a través de sus diversos órganos, porque a alguien nos tenemos que dirigir, porque, por definición, un ente, como categoría filosófica, es algo que o bien se incardina a un tipo de cuerpo concreto o es difícil que tengamos un interlocutor.
Y sí quisiera concluir con una reflexión general, sobre todo a cuento de las diversas alusiones que se han hecho a la incompetencia de esta Comisión de dirigirnos al consejo de administración y sí al Gobierno, por ejemplo.
Seguramente, la Cámara debería plantearse una reforma reglamentaria que pudiera crear una comisión de televisión, o de información, o de comunicación general, donde pudieran ir todas las propuestas, porque la filosofía real de esta Comisión, de la Comisión de control, establecida, como no ignoran SS. SS., por la propia Constitución española, es precisamente la de controlar a Radiotelevisión. Curiosamente nos encontramos con una excepción prevista constitucionalmente a la filosofía general de las comisiones parlamentarias. Es cierto que los usos parlamentarios han hecho que en algunas materias se abra el abanico y se produzca otro tipo de iniciativas no dirigidas al ente público, pero la realidad es que, dadas esas convenciones parlamentarias que nos permiten también hacer un control, en su caso, del Gobierno, por definición, a

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quien tenemos que controlar es a Radiotelevisión, a los organismos de Radiotelevisión y a Radiotelevisión Española.
Y en ese sentido, dentro de las competencias parlamentarias de control, que, siquiera sea de forma aproximada, incluirían también la figura reglamentaria de las proposiciones no de ley, una de las formas, digamos, de control --insisto, sin querer abrir en este momento un debate sobre Derecho parlamentario--, una de las fórmulas es que, en aquellos puntos donde entendemos que los órganos del ente público no han actuado de manera acorde con lo que se espera de ellos, o simplemente que no han actuado de ninguna de las maneras --y esta Comisión entiende que sí lo deben hacer--, pidamos, según el entender de cada grupo, al órgano que consideremos oportuno que se adopten determinadas medidas, determinadas decisiones.
Si eso no se admite, vamos a encontrarnos con un muro reglamentario no avalado por la Constitución, desde luego, ni entendemos que por el Reglamento de la Cámara, por el cual va a ser muy difícil que nos dirijamos al ente y, por lo tanto, no vamos a poder controlar a Radiotelevisión Española, que es el objeto de la existencia misma de esta Comisión.


La señora PRESIDENTA: Señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Alcaraz, simplemente quiero decirle que, entendiendo parte de sus planteamientos, lo que me parece que usted no alcanza a comprender, y lo digo con todo el cariño, es que las funciones del consejo de administración son las que son: por lo tanto, inste usted a una reforma del estatuto de la Radiotelevisión pública y hablamos de eso. Pero la Comisión de control, entiendo yo, está perfectamente regulada en sus funciones y ejerce la función principal para la que fue creada, que es la de control del Ente Público Radiotelevisión Española.
El consejo de administración es un órgano y probablemente no ejecutivo, porque así lo marca una ley. Es un consejo de administración atípico que está regulado por una ley específica; no es un consejo de administración que pueda regular la Ley General de Sociedades Anónimas, por ejemplo.
Señor Alcaraz, ésta es otra cuestión.
Creemos que es un error formal, como ya se le dijo en la legislatura pasada, instar al consejo de administración. Se puede instar al Gobierno, se puede instar a la dirección general, que es un órgano ejecutivo por sus facultades ejecutivas en el Ente Publico Radiotelevisión Española, pero al consejo de administración entendemos nosotros, como entiende la gran mayoría de los grupos parlamentarios, que no se le puede instar a elaborar ningún tipo de plan concreto porque esa competencia no la tiene asumida. Sí tiene la competencia de velar por el cumplimiento del estatuto, como es lógico, y, además, aprobar las propuestas elaboradas de funcionamiento, del plan de actuaciones, etcétera, de programación, que le presente la dirección general. Esas son las competencias del consejo de administración de Radiotelevisión.


--POR LA QUE SE INSTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) A DEFINIR, EN EL MAS BREVE PLAZO DE TIEMPO, UN MARCO ESTABLE PARA ASEGURAR, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE Y DE MANERA EQUILIBRADA, EL DERECHO DE ACCESO A LAS EMISIONES DE RTVE DE LOS GRUPOS POLITICOS CON REPRESENTACION PARLAMENTARIA Y DE LOS GRUPOS SOCIALES MAS REPRESENTATIVOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000144.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la tercera proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Esta proposición no de ley prentende asegurar el establecimiento, en el más breve período de tiempo, de un marco estable para asegurar el acceso de los grupos políticos y sociales más significativos, como --y ahora trataré de recordárselo a SS. SS., porque sin duda ya lo conocen-- requiere la legislación vigente.
Entendemos que es una cuestión redundante, y basta acudir a cualquier sesión de preguntas de esta Comisión para encontrar, como decía, que lo es, las quejas sobre la presencia descompensada de las diversas fuerzas políticas en las informaciones de Radiotelevisión Española.
Si quisiéramos hacer historia, utilizando simplemente el «Diario de Sesiones», encontraríamos que siempre ha sido así, que una de las funciones de esta Comisión se ha convertido en muchos casos en tratar de poner en evidencia que la dirección general, con independencia de la persona que la ocupa en cada momento histórico, ha favorecido unas formaciones políticas respecto de otras. Quizás el problema de fondo radica en la gubernamentalización forzosa de la dirección general. Dado el marco jurídico que establece el Estatuto de la Radio y la Televisión en la forma de elección de la dirección general, nos encontramos con lo que nosotros denominamos gubernamentalización, con independencia de la buena o mala voluntad que pueda tener cada director o cada directora general en cada momento; nosotros, de entrada, le otorgamos que actúa, o que va a actuar, o que debe actuar, de buena fe.
Entendemos que cualquier director general, mientras el sistema de elección no se modifique, va a estar en el punto de mira de la vorágine política en muchos momentos, va a recibir presiones netamente políticas, tanto en un sentido como en otro. Sin ninguna duda, como hace un momento recordaba el señor portavoz del Grupo Popular, en nuestra mano está modificar el Estatuto de la Radio y la Televisión. Nos parece, en cualquier caso, que es un tipo de norma con suficiente enjundia como para que ello no se deba hacer a parches y sí acometiendo una reforma integral o en su globalidad.


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Con independencia de esa deseable reforma, también está en nuestra mano dar una respuesta urgente al problema, en la medida de nuestras posibilidades. Además, al fin y al cabo, las fuerzas políticas, los grupos parlamentarios, todavía tenemos el instrumento de venir a esta Comisión a formular nuestras quejas, nuestras críticas o nuestras propuestas. Pero, ¿cómo pueden hacer eso los grupos sociales, en definitiva, la sociedad civil?, ¿cómo encuentran un vehículo para que grupos sociales que se sienten --y en muchos casos con razón-- plenamente representativos y, por lo tanto, dentro de la legalidad vigente, puedan aparecer de diversa manera en los espacios de Televisión Española, cómo puede hacer valer eso que seguramente podrían reivindicar si hubiera otros mecanismos? Pensamos que el acceso equilibrado en un marco estable de los grupos políticos y sociales más significativos es un componente consustancial a nuestro sistema de radiotelevisión pública, pues nada menos que está recogido con esas mismas palabras en el actual artículo 20.3 de la Constitución, uniéndolo precisamente al control parlamentario. Por lo tanto, es una obligación constitucional específica de esta Comisión velar porque se verifique dicho acceso, más allá de la posibilidad de un control a posteriori de las actuaciones de la dirección general. Sin embargo, ese marco estable no existe, podríamos decir que no ha existido nunca. No hay, hay que reconocerlo, una buena regulación. Y seguramente los diversos grupos que han ostentado mayorías parlamentarias y que han dado soporte al Gobierno no han tenido mayor interés en que se desarrollara.
En cuanto a los partidos, la Ley Electoral General sólo se refiere a los períodos electorales, por cierto de manera bastante obsoleta. El artículo 4 del Estatuto de Radiotelevisión alude al pluralismo como principio inspirado de las programaciones públicas, pero no concreta más. El artículo 8.1.k) dice que es función del Consejo de Administración determinar semestralmente el porcentaje de horas de programación destinadas a los grupos políticos y sociales significativos, fijando los criterios de distribución entre ellos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución, etcétera. Pero, como saben ustedes, esta función no se cumple con asiduidad y rigor, y en este caso, el recordatorio concreto a una función específica del consejo de administración entendemos que sí que está absolutamente justificado. Por lo tanto, se requiere, dentro de ese marco legal vigente, buscar una solución imaginativa. Saben ustedes que en el derecho comparado encontramos casos en los que la regulación se hace incluso por ley, o se ha hecho en algún momento, por ejemplo, en Italia, por una ley específica del Parlamento. En nuestro modelo parece preferible, insisto, en tanto que no se produzca una reforma global de la legislación sobre estas materias, que, aplicando ese artículo que acabo de indicar, el consejo de administración fije este marco y que pueda actualizarlo semestralmente, como quiere la norma.
De todas maneras, para concluir, quisiera hacer alguna anotación sobre las posibles alternativas, aunque no hemos deseado, obviamente, incluirlas en el texto de la proposición no de ley para que el consejo de administración no se sintiera especialmente presionado. Simplemente me gustaría desplegar el abanico de posibles alternativas, criterios generales dentro del mandato del artículo 20.1.d), que fija el derecho a recibir información veraz, y esto debe ser algo a priori, que quede siempre por encima de los repartos rígidos del tiempo de los informativos, entendiendo por informativos no sólo telediarios, para entendernos, sino todo tipo de información. Por lo tanto, entendemos que sería malo un sistema que tratara de fijar unos cupos rígidos para cada partido político, para cada grupo social. Eso no sería bueno, porque podría entrar en contradicción con lo que prevé la Constitución, el derecho a recibir información veraz y objetiva, pero sensu contrario, tampoco debería servir la invocación de este precepto constitucional de excusas para primar a unos sobre otros de manera, digamos, permanente, sobre la base de que a uno, por el hecho ya de estar en el Gobierno, se le presupone que va a generar más información que otros, etcétera.
No creemos tampoco que puedan defenderse las apariciones de partidos en función de resultados electorales, en ninguna norma se indica que esto deba ser así, y si puede ser un criterio organizador en tiempos electorales, su extensión a toda época genera distorsiones en el principio de igualdad de oportunidades, que está en la base de una opinión pública libre y de la misma democracia. En cuanto a los grupos sociales, no hay que renunciar a ninguna posibilidad. Desde debates hasta espacios autogestionados, con todas las comillas que se quiera poner, pero, si se hacen de alguna manera para la información religiosa, por qué no se puede hacer en otros campos.
Y además entendemos que hay criterios objetivos que podrían servir de base reguladora. En primer lugar, la propia Constitución establece una relación de entidades relevantes. Por lo tanto, cuando hablamos de grupos significativos, estamos hablando ya de entrada de aquellos de los que la Constitución ha querido hablar; por ejemplo, los sindicatos, organizaciones empresariales, iglesias, organizaciones de consumidores y un largo etcétera en el que podríamos extendernos. Incluso la Constitución establece una especie prelación al definir estas organizaciones a las que se da una cierta relevancia. En muchos casos, por otro lado, hay leyes que ya fijan criterios estrictos sobre la representatividad de grupos; así, los organismos que están en el Consejo Económico y Social o en el Consejo Escolar del Estado. Existen ya criterios en otras normas que podrían ser perfectamente de aplicación para definir ese marco general al que luego, digamos, se trata de ajustar la actividad cotidiana en la radio y en la televisión pública.
Por lo tanto, señorías, soluciones hay; sólo esperamos, y es lo que intentamos con esta proposición no de ley, que espera contar con su apoyo, que estemos entre todos dispuestos a encontrarlas.


La señora PRESIDENTA: ¿El resto de los grupos desean intervenir? La señora Riera tiene la palabra.


La señora RIERA I BEN: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apoyará la proposición no de ley que presenta el Grupo de Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida, porque está de acuerdo con la filosofía que

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inspira esta proposición no de ley. No obstante queremos hacer constar que quizá discrepemos un poco de la interpretación actual.
Nosotros pensamos que el derecho de acceso de los diferentes grupos políticos está contemplado ya en el Estatuto, lo que ocurre es que no ha sido desarrollado hasta ahora. En todo caso, pensamos que el desarrollo no compete al consejo de administración, sino que competería, sea por vía reglamentaria o por vía legislativa, al Gobierno o al Parlamento. El consejo debería hacer un reparto semestral de tiempos entre grupos que tengan derecho a estos espacios, pero esto exige una regulación previa sobre el derecho de acceso que es lo que pensamos que realmente haría falta. Quizá sería conveniente que la Directora General del ente público expusiera los planes que tiene al respecto.
No obstante esta posible interpretación que nosotros tenemos, reitero lo que he dicho en un principio. Pensamos que la proposición no de ley que propone el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene un aspecto positivo porque pone en evidencia un sentir compartido por la mayoría de grupos representados en este Parlamento que, además, como muy bien ha expuesto el señor Alcaraz, no hace referencia sólo a los grupos políticos, sino a la representación civil de todos los estamentos de la sociedad que pueden estar interesados en que su voz pueda ser escuchada.
Por lo tanto, vamos a votarla favorablemente.


La señora PRESIDENTA: Señora Conde.


La señora CONDE GUTIERREZ DEL ALAMO: Seré breve para explicar el voto afirmativo de mi grupo parlamentario a la proposición no de ley que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Entiendo, señor Alcaraz, que la proposición que su grupo trae hoy a esta Comisión se refiere a dos artículos del estatuto de la Radio y la Televisión: a uno que usted ya ha citado y ha leído, el 8.1, k), y también al artículo 4, que dice que la actividad de los medios de comunicación social del Estado se inspirará en los siguientes principios, siendo uno de ellos el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico. Por otra parte, según el artículo 8.1.K), como usted ha dicho, corresponde al consejo de administración determinar semestralmente el porcentaje de horas programadas destinadas a los grupos políticos y sociales significativos, fijando los criterios de distribución entre ellos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Constitución.
Por tanto, señorías, la competencia de asegurar, como dice la proposición no de ley, el derecho de acceso a las emisiones de Radiotelevisión de los grupos políticos con representación parlamentaria y de los grupos sociales más representativos corresponde, a mi juicio --y no como parece que es la posición del Grupo Catalán Convergència i Unió--, al consejo de administración. Bien es verdad, como se ha dicho hoy, que hasta ahora nunca se ha puesto en funcionamiento este derecho de acceso. Por lo que yo he podido saber de las anteriores legislaturas, nunca ha habido una gran pretensión de llevar esto adelante y nunca ha habido un consenso en relación estas cuestiones. Por lo que yo sé, en la anterior legislatura se ha debatido esta cuestión en el consejo de administración en dos ocasiones, una el 16 de octubre y otra el 5 de diciembre de 1995, y en ambas, pese a haber propuestas concretas, también en este caso de Izquierda Unida, no se llegó a ningún consenso. Ya en este año, con el antiguo consejo pero con la nueva directora general, en los meses de junio y julio se volvió a debatir esta cuestión con una propuesta concreta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la recomendación de su regulación por parte de uno de los representantes del Grupo Socialista, el señor Santillana.
Las dificultades de consenso han sido grandes, y algunas de ellas las ha expuesto ya el señor Alcaraz. Han sido muchas y se ha referido básicamente a dos cuestiones: una, fijar qué son grupos políticos y sociales significativos; y otra, la fijación de los tiempos. Pero siendo cierto que no se ha llegado a ninguna conclusión y que hay algunas dificultades, también lo es que la preocupación que subyace --aunque ha sido muy cuidadoso el señor Alcaraz-- a la proposición no de ley de Izquierda Unida es una preocupación real que comparte también mi grupo parlamentario. Los seis meses que llevamos con este nuevo equipo al frente de Radiotelevisión Española son suficientes para generar una cierta inquietud en los grupos parlamentarios, desde luego en el mío, acerca de la objetividad, la imparcialidad y el pluralismo de la información en Televisión Española y en Radio Nacional de España. Mi grupo lo ha expresado ya en múltiples ocasiones en las sesiones de control parlamentario a la Directora General y nunca hemos obtenido una respuesta satisfactoria ni tampoco hemos observado cambio alguno en la orientación de los informativos. Nuestra preocupación, señora Presidenta, es máxima en relación a este tema. Como seguramente ya saben SS. SS., hoy día al telediario de Televisión Española se le llama el NO-DO, pero al margen de la broma, lo que esta denominación encierra es que hay una gran preocupación por la objetividad y el pluralismo en la información de Televisión Española y de Radio Nacional de España.
Por tanto, teniendo estos dos hechos presentes, es decir, que el estatuto de la Radio y la Televisión fija esta competencia en el consejo de administración y que existe en mi grupo parlamentario una verdadera preocupación acerca de la presencia de los grupos políticos y sociales en los informativos de Radiotelevisión Española, mi grupo está de acuerdo con que se inste al consejo de administración a que desarrolle esos dos artículos del Estatuto, el artículo 4,c) y el artículo 8.1,k). Es este órgano el que tiene, creo yo, y no la Cámara, la obligación de hacer este seguimiento semestral y fijar las normas que regulen el acceso de los grupos políticos y sociales más representativos a la radio y a la televisión pública. Además, señorías, mi grupo consideraría oportuno pedir la comparecencia del portavoz del consejo para que informe a esta Comisión de la situación en la que se encuentra el desarrollo o los debates sobre el derecho de acceso.
Por estas consideraciones, señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario, que comparte --como digo-- la preocupación que subyace en la proposición no de ley de Izquierda Unida, la votará afirmativamente.


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La señora PRESIDENTA: El señor Peñalosa tiene la palabra.


El señor PEÑALOSA RUIZ: Desde el Grupo Parlamentario Popular, con toda brevedad, intervengo sobre esta iniciativa, para decir que no sé si estamos en las postrimerías del estatuto de Radiotelevisión Española, que data de 1980 y sobre el que hay ya un acreditado consenso básico respecto a la necesidad de su actualización o al menos de su revisión, pero en todo caso, en cumplimiento de su artículo 24 y del resto de las previsiones que contiene, y sin necesidad de ningún otro estímulo, parece necesario que el consejo de administración establezca unos criterios generales que garanticen e instrumenten adecuadamente el acceso a Radiotelevisión Española que, como digo, reconoce ese artículo 24 del estatuto, y que todo ello se haga en un marco de referencia claro para que su aplicación resulte fácil a los grupos políticos y sociales más representativos.
Es indudable que Radiotelevisión Española debe reconocer las diferentes tendencias, opiniones e intereses existentes en la sociedad, y que por lo tanto los programas informativos deben reflejar esa diversidad procurando que todas las opiniones estén debidamente representadas. Como quiera que además este Gobierno y la nueva dirección general de Radiotelevisión Española han desistido de que Radiotelevisión Española se utilice para fines distintos de los que les corresponden en el Estatuto y de los que en los últimos años ha habido una consolidada doctrina, se está en la mejor disposición de acometer lo que se pide en esta proposición no de ley y que no se ha realizado en los últimos 16 años.
Por todo ello, señora Presidenta, votaremos afirmativamente a esta proposición no de ley de Izquierda Unida.


--POR LA QUE SE INSTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) PARA QUE APRUEBE UN PLAN DE PROGRAMACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION EN CADA UNO DE LOS AMBITOS TERRITORIALES DEL ESTADO ESPAÑOL QUE ASEGURE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO DE PLURALISMO LINGÜISTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000166.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la cuarta proposición no de ley, para la que tiene la palabra la señora representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


La señora RIVADULLA GRACIA: Con mucho gusto me dispongo a descargar de trabajo a mi compañero Manolo Alcaraz.
Nuestro grupo presenta esta proposición no de ley, dadas las noticias que aparecieron en septiembre, pésimas noticias, que venían acompañadas también con otras de la Ministra de Educación, en el sentido de no potenciar la enseñanza pública. La verdad es que esa noticia de no potenciar la enseñanza pública, unida a la de la señora Ridruejo de supresión de las desconexiones en lengua catalana de la emisora de Radio-5, constituyeron unas pésimas noticias a comienzos de otoño. Por eso nuestro grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley, porque pensamos que no sólo no debe suprimirse ninguna de las emisiones en lengua catalana, sino que se deben incrementar.
Si queremos hacer efectivo lo que establece el estatuto de la Radio y la Televisión, que en su artículo 1 señala que la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales, y que en el artículo 4,c) establece que la actividad de los medios de comunicación social se inspirará en los principios de pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, la verdad es que estamos muy lejos de cumplir este precepto del Estatuto y por eso pensamos que es importante esta proposición no de ley que hoy se debate en el Congreso de los Diputados.
Creemos que la situación actual no es nueva, ya de hecho cuando se suprimió Radio-4 estábamos entrando en esta dinámica, pero yo voy a centrar en la Comunidad Autónoma de Catalunya, que es donde todavía persiste Radio-4, para explicar que es una emisora que se está dejando morir, que no tiene organigrama, que no tiene presupuestos propios, y pensamos que aunque políticamente no se quiere suprimir, realmente tampoco se le han dado los medios para que pueda cumplir con este precepto constitucional y estatutario de respeto al pluralismo lingüístico.
Señorías, nosotros creemos que no se puede funcionar con presupuestos congelados, que no hay sensibilidad por parte del ente público para dotarla de un personal que esté cualificado y así establecer la comunicación en los dos idiomas, en castellano y en catalán, o en castellano y en euskera, o en castellano y en gallego, y que hasta el presente momento todo esto no se ha tenido en cuenta.
En cuanto a Radio-5 se establecen pequeñas desconexiones informativas de minutos, pero de momento son absolutamente insuficientes.
Como nosotros consideramos que debemos ir en la línea de incrementar y de respetar esos preceptos constitucionales y estatutarios, creemos que tampoco estamos en condiciones de poder dar una respuesta cerrada por parte de nuestro grupo. Por eso, en la proposición no de ley solicitamos que el Congreso de los Diputados inste al consejo de administración del Ente Público Radiotelevisión Española para que apruebe UN PLAN de programación de radiodifusión y televisión en cada uno de los ámbitos territoriales del Estado español que asegure el principio constitucional y estatutario de pluralismo lingüístico.
Señorías, lo que estamos realmente solicitando es que se apruebe un plan de programación de radiodifusión y televisión, como dispone el artículo 13 del Estatuto. Creemos que estableciendo esas programaciones territoriales con respecto al pluralismo lingüístico, podríamos desde esta misma Comisión hacer un seguimiento para ver cómo esto se va produciendo, ya que realmente una de las funciones del Congreso de los Diputados es el seguimiento y

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el control del cumplimiento de las leyes que rigen nuestro sistema normativo.
Señorías, a esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución, como es habitual en él, aunque ya he dicho de forma cariñosa a la Diputada que va a ser la portavoz que hubiese sido suficiente una enmienda parcial para corregir un error técnico que tenía nuestra proposición no de ley y que nosotros estaríamos en disposición de aceptarla. La enmienda socialista señala que no se debe instar al consejo de administración sino que se debe instar a Radiotelevisión Española para que elabore una programación que deberá ser aprobada por el consejo de administración. Estamos de acuerdo con esta enmienda del Grupo Socialista.
Por mi parte, nada más que solicitar de los portavoces de los grupos parlamentarios de esta Comisión que tengan en cuenta que sería muy conveniente la aprobación de esta proposición no de ley para, sencillamente, como he dicho al principio, dar cumplimiento a un precepto constitucional y estatutario.


La señora PRESIDENTA: Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, y por tanto, tiene la palabra, la señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCIA: El Grupo Parlamentario Socialista adelanta su voto favorable a esta proposición no de ley que formula el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y ello por dos razones esenciales.
La primera porque compartimos la filosofía que se trasluce en esta proposición no de ley. Compartimos con el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya su preocupación porque el ente Radiotelevisión Española garantice efectivamente el mandato constitucional y también lo que prevé el Estatuto de la Radio y la Televisión de respeto al pluralismo lingüístico de las diferentes comunidades del Estado español. También queremos señalar que nuestro voto será favorable porque compartimos con este grupo parlamentario nuestra preocupación por las recientes manifestaciones de la directora general y por algunas de sus decisiones, que entendemos pueden suponer que en los centros territoriales con las comunidades con idioma propio no se garantice una programación específica propia en su lengua. A nosotros nos parece que esto puede ser muy dañino para la difusión de la cultura en estas comunidades. Por ello, nosotros, que compartimos esta preocupación, apoyaremos su proposición no de ley.
En este espíritu de colaboración con el Grupo de Izquierda Unida hemos presentado una enmienda de sustitución que tiene un simple carácter técnico, como ya ha señalado la señora Rivadulla. Nuestra mejora técnica va orientada a conseguir que efectivamente el objetivo que persigue la proposición no de ley se alcance, porque entendemos que es a Radiotelevisión Española a la que se debe instar, puesto que ella es la que tiene la competencia de elaborar la programación, y el consejo de administración sólo la aprueba. Por ello hemos presentado esta enmienda que esperamos que cuente con el apoyo favorable del resto de los grupos de esta Comisión.
Por mi parte nada más.


La señora PRESIDENTA: ¿Resto de los grupos que quieran intervenir? Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Burballa.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: El tratamiento lingüístico de los medios públicos de comunicación es un tema especialmente sensible para nuestro grupo. En un primer momento estuvimos muy alarmados por las noticias que parecían expresar una voluntad de la dirección general de suprimir desconexiones en lengua catalana, lo que fue inmediatamente corregido.
Desde nuestro grupo valoramos que hubiera este desmentido, que además fue inmediato, desmentido que hizo tanto la dirección de Radio Nacional de España como la propia Directora General. La profundización en el tratamiento de las lenguas que son oficiales en las comunidades autónomas, en Cataluña en este caso, en los medios de comunicación públicos, es un tema que a nuestro grupo le parece imprescindible, ya que la situación actual no nos satisface. Entendemos que verdaderamente haría falta una mayor incidencia en la lengua propia de Cataluña en este caso, dentro de la programación de Radio Nacional de España.
Nuestro grupo entiende, por otra parte, que en este caso, ya se ha dicho también por parte de la portavoz del Grupo Socialista, no hace falta aprobar ningún plan específico, sino que lo que hay que hacer es incorporar este plan específico a la programación general que debe aprobar el consejo de administración de Radiotelevisión Española. Esta programación, que debe aprobar el consejo anualmente, es la que debe incluir el tratamiento de las lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas y dar en la programación la verdadera dimensión de lo que este tratamiento contiene. Por lo tanto, nuestro grupo entiende y creo que estamos obligados a ello, que el seguimiento debe hacerse respecto a la programación que aprueba cada año el consejo de administración. Evidentemente, nuestro grupo incidirá con especial atención, como he dicho antes, sobre el tratamiento de la lengua propia de Cataluña en los medios de comunicación públicos a través de la programación de Radiotelevisión Española, y en este caso concretamente de Radio Nacional.
Si lo que se quiere es que Radio-4, en este caso Radio-5, sea una cadena de noticias abundando en su carácter territorial, acentuando la proximidad al ciudadano, hay que tener en cuenta que la lengua en la que propiamente se expresa la mayoría de los ciudadanos de Lleida, de Girona, de Tarragona, de Barcelona, evidentemente es la catalana. Este es también el camino que han tomado las radiodifusiones públicas en el marco de la Unión Europea, ya que se pretende que la inmediatez de la noticia, que el ámbito mismo de la noticia, que los temas de que traten las noticias, sean de la máxima proximidad al ciudadano y como he dicho de la máxima inmediatez. En ese caso la tendencia es la de reservar a una sola gran cadena de ámbito estatal la cobertura de noticias internacionales, estatales, etcétera, dejando al resto de los medios públicos el ámbito próximo del ciudadano y potenciando el carácter territorializado.
Las programaciones específicas a que deben responder a estas sensibilidades deben estar incorporadas a la programación

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general. En ese sentido, nuestro grupo, en aras a encontrar una fórmula que permita el consenso, que es en definitiva lo que debe procurar la Cámara y en este caso esta Comisión, plantearía al Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y al Grupo Socialista que ha presentado una enmienda transaccional, una enmienda in voce de sustitución que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta a Radiotelevisión Española a que garantice en la programación de Televisión Española y Radio Nacional de España, que debe aprobar el consejo de administración de Radiotelevisión Española, el principio constitucional de pluralismo lingüístico, en el marco de lo que establece el artículo 13 del estatuto de la Radio y la Televisión.
Nosotros entendemos que con esta fórmula, por un lado, mandaríamos a la dirección general el mensaje de valorar positivamente su actitud de potenciar en el futuro en las emisiones de Radio-5 y de Radio-4, en este caso, de todos los medios de comunicación públicos territorializados, las lenguas que son cooficiales, la lengua propia en la comunidad autónoma; y por otro de alguna manera también conseguiríamos establecer una posición de consenso en esta Comisión.


La señora PRESIDENTA: El señor Izquierdo, tiene la palabra.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, no me resisto a hacer, aunque sea de modo breve, algún comentario a la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque leo con agrado realmente y con satisfacción que uno de los párrafos dice literalmente que estamos viviendo unos momentos políticos en donde se están dando pasos ágiles en la profundización autonómica de un Estado plurinacional, plurirregional, pluricultural y plurilingüista.
Yo creo que es verdad lo que dice en su exposición de motivos la proposición no de ley. Es verdad que en estos momentos se están dando unos pasos ágiles en la construcción de un Estado moderno y más de acuerdo con su propia historia y su propia cultura de cara al próximo siglo. Creeríamos esto también en este caso si no fuera porque tanto el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como el Grupo Socialista, en esta especie de colaboración nueva que hoy se plantea en esta Cámara, utilizan habitualmente estas cuestiones no para la construcción del diálogo, ni del consenso político, ni del acuerdo, sino que en sentido bien contrario y bien distinto; hablaríamos del tema de la financiación autonómica, pero, en fin, lo dejaremos ahí.
Por lo tanto me pregunto: ¿Esta proposición no de ley es un planteamiento político de largo alcance? ¿Es lo que se persigue? Yo creo, señorías, que no. Es un planteamiento estratégico, legítimo, que se plantea por una cuestión particular y concreta, que es que en un momento concreto, una determinada programación de Radio-5 es suspendida. ¿Es probablemente un error? Pues probablemente es un error, corregido y vuelto a su sitio.
Entiende nuestro grupo parlamentario que hoy Radiotelevisión Española atiende suficientemente en su programación los criterios de la pluralidad cultural, política, lingüística en nuestro país. Lo que pasa es que esto nunca es suficiente, y en eso yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, nunca es suficiente, siempre podemos avanzar más. La intención del Gobierno y la del Grupo Parlamentario que lo apoya, y lo conoce muy bien nuestros socios parlamentarios, es ésa. Probablemente no se consiga más avance con la regulación, con la insistencia, y sí con el diálogo y teniendo los criterios y los conceptos bien claros, pero bien claros, y en este caso yo entiendo que lo están.
El Grupo Federal de Izquierda Unida vuelve a cometer, señorías, el mismo error que en la proposición no de ley que he tenido el honor de defender anteriormente, que es que el consejo de administración no tiene la facultad de elaborar ningún plan, tiene la facultad de aprobar el plan que se le presente por parte de la dirección general. Por lo tanto, nuestro grupo entiende que no procede pedir al consejo de administración la elaboración de un plan específico para garantizar eso. En consecuencia, señorías, nosotros lógicamente apoyamos la enmienda in voce que ha formulado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Entendemos que es más ajustado a la realidad del Estatuto y entendemos también que esa llamada de atención es una llamada de atención positiva, no negativa, porque hasta estos momentos y en esta nueva etapa política, como bien se dice en la exposición de motivos, el esfuerzo por la consolidación de esa situación plural y pluralista de nuestras culturas, de nuestros pueblos y de nuestras lenguas, es algo en lo que se ha avanzado de una manera importante. Apoyaríamos en consecuencia, señorías, la enmienda in voce planteada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Termino diciendo que no casa muy bien el comentario de que no se puede hacer política con presupuestos congelados. A veces, los presupuestos están congelados debido a situaciones terribles, tremendas, tremebundas, de deuda pública, y para deuda pública, la que en este caso tiene Radiotelevisión Española de doscientos y pico mil millones de pesetas, provocada por una anterior gestión claramente deficiente. No es problema de pesetas ni de presupuestos el garantizar la pluralidad lingüística en la radio y televisión públicas, como se está viendo y como se verá en el futuro.


La señora PRESIDENTA: La señora Rivadulla tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, sin ánimo de aguar la satisfacción del señor Izquierdo, quisiera decirle que efectivamente la redacción de nuestro texto no está muy ajustada, pero lo que reflejaba era una tendencia. Una tendencia que vino a romper de golpe unas declaraciones poco afortunadas que han dado pie a la proposición no de ley que hoy presentamos.
En relación a la aprobación o no de la enmienda que se nos presenta, había dicho en mi intervención que en cuanto entendía que la enmienda del Grupo Socialista respondía a los mismos objetivos que la que habíamos presentado, estábamos en disposición de aceptarla, pero en aras a obtener

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el consenso y efectivamente a que de esta Comisión salga el objetivo de que se garantice el pluralismo lingüístico, y dado que todo eso se inscribe en el artículo 13 del Estatuto, en el que se establecen las programaciones territoriales, señora Presidenta, señalo que en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aceptamos la enmienda in voce del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


La señora PRESIDENTA: Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCIA: También quiero señalar que el Grupo Parlamentario Socialista antepone la voluntad de consenso de esta Comisión a cualquier otra cuestión. Entendemos que el objetivo es garantizar el pluralismo lingüístico, que la enmienda in voce del señor Burballa ha conseguido ese consenso que el objetivo y la redacción técnica de la proposición no de ley es muy buena, y nosotros anunciamos nuestro voto favorable.


--SOBRE AGILIZACION Y SOLUCION A LA NEGOCIACION MANTENIDA ENTRE EL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) Y SUS SOCIEDADES Y EL COMITE GENERAL INTERCENTROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/000202.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Leguina.


El señor LEGUINA HERRAN: Señora Presidenta, voy a ser muy breve.
Lo que se pretende con esta proposición no de ley es no intervenir en la negociación, que está, por cierto, en curso, sino recomendar una buena solución en los términos en que se ha redactado y que voy a leer: El Congreso de los Diputados insta a la Directora General del Ente Público Radiotelevisión Española a que agilice la negociación que entre el ente público Radiotelevisión y sus sociedades y el comité general intercentros se lleva a cabo en este momento en la correspondiente mesa de negociación, a fin de llegar a una solución consensuada entre las partes implicadas y resolver el problema de un colectivo de aproximadamente 300 trabajadores contratados por Radiotelevisión Española, tal y como manifestó de forma unánime el consejo de administración del ente público en una de sus últimas reuniones.
No se pretende ni entorpecer, ni tomar partido, sino colaborar en la solución de estos problemas, problemas que no son de ahora, debe quedar esto claro, problemas que arrastran muchos años en algunos de los casos y problemas que se encuentra, para ellos es nuevo, la nueva dirección de Radiotelevisión. Por tanto, nadie entienda que esto es una crítica, una presión o cosa parecida. Se trata, como he dicho, de intentar ayudar.
La negociación se ha iniciado ya. Concretamente ha habido reuniones el 17 de septiembre, el 15, el 17, el 23 de octubre y el 5 de noviembre, y se ha llegado a acuerdos parciales. La negociación se ha detenido para reflexionar y se reanudará suponemos que en breve plazo. Hay dos problemas básicos en los que no ha habido acuerdo y que son los puntos tres y cuatro de la plataforma de un grupo de trabajadores.
Por lo tanto, creemos que, si hubiera consenso, esto ayudará a solucionar un problema que tiene unos caracteres humanos que no es necesario subrayar. Me parece que con mi intervención quedan claras las intenciones de mi grupo y también, caso de aprobarse, cuál es la posición de esta Comisión.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? Tiene la palabra la señora Riera, de Convergència i Unió.


La señora RIERA I BEN: Muy brevemente voy a decir que nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, apoyará esta proposición no de ley del Grupo Socialista; además, compartimos los argumentos que ha expuesto el señor Leguina y nos felicitamos del extracto del acuerdo que el comité general intercentros nos ha hecho llegar hoy a los portavoces de esta Comisión, extracto que ya el señor Leguina ha reflejado en su comentario y que yo no voy a reiterar, para no repetirnos.
Pienso que es un buen síntoma que se haya producido ya en estas reuniones de los días 17, 15 y 23 una primera voluntad de acuerdo, que bajo este mismo criterio probablemente se consiga cerrar los puntos que quedan pendientes y nuestro grupo apoyará, en la medida de lo posible, que el acuerdo entre estos trabajadores y Radiotelevisión llegue a buen término.
Por lo tanto, vamos a votar favorablemente esta proposición.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, tiene la palabra.


El señor ALCARAZ RAMOS: Igualmente, en una brevísima intervención quiero indicar nuestro apoyo a la propuesta. Nos parece evidentemente oportuna en el tiempo y adecuada en las consideraciones. Entendemos que es bueno que esta Comisión se pronuncie y si además conseguimos hacerlo por unanimidad a favor de esta proposición, todavía sería mejor.
Creo que todos y todas ustedes coincidirán conmigo en que unas buenas relaciones entre la dirección, los profesionales, los trabajadores en definitiva del ente público, va a afectar a la gestión; por lo tanto, todo lo que sea ir favoreciendo un marco de buena relación redundará en esa gestión.
Pese a algunas alusiones, a nuestro modo de ver erróneas, que en el pasado Pleno de debate sobre presupuestos se hicieron, como si nosotros estuviéramos alentando algún tipo de confrontación, cuando nada más lejos de la realidad, nosotros estamos convencidos de que todos deseamos

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evitar conflictos y que hoy es una buena ocasión para que eso se plasme en el voto favorable a esta proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Señor Peñalosa.


El señor PEÑALOSA RUIZ: Señorías, en Radiotelevisión Española hay muchos problemas. Esta Comisión es perfecta conocedora de los numerosos y graves problemas que tiene Radiotelevisión Española en prácticamente todos los ámbitos de la gestión.
Uno de ellos es el de los contratados, que ahora nos ocupa. 340 trabajadores que se encuentran en una situación irregular; incluso hay quien cree que fueron contratados en fraude de ley. 340 trabajadores a los que se les ha creado un problema, pero a los que no se les ha dado una solución hasta la fecha, demostrando, por tanto, una falta de responsabilidad grande, a nuestro juicio, de las anteriores direcciones de Radiotelevisión Española, que crearon el problema, que permitieron que subsistiera en el tiempo y que no lo solucionaron.
Tiene, efectivamente, esta problemática, como reconocía el señor Leguina, origen en etapas precedentes, porque durante años en Radiotelevisión Española se han producido contratos temporales al amparo de contratos artísticos y también de contratos de obra o servicio determinado. Alguno de estos contratos al amparo de obra o servicio determinado están incluidos en el convenio colectivo y otros, no. El número de estos contratos temporales se ha ido incrementando incomprensiblemente a lo largo de los años. Sepan SS. SS. que hay contratos temporales que duran 3, 6, 10 y hasta 15 años en Radiotelevisión Española. Los convenios colectivos de Radiotelevisión Española en distintas ocasiones han establecido el compromiso de estudiar en una comisión mixta este asunto para adoptar propuestas de solución. Sin embargo, este compromiso ha sido sistemáticamente eludido por las direcciones anteriores. En la nueva etapa de Radiotelevisión Española la dirección abordó de manera inmediata este asunto creando la correspondiente mesa de negociación entre la dirección y el comité general intercentros. Se han producido ya efectivamente diversas reuniones y las negociaciones están abiertas con el fin de llegar a una solución consensuada entre las partes.
Desde este punto de vista, que es el que verdaderamente importa al Grupo Popular, la iniciativa que nos ocupa es realmente innecesaria, tiene incluso más que un carácter oportuno, como se la ha calificado aquí, un carácter oportunista. Es probable incluso que este asunto no tuviéramos que tratarlo aquí, no lo digo porque haya ningún inconveniente reglamentario, sino en términos de sentido común. En los contactos que nuestro grupo parlamentario mantuvo con los representantes de los contratados, además de hacerles llegar nuestra comprensión por su problema y nuestro apoyo para que se impusiera el diálogo, también les hicimos ver la inconveniencia que supondría convertir su situación en una coyuntural, en una circunstancial ventaja política mediante la presentación de algún tipo de iniciativas como la que ahora estamos debatiendo. A pesar de que los socialistas tienen bastante que ver con el problema que nos preocupa, ahora nos urgen a su solución y creo que la dirección general, con el apoyo de todos, va a conseguir solucionarlo.
Recordemos, señorías, que las tres principales reivindicaciones de este grupo importante de trabajadores son, en primer lugar, la creación de un banco de datos y la prioridad de este personal para futuras contrataciones; en segundo lugar, la igualdad de derechos con respecto al personal acogido al convenio y, en tercer lugar, el reconocimiento de fijeza.
Respecto al primero de estos puntos, se están desarrollando, por lo que sabemos, las conversaciones en un buen clima de entendimiento y de acuerdos concretos, que hoy mismo nos han confirmado antes de entrar en esta Comisión los representantes de los contratados. También parece que sigue el mismo camino el punto segundo, y así se está avanzando en la equiparación de derechos del personal excluido por su propia naturaleza del convenio colectivo; son los del personal temporal acogido al mismo, mientras no haya contradicción de un lado con la capacidad y autonomía de las partes para fijar en el contrato de trabajo condiciones laborales y económicas específicas y no vulneren, por otro lado, las normas de derecho necesario establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el resto de legislación laboral aplicable. Y respecto al tercer punto, hay que tener en cuenta la naturaleza jurídica de este tipo de contratos, cuya característica esencial es, aunque parezca increíble, la temporalidad y, por tanto, la vinculación de la duración a una obra o de un programa en concreto. Hay que considerar, por último, también que existen unos cauces reglados de acceso a la fijeza en Radiotelevisión Española que tampoco podemos vulnerar.
En todo caso, nosotros no queremos en modo alguno resolver aquí la cuestión ni prejuzgar su resultado. Nos atenemos al tenor literal de la exposición de motivos y de la propia proposición no de ley, que coincide, como no podía ser de otro modo, con la intervención sintética que ha realizado el señor Leguina al comienzo de este debate.
Por todo ello, a pesar de lo innecesario de la iniciativa y de la imposibilidad de acordar las soluciones definitivas de la negociación en marcha, pero felicitándonos por que los propios contratados reconozcan que desde la dirección general se les trata, a ellos y a su problema, con respeto, votaremos afirmativamente esta proposición no de ley.


La señora PRESIDENTA: Suspendemos la sesión cinco minutos y agradecería a los portavoces de los grupos que se acercaran a la mesa un momento.
(Pausa.) Vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley.
Primera proposición no de ley sobre extensión de la subtitulación por medio del teletexto a toda la programación de televisión. Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ RAMOS: Nosotros aceptaríamos la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular y, por lo tanto, retiraríamos nuestro texto.


La señora PRESIDENTA: Grupo Socialista.


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El señor MORENO FRANCO: Obre en consecuencia, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a la votación de la enmienda.


Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Segunda proposición no de ley por la que insta al consejo de administración de Radiotelevisión Española para que elabore un texto que fije el estatuto del profesional a partir del diálogo con los y las profesionales de Radiotelevisión Española.
No se ha presentado ninguna enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley.
Tercera proposición no de ley por la que insta al consejo de administración de Radiotelevisión Española a definir en el más breve plazo de tiempo un marco estable para asegurar de acuerdo con la legislación vigente y de manera equilibrada el derecho de acceso a las emisiones de acceso de Radiotelevisión de los grupos políticos con representación parlamentaria y de los grupos sociales más representativos.


Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley por unanimidad.
Cuarta proposición no de ley por la que insta al consejo de administración del ente público Radiotelevisión Española para que apruebe un plan de programación de radiodifusión y televisión en cada uno de los ámbitos territoriales del Estado español que asegure el principio constitucional y estatutario del pluralismo lingüístico.
Como ustedes saben, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, pero a su vez ha presentado una enmienda in voce el Grupo de Convergència i Unió.
Vamos a proceder a la lectura de la enmienda in voce presentada por el Grupo de Convergència i Unió, pero antes quiero conceder la palabra a la representante del Grupo Socialista.


La señora VALCARCE GARCIA: El Grupo Socialista manifiesta la aceptación de la enmienda in voce, como ya señalé antes, de Convergència i Unió y, naturalmente, retira la propia.


La señora PRESIDENTA: Voy a proceder a su lectura.
El Congreso de los Diputados insta a Radiotelevisión Española a que garantice en la programación de Televisión Española y Radio Nacional de España que debe aprobar el consejo de administración de Radiotelevisión Española el principio constitucional de pluralismo lingüístico en el marco de lo que establece el artículo 13 del Estatuto.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señora Presidenta, entiendo que lo que vamos a votar es la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con la enmienda de Convergència i Unió.


La señora PRESIDENTA: Primero se vota la enmienda y después se vota la proposición con la enmienda incorporada.


La señora RIVADULLA GRACIA: Lo que se vota, señora Presidenta, es la proposición no de ley con la enmienda de Convergència i Unió.


La señora PRESIDENTA: Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora Presidenta, deduzco que el grupo proponente acepta la enmienda, porque si no, no podemos votarlo.


La señora PRESIDENTA: Hay un procedimiento más sencillo y un procedimiento más complejo. La señora Rivadulla tiene razón y vamos a votar la proposición no de ley con la enmienda in voce.


Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Se aprueba por unanimidad.
Quinta proposición no de ley sobre agilización y solución a la negociación mantenida entre el ente público Radiotelevisión Española y sus sociedades y el comité general intercentros.


Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Se aprueba la proposición no de ley por unanimidad.
Quiero agradecer a los señores y señoras Diputados no sólo su presencia y sus intervenciones, sino su espíritu de consenso, que ha suplido las deficiencias de la presidencia.
Se levanta la sesión.


Eran las doce y quince minutos del mediodía.


NOTA. El presente «Diario de Sesiones», de la Comisión de CONTROL PARLAMENTARIO DE RTVE, del 27 de noviembre de 1996, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.

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