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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 108, de 13/11/1996
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1996 VI Legislatura Núm. 108

POLITICA SOCIAL Y EMPLEO

PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

Sesión núm. 8

celebrada el miércoles, 13 de noviembre de 1996

ORDEN DEL DIA:

Ratificación de las ponencias designadas para informar las siguientes iniciativas:

--Proposición de Ley de Sociedades Laborales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 123/000003) (Página 2882)

--Proposición de Ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 123/000004) (Página 2882)

--Proyecto de Ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-Ley 9/1996, de 7 de junio). (Número de expediente 121/000005) (Página 2882)

Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la Ponencia, de las siguientes iniciativas legislativas:

--Proposición de Ley de Sociedades Laborales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 122/000003) (Página 2882)

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--Proposición de Ley de sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 122/000004) (Página 2896)

--Proyecto de Ley de asimilación de jornadas a los efectos de subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-Ley 9/1996, de 7 de junio). (Número de expediente 121/000005) (Página 2898)

Comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra) para informar sobre:

--Posición del Gobierno sobre el Plan de Empleo Rural (PER) y el Subsidio Agrario. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 213/000091) (Página 2898)

--Convocatoria para 1996-1997 del Programa de Vacaciones para la Tercera Edad, así como del desarrollo de la adjudicación, de las novedades y mejoras de esta temporada, de los procedimientos de control que se van a establecer y de su posible evaluación. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 213/000103) (Página 2898)

--Los resultados obtenidos, a través de las medidas urgentes puestas en macha por su Departamento, para la lucha contra el fraude. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000141) (Página 2898)

Se abre la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


RATIFICACION DE LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 123/000003.)

--PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000004.)

--PROYECTO DE LEY DE ASIMILACION DE JORNADAS A LOS EFECTOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES INCLUIDOS EN EL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/1996, DE 7 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000005.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados.
Perdonen el retraso que, no es broma, ha sido debido al tráfico.
Comenzamos con el punto primero del orden del día, ratificación de las siguientes ponencias: proposición de ley de sociedades laborales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Se ratifica? (Asentimiento.) Queda ratificada.
Proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
¿Se ratifica? (Asentimiento.) Queda ratificada.
Proyecto de ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social (procedente del Real Decreto-ley 9/1996, de 7 de junio).
¿Se ratifica? (Asentimiento.) Queda ratificada.


APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DE LAS SIGUIENTES INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000003.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día, que es la aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre, en primer lugar, proposición de ley de sociedades laborales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La ordenación del debate, a petición de varios grupos parlamentarios, va a ser la siguiente: El capítulo primero, artículos 1 a 18, se defenderán y se argumentarán las enmiendas relativas a dicho capítulo.
Los grupos intervendrán de menor a mayor, teniendo en cuenta que ha sido una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, y en este caso el último en intervenir será el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar intervendrá el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Vasco, después el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, después el Grupo Catalán, a continuación, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), de la 1 a la 12.
Tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Tomo la palabra para indicar que vamos a retirar la enmienda número 12, y el resto las damos por defendidas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva para defender las enmiendas números 16 a 38.


El señor SILVA SANCHEZ: Voy a proceder a la defensa de estas enmiendas.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tienen el fundamento en tres o cuatro principios básicos que nos marca nuestro comportamiento ante esta ley. Hay un principio compartido por todos los grupos parlamentarios, y que incluso deriva del mismo mandato constitucional, que es el de favorecer el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas, y a esto responde el actual proyecto, como respondía, y responde todavía, la vigente ley de Sociedades Anónimas Laborales.
Una vez superado este elemento, que, como he dicho, es común a todos los grupos, la posición de mi grupo ante la ley de sociedades laborales, y ante las sociedades laborales responde en primer lugar a la consideración de que la sociedad laboral no es un tertium genus, no es un tipo específico de sociedad que quepa oponer a la sociedad de responsabilidad limitada o a la sociedad anónima, sino que es una sociedad anónima, de responsabilidad limitada, que, por concurrir determinados elementos, merece de la Administración este calificativo de laboral que le permite, por un lado, beneficiarse de determinadas exenciones o bonificaciones fiscales, de un régimen fiscal específico y, por otro lado, supone también en algún caso el sometimiento a normas de derecho mercantil que podemos considerar también especiales.
Por tanto, no es una sociedad especial, hay una sociedad anónima o limitada preexistente y la calificación es un posterius, por decirlo así.
De ahí que presentemos enmiendas que pretenden poner de manifiesto, pretenden exigir esta circunstancia diacrónica. En primer lugar, una sociedad preexistente anónima o limitada y posteriormente esta calificación, lo que incide también en los trámites registrales y en la ordenación de los trámites, tanto ante el Registro Mercantil como ante los registros administrativos correspondientes.
En segundo lugar, debe intentarse que las sociedades laborales no sean auténticas gestoras de quiebras, que exista una situación de equilibrio entre el capitalismo, el socio capitalista y el trabajador que posea acciones y que, por tanto, también es propietario o copropietario de esta compañía. Por tanto, discrepamos de las posiciones de algunos otros grupos, como puede ser el Grupo Vasco o el Grupo Parlamentario Popular, de someter las acciones de la clase general a un régimen específico y diferente del que ya viene establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de Sociedades Anónimas Laborales.
Entendemos que cualquier tipo de régimen diferente en cuanto a estas acciones de clase general va a fomentar que no haya socios, o que no haya personas que, sin ser trabajadores de esa compañía, trabajadores con contrato indefinido o sin él, pretendan adquirir acciones de clase general, con lo cual se produciría una merma de las posibilidades y de la capacidad de financiación de estas compañías, que si de algo padecen es de sus dificultades de financiación.
Hay que tener cuidado con las normas protectoras, porque a veces se protege tanto el invento que se le acaba asfixiando; de ahí que entendamos que las acciones de la clase general deban someterse al régimen ordinario de la Ley de Sociedades Anónimas y de la Ley de Sociedades Limitadas. Esto se traduce en enmiendas o en posiciones discrepantes --en cuanto a lo dispuesto en el artículo 8 de la proposición--, a los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Vasco, así como también en algunas de las enmiendas que establecemos a otros aspectos del articulado.
Finalmente, hay un tercer principio, que es el que pretende que se admita, caso por caso o punto por punto, la competencia que ya tienen asumidas algunas comunidades autónomas o que puedan asumirse o transferirse en el futuro. Por tanto, los tres principios básicos a los que responden nuestras enmiendas son: la inteligencia de que la calificación de laboral no convierte a las sociedades anónimas o limitadas, no supone constituir una sociedad especial, sino un añadido que determina la existencia de tener beneficios fiscales; en segundo lugar, entender que hay que garantizar, en el marco de la ley, una concurrencia del socio capitalista con el socio trabajador y, por último, este reconocimiento en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas.
Sobre esta base, y muy someramente, diré que al primero de estos principios responden nuestras enmiendas números 16 y 19 que pretenden evitar la existencia de sociedades laborales de carácter irregular y que, por tanto, la calificación de laboral se produzca sobre sociedades correctamente

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constituidas, atendiendo a los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades Limitadas y, por tanto, la inscripción previa en el Registro Mercantil.
Quiero llamar la atención sobre nuestra enmienda número 17. Es lamentable, y no lo negamos, que la denominación de sociedad anónima laboral y de sociedad laboral no se ha convertido en una manifestación o en la publicidad de una entidad especialmente solvente. De ahí que mi grupo en dicha enmienda, que pretende añadir un nuevo apartado al artículo 3 y que debiera decir que pretende la supresión del apartado 1 del artículo 3, entiende que la inclusión en la denominación de la compañía del calificativo de laboral, bien sea sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral, debe ser algo puramente potestativo. Como decíamos anteriormente, la calificación de laboral no surte efectos respecto de terceros; los terceros que contratan con una sociedad anónima o limitada laboral tienen absolutamente los mismos derechos y obligaciones que los terceros que contratan con una sociedad de responsabilidad limitada o una pura y simple sociedad anónima. De ahí que entendamos que debe dejarse a la voluntad de la compañía el hacer figurar este calificativo de laboral porque, como decía anteriormente, no viene vinculado este calificativo a una mayor o al menos igual imagen de solvencia que las puras y simples sociedades anónimas. Eso sí, como decimos en la enmienda 17, sí debe hacer constar esta calificación de laboral en la documentación, correspondencia y facturas de la compañía, pero no obligatoriamente en la denominación bajo la que gira socialmente esta compañía.
La enmienda número 18, respecto del Registro de Sociedades Laborales, pretende que la aplicación de la ley, cuando entre en vigor, nos produzca una solución de continuidad respecto del registro que ya se mueve en el ámbito de la vigente Ley de Sociedades Anónimas Laborales. No hay que crear ningún registro porque ya existe; en todo caso, lo que habrá que hacer es ampliar los objetos inscribibles, en este caso, las sociedades limitadas laborales y si acaso variar algunos procedimientos.
Hay algunas otras enmiendas, que podríamos denominar de carácter menor, que voy a dar por defendidas y seguro que me lo agradecerán. Por lo demás, debo señalar que estamos dispuestos a admitir las enmiendas de carácter transaccional que nos presentan algunos otros grupos.
Respecto del artículo 8, al que anteriormente ha hecho referencia, quiero señalar que precisamente esta concepción de que no es bueno para las sociedades laborales someter a las acciones de clase general a un régimen específico y diferente al propio de la Ley de Sociedades Anónimas y de Sociedades Limitadas, es lo que hace que apoyemos el texto del proyecto, que estemos dispuestos a apoyar alguna enmienda presentada por el Grupo Socialista y que nos manifestemos contrarios a algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias por la atención y la benevolencia de la Presidencia y de SS. SS. y descansamos hasta el próximo título.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y para defender las enmiendas números 53 a 64, tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Nuestras enmiendas, estando de acuerdo, en principio, con el paso hacia adelante que significa, en general, el que esta ley salga a la luz, tratan, por un lado, de dar estabilidad a este tipo de sociedades, estableciendo determinados requisitos a la transmisión de títulos --me estoy refiriendo a la enmienda 62-- y, por otro lado, pretenden que se dé un reparto más equitativo del capital social --nos trasladamos a la enmienda 56--, e intentamos que exista un incremento de posibilidades de creación de empleo, en función del porcentaje de número de horas trabajadas que puedan ser ocupadas por trabajadores con contrato indefinido y con contrato a tiempo cierto. Por otro lado, responde al principio de que los trabajadores, tanto si son fijos como si están contratados por tiempo definido, puedan acceder a la condición de socios y tengan, por tanto, en este sentido un derecho preferente para ello.
Al tratar del régimen fiscal intentamos, a través de determinadas enmiendas, que la especificidad del régimen fiscal de estas sociedades no signifique una absoluta desfiscalización y, por otro lado, que esta especificidad fiscal no sirva como instrumento de elusión fiscal por parte de determinados inversores, y, en este sentido, propugnamos la separación entre el tratamiento de las acciones o participaciones de clase general y las de clase laboral.
Finalmente, llamo la atención de SS. SS. sobre la enmienda 68, que nos parece novedosa y de gran utilidad, en la medida que pretende no sólo --esto ya está contemplado en otras leyes e incluso aquí-- la capitalización de las prestaciones por desempleo, sino que también introduce la capitalización de las prestaciones por incapacidad permanente, lo que creemos que sería de gran utilidad que se pudiera realizar con el consenso de todos.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Popular y para la defensa de las enmiendas número 70 a 87, tiene la palabra el señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Haré uso de este turno para proceder a la defensa de las enmiendas presentadas por mi grupo, así como para hacer referencia a enmiendas presentados por otros grupos, toda vez que ofreceremos una serie de transaccionales a los efectos de intentar llegar a acuerdos en una proposición de ley tan importante como puede ser ésta. En aras de la brevedad, haré inmediata referencia a dichas enmiendas, intentando ser lo más esquemático posible, y, por tanto, siguiendo el orden del articulado de la propia proposición.
En primer lugar, al artículo 1 de la misma está la enmienda número 70, presentada por mi grupo, que propugna una alternativa para el caso de que se superen los topes de horas-año trabajadas, que tiene su justificación en el hecho de que los límites de contratación previstos en el párrafo 2 pueden ser superados por razones totalmente ajenas

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a la empresa, por lo que entendemos que sería conveniente añadir este nuevo párrafo --que se recoge en nuestra enmienda número 70, repito--, que supone una clara mejoría respecto a la propuesta originaria, y que, además es coincidente con el último párrafo de la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que también en este caso recoge el mismo criterio, aunque no podamos compartir la primera parte de la redacción de dicha enmienda número 1, que sitúa en el 10 por ciento el máximo de trabajadores no socios en relación con los socios trabajadores, ya que, a nuestro juicio, no sería aceptable limitar el número de contratados con relación al número de socios trabajadores, siendo la referencia que existe en la proposición de ley al número de horas-año trabajadas mucho más favorable si los contratados lo son a jornada parcial. La referencia al número de horas-año trabajadas, que es la que defendemos en nuestra enmienda, facilita una mayor flexibilidad del sistema. Es la propia flexibilidad que existe en nuestra legislación vigente, la proporción de contratados sobre socios trabajadores, que se cambia ahora por la de horas-año trabajadas, permitiendo aumentar el número de trabajadores contratados por tiempo indefinido.
Una breve mención para decir que en este artículo 1 no apoyaremos las enmiendas 53, 54 y 55, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En el artículo 2, señor Presidente, procederemos a retirar la enmienda número 71, que estaba presentada al mismo.
En cuanto al artículo 3, haré una breve referencia en el sentido de que, por parte de nuestro grupo, se apoyará la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que propone añadir un nuevo apartado 3 que dé publicidad a la obtención de la calificación de laboral porque impone, a nuestro juicio, una mayor transparencia en las relaciones con terceros y como sistema de publicidad colectiva.
Al artículo 4, mi grupo ha presentado la enmienda número 72, que propone situar el texto de este artículo como disposición final y, evidentemente, reenumerar todos los artículos posteriores a éste, ya que, a nuestro juicio, es mucho más correcto técnicamente que esta norma, que es una norma de Derecho supletorio, aparezca, por razón de sistemática, como disposición final en vez de como artículo 4.
En el artículo 5, nuestra enmienda 73 añade un párrafo en consideración a las futuras asunciones de competencias por las comunidades autónomas, aclarando que, tratándose de un registro único --en este caso estamos hablando del registro administrativo--, con esta modificación las comunidades autónomas pueden asumir las tareas no normativas de ejecución registral, que, de hecho, actualmente ya tienen asumidas en relación con las sociedades anónimas laborales.
No compartimos, en cambio, el contenido de la enmienda número 18 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que propone modificar el régimen del actual registro.
Proponemos también en este articulado una enmienda transaccional a las enmiendas 19 y 74, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que son prácticamente iguales --creo que cambia un adverbio-- y el sentido de ambas es aclarar dónde procede la inscripción, si en el Registro Mercantail o en el Registro de Sociedades Laborales, y conocer desde cuándo goza la sociedad de personalidad jurídica. El texto de la enmienda transaccional, evidentemente, sería cualquiera de los textos de las enmiendas presentadas, el de la 19 o el de la 74, ya que las diferencias, reitero, son mínimas.
No apoyaremos, en cambio, la enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que propone exceptuar de la negativa de inscripción los supuestos de disolución de la sociedad o pérdida del carácter laboral, ya que no nos parece necesario salvar ambos supuestos.
Además, la pérdida del carácter de laboral ya constará en el Registro Mercantil, por nota marginal, según prevé el artículo 17.3 de la propia proposición presentada por el Grupo Socialista.
Sí apoyaremos, en cambio, la número 21, que propone añadir un nuevo apartado al artículo 5, a fin de permitir un control administrativo sobre transmisiones de acciones o participaciones, ya que nos parece una propuesta justificada, debiendo ser, en todo caso, en el real decreto regulador del registro administrativo donde se determine la periodicidad de la comunicación.
En el artículo número 6 no apoyaremos las enmiendas coincidentes números 2 y 22, del Grupo Vasco y del Grupo Catalán, respectivamente, y en cambio sí que haremos lo contrario respecto a las enmiendas número 3, del Grupo Parlamentario Vasco, y 23, del Grupo Parlamentario Catalán, ya que coinciden con la número 76, del Grupo Parlamentario Popular. Estas enmiendas proponen mantener únicamente la prohibición de crear acciones de clase laboral sin voto, suprimiendo las restantes situaciones que se contemplaban, lo cual encuentra su justificación en la no exclusión, para sociedades limitadas laborales, de todas las posibilidades que ha establecido la nueva Ley de Sociedades Limitadas. Por ello, debe suprimirse el párrafo segundo en el sentido de que establece una clara prohibición de voto plural, de dividendos preferentes y de derechos especiales en la cuota de liquidación, todo ello, a nuestro juicio, muy inconveniente después de haber procedido a la aprobación de la nueva Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En cuanto a las enmiendas 4, del Grupo Parlamentario Vasco, 24, del Grupo Catalán, y 76, de mi propio grupo, nuestro grupo propone una transaccional que, eliminando el párrafo primero de la enmienda número 76, acoja el párrafo primero y segundo de la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Catalán, que además subsume la número 4, del Grupo Parlamentario Vasco, y se añada un nuevo párrafo que coincidiría con el párrafo número 3 de nuestra enmienda 76.
Por último, en este artículo 6 no apoyaríamos la enmienda 56, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En el artículo 7 apoyaríamos la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Catalán, simplemente porque es una mejora técnica. Propone cambiar la palabra «categorías» por «clase», que entendemos que es una clara mejoría a este respecto, no apoyando en este caso las

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enmiendas 57 y 58, del Grupo de Izquierda Unida, proponiendo a su vez una transaccional a las enmiendas 5, del Grupo Parlamentario Vasco, 26, del Grupo Parlamentario Catalán, y 77, de mi propio grupo, que proponen que la conversión de acciones de clase general a clase laboral se produzca sin necesidad de solicitud, ya que la imposición por los administradores del cambio de clase resuelve algunos problemas de orden práctico que ya vienen produciéndose.
En cuanto al artículo 8, no apoyaremos tampoco las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, que son la 59 a la 62, por entrar en clara contradicción con la enmienda transaccional que nuestro grupo presentará a las enmiendas 78, de nuestro grupo, 6, del Grupo Parlamentario Vasco, que son absolutamente coincidentes, 27 y 28, del Grupo Catalán, 63 y 64, del Grupo de Izquierda Unida, y 48, del Partido Socialista. Si bien entendemos, después de la intervención del parlamentario del Grupo Catalán que ha tenido el uso de la palabra, que esta transaccional será aceptada por el Grupo Parlamentario Catalán y que entonces, evidentemente, deberíamos proceder a la votación de las enmiendas separadamente, a no ser que la transaccional fuera aceptada por el resto de los grupos a los que me dirijo. Nuestra transaccional busca la finalidad que persiguen sobre todo las enmiendas número 78, del Grupo Parlamentario Popular, y la 6 del Grupo Parlamentario Vasco, que pretenden modificar el derecho de adquisición preferente, estableciendo el mismo orden de prioridad para los dos tipos de acciones. Aunque, a nuestro juicio, además resultaría más adecuado incorporar la modificación que pretende la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Catalán, en el primer párrafo de este artículo, ya que mejora el texto tanto de la proposición, tal como está redactada actualmente, como de la modificación propuesta en la número 28. Es una clara mejora técnica, a nuestro juicio.
Así, también en el punto número 6 resultaría aconsejable ampliar el plazo que hay de tres a cuatro meses, según defienden las enmiendas números 63 y 64, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A nuestro juicio, reitero, lo más importante es el tema al que he hecho ya referencia, coincidente con el Grupo Parlamentario Vasco, que es introducir en este artículo el derecho de adquisición preferente respecto a las dos clases de acciones que pueden convivir en el seno de una sociedad laboral, y ello en orden a tres precisiones: En primer lugar, porque entendemos que el mismo orden de prioridad debe mantenerse tanto si se enajenan acciones o participaciones de la clase laboral, como de la clase general, si tenemos en cuenta los principios de prioridad del trabajo, que es el que guía a mi grupo dentro de esta ley, integración máxima posible de trabajadores e igualación de éstos. No discutimos el hecho de que no podamos estar hablando de una sociedad completamente nueva, al margen de lo que son estas sociedades puramente mercantiles, las sociedades anónimas o las sociedades limitadas; pero sí debemos ser conscientes de que estamos hablando de sociedades anónimas o limitadas laborales y que, por tanto, este carácter de laboralidad es el que imprime a toda esta proposición de ley, y a todo nuestro grupo de enmiendas, el hecho de que haya que primar el principio de prioridad del trabajo en esta sociedad, no de prioridad del capital, así como la integración máxima posible de trabajadores y la igualación de éstos en la misma. Por eso, también es importante --segunda precisión al respecto--, ya que no nos parece correcto, dentro de este espíritu que se propugna, declarar libres las transmisiones de clase laboral cuando son a favor de un trabajador de la sociedad. Téngase en cuenta que no sólo se trata de limitar la entrada de extraños, sino también de mantener, evidentemente, la equidad entre los socios trabajadores. Y por último, la tercera precisión que quería hacer al respecto es que los trabajadores que ya sean titulares deben tener el derecho de acudir a la adquisición preferente en igualdad con los que no son socios cuando sus acciones o participaciones estén por debajo de las que van a adquirir los nuevos socios, porque si no nos podíamos encontrar con el hecho de que los nuevos socios que no eran trabajadores adquirirían mayor porcentaje que los propios socios trabajadores, ya que éstos tendrían vedada esa posibilidad de acudir a la adquisición preferente. Por último, quiero añadir, señorías, señor Presidente, que no apoyaremos la enmienda 29, del Grupo de Convergència i Unió.
En cuanto al artículo 9, quiero hacer una brevísima referencia al hecho de que apoyaremos la enmienda número 30, del Grupo Catalán, que propone establecer un procedimiento para la determinación del valor real de las acciones o participaciones. Esta enmienda recoge, con modificaciones respecto a la asignación de auditor por el Registro Mercantil, el procedimiento ya vigente del artículo 29.2.d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por lo que entendemos que su justificación es aceptable. Cabría añadir un tercer párrafo al artículo coincidente con el del texto de dos enmiendas (en todo caso podíamos estar hablando de una transaccional), la número 7, del Grupo Parlamentario Vasco, y la 79, del Grupo Parlamentario Popular, que propone añadir la previsión en cuanto al pago de los gastos de auditoría; es decir, quiénes harían el pago de los gastos de auditoría que se preveían justamente en el párrafo anterior.
En el artículo 10 las enmiendas 31, del Grupo Parlamentario Catalán y 80, de mi propio grupo, son idénticas. Ambas proponen adaptar el artículo a lo previsto en la Ley de Sociedades Limitadas. A nuestro juicio, ello supone un serio avance en la consolidación de la estructura del capital de la sociedad, incorporando fórmulas de prohibición de las transacciones, que ya están recogidas en el Reglamento del Registro Mercantil vigente, recientemente aprobado este año, así como también en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Al artículo 11.1 también hay tres enmiendas prácticamente idénticas, que persiguen añadir un nuevo párrafo que establezca el procedimiento adecuado para hacer posible la venta de las acciones con plenas garantías para los socios, lo cual supone en nuestro caso una mejora clara en la redacción de la propuesta originaria y un importante avance, ya que resuelve una cuestión práctica que se daba mucho hoy en día en las sociedades anónimas laborales, que se plantean muy a menudo, y es que el socio trabajador que extingue su relación laboral, se inhibe completamente ya sobre el destino de sus acciones o participaciones de

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clase laboral. Por tanto, mejoraría claramente esta redacción sustituyéndose el párrafo en el sentido de las enmiendas a que he hecho alusión, y además poniendo en el párrafo uno «ni los socios ni la sociedad», que se sustituiría por la palabra «nadie» --que sería cuestión de la transaccional--, teniendo en cuenta claramente que la adquisición también puede producirse por los trabajadores no socios. Y también habría que sustituir, en el comienzo del segundo párrafo, «habiendo socios que», por «habiendo quienes», evidentemente, por el mismo argumento que he dado anteriormente.
En el artículo 12.2, nuestro grupo propone una transaccional a todas las enmiendas presentadas que permitiría regular la opción de adquisición preferente en los estatutos, matizando, como hace la Ley de Sociedades Limitadas, que tal derecho hay que ejercitarlo en un plazo máximo de tres meses y con pago al contado. Se añade, además, que se debería ampliar de tres a cuatro meses, en relación con lo dispuesto ya en el artículo 8 de la proposición de ley.
En el artículo 13, apoyaremos la enmienda número 34 del Grupo Catalán, que propone permitir el sistema proporcional, sin imponerlo, cuando existe una clase de títulos, porque a nuestro juicio mejora claramente el sistema de elección de órgano de administración.
En cuanto al artículo 14.2, mi grupo tiene presentada una enmienda, la número 83, que propone la supresión del párrafo segundo por contradecir, a nuestro juicio, el resto de normas sancionadoras del proyecto. Viene a coincidir --y por tanto, la apoyaremos también-- con la enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Catalán, que añadiría un nuevo párrafo 3 que propone adecuar la obligación del juez a la impugnación de los acuerdos competencia del registro administrativo y no cuando se refiera a otros tipos de acuerdo.
En el artículo 15 no apoyaremos la enmienda número 10 del Grupo Parlamentario Vasco, que propone añadir la expresión «de carácter irrepartible», ya que, a nuestro juicio, no es necesario determinar la naturaleza del fondo del que está hablando este artículo. Su aplicación ya está taxativamente establecida en el punto 2 del artículo 5.
En el artículo 16, en su apartado tercero, hay dos enmiendas idénticas, una de este grupo y la número 11 del Grupo Parlamentario Vasco, que mejoran, a nuestro juicio, la propuesta originaria, en el sentido de ampliar el derecho a suscribir nuevas acciones a los trabajadores socios de menor porcentaje de participación, respondiéndose con ello de forma nítida a los principios a los que he hecho referencia de integración de los trabajadores en la sociedad y de igualación de los mismos.
En el artículo 17 hay una enmienda de mi Grupo, la número 85, que propone una mejora técnica al unificar en un solo apartado lo que está dispuesto en los números 1.º y 2.º del apartado 1. Asimismo, nuestra enmienda 86, que coincide en su primera parte con la número 36 del Grupo Catalán; por tanto, hacemos nuestra también dicha enmienda 36, en cuanto a añadir al «órgano correspondiente en la comunidad autónoma», lo que estaba previsto en cuanto a la calificación de los órganos administrativos a los que hacía referencia, ampliando --y es la segunda parte de nuestra enmienda-- el plazo contemplado en el artículo 6.3 a un año, porque entendemos que el plazo de seis meses es muy corto para los supuestos a los que estamos haciendo referencia; creemos, repito, que debería ampliarse el plazo a un año.
La enmienda número 37 se apoyará también, por los motivos anteriormente expuestos; no en cambio la número 38, del Grupo Parlamentario Catalán, ya que nos parece más apropiado mantener la propuesta del texto de la proposición de ley. La descalificación en este caso no es, naturalmente, una transformación social, sino puramente una resolución administrativa.
Por último, señor Presidente, al artículo 18 existe la enmienda número 87 de mi grupo, que pretende añadir un nuevo artículo 18 que contemple el cambio de domicilio a efectos de determinar el registro competente, que supone una mejora respecto de la redacción de la propuesta originaria, aunque evidentemente existe un error de transcripción en la misma, ya que no se puede hablar de desclasificación, sino que de lo que hay que hablar es de descalificación.
Con ello, señor Presidente, doy por defendida la totalidad de las enmiendas presentadas por mi grupo a los artículos 1 a 18 de la presente proposición de ley; así como también he hecho referencia a las transaccionales que nuestro grupo ofertaría al resto de los grupos respecto a los mismos artículos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para presentar las enmiendas 48 a 50, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Como ya hicimos constar en el trámite de toma en consideración de esta proposición de ley, que tuvo lugar en el Pleno, la finalidad de las sociedades laborales es conseguir nuevos métodos de creación de empleo, fomentando, a la vez, la participación de los trabajadores en la empresa.
Las líneas maestras de las sociedades laborales quedan perfectamente definidas en la exposición de motivos de la proposición de ley. Sin embargo, convendría recordar que son éstas: en primer lugar, que la mayoría del capital de la sociedad laboral sea propiedad del conjunto de los socios trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa; fijación de un límite al conjunto de los trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido; fijación del máximo de capital que puede poseer cada socio; existencia de dos tipos de acciones y participaciones, según sus propietarios sean trabajadores o no; derecho de adquisición preferente, en caso de transmisión de acciones o participaciones de carácter laboral; constitución de un fondo de reserva y una serie de notas, en relación con los temas fiscales, que van a contribuir a la promoción y desarrollo de este tipo de sociedad.
Quiero decir con esto, que todas aquellas enmiendas que se oponen a estas líneas maestras que nosotros pensamos que deben presidir la configuración normativa de las sociedades laborales, no van a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Las sociedades laborales

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son un instrumento, como he dicho, de creación de empleo, son fórmulas de autoempleo, fundamentalmente. Por eso, los socios trabajadores no sólo deben tener la mayoría del capital social, sino que desarrollan la mayor parte del trabajo que se presta en la sociedad. Así, los trabajadores no socios prestan un volumen de trabajo inferior, de tal forma que la proposición de ley, en consonancia, fija un límite mediante un porcentaje sobre horas/año trabajadas por socios trabajadores. El porcentaje que fija la proposición de ley pensamos que es convencional pero es adecuado, no se demuestra que haya que incrementar este porcentaje en un 5 por ciento, como pretenden las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por eso votaremos en contra de las enmiendas de este grupo en relación con el artículo 1.
El Partido Nacionalista Vasco prefiere limitar el número de trabajadores no socios, en lugar de referirse a las horas/año trabajadas. Pensamos que es más preciso referirnos a las horas/año trabajadas y por eso vamos a mantener la posición que defendimos en el Pleno.
En cuanto a la enmienda al artículo 1, del Partido Popular, que establece un plazo para adaptarse a la ley, en relación con esos porcentajes que fija el artículo 1, pensamos que no se pueden transgredir estos porcentajes y no se puede fijar un plazo de adaptación de tres años, como hace el Partido Popular. Creemos que esta flexibilidad es incongruente con el propio concepto de las sociedades laborales.
En relación con el artículo 2, hay una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), la número 16, que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar, en tanto en cuanto mejora el contenido del artículo 2 de la proposición de ley.
La enmienda del Grupo Popular número 71 creo que ha sido retirada.
En relación con el artículo 3, sobre la denominación social, también el Grupo Catalán tiene una enmienda, la número 17, que nosotros aceptaríamos siempre y cuando se cambiara la redacción, porque dice la enmienda que la obtención de la calificación laboral se hará constar en toda su documentación --referido a la documentación de la sociedad laboral--, correspondencia, notas de pedido y facturas, anuncios. Pensamos que no es la obtención de la calificación laboral lo que se debe hacer constar; no creo que en los membretes de las sociedades laborales se vaya a decir: esta sociedad ha obtenido la calificación de sociedad laboral en tal fecha, etcétera, está inscrita en el registro laboral... Creo que eso no procede que conste, y pienso que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a lo que se refiere no es a la obtención de la calificación laboral, sino a la denominación de laboral. Pienso que este concepto sería mucho más preciso. En ese sentido, aceptaríamos la enmienda número 17, que introduce un nuevo apartado, el número 3, al artículo 3 de la proposición de ley.
Estamos de acuerdo con la enmienda del Grupo Popular, número 72, que remite a una disposición final el artículo 4. Pensamos que técnica y jurídicamente es adecuado que las normas de aplicación subsidiarias, respecto a esta proposición de ley, consten en una disposición final.
En relación con el artículo 5, la proposición de ley, en materia de registro de las sociedades laborales, es muy clara. En síntesis, se trata de crear o de modificar la denominación, como propone la enmienda 18 de Convergència i Unió, un registro administrativo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Propongo, además, que se actualice la denominación que figura en el texto de la proposición, que habla del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de un registro único; las comunidades autónomas pueden tener la importante competencia de calificación de una sociedad como laboral, pero nada más --y nada menos, diría yo también--. En todo caso, podemos aceptar la enmienda número 73, del Grupo Popular, que contiene el famoso y nada original «sin perjuicio», para referirse a las competencias de ejecución de las comunidades autónomas.
No vamos a aceptar el resto de las enmiendas que afectan a este artículo.
La adquisición de personalidad jurídica está perfectamente resuelta en los tratados doctrinales.
En cuanto a la enmienda número 20, del Grupo de Convergència i Unió, no parece congruente, porque se refiere a la disolución como equivalente a la modificación de la sociedad. Y en cuanto a la obligación de notificar al registro administrativo, enmienda número 21 de Convergència i Unió, las transmisiones de acciones, creemos que es una nueva carga burocrática innecesaria que dificultaría la transmisión y el libre tráfico mercantil de acciones y participaciones.
En relación con el artículo 6, que trata del capital y de los socios, la proposición establece que el desembolso de dividendos pasivos, en el caso de sociedades anónimas laborales, se efectúe dentro del plazo que señalen los estatutos sociales. Nos parece que es lo adecuado, puesto que así se respeta plenamente la voluntad de los socios. No nos parece conveniente dejarlo en manos del órgano de administración, como pretenden las enmiendas número 2, del Grupo Parlamentario Vasco, y número 22, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En todo caso, los estatutos pueden determinar que sea el órgano de administración quien fije el plazo de desembolso, con lo que está salvada la preocupación, así lo entendemos, que subyace en las enmiendas mencionadas.
El apartado 2 del artículo 6, que impide la alteración de la proporcionalidad entre la acción o la participación, su valor nominal y el derecho de voto, un derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones o en la asunción de nuevas participaciones, o en los derechos al dividendo y a la cuota de liquidación, pensamos que está perfectamente diseñado en la proposición de ley. La especialidad de estas sociedades impide no sólo el voto plural, sino también los dividendos preferentes o los derechos especiales en la cuota de liquidación.
Estamos de acuerdo en aceptar una enmienda transaccional, que nos ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, en relación con las enmiendas 24, de Convergència i Unió, 4, del PNV, y 76, del Partido Popular, a efectos de asimilar a las sociedades públicas participadas por el Estado, comunidades autónomas, entes locales y a las asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro. No

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obstante, no podemos estar de acuerdo con el último párrafo del artículo 3 al que el Grupo Popular ha presentado la enmienda 76, que dice lo siguiente. «En los supuestos de transgresión de los límites que se indican» --sería el 51 por ciento para la clase laboral y el 49 por ciento para el resto--, «la sociedad estará obligada a acomodar a la ley la situación de sus socios respecto al capital social, en el plazo de un año a contar del primer incumplimiento de cualquiera de aquéllos». Nos parece que esto no puede aceptarse. Por ejemplo, una sociedad en la que los socios trabajadores no tengan la mayoría del capital social, por definición, no es una sociedad laboral y no caben convalidaciones como la que propone el Grupo Popular. Por tanto, aceptaríamos la enmienda transaccional siempre que se excluya este párrafo indicado.
En cuanto al artículo 7, categorías de acciones y de participaciones, no hay ningún inconveniente en que se sustituya la palabra «categorías» por «clases», como persigue la enmienda número 25, de Convergència i Unió, que aceptaremos. Sin embargo, en relación con las enmiendas 26, de Convergència i Unió, 5, del PNV, y 77, del Grupo Popular, hay una confusión que creo conviene aclarar. Se dice que los trabajadores que adquieran acciones o participaciones de la clase general tienen derecho a exigir de la sociedad la inclusión de las mismas en la clase laboral. Y pregunto: ¿También los trabajadores temporales? Las acciones o participaciones de la clase laboral están reservadas, por definición, para los trabajadores con contrato indefinido. Cabe que no todos los trabajadores con contrato indefinido sean socios. Por ello podemos aceptar la enmienda número 58, de Izquierda Unida. También aceptamos la enmienda 57, de Izquierda Unida, que añade la palabra «nominativos» después de la expresión «títulos individuales múltiples».
En cuanto al artículo 8, sobre el derecho de adquisición preferente en caso de transmisión voluntaria inter vivos, pensamos que el esquema que contiene el texto de la proposición es perfectamente coherente. En la sociedad laboral la mayoría del capital social la tienen trabajadores con contrato indefinido. Si un socio, es decir, un trabajador con contrato indefinido, quiere vender su acción o participación a alguien que no sea trabajador con contrato indefinido, tiene que comunicarlo por escrito al órgano de administración de la sociedad, concediéndose el derecho de adquisición preferente a los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios. La preferencia se articula del siguiente modo: primero, trabajadores, no socios, con contrato indefinido; segundo, trabajadores socios, con contrato indefinido; tercero, titulares de acciones o participaciones de clase general; cuarto, trabajadores temporales o resto de trabajadores sin contrato a tiempo indefinido; quinto, la sociedad, y sexto, libre. Con la preferencia de este modo articulada se mantiene la mayoría de capital social en manos de trabajadores con contrato indefinido. La enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y la 78, del Grupo Parlamentario Popular, establecen la preferencia de adquisición para las dos clases de acciones o participaciones, tanto las laborales como las generales. A primera vista parece que ello redundaría en un mayor sentido social, pero ocurre todo lo contrario, y así lo pensamos, porque lo que de verdad se está intentando es limitar la transmisión de acciones o participaciones de la clase general y limitar también las posibilidades de financiación para las sociedades laborales sin obtenerse nada a cambio. Esto es perfectamente coherente con las posiciones de la derecha, pero rechazable desde nuestra posición. No hay ningún inconveniente, en cambio, en aceptar las enmiendas 27 y 29, de Convergència i Unió, no así la número 28. Respecto a las enmiendas de Izquierda Unid a este artículo 8, aceptamos la número 63. Nuestra enmienda número 48 trata de una mera corrección técnica que por descontado aceptamos.
Y si me lo permite, señor Presidente, cedo la palabra a mi compañera señora Alvarez.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alvarez Gayol.


La señora ALVAREZ GAYOL: Al artículo 9 se han presentado las enmiendas 30, 7 y 79. Las enmiendas 7 y 79 son iguales y nosotros las aceptamos, pero propondríamos que se introdujera entre el párrafo primero y segundo de la enmienda de Convergència i Unió el apartado 1 de la actual proposición de ley. De no ser así, solicitaremos votación separada. Hay una enmienda transaccional con la que estamos de acuerdo, pero querríamos introducir este párrafo.
Respecto al artículo 10, no estamos de acuerdo con las enmiendas 31 y 80.
No coincidimos con el planteamiento hecho por el grupo Popular. No creemos que dichas enmiendas amplíen, sino que restringen, porque se está hablando de la Ley de Sociedades Limitadas y las S. L. pueden ser sociedades limitadas laborales y sociedades anónimas. Creemos que este artículo responde a lo que son las SAL. Por esta razón no las vamos a votar a favor.
Al artículo 11 se han presentado las enmiendas 8, 32 y 81. Las enmiendas 32 y 81 son iguales. Además, hay otra enmienda de transacción. Creemos que estas enmiendas mejoran el proyecto de ley y, por tanto, estamos de acuerdo con ellas.
Al artículo 12 se han presentado cuatro enmiendas, las números 9, 33, 49 y 82. Las enmiendas 9 y 82 son iguales. Existe también una enmienda transaccional, que creemos clarifica y mejora la redacción, y con la que estamos de acuerdo.
Al artículo 13 se ha presentado la enmienda 34. Con ella se pretende añadir un nuevo párrafo. Estamos de acuerdo porque creemos que si hay problemas los simplifica.
Al artículo 14 se han presentado las enmiendas 83 y 35. No estamos de acuerdo con dichas enmiendas porque creemos que el proyecto es mucho mejor. Pensamos que no hay redundancia de ningún tipo y creemos que el proyecto de ley clarifica y no entra en contradicción.
Al artículo 15 se ha presentado la enmienda 10. No estamos de acuerdo con dicha enmienda porque creemos que no amplía el texto y consideramos que es mejor dejarlo como está.


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Al artículo 16 se han presentado las enmiendas 11 y 84. Estamos de acuerdo con la nueva redacción del apartado 3 de dicho artículo porque lo mejora y lo amplía.
Al artículo 17 se han presentado las enmiendas 85, 36, 86, 37 y 38. La enmienda 85 pretende una mejora técnica con la que coincidimos porque consideramos que mejora el texto. Con las restantes enmiendas no estamos de acuerdo. En el artículo correspondiente se hace referencia a la creación de un registro único en el Ministerio de Trabajo, pero nosotros no sabemos si en los acuerdos existentes, que no conocemos, entre Convergència i Unió y el Partido Popular se incluyen los registros en las comunidades autónomas respectivas. Por ello nos gustaría que nos lo explicaran, pero de entrada no estamos de acuerdo.
Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda 87 al artículo 18.
Respecto a la enmienda 13, de adición, al artículo 19, porque se ha retirado el artículo 18 bis por el Grupo del PNV, creemos que el primer párrafo tendría que ser una disposición adicional y que el segundo se podría introducir en la ya mencionada disposición adicional, con la que coincidimos absolutamente todos los grupos.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso del turno de réplica a este conjunto de enmiendas algún grupo de los que ya han intervenido? Tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: En turno estricto de réplica, no, simplemente para indicar que aceptamos la transaccional in voce del Grupo Parlamentario Socialista a nuestra enmienda número 17 y retiramos la enmienda 20.


El señor PRESIDENTE: ¿Los demás grupos tienen algo que manifestar sobre las restantes transaccionales que ha planteado el Grupo Popular? Tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Admitimos las transaccionales que se centran en las enmiendas 76, 77, 79, 81 y 82, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguirre, del Grupo Vasco.


La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, aceptamos las transaccionales que ofrece el Partido Popular a nuestras enmiendas y, por tanto, retiramos las nuestras.


El señor PRESIDENTE: Señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Solamente nos gustaría saber si el Grupo Parlamentario Popular estaría dispuesto a suprimir el último párrafo de la transaccional que propone al artículo 6 en relación con las enmiendas 24, 4 y 76.


El señor PRESIDENTE: Señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: No aceptamos la transaccional consistente en suprimir el tercer párrafo. Lo mantenemos tal como está, con el primero y segundo párrafos de las enmiendas de CIU y del Grupo Parlamentario Vasco y el tercer párrafo de la enmienda del Partido Popular. Por tanto, no aceptamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de enmiendas, relativas al capítulo segundo, artículos 19 a 21 nuevo, disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
En primer lugar, por el Grupo Vasco, para presentar las enmiendas números 13 a 15, tiene la palabra la señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Quiero indicar que retiramos la enmienda 14 y que para nosotros lo más importante de este capítulo es la adición que presentamos a la disposición adicional, sobre todo en el punto 2, en cuanto a que las regulaciones tributarias contenidas en la presente ley se entienden sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. También quiero indicar que apoyaríamos la enmienda 52, del Partido Socialista, que coincide, si no he tomado nota mal, con la 44, de Convergència i Unió, y con la 68 y la 69, de Izquierda Unida, pero consideramos que técnicamente es mejor la del Partido Socialista. También apoyaríamos la 39, de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso de la palabra el señor Silva, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para presentar las enmiendas números 39 a 47?

El señor SILVA SANCHEZ: Las doy por defendidas, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para defender las enmiendas 65 a 69, señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Doy por defendidas mis enmiendas porque ya lo he hecho en el primer turno de mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 88 a 93, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente, voy a defender nuestras enmiendas muy rápidamente porque todas tienen relación y a explicar nuestra posición respecto a las demás.
Empezando por el artículo 19, Convergència i Unió plantea en la enmienda 39 una bonificación en la constitución y aumento del capital y en la transformación de las sociedades.


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Nuestro grupo no puede admitir esta enmienda porque, en función de la modificación operada por la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, de adecuación de determinados conceptos impositivos a las directivas y reglamentos de las Comunidades Europeas, nos encontramos con el hecho de que están exentas como operaciones societarias la constitución y aumento de capital y el hecho de la transformación se encuentra como no sujeto.
Esta misma alegación es la que formulamos en relación con la enmienda número 50, del Grupo Socialista. La estudiaremos posteriormente con todo detenimiento, aunque entendemos que técnicamente en esta fase no la podemos admitir ya que, como acabo de manifestar, consideramos que la transformación es un hecho no sujeto al concepto de operaciones societarias al que alude dicha enmienda.
En la enmienda número 65, de Izquierda Unida, se solicita una bonificación para la cancelación de préstamos. Hemos de decir que no se encuentra entre los beneficios actuales y plantearía unas dificultades de gestión importantes que incluso podrían provocar una situación de fraude fiscal. Entendiendo el sentido de la enmienda, consideramos que puede producirse este doble hecho de un incremento necesario en la gestión impositiva para poder fiscalizar si realmente esos préstamos finalizan para refinanciar y tener la misma finalidad que al inicio, por lo que podría generarse una falta de control e incluso aflorar un fraude fiscal, razones que nos llevan a no poder apoyar tal enmienda.
La enmienda número 88, de mi grupo, plantea la supresión del punto 2 del artículo 19. Planteamos, como se ha dicho antes, que las sociedades ahora limitadas laborales, que se van a integrar por la aprobación del presente proyecto de ley, tengan el mismo tratamiento que ya prevé el artículo 11.2.a) de la Ley 43/1995, reguladora del Impuesto de Sociedades, que hace poco ha entrado en vigor y cuyo sistema de libertad de amortización entendemos que es más amplio que el existente en el propio marco de la proposición que debatimos.
La enmienda número 89 plantea, asimismo, la supresión del punto 3 del artículo 19. Remitiéndonos a la motivación escrita que formulamos en la misma, añadiré que este Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se encuentra cedido a nuestras comunidades autónomas y, por tanto, también hay un factor competencial de regulación de diversos beneficios fiscales que en esta materia puedan o no otorgar, de conformidad con la legitimidad que al respecto ostenta.
La enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene una similitud con la enmienda número 90, de nuestro propio grupo, en la que se plantea la creación de un nuevo artículo 21, pero consideramos que el punto primero de la adición que proponen es innecesario porque la competencia para dirimir los conflictos a que la misma alude ya está regulada en las normas procesales laborales. Sin embargo, consideramos que lo que plantea el punto segundo es insuficiente, en la medida en que nuestra enmienda ya contempla el encuadramiento en la Seguridad Social de una forma específica, cosa que no acaba de definir concretamente dicho punto segundo de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que no apoyaremos.
La enmienda número 40, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, propone la adición de un nuevo apartado al artículo 19. En definitiva, se trata de una reducción del tipo impositivo al 20 por ciento, en concordancia con la enmienda número 76, del mismo grupo. Al margen de razones recaudatorias obvias, las enmiendas números 40 y 76 plantean, de hecho, problemas que consideramos graves. En primer lugar, suponen una discriminación en sus propios términos, en la medida en que tan sólo contemplan a las sociedades constituidas al amparo de la ley, con lo cual se está eludiendo el tratamiento que preconizan aquellas sociedades que sean objeto de transformación al amparo de esta ley. De manera que aquí existe una primera discriminación, en nuestro criterio, inaceptable. En segundo lugar, hemos de decir que la alusión a los resultados extraordinarios se traduce en un término contable que no incluye los rendimientos derivados de actividades ajenas al objeto social y a las finalidades que justifican la concesión de los beneficios tributarios. En tercer lugar, si lo que se pretende es una equiparación al tratamiento fiscal de las cooperativas, habría que recordar que para eso están las cooperativas, y esa forma social es asumible por quien quiera integrarse en la misma; pero es evidente que la constitución de una cooperativa también tiene otras exigencias, limitaciones y condicionantes legales que no se dan en el marco de las sociedades laborales que aquí y ahora estamos debatiendo. Por tanto, no parece oportuno homogeneizar en lo bueno y no en el todo.
Por último, hemos de decir que, tanto el grupo proponente como este grupo y todos los aquí representados, creo que estamos teniendo una particular sensibilidad de apoyo a la economía social y de adecuado cumplimiento de las previsiones constitucionales que en este sentido se están planteando.
De hecho, la iniciativa que hoy aquí se debate va a salir con una mejora sustancial de determinados aspectos tradicionalmente reivindicados por la economía social: el encuadramiento en el régimen general de los socios trabajadores administradores, determinados beneficios fiscales, la adaptación --como propone la iniciativa del Grupo Socialista que se discute-- para que se puedan acoger a la forma social de limitadas y diversos planteamientos en orden a transmisiones de acciones y otras consideraciones. Hay un factor más, pero que no se va a debatir finalmente aquí --espero--, que es el tratamiento de la capitalización del desempleo. Hay que tener en cuenta que en la ley de acompañamiento se planteó una enmienda a nuestro grupo con el fin de que las primeras 500.000 pesetas estuvieran exentas de tributación en la capitalización del desempleo, que se está debatiendo en ese foro y que nos parece que es más adecuado que el de esta ley, porque, indudablemente, del pago único de la prestación de desempleo no es sólo beneficiario el titular trabajador que se vaya a integrar en una sociedad laboral, sino también el trabajador que se va a integrar en una cooperativa, figura social que hoy no estamos analizando ni debatiendo aquí. Por tanto, razones de técnica jurídica y, en el momento presente,

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de debate político creo que hacen necesario que los grupos que han articulado diversas enmiendas en este sentido --a los que hago una apelación al respecto--, en congruencia con ese debate y con la manifestación técnica-jurídica a la que acabo de aludir, procedan a la retirada de dichas enmiendas, dado que no es éste ni el lugar ni el momento adecuado para su debate.
Al artículo 19 hay también otra enmienda, la número 41, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que pretende una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la cuota del 15 por ciento de las inversiones realizadas por los socios trabajadores en las sociedades laborales. En nuestro criterio esto supondría una grave discriminación porque hay que pensar que también hay trabajadores que no son socios, porque sus empresas no son sociedades laborales, que se pueden encontrar en la misma situación de inversión y que, sin embargo, tendrían un tratamiento discriminatorio de desigualdad en la medida en que no se podrían acoger, en modo alguno, a la deducción que postula el Grupo Catalán. Por otro lado, desde una concepción más global del carácter fiscal de la tributación, nos encontraríamos con una ruptura del carácter general del IRPF, que nos parece que ni es asumible ni es éste el lugar más razonable para plantearlo.
La enmienda número 42, también del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), plantea la adición de un nuevo apartado al artículo 19. Lo que pretende esta adición es que las sociedades laborales cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a 1.000 millones de pesetas se puedan beneficiar de las previsiones que al respecto establece la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades --digo nueva porque lleva pocos meses en vigor-- para aquellas cuyo volumen de negocio no exceda de 250 millones de pesetas. Nuevamente debemos hablar aquí de posibles tratos discriminatorios, de que se rompe el objetivo de la neutralidad fiscal, de que estamos intentando, por la vía de la ley de sociedades laborales, la modificación de una ley de diciembre del año pasado y que ha entrado en vigor hace muy poco tiempo. Además, políticamente hablando, consideramos que, pese a la buena voluntad que reconocemos en el elenco de enmiendas de carácter fiscal que ha planteado fundamentalmente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), esto tampoco va a afectar positivamente a la globalidad de las empresas y la economía social. Si, dentro de los análisis del núcleo de las empresas del tejido social español, se calculaba que el margen de 250 millones afectaba al 75 por ciento de las empresas, qué duda cabe que en el campo de la economía social todavía --me atrevo a decir-- afectará a un mayor número de las mismas. Por tanto, lo que se plantea sería prácticamente una exención para todas o para casi todas, porque se me escapa el pensar que haya muchas que desborden el marco de los 1.000 millones a que alude la enmienda que, por las razones esgrimidas, naturalmente no podemos apoyar.
La enmienda número 66, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ha sido ya analizada a la hora de ver la número 40, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En la enmienda número 90, de nuestro grupo, se propone un nuevo artículo 21. Se dice: Todos los trabajadores socios --técnicamente se debería decir todos los socios trabajadores-- de las sociedades laborales estarán afiliados al régimen general de la Seguridad Social, incluidos los miembros del órgano de administración, tengan o no competencias directivas. Creemos que ésta es una cuestión importante y largamente reivindicada desde el mundo de la economía social a lo largo de los últimos años, desde el momento en que una circular del Instituto Nacional de la Seguridad Social condujo a que los directivos, aunque fueran socios trabajadores, tuvieran que cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos, con el grave problema que esto implica en este tipo de empresas, cuyo tamaño es casi de microempresa o de pequeña empresa en la mayoría de los casos, puesto que para un trabajador supone un gran esfuerzo, aparte de cumplir con su horario de trabajo, liderar y asumir las responsabilidades que se derivan del carácter de administrador o de miembro del consejo de administración de la sociedad laboral. Si a ello uníamos, en estos últimos años, la circunstancia de que, supuesta la no viabilidad de la empresa, no pudiera acceder al desempleo por estar dentro del ámbito de aplicación del régimen de trabajadores autónomos, huelga decir el grave quebranto que se planteaba para que la gente pudiera asumir estas imprescindibles obligaciones en la llevanza y liderazgo de las empresas de las sociedades laborales. Creemos que con nuestra propuesta, que es, de un modo u otro, una enmienda articulada desde los diversos grupos, se da una cabal y satisfactoria respuesta que va a permitir a estas empresas, en la vida práctica, un mayor auge y una mayor estabilidad.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) plantea en su enmienda número 15 --a la cual su portavoz hace un momento le daba particular relevancia-- la adición de dos puntos a la disposición adicional primera. Nuestro grupo está dispuesto a ofrecer al grupo enmendante y al resto de los grupos de la Cámara una enmienda transaccional, en el sentido en que nos parece que puede ser y es oportuno lo que se pretende en el punto 2, con una matización de mejora técnica. Se dice: Las regulaciones tributarias contenidas en la presente ley se entienden sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los territorios históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Nosotros lo único que planteamos es: «Lo dispuesto en el capítulo segundo de la presente ley», porque el capítulo segundo es específicamente el que alude a las introducciones de medidas fiscales y tributarias en la ley. El punto 3 nos parece ocioso porque la ley no está, de hecho, afectando a las transmisiones inter vivos y mortis causa, ni al Derecho civil foral de ninguna comunidad autónoma, por lo cual entendemos que no es procedente su admisión. En definitiva, y repito, asumiríamos el primer párrafo como punto 2 que figura en la enmienda, con la sustitución de «Las regulaciones tributarias contenidas en la presente ley» por «Lo dispuesto en el capítulo segundo de la presente ley».
La enmienda número 92, de nuestro grupo, plantea una adición a la disposición adicional cuarta, que por celeridad diré que ya ha sido admitida por el Grupo Socialista a la

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hora de valorar la supresión del artículo 4.º que postulábamos en una enmienda precedente. Esta enmienda es concorde con la nuestra número 88.
La motivación es más que explícita. Tan sólo se trata de una adaptación de las futuras sociedades laborales limitadas a la libertad de amortización contemplada en el artículo 11.2 a) de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.
La enmienda número 43, de Convergència i Unió, alude en parte a la enmienda 90, de nuestro grupo, que acabo de exponer en relación a la afiliación y cotización al régimen general de los administradores socios trabajadores de las sociedades laborales. Entendemos que es más correcta nuestra enmienda, por lo que no apoyaremos, pese a la coincidencia en el espíritu y finalidad, la enmienda que en este sentido ha planteado el Grupo Catalán.
La enmienda número 44 alude al desempleo. Yo estaría dispuesto --y si es menester lo dejo para el turno de réplica-- a entrar en unas consideraciones también técnicas de fondo, pero como acabo de manifestar un ruego dirigido a todos los grupos, que creo que razonablemente se ha atendido, de retirar estas enmiendas porque el debate se está planteando en otro foro, considero que no vale la pena entrar a analizar las enmiendas 44 y 45, sin perjuicio de decir que el artículo 56 del Real Decreto 12/1995, del IRPF, ya ha corregido el hecho de la progresividad de imputar en la base imponible de un ejercicio al trabajador contribuyente que capitaliza el desempleo y le permite amortizarlo como si hubiera un pago diferido, como cualquier trabajador que no capitaliza.
Por tanto, ya se produjo en la legislatura anterior una corrección en parte de este tema, que penalizaba muy duramente al trabajador que capitalizaba el desempleo y, como digo, en este aspecto ha quedado razonablemente rectificado.
La enmienda 46, de Convergència i Unió, se refiere a la sucesión empresarial, artículo 72 de la Ley General Tributaria. Nosotros no podemos aceptar esta enmienda por más que comprendamos las buenas intenciones en las que se fundamenta, primero, porque esta ley no es el marco más adecuado para regular la sucesión empresarial de una sociedad laboral, y ello porque la sucesión empresarial afecta a diversas leyes: a ley sobre el Impuesto de Sociedades, que acabo de aludir con reiteración en mi intervención, al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley de la Seguridad Social. Por tanto, está afectando a un núcleo de nuestro ordenamiento jurídico que entiendo escapa del debate estricto que debemos plantear en esta ley, además justamente en concordancia con las primeras palabras que vertía hoy aquí el representante de Convergència i Unió, que yo asumo y que en lógica coherencia debería atenderlas ante el ruego no ya de que no la apoyemos, sino que consideramos que la debía retirar, y tal vez deberíamos reflexionar todos sobre que se deba impedir que haya mecanismos desde la Hacienda pública que planteen ipso iure una imputación automática de sucesión de deudas tributarias que impida el nacimiento de nuevas sociedades laborales. Este es un debate que yo creo que podríamos considerar. Es un debate que este Diputado tiene el honor de conocer porque hace años lo planteó en su provincia, que, como se sabe, tiene por el concierto capacidad normativa foral, y llegamos a una fórmula de encuentro que permitió viabilizar iniciativas de este tipo.
Pero yo creo que no es dable irnos ahora al otro extremo, porque estaríamos abriendo una puerta incluso al fraude si automáticamente establecemos que no hay sucesión. Este es un tema casuístico que afecta, como he dicho, a la unidad del ordenamiento jurídico, y es una cuestión que yo creo que nos podríamos plantear todos los grupos de esta Cámara por su trascendencia e interés en apoyo del autoempleo y de protección de la economía social.
La enmienda número 51, del Grupo Socialista, la doy por respondida con mi explicación a nuestra enmienda número 90.
La enmienda número 52 se refiere al desempleo, al cual no hago ninguna mención más.
La enmienda número 67, de Izquierda Unida, es similar a nuestra enmienda número 90.
La enmienda número 68, de Izquierda Unida, plantea en parte el tema del desempleo e incluye el hecho de la exención de la prestación por incapacidad permanente. Creemos que hemos expuesto con largura las razones de nuestro no posible apoyo a dicha enmienda.
La enmienda 69 va en el mismo orden en cuanto a las prestaciones de desempleo y su pago único.
La enmienda número 91, del Grupo Parlamentario Popular, plantea a la disposición derogatoria única una adición: «A la entrada en vigor de la presente Ley quedará derogada la Ley 15/1986...», que es lo que prevé el texto, «... así como el Real Decreto 26/1996.» Estaríamos dispuestos, en atención a la enmienda número 47, de Convergència i Unió, a retirar esa mención en la medida en que ellos consideran que ya está expresamente derogado dicho real decreto. Por tanto, limitaríamos nuestra adición a que «en lo que no se oponga a la presente ley también queda derogado y en tanto se cumpla la previsión recogida en la disposición final primera, las disposiciones del Real Decreto 2229/1986.» Con esto he respondido también a la enmienda número 47, de Convergència i Unió.
Concluyo con la enmienda número 93, de nuestro grupo, en la cual se plantea la modificación de la disposición final primera, que entendemos será atendida por el Grupo Socialista, en la medida en que se adecua a anteriores enmiendas en cuanto a la no necesidad de modificación de la legislación del Impuesto sobre Sociedades. Planteamos, tal y como expresamos en la misma, que el Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia y de Asuntos Sociales --pone técnicamente Trabajo, una incorrección--, oídas las comunidades autónomas, procederá a aprobar en un plazo no superior a tres meses a partir de la publicación de esta ley el funcionamiento, competencia y coordinación del registro administrativo de sociedades laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Enmienda que es totalmente congruente también con nuestra última enmienda a la que he hecho alusión.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista va a presentar las enmiendas 50 a 52. Tiene la palabra don Sergio Moreno.


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El señor MORENO MONROVE: Conectando con la exposición de motivos de esta proposición de ley, todo el régimen fiscal, económico y tributario de las sociedades limitadas está dirigido, como antes decía mi compañero Francisco Arnau, a impulsar y promover los objetivos de la ley, esto es, buscar nuevas formas de creación de empleo, y, por tanto, establece normas específicas que fomentan la creación de estas formas societarias por un conjunto de trabajadores, impulsando su desarrollo, su crecimiento y su implantación como una forma societaria a proteger. De esta manera, todo este capítulo y sus disposiciones adicionales establecen un conjunto de normas para dar un tratamiento al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales; trata de establecer un procedimiento para las prestaciones por desempleo de pago único, y afecta al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a la afiliación a la Seguridad Social y a las amortizaciones empresariales. He querido resaltar estos bloques porque tiene mucha importancia saber que estamos ante una forma societaria que, dentro de la economía social, tiene mucho de la cooperativa en el sentido de filosofía, pero tiene mucho de la forma societaria más común, por tanto con más sentido de participación de capital, que son las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, que con la regulación de las sociedades de responsabilidad limitada se vio la obligación de adaptar justamente estas formas societarias a partir de la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales preexistentes.
Dicho esto, globalmente considero que en todo este bloque hay una coincidencia de fondo bastante importante respecto de la formulación que hace originalmente la proposición de ley, incluso de las enmiendas que planteamos los grupos políticos para su perfeccionamiento. No obstante, hay determinados matices, que son los que forman parte de este debate, que sin más preámbulos entro a analizar.
En el artículo 19, todo lo relacionado con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados está compuesto por tres enmiendas, la número 39, de Convergència i Unió; la 65, de Izquierda Unida, y la 50, de nuestro propio grupo. ¿Por qué presentamos una enmienda nosotros? Exclusivamente porque en la proposición de ley original, en la letra a), no contemplamos más que la exención en los actos de constitución y aumento de capital. Sencillamente no estábamos contemplando en aquel momento una realidad que tenemos que contemplar como es la adaptación de sociedades ya existentes en sociedades anónimas laborales o sociedades de responsabilidad limitada laborales o de éstas entre sí. Tenemos también que hacer exentas estas cuotas devengadas por estas operaciones societarias en estas causas. Este es el único elemento que modifica el texto original de la proposición de ley, que creo que coincide básicamente con lo propuesto por Convergència i Unió y por Izquierda Unida. No obstante ello hay tres textos, y la modificación fundamental del nuestro respecto de la enmienda número 39, de Convergència i Unió, está en que nosotros hacemos exención del 100 por ciento y CiU establece una bonificación del 99 por ciento. Yo pediría a CiU que aceptara que nuestra enmienda supone una transacción respecto de la 39 y un perfeccionamiento del 99 al 100 por ciento, pero exactamente con el mismo contenido prácticamente literal.
Al artículo 19.2 hay presentada una enmienda, la 88, conectada con la 92, del Partido Popular, que en estos momentos anunciamos su aceptación por nuestro grupo porque consideramos que la ubicación que propone es la correcta y que, además, no modifica, en absoluto, el contenido literal de la previsión que tiene la proposición de ley de libertad de amortización.
Es una norma jurídica que perfecciona su ubicación normativa pero que no afecta, en absoluto, al contenido. Por tanto, vamos a votar favorablemente las enmiendas 88 y 92, del Partido Popular.
Vamos a votar en contra de la enmienda número 89, al artículo 19.3, del Partido Popular porque parece que, de acuerdo con la Ley 43/1995, quiere establecer la supresión del apartado 3 del artículo 19. En todo caso no vemos que, suprimiendo este apartado, exista ninguna previsión reglamentaria para desarrollar las concesiones de beneficios tributarios y, por tanto, consideramos que debe mantenerse este apartado 3 del artículo 19.
Posteriormente hay un conjunto de enmiendas de carácter estrictamente fiscal, que son las números 40, 41 y 42, de Convergència i Unió, y la número 66, de Izquierda Unida, relacionadas con propuestas específicas de mejoramiento fiscal de estas sociedades, muy especialmente la de modificación del Impuesto sobre Sociedades para que tributen al 20 por ciento en vez de al tipo general. Nuestro grupo va a votar en contra de estas cuatro enmiendas, en base a diferentes argumentaciones que tratan de establecer un equilibrio entre lo que es la protección a estas sociedades y lo que es adoptar unas medidas equilibradoras respecto de lo que son los regímenes tributarios de las cooperativas fiscalmente protegidas.
Consideramos que un impuesto de sociedad disminuido sustancialmente, como el que se pretende en esta enmienda número 40, como si fuesen cooperativas fiscalmente protegidas, no procede en la medida en que las cooperativas fiscalmente protegidas, para llegar a este tipo de beneficio tributario, tienen que pasar por un conjunto de requisitos tremendamente rígido y estricto como corresponde a una forma societaria que el legislador quiere proteger de manera especial. Creemos que el conjunto de los elementos tributarios que favorecen a las sociedades limitadas en la proposición de ley son suficientes, son estimuladores de la actividad y, sin embargo, entraríamos en un desequilibrio importante si consideráramos una disminución del Impuesto sobre Sociedades sin, al mismo tiempo, corregir todo el régimen casuístico que hace que las cooperativas fiscalmente protegidas puedan acceder a este régimen tributario.
Vamos a votar en contra de la enmienda número 41 porque la deducción en la cuota íntegra del IRPF del 15 por ciento de las inversiones realizadas en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones de las sociedades, a pesar de que no es ajeno, de que no es novedosa una propuesta de esta naturaleza, hoy está básicamente fuera de toda la normativa como consecuencia del carácter universal

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del IRPF y de la necesidad de no establecer discriminaciones o islas en el tratamiento de las rentas de las personas físicas en el conjunto del territorio y para el conjunto de las rentas.
Igualmente vamos a votar en contra de la enmienda número 42, de Convergència i Unió, en base a que ya el artículo 122.1 de la Ley 43/1995 establece, de manera restrictiva, que los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión afectarán a aquellos que tengan una cifra de negocios inferior a 250 millones de pesetas. Por tanto, se establece un equilibrio entre una serie de incentivos fiscales, pero para acceder a ellos a partir de unas condiciones suficientemente estrictas. Ampliar esa cifra de negocios a la cantidad de mil millones de pesetas nos parece que desborda los elementos que hacen que deban disfrutar de más incentivos fiscales algunas empresas, siempre que tengan una cifra de negocios muy pequeñas, que sean empresas de las llamadas microscópicas, pequeñas realmente, con lo cual su incentivo tiene que ser infinitamente superior.
Votaremos también en contra de la enmienda 66, de Izquierda Unida, que propone reducir la tarifa del Impuesto sobre Sociedades al 20 por ciento.
Señor Presidente, entiendo que el Partido Nacionalista Vasco ha retirado su enmienda número 14. Por tanto, no vamos a referirnos a ella.
En relación con la enmienda número 15, del Partido Nacionalista Vasco, nuestro grupo considera que no aporta nada nuevo, y así debe ser, por tanto es ociosa la insistencia. Al mismo tiempo, tampoco parece necesario votar en contra porque lo que abunda no daña, en principio, pero nos apuntamos más a la formulación que acaba de hacer el representante del Partido Popular globalizando el apartado 1, en cuanto al título entero, nos parece más correcto técnicamente y, sin embargo, nos parece que el tercer apartado que propone está absolutamente ajeno al contenido de esta proposición de ley. En cualquier caso, lo votaremos en contra si es posible una votación separada de los dos apartados de esta enmienda.
En relación a la enmienda 46, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), respecto a la sucesión de empresas, hemos tenido la oportunidad de conversar los diferentes grupos parlamentarios antes del comienzo de esta sesión, porque es un tema extraordinariamente importante, y, por lo que alcanzo a comprender de las conversaciones que hemos mantenido, nadie está contento, tampoco el proponente, respecto del propio texto que presenta como enmienda. Sin embargo, sí estamos todos de acuerdo en que habría que establecer una norma clara respecto de este asunto, de cómo afectarían, en el caso de las SL los elementos relacionados con la sucesión y, por tanto, con la responsabilidad de las deudas anteriormente contraídas. Pero queremos decir que para nuestro grupo hay elementos consagrados de los que en ningún caso vamos a apoyar su modificación, que son los relacionados con los derechos que establecen el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 127.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, si hay algo que vamos a poder hacer en el trámite del Senado será en relación con la Ley General Tributaria, tal como el propio portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) decía en los momentos previos a la constitución de la Comisión. Esto quiere decir que nuestro grupo votará en contra de la enmienda 46, pero para el «Diario de Sesiones» quedará constancia de que estamos en la mejor disposición para, en el trámite del Senado, mover esta situación hacia un consenso mucho más importante.
La disposición adicional quinta tiene otro grupo de enmiendas importante, las que se refieren a la afiliación al régimen general de la Seguridad Social de los trabajadores que forman parte de estas sociedades laborales. Hay un grupo de enmiendas que comprende la 67, de IU; la 43, de CiU; la 90, del PP, y la 51, del Partido Socialista. Hay una coincidencia clarísima en el fondo, pero hay elementos de matiz que me parece fundamental destacar.
Señor Presidente, la enmienda 51, del Grupo Socialista, mi grupo, que es la que vamos a votar favorablemente y, por tanto, en contra del resto de las enmiendas, nos parece que establece un elemento absolutamente claro y un elemento estrictamente técnico, que no sólo se podrán afiliar los trabajadores, que serán por cuenta ajena, y estarán incluidos en el régimen general, sino que establece la posibilidad de que también estén en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social, según proceda por la rama de actividad. Sencillamente, es una evidencia que mientras existan regímenes especiales hay que contemplar esto. Por tanto, el texto de nuestra enmienda 51 nos parece que recoge, como fondo, el espíritu que todos compartimos, pero que técnicamente está mejor formulada, por lo que pedimos el apoyo a esta enmienda y la retirada, si fuese posible, del resto de las enmiendas a esta disposición adicional quinta.
Finalizando ya, señor Presidente, el otro aspecto fundamental de esta proposición es cómo se capitalizan las prestaciones por desempleo y qué incidencia van a tener desde el punto de vista fiscal. Nuestro grupo va a retirar la enmienda 52, y la va a retirar en la medida en que ya el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la ley de acompañamiento, la número 456, que se está debatiendo en este momento en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. No estamos de acuerdo con el contenido de esa enmienda, pero al estar mi grupo de acuerdo en que la ubicación jurídica para hacer esta discusión es en la ley de acompañamiento, estamos seguros de que en el debate que se está produciendo allí se va a llegar a un acuerdo. No obstante, también quiero decir en este trámite, a efectos de manifestar nuestra posición, que la limitación de 500.000 pesetas que establece el Grupo Popular, en la filosofía de capitalizar prestaciones por desempleo para incorporarlas al capital de una SAL o una SRL, nos parece absolutamente exigua y prácticamente absurda, desde el punto de vista de lo que significa cualquier régimen de capitalización.
Estamos --¿o no?-- dándole a los trabajadores la posibilidad de que una prestación por desempleo cobrada en pago único sea incorporada de manera íntegra a la creación de una sociedad laboral. Si estamos de acuerdo en que las sociedades laborales tengan un capital importante, si estamos de acuerdo en que tengan unos niveles de solvencia financiera

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importantes, no podemos --por mor de temas recaudatorios, que no considero importantes-- limitar los efectos de este beneficio tributario a la cifra de 500.000 pesetas, salvo que estemos obviando el objetivo fundamental que se propone esta norma. Lo digo a efectos de que conste ya nuestra opinión y a efectos de que el Grupo Parlamentario Popular considere, en el trámite que se está desarrollando en este momento en el debate de presupuestos, esta posición del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalmente, señor Presidente, en las disposiciones derogatorias y finales, nuestro grupo va a votar favorablemente la enmienda 47, de Convergència i Unió, por considerar que en el tema registral la posición que ha manifestado su portavoz coincide plenamente con las manifestaciones realizadas por nuestro anterior portavoz, el señor Arnau, y que las posiciones que mantiene el Grupo Popular en sus enmiendas números 91 y 93 rompen, desde nuestro punto de vista, un procedimiento, aunque creo que no en el fondo de la cuestión, que está mejor enlazado, técnicamente, con el propio texto de la proposición de ley que estamos debatiendo en este momento.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere manifestar su opinión en relación con las propuestas de enmiendas transaccionales o con cualquier otro punto? Señor Silva, tiene la palabra.


El señor SILVA SANCHEZ: Por un lado, quiero anunciar la retirada de la enmienda 46 porque, en virtud de conversaciones con portavoces de los restantes grupos, intentaremos, de cara al Senado, darle una redacción más correcta y que pueda ser asumida por otros grupos, así como las números 44 y 45, en la medida en que la capitalización de la prestación por desempleo, como se ha indicado aquí, está siendo tratada en el debate parlamentario de la ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
En segundo lugar, querría proponer una transaccional a la enmienda 50, del Grupo Parlamentario Socialista (haré llegar a la sala el texto), a la letra a) de su enmienda. Se diría: Exención de las cuotas devengadas por las operaciones societarias de constitución y aumento de capital y de las que se originen por la transformación de sociedades anónimas laborales ya existentes en sociedades laborales de responsabilidad limitada (sólo podemos hablar de transformación cuando lo que cambia es la forma social; sólo habrá transformación al pasar de sociedad anónima laboral, que es lo único que puede existir ahora, a sociedad de responsabilidad limitada), así como por la adaptación de las sociedades anónimas laborales ya existentes a los preceptos de esta ley. Creo que éste es el marco estricto en el que podemos conceder esta exención, si la admitiese el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz, tiene la palabra.


El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero agradecer las intervenciones y la retirada a que ha hecho mención ahora el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y anteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y decir que las estudiaremos con detenimiento.
Antes he aludido a que no hay diferencia alguna política en cuanto a la enmienda número 50, sino que encontramos un obstáculo de índole estrictamente técnico, que intentaremos esclarecer si estamos equivocados o no, en el sentido de que consideramos que no hay una sujeción del impuesto al hecho de la transformación. Ese es el motivo por el cual no podemos dar apoyo ni a la enmienda inicial del Grupo Socialista, ni a la posible transaccional, si acepta, que se le acaba de plantear.
Sin embargo, sobre la enmienda transaccional relativa a la transformación a SL diré que en este momento eso está bien, pero a lo largo de la vida y en la aplicación futura de la ley también habrá la posibilidad de que se transformen las SL en SA y, por tanto, es una limitación previa que creo que deberían reconsiderar, si se me permite, y siendo ajeno al debate de esta enmienda.
En cuanto a la enmienda número 51, hay una coincidencia política plena, una voluntad política concordante. Nuestro grupo lo articulaba incluso como un artículo separado, por la trascendencia que dábamos a la cuestión y que queríamos resolver ya. No obstante, en este trámite vamos a mantener nuestra enmienda y lo reconsideraremos de cara al tratamiento que se le pueda dar en el Senado.
Agradezco asimismo la retirada de la enmienda número 52.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención respecto a las transaccionales propuestas? (Pausa.) Si no hay ninguna otra petición de palabra, damos por concluido el debate sobre las enmiendas a la proposición de ley de sociedades laborales presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La votación se va a hacer conjuntamente de todas las enmiendas, una vez analizadas la proposición y el proyecto de ley que vienen a continuación en el orden del día.
Señor Griñán.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor Presidente, uno de los ponentes tiene que irse dentro de pocos minutos y quisiéramos saber si se podría proceder a la votación de esta ley en estos momentos; él tiene ordenado todo.


El señor PRESIDENTE: Me lo había pedido la portavoz del Grupo Vasco, porque está en la comparecencia de un miembro del Gobierno vasco en la subcomisión de sanidad.


El señor GRIÑAN MARTINEZ: Perderemos al ponente.


El señor PRESIDENTE: Habíamos calculado la votación a partir de las once y cuarto, porque las dos siguientes proposiciones sólo tienen tres enmiendas.


--PROPOSICION DE LEY SOBRE RECUPERACION AUTOMATICA DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ EN LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.


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PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 122/000004.)

Señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día, que es la proposición de ley sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva, del Grupo Parlamentario Socialista.
Hay presentada una única enmienda del Grupo de Convergència y Unió.
Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor Presidente, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán pretende completar la propuesta que hace esta proposición de ley del Grupo Socialista. Entendemos que existe un colectivo, que en estos momentos es pequeño y que tiene tendencia a ser más reducido, que nos habla de la necesidad de poder compatibilizar sus prestaciones con la realización de trabajos remunerados. Nos parece que, desde un punto de vista cuantitativo, no estamos ante una actuación que pueda tener un coste elevado para las arcas del Estado, pero que sí puede resolver los problemas de un colectivo que se ve necesitado de poder compatibilizar su prestación no contributiva con su trabajo. Esta es una reivindicación que existe por parte de importantes sectores que trabajan en el terreno de las minusvalías y creemos que sería de justicia que esta Comisión aprobase esa enmienda, entendiendo, como se manifestó en el debate correspondiente, a nivel general, que la proposición de ley del Grupo Socialista, y que, por otra parte recoge también la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado, da salida a necesidades más que evidentes y que en otros momentos nuestra legislación ya había recogido en este mismo sentido.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir en relación con esta enmienda? (Pausa.) Por el Grupo Popular, el señor Camps tiene la palabra.


El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, la propuesta contenida en esta enmienda pretende incluir en los supuestos de recuperación automática de las pensiones no contributivas por invalidez a los perceptores del subsidio de garantía de ingresos mínimos acogidos a la Ley de Integración Social de los Minusválidos que hayan perdido su derecho por igual causa, o sea la realización de trabajos remunerados por cuenta ajena o propia.
La motivación, evidentemente, señorías, no son las razones de incentivación laboral expuestas en la enmienda, sino la más completa fidelidad a la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del Senado con fecha 10 de mayo de 1995, puesto que de no incluirse estos supuestos en la ley que se propone se produciría un agravio comparativo atentatorio al principio de igualdad constitucional correctamente entendido.
Tanto las pensiones no contributivas de invalidez, derivadas de la Ley 26/1990, como el subsidio de garantía de ingresos mínimos, previsto en la Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, constituyen prestaciones de carácter universal no contributivo para igual protección, la de una minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
El hecho de que una prestación haya sucedido normativamente a la otra en el orden del tiempo y su regulación conlleve ciertas diferencias concretas, accidentales u objetivas no debería determinar la exclusión de la acogida a la Ley 13/1982, del contenido de la actual proposición de ley en tanto los sujetos beneficiarios de la misma puedan hallarse en la situación contemplada en este proyecto legal.
Ahora bien, en ambos supuestos, pensiones no contributivas y subsidio de garantía, nos hallamos ante un hecho, la realización de trabajos remunerados, de efectos extintivos respecto a derechos reconocidos en las respectivas leyes, no ante supuestos de reducción de las prestaciones y ésa es la razón de la proposición de ley, convertir la extinción en suspensión y, por tanto, una vez desaparecido el impedimento, recuperar automáticamente el derecho, sin considerar en el concepto de insuficiencia de ingresos los devengados por tales trabajos.
Nos encontramos, pues, a nuestro juicio, ante el supuesto de que los ingresos por trabajos, unidos o no a otros, superen el importe de la pensión no contributiva o bien ante el hecho de que tales ingresos, por constituir el desarrollo de una actividad laboral, impliquen la inclusión en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social y/o determinen la superación del nivel de recursos económicos incompatibles.
El problema que se da en el presente caso con esta enmienda, en el caso de los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos es, de un lado, la imposibilidad jurídica a priori de generar un nuevo derecho, según la Ley 13/1982, por hallarse ésta derogada y, de otro, la posible dificultad de causar derecho a la pensión no contributiva de invalidez, por no reunir todos los requisitos exigibles para acceder a ella. La solución precisa estimar los supuestos de realización de trabajos remunerados como supuestos suspensivos que permitan, por tanto, una vez finalizados, la reanudación del derecho, sin modificar, no obstante, el contenido de tal derecho que seguiría rigiéndose por su legislación específica ya derogada.
Si bien la finalidad de la enmienda la entendemos correcta, su articulación normativa, en base a la reducción del subsidio, así como su encaje en una disposición adicional, no parecen ajustarse a las exigencias de respetar el esquema operativo de compatibilidades señalado en la Ley 13/1982 y el Real Decreto de 1 de febrero de 1984 para el mantenimiento del derecho y, por otra parte, no se acomoda al carácter transitorio con el que se mantienen tales disposiciones.
Resultaría más conveniente, a nuestro juicio, efectuar, en la disposición transitoria undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere específicamente a estos subsidios de la Lismi, una remisión por vía de excepción con respecto a los tres últimos párrafos del artículo 144 de la Ley de Seguridad Social. Por tanto, proponemos una enmienda transaccional al grupo enmendante, que tiene el texto ya. Consistiría en cambiar la denominación del artículo único por la del artículo primero

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y añadir el siguiente artículo, que tendría la denominación de artículo segundo. Se da una nueva redacción a la disposición transitoria undécima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, añadiendo un nuevo número a dicha disposición en los términos siguientes: 3) En los supuestos de contratación por cuenta ajena o establecimiento por cuenta propia de los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, será de aplicación a los mismos, en cuanto a recuperación automática del derecho al subsidio, lo dispuesto al efecto para los beneficiarios de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva en el artículo 144 de la presente ley. Asimismo, no se tendrán en cuenta para el cómputo anual de sus rentas, a los efectos previstos en su legislación específica aplicable, las que hubieren percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena o propia en el ejercicio económico en que se produzca la extinción del contrato o el cese de la actividad laboral.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Nos hubiese gustado que al menos el Grupo Popular se hubiese puesto de acuerdo con nosotros en el texto de la enmienda presentada, pero entendemos que la transacción que nos ofrece cubre en parte aquello que estamos demandando y que es una enmienda que, desde el punto de vista legislativo, se puede adecuar mejor al carácter excepcional y transitorio que tienen los antiguos subsidios.
Por tanto, aceptamos esta oferta de transacción.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrionuevo.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señor Presidente, respecto al punto que acabamos de concluir, ¿no hay ninguna otra observación, quedaría aprobado tal cual?

El señor PRESIDENTE: Habrá que votarlo posteriormente.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Yo querría, si no hay inconveniente por parte de los demás grupos, sugerir una modificación puramente de redacción.


El señor PRESIDENTE: Sugiérala, señor Barrionuevo.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: El párrafo fundamental de la proposición de ley, si no he contado mal, tiene hasta trece líneas sin ningún punto. Yo no sé si es por mi tendencia azoriniana, pero, si no hay inconveniente por parte de los demás grupos, me gustaría introducir un punto, más o menos a la mitad.
En la séptima línea, después de «... desarrollar su actividad laboral...» hay una coma y sigue «... a cuyo efecto no obstante lo previsto...», sugeriría poner un punto y seguido. El texto quedaría así: «A estos efectos, ...» Y continuaría: «... no obstante lo previsto...» Creo que la respiración de quienes tengan la obligación de utilizar este texto legal mejorará considerablemente. Podemos contribuir a la economía del gasto sanitario. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: La propuesta de mejora de redacción parece que no ofrece ningún problema y se acepta por asentimiento.


--PROYECTO DE LEY DE ASIMILACION DE JORNADAS A LOS EFECTOS DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES INCLUIDOS EN EL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/1996, DE 7 DE JUNIO). (Número de expediente 121/000005.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al proyecto de ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, procedente del Real Decreto-ley 9/1996, de 7 de junio. A dicho proyecto ha presentado enmiendas el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña.
Tiene la palabra el señor Vaquero.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, las dos enmiendas en realidad son una misma porque las dos hacen referencia a la fecha de las solicitudes a las que hace mención el proyecto para la asimilación de jornadas a los efectos del subsidio del desempleo de los trabajadores eventuales del régimen agrario de la Seguridad Social, el 31 de octubre.
Nosotros pretendemos que se incluyan todas aquellas solicitudes hasta el 31 de diciembre, porque parece lógico que dé la posibilidad de que se incluyan todas las que entren en el término natural del año. Adecuar al término natural del año este hecho que viene repitiéndose todos los años podría ser más conveniente y más adecuado a los intereses de los trabajadores afectados.


El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso de la palabra algún grupo en relación con estas enmiendas? Tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, quiero anunciar nuestro voto en contra de las enmiendas propuestas por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, fundamentalmente porque desvirtúan el sentido para el que fue implementado este proyecto de ley. Se pretende con el mismo dar solución a una situación especial, situación provocada por la sequía en nuestro país, ampliando el término del sistema que existía en esos momentos y alargándolo hasta el 31 de octubre. Con la enmienda que presenta Izquierda Unida lo que se pretende es ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre y no nos parece razonable en tanto en cuanto desvirtúa la concepción del mismo.


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Esta ampliación se produce por una situación excepcional de sequía. A partir del mes de octubre y según los datos de la encuesta de población activa y los del Inem se ve claramente que en ambas comunidades se produce una disminución del desempleo, se produce, además, una mejora y el final evidente de estos períodos de sequía y, por lo tanto, entendemos que no es necesario incluir estas enmiendas en este proyecto de ley. Por ello, votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, para réplica.


El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, nosotros entendemos que quizá las razones del portavoz del Grupo Popular precisamente avalan nuestra enmienda. Efectivamente, se trata de una situación que empieza desde el 31 de octubre a ser más excepcional y a dar la posibilidad a aquellas excepcionalidades que se presenten de ser incluidas también en los beneficios que plantea el texto legal puede ser un beneficio añadido que no perjudica a nadie y sí podría beneficiar eventualmente a aquellas situaciones sobrevenidas.
Nosotros entendemos que no ofrece desventajas desde ningún punto de vista y sí todas las ventajas. Además, apoyando una pretensión de los agentes sociales y sindicatos que intervienen en la negociación de estos temas, creemos conveniente mantener estas enmiendas para poder facilitar estas situaciones excepcionales.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Simplemente quiero aclarar al portavoz del Grupo de Izquierda Unida que en el nuevo acuerdo sobre el empleo agrario existen fórmulas que permiten dar solución a estas situaciones que él mismo indica. Por ello, vamos a seguir manteniendo nuestro voto en contra.


El señor PRESIDENTE: Concluimos con el debate de esta enmienda el debate de las tres iniciativas legislativas que se incluyen en el orden del día de hoy.
Entramos en la fase de votación, comenzando por la proposición de ley de sociedades laborales. Antes de pasar a someter a votación las distintas enmiendas, quisiera dejar claro qué enmiendas perviven. La Mesa tiene una serie de enmiendas transaccionales que voy a comunicar a SS. SS., con el fin de que los grupos parlamentarios que resulten afectados manifiesten su opinión al respecto y retiren, en su caso, las correspondientes enmiendas.
Al artículo 5, hay una enmienda transaccional del Grupo Popular, que afecta a las enmiendas números 19, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y 74, del Grupo Popular. ¿Retira la enmienda el Grupo Catalán?

El señor VAQUERO DEL POZO: Aceptamos la enmienda transaccional y, por tanto, retiramos la enmienda número 19.


El señor PRESIDENTE: Se entiende, obviamente, que el Grupo Popular retira la enmienda 74. (Asentimiento.) Al artículo 6.3 hay una enmienda transaccional, propuesta por el Grupo Popular igualmente, que afecta a las enmiendas número 4, del Grupo Vasco; 24, del Grupo Catalán, y 76, del Grupo Popular.
¿Retira su enmienda el Grupo Vasco?

El señor AGUIRRE URIBE: Sí, señor Presidente, y aceptamos la enmienda transaccional.


El señor PRESIDENTE: ¿Retira su enmienda número 24 el Grupo Catalán (Convergència i Unió)?

El señor SILVA SANCHEZ: La retiramos.


El señor PRESIDENTE: Se retiran las enmiendas 24, del Grupo Catalán, y 76, del Grupo Popular.
Al artículo 7.3 hay otra propuesta transaccional del Grupo Popular, que afecta a la número 5, del Grupo Vasco; a la número 26, del Grupo Catalán, y a la 77, del Grupo Popular.
¿Acepta el Grupo Vasco la transaccional y retira la número 5? (Asentimiento.) ¿Acepta el Grupo Catalán la transaccional y retira la número 26? (Asentimiento.) El Grupo Popular retira la 77.
Al artículo 9 existe otra propuesta de transaccional del Grupo Popular que afecta a las enmiendas números 30, del Grupo Catalán; 7, del Grupo Vasco, y 79, del Grupo Popular.
¿Retira el Grupo Vasco la enmienda número 7? (Asentimiento.) ¿Retira la número 30 el Grupo Catalán? (Asentimiento.) ¿Retira el Grupo Popular la 79? (Asentimiento.) Al artículo 11,1, la transaccional del Grupo Popular afecta a las números 8, del Grupo Vasco; 32, del Grupo Catalán, y 81, del Grupo Popular.
¿Acepta la transaccional el Grupo Vasco y retira la número 8? (Asentimiento.) ¿Retira la 32 del Grupo Catalán? (Asentimiento.) También queda retirada la 81, del Grupo Popular.
Enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular al artículo 12.2, que afecta a la número 9, del Grupo Vasco; a la número 33, del Grupo Catalán; a la número 49, del Grupo Socialista, y a la 82, del Grupo Popular.
¿Acepta la transaccional el Grupo Vasco y retira la número 9? (Asentimiento.) ¿Retira la 33 el Grupo Catalán? (Asentimiento.) ¿Retira la 49 el Grupo Socialista? (Asentimiento.) El Grupo Popular retira la 82.
Finalmente, enmienda transaccional propuesta por el Grupo Catalán a la número 50, del Grupo Socialista, relacionada con el artículo 19 y se retira la enmienda número 39, el Grupo Catalán.
¿Acepta la transaccional el Grupo Socialista? (Asentimiento.) Señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Antes, mi compañera del Grupo Vasco tenía otras obligaciones y no ha podido

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responder a una propuesta transaccional a su enmienda 15 a la disposición adicional primera y no sé si podría plantearse, ver si la acepta o no.


El señor PRESIDENTE: Pero no la tenemos aquí, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Se trataba de la eliminación de los dos apartados del punto 2, numerado como 3 en la enmienda 15. En vez de decir las regulaciones tributarias, nos referiríamos a lo regulado en el capítulo II de la esta ley. La modificación consiste en suprimir el segundo de sus párrafos e incluir en el primero esta levísima modificación.


El señor PRESIDENTE: ¿Ha comprendido la propuesta de transaccional la portavoz del Grupo Vasco?

La señora AGUIRRE URIBE: La aceptamos, porque dice lo mismo. El capítulo II es el que regula la partida tributaria de la ley; se sustituye «regulaciones tributarias» por lo que indica el capítulo II, si no entiendo mal la propuesta. Por tanto, la aceptaríamos.


El señor PRESIDENTE: Entonces, se retira la número 15, del Grupo Vasco.
Señora Aguirre.


La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, para que queden las cosas claras, ¿quedaría de la siguiente manera: En lo dispuesto en el capítulo II de la presente ley se entiende sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los territorios históricos del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra? (Asentimiento.) Acepto.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda retirada la enmienda número 15 y se acepta la transaccional propuesta por el Grupo Popular.
Señor Silva.


El señor SILVA SANCHEZ: Yo querría proponer una transaccional sobre esta última transaccional, si es posible. En la medida en que estamos debatiendo en estos momentos en el Parlamento la ley de cesión de tributos y la ley de financiación de las comunidades autónomas, que atribuyen capacidad normativa a diversas comunidades autónomas sobre estas materias, la propuesta sobre esta transaccional sería que el artículo 15 dejase a salvo las competencias que las diversas comunidades autónomas pudiesen asumir sobre esta materia.
Se trataría de añadir una frase en el apartado segundo del texto del Grupo Parlamentario Vasco. Quedaría: las regulaciones tributarias contenidas en la presente ley se entienden sin perjuicio de los regímenes tributarios forales vigentes en los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, así como de las competencias que en esta materia puedan asumir otras comunidades autónomas.
Seguro que en el Senado podremos mejorar la redacción.


El señor PRESIDENTE: ¿Lo deja el Grupo Popular para el Senado o la acepta?

El señor AZPIROZ VILLAR: Casi lo dejaría para el Senado. Hay una buena disposición, pero es mejor debatirlo cara al Senado, porque se habla de futuribles y se hacen cautelas legales de lo que vaya a poder ocurrir, aunque razonablemente pueda luego ocurrir.


El señor SILVA SANCHEZ: Entiendo la posición del señor Azpiroz.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señor Azpiroz, no se acepta.


El señor AZPIROZ VILLAR: No la aceptamos en este trámite. La estudiaríamos, pero en principio no nos parece aceptable ahora.


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación, vamos a continuar aclarando para que vayan tomando nota de todos los bloques de enmiendas retiradas y saber lo que sometemos a votación junto con las transaccionales.
De las enmiendas del Grupo Vasco al capítulo primero están retiradas las números 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Conforme, señora Aguirre? (Asentimiento.) El Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha retirado las enmiendas 19, 20, 24, 26, 30, 32 y 33. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se mantienen las enmiendas números 53 a 64. (Asentimiento.) Del Grupo Parlamentario Popular se han retirado las enmiendas número 71, 74, 76, 77, 79, 81 y 82. (Asentimiento.) Del Grupo Parlamentario Socialista ha sido retirada la enmienda número 49. (Asentimiento.) Pasamos al capítulo II y disposiciones. El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) ha retirado las enmiendas números 14 y 15. (Asentimiento.) El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha retirado las enmiendas números 39, 44, 45 y 46. (Asentimiento.) El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mantiene las enmiendas números 65 y 69. (Asentimiento.) El Grupo Parlamentario Popular mantiene las enmiendas números 88 a 93.
(Asentimiento.) El Grupo Parlamentario Socialista retira las enmiendas números 50 y 52.
(El señor Moreno Monrove pide la palabra.) Señor Moreno.


El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, según tengo entendido, la enmienda número 50 es la que se va a votar con la transacción de la 39, de CIU, que es la que retira. La que se vota es la número 50, del Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor PRESIDENTE: No, señor Moreno, porque, al haber una transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se retiran las dos. ¿Queda aclarado? (Asentimiento.) En consecuencia, quedan retiradas las enmiendas 50 y 52, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Silva.


El señor SILVA SALCHEZ: Señor Presidente, había una transaccional del Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda número 17, de mi grupo, que consistía en sustituir la expresión la obtención de la calificación laboral por la denominación de laboral, y mi grupo la aceptaba.


El señor PRESIDENTE: Señor Arnau.


El señor ARNAU Y NAVARRO: Señor Presidente, preferiríamos que, en lugar de calificación, se dijera la indicación laboral. No sería realmente una transaccional, sino una pequeña modificación sobre la enmienda número 17, propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor SILVA SANCHEZ: Por parte de mi grupo no hay inconveniente.
Señor Presidente, he apreciado la omisión de la expresión como, en la tercera línea nuestra enmienda número 19. Si la Mesa entiende que puede insertarse ahora, podríamos hacerlo; si no, posiblemente adoptase otra decisión. Nuestra enmienda dice: La sociedad gozará de personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro mercantil, si bien para la inscripción en dicho registro de una sociedad social..., debe decir como laboral.


El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, en la enmienda transaccional a la 19, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió) y a la 74, de mi grupo, ya está incorporada la expresión como laboral.


El señor SILVA SANCHEZ: Es que yo no tengo el texto de la transaccional.


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, primero las enmiendas; luego, las transaccionales y, finalmente, el texto.
Señor Moreno.


El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, una puntualización. Al haber sido retiradas las enmiendas número 39 y 50, presentadas por CIU y por el Partido Socialista, respectivamente, como consecuencia de una ligerísima modificación, la transaccional ha dado lugar a un texto final y, sencillamente, quiero asegurar el texto que permanece y constatar cuál es la modificación que se produce con la incorporación de la enmienda de CIU, que supongo que es sobre la base de la enmienda número 50, del Partido Socialista. Me gustaría que ese texto fuera leído.


El señor PRESIDENTE: El texto de la transaccional a las enmiendas 39 y 50 es el siguiente: Apartado a) Exención de las cuotas devengadas por las operaciones societarias de constitución y aumento de capital y de las que se originen por la transformación de sociedades anónimas laborales ya existentes en sociedades laborales de responsabilidad limitada, así como por la adaptación de las sociedades anónimas laborales ya existentes a los preceptos de esta ley.


El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, por lo tanto, el resto del texto, es decir, los apartados b), c) y d) se mantienen tal como están formulados en la enmienda número 50.


El señor PRESIDENTE: Así es, señor Moreno.


El señor MORENO MONROVE: Aclarado por mi parte. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, una cuestión de orden. Mi grupo preferiría que procediéramos a la votación de las enmiendas artículo por artículo.


La señora AGUIRRE URIBE: Señor Presidente, quiero indicar que yo apoyo la fórmula propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, que votemos artículo por artículo.


El señor PRESIDENTE: Aunque la Ponencia no nos ha facilitado el trabajo, vamos a votar artículo por artículo. En consecuencia, estén atentos al número de enmienda que existe a cada artículo, porque habrá que comprobar si está retirada o no.
Artículo 1.º. Enmienda número 53, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al apartado 2.
Señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, perdone. No quisiera incordiar, pero es perfectamente posible que, dentro del artículo 1.º, se voten conjuntamente las enmiendas números 53, 54 y 55, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a menos que algún grupo pidiera votación separada. Es mi sugerencia.


El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pide votación separada de las enmiendas números 53 y 54, por un lado, y de la 55, por otro.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación, en consecuencia, las enmiendas números 53 y 54, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al apartado 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 31.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 70, del Grupo Popular, al apartado 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 55, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a un nuevo apartado 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el artículo 2.
Al final votaremos los artículos con las enmiendas incorporadas.
Enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al apartado 2. La enmienda 71, del Grupo Popular, está retirada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo 3.
La enmienda número 17 ha sido retirada.


El señor SILVA SANCHEZ: El tratamiento que pretendía dar el Grupo Parlamentario Socialista no era tanto de retirada, sino que la expresión que él indicaba pudiese introducirse.


El señor PRESIDENTE: Está incorporada la corrección.


El señor ARNAU NAVARRO: Entiendo, señor Presidente, que no se retira la enmienda, sino que hay una modificación de la enmienda del Grupo Catalán.


El señor PRESIDENTE: Entonces se somete a votación la enmienda 17, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la modificación de redacción sugerida por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al artículo 4.
Enmienda número 72, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Artículo 5.
Están las enmiendas 18, del Grupo Catalán; la 73, del Grupo Popular; la 19, del Grupo Catalán; la 74, del Grupo Popular, está retirada.


El señor SILVA SANCHEZ: La 19, del Grupo Catalán, también está retirada.


El señor PRESIDENTE: La enmienda número 20 también está retirada. Queda la 21, del Grupo Catalán, que está viva.
Votamos la enmienda número 18, del Grupo Popular Catalán (Convergència i Unió), al apartado 1.


El señor SILVA SANCHEZ: Todavía no somos Grupo Popular Catalán, señor Presidente (Risas:)

El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario. Es que la P tiene una tendencia.


El señor SILVA SANCHEZ: Seguro que por muchísimo tiempo, tampoco.


El señor PRESIDENTE: La afinidad. Perdón, señor Silva.
Enmienda número 18, del Grupo Catalán.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 73, del Grupo Popular.


El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, seamos todos correctos en el uso... (El señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Gracias, señor Diputado.
Enmienda número 73, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 21, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al artículo 6.
Enmienda número 2, del Grupo Vasco (PNV).


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, las enmiendas transaccionales propuestas por el Grupo Popular ¿las vamos a votar al final?

El señor PRESIDENTE: Sí, sí.


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Estamos votando la enmienda número 2, del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 22, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor SILVA SANCHEZ: Señor Presidente, no me ha dado tiempo de indicar que la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y la enmienda 22, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), son idénticas. No sé si podrían votarse conjuntamente, pero, en cualquier caso, a efectos prácticos, hemos votado favorablemente la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y ahora votamos favorablemente la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor PRESIDENTE: Corregimos el resultado de la votación, en donde era uno a favor, son cuatro, dando por votada la enmienda 22, por coincidir en la redacción con la enmienda número 2. Gracias, señor Silva.
Pasamos a votar la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que es igual que la 23 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Conjuntamente, votamos las enmiendas 3 y 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
La enmienda número 75, que coincide con la anterior, se da igualmente por votada y aprobada.
La enmienda número 4 ha sido retirada.
La enmienda 24, también.
Pasamos a votar la enmienda 56, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 76 está retirada.
Entramos en las votaciones del artículo 7.
Votación de la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda 57, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada La enmienda 5 está retirada.
La enmienda 26, también.
Votamos la enmienda 58, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada Artículo 8.
Enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Según el Reglamento, en caso de empate, hay que dejar que transcurran cinco minutos para proceder a una nueva votación.
En consecuencia, continuamos votando las demás enmiendas, y volveremos a someter a votación la enmienda 78.
Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, ¿podemos reiterar la votación otra vez, antes de que pasen los cinco minutos, porque no sé si se han computado todos los votos?

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la 28.


El señor CAMPS DEVESA: A los efectos de cuando repitamos la votación, dentro de ese breve espacio de tiempo al que ha hecho referencia, la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Popular, coincide con la número 6, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Es que no se había hecho mención con anterioridad.


El señor PRESIDENTE: Está retirada.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Presidente, pedimos votación separada de las enmiendas 27 y 28.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


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Enmiendas números 59, 60, 61, 63 y 64, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Algún grupo quiere votación separada? Señor Arnau.


El señor ARANAU NAVARRO: Pedimos votación separada de la enmienda 63.


El señor SILVA SANCHEZ: Pedimos votación separada de la enmienda 62.


El señor CAMPS DEVESA: Votación separada de la enmienda 64.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación conjunta las enmiendas números 59, 60 y 61, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de la enmienda número 62, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 63, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda número 64, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Hay un nuevo empate que queda sometido al mismo régimen de enfriamiento y meditación de la anterior enmienda.
Enmienda número 48, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Artículo 9. Han sido retiradas las enmiendas a este artículo.
Artículo 10. Enmienda número 31, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor SILVA SANCHEZ: Creo recordar que esta enmienda es idéntica a la número 80, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Se someten a votación, por su igual redacción, las enmiendas números 31 y 80, de los Grupos Catalán (Convergència i Unió) y Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Al artículo 11 se han retirado las tres enmiendas que había.
Al artículo 12 se han retirado las cuatro enmiendas que había.
Artículo 13. Enmienda número 34, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación las dos enmiendas en que se había producido empate. En primer lugar, la enmienda número 78, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Artículo 14. Quedan vivas las enmiendas números 83, del Grupo Popular, y 35 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Son de idéntico contenido?

El señor CAMPS DEVESA: No, señor Presidente, una es a un apartado y otra a otro.


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 83, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 35, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículo 15. Enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al artículo 16.
Enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y número 84, del Grupo Parlamentario Popular, que, por ser iguales, sometemos conjuntamente a votación.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Artículo 17. Enmiendas números 85, del Grupo Popular; 36, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); 86, del Grupo Parlamentario Popular; 37, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y 38, del mismo grupo. ¿Se someten a votación por separado, de una en una, o conjuntamente?

La señora ALVAREZ GAYOL: A nosotros nos vale con votación separada de la 85.


El señor VAQUERO DEL POZO: Desearíamos votación separada de las enmiendas 38 y 86.


El señor CAMPS DEVESA: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha pedido votación separada de las enmiendas 38 y 86, pero no sabemos si en un solo bloque. En cualquier caso, nosotros deseamos votación separada de la enmienda 38.


El señor PRESIDENTE. Enmienda número 85, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Enmienda número 36, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 86, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 37, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Finalmente, enmienda número 38, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 17; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Artículo 18 bis. Nuevo.
Enmiendas número 12, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y número 87, del Grupo Parlamentario Popular.


La señora ALVAREZ GAYOL: Señor Presidente, ¿no estaba retirada la enmienda número 12?

El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Retirada la enmienda número 12, se somete a votación la número 87, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al segundo bloque, capítulo segundo, artículo 19.
Enmienda número 65, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que la sometemos a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 17; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Empate pendiente de nueva votación.
Las siguientes enmiendas son las números 88 y 89, del Grupo Popular; la 13, del Grupo Vasco; las números 40, 41 y 42, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la 66, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor AZPIROZ VILLAR: Solicitamos la votación separada de todas y cada una para no entrar en contradicción.


El señor PRESIDENTE: Perfectamente.
Enmienda número 88, del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda número 89 del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor SILVA SANCHEZ: Estaba preguntando qué enmienda se estaba votando, porque no he oído bien a la Presidencia.


El señor PRESIDENTE: Se ha votado la 89, del Grupo Popular, que ha quedado aprobada.


El señor SILVA SANCHEZ: Si me permite, en el momento en que se estaba procediendo a la votación estaba requiriendo de la Presidencia el número de enmienda que se estaba votando; mi grupo vota a favor de esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Estaba ya aprobada; le sumamos los tres votos del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Votamos la enmienda número 13, del Grupo Vasco (PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 20; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 40, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 41 del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 41, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 66, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 90, del Grupo Popular, al artículo 21 nuevo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, una cuestión de orden, ¿podríamos agrupar las votaciones de las adicionales y las transaccionales por economía procesal?

El señor PRESIDENTE: Si no se opone ningún grupo no hay inconveniente.
Antes de eso vamos a dirimir en segunda votación la enmienda número 65, que quedaba pendiente, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor MORENO MONROVE: La enmienda 65 de Izquierda Unida ya ha sido votada.


El señor PRESIDENTE: Había un empate.
Votamos la enmienda número 65, en segunda votación, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


El señor MORENO MONROVE: Perdón, señor Presidente, ¿debo entender que las transaccionales se van a votar en otro momento?

El señor PRESIDENTE: Estamos en las adicionales, primera, segunda, tercera, cuarta y nuevas. Vamos a votar las enmiendas que quedan vivas.
Las enmiendas que vamos a votar son las siguientes: la número 43, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); la número 92, del Grupo Popular; la número 51, del Grupo Socialista; las números 67, 68 y 69, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A las derogatorias hay una enmienda, la 91 del Grupo Popular, y a las finales están vivas las números 47 del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y la 93 del Grupo Popular. Estas son las enmiendas que nos quedan por votar.


El señor MORENO MONROVE: Sí, señor Presidente.
Mi grupo solicita votación separada de la enmienda 92, del Grupo Popular, la 51 del PSOE y la 47 de Convergència i Unió en un solo bloque.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, quizá avanzáramos más si votáramos, en primer lugar, las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y una vez propuestas a votación se solicitara votación separada de las que correspondiera en ese grupo, si es que algún grupo lo pide. Yo creo que así vamos a terminar enseguida, lo vamos a hacer muy bien y todos nos vamos a enterar mejor.


El señor PRESIDENTE: Se lo aceptamos así.
Votamos la enmienda número 92 del Grupo Popular a la disposición adicional cuarta.


Efectuada la votación, dijo:

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las enmiendas 91 y 93 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda 51 del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 67, 68 y 69 del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos la enmienda 43 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 47 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar a continuación las enmiendas transaccionales.
Posteriormente votaremos el articulado, la exposición de motivos y la generalidad de la proposición.
Enmienda transaccional al artículo número 5, que afectaba a las enmiendas 19 y 74 presentada por el Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra 14; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional al artículo 6, apartado 3, que afectaba a las enmiendas 4, 24 y 76.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional al artículo 7, apartado 3, que afectaba a las enmiendas 5, 26 y 77.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra 14; abstenciones tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda transaccional al artículo 9, que afecta a las enmiendas 7, 30 y 79.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional al artículo 11 apartado 1, que afecta a las enmiendas 8, 32 y 81.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Enmienda transaccional al artículo 12, apartado 2, que afecta a las enmiendas números 9, 33, 49 y 82.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Finalmente votamos la enmienda transaccional al artículo 19 letra A) que afecta a las enmiendas números 50 del Grupo Socialista y 46 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra 17; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Se ha producido empate. Repetimos la votación de la enmienda transaccional al artículo 19 letra A).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el articulado con las enmiendas incorporadas en su conjunto.


El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente, salvo que me equivoque, queda pendiente la votación de la enmienda transaccional a la disposición adicional primera, objeto de la retirada de la enmienda número 15 del Grupo Vasco (PNV).


El señor PRESIDENTE: Tiene razón.
Sometemos a votación la transaccional del Grupo Popular con la número 15 del PNV, que afecta a la disposición adicional primera.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la totalidad del articulado, más la exposición de motivos, que no tiene enmiendas.


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Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Segunda proposición de ley, sobre recuperación automática de las pensiones de invalidez en la modalidad no contributiva. Hay una enmienda transaccional del Grupo Popular a la única enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), aceptada por el grupo afectado y que sometemos a votación antes de hacerlo con el resto del articulado.
Sometemos a votación la transaccional del Grupo Popular en relación con la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación el texto de la proposición de ley mencionada.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Finalmente, pasamos al proyecto de ley de asimilación de jornadas a los efectos del subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, procedentes del Real Decreto-ley 9/1996, de 7 de junio.
Hay dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se votan conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el texto del proyecto de ley.


Efectuada la votación, dijo:

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad

COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (ARENAS BOCANEGRA) PARA INFORMAR SOBRE:

--POSICION DEL GOBIERNO SOBRE EL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER) Y EL SUBSIDIO AGRARIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000091.)

--CONVOCATORIA PARA 1996-1997 DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA LA TERCERA EDAD, ASI COMO DEL DESARROLLO DE LA ADJUDICACION, DE LAS NOVEDADES Y MEJORAS DE ESTA TEMPORADA, DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL QUE SE VAN A ESTABLECER Y DE SU POSIBLE EVALUACION. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 213/000103.)

--LOS RESULTADOS OBTENIDOS, A TRAVES DE LAS MEDIDAS URGENTES PUESTAS EN MARCHA POR SU DEPARTAMENTO, PARA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000141.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto con la presencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Continuamos la sesión con la comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para informar acerca de la posición del Gobierno sobre el Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario, a solicitud del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; para informar acerca de la convocatoria para 1996-1997 del programa de vacaciones para la tercera edad, así como del desarrollo de la adjudicación, de las novedades y mejoras de esta temporada, de los procedimientos de control que se van a establecer y de su posible evaluación, a solicitud del Grupo Socialista, y para informar de los resultados obtenidos a través de las medidas urgentes puestas en marcha por su departamento para la lucha contra el fraude, solicitada por el Grupo Popular.
Para facilitar el trabajo de la Comisión, he decidido acumular las tres solicitudes de comparecencia. La unidad es en la comparecencia del Ministro, pero no en la intervención de los portavoces de los distintos grupos, obviamente. De forma que, a continuación de la intervención del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, intervendrá cada uno de los grupos solicitantes de la comparecencia. (El señor Griñán Martínez pide la palabra.) ¿Señor Griñán?

El señor GRIÑAN MARTINEZ: La acumulación de tres comparecencias nos ha de permitir también que sean sendos intervinientes. Por lo tanto, por el Grupo Socialista serán también tres los intervinientes que tomarán la palabra.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo para cualquier grupo que desee fragmentar su intervención.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Javier Arenas. Bienvenido, una vez más, a esta Comisión.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Gracias, señor Presidente. Voy a informar agrupadamente, como me solicita la Presidencia, y someterme al control de la Comisión en tres materias que el Gobierno estima que son de la máxima importancia.


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En primer lugar, informaré sobre la posición del Gobierno --me parece recordar que es exactamente lo mismo que dice la comparecencia solicitada por Izquierda Unida-- acerca del PER y del subsidio agrario. Empezaré diciendo que me parece que el texto está muy bien formulado porque tradicionalmente, a efectos de conocimiento de la opinión pública, siempre se ha venido calificando como PER a un sistema que dentro conlleva una serie de obras vinculadas al Plan de Empleo Rural, el subsidio agrario y la formación profesional. En ese sentido, me parece importante que deslindemos esas cuestiones.
Empezaré diciendo que la posición del Gobierno con respecto al PER es pública y notoria. Podría hablar específicamente de la posición del Gobierno con respecto al PER, pero también podría hablar a SS. SS. de la posición del Gobierno con respecto a los sistemas de protección social y a la evolución del empleo agrario en el ámbito de nuestra agricultura y de nuestras zonas rurales.
Por activa y por pasiva, el Gobierno, en todos sus compromisos electorales y también en todos sus compromisos ante la opinión pública, en el desarrollo de las precampañas y campaña, ha dicho que, de gobernar, mantendría, con todas las consecuencias, los sistemas de protección social en el ámbito agrario. El Gobierno ha dicho también, por activa y por pasiva, que entiende que este sistema ha propiciado, en una etapa determinada, un complemento positivo de rentas agrarias y que ha sido también beneficioso para mejorar las infraestructuras locales, muy especialmente en Andalucía y Extremadura. Asimismo, el Gobierno quiere poner de manifiesto que es importante que se produzca un cambio de mentalidad, y nos parece que eso también es compartido por los sindicatos. Yo creo que el problema del empleo agrario lo podemos ver desde la óptica exclusivamente del subsidio o lo podemos ver también desde la óptica del mantenimiento de la protección social y la búsqueda de empleo. De ahí que se hayan producido unas conversaciones con las centrales sindicales, que han culminado en ese acuerdo de empleo agrario y sistema de protección social, haciendo mucho hincapié en lo que significa empleo y no quedándose en lo que puede ser la resignación del subsidio.
En este sentido quería anticipar a los miembros de la Comisión que es muy posible que en las próximas horas se cierre un acuerdo de empleo agrario con los representantes de los empresarios agrarios, en Andalucía y en Extremadura. El Gobierno entiende que esa implicación es muy positiva, y que todo lo que sea aporte, desde los distintos agentes sociales, a la solución del problema del paro en los ámbitos rurales es positivo.
También ha habido una preocupación permanente en el Gobierno en torno a la politización, al uso partidista de este sistema. Nos parece que debe ser neutralizado en el uso partidista. Creemos que es profundamente negativo que un subsidio agrario se pueda vincular a la presencia de un determinado partido político en el poder o a la presencia de determinada persona en la Presidencia del Gobierno, y que debe entenderse como un esfuerzo que hace el conjunto de la sociedad, como un esfuerzo que hace el conjunto de los trabajadores y de los empresarios, para que existan esos subsidios y nunca como un regalo, como una donación que hace un partido político o un dirigente político.
Como saben SS. SS., el actual sistema, el acuerdo de empleo agrario, hereda o sucede a lo que significó en el pasado el sistema completo global del PER, que tiene su origen en el empleo comunitario, que tuvo por primera vez una dotación económica importante en el año 1977, con los gobiernos de Unión de Centro Democrático. En este sentido, como he anunciado, en los próximos días se va a producir, probablemente, la firma de un acuerdo con los empresarios agrarios, y quiero decirles a SS. SS.
que es deseo del Gobierno compartir algún acuerdo con las comunidades autónomas más implicadas en este acuerdo --porque es un acuerdo para toda la agricultura española, que afecta también a las zonas deprimidas y que afecta al estudio del desempleo contributivo en el ámbito agrario--, es decir, con la Comunidad Autónoma de Andalucía y con la Comunidad Autónoma de Extremadura, y así lo hemos trasladado al Presidente Chaves y al presidente Rodríguez Ibarra. Nos gustaría que esas comunidades pudieran introducir algún tipo de acuerdo con el Gobierno, Fundamentalmente en torno a las políticas activas de empleo. Es público y notorio que esas comunidades tienen en estudio, desde hace tiempo, planes de desarrollo rural, que nos parece que tienen que ser complementarios, insisto, de los sistemas de protección social.
En este acuerdo con los sindicatos también se analiza la problemática del fraude en torno a los subsidios. Como saben SS. SS., se ha producido una reducción de las peonadas exigidas, de 40 a 35, siendo muy conscientes de que a los trabajadores eventuales, en algunas zonas de Andalucía, les resulta muy complejo incluso acceder a esas 35 peonadas. Quiero decirles también que, en opinión del ministro, el sistema de las peonadas no es un sistema satisfactorio. Si analizamos el pasado podemos comprobar que ha habido mucha problemática en torno a las mismas, tanto en el ámbito público como desde ámbitos empresariales, pero no hemos logrado conseguir un sistema alternativo al de las peonadas hasta la fecha, aunque insisto mucho en que durante 1997 estudiaremos el desempleo contributivo con los sindicatos y también con los empresarios.
El acuerdo que se ha producido es fruto de 14 sesiones de trabajo, en grupo y en el plenario de la mesa del Plan de Empleo Rural y, como saben, se ha firmado el pasado 4 de noviembre. Asimismo, debo decir que se promulgará un real decreto, de carácter plurianual, para el desarrollo del acuerdo, que contemplará los siguientes aspectos. En primer lugar, se pretende rentabilizar los recursos públicos disponibles, de aplicación en todo el ámbito rural, potenciando un enfoque integral de las inversiones y de los programas de las diferentes administraciones públicas y, para ello, el INEM recabará anualmente de los organismos inversores proyectos que, en función de su capacidad para generar empleo para los trabajadores eventuales agrarios, serán afectados al cumplimiento de los objetivos del acuerdo.
En segundo lugar, se estima conveniente suscribir protocolos de actuación con los gobiernos de las comunidades

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autónomas, como decía al comienzo de mi intervención, y también la implicación de estos gobiernos en lo que va a significar la gestión a través de los servicios integrados para el empleo. El Gobierno ha entendido necesario proponer la figura de los SIPE, servicios integrados de promoción de empleo, en los ámbitos comarcales. Pretendemos que a través de estos servicios se analice individualmente la problemática de cada trabajador, los posibles resultados de la acción formativa que reciban y que las comunidades autónomas, como decía, se incorporen a la gestión de estos servicios integrados de promoción de empleo.
En cuanto a la asignación de créditos, en 1997 el INEM destinará 32.327 millones de pesetas para las siguientes actuaciones. Para la contratación de obras de interés general y social, por los ayuntamientos de Andalucía y Extremadura, 15.500 millones de pesetas; para zonas rurales deprimidas, 3.000 millones de pesetas; para el desarrollo de proyectos generadores de empleo estable por ayuntamientos y mancomunidades, dirigidos a trabajadores eventuales agrarios, 3.000 millones de pesetas; para la contratación de trabajadores enventuales agrarios por las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, en obras de interés general, 1.000 millones de pesetas; plan especial de casas de oficio, escuelas-taller, 5.545 millones de pesetas; formación ocupacional de trabajadores eventuales agrarios, 3.282 millones de pesetas.
En el apartado segundo del citado acuerdo, también se recogen las medidas sobre subsidio de desempleo de los trabajadores eventuales agrarios, que podíamos agrupar en dos bloques. Uno, que se refiere a los requisitos del subsidio y la gestión, que pretende perfeccionar y corregir ciertas disfuncionalidades, como la clarificación del período de carencia para el acceso al subsidio y la exigencia de estar al corriente del pago de la cuota fija del régimen especial agrario. En segundo lugar, una mejora de los actuales niveles de protección. En el apartado tercero se recogen otros acuerdos. De ellos, el más importante es el que se refiere a la constitución de un grupo para estudiar, como he dicho anteriormente, el desempleo contributivo en el ámbito agrario.
Señorías, les digo con toda sinceridad que lo que ha pretendido el Gobierno es trasladar tranquilidad a los ámbitos rurales de España, muy especialmente a Andalucía y a Extremadura; mejorar la protección de aquellos trabajadores eventuales que deban ser protegidos ante el desempleo y, desde luego, plantear una nueva filosofía, una nueva mentalidad de generación de empleo estable. La verdad es que se ha especulado mucho sobre los incrementos que se han producido en torno al acuerdo de empleo agrario y en referencia al antiguo PER.Todos los incrementos hay que situarlos en el ámbito de las políticas activas de empleo.
Saben sus SS. SS. que en los últimos años se ha producido una reducción espectacular de la población agraria en España, y que esa reducción se ha producido en mucha menor medida en Andalucía y en Extremadura. Saben también SS. SS. que los planes que se han desarrollado en los últimos años no han servido para que disminuya el desempleo agrario en Andalucía y Extremadura y tampoco han servido para impedir que disminuya la población ocupada en esos ámbitos rurales. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer, entre todos, un esfuerzo para no quedarnos simplemente --con lo importante que es-- en las dinámicas de protección social, sino plantearnos políticas activas de generación de empleo. Yo creo que, para que esas políticas activas tengan fruto, sería muy conveniente, como he dicho, el acuerdo con las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.
Señor Presidente, aunque la comparecencia estaba referida a la posición del Gobierno, con la benevolencia de la Presidencia y de las señoras y señores Diputados, también he explicado parte del acuerdo que recientemente hemos suscrito con los agentes sociales.
Con la venía del señor Presidente, a continuación voy a contestar a la petición de comparecencia referida a la convocatoria para 1996-97 del programa de vacaciones para la tercera edad, así como del desarrollo de la adjudicación, de las novedades y mejoras de esta temporada, de los procedimientos de control que se van a establecer y de su posible evaluación.
En primer lugar, debo decir que este programa de turismo social para la tercera edad se inscribe también en el marco de la preocupación permanente del Gobierno por mejorar muy especialmente la calidad de vida de las personas mayores y, a la vez, en el caso de este programa, favorecer el mantenimiento y la creación de empleo en el sector turístico nacional. Había un compromiso del Gobierno en su programa electoral de mantenimiento de este programa, al que hizo también una referencia global el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura.
Como saben SS. SS., lo que significa el programa para 1996-1997 fue aprobado por el Consejo de Ministros, presidido por el señor González, el 23 de febrero de 1996; una aprobación que puede someterse a si era oportuno políticamente o no, por lo reciente que estaban las fechas de las elecciones, pero, en cualquier caso, esa aprobación se produjo el 23 de febrero de 1996, en el ámbito de unos presupuestos prorrogados, y se plantea la contratación de dicho programa para 360.000 plazas, por un importe global de 6.500 millones de pesetas.
El día 5 de marzo se vuelve a dictar --dos días después de las elecciones-- una resolución convocando un concurso por procedimiento abierto, concretamente el número 4/1996, para optar a la financiación parcial de un programa de vacaciones para 360.000 personas.
El Gobierno actual ha mantenido, como no podía ser de otra manera, esos acuerdos, y ha desarrollado, también mediante resolución del Inserso de 28 de junio de 1996, el concurso por procedimiento abierto. El resultado de éste, a través de la resolución de 28 de junio de 1996, ha sido favorable a tres empresas turísticas. Concretamente el lote primero (Andalucía, Murcia y circuitos culturales) a Viajes Halcón, en la cantidad total de 1.747 millones de pesetas; lote número dos (islas Baleares e islas Canarias) a Viajes Iberia, S. A., en la cantidad de 2.800 millones de pesetas; lote número tres (Cataluña y Comunidad Valenciana) a

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Viajes Barceló, en la cantidad de 1.950 millones de pesetas.
Para llevar a cabo de manera conjunta la ejecución de dicho programa de vacaciones para la tercera edad se ha constituido una agrupación de interés económico, denominada Mundo Social, e integrada por las tres empresas adjudicatarias y Viajes Marsans, S. A.
El programa de vacaciones para la tercera edad 1996-1997, contestando a la segunda parte de la petición de comparecencia, incorpora ciertas novedades con respecto a temporadas anteriores, que explicaré brevemente.
Del total de plazas, 8.500 se destinan a españoles residentes en los países de la Unión Europea que reúnan los requisitos exigidos por la convocatoria. Ello supone, por un lado, un incremento de 1.400 plazas respecto a la temporada anterior, además de la incorporación al programa de los residentes españoles en Italia y Luxemburgo, excluidos en anteriores convocatorias. Se incorporan hasta 4.000 las plazas para españoles residentes en diversos países iberoamericanos, norte de Africa y Australia. Se fijan en 200 las plazas que podrán disfrutar los españoles residentes en países de la Federación rusa. Se intensifica la colaboración estrecha con las organizaciones de consumidores y usuarios, con el fin de eliminar ciertas prácticas comerciales que, aunque ajenas a la organización del propio programa, pudieran crear una imagen negativa del mismo. Se incrementan el número de convenios de colaboración con las entidades locales en materia de reserva de plazas para el programa, con el fin social de facilitar el acceso al mismo de aquellos usuarios con rentas más bajas, al mismo tiempo que con estos convenios se acerca, en mi opinión, mucho el programa al medio rural.
Finalmente, y pese a las dificultades presupuestarias expuestas, durante todo lo que ha sido la elaboración de los presupuestos de 1997, se mantiene la financiación complementaria de 7.000 pesetas por cada uno de los usuarios residentes en las islas menores del Archipiélago canario.
Por lo que se refiere a la tercera parte de la petición de comparecencia, señor Presidente, con brevedad me voy a referir a lo que significan los procedimientos de control que se van a establecer.
Primero, visitas de control a los establecimientos hoteleros efectuadas por el personal técnico del servicio de vacaciones de la tercera edad del Inserso, constituyendo uno de los puntos de referencia más importantes para la valoración del funcionamiento del programa.
Segundo, libro de quejas y sugerencias específico del programa de vacaciones, que existirá en todos los establecimientos hoteleros a disposición de los usuarios, para que éstos puedan realizar en dicho libro cuantas anotaciones consideren oportunas respecto a los traslados a los hoteles y alojamientos en los mismos.
Tercero, buzón de quejas y sugerencias a disposición permanente de los usuarios, en cumplimiento de lo ya establecido en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero.
Todos los medios de control expuestos permiten realizar una valoración de la ejecución del programa de vacaciones para aplicar las medidas necesarias con el fin de subsanar las posibles anomalías que pudieran presentarse.
Por último, es de destacar que en la ejecución del programa de vacaciones para la tercera edad 1996-1997 es propósito del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cumplir estos dos objetivos básicos: por un lado, mejorar la calidad de los distintos servicios que se ofrecen a los usuarios del programa; y, por otro, conseguir la mayor equidad posible en el sistema de adjudicación de plazas, de forma que todas las personas de la tercera edad, los mayores sin excepción, estén dentro o fuera de España, tengan las mismas posibilidades de disfrutar del programa.
Para ello se ha introducido, señorías, un sistema de control que impide la acumulación de turnos por parte de algunas personas, en detrimento de otras. Asimismo, y para la adjudicación de aquellos destinos que, como por ejemplo Canarias y circuitos culturales, cuentan con una gran demanda social, se ha optado por la celebración de un sorteo público, ante notario, entre las solicitudes --muchísimas-- recibidas para dichos destinos.
No obstante lo dicho, el Gobierno es consciente de que todavía existen aspectos del programa que pueden y deben mejorarse y en esa línea, así como en la consolidación futura del mismo, se orientará la actuación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Inserso, en los próximos años.
Muchas gracias, señor Presidente. Creo que con esta explicación por parte nuestra se da cumplida respuesta a la petición de los grupos parlamentarios, independientemente de la valoración que hagan de la misma.
Finalmente, con la venia del señor Presidente, voy a responder a la petición de comparecencia formulada por el Grupo Parlamentario Popular, que hace referencia a las medidas de lucha contra el fraude y la morosidad en el ámbito de las prestaciones sociales.
Primero quiero hacer una consideración genérica. Soy de los que creen que siempre, siempre, permanentemente, se habla del fraude fiscal, y me parece enormemente oportuno que también exista conciencia permanente en la sociedad española acerca del fraude fiscal. Como saben SS. SS. en un Consejo de Ministros del mes de julio se aprobó un bloque de medidas de lucha contra el fraude y la morosidad, y la primera afirmación que tiene que hacer el Ministro de Trabajo es que el fraude social existe. No es ningún argumento dialéctico, no es simplemente el inicio de una reflexión en voz alta, sino que el fraude social existe.
En este sentido nosotros queremos concienciar a toda la sociedad.
Aquellos que queremos mantener los niveles de calidad de la propia sociedad, y desde luego mantener los niveles del Estado o de la sociedad del bienestar, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no haya personas que abusen del sistema de Seguridad Social, para que no haya personas que, sin tener derecho, accedan a las prestaciones, porque las personas que hacen eso se constituyen en auténticos enemigos del sistema de Seguridad Social y también en auténticos enemigos de aquellos ciudadanos que tienen derecho a las prestaciones.
En materia de control de fraude, con el fin de intensificar el control de las situaciones de incapacidad temporal, así como de invalidez permanente, ya se han llevado a

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cabo importantes actuaciones como: la selección y nombramiento de vocales que permitan iniciar actividades de los equipos de valoración de incapacidades en las provincias de Granada, Alicante, Valencia, Castellón y Las Palmas, así como la realización de los trámites necesarios para contratar médicos evaluadores. La verdad es que existen los equipos de valoración de incapacidades, pero no están constituidos, ni están los médicos evaluadores de los mismos; la suscripción de acuerdos con el Insalud, los servicios públicos de salud y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, actuación de suma importancia para acentuar la colaboración de la sanidad en el control de la incapacidad temporal e incapacidad permanente.
Estos acuerdos pretenden, de una parte, la realización de pruebas complementarias que permitan mejorar la calidad y agilizar los procesos de evaluación y calificación de la invalidez permanente y, de otra parte, conciertos específicos con los distintos servicios públicos de salud para el control y revisión de determinados procesos de incapacidad temporal.
En ese sentido hay que citar, entre otros, el concierto marco, firmado el pasado 15 de octubre entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que supone, de forma directa, la oportunidad de conseguir un ahorro en el gasto de la incapacidad temporal, al acentuarse los controles sanitarios de los procesos, provocando, por un lado, la disminución de números de procesos y, por otro, una reducción en su duración.
En este sentido, hay que señalar, señorías, que el gasto consumido en 1995 alcanza los 500.000 millones de pesetas, cifra que ha venido manteniendo en los últimos tiempos un crecimiento constante, y fíjense que hay datos que yo considero espectaculares. El gasto en la modalidad de prestación de pago directo es de 271.738 millones de pesetas, teniendo una población de posibles beneficiarios de cinco millones de trabajadores, sin embargo, en la modalidad de pago delegado, el coste es de 227.000 millones de pesetas, con una población protegida de nueve millones de trabajadores. A esto hay que añadir el dato relativo a la duración media de los procesos que alcanza, en el pago delegado con intervención de las empresas, 47 días y 206 días en pago directo; en nuestra opinión, es sencillamente escandaloso que se den estas cifras. De forma indirecta, este mayor control sanitario impedirá el masivo aumento en el número de expedientes de invalidez permanente que se viene produciendo como consecuencia del agotamiento del plazo de 18 meses en los procesos de incapacidad temporal, plazo que, como saben, se estableció en la reforma operada por la Ley 24/1994, de 30 de diciembre.
El convenio firmado en mayo con la Comunidad de Cataluña está produciendo ya efectos muy positivos, porque además de disminuir el número de procesos reduce de forma real el gasto el 3,19 en el ámbito de Cataluña en la prestación de incapacidad temporal. También se han firmado convenios de estas características con Andalucía y Navarra y está prevista la firma para el mes de noviembre de nuevos convenios con las comunidades autónomas del País Vasco, Valencia, Galicia y Canarias.
Además de los convenios de colaboración con la sanidad señalados anteriormente, hay que decir que el pasado 3 de octubre se ha firmado un acuerdo singular, para la emisión de informes médicos complementarios, con las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En lo relativo al control de perceptores de complementos por mínimos y de perceptores de la prestación familiar por hijo a cargo, ya se ha realizado el cruce informático con los datos de renta del Ministerio de Economía y Hacienda, detectándose en el caso de perceptores de complementos por mínimos 174.000 pensiones, que presumiblemente están siendo cobradas indebidamente. Por lo que se refiere al caso de las prestaciones familiares por hijo a cargo, el control ha supuesto en términos económicos una ahorro para los dos meses finales de 1.413 millones de pesetas.
El control realizado de las defunciones y matrimonios de beneficiarios de pensiones de muerte y supervivencia ha obtenido en el período de mayo a septiembre del presente año el siguiente resultado: 65.996 ha sido el número total de bajas de pensiones que han dado lugar a iniciar el tratamiento de retrocesión, habiendo sido reclamadas a las entidades financieras 175.000 mensualidades a estos efectos.
En el ámbito de las cotizaciones, respecto a las medidas adoptadas para acentuar el control de las cotizaciones llevadas a cabo por Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, hay que destacar las siguientes actuaciones: Primero, inclusión en la Ley de acompañamiento, pendiente de aprobación del Congreso y del Senado, de la modificación del actual concepto de base de cotización al régimen general; segundo, modificación del sistema de productividad de la Inspección de Trabajo, vinculando la percepción del complemento de productividad a resultados inspectores individuales y provinciales; tercero, la ampliación de las unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social; cuarto, programación de controles a subvenciones y reducciones o bonificaciones de cuota por fomento de empleo; quinto, programación de controles en subvenciones para la formación ocupacional, actuaciones para el control del fraude en las prestaciones por desempleo fortaleciéndose y actualizándose la colaboración entre el Inem y la inspección. Se han iniciado actuaciones de control sobre los descubiertos que se producen en empresas con más de 250 trabajadores o que tuvieran acumuladas deudas por más de 100 millones de pesetas --nosotros hablamos siempre de grandes cuentas--, a fin de evitar situaciones de muy difícil solución al producirse deudas de elevado importe y afectar a un gran número de trabajadores.
Las medidas adoptadas respecto a las cotizaciones han empezado a surtir efectos, de suerte que el importe de las liquidaciones levantadas por la Inspección de Trabajo en septiembre de 1996 asciende a 6.441 millones de pesetas, el 42 por ciento superior a la media mensual del resto del año.
En las prestaciones no contributivas se ha puesto en marcha el sistema de conexión informática entre los archivos del Inserso y el fichero de afiliación del Instituto Nacional

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de la Seguridad Social para intensificar el control en la concepción de prestaciones no contributivas. Ya se ha iniciado también el cruce de datos y archivos con Tesorería general de la Seguridad Social y con Hacienda. Se pondrá en marcha de manera inmediata el cruce de ficheros con el Inem, lo que supondrá tener un mayor control de la relación entre el desempleo y los discapacitados, las personas que sufren alguna discapacidad.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, en la aplicación de medidas que se están llevando a cabo por el Inem hay que distinguir previamente aquellas que se refieren a la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo y aquellas otras que se refieren al control de las subvenciones que otorga este instituto.
En el ámbito de las prestaciones por desempleo, se han reforzado los planes ya vigentes de control indirecto, de comprobación de requisitos y de control de coordinación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se han incorporado dos nuevos planes de actuación para la plena aplicación de los requisitos vigentes en el reconocimiento de las prestaciones: El plan de control de colectivos con mayor probabilidad de fraude y el plan de control en colaboración con otros organismos y entidades. Se utilizará de forma más acentuado el control de presencia de las oficinas del Inem, lo cual implicará inicialmente la renovación de la demanda de empleo con periodicidad trimestral para en un segundo momento, en función de la evolución y especialmente para algunos colectivos, efectuar dicho control cada dos meses. Se intensificarán y perfeccionarán los cruces de información entre el Inem y el Ministerio de Economía y Hacienda, muy especialmente a efectos del subsidio de desempleo; se acentuará el seguimiento de las políticas activas de empleo, con lo que se pretende que los beneficiarios de prestaciones de desempleo sean seleccionados en igual proporción que los demandantes de empleo que no son beneficiarios en aquellas acciones relativas a las políticas activas de empleo que lleve a cabo directamente el Inem, centros colaboradores u otras entidades en aquellas acciones subvencionadas por el propio Instituto Nacional de Empleo.
Se va a crear dentro del Inem una unidad especial de control de fraude como se va a hacer en el ámbito y muy específicamente para las subvenciones gestionadas por el propio Inem, y como se va a hacer, como decía anteriormente, en el ámbito de asuntos sociales donde tenemos que proceder a controlar, a auditar gran parte del gasto público que se ha efectuado en los últimos años y que, fundamentalmente por problemas de personal, no ha sido posible auditarlo.
Finalmente, en materia de control de la morosidad, creo que es muy importante destacar las medidas quese han introducido en el proyecto de Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado donde se establece y desarrolla un procedimiento de deducción para comunidades autónomas, cabildos y diputaciones, la inclusión de nuevos requisitos para la adquisición de beneficios en la cotización a la Seguridad Social y las modificaciones que se han introducido en la imputación de los recargos en las deudas de Seguridad Social.
Decir a SS. SS. que la Seguridad Social soporta unas tasas de morosidad muy elevadas, que en el ámbito de la morosidad privada pueden situarse en torno al billón de pesetas, si bien aproximadamente 500.000 millones, a efectos presupuestarios y de balance, los consideramos como fallidos por no recuperables, decirles que es muy conflictivo y complicada la lucha contra morosidad privada en ese ámbito, porque, al final, cuando la Seguridad Social aprieta, y aprieta, que es su obligación en muchos casos hay un riesgo directísimo de pérdidas de puestos de trabajo. En lo que yo creo que podemos llevar a cabo una acción muy eficaz es en la lucha contra la morosidad en el ámbito del sector público que en pocas fechas considero podré presentar ante la opinión pública o en el propio Congreso de los Diputados resultados espectaculares en lo que significa la reducción de la morosidad en el ámbito público, desde el 1.º de enero de 1996 hasta finales de diciembre de este año.
Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia, por permitirme la información conjunta y quedo a disposición del señor Presidente y de toda la Comisión.


El señor PRESIDENTE: A continuación, conforme al orden de solicitud de las comparecencias en el tiempo, van a intervenir, el representante del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a continuación, el Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alacaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Ministro, por su comparecencia, en representación del Ministerio de Trabajo, y no sé si en cierto grado respecto al PER, en representación de los sindicatos. En todo caso, antes de entrar en los términos del acuerdo, derivando de ahí la posición de Izquierda Unida, quisiera hacer alguna referencia al PER puesto que este tema, mezclándolo y confundiéndolo con el subsidio agrario y mezclándolo y confundiéndolo, anteriormente a este año, con las obras afectadas al PER se ha convertido en una especie de cuestión de Estado por mor y gracia de las intervenciones --muchas veces desde la ignorancia-- de distintos dirigentes conservadores tanto del país Vasco, como desde Cataluña; últimamente y de manera muy concreta por parte del señor Arzallus que ha llegado a hablar de que los andaluces vivimos del PER y no entendemos la economía productiva. Le contesté duramente y hoy esperaba tener aquí un intercambio con miembros del PNV que no se va a producir porque no asisten.
Cuando se habla --y con tanta dureza-- desde la ignorancia y respecto a otra comunidad autónoma que tiene dos millones de emigrantes repartidos dentro y fuera de este país, y cuando se habla convirtiendo el PER en una cuestión de Estado en un momento de amplias, profundas y no siempre transparentes negociaciones, podemos estar empezando a asistir a una especie de racismo político contra Andalucía que vamos a intentar corregir con la máxima rotundidad. No estamos dispuestos a que desde la demagogia,

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desde la ignorancia y desde la conversión en moneda de cambio para otras negociaciones del interés y de la dignidad de los andaluces se siga utilizando este lenguaje. Por tanto, a partir de ahora recomendamos que antes de hablar de Andalucía en los términos que se está hablando, refiriéndose al prestigio o desprestigio de Andalucía en los temas del PER, se tienten la ropa de manera adecuada porque el PER no es una sopa boba, no supone las cantidades que se han dicho, ni los andaluces vivimos de la productividad del norte.
Por ejemplo, el PER está suponiendo al año unos 17.000 ó 18.000 millones de pesetas, este año un poco más; y habría que decirle al señor Arzallus y a otros que cuando te dan un jornal del PER tienes que estar ocho horas poniendo ladrillos. No sé si el señor Arzallus sabe esto, son ocho horas haciendo el trabajo que corresponde a ese jornal y son unos ciento y pico mil millones de pesetas en los últimos diez años. Ese es el PER, el plan de empleo rural, mezclándolo con la etapa anterior. Ese es el tema que hay que definir, hay que tener muy claro un PER que supone siete peonadas al año, no al mes señoría, para un trabajador o trabajadora afectado al PER en Andalucía, que llegaron a estar afectados al subsidio unos 290.000 personas y en el último medio plazo ha bajado bastante. Por tanto, jornales del PER son muy pocos, siete al año --ahora puede subir a ocho al año, no más en este año que va a comenzar pronto--, pero parece que es la sopa boba. Hay que estar ocho horas poniendo ladrillos o trabajando en lo que sea, en un polideportivo o en la obra a que te afecten, y con un jornal muy barato, muy por debajo incluso de precios de convenio. Otra cosa es el subsidio agrario, al que se accede en función de unos requisitos declarados por la ley que antes eran sesenta peonadas, ahora cuarenta y va a descender a treinta y cinco, más otra serie de requisitos en los que no me voy a parar aquí. Eso viene suponiendo unos 100.000 millones de pesetas al año, a través de los cuales los trabajadores cobran 27.000 ó 28.000 pesetas mensuales y tienen que pagar la Seguridad Social, un sello bastante caro.
Se mezcla subsidio agrario con PER, el PER se eleva a categoría de desprestigio, a que no se trabaja y a partir de ahí se habla de fraude, como si el PER fuese una bolsa tremenda de fraude. Pues bien, el subsidio agrario, por ejemplo, está por debajo de lo que cobra Barcelona en protección por desempleo a lo largo de un año, figura en el texto de la ponencia del PER que tuvimos en este Congreso en la última legislatura, pero ninguna cantidad de éstas se aclara y todo esto va cayendo sobre la imagen de Andalucía.
Hace poco un periódico, antes de que se desafectaran horas respecto al PER, publicaba en primera página a tres columnas: Se destinan 280.000 millones de pesetas a las obras del PER en Andalucía. Yo tengo ese titular, hablé con personas de este periódico y les dije: si tú construyes una carretera o la Expo-92, si tú como trabajador agrario te colocas un día ahí y trabajas en lo que te digan y cobrando lo que te digan, ese jornal puede servir para computar los sesenta, que eran entonces, de cara a conseguir el subsidio, no es que la Expo se destine al PER. Como eso establecía una tremenda confusión se quitó, se desafectó, aunque puede empezar a ocurrir a partir de ahora en función de algunos términos de este acuerdo. Desde entonces vemos titulares en la prensa de 140.000 millones de pesetas este año para el PER y cosas por el estilo.
El PER este año va a llegar a 19.000 millones de pesetas, como lo entendíamos anteriormente. Ahora se va a llamar Aepsa, porque incluye otras partidas, y el año pasado el PER fue de 17.500 millones de pesetas, ni un duro más. Siete jornales al año, y hay que trabajar ocho horas al día, por trabajador o trabajadora; siete jornales que hay que complementar hasta ese momento con otros treinta y tres y a partir de ahora con el resto hasta treinta y cinco, para poder acceder al subsidio junto a otras condiciones. Por ejemplo, si son menores de cierta edad y no tienen cargas familiares no les va a contar las jornadas del PER o si se dedica tiempo a otra economía productiva y quiere volver a las jornadas del PER no le van a servir durante un año. Hay una serie de trabas y requisitos muy importante que no se tienen en cuenta.
Por tanto, dicho esto de entrada, porque hubo mucha confusión en la anterior legislatura y en función de la legítima, pero no siempre clara, diatriba política que se está convirtiendo en una cuestión de Estado, vamos a responder de manera rotunda desde Andalucía cuando se emplee la demagogia y cierto racismo político a través de personajes que no entienden lo que es el PER o que no quieren entenderlo. Con dinero público se ha saneado la banca privada, más de dos billones de pesetas; con dinero público se han hecho todas las reformas estructurales de la gran empresa, de la gran industria, que afectan a territorios históricos de este país. Con dinero público todavía no se ha hecho la reforma agraria en Andalucía, que ahora tendría otras coordenadas en función del siglo XX-XXI, de integridad, etcétera. Sin embargo, cada vez que en este país se habla de reforma agraria se forma un follón de indeterminadas consecuencias, no siempre pacíficas. Se nos debe una reforma agraria, y lo que se está pagando por el subsidio agrario está muy por debajo de lo que ciertas ciudades reciben como protección al desempleo a lo largo de un año; los datos concretos figuran en el texto de la ponencia del PER.
Hay que decir algo más, señor ministro, y usted lo sabe: se ha tratado hasta ahora de lo que se llamaba acuerdo Inem-ayuntamientos. Ese acuerdo existe en todas las comunidades autónomas y sufragado con dinero público, aunque se llame de otra manera. Lo que allí se llama PER, acuerdo Inem-ayuntamientos, existe en todas las comunidades autónomas con menores cantidades, pero existe. Aquí hay una especificidad que conecta también con el consumo de Andalucía, no sólo con los trabajadores agrícolas o del mundo rural y ahora entraremos en el acuerdo donde se puede establecer ciertos problemas a la hora de separar el mundo rural del mundo agrario, que éste es más restringido. El consumo que deriva de unos 120.000 millones de pesetas del PER como se entendía antes, pues ahora se llama Aepsa --el señor Ministro con mucha habilidad le ha cambiado el nombre--, 20.000 millones al año ahora --o no llegará-- y los dineros correspondientes al subsidio agrario, de ahí depende en gran parte el consumo del 40

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por ciento de Andalucía un consumo privado modesto, pero de importancia radical en un territorio al que históricamente se le debe una respuesta, porque a partir de ahí se producen fenómenos como el de la emigración. No creo que nadie se atreva, por ejemplo, en Cataluña a llamar vagos a los andaluces que están o han trabajado en Cataluña, no creo que nadie se atreva allí; o no creo que el señor Arzallus se atreva en Euskadi a decirles vagos a los andaluces que hay en Euskadi que son muchísimos; no creo que se atreva.
Por tanto, a partir de ese momento, puesto que se está intentando convertir el PER en una cuestión de Estado, vamos a entrar en el debate como cuestión de Estado. Sobre todo hay una pregunta que le hago y es que, en cierto grado, ha entrado como moneda de cambio en algunas negociaciones que se han hecho, porque si el señor Arzallus en plena negociación saca el tema del PER o en otros sitios ha sacado el tema del PER en plenas negociaciones presupuestarias puede ser por algo. Fíjese usted, señor Arenas, 20.000 millones para el PER. ¡Escándalo! ¡El señor Arzallus nos llama casi vagos! Y en un momento determinado durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado llega aquí el señor Homs --por cierto, últimamente, cada vez que habla sube el pan tres duros-- y dice que ellos acaban de conseguir 20.000 millones en una negociación que no es ni presupuestaria. ¡Fíjense ustedes las injusticias en los destinos del dinero público! En este sentido, señor Arenas, nosotros no estamos de acuerdo con el documento conjunto del Gobierno y de los sindicatos mayoritarios. No estamos de acuerdo porque tampoco estábamos de acuerdo con los resultados anteriores que en muchos momentos ha protagonizado otro Gobierno. No estamos de acuerdo con la filosofía y no estamos de acuerdo con los resultados de las negociaciones que han culminado en el acuerdo del 4 de noviembre; no podemos estar de acuerdo.
Además, cuando ese acuerdo se ponga en práctica puede derivar, me voy a atrever a hablar de manera moderada en ciertas dinámicas que puede contener. Por ejemplo, el dinero que consta, porque usted incluye el tema de formación ocupacional, casas de oficio, que aumenta mucho la cantidad, pero dinero real para lo que se llamaba PER hasta ahora puede subir a ocho peonadas por trabajador o trabajadora al año; que nadie se equivoque, que no es al mes, es al año. Si un trabajador tiene mucha suerte y hay justicia en las listas que se hagan, puede cobrar ocho jornales al año no más; ocho de media, por tanto, la cantidad es escasísima. Nosotros hemos presentado una enmienda a los presupuestos, claro está rechazada, para que, por lo menos, cobraran treinta jornales al año; ocho nos parece una cantidad ridícula, permítame que se lo diga, señor Arenas, teniendo en cuenta que la sequía si se produce --y se ha producido hasta ahora--, teniendo en cuenta que en función de acuerdos con Marruecos o de debilidad respecto al comercio con la Unión Europea los cultivos en Andalucía ya no valen en muchos aspectos lo que valían antes, no tiene el mismo sentido y, consecuentemente, no dan los mismos jornales, teniendo en cuenta, también, que comarcas enteras o fincas manifiestamente mejorables porque se dedican a otras cosas, por la estructura propia de la tierra o por la cultura laboral de esa comarca no dan peonadas, es imposible llegar de manera general a las cuarenta peonadas, ahora treinta y cinco, y era absolutamente imposible llegar a las sesenta anteriores.
Por tanto, no estamos de acuerdo con que se mantengan las peonadas.
Queremos la supresión, la abolición de las peonadas. Además, si se produce algún fraude, según el documento de la ponencia del Congreso de la legislatura anterior, no supera el 14 por ciento; querríamos saber si hay cifras concretas de ese fraude que tanto escandaliza en España respecto a la obtención del subsidio agrario y que parece está por debajo del de invalidez y de otros muchos fraudes, por lo menos esa constatación tuvimos a lo largo de las comparecencias en la ponencia en la legislatura anterior, pero este fraude crea más escándalo. Habrá que perseguirlo, pero nosotros decimos que es un fraude estructural, es interno a la propia ley y a la propia realidad, porque, si no ¿cómo se pueden conseguir? Muchos ayuntamientos han caído en este tema porque no había otra salida, ayuntamientos de todos los colores y fundamentalmente aquellos que tenían mayor sensibilidad social y se enfrentaban a la estructura de una ley injusta, teniendo en cuenta que, además, hay otros que injustamente se aprovechan de esta contradicción de la ley, muchos consiguen las cuarenta peonadas, las sesenta antes, las treinta y cinco el año que viene o a partir de ahora, pero las tienen que conseguir como sea o dejan de cobrar 30.000 pesetas al mes, que les hace muchísima falta y sin las cuales mucha gente no puede vivir. Hay 1.300.000 pobres en Andalucía, por no elevar la cantidad a dos millones teniendo en cuenta ciertos parámetros de no solemnidad o de no rigor, pero ésta es la situación real y no otra.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta ciertas medidas que le he citado anteriormente respecto a jóvenes o a gente que puede trabajar durante una temporada en otros sectores, y teniendo en cuenta las reflexiones del Partido Popular que giró en su posición en el seno de esta ponencia en la legislatura anterior (ahí es donde se produce el giro del Partido Popular, que hasta ese momento no aceptaba el PER ni el subsidio agrario; ahí giró el Partido Popular), el documento que se firmó con los sindicatos puede contener dinámicas que incluso a través del propio papel nuevo que se les asigne puede conducir a una depuración del censo. En algunos casos, efectivamente, habrá que ver realmente si no se llega de manera fraudulenta a la percepción del subsidio, puede ser el 10, el 12 por ciento, no lo sé; pero en otros casos se puede producir, por ejemplo, simplemente separando lo que es mundo agrario de mundo rural, que es mucho más amplio y que sería imposible separar a menos que se cayera en una enorme injusticia respecto a lo que es la situación social, la estructura social en Extremadura y Andalucía. Otra vez aparece el mito de la economía productiva, digo mito porque después en la realidad no aparece la estructura presupuestaria y financiera adecuada, y, repito, se puede producir una depuración del censo en la dinámica de este acuerdo.
Estaremos muy pendientes, pero está ahí el tema que a nosotros nos preocupa muchísimo, como usted bien sabe. Se produce un retroceso del papel

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de los ayuntamientos a la hora de asignación, de control a la hora del estudio a pie de obra de lo que puede ser la economía productiva de los aspectos que conocemos y que ha tenido lugar a lo largo de estos últimos años, dinamizado desde los ayuntamientos.
Al mismo tiempo, señor Arenas, este acuerdo se conecta con la economía productiva sin demasiadas concreciones en una sistemática que no acabamos de alcanzar. Nos gustaría que nos lo aclarara usted hoy aquí, se puede haber creado una especie de PER para empresarios o de PER distinto a la hora de conectar dinero público con la creación de cómo se aplica este dinero público en economía productiva a través de iniciativas que no sabemos exactamente cómo se van a controlar, de quién van a depender y a quién van a ir como objetivos de esta inversión, y si esto no se produce de manera adecuada, estaremos en presencia ante la creación de un PER empresarial en torno a 3.000 millones de pesetas.
Hay otra pregunta que yo quería hacer, señor Arenas, porque no me ha quedado suficientemente claro su habilidoso y esplendoroso titular de que ya no es posible el control político de estos fondos. ¿Cómo que no es posible? ¿Cómo se va a hacer? ¿Es una declaración de voluntad? La estructura sigue igual, y cuando la estructura prácticamente es igual, con independencia de los matices que se hayan podido introducir, las estructuras tienen vida propia, es decir dinámicas propias, y con independencia de la voluntad que se pueda tener, si se quiere puede seguirse, puesto que en el ordenamiento de las listas, en la distribución de fondos a lo largo y ancho de Andalucía, en función de que no hay dinero para la creación de grupos que empleen dinero en la economía productiva, se puede llegar a un control político de estos fondos. Usted me explicará cómo no. ¿Qué organismos se han creado para que no se produzca esto? Si son los SEPI, los sipe o algún otro organismo que no figura de manera sistemática y clara en el acuerdo; nosotros lo vemos así.
Desde este punto de vista termino, señor Presidente, diciendo que hay una alternativa. ¡Claro que hay una alternativa que le voy a exponer brevísimamente porque usted ya la conoce de sobra! Usted tiene otra filosofía, el PSOE tiene la misma filosofía que ustedes, exactamente la misma, puede cambiar el 7, el 8 o el 9 por ciento la filosofía diferencial tal y como se plasma en los acuerdos por escrito; nosotros partimos de otra forma de entender las cosas igualmente legal. Por ejemplo, nosotros partimos de la necesidad de una reforma estructural profunda, no sólo de la estructura de la propiedad, sino de los mercados o de cómo se expresan, concretamente en Andalucía, los acuerdos internacionales profundamente negativos que se están alcanzando y las consecuencias de los acuerdos con el norte de Africa, por cierto, sin crear ningún tipo de arancel social con respecto a los trabajadores de Marruecos y dentro de poco de Egipto o de otros países.
Habría que ir a una reforma agraria integral, moderna, teniendo en cuenta el mercado y la producción de maquinaria, etcétera. No estamos de acuerdo con las peonadas, son la fuente del tanto por ciento que haya de fraude, 14 ó 15 por ciento, o el que sea, poco, pero ahí está, pero fundamentalmente porque son fuente de injusticia. Estamos de acuerdo en crear comisiones locales de empleo formada por personas que conocen a todo el mundo, tanto del sector rural como del agrario y que, naturalmente, crearían condiciones, esta vez sí, objetivas y justas a la hora de la percepción del PER y, como consecuencia, la posibilidad de acceder justamente al subsidio agrario.
Nosotros no estamos de acuerdo con las cantidades que se asignan al PER, son ridículas. Eso sí, tenemos un cerco de desprestigio, pero le repito que son siete jornales al año, por lo menos habría que llegar a treinta.
Se trataría simplemente de subir al doble, unos 35.000 millones aproximadamente, esa percepción de treinta días al mes, que son trabajados, repito, que a nadie se le da en mano y se le dice: vete a tu casa con el dinero; que tiene que estar ocho horas poniendo ladrillos, poniendo cemento, poniendo yeso, sembrando árboles, haciendo aceras o construyendo un polideportivo.
Nosotros no podemos estar de acuerdo con esa dinámica que se ha iniciado, y que puede llegar a la depuración del censo, de separar lo rural de lo agrario. No podemos estar de acuerdo porque es imposible acceder a distintos sectores en un pueblo diciendo que lo agrario es lo agrario y que el resto pertenece ya a otros sectores, tal como se establece clásicamente, lo que conduce, indudablemente, a que sólo aquel que pudiera echar un cierto número de peonadas sembrando pepinos, escardando o recolectando algodón pudiera acceder al final al subsidio agrario, con lo cual se produciría una depuración tremenda y, como consecuencia, un bajón tremendo en el consumo privado diario, cotidiano de Andalucía. Le estoy hablando de dinámicas que se pueden esconder ahí y que nosotros intentamos evitar. El papel de los ayuntamientos que nosotros pretendemos, como usted sabe, es distinto, ya lo he dicho anteriormente.
Termino reiterándole algunas de las preguntas que le he hecho y recordándole la posibilidad de que usted responda a alguna de ellas en este momento. Quiero saber si el PER, puesto que para algunos dirigentes se está convirtiendo en una cuestión de Estado, se está negociando, si entra en ciertos cambalaches, en ciertas historias. Le ruego que me explique cuáles son los mecanismos objetivos, con independencia de la voluntad --que se la reconocemos hasta ver cómo se aplica el acuerdo--, para que no se produzca el voto clientelar o la dependencia social.
Nosotros nunca hemos creído en el voto cautivo, somos el único grupo que no ha hablado de voto cautivo; eso sí, de mala distribución o de distribución politizada, ya lo hemos dicho muchas veces, ante las delegaciones del Gobierno o donde correspondiera.
El papel de los ayuntamientos. Le pregunto si hay alguna dinámica de cara a la depuración del censo, teniendo en cuenta, si usted quiere, incluso las cantidades reales de fraude, porque éste es uno de los sistemas que más se controla últimamente en la persecución del fraude en este último período, desde hace dos años a esta parte, o por lo menos ha habido etapas en que se han hecho muestreos muy pormenorizados para la persecución del fraude.


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Teniendo en cuenta las consecuencias de empobrecimiento que se están produciendo, muy agudizado porque han cuadrado ustedes los presupuestos, como se dice allí --y perdonen la expresión-- a maastrichtllazos, con un enfriamiento tremendo de la economía que se va a producir a partir de ahora en Andalucía, le pregunto si sería posible empezar a estudiar la necesidad de complementar las cantidades que ustedes asignan al PER y que no van a dar para este año más de ocho jornales al año; hemos subido un jornal en esos acuerdos, de siete a ocho según las cuentas muy pormenorizadas que estamos haciendo.


El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, teniendo en cuenta que el ministro ha dedicado veinte minutos a responder a tres solicitudes de comparecencia, sean proporcionales también en el empleo del tiempo los portavoces.


El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a intervenir con muchísima brevedad, porque efectivamente vamos a compartir el tiempo mi compañero y yo, y me voy a ceñir en concreto al informe que ha presentado el señor ministro sobre los mecanismos de persecución del fraude. Entendemos que es de un enorme interés y de enorme gravedad todo lo que se está moviendo en torno a esto, y quisiéramos preguntar --no sé si ingenuamente-- si no existe más fraude que el fiscal y el social y, en ese caso, dónde integra el señor ministro el fraude de los empresarios; es decir, si es fraude fiscal, sólo fiscal, o también fraude social, porque ciertamente vemos en todo el informe y en las medidas que ya hemos analizado en otros foros un interés enorme en la persecución de actuaciones fraudulentas respecto a la percepción de las prestaciones en términos generales. Ahora bien, vemos enormes lagunas, y seguimos viéndolas también después de su informe, en la persecución de las actuaciones fraudulentas en las relaciones laborales en sí. Nosotros entendemos que se persiguen más las consecuencias que las causas de los fraudes. Nos preocupa enormemente que en el tema del fraude de las relaciones laborales, por ejemplo, no existan estudios concretos sobre la realidad de la economía sumergida, estudios oficiales, serios, desde el Ministerio de Trabajo mismo, ni existan tampoco campañas concretas, de forma generalizada, para erradicar la economía sumergida o informal, según se denomina por los teóricos, que se conoce en plan teórico, pero que en plan práctico hasta ahora no ha habido una voluntad política de erradicarla. No se habla de un seguimiento respecto a aquello que en su día se llamó por parte de la patronal la sovietización de las relaciones laborales, que fue sencillamente una idea que puede ser útil a la hora de erradicar este tipo de fraudes a los que me estoy refiriendo, como es la entrega a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores de la copia básica de empleo. No se conoce si la aplicación de esa ley ha tenido efectos positivos, qué grado de seguimiento está teniendo, pero parece que tampoco interesa la persecución de este tipo de fraude.
El fraude en las relaciones laborales concretas se zanja en su informe por la vía de incentivar la productividad de la inspección de Trabajo.
Entendemos que hay muchísimo terreno por andar en esto. Si estamos equivocados, díganos usted qué otras medidas se están adoptando porque creemos que para erradicar las causas hay que erradicar la desregularización de las relaciones laborales que se está produciendo en la vida práctica real; si se están persiguiendo realmente las firmas en blanco por parte de los trabajadores de los contratos y de los finiquitos, en la medida que existe la precariedad que existe, el paro que existe, porque efectivamente está proliferando esta práctica de forma descomunal. Yo recuerdo que en Granada hubo hace veintiséis años ya una huelga de la construcción en la que cayeron muertos tres trabajadores y una de las reivindicaciones era ésa, y hoy los trabajadores de la construcción en Granada dicen: hemos vuelto a la práctica de hace veintiséis años.
Nosotros creemos que la judicialización de este tipo de conductas no es sólo el camino que hay que seguir. Entendemos, por tanto --y lo hemos planteado por escrito, en concreto, en el foro de la subcomisión de desarrollo del Pacto de Toledo y lo volvemos a reiterar aquí--, que necesitamos más recursos humanos y materiales en la inspección de Trabajo y en lo que es la autoridad laboral en general --y eso no lo estamos viendo-- y necesitamos también garantizar una mayor autonomía las decisiones políticas respecto de estas actuaciones técnicas por parte de la autoridad laboral. ¿Se va a avanzar en este terreno? Es absolutamente imprescindible no que intervengamos, porque no se trata de eso, sino de hacer cumplir la ley sin necesidad de llegar a la judicialización de estos temas.
Por otro lado, nos preocupa enormemente, en concreto en la persecución de las actuaciones fraudulentas de los trabajadores, que es la que parece que globalmente se intenta perseguir, y también de las comunidades autónomas y de los entes locales --ése el otro punto en torno al que pivotan todas las actuaciones que nos ha explicado a usted, que no haya tampoco control de los informes y de las actuaciones de las mutuas en esos convenios de colaboración con Sanidad para perseguir el fraude o para reducir la cuantía del dinero que se destina -- en último término ésta es la finalidad-- a la percepción de pensiones de invalidez. Las actuaciones de las mutuas se harán honestidad, pero, al mismo tiempo, también somos conscientes de que el éxito en su gestión --y posiblemente en eso estriba el que se hayan propiciado las actuaciones que usted nos presenta hoy aquí-- precisamente consiste en que haya intereses por parte de las mutuas en ahorrarse todo lo que puedan en prestaciones concretas.
En este sentido, entendemos que sería bueno que los agentes sociales, los representantes de los trabajadores estuvieran presentes en este tipo de decisiones controlando las actuaciones concretas de las administraciones y, en este caso también, de las mutuas.
Nosotros no es que estemos en contra de este tipo de actuaciones. Creemos que es necesario que haya una erradicación lo más certera posible de todo tipo de actuaciones fraudulentas, pero entendemos que el castigar en exceso, por motivos posiblemente economicistas, el fraude de los trabajadores y no castigar el fraude en general, no sólo fiscal --señor ministro, ésa no es su competencia--, sino social, de aquellos que por tener precisamente una situación prevalente en la relación laboral son más la causa que la

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consecuencia, no es de recibo. Mientras eso no se haga así, nosotros no vamos a estar de acuerdo ni a favor del conjunto de este tipo de medidas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, doña Cristina Alberdi tiene la palabra.


La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Ministro de Trabajo para informar sobre la convocatoria del programa de vacaciones para la tercera edad de 1996-1997, así como de las novedades y los mecanismos para mejorar y para ejercer un control sobre estos viajes.
Este programa de vacaciones lleva muchos años de realización, desde 1985, y fundamentalmente, como se ha dicho, tiene dos objetivos claros: uno, el bienestar de los mayores, y otro, el mantenimiento del sector turístico en temporada baja.
El bienestar de los mayores reduce el gasto en medicamentos y mejora su situación anímica y física. Es evidente que es un programa que cumple ese objetivo de bienestar social y que, a su vez, contribuye el mantenimiento de puestos de trabajo --nada menos que 21.000-- en temporada turística baja, rompe la estacionalidad, además ahorra en desempleo, incorpora por cuotas a la Seguridad Social y por IRPF ingresos al Estado y también tiene efectos económicos para la Administración. La Administración recupera con creces los gastos. Hace dos años se hizo un estudio que llevó a cabo precisamente Mundo Social --las tres empresas adjudicatarias, que siguen siendo las mismas, se han unido en ese consorcio llamado Mundo Social-- y el Estado recuperaba con creces esos 7.000 millones de pesetas, aproximadamente, que viene a ser el coste de este programa de turismo social.
Es evidente que es un programa, como hemos dicho muchas veces, que se defiende solo. Y yo tengo que felicitar al Gobierno del Partido Popular por haber mantenido este programa, porque a lo largo de la anterior legislatura concretamente yo tuve que contestar a muchas preguntas parlamentarias del Grupo Popular, en las que lo más suave que se decía con respecto a este programa era que no servía a los intereses del bienestar de los mayores y que, fundamentalmente --y ésta es la crítica más dura que se hizo a este programa--, generaba el voto cautivo de los mayores. Esta actitud del Grupo Popular también tenía eco en diarios de repercusión nacional --uno de ellos muy conocido, que llevaba la bandera del voto cautivo-- y tuvimos que salir al paso no ya desde el Gobierno sino sobre todo desde las ONG, desde el movimiento asociativo de mayores.
Y fue el propio movimiento asociativo de mayores el que se dirigió por carta a los diarios y también realizó otro tipo de actividades para pedir respeto a ese colectivo. Era una falta de respeto tremenda al colectivo de mayores pensar que podían condicionar su voto por un viaje de turismo social, por un viaje de la tercera edad.
Por eso le reitero la felicitación porque se mantenga ese programa, porque es un programa que cumple los objetivos, que genera una situación muy especial para los mayores y que hemos ampliado --y también este Gobierno-- además a los mayores emigrantes. Se amplió este programa a los países del Este de Europa y ahora también al norte de Africa, a Australia, a los países de la Federación Rusa, por lo que nos informa, a Italia y Luxemburgo. Esto es muy positivo. De hecho, son los demandantes de este programa y los que estaban deseando que se llevara a cabo y que se pudiera ampliar.
Hay un tema importante que ha comentado el ministro y es la ampliación de los convenios con los ayuntamientos para acercar este programa al medio rural. Me parece muy significativo que se intente porque quizá han sido los habitantes del medio rural los que menos han podido beneficiarse de este programa, como también me parece importante el ámbito al que se ha referido de la equidad. Ese era un problema que existía y que puede seguir ocurriendo en la medida en que haya personas que deseen acudir a determinados destinados y que siempre se produzca la adjudicación o casi siempre a determinados grupos o colectivos que igual llegan los primeros o que tienen un acceso más fácil. La idea de hacer un sorteo público ante notario parece un dato objetivo, que yo espero que sea eficaz.
Nada más, señor ministro. Tenga la seguridad, y con esto termino, de que este proyecto, que fue muy criticado en la etapa en la que ustedes eran oposición, no va a ser criticado por la oposición del Grupo Socialista en esta etapa. Al revés, celebramos su mantenimiento y creemos que es un programa muy positivo por las razones que se han expuesto.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor Arenas por su comparecencia.
Voy a hablar de la comparecencia en la que el Gobierno se ha posicionado en relación a la reforma del sistema de protección para los trabajadores del campo andaluz y extremeño y voy a hacerlo desde una sensación de perplejidad, viendo cómo la derecha, que ha sido crítica, muy crítica con este sistema de protección, aparece hoy como su mayor defensor y, además, queriendo apuntarse el tanto de dar un impulso a este sistema que ha venido desde 1983 mejorándose a través de acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos. El último acuerdo, el de 1994, permanece absolutamente incólume después de esta pseudorreforma que nos ha presentado aquí el señor ministro. Y digo pseudorreforma porque, dejando aparte algunos aspectos cuantitativos de los fondos que se dedican al plan de empleo rural y cambios de nombre tanto del sistema como de alguno de sus componentes, sólo podemos decir que algunos de los añadidos que se han hecho a este sistema podrían contener elementos de fuerte crítica por nuestra parte. Nosotros creemos que se han quedado cortos en la reducción de las jornadas. Fue mucho más valiente la reforma de 1994, que bajó de 60 jornadas a 40, conscientes en ese momento de la dificultad que había para que los trabajadores pudieran justificar su trabajo en el campo y acceder al subsidio agrario. Indudablemente, esta disminución de cinco jornadas favorece ese acceso, pero creo que se podía haber sido

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mucho más valiente y haber ido a un planteamiento que hubiera dado más justicia a muchas zonas de Andalucía en las que, por sus características agrícolas, los trabajadores tienen verdaderos problemas incluso para llegar a esas nuevas 35 jornadas.
En lo que no estamos de acuerdo en absoluto es en algunos aspectos que ustedes han incluido como novedosos. La inclusión de los jóvenes desde los 16 a los 20 años --podíamos decir que son niños-- en el subsidio impide llegar a una conclusión de futuro, como puede comprobar cualquier persona que estudie el sistema de protección en el campo andaluz y extremeño. El introducir a niños en el sistema de subsidio es algo a lo que nosotros nos hemos resistido y que no tiene otra explicación que el que ustedes pretendan conseguir, a través de rebajar la edad de inclusión en el subsidio, hacer feliz aquella frase de que cada hijo viene con un subsidio debajo del brazo. No parece razonable eso ni que hagan el cambio entre el subsidio y la beca para acceder a la formación profesional. De esa forma consiguen crear, afianzar y empeorar algo que, en todo caso, era de erradicar: el establecimiento de la acomodación de ciertos sectores de los trabajadores a la vida del subsidio agrario. Por tanto, esa reforma no incluye ninguna novedad.
Sí hay una novedad que usted planteó en su comparecencia cuando hicieron público el acuerdo con los sindicatos y que hoy casi no la ha hecho firme: el compromiso de no utilización política de este sistema en el futuro. Me felicito por eso, porque, si ha habido una utilización política, indudablemente ha sido la que han hecho ustedes mientras han estado en la oposición y, desde luego, lo que sí tengo que decirle es que, si va a llegar a un acuerdo con los patronos agrarios, lleve a ese acuerdo la no utilización política por parte de los patronos del sistema del subsidio agrario, del sistema de las firmas. Podrían haberse dedicado a buscar un mecanismo para eliminarlo, ya que es un mecanismo diabólico, difícil de eliminar, y que en estos momentos está siendo utilizado políticamente por los patronos en los pueblos haciendo una clara diferenciación política entre aquellos que tienen acceso al trabajo y aquellos que no lo tienen. Eso lo puede llevar usted a ese acuerdo y entonces empezaremos a creer en la no utilización política.
También me gustaría reconocer aquí el trabajo que han hecho los sindicatos, que han conseguido mantener un sistema que funciona bien, les han convencido a ustedes de eso --ustedes no llegaron a la negociación con esos planteamientos-- y, por tanto, mostramos desde aquí nuestro reconocimiento. Y, por supuesto, quiero decirle que mientras sigan manteniendo la plantilla anterior en Política Social nosotros estaremos apoyándoles en estos temas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, por su comparecencia relacionada con el tema del fraude en las prestaciones sociales, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Ya tuvimos ocasión de decir en esta Comisión que el fraude es algo que corresponde corregir al Estado y también a las comunidades autónomas en la medida de sus competencias, que usted, señor ministro, no ha mencionado, y les corresponde hacerlo con un esfuerzo de inspección, de control y de vigilancia. Sin embargo, esto no basta, porque es imposible adoptar medidas de inspección y de control que abarquen a todos los colectivos. Por eso, es necesaria la colaboración de la sociedad, de los grupos parlamentarios y de los agentes sociales.
El fraude en las prestaciones sociales es especialmente grave, porque un fraude en la protección social atenta directamente contra todo el entramado de protección social y es, de raíz, insolidario; por tanto, hace falta un compromiso de todos. No parece muy adecuada la distinción que ha hecho el señor ministro en relación con el fraude fiscal y el fraude social; pienso que todo fraude es fraude social, incluido el fraude fiscal.
Sin embargo, señor ministro, esta comparecencia suya en esta Comisión creo que entra dentro de los objetivos de marketing político del Partido Popular; no en balde ha pedido su comparecencia su propio grupo parlamentario. Creo que la podía haber cubierto perfectamente cualquier jefe de sección de su ministerio, con todos los respetos, por descontado, para esos jefes de sección. Y no me vaya a decir, señor ministro, que con esto usted quiere dar una relevancia particular al tema de la represión del fraude fiscal, porque ésa sería una respuesta retórica que nosotros no aceptaríamos.
De usted, señor ministro, del señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, esperamos algo más, mucho más; esperamos que fije políticas, esperamos que nos convenza y que recabe nuestro apoyo para esas políticas. Pero ¿qué ha hecho usted, señor ministro, por ejemplo, en la reducción de los plazos de reconocimiento de los derechos a las prestaciones sociales en materia de desempleo o de Seguridad Social? ¿Ha mejorado usted el servicio de atención al ciudadano en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales? ¿Por qué tenemos hoy parados que se resisten a aceptar empleos? A mí me hubiera gustado, señor ministro, que también hubiera hablado de la necesaria vigilancia de lo que el mundo del desempleo supone. Cada parado es una persona, cada parado tiene unos problemas individuales y, por descontado, ese hecho humano hay que verlo y hay que examinarlo dentro de una política social que esperamos que usted haga en su ministerio. Pero, por ejemplo, en materia de inspección de Trabajo usted se ha referido a la productividad, al vínculo de la retribución con la productividad. ¿Ha entendido usted, señor ministro, la nueva función de la Inspección de Trabajo a raíz de la reforma laboral del año 1994? Me dice que sí; lo celebro. Usted sabe perfectamente que una de las virtualidades de la reforma laboral del año 1994 fue poner en manos de empresarios y trabajadores muchas de las decisiones que antes correspondían a la ley. ¿Qué implica esto? Que muchas veces surge la conflictividad, y a la conflictividad hay que dar respuesta desde la Administración. Usted tiene el instrumento de la Inspección de Trabajo para que ejerza funciones de mediación,

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funciones de arbitraje en la solución de esos conflictos. Pero usted da marcha atrás y eleva la función represora a alta categoría dentro de las funciones de la Inspección de Trabajo y paga a los inspectores por acta de infracción levantada. No se trata, por descontado, de reducir la importancia del control o vigilancia de la legislación laboral, pero es que, además, señor ministro, en los presupuestos para el año que viene, para el año 1997, reduce en 200 millones las indemnizaciones por traslados, las indemnizaciones por ejercicio de sus cargos de los inspectores de Trabajo.
El señor subsecretario, en una comparecencia en esta Comisión con motivo de las comparecencias de los altos cargos en relación con los presupuestos del Estado para el próximo año, reconoció que había un error o, al menos, un problema que había que subsanar, pero, ¿qué ha hecho su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, en la Comisión de Presupuestos? Rechazar la enmienda que solventaba el problema --nosotros así lo pensamos--, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Es decir, señor ministro, que usted no valora la función mediadora y, por lo demás, impide la función de vigilancia.
Por otra parte, con esta comparecencia usted, señor ministro, ha elevado a categoría política lo que son simplemente unos pocos medios de gestión que ni siquiera son una novedad; pocos, seguro. Le voy a mencionar algunos de los que se expusieron aquí con motivo de la comparecencia del Secretario General de la Seguridad Social en la anterior legislatura.
Medios con los que usted cuenta. Cuenta con el Sicoss, el sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social, con el procedimiento Progrespress, con el procedimiento unificado de recaudación, con las Uress, con el Cendar, con el proyecto Red, con el Sigeis, o sistema integrado de gestión de la información. Afortunadamente, señor ministro, cuenta usted con estos medios, con los que algunos de sus predecesores no contaron. Afortunadamente, la vida avanza, pero esto también hay que mencionarlo.
Lo que también interesa saber aquí es qué actitud adoptó su grupo parlamentario en el momento en que se hablaba, por parte de los directores generales del ministerio, de la represión del fraude social.
Por ejemplo, en relación con la Ley 22/1992, procedente del Decreto-ley que ustedes llamaron decretazo, supuso el ahorro de 300.000 millones en el primer año de vigencia, además, sin pérdida de cobertura; al mismo tiempo, supuso la normalización de planes integrados de actuación de los servicios públicos de empleo y de la Inspección de Trabajo, juntamente con el Ministerio de Hacienda y otros organismos. En su comparecencia, usted se ha referido a esta coordinación. Tampoco se le dio virtualidad a la unidad especial para el estudio y propuesta de medidas para la prevención y corrección del fraude, constituida por acuerdo del Consejo de Ministros del 4 de agosto de 1993.
No vamos a hacer un repaso histórico de cuáles han sido las posiciones del Grupo Parlamentario Popular en relación con los medios, expuestos aquí, ya digo, por algún director general del antiguo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero nos interesa recalcar públicamente cuál fue la actitud del Grupo Parlamentario Popular en relación con tan importantes medios. No es éste el momento. Evidentemente, si empezáramos a detallar muchos más en relación con comparecencias del director general del Inem o del propio secretario general de la Seguridad Social, podríamos acabar melancólicos y no se trata de eso, señor ministro. No obstante, esperamos resultados.
Usted ha dicho, señor ministro, que la Seguridad Social soporta unas tasas de morosidad muy elevadas. Creo que esa información que nos da podría haberla completado con una serie de datos que habrían podido confirmar la afirmación en relación con una posible voluntad, por su parte y por parte de su Gobierno, de luchar efectivamente contra el fraude. Sin embargo, los datos con los que nosotros contamos no añaden nada positivo a lo que usted ha mencionado aquí. Por ejemplo, en el régimen general de la Seguridad Social, en el mes de abril de este año, se recaudaron 441.000 millones; en agosto, se recaudó menos, 437.000 millones. Seguro que está usted pensando en que era el mes de agosto. Sin embargo, entre abril y agosto se produjo un incremento de los trabajadores afiliados y en alta en el régimen general. En el mes de abril había 8.689.000 afiliados y, en el mes de agosto, había 8.917.000, es decir, unos 300.000 trabajadores más dados de alta en el mes de agosto que en el mes de abril. Sin embargo, la recaudación desciende. ¿A qué se debe eso, señor ministro? Pensamos que se debe esencialmente a que ustedes han dejado de recaudar por la vía ejecutiva, pese a los medios importantísimos con que cuentan para hacer una recaudación ejecutiva eficaz. Usted me lo niega, señor ministro, pero ya me dará los datos por escrito, como han hecho sus altos cargos en comparecencias en esta Comisión.
Con todo, señor ministro, y acabo porque no se trata tampoco de hacer más larga esta intervención que la que usted mismo ha hecho, tiene la plena colaboración del Grupo Parlamentario Socialista, colaboración que usted no ha pedido, pero que nosotros le otorgamos, a efectos de erradicar tan importante lacra como es el fraude social.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, la presencia aquí del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para informar, a petición de nuestro grupo, sobre el plan de lucha contra el fraude que está llevando a cabo ese ministerio, para informar en virtud no de una operación de marketing político, como algunos melancólicos parece que pretenden mantener, sino de algo que constituye un elemento importante y básico de lo que es el compromiso electoral del Partido Popular, compromiso que está llevando a cabo, no sólo por las medidas y resultados que ya ha anunciado y explicado el propio señor ministro, sino por medidas que estamos discutiendo y debatiendo en estos momentos, tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en la ley de acompañamiento.
A nuestro juicio, cualquier tipo de fraude, sea el social, el fiscal o incluso el político, supone en su concepción un

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elemento claro de injusticia y de insolidaridad, por lo que es necesario luchar contra él y nosotros creemos que se está haciendo desde el ministerio; algunos están ciertamente descolocados por los resultados que se obtienen y por algunos datos que van apareciendo sobre determinadas situaciones. Nuestra opinión es indudablemente favorable respecto a lo que se está haciendo, porque se está acometiendo la reordenación y la mejor y mayor dotación de los servicios del ministerio, porque se está implementando una mayor colaboración con las otras administraciones públicas y porque el cruce de datos entre los distintos ministerios, que es un elemento más de coordinación, está permitiendo evidenciar determinadas situaciones; situaciones de fraude en el tema de las prestaciones contributivas, elementos de fraude en las cotizaciones. No sé si esto, señor Vaquero, es fraude fiscal, social o empresarial, pero es fraude también, en las cotizaciones, en las prestaciones no contributivas, en las prestaciones por desempleo y en las subvenciones.
En cuanto a las prestaciones contributivas, se han presentado medidas que hemos tenido la oportunidad de debatir recientemente en la ley de acompañamiento, relativas a la participación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. A nuestro juicio, eso va a suponer un ahorro en las prestaciones que no debilita la función de control de la Administración en estos temas, como alude el portavoz de Izquierda Unida; no elimina el control del Inem sobre las mutuas, que es al final quien tiene la última palabra, pero a nuestro juicio va a permitir reducir los tiempos de baja; por ejemplo, en cuanto a la incapacidad temporal, muchos trabajadores permanecían en ocasiones en espera de diagnósticos y de revisión médica por parte de los equipos médicos.
En lo que se refiere a las invalideces, hemos visto los últimos días determinados datos que, a nuestro juicio, deben producir alarma. No es razonable que en este país exista una media de un inválido por cada dos jubilados o pensionistas. Analizando los datos provincia a provincia y comunidad autónoma a comunidad autónoma, se evidencian situaciones intrínsecamente de fraude; fraude en cuanto que se ha utilizado el sistema de la invalidez para dar salida a situaciones de crisis industrial y fraude también porque en determinadas provincias existe una desproporción entre el número de inválidos y el de jubilados ciertamente alarmante. Un caso extremo es que en Burgos existe un inválido por cada cuatro pensionistas jubilados, en contraste con la Comunidad Autónoma de Murcia o con la provincia de Sevilla, donde existen más inválidos que jubilados.
Indudablemente, nos alegramos de los éxitos obtenidos en el tema de la morosidad. Creemos que es importante el esfuerzo que se haga en el control de la morosidad de las empresas privadas, que es muy alto, y también de la morosidad en las instituciones públicas que, a nuestro juicio, tendrían que dar ejemplo e ingresar las cotizaciones sociales y las retenciones a los trabajadores en la caja de la Seguridad Social, que es la caja de la solidaridad de todos los pensionistas. Por eso, tenemos que evidenciar el maniqueísmo que desde algunas instituciones políticas se exhibe respecto de este tema reclamando mayores aportaciones o determinados valores sociales cuando luego, por otra parte, se están eludiendo estos pagos y, por lo tanto, contribuyendo a la insolidaridad.
Se han producido, y usted nos lo ha anunciado, mejoras en las recaudaciones de las cotizaciones y en la detección de situaciones irregulares de cobro. Eso se ha hecho además en poco tiempo, lo que evidencia que las medidas son las adecuadas.
En resumidas cuentas, a nuestro juicio, señor ministro, el programa es, sin duda, ambicioso y está dando resultados en algunos casos que ya están además a la vista. En este asunto sólo querría concluir diciendo lo siguiente. La mayor insolidaridad en un sistema solidario y de protección lo constituye precisamente el fraude y, por eso, queremos agradecer el apoyo de los grupos, y en especial el ofrecido por parte del Grupo Socialista, para defender las medidas que en este ámbito tome el Gobierno y su ministerio.
Voy a dar paso al tema motivo de otra de las solicitudes de comparecencia, como es la referida al nuevo acuerdo de empleo agrario, solicitada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque ya hay que hablar de acuerdo de empleo agrario en vez de PER. Eso no supone solamente, como se ha dicho en algún caso, un cambio de nombre.
Este nuevo acuerdo de empleo agrario supone un cambio en el fondo. Yo no sé si algún grupo pretendía más que hacer una comparecencia de S. S., señor ministro, la de otras señorías pertenecientes a otras comunidades autónomas, pero sin duda este acuerdo de empleo agrario constituye un paso adelante que transforma el sistema. Introduce cambios decisivos en la forma y también en el fondo y supone el cambio de un plan de política pasiva, que era el anterior PER, a un plan de política activa.
A nuestro juicio, podríamos resumir en cinco puntos lo que nos parece más destacado de este acuerdo de empleo agrario. El primero de ellos es que introduce la formación para el empleo y favorece las acciones de formación ocupacional y los programas de formación de empleo para los más jóvenes; para los más jóvenes, no para los niños, señor portavoz del Grupo Socialista, señor Díaz Sol. Implica una mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno, fundamentalmente las de Andalucía y Extremadura, que son a las que afecta de forma determinante.
Favorece las iniciativas empresariales en la zona y, por lo tanto, el apoyo a las pymes, y la creación de tejido productivo. Despolitiza y elimina el uso partidario del sistema, y yo entiendo que en este tema haya determinadas alusiones del Grupo Socialista, quien reiteradamente ha venido haciendo uso partidario de este tema en ayuntamientos gobernados por ellos, introduciendo y creando los servicios integrales comarcales que será el órgano profesional que vele por el funcionamiento correcto del sistema. Y, por último, se establecen controles que evitarán el fraude y se excluirá del sistema a quienes no acepten ofertas de formación. Además, todo ello se realiza sin que se incremente de forma extraordinaria el gasto y después de haber conseguido una vez más, señor ministro, un acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos, un acuerdo al que se pretende incorporar, y deseamos que se haga pronto, a los

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empresarios agrarios y que da muestras de un nuevo talante que existe en este Gobierno, que se diferencia claramente del anterior. Es un nuevo talante de diálogo y de consenso, de cumplimiento de un programa electoral que sitúa al Gobierno del Partido Popular como un Gobierno claramente centrado y defensor de los derechos sociales.
Señor Presidente, para la otra comparecencia intervendrá el señor Caneda.


El señor PRESIDENTE: Don Damián Caneda tiene la palabra.


El señor CANEDA MORALES: Señor Presidente, para seguir sus indicaciones y para que todas SS. SS. se congratulen, voy a ser breve.
Primero, deseo agradecer al señor ministro su comparecencia de nuevo.
Tengo que empezar refiriéndome con todo cariño a la señora Alberdi, que ha hablado de este tema, empezando a preocuparme ya que tan pronto puedan vivir del recuerdo y que cada comparecencia sea un echarse flores. Se han asentado un poco en la nostalgia. Yo comprendo cierta melancolía, pero no que hagan lo mismo en cada comparecencia. (Rumores.) Yo quería de todos modos aclararle algo. Es verdad que existieron los hunos, que llegaron y fulminaron todo lo que se encontraron, pero también existen otros que más inteligentemente, entiendo, aprovechan lo que hay de bueno, porque hay cosas buenas, como siempre hemos reconocido, y también cosas malas. Sobre las cosas buenas se construye algo mejor.
Por lo demás, estamos de acuerdo con la comparecencia del señor ministro, evidentemente, porque lo que pretende está en nuestro programa. Cuando hablamos de nuestros mayores pedimos la integración social; pedimos que se tomen medidas activas; luego cumplimos con lo que decimos en el programa. Además, también en el programa de turismo pedimos medidas para desestacionalizar. Consecuentemente, estamos de acuerdo.
Cuando decía que no estábamos de acuerdo, señora Alberdi, debo responderle que tenemos que estar de acuerdo con lo que dice hoy aquí el señor ministro porque incluye mejoras de gestión. Nosotros no queremos que vuelvan a ocurrir casos como el de Ceres. Queremos transparencia; queremos que además de la OCU y los sindicatos, haya más municipios y entidades locales que intervengan, precisamente para que se acerquen a los más desfavorecidos, pero también para que haya más transparencia, que es fundamental, porque, si no, puede ocurrir que los unos hagan cuatro viajes y otros se queden sin ninguno. Es fundamental que sea de esta manera. Logrando esta equidad y con un sistema de control como el que se ha expuesto --creo que tener una encuesta de un 10 por ciento, como ha dicho el ministro, se corresponde con el cien por cien; es tener un control de calidad exhaustivo-- creo que se mejora mucho.
Por eso digo que estamos muy de acuerdo con todo. Voy a ser breve, puesto que todos los grupos parece que han quedado convencidos de la bondad de los sistemas de cambio permanente que se han introducido, pero agradezco una vez más también que el señor ministro acabe su comparecencia con humildad, que creo que es necesario, y pidiendo la ayuda permanente a todos los grupos, pidiendo la ayuda permanente a los afectados y a los agentes sociales, porque es la única manera realmente de ser consciente de que las cosas se pueden mejorar y se van a mejorar.


El señor PRESIDENTE: Señor Caneda, yo quiero recordarle a usted y a los portavoces del Grupo Popular que no le quiten la palabra al ministro, porque va a hacer uso de la palabra. No se dirijan a otros grupos sino al propio compareciente, porque, si no, van a provocar nuevas intervenciones por alusiones. (El señor Caneda Morales: Levemente.) El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha pedido la palabra. La tiene el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADES: Señor Presidente, a pesar de que nosotros no participábamos de las tres peticiones de comparecencia, nos parecería poco cortés con el señor ministro no intervenir en este debate y que además esto se interpretara como voluntad por nuestra parte de no hacerlo en estas cuestiones.
Tan sólo quiero manifestar nuestra posición en dos de las cuestiones que nos afectan directamente. Por un lado, en todo lo relacionado con la lucha contra el fraude entendemos que es importante que el Gobierno ponga medidas en marcha que permitan solucionar estos problemas. Me parece que es de sentido común que los grupos políticos manifestemos nuestro apoyo a medidas que responden a la lógica, con independencia de que muchas de ellas se hubiesen adoptado en anteriores legislaturas. En todo caso, las cifras que el ministro pone encima de la mesa deben preocuparnos y deben motivar a los grupos políticos a trabajar para tratar de solucionarlos.
Quiero decirle que sería importante que en todo lo relacionado con la Inspección de Trabajo se diese más juego a las comunidades autónomas.
Entendemos que la eficacia en esta Inspección de Trabajo desarrollada en las comunidades autónomas que van a tener competencias en materias relacionadas con el trabajo y, especialmente, con el previsible futuro traspaso de las políticas activas del Inem, va a ser fundamental. Esta lucha contra el fraude se debe hacer en colaboración con las comunidades autónomas, porque, si no, su eficacia va a ser más que discutible. Sabe el señor ministro que ésta es una cuestión que está encima de la mesa, juntamente con la necesidad que hemos planteado desde Cataluña del reconocimiento de las prestaciones por desempleo y entendemos que ésa va a ser la línea en la que en los próximos meses debemos profundizar.
En este mismo sentido, en relación al programa de vacaciones para la tercera edad, quiero decirle también que ésa es una cuestión cuyo traspaso estamos reclamando desde Cataluña y esperamos poder llegar a algún acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Nos parece que una política activa y eficaz en apoyo de las personas mayores va a pasar también porque todos los programas hoy pendientes de traspaso a las comunidades autónomas sean tranferidos a las mismas.


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Inicialmente no tenía ningún interés en intervenir en relación a la cuestión del plan de empleo rural y del subsidio agrario, pero para quitarle al ministro la necesidad de afirmar que esta cuestión no forma parte del paquete que hoy mantienen abierto tanto el Gobierno de la Generalitat como el Gobierno del Estado ni del paquete que mantiene abierto nuestro grupo parlamentario con el Gobierno, sí me gustaría matizar algunas cuestiones para que consten en el «Diario de Sesiones», y mucho menos para intervenir en el debate que in absentia el señor Alcaraz ha mantenido con el señor Arzalluz, no es mi intención.
Muy brevemente, señor Presidente, si me permite, quiero afirmar que desde 1977, desde que en Cataluña y después de las elecciones democráticas del 15 de junio se inició un proceso político que llevó a la consecución del Estatuto de Autonomía de 1978, se tuvo muy claro que la construcción del Estado de las autonomías se iba a basar también en la solidaridad con las zonas del Estado español menos desarrolladas, y en los debates que hubo en las ponencias y en las comisiones parlamentarias por parte de todos los partidos políticos catalanes nadie cuestionó la necesidad de impulsar políticas que tuviesen en cuenta esas realidades. Por tanto, incluso cuando en el año 1978, desde los grupos nacionalistas, Convergència i Unió y Esquerra Republicana, reclamábamos el concierto económico, se decía también que era necesaria la existencia de un fondo de compensación interterritorial para las zonas del Estado que necesitaban de este apoyo.
Digo esto porque aquí ha quedado en el aire que las comunidades o las naciones que han tenido mayor desarrollo no hemos sido solidarias, y esto es absolutamente falso, al margen de lo que algún dirigente político pueda decir.
Es evidente que a lo largo de estos años se han desarrollado políticas en relación al mundo andaluz y al mundo extremeño, y el señor ministro ha hecho una afirmación que yo creo que el señor Alcaraz comparte en su intervención, y es que seguramente en muchos sentidos estas políticas no han sido suficientes. Por tanto, bienvenido que se pongan en marcha nuevas medidas y bienvenido que estas nuevas medidas se hagan desde el consenso con los grupos sociales implicados. Yo no voy a entrar a fondo en la valoración de las mismas, porque afectan a una parte del Estado a la cual yo no represento y, por tanto, he de hablar con muchísima prudencia de aquello que no conozco directamente, pero si los sindicatos y los empresarios están llegando a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, bienvenido sea.
Quiero afirmar también que en todo caso el posicionamiento político global de nuestro grupo en relación a estas cuestiones, desde siempre, ha sido apoyar la necesidad de que en Andalucía y Extremadura se impulsen políticas activas de empleo, políticas destinadas a reforzar la economía productiva, y el sentido del viaje del Presidente Pujol a Andalucía hace escasas semanas iba en esa línea, no en la de pronunciarnos de manera peyorativa hacia los andaluces, pues buena parte de la población que vive y trabaja en Cataluña es de origen andaluz y, por tanto, desde siempre en Cataluña ha habido un total respeto por esa realidad. Hoy la nueva realidad nacional de Cataluña es el resultado del mestizaje entre cientos de miles de personas del resto del Estado que vinieron a nuestra tierra.
Yo mismo soy un ejemplo de este mestizaje. Campuzano, como pueden suponer los señores miembros de la Comisión, no es un apellido que se remonte a los orígenes históricos de Cataluña en las comarcas del Pirineo, sino que soy nieto de un inmigrante murciano de los años veinte, y, por tanto, me sentiría muy ofendido si algún dirigente de mi partido afirmarse que aquellos que tenemos un origen personal no estrictamente catalán somos unos vagos. Me parece que hacer estas afirmaciones sería poco serio.
Por tanto, que queden estas cosas claras, porque, si no, todos vamos contribuyendo a la ceremonia de la confusión, de los agravios comparativos, que no creo que aporte nada a un mínimo proyecto de convivencia entre los pueblos que formamos el Estado español. Me parece que ese sentido ha de informar los debates que mantengamos en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Va a ser una intervención que, como la primera, será breve, aunque parece que a veces, cuando uno es breve, incluso se le confunde con algún funcionario del ministerio. En cualquier caso, para mí es un profundo orgullo que se me asimile a un jefe de servicio de la Inspección de Trabajo, y he entendido que cuando decía que con todo el respeto hacia los jefes de la Inspección de Trabajo no era en menoscabo del ministro, lógicamente. Intentaré ser un poco más amplio dentro de la concisión para no dar esa impresión funcionarial.
En segundo lugar, como es obvio --se me había olvidado al principio--, reitero la colaboración de todos los grupos parlamentarios para todos los asuntos, y la verdad es que siempre que he comparecido en el Congreso en los últimos tiempos han sido comparecencias con un matiz un tanto insólito, porque parece que por una parte se está de acuerdo con los acuerdos sociales, pero por otra parte gustan poco. Esa es la impresión que yo tengo. Se me ha dicho en esta Comisión que debo ir hacia el camino de determinados grupos y convencerlos. Yo estoy muy contento de haber recorrido ese camino juntos en el acuerdo de pensiones y de haberles convencido con nuestro trabajo, con los sindicatos y con la aportación de todos en la ponencia parlamentaria.
Cuando se habla del acuerdo del empleo agrario se nos dice, por una parte, que hemos hecho asbolutamente lo mismo que antes, o sea, que no hemos hecho nada, y, por otra, se nos está diciendo que lo queremos utilizar electoralmente. Si estamos haciendo lo mismo y lo queremos utilizar electoralmente, probablemente funcione un cierto subconsciente de etapas anteriores que yo creo con toda sinceridad que tenemos que superar, incluso con alguna afirmación que en el contexto del Estatuto de los Trabajadores puede considerarse algo peregrina, como aquella de considerar a un chico de 18 años como un niño. Se puede considerar algo peregrino hablar de los niños de 18 años,

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salvo que se desconozca el Estatuto de los Trabajadores y la edad legal para trabajar.
Dicho eso me gustaría, señor Presidente, contestar a los portavoces en el orden que han intervenido. Al señor Alcaraz le agradezco su intervención, como siempre, y el tono de la misma, como siempre, y le quiero contestar a algunos aspectos que ha planteado.
Moneda de cambio del acuerdo de empleo agrario con respecto a los Presupuestos Generales del Estado o con respecto a determinadas reivindicaciones, en absoluto y bajo ningún concepto. Negociación con los sindicatos durante catorce sesiones de trabajo, pero moneda de cambio, bajo ningún concepto, que le quede ese asunto claro. Yo aprovecho también para decir que como andaluz en este caso y como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales agradezco especial y profundamente la parte final de la intervención del portavoz señor Campuzano.
Segunda cuestión, señor Alcaraz: ¿por qué el sistema no se va a utilizar políticamente en el futuro? ¿Por qué las comparecencias del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales son un tanto insólitas en esta Cámara? Porque lo que estaba previsto no es lo que está pasando. Lo que estaba previsto era que llegaba un Gobierno del Partido Popular, Gobierno centrista, para otros la derecha, la derecha, y atentaba contra las pensiones. Y llega un Gobierno del Partido Popular y mantiene el poder adquisitivo de las pensiones en los presupuestos y alcanza un acuerdo con los sindicatos, y eso no estaba en el guión.
En segundo lugar, ¿cuántos años llevamos oyendo usted y yo que, si se produce la alternancia, se acaba el sistema de subsidio agrario? Usted y yo lo llevamos oyendo muchísimo tiempo, muchísimos años. Resulta que se produce la alternancia y se mantienen los sistemas de protección social en el campo de Andalucía. Eso tampoco estaba en el guión. ¿Qué estaba en el guión? Llega la derecha y se carga los sistemas de protección social agraria. Eso es lo que está pasando, y por eso las comparecencias, en este caso de Trabajo y Asuntos Sociales, tienen un matiz insólito, como decía al principio.
Señor Alcaraz, usted sabe que contra el sistema del PER, mal llamado PER, porque PER son tres patas, como usted bien explica --las obras, el subsidio y lo que significa la formación profesional--, se han hecho críticas durísimas. Usted y yo sabemos que desde el ámbito de Izquierda Unida se han producido esas críticas durísimas, quizás un dirigente de Izquierda Unida en Andalucía haya sido el más crítico de todos contra el sistema. Yo creo que eso es absolutamente legítimo. Usted y yo conocemos un documento de la Junta de Andalucía que se llama Plan de Desarrollo Rural y que está firmado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y en ese documento se dice literalmente que el anterior sistema tiene efectos perversos para el empleo en Andalucía.
Luego hay otra parte, que es la cuestión del voto cautivo. Yo les quiero decir lo que pienso con toda honestidad. Los andaluces siempre han votado en libertad, cuando han votado al PSOE, cuando han votado a Izquierda Unida y por ejemplo le han otorgado alcaldías importantes en nuestra comunidad y también cuando han votado al Partido Popular. Ahora, a la vez que digo que siempre han votado en libertad los andaluces digo también que ha habido quien ha intentado, a través del PER, condicionar esa libertad, lo digo y lo mantengo, y he dicho en todas las campañas electorales tres cosas: que si llegábamos al Gobierno, mantendríamos el sistema de protección social --lo he dicho en todas las campañas electorales--, que si llegábamos al Gobierno mejoraríamos el sistema de protección social y que si llegábamos al Gobierno nunca íbamos a decir que el PER se paga con el dinero que el señor Aznar o el señor Arenas deciden. Eso es despolitizar el sistema. Cuando yo estoy diciendo desde esta tribuna que le ofrezco un acuerdo de empleo agrario al señor Chaves, legítimo Presidente de la Junta de Andalucía y miembro del Partido Socialista, estoy despolitizando el sistema. Cuando estoy diciendo desde esta tribuna que le ofrezco un acuerdo al señor Rodríguez Ibarra, miembro destacado del Partido Socialista, estoy despolitizando el sistema.
¿Qué va a pasar, en mi opinión, en el futuro con respecto al sistema de protección social en el campo, y al acuerdo de empleo agrario? Que no lo va a poder utilizar nadie como se ha utilizado en el pasado. Se dice por ahí por alguien con experiencia en el asunto: ya lo está utilizando. Lo estoy utilizando para invitar a un acuerdo a Chaves, a Rodríguez Ibarra; ya lo he hecho con los sindicatos y espero hacerlo mañana con los empresarios. En la época anterior nunca han estado implicados los empresarios en el sistema, y son una parte fundamental de la economía andaluza. Por cierto, señorías, es absolutamente insólito oír hablar aquí hoy de los patronos, cuando aquí hay un montón de andaluces y hemos visto cómo la patronal andaluza acaba de decir hace pocas fechas que está de acuerdo al cien por cien con los presupuestos de la Junta de Andalucía y el señor Chaves. Se pretende ahora aquí trasladar un discurso antiguo de los patronos agrarios, en Andalucía, que en este momento están coincidiendo al cien por cien con los presupuestos de la Junta de Andalucía. Eso me ha parecido también un tanto insólito.
SeñorAlcaraz, yo creo que con el cambio de estructura que suponen los SIPE, estructura comarcal de gestión, que estando en los SIPE ayuntamientos, las administraciones que quieran, sindicatos y empresarios, creo que vamos a despolitizar el sistema; y participando todos creo que vamos a despolitizar el sistema. Luego hay un compromiso, y es que nosotros nunca vamos a darle una orientación partidista a lo que significan esos sistemas de protección social en el campo de Andalucía.
En segundo lugar, usted tiene un problema importante con nosotros en esta materia. Tenemos modelos distintos, y tenemos que reconocerlo. ¿Su modelo es legítimo? Sí lo es. Su modelo lo que viene a plantear es la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía, a través de la reforma agraria integral. Usted y yo sabemos que en Andalucía hemos estado un montón de años pendientes de una reforma agraria, que nunca llegó a aplicarse y que pararon los tribunales.
La segunda parte de su modelo es: agrario y rural es lo mismo. No puedo coincidir. Señor Alcaraz, Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Si usted quiere plantee

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una proposición de ley, reformamos el sistema de Seguridad Social y nos planteamos el Régimen Especial Rural de la Seguridad Social. ¿Eso qué significa? Que el subsidio va no sólo a la gente que está vinculada al campo, sino también al que es comerciante en un pueblo, industrial en un pueblo, o está en el sector de la construcción en un pueblo.
Yo sí le quiero decir que mi obligación es controlar el censo agrario en Andalucía y Extremadura. Estamos hablando, como usted bien ha dicho, de una problemática agraria en toda España. Se han incrementado las políticas activas, los dineros, también en las zonas rurales deprimidas.
Le saco a usted de otra duda. Me dice: cuidado, a ver si aparece un PER empresarial. No, aquí dice 3.000 millones para iniciativas públicas locales que generen empleo estable. Sí le digo una cosa. Me gustaría, cuando fuera, que la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y el Gobierno de España pactaran un acuerdo para fomentar iniciativas locales empresariales, cuanto antes, y muestro mi predisposición; privadas también. Pero en el ámbito de este acuerdo: iniciativas locales públicas que generen empleo estable, 3.000 millones de pesetas.
Me parece fundamental que incrementemos la formación ocupacional. Me parece fundamental que se incrementen las escuelas taller y casas de oficio, un programa puesto en marcha por los socialistas que está dando muy buen resultado. Me parece fundamental. Soy consciente de que con esto no arreglamos la problemática del empleo definitivamente, pero también lo soy de que caminamos en la buena dirección. Quiero decirle que rural agrario no es lo mismo; moneda de cambio, en absoluto.
También ha hablado usted de la sequía. Los años que ha habido sequía, como usted conoce igual que yo por la intervención del señor Griñán y por la mía como ministro, se han producido decretos de asimilación de jornada, y las jornadas en épocas de sequía no han constituido ningún problema ni en Andalucía, ni en Extremadura. Otra cosa distinta es que yo esté profundamente satisfecho del sistema de las peonadas. Pues no lo estoy. Tenemos que ir mejorándolo y modificándolo. Le digo más. Si hubiera sido posible me hubiera gustado presentarme en el Congreso de los Diputados con un proyecto de comarcalización de peonadas. Usted y yo sabemos lo difícil que es eso, pero usted y yo conocemos Andalucía y sabemos que hay zonas donde sí se pueden conseguir las peonadas, y hay zonas de Andalucía que, por el tipo de agricultura que tienen, es muy difícil llegar a las 35 peonadas. Precisamente, cuando hemos reducido de 40 a 35 hemos tenido muy en cuenta ese elemento fundamental.
Los ayuntamientos van a seguir implicados en el sistema, y se les va a ofrecer pertenecer a los SIPE comarcales. Usted decía: ¿Qué cambio estructural hay? Los SIPE comarcales (servicios integrados de promoción de empleo, no confundir con la SEPI, como usted hacía anteriormente, que es otro asunto bien distinto). Yo creo que hay cambios estructurales. Me parece que hay filosofía positiva nueva y que al final entre usted y nosotros tiene que haber un debate permanente desde la distancia que supone que usted defiende un modelo que nosotros no compartimos.
Hemos firmado, como usted sabe, con UGT y Comisiones Obreras. Hemos dialogado muchísimo con el Sindicato de Obreros del Campo, aunque no hemos alcanzado un acuerdo. También en los ámbitos sindicales se plantea esto. Hay un modelo por parte del SOC absolutamente distinto en su concepto y en su filosofía de lo que significa el modelo que ha defendido UGT y Comisiones Obreras.
Ha hablado usted de determinadas cifras de fraude, del 14 por ciento. Yo no quiero darle la cifra concreta en este momento, pero le puedo decir que fraude desde luego lo hay, y eso no lo digo yo sino que está en los tribunales de Justicia. Cada día se han ido mejorando los mecanismos de lucha contra el fraude y yo creo que no nos debemos cebar con el fraude en el PER, sino tenerlo en cuenta como cualquier otro comportamiento antisocial que se pueda dar.
Es importante también conocer los datos, porque la evolución que se ha producido en Andalucía y Extremadura es completamente distinta. Fíjese que desde 1983 en España han descendido los activos agrarios en 700.000 personas. Pues bien, prácticamente en Andalucía se mantiene la misma población agraria en torno a 440/430.000 personas. Lo preocupante es que en Andalucía y Extremadura se ha producido un incremento del desempleo agrario y una disminución de la población ocupada agraria. Eso es lo preocupante. Lo preocupante es que el sistema anterior podía resolver la protección social. Lo que está claro es que no ha sido un fenómeno de creación de empleo en los ámbitos rurales y en los ámbitos agrarios.
Luego se ha producido un hecho, que también conocen ustedes, que es muy llamativo, que es la incorporación de las mujeres al propio sistema. Así, en Andalucía, en 1985 los hombres eran 209.000 y las mujeres 38.000, mientras que en 1995 los hombres han descendido a 126.000 y las mujeres han aumentado hasta 152.000. Hay más mujeres en este ámbito ahora que hombres, en el caso de Andalucía. En el caso de Extremadura, los hombres eran 50.000, las mujeres 1.119; y en 1995, los hombres han descendido a 28.000 y las mujeres han aumentado hasta 13.000. Quiero decir con esto que la incorporación de la mujer al ámbito del trabajo en lo que significa la demarcación rural ha supuesto también que las cifras sean éstas.
Coincido con usted en que se han dado cifras en los medios de comunicación que no corresponden en absoluto con la realidad. En este momento el subsidio viene a importar en torno a 125.000 millones de pesetas, para una población acogida aproximadamente de 200/220.000 personas. Eso realmente es lo que cuesta el subsidio, que luego hay que complementarlo con las cantidades que se destinan a obras PER y a planes de formación.
El señor Vaquero se ha referido a lo que significa la lucha contra el fraude. Yo le quiero decir que no se trata de luchar contra el fraude de los trabajadores y no hacerlo contra el fraude de los empresarios. Hay que luchar contra el fraude de los ciudadanos: el fraude que cometen los empresarios y el fraude que puedan cometer personas que no son empresarios.
Quiero también anticipar a la Comisión que del conjunto de medidas que he expuesto hoy, que básicamente son: lucha contra el fraude, mejora de la gestión, y control

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de morosidad, esperamos obtener 185.000 millones de pesetas el próximo año, fundamentalmente en mejora de la gestión, principalmente en lucha contra la morosidad. Hay empresas que no se inscriben en la Seguridad Social, y eso es economía sumergida; hay empresas que no dan de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores por cuenta ajena; hay empresas que eluden días de cotización mediante altas y bajas sucesivas de trabajadores que están en activo; hay empresas que dan de alta a sus trabajadores en regímenes que no corresponden, pero que son económicamente más favorables; hay empresas que se inscriben nuevamente en la Seguridad Social bajo otra denominación, sin relación aparente, para no pagar sus deudas pendientes bajo la denominación inicial; la empresa que se da de alta en la Seguridad Social pero omite el pago total o parcialmente; la empresa que retiene indebidamente la cuota obrera; la empresa que no declara una parte de la contribución que se paga en negro, como se dice vulgarmente; la empresa da apariencia de gastos, dietas, pluses, en la nómina a lo que en realidad es salario. Tenemos hoy un cuadro de conductas empresariales presuntamente fraudulentas que se están combatiendo a diario desde el ministerio.
Sin embargo, acogiendo lo que ha dicho el señor Arnau en su intervención, estoy de acuerdo: no hay que distinguir fraude fiscal y fraude social; todo es fraude social, también el fiscal. Pero cuando hablemos de fraude social, en general, yo creo que la Administración tiene la obligación de combatirlo en todos los ámbitos. No hay que luchar con mayor ferocidad contra aquel que recibe indebidamente una prestación que contra aquel que está propiciando situaciones de economía sumergida. Hay que luchar, en mi opinión, contra los dos y decirles que siempre, los complementos de productividad de los inspectores, siempre han estado vinculados a los resultados inspectores. No es una novedad. Lo han planteado dos portavoces.
Es cierto que hemos cambiado el sistema sobre la base de programas nacionales, provinciales individuales, y lo mantengo y lo defenderé siempre. Y lo que puedo decir es que a la vista está que han mejorado notablemente los resultados. ¿Que se ha cambiado el sistema? Sí. También le quiero decir, en confianza --quizás por el símil que ha planteado anteriormente de jefe del servicio de la inspección, está ya muy sensibilizado--, que el ambiente que yo he encontrado entre los inspectores cuando he llegado al ministerio no era bueno: poco ánimo, desencanto, etcétera.
Les voy a dar a ustedes una buena noticia que también está vinculada con lo que ha dicho don Carlos Campuzano. Muy pronto el Consejo de Ministros va a aprobar la ley de ordenación de la inspección de trabajo. ¿Y cuál es la buena noticia? Que esa ley de ordenación de la inspección de trabajo cuenta, en principio, en sus líneas generales, con el apoyo de las dos asociaciones de inspectores que hay, porque ha sido dialogada previamente con ellos. (El señor Arnau Navarro: me parece perfecto.) ¿Le parece perfecto? Muchas gracias. Estamos avanzando. (Rumores.--Risas.) Sí, pero quiero decir que tampoco hay ningún mal clima ahora en el ministerio con los inspectores; que lo hay bueno, sobre todo si se compara con la etapa anterior. (Rumores.) También le quiero decir, señor Vaquero, que la ley de ordenación de la inspección de trabajo va a ser un elemento muy positivo. En ese sentido, ha habido una parte de la intervención del señor Campuzano que se ha referido a la ley de inspección. Ahí tenemos abierto el debate de la dependencia orgánica única del Estado, indiscutible, en mi opinión, convenios OIT, y tenemos la dependencia funcional compartida con las comunidades autónomas. Pues bien, esa ley de ordenación de la inspección de trabajo se ha discutido previamente, señor Campuzano, con las comunidades autónomas y espero que cuente con el consenso de todos.
El señor Vaquero me decía que cómo íbamos a seguir trabajando en las medidas de lucha contra el fraude contando con la opinión de los agentes sociales. Ya le digo que está en marcha, porque tanto en el Inem, usted lo sabe, como en el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, hay consejos generales de participación institucional, y a esos consejos generales remitiremos trimestralmente los informes balance de todas las medidas. Quiero también recordar aquí, porque no lo he hecho anteriormente, que la lucha contra el fraude y la morosidad está contenida también en el Pacto de Toledo.
La señora Alberdi nos ha felicitado por mantener ese programa. Creo que, en líneas generales, coincido en muchísimas cosas con la señora Alberdi, ya lo he dicho en público en varias ocasiones y ella, al final, me viene a decir: el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, era muy crítico con estos programas, y yo le garantizo ahora que el Partido Socialista no va a ser crítico con estos programas. Garantía suya por garantía mía. (Rumores.) Usted no, pero tengo aquí multitud de recortes vinculando el turismo social con el PSOE, incluso cenas y comidas pagadas --digo que usted no-- con dinero público, en las cuales se decía: mayores, si nos votáis otra década a nosotros, vamos a mantener los viajes. Usted me ofrece la garantía de no criticar el sistema y yo le ofrezco una garantía: que yo nunca voy a hacer, como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, lo que se ha hecho anteriormente con los programas de mayores. No voy a organizar clausura de los programas de mayores, no voy a realizar actos con dinero público de miles de personas para clausurar los programas y nunca voy a decir que esos programas son una decisión política del Partido Popular, sino que son una decisión del Congreso de los Diputados y del Senado, con sus presupuestos, manteniendo el programa. Esa es la garantía y el detalle que yo tengo que tener con usted después del detalle que usted ha tenido también con nosotros.
(Rumores.) El señor Díaz Sol defiende la tarea de los sindicatos en el acuerdo de empleo agrario, pero, luego, les acusa de ser cómplices de una seudorreforma (Denegaciones). Sí, sí. No puede ser que se diga: el Gobierno ha planteado una seudorreforma y luego se diga: qué bien lo han hecho los sindicatos. Serán nuestros cómplices en la seudorreforma, ¿no? (El señor Díaz Sol pronuncia palabras que no se perciben.), porque todo a la vez no puede ser. (Rumores.) No, no. Todo a la vez no puede ser. ¡Los jóvenes de 16 años! ¿Van a poner ustedes a los niños en el subsidio? (Rumores.) Mírese el Estatuto de los Trabajadores. Y luego

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tiene un problema: lo de los jóvenes de 16 años lo tiene usted que hablar con los sindicatos, que lo han pedido; háblelo con ellos, que lo han pedido, con nuestra comprensión, señor Griñán. (Los señores Griñán Martínez y Díaz Sol pronuncian palabras que no se perciben.) Lo han pedido los sindicatos. Hable con ellos, porque si les felicita tanto, intenten ponerse de acuerdo en ese tema.
Precisamente, ha hablado usted de los patronos. Hace mucho tiempo que desde el PSOE no se hablaba de los patronos, pero me parece muy bien; a veces, estando en la oposición se cambia incluso el lenguaje (Risas.), pero le quiero decir que hablando de los patronos, precisamente una de las partes del documento que pretendemos firmar con los sindicatos, acomete el problema de la firma de las peonadas y la necesaria simplificación administrativa, de tal suerte que espero, en una próxima comparecencia, decirles que hemos acabado o simplificado el problema de la firma de los patronos.
Con respecto a la intervención del señor Arnau, quiero decir que agradezco mucho la colaboración del Grupo Socialista; que coincido con él en lo del fraude social/fraude fiscal; de lo que ha hablado sobre la colaboración de la sociedad, que me parece muy positivo. Luego ha dicho que mi comparecencia es de marketing. O sea, ¿las que pide el Grupo Popular son de marketing y las otras no son de marketing? Eso es bueno que lo analicemos un día, ¿no? Hay algunas que son serias porque no las pide el Grupo Popular y si las pide el Grupo Popular es que son de marketing. Señoría, yo creo, con toda sinceridad, que no. Fraude hay.
¿El papel de la inspección de trabajo? Por supuesto que está también en la mediación y el arbitraje y en la lucha contra el fraude de relaciones laborales y en la lucha contra el fraude de la Seguridad Social: inspección de trabajo y Seguridad Social. ¿Pero qué base tiene usted para decir que yo no estoy --fíjese lo que ha llegado a decir-- apoyando la tarea inspectora en mediación y arbitraje y que estoy impidiendo el resto del trabajo? (El señor Arnau Navarro: Programa 311, B.) Si me dice usted eso y estoy presentando el mejor balance de la inspección de trabajo en los últimos meses, ¿cómo se puede mantener eso? ¿Que hay un problema de 200 millones de pesetas dice usted? Pues yo le tranquilizo: con toda seguridad se va a resolver y se va a resolver desde el ministerio y en el marco de los Presupuestos Generales del Estado; ahora lo que no le garantizo es que se vaya a través de una enmienda del Grupo Socialista; no se lo garantizo. ¿Pero que se va a resolver? Con toda seguridad. Usted no tiene base, y se lo digo con toda la moderación y además sabe que le tengo mucho afecto, para decir que yo estoy impidiendo la actividad inspectora. ¿Cómo va a ser eso si se dan los resultados más eficaces de la actividad inspectora en los últimos meses? Señoría, ¿usted sabe lo que hemos avanzado en la resolución extrajudicial de conflictos laborales, con un acuerdo que también es muy importante? ¡Si ha estado hablando usted de relaciones laborales! Resolución extrajudicial de conflictos laborales, un acuerdo social con dos meses de Gobierno.
Luego me dice usted que por qué no he hablado de Sicoss, de Progrespress, de URE, de EVI. Si hablo ya de eso, me rebaja usted de jefe de servicio a jefe de sección. (Risas.) Le garantizo que el próximo día hablamos de la tarjeta de Seguridad Social, del programa Sicoss, del programa Progrespress y hablamos también de las URE y los EVI. ¿Y sabe por qué hablamos de las URE y los EVI? Porque no estaban puestos en marcha. (El señor Díaz Sol: ¿Las URE?) Las URE no están completas y los Evi absolutamente incompletos. Llevo cinco meses --si me puede ayudar se lo agradeceré mucho-- negociando con Hacienda, por los problemas presupuestarios, para que me dejen dotar las URE y los EVI, que no están dotados. (El señor Arnau Navarro: Ese es otro problema.) ¿Cómo va a ser otro problema? No se pueden tener las unidades de recaudación ejecutiva sobre el papel, sin funcionar. No se pueden tener los equipos de valoración de incapacidades sin médicos, señor mío. De aquí a final de año tenemos que contratar a 125 médicos, a través del Inem. (El señor Arnau Navarro: ¡Qué barbaridad!) Los EVI están, pero no constituidos; las URE estaban, pero no completas.
Me ha dicho que se ha hecho mucho anteriormente. Me gustaría saber qué se ha hecho en incapacidad temporal. Para cinco millones de trabajadores figuran 270.000 millones --un sistema-- y 227.000 millones para nueve millones de trabajadores. En pago directo, 206 días. ¿Qué se ha hecho en los últimos años en esa materia? Lo desconozco. Sí sé que, en mi etapa, se han firmado convenios con el Insalud, con cinco comunidades autónomas, y convenios con las mutuas. Por cierto, señor Vaquero, que no existe el problema de que las mutuas se lleven nada. Usted ha dicho que a veces eso redundaba en mayores ahorros para las mutuas. Quien se ahorra es el sistema, nunca las mutuas. Además, como usted sabe, son entidades sin ánimo de lucro. Quien se ahorra es el sistema de Seguridad Social, ya sea a través del pago directo, ya sea a través del pago delegado.
Me ha hecho una comparación del mes de abril y del mes de agosto. (El señor Arnau Navarro: Es la última que tengo.) Correcto. Como sabe --además estaba a su lado el antiguo ministro de Trabajo, para que lo sepan los miembros de la Comisión-- los ingresos de la Seguridad Social van bastante bien en los últimos meses.
También le quiero decir que, con respecto al presupuesto que se dejaron, hablaremos otro día. (Risas.) Presupuesto de ingresos que se dejó, presupuesto de gastos que se dejó y préstamo en Seguridad Social. De eso hablaremos otro día. Usted va a tener que decir muchísimas cosas, pero yo le garantizo que también tendré muchas cosas que decir. Pero apelo al rigor. Usted sabe que hay muchos empresarios que pagan trimestralmente a la Seguridad Social. ¿Cómo me compara el mes de abril, en que se abona el primer trimestre, con agosto, en que no hay abonos? Tiene que comparar meses en que se produce el abono trimestral con meses en que también se producen. Hay muchos empresarios que pagan enero, febrero y marzo en el mes de abril, y en el mes de agosto, que es el que ha comparado, no se da esa circunstancia. Todos los meses que cite en que hay pago trimestral están por encima.
Hoy se está dando un problema en la sociedad española que a usted le debe preocupar y a mí también. ¿Sabe qué

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está pasando? Hay récord histórico en colocaciones y la Seguridad Social va divinamente en el aspecto que, precisamente, acaba de citar como negativo. Le diré más. En el mes de octubre, que estacionalmente es el peor, se ha producido el menor descenso en la Seguridad Social de todos los meses de octubre. ¿Por qué me preocupa como Ministro de Trabajo? Por el empleo precario, por el empleo temporal, porque se están produciendo muchas colocaciones que inmediatamente se convierten en parados por el empleo temporal. Pero a efectos de altas en la Seguridad Social vamos en cifras récord. Si me compara el mes de abril debe hacerlo con meses en los que se produzcan ingresos trimestrales.
En cuanto a la lucha contra la morosidad, el día que venga a informar le garantizo un discurso político sobre los resultados en la lucha contra la morosidad que, en mi opinión, están siendo espectaculares. Morosidad, sobre todo, en el ámbito público. Le confieso que es muy difícil luchar contra la morosidad privada. Se lo confieso. ¿Sabe por qué? Por lo menos tres veces a la semana vienen a verme sindicatos y empresarios juntos a decirme que la Seguridad Social no debe apretar porque se cierra la empresa. Le traslado la experiencia que tengo. También hay presidentes de comunidades autónomas que me llaman diciéndome que esta empresa tiene dificultades. Al final, la respuesta es una: se aplica lo que legalmente dicen las leyes. Le quiero confesar que de la misma forma que estoy satisfecho por cómo estamos combatiendo la morosidad pública, no lo estoy con la forma en que estamos combatiendo la morosidad privada. Estoy abierto a que estudiemos cualquier fórmula para acometer ese asunto, porque no estoy satisfecho. Todavía no hemos dado con la tecla de cómo combatir mejor la morosidad privada. Siempre tenemos el filo de la navaja del cierre de la empresa, de la actividad laboral de la empresa en el futuro o de la pérdida de puestos de trabajo.
Termino, señor Presidente, agradeciendo todas las intervenciones, así como el respaldo del Grupo Popular. Tengo experiencia de la legislatura pasada y también era usual que el grupo del Gobierno hablara con el grupo de la oposición. Igualmente quería agradecer las brillantes intervenciones de los señores Hernando y Caneda y decir al señor Campuzano que valoro mucho el compromiso en la lucha contra el fraude, el diálogo en materia de ley de inspección de trabajo. Valoro mucho como ministro y como andaluz lo que ha dicho sobre el acuerdo del empleo agrario. En materia de traspaso de los programas de turismo social no le puedo garantizar en este momento su traspaso. Sabe que este grupo --la señora ex ministra nos lo ha planteado en su intervención-- también en la legislatura pasada habló de esa posibilidad. Sí le quiero decir que en el próximo año se producirá una mayor participación de las comunidades autónomas, no sólo de los ayuntamientos, en el programa de turismo social.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención.
Se levanta la sesión.


Eran las tres de la tarde.

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