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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 13-8, de 15/11/1996
 




BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie A:

PROYECTOS DE LEY 15 de noviembre de 1996 Núm. 13-8
ENMIENDAS
121/000012 Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el BoletIn Oficial de las Cortes
Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial (número de expediente 121/000012).

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de noviembre de 1996.--P. D.,
El Secretario General del Congreso de los Diputados, Emilio Recoder de
Casso.

ENMIENDA NUM. 1
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Federal IU-IC.

ENMIENDA
Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la
Cámara, el grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya formula, por medio del presente escrito, enmienda de devolución
a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (número de expediente
121/000012).

MOTIVACION
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya postula la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley, en
primer lugar, por suponer el establecimiento de injustificadas
dificultades para que un colectivo de ciudadanos pueda ejercer derechos
que le corresponden como tales.

El artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978 dice textualmente:

«Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la
vida política, económica, cultural y social.»
Igualmente, el artículo 23 reconoce el derecho fundamental a la
participación en asuntos públicos, al sufragio, activo y pasivo, y al
acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Por
todo ello, es injustificable que el primer Proyecto de Ley emanado del
nuevo Ministerio de Justicia, pretenda perjudicar el ejercicio de
derechos fundamentales por parte de un colectivo, el de Jueces y
Magistrados. No debe olvidarse que la participación de éstos en el
ejercicio de otros cargos públicos (preferimos no utilizar el
desafortunado término «implicación en la lucha política» de la Exposición
de Motivos) ya se encuentra constitucionalmente condicionada mediante la
prohibición de pertenecer a partidos políticos o desempeñar dichos
cargos, mientras se hallen en activo, precisamente para reforzar los
principios de independencia e imparcialidad. Pero salvaguardar la
independencia del Poder Judicial no parece que deba llevar a restringir,
de modo manifiestamente excesivo, el ejercicio de un derecho fundamental
ni, por otra parte, la posibilidad de elección para los ciudadanos que
han de elegir a sus representantes. Como ha citado el Consejo General del
Poder Judicial, en su Informe, la ley puede


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sujetar a determinados requisitos el acceso a los cargos públicos de
representación, pero dichas condiciones o requisitos han de configurarse
de modo que no lleguen a perjudicar gravemente al contenido esencial del
derecho fundamental de sufragio.

Por otra parte, el sistema que propone el proyecto, además de ser
técnicamente imperfecto, puede provocar consecuencias indeseables, como
también hace notar en su Informe el Consejo.

La injustificada medida que hasta ahora se ha analizado, se completa, en
su finalidad (negada en la Exposición de Motivos) de perjudicar la
carrera de Jueces y Magistrados que desempeñen cargos públicos, con el
artículo cuarto del proyecto mediante la introducción de una nueva causa
de abstención y recusación, del siguiente tenor literal:

«Haber ocupado el Juez o Magistrado cargo público con ocasión del cual
haya podido formar criterio, en detrimento de la debida imparcialidad,
sobre el objeto del pleito o causa sobre las partes, sus representantes y
asesores.»
Con ello, además de no aportar soluciones a determinadas objeciones del
actual sistema de recusación y abstención, se introduce un inoportuno
cauce para apartar de un proceso al titular de la potestad
jurisdiccional, lo que afecta decisivamente a un principio, también
constitucional, como es el de inamovilidad judicial. la mera posibilidad
de haber formado criterio sobre un asunto no perjudica la imparcialidad
del juzgador, y menos aún, el desempeño previo de cargos públicos; pues,
de lo contrario, debería incluirse como causa de abstención y recusación,
la condición de haber seguido por los medios de comunicación,
informaciones respecto de materias o litigios de trascendencia pública.

Utiliza, por último, el Gobierno el proyecto, para proceder a una reforma
del sistema de nulidad de actuaciones. A este respecto, y dejando aparte
los gravísimos problemas que podría comportar en relación con los
derechos de las partes, su previsible utilización abusiva en detrimento
del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y de los principios
tradicionales de invariabilidad de las sentencias y eficacia de la casa
juzgada y del propio valor constitucional de la seguridad jurídica, se
justifica la necesidad de la reforma, con expresiones rotundas que, sin
embargo, no resultan suficientemente fundadas en la realidad judicial. No
parece adecuado, por tanto, acumular esta materia con el resto del
contenido del Proyecto, salvo que, en opinión del Gobierno, fueran los
dos únicos y perentorios problemas que se derivan de una Ley tan prolija
y extensa como la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en general, de la
administración de justicia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 1996.--Pablo
Castellano Cardalliaguet, Diputado del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.

Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego
(BNG), integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

ENMIENDA NUM. 2 PRIMER FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Mixto-BNG).

ENMIENDA NUM. 1 A la Exposición de Motivos, apartado 1, párrafo tercero
Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: «La Ley opta por establecer un sencillo incidente
para tratar exclusivamente los vicios formales que generen indefensión y
nulidad por vulneración de derechos fundamentales y que no sea posible
denunciar por vía de recursos ni antes de dictar sentencia o resolución
irrecurrible.»
ENMIENDA NUM. 3 PRIMER FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Mixto-BNG).

ENMIENDA NUM. 2 Al artículo 1.º, párrafo 1.º, que modifica el artículo
240 de la Ley 6/1985
Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: «No se admitirá el incidente de nulidad de
actuaciones, sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima
podrán pedir por escrito que se aclare la nulidad de actuaciones fundada
en defectos de forma que hubieran causado indefensión o vulneración de
derechos fundamentales, y que no haya sido posible denunciar antes de
recaer sentencia no susceptible de ulterior recurso o resolución,
igualmente irrecurrible, que ponga fin al proceso.»
ENMIENDA NUM. 4 PRIMER FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Mixto-BNG).

ENMIENDA NUM. 3 Al artículo 357, apartado 4
Tipo de enmienda: De supresión.



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ENMIENDA NUM. 5
PRIMER FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez
(Grupo Mixto-BNG).

ENMIENDA NUM. 4 Al artículo 4.º
Tipo de enmienda: De adición.

Texto que se propone: «12.º Haber ocupado el Juez o Magistrado cargo
público con ocasión del cual haya podido formar criterio, en detrimento
de la debida independencia e imparcialidad, sobre el objeto del pleito o
causa sobre las partes, sus representantes o asesores.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Mixto (BNG), Francisco Rodríguez Sánchez.

Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo
109 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 6
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo primero, primer inciso
De modificación.

Se modifica el apartado 2, del artículo 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial y se añaden al mismo los apartados 3 y 4
en los siguientes términos.

JUSTIFICACION
Enunciar la totalidad de la modificación que se propone.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 7
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo primero referida al 240.2 De adición.

Se incorpora al proyecto de reforma un punto con el siguiente texto:

«2. Sin perjuicio de ello, el Juez o Tribunal podrá, de oficio o a
instancia de parte, antes de que hubiere recaído sentencia definitiva o
resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la
subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de
todas las actuaciones o de alguna en particular.»
JUSTIFICACION
Conviene que las partes tengan la posibilidad de solicitar la nulidad de
actuaciones antes de la sentencia definitiva o la resolución que ponga
fin al proceso, aunque no exista trámite procesal específico o no quepa
recurso alguno contra la resolución en la que se cometió el vicio
causante de indefensión, esto es: aunque no pueda aplicarse el número 1
del artículo 240. Tal posibilidad está en la línea de reducir la
utilización de la acción de nulidad de actuaciones regulada en el
proyecto de reforma de referencia, reducción que guarda coherencia con el
carácter excepcional de dicha acción y resulta requerida por la condición
de matización limitadora de la seguridad jurídica (cosa juzgada) que
tiene la sobredicha acción.

Cierto es que tal posibilidad puede derivarse interpretativamente del
actual texto del artículo 240.2, pero siempre es buena la precisión en
los textos normativos si se puede lograr, como es el caso, sin menoscabo
de otros valores en juego.

Al introducir la locución «o resolución que ponga fin al proceso», se
trata de lograr más precisión y de guardar coherencia con el párrafo
primero del número 3 que se introduce en el proyecto de referencia.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 8
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo primero referida al artículo 240.3, párrafo Primero
De modificación.



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Sustituir el texto del párrafo primero del número 3 del artículo 240 por
el siguiente:

«No se admitirá el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo,
excepcionalmente, quienes sean parte legítima podrán pedir por escrito
que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma,
que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre
que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer
sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que éstas no sean
susceptibles de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida.»
JUSTIFICACION
A) La incongruencia de las decisiones judiciales causa, por sí misma,
indefensión, y, por ello, el Tribunal Constitucional la considera
vulneradora del artículo 24.1. CE. Debe, por ende, ser motivo de la
nulidad de actuaciones y expresarse así claramente, aunque el texto del
proyecto permitiera su inclusión por vía interpretativa. Téngase en
cuenta que la incongruencia se recoge en la regulación de los motivos del
recurso de casación de forma expresa y separada de los defectos del
proceso (Vg: artículo 95.1.3.º de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

B) El otro aspecto de la enmienda pretende dejar claro algo que nos
parece evidente: Contra la sentencia firme pueden caber recursos
extraordinarios que, por la limitación estricta de su ámbito material, no
alcancen a corregir la eventual indefensión causada en el proceso que
culminó aquella sentencia (recurso de casación para la unificación de
doctrina, recurso de revisión....). Y, obviamente, la existencia de esos
recursos no puede ser óbice para la acción de nulidad de actuaciones,
pues, de lo contrario, se frustraría lo que la reforma pretende: dar un
medio específico a los tribunales ordinarios para reparar la indefensión
cuando los medios ordinarios o extraordinarios previstos en las leyes
procesales no permitan hacerlo, de tal manera que no pueda llegar al
Tribunal Constitucional la cuestión sin que previamente se hayan
pronunciado aquéllos.

Es cierto que lo que la enmienda pretende puede derivarse
hermenéuticamente del actual texto, pero, como ya se ha dicho, la
precisión siempre es buena en la labor normativa. En este caso, tal
precisión contribuye decisivamente a dejar claro al ciudadano cuál es la
vía previa al recurso de amparo constitucional que tiene que seguir, en
los supuestos de defectos procesales que le causen indefensión. Téngase
en cuenta que es doctrina del Tribunal Constitucional que los recursos
que necesariamente hay que utilizar antes de acudir al amparo, son
únicamente los previstos en las leyes que sean hábiles para reparar las
lesiones a los derechos fundamentales de que se trate, y que la
utilización de otros recursos puede considerarse una prolongación
fraudulenta del plazo para acudir al Tribunal Constitucional sancionada
con la inadmisión del amparo. Con la enmienda se deja claro que no hay
que esperar a agotar todos los recursos posibles para acudir a la nulidad
de actuaciones, evitando con ello la confusión que una inadecuada labor
hermenéutica pudiera ocasionar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 9
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo primero referida al artículo 240.3, párrafo segundo
De modificación.

Sustituir el texto segundo párrafo del artículo 240.3 por el siguiente:

«Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o
Tribunal que dictó la sentencia o resolución que hubiere adquirido
firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de veinte días desde la
notificación de la sentencia o la resolución firme o desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, en este último
supuesto, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de
transcurrido un año desde la notificación de la sentencia o resolución
firme. El Juzgado o Tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en
el que se pretendan suscitar otras cuestiones distintas de la indefensión
o que se presente pasado el plazo o superado el límite temporal
precedentemente fijados.»
JUSTIFICACION
Se trata de poner un límite temporal que restrinja el sacrificio de la
seguridad jurídica (cosa juzgada) que la acción de nulidad de actuaciones
conlleva, en cuanto posibilidad de revisión de sentencias firmes.

Es obvio que la seguridad jurídica requiere un límite temporal a la
posibilidad de alterar lo decidido de modo firme por los tribunales,
aunque la alteración venga motivada por la protección de los derechos
fundamentales. Sin ese límite, tal protección se superpondría
desproporcionadamente a dicha seguridad, que es un valor constitucional
de suma importancia, cuyo sacrificio desproporcionado, en el aspecto que
tratamos, es desvirtuación del estado de derecho, al privar de certeza a
las soluciones judiciales de los conflictos jurídicos.

Dicho límite temporal se consigue con los plazos procesales de los
recursos o medios de revisión de sentencias firmes; pero cuando no los
hay (caso de la acción de nulidad del artículo 102 de la Ley 30/92) o
cuando, como es el caso del párrafo objeto de la presente enmienda, el
día inicial del cómputo del plazo procesal convierte a éste en incierto,
el límite temporal a la posibilidad de revisión debe fijarse de la forma
que la enmienda manifiesta, idéntica sustancialmente a la recogida en el
artículo 1800 de la LEC. (La fórmula indeterminada del artículo 104 de la
ley 30/92 no nos parece adecuada aquí).

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.



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ENMIENDA NUM. 10
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo tras el epígrafe inicial
De modificación.

«Artículo 351
Los Jueces y Magistrados pasarán a la situación de servicios especiales:

C) Cuando sean adscritos al servicio del Tribunal Constitucional o del
Defensor del Pueblo u órgano equivalentes de las Comunidades Autónoma.»
JUSTIFICACION
Las enmiendas que se proponen son coherentes con la finalidad perseguida
por la modificación pretendida de la Ley, en la medida que los
Comisionados Parlamentarios Autonómicos tienen la misión de defender los
derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos
reconocidos en la Constitución y que lo hacen, por mandato legal, desde
la imparcialidad política y la neutralidad social que viene garantizada
por un riguroso régimen de incompatibilidades.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 11
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 352, letra a) De modificación.

Sustituir el texto de la letra «a» del artículo 352, en la redacción dada
por el proyecto de referencia, por el siguiente:

«a) Cuando sean nombrados Magistrados del Tribunal Constitucional,
Miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia, Vocales del Consejo
General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal
General del Estado, Defensor del Pueblo o el equivalente autonómico,
Consejeros del Tribunal de Cuentas o miembros del órgano autonómico
equivalente, y Consejeros Permanentes del Consejo de Estado o miembros
del órgano consultivo autonómico equivalente.»
JUSTIFICACION
Se introduce la mención a los Magistrados del Tribunal Constitucional
porque se entiende que no queda cubierto este supuesto por el vigente
artículo 351.c). La inclusión del Defensor del Pueblo en el texto
enmendado apoya este entendimiento.

-- La mención al Tribunal de Defensa de la Competencia obedece a que se
da identidad de razón con los supuestos recogidos en el texto enmendado.

-- La mención a los equivalentes autonómicos tiene su causa en la
necesaria acomodación de la ley al sistema constitucional del reparto
territorial del poder público.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 12
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 352.c) De supresión.

Suprimir la letra «c» del artículo 352, en la redacción dada por el
proyecto de referencia.

JUSTIFICACION
Los supuestos regulados en las otras letras del precepto se refieren a
cargos públicos en Instituciones que tienen un tratamiento constitucional
específico que las diferencia y separa del poder ejecutivo «strictu
sensu», y es esta peculiaridad, amén de que sus funciones guardan
estrecha relación con la preparación y modo de hacer de los Jueces y
Magistrados, bien porque son funciones materialmente jurisdiccionales,
bien porque afectan directa o indirectamente a la prestación de la
Justicia, la que justifica el tratamiento especial que dicho precepto les
da.

Pues bien, el supuesto contemplado en la letra «c» no encaja en el tipo a
que pertenecen los demás supuestos: no tiene ni la meritada peculiaridad,
ni remite necesariamente a las sobredichas funciones. El Ministerio de
Justicia es Poder Ejecutivo propiamente dicho y sus funciones, aunque
tienen que ver con la administración de Justicia, responden a la
configuración política de ese servicio público y se integran en el todo
funcional y orgánico que es el Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.



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ENMIENDA NUM. 13
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 352 De adición.

Añadir una nueva letra al artículo 352, en la redacción dada por el
proyecto de referencia, del siguiente tenor:

«Cuando sean nombrados miembros del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea, del Tribunal Internacional de Justicia o de cualquier otra
instancia jurisdiccional internacional.»
JUSTIFICACION
Conviene, por razones de precisión, contemplar expresamente este
supuesto, ya que no encaja a la perfección en los supuestos descritos en
las letras «a» y «b» del vigente artículo 351 LOPJ.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 14
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 356.1 De supresión.

Suprimir el artículo 356.1, en la redacción dada por el proyecto de
referencia.

JUSTIFICACION
Coherencia con las dos enmiendas precedentes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 15
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 357.4 De modificación.

Sustituir el texto del segundo párrafo del artículo 357.4, en la nueva
redacción dada por el proyecto de referencia, por el siguiente:

«Si no fuesen elegidos podrán solicitar el reingreso al servicio activo o
la excedencia voluntaria por interés particular, que se les concederá
inmediatamente.»
JUSTIFICACION
El Proyecto busca garantizar la independencia e imparcialidad de los
Jueces y Magistrados, pero esa finalidad no puede lograrse con la
limitación desproporcionada de otros valores o derechos constitucionales,
y, a nuestro modo de ver, la excedencia forzosa que establece el precepto
enmendado es una limitación desproporcionada de derechos tales como el
derecho al trabajo (en el aspecto del desempeño de las funciones propias
del puesto que legítimamente se ha obtenido), a la igualdad en la
promoción dentro de la función pública (artículo 23.2.CE) y, de un modo
indirecto, en cuanto condicionante negativo, del derecho a participar
directamente en los asuntos públicos (artículo 23.1.CE). Y pensamos que
es una limitación desproporcionada por lo siguiente:

La regulación enmendada parece partir de la idea de que el Juez o
Magistrado que desempeña temporalmente un cargo político sale de él de
tal modo «contaminado» que es incapaz de desempeñar objetivamente la
función jurisdiccional, que ha perdido la capacidad de ser imparcial.

Pues bien, tal idea, además de no ser muy razonable y partir de un
prejuicio sobre la tarea del poder ejecutivo y legislativo que no encaja
bien con lo que estos poderes son según la Constitución, no guarda
relación con el concepto de imparcialidad judicial. En efecto, este
concepto puede medirse en función de las convicciones sociales (se trata
de garantizar más la apariencia de imparcialidad que la imparcialidad en
sí) y, así, el desempeño de ciertos cargos políticos puede, en virtud de
esa convicción social, considerarse como elemento que pueda determinar
una apariencia de parcialidad, pero ésta se debe proyectar sobre el
enjuiciamiento de un caso concreto, no sobre la función jurisdiccional en
general. Si es difícil encontrar algún supuesto que permita afirmar la
apariencia de imparcialidad con carácter general, resulta descabellado
sustentarla sobre el desempeño de funciones legislativas o ejecutivas.

Tal supondría una idea perversa, inconstitucional de lo que esas
funciones son, una especie de incompatibilidad entre estas funciones y la
jurisdiccional, en lo que hace a las condiciones de objetividad, honradez
y respeto al Estado de Derecho que deben darse en todo servidor


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público; idea que no puede trasladarse a la ley aunque en un momento dado
pueda estar presente en la sociedad, en razón de sucesos puntuales.

Vistas así las cosas, entendemos que la finalidad del proyecto, en el
aspecto que nos ocupa, se puede lograr evitando el sacrificio de los
derechos aludidos, a través del establecimiento de una causa de
abstención y recusación lo suficientemente amplía como para poder dar
respuesta a esa convicción social a la que nos hemos referido, sin ir más
allá de lo que es propio al concepto de imparcialidad: el caso concreto.

Y tal cosa ya se hace en el proyecto: Artículo 4.º
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 16
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 357.5 De supresión.

Suprimir el número 5 del artículo 357, en la nueva redacción dada por el
proyecto de referencia.

JUSTIFICACION
La misma que la de la enmienda precedente.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 17
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, relativa al 357 ALTERNATIVA: Manteniendo todas las
enmiendas precedentes, hacer una enmienda de adición del siguiente tenor:

Añadir un numero más al artículo 357, que sería el 5, con el siguiente
contenido:

«Los Jueces y Magistrados que cesasen en el desempeño de cargos políticos
distintos de los relacionados en el artículo 352, con excepción de la
condición de diputado, senador o miembro de las Asambleas legislativos
autonómicas, no podrán ejercer como Jueces o Magistrados en la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el ámbito territorial al que
se extendían las funciones del cargo político desempeñado, durante los
tres años siguientes al cese en dicho cargo. Durante este período
permanecerán en situación de excedencia forzosa, y a su término tendrán
derecho preferente en los procedimientos que se realicen para la
cobertura de plazas en dicha Jurisdicción y dicho ámbito territorial.»
JUSTIFICACION
De haber algún supuesto de apariencia de imparcialidad general que
requiera una cobertura especial distinta del sistema de la abstención y
recusación, es el recogido en la enmienda, habida cuenta de la especial
naturaleza de la función de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

ENMIENDA NUM. 18
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 358 De modificación.

Sustituir el texto del artículo 358, en la redacción dada por el proyecto
de referencia, por el siguiente:

«1. Los Jueces y Magistrados en excedencia voluntaria no devengarán
retribuciones ni les será computable el tiempo permanecido en tal
situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos.

2. No obstante lo establecido en el párrafo precedente, se computará, a
efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos, el tiempo que los
Jueces y Magistrados pasen en excedencia voluntaria por atender al
cuidado de sus hijos.»
JUSTIFICACION
El texto enmendado establece una diferenciación, en cuanto a las
consecuencias de la excedencia voluntaria, entre Jueces y Magistrados
miembros de las Cámaras Legislativas y Corporaciones municipales y Jueces
y Magistrados ocupantes de cargos políticos o de confianza distinto de
los relacionados en el artículo 352, una diferenciación a la que no
encontramos justificación razonable alguna y que, por ende, consideramos
vulneradora del artículo 23.2 CE, en cuanto éste se proyecta sobre el
desarrollo de la carrera funcionarial, según ha reconocido el TC en
múltiples ocasiones.



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Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido
en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 1996.--El
Portavoz, José Carlos Mauricio Rodríguez.

ENMIENDA NUM. 19
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 1
Al artículo primero, artículo 240, apartado 3, párrafo primero
De adición, incorporando a la segunda y quinta líneas del párrafo
primero, los textos subrayados.

Texto propuesto:

«... quienes sean parte legítima o hubieren debido serlo en el proceso
podrán pedir...» (el resto del texto sigue igual).

«... denunciar, por causa no imputable al perjudicado, antes de recaer
sentencia...» (el resto del texto sigue igual).

JUSTIFICACION
Quienes indebidamente no han sido parte en el proceso, necesitan en mayor
medida la oportunidad de defensa y audiencia mediante este incidente.

Por otra parte, y de acuerdo con la filosofía del Proyecto de Ley
Orgánica, este incidente tendrá carácter excepcional evitando así su
generalización, puesto que podría acarrear gravísimos problemas relativos
a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, entendida como
el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. La excepcionalidad de
este incidente no puede amparar la falta de diligencia del perjudicado a
la hora de utilizar los medios impugnatorios ordinarios o
extraordinarios.

ENMIENDA NUM. 20
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 2
Al artículo primero, artículo 240, apartado 3, párrafo segundo
De modificación, de la tercera línea del párrafo segundo, incorporando el
texto subrayado.

Texto propuesto:

«Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o
Tribunal que dictó la sentencia o resolución no susceptible de recurso
ordinario o extraordinario.» (El resto del texto sigue igual).

JUSTIFICACION
La precisión técnico-jurídica exige que el legislador regule con absoluta
claridad la imposibilidad de utilizar este medio impugnatorio cuando la
sentencia sea susceptible de cualquier otro recurso ordinario o
extraordinario.

ENMIENDA NUM. 21
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 3
Al artículo primero, artículo 240, apartado 4, párrafo primero
De modificación, de la tercera y cuarta líneas del párrafo primero,
incorporando el texto subrayado.

Texto propuesto:

«... este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la
sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerdo de forma
expresa para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se
dará...» (el resto del texto sigue igual).

JUSTIFICACION
Cabe recordar al respecto que ni siquiera en la actual regulación del
recurso de amparo, la admisión a trámite del mismo comporta «de iure» la
suspensión del acto o resolución impugnados, sino que la suspensión tan
sólo procede cuando así se acuerda de forma expresa por el Tribunal que
ha de resolver, y ello exclusivamente cuando de no accederse a la
suspensión el amparo pudiera perder su finalidad.

ENMIENDA NUM. 22
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 4
Al artículo primero, artículo 240, apartado 4, párrafo tercero
De adición, incorporando al final del párrafo tercero el texto subrayado.



Página 25


Texto propuesto:

«... de recurso alguno. Dicha resolución podrá anular las actuaciones
previas a la sentencia que pone fin al proceso, en cuyo caso se ordenará
la reposición de lo actuado al momento inmediatamente anterior a la
comisión de la vulneración procesal, o bien podrá reintegrarse en la
previa resolución irrecurrible, rectificando en todo o en parte los
pronunciamientos de la misma y reabriendo los plazos y vías de
impugnación que vinieran establecidos contra ella.»
JUSTIFICACION
A efectos de una mejor técnica legislativa, y facilitando al mismo tiempo
la comprensión del pronunciamiento a dictar, es necesario precisar el
alcance del mismo.

ENMIENDA NUM. 23
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 5
Al artículo segundo, del artículo 352, apartado a)
De modificación.

Texto propuesto:

«Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo, Vocales del
Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado, Magistrado
del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o los cargos
equivalentes en las Comunidades Autónomas, Presidente y Consejeros del
Tribunal de Cuentas o Miembros de Tribunales y Cámaras de Cuentas de las
Comunidades Autónomas, Presidente y Consejero del Consejo de Estado o
Presidentes y Miembros de los Consejos Consultivos Autonómicos y Adjuntos
al Defensor del Pueblo o cargos equivalentes en las Comunidades
Autónomas, Miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
del Tribunal Internacional de Justicia o Presidente o Miembro del
Tribunal de Defensa de la Competencia, así como los Jueces y Magistrados
españoles llamados a formar parte de cualquier otra instancia
jurisdiccional internacional.»
JUSTIFICACION
En relación a los distintos cargos y funciones que dan lugar a la
situación de «servicios especiales», es necesario llevar a cabo una
regulación exhaustiva evitando omisiones que perjudiquen a los titulares
de cargos y funciones no tipificados en el Proyecto de Ley Orgánica.

De un examen particularizado de la redacción original de este apartado,
se infiere que éste asigna a los Jueces y Magistrados que sean designados
«Consejeros Permanentes» del Consejo de Estado la situación de servicios
especiales, haciendo omisión a los «Consejeros Electivos» del mismo. De
esta manera se provoca una situación discriminatoria con respecto a los
Consejeros Electivos, lo que hace necesario una nueva redacción en la que
figure el término «Consejeros» en sentido genérico.

ENMIENDA NUM. 24
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 6
Al artículo segundo, artículo 352, apartado b)
De supresión.

JUSTIFICACION
El apartado b) del artículo 352 propuesto en este Proyecto de Ley
Orgánica, está en contradicción con el régimen estatutario de los
Letrados al servicio del CGPJ conferido por la anterior reforma de la
LOPJ y altera las disposiciones de derecho transitorio previsto en dicha
norma, dando lugar a consecuencias discriminatorias no deseables para los
letrados de procedencia judicial respecto de los que provienen de otros
Cuerpos de las Administraciones Públicas.

La mención a los letrados del Tribunal Supremo en este mismo apartado,
únicamente podría entenderse referida a los Magistrados integrantes del
Gabinete Técnico de Información y Documentación de dicho Tribunal
(artículo 23.1 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial), cuya
situación es actualmente de «servicio activo» y no de «servicios
especiales», ya que los letrados al servicio del Tribunal Supremo
sometidos al régimen estatutario de los Secretarios Judiciales proceden
de cuerpos de funcionarios de las Administraciones Públicas y de la
Administración de Justicia, pero no de la Carrera judicial.

Por esta razones de contradicción estatutaria, disparidad con el derecho
transitorio, y discriminaciones consecuentes, a nuestro juicio
inadmisibles e improcedentes, proponemos la supresión de este apartado.

ENMIENDA NUM. 25
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 7
Al artículo segundo, artículo 352, apartado c)
De modificación.



Página 26


Texto propuesto:

Que pasa a ser apartado b) del artículo 352, como consecuencia de la
enmienda de supresión anterior.

«b) Cuando desempeñen funciones relacionadas con la Administración de
Justicia en virtud de nombramiento por Real Decreto para cargo que no
tenga rango superior al de Director General, bien en cualquier
departamento ministerial o bien en las distintas Comunidades Autónomas
con el rango equivalente.»
JUSTIFICACION
Es necesario tener en cuenta la transferencia de competencias a las
distintas Comunidades Autónomas, razón por la que también en ellas los
Jueces y Magistrados pueden desempeñar funciones relacionadas con la
Administración de Justicia. Al mismo tiempo, se debe constatar también la
posibilidad de que las Secretarías Técnicas y otros cargos en
departamentos ministeriales puedan realizar este tipo de funciones.

ENMIENDA NUM. 26
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 8
Al artículo segundo, artículo 355
De adición, incorporando en la quinta línea del texto las palabras
subrayadas.

Texto propuesto:

«la fecha de finalización de la licencia...» (el resto del texto sigue
igual).

JUSTIFICACION
El texto requiere una mera precisión técnica indicando que en los
supuestos de licencia el reingreso será automático dentro del plazo
fijado por la Ley, que será computado desde la fecha de expiración de la
misma.

ENMIENDA NUM. 27
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 9
Al artículo segundo, artículo 356.1
De supresión.

JUSTIFICACION
Además de que la ubicación sistemática de este artículo es incorrecta, ya
que debería situarse a continuación del régimen previsto para la
excedencia forzosa, hay que señalar también, que es innecesaria la
articulación autónoma de la consecuencia prevista en este artículo,
postulándose por consiguiente su supresión.

ENMIENDA NUM. 28
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 10
Al artículo segundo, artículo 357, apartados 1, 4 y 5
De modificación.

Texto propuesto:

«1. Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los
miembros de la Carrera judicial cuando se encuentren en situación de
servicio activo en un Cuerpo o Escala de las Administraciones Públicas o
de la Carrera Fiscal, o pasen a prestar servicios en Organismos o
Entidades del Sector público, o pasen a desempeñar cargos no judiciales
distintos de los relacionados en los artículos 351 y 352 de esta Ley, y
no les corresponda quedar en otra situación».

«4. Los miembros de la Carrera judicial que deseen participar como
candidatos en elecciones generales, autonómicas, insulares, locales o
europeas, deberán solicitar la situación de excedencia voluntaria, que
les será inmediatamente otorgada.

De no resultar elegidos deberán reingresar a sus funciones dentro del
término fijado en el artículo 355.»
«5. Los miembros de la Carrera judicial que finalicen su mandato como
miembros de Cámaras y Asambleas legislativa, o Corporaciones insulares o
Municipales, o cesen en el desempeño de cargos públicos o de confianza
distintos a los previstos en el artículo 352, podrán solicitar el
reingreso dentro de los veinte días siguientes a la finalización de su
condición; en su defecto pasarán a la situación de excedencia voluntaria
por interés particular.

El reingreso tendrá lugar en jurisdicción distinta a la que estuvieren
destinados en el momento de acceder a los cargos públicos.

De ser la jurisdicción de procedencia Contencioso-Administrativa,
aquéllos no podrán retornar a ésta hasta transcurridos dos años desde la
finalización del mandato o cargo.

La falta de solicitud de reingreso o de toma de posesión en plazo del
puesto asignado, determinará la declaración de la situación de excedencia
voluntaria por interés particular.»


Página 27


JUSTIFICACION
En relación al apartado 1 de este artículo, el tenor literal de su
redacción original realiza una mención superflua, por redundante, al
aludir a Jueces y Magistrados, ya que los obligados directos por el
proyectado régimen jurídico sólo serán los miembros de la Carrera
judicial, al ser éstos los destinatarios exclusivos de la Ley, y tal
condición únicamente es ostentada por los Jueces y Magistrados. También
dentro de este apartado es necesario mencionar los cargos del artículo
351 de esta Ley junto con los ya indicados en el artículo 352.

En relación al apartado 4 de este artículo, es obligado hacer mención a
las elecciones insulares y europeas ya que éstas también forman parte del
Régimen Electoral español. Al mismo tiempo, la formula relativa a este
apartado propuesta en la redacción original, conculca el ejercicio del
derecho fundamental de participación y acceso a los cargos públicos
reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española. Esta imprime un
carácter sancionador al mero hecho de haber sido candidato. Por ello, es
necesario llevar a cabo una reflexión sobre el conflicto de intereses
para tal régimen jurídico en el supuesto de no ser elegido, ya que la no
elección no permite generar la situación de conflicto y, por lo tanto, la
mera intención de ser candidato en ningún caso debe ser sancionada.

En relación al apartado 5, también es necesario hacer referencia al hecho
insular, mencionando a las «Corporaciones insulares». Respecto de su
redacción original y aunque el fin pretendido por el legislador haya sido
la defensa de los intereses de independencia, imparcialidad y
objetividad, se debe constatar que esta regulación es desproporcionada y
limita de manera excesiva el derecho fundamental anteriormente
mencionado. Estos intereses fundamentales se garantizarán suficientemente
mediante el reingreso en otra jurisdicción distinta a la de procedencia,
o en el caso de que ésta sea la Contenciosa Administrativa mediante la
imposibilidad de retornar a la misma por el plazo de dos años desde la
finalización del mandato o cargo.

ENMIENDA NUM. 29
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 11
Al artículo segundo, artículo 358, apartado 2
De modificación.

Texto propuesto:

«2. La excedencia para el cuidado de hijos se regulará conforme al
sistema general del resto del funcionariado.»
JUSTIFICACION
El texto original incorpora el adverbio «excepcional» lo que implica una
carencia en la determinación de las condiciones objetivas y, asimismo, no
precisa el órgano legitimado para la ponderación y declaración de tal
régimen singular.

Por otra parte, el reconocer a la situación de excedencia voluntaria
derivada del ejercicio de un cargo público o de confianza efectos para
ascensos, antigüedad y derechos pasivos, tiene por resultado alterar de
manera discriminatoria una de las características peculiares de la
situación de excedencia voluntaria, que precisamente, en la actual
redacción del artículo 358 de la LOPJ, no confiere derechos a estos
mismos efectos.

En relación al caso de la excedencia para el cuidado de hijos que en el
régimen funcionarial general no tiene el calificativo de voluntaria, a
diferencia de la excedencia por interés particular (artículo 29 apartados
3 y 4 de la Ley 30/84), es necesario regular adecuadamente su duración y
consecuencias, entendiendo que lleva consigo el derecho a reserva de
plaza sólo durante la primera anualidad. Por tanto, sería conveniente
acomodar las actuales prescripciones de la LOPJ respecto de esta
situación administrativa a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de 23
de marzo de 1995, que modifica el apartado 4 del artículo 29 de la Ley
30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en la redacción
dada por la Ley 3/1989.

De esta manera, se evitaría constituir un régimen singularmente
privilegiado respecto del personal funcionario.

ENMIENDA NUM. 30
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 12
Al artículo cuarto
De supresión.

JUSTIFICACION
El artículo cuarto del Proyecto de Ley Orgánica alude a la «formación de
criterio» como una nueva causa de abstención y recusación. Hay que
destacar la falta de rigor jurídico del mismo, puesto que, tratándose de
una íntima apreciación de carácter subjetivo, escaparía del control
jurídico a la hora de determinar si en efecto se está o no ante una causa
de abstención o de recusación. Por otra parte, si ésta hubiera sido
objetivada, quedaría dentro del ámbito de las causas de «amistad íntima»
o de «enemistad manifiesta» ya reguladas por la LOPJ, con lo que la
incursión de esta nueva causa sería inútil.

ENMIENDA NUM. 31
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 13
A la Disposición Transitoria Segunda


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De modificación, suprimiendo el adjetivo «inmediata» en la primera línea
del párrafo primero, y modificando en su totalidad el párrafo segundo
mediante el texto propuesto.

Texto propuesto:

«La presente Ley será de aplicación a los Jueces y Magistrados... (el
resto del texto sigue igual).

A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial, previa audiencia del
afectado, y en un plazo no inferior a veinte días de haberse producido,
le comunicará la situación administrativa que le corresponde tras la
entrada en vigor de la presente Ley.»
JUSTIFICACION
No se debe olvidar que con la implantación del nuevo sistema de
excedencia es posible producir la lesión de ciertos intereses legítimos o
al menos de ciertas expectativas jurídicas. Esto implica la necesidad de
que se confiera audiencia a los afectados para que, en un período
prudencial, puedan manifestar su opción al reingreso a la función o al
mantenimiento fuera de ésta en el régimen administrativo que corresponda.

ENMIENDA NUM. 32
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 14
Para la adición de una nueva Disposición Transitoria Tercera.

Texto propuesto:

«Tercera
El Gobierno, en el plazo de un año, proceda a la redacción de un nuevo
Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la LOPJ 6/1985, en el que se
establezca la necesaria revisión y reforma del Cuerpo de Secretarios
Judiciales.»
JUSTIFICACION
Tras once años de vigencia de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, en algunos de sus artículos ha quedado desfasada la
regulación vigente relativa al Cuerpo de Secretarios Judiciales.

La realidad social demanda continuas innovaciones que dinamicen las
estructuras actuales de nuestra Justicia, siendo prioritaria entre ellas
la redefinición de la Carrera secretarial, a cuyos efectos parece
pertinente destinar un Proyecto de Ley Orgánica específico.

Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la
Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de
Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial (número de expediente 121/000012).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 1996.--Pablo
Castellano Cardalliguet, Diputado del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.--Rosa Aguilar Rivero, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal
IU-IC.

ENMIENDA NUM. 33
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Federal IU-IC.

ENMIENDA
Al artículo 1
De supresión.

MOTIVACION
Dejando aparte los gravísimos problemas que podría comportar en relación
con los derechos de las partes, su previsible utilización abusiva en
detrimento del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y de los
principios tradicionales de invariabilidad de las sentencias y eficacia
de la cosa juzgada y del propio valor constitucional de la seguridad
jurídica, se justifica la necesidad de la reforma, con expresiones
rotundas que, sin embargo, no resultan suficientemente fundadas en la
realidad judicial. No parece adecuado, por tanto, acumular esta materia
con el resto del contenido del Proyecto.

ENMIENDA NUM. 34
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Federal IU-IC.

ENMIENDA
Al artículo 2
De supresión.

MOTIVACION
Supone el establecimiento de injustificadas dificultades para que un
colectivo de ciudadanos pueda ejercer derechos que le corresponden como
tales. El artículo 9.2 de la Constitución Española de 1978 dice
textualmente: «Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación


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de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social». Igualmente, el artículo 23 reconoce el derecho fundamental a la
participación en asuntos públicos, al sufragio, activo y pasivo, y al
acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. No
debe olvidarse que la participación de éstos en el ejercicio de otros
cargos públicos ya se encuentra constitucionalmente condicionada mediante
la prohibición de pertenecer a partidos políticos o desempeñar dichos
cargos, mientras se hallen en activo, precisamente para reforzar los
principios de independencia e imparcialidad. Pero salvaguardar la
independencia del Poder Judicial no parece que deba llevar a restringir,
de modo manifiestamente excesivo, el ejercicio de un derecho fundamental
ni, por otra parte, la posibilidad de elección para los ciudadanos que
han de elegir a sus representantes. Como ha citado el Consejo General del
Poder Judicial, en su Informe, la ley puede sujetar a determinados
requisitos el acceso a los cargos públicos de representación, pero dichas
condiciones o requisitos han de configurarse de modo que no lleguen a
perjudicar gravemente al contenido esencial del derecho fundamental de
sufragio. Por otra parte, el sistema que propone el proyecto, además de
ser técnicamente imperfecto, puede provocar consecuencias indeseables,
como también hace notar en su Informe el Consejo.

ENMIENDA NUM. 35
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Federal IU-IC.

ENMIENDA
Al artículo 3
De supresión.

MOTIVACION
En coherencia con la enmienda anterior.

ENMIENDA NUM. 36
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Federal IU-IC.

ENMIENDA
Al artículo 4
De supresión.

MOTIVACION
Las injustificadas medidas que hasta ahora se han analizado, se completan
con la introducción de una nueva causa de abstención y recusación. Con
ello, además de no aportar soluciones a determinadas objeciones del
actual sistema de recusación y abstención, se introduce un inoportuno
cauce para apartar de un proceso al titular de la potestad
jurisdiccional, lo que afecta decisivamente a un principio, también
constitucional, como es el de inamovilidad judicial. La mera posibilidad
de haber formado criterio sobre un asunto no perjudica la imparcialidad
del juzgador, y menos aún, el desempeño previo de cargos públicos; pues,
de lo contrario, debería incluirse como causa de abstención y recusación,
la condición de haber seguido por los medios de comunicación,
informaciones respecto de materias o litigios de trascendencia pública.

ENMIENDA NUM. 37
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Federal IU-IC.

ENMIENDA
Al artículo 2
De adición.

Añadir nuevos artículos 480.2 y 482 a los artículos de la LOPJ que se
modifican, con los siguientes textos:

«2. De cada tres plazas vacantes que se produzcan en la segunda
categoría, dos se proveerán mediante concurso entre secretarios de
tercera categoría, que se resolverá a favor del concursante que ostente
el mejor puesto del escalafón, y una por medio de pruebas selectivas
entre Secretarios de la tercera categoría que hubieran superado éstas.

Las plazas de este turno que quedaren desiertas, acrecerán al turno
primero del concurso.

En caso de que en alguno de los concursos de promoción a segunda
categoría resultaren plazas desiertas en los concursos de traslados y
concurso de promoción y no puedan atenderse adecuadamente mediante el
mecanismo ordinario de sustitución, o éste sea insuficiente para asegurar
su regular funcionamiento.»
«Artículo 482
Podrán cubrirse en régimen de provisión temporal, las secretarías que
resulten desiertas en los concursos de traslados y concurso de promoción
y no puedan atenderse adecuadamente mediante el mecanismo ordinario de
sustitución, o éste sea insuficiente para asegurar su regular
funcionamiento.»
MOTIVACION
Redacción coherente con el objetivo de dotar con el máximo de estabilidad
posible a los Juzgados, independientemente de su población, al tiempo que
se suprimen los enormes perjuicios que el régimen de provisión de
vacantes, hasta ahora vigentes, causa a los Secretarios.



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ENMIENDA NUM. 38
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en al artículo 110 del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica
de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
publicado en el «B. O. C. G.», Serie A, número 13-1, de 18 de septiembre
de 1996 (número de expediente 121/000012).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia Amann.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La presente Ley propone reformar la regulación de aquellas normas del
Estatuto de Jueces y Magistrados que se refieren al desempeño por éstos
de cargos públicos ajenos a la Administración de Justicia.

De otra parte, se procede a reconocer a los Magistrados del Tribunal
Supremo el estatuto especial que les corresponde como miembros de un
órgano de relevancia constitucional, al que nuestra Carta Magna define en
su artículo 153 como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes,
salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, con
jurisdicción en toda España, haciéndolo compatible con su pertenencia a
la Carrera Judicial.

Por último y con la finalidad de hacer efectivo el Acuerdo al que llegó
el Ministerio de Justicia e Interior con las Organizaciones Sindicales
para el período 1995-1997, se procede a la modificación de aquellos
artículos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
los cuales era necesario modificar, para hacer efectivo alguno de los
puntos de dicho acuerdo.

I
Las modificaciones que esta Ley introduce en el Estatuto de Jueces y
Magistrados encuentra una justificación objetiva y razonable, en primer
término, en la configuración que se deriva de la articulación territorial
recogida en la Constitución con la consiguiente distribución competencial
y la necesidad de que las leyes que la desarrollan procedan a regular los
efectos que ello conlleva.

En segundo lugar y a fin de conjugar la debida imparcialidad que debe
presidir la función jurisdiccional atribuida en exclusiva a Jueces y
Magistrados con los derechos recogidos en los artículos 14 y 23 de la
Constitución, se establecen las limitaciones a que éstos pueden ser
sometidos sin que por ello resulten vulnerados sus derechos.

En tercer lugar, la nueva regulación que se propone de la excedencia
voluntaria para atender al cuidado de los hijos, equipara los derechos de
los miembros de la Carrera Judicial con el resto de la función pública.

En cuarto lugar, se procede a incluir en la causa octava de abstención, o
en su caso, recusación, a los representantes o asesores de las partes,
toda vez que la regulación actual ha dado lugar a pronunciamientos
judiciales diversos. También se incluye una nueva causa de
abstención/recusación ya que nuestro sistema en materia de
abstención/recusación está basado en causas legalmente tasadas, no
permitiéndose interpretaciones, que podrían tener como consecuencia la
vulneración de las exigencias constitucionales de inamovilidad y
predeterminación legal.

Por último, se establece un régimen transitorio mediante el cual se
permite a los Jueces y Magistrado que en la actualidad ocupan cargos
políticos o de confianza y que accedieron a ellos de conformidad a la
legislación que ahora se modifica, optar por el régimen que estaba en
vigor cuando accedieron a dichos cargos, o por el previsto en esta Ley.

II
La cualificación excepcional que la Constitución otorga al Tribunal
Supremo investido de funciones específicas, como es la función de
casación, de importancia capital para el cumplimiento del principio de
igualdad en la aplicación de la Ley por todos los Tribunales, así como
las competencias de orden superior en materia de exigencia de
responsabilidades civiles, jurisdicción penal de altos órganos del
Estado, control de los órganos superiores del Gobierno y Administración
del Estado, de solución de conflictos y de participación en la
Administración Electoral, aconsejan una regulación específica que
confiera el adecuado estatuto personal a los componentes del Tribunal
Supremo, estatuto que ha de configurarse de modo que se proteja al máximo
la objetividad e imparcialidad de sus miembros.

Se configura pues, la Magistratura del Supremo como Magistratura en
ejercicio y ello conlleva necesariamente la desaparición de la categoría
administrativa de excedencia.

Se establece además, un régimen de incompatibilidades similar al previsto
para los miembros del Tribunal Constitucional y en consonancia se fija un
régimen retributivo acorde con sus funciones específicas. Se configura,
por tanto, un nuevo sistema que comporta la asimilación «ope legis» al
Tribunal Constitucional, el cual dispone de autonomía presupuestaria.

Por último, se establece un régimen transitorio de un año, para que los
Magistrados del Tribunal Supremo que no estén en la actualidad prestando
servicios en dicho Tribunal, puedan optar por su reingreso o renunciar a
éste, con las consecuencias que ello comporta de conformidad a la nueva
normativa.

III
Por último, la modificación de los artículos 478, 492 y 493 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a fin de que pueda llevarse a cabo el
Acuerdo firmado por el Ministerio de Justicia e Interior con las
Organizaciones Sindicales, consiste en la reserva de dos de cada cuatro
vacantes en la tercera categoría en el Cuerpo de Secretarios, al Cuerpo
de Oficiales. También se regula el acceso al Cuerpo de Oficiales desde el
Cuerpo Auxiliar, cubriéndose aquellas vacantes que se


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produzcan por esta vía y sólo en el supuesto de que no se pudieran cubrir
todas se convocarían pruebas selectivas por turno libre. Del mismo modo
se prevé el acceso de los Agentes Judiciales al Cuerpo de Auxiliares.

ARTICULO PRIMERO
Se modifican los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, que seguidamente se relacionan, y que quedan redactados
en los siguientes términos:

Artículo 352
Se considerará en situación de servicios especiales al Juez o Magistrado
en el que se dé alguna de las siguientes condiciones:

a) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas.

b) Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal
General del Estado, Vocales del Consejo general del Poder Judicial,
Presidente o Consejeros Permanentes del Consejo de Estado, Defensor del
Pueblo o aquellos cargos equivalentes en las Comunidades Autónomas,
Consejero del Tribunal de Cuentas o cargo equivalente en las Comunidades
Autónomas, miembro de los Consejos Consultivos de las CC. AA., o miembros
del Tribunal de Defensa de la Competencia.

c) Todos aquellos no incluidos en el apartado anterior, cuando sean
elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los órganos
constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.

d) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes
Generales, o miembro de las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas.

e) Cuando sean llamados a formar parte del Tribunal de Justicia de
las Comunidades, del Tribunal Internacional de Justicia o cualquier otra
instancia jurisdiccional internacional.

f) Cuando sean nombrados para los órganos técnicos del Consejo
General del Poder Judicial o miembros del Gabinete Técnico de Información
y Documentación del Tribunal Supremo.

h) Cuando presten servicios en virtud de nombramiento por el
Gobierno del Estado o autonómico respectivamente en Presidencia del
Gobierno, en el Ministerio de Justicia o Consejería Autonómica que
desarrolle análogas funciones, incluida Instituciones Penitenciarias.

Artículo 355
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 353.2, quienes estén en
situación de servicios especiales deberán incorporarse a su plaza o a la
que durante esta situación hubiesen obtenido, dentro del plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente al del cese en el cargo o desde la
fecha de licencia. De no hacerlo así, pasarán automáticamente a la
situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Artículo 358
1. Los miembros de la Carrera Judicial en excedencia voluntaria no
devengarán retribuciones ni les será computable el tiempo permanecido en
tal situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos, salvo
lo previsto en el apartado siguiente:

2. El tiempo en que los miembros de la Carrera Judicial se encuentren en
excedencia voluntaria para atender al cuidado de sus hijos será
computable a efectos de antigüedad, ascensos y derechos pasivos. Durante
el primer año tendrán derecho a reserva de plaza y localidad de destino.

Transcurrido este período, dicha reserva lo será a la localidad de
destino, si fuera posible, o a plaza en el territorio de la Audiencia
Provincial correspondiente.

ARTICULO SEGUNDO
Uno. Se modifica el apartado 8.º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial que queda redactado de la forma siguiente:

8.º Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los
expresados en el artículo anterior, sus representantes o asesores.

Dos. Se añade un nuevo número al artículo 219 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, con el contenido siguiente:

12.º Haber ocupado el Juez o Magistrado cargo público o administrativo
con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del
litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad, o
participado en la resolución del mismo o en alguna de sus fases o
incidencias o intervenido directamente en el debate público emitiendo
opiniones sobre el objeto de controversia jurisdiccional, las partes, sus
representantes o asesores, que puedan afectar al sentido de su
resolución.

Tres. En el artículo 220 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, se añadirá in fine, la mención del nuevo número 12.º del
artículo 219.

ARTICULO TERCERO
Se modifican los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, que seguidamente se relacionan y se adicionan a la misma
tres nuevos artículos, quedando redactados en los siguientes términos:

Artículo 136
Su contenido actual se numera como apartado 1.

2. El Informe al que se refiere el apartado primero tendrá carácter
preceptivo para los nombramientos de Magistrado


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del Tribunal Supremo y será emitido por la Sala a la que corresponda la
vacante.

Artículo 299
1. La Carrera Judicial consta de dos categorías: -- Magistrado.

-- Juez.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia
a la Carrera Judicial, tendrán el estatuto especial regulado en la
presente Ley Orgánica.

3. Sólo podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo quienes
efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de
este Tribunal, con las excepciones previstas en esta Ley.

4. Los Magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la Carrera
Judicial o de otras Carreras o Cuerpos del Estado, cuando fueran
designados para dicha magistratura, seguirán figurando en su respectivo
escalafón en el lugar que les corresponda, sin perjuicio de que en el de
la Carrera Judicial, en lugar separado, haya de incluirse una relación de
Magistrados del Tribunal Supremo ordenada según la fecha de su respectiva
designación.

Artículo 347
Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con
anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarán al escalafón de la
misma y se les reconocerá a todos los efectos quince años de servicios.

Artículo 348
1. Los Jueces y Magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones
siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Excedencia voluntaria o forzosa.

4. Suspensión.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo pueden hallarse en alguna de las
situaciones siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Suspensión.

3. Sólo les será aplicable la situación de servicios especiales en los
supuestos a que se refiere el artículo 348 bis de esta Ley.

Artículo 348 bis
1. Se perderá la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por pasar a
desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las
únicas excepciones que a continuación se señalan:

1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

2. Magistrado del Tribunal Constitucional.

3. Fiscal General del Estado.

4. Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.

2. La pérdida de la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por
alguna de las causas señaladas en el apartado anterior implicará las
inmediata recuperación de la situación profesional o funcionarial
anterior al acceso a la magistratura del Tribunal Supremo.

Artículo 350
Se adiciona un nuevo apartado 3.

3. Los Magistrados del Tribunal Supremo sólo podrán desempeñar fuera del
Tribunal las funciones de Presidente de Tribunales de oposiciones a
ingreso en la Carrera Judicial, la de miembros de la Junta Electoral
Central y aquellas otras previstas en esta Ley.

Artículo 389 bis
1. El cargo de Magistrado del Tribunal supremo es incompatible:

a) Con el desempeño de funciones en cualquier otro órgano
constitucional o con relevancia constitucional del Estado.

b) Con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las
Comunidades Autónomas, las provincias u otras entidades locales.

c) Con el desempeño de funciones directivas en los partidos
políticos, sindicatos, asociaciones, incluidas las profesionales,
fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al
servicio de los mismos.

d) Con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles.

2. Además los Magistrados del Tribunal Supremo tendrán las
incompatibilidades propias de los restantes miembros de la Carrera
Judicial.

3. Cuando concurriere causa de incompatibilidad con quien fuere propuesto
como Magistrado del Tribunal Supremo, deberá, antes de tomar posesión,
cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el
plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta
el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo. La misma regla se aplicará
en el caso de incompatibilidad sobrevenida.

Artículo 404 bis
Los Magistrados del Tribunal Supremo percibirán las mismas retribuciones
que las fijadas para los Magistrados del Tribunal Constitucional.



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ARTICULO CUARTO
Se modifican los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, que seguidamente se relacionan y quedan redactados en los
siguientes términos:

Artículo 478
1. Se reservará en el Cuerpo de Secretarios dos de cada cuatro vacantes
de la tercera categoría al personal del Cuerpo de Oficiales que esté en
posesión del título de Licenciado en derecho y lleve, al menos, cinco
años de servicios efectivos en aquél.

2. La selección de los aspirantes por este turno se hará por
concurso-oposición, con arreglo a baremo de méritos preestablecido. Las
normas por las que ha de regirse el concurso-oposición serán aprobadas
por el Ministerio de Justicia, previa audiencia del Consejo General del
Poder Judicial.

3. Los seleccionados tendrán que superar un curso en el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, en la forma que
reglamentariamente se establezca.

4. Las vacantes que no se cubran por este turno acrecerán al turno
general.

Artículo 492
Los funcionarios del Cuerpo Auxiliar, con cinco años, al menos, de
servicios efectivos y sin nota desfavorable en el expediente, que, con
arreglo a baremo de méritos preestablecido, acrediten condiciones de
preparación y responsabilidad para cargo superior y estén en posesión del
título de Bachiller o equivalente, podrán ingresar en el Cuerpo de
Oficiales en la forma que reglamentariamente se determine. En el supuesto
de que las vacantes existentes no puedan proveerse por este medio, se
convocarán pruebas selectivas por turno libre.

Artículo 493
Los Agentes judiciales con tres años, al menos, de servicios efectivos y
sin nota desfavorable en el expediente que, con arreglo a baremo de
méritos preestablecido, acrediten condiciones de preparación y
responsabilidad para cargo superior y se hallen en posesión del título
correspondiente, podrán ingresar en el Cuerpo Auxiliar, en la forma que
reglamentariamente se determine. En el supuesto de que las vacantes
existentes no puedan proveerse por este medio, se convocarán pruebas
selectivas por turno libre.

DISPOSICION ADICIONAL
Unica
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley
Orgánica, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley de reforma
del recurso de Audiencia al Rebelde, adecuando su contenido al texto
Constitucional mediante el que se permita remediar las indefensiones
causadas por sentencias dictadas inaudita parte sin justificación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
1. Los miembros de la Carrera Judicial afectados por la modificación del
régimen de situaciones administrativas previstos en esta Ley podrán optar
por continuar en la situación administrativa que les corresponda de
acuerdo a la normativa que se modifica conservando los derechos que ésta
les reconoce o acogerse a la nueva Ley en el plazo de 30 días desde su
entrada en vigor.

2. Los miembros del Gabinete Técnico de Información y Documentación del
Tribunal Supremo que a la entrada en vigor de esta Ley se acojan a la
situación de servicios especiales, cuando cesaren en su cargo, a menos
que hubiesen obtenido plaza, quedarán adscritos con carácter provisional
a las Salas del Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia
Provincial, bien de Madrid, bien de la población en la que se encontraban
destinados al ser nombrados miembros del Gabinete Técnico de Información
y Documentación del Tribunal Supremo.

Segunda
Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, vigentes en la fecha
de entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la
misma, siempre que en la citada fecha de entrada en vigor, el miembro de
la Carrera Judicial excedente se encuentre dentro del primer año de
período de excedencia.

En caso contrario, la excedencia se regirá por las normas vigentes en el
momento del comienzo de su disfrute, hasta su terminación.

Tercera
1. Los Magistrados del Tribunal Supremo que a la entrada en vigor de esta
Ley no estén prestando servicios en dicho Tribunal, cualquiera que sea la
situación administrativa en que se encuentren, deberán solicitar en el
plazo de un año a partir de su entrada en vigor la reincorporación al
servicio activo en el Tribunal Supremo, con las excepciones previstas en
la Ley. A los que no lo hicieren les será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 348 bis de la Ley 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder
Judicial.

2. Los que solicitaren el reingreso con arreglo a lo dispuesto en el
apartado anterior y no pudieren ocupar vacante quedarán adscritos a la
Sala de Justicia que determine la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y
ocuparán la primera vacante que se produzca en ella.

DISPOSICION FINAL
La presente Ley Orgánica entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».



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Joaquim Molins i Amat, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el
artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta 8 enmiendas al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Joaquim
Molins i Amat.

ENMIENDA NUM. 39
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el artículo primero
del Proyecto.

Redacción que se propone:

«Artículo primero
En el artículo 240 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial se añaden los apartados 3 y 4 del siguiente tenor:

3. No se admitirá el incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo,
excepcionalmente, quien hubiera sido parte legítima en el proceso, o
quien no habiéndolo sido tenga un interés legítimo o se vea afectado por
la sentencia podrá pedir por escrito que se declare la nulidad de
actuaciones fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión
y que no haya sido posible denunciar antes de recaer sentencia no
susceptible de ulterior recurso y resolución, igualmente irrecurrible,
que ponga fin al proceso.

Será competente para conocer de este incidente el mismo Juzgado o
Tribunal que dictó la sentencia o resolución definitiva. El plazo para
pedir la nulidad será de veinte días, desde la notificación de la
sentencia o la resolución definitiva o, en todo caso, desde que se tuvo
conocimiento del defecto causante de la indefensión. El Juzgado o
Tribunal inadmitirá a trámite cualquier incidente en el que se pretenda
suscitar otras cuestiones.

4. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los
vicios a que se refiere el apartado tercero de este artículo, quedará en
suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia o resolución
irrecurribles y se dará traslado de dicho escrito a las demás partes y en
todo caso al Ministerio Fiscal, junto con copia de los documentos que se
acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la
petición se funde.

En el plazo común de diez días, las demás partes y el Ministerio Fiscal
podrán evacuar el referido traslado y formular por escrito sus
alegaciones a las que acompañarán los documentos que estimen pertinentes.

El Juez o Tribunal, dentro del quinto día siguiente, dictará la
resolución que proceda, que no será susceptible de recurso alguno.»
JUSTIFICACION
Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 40
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el artículo 351.c)
de la Ley Orgánica, incluyendo esta modificación en el artículo segundo
del Proyecto.

Redacción que se propone:

«Artículo segundo
Se modifican .../... en los siguientes términos:

«Artículo 351
Los Jueces y Magistrados pasarán a la situación de servicios especiales:

c) Cuando sean adscritos al servicio del Tribunal Constitucional del
Defensor del Pueblo o de órganos equivalentes de las Comunidades
Autónomas».»
JUSTIFICACION
Establecer que también pasen a situación de servicios especiales aquellos
Jueces y Magistrados que presten servicios, por ejemplo como adjuntos o
asesores, en órganos autonómicos equivalentes al Defensor del Pueblo.

ENMIENDA NUM. 41
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder judicial,


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a los efectos de modificar el artículo 352.a) de la Ley Orgánica,
incluido en el artículo segundo del Proyecto.

Redacción que se propone:

«Artículo segundo
Se modifican .../... en los siguientes términos:

«Artículos 352
Los Jueces y Magistrados pasarán también a la situación de servicios
especiales:

a) Cuando sean nombrados Vocales del Consejo General del Poder
Judicial, Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado,
Defensor del Pueblo o titulares de órganos equivalentes de las
Comunidades Autónomas así como sus respectivos adjuntos, Consejeros del
Tribunal de Cuentas o miembros de órganos autonómicos equivalentes y
Consejeros Permanentes del Consejo de Estado o miembros de los Consejos
Consultivos de las Comunidades Autónomas».»
JUSTIFICACION
Establecer la necesaria referencia a órganos autonómicos equivalentes,
atendiendo a la distribución territorial del poder que se efectúa en la
Constitución y a lo establecido en los diferentes Estatutos de Autonomía.

ENMIENDA NUM. 42
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el artículo 352.c)
de la Ley Orgánica incluido en el artículo segundo.

Redacción que se propone:

«Artículo segundo
Se modifican .../... en los siguientes términos:

«Artículo 352
Los Jueces y Magistrados pasarán también a la situación de servicios
especiales:

c) Cuando presten servicio en el Ministerio de Justicia en virtud de
nombramiento por Real Decreto para cargo que no tenga rango superior al
de Director General o cuando presten servicios en las Consejerías de
Justicia o en los gabinetes jurídicos centrales de las Comunidades
Autónomas, siempre que no ocupen un cargo de rango superior al de
Director General».»
JUSTIFICACION
Establecer la necesaria referencia a órganos autonómicos equivalentes,
atendiendo a la distribución territorial del poder que se efectúa en la
Constitución y a lo establecido en los diferentes Estatutos de Autonomía.

ENMIENDA NUM. 43
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, a los efectos de adicionar una nueva letra d)
en el artículo 352 de la Ley Orgánica incluido en el artículo segundo.

Redacción que se propone:

«Artículo segundo
Se modifican .../... en los siguientes términos:

«Artículo 352
Los Jueces y Magistrados pasarán también a la situación de servicios
especiales:

d) Cuando sean nombrados Presidentes del Tribunal de Defensa de la
Competencia o Vocales del mismo».»
JUSTIFICACION
Prever esta situación en la redacción del Proyecto, dado que este
supuesto queda justificado atendiendo a las funciones que realiza el
Tribunal de Defensa de la Competencia.

ENMIENDA NUM. 44
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma


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de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los
efectos de adicionar un nuevo artículo quinto en el Proyecto de Ley.

Redacción que se propone:

«Artículo quinto (nuevo)
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial:

1. Se adiciona la frase «y, para el Tribunal Supremo, quienes no tengan,
como mínimo, quince años de experiencia jurídica» al final del apartado 2
del artículo 201.

2. El artículo 299 de la Ley quedará redactado de la forma siguiente:

«Artículo 299
1. La Carrera Judicial consta de dos categorías:

-- Magistrado
-- Juez
2. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia
a la Carrera Judicial, tendrán el estatuto especial regulado en la
presente Ley Orgánica.

3. Sólo podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo quienes
efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de
este Tribunal.

4. Los Magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la Carrera
Judicial o de otras Carreras o Cuerpos del Estado, cuando fueran
designados para dicha magistratura, seguirán figurando en su respectivo
escalafón en el lugar que les corresponda, sin perjuicio de que en el de
la Carrera Judicial , en lugar separado, haya de incluirse una relación
de Magistrados del Tribunal Supremo ordenada según la fecha de su
respectiva designación.»
3. El artículo 335 de la Ley quedará redactado así:

«Artículo 335
1. Las plazas de Presidentes de Salas de la Audiencia Nacional se
proveerán, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre
Magistrados, en los términos establecidos en esta Ley para los
Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

2. La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveerá por el Consejo
General del Poder Judicial, por un período de cinco años, entre
Magistrados con quince años de servicios prestados en la categoría, que
reúnan las condiciones idóneas para el cargo, en los términos previstos
en esta Ley para los Presidentes de los Tribunales Superiores de
Justicia.»
4. El artículo 347 de la Ley quedará redactado así:

«Artículo 347
Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con
anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarán al escalafón de la
misma y se les reconocerá a todos los efectos quince años de servicios.»
5. El artículo 348 de la Ley quedará redactado así:

«Artículo 348
1. Los Jueces y Magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones
siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Excedencia voluntaria o forzosa.

4. Suspensión.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo pueden hallarse en alguna de las
situaciones siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Suspensión.

3. Sólo les será aplicable la situación de servicios especiales en los
supuestos a que se refiere el artículo 348 bis de esta Ley.»
6. Se añade un nuevo artículo 348 bis, el cual quedará redactado así:

«Artículo 348 bis
1. Se perderá la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por pasar a
desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las
únicas excepciones que a continuación se señalan:

1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

2. Magistrado del Tribunal Constitucional.

3. Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.

2. La pérdida de la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por
alguna de las causas señaladas en el apartado anterior implicará la
inmediata recuperación de la situación profesional o funcionarial
anterior al acceso a la magistratura del Tribunal Supremo.»
7.Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 350 de la Ley, el cual quedará
redactado así:

«Artículo 350
3. Los Magistrados del Tribunal Supremo sólo podrán desempeñar fuera del
Tribunal las funciones de Presidente de Tribunales de oposiciones a
ingreso en la Carrera Judicial y de miembros de la Junta Electoral
Central. Asimismo, los Magistrados del Tribunal Supremo podrán
desarrollar actividades de docencia o investigación que no afecten a la
dirección y control de los servicios académicos.»
8. Se añade un nuevo artículo 389 bis a la Ley, el cual quedará redactado
así:



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«Artículo 389 bis
1. El cargo de Magistrado del Tribunal Supremo es incompatible:

1. Con el desempeño de funciones en cualquier otro órgano constitucional
o con relevancia constitucional del Estado.

2. Con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las
Comunidades Autónomas, las provincias u otras entidades locales.

3. Con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos,
sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda
clase de empleo al servicio de los mismos.

4. Con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles.

2. Además los Magistrados del Tribunal Supremo tendrán las
incompatibilidades propias de los restantes miembros de la Carrera
Judicial.

3. Cuando concurriere causa de incompatibilidad con quien fuere propuesto
como Magistrado del Tribunal Supremo, deberá, antes de tomar posesión,
cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el
plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta
el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo. La misma regla se aplicará
en el caso de incompatibilidad sobrevenida.»
9. Se añade un nuevo artículo 404 bis de la Ley, el cual quedará
redactado así:

«Artículo 404 bis
Los Magistrados del Tribunal Supremo percibirán las mismas retribuciones
que las fijadas para los Magistrados del tribunal Constitucional.»
10. Añadir una nueva Disposición Transitoria, con el siguiente texto:

«Disposición Transitoria
1. Los Magistrados del Tribunal Supremo que a la entrada en vigor de esta
Ley no estén prestando servicios en dicho Tribunal, cualquiera que sea la
situación administrativa en que se encuentre, deberán solicitar en el
plazo de un año a partir de su entrada en vigor la reincorporación al
servicio activo en el Tribunal Supremo. A los que no lo hicieren les será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 348 bis de la Ley 6/1985, de 1
de julio, Orgánica del Poder Judicial.

2. Los que solicitaren el reingreso con arreglo a lo dispuesto en el
apartado anterior y no pudieren ocupar vacante quedarán adscritos a la
Sala de Justicia que determine la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y
ocuparán la primera vacante que se produzca en ella.

3. Lo establecido en el artículo 404 bis de esta Ley será de aplicación
en función de las disponibilidades presupuestarias durante los ejercicios
de 1997 y 1998».»
JUSTIFICACION
Debe preverse una nueva regulación de la Jurisdicción en el Tribunal
Supremo, configurándola como una Magistratura de ejercicio, lo que debe
conllevar una redefinición más estricta de las incompatibilidades,
suplencias, situaciones de excedencia y retribuciones, en concordancia
con el Estatuto especial que esta alta jurisdicción exige para un mejor
cumplimiento de sus fines.

ENMIENDA NUM. 45
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, a los efectos de adicionar un nuevo artículo
sexto en el Proyecto de Ley.

Redacción que se propone:

«Artículo sexto
Uno. El artículo 304 de la Ley Orgánica 6/1985 queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 304
El Tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en la Carrera Judicial
por la categoría de Juez estará presidido por el Presidente del Tribunal
Supremo o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en quien delegue,
y serán vocales: Dos Magistrados, un Fiscal, dos Catedráticos de
Universidad de distintas disciplinas jurídicas, un Abogado con más de
diez años de ejercicio profesional, un Abogado del Estado, un Secretario
Judicial de primera categoría y un miembro de los órganos técnicos del
Consejo General del Poder Judicial, Licenciado en Derecho, que actuará
como Secretario.

Cuando no sea posible designar los Catedráticos de Universidad
excepcionalmente podrán nombrarse Profesores titulares».

Dos. El apartado 2 del artículo 480 de la Ley Orgánica 6/1985 queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 480
2. De cada tres vacantes que se produzcan en la segunda categoría, dos se
proveerán mediante concurso entre Secretarios de la tercera categoría,
que se resolverá a favor del concursante que ostente el mejor puesto en
el escalafón, y una por medio de pruebas selectivas entre Secretarios de
la tercera categoría que hubieran prestado como


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mínimo dos años de servicios en ella. Las plazas de este turno que
quedaren desiertas acrecerán al turno primero. En caso de que en el
concurso de promoción a la segunda categoría resultasen plazas desiertas,
éstas se cubrirán con carácter forzoso por los Secretarios de la tercera
categoría a partir de quien ocupe el primer lugar en el escalafón.»
Tres. El apartado 1 del artículo 482 de la Ley Orgánica 6/1985, queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo 482
1. Podrán cubrirse en régimen de provisión temporal las Secretarías que
hayan de ser servidas por miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales
de la última categoría que resulten desiertas en los concursos de
traslado y no puedan ser provistas hasta que se celebren nuevas pruebas
de ingreso en dicho Cuerpo, cuando no puedan atenderse adecuadamente
mediante el mecanismo ordinario de sustitución o sus titulares estén en
situación de servicios especiales o en excedencia por cuidado de hijos».»
JUSTIFICACION
Incluir, atendiendo a sus conocimientos y funciones, a un representante
de los Secretarios Judiciales de primera categoría en estos Tribunales de
acceso a la Escuela Judicial y establecer para los Secretarios Judiciales
un sistema de promoción similar al de los Jueces, evitando que puedan
existir plazas sin titulares durante períodos de tiempo prolongados.

ENMIENDA NUM. 46
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán
(CiU).

ENMIENDA
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al
Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica, de 1 de julio,
del Poder Judicial, a los efectos de modificar la Disposición Transitoria
Segunda.

Redacción que se propone:

«Disposición Transitoria Segunda
La aplicación de la presente Ley no comportará la revisión de las
situaciones de servicios especiales y de excedencias ya reconocidas antes
de su entrada en vigor para aquellos Jueces y Magistrados que se hallasen
ocupando los cargos o desempeñando las funciones a que se refieren las
normas legales modificadas por los artículos segundo y tercero de esta
Ley.»
JUSTIFICACION
Adaptar la redacción de esta Transitoria al principio de irretroactividad
de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de
derechos que reconoce expresamente el artículo 9.3 de la Constitución.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmienda al Proyecto
de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, publicado en el «B. O. C. G.», Serie A, número 13-1, de
18 de septiembre de 1996 (número de expediente 121/000012).

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín Almunia Amann.

ENMIENDA NUM. 47
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 352 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Artículo 352
Se considerará en situación de servicios especiales al Juez o Magistrado
en el que se dé alguna de las siguientes condiciones:

a) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o de los Consejos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas.

b) Cuando sean nombrados Presidente del Tribunal Supremo, Fiscal
General del Estado, Vocales del Consejo General del Poder Judicial,
Presidente o Consejeros Permanentes del Consejo de Estado, Defensor del
Pueblo o aquellos cargos equivalentes en las Comunidades Autónomas,
Consejero del Tribunal de Cuentas o cargo equivalente en las Comunidades
Autónomas, miembro de los Consejos Consultivos de las CC AA, o miembros
del Tribunal de Defensa de la Competencia.

c) Todos aquellos no incluidos en el apartado anterior, cuando sean
elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los órganos
constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.



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d) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes
Generales, o miembro de las Asambleas legislativas de las Comunidades
Autónomas.

e) Cuando sean llamados a formar parte del Tribunal de Justicia de
las Comunidades, del Tribunal Internacional de Justicia o cualquiera otra
instancia jurisdiccional internacional.

f) Cuando sean nombrados para los órganos técnicos del Consejo
General del Poder Judicial o miembros del Gabinete Técnico de Información
y Documentación del Tribunal Supremo.

h) Cuando presten servicios en virtud de nombramiento por el
Gobierno del Estado o autonómico respectivamente en Presidencia del
Gobierno, en el Ministerio de Justicia o Consejería Autonómica que
desarrolle análogas funciones, incluida Instituciones Penitenciarias.»
MOTIVACION
Dada la configuración en que se articula la organización territorial del
Estado y la distribución competencial que de la misma se deriva, resulta
obligado que las leyes procedan a regular los efectos que ello comporta.

También se repone a sus justos términos las limitaciones a que los Jueces
y Magistrados pueden ser sometidos en el ejercicio del derecho que el
artículo 23 de la Constitución española reconoce a todos los ciudadanos,
so pena de incurrir en vulneración del mismo.

ENMIENDA NUM. 48
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo primero
De supresión.

Se propone la supresión del artículo.

MOTIVACION
La inclusión de la regulación de la nulidad de actuaciones en este
Proyecto únicamente sirve como coartada para no cumplir el mandato legal
establecido en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial reformada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre,
de desarrollar el artículo 53.2 de la Constitución española y los
términos en que se postula solamente conduciría a una italianización del
orden jurisdiccional civil, haciendo desaparecer el principio legal de
«cosa juzgada».

Por otro lado, no se considera este Proyecto de Ley sede adecuada para
introducir la regulación del incidente de anulación de actuaciones.

Consideramos mucho más adecuado su introducción en la Proposición de Ley
del Grupo Socialista por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder
Judicial y que acompaña a la Proposición de Ley del mismo Grupo,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Por último, no podemos obviar el hecho de que la regulación contenida en
la Proposición de Ley Socialista no responde, como el Proyecto, a una
tesis personal, sino por el contrario, es fruto del acuerdo de todos los
grupos parlamentarios que elaboraron y aprobaron el informe de Ponencia
la Legislatura pasada.

ENMIENDA NUM. 49
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 354 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
De supresión.

MOTIVACION
Consideramos conveniente mantener la actual regulación permitiendo un
margen de discrecionalidad al Consejo General del Poder Judicial y que en
los supuestos no previstos en el artículo 352, sea éste el que decide si
el cargo político de confianza al que accede el Juez o Magistrado, debe
dar lugar a la situación o no de servicios especiales.

ENMIENDA NUM. 50
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 355 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Artículo 355
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 353.2, quienes estén en
situación de servicios especiales deberán incorporarse a su plaza o a la
que durante esta situación hubiesen obtenido, dentro del plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente al del cese en el cargo o desde la
fecha de licencia. De no hacerlo así, pasarán automáticamente a la
situación de excedencia voluntaria por interés particular.»
MOTIVACION
La modificación consiste de un lado en una mera corrección técnica y de
otro, por concordancia con lo dicho en la motivación a la enmienda
anterior.



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ENMIENDA NUM. 51
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 357, apartado 1, de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial
De supresión.

Se propone la supresión de la frase siguiente:

«También se declarará en excedencia voluntaria a los Jueces y Magistrados
que pasen a desempeñar cargos no judiciales distintos de los relacionados
en el artículo 352.»
MOTIVACION
En concordancia con enmiendas anteriores.

ENMIENDA NUM. 52
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 357, apartado 3, de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder judicial
De adición.

Se propone la adición al final de este apartado del párrafo siguiente:

«El mismo régimen previsto en el apartado 4 de este artículo relativo a
destino provisional y concursos, será de aplicación a los Jueces y
Magistrados que soliciten el reingreso en la Carrera Judicial y
estuvieren en excedencia voluntaria por interés particular, siempre que
no hubieren transcurrido tres años desde que participaron como candidatos
en Elecciones Generales, Europeas, Autonómicas, Forales o Locales y no
hubieren sido elegidos o hubieren finalizado su mandato, o cesado en el
desempeño de cargos políticos o de confianza.»
MOTIVACION
Prever una limitación igual para los que estuvieren en excedencia por
interés particular y hayan ocupado cargos políticos o de confianza que
para los que pasan a situación de excedencia voluntaria por mandato de la
Ley.

ENMIENDA NUM. 53
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 357, apartados 4 y 5, de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«4. Los miembros de la Carrera Judicial que deseen participar como
candidatos en elecciones generales, europeas, autonómicas, forales o
locales deberán solicitar la excedencia voluntaria, situación en la que
quedarán caso de ser elegidos. Caso de no ser elegidos o cuando finalice
su mandato como miembros de Cámaras y Asambleas Legislativas o
Corporaciones forales o municipales y que no soliciten excedencia
voluntaria por interés particular, podrán pedir el reingreso en el
servicio activo.

El reingreso se hará en la plaza que le asigne el Consejo General del
Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno del ámbito
jurisdiccional correspondiente, en la que el Juez o Magistrado deberá
permanecer al menos tres años, plazo a partir del cual podrá concursar.

5. El mismo régimen del párrafo segundo del apartado anterior será de
aplicación a los Jueces y Magistrados que cesen en el desempeño de cargos
políticos o de confianza a los que el Consejo General del Poder Judicial,
en virtud de la facultad que le confiere el artículo 353 vigente, no
hubiere concedido la situación de servicios especiales.»
MOTIVACION
La concesión de la excedencia forzosa con los derechos que el Proyecto le
otorga resulta un régimen privilegiado carente de todo fundamento.

ENMIENDA NUM. 54
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo segundo, artículo 358, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 358
1. Los miembros de la Carrera Judicial en excedencia voluntaria no
devengarán retribuciones ni les será computable


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el tiempo permanecido en tal situación a efectos de ascensos, antigüedad
y derechos pasivos, salvo lo previsto en el apartado siguiente:

2. El tiempo en que los miembros de la Carrera Judicial se encuentren en
excedencia voluntaria para atender al cuidado de sus hijos será
computable a efectos de antigüedad, ascensos y derechos pasivos. Durante
el primer años tendrán derecho a reserva de plaza y localidad de destino.

Transcurrido este período, dicha reserva lo será a la localidad de
destino, si fuera posible, o a plaza en el territorio de la Audiencia
Provincial correspondiente.»
MOTIVACION
La enmienda propone la equiparación de los derechos de los miembros de la
Carrera Judicial en excedencia voluntaria para atender el cuidado de
hijos con el resto de la función pública.

También se suprime el trato discriminatorio que llevaría el cómputo a
efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos para los cargos
políticos y de confianza, cuando esto mismo se excluye expresamente para
los cargos electos.

ENMIENDA NUM. 55
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo tercero
De supresión.

Se propone la supresión de este artículo.

MOTIVACION
En concordancia con enmiendas anteriores, que proponen mantener a los
Jueces y Magistrados que hayan accedido a cargo electo de las Cortes
Generales o en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas,
en servicios especiales.

ENMIENDA NUM. 56
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo cuarto.Uno y Dos
De modificación.

Se propone la modificación de estos apartados, quedando redactados en los
siguientes términos:

«Uno. 8.º Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los
expresados en el artículo anterior, sus representantes o asesores.

12.º Haber ocupado el Juez o Magistrado cargo público o administrativo
con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del
litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad, o
participado en la resolución del mismo o en alguna de sus fases o
incidencias o intervenido directamente en el debate público emitiendo
opiniones sobre el objeto de controversia jurisdiccional, las partes, sus
representantes o asesores, que puedan afectar al sentido de su
resolución.

Dos. En el artículo 220 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, se añadirá «in fine», la mención del nuevo número 12.º
del artículo 219.»
MOTIVACION
La inclusión de los representantes y asesores en el apartado 8.º del
artículo 219, colma una laguna que en la actualidad estaba dando lugar a
resoluciones diversas de los órganos competentes para resolver las
recusaciones.

La modificación contenida en el apartado 12.º viene a precisar esta causa
de abstención o recusación que tal como venía redactado en el Proyecto
podría dar lugar a distintas interpretaciones. Para evitar una situación
confusa, y dado que nuestro sistema de abstención-recusación está basado
en causas legalmente tasadas, es necesario que el legislador plasme las
mismas con la mayor claridad posible, al objeto de evitar las
controversias que su interpretación pudiera producir.

ENMIENDA NUM. 57
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo quinto (nuevo)
De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo por el que se modifican los
preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
que seguidamente se relacionan: artículos 136, 299, 347, 348, 348 bis,
350, 389 bis, 404 bis, quedando redactados en los términos que se
acompañan.

MOTIVACION
En concordancia con las enmiendas que se proponen, dando una ubicación
sistemática más correcta.



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ENMIENDA NUM. 58
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 136, apartado 2 (nuevo)
De adición.

Se propone la creación de un nuevo apartado 2, pasando el contenido
actual a numerarse como apartado 1, con el siguiente texto:

«2. El Informe al que se refiere el apartado primero tendrá carácter
preceptivo para los nombramientos de Magistrado del Tribunal Supremo y
será emitido por la Sala a la que corresponda la vacante.»
MOTIVACION
El procedimiento seguido por el Consejo General del Poder Judicial para
nombrar a los Magistrados del Tribunal Supremo debe incluir como trámite
ineludible el informe no vinculante de la Sala a que corresponda la
vacante sobre los méritos objetivamente acreditados y la capacidad de los
peticionarios, por ser notorio el especial y cualificado conocimiento que
tiene de la labor desarrollada por los Magistrados o juristas
solicitantes, lo que le permite hacer un juicio de valor sobre aquéllos
que no está al alcance de ninguna otra institución y que, por esa razón,
no debe ignorarse al elegir a quien haya de ser promovido a la alta
magistratura.

ENMIENDA NUM. 59
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 299
De modificación.

Se propone la modificación de este artículo, que quedará redactado con el
siguiente texto:

«1. La Carrera Judicial consta de dos categorías:

-- Magistrado.

-- Juez.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia
a la Carrera Judicial, tendrán el estatuto especial regulado en la
presente Ley Orgánica.

3. Sólo podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo quienes
efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de
este Tribunal, con las excepciones previstas en esta Ley.

4. Los Magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la Carrera
Judicial o de otras Carreras o Cuerpos del Estado, cuando fueran
designados para dicha magistratura, seguirán figurando en su respectivo
escalafón en el lugar que les corresponda, sin perjuicio de que en el de
la Carrera Judicial, en lugar separado, haya de incluirse una relación de
Magistrados del Tribunal Supremo ordenada según la fecha de su respectiva
designación.»
MOTIVACION
Reconocer a los Magistrados del Tribunal Supremo el estatuto especial que
les corresponde como miembros de un órgano constitucional definido por el
artículo 153 de la Constitución como órgano jurisdiccional superior en
todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías
constitucionales, con jurisdicción en toda España, haciendo compatible la
pertenencia a la Carrera Judicial de sus miembros y el respeto a su alta
cualificación constitucional como la más alta instancia del Poder
Judicial del Estado, a la que corresponde la función casacional, de
importancia capital para el cumplimiento del principio de igualdad en la
aplicación de la Ley por los tribunales, funciones de orden superior de
carácter jurisdiccional penal, administrativo y de resolución de
conflictos y de participación en la Administración electoral y a cuyo
Presidente corresponde por mandato constitucional la presidencia del
Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional de gobierno del
Poder Judicial.

Coherencia con el resto de enmiendas encaminadas a configurar la
magistratura del Tribunal Supremo como una magistratura de ejercicio, de
modo que la condición de Magistrado del Tribunal Supremo esté vinculada
al ejercicio efectivo de la jurisdicción en el Alto Tribunal, con arreglo
al principio, hoy incomprensiblemente desconocido en algunos casos, de
que sólo ostente la condición de Magistrado del Tribunal Supremo quien
efectivamente ejerza la función de Magistrado en el Alto Tribunal, salvo
las excepciones previstas en la Ley.

ENMIENDA NUM. 60
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 347
De modificación.

Se propone la modificación de este artículo con la siguiente redacción:

«Artículo 347
Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con
anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarán al escalafón de la
misma y se les reconocerá a todos los efectos quince años de servicios.»


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MOTIVACION
Coherencia con el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que
exige únicamente quince años de ejercicio profesional para tener acceso
al Tribunal Supremo y con la enmienda al artículo 299 de la misma Ley que
propone la modificación de categorías.

ENMIENDA NUM. 61
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 348
De adición.

Se propone la adición de dos nuevos apartados que quedarán redactados de
la forma siguiente:

«1. Los Jueces y Magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones
siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Excedencia voluntaria o forzosa.

4. Suspensión.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo pueden hallarse en alguna de las
situaciones siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Suspensión.

3. Sólo les será aplicable la situación de servicios especiales en los
supuestos a que se refiere el artículo 348 bis de esta Ley.»
MOTIVACION
Coherencia con la enmienda mediante la que se propone añadir un nuevo
artículo 348 bis a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

ENMIENDA NUM. 62
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 348 bis (nuevo)
De adición.

Se añade un nuevo artículo 348 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 348 bis
1. Se perderá la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por pasar a
desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las
únicas excepciones que a continuación se señalan:

1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

2. Magistrado del Tribunal Constitucional.

3. Fiscal General del Estado.

4. Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.

2. La pérdida de la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por
alguna de las causas señaladas en el apartado anterior implicará la
inmediata recuperación de la situación profesional o funcionarial
anterior al acceso a la magistratura del Tribunal Supremo.»
MOTIVACION
Configurar la magistratura del Tribunal Supremo como una magistratura de
ejercicio, de modo que la condición de Magistrado del Tribunal Supremo
esté vinculada al ejercicio efectivo de la jurisdicción en el Alto
Tribunal, de tal manera que la condición de Magistrado del Tribunal
Supremo se pierda de manera definitiva en el caso de que quien la ostente
opte por desarrollar su actividad en cualquier otro campo del sector
público o privado.

La cualificación excepcional que la Constitución otorga al Tribunal
Supremo como órgano integrante del sistema constitucional, definiéndolo
como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo
dispuesto en materia de garantías constitucionales, con jurisdicción en
toda España, lo convierte en la más alta instancia del Poder Judicial del
Estado, investido de funciones específicas, como es la función de
casación, de importancia capital para el cumplimiento del principio de
igualdad en la aplicación de la ley por los tribunales, así como las
competencias de orden superior en materia de exigencia de
responsabilidades civiles, Jurisdicción penal de altos órganos del
Estado, control de los órganos superiores de gobierno y administración
del Estado, de solución de conflictos y de participación en la
Administración electoral. La Constitución atribuye a su Presidente la
presidencia del Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional
de gobierno del Poder Judicial.

Estos principios aconsejan una específica regulación del Tribunal Supremo
que confiera el adecuado estatuto personal a sus componentes, en
consonancia con la preeminencia institucional que les corresponde. La
exigencia de independencia del Poder Judicial, concebida como valor
constitucionalmente establecido definitorio de la potestad
jurisdiccional, debe tener una relevancia ejemplarizante en el Tribunal
Supremo, cuyo estatuto ha de configurarse de modo que, ni siquiera en
apariencia, ofrezca el menor indicio de posibilidad de mediatización y se
proteja al máximo la objetividad e imparcialidad de los Magistrados del
Alto Tribunal.

La configuración de la Magistratura del Tribunal Supremo como
magistratura de ejercicio conlleva la desaparición


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de su concepción como categoría administrativa susceptible de excedencia,
evitando así toda posibilidad o simple apariencia de mediatización
derivada de vinculaciones o expectativas de cualquier orden, de tal
manera que al perderse la condición de Magistrado del Tribunal Supremo
para asumir cualquier otra actividad se recupere automáticamente la
situación profesional que se ostentaba al acceder al Alto Tribunal,
pasando a continuación a la situación administrativa que en función de
aquella pudiera corresponder.

ENMIENDA NUM. 63
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 350
De adición.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 350, con la siguiente redacción:

«3. Los Magistrados del Tribunal Supremo sólo podrán desempeñar fuera del
Tribunal las funciones de Presidente de Tribunales de oposiciones a
ingreso en la Carrera Judicial, la de miembros de la Junta Electoral
Central y aquellas otras previstas en esta Ley.»
MOTIVACION
Coherencia con la enmienda mediante la que se propone añadir un nuevo
artículo 348 bis a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

ENMIENDA NUM. 64
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 389 bis (nuevo)
De adición.

Se añade un nuevo artículo 389 bis, que quedará redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 389 bis
1. El cargo de Magistrado del Tribunal Supremo es incompatible:

a) Con el desempeño de funciones en cualquier otro órgano
constitucional o con relevancia constitucional del Estado.

b) Con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las
Comunidades Autónomas, las provincias u otras entidades locales.

c) Con el desempeño de funciones directivas en los partidos
políticos, sindicatos, asociaciones, incluidas las profesionales,
fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al
servicio de los mismos.

d) Con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles.

2. Además los Magistrados del Tribunal Supremo tendrán las
incompatibilidades propias de los restantes miembros de la Carrera
Judicial.

3. Cuando concurriere causa de incompatibilidad con quien fuere propuesto
como Magistrado del Tribunal Supremo, deberá, antes de tomar posesión,
cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el
plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta
el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo. La misma regla se aplicará
en el caso de incompatibilidad sobrevenida.»
MOTIVACION
Introducir una garantía fundamental en orden a preservar no sólo la
independencia, evitando cualquier tipo de vinculación profesional o
económica, en especial con sectores que se desenvuelven en el entorno
jurídico, sino también una dedicación absoluta en intensidad y tiempo a
la actividad jurisdiccional, dedicación que obviamente resulta
indispensable de manera especial en el ejercicio de la magistratura del
Tribunal Supremo, cuyo régimen de incompatibilidades debe ser
especialmente riguroso, en términos análogos a los establecidos para el
Tribunal Constitucional, único con el que comparte la condición de órgano
jurisdiccional superior, en éste referida a la materia de garantías
constitucionales.

Esta enmienda se integra con otras cuyo denominador común es el de
proponer, en distintos aspectos, una específica regulación del Tribunal
Supremo que confiera el adecuado estatuto personal a sus componentes,
basado en el principio de magistratura de ejercicio, en consonancia con
la preeminencia institucional que les corresponde. La exigencia de
independencia del Poder Judicial, concebida como valor
constitucionalmente establecido definitorio de la potestad
jurisdiccional, debe tener una relevancia ejemplarizante en el Tribunal
Supremo, cuyo estatuto ha de configurarse de modo que, ni siquiera en
apariencia, ofrezca el menor indicio de posibilidad de mediatización y se
proteja al máximo la objetividad e imparcialidad de los Magistrados del
Alto Tribunal.

ENMIENDA NUM. 65
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo 404 bis (nuevo)


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De adición.

Se añade un nuevo artículo 404 bis, que quedará redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 404 bis
Los Magistrados del Tribunal Supremo percibirán las mismas retribuciones
que las fijadas para los Magistrados del Tribunal Constitucional.»
MOTIVACION
El Tribunal Supremo constituye la cúspide del Poder Judicial del Estado,
lo que determina que además de sus funciones casacionales sea competente
para el examen de la legalidad de las actuaciones del Gobierno así como
de las responsabilidades en que éste o sus miembros pudieran incurrir.

El legislador ha considerado como garantía de independencia del Tribunal
Constitucional que sea dicho Organo quien proponga su propio presupuesto,
de forma que sobre su contenido se pronuncien directamente la Cortes
Generales, sin interferencia específica del Gobierno; parece consecuente
que esta garantía de independencia se extienda a los Magistrados del
Tribunal Supremo, mediante la introducción de una norma en la Ley
Orgánica del Poder Judicial que ordene la aplicación «ope legis» a
aquéllos del resultado del procedimiento presupuestario seguido para los
Magistrados del Tribunal Constitucional.

Se trata, por tanto, de establecer un sistema objetivo de fijación anual
de las retribuciones de los Magistrados del Tribunal Supremo, compatible
con la falta de autonomía presupuestaria del Alto Tribunal.

El sistema que se propone comporta una asimilación «ope legis» al
Tribunal Constitucional, Tribunal con el que comparte el Tribunal Supremo
la condición de órgano jurisdiccional superior, referida a todos los
órdenes jurisdiccionales, en el caso del Tribunal Supremo, y a las
garantías constitucionales, en el caso del Tribunal Constitucional.

En resumen, la exigencia de independencia del Poder Judicial, concebida
como valor constitucionalmente definitorio de la potestad jurisdiccional,
debe tener una relevancia ejemplarizante en el Tribunal Supremo, cuyo
estatuto ha de configurarse de modo que se proteja al máximo la
objetividad e imparcialidad de sus Magistrados.

ENMIENDA NUM. 66
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
Al artículo Sexto (nuevo)
De adición.

Se modifican los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, que seguidamente se relacionan, y que quedan redactados
en los siguientes términos:

«Artículo 478
1. Se reservará en el Cuerpo de Secretarios dos de cada cuatro vacantes
de la tercera categoría al personal del Cuerpo de Oficiales que esté en
posesión del título de Licenciado en derecho y lleve, al menos, cinco
años de servicios efectivos en aquél.

2. La selección de los aspirantes por este turno se hará por
concurso-oposición, con arreglo a baremo de méritos preestablecido. Las
normas por las que ha de regirse el concurso-oposición serán aprobadas
por el Ministerio de Justicia, previa audiencia del Consejo General del
Poder Judicial.

3. Los seleccionados tendrán que superar un curso en el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, en la forma que
reglamentariamente se establezca.

4. Las vacantes que no se cubran por este turno acrecerán al turno
general.

Artículo 492
Los funcionarios del Cuerpo Auxiliar, con cinco años, al menos, de
servicios efectivos y sin nota desfavorable en el expediente, que, con
arreglo a baremo de méritos preestablecido, acrediten condiciones de
preparación y responsabilidad para cargo superior y estén en posesión del
título de Bachiller o equivalente, podrán ingresar en el Cuerpo de
Oficiales en la forma que reglamentariamente se determine. En el supuesto
de que las vacantes existentes no puedan proveerse por este medio, se
convocarán pruebas selectivas por turno libre.

Artículo 493
Los Agentes judiciales con tres años, al menos, de servicios efectivos y
sin nota desfavorable en el expediente que, con arreglo a baremo de
méritos preestablecido, acrediten condiciones de preparación y
responsabilidad para cargo superior y se hallen en posesión del título
correspondiente, podrán ingresar en el Cuerpo Auxiliar, en la forma que
reglamentariamente se determine. En el supuesto de que las vacantes
existentes no puedan proveerse por este medio, se convocarán pruebas
selectivas por turno libre.»
MOTIVACION
Dar cumplimiento al acuerdo firmado por el Ministerio de Justicia e
Interior con los Sindicatos para el período 1995-1997, sobre condiciones
de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.

ENMIENDA NUM. 67
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
A la Disposición Adicional Unica (nueva)


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De adición.

Se propone la creación una Disposición Adicional con el contenido
siguiente:

«En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley
Orgánica, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley de reforma
del recurso de Audiencia al Rebelde, adecuando su contenido al texto
Constitucional mediante el que se permita remediar las indefensiones
causadas por sentencias dictadas inaudita parte sin justificación.»
MOTIVACION
Con la regulación del recurso de audiencia al rebelde se evitarían gran
parte de las nulidades de actuaciones, ya que la mayoría tiene su origen
en los obstáculos insalvables que la actual regulación contiene al no
contemplar el caso de quien ni siquiera ha sido parte en el litigio, pero
cuyos intereses han sido afectados por la sentencia.

ENMIENDA NUM. 68
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
A la Disposición Transitoria Primera
De supresión.

Se propone la supresión de esta Disposición.

MOTIVACION
En concordancia con la enmienda de supresión al artículo 240.

ENMIENDA NUM. 69
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
A la Disposición Transitoria Segunda
De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Segunda
1. Los miembros de la Carrera Judicial afectados por la modificación del
régimen de situaciones administrativas previstos en esta Ley podrán optar
por continuar en la situación administrativa que les corresponda de
acuerdo a la normativa que se modifica conservando los derechos que ésta
les reconoce o acogerse a la nueva Ley en el plazo de 30 días desde su
entrada en vigor.

2. Los miembros del Gabinete Técnico de Información y Documentación del
Tribunal Supremo que a la entrada en vigor de esta Ley se acojan a la
situación de servicios especiales, cuando cesaren en su cargo, a menos
que hubiesen obtenido plaza, quedarán adscritos con carácter provisional
a las Salas del Tribunal Superior de Justicia o a la Audiencia
Provincial, bien de Madrid, bien de la población en la que se encontraban
destinados al ser nombrados miembros del Gabinete Técnico de Información
y Documentación del Tribunal Supremo.»
MOTIVACION
Parece lógico, como postula el Consejo, que se dé una opción a los Jueces
y Magistrados que accedieran a un cargo político o de confianza de
conformidad a una determinada normativa. De serle aplicable el nuevo
régimen, podría encontrarse en una situación cuyas consecuencias no
pudieron ser previstas. El legislador, sin causa suficiente que lo
justifique, no debe proceder a aplicarle un nuevo régimen más
perjudicial, modificando la legislación en vigor en el momento de acceder
a los cargos políticos o de confianza, sin prever un régimen transitorio.

ENMIENDA NUM. 70
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
A la Disposición Transitoria Tercera (nueva)
De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición Transitoria, que se
numerará como Tercera, con el contenido siguiente:

«Tercera
Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, vigentes en la fecha
de entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la
misma, siempre que en la citada fecha de entrada en vigor, el miembro de
la Carrera Judicial excedente se encuentre dentro del primer año de
período de excedencia.

En caso contrario, la excedencia se regirá por las normas vigentes en el
momento del comienzo de su disfrute, hasta su terminación.»
MOTIVACION
Prever un régimen transitorio que dé un tratamiento igual en estos
supuestos a los miembros de la Carrera Judicial igual que para el resto
de la función pública.



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ENMIENDA NUM. 71
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
A la Disposición Transitoria (nueva)
De adición.

Añadir una nueva Disposición Transitoria, con el siguiente texto:

«Disposición Transitoria Cuarta
1. Los Magistrados del Tribunal Supremo que a la entrada en vigor de esta
Ley no estén prestando servicios en dicho Tribunal, cualquiera que sea la
situación administrativa en que se encuentren, deberán solicitar en el
plazo de un año a partir de su entrada en vigor la reincorporación al
servicio activo en el Tribunal Supremo, con las excepciones previstas en
la Ley. A los que no lo hicieren les será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 348 bis de la Ley 6/1985, de 1 de julio, Orgánica del Poder
Judicial.

2. Los que solicitaren el reingreso con arreglo a lo dispuesto en el
apartado anterior y no pudieren ocupar vacante quedarán adscritos a la
Sala de Justicia que determine la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y
ocuparán la primera vacante que se produzca en ella.»
MOTIVACION
Coherencia con otras enmiendas mediante las que se propone regular
distintos aspectos relativos a los Magistrados del Tribunal Supremo en
orden a configurar su estatuto de conformidad con la posición
constitucional que corresponde a este Tribunal.

ENMIENDA NUM. 72
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Socialista.

ENMIENDA
A la Exposición de Motivos
De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«La presente Ley propone reformar la regulación de aquellas normas del
Estatuto de Jueces y Magistrados que se refieren al desempeño por éstos
de cargos públicos ajenos a la Administración de Justicia.

De otra parte, se procede a reconocer a los Magistrados del Tribunal
Supremo el estatuto especial que les corresponde como miembros de un
órgano de relevancia constitucional, al que nuestra Carta Magna define en
su artículo 153 como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes,
salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, con
jurisdicción en toda España, haciéndolo compatible con su pertenencia a
la Carrera Judicial.

Por último y con la finalidad de hacer efectivo el Acuerdo al que llegó
el Ministerio de Justicia e Interior con las Organizaciones Sindicales
para el período 1995-1997, se procede a la modificación de aquellos
artículos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
los cuales era necesario modificar, para hacer efectivo alguno de los
puntos de dicho acuerdo.

I
Las modificaciones que esta Ley introduce en el Estatuto de Jueces y
Magistrados encuentra una justificación objetiva y razonable, en primer
término, en la configuración que se deriva de la articulación territorial
recogida en la Constitución con la consiguiente distribución competencial
y la necesidad de que las leyes que la desarrollan procedan a regular los
efectos que ello conlleva.

En segundo lugar y a fin de conjugar la debida imparcialidad que debe
presidir la función jurisdiccional atribuida en exclusiva a Jueces y
Magistrados con los derechos recogidos en los artículos 14 y 23 de la
Constitución, se establecen las limitaciones a que éstos pueden ser
sometidos sin que por ello resulten vulnerados sus derechos.

En tercer lugar, la nueva regulación que se propone de la excedencia
voluntaria para atender al cuidado de los hijos, equipara los derechos de
los miembros de la Carrera Judicial con el resto de la función pública.

En cuarto lugar, se procede a incluir en la causa octava de abstención, o
en su caso, recusación, a los representantes o asesores de las partes,
toda vez que la regulación actual ha dado lugar a pronunciamientos
judiciales diversos. También se incluye una nueva causa de
abstención/recusación ya que nuestro sistema en materia de
abstención/recusación está basado en causas legalmente tasadas, no
permitiéndose interpretaciones, que podrían tener como consecuencia la
vulneración de las exigencias constitucionales de inamovilidad y
predeterminación legal.

Por último, se establece un régimen transitorio mediante el cual se
permite a los Jueces y Magistrados que en la actualidad ocupan cargos
políticos o de confianza y que accedieron a ellos de conformidad a la
legislación que ahora se modifica, optar por el régimen que estaba en
vigor cuando accedieron a dichos cargos, o por el previsto en esta Ley.

II
La cualificación excepcional que la Constitución otorga al Tribunal
Supremo investido de funciones específicas, como es la función de
casación, de importancia capital para el cumplimiento del principio de
igualdad en la aplicación de la ley por todos los Tribunales, así como
las competencias de orden superior en materia de exigencia de
responsabilidades civiles, jurisdicción penal de altos órganos del
Estado, control de los órganos superiores del Gobierno y Administración
del Estado, de solución de conflictos y de participación en la
Administración Electoral, aconsejan una regulación específica que
confiera el adecuado estatuto personal a los componentes del Tribunal
Supremo, estatuto que ha de


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configurarse de modo que se proteja al máximo la objetividad e
imparcialidad de sus miembros.

Se configura pues, la Magistratura del Supremo como Magistratura en
ejercicio y ello conlleva necesariamente la desaparición de la categoría
administrativa de excedencia.

Se establece además, un régimen de incompatibilidades similar al previsto
para los miembros del Tribunal Constitucional y en consonancia se fija un
régimen retributivo acorde con sus funciones específicas. Se configura,
por tanto, un nuevo sistema que comporta la asimilación "ope legis" al
Tribunal Constitucional, el cual dispone de autonomía presupuestaria.

Por último, se establece un régimen transitorio de un año, para que los
Magistrados del Tribunal Supremo que no estén en la actualidad prestando
servicios en dicho Tribunal, puedan optar por su reingreso o renunciar a
éste, con las consecuencias que ello comporta de conformidad a la nueva
normativa.

III
Por último, la modificación de los artículos 478, 492 y 493 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a fin de que pueda llevarse a cabo el
Acuerdo firmado por el Ministerio de Justicia e Interior con las
Organizaciones Sindicales, consiste en la reserva de dos de cada cuatro
vacantes en la tercera categoría en el Cuerpo de Secretarios, al Cuerpo
de Oficiales. También se regula el acceso al Cuerpo de Oficiales desde el
Cuerpo Auxiliar, cubriéndose aquellas vacantes que se produzcan por esta
vía y sólo en el supuesto de que no se pudieran cubrir todas se
convocarían pruebas selectivas por turno libre. Del mismo modo se prevé
el acceso de los Agentes Judiciales al Cuerpo de Auxiliares.»
MOTIVACION
En concordancia con las enmiendas introducidas al articulado.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de
presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Madrid, 28 de octubre de 1996.--El Portavoz, Luis de Grandes Pascual.

ENMIENDA NUM. 73
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 1
A la Exposición de Motivos, párrafo primero
De modificación.

«... Por otro lado, aquellas normas sobre situaciones administrativas del
personal de la Administración de Justicia, en especial las del estatuto
de los Jueces y Magistrados que se refieren al desempeño por éstos de
cargos públicos de carácter político ajenos a la Administración de
Justicia.»
JUSTIFICACION
Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 74
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 2
A la Exposición de Motivos, 2, párrafo primero, in fine
De modificación.

«... lo que pueda objetivamente perjudicarlos o dejarlos en entredicho
ante la pública opinión.»
JUSTIFICACION
Mejora de redacción.

ENMIENDA NUM. 75
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 3
A la Exposición de Motivos, 2,
De modificación.

Se suprime el último párrafo y se introducen los siguientes:

«En congruencia con lo anterior, el mismo régimen de situación
administrativa, que se regula para los Jueces y Magistrados que han
desarrollado las actividades descritas, debe ser aplicado a quienes,
provenientes de los puestos de naturaleza política que se expresan en la
Ley, accedan por cualquier procedimiento a la carrera judicial.

Por otra parte, se elimina la limitación de edad para el ejercicio de las
funciones de Magistrado suplente o Juez en régimen de provisión temporal.

Podrá así atenderse la demanda que provocan las vacantes que se vienen
produciendo en la carrera judicial, difícil de satisfacer a corto plazo,
dada la inevitable lentitud de los procedimientos de provisión. A la vez
se hace posible disponer, en beneficio del justiciable, de la
independencia, experiencia y competencia sobradamente demostrada por
Jueces y Magistrados que,


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jubilados, reúnen aún condiciones adecuadas para el óptimo ejercicio de
su función.

La Ley establece también un sistema de promoción de categoría para los
Secretarios judiciales similar al de los Jueces, así como la posibilidad
de atender, en régimen de provisión temporal, Secretarías vacantes por
haber quedado desierta la plaza convocada a concurso de traslado, o no
ocuparla su titular por encontrarse en situación administrativa
legalmente autorizada.»
JUSTIFICACION
En congruencia con enmiendas posteriores.

ENMIENDA NUM. 76
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 4
Al artículo primero, 240.3, segundo párrafo
De modificación.

«... desde la notificación de la sentencia, la resolución o, en todo
caso, desde que se tuvo conocimiento...».

JUSTIFICACION
Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 77
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 5
Al artículo segundo, 352, a)
De modificación.

«Cuando sean nombrados, Presidente del Tribunal Supremo o Vocales del
Consejo General del Poder Judicial, Fiscal General del Estado,
Magistrados del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejeros
del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros Permanentes del Consejo
de Estado, Presidente y Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia
o miembros de Tribunales internacionales.»
JUSTIFICACION
Hacer más completa la relación.

ENMIENDA NUM. 78
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 6
Al artículo segundo, 352, b)
De modificación.

«Cuando sean nombrados Letrados del Consejo General del poder Judicial,
Letrados del Tribunal Constitucional o Letrados del Tribunal Supremo.»
JUSTIFICACION
Hacer más completa la relación.

ENMIENDA NUM. 79
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 7
Al artículo segundo, 352, c)
De modificación.

«Cuando presten servicio, en virtud de nombramiento por Real Decreto, en
cargos relacionados con la Administración de Justicia que no tengan rango
superior al de Director General, en cualquier Departamento ministerial.»
JUSTIFICACION
Hacer más completa la relación.

ENMIENDA NUM. 80
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 8
Al artículo segundo, 352, d) (nuevo)
De adición.

«Cuando desempeñen funciones similares en órganos equivalentes de las
Comunidades Autónomas.»
JUSTIFICACION
Hacer más completa la relación.



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ENMIENDA NUM. 81
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 9
Al artículo segundo, 355
De modificación.

«... del cese en el cargo o desde la fecha de finalización de la
licencia. De no hacerlo así ...».

JUSTIFICACION
Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 82
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 10
Al artículo segundo, 357.4
De modificación.

«... participar como candidatos en elecciones para acceder a cargos
públicos representativos de ámbito europeo, general, autonómico o local
deberán solicitar la excedencia voluntaria, situación en la que quedarán
en caso de ser elegidos.

Si no fuesen elegidos, quedarán en situación de excedencia forzosa
durante tres años...».

JUSTIFICACION
Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 83
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 11
Al artículo segundo, 358.1
De modificación.

«... fiscal, por ser miembros de las Cámaras y Asambleas Legislativas o
de Corporaciones locales, o por desempeñar cargos políticos o de
confianza distintos de los relacionados en el artículo 352, no devengarán
retribuciones ni les será computado el tiempo que han permanecido en tal
situación a efectos de ascensos o antigüedad.»
JUSTIFICACION
En congruencia con enmienda posterior.

ENMIENDA NUM. 84
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 12
Al artículo segundo, 358.2
De modificación.

«Excepcionalmente, se computará, a efectos de ascensos y antigüedad, el
tiempo en que los Jueces y Magistrados se encuentren en excedencia
voluntaria por atender al cuidado de sus hijos.»
JUSTIFICACION
Mejora técnica.

ENMIENDA NUM. 85
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 13
Al artículo quinto (nuevo), 356.6 (nuevo)
De adición.

«Quienes accedan a la carrera Judicial tras finalizar su mandato como
miembros de Cámaras y Asambleas Legislativas o de Corporaciones locales,
o tras cesar en el desempeño de cargos políticos o de confianza distintos
de los relacionados en el artículo 352, quedarán en situación de
excedencia forzosa, siempre que no hayan transcurrido tres años desde la
finalización del mandato o el cese, respectivamente, y hasta que se
cumpla dicho plazo.»
JUSTIFICACION
En coherencia con otras previsiones del proyecto.

ENMIENDA NUM. 86
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 14
Al artículo sexto (nuevo)


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De adición.

«Los preceptos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, que seguidamente se relacionan quedan suprimidos o redactados
en los siguientes términos:

artículo 201.2: Sólo podrá recaer en quienes reúnan las condiciones
necesarias para el ingreso en la carrera Judicial, excepto las derivadas
de la jubilación por edad.

artículo 201.5,c): (se suprime)
artículo 431.1: (se suprime desde «No podrá ser propuesto...» hasta
el final).

artículo 433.1,c): (se suprime).»
JUSTIFICACION
Aprovechamiento de la experiencia acumulada en el ejercicio de la función
judicial, en beneficio del justiciable.

ENMIENDA NUM. 87
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Popular.

ENMIENDA NUM. 15
Al artículo séptimo (nuevo), artículo 480.2 y 482.1
De adición.

Uno. El apartado 2 del artículo 480 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del poder Judicial queda redactado así:

«De cada tres vacantes que se produzcan en la segunda categoría, dos se
proveerán mediante concurso, entre Secretarios de la tercera categoría,
que se resolverá a favor del concursante que ostente el mejor puesto en
el escalafón. La otra se cubrirá por medio de pruebas selectivas, entre
Secretarios de la tercera categoría que hubieran prestado dos años de
servicio en ella; si la plaza quedase desierta acrecerá al turno primero
de concurso. Si en el concurso de promoción a la segunda categoría
resultasen plazas desiertas, se cubrirán con carácter forzoso por los
Secretarios de la tercera categoría, a partir de quien ocupe el primer
lugar en el escalafón.»
Dos. El apartado 1 del artículo 482 de la misma Ley Orgánica queda
redactado de la siguiente forma:

«Podrán cubrirse en régimen de provisión temporal las Secretarías que
hayan de ser servidas por miembros del Cuerpo de Secretarios judiciales
de la última categoría que resulten desiertas en los concursos de
traslado, hasta que se celebren nuevas pruebas de ingreso en dicho
Cuerpo, siempre que no puedan atenderse adecuadamente mediante el
mecanismo ordinario de sustitución, o sus titulares estén en situación de
servicios especiales o excedencia por cuidado de hijos.»
JUSTIFICACION
Establecer para los Secretarios judiciales un sistema de promoción
similar al de los Jueces, evitando vacantes prolongadas.

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido
en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta, como continuación a las presentadas el día 24 de octubre, las
siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1996.--El
Portavoz adjunto, Luis Mardones Sevilla.

ENMIENDA NUM. 88
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 15
Para la adición de un nuevo artículo (quinto).

Texto propuesto:

«Artículo quinto»
«La regulación de la magistratura del Tribunal Supremo como una
magistratura de ejercicio y el establecimiento de un estatuto específico
para los magistrados de este Alto Tribunal hacen necesario la
modificación y adición de disposiciones a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que seguidamente se relacionan y quedan
redactadas en los siguientes términos:»
JUSTIFICACION
De acuerdo con el carácter propio del tribunal Supremo, Organo
Jurisdiccional Superior, y con su cualificación constitucional como la
más alta instancia del Poder Judicial del Estado, es necesario configurar
una nueva regulación de la magistratura de este Alto Tribunal, que se
caracterizará por ser una «magistratura de ejercicio», y a su vez se debe
dotar a sus miembros de un estatuto específico.

Por tanto, se hace necesario añadir un nuevo artículo (quinto) al
Proyecto de Ley Orgánica que recoja todas las disposiciones relativas a
ambos aspectos.



Página 52


ENMIENDA NUM. 89
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 16
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 136, apartado 2»
«2. El informe al que se refiere el apartado primero tendrá carácter
preceptivo para los nombramientos de Magistrado del Tribunal Supremo y
será emitido por la Sala a la que corresponda la vacante.»
JUSTIFICACION
El procedimiento seguido por el Consejo General del Poder Judicial para
nombrar a los Magistrados del Tribunal Supremo, debe incluir como trámite
ineludible el informe no vinculante de la Sala a que corresponda la
vacante sobre los méritos objetivamente acreditados y la capacidad de los
peticionarios, y ello por ser notorio el especial y cualificado
conocimiento que la misma tiene de la labor desarrollada por los
Magistrados o Juristas solicitantes, lo que permite hacer un mejor juicio
de valor sobre aquello que no está al alcance de ninguna otra institución
y que, por esa razón, no se debe ignorar al elegir a quien haya de ser
promovido a la Alta Magistratura.

ENMIENDA NUM. 90
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 17
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 148, apartado 2»
«2. La Jefatura del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial será cubierta por un Magistrado. El Jefe del Servicio de
Inspección, cuando cese en su cargo, quedará adscrito al Tribunal
Superior de la Comunidad de Madrid hasta que obtenga destino definitivo.»
JUSTIFICACION
De acuerdo con la filosofía de configurar a la magistratura del Tribunal
Supremo como una «magistratura de ejercicio», con arreglo al principio de
que únicamente ostente la condición de Magistrado del Tribunal Supremo
quien ejerza efectivamente dicha función, es necesario suprimir la
condición de Magistrado del Alto Tribunal en favor del Jefe del Servicio
de Inspección. De esta manera se asegurará que la condición de Magistrado
del Tribunal Supremo esté vinculada al ejercicio efectivo de la
jurisdicción en este Alto Tribunal.

ENMIENDA NUM. 91
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 18
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 172»
«1. El Presidente del Tribunal Supremo dirige la inspección y vigila el
funcionamiento de las Salas y Secciones de este Tribunal.

2. Las inspecciones que deban llevarse a cabo en el Tribunal Supremo por
acuerdo del Consejo General del Poder Judicial o de su Presidente serán
realizadas por éste.

3. Los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia dirigen la
inspección ordinaria y vigilan el funcionamiento de los Juzgados y
Tribunales en sus respectivos ámbitos territoriales.

4. El Presidente de la Audiencia Nacional tiene las facultades del
apartado anterior, respecto a las Salas de la misma y a los Juzgados
Centrales.»
JUSTIFICACION
En coherencia con la enmienda número 17, cuya finalidad es configurar la
magistratura del Tribunal Supremo como una «magistratura de ejercicio»,
las inspecciones que deben llevarse a cabo en este Tribunal deberán ser
realizadas por el Presidente.

ENMIENDA NUM. 92
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 19
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 200, apartado 1»


Página 53


«1. En las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia
podrá haber una relación de Magistrados suplentes que serán llamados, por
su orden, a formar las Salas en los casos en que por circunstancias
imprevistas y excepcionales éstas no puedan constituirse. Nunca podrá
concurrir a formar Sala más de una Magistrado suplente.»
JUSTIFICACION
Debido a la necesidad de exigir una capacidad técnica e idoneidad
específica para ejercer jurisdicción en el Tribunal Supremo, es necesario
suprimir la actual figura del Magistrado suplente en dicha institución,
ya que ésta permite a cualquier recién licenciado en Derecho concursar a
una plaza que le faculte para ejercer la máxima jurisdicción en España.

La regulación actual constituye una manera de obviar el procedimiento
institucional para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo.

ENMIENDA NUM. 93
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 20
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 200 bis»
«1. Los Magistrados del Tribunal Supremo jubilados que reúnan la aptitud
física necesaria podrán ser nombrados Magistrados eméritos del mismo por
el Consejo General del Poder Judicial, en función de las necesidades del
servicio y a propuesta de la Sala de Gobierno de dicho Alto Tribunal.

2. Los Magistrados eméritos completarán Sala con arreglo a los criterios
fijados por la Sala de Gobierno y a propuesta de las respectivas Salas
Jurisdiccionales. Una vez adscritos a las mismas ejercerán plena
jurisdicción.

3. Los Magistrados eméritos tendrán los mismos deberes y estarán sujetos
a las mismas incompatibilidades que los Magistrados del Tribunal Supremo
en activo.

4. Anualmente la Sala de Gobierno informará sobre la aptitud física de
quienes ostenten la condición de Magistrado emérito. El Consejo General
del Poder Judicial dejará sin efecto el nombramiento de quienes incurran
en incapacidad.

5. Los Magistrados eméritos, mientras desempeñen su función tendrán los
mismos derechos que los Magistrados en activo. En ningún caso se podrá
permanecer en la situación de Magistrado emérito por un período superior
a cinco años.»
JUSTIFICACION
En coherencia con la enmienda número 18, se debe sustituir la figura del
Magistrado suplente por otra en la que las funciones realizadas por los
actuales Magistrados suplentes puedan ser llevadas a cabo por quienes ya
ostentan la condición de Magistrado del Tribunal Supremo, pero que por
razones de edad han cesado en la situación de servicio activo, en tanto
tengan la aptitud física necesaria y soliciten voluntariamente permanecer
en una situación asimilada al servicio activo.

El ejercicio de la citada magistratura sólo debe recaer en quienes
ostentan la previa condición de Magistrado del Tribunal Supremo,
alcanzada mediante el procedimiento de selección legalmente establecido.

De esta manera, se garantiza la exigencia de independencia del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo, respetando la configuración de la
magistratura del Alto Tribunal como «magistratura de ejercicio» y también
el principio de inamovilidad como garantía de aquélla.

ENMIENDA NUM. 94
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 21
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 299»
«1. La Carrera Judicial consta de dos categorías:

-- Magistrado.

-- Juez.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia
a la Carrera Judicial, tendrán el estatuto especial regulado en la
presente Ley Orgánica.

3. Sólo podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo quienes
efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de
este Tribunal.

4. Los Magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la Carrera
Judicial o de otras carreras o cuerpos del Estado, cuando fueran
designados para dicha magistratura, seguirán figurando en su respectivo
escalafón en el lugar que les corresponda, sin perjuicio de que en el de
la Carrera Judicial haya de incluirse, en lugar separado, una relación de
Magistrados del Tribunal Supremo ordenada según la fecha de su respectiva
designación.»
JUSTIFICACION
En coherencia con el resto de las enmiendas anteriores encaminadas a
configurar la magistratura del Tribunal Supremo como una «magistratura de
ejercicio», de modo que la condición de Magistrado del Tribunal Supremo
quede vinculada a la práctica efectiva de la jurisdicción en el Alto
Tribunal, es necesario reconocer a los Magistrados


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de este Tribunal el estatuto especial que les corresponden como miembros
de un órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en lo
dispuesto en materia de garantías constitucionales, y con jurisdicción en
toda España.

ENMIENDA NUM. 95
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 22
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 355»
«1. Las plazas de Presidentes de Salas de la Audiencia Nacional se
proveerán, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre
Magistrados y en los términos establecidos en esta Ley para los
Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

2. La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveerá por el Consejo
General del Poder Judicial para un período de cinco años, entre
Magistrados con 15 años de servicios prestados en la categoría que reúnan
las condiciones idóneas para el cargo, y en los términos previstos en
esta Ley para los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.»
JUSTIFICACION
En coherencia con las enmiendas anteriores tendentes a configurar la
magistratura del Tribunal Supremo como una «magistratura de ejercicio»,
es necesario proceder también a la supresión de la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo en la personal del Presidente de la
Audiencia Nacional y de los Presidentes de Sala de la misma, que sólo
ostentarán la condición de Magistrado. De esta manera, se garantiza el
principio de que la condición de Magistrado del Tribunal Supremo sólo
corresponda a quien ejerza efectivamente la jurisdicción en el Alto
Tribunal.

ENMIENDA NUM. 96
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 23
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 342»
«1. Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo serán elegidos por los
miembros de la propia Sala y para un período de cinco años.

2. El sistema de elección será el que reglamentariamente fije el Consejo
General del Poder Judicial.

3. La elección como Presidente de Sala no supondrá alteración alguna de
su régimen estatutario como Magistrado del Tribunal Supremo.»
JUSTIFICACION
Los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo tienen por misión
fundamental organizar la tarea jurisdiccional, presidir los debates y
atender a que no se produzcan inadvertidas contradicciones
jurisprudenciales, siendo, por eso, su función plenamente judicial e
interna, e integrándose en la capacidad de autoorganización de la Sala
con el carácter de «primus inter pares». Ello, postula a su vez que sea
la propia Sala quien los designe por vía de elección y con carácter
temporal, sin que la prestación de este servicio suponga alteración
alguna del régimen estatutario que les corresponda como Magistrados del
Alto Tribunal.

ENMIENDA NUM. 97
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 24
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 347»
«Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con
anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarán al escalafón de la
misma y se les reconocerá a todos los efectos quince años de servicios.»
JUSTIFICACION
Esta enmienda se justifica por coherencia con la disposición de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que sólo exige quince años de ejercicio
profesional para tener acceso al Tribunal Supremo. También se justifica
en base a la enmienda anterior, número 21, por la que se modifican las
categorías recogidas en el vigente artículo 299 de la misma Ley.



Página 55


ENMIENDA NUM. 98
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 25
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 348»
«1. Los Jueces y Magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones
siguientes:

-- Servicio activo.

-- Servicios especiales.

-- Excedencia voluntaria o forzosa.

-- Suspensión.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo pueden hallarse en alguna de las
situaciones siguientes:

-- Servicio activo.

-- Servicios especiales.

-- Suspensión.

3. Sólo les será aplicable la situación de servicios especiales en los
supuestos a los que se refiere el artículo 348 bis de esta Ley.»
JUSTIFICACION
En coherencia con la filosofía de las enmiendas planteadas anteriormente
es necesario atribuir un estatuto específico a la figura del Magistrado
del Tribunal Supremo, distinguiéndolo así del correspondiente a los demás
Jueces y Magistrados.

ENMIENDA NUM. 99
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 26
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 348 bis»
«1. Se perderá la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por pasar
a desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas, con las
únicas excepciones que a continuación se señalan:

-- Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

-- Magistrado del Tribunal Constitucional.

-- Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.

2. La pérdida de la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por
alguna de las Causas señaladas en el apartado anterior, implicará la
inmediata recuperación de la situación profesional o funcionarial
anterior al acceso a la magistratura del Tribunal Supremo.»
JUSTIFICACION
En coherencia con la atribución de un estatuto específico a los miembros
del Tribunal Supremo, y para garantizar también de manera ejemplarizante
la independencia del Poder Judicial, se hace necesario suprimir la
concepción de esta magistratura como categoría administrativa susceptible
de excedencia.

ENMIENDA NUM. 100
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 27
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 350, apartado 3»
«3. Los Magistrados del Tribunal Supremo sólo podrán desempeñar fuera del
mismo las funciones de Presidente de Tribunales de oposiciones a ingresos
en la Carrera Judicial y de miembros de la Junta Electoral Central.»
JUSTIFICACION
Esta enmienda se justifica por coherencia con la enmienda número 26 por
la que se propone añadir un nuevo artículo 348 bis a la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

ENMIENDA NUM. 101
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 28
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.



Página 56


Texto propuesto:

«Artículo 389 bis»
«1. El cargo de Magistrado del Tribunal Supremo es incompatible:

-- Con el desempeño de funciones en cualquier otro órgano constitucional
o con relevancia constitucional del estado.

-- Con cualquier otro cargo político o administrativo del Estado, las
Comunidades Autónomas, las provincias u otras entidades locales.

-- Con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos,
sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales, y con
toda clase de empleo al servicio de los mismos.

-- Con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles.

2. Además, los Magistrados del Tribunal Supremo tendrán las
incompatibilidades propias de los restantes miembros de la Carrera
Judicial.

3. Cuando concurriere causa de incompatibilidad con quien fuese propuesto
como Magistrado del Tribunal Supremo, antes de tomar posesión deberá
cesar en el Cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciese en el
plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta
el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo. La misma regla se aplicará
en el caso de incompatibilidad sobrevenida.»
JUSTIFICACION
Esta enmienda introduce una garantía fundamental para preservar no sólo
la independencia del ejercicio jurisdiccional sino también una dedicación
absoluta en intensidad y tiempo a la misma. Dicha garantía resulta
especialmente indispensable en el ejercicio de la magistratura del
Tribunal Supremo, cuyo régimen de incompatibilidades debe ser
extremadamente riguroso y análogo al establecido para el Tribunal
Constitucional, única institución con la que comparte la condición de
órgano jurisdiccional superior.

ENMIENDA NUM. 102
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 29
De adición, dando contenido al nuevo artículo quinto.

Texto propuesto:

«Artículo 404 bis»
«Los Magistrados del tribunal Supremo percibirán las mismas retribuciones
que las fijadas para los Magistrados del Tribunal Constitucional.»
JUSTIFICACION
En relación al estatus económico de los Magistrados del Tribunal Supremo
es necesario arbitrar un medio que, siendo objetivo y razonable,
desvirtúe la actual apariencia de sometimiento a las decisiones del Poder
Ejecutivo en materia económica. En garantía de independencia los
Magistrados percibirán las mismas retribuciones que las fijadas para los
Magistrados del Tribunal Constitucional.

ENMIENDA NUM. 103
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Coalición
Canaria.

ENMIENDA NUM. 30
Para la adición de una nueva Disposición Transitoria (cuarta).

Texto propuesto:

«Cuarta»
«1. Los Magistrados del Tribunal Supremo que a la entrada en vigor de
esta Ley no estén prestando servicios en dicho Tribunal, cualquiera que
sea la situación administrativa en que se encuentre, deberán solicitar en
el plazo de un año a partir de su entrada en vigor la reincorporación al
servicio activo en el Tribunal Supremo. A los que no lo hicieren, les
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 348 bis de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

2. Los que solicitasen el reingreso con arreglo a lo dispuesto en el
apartado anterior y no pudieran ocupar vacante, quedarán adscritos a la
Sala de Justicia que determine la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y
ocuparán la primera vacante que se produzca en ella.»
JUSTIFICACION
Esta enmienda se justifica por coherencia con otras enmiendas anteriores
mediante las que se propone regular distintos aspectos relativos a los
Magistrados del Tribunal Supremo, al objeto de configurar su estatuto en
conformidad con la posición constitucional que corresponde a este
Tribunal.

El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 109 y ss. del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
la siguiente enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.



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ENMIENDA NUM. 104
PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).

ENMIENDA
De adición.

Redacción que se propone:

«Artículo quinto (nuevo)
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial:

1. Se adiciona la frase «y, para el Tribunal Supremo, quienes no tenga,
como mínimo, quince años de experiencia jurídica» al final del apartado 2
del artículo 201.

2. El artículo 299 de la Ley quedará redactado de la forma siguiente:

«Artículo 299
1. La Carrera Judicial consta de dos categorías:

-- Magistrado
-- Juez
2. Los Magistrados del tribunal Supremo, sin perjuicio de su pertenencia
a la Carrera Judicial, tendrán el estatuto especial regulado en la
presente Ley Orgánica.

3. Sólo podrán ser nombrados Magistrados del Tribunal Supremo quienes
efectivamente pasen a ejercer funciones jurisdiccionales como miembros de
este Tribunal.

4. Los Magistrados del Tribunal Supremo procedentes de la Carrera
Judicial o de otras Carreras o Cuerpos del Estado, cuando fueran
designados para dicha magistratura, seguirán figurando en su respectivo
escalafón en el lugar que les corresponda, sin perjuicio de que en el de
la Carrera Judicial, en lugar separado, haya de incluirse una relación de
Magistrados del Tribunal Supremo ordenada según la fecha de su respectiva
designación.»
3. El Artículo 335 de la Ley quedará redactado así:

«Artículo 335
1. Las plazas de Presidentes de Salas de la Audiencia Nacional se
proveerán, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, entre
Magistrados, en los términos establecidos en esta Ley para los
Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

2. La Presidencia de la Audiencia Nacional se proveerá por el Consejo
General del Poder Judicial, por un período de cinco años, entre
Magistrados con quince años de servicios prestados en la categoría, que
reúnan las condiciones idóneas para el cargo, en los términos previstos
en esta Ley para los Presidentes de los Tribunales Superiores de
Justicia.»
4. El artículo 347 de la Ley quedará redactado así:

«Artículo 347
Quienes tuvieran acceso al Tribunal Supremo sin pertenecer con
anterioridad a la Carrera Judicial se incorporarán al escalafón de la
misma y se les reconocerá a todos los efectos quince años de servicios.»
5. El artículo 348 de la Ley quedará redactado así:

«Artículo 348
1. Los Jueces y Magistrados pueden hallarse en alguna de las situaciones
siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Excedencia voluntaria o forzosa.

4. Suspensión.

2. Los Magistrados del Tribunal Supremo pueden hallarse en alguna de las
situaciones siguientes:

1. Servicio activo.

2. Servicios especiales.

3. Suspensión.

3. Sólo les será aplicable la situación de servicios especiales en los
supuestos a que se refiere el artículo 348 bis de esta Ley."
6. Se añade un nuevo artículo 348 bis, el cual quedará redactado así:

«Artículo 348 bis
1. Se perderá la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por pasar a
desempeñar cualesquiera otras actividades públicas o privadas con las
únicas excepciones que a continuación se señalan:

1. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

2. Magistrado del Tribunal Constitucional.

3. Miembro de Altos Tribunales de Justicia internacionales.

2. La pérdida de la condición de Magistrado del Tribunal Supremo por
alguna de las causas señaladas en el apartado anterior implicará la
inmediata recuperación de la situación profesional o funcionarial
anterior al acceso a la magistratura del Tribunal Supremo.»
7. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 350 de la Ley, el cual
quedará redactado así:

«Artículo 350
3. Los Magistrados del Tribunal Supremo sólo podrán desempeñar fuera del
Tribunal las funciones de Presidente de Tribunales de oposiciones a
ingreso en la Carrera Judicial y de miembros de la Junta Electoral
Central. Asimismo,


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los Magistrados del Tribunal Supremo podrán desarrollar actividades de
docencia o investigación que no afecten a la dirección y control de los
servicios académicos.»
8. Se añade un nuevo artículo 389 bis a la Ley, el cual quedará redactado
así:

«Artículo 389 bis
1. El cargo de Magistrado del Tribunal Supremo es incompatible:

1. Con el desempeño de funciones en cualquier otro órgano constitucional
o con relevancia constitucional del Estado.

2. Con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las
Comunidades Autónomas, las provincias u otras entidades locales.

3. Con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos,
sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda
clase de empleo al servicio de los mismos.

4. Con el desempeño de actividades profesionales o mercantiles.

2. Además los Magistrados del Tribunal Supremo tendrán las
incompatibilidades propias de los restantes miembros de la Carrera
Judicial.

3. Cuando concurriere causa de incompatibilidad con quien fuere propuesto
como Magistrado del Tribunal Supremo, deberá, antes de tomar posesión,
cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hiciere en el
plazo de diez días siguientes a la propuesta, se entenderá que no acepta
el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo. La misma regla se aplicará
en el caso de incompatibilidad sobrevenida.»
9. Se añade un nuevo artículo 404 bis de la Ley, el cual quedará
redactado así:

«Artículo 404 bis
Los Magistrados del Tribunal Supremo percibirán las mismas retribuciones
que las fijadas para los Magistrados del Tribunal Constitucional.»
10. Añadir una nueva Disposición Transitoria, con el siguiente texto:

«Disposición Transitoria
1. Los Magistrados del Tribunal Supremo que a la entrada en vigor de esta
Ley no estén prestando servicios en dicho Tribunal, cualquiera que sea la
situación administrativa en que se encuentren, deberán solicitar en el
plazo de un año a partir de su entrada en vigor la reincorporación al
servicio activo en el Tribunal Supremo. A los que no lo hicieren les será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 348 bis de la Ley 6/1985, de 1
de julio, Orgánica del Poder Judicial.

2. Los que solicitaren el reingreso con arreglo a lo dispuesto en el
apartado anterior y no puedieren ocupar vacante quedarán adscritos a la
Sala de Justicia que determine la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y
ocuparán la primera vacante que se produzca en ella.

3. Lo establecido en el artículo 404 bis de esta Ley será de aplicación
en función de las disponibilidades presupuestarias durante los ejercicios
de 1997 y 1998».»
JUSTIFICACION
Debe preverse una nueva regulación de la Jurisdicción en el Tribunal
Supremo, configurándola como una Magistratura de ejercicio, lo que debe
conllevar una redefinición más estricta de las incompatibilidades,
suplencias, situaciones de excedencia y retribuciones, en concordancia
con el Estatuto especial que esta alta jurisdicción exige para un mejor
cumplimiento de sus fines.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 1996.--El
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga.


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