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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 169, de 12/03/1997
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 1997 VI Legislatura Núm. 169

SOBRE COOPERACION Y AYUDA AL DESARROLLO

PRESIDENTE: DON GABINO PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA

Sesión núm. 4

celebrada el miércoles, 12 de marzo de 1997

ORDEN DEL DIA:

Comparecencia del señor Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Villalonga Campos), para informar sobre:

--Las circunstancias en que se produjo la muerte de Manuel Madrazo, María Flors Sirera y Luis Valtueña, cooperantes de la Organización no gubernamental (ONG) «Médicos del Mundo», el día 18-1-97 en Ruanda, así como de las condiciones de seguridad en que prestaron su labor humanitaria en la región de los Grandes Lagos. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000206) (Página 4660)

--La ejecución presupuestaria de la Ayuda Oficial del Desarrollo (AOD) en el año 1996. A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000486) (Página 4667)

--La valoración que hace el Gobierno de las modificaciones introducidas en la Convención de Lomé por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4-11-95, así como el papel de la cooperación española con los Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP). A solicitud del Grupo Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000462) (Página 4673)

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Preguntas:

--Del señor Fuentes Gallardo (Grupo Socialista), sobre criterios que piensa utilizar el Gobierno en la convocatoria de subvenciones a proyectos y programas presentados por las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en el año 1997. (Número de expediente 181/000414) (Página 4682)

--Del mismo señor Diputado, sobre fecha en que aprobó el Consejo de Ministros el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) del año 1997.
(Número de expediente 181/000415) (Página 4685)

Proposiciones no de ley:

--Por la que se insta al Gobierno a requerir al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD), para que considere y contabilice como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) las contribuciones aportadas por España por vía multilateral a las operaciones de mantenimiento de la paz. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000369) (Página 4687)

Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (VILLALONGA CAMPOS) PARA INFORMAR SOBRE:

--LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE PRODUJO LA MUERTE DE MANUEL MADRAZO, MARIA FLORS SIRERA Y LUIS VALTUEÑA, COOPERANTES DE LA ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL (ONG) «MEDICOS DEL MUNDO», EL DIA 18-1-97 EN RUANDA, ASI COMO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN QUE PRESTARON SU LABOR HUMANITARIA EN LA REGION DE LOS GRANDES LAGOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO). (Número de expediente 213/000206.)

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión de la Comisión sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo con el orden del día que todas SS. SS.
conocen.
Como habrán observado, primero figura la comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores, que excusa su presencia, dado que no puede comparecer; lo hará en su nombre el Secretario de Estado de Cooperación Internacional, don Fernando Villalonga. A continuación, teníamos la comparecencia del Secretario de Estado, don Fernando María Villalonga, para informar sobre las modificaciones introducidas en la Convención de Lomé, pero lo vamos a pasar al tercer lugar y en segundo lugar comparecerá el mismo Secretario de Estado para informar de la ejecución presupuestaria de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Lo hacemos a petición del portavoz socialista, debido a que tiene que estar en la Comisión de Exteriores en este momento y no podrá estar presente hasta el final de la tercera comparecencia.
Dando de nuevo la bienvenida al Secretario de Estado de Cooperación Internacional, don Fernando María Villalonga, le damos la palabra para el primer punto del orden del día: Informar sobre las circunstancias en que se produjo la muerte de Manuel Madrazo, María Flors Sirera y Luis Valtueña, cooperantes de la organización no gubernamental (ONG) «Médicos del Mundo».
Señor Secretario de Estado, tiene usted la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como saben SS. SS., una de las principales preocupaciones del Gobierno es la seguridad de los ciudadanos españoles, tanto en España como en el extranjero. La aparición de conflictos y de tensiones abiertas en distintas zonas del mundo ha hecho extremar en los últimos meses esta preocupación. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores viene prestando últimamente una atención preferente a la situación de la región de los Grandes Lagos, donde ciudadanos españoles, principalmente religiosos y cooperantes, están desarrollando, como todos ustedes saben, una importantísima labor humanitaria en unas muy limitadas condiciones de seguridad dada la inestabilidad que reina en la zona.
De hecho, sólo en el último año 11 españoles han perdido la vida en diferentes partes del mundo. Siete de estas muertes tuvieron lugar en la región de los Grandes Lagos: Carmen Olza Zubiri, el 20 de marzo de 1996, religiosa de la Caridad de Santa Ana, murió en Ruanda al explotar una mina; Mercedes Alonso, enfermera de «Médicos del Mundo», en Mostar, en mayo de 1996; don Servando Mayor García, Miguel Angel Isla, Julio Rodríguez y Fernando de la Fuente, el 8 de noviembre de 1996, de los Hermanos Maristas, en Zaire; la doctora Inmaculada Vieira, el 22 de noviembre de 1996, de «Medicus Mundi», en Mozambique; doña Fernanda Calado, en diciembre de 1996, del Comité Internacional de la Cruz Roja, en Chechenia, y María

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Flors Sirera, don Luis Valtueña y Manuel Madrazo, el 18 de enero de 1997, todos ellos de la organización no gubernamental «Médicos del Mundo», en Ruanda.
Comparezco hoy ante esta Comisión con el fin de informarles sobre las últimas de estas trágicas muertes, que ocurrieron el pasado 18 de enero en Ruanda. La primera información recibida en el Ministerio de Asuntos Exteriores se produjo esa misma madrugada, en la que nuestro embajador en París recibió una llamada del embajador francés en Kigali informándole del asesinato de tres cooperantes españoles en Gatonde. Inmediatamente, a primera hora de la mañana del domingo del día 19, el subsecretario activó la célula de emergencia consular existente en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta unidad informó con toda celeridad del hecho a «Médicos del Mundo», rogando que se mantuviese la debida reserva hasta que se pudiese confirmar de manera definitiva con la Embajada de España en Dar Es Salaam y con el embajador de Francia en Kigali tanto lo ocurrido como la identidad de los asesinados. Asimismo, la Unidad de Emergencia Consular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares avisó al Departamento de Infraestructura y Seguimiento para situaciones de Crisis de la Presidencia del Gobierno.
Según las primeras noticias aportadas por el Embajador francés en Kigali, señor Courbin, el suceso se produjo sobre las ocho de la noche del sábado, cuando un grupo armado, de unas diez personas, atacó el dispensario que «Médicos del Mundo» tenía en Gatonde, tras haberlo hecho a una casa de «Médicos sin Fronteras-Holanda». Tras robar el dinero y los medicamentos, los asaltantes asesinaron a María Flors Sirera, Luis Valtueña y Manuel Madrazo e hirieron gravemente al cooperante estadounidense Nitin Madhav, quien, a consecuencia de sus heridas, sufrió la amputación de una pierna. Posteriormente atacaron una vivienda de «Save the Children», para después retirarse ante la llegada del ejército ruandés.
El embajador manifestó que, según las informaciones disponibles en ese primer momento, los atacantes eran miembros de las antiguas fuerzas armadas ruandesas, es decir, milicianos hutus. Asimismo informó que había enviado a Ruhengeri un funcionario con el fin de hacerse cargo de los cadáveres y entregarlos a las autoridades españolas. Finalmente confirmó las identidades de los asesinados, cuyos pasaportes les fueron entregados por las autoridades ruandesas.
Los asesinatos se produjeron en un momento en que se vivía una especial tensión en la zona, originada por el retorno de cientos de miles de refugiados procedentes de Zaire. Ese día habían tenido lugar graves enfrentamientos en diversas localidades cercanas a Gatonde y así lo habían manifestado los propios cooperantes en el curso de una comunicación radiofónica mantenida con la sede de «Médicos del Mundo» en Nairobi.
Una vez confirmadas las identidades, el Ministerio de Asuntos Exteriores intentó entrar en contacto con las familias, cuyos datos fueron facilitados por «Médicos del Mundo». Dado que en un primer momento sólo se pudo hablar con la madre de María Flors Sirera, nos pusimos en contacto con la Delegación del Gobierno de Madrid, a quien se informó de los datos relativos a Luis Valtueña, y con el Gobierno Civil de Sevilla, a quien se transmitió la información de Manuel Madrazo. A ambos, siguiendo el procedimiento establecido, se les rogó que informasen del asesinato a sus familiares. Por otra parte, se alertó al embajador de España en Tanzania quien, como SS. SS. saben, está acreditado, en régimen de acreditación múltiple, en Ruanda. También se avisó a otras embajadas de España en la zona que habitualmente siguen de cerca la situación de los Grandes Lagos.
En este sentido, el embajador de España en Nairobi estuvo en contacto con la coordinadora de Médicos del Mundo para la región de los Grandes Lagos, informándoles en todo momento de la situación. El embajador de España en Tanzania, siguiendo instrucciones del ministerio, se desplazó tan pronto como fue posible en una avioneta a Kigali con tres finalidades fundamentales: En primer lugar, repatriar los cadáveres de María Flors, Manuel y Luis. En segundo lugar, realizar gestiones con las autoridades ruandesas con el fin de esclarecer totalmente los hechos y solicitar que los culpables recibieran el castigo correspondiente. Asimismo nuestro embajador debía reiterar la necesidad de que el Gobierno ruandés garantizara la seguridad del personal humanitario presente en su territorio.
Finalmente, se debía insistir una vez más a los religiosos y cooperantes que trabajan en la zona que debían abandonar el país urgentemente, debido a la creciente ola de violencia indiscriminada e inseguridad para sus vidas. En este sentido, el Embajador Sanz Pastor se reunió con los españoles residentes en Ruanda y con las ONG y les subrayó que se mantenía vigente la recomendación del Gobierno para que abandonasen el país.
Nada más llegar a Kigali, el embajador se trasladó a la embajada de Francia donde se entrevistó con el embajador, el cónsul y el jefe de seguridad de la embajada, quienes, tras presentarle los objetos personales de las víctimas, le hicieron entrega del informe de la gendarmería y el del jefe de seguridad. A continuación se analizaron las circunstancias que habían rodeado el asesinato de los cooperantes españoles.
Posteriormente, se reunió también nuestro embajador con los representantes de Médicos del Mundo-España, Médicos del Mundo-Francia, así como el médico de la embajada francesa, quienes indicaron que la muerte había sido instantánea y los disparos hechos casi a quemarropa, como indicaban los restos de pólvora encontrados en los cadáveres.
Nuestro embajador procedió, acompañado por la delegada de Médicos del Mundo, a la identificación de los cadáveres y levantó la correspondiente acta.
Con el fin de simplificar los trámites de repatriación de los cadáveres, se acordó sacarlos en un avión de la Cruz Roja con destino a Nairobi, donde se podría hacer una autopsia con mayores garantías que en Kigali.
Dicha autopsia había sido solicitada por Médicos del Mundo. Nuestra embajada en Nairobi se encargó de contratar la autopsia y los servicios de embalsamamiento, así como facilitar los trámites de entrada y salida al país y la documentación necesaria para su traslado a España. Quiero destacar que las

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autoridades ruandesas de transportes y aduanas dieron todo tipo de facilidades para sacar los cadáveres y para sobrevuelo.
Finalmente, los restos mortales de los tres cooperantes, una vez realizada la autopsia en Nairobi, fueron trasladados a España, vía Bruselas, en un vuelo de la compañía aérea Sabena, y nuestro embajador en Bruselas y el cónsul general acudieron al aeropuerto con el fin de recibir los cadáveres, facilitar su trasbordo y atender a la delegación de Médicos del Mundo.
Hasta aquí he relatado en detalle a SS. SS. los hechos relacionados con el asesinato de María Flors, Luis y Manuel.
En el informe de la gendarmería, al que antes hice referencia, las autoridades ruandesas afirman que los autores de los asesinatos formaban parte de un grupo armado de unas quince personas, vestidos unos con camisas militares y otros, con ropa civil; que el grupo estaría dirigido por Munyaneza, un ex cabo de las antiguas fuerzas armadas ruandesas, perteneciente a la etnia hutu, quienes, tras haber saqueado la casa, asesinaron a los cooperantes y dejaron gravemente herido al cooperante estadounidense, el señor Madhav. El informe concluye que el objeto de la banda era el robo.
Por su parte, el señor Alain Lockhart, de Médicos del Mundo, realizó un informe, basándose en la información proporcionada por el único superviviente, el norteamericano Nitin Madhav. En él se dice que, al oír unos disparos hechos delante de la casa, Nitin Madhav fue a la entrada donde se encontró con cuatro hombres armados, vestidos con un uniforme caqui, diferente de los del ejército ruandés. Los hombres agruparon a los cooperantes en la parte posterior de la casa y procedieron a saquear la casa. Los asaltantes estudiaron los pasaportes. Unos minutos más tarde, siempre según Nitin Madhav, los atacantes realizaron los disparos que acabaron con la vida de los cooperantes españoles y le hirieron. Las autopsias confirman que los disparos se realizaron a muy poca distancia.
Las reacciones a los crueles asesinatos, como todos ustedes saben, fueron múltiples. El 20 de enero, el Secretario General de Naciones Unidas publicó una declaración condenando firmemente los asesinatos y ofreciendo sus condolencias. El día 22, el Ministro de Asuntos Exteriores recibió al encargado de negocios de Ruanda, que tiene residencia en París, quien expresó en nombre del Gobierno ruandés su pésame por el asesinato; indicó que sus autoridades tenían datos sobre la identidad de los asesinos y que proseguirían sus esfuerzos para capturarlos y someterlos a la justicia.
Asimismo, subrayó que su Gobierno deseaba proteger de la manera más eficaz posible a las ONG que operaban en su país. El día 29, se desplazó a Kigali una delegación encabezada por el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional, cuya finalidad principal era exigir el esclarecimiento total de los asesinatos, solicitar que los culpables recibieran el castigo correspondiente y comunicar formalmente a las autoridades ruandesas la suspensión de la cooperación hasta que se aclararan los asesinatos. Asimismo, se ofreció la total colaboración de las autoridades españolas en las investigaciones.
Durante una reunión mantenida con un nutrido grupo de españoles residentes en Ruanda, el secretario general, señor Espinosa, recordó una vez más las recomendaciones del Gobierno sobre la salida del país de los ciudadanos españoles. La delegación se reunió también con los embajadores de la Unión Europea acreditados en Kigali, para coordinar información y actuaciones. Finalmente, la delegación se entrevistó con el señor Zúñiga, Jefe de la Delegación de Naciones Unidas de observadores de derechos humanos.
En este marco, he intentado esbozar a SS. SS. la difícil situación por la que atraviesa la ayuda humanitaria en Ruanda, que ha producido, en lo que va de año, nueve muertos entre el personal de organizaciones humanitarias y órdenes religiosas españolas. Además de los tres cooperantes españoles, el día 26 de enero fue asesinado un sacerdote canadiense en Ruhengeri y, el 4 de febrero, cinco personas de la Operación de Derechos Humanos de Ruanda fueron asesinadas también en una emboscada cuando viajaban en un vehículo con bandera de Naciones Unidas.
Todo ello hace pensar en una escalada de violencia contra el personal humanitario en la zona de los Grandes Lagos. Ante esta situación, el Gobierno ruandés reiteró su convencimiento de que miembros de las antiguas fuerzas armadas ruandesas eran los causantes de los asesinatos y expresó su voluntad de perseguirlos hasta sus últimas consecuencias.
Asimismo, reiteró su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal de la cooperación humanitaria.
Quiero informar a SS. SS. de que el Gobierno ruandés prosigue la investigación y la búsqueda de los culpables.
Permítanme también llamar su atención sobre el hecho de que hasta hace muy poco tiempo las organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona de conflicto eran respetadas por las diversas partes y, en consecuencia, no eran objeto de ningún tipo de agresión o ataque. Por ello, adquieren una especial significación y gravedad los hechos que hoy abordamos.
Nuestro Gobierno ve con una especial preocupación este fenómeno y desde hace poco tiempo, y en conflictos especialmente virulentos, el personal humanitario se percibe como parte implicada en el conflicto, cuando no como testigos incómodos.
En los últimos meses, como les señalaba al principio, se han producido ataques reiterados en diversas partes del mundo contra organizaciones humanitarias, en Chechenia, Zaire, Mozambique y Angola. De ahí el enorme peligro que supone esta estrategia de la intimidación hacia las ONG y hacia los cooperantes.
Esta preocupación no es exclusiva del Gobierno español, sino que es de la comunidad internacional en su conjunto, que ve peligrar el principio de la inviolabilidad del personal humanitario.
Quiero señalarles que, como ustedes saben, el Gobierno español no está escatimando esfuerzos para lograr que la labor de los religiosos y del personal humanitario que trabaja en la región de los Grandes Lagos se desarrolle dentro

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de unas condiciones mínimas de seguridad y que se han realizado gestiones tanto bilaterales como a través de la Unión Europea para pedir que los gobiernos extremen las medidas de seguridad en torno a los cooperantes y religiosos en la zona, pero que la situación de inestabilidad existente hace que, en ocasiones, nuestros desvelos no sean todo lo efectivos que desearíamos. Los ataques de grupos incontrolados es algo que escapa no sólo a la capacidad de acción de España, que es muy limitada en la zona, sino incluso a la posible actuación de los gobiernos concernidos.
El Gobierno español reitera --como lo ha hecho ya en ocasiones anteriores-- la necesidad de que los españoles que se encuentren en la República de Ruanda, en el Zaire, en los Grandes Lagos, salgan de allí lo antes posible, ya que su vida corre grave peligro. Aquellos que, bajo su responsabilidad, decidan permanecer, deben extremar las medidas preventivas de seguridad y permanecer conectados con las embajadas españolas en la zona, con vistas a una posible evacuación. Hemos reclamado, de forma reiterada, la responsabilidad de las organizaciones no gubernamentales de enviar a personal experto, de coordinar sus acciones y proyectos con las agencias de Naciones Unidas y de extremar todas las medidas preventivas de seguridad.
Quiero terminar esta intervención asegurándoles que para todas las personas que trabajamos en la cooperación, tanto desde la Administración como desde las órdenes religiosas u otras ONG, las muertes de María Flors, Manuel y Luis nos han servido de revulsivo y ejemplo y en este sentido estamos unidos y compartimos el dolor de las familias. No cesaremos en nuestros esfuerzos hasta lograr que sus asesinos sean castigados y seguiremos luchando para que el personal humanitario español pueda desarrollar su misión dentro de unas mínimas condiciones de seguridad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villalonga.
Como autor de la iniciativa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su comparecencia y por la amplia información que nos ha brindado, pero quisiera que me completara algunos de los aspectos que le señalaré más adelante.
Quiero decirle que coincidimos, no puede ser de otra manera, en valorar como un terrible drama lo que sucedió en la zona de los Grandes Lagos el día 18 de enero, cuando tres cooperantes de Médicos del Mundo fueron asesinados brutalmente, María Flors Sirera, Manuel Madrazo y Luis María Valtueña. Esta tragedia se añadía a otra que estaba muy reciente en nuestra memoria, como era la acaecida a principios de noviembre, si no recuerdo mal el día 8, cuando cuatro hermanos maristas que atendían a los refugiados en un campo de refugiados fueron asesinados a golpes de machete por un grupo de incontrolados. Esta nueva situación dramática creo que ha golpeado fuertemente a la opinión pública española en general y muy especialmente y en particular ha generado grandes muestras de solidaridad en las poblaciones y en las zonas de donde esta gente era oriunda. Yo puedo dar testimonio de que en Manresa, que es la ciudad donde vivía María Flors Sirera, las muestras de solidaridad de la población, en la calle, fueron profundamente seguidas y muy sentidas por todo el mundo.
Sin embargo, señor Secretario de Estado, lamentablemente, parece que todo esto no es más que un nuevo episodio de un drama que comenzó hace dos años, cuando cerca de dos millones de hutus ruandeses huyeron de las masacres que tenían lugar en su país e iniciaron un éxodo, que no ha terminado, hacia Zaire, Burundi y Tanzania. Era gente que huía por miedo a las represalias del denominado Frente Patriótico ruandés, que había asumido el poder después de la violencia desatada ese año, en la que habían muerto cerca de un millón y medio de tutsis y hutus y que había afectado también duramente a la opinión pública, en este caso mundial.
Desde ese momento, se estableció un equilibrio muy precario en la zona, que no escondía una delicadísima situación. La inestabilidad en que vivían los centenares de miles de refugiados en los campos zaireños hacía, sin lugar a dudas, prever lo peor, abandonados del mundo y del Gobierno del Zaire, un Estado cuyo Presidente, Mobutu, es de señalar que ha parecido absolutamente ajeno a la catástrofe y que disfrutaba de un exilio voluntario, dorado, en Europa; yo diría que un exilio ofensivo para la dramática situación que vivía su pueblo y que se vivía en los campos de refugiados.
Pues bien, el drama que se avecinaba y que ha estado sacudiendo la zona de los grandes lagos ya nos lo habían advertido reiteradamente los cooperantes en el área, que eran testigos muy directos de lo que allí pasaba y que realizaban y continúan realizando una encomiable labor aun a costa de sus vidas.
Señor Secretario de Estado, no está de más recordar una frase de un cualificado representante de la ONU, no hace demasiado tiempo, que decía que parecía que nada habíamos aprendido desde que no se hizo nada para evitar la tragedia de Ruanda de hacía dos años, refiriéndose al hecho de que la comunidad internacional, es decir el mundo, con occidente a la cabeza, tiende a intentar curar pero nunca a prevenir. Y añadía que los europeos tenían algo que probar en la antigua Yugoslavia pero nada tenían que probar en Africa; únicamente Francia. Y yo diría que los intereses de Francia en la zona no están estrictamente guiados por razones humanitarias, sino que son unos intereses que van un poco más allá, digamos unos intereses más egoístas.
Volvamos estrictamente al tema de la comparecencia. Tras la muerte de estos tres últimos cooperantes de Médicos del Mundo, usted mismo anunciaba que el Gobierno español iba a exigir al Gobierno de Ruanda que aclarara el asesinato y que pedirían responsabilidades cuando se determinara quiénes eran los culpables. También, si no recuerdo mal, si no lo leí mal en su momento, decía usted que se iba a realizar una reclamación por una doble vía. Por un lado, de carácter bilateral, es decir directamente Gobierno español-Gobierno ruandés, y, de otro lado, a través de la Unión Europea. Quisiera saber si se ha avanzado

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en ello; por lo que usted nos ha anunciado lo desconocía. Se ha podido identificar a algunos de los culpables de estos últimos asesinatos y quisiera saber si hay alguna respuesta por parte del Gobierno ruandés en cuanto a castigar a estos culpables y cómo van las conversaciones entre España y la Unión Europea y Ruanda.
Tras estos gravísimos hechos, la mayoría de las ONG, al menos de entrada, decidían quedarse en la zona. Creo que es algo que les honra, aunque también nos hubiera parecido lógico y humano que muchos de ellos se plantearan su permanencia, como nos lo parece la llamada a atender a la seguridad de los cooperantes que ha realizado el Gobierno.
También quisiera que me dijera usted cuál ha sido la respuesta a esta demanda por parte del Gobierno, si tiene usted noticias de las ONG o del número de cooperantes que permanecen en la zona de los Grandes Lagos o si se ha atendido mayoritariamente la llamada por parte del Gobierno de sacar a los cooperantes de la zona.
Asimismo, querría preguntarle por los móviles del asesinato. En su momento, se especuló mucho a nivel de medios de comunicación y se llegó a hacer especulaciones que quizá podían parecer exageradas. Deduzco de sus palabras que su opinión es que así lo eran. Nos ha manifestado, si no recuerdo mal, que el móvil parecía ser exclusivamente el del robo. Pero recordará usted que se manifestó en su momento, y hubo quien lo dijo en voz muy alta, que, en primer lugar, había una voluntad manifiesta por parte de estos residuos del antiguo ejército ruandés de amedrentar a las organizaciones no gubernamentales que operaban en la zona para hacer desaparecer los testimonios extranjeros de lo que allí estaba sucediendo; incluso se llegó a manifestar que no era casualidad que el ataque se produjera contra cooperantes españoles, en tanto en cuanto España, en el concierto internacional de los países que tienen cooperantes en aquella parte del mundo, en la zona de los Grandes Lagos, ocupaba una posición de una cierta debilidad. Quisiera que nos manifestara su opinión sobre esto.
Y señor Villalonga, ¿cuál es actualmente la situación de los cooperantes en la zona? ¿Nos podría decir algo más, según sus noticias, que supongo que serán bastante completas? ¿En qué condiciones prestan su labor en los campos de refugiados? Por último, ya sé que no es el motivo de esta comparecencia, que tiene una finalidad muy concreta y determinada, pero aprovecho su presencia ante esta Comisión, como habría aprovechado la del señor Ministro, que es la comparecencia que solicitamos inicialmente, para decirle que en el mes de noviembre aprobamos en el seno de esta Cámara una proposición no de ley, por unanimidad de todos los grupos presentes en el Pleno, que venía a decir lo siguiente. De un lado, se hacía una llamada de urgencia a la Presidencia de la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que adoptaran las iniciativas precisas para garantizar la protección de los derechos humanos en la región de Kivu y apoyar las acciones necesarias de carácter militar para garantizar la acción humanitaria internacional y, con vistas al futuro, apoyar la celebración de una conferencia internacional de la región de los Grandes Lagos.
También en ese momento a nivel de Unión Europea se había dado luz verde a un presupuesto extraordinario de 25 millones de ecus para ayuda humanitaria y de entrada el Gobierno francés y el español fueron los únicos de la Unión que ofrecieron un apoyo militar a la acción humanitaria. Ello concuerda perfecta y plenamente con la proposición no de ley, que quiero suponer que, si fue apoyada por el Grupo Popular, es porque contaba con el consenso, el apoyo y quizá la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Pues bien, a continuación se produjeron una serie de hechos que indican una cierta vacilación, en tanto en cuanto hubo una manifestación muy decidida del Ministro de Asuntos Exteriores sobre la necesidad de intervenir en la zona, parecía incluso que España se ponía al frente de la manifestación, pero, a continuación, unas declaraciones del propio Ministro de Exteriores, después de asistir a un Consejo de Ministros comunitario de Asuntos Exteriores, venían a decir que le habían convencido de que no era necesario, que incluso era contraproducente la intervención militar.
Señor Secretario de Estado, repito lo que he dicho anteriormente, soy consciente de que el objeto de esta comparecencia no es esto último, sino analizar unas dramáticas muertes que se produjeron en la zona de los Grandes Lagos y conocer la opinión del Gobierno sobre las condiciones de seguridad en que se presta la labor humanitaria por los cooperantes en la zona. Ahora bien, quiero aprovechar su presencia ante esta Comisión para solicitarle información sobre una cuestión íntimamente ligada al problema que nos ocupa y sobre la que creo que nos convendría aclarar la posición del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, don Francisco Fuentes Gallardo.


El señor FUENTES GALLARDO: Muy brevemente, señor Presidente. Sólo voy a añadir unas cuantas ideas a lo que ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
En primer lugar, quiero lamentar, en nombre del Grupo Socialista, la tragedia que tuvo lugar y que tiene en la zona de los Grandes Lagos y expresar nuestro reconocimiento a la labor humanitaria que hombres y mujeres, poniendo en peligro sus vidas y por motivos de solidaridad con los más débiles, están desempeñando en esa zona; constatar desgraciadamente el fracaso de la comunidad internacional en la solución del conflicto de los Grandes Lagos.
Y como creemos que tampoco es el momento para entrar en el análisis de algunas contradicciones del Gobierno, que incluso se han puesto de manifiesto antes en la comparecencia de la Comisión de Asuntos Exteriores, sólo deseamos de verdad que las iniciativas del Gobierno, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, tengan éxito.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular está, como todos, como este Parlamento

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y como el Gobierno, extraordinariamente preocupado por la situación en los Grandes Lagos. No obstante, creemos que la posición del Gobierno, ahora y antes también, y otras legislaturas, ante estas situaciones no ha sido vacilante, ni en el concierto interno ni en el concierto internacional; ha sido una posición, sin lugar a dudas, de liderazgo para la solución de estas cuestiones.
Agradecemos la presencia del señor Secretario de Estado en esta Comisión y nos sumamos a la petición del Grupo de Convergència i Unió, que ha hecho una exposición extensísima del problema, de que refiera la situación en que se encuentran actualmente los cooperantes y religiosos españoles en Ruanda en estos momentos a la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo de esta Cámara y también las medidas prácticas que el Gobierno de España ha adoptado para su seguridad.
La recomendación de la salida de los cooperantes y la recomendación interna de que extremen las medidas de seguridad, de que manden a personal experto, etcétera, es fundamental. Sin embargo, creemos que se están tomando medidas concretas y extraordinarias de seguridad, que sin lugar a dudas el Gobierno ha de tomar en esta crisis y solicitamos su información sobre ellas.
Termino mi intervención, señor Secretario de Estado, señorías, insistiendo en la virtualidad de esa declaración importante que España hizo, junto a Francia, en la Cumbre de Marsella, de manera protagonista en el concierto internacional, sobre la necesidad no tanto de una intervención militar de separación de los contendientes en la zona, como usted mismo ha referido hace unos minutos en la Comisión de Exteriores del Congreso, sino una intervención militar de carácter humanitario que facilite el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de España y de la comunidad internacional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villalonga.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como se ha formulado una pregunta en la Comisión de Exteriores relativa a la iniciativa hispanofrancesa de intervención armada humanitaria en la zona de los Grandes Lagos, quiero aclarar de nuevo en esta Comisión que no ha habido ni vacilaciones ni contradicciones del Gobierno en relación con esta iniciativa. La postura del Gobierno español es clara desde el principio; nadie podrá decir que está empañada de intereses económicos, históricos, comerciales, neocolonialistas, en la zona de los Grandes Lagos, una zona donde no tenemos tradición cultural ni histórica, lo repito de nuevo, donde el Gobierno español adoptó una postura de coherencia en relación a una gran crisis humanitaria que afectaba a cientos de miles de personas que se encontraban, y todavía se encuentran, en el territorio zaireño, sometidos a una tensión armada. La postura del Gobierno español y la postura del Ministro de Asuntos Exteriores siempre fue ésa y continúa siéndolo.
Consideramos necesaria una garantía, mediante una fuerza internacional, de la acción humanitaria de las agencias y de las organizaciones no gubernamentales. Lo considera la Comisión Europea y lo considera España.
Lo único que hizo España es constatar, en su momento, las dificultades de llegar, con el Derecho Internacional en la mano, a una intervención legal en ese sentido. Se necesita, como he explicado antes, el mandato de Naciones Unidas, por un lado, mandato que ya existía; por otro lado, también el consentimiento de los Estados donde se va a realizar esa intervención militar, y esto no se produjo.
Además, quiero recordar a SS. SS. que, tras el fin de la guerra fría, en Africa se ha vuelto a producir un escenario de influencias neocolonialistas, en el que muchas veces las antiguas potencias coloniales han retomado la iniciativa, el patronazgo e incluso la protección de sus antiguas colonias. De manera que, frente a un sistema bipolar, hoy en día nos encontramos con un sistema de intereses multipolar, que se hace muy patente en el territorio africano y que impide muchas veces la confluencia de análisis de todas las potencias implicadas que tienen intereses o que están presentes en la zona respecto a cómo resolver los conflictos.
Como ustedes saben, existe un plan de Naciones Unidas, el plan Sahnoun, que apoya la Unión Europea y que apoya España, que pasa por un cese de las hostilidades, por una retirada de las fuerzas extranjeras o mercenarias en el territorio del Zaire, por el respeto a la integridad territorial y por la celebración de un proceso electoral.
He de decirles que el análisis de los miembros de la Unión Europea sobre la situación de Zaire difiere enormemente de un país a otro, enormemente, y no sólo es Francia la que tiene intereses en la zona; Gran Bretaña, Bélgica, Estados Unidos, difieren completamente en sus análisis sobre cuál es la situación actual en la zona de los Grandes Lagos y sobre qué es lo que hay que hacer allí.
Si España ha tenido una postura en la zona de los Grandes Lagos, en el conflicto de Zaire y en el de Ruanda ha sido la coherencia y no vacilación. Tenemos claro qué es lo que hay que hacer, pero también conocemos cuál es la realidad de la situación geopolítica que se ha producido en Africa, de manera que eso determina un poco la política de acción que puede emprender el Gobierno español.
Sobre la situación de los religiosos y cooperantes, voy a explicarles algunos datos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares en relación al número de cooperantes o de nacionales españoles en la zona de los Grandes Lagos. Esta tarea se realiza a través de la coordinación de nuestras embajadas, que mantienen las listas lo más actualizadas posible, que son los datos que les voy a dar. Actualmente se encuentran 16 españoles en Burundi, 98 en Ruanda y 412 en Zaire. El mecanismo de protección y de seguimiento que lleva a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores se hace desde una perspectiva política, así como desde un punto de vista consular, es decir, el de la protección de ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero, sean residente o no.
Incluye un sistema de emergencia para situaciones de crisis, que está enlazado con el departamento para infraestructura y seguimiento de situaciones de crisis de la Presidencia del Gobierno. Este sistema

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permite una reacción coordinada en el seno del ministerio, así como un enlace permanente con aquellos ministerios que en un momento determinado pudieran aunar esfuerzos para conseguir la repatriación a España de ciudadanos que se encuentran en una situación de conflicto en el exterior. Cuando el ministerio considera que existe un especial riesgo en un determinado país o zona, se publica una recomendación desaconsejando el viaje o la permanencia en dicho territorio. Esta recomendación existe para los países de la región de los Grandes Lagos y también en otros casos, como puede ser Liberia o Argelia; allá donde hay conflictos bélicos.
Allá donde hay situaciones conflictivas, las embajadas de España tienen actualizado un plan de evacuación que se coordina tanto con el ministerio como con las demás embajadas de la Unión Europea. Dichos planes contemplan lugares de concentración de españoles, así como los medios de evacuación en cada caso; todo esto con las listas o el conocimiento que se tiene del número de españoles y su localización exacta.
Estos datos se obtienen de las inscripciones realizadas individualmente en nuestras embajadas y de las informaciones que proporcionan las organizaciones no gubernamentales y las órdenes religiosas que operan en la zona. Resulta, pues, fundamental esta actualización continua de datos, así como el que las personas u organizaciones que se desplacen a la zona comuniquen al ministerio y a las embajadas estos desplazamientos.
Las embajadas, he de decirlo, también realizan un esfuerzo por mantener contactos diarios por radio con españoles que se encuentran en el interior de los países de acreditación, con el fin de prestarles el apoyo posible y recomendarles vías de evacuación. Estos contactos por radio se han mostrado especialmente útiles como medio para prevenir situaciones de peligro para la colonia española, y así el ministerio ha dispuesto una red de radios, ha enviado equipos de radio a la zona, y ha facilitado también el acceso a la valija diplomática de organizaciones no gubernamentales y órdenes religiosas que lo han pedido. De hecho, en las convocatorias ordinarias de subvenciones para los proyectos en las zonas conflictivas, en la zona de los Grandes Lagos, casi siempre se prevé una partida para material de comunicaciones.
En cuanto a la situación concreta en que se encuentran los españoles en el área, permítanme comenzar con Ruanda. Actualmente se encuentra en Kigali, destacado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, un diplomático, don Bernardino León, cuya labor consiste en apoyar a la colonia española; mantiene contactos constantes con sus miembros y realiza gestiones ante el Gobierno de Ruanda para que se logre un total esclarecimiento de los asesinatos de los cooperantes de Médicos del Mundo, María Flors Sirera, Luis Valtueña y Manuel Madrazo. Una información de última hora es que el Gobierno de Ruanda ha accedido al envío por parte de nuestro país de personal policial para que realice una investigación in situ de los acontecimientos.
La tensión en Ruanda, en la frontera con Zaire, en lo que respecta a las organizaciones no gubernamentales, parece que ha disminuido tras estos asesinatos. No obstante, el pasado día 4 se tuvo que repatriar con carácter de urgencia a la religiosa María Luisa Arriaga Vicente, de la Congregación de las Misioneras de los Sagrados Corazones, quien había recibido diversas advertencias en el sentido de que su vida corría peligro por estar muy identificada con un sector de la población. Ello provocó también una gestión urgente del diplomático destacado en Kigali solicitando a las autoridades que extremasen las medidas de seguridad existentes respecto a religiosos, con nombre y apellidos, y al personal humanitario español.
En cuanto a Zaire, quiero señalar que actualmente se encuentran en ese país 412 españoles, de acuerdo con los datos de que disponemos. No obstante, su situación varía en función de su cercanía a la frontera del Este, donde se producen los enfrentamientos actualmente. Nuestra embajada en Kinshasa está en permanente contacto con los religiosos y cooperantes españoles y considera que existen actualmente tres niveles de alerta de seguridad: el primero, en Kisangani, donde permanecen seis españoles a los que se les ha reiterado la necesidad de evacuar la zona ante el avance de las tropas rebeldes; se mantiene el contacto fluido a través del teléfono, la radio y vía satélite. El segundo es en Kashi Occidental, Oriental y en Shaba, donde ante la proximidad de la línea del frente se han aumentado los contactos y se está recomendando la preparación de los medios y vías posibles de evacuación, junto con otros países de la Unión Europea. Finalmente, en Bandundu, Ecuador, bajo Zaire y Kinshasa se está avisando a la colonia de la precariedad e inestabilidad de la situación, con el fin de que adopten medidas extraordinarias de seguridad. El posible pillaje de Kisangani podría provocar un saqueo general en el país, como el ocurrido en los años 1991 y 1993. En cuanto a Burundi, actualmente se encuentran 16 españoles en el país, sin que se hayan producido últimamente novedades destacables.
Quisiera concluir diciendo que, por el momento, creo que no sería prudente hacer una valoración de versiones sobre lo ocurrido, creo que es preferible esperar al informe final de las autoridades ruandesas, y, en el caso de que personal policial español se pueda desplazar a Ruanda, esperar un informe completo que se nos pueda suministrar; pero sí quiero decir a todos ustedes que el Gobierno tiene el firme compromiso de adoptar cuantas medidas estén a su alcance para incrementar la seguridad de los ciudadanos españoles en el extranjero. Quiero señalar el esfuerzo que desarrollan, con medios ínfimos y con un despliegue sin tradición y poco tupido, nuestras embajadas en la región de los Grandes Lagos, y manifestarles también la importancia fundamental de las organizaciones no gubernamentales, en un esfuerzo que responde a un impulso solidario de la sociedad española que no tiene parangón en Europa, en el conflicto de los Grandes Lagos. Y esto hay que decirlo también de forma encomiable a favor de esta sociedad solidaria, que se ha mostrado especialmente solidaria con este conflicto. Tengan presente que la cooperación hoy día requiere experiencia, proyectos bien tupidos, coordinación con las agencias, especialmente

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en las zonas de conflicto, y personal bien preparado y con conocimiento del terreno.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, tiene la palabra.


El señor RECODER I MIRALLES: Quiero agradecer al señor Villalonga la información complementaria que me ha facilitado en su segunda intervención. Voy a apoyarle en todas las acciones que se están realizando para poder esclarecer los hechos y para poner a disposición de la Justicia a todos los culpables de esta atrocidad.
Si bien de un lado debemos lamentar que la comunidad internacional no haya podido concretar unas medidas coactivas o de protección humanitaria en la zona de los Grandes Lagos, sí quiero demostrar una cierta satisfacción porque, por una vez, el Gobierno español --y estoy hablando en general, no estoy hablando de este Gobierno-- haya sido de los que han adoptado una posición yo diría más claramente favorable a la concreción de acciones por parte de la comunidad internacional. Realmente tengo que reconocer esto con satisfacción, y espero que ésta sea una línea que no termine aquí, sino que continúe.


--LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) EN EL AÑO 1996. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000486.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del Secretario de Estado para la Cooperación Internacional ante la Comisión, para informar de la ejecución presupuestaria de la ayuda oficial al desarrollo en el año 1996.
Tiene la palabra el señor Villalonga.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Es obligado para cualquier responsable político dar cuenta de su gestión en el Parlamento en términos presupuestarios, informando con la extensión que requiera la Cámara sobre el empleo de créditos que se asignan a cada política pública. Se trata, no obstante, de una obligación que resulta agradable, y espero que la gestión que venimos realizando desde hace unos meses en materia de cooperación al desarrollo merecerá en algún momento la aprobación de SS.
SS.
Recordando lo obvio, hay que decir que 1996 fue un año electoral, con alternancia en las responsabilidades de gobierno y, por tanto, con sustituciones de los responsables políticos encargados de la cooperación al desarrollo. El cambio efectivo tuvo lugar casi a mediados de año, obligándome con estas circunstancias a realizar algunas reflexiones previas ante SS. SS.
En primer lugar, el presupuesto de 1996 fue propuesto por un Gobierno y aprobado por una Cámara que cambió de signo y composición durante el ejercicio, lo cual quiere decir que se ha compartido con otro Gobierno y con otros responsables políticos la gestión del presupuesto de 1996, básicamente diseñado por el anterior Gobierno y aprobado en la legislatura anterior. No hace falta apelar a la experiencia política de SS. SS. para explicar que cambios de la índole como los descritos generan algunos retrasos que, si bien no sirven para justificar algunas posibles deficiencias en la ejecución presupuestaria de la ayuda oficial al desarrollo, al menos sí podrán explicar algún retraso e incluso la inejecución parcial de parte de los créditos asignados a la AOD.
No pretendo de ninguna forma escudarme en los retrasos que producen los cambios democráticos y administrativos para explicar la situación presupuestaria, pues, como se verá, estableceré comparaciones con ejecuciones anteriores para poder concluir y demostrar ante SS. SS. que la ejecución presupuestaria de 1996, de la que todavía no tenemos datos definitivos y, por tanto, no podré desgraciadamente brindarles a ustedes cifras redondas, mejoró de forma importante respecto a la realizada en ejercicios anteriores.
En segundo lugar, la información que se solicita a esta Secretaría de Estado está referida a la ayuda oficial al desarrollo, y en mi condición de Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y de Presidente de la Agencia Española de Cooperación haré referencia tanto a los créditos presupuestarios que figuran en el Ministerio de Asuntos Exteriores para la AOD, como a los que figuran en el presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para los mismos fines.
En tercer lugar, como saben SS. SS., además del presupuesto para los programas y actividades de la ayuda oficial al desarrollo, que financian o ejecutan directamente el ministerio y la agencia, existen otros créditos gestionados por otras instancias administrativas de la Administración Central, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, sobre los que la Secretaría de Estado ejerce una cierta coordinación pero que, sin duda, no son de su responsabilidad directa en cuanto a ejecución presupuestaria. Por ello, mi exposición se referirá exclusivamente a los ámbitos presupuestarios cuya responsabilidad de ejecución es directa, bien de la Secretaría de Estado bien de la agencia.
En cuarto y último lugar, quería reflexionar sobre el peculiar mecanismo de los créditos ampliables que se vienen utilizando en la cooperación al desarrollo desde hace algunos años. La posibilidad de ampliar los créditos, que viene recogida en las últimas leyes de presupuestos, produce varias consecuencias, y no todas deseables, para quienes tienen la responsabilidad de gestionar tales créditos. Desde el punto de vista del volumen del presupuesto destinado a la AOD, es innegable el efecto que supone la aplicación de ese mecanismo de los créditos ampliables, pues posibilita la disposición de créditos adicionales, una vez que se han gestionado la totalidad de los créditos que se hacen figurar en el presupuesto inicial. Ahora bien, desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, no hay duda de que la ampliación de créditos de la AOD genera dificultades en la ejecución, no sólo porque las ampliaciones

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tienen lugar en la última parte del ejercicio económico, incluso en el mes de diciembre de cada año, una vez comprometidos o a punto de comprometerse los créditos iniciales, sino también porque, aunque contablemente los créditos que resultan ampliados se ejecutan antes de final del ejercicio a través de mandamientos de pago a justificar, en realidad sólo se puede materializar su ejecución durante los primeros meses del ejercicio siguiente, con el consiguiente solapamiento de gastos entre el nuevo presupuesto y el anterior. Ello responde el acuerdo de Consejo de Ministros, que viene siendo habitual en los últimos años, para poder imputar al ejercicio anterior los mandamientos de pago que se hayan librado con cargo a las ampliaciones de crédito a las que vengo refiriéndome. Concretamente, mediante el acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de enero de 1997, se ha autorizado a la Agencia Española de Cooperación Internacional a ejecutar fondos librados a justificar del ejercicio presupuestario de 1996, por un importe de 7.269 millones de pesetas.
Hechas estas reflexiones previas, que espero que ayuden a comprender mejor la ejecución presupuestaria de la AOD, paso a informar a SS. SS., con los límites y los ámbitos que he expresado anteriormente, sobre la ejecución presupuestaria en 1996, relacionada con el programa presupuestario 134-A, denominado cooperación para el desarrollo, que engloba acciones directas de la Secretaría de Estado y de la Agencia Española de Cooperación. No me referiré al programa 134-B, cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior, también gestionado por la Secretaría de Estado, y al Instituto Cervantes, puesto que entiendo que no es objeto de esta comparecencia.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, me referiré a las dos convocatorias públicas de ayudas a ONG; la convocatoria ordinaria, que se publicó en el BOE de 30 de marzo de 1996, resolviéndose a finales de julio y haciéndose pública su resolución en agosto. El presupuesto de 1996 para esta convocatoria ordinaria, idéntico al de 1995, del que era prórroga, ascendió a 792 millones de pesetas. A través del mecanismo de las ampliaciones se incrementó el presupuesto, llegándose a una cifra redonda de 8.000 millones de pesetas, que resultaron gastados en su totalidad mediante la concesión de subvenciones a 209 de los 577 proyectos presentados en la convocatoria. La ejecución alcanzó al cien por cien de los créditos destinados.
En cuanto a la convocatoria con cargo al IRPF, se publicó en el BOE el 8 de agosto de 1996 y se resolvió el 18 de noviembre del mismo año. Contaba con un presupuesto inicial en 1996, prórroga del de 1995, que ascendía a 49 millones de pesetas. Se efectuaron ampliaciones de crédito por un importe de 2.935 millones, de modo que el presupuesto final disponible alcanzó la cifra de 2.984 millones, ejecutados íntegramente. Con esta cuantía se financiaron 106 proyectos, que resultaron subvencionados de un total de 284 que concurrían a la convocatoria. También en este caso la ejecución presupuestaria llegó al cien por cien.
Si se establecen comparaciones entre la gestión de las convocatorias del año 1996 y las publicadas y gestionadas en años anteriores, se pueden hacer las siguientes afirmaciones. Que ha sido común a los tres ejercicios la ejecución presupuestaria total; que la convocatoria del IRPF pasa de 2.432 millones en el año 1994 a 2.573 millones en el año 1995 y a 2.974 millones en el año 1996, lo cual ha supuesto un crecimiento del 16 por ciento respecto a años anteriores y, finalmente, que la convocatoria ordinaria en los últimos años ascendió a 8.000 millones de pesetas.
Posteriormente podré proporcionar a SS. SS., si así lo desean, información relativa al tipo de proyectos subvencionados, con su distribución por países, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, regionales, etcétera.
En cuanto a la ejecución presupuestaria en el ámbito de la Agencia Española de Cooperación, el presupuesto inicial en el año 1996 se extendía a 19.061 millones de pesetas. Como recordarán SS. SS., durante el ejercicio anterior la consecución del objetivo del déficit aconsejó realizar algunos ajustes en el presupuesto, que fueron llevados a cabo tanto por el anterior como por el actual Gobierno, lo que supuso una minoración del presupuesto inicial de la agencia. No obstante, el mecanismo de las ampliaciones de créditos en la AOD incrementó el presupuesto inicial de la agencia hasta obtener un presupuesto final disponible de 30.200 millones de pesetas, frente a los 19.000 millones iniciales.
La ejecución presupuestaria global sobre la totalidad del presupuesto de la agencia indica que se reconocieron obligaciones por un importe de 26.047 millones de pesetas, lo que representa un grado de ejecución del 86,25 por ciento. A la vista de este dato de ejecución, se puede afirmar, sin ninguna duda, que la ejecución presupuestaria en la agencia es susceptible de mejora, esperemos conseguirlo durante 1997; que al mes de mayo la ejecución del presupuesto no llegaba ni al 11 por ciento; que creo que es justo recordar algunos extremos antes de llevar a cabo juicios precipitados al respecto. En efecto, si se analiza la ejecución presupuestaria por capítulos, se constata que es mejor precisamente en aquellos capítulos que recogen créditos específicos para la AOD, como ocurre en el capítulo IV, transferencias corrientes, que tienen un grado de ejecución del 88,2 por ciento, o con el capítulo VII, transferencias de capital, cuya ejecución alcanza al 95,5 por ciento. Por otra parte, conviene establecer alguna comparación respecto a la ejecución presupuestaria de años anteriores en el ámbito de la agencia. Un ejercicio de este tipo nos lleva a constatar que la ejecución presupuestaria en el período 1992/1996 alcanzó porcentajes de reconocimiento de obligaciones respecto de los presupuestos disponibles que indican, con toda claridad, que la ejecución presupuestaria de 1996 ha mejorado sustancialmente respecto de años anteriores.
Los datos de ejecución de dichos años, expresados en porcentajes de obligaciones reconocidas sobre el total de los créditos disponibles, son los siguientes. En 1992, el 72,38 por ciento; en 1993, el 78,8 por ciento; 1994, el 82 por ciento; en 1995, el 81 por ciento, y en 1996, como ya he dicho, el 86,25 por ciento.
Resumiendo lo que acabo de exponer ante SS. SS. diré que la ejecución presupuestaria en 1996, realizada directamente por la Secretaría de Estado, fue buena, llegándose a

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emplear todos los medios presupuestarios puestos a disposición de la Secretaría de Estado para subvencionar a ONG.
Por lo que hace referencia a la Agencia Española de Cooperación, pese a las dificultades de estructura presupuestaria, de aprobaciones de créditos ampliables, hay que concluir que ha mejorado respecto a años anteriores. No quiero para nada complacerme con esa afirmación, porque como ya he expresado, entiendo que hay margen suficiente para mejorar la gestión administrativa en general y la presupuestaria en particular. El tiempo dirá si conseguimos para 1997 y años sucesivos el objetivo de gestión que nos hemos propuesto, que no es otro sino emplear la totalidad de los créditos aprobados para AOD.
Quedo a disposición de SS. SS. para contestar las cuestiones que puedan formular, aclarar cualquier extremo sobre cuanto acabo de expresar o proporcionar información adicional sobre el objeto de esta comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Martínez González.


La señora MARTINEZ GONZALEZ: Señor Secretario de Estado, mi grupo esperaba con cierta expectación su comparecencia ante esta Comisión, dada la importancia que tiene para nosotros conocer en detalle cómo se ha producido la ejecución del presupuesto en materia de ayuda oficial al desarrollo en su primer año de responsabilidad de la gestión de los recursos económicos que nuestro país, España, destina al desarrollo de los países empobrecidos. Tengo que lamentar muy sinceramente que no esté en condiciones de facilitar a esta Comisión el cómo, el cuándo y el porqué de la ayuda oficial y, sobre todo, hacia dónde y a quiénes ha llegado nuestra cooperación. Como ha podido usted comprobar, no es lo mismo predicar que dar trigo, no es lo mismo hacer oposición que ejercer el poder y, en este sentido, lamento que usted se limite exclusivamente a hablarnos de una parte de la ayuda oficial. Nosotros esperábamos que usted nos explicara en qué ha consistido la ayuda multilateral: los porcentajes, de qué forma ha podido variar, qué criterios han utilizado ustedes, pero si solamente nos va a dar la información sobre cómo se ha gestionado la ayuda a las ONG y cómo se ha gestionado la agencia, en realidad la comparecencia se queda muy corta para lo que eran nuestras expectativas. De todas formas, me voy a permitir la licencia de hacerle las preguntas que pensaba y le ruego que conteste aquellas para las que venga preparado y que, posteriormente, conteste las otras por escrito.
Quiero decirle, con toda cordialidad, que comprendo perfectamente que el tiempo de ejecución del presupuesto ha sido menor --no han dispuesto de un año completo-- y, por tanto, no hay ninguna intención de cuestionar en profundidad la gestión, salvo en aquellas cosas que claramente no compartamos. También tengo que decirle que en 1996 no hubo presupuesto, sino que se prorrogó el de 1995; es decir, que ustedes se han encontrado con un presupuesto prorrogado que conocían perfectamente porque era el mismo del año anterior.
A continuación, le formulo la primera pregunta, que para nosotros es muy importante, y no solamente para nosotros, sino para las organizaciones no gubernamentales, para el movimiento social que hay en torno a la postura que España toma a la hora de ayudar a los países empobrecidos: ¿a cuánto asciende el porcentaje de la ayuda oficial al desarrollo en relación con el producto internacional bruto de 1996? Nos gustaría saber si el gasto se corresponde con lo que se tenía presupuestado.
La segunda pregunta, también muy importante, es para conocer si el Consejo de Cooperación ha ejercido a lo largo de 1996 la función que tiene encomendada de hacer seguimiento del PACI.
Nos gustaría saber, y esto seguro que no lo puede contestar hoy, a cuánto asciende el neto que ha salido de tesorería después de descontar los reintegros por devolución de la deuda. Es decir, creemos que es importante conocer la salida de tesorería para valorar exactamente el porcentaje de la ayuda.
También me gustaría saber por qué ha descendido la ayuda multilateral en relación a 1995. Este dato lo he obtenido de una revista especializada, del artículo de un experto, que habla de que ha descendido esta ayuda multilateral. ¿Cuáles han sido las prioridades de su Gobierno? En relación con la condonación de la deuda, me gustaría que nos informara del montante total de la misma, de a qué países se les ha condonado la deuda y conocer en alguna medida los criterios que se han utilizado.
La cooperación técnica y científica ha ocupado a lo largo del tiempo el lugar de la hermana pobre en la cooperación, y nos gustaría saber si se ha producido alguna modificación, si ha aumentado o disminuido. En ese artículo de la revista especializada citada he podido leer que había disminuido, lo que nos sorprende negativamente.
Sobre la ayuda a los organismos no financieros, que también tengo entendido que desciende de manera significativa, mi pregunta iría más bien dirigida a qué sentido puede tener, cómo la podemos interpretar: ¿tiene algo que ver con el aparente distanciamiento de los Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas, o camina por otro lado y no tiene nada que ver? En cuanto a las ONG y a la subvención --en su momento se celebró una comparecencia para hablar de esta cuestión--, sólo me gustaría transmitirle algunas propuestas. Aunque sé que es difícil, se debería de agilizar el ingreso de las subvenciones concedidas, con el fin de que las ONG no pasen por las angustias que tienen que soportar. La semana pasada tuve el honor de ser invitada por el Gobierno de Mauritania y estuve con ONG españolas en un país del que se habla poco, pero en el que hay una gran pobreza y donde, como en casi toda Africa, nuestras organizaciones no gubernamentales hacen una labor heroica. Una religiosa me decía que no le había llegado el dinero, que lo estaba pasando muy mal. Yo quiero transmitir aquí, en este momento, su inquietud porque la normativa de subvención había creado problemas burocráticos; es decir, que había entorpecido en cierto modo el poder recibirla. Me gustaría que, en aras a la eficacia y manteniendo la transparencia y el rigor, se facilite la llegada del dinero a las

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ONG para que puedan ejercer su labor humanitaria, muy encomiable, ya que tienen muchas dificultades con la normativa sobre subvenciones que ustedes aprobaron.
También le gustaría saber a nuestro grupo qué evolución ha tenido la ayuda reembolsable y la no reembolsable, si ha descendido, si la ayuda no reembolsable crece o mengua, etcétera.
Lamentamos que la ayuda oficial al desarrollo no haya progresado como en años anteriores. Además, no se corresponde con el movimiento social, con lo que nos pide la calle. Nuestro país tiene una información a veces descarnada, a través de los medios de comunicación, pero que ha sensibilizado especialmente a nuestro pueblo. Se nos pide que actuemos con más rapidez, con más intensidad y con más cuantía para ayudar al desarrollo de los países destinatarios de nuestra ayuda. Con el conflicto de los Grandes Lagos quedó demostrado cómo los gobiernos europeos no están a la altura de sus pueblos a la hora de tomar decisiones y de intervenir.
Siguiendo con un pensamiento general y muy consensuado, la ayuda a través de las organizaciones no gubernamentales y el desarrollo de los pueblos es lo que parece más eficaz para evitar las grandes tragedias.
Termino diciendo que nos gustaría avanzar en un modelo de cooperación consolidado y regulado por la tan prometida ley de cooperación, para ver si de esa manera somos capaces de alcanzar el horizonte marcado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el desarrollo en el segundo decenio, cuando proclamó la necesidad de transferir el 1 por cien del producto nacional bruto de los países industrializados a los países en desarrollo, hasta alcanzar la cifra mágica del 0,7, como Suecia, Noruega, Holanda y Finlandia. Esta indicación fue hecha hace más de 25 años.
Gracias, señor Secretario de Estado, por su presencia hoy aquí.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor Secretario de Estado, por su comparecencia. Se lo reiteramos una vez más.
No sé por dónde empezar, porque la portavoz socialista ha querido agotar prácticamente todos los temas de cooperación. Es muy importante todo lo que ha dicho y han sido extraordinariamente interesantes sus apreciaciones. Repito que ha querido agotarlo todo y me parece que la comparecencia del Secretario de Estado radica literalmente en la pregunta que se hace, en la ejecución presupuestaria de la AOD en el año 1996.
No obstante, permítame, señor Presidente, señorías, que matice, desde la cordialidad, el consenso y el acuerdo que siempre ha imperado en esta Comisión, y estoy seguro imperará en el futuro, esa visión un tanto negativa que se ha intentado transmitir sobre la posición actual del Gobierno de España o de España con relación a la ayuda oficial al desarrollo. Los datos están ahí. El Secretario de Estado nos lo dijo en su anterior comparecencia, en el anterior período de sesiones. La ayuda oficial al desarrollo en los presupuestos de 1997, que son los que este Gobierno tiene responsabilidad política y administrativa de ejecutar y sobre los cuales nosotros podemos y deberemos en su momento pedirle cuentas, supone, por lo menos en términos presupuestarios, un incremento importante en España de la ayuda oficial al desarrollo en términos porcentuales. Hay que recordar a SS. SS. que la ayuda oficial al desarrollo, de acuerdo con los datos del CAD, cayó en 1995 con relación a 1994. Vamos a ver qué sucede con 1996. Nos pedirán información --lo ha dicho el Secretario de Estado-- los distintos organismos ministeriales, cooperación descentralizada, etcétera, para tener los datos finales. Son muy razonables sus observaciones de que los datos finales de esta AOD se han retrasado un poco en el tiempo, aunque no tanto en relación a ejercicios anteriores, sino que más bien estamos en lo que es práctica habitual, mejorable, como usted ha dicho, con la matización importante de que son unos presupuestos compartidos, de que son unos presupuestos prorrogados, de que España no tuvo presupuestos en 1996, son los del año 1995, y que ha habido un cambio en la Administración que requiere una serie de ajustes, administrativos fundamentalmente, que todo el mundo entiende.
La sensación que nosotros tenemos, y que creo que tiene la sociedad española después del importante debate de presupuestos que hubo en esta Cámara, es que para 1997 la tendencia a la disminución de la ayuda oficial al desarrollo en España se ha invertido y vamos a recuperar, en términos presupuestarios, al menos unas cifras del 0,28; cifras importantes que España consiguió en 1994 de ayuda oficial al desarrollo.
Si se ejecutaran todos los créditos ampliables, como el Secretario de Estado nos ha dicho, incluso estaríamos en porcentajes superiores. El compromiso del Grupo Parlamentario Popular, lo saben SS. SS., el compromiso del Gobierno, reiterado tantas veces, es caminar en el horizonte de esta legislatura, en el horizonte del 2000, hacia el objetivo del 0,7. Ese es un compromiso no sólo del Grupo Parlamentario Popular sino de esta Cámara, de este Gobierno y del Gobierno anterior, así hay que decirlo. Entiendo, señorías --permítame la digresión--, que sobre el particular en el Parlamento no se pueden ni se deben producir críticas aceradas sobre esta cuestión. Entiendo que desde la sociedad civil se produzca esa presión siempre interesante, siempre positiva, para conseguir que las administraciones públicas alcancen el 0,7, lo cual nosotros aplaudimos y apoyamos.
No creo, señoría, lo digo con toda franqueza, que el Gobierno de España no haya estado a la altura de su pueblo. Usted se ha referido genéricamente a Europa. Yo no creo que en el caso de la crisis de los Grandes Lagos, en el caso de la crisis de Ruanda, el Gobierno español no haya estado a la altura del pueblo. Es muy difícil estar, es verdad, a la altura de un pueblo enormemente solidario, que triplicó, que cuatriplicó la ayuda a los Grandes Lagos en la primera crisis del año 1993, muy por encima de muchas potencias europeas, de países bastante más ricos que España, con más medios. En la última crisis, el Gobierno español, según los datos que el Ministro de Asuntos Exteriores aportó al Pleno de la Cámara recientemente, triplicó su ayuda dineraria

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en aportaciones económicas a Ruanda y a la crisis de los Grandes Lagos.
Siempre se puede mejorar todo esto, pero yo creo que el Gobierno de España ha estado a la altura de las circunstancias. ¡Qué duda cabe de ello!

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Muchas gracias al portavoz del Grupo Popular porque coincide plenamente con lo que propugna esta Secretaría de Estado.
Siento haber defraudado a la señora Diputada por los datos que le he dado, pero reconózcame que la petición de comparecencia era a sabiendas de que S. S. iba a ser defraudada porque es imposible, no se ha hecho nunca en ningún ejercicio anterior, tener los datos completos de la Ayuda Oficial al Desarrollo a principios del mes de marzo. Le puedo dar los datos que gestiona la agencia y algunos otros que facilitaré ahora, como la contribución a organizaciones internacionales, pero no puedo darle información sobre cooperaciones centralizadas, que también cuenta para la AOD, y el porcentaje del PIB que usted me pide, ni datos relativos, por ejemplo, a la contribución a la AOD de entidades locales, comunidades autónomas, grado de ejecución de algunos proyectos de contribuciones voluntarias de organizaciones internacionales, etcétera. Es prácticamente imposible tener el panorama completo de la Ayuda Oficial al Desarrollo a esta altura del año.
Lo que le puedo avanzar son aproximaciones parciales. Ya les he explicado cuál ha sido el grado de ejecución de la Agencia Española de Cooperación.
Con esos datos y los que tengo le podré contestar a alguna de las preguntas que S. S. me ha planteado.
Respecto a que S. S. lamente que no haya prosperado como en años anteriores, tenemos que plantear las cosas seriamente. En 1985 no sólo no prosperó sino que disminuyó la Ayuda Oficial al Desarrollo en varias centésimas. Con un presupuesto prorrogado que, por tanto, no aumenta la cooperación no reembolsable, lógicamente por poco que aumente, como lo ha hecho, la cooperación reembolsable, obviamente los Fondos de Ayuda al Desarrollo, los créditos FAD, cuya concesión ha crecido un 9,05 por ciento, como usted comprenderá, repito, en un presupuesto prorrogado que no aumenta en ayuda no reembolsable, pero que aumenta la utilización de créditos FAD frente al ejercicio anterior, se produce una disminución de la cooperación no reembolsable. Eso es lógico y se contesta por las cifras que son objetivas.
En cuanto al porcentaje sobre el PIB lo que tengo es una mera impresión, que es que se reducirá. Con unos presupuestos prorrogados que no aumentan la Ayuda Oficial al Desarrollo y un crecimiento del PIB español, alguna centésima tendrá que bajar; es obvio y cualquier razonamiento lógico lo deduce a priori sin tener datos totales sobre la AOD.
Respecto a la ayuda multilateral le tengo que decir que se han reducido, por ejemplo, las aportaciones a la Unión Europea en un 17,24 por ciento, ahora explicaré por qué; se han reducido las aportaciones al fondo Europeo de Desarrollo, las contribuciones al presupuesto comunitario de desarrollo en un --1 por ciento, a organizaciones internacionales financieras en un --84 por ciento y se ha incrementado en un 9,62 por ciento para organizaciones no financieras.
Concretamente, las aportaciones a la Unión Europea, de acuerdo con la información que me ha facilitado la subdirección general del presupuesto comunitario del Ministerio de Economía y Hacienda, de España al 7.º FED en 1996 ha sido de 8.952 millones de pesetas, mientras que nuestra contribución al presupuesto comunitario ascendió a 25.132 millones. Las dos partidas totalizan 34.084 millones, que significa un descenso de 7.100 millones con relación a 1995. Este descenso se ha motivado por una menor contribución de España y de otros Estados miembros al 7.º FED, en razón a un exceso de tesorería en los presupuestos de la Unión Europea, como consecuencia del superávit acumulado a lo largo de estos últimos años, y que, a petición de algunos países miembros, fue prorrateado para el año 1996 entre los contribuyentes, determinando así una menor aportación de cuotas nacionales.
En cuanto a organismos internacionales financieros, se han realizado contribuciones al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Asiático de Desarrollo, a la Asociación Internacional de Desarrollo --Banco Mundial-- y a la Corporación Financiera Internacional, por un montante de 2.684 millones de pesetas. Se ha descendido, pues, en 14.366 millones con relación a las aportaciones registradas en 1995. La razón estriba en el hecho puntual de que durante 1995 se emitieron pagarés, a favor de la Asociación Internacional de Desarrollo, por 14.736 millones de pesetas, cantidad contabilizable como ayuda oficial al desarrollo, que lógicamente no figura en el balance de 1996 al no haberse realizado desembolso a ese título.
¿Partidas que han aumentado en 1996? Las contribuciones a organismos internacionales no financieros, al PNUD, al Pnuma, a Unicef, a la Organización Mundial de la Salud, a la OIT, a la Unesco, al PNUDI, pasan de 8.320 millones en 1995 a 9.120 en 1996. Por lo tanto, las contribuciones españolas no tienen nada que ver con esa supuesta alianza de actitudes con respecto a los Estados Unidos, porque España no sólo ha aumentado su contribuciones, sino que participa regularmente en las contribuciones obligatorias a tiempo que se derivan de su pertenencia al sistema de Naciones Unidas. Otra cosa es la filosofía de esta Secretaría de Estado respecto a las contribuciones voluntarias a todos estos organismos, al PNUD, al Pnuma, a la Unicef, a la Organización Mundial de la Salud, a la OIT, a la Unesco y al Pnudi.
Creemos que esta ayuda se tiene que vincular cada vez más y se tiene que vincular a los retornos de los contratos de estas organizaciones que manejan ingentes cantidades de dinero y a la creciente presencia de funcionarios españolas en estos organismos internacionales. Estamos infrarrepresentados. Somos el noveno contribuyente de Naciones Unidas.
Nuestras empresas apenas tienen acceso a las grandes licitaciones de Naciones Unidas, que todavía tiene

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sistemas no demasiado transparentes de contratación internacional. Si es necesario reducir las contribuciones voluntarias de España a todos estos organismos, la reduciremos. Es una condición sine qua non que hemos expresado a los responsables de los organismos internacionales de desarrollo: queremos mayor presencia de funcionarios españoles en estos organismos, con independencia de que se tengan que cubrir algunas vacaciones por el sistema de promoción interna y queremos también mayores retornos para empresas españolas en contratos de organizaciones internacionales, de Naciones Unidas concretamente. Esto es absolutamente lógico y necesario y el Gobierno, responsablemente, lo tiene que exigir así.
Nuestro acceso tardío a Naciones Unidas, nuestra incorporación como donantes a estos organismos ha hecho que funcionarios españoles no estén representados en la Unicef suficientemente, ni en la Secretaría General de Naciones Unidas, y hay que lograrlo por una vía u otra. Si la vía es la reducción coercitiva --y siento decirlo-- de contribuciones voluntarias a estos organismos, sintiéndolo mucho tendremos que plantearnos nuestra contribución voluntaria a los organismos internacionales de desarrollo. Pero creo que es importante que estén funcionarios españoles allí y que las empresas españolas participen cada vez más --el sistema es bastante opaco-- en contratación internacional.
Otra de las partidas que ha aumentado es la condonación de la deuda, a través de operaciones sometidas a las decisiones del Club de París.
Durante 1996, España firmó acuerdos de reestructuración de la deuda externa de Burkina Faso, del Congo, de Honduras, de Mozambique, de Níger, con un total de 17.042 millones de pesetas, que duplica muy largamente la cantidad registrada por ese título en 1995, sólo 7.608 millones de pesetas. Todos estos países, salvo Honduras, están situados en el último tramo del ranking mundial por rentas nacionales; lo digo para salir al paso de una imputación tan recurrente como injustamente suele hacerse a la cooperación pública española de desatender a los países más pobres o descuidar el desarrollo social básico de los más necesitados.
En cuanto a los créditos FAD, se ha experimentado un incremento de más del 9 por ciento respecto a la cantidad computada en 1995, al pasar de 35.292 millones en 1995, a 38.487 millones en 1996, según datos facilitados por el ICO, que deben ser confirmados por la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Extranjeras. Otra cosa es la naturaleza de otros créditos FAD y la dificultad de operar con estos FAD como instrumento comercial, después del consenso de Helsinki y el consenso OCDE, que restringe cada vez más no sólo geográficamente por países, sino la naturaleza de los proyectos destinados a financiar estos FAD, que ya son instrumentos de desarrollo y no instrumentos de promoción comercial. De manera que nos encontramos restringidos en la utilización de los FAD a proyectos educativos, a proyectos sanitarios, lo que nos va a hacer replantearnos, y así lo vamos a intentar en la próxima ley de cooperación al desarrollo, la utilización de instrumentos crediticios como el FAD a efectos de política de desarrollo y su instrumentación dentro de la Administración, así como los criterios y las prioridades geográficas y sectoriales de los créditos FAD. Habrá que buscar otros instrumentos de promoción comercial, pero desde luego los FAD ya no son instrumentos de promoción comercial, aunque por supuesto, como toda la cooperación, tienen un componente comercial al que tenemos que cuidar los responsables de la cooperación oficial de desarrollo.
En cuanto a los datos correspondientes a la cooperación bilateral no reembolsable, integrada, como saben SS. SS., por los programas, proyectos y acciones de cooperación al desarrollo, tanto de la Administración central como de la autonómica y local, se encuentran en estos momentos en proceso de elaboración, pendientes de modificación y revisión por parte de cada una de las entidades, por lo que resulta, como se ha dicho, prematuro adelantar cifras.
A fin de cuentas, teniendo que reconocer que con estas partidas los niveles de gastos se van a situar por encima de lo reflejado en las previsiones correspondientes, y también por encima de las cifras correspondientes al seguimiento de 1995, no parece adecuado extrapolar estas cifras que les he dado ahora al cálculo de otras cantidades.
Consideramos que el global de ambos rubros puede moverse en torno a los 60 ó 65.000 millones de pesetas, en el caso de la ayuda oficial al desarrollo, correspondiente a 1996, se elevaría entre lo reembolsable y lo no reembolsable a unos 162.000 a 168.000 millones de pesetas (esto es una especulación todavía), cifra cercana o prácticamente igual a la que se obtuvo en 1995. El juego respecto a la variación del crecimiento del PIB español y por tanto es porcentual, respecto a la ayuda oficial al desarrollo, es lo que puede variar.
En resumen, aunque no puedo avanzar a SS. SS. el resultado definitivo de las cuentas correspondientes a la AOD de 1996, todo hace pensar que el balance es muy parecido al de 1995.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ GONZALEZ: Muy brevemente. En primer lugar, quiero decir que en ningún momento yo he imputado al señor Secretario de Estado una inclinación a condonar la deuda a países más desarrollados, en ningún momento, porque no creo que nosotros, este país tan generoso, camine por ahí.
En segundo lugar, aquello que usted dice de la filosofía en cuanto a organismos internacionales o financieros, entiendo que es correcta la posición de que, si estamos aportando, exijamos una presencia decidida en los órganos de decisión, valga la redundancia. Pero yo creo que sería bueno que nosotros aprendiéramos a negociar, a negociar y a negociar, es decir, antes de tomar posiciones radicales de disminución de nuestra aportación, yo le sugiero que, dentro de nuestra Administración, promovamos carreras adecuadas a las necesidades, a lo que exige el perfil del funcionario que necesitarían esos órganos para que, a la hora de intentar poner ahí a nuestros funcionarios, aportemos personas cualificadas que respondan a lo que se necesita.


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Yo creo que sería más inteligente --permítame que le sugiera-- esa posición que la dura de decir: si nosotros no tenemos una presencia, nos retiramos.
Me alegra haberle escuchado que no tiene nada que ver la posición que tomemos con la presión que pueden ejercer en este momento los Estados Unidos, que de todos es conocido que la ejercen, de distanciamiento y de vaciar de contenido algunos de estos organismos.
Quiero decirle que espero que los datos nos lleguen en su totalidad, y le reitero la preocupación de que las ONG tengan puntualmente la atención necesaria para que puedan trabajar y, ya que están lejos, que por lo menos tengan el apoyo y los recursos económicos necesarios para ejercer muy bien su labor humanitaria.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): En relación con la contribución voluntaria con carácter no financiero a organismos de desarrollo, por supuesto que la postura del Gobierno es negociar, pero yo no sé si S. S.
conoce el sistema de Naciones Unidas. Muchas veces la negociación es muy difícil ante un cuerpo de funcionarios que pretende siempre la promoción interna frente a la contratación exterior. Desgraciadamente, a veces tiene uno que tomar, a la hora de defender sus intereses, alguna postura de fuerza. Por supuesto que España nunca dejará de contribuir a sus obligaciones en cuotas o en contribución financiera a estos organismos, participaremos en lo que nos corresponde de forma puntual y periódica y lealmente a todo el sistema de Naciones Unidas. Ahora bien, es muy difícil negociar frente a un cuerpo de funcionarios internacionales ya establecido, muchas veces de países con nombres y apellidos. Para ponerle un ejemplo, la Unión Europea ahora mismo acaba de renovar en el sistema de Naciones Unidas al administrador general del PNUD, un norteamericano, y curiosamente la administradora del fondo de Naciones Unidas para la Infancia también es una norteamericana, y los Estados Unidos no pagan.
Hay un mundo de realidades dentro del sistema de Naciones Unidas y tenemos que empezar a afrontarlo con realismo.
¿Posturas constructivas? Por supuesto que sí. Somos partidarios de un sistema de promoción de funcionariado español; la Agencia Española dedica importantes recursos a financiar la presencia de cooperantes en organizaciones internacionales, en el PNUD, en la Onudi, en Unicef, los YPO famosos... La Agencia lo hace en la Unión Europea. Ahora bien, en el sistema de Naciones Unidas pesa mucho el funcionariado, y es importante empezar a plantearse, no desde una postura radical, sino desde una postura de realismo, que si uno no vincula las contribuciones nuevas que se hagan a la presencia de funcionarios españoles o a los retornos en las licitaciones internacionales, desgraciadamente la fuerza de las cosas hace que no le tengan a uno en cuenta. El PNUD, con 133 oficinas en el exterior, hasta este mismo año no ha contado con un solo representante en el exterior que sea español, y somos el noveno contribuyente. Ahora ya lo hemos conseguido en Nicaragua; vamos a por el de Montevideo, pero todavía nuestra representación es muy baja en este tipo de organismos. Yo creo que nos lo tenemos que plantear de forma muy seria, sin ningún tipo de chulería, por supuesto, pero sí desde un punto de vista realista, de país que cumple con Naciones Unidas, que paga puntualmente sus contribuciones, que financia los retrasos de los Estados Unidos, porque también es la realidad. Exigimos un trato leal: de la misma forma que nosotros cumplimos con Naciones Unidas, que Naciones Unidas cumpla con nosotros.
Ese es el planteamiento que hace el Gobierno español.
Respecto a las ONG, por supuesto que está en el interés de la Secretaría de Estado que reciban las subvenciones lo antes posible. Sería deseable --lo he explicado en muchas ocasiones-- que la naturaleza administrativa de la Agencia, de organismo autónomo, cambiase, como otras agencias europeas para el desarrollo que tienen sistemas de administración más ágiles que la Administración general del Estado, pero desgraciadamente en la Administración el sistema de contrapesos entre la necesidad y el control hace que sigan una serie de trámites burocráticos a veces pesados, difíciles. Entiendo que ésta es una dificultad añadida a la acción de las ONG, pero intentaremos resolverlo de la mejor forma que podamos, facilitando los trámites.


--LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA CONVENCION DE LOME POR EL ACUERDO FIRMADO EN MAURICIO EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1995, ASI COMO EL PAPEL DE LA COOPERACION ESPAÑOLA CON LOS ESTADOS DE AFRICA, EL CARIBE Y EL PACIFICO (ACP), A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000462.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la siguiente comparecencia del Secretario de Estado para informar sobre la valoración que hace el Gobierno de las modificaciones introducidas en la convención de Lomé por el acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995, así como el papel de la cooperación española con los Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): La cooperación de la Unión Europea con los países del grupo Africa, Caribe y Pacífico, los ACP, se halla actualmente regulada, como todos ustedes saben, por el convenio de Lomé IV. A diferencia de sus predecesores, que tenían una maduración de cinco años, el IV convenio ACP-CE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989, fue previsto para un período de 10 años. Sin embargo, su protocolo financiero anexo se limitó

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a una primera fase de cinco años, siendo necesaria su revisión al final del primer lustro para permitir una actualización de sus previsiones.
El 20 de mayo de 1994 se abrieron en M'babane (Swazilandia) las negociaciones para la revisión del convenio, que finalizaron el 30 de junio de 1995 en Bruselas, tras aprobar el Consejo Europeo de Cannes la dotación del 8.º fondo europeo para el desarrollo. La firma de la revisión de Lomé IV tuvo lugar en la isla Mauricio el 4 de noviembre de 1995, durante el período de la presidencia española de la Unión. En este convenio se han introducido innovaciones que afectan a tres capítulos temáticos. En primer lugar, cuestiones políticas e institucionales: incorporación de una cláusula democrática que permite la suspensión de la cooperación en el caso de violación de derechos humanos y de los principios democráticos y del Estado de Derecho, como incentivo para avanzar en esas vías; en segundo lugar, cuestiones comerciales: se mejoran sensiblemente las muy ventajosas condiciones de acceso a los productos ACP al mercado comunitario y, finalmente, en otras cuestiones se flexibilizan los procedimientos de programación de la ayuda y de la ayuda directa al presupuesto en el marco del ajuste estructural.
Durante la presidencia española se aprobó el acuerdo interno financiero del 8.º FED y el pasado 29 de noviembre, el reglamento interno del comité del 8.º FED, que deberá entrar en vigor próximamente.
Finalmente conviene señalar que son ya cuatro los países comunitarios que han ratificado el IV convenio revisado de Lomé. En lo que respecta a España, tras su ratificación por esta Cámara, el texto se encuentra actualmente en el Senado. Una vez concluido este trámite, se espera que el convenio pueda entrar en vigor el primer cuatrimestre de 1997.
Nuestro país participó por primera vez en el sistema de Lomé durante la aplicación del 6.º FED, que cubrió el período 1985-1990. Este 6.º FED supuso un cierto perfeccionamiento del sistema, además de un considerable incremento de la ayuda financiera, que pasó de 4.636 mecus a 8.150 mecus.
España contribuyó a ese fondo con 499 mecus, lo que supuso el 6,6 por ciento del total. El porcentaje de los contratos adjudicados a empresas españolas fue tan sólo del 1,2 por ciento del total, ocupando España el octavo lugar entre los doce Estados miembros.
En relación al 7.º FED, que financió el primer quinquenio de Lomé IV (1990-1995), con un montante de 10.800 mecus, nuestra aportación (645 mecus) supuso el 5,89 por ciento del total y nuestras empresas obtuvieron un 3,19 por ciento de los contratos adjudicados, lo que nos situó en el sexto lugar entre los doce socios comunitarios.
En el momento actual, el 8.º FED, previsto para el período 1996-2000, no ha entrado todavía en vigor, por lo que, para hacer frente a pagos corrientes, en concreto al funcionamiento del centro de desarrollo industrial, se está tramitando la autorización de los estados miembros para utilizar fondos no asignados del 7.º FED, teniendo en cuenta que, una vez en vigor el 8.º FED, las cantidades adelantadas serían restituidas al 7.º FED. El 8.º FED dispondrá de un montante financiero de 13.132 millones de ecus, de los que un 97,7 por ciento serán financiados por los Estados miembros y el resto procederán de la transferencia de recursos no asignados o no utilizables de los fondos anteriores.
A España, como quinto país en el nivel de aportación, le corresponderán 750 mecus, es decir, el 5,84 por ciento, siendo las mayores aportaciones las de Francia, 3.120 mecus, y Alemania (3.000 mecus).
Del total de la dotación del 8.º FED, 12.967 mecus, se destinarán a los estados ACP, mayoritariamente en forma de subvenciones, 11.000 mecus. De éstas destacan las reservadas para la financiación de la ayuda nacional programable, 6.200 mecus, las transferencias, 1.800 mecus, y las subvenciones de apoyo al ajuste estructural 1.400.
El problema principal que tiene planteado España, y que no se les escapa a SS. SS., en el campo de la cooperación comunitaria con los países ACP, es el bajo nivel de nuestros retornos. Es preciso mejorarlos y en este sentido se viene haciendo una importante labor en el seno del Consejo para mejorar el nivel de transparencia en todo el proceso que va desde la programación de la ayuda del FED hasta la adjudicación de los contratos.
En particular convendría señalar las posibilidades que se abren en el marco del segundo protocolo financiero de Lomé IV, para que los Estados miembros puedan incidir, desde fase más temprana, en la programación del 8.º FED a través de su participación en la elaboración y discusión de los denominados documentos de estrategia. Por otro lado, se están produciendo avances en el nivel de información ex ante que la Comisión deberá proporcionar en relación con las fichas identificativas de los proyectos en materia de servicios.
Finalmente, se está siguiendo con especial atención la programación en relación con los países de nuestra área cultural o en los que tenemos una mayor presencia comercial y de cooperación (República Dominicana, Guinea Ecuatorial y Africa Lusófona, entre otros).
La Comisión, que ya ha adoptado el reparto de recursos programables para el 8.º FED, asignó a la República Dominicana 106 mecus en concepto de ayuda programable, frente a los 85 del 7.º FED. Con este aumento se espera poner término a la discriminación que venía sufriendo la República Dominicana, la isla, en el FED a la hora de elaborar los planes indicativos nacionales. Al margen del marco de Lomé IV, la República Dominicana está recibiendo fondos del presupuesto comunitario en concepto de ayuda financiera y proyectos con las ONG y el BEI, 15 mecus, para capitales riesgo y préstamos subvencionados.
Por su parte, Guinea Ecuatorial está incluida entre los diez países a los que no se les notificará ningún importe indicativo. Se ha previsto, sin embargo, una reserva de 1.207 mecus para los países con los que está suspendida la ayuda.
Finalmente, a Angola se le asignan en el reparto 161 mecus y a Mozambique 214 mecus.
Los denominados PTU, los Países y Territorios de Ultramar, no quedan al margen del 8.º FED, ya que se les asignan 135 mecus en concepto de subvenciones y 30 mecus en forma de capitales riesgo.


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Quisiera proceder, a continuación, a realizar una breve evaluación entre SS. SS. de la política de desarrollo de la Unión Europea en esta región ACP, con especial consideración de los intereses españoles. Ante todo, y ésta es una afirmación muy importante que es preciso hacer, si queremos un sistema mejor tenemos que reconocer una realidad obvia: tras 20 años de aplicación del convenio de Lomé, los resultados son decepcionantes. La competitividad de los países en vías de desarrollo se ha deteriorado, sus condiciones de acceso al mercado comunitario se han erosionado, y hemos asistido a una degradación progresiva de los términos de intercambio y a un crecimiento de las diferencias entre el Norte y el Sur.
En el terreno comercial, por ejemplo, debe destacarse que el convenio de Lomé otorga a los 70 países ACP el régimen comercial más privilegiado que la Comunidad haya concedido a países terceros. A pesar de todo ello, la cuota de mercado ACP en la Comunidad Europea no ha dejado de caer. En 1976, el 6,7 por ciento de todas las importaciones europeas provenían de los países Africa, Caribe, Pacífico; en 1994 ese porcentaje se ha reducido al 2,8 por ciento. Estos datos demuestran que la solución progresiva de la ayuda al desarrollo no está en la concesión de mayores preferencias, sino más bien en la mejora de las estructuras productivas de los países ACP, en su capacidad para competir y en su conocimiento de los canales de distribución en Europa. Además, la mayor parte de los países ACP, con excepción de Mauricio, Jamaica, Kenia y Zimbabwe, no han diversificado en absoluto sus exportaciones.
En lo que respecta a la programación de la cooperación, se han criticado las disposiciones del Convenio sobre la gestión de la cooperación, tildándola de enormemente complicada, muy burocratizada y culpable del considerable retraso que existe en la ejecución de los programas de desarrollo. Los defectos mencionados con más frecuencia son los siguientes: hay demasiados instrumentos, en primer lugar, tenemos el PIN, plan indicativo nacional, el PIR, plan indicativo regional, el Stabex, el Sysmin, el ajuste estructural, la cooperación descentralizada, los microproyectos, la ayuda a refugiados, la ayuda de emergencia... No es fácil coordinar entre sí todos estos instrumentos y su propio número es una fuente de dificultades.
En segundo lugar, la gestión es complicada debido a las numerosas ventanillas a las que hay que acudir, multiplicadas por la exigencia de la doble intervención comunitaria y ACP en cada trámite administrativo.
En tercer lugar, hay una centralización creciente de la gestión y se pone el énfasis en el control contable, en perjuicio de la estrategia.
El tema de los procedimientos fue uno de los principales caballos de batalla en las negociaciones para la revisión de Lomé IV y acabó constituyendo la mayor derrota de la Comunidad. La Unión Europea propuso una simplificación de los mismos que ampliaban el campo de acción de la Comisión, en perjuicio de los poderes de que ahora disponen los gobiernos de los países ACP. La parte ACP no quiso ni oír hablar de una reforma que, según ellos, reducía a cero el principio del partenariado, entre comillas.
Ante este panorama es inevitable preguntarse si el modelo de cooperación que la Comunidad ha seguido en los últimos veinte años con los países ACP no debería adaptarse a los cambios acaecidos en la misma Unión Europea y en el mundo que tiende hacia la globalización. El Tratado de Maastricht incluye un capítulo sobre cooperación al desarrollo, que pone el énfasis en la cooperación con los países menos avanzados, dentro de una estrategia global para el desarrollo. No es sorprendente que los ACP no se muestren entusiastas de una globalización que puede significar, a la larga, el debilitamiento de esa relación privilegiada que ellos y sólo ellos, entre los países en vías de desarrollo, mantienen con la Unión Europea.
Finalmente, en lo que se refiere a la evaluación de las actuaciones del FED, es preciso recordar que a principios del presente mes el Tribunal de Cuentas hizo público su informe sobre la ejecución de los FED entre 1991 y 1995 (a grandes rasgos, coincide con el acuerdo de Lomé IV). Puesto que este período ha supuesto un mayor énfasis en la financiación de reformas estructurales a través del apoyo presupuestario a los países beneficiarios, el Tribunal ha analizado con especial cuidado los problemas que plantea este tipo de financiación.
La Comisión viene utilizando una serie de reglas para el uso de los fondos de contrapartida por parte de los países beneficiarios. El Tribunal de Cuentas considera que estas directrices son correctas, pero que deberían ser más concretas, en particular en lo relativo al uso de los fondos internos que se generan como contrapartida de la ayuda, y que deberían también especificarse de forma más clara los objetivos que se pretenden lograr. Los fondos de ayuda estructural se han dedicado en un porcentaje importante a financiar mejoras en los sistemas de sanidad y educación. En general, el uso de los fondos ha sido correcto y en los casos estudiados con detalle por el Tribunal se observa una mejoría de los sistemas afectados. No obstante, el Tribunal ha detectado ciertos casos en los que los fondos no han sido utilizados adecuadamente.
Los programas de ajuste estructural financiados por la Unión Europea se han desarrollado siempre en el seno de programas macroeconómicos establecidos y apoyados por el FMI, el Banco Mundial o alguna otra institución multilateral. La Unión Europea no ha tomado, en general, la iniciativa en cuanto a la formulación de tales programas.
El Tribunal también ha analizado ciertos indicadores macroeconómicos con el fin de comprobar si los programas han tenido éxito. En particular, se ha comparado la evolución real de indicadores tales como el crecimiento económico, la inflación, el desequilibrio presupuestario y el desequilibrio exterior, con las previsiones efectuadas en el momento de poner en práctica los programas. Los resultados no pueden calificarse de excesivamente satisfactorios ya que se observan importantes desviaciones entre los valores previstos para estas variables y los efectivamente alcanzados.
Esta es la situación. Ahora bien, ¿qué valoración hace España del sistema ACP? España tuvo que asociarse a un convenio de Lomé negociado sin su intervención. No había en la concepción de este convenio ni en su desarrollo nada que pudiese concitar el interés de España, sin vínculos con los países ACP, exceptuando Guinea Ecuatorial. Si

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a ello añadimos que la cuota asignada a España en el FED fue muy elevada, el 6,6 por ciento, tendremos los elementos de la posición española ante el modelo de Lomé hace diez años.
En los últimos años, sin embargo, las cosas han cambiado, pero sólo un poco. España logró rebajar su clave de contribución al FED; la entrada de la República Dominicana y de Haití y nuestra progresiva presencia en Angola y en Mozambique han ampliado nuestro campo de intervención; los retornos suben lenta pero regularmente, siendo en estos momentos, a pesar de su modestia, en torno al 4,5 por ciento, frente al 1,2 que veíamos hace un rato, y bastante superiores a los que recibidos de otros fondos como los Phare, los Taci, los PVD/ALA, Asia o los Meda.
Los cambios que se introduzcan en el convenio de Lomé deberán continuar con la evolución descrita más arriba en relación con los retornos. Para esta revisión del convenio de Lomé hay que tener en cuenta los siguientes elementos. En primer lugar, la globalización, que tiene una lógica evidente desde el punto de vista de la Unión Europea, distinto del punto de vista de sus Estados miembros. España participa, en principio, de la lógica de la globalización, aunque teniendo cuidado en evitar que un excesivo énfasis en los países menos avanzados pueda detraer recursos de América latina, Iberoamérica o de los países mediterráneos, ninguno de cuyos miembros es PMA (países menos desarrollados).
En segundo lugar, la reforma de Lomé también tendrá que tener en cuenta los intereses de la política exterior y de la política de cooperación españolas, que están en el Mediterráneo y en Iberoamérica. El modelo de Lomé que finalmente se pacte también deberá servir a estos intereses. La política comunitaria hacia el Mediterráneo ha adoptado en el último año perfiles bien definidos y dispone de una financiación digna. Por eso Iberoamérica es el área que más hay que vigilar al negociar entre las alternativas posibles que se abren ante los Estados miembros para cambiar el modelo de cooperación con los países ACP.
En estos años hemos aprendido a transitar por el mundo ACP, en el que se encuentra la mayoría de los países menos desarrollados, y España, como potencia media dentro de la Unión Europea y como país donante, debe apoyar una modificación del convenio que favorezca a los más pobres y que sirva para hacer la ayuda más eficaz.
Otro de los elementos que tendremos que tener en cuenta a la hora de negociar el nuevo convenio de Lomé y los nuevos FED será el tema de la supuesta presupuestación. A diferencia, como SS. SS. saben, de los fondos que financian la cooperación al desarrollo, el FED no se financia con el presupuesto comunitario sino que proviene directamente de los presupuestos de los Estados miembros. Desde hace tiempo, hay un movimiento integrado por países con intereses específicos en la zona que reclama la presupuestación del FED. La reclaman la Comisión y el Parlamento Europeo, pero también la reclaman los países ACP. Entre los propios Estados miembros cada vez hay más países que serían partidarios de esta presupuestación. España siempre se ha mostrado contraria a la presupuestación, a incluir dentro del presupuesto comunitario el FED, porque su clave de contribución es inferior a su clave de contribución al presupuesto. Sin embargo, la diferencia entre la contribución española al FED y la contribución española al presupuesto comunitario se ha ido reduciendo en los últimos años y actualmente esta diferencia sólo es de 0,75 puntos. Conviene tener en cuenta que una hipotética presupuestación debería ir ligada a un nuevo formato en todo caso del grupo ACP, desvinculado de clientelismos y de dependencias históricas, cosa que, por otro lado, es bastante difícil de lograr.
Llegado a este punto, creo oportuno entrar a reflexionar sobre el futuro de Lomé. Sin lugar a dudas, esta cuestión es la que está suscitando una mayor expectación en el marco de las relaciones países ACP-Unión Europea.
Este tema es el objeto del denominado libro verde, que fue presentado por la Comisión el pasado día 25 de noviembre. El documento lleva a cabo una evaluación del sistema Lomé desde su nacimiento hasta la actualidad y abre un debate sobre sus perspectivas más allá del año 2000, una vez concluida la vigencia del actual cuarto convenio revisado. Dicho debate comenzó ya en cierto modo con ocasión del Consejo de Ayuda al Desarrollo el pasado 22 de noviembre, en el que tuve el honor de intervenir por parte española. En primer lugar, debe reconocerse que la relación ACP-Unión Europea se percibe crecientemente como falta de adaptación a los cambios internacionales y a las consecuencias que para la propia Unión tienen dichos cambios. La previsible ampliación de la Unión Europea a los países del Este, que no tienen ni lazos históricos ni intereses en países ACP; el refuerzo previsible de la PESC, que saldrá de la conferencia intergubernamental, los acuerdos con los países mediterráneos, la creciente globalización de la economía y la liberalización progresiva del comercio, todos estos elementos plantean cada vez más dudas sobre la conveniencia de continuar con un modelo de cooperación al desarrollo que no se adapta a las nuevas circunstancias y condenado a no alcanzar los objetivos perseguidos.
En definitiva, la modificación del modelo aparece como inevitable, al menos teóricamente. Veamos cuáles son las alternativas posibles en un primer ejercicio de reflexión al hilo de algunas ideas del libro verde.
En primer lugar, en relación con su alcance geográfico cabe imaginar dos opciones básicas, cada una de las cuales se subdivide a su vez en otras dos: mantener el modelo actual o desmantelar el grupo de países ACP. En el caso de mantener el modelo actual, esta posibilidad ofrece dos variantes: o bien mantener el statu quo, es decir, la opción más conservadora, pero que tiene el gran inconveniente de que no se adapta a los cambios mencionados más arriba y de que además impide un enfoque flexible que permita adaptar la cooperación a las circunstancias de cada país, o bien un modelo de geometría variable. En esta última opción se mantiene un tronco Lomé común para todos los países ACP y un tratamiento diferenciado en función de los criterios para diferentes grupos posibles: grupos regionales, grupos por indicadores de desarrollo, grupos ligados a la situación política y económica de los países ACP. Queda, por fin, el caso de Sudáfrica, en el que el tratamiento diferenciado consiste en el establecimiento de una zona de libre

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cambio si finalmente las autoridades sudafricanas se deciden a aceptar la oferta comunitaria.
En este modelo tampoco se altera básicamente la composición geográfica del grupo, pero se pone el acento en el tramo diferenciado en función de alguna de las clasificaciones mencionadas o de las combinaciones posibles entre ellas.
La otra opción es la de desmantelar geográficamente el grupo de países ACP, que ofrece básicamente una posibilidad: globalizar el sistema de Lomé. Se trataría aquí de sustituir el enfoque geográfico y el vínculo histórico por el enfoque más justo del nivel de desarrollo. Según este criterio sólo formarían parte de Lomé los países menos avanzados y deberían salir los que han superado este nivel de desarrollo. Esta concepción de Lomé tendría también complicaciones: por un lado, el acuerdo sobre los países que saldrían del convenio no sería fácil de alcanzar, puesto que hay que negociarlo con esos mismos países, y éste es uno de los elementos más perversos de Lomé, y, por otro, entrarían en Lomé países del sudeste asiático con un importante peso demográfico como Bangladesh, Birmania, Vietnam, que descompensarían las relaciones con el resto.
En segundo lugar, en lo que respecta a los ámbitos de la cooperación, debe acentuarse, en el próximo modelo de cooperación, la insistencia en el respeto de los derechos humanos, en la democratización de las instituciones y en el buen gobierno, y deberán asignarse más recursos para cooperar en nuevos sectores. Hay algunos, como el medio ambiente, de creciente preocupación para Europa que, aunque recogidos en la actual convención de Lomé, carecen de recursos específicos. El resultado es que los gobiernos de los países ACP prefieren dedicar los recursos a otros objetivos.
Finalmente, existen otros ámbitos que interesan especialmente a España, como son la lucha contra el tráfico de estupefacientes, los problemas migratorios y la recepción de emigrantes ilegales por parte de los países ACP o la prevención de conflictos que no están recogidos en el modelo actual y que deberían de incluirse, a juicio de España, en el próximo convenio.
En tercer lugar, en lo que se refiere a la cooperación comercial, tras el acuerdo de Marrakesh de la OMC, Organización Mundial del Comercio, hay cada vez más dificultades para mantener el privilegiado régimen comercial actual y no hay que descartar que acabe siendo declarado incompatible por la OMC, La Organización Mundial del Comercio. Para evitar los problemas derivados de estas dos razones hay que introducir reformas que permitan cambiar la actual situación, bien globalizando el actual sistema de preferencias a todos los países en vías de desarrollo, bien introduciendo la reciprocidad con los países ACP a través del establecimiento de zonas de libre comercio. Dada la escasa posibilidad de que los ACP estén dispuestos a cumplir esta última opción, la mayoría de los Estados miembros en el seno de la Unión Europea se inclinaría por extender el sistema de preferencias generalizadas que, además de ser compatible con la Organización Mundial del Comercio, permite diferenciar la ayuda arancelaria según el nivel de desarrollo de cada país.
En cuarto lugar, por lo que respecta a la programación y a los procedimientos, será preciso dar prioridad a la estrategia sobre los procedimientos de la cooperación y asegurar la coherencia entre los instrumentos, reduciendo su número y reafirmando el papel central del plan indicativo nacional. En cuanto a los problemas que plantea la doble gestión, el comisario Pinheiro, en una reciente intervención ante la asamblea paritaria ACP-Unión Europea, propuso una posible solución que consiste en ceder enteramente la gestión a aquellos países cuya administración funciona razonablemente bien y que la Comisión controle toda la gestión en aquellos países que no pueden garantizar un correcto funcionamiento de su Administración pública.
En quinto lugar, en lo que respecta a los actores de la cooperación, la cooperación contemplada en el convenio de Lomé se hace al ciento por ciento entre gobiernos. En la revisión de Lomé IV, se logró dar mayor entrada a la cooperación de las organizaciones no gubernamentales y al sector privado, pero no se logró establecer una línea directa entre la Comisión y estos posibles actores. La parte ACP exigió que fuesen los gobiernos locales los que actuasen como filtros y referentes de esa cooperación. Un papel más activo de las ONG no significa que haya que apartar al Estado; aparte de ser inconveniente, probablemente sería inútil puesto que los ACP no lo permitirían nunca. Pero sí conviene acentuar el papel del sector privado y de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo, estableciendo una línea directa con ellos y buscando el acuerdo con los gobiernos ACP.
En sexto lugar, tampoco hay que olvidar el principio del partenariado, que es el eje vertebral del modelo de cooperación al desarrollo que establece Lomé. Este principio se manifiesta en todos los aspectos del convenio, empezando por la propia negociación del mismo. A pesar de que éste sólo contiene obligaciones para una de las partes, el convenio es objeto de durísimas negociaciones con los países ACP, que asumen como cosa natural la satisfacción a sus peticiones. Estas van siempre en el mismo sentido: más ayuda financiera, menos controles sobre el uso que hacen de ella y acceso libre de todos sus productos, sin excepción, al mercado comunitario. Correlativamente, se oponen a cualquier incremento de los controles de la Comisión o a la asignación de mayores poderes a ésta. Esta situación, y en particular las consecuencias del partenariado en la gestión de la cooperación, ha conducido a una crítica progresiva de la parte europea a la aplicación de este principio. Estamos asistiendo así a una evolución que partiendo de una actitud de dejación de la Unión se encamina a una actitud cada vez más intervencionista. En la negociación del futuro convenio hay que buscar una redefinición del partenariado y algunas ideas pueden ser: la de acentuar la condicionalidad política de la ayuda, insistiendo en el respeto a los derechos humanos, a la democracia y al principio de buen gobierno, absolutamente necesario en Africa. En segundo lugar, encontrar un nuevo equilibrio entre la responsabilidad del país beneficiario y el control del donante. El Comisario Pinheiro ha propuesto también otra: pasar del principio según el cual la ayuda debe estar basada en la necesidad, completando este principio con el del mérito.


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También se habla de abrir el partenariado dando entrada en las negociaciones y en la gestión al sector privado y a la sociedad civil.
Una vez hechas todas estas reflexiones, complejas todas ellas, quisiera subrayar que es aún temprano para poder definir cuál será la posición española, entre otras razones porque no sólo intervienen motivos de política de cooperación al desarrollo, sino también de política comercial, de política exterior incluyendo aquí nuestras relaciones con los Estados miembros. Esta complejidad hace que la negociación se produzca en el seno del Consejo de Asuntos Generales y no en el Consejo de Cooperación al Desarrollo.
No obstante, ya he dicho que el modelo de Lomé no es particularmente favorable para los intereses españoles, ni por su composición geográfica, ni por los retornos que obtiene España. Con todo, en una primera y general aproximación --y destaco que se trata simplemente de una primera aproximación-- las líneas orientativas de la posición española podrían ser las siguientes: Respecto al alcance geográfico, el mejor modelo es el de un tronco común, Lomé, como tratamientos diferenciados según el nivel de desarrollo.
Además, hay que prever explícitamente la incorporación de Cuba una vez que el régimen se democratice, atendiendo también a la posición común.
Conviene, igualmente, estudiar la posibilidad de extender el régimen de la región del Caribe a los países de América Central o de otras zonas de Iberoamérica como Perú, Bolivia o Ecuador, que saldrían en este caso del Reglamento PVD/ALA. Esta posible ampliación del régimen a ciertos países iberoamericanos será una de nuestras metas durante el proceso de reforma del sistema, aunque habrá que ver qué es lo que compensa más, si mantener el PVD/ALA que otorga mayor ayuda per capita a los países centroamericanos que a ninguna otra área del mundo, o ingresar en el sistema de Lomé, en cuyo caso el mecanismo sería distinto.
Respecto a las preferencias comerciales, la mejor opción es universalizar el sistema de preferencias generalizadas, aceptando si fuese necesario su revisión para que los ACP no pierdan su nivel actual de preferencias.
En cuanto a los ámbitos de cooperación, tenemos que insistir, porque es interés español, en que hay que condicionar políticamente la ayuda. Hay que reforzar la cooperación en el marco del tercer pilar y exigir a los países ACP cooperación en la lucha contra la droga y acuerdos de readmisión de inmigrantes ilegales.
Por lo que se refiere al partenariado, hay que redefinir este principio, evitando las disfunciones que ahora provoca, en particular en los procedimientos.
Sobre los actores de la cooperación hay que apoyar la entrada de la sociedad civil y del sector privado.
Respecto a la financiación, en 1999 la Unión Europea tendrá abiertas sus perspectivas financieras para los cinco años siguientes. Hay que globalizar los fondos que se dediquen a la política exterior comunitaria y ligar nuestra generosidad con las ACP a la de la Unión Europea con los países mediterráneos y con los países de América Latina. Habrá que abordar el debate de la presupuestación y, como ya he indicado, nuestra primera reacción debe ser la de oponernos, a reserva de que podamos cambiar de posición a la luz del formato que pueda ir adoptando el nuevo modelo de Lomé.
De acuerdo con el calendario previsto por la Comisión, ésta presentará a los Estados miembros un borrador de mandato el próximo otoño para su discusión y posterior aprobación por el Consejo a lo largo del año, con la idea de iniciar las negociaciones con los países ACP para renovar el acuerdo de Lomé este mismo año.
Es preciso, señorías, aprovechar esta oportunidad e intentar reformar y adaptar en su caso el modelo de Lomé a la realidad en la que tendrá que actuar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalonga.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor Secretario de Estado, quiero comenzar agradeciéndole la extensión y detalle de su exposición, con la que, por otra parte, como no es una posición definitiva, según como usted mismo ha dicho, podemos decir que coincidimos de una manera bastante amplia.
En este proceso que tiene que seguir, el Gobierno, y concretamente usted, de aquí al mes de octubre de este año, hasta que se produzca la propuesta de la Comisión, la cual, a través del libro verde, ha convocado un debate amplio, en sus propias palabras --debate que aún no se ha abierto, al parecer, en nuestro país de manera amplia, sino solamente en los círculos de reflexión--, encontrará nuestra disposición a acompañar esa reflexión del Gobierno, en esta Comisión o en el ámbito que se estime oportuno porque nos parece muy importante.
Compartimos su referencia en cuanto a la relación de España en el momento de nuestra incorporación a la Unión Europea con lo que era la convención de Lomé; es un instrumento que se utiliza para incorporar la relación preferencial de determinados países miembros de la Comunidad, sobre todo en el momento de la incorporación del Reino Unido, con sus antiguas colonias. Se incorporan también los mecanismos que tenían ya las ex colonias francesas, lo mismo que las holandesas, belgas, etcétera.
Desde ese punto de vista, cabría una expresión descalificatoria, pero entendemos que no, y yo soy de los que he defendido, desde el momento de nuestra integración, que Lomé era el principal instrumento de política exterior de la Unión Europea en una Unión Europea que no tenía una definición de política exterior, sin embargo, está ahí y es el principal instrumento.
Precisamente el que España, desde el momento de su incorporación, aceptase sin reservas lo que estaba obligada a aceptar, como acquis communautaire, y se incorporara plenamente a participar en ello, era lo que nos daba legitimidad para exigir que el resto de los socios de la Unión Europea asumieran también como propio lo que para nosotros eran nuestras prioridades de política exterior: Iberoamérica o el propio Mediterráneo. Creo que ese ejercicio, en términos generales, se puede valorar como satisfactorio y creo que hay una línea de continuidad en la acción de

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Gobierno en esa filosofía y en ese pensamiento; sus palabras entiendo que así lo reflejan.
Sin embargo, coincido con usted en que a la hora de hacer una evaluación de los resultados, de los mecanismos y de las consecuencias de la convención de Lomé, cuando uno mira las cifras no puede ser muy satisfactoria. Quizá cabría hacerse la pregunta de qué hubiera ocurrido en ausencia de estos mecanismos. Coincido con usted en que hay una excesiva burocratización, en que hay una excesiva dispersión de acciones.
Pero sí me gustaría advertir del riesgo de que se decida sustituir un sistema que tiene indudables defectos por otro sistema cuya eficacia no está probada. Creo que es una advertencia que resulta de justicia y de lealtad hacerla y que me gustaría se tuviera en cuenta en el proceso de reflexión que el Gobierno va a hacer a lo largo de los próximos meses.
Creo que las líneas que ha planteado usted como elementos principales, en términos generales, son bastante sensatas. A nosotros lo que nos preocuparía sería que se decidiese un desmantelamiento, una dislocación geográfica de lo que es Lomé como elemento cultural de la proyección de la política exterior, de las relaciones exteriores de la Unión Europea.
Cuando se crea, Lomé es algo que carece de sentido en la lógica y que responde simplemente a la trasposición de componentes coloniales; pero al día de hoy ya podemos hablar de una cultura Lomé, con todos sus defectos.
Hay elementos positivos en esa cultura Lomé que tendríamos que procurar preservar.
Habla usted --y me ha resultado interesante-- de la intención del Gobierno de promover una profundización y extensión de la convención de Lomé a otras zonas en la región del Caribe, y habla incluso de Perú, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, la realidad nos dice lo contrario. Estos países, ante la perspectiva de una eventual transformación radical de la convención Lomé, han optado por otros mecanismos. Lo que antes era el Caricom, que se creó en 1973, ha dado paso a la Asociación de Estados del Caribe con quince miembros y más de 200 millones de habitantes. ¿Qué puede significar esto? ¿Estamos ante una reacción de estos países que ven en el horizonte un abandono por parte de la Unión Europea y están buscando una vía de integración regional que les permita una interlocución mejor con el área del Nafta? Es una reflexión que quería trasladarle.
En beneficio de la convención de Lomé, hay que decir también que a lo largo de su historia ha ido incorporando instrumentos muy innovadores.
Algunos de ellos han demostrado una gran eficacia en países que tenían una estructura económica basada fundamentalmente en monoproducción. El caso del STABEX, con todos los defectos que pueda tener, me parece un ejemplo claro. Lomé III de 1984 es el primer tratado de la Unión Europea de cooperación multilateral al que se incorpora una cláusula democrática con carácter genérico y con limitaciones. Usted también ha hecho referencia a los compromisos de la Unión Europea, y cuando uno mira las cifras de población nos preocupa el riesgo de que esta reforma al final se traduzca en una pérdida de interés de atención y, por tanto, de recursos destinados desde la Unión Europea hacia Africa. Cuando hablamos de que Africa sudsahariana tiene 559 millones --tendrá bastantes más-- o el este de Asia y el Pacífico, 1.714, o el sur de Asia 1.194, resulta un poco preocupante que soluciones que se puedan adoptar en la llamada geometría variable, nuevas modalidades, etcétera, puedan conducir a distorsionar completamente el sistema actual en lugar de rectificarlo, corregirlo y ponerlo en curso.
Es cierto, y lo ha señalado usted, que se han trasladado a la convención revisada principios que se incorporaron con el Tratado de la Unión Europea. El artículo J.1 y en el 130 U se habla del desarrollo y fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, del respeto de los derechos del hombre y las libertades fundamentales, y eso se reproduce literalmente en el artículo 5 de la convención de Lomé revisada. También se incorpora la buena gestión de los asuntos públicos, concepto vago y genérico sobre el que nos gustaría hacer una reserva.
Entendemos lo que significa esto, pero nos preocupa una utilización unilateral de ese concepto para limitar la ayuda a estos países.
Habla también de la condicionalidad política. No podemos más que estar satisfechos y de acuerdo con la incorporación de ese principio, pero con carácter general en el conjunto de las relaciones bilaterales y de cooperación de la Unión Europea, trátese de Africa sudsahariana, trátese del Magreb o de China. Así lo entenderíamos y lo compartiríamos.
Me gustaría expresar también nuestra preocupación por las perspectivas de las relaciones comerciales, sobre las que ha hecho alguna referencia indirecta. Habla del deterioro de los términos de intercambio, lo que es cierto, pero hay que añadir algo más. No es sólo que de 1980 a 1994 estos países han pasado de representar el 7,2 de las importaciones de la Unión Europea al 2,8, entendamos que en la Europa a Doce; es que como consecuencia de la ascensión del sistema de preferencias generalizadas ha habido una proliferación de mercancías que entraban a la Unión Europea sin ningún tipo de trabas de terceros países, mientras que ahora el 60 por ciento de las exportaciones de estos países no se beneficia de un sistema preferencial, y sólo en torno al 7 por ciento se beneficia de un margen que podíamos considerar significativo por encima del 5 por ciento.
Se ha referido usted a las distintas opciones de mantenimiento del statu quo, integración en el sistema de preferencia generalizada, reciprocidad uniforme o reciprocidad diferenciada --entiendo que en el marco del artículo 24 del GATT--, planes por países. Nos reservamos nuestra opinión, nos ocurre como a usted, no tenemos tampoco un criterio formado.
Lo que sí es cierto es que hasta la Unión Europea ha venido resolviendo estos problemas mediante un waiver, una suspensión temporal por parte del GATT. Yo creo que eso sigue siendo posible y sigue siendo conveniente hoy dentro del sistema actual. Lo contrario sería destrozar las perspectivas comerciales de estos países en sus producciones; es decir, obligarles a un sistema pleno sin ningún tipo de sistema preferencia de protección de exportaciones, etc., podría tener en muchos casos resultados desastrosos.


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Ha hecho usted referencia a Mauricio. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con los países ACP es que no existe un modelo. Mauricio es un ejemplo magnífico, pero no es un modelo para Tanzania, como políticamente Mali o Costa de Marfil tampoco lo son para Angola. Con eso tenemos que convivir. Se habla también en la convención revisada de una inserción armoniosa y progresiva de la aplicación de la cláusula política, por así decirlo, que entendemos induce a una interpretación un tanto generosa y laxa de la aplicación de estos principios. No sé si usted lo interpreta así. Si no es así, olvídelo.
Ha hecho usted una referencia a nuestro retorno. Coincido plenamente, pero le añadiría algo. Los retornos no se originan solamente con el mero hecho de contribuir con las cuotas a los fondos comunitarios o al FED, se requiere también una presencia. Mi opinión es que si se quiere obtener un margen adecuado de retorno, hay que hacer una política bilateral también sustancial, aunque sea eligiendo un grupo determinado de países. La presencia de empresas y de ONG españolas en algunos de esos países es quizá la mejor vía para garantizar que ellos, que tienen algún derecho de opinión en ello, opten por empresas y proyectos españoles.
Ha hecho también usted referencia al estímulo. Yo creo que ese estímulo habría que generalizarlo no solamente a la empresa, sino a las ONG. Yo sé que usted todavía no ha conseguido encontrar una relación fluida con las ONG --aunque de momento lo lleva mejor que la Ministra de Medio Ambiente--, pero estará de acuerdo conmigo en que ésa puede ser probablemente la vía más importante.
En definitiva, yo terminaría diciéndole que nos parece importante esta comparecencia; que en el proceso que se va a producir en los próximos meses de evaluación del libro verde nos gustaría que realmente hubiese un debate y una relación fluidos; que desde esta Comisión o desde el ámbito que el Gobierno prefiera estamos dispuestos a colaborar con él para intentar diseñar una posición española; que nuestra posición va a ser, evidentemente, la no dislocación, la no destrucción geográfica de Lomé, salvo que se nos den argumentos en contrario, y que no se pierda el montante de recursos que viene destinando la Unión Europea a los países ACP. Aquí creemos que tampoco la noción que se suele aplicar en las relaciones comerciales de la Unión Europea de mantenimiento de las corrientes tradicionales puede ser efectivamente satisfactoria, porque la verdad es que con eso estaríamos limitando las posibilidades de crecimiento.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Por el Partido Popular, tiene la palabra su portavoz, señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, en primer lugar debo agradecer la oportunidad de la petición de la comparecencia. Me explicaré. Creo que desde un punto de vista político y parlamentario la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista de solicitar la comparecencia del señor Secretario de Estado para hablar de la evaluación de Lomé en todos estos años es de extraordinaria importancia; de extraordinaria importancia en sí y de extraordinaria importancia para esta Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo. Tengo la sensación, señorías, de que hoy, durante la mañana, se están produciendo declaraciones importantes sobre cuestiones para las que nosotros estamos aquí trabajando y como una parte más de los actores de la cooperación.
En segundo lugar, quiero agradecer --como ha hecho el portavoz del Grupo Socialista-- la extensa, documentada y ajustada intervención del Secretario de Estado, que nos gratifica por varias razones: por la importancia que se le da a esta Comisión parlamentaria --ya lo anunció en su primera comparecencia-- y también por sus contenidos.
Con independencia del problema complejo que va a suponer la revisión de Lomé, de la situación geoestratégica y geopolítica de lo que supone y ha de suponer Lomé a partir del próximo siglo, la columna vertebral de la intervención del Secretario de Estado es digna de resaltar. Me ha llamado mucho la atención --y así lo celebro, señor Secretario de Estado-- la reflexión que hace usted a la síntesis de la cooperación al desarrollo, que es hacer lo que sea para que, en definitiva, los países más pobres, la lucha contra la pobreza sea el objetivo final de la cooperación. Por ello, la cláusula democrática que se introduce en la revisión de Mauricio del IV Convenio de Lomé es de extraordinaria importancia si se aplica, señorías, con coherencia; si en el futuro la Unión Europea es capaz de aplicar con coherencia las condiciones políticas de la cláusula democrática.
Señor Secretario de Estado, señorías, el problema de la cooperación al desarrollo, la evaluación negativa de los resultados de Lomé --como usted ha dicho, utilizando una palabra un tanto gruesa-- es decepcionante, habida cuenta de que --y su apreciación es muy importante-- han crecido las diferencias entre el norte y el sur, que las desigualdades sociales en los países ACP son ahora más acusadas que entonces, dejando de lado y resaltando, por supuesto --como lo ha hecho el portavoz socialista--, las virtualidades importantes de la cultura Lomé. Pero eso es cierto, y nos lleva a pensar a muchos, en este ámbito y en otros ámbitos geográficos, en la cantidad de esfuerzos y de recursos que durante tantos años han dedicado los países más adelantados al desarrollo, y la poca virtualidad de los logros conseguidos.
La reflexión que yo quiero hacer, señorías, es la misma que el señor Secretario de Estado ha hecho en su intervención y que hace constantemente en otras intervenciones. El Grupo Parlamentario Popular entiende que un elemento clave de la eficacia de la cooperación es la corresponsabilidad. Podemos destinar recursos, diseñar estrategias, perfeccionar mecanismos, pero si al final los países en vías de desarrollo no aceptan esta corresponsabilidad de modo gradual e importante, ellos van a conseguir muy pocos objetivos en su propio desarrollo, equiparación y nivelación de las desigualdades. Por ello he dicho antes, y repito ahora, que la Comisión se está llenando de noticias y declaraciones importantes, como la que anteriormente ha hecho

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el Secretario de Estado relativa al mecanismo de transformación de los mecanismos de los créditos FAD en créditos al desarrollo. Dicho sea de paso, señorías, esto está en el programa del Partido Popular hoy en el Gobierno. Compartimos, señor Secretario de Estado, naturalmente que sí, esas seis posiciones iniciales del Gobierno español ante la revisión de Lomé.
Finalmente, señor Secretario de Estado, tenemos que hacerle unas preguntas, puesto que su intervención nos ha sugerido alguna cuestión realmente interesante. ¿Hasta qué punto se puede dar la posibilidad de que el Gobierno español, en la futura negociación de la revisión de Lomé, colabore para introducir a Cuba como parte integrante del convenio? En este sentido, y en relación a esta misma pregunta, señor Secretario de Estado, ¿cuál es la situación de Guinea Ecuatorial como país suspendido en el Convenio de Lomé?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villalonga.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Señor Izquierdo, yo también considero importante este debate sobre la reforma de Lomé y que precisamente tenga lugar en una comisión como la de Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Congreso de los Diputados, lo que demuestra la naturaleza de instrumento para la ayuda al desarrollo de un Convenio tan importante y sustantivo como es el de Lomé. Pero lo mismo ocurre en esta Cámara con esta Comisión y la Comisión de Asuntos Exteriores, en la Unión Europea, a pesar de que es un tema que, por su contenido, se debate en el Consejo de Desarrollo, se decide de acuerdo con los principios de la política exterior, en el Consejo de Asuntos Generales por los ministros de asuntos exteriores, de forma que, por desgracia, tiene implicaciones importantes de política exterior, de política pura y dura. De manera que no sólo son consideraciones al desarrollo lo que se hace con Lomé, lo que también responde a la naturaleza poco comprensible del ámbito geográfico de Lomé, como señalaba el portavoz socialista, sino que responde, digamos, a los antiguos lazos coloniales de algunos países europeos con los países africanos. Eso sigue presente en Lomé, de manera que yo soy bastante escéptico ante este proceso de reforma, en el que todavía no está pergeñada la posición española definitiva sobre todos esos puntos que les he señalado, sino que simplemente son intereses de nuestro país que todos conocemos.
Como digo, soy bastante escéptico sobre lo que se puede hacer con Lomé en relación con todos esos puntos; es decir, Lomé, hoy en día, no es un instrumento de desarrollo. Lomé ha sido nefasto para Africa y hemos de decirlo así. A pesar de que esa cultura de Lomé sea importante, los países africanos son más pobres que nunca; a pesar de haber establecido un sistema de entrada de cero aranceles para los productos agrícolas africanos, en Africa no hay seguridad alimentaria, por lo que se demuestra que Lomé puede haber sido interesante a efectos de exportación para los intermediarios --muchas veces las grandes producciones que entran en Europa están controladas por los propios europeos, eso también hay que decirlo, que son los que se benefician de ese comercio, de ese cero de aranceles--, pero no hemos logrado conseguir la seguridad alimentaria en Africa. Entonces, habrá que buscar otro tipo de mecanismos y no el de Lomé. No nos engañemos los españoles ni los europeos diciendo que Lomé es un mecanismo de cooperación al desarrollo, porque realmente no lo es; después de 10 años, poco desarrollo se ha conseguido en Africa.
¿Qué hubiese ocurrido sin Lomé? Posiblemente, Africa hubiese estado peor, pero eso son especulaciones. ¿Qué hubiese pasado con Africa sin colonialismo? ¿Qué pasaría con Africa sin ese desarrollo descontrolado de las ciudades y la ruptura el equilibrio entre el campo y la ciudad? Africa es un continente realmente sangrado, con grandísimos desequilibrios y que recibe un trato muy comercial por parte de Lomé, poco acorde a las necesidades de su desarrollo, y ese tipo de reflexiones no son las que hacemos los países europeos a la hora de renegociar Lomé, sino que entran en juego muchos otros intereses: los de los grandes exportadores del algodón, de la yuca, de las harinas; entran en juego otro tipo de consideraciones de influencia política, las zonas comerciales de Lomé, las zonas monetarias de Lomé. Todo eso se tiene en cuenta a la hora de su reforma pese a todo lo que podamos decir aquí, en la Comisión de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, y en el Consejo de Desarrollo de la Unión Europea respecto a la seguridad alimentaria, respecto a la cláusula de derechos humanos y respecto al buen gobierno, ya que es importante exigir buenos gobiernos en Africa.
Tenemos el caso del Zaire, que hemos comentado antes, en el que, de la noche a la mañana --digamos la verdad--, la comunidad internacional, ante la posible desmembración del Zaire, ha cerrado los ojos a la realidad de Mobutu. Ya nadie habla de la sustitución del dictador, del efecto de Mobutu en el Zaire, sino que ahora se habla de la integridad territorial, del alto el fuego, pero nadie está hablando realmente de la clave del problema africano, que se llama neocolonialismo, estructuras heredadas de una situación colonial, una descolonización rápida y precipitada, una pobreza y las propias estructuras sociales del continente. Todos esos elementos se tendrán que tener en cuenta a la hora de reformar Lomé.
Sobre la posibilidad de dislocar geográficamente Lomé, por supuesto que yo, como responsable de cierta política al desarrollo, y los responsables de la Unión Europea, los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea, que los son de las políticas al desarrollo, y esta Comisión, nos tenemos que plantear que en Lomé entran muchas cosas. Hay países de desarrollo muy desigual. ¿Por qué tiene que ser el Caribe anglófono y no tiene que ser centroamericano? ¿Por qué países con 7.000 ó 5.000 dólares de renta per cápita tienen que tener hasta 10.000 y entrar en el sistema de Lomé, y sin embargo tienen el mismo tratamiento que países menos desarrollados? Yo creo que tenemos que hacer un estudio serio y plantearnos Lomé como instrumento de política al desarrollo y no tanto como

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instrumento de política exterior. Si es instrumento de política exterior, parece que pesa más la influencia colonial o neocolonial de algunas potencias europeas en el desarrollo o en el dibujo de lo que es la PESC que lo que realmente son los intereses de la comunidad en general. Si se amplía la unión a los países del Este, esa proyección tan privilegiada de un continente y tan globalizada, sin diferenciación de Lomé, no tiene demasiado sentido. Estas son consideraciones políticas a lo mejor un poco arriesgadas, pero creo que nosotros, como responsables de la política española para el desarrollo, las tenemos que hacer de la forma más honesta posible. Aquí tenemos que utilizar consideraciones fundamentales de desarrollo y no tanto de política exterior. Pero éstas son reflexiones que nos tenemos que hacer todos respecto a Lomé.
Hay zonas del mundo que realmente necesitarían una acción prioritaria.
Hay países que pueden trastocar geográficamente lo que es el diseño actual de Lomé, pero no creo que la geografía sea un valor sacrosanto.
Sobre todo es importante el tema del desarrollo, más allá de estas consideraciones.
Respecto a Cuba, por supuesto que tiene que estar previsto dentro de Lomé una posible extensión a Cuba. Primero tendría que solicitarlo el Gobierno cubano, y después tendremos que hacer frente a los requisitos de la cláusula democrática. ¿Que hay países Lomé que no cumplen con esa cláusula democrática? Cierto que hay quienes no la cumplen y que tampoco se les aplica, pero al menos tenemos una posición común sobre el tema de Cuba y desde luego se tiene que prever en Lomé la posibilidad de que se incluya.
En cuanto a Guinea Ecuatorial, como saben, la suspensión fue decidida por la Comisión en 1992 sin haber sido oído el Consejo. En el grupo de trabajo continúa abierto el debate acerca de las condiciones que se deben fijar para el restablecimiento de las relaciones de cooperación. España tiene una buena disposición a pronunciarse en favor de una reanudación, siempre que el Gobierno de Guinea Ecuatorial dé signos visibles de una buena voluntad de emprender reformas serias en el camino democrático. Esa es la postura del Gobierno de ahora y del de antes y la que será en el futuro.
Lomé va a ser un proceso complejo, en el que ya les digo a SS. SS. que no sólo van a entrar consideraciones de política honesta hacia el desarrollo, sino otro tipo de consideraciones, porque Lomé es un instrumento, que, como ustedes saben y ha dicho el Diputado Estrella, ha sido más herramienta de la PESC que política al desarrollo, y los resultados ahí están.


El señor PRESIDENTE: El señor Estrella tiene la palabra.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Yo soy geógrafo, y como tal no creo en el determinismo geográfico. Por tanto, no sacralizo la geografía, pero creo que es un factor que se debe tener en cuenta.
Nada más. Espero que sigamos discutiendo sobre estos temas.
PREGUNTAS:

--DEL SEÑOR FUENTES GALLARDO (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE CRITERIOS QUE PIENSA UTILIZAR EL GOBIERNO EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A PROYECTOS Y PROGRAMAS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN EL AÑO 1997. (Número de expediente 181/000414.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a las preguntas que figuran en el orden del día.
Para formular la primera, sobre la convocatoria de subvenciones presentadas por las ONG en el año 1997, tiene la palabra su autor, el señor Fuentes Gallardo.


El señor FUENTES GALLARDO: Voy a ser breve, porque a estas alturas del debate todos lo agradeceremos, tanto en la exposición que yo haga como en la respuesta que me dé el Secretario de Estado.
En primer lugar, quiero plantear una cuestión previa. Usted recordará que en septiembre, en su primera comparecencia ante esta Comisión, yo le pedí la relación de proyectos presentados por ONG, los presupuestos y cuáles habían sido subvencionados. Hace una semana, casi cuatro meses más tarde, muy amablemente el Pesidente de la Comisión me facilitó su respuesta, pero mi sorpresa fue extraordinaria cuando vi que esa respuesta era la copia del «Boletín Oficial del Estado». Yo para eso no le pido nada, porque mi obligación es estar al tanto de lo que publica el «BOE» en los temas que a mí, como portavoz de esta Comisión, me afectan. Yo le pedía otra cosa. Probablemente o no me expresé bien o no me entendió bien, pero se lo quiero reiterar ahora de forma más clara.
Lo que quiero conocer son todos los proyectos presentados por las ONG. En su Secretaría hacen una calificación técnica de cada proyecto y después de ver todos, unos los subvencionan y otros no. Eso es lo que yo quiero saber: la lista de los proyectos presentados, la cuantía de cada proyecto, su calificación técnica, y después, saber que si han presentado, por ejemplo, cinco proyectos cada ONG, se le han subvencionado tres, que cada proyecto era de tal cuantía y que se les ha subvencionado éstos que son los que figuran en el «BOE». Esa es un poco la petición que le vuelvo a reiterar y espero que cuanto antes la pueda tener.
Entrando ya en la pregunta le diré que ustedes sacaron unas normas este verano para concesión de subvenciones, ayudas y programas de proyectos de las ONG que tuvieron cierta discrepancia por parte de la coordinadora y de alguna ONG. Probablemente acababan ustedes de llegar al Gobierno y la prisa o el desconocimiento pudo influir en las características de esa convocatoria. Por eso quiero plantearle si en la próxima convocatoria que ustedes tendrán que hacer van a mantener sustancialmente los criterios para subvencionar proyectos y programas o si piensan de alguna forma modificarlos.


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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Si lo que el señor Diputado quería saber era todos los proyectos presentados y las calificaciones, le diré que es una documentación ingente. Si quiere yo la pongo a su disposición en la Agencia Española de Cooperación.
En relación con las calificaciones de la junta, le pido la mayor discreción posible. Las deliberaciones son secretas, y la composición es lo más aséptica posible, usted la conoce; es prácticamente la misma que existía anteriormente. Yo no he modificado ninguna de las propuestas que me ha hecho la junta de calificaciones, cosa que no se puede decir de actuaciones anteriores. Lo que yo sí le pido es la reserva, porque si no sería una presión muy grande a la que se vería sometida esa junta antes y después, y no nos gustaría que el sistema, que está funcionando bien, fallase. El material está a disposición de S. S. en la Agencia, ya digo que es ingente y bastante técnico.
Respecto a las modificaciones de las bases para la subvención a las organizaciones no gubernamentales, le diré que no sólo no fue producto de la precipitación, sino que fue fruto del profundo convencimiento del Gobierno, del Ministro de Asuntos Exteriores y de este Secretario de Estado de la buena vía. Si bien causaron polémica al principio, yo creo que hoy en día no sólo han sido aceptadas sino que han sido aplicadas por el Ministerio de Asuntos Sociales con absoluta y total tranquilidad, de manera que estamos en el buen camino, pero estamos todavía muy lejos de las condiciones de subvenciones que exigen otros países europeos con mayor tradición de cooperación y ayuda al desarrollo, con organizaciones no gubernamentales más potentes y con acciones en el exterior más importantes que el nuestro. Las modificaciones de las bases irán siempre en el sentido de facilitar las subvenciones de las organizaciones no gubernamentales, de reducir la burocracia, por supuesto, de facilitar la acción de las ONG en los proyectos, pero incrementar siempre el control y, no se olviden, hacer que las ONG sean verdaderamente no gubernamentales. De manera que en el futuro la proporción de fondos propios de las ONG en proyectos tenderá a incrementarse para equipararnos progresivamente a los países de nuestro entorno. Por el momento no se piensa modificar las bases. Creo que es una buena entrada exigir un cinco por ciento mínimo, y hasta un 20, de fondos propios, es lo mínimo que se podía exigir, y ésa va a ser la vía lógica y natural.
En el futuro habrá que modernizar también la colaboración de la Administración y hacer convenios marcos plurianuales en la medida en que nos deje la Ley de Presupuestos y la Intervención. Es decir, trataremos de mejorar todos los mecanismos de cooperación. Pero estamos completamente convencidos de que estamos en el buen camino y de que tenemos la razón moral, y así lo ha reconocido la sociedad española.
El señor PRESIDENTE: El señor Fuentes Gallardo tiene la palabra.


El señor FUENTES GALLARDO: Sobre la primera cuestión no tengo ningún interés en acceder a datos de carácter reservado. Tampoco desearía que después hubiera cualquier filtración y se pudiese imputar a este Diputado. Si fuera posible me gustaría que me los enviara, si no, no tendría inconveniente en trasladarme a la Secretaría de Estado.
Le pondré un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que una ONG como Intermó ha presentado cinco proyectos, cada uno con su cantidad, de los cuales la Secretaría ha subvencionado uno, tres o cinco. Eso es lo que quiero saber acerca de las ONG, no toda la documentación de cada proyecto, sino simplemente una línea. Es decir, si Intermó presenta proyectos para construcción o para colaboración que suponen tanto dinero, pretendo que se me indique los que recibieron subvención y los que no la recibieron.
Si tuviese otro interés se lo pediría, y le agradezco su disposición.
Sobre el tema de las ONG, es un debate que hemos tenido muchas veces, no se puede olvidar, no se puede dar la espalda a algunas cosas. Usted sabe que ha habido críticas a la base de la convocatoria, a las normas que ustedes sacaron fundamentalmente. Se decía por las ONG que había excesivas trabas para las que accedían por primera vez. Se expresaba una discrepancia y además una pregunta sobre las auditorías externas. Se puede hacer una pregunta, y no sé si usted podrá contestarla: ¿se puede imputar como coste indirecto del proyecto el gasto de la auditoría externa? Si no, evidentemente, una auditoría externa para cada proyecto a partir de cierta cantidad es una cosa complicada. Porque usted sabe como yo, pero es bueno que se repita, que la no actuación de una auditoría externa no significa que no se controlase. La Administración puede controlar los proyectos de las ONG y probablemente con una auditoría externa todavía más, pero no se dé la imagen de que si no hay auditoría externa no hay control. ¿Que se puede perfeccionar? De acuerdo. ¿Que el que había era insuficiente? Muy bien, mejórese. Pero no hay una dicotomía entre que si hay auditoría externa hay control y si no la hay no hay control. No; hay control por la Administración, probablemente más imperfecto, pero eso es discutible.
Usted sabe que otra de las pretensiones era que los proyectos no estuviesen en contradicción con las líneas generales de la política exterior española. Es un concepto bastante ambiguo, pero además plantea otro problema: si en el tiempo cambia la política exterior española, ¿qué pasa con el programa que se esté ejecutando, que esté en vías de ejecución? Por ejemplo, como puede haber pasado con Cuba. A ustedes las ONG les han planteado esas dudas.
Ustedes establecían la subvención máxima en el 80 por ciento del proyecto y excepcionalmente en el 95. ¿En qué casos? La excepcionalidad sin ninguna otra matización deja un campo muy amplio a la arbitrariedad --en el sentido etimológico de la palabra no en sentido peyorativo-- a quien concede las ayudas.


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Yo le digo en tono bastante coloquial y, si quiere, amistoso --en mi opinión no es un juicio de valor, y usted lo toma en lo que vale y si no le parece correcto no lo admita-- que tiene una cierta obcecación con el tema de las ONG. Le pongo un ejemplo que me sorprendió extraordinariamente. Cuando se discutieron los Presupuestos Generales del Estado hace unos meses, todos los grupos parlamentarios, salvo el Grupo Parlamentario Popular, planteábamos una enmienda de 20 millones de pesetas, dentro de lo que supone en el volumen de los Presupuestos Generales del Estado. Los compañeros de su partido presionaron, en el buen sentido de la palabra, y hablaron para que se retirase esa enmienda, presentada, insisto, por todos los grupos por 20 millones de pesetas para subvencionar a la coordinadora de ONG. ¿Merecía esa enmienda el peregrinaje de decir que esto no se puede apoyar? Tampoco es tan importante, porque se subvenciona a mucha gente en este país. Lo pongo como ejemplo.
Tal vez desde su punto de vista esté equivocado, pero me sorprendió lo que pasó en el debate de presupuestos, repito, para una enmienda de 20 millones de pesetas en un presupuesto muy amplio del Ministerio de Asuntos Exteriores e infinitamente mucho más amplio de todos los Presupuestos Generales del Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Villalonga, tiene la palabra.


El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): En ningún momento hemos dicho que la política exterior española en relación con Cuba entre en contradicción con la política de ayuda al desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores; para nada. Todo lo contrario, no sólo se ha mantenido la política a un nivel de ayuda al desarrollo con Cuba sino que se ha incrementado, de manera que no veo ninguna contradicción en ningún proyecto que se haya podido paralizar de ONG con Cuba, ni ninguna organización no gubernamental que haya presentado queja porque se haya suspendido o no se haya aprobado algún proyecto de ayuda al desarrollo, de ayuda humanitaria, de ayuda alimentaria o de emergencia con Cuba; no sé qué es lo que hace a S. S. exponer ese comentario.
Respecto a ese cinco por ciento, como señalan las bases, en el caso de proyectos de desarrollo básico se exigirá ese cinco por ciento de financiación propia. No se puede dar el mismo tratamiento a proyectos de desarrollo a microempresas que a proyectos de desarrollo básico destinados a la sanidad, a la salud, en países menos desarrollados. Esa era la distinción inicial en unos programas entre fondos propios el cinco por ciento y el 20 por ciento.
En cuanto a las auditorías externas, las incluyeron ustedes en las bases de subvenciones de las ONG, no las ha incluido el Partido Popular; es el sistema que utilizan todos los países que tienen subvenciones a ONG, porque es prácticamente imposible que la Administración, con 260 proyectos subvencionados tan sólo el año pasado entre una convocatoria y otra de organizaciones no gubernamentales, pueda controlar esos proyectos con sus recursos propios, ni en viajes ni en control directo. Hay otras vías de control también, pero es importante el control in situ y la auditoría externa, que, por otro lado, la exigen todos los países de nuestro entorno y todas las agencias de cooperación al desarrollo.
Sobre las ONG, usted dice que yo estoy obsesionado. Creo que hay una buena relación con las ONG. Yo he sido cocinero antes que fraile, y esto de la cooperación me lo creo y conozco bien sus mecanismos. Son las propias ONG, las grandes ONG que informan a ustedes las que piden muchas veces cosas. No se crea que el mundo de las ONG es un mundo con voz única. Hay grandes discrepancias entre las ONG, la coordinadora, el 0,7; otra cosa es la caja de resonancia, la acción concreta sobre los partidos políticos, una acción concreta sobre el minado o el desminado que puedan hacer en un momento determinado, pero hay grandes divergencias.
Organizaciones españolas han estado apoyando en el último Consejo Europeo de Desarrollo la inclusión de un punto en el orden del día, que es la coherencia sobre las pesquerías. Es curioso que frente a toda la política agrícola común, que es la incoherencia más absoluta respecto a la política de desarrollo, resulta que una ONG español muy conocida apoya la inclusión en el orden del día del Consejo de Desarrollo las pesquerías y la coherencia. Flaco favor también, aparte de que las pesquerías son bastante más coherentes, al menos en los acuerdos firmados de cuarta generación, que otras políticas comunitarias. De manera que no estoy obsesionado con las ONG, les concedo un gran valor en la cooperación al desarrollo, concedo un gran valor moral a estas sociedades, y precisamente porque creo y conozco a las ONG es por lo que actúo como actúo. Le aseguro a usted que no es un capricho, ni siquiera posicionamiento político previo. Estoy completamente convencido de la bondad de la sociedad civil para la cooperación al desarrollo, pero la sociedad civil tiene que tener también controles, como los tiene la Administración. Esta es una dialéctica normal que se produce entre el administrador y el administrado, entre el contribuyente y Hacienda, entre la Secretaría de Estado y las organizaciones no gubernamentales que reciben subvenciones. Es una dinámica normal: uno que quiere controlar y otro que no quiere ser controlado. Hemos visto lo mismo con respecto a los países ACP, que no quieren ser controlados, y la comisión que quiere controlar la ayuda. Es una dialéctica normal que se produce.
Respecto a la línea presupuestaria, ustedes nunca aprobaron una enmienda concediendo una subvención a la coordinadora de ONG, y mire que llevan años trabajando con ONG. Nunca se aprobó una línea presupuestaria con respecto a las ONG.
Yo nunca me he negado a financiar a la coordinadora proyectos concretos.
Ahora bien, una financiación global a la coordinadora porque sí, sin control, no puede ser. La coordinadora puede tener un papel importante en la educación para la cooperación al desarrollo, de acuerdo. Que se me presente un proyecto, lo estudiaremos y lo financiaremos en el caso de que sea adecuado. Eso lo hemos dicho

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siempre, otra cosa es conceder una subvención de carácter global para no sé qué. Las ONG, y sobre todo las poderosas, deben contribuir a financiar su propio órgano de representación, porque creemos en una sociedad civil, y lo otro es crear estructuras financiadas o subvencionadas. Ya sé que existen muchas entidades subvencionadas en este país. ¡Ojalá existiesen menos! La gente que está interesada en que existan esas estructuras, entre ellas la Administración también, piensa que es importante tener un interlocutor con las ONG, aunque a veces se generan dobles discursos entre unos y otros. Tienen que ser las ONG las que hagan frente a los gastos corrientes de la coordinadora. Ese era el principio.
Vuelvo a reiterar mi total disposición para financiar los proyectos concretos al desarrollo que me planteen las organizaciones no gubernamentales. Financiar el funcionamiento de gastos corrientes de la coordinadora, como se hacía hasta ahora, a través de detraer recursos al programa de subvenciones de acciones para el desarrollo en el Tercer Mundo, me parece que es bastardear la cooperación.
Es importante que los agentes sociales --partidos políticos, sindicatos, empresarios-- sean conscientes de que la ayuda al desarrollo es un elemento muy específico. Es fácil trastocar valores en esto de la cooperación. Hagamos cooperación al desarrollo y no otras cosas, al menos con los fondos de la cooperación. La coordinadora, que me parece un instrumento útil de interlocución con la Administración y con la sociedad, recibirá las subvenciones para todos aquellos programas de educación al desarrollo que se presenten en la Secretaría de Estado, y así se lo hemos hecho saber a la coordinadora. Ahora bien, no gastos corrientes; deberán ser las propias ONG, que son muy poderosas, vinculadas a órdenes religiosas muy poderosas, que reciben mucho dinero de fondos de contribuciones privadas, las que tendrán que contribuir también al mantenimiento de gastos corrientes de la coordinadora.
No tengo ninguna obsesión. Estoy convencido de la buena línea, creo profundamente en la bondad de las organizaciones no gubernamentales. Como he sido cocinero antes que fraile y creo en esto de la cooperación, estamos en el buen camino. Sé que hay muchas trabas todavía, sé que se hace difícil a las pequeñas organizaciones no gubernamentales acceder al sistema de subvenciones de la Agencia, la justificación de las facturas, sé que hay demasiada burocracia. Vamos a intentar mejorarlo en la mejor voluntad de la Administración para perfeccionar la cooperación. (El señor Izquierdo Juárez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿A título de qué pide la palabra S. S.?

El señor IZQUIERDO JUAREZ: El señor Fuentes, señor Presidente, ha hecho alusiones al Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que presionaba con relación a la enmienda de la coordinadora.


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, he seguido atentamente la intervención del señor Fuentes y es posible que haya habido una alusión de tipo político al grupo parlamentario que no afecta, en ningún caso, al decoro ni al prestigio del propio grupo y, por tanto, no le voy a dar la palabra.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: En cualquier caso, señor Presidente, y aceptando su recomendación, que quede bien claro en el acta de la Comisión que el Grupo Parlamentario Popular no ha presionado a ningún grupo parlamentario para rechazar esa enmienda. Ha adoptado el criterio...


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, no tiene la palabra.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Decía que ha adoptado el criterio habitual en esta Cámara en los períodos de sesiones y legislaturas.


El señor PRESIDENTE: No ha habido alusión al Grupo Parlamentario Popular, señor Izquierdo.


--DEL SEÑOR FUENTES GALLARDO (GRUPO SOCIALISTA), SOBRE FECHA EN QUE APROBO EL CONSEJO DE MINISTROS EL PLAN ANUAL DE COOPERACION INTERNACIONAL (PACI) DEL AÑO 1997. (Número de expediente 181/000415.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la siguiente pregunta del orden del día, sobre el Plan Anual de Cooperación Internacional del año 1997, para cuya defensa tiene la palabra la señora Martínez González.


La señora MARTINEZ GONZALEZ: Señor Secretario de Estado, la pregunta es muy simple. ¿Aprobó ya al día de hoy el Consejo de Ministros el Plan Anual de Cooperación Internacional para poder funcionar? Esta es la pregunta y espero su respuesta. Después le haría otras preguntas si el señor Presidente me concede la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señor Villalonga.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Como bien sabe la señora Martínez --es una pregunta retórica--, no se aprobó.


El señor PRESIDENTE: Señora Martínez.


La señora MARTINEZ GONZALEZ: Nos resulta un poco inquietante que desde el mes de marzo de 1996 --hace un año--, fecha en que envió el Gobierno anterior los impresos a los ministerios, a las comunidades autónomas, es decir, a todas las administraciones que tienen que cumplimentarlos, en este momento no tengamos ninguna información sobre la situación en que se encuentra el plan anual. También nos preocupa con qué línea se está trabajando en este momento.


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Como usted bien sabe, el Real Decreto de 21 de febrero de 1986, en su artículo 4.º, establece que la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional someterá a la aprobación del Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, dentro del primer semestre de cada año natural, la propuesta del Plan Anual de Cooperación Internacional del ejercicio siguiente.
El señor Secretario de Estado me ha contestado simplemente que no se ha aprobado, y como no me ha dado ninguna argumentación me he quedado un poco cortada. Aunque no esté aprobado a mi grupo le gustaría saber en qué momento se encuentra el plan, cuánto tardará en aprobarse y las líneas generales. Me imagino que, además de los datos que le vienen remitidos por los demás ministerios, usted tendrá alguna línea general establecida que inspire cómo va a organizarse este plan.
Como supongo que me va a decir que ha sido habitual en otros años presentarlo fuera de plazo, le puedo indicar por anticipado y de manera cordial que tengo información al respecto. Ha sido una excepción si se ha presentado fuera de plazo en los últimos años. La norma es que siempre el Gobierno ha aprobado el PACI antes del 31 de diciembre, salvo un año. En cualquier caso no me parece muy razonable que se apoye en este dato para seguir incumpliéndolo. Un año es mucho tiempo y en este momento debería estar aprobado.
También me gustaría que me dijera, porque en la pregunta anterior usted no me contestó tal vez por olvido, qué papel va a cumplir el consejo. Si de verdad va a hacer un seguimiento del PACI, pero también si va a informar estos proyectos normativos. Si el consejo va a tener un papel importante en la política de cooperación, es decir, si va a cumplir con las dos funciones principales: la de informar y la de hacer el seguimiento. Me interesa mucho saber cuál es su opinión.
Desearía que nos explicara esas líneas generales --no quiero que esta Comisión se alargue demasiado-- y me gustaría saber también las líneas que orientan las prioridades del PACI de 1997, tanto en lo que respecta a la importancia que presta a la ayuda destinada al desarrollo humano, a la educación, a la concentración geográfica, a la prioridad sectorial, etcétera, como los pasos previstos y el calendario. También me gustaría saber si tienen previsto condicionar la ayuda al respecto a los derechos humanos y si tiene la fecha de la orden de las subvenciones de las ONG.
Sé que esto es preguntarle por el plan y, tal vez, no sea éste el momento adecuado, pero tenía preparada mi intervención y no esperaba que se alargara tanto esta sesión.


El señor PRESIDENTE: Señor Villalonga.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Villalonga Campos): Estoy de acuerdo con usted en que el hecho de que se haya incumplido en años anteriores no es una excusa para que se siga incumpliendo. Un plan que a principios de año no está listo difícilmente puede servir como plan.
Tenemos que reconocer que el PACI nos ha servido como instrumento. Por otro lado, aunque nos encontramos en un momento de transición importante, ya tenemos elaborada la ley y está sometida a la consideración de los departamentos ministeriales. Se prevé la elaboración de un plan plurianual, que será bastante más razonable y coherente que permitirá hacer un seguimiento más a largo plazo. Todas estas cuestiones nos permitirán ser más coherentes en la planificación de la política española para el desarrollo.
Tenemos que tener en cuenta que se ha producido la división de la oficina de planificación, que hasta ahora llevaba el programa de subvenciones a organizaciones no gubernamentales. La gestión del programa la hemos pasado a la Agencia, con parte del funcionariado y otra parte del funcionariado ha venido a la Secretaría de Estado para hacer la planificación y la evaluación, ya que teníamos problemas de personal.
Por otro lado, el cuestionario P, que es el que remitió, se utilizaba para denominar las fichas de previsiones que deben rellenar los centros gestores de ayuda oficial al desarrollo a efectos de confección del PACI, que tienen que ser remitidas al CAD de la OCDE. Por la reestructuración de la Administración del Estado, puesto que éste ha sido un año peculiar, se ha pospuesto la recepción de esta información. Era de esperar que se produjesen cambios, como de hecho ocurrieron, que afectaban a las estructuras de las distintas entidades incluidas en el PACI; la aparición de nuevos ministerios, etcétera, también ha afectado a la elaboración de las fichas y de un PACI. De hecho, la convocatoria del consejo para el desarrollo se relentizó en la medida en que no se designaban tampoco los representantes de los departamentos ministeriales nuevos. Como digo, ha sido un año complicado para la elaboración. Aunque reconozco las culpas, sé que no está bien el sistema de planificación y que una planificación que empieza a mitad de año es mala.
Tampoco hemos recibido datos importantes como contribuciones a bancos regionales de desarrollo. Por otro lado, las comunidades autónomas y entidades descentralizadas siguen sin remitirnos algunas informaciones, a pesar de habérselas reclamado, lo cual pone de manifiesto la necesidad de establecer por ley mecanismos de cooperación entre la cooperación centralizada y descentralizada. Hay múltiples causas.
No me quiero alargar mucho, aunque le podría dar muchísima información.
Me brindo para volver a esta Comisión en el momento que ustedes quieran y para facilitarles toda la información que ustedes deseen.
Es intención del Gobierno hacer un consejo de cooperación para el desarrollo más operativo. Difícilmente puede tener un consejo de cooperación para el desarrollo una función asesora y una función de seguimiento cuando la mayoría de sus miembros son de la Administración.
¿Qué seguimiento o función asesora va a hacer la Administración de sí misma? Esto es muy complicado. Es una de las grandes incongruencias de la propia estructura. Tenemos que abordar este tema sin complejos desde la propia Administración y con sentido de Estado por parte de todos los grupos que estamos aquí.


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¿Qué se trata de hacer? Al consejo de cooperación no podemos darle funciones de decisión política porque para eso están ustedes, los representantes de la soberanía popular; está esta Cámara que es la que decide cuál es la política que se tiene que apoyar; apoyan al Gobierno o no. Al consejo de cooperación se le tienen que dar funciones fundamentalmente consultivas, como las tiene el Consejo de Estado sobre la legalidad. El consejo de cooperación tiene que tener funciones consultivas sobre la idoneidad de las políticas españolas para el desarrollo.
En ese sentido vamos a proponer una modificación novedosa, con un importante cambio de naturaleza para el consejo en la nueva ley de cooperación. De manera que queremos hacer un consejoconsultivo en el que incluso --ya lo digo oficialmente-- proponemos la retirada completa de la Administración y que se convierta en un consejo que informe preceptivamente de la elaboración legislativa, de los programas plurianuales, de los PACI, lo mismo que hace el Consejo de Estado con la legislación que aprueba, y que sea un trámite preceptivo a la hora de aplicar determinadas normativas.
¿Composición? Por supuesto la sociedad civil, entidades de participación social, sindicatos, empresarios y expertos de reconocido prestigio en cooperación. Esos van a ser un poco los trazos de la futura ley que tendremos ocasión de discutir aquí, no sólo en la ley, sino en los reales decretos de desarrollo que se verán en esta Comisión y en la legislativa, que es la de Asuntos Exteriores.


El señor PRESIDENTE: Antes de proceder al debate de la proposición no de ley, quiero darle las gracias al señor Villalonga, a quien despedimos en este momento.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REQUERIR AL COMITE DE AYUDA AL DESARROLLO DE LA OCDE (CAD) PARA QUE CONSIDERE Y CONTABILICE COMO AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD) LAS CONTRIBUCIONES APORTADAS POR ESPAÑA POR VIA MULTILATERAL A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000369.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el orden del día.
Pasamos a la defensa de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a requerir al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE para que considere y contabilice como AOD las contribuciones aportadas por España por vía multilateral a las operaciones de mantenimiento de la paz. Para su defensa tiene la palabra el grupo proponente, Grupo Parlamentario Popular, y, en su nombre, su portavoz el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, la opinión pública española conoce perfectamente el trabajo de muchos españoles y españolas que, en operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, contribuyen con su esfuerzo a mitigar el sufrimiento y las necesidades básicas de tantas víctimas de la guerra, la defensa de sus derechos fundamentales e incluso también --lo sabemos y lo conoce la opinión pública--, la reconstrucción de infraestructuras básicas, como escuelas, carreteras, centros de salud, etcétera. Desde hace años, señor Presidente, España, qué duda cabe, viene haciendo un esfuerzo extraordinario económico, técnico y humano en el mantenimiento de la paz en el mundo. La paz en el mundo, señorías, es un componente fundamental del desarrollo, además de ser un derecho fundamental de los pueblos y de las personas. Si no hay paz no puede haber desarrollo. Sólo en 1995, señorías, España ha hecho contribuciones al programa de mantenimiento de la paz, de Unprofor, por valor de 10.156 millones de pesetas, más de 81 millones de dólares.
El Comité de Ayuda al Desarrollo, por consenso entre los países miembros, establece los requisitos que deben reunir las partidas por rubros de cooperación internacional para ser considerados como AOD (ayuda oficial al desarrollo). Básicamente, señorías, las condiciones son: que estas contribuciones tengan origen público; que se apliquen al desarrollo económico y mejora del nivel de vida de las poblaciones de los países receptores; que éstos estén comprendidos en la parte primera de la relación periódicamente revisada por el CAD, los de menor renta per cápita, los países más desfavorecidos y, finalmente, que estas aportaciones económicas de los países donantes sean a título gratuito o incluyan un tramo de concesionalidad de, al menos, el 25 por ciento del total.
Sin embargo, el CAD, señorías --es conocido por todos--, no admite que las contribuciones para el mantenimiento de la paz por vía multilateral tengan la consideración de ayuda oficial al desarrollo, argumentando simplemente que el sistema estadístico de Naciones Unidas carece de instrumentos capaces de identificar los componentes concretos, dentro de la contribución total, global, de cada país, susceptibles de ser considerados como AOD en razón de su impacto directo en el desarrollo de la población beneficiaria.
Señorías, aun reconociendo el Comité de Ayuda al Desarrollo que las operaciones, por vía multilateral al mantenimiento de la paz, en muchos casos pueden formar parte de la ayuda oficial al desarrollo, son mecanismos contables estadísticos insuficientes de Naciones Unidas los que impiden su contabilización.
Si consideramos, señorías, que la paz es un presupuesto indispensable, como he dicho antes, para generar un desarrollo estable y sostenido, parece razonable suponer que todas las aportaciones realizadas de modo multilateral o bilateral para financiar operaciones de mantenimiento de la paz deberían ser consideradas como ayuda oficial al desarrollo.
En cualquier caso, resulta sorprendente que la ausencia en el sistema de Naciones Unidas de un mecanismo contable y estadístico se traduzca, en la práctica, en una penalización

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al país contribuyente, al que se impide poder computar ese gasto como AOD. El cociente ayuda oficial al desarrollo-producto nacional bruto, que mide el esfuerzo de cada país donante de la OCDE con sus contribuciones nacionales a los países en vías de desarrollo, cayó en España durante 1995, con respecto a 1994, al pasar del 0,28 por ciento al 0,24, aunque la posición relativa de España en relación con los 21 países donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) no ha sufrido variación.
España ocupa el puesto número 11 en el montante neto de la contribución a la ayuda oficial y el 18 en cuanto al porcentaje de ayuda oficial al desarrollo-producto nacional bruto. Países como Nueva Zelanda con el 0,23, Italia con el 0,14 o Estados Unidos con el 0,10 por ciento, están por debajo de España.
Aunque la tendencia a la disminución de la ayuda oficial al desarrollo española registrada en el año 1995 se ha invertido en los Presupuestos Generales del Estado para 1997, al situar la ayuda oficial al desarrollo en el 0,28 del producto nacional bruto, la consideración de las contribuciones multilaterales a Unprofor como ayuda oficial al desarrollo significaría, qué duda cabe, mejorar la posición relativa de España entre los países donantes del CAD y, en consecuencia, el justo reconocimiento internacional al esfuerzo extraordinario que las españolas y los españoles hacen para ayudar a los países más desfavorecidos, tanto en el pasado --estoy hablando de las cifras de la ayuda oficial al desarrollo del año 1995-- como en el futuro.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión una proposición no de ley que --he de reconocerlo, lo hago con toda sinceridad-- hemos extraído de los debates parlamentarios de la Comisión de Cooperación y de la Comisión de Asuntos Exteriores en la pasada legislatura, interpretando lo que era buen sentido y buen juicio del Gobierno anterior, del anterior Ministro de Asuntos Exteriores, don Javier Solana Madariaga, que se quejaba de esta circunstancia y que anunció reiteradas veces en esta Cámara que España mantenía una posición de negociación en el Comité de Ayuda al Desarrollo, junto con otros países, para que se perfeccionaran esos mecanismos contables que permitieran que parte de las ayudas multilaterales en operaciones de mantenimiento de la paz fueran consideradas como ayuda oficial al desarrollo.
Consciente de esta posición de España, no tanto del Gobierno actual ni del Gobierno anterior, el Grupo Parlamentario Popular trae a la Cámara una proposición no de ley que espera sea respaldada por todos los grupos parlamentarios porque lo único que vamos a hacer --con independencia de que se hayan dicho algunas cosas creo que no ajustadas a la realidad y a la intención de esta proposición no de ley-- es fortalecer desde el Parlamento la posición de nuestro Gobierno en sus negociaciones en el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo.
Por eso presentamos a la consideración de SS. SS. esta proposición no de ley que instará al Gobierno a requerir al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE para que considere y contabilice como ayuda oficial al desarrollo las contribuciones aportadas por España por vía multilateral a las operaciones de mantenimiento de la paz.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Fuentes Gallardo.


El señor FUENTES GALLARDO: No sé si los portavoces tienen en su poder la enmienda. Si no es así, agradecería que la repartieran.
En primer lugar, quiero mostrar mi sorpresa, si ustedes quieren, de carácter formal. El Grupo Popular presenta una proposición no de ley, se olvidan de la exposición de motivos y después tienen que presentar una nueva proposición no de ley con el mismo texto pero con una exposición de motivos. No tendría mayor importancia si no fuese por algunas cosas que se dicen en la exposición de motivos. A veces uno tiene la sensación de que no pueden resistir la tentación de criticar la situación anterior.
En esa exposición de motivos se habla del presupuesto, del PIB dedicado al desarrollo de los años 1994 y 1995 y de la previsión del año 1997, como no podría ser menos porque estamos en los presupuestos, pero nada se dice del año 1996. ¿Por qué no se dice nada en la exposición de motivos del año 1996? Se podría decir, como ha afirmado ahora el Secretario de Estado, que todavía no está evaluado. Se podía haber previsto igual que se prevé la de 1997. ¿Qué pasa en 1996? Como ha reconocido el Secretario de Estado esta mañana, se ha disminuido en 7.100 millones de pesetas las aportaciones a la Unión Europea y se han disminuido en 14.366 millones de pesetas las aportaciones a organismos internacionales y financieros. Eso quiere decir --no lo ha dicho, pero lo ha dado a entender-- que difícilmente en 1996 se va a llegar al 0,24 por ciento del PIB para ayuda al desarrollo.
Si decimos todo lo que ha pasado en los últimos años digamos lo de todos los años, no lo que ha pasado en 1994 y en 1995 y la previsión de 1997, porque el año 1996 ya ha pasado, y se podía haber dicho algo.
Nosotros no estamos en contra, de forma radical, con las ideas que contiene la proposición no de ley. Se lo dije al portavoz del Grupo Popular y se lo digo ahora. Sí estamos en contra de algunas ideas. Para resumir nuestra posición, consideramos que algunas cantidades de las aportaciones que hace España a operaciones de mantenimiento de la paz deberían computarse como ayuda oficial al desarrollo y en determinadas actuaciones; no todas las aportaciones de España y no a todas las aportaciones de mantenimiento de la paz. No es lo mismo paz que desarrollo; no son sinónimos paz y desarrollo. Es verdad que la paz es la condición sine qua non para el desarrollo, pero se pueden hacer operaciones de mantenimiento de paz en zonas que no son subdesarrolladas.
No son sinónimos. Ahí hay que hacer una primera distinción.
¿Cómo valora actualmente el CAD la situación? El CAD ha ido flexibilizando sus criterios a la hora de compatibilizar como AOD algunas cosas u otras. Ustedes saben perfectamente que en el año 1979 aceptó que los actos administrativos formasen parte de la AOD; en 1984 aceptó que las becas a estudiantes en países en desarrollo computasen como AOD; aceptó recientemente que la ayuda a refugiados procedentes de países receptores de

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fondos computasen como AOD, y eso ha permitido a algunos países como, por ejemplo, a Canadá que ahora mismo tenga un 8 por ciento de su PIB dedicado a AOD, fundamentalmente porque ha recibido a muchos inmigrantes de estos países y les ha dado unos fondos. Esa es la situación que ahora mismo tiene el CAD. Pero, además, el CAD ha flexibilizado sus conceptos en otras cosas, incluso en los territorios que pueden ser susceptibles de que las ayudas recibidas sean computadas como AOD. Ustedes saben, por ejemplo, que desde 1989 se pueden computar como AOD las cantidades que recibe Albania; en el caso de Armenia, Georgia y Azerbaiján, desde 1993; o incluso los territorios administrados por Palestina, desde 1994.
Además, desde 1993 el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) establece algunos criterios de condonación de la deuda a efectos de computarlo como AOD. Por ejemplo, la condonación de préstamos a la exportación se computa como AOD nacional y como AOD total. Y no existen más cambios por el momento, salvo que queramos utilizar este sistema para aumentar el procentaje del PIB dedicado a cooperación.
En resumen, bajo nuestro punto de vista, no todos los gastos que originan las acciones de mantenimiento de la paz se pueden computar como ayuda oficial al desarrollo. Algunos, sí, y le pongo algunos ejemplos. Si hay envíos de ayuda y de personal humanitario, puede computarse como AOD; el coste de un flete para transportar ayuda a cooperantes o el coste de la repatriación de los cooperantes podría computarse como AOD. Son ejemplos que demuestran que algunas cosas, sí, pero otras, no.
Con respecto a las posiciones anteriores, quería recordar al portavoz del Grupo Popular y los otros portavoces lo siguiente: El Embajador Miguel Angel Fernández Mazadambroz, en una de las sesiones de la anterior legislatura, dijo que a España le importaría mucho que gastos como operaciones de paz, o algunos de ellos, fueran considerados como ayuda oficial al desarrollo. Precisaba más, diciendo que, sobre todo, aquellos gastos que son para hacer convoyes humanitarios o similares, en los que, sin la cooperación militar o la operación de paz típica, nunca jamás la comida o las medicinas llegarían a su destino.
Ustedes deben recordar que, en el año 1994, los grupos parlamentarios decidieron crear una ponencia en el Senado para tratar estos temas. ¿Qué decíamos entonces todos los grupos parlamentarios en el Senado? Textualmente decíamos: Ha de trabajarse en favor de la toma en consideración como acciones propias de la cooperación al desarrollo, por lo tanto susceptibles de ser computadas como gastos integrantes de AOD, al menos algunos aspectos de las misiones de mantenimiento de la paz auspiciadas por la ONU. Solamente decía la ONU; ustedes introducen otras más. Se hablaba de algunos aspectos, de los cuales yo les he puesto algunos ejemplos.
Nuestra enmienda recoge, en parte importante, el texto del Grupo Popular y lo matiza en función de las posiciones que defendimos el año 1994 en el Senado, en esa ponencia a la cual he aludido. Dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, primero, promueva ante el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE la inclusión de determinados gastos vinculados a algunos aspectos de las misiones de mantenimiento de la paz que, de conformidad con los criterios de los países que rigen la ayuda oficial al desarrollo, puedan ser contabilizados como aportaciones AOD. Segundo punto: Informe el Gobierno a esta Comisión acerca de los gastos que, contabilizados como contribuciones aportadas por España a las operaciones de mantenimiento de la paz durante cada ejercicio presupuestario, puedan ser desglosados de conformidad con los criterios y países que rigen la AOD, a efectos de su posterior remisión y consideración al CAD.
Esa es la enmienda que espero que goce del apoyo del resto de los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Voy a intervenir muy brevemente para manifestar nuestra posición favorable al texto de la proposición no de ley que ha sido presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Popular, porque nos parece que su contenido es razonable. Estamos simplemente instando al Gobierno a que acuda al Comité de ayuda al desarrollo de la OCDE para que compute como contribuciones que entran dentro de lo que es el cómputo global de la Ayuda Oficial al Desarrollo las contribuciones a operaciones de mantenimiento de la paz.
Es obvio que quien tomará la decisión será el Comité de ayuda al desarrollo y lo hará en función del impacto que estas misiones tienen en el desarrollo de los pueblos destinatarios de las mismas. Por tanto, es una decisión que corresponde en última instancia al Comité de ayuda al desarrollo y no, como se ha interpretado desde algunos sectores sociales implicados en la política de cooperación, a esta Comisión o al propio Gobierno del Estado español. Obviamente, no serán todos los componentes que integran el coste económico de estas misiones los que podrán computar como ayuda al desarrollo, sino que será el propio comité el que decidirá cuáles son; pero no van a ser todas y alguna indicación tenemos en este sentido.
Digo esto porque entiendo que la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que, como ha dicho su portavoz, supone una matización a la del Grupo Popular, en su punto primero no está tan lejos de la intención original de la proposición no de ley e insto a los demás grupos parlamentarios a que se llegue a un acuerdo.


El señor PRESIDENTE: A efectos de aceptación o no de la enmienda socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, nosotros hemos presentado esta proposición no de ley desde la actitud, que creo debe ser reconocida, del Grupo Parlamentario Popular de encontrar un consenso en cualquier iniciativa que se produzca en esta Comisión. Entendíamos desde el primer momento que el texto no podía admitir matizaciones --quizá terminológicas, de estilo, de redacción--, pero de fondo y contenido, como ha dicho el portavoz de

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Convergència i Unió, no; porque no se pretende que España contabilice de modo unilateral todas sus contribuciones para el mantenimiento de la paz como ayuda oficial al desarrollo ni tampoco que el CAD contabilice todas las aportaciones de sus socios o miembros como AOD en operaciones de mantenimiento de la paz. Creo que el tema está meridianamente claro.
¿Qué pretendemos? Pretendemos que el Parlamento español apoye de modo unánime la acción del Gobierno en una cuestión de Estado, de prestigio de España en el exterior, una posición del Gobierno español que es clara ahora y lo ha sido antes también. Repito que no es una idea de este Gobierno, ni siquiera es una idea original de este grupo parlamentario; es una idea del anterior Ministro de Asuntos Exteriores, expresada en esta Cámara, como muy bien ha reconocido y nos ha recordado el señor Fuentes.
Me veo obligado, pero con mucho disgusto, a no aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Sé que van a votar a favor de la proposición no de ley; sin embargo, en el segundo punto, cuando el CAD lo decida y si lo decide en esta dirección --que no lo sé, no tenemos ninguna seguridad de que el Comité de ayuda al Desarrollo lo haga, puesto que es compleja-- yo insto al Grupo Socialista a presentar una proposición no de ley en esta Cámara, por iniciativa suya, que nosotros apoyaremos, para que el Gobierno informe al Parlamento, como es lógico, de los gastos que son susceptibles o no de AOD. No es la intención de esta proposición no de ley y rechazamos la segunda parte de su enmienda por esta razón, aunque estamos de acuerdo. Queremos así tranquilizar a todos los grupos parlamentarios y pedimos el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista al texto que hemos presentado, porque estamos hablando de lo mismo y nuestra posición es clara en este sentido.
Termino, señor Presidente, diciendo al Grupo Socialista que se sumen a la proposición no de ley, que no trae ningún inconveniente, y nosotros apoyaremos sus iniciativas cuando las tramiten en forma, como iniciativa parlamentaria registrada al efecto. (El señor Fuentes Gallardo pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere volver a intervenir, señor Fuentes?

El señor FUENTES GALLARDO: Quiero decirle que puedo darle los mismos razonamientos que el portavoz del Grupo Popular, habida cuenta de la flexibilidad que hemos mostrado al presentar esta enmienda. Además, me parece más correcta, incluso desde el punto de vista formal.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Popular dice: las contribuciones aportadas por España. No. Cuando el Gobierno español vaya al CAD tendrá que decir que las aportaciones de todos los países, no las de España. Estoy hablando desde el punto de vista formal. Yo sé lo que usted pretende, pero hasta formalmente uno no va al CAD a decir: Compute a España las partes de las aportaciones del mantenimiento de la paz. No.
Tiene que decir: Compute usted a todos los países que están en el CAD parte de las aportaciones de mantenimiento de la paz; no las de mi país, las de todos.
Yo sé lo que usted pretende, pero formalmente creo que es más correcta la enmienda; no está radicalmente en contra, es más correcta. Todos sabemos que el CAD no acepta que todas las operaciones de mantenimiento de la paz computen. Te pueden decir algunas; eso es lo que dice nuestra enmienda, algunas. Si al portavoz del Grupo Popular le paree que el segundo punto es excesivo, podríamos llegar a un acuerdo. Acepten ustedes el primer punto de nuestra enmienda y el segundo lo plantearemos como una iniciativa parlamentaria, a expensas de lo que diga el CAD. Pero es que el primer punto de nuestra enmienda, desde el punto de vista formal, sin entrar en argumentos políticos --que ya los hemos expresado en otra intervención--, creo que es mucho más correcto que el del texto. Si no es así, sintiéndolo mucho, tendremos que votar en contra.


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo.


El señor IZQUIERDO JUAREZ: Se le escapan, señor Fuentes, dos aspectos fundamentales que creo que debe considerar.
Primer aspecto. Este Parlamentario insta a su Gobierno a que a su vez negocie que sus aportaciones puedan ser consideradas como ayuda oficial al desarrollo. Otros parlamentos soberanos, de otros gobiernos soberanos, harán lo mismo con los suyos; no lo sé; pero no creo que nosotros podamos ni debamos hacerlo en una proposición no de ley. Podemos instar al Gobierno a que inicie una acción bilateral para convencer, pero no es ése el sentido de esta proposición no de ley; éste podría ser el sentido de otra proposición no de ley que a usted se le hubiera ocurrido, pero no el de ésta. Esta proposición no de ley lo que quiere decir es que el Gobierno español vaya al CAD a intentar que sus aportaciones por vía multilateral, que es el segundo aspecto fundamental que quiero que reconsidere, sean consideradas como AOD, porque por vía bilateral ya está. Por tanto, aportaciones de España por vía multilateral. Es formalmente correcta la redacción de la proposición no de ley, señor Fuentes.
Perdóneme que haga una última consideración. No creo que tenga demasiada justificación su voto negativo a la proposición no de ley cuando están de acuerdo con ella, simplemente porque no se le acepte una enmienda que, en definitiva, me parece que podría ser objeto de otra figura parlamentaria y de otra iniciativa legítima y libérrima de su propio grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, de sus palabras deduzco que no se acepta la enmienda del Grupo Socialista por parte del Grupo Popular.
Vamos a pasar a la votación de la enmienda que presenta el Grupo Socialista a la proposición no de ley del Grupo Popular.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, no sé si estoy confundido, pero entiendo que para poder votar la enmienda la debería aceptar el grupo proponente. El procedimiento normal es la presentación en el registro, pero debe admitirla el grupo proponente. Si no la

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admite, no ha lugar a la votación de la enmienda; se vota el texto original.


El señor PRESIDENTE: La enmienda está presentada en el registro, se ha defendido y hay que votarla.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, estamos ante una proposición no de ley, no ante un proyecto de ley; mi experiencia parlamentaria, que no es demasiada, pero son ya once años, me dice que debe ser aceptada por el grupo proponente, tanto en las proposiciones no de ley como en las mociones.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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