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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 192, de 11/11/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 192

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 186

celebrada el miércoles, 11 de noviembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Preguntas . . . (Página 10204)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política general e iniciativas del Gobierno para garantizar que las diversas Comunidades Autónomas de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad mantengan para el período 2000-2006 su condición de Región Objetivo 1 de la Unión Europea (número de expediente 172/000119) . . . (Página 10228)

- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización del sector energético (número de expediente 172/000120) . . . (Página 10235)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el mejor cumplimiento de los fines de la fe pública (número de expediente 172/000121) . . . (Página 10242)

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S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas . . . (Página 10204)

Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿A la vista de la decisión de la Audiencia Nacional, que desautoriza totalmente la posición del Sr. Cardenal sobre Pinochet, cuándo piensa el Gobierno cesarle como Fiscal General del Estado? (Número de expediente 180/001451) . . . (Página 10204)

De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál es la opinión del Presidente y del Gobierno sobre el procesamiento del Sr. Pinochet por Tribunales Europeos, dada la posición que el Ministerio Fiscal ha venido manteniendo reiteradamente? (Número de expediente 180/001462) . . . (Página 10205)

De la Diputada doña Ana María Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno informar a la Cámara de las iniciativas que haya adoptado para cooperar con las Repúblicas Centroamericanas devastadas por el huracán «Mitch»? (Número de expediente 180/001466) . . . (Página 10206)

Del Diputado don Antonio Serrano Vinue, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el balance que el Gobierno hace de las maniobras que la OTAN ha realizado en fechas recientes en la Base Aérea de Zaragoza? (Número de expediente 180/001473) . . . (Página 10207)

Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información puede facilitar el Gobierno sobre la futura Escuela Superior de las Fuerzas Armadas? (Número de expediente 180/001474) . . . (Página 10208)

De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿En los planes y previsiones del Gobierno para indemnizar, de la forma más justa posible, a las víctimas del terrorismo, están contempladas las víctimas del GAL o de cualquier otra actuación contraterrorista? (Número de expediente 180/001461) . . . (Página 10209)

Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué medidas prevé adoptar el Ministerio de Fomento para mejorar la operatividad de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Galicia? (Número de expediente 180/001450) . . . (Página 10210)

Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativa ha llevado a cabo el Gobierno para cumplir el acuerdo del Congreso de los Diputados acerca de la tarifa plana para los usuarios de Internet? (Número de expediente 180/001457) . . . (Página 10211)

De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la evolución hasta la fecha de hoy del Plan de Viviendas 1998/2001? (Número de expediente 180/001458) . . . (Página 10213)

Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Con

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sidera el Ministro suficientes las inversiones de su Gobierno para conservación de carreteras? (Número de expediente 180/001459) . . .
(Página 10214)

Del Diputado don Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los motivos para la atribución al Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) tanto de la construcción como la administración del nuevo acceso ferroviario al norte-noroeste de España, línea ferroviaria Madrid-Valladolid- Medina del Campo? (Número de expediente 180/001467) . . . (Página 10215)

Del Diputado don Sergio Senador GómezAlba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentra la construcción del tren de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona? (Número de expediente 180/001471) . . .
(Página 10215)

De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a disminuir el número de becarios universitarios el próximo curso? (Número de expediente 180/001454) . . . (Página 10216)

Del Diputado don José Ramón Calpe Saera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto? (Número de expediente 180/001470) ... (Página 10218)

Del Diputado don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en materia de educación en la Comunidad de Castilla y León para el presente año 1998? (Número de expediente 180/ 001472) . . . (Página 10218)

Del Diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En cuántos billones de pesetas se ha incrementado la deuda de la Seguridad Social desde que el Partido Popular está en el Gobierno? (Número de expediente 180/001455) . . .
(Página 10219)

Del Diputado don José Antonio GriñánMartínez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el conjunto de prestaciones que se propone financiar el INEM con los ingresos por cotizaciones de desempleo durante 1999? (Número de expediente 180/ 001456) . . . (Página 10221)

Del Diputado don Alejandro Francisco Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de los acuerdos a que se ha llegado con las Organizaciones Sindicales sobre medidas de contrato a tiempo parcial? (Número de expediente 180/001468) . . . (Página 10222)

Del Diputado don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo incide en el sector la nueva normativa sobre Programas y Fondos operativos que aprobó el Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas el pasado 8 de julio? (Número de expediente 180/001469) . . . (Página 10223)

Del Diputado don Lluis Miquel Pérez Segura, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Cuándo estará el Gobierno en condiciones de suministrar a laCámara la información suficiente para

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que ésta pueda ejercer la función de control de la ejecución presupuestaria que tiene encomendada? (Número de expediente 180/ 001428) . . . (Página 10224)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno el grave retraso en el pago de las prestaciones por prejubilación correspondientes al Plan del Carbón? (Número de expediente 180/ 001460) . . . (Página 10225)

Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son los criterios que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha trasladado al Abogado del Estado para su actuación en las causas por delito fiscal, y que han dado lugar a que, en ocasiones, se pida el archivo de estas causas? (Número de expediente 180/001426) . . . (Página 10226)

Del Diputado don Ignasi Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Cómo tiene previsto la Sra. Ministra dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 24 de junio, con el fin de garantizar el acceso telemático al Registro Mercantil, y superar así la situación actual de ilegalidad en las actuaciones registrales al respecto? (Número de expediente 180/001464) . . . (Página 10227)

Interpelaciones urgentes . . . (Página 10228)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general e iniciativas del Gobierno para garantizar que las diversas comunidades autónomas de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad mantengan para el período 2000-2006 su condición de Región Objetivo 1 de la Unión Europea . . . (Página 10228)

Presenta la interpelación urgente el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto. Le preocupa el futuro de los fondos estructurales y la repercusión que sobre diversas comunidades autónomas del Estado español pueda producirse el próximo año por las decisiones que en el seno de la Unión Europea vayan a adoptarse.
Explica que la eliminación de las desigualdades económicas entre las distintas regiones de la Unión fue uno de los objetivos prioritarios mediante la puesta en funcionamiento de acciones específicas y el apoyo a obras emprendidas por los Estados miembros y las propias autoridades regionales de acuerdo con el principio de subsidiariedad, siendo la Comunidad Valenciana una de las regiones beneficiadas por estas ayudas. De ahí la preocupación que les causa la perspectiva de que la Comunidad Valenciana, junto a la de Cantabria, dejen de estar entre las regiones consideradas hoy por hoy Objetivo 1 en la Unión Europea. Añade que sería un perjuicio tremendo para su comunidad el verse privados de unos fondos que resultan del todo imprescindibles para su desarrollo futuro. Finalmente pregunta si el Gobierno ha desarrollado o piensa desarrollar algún tipo de iniciativa para garantizar que el conjunto de comunidades mantengan para el período 2000-2006 su condición de región Objetivo 1 de la Unión Europea.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento (Arias- Salgado y Montalvo). Manifiesta que la interpelación que plantea el señor Chiquillo Barber supone una de las grandes batallas que se habrá de librar durante los próximos 24 meses para conseguir que España continúe recibiendo la misma cantidad de fondos estructurales y de cohesión que viene recibiendo en los últimos años, lo que exige un determinado planteamiento global. Explica el planteamiento global de la Agenda 2000 que consta de dos principios: el de concentración de los seis objetivos precedentes en tres -el Objetivo 1 es el que más interesa a España- y la concentración de la ayuda en las regiones menos desarrolladas, por lo que serán regiones receptoras de fondos estructurales todas aquellas que no alcancen el 75 por ciento de la renta media de la Unión Europea. Explica la postura de España en relación con estos dos principios y las razones técnicas que permiten pensar que todas las comunidades autónomas incluidas hoy en el Objetivo 1 seguirán estándolo, y en el caso de que alguna comunidad autónoma pudiera incumplir los mencionados principios sería por un margen muy escaso y, en esa eventualidad, seguiría recibiendo recursos

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del Objetivo 1 a través del régimen transitorio. Afirma que en este punto concreto el Gobierno está empeñado en defender en los nuevos reglamentos que en estos momentos están en marcha que la regulación de dicho régimen transitorio sea generosa en duración e intensidad de las ayudas. Añade, por último, que el Gobierno hará el máximo esfuerzo para que España siga siendo el primer país beneficiario en la redistribución de fondos estructurales.


Replica el señor Chiquillo Barber, duplicando el señor ministro de Fomento.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización del sector energético . . . (Página 10235)

El señor Fernández Fernández presenta la interpelación en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Acusa al señor ministro de Industria y Energía de seguir las teorías lampedusianas, es decir, cambiar algo para que nada cambie, y considera que toda la regulación de la competencia de los sectores energéticos que ha puesto en marcha son más bien medidas estáticas, que tienen mucha retórica y que impiden el cambio que ya se había iniciado con anterioridad. Se refiere a continuación a algunas empresas, centrándose sobre todo en el sector eléctrico. Opina que habrá que tomar medidas, además de remitirse a la titularidad privada de las empresas, para impedir que los beneficios de la transición a la competencia vayan a los accionistas en lugar de a los usuarios y consumidores, mostrando su total falta de fe ante las medidas tomadas por el señor ministro.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria y Energía y portavoz del Gobierno (Piqué i Camps). Encuentra razonable la falta de fe del señor interpelante en él como ministro de Industria y Energía, pero se congratula de que se muestre tan partidario de la libertad, del mercado, de la ruptura de los monopolios y de la introducción de la competencia, pero recuerda que no era así cuando el Gobierno socialista establecía su reglamentación sobre el sector eléctrico. A continuación pasa a demostrar que la liberalización que se plantea en la Losen es sólo una liberalización de diseño, de imagen, a diferencia de la que está poniendo en marcha el Gobierno. Se compromete, si el plan de liberalización actual no funciona suficientemente bien, a intensificar los ritmos, y muestra su total disposición a aceptar cualquier planteamiento liberal que se le haga desde el Grupo Socialista.


Replica el señor Fernández Fernández, duplicando el señor ministro de Industria y Energía y portavoz del Gobierno.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el mejor cumplimiento de los fines de la fe pública . . . (Página 10242)

Presenta la interpelación el señor Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Comienza su intervención afirmando que la fe pública es una garantía al servicio de un principio constitucional importantísimo que se llama la seguridad jurídica, que ha de concebirse como la legítima tutela que desde el Estado se ofrece a los ciudadanos para ejercer sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la fe pública legitima o sacraliza derechos personales y patrimoniales. Por ello, está seguro que todos estarán de acuerdo en que la fe pública es, en consecuencia y por estar al servicio de la seguridad jurídica, una obligación, una función inexcusable y exigible del Estado. Explica a continuación el contenido del artículo 9º de la Constitución, que le lleva a afirmar que la Constitución es la garantía del Estado social y democrático de derecho. Distingue la fe pública judicial de la fe pública extrajudicial, plasmada en los actos de constancia por parte de un funcionario público acerca de cuál es la entidad de las partes y el contenido de sus negocios jurídicos y la legalidad de los mismos y en los actos de registro. Se pregunta si puede ser objeto de negocio o tráfico el cumplimiento de una obligación del Estado de la que depende la seguridad jurídica, patrimonial y personal de los ciudadanos y si el proceso de mercantilización de la fe pública va a continuar o el Gobierno al que pertenece la señora ministra va a hacer algo al respecto.


Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Centrándose también en la fe pública extrajudicial afirma que, al igual que ha hecho el señor Castellano, se debe partir siempre del principio de la seguridad

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jurídica, pues dicha seguridad es uno de los requisitos básicos para el adecuado respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos y para el correcto funcionamiento de la vida económica. Por lo tanto, añade, la configuración de un buen sistema de fe pública, que garantice la seguridad jurídica, no debe considerarse simplemente como una característica deseable de todo sistema legal, ni tan siquiera como un elemento de la conflictividad social, sino como una condición ineludible para conseguir una correcta y eficaz protección de los derechos ciudadanos y un progresivo desarrollo de la economía, siendo la figura clave que permite dar cumplimiento a los objetivos señalados la del fedatario público. Explica lo que se entiende como seguridad jurídica preventiva, es decir, un sistema capaz de otorgar fiabilidad en las transacciones y de descongestionar los tribunales y pone de relieve las consecuencias claramente positivas de orden económico para los ciudadanos que lo utilizan. A continuación, después de afirmar que el sistema de fe pública negocial existente en España está correctamente regulado, funciona adecuadamente y es positivamente valorado por los ciudadanos en general y por los usuarios concretos en particular, expone las medidas legales que el Gobierno ha desarrollado y va a desarrollar dirigidas a mejorar todo aquello que sea mejorable.


Replica el señor Castellano Cardalliaguet, duplicando la señora ministra de Justicia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y Pillado Montero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿A LA VISTA DE LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL, QUE DESAUTORIZA TOTALMENTE LA POSICIÓN DEL SEÑOR CARDENAL SOBRE PINOCHET, CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO CESARLE COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001451).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 11 que formula al Gobierno don Juan Alberto Belloch Julbe, diputado del Grupo Socialista.
Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.
A la vista de la decisión de la Audiencia Nacional, ¿cuándo piensa el Gobierno cesar como fiscal general del Estado al señor Cardenal? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno. ¡Silencio, señorías!

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señorías, el Gobierno no cesará al fiscal general del Estado por el hecho de haber defendido una interpretación legítima de la legislación española, en concordancia con sus atribuciones constitucionales y legales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.
Antes que nada, señor Aznar, quiero manifestar que nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con la actitud de su Gobierno de no obstaculizar la extradición del general Pinochet. Dicho lo anterior, nos sorprende más desde esa posición por qué se persiste, por qué ese empecinamiento en mantener, por un lado al señor Cardenal y por otro lado al señor Fungairiño. Compartí experiencia judicial con el señor Cardenal en Bilbao, y de él se decía que no se mojaba ni en la ducha, y con eso querían decir que cada vez que había un caso difícil y delicado, relacionado por ejemplo con el mundo abertzale, el señor Cardenal desaparecía. En este caso no sólo se ha mojado sino que se ha lanzado directamente a la piscina, precisamente para defender, no ya jurídicamente sino políticamente, al dictador Pinochet. (Algunos señores diputados: Mentira.) ¿Qué está pasando? No solicitamos su dimisión, su cese por razones jurídicas, sí que nos parece preocupante el empecinamiento en seguir sosteniendo que mientras no cambie la ley no cambiará de criterio, incluso después de la decisión de la Audiencia Nacional; lo que nos preocupa es su posicionamiento político, su configuración como un defensor objetivo a la hora de argumentar su postura de la dictadura del general Pinochet.
Por favor, césele. Algunos nos dicen: cuidado, que si le cesan desaparecerá el motivo más fácil de hacer oposición al Gobierno del señor Aznar. Yo en parte comparto ese criterio, sólo en parte. Es verdad que mientras esté en activo será imposible que prospere su discurso retórico de giro hacia el centro. Pese a eso somos partidarios de su cese porque está en juego algo

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mucho más importante: el prestigio de la institución del ministerio fiscal y el prestigio de este país.
Una última recomendación: no estaría mal que aprovechara este trámite parlamentario para que, como han hecho otros líderes europeos, dijera de una vez qué opina de la dictadura de Chile y qué opina del genocida, del torturador, del terrorista, señor Pinochet. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, el Gobierno -como ha recordado S.S.- dijo que respetaría en todo caso lo que han sido las decisiones de los tribunales y de la justicia, que se ajustaría a ello, y que le parecería un grave error en razón de la importancia de las relaciones de España y Chile y las obligaciones de España con las democracias iberoamericanas en particular, intentar la politización de ese asunto. Por tanto, el Gobierno ha hecho lo que dijo que iba a hacer: respetar las decisiones de la justicia.
En segundo lugar, en relación con la Fiscalía debo decir, señor Belloch, que en este asunto hay un antecedente, que es la decisión de la Fiscalía de 18 de abril de 1996, decisión de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, de la Junta de Fiscales y del fiscal general del Estado, todas ellas contrarias a la competencia de la Audiencia Nacional en orden a la investigación de presuntos delitos por asesinato y genocidio establecido en Argentina.
Exactamente lo mismo, según determina este documento de la Fiscalía que su señoría debe conocer muy bien. (El señor Belloch Julbe hace signos negativos.) Quiero recordarle que entonces era fiscal jefe de la Audiencia Nacional el señor Aranda, fiscal general del Estado el señor Granados, y ministro de Justicia un tal señor Belloch que usted debe recordar y reconocerse en él. (Risas.-Aplausos.) En relación a la posición del Gobierno, le quiero garantizar que este Gobierno no ha tenido ninguna orientación de carácter político en la Fiscalía; no le puedo garantizar lo mismo en la que corresponde a su señoría. Quiero recordarle también que este Gobierno firmó en julio del año pasado el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, porque somos partidarios de un orden penal internacional para estas cuestiones y que la delegación española -por cierto, presidida por el embajador Yáñez, que le sonará también a S.S- fue muy activa y al día siguiente de que se aprobase el Estatuto del Tribunal Penal Internacional era firmado por el Gobierno de España.
En todo caso, señoría, naturalmente que compartimos la condena no de esta dictadura chilena que hubo, sino de todas las dictaduras (Rumores.) que se puedan producir en cualquier país. (Aplausos.) De todas, absolutamente de todas. Lo que se ha demostrado en este asunto es que el Gobierno ha estado en su sitio, los tribunales han actuado libremente, la justicia ha actuado libremente y S.S. ha estado también en su sitio, es decir, metiendo la pata.
Gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO SOBRE EL PROCESAMIENTO DEL SEÑOR PINOCHET POR TRIBUNALES EUROPEOS, DADA LA POSICIÓN QUE EL MINISTERIO FISCAL HA VENIDO MANTENIENDO REITERADAMENTE? (Número de expediente 180/001462).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22 que formula al Gobierno el diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.


Señor Aznar, ante la petición de extradición del general Pinochet, ¿qué opina? ¿Qué opina también del papel jugado por el ministerio fiscal?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): La opinión del Gobierno, señoría, es la de cualquier Gobierno constitucional: el respeto a las decisiones judiciales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, ante la batalla perdida por el ministerio fiscal y también en parte por usted, hay que reconocer que ha pedido la extradición en tiempo de telegrama. Sin embargo, hay dos cosas en las que usted está muy mal situado política y éticamente. De una parte, usted no ha opinado sobre la dictadura sino con media boca y quizá nos ha amenazado al decir que habla de todas; hable de todas.
En este tema la ética no se puede dosificar porque divide con una línea divisoria a todos los ciudadanos y es una línea que no es de tiza. Usted se ha situado en el único lugar imposible, ni en un lado ni en otro: encima de la línea divisoria. Usted está jugando simplemente el papel de cartero, el triste papel de un cartero que suelta el paquete y se sacude las manos. Su posición es confusa y mucho más después de las declaraciones del

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señor Fraga y confusa también, señor Aznar, porque el papel de los fiscales no es de recibo.
Primero, si ustedes han dado instrucciones para determinar el papel de los fiscales, han jugado a entender ese paréntesis anticonstitucional del dictador Pinochet que no es un fascista austero, es un asesino y un ladrón de caudales públicos.
En segundo lugar, si no han dado instrucciones -como ha dicho- para que no intervenga el ministerio fiscal y éste ha actuado en defensa de los intereses del Estado por cuenta propia, falta un último movimiento en este ajedrez doloroso que estamos viviendo por parte de usted. ¿Qué opina de la actuación de los fiscales? ¿Está de acuerdo? Si no está de acuerdo, ¿cómo lo va a expresar? ¿Qué posición va a adoptar el Gobierno en desacuerdo con este tema que no es cualquier cosa? Señor Aznar, ¿cuándo adoptaría la posición que superaría este agujero de coherencia que tiene usted en su posición ética y política? No es un tema cualquiera. Juegue la partida de ajedrez completa y en todo el tablero porque si no se puede empezar a pensar que el esqueleto moral de su posición política no es sólido.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Señoría, el Gobierno defiende la validez universal de los derechos individuales y de las libertades, y por tanto no le cuesta ningún trabajo, sino todo lo contrario, manifestar su rechazo y repugnancia a lo que significa cualquier régimen autoritario o cualquier régimen dictatorial allí donde se produzca. Estoy hablando de dictaduras y, por tanto, de dictaduras que no solamente tienen una plasmación práctica sino que también pueden tener un discurso teórico, señor Alcaraz, y estoy convencido, espero y deseo, que S.S. comparta la misma expresividad de condena de cualquier dictadura allí donde se produzca y tenga el contenido ideológico que tenga.
Lo que quiero decir, señoría, también en este punto, es que nosotros, justamente por eso, nos alegramos mucho cuando deja de haber una dictadura y si hay una transición democrática que conduzca o que pueda conducir a una democracia. La obligación española, la obligación de España, la obligación del Gobierno español, y yo creo que de esta Cámara, señorías, es colaborar con todos los países que hacen una transición hacia la democracia y dejan atrás una dictadura, y además tenemos la responsabilidad de cooperar con esos países para consolidar esa transición. Esa es una doctrina que avala la posición española desde hace 20 años. Y cuando la transición comenzó en Chile, el Gobierno español de entonces la apoyó e hizo bien porque era su obligación, como este Gobierno cumple con su obligación intentando que se consolide la democracia en Chile. Preferimos sin duda una democracia en Chile o en cualquier otro país a un régimen autoritario o a una dictadura.
Ahora bien, señor Alcaraz, eso pasa también por respetar las reglas de lo que se define en la posición de un gobierno, que es respetar en todo caso las decisiones judiciales, y yo las he respetado y hemos pedido la extradición del antiguo dictador de Chile, señor Pinochet.
Esa ha sido la posición del Gobierno, esa y no otra. Y le quiero decir que políticamente hoy, en este Congreso de los Diputados, yo quiero manifestar en nombre del Gobierno mi respeto a la democracia chilena, mi aprecio por el Gobierno chileno y mi deseo de que su situación se consolide totalmente en aras de las libertades y de la democracia de Chile.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.- Varios señores diputados golpean los pupitres.) (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Madrid, señor Madrid, don Demetrio; señor Villarrubia. (El señor Madrid López continúa golpeando el pupitre.) ¡Señor Madrid, le llamo al orden! Le llamo al orden, señor Madrid.
Señor Madrid, contenga sus expresiones de desagrado en los términos razonables, en los razonables, señor Madrid. (Rumores.- El señor Madrid López pronuncia palabras que no se perciben.) Sin debate, sin debate, señor Madrid.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO INFORMAR A LA CÁMARA DE LAS INICIATIVAS QUE HAYA ADOPTADO PARA COOPERAR CON LAS REPÚBLICAS CENTROAMERICANAS DEVASTADAS POR EL HURACÁN MITCH? (Número de expediente 180/001466).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 25, que formula al Gobierno doña Ana María Torme Pardo, diputada del Grupo Popular.
Señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, a lo largo de estas dos últimas semanas todos hemos podido ver imágenes realmente dramáticas de los efectos que ha causado el huracán Mitch en Centroamérica. Las cifras de muertos y desaparecidos, que siguen aumentando de día en día, son estremecedoras; sólo en Nicaragua ya se habla de más de 35.000 muertos. Por otra parte, los daños materiales son incalculables y afectan a decenas de miles de personas.
Para superar una catástrofe de una magnitud como ésta, la ayuda internacional es imprescindible, no sólo a corto plazo, en el primer momento de mayor emergencia, sino también a medio y a largo plazo.
Sólo con

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una ayuda generosa y eficaz estos países afectados van a ser capaces de superar y afrontar su recuperación y su reconstrucción. Ante las distintas peticiones de ayuda que se han venido sucediendo, en España ha habido una reacción inmediata; nuestra sociedad ha dado muestras, como en otras ocasiones, de su generosidad y solidaridad. Podemos afirmar que la sociedad española se ha volcado, ha desbordado todo tipo de previsiones, conmovida, como no podía ser de otra manera, por los efectos dramáticos que ha causado el Mitch a su paso. Pero, además, se trata de unos países con los que tenemos unos lazos muy estrechos, no en vano compartimos con ellos una historia y una cultura comunes.
Por ello, señor presidente del Gobierno, dada la magnitud de esta catástrofe y teniendo en cuenta la movilización que se ha generado en la sociedad española, le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede el Gobierno informar a la Cámara de las iniciativas que hayan adoptado para cooperar con las repúblicas centroamericanas devastadas por el huracán Mitch?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora, Torme.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Señoría, ante una catástrofe de estas dimensiones las prioridades de las ayudas exigen, como es lógico, una programación escalonada. Hay tareas de máxima urgencia, como las tareas de rescate, medicinas, agua, alimentos; de urgencia más o menos inmediata, como alojamientos o viviendas; de urgencias a corto plazo, como reestructuración de infraestructuras, de comunicaciones y de transporte; o de urgencia a medio plazo, como es la recuperación de los tejidos productivos. Como ha dicho S.S. más de 38.000 víctimas, más de 3.000.000 de damnificados. Estamos ante una impresionante tragedia.
El Consejo de Ministros del día 6 aprobó una ayuda humanitaria por importe de 1.600 millones de pesetas. Al mismo tiempo, estableció un puente aéreo para transportar esa ayuda humanitaria a los países afectados. El Gobierno también intentó movilizar a la sociedad española, que en un ejercicio de solidaridad verdaderamente impresionante, que quiero reconocer y agradecer, ha aportado más de 7.000 millones de pesetas. El Gobierno español movilizó las ayudas de la Unión Europea, que aprobó ayudas por valor de 16.000 millones de pesetas y también el Gobierno español dotó de un fondo de cuestiones de emergencia por importe de 3.000.000 de dólares.
Para el próximo Consejo de Ministros del día 13, el Gobierno va a aprobar un paquete de medidas por importe de 18.500 millones de pesetas, unos 130 millones de dólares, en fondos de ayuda al desarrollo y en fondos de viabilidad. Al mismo tiempo, el Gobierno va a aprobar la condonación de los pagos de la deuda FAD hasta el 31 de diciembre del año 2001, por importe de 7.500 millones de pesetas, es decir, en torno a 42 millones de dólares. Al mismo tiempo la condonación de deudas de la Compañía Española de Exportación por importe de 1.430 millones de pesetas. En total el Gobierno va a aprobar medidas por importe de 27.500 millones, es decir, más de 170 millones de dólares, que es más, sustancialmente, que todas las ayudas que ha aprobado la Unión Europea.
Naturalmente nos planteamos, además de la condonación de esta deuda hasta el año 2001, una operación política global de la condonación de deuda con los países afectados, que tiene que hacerse necesariamente en el marco del Club de París y que deseamos hacer coordinadamente con los demás países miembros de la Unión Europea, a cuyos efectos el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de economía ya se ha dirigido a ellos. A ello añada S.S. los trabajos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Defensa o de cuantos puedan establecer un capítulo de ayudas para las poblaciones afectadas. El próximo viernes su Alteza Real el Príncipe de Asturias visitará la zona y naturalmente...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO SERRANO VINUE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL BALANCE QUE EL GOBIERNO HACE DE LAS MANIOBRAS QUE LA OTAN HA REALIZADO EN FECHAS RECIENTES EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA? (Número de expediente 180/001473).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32 que formula al Gobierno, en nombre del cual contestará el ministro de Defensa, el diputado don Antonio Serrano Vinue, del Grupo Popular.
Señor Serrano Vinue.


El señor SERRANO VINUE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, en octubre de 1997 solicité en esta misma Cámara información por el posible uso de la base aérea de Zaragoza por parte de las Fuerzas Aéreas americanas, USAF, y también por tropas de la OTAN, datos que en su día le agradecí. Desde entonces hasta hoy las circunstancias políticas han cambiado. Hoy estamos perfectamente integrados (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Serrano.
Señor Rodríguez Zapatero, señora Balletbó. (La señora López i Chamosa, pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Chamosa, señora Chamosa...
Adelante, señor Serrano.


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El señor SERRANO VINUE: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que hoy, a diferencia de entonces, estamos plenamente integrados en la estructura militar de la OTAN. El verano pasado el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Fomento, Aeropuertos Nacionales y el propio Gobierno de Aragón firmaron un importante acuerdo para la cesión de 70 hectáreas de la parte militar, con el objetivo fundamental de potenciar la parte civil del aeropuerto.
Desde entonces hasta hoy se han desarrollado diferentes maniobras y ejercicios en el propio campo de maniobras de San Gregorio, en la base aérea de Zaragoza, en Bardenas. Sin ir más lejos hoy mismo el propio Príncipe de Asturias ha visitado tanto las instalaciones de la base de Zaragoza como los ejercicios llevados a cabo en Bardenas. No quisiera desaprovechar la ocasión, señor ministro de Defensa, de poner en su conocimiento, aunque lo conoce perfectamente, lo que piensa la opinión pública aragonesa y en especial el Partido Aragonés, y es que si tenemos las cargas y los costes de la ubicación de estas instalaciones militares, ¿cuando tendremos las compensaciones, compensaciones en criterios puramente globales, con una visión amplia y nada simplista? Y lo tiene que entender, ¿cómo estaría la opinión pública de Madrid, de Barcelona, de Bilbao o de Sevilla si un tercio de su término municipal fuera territorio militar o simplemente si su aeropuerto en estos momentos tuviera responsabilidad militar? Tenemos oportunidades para manifestar la voluntad política de buscar ese tipo de compensación; proyectos como el Leopard, el Eurocaza, la posible ubicación en Zaragoza, por qué no, de ese simulador, el futuro avión de entrenamiento europeo, el Eurotrainer, si realmente se utilizan los campos de maniobras de Zaragoza para entrenar, ¿por qué no se construye allá? En este contexto global, dadas las condiciones de la base aérea de Zaragoza le formulo la pregunta que aparece en el orden del día, que es: ¿Cuál es el balance que el Gobierno hace de las maniobras que la OTAN ha realizado en fechas recientes en la base aérea de Zaragoza? Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.
Ruego a los señores ministros y señora ministra que no despachen en el banco azul teniendo, como saben, a su disposición la zona de Gobierno de la Cámara. (Rumores.) Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, al final estaba preocupado de que hubiera un error en el orden del día, porque prácticamente todo el texto se refería, como ha dicho S.S., más al contexto.


Somos conscientes en el Ministerio de lo que son terrenos militares para muchas ciudades. Somos conscientes de que en muchas ciudades existen por decisiones de ministerios de Defensa de hace muchos años. Dos cosas: una, es una utilidad general la que se presta; dos, sabe S.S. que estamos teniendo que reducir muchas instalaciones militares y los primeros que se oponen en muchísimos casos son los propios habitantes.
Yendo a la pregunta concreta le tengo que decir que el balance es altamente positivo. Ha sido el ejercicio de mayor envergadura de su clase que se ha realizado en Europa, el ejercicio llamado Nato Air Meeting, y en él han participado 1.300 personas y 90 aviones de nueve países de la Alianza. Asimismo, es la primera vez que se ha realizado fuera de la región central de Europa, habiéndose escogido para su realización la región sur, entre otras cosas por la creciente importancia que el área mediterránea tiene para la Alianza Atlántica.
El objetivo del ejercicio fue practicar misiones denominadas Composite Air Operations (Comao), en las que participan aviones de varios tipos y de varias naciones. Consiste en concentrar unidades aéreas de países distintos tratando de alcanzar un objetivo común. El tipo de misiones tiene mucha semejanza con las que se vienen realizando en la antigua Yugoslavia, donde el concepto de disuasión, extraordinariamente importante, por medio de la fuerza aérea ha tenido su expresión práctica en el logro de imponer la voluntad internacional de paz, sin necesidad de hacer un sólo disparo.
Por otra parte, las contribuciones de la base aérea de Zaragoza han sido excelentes, como excelentes son sus capacidades, y así lo ha puesto de relieve su señoría. Especial mención merece la gran aportación al adiestramiento de las diferentes unidades que ha supuesto la participación de los medios de defensa aérea del Ejército de Tierra y del grupo Alfa de la Armada.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAMÓN ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO SOBRE LA FUTURA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS? (Número de expediente 180/001474)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno el diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Popular.
Señor Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Defensa, recientemente el Ministerio de Defensa ha decidido la creación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (Esfas), que va a sustituir a las actuales escuelas del Estado Mayor específicas de Tierra,Mar y Aire, y en la que se impartirá tanto el curso

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único de Estado Mayor como el de capacitación para ascenso a general de cualquiera de los tres Ejércitos.
Está claro, y el tiempo así lo ha demostrado, que las actividades de las Fuerzas Armadas, sobre todo las de carácter operativo, se desarrollan hoy en gran medida de forma conjunta, es decir, fuerzas nacionales de más de un ejército, o bien de forma combinada, como es la colaboración entre fuerzas de distintos países. Por otra parte, el planeamiento y la definición de objetivos de fuerza ya no vienen determinados específicamente por una amenaza concreta, sino que están condicionados por los riesgos emergentes y la incertidumbre sobre el empleo de la fuerza. En consecuencia, la enseñanza militar superior, señor ministro, entendemos que debe ser extremadamente flexible y debe preparar a nuestros oficiales para enfrentarse tanto a situaciones de incertidumbre como impredecibles, teniendo además en cuenta las consideraciones puramente militares, las dimensiones políticas, económicas, psicológicas y sociológicas que influyen en el planeamiento operativo y estructural de la fuerza. Por tanto, señor ministro, sería oportuno que, a partir de la creación de esta nueva escuela superior, se elevara más, si cabe, la calidad de la enseñanza militar, ya que la evolución de la política en materia de seguridad y defensa, en los umbrales del siglo XXI, se orienta cada vez más hacia una mayor participación en operaciones internacionales en el marco de las diferentes organizaciones.
Señor ministro de Defensa, atendiendo a los planteamientos expresados, desde un proyecto entiendo que importante y ambicioso, deseo hacerle la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos se ha marcado el Ministerio de Defensa con la reciente creación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señorías, señor ministro de Interior, ya sabe la forma. Señor Meyer.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Lo ha dicho S.S., las circunstancias de todo tipo, de los objetivos, de las operaciones, de la participación casi siempre conjunta, y muchas veces combinado-conjunta, hace que cada vez sea más necesario que los altos oficiales de los ejércitos tengan una educación, una formación, un perfeccionamiento lo más común posible; es decir, los oficiales de Estado Mayor deben estar capacitados no sólo para integrarse en los estados mayores específicos sino también en los conjuntos y combinados de diferente naturaleza. Y para ello deben tener conocimiento no sólo de las formas de actuación de su ejército, sino también de los demás y una visión clara de la situación internacional y de su previsible evolución, así como de los parámetros que pueden incidir en la inestabilidad, y ser, igualmente, capaces de valorar las dimensiones de los nuevos conflictos de las misiones asignadas dentro de organizaciones internacionales y de los desafíos que plantea el operar en un ambiente combinado conjunto.
Esta situación aconseja, en paralelismo a lo que ya han hecho diversas y grandes naciones de nuestro entorno, abordar el ambicioso proyecto de crear un curso único de Estado Mayor que, en la medida de lo posible, cubra las necesidades específicas de los ejércitos de Tierra, de Mar y de Aire y, a su vez, impulse y refuerce la misión conjunta.


Además de estas razones, señoría, hay una extraordinariamente importante. Felipe V creó cinco secretarías de despacho; pues bien, dos de las cinco, guerra y marina, están hoy subsumidas en el Ministerio de Defensa que tiene sólo 20 años. Es extraordinariamente importante que nuestros militares se acostumbren a trabajar en un ambiente de unidad, ya lo están haciendo en el Ministerio, en las organizaciones internacionales, en la Alianza. Para conseguirlo entendemos que es extraordinariamente importante tener una formación conjunta. Ha dicho S.S.: reforzar lo conjunto. A eso vamos. Y el año que viene, el 1 de septiembre, por primera vez en la historia, el curso de Estado Mayor será conjunto para los tres ejércitos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ECHEVARRÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN LOS PLANES Y PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA INDEMNIZAR, DE LA FORMA MÁS JUSTA POSIBLE, A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, ESTÁN CONTEMPLADAS LAS VÍCTIMAS DEL GAL O DE CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN CONTRATERRORISTA? (Número de expediente 180/001461).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que contestará, en nombre del Gobierno, el ministro de Interior y que formula, con el número 21, doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Nacionalista Vasco.
Señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, a la hora de formular esta pregunta me ha preocupado la precisión en el lenguaje. Si indemnizar es dejar indemne, es decir libre o exento de daño, ello no es posible cuando estamos hablando de quienes han sido víctimas de actos terroristas. Quizá

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fuese más justo, más lógico, hablar de compensar o de resarcir.
Dentro de las medidas que a este respecto está barajando adoptar el Gobierno, ¿se tiene pensado incluir en ellas a quienes han sido víctimas de cualquier actuación contraterrorista?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor ministro de Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
La legislación sobre ayudas a víctimas de terrorismo nunca ha limitado sus beneficios a las víctimas de delitos calificados como de terrorismo por órganos jurisdiccionales, sino que ha extendido su ámbito de aplicación a los delitos cometidos por cualquier tipo de asociaciones criminales armadas. En definitiva, la aplicación que realiza el Gobierno de la normativa sobre ayuda a víctimas del terrorismo está sujeta, como toda actuación administrativa, al principio de legalidad. Evidentemente, está obligado a otorgar esta ayuda a todos los solicitantes que se encuentran en los supuestos previstos en dicha normativa y que justifiquen su derecho de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor ministro, sé que existen posibles problemas jurídicos. Se habla de posible prescripción, pero ello se arregla. De hecho, en el decreto se señaló como fecha la del primer atentado de ETA. La cuestión sobre la posible existencia o no de banda armada la soluciona hoy en gran medida la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. Además, creemos que es perfectamente posible que a efectos administrativos el Gobierno adopte un criterio no exactamente coincidente con el manejado a efectos penales, puesto que de comisión de delitos se está tratando y el criterio, por tanto, tiene que ser mucho más estricto.
En cuanto a la reivindicación del hecho, el propio Tribunal Supremo ha sostenido, en un supuesto de atentado presuntamente de ETA no reivindicado, que existe la posibilidad de deducción racional de que así han sucedido las cosas, a través del examen de los hechos, antecedentes, coetáneos o posteriores. Creemos, desde nuestra óptica, que el ordenamiento jurídico nos da cauces para poder contemplar todas estas situaciones. Lo que queríamos y lo que creemos que es importante en este foro es obtener el compromiso de su voluntad política.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor ministro de Interior.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
Precisamente le acabo de reiterar que la doctrina del Consejo de Estado, como la práctica administrativa del Ministerio de Interior en la concesión de ayudas a las víctimas, tiene ese planteamiento global y amplio a que antes he hecho referencia. Pero lo mejor es ilustrarle con algunos ejemplos.
Por resolución de la Subsecretaría de Interior, que fue notificada el 12 de agosto de 1997, se dio una ayuda a la viuda y a la hija de Tomás Alba Irazusta, que fue asesinado por el Batallón Vasco-Español el 28 de septiembre del año 1979 en San Sebastián. En la actualidad, se están tramitando ya las solicitudes formuladas por familiares de 18 personas presuntamente asesinadas por los GAL. Tales solicitudes se han presentado de acuerdo con el Real Decreto de 23 de enero de 1998 -es decir, no hay ninguna novedad en la posición del Gobierno-, por el que se regulan los criterios de asignación de ayudas a las víctimas del terrorismo derivadas de los beneficios obtenidos en el sorteo de la Lotería Nacional de 18 de octubre de 1997, por ejemplo.
Todas ellas serán estudiadas junto con las demás solicitudes presentadas, que son más de 800, que serán estimadas o desestimadas con arreglo a los criterios estrictos de legalidad que se derivan del citado real decreto y del conjunto del ordenamiento regulador de ayudas a víctimas del terrorismo. No es un capricho del Gobierno. Una vez más, el Gobierno hará del estricto cumplimiento de la ley su único referente en la aplicación de estas medidas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS PREVÉ ADOPTAR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA? (Número de expediente 180/001450)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que contestará el señor ministro de Fomento, comenzando por la número 10, que formula el diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto.


El señor VÁQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el transporte aéreo se ha convertido en los últimos tiempos en un medio con una utilización cada vez más masiva y probablemente lo sea más en el futuro. Este medio de transporte adquiere un relieve especial para aquellas zonas que, como la Comunidad Autónoma de Galicia, cuentan con unas vías de comunicación terrestre deficientes para poder realizar los necesarios desplazamientos, de manera significadamente deficiente en el caso del ferrocarril.


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El transporte por vía aérea en la Comunidad Autónoma de Galicia pasa por muy malos momentos. Se están poniendo muy en evidencia sus insuficiencias. No sólo sufre los problemas, entre comillas, normales derivados de los retrasos, cancelaciones, overbooking, cambio de horarios, frecuencias, etcétera, sino que además el sistema aeroportuario gallego ve restringidas sus posibilidades por las adversas condiciones meteorológicas, entre las que destacan las relativamente frecuentes nieblas, que resultan imposibles de superar por la inexistencia de los adecuados sistemas técnicos. Esto ocasiona más retrasos, frecuentes desvíos de vuelos de un aeropuerto a otro, cancelaciones, cuando no la incomunicación total por cierre de todos los aeropuertos, como aconteció recientemente.
Como usted sabe, esta situación es fuente de malestar y preocupación para los usuarios de los aeropuertos de Galicia, malestar que ya alcanza el nivel de controversia pública, con pronunciamientos de distintos sectores que demandan una mayor inversión en medios técnicos capaces de superar las dificultades provocadas por las condiciones meteorológicas citadas. Por cierto, en ese sentido se pronunció recientemente el Parlamento de Galicia unánimemente.
Preocupan, por tanto, en Galicia cuáles son los planes del Gobierno para mejorar los medios técnicos y las infraestructuras en general de los aeropuertos, así como otras cuestiones relativas al establecimiento del número de frecuencias acordes con la demanda o las conexiones viarias de estos aeropuertos. Es por lo que le formulamos, señor ministro, la siguiente pregunta: ¿Qué medidas prevé adoptar el Ministerio de Fomento para mejorar la operatividad de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Galicia? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, querría empezar por distinguir que hay dos planos muy distintos: uno, el que afecta a las compañías aéreas, con su problemática, y el otro, el que afecta estrictamente al funcionamiento de los aeropuertos. Como es lógico, yo le puedo responder de aquello de lo que soy responsable, que es el funcionamiento de los aeropuertos.
En segundo lugar, y como reflexión previa también, debo decirle que el conjunto de los tres aeropuertos gallegos, La Coruña, Vigo y Santiago, para la población de Galicia tienen una capacidad equivalente a la que tiene el aeropuerto de Barajas. Quiere decirse, señoría, que la capacidad de emitir y de recibir transporte aéreo de los aeropuertos gallegos es absolutamente excepcional en el conjunto de España.
Dicho esto, los aeropuertos están en muy buenas condiciones de utilización. Entre 1998 y 1999 se van a invertir en los tres aeropuertos más de 2000 millones de pesetas, y le puedo relacionar una serie de inversiones, algunas en ejecución y otras de muy inmediata iniciación. El aeropuerto más importante, que es el de Santiago y que está abierto las 24 horas del día, tiene ya un nuevo sistema de comunicaciones. Se ha sustituido el llamado sistema Vor, que es absolutamente imprescindible para que pueda utilizarse adecuadamente la pista de aterrizaje. Se va a sustituir el sistema LS de la cabecera 17, introduciendo uno más moderno justamente para poder utilizar la pista en las peores condiciones climatológicas. Y finalmente, está previsto para el año 2000 un cambio de emplazamiento de la estación radar de aproximación.
Esas inversiones son solamente para el aeropuerto de Santiago. En el aeropuerto de La Coruña le puedo citar algunas. Se ha remodelado la torre de control y se la ha dotado de nuevos equipos. En la pista y campo de vuelo se han hecho obras de mejora. También se ha producido la sustitución del sistema Vor y hay una estación de radar secundaria en As Pontes prevista para el año 1999. Está prevista la inversión para el balizamiento del eje de pista para el año 1999 y 2000, que es vital también para poder utilizar las instalaciones de aterrizaje según las condiciones climatológicas, de la misma manera que en el aeropuerto de Vigo. De tal manera que a finales del año 1999 o principios del 2000, los tres aeropuertos de Galicia tendrán los sistemas más modernos para poder recibir el transporte aéreo cualesquiera que sean las condiciones climatológicas, sin perder nunca de vista que el aeropuerto fundamental para la realización del transporte aéreo en Galicia es el aeropuerto de Santiago y que el aeropuerto de Vigo y La Coruña ofrecen características distintas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVA HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA CUMPLIR EL ACUERDO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DE LA TARIFA PLANA PARA LOS USUARIOS DE INTERNET? (Número de expediente 180/001457)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señor ministro, ¿qué iniciativas ha desarrollado el Gobierno para cumplir el acuerdo del Congreso de los Diputados acerca de la tarifa plana para los usuarios de Internet?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Pues como se puede imaginar S.S., en las conversaciones y proceso de negociaciones con Telefónica se ha iniciado un doble camino: por una parte, un camino destinado a implantar en determinadas áreas y ámbitos la tarifa plana que requiere el Congreso de los Diputados, y en otros ámbitos donde no es posible con carácter inmediato aplicar la tarifa plana, se está en negociaciones para adoptar unos planes que suponen muy importantes descuentos, que le puedo explicar en mi segunda intervención.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor ministro, yo sé que usted no era un fanático de esta propuesta, le gustaba muy poco, lo ha declarado en muchos sitios. Su grupo parlamentario no tuvo más remedio que apoyarla porque se quedaba en minoría y prefería apoyarla que perder.
Por tanto, entiendo que usted está haciendo todo lo posible por no aplicarla, y de hecho su respuesta es enormemente insatisfactoria; habla usted de aplicarla en unos casos, de descuentos. No, señor ministro: tarifa plana para los usuarios de Internet, eso quiere decir una cosa y usted y yo sabemos perfectamente lo que quiere decir.
Usted tiene la obligación política de aplicarla, señor ministro, y tiene usted competencias para hacerlo, porque la disposición transitoria de la Ley General de Telecomunicaciones le habilita para hacerlo a usted. De hecho, usted es el que aprobó la subida de las tarifas telefónicas urbanas, en contra de la cual ya sabe que estamos los socialistas. Y además le voy a dar una buena noticia para la aplicación de esta moción. El presidente de Telefónica, en una carta que ha dirigido a una internauta, doña Gemma Castellana -está publicado en Internet-, dice que él mismo es el principal abanderado a la hora de denunciar que las tarifas iban en contra de la comunidad electrónica.
Es decir, señor ministro, es usted el culpable de la tarifa plana, según dice el presidente de Telefónica. Entiendo que va a usted a apoyar fervientemente al presidente de Telefónica, el gran internauta del reino, después de esta carta. Por tanto, señor ministro, no se esconda en Telefónica porque su presidente ya dice que él es el primero que protestó contra la subida de tarifas que usted hizo.
Aplique usted la tarifa plana, cumpla usted la obligación política en este Parlamento porque nosotros, señor ministro, queremos que lo haga. Si no lo hace, y rápidamente, tengo que decirle que traeremos aquí una moción de reprobación contra usted. No porque no cumpla lo que le piden los internautas, ni tan siquiera porque no cumpla lo que le piden los socialistas, sino porque no puede usted burlarse del conjunto del Parlamento; usted es un demócrata y lo sabe. Por tanto, cumpla rápido que su amigo Villalonga ya le ha dicho que él está de acuerdo.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en estos momentos existe ya tarifa plana para las pymes establecida por Telefónica a través de la red digital de servicios integrados. Existe, por tanto, tarifa plana en relación con las pymes, punto que pedía la moción del Congreso de los Diputados.
Hasta finales de abril de 1999, hay un convenio entre el Ministerio de Educación y Telefónica para introducir la llamada educación en red, que asegura que en la enseñanza primaria y en la secundaria va a haber acceso gratuito a Internet hasta finales de 1999 y, a partir de finales de 1999, tarifa plana en el ámbito educativo, educación primaria y educación secundaria. Las universidades tienen ya también el acceso con tarifa plana a través de la red Iris, como sabe S. S., que gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta red es utilizada también por los centros hospitalarios de atención primaria y especializada. Por tanto, en los cuatro ámbitos en los que la moción pedía la introducción de la tarifa plana, ya está la tarifa plana, señoría.
Queda un último ámbito, que es el de los usuarios residenciales.
Usted sabe como yo que no se puede imponer de golpe la utilización de la tarifa plana en el acceso a Internet porque la red local de Telefónica está dimensionada para unos determinados usos. Si introducimos con carácter inmediato la tarifa plana, se congestionaría automáticamente la red de telefonía local y el servicio que se prestaría a los demás usuarios de teléfono sería muy negativo. En Europa nadie tiene la tarifa plana para los usuarios residenciales y en el mundo solamente tres países: Estados Unidos, Hong-Kong y Nueva Zelanda. Estados Unidos tiene en estos momentos un problema de saturación de la red local que supone un pésimo servicio para el resto de los usuarios de telefonía. No obstante, señoría, estamos negociando con Telefónica unos planes de descuentos muy importantes, que es un paso necesario y previo a la implantación de la tarifa plana, para poder disponer de tiempo y redimensionar la red local de Telefónica porque, si no, quedaría absolutamente congestionada.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN HASTA LA FECHA DE HOY DEL PLAN DE VIVIENDAS 1998/2001? (Número de expediente 180/001458)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno doña Cristina Narbona Ruiz, diputada del Grupo Socialista.
Señora Narbona.


La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, hoy es día 11 de noviembre de 1998. Queda poco más de un mes para que termine este año y quisiera preguntarle si en ese espacio de tiempo, algo más de un mes, va a haber resultados significativos del nuevo Plan de vivienda 1998-2001, teniendo en cuenta que todavía, a la fecha de hoy, hay comunidades autónomas que no han firmado el convenio con el Ministerio de Fomento. Para darle cierta ventaja -le recuerdo que me llamó usted formalista por pedirle resultados anuales en el espacio de un año-, figurémonos que en los próximos tres meses se acelera efectivamente la política de vivienda.
¿Van ustedes a ser capaces, en este primer año de cuatro meses escasos, de cumplir su promesa electora de 150.000 viviendas protegidas al año, señor ministro?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, creo que dispone usted de suficientes datos para poder valorar la eficacia de este Gobierno en la ejecución de los planes de vivienda.
En el año 1996, cuando el Gobierno había tomado posesión recientemente y aplicando el Plan nacional de vivienda elaborado por el Gobierno socialista, nos encontramos con que en el mes de mayo había realizadas 7.000 actuaciones. Recién llegados al Gobierno, entre el mes de mayo de 1996 y el 31 de diciembre de 1996, pasamos de 7.000 actuaciones a 141.189, exactamente. Por tanto, le garantizo que a 31 de marzo del próximo año, que es la fecha que prevé el propio plan para el cierre de este ejercicio, estarán cumplidas las previsiones contenidas en el plan recientemente aprobado. (El señor Leguina Herranz: Eso es imposible.) Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Leguina.
Gracias, señor ministro.
Señora Narbona, adelante.


La señora NARBONA RUIZ: Señor ministro, ustedes nunca acaban de contar la verdad en este Parlamento en materia de política de vivienda. Ahora me ha recordado lo que hicieron en el año 1996, donde se encontraron, afortunadamente, un plan consensuado y puesto en marcha por el Gobierno socialista, plan que ha seguido estando en vigor hasta ahora mismo, porque, en contra de lo que afirmó aquí el vicepresidente Rodrigo Rato durante el debate de los presupuestos, todavía no están cerrados todos los convenios con las comunidades autónomas del Plan de vivienda 1998-2001. Usted sabe perfectamente, señor Arias-Salgado, que este año va a terminar con las peores cifras de los últimos diez años en materia de viviendas protegidas objeto de financiación, unas cifras que no van a ir más allá de las 50.000 viviendas objeto de financiación. Sabe que estoy diciéndole la verdad y que el señor vicepresidente ni siquiera desmintió estas cifras cuando se las recordó el portavoz; se limitó a decir que los socialistas no teníamos política de vivienda, cosa que evidentemente es falsa, y a decir que los convenios del nuevo Plan de vivienda estaban todos cerrados, cosa que también es mentira, señor Arias- Salgado.
En política de vivienda, además de ver los efectos beneficiosos de los tipos de interés, tienen ustedes que hacer algo más, señor ministro, porque los precios de la vivienda están subiendo por encima del IPC, lo dicen todos los análisis que en este momento pueda usted consultar. Sabemos que esa es una tendencia que se va a acentuar y aunque el coste de los créditos hipotecarios llegara a ser cero, señor ministro, aunque un crédito hipotecario tuviera un tipo de interés cero, dígame cuántos españoles se pueden comprar una vivienda de más de 15 millones de pesetas, porque ahí se está situando el precio medio de la vivienda.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en el tiempo que me resta voy a hacer tres consideraciones.
La primera, que están concluidos todos los convenios con las comunidades autónomas. Algunos están pendientes de la formalización estricta de la firma. Los convenios están cerrados, lo que pasa, señoría, es que los consejeros muchas veces no tienen fechas disponibles o todos quieren tener una fecha disponible que no siempre coincide con las posibilidades del ministro de Fomento.
En segundo lugar, señoría, su plan 1996-1999, el que tenían ustedes previsto, suponía 514.000 actuaciones. En el plan que hemos hecho nosotros están previstas 551.000 actuaciones. Y en lo que se refiere a la ejecución del presente año, señoría, no solamente vamos a sobrepasar las 50.000 actuaciones, es que ya las hemos sobrepasado, ya se han hecho más de 50.000 actuaciones con arreglo al plan anterior. En estos momentos y hasta el 31 de marzo del próximo año, quedan por realizar unas 70.000 actuaciones de vivienda. Le aseguro, señoría, que en los cinco meses que quedan, si tuviéramosmedios, no solamente haríamos 70.000 actuaciones,

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volveríamos a hacer las 140.000 que hicimos cuando asumimos el Gobierno.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZCAPITÁN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO SUFICIENTES LAS INVERSIONES DE SU GOBIERNO PARA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS? (Número de expediente 180/001459).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el diputado don Jesús Caldera Sánchez- Capitán, del Grupo Socialista.
Señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, desde el año 1989 hasta 1995 el número de víctimas mortales por accidentes en carretera fue disminuyendo, de más de 7.000 a un poquito más de 5.000, por fortuna. Desde que gobiernan ustedes se han incrementado de nuevo. Cada vez hay más. No lo digo yo, una información publicada recientemente en un periódico afirma que las víctimas mortales por accidente de tráfico se vuelven a disparar este año. Ya sabemos sus justificaciones, siempre es culpa de otros: de los conductores que salen a la carretera cuando no deben, de que el bienestar económico provoca que haya más coches y en consecuencia más accidentes; por cierto, en Europa no ocurre eso, cada vez hay menos siniestralidad. Por ello le pido que de una vez afronte su responsabilidad y me diga: ¿considera usted suficientes las inversiones de su Gobierno para conservación y mantenimiento de carreteras?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Lo que le puedo responder, señoría, es que en materia presupuestaria todos queremos más, yo también.
Muchas gracias, señor presidente.(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Caldera Sánchez-Capitán.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor ministro, ustedes han hecho del eslogan España va bien el eje central de su política. La asociación de la carretera describe lo que ustedes están haciendo y nos dice en su último informe que entre los años 1995 y 1997 -período 1996/1997 de su Gobierno- ha aumentado en un 11 por ciento la necesidad de inversión en carreteras y ustedes tienen un déficit de más de 120.000 millones de pesetas en inversión en carreteras. Pero voy a decir más, y es que ustedes mienten. Perdón, señor ministro, su propia documentación lo demuestra. Ustedes afirman que invierten mucho dinero en carreteras, en conservación, pero la realidad es la contraria. ¿Reconoce este documento? Es la sección que usted nos envía del Ministerio de Fomento, la memoria explicativa. Ustedes dicen que aumentan la inversión en conservación de carreteras. Cómo es posible, señor ministro, si en su página 169, en los dos capítulos más importantes, reposición y refuerzo de firmes, ustedes dicen que en el año 1997, entre obras iniciadas, en curso y terminadas, se abordaron 199 kilómetros y en el año 1999 sólo se van a abordar 157; y en refuerzo de firmes, se pasa de 1.900 kilómetros a 1.300. ¿Cómo es posible que ustedes digan que aumentan las inversio nessi la memoria demuestra lo contrario? ¿Sabe lo que le ocurre a usted? Que están instalados en la propaganda y en el botafumeiro y a lo que se ve son insensibles a los aumentos de las víctimas en carretera y al dolor. Como España, según ustedes, va bien, reconozca, al menos, señor ministro, que en algo no va bien. En los accidentes con víctimas mortales en carreteras vamos muy mal por la dejación de su Gobierno. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo le pediría un poco de rigor y que aprenda a leer los presupuestos.
Una memoria explicativa no es el informe de la Intervención General del Estado de la ejecución de presupuestos. Yo le voy a leer a usted las cifras que figuran en el informe de la Intervención General del Estado y que demuestran cuál es la ejecución presupuestaria de este Gobierno en materia de conservación de carreteras.
Una memoria explicativa no significa ejecución presupuestaria, y usted lo sabe. Es una memoria explicativa y no ejecución presupuestaria. Ustedes en 1993 invirtieron 81.000 millones en conservación de carreteras en términos de obligaciones reconocidas del programa de conservación de carreteras. (Rumores.) Le pegaron ustedes un corte significativo en el año 1994, 78.000 millones.
Volvieron a bajar en el año 1995 a 69.000 millones. En 1996, gracias a un crédito extraordinario que ya aprueba este Gobierno, sube a 72.000 millones. Hablo en términos de obligaciones reconocidas, pura ejecución presupuestaria. En 1997 hemos invertido en conservación 83.000 millones y al término del año 1998 se van a superar los 90.000 millones en ejecución presupuestaria, inversión, programa 513.D, conservación de carreteras. Lo que le tengo que decir, señoría, y este es el dato que le debería preocupar a usted, es que los tres grandes ejes que vertebran las comunicaciones de vías de alta capacidad en España (Madrid-Zaragoza, Madrid-Bailén y Madrid-Burgos, ejes que hicieron ustedes), que representan el 3,5 por ciento de la red estatal de carreteras, se llevan la friolera de casi el 14 por ciento de los gastos de conservación, porque ustedes hicieron

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mal esas carreteras y en esas carreteras, que están mal hechas, hay que invertir más dinero del necesario. Eso es lo que le debería preocupar a usted, señor Caldera. (Aplausos.) Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARIO CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS PARA LA ATRIBUCIÓN AL ENTE PÚBLICO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (GIF) TANTO DE LA CONSTRUCCIÓN COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL NORTE-NOROESTE DE ESPAÑA, LÍNEA FERROVIARIA MADRID-VALLADOLID-MEDINA DEL CAMPO? (Número de expediente 180/001467).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el diputado don Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
La construcción de la variante ferroviaria del Guadarrama y nuevo acceso de Madrid-Valladolid-Medina del Campo constituye una obra vital para mejorar la infraestructura e impulsar el desarrollo no sólo de Madrid y Castilla y León, sino de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Todas estas comunidades autónomas, el mundo social, económico y político estamos preocupados por que se defina cuanto antes el proyecto y se inicien y concluyan las obras en el menor plazo posible. Todos los afectados somos sensibles a cualquier incidencia relacionada con el tren entre Madrid y Valladolid que pueda afectar a los plazos necesarios y deseados. Por ello, la referencia del acuerdo del Consejo de Ministros sobre dicha comunicación, acuerdo del 18 de septiembre, nos ha preocupado y motiva la pregunta que formulo al ministro de Fomento, que espero sirva para tranquilizarnos. Señor ministro, ¿cuáles son los motivos para la atribución al Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias de la construcción y administración del nuevo acceso ferroviario al norte-noroeste de España, línea ferroviaria Madrid- Valladolid-Medina del Campo? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en el programa del Gobierno uno de los objetivos fundamentales, en lo que afecta al futuro del ferrocarril en España, es la necesaria separación de ejecución, gradual pero necesaria, entre lo que es estrictamente la prestación del servicio de ferrocarril, que corresponde a Renfe, y la construcción y administración de infraestructuras ferroviarias. Este Gobierno ha creado el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias para ir produciendo esa separación. El primer paso ha sido encomendarle la construcción y administración de la línea de alta velocidad Madrid- Zaragoza-Barcelonafrontera francesa; y el segundo paso ha sido encomendarle la construcción de lo que se llama el corredor que va hacia el norte-noroeste de España y, en una primera fase, el tren Madrid-Segovia-Valladolid. Es producto de un planteamiento que, en primer lugar, permite ir a una mayor racionalización en las inversiones en infraestructuras, puesto que como servicio público, en el futuro, el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias va a cobrar un canon por cada tren que circule por esas infraestructuras, y, en segundo lugar, permite una actuación mucho más rápida y mucho más ágil que la que se desprende de la organización de las infraestructuras ferroviarias que está centralizada en el Ministerio de Fomento. Son mecanismos de desconcentración y de descentralización de decisiones que permiten una mayor agilidad administrativa y que, además, van en la buena línea de separar esos dos servicios públicos que son muy diferentes: servicio de ferrocarril, por una parte, y creación y explotación de infraestructuras, por otra. Ese es el futuro del conjunto de la Administración ferroviaria española y de la explotación del conjunto ferroviario español en un proceso que necesariamente ha de ser gradual.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON SERGIO SENADOR GÓMEZALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y BARCELONA? (Número de expediente 180/001471).


El señor PRESIDENTE: La pregunta número 30, que contestará el señor ministro de Fomento, la formula don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra.


El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la comunicación entre las dos grandes capitales de la nación, Madrid-Barcelona, debe ser mejorada. Es una prioridad del Gobierno la comunicación por ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y

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Barcelona y la frontera francesa. Esta línea de alta velocidad es uno de los proyectos principales del PDI, cuyo primer objetivo es modernizar las líneas férreas. Unavez construida esta línea, permitirá la integración de nuestro país en la futura red europea de alta velocidad. Este proyecto forma parte en el ámbito europeo del esquema director de la red de alta velocidad y es uno de los 14 proyectos prioritarios en materia de transporte definido en la cumbre europea de Essen. Ha de tener muchas y positivas consecuencias para la economía catalana la vertebración del territorio, pero además la construcción de esta línea de alta velocidad es la más importante de este fin de siglo en Europa en el ámbito ferroviario. Permitirá no sólo mejorar la comunicación entre las dos grandes ciudades y Europa, sino también entre ciudades como Zaragoza y Lérida, con unos importantes ahorros para tráficos normales de Pamplona, Logroño, Huesca, etcétera. Todo lo anterior hace, señor ministro, que la opinión pública, especialmente la de las zonas afectadas, siga con enorme interés las novedades referentes al asunto, por lo que en ocasiones cunde la alarma cuando noticias tales como que municipios gobernados por el Partido Socialista están presentando recursos judiciales que dificultarán los trabajos. A ello se refería críticamente el presidente de la Generalitat, hace muy pocos días, en el Parlament de Catalunya, aún frescas las polémicas en los medios sobre las fechas de terminación de esta obra. Por ello, señor ministro, es oportuno remitirle a la pregunta que figura en el orden del día, que es: ¿en qué situación se encuentra la construcción del tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, voy a intentar resumir un poco la respuesta porque, de lo contrario, resultaría muy prolija. En estos momentos existen en ejecución, por tanto en obras, stricto sensu, 290 kilómetros. El total del recorrido entre Madrid y Barcelona son 620 kilómetros y desde Barcelona hasta la frontera francesa aproximadamente unos 130 kilómetros más. El proyecto, que como ha dicho bien S.S. es el más importante, a efectos ferroviarios, que se está haciendo en estos momentos en Europa, comprende por tanto un total de unos 750 kilómetros, con un coste superior al billón de pesetas. En estos momentos, los diversos tramos entre Madrid y Guadalajara están pendientes prácticamente de la declaración de impacto ambiental; entre Guadalajara y Lleida, prácticamente todo está en ejecución de obra. Los accesos a Lleida se van a licitar antes de que concluya este año, para poder iniciarlos en términos de obra. Muy recientemente ha concluido el período de información pública del tramo que va desde Lleida hasta Martorell, y la semana pasada ha salido a información pública el tramo que va desde Martorell, que es prácticamente la entrada en Barcelona, hasta la frontera francesa. Es decir, que en estos momentos está en ejecución, en sus distintas fases, la totalidad del tren de alta velocidad MadridZaragoza- Barcelona-frontera francesa.
Eso es lo que permite a este Gobierno garantizar que en el año 2002 el tren llegará hasta Zaragoza y Lleida y que en el año 2004 llegará a Barcelona. Además, el Gobierno hará el máximo esfuerzo posible para, también en el año 2004, llegar hasta la frontera francesa, teniendo en cuenta que la entrada en Barcelona es, desde el punto de vista de su coste y de la dificultad técnica de la ejecución, un proyecto que puede llevar más tiempo del inicialmente previsto. En todo caso, le puedo garantizar que el Gobierno hará el máximo esfuerzo posible para que se puedan cumplir la fechas que le he referido, es decir, el año 2004. Es una declaración de voluntad política que en su momento hizo el Gobierno francés, que ha hecho también el Gobierno español, pero que, en contra de lo que se ha dicho, no figura en ninguno de los convenios internacionales firmados entre Francia y España después de las distintas cumbres hispano- francesas, celebradas aproximadamente desde el año 1992 ó 1993. En todo caso, ambos gobiernos tienen esa voluntad política, sin perder de vista tampoco que la llamada sección internacional entre Perpignan y Figueras ha de realizarse mediante la convocatoria de un concurso público para tratar de involucrar financiación privada, de tal manera que aunque no sea suficiente, en cuyo caso habría ayudas públicas, sea con financiación privada como se pueda hacer el túnel de esa sección internacional.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A DISMINUIR EL NÚMERO DE BECARIOS UNIVERSITARIOS EL PRÓXIMO CURSO? (Número de expediente 180/001454).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que en nombre del Gobierno contestará la ministra de Educación y Cultura y que comienzan por la que formula, con el número 14, la señora doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo Socialista.
Señora Díez de Baldeón.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿va a disminuir el número de becarios universitarios el próximo curso?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.


Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como consecuencia de la disminución del número de alumnos de nuevo ingreso en la universidad y de la apertura de múltiples universidades nuevas y centros universitarios en distintas provincias, es posible que se dé esta circunstancia, en cuyo caso, cuando acabe la tramitación, yo misma se lo comunicaré. Lo importante es decir que el presupuesto destinado a becas no solamente no ha disminuido sino que ha aumentado para el próximo año en un 11,2 por ciento, hasta alcanzar los 93.000 millones de pesetas, y acumulado desde el año 1996, en que nos hicimos cargo del Gobierno, en un 24 por ciento.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Díez de Baldeón.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señora ministra, me sorprende que no nos diga la cantidad, cuántos becarios universitarios menos habrá, por lo que se lo voy a decir yo: habrá 23.000 becarios universitarios menos el próximo curso. Esto está en la página 455 de los indicadores de seguimiento. El año pasado, señora ministra, había 282.900 becarios en la universidad y para el año que viene, para el curso siguiente, habrá 260.000 becarios universitarios.
Señora ministra, a mí me gustaría aclarar un poco esta situación, que ha sido muy confusa. En el debate de los presupuestos, el señor Rato dijo que habría menos becas universitarias por la extensión de la enseñanza obligatoria dos años más. Eso lo han dicho también algunos responsables de su Ministerio y usted, pero esa no es la realidad, porque aquí se dice claramente que las becas de universidad disminuyen en 23.000 y son sus propios papeles, señora ministra. Pero es que tampoco se entiende que lo que haga sea precisamente disminuir la partida correspondiente a becas y ayudas de carácter general en 8.000 millones de pesetas. ¿Cómo justifica usted esto? Señora ministra, es verdad que la partida, el monto global, se incrementa en 10.000 millones, pero ustedes no están diciendo que todo ese dinero y más es para compensar a las universidades por la exención de tasas en concepto de familia numerosa. A nosotros nos parece muy bien que ustedes paguen lo que deben a los rectores y a las universidades, pero nos parece intolerable que salga precisamente del bolsillo de los que tienen menos.
Señora ministra, ya le he dicho más veces que ni usted ni su Gobierno tienen sensibilidad social, rompen siempre la cadena por el eslabón más débil y hacen pagar siempre al que tiene menos recursos económicos. Señora ministra, no me diga que si bajan las becas es porque desciende el número de estudiantes universitarios. A ver si se entera usted de una vez que estamos inmersos en la sociedad del conocimiento. Todos los foros internacionales a los que usted dice que va le dicen que ahora más que nunca es necesario llevar a cabo una formación permanente. De lo que se trata es de impulsar que no sólo los jóvenes lleguen a la universidad, sino también las personas adultas. Por eso es intolerable que usted disminuya el número de becarios en la universidad. Señora ministra, no puede usted seguir haciendo una política de becas flacas, no puede y no debe. Su obligación, señora ministra, es atender a los que tienen menos recursos económicos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, yo creo que la obligación del Gobierno es garantizar que la cuantía que se dedica a becas sea mayor. El Gobierno, señoría, a diferencia de ustedes, tiene enorme sensibilidad social y por eso precisamente ha aumentado la partida destinada a becas en este año en un 11,2 por ciento, y eso es lo que parece que a S.S. le duele. Y le voy a decir por qué puede disminuir el número de becarios. En primer lugar, porque hay menos estudiantes que llegan a la universidad por primera vez, por el hecho de la disminución demográfica. En segundo lugar, porque se están construyendo nuevos centros universitarios y se abren nuevas universidades en cada una de las provincias, y eso requiere menos traslados y menos becas de residencia porque hay más alumnos. La universidad de Castilla-La Mancha, a la que pertenece S.
S., ha abierto la titulación de medicina y va a abrir la de ingenieros de caminos, por lo que no debe extrañar a S.S. que los que antes venían aquí ahora no necesitan la beca de residencia. Y en tercer lugar, señorías, porque estamos haciendo un control del fraude. Hemos cruzado las declaraciones de la renta de los que quieren ser becarios con las declaraciones de la renta de la Agencia Tributaria y en el muestreo que hemos hecho en 3.300 y pico declaraciones para acceso a beca hemos encontrado un 14 por ciento de fraude, por el procedimiento de hacer una primera declaración y luego una declaración complementaria, o por el procedimiento de ocultaciones de patrimonio y de ocultaciones de fondos de inversiones. Y precisamente el estar controlando el fraude puede ser una de las razones por la que el número de solicitudes de becas disminuya.
Señoría, ha aumentado la facilidad para obtener becas. Se ha disminuido el umbral de patrimonio que se requiere. Por ejemplo, se ha suprimido la contabilización de los tractores y de los aperos de labranza y de la ganadería para hacer más accesibles las becas a aquellas familias pertenecientes al ámbito rural. En cambio, se han aumentado los umbrales máximos de renta que se requieren para pedir la beca. En el caso de las familias numerosas hasta un 4,2 por ciento más, es decir, más del doble del crecimiento del IPC. Se ha aumentado la cuantía de las becas. Por primera vez en este año

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los estudiantes universitarios llegan -veo que no me escucha, porque no le interesa, cuando le digo lo que el Gobierno está haciendo- a tener 589.000 pesetas además de la exención de tasas. Por tanto, este Gobierno sí tiene sensibilidad social y no S.S. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ CALPE SAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS EN LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO? (Número de expediente 180/001470).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula el diputado don José Ramón Calpe Saera, del Grupo Popular.
Señor Calpe.


El señor CALPE SAERA:. Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra de Educación, desde hace ya muchos años asistimos a un debate público constante en los medios de comunicación, así como en esta Cámara, acerca de la carestía de los libros de texto y del esfuerzo económico que suponen para las familias. Pese a que el debate no es nuevo -insisto en que es de hace muchos años- y pese a las acusaciones de falta de sensibilidad social que a su Gobierno se le formulan y que usted acaba de demostrar que no son en absoluto justificadas, hasta el curso pasado, 1997/1998, no hubo ningún Gobierno que afrontara un sistema de ayudas directas a las familias para la adquisición de libros de texto. Usted explicó en esta Cámara, en un Pleno del mes de septiembre de 1997, el sistema objetivo y nada arbitrario que se había establecido, dando participación a los centros docentes para que las familias pudiesen tener esas ayudas tan necesarias al principio de curso escolar para la adquisición de los libros que sus hijos precisan. Por lo que sé, en este curso ese sistema ha continuado vigente, se ha mejorado y se ha incrementado su cuantía -ahí está la falta de sensibilidad social-, pero también el Gobierno ha impulsado iniciativas legislativas, algunas ya en vigor y otras en trámite parlamentario, para que estas ayudas no sólo sean las directas sino que tengan opción a ellas un número mucho mayor de familias beneficiarias.
Creo que es el momento oportuno, poco tiempo después de iniciado el curso escolar y en una de las primeras sesiones de control tras este inicio de curso, para que usted explique la situación en que se encuentran todas estas medidas y haga saber a la Cámara cómo se están desarrollando y qué perspectivas de futuro tienen.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Gracias, señor presidente.
Señoría, hasta el año 1997 existían ayudas para la adquisición de libros de texto en los niveles de enseñanza no obligatoria; lo que no había era ayudas para los niveles de la obligatoria. Precisamente porque el esfuerzo económico que hacen las familias, y muy notablemente las familias numerosas, es enorme a principios de curso, el problema se ha paliado por parte del Gobierno tomando cuatro medidas diferentes. En primer lugar, hemos autorizado la venta de libros de texto con descuentos de hasta un 12 por ciento que se han podido hacer este año y que han beneficiado a todas las familias españolas con niños en edades entre 3 y 16 años. El Ministerio de Hacienda ha calculado que las familias españolas se han ahorrado 1.500 pesetas en la compra de libros de texto por cada hijo en edad de enseñanza obligatoria.En segundo lugar, las ayudas directas. El año pasado, por primera vez -lo ha dicho muy bien S. S.-, pusimos las ayudas para adquirir libros de texto y material didáctico en la obligatoria, ayudas por importe de 10.000 pesetas que el año pasado fueron a 200.000 familias, las más necesitadas desde el punto de vista socioeconómico, y este año van a ayudar a 300.000 familias. Por tanto, ha habido un incremento de más del 50 por ciento en este tipo de ayudas. En tercer lugar, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que vendrá próximamente a esta Cámara para aprobación definitiva, se ha incrementado en 25.000 pesetas el mínimo familiar exento por cada hijo entre los 3 y los 16 años de edad en concepto de material escolar. Por último, acabamos de aprobar el Real Decreto sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular que garantiza que los libros de texto tienen que tener, como mínimo, una validez de al menos cuatro cursos y que los libros que incorporen ejercicios a completar por los alumnos tienen que hacerlo en separatas a fin de no invalidar los libros para los hermanos en cursos posteriores.
Por tanto, señoría, le agradezco mucho la pregunta porque estoy convencida de que se ha hecho un esfuerzo presupuestario muy importante para tratar de paliar las dificultades de las familias españolas a principios de curso con la compra de libros de texto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL ESFUERZO INVERSOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL PRESENTE AÑO 1998? (Número de expediente 180/001472).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el diputado don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular.


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Señor Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, Castilla y León se encuentra inmersa en el proceso negociador de las transferencias educativas no universitarias, cuya culminación marcará en esta materia el hecho más relevante del presente siglo para nuestra comunidad. El factor demográfico, la gran extensión geográfica -es la región más extensa de Europa- y su dispersión y escasa población en las zonas rurales, ya que con el 28 por ciento de los municipios españoles sólo alberga un 6 por ciento de la población nacional, demandan una especial atención en el plano educativo como fórmula más eficaz de desarrollo y progreso de nuestros pueblos. Asimismo, como muy bien conoce la señora ministra, una buena educación es la segunda prioridad, juntamente con la sanidad y después del empleo, que demandan los ciudadanos de Castilla y León para sus hijos. Los castellanos y leoneses hemos podido constatar cómo, desde que usted se hizo cargo del Ministerio, ha tenido una especial sensibilidad hacia la educación y el patrimonio cultural de nuestra tierra, con importantes actuaciones presupuestarias tanto en los ejercicios pasados como en el presente. Convencidos, señora ministra, de que la ejecución de los presupuestos de su ministerio en Castilla y León al finalizar el año 1998 será altamente satisfactoria y en la seguridad de que seguirá incrementando las inversiones de educación en nuestra comunidad, es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el esfuerzo inversor del Ministerio de Educación y Cultura en materia de educación en la Comunidad de Castilla y León para el presente año 1998? Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abejón.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


Su señoría me pregunta por el esfuerzo inversor no referido a todo el Ministerio, sino únicamente a la enseñanza no universitaria. El previsto para el año 1998 en toda Castilla y León en educación no universitaria asciende a 6.525 millones de pesetas. Con ello hemos puesto en funcionamiento 14 nuevos colegios o institutos de nueva construcción y otros tres, el López de Mendoza de Burgos, el Valle Lancia de Villablino en León, y el Torres de Villarroel en Salamanca se van a terminar antes del 31 de diciembre de 1998, con lo que se cumplirá el ritmo de construcción de nuevos institutos de enseñanza secundaria que -como sabe S.S.- es de un centro nuevo inaugurado cada seis días desde el 6 de mayo de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1998. Además de estos centros de régimen general, en Castilla y León se ponen en funcionamiento el conservatorio profesional de Palencia y el superior de Salamanca.
Además se ha iniciado o se ha continuado la construcción de 20 centros nuevos que entrarán en funcionamiento en el próximo curso, en el 1999-2000, y algunos otros cuyas obras se van a iniciar con carácter inmediato en el momento en el que se solventen algunos de los problemas que hay en relación a los solares. Hemos acometido las obras de ampliación y mejora para adecuar al nuevo sistema educativo, dotándoles de aula de informática, de música, de laboratorios de física y química, de ciencias y de idiomas y de instalaciones deportivas, a 71 centros más en la comunidad. Y en 279 colegios e institutos ejecutamos obras de reparación y mantenimiento. Dentro de éstas cabe destacar las que se realizan en los trece centros de educación especial que están destinadas a suprimir las barreras arquitectónicas y adaptarlas a las especiales condiciones del alumnado que tiene estas necesidades educativas especiales. La inversión que se destina a equipamiento y a material informático en Castilla y León asciende a 587 millones de pesetas. Además, los servicios centrales del departamento han destinado a la comunidad 18 millones en gastos relacionados con materias informáticas como compra de nuevos programas, de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y formación permanente del profesorado. Por último, en el programa de deporte en edad escolar y en la universidad la cuantía que se invierte es de 66,23 millones de pesetas. A ello hay que añadir, señoría, las inversiones que el Ministerio hace en materia de cultura y en materia de investigación, que no puedo detallar ahora por falta de tiempo pero que demuestran que los presupuestos del Ministerio, que este año han aumentado en un 6,8 por ciento, han tenido una incidencia muy especial en la Comunidad de Castilla y León.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN CUÁNTOS BILLONES DE PESETAS SE HA INCREMENTADO LA DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE QUE EL PARTIDO POPULAR ESTÁ EN EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001455).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15 y siguientes que responderá en nombre del Gobierno el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la formulada por don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista.
Señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.


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Señor ministro de Trabajo, en el último debate que hemos tenido entre su grupo y el nuestro, que ha sido con motivo de la ley de presupuestos, una vez más se han vuelto a contrastar las cifras del endeudamiento de la Seguridad Social facilitadas por su ministerio respecto de las que maneja el Grupo Parlamentario Socialista. Las diferencias son astronómicas: ustedes hablan de 600.000 millones lo que se ha incrementado el endeudamiento mientras ustedes están en el Gobierno y nuestras cifras son de más de dos billones y medio de pesetas. El problema es que nuestras cifras, señor ministro, proceden de fuentes que son la Intervención General de la Seguridad Social y los documentos presupuestarios de la Tesorería. En fin, señor ministro, podemos tener diversidad de apreciaciones, pero sería bueno, sobre todo en un tema de esta relevancia, que al menos hubiera identidad en las cifras. Y yo quiero saber exactamente, señor ministro, en cuánto se ha incrementado el endeudamiento de la Seguridad Social desde que usted es ministro de Trabajo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Quiero agradecer al señor diputado su pregunta y he de decirle que es exactamente lo que figura en los Presupuestos Generales del Estado.
En 1999 habrá una reducción espectacular de los préstamos a la Seguridad Social, que desde que estamos en el Gobierno se han venido reduciendo.El señor diputado ha cambiado parcialmente su pregunta, que anteriormente se refería a cuántos billones y ahora me dice en cuánto. No sé si el señor diputado quiere computar 1996 como año de Gobierno del Partido Popular aunque tomáramos posesión en mayo y el presupuesto viniera prorrogado de 1995. En fin, las cantidades que se refieren a los préstamos de la Seguridad Social figuran en los presupuestos y puedo anunciarles que ya no hacemos ninguna petición de préstamo a entidades financieras ni al Banco de España, y en 1999 como sabe, con una reducción sensible.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Cercas.


El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, como habrán podido oír todos los diputados de la Cámara, el señor ministro no me ha dado una cifra. Me hace una referencia a la ley de presupuestos. Señor ministro, con arreglo a lo que dice la documentación presupuestaria, la Seguridad Social está en una situación de endeudamiento superior a 5,5 billones de pesetas. Cuando usted llegó al Gobierno debía 2,8 billones de pesetas. Por tanto, de todo el endeudamiento de la Seguridad Social la mitad se debe a su gestión, y usted nos dice constantemente que estamos en el mejor de los mundos. La Seguridad Social va muy bien, los déficit son cada vez menores, etcétera, pero cada vez está más endeudada.


Señor ministro, en su réplica debe usted ceder a la tentación de hablar de cosas de las que no hablamos y aprovechar que no voy a tener turno de réplica para contestarme exactamente si mis cifras son verdaderas. Usted ha incrementado en 2,7 billones, señor ministro, el endeudamiento de la Seguridad Social, ¿si o no? Si es que sí, sepa que la Seguridad Social podría no estar endeudada porque todo proviene de que ustedes no quieren cumplir el pacto de Toledo respecto a la financiación del complemento de mínimos. Si le queda algún tiempo, señor ministro, me gustaría saber qué va a pasar definitivamente con la financiación de los complementos de mínimos, porque toda la deuda de la Seguridad Social proviene de una decisión de su Gobierno que es computar ese programa que desde el punto de vista del Partido Socialista es inequívocamente no contributivo y que ustedes lo están financiando con cotizaciones sociales. Al respecto le digo, señor ministro, ahora que está hablando de renovar el pacto de Toledo, que le vamos a exigir que lo cumpla, y según el Pacto de Toledo el complemento de mínimos no debe ser la causa de endeudamiento de la Seguridad Social.(El señor Núñez Pérez: Díselo a Chaves.) Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cercas.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, yo creo que a la Cámara se viene con sumo gusto a contestar preguntas y por parte del Gobierno, al menos, no se viene a construir titulares. (Rumores.) Quiero decir con toda claridad que el préstamo en 1996 fue de 444.000 millones después de que inexplicablemente fuera recortado en los primeros meses del año a 345.000 millones; el préstamo para 1997 fue de 156.000 millones para compensar déficit y de 350.000 millones para la diferencia caja- devengo; en 1998, el préstamo fue de 350.000 millones para compensar caja-devengo y 125.000 millones para déficit; y en 1999 será de 88.000 millones para déficit y de 220.000 millones para caja y devengo. Ni una peseta de entidades financiera, ni una peseta del Banco de España. A esa cantidad astronómica que ha citado el señor Cercas de 5,5 billones se le restan esas cantidades y ya sabe cuáles son las responsabilidades del Gobierno anterior, que por cierto en el año 1995, que no estábamos en el Gobierno, cerró con un endeudamiento de cerca de 800.000 millones de pesetas de la Seguridad Social.
Afortunadamente en 1999 se han puesto en marcha definitivamente los pactos de Toledo; ni una peseta de cotizaciones irá a Sanidad; se ha firmado un pacto con los sindicatos; mal que les pese los pensionistas tienen garantizado automáticamente el poder adquisitivo de las pensiones y afortunadamente estamos muy cerca de los 14 millones de cotizantes que nos plantea claramente una relación de 2 a 1 entre cotizantes y pensionistas. Esa es

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la realidad de la Seguridad Social, que nos debería alegrar a todos, señor Cercas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL CONJUNTO DE PRESTACIONES QUE SE PROPONE FINANCIAR EL INEM CON LOS INGRESOS POR COTIZACIONES DE DESEMPLEO DURANTE 1999? (Número de expediente 180/ 001456).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno don José Antonio Griñán Martínez, diputado del Grupo Socialista.
Señor Griñán.


El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Confieso, señor presidente, que desde el lunes tengo mis dudas sobre si habría sido más rápido formular esta pregunta al director general de Trabajo de la Junta de Castilla y León, pero ya que está aquí el señor ministro se la voy a formular a él. ¿Cuál es el conjunto de prestaciones que se propone financiar el Inem con los ingresos por cotizaciones de desempleo durante 1999?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, en el mismo tono cordial, probablemente la pregunta anterior habría que presentársela al señor Chaves, que es un especialista en Seguridad Social, como usted sabe, y en incremento de pensiones. En cualquier caso, como conoce muy bien el señor Griñán, que es un experto en estas cuestiones, las prestaciones que se prevén dentro de los presupuestos son tanto las contributivas como las asistenciales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Griñán.


El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en el presupuesto del Inem para 1999 figura un gasto de casi 300.000 millones de pesetas para bonificar cotizaciones sociales, y en ese mismo presupuesto figura una aportación del Estado que está alrededor de los 150.000 millones de pesetas, lo que quiere decir claramente que el año que viene se van a financiar bonificaciones de cotizaciones sociales con la cuota del desempleo; es evidente. Tengo que decirle que esta medida me resulta en primer término incoherente, porque incoherente es financiar una presunta política de empleo con un impuesto sobre el empleo.
Pero además de incoherente es insolidaria, porque resulta insolidario también financiar una política de desgravación de costes empresariales con el esfuerzo casi exclusivo de los trabajadores.
Además de incoherente e insolidaria es ineficaz, porque lo que pretende es mejorar la estabilidad en el empleo y, año y medio después de haberse aprobado estas desgravaciones en las cotizaciones sociales, la tasa de temporalidad que nos dice la EPA es prácticamente la misma que nos decía hace año y medio: 33 y pico por ciento. Y además de incoherente, insolidaria e ineficaz es ilegal. Es ilegal porque, después de la reforma de 1988, lo que se puede hacer es financiar con las cotizaciones de desempleo las prestaciones de desempleo en su integridad y, además de eso, se pueden financiar también lo que podrían ser programas de formación para desempleados.
Sin embargo, en ningún caso se puede financiar desgravación de cotizaciones sociales, según la ley, con las cotizaciones de desempleo. Una de dos, o se modifica la ley o se modifican los presupuestos. En opinión de mi grupo, lo coherente sería modificar los presupuestos. Me temo que lo que se produzca sea una modificación de la ley, con lo cual esto dejará de ser ilegal, pero seguirá siendo incoherente, insolidario e ineficaz.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor presidente, muchas gracias.
Agradezco el tono de la intervención del señor Griñán, que me plantea cuestiones importantes a las que debo contestar.En primer lugar, el señor Griñán ha hecho una referencia a la modificación que fue promovida por el Gobierno anterior y que en su día permitió que con cotizaciones se atendieran prestaciones contributivas y asistenciales. En segundo lugar, tengo que recordarle al señor Griñán que el que se utilicen fondos del Inem para bonificaciones empresariales no es una novedad de esta etapa. Anteriormente, y de acuerdo con la Ley 10/1994, se venían pagando por el Inem, para ciertos colectivos de desempleados, determinadas reducciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social; por tanto, no podemos considerar que en este momento sea insolidario y que anteriormente fuera un mecanismo solidario.
Finalmente, tengo que cuestionar con rotundidad que se me diga que es innecesario, porque he de decir, señorías, que desde mayo de 1997, en que se hace una reforma del mercado de trabajo pactada por sindicatos y empresarios, en España se han hecho cerca de un millón de contratos indefinidos para mujeres en sectores donde tienen su representación, para jóvenes, para personas con discapacidad y para parados de larga duración. Si usted considera, señoría, que una reforma de esas características, con cerca de un millón de contratos indefinidos en algo más de un año, ha representado

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un elemento innecesario de nuestro mercado de trabajo, con todo el respeto y el afecto que sabe le profeso, discrepo abiertamente.
He de decirle, finalmente, que al amparo de lo que dice específicamente el artículo 223 de la Ley General de la Seguridad Social, creemos que las cotizaciones y las aportaciones del Estado como elementos de financiación del Inem lo son tanto para prestaciones por desempleo como para lo que pueden significar el conjunto de políticas activas de empleo. Esta medida ha venido decidida con el aval de los sindicatos y empresarios como una medida de política activa de empleo.
En cualquier caso, en el ámbito de lo que es la disquisición estrictamente legal, estoy dispuesto a estudiar sus argumentos, como no podía ser de otra manera. Pero, señorías, con cerca de un millón de contratos indefinidos, todo lo contrario: bienvenidas sean las bonificaciones, eso sí, sólo para empleo estable.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO FRANCISCO BALLESTERO DE DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS ACUERDOS A QUE SE HA LLEGADO CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE MEDIDAS DE CONTRATO A TIEMPO PARCIAL? (Número de expediente 180/001468).


El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la pregunta última que contestará el Ministro de Trabajo a don Alejando Francisco Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hay una gran cantidad de ciudadanos españoles que pensamos que el Gobierno del Partido Popular está obteniendo notables resultados en las políticas que viene desarrollando, y, lo que es más importante, pensamos que estos resultados se están notando y viendo en nuestra vida diaria.
Si tuviésemos que buscar un elemento común diferenciador que defina la política del Partido Popular, éste sería sin duda la permanente actitud de diálogo, la mano tendida, el hecho de estar gobernando contando con los gobernados, lo que ha demostrado a estas alturas que había métodos diferentes, que había estilos diferentes de hacer políticas.
En ese sentido, en el de buscar una permanente actitud de diálogo, el diálogo social impulsado y continuado por el Ministerio que usted dirige ha obtenido notables resultados, como son los acuerdos en materia de pensiones, en materia de salud y prevención de riesgos laborales, acuerdos en materia de formación profesional, entre otros, y no quisiera dejar en el tintero el buen papel jugado en la reforma laboral. Estos acuerdos están siendo muy importantes para toda la sociedad en general, pero particularmente beneficioso para los colectivos más desfavorecidos, como antes señalaba, y entre los que se encuentra el de los jóvenes.
Todos estos pactos están beneficiando desde luego a la creación de empleo, pero a pesar del incremento en las cifras de creación de empleo, a pesar del incremento de la contratación estable frente a la contratación temporal, no debemos dormirnos en los laureles y, por el contrario, tenemos que apoyar cada iniciativa que vaya dirigida a luchar contra el primer problema que tenemos todos los españoles.
En este sentido, el contrato a tiempo parcial, muy poco utilizado en España frente al resto de los países de la Unión Europea, parece un método apropiado para luchar contra este problema, sobre todo en lo que se refiere a la contratación temporal. En las últimas fechas han surgido algunas dudas por parte de un sector de los agentes sociales que desde este grupo deseamos que se resuelvan próximamente, y por ello creemos que este es un foro adecuado para que nos muestre cuál es la valoración del Gobierno en los acuerdos alcanzados con los sindicatos en torno a la contratación a tiempo parcial.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ballestero.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer la pregunta del señor diputado y decirle que el desarrollo en España del tiempo parcial estable en una nueva normativa era una de las cuestiones claves del plan de empleo para 1998, y ello porque sin duda España tampoco en materia de tiempo parcial es un país hoy europeo. Como sabe S.S., el porcentaje de tiempo parcial en España está en torno al 8 por ciento; en la Unión Europea en torno al 16 por ciento; pero, lo que es más importante, dentro de ese 8 por ciento en España podemos hablar de un 80 a 85 por ciento de tiempo parcial temporal, y en la Unión Europea podemos hablar de un 80 a 85 por ciento de tiempo parcial estable. En toda Europa el tiempo parcial estable ha sido un mecanismo extraordinario especialmente para lo que significa la conciliación de la vida familiar y la vida laboral; es un contrato extraordinariamente utilizado en muchos países de la Unión Europea, por ejemplo, Países Bajos, Holanda, Reino Unido o Suecia. Por eso el Gobierno de España, partiendo de la directiva comunitaria, que también está amparada por un acuerdo de la patronal europea, Unice, con la Confederación Europea de Sindicatos, ha desarrollado más de doscientas horas de diálogo con sindicatos y empresarios buscando

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un contrato a tiempo parcial que fuera flexible, que diera también estabilidad al empleo y protección social para el trabajador. Hemos buscado una fórmula en definitiva que hiciera el tiempo parcial estable atractivo para el empresario y atractivo también para el trabajador. En consecuencia, el Gobierno tiene que hacer una valoración muy positiva del principio de acuerdo firmado con las organizaciones sindicales, y desea de manera muy expresa y muy taxativa que se pueda producir una incorporación de los empresarios españoles al desarrollo del tiempo parcial estable. No se plantea el Gobierno necesariamente la fórmula de suscribir el principio de acuerdo que tenemos con los sindicatos, pero sí de desarrollar el conjunto del tiempo parcial estable, que siempre tendrá un escenario ideal, no sólo en la relación con el Gobierno, sino en la propia negociación colectiva.
Por tanto, el Gobierno espera y desea que, en un plazo de cuatro o cinco años, también en materia de tiempo parcial estable podamos ser europeos, y habremos avanzado definitivamente en la conciliación de la vida laboral con la vida familiar.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN PASCUAL MONZÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO INCIDE EN EL SECTOR LA NUEVA NORMATIVA SOBRE PROGRAMAS Y FONDOS OPERATIVOS QUE APROBÓ EL COMITÉ DE GESTIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EL PASADO 8 DE JULIO? (Número de expediente 180/001469).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que contestará la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que formula, con el número 28, don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Popular.
Señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZÓ: Muchas gracias, señor presidente.Señora ministra, señorías, la nueva OCM de frutas y hortalizas trajo cambios importantes en la entonces normativa de organización común del mercado de frutas y hortalizas. El pilar fundamental para llevar adelante esta nueva normativa eran los fondos operativos y los programas operativos. Los fondos operativos iban a ser cofinanciados al 50 por ciento por Bruselas y por los agricultores, miembros de organizaciones de productores. Estos programas operativos iban a significar un amplio abanico de inversiones para los miembros de las organizaciones de productores, y hay que reconocerlo así gracias a la primera actuación de la ministra en el Consejo de Ministros en el debate de la nueva OCM, que consiguió abrir sobremanera posibilidades de inversiones, tanto para la parte de la producción como para la parte de la comercialización.
Pero la indefinición del reglamento 411/1997, que regulaba las líneas generales de presentación de los fondos y los programas operativos, ha traído una gran incertidumbre al sector, a los miembros de las organizaciones de productores, sobre qué tipo de inversiones se iban a poder realizar. Por tanto, muchas veces han abordado inversiones con una cierta temeridad, sin saber si iban a ser cofinanciados en ese 50 por cien, por esta falta de definición.
También se ha observado una diferencia de criterios a la hora de aplicar estos programas operativos entre los distintos países de la Unión Europea. Por fin, el comite de gestión de frutas y hortalizas el pasado 8 de julio ha sacado una nueva normativa sobre el tipo de inversiones a desarrollar. Indudablemente, una vez más, no han faltado voces, en general voces socialistas (para más desgracia portavoces socialistas de agricultura de alguna comunidad autónoma), augurando catástrofes y fallos en esta nueva normativa.
Por tanto, para evitar miedos e incertidumbres en el sector agrario, señora ministra, explique cómo incide en el sector la nueva normativa sobre programas y fondos operativos que aprobó el comité de gestión de frutas y hortalizas el pasado 8 de julio.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor diputado, el reglamento aprobado el 8 de julio viene a clarificar una situación de incerticumbre y de indefinición de la que adolecía el anterior desarrollo de la OCM de frutas y hortalizas. Tenemos que decir que la definición que se ha conseguido con la aprobación de este reglamento en el mes de julio es totalmente favorable a lo que eran las tesis españolas y, por tanto, que una vez más han quedado en su sitio los que auguraban grandes catástrofes para el resultado final de la OCM. Al revés, está dando un resultado magnífico y esta mayor clarificación va a permitir una mayor flexibilización en cuanto a la consideración de conceptos subvencionables y, por tanto, va a poder permitir todavía una serie de mayores acciones en el terreno, como muy bien ha dicho, de la producción y también de la modernización y del impulso a la parte importantísima hoy día que es la comercialización.


Este nuevo reglamento contempla claramente que se pueden cofinanciar al 50 por ciento, con dinero de Bruselas, programas ejecutados a partir del año 1999 donde se incluyan costes generales de producción de plantones de cultivos perennes, costes ligados a producciones biológicas o experimentales, aquellos decarácter medioambiental o los relacionados con la

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mejora de calidad, incluidas las semillas y plantones certificados; que se van a poder incorporar gastos generales por un importe máximo del 2 por ciento hasta un límite de 60.000 ecus, es decir, casi del orden de 10 millones de pesetas; que se van a incorporar, sin necesidad de justificación específica, gastos generales de personal cualificado contratado para mejorar o mantener un nivel elevado de calidad, de comercialización o medioambiental; compra de terrenos para la realización de inversiones que figuran en el programa; gastos de desplazamiento y dietas de productores que participen en cursos de formación; inversiones en medios de transporte que requieran condiciones específicas para conservación del producto.
Por tanto, incide este desarrollo reglamentario de una manera totalmente favorable en cuanto a la gestión de los programas y fondos operativos de la OCM de frutas y hortalizas; da cobertura jurídica a actuaciones de los Estados miembros en posteriores inspecciones llevadas a cabo por los organismos competentes sobre la aplicación de estos programas y, por tanto, va a permitir un impulso todavía superior, si cabe, al realizado a lo largo de este primer año y pico de aplicación en el sector de frutas y hortalizas, nuestro sector más competitivo, más dinámico, más de futuro, dentro del sector agrario, y el que está dando unos resultados en la balanza comercial que en el año 1997 supusieron 911.000 millones de pesetas entre lo exportado en fresco y congelado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


- DEL DIPUTADO DON LLUIS MIQUEL PÉREZ SEGURA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁNDO ESTARÁ EL GOBIERNO EN CONDICIONES DE SUMINISTRAR A LA CÁMARA LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA QUE TIENE ENCOMENDADA? (Número de expediente 180/001428).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que contestará el ministro de Industria y Energía y portavoz del Gobierno. La primera, la número 9, que formula el diputado don Lluis Miquel Pérez Segura, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Segura.


El señor PÉREZ SEGURA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Piqué, señor ministro portavoz, la pregunta que le formulo es una pregunta que ya tiene telarañas. Primero, el vicepresidente primero nos obsequió con su mutismo absoluto al respecto; luego iba dirigida al vicepresidente segundo, señor Rato, que, por los modos demostrados en el debate presupuestario, mejor que no nos la conteste; prefiero que la conteste usted por su talante y por su manera de hacer.
La cuestión planteada afecta a la capacidad de control parlamentario sobre el Ejecutivo. Es una encomienda constitucional a las Cortes Generales; es, por tanto, una cuestión de dignidad para esta Cámara, y pido al señor ministro que la entienda como tal.¿Hasta cuándo bloquearán ustedes, desde el Gobierno, este aspecto del nuevo Reglamento de la Cámara? ¿Cuándo van a permitir ustedes que se ponga en funcionamiento la oficina presupuestaria de este Congreso de los Diputados? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría, gracias también por sus palabras iniciales, aunque no estoy seguro de que me esté haciendo un favor diciéndome estas cosas. En cualquier caso, quiero decirle que el Gobierno está proporcionando ya información sobre la ejecución presupuestaria a la Cámara; se están remitiendo tanto al Congreso como al Senado las publicaciones que elabora la Intervención General del Estado, en las que se detalla la ejecución del presupuesto cada mes; también lo hace la Intervención General de la Seguridad Social, que remite periódicamente la estadística de ejecución del presupuesto de la Seguridad Social; las Cámaras están recibiendo, además, al finalizar cada ejercicio presupuestario, como es natural, la correspondiente liquidación, y esos documentos no sólo los reciben los servicios de las Cámaras, sino que a determinados diputados y senadores que, por las funciones que tienen encomendadas, tienen un especial interés, se les remite también un informe detallado sobre la ejecución del presupuesto no financiero del Estado.
Le diré además que, en lo que llevamos de legislatura, se han realizado más de 200 envíos a la Cámara de documentación presupuestaria tanto del Estado como de la Seguridad Social, y todo ello es independiente de la documentación que reciben SS.SS. en contestación a solicitudes de informes, preguntas escritas u otros cauces reglamentarios; debo decir que hay cerca de 5.500 respuestas de contenido presupuestario en esta legislatura frente a las 802 de toda la legislatura pasada. Es verdad que además hay una comparecencia cuatrimestral del secretario de Estado de Presupuestos y Gastos para explicarles la ejecución del presupuesto, y hay una remisión previa de un informe para que SS.SS. conozcan antes los datos y puedan desarrollar mejor su labor.
Otra cosa es la oficina presupuestaria de las Cortes. El Gobierno no tiene ninguna intervención en la puesta en marcha de esta oficina, no tiene atribución, sino que son las Cámaras las que se autoorganizan como poder independiente que son del Poder Ejecutivo y, por tanto,

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deben ser SS.SS., los distintos grupos parlamentarios, los que resuelvan esta cuestión.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Pérez Segura, adelante.


El señor PÉREZ SEGURA: Gracias, señor presidente, entiendo sus palabras.
Todo esto que nos ha dicho, señor ministro, está muy bien, pero la cuestión es cuán diferente posición tenía el Grupo Popular, en concreto el señor Rato, cuando era el azote del Gobierno en esta materia; cuánto ha llovido desde que en el programa del Partido Popular se prometía la creación de esta oficina; cuánto ha llovido también y cuán olvidada está la promesa del presidente del Gobierno en el debate de investidura prometiendo esto.
La cuestión es, y usted me entenderá porque es experto en temas tecnológicos, cuándo enchufarán sus ordenadores con los del Congreso para que todos los diputados tengamos acceso a los datos del Sicop y del Sicoss, a efectos de que en tiempo real podamos controlar al Gobierno. Usted me va a decir que cómo no lo hacía esto ya el Gobierno socialista. Pues mire, este papel es de verdad (El señor diputado muestra un documento a la Cámara.), no es como el del señor Rato en relación al debate presupuestario, es una resolución de nuestro Ministerio dando instrucciones, pendientes de desarrollo por su Gobierno, en el sentido de que los diputados de esta Cámara puedan recabar del Gobierno en tiempo real datos concretos y actuales de la ejecución presupuestaria, no al cabo de tres meses.
Este es el fondo de la cuestión, y a ver si podemos hacer como en Norteamérica, que desde nuestro despacho, por vía Internet, tenemos acceso a esos informes pero del Congreso, cuando no los tenemos del Gobierno de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Segura.
Señor ministro portavoz.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo le reitero que el Gobierno está a lo que resulte de la voluntad de las Cámaras. Lo que sí le digo es que cuando llegue el momento el Gobierno se encontrará en las condiciones adecuadas, porque ya lo está, de suministrar los datos necesarios para que la oficina presupuestaria pueda cumplir el cometido para el que fue concebida.
Sin embargo, sólo dos matizaciones muy breves, si me lo permite el señor presidente. Cuando se solicita información en tiempo real, hay que tener en cuenta que desde que se produce un gasto en una aplicación del presupuesto de un Ministerio hasta que este hecho es conocido por la Intervención General, ya sea del Estado o de la Seguridad Social, pasa un lapso de tiempo, ya que los distintos centros de gastos deben enviar esta información a través del Sicop o del Sicoss, al que usted hacía referencia, y la ley obliga además a que la información que se suministra se refiera a períodos mensuales cerrados. Por tanto, un acceso en tiempo real podría originar interpretaciones erróneas y hay que cuidar eso. El último punto es que estos dos sistemas informáticos contienen algunos datos sobre particulares y usted sabe que algunos de estos datos están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esos son los únicos límites.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO EL GRAVE RETRASO EN EL PAGO DE LAS PRESTACIONES POR PREJUBILACIÓN CORRESPONDIENTES AL PLAN DEL CARBÓN? (Número de expediente 180/ 001460).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 20, que formulará don José Luís Rodríguez Zapatero, diputado del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria (en este caso únicamente como tal), como usted bien sabe, el Plan del carbón firmado en julio de 1997 contenía dentro de otros aspectos esenciales un plan amplio de prejubilaciones de aquí al año 2005, que empezó el 1 de enero de 1998, es decir, de este año. Pues bien, como es conocido, hay un incumplimiento muy grave de ese plan de prejubilaciones, ya que prácticamente los cerca de 3.000 trabajadores que se han prejubilado en algunas provincias como León, en torno a 1.700, al día de hoy ni tienen firmados sus contratos ni han recibido las prestaciones de prejubilación. Hay, señor ministro, situaciones muy preocupantes, desde el punto de vista social, y por ello le pregunto: ¿cuáles son las razones de ese grave retraso en el pago de las prestaciones por jubilación de los trabajadores afectados por el Plan del carbón?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Es cierto que en el pago de las prestaciones por prejubilaciones se están produciendo retrasos por causas que yo creo que son plenamente justificables. A pesar de eso, tengo que decirle a S.S. que, conscientes de las situaciones personales que están detrás de esos retrasos, hemos realizado entre todos los esfuerzos posiblespara poder atender la situación creada a los mineros

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prejubilados afectados. ¿Cuáles son esas razones? Son diversas y se las puedo especificar con detalle, pero son atribuibles a todas las partes afectadas, a las propias administraciones competentes, a los trabajadores y sindicatos, a las propias empresas, porque estamos hablando de un colectivo extraordinariamente amplio, de más de 4.000 trabajadores, que están condicionados a presentaciones de planes de empresa que tenían unos meses para poder ser presentados. Esos planes después han sido alegados y puestos en cuestión por las organizaciones sindicales; al final, las listas definitivas no se han tenido hasta pasado el verano. Todo eso explica una situación que no es satisfactoria y por ello se ha considerado necesario establecer un procedimiento tendente a facilitar un anticipo de 100.000 pesetas por mes de desempleo contributivo a los prejubilados con resolución ya emitida, que es un anticipo a regularizar con los atrasos generados a la fecha de su primer cobro por prejubilación y que entendemos que resuelve a corto plazo una situación que desde luego tenemos que resolver lo más rápido posible.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor ministro de Industria, aunque ha reconocido algo de la ineficacia, son excusas de mal pagador. Quiero recordar a este Gobierno que hemos pasado del no sobra un minero, que dijo en León y en Asturias el señor Aznar, a no pagar a los prejubilados. Y le reitero, señor Piqué, que hay un grave problema social. Hay ineficacia en su Ministerio. El instituto del carbón aún no está en marcha. Se ha aprobado hace cuatro días la RPT. Hay un desastre en la gestión. No se ha empezado una sola obra de la reactivación de las comarcas mineras. Hay dejación y desidia.Señor Piqué, dedique un poco de tiempo, no sólo a la búsqueda del centro, que nos parece muy bien, sino también a los graves problemas sociales que se derivan de la mala gestión de su Ministerio en un sector tan sensible. Esa dejación y esa desidia han provocado una grave preocupación. Es verdad que se ha producido ese anticipo por la entidad que ha recibido la adjudicación del pago de las prejubilaciones, pero mire, mucho más importante que eso sería que el día de hoy, aquí y ahora, se comprometiera a decirnos cuándo de verdad van a firmarse los contratos y se va a regularizar la situación de los miles de trabajadores que, ya prejubilados, están empezando a pasar dificultades económicas de una manera imprevisible e inexplicable. Y yo le pregunto, señor Piqué: ¿hay problemas presupuestarios? ¿Hay problemas jurídicos en la configuración de cómo se ha hecho el plan? Porque eso sería grave y habría que reconsiderar toda la estructura del modelo de prejubilaciones. Le ruego, le exijo, por tanto, que haga un pronunciamiento claro en ese sentido y que establezca un compromiso ante esta Cámara, porque creo que el problema lo requiere.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Yo le he aceptado que existen una serie de retrasos que hay que corregir, y lo estamos haciendo. De hecho, a lo largo del mes de noviembre los primeros colectivos afectados van a iniciar el cobro de prestaciones, y las explicaciones de lo que está sucediendo son, insisto, claras. El instituto del carbón se pone en marcha el 1 de enero, desde el punto de vista legal. Es la fecha en la que empiezan a figurar los prejubilados nuevos. Le recuerdo que hay un anticipo de edad de prejubilación, que antes no existía, desde los 55 hasta los 52 años (son más de 4.000 personas.) Esto se tiene que hacer a través de planes de empresas. Las empresas necesitan tres meses para presentarlas. Una vez que presentan esos planes, los sindicatos presentan sus alegaciones. Hay que verlas y hasta el mes de julio no estamos en condiciones para ver las listas definitivas, analizarlas una por una y empezar a hacer las cosas. Estamos, es verdad, en el mes de noviembre, y por eso hemos habilitado unos anticipos. Yo creo que en muy breve tiempo estará todo plenamente regularizado. Se puede hablar siempre de ineficacia, pero estamos poniendo en marcha el Plan sobre la minería del carbón más ambicioso que nunca se ha planteado en nuestro país, y al final el balance será francamente satisfactorio.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HA TRASLADADO AL ABOGADO DEL ESTADO PARA SU ACTUACIÓN EN LAS CAUSAS POR DELITO FISCAL, Y QUE HAN DADO LUGAR A QUE, EN OCASIONES, SE PIDA EL ARCHIVO DE ESTAS CAUSAS? (Número de expediente 180/001426).


El señor PRESIDENTE: Finalmente, pasamos a las preguntas que responderá la ministra de Justicia, la primera de las cuales corresponde a la número 8, que formula don Joan Saura Laporta, del Grupo Mixto.


El señor SAURA LAPORTA: Señora ministra, ¿cuáles son los criterios que la Agencia Tributaria ha trasladado al abogado del Estado para su actuación en las causas por delito fiscal y que han dado lugar a que, en ocasiones, se pida el archivo de estas causas, como es el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señorías, según me informa la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, desde abril de 1996 el abogado del Estado, en representación procesal del Estado, en las diligencias a que S.S. se ha referido, diligencias previas 53/1992 del Juzgado Central de Instrucción número 3, se adhirió a la petición de sobreseimiento de las actuaciones con respecto al Banco de Santander y los responsables del mismo, así como a la no participación del banco o de sus administradores en los delitos fiscales cometidos por los suscriptores de cesiones del crédito, y la Agencia de Administración Tributaria sobre este último asunto no emitió opinión. De entonces acá la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado ha mantenido esa misma postura porque se habían mantenido los presupuestos en los que se basaba dicha petición.


El señor PRESIDENTE: Gracias señora ministra.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Es escandaloso que el Gobierno, ante uno de los mayores casos de fraude y de delito fiscal, como es el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander, haya pedido su archivo y que usted se escude en un informe de 1996, como si desde entonces hasta ahora no hubiera pasado nada, señora ministra. Ha dimitido un conseller de Valencia por este caso, y hay un informe pericial que actualiza el caso.
Señora ministra, nos encontramos ante la utilización masiva de testaferros por parte del Banco de Santander que, como relata el informe pericial de julio de 1998 -no estamos en 1996, sino en 1998-, se utilizaron hasta 89 muertos como testaferros. Y usted vieneaquí hoy y nos dice que se acoge a un informe de 1996. Es tan escandalosa su posición, que la juez que instruye el caso les ha dado un varapalo al Gobierno y al ministerio fiscal sin precedentes, no sólo manteniendo el caso abierto, en contra de la opinión del Gobierno, sino añadiendo, y porque la juez es muy bien educada, que se queda sorprendida de que aquellos que han de defender el interés, ustedes, sean precisamente los que pidan el archivo del caso.
Señora ministra, ustedes deben explicaciones públicas. Yo le voy a formular tres repreguntas concretas que me gustaría que usted contestara. No me venga con el 96. Explique políticamente por qué ustedes hoy en casos de menor importancia mantienen unas posiciones y en este cambian la posición. Explicación política del Gobierno del archivo. Segunda pregunta: quiero saber si el Servicio Jurídico del Estado, que depende de usted, pidió el informe preceptivo a la Agencia Tributaria. Ustedes lo pidieron, ¿si o no? ¿Tuvieron contestación? En el caso de que la tuvieran, ¿qué dijo? Tercera pregunta. Pedir el archivo de este caso es una decisión del Gobierno, en concreto del Ministro de Economía y de usted. ¿Cuál ha sido su participación en este tema, su información y qué orientaciones ha dado usted? En todo caso, y para acabar, señora ministra, ustedes no han defendido ni el interés general ni la Hacienda pública; ustedes han defendido los intereses de la principal entidad financiera del Estado en contra de los intereses generales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, me permitirá que recalque ante la Cámara que ésa es su opinión. Evidentemente no es una opinión basada en criterios jurídicos, que son los que regulan la actuación del Servicio Jurídico del Estado. El Servicio Jurídico del Estado, señoría, no ha cambiado de opinión desde abril de 1996. No tiene usted que decir ante esta Cámara que sí ha efectuado ese cambio porque no es cierto. Existen las mismas bases jurídicas que fueron tenidas en cuenta en abril de 1996 en base a información de marzo de 1996; por tanto, de acuerdo con los criterios de actuación del Servicio Jurídico del Estado se mantiene la postura dada sin que exista intervención alguna posterior por parte de la Agencia Estatal Tributaria o por parte del ministro de Economía, como S.S. ha afirmado, para modificar ni para paliar una situación que jurídicamente, le insisto señoría, el Servicio Jurídico del Estado entiende que es adecuada a su postura.
Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. ¿Donde suena ese artefacto? (Pausa.) Colaboren con la Presidencia en cerrar tamaña insensatez. ¿Señor Chiquillo acaso? Señoría. ¡Señor Guerra! (Rumores.) Pueden comprobar hasta qué punto es capaz de distraer no sólo la atención del hemiciclo, sino del propio diputado que lo ha abandonado sin escuchar a la Presidencia.


- DEL DIPUTADO DON IGNASI GUARDANS I CAMBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CÓMO TIENE PREVISTO LA SEÑORA MINISTRA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL 24 DE JUNIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO TELEMÁTICO AL REGISTRO MERCANTIL, Y SUPERAR ASÍ LA SITUACIÓN ACTUAL DE ILEGALIDAD EN LAS ACTUACIONES REGISTRALES AL RESPECTO? (Número de expediente 180/001464).


El señor PRESIDENTE: Continuemos con la pregunta número 23, que formula el diputado don Ignasi

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Guardans I Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, con fecha 17 de febrero de 1998 su Ministerio aprobó una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado por la que se prohibía una actividad hasta entonces lícita, como era el acceso telemático a las bases de datos de los archivos del Registro Mercantil -también se prohibían las del Registro de la Propiedad- y su incorporación a bases de datos para su comercialización; actividad lícita que desarrollaban una serie de empresas amparadas en la libertad de empresa y en la Constitución en ese sentido. Mientras su Ministerio hacía eso, este Parlamento con pleno conocimiento de su director general estaba precisamente estableciendo lo contrario. Su director general había copiado un proyecto de ley y este Parlamento estaba exactamente llegando a la conclusión inversa y autorizando expresamente, como así hizo en la Ley de condiciones generales de la contratación, el acceso telemático a las bases de datos de los registros mercantiles y la incorporación a bases de datos para su comercialización. Su Ministerio ignoró lo que había salido del Parlamento y este diputado así se lo hizo notar de forma informal al director general, valga la redundancia, haciendo constar que esa instrucción había quedado nula e ilegal por contradecir la ley aprobada en esta Cámara. Sin embargo eso fue radicalmente ignorado, hasta el punto de que fue necesario que la Comisión de Justicia e Interior aprobara por unanimidad, el día 30 de junio de 1998, una proposición no de ley instando al Gobierno a dejar sin efecto la instrucción de la Dirección General de Registros y a dictar las disposiciones que fueran oportunas en desarrollo de la ley, pero claramente y con el fin de garantizar la posibilidad de acceso telemático al Registro Mercantil y la incorporación de la información obtenida.
Los registradores mercantiles ignorando la legalidad prefieren aplicar la instrucción y no la ley, puesto que la instrucción establece una prohibición y les es igual que contradiga una ley, porque aunque tenga rango superior es la instrucción lo que de hecho aplican. Por eso con cierto cansancio, señora ministra, con todo respeto pero también con toda firmeza, le pregunto exactamente: ¿cómo piensa aplicar la proposición no de ley de este Congreso de los Diputados, con el fin de garantizar el acceso telemático al Registro Mercantil y superar así la situación actual de absoluta ilegalidad en las actuaciones registrales al respecto? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno para dar cumplimiento a la proposición no de ley de 24 de junio de 1998, sobre acceso telemático al Registro Mercantil con sujeción a las normas de protección de datos de carácter personal, ha modificado el reglamento del Registro Mercantil a través de una disposición adicional contenida en el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, por el que también se adapta el reglamento hipotecario a la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de contratación; en ella se añaden los números 4 a 8 al artículo 12.
Esta reforma se ha realizado con plena conformidad de la Agencia de Protección de Datos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Guardans, por breves segundos.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora ministra, debería dejar sin efecto la instrucción, como le pedía expresamente la proposición no de ley, porque esa reforma no tiene disposición derogatoria y sabe usted bien -y si no le informo desde este escaño- que ese reglamento modificado no es el que está siendo aplicado. Hay una instrucción en el BOE que dice lo contrario y mientras usted no purgue el Boletín Oficial del Estado eso es lo que aplicarán los registradores.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Sabe S.S. que la instrucción queda derogada de hecho y de derecho al existir norma posterior con rango superior. De cualquier manera tendré en cuenta el criterio expuesto por S.S. para que se aplique la legalidad que el Ministerio ha puesto en marcha y que SS.SS.
decidieron establecer en una proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL E INICIATIVAS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LAS DIVERSAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA INCLUIDAS EN EL OBJETIVO 1 EN LA ACTUALIDAD MANTENGAN PARA EL PERÍODO 2000-2006 SU CONDICIÓN DE REGIÓN OBJETIVO 1 DE LA UNIÓN EUROPEA (Número de expediente 172/000119).


El señor PRESIDENTE: Al haberse aplazado las preguntas del señor Fernández Marugán, de la señora Cunillera y de doña Carmen Laura Gil i Miró, pasamos al punto VI del orden del día: interpelaciones urgentes

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al Gobierno. En primer lugar, del Grupo Mixto de la Cámara sobre la política general e iniciativas de Gobierno para garantizar que las diversas comunidades autónomas de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad mantengan para el período 2000-2006 su condición de Región Objetivo 1 de la Unión Europea.
El señor Chiquillo tiene la palabra para formular la interpelación.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, señor ministro, después del debate de ayer sobre el documento Agenda 2000, inquietante para los intereses del Estado español, intervengo para formular esta interpelación urgente sobre los fondos estructurales, su futuro, el Objetivo 1 y la repercusión que sobre diversas comunidades autónomas del Estado español puede producirse el próximo año por las decisiones que en el seno de la Unión Europea van a adoptarse.
La diversidad existente en las regiones europeas constituye por un lado un factor de enriquecimiento para todos sus habitantes, pero supone a la vez un obstáculo para la integración. Las regiones confieren a los ciudadanos un profundo sentido de su identidad, circunstancia que desde el punto de vista político y social ha de ser considerada como un factor decisivo para el proceso de construcción europea.
De esta forma, la eliminación de las desigualdades económicas existentes entre las diversas regiones de la Unión pasó a ser uno de los objetivos prioritarios mediante la puesta en funcionamiento de acciones específicas, y sobre todo mediante el apoyo a otras emprendidas por los Estados miembros y las propias autoridades regionales de acuerdo con el principio de subsidiaridad.
Con estas medidas se estaría en disposición de abordar la construcción de un gran mercado, la unión económica y monetaria real y la convergencia nominal, enfocando los problemas del espacio europeo desde una perspectiva solidaria. El objetivo queda claro: lograr la necesaria cohesión europea. El medio: las intervenciones presupuestarias que pretenden eliminar progresivamente los enormes desequilibrios estructurales e infraestructurales que existen entre los Estados miembros, pero fundamentalmente entre sus regiones.
Estas intervenciones se han venido realizando mediante un índice de prioridades promoviendo en mayor medida la aportación de fondos a zonas menos desarrolladas, con un mayor atraso estructural y que son consideradas dentro de los fondos estructurales Objetivo 1. Con estas acciones se pretende reducir las limitaciones y déficit estructurales e infraestructurales que frenan el progreso y relanzamiento de los sectores económicos y productivos, originando así un mayor grado de cohesión económica y social, y reducir las disparidades entre las regiones de la Unión Europea que son muy acentuadas.
La Unión Europea lleva a cabo este tipo de acciones por medio de los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión. Hoy nos ocuparemos de los primeros, los fondos estructurales, y en concreto de uno de los objetivos prioritarios de estos fondos que incluyen el Feder, el Fondo Social Europeo, el Feoga-Orientación, el IFOP y el Objetivo 1; su presente y su futuro ante las negociaciones y propuestas para el nuevo período 2000-2006.
Están en juego, vía Feder, las inversiones para fomentar la creación de empleo, las inversiones en actividades Pyme, las inversiones en sanidad y educación, las inversiones en infraestructuras del transporte y telecomunicaciones; en el fondo social europeo, materias de formación profesional, ayuda a la creación de empleo, combatir firmemente el paro para menores de 25 años y el paro de larga duración; en el FeogaOrientación, actuaciones forestales, permitir la renta agraria en aquellos municipios de montaña y zonas desfavorecidas, la protección del medio ambiente, apoyo a la agricultura, a su competitividad y a la comercialización de los productos agrarios, etcétera.
Los fondos estructurales se ejecutan e impulsan a través de acciones tanto de los marcos comunitarios de apoyo como de las iniciativas comunitarias. Estas acciones persiguen varios objetivos, entre ellos, el que nos ocupa y preocupa en el día de hoy, el Objetivo 1, fomento del desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y la corrección de los atrasos estructurales. Su brazo ejecutor más decisivo como hemos dicho es el Feder, en infraestructuras e iniciativas de desarrollo local, de pequeñas y medianas empresas, de actuaciones al desarrollo regional, de investigación y desarrollo (I+D), y ha sido un motor fundamental en los últimos años para el progreso de las diversas regiones del Estado español que se han beneficiado de ser Objetivo 1. En el período 1994- 1999 España ha recibido en concepto de reparto de los marcos comunitarios de apoyo más de 27.000 millones de ecus en concepto de Objetivo 1 y más de 32.000 millones de ecus en total; en el período 1989-1999 la comunidad valenciana ha recibido o va a recibir cerca de 200.000 millones por este concepto. A pesar de ello la comunidad valenciana ha sido la única región de España Objetivo 1 que presenta saldos fiscales negativos de ese período, es decir aporta más de lo que recibe.
Las regiones españolas incluidas en el objetivo 1 suponen en conjunto más del 55 por ciento de la población española y casi 23 millones de ciudadanos. Las aportaciones hechas desde la Unión Europea a todas las zonas de Europa mediante estos fondos estructurales como el Feder, Feoga, etcétera, han sido cuantiosas para el período 1994- 1999, y rondan los 150.000 millones de ecus del año. Estos fondos han servido sin duda para ir limando las diferencias existentes entre las regiones de la Unión Europea y de sobra es conocida la importancia que ha tenido para la Comunidad Autónoma Valenciana y para aquellas otras comunidades, en total once, recibir la aportación de estos fondos. Por ello es más que comprensible la honda preocupación que ha generado en la sociedad valenciana -Unió Valenciana lo presenta en el debate de hoy- la perspectivaque se ha apuntado por diversos miembros de

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su Gobierno, incluido el presidente, de que la comunidad valenciana junto a la de Cantabria dejen de estar incluidas entre las regiones consideradas hoy por hoy Objetivo 1 en la Unión Europea. De confirmarse tal eventualidad, supondría para la Comunidad Autónoma Valenciana y para Cantabria un perjuicio sin paliativos, al vernos privados de unos fondos que resultan del todo imprescindibles para nuestro desarrollo de futuro. Créame, señor ministro, que los valencianos estaríamos satisfechos si no tuviésemos el dudoso honor de ser considerados Objetivo 1, pero los datos están ahí y las circunstancias son las que son.
En el borrador del documento de propuestas de la Agenda 2000 se enmarcan las ideas, iniciativas y voluntades de la Unión Europea para diseñar el nuevo marco comunitario, el nuevo marco financiero para el período 2000-2006 que se está diseñando y en pleno proceso de negociación. Respecto a las políticas estructurales sigue estableciendo una dotación presupuestaria del 0,46 del producto nacional bruto, como en 1999, y dos tercios se asignarían a las regiones incluidas en el Objetivo 1. Se propone mantener como tal ese Objetivo 1 reforzando su concentración geográfica mediante la aplicación estricta del límite de la renta regional: 75 por ciento del PIB por habitante de la media comunitaria.
Se ha dicho -la Agenda 2000 así lo recoge- que habrá unos períodos transitorios para las regiones que salgan de la lista como consecuencia de tales criterios, y la aplicación de los mismos de manera estricta como pretende la Comisión. Hay que añadir que en esos fondos de cohesión que siguen apareciendo en la Agenda 2000, España corre el riesgo de perderlos y esperemos que junto a Grecia, Irlanda y Portugal los siga manteniendo, porque además hay informes jurídicos que avalan la no vinculación de la continuidad de recibir los fondos de cohesión aunque se haya accedido a la tercera fase de la unión económica y monetaria. En ese sentido, Unió Valenciana reconoce las iniciativas de su Gobierno para que España siga recibiendo esos fondos de cohesión que pensamos son irrenunciables. Hoy nos ocupamos de los fondos estructurales y el Objetivo 1, y nos preocupa qué va a decidirse durante el año 1999, qué regiones del Estado español continúan y cuáles van a salir por sobrepasar el umbral del 75 por ciento del PIB.
A pesar de que en las propias previsiones incluidas en la Agenda 2000, repito, se habla de períodos transitorios para que las regiones puedan salir del Objetivo 1, en el sentido de que en el período 2001/ 2006, como es el caso que se apuntaba para la Comunidad Autónoma Valenciana, obtendría al menos el 85 por ciento de las ayudas recibidas de la Unión durante el período 1994-1999, hasta perderlo progresiva y paulatinamente.
Desde Unió Valenciana con argumentos, con datos,con indicadores y con coeficientes reivindicamos iniciativas firmes para que la Comunidad Autónoma Valenciana y otras en situación similar, como es el caso de Cantabria, para el período 2000-2006 mantengan el mismo status que tienen vigente de 1994 a 1999. Considerando los indicadores de los años 1994, 1995 y 1996, de población con el padrón de 1996 -que con retraso se ha aprobado-, el déficit de infraestructuras, la tasa de paro juvenil y de mayores de 50 años, el déficit hídrico, los desequilibrios territoriales internos, los problemas medioambientales que afectan a la comunidad valenciana tanto en su vertiente de desertificación como en los incendios sufridos en el período 1985-1995, la comunidad valenciana hoy por hoy tiene argumentos más que suficientes para reivindicar que desgraciadamente sigue situada por debajo del 75 por ciento, y es de justicia que se le reconozca el derecho a permanecer como Objetivo 1 de la Unión Europea en esos fondos estructurales.
La tasa de crecimiento del PIB valenciano en el año 1996 fue del 1,9 y la media española fue del 2,7. En el año 1997 el PIB valenciano fue del 3,7 y la media del Estado español fue del 3,9. La comunidad valenciana tiene necesidades pendientes relacionadas directamente con los fondos estructurales para el período 2000-2006 y su permanencia como Objetivo número 1 para corregir los desajustes, desequilibrios y déficit que como usted bien sabe sigue adoleciendo nuestra comunidad.
En infraestructuras productivas el ferrocarril, en el AVE Madrid- Valencia es necesaria la financiación europea. El ferrocarril a Francia por Aragón y Canfranc, es necesaria su denominación como red transeuropea y financiación por tanto de la Unión Europea. El estado de las carreteras nacionales 340 y 332, la situación de nuestros puertos y sobre todo el déficit de operatividad de nuestros aeropuertos. El retraso histórico de estas infraestructuras claves para nuestro desarrollo socioeconómico, requieren que peleemos con firmeza y con argumentos por permanecer como Objetivo 1. El déficit hídrico que he comentado anteriormente, los incendios, los graves problemas de desertificación que afectan a diversas comarcas del sur de nuestra comunidad, o las carencias en I+D muy por debajo de la media del Estado español. La Comunidad Autónoma Valenciana necesita los fondos del Objetivo 1 para cimentar un desarrollo duradero y solidario en lo económico y en lo social.
Por todo ello hemos presentado esta iniciativa...


El señor PRESIDENTE: Y por lo que debe ir concluyendo su exposición, señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente.


Es lógico que preguntemos qué negociaciones está desarrollando el Gobierno a favor de que la comunidad valenciana permanezca en el Objetivo 1, y por tanto continúe recibiendo los fondos estructurales de la Unión Europea. Dado que la Comunidad Autónoma Valenciana ha estado incluida en el régimen de 1994- 1999, formulamos esta interpelación para que se nos comunique qué iniciativas ha desarrollado o piensa desarrollar su Gobierno para garantizar que el conjunto de comunidades que hoy por hoy están incluidas desde el Estado español como Objetivo 1, mantengan para el período 2000-2006 su condición de región Objetivo 1

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de la Unión Europea. La comunidad valenciana y el Estado español necesitan estar en ese tren y en esa decisión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.


En nombre del Gobierno y para contestar a la interpelación, tiene la palabra el ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor presidente, señorías, la interpelación que plantea el representante del Grupo Mixto, Unión Valenciana, supone una de las grandes batallas que habrá de librar durante los próximos 24 meses para conseguir un objetivo fundamental, y es que España continúe recibiendo la misma cantidad de fondos estructurales y de fondos de cohesión que viene recibiendo en los últimos años. Ello exige señoría un determinado planteamiento global; desgraciadamente no podemos hacer una disección que por singularizar podría perjudicar el resultado global del planteamiento.
Como S.S. sabe y ya he indicado, la Comisión Europea mantiene en su planteamiento de la Agenda 2000 dos principios. El primero de ellos es el principio de concentración, es decir se van a reducir en la configuración de los fondos estructurales los seis objetivos que había precedentemente a tres objetivos y en ese esquema el que más importancia tiene, como es lógico, viene representado por las regiones de Objetivo 1, que es por otra parte el que más interesa a España. En segundo lugar, la Comisión Europea en el planteamiento que hace en la Agenda 2000, quiere concentrar la ayuda en las regiones menos desarrolladas. Para ello ha seguido el mismo criterio que se ha venido aplicando en la Unión Europea en los últimos años y es que serán regiones receptoras de fondos estructurales todas aquellas que no alcancen el 75 por ciento de la renta media de la Unión Europea.
Ese objetivo, visto desde la perspectiva de España es un objetivo correcto y ha sido apoyado por la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea y también por España. Ello tiene una explicación que se puede desarrollar en tres planos. Primer plano: España debe continuar defendiendo ese criterio por coherencia, es el criterio que ha defendido siempre, y lo ha defendido siempre porque vistos los resultados, produce unos extraordinarios beneficios al conjunto de España. Se pueden dar las cifras. España es el país que más se ha beneficiado de los recursos asignados a las regiones de Objetivo 1 en el conjunto de los fondos estructurales. Ello ha influido de manera determinante para que España sea desde 1989 el primero y más destacado país beneficiario de los fondos estructurales. Entre 1989 y 1993 España percibió el 23,6 por ciento de los recursos asignados a las regiones de Objetivo 1 y el 21 por ciento del total de los fondos estructurales. Entre 1994 y 1999 España ha absorbido el 27 por ciento de los fondos asignados a las regiones de Objetivo 1 y el 22,6 por ciento del total de los fondos estructurales. No tiene sentido, por tanto, que España pugne por cambiar un criterio que ha producido unos resultados extraordinariamente beneficiosos.
De acuerdo con las proyecciones que se pueden hacer en estos momentos, y éste sería el segundo plano, de mantenerse en los términos en que propone la Comisión como criterio de selección de regiones Objetivo 1 el 75 por ciento de la renta media comunitaria, España seguiría siendo con toda probabilidad el Estado miembro más beneficiado en el seno de la Unión Europea, y por tanto sería una segunda razón para no pugnar por un cambio de criterio. En tercer lugar habría que añadir una razón de prudencia: abrir un debate sobre criterios alternativos de selección de regiones Objetivo 1 sería como abrir la caja de Pandora; se sabe cómo empieza el proceso pero no se sabe cómo termina. Por consiguiente, lo razonable es que España continúe apoyando el criterio del 75 por ciento, y una vez defendido ese criterio habrá que estar extremadamente vigilantes sobre la aplicación de los criterios contables que pueden conducir efectivamente a resultados distintos en función de los criterios que finalmente se apliquen.
En estos momentos es prácticamente imposible hacer proyecciones definitivas, porque como sabe S.S. la contabilidad que aportan las distintas regiones de la Unión Europea a la oficina Eurostat de contabilidad europea va siempre muy retrasada; se pueden hacer unas proyecciones para los años 1994 y 1995, pero todavía la oficina europea Eurostat no está en condiciones de hacer las proyecciones correspondientes al año 1996.
En estos momentos y de acuerdo con la aplicación de los criterios contables de la contabilidad nacional española, podemos decir que partiendo de los años 1994 y 1995 y del avance que se puede hacer en el año 1996, estimando todos estos datos arroja el resultado de que todas las comunidades autónomas hoy incluidas en el Objetivo 1 seguirían siendo Objetivo 1. De todas maneras estas estimaciones, y lo digo aquí expresamente, hay que tomarlas con enormes cautelas porque como es lógico son los criterios nacionales. Las razones por las que hay que tomar con cautela las proyecciones que se derivan de la contabilidad nacional son las siguientes. Los servicios técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda me pasan la siguiente información técnica, que tiene importancia a la hora de responder a la interpelación que plantea S.S.: Una vez conocidos los datos del producto interior bruto por habitante y en moneda nacional de nuestras comunidades autónomas, hay que ponerlos en paridades de poder de compra en función de unas tablas de conversión que elabora Eurostat. Los valores de conversión utilizados en las estimaciones realizadas son los últimos publicados por Eurostat en su publicación Cuentas Nacionales, SEC 1970/1996. No obstante, Eurostat revisa y actualiza frecuentemente esos datos y no es descartable que en el momento en que realice los cálculos para aplicar el criterio de selección disponga de datos más actualizados. Esos nuevos

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datos podrían beneficiar o perjudicar, según modifiquen al alza o a la baja el valor del producto interior bruto de cada una de nuestras comunidades autónomas.
Hay otras razones técnicas en las que no voy a entrar para no hacer esta contestación excesivamente prolija, pero desde una perspectiva política sí puedo afirmar lo siguiente. Primero, que al día de hoy el Gobierno estima que existe una probabilidad considerablemente alta de que todas las comunidades españolas incluidas actualmente en el Objetivo 1 sigan cumpliendo el criterio de inclusión que probablemente se apruebe en su día por el Consejo cara al período 2000-2006. Segundo, que en la hipótesis de que alguna comunidad autónoma pudiera incumplir el mencionado criterio, sería por un margen muy escaso y en esa eventualidad seguiría recibiendo recursos del Objetivo 1 a través del régimen transitorio. Tercero, que en este punto concreto el Gobierno sí está empeñado en defender en los nuevos reglamentos que en estos momentos están en discusión que la regulación de dicho régimen transitorio sea generosa en duración e intensidad de las ayudas. Desde el punto de vista de la duración, la propuesta contenida en el proyecto de reglamento presentado por la Comisión puede considerarse satisfactoria -del 2000 al 2006- y el Gobierno desarrollará todas las iniciativas dirigidas a evitar que dicha propuesta pueda ser revisada a la baja, y desde el punto de la intensidad de las ayudas el Gobierno está defendiendo en estos momentos que también se sea generoso y gradual según la prosperidad relativa de las regiones a que se aplique el régimen transitorio.
Concluyo señoría diciendo que este problema es susceptible de un doble enfoque, un enfoque que podemos llamar pesimista-realista, que es manifestar el temor que ha señalado S.S. de que la Comunidad Autónoma Valenciana sobrepase el criterio del 75 por ciento y por ello pudiera entrar en ese régimen transitorio, y un enfoque realista consistente en que todos deberíamos alegrarnos de que como consecuencia de la prosperidad económica en España las regiones que han estado incluidas en el régimen de Objetivo 1 vayan saliendo de ese régimen, aunque ello suponga dejar de percibir fondos estructurales; eso significaría que las regiones españolas se aproximan a la renta media de la Unión Europea, y por tanto gozan de un grado de prosperidad relativa que les permite afrontar las carencias e insuficiencias que algunas de ellas todavía padecen y que ha relatado S.S.
Sí le puedo decir es que el Gobierno hará el máximo esfuerzo para que España siga siendo el primer país beneficiario en la recepción de fondos estructurales, y eso significa que continuaremos haciendo el máximo esfuerzo para que la totalidad de las comunidades autónomas que están hoy incluidas en el régimen de Objetivo 1 permanezcan en el mismo, bien sea formalmente bien sea en términos reales, en el sentido de mantener la mayor recepción posible de fondos y ayuda a través de ese régimen transitorio, cuyo período de duración, seis años, es en principio satisfactorio.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente para señalar que los argumentos que he utilizado los dejaría con el calificativo de realistas, ni pesimistas ni eufóricos. Simplemente he planteado cuál es la realidad de la situación y que si se aplican los indicadores de 1994, 1995 y 1996 con el padrón de 1996 la Comunidad Autónoma Valenciana se queda en el 74,8, mientras que si no se aplican estamos en el 75,1. Ese es el realismo. Me gustaría encontrar una solución positiva y satisfactoria y tengo ilusión y confianza en las decisiones que pueda adoptar el Gobierno en este tema tan importante para la Comunidad Autónoma Valenciana, que también lo es, repito, para el conjunto del Estado.
No es una cuestión local ni menor, por la importancia de la Comunidad Autónoma Valenciana en el contexto del Estado, y puede contar con la aportación de Unión Valenciana para conseguir esos objetivos que suponen reconocer lo que es la realidad, porque hoy por hoy y con los indicadores que tenemos, desgraciadamente, estamos por debajo del 75 y necesitamos esos fondos para que en el año 2006 estemos en el 80, que es el objetivo de todos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, agradezco el apoyo que manifiesta a la acción del Gobierno en el ámbito de la Unión Europea para conseguir el mayor número posible de objetivos y querría transmitirle mi punto de vista, más bien optimista que realista. Pienso que es altamente positivo que las regiones españolas se vayan aproximando a la renta media de la Unión Europea, porque eso implica, por razones de riqueza o de prosperidad relativa, que va a haber los medios suficientes para atender los déficit de infraestructuras a que se ha referido su señoría. En la medida en que España progresa e incrementa su nivel de renta se incrementan también, como es lógico, los recursos para hacer frente a los problemas. Creo que todos deberíamos mirar con gran satisfacción ese enriquecimiento de España que implica lo que es un verdadero objetivo del Gobierno, conseguir la convergencia real, una vez conseguida la nominal, entre la riqueza relativa de España y la riqueza relativa de los Estados más prósperos de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición sobre esta interpelación? (Pausa.)

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Tiene la palabra el señor Guardans i Cambó, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Intervendré para felicitar al Grupo Parlamentario Mixto, en este caso el señor Chiquillo, por haber traído a la Cámara este tema y dejar así clara la importancia que el Grupo Parlamentario Catalán atribuye, como ayer mismo tuve ocasión de manifestar, a toda esta cuestión, que creemos que no está siendo debatida con la suficiente intensidad, en foros más amplios que los estrictos de la Comisión Mixta de la Unión Europea. Por tanto, de entrada quiero manifestar la importancia que atribuimos a esta cuestión, reservándonos un pronunciamiento al momento en que se presente la moción sobre lo que es el fondo de la propuesta de Unión Valenciana, después de haber escuchado muy atentamente los argumentos del señor ministro.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Señor Navas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


El señor NAVAS AMORES: Evidentemente, señor ministro, no creo que estemos planteando, por lo menos en el debate de la interpelación no se suscita, la posibilidad de que de esta Cámara salga el compromiso o la intención de intentar cambiar los criterios de selección de las regiones que hoy puedan estar integradas dentro del Objetivo 1. Lo que yo creo que se sustrae de este debate es la necesidad de cuantificar correctamente la renta de cada región para que no hagamos un cesto como una torta.
Evidentemente, los objetivos de los fondos estructurales son potenciar las regiones que tienen menor índice de desarrollo, potenciando un desarrollo estable, la creación de riqueza, la creación de empleo y la formación. Por tanto, el hecho de estar dentro o fuera de este objetivo es algo que tiene una importancia fundamental, sobre todo porque estamos hablando de que se van a seleccionar una serie de regiones para un período de tiempo muy largo, en el cual las que estén integradas se verán favorecidas por esos recursos y las que queden fuera van a tener muchos años para poder reevaluar su situación interna económica y posiblemente incorporarse en el próximo período financiero. Como usted sabe, van a transcurrir siete años después de hacer esta nueva selección. Por tanto, más allá de profundizar en los criterios de selección de regiones del Objetivo 1, es fundamental la estadística que debemos tener sobre la mesa para verificar si nuestras regiones están o no dentro de ese 75 por ciento de PIB de la media europea en los tres últimos años. Si estamos hablando de población, de renta per cápita, de producto regional, tenemos que tener las estadísticas al detalle, sobre todo cuando estamos hablando de posibilidad de entrar o salir en ese objetivo por unas escasas décimas.


Estamos intentando convencer al Gobierno, por lo menos mi grupo parlamentario, de la necesidad de aplicar todos los esfuerzos de sus departamentos para defender en el seno de la Unión Europea la aplicación de los criterios que están ya recogidos, tanto en población como en renta, pues la resultante va a estar por debajo o por encima. No nos creamos a priori que podemos estar por encima en base a las estadísticas de la Unión Europea, que van a ser objetivas como no puede ser de otra forma, dentro de las posibilidades que den al propio departamento, pero desde el Estado, desde el Gobierno, debería existir una prioridad absoluta para tener la certeza de que estas dos regiones como son Cantabria y el País Valenciano, que actualmente están en esas escasa décimas, no van a quedar desfasadas en cuanto a que ese desarrollo esté por debajo de esa media y, en un periodo de siete años, les dificulte y retrase su crecimiento, tanto en empleo como en riqueza y en renta per cápita.
En el debate de la moción tendremos ocasión de puntualizar en detalle cuál es el mandato que nace de esta Cámara para el Gobierno, que creo que se podría circunscribir en que lo que nos interesa es que el Gobierno trabaje al máximo todo el control y la inspección de los criterios actualmente vigentes para las zonas de Objetivo 1 y que no nos puedan meter gato por liebre.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.
Señor Martinón, por el Grupo Socialista.


El señor MARTINÓN CEJAS: Gracias, señor presidente.


Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, la verdad es que sorprende un poco ver al ministro de Fomento interviniendo en un asunto de éstos y ayer al portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Agricultura interviniendo en un asunto que se refería a las perspectivas financieras, a la Agenda 2000, en una palabra, a buena parte de lo que supone la Unión Europea para los próximos años, porque tenemos la sensación de que el Gobierno y el Partido Popular no acaban de tomarse en serio esto de la Unión Europea.
Se ha planteado esta tarde un asunto que preocupa especialmente en Valencia y en Cantabria, pero que nos debe preocupar a todos, como a todos debe preocuparnos la situación en la que hoy están planteados multitud de asuntos que se refieren a la Unión Europea. El señor ministro decía que no toquemos el 75 por ciento porque se abre la caja de Pandora y no sabemos dónde puede llevarnos eso. Estamos de acuerdo con la primera parte, no debemos tocar el 75 por ciento, no podemos chalanear en Europa acerca de lo que ha sido una posición aceptada por todos nosotros, pero la caja de Pandora, señor ministro, está más que abierta. Da la impresión de que el Gobierno no se ha enterado de que la caja de Pandora en Europa está más que abierta.


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Su presidente del Gobierno estaba reunido ayer con el canciller alemán, el señor Schröder, supongo que en buena parte preocupado por la situación de las perspectivas financieras, por la financiación de las políticas comunitarias y por la propia definición de las políticas comunitarias del año 2000 al año 2006.
Más que sorprenderme, me preocupa la aparente actitud de ingenuidad que el Gobierno ha mostrado aquí esta tarde. Es verdad que el 75 por ciento no se debe tocar. Me ha dado la impresión de que el señor ministro manejaba un documento del Ministerio de Economía y Hacienda, que debe ser el mismo que manejo yo, donde se habla de cuál es la metodología de cálculo del PIB per cápita de cada comunidad autónoma.
Hasta ahora se ha aplicado una metodología -lo ha explicado muy bien el señor ministro- y es la de la paridad del poder adquisitivo, que no está en ningún reglamento y la Comisión pretende incluirlo en un reglamento. Eso es lo que pretende la Comisión y anuncio ya que el grupo parlamentario de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo vamos a enmendarlo. No queremos que esa metodología de cálculo del PIB esté en el reglamento precisamente ahora cuando vamos a entrar en una nueva fase de la Unión Europea en la que vamos a tener una moneda única. ¿Con una moneda única tiene sentido hacer un cálculo del PIB utilizando la metodología del poder adquisitivo? (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Desde luego es muy discutible, enormemente discutible, aparte del peligro que supone incluir en un reglamento que los PIB puedan calcularse de esa forma, porque no sólo lo van a aplicar en el tema del 75 por ciento para las regiones de Objetivo 1. Sentado el precedente, no sabemos en qué otras ocasiones eso se puede aplicar.
El señor ministro ha planteado un asunto que creo que es razonable y a lo mejor resulta que alguna comunidad autónoma pasa del 75 por ciento. Insisto en que vale la pena dedicar un rato a discutir qué metodología debemos emplear para determinar cuál es el PIB, porque pueden salir resultados muy sorprendentes. La metodología de aplicación no es neutral, cada país ve en la metodología que se está utilizando cómo beneficia o cómo perjudica a ese país.
La Comisión de Política Regional en un dictamen aprobado el 4 de noviembre, la semana pasada, aceptando e insistiendo en la necesidad de mantener el 75 por ciento, sin embargo, le dice a la Comisión que añada la lista de las regiones que hoy están en el Objetivo 1 y que superan ese 75 por ciento, que se haga una lista y se adjunte al reglamento con el fin de examinar a fondo las posibles y limitadas excepciones a la norma en el marco del procedimiento legislativo. La Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo ha abierto la posibilidad -que el Gobierno debe explorar- de que pueda haber excepciones atendiendo a situaciones excepcionales, situaciones excepcionales que nosotros aquí consideramos que pueden afectar a la Comunidad Autónoma Valenciana y a la Comunidad Autónoma de Cantabria en el supuesto poco improbable -ha dicho el señor ministro- de que superen el 75 por ciento del PIB.
En cualquier caso, señor ministro, lo que más nos preocupa a los socialistas es la crisis de crecimiento que está sufriendo Europa, que no es una crisis de crecimiento sólo porque varios países vayan a entrar, y todos queremos que entren, sino también la crisis de crecimiento que se está produciendo por una mayor fortaleza de las políticas europeas y de la propia unión política económica y social de Europa. Hoy está en discusión, no diré casi todo, pero muchas cosas sí, como la reforma institucional. Ayer intentó mi compañero Antonio Costa, en nombre de mi grupo parlamentario, que esta Cámara se pronunciara a favor de que el Gobierno compareciera aquí para explicarnos cuál es la posición del Gobierno en estos momentos en los que está en discusión -insisto- cuál es la financiación de la Unión, cuál es la financiación del presupuesto comunitario y cuál es la definición de las políticas de la Unión, de las políticas comunitarias. Se votó en contra. Yo no sé si él debería haber planteado de forma más modesta la petición y haber solicitado no que le dijeran cuál es la posición del Gobierno, sino qué piensa el Gobierno. Alguien podría pensar que no es más modesta, que es casi más difícil. Pero aceptemos que el Gobierno piensa y que esto hubiera sido una petición más modesta. Quizá así hubiéramos tenido más suerte.
Ante esta enorme discusión que hoy está centrando los debates en el seno de la Unión Europea sobre cuál va a ser la financiación, cuáles van a ser las políticas comunitarias en los próximos años, si los países que ya estamos en el euro vamos a poder participar o no en ese fondo de cohesión, etcétera, ayer intentamos que el Gobierno nos dijera lo que pensaba o cuál es su posición. Nos quedamos con la idea -lo reconoció el ministro de Asuntos Exteriores, por tanto no estamos tergiversando nada- de que la propuesta del Gobierno español era la de un nuevo recurso comunitario, de un recurso progresivo en el que no sólo se pagara de forma proporcional a la renta de cada país, sino que aquellos que tuvieran una renta más alta pagaran un porcentaje más alto. Esa propuesta del Gobierno español ha contado con el apoyo no sólo del Grupo Parlamentario Socialista, sino con el de toda esta Cámara, pero descubrimos leyendo un periódico que el ministro de Asuntos Exteriores ha confesado públicamente que ha sido una propuesta táctica, porque así pensaba frenar lo que pretendían otros países, que era pagar aún menos de lo que hoy pagan.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martinón, vaya concluyendo, por favor.


El señor MARTINÓN CEJAS: Así lo haré, señor presidente.


Cuando desde el Gobierno se hace ese planteamiento, es decir, pido más para que no me quiten más, es difícil que así vayamos a algún lado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro, invitamos al

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Gobierno a que cambie de actitud, a que de verdad haga un esfuerzo y participe en la construcción europea. Creo que hay que hacer un esfuerzo por entender a cada uno de los países y por entender lo que está diciendo el Gobierno alemán, que no es muy distinto de lo que decía el Gobierno alemán anterior y que refleja un sentimiento del pueblo alemán, porque Europa no se puede construir con un resentimiento de dicho pueblo. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Simplemente les decimos queremos que pagues más o les vamos a decir más cosas? Desde España, desde el Gobierno principalmente, vamos a hacer un esfuerzo de construcción y de superación de las dificultades, pero no sólo la dificultad de que aquí podamos tener una comunidad autónoma que salga del Objetivo 1. Más argumentos, si se diera esa casualidad de Valencia y de Cantabria, me parece que no existen, pero vamos a hacer el esfuerzo de intentar contemplar este tipo de problemas que al final son menores desde una perspectiva superior. España como país va a hacer el esfuerzo, y el Gobierno de España que lleva las negociaciones, de construir Europa con los demás, de aportar algo en esa construcción europea, algo que no sea sólo pedir más para que no nos quiten más, sino más bien escuchar mejor para que los demás nos escuchen mejor, es decir participar más en esa construcción.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martinón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Casañ.


El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario se siente satisfecho con la respuesta del ministro de Fomento en nombre del Gobierno, pero nos parece que esto es como un diálogo de sordos, porque esta misma pregunta la hizo el portavoz del Grupo Socialista, señor Costa, el 29 de septiembre de este mismo año en la Comisión Mixta para la Unión Europea y se le dio cumplida respuesta, y la misma pregunta se volvió a hacer en los mismos términos en la Comisión de Asuntos Exteriores el 28 de octubre de este mismo año por el señor Peralta, al que también se le dio cumplida respuesta. Leo la respuesta exacta del secretario de Estado: Los datos disponibles con respecto a las regiones españolas del Objetivo 1 se refieren a los años 1993, 1994 y 1995. Por ello resulta muy difícil, a mí me resultaría imposible, no sé si algún experto podrá hacerlo, en este momento es imposible, adelantar si alguna comunidad autónoma va a superar el nivel 75 por ciento cuando se tomen los datos de la nueva serie estadística.
Es evidente que el Gobierno va a defender en las instancias comunitarias que ninguna de las regiones españolas beneficiarias del Objetivo 1 quede excluida del mismo. En cualquier caso, si como consecuencia del progreso económico que está experimentando España en los últimos años se demostrara que hay regiones que han superado el umbral y que deben dejar de pertenecer a la categoría de Objetivo 1, debe tenerse en cuenta que la reforma de los fondos estructurales tiene previsto que no se produzca un corte drástico en la percepción de las ayudas correspondientes.
Por ello está previsto el establecimiento de un mecanismo transitorio de manera que la disminución en intensidad y cuantía de las ayudas se produzcan de una forma continuada y progresiva. Podemos continuar in eternum haciendo la misma pregunta vez tras vez y continuaremos obteniendo la misma respuesta puesto que no se puede dar otra.
Nadie del Gobierno, señor Chiquillo, ni el presidente del Gobierno, ni el ministro de Asuntos Exteriores, ni el secretario de Estado para la Unión Europea han dicho que ninguna comunidad específica fuera a salir del Objetivo 1. Sería tanto como hablar del sexo de los ángeles, que nadie lo ha visto, y los datos estadísticos del Eurostat no han salido todavía y nadie los ha podido ver.
Yo también soy valenciano y me preocupo por lo que pueda pasar en mi comunidad, no es usted el único que representa los intereses valencianos, señor Chiquillo, yo soy diputado por Valencia y tengo las mismas preocupaciones de ustedes. No es haciendo un ejercicio de voluntarismo como se va a conseguir, señor Chiquillo, que la Comunidad Autónoma Valenciana siga siendo Objetivo 1 o deje de serlo, porque el Objetivo 1, como ha dicho el señor ministro de Fomento es un dato objetivo y nada más. Es imposible hacer proyecciones objetivas cuando el Eurostat no cuenta todavía con los datos de 1996.
A don Antonio Martinón Cejas, que no es el portavoz de Unión Europea, le extraña que en el Grupo Popular los diputados seamos polifacéticos y sepamos de todo, incluidos los ministros, y a nosotros nos parece normal, nos parece bueno y nos parece útil.
En este momento, señorías, señor presidente, pediría un poco de seriedad y que se nos evitase un nuevo trámite parlamentario innecesario e inútil y perder el tiempo con este tema discutiendo una interpelación. Yo creo que lo que tenemos que hacer no es demagogia ni buscar titulares sino continuar luchando todos juntos para defender los intereses de nuestras regiones y de nuestro país.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Casañ.


- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO (Número de expediente 172/000120).


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la interpelación del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización del sector energético.


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Para su explanación, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, si hiciéramos un balance de lo que ha sido su gestión al frente del Ministerio de Industria antes de dedicarse a otras cosas, seguramente tendríamos que discernir entre dos grandes grupos, por un lado, las privatizaciones, de las que se ha hablado mucho y se va a hablar seguro mucho más en el futuro pero no corresponde hacerlo ahora, y, de otro, la regulación para la competencia de los sectores energéticos que usted ha puesto en marcha, porque es verdad señor ministro, que usted ha puesto en marcha una regulación de esos sectores que tienen mucha retórica de competencia, clientes cualificados, acceso de terceros a la red, libertad de establecimiento y todas esas cosas. Son dos las leyes que se han puesto en marcha y desde esa visión de la competencia son estéticas, pero, fíjese, desde esa misma visión, más que estéticas son estáticas.
Usted ha demostrado ser un esforzado creador literario, capaz de seguir las teorías lampedusianas, hacer como que cambia todo para que no cambie nada en absoluto, cuando estaban sentadas las bases para que muchas cosas cambiaran en esos sectores y en este país, señor ministro. Pero usted está tomando decisiones por activa o por pasiva que parece que actúan en el sentido contrario de esa competencia que dice que va a promover. Ocurren cosas como, por ejemplo, una alianza entre el operador dominante en el sector gasista y la empresa de mayor dimensión en el sector eléctrico, que disipan las expectativas que existían en cuanto a que Gas Natural fuera un competidor del sector eléctrico y que Endesa se convirtiera en el segundo operador del mercado gasista. Pero es que hay más cosas: hay desembarcos como el de National Power en Unión Fenosa; alianzas, como la de Iberdrola y EDP que se explican solamente por lo cerrado del sector. Si no, dígame usted, ¿por qué National Power va a hacer una inversión de esa naturaleza, cuando le sería más rentable si hubiera libertad efectiva de establecimiento, no formalmente, para poner sus ciclos combinados, en lo que tiene una grandísima experiencia, en lugar de participar en una empresa española? Pues porque no hay otra forma de entrar en el mercado, y lo demuestran toda esta serie de alianzas en el sector, más que a través de una empresa española. Le diré más a propósito de National Power. Señor ministro, usted ve cómo se valora en este caso a la empresa española, de lo que nos alegramos mucho, pero a partir de ahora no se podrá seguir hablando de costes de transición a la competencia sino de beneficios de transición a la compencia. Esta claro. ¿Verdad? Además, estamos hablando de un contexto muy cartelizado como es el de la generación eléctrica y Endesa, ya sabe, que está absorbiendo a sus filiales.


Ante todas esas cosas qué dice el ministro. Pues el ministro está ausente, está missing, está autista. Y cuando sale de su ensimismamiento, de una manera más o menos lacónica, nos dice: No, es que son empresas privadas. Claro, ya está solucionado, usted ha hecho mucho en algunos casos para que sean privadas, pero con eso no se soluciona, señor ministro. En esos países que usted tomaba de referencia para todo el desarrollo normativo hay también empresas privadas y, sin embargo, ahí se hacen cosas. Por ejemplo, en el Reino Unido, en el sector gasista, la Agencia Reguladora Independiente segmenta el mercado y British Gas tiene un límite en cuanto a ese mercado. Eso mismo está ocurriendo en el mercado eléctrico en Colombia o en Argentina, donde el límite es del 10 por ciento.
Volviendo al Reino Unido, en el sector eléctrico se han promovido desinversiones de National Power o de PowerGen de 6.000 megavatios. Y en California, por seguir citándole los ejemplos que usted nos ponía, para percibir los costes de transición a la competencia hay que desinvertir.
Yo no le estoy diciendo aquí que usted tome esas medidas concretas, pero algo tendrá que hacer, además de remitirnos al carácter privado, a la titularidad privada de las empresas, como si el sector energético fuera un universo feliz sólo porque está constituido por felices empresas privadas. Eso no es así, señor ministro. Las empresas privadas, las empresas en general, lo que hacen es maximizar el beneficio de sus accionistas. Si usted, relajando la regulación, permite una autorregulación en un contexto de oligopolio, ¿cree que esas empresas van a beneficiar a los consumidores y a disminuir los precios o van a beneficiar a sus accionistas? Usted también adopta otras posiciones que son actuaciones activas positivas, en relación a obstruir la competencia, como es la famosa titulización. Aquí me gustaría hacer una reflexión, señor ministro.
¿Qué característica y singularidades debe tener el sector eléctrico cuando, para ir hacia una competencia incierta, se le dan billonarias indemnizaciones? Mientras tanto, al conjunto de los sectores que no estaban en 1986 bajo el paraguas del servicio público, ¿qué se les dio, no para llegar a una competencia incierta sino a una competencia cierta segura? Se les dio, simplemente, un horizonte temporal, se les dio un plazo, un calendario de desarme arancelario. Pues bien, aquí no. Aquí es distinto.
Además, cuando debatíamos la cuantía de los costes de transición a la competencia, ante nuestros requerimientos y argumentos de que eran excesivos, los señores del grupo parlamentario que le dan apoyo lo único que contestaban era sencillamente que era un tope máximo y que ahí no se iba a llegar, que se podía llegar o no según las circunstancias del mercado. Bueno, pues ahora usted quiere establecer un mínimo, señor ministro, de más del doble de la cantidad que consideraba como más justa, más normal y más probable, la Agencia Reguladora Independiente. Estamos hablando de un contexto, que es el eléctrico -España es una isla eléctrica, hay que volverlo a repetir, y lo va a seguir

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siendo durante mucho tiempo-, extraordinariamente concentrado desde el punto de vista horizontal, como sabe usted perfectamente, y esas circunstancias no se van a cambiar con toda seguridad. Usted ya es un experto, señor ministro en estos temas energéticos. Dígame si usted para el 2007 sabe cuál va a ser el mercado relevante, cuál va a ser su contestabilidad. No lo sabe, no lo puede saber en un contexto tan complejo como ese. Sin embargo, ya sabe el quebranto de las empresas porque les da al menos un billón por ese quebrando, más los 206.000 millones que ya se han llevado este año.
Señor ministro, estamos hablando de una hipotética competencia por la que ya se cobran los perjuicios. Está usted introduciendo una irreversibilidad con esa afectación de la tarifa eléctrica, eso es absolutamente seguro pero, por otra parte, dígame usted, señor ministro, usted despeja las incertidumbres de las eléctricas pero, ¿no está generando con eso incertidumbre en los consumidores y en el resto de los agentes del sector? Claro que les ha despejado la incertidumbre a las eléctricas. Fíjese, hoy, el consejero delegado de una gran empresa eléctrica española garantizaba el 10 por ciento de rentabilidad a sus accionistas hasta el año 2002. ¿Señor ministro, a esas empresas va usted a darles costesde transición a la competencia? Señorías, lo que se ha inventado el señor ministro es una cosa muy curiosa, es una fórmula de previsión novedosa, es una póliza de seguro que se cobra antes de que llegue el siniestro. Señor ministro, usted en realidad está considerando la competencia como un siniestro, y no es verdad. De todas maneras, ¿sabe qué es lo que realmente me parece peor? Ya se lo he dicho otras veces pero se lo voy a repetir hoy y cuantas haga falta: la opacidad, la nocturnidad, el secretismo, el volver a fórmulas reguladoras que creíamos superadas, señor ministro, dañinas, perjudiciales. Usted me volverá a decir con toda seguridad que se va a pasar por el Parlamento. ¡Faltaría más! Sólo faltaba que ese billón de pesetas o el cambio de una ley se hiciera directamente en los despachos de Unesa. Eso no es posible, señor ministro; lo que hace usted es que esa enmienda, que no se hace en el Ministerio, la trae al Parlamento pero sustrayéndola ya al debate en esta Cámara, porque la lleva directamente al Senado, señor ministro.
No crea que es usted un benefactor de las eléctricas, señor ministro, sino un instrumento de las empresas en este momento. Y todo eso se cubre como ha cubierto usted en los últimos meses: moliendo el humo de la bajada de tarifas. Señor ministro, en eso ni usted ni la nueva reglamentación tienen absolutamente nada que ver, y lo sabemos todos; tienen que ver los cambios que ha habido, la revolución de los tipos de interés y la hidraulicidad fundamentalmente, además del aumento de la demanda.Me resulta curioso que usted se atribuya ese efecto benefactor sobre las tarifas, señor ministro, porque si tiene usted que ver algo con la bajada de los tipos de interés entonces usted además de ministro de Industria y portavoz del Gobierno es gobernador del Banco de España, o sea, que ya sería tres personas en una, entonces quizá influya también en la meteorología, señor ministro. Yo, que no tengo absolutamente ninguna fe en usted como ministro, tengo que pensar que eso no es así, que esas son variables exógenas, son variables que no controla usted, que no controlan las empresas, porque siguen existiendo las mismas centrales que hace tres años, y las tarifas están bajando por otras cosas, señor ministro. No me salga con la historia famosa de la proyección del marco legal estable hasta el año no sé cuántos, porque el marco legal estable estaba -ahora ya está muerto, por supuesto- interino, había una ley, no sé si se acuerda usted de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional, que estaba absolutamente inédita en cuanto a su desarrollo y que ponía coto y fin al marco legal estable. Sí, señor ministro, sí, ríase, pero eso es absolutamente verdad.
Si usted, además de decir esas cosas, se leyera el artículo 16 de la Losen, el régimen económico de la Losen, vería cómo allí no tienen cabida determinados costes reconocidos de los que se contemplaban en el marco legal estable; no tiene cabida, por ejemplo, la extensión de vida útil; ni tienen cabida las inversiones extraordinarias; ni tiene cabida el fondo especial de retribución. Eso si lo suma usted eran 156.160 millones/ año; proyéctelo usted y verá cuánto le sale. Pero le diré más, todas esas centrales de generación que se llevan los costes de transición a la competencia son anteriores a 1987 porque desde entonces hasta aquí sólo se han hecho centrales de autogeneración o el Cogas, no todas, el Cogas.
El marco legal y estable, señor ministro, aparece en 1987, entre otras cosas o fundamentalmente, para sacar de la situación en la que estaban a las empresas que habían incurrido en unas inversiones anteriores a 1987. Ahora se quiere sacralizar por ustedes ese marco legal estable y si se le retira a las empresas esa regulación, hay que indemnizarlas. No es así, señor ministro y no me compare -se lo digo porque suelen ser sus fórmulas para salirse de estos temas- la titulización que usted va a promover con la titulización de la moratoria nuclear.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández, vaya concluyendo, por favor.


El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Termino inmediatamente, señor presidente.
Allí estábamos hablando de inversiones ciertas, reales o qué pasa, ¿Lemoniz I y II, Trillo II, Valdecaballeros no son evaluables, no habían incurrido en esas inversiones las empresas y no se podían valorar al céntimo? Se podía y por eso se valoraron y por eso se titulizó y esto no se puede valorar, señor ministro, usted no puede.
(Aplausos.) Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández.


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Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me parece muy bien que no tenga fe en el ministro de Industria y Energía, me parece incluso razonable, pero en cualquier caso me congratulo de algo que se ha puesto de manifiesto clarísimamente a lo largo de su intervención. Bienvenido al club de los que creemos en la libertad, en el mercado, en la ruptura de los monopolios, en la introducción de competencia y, por tanto, en la competitividad. Esta defensa ahora de la libertad y del mercado que desde luego no sólo comparto, sino que comparto entusiásticamente, me hubiera gustado verla cuando el Gobierno al que prestaba apoyo su grupo parlamentario establecía su propia reglamentación sobre el sector eléctrico. Tampoco hace tanto tiempo. Ya sé que me podrá decir: no me vuelva a hablar del pasado, pero es que hace cuatro días. La Losen establece un sistema en el que se plantea una especie de liberalización de diseño. Me explico; es sólo de imagen, a diferencia de ésta y voy a intentar demostrárselo. Es una liberalización de diseño porque se hace en el límite, en el margen.
Es una liberalización que va muy forzada por la legislación comunitaria -todavía no se sabe muy bien cuál es-, pero que en otros casos, como en el de las telecomunicaciones, lo que se pretende es agotar los plazos, conseguir los máximos períodos de transición, porque no se cree en la libertad, y me parece muy bien, es una opción absolutamente legítima. Pero también está en el límite por lo siguiente, y es el mismo modelo que siguieron ustedes con el mercado de trabajo o con el mercado de viviendas de alquiler: sólo se introducen ciertos márgenes de libertad para los nuevos entrantes en esos mercados, pero se consolida y se cristaliza lo existente.
En la Losen se establecía la entrada de un sistema independiente, por cierto inédito, pero era compatible con un sistema integrado nacional que seguía estando en los mismos estándares que hasta entonces. Usted mismo lo ha dicho; ha dicho que desde 1987 no había habido inversiones. Ahora, en cambio, con la nueva legislación se están promoviendo muchos proyectos de inversión. Usted me dice: todavía no hay ninguna central nueva. Naturalmente, porque llevamos unos meses y todo eso requiere su tiempo, pero desde 1987 hasta 1998 han pasado 11 años y en 11 años sí hay tiempo de hacer nuevas inversiones y nuevas centrales y no se ha hecho ni una. (Rumores.) Por tanto, los consumidores no se han podido aprovechar en absoluto de las nuevas tecnologías de generación que podían producir de manera mucho más eficiente.
Dice que la Losen rompe el marco legal y estable. Menos mal, porque no pasó nada después de la Losen. Ningún productor independiente, ninguno. Todas las normativas para introducir una mínima liberalización, por cierto a instancias de la Comisión del Sistema Eléctrico, estaban impugnadas y no había manera de hacer nada y las cosas se hacían como se hacían. Usted dice que nosotros hacemos las cosas con opacidad. ¡Madre de Dios! ¿El protocolo eléctrico se ha hecho con opacidad? ¿La Ley eléctrica se ha discutido con opacidad? ¿Lo que estamos hablando ahora no va a pasar por el Parlamento, no se está discutiendo y no lo hemos discutido aquí 20 veces? Lo que sí se hacía con opacidad y con nocturnidad es cuando se pactaban las tarifas eléctricas para el año siguiente en la Noche Vieja, en el despacho de mis antecesores. Entonces sí que se hacía con opacidad y con nocturnidad. (Aplausos.-El señor Martínez Noval: ¿Quién te lo dijo?) Pero le voy a decir otra cosa además, porque aquí dicen: hay opacidad, y hay no sé qué. Sí, sí, pero una ley aprobada por el Parlamento. ¿Quiere que le diga cómo se aprobó el marco legal y estable que estuvo vigente desde 1987 hasta la Ley del sector eléctrico? ¿Quiere que se lo diga? Por un decreto, no pasó nunca por esta Cámara. Hay que acordarse de estas cosas antes de hablar con esta especie de naturalidad y, si me permite la expresión -y perdóneme si le molesto-, de desparpajo, porque hay diferencias entre lo que se hizo y lo que se está haciendo. Hay diferencias claras, y esas diferencias se reflejan en la realidad. (Rumores.) Yo sé que eso a ustedes no les gustará, y dirán: se podían haber bajado más. Pero es la primera vez que de verdad se bajan las tarifas. Y me pueden decir: es que se podían haber bajado más. Claro, y podrían ser gratis, naturalmente, pero no puede ser. Se bajan y se ha hecho por primera vez. Por primera vez hay proyectos de inversión muy importantes. Y dice usted: no, los movimientos empresariales y societarios que se están produciendo es porque se cierra el mercado.
Pues eso es una buena manera de argumentar, porque antes no se producía ningún movimiento, ya que esto era el estancamiento absoluto. Al sector eléctrico no le pasaba nunca nada, lo único que podía pasar es que lloviera un poco más o un poco menos y ya se encargaba el marco legal y estable de compensarles. Ahora están en una situación de incertidumbre mucho mayor. Por eso le digo que bienvenido al club.Ojalá podamos profundizar en esa dirección, porque el compromiso del Gobierno es claramente este. Vamos a introducir más libertad y más competencias, y ya se están introduciendo. Puede haber sonrisas, pero vamos a ver qué dice la normativa comunitaria, qué es lo que dice la ley española y qué es lo que vamos a hacer nosotros.
Entonces esas sonrisitas no valen, porque al final son papeles y comparaciones de ritmos y de calendarios y no resisten comparación.
Por tanto, toda esta palabrería, toda esta hojarasca, si me permite, la puedo entender desde el punto de vista de que su labor es la que tiene que ser, tiene que oponerse a lo que hace el Gobierno, me parece bien y no digo que todo lo hagamos bien, hay cosas que son perfectibles y corregibles. Le voy a poner un ejemplo, pero en esos términos podemos discutir, no en otros, no negando lo que es evidente y lo que sabe todo el mundo. Ejemplo. Hemos puesto en marcha la libertad

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de establecimiento y hay proyectos; vamos a poner en marcha operadores externos y vamos a probar esta misma semana operadores externos; hay libertad de acceso a nuevas materias primas y por eso se está hablando de hacer ciclos combinados en gas natural, antes eso no era así; hay un apoyo especial a los regímenes especiales, muy bien; hay un mercado mayorista que está funcionando, ¿o me dirá usted que no está funcionando? Por cierto, le diré que en ese mercado mayorista el precio en generación está por debajo de las cinco pesetas, entre las cuatro y las cinco pesetas. El coste asignado en el marco legal y estable a la generación era de nueve pesetas por kilovatio, muy bien. Me dirá que esto tampoco existe. Cada día se publica en los periódicos pero tampoco existe. Hemos dispuesto un ritmo de introducción de nuevos demandantes con libertad de elegir al suministrador que, como usted sabe, es mucho más rápido que el que prevé la legislación comunitaria, y lo estamos probando, y lo estamos probando porque se da la circunstancia de que nuestro país es pionero en la liberalización eléctrica, por supuesto respecto a nuestra experiencia anterior, porque nunca habíamos liberalizado nada. Pero además, ahora que estamos liberalizando hay otros países que no lo están haciendo o si lo hacen es con un ritmo muy inferior al nuestro.
A pesar de haber introducido un ritmo superior, resulta que no está yendo a la velocidad que nosotros desearíamos. Por eso le digo que estoy dispuesto a hablar de estas cosas. Por eso, en los acuerdos con el sector eléctrico, que es una novación de un esquema que lógicamente tiene que ser paccionada, estamos introduciendo la aceleración de la liberalización para la introducción de clientes cualificados, que estaba previsto para el año 2004 y va a ser en octubre del año 1999. A usted le puede parecer baladí, pero no lo es, no lo es que dentro de menos de un año prácticamente la mitad de la demanda de energía eléctrica tenga capacidad para elegir suministrador. Y usted me puede decir: esto no es nada. Bueno, a lo mejor no es nada, pero es muchísimo más de lo que podemos ver en el resto del mundo, ¿o tampoco es verdad eso? Y le voy a decir otra cosa. Para que esto pueda ser efectivo y real, hemos puesto unos peajes, unos costes de utilización de las redes de transporte y distribución -por cierto, esta idea no se les ocurrió a ustedes; nosotros la hemos aplicado-. Pues bien, como los peajes no están dando el resultado adecuado, queremos rebajarlos un 25 por ciento.
¿Es discutible el 25 por ciento? ¿Puede ser el 40? ¿Es mejor el 15? Todo esto se puede discutir y tratar. Iremos viéndolo. No hay una ciencia exacta ni las cosas están esculpidas en piedra. Lo importante es la dirección, lo importante es la voluntad, lo importante es el compromiso político de avanzar en esa dirección. A partir de ahí, otro ejemplo de lo que le estoy diciendo. El término de potencia, y usted conoce perfectamente el concepto (1,30 pesetas) lo hemos bajado a 30 céntimos. ¡No está mal! ¿O tampoco es verdad eso? (Un señor diputado: Lo van a bajar). Bueno, lo vamos a bajar. Tiene usted razón, lo vamos a hacer.
Todo eso son pasos reales, son pasos ciertos. Le puedo decir otra cosa. Si después de hacer esto, que no tiene precedentes, vemos que no funciona o que no funciona suficientemente, el compromiso de este Gobierno con la liberalización es tal que intensificaremos los ritmos. Se lo digo desde esta tribuna comprometiéndome a ello.
En todo este contexto es donde hay que situar el tratamiento de los CTC, que no son ayudas, que, por supuesto, no son regalos, son compensaciones por un cambio de modelo. A partir de ahí, respecto al esquema de la titulización, usted me dice: no lo compare con lo de la moratoria nuclear. No, no se lo comparo porque no es comparable. La titulización de la moratoria nuclear supuso un recargo para la tarifa, y lo están pagando todos los consumidores. En cambio, esta titulización no la van a pagar los consumidores, porque es una pura afectación de un porcentaje de la tarifa. Es independiente de la evolución de la tarifa y al consumidor no le tiene por qué afectar.
(Rumores.) Ya sé que a ustedes no les gusta que les digan estas cosas, pero le mostraré otra diferencia. La titulización de la moratoria nuclear está garantizada por el Estado. Si al final sale mal porque no se pueden devolver los intereses, o no se puede devolver el principal, o no se puede cumplir con los plazos de recuperación, lo paga el Estado, lo pagamos todos. Pues bien, en esta titulización no hay garantía del Estado. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Podríamos seguir hablando de muchísimas diferencias, pero me avisa ya el señor presidente y no voy a seguir. Planteemos los debates sobre estas cuestiones, sobre aquellas cosas que realmente valen la pena.
Hablemos de los ritmos de liberalización, de los términos de potencia, hablemos de cuál es el tratamiento adecuado para conseguir que haya nuevas inversiones lo antes posible, hablemos de ver cómo podemos hacer que haya agentes externos que entren más rápidamente.
Hablemos de estas cosas. Como ahora veo que están muy liberales, estaré encantado de discutir y de aprovechar todas las ideas que nos aporten. Le manifiesto desde aquí mi disposición a aceptar cualquier planteamiento liberal que me hagan desde el Grupo Socialista. Yo estaré encantado.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, me alegro que nos considere como conversos.
Ya lo hizo usted alguna vez en un artículo periodístico, y, además de conversos, nos llamaba otra cosa de peor estilo.
Señor ministro, le voy a decir una cosa. Usted cree que se trata sólo de que la gente pueda elegir, de que puedan hacer uso de la elección o de que tengan

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dónde elegir, pero todo no es ampliar los umbrales de elegibilidad, sino tener dónde elegir. Y aquí cada vez hay menos dónde elegir, porque hay cuatro empresas que además se afianzan en esa estructura caracterizada. Por tanto, no sólo se puede actuar en el lado de la demanda, y eso lo sabe usted perfectamente.
En el debate de la Ley eléctrica nos cansamos de decir a su grupo que había que bajar los umbrales que estaban fijando, porque eran demasiado altos. Después, con ocasión del desarrollo reglamentario, ustedes sacaron unos peajes disuasorios, y lo dijimos. Y tan disuasorios, por eso no tienen mercado alguno por ninguna parte. En cuanto al cargo de potencia, ya se lo he dicho. Usted lo baja para los que accedan a la red, a los terceros, pero las compañías van a seguir percibiendo lo mismo, luego va a recargar en otro lado, o las tarifas o los CTC. Si nos hubiera hecho caso entonces, que ya empezábamos a ser liberales, no tendría que hacer esto ahora, y además no tiene que cambiarlo por nada. Es decir, usted no tiene que dar ninguna compensación a nadie, en este caso a las compañías, que es lo que nosotros le discutimos. ¿Por qué para hacer esas cosas tiene que permitir que se titulice un billón de pesetas? Dice usted que es que no se había invertido nada, pero hay sobrecapacidad y el sistema funciona muy bien, lo sabe usted perfectamente.
Ahora sí que va a haber renovación del parque, pese a la sobrecapacidad, la va a haber muy rápido, la van a hacer las propias compañías españolas, porque en un contexto de bajos tipos de interés, inyectándoles una liquidez de un billón de pesetas, naturalmente va a hacer que pongan el parque en marcha, van a traer las más modernas tecnologías. Hoy decía el señor Medina, y tenía mucha razón, en un debate en la Comisión, que se iban a cerrar las centrales térmicas, las centrales de carbón. ¿Cómo va a poder usted cumplir sus compromisos con el sector minero para la pervivencia hasta el 2007? Explíquenoslo, aunque a usted no le importa, porque con esas previsiones inversoras que usted dice, va a ser francamente difícil.
Por cierto, dice que va a haber nuevas comercializadoras. Ya las hay, una de fuera. Viene una comercializadora que en su día fue, según los voceros del Ministerio, Enro -se acordará usted perfectamente-, que venía a comercializar y a generar electricidad y a comercializar también el mercado del gas. Pues bien, yo creo que a veces soy injusto con usted al atribuirle que pone zancadillas a la competencia, porque a lo mejor eso se lo están haciendo desde su propio gabinete, algunos de sus colegas. Tengo aquí una carta al ministro de Fomento desde Londres de Enro, del 14 de julio, donde se queja amargamente de que su intención de poner un establecimiento de generación en Palos de la Frontera, en un polígono industrial de Sepes, ha sido boicoteado con un trato discriminatorio a favor de una empresa española. Debería usted saberlo y tomar medidas en esa dirección, porque a lo mejor es dentro de su gabinete donde se ponen problemas a la liberalización.
En cuanto a que se hacían en la etapa socialista los decretos y todas estas cosas, de noche y con Unesa de interlocutor, usted tuvo una oportunidad de reconocer que ahora las hacen ustedes fuera. Usted va a enviar un borrador de enmienda al Senado -ya está circulando, lo ha mandado su secretario de Estado- que lo tengo aquí, es del 30 de octubre, pero hay otro borrador previo, señor ministro, que es del 16 de septiembre, y es la madre de todas las enmiendas, porque dice: Borrador de artículos a incluir en el proyecto de ley de acompañamiento modificando la Ley 54/1997. Pues es un fax que llega de fuera al Ministerio de Industria, señor ministro. Así se hacen las cosas en el Ministerio de Industria, por encargo.
Pero usted ha preferido venir a hablar del pasado. Yo ya no se lo voy a reprochar, eso es una patología, esa tendencia enfermiza a mirar y a buscar además en el pasado -que usted deforma, por cierto- las razones que justifican el lado malo de hoy, porque lo bueno de hoy nada tiene que ver con el ayer, por supuesto. Usted trata de una manera muy asimétrica ese pasado. Pero siga usted, señor ministro mirando al pasado. Ya sabe que usted me prometió en dos ocasiones que no miraría más por el retrovisor. Sigue mirando, se va a estrellar, pero además antes de estrellarse, ¿sabe lo que va a ver? Va a ver su cara, porque de tanto convocar al pasado, va a venir su pasado a verle a usted, señor ministro.
Nada más y muchas gracias.(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, nuestro grupo parlamentario se pregunta qué es lo que quiere conseguir el Ministerio de Industria a través de la titulización. Desde luego no es entendible para la sociedad que el Ministerio de Industria pretenda quedarse, a través de conceder a las compañías eléctricas un billón de pesetas, sin instrumentos, sin armas para mantener como mínimo la intervención en las tarifas eléctricas.
De la intervención que ha hecho el señor ministro en la tribuna se podría desprender que estábamos hablando de compañías que necesitaban un aporte económico, una ayuda, un respaldo, porque tenían una situación económica lamentable que les podría llevar en cualquier momento a la quiebra. Estamos hablando de compañías eléctricas que tienen beneficios holgadísimos; no se puede entender que se pretenda regalarles un billón de pesetas.
Señorías, es imposible calcular las cantidades de los costes de transición a la competencia porque inciden muchos factores: desde los costes variables del tipo de central de generación eléctrica hasta la demanda,

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pasando por los tipos de interés y otras muchas cosas más, como el señor ministro sabe bien. Por tanto, en ocasiones, no habría que darle dinero a las compañías eléctricas, sino que ellas tendrían que devolvérselo a los ciudadanos por los beneficios extra que han conseguido. No se entiende que se pretenda regalarles un billón de pesetas sin nada a cambio. El señor ministro lo ha dicho desde la tribuna. ¿Qué ocurre? Que el sector necesita hacer inversiones en centrales que den mayores beneficios a través de una generación menos costosa. Las compañías eléctricas necesitan deshacerse de parte de sus activos para tener liquidez y poder seguir solicitando préstamos.
Además, resulta que están devolviendo los préstamos a los bancos que forman parte de las mismas compañías y de las mismas constructoras y, al final, sólo salen beneficiadas las constructoras, los bancos y las compañías eléctricas que, al final, vendrán a pedir dinero a papá Estado cuando se vuelvan a equivocar y vuelvan a hacer inversiones desastrosas para su economía y para la de todos los españoles, como ya ha sucedido. Señorías, no tiene justificación.


Menos justificación tiene que el Ministerio vaya a hacer la modificación legislativa a través de una enmienda introducida en el Senado sin posibilidad de que la Cámara la pueda discutir como corresponde. No hace tanto tiempo que hemos aprobado la Ley del sector eléctrico y, si tanto interés tiene el Ministerio de Industria en que esto se haga con luz y taquígrafos, traiga la modificación legislativa como corresponde al Congreso de los Diputados, y no al Senado a través de la ley de acompañamiento.
Además, no han podido intervenir los consumidores. Los grandes consumidores, sí; ¿y los pequeños consumidores? ¿Qué ocurre con todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que consumen electricidad en nuestro país y que van a ver afectada la posibilidad de una rebaja de la tarifa -aunque este grupo parlamentario no sea partidario de ello- cuando el Ministerio pierda la capacidad de intervención e incluso de equilibrar los abusos y excesos de las compañías eléctricas? ¿Cómo se va a intervenir? ¿Cómo se va a defender a los pequeños consumidores? Los grandes saben defenderse porque pueden negociar directamente con las compañías eléctricas, los pequeños, no.
El Ministerio pretende quedarse sin armas para defender el interés general de la mayoría de los ciudadanos.
Hay más. Todo esto tiene que ver con las posibilidades que puedan tener las propias compañías eléctricas en un mercado que no es competitivo porque no existe competencia. Prácticamente el 90 por ciento del mercado lo tienen dos grandes compañías, Endesa e Iberdrola. Por tanto, señorías, aquí no estamos hablando de competencia de mercado, sino de un duopolio desregulado al que, además, ahora se pretende beneficiar con un billón de pesetas.
Para acabar, señorías, simplemente una cosa más. Cuando aquí se defiende tanto la competencia y las empresas quieren libertad de mercado y parece que el libre mercado va a ser la solución a todos los problemas y conflictos, da la casualidad de que, precisamente, quienes hablan continuamente de las ventajas de la competencia lo primero que hacen es buscar el soporte del Estado. Eso es lo que están haciendo las compañías eléctricas exigiendo la titulización de un billón de pesetas, sea o no con garantía del Estado.
Nada más y muchas gracias. (El señor Medina Toledo pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Urán.
Tiene la palabra el señor Medina.


El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como cuestión previa yo diría que queda desacreditado ese latiguillo del time sharing al que se dedica nuestro ministro de Industria después de oir su intervención en la tribuna, que creo que ha sido suficientemente documentada y ha quedado claro que se preocupa de las cosas de este Ministerio.
Puntualizando también, yo no he dicho en ningún momento esta mañana que las centrales de carbón se iban a cerrar. He dicho textualmente que probablemente las condiciones del mercado y las exigencias medioambientales, cada vez más fuertes, harían que ciertas centrales térmicas vieran acelerado su período de amortización y, por tanto, su vida útil.
Esta mañana se ha producido la comparecencia de don Amadeo Petitbo, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y del presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Una de las cuestiones que se han derivado claramente es que ambos reconocían taxativamente que la liberalización había sido muy positiva. Podían estar en desacuerdo -más el señor Fernández Ordóñez que el señor Petitbo, que no entró en materia- en algunos aspectos de la regulación o de la liberalización, su ritmo y algún otro tipo de cuestiones, pero no la cuestionaban y por supuesto reconocían que era el proceso liberalizador más importante, no sólo porque era el único que se había producido sino porque se había hecho bien. Además, hay una cosa importante. Los avances en la liberalización han sido rápidos, pero todavía van a serlo más.
El anterior Gobierno socialista -ciñéndome a lo que la interpelación dice en concreto- no se caracterizó precisamente por atender taxativamente lo que la Comisión proponía. Por eso resulta exótico, resulta chocante que ahora estén impregnados del fervor de asumir incondicionalmente todo lo que la Comisión dice. Yo solamente me remito a una prueba. En el año 1996 la Comisión propuso una modesta bajada de tarifas del 1 por ciento. El Gobierno socialista de turno no sólo no bajó la tarifa sino que lo único que hizo fue congelarla.
Yo no reprocho la acción del Gobierno de entonces, porque creo que el Gobierno cumplía su papel y la Comisión también. También cumple su papel ahora el Gobierno de la nación teniendo en cuenta no

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sólo una opinión unilateral sino todas las opiniones, todos los intereses y todas las cuestiones puestas en juego, buscando un equilibrio adecuado.
Señorías, decir que no se han realizado -como se dice textualmente en esta interpelación- avances apreciables en la capacidad de elección, teniendo en ciernes una aceleración de la elegibilidad de las empresas que hará que hasta 8.000 empresas, que suponen prácticamente el 50 por ciento del consumo eléctrico nacional, tengan capacidad para elegir suministrador, vuelve a ser un argumento ciertamente exótico. Con este proceso, como expresó el ministro anteriormente, se avanza ni más ni menos que en cinco años el calendario preestablecido.
Factores que también se han nombrado, como la disminución de la garantía de potencia o la reducción de las tarifas de acceso son claramente favorables a una mayor competencia; competencia por la vía de los consumidores, porque no solamente se garantiza la competencia por la vía de la generación sino por la vía de los consumidores.
Estas tarifas de acceso influyen en clientes cualificados, comercializadores y operadores externos. Por tanto, es un avance considerable en este sentido.
Es realmente difícil hacer llegar en palabras sencillas el tema de los CTC; por ello, y en el corto espacio de tiempo de que disponemos, renuncio a hacerlo hoy. Intentaré matizar algunas cuestiones y quedaremos a resultas de que se presente una moción consecuencia de esta interpelación. Pero algo que ya dijo el ministro creo que se puede dejar todavía más claro. Los CTC no son ni una ayuda ni un regalo; los CTC son la materialización del derecho que tenían las empresas que operaban en el marco legal y estable a recuperar las inversiones realizadas en centrales, que son la garantía futura de que se puedan hacer nuevas inversiones sin afectar ni los precios ni las tarifas. Se ha producido, por la voluntad política del Gobierno de acelerar el proceso de liberalización, un cambio en el statu quo que el protocolo eléctrico, con su plasmación en la Ley del sector eléctrico nacional, reflejaba. Eso supone -el ministro también lo ha definido de forma clara-, a nuestro entender, una novación del pacto que existía en el protocolo eléctrico y eso afecta a la recuperación de esos costes. Hay factores de naturaleza, no es por el simple gusto de concederle un favor a las compañías, sino porque en defensa de esa competencia en el ahorro energético y en la conservación del medio ambiente interesa que las centrales sean cada vez más eficientes, cada vez sean de tecnologías más modernas. Eso es una alteración de lo que estaba pactado en los CTC, que contemplaban central por central y vida útil por vida útil. Por tanto, no es extraño que se busque una posición en la que el Gobierno incluso...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina, le ruego que concluya.
El señor MEDINA TOLEDO: Voy terminando, señor presidente.
Incluso reduce el nivel máximo en 250.000 millones de pesetas, aproximadamente, y se vuelve a encontrar una situación de equilibrio que, en el fondo -aunque algunos espíritus incrédulos no se lo acaben de creer-, terminará redundando en beneficio del conjunto del sistema y del conjunto de los consumidores.
En cualquier caso, señor presidente, para finalizar mi intervención, yo creo que es una mala política, una mala táctica parlamentaria, la exhibición permanente del documento supuesto, de las fotocopias que no se sabe de dónde han salido o el borrador de una supuesta enmienda que ni siquiera nosotros conocemos. Yo pienso -y esta mañana lo dejamos claro- que hay que trabajar sobre elementos ciertos, sobre temas concretos, y el Gobierno de la nación, en todos los asuntos que en esta materia se han tratado aquí, ha actuado en tiempo y forma con la claridad y la trasparencia necesarias. Yo estoy absolutamente seguro de que en este momento -porque estamos en tiempo, en forma y en plazo- lo hará exactamente igual. Pero no seamos ingenuos, señor Fernández, porque a veces la demanda de información lo único que oculta es la intención de saber por dónde van los tiros para meter un palo en la rueda.
Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Medina.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA QUE EL GOBIERNO EXPONGA SUS CRITERIOS Y MEDIDAS PREVISTAS, TANTO DE ORDEN POLÍTICO COMO PLASMADAS EN INICIATIVAS PARLAMENTARIAS, PARA LOGRAR EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA FE PÚBLICA (Número de expediente 172/000121).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para que el Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el mejor cumplimiento de los fines de la fe pública.
Para su presentación, en nombre de su grupo, tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Buenas tardes, señora ministra y señoras y señores diputados. Señor presidente, muchas gracias.
Es posible que a lo largo de esta interpelación haya temas en los que no estemos de acuerdo. Por eso yo quiero empezar por algunos en los que espero que sí lo estemos. Será, fundamentalmente, una definición de lo que significa la fe pública en nuestro ordenamiento jurídico.
Yo creo que estaremos todos de acuerdo y

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coincidiremos en que la fe pública no es ni más ni menos que una garantía al servicio de un principio constitucional importantísimo que se llama la seguridad jurídica. Ha de concebirse esta fe pública, pura y sencillamente, como la legítima tutela que desde el Estado se ofrece a los ciudadanos para garantizar sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones. La fe pública legitima, sacramenta -si se quiere-, sacraliza ni más ni menos que derechos personales y patrimoniales. Después de esta exposición, yo pienso que, por lo menos, estaremos de acuerdo en que la fe pública es, en consecuencia y por estar al servicio de la seguridad jurídica, una obligación, una función inexcusable y exigible del Estado. No es objeto de pacto voluntario entre las partes; forma parte, como principio constitucional, de una de las garantías de los ciudadanos. Por eso, muy acertadamente, nuestra Constitución, en el artículo 9, no encomienda la seguridad jurídica a los poderes públicos, ni al Gobierno, ni al legislativo, ni al judicial, sino que dice que la Constitución garantiza la seguridad jurídica. Quiere decirse que la Constitución es la garantía del Estado social y democrático de derecho.
Ese artículo 9, señora ministra, que usted recuerda perfectamente, comienza haciéndonos a todos objeto de sumisión con respecto a la Constitución y al ordenamiento jurídico y, a continuación, en su siguiente párrafo, impone a los poderes públicos la obligación de promover todas las condiciones que sean precisas para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas, y les mandata para que remuevan cuantos obstáculos puedan impedir la efectividad del ejercicio de estos derechos y faciliten la participación. Acaba señalando lo que es pieza sustancial de nuestra Constitución, los principios constitucionales del Estado social y democrático de derecho, la legalidad, la jerarquía normativa, la interdicción de la arbitrariedad, la irretroactividad de las leyes, la responsabilidad, y lo dice de una forma clara y rotunda, por lo que tendremos que entender que estas garantías no son disponibles, no son garantías que se puedan en un momento determinado someter a pacto o someter a acuerdo, no son garantías personales; son garantías del Estado social y democrático de derecho. En consecuencia, son garantías exigibles por los ciudadanos para la seguridad jurídica de sus bienes, para la seguridad jurídica de su realización personal; son garantías sin las cuales, efectivamente, no podríamos hablar jamás de un Estado de derecho.
Esa fe pública, evidentemente, la distinguimos entre la que llamamos fe pública judicial, que no es objeto hoy de nuestra interpelación, y fe pública extrajudicial, plasmada en los actos de constancia por parte de un funcionario público acerca de cuál es la identidad de las partes y el contenido de sus negocios jurídicos y la legalidad de los mismos, y en los actos de registro, para que, posteriormente, la fe que inicialmente da el señor notario la pueda refrendar o certificar el señor registrador. Y aquí empiezan a surgir, por lo menos para este grupo parlamentario, las primeras dudas. La primera de ellas es: ¿es delegable esta obligación del Estado? Esta es la primera pregunta que hay que hacerse si estamos de acuerdo en lo que yo he expuesto en el pórtico de esta interpelación. ¿Puede ser objeto de negocio o tráfico el cumplimiento de una obligación del Estado de la que depende la seguridad jurídica patrimonial y personal de los ciudadanos? ¿En qué supuestos este derecho que tienen los ciudadanos a exigir del Estado, por seguridad jurídica, esta clase de garantías se convierte en obligación para los propios ciudadanos? Porque es cierto que nuestro ordenamiento jurídico impone a nuestros ciudadanos, en determinados negocios jurídicos, una forma en la cual es inexcusable que intervenga el Estado para el acto de constancia, incluso para el acto constitutivo de su registro cuando así corresponda. ¿Podemos, en consecuencia, admitir que la forma de ejercicio de estos derechos pueda estar condicionada o pueda estar limitada ni más ni menos que incluso hasta por la capacidad económica de los ciudadanos? Porque si efectivamente esta responsabilidad del Estado y esta obligación del Estado, si este derecho del ciudadano se tiene que hacer, perdóneme la expresión coloquial, mediante peaje, puede ocurrir que coloquemos a algún ciudadano en la situación paradójica de exigirle una determinada formalidad jurídica, una determinada constancia y una determinada inscripción registral que escapan a lo que es pura y sencillamente su posibilidad económica, con lo cual estamos estableciendo evidentemente una importante discriminación por razón ni más ni menos que del estatus económico, para gozar de algo tan fundamental como es la seguridad jurídica, como es ni más ni menos que la realidad de la protección efectiva del ejercicio de sus derechos. Se produce paradójicamente la circunstancia de que la exigencia de esos formalismos es un obstáculo para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Y quiero mantenerme en este terreno de discusión constitucional.


Yo no le pido ahora, señora ministra, que me conteste a todas estas cuestiones, que alguno podría estar pensando que son cuestiones de laboratorio jurídico. Yo lo que quiero saber, de un Gobierno que se reclama de centro, que dice que va a modernizar España y que dice que está en una verdadera perspectiva de liberalización de actividades (es una pena que no haya usted asistido al anterior debate, que ha sido uno de los debates importantes de la Cámara, entre la interpelación del Grupo Socialista y el señor Piqué, porque ahí se ha hablado muy seriamente de lo que significa liberalizar, de lo que significa competencia, de lo que significa sentido de emulación) es si es compatible el que preceptos constitucionales, para el ejercicio de derechos y acciones, exijan ni más ni menos que la existencia de unos intermediarios en numerus clausus en situación de auténtica exclusiva, de monopolio, de franquicia, de canongía y de privilegio, que oficialmente convierte la fe pública en fe privada y que además se lucran abundantemente de este tráfico. Podemos decir claramente que a lo mejor no era ésa la intención

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del Estado social y democrático de derecho, pero la fe pública se ha convertido en un buen instrumento de mercantilización, que, además, tiene una tendencia expansiva. Fíjese usted que aquí estamos aprobando leyes, como la Ley de condiciones generales de la contratación o la de venta de bienes muebles a plazos, en las que, sinceramente, la intervención de los registradores mercantiles llega a unos extremos yo diría que escandalosos, porque, además, es una intervención que haciéndose -valga la expresión- de oficio, por imposición legal, no es el Estado el que la sufraga, no es el Estado el que dice: a cambio de esa obligación de dar fe y de que usted me cumpla unas formalidades, yo le facilito los medios de modo tal que sea una prestación más del Estado. Así debería ser en un Estado social y democrático de derecho, cuando además la mayoría de esos negocios jurídicos están específicamente gravados con los correspondientes impuestos: una compraventa, una hipoteca, una servidumbre, una declaración de obra nueva, un contrato mercantil, la constitución de una sociedad. Todo ello está debidamente gravado; el Estado cobra ya, percibe por esas actuaciones.
Por tanto, tenemos que preguntarnos: este servicio de la fe pública, ¿constituye para nosotros una garantía constitucional de la seguridad jurídica? Además, ¿se presta de forma asequible y actualizada? Sólo voy a poner un ejemplo. Cuando algún cliente comparece por algún despacho de abogados o por alguna notaría y se encuentra, por ejemplo, con la descripción de una finca en la que se pueden leer cosas tan curiosas como la siguiente: la finca tal linda a todos los aires con herederos de don Benito Gutiérrez. ¿Qué es esto? ¿Usted se imagina a todos los herederos de don Benito Gutiérrez sobrevolando por encima de la finca? Y, claro, que luego los linderos de la finca coincidan con la realidad es ya una exquisitez, porque ocurre que se está prestando un servicio en el que se ignora el plano parcelario, el sistema métrico decimal, la cartografía. Todo; se ignora todo. A lo mejor esto se hace, y a lo mejor es de agradecer, en beneficio de la litigiosidad de los abogados, para luego poder llevar adelante un expediente de mayor cabida, para poder llevar adelante una delimitación o pura y simplemente lo que se llama un deslinde. Pero no quiero gastar bromas porque el tema es muy delicado. ¿Por qué no se hace esto por funcionarios públicos si es una obligación del Estado, como lo es el servicio público de la justicia o de la sanidad?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy acabando.


Si admitimos incluso que funcione como parece ser que ustedes quieren que funcione -no han promovido ni una iniciativa para ir modernizándolo ni liberalizándolo-, ¿dónde está la coordinación? Anteayer he leído en un periódico, con motivo de una discusión que hay en Palma de Mallorca acerca de una urbanización, que un monte tiene, con arreglo al Registro de la Propiedad, unas 1.300 hectáreas; en el catastro tiene 13 hectáreas. Es práctica habitual que las tierras de los terratenientes figuren en el catastro con la mínima cabida posible para pagar la menor contribución y que, sin embargo, en el Registro de la Propiedad figuren con la que es real, aunque luego sea dificilísimo encontrarla por la forma de describirla. ¿Hay alguna posibilidad de que vayamos avanzando en la coordinación entre el Registro de la Propiedad, el catastro y los censos municipales? Porque no deja de tener cierta gracia que unos datos que tienen una enorme importancia para la redistribución de la carga fiscal estén en manos de unos particulares y, sin embargo, el Estado esté privado de ellos. Quiero que usted me vaya aclarando todo este conjunto de dudas, porque, entre otras cosas, nos encontramos también con el artículo 51 de la Constitución, sobre la protección de usuarios y consumidores, y tengo que decirle, señora ministra, que nuestra interpelación se presentó antes de que surgiera la noticia de que las cuentas de los notarios se habían disparado, haciendo un auténtico acto de emulación del Discovery. Y se lo saco a relucir porque ahí sí que estamos todos de acuerdo: tratar de entender las cuentas de un notario o de un registrador exige una auténtica licenciatura.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego concluya.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo, señor presidente. ¿Está acomodada, además, la cantidad que se paga? ¿Es una tasa o qué es lo que se paga ni más ni menos que por tener derecho a la propiedad privada y la herencia, que vienen en la Constitución como protegidas, el ejercicio libre de la empresa o la asociación? ¿Para todo eso es suficientemente coherente la estructura que tenemos de la fe pública extrajudicial con lo que está exigiendo una situación auténticamente moderna? Me gustaría saber -se lo digo claramente- si este proceso de mercantilización de la fe pública va a continuar o si su Gobierno tiene previsto hacer algo al respecto. Y hay antecedentes, señora ministra. Usted sabe lo que eran las oficinas de los secretarios judiciales. Las oficinas de los secretarios judiciales acabaron siendo la fe pública judicial, lógicamente funcionarizadas, y dejaron de cobrar por arancel, arancel que no se cobra por las páginas que en un momento determinado cueste extender con un ordenador, sino por la cuantía, lo cual no deja de tener gracia.
Yo le aconsejaría, señora ministra, y creo que ese consejo se lo habrán dado ya en su gabinete, que se asome al derecho comparado y vea qué requisitos hacen falta en Alemania, en Bélgica o en Francia para ser notario; que vea usted qué cantidad de notarías hay

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y cómo se distribuyen; y también le aconsejaría que viera cómo funcionan los registros, no sólo allí sino aquí, pero hablaremos después, porque se me está acabando el tiempo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, se le ha acabado hace un buen rato. Le agradecería que concluyese.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Y, si se trata de un problema de confianza personal en determinados ciudadanos, también le agradecería que me explicara por qué. Está el caso de los corredores colegiados de comercio, y ya la confianza no es personal, ahora está la fe pública, ya no hay ni siquiera fe personal en un ciudadano que tiene la necesaria capacitación, sino hasta en un conjunto de sociedades que se dedican a la intermediación bursátil.
Me gustaría sinceramente que me sacara usted de este conjunto de dudas y sobre todo que me diga qué piensan ustedes hacer para que en el año 1998 acabemos con ciertos atavismos de algunas clases privilegiadas que, no sé por qué, mantienen dentro del Estado una situación absolutamente anómala con respecto al comportamiento normal de los demás.
Acabo. Si he oído que iban ustedes a liberalizar el taxi y la farmacia, a lo mejor esto también puede entrar dentro de sus proyectos.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Castellano.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor presidente, señorías, comparezco nuevamente a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, esta vez para hablar de la fe pública extrajudicial, puesto que las otras dos manifestaciones de fe pública S.S. ha tenido a bien dejarlas desde el inicio de su exposición fuera del debate.
Centrada en la tercera dimensión de la fe pública en general, es decir en la denominada fe pública extrajudicial o negocial, que es la que desarrollan profesionalmente varios funcionarios públicos que actúan en el tráfico jurídico y económico y a través de la cual se presta asesoramiento jurídico a los ciudadanos y se autorizan con carácter preceptivo o voluntario actos de tráfico entre privados, centrada en ésta, estos profesionales son evidentemente los notarios y también, en el ámbito específico de su función, aunque S.S. no los haya mencionado, los corredores de comercio.
El punto primero del que debe partir esta reflexión, y que ha sido señalado por S.S., es el de la seguridad jurídica, pues dicha seguridad es uno de los requisitos básicos para el adecuado respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos y para el correcto funcionamiento de la vida económica. Por tanto, la configuración de un buen sistema de fe pública, que garantice la seguridad jurídica, no debe considerarse simplemente como una característica deseable de todo sistema legal, que no tiene mayor trascendencia, ni tan siquiera como un elemento de la conflictividad social. Surge como una condición ineludible para conseguir una correcta y eficaz protección de los derechos ciudadanos y un progresivo desarrollo de la economía. Dentro de nuestro ordenamiento, la figura clave que permite dar cumplimiento a los objetivos señalados es la del fedatario público.
En España, como en otros países de nuestro entorno -y en esto no estoy de acuerdo con S. S.-, la fe pública negocial se concreta en una intervención del fedatario público dirigida al asesoramiento e información imparcial de las partes, al control de legalidad de los actos y negocios y a la custodia documental, que garantiza la autenticidad del documento y permite dotarle de fuerza ejecutiva y probatoria plena. Desde este punto de vista, se consigue articular lo que se ha venido a denominar la seguridad jurídica preventiva, es decir un sistema capaz de otorgar fiabilidad en las transacciones y de descongestionar los tribunales. La auténtica explosión de litigios que se registra, por ejemplo, en Estados Unidos suele explicarse por la carencia de un sistema análogo de seguridad jurídica preventiva al que existe en los países continentales, entre ellos España.
El sistema de fe pública negocial en nuestro país tiene claras consecuencias positivas de orden económico para los ciudadanos que lo utilizan. Por un lado, implica un ahorro en relación a costes de información y asesoramiento a la hora de efectuar transacciones; por otro, aumenta las garantías de indiscutibilidad de lo pactado, proporcionando un ahorro de costes más permanente y a largo plazo, derivado de su efecto preventivo respecto de eventuales conflictos.
Tanto el instrumento público, que constituye un título ejecutivo dotado de medios privilegiados para hacerse valer ante los tribunales, como la labor registral que producen la inoponibilidad e irreivindicabilidad de las transacciones son vías de protección idóneas y de eficacia probada, que facilitan la indisputabilidad de los derechos objeto de transacción.
El informe Fe pública y vida económica, realizado por el Instituto de Estudios Económicos en junio de 1997, cita otros estudios que demuestran que el sistema de seguridad jurídica preventiva, articulado fundamentalmente a través de los fedatarios públicos y registradores, además de ser más eficaz es más barato que otros sistemas; en concreto, dentro de nuestro entorno, el modelo español es más económico que los demás. Comparando varias operaciones frecuentes, como la compraventa, citada por S. S., resulta que lo que cuesta en España dicha operación es la tercera parte de lo que costaría en los Estados Unidos y la mitad aproximadamente de lo que valdría en Francia.
De otro lado, conviene subrayar que, a pesar de ciertas quejas que han salido en los medios de comunicación últimamente -que evidentemente no han condicionado la interpelación presentada por S.
S.-, la

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actuación de los fedatarios públicos está bien considerada por los destinatarios de sus servicios y por la sociedad en general, como pone de relieve una encuesta que se incluye en el citado informe del Centro de Estudios Económicos. En esta encuesta se destaca que, en relación con los usuarios de fedatarios públicos, el 83 por ciento se declara satisfecho con los servicios recibidos y el 87 por ciento considera que mereció la pena haberlos utilizado, es decir que el resultado obtenido compensó el tiempo y el dinero empleados. De otro lado y en esa misma encuesta, se recoge la opinión de los profesionales del derecho y del tráfico jurídico, que pone de relieve que existe una alta coincidencia en que la intervención del fedatario otorga más seguridad al tráfico, 87 por ciento, consigue que lo firmado sea más claro y más fácil de comprender, 74 por ciento, y permite que lo que se firma refleje realmente lo que piensan y quieren las partes, 76 por ciento. Esta imagen positiva se corrobora asimismo con otro dato. Frente a los 8 millones de minutas realizadas por notarios y registradores, sólo se han interpuesto 50 reclamaciones anuales.
Evidentemente, estos datos no impiden la existencia de disfunciones, que el Gobierno y los propios profesionales implicados son los primeros en querer evitar. En este sentido, el 14 de julio pasado, la Dirección General de los Registros y del Notariado emitió una circular en la que se establecía la obligación de elaborar un folleto en el que, con ejemplos prácticos, se explicara al consumidor la forma de aplicar el arancel, informándole de forma precisa sobre los recursos que puede interponer. Además, se impone el establecimiento de un servicio de consulta en los colegios profesionales que asesore gratuitamente a los ciudadanos sobre los servicios que se les puede prestar. En cualquier caso, aseguro a SS. SS. que cualquier desviación que pudiera producirse o que se haya producido en la actuación de los fedatarios públicos, precisamente por la importancia que atribuimos a su función, será debidamente investigada y, si fuera procedente, oportunamente corregida.
A la vista de lo que he expuesto hasta ahora, podríamos afirmar que el sistema de fe pública negocial existente hoy en España está correctamente regulado, funciona adecuadamente y es positivamente valorado por los ciudadanos en general y por los usuarios concretos en particular. Sin embargo, todo puede y debe mejorarse, y el Gobierno ha desarrollado y está desarrollando una labor dirigida a avanzar en tal materia. En primer lugar, ha adoptado diversas medidas legales que pretenden aumentar las garantías de los ciudadanos en el tráfico económico mediante la ampliación de la labor garantizadora de los fedatarios públicos. Se ha intensificado la intervención del fedatario con objeto de conseguir un mayor equilibrio de poderes e intereses en la contratación, equilibrio que resulta imprescindible para la correcta formación de cualquier decisión contractual. Desde este punto de vista, los objetivos de protección al más débil y de consecución de una mayor igualdad frente al derecho que pretenden las citadas medidas responden a valores reconocidos y mencionados por S.S. en el texto constitucional.
Con la vista puesta en tales objetivos, el Gobierno dentro de su tarea de promoción legislativa ha puesto en marcha diversas iniciativas legislativas que van en esta dirección. Así, ya ha visto la luz la Ley 7/1998, de condiciones generales de la contratación, que responde -como SS.SS. saben- a la necesidad de incorporar la Directiva 93/13 de la Comunidad Europea, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas. Se ha venido a reforzar el papel de asesor gratuito de los consumidores que corresponde ejercer a los notarios, corredores de comercio y registradores. Por ello, la nueva redacción dada por la citada Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, en el apartado 6 del artículo 10, obliga a tales sujetos a informar a los consumidores en los asuntos propios de su especialidad y competencia, labor de información que se concreta ya en el marco específico de las condiciones generales de la contratación en el artículo 23 de la ley que regula tales condiciones. Pero la tarea protectora desarrollada por los fedatarios públicos no queda limitada en dicho texto legal a la prestación de información. También se les impone legalmente el control de los contratos que se les presentan y la evitación de los posibles abusos que se pudieran cometer. Valga a título de ejemplo el citado artículo 23. Por último, la Ley de condiciones generales de la contratación también crea un registro jurídico para la inscripción de las condiciones generales que facilitará la publicidad de las mismas y la de las sentencias y demandas que se produzcan con relación a aquéllas. Las medidas que se han adoptado en la mencionada ley tratan, en definitiva, de perfeccionar la labor de los fedatarios públicos en el ámbito de la contratación en masa, con objeto de conseguir una mejor protección de los consumidores. Para idéntica finalidad, la de protección a los consumidores, se sitúa la regulación que ofrece el proyecto de ley sobre derecho o aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
También en este ámbito se potencia la labor garantizadora de los fedatarios públicos al imponérseles la obligación de velar por el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y la de informar gratuitamente -insisto, señoría, gratuitamente- a los consumidores de los derechos que les asisten en el ámbito de la ley y, en particular, del derecho de desistimiento que se establece en favor del adquirente. El texto igualmente introduce otras garantías que refuerzan la seguridad jurídica preventiva en beneficio del consumidor. Por otro lado, la Ley de venta a plazos de bienes muebles crea un registro de venta a plazo de bienes muebles que garantizará la transparencia de las operaciones y los derechos de los intervinientes en ellas y establece un sistema ágil de ejecución extrajudicial con intervención de fedatario público en la forma referida en su artículo 16. Esta iniciativa igualmente refuerza los derechos de los intervinientes, clarificando los extremos de los contratos de

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venta de bienes muebles a plazos y protegiendo de los abusos que se pudieran cometer.
Las reformas citadas demuestran -en opinión de esta ministra que tiene el honor de comparecer ante SS.SS- la voluntad del Gobierno de potenciar la figura del fedatario público como garante de los derechos de los ciudadanos y, en particular, de los que ocupan una situación más débil en la esfera de la contratación como asesor imparcial y como protector de la legalidad. Un segundo aspecto que el Gobierno ha tenido interés en desarrollar es el que se refiere a la función de colaboración que debe existir entre los fedatarios públicos y la Administración tributaria, una colaboración que se concreta en la obligación de remitir índices detallados de las actuaciones notariales a las administraciones tributarias con el fin de que puedan ser utilizados por éstas para el cumplimiento de sus finalidades específicas. La tercera línea de actuación del Gobierno ha sido la de continuar con la política de disminución en la medida de lo posible, esto es, siempre que no altere la calidad del servicio que se presta, de los costes que supone la intervención de fedatario público. No sólo no se han incrementado los aranceles de los notarios fijados en 1989 sino que incluso se han reducido para determinadas actuaciones de especial trascendencia social. Ese es el caso de la adquisición de viviendas de protección oficial, de las explotaciones agrarias prioritarias o de las subrogaciones y novaciones hipotecarias. Con esta política se pretende hacer más accesible por económica la función de los fedatarios públicos, sobre todo en una época en que su intervención es cada vez más frecuente en todo tipo de actos. Pese a lo realizado, aún quedan algunos retos importantes que abordar en relación con las funciones que desarrollan los fedatarios públicos, fundamentalmente en lo que se refiere a los nuevos ámbitos de contratación y a la necesidad de una mayor rapidez en el asesoramiento que se presta en el tráfico jurídico.
Creo que de todo lo expuesto se deduce que la configuración que actualmente tiene en España la fe pública negocial no sólo es conforme a los valores constitucionales señalados por S.S., sobre todo después de las profundas reformas reglamentarias, sino que también colabora de manera decisiva a la realización de valores constitucionales de gran importancia como son la seguridad jurídica y la igualdad ante el derecho.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, está usted completamente convencida de que la situación es absolutamente inmejorable, pero le voy a decir que incurren ustedes en muy profundas contradicciones porque si efectivamente la función del registrador, que usted ha tocado, es tan necesariamente delegable en un ciudadano que precisamente aparece como funcionario público y es el que establece su establecimiento -valga la redundancia-, contrata a su personal, se jubila o cierra, por tanto tiene una situación muy especial, no entiendo por qué existen registros en este país que no están bajo su dependencia. El registro civil no está bajo la dependencia de tan cualificados personajes, como tampoco el registro de patentes y marcas ni el de la propiedad industrial intelectual ni el de asociaciones políticas, que creo que tiene importancia, ni el de fundaciones ni el de cooperativas, ni siquiera algo tan importante como pueden ser el registro sobre los automóviles, los camiones y los vehículos, el de títulos nobiliarios y el de bienes artísticos. No, señora ministra; no es un problema de fe pública, sobre cuyo concepto estamos absolutamente de acuerdo.
Cómo le voy a discutir a usted la importancia que tiene la fe pública como garantía de la seguridad jurídica. Lo que le discuto a usted es si hoy es asumible que una función exclusiva del Estado no se realice por el Estado como se efectúa en todas estas otras situaciones que le he expuesto y se realice de una forma privilegiada, en exclusiva, con un numerus clausus en que se sacrifica el interés general al interés particular de cada uno de los ciudadanos.
Como usted dice que todo el mundo está tan satisfecho de la situación, le voy a leer lo que opinan los que mejor la conocen, los empleados de notarías y registros: Un notario funcionario lo es para poder trasladarse donde quiera, con lo que extingue su empresa y no indemniza a los trabajadores, aun cuando siga ostentando el mismo número de patronal e incluso lo único que haya hecho es solicitar una notaría en la misma plaza que ya ocupaba. Está bajo el amparo del Ministerio de Justicia, percibe unos emolumentos infinitamente mayores que el funcionario de nivel más alto de cualquier Administración e incluso que el presidente del Gobierno de la nación.
Además de todo eso, pueden estar procesados con condena firme y tener un sustituto que les firme e ingrese sus emolumentos, pueden ocupar cargos políticos y tener un sustituto igualmente que les firme el ingreso de sus emolumentos sin que esto sea incompatible con nada ni con nadie, y ocupan puestos relevantes en cualquier parlamento o gobierno tranquilamente, pudiendo encontrar quien les sustituya y quien les lleva adelante la oficina. Es más, se llega hasta el extremo de que si hay alguno que no alcanza el nivel de ingresos necesarios, dentro del mercado que tienen establecido, se le paga la congrua para que no puedan en ningún momento sentirse desmoralizados.
No me puede justificar un atavismo. Esto que a usted le parece tan perfecto está contradicho por la situación de medidas de fehaciencia, de constancia y de registro que un Estado moderno va poniendo en marcha. En todo caso, no se concibe así la función del notario.
Parece ser que la Ley constitutiva de 1862 no exigía ni siquiera que tuvieran que hacer esas oposiciones. Exigía,si no recuerdo mal, por lo que he podido anotar:

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ser español, de estado seglar -en esto sí que tenían razón-, haber cumplido veinticinco años, ser de buenas costumbres -de no ser seglar sería imposible poderle aplicar este calificativo (Risas.)- y haber cursado los estudios y cumplido los demás requisitos que prevengan las leyes o reglamentos o ser abogado. Con la marcha del tiempo se ha ido creando un auténtico coto, mientras en otros países esto se liberaliza. Mientras en Alemania un ciudadano va con un papel en el que dice que otorga poder a favor de fulano de tal, el notario firma delante de él, se lo sella y le cobra dos marcos, aquí hay que hacer un poder para pleitos que el que menos vale 8.000 pesetas. Mientras los instrumentos públicos hoy en Europa circulan de otra manera, aquí hasta hace muy poco había que hasta legalizar la firma de legalización del notario si iba a surtir efecto en otra provincia.
¿Ustedes quieren seguir protegiendo este cuerpo o esta casta? Me parece muy bien, pero no se corresponde con su directriz de modernización de un Estado social y democrático de derecho. Bien al contrario, usted ha puesto de manifiesto la satisfacción por haber ampliado la intervención de los señores registradores en todo. Nos hace temer que mientras siga usted de ministra de Justicia en lugar de modernizar las notarías y registros, en lugar de descubrir nuevos métodos de constancia, en lugar de facilitar la seguridad para los ciudadanos, esta situación quedará como está. Las notarías se ponen donde quieren los señores notarios, se pueden poner de acuerdo hasta en estar en el mismo edificio para que cuando uno se va de vacaciones el otro supla ambas notarías. En suma, esto está exigiendo, si se tiene sentido de la responsabilidad y se conoce la realidad -para eso era la interpelación-, que haya por lo menos una actitud mínimamente autocrítica. Si las dependencias que tienen ustedes de los notarios no se lo permiten y las confiesan de esta manera tan paladina, habrá que esperar a que algún día haya un gobierno que no se llame sólo de centro nominativamente y hable de modernizar de boquilla, sino que quiera poner al alcance de los ciudadanos lo que son servicios inexcusables del Estado. Mientras no se demuestre lo contrario, señora ministra de Justicia, al llegar a la notaría hay ciudadanos que se ven impedidos en el ejercicio de sus derechos y se ven gravemente lesionados porque se hace prevalecer el interés económico de una casta frente al interés de los ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor presidente, señoría, debo haberme explicado mal porque una cosa es que haya puesto de manifiesto ante la Cámara el resultado de una encuesta -por qué no voy hacerlo; también he expuesto en otras ocasiones resultados de encuestas negativas y no veo por qué no puedo dar el resultado de una encuesta en que la figura de los notarios es positiva- y otra cosa es que yo no haya sido autocrítica. En las primeras palabras que he dirigido a sus señorías he dicho que no sólo es mejorable sino que estamos para mejorar el sistema y que el Gobierno entiende que la figura del fedatario público no es prescindible y lo que hay que hacer es adecuarlo a una mayor protección de los consumidores y a una mayor protección de aquellos que tienen menos medios económicos.


Discrepo de S.S. acerca del planteamiento general de que por existir la fe pública extrajudicial haya ciudadanos que se ven impedidos del acceso a una seguridad jurídica. Esa es una declaración excesivamente amplia y que me gustaría contrastar con algún dato concreto.
El 18 de enero de 1994, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en relación a la figura del notario en la que insistía en su significación como funcionario público y en su configuración peculiar y compleja como un profesional que tiene encomendadas funciones públicas por delegación del Estado. El estatus de los profesionales se encuentra acreditado no sólo por sentencias del Tribunal Supremo sino también por sentencias del Tribunal Constitucional, que establecen que ese estatus profesional se adecua plenamente al sistema de seguridad jurídica recogido en la Constitución.
Por último, señoría, frente a su afirmación de que España es un caso peculiar dentro del sistema continental, simplemente quiero poner de manifiesto que en los países de nuestro entorno, Francia, Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, el notariado, en una configuración muy similar a la española, se ha revelado como un sistema de dación de fe adecuado y eficaz.El Ministerio de Justicia no es protector de ninguna clase; el Ministerio de Justicia, esta ministra de Justicia querría ser protectora de lo que es el Estado de derecho y en el avanzar cada vez más, con ayuda de SS.SS., en que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ese Estado de derecho sin ninguna limitación ni traba por parte de ninguno de los poderes públicos.
Muchas gracias, señoría; gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora ministra.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, quisiera empezar agradeciendo la interpelación porque es una oportunidad para abrir una reflexión sobre algo que ya ha ocupado en otros momentos también la atención de la Cámara; y quisiera empezar recogiendo el espíritu de la importancia que desde el punto de vista constitucional y de las garantías tiene el tema que nos ocupa.


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Constituir bien el notariado es completar las garantías constitucionales. Esta frase, que es como muy rotunda y muy evidente, es una frase de Gonzalo de las Casas, en 1877, y nuestro grupo estima que tiene plena actualidad en esta interpelación. En la exposición del interpelante don Pablo Castellano se resaltaba el aspecto de garantía de la seguridad jurídica que tiene la fe pública y cómo es no solamente una garantía sino un imperativo constitucional, algo que la propia Constitución garantiza, tal como establece en su artículo 9.3. En este sentido, casi podríamos coincidir con una ponencia, por cierto muy interesante, publicada por el ex presidente del Tribunal Constitucional, don Miguel Rodríguez Piñero, que se titulaba La fe pública como valor constitucional, porque se llamaba la atención en torno a la gran trascendencia de lo que es la función del fedatario público.
Decía que no es la primera vez que el tema es abordado en la Cámara; ha ocupado debates y pronunciamientos en el año 1994 y en el año 1995; ha merecido incluso el análisis crítico de la actual gestión del Gobierno con motivo de algunas instrucciones concretas de la Dirección General de Registros y del Notariado y, por supuesto, también tiene una especial transcendencia. Nosotros queremos apuntar que, en el ámbito de la armonización de las consecuencias lógicas de la Unión Europea, una reflexión y la adopción de una serie de medidas de modernización y de armonización son en esta materia imprescindibles en el ámbito de la fe pública extrajudicial.
Quisiera decir también que en esta materia la política de hechos del Gobierno no nos parece suficientemente satisfactoria, señora ministra. Incluso observamos una cierta dependencia de lo que sin ninguna acritud quisiera calificar como los sectores más ultraconservadores e inmovilistas de los que existen en el ámbito, por ejemplo, de los registradores de la propiedad. Hoy, la Dirección General de Registros y del Notariado está en manos de los sectores, como digo, más inmovilistas en esta materia y está en manos de una persona mediáticamente muy vinculada al Gobierno: el hijo del señor Capmany es uno de los que en estos momentos está también en el ámbito de la Dirección General de Registros y del Notariado. Pero quisiera no tanto referirme a las personas, por supuesto, sino a algunas de las gestiones y de los hechos.
Todos conocemos lo que eran -y que esta Cámara tuvo que modular- las tremendas intenciones con motivo del proyecto de ley sobre las condiciones generales de contratación que ha remitido usted en su día a la Cámara y que afortunadamente esta Cámara moduló, porque el monstruoso registro de condiciones generales de contratación a cargo de registradores de la propiedad, en beneficio del cuerpo de registradores, es algo que la ministra, con su iniciativa legislativa, ha intentado como intentó restringir y encarecer los mecanismos de acceso al contenido de los libros de registro, patrimonializando esta función en favor de los registradores de la propiedad. Incluso, a pesar de lo que han sido criterios de política legislativa de esta Cámara, ya tuvo esta Cámara que pronunciarse -lo decía anteriormente- y llegar incluso a reprobar una instrucción, que violentaba un acuerdo de esta Cámara, del director general de Registros y del Notariado que iba en la línea de establecer mecanismos restrictivos y encarecedores de la publicidad registral, lo cual debe llamarnos como mínimo a reflexión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: No le voy a recordar los pronunciamientos de recientes sentencias en el ámbito europeo sobre la misión de los registros mercantiles y cómo estas sentencias han sido negadas en su aplicación en España por la actual Dirección General de Registros y del Notariado, pero sí quisiera, no obstante, recordarle que hay mandatos incumplidos en esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, le ruego que concluya.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Acabo, señor presidente, pero me parece importante dejar constancia de un tema que es interesante y que plantea anomalías.
En el año 1996 se aprobó, a iniciativa del Gobierno, la Ley de colegios profesionales. Pues bien, en esta ley se estableció que en el plazo de un año debían adaptarse a las leyes de defensa de la competencia los estatutos generales de la totalidad de las corporaciones profesionales. El reglamento notarial no ha conocido la modificación o adaptación adecuada. Ha habido adaptaciones en el ámbito del reglamento hipotecario, pero no ha habido la reforma que esta legislación del año 1996 exigía.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ:Termino diciendo que desde nuestro punto de vista hace falta modernizar la fe pública; hace falta incluso un planteamiento que esta Cámara ha empezado a demandar, que es la unificación del sistema de fe pública extrajudicial, y hace falta sentar las bases de un proyecto de ley de regulación del sistema de seguridad jurídico privada.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pillado.


El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente voy a fijar la postura de este grupo que, naturalmente, es coincidente en todo con la contestación que aquí ha dado la señora ministra.Pienso que para hablar de fe pública extrajudicial hay que partir

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de una afirmación que a mí me parece indiscutible, y es que la fe pública en España funciona correctamente, modélicamente incluso, se puede decir. La gente cree en ella, la gente no la discute, rarísimos son los casos en que un fedatario público la haya traicionado y rarísimos son los supuestos de un delito de un fedatario público. A partir de esta afirmación todo es mejorable, todo es perfectible, y en ello está el Ministerio y la señora ministra nos ha explicado aquí las mejoras que ya se han realizado y los proyectos de futuro.
Este tipo de interpelaciones, señor presidente, a mí me recuerdan -sobre todo si tenemos en cuenta que durante tantos años de gobiernos sedicentes progresistas no se ha encarado de frente este tema como ahora se pide aquí- lo que me sucedió a los pocos días de tomar posesión de la alcaldía de mi pueblo -que hasta alcalde he sido- cuando vinieron a mí todos los directores de los colegios públicos, que no coincidían precisamente con mi ideología, a traerme una lista de reivindicaciones y a decirme que todo aquello funcionaba muy mal, que los colegios estaban de esta manera y de esta otra, que tenían estos defectos y estos otros, y a pedirme que los solucionara inmediatamente. Mi contestación fue obvia y es la misma que dirijo ahora aquí al interpelante y al otro interviniente: ¿Pero qué pasa que ahora que ha ganado el Partido Popular las elecciones se han estropeado todos los colegios públicos? ¿Qué pasa que ahora ya no funcionan? Si el Partido Popular no hubiese ganado las elecciones, ¿plantearían estas mismas reivindicaciones a los anteriores gobiernos? No; no ha sido así.
Se ha hablado aquí de que este es un coto de una serie de funcionarios privilegiados, pero este llamado coto ha sobrevivido durante décadas y décadas y con gobiernos de todos los signos y de todos los tipos y no se ha visto aquí ninguna oposición radical a ese funcionamiento. Pienso que ahora tampoco debe haberlo, aunque sí pedir las lógicas mejoras que debe haber y que va habiendo.
El problema de la fe pública no necesita aventuras imprudentes, funciona francamente bien, todo lo más los retoques oportunos que van exigiendo los tiempos, las nuevas necesidades, la nueva complejidad social y las nuevas técnicas que nos faciliten posiblemente mejores soluciones.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pillado; muchas gracias, señorías.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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