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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 180, de 23/09/1998
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 1998 VI Legislatura Núm. 180

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE

Sesión Plenaria núm. 174

celebrada el miércoles, 23 de septiembre de 1998

ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 9645)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas (número de expediente 172/000109) ... (Página 9671)

- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago Canario (número de expediente 172/000110) ... (Página 9679)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para paliar la situación de deterioro, falta de consideración e ineficacia del servicio público de Justicia (número de expediente 172/000112) ... (Página 9687)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas ... (Página 9645)

De la Diputada doña Presentación Uran González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Respalda el Gobierno la actitud y la política que está desarrollando la Ministra de Medio Ambiente que ha supuesto el abandono de todas las organizaciones sociales y sindicales del Consejo Asesor de Medioambiente? (Número de expediente 180/001378) ... (Página 9645)

Del Diputado don Josep Borrell i Fontelles, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué trascendencia y alcance atribuye Vd. a la tregua anunciada por ETA? (Número de expediente 180/001379) ... (Página 9646)

Del Diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Se encuentra el Gobierno en condiciones de satisfacer la demanda formulada por el Presidente del Tribunal Supremo en la Apertura del Año Judicial, en relación con la insuficiencia de la plantilla judicial? (Número de expediente 180/001389) ... (Página 9647)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno las circunstancias de las maniobras militares desarrolladas el 13 de septiembre en Tabuyo del Monte (León) que originaron un devastador incendio que arrasó miles de hectáreas? (Número de expediente 180/ 001384) ... (Página 9648)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativas piensa adoptar el Gobierno ante el deterioro producido en las comunicaciones entre Canarias y la Península por la supresión de 70 vuelos semanales del Grupo Iberia? (Número de expediente 180/001344) ... (Página 9649)

Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las cuales Iberia ha disminuido en más de un centenar los vuelos semanales en las rutas nacionales? (Número de expediente 180/001352) ... (Página 9650)

Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opina el Gobierno sobre el desarrollo de los acontecimientos que está teniendo el caso de la Compañía Eléctrica Chilena ENERSIS y sus implicaciones con ENDESA y sus directivos? (Número de expediente 180/001381) ... (Página 9651)

Del Diputado don Javier Fernández Fernández, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Está el Gobierno considerando alguna iniciativa que pudiera llevar a la titulización de los costos de transición a la competencia introducidos en la Ley del Sector Eléctrico actualmente en vigor? (Número de expediente 180/001383) (Página 9652)

Del Diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para garantizar la competitividad del sector porcino? (Número de expediente 180/001375) ... (Página 9653)

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Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto del establecimiento de modulaciones de las ayudas en el sector olivarero tras la aprobación de la nueva OCM? (Número de expediente 180/001390) ... (Página 9654)

Del Diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la situación del actual programa de fondos estructurales para la pesca -IFOP-? (Número de expediente 180/001391) ... (Página 9655)

Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones ha emprendido el Gobierno en defensa del sector pesquero a partir de la Agenda 2000 y de su desarrollo legislativo? (Número de expediente 180/001392) ... (Página 9656)

Del Diputado don Antonio María Aragonés Lloret, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene el INSALUD previstas nuevas actuaciones en materia de conciertos con servicios sanitarios ajenos? (Número de expediente 180/001393) (Página 9657)

Del Diputado don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Puede informar el Gobierno sobre los objetivos de la campaña de publicidad que ahora se emite, de prevención del SIDA? (Número de expediente 180/001394) ... (Página 9658)

De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones está realizando el Ministerio de Medio Ambiente en materia de seguridad de presas? (Número de expediente 180/001385) ... (Página 9659)

De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué razones ha tenido la Ministra de Medio Ambiente para propiciar la desaparición del Consejo Asesor de Medio Ambiente? (Número de expediente 180/001386) ... (Página 9660)

De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Podría el Gobierno explicar el calendario de las obras de reforma y ampliación de la N-340, especialmente en las zonas de Altafulla, Torredembarra, Vallirana y el resto de localidades afectadas en Cataluña? (Número de expediente 180/001374) ... (Página 9662)

Del Diputado don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué valoración realiza el Ministerio de Fomento del grado de ejecución de las inversiones en infraestructuras territorializadas en Euskadi para el ejercicio de 1998? (Número de expediente 180/001377) ... (Página 9663)

Del Diputado don Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas básicas del acuerdo firmado por RENFE por el que se incorpora, en el marco de vías de paso libre previsto en el Libro Blanco del Ferrocarril de la Unión Europea, al primer corredor europeo de tráfico ferroviario de mercancías? (Número de expediente 180/001395) ... (Página 9664)

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Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Ministerio de Fomento la decisión de la Unión Europea que propone obligar a los operadores dominantes a publicar los costes reales de los servicios de interconexión que ofrecen a sus competidores? (Número de expediente 180/001396) ... (Página 9665)

Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Cuándo se van a abrir determinados Registros de la Propiedad en las islas Canarias, en particular los de Mogán y Santiago del Teide? (Número de expediente 180/001388) (Página 9666)

Del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a la creación de los Juzgados de lo contencioso-administrativo en Madrid hasta el año 2000? (Número de expediente 180/001397) ... (Página 9666)

Del Diputado don Salvador Clotas i Cierco, del Grupo Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Cultura: ¿Considera la Sra. Ministra que la situación educativa en Cataluña justifica un trato de lengua extranjera al castellano en esa Comunidad Autónoma? (Número de expediente 180/001387) (Página 9667)

Del Diputado don Fernando Coquillat Durán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la ejecución de las inversiones educativas comprendidas en el plan presentado por el Ministerio de Educación y Cultura para 1998? (Número de expediente 180/001398)... (Página 9668)

Del Diputado don Francisco Miguel Fernández Marugán, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Puede Vd. explicar las razones del cambio en la estructura administrativa de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno, coincidiendo con el cese del Sr. Barea? (Número de expediente 180/001380) ... (Página 9669)

Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre el nombramiento de ex miembros del Gobierno del Partido Popular como consejeros en empresas privatizadas recientemente? (Número de expediente 180/001382) ... (Página 9670)

Interpelaciones urgentes ... (Página 9671)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre tarifas telefónicas ...
(Página 9671)

Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socialista del Congreso, el señor Pérez Rubalcaba. Interpela al Gobierno, representado por el ministro del ramo, sobre la subida de las tarifas de teléfonos porque suya es la responsabilidad, y no de Telefónica, y considera que lo ha hecho de una forma abusiva, irracional y sobre todo injusta. A continuación se refiere a los antecedentes del asunto y recuerda las distintas subidas, más o menos solapadas, que han tenido lugar desde el 18 de marzo de 1997, cuando se publicó la orden ministerial de interconexión. Por otra parte, pone de relieve que el tránsito a la sociedad de la información, tan anunciado por el Gobierno, es ahora mucho más difícil porque se ha dificultado el uso de Internet, que es el instrumento primordial, subiendo las tarifas el cien por cien para las llamadas de entre quince y veinte minutos que, según los datos de Infovía, son las más frecuentes en los usuarios. Añade que ha sido tan brutal la subida que Telefónica se ha visto obligada a negociar con la Asociación de Usuarios de Internet para ofrecer planes específicos. Expone que la orden ministerial ajusta sólo teóricamente las tarifas a los costes de Telefónica porque ni el ministro ni la Comisión del

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Mercado de Telecomunicaciones conocen los verdaderos costes de Telefónica y ni éstos están auditados ni se han sometido a los criterios de contabilidad de la Unión Europea. Opina que con esta subida injustificada se incrementan los ingresos de una empresa a la que se permite seguir con el monopolio durante muchos años a pesar de haber bajado la calidad del servicio, y anuncia que, como el señor ministro no le va a convencer en su contestación, su grupo presentará una moción para pedir al Gobierno que derogue la orden ministerial.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo). Invita al señor Pérez Rubalcaba a tener un debate serio sobre el reequilibrio tarifario y sobre la subida y bajada de tarifas, que ambas se han producido, sin el apriorismo de que no se va a dejar convencer. En primer lugar aclara que el reequilibrio tarifario de los exmonopolios es una obligación impuesta por la legislación comunitaria, explicando las directivas comunitarias que así lo establecen. Asimismo recuerda el contenido del acuerdo, de 30 de julio de 1994, del Consejo asesor de las telecomunicaciones, presidido por el señor Borrell. En base a ese acuerdo, el Gobierno socialista subió las tarifas metropolitanas un 37,7 por ciento y la cuota de abono un 9,4 por ciento y, según las estimaciones de la administración socialista en 1996, al dejar el poder, faltaba por subir todavía un 30 por ciento las tarifas de las llamadas locales, para compensar costes de explotación, y un 18 por ciento la cuota de abono. Por lo tanto, las argumentaciones del interpelante no tienen nada que ver con lo que decían cuando estaban en el Gobierno. Explica a continuación las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular para conseguir el reequilibrio tarifario, ajustándose estrictamente a la orden ministerial, y da una serie de datos sobre tarifas telefónicas, comparándolos con los de los países de la Unión Europea.


En turno de réplica interviene el señor Pérez Rubalcaba, duplicando el señor ministro de Fomento.


Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la política general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago Canario ... (Página 9679)

En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, presenta la interpelación el señor Rivero Baute, que comienza recordando la condición de territorio alejado que tienen las Islas Canarias, lo que le ha valido un reconocimiento especial en el artículo 138 de la Constitución, donde el Estado garantiza el principio de solidaridad y el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular; y en el Tratado de Amsterdam, de la Unión Europea, donde se reconoce al archipiélago la característica de región ultraperiférica. Explica a continuación las peculiaridades del transporte de las islas, donde es imprescindible contar con el transporte marítimo y aéreo, y afirma que es necesario que el Gobierno tenga una política activa en este sentido, concretada en medidas que hagan posible la cohesión territorial y social, garantizando la movilidad entre las islas y la Península en buenas condiciones de calidad, capacidad y precios y con la continuidad y frecuencia adecuadas. Muestra su desánimo porque la liberalización aérea comunitaria no ha producido una mejora importante en la situación del transporte aéreo, como esperaban, sino que, por el contrario, se han subido las tarifas, se da peor servicio -con tripulaciones que no hablan castellano-, se alquilan aviones preparados para charter, se retiran los airbus -especialmente diseñados para Canarias-, se utilizan aviones de menor capacidad y se suprimen, por último, 70 vuelos con destino a Canarias. Considera que toda esta serie de despropósitos que han sido cometidos por los actuales directivos de Iberia se deben a que la Dirección General de Aviación Civil y Aena han estado, y están, subordinados a los intereses del Grupo Iberia. Formula a continuación una serie de preguntas sobre los abusos de Iberia, según su opinión, y anima al señor ministro a que, como responsable de la aviación civil, imponga su autoridad sobre dicho grupo. Rechaza totalmente los argumentos dados por el presidente de Iberia en otros foros y opina que los actuales dirigentes de la compañía han pecado de incompetencia, insensibilidad, improvisación y falta de tacto y de prudencia, porque su única preocupación es la cuenta de resultados. Termina su intervención confiando en que en la moción que van a presentar se llegue a un acuerdo para declarar la obligación de servicio público que evite en el futuro los dislates de unos gestores insensibles con unos territorios alejados.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento (Arias- Salgado y Montalvo), quien comparte con el interpelante el análisis estratégico en relación con la ubicación geográfica de las Islas Canarias y sus relaciones con la Península. Pero, añade, justamente por existir esa coincidencia el Gobierno tiene una política de transporte aéreo en relación con Canarias que se concreta en hechos y datos específicos, a su juicio, extraordinariamente positivos para el archipiélago. Explica a continuación las tres dimensiones de esa política: la presupuestaria, tanto de los ingresos como de los gastos; la de servicio público, y una tercera que afecta a las infraestructuras.


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Reconoce, por otra parte, que Iberia es una compañía que tiene problemas, y se remite a las contestaciones del señor ministro de Industria sobre el particular, pero añade que ha habido un incremento de frecuencias, aunque se haya tenido que renunciar a una programación excesivamente ambiciosa. Asegura que el Gobierno presiona a Iberia para que resuelva todos los problemas que comporta el proceso de reestructuración y garantiza que utilizará los medios al alcance del órgano regulador, pero niega que exista una subordinación de Aena y la Dirección General de Aviación Civil a Iberia. Por último ofrece a los grupos reflexionar conjuntamente sobre las repercusiones que puede tener la declaración de obligación de servicio público para ser implantada en el transporte aéreo entre la Península y el archipiélago canario.


En turno de réplica interviene el señor Rivero Baute, duplicando el señor ministro de Fomento.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Segura Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, y Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate el señor ministro de Fomento.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas para paliar la situación de deterioro, falta de consideración e ineficacia del servicio público de Justicia ... (Página 9687)

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la interpelación urgente el señor Castellano Cardalliaguet. Muestra su deseo de presentar de forma lisa y llana una cuestión de la que hablan lisa y llanamente los ciudadanos de la calle, y es de su preocupación acerca de cómo anda la justicia y la falta de consideración que tiene por la ciudadanía. Para hacer esta afirmación se basa en las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo, la Comisión de Peticiones del Congreso y del Senado o el Consejo General de Poder Judicial y en las encuestas publicadas por los medios de comunicación. Se adelanta a las respuestas que le pueda dar la ministra de Justicia y opina que no se podrán encontrar diferencias en el diagnóstico porque sería como negar la evidencia o exigir pruebas sobre los hechos notorios. A continuación pone de relieve esos hechos notorios: los ciudadanos, dice, se quejan de la carestía de la justicia, tienen dudas acerca de la imparcialidad de los jueces y olfatean una cierta actitud de desprecio y de instrumentalización; en definitiva, afirma, la justicia en este país, como servicio público, está bajo mínimos, y así lo perciben los ciudadanos. Se centra en el mundo de los medios materiales, humanos, procedimientos, actuaciones, controles de eficacia y calidad y garantías de los derechos en la Administración de justicia, dejando para otro debate el Consejo General del Poder Judicial y los cooperadores de la justicia. Acaba su intervención recordando a la señora ministra que desde el principio de la legislatura se está diciendo enfáticamente que es necesario un pacto de Estado para el tema de la justicia, ofreciéndose lealmente a colaborar en él, porque lo único que mueve a su grupo político es un compromiso por la libertad y por la igualdad, del que no van a dimitir jamás y en el cual no van a hacer ninguna clase de claudicaciones.


Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Manifiesta en primer lugar que tiene la misma percepción que la mayoría de los ciudadanos respecto a las deficiencias de la Administración de justicia y que se aproxima bastante a la exposición que ha hecho el interpelante respecto de la necesidad de trabajar para cambiarla, pero aclara que las encuestas también reflejan que el usuario de la justicia tiene una percepción menos mala que el que simplemente oye hablar de ella, por lo que quizá se debería reflexionar sobre si existe realmente una crisis de la Administración de justicia o si se está de alguna forma publicitándola con altavoz para deslegitimar algunas resoluciones judiciales. Afirma que el Gobierno sigue una política en materia de justicia basada en las normas constitucionales legales, por lo que lo primero que hace es respetar totalmente el Poder Judicial, y hace un llamamiento a todos para que hagan lo mismo. Es consciente del papel que le corresponde al Gobierno y a su Ministerio en la Administración de justicia, que resume en dos puntos: provisión de medios personales y materiales e iniciativas legislativas. Explica con una serie de datos estos dos objetivos y expone los logros obtenidos. Termina su intervención manifestando que ella como ministra ha pretendido y pretende, con aciertos y con desaciertos, que el auténtico protagonista de la Administración de justicia sea el justiciable, no unos u otros profesionales, que tenga la justicia que se merece y la que demanda, para lo que pide la colaboración de todas las señorías, porque entiende que en materia de justicia no hay que dejarse llevar por los fenómenos electoralistas, sino trabajar con altura de miras.


En turno de réplica interviene el señor Castellano Cardalliaguet, duplicando la señora ministra de Justicia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco

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(EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA PRESENTACIÓN URÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿RESPALDA EL GOBIERNO LA ACTITUD Y LA POLÍTICA QUE ESTÁ DESARROLLANDO LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, QUE HA SUPUESTO EL ABANDONO DE TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE? (Número de expediente 180/001378).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas orales al Gobierno. En primer lugar se formularán las preguntas que responderá el presidente del Gobierno, comenzando por la número 15, de doña Presentación Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señor Aznar, ¿respalda como presidente del Gobierno la actitud y la política que está desarrollando la ministra de Medio Ambiente, que ha supuesto el abandono de todas las organizaciones sociales y sindicales del Consejo Asesor de Medio Ambiente?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora diputada, respaldo la política de la ministra de Medio Ambiente. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, con su afirmación está diciendo sí a la incapacidad de diálogo, sí a la incapacidad de gestión, está diciendo sí a la imposición de la política hidráulica frente a la negociación, sí a un miniplan hidrológico por decreto, está diciendo sí al fracaso de la política de prevención medioambiental; es decir, está diciendo sí a una ministra y a un Ministerio con mucho nombre y vacío de eficacia.
Señor presidente del Gobierno, en una sesión de control parlamentario usted tiene la obligación de responder y dar la cara, y a mi pregunta no lo ha hecho. Respalda la labor y el talante con el que la ministra de Medio Ambiente realiza su trabajo político, aunque esto suponga que las organizaciones ecologistas y sindicales abandonen el Consejo Asesor de Medio Ambiente. Es decir, señor presidente, lo respalda aunque se les venga abajo la tan cacareada política de diálogo y concertación de su Gobierno y del Partido Popular. En definitiva, se les cae la máscara de centro que se han colocado para ocultar el verdadero rostro de la derecha, su forma de gobernar y las políticas que están llevando a cabo. (Rumores.) Señor presidente, la ministra de Medio Ambiente es el mejor ejemplo.
En algo más de dos años de gobierno ha sido incapaz de desarrollar una política coherente para preservar y mejorar el medio ambiente. Es más, en los sucesivos recortes que se han hecho y con la política que ha desarrollado han empeorado algunos aspectos. Es tal la falta de objetivos del Ministerio que mañana vamos a discutir un real decreto por el que se declaran de interés general obras hidráulicas.
Mientras, ha sido incapaz de presentar un libro blanco que abra el gran debate nacional sobre el plan hidrológico y que usted comprometió en el debate de investidura para enero de este año.
Señor presidente, el medio ambiente no aguanta más, no tiene espera, y la sociedad española no ha cometido ningún delito para que se la castigue manteniendo en su cargo a una ministra que resulta nociva y peligrosa para la salud de las personas y para el medio ambiente.
(Rumores.) Césela, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora diputada, tengo la duda de si en la primera respuesta lo he hecho con claridad.
Su señoría me ha preguntado si respaldaba a la ministra de Medio Ambiente y su política y he dicho que sí. Por lo tanto, lo vuelvo a decir y la vuelvo a respaldar.
El Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el que usted se justifica, es eso, un consejo asesor en el que están representadas distintas organizaciones. Por cierto, que en este tiempo se ha reunido muy habitualmente, en más de 14 ocasiones, y cumple esa función de ser consejo asesor. La responsabilidad política de la política medioambiental en nuestro país la tiene el Gobierno

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de la nación, y naturalmente el Gobierno de la nación responde de esa política ambiental y de todas las demás ante quien tiene y representa la soberanía popular, que es esta Cámara. No se pueden extraer consecuencias, en mi opinión, de tipo político que afecten personalmente al Gobierno porque haya organizaciones que estén presentes o no en un consejo asesor. (Rumores.) El Gobierno ha hecho y hace todo el esfuerzo posible de diálogo en ese y en otros ámbitos, pero desde luego, como ha demostrado con los hechos, también en el ámbito del medio ambiente seguirá llamando a las organizaciones al diálogo y a la concertación.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP BORRELL FONTELLES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ TRASCENDENCIA Y ALCANCE ATRIBUYE USTED A LA TREGUA ANUNCIADA POR ETA? (Número de expediente 180/001379).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el portavoz del Grupo Socialista don Josep Borrell Fontelles.
Señor Borrell.


El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente, ¿qué trascendencia y alcance atribuye usted a la tregua anunciada por ETA?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor diputado, como sabe S.S., yo mismo hice una declaración en Lima en la que hacía el análisis y exponía la posición del Gobierno respecto al anuncio efectuado por una organización terrorista del cese de la violencia. Posteriormente he abierto una ronda de conversaciones con representantes y dirigentes de fuerzas políticas, que comenzó, como sabe S.S., con el secretario general del Partido Socialista.
Me pregunta ahora S.S. mi valoración sobre la intención de una organización terrorista. Yo le tengo que decir que nadie puede saber en el fondo cuál es la intención de una organización terrorista, pero sí podemos estar de acuerdo, como yo he dicho, en no conceder el beneficio de la duda, en ningún caso, a quien lleva más de 30 años asesinando, matando, extorsionando o chantajeando. No tienen el beneficio de la duda, tienen la carga de la prueba. Y nosotros, los demócratas, no tenemos que demostrar nada. Son ellos, en todo caso, los que tienen que demostrar.
Quiero decirle, señoría, que entiendo que la sociedad española esté esperanzada, que los demócratas debemos contribuir a esa esperanza y debemos fortalecer la esperanza de millones de ciudadanos que confían en nosotros, pero que no nos debemos conformar, señoría, con el alivio que supone el saber que durante unos pocos días no va a haber ninguna víctima. Tenemos la obligación de seguir trabajando con mucho tesón para aprovechar todas las oportunidades, para no alimentar irresponsablemente ninguna expectativa y para crear una dinámica que pueda permitirnos llegar a lo que yo he llamado esa situación consolidada y fiable que permita la apertura de nuevas expectativas.
Quiero decirle, señoría -en mi opinión- que los primeros pasos que se han dado son positivos, han sido pasos prudentes, pasos de responsabilidad compartida. Tenemos que seguir en ese esfuerzo de la prudencia, de la discreción y de la responsabilidad compartida.
Tenemos que hacer lo posible por evitar lo que pueden ser búsquedas inútiles de protagonismos personales o declaraciones estridentes que se salgan de lo que es el principio de la responsabilidad compartida.
Convendrá S.S. conmigo que lo primero, por encima de todo, es que los que han estado y los que siguen con las amenazas pasen de las palabras a los hechos y se consolide una situación fiable. Desde luego, la paz, la paz sincera, la paz seria, no es cuestión de días, ni puede estar sujeta al intento de división de los demócratas, ni puede estar sujeta al intento de tener ventajas electorales, ni puede estar sujeta al intento de ningún tipo de reorganización.
Nosotros, los demócratas, tenemos un acervo más que suficiente ...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Nosotros, los demócratas, tenemos un acervo más que suficiente para apostar por una Constitución joven e innovadora, por un Estado de Derecho que funciona, por una democracia que reúne derechos individuales y reconoce derechos territoriales, por un acervo constitucional que está plenamente vigente y que tenemos que prolongar hacia el futuro, por unos acuerdos de unidad en Ajuria Enea y en Madrid que tenemos la obligación de preservar y de defender. Esa es la valoración que yo hago y esa es también, señoría, la propuesta y el ofrecimiento que yo espero compartir con el principal partido de la oposición.
Gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Borrell.


El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.


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Señor Aznar, coincido con usted en que el cese indefinido, aunque no definitivo, de la violencia es una excelente noticia. La tregua no es la paz, pero puede ser el camino hacia ella y todos tenemos el deber de alimentar esa luz de esperanza. Pero esta oportunidad -también coincido en eso con usted- no está exenta de riesgos, porque la tregua se produce en un contexto lleno de incertidumbres, porque se mezcla con debates que afectan a cuestiones fundamentales para la definición del Estado, porque no ha sido consecuencia de acuerdos adoptados en los marcos políticos unitarios vigentes, porque ni siquiera podemos estar seguros de que sea la consecuencia de la fuerza que la unidad nos da a los demócratas.
La tregua se plantea mediática y políticamente como subsiguiente al acuerdo de Estella, pero, si hubiese que hacer caso a la literalidad de ese acuerdo, significaría la quiebra de la unidad de los demócratas y la aparente asunción por los nacionalistas democráticos vascos de buena parte de los postulados sostenidos por los violentos.
En estas condiciones comprenderá usted que nuestro deber es impulsar la acción de su Gobierno para que tome iniciativas coherentes con el objetivo de paz que todos compartimos. Creemos que debe usted, señor Aznar, asumir la iniciativa política para reconstruir la unidad de los demócratas. Vamos a mantener esta exigencia y lo haremos desde la colaboración y el consenso. En contrapartida, queremos que su Gobierno no defraude las legítimas expectativas de la sociedad española, porque no resulta fácil saber si los firmantes del acuerdo de Estella se limitaron a prestar cobertura política a una decisión tomada previamente por ETA o si, por el contrario, estamos ante algo de mucho mayor calado que puede reportar ventajas electorales al precio de fracturar de forma irreversible la unidad democrática. No es éste un tema de partido ni una cuestión que tenga que ser arrastrada por unas relaciones con el Gobierno que hubiésemos querido distintas. Pero nuestra preocupación aquí y ahora, señor Aznar, ante la tregua de ETA, como principal partido de la oposición es compartir con usted y con su Gobierno la solidez y la esperanza que esta situación crea, recordando -porque es importante decirlo- que la paz a cualquier precio no es paz y que el respeto a las reglas del juego democrático, incluidas las normas que regulan su modificación, son la base única de una paz digna que sólo puede ser entendida como la libertad en la tranquilidad. Estaremos con ustedes, compartiendo estos principios de una forma leal y segura, en ese camino.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.


- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS OLLERO TASSARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SE ENCUENTRA EL GOBIERNO EN CONDICIONES

DE SATISFACER LA DEMANDA FORMULADA POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LA INSUFICIENCIA DE LA PLANTILLA JUDICIAL? (Número de expediente 180/ 001389).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el diputado don Andrés Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace apenas una semana, señor presidente del Gobierno, tuvo lugar el acto de apertura del año judicial, que habitualmente marca un hito en las actividades de la justicia en nuestro país, presidido por Su Majestad el Rey y con representación de todos los poderes e instituciones del Estado, incluido, como es lógico, el propio Gobierno, representado, como es tradición, por la ministra de Justicia.
A lo largo del acto, y después de que el fiscal general del Estado expusiera brevemente un resumen de la memoria de la Fiscalía correspondiente al año anterior, el señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial procedió a leer el habitual discurso, donde no sólo se abordan cuestiones doctrinales, en este caso sobre los derechos y los jueces, sino que también se hacen alusiones a la situación de la justicia. Planteó la pregunta de en qué medida la tutela judicial cumple los requisitos que exige el artículo 9.2 de ser real y efectiva. Al respecto, alabó con toda justicia la reciente Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (que ha sido sin duda un símbolo de en qué medida este Gobierno considera la justicia una cuestión de Estado, transmitiendo al grupo que le apoya esa misma actitud) y planteó, a la vez, la necesidad de un incremento de plazas de jueces y magistrados, recordando, sin embargo, que estos no se improvisan, como demuestra la existencia actualmente de 300 vacantes. A esas 300 vacantes estimaba necesario añadir unas 400 plazas nuevas y, contando con la necesidad de que hubiera unos candidatos de la calidad requerida, marcaba con toda prudencia un plazo de tres o cuatro años para que se pudiera llegar a conseguir ese objetivo.
Un Gobierno como el que preside, que ha demostrado, a través de la ley a la que me acabo de referir, esa convicción de que la justicia es cuestión de Estado, queríamos saber si se considera en condiciones de responder adecuadamente a esa demanda formulada en día tan señalado por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Si me permite, señor presidente, y me lo permite

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el señor diputado, antes de contestar a su pregunta diré que si algún señor o señora diputada o algún grupo se ha sentido molesto porque pueda haber excedido en algunos segundos el tiempo disponible en la respuesta anterior, sinceramente le pido disculpas y lo lamento. No sé si existe en este turno la teoría de la compensación, pero intentaré compensarlo lo más rápidamente que pueda en éste.
Señor diputado, el Gobierno hace todo el esfuerzo de dotación de medios materiales para la justicia, como vuestra señoría conoce.
Quiero recordarle que entre 1992 y 1996 se crearon 195 plazas de jueces, y que la previsión es de que entre 1996 y el año 2000 se creen exactamente 368 plazas. En el año 1996, con presupuestos prorrogados, se pudieron crear 39 nuevas plazas de jueces. Para 1998 se prevén 116 plazas, de las cuales 112 ya se han creado, y van a entrar en funcionamiento 47 en septiembre y el resto en diciembre.
Para 1999 se prevén, según los presupuestos, 133 plazas de jueces: 16 en la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso- Administrativo; 65 para los juzgados de lo Contencioso-Administrativo; 89 plazas para otros juzgados de lo Contencioso-Administrativo; 8 plazas para tribunales superiores de Justicia; un cuarto magistrado para 41 secciones; creación de ocho secciones nuevas en diferentes audiencias y 46 nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. También quiero hacer mención a 17 nuevos juzgados de Primera Instancia y a dos nuevos juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
Como comprobará S.S., el esfuerzo es grande y eso se demostrará también como preocupación en los Presupuestos Generales del Estado que próximamente el Gobierno remitirá a la Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO LAS CIRCUNSTANCIAS DE LAS MANIOBRAS MILITARES DESARROLLADAS EL 13 DE SEPTIEMBRE EN TABUYO DEL MONTE (LEÓN) QUE ORIGINARON UN DEVASTADOR INCENDIO QUE ARRASÓ MILES DE HECTÁREAS? (Número de expediente 180/ 001384).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, ¿puede explicar el Gobierno las circunstancias de las maniobras militares desarrolladas el 13 de septiembre en Tabuyo del Monte, en la provincia de León, que originaron un devastador incendio, como conoce bien el ministro, que arrasó miles de hectáreas?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor presidente.
Con mucho gusto puedo decirle -pero con carácter provisional, puesto que se ha ordenado abrir una investigación sobre las causas que lo originaron, así como un expediente disciplinario con objeto de depurar las responsabilidades a que hubiere lugar- que, conforme estaba programado y después de que el día anterior hubiera llovido, se realizaron los ejercicios de tiro. En los ejercicios de tiro los proyectiles, unos misiles Milan filoguiados, dieron en el blanco, por tanto, dentro del campo de tiro; un enorme viento reinante, de más de 150 kilómetros por hora, dio lugar a que saltaran los límites del campo de tiro, donde hay un cortafuegos de más de 50 metros -el más grande, según se puede acreditar con las fotografías aéreas-, e hizo que se produjera ese incendio, que arrasó, como se sabe, 2.678 hectáreas de pinar. Me personé en el lugar de los hechos, como lo hizo pocas horas antes el capitán general. Nos reunimos con los municipios afectados, con las autoridades autonómicas, y mostramos nuestra voluntad de reparar los daños y de indemnizar a los perjudicados.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, tenga por seguro que no va a ser este grupo el que abone el terreno de la demagogia respecto de una cuestión sobre la que seguramente sería fácil hacerlo. Desde luego, no va a hacer lo que hizo el consejero de la Junta de Castilla y León del Partido Popular que, en titulares en todos los medios, dijo textualmente que «el incendiario ya estaría en prisión si no fuese militar». Esa es una afirmación que ha hecho un miembro del Partido Popular, que sostiene a su Ministerio y a su Gobierno.
De lo que tiene que quedar constancia clara, señor ministro, es de que estamos ante un caso evidente de imprudencia y de negligencia. No es comprensible que se produzcan unas maniobras militares con fuego real, en pleno verano y en un día con un viento que no era de 150 kilómetros/hora, que es un viento realmente excepcional, sino de 70 kilómetros, como han acreditado diversas fuentes. Es una imprudencia notable y notoria. Por tanto, hay una negligencia respecto de la que su Ministerio debería haber tomado alguna decisión, porque hasta ahora no hemos pasado de las palabras. Le aseguro que ese clima de incertidumbre inicial,

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esas respuestas iniciales, notas de su Ministerio diciendo que se habían alcanzado los objetivos propuestos en las maniobras, han propiciado un terreno abonadísimo para la petición del desmantelamiento del campo de tiro.
En segundo lugar, hay que decir que ha habido una descoordinación gravísima, fundamentalmente por parte de la Junta de Castilla y León, que tardó en tomar las medidas necesarias a pesar de disponer allí de muchos medios. Digo una descoordinación porque es insólito que no hubiera coordinación con el campo de tiro donde se realizaban las maniobras. Por eso, señor ministro de Defensa, le digo que en León se ha producido un enorme daño, desde los puntos de vista medioambiental, económico y social, debido a una acción irresponsable del Gobierno. Tienen que tomar medidas reparadoras ya y, desde luego, evaluar la situación de ese campo de tiro que su propia incompetencia ha dejado en una situación enormemente delicada; seguro que comparte conmigo que eso no es bueno para el Ministerio de Defensa, para este Gobierno y para este país.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señoría, en primer lugar, le agradezco mucho, máxime en un lugar como éste, que asegure su voluntad de no pasar de las palabras. Estoy seguro de que no sucederá.
El Ministerio de Defensa ha sido el primero que ha lamentado lo que ha sucedido. El consejero de la Junta -con el que estuve permanentemente durante mis horas de estancia allí- aseguró que no era ésa, desde luego, su intención -y según me aseguró- ni tampoco sus palabras. Para ver algo parecido -en general, hablando de campos de tiro- hay que remontarse diez años atrás. Señoría, se ha producido un daño, seguro que ha habido algo que debemos corregir y para ello se han adoptado las medidas pertinentes. Pero yo creo que, si no incurre, sí roza la demagogia pensar que eso se ha hecho de una manera irresponsable. Se tomaron todas las garantías y, a partir de ese momento, se ha dado orden -ya se está haciendo- de comunicarlo siempre, no sólo -como se hacía- a los municipios afectados sino también a la comunidad autónoma, para que no vuelvan a producirse hechos que hagan posible un accidente que, repito, el Ministerio de Defensa es el primero en lamentar. Y termino recordando que han sido los municipios afectados los que han dicho literalmente: «dejar patente su desacuerdo con las precipitadas peticiones de desmantelamiento del campo de tiro». Señoría, le agradezco su falta de demagogia y le ruego que sigamos todos por ese camino.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL DETERIORO PRODUCIDO EN LAS COMUNICACIONES ENTRE CANARIAS Y LA PENÍNSULA POR LA SUPRESIÓN DE 70 VUELOS SEMANALES DEL GRUPO IBERIA? (Número de expediente 180/001344).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno el diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, el grupo Iberia ha suprimido de un plumazo más de 150 vuelos semanales en los trayectos que cubre en el territorio del Estado, correspondiendo 70 de ellos a los que enlazan Canarias con la Península. ¿Qué iniciativas piensa adoptar el Gobierno ante el deterioro producido en las comunicaciones entre Canarias y la Península por la supresión de 70 vuelos semanales del grupo Iberia?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señoría, teniendo en cuenta que esta misma tarde - si no estoy mal informado- el ministro de Fomento va a atender la interpelación de su grupo sobre la política del Gobierno en relación con las comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago canario, centraría mi contestación en su preocupación ante ese supuesto deterioro producido en dichas comunicaciones por decisiones empresariales de la compañía Iberia. Tengo que decirle que eso hay que verlo siempre en términos relativos y en función de algo tan importante, en economía y en la realidad, como son las expectativas.
Lo cierto es que en los enlaces Península-Canarias, la compañía Iberia ha pasado de ofrecer 145 frecuencias semanales -y, por lo tanto, el doble en vuelos- en septiembre de 1997 a 152 en septiembre de este año, lo cual supone un incremento de siete frecuencias y 14 vuelos a la semana. Eso es un incremento del 4,8 por ciento y esa es la realidad. Pero también es verdad que Iberia tenía una previsión de crecimiento superior -previsión, expectativa-, hasta alcanzar las 181 frecuencias semanales en dichos enlaces. Por tanto, ese supuesto deterioro no es en relación con la realidad sino en relación con una previsión, con una programación. ¿Por qué ha sucedido eso? Por algo que creo que todo el mundo conoce, que yo le voy a reiterar, que estamos intentando resolver y que, desde luego, tenemos la voluntad de resolver. Eso ha sido así porque hay

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una menor capacidad de producción en relación con la prevista, porque hay menos pilotos, porque no ha sido posible, hasta hoy, llegar a un acuerdo -tal y como estaba previsto- para contratar nuevos pilotos y aumentar la productividad de la plantilla existente. Por lo tanto, le acepto el deterioro en relación con las expectativas, le digo que estamos intentando arreglarlo y no se lo acepto en relación con la realidad porque, a pesar de todo, hemos aumentado la frecuencia de los vuelos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, Canarias está a más de 1.000 kilómetros de distancia de la Península. En Canarias -es obvio, aunque conviene recordarlo- no existe transporte alternativo, es decir, no tenemos carreteras ni ferrocarril que nos sirvan de enlace entre las islas o con la Península; desde el punto de vista social, económico, político, turístico o comercial con respecto al exterior, depende casi exclusivamente del avión, si tenemos en cuenta que el barco apenas hace un trayecto a lo largo de la semana y que tarda dos días.
La actuación de la primera compañía española con las islas es lamentable. La falta de sensibilidad, de tacto y hasta de prudencia de sus responsables con el Archipiélago es una cuestión que ha quedado patente a lo largo de estos últimos años. El Gobierno de Canarias, su Parlamento, los cabildos, los empresarios, los sindicatos, los usuarios y las agencias de viajes rechazan contundentemente la política llevada a cabo por Iberia. No se deje engañar, señor ministro, por los directivos de la actual empresa pública del grupo Iberia, porque si bien es cierto que han incrementado el número de vuelos en un 4 por ciento con respecto a septiembre del año pasado, también es cierto que ha crecido la demanda de la población en más de un 20 por ciento. Y la única realidad, señor ministro, en estos momentos, es que no se consiguen billetes para viajar para los próximos diez u once días, que han desaparecido las tarifas más baratas, la mini, la supermini y la turística especial que hace de enlace para viajar al extranjero con Madrid. La verdad es muy fácil de comprobar. Basta con llamar directamente a las oficinas de Iberia intentando sacar un billete en una agencia de viajes para encontrarnos con la triste realidad de que no hay plazas en los vuelos para Canarias hasta dentro de ocho, diez o doce días, y las que quedan son en clase preferente, lejos de las posibilidades de la mayoría de los ciudadanos.
Señor ministro, ejerza su autoridad y exija al grupo Iberia la restitución inmediata de los vuelos suprimidos para evitar el grave deterioro que está produciendo a la economía canaria en general esta supresión de vuelos. El Estado, el Gobierno tiene la obligación, como dice el artículo 138 de la Constitución, de garantizar la cohesión territorial y social del Archipiélago, de todos los territorios del Estado. Si al frente de la empresa pública no tenemos en este momento unos responsables capaces de entender el principio de solidaridad y el principio de la garantía territorial y social del Archipiélago, que actúe el Gobierno, señor ministro, con toda contundencia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rivero.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS CUALES IBERIA HA DISMINUIDO EN MÁS DE UN CENTENAR LOS VUELOS SEMANALES EN LAS RUTAS NACIONALES? (Número de expediente 180/001352).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el diputado don José Segura Clavell, del Grupo Socialista.
Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuáles son las razones por las que Iberia ha disminuido en más de un centenar el número de vuelos en las rutas nacionales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura.
Señor ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señor presidente.
Si S.S. ha tenido ocasión de escuchar mi respuesta anterior, ya sabrá por qué, pero en cualquier caso se lo voy a reiterar. Tenemos un problema grave en cuanto a la capacidad de las compañías de transporte aéreo que operan en nuestro país a la hora de atender algo que el señor Rivero ha dicho con mucha claridad, que está en la base del problema, y es que la demanda está creciendo espectacularmente en todas partes, en Canarias y en el conjunto de España. Por eso hay que hacer un esfuerzo para atenderlo, pero -y estoy seguro que SS.SS. lo compartirán conmigo- hay que hacerlo con criterios de calidad y de seguridad en el servicio. Para eso hacen falta pilotos, comandantes y segundos, y hace falta que las cosas se hagan bien, lo que requiere su tiempo, y en eso se está. Se está negociando con el colectivo de pilotos para que nos podamos adaptar a la nueva situación. Pero de nuevo le tengo que decir lo que antes he dicho en relación estrictamente a Canarias. No comparemos la realidad con unas expectativas que estaban fundamentadas en ese acuerdo con los pilotos que todavía no ha sido posible, comparémoslo con la realidad del año pasado, y en este sentido le tengo que decir que en estos momentos la prestación

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de servicios por parte de Iberia es superior a la que existía hace un año.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, créame que lamento que no tengamos tiempo suficiente para hacer un debate y rebatirle, naturalmente, la falta de rigor de sus argumentaciones. Señor ministro, directivos de la compañía Iberia han manifestado textualmente en declaraciones públicas, que no han sido rebatidas por el Gobierno, que la medida de reducción en más de 150 vuelos en territorio nacional entre aeropuertos nacionales responde a la necesidad de solventar el caos evidenciado durante el último verano en el aeropuerto de Barajas y de ralentizar el crecimiento de Iberia para regular una situación caracterizada por el crecimiento de su servicio, con constantes problemas de puntualidad, de equipajes perdidos y de cancelaciones previstas. Señor ministro, usted recordará el caos del verano pasado. Usted recordará la esperpéntica situación en la que el presidente de Iberia acusaba públicamente al director general de Aena. Usted recordará que el director general de Aena acusaba al presidente de Iberia. Usted recordará que por indicaciones del presidente del Gobierno tuvo que celebrarse un numerito propagandístico, con fotografía y cámaras de televisión, en el que usted participó junto con el ministro de Fomento, el presidente de Iberia, el director general de Aena y otros cargos de distintos niveles. Usted recordará que usted mismo declaró que a partir de aquel momento comenzaba la coordinación. Pues bien, el resultado inmediato de la coordinación es la suspensión de ciento cincuenta vuelos que se añaden a una media de veinte vuelos que se venían suspendiendo en los últimos meses. Sabe usted perfectamente que la compañía Iberia necesita doscientos cincuenta pilotos y que en el último año no ha contratado ni a uno solo. Sabe también que la compañía Aviaco necesita otros cien y en el último año no ha contratado ni a uno solo. Usted sabe que se han fletado once aviones de la compañía Air Europa, debilitando la libre competencia, junto con las tripulaciones correspondientes, en régimen de wet lease. Se aumenta el número de aviones y se disminuye el número de vuelos en más de doscientos cincuenta.
Esto no hay quien lo entienda. Hay unos responsables políticos y son ustedes: el ministro de Industria y el ministro de Fomento.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps):Seré breve, señor presidente.
En la vida hay dos clases de personas: los que intentamos resolver los problemas de forma racional y los que en el pasado no han sido capaces de resolverlos. (Rumores y protestas.- Aplausos.) Esto no significa que no reconozcamos insuficiencias, problemas de coordinación, porque también es muy saludable reconocer los errores propios y las insuficiencias cuando se producen, pero lo más saludable es intentar corregirlos. Estamos intentando corregirlos con el menor perjuicio para los ciudadanos.
Por tanto, no se preocupe usted porque vamos a seguir en esa línea.
(Aplausos.) Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINA EL GOBIERNO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE ESTÁ TENIENDO EL CASO DE LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CHILENA ENERSIS Y SUS IMPLICACIONES CON ENDESA Y SUS DIRECTIVOS? (Número de expediente 180/001381).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista.
Señor Ros.


El señor ROS MAORAD: ¿Qué opina el Gobierno sobre el desarrollo de los acontecimientos que está teniendo el caso de la compañía eléctrica chilena Enersis y sus implicaciones con Endesa y sus directivos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoría.
El Gobierno tiene una buena opinión.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Ros.


El señor ROS MAORAD: No esperaba otra respuesta de usted, señor Piqué, en su condición de clónico de Miguel Ángel Rodríguez, créame.
(Risas.- Rumores.- Protestas.) Lo cierto es que el Gobierno del señor Aznar ha impedido hasta ahora, por todos los medios, la presencia en este Congreso del señor Martín Villa, presidente de Endesa, para explicar tan turbia operación con la eléctrica chilena Enersis, a pesar de que cuando se realizó la operación la empresa era pública y el presidente nombrado por el Gobierno. Claro que luego se ha quedado en la empresa ya privatizada también como presidente. ¡Vaya trágala! Dos cosas parecen claras: que el señor Aznar privatiza para

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sus amigos, aunque esto haya supuesto desguazar la empresa pública española, y que el que prometiera en las últimas elecciones dinamizar la vida parlamentaria ha convertido este Congreso de los Diputados en un burladero vergonzante donde esconderse, no en vano el 25 de julio de 1979 escribió en La Nueva Rioja un artículo titulado: El Parlamento, hazmerreír de la democracia.


Politólogo aparte, señor Piqué, las autoridades chilenas administrativas y judiciales han impuestos multas a Endesa y han iniciado procesos judiciales en los que los directivos de Endesa han sido imputados o llamados a declarar como testigos. Yo me pregunto, señor Piqué: ¿tienen más derecho los chilenos que los españoles a saber de este asunto? ¿Esta es la transparencia en la política de privatizaciones que prometió el señor Aznar? Ya criticamos en su día que ustedes estaban perjudicando los intereses de Endesa, la imagen de la empresa en Latinoamérica y a sus accionistas. Por cierto, ¿qué van a decir ahora a los que compraron acciones de Endesa en junio de 1998, cuya cotización ha caído un 6 por ciento desde entonces? ¿Qué ejemplos de independencia, neutralidad y transparencia? En resumen, señor Piqué, ustedes han privatizado por motivos de caja para colocar a sus amigos en la dirección de las empresas que actúan después como poderes económicos sumisos a sus intereses políticos, y esto lo hacen siempre desde la opacidad y muchas veces desde la desvergüenza. Lo de Endesa-Enersis es sólo un ejemplo. (Aplausos.) Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Ros, desde el afecto que sabe que le profeso esperaba de usted argumentos más serios (Rumores.), porque a estas alturas al preguntar qué vamos a decir a los accionistas de Endesa en relación a cómo ha evolucionado su valor en los últimos días le podría contestar en los mismos términos: ¿qué les vamos a decir a los accionistas que acudieron a las anteriores privatizaciones de Endesa y que han salido ganando en cantidades muy apreciables? No nos fijemos en las cotizaciones cotidianas de las empresas para argumentar no se sabe qué. Después no sigamos con argumentos del tipo de que los directivos de Endesa han sido llamados a declarar como testigos. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Es que tiene que ser un motivo? Vamos a ver. Aquí hay una gran inversión que tiene un contenido estratégico, que tiene un componente fundamental para aumentar el valor de Endesa, de sus accionistas y por tanto del conjunto de los españoles, y de lo que se trata es de que salga bien. Está saliendo bien, está evolucionado bien y todo su empeño en introducir ruido, en introducir elementos de confusión en toda esa operación, la verdad es que lo entiendo muy poco.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTÁ EL GOBIERNO CONSIDERANDO ALGUNA INICIATIVA QUE PUDIERA LLEVAR A LA TITULIZACIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA INTRODUCIDOS EN LA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO ACTUALMENTE EN VIGOR? (Número de expediente 180/001383).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 20, que formula el diputado don Javier Fernández Fernández, del Grupo Socialista.
Adelante, señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quería preguntarle si usted iba a posibilitar la titulización de los costes de transición a la competencia del sector eléctrico, pero ya me responde hoy en el periódico que esto va a ser efectivamente así. Aun así, me gustaría que usted me explicara si es cierto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente estamos trabajando en ello. Tenemos un precedente muy claro que es la titulización de la moratoria nuclear.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Nada tiene que ver uno con otro y usted lo sabe, señor ministro. Pero mire, lo que va a hacer es, en primer lugar, violentar la Ley eléctrica, por que esos CTC, esos casi dos billones de pesetas son una cifra máxima. ¿Dónde dice que puede haber una mínima por cierto tan alta como la que usted fija? En segundo lugar, se está haciendo con absoluta opacidad, con nocturnidad y alevosía, porque ¿dónde está el principio de transparencia que fija la Ley eléctrica? ¿Ha establecido usted contactos con la comisión a este respecto? ¿El procedimiento se ha respetado? Dígamelo. Dígame también, señor ministro, cómo se puede decir que se promueve la competencia cuando se titulizan los CTC y así se da la oportunidad a las compañías de blindarse porque pueden, sin merma de sus ingresos, bajar el precio del pull, impedir la llegada de nuevos entrantes. Usted lo

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sabe y, por tanto, ahora está perpetrando un atentado contra los intereses de los consumidores, y le advierto que vamos a llegar en la defensa de esos intereses incluso al Tribunal de la Competencia en las instancias de la Unión Europea.
Pero le diré una cosa más. Usted no puede dar compensaciones a las eléctricas por promover la competencia porque la Ley eléctrica le faculta a usted a hacerlo sin ninguna compensación. Le puedo decir que le apoyaría este grupo parlamentario y estoy seguro de que también todo el arco parlamentario y tendría el aplauso de los consumidores y el apoyo técnico de la comisión, y usted ha renunciado a ese consenso y a ese acuerdo unánime político, social y técnico por una negociación opaca y torcida con un grupo de presión, defendiendo unos intereses concretos que no son los de la mayoría, señor ministro. Esto demuestra que la opinión que tienen los sindicatos mineros asturianos de usted cuando dicen que es el ministro del centro es cierto, del centro, pero no del que dice ser sino del que es, el centro de las palabras vanas, el centro de las promesas huecas, el centro de los incumplimientos y del sectarismo del Gobierno popular. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, entiendo que usted tengas ganas de desahogarse, pero le voy a decir algo que creo que es irrebatible. Cuando nosotros llegamos al Gobierno había una ley que consagraba el monopolio, la intervención, y que nunca había posibilitado que bajaran las tarifas eléctricas.
(El señor Hernández Moltó: Eso no es verdad.) Eso es verdad y ustedes lo saben. (Rumores.- Aplausos.) A partir de ahí lo que le digo es que hay un nuevo marco que permitió bajar las tarifas en el año 1997 anticipándonos al cambio legal, que ha permitido bajar las tarifas en el año 1998, que va a permitir bajar las tarifas en 1999, en el 2000 y en el 2001, y que va a permitir otra cosa todavía más importante y es que prácticamente la mitad de la demanda de energía eléctrica pueda elegir libremente su suministrador en condiciones de competencia.
Le voy a decir otra cosa, hablando del sector eléctrico y de la opacidad. Es verdad que nosotros lo queremos hacer -porque tiene usted razón, somos un Gobierno de centro (Risas.)- y lo hacemos sobre la base del diálogo con todos los afectados, cosa que comprendo que a ustedes les resulta difícil de entender porque no solían hacerlo; pero nosotros lo hacemos dialogando y buscando el beneficio de los consumidores, tanto del sector productivo como de los consumidores domésticos. Ese es el resultado al que vamos a llegar. Y no me diga que va a haber opacidad, porque le garantizo -lo he dicho con toda claridad- que estamos trabajando y acordando esas medidas, pero las vamos a pasar por este Parlamento.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria y Energía.


- DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPABADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PORCINO? (Número de expediente 180/001375).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá, en nombre del Gobierno, la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pregunta número 13, que formula al Gobierno el diputado don Ricardo Burballa i Campabadal, del Grupo de Convergència i Unió.
Señor Burballa.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, recientemente el Comité veterinario permanente de la Unión Europea ha decidido proponer a la Comisión el levantamiento de las restricciones de circulación de animales en las comarcas de Lleida que habían estado afectadas por la peste porcina clásica.
Señora ministra, a este diputado le hubiera gustado que esa decisión se hubiera tomado antes del verano, al menos parcialmente. De todas formas, la noticia es positiva en sí misma y quiero, señora ministra, agradecerle la colaboración de los equipos técnicos y de los veterinarios de su Ministerio que han trabajado codo a codo con los del departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat y con nuestros veterinarios, con el sector, en definitiva, para conseguir vencer a la peste.
Sin embargo, señora ministra, hemos salido del fuego para caer en las brasas, porque a continuación desde las últimas semanas, prácticamente desde el inicio del verano, se ha producido una brusca caída de precios que compromete seriamente la viabilidad de las explotaciones, sobre todo de aquellas pequeñas y medianas explotaciones que mantienen el sector. Señora ministra, por otro lado nos llegan noticias de que su Ministerio está preparando una normativa de reestructuración del sector en el aspecto básicamente de la sanidad animal. En ambos ámbitos, señora ministra, en el de las medidas que la Administración ha propuesto para paliar esa caída brusca de precios y en el del sector sanitario, de la sanidad animal, es en los que creo que debe moverse el futuro del sector. Por ello le hago la pregunta de qué medidas piensa tomar el Gobierno para garantizar la competitividad del sector porcino.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa.
Señora ministra de agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente; gracias, señor diputado.
Creo que la experiencia de la lucha contra la peste porcina clásica ha abierto un período de reflexión en las administraciones que permitirá que esa colaboración que se ha mantenido a lo largo de ese período se plantee de una manera mucho más articulada y que nos permita luchar todavía con mayor eficacia, si cabe, en futuras situaciones similares.
Como sabe S.S., el sector del porcino supone para España, de producción final agraria, 600.000 millones; somos el segundo productor de la Unión Europea detrás de Alemania. Es cierto que hemos tenido unos años con precios muy elevados para los productores, al margen de los problemas deducidos de la peste porcina clásica, lo que ha hecho que se produjera en España un aumento importante de la producción. Eso estaba llevando a una cierta saturación de mercados y de caída suave de los precios, lo que se ha visto precipitado por la crisis en Rusia, porque hay que recordar que Rusia supone el 36 por ciento de las exportaciones de porcino de la Unión Europea. En esa tesitura, lo que España va a proponer el lunes -ya lo hizo el otro día en la reunión del Comité de gestión- en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea son más medidas, no sólo la ayuda al almacenamiento privado sino también mayores ayudas a la restitución para favorecer las exportaciones a terceros países, además de la eventual posibilidad de tomar medidas absolutamente extraordinarias como sería proceder a aplicar las de intervención dentro del sector del porcino. Al margen de esto, hemos presentado en la última sectorial a las comunidades autónomas una serie de medidas para adoptar dentro de nuestro país. Obviamente, esas medidas tienen que llevarse a cabo con plena colaboración y se tienen que aprobar de acuerdo con las comunidades autónomas y sin merma, en caso alguno, de lo que son sus competencias. Estamos hablando de medidas de reordenación zootécnica sanitaria del sector; aumento de las medidas de control del movimiento de animales; mayor participación de las agrupaciones de defensa sanitaria. Como muy bien dice S.S., fundamentalmente son cuestiones relacionadas con problemas de sanidad y de medio ambiente. Pero eso no basta. Hay, además, que impulsar la creación de la interprofesional del sector, algo que echamos en falta y que yo sé que a S.S. le preocupa tanto como a mí.
Por último, ¿sabe S.S. que en esta última semana ha repuntado un poco el precio del porcino, que ha subido entre 10 y 15 pesetas el kilo? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Burballa.


El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señora ministra.
Su señoría sabe que en el sector ganadero el porcino es en Lleida, en Cataluña y en España un sector estratégico económicamente. Estas medidas, las que usted proponga, las que ya se han adoptado en el comité de gestión y las que puedan adoptarse en el futuro, seguro que conseguirán paliar la crisis -el hecho de la subida de precio de la semana pasada ojalá continúe-, pero no sé si van a resolver la cuestión de fondo; creo que no van a resolver la cuestión de fondo, que no es otra que la de tener un sector fuerte y preparado para competir en los mercados internacionales.
Le voy a pedir tres cosas, señora ministra. Primera - y sé que es su voluntad-, que cualquier normativa que nos traiga a convalidar a esta Cámara sea consensuada, dialogada y aprobada conjuntamente, respetando las competencias de las comunidades autónomas. Segunda, que esta normativa que podamos impulsar y cualquier otra tengan como objetivo el profesionalizar al sector porcino. Y la tercera -y usted lo ha dicho porque sabe que me preocupa-, el impulso a la interprofesión, porque si tenemos una interprofesión fuerte seguramente conseguiremos que sea el propio sector el que actúe en circunstancias como las actuales.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Burballa.


- DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO DE MODULACIONES DE LAS AYUDAS EN EL SECTOR OLIVARERO TRAS LA APROBACIÓN DE LA NUEVA OCM? (Número de expediente 180/ 001390).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor De Torres.


El señor DE TORRES GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, por parte de algunos diputados de esta Cámara, y con una insistencia rayana en la terquedad, se viene hablando, con grandes dosis de demagogia, sobre el establecimiento de modulaciones en el sector olivarero. Quienes así actúan me consta, porque los conozco, que lo hacen por despecho y para paliar ante la opinión pública o el sector menos informado los buenos efectos de la actual y transitoria reforma de la organización común de mercado. Saben que en el texto del reglamento, ya publicado en el diario oficial de las comunidades autónomas, se dice que la ayuda

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deberá abonarse íntegramente a los agricultores, lo que significa, ni más ni menos, que un Estado miembro carece de potestad legislativa para modificar las cantidades que corresponden a cada olivarero. Lo saben ciertamente y, sin embargo, ante la opinión pública y para confundirla insisten. Piden que con las modulaciones se apoye al olivar menos productivo, siendo así que Andalucía produce el 81 por ciento y nuestra provincia, mi provincia, Jaén, sólo el 40 por ciento, lo que se traduciría, según el criterio de este diputado, en un perjuicio serio para todos los productores andaluces, ya que con respecto a la superficie cultivada nuestros olivos son los más productivos. Saben también que las exportaciones que tengan la consideración de prioritarias, o sea, las gestionadas por agricultores a título principal y cuya cotización a la Seguridad Social sea en calidad de autónomo o de trabajador por cuenta ajena, quedarían fuera de cualquier beneficio derivado de las modulaciones y, en este caso, son miles y miles los trabajadores dados de alta por cuenta ajena, según lo que se sabe, y deberían saberlo también, del proyecto que sobre el tema de las modulaciones circula por los foros europeos.
En consecuencia y para terminar con todo este cúmulo de despropósitos le pregunto, señora ministra, lo siguiente: ¿Qué opinión tiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto del establecimiento de modulaciones de las ayudas en el sector olivarero tras la aprobación de la nueva organización común de mercado del aceite de oliva? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Partiendo de la base de que la nueva OCM supone más dinero que nunca para el sector del olivar español -10.000 millones de pesetas más de lo que ha recibido en los momentos más importantes la aplicación de esta OCM hasta ahora-, más dinero, insisto, la modulación creo que está generando efectivamente mucha confusión. Primero, porque es cierto que con la formulación de la actual OCM es imposible aplicarla; no hay ese margen para los Estados miembros. Segundo, porque se está hablando de modulación como una medida general para toda la política agrícola común en Bruselas y se está hablando de una cosa completamente distinta de lo que parece ser que quieren decir aquellos que hablan de modulación para el olivar en España, porque tampoco se sabe muy bien qué es lo que dicen los que hablan de modulación para el olivar en España. Lo primero que haría falta es que se aclararán un poquito de lo que hablan.
En cuanto a la modulación que se propone de tipo general para todos los cultivos -no sólo para el olivar, porque además, insisto, al recibir más dinero que nunca son cosas distintas-, se plantean tres razones: primero, condicionalidad agroambiental, es decir, exigencia de unas medidas agroambientales para recibir la plena ayuda. Segundo, condicionalidad laboral, es decir, pedir unas unidades de mano de obra en función de las explotaciones concretas. Tercero, un tope máximo o un porcentaje a partir de ciertas cantidades. Las dos primeras propuestas dentro de la Unión Europea no están nada claras. Se discuten enormemente porque, primero, no se terminan de definir en su contenido concreto.
Tampoco se aclara demasiado bien dónde está, por ejemplo, la condicionalidad agroambiental: ¿es para todos los países lo mismo? España tiene unas condiciones distintas. Las cuestiones laborales de mano de obra, ¿de qué manera van? ¿Va en todos los países igual? ¿Con eso queremos frenar la competitividad de nuestras explotaciones? Eso está muy discutido y son muchísimos los países que tienen una posición con reservas como la de España o sencillamente de oposición frontal. Además, eso supondría encarecimiento y dificultad de gestión. La última modulación es cobrar a partir de una cierta cantidad, concretamente a partir de 16 millones de ayuda, en vez del cien por cien de la ayuda un porcentaje, sólo el 75 ó el 80 por ciento. Eso se podría hacer sin que supusiera mayor engorro ni mayor distorsión de la competencia. Esa es la única modulación que siempre y cuando los ahorros vuelvan a España, y sean para España, el Gobierno de España puede aprobar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS MANTILLA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL ACTUAL PROGRAMA DE FONDOS ESTRUCTURALES PARA LA PESCA -IFOP-? (Número de expediente 180/001391).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el diputado don Carlos Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Mantilla.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 2 de marzo de 1997 le preguntábamos a usted cuál era la situación de las ayudas del IFOP, o sea, del instrumento financiero de orientación pesquera a aquella fecha. Tengo que recordar que el IFOP había sido aprobado en 1994 y el anterior Gobierno había tenido año medio, durante su vigencia, y tan sólo había tramitado el 6 por ciento de las ayudas; ayudas que tengo que recordar que eran de 250.000 millones de pesetas entre las de la Unión Europea y la Administración central, más los 150.000 millones de pesetas

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de la financiación privada, lo que suponía una inversión de 400.000 millones de pesetas, inversión que era para la modernización, renovación, reconversión, creación de empresas mixtas, etcétera. En aquellos momentos usted me contestaba que en un año y medio el anterior Gobierno tan sólo había tramitado el 8 por ciento de las ayudas. El Gobierno popular en menos de 10 meses había situado el trámite en el 27 por ciento. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, más de un año, y por eso yo quisiera saber cuál es la situación actual de las ayudas al IFOP. Como usted sabe, señora ministra, se ha aprobado en abril del año pasado el POP-4, que es el Plan de orientación de pesca, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2001. Usted sabe bien que las ayudas del IFOP finalizan el 31 de diciembre de 1999. Ahí hay un vacío. Pero estamos totalmente convencidos de que el Gobierno será capaz de conseguir de la Unión Europea las ayudas necesarias, porque también tenemos que recordar una vez más que España ha sido uno de los países miembro de la Unión Europea que ha cumplido con exceso las exigencias del POP-3. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Por tanto, señora ministra, la pregunta es: ¿Cuál es la situación de las ayudas del IFOP en estos momentos y cuáles son las previsiones que tiene el Gobierno para las ayudas del IFOP durante la vigencia del POP-4, que cuando menos esperamos y deseamos que tenga un futuro mucho mejor? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Mantilla.
Señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Como muy bien decía S.S., la verdad es que nos encontramos con un programa poco ejecutado, poquísimo diría yo; en marzo de 1997 ya habíamos multiplicado por tres esa ejecución y en este momento lo hemos multiplicado por más de diez.
Puedo decir que lo que es programa operativo para regiones Objetivo 1, el IFOP, en lo que se refiere a compromisos tiene ejecutado el 70 por ciento y pagado ya el 52 por ciento. En cuanto al resto de regiones -es decir, las que están fuera del Objetivo 1- con los compromisos alcanzan el 84 por ciento y los pagos el 63 por ciento.
Con ello, señoría, hemos despejado las dudas que tenía y venía manifestando la Comisión sobre la capacidad de España para ejecutar los programas de IFOP y, por tanto, de agotar los fondos que nos habían sido asignados.
Tengo que destacar, además de esta cuestión que ha merecido la felicitación de la Comisión Europea con motivo de la reunión última del comité de seguimiento de ejecución de fondos de IFOP, que esto está permitiendo hacer un mayor hincapié en lo que es renovación de la flota, ya que es uno de los ámbitos que había tenido hasta el momento más baja ejecución y que actualmente ocupa el primer ámbito de esa ejecución de los fondos IFOP, por ser una apuesta decidida y firme de este Gobierno el mantener un sector moderno, competitivo y aumentar la seguridad de nuestras gentes de la mar.
Quiero recordarle, por último, que esto nos va a permitir no sólo conseguir el cien por cien de ejecución para los fondos que teníamos asignados, sino que nos coloca en muy buena posición para la negociación de fondos IFOP en el nuevo tramo.
Es cierto que el POP-4 prevé una financiación hasta el año 2001, es cierto que las perspectivas financieras se agotan en 1999, pero estoy segura, como ahora explicaré con más detenimiento, de que vamos a conseguir mantener un apoyo a nuestro sector pesquero a pesar de que hay que cambiar sensiblemente lo que es la propuesta inicial de la Comisión, que no nos satisface. En cualquier caso plantea el seguir manteniendo los fondos IFOP.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES HA EMPRENDIDO EL GOBIERNO EN DEFENSA DEL SECTOR PESQUERO A PARTIR DE LA AGENDA 2000 Y DE SU DESARROLLO LEGISLATIVO (Número de expediente 180/ 001392).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula don Luis Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor Marquínez, tiene la palabra.


El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, buenas tardes. Todos sabemos, y probablemente les moleste a algunos grupos de los bancos de enfrente, que está usted haciendo un gran esfuerzo en favor del sector pesquero y del sector agrícola español en Europa, y naturalmente la repercusión correspondiente que se tiene en España. Sabemos que está haciendo un gran esfuerzo, repito, y además no un esfuerzo gratuito sino un esfuerzo exitoso, como diría un sudamericano de pura cepa. Esto ha sido patente en el tema del olivar, en el cual se han obtenido éxitos sin precedentes, incluso invitamos a la señora ministra de Medio Ambiente, que también está aquí, a que se siga en el trabajo sobre el bromuro de metilo, que tanto afecta a nuestros cultivos de fresa, ya que es importante mantener los compromisos que había al respecto para que el sector fresero no sufra las consecuencias,

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recordando, por si alguien se llama a engaño en este sentido, que cuando se trató del mismo tema en pesca, el famoso ácido bórico que afectaba como conservante a la pesca, el Gobierno de entonces, del Partido Socialista, no dudó en cancelar esa protección sobre el sector pesquero de forma inmediata y fulminante sin tener ninguna consideración hacia los pescadores, cosa que ahora, sin embargo, sí se está haciendo en relación con el sector fresero, y repito que invitamos los diputados andaluces a que se haga, y con mucho cariño, para que el sector no sufra ningún daño.
Lo mismo que se preocupa la ministra por el sector agrícola, sabemos que se preocupa por el sector pesquero -y son grandes las zozobras de dicho sector pesquero-, lo mismo que nos preocupamos los diputados del Partido Popular, habida cuenta de que en tan estrecho turno de preguntas dos de ellas han ido destinadas a la pesca por miembros del Grupo Popular. No parece que en otros grupos haya la misma preocupación por ese sector tan importante para nuestra economía.
El sector pesquero en estos momentos se encuentra, lo sabemos, en fase de estudio muy concienzudo por parte del Ministerio, que está elaborando la primera ley de pesca que va a haber en este país, y esperemos que vea la luz dentro de poco. Existe preocupación por la regulación de la pesca marítima, la normativa básica de ordenación pesquera, la normativa básica de la actividad comercial pesquera y todos los factores que afectan a ese sector. No obstante, es en Europa donde nace nuestra primera preocupación, donde nacen nuestros primeros intereses y es Europa lo que origina la pregunta que le hacemos ahora mismo a la ministra: ¿Qué acciones ha emprendido el Gobierno en defensa del sector pesquero a partir de la Agenda 2000 y de su desarrollo legislativo? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Marquínez.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio del Valle-Lersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, es preocupación del Gobierno, y del Partido Popular en general, el sector pesquero y la modernización de nuestra flota, y quiero decir que, como referí hace un momento, la utilización de los fondos IFOP son un elemento clave para esa modernización y para la mejora de la seguridad de nuestra gente de la mar. Tengo que añadir que la propuesta que aparece en la Agenda 2000 para este capítulo no nos satisface, y no sólo no satisface al Gobierno, sino tampoco al sector y yo creo que a nadie. No nos satisface porque se contienen limitaciones territoriales y de población que pueden hacer que zonas pesqueras queden fuera de esos fondos IFOP, sobre todo en lo que son zonas fuera de Objetivo 1. Así, la regulación respecto a ese tipo de zonas es enormemente peligrosa y aleatoria y plantea que la financiación se haga a través del Feoga-garantía, con todos los problemas que ello puede concertar. Pero como mantiene la regionalización a ultranza de la programación de fondos, y al haber regiones que van a cambiar de situación con tratamientos transitorios, ello puede conducir a una extraordinaria proliferación del número de programas a elaborar y las dificultades correspondientes. Además, la propuesta del reglamento no contiene la relación de acciones estructurales que se van a aplicar durante los próximos siete años de programación, ni cómo será la programación para las zonas no cubiertas por los fondos estructurales.
Todas estas deficiencias nos han llevado a desarrollar una serie de reuniones no sólo con la Comisión, sino también con la gente que está en el Parlamento Europeo y que se ocupa de las cuestiones de pesca y con los distintos países de la Unión Europea más interesados por el sector pesquero.
Por tanto, señor Marquínez, nosotros esperamos -y yo me he reunido en varias ocasiones con la Comisaría Bonino para trasladarle mi preocupación por estas cuestiones- que a lo largo de los meses que quedan por delante podamos llevar a cabo unos cambios sustanciales que permitan garantizar la existencia de esos fondos IFOP para toda nuestra costa -sin discriminación zonal, sino para todas las poblaciones afectadas- y, además, una mayor definición que permita dar unas más grandes seguridades a todo nuestro sector pesquero.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARÍA ARAGONÉS LLORET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE EL INSALUD PREVISTAS NUEVAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONCIERTOS CON SERVICIOS SANITARIOS AJENOS? (Número de expediente 180/001393).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad y Consumo. Pregunta número 30, que formula don Antonio Aragonés Lloret, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Aragonés, tiene la palabra.


El señor ARAGONÉS LLORET: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, la Ley General de Sanidad contempla en su articulado la posibilidad de que los recursos sanitarios existentes y que no sean de titularidad pública se complementen con ésta en aquellos casos que se considere necesario. Por otro lado, no es novedad la puesta en práctica de esta medida, ya que se viene realizando durante años y su finalidad es la de

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establecer conciertos con servicios externos para mejorar la asistencia sanitaria a los ciudadanos. Nos consta que por parte del Ministerio de Sanidad se sigue un procedimiento planificado y que los resultados obtenidos han hecho mejorar la eficiencia sanitaria en aras de que el ciudadano sea atendido lo antes posible y con garantía de recibir una calidad asistencial óptima. Asimismo, nos consta que el Ministerio que usted dirige no realiza esta planificación como se hacía en etapas del anterior Gobierno, que adjudicaba estos servicios externos bien directamente, bien con una simple autorización.


Señor ministro, nuestro grupo parlamentario entiende que existe una legislación que establece de manera muy clara las normas en las que deben basarse estos conciertos. Somos conscientes de la importancia que tiene el cumplimiento de estas normas para una mejor atención al ciudadano y un perfecto control por parte de la Administración de dichos conciertos con entidades que no son de titularidad pública.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la importancia que tiene este tema para todos, le pregunto, señor ministro de Sanidad, lo siguiente: ¿Que actuaciones tiene previstas el Insalud en materia de conciertos? Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Aragonés.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Los servicios sanitarios ajenos, como muy bien ha recordado S.S., se conciertan desde los criterios de oportunidad, complementariedad y subsidiariedad sobre los medios propios del Insalud. Las acciones previstas para los próximos meses en materia de asistencia concertada para apoyar el desarrollo de los objetivos asistenciales del instituto -demora quirúrgica y diagnóstico, plan de la mujer, 061, plan de calidad, etcétera-, y para ordenar y reorientar las prestaciones tradicionalmente concertadas en orden a mejorar su eficacia, eficiencia y calidad, no van a suponer en ningún caso un incremento excepcional del presupuesto dedicado a esta actividad, sino que las cuantías económicas se mantienen en los límites habituales de otros ejercicios, estableciéndose para el de 1999 un incremento del 5,33 por ciento sobre el presupuesto del año anterior.
Vamos a seguir avanzando en la línea de someter el procedimiento a la legalidad vigente, respetando los principios de publicidad y libre concurrencia, eliminando las autorizaciones de uso y la contratación directa a que se refería S.S., y vamos a realizar una planificación más eficiente de las prestaciones tradicionalmente concertadas.
A estos efectos, vamos a convocar concursos para el otorgamiento de los contratos marco para procedimientos diagnósticos por imagen y litotricia, procedimientos diagnósticos y terapéuticos sobre medios móviles, procedimientos quirúrgicos, otros procesos diagnósticos y terapéuticos, radioterapia, pruebas alérgicas, rehabilitación y otras pruebas complementarias; vamos a modificar y ampliar los conciertos de transporte sanitario para favorecer la implantación del sistema de emergencia 061; vamos a extender y explorar nuevas fórmulas de colaboración con los hospitales militares dependientes del Ministerio de Defensa; vamos a revisar la ubicación de los centros de diálisis con objeto de aproximar lo más posible el servicio sanitario al ciudadano; vamos a plantear una nueva estrategia de concierto para terapia respiratoria domiciliaria, y vamos a generalizar de forma progresiva el sistema de concierto por proceso, procedimiento o casuística atendida frente al concierto por estancia, UPA u otros procesos intermedios.
Con estas medidas confiamos racionalizar y mejorar la utilización de los servicios concertados.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO GIL MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD QUE AHORA SE EMITE, DE PREVENCIÓN DEL SIDA? (Número de expediente 180/001394).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 31, que formula don Juan Antonio Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gil Melgarejo, tiene la palabra.


El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, como usted sabe, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es uno de los principales problemas de salud pública que tiene planteados nuestro país, y aunque en España la epidemia de sida comenzó más tardíamente que en el resto de Europa, en pocos años, lamentablemente, hemos ido escalando los primeros puestos en número de casos hasta convertirnos en el país que más casos aporta a las cifras europeas, siendo la población que sufre una mayor afectación por el sida. En 1996, señor ministro, la tasa de incidencia de sida por millón de habitantes en nuestro país fue de 152, casi el doble que en los países que le siguen.
De acuerdo con este ritmo de aparición de casos, en España se estaría diagnosticando ahora un nuevo caso de sida al año por cada 6.500 habitantes, siendo el número de personas infectadas por el VIH mucho mayor. En 1993, la mortalidad por sida aumentó un 22 por ciento con respecto al año anterior, constituyendo, a partir de esa fecha, la primera causa de muerte entre los españoles

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de 25 a 44 años. No obstante, parece haber indicios de una reducción reciente de la mortalidad.
En España, señor presidente, señorías, el 80 por ciento de los casos de sida se relacionan directa o indirectamente con el consumo de drogas por vía parenteral. Este hecho hace algo distinta nuestra epidemia de la del resto de Europa, dificultando el éxito a corto plazo de las medidas de prevención que han proporcionado mejores resultados con otras prácticas de riesgo.
Señor ministro, el sida no sólo es un problema sanitario, sino también social y económico; afecta a colectivos jóvenes en plena etapa productiva y genera un gran sufrimiento individual, familiar y social. La aparición de esta enfermedad ha revolucionado las estructuras sanitarias y sociales e incluso ha cambiado las reglas de convivencia de los ciudadanos. El sida es una enfermedad esencialmente condicionada por la conducta humana.


Por estos motivos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y pensando que la actual campaña publicitaria sobre el VIH sida es parte integrante de los objetivos que se ha trazado el Ministerio en esta materia, le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede informar el Gobierno sobre los objetivos de la campaña de publicidad de prevención del sida que ahora se emite? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gil Melgarejo.
Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias, señor presidente.
Como muy bien ha recordado S.S., el sida es, en efecto, uno de los problemas más graves de salud pública, con la trascendencia de tipo social a que se ha referido también S.S., y la mayor causa de muerte en la población joven, incluso por encima de los accidentes de tráfico. De 49.000 casos diagnosticados en España hasta 1997, el 54 por ciento han fallecido.
Las distintas estrategias de prevención desarrolladas en los últimos años -nosotros, por cierto, incrementamos el presupuesto un 300 por ciento- y los nuevos antirretrovirales, han permitido una reducción del número de nuevos casos en un 25 por ciento, y en algunas comunidades autónomas en un 50 por ciento el número de fallecimientos. Pero no podemos ser triunfalistas. Todos los estudios realizados demuestran que el nivel de conocimiento de la población española sobre los mecanismos de transmisión de la infección por VIH es muy elevado: más del 80 por ciento los conoce correctamente y su actitud hacia la información como medida de prevención de la enfermedad es muy positiva. No obstante, todavía es frecuente identificar erróneamente el riesgo de infección con determinados vehículos de transmisión: saliva, objetos personales y prácticas (recibir o donar sangre), o con determinados colectivos. Por este motivo es necesario mantener e incrementar el grado de información de la población sobre la infección por VIH sida y las conductas que favorecen su transmisión mediante nuevas campañas a través de los medios de comunicación y promover conductas sexuales saludables, al tiempo que se trata de inculcar actitudes positivas y solidarias frente a este grave problema de salud pública y social.
Por ello, desde el pasado mes de julio, y hasta el próximo mes de noviembre, el Ministerio de Sanidad está desarrollando una campaña audiovisual, dirigida a toda la población, que tiene los siguientes objetivos: seguir insistiendo en la importancia de mantener prácticas sexuales seguras, mejorar el apoyo y la integración de los pacientes y de los drogodependientes en los programas de reducción del daño y, por último, evitar que los ciudadanos tengan una percepción menor del riesgo de la infección por VIH en una etapa en la que los casos de sida, afortunadamente, han descendido, como antes he recordado, en un 25 por ciento.
En material audiovisual se utiliza lo mismo que en las campañas de 1995, 1996 y 1997, y esta campaña ha supuesto un coste de 200 millones de pesetas, estando enmarcada dentro del Plan territorial de lucha contra el sida.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INVERSIONES ESTÁ REALIZANDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD DE PRESAS? (Número de expediente 180/001385).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente. Pregunta número 22, que formula doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista.
Señora Romero, tiene la palabra.


La señora ROMERO LÓPEZ: Señora ministra, los últimos años han sido de graves inundaciones, sobre todo con gran efecto en Andalucía y en Cádiz; inundaciones en Jerez que en parte se podrían haber evitado; presas sin terminar con riesgo para poblaciones; denuncias en prensa de técnicos de las confederaciones hidrográficas; acuerdos del Consejo Económico y Social y del Consejo de Medio Ambiente; plenos de distintas corporaciones; hoy mismo, manifestación en Sevilla por el resultado de la resolución de cobertura de su propio Ministerio para aumentar el personal.
Puede referirse S.S. a la Administración anterior, a las que no son de titularidad estatal, a que nosotros mismos generamos alarmismo, pero hoy quisiera preguntarle, señora ministra, ¿qué inversiones tiene previsto y ha realizado durante este año el Ministerio de Medio Ambiente en seguridad de presas y embalses?

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Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Romero.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señora Romero, desde el año 1996, 4.327 millones de pesetas.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señora Romero, tiene la palabra.


La señora ROMERO LÓPEZ: Tiene un nombre la situación que estamos viviendo, señora ministra. Ese nombre es tajo en el presupuesto destinado a seguridad de presas y embalses. Usted sabe que desde el año 1996, en el programa 512.A -lo tiene por escrito-, el presupuesto ha disminuido exactamente a la mitad en seguridad de presas y embalses. La guardería fluvial, señora ministra -no me gustaría estar haciéndole hoy esta pregunta- es escasísima, por no decir casi inexistente en la provincia de Cádiz, y usted lo sabe. Hay pantanos, como el de Guadalcacín, con 800 hectómetros cúbicos, que no están terminados.
Usted está incumpliendo la legislación, y lo sabe perfectamente. O no se ha enterado, señora ministra, o está demostrando una incompetencia que sólo se puede compadecer con la prepotencia de la que a veces hace gala. Por eso quisiera decirle que no tiene más que ver cuáles son las presas de titularidad estatal en la provincia de Cádiz y el riesgo al que pueden estar sometidas algunas poblaciones. Las que están clasificadas como A, usted sabe perfectamente, señora ministra, son presas cuya rotura o funcionamiento puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, así como producir daños medioambientales muy importantes. Y sabe usted también que la mayoría de ellas no están clasificadas, no tienen normas de explotación ni planes de emergencia. A estas alturas yo no le haría esta pregunta si la situación no fuera realmente grave y no se estuviera denunciando por los propios técnicos de las confederaciones hidrográficas, si no estuvieran los sindicatos gravemente preocupados, si no estuviera la población pensando que hay situaciones que se podrían haber evitado.
Pero le he oído decir en otras ocasiones que las catástrofes las puede mandar Dios. Señora ministra, en esta ocasión hay catástrofes que se pueden prever perfectamente y está en su mano preverlas, pero no ha sido así cuando ha reducido prácticamente a la mitad el presupuesto del año 1996 con respecto al de 1998. Esa es la situación que estamos viviendo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Romero.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señora Romero, dejemos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que me sorprende es esa preocupación y ese énfasis que pone usted ahora mismo como diputada por Cádiz, por ejemplo, por el tema de la seguridad de las presas. Usted era diputada por Cádiz con anterioridad y con responsabilidades que creo que atañen bastante directamente a un Gobierno que estuvo mandando en España durante 14 años; por tanto, no nos acuse ahora mismo de incumplir la legalidad, cuando quiero recordarle, señora Romero, que hasta marzo de 1996 España no tuvo un reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses, el cual hemos puesto en funcionamiento, y estamos acudiendo nosotros, precisamente, a elaborar esa clasificación de presas que no nos hemos encontrado hecha, señora Romero.
Quiero decirle, con respecto a la cuantía que usted me pregunta, que, evidentemente, 4.327 millones de pesetas puede parecer una insignificancia, pero son muchas las necesidades que hay en España y es el presupuesto que tenemos. Y quiero decirle que me siento satisfecha de cómo por lo menos hemos puesto en marcha unos planes de emergencia ante el riesgo de rotura o accidente grave en las presas, con una serie de inversiones muy concretas: en acondicionamiento de dispositivos de desagüe, 1.706 millones de pesetas; en perfeccionamiento de dispositivos de auscultación, 163 millones de pesetas, y en acondicionamiento eléctrico de sistemas de suministro de energía, 92,2 millones de pesetas.
Evidentemente, no es suficiente, señora Romero, y por eso estamos trabajando en esta línea, pero créame que, sin ningún afán triunfalista, sin ninguna prepotencia, afortunadamente en este momento podemos estar hablando de catástrofes hipotéticas en el planteamiento que usted me hace, y la misma hipótesis de trabajo estamos teniendo durante los dos años que estamos siendo responsables del Gobierno que durante los 14 años suyos, en los que yo creo que S.
S. debía haber tenido bastante influencia para haber podido cambiar la situación.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ RAZONES HA TENIDO LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE PARA PROPICIAR LA DESAPARICIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE? (Número de expediente 180/001386).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 23, que formula doña Cristina Narbona, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Señora Narbona, tiene la palabra.


La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señora Tocino, todo el mundo sabe de sobra que a usted no le entusiasmó en absoluto ser nombrada ministra de Medio Ambiente, seguramente porque aspiraba a tareas más importantes. ¿Ese desprecio hacia el medio ambiente y hacia quienes lo defienden es quizás una de las razones por las que ha propiciado la muerte lenta del Consejo Asesor de Medio Ambiente? ¿Hay otras razones, señora ministra, para su reiterado incumplimiento de todos los compromisos que asumió usted hace más de un año, cuando comenzaron las deserciones del Consejo Asesor?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Narbona.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señora Narbona.
Desde luego, quien ha despreciado el medio ambiente es usted pensando que éste no es un ministerio importante, quizás porque no tuvo la oportunidad de que le dieran la cartera de ministra de Medio Ambiente. (Rumores.) En cualquier caso, lo que S.S. formula no es una pregunta, yo creo que es un deseo que le gustaría ver realizado: que efectivamente el CAMA hubiera muerto y que la ministra de Medio Ambiente fuera, como usted dice, quien lo ha propiciado, pero el CAMA sigue existiendo.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora ministra.
Señora Narbona, tiene la palabra.


La señora NARBONA RUIZ: Ministra, no me ha querido usted dar las razones de su incumplimiento reiterado frente a los miembros del Consejo Asesor. Las razones de quienes se han ido del Consejo Asesor las conocemos y las conoce toda la opinión pública, y se resumen en una: su absoluta incapacidad de diálogo, ministra. Y además se le nota a usted mucho que no necesita el asesoramiento de nadie, ni siquiera de los propios asesores que usted nombra en su gabinete y que aguantan muy poco tiempo con usted, hartos de su arrogancia. Un consejo asesor está para asesorar y usted no se deja asesorar, ministra. La prueba es que ninguno de los textos legales que ha traído a esta Cámara tiene el apoyo del Consejo Asesor, que en sus informes los ha descalificado a todos ellos, incluso a normas que todavía no ha traído aquí, como la reforma de la Ley de Aguas. Va a haber que blindar al Consejo Asesor contra ministros como usted, que no se dejan asesorar. Por eso nuestro grupo traerá a esta Cámara una iniciativa legal que convierta en preceptivos los informes del CAMA previos a la aprobación de un proyecto de ley, para que usted o quien le suceda en el cargo esté obligado a escuchar a la sociedad, aunque no le apetezca.
Ministra, no haga además quedar en ridículo a su propio presidente haciéndole decir aquí hace un rato que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar la muerte del Consejo Asesor de Medio Ambiente. ¿Pero dónde están esos esfuerzos, ministra? ¿Qué es lo que ha hecho usted para evitar lo que no nos haya contado todavía? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Lo más grave, ministra, es que, para hacer lo que usted ha estado haciendo en materia de política ambiental, desde luego no necesita ningún consejo, lo sabe hacer perfectamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Narbona.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias, señor presidente.
Quizás el quid de la cuestión, como usted acaba de reconocer, es que cuando ustedes crearon un consejo lo llamaron consejo asesor y ahora se dan cuenta de que quieren un consejo preceptivo.
Señora Narbona, esa capacidad de diálogo que no me acepta, y que desde luego es el talante del Ministerio de Medio Ambiente, ha producido frutos más importantes que los que un mal entendido concepto de diálogo y de negociación, del que usted puede conocer muy directamente como secretaria de Estado que fue del entonces ministro Borrell, impidió que España tuviera unos planes de cuenca, porque no supo dialogar, no supo negociar no con un consejo asesor de ecologistas y de sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, que son los que se han autoexcluido del CAMA, sino con representantes de su mismo partido que estaban en el Gobierno, por ejemplo, de Castilla-La Mancha. Dése usted cuenta cómo no pueden dar lecciones de talante negociador y de talante de diálogo. Se han producido consensos en político hidráulica como no se conocían en España.
Señora Narbona, me encantaría, como ministra de Medio Ambiente, que estuviera funcionando el Consejo Asesor de Medio Ambiente para las funciones que ustedes le asignaron: asesorar en materia medioambiental al Gobierno. Créame que la influencia en materia medioambiental depende exclusivamente, en el Gobierno, de que esos miembros quieran trabajar o no. Unos se autoexcluyeron al principio, a pesar de que convocamos a todos, incluso a los que no quisieron trabajar con ustedes, que también les abandonaron del Consejo Asesor de Medio Ambiente; les convocamos nuevamente; las asociaciones ecologistas se autoexcluyeron al principio, ahora se autoexcluyen organizaciones sindicales como Comisiones Obreras y UGT.
Le vuelvo a repetir la intención absoluta de seguir tendiendo puentes de diálogo con el Consejo Asesor de Medio Ambiente, pero considero que son importantes

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los que siguen trabajando y asesorando al Ministerio en los grupos de trabajo que continúan funcionando.
Usted no puede decir que se traen las leyes sin haber pasado los borradores y los anteproyectos por el Consejo, porque los grupos de trabajo están funcionando. Han hecho varios informes sobre distintas leyes que ya hoy son anteproyectos de ley. Desde luego seguiremos en esa línea de tender puentes de diálogo si la otra parte quiere aceptarlos.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PODRÍA EL GOBIERNO EXPLICAR EL CALENDARIO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA N- 340, ESPECIALMENTE EN ZONAS DE ALTAFULLA, TORREDEMBARRA, VALLIRANA Y EL RESTO DE LOCALIDADES AFECTADAS EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/001374).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento.
Pregunta número 12, que formula doña Pilar Rahola Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Rahola, tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Cataluña tiene pendientes numerosas inversiones para el período 1998- 2001 de carácter ineludible. Varias de ellas pertenecen a las obras de ampliación y reforma de la N-340, que presenta diversos puntos conflictivos, en especial a su paso por Tarragona, Altafulla, Torredembarra, etcétera. En algunos tramos, como el de Tarragona y Altafulla, registra un tránsito superior a 29.000 vehículos diarios, lo que provoca frecuentes embotellamientos en determinadas horas y especialmente los fines de semana, sin que exista ninguna alternativa circulatoria viable para los automovilistas. Asimismo, mantiene un elevado índice de accidentes, por ejemplo el 1 de septiembre, con cinco muertos y 10 heridos el último. ¿Podía el Gobierno explicar el calendario de las obras de reforma y ampliación de la N-340, especialmente en las zonas de Altafulla, Torredembarra, Vallirana y el resto de localidades afectadas en Cataluña?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Rahola.
Señor ministro de Fomento, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la respuesta será excesivamente larga, por lo que no sé si tendré tiempo.
Con carácter de síntesis, le puedo reseñar que en estos momentos obras en ejecución o ya licitadas en la N-340 hay inversión por valor de 21.333 millones de pesetas y comprenden 29,4 kilómetros. En fase de estudio o proyecto hay 16.000 millones de pesetas pendientes y 18 kilómetros 600 metros. Con carácter concreto, la variante de Altafulla y Torredembarra está en obras, con 3.359 millones de pesetas y nueve kilómetros; se terminará a principios del año 2000.
La variante de Cervelló, que tiene un altísimo coste, 12.000 millones de pesetas para seis kilómetros y medio, se licita antes del 31 de diciembre. La variante del puerto de Ordal, un tramo de dos kilómetros, está en ejecución; la inversión es superior a los 300 millones de pesetas. La variante de Santa Margarida está actualmente en realización conjunta con la de Arbós-La Rápita. Son siete kilómetros y 1.700 millones de pesetas de inversión. En estos momentos una parte de las obras está detenida como consecuencia de la aparición de un modificado que está en tramitación administrativa. La variante de Vilaseca está en servicio la primera fase y las obras de la segunda fase serán licitadas antes del 31 de diciembre del presente año, 4 kilómetros y medio, 3.200 millones de pesetas. En lo que afecta a los estudios y proyectos que se seguirán licitando en el transcurso del próximo año, está la variante de Vallirana, la llamada variante de Hospitalet del Infant-Vilaseca y el tramo de TarragonaLa Mora; todos ellos podrán iniciar su ejecución a finales del próximo año 1999 o a principios del 2000.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le doy también las gracias puesto que la información es enormemente valiosa para Cataluña, especialmente porque este tramo es muy conflictivo y ha llegado a un punto de colapso que implica no sólo una siniestralidad muy alta, sino también -como ustedes saben- un conflicto incluso ciudadano que ha llevado a hacer manifestaciones cada fin de semana con el colapso subsiguiente.
Sin embargo, le querría preguntar si, más allá de los planes previstos e incluso conocidos, hay una voluntad de priorizar de manera especial con carácter de urgencia los tramos más conflictivos; es decir, no esperar hasta el 2001 -como parecía que eran las previsiones-, sino poder estar hablando, como el señor Viralta dijo cuando estuvo en Reus hace poco, y tengo aquí el Diario de Tarragona, de tener obras muy concretas a finales del año 1999. En todo caso, quería preguntarle si habrá una voluntad de priorizar aún más estas obras que desde 1984 son obras calificadas como tramo conflictivo por el Gobierno del Estado y que, sin embargo,

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no hay manera de conseguir acabar. Querría saber si tienen carácter de urgencia, si están tipificados todos los presupuestos, saber qué va a ocurrir con los peajes, con la gratuidad de la A-7 en Tarragona y cuándo se levantan estos peajes, puesto que no se puede utilizar ninguna otra variante. Usted sabe que hay un conflicto en este sentido, que no se sabe qué va a pasar con Acesa, quién va a asumir esos peajes, si van a ser realmente o no gratuitos; en definitiva, cómo se van a acabar.
Por tanto, he de decirle que, a pesar de que el nivel de información que usted ha dado me es satisfactorio, no lo es tanto la voluntad de priorizar esta obra por parte del Gobierno. Entiendo que hay más voluntad de mantener los plazos ya concebidos, algunos no del todo estables, que no priorizar con carácter de urgencia los necesarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señora Rahola, creo que una inversión en ejecución de 21.000 millones reflejan una voluntad prioritaria. Si me pregunta por la aceleración de las obras le diré que haremos todo lo posible, como es lógico, por acelerarlas especialmente en los puntos conflictivos. No se le oculta a la señora diputada que hay zonas tan delicadas de construcción que es difícil acelerar las obras. En cualquier caso, presionaremos a las empresas constructoras para que efectivamente terminen antes del plazo previsto.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO VASCO (EAJPNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN REALIZA EL MINISTERIO DE FOMENTO DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALIZADAS EN EUSKADI PARA EL EJERCICIO DE 1998? (Número de expediente 180/001377).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula don José Juan González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Vasco pactaron las partidas de inversiones territorializadas en Euskadi para 1998, hace ahora precisamente un año. Entre otras, en las materias de su competencia tenemos que reconocer desde el Grupo Parlamentario Vasco que, por ejemplo en telecomunicaciones, los pactos han sido razonablemente cumplidos, por lo que le felicitamos a usted y a su equipo. Sin embargo, llegado el otoño este grupo parlamentario constata las dificultades de ejecución de las distintas partidas presupuestarias en infraestructuras y quisiéramos saber por qué.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en estos momentos, por la información que me suministran los servicios técnicos, no tengo conciencia de que haya ninguna inversión importante realmente retrasada. Puedo hacerle un repaso. Para inversiones en ferrocarriles, renovaciones de vías y mejora de instalaciones hay una inversión presupuestaria prevista de 899 millones de pesetas, y van invertidos hasta el presente mes 877 millones de pesetas; supresión de pasos a nivel, 146 millones presupuestados, 97 ejecutados; construcción de la nueva estación de ferrocarril en el puerto de Bilbao, se ha autorizado la licitación de las obras en un reciente Consejo de Ministros y está prevista la adjudicación de la obra por una cuantía de 1.029 millones de pesetas.
En lo que afecta a los puertos, señoría, en los presupuestos del Estado figura una inversión de 9.400 millones de pesetas; en este momento el 60 por ciento está ya gastada o comprometida; concretamente en el puerto de Bilbao de 8.160 millones se han gastado ya 5.300 y en el puerto de Pasajes de 1.243 millones se han gastado 782.
En lo que afecta a las inversiones en los aeropuertos, el ritmo de las obras se califica de normal; se gastará la cantidad prevista; hay en estos momentos presupuestados 5.000 millones de pesetas, y probablemente se agotará el crédito presupuestario al final del ejercicio. Concretamente el aeropuerto de Sondica lleva la principal inversión, 3.862 millones de pesetas, en el presente ejercicio, y hay que tener en cuenta que la ejecución del proyecto de Calatrava es técnicamente muy compleja, hasta el punto de que ha habido que hacer dos modificaciones sustanciales del proyecto y eso necesariamente implica un retraso de las obras, pero las partidas están presupuestadas y, por tanto, la ejecución estricta, la obra en sentido técnico, depende de las posibilidades que tenga la propia empresa constructora en función de las dificultades técnicas del proyecto.
Entiendo, señor González de Txabarri, que las inversiones del Ministerio de Fomento van a un ritmo normal de ejecución y más bien diría yo que con un ritmo alto de ejecución presupuestaria para la fecha del año en que nos encontramos.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Yo creo, señor ministro, que la diferencia radica en la distancia que existe entre lo que sostienen los papeles y la visión de las obras en ejecución. Tiene razón en que con criterios de seguimiento presupuestario esos datos son ciertos y rigurosos y no tenemos nosotros otros distintos. La perspectiva distinta se adquiere al ir a pie de obra y constatar la realidad de esos proyectos. Quizá, como usted ha indicado muy bien, el aeropuerto de Sondica en Bilbao es emblemático desde dicha perspectiva; unas obras que hace cinco años razonablemente tenían que haber culminado se encuentran sin acabar y no hay forma de usar ese aeropuerto, con el tráfico que mantiene, en unos niveles razonables.
No le voy a hablar más del túnel de Serantes, porque fue objeto de una interpelación singular de este grupo parlamentario. Quizá otra obra emblemática pueda ser la Y vasca, que a esta marcha nuestros biznietos la conocerán. Es verdad que existen cantidades, pero el problema es que nuestra generación quiere usar estas obras, y muchas veces tenemos la sensación de que esta sección de su ministerio, insisto, la que lleva infraestructuras, tiene un pie cojo dentro del ministerio. Yo mismo le he indicado que otras piernas de ese ministerio funcionan razonablemente, pero convendrá conmigo, señor ministro, en que, a la vista de los análisis que se realizan de la ejecución (estamos hablando de ejecución) de las partidas de esta sección de infraestructuras, el ministerio tiene una pata coja que necesita reparación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, hay obras cuya ejecución no depende de la partida presupuestaria. La partida presupuestaria está y figura contabilizada y es imposible gastarla toda ella porque la ejecución técnica del proyecto es enormemente complicada. Yo estoy convencido, señoría, que seguirá siendo usted joven cuando inauguremos el aeropuerto de Sondica.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARIO CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL ACUERDO FIRMADO POR RENFE POR EL QUE SE INCORPORA, EN EL

MARCO DE VÍAS DE PASO LIBRE PREVISTO EN EL LIBRO BLANCO DEL FERROCARRIL DE LA UNIÓN EUROPEA, AL PRIMER CORREDOR EUROPEO DE TRÁFICO FERROVIARIO DE MERCANCÍAS? (Número de expediente 180/001395).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 32, que formula don Ángel Mario Carreño, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.
El 26 de noviembre de 1997 se firmó en París el Acta fundacional del corredor europeo de tráfico ferroviario, que supone la solución ferroviaria a la saturación del tráfico por carretera y la agilización del transporte de mercancías. Pretende además obviar la dificultad de construcción de nuevas autovías que plantean problemas de calidad medioambiental.
El primer tren de enlace entre los principales centros económicos europeos empezó a funcionar entre Bélgica, Francia y Luxemburgo el 13 de enero de 1998. Poco después Renfe se incorporó a dicho corredor, lo cual supondrá una notabilísima mejora en el transporte de mercancías españolas o hacia España desde Europa.
De ahí la pregunta que formulo al Gobierno, al señor ministro de Fomento: ¿Cuáles son las líneas básicas del acuerdo firmado por Renfe por el que se incorpora, en el marco de vías de paso libre previsto en el Libro Blanco del Ferrocarril de la Unión Europea, al primer corredor europeo de tráfico ferroviario de mercancías? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Carreño.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.
Como S.S. sabe bien, el concepto de corredor de mercancías es una elaboración de la Unión Europea para una primera fase de liberalización del ferrocarril, liberalización harto compleja, toda vez que la utilización de una única infraestructura por su propia naturaleza impone limitaciones, limitaciones que, en el caso de España, se incrementan por la existencia de una vía de ancho distinto de la europea, que siempre complica el tránsito de los ferrocarriles.
Como S. S. ha indicado, el 27 de febrero Renfe firmó el acuerdo al que ha hecho referencia el señor diputado. Se trata de un acuerdo constituido por los organismos de Bélgica, Luxemburgo, Francia e Italia, que se denomina Belifret. Este acuerdo consiste en la creación de un conjunto de lo que se ha llamado surcos o reservas de capacidad para las compañías ferroviarias, cuya atribución a los diferentes operadores se realiza a través de la llamada ventanilla única y cuya responsabilidad

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se ha encomendado a los ferrocarriles luxemburgueses.


En definitiva, este proceso de liberalización a través de los corredores de mercancías se basa fundamentalmente en la supresión de todas las barreras fronterizas que, desde una perspectiva técnica sanitaria, todavía existen en la Unión Europea en el transporte de mercancías a través del ferrocarril.
Para España, este proyecto tiene una especial importancia. La creación del freight way, el corredor de mercancías, ha permitido ante todo impulsar los trabajos de homologación de un sistema de eje de ancho variable, EAB, que nos va a permitir hacer la transformación de los ferrocarriles adaptándose al distinto ancho de vía. Se trata de un cambio automático que no requiere ningún tratamiento específico y tampoco exige ningún tipo de manipulación de la carga.
El acuerdo suscrito por las empresas ferroviarias supone la creación de un gran corredor norte/sur con dos patas, hacia España e Italia.
En consecuencia, quedan relacionados los puertos más dinámicos del Mediterráneo con el norte de Europa y con un gran centro distribuidor como es Lyon. En total, la ventanilla única de este proyecto llamado Belifret dispone de diecisiete surcos internacionales, de los cuales dos por sentido corresponden a España, Barcelona y Valencia.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CRISTÓBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL MINISTERIO DE FOMENTO LA DECISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA QUE PROPONE OBLIGAR A LOS OPERADORES DOMINANTES A PUBLICAR LOS COSTES REALES DE LOS SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN QUE OFRECEN A SUS COMPETIDORES? (Número de expediente 180/001396).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 33, que formula don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pons.


El señor PONS FRANCO: Señor ministro, de todos es sabido que la interconexión es un aspecto fundamental para conseguir una efectiva liberalización del sector de las telecomunicaciones, ya que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los operadores de redes y servicios, eliminando los posibles obstáculos para una competencia efectiva.
No hace mucho, el comisario europeo de telecomunicaciones, el señor Bangemann, señaló la conveniencia de que los diferentes Estados instasen a los operadores dominantes a poner en marcha una contabilidad separada de costes, argumentando que la interconexión representaba uno de los gastos más importantes para los nuevos operadores, por lo que la separación contable se consideraba esencial en el establecimiento de unas tarifas de interconexión más claras y justas.
Señor ministro, conociendo ya que en el mes de julio el Consejo de Ministros promulgó el real decreto por el que se aprueba el reglamento general de telecomunicaciones en lo relativo a la interconexión y el acceso a las redes públicas, sería interesante saber cómo valora el Ministerio de Fomento la decisión de la Unión Europea que propone obligar a los operadores dominantes a publicar los costes reales de los servicios de interconexión que ofrecen a sus competidores.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pons.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, el reglamento recientemente publicado de interconexión y numeración es el marco normativo imprescindible para que los nuevos operadores que prestan servicio de telefonía puedan utilizar, con costes transparentes, las redes y las infraestructuras de Telefónica. El reglamento parte del principio del libre acuerdo de interconexión entre las partes, pero como quiera que desde el punto de partida en que estamos hay una desigualdad manifiesta entre un operador dominante y el resto de ellos, se establecen una serie de obligaciones en el reglamento que recogen aquellas introducidas por la legislación comunitaria y algunas más.
La primera de ellas es que tienen los nuevos operadores un derecho a la información que debe atender la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. La Comisión dará a los nuevos operadores, si así lo solicitan, la descripción de los sistemas de contabilidad de costes aprobados. Les dará también la información sobre los costes de cada ejercicio que están obligados a presentar los operadores dominantes, con un grado de desagregación tal que permita conocer -lo dice literalmente el reglamento- la relación entre los precios de interconexión ofertados y sus costes asociados.
El reglamento, además, impone al operador dominante la obligación de presentar anualmente ante la propia Comisión cuentas separadas de los servicios de interconexión que presta, así como disponer de una oferta de interconexión de referencia. La oferta de interconexión de referencia de Telefónica está en estos momentos siendo estudiada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y yo calculo que en el plazo de dos o tres semanas será elevada al Ministerio de Fomento para su aprobación definitiva. Esta oferta de interconexión de referencia que ha de publicar Telefónica tiene una importancia extraordinaria porque ha de contener una información muy detallada sobre todo el

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mundo de la interconexión, con objeto de que los nuevos operadores puedan saber cuáles van a ser sus costes. Finalmente, el reglamento se basa en un principio básico para su propia economía empresarial y es que sólo deberán pagar por aquello que estrictamente utilicen, relacionado con los servicios que quieran prestar a través de las infraestructuras y redes de Telefónica.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CUÁNDO SE VAN A ABRIR DETERMINADOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD EN LAS ISLAS CANARIAS, EN PARTICULAR LOS DE MOGÁN Y SANTIAGO DEL TEIDE? (Número de expediente 180/001388).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Justicia.


Pregunta número 25, que formula don Jesús Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Señor Gómez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, estoy corriendo el riesgo de que usted me llame pesado, pero vuelvo a insistir en mi pregunta de 10 de diciembre de 1997 sobre la apertura de la oficina de registro en la localidad de Arguineguín, en la zona sureña de Gran Canaria; pregunta que ahora hago extensiva también a Santiago del Teide, curiosamente, en una situación geográfica parecida a la de Arguineguín en Mogán. Como usted conoce muy bien -porque ha estado allí y hemos tenido el gusto de saludarla-, son dos localidades que tienen una gran importancia inmobiliaria registral, máxime ahora, cuando se apruebe definitivamente la ley de time shearing. ¿Nos podría informar en qué situación se encuentra la apertura de estas dos, necesarias, oficinas registrales? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señoría.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor presidente, gracias.
Efectivamente, el día 10 de diciembre del año 1997 S.S. me preguntaba acerca de la apertura de la oficina registral en Mogán, concretamente en Arguineguín, y me comprometí a que se pusiera en marcha lo antes posible. Desde el mes de julio de este año se encuentra abierta al público la oficina y prestando los servicios por los que S.S. me requería en aquella ocasión.
Respecto a la localidad por la que en este momento me pregunta, es lo cierto que en el Ministerio de Justicia no tenemos datos objetivos que avalen su petición; no obstante, recabaré información más puntual por si S.S. tuviera razón e hiciera falta establecer una oficina registral del mismo tipo de la establecida en el término de Mogán.
Gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Gómez Rodríguez.


El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora ministra. Le agradeceré que, cuando solicite esa información para Santiago del Teide, actualice la de Arguineguín, Mogán, porque da la casualidad que yo vivo allí y la oficina está abierta, porque el ayuntamiento cedió gratuitamente el local -fíjese bien, gratuitamente- al omnipoderoso y omnipotente registrador de Guía -en el norte de la isla-, y todavía no ha aparecido por allí. La tiene abierta, con una señorita que se dedica exclusivamente a tramitar notas informativas; para lo demás hay que ir al norte de la isla, que se tarda dos horas para ir y dos horas para volver.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Gómez.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, confirmaré el dato que me dice, pero realmente nuestras informaciones son contradictorias, porque lo que se me informa es que el compromiso asumido ante esta Cámara por la pregunta de S.S. ha sido cumplido en su totalidad respecto a la localidad de Mogán, no así respecto a la de Santiago del Teide, porque es la primera vez que soy interpelada al respecto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO D.MANUEL ARQUEROS OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA CREACIÓN DE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO EN MADRID HASTA EL AÑO 2000? (Número de expediente 180/001397).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 34, que formula don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular.


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Señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, la acción de gobierno en materia de administración de justicia está orientada a la consecución de una administración ágil y eficaz, dando cumplimiento a los compromisos electorales del partido que sustenta al Gobierno. En las previsiones contenidas en la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988 -va a hacer 10 años- se fijaba para la ciudad de Madrid un total de 18 juzgados de lo contencioso-administrativo, cuyo funcionamiento debería empezar de forma inmediata, ya que su creación estaba prevista en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Desde el decanato de los jueces madrileños se ha exigido en numerosas ocasiones el cumplimiento de la ley y la creación de estos órganos judiciales que se encargan de garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones, contribuyendo a agilizar una de las vías con más problemas de la justicia española en general y madrileña en particular, ya que los dos tribunales que actualmente hay en la Comunidad de Madrid, que son órganos colegiados, son insuficientes, con lo que esto conlleva de lentitud en la tramitación de los procesos.
Por ello, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a la creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo en Madrid hasta el año 2000? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Arqueros.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, la previsión sobre creación de los juzgados de lo contencioso en Madrid hasta el año 2000 es la siguiente: de los 65 creados a nivel nacional en la presente anualidad, y cuya puesta en funcionamiento, según la citada orden, será el día 15 de diciembre, ocho estarán radicados en Madrid, correspondiendo seis a juzgados de lo contencioso y dos a órganos centrales. El emplazamiento se encuentra previsto y toda la dotación de medios materiales acorde para la alta función que tienen que desempeñar. Para las anualidades siguientes y para completar la planta absoluta de 33 juzgados de lo contencioso, en el año 1999 tendríamos 22 y en el año 2000 habría siete. En cuanto a los juzgados centrales, habría cinco en el año 1999 y tres en el año 2000, lo que totalizarían los diez previstos en la norma a la que he hecho referencia. Evidentemente, éstas no son cifras inalterables, y si hiciera falta una modificación al alza dependiendo de cómo funcionasen estos juzgados, no tenga duda S.S. de que el Gobierno estará atento para adecuarlos a un perfecto funcionamiento.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON SALVADOR CLOTAS I CIERCO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: ¿CONSIDERA LA SEÑORA MINISTRA QUE LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN CATALUÑA JUSTIFICA UN TRATO DE LENGUA EXTRANJERA AL CASTELLANO EN ESA COMUNIDAD AUTÓNOMA? (Número de expediente 180/001387).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Cultura. Pregunta número 24, que formula don Salvador Clotas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Clotas.


El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación, ¿cree usted que la situación educativa en Cataluña justifica las palabras que usted manifestó en Barcelona el pasado 16 de septiembre respecto a la creación de un colegio o liceo español en Cataluña, al igual que hay liceos británicos o franceses, manifestaciones que hizo usted a través de Antena 3 Televisión y que fueron reproducidas en el noticiario de las 3 por esa cadena, por todas las agencias y en los titulares de los periódicos al día siguiente?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Clotas.
Señora ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


El señor Clotas ha cambiado la literalidad de su pregunta. Lo que figura en el texto que se ha repartido es: ¿considera la señora ministra que la situación educativa en Cataluña justifica el trato de lengua extranjera al castellano en la comunidad autónoma? A esto tengo que responderle que por supuesto que no, señoría.
Respecto a la pregunta que ha hecho, como la única indicación que yo hice no tiene nada que ver con lo que ha dicho S.S., le responderé con mucho gusto cuando me pregunte sobre lo que digo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Clotas.


El señor CLOTAS I CIERCO: Gracias, señor presidente.


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Señora ministra, sus palabras literales reproducidas en los medios de comunicación y en televisión fueron: Me gustaría que hubiera en Cataluña un colegio español como el Instituto Británico. Estas fueron sus palabras textuales, señora ministra, y lo he visionado otra vez esta tarde en el vídeo de Antena 3, y aquí tengo, señora ministra, todos los recortes de prensa y de las agencias. Y esas manifestaciones no eran de una inquietud que podría ser razonable y que la hubiera llevado a hablar con sus socios de Gobierno, que son los responsables de la política educativa en Cataluña, o a traer el tema a esta Cámara; era un deseo lo que usted manifestó, y ese deseo nos preocupa, señora ministra, porque ese deseo va en dirección absolutamente contraria a cómo hemos trabajado en Cataluña para evitar la división de la comunidad catalana, que es diversa pero no está dividida. Ese deseo de la señora ministra es poco respetuoso con el Estatut y con la Constitución y no es respetuoso con el sistema educativo español, con la Logse. Sé que a usted no le gusta la Logse, pero la Logse dice que hay que adecuarse a la España autonómica, y ese deseo que usted manifestó no se adecua a la España autonómica.
Ese deseo es la manifestación, reiterada ya por la señora ministra, de una incomprensión de Cataluña; un desconocimiento de Cataluña y de lo que representa la España autonómica. Usted anhela todavía la España imperial; estamos en la pequeña España europea, que es muy importante. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Clotas.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


Como ayer tuve la fortuna de encontrarme al señor Clotas en un estreno de teatro y le hice ver que mis palabras no eran exactamente las que él había declarado en una emisora de radio que eran, y le advertí que su error venía fundamentado en una nota de prensa, el señor Clotas hoy ya no ha dicho lo que dijo en una emisora de radio: que yo me oponía a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
Sabe perfectamente el señor Clotas que eso no es en absoluto cierto.
Se lo vuelvo a repetir aquí: el catalán y el castellano son idiomas oficiales en Cataluña, conforme a la Constitución y conforme al Estatuto. Por mi parte, creo que tiene que haber un bilingüismo pleno y armónico, que eso es lo mejor que puede desearse para los jóvenes de la comunidad autónoma catalana.
Me parece que no debe manipular a la opinión pública. No puede afirmar como ha hecho -no ahora aquí, porque yo se lo advertí ayer, pero sí en una emisora de radio- que me sitúo fuera de la Constitución y del Estatuto, porque ni la Constitución ni el Estatuto ni la Logse dicen cuál es la lengua que hay que utilizar en la enseñanza, ninguno de ellos lo hace. Sí lo ha dicho la Administración catalana y, después de decirlo, el Tribunal Constitucional la ha avalado con una sentencia en la que dice textualmente que las comunidades autónomas con lengua propia pueden elegir esa lengua para utilizarla como lengua vehicular de la enseñanza.
A mí me preguntaron en concreto, señor Clotas: ¿se están produciendo violaciones en el derecho fundamental de los padres? Yo dije que yo no tenía que decidir si había o no violaciones, que eso lo tenían que decidir los tribunales y ya habían decidido que el sistema era perfectamente ajustado a la Constitución.
Usted sabe, señoría, que hay otras comunidades que han tomado otras decisiones y que también tienen lengua propia. Hay otras que han tomado decisiones diferentes y no se ha provocado ninguna fractura social como esa a la que usted ha hecho referencia aquí y también en la emisora de radio.
Por tanto, lo que yo tengo que decirle es que, cuando finalmente me preguntaron sobre lo que a mí personalmente me parecía mejor, yo lo que dije fue que a mí sí me gustaría que hubiera algún colegio que enseñara castellano. Nada más.


- DEL DIPUTADO D. FERNANDO COQUILLAT DURÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EDUCATIVAS COMPRENDIDAS EN EL PLAN PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA PARA 1998? (Número de expediente 180/001398).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 35, que formula don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Abejón.


El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, para el Grupo Parlamentario Popular es una prioridad absoluta lograr en España una educación de calidad para todos los españoles. Invertir en educación es, sin ninguna duda, la fórmula más eficaz para crear riqueza y prosperidad en beneficio del mayor número de ciudadanos y al mismo tiempo se consolida uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar.
Que los niños y jóvenes españoles aprendan más y mejor es una preocupación constante del Grupo Parlamentario Popular que depende de múltiples factores sociales y compromete a la vez a los distintos protagonistas directos de la educación. La creación de nuevos colegios, la modernización de los ya existentes y la incorporación de los avances de la ciencia y tecnología son, entre otros, elementos que ayudan considerablemente a mejorar la educación.
El Partido Popular se congratula del gran esfuerzo que su ministerio está llevando a cabo sobre todo en la enseñanza pública y, en especial, del que la señora

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ministra anunció ante esta Cámara en el mes de abril para el presente año. En la seguridad de que una buena ejecución de las inversiones prometidas contribuirán a mejorar la función científica, humanística y técnica de un servicio público fundamental como es la educación, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la ejecución de las inversiones educativas comprendidas en el plan presentado por el Ministerio de Educación y Cultura para 1998? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Abejón.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma): Muchas gracias, señor presidente.


En mi comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura en esta Cámara el pasado día 16 de abril, para informar de la política de inversiones en materia de educación no universitaria, ya les describí a ustedes el gran esfuerzo inversor que el Gobierno se proponía realizar a través del incremento presupuestario que había tenido lugar en el capítulo 6 del Ministerio de Educación y Cultura.
El Ministerio tiene como objetivo prioritario la calidad de la enseñanza y sabe S.S. que nosotros entendemos que la calidad no puede medirse sólo por los medios materiales que a la enseñanza se destinan, pero es cierto que los medios son condición necesaria; puede que no sea suficiente pero sí necesaria. Por eso estamos destinando 40.780 millones de pesetas a las inversiones en educación y de ellos ya hemos ejecutado 38.400 millones con un grado de ejecución que es un récord en la historia del Ministerio de Educación y Cultura.
En este curso 1998-99 estamos poniendo en funcionamiento 85 centros de nueva construcción, dos más de los que anuncié en mi comparecencia del mes de abril. De estos centros, van a entrar en funcionamiento antes del 30 de septiembre 18 colegios, 28 institutos, dos conservatorios y dos centros de educación en el exterior; y a lo largo del curso escolar entrarán en funcionamiento los restantes previstos en la programación. Durante este año también hemos iniciado la construcción de centros nuevos que se van a abrir el próximo curso. Cuando comparecí anuncié que ascenderían a 93 y hoy puedo informarles que gracias a la celeridad en la gestión no sólo del Ministerio sino también de los ayuntamientos involucrados en ello, el número será de 102. Tengo que decirles que ya se han iniciado las obras en 92 centros y en diez de ellos las iniciaremos en breve.
Además de ello no puedo dejar de referirme al equipamiento de estos centros que también es importante. El material informático está ya en 43 nuevos institutos y 19 colegios, hay 79 aulas de tecnología de plástica y música nuevas y en los fondos bibliográficos han sido adquiridos 70.000 volúmenes para equipar las bibliotecas escolares.
Por tanto, señoría, me complace volver a decir aquí que el Gobierno está cumpliendo con creces lo que ha prometido. Ha tenido un incremento muy importante en los medios disponibles para educación y los está invirtiendo con una celeridad por la que a mí me gustaría felicitar a todos los funcionarios involucrados.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ MARUGÁN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿PUEDE USTED EXPLICAR LAS RAZONES DEL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO COINCIDIENDO CON EL CESE DEL SEÑOR BAREA? (Número de expediente 180/001380).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno. Pregunta número 17 que formula don Francisco Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor vicepresidente, ¿puede usted explicar las razones del cambio en la estructura administrativa en la oficina presupuestaria de la Presidencia del Gobierno coincidiendo con el cese del señor Barea?

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias, señor diputado.
Todas las decisiones que se han tomado han sido por razones de mayor operatividad.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Tendría que empezar, señor vicepresidente, por agradecerle a usted que conteste esta pregunta pues tengo la impresión de

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que es un personaje más concernido que el señor Cascos en la cuestión que he querido plantear hoy aquí.
Nuestro punto de vista es radicalmente diferente al suyo. Ustedes crearon una oficina presupuestaria en la Presidencia del Gobierno diciendo que querían que dependiera del señor Aznar y que al frente de la misma iban a situar un profesional de prestigio e independiente. Enfáticamente llegaron a anunciar que nunca en la historia reciente de nuestros gobiernos iba a haber un presidente más metido que el señor Aznar en la cuestión presupuestaria. Los hechos los pusieron de relieve en el debate de investidura y los reiteraron profundamente.


Pues bien, las cosas han cambiado con el cese del señor Barea. Todo ha cambiado haciendo depender la oficina presupuestaria del jefe de gabinete del presidente del Gobierno y poniendo al frente de la misma a un funcionario que sin dudar de su capacidad no reúne las condiciones de prestigio y de profesionalidad que tenía el señor Barea. Todo ello es consecuencia de un conflicto entre el ministro de Hacienda y el jefe de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno. Debido a ello el señor Aznar se aleja de la formulación de la política presupuestaria, se distancia de la misma, y pese a lo que había reiterado en la campaña electoral y en el debate de investidura, se dedica en esta cuestión a mirar las musarañas.
Señor Rato, no es este el único problema. En torno al señor Barea hubo un ejercicio, del cual usted fue un directo artífice, de ninguneo; de ninguneo político y administrativo porque se le privó de la información precisa para desempeñar su función y porque se le impidió asistir a la Comisión de gasto público. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Si el señor diputado considera que un presidente del Gobierno que no tiene una oficina presupuestaria se dedica a mirar a las musarañas, ¿cuál es la opinión del señor diputado sobre los trece años de Gobierno socialista? Como estoy seguro de que el señor diputado no tiene esa opinión y si la tuviera no podría expresarla (Un señor diputado: ¡Da otro argumento!), voy a dar al señor diputado, con la mayor seriedad, los argumentos que S.S. se merece.
Primero, no ha cambiado nada. La oficina del presupuesto sigue existiendo, es verdad que en contra de su opinión porque ustedes nunca quisieron aplicarla; nosotros se la propusimos a ustedes en la oposición y se negaron a aplicarla; se la hemos propuesto a ustedes en el Gobierno y creyeron que no funcionaría. En este momento y por una decisión interna del Gobierno, se ha decidido que la oficina presupuestaria, que dependía directamente del presidente, dependa del gabinete del presidente. El Grupo Socialista considera eso un cambio político trascendental. Desde luego, están ustedes en la importancia de las pequeñas cosas, porque las grandes cosas, señor Marugán, son lo que pasa con el déficit y el compromiso del presidente del Gobierno con la evolución presupuestaria. Yo dudo que dadas las cifras de déficit público que SS.SS. conocen, y que en este momento suponen que se ha reducido el 41 por ciento en los ocho primeros meses de 1998, podamos decir que no hay un compromiso político serio del presidente, y desde luego de todo el Gobierno, con el déficit público. Yo sí tengo la impresión de que ese compromiso no existía antes, y las cifras sin duda lo avalan. No nos fijemos en las pequeñas cosas, en si los anteriores presidentes tenían o no oficinas presupuestarias y si dependían de ellos o de su gabinete, fijémonos en el déficit, y el déficit público en España a finales de 1995 era del 7,1 y a finales de este año va a ser del 2,1; por tanto, estamos en una situación radicalmente distinta. Ésa es la importancia, señor Marugán.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL GOBIERNO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE EX MIEMBROS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR COMO CONSEJEROS EN EMPRESAS PRIVATIZADAS RECIENTEMENTE? (Número de expediente 180/001382).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 19, que formula don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Hernández Moltó.


El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Esta pregunta iba dirigida al ministro de Industria y nos ha sorprendido el cambio; no sé si es que el señor Piqué no quiere nada incómodo por aquello de preservar la imagen o es porque realmente le señala a usted, señor vicepresidente, como responsable de la operación por la que le vamos a preguntar. En cualquier caso, no le han hecho ningún favor.
La pregunta ya la conoce, don Rodrigo. Es qué opinión le merece al Gobierno la colocación y el nombramiento como directivos de empresas privatizadas de antiguos responsables de áreas de Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Hernández Moltó.
Señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias, señor diputado.
Como no podía ser de otra manera, la que fija la ley, que es la Ley 12/1995, de 11 de mayo. Ésa es la única opinión que tiene el Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor vicepresidente.
Señor Hernández Moltó.


El señor HERNÁNDEZ MOLTÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya de antemano que es una pregunta que quiere preservar el buen nombre de las personas que se puedan sentir aludidas por ella. Esta pregunta quiere hacer una denuncia política; la denuncia política que pone de manifiesto, esta vez ya de una forma evidente, lo que hemos venido anunciando y denunciando en este proceso de los últimos años de privatización o de apropiación por parte del Gobierno y del Partido Popular.
Señor vicepresidente del Gobierno, ya nunca más podrán decir que esta operación de privatización de empresas públicas no ha sido más que lo que ahora se pone de manifiesto que es: un claro abuso de poder. Es una operación que sin duda alguna ya vemos que sirve para lo que denunciábamos que iba a suceder; lo anunciamos y está en el «Diario de Sesiones»: para colocar a sus amigos, nunca mejor dicho en este caso. Además, tengo la impresión de que va a seguir sucediendo.
Señorías, ustedes ya han dado una clara lección de pedagogía política; ya sabemos lo que es el capitalismo popular, pero han corrido demasiado. Su ansiedad, su ambición, su usura política les ha llevado a entrar muy pronto en la contradicción, y hoy vemos con sorpresa cómo antiguos miembros que han tenido capacidad de decisión sobre sectores que hoy están tomando responsabilidad, con un desparpajo que en otros tiempos no sabemos qué hubiera sucedido, están ocupando esos puestos.
Señor Rato, han hecho un escaso favor a los aliados económicos y a los propios responsables políticos que han puesto al frente de esas empresas. Han retorcido sus voluntades, han perdido la escasísima credibilidad que tenían en este proceso.
Espero que no sea la última pregunta que hagamos, porque ustedes desde luego no se paran en chinitas. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Hernández Moltó.
Señor vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, S.S. es muy dueño de hacer juicios subjetivos sobre la aplicación de las incompatibilidades; pero S.S. debe ser consciente de que los juicios subjetivos no son los que deben regir las actitudes de un Gobierno y menos en un tema que afecta a las incompatibilidades de altos cargos. No se trata ahora de hacer unos juicios subjetivos sobre altos cargos que cuando acabaron sus responsabilidades fueron a trabajar para las empresas internacionales con las cuales estaban negociando intereses de Estado; no se trata de eso.
Se trata de aplicar la ley del año 1995, aprobada por una mayoría, que no éramos nosotros, que dice textualmente lo que dice, y que en su artículo 9 encarga a un órgano de la Administración, a la Inspección General de los Servicios, que sea la que actúe cumpliendo estrictamente lo que dice la ley, y obligados los altos cargos a suministrar la información a esa inspección general. A partir de ahí, si S.S. quiere hacer juicios subjetivos sobre personas, sobre gobiernos o sobre grupos, los hace exclusivamente bajo su propia responsabilidad, pero tiene que saber que por ese camino la seriedad de las incompatibilidades, desde luego, es lo que entra en una zona de juicio y de juicio peligroso para cualquiera, porque desde el punto de vista subjetivo ninguna persona está libre de la opinión de otra, y aquí se trata de que las personas estén sometidas a las leyes, no a las opiniones; se trata de someterse a las leyes, no a las opiniones.
En cuanto a las situaciones de gestión de empresas, por enésima vez voy a decirles algo que me parece relevante. Ustedes cuestionan la profesionalidad de las personas porque pertenecen, han pertenecido, pueden votar o ustedes suponen que votan a un determinado partido.
Bueno, pues son los únicos, porque si usted compara la evolución en el índice Ibex de la Bolsa de Madrid, no en épocas de bonanza sino en épocas de crisis, en esas épocas de crisis podrá comprobar cómo la evolución de las empresas privatizadas ha sido mejor que la de las otras. Entonces, ¿me quiere usted decir a mí que en una época como ésta en que todo el mundo está preocupado por la Bolsa, resulta que los gestores de las empresas privatizadas son tan mal valorados que las acciones de sus empresas evolucionan mejor que las del conjunto? Señor Hernández Moltó, sometámonos a las leyes, a los juicios políticos sobre la política, y dejemos el buen nombre de las personas en paz. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor vicepresidente.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE TARIFAS TELEFÓNICAS (Número de expediente 172/000109).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto V del orden del día: interpelaciones urgentes.


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Interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre tarifas telefónicas. Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para explicar las razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista ha considerado oportuno interpelar al Gobierno en relación con la subida de las tarifas telefónicas.
Quisiera empezar por decir que interpelamos al Gobierno, interpelamos a un ministro del Gobierno, al Gobierno en su conjunto representado por un ministro, el responsable del ramo, porque la responsabilidad de la subida de las tarifas de teléfonos es del Gobierno, y aunque es verdad que durante estas últimas semanas hemos asistido a un curioso peloteo de responsabilidades entre Telefónica y el Gobierno, tratándose de echar unos a otros la culpa, el Partido Socialista lo tiene muy claro. Sí, señor ministro, no ponga cara de sorpresa. Yo he oído decir a su secretario general que esto de las tarifas de Internet no iba con el Gobierno, que era un tema de Telefónica. Lo he visto en su Telediario. Es responsabilidad del Gobierno porque es usted, señor ministro, y el Consejo de Ministros quien finalmente han subido las tarifas de teléfonos y lo han hecho, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, de forma abusiva, de forma irracional y sobre todo de forma injusta.
Me detendré brevísimamente en los antecedentes porque tienen algún interés. El 18 de marzo de 1997 publicaron ustedes la orden ministerial de interconexión -por cierto, la publicaron sin informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones- en la que se incluía el compromiso de incrementar las tarifas locales o metropolitanas dentro de lo que ustedes llamaban reequilibrio de tarifas en 1998. Le recuerdo a usted, señor ministro, que en aquel momento ya tuvimos un debate sobre la subida de tarifas. Yo tuve algún encontronazo cariñoso con alguno de sus altos cargos. En aquel momento la posición del Ministerio no era otra que decir: esto no es una subida de tarifas, es una mera autorización administrativa; es posible que no hagamos uso nunca de ella. ¿Se acuerda de aquel asunto? Yo me acuerdo bien. La realidad es que las subieron ustedes.
En aquel momento trataron de disimular, pero las subieron. Es más las subieron por encima de lo que la propia orden autorizaba. Estuvieron ustedes, eso sí, un tiempo tratando de escurrir el bulto pero al final las subieron el 7 de agosto, como le dije aquí la semana pasada con estivalidad y con alevosía, en verano para ver si esto pasaba rápido y la gente no se enteraba muy bien de lo que había ocurrido; pero la verdad es que han subido las tarifas.
Permítame que examine brevemente la modificación que ustedes han hecho. La cuota de abono mensual que pagan todos los abonados al servicio telefónico se ha incrementado en 200 pesetas, es decir el 16 por ciento. Eso supone para Telefónica aproximadamente 40.000 millones de ingresos adicionales, por entendernos usted y yo, señor ministro, la mitad de lo que cuesta Onda Cero radio. La famosa y publicitada facturación por segundos, argumento que ustedes han esgrimido públicamente en estas semanas de debate, sólo afecta a las llamadas de más de 160 segundos; las que son inferiores a ese tiempo, el 75 por ciento según los datos de su Ministerio, se cobran, dure lo que dure la llamada, 11,40 pesetas. En tercer lugar, la conversión de pasos a segundos, argumento como le decía esgrimido por su Ministerio para defender esta subida de tarifas, se ha hecho, señor ministro, al alza, es decir los ingresos que antes percibía Telefónica por redondeo de los pasos se han incorporado, eso sí con creces a la tarifa. En cuarto lugar y en términos de coste de la llamada media, o sea en términos de los ingresos para Telefónica, la subida aprobada representa algo más del 8 por ciento para el horario punta, más del 11 por ciento para el horario normal. En quinto lugar, entre los 160 segundos y los cuatro minutos la llamada sube y baja alternativamente, no hay ninguna lógica debido a los errores del salto que usted conoce bien. Eso sí, a partir de los cuatro minutos la tarifa ya es estable, entendiendo por estable un incremento continuado de precios, de manera también continuada a medida que aumenta la duración de la llamada. Por poner un ejemplo, para que nos entienda todo el mundo, una llamada de 15 minutos en horario normal se ha incrementado un cien por cien, es decir cuesta hoy el doble de lo que costaba hace dos meses.
Usted señor ministro ha dicho que ha procedido a hacer un reequilibrio de tarifas. No es verdad. Lo que es cierto, lo que nadie puede negar es que los ingresos adicionales de Telefónica serán al menos de 56.000 millones de pesetas anuales, y digo al menos porque esos cálculos se han hecho a igualdad de planta y tráfico con la existente en 1997 y es de esperar que se incremente la actividad, con ello el número de líneas y el tráfico correspondiente, por no hablar del fenómeno de Internet al que me referiré en la parte final de mi intervención. Lo cierto, señor ministro, es que usted ha autorizado una subida en los servicios que se siguen prestando como monopolio y ha autorizado una reducción en los servicios en los que Retevisión, y pronto otros operadores, compite con Telefónica. En otras palabras, usted ha mantenido los ingresos de Telefónica subiendo la cuota en el monopolio y ha hecho descender las llamadas donde hay competencia, justamente -fíjese- hasta el límite que marca Retevisión, es decir para que Telefónica se defienda de la competencia, pero usted ha trabajado sólo en el monopolio para conservar los ingresos de Telefónica; en última instancia usted, señor ministro, ha defendido la cuenta de resultados de Telefónica. Eso es lo que ha hecho usted, no ha hecho un reequilibrio. Si me permite, ha hecho un reequilibrio temporal entre los que hablan poco y los que hablan mucho pero ningún otro reequilibrio. Lo que ha hecho usted es proteger a Telefónica de la

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competencia. Un reequilibrio déjeme que le diga tan irracional que la OCU ha hecho unos cálculos que yo doy por buenos y nadie de su Ministerio los ha rebatido, según los cuales para hacer una llamada de 20 minutos lo que al usuario le interesa es en lugar de hablar los 20 minutos seguidos hablar seis veces tres minutos. ¡Fíjese qué disparate! Sí señor ministro están hechos los cálculos, y es el único servicio público en el que cuanto más habla uno más paga, que parece es lo más irracional que cabe formular.
No es la primera vez que hablamos de esto, señor ministro. Usted en la orden y en el decreto de interconexión impidió a Retevisión y al resto de operadores ofrecer servicio metropolitano sobre la red de Telefónica y ése es uno de los problemas. De acuerdo con el reglamento de interconexión que usted ha aprobado, sólo existirá competencia en las llamadas locales a medida que los operadores de cable vayan teniendo su propia red, proceso que usted conoce mejor que nadie y puede tardar bastantes años.
Señor ministro, es evidente que ha tenido muy en cuenta la posible influencia sobre el IPC, hasta el punto de que me pregunto si ha tenido acceso al secreto estadístico. Aun así, el IPC de agosto refleja en parte la subida, una subida que tiene que ver con la repercusión de las tarifas telefónicas ¿Qué pasará en septiembre? Y lo que es más importante ¿qué hubiera pasado con un IPC armonizado que tenga en cuenta el consumo telefónico real por parte de las familias y de las empresas? O dicho de otra manera ¿ha calculado usted señor ministro o va a calcular alguna vez cuánto sube la factura telefónica mensual de los abonados españoles? Ésa es la pregunta que quiero responda hoy aquí, señor ministro.
Recientemente se ha creado una comisión al más alto nivel y presidida por el señor Aznar, para favorecer el tránsito hacia la sociedad de la información. No voy a entretenerme aquí en el papel que juega su Ministerio en esa comisión, problemas de gabinete que no interesan con toda seguridad a esta Cámara; lo cierto es que hoy después de la aprobación de esta orden de tarifas, como tuvimos ocasión de discutir aquí la semana pasada, el tránsito a la sociedad de la información es mucho más difícil y lo es porque ustedes han dificultado su instrumento primordial: el uso de Internet.
Es interesante, señor ministro, examinar con detalle lo que su orden de tarifas supone para los usuarios de Internet, y son subidas superiores al cien por cien para llamadas entre 15 y 20 minutos, que según los datos de Infovía son las llamadas que más frecuentemente utilizan los usuarios de Internet. La tarifa especial para suavizar el efecto de la subida disminuye sólo en un 75 por ciento este incremento de coste. ¡Tan brutal es la subida que Telefónica ha tenido que ponerse inmediatamente a negociar con la asociación de usuarios de Internet para ofrecer planes específicos! Es verdad que han llegado a un acuerdo. Nosotros, señor ministro, nos hemos molestado en estudiar ese acuerdo complejísimo y tengo que decirle que es un acuerdo que tiene truco y en la realidad supone que ningún usuario de Internet pagará el mes que viene por el uso de esa tecnología menos de lo que pagaba en julio de 1998, es decir hace dos meses.
Por tanto, señor ministro, esta orden ministerial como le decía está objetivamente dificultando el uso de Internet y eso contradice los planes de su Ministerio, los planes de su Gobierno, contradice flagrantemente la política que el presidente anuncia a bombo y platillo cuando dice que va a presidir una comisión justamente para facilitar el tránsito de nuestra sociedad a la sociedad de la información.
En definitiva, señor ministro, su orden ministerial ajusta teóricamente las tarifas a los costes de Telefónica, y digo teóricamente porque usted no conoce los verdaderos costes de Telefónica, ni usted ni la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones; no están auditados, ni los costes se han sometido a los criterios de contabilidad de la Unión Europea o a los que la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones está elaborando.
Señor ministro, con esta subida telefónica incrementa injustificadamente los ingresos de una empresa en los segmentos de mercado que usted y sólo usted y su Gobierno han decidido que continúe el monopolio durante muchos años. Con esta orden ministerial, señor ministro, usted incrementa los ingresos garantizados de una empresa que tengo que recordárselo -tenemos ya los datos y serán objeto de una interpelación en esta Cámara- cuya calidad de servicio disminuye constantemente desde mediados de 1996 cuando ustedes se hicieron cargo del Gobierno, una empresa que cada vez suministra el servicio telefónico a los españoles con menor calidad, señor ministro, y los datos nos los ha proporcionado su propio Ministerio.
Usted señor ministro sube, incrementa las tarifas telefónicas, con lo cual incrementa la cuenta de resultados de una compañía -y me alegro, se lo dije el otro día y lo repito-; una compañía que tiene beneficios sustanciales anunciados en el primer semestre, y lo que es más importante una compañía que usted sabe está disminuyendo sus inversiones en infraestructura de acceso en España para invertir fuera de España, cuando no para emprender aventuras inconfesables en el mundo de los medios de comunicación.
Señor ministro, éstas son las razones por las que hemos realizado esta interpelación. Explique usted lo inexplicable, que tiene facilidad para intentarlo. Ya le adelanto que no nos va a convencer porque los datos y las matemáticas son tozudas, y por eso también le adelanto que presentaremos una moción en este Parlamento para pedir al Gobierno que derogue esa orden ministerial, una orden ministerial que establece unas tarifas telefónicas injustas; que establece un sistema tarifario irracional, como creo haber demostrado; que está más atenta a los ingresos de Telefónica que al bienestar del consumidor y del usuario, y que finalmente dificulta el acceso a Internet y con eso el paso de nuestra sociedad a la sociedad de la información.


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Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Está claro, señoría, que da usted un gran valor al debate parlamentario: diga yo lo que diga no le voy a convencer. Ese apriorismo dice mucho sobre su creencia en el parlamentarismo. Yo le invitaría a tener un debate serio en el que hablemos a fondo del reequilibrio tarifario, de la subida de tarifas que se ha producido por una parte, y de la bajada de tarifas que por otro lado también se ha producido.
Lo primero que hay que dejar bien claro señoría, y que usted no ha querido dejar claro, es que el reequilibrio tarifario de los ex monopolios es una obligación impuesta por la legislación comunitaria, y le cito las tres normas: la resolución del Consejo Europeo de 22 de julio de 1993; las directivas del Consejo Europeo, la 95/62, sobre la oferta de red abierta, la 98/10, que modifica la precedente, y la 96/ 19, de competencia plena en el mercado de las telecomunicaciones. El contenido de estas directivas, de esta legislación comunitaria se puede resumir de esta forma. Primero. Las tarifas de los operadores dominantes deben estar orientadas a costes hasta que la competencia se desarrolle suficientemente y no admite más que una única excepción: la que deriva de la aplicación del concepto de servicio universal para garantizar que la telefonía básica alcanza a todos los ciudadanos y cubre la totalidad del territorio nacional. Segundo principio en que se inspira la legislación comunitaria. Está prohibido financiar unos servicios de telefonía con otros, es decir las llamadas subvenciones cruzadas. Para entendernos, que con lo que Telefónica ingresa en el servicio internacional no puede financiar lo que pierde con el servicio de telefonía local; eso está prohibido por la legislación comunitaria. Tercero. La legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a permitir que sus ex monopolios hagan el reequilibrio tarifario con base en el principio de orientación a costes; obliga a los Estados miembros a permitir que se haga el reequilibrio tarifario. Por tanto el Gobierno está cumpliendo una obligación que deriva de la legislación comunitaria, y la razón por la que se impone esa obligación a los Estados miembros es muy sencilla: los precios distorsionados -razonamiento de la Comisión Europea- impiden la competencia porque los nuevos operadores se dirigen sólo a los servicios con precios artificialmente altos y en cambio abandonan aquellos servicios -léase telefonía local- con precios artificialmente bajos.
Desde otra perspectiva se puede razonar de manera distinta: si en un determinado servicio las tarifas son muy bajas nunca habrá competencia porque no se produce beneficio empresarial, y con eso un ex monopolio, que tiene enorme liquidez y una gran potencia, puede mantener de facto una situación de monopolio presionando permanentemente los precios a la baja y manteniéndolos por debajo de los costes. Esa situación está prohibida por la legislación comunitaria y por eso prohíbe las subvenciones cruzadas entre los distintos servicios de telefonía.
Ahora vamos a hablar de la historia de las tarifas locales de Telefónica, porque de otra forma no podemos entender nada. Éste es un proceso que pone en marcha la Unión Europea a través de una legislación enormemente precisa y enormemente densa, que está liberalizando las telecomunicaciones en toda la Unión Europea. Esta historia, aparte de la legislación comunitaria que acabo de citar, se puede comenzar con fecha 28 de marzo de 1994. Usted estaba en aquel momento en el Gobierno y podría haber hecho entonces en el Consejo de Ministros los razonamientos que ha venido a hacer hoy aquí. Pues bien, en el acta del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, presidido por el señor Borrell, compañero suyo de Gobierno, se aconseja al Gobierno incrementar las tarifas de las llamadas locales en un 63 por ciento e incrementar la cuota de abono en un 29 por ciento al mismo tiempo. Y al mismo tiempo se aconseja reducir las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales.
Como consecuencia de este acuerdo del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, el 30 de julio de 1994, el Gobierno socialista del que usted formaba parte razona de la misma manera que el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y sube las tarifas metropolitanas un 37,7 por ciento y la cuota de abono un 9,4 por ciento. Esta sí es la mayor subida de la historia de las tarifas telefónicas, señoría, la que ustedes hicieron como Gobierno. Naturalmente que esa subida provocó una notable o significativa contestación social, pero no solamente por la subida en sí, sino también por los errores de cálculo que el Gobierno socialista hizo sobre la repercusión de la subida de tarifas en la factura del consumidor y sobre la repercusión de la subida de tarifas en el IPC. Se llevaron ustedes una sorpresa mayúscula. Tanta sorpresa y tanta crítica se produjo que hubo que convocar una nueva sesión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, también presidido por el señor Borrell, compañero suyo de Gobierno, el 25 de enero de 1995. Pues bien, en el acta de esa reunión figuran las siguientes afirmaciones, después de la subida que realizaron: Históricamente se ha aminorado la subida de las tarifas urbanas a cambio de incrementar las internacionales para no influir en el IPC -le habían metido ustedes tres décimas al IPC, ni más ni menos-. Se dice también: La repercusión prevista sobre el IPC de la reestructuración de tarifas era de 2 ó 3 centésimas, según las estimaciones de la Comisión Delegada del Gobierno y de la Junta Superior de Precios. Habían calculado ustedes 3 centésimas y le metieron 3 décimas. No está mal. Pero la repercusión en la factura fue: Las estimaciones que ha realizado el Instituto Nacional de

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Estadística -se dice en el acta- han dado un incremento del 14,4 por ciento de la factura telefónica del usuario doméstico y una repercusión de 3 décimas en el IPC de 1994 -y figura entre paréntesis el nombre del señor Borrell, que está haciendo el análisis en la reunión-. Muestra el máximo respeto por la independencia del Instituto Nacional de Estadística, pero dice que no está de acuerdo con dicho Instituto.
Fíjese lo que añade el señor Borrell en esa reunión, señoría, y fíjese en que estamos en 1995. Dice: La reestructuración tarifaria realizada ha conseguido una mejora importante en la evolución de las tarifas a costes. Pero añade: Todavía no se alcanza el objetivo necesario previo a la liberalización. Las tarifas urbanas están en un 73 por ciento de sus costes; por tanto, no alcanzan el cien por cien, sino que están por debajo de costes. (Un señor diputado: El 28 por ciento) Y continúa el señor Borrell: Se dispone de tres ejercicios, 1995, 1996 y 1997, para continuar con el ajuste necesario. Y termina: Deben tenerse en cuenta los efectos que se pueden producir sobre el IPC.
Por tanto, señoría, según las estimaciones de la Administración socialista en 1996, cuando ustedes dejan el Gobierno, faltaba por subir todavía un 30 por ciento las tarifas de las llamadas locales para compensar costes de explotación y un 18 por ciento de la cuota de abono. Eso es lo que mantiene, en 1995 y 1996, en el seno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones, el señor Borrell, miembro del Gobierno y compañero de usted, y por tanto usted es responsable solidario de esas decisiones. Y viene aquí ahora a establecer una argumentación que no tiene nada que ver con lo que ustedes mismos decían cuando estaban en el Gobierno.
Esta es la historia de las tarifas locales. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular? El Gobierno del Partido Popular anuncia a los mercados que el reequilibrio tarifario de Telefónica debe proseguir porque no está concluido, coincidiendo con la tesis mantenida por la Administración socialista. No está concluido. Y pone ese reequilibrio tarifario en cuantías y en fechas en una orden ministerial que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» en el mes de marzo del año 1997. Privatizada Telefónica, se dice a los mercados que se va a realizar el reequilibrio tarifario porque el ex monopolio tiene unas tarifas en el ámbito del servicio local que no cubren los costes. Pues bien, el reequilibrio tarifario que se realiza se ajusta estrictamente a la orden ministerial. La cuota de abono sube un 16 por ciento, no el 18 por ciento que ustedes pensaban que era necesario. Las llamadas metropolitanas suben un 13,7 por ciento, no el 37 por ciento que ustedes decían que era necesario. La llamada provincial baja un 5 por ciento, la llamada interprovincial baja un 15 por ciento y la llamada internacional baja un 12 por ciento en 1998. Este reequilibrio ya está realizado. Para el año 1999 quedan bajadas del 10 por ciento en las llamadas provinciales, bajadas del 20 por ciento en las llamadas interprovinciales y bajadas del 12 por ciento en las llamadas internacionales. Y a principios del año 1999 quedará definitivamente concluido el reequilibrio tarifario de Telefónica. ¿Cuáles son las características de este reequilibrio? Primero: se impone la tarificación por segundos, señoría, cosa que usted ha despreciado olímpicamente. Se le ha impuesto a Telefónica la tarificación por segundos, que es mucho más transparente y es mucho más justa porque el usuario va a pagar, efectivamente, por lo que consume. Segundo: se congela el precio de la llamada más frecuente.
De acuerdo con las informaciones estadísticas, el 75 por ciento de las llamadas que se hacen a través de Telefónica duran menos de dos minutos 40 segundos. Pues bien, los precios de esas llamadas se congelan, no suben. Tercero: el minuto medio se sube 0,75 céntimos; a partir del segundo, 161, como es lógico. Cuarto: la cuota fija de abono mensual se sube 200 pesetas, el 16,1 por ciento al que antes me refería. Y quinto: usted ha tenido la indelicadeza, la imprecisión, si prefiere usted el término, de no dar toda la información de que dispone.
El resultado de este reequilibrio tarifario es neutro sobre la cuenta de resultados de Telefónica; es más, es ligeramente negativo. Y no le voy a dar datos del Ministerio de Fomento; no le voy a dar datos de Telefónica. Le voy a dar datos, que usted tiene, de un acta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones cuando informa sobre el reequilibrio tarifario. Por la subida de la cuota de abono, Telefónica ingresa 38.050 millones de pesetas; por el tráfico metropolitano ingresa 15.705 millones de pesetas; pero por la llamada de las llamadas provinciales disminuye sus ingresos en 6.686 millones de pesetas, por la bajada de las llamadas interprovinciales baja sus ingresos en 43.143 millones de pesetas y por la bajada de las llamadas internacionales disminuye sus ingresos 13.798 millones de pesetas. El efecto sobre la cuenta de resultados de Telefónica, de acuerdo con la información que suministra la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, es ligeramente negativa: pierde 9.876 millones de pesetas. Y es información, como le digo, que no procede del Ministerio de Fomento, sino de la Comisión.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señor presidente. ¿Cómo quedan después del reequilibrio tarifario las llamadas de Telefónica y la famosa cuota fija de abono mensual en relación con lo que rige hoy en la Unión Europea? Señoría, solamente Suecia e Italia tienen tarifas por debajo de los precios de Telefónica, con una singularidad, y es que Italia no ha hecho el reequilibrio tarifario, lo tiene pendiente de realización, y Suecia lleva varios años en proceso de liberalización. Pero es que las diferencias de precios con los que existen en otros países europeos en relación con las tarifas que ahora está cobrando Telefónica son en algunos segmentos verdaderamente espectaculares. Le puedo

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poner unos ejemplos para que nos podamos aclarar, porque algún punto de referencia habremos de tener. La llamada de tres minutos, en Gran Bretaña cuesta 25,71 pesetas; Telefónica, 12,91 pesetas. En Alemania cuesta 17,85; Telefónica, 12,91. En Francia cuesta 15,51; en España, 12,91. En Bélgica, 20,34 pesetas; Telefónica, 12,91. En Holanda y en Alemania, 44,80 pesetas. Si vamos a las llamadas de 20 minutos, la diferencia es todavía mucho mayor, porque el precio de Telefónica es 89 pesetas mientras que en Gran Bretaña es de 171, en Alemania de 119, en Francia de 116, en Bélgica de 115, etcétera. Y si vamos a la llamada de 60 minutos, señoría, en Gran Bretaña está en 514 pesetas, en Telefónica está en 270 en la parte más alta, en Alemania es de 357 pesetas, en Francia de 352, en Dinamarca de 310, en Bélgica de 305, etcétera. Solamente Suecia e Italia, y ya digo que Italia no ha hecho el reequilibrio tarifario, tienen, después de la subida de Telefónica, unas tarifas más bajas en la Unión Europea. Los demás países no solamente tienen las tarifas más altas, sino que las tienen notablemente más altas.
Me referiré ahora a la cuota fija de abono mensual.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego concluya.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señor presidente, pero es que es la única manera de terminar de contestar a la argumentación que el señor Pérez Rubalcaba ha hecho. Tengo que rebatir necesariamente su exposición, porque, si no, se queda cojo.
La tarifa de abono mensual. Señoría, después de la subida, Telefónica cobra 1.442 pesetas; Bélgica, 2.219; Dinamarca, 2.145; Reino Unido, 1.926; Alemania, 1.818; Holanda, 1.279, siendo el único lugar en que está más barata que Telefónica; incluso en Suecia está más alta, a 1.646, y, por supuesto, en Italia está algo más baja, ligeramente más baja, a 1.402, porque no ha hecho el reequilibrio.
Estos son los datos del reequilibrio tarifario que se ha hecho en España, señoría. Si analiza el precio medio, que es la única manera de saber exactamente cómo repercute sobre la factura del consumidor y cómo repercute sobre los intereses de Telefónica, el minuto en el sistema de pasos era de 5,4 pesetas y actualmente, con el sistema de tarificación por segundos, es de 6,2 pesetas, es decir, un incremento, como le decía antes, del 13,16. Lo demás, señoría, es música celestial.
La repercusión de toda esta subida en la factura media del usuario es una repercusión que no impide que, después de dos años de Gobierno, la factura media del teléfono del usuario doméstico haya bajado un menos 4,13 por ciento, porque ha habido otras muchas bajadas de tarifas telefónicas, ya que las únicas que han subido son justamente las tarifas locales. Entre 1991 y 1995 incrementaron ustedes la factura media del usuario doméstico en un 12,71 por ciento. Esta es la diferencia entre una política tarifaria y otra.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, tengo una fe ciega en el parlamentarismo, pero en esto de las tarifas, si me lo permite, prefiero confiar en las matemáticas, sobre todo cuando uno tiene que discutir con usted, que reconozco que es el David Copperfield del manejo estadístico.
Señor ministro, usted ha dicho al final una frase con la que yo me quedaría, que la tarifa por minuto sube un 13,6 por ciento y que lo demás es música celestial. Dejémoslo ahí, estoy de acuerdo, lo demás es música celestial. La tarifa sube un 13,6 por ciento; pues bien, compárelo con la subida del IPC, con la subida de las pensiones, con la subida de los salarios de los funcionarios, con la subida media de los convenios, con lo que usted quiera y concluirá conmigo, señor ministro, en que ustedes han subido brutalmente las tarifas telefónicas. Y no me hable usted de la Unión Europea, porque la Unión Europea no impone esta subida tarifaria, no, habla del reequilibrio, pero es que usted no ha hecho un reequilibrio, señor ministro, ha bajado las tarifas de Telefónica donde compite, justamente hasta el límite de Retevisión, y ha subido la tarifa de Telefónica donde no compite, para protegerla. Punto y final. Ese es el reequilibrio que ha hecho usted; repito, de tiempo. Hoy pagan igual los que hablan muy poco y muchísimo más los que hablan mucho. Ese es el reequilibrio, temporal, y no de otro tipo.
Voy a entrar brevísimamente en algo en lo que no debería entrar, que es en la historia. Cada vez que le preguntamos a usted por las tarifas de teléfonos, discute las subidas que hicieron los gobiernos anteriores y nos inunda de datos, hoy incluso nos ha leído sesiones enteras de las comisiones asesoras, etcétera. Y yo le voy a decir que no es verdad que esta subida de tarifas no sea la más importante de la historia, porque lo es, y no lo dice el Partido Socialista, sino la Organización de Consumidores y Usuarios, a la que supongo una cierta neutralidad; literalmente, tengo ahí el informe: Es la subida de tarifas más importante. Pero mire, vamos a dar por bueno por un momento que nosotros las hicimos mayores; pues, ¿sabe qué le digo?, que nos den las gracias y que no sigan subiendo. Si el argumento es que nosotros las subimos mucho, ¡paren ya, hombre! Tendrían que decir: Señores socialistas, muchas gracias por lo que han subido las tarifas de teléfono y, como ya las tenemos tan altas, no vamos a subirlas nunca más. (Aplausos.) Lo que no me puede argumentar aquí es que nosotros las subimos más, porque entonces le digo, señor ministro, que peor. Si nosotros las subimos más y usted las sigue subiendo, peor; no tiene ningún argumento. Ya le hicimos nosotros el trabajo. Agradézcalo

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y cierre el asunto porque por ahí van mal las cosas.
Señor ministro, todo su fallo -y usted lo conoce muy bien- se basa, primero, en que los informes que maneja, a los que se refiere de nuestro Gobierno de 1994, si no recuerdo mal, son de los costes de Telefónica en 1992 o en 1993. Han pasado muchos años. Usted sabe, señor ministro, que cinco años en telecomunicaciones es un siglo, es un mundo. Le voy a dar dos datos sólo. ¿Sabe usted lo que facturaba Telefónica en el año 1996, por Infovía? Nada. ¿Sabe usted lo que factura ahora? Veinte mil millones de pesetas. ¿Sabe usted lo que factura Telefónica por las llamadas, por ejemplo, del tráfico fijo móvil? ¿Lo sabe usted? No lo sabe. El problema, señor ministro, es que todos sus argumentos, incluido ese que me dice de que la subida es neutral, que no lo es, se basan en una contabilidad de costes que usted no controla, porque ni la ha auditado ni ha establecido criterios para hacerla. Ese es el problema. Usted no sabe lo que cuestan las llamadas a Telefónica. Usted no lo sabe. Por tanto, no puede venir aquí a afirmar rotundamente que es neutral para Telefónica. Yo le digo que no lo es. Le diré más: cuando usted abra a la competencia la telefonía metropolitana, que lo hará y pronto, verá cómo vuelven a bajar las tarifas de teléfonos, porque hay margen de bajada, porque la contabilidad de costes de Telefónica no incluye algunos de los elementos a los que me refiero. ¡Cuánto han cambiado las cosas, señor ministro desde el año 1993, al que hacía referencia usted en esos datos! Entre otras cosas, usted sabe que ha cambiado extraordinariamente la red de Telefónica. Ha mejorado. ¿Sabe usted lo que significa? Que han bajado los costes. Por tanto, olvídese usted de los datos de 1994, que no valen para nada. Déme los datos que tiene ahora y dígame si están auditados. ¿Cuáles son los criterios de contabilidad? ¿Pone usted la mano en el fuego, señor ministro, por los costes que ha dado Telefónica? No la ponga, créame, porque se va a quemar.
Señor ministro, no siga haciendo malabarismos. No me hable de la subida del paso a segundos, que, por cierto, la hemos pedido en este Parlamento muchas veces. Ustedes lo han hecho de tal manera que Telefónica no pierde y el consumidor no gana. Esa es la realidad.
Telefónica no pierde y el consumidor no gana. Ustedes han ajustado la tarifa por segundos a lo que ganaba Telefónica por pasos. Por tanto, ésa sí que es neutral para Telefónica, señor ministro; neutral para Telefónica y neutral para los usuarios, excepto, señor ministro, para el 75 por ciento de las llamadas -son sus datos- en las que no hay tarificación por pasos. Ahí, no; ahí paga lo mismo llame un segundo, dos, 15 o 1,5 minutos. Paga lo mismo. Por tanto, usted ha aplicado una tarifa por pasos por segundos al 25 por ciento de las llamadas de teléfonos que es neutral en cuanto al coste para Telefónica. Ningún beneficio, señor ministro, para los consumidores.
Déjeme que le diga más. Respecto al tema de las comparaciones europeas deberíamos ponernos de acuerdo respecto a los criterios sobre los que se hacen. Usted habla de la cuota de abono. Señor ministro, usted sabe que prácticamente España es el único país de la Unión Europea que mantiene una tarifa de conexión a la llamada, se haga o no se haga. Por el hecho de llamar, con independencia de lo que se llame, usted sabe que en España se cobra, y no una cantidad pequeña: 11,4 pesetas por la llamada metropolitana, 15 por la provincial y 20 por la internacional. Ese coste, señor ministro, no existe en ningún país de Europa. Por tanto, el día que nos traiga aquí tarifas comparadas, lo celebraremos. Haga, por favor, señor ministro, el ejercicio de compararlas de verdad porque si no seguiremos diciendo que usted no hace comparaciones, sino magia estadística, que es algo que se le da, por cierto, lo reconozco, bastante bien.
Señor ministro, los datos -y son los de la OCU, una vez más, y nadie los ha desmentido- son tozudos. Usted cerraba su intervención con eso de la música celestial. Ya le digo que con que acabáramos concordando eso yo me daría por satisfecho. Es verdad, han subido un 13,6 por ciento. A mí me parece una barbaridad. A usted le parece bien; magnífico, pero ahí acabamos la discusión. Ahí, por lo menos, parece que estamos de acuerdo.
La OCU dice cosas más terribles. Usted habla del minuto. Señor ministro, el minuto valía antes 1,9 pesetas y ahora vale 4,5. Esos son los datos de la OCU. Rebátalos, si es que puede, pero, por favor, con datos reales, no con magia matemática.
Termino ya, señor ministro. Termino diciéndole que vamos a traer una moción a este Parlamento, que creemos que las tarifas no deben tocarse hasta que la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, no disponga de unos costes auditados de la Compañía Telefónica y además no disponga de una contabilidad con criterios de la Unión Europea, que sabe que están aprobados ya.
Vamos, por tanto, a pedir, en primer lugar, que se derogue la orden hasta tanto no sepamos realmente cuál es el coste de la tarifa o de la llamada metropolitana para Telefónica.
Señor ministro, le vamos a pedir, en segundo lugar, que abra el mercado a la competencia lo más rápidamente posible. Usted ha dado aquí argumentos, a los que yo soy sensible, sobre la necesidad de que los operadores de cable inviertan, pero haga lo posible para que, cuanto antes, se abra el mercado a la competencia, porque sólo así sabremos realmente cuál es el margen de maniobra de Telefónica. Yo le digo que es mucho, muchísimo más, del que ustedes han establecido en esta orden ministerial.
Señor ministro, baje las tarifas de interconexión. Me dirá usted que es competencia de la CMT, de acuerdo; pero, haga usted lo posible -y usted sabe que lo puede hacer- para que bajen las tarifas de interconexión en España. Así bajaremos el coste de las llamadas de teléfono. Finalmente, señor ministro, establezca, y es su competencia porque así lo quiso establecer en la Ley General de Telecomunicaciones, una tarifa plana

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para Internet. Usted sabe que se puede hacer, hágalo ya. Ya le digo que lo vamos a introducir en la moción y le adelanto más. Según tengo entendido, y aquí hay una carta del jefe de información de Convergència i Unió dirigida esta mañana a los internautas españoles, aunque la semana pasada Convergència i Unió no votó nuestra proposición no de ley de tarifas planas, parece que ahora la va a votar; por tanto, si esto es verdad y yo lo creo, si Convergència i Unió va a votar esta parte de nuestra moción para que se establezca la tarifa plana, hágalo usted, diga usted ya que sí, porque si no, la semana que viene, y espero coherencia por parte de todos los grupos parlamentarios, usted va a perder esa votación y será el Parlamento el que le imponga una tarifa plana para Internet, que no es una necesidad sólo de los internautas, que sería ya muy importante, sino que es una necesidad del conjunto de la sociedad española.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Señoría, no quiere usted aceptar algo que es absolutamente obvio. Si en un determinado servicio telefónico, léase la telefonía local, la tarifa no cubre los costes, no es posible la competencia. De acuerdo con los datos de que se dispone, la contabilidad suministrada por Telefónica es una contabilidad bastante voluminosa, no es la cuenta de la vieja para andar por casa. Esa cuenta, en contra de lo que usted piensa, ha sido auditada, lo que sucede es que usted reconocerá que debido a la contabilidad analítica o de costes de un monopolio, con la facturación que tiene, con los problemas de los llamados costes históricos y otra serie de conceptos que no vamos a introducir aquí ahora, es enormemente difícil tener un conocimiento exacto de todos y cada uno de los costes. Todos los países, salvo Italia, han hecho el reequilibrio tarifario con el conocimiento de la contabilidad que les ha suministrado el ex monopolio y han hecho una primera aproximación y esa primera aproximación ha cubierto en el marco de la legislación comunitaria lo que se denomina el reequilibrio tarifario. La legislación comunitaria pide que se haga antes de la fecha de la plena liberalización, que en España es el 1 de diciembre y que en Europa ha sido el 1 de enero; por eso todos los países, excepto Italia, han hecho el reequilibrio tarifario con los datos de que disponían en ese momento suministrados por el ex monopolio. En España la tarifa local era un precio político, y usted lo sabe señoría, que se mantenía artificialmente bajo porque afecta al conjunto de las familias y de los consumidores y porque su subida tiene una fuerte repercusión en el IPC. Como precio político estaba por debajo de los costes y el reequilibrio tarifario supone exactamente que por lo menos las tarifas que se pongan cubran los costes. Como eso supone necesariamente una disminución de ingresos del ex monopolio, se bajan aquellos servicios que tenían tarifas artificialmente altas para compensar los precios políticos del servicio local.
Yo no he presentado aquí ningún informe, señorías. He presentado actas del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones reflejando sesiones que presidía el señor Borrell, compañero suyo de Gobierno.
Por tanto, no se trata de un informe más o menos oficioso de los servicios técnicos de la Administración, es la postura del Gobierno llevada en el seno del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y trasladada después a un acuerdo de Consejo de Ministros que subió las tarifas locales el 37 por ciento. Ese sí que es un dato histórico, el 37 por ciento, señoría. Creo que hay una diferencia notable entre el 37 por ciento que ustedes subieron y el 13 por ciento que hemos subido nosotros.
La acusación de que no conocemos la contabilidad de costes es perfectamente reversible: ustedes tampoco. Ustedes tampoco y subieron las tarifas locales el 37 por ciento basándose en la contabilidad que les suministró Telefónica. Por tanto, en ese sentido, todos iguales.
Después tampoco se trata de hablar del año 1993, señoría, la última sesión es del año 1996 y ahí se deja ya constancia de que el reequilibrio tarifario en primera fase que hicieron ustedes era insuficiente. Queda constancia de la opinión del Gobierno de entonces, del Gobierno, señorías, queda constancia formal de que el reequilibrio tarifario realizado por ustedes era insuficiente y que había que completarlo.
Señorías, no se sostiene que la franquicia no beneficia a los consumidores. Si usted es partidario de las matemáticas, que es el lenguaje único en el que cree, aplique usted las matemáticas: si el precio del minuto queda en 6,20 pesetas y una llamada de dos minutos cuarenta cuesta 11,40, comprenderá usted que esa franquicia le está ahorrando al consumidor por lo menos 5 ó 6 pesetas, no he hecho el cálculo exacto, pero de 11,40 que le cuesta la llamada por la franquicia a las 17 pesetas si se le facturaran los 2,40 minutos hay una diferencia. Sí, señorías.
Usted acude al informe de la OCU, pero es curioso que de todos los informes que hay haya cogido usted solamente el de la OCU, es sumamente curioso. La OCU es una de las once organizaciones de usuarios y consumidores que están representadas en el Consejo Social de la Comunicación, que es el que ha emitido un informe que no coincide con el de la OCU, señoría. La OCU ha hecho su propia opinión; es una organización de entre once, además de que en ese Consejo Social de la Comunicación están representados los sindicatos Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Usted utiliza el documento de la OCU como si fuera el informe técnicamente más solvente de los que se han producido en este proceso sin que se sepa quién es el técnico solvente que ha hecho ese informe.
Ese informe, señoría, en no pocos aspectos no se tiene de pié, y le voy a dar un dato: Telefónica -usted

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lo sabía- por el sistema de pasos facturaba de tres en tres minutos, es decir, que si usted hablaba tres minutos y un segundo le cobraba seis. Sacando las medias, señoría, no puede salir que el minuto cuesta 1,90 pesetas, no sale por ningún lado, porque siempre se habla tres minutos y un segundo, o seis minutos y un segundo, o nueve minutos y un segundo, luego el precio medio del minuto que facturaba Telefónica, señoría, desde el momento en que a usted le cobraban de tres en tres minutos, era de 5,40 pesetas, y nosotros hemos pasado de 5,40 a 6,20 si mal no recuerdo. Eso es lo que la OCU, en un informe lleno de solvencia técnica, como se puede observar, ignora; ignora que se facturaba por pasos y de tres en tres minutos. Imagínese usted lo que supone en un informe técnico ignorar nada más y nada menos que este dato.
Señoría, no se puede derogar la orden ministerial, porque el reequilibrio tarifario se ha puesto ya en vigor, y ni siquiera por ley se le podría obligar a Telefónica a bajar los precios en estos momentos siendo una compañía privatizada. Eso sería objeto de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, y usted lo sabe.
Estando yo de acuerdo, como estoy, en encontrar una fórmula que permita poner precios muy asequibles en el ámbito de Internet, estando de acuerdo, como estoy, con ese principio, hemos de encontrar la fórmula entre todos para hacer algo que se tenga de pié, señoría, desde un punto de vista jurídico y legal. ¿Cuántos parlamentos hay en el mundo que se dediquen ahora a imponer por ley a sus ex monopolios una rebaja de tarifas? Seria impresentable, porque la legislación comunitaria, señoría, lo que pide es que se haga el reequilibrio tarifario. Ya verá usted cómo no nos abren ningún procedimiento de infracción por el reequilibrio tarifario hecho.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le ruego vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Nos lo abrirían si no hubiéramos hecho el reequilibrio tarifario como lo hemos hecho.
Señoría, le pediría a usted que reconozca las cosas como son. Hemos hecho un reequilibrio tarifario muy razonable. Va a permitir la competencia en el ámbito de la telefonía local, pronto, porque los operadores de cable van a empezar a actuar pronto. Lo hemos hecho con una mínima repercusión en el índice de precios al consumo, que es lo que realmente perjudica a los usuarios y consumidores. La subida de precios con carácter general en la economía es lo que realmente perjudica a los usuarios. Hacer un reequilibrio tarifario como el que hemos hecho, con una mínima repercusión en el índice de precios al consumo y manteniendo una franquicia de 2,40 minutos para el 75 por ciento de las llamadas que factura Telefónica, creo, señoría, que es un reequilibrio social, equilibrado y neutro, diga usted lo que diga, de acuerdo con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que no tiene resultados, no tiene repercusiones positivas sino más bien ligeramente negativas en la cuenta de resultados de Telefónica.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE COMUNICACIONES AÉREAS ENTRE LA PENÍNSULA Y EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO (Número de expediente 172/ 000110).


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a la segunda interpelación de la tarde: interpelación urgente del Grupo de Coalición Canaria sobre la política general del Gobierno en materia de comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago canario.
Para su presentación, y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, las islas Canarias son un territorio archipielágico que está situado a más de 1.000 kilómetros de distancia de la costa peninsular y, en su punto más cercano, a unos 100 kilómetros del continente africano. Esa peculiar situación geográfica -ser territorio archipielágico y su condición de territorio alejado- le ha valido para que tenga un reconocimiento especial. Por una parte, en el artículo 138 de la Constitución española, donde el Estado garantiza el principio de solidaridad y el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular; por otra parte, el reconocimiento de la Unión Europea como región ultraperiférica, reconocimiento contemplado en el Tratado de Amsterdam. Esa situación geográfica extraordinaria y especial al ser el último territorio europeo en el Atlántico, un territorio fragmentado y alejado de tierra firme, hace que tengan que arbitrarse medidas también extraordinarias y especiales para atender esas extraordinarias y peculiares circunstancias; medidas extraordinarias y especiales contempladas, repito, en el marco de nuestra Constitución y en los reglamentos comunitarios.
Es obvio, señorías, señor ministro, pero conviene reiterarlo porque parece que algunos no se han enterado aún, que en las islas no hay carreteras que las unan entre sí ni a las islas con la Península, no hay ferrocarril. Para comunicarnos, entre las islas y con el exterior, es absolutamente imprescindible contar con el transporte marítimo y con el aéreo. El mar y el cielo son nuestras carreteras y nuestros ferrocarriles. Si tenemos en cuenta que el barco cubre el servicio Península-Canarias

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una vez a la semana y que la travesía tarda dos días, llegaremos a la conclusión de que la dependencia del avión es prácticamente absoluta en lo que se refiere a los temas sociales, económicos, políticos, comerciales, turísticos, etcétera. Esa situación del Archipiélago y esa dependencia única y total del transporte marítimo y aéreo exigen que el Gobierno tenga una política activa en esta materia, cuyo objeto final sea la cohesión territorial y social entre todo el territorio del Estado. Esa política del Gobierno se ha de concretar en distintas medidas que hagan posible la cohesión territorial y social, garantizando la movilidad entre las islas y la Península y viceversa en condiciones adecuadas de continuidad, frecuencia, calidad y capacidad y precios.
Señor ministro, con la entrada en vigor del tercer paquete de liberalización aérea comunitaria (abril de 1997) casi todo el mundo esperaba que se produjera una mejora importante, dada la entrada de la competencia en las comunicaciones aéreas; casi todos esperábamos más vuelos, más servicios, mejor calidad, bajada de precios. En el caso de Canarias, le puedo asegurar que ha ocurrido todo lo contrario: incremento de tarifas; intento de eliminar la competencia con el presunto acuerdo de Iberia con otras compañías para elevar las tarifas -asunto que se encuentra en estos momentos en el Tribunal de Defensa de la Competencia-; alquiler de aviones antiguos como el Tristar irlandés; aviones preparados para charter que se utilizan para cubrir rutas regulares con Canarias; tripulaciones que no hablan castellano, sintiéndonos dentro del propio Estado español como si estuviéramos en el extranjero; retirada de los airbus, aviones especialmente diseñados para trayectos como los de Canarias, siendo trasladados a otros destinos donde están al 50 por ciento de su ocupación; utilización de aviones de menor capacidad, sin condiciones para clases preferentes y cobrando tarifas de preferente para servicios de clase turista; retirada de los DC-9 que cubrían los vuelos interinsulares; falta de personal para atender los servicios en los aeropuertos -que ha sido una de las causas del caos de las maletas en Barajas-; supresión -el último acontecimiento de los gestores de Iberia- de 150 vuelos programados en todo el territorio del Estado, 70 de ellos con destino a Canarias, creando una situación difícil y complicada en las comunicaciones de Canarias con la Península. Toda esta serie de despropósitos cometidos por los actuales directivos de Iberia se deben, a nuestro juicio, señor ministro, a que la Dirección General de Aviación Civil y Aena han estado y están subordinados a los intereses del grupo Iberia. ¿Qué motiva nuestra interpelación urgente? Un nuevo abuso -como el que acabo de señalar- de la compañía Iberia: la cancelación de más de 70 vuelos, que significa eliminar de un plumazo la oferta de 10.500 plazas semanales a Canarias. ¿Es o no un abuso, señor ministro, que Iberia modifique su programación en pleno mes de agosto para hacerla entrar en vigor a principios de septiembre? ¿Es o no un abuso que esa modificación de su programación se haga sin posibilidad de que sea cubierta por la competencia? ¿Se puede permitir que Iberia -empresa pública- cancele más de 70 vuelos con Canarias, que supone una reducción de la oferta semanal en más de 10.500 plazas? ¿Es tolerable esta situación? ¿Va a responder alguien por ello? ¿Tiene algo que ver, señor ministro, el presidente de la SEPI? ¿Cuál es la posición del ministro de Industria? Si nos atenemos a la contestación que daba hoy a las preguntas planteadas por Coalición Canaria y por el Grupo Socialista, no sabe, no contesta, evasivas e intentos de justificar lo injustificable.
Señor ministro, en Coalición Canaria nos consta que es usted persona seria y que cumple sus compromisos y nos da la impresión de que está usted harto de responder de la gestión del grupo Iberia, en el que usted no tiene ni arte ni parte; pero es usted, señor ministro, responsable de la política de transportes de este Gobierno. ¿Piensa el Gobierno seguir ajeno a las decisiones de unos gestores públicos que están provocando el caos en las comunicaciones y en los aeropuertos españoles? Recupere su autoridad, señor ministro, como responsable de aviación civil. No tolere más los desmanes del grupo Iberia ni se deje engañar.
Los canarios venimos sufriendo la política y los engaños de Iberia con las islas sin que nadie responda de ello. ¿Cómo es posible que el Gobierno, al menos el señor ministro de Industria, hoy, en el trámite de preguntas, haga suyos los argumentos de Iberia para explicar la supresión de más de 10.500 plazas en los vuelos que enlazan la Península con Canarias? Recuerdo que el presidente de Iberia ha explicado que la situación se ha producido con base en los siguientes argumentos: descongestionar Barajas, cumplir el acuerdo laboral con los pilotos, no tensionar las operaciones de sus aviones. ¿Cómo podemos dejarnos engañar con esta explicación tan absurda? ¡Descongestionar Barajas! Pero si los meses de julio y agosto son los meses con mayor número de operaciones, ¿cómo se descongestiona Barajas en septiembre y octubre, que es cuando empieza a descender el número de operaciones en este aeropuerto? ¿Por qué suprime los vuelos de septiembre y octubre? ¿Por qué intenta engañarnos, si parte de los vuelos que se suprimen tenían origen en Canarias y destinos en Málaga, en Alicante y en Bilbao, y en estos momentos se han suprimido esos vuelos directos y para viajar a cualquiera de estos aeropuertos hay que hacer escala en Barajas? Se está produciendo una mayor congestión del tráfico en Barajas. Y si fuera cierto que es para descongestionar Barajas, ¿no se tiene en cuenta a la hora de cancelar vuelos que es un territorio donde no hay alternativas al transporte, no se tiene en cuenta que no existe la alternativa de la carretera y del ferrocarril? ¿Sabe el señor Irala que si alguna política de Estado necesita Canarias es acercarse más a la Península, por razones de tipo social, económico y también, señor ministro, por razones de tipo político? Y en estos momentos la política del grupo Iberia consiste en alejar a los territorios insulares de la Península.
Razones de tipo político. Si fueran necesarias más medidas para

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descongestionar Barajas, ¿los directivos de Iberia seguirían suprimiendo vuelos con los territorios insulares? ¿No se han enterado aún de que no podemos venir ni en el coche ni en el tren? ¿No se han enterado de que pueden causar un daño irreversible a la economía de Canarias? Los otros dos argumentos son absolutamente rechazables por impropios de un presidente de una compañía del prestigio que se le supone a la primera compañía de la aviación aérea española: no tensionar las operaciones de sus aviones y cumplir los acuerdos laborales de los pilotos. Estos argumentos son propios de una empresa pública de un país subdesarrollado. ¿Cómo se puede improvisar el cumplimiento de acuerdos laborales o el mantenimiento de los aviones? ¿Por qué no los ha programado en los meses en que hay una menor ocupación de los vuelos a Canarias? En definitiva, señor ministro, los actuales dirigentes del grupo Iberia, por lo que respecta a la política con Canarias, han pecado de incompetencia, de insensibilidad, de improvisación, de falta de tacto, de falta de prudencia. Su única preocupación es la cuenta de resultados. No tienen en absoluto en cuenta el interés social que deben tener en materia de transporte, fundamentalmente cuando el servicio lo presta una empresa pública como es Iberia. No es casualidad, señor ministro, que el Gobierno de Canarias, que el Parlamento de Canarias, que los cabildos, que los empresarios, que los sindicatos, que los agentes de viajes, que los usuarios, que los ciudadanos en general estén en estos momentos crispados contra esta actitud de la compañía Iberia.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rivero, le ruego concluya.


El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor presidente.
Señor ministro, los reglamentos europeos prevén medidas para garantizar la cohesión territorial y social de las zonas frágiles en materia de transporte. El artículo 103 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de este año, la Ley 60 de 1997, de 30 de diciembre, prevé la declaración de obligaciones de servicio público. Ya lo hemos hecho, de acuerdo con el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado, en el caso de los tráficos interinsulares. Está prevista también la posibilidad -se dice: en su caso- de la declaración de las obligaciones de servicio público entre Península-Canarias y viceversa.
El caso ya ha llegado, señor ministro, y por tanto es hora de que el Gobierno actúe. Esperemos que en la moción consecuencia de esta interpelación lleguemos a un acuerdo para declarar las obligaciones de servicio público que eviten en el futuro los dislates de unos gestores insensibles con unos territorios alejados, que puedan garantizar la continuidad, la calidad y los precios en las comunicaciones archipiélago canario-Península y que permitan la cohesión territorial del Estado español.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ni qué decir tiene que el Gobierno comparte todo el análisis estratégico que ha expuesto S.S. en relación con la ubicación geográfica de las islas Canarias y sus relaciones con la Península. Por consiguiente, en ese terreno hay muy poco que discutir, la coincidencia es plena. Pero no puedo por menos de decir que, justamente porque existe coincidencia con ese análisis, este Gobierno sí tiene una política de transporte aéreo en relación con las islas Canarias, una política que se concreta en hechos y en datos específicos, a mi juicio, extraordinariamente positivos para el Archipiélago. Esa política tiene tres dimensiones: tiene una dimensión presupuestaria, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos; tiene una dimensión de servicio público y tiene una dimensión que afecta a las infraestructuras.
Haciendo un breve repaso, señoría, desde la perspectiva presupuestaria, hay subvenciones a cargo del Estado de las ayudas para el transporte aéreo a residentes en el archipiélago canario que bajo este Gobierno han tenido la siguiente evolución: en 1996 la partida presupuestaria alcanzaba los 6.295 millones de pesetas, en 1998 la partida es de 9.265 millones de pesetas, un incremento del 47 por ciento. Hay también subvenciones para incrementar las ayudas a los servicios interinsulares. De acuerdo con los diputados de Coalición Canaria -recordémoslo-, elevamos esa subvención del 10 por ciento al 33 por ciento en el precio de los billetes, y la partida presupuestaria ha pasado de 600 millones a 3.600 millones. Desde el lado de los ingresos, la política presupuestaria del Gobierno en relación con las islas Canarias y en lo que afecta al transporte aéreo ha tenido su plasmación en una reducción de las tasas aeroportuarias para los servicios aéreos regulares nacionales. Eso supone una disminución de ingresos para el presupuesto del Estado de 1.600 millones de pesetas. La tasa aeroportuaria de aterrizaje y utilización de infraestructuras se ha reducido en un 70 por ciento para los servicios regulares interinsulares y en un 15 por ciento para los vuelos con la Península. En segundo lugar, la política de transporte aéreo con las islas Canarias tiene una dimensión de servicio público. De común acuerdo, y a través de una decisión formalizada, como es lógico, por el Consejo de Ministros, hemos declarado las obligaciones de servicio público en el transporte aéreo interinsular para garantizar precios, regularidad y calidad.
Finalmente, señoría, la política de transporte aéreo tiene también una dimensión que afecta a las infraestructuras. En reciente comparecencia parlamentaria para hablar de los aeropuertos, le especifiqué que

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Aena está realizando y realizará, entre 1998 y 2002, una inversión de 95.000 millones de pesetas en los aeropuertos canarios; inversiones ya programadas destinadas a la mejora de las infraestructuras, a incrementar la capacidad de los principales aeropuertos canarios.
Desde otra perspectiva, se incrementa también el número de vuelos a través del incremento de slots; por ejemplo, en el aeropuerto de Gran Canaria se ha pasado de 26 a 34 movimientos a la hora. Todo ello da como resultado un incremento del número de pasajeros que van a las islas Canarias verdaderamente espectacular en los seis primeros meses del año. Le ahorro a S.S. las cifras -las tengo a su disposición- pero son incrementos muy importantes.
Esta es la cuestión de orden general. En ese marco, en el que hay efectivamente una política de transporte aéreo, señoría -eso no se puede negar-, me plantea usted el problema de Iberia, y al problema de Iberia ha tenido hoy ocasión de responder el ministro de Industria. Es evidente que la compañía tiene problemas, no lo podemos negar; está en un proceso de reestructuración previo a su privatización y ha de arreglar esos problemas. De acuerdo con la información suministrada por el ministro de Industria y por la propia compañía, lo que ha ocurrido es que no ha podido cumplir la programación prevista y ha tenido que reducir el número de vuelos en relación con la programación prevista; pero la programación efectuada en el mes de septiembre incrementa la que se realizó en septiembre del año 1997. Por tanto, siendo cierto que ha tenido que renunciar a una programación excesivamente ambiciosa, no es menos cierto que la programación efectivamente realizada es superior a la que se realizó el pasado año. No sé si el ministro de Industria ha dado los datos con detalle; son: entre Gran Canaria y Madrid la oferta se ha incrementado en 10 frecuencias semanales, alcanzando las 46; Gran Canaria y Tenerife-Sevilla, la oferta de siete frecuencias semanales supone un incremento de cuatro frecuencias en el caso de Gran Canaria y tres en el caso de Tenerife; Lanzarote-Madrid, la oferta es de 14 frecuencias, una más que en período anterior; Lanzarote-Barcelona, la oferta se incrementa en tres frecuencias semanales, alcanzando las siete; Fuerteventura- Madrid, la oferta es de siete frecuencias semanales, dos más que en septiembre de 1997. Es decir, ha habido un incremento de frecuencias.
Es lógico que presionemos, y el Gobierno presiona para que Iberia resuelva todos los problemas que comporta el proceso de reestructuración. Yo le puedo garantizar a S.S. que utilizaré los medios al alcance del órgano regulador. No hay, en sentido estricto, señoría, una subordinación de Aena y de la Dirección General de Aviación Civil a Iberia; hay un proceso histórico en el que Iberia ha detentado el monopolio del transporte aéreo español y todavía detenta más del 60 por ciento del transporte aéreo español. Por consiguiente, es difícil obviar esa situación de hecho. En todo caso, sí le puedo decir que, en nuestras relaciones con Iberia, tratamos permanentemente de que tanto por parte de la compañía como por parte de los aeropuertos se presten los mejores servicios posibles a los usuarios.
Una última reflexión para concluir. Estamos insertos en un proceso de liberalización del transporte aéreo y ese proceso de liberalización del transporte aéreo puede producir y de hecho produce algunos desajustes. Si la compañía que tiene el mayor porcentaje -yo diría que una posición claramente dominante- del transporte aéreo español, que es Iberia, tiene problemas, es evidente que eso repercute automáticamente sobre el correcto funcionamiento del transporte aéreo español y, por tanto, el archipiélago canario resulta doblemente afectado: como cualquier otro destino y además por ser un destino insular, y esa doble característica es lo que debe ser objeto de preocupación y nos debe llevar a tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para mejorar la conexión con el Archipiélago. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Yo quiero dejar encima de la mesa, señoría, sin manifestar una posición concreta, la siguiente reflexión que debemos hacer conjuntamente. Hemos utilizado el concepto de obligación de servicio público para garantizar el transporte aéreo interinsular y creo que va a dar un buen resultado. Podemos estudiar -pediría que lo estudiáramos, señoría, no que lo decidiéramos- las repercusiones que puede tener la declaración de obligación de servicio público para ser implantada en el transporte aéreo entre la Península y el archipiélago canario. Es evidente que una declaración de obligación de servicio público tiene una ventaja con carácter inmediato y es que en cierto modo parece garantizar determinadas características del transporte aéreo entre la Península y el Archipiélago; en teoría, debería garantizar regularidad, calidad y precio. Pero, señoría, hay algo que por lo menos debemos poner encima de la mesa para que pueda ser debatido: ¿no podría la declaración de obligación de servicio público inhibir una buena parte del transporte aéreo que hoy une el archipiélago canario con la Unión Europea y escala en la península Ibérica? Yo dejo encima de la mesa esa cuestión porque el concepto de obligación de servicio público implica una regulación administrativa estricta. En estos momentos los aeropuertos canarios tienen un tráfico extraordinario, y además en crecimiento, que viene de todas las partes del mundo, pero en todo caso muy importante tráfico procedente de la Unión Europea. Pues bien, parte de ese tráfico hace escala en la península Ibérica, con la declaración de obligación de servicio público se puede producir -hay que pensarlo, debemos estudiarlo- un cierto grado de inhibición y algunas de las compañías aéreas que prestan este tipo de servicios pueden dejar de hacerlo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica, el señor Rivero tiene la palabra.


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El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, cuando hemos dicho desde esta tribuna que hace falta que el Gobierno lleve a cabo una política activa en materia de transportes es porque estamos analizando esta problemática en todo el territorio del Estado, y fundamental y básicamente el asunto que nos trae hoy aquí es el de las comunicaciones Península- Canarias y viceversa. Por eso decía que los acuerdos que hemos cerrado con el ministro, que ha sido sensible en este caso con los temas de Canarias, han llegado a buen puerto y en estos momentos están siendo efectivos desde enero del presente año, llevando consigo la reducción de las tasas de pasajeros y de las tasas de aterrizaje tanto en los vuelos interinsulares como en los vuelos Canarias-Península. Esta medida, señor ministro, que es fruto del acuerdo del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria con el Gobierno, precisamente está beneficiando principalmente a la compañía Iberia y a su filial Binter y lo que estamos consiguiendo, lejos de ser una mejor atención y una mayor sensibilidad con la problemática de las comunicaciones entre las islas y de las islas con el exterior, es absolutamente todo lo contrario. Es absolutamente injusto, después del esfuerzo que se ha hecho en este acuerdo, por el que se han restado ingresos que le corresponden a Aena para beneficiar a las compañías, para abaratar costos, que sigan teniendo una actuación tan disparatada con respecto a la política de comunicaciones con el archipiélago canario. Es cierto que ha habido un avance espectacular, un avance importante con respecto a la declaración de obligación de servicio público en los tráficos interinsulares, porque garantiza las comunicaciones fundamentalmente con las islas más desfavorecidas, con las islas periféricas; es una garantía para asegurar que en las horas de la mañana y de la tarde haya vuelos; es una garantía para cubrir un servicio que necesitan los ciudadanos de las islas periféricas que van a hacer gestiones económicas o sanitarias a las islas capitalinas, tanto a Tenerife como a Gran Canaria. Qué duda cabe que esta declaración de obligación de servicio público -en estos momentos está en fase de adjudicación de las líneas correspondientes- es una mejora importante.
De igual forma es una mejora importante la subvención incorporada este año de 3.000 millones de pesetas, que está siendo efectiva desde el 1 de septiembre y que está significando un acercamiento importante entre las islas, porque pasar del 10 al 33 por ciento ha mejorado las comunicaciones entre las islas canarias.
También ha hablado, señor ministro, de las inversiones aeroportuarias. Estamos de acuerdo en que están programadas una serie de inversiones en los aeropuertos canarios, pero también es cierto que son precisamente los aeropuertos canarios, en base al volumen que generan, los que más beneficios aportan al conjunto aeroportuario español. Las inversiones que se dedican a los aeropuertos canarios no salen de los Presupuestos Generales del Estado sino de los beneficios que están generando los propios aeropuertos canarios. Igual que en otras materias es solidario el resto de los territorios con Canarias, en ésta Canarias está aportando solidariamente sus beneficios a otros aeropuertos deficitarios, que son la mayoría de los aeropuertos peninsulares.
Señor ministro, lo que no nos vale como argumento es el que está esgrimiendo la presidencia de Iberia de que se ha producido un incremento de vuelos de septiembre de 1997 con respecto a septiembre de 1998, porque si se ha producido un 4 por ciento de incremento de vuelos pero la demanda está por encima del 20 por ciento en septiembre de 1998 con respecto a 1997, está claro que hay un déficit de un 16 por ciento. Por tanto, ese no es un argumento sólido para que en estos momentos podamos atenuar las consecuencias de la posición que ha tenido el grupo Iberia en relación con este asunto.
La única verdad en este tema es que si uno intenta llamar a las oficinas de Iberia o a una agencia de viajes se encontrará con que no se puede viajar a Canarias hasta dentro de diez o doce días, no se puede conseguir una plaza hasta dentro de diez o doce días. Esa es la única realidad, el único hecho constatable. La única realidad, señor ministro, es que han alejado las islas y han alejado a las clases más desfavorecidas de la posibilidad de viajar a la Península y viceversa, de la Península a Canarias, porque han desaparecido las tarifas mini, supermini y las tarifas turísticas tipo B. ¿Por qué han desaparecido? Porque como los aviones de Iberia van a tope, hay overbooking en todos los vuelos con Canarias -repito que hay que esperar diez o doce días-, lo que hace es vender tarifas más caras; ha eliminado las tarifas más baratas perjudicando claramente a las clases más desfavorecidas. No se trata sólo de tener voluntad para arreglar este asunto, hacen falta medidas claras y contundentes que permitan atenuar la crispación que en estos momentos existe en la sociedad canaria.
Dice usted, señor ministro -y nosotros recogemos esa invitación que usted hace-, que hay que hacer una reflexión sobre la declaración que está prevista en la ley de acompañamiento de las obligaciones de servicio público. Nosotros estamos dispuestos a hacer esa reflexión, pero para hacer una reflexión serena, señor ministro, hace falta un compromiso y que el Gobierno ejerza su autoridad, hace falta que el Gobierno obligue al grupo Iberia de forma inmediata a restituir los vuelos cancelados con Canarias. Si estamos de acuerdo en que en un territorio alejado no se pueden arbitrar medidas de esta naturaleza, que están creando un ambiente de crispación, que están causando perjuicios sociales, económicos y hasta políticos...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rivero, le ruego que concluya.


El señor RIVERO BAUTE: Termino enseguida, señor presidente.
Si estamos de acuerdo en eso, señor ministro, estamos dispuestos a aceptar esa invitación que usted hace. Pero de forma inmediata, como gesto del Gobierno, lo

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que le pedimos es que haya una reposición inmediata de los vuelos suprimidos con Canarias. En ese caso estamos dispuestos a hacer una reflexión serena para ver cómo podemos resolver mejor en el futuro las comunicaciones entre Canarias y la Península.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rivero.
Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Le contesto muy brevemente desde el banco.
Yo estoy dispuesto, como conoce S.S., a hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar todo lo que sea preciso el transporte aéreo entre la Península y el Archipiélago. Con mi compañero el ministro de Industria trataremos de encontrar las fórmulas para que el transporte aéreo con el Archipiélago quede bien cubierto, y utilizo deliberadamente y de forma consciente el concepto bien cubierto. Al mismo tiempo, querría llevar al ánimo de S.S. que la compañía Iberia tiene problemas: tiene flota insuficiente y tiene tripulaciones insuficientes para cumplir una programación que previamente se había fijado. Ese es un dato de hecho que está en proceso de solución. No se forman tripulaciones de la noche a la mañana y la industria aeronáutica no suministra aviones de la noche a la mañana, aunque bien es cierto que se pueden alquilar algunos para cubrir el servicio. En todo caso, yo trasladaré esto al ministro de Industria, que ya ha dado su contestación esta tarde, y a través de las relaciones que mantenemos en la comisión de seguimiento de nuestros acuerdos parlamentarios trataremos de encontrar la solución para que el tráfico aéreo con el Archipiélago quede, en ese concepto, bien servido.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Yo le agradezco al destino que con motivo de estar pendiente de la próxima interpelación me haya dado ocasión de compartir el trabajo de la Cámara, y he quedado absolutamente estupefacto. Afortunadamente yo no soy miembro de la comisión de comunicaciones y transportes, por tanto van a entender ustedes que la pobreza de mis argumentaciones es la pobreza de las argumentaciones que tenga cualquier ciudadano. No he llegado al conocimiento sofisticado que tienen ustedes sobre estos temas y estoy absolutamente convencido de que las intervenciones posteriores, sobre todo la mi amigo el señor Segura, serán mucho más rigurosas, pero yo le voy a hablar como un ciudadano a don Rafael Arias-Salgado, excelentísimo señor ministro de transportes, y le voy a decir que efectivamente tienen ustedes una política de transportes, claro, pero no basta decir que tienen una política de transporte, habrá que decir hacia dónde se orienta. Claro que tienen ustedes una política de transportes destinada clarísimamente a que las comunicaciones y el transporte en este país sean un instrumento fundamental de lucro privado. No hable usted del servicio público porque sinceramente es un sarcasmo. En este tema tan importante de la comunicación y del transporte están llevando a cabo el trabajo que les ha sido encomendado para enriquecer los bolsillos de las compañías que a ustedes les parece. Pero hablan ustedes de servicio público cuando lo que ha dicho el señor Rivero yo lo suscribo íntegramente. Es más, intervengo en alguna medida motivado, poniéndome la venda antes de la herida, porque sé que algo por el estilo amenaza a las islas Baleares, a la comunidad balear, que ha tenido la delicadeza de admitirme como uno de sus vecinos. Usted ha dicho que anteponen los posibles problemas económicos a algo tan elemental como que un ciudadano del Archipiélago pueda estar en igualdad de condiciones con cualquier otro. Es evidente. Pero es que el ciudadano de Gran Canaria, de Fuerteventura o de Formentera está pagando autopistas y está pagando ferrocarriles en todos los sitios, y cuando llega el momento no tiene ninguna posibilidad de acudir a ningún sistema de carácter -valga la expresión- gratuito. Evidentemente habrá que hacer una diferencia muy seria. Esa diferencia no la puede usted reducir a rebajar un 33 por ciento, porque lo que ha dicho el señor Rivero es absolutamente cierto. Si suprimen ustedes las tarifas minis, si suprimen ustedes las tarifas más económicas, señor Arias-Salgado, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿qué quiere usted, que recordemos como en otras épocas, yo que soy hijo de ferroviario, el billete de caridad que se obtenía con el informe del párroco y del comandante de la Guardia Civil para poder desplazarse a Barcelona a que le vieran las cataratas? Un poco de seriedad.
Están ustedes, en el fanatismo de la privatización, llegando a unos extremos que superan el fundamentalismo. Están ustedes en la aberración. Tienen ustedes una política de transportes absolutamente irracional, absolutamente discriminatoria y, le digo más, que conculca principios elementales de la Constitución, y yo sabía que al final alguien tenía que tener la culpa: los trabajadores. A buenas horas van a tener la culpa los gerentes ni el consejo de administración. Da la casualidad de que los pilotos quieren no trabajar 20 horas sino que entren más pilotos y trabajar una jornada normal. También quieren los del servicio de tierra tener unos emolumentos similares a los de la escala de vuelo. ¿Quién plantea siempre problemas? Los trabajadores; los consejos de administración, no. En los consejos de administración se repite sistemáticamente el nombre de los que, estando no en la SEPI sino en el INI o similares,

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llevaron a todas y cada una de las compañías a la ruina aprovechándose del puesto que tenían en esa gestión en beneficio privado, con lo cual prepararon el camino para que fuera fácil decir que esto no funciona; todo lo público ha de ser inmediatamente desmantelado, aquí no funciona nada.
Querido don Rafael, excelentísimo señor, usted no pensaba así en otra época. Usted anteponía el servicio público y la calidad de vida del ciudadano a los intereses de las compañías. Por tanto, yo le pido por favor que haga una reconsideración. Pero por si acaso mis argumentos no le sirven, le voy a pedir a usted y al Gobierno simplemente que tengan un pequeño gesto: abandonen el mystère de la Subsecretaría de Aviación Civil, cojan como los demás el avión, váyanse al aeropuerto, aguanten las colas, esperen ustedes y vean lo que son los retrasos, vean lo que es el overbooking, vean lo que allí ocurre, y entonces es posible que el Gobierno empiece a ser medianamente sensible a los intereses de los consumidores, porque cuando uno se coloca por las nubes suelen ocurrir estas cosas: una pérdida absoluta del sentido de la realidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, me voy a ceñir al contenido de la interpelación. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria dice que formula la presente interpelación urgente sobre la política que desarrolla o piensa desarrollar el Gobierno para garantizar que las comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago canario se desarrollen en condiciones adecuadas de continuidad, frecuencia, capacidad y precio de acuerdo con el derecho comunitario, y a ello es a lo que me voy a ceñir.
Señor ministro, usted ha llevado a cabo una serie de reflexiones que no venían al caso: infraestructuras, precio, aportaciones, presupuestos generales del Estado, etcétera. Yo, al igual que el diputado por Coalición Canaria señor Rivero, represento una circunscripción de la comunidad canaria. Me siento portavoz de todos y cada uno de los usuarios, de los viajeros que hacen las rutas entre Canarias y la Península, de los que se mueven dentro de Canarias en los diferentes aeropuertos y de todos aquellos peninsulares y ciudadanos comunitarios que nos visitan. Canarias es uno de los puntos de encuentro fundamentales de las rutas troncales de la Unión Europea. Su Gobierno no ha tenido una política de transporte aeronáutico, y la prueba de ello la hemos visto en el caos espantoso que la red aeroportuaria española sufrió en los meses de mayo, junio y julio. Como consecuencia de ese caos, señor ministro, usted tuvo la obligación de cesar al secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte, lo que se lamentó bastante en diferentes foros porque no ejerció como secretario de Estado de Transportes. Usted no ha tenido una persona gestionando los transportes, ni aeronáuticos ni marítimos ni terrestres, y usted mismo tampoco es ministro de Transportes. Usted, en la asamblea de la asociación de navieros españoles el año pasado, prometió que traería aquí unas propuestas de resolución y provocaría un debate político sobre el transporte marítimo en España. No lo ha hecho y no se ha atrevido a asistir a la asamblea general de la asociación de navieros españoles de este año porque no se ha atrevido a dar la cara -lo de dar la cara lo digo respetuosamente, desde la óptica política- ya que su Ministerio no tiene una política de transporte, lo que se pone de manifiesto en una región absolutamente necesitada de ello.
Cómo es posible que hace un año se autorizase desde la Dirección General de Aviación Civil a la compañía Iberia para que fletase en régimen de wet lease un avión, es decir, que alquile un avión con tripulaciones que no hablan castellano, un Locked-L-1011-Tristar, un avión con más de 30 años volando y cuyo historial aeronáutico es desconocido por la administración aeronáutica española, con tripulaciones -pilotos y auxiliares- que no hablan castellano, cuando ante una situación de emergencia la comunicación entre la tripulación y los pasajeros es absolutamente imprescindible. No tiene precedentes en la historia aeronáutica española. Eso no ha ocurrido nunca durante los 75 años que la compañía Iberia ha prestado servicios con la comunidad canaria, que ha sido una pieza fundamental del crecimiento de la compañía por cuanto Canarias ha sido una especie de hop en el Atlántico, es un punto distribuidor de flujos aeronáuticos de la Unión Europea hacia el continente africano más próximo y hacia Iberoamérica, y resulta que nos fletan aviones de esas características. No solamente eso, señor ministro, sino que últimamente han desplazado los aviones de la compañía Aviaco del grupo Iberia, y los han desplazado no solamente en la Península dándole una franquicia excepcionalmente positiva a Air Nostrum, que ojalá sea objeto de análisis en el Pleno de esta Cámara por las características de privilegio de que disfruta por parte de la administración aeronáutica española, prestándole el handling a un coste ínfimo por parte de la compañía Iberia, sino que ha desplazado aviones de Aviaco de Canarias. Ya no se ve un avión de Aviaco en ningún vuelo de Canarias que haga Lanzarote- Alicante o Las Palmas de Gran Canaria-Jerez de la Frontera y Barcelona. Y no solamente eso sino que en Iberia han sustituido al avión Airbus 300, con una capacidad de doscientos ochenta pasajeros, con una amplísima capacidad de carga palletizada, de carga de fácil maniobrabilidad, por un Boeing 757. Esos aviones Airbus hacen la ruta con Roma y Milán compitiendo con Alitalia, lo cual no es necesario, y van a un 30 por ciento de capacidad. Se culpa a los pilotos, pero el sindicato mayoritario Sepla no fue precisamente un sindicato

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cariñoso con los gobiernos socialistas. Consiguientemente, como diputado socialista no tengo que ser portavoz ni enarbolar la bandera en defensa de ese sindicato, pero la realidad objetiva es que hoy no hay diálogo con la compañía y ello está repercutiendo en los intereses globales del Estado español. No hay diálogo entre otras cosas porque Iberia necesita doscientos cincuenta pilotos y Aviaco cien, y hay dos mil pilotos españoles en paro a los que no se les da entrada. Iberia quiere establecer la entrada en el nivel doce -si quiere un día hablamos de las características de los niveles- y los pilotos plantean el nivel ocho. Lléguese a una situación intermedia y que entren cuatrocientos o quinientos pilotos. ¿Cómo es posible que se tengan simuladores que han costado miles y miles de millones de pesetas y no se utilicen para formar a pilotos que acaban de obtener su título en Aena, en la escuela nacional de aeronáutica española? Señor ministro, me felicito porque el Grupo Socialista a través de distintas intervenciones en Comisión y en el Pleno de esta Cámara ha defendido, al amparo de la normativa de los reglamentos y directivas comunitarias del año 1992 que impulsaron las políticas de liberalización del tráfico aéreo y de los que el Gobierno español fue uno de los pioneros en su aplicabilidad en el seno de la Unión Europea, el concepto de servicio público. Naturalmente que lo hemos demandado para los vuelos interiores canarios, pero ¡ojo! ahí sí coincido con usted. Han elaborado una normativa que va a conducir a un monopolio de una compañía, Binter, que va a estar en manos privadas, en manos de una sociedad que se lo va a quedar porque en paralelo hay un proceso de privatización que ha impulsado la SEPI que ha posibilitado la segregación del grupo Iberia de la compañía Binter. Nosotros creemos en el servicio público, pero nunca en ese monopolio en manos privadas. Nosotros creemos que las rutas Canarias- Península tienen que ser garantizadas en frecuencia, capacidad de carga y capacidad de pasajeros, pero ¡ojo! con la posibilidad de llegar a una situación de monopolio.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Segura, concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, termino. Muchas gracias.
Señor ministro, permítame que le lea un párrafo muy breve publicado en un editorial de un periódico que no se ha caracterizado por ser excesivamente cariñoso con el Partido Socialista ni con los gobiernos socialistas. Me refiero al periódico ABC. El pasado 26 de agosto el editorial de ese periódico termina diciendo: El Gobierno del PP anunció el año pasado que sacará a Bolsa el 50 por ciento del capital de Iberia a finales del 98 ó a comienzos del 99, hoy capital en poder de la Sociedad Española de Participaciones Estatales. Tanto British Airways como American Airlines tomarán el 5 por ciento cada una en el capital de la compañía -parece ser que va a ser más- tras su recién estrenada alianza estratégica.
Reitera que en esta privatización puede estar el origen de la anunciada decisión de suprimir ciertos vuelos no rentables -todos los de Canarias son rentables y aunque no lo fuesen hay que darlos-, pero en un asunto de tanta complejidad no deben primar -dice el periódico ABC- los criterios economicistas sobre los político-sociales. La supresión de ciertos vuelos redundantes con otros medios de transporte o de frecuencia claramente excesiva para el tráfico generado, que no es el caso de Canarias porque no hay trenes ni podemos ir por una autovía de peaje barata, no debe extenderse a la generalidad de lo simplemente no rentable porque en la base de una empresa que tiene el carácter de servicio público debe imperar el principio de solidaridad -lo dice ABC- y sus decisiones estratégicas no deben contribuir a aumentar las desigualdades entre el conjunto del territorio español.
Señorías, ustedes, con una inexistente política de transporte marítimo y aéreo que permita la cohesión de todo el territorio nacional con los archipiélagos, están produciendo un daño político irreparable. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista, una vez conozca el contenido de la moción, consecuencia de interpelación, que ha producido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, propondrá a la Cámara y previamente al grupo parlamentario proponente, como establece el Reglamento, un conjunto de iniciativas para que el Pleno de la próxima semana produzca una resolución que restablezca el principio de cohesión social con la comunidad canaria.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Soriano Benítez de Lugo.


El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no puedo por menos que reconocer la razón que asiste al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en la iniciativa adoptada esta tarde en esta Cámara, otra cosa sería negar la evidencia. Que en este mes de septiembre no ha existido por parte de Iberia la suficiente sensibilidad con el archipiélago canario; que ha incurrido en una falta de programación evidente que ha ocasionado gravísimos perjuicios para los habitantes de las islas Canarias, que les ha impedido salir o llegar al Archipiélago, resulta evidente por cuanto que, como digo, Iberia no ha sido sensible para entender que de las islas Canarias, igual que ocurre con las Baleares, no se puede salir como no sea en avión. En consecuencia, indudablemente Iberia ha cometido el grave error de no estar acertada en esta programación y sus consecuencias las hemos padecido todos los canarios, pero yo confío en que el Gobierno, que ha demostrado su sensibilidad con el archipiélago canario, sepa advertir a Iberia de la necesidad de considerar que la situación de

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las islas Canarias es distinta de la del resto del territorio nacional y que no se puede contemplar al Archipiélago como una fuente de ingresos de la compañía, sino que, como aquí se ha dicho anteriormente, el Archipiélago tiene que ser tratado con unas características especiales, sin pensar en el rendimiento económico sino en la atención, en el servicio a los ciudadanos. De hecho, tengo que decir que ayer los diputados del Partido Popular tuvimos una entrevista con los directivos de Iberia que nos aseguraron y nos prometieron que a partir de octubre se incrementará la frecuencia de aviones, los Boeing 757 serán sustituidos por el Airbus, de mayor capacidad, y yo confío plenamente que en el próximo mes de octubre esté restablecida la comunicación fluida con el archipiélago canario y confío también en las palabras del ministro y en las palabras que ha manifestado el Gobierno de que adoptará las medidas necesarias para que Iberia cumpla con sus obligaciones con el archipiélago canario, porque creo que este es un problema que afecta a todos los ciudadanos de las islas. Este no es un problema de partido sino un problema que, como digo, afecta a los ciudadanos del Archipiélago.
Confío plenamente en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias en relación con Iberia. (Aplausos.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Soriano.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señor presidente.
Quiero poner de relieve que existe una coincidencia plena en que es absolutamente imprescindible satisfacer una necesidad y satisfacerla de manera correcta y, por tanto, garantizar el transporte aéreo entre la Península y el Archipiélago. El Gobierno hará todos los esfuerzos posibles para que los problemas que se han planteado se solventen en el más breve plazo.
No querría concluir sin dirigirme a mi querido amigo el excelentísimo señor diputado don Pablo Castellano. El problema, señoría, es que lo que usted piensa, que es perfectamente legítimo y respetable, ya no se aplica en el mundo. Fíjese que todos los gobiernos europeos, incluidos los socialistas, han privatizado sus compañías de bandera; todos, sin excepción. Y la Unión Europea ha impuesto un proceso de liberalización del transporte aéreo. No es solamente una decisión del Gobierno español sino estrictamente aplicación de la legislación comunitaria. ¿Y sabe usted por qué, señoría? Porque el primer país que liberalizó, que es Estados Unidos, tiene más del 50 por ciento del transporte aéreo mundial y de las diez primeras compañías del mundo cinco son norteamericana, y cuando se alcance la plenitud del proceso de liberalización a escala planetaria no habrá quien compita con las compañías norteamericanas y las compañías europeas de bandera se irán a pique si no adoptamos las medidas necesarias para su reestructuración.
Lo que está ocurriendo en el transporte aéreo mundial, señoría, no se puede resolver con unas pocas palabras y con un debate parlamentario.
Y dicho esto le diré, señoría, que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha declarado obligaciones de servicio público para garantizar el transporte aéreo interinsular. Vamos a estudiar, si es absolutamente preciso, declarar la obligación de servicio público, que es el concepto de la legislación comunitaria, para garantizar el transporte aéreo entre la Península y el archipiélago canario.


Muchas gracias, señor presidente.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE DETERIORO, FALTA DE CONSIDERACIÓN E INEFICACIA DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA (Número de expediente 172/000112).


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la interpelación sobre comunicaciones aéreas entre la Península y el archipiélago canario, vamos a pasar al debate de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas para paliar la situación de deterioro, falta de consideración e ineficacia del servicio público de justicia. Para su exposición tiene la palabra el señor Castellano.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Como preámbulo, doña Margarita, tengo que decir que me temo que no va a poder usted decirme luego en la contestación que también están ustedes aplicando en materia de justicia los criterios que están aplicando en el resto del mundo. Eso me temo, y lo digo para que no entremos a comparar cómo anda la justicia en nuestro país respecto a cómo anda en otros, porque sinceramente me daría pudor y no quiero que quede reflejo siquiera de ello en el «Diario de Sesiones».
Por tanto, señor presidente, voy a hablar con la tranquilidad que da el ambiente familiar de una reducida reunión en que, lógicamente, tenemos que dejar de lado toda clase de actitudes macrooratorias, porque hacer concesiones a la galería sería absurdo. (Un señor diputado: Se agradece.) y tratar de suscitar el aplauso quedaría un poco ridículo porque no se podría reflejar en el «Diario de Sesiones». Por tanto, vamos a hablar de forma lisa y llana de una cuestión de la que hablan con carácter liso y llano los ciudadanos en la calle. Es evidente que en el estrecho marco de esta interpelación no vamos a poder tocar todos los temas. Vamos a asomarnos un poco a los problemas que queremos plantear hoy y que, como sabe S.S. y le decimos en nuestra interpelación, reflejan la preocupación acerca de cómo anda nuestra justicia y la falta de consideración que tiene por la ciudadanía. Los ciudadanos afirman que es

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absolutamente ineficaz, que está en una situación de auténtico deterioro y, lógicamente, por ello inundan la oficina del Defensor del Pueblo. Cuando se asoma uno al informe del Defensor del Pueblo ve que el tema de la Administración de justicia consume el 40 por ciento de su paginado. Si ha tenido usted ocasión, por ejemplo, de repasar -que creo que lo habrá hecho, porque soy consciente de su preocupación por el tema- las peticiones que se formulan a la Comisión de Peticiones del Congreso y del Senado, habrá visto que la mayoría son sobre temas que se refieren a la Administración de justicia. Y si también ha tenido usted ocasión de asomarse al archivo o al registro del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de que los ciudadanos se equivoquen y puedan confundir lo disciplinario con lo jurisdiccional, habrá visto que las quejas casi exigen que haya que estar buscando locales para su almacenaje, ya que no se puede buscar en muchos casos su solución. Para remate de todo ello, con cierta frecuencia nos golpean los medios de comunicación con el resultado de unas encuestas en que, lamentablemente -y digo lamentablemente porque me siento parte de ese mundo que se llama de los operadores jurídicos-, salimos siempre muy mal parados.
Por tanto, esta interpelación, que no creo que haya molestado a S.S., estoy convencido de que va a ser una buena ocasión para que usted diga a los ciudadanos que tienen una percepción absolutamente equivocada y que gozamos de una situación paradisíaca. Ellos no lo ven así. El primero que no lo ve así es el propio presidente del Tribunal Supremo que en la pomposa apertura de tribunales, en esa liturgia con que se nos obsequia todos los años y que suele tener muy poco de autocrítica, dentro de esa parafernalia reconoce el problema de la lentitud de la justicia. Y añada usted a ello toda esa colección de libros blancos: el Libro Blanco del ministerio fiscal, el Libro Blanco del Consejo General del Poder Judicial, el Libro Blanco del secretariado. Todos y cada uno de los sectores afectados por este mundo de la justicia han acabado haciendo un diagnóstico en el que yo creo que no vamos a encontrar diferencias porque sería algo así como negar la evidencia; sería algo así, según se dice en nuestro lenguaje judicial y forense, como tratar ni más ni menos que de exigir pruebas sobre los hechos notorios, y los hechos notorios no exigen prueba.
Se quejan los ciudadanos de la carestía. Ya puede decir la Constitución lo que quiera sobre la justicia gratuita. Al final, por unas causas u otras que deberán preocuparnos, es evidente que ese servicio público de la justicia, en cuanto a su eficacia, en cuanto a su accesibilidad en condiciones de calidad y en condiciones de seguridad, para los menos favorecidos no se puede decir que sea un servicio que se presta en igualdad de condiciones. Los ciudadanos reflejan en las encuestas desigualdad y discriminación. Tienen dudas -no voy a pasar de esta afirmación- acerca de la independencia judicial. Yo no la tengo. Creo que nuestro ordenamiento jurídico tiene absolutamente garantizada la independencia judicial. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) No creo que haya poder humano ni divino que pueda mover la mano de un juez para que dicte una resolución en un sentido que no sea el que a él le parece conveniente. Ahora bien, tienen dudas en cuanto a la independencia cuando empiezan a percibir que quizás algunos de los que se ponen la toga más que tener preocupaciones por el servicio público de la justicia y por la realización de ese anhelo que se llama la justicia, como principio fundamental que inspira nuestra Constitución, están más preocupados por servir al poderoso, del que depende a lo mejor el premio o del que depende, ni más ni menos en su actuación, el reconocimiento a lo que ya recibieron. Tienen dudas acerca de la imparcialidad de nuestros jueces. Tienen, en suma, mucho temor. Y debajo de todas esas denuncias se dirigen no sólo al Gobierno -ya sé que me va a decir usted que muchos de estos problemas lo son del Consejo General del Poder Judicial- también se dirigen al Consejo General del Poder Judicial, pero están diciendo claramente que olfatean que en este tema del servicio público de la justicia, de la Administración de justicia, del Poder Judicial, no se está desarrollando esa diligencia de un buen padre de familia y que quizás haya una cierta actitud de desprecio y de instrumentalización. Es evidente porque ellos saben que, en el mundo de la justicia, quienes generalmente se mueven y transitan por todo ese meandro cargado de dificultades no suelen ser los poderosos, suelen ser aquellos que ya frente al abuso del poder, frente a la arbitrariedad, no les queda más asidero que el mundo de la justicia. Precisamente piensan que quizá por ello, porque los poderosos no tienen esa necesidad, el servicio público de la justicia no merece tanta atención. Y no digo sólo del Gobierno, digo de los poderes públicos, porque sería injusto, dentro de la interpelación, tratar de volcar sobre su departamento todas las críticas. Volcaremos aquellas que pensamos que le son pura y simplemente imputables.
Podemos afirmar que la justicia en este país, como servicio público, está bajo mínimos. Así lo perciben los ciudadanos. Y frente a esa percepción, las argumentaciones que queramos hacer podrán tener algunas de ellas consistencia, pero hay que convencerles de que no está bajo mínimos. Lo está fundamentalmente porque el instrumento para la materialización del servicio público de la justicia, que es la Administración de justicia -que yo separo del Poder Judicial-, sinceramente, no por culpa de usted sino por culpa de muchos lo llevamos como una asignatura pendiente. Seguimos teniendo el mismo concepto del servicio de la justicia (bueno, no el mismo concepto del servicio público de la justicia pues incluso muchos operadores jurídicos rechazan el término: decir a algunos jueces que están en el servicio público de la justicia parece que les ofende, la expresión servicio público no entra dentro de sus coordenadas mentales), pero es un hecho cierto que se ha hecho muy poco o nada, sobre todo en un tema

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importante, la racionalidad. Nuestro concepto de oficina judicial es un concepto que pertenece al medievo. El papel del juez, el del secretario y la configuración de los auxiliares sigue estando anclada en aquello en que estaba anclada cuando algunos éramos jóvenes, y no digamos ya el conjunto de las leyes. La mayoría de los procedimientos siguen siendo exactamente los mismos, o sea, que estamos en una situación, y yo le llamo por eso la atención sobre ella, en donde es fundamental que se haga una reconsideración, y conste que todavía no he empezado a hablar, lógicamente, de lo que pueden ser causas heredadas a lo largo de la historia, sino que he empezado a hablar de las que son ya fruto de esta época postconstitucional y que, por tanto, tienen mucha más gravedad, porque a lo mejor antes de la Constitución había defectos que podían ser entendidos, pero hoy no lo son.
En todo caso, yo voy a procurar hoy, con permiso de la Presidencia, dedicarme sólo a contemplar el mundo de la Administración de justicia, sus medios materiales, humanos, procedimientos, actuaciones, controles de eficacia y calidad y garantías de los derechos, y para otra ocasión creo que estamos obligados a dejar algo tan importante como es el Poder Judicial, y un debate que aquí no hemos hecho nunca, que es el debate sobre los cooperadores de la justicia. Aquí no hablamos nunca de los abogados, aquí no hablamos de los procuradores, aquí no hablamos de los notarios y registradores, que, sinceramente, su incardinación y su status ya poco tiene que ver con un mundo moderno. Ellos sí son conscientes de hacia dónde va ese mundo moderno, y hacen esfuerzos inusitados por que no haya ley que salga de su Ministerio que no suponga para notarios o registradores un incremento de actividad y, en consecuencia, como siguen siendo funcionarios públicos por arancel, un incremento de sus correspondientes ingresos. Es más, yo he llegado a la conclusión de que usted se ha desprendido con demasiada facilidad de las instituciones penitenciarias como Ministerio de Justicia y que quizás por ello, lógicamente, no tenga mucho papel; el Consejo General del Poder Judicial ha asumido unas competencias y al final su Ministerio, señora Mariscal de Gante, con todo respeto y sabe usted que con afecto, se convierte en el departamento-cortijo de los notarios y los registradores, que son los que se han apoderado de la calle de San Bernardo y, vive Dios -entiéndalo como expresión coloquial, no le saque más punta-, están sacándole suficiente fruto.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego concluya.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Dejamos para otro día ese otro conjunto de temas, aunque la verdad es que, el día que acometamos su estudio, lo haremos con una cierta sensación, podemos decir, de insatisfacción, por aquello de que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía, dado que en interpelaciones similares a esta sobre el ministerio público, se llegó, con renuncia por nuestra parte, yo creo que a legítimas peticiones, a una resolución de consenso y todavía no hemos tenido la menor noticia sobre la reforma del estatuto del ministerio fiscal. Es más, perdóneme si me equivoco, yo no sé si ha sido por un medio radiofónico o por la lectura de un diario algo apresurada que me ha parecido entender que el señor fiscal General del Estado, eso que acordó aquí la Cámara, que es que, efectivamente, tuviera intervención el Parlamento en su exploración, y lo que acordó en cuanto a su mandato por determinadas fechas, lo va a someter a consulta de todos los fiscales. Es evidente que si lo que acuerda esta Cámara, con toda la fuerza que da el Parlamento, luego cada uno de los destinatarios lo tiene que someter a consulta de los suyos, es que estamos contemplando un campo, cual es el de la Administración de justicia, que no representa un problema de corporativismo, sino que, pura y sencillamente, el derecho dominical de determinados funcionarios hace que esta Cámara no sirva absolutamente para nada.
Voy a acabar, porque es usted la interpelada y la que tiene que decir qué medidas va a tomar para todas estas cosas -lógicamente, a lo mejor usted no ve los mismos problemas-, recordándole que llevamos desde el principio de la legislatura diciendo enfáticamente que el tema de la justicia es tan importante que hace falta un pacto de Estado. ¿Cuántas veces habrá oído usted a Izquierda Unida, desde esta tribuna, reclamar el pacto de Estado? Pero no lo podemos hacer nosotros; un pacto de Estado tiene que venir promovido por quien tiene la responsabilidad de la gobernación del Estado. ¿Dónde está su pacto de Estado, señora ministra de Justicia? ¿Dónde está su pacto de Estado, señores del Gobierno del Partido Popular? Porque no llamarán ustedes pacto de Estado a la reunión entre el señor Almunia y el señor Aznar para repartirse los puestos del Tribunal Constitucional en secreto, o para repartirse los puestos del Consejo General del Poder Judicial A eso no lo llamarán pacto de Estado. Supongo que, por muy bipartidistas que sean ustedes, reconocerán que los demás y la ciudadanía tienen por lo menos el derecho a la información.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego concluya.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Por eso voy a acabar esta parte de la interpelación preguntándole dónde está el pacto de Estado. Lo hago con la intención de que suba usted a esta tribuna y nos diga claramente: el pacto de Estado que ofrece el Gobierno del Partido Popular en el tema de la justicia se concreta y se materializa en los siguientes puntos; y se va a desarrollar a lo largo de lo que queda de legislatura - a no ser que esto sea una promesa ad calendas graecas- con arreglo al siguiente sistema, y van a formar

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parte de él, o por lo menos se les va a invitar a participar, las fuerzas políticas del arco parlamentario, más los cooperadores políticos que se mueven en otros ámbitos.
Es inconcebible un pacto de Estado sin que todos, modestamente, oigamos el criterio de la universidad, de los colegios de abogados, de los colegios de procuradores, de las asociaciones profesionales, del Consejo General del Poder Judicial. El reto es tan apasionante y tan interesante que yo le pido, por favor, que no frustre usted mis esperanzas y que cuando suba a esta tribuna, de una vez por todas, y sabiendo que cuenta usted ya de antemano con nuestra colaboración, nos diga y deje en el «Diario de Sesiones» todo un programa de actuaciones de ese pacto de Estado, que nos vamos a poner inmediatamente a trabajar para su consecución y que va usted a contar desde el principio con nuestra lealtad, también con nuestras equivocaciones, que podremos tenerlas, pero no ponga en duda nuestra lealtad, porque lo único que mueve a este grupo político cuando sube a esta tribuna a hablar de justicia no es ningún beneficio partidista, sino una preocupación y un compromiso por la libertad y por la igualdad del que no vamos a dimitir jamás y frente al cual no vamos a hacer ninguna clase de claudicaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor Castellano.
Para contestar en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Justicia.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor presidente, señorías, si me permite el señor Castellano voy a utilizar el mismo lenguaje liso y llano, puesto que estamos en familia.
Voy que decirle, como primera percepción, que tengo la misma que la mayoría de los ciudadanos respecto a la deficiencia de nuestra Administración de justicia, que me aproximo bastante a la exposición que ha hecho S.S. respecto al estado de esa justicia y respecto a la necesidad de trabajar para que seamos capaces de cambiar esa percepción, que se asemeja bastante a la realidad.
Sólo me gustaría poner también de manifiesto, porque así lo reflejan las encuestas, que el usuario de la justicia tiene una percepción menos mala -no diré buena, pero sí menos mala- que el que simplemente oye hablar de la misma. Tal vez esto sería motivo para una reflexión sobre si no existe una crisis no real de la Administración de justicia, que está de alguna forma con altavoz publicitada para deslegitimar ciertas resoluciones judiciales.
Señorías, el Gobierno tiene una política en materia de justicia que, como no puede ser de otra manera, tiene como base las normas constitucionales legales, y para ello, en primer lugar, lo que hace el Gobierno es respetar de la forma más escrupulosa, con las palabras y con los hechos, lo que es el Poder Judicial.
Su señoría ha anunciado que tal vez en otra ocasión debamos hablar de ese concepto de poder judicial, pero creo que una mayor reflexión posterior no es obstáculo para que en este momento haga un llamamiento a todos para que respetemos a ese Poder Judicial, que evidentemente puede ser criticado, tiene que ser criticado, pero dándole el papel que le corresponde y sabiendo el que nos corresponde a los demás, empezando por el Gobierno y por mí misma.
A partir de ahí, la política judicial del Gobierno, la política en materia de Administración de justicia del Gobierno se contrae a dos puntos: provisión de medios personales y materiales e iniciativa legislativa.
En cuanto a la provisión de medios personales y materiales es cierto, señorías, que todavía hace falta mucho por hacer. Yo pido la ayuda de la Cámara para seguir trabajando en ello, pero no puedo dejar de dar datos ante SS.SS. que revelan que se ha hecho bastante. Como estamos en familia tengo que recordarle a S.S. que nos apostamos una cena no hace mucho, porque S.S. decía que no iban a entrar en funcionamiento este año ninguno de los juzgados de lo contencioso, espero que el día 16 de diciembre pague S.S. la deuda. (Risas.) Si comparamos las plazas de jueces y magistrados creadas en períodos anteriores con las que ha creado este Gobierno, la diferencia es realmente abrumadora. En este momento existen 234 plazas más de jueces y magistrados. Comparto el análisis realizado por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo referente a que el principal defecto de la justicia es la lentitud, y comparto el análisis que ha hecho S.S. respecto a que generalmente esa lentitud perjudica más a los que menos tienen y a los que más llaman por la justicia. Su señoría compartirá conmigo que una de las formas de atajar esa lentitud es teniendo más jueces, más magistrados, más personal y más leyes que faciliten el acceso de los ciudadanos a la justicia. Pues bien, desde mayo de 1996 al día de hoy se han creado 231 plazas de jueces y magistrados, hay 231 jueces y magistrados más en España. Esto a título de ejemplo significa que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional hoy hay 40 magistrados más que en 1995, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hoy hay una sección más que en 1995, 41 secciones de audiencias provinciales han pasado de una plantilla de tres magistrados a una de cuatro o que a fecha de hoy tengamos 46 juzgados de primera instancia e instrucción más que en 1995. Es cierto y soy consciente de que esto no es bastante, que hay que seguir creando, pero no puedo dejar de dar cuenta a SS.SS. del trabajo realizado.
Me pregunta usted por el modelo. El modelo de pacto de Estado y las líneas argumentales son, empezando por el papel constitucional que le corresponde al Gobierno y que nos corresponde a todos, con el respeto más escrupuloso del Poder Judicial, una mayor dotación de medios personales y materiales y una iniciativa legislativa que incida en aquellos órdenes jurisdiccionales que están sufriendo mayor atraso.
En esta

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línea no puedo hacer otra cosa más que mencionar ante la Cámara que el día 14 de diciembre entrará en vigor la Ley de lo Contencioso- Administrativo. Supongo que SS.SS. son conscientes, porque lo han trabajado y perfeccionado a lo largo del trámite parlamentario, de la importancia que tiene que, por fin, existan los juzgados de lo contencioso-administrativo con un proceso muchísimo más fácil, mucho menos complejo que el existente hasta ahora, y de la importancia que tiene para el ciudadano medio. El ciudadano al que se le impone una multa no tendrá que ir de Córdoba a Sevilla, sino que podrá resolverlo en la propia Córdoba.
En breves fechas entrará en esta Cámara el proyecto de ley de enjuiciamiento civil, otro de los órdenes más deteriorados de nuestra Administración de justicia. Se ha modificado el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para paliar los negativos efectos de una reforma no bien pensada y que ha llevado al atasco de lo que son las audiencias provinciales. Se va a remitir, no más allá de un mes, la ley de justicia juvenil, o la ley penal del menor, y se encuentra en fase muy avanzada la ley concursal.
Todas estas normas a las que he hecho referencia, señorías, tienen como único objetivo la tutela efectiva del justiciable. He pretendido y pretendo que el auténtico protagonista de la Administración de justicia sea el justiciable, no unos u otros profesionales desde una u otra óptica, sino encaminar las actuaciones de todos esos profesionales para que el justiciable tenga la justicia que se merece, la justicia que nos demanda y la justicia que esta ministra, con sus aciertos y sus desaciertos, aspira a poder conseguir. Para ello no voy a cejar en esfuerzos y pido la colaboración de todas SS.
SS., porque evidentemente en justicia no hay electoralismos que valgan; en justicia o se trabaja con altura de miras o uno corre el peligro de dar algún que otro traspiés.
Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Castellano, tiene la palabra.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Permítame usted que discrepe seriamente de ese intento de ocultamiento o ignorancia de la realidad cuando se dice que no hay una crisis real. Por ahí no creo que vayamos a ningún sitio. Hay una crisis real y muy profunda. Hay una crisis en la Administración de justicia en cuanto a su lentitud, su carestía y su ineficacia, y le recuerdo unas viejas palabras de un presidente del Tribunal Supremo, don Antonio Hernández Gil, y del Consejo General del Poder Judicial que dijo clarísimamente -y yo comulgo con ellas- que donde no hay eficacia no puede haber independencia del Poder Judicial, porque un poder que es ineficaz mal puede resultar independiente, su ineficacia le lleva clarísimamente a ser dependiente de un conjunto de circunstancias que hacen retóricas sus resoluciones.
En segundo lugar, nadie se está inventando una crisis. ¿Que en estos momentos como consecuencia de determinadas coyunturas haya quien puede poner en cuestión resoluciones y sean unas resoluciones de tal importancia o trascendencia que lógicamente susciten un revuelo? Eso no es más que la hojarasca, no es despreciable pero es la hojarasca.
El asunto viene de muchísimo antes, de muchísimo antes viene la queja, y no hay más que repasar las memorias del Consejo General del Poder Judicial y del Defensor del Pueblo para ver que esto no es fruto de unas últimas actuaciones, por politizadas que éstas hayan podido aparecer o algunos hayan querido revestirlas.
Es más, yo estoy absolutamente convencido de que esa crisis no se soluciona -y entiendo su buena fe- con esas tres medidas que usted, no como pacto concretado sino como directrices, ha esbozado, porque en cuanto al papel constitucional del Poder Judicial no creo que haya ninguna duda. Un debate sobre el papel constitucional del Poder Judicial sería un debate en el que nos tendríamos que limitar a leer la Constitución y lo que ella proclama, pero el problema no es la Constitución. Esta tarde yo le he oído defender al señor presidente del Gobierno, con motivo de una pregunta, el acervo constitucional, y se ha quedado en la letra. Qué duda cabe que en el acervo constitucional muchos problemas están resueltos, pero la práctica de respeto al acervo constitucional es inexistente, porque es inexistente la igualdad ante la ley, es inexistente la igualdad en el procedimiento. Existen situaciones de privilegio, empezando por los miembros de esta Cámara, con una interpretación de la inmunidad parlamentaria que va mucho más allá de lo que es el de, por y en la función parlamentaria; y existe privilegio en el cumplimiento de las penas a través del mecanismo de la cesión de las competencias a otras comunidades, en virtud del cual son penas absolutamente ilusorias para los de siempre; y existe privilegio en cuanto a la jurisdicción o fuero que a algunos se les aplica; y existe hasta privilegio para comparecer como testigo; y existe privilegio para unos determinados magistrados con respecto a otros; y no existe ningún supuesto medianamente respetable de exigencia de responsabilidades de jueces y magistrados, que se queda en la más pura nebulosa.
Hay una crisis muy real que no se soluciona discutiendo el papel constitucional, se soluciona diciendo qué comportamientos estamos teniendo unos y otros con la Constitución, porque algunos, que la cogen como escudo, la están convirtiendo, pura y simplemente, en bicarbonato para hacer una antigua digestión o en escudo para defender determinados privilegios. Nosotros no nos alineamos ahí; nos alineamos en una creencia absoluta en la profundidad de libertad y de justicia que la Constitución proclama y que no se compagina con el concepto que, en la práctica y en los hechos, tienen muchos de ustedes del Poder Judicial. Me refiero a ustedes y a otros, porque cuando llega el momento de respetar ese Poder Judicial en la forma de selección de sus miembros, repito, han incurrido en la

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peor de las prácticas: el reparto entre pasillos. Y cuando se les ofrece la ocasión de que los posibles candidatos pasen por esta Casa y sean objeto de conocimiento por la Comisión de Justicia o la Comisión Constitucional, se niegan ustedes porque parece ser que eso no afecta ni más ni menos que a algo tan importante como es la imagen.
En cuanto a medios materiales, estoy convencido del esfuerzo que se ha hecho en medios materiales. Ahora, usted y yo sabemos que hay juzgados donde el ordenador está sirviendo para almacenar papeles encima; y usted y yo sabemos que en la selección de personal hay todo un conjunto de gente que tiene derecho a trabajar, pero que no se le está dando la capacitación para que aquello funcione; y usted y yo sabemos que los secretarios judiciales están en una permanente queja, que nosotros suscribimos, en cuanto a que no se utiliza todo lo que representa una licenciatura en Derecho y una capacitación como ésa y, en muchos casos, no llegan ni siquiera a jefe de personal de su propia oficina. Teniendo como tienen en manos la constancia de los actos procesales, no son capaces de responder de algo tan importante como es que se cumpla el principio de oralidad y de inmediatez. Luego no son sólo medios materiales, hay que hacer profundas reformas estructurales y hay que plantearse seriamente un nuevo concepto de oficina judicial. Tienen que convencerse nuestros jueces de que, cuando van destinados a un juzgado, ese juzgado no es un cortijo, de modo tal que, según sea su laboriosidad, ese juzgado se puede atrancar durante años e interpreten el principio de inamovilidad para que, al final, los ciudadanos tengan que llegar -y usted lo sabe porque es de la carrera- a presentar demandas que, cuando corresponden a determinado juzgado, hay que retirarlas con tal de...


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, le ruego concluya.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: La iniciativa legislativa. Señora Mariscal de Gante, es verdad lo de la Ley Contencioso-Administrativa, pero no puede usted poner encima de la mesa ningún otro proyecto más.
Yo voy a cumplir mis compromisos si es verdad que el día 16 de diciembre entran en funcionamiento los juzgados de lo contencioso; los cumpliré muy gustosamente y, como se hace en los trances de honor, señalará usted el campo y los instrumentos, para que no pueda usted decir que voy a andar con ninguna clase de mezquindades. Ahora, también le digo que esos juzgados ya están en la cuenta que hace el presidente del Tribunal Supremo cuando habla de setecientos. No puede usted venir, cada vez que hay una interpelación, a decir que van a entrar en funcionamiento. Van a entrar en funcionamiento, pero da la pequeña casualidad de que faltan muchísimos más. Usted tiene, desde el Ministerio de Justicia, que vencer las resistencias para que ese mundo de la judicatura no sea tan cerrado que no puedan entrar gentes preparadas y dé lugar a que señores jubilados no se jubilen.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano, vaya terminando.


El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: En cuanto se jubilan, se les nombra magistrados suplentes, con lo cual pueden perfectamente, en la línea de nuestras instituciones donde está prosperando tanto el carácter hereditario, continuar de por vida, y esperemos que no sea sucediéndoles los hijos. Ése no es el pacto de justicia que pedimos, el pacto de justicia es mucho más amplio. No le voy a relatar el catálogo de cosas que creo sinceramente que tienen tanta importancia como la discusión del papel constitucional del Poder Judicial. Las va a conocer usted sencillamente a través de la moción que vamos a presentar pidiéndole eso, un pacto de justicia, un pacto de Estado sobre la justicia que tenga los siguientes puntos y directrices.
Apreciaremos cuál es su voluntad y la de su Gobierno si esas directrices, que van a excluir todo posicionamiento personal porque todas vienen respaldadas por la generalidad de los que vivimos en el mundo de la justicia, son aceptadas o no son aceptadas. Ese día, por segunda vez, tendrá usted la ocasión de demostrarnos si de verdad esto va a seguir siendo una asignatura pendiente y, como un eterno ritornello, cada legislatura vamos a tener que seguir diciendo: hay que arreglar la justicia, la justicia no se arregla.
Perdóneme un inciso, señor presidente. Yo estoy empezando ya -lo sabe usted hace mucho tiempo- a temerme que esa vieja dialéctica que siempre ha existido entre poder político y Poder Judicial (que ve al Poder Judicial con recelo, que trata, a través de la acción de gobierno o a través de mecanismos en la administración de las sentencias, de evitar la verdadera independencia del Poder Judicial y, con ello, la tutela judicial efectiva) esté albergándose en esos bancos como albergó en los otros. De modo tal que, cuando unos hablan de la instrumentalización de la justicia, tengan plena razón y lo que quieren es que esto siga así para ir tirando, porque les parece lo más favorable para sus intereses de partido, electorales, de gobierno, y sobre todo -lo que es mucho más importante- para sus intereses de clase.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Castellano.
Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que no me he debido expresar bien, porque yo no he negado en ningún momento que existan problemas serios en la Administración de justicia. He dicho que, a veces, esos problemas se amplifican y que podríamos hacer alguna reflexión para saber el

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porqué de esa curiosa cuestión de amplificación de los problemas.
Tiene razón S.S. en que sólo la dotación de medios no es bastante, sino que hay que capacitar a quienes tienen que hacer uso de esos medios para una correcta utilización. Tiene razón S.S., pero desconoce los cursos de capacitación que se dan en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de justicia y los cursos que se dan en colaboración con todas las comunidades autónomas para los funcionarios destinados en ellas. Es idea del Ministerio que estén informatizados todos los órganos jurisdiccionales en el año 1999 y que sean perfectamente utilizables por todos y cada uno de los funcionarios.


Faltan muchos jueces -es verdad, señoría- y, evidentemente, S.S., que ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial en época en la que la selección de los jueces no correspondía al Consejo, sabe que era exigible al Ministerio de Justicia la convocatoria de oposiciones; pero desde el año 1995 es exigible al Consejo General del Poder Judicial. Sí puedo decirles a SS.SS. que existe una comisión mixta Consejo-Ministerio (porque evidentemente son problemas interconexionados los que tenemos en el Ministerio y en el Consejo General del Poder Judicial) y que el plan de reclutamiento -y perdónenme la palabra- de jueces y magistrados se encuentra muy avanzado.
Esperaré, señoría, los puntos concretos de su moción y confío en que sean tan razonables como la exposición que S.S. ha hecho, sabiendo -porque así me consta- que lo único que a S.S. le guía es que el servicio público de la Administración de justicia sea de verdad servicio, sea público y sea justo.
Muchas gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.


Señorías, debo empezar mi intervención, como en otras ocasiones, elogiando el acierto del diputado señor Castellano en la elección del asunto que ha planteado a la Cámara, que, sin embargo, no puedo calificar de actual porque es más bien endémico, si bien debo reconocer que cosas se hacen, pero el empeoramiento creo que es progresivo.
Al buscar documentación sobre este asunto -que siempre me ha interesado en lo personal y también como miembro de un partido político-, he encontrado trabajos estupendos, críticos, de los años 1982, 1987 y 1988. En fin, que no hace falta haber leído recientemente al profesor Toharia para saber que la actitud de los españoles ante la justicia no es buena, en justa reciprocidad, sin duda, a lo poco buena que es la prestación de la justicia como servicio público.
Si toda Administración debe actuar conforme a los principios que recoge el artículo 103 de la Constitución, es decir, servir con objetividad intereses generales y actuar eficazmente, en el caso de la justicia creemos que se cruza un derecho fundamental, que es el derecho a obtener tutela judicial efectiva en un período razonable, aspecto éste nuclear sobre el que versó el discurso de apertura del año judicial del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, en términos, por cierto, de alarma seria -creemos que justificada-, y hay que entender que con el pleno conocimiento que el puesto que ocupa le da. El profesor Alejandro Nieto, siempre mordaz, habla de Administración de injusticia, y considera que si el pintor de la Administración podría ser Kafka, más propiamente el de los tribunales podría ser Dante. Hombre, yo creo que es un evidente exceso, por lo menos en lo que se refiere a la Administración general, porque creo que tanto la estatal como la autonómica funcionan razonablemente. En el caso de los tribunales no me atrevo a decir que la exageración sea tanta. Ocurre además que en la querencia constitucional la administración de la Administración de justicia es constitucionalmente asumible por las comunidades autónomas, y en los casos en que esto se ha producido debo manifestarle, señora ministra, que desde el Estado antes, y también ahora, se actúa de forma que se impide que se obtengan logros auténticos en una mejora real en la prestación del servicio.
Conoce la señora ministra que en la Administración de la comunidad autónoma vasca se han efectuado importantísimos esfuerzos presupuestarios -por cierto, el lunes espero verla en la inauguración de la Audiencia Provincial de Bilbao- en inversiones inmobiliarias.
Igualmente se tiene un sistema informático que se pone como ejemplo.
Me dicen que hay tres modelos en este momento en el mundo de la informatización de la justicia. Pero todo ello no luce lo suficiente, como se dice en lenguaje coloquial, si no es posible hacer una adecuada política de personal, y la señora ministra hoy mismo ha contestado a una moción en el Senado sobre esta materia. Es imposible, aunque se tengan medios materiales excelentes, aunque se haya informatizado adecuadamente, si no se puede poner al personal a cumplir adecuadamente estos servicios, porque solamente se puede gestionar aquello que se ha decidido o con el sistema o el esquema que desde la Administración del Estado se pretende.
Hace pocos días un letrado de esta Cámara -que por lo visto ejerce también la profesión- me comentaba que había tenido que presentar un recurso en Bilbao y se había quedado maravillado de la existencia de registro único para todas las jurisdicciones, con una informatización que, como digo, le había causado auténtica sorpresa. Al frente de tal maravilla, con el criterio que se sostiene desde el ministerio, es posible que tenga que ponerse a un funcionario que no tenga ningún conocimiento de informática aunque esté estupendamente de trienios.
Creemos que no es razonable que

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no se deje hacer una política de relación de puestos de trabajo adecuada a las necesidades, dado el esfuerzo que se está efectuando.
Sobre ello está pedida también la comparecencia de la señora ministra en la Cámara. Creemos que también varios grupos plantearemos una iniciativa, y tiempo sobrado habrá para hablar.
Me dirá que es un ejemplo parcial y puntual, pero creemos que es gráfico de un asunto en el que la sensación que tenemos es que desde el Estado no se puede hacer, o no se acierta a hacer, o no hay medios para hacer, pero que tampoco se deja hacer en la medida de lo posible a las comunidades autónomas. Para fijar nuestra posición esperaremos a lo que establezca la moción que nos presente el señor Castellano, que intuyo que va a contener elementos que posibilitarán, casi con toda certeza, nuestro voto favorable a la misma.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ciertamente lo que parece que podemos poner en común es un determinado diagnóstico y quizá lo que debamos dejar para el próximo martes sean las soluciones. Debo estar de acuerdo con la señora ministra en que puede ser alentador que la imagen que tienen los ciudadanos de la justicia varía si el conocimiento que tienen de la misma es a través de los medios de comunicación o es a través de autos y sentencias que les afectan directamente. Y eso quizá lo que nos pone de manifiesto es que hay que trabajar en un doble sentido: desde luego en mejorar el servicio público de la justicia respecto de sus usuarios, pero también en otro esfuerzo, que quizá tenga menos salida legislativa, que esté mucho más enmarcado en eso que se viene a denominar autorregulación y que nos afecta a diversos poderes, seguro que al Judicial, al Ejecutivo, pero también al Legislativo.
Decía el otro día el presidente del Consejo General del Poder Judicial que faltaban jueces y en estos momentos la señora ministra ha reclamado también una cierta solidaridad o ayuda a los grupos, me imagino que con efectos presupuestarios. Yo le puedo decir respecto del mío que jamás tendremos la osadía de presentar una enmienda con cargo a partidas presupuestarias del Ministerio de Justicia, lo que no sé es si estaremos en condiciones de presentar una enmienda que aumente esas partidas; pero cuente la señora ministra con que jamás le presentaremos una enmienda que lleve o allegue recursos a otro sector de la Administración en detrimento de lo que ella sea capaz de sacar adelante en el seno del Gobierno.
Ciertamente la situación que nos ocupa puede parecerse mucho -dicho en ese tono de familiaridad que al final será traicionado, obviamente, por el «Diario de Sesiones»- a aquello de: entre todos la mataron y ella sola se murió. Nos encontramos con un Consejo General del Poder Judicial que tiene importantes responsabilidades, pero que en modo alguno le pueden ser exigidas por esta Cámara; recuerdo algunas comparecencias, en otra legislatura, en las que se nos manifestaba que la única responsabilidad que cabe exigir es que el presidente del Consejo tolere las críticas más o menos encendidas que se le puedan formular por los miembros de la Comisión de Justicia. Nos encontramos también ante una situación del Ministerio Fiscal, y esperamos todos que pueda darse curso y eficacia a la proposición no de ley -o moción, no recuerdo ahora- que fue presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y pactada con otros grupos -entre ellos con el mío-, y nos encontramos también con las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Ciertamente es un tema complejo en el que todos tenemos que asumir la responsabilidad.


Puesto a decir, también querría, no digo reconvenir, pero sí manifestar mi no aquiescencia a lo que ha señalado don Pablo Castellano. No creo que la transferencia de determinadas competencias, como las penitenciarias, a las comunidades autónomas -y creo recordar que la única que las tiene es la mía, gestionada por un Gobierno que también es el de mi partido- suponga ninguna patente de corso. No puede suponer tampoco, ni ha supuesto, una inejecución de las penas; al menos tan criticadas han sido algunas resoluciones que se han podido producir en el ámbito de la Administración penitenciaria de la Generalitat -siempre, obviamente, recurribles por el fiscal ante el juez de vigilancia penitenciaria- como las que se han podido producir en el ámbito de la Administración del Estado.
Tan conformes estamos con los diagnósticos que aquí se han manifestado, que presentamos en su día - el 13 de mayo, fecha por lo demás ilustre- una propuesta de resolución en el debate de política general que pretendía encauzar, dirigir o promover una reforma global de la justicia, propuesta de resolución que fue pactada también con el Grupo Parlamentario Popular y que fue aprobada por esta Cámara el 14 de mayo. Mi grupo está trabajando también muy seriamente en una proposición no de ley -no sé si aprovecharemos la ocasión que nos ha brindado don Pablo Castellano- que pretende concretar y articular mucho más todavía esas propuestas de reforma de la justicia.
En cualquier caso, y esperando a la propuesta que presente don Pablo Castellano, debemos congratularnos de que tanto la ley de enjuiciamiento civil -como nos constaba ya- como la ley de responsabilidad del menor o de justicia juvenil estén a las puertas del Congreso de los Diputados, en la medida que supondrá el cumplimiento de un compromiso asumido parlamentariamente, por un lado, y dar satisfacción a una importante necesidad, por otro.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, cuando en un Ministerio de Justicia se intenta influir -diría yo- o intervenir en la acción de los tribunales; cuando en un Ministerio de Justicia se intenta manipular el funcionamiento de la Fiscalía, por ejemplo, promoviendo a cargos de responsabilidad a fiscales insumisos y sancionados, o dándoles consignas para perseguir judicialmente a algunos medios de comunicación; cuando en un Ministerio de Justicia...(Un señor diputado: ¡Hombre, no!- Rumores) Bueno, hay manifestaciones de un antiguo fiscal general del Estado que dice que el día que fue cesado todavía estaba dispuesto a reconvenir la acción de otro fiscal que estaba sosteniendo las tesis de un magistrado que en estos momentos está procesado por prevaricación. No discutamos, por tanto, los hechos.
Cuando en un Ministerio de Justicia se cambian las prioridades, existe una incapacidad en la defensa de los recursos presupuestarios básicos e imprescindibles para la justicia, o cuando en un Ministerio de Justicia se incumplen sistemáticamente no solamente los compromisos de las comparecencias sino las propias resoluciones de esta Cámara aprobadas vía proposición no de ley, vía mociones como consecuencia del debate del estado de la nación o mociones consecuencias de otras interpelaciones; cuando en un Ministerio de Justicia su titular es tan miope o tan ciego que se permite la frivolidad de decir -y leo literalmente-: Hay una crisis no real para deslegitimar algunas resoluciones judiciales; cuando todo esto ocurre en un Ministerio de Justicia no nos extraña, señor presidente, señorías, que el panorama del servicio público de la justicia en España sea claramente desalentador.
Me he releído y analizado las comparecencias y recuerdo la comparecencia más profunda que realizó usted en esta Cámara, que fue el 2 de diciembre del año 1997, en la Comisión de Justicia e Interior con motivo del análisis del libro blanco de la justicia presentado por el Consejo General del Poder Judicial, del libro blanco también presentado por la Fiscalía. Pues bien; hay un absoluto inmovilismo y un absoluto incumplimiento de todos los compromisos, de todas las prioridades que anunció en aquella comparecencia del día 2 de diciembre de 1997 ante la Comisión de Justicia e Interior.
Pero miren, señor presidente, señorías, señora ministra, con todos los respetos, creo -y mi grupo está persuadido- que efectivamente no existe hoy un Ministerio de Justicia en España, y es verdad, lo decían ustedes mismos en programas añejos: decían ustedes que iban a eliminar el Ministerio de Justicia cuando llegaran al Gobierno. Y, en efecto, yo diría que el ministerio hoy es una mera subdirección general, poco técnica, adscrita a la Vicepresidencia primera del Gobierno; y, si quiere, hasta se lo puedo demostrar. Hay una diputada que me pide casos concretos. Yo le voy a poner un ejemplo. Repasen ustedes las comparecencias y las prioridades y, por ejemplo, observarán cómo el señor vicepresidente primero obliga a la propia ministra a cambiar hasta las prioridades legislativas de este ministerio, como ha ocurrido, por ejemplo, recientemente con el lío que van a originar con la creación de secciones de las audiencias provinciales fuera de la capital de la provincia y que ha merecido una severa crítica del Consejo General del Poder Judicial y de los propios tribunales superiores de justicia.
Mire, señora ministra, ya lo he dicho varias veces: poner la justicia en manos del señor Álvarez-Cascos es lo peor que le puede ocurrir al Estado de Derecho. (La señora Fernández González: ¡Qué barbaridad!) Y yo quisiera a mi vez decirle que ha habido un incumplimiento importante, que hay serios problemas de infraestructura y de dotación y que hay incumplimiento de lo que han sido las líneas y las propuestas emanadas del propio Consejo General del Poder Judicial.
Hay una radiografía. Yo suelo leerme la documentación que llega a esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.
En el informe anual de 1997 del Defensor del Pueblo se hace una radiografía importante de las carencias, de las necesidades de la Administración de justicia, una serie de denuncias; por ejemplo, la reflexión que se hace sobre la justicia de menores; por ejemplo, la reflexión que se hace sobre la imprevisión para intentar crear las bases que hagan viable la aplicación de la llamada ley reguladora de la responsabilidad penal del menor o, por usar su propia terminología, ley de justicia juvenil. Léanse, por ejemplo, las denuncias que el Defensor del Pueblo hace en relación a las disfunciones en los órganos jurisdiccionales, en el orden civil o en el contencioso-administrativo, en los retrasos en la resolución de procedimientos civiles, sobre todo, en los extravíos de procedimientos, en la demora en la tramitación, por ejemplo, de expedientes de nacionalidad, por hablar sólo de aspectos muy concretos en el funcionamiento de la Administración de justicia.
Hay serios problemas, incluso de infraestructura y de planta. Todavía hoy daban unas cifras. Están hablando, por ejemplo, de Madrid, de una gran urbe. Pues bien; anuncian la creación para final de mes de 13 plazas judiciales; en la Memoria para este año del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se clamaba por la necesidad de 30 plazas; ustedes dan 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, le ruego que concluya.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Acabo rápidamente.


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Señor presidente, señorías, quiero decir que también hay un problema fundamental de colapso. Hay una lentitud que roza la denegación del derecho constitucional de tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de nuestra Constitución. En la solución de ese problema, uno de los instrumentos -por supuesto, no el fundamental, porque el fundamental está también en las infraestructuras- normativos de gran virtualidad para desatascar, por ejemplo, el funcionamiento del orden jurisdiccional civil, es la reforma del proceso civil. Aquí el incumplimiento es flagrante. Ustedes han puesto en marcha un anteproyecto que ha sido, además, cuestionado por el Consejo General del Poder Judicial y por el conjunto de los sectores que trabajan en la judicatura, por las asociaciones de jueces y magistrados, que ha sido denostado incluso por la doctrina, porque va a crear todavía más problemas. Ustedes tienen que poner en marcha, y es una prioridad y un compromiso, una nueva reforma del proceso civil que sea capaz de agilizar, pero desde la modernidad, no retrocediendo a las tesis del siglo pasado en materia de procedimiento civil.
Señor presidente, señorías, acabo. Son muchas las necesidades, las carencias de la Administración de justicia. Hay juzgados que han sido denunciados por la Inspección de Trabajo, ¡fíjense ustedes!, porque no reúnen ni las condiciones de higiene en el trabajo.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, debe concluir de forma inmediata.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, con esto finalizo.
La justicia, señora ministra, desde nuestro punto de vista, va mal, va mal. Es imprescindible un pacto de la justicia, pero ustedes han hecho permanentemente oídos sordos a la objetiva necesidad de ese pacto, porque no tienen voluntad política para ello, y no nos extraña, porque la única voluntad política que tienen es la de intentar intervenir e influir y condicionar la acción del Poder Judicial.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el señor Castellano nos ha obsequiado con una de sus intervenciones parlamentarias llenas de su experiencia, de su señorío; pero la verdad es que me parece que las interpelaciones del señor Castellano siguen siendo muy peculiares. Creo que más que una interpelación es algo así como una anotación preventiva de que habrá moción, como un trailer muy bien montado a base de flashes, donde nos ha ido insinuando por dónde puede ir esa moción; algo así como diciendo: ánimo, prepárense que el martes va a haber movida. Pero realmente aquí no llega a hacer un diagnóstico de cuál es la situación, de cuáles son las causas de los problemas de la justicia. Es como un prólogo a una obra que se adivina enjundiosa y de la que ya incluso algunos ofrecen algunos capítulos -ya veremos luego cómo ensambla todo eso-: o sea, que el martes va a haber sesión. Pero, claro, hoy estamos a miércoles y la interpelación creo que no da para mucho más, quizá porque, como se ha dicho, en el fondo hay una cierta nostalgia del intento de poder controlar a quien de verdad tiene muchísimas responsabilidades en lo que a la justicia se refiere, porque la Constitución así lo señala y porque el Gobierno actual no se las ha regateado, que es el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, este Gobierno fue el primero que a finales de 1996 estableció esa Comisión Mixta, que no se les ocurrió establecer, por supuesto, a los gobiernos socialistas, porque para ellos el Consejo era otra cosa, servía para otras cosas.
Creo que si se alude, como se ha aludido, por ejemplo, a la existencia de dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial, hay que plantearse el porqué de esas dudas, hay que ahondar un poco en eso. Sin duda, en la moción del martes encontraremos algunas sugerencias al respecto.
Yo creo que el señor Castellano, que es tan delicado, ha cometido al final un exceso que ha pagado en demasía luego (le va a salir mucho más caro que el cumplimiento de su vieja deuda con la ministra), y es que se ha permitido una insinuación, creo que sin mucho fundamento, sobre la posibilidad de que también en estos bancos se pudiera estar cayendo en la tentación de instrumentalizar al Poder Judicial.
Yo, buscando el sentido positivo a esa insinuación, lo he entendido como una especie de crítica preventiva y, en ese sentido, es muy de agradecer. Es muy bueno que uno le echen en cara lo que uno ha hecho, porque así no lo hará. Ahora, el castigo que ha tenido el señor Castellano es haber tenido que soportar, como todos nosotros, la desfachatez de la intervención posterior, que ha pretendido robarle su interpelación non nata, y ha hecho realmente una interpelación fuera de turno (Rumores.), donde se han dicho cosas prodigiosas.
Por un lado, se ha practicado una curiosa fórmula propia de hechiceros de tribu, que sería algo así como el exorcismo retroactivo, y es acusar al otro de hacer lo que uno ha hecho como si así se le fuera a perdonar, y es que, señor Castellano, el peligro de decir antes de tiempo que también aquí se hace lo de allí, es que ellos se dan por excusados, ellos acaban diciendo que los fiscales son como sus fiscales, ellos acaban diciendo que se funciona con los jueces como funcionaron ellos, y es muy grave eso para todos: para ellos, para nosotros y para ustedes. (Rumores.) Por ello, eso no se debe hacer, señor Castellano. Piénselo más despacio, porque usted sabe con quién se juega los cuartos, usted

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mejor que yo, porque los ha tenido muy cerca. Por tanto, no caiga en esa trampa nunca. (Rumores.) Se ha acusado a este Gobierno de no cumplir proposiciones no de ley, cuando ellos, en el año 1985, en una ley (Rumores.), dijeron que iban a crear los juzgados de lo contencioso, que usted celebrará con la ministra en diciembre de este año. (Rumores.- Protestas.- Aplausos.) Ellos no cumplen ni las propias leyes que hicieron ellos y acusan al Gobierno de no cumplir las proposiciones no de ley. (Aplausos.) Critican que se creen secciones desplazadas, cuando el Partido Socialista, que tiene mayoría prácticamente absoluta en el Parlamento andaluz, acaba de aprobar hace tres días una moción aplaudiendo las secciones desplazadas. ¡Tienen esa cara! (Rumores.) Hasta ahí llegan. Y llegan a decir: Ustedes tienen que traer un anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil. ¡Pues claro que tenemos que traerlo, porque ustedes no lo han traído en 14 años! Por eso nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Ollero.
Finalizados los puntos del orden del día, la sesión se reanudará mañana a las 9 de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.


En el «Diario de Sesiones» número 179, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el día 22 de septiembre de 1998, no figuran las siguientes palabras con el que señor presidente se dirige a la Cámara antes de abril la sesión:

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Ocupen sus escaños, por favor, vamos a comenzar la sesión. Les ruego que ocupen sus escaños.
Vamos a comenzar la sesión.
Aunque sé que es sobradamente conocido de quienes están en las tribunas, quiero advertir con toda seriedad que, de acuerdo con el Reglamento del Congreso, no se permite ningún tipo de manifestación de agrado o desagrado con lo que se está debatiendo o votando en el hemiciclo. Confío en que no tendrá que volver a recordarlo.
Se abre la sesión.

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