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BOCG. Sección Cortes Generales, serie A, núm. 91, de 12/06/1997
 




BOLETIN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
SECCION CORTES GENERALES
VI LEGISLATURA
Serie A: 12 de junio de 1997 Núm. 91
ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
DEFENSOR DEL PUEBLO
260/000002 (CD)
780/000002 (S)
Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1996.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el
acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(260) Informe anual del Defensor del Pueblo.

260/000002.

AUTOR: Defensor del Pueblo.

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada
durante el año 1996, así como el Anexo con la liquidación del
presupuesto del mismo período.

Acuerdo:

1.En lo que se refiere al Informe correspondiente a la gestión, admitir
a trámite, conforme al artículo 200 del Reglamento y a la Resolución de
las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado reunidas en sesión
conjunta de 21/04/92, trasladar a la Comisión Mixta de Relaciones con
el Defensor del Pueblo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, así como poner en conocimiento del Senado.

2.Por lo que respecta al Anexo con la liquidación del presupuesto en el
mismo período, someter a la deliberación de las Mesas de las Cámaras,
reunidas en sesión conjunta.

3.Trasladar a los Grupos Parlamentarios.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad
con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 1997.--El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.



Página 2


INFORME A LAS CORTES GENERALES 1996
SUMARIO
PRIMERA PARTE
1.PRESENTACION (Página 15)
2.RELACIONES INSTITUCIONALES (Página 18)
2.1.Comparecencias parlamentarias (Página 18)
2.2.Visitas, entrevistas y desplazamientos institucionales
(Página 18)
2.3.Relaciones con los comisionados autonómicos (Página 19)
2.4.Divulgación universitaria, seminarios y conferencias
(Página 19)
2.5.Relaciones internacionales (Página 20)
3.TRATAMIENTO MONOGRAFICO DE DETERMINADOS TEMAS (Página 21)
3.1.Dilaciones indebidas en la jurisdicción
contencioso-administrativa (Página 21)
3.2.La mendicidad (Página 23)
3.3.Presos españoles en el extranjero (Página 25)
3.4.Algunas cuestiones acerca de la televisión (Página 27)
3.5.Atención residencial a personas con discapacidad
(Página 29)
3.6.Modificaciones producidas en la tributación por el impuesto
sobre la renta de las personas físicas que afectan a familias con hijos
discapacitados a cargo (Página 31)
3.7.Líneas de alta tensión (Página 32)
3.8.Las notificaciones en materia de tráfico (Página 35)
3.9.Situación de la infancia desde la perspectiva de la
institución del Defensor del Pueblo (Página 37)
4.RECOMENDACIONES (Página 40)
4.1.Recomendaciones aceptadas (Página 40)
4.1.1.Recomendación sobre atención residencial a personas con
discapacidad y otros aspectos conexos (Página 40)
4.1.2.Recomendación sobre la no exigencia de autorización marital
para la concesión de visados a personas procedentes del Magreb
(Página 40)
4.1.3.Recomendación sobre modificación del último párrafo del
artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 40 del
Decreto de 21 de noviembre de 1952 (Página 40)
4.1.4.Recomendación sobre adopción de medidas en la Sala Primera
del Tribunal Supremo y modificación del recurso de casación con objeto
de normalizar el atraso generalizado que presenta dicha Sala (Página 41) 4.1.5.Recomendación sobre medidas a adoptar para normalizar la
Sala Tercera del Tribunal Supremo (Página 41)


Página 3


4.1.6.Recomendación sobre la modificación del cuadro médico de
exclusiones de la Orden 42/1994, de 13 de abril, que rige en los
procesos selectivos para cubrir plazas de militar de empleo en la
categoría de tropa y marinería profesional (Página 41)
4.1.7.Recomendación sobre la ampliación de la acción protectora de
la Seguridad Social delas Fuerzas Armadas en materia sanitaria a los
acogidos de hecho por los titulares del derecho (Página 42)
4.1.8.Recomendación sobre modificación de la normativa fiscal que
afecta a las prestaciones familiares por hijos a cargo e, igualmente,
sobre los incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad
prorrogada, a fin de que puedan considerarse como menores integrantes
de la unidad familiar (Página 43)
4.1.9.Recomendación sobre inspecciones tributarias a fin de que
abarquen períodos inferiores a cinco años (Página 43)
4.1.10.Recomendación sobre refuerzo de las garantías de los
usuarios de las entidades financieras (Página 43)
4.1.11.Recomendación sobre pago de los intereses de las deudas
tributarias (Página 43)
4.1.12.Recomendación sobre ampliación del ámbito de aplicación de
la disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo
670/1987, de 30 de abril (Página 44)
4.1.13.Recomendación sobre la utilización de las lenguas
cooficiales distintas del castellano por parte de los órganos
periféricos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(Página 44)
4.1.14.Recomendación sobre gestión de la modalidad de estimación
objetiva por signos, índices y módulos en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas (Página 44)
4.1.15.Recomendación sobre agilización de la notificación de las
resoluciones económico-administrativas a las oficinas gestoras
(Página 44)
4.1.16.Recomendación sobre organización del Servicio de Atención
al Contribuyente (Página 45)
4.1.17.Recomendación sobre adopción de medidas para resolución de
la problemática de los inmigrantes subsaharianos (Página 45)
4.1.18.Recomendación sobre nuevo sistema tarifario para la
renovación de permisos de conducir a discapacitados y licencias de
armas a mayores de 70 años (Página 45)
4.1.19.Recomendación sobre imposición coactiva de reconocimientos
físicos (Página 45)
4.1.20.Recomendación sobre forma de realizar el transporte de las
pertenencias de los internos, cuando éstos son trasladados entre
centros penitenciarios (Página 46)
4.1.21.Recomendación sobre transmisión de información a los
familiares de internos enfermos, tanto durante su estancia en
enfermerías de establecimientos penitenciarios como en sus ingresos en
hospitales extrapenitenciarios (Página 46)
4.1.22.Recomendación sobre implantación de un sistema que permita
a los internos el tener constancia documental de las cartas que
entregan a los funcionarios de prisiones (Página 46)
4.1.23.Recomendación sobre autorización para el regreso a
territorio nacional de extranjeros cuyo permiso hubiese perdido
vigencia (Página 47)
4.1.24.Recomendación sobre aplicación de la directiva 91/671/CEE
en materia de tráfico (Página 47)
4.1.25.Recomendación sobre intervención del juzgado de guardia en
la puesta en libertad de extranjeros internados (Página 47)
4.1.26.Recomendación sobre limitaciones a la compulsión física en
expulsiones forzosas (Página 47)
4.1.27.Recomendación sobre intervención de la Guardia Civil en
materia de extranjería (Página 48)
4.1.28.Recomendación sobre respeto al derecho al honor en los
informes de la Guardia Civil (Página 48)
4.1.29.Recomendación sobre la adopción de medidas que racionalicen
la gestión de los traslados entre centros penitenciarios de internos
con vinculación social o familiar (Página 48)
4.1.30.Recomendación sobre aplicación por la Administración
penitenciaria de los criterios establecidos por el Tribunal
Constitucional en relación con los expedientes de libertad condicional
de internos afectados por enfermedades graves e incurables
(Página 49)
4.1.31.Recomendación sobre subsanación de errores en sanciones de
tráfico relacionadas con el seguro (Página 50)
4.1.32.Recomendación sobre representación de las casas
concesionarias y de venta de vehículos en la matriculación de los
mismos (Página 50)
4.1.33.Recomendación sobre garantías respecto a la solicitud de
asilo previas a una expulsión (Página 50)
4.1.34.Recomendación sobre identificación de los vigilantes de
seguridad de RENFE (Página 50)
4.1.35.Recomendación sobre aplicación de los principios de mérito
y capacidad en las pruebas de acceso a cuerpos y escalas del Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos (Página 50)


Página 4


4.1.36.Recomendación sobre retribuciones de suspensos
provisionales por expedientes disciplinarios en trámite
(Página 51)
4.1.37.Recomendación sobre inclusión de determinada información en
las licencias de estación radioeléctrica (Página 51)
4.1.38.Recomendación sobre derecho de acceso al expediente
disciplinario y documentación en él obrante por parte de los
funcionarios afectados (Página 51)
4.1.39.Recomendación sobre verificación de los datos de domicilio
en el ejercicio del derecho a la elección de centro docente y
cooperación de las entidades locales en la materia (Página 52)
4.1.40.Recomendación sobre requisito de edad para acceso a plazas
de auxiliares de conversación de Lengua Española (Página 52)
4.1.41.Recomendación sobre cumplimiento de los plazos de
resolución de los expedientes de convali reguladora de la homologación
de títulos extranjeros acreditativos de especialidades médicas
(Página 53)
4.1.44.Recomendación sobre derecho de acceso a información
académica de los hijos por parte de los padres separados legalmente
(Página 54)
4.1.45.Recomendación sobre adecuación a las normas procedimentales
de la actuación de los consejos escolares (Página 54)
4.1.46.Recomendación sobre efectos y valor de títulos propios
emitidos por las universidades (Página 54)
4.1.47.Recomendación sobre novatadas en colegios mayores
universitarios (Página 55)
4.1.48.Recomendación sobre la supresión, para acceder a la pensión
de orfandad, del requisito de que la adopción se haya formalizado dos
años antes del fallecimiento del causante, equiparando a los hijos
adoptivos con los demás hijos (Página 55)
4.1.49.Recomendación sobre la dotación de cobertura legal al
régimen sancionador aplicado en los centros de la tercera edad del
Instituto Nacional de Servicios Sociales (Página 55)
4.1.50.Recomendación sobre constancia, en la comunicación a los
interesados, sobre imposibilidad momentánea de acceso al programa de
termalismo social, de la puntuación obtenida e información sobre la
puntuación de las últimas personas incorporadas al mismo
(Página 55)
4.1.51.Recomendación sobre la acomodación de selección de
candidatos para oferta de empleo público a los principios de igualdad,
mérito y capacidad, no excluyendo a quienes estén inscritos en mejora
de empleo (Página 56)
4.1.52.Recomendación sobre condicionamiento de las expulsiones a
la prescripción de la infracción o la sanción (Página 56)
4.1.53.Recomendación sobre garantías frente a internamientos
sucesivos de extranjeros (Página 56)
4.1.54.Recomendación sobre garantías respecto a la solicitud de
asilo previas a una expulsión (Página 56)
4.1.55.Recomendación para evitar dilaciones en la notificación de
los decretos de expulsión que dificulten el derecho a la defensa de los
extranjeros (Página 56)
4.1.56.Recomendación sobre atención por personal femenino a
víctimas de delitos contra la libertad sexual (Página 57)
4.1.57.Recomendación sobre la improcedencia de tener en cuenta, en
los convenios colectivos, las circunstancias personales en la selección
de personal y en la promoción interna para la cobertura de vacantes
(Página 57)
4.1.58.Recomendación sobre el incremento de la dotación de
personal de la unidad de responsabilidad patrimonial del Instituto
Nacional de la Salud (Página 57)
4.1.59.Recomendación sobre modificación del procedimiento de
selección de personal estatutario y provisión de plazas en
instituciones sanitarias (Página 57)
4.1.60.Recomendación sobre el procedimiento para ingresos en el
hospital «La Paz» de Madrid, cuando, por razones de urgencia, se
efectúan sin conocimiento de las familias, e información a éstas del
ingreso y del proceso de enfermedad (Página 58)
4.1.61.Recomendación sobre valoración de la experiencia previa en
la adjudicación de vacantes en el Instituto Nacional de Meteorología
(Página 58)
4.1.62.Recomendación sobre gestión de los recursos de los
acuíferos. En particular, el sistema acuífero de la Mancha Occidental
(SAMO) (Página 58)
4.1.63.Recomendación sobre inclusión de determinados datos en las
notificaciones de los expedientes de comprobación de valores
(Página 59)


Página 5


4.1.64.Recomendación sobre reducción horaria del personal docente
que ostenta la condición de catedrático de educación secundaria en la
función pública docente de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Página 59)
4.1.65.Recomendación sobre necesidad de notificar el contenido de
las resoluciones dictadas en los recursos interpuestos contra la lista
definitiva de adjudicatarios de vivienda antes de proceder a la entrega
de las mismas (Página 59)
4.1.66.Recomendación sobre inclusión de preceptos de contenido no
presupuestario en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Canarias (Página 60)
4.1.67.Recomendación sobre obligatoriedad de resolución expresa y
necesidad de establecer un sistema de adjudicación de las ayudas para
la adquisición de viviendas que no esté basado únicamente en el orden
de entrada de las solicitudes (Página 60)
4.1.68.Recomendación sobre supresión de la valoración de la
integración profesional y empadronamiento mínimo de tres años en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, para la instalación de oficinas de
farmacia (Página 61)
4.1.69.Recomendación sobre criterios a considerar para la
concesión de becas y ayudas de apo-yo a la formación y actualización
del personal investigador, en la Comunidad Autónoma de Galicia
(Página 61)
4.1.70.Recomendación sobre inclusión de preceptos de contenido no
presupuestario en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Galicia (Página 61)
4.1.71.Recomendación sobre los impresos necesarios para formalizar
el pago de tasas de examen en pruebas de acceso a la función pública de
la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 62)
4.1.72.Recomendaciones sobre requisitos que deben cumplir las
notificaciones practicadas en los expedientes de comprobación de
valores (Página 62)
4.1.73.Recomendación sobre acomodación de selección de personal
auxiliar de apoyo a la extinción de incendios a los principios de
igualdad, mérito y capacidad, suprimiendo la va-loración del
empadronamiento en el municipio correspondiente al puesto de trabajo
solicitado (Página 62)
4.1.74.Recomendación sobre requisitos que deben cumplir las
resoluciones de los recursos (Página 63)
4.1.75.Recomendación sobre retraso en el abono de becas y ayudas
al estudio (Página 63)
4.1.76.Recomendación sobre adopción de un plan especial de mejora
de los procedimientos tributarios (Página 63)
4.1.77.Recomendación sobre subsanación de defectos en los impresos
de notificaciones en materia de tráfico (Página 63)
4.1.78.Recomendación sobre mendicidad en Murcia (Página 64)
4.1.79.Recomendación sobre mendicidad en Santander
(Página 64)
4.1.80.Recomendación sobre revocación de oficio de liquidaciones
del impuesto sobre bienes inmuebles del año 1990 por haberse detectado
errores en los valores catastrales vigentes (Página 65)
4.1.81.Recomendación sobre modificación de los impresos de
notificaciones en materia de tráfico (Página 65)
4.2.Recomendaciones no aceptadas (Página 66)
4.2.1.Recomendación sobre modificación legislativa en orden a dar
efectividad interna de forma plena a las sentencias dictadas por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Página 66)
4.2.2.Recomendación sobre derecho a ejercitar la opción que
contempla el artículo 88 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (Página 66)
4.2.3.Recomendación sobre forma de efectuar el proceso de
selección para ingresar en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias (Página 66)
4.2.4.Recomendación sobre asignación de profesionales al equipo de
tratamiento perteneciente a la enfermería del centro penitenciario de
Valencia (Picassent) (Página 67)
4.2.5.Recomendación sobre exclusión a los familiares en situación
irregular de los nacionales de la Unión Europea de los beneficios
previstos en la disposición transitoria tercera del Reglamento de
extranjería (Página 67)
4.2.6.Recomendación sobre el carácter valorable a efectos de
acceso a la función pública docente del primer ciclo de los estudios de
licenciatura exigido para el ingreso (Página 68)
4.2.7.Recomendación sobre valoración de servicios previos
prestados con carácter definitivo en el mismo centro docente a efectos
de participación en concursos de traslados (Página 68)
4.2.8.Recomendación sobre cobertura de vacantes docentes por
funcionarios especialistas (Página 68)
4.2.9.Recomendación sobre la modificación de la exigencia de estar
al corriente en el pago de las cuotas para causar derecho a las
prestaciones del régimen especial agrario y aplicación del mismo
criterio previsto en el régimen especial de trabajadores autónomos
(Página 69)


Página 6


4.2.10.Recomendación sobre medidas complementarias en relación con
las indemnizaciones por tiempo de permanencia en prisión previstas en
la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (Página 69)
4.2.11.Recomendación sobre establecimiento de registros auxiliares
o suscripción de convenios con ayuntamientos para presentación, a
través de sus registros, de documentación dirigida a una diputación
provincial (Página 70)
4.2.12.Recomendación sobre denuncias efectuadas por vigilantes de
la Ordenanza Reguladora del Aparcamiento sin calificación de agentes de
la autoridad (Página 70)
4.2.13.Recomendación sobre la tramitación de notificaciones
recepcionadas en los domicilios por personas distintas al interesado o
su representante (Página 70)
4.2.14.Recomendación sobre retirada de vehículos por la grúa
municipal de Madrid habiendo aportado el conductor pruebas que
acreditaban la inexistencia de infracción que legitimara tal
intervención (Página 71)
4.2.15.Recomendación sobre cantidades indebidamente pagadas como
precio de plazas de estacionamiento, incumpliéndose el contrato
suscrito (Página 71)
4.2.16.Recomendación sobre sanción recaída como consecuencia de
denuncia efectuada por controladores de la Ordenanza Reguladora del
Aparcamiento de Murcia sin calificación de agentes de la autoridad
(Página 72)
4.2.17.Recomendación sobre adecuación a las normas sobre ingreso
en la función pública enpruebas selectivas convocadas por el
Ayuntamiento de Santa María de Tormes (Salamanca) (Página 72)
4.3.Recomendaciones pendientes (Página 72)
4.3.1.Recomendación sobre modificación del Código Penal en
relación con aquellos delitos en los que aparecen como víctimas los
menores (Página 72)
4.3.2.Recomendación sobre la modificación del Reglamento de la
objeción de conciencia y dela prestación social sustitutoria, aprobado
por Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero (Página 73)
4.3.3.Recomendación sobre el cómputo de la permanencia durante un
mínimo de cinco años en los cuerpos de la policía local a efectos de
cumplimiento del servicio militar (Página 73)
4.3.4.Recomendación sobre justificación de la permanencia de
personal interino en plazas propias de funcionarios de carrera
(Página 74)
4.3.5.Recomendación sobre plazo de prescripción y notificaciones a
presos que van a ser expulsados (Página 75)
4.3.6.Recomendación sobre la aplicación de programas y servicios
de tratamiento a los internos protegidos (Página 75)
4.3.7.Recomendación sobre gratuidad de los libros de texto y
material escolar en niveles de escolarización obligatoria
(Página 75)
4.3.8.Recomendación sobre cumplimiento de plazos para evacuación
de informes por el Consejo de Universidades en materia de homologación
de títulos (Página 76)
4.3.9.Recomendación sobre normativa de convalidaciones en la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Página 76)
4.3.10.Recomendación sobre equivalencias cuantitativas y numéricas
de las calificaciones académicas en la Universidad Complutense de
Madrid (Página 76)
4.3.11.Recomendación sobre adopción de medidas que permitan la
coordinación entre distintas administraciones para resolución de la
problemática de los inmigrantes subsaharianos (Página 77)
4.3.12.Recomendación sobre especificación, en resoluciones sobre
calificación de minusvalía y reconocimiento de prestaciones, de los
recursos procedentes, el órgano ante el que deben presentarse y el
plazo de interposición (Página 77)
4.3.13.Recomendación sobre evitación de expulsiones sin actividad
probatoria suficiente que desvirtúe la presunción de inocencia
(Página 77)
4.3.14.Recomendación sobre el acceso a la función pública española
de cónyuges, ascendientes y descendientes no comunitarios de ciudadanos
de la Unión Europea (Página 78)
4.3.15.Recomendación sobre la actualización de las titulaciones
académicas exigidas para el ingreso en la función pública a los nuevos
planes de estudios y títulos de las universidades (Página 78)
4.3.16.Recomendación sobre la supresión del cobro de tasas o
derechos de examen para el acceso a la función pública y de las
comisiones bancarias de gestión (Página 79)


Página 7


4.3.17.Recomendación sobre la regulación de la prestación del
servicio farmacéutico en municipios con significativa población
flotante (Página 80)
4.3.18.Recomendación sobre medidas complementarias en relación con
las indemnizaciones por tiempo de permanencia en prisión previstas en
la disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (Página 80)
4.3.19.Recomendación sobre el derecho de información de los
representantes del personal en el ámbito de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Página 80)
4.3.20.Recomendación sobre obligatoriedad de resolución expresa y
necesidad de establecer un sistema de adjudicación de las ayudas que no
esté basado únicamente en el orden de entrada de las solicitudes
(Página 81)
4.3.21.Recomendación sobre requisitos para obtener subvención para
adquisición de vivienda de protección oficial en Extremadura
(Página 81)
4.3.22.Recomendación sobre perjuicios causados al medio ambiente
por cañones de butano o carburo (Página 81)
4.3.23.Recomendación sobre cumplimiento, en las notificaciones, de
los requisitos exigidos en el Reglamento General de Recaudación
(Página 82)
4.3.24.Recomendación sobre iniciación de determinadas actuaciones
de oficio en relación con el impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica (Página 82)
4.3.25.Recomendación sobre modificación de los impresos de
notificaciones en materia de incumplimiento de la Ordenanza de
Limitación del Aparcamiento de Santander (Página 82)
4.3.26.Recomendación sobre adecuación de la actuación de la
Policía municipal del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) al artículo 20
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la
seguridad ciudadana (Página 83)
4.3.27.Recomendación sobre asignación de plazas de encargados de
limpieza en el Ayuntamiento de Madrid (Página 83)
4.3.28.Recomendación sobre la supresión de la exigencia de abono
de determinadas cuantías por la tramitación de los expedientes de
oficinas de farmacia (Página 83)
5.DATOS ESTADISTICOS (Página 83)
5.1.Presentación de los datos (Página 83)
5.2.Procedencia geográfica de las quejas (Página 84)
5.3.Admisión de las quejas recibidas en 1996 (Página 87)
5.3.1.Grupos de quejas idénticas (Página 88)
5.3.2.Quejas individuales (Página 88)
5.4.Investigación y resultados de las quejas de 1996
(Página 90)
5.4.1.Investigación (Página 90)
5.4.2.Resultados (Página 92)
5.5.Investigación y resultados de quejas de ejercicios anteriores
a 1996 (Página 94)
5.5.1.Investigación: admisiones, reaperturas y reposiciones
(Página 94)
5.5.2.Resultados (Página 95)
5.6.Resoluciones adoptadas en relacion con las quejas
(Página 96)
5.6.1.Recomendaciones (Página 96)
5.6.2.Sugerencias (Página 97)
5.6.3.Otras resoluciones (Página 98)
5.7.Quejas de oficio (Página 98)
5.8.Visitas (Página 102)
5.9.Administraciones que han incumplido el deber de contestar al
Defensor del Pueblo (Página 103)


Página 8


SEGUNDA PARTE
1.ADMINISTRACION DE JUSTICIA (Página 105)
1.1.Disfunciones en órganos jurisdiccionales: causas estructurales
determinantes de dilaciones procesales indebidas (Página 105)
1.1.1.Sala Primera del Tribunal Supremo (Página 105)
1.1.2.Jurisdicción contencioso-administrativa (Página 106) 1.1.3.Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (Página 106)
1.1.4.Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de
Collado-Villalba (Página 106)
1.1.5.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrelaguna
(Página 107)
1.1.6.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Valdemoro (Página 107)
1.1.7.Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente
del Raspeig (Página 107)
1.1.8.Otros órganos judiciales que han sido objeto de alguna
investigación (Página 108)
1.2.Irregularidades en la tramitación de los procedimientos
(Página 109)
1.3.Disfunciones en el servicio público judicial (Página 111) 1.3.1.Horario en la oficina judicial (Página 111)
1.3.2.Incidencias en la prestación del servicio de guardia
(Página 112)
1.3.3.Provisión de plazas de secretarios judiciales en los
Juzgados de Telde y cursos de formación de oficiales (Página 113) 1.3.4.Acceso de personas con discapacidades físicas a edificios
judiciales (Página 113)
1.3.5.Carencia de medios en el Instituto Nacional de Toxicología,
departamento de Sevilla (Página 114)
1.3.6.Uso de la lengua oficial en las actuaciones judiciales
(Página 114)
1.3.7.Informatización de los juzgados de vigilancia penitenciaria
y su coordinación con la Administración penitenciaria (Página 114) 1.3.8.Abono de indemnización por gastos originados en
procedimientos judiciales (Página 115)
1.4.Actuaciones relativas al estado civil de las personas en las
que interviene el Registro Civil (Página 115)
1.4.1.Convenios internacionales de doble nacionalidad. Problemas
derivados de su aplicación (Página 115)
1.4.2.Adopción de niños rusos. Problemas aparecidos con el
certificado de idoneidad (Página 116)
1.5.Actuaciones efectuadas con los colegios profesionales de
abogados (Página 117)
1.6.Protección penal de los menores en el nuevo Código Penal
(Página 118)
2.ADMINISTRACION PENITENCIARIA (Página 119)
2.1.Consideraciones generales (Página 119)
2.2.Infraestructuras penitenciarias (Página 120)
2.3.Aspectos higiénicos, alimentarios y sanitarios
(Página 121)
2.4.Tratamiento penitenciario (Página 121)
2.4.1.Separación interior (Página 121)
2.4.2.Equipos técnicos (Página 121)
2.4.3.Trabajo remunerado (Página 122)
2.5.Mujeres en prisión (Página 122)
2.6.Fallecimientos en prisión (Página 122)
2.7.Reeducación y reinserción (Página 123)


Página 9


3.SEGURIDAD PUBLICA (Página 124)
3.1.Intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
(Página 124)
3.1.1.Imposición coactiva de reconocimientos físicos
(Página 124)
3.1.2.Plan de visitas a comisarías (Página 127)
3.1.3.Inseguridad ciudadana (Página 128)
3.2.Extranjería (Página 128)
3.2.1.Expulsión de inmigrantes en Melilla (Página 128)
3.2.2.Garantías en el uso de la compulsión física en la ejecución
de expulsiones forzosas (Página 129)
3.2.3.Internamientos (Página 130)
3.2.4.Autorización para el regreso a territorio nacional de
extranjeros cuyo permiso hubiese perdido vigencia (Página 131)
3.2.5.Exenciones de visado: la exigencia de tres años de
matrimonio (Página 131)
3.3.Menores (Página 133)
3.4.Tráfico (Página 134)
3.4.1.Acumulación de recursos ordinarios contra sanciones de
tráfico (Página 134)
3.4.2.Notificaciones (Página 134)
3.4.3.Matriculación de vehículos por los concesionarios de
automóviles (Página 135)
3.4.4.Modificación de tasas para la renovación de permisos
(Página 135)
3.5.Armas (Página 136)
3.5.1.Venta de navajas y armas simuladas (Página 136)
4.ADMINISTRACION MILITAR (Página 136)
4.1.Servicio militar (Página 136)
4.1.1.Llamamiento a filas (Página 136)
4.1.2.Pruebas previas de aptitud psicofísica (Página 137)
4.1.3.Convalidación del tiempo prestado como policía local a
efectos de cumplimiento del servicio militar (Página 137)
4.1.4.Exenciones del servicio militar por causas excepcionales de
carácter humanitario e irreversible (Página 138)
4.1.5.Condiciones de la prestación (Página 139)
4.1.6.Actividades ajenas al servicio (Página 140)
4.1.7.Trato incorrecto recibido por militares de reemplazo
(Página 140)
4.1.8.Procedimientos disciplinarios (Página 141)
4.2.Insumisión (Página 142)
4.3.Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
(Página 143)
4.4.Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Página 143)
5.OBJECION DE CONCIENCIA (Página 145)
5.1.Consideraciones generales (Página 145)
5.2.El cómputo de los plazos de incorporación (Página 145) 5.3.Aplazamientos y prórrogas (Página 146)
5.4.Convalidación de servicios previos (Página 148)
5.5.Haberes en mano y vales de vestuario (Página 148)


Página 10


6.ADMINISTRACION EDUCATIVA (Página 149)
6.1.Educación no universitaria (Página 149)
6.1.1.Escolarización (Página 149)
6.1.2.Instalaciones y construcción de centros educativos
(Página 152)
6.1.3.Otras actuaciones practicadas por el Defensor del Pueblo en
materia educativa en cuyos resultados han incidido negativamente
limitaciones de carácter presupuestario (Página 153)
6.1.4.Admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos (Página 158)
6.1.5.Otras cuestiones relacionadas con la educación en niveles no
universitarios (Página 159)
6.2.La enseñanza universitaria (Página 160)
6.2.1.Procedimientos de acceso a los centros universitarios
(Página 160)
6.2.2.Derechos de los alumnos universitarios (Página 163)
6.2.3.Los títulos de enseñanza superior: procedimientos para su
obtención, homologación y reconocimiento (Página 166)
6.2.3.1.La expedición de títulos oficiales y títulos propios
(Página 166)
6.2.3.2.Los procedimientos para la homologación y reconocimiento de
títulos extranjeros de educación superior y su problemática específica
respecto a los títulosde médicos especialistas (Página 166)
6.2.4.Becas y ayudas al estudio (Página 168)
6.3.Educación especial (Página 171)
7.ADMINISTRACION SANITARIA (Página 172)
7.1.Sistema de salud (Página 172)
7.1.1.Derechos de los usuarios del sistema sanitario público
(Página 172)
7.1.2.Prevención y promoción de la salud (Página 173)
7.1.3.Listas de espera (Página 174)
7.1.4.Actuaciones en el ámbito hospitalario (Página 176)
7.1.5.Actuaciones en el ámbito extrahospitalario (Página 177) 7.1.6.Trasplantes, donación de órganos y hemodonación
(Página 178)
7.2.Salud mental (Página 178)
7.3.Asistencia sanitaria (Página 179)
7.3.1.Prestaciones ortoprotésicas (Página 179)
7.3.2.Reintegro de gastos (Página 179)
7.3.3.Prestación farmaceútica de la Seguridad Social
(Página 180)
7.4.Actividad farmacéutica y control de medicamentos
(Página 180)
7.5.Instalación de oficinas de farmacia (Página 181)
7.6.Práctica profesional (Página 182)
7.7.Otros aspectos de la Administración sanitaria (Página 182) 8.ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ACCION SOCIAL
(Página 183)
8.1.Campo de aplicación, afiliación, altas y bajas
(Página 183)
8.2.Cotización y recaudación de cuotas (Página 184)
8.2.1.Cotización (Página 184)
8.2.2.Recaudación (Página 184)
8.3.Prestaciones económicas (Página 185)


Página 11


8.3.1.Pensiones de jubilación (Página 186)
8.3.2.Pensiones de invalidez (Página 187)
8.3.3.Pensiones de supervivencia (Página 188)
8.3.4.Prestaciones por incapacidad temporal (Página 189)
8.3.5.Prestaciones por maternidad (Página 189)
8.3.6.Prestaciones familiares (Página 190)
8.3.7.Prestaciones por desempleo (Página 191)
8.3.8.Pensiones no contributivas (Página 191)
8.3.9.Sistema de prestaciones en favor de las personas con
minusvalía (Página 192)
8.3.10.Renta mínima de inserción (Página 192)
8.3.11.Revalorización de pensiones (Página 192)
8.3.12.Aspectos procedimentales (Página 193)
8.3.13.Abono de prestaciones (Página 195)
8.4.Servicios sociales (Página 196)
8.4.1.Menores (Página 196)
8.4.2.Personas con minusvalía (Página 198)
8.4.3.Tercera edad (Página 201)
8.4.4.Termalismo social (Página 202)
8.5.Protección a las familias numerosas (Página 203)
8.6.Prestaciones complementarias (Página 203)
8.7.Otros aspectos relativos a la Administración de Seguridad
Social y Acción Social (Página 204)
9.ADMINISTRACION LABORAL (Página 204)
9.1.Formación profesional (Página 204)
9.2.Colocación y empleo (Página 204)
9.2.1.Oficinas de empleo (Página 204)
9.2.2.Permisos de trabajo a extranjeros (Página 205)
9.2.3.Empleo de trabajadores minusválidos (Página 206)
9.2.4.Selección de personal (Página 206)
9.2.5.Fomento del empleo (Página 207)
9.3.Emigración (Página 207)
9.3.1.Convenios bilaterales de Seguridad Social (Página 207) 9.3.2.Pensiones asistenciales (Página 208)
9.4.Fondo de Garantía Salarial (Página 208)
9.5.Seguridad e higiene en el trabajo (Página 208)
9.6.Sindicatos (Página 209)
9.7.Infracciones y sanciones (Página 210)
9.8.Trabajos de colaboración social (Página 210)
9.9.Otros aspectos relativos a la Administración laboral
(Página 210)
10.HACIENDA PUBLICA (Página 212)
10.1.Impuestos estatales (Página 212)


Página 12


10.2.Procedimiento económico-administrativo (Página 218)
10.3.Tributos locales (Página 219)
11.ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (Página 223)
11.1Seguros (Página 223)
11.2.Corporaciones de derecho público (Página 224)
11.3.Servicio de reclamaciones del Banco de España
(Página 224)
11.4.Suministro eléctrico (Página 224)
11.5.Ayudas y subvenciones (Página 225)
11.6.Turismo (Página 226)
12.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (Página 227)
12.1.Telefónica (Página 227)
12.2.Correos (Página 228)
12.3.Renfe (Página 229)
12.4.Aviación Civil (Página 230)
12.5.Ordenación del transporte por carretera (Página 230)
12.6.Telecomunicaciones (Página 231)
12.7.Transportes de ámbito local y regional (Página 231)
13.MEDIO AMBIENTE (Página 232)
13.1.Consideraciones generales (Página 232)
13.2.Aspectos generales sobre la recogida y tratamiento de
residuos (Página 233)
13.3.Contaminación atmosférica (Página 235)
13.4.Espacios naturales y flora y fauna silvestres
(Página 237)
13.5.Energía nuclear (Página 238)
13.6.Actividades clasificadas, contaminación acústica y horario de
cierre de establecimientos públicos de ocio (Página 240)
14. URBANISMO Y VIVIENDA (Página 242)
14.1.Urbanismo (Página 242)
14.1.1.Planeamiento y ejecución (Página 242)
14.1.2.Intervención en la edificación y uso del suelo
(Página 245)
14.1.3.Licencias (Página 247)
14.2.Vivienda (Página 248)
14.2.1.Viviendas de proteccion oficial (Página 248)


Página 13


14.2.2.Plan de vivienda (Página 250)
14.2.3.Vivienda libre (Página 251)
14.2.4.Barreras arquitectónicas (Página 251)
14.2.5.Realojamiento población marginada (Página 252)
15.REGIMEN ELECTORAL (Página 252)
15.1.Procedimiento electoral (Página 252)
15.2.Asuntos tramitados ante la Junta Electoral Central
(Página 253)
16.CONSUMO (Página 253)
17.ADMINISTRACION ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR (Página 255)
17.1 Consulados de España (Página 255)
17.2 Atención a familiares de españoles desaparecidos o muertos en
el extranjero (Página 256)
17.3.Privilegios e inmunidades diplomáticas (Página 257)
18.EQUIPAMIENTO Y BIENES MUNICIPALES Y TRAFICO URBANO (Página 258) 18.1.Bienes de las entidades locales (Página 258)
18.2.Organización y funcionamiento de las entidades locales
(Página 258)
18.3.Equipamientos mínimos (Página 259)
18.3.1.Alumbrado público (Página 260)
18.3.2.Recogida de residuos urbanos (Página 260)
18.3.3.Abastecimiento domiciliario de agua potable
(Página 260)
18.4.Autorizaciones municipales (Página 261)
18.5.Tráfico urbano (Página 262)
18.6.Población y demarcación territorial (Página 266)
19.PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA (Página 266)
19.1.Expropiación forzosa (Página 266)
19.2.Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas
(Página 269)
19.3.Contratación administrativa (Página 271)
19.4.Carreteras (Página 272)
19.5.Confederaciones hidrográficas y aguas superficiales
(Página 272)
20.PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(Página 274)
20.1.Régimen general de la función pública (Página 274)
20.1.1.El ejercicio del derecho de acceso a la función pública por
parte de los minusválidos (Página 276)
20.1.2.El acceso de los ciudadanos de la Unión Europea a la
función pública española (Página 279)
20.1.3.Acceso de españoles a la función pública comunitaria
(Página 280)
20.1.4.El pago de los derechos de examen --y otros gastos
bancarios-- como requisito de participación en los procesos selectivos
(Página 280)


Página 14


20.2.Función pública docente de niveles educativos no
universitarios (Página 282)
20.2.1.Cuestiones relacionadas con el acceso a la función pública
docente no universitaria (Página 282)
20.2.2.Provisión de puestos de trabajo docentes (Página 283) 20.2.3.Otras cuestiones relacionadas con el personal docente
(Página 285)
20.3.Función pública docente de ámbito universitario
(Página 286)
20.4.Personal al servicio de la Administración militar
(Página 287)
20.4.1.Militares de carrera (Página 287)
20.4.2.Militares de empleo (Página 288)
20.5.Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(Página 288)
20.5.1.Cuerpo Nacional de Policía (Página 288)
20.5.2.Guardia Civil (Página 289)
20.6.Personal al servicio de la Administración penitenciaria
(Página 289)
20.7.Clases pasivas (Página 290)
20.7.1.Pensiones generales de funcionarios públicos
(Página 290)
20.7.2.Pensiones especiales de la guerra civil (Página 290) 20.7.3.Indemnizaciones por tiempos de prisión (Ley 4/1990)
(Página 291)
20.7.4.Mutualidad General de funcionarios de la Administración
Civil del Estado (Página 292)
20.8.Personal estatutario al servicio de las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social (Página 293)
20.8.1.Provisión de puestos de trabajo (Página 293)
20.8.2.Personal interino y eventual (Página 294)
20.8.3.Retribuciones (Página 295)
20.8.4.Régimen disciplinario (Página 295)
20.9.Personal laboral (Página 295)
20.9.1.Selección (Página 295)
20.9.2.Retribuciones (Página 299)
20.9.3.Otros aspectos relativos al personal laboral
(Página 299)
TERCERA PARTE
1.SOLICITUDES DE INTERPOSICION DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
(Página 300)
1.1.Recursos interpuestos (Página 301)
1.2.Solicitudes de interposición de recursos de
inconstitucionalidad (Página 308)
1.2.1.Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la
participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes
(Página 308)
1.2.1.1.Artículos 17 a 20 y artículos 38 y 39 (Página 308)
Fundamentos de la resolución (Página 309)
1.2.1.2.Apartado cuarto de la disposición adicional (Página 315) Fundamentos de la resolución (Página 315)
1.2.1.3.Disposición adicional primera (Página 318)
Fundamentos de la resolución (Página 318)
1.2.2.Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(Página 321)
1.2.2.1.Artículo 121 y disposición transitoria novena (Página 321) Fundamentos de la resolución (Página 321)
1.2.2.2.Artículos 527 y 604 (Página 324)
Fundamentos de la resolución (Página 325)


Página 15


1.2.2.3.Disposición transitoria segunda (Página 333)
Fundamentos de la resolución (Página 333)
1.2.3.Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados (Página 335)
1.2.3.1.Disposición transitoria decimocuarta (Página 335)
Fundamentos de la resolución (Página 335)
1.2.3.2.Disposición adicional octava (Página 336)
Fundamentos de la resolución (Página 336)
1.2.3.3.Disposición adicional decimoquinta (Página 340)
Fundamentos de la resolución (Página 342)
1.2.4.Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1996 (Página 353)
Fundamentos de la resolución (Página 353)
1.2.5.Ley 1/1996, de 26 de abril, de la Generalitat Valenciana, de
Adaptación del Régimen Jurídico del Personal de la Generalitat
Valenciana a la Naturaleza de los Puestos que Ocupa (Página 356) Fundamentos de la resolución (Página 357)
1.2.6.Ley 8/1995, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y de organización de la Generalitat Valenciana
(Página 360)
Fundamentos de la resolución (Página 361)
1.2.7.Ley 9/1995, de 28 de diciembre, de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1996
(Página 361)
Fundamentos de la resolucíón (Página 361)
1.2.8.Ley 3/1996, de 25 de junio, de Atención Farmacéutica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (Página 364)
Fundamentos de la resolución (Página 366)
1.2.9.Ley 21/1995, de 22 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Madrid (Página 376)
Fundamentos de la resolución (Página 377)
1.2.10.Real Decreto 12/1995, de 28 de diciembre, sobre Medidas
(Página 380)
1.2.10.1.Artículo 5 (Página 380)
Fundamentos de la resolución (Página 380)
1.2.10.2.Disposición adicional quinta (Página 383)
Fundamentos de la resolución (Página 383)
1.2.11.Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, de ampliación del
servicio farmacéutico a la población (Página 386)
Fundamentos de la resolución (Página 386)
2.SOLICITUDES DE INTERPOSICION DE RECURSOS DE AMPARO (Página 391) PRIMERA PARTE
1.PRESENTACION
Al redactar estas líneas que sirven de preámbulo al informe anual
de 1996 que el Defensor del Pueblo presenta para conocimiento de las
Cortes Generales, en cumplimiento del mandato contenido en la
Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
es preciso comenzar agradeciendo a los Grupos Parlamentarios su
receptividad hacia los informes precedentes.

Si en la presentación del informe correspondiente al año 1995
planteábamos la necesidad imperiosa de encontrar un punto de equilibrio
entre los términos de permanencia y cambio, el escenario que se nos
abre en la presente ocasión parece invitar a la reflexión en torno a
los logros obtenidos en esta nueva etapa institucional y los esfuerzos
que no llegaron a fructificar.

A lo largo de las páginas que siguen y sin el menor espíritu
triunfalista, se ha procurado ofrecer una cierta evaluación del
trayecto recorrido partiendo de una doble perspectiva: la de dejar
constancia del trabajo realizado en el desarrollo de la actividad
institucional, y la de ponderar el grado de aceptación que han tenido,
por parte de las distintas administraciones públicas, los diferentes
requerimientos formulados por el Defensor del Pueblo.

La valoración del resultado de estos dos propósitos, sin duda
compleja por los múltiples factores que habrán de sopesarse, queda a
juicio del lector. Desde la institución no otra cosa debe hacerse sino
aportar los datos


Página 16


esenciales que permitan alcanzar las conclusiones procedentes.

Este intento de examinar el nivel de eficacia del Defensor del
Pueblo, en su papel de interlocutor entre el ciudadano y la
Administración, ha sido ya abordado, entre otras entidades, por el
Centro de Investigaciones Sociológicas que en una de sus últimas
encuestas, elaborada a finales de 1996, sitúa al Defensor del Pueblo en
segundo lugar en el grado de confianza de los españoles hacia las
instituciones nacionales. No obstante lo cual tan sólo un reducido
porcentaje (inferior al 25% de la población) consideraba en estas
encuestas que la Administración «hace caso al Defensor». Un 43%
entendía que las administraciones públicas toman escasamente en cuenta
los criterios de nuestra institución, y un 12% opinaba que no se
aceptan sus propuestas. El 13% de esos mismos encuestados estimaba a la
institución como muy útil; un 43% como bastante útil; un 23% poco o muy
poco útil, y un 6% de ninguna utilidad.

Ciertamente, este informe que ahora se presenta con la pretensión
evaluadora a que venimos haciendo referencia, no puede abarcar todo el
trabajo que se realiza en la institución. Deliberadamente se ha
querido, aunque a veces resulte inevitable, huir de la casuística
exhaustiva, al hablar de las quejas.

Se ha procurado recoger lo esencial. Lo más significado de las
actividades institucionales. Resultaría imposible, por ejemplo, referir
todos los esfuerzos diarios para lograr una mayor eficacia, tales como
los intentos de clarificar el lenguaje para entablar un diálogo más
cercano y fluido con los ciudadanos, procurando evitar expresiones
excesivamente burocráticas; o la búsqueda de formas de aproximación
cada vez más inmediatas con las distintas administraciones públicas; o
los empeños por acortar los tiempos en la tramitación de las quejas.

Se refleja tan sólo lo estrictamente necesario para lograr el
doble fin que se pretende.

En cuanto a la estructura, se ha mantenido invariable. Sin duda,
la favorable acogida dispensada, en términos generales, a los cambios
introducidos en la elaboración del último informe, invita a repetir, en
esta ocasión, el mismo esquema de trabajo, aunque, lógicamente, el
informe que ahora se presenta contiene rasgos específicos que le son
propios, porque en él se integran los resultados de una relación
particularmente dinámica como es la existente entre el Defensor y los
ciudadanos, por un lado, y la Administración y el Defensor, por otro.

El informe consta de tres partes. La primera, tras una breve
descripción de las relaciones mantenidas con los comisionados
autonómicos y otras instituciones internacionales análogas al Defensor
del Pueblo, estudia, de forma monográfica, varios temas que han
suscitado la preocupación sustancial de la institución a lo largo del
año. Se trata de cuestiones que tienen particular relevancia por su
especial repercusión social, o porque en ellas pueden verse afectados
derechos fundamentales.

El primero de estos temas monográficos hace referencia a las
dilaciones indebidas en la jurisdicción contencioso-administrativa, y
muy especialmente en las correspondientes Salas del Tribunal Supremo,
de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia,
cuya alarmante situación se encuentra al borde del colapso por la
acumulación de expedientes pendientes de resolución.

Las medidas adoptadas por varios ayuntamientos para erradicar la
mendicidad de sus calles, han suscitado también la preocupación
sustancial del Defensor del Pueblo por lo que este tema ha sido,
asimismo, objeto de tratamiento monográfico. Frente a estas actuaciones
que vulneran los derechos fundamentales de los mendigos, el Defensor
del Pueblo, ha hecho llegar a los responsables públicos de estos
municipios su disconformidad tanto con la adopción de estas medidas,
como con el mantenimiento, en algunos casos, de ordenanzas municipales
que contienen normas sobre esta cuestión contrarias a los principios
básicos de nuestra Constitución.

No menos preocupante, y por ello estudiada igualmente de forma
singular, es la situación de los presos españoles que se encuentran en
cárceles extranjeras de cuyas condiciones de vida se viene efectuando
un constante seguimiento por parte de esta institución que ha realizado
numerosas gestiones para aliviar sus condenas.

Bajo el epígrafe denominado «Algunas cuestiones acerca de la
televisión» se examina el cuarto tema monográfico, propiciado por la
frecuente recepción de quejas que rechazan los contenidos de la
programación de las distintas cadenas de televisión, particularmente en
lo que se refiere a la publicidad, contraprogramación y emisión de
escenas que se consideran inadecuadas o perjudiciales para la juventud
y la infancia.

El quinto tema tratado singularmente es el de la atención
residencial a personas con discapacidad, con el fin de contribuir al
reconocimiento de sus derechos y para favorecer así su plena
integración social y su equiparación de oportunidades.

El sexto estudio monográfico versa sobre las modificaciones
producidas en la tributación por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que afecta a familiares con hijos discapacitados a su
cargo.

La preocupación cada vez más extendida acerca de los posibles
efectos nocivos de las líneas de alta tensión sobre la salud de las
personas, ha motivado que este tema se incluya igualmente entre los
comprendidos dentro de este capítulo dedicado a las monografías.

Y el octavo se refiere a la situación del tráfico en las ciudades,
cuya regulación está llegando a convertirse en uno de los retos
principales de las corporaciones locales, por lo que esta cuestión ha
sido objeto también de un análisis específico titulado «las
notificaciones en materia de tráfico».

Finalmente, como colofón, junto a los temas monográficos
descritos, se ha incluido asimismo en este capítulo un estudio genérico
sobre la situación de los menores en España, desde la perspectiva de
esta institución, que constituye una novedad digna de ser resaltada en
el presente informe.

En efecto, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, establece, en su artículo 10, bajo el
epígrafe «medidas para facilitar


Página 17


el ejercicio de los derechos», que uno de los Adjuntos del Defensor del
Pueblo se hará cargo, de modo permanente, de los asuntos relacionados
con los menores. De conformidad con lo dispuesto en esta norma se
decidió que las quejas referidas a la infancia fueran coordinadas por
la Adjuntía Primera y el área de atención al menor, aunque su
tramitación continuara llevándose a cabo por el área competente en la
materia objeto de la queja.

En consecuencia, en este informe, además del examen concreto de
cada uno de los asuntos relacionados con los menores que se tratan en
su apartado correspondiente, según el criterio de distribución
material, ha parecido oportuno incluir, dentro del capítulo de las
monografías, este estudio genérico que permite ofrecer una visión de
conjunto sobre la infancia, cuestión de trascendental importancia para
nuestra sociedad.

Junto a las relaciones institucionales y los temas monográficos
descritos, se recogen en esta primera parte todas las recomendaciones
que han sido formuladas a las distintas administraciones públicas en
1996. Estas recomendaciones que por su alcance de carácter general
comportan la necesidad de realizar modificaciones normativas,
legislativas o reglamentarias, requieren una previa aceptación por sus
destinatarios para que puedan llegar, bien a modificar una conducta
administrativa o bien a convertirse en una disposición que resuelva no
ya sólo el problema que suscita un caso individual, sino que también
produzca efectos para todo un sector determinado de ciudadanos.

Asimismo se incluye un apéndice estadístico con los datos
esenciales de las quejas, en el que quedan reflejadas las que se han
recibido a lo largo del año y las que provienen de años anteriores; las
admitidas a trámite ante la Administración y las que no lo han sido por
diferentes causas; las actuaciones de oficio, y por último, los
supuestos en que ha sido necesario inspeccionar distintos centros de la
Administración. Dos son las innovaciones principales introducidas en
este apartado del informe: la primera se refiere al tratamiento
dispensado a los denominados grupos de quejas idénticas, ya que, para
evitar el sesgo estadístico que introducen, son estudiados de manera
singular y específica, y con independencia prácticamente total de las
quejas individuales, salvo en las ocasiones en las que se presentan
magnitudes globales. La segunda novedad consiste en la separación de
los datos referentes al trabajo realizado en relación con las quejas
recibidas en el año 1996, de aquéllos otros que reflejan la actividad
registrada sobre quejas de ejercicios anteriores.

Esta primera parte concluye con una relación de las
administraciones que han incumplido su obligación de contestar a los
requerimientos que les han sido dirigidos por el Defensor del Pueblo.

Puede adelantarse que los casos son mínimos, pero se ha querido dejar
constancia de ellos para su conocimiento por parte de las Cortes
Generales.

La segunda parte está dedicada por entero a examinar la actividad
del Defensor del Pueblo consistente en supervisar las actuaciones de
los diversos órganos y servicios de las administraciones públicas. Se
analiza en ella, con detenimiento, toda la amplia problemática que
subyace detrás de las quejas, lo que permite llevar a cabo una
valoración de las distintas conductas administrativas y graduar el
nivel de acogida que han tenido los requerimientos del Defensor del
Pueblo
En la tercera parte, el informe recoge, en lo que podría
considerarse un cuerpo de doctrina, todas las resoluciones dictadas por
el Defensor del Pueblo para dar respuesta a las solicitudes de recursos
de inconstitucionalidad recibidas durante 1996. En la primera de estas
resoluciones se detallan los fundamentos del recurso que el Defensor
del Pueblo ha planteado, ante el Tribunal Constitucional, contra el
inciso «que residan legalmente en España» del apartado a) del artículo
2 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, por
entender que pudiera vulnerar el artículo 24 de la Constitución, al no
respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, y el artículo 53.1 por idéntico motivo. Finalmente
se enumeran también las resoluciones recaídas sobre las peticiones de
recurso de amparo.

Particular interés tiene el examen de las quejas que, en número
bastante significativo, no han podido ser admitidas por diferentes
causas, lo que denota que todavía hay sectores de la población que
desconocen la órbita de las competencias legales del Defensor del
Pueblo. Ello nos invita a replantear la necesidad de incrementar la
campaña educativa dirigida a informar convenientemente al ciudadano
sobre la actividad y fines de la institución.

Pero, al margen de cualquier otra consideración, conviene resaltar
que en todos los casos en los que no existe posibilidad de tramitar las
quejas ante la Administración, se contesta al interesado, tal y como
dispone el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril,
mediante un escrito motivado en el que se le informa sobre las vías más
oportunas para ejercitar su acción, en el caso de que, a juicio de la
institución, exista alguna, y sin perjuicio, claro está, de que el
interesado pueda utilizar las que considere más adecuadas. Lógicamente,
todo ello comporta un minucioso esfuerzo de reflexión jurídica, quizá
no siempre suficientemente valorado, sobre las pretensiones planteadas
para reconducirlas hacia mejor destino. Incluso, en ocasiones, de la
propia reiteración de algunas solicitudes, la institución ha deducido
la existencia de una más amplia problemática social, lo que ha dado
lugar a que se formulasen a la Administración las pertinentes
recomendaciones.

Finalmente cabe destacar que con independencia de la tramitación
ordinaria de las quejas, la institución ha llevado a cabo durante el
año 1996 dos importantes investigaciones de carácter sectorial, que ya
fueron anunciadas en la comparecencia del Defensor del Pueblo ante el
Congreso de los Diputados, celebrada con motivo del informe precedente.

La primera de ellas estudia la situación penitenciaria y de los centros
municipales de depósitos de detenidos, desde el año 1988 hasta nuestros
días; y la segunda se refiere a la atención residencial a personas con
discapacidad y otros aspectos conexos. Ambas han supuesto muchos meses
de trabajo e innumerables visitas a distintos establecimientos e
instituciones de todas las comunidades autónomas, así como la
formulación de recomendaciones y sugerencias especificas en el ámbito
de las correspondientes materias.



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Igualmente durante este año se ha efectuado una investigación
sobre la seguridad y prevención de accidentes en las áreas de juegos
infantiles cuya presentación tuvo lugar en 1997, por lo que se dará
cuenta de su contenido en el informe del próximo año.

Asimismo en la citada comparecencia, se anunció también el
propósito del Defensor del Pueblo de revisar la Ley 3/1981, de 6 de
abril, reguladora de la institución, con el fin de posibilitar la
reforma de algunos aspectos de la misma que faciliten y agilicen
nuestra función. Este propósito continúa plenamente en vigor y se
encuentra en proceso de elaboración un proyecto de estudio en el que se
recogen las modificaciones que podrían inspirar la futura ley orgánica.

En todo caso, cualquier propuesta en este sentido nunca habrá de
realizarla el Defensor sin un previo cambio de impresiones y un acuerdo
con todos los Grupos parlamentarios, puesto que entiende que las
iniciativas en esta materia han de ser plenamente consensuadas, por ser
el Defensor del Pueblo una institución de todo el Parlamento.

Hay una realidad evidente que se desprende de la lectura del
informe que ahora se presenta: que los derechos y libertades
fundamentales comprendidos en nuestra Constitución son vividos de forma
plena por la generalidad de los ciudadanos y se ejercitan sin traba de
ningún tipo. Es, por tanto, posible afirmar que España se encuentra
perfectamente homologada en este aspecto con el resto de los países
europeos de más honda raigambre democrática.

Es esta una conclusión de carácter general, que no excluye la
posibilidad de que se produzcan, en algunos supuestos, determinadas
infracciones puntuales de las que es necesario analizar su
trascendencia. Naturalmente, en estos casos el Defensor del Pueblo no
tiene atribuida en exclusiva la defensa de los derechos fundamentales
afectados, sino que comparte esta función con otras instituciones
constitucionales. Pero, en lo que a él le corresponde, bien por las
quejas que recibe, o bien a través de sus propias investigaciones de
oficio, ha de intervenir cuando piensa que existe alguna violación de
un derecho fundamental y, posteriormente, dar cuenta del resultado de
sus actuaciones.

El Defensor del Pueblo debe incitar a otros poderes para que
actúen correctamente, por lo que sus recomendaciones han de ser
razonadas, independientes y objetivas, aunque carezcan de fuerza
ejecutiva. Su eficacia fundamental reside, porque así lo quiso el
legislador, en ser el Comisionado de las Cortes Generales y su
autoridad deriva exclusivamente del respaldo que le otorgan dichas
Cámaras en la defensa de los derechos y libertades fundamentales.

Este poder moral resulta indispensable para el cumplimiento de su
actividad, de la que se da cuenta pormenorizada a lo largo del presente
informe que se entrega para conocimiento de Sus Señorías.

2.RELACIONES INSTITUCIONALES
2.1.Comparecencias parlamentarias
El Defensor del Pueblo presentó el informe anual correspondiente a
1995 en el último trimestre del año 1996. En noviembre lo hizo ante la
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo y ante el
Senado. A principios de diciembre compareció ante el Pleno del Congreso
de los Diputados. El 4 de noviembre, pocos días antes de la
comparecencia ante la Comisión Mixta, tomaron posesión los nuevos
Adjuntos: don Antonio Rovira Viñas, hasta entonces Adjunto Segundo de
la institución, pasó a ocupar el puesto de Adjunto Primero, en
sustitución de doña Margarita Retuerto Buades, elegida Vocal del
Consejo General del Poder Judicial. Como nuevo Adjunto Segundo fue
nombrado don Antonio Uríbarri Murillo.

En las tres comparecencias citadas, el Defensor del Pueblo puso de
relieve los aspectos más destacados de su gestión durante el año
precedente; anunció su propósito de iniciar una campaña a nivel de
educación primaria para fomentar el conocimiento de una cultura de paz,
de los derechos humanos y de la participación en este campo del
Defensor del Pueblo; reiteró la necesidad de contar con unos medios
suficientes que le permitieran llegar a conclusiones válidas sin
demora, habida cuenta de que la institución tenía sus medios materiales
y humanos prácticamente congelados desde l993. Finalmente, subrayó la
necesidad de dar cumplimiento a la moción aprobada el 26 de septiembre
de 1995 por el Pleno del Congreso de los Diputados en la que se instaba
al Gobierno para que diese contestación a la Comisión Mixta de los
contenidos del informe que le afectaban.

Las relaciones con ambas Cámaras han sido intensas a lo largo del
año a que se refiere este informe, por un lado, con el envío de
estudios específicos, como el que aborda la atención residencial a
personas con discapacidad y otros aspectos conexos (enviado a los
Presidentes del Congreso y del Senado el 2 de abril de 1996) y, por
otro lado, con la realización de varias visitas institucionales, tanto
al Presidente del Congreso como al Presidente del Senado, y con el
mantenimiento de contactos fluidos con la Mesa y portavoces de la
Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

En el área informativa, el Defensor del Pueblo mantuvo varios
encuentros con periodistas parlamentarios y, en el mes de diciembre de
1996, acudió en el Congreso de los Diputados a un desayuno de trabajo
organizado por la Asociación que agrupa a dichos periodistas para
darles cuenta detallada de la labor de la institución durante el año
1996.

2.2.Visitas, entrevistas y desplazamientos institucionales
A lo largo de 1996 se produjeron visitas de parlamentarios a la
institución del Defensor del Pueblo, pudiendo citarse, entre otras, la
efectuada en el mes de enero por el Presidente del Parlamento de
Cantabria, Adolfo Pajares, o en junio del mismo año, por la diputada de
Izquierda Unida e integrante de la Comisión Mixta, Cristina Almeida,
quien efectuó una visita institucional con motivo de su nombramiento
como portavoz de IU para las relaciones con el Defensor.

Tras las elecciones generales del mes de marzo, el Defensor del
Pueblo giró una visita institucional de cortesía


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al Presidente del Gobierno y a los Ministros de su Gabinete.

Siguiendo la pauta de años anteriores, el Defensor del Pueblo se
entrevistó con las altas magistraturas del país, entre ellas, el
Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial --con quien se reunió, el 20 de diciembre de
1996, con vistas a la redacción del «Libro Blanco» sobre el estado de
la Justicia-- el Presidente del Consejo de Estado y el Fiscal General
del Estado.

En un contexto de seguimiento de quejas relevantes planteadas ante
la institución o con el objeto de recabar información para la eventual
apertura de quejas de oficio, el Defensor del Pueblo recibió en
audiencia a distintas personalidades y colectivos y efectuó
desplazamientos selectivos en territorio nacional.

2.3.Relaciones con los comisionados autonómicos
El 25 y 26 de septiembre de 1996 se celebraron en León las XI
Jornadas de Coordinación de los Defensores y Comisionados. Entre otros
temas que allí se trataron, son de destacar los incluidos bajo los
siguientes tres epígrafes: «Comisionados parlamentarios y
Administración Local»; «Las mujeres como reclamantes ante los
comisionados parlamentarios»; y «Una educación para la paz». Los
comisionados hicieron una declaración sobre las situaciones de pobreza
que persisten en nuestras sociedades y se comprometieron a adoptar las
medidas necesarias para prevenir la exclusión social e impulsar los
valores de solidaridad, sin olvidar la marginación que la drogadicción
origina en nuestra sociedad. Como un impulso a la mejora de la
colaboración con los comisionados autonómicos, debe citarse el Convenio
de Cooperación y Colaboración firmado en febrero de 1996 con el
Procurador del Común de Castilla y León. Lo que se busca con este
convenio, igual que con los anteriores y otros que están pendientes de
suscribir, es evitar duplicidades y cooperar en la investigación de las
quejas que se formulen a través del adecuado intercambio de
información.

Es habitual que el Defensor del Pueblo acuda a los actos o
acontecimientos más significativos en el quehacer de los comisionados
autonómicos. Así, asistió, el 3 de julio, a la toma de posesión del
Diputado del Común, Fernando Giménez Navarro, en el Parlamento de
Canarias, y a la toma de posesión del Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo de la Rubia, celebrada en el Parlamento de Andalucía el 23 de
julio de 1996.

2.4.Divulgación universitaria, seminarios y conferencias
A lo largo de 1996, tanto el Defensor del Pueblo como los dos
Adjuntos, continuaron con la tarea de informar sobre el trabajo de la
institución y su forma de actuación en diferentes ámbitos de la
sociedad.

Se prestó una atención especial al ámbito universitario. Prueba de
ello son las numerosas conferencias, seminarios y mesas redondas
organizadas por las distintas universidades españolas, a las que
acudieron el Defensor del Pueblo y sus Adjuntos. Una relación no
exhaustiva de la intervención del Defensor del Pueblo en las mismas
comprendería dos participaciones en la Universidad de Salamanca
(Conferencia inaugural de las Jornadas sobre Centroamérica, organizadas
por el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal y mesa redonda
sobre «El interés prevalente del niño» dentro del simposio
internacional sobre la Convención de los Derechos del Niño hacia el
siglo XXI). y un desplazamiento a Marbella para participar en los
Cursos de Verano de la Universidad Europea de Madrid (Ponencia «Nuevos
conflictos en Europa: Inmigración y refugiados» dentro del Curso sobre
Europa y el nuevo desorden internacional).

Margarita Retuerto, en su calidad de Adjunta Primera de la
institución, compareció en distintos foros (Fundación Centro Español de
Estudios de América Latina; Centro Cultural de El Escorial; Centro de
Estudios Universitarios; British Council; Institut Catalá de la Dona;
Asociación Española de Mujeres Juristas y VIII Feria de la Mujer
Emprendedora) para abordar aspectos relativos a los derechos de las
mujeres. Los derechos de los menores, de los inmigrantes, así como
asuntos relacionados con la ejecución de penas conforme al nuevo Código
Penal y con el papel de las ONG, fueron también tratados por la
Adjunta, Margarita Retuerto, en conferencias organizadas por la Xunta
de Galicia, Universidad Pontificia de Comillas, Ateneo de Madrid y
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología, respectivamente. Bajo la dirección de la Adjunta, se
celebró en la Universidad de Alcalá de Henares, en junio de 1996, un
seminario sobre los derechos de los usuarios en los servicios públicos
al amparo del Convenio de Colaboración firmado en 1995 entre el
Defensor del Pueblo y la Facultad de Derecho de la citada universidad.

El seminario fue clausurado por el Defensor del Pueblo.

El Adjunto Segundo, Antonio Rovira, intervino en varias
universidades, abordando distintos temas considerados de interés en el
ámbito universitario. Cabría destacar las dos conferencia divulgativas
sobre la figura del Defensor del Pueblo pronunciadas en las Facultades
de Derecho de las Universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares (12
de enero de 1996); sobre «Extranjería y Asilo» en la Universidad
Autónoma de Madrid (18 de enero de 1996); sobre «Defensor del Pueblo y
Abogacía» en la Universidad Carlos III de Madrid (8 de octubre de
1996); sobre «Nacionalismo Vasco y Constitución», también en la
Universidad Autónoma de Madrid (11 de noviembre de 1996) y sobre el
tema «¿Destruye la cárcel al individuo?» en la Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense de Madrid (19 de noviembre de 1996).

En febrero de 1996, el Defensor del Pueblo suscribió otro Convenio
de Colaboración con el Rector de la Universidad Complutense de Madrid.

Su objetivo es promover el conocimiento de la institución a través de
cursos, jornadas y seminarios, y habilitar a los estudiantes de los
cursos universitarios superiores a que realicen prácticas profesionales
en la Institución. Bajo la cobertura de este convenio


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hemos de destacar la celebración, dentro de los cursos de verano de la
Universidad Complutense, de unas Jornadas sobre insumisión y objeción
de conciencia en San Lorenzo de El Escorial, el 18 de julio de 1996,
con la participación de los comisionados autonómicos, miembros de la
Mesa y portavoces de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor
del Pueblo y destacadas personalidades del ámbito de justicia y
defensa, así como del mundo universitario.

Fuera del ámbito universitario, el Defensor del Pueblo pronunció
conferencias e intervino en seminarios en otros foros tales como el
Ayuntamiento de Madrid (Jornadas sobre «Cultura, Juventud y Violencia
Urbana»); la Delegación del Gobierno de Madrid (Jornadas sobre
«Agresión y agresividad en entornos urbanos»); la Casa de América (Acto
conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos, palabras
de clausura de unas Jornadas sobre Inmigración y Salud y presentación
del libro de UNICEF recogiendo las conclusiones del simposio celebrado
en Salamanca sobre la Convención del Derecho del Niño); el Consejo
Federal del Movimiento Europeo (Seminario «Nuevos derechos y deberes
del ciudadano europeo y perspectiva de la Conferencia
Intergubernamental de 1996»); la Academia Militar de Zaragoza (Cátedra
«Miguel de Cervantes» de las armas y las letras) y la Academia General
de la Guardia Civil de Aranjuez (Conferencia sobre la institución del
Defensor del Pueblo); el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(Seminario sobre «La explotación comercial sexual de la infancia tras
el Congreso de Estocolmo»); la Casa de Palencia de Madrid (conferencia
sobre «La función del Defensor del Pueblo»); Palacio de Congresos de
Madrid (Presidencia de la mesa redonda sobre «La protección
constitucional de los enfermos mentales» en el X Congreso Mundial de
Psiquiatría); la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León en Palencia (conferencia
sobre «Sociedad y naturaleza: delito ecológico y nueva ética ciudadana»
dentro de la Cátedra de Verano de Medio Ambiente); amén de otros
desplazamientos de carácter institucional dentro de la Comunidad de
Madrid, como el realizado en enero de 1996 a la Brigada Paracaidista de
Alcalá de Henares, así como a distintas provincias españolas para
participar en coloquios y mesas redondas.

El Defensor del Pueblo, en su voluntad de adherirse a la repulsa
de la sociedad española por el secuestro de José Antonio Ortega Lara,
visitó en el mes de abril la prisión de Logroño, trasladándose
posteriormente a Burgos para testimoniar su adhesión a la familia del
funcionario y leyó un comunicado en pro de su liberación en sendas
manifestaciones celebradas en Madrid, la primera el 17 de julio en la
Plaza de Colón y la segunda el 17 de diciembre en la Plaza Mayor, en la
que también se solicitaba la liberación del empresario Cosme Delclaux.

2.5.Relaciones internacionales
Como puso de manifiesto en su comparecencia ante el Senado, es
criterio del Defensor del Pueblo que el carácter universal de los
derechos humanos no admite fronteras y que, por ello, los ombudsman
deben intentar encontrar nuevos campos de actuación en el mundo
globalizado e interdependiente de nuestros días.

En las distintas conferencias internacionales a las que ha acudido
el Defensor, se ha constatado la existencia de ámbitos que son, en
efecto, susceptibles de intervención por los Defensores del Pueblo o
instituciones afines.

Por citar sólo algunos ejemplos, en estos encuentros se ha
subrayado la importancia de la defensa de los derechos socio-económicos
y culturales como complemento de los derechos civiles y políticos, que
se encuentran más protegidos; de los derechos de las minorías en un
sentido amplio (para incluir, entre otros, a las poblaciones
indígenas); de la defensa de los grupos más vulnerables de nuestras
sociedades, entendiendo por tales a las mujeres, los niños y la tercera
edad.

Ampliar el campo de actuación de los ombudsman ha traído consigo
la necesidad de coordinar acciones y criterios para contar, en la
medida de lo posible, con una sola voz. Esta coordinación se ha llevado
a cabo a varios niveles.

A un nivel regional nos encontramos con las reuniones de
coordinación entre los defensores nacionales de la Unión Europea y
entre éstos y el Defensor del Pueblo Europeo. Ejemplos de esa
coordinación a nivel europeo habidos en 1996 han sido la V Mesa Redonda
de Ombudsman Europeos celebrada en Chipre en el mes de mayo, a la que
asistió, en representación de la institución, la Adjunta Primera,
Margarita Retuerto; el Coloquio Europeo sobre el tema «La mujer europea
y la ciudadanía», auspiciado por la Comisión Europea y la mesa redonda
sobre «El papel de los Ombudsman en la prevención y resolución de
conflictos, así como en la creación de medidas de confianza»,
organizada por la O.S.C.E., igualmente con la intervención en ambas de
la Adjunta Primera, Margarita Retuerto; el Seminario de Coordinación
organizado por el Defensor del Pueblo Europeo en Estrasburgo en el mes
de septiembre, al que acudió el Defensor del Pueblo; la Asamblea
Regional del Instituto Europeo convocada en Eslovenia, también en el
mes de septiembre, y las Jornadas sobre «El Menor en la Unión Europea
en los umbrales del siglo XXI», en las que el recién nombrado Adjunto
Segundo, Antonio Uríbarri, fue el encargado de pronunciar las palabras
de clausura.

Igualmente importante es la coordinación a nivel interregional.

Quizás la experiencia que más éxito ha tenido en este sentido ha sido
la creación, en 1995, de la Federación Iberoamericana de Defensores del
Pueblo (FIO), cuyo I Congreso --dedicado a la situación de los derechos
humanos en Iberoamérica-- se celebró en la ciudad mexicana de Querétaro
del 15 al 19 de abril de 1996. Aprovechando este desplazamiento a
Méjico, el Defensor del Pueblo pronunció una conferencia en la sede del
Instituto de Investigaciones Científicas de la capital mexicana,
invitado por el Senado de la República a través de la Comisión de
Derechos Humanos. La continuidad de Querétaro quedó asegurada con la
convocatoria para el mes de abril de 1997 del II Congreso Anual de la
F.I.O. en España (Toledo).

Otra experiencia a nivel iberoamericano constituye el Foro
Iberoamericano de Ombudsman sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz,
que bajo patrocinio de la Unesco


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y con la asistencia del Defensor del Pueblo, se celebró en Antigua
Guatemala del 27 al 29 de junio de 1996. En este Foro se sentaron las
bases para propagar «Una Educación para la Paz» por todos los países
iberoamericanos.

Como cobertura institucional de esta intensificación de los lazos
con Iberoamérica, cabría citar la mención a la importancia que para la
defensa de los derechos humanos tienen los ombudsman en Iberoamérica,
según reza el párrafo correspondiente de la Declaración de Valparaíso
(Chile), suscrita al término de la VI Cumbre Iberoamericana.

Durante el año 1996 también hubo contactos con la región del
Magreb, los cuales fueron iniciados con un desplazamiento, en el mes de
enero, del Defensor del Pueblo a Tetuán para dictar una conferencia
sobre Derechos Humanos. Previamente, en Tánger, el Defensor del Pueblo
mantuvo conversaciones con entidades representativas de los Derechos
Humanos en Marruecos con objeto de estudiar los problemas que el
derecho de asilo y cuestiones conexas plantean a los ciudadanos
residentes en Ceuta y Melilla.

Por último, es igualmente esencial la unión de esfuerzos a nivel
mundial. Un instrumento para ello lo constituye el Instituto
Internacional del Ombudsman (I.O.I.), cuya VI Asamblea se celebró en
Buenos Aires en el mes de octubre de 1996 y que contó con una amplia
representación de los comisionados autonómicos españoles. El Defensor
del Pueblo intervino con una ponencia titulada «Los Derechos Humanos y
su Función en el Fortalecimiento Institucional del Ombudsman».

En el ámbito de las relaciones internacionales, habría que
destacar también la labor de cooperación técnica para con otras
instituciones similares, sobre todo de Iberoamérica, que se ha llevado
a cabo desde la institución.

Los dos Adjuntos han desarrollado un importante papel en esa
tarea. En 1996, Margarita Retuerto, en su calidad de Adjunta Primera,
viajó a Honduras para participar en un seminario de intercambio de
experiencias entre instituciones y hablar sobre derechos de contenido
económico-social, menores y minorías. También intervino en un Foro
Internacional organizado en el mes de julio, en Lima, por la Comisión
Andina de Juristas y la Defensoría del Pueblo de Perú. El Adjunto
Segundo, Antonio Rovira, se desplazó a Perú (dirección de la misión de
la Comisión Europea de asistencia técnica al Defensor del Pueblo);
Nicaragua (conferencia sobre «Política y Estrategias de promoción de
los Derechos Humanos», dentro del seminario de apoyo a la elección del
Procurador de los Derechos Humanos); Panamá (participación en la II
Misión Técnica para la elaboración de la Ley del Defensor); Costa Rica
(intervención en el I Curso Interamericano sobre Defensores del Pueblo
y Derechos Humanos); y Uruguay (miembro de la misión técnica de la FIO
para la promoción y discusión de la Ley del Defensor del Pueblo).

A todo ello habría que añadir las prácticas seguidas en la
institución del Defensor del Pueblo por asesores de varias
Procuradurías de Derechos Humanos iberoamericanas.

Los contactos desde Madrid se han mantenido a través de encuentros
con los embajadores acreditados en España y con visitas giradas a la
institución por Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de diversos
países.

En 1996 fueron recibidos en audiencia por el Defensor y sus
Adjuntos los Embajadores de Irán, República Checa, Honduras, Polonia y
Suiza, así como delegaciones de Senadores mejicanos, de la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso Mejicano, de Diputados de la República
eslovaca y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Cuba,
Elizardo Sánchez.

3.TRATAMIENTO MONOGRAFICO DE DETERMINADOS TEMAS
3.1.Dilaciones indebidas en la jurisdicción contencioso-administrativa
Desde que entró en funcionamiento la institución, el Defensor del
Pueblo viene insistiendo en la situación que presenta la jurisdicción
contencioso-administrativa. En la mayoría de los informes anuales se
han reseñado las alarmantes cifras de pendencia que tiene la citada
jurisdicción, y se ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de
reformar el proceso contencioso-administrativo. De forma expresa
existen referencias concretas a la jurisdicción
contencioso-administrativa en los informes del Defensor del Pueblo,
correspondientes a cada uno de los años comprendidos entre 1990 y 1996.

Las actuaciones practicadas a lo largo de esos años, han permitido
conocer algunos datos que por sí solos reflejan la gravedad que en
estos momentos presenta esta jurisdicción. Por ejemplo, desde el
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se informaba que, en el
año 1989, se estaban tramitando los recursos interpuestos en 1986 y
principios de 1987. En ese mismo tribunal existían, en el mes de abril
de 1990, 7.000 escritos pendientes de proveer.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
presentaba, en el año 1995, 25.733 recursos pendientes. Se constataba,
además, cómo cada año disminuía el número de asuntos resueltos,
mientras que se mantenía o incrementaba el número de los que se
recibían, lo que puede motivar que, a corto plazo, sea difícil, por no
decir imposible, el que pueda normalizarse el funcionamiento de este
órgano jurisdiccional.

Aunque el número de procedimientos pendientes de resolución que se
han mencionado es preocupante, el órgano que presenta un mayor atraso
es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, al comenzar 1995,
tenía un total de 40.121 asuntos y al finalizar ese año la cifra había
ascendido a 48.419. Esto motivó que se solicitara un informe al Consejo
General del Poder Judicial, que comunicó que las causas motivadoras del
elevado número de asuntos pendientes eran la movilidad de la plantilla
de los magistrados; la carencia de representación y dirección técnica
en determinada clase de recursos y la recepción progresiva de un mayor
número de recursos a resolver por las distintas secciones.

Para resolver esa situación, el servicio de inspección del Consejo
General de Poder Judicial formulaba las siguientes propuestas:



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1.Creación de dos secciones más en la sala, que junto a las nueve
que actualmente operan, podían llegar a una progresiva disminución del
gran volumen de asuntos pendientes.

2.Dotación de medios técnicos e informáticos a todas las
secciones.

Otro de los órganos que en estos momentos presenta retrasos
similares a los que se acaban de exponer es la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Como dato
ilustrativo debe señalarse que desde 1991 hasta 1995 es siempre
superior el número de asuntos pendientes al finalizar cada año que al
inicio del mismo. El número de recursos sin resolver se cuantificaba,
al finalizar 1995, en 23.296.

Como muestra ilustrativa de la gravedad que presenta esta
jurisdicción pueden citarse algunos casos en los que los ciudadanos
hacen llegar a esta institución la situación en la que se encuentran
los procedimientos que les afectan.

Entre otros puede mencionarse el caso de un ciudadano que el 30 de
octubre de 1986 recibió una resolución administrativa de la Dirección
General de Mutilados de Guerra por la Patria en la que no se le
reconocían las lesiones que había sufrido en acto de servicio, motivo
por el cual recurrió ante el Ministerio de Defensa, el cual resolvió de
forma denegatoria en fecha 20 de septiembre de 1988. Presentada la
correspondiente demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife,
se dictó sentencia con fecha 7 de junio de 1991, que fue recurrida ante
el Tribunal Supremo, no habiéndose resuelto el citado recurso en
octubre de 1996. Esa situación está provocando que la persona afectada
se encuentre a la espera de recibir su pensión, después de diez años de
haber iniciado el procedimiento.

Con mucha frecuencia, al solicitar desde esta institución la
colaboración del Fiscal General de Estado en relación con algún
procedimiento pendiente de resolución en esta jurisdicción, de forma
reiterada se comunica que el recurso en cuestión «se encuentra
pendiente de señalamiento para cuando por turno corresponda». En algún
caso concreto, el ciudadano afectado remitió una fotocopia de la
diligencia de ordenación dictada por el tribunal con fecha 5 de junio
de 1992, en la que «se declara concluso el presente recurso...

señalándose para deliberación y fallo cuando por turno corresponda» y
en junio de 1996, todavía no había llegado su turno.

Con independencia de cuantas actuaciones puntuales se han ido
efectuando en los casos concretos planteados por los ciudadanos, al
comenzar el año 1996 se remitió al Presidente de las Cortes Generales,
en relación con la futura reforma procesal de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, una comunicación en la que se especificaba
lo siguiente, respecto a la posibilidad de introducir de nuevo el
recurso de reposición en la esfera local, suprimido por la Ley 30/1992:

«...sería conveniente propiciar el que la futura ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, contenga los requisitos
procesales adecuados que permitan el acceso de los ciudadanos a los
tribunales de esa jurisdicción, sin trabas ni condicionamientos
previos...».

«...esta institución entiende que lo más adecuado sería permitir
que la jurisdicción contencioso-administrativa, sin más dilaciones,
entrase a conocer la controversia, en un proceso rápido y sin coste
para el ciudadano, todo ello teniendo en cuenta que el artículo 41 del
proyecto de Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (Boletín Oficial de las Cortes Generales de
30 de septiembre de 1995), establece el recurso de reposición con
carácter potestativo.

Partiendo del proyecto de ley mencionado y teniendo en cuenta que
en el mismo se regula de nuevo el recurso de reposición con carácter
potestativo, sólo queda el insistir en que la nueva ley reguladora de
lo contencioso-administrativo establezca un procedimiento rápido, no
formalista y sin exigencia de requisitos de postulación (ni abogado ni
procurador), para que de forma directa e inmediata, el ciudadano que
considere inadecuada una decisión administrativa de su ayuntamiento,
pueda solicitar de los juzgados de lo contencioso-administrativo la
revisión de esa decisión. Evidentemente, la existencia de un
procedimiento especial, rápido y no formalista, estaría necesariamente
ligado a aquellas cuestiones que cuantitativa o cualitativamente
resultaran de poca complejidad. De esta forma se daría un trato
diferenciado a las resoluciones administrativas en función de su
importancia, evitando que decisiones de poca trascendencia, se vean
sometidas al proceso tipo que se define en los artículos 45 y
siguientes del proyecto de ley».

Una vez descrita la situación en la que se encuentran las salas de
lo contencioso-administrativo de los principales órganos judiciales del
país, enumeradas las medidas que se han adoptado desde el Consejo
General del Poder Judicial y desde el Ministerio de Justicia y
descritas las actuaciones practicadas desde esa institución puede
afirmarse que los retrasos generalizados que se producen en la
actualidad, afectan de forma directa al derecho fundamental a un juicio
sin dilaciones indebidas y, por tanto, el derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva.

Este derecho ha sido desarrollado no sólo por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, entre otras en las sentencias 81/1989 y
35/1994, sino que numerosos convenios internacionales suscritos por
España y reiteradas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
inciden en que estamos ante un derecho fundamental por el que los
jueces y tribunales deben cumplir su función, evitando dilaciones
indebidas que quebranten la efectividad de la tutela. Entre otros
pueden citarse el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Nueva York de 9 de diciembre de 1966 y el
artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Políticas de Roma de 4 de noviembre de 1950,
ratificados ambos por España. Entre la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, pueden citarse los casos Wemhift,
Neumeister, Ringeisen, Foti, etc.



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Es necesario también, a la hora de desarrollar el contenido de ese
derecho fundamental, precisar que el Tribunal Constitucional, --entre
otras en las sentencias 50/1989 y 35/1994-- ha declarado que estamos
ante un derecho que tiene una faceta prestacional que afecta no sólo a
jueces y tribunales, sino también a los demás poderes del Estado, lo
que significa que esos poderes deben dotar a los órganos judiciales de
las necesarias medidas personales y materiales. Solamente cuando los
órganos jurisdiccionales cuenten con los medios personales y materiales
idóneos será posible hacer recaer sobre los mismos las consecuencias
que se derivan de la falta de cumplimiento del derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas.

Por ello, aún considerando imprescindible la aprobación de una
nueva ley procesal, serán precisas, además de ese texto, una serie de
medidas de apoyo encaminadas a reforzar los medios personales y
materiales con que en la actualidad cuenta esta jurisdicción. Solamente
coordinando los efectos positivos de la nueva ley y las medidas de
refuerzo mencionadas, podrán normalizarse las graves deficiencias que
presenta la jurisdicción contenciosa.

A la vista de lo expuesto, el Defensor del Pueblo, considerando
que esas dilaciones generalizadas están produciendo un grave perjuicio
en todos aquellos ciudadanos que precisan de su tutela judicial
efectiva, quiere destacar en el presente informe anual de forma
particular cuál es la situación de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Igualmente y para evitar que esas
dilaciones descritas puedan perdurar en el tiempo, con fecha 29 de
julio de 1996, se dirigió a la Ministra de Justicia una recomendación
que contenía cuatro puntos que literalmente decían:

1.Que con carácter temporal y de forma transitoria, se mantengan
al tiempo que se potencien todas aquellas medidas de refuerzo,
adoptadas con anterioridad o que puedan adoptarse en el futuro, en
relación con las salas de lo contencioso-administrativo, con la
finalidad de normalizar la situación de colapso que presentan esos
órganos judiciales.

2.Que se proceda a la aprobación de una nueva ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, en la que se prevea la
posibilidad de resolver de forma rápida y eficaz aquellas decisiones
administrativas que, por su contenido y naturaleza, no requieran de la
utilización de otro tipo de procedimiento más complejo, al tiempo que
se incluya en esa ley procesal la estructura y diseño que de la
jurisdicción contencioso administrativa hizo la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

3.Que se proceda a la puesta en funcionamiento de los juzgados de
lo contencioso-administrativo.

4.Que se dote a estos órganos jurisdiccionales de los necesarios
medios técnicos e informáticos, con objeto de que puedan hacer frente
de forma más rápida y eficaz a los altos índices de litigiosidad que
presenta esta jurisdicción.

Debe acogerse de forma positiva la noticia aparecida recientemente
en distintos medios de comunicación, en la que se informa de la
creación de dieciséis nuevas plazas de magistrados, para la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Solamente con
decisiones de esta naturaleza podrá normalizarse la situación de una
jurisdicción que hoy carece de los niveles de eficacia que la
Constitución exige y los ciudadanos merecen.

3.2.La mendicidad
La dificultad encontrada en la tramitación de las distintas quejas
referentes a actuaciones de la policía local de determinados
ayuntamientos en relación a personas que practicaban la mendicidad en
sus calles, se ha debido, fundamentalmente, por un lado, a la
existencia de ordenanzas municipales, que por su fecha de entrada en
vigor habían quedado fuera, no ya del marco constitucional, sino de los
usos sociales contemporáneos, y por otro, a la resistencia encontrada
en algunos de esos ayuntamientos a obtener la oportuna información que
le permitiese al Defensor del Pueblo valorar debidamente, tanto las
intervenciones policiales, que incluían la retirada del dinero a los
mendigos, como el contenido de las propias ordenanzas, aun cuando éstas
ya hubiesen sido aprobadas en los últimos años.

Esa es la síntesis del trabajo realizado por la institución
durante este año en los ayuntamientos de Santander, Murcia, Mazarrón,
Cartagena, Vigo y Zaragoza. Pero para poder apreciar en qué forma se ha
abordado este problema con los citados ayuntamientos y cuál es el
resultado de la actuación institucional y qué proyección tiene la misma
para el futuro, es necesario relatar, si cabe brevemente, los distintos
pasos dados en orden a determinar las actuaciones e intervenciones
municipales y su nivel de colaboración con el Defensor del Pueblo.

Siguiendo un orden temporal en el inicio de las quejas, hay que
hacer referencia en primer lugar a la tramitación practicada ante el
Ayuntamiento de Santander. En febrero de 1994 una persona que
practicaba la mendicidad en esa ciudad se dirigió a la institución, con
un sencillo escrito a mano, contando que viéndose sin recursos, enfermo
y convaleciente de un grave accidente de circulación, procedió en
diversas ocasiones a situarse en los pórticos de algunas iglesias,
dando las buenas tardes a los feligreses y aceptando sus donativos o
limosnas «dados sin solicitarlas y con educación y corrección».

Continuaba relatando esta persona que, en esas circunstancias, había
sido detenido por agentes de la policía municipal, siendo trasladado a
la inspección de guardia donde le cachearon y le exigieron la entrega
del dinero que llevase, situación que se había repetido seis o siete
veces.

Se inició la investigación interesando inicialmente conocer si se
había procedido a la apertura de una información reservada sobre estos
hechos y si se habían practicado diligencias judiciales. En el mes de
octubre, al no haber tenido contestación, se requirió la información
solicitada al ayuntamiento. En el mes de enero de 1995 se volvió a
hacer un requerimiento al seguir sin recibir la oportuna respuesta. En
febrero de 1995 finalmente el ayuntamiento emitió informe, señalando la
existencia de las ordenanzas municipales en base a las cuales se
practicaba la intervención del dinero a los mendigos y se aludía a un
Acuerdo de


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la Junta de Jueces de Santander del año 1990, validando este modo de
actuar de la corporación local. Todo ello llevó a solicitar del Fiscal
General del Estado su colaboración, quien en julio de ese mismo año
informó que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
había incoado las diligencias de investigación número 37/95 sobre tales
hechos, al amparo de lo dispuesto en los artículos 5 del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal y 785 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que finalizaron con decreto de archivo.

Sin embargo, esta institución consideró que los hechos que se
estaban investigando, con independencia de que no se hubiesen apreciado
responsabilidades penales, resultaban a todas luces contrarias a los
principios de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Por
ello, se volvió a solicitar, en febrero de 1996, un nuevo informe al
Ayuntamiento de Santander para conocer el número de intervenciones de
este tipo llevadas a cabo en 1995, el fundamento legal de las mismas,
las cantidades que pudieran haber sido retenidas a los mendigos y copia
completa de las ordenanzas municipales. En mayo de 1996 la corporación
municipal remitió esta información, salvo la copia de las ordenanzas,
que fue requerida de nuevo.

Fue en junio de ese año cuando se comprobó que las ordenanzas que
venían siendo aplicadas, eran del año 1900 y se acreditó el elevado
número de intervenciones y de retenciones de dinero que se habían
llevado a cabo en el año 1995 en la ciudad de Santander.

El Defensor del Pueblo no estimaba ajustadas a la Constitución
este tipo de actuaciones policiales, por ello, para evitar que
siguieran practicándose se indicó al Ayuntamiento de Santander que las
ordenanzas municipales citadas y las practicas de su policía local
reflejaban una clara similitud con lo dispuesto en la Ley de Vagos y
Maleantes y la Ley de Peligrosidad Social, textos derogados
expresamente por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal. Se añadía que ambas leyes derogadas establecían un
procedimiento contradictorio y sometido a la vigilancia de los jueces,
que en nada se parecía a las actuaciones que ahora se estaban llevando
a efecto, sin garantías y en base a un procedimiento «sui generis» que
lesionaba los principios de legalidad y seguridad jurídica garantizados
por el artículo 9.3 de la Constitución, ya que sólo por ley orgánica se
puede limitar el derecho a la libertad y sólo por ley ordinaria
tipificar las sanciones administrativas nunca por una ordenanza
municipal. Además, se le hicieron al ayuntamiento una serie de
consideraciones respecto a la limitación de sus competencias de acuerdo
con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local, en
relación con la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de
la Seguridad Ciudadana, ya que incluso en esta última no se prevé
medida sancionadora ni se considera hecho susceptible de sanción los
actos que caracterizan la mendicidad.

En conclusión, se manifestó al Ayuntamiento de Santander que
amparándose en las Ordenanzas de Policía y Buen Gobierno, como
tradicionalmente se les ha venido denominando, no podía adoptar medidas
que afectasen a derechos fundamentales, como el derecho a la libre
circulación, o determinar la imposición de sanciones o medidas de
seguridad en contra del principio de legalidad y demás garantías
previstas en el ordenamiento jurídico español.

A la vista de la contestación del ayuntamiento, donde no se
reflejaba una actitud de aceptación y colaboración de las
consideraciones hechas por el Defensor del Pueblo, en septiembre de
1996 se le dirigió, finalmente, una recomendación para que, a la mayor
brevedad posible, se modificasen las ordenanzas municipales, en el
sentido de adecuar dichas ordenanzas a los principios de legalidad y
tipicidad y a los derechos fundamentales de la persona, en todo aquello
que pudiera considerarse como adecuada respuesta legal del ayuntamiento
a las situaciones de mendicidad que pudieran darse en su término
municipal.

En contra de lo manifestado anteriormente, el ayuntamiento de
Santander contestó el 17 de diciembre, que la ordenanza de 1900 y, en
concreto, su artículo 4 que regulaba la mendicidad, no se aplicaba
desde hacía muchos años por considerarse que quedó derogada con la
entrada en vigor de la Constitución y otras leyes y ordenanzas
posteriores, añadiendo que la mendicidad sólo se persigue cuando se
realiza con intimidación a los vecinos de Santander o cuando se
utiliza, para este fin, a menores de edad.

El Ayuntamiento de Murcia fue investigado por esta institución a
partir de junio del pasado año como consecuencia de las noticias
aparecidas en los medios de comunicación, donde se señalaba que la
policía local, en base a las ordenanzas municipales y para erradicar la
mendicidad de su término municipal, procedía a levantar actas de
aquellas personas que la practicaban en sus calles, requisándoles el
dinero que portaban, conduciéndoles a comisaría y advirtiéndoles que de
continuar con su práctica se consideraría su actitud como de
desobediencia a la autoridad y, en consecuencia, serían puestas a
disposición del juez.

Como en el caso de Santander, y tomando como referencia esa
investigación, se solicitó un informe del ayuntamiento, respecto a
estas noticias, así como una copia de las ordenanzas; al no haberse
obtenido en octubre ninguna contestación del ayuntamiento, tras haberla
solicitado en tres ocasiones, el Defensor del Pueblo requirió al
ayuntamiento en el mes de octubre para que en el plazo de 10 días
remitiese el informe, advirtiéndole que la falta de respuesta de este
último requerimiento daría lugar a la aplicación de las previsiones
legales al respecto y recomendando ya a la vez, la modificación de las
ordenanzas para adecuarlas a los principios de legalidad y tipicidad y
al respeto de los derechos fundamentales de la personas.

A las pocas fechas fue remitido un informe y el proyecto de nuevas
ordenanzas que iban a ser aprobadas en el pleno del ayuntamiento para
sustituir a las que se encontraban en vigor desde 1988. Esta
institución advirtió que no podía entrar a valorar un proyecto de
disposición y que continuaría el seguimiento de las actuaciones de la
policía, con arreglo a la disposición que se hallase en vigor.

En el momento de elaborar este informe, al parecer, la nueva
ordenanza no ha llegado todavía a entrar en vigor y dos grupos
políticos con representación municipal se han dirigido a esta
institución manifestando que consideran que las futuras ordenanzas no
se adecuan a los principios


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constitucionales, adjuntando diversa documentación sobre casos de
intervenciones de la policía municipal que se extienden, ya no sólo a
supuestos de mendicidad, sino a otros cuya discusión no parece
corresponder a esta sede.

Junto a estos dos casos, se han iniciado investigaciones de oficio
ante los ayuntamientos de Cartagena, Vigo, Mazarrón y Zaragoza. En este
último caso la respuesta fue inmediata, señalándose la tácita
derogación de las Ordenanzas de 1903 sobre mendicidad, tras la entrada
en vigor del nuevo Código Penal y la no actuación de los agentes
municipales en el sentido señalado por los medios de comunicación,
limitándose sólo a intervenir en supuestos en que eran utilizados
menores de edad para la práctica de la mendicidad.

Estas investigaciones han servido, ante todo, para sacar a la luz
un problema de actitud de determinados responsables municipales ante lo
que es una realidad incuestionable, la existencia de mendigos. La
investigación podría requerir conocer en qué otros ayuntamientos del
Estado existen ordenanzas preconstitucionales, basadas en criterios
anacrónicos, con la duda siempre permanente de si las intervenciones de
las policías locales respectivas se amparan o no en dichas
disposiciones.

La consideración de quién practica actos de mendicidad es además
una valoración social que va más allá de las normas. La única realidad
es que no puede prohibirse aquello que no es objeto de reproche en
ninguna disposición con rango legal adecuado y que la actitud de
aquellas personas que, por uno u otro motivo, practican la mendicidad
no puede verse limitada sólo por el hecho de que su presencia moleste
al resto de los ciudadanos que corren mejor suerte que ellos. Siempre
que esta mendicidad se practique sin coacciones, y sin que se vean en
ella implicados menores de edad, siendo, simplemente, la constatación
de una realidad, la de la pobreza, es evidente que no se puede
proponer, y menos incitar, a que estos ciudadanos sean erradicados por
el solo hecho de que su presencia sea molesta para algunos de sus
conciudadanos o para los ayuntamientos en los que se diere la
mendicidad. Es más, por la misma naturaleza de esta institución, el
Defensor del Pueblo siempre estará presto en mostrarles amparo y
vigilante en la defensa de sus derechos.

3.3.Presos españoles en el extranjero
Desde hace tiempo, esta institución está realizando un seguimiento
de las condiciones de vida en que se encuentran los ciudadanos
españoles que están cumpliendo condena o a la espera de juicio en
cárceles en el extranjero.

Conviene ante todo aclarar, aunque resulte obvio, que la
Administración pública española no es responsable de las carencias que
presenten las prisiones del extranjero, ni puede supervisar la
actuación de las autoridades penitenciarias de otros países, como
tampoco puede hacerlo esta institución. Esto que resulta tan evidente,
a veces no es comprendido por los presos y sus familiares, que
manifiestan su disconformidad tanto con la actividad de la
Administración como con la del Defensor del Pueblo, cuando se pone en
su conocimiento los límites legales que imponen la soberanía de los
Estados y la vigencia territorial de las leyes de carácter penal.

Las quejas de los ciudadanos o sus familiares sobre esta materia
provienen en su gran mayoría de españoles presos en cárceles marroquíes
o en diferentes países iberoamericanos y se refieren, fundamentalmente,
a las condiciones de vida en el interior de la prisión, a la escasa
atención que reciben por parte de los representantes españoles en el
exterior, y a su deseo de cumplir sus condenas en España.

Durante 1996 se ha incrementado el número de ciudadanos españoles
presos en las cárceles de Tánger, Tetuán y Salé-Rabat que se han
dirigido al Defensor del Pueblo exponiendo sus cada vez más difíciles
condiciones de vida, pues se encuentran recluidos en prisiones que
padecen un grave problema de masificación y hacinamiento, reciben una
alimentación insuficiente y las deficientes condiciones higiénicas
facilitan el contagio de enfermedades infecciosas y agravan, en muchos
casos, las enfermedades que padecen, sin que se les permita obtener una
atención médica adecuada. Manifiestan estos ciudadanos la escasa
atención que les prestan las autoridades españolas desde el momento de
su detención por la policía, durante la celebración del juicio y
posteriormente mientras se encuentran encarcelados en aquel país, y
manifiestan su deseo de cumplir su condena en España.

Se ha efectuado un seguimiento de la situación en la que se
encuentran las negociaciones sobre el convenio de traslado de personas
condenadas para cumplimiento de penas en sus países de origen.

En la información remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores
se indicaba que en los últimos años se había venido negociando con la
Administración marroquí para conseguir la firma del referido convenio,
que permitiera mejorar la situación de los cada vez más numerosos
detenidos españoles en las cárceles de aquel país. A primeros de mayo
de 1996 tuvo lugar una reunión a nivel de expertos de ambos países en
la que se debatieron cinco convenios en materia de cooperación
judicial, entre los que figuraba el de asistencia a personas detenidas
y traslado de personas condenadas. En esa reunión se acordó el texto
definitivo del convenio y desde esa fecha España estaba presionando
para que se firmara y pudiera entrar en vigor a la mayor brevedad.

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que, tras
más de cuatro años de trabajo, a finales de noviembre habían continuado
los esfuerzos del departamento para la rúbrica del mismo, pero no se
pudo proceder a su firma por haber declinado en el último momento la
parte marroquí. Sin embargo, aseguraba este departamento que se
seguirían haciendo gestiones para que se produjera la firma de los
mismos y que estos entraran en vigor de manera provisional en el mismo
momento de la firma.

Aunque de toda esta tramitación se había informado a los
ciudadanos, las cartas que continuaban llegando seguían conteniendo
quejas contra la actuación de la representación consular española.

Estas se referían a la escasa atención que los agentes consulares
prestaban a los ciudadanos recluidos en prisión,


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ya que, según manifestaban éstos, apenas recibían su visita durante su
estancia en la cárcel, lo que les impedía exponerles los problemas que
les afectaban referentes tanto a su situación carcelaria de
hacinamiento y deficiencias alimentarias como a sus condiciones físicas
debido, en ocasiones, a su precaria salud.

Esta institución podía suponer que el incremento de presos
españoles en Marruecos, que había ascendido desde prácticamente ninguno
en 1990 a 162 en octubre de 1996, no había ido acompañado de un aumento
de funcionarios españoles destinados en aquel país que pudieran
atenderlos. Por ello se solicitó información sobre las previsiones del
Ministerio de Asuntos Exteriores para ampliar el número de funcionarios
españoles que realizan las funciones consulares en Marruecos, de manera
que todos los españoles que se encontraban allí pudieran recibir la
atención que demandaban.

En la contestación remitida por ese departamento se hacía mención
a que la preocupación por la suerte de los españoles en aquel país
estaba demostrada por la actitud y las gestiones de todo tipo que
realizaban tanto la Embajada española en Rabat como todos los cónsules
de España en Marruecos para aliviar las penalidades que supone
encontrarse en cárceles de muy deficientes condiciones de
habitabilidad, y estimaba que la actuación de la red consular en
relación con los españoles allí encarcelados era la misma que la del
resto de los países de la Unión Europea y superaba, incluso, las
atenciones que los cónsules de dichos países prestaban a sus nacionales
en idénticas situaciones, todos los cuales, al igual que los españoles,
sufren a su vez las consecuencias de haber delinquido en un país con
esas condiciones carcelarias, por lo que, en definitiva, no estimaba
que fuera necesaria una mayor atención a los nacionales españoles que
la que ya recibían.

El otro grupo de quejas más numeroso las remiten los ciudadanos
que se encuentran encarcelados en países iberoamericanos y se refieren,
asimismo, a las condiciones de determinados centros penitenciarios y,
fundamentalmente, a su deseo de cumplir condena en España. De todas las
recibidas hasta ahora se dio cuenta en anteriores informes, en los que
figuran, entre otras, las remitidas por unos ciudadanos que se
encontraban en la cárcel dominicana de Najayo que manifestaban que,
gracias a las visitas que efectuaba el representante consular, podían
afrontar las condiciones de vida del penal, en el que el más grave de
los problemas era el cotidiano peligro que corría su integridad física.

Durante 1996, además de las quejas concretas que se han tramitado,
se inició de oficio una investigación para conocer la actuación de la
representación española en el exterior tras el fallecimiento de un
nacional español en un incendio ocurrido en la prisión venezolana de La
Planta. La Administración indicó que el Ministerio de Asuntos
Exteriores convocó al embajador de Venezuela en Madrid y le expresó el
disgusto por el fallecimiento de este ciudadano. Además, ante la
gravedad del hecho y teniendo en cuenta que era la segunda vez en
veintidós meses que se producía la muerte de un nacional español preso
en aquel país, se solicitó una aclaración de lo sucedido así como
información sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Venezuela en
relación con las responsabilidades de este suceso y una indemnización
para los familiares de la víctima. Por último, informaba la
Administración que el cónsul se había puesto en contacto con los cuatro
españoles que permanecían allí ingresados en cuanto la situación lo
había permitido y que su estado era bueno.

Otra investigación realizada a lo largo del año se inició cuando
un grupo de presos españoles que cumplían condena en el penal
ecuatoriano de García Moreno anunciaron su intención de permanecer en
huelga de hambre indefinida por la que entendían negligente actitud de
la Embajada de España en Quito. En la información remitida se indicaba
que en aquel momento, mayo de 1996, se encontraban recluidos en
cárceles ecuatorianas un total de 49 presos de nacionalidad española,
sometidos a unas duras condiciones de vida que la embajada intentaba
paliar con una constante labor de asistencia y protección hacia la
colectividad reclusa.

Desde España, a la vez, se habían llevado a cabo gestiones que
permitieron aprobar en el seno del grupo de cooperación consular de la
Unión Europea la realización de una gestión comunitaria ante las
autoridades ecuatorianas para el mejoramiento de las condiciones de
reclusión de los presos europeos en las cárceles de aquel país. El
constante seguimiento de la situación personal y procesal de los
españoles había conducido a obtener la puesta en libertad de tres
presos que ya habían cumplido su condena y que no eran liberados por la
huelga que mantenían los funcionarios de prisiones.

Posteriormente los reclusos abandonaron su protesta, si bien se
podía deducir que la causa principal de la misma era su deseo de
cumplir sus condenas en España.

Por ello, como antes se ha indicado, manteniendo el compromiso
adquirido por esta institución con ocasión del informe del año pasado,
se ha efectuado un seguimiento de la situación en que se encuentran los
convenios sobre esta materia, ya que todos los ciudadanos que se han
dirigido a esta institución que se hallaban en cárceles en el
extranjero manifestaban su deseo de cumplir su condena en España.

La posibilidad de cumplir las penas en el país de origen del
condenado debe establecerse mediante el oportuno acuerdo de los Estados
a los que afecta el asunto, que deseen desarrollar su cooperación en
materia penal y pretendan favorecer la reinserción social de las
personas condenadas, por entender que estos objetivos se pueden
conseguir de manera más adecuada si el extranjero privado de libertad
como consecuencia de una infracción penal puede ser trasladado a su
propio país para cumplir su condena en el medio social de origen.

Efectivamente, estos convenios se limitan a hacer posible que una
persona condenada por un ilícito penal cometido fuera de su país sea
trasladado al país del que es nacional. No se trata, por tanto, de un
derecho de la persona condenada y exigible por ésta, ni existe
obligatoriedad por parte de los Estados firmantes de acceder a lo
solicitado. Se necesita, en definitiva, la concurrencia de la voluntad
del condenado con la del Estado de condena y con la del Estado de
cumplimiento.



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España firmó el 10 de junio de 1983 el Convenio Europeo sobre
Traslado de Personas Condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de
1983, que fue ratificado por Instrumento de 18 de febrero de 1985 y
además, ha firmado convenios bilaterales con distintos países. Sin
embargo, quedan todavía pendientes de diversos trámites otros convenios
que se llevan negociando desde hace tiempo.

Esta institución entiende que la firma de estos convenios paliará
la situación de los nacionales españoles que cumplen condena o esperan
juicio en determinadas cárceles extranjeras, aún cuando luego la
realidad demuestre que los complicados procedimientos establecidos en
los acuerdos alargan la tramitación de las solicitudes, desesperando a
los ciudadanos. Pero, como antes se ha dicho, es fundamental que, en
todo caso, estos ciudadanos estén debidamente atendidos mientras
permanecen en prisiones fuera de España, y esta atención debe ser
prestada por las oficinas consulares en cuya jurisdicción se
encuentren.

El artículo 36 del Convenio de Viena de 24 de abril de 1963, sobre
relaciones, privilegios a inmunidades consulares, al que se adhirió
España el 3 de febrero de 1970, dispone que debe facilitarse por los
Estados firmantes la libre comunicación de los funcionarios consulares
con los nacionales de su país que se hallan en prisión. El mismo
artículo del Convenio dispone que las autoridades del Estado receptor
están obligadas a comunicar a la oficina consular competente, sin
retraso alguno, la detención de un nacional del Estado que envía, si el
interesado lo solicita. Asimismo, tales autoridades deberán informar al
detenido del derecho que le asiste a comunicar con su representante
consular. La Administración española ha considerado tradicionalmente
como un principio básico de las relaciones internacionales que esta
libre comunicación debe ser respetada por todos los países con los que
España mantiene relaciones diplomáticas, sean o no parte del mencionado
Convenio de Viena sobre relaciones consulares.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dictado diversas
instrucciones para conocimiento de las actuaciones que deben llevarse a
cabo por las representaciones españolas en el exterior. Así, la Orden
Circular 2974, de 2 de enero de 1982, sobre el ejercicio del derecho de
visita a nacionales españoles en prisión en el extranjero; la Orden
Circular 3061, de 1 de marzo de 1985, con normas sobre comunicaciones
de detenidos españoles en el extranjero; la Orden Circular 3078, de 5
de julio de 1986, que plasma la directrices para la cooperación de las
misiones diplomáticas y consulares comunitarias en terceros países,
establecidas por el Comité Político de las Comunidades Europeas el 17
de mayo de 1984; la Orden Circular 3079, de 20 de junio de 1986, sobre
libro de visitas a detenidos españoles en el extranjero; y la Orden
Circular 3106, de 11 de diciembre de 1987, sobre protección a detenidos
españoles en el extranjero.

Estas disposiciones establecen las normas mínimas que deben
observar los funcionarios españoles que tienen encomendada esta labor.

La última de las órdenes circulares citadas dispone que las oficinas
consulares en cuya jurisdicción se encuentren españoles detenidos
deberán poner especial empeño en visitarlos regularmente, atendiendo a
las necesidades que se deriven de su defensa jurídica, salud y
reinserción social.

Se indica asimismo a las oficinas consulares que los detenidos
deben ser visitados tantas veces como su situación real lo haga
necesario y siempre que lo soliciten expresamente por un motivo
justificado y, en todo caso, una vez al año como mínimo. En los países
en los que la densidad de población reclusa española sea muy alta, se
debe mantener, a través de las direcciones de los centros
penitenciarios, correspondencia con los recluidos españoles una vez por
mes, solicitándoles informen de su situación y de sus necesidades. En
las ciudades en las que se halle la sede diplomática o consular y en
las que existan cárceles en su perímetro urbano o cercanías inmediatas,
deberá visitarse a los detenidos españoles necesariamente una vez cada
dos meses, a no ser que la autoridades penitenciarias o los detenidos
se opongan a ello.

Las oficinas consulares pueden asimismo conceder ayudas para
atención sanitaria y alimentos a los españoles que se encuentran
privados de libertad en establecimientos penitenciarios, especialmente
en países que no ofrecen a los reclusos las condiciones mínimas
dietéticas y sanitarias consideradas aceptables en nuestra sociedad.

Deben también los servicios consulares facilitar información a los
detenidos españoles sobre los acuerdos gestionados con las autoridades
educativas españolas que les posibilitan cursar estudios,
matriculándose y examinándose en los centros de educación a distancia y
sobre los convenios de cumplimientos de penas en su países de origen.

El Defensor del Pueblo considera que el cumplimiento estricto por
los servicios consulares españoles de estas obligaciones mínimas
supondría que, efectivamente, la Administración estaría al servicio de
los intereses de los ciudadanos, tal como establece la Constitución
española.

Sin embargo, tal vez fuera deseable que, dado el tiempo
transcurrido desde que estas disposiciones fueron dictadas, el
Ministerio de Asuntos Exteriores se planteara su actualización, habida
cuenta del incremento del número de ciudadanos españoles encarcelados
en prisiones extranjeras y, además, sería conveniente, y en ello debe
insistir esta institución una vez más, que el citado departamento
procediera a estudiar el oportuno sistema para que estas órdenes
internas, que en muchos supuestos afectan a derechos de los ciudadanos,
tuvieran la debida publicidad.

3.4.Algunas cuestiones acerca de la televisión
Son frecuentes las quejas que desde diversos puntos de vista
cuestionan los contenidos de la programación de las distintas cadenas
de televisión.

Sería prolijo enumerar aquí los motivos por los que ciudadanos,
organizaciones sociales representativas, asociaciones, etc. acuden al
Defensor del Pueblo, si bien a los efectos que se pretenden destacar en
este informe, se reducen a tres aspectos: publicidad,
contraprogramación y emisión de escenas o mensajes de contenido
inadecuado o perjudicial para la juventud y la infancia.



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Lógicamente, cuando las quejas afectan al contenido de los
programas emitidos por las cadenas de televisión, se hace notar a los
interesados la amplitud e intensidad con que la Constitución protege
los derechos relativos a la libertad de expresión, información y
creación artística, científica y técnica, que en ningún caso puede
estar sometido a tipo alguno de censura previa.

Está claro que los criterios éticos personales o las simples
opiniones estéticas no pueden condicionar, limitar, ni mucho menos
impedir el ejercicio de aquéllos derechos, y por este motivo no se
puede legalmente intervenir en muchas de las quejas que se plantean.

Sin embargo, no es menos cierto que los derechos reconocidos en el
artículo 20 de la Constitución tienen su límite general en el respeto a
los restantes derechos que la Constitución y las leyes reconocen a los
ciudadanos y, de modo más preciso, en el respeto del derecho al honor,
a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y
de la infancia.

En el año 1996 la institución se puso en contacto con el
Ministerio de Fomento, en concreto con la Secretaría General de
Comunicaciones, trasladándole las graves inquietudes de las que es
habitualmente receptora y centrando la correspondiente solicitud de
informe en los tres aspectos ya mencionados de publicidad,
contraprogramación y emisión de contenidos inadecuados e impropios para
los espectadores infantiles y juveniles.

La respuesta recibida confirma lo que es notorio: existe un
incumplimiento frecuente en los aspectos mencionados.

Al Defensor del Pueblo, como bien se puede comprender, le
preocupan de modo especial los efectos negativos de estos
incumplimientos en lo que se refiere a la protección de la juventud y
la infancia, que como se ha visto es uno de los límites expresos y
propios de las libertades de información y de expresión. De hecho,
desde el Estatuto de la Radio y la Televisión, establecido por la Ley
4/1980, de 10 de enero, se configura la protección de la juventud y de
la infancia como uno de los criterios inspiradores que deben orientar
la programación de la radio y la televisión públicas, criterio éste que
se extiende también a las sociedades privadas concesionarias de cadenas
de televisión al establecerlo así expresamente el artículo 3 de la Ley
10/1988, de Televisión Privada.

La televisión está configurada como un servicio público esencial y
no es necesario resaltar aquí la enorme influencia que este medio de
comunicación ejerce en la sociedad con su presencia permanente en
prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana. Tampoco hay que
resaltar aquí el efecto que tiene la televisión y los mensajes que a
través de ella se transmiten en la juventud y la infancia, cuya
protección exige un posicionamiento activo de los sujetos y autoridades
a quienes encomienda esta misión la Constitución y la ley, para
sustituir el déficit de autoprotección que estos colectivos pueden
otorgarse a sí mismos.

La información a la que antes se ha hecho referencia, remitida por
la Secretaría General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento,
además de contrastar la existencia efectiva de incumplimientos deja
entrever que existe un cierto grado de comprensión con las
infracciones, especialmente en lo que afecta a la publicidad, al
situarlas en el escenario de la pugna por la audiencia a la que tan
vivamente están entregadas las distintas cadenas de televisión, tanto
públicas como privadas.

Es cierto que la Secretaría General de Comunicaciones manifiesta
tener una preocupación prioritaria por la emisión de contenidos
impropios en horario de programación infantil y juvenil, aunque como
actuaciones positivas en esta materia tan sólo menciona la formulación
de un requerimiento para que las emisiones se adaptasen a lo dispuesto
en la ley y a la celebración de consultas con responsables de las
distintas cadenas para darles a conocer criterios técnicos para la
interpretación de las normas y «la firme decisión de la Administración
de actuar sin más dilaciones frente a cualquier tipo de acción que
atente notoriamente contra los derechos del menor».

La Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE sobre
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de
radiodifusión televisiva, incide nuevamente en la protección de los
menores frente a la publicidad y frente a la programación prohibiendo
que aquélla contenga imágenes o mensajes que puedan perjudicarles moral
o físicamente y frente a ésta prohibiendo la inclusión de programas,
escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente
el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni los que
fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de
nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier
otra circunstancia personal o social.

Para ello se establecen, en su artículo 16, ciertos límites a los
que deberá someterse la publicidad dirigida a los menores y se prohibe
la emisión de contenidos inadecuados para ellos entre las 6 y las 22
horas de cada día, siendo infracciones muy graves las violaciones de
estos límites cuya sanción corresponde al Consejo de Ministros, previa
instrucción del expediente por parte del Ministerio de Fomento.

No cabe admitir que una «política de persuasión» como la que al
parecer se está manteniendo hasta la fecha hacia las cadenas de
televisión implique una dejación de unas competencias sancionatorias
cuya finalidad es servir de último instrumento de protección a unos
grupos sociales, la juventud y la infancia, carentes de otros
mecanismos de defensa frente a determinadas agresiones.

La persuasión es siempre necesaria, pero de su empleo no deben
derivarse «déficits» de protección ni abandono de los instrumentos
legales que la legislación pone en manos de las autoridades públicas
para corregir los excesos que se produzcan en la prestación de un
servicio calificado de público y esencial para la comunidad.

Es cierto, sin embargo, como afirma la Secretaría General de
Comunicaciones en su informe, que existe un importante problema de
interpretación como consecuencia de la subjetividad que necesariamente
entraña la apreciación de si determinadas imágenes escenas o contenidos
violan las normas de protección al menor. Si a esta dificultad inicial
se añade que la apreciación de si una conducta es o no tipificable como
contraria a la legalidad vigente corresponde


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a un órgano de la Administración, que también en su caso impondrá la
sanción pertinente, se comprende que hasta el momento no esté siendo
eficaz el sistema de control diseñado, al menos desde la perspectiva de
los menores a los que debe protegerse.

Aplicar un régimen sancionador a actividades conexas de un modo
tan inmediato a la libertad de expresión, de información y de creación
plantea dificultades evidentes. Que sea además un órgano de la
Administración, y agente por tanto del poder público, quien deba
aplicarlo, incrementa aún más estas dificultades con el riesgo de
llegar a producir una auténtica parálisis.

La Constitución prohibe de manera expresa la censura previa, y en
esta prohibición no está lejano el recuerdo de tiempos todavía próximos
en los que la libertad de expresión, de información y de creación
estaban severísimamente limitados por los dictados del poder político
imperante. No es, por tanto, arriesgado aventurar que mientras sea la
propia Administración la competente para aplicar el régimen sancionador
en el ámbito de la programación televisiva, se pecará más por defecto
que por exceso y quienes verán debilitada la protección que merecen
serán en último término los menores.

Por estos motivos, se estima que debiera abordarse de manera
inmediata la creación de alguna «autoridad» u «organismo
independiente», desvinculado jerárquicamente de la Administración y
dotado de un alto grado de «auctoritas» en la materia, al que entre
otras competencias que pudieran atribuírsele se le asigne la misión de
aplicar el régimen sancionador previsto en las normas vigentes frente a
las infracciones en materia de protección de la juventud y la infancia
ante las emisiones de televisión.

La idea no es nueva ni original, y al margen de existir en la
práctica de muchos otros países de nuestro entorno, fue aportada ya por
la Comisión Especial sobre los Contenidos Televisivos del Senado creada
mediante acuerdo del Pleno de la Cámara de 17 de noviembre de 1993, la
cual entre sus conclusiones propuso la creación de un «Consejo Superior
de los Medios Audiovisuales» con la finalidad aquí apuntada.

En relación también con la televisión, aunque centrado en el Ente
Público Radiotelevisión Española, se planteó en el ejercicio 1996 por
parte de la Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo, por la
sección española de Amnistía Internacional, por Greenpeace España y por
la Coordinadora de Organizaciones para la Defensa Ambiental, su queja
por la imposibilidad de ejercer el derecho expresamente previsto por el
artículo 24 del Estatuto de Radiodifusión y Televisión, establecido por
la Ley 4/1980, según el cual los grupos sociales y políticos más
significativos deben disponer de espacios en los medios de comunicación
Radiocadena Española, Radio Nacional de España y Televisión Española,
derecho reconocido asimismo en el artículo 20.3 de la Constitución.

Solicitado el pertinente informe, la Dirección General de
Radiotelevisión Española informó en mayo de 1996-- de que el
cumplimiento de lo previsto en los artículos 20.3 de la Constitución
española y 24 del Estatuto de la Radio y la Televisión constituía a esa
fecha uno de los objetivos primordiales de dicha dirección general,
para lo cual se habían «encargado estudios conducentes a conocer el
grado de cumplimiento de los temas a que se refieren estos artículos en
períodos anteriores por parte de RTVE», al tiempo que se estaban
«considerando las fórmulas más adecuadas para darles el más preciso
cumplimiento en un próximo futuro».

Es difícilmente admisible una respuesta de tal ambigüedad cuando
el mandato legal existe desde el año 1980 y el constitucional desde dos
años antes, por ello, se instó nuevamente a la dirección general del
ente público, la cual en un informe reciente puso en conocimiento del
Defensor del Pueblo que el 20 de diciembre de 1996 se había presentado
el asunto ante el Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española, quedándose a la espera de que dicho consejo acordase con la
dirección general la decisión pertinente en los términos previstos en
el Estatuto de la Radio y la Televisión.

En resumen, casi 20 años después de la Constitución y 17 más tarde
de que exista un mandato legal imperativo, no parece que el derecho de
acceso a los medios de comunicación social de los grupos sociales y
políticos, o al menos de algunos sectores de éstos, sea real y
efectivo, motivo éste por el que se ha decidido tratar este asunto en
el presente informe anual.

3.5.Atención residencial a personas con discapacidad
El artículo 49 de la Constitución española encomienda a los
poderes públicos la realización de una política de prevención,
tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con
discapacidad, a quienes prestarán la atención especializada que
requieran y les ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que el título I del texto constitucional reconoce a todos los
ciudadanos. En el marco de este especial amparo a que se refiere este
precepto constitucional, debe contemplarse la actuación del Defensor
del Pueblo para la protección de los derechos de las personas con
discapacidad, que significa asimismo una suerte de compensación del
déficit de garantías constitucionales que se deriva de la ubicación
sistemática de este precepto en el capítulo III del título I.

Desde esta perspectiva, el Defensor del Pueblo ha venido prestando
una atención preferente a las personas con discapacidad, al objeto de
contribuir al reconocimiento y al respeto de sus derechos, para
favorecer así a su plena integración social, la equiparación de
oportunidades de estas personas y, en suma, según los términos del
artículo 9.2. del texto constitucional, su participación en la vida
política, económica, cultural y social.

En este marco, se consideró conveniente realizar un estudio sobre
la atención residencial a personas con discapacidad y otros aspectos
conexos, que venía a unirse a anteriores estudios sobre la atención
residencial a otros segmentos de la población, como son, entre otros,
los referentes a las residencias de la tercera edad, llevado a cabo en
1989, a los centros de protección de reforma de menores, desarrollado
en 1990, y a los centros de salud mental, realizado en 1991.



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Para el desarrollo de este estudio se visitaron a treinta y nueve
establecimientos, tanto de atención residencial, como educativos con
residencia y sanitarios. Más en concreto, dentro de los primeros, las
visitas se realizaron a centros de atención a minusválidos psíquicos, a
centros de atención de minusválidos físicos, a centros de recuperación
de minusválidos físicos y a centros ocupacionales; en cuanto a los
segundos, las visitas incluyeron centros destinados en unos casos a
menores con discapacidad física, en otros a menores con discapacidad
sensorial y, por último, a todo tipo de minusvalías; respecto de los
centros sanitarios, se visitaron servicios de pediatría y de
rehabilitación en hospitales generales, hospitales infantiles y centros
específicos de rehabilitación.

Con independencia de ello, el estudio se extendió con carácter
complementario a otros tres aspectos. El primero de ellos atañe a la
actuación de las oficinas de empleo en relación con los trabajadores
minusválidos demandantes de empleo, dado el carácter transcendental de
la integración laboral dentro de la intervención administrativa en
favor de las personas con discapacidad; el segundo se refiere a la
eliminación de las barreras urbanísticas, arquitectónicas, del
transporte y de la comunicación, aspecto no menos crucial para lograr
una vida independiente y la equiparación de oportunidades de las
personas con discapacidad; por fin, el último de estos tres aspectos
hace referencia a los menores discapacitados y, de modo específico, a
quienes precisan una mayor protección por parte de la Administración y
se encuentran tutelados o bajo la guarda de la entidad pública
competente.

Sin perjuicio de que en los diversos apartados de este informe se
haga referencia específica a las conclusiones obtenidas respecto de los
diversos aspectos estudiados, es menester aludir ahora, por su
trascendencia, a un problema que afecta a los derechos fundamentales no
solo de las personas con discapacidad, sino de otras personas atendidas
en centros de internamiento de naturaleza sanitaria o social, como es
la ausencia de una regulación que garantice suficientemente los
derechos fundamentales de los usuarios y las eventuales restricciones
de los mismos que sean necesarias para la protección de su vida, de su
salud o de su integridad física.

En efecto, las visitas realizadas a los centros en que son
atendidas, en régimen de internamiento, las personas con discapacidad
y, de modo específico, las afectadas por deficiencia mental, han
permitido constatar que, en determinados casos, se desconocen los
derechos fundamentales de estas personas. Así, ha podido comprobarse
que, en la mayoría de los establecimientos, los ingresos se producen a
solicitud de los padres o tutores, sin que, en los casos en que dichas
personas no pueden prestar por sí mismas el consentimiento, se solicite
la previa autorización judicial, conforme a lo establecido en los
artículos 211 y 271.1 del Código Civil. Por otra parte, de los datos
obtenidos en los centros visitados, se desprende que los padres o
tutores pueden prohibir la entrada de los residentes, pudiendo llegar
así a recluirles en los establecimientos y resultando también posible,
como de hecho sucede en ocasiones, que los padres prohiban determinadas
visitas a sus hijos mayores de edad, sin que esta restricción esté
avalada por la autoridad judicial. En cuanto a las comunicaciones
postales, si bien los usuarios, por sus condiciones, suelen recibir
poca correspondencia, en usual que esta se le lea por otra persona, lo
que se realiza, en algunos casos, sin la previa solicitud del
interesado, lo que puede ofrecer aspectos problemáticos en orden al
respeto del artículo 18 de la Constitución. Por otra parte, en la
mayoría de los centros visitados existen salas de aislamiento,
habiéndose constatado asimismo la utilización, en algunos
establecimientos, de medios mecánicos de contención, sin que la
utilización de uno y otro medio, además de no estar sometida a una
actuación protocolizada por escrito, se comunique a la autoridad
judicial.

Estas circunstancias, son predicables, conforme a las actuaciones
que esta institución viene realizando desde hace varios años, no solo a
los centros de atención residencial a personas con deficiencia mental,
sino también a otros centros de internamiento, como son hospitales
psiquiátricos y residencias para la tercera edad. Debe recordarse, a
este respecto, que la Fiscalía General del Estado, en su instrucción nº
3/1990, de 7 de mayo, sobre régimen jurídico que debe regir para el
ingreso de personas en residencias de la tercera edad --en la que se
cita precisamente el estudio del Defensor del Pueblo sobre las
residencias públicas y privadas destinadas a este segmento de la
población--, señalaba que se venían observando graves y generalizadas
irregularidades en los ingresos en estos establecimientos,
especialmente en los centros en régimen de internado. Más en concreto,
la Fiscalía General señalaba que era usual que los ingresos fueran
convenidos entre los familiares del interno y el centro, llegando
incluso a pactarse el régimen del internamiento y restringiéndose o
excluyéndose la libertad personal, al convenirse el régimen de visitas,
salidas al exterior e incluso comunicaciones telefónicas o postales, lo
que podía ser gravemente atentatorio a derechos fundamentales básicos.

En esta instrucción, la Fiscalía General del Estado indicaba,
asimismo, que esta práctica venía amparándose muchas veces en la
imposibilidad de la persona internada para prestar su consentimiento en
condiciones de validez jurídica, por encontrarse afectado de enfermedad
psíquica. Por ello, recordaba que es el propio residente quien debe
contratar con el centro las condiciones y servicios a prestar, sin que
pudieran imponérsele más restricciones que las derivadas del reglamento
de régimen interior, que debería ser aprobado por la autoridad
administrativa competente, y de las exigidas por el respeto mutuo que
requiere la convivencia con otras personas.

Expresaba también la Fiscalía General del Estado que, en caso de
enfermedad o deficiencia que impidiera prestar el consentimiento,
conforme a lo previsto en el artículo 211 del Código Civil, debería
recabarse preceptivamente la autorización judicial, siendo a ésta a
quien corresponde examinar si las condiciones del ingreso son o no
ajustadas a la legalidad y, en su caso, autorizar las restricciones que
sean imprescindibles para la protección de la salud, integridad física
o vida del internado.

Se refería, por último, la Fiscalía General del Estado a que, en
el caso de las personas incapacitadas, el tutor también


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debía solicitar la autorización judicial en estos casos, ya que la
relación de establecimientos recogida en el artículo 271.1 del Código
Civil no podía considerarse como exhaustiva, debiendo entenderse
referida a los centros de internamiento de cualquier clase, puesto que
el fundamento del precepto consiste en impedir que el tutor pueda
disponer de la libertad individual del tutelado, aún cuando resulte
aconsejable por criterio médico.

Debe añadirse que, según el criterio de esta institución, la
modificación del artículo 211 del Código Civil, operada por medio de la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, no autoriza a desconocer los
trámites previstos en dicho precepto en los internamientos en centros
destinados a la atención a personas con deficiencia mental o de la
tercera edad, por cuanto la mención al «internamiento por razón de
trastorno psíquico» no puede entenderse referida en exclusiva a los
centros de naturaleza sanitaria, dirigidos a la atención de la salud
mental, sino que, conforme al sentido cabal del precepto, ha de
entenderse que éste abarca a todo internamiento de una persona que, por
su condición psíquica, no esté en condiciones de prestar por si misma
el consentimiento. A esta interpretación, en efecto, aboca el genuino
sentido de lo dispuesto en el artículo 211 del Código Civil, que no es
otro que garantizar que una atención a través de una modalidad que
implica la privación de un derecho fundamental, como es la libertad
personal, se lleve a efecto mediante la intervención judicial, cuando
el propio interesado no está en condiciones de decidir por si mismo.

Una línea hermenéutica en otro sentido llevaría a introducir una
diferencia, carente de toda lógica, en función del tipo de centro,
aunque la situación psíquica de las personas atendidas en unos y en
otros establecimientos fuera idéntica. Lo decisivo, en consecuencia, no
ha de ser la modalidad del centro, sino, como parece razonable, la
condición psíquica de cada persona. De todo ello, puede concluirse que,
tras la modificación del artículo 211 del Código Civil, las
conclusiones a las que llegaba la Fiscalía General del Estado en la
repetida instrucción, en cuanto a la aplicación de dicho precepto a
todo tipo de centros de internamiento, son plenamente vigentes.

Pues bien, las visitas realizadas a los centros de atención, en
régimen de internamiento, a personas con discapacidad psíquica, en el
marco del estudio sobre atención residencial a personas con
discapacidad y otros aspectos conexos, han permitido constatar la
persistencia de la situación que en el año 1990 había aconsejado a la
Fiscalía General del Estado dictar la instrucción antes citada.

Esta situación es debida, entre otras causas, como antes se ha
avanzado, a la inexistencia de una regulación que garantice los
derechos fundamentales de los usuarios de estos centros y contemple la
forma en que estos derechos pueden restringirse en los casos en que
ello sea inevitable, por ser necesario para proteger la vida, la salud
o la integridad física de las personas atendidas. Esta circunstancia,
por cierto, contrasta con lo que sucede respecto de los centros de
internamiento de otra naturaleza, como son los establecimientos
penitenciarios, cuyo régimen está regulado por la Ley Orgánica 1/1989,
de 26 de septiembre. Por ello, no es osado aseverar que, desde esta
perspectiva, los derechos de los usuarios de los centros de
internamiento de naturaleza psiquiátrica o social se encuentran
garantizados en menor medida que los derechos de los internos en
centros penitenciarios.

Como conclusión de todo ello, esta institución, tal y como se
expresó en el referido estudio sobre la atención residencial a personas
con discapacidad y otros aspectos conexos, considera que sería
conveniente que, por medio de la correspondiente norma legal, se
regulase el régimen de los centros de internamiento, tales como
establecimientos psiquiátricos, centros de atención a minusválidos
psíquicos y otros similares, en aquellos aspectos que puedan implicar
restricciones o privaciones de la libertad personal o de otros derechos
fundamentales, como son los relativos a los ingresos, las salidas, las
visitas, la utilización de salas de aislamiento, el uso de medios
mecánicos de contención y las comunicaciones telefónicas y postales.

3.6.Modificaciones producidas en la tributación por el impuesto sobre
la renta de las personas físicas que afectan a familias con hijos
discapacitados a cargo
Los padres con hijos discapacitados venían obligados a incluir
como rendimientos del trabajo, a efectos del impuesto sobre la renta de
las personas físicas, las prestaciones familiares por hijo a cargo de
las que son beneficiarios en virtud de lo previsto en los artículos 180
y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en
el Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo, de conformidad con lo que
establece el artículo 25 g) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al tratarse de
pensiones, sin que se considerase quien es el sujeto que había generado
el derecho a su percepción. Asimismo, a estos ciudadanos no se les
permitía presentar declaración conjunta con sus hijos mayores de edad,
declarados incapaces judicialmente.

En lo que se refiere al primer problema se consideró que, además
de las indudables dificultades que para las familias que tienen
personas disminuidas a su cargo suponen su cuidado y educación, ello
conlleva gastos específicos y podría darse la circunstancia de que las
consecuencias fiscales de la citada normativa llegasen a anular los
beneficios de dichos ingresos.

En cuanto a la segunda cuestión, hay que tener en cuenta que, una
vez que los mayores de edad son declarados incapaces judicialmente y se
prorroga la patria potestad, las obligaciones de los padres para con
los hijos son las mismas que cuando son menores, por lo que parece
lógico que, a efectos del citado impuesto, pudiesen formar parte de la
unidad familiar.

En consecuencia, se recomendó a la Dirección General de Tributos
que se estudiara la posibilidad de modificar la normativa fiscal que
afecta a las prestaciones económicas por hijo a cargo, y que se
ampliara la interpretación del concepto de menor integrante de la
unidad familiar que regula el artículo 87 de la Ley 18/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de forma
que incluyera a los incapacitados judicialmente sujetos a patria
potestad prorrogada.



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El citado centro directivo aceptó parcialmente esta recomendación,
manifestando su disponibilidad para la modificación del tratamiento
tributario en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de
estas prestaciones económicas por hijo a cargo. Sin embargo,
consideraba que no resultaba posible una interpretación extensiva del
artículo 87 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas .

La institución dirigió al Ministerio de Economía y Hacienda la
recomendación de que se modificase el citado artículo 87, de forma que,
explícitamente, incluyese la posibilidad de que los mayores de edad
declarados incapaces judicialmente, y sujetos a patria potestad
prorrogada, pudieran ser considerados como menores a efectos de la
unidad familiar. Igualmente, se solicitó información sobre la
modificación normativa del tratamiento fiscal de las prestaciones
económicas por hijo a cargo.

El citado departamento comunicó la aceptación de esta
recomendación y las modificaciones propuestas han quedado incluidas en
los artículos 14 y 3, respectivamente, de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de
forma que con efectos a partir del día 1 de enero de 1997 se añade una
nueva letra n) al apartado 1 del artículo 9 de la Ley 18/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que dispone
que se considerarán rentas exentas: «Las prestaciones familiares por
hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del título II del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio».

Igualmente, el artículo 3 de la citada Ley 13/1996, con efectos
del día 1 de enero de 1997, añade una letra b) al apartado 1.º del
artículo 87 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, que contempla que «los hijos mayores de
edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada»
constituyen con sus padres una modalidad de unidad familiar, junto a
los restantes hijos menores, si los hubiere.

3.7.Líneas de alta tensión
Desde 1994, vienen formulándose ante esta institución una serie de
quejas que, planteando cuestiones diversas y estando referidas a
ámbitos geográficos distintos, tienen al menos dos notas en común: la
denuncia de la proximidad de líneas de alta tensión a núcleos
residenciales --viviendas, centros escolares, etc.,-- y la de estar
formuladas, en la casi totalidad de los casos, en nombre de colectivos
y asociaciones vecinales cuya preocupación esencial radica en los
posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos generados por
las líneas de alta tensión sobre la salud de las personas.

Obviamente no es este el único, ni siquiera quizá, el principal
interrogante que plantea hoy la explotación del sistema eléctrico en
sus fases de generación, transporte y distribución de energía, pero es
sin duda, al menos por el número y contenido de las quejas recibidas en
esta institución, uno de los que suscita mayor inquietud en la
ciudadanía.

Desde un punto de vista científico la cuestión planteada estriba
en saber si la radiación no ionizante proveniente de los campos
electromagnéticos generados por líneas de alta tensión es perjudicial
para la salud de las personas; y si la respuesta es afirmativa, en qué
medida y cuales son las providencias de orden técnico que deberían
adoptarse para evitar que los habitantes de entornos residenciales se
vean expuestos a sus efectos.

En un plano jurídico, al que remite el científico, la cuestión
estriba en determinar si el ordenamiento vigente, --especialmente el
eléctrico pero también el urbanístico--, se cumple efectivamente; esto
es, si el tendido de líneas y la construcción de viviendas, cuando
existe una cierta proximidad entre ambas, se ha ajustado, tanto en uno
como en otro caso a la legalidad.

Pero más allá de estas cuestiones, el problema fundamental que se
plantea es el de si el ordenamiento eléctrico actual, a la vez vigente
y en estado de transición, tanto por motivos de racionalidad técnica
como de interconexión económica y de integración en la Unión Europea,
responde, desde la perspectiva enunciada de posible colisión existente
entre ejecución de la red de líneas de alta tensión y creación de
nuevas zonas residenciales, a las demandas sociales de una mayor
separación física entre unos y otros.

El problema enunciado se complica si se tiene en cuenta que el
transporte de energía eléctrica a través de líneas de alta tensión
genera la concurrencia de títulos competenciales de los tres escalones
administrativos territoriales --estatal, autonómico y local-- sobre el
mismo espacio y realidad física e, incluso, la distribución de la
materia --transporte de energía, urbanismo, protección del medio
ambiente-- entre administraciones cuyas potestades tienen diverso
alcance. A ello hay que añadir que el ordenamiento eléctrico, sujeto al
ya referido proceso de mutación, genera, por esta razón, una cierta
indeterminación de los preceptos que al día de hoy son aplicables y se
compone de normas como el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión,
cuya antigüedad de casi treinta años, choca con un ordenamiento en
plena remodelación.

Volviendo al primero de los planos aludidos, esto es, el de los
efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud, debe decirse
con carácter previo que toda reflexión al respecto debe apoyarse en el
estado científico de la cuestión, cuyo balance se expresará del modo
más objetivo posible.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como diversos países de
nuestro entorno han aprobado una serie de recomendaciones sobre los
límites de intensidad de campo eléctrico y magnético a soportar por los
seres humanos. Esta cuestión ha sido también abordada por el Parlamento
Europeo que en su resolución A3-02 38/94, de 5 de mayo, sobre la lucha
contra los efectos nocivos provocados por las radiaciones no ionizantes
considera imprescindible optimizar la exposición humana a las
radiaciones electromagnéticas dada la sospecha de que pueden provocar
un incremento de los casos de cáncer. Para ello pide a la Comisión que
proponga medidas y reglamentaciones para limitar la referida exposición
y aconseja el establecimiento de pasillos eléctricos dentro de los que
debe quedar


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excluida cualquier actividad permanente incluidas las viviendas.

Como no podía ser menos, la resolución parcialmente transcrita no
establece la anchura mínima de los pasillos para transporte de energía
eléctrica, puesto que la determinación de qué densidad de potencia y,
en función de la misma, la distancia a la que deben situarse las
viviendas respecto del eje de una línea de alta tensión no está
científicamente establecida, al menos de modo concluyente. Pero lo
verdaderamente importante reside en que, dado el posible riesgo para la
salud de los campos electromagnéticos, un elemental sentido de la
prevención exige establecer los mecanismos adecuados --pasillos u
otros-- que de conformidad con el estado actual de las investigaciones
reduzcan a su mínima expresión la radiación que en la actualidad
padecen las personas por efecto del trazado de líneas de alta tensión.

De lo expuesto se infiere que esta institución no avala ninguna
tesis sobre el efecto nocivo de las líneas de alta tensión sobre la
salud de las personas, pero basta que la comunidad científica admita
como hipótesis razonable tal posibilidad, para que el principio de
prevención que se halla en la base de la protección de la salud como
bien constitucionalmente protegido en el artículo 43.2 de la
Constitución, --principio que también fundamenta la resolución del
Parlamento Europeo antes aludida--, reclame una intervención al
respecto.

La cuestión ahora, por tanto, es determinar si el ordenamiento
eléctrico español, específicamente en lo referido al transporte de
energía a través de líneas de alta tensión, responde a ese principio de
cautela.

Afirmado que el principio de prevención o cautela debe informar la
actuación de los poderes públicos en lo referido al transporte aéreo de
energía por conductores de alta tensión, su contraste con nuestro
ordenamiento jurídico definido por la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional y el Reglamento de Líneas de Alta Tensión arroja el
siguiente balance:

-- La ejecución de viviendas y construcciones debajo del eje de
líneas de alta tensión siempre que se respeten las distancias de
seguridad estimadas por el Reglamento de 4 y 5 metros, según los casos
--distancias que no son absolutamente preceptivas en la proyección
horizontal de la línea-- no puede considerarse contraria a Derecho. Las
licencias que se soliciten al respecto deberán ser otorgadas, salvo que
desde otro sector del ordenamiento, concretamente, desde los planes
urbanísticos se establezcan otras limitaciones.

-- Solo existe una prohibición absoluta de constituir servidumbres
de paso aéreo sobre edificios ya existentes, sus patios y corrales,
centros escolares, campos e instalaciones deportivos cerrados y
jardines y huertos cerrados anejos a viviendas cuya extensión sea
inferior a media hectárea. Esta última limitación no existe ni en
proyección vertical ni horizontal respecto del límite exterior de la
propiedad.

Tras la enunciación de este balance, surge, al menos,
aparentemente, la siguiente paradoja: una línea de alta tensión no
puede volar sobre una edificación existente, y sin embargo sí se puede
construir debajo de una línea de alta tensión siempre que se respeten
las distancias mínimas de seguridad antes aludidas.

Puede afirmarse en conclusión que el vigente Reglamento de Líneas
de Alta Tensión no responde al principio de cautela exigible por razón
de los potenciales efectos nocivos sobre la salud de las personas
causados por los campos electromagnéticos de los conductores por lo que
su modificación resulta inaplazable.

Desde la perspectiva del medio ambiente, debe ahora recordarse la
resolución ya citada del Parlamento Europeo, cuyo punto quinto
considera que cualquier proyecto de instalación de líneas de alta
tensión debe ser sometido al trámite de evaluación de impacto ambiental
y solicita de la Comisión que prevea dicha obligación en su próxima
propuesta de modificación de la Directiva 85/337/CEE. La transposición
efectuada de esa Directiva ha dado lugar a que ni el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, ni su Reglamento ejecutivo aprobado por Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, recojan la obligación citada. Por el
contrario, algunas comunidades autónomas como la de las Islas Baleares,
Canarias, Cantabria, Extremadura, Castilla y León y Valencia, entre
otras, sí han establecido, al amparo de su competencia en materia de
protección del medio ambiente, la necesidad de someter a evaluación,
estimación o calificación ambiental los proyectos de instalación de
líneas en general de tensión nominal o superior a 66 Kv.

Considera, por tanto esta institución, que la evaluación de
impacto debe exigirse con carácter básico respecto de la autorización
de toda línea, sea cual sea la Administración que deba autorizarla,
cuando su tensión sea igual o superior al menos a los 220 Kv. La
referencia a esta tensión viene determinada precisamente por la mayoría
de los estudios realizados sobre el efecto de las líneas de alta
tensión sobre la salud.

En el plano urbanístico y más concretamente en el del otorgamiento
municipal de las licencias de edificación es donde se ha producido un
mayor grado de conflictividad. Así, de una parte los ciudadanos se
preguntan por la legalidad de las licencias otorgadas por los
ayuntamientos a los promotores de viviendas ubicadas debajo o en las
proximidades de líneas de alta tensión, conociendo sus potenciales
efectos sobre la salud. De otra los ayuntamientos defienden, en
síntesis los siguientes planteamientos: que la línea en cuestión es
anterior a la construcción, por lo que no es aplicable la prohibición
establecida en el artículo 25 Reglamento de Expropiación Forzosa y
Sanciones y artículo 56 de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional; que la licencia de edificación es un acto reglado de obligado
cumplimiento si la edificación se ajusta a la normativa urbanística
aplicable; que las edificaciones próximas a líneas de alta tensión
cumplen las distancias de seguridad previstas en el Reglamento de
Líneas de Alta Tensión; y, en fin, que los efectos sobre la salud de
los campos electromagnéticos son controvertidos.

Sin que ninguna de estas manifestaciones sea en el terreno de la
dogmática jurídica incorrecta, la posición mantenida por la mayoría de
los municipios en las quejas formuladas requiere alguna puntualización.



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Es cierto que en la mayoría de los casos la línea ha sido
ejecutada con anterioridad al fenómeno de la urbanización, pero también
es cierto que los instrumentos de planeamiento tradicionalmente han
soslayado la cuestión del trazado de líneas de alta tensión por las
urbanizaciones, actitud que si bien era explicable en el pasado, deja
de serlo en la actualidad de acuerdo con el principio de prevención
antes señalado, máxime teniendo en cuenta que la protección de la
salubridad pública es una de las competencias propias del municipio,
según dispone el artículo 25.2.h. de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Es cierto, igualmente, que la licencia de edificación constituye
un acto reglado, pero también lo es que la licencia o autorización de
una línea de alta tensión requiere la intervención municipal. Así se
desprende del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre Autorización
de Instalaciones Eléctricas --hoy derogado por la Ley de Ordenación del
Sistema Eléctrico Nacional-- al reconocer en sus artículos quinto y
décimoquinto la competencia municipal en la autorización de líneas,
cuyo trazado deberá acomodarse en el interior de poblaciones y zonas de
ensanche ya aprobadas a las condiciones establecidas en los planes
generales de ordenación urbana y ordenanzas municipales.

Y es precisamente aquí donde cobra significación la queja de la
ciudadanía, puesto que de la misma manera que el antiguo Reglamento de
Expropiación Forzosa y Sanciones prohibía el vuelo de líneas de alta
tensión sobre edificaciones existentes, los planes y ordenanzas
municipales podían y seguramente debían, por razón de su competencia
urbanística, haber establecido sus propias limitaciones al trazado de
líneas en el interior de sus poblaciones y zonas de ensanche, por lo
que la alegación municipal de cumplimiento de las distancias de
seguridad enmascara, en cierta forma, la omisión en el ejercicio de una
competencia propia.

Es cierto finalmente que los efectos sobre la salud de los campos
generados por el transporte de energía a través de las líneas de alta
tensión son controvertidos, pero no lo es menos que el tantas veces
reiterado principio de cautela exige la inmediata adopción de medidas
al respecto.

Del conjunto de consideraciones expuestas deriva una situación que
al día de hoy no puede considerarse satisfactoria, aún cuando la
responsabilidad no pueda hacerse recaer sobre un único sujeto. Es
evidente que la normativa estatal sobre autorización y condiciones de
seguridad de líneas de alta tensión, cuya regulación procede de los
años sesenta, no responde a las nuevas exigencias sociales, pero,
precisamente por ello, es insoslayable el desarrollo reglamentario de
la Ley, que resuelva para el futuro los problemas enunciados en este
escrito. Es igualmente patente que algunas comunidades autónomas no han
incorporado al trámite de evaluación de impacto los proyectos de
ejecución de líneas de alta tensión, pero también lo es que ni la
directiva europea reguladora de la materia ni el derecho estatal de
transposición han establecido para tales proyectos la necesidad de
sometimiento al citado trámite. Es posible a su vez que en algunos
casos se hayan autorizado líneas de alta tensión en contravención
incluso con la legislación vigente, pero esta institución no ha podido
constatar hasta ahora, ningún caso concreto.

Es asimismo cierto que los diversos instrumentos de ordenación y
planeamiento podían haber establecido mecanismos para evitar la
proximidad de líneas de alta tensión a zonas residenciales,
industriales o de servicios, pero no lo es menos que la percepción de
la necesidad de su alejamiento, tanto por razones de prevención de la
salud como por exigencias de una digna calidad de vida es de rigurosa
actualidad.

Finalmente, también debe convenirse que muchos ciudadanos han
adquirido sus viviendas en las proximidades o incluso debajo de líneas
de alta tensión, pero de ello no puede derivarse ningún tipo de
imputación ni responsabilidad para los mismos: en primer lugar porque
la percepción de los riesgos potenciales sobre la salud son muy
recientes; en segundo lugar porque el mercado de la vivienda es lo
suficientemente rígido como para que un ciudadano no pueda elegir en
algunos casos donde desea vivir. Finalmente porque la opción ciudadana
por vivir en la proximidad de una línea de alta tensión no suprime la
obligación de todos los poderes públicos de velar por la salud pública
a través incluso de medidas preventivas.

Parece claro que la solución de futuro está en que el Estado, en
el ejercicio de sus competencias, modifique la actual reglamentación
sobre líneas de alta tensión, desarrollando la vigente Ley de
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional; que tanto Estado como
comunidades autónomas sometan, en función de sus respectivas
competencias, los proyectos de líneas de alta tensión al trámite de
evaluación de impacto ambiental; y que las comunidades autónomas y los
municipios, en virtud de sus competencias en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, dediquen atención suficiente al problema.

Ahora bien, con la adopción de nuevas normas que presten atención
a la red de alta tensión, el panorama hoy existente de líneas de alta
tensión surcando zonas urbanas persistiría y también, por tanto, el
problema subyacente aquí descrito.

Desde la perspectiva de esta institución, la salud pública, es un
bien constitucional de carácter prioritario cuya efectiva protección,
aún a título preventivo o de cautela, no puede quedar al albur de una
negociación --muy meritoria en los casos en que se ha producido-- entre
las compañías eléctricas, comunidades autónomas, ayuntamientos y
afectados, sino que debe abordarse desde una perspectiva global.

El instrumento adecuado para llevar a cabo tal empresa, a juicio
de esta institución, es la planificación eléctrica, a la que el
artículo 4.1 de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional
atribuye, según un criterio de participación de las comunidades
autónomas con el Estado, la protección del medio ambiente y de los
derechos de los consumidores y usuarios. Tal planificación --el vigente
Plan Eléctrico Nacional concluye dentro de poco más de tres años-- será
sometida al Congreso de los Diputados y preceptivamente tenida en
cuenta por los diversos instrumentos de ordenación urbanística.

En ella tiene una importancia capital la Comisión del Sistema
Eléctrico Nacional, órgano consultivo de la Administración


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eléctrica con funciones de propuesta e informe y asesorado a su vez por
un Consejo consultivo integrado por representantes de las diferentes
comunidades autónomas, de las compañías del sector eléctrico y de los
consumidores y usuarios, además de los propios de la Administración
General del Estado.

A juicio de esta institución, la modificación del ordenamiento
eléctrico en los puntos descritos, la supresión de líneas de alta
tensión en entornos residenciales como objetivo programado en el futuro
plan, y, por ende, la definición de los términos y límites en que ambos
proyectos deben ser llevados a cabo, requiere la participación efectiva
de todos los sectores afectados.

Sobre la base de estas consideraciones, esta institución ha
formulado una recomendación al Ministerio de Industria y Energía
dirigida a la modificación de la reglamentación de las líneas de alta
tensión que asegure la creación de pasillos eléctricos excluyentes de
cualquier actividad humana permanente, y la inclusión entre los
objetivos del próximo Plan Energético Nacional, de la supresión de
líneas de alta tensión ya existentes en zonas residenciales.

3.8.Las notificaciones en materia de tráfico
A lo largo de 1996 se han presentado numerosas quejas relacionadas
con el tráfico urbano en las que se exponían diversos defectos
procedimentales, entre los que sobresalen los relativos a las
notificaciones.

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, la denuncia de tráfico formulada por los agentes es
también escrito de iniciación del procedimiento sancionador, por lo que
el denunciado en ese mismo momento adquiere la condición de
«interesado» en el sentido previsto por el artículo 31.1. b) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo ser, por tal razón, notificado y, además en el acto, en virtud
de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento ya citado, en la
línea establecida por el artículo 77 de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Sin embargo, esa regla de carácter general resulta habitualmente
la excepción, ya que de ordinario la notificación se realiza con
posterioridad al momento en que se cometió la infracción, iniciándose a
partir de su recibo por el interesado el plazo de quince días para
alegaciones, según se deduce del artículo 12.1 del Reglamento citado.

Este tipo de notificaciones posteriores a la comisión de la
infracción es precisamente el que ha dado lugar a mayor número de
quejas de los ciudadanos, que han denunciado toda clase de
irregularidades, algunas de las cuales son de tal entidad que
indudablemente causan la nulidad de las actuaciones.

Para que dichas notificaciones puedan llevarse a cabo es preciso
que la administración competente conozca tanto la identidad como el
domicilio del presunto infractor, si bien se ha podido constatar que
existe una inadecuada actualización de las bases de datos que utilizan
los ayuntamientos, ya que, en ocasiones, se remiten esas notificaciones
a quienes ya no eran los titulares de los vehículos cuando se cometió
la infracción.

Por tanto, a la vista de que se estaba produciendo disfunciones
derivadas de una cierta descoordinación entre algunos ayuntamientos y
las jefaturas provinciales de tráfico, formulamos una sugerencia a la
Dirección General de Tráfico --que ha sido aceptada-- relativa al envío
a tales entidades locales de las cintas magnéticas y demás documentos
en los que figuran las altas, bajas y alteraciones de la titularidad de
los vehículos, con una frecuencia mayor a la que se venía haciendo.

Igualmente, esta institución ha considerado oportuno sugerirle que
propusiera una modificación en los actuales artículos 242 y siguientes
del Código de Circulación para que, además de obligar a los titulares
de los vehículos a notificar las altas, bajas, transferencias y cambios
de domicilio a las jefaturas provinciales de tráfico, igualmente se
dispusiera que por estos órganos se comunicasen a los ayuntamientos de
su residencia dichas alteraciones de forma inmediata y con carácter
automático con el fin de que tengan actualizadas sus bases de datos.

En otras ocasiones, para conseguir la identidad de los presuntos
infractores, varios ayuntamientos han exigido a los titulares de los
vehículos denunciados un mayor número de datos, relativos todos ellos a
los conductores responsables, exigencia que a veces es de difícil --o
imposible-- cumplimentación: Documento Nacional de Identidad del
conductor que presuntamente cometió la infracción, el número de su
permiso de conducir, un documento acreditativo del cambio de la
titularidad del vehículo expedido por la Jefatura Provincial de
Tráfico, etc., incluso algunos ayuntamientos han llegado a notificar a
los titulares de los vehículos la imposición de sanciones como autores
de una falta grave por el incumplimiento de su deber de identificar al
conductor responsable de la infracción (impuesto por el artículo 72.3
de la LSV), siendo que habían facilitado en tiempo y forma los datos
requeridos, lo que demuestra el excesivo automatismo que se observa en
la tramitación de estos expedientes sancionadores.

En otras ocasiones, el desconocimiento por parte de los
ayuntamientos de los domicilios habitados por los propietarios de los
vehículos y de los conductores en el momento de cometerse la infracción
da lugar a un aumento en la duración de la tramitación de los
expedientes sancionadores, produciéndose con frecuencia la caducidad de
los mismos si los interesados aprovechan al máximo los plazos que se
les otorgan en la normativa actual, en aplicación de lo establecido en
el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A este respecto, esta institución se ha pronunciado sobre la
necesidad de que se arbitren medidas en orden a la constante
actualización de los domicilios que figuran en las bases de datos de
los ayuntamientos y para que se modifique la normativa ahora vigente
con el fin de que, sin menoscabar las garantías jurídicas que asisten a
los presuntos


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infractores, los ayuntamientos puedan ejercer su potestad sancionadora
sin las actitudes dilatorias o entorpecedoras de los interesados con
ocasión de la práctica de las notificaciones.

De otra parte, se han presentado quejas en las que se pone de
manifiesto el incumplimiento del requisito de la identificación del
receptor de la notificación, ya que algunos ayuntamientos han dado por
correctamente efectuadas aquellas en las que solo figura una firma
ilegible en los denominados «libros de cartero» que aportan los
funcionarios del Servicio de Correos como documentos acreditativos de
que la misma se ha practicado.

Como quiera que la no observancia de los trámites que están
establecidos en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992 puede conllevar un
perjuicio para los interesados (el cual se puede incrementar en el
ámbito sancionador con la posible lesión de su derecho a defenderse),
esta institución ha recomendado a algún ayuntamiento y a la Dirección
General del Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos que en las
notificaciones recepcionadas por personas distintas de los interesados
se observe el más escrupuloso cumplimiento de todos esos requisitos
exigidos, entre los que están la plena identificación de la persona que
las recibe, es decir, con su nombre y dos apellidos así como con su
D.N.I., con el fin de que no se produzca la infracción del interesado.

Otro grupo de quejas hacen referencia a la continuación de los
procedimientos cuando las notificaciones son rehusadas en los
domicilios de los interesados por cualquier persona que se halle en los
mismos en el momento de su entrega.

En relación a esta cuestión, el Defensor del Pueblo ha sostenido
el criterio de que no puede considerarse como correctamente efectuada
la notificación si quien la rehusa no es el propio interesado o su
representante, que son los supuestos expresamente contemplados en el
artículo 59.3 de la Ley 30/1992, no siendo posible una interpretación
extensiva en sede de procedimiento sancionador.

De ahí que en esas quejas el Defensor del Pueblo haya recomendado
a los ayuntamientos que cuando sean otros los que rechacen la
notificación, se haga constar tal circunstancia en el expediente y, en
vez de tener por efectuado el trámite y seguirse el procedimiento sin
más, se acuda, conforme a lo establecido en el apartado 4 del ya citado
artículo 59 de la Ley 30/1992, a la notificación por edictos en el
tablón de anuncios de los ayuntamientos de los últimos domicilios de
los interesados y en los boletines oficiales correspondientes, sin
perjuicio de la valoración que merezca la eficacia de esta medida.

Otros problemas relativos a las notificaciones se han puesto de
manifiesto en algunas quejas que han denunciado la realización de su
práctica por una empresa privada con la que había contratado el
ayuntamiento.

En relación con las mismas, esta institución inició una
investigación tendente a analizar los distintos aspectos del asunto,
algunos de ellos de especial trascendencia básicamente por el riesgo
potencial de que las garantías jurídicas de los ciudadanos quedaran
afectadas por la práctica real de las notificaciones, aunque también
por las innegables consecuencias negativas de orden económico derivadas
de dicha actuación, dado que aquellos habían denunciado la existencia
de ambigüedad y confusión en el contrato suscrito, así como la
existencia de una subcontratación irregular.

Por todo ello, a lo largo de los distintos trámites llevados a
cabo, esta institución ha manifestado la necesidad de atenerse al
estricto cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 1 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, insistiéndose en que debe acreditarse correctamente tanto la
recepción de la notificación como las circunstancias del intento en el
caso de ausencia de personas en el domicilio o rechazo de la
notificación.

Además de lo anteriormente expuesto, y en relación con el mismo
asunto, esta institución se ha interesado por conocer los mecanismos
con que contaba la Administración actuante para evitar que la empresa
privada contratada hiciera un uso indebido de los datos relativos a la
identidad y domicilios de los titulares de los vehículos o de los
conductores que les fueran facilitados, así como las medidas de control
establecidas para asegurar, en todo momento, el fiel cumplimiento por
parte de la empresa adjudicataria tanto de las disposiciones contenidas
en el contrato como del resto de la normativa que regula esta materia,
continuándose la tramitación en el momento actual.

Todos estos problemas que se han examinado en relación con la
notificación de las denuncias se pueden reproducir cuando se notifican
las propuestas de resolución o las resoluciones que se dictan en los
expedientes sancionadores. De ahí que muchas infracciones de tráfico se
queden sin sancionar, por haberse producido bien la prescripción de la
infracción, según se ha indicado antes, bien la caducidad del
procedimiento.

Para finalizar se ha de hacer referencia a las quejas que se han
presentado por la existencia de deficiencias en los impresos que
algunos ayuntamientos utilizan para notificar tanto las denuncias como
las resoluciones recaídas y que afectaban a tres ámbitos diferentes: a)
al contenido de la resolución dictada; b) a la información de los
recursos que se podían interponer y c) a la falta de observancia de los
requisitos formales preceptivos, incumpliéndose así la normativa
vigente en la materia.

Dado que los ayuntamientos dictan resoluciones tan escuetas como
si el interesado no hubiera presentado alegaciones, se ha indicado a
los ayuntamientos implicados que, aunque desde el punto de vista
meramente formal no se produce una indefensión puesto que se le otorga
un plazo para que alegue, de hecho sí se le causa, toda vez que se
concluye la tramitación del expediente sin dar las necesarias razones
por las que han sido desestimadas, es decir, se producen para el
denunciado los mismos efectos que si no se le hubiera concedido la
posibilidad de defenderse.

En cuanto a las deficiencias observadas en los impresos de
notificación en relación con los recursos pertinentes contra el acto
que se traslada, se ha señalado que, dado que el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, no especifica los que pueden
interponerse contra las resoluciones


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dictadas por los alcaldes, habrá de estarse al régimen impugnatorio
general establecido en la Ley 30/1992, el cual sólo admite el recurso
ordinario y el de revisión quedando, por tanto, el recurso de
reposición derogado en la esfera local salvo en materia fiscal.

Con todo lo anteriormente expuesto no se agotan los problemas
denunciados en relación con las notificaciones, insistiéndose por parte
de esta institución en todos los casos planteados en la necesidad de
que las corporaciones subsanen los defectos detectados y recordándoles
la obligación de cumplir en todos sus extremos lo preceptuado en la
normativa legal y reglamentación vigente en la materia.

3.9.Situación de la infancia desde la perspectiva de la institución del
Defensor del Pueblo
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del menor, de Modificación Parcial del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se decidió que las
quejas relacionadas con la situación de la infancia fueran coordinadas
por la Adjuntía Primera del Defensor del Pueblo y el Area del Menor, si
bien la tramitación y propuesta de resolución de cada uno de los
asuntos continúa realizándose por el área competente en la materia
objeto de la queja.

En consecuencia, en el presente informe, junto con el tratamiento
específico de cada uno de los asuntos en su apartado correspondiente,
según el criterio de distribución material, se ha considerado de
interés incluir una referencia genérica que permita tener una visión de
conjunto de las actuaciones que ha desarrollado esa institución en
relación con la situación de la infancia en España.

De este modo, en primer lugar, parece necesario destacar algunos
aspectos relativos a nuevas disposiciones que afectan de manera directa
a los menores de edad. Así, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, la
entrada en vigor del nuevo Código Penal aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, y el Real Decreto 155/1996, de 2 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica 7/1985, de 1 de julio sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España, vienen a dar respuesta, con carácter general, a
algunas de las nuevas demandas que se plantean en nuestra sociedad en
relación con los menores.

La mayor sensibilidad de nuestra sociedad respecto de la infancia
y el acusado descenso de la natalidad en España ha producido un
incremento de solicitudes de adopción de niños en nuestro país, que no
siempre son satisfechas en un plazo de tiempo razonable. Contrasta,
empero, esta situación con la existencia de niños con necesidades
especiales, derivadas de discapacidad o de otros factores, que serían
susceptibles de ser adoptados y que, en cambio, no lo son. Las
actuaciones llevadas a cabo por esta institución con motivo del estudio
sobre la atención a personas con discapacidad y otros aspectos conexos
permitió constatar, en efecto, que la intervención sobre la infancia
con discapacidad tutelada o bajo la guarda de la Administración sigue
estando centrada en la atención en centros residenciales, de modo que
las posibilidades que ofrecerían fórmulas alternativas, tales como el
acogimiento y la adopción, no son aún utilizadas en grado suficiente.

En consecuencia, parece imprescindible que por parte de las
administraciones públicas se persista en el camino, apenas iniciado, de
reforzar los programas dirigidos a fomentar la inserción de estos
menores discapacitados en familias acogedoras o para impulsar su
adopción.

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la falta de seguridad
jurídica con que se establecían los acogimientos familiares con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, generando falsas expectativas en algunas familias acogedoras que
veían esta institución como un paso previo para acceder a la deseada
adopción de un menor. Estas expectativas sin embargo eran truncadas, en
ocasiones tras uno o dos años de convivencia, al decidir el órgano
judicial devolver la guarda y custodia del menor a su familia
biológica.

El aumento de demandas de adopciones de niños extranjeros por
parte de adoptantes españoles, producido en los últimos años, y la
ratificación por nuestro país de la Convención de Derechos del Niño en
Naciones Unidas y del Convenio de La Haya sobre protección de menores y
cooperación en materia de adopción internacional hacían necesaria una
nueva regulación de esta materia en nuestro Código Civil. No obstante
lo positivo de la nueva regulación, se han planteado algunos problemas,
sobre todo en relación con aquellas adopciones que se encontraban ya en
tramitación en la fecha de entrada en vigor de la citada reforma, para
las que en su día no era exigible el certificado de idoneidad. En los
apartados correspondiente a la Administración de Justicia y a la
Administración de Seguridad Social y Acción Social se hace referencia a
éste y a otros problemas derivados de la aplicación de la citada Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero.

Por otra parte, en relación con la entrada en vigor del nuevo
Código Penal, deben señalarse dos aspectos fundamentales. En primer
lugar, puede recordarse que la disposición final séptima de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba dicho
Código, exceptúa la entrada en vigor de su artículo 19, relativo a la
responsabilidad criminal de los menores de dieciocho años, hasta tanto
adquiera vigencia la ley que regule la responsabilidad penal del menor
a que se refiere dicho precepto.

Pues bien, hasta la fecha de elaboración de este informe, no se ha
aprobado ninguna norma legal que regule la mencionada responsabilidad
de los menores de edad, asunto que ha venido constituyendo una demanda
constante de esta institución desde el año 1991 y que resulta hoy
prioritario.

De otra parte, el análisis de la Ley Orgánica 4/1992, de 11 de
junio, reguladora de las competencias y el procedimiento de los
juzgados de menores, aprobada en su día como norma de carácter urgente,
permite afirmar, cinco años después, que carece de mecanismos adecuados
para garantizar el respeto de los derechos de la infancia, durante la
ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores.



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Por ello, una vez más debe reiterarse la urgencia de que se
proceda a la elaboración de un marco legal adecuado para la
intervención pública en materia de menores infractores que, además de
dotar de las garantías precisas al enjuiciamiento de los menores,
regule los aspectos esenciales de las medidas sancionadoras, tales como
el régimen disciplinario aplicable al menor por la Administración
durante el cumplimiento de la medida; el alcance del control judicial y
del Ministerio Fiscal en cuanto al respeto del derecho del menor no
limitados por el contenido de la resolución judicial por la que se
impone la medida; la delimitación precisa de las funciones que
corresponden al juez, en función del principio constitucional de
exclusividad de la jurisdicción para juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, y de las que corresponden a la Administración con su necesaria
potestad organizatoria; y la regulación de los principios a los que
debe responder el tratamiento que se presta al menor que cumpla una
medida reformadora.

El nuevo Código Penal, por otra parte, modifica la penalidad de
los tipos delictivos en los que se pretende proteger a los menores e
introduce de forma expresa, por primera vez, dos tipos penales nuevos .

Estos son los recogidos en los artículos 220.5 y el artículo 221. En el
primer caso, se pena la sustitución de un niño por otro cometida
imprudentemente en los centros sanitarios, acción que no estaba
prevista en el antiguo artículo 468, si bien su sanción podía
realizarse a través de la imprudencia genérica prevista en el artículo
565 del Código anterior. En el artículo 221 se penaliza el tráfico de
niños para la adopción de forma expresa, comportamiento que
anteriormente resultaba sancionable únicamente a través de la
usurpación del estado civil de otra persona.

La información surgida como consecuencia del I Congreso Mundial
contra la explotación comercial sexual de los niños y niñas, celebrado
en Estocolmo en el mes de agosto de 1996, y los casos de violencia y
crímenes sexuales contra niños en Europa han conmovido a la opinión
pública y han generado en la sociedad una fuerte demanda sobre la
necesidad de intensificar las medidas nacionales y de cooperación
internacional en materia de prevención y represión de la explotación
sexual de los niños. Nuestro país no ha permanecido ajeno a este
movimiento y prueba de ello es la proposición no de ley presentada en
el Congreso de los Diputados sobre la explotación sexual de los niños.

Dentro de esta especial preocupación porque se preste una mayor
atención a las víctimas y, en concreto, a aquellas personas que se
encuentran en un mayor grado de indefensión, como sucede con los
menores de edad, distintos ciudadanos, asociaciones de juristas e
incluso asociaciones de padres de alumnos se dirigieron a esta
institución a lo largo de 1996, poniendo de manifiesto su inquietud por
alguno de los aspectos que, en el nuevo Código Penal, afectan a los
menores, a la vista de lo cual se ha dirigido una recomendación al
Ministerio de Justicia sobre tres aspectos del nuevo Código Penal,
recomendación de la que se da ampliamente cuenta en el cuerpo de este
informe.

La difusión, a través de diversos medios de comunicación, de
escenas o mensajes de contenido violento, inadecuado o perjudicial para
la juventud y la infancia, ha motivado asimismo la intervención de esta
institución, habiéndose solicitado que se lleven a cabo las iniciativas
legales oportunas en orden a incluir de forma expresa, dentro de
nuestro ordenamiento penal, la sanción de la difusión o exhibición de
imágenes o material pornográfico infantil, cuando los receptores sean
tanto mayores como menores de edad, con independencia del lugar en el
que se haya producido o emitido el material o las imágenes
pornográficas.

Por otra parte, se ha actuado respecto de los contenidos de la
programación de las distintas cadenas de televisión, tanto en lo que se
refiere a la publicidad, contraprogramación y emisión de escenas o
mensajes de contenido inadecuado o perjudicial para la juventud y la
infancia, dándose amplia cuenta de las actuaciones realizadas en el
apartado correspondiente de este informe.

Asimismo, en el epígrafe correspondiente se deja constancia de las
actuaciones relacionadas con la recomendación dirigida a la Secretaría
General de Comunicaciones del Ministerio de Fomento sobre los servicios
eróticos y de contacto que se prestan a través de la red telefónica
internacional, a la que se accede con el prefijo 07.

Una especial preocupación comporta la violencia, en sus diversas
vertientes, tanto en lo referido a la ejercida por los jóvenes, como a
aquellas situaciones de las que son víctimas los menores de edad. A
título de ejemplo, puede hacerse referencia al incremento detectado en
la violencia en los centros educativos, sin que ello signifique que
este aumento llegue a constituir una situación que pueda calificarse
como de alarma social, aunque sería necesario que se persistiese en la
adopción de las medidas necesarias para erradicar las situaciones de
violencia, sin perjuicio de profundizar en la eliminación de las causas
y en la educación para la tolerancia.

En otro orden de cosas, puede destacarse el marco de actuación más
preciso, recogido en el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, en
relación con el reconocimiento de los derechos de los menores de edad
en nuestro país. El reconocimiento pleno del derecho a la educación a
los menores extranjeros que se encuentran en España, y el derecho a la
asistencia sanitaria y a las restantes prestaciones sociales para todos
aquellos que se encuentren en situación de riesgo o bajo la tutela o
guarda de la Administración pública competente, con independencia de la
legalidad de su estancia en España, son muestra de ello.

Además, el nuevo procedimiento para la documentación de los
menores que carezcan de datos identificativos y la exigencia impuesta a
las autoridades españolas de velar porque el retorno del menor a su
país de origen no pueda suponer peligro para su integridad o su
persecución o la de sus familiares, deben recibir una valoración muy
positiva.

En el presente informe se tratan también con amplitud otros
aspectos que atañen directamente a los menores de edad, cual es la
situación de los niños cuya madre se encuentra cumpliendo pena de
prisión, o la de los jóvenes reclusos. Así, se debe destacar la
modificación de la Ley Orgánica


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General Penitenciaria, efectuada por Ley Orgánica 13/1995, de 18 de
diciembre, en la que se rebaja la edad máxima para la permanencia de
los hijos con sus madres internas de seis a tres años, con el objeto de
procurar un adecuado desarrollo y educación del niño en los primeros
años de su vida. En este aspecto, deben realizar una valoración
positiva las actuaciones emprendidas por la Administración
penitenciaria y organismos colaboradores, tendentes a mejorar la
situación de los niños en prisión a través de la apertura de los
departamentos de madres o de unidades especiales.

Por otra parte, se hace especial mención a los reclusos cuyas
edades se encuentran comprendidas entre los dieciséis y dieciocho años,
quienes, pese a que el nuevo Código Penal prevé su salida del sistema
penitenciario, siguen siendo internados en los centros penitenciarios
ordinarios en tanto no se apruebe la Ley de Justicia Juvenil y resulta
procedente insistir en la necesidad de que se elabore un proyecto
global de las diversas actividades esenciales para el tratamiento de
forma general en los centros y departamentos de jóvenes.

En el ámbito de la protección social, es menester dejar constancia
de las proyectadas modificaciones en torno a la regulación de la
pensión de orfandad, que dotarán a ésta de una mayor eficacia
protectora. En este sentido, una vez realizada por la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden
social, la modificación de la regulación de las pensiones de orfandad
de clases pasivas, para equiparar la afiliación biológica y adoptiva,
eliminando el requisito de que la adopción haya tenido lugar con una
antelación mínima de dos años a la fecha del óbito del causante, el
proyecto de ley de derechos de consolidación y racionalización del
sistema de Seguridad Social ha previsto una medida similar respecto de
las pensiones de orfandad de dicho sistema, conforme había sido
recomendado en su día por esta institución.

De otro lado, en este mismo proyecto se eleva la edad máxima
establecida para la extinción del derecho a la pensión de orfandad
hasta los veintiún años o, en el supuesto de orfandad absoluta, hasta
los veintitrés años, con lo que se pretenden cubrir situaciones hasta
el momento carentes de protección y que originaban serias dificultades
a quienes dejaban de ser menores de edad, por el cumplimiento de los
dieciocho años.

Por el contrario, junto a este dato positivo, debe constatarse que
permanece invariable la situación de obsolescencia en que se encuentra
la legislación de protección a las familias numerosas. En este sentido,
es preciso recordar que en los últimos años tan solo se ha adoptado la
medida de disminuir el número de hijos exigido para adquirir la
condición de familia numerosa, pero el contenido de la teórica
protección aplicada a estas familias continúa siendo el establecido por
la Ley 25/1971, de 19 de junio, cuyos preceptos, en gran parte,
resultan inaplicables y no están acomodados al texto constitucional. En
consecuencia, parece insoslayable dar una nueva regulación a esta
materia, tal y como viene insistiendo esta institución desde hace
varios años, a fin de acomodar aquélla a las nuevas realidades
familiares y sociales y a la Constitución de 1978, dando un contenido
efectivo a la protección de estas familias.

En el ámbito de la sanidad, la implantación del nuevo modelo de
atención primaria ha producido algunas perturbaciones respecto de la
atención pediátrica, cuando, a causa del descenso del número de menores
en el ámbito rural, el número de niños no resulta suficiente para
justificar la creación de plazas de pediatría, de modo que en este
medio las funciones de pediatría son asumidas por el médico general,
existiendo un pediatra de referencia. La solución a este problema, sin
embargo, puede venir dada por la elección de un pediatra, dentro de la
misma área de salud al que pertenezca el municipio en cuestión.

De otro lado, no se ha producido ninguna novedad en cuanto al
reconocimiento de la psiquiatría infantil como especialidad, medida en
la que esta institución ha venido insistiendo en los últimos años y que
contribuiría a una mejor atención a los menores con problemas
psíquicos.

En otro orden de cosas, las condiciones estructurales de algunos
centros no permiten que los padres puedan asistir al nacimiento de su
hijo, acompañando a la madre en el momento del parto, si bien se van
adoptando medidas para facilitar dicha presencia, salvo cuando el parto
sea instrumental.

En materia de prevención de accidentes, se han continuado
actuaciones en relación con la necesidad de una mejor identificación de
los productos de carácter tóxico que son utilizados como lavavajillas a
nivel industrial, con el fin de evitar la ingestión del citado
producto, que en muchas ocasiones es incoloro e inodoro y tiene
aparentemente las mismas características que el agua. En este sentido,
se encuentra en estudio una nueva reglamentación técnico--sanitaria de
estos productos, al objeto de que puedan ser diferenciados en todo
momento de los productos alimenticios y se están adoptando medidas por
parte de las empresas fabricantes.

Por último, en este mismo ámbito de la sanidad, las actuaciones
practicadas con motivo de la investigación desarrollada por esta
institución en torno a la atención a personas con discapacidad
permitieron constatar, mediante visita a hospitales infantiles y a
servicios de pediatría de hospitales generales, circunstancias tales
como el bajo índice de utilización de dichos servicios, la
reestructuración de la utilización de las camas designadas a las áreas
pediátricas, la inexistencia de listas de espera y la adopción de
medidas para facilitar la permanencia de los padres y de otros
familiares junto a los niños hospitalizados.

Las anteriores consideraciones no agotan el elenco de problemas
que han sido tratados por esta institución respecto de la infancia y de
la juventud, por lo que es necesario remitirse a tratamiento más
extenso de cada uno de los asuntos en los apartados correspondientes de
este informe. En todo caso, será menester dejar constancia de que la
situación de la infancia española constituye una de las preocupaciones
esenciales del Defensor del Pueblo, que ha de suplir, en este sentido,
por su propia iniciativa las mayores dificultades que por razones
notorias tienen los menores para asumir por sí mismos la defensa de sus
derechos.



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4.RECOMENDACIONES A continuación se relacionan de manera sintética
todas las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo a las
distintas Administraciones públicas a lo largo del año 1996.

Estas recomendaciones han sido clasificadas en tres apartados
conforme al estado de tramitación en que se encontraban el 21 de marzo
de 1997, fecha en que se recibieron los últimos datos.

4.1.Recomendaciones aceptadas 4.1.1.Recomendación sobre atención
residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos
Durante el año 1996, se finalizó el estudio sobre atención
residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos,
llegándose a una serie de conclusiones de diversa índole sobre los
distintos equipamientos visitados.

Las conclusiones obtenidas aconsejaron dirigir un total de ochenta
y nueve recomendaciones de carácter general a las distintas
administraciones públicas, sobre diversos aspectos de la atención a
personas discapacitadas. Más en concreto, estas recomendaciones hacen
referencia a la atención en establecimientos de distinta índole
(sanitaria, educativa y residencial), a la actividad desarrollada por
las oficinas de empleo para la formación y la colocación de los
trabajadores minusválidos y a la eliminación de las barreras
urbanísticas, arquitectónicas, del transporte y de la comunicación.

Asimismo, se formularon doscientas treinta y seis recomendaciones
puntuales sobre los centros visitados, al objeto de que se proceda a la
corrección de las deficiencias observadas en los mismos.

A estas recomendaciones han contestado, hasta la fecha de
elaboración de este informe, trece órganos administrativos, de los
treinta y tres a los que fueron dirigidas. En todos los informes
remitidos, se hace constar la aceptación, al menos parcial, de las
recomendaciones efectuadas, señalándose, en alguna ocasión, la
necesidad de aplazar la total puesta en práctica de las mismas por
razones de índole presupuestaria.

4.1.2.Recomendación sobre la no exigencia de autorización marital para
la concesión de visados a personas procedentes del Magreb
Compareció ante el Defensor del Pueblo un representante de la
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, señalando
que el Consulado español en Tetuán venía exigiendo una serie de
documentos para acompañar a la solicitud de visado de turista y, en
concreto, un escrito de las autoridades marroquíes autorizando la
salida de su territorio y, en el caso de ser mujer la solicitante del
visado, una autorización del cónyuge para efectuar esta salida.

Una vez constatado este extremo ante la Dirección General de
Asuntos Consulares, se recomendó que se dictasen las oportunas
instrucciones al objeto de que en los expedientes de solicitud de
visado que se tramiten en los consulados de España en el extranjero, no
se exija una autorización marital para efectuar el viaje, recomendación
que ha sido aceptada.

4.1.3.Recomendación sobre modificación del último párrafo del artículo
4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 40 del Decreto de 21
de noviembre de 1952
Diferentes ciudadanos han puesto de manifiesto ante esta
institución su discrepancia con el último párrafo del artículo 4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho precepto se refiere a los requisitos
de postulación que deben reunir las partes para poder litigar en los
procedimientos civiles.

Concretamente en el párrafo mencionado se impone a todo aquel que
litigue sin procurador, que designe en su primera comparecencia un
domicilio en la localidad donde tenga su sede el órgano jurisdiccional,
para que en el mismo se practiquen todas aquellas diligencias que sean
precisas.

Los diferentes pronunciamientos que el Tribunal Constitucional ha
realizado respecto a los autos de comunicación, ponen de manifiesto que
el último párrafo del artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
lejos de suponer una garantía para el ciudadano, en sus relaciones con
los órganos judiciales, supone un inconveniente y un obstáculo, siendo
frecuentes las quejas en las que hacen constar que no conocen a persona
alguna en la ciudad en la que tiene su sede el Tribunal, hecho que
dificulta y en algunos casos llega a impedir el acceso a la
jurisdicción.

La eliminación del párrafo antes citado supondría además que en la
forma de practicar las notificaciones, la Ley de Enjuiciamiento Civil
se acomodaría a lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; precepto en el que se admiten como medios para
practicar notificaciones «el correo», «el telégrafo», «o cualquier otro
medio técnico que permita la constancia de su práctica».

Cuanto se ha indicado en relación con el último párrafo del
artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es también predicable
respecto del artículo 40 del Decreto de 21 de noviembre de 1952
--aplicable al juicio de cognición--, ya que, en ese precepto también
se impone al demandado la obligación de «señalar domicilio en el lugar
del juicio cuando resida en otro municipio».

A la vista de lo expuesto, esta institución remitió al Ministerio
de Justicia la correspondiente recomendación para que legislativamente
se aprueben las disposiciones oportunas a fin de suprimir del artículo
4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil su último párrafo, así como para
que se modifique el artículo 40 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.

Esta recomendación ha sido aceptada según comunicación recibida
desde el Ministerio de Justicia con fecha 25


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de junio de 1996, habiéndose comunicado que en próximos trabajos
legislativos, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se tendrá en
cuenta el contenido de la recomendación.

4.1.4.Recomendación sobre adopción de medidas en la Sala Primera del
Tribunal Supremo y modificación del recurso de casación con objeto de
normalizar el atraso generalizado que presenta dicha Sala
Como consecuencia de un informe recibido del Consejo General del
Poder Judicial, se puso en conocimiento de esta institución, la
situación que presenta la Sala I (Civil) del Tribunal Supremo. En
concreto se participó que desde la entrada de un recurso en esa Sala,
hasta que se resolvía, transcurrían tres años, plazo que a juicio del
presidente de ese órgano jurisdiccional se vería incrementado de
mantenerse las condiciones actuales del mismo.

El propio presidente de la Sala hacía referencia a la necesidad de
adoptar diversas medidas, tanto orgánicas como legislativas, para
mejorar su funcionamiento y evitar un ulterior deterioro de la Sala.

Concretamente se solicitaba desde el propio órgano judicial mencionado,
en primer lugar ampliar provisionalmente la plantilla orgánica de
magistrados, sin perjuicio de que una vez normalizada la situación se
valore la posibilidad de dar continuidad o no a esa plantilla. Y en
segundo lugar ante el incremento progresivo del número de recursos, se
estimaba oportuno proceder a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en orden a revisar los criterios de acceso al recurso de
casación.

Los dos aspectos mencionados fueron asumidos por esta institución
y en este sentido se efectuó la correspondiente recomendación al
Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial.

Esta recomendación ha sido aceptada en términos generales por el
Ministerio de Justicia, según comunicación recibida el día 27 de agosto
de 1996, no obstante se mantiene abierta la investigación hasta que se
desarrollen las iniciativas legislativas en materia de proceso civil.

No se comparten desde dicho Ministerio, los criterios que se le
hicieron llegar en cuanto a la reforma del recurso de casación civil.

Respecto del Consejo General del Poder Judicial se está a la
espera de recibir su contestación.

4.1.5.Recomendación sobre medidas a adoptar para normalizar la Sala
Tercera del Tribunal Supremo
El importante número de quejas existentes en relación con retrasos
en procedimientos judiciales pertenecientes a la jurisdicción
contencioso-administrativa, ha provocado que a lo largo de los últimos
años se hayan recibido en esta institución diferentes informes en los
que se ponía de manifiesto la crítica situación en la que se encuentra
la citada jurisdicción.

La información recibida, indica que a finales de 1995, la Sala III
(contencioso-administrativo) tenía pendientes de resolver 25.733
recursos, además desde 1993 viene disminuyendo el número de asuntos
resueltos, circunstancia que impide a corto plazo el normalizar esa
Sala.

En la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, desde 1991 a 1995, ha sido siempre superior el número de
asuntos pendientes al finalizar cada año que al inicio del mismo,
teniendo, al finalizar 1995, un total de 23.296 procedimientos a la
espera de resolver.

En cuanto a los tribunales superiores de justicia, el más
representativo en cuanto al retraso es el de Madrid. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo, tenía al comenzar 1995, un total de 40.121
asuntos pendientes y al acabar ese año la cifra ascendió a 48.419.

Aunque a lo largo de los últimos años se han incrementado el
número de Secciones en algunos tribunales (Audiencia Nacional) y se han
reforzado con carácter general las plantillas con magistrados
suplentes, sin embargo, para poder normalizar plenamente esa
jurisdicción es necesaria la adopción de una serie de medidas, que le
fueron enviadas en forma de recomendación al Ministerio de Justicia y
al Consejo General del Poder Judicial.

Esas medidas fueron, en primer lugar, que con carácter temporal se
mantengan y se potencien las medidas de refuerzo que se han acordado o
puedan acordarse para la jurisdicción contencioso-administrativa. En
segundo término, que se proceda a la aprobación de una nueva ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, incluyendo en
la misma al menos un procedimiento rápido para resolver con las debidas
garantías las controversias que por su poca complejidad no precisan de
otro tipo de cauce procesal. Tercero, que se proceda a la puesta en
funcionamiento de los juzgados de lo contencioso-administrativo; y
cuarto, que se dote a estos órganos jurisdiccionales de los necesarios
medios técnicos e informáticos.

Esta recomendación fue aceptada, en términos generales, por el
Ministerio de Justicia, según comunicación recibida el 27 de agosto de
1996; no obstante, se hicieron una serie de objeciones respecto de la
reforma del recurso de casación en la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Respecto del Consejo General del Poder Judicial, se está a la
espera de recibir su contestación.

4.1.6.Recomendación sobre la modificación del cuadro médico de
exclusiones de la Orden 42/1994, de 13 de abril, que rige en los
procesos selectivos para cubrir plazas de militar de empleo en la
categoría de tropa y marinería profesional
A esta institución habían acudido ciudadanos que manifestaron que
habiendo prestado su servicio militar sin problema alguno, vieron sin
embargo frustradas sus expectativas de acceder a la condición militar
de tropa y marinería profesional debido a los diferentes cuadros
médicos de exclusiones que rigen en los distintos procesos de
selección.

En este mismo sentido se publicó en los medios de comunicación una
noticia que refería que un joven había sido


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rechazado en el reconocimiento médico preceptivo al que se sometió en
la última convocatoria para cubrir plazas de militar de empleo en la
categoría de tropa y marinería profesional, a pesar de que había
cumplido satisfactoriamente su servicio militar meses atrás, por
padecer una alopecia universal, incluida en el apartado B) 1. de la
Orden 42/1994, de 13 de abril.

Iniciada la oportuna investigación, el Ministerio de Defensa puso
de manifiesto que, efectivamente, los cuadros médicos de exclusiones
que rigen en los procesos selectivos para el acceso a militar de empleo
de la categoría de tropa y marinería profesional, son más restrictivos
que el cuadro médico de exclusiones del servicio militar, al estar
previstos para futuros profesionales de las Fuerzas Armadas, por lo que
se exigen determinados requisitos intelectuales y físicos que, sin
embargo, no son imprescindibles en los militares de reemplazo.

Esta institución en respuesta al informe remitido resaltó el hecho
de que el Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto
1107/1993, de 9 de julio, había regulado un nuevo procedimiento para la
determinación de la aptitud psicofísica de los alistados, de tal modo
que los ciudadanos que se incorporan a las Fuerzas Armadas en el
cumplimiento del deber constitucional de prestación del servicio
militar, lo hacen en puestos apropiados a sus aptitudes psicofísicas.

Este criterio de aptitud/capacidad psicofísica en relación directa
con la futura función militar a desarrollar, sí había sido tenida en
cuenta por ese departamento a la hora de seleccionar a los jóvenes que
debían cumplir el servicio militar y, sin embargo, no se adecuaba en la
misma proporción cuando se trataba de procesos selectivos de tropa y
marinería profesional, toda vez que algunas de las limitaciones o
afecciones que recoge el cuadro médico de exclusiones de la Orden
42/1994 no incapacitan realmente para la función militar profesional
con carácter general o, aun cuando supongan una ligera disminución de
las capacidades físicas del opositor, no son en absoluto invalidantes
para determinadas especialidades en las que un marinero o soldado
profesional puede desempeñar su trabajo.

Tras un estudio de todas las quejas recibidas, esta institución
estimó que el cumplimiento riguroso de la norma estaba provocando
situaciones perjudiciales a algunos administrados, por lo que valoró la
conveniencia de formular una recomendación en el sentido de que se
estudiara la posibilidad de llevar a cabo la modificación del cuadro
médico de exclusiones de la Orden 42/1994, de 13 de abril, en el
sentido de que solamente se incluyeran en el mismo aquellas
enfermedades o afecciones que realmente incapacitaran para el desempeño
de las funciones militares y que, a la hora de recoger éstas, se
tuvieran en cuenta las distintas especialidades a las que podía acceder
el militar de empleo de la categoría de tropa y marinería profesional
de las Fuerzas Armadas.

Como respuesta a esta recomendación, el citado departamento
manifestó que estaba trabajando en la línea de lo expuesto por esta
institución y que, en la actualidad está en estudio la definición de
las nuevas especialidades de la tropa y marinería profesional en las
que influirán decisivamente las recomendaciones de la Comisión Mixta
Congreso-Senado que está trabajando en el nuevo modelo de Fuerzas
Armadas.

4.1.7.Recomendación sobre la ampliación de la acción protectora de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en materia sanitaria a los
acogidos de hecho por los titulares del derecho
Un militar profesional solicitó que se incluyese como beneficiaria
en su cartilla de asistencia sanitaria a la tía carnal de su esposa, de
89 años de edad, que vivía a su cargo y carecía de medios económicos,
por lo que todos los gastos médicos y farmacéuticos que precisaba
corrían a su cuenta.

Tal petición fue denegada por entender la Administración que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto 2330/1978, de 29
de septiembre, por el que se regula el Reglamento General de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre los familiares de los
asegurados con derecho a asistencia sanitaria en el campo de aplicación
de este régimen especial no se encontraban los que ostentan ese
parentesco del cónyuge del beneficiario.

Efectivamente, la normativa en vigor no recogía supuestos como el
planteado por el interesado. Sin embargo, los artículos 3 y 4 del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, disponen que
la regulación del régimen especial de los funcionarios públicos,
civiles y militares, debe tender a la homogeneidad con el régimen
general y el artículo 1.b) párrafo segundo del Real Decreto 1682/1987,
de 30 de diciembre, por el que se amplía la acción protectora de la
Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria, admite que aquella
asistencia se preste igualmente a los acogidos de hecho por los
titulares, al equipararlos con los descendientes, hijos adoptivos y
hermanos de éstos aunque, de manera excepcional y previo acuerdo en
cada caso de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

Por ello, tras comprobar que no existía previsión en el ámbito
militar de homogeneizar tal situación, debido a que se entendía que la
inclusión de los acogidos de hecho, a los efectos de otorgarles la
condición de beneficiarios de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, supondría una generalización que podría
afectar al régimen de financiación de la asistencia sanitaria que
gestionaba el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, se formuló una
recomendación a este instituto en el sentido de que propusieran las
modificaciones normativas que fueran necesarias para que,
excepcionalmente, y previo acuerdo en cada caso de los órganos
competentes, los acogidos de hecho que convivan con el personal militar
incluido en el campo de aplicación del régimen especial de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, quedasen asimilados a los descendientes,
hijos adoptivos o hermanos tanto del titular del derecho como de su
cónyuge, a los efectos de ostentar la condición de beneficiarios en
materia de asistencia sanitaria.



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Como respuesta a esta recomendación este organismo manifestó que,
de acuerdo con la misma, en una próxima instrucción, se ampliarían los
supuestos de acogimiento de hecho, adecuándolos a los criterios
imperantes en el régimen general de la Seguridad Social.

4.1.8.Recomendación sobre modificación de la normativa fiscal que
afecta a las prestaciones familiares por hijos a cargo e, igualmente,
sobre los incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad
prorrogada, a fin de que puedan considerarse como menores integrantes
de la unidad familiar
Como resultado de las recomendaciones planteadas por el Defensor
del Pueblo, se han modificado los artículos 87 y 9, respectivamente, de
la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, de forma que a partir del 1 de enero de 1997, en
virtud de la nueva redacción dada a los citados artículos por la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (artículos 3 y 14), las prestaciones familiares por hijos
a cargo, reguladas en el capítulo 9 del título I del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, quedan exentas del impuesto.

Igualmente, el artículo 3 de la Ley 13/1996, modifica el citado
artículo 87 de la ley del impuesto y dispone que los hijos
incapacitados judicialmente y sujetos a patria potestad prorrogada
pueden formar parte de la unidad familiar a efectos del impuesto sobre
la renta de las personas físicas .

4.1.9.Recomendación sobre inspecciones tributarias a fin de que
abarquen períodos inferiores a cinco años
El hecho de que las inspecciones tributarias abarquen con carácter
general un periodo tan amplio, como el de cinco años, produce
importantes perjuicios a los ciudadanos que han actuado de buena fe
cumpliendo sus obligaciones fiscales y presentando las oportunas
declaraciones en tiempo y forma, pero han cometido un error
involuntariamente en un ejercicio que, por desconocimiento, se repite
durante los años siguientes, sin que el interesado sea consciente de la
irregularidad hasta que se produce la inspección, lo que provoca, en
ocasiones, que la cuantía de la deuda resulte imposible de asumir.

A ello hay que unir la gran complejidad de la normativa
tributaria, así como la diversidad de cargas y obligaciones que se
imponen a los contribuyentes, lo que conlleva que los mismos
desconozcan a veces algunas de sus obligaciones.

Por todo ello, se consideró conveniente recomendar a la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que
estudiase la posibilidad de que no se conviertan en la regla general
las inspecciones de cinco años, sino que se generalicen para los
ciudadanos que han cumplido voluntariamente sus obligaciones fiscales
los controles anuales o se realicen precontroles que puedan avisar de
errores, sin que ello conlleve recargos o sanciones.

4.1.10.Recomendación sobre refuerzo de las garantías de los usuarios de
las entidades financieras
Los problemas más frecuentes surgidos entre las entidades
financieras y sus clientes, se refieren a la interpretación de sus
relaciones contractuales.

Por otra parte, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España
dispone de un estrecho margen de maniobra para resolver los problemas
planteados, ya que sus informes no son vinculantes y su actuación tiene
una finalidad principal informativa y disciplinaria.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo ha dirigido de oficio a la
Secretaría de Estado de Economía la recomendación de que se realicen
los estudios oportunos, a fin de preparar un proyecto de norma, del
rango que se considere oportuno, que refuerce las garantías de los
usuarios de las entidades financieras.

Se ha aceptado la recomendación planteada, comunicando que se
tendrá en cuenta su contenido en la elaboración de futuros proyectos
normativos.

4.1.11.Recomendación sobre pago de los intereses de las deudas
tributarias
La Administración venía embargando a un ciudadano una parte
pequeña de su sueldo, en aplicación de los límites de inembargabilidad
que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil, para cancelar una deuda
tributaria, pero, debido a la pequeña cuantía de lo embargado, se
acumulan los intereses de demora, de forma que el débito total seguía
aumentando hasta resultar imposible la cancelación total de la deuda.

Analizado el problema, esta institución decidió solicitar un
informe a la Dirección General de Tributos sobre la posibilidad de
adoptar alguna medida que, en casos como el planteado, facilitara la
cancelación de las deudas, recomendando que se estudiase la posibilidad
de un reajuste de los intereses de las deudas tributarias en
situaciones económicas de excepcional carencia de recursos como la
analizada.

La recomendación ha sido parcialmente aceptada y en el proyecto de
ley de derechos y garantías del contribuyente, se contempla la
equiparación de los intereses acreedores y deudores a la Hacienda
pública, pero, considerando que el deber de contribuir no puede llevar
a que se prive al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades y que se
debe atender al principio constitucional de capacidad económica para
atemperar situaciones como las que han motivado esta queja, se han
reiterado los aspectos de la recomendación que no se han aceptado.



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4.1.12.Recomendación sobre ampliación del ámbito de aplicación de la
disposición transitoria primera del texto refundido de la Ley de Clases
Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto legislativo 670/1987, de
30 de abril
La exclusión de los funcionarios de la Administración de justicia
del beneficio previsto en la disposición transitoria primera del
vigente texto refundido de la Ley de Clases Pasivas, que contempla la
posibilidad de que al personal funcionario civil y militar de la
Administración del Estado ingresado con anterioridad al 1 de enero de
1985 y que antes de dicha fecha hubiera pasado de un cuerpo, escala,
plaza o empleo a otro de índice de proporcionalidad superior, se le
compute, a efectos del cálculo de la pensión de jubilación o retiro,
hasta un máximo de diez años de los servidos en el nivel inferior como
si hubieran sido prestados en el mayor, motivó que se dirigiera una
recomendación a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones
Públicas mencionada interesando la adopción de medidas a fin de ampliar
el ámbito de aplicación de la disposición anteriormente citada,
incluyéndose en el mismo al colectivo de funcionarios de la
Administración de justicia.

El centro directivo comunicó la aceptación de la recomendación y
el inicio de los estudios correspondientes.

4.1.13.Recomendación sobre la utilización de las lenguas cooficiales
distintas del castellano por parte de los órganos periféricos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
La queja planteaba la presunta vulneración por parte de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Valencia, de los derechos lingüísticos reconocidos a los ciudadanos de
la comunidad valenciana por la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y
enseñanza del valenciano, y en concreto el derecho a relacionarse con
las distintas administraciones públicas en la lengua que elijan de
entre las dos oficiales en dicha comunidad.

Por parte de la citada Agencia se pretendía matizar tal derecho
alegando las prescripciones contenidas el efecto en el párrafo primero
del apartado 1 del artículo 36 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, precepto que dispone que «la lengua de los
procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será
el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan
a los órganos de la Administración del Estado con sede en el territorio
de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea
cooficial en ella», prescripción en base a la cual se pretendía
concluir la legalidad de la actuación de dicha Administración de
proseguir el expediente en castellano sin perjuicio de admitir al
interesado la posibilidad de utilizar el valenciano en las
contestaciones a sus requerimientos.

Dicha conclusión pugna con el contenido del propio precepto
alegado por la Agencia Estatal, que en un segundo párrafo viene a
disponer literalmente que en el supuesto de que los interesados
utilicen la lengua que sea cooficial en el territorio de una comunidad
autónoma, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el
interesado .

Esta última previsión legal fundamentó la correspondiente
recomendación en orden al reconocimiento del derecho de los ciudadanos
de las comunidades autónomas que tienen otro idioma oficial propio
aparte del castellano a relacionarse con las distintas administraciones
públicas en el ámbito de dichas comunidades en la lengua que elijan,
decisión que determinará la lengua en la que deban tramitarse los
procedimientos en los que sean parte.

Esta recomendación ha sido aceptada.

4.1.14.Recomendación sobre gestión de la modalidad de estimación
objetiva por signos, índices y módulos en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas
Esta institución ha realizado diversas actuaciones ante la
Dirección General de Tributos, a fin de que, una vez concluida la
primera fase de implantación de la modalidad de signos, índices y
módulos, se considerase la posibilidad de proceder a un estudio de este
sistema que pudiera dar lugar a las modificaciones pertinentes, a fin
de evitar los problemas que se vienen planteando, sobre todo, porque,
en ocasiones, los beneficios reales son menores a los resultantes de la
aplicación de los módulos.

Por otra parte, se observó que la información facilitada a los
ciudadanos en los folletos remitidos por la Agencia tributaria, era
insuficiente, por lo que se formuló la recomendación de que la misma se
facilitase de forma más clara y precisa. Esta recomendación ha sido
aceptada.

4.1.15.Recomendación sobre agilización de la notificación de las
resoluciones económico-administrativas a las oficinas gestoras
Con ocasión de la queja planteada por un ciudadano que había
presentado la oportuna reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Cataluña se pudo conocer que,
habiéndose dictado resolución en el mes de junio, se preparó la
notificación tres meses después y no se remitió el expediente a la
oficina gestora hasta el mes de diciembre siguiente. El tribunal
comunicó que el retraso en notificar se debió a que la experiencia les
había demostrado que las notificaciones remitidas durante los meses de
verano resultan, en la mayoría de los casos, infructuosas y, como
explicación del retraso en la remisión del expediente a la oficina
gestora, se indicó que sólo tenían servicio de furgoneta un día al mes.

Por ello, esta institución consideró oportuno recomendar al citado
tribunal que tras los estudios necesarios se habiliten los medios
personales y materiales precisos a fin de que se agilice el
procedimiento de remisión a las oficinas


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gestoras de los expedientes en los que ha recaído la oportuna
resolución. Esta recomendación ha sido aceptada.

4.1.16.Recomendación sobre organización del Servicio de Atención al
Contribuyente
Un ciudadano de Elda expresó su disconformidad con la organización
de los servicios de información de la Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en esa localidad, ya que había
tenido que esperar a que diversos representantes de gestorías y
asesorías presentaran las numerosas declaraciones que llevaban para
poder realizar su gestión, por lo que se recomendó a la citada
administración que estudiase otras formas de organización del servicio
de atención al contribuyente, teniendo en cuenta el volumen de
consultas a formular, como ya se hace en otras agencias.

Esta recomendación ha sido aceptada y se ha puesto en práctica un
sistema que tiene en cuenta el número de consultas o declaraciones a
realizar por cada contribuyente para establecer los turnos de atención
a los mismos.

4.1.17.Recomendación sobre adopción de medidas para resolución de la
problemática de los inmigrantes subsaharianos
Como consecuencia de los graves incidentes sucedidos en Ceuta y
Melilla en los años 1995 y 1996, y a raíz de las medidas de expulsión
colectiva adoptadas por el Ministerio del Interior con 103 inmigrantes
subsaharianos que se encontraban en Melilla, se han dirigido al
Ministerio del Interior las siguientes recomendaciones:

a)Que se asigne a las Delegaciones del Gobierno de Ceuta y Melilla
el personal policial y administrativo, y su correspondiente dotación de
material, que permita que dichas delegaciones puedan efectuar un
tratamiento individualizado de cada una de las personas que acceden a
las respectivas ciudades en condición de inmigrante ilegal y así poder
determinar la situación jurídica de cada una de ellas, para la
aplicación con carácter inmediato de la vigente Ley 5/1984, modificada
por la Ley 9/1994, de 19 de mayo y la Ley Orgánica 7/1985.

b)Que, a tal efecto y en cumplimiento de la proposición no de ley
relativa a la situación de los extranjeros en España, aprobada por el
Pleno del Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1991, en el que se
instaba en su punto 8 al Gobierno a abordar la reforma y modernización
de la estructura administrativa encargada en nuestro país de gestionar
la política de extranjería, a través de la creación de Oficinas Unicas
de Extranjeros dependientes de los delegados del gobierno, y por virtud
de lo establecido en el Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre
creación, competencias y funcionamiento de las Oficinas de Extranjeros,
se implante la Oficina de Extranjeros correspondiente en las ciudades
de Ceuta y Melilla, a fin de que a través de las mismas se ejerzan las
funciones previstas en el artículo 3 del citado real decreto.

c)Que se proceda a dotar a las delegaciones del gobierno de ambas
ciudades del suficiente número de miembros de la Guardia Civil y del
correspondiente material que permita un eficaz control del perímetro
fronterizo de ambas ciudades con el fin de evitar la entrada ilegal de
inmigrantes a través de la frontera.

d)Que, en tanto permanezcan en territorio nacional los inmigrantes
ilegales, se les faciliten unas condiciones de vida digna, a cuyo fin
debe de coordinarse la actuación de ese departamento con el resto de
los organismos del Estado y de la propia comunidad autónoma respectiva
que, con competencia en esa materia, pueda facilitar los medios
personales y materiales a tal fin.

Si bien han sido aceptadas todas las recomendaciones por parte del
Ministerio del Interior, hasta la fecha sólo se ha producido un ligero
aumento en la dotación de Guardia Civil en Melilla, reforzándose la
frontera física con Marruecos y se han mejorado las condiciones de los
inmigrantes en Ceuta.

4.1.18.Recomendación sobre nuevo sistema tarifario para la renovación
de permisos de conducir a discapacitados y licencias de armas a mayores
de 70 años
Al continuar recibiéndose durante 1996 quejas mostrando su
disconformidad con las actuales tasas para la obtención del certificado
de aptitud física, necesario tanto para la renovación de licencias de
caza para mayores de 70 años, como para la renovación de permisos de
conducir a personas discapacitadas, se recomendó al Ministerio del
Interior que se estudiase la modificación de todo el sistema tarifario.

En su contestación se señaló que las Direcciones Generales de la
Guardia Civil y de Tráfico, en el ámbito de sus respectivas
competencias, estaban estudiando la posibilidad de establecer un nuevo
régimen tarifario proporcional a los distintos supuestos, atendiendo a
la periodicidad con que debe realizarse la renovación de los mismos.

4.1.19.Recomendación sobre imposición coactiva de reconocimientos
físicos
La necesidad de evitar el uso indiscriminado del desnudo integral
y, en todo caso, la justificación de la adopción de esta medida, que
debe basarse en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con una
motivación sucinta de la misma, hecha por escrito por el responsable de
dicha medida que permita un control de la misma, ha servido de
fundamento para recomendar al Ministerio del Interior que se dicte una
instrucción, dirigida a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, determinando que la práctica del desnudo integral de detenidos,
con el fin de averiguar si portan entre sus ropas o en pliegues


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de su cuerpo algún objeto peligroso o prueba incriminatoria, sólo se
ponga en práctica por el funcionario responsable de acordar dicha
medida, motivándola mínimamente y bajo su responsabilidad, debiendo
quedar constancia de la misma en el correspondiente libro-registro de
detenidos.»
Esta recomendación se concretaba en una Instrucción dada por el
Ministerio del Interior en la que se recogen todas las cuestiones
planteadas.

4.1.20.Recomendación sobre forma de realizar el transporte de las
pertenencias de los internos, cuando éstos son trasladados entre
centros penitenciarios
Un interno ingresado en un centro penitenciario se dirigió a esta
institución haciendo referencia a diversos aspectos relacionados con el
transporte de las pertenencias de internos al momento de ser conducidos
de establecimiento penitenciario.

En primer lugar, se refería al límite de veinticinco kilogramos
para su porte gratuito. En segundo lugar, al hecho de tener
necesariamente que sufragar los propios internos los gastos de
transporte de sus televisores.

Aducía el interesado que el traslado y consiguiente cambio de
establecimiento penitenciario, constituye una decisión externa a la
voluntad de los presos, siendo ordinariamente una resolución adoptada
por la Administración Penitenciaria, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 80 del vigente Reglamento Penitenciario, por lo que los gastos
ocasionados por el porte del equipaje, debería correr a cargo de la
Administración, sin que operara tal límite de veinticinco kilogramos.

Al parecer, este escrito, no recibió la respuesta que prevé el
articulo 6.3 del vigente Reglamento Penitenciario, que desarrolla lo
dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de
septiembre, General Penitenciaria, por lo que se dirigió a
continuación, como ya se ha expresado, a esta institución.

Del análisis de lo planteado en queja por el compareciente puede
inferirse que el mantenimiento de las circulares internas que regulan
esta materia ocasiona una serie de perjuicios de orden económico, que a
la luz de los prevenido en el artículo 18 en relación con el artículo
2, ambos de la Ley Orgánica General Penitenciaria, parece que no
debiera estar el interno obligado a soportar. Se aduce por la
Administración que el mantenimiento de estas normas internas tiene como
soporte los principios de buen orden y racionalidad.

A la vista del principio de eficacia constitucionalmente
consagrado, se formuló una recomendación a la Secretaría de Estado de
Asuntos Penitenciarios, expresándole la conveniencia de estudiar la
posibilidad de permitir transportar, con cargo a la Administración, el
equivalente al peso de lo que se permite que el interno posea en su
celda y anejos y que se establezcan los mecanismos adecuados para
llevar a cabo el transporte de los televisores de los internos, sin que
la garantía de su integridad descanse en el abono del gasto por su
parte, a una agencia de transporte privada.

Esta recomendación ha sido aceptada por la Administración,
habiéndola calificado de prudente y oportuna, condicionando su puesta
en práctica a que se disponga del presupuesto necesario.

4.1.21.Recomendación sobre transmisión de información a los familiares
de internos enfermos, tanto durante su estancia en enfermerías de
establecimientos penitenciarios como en sus ingresos en hospitales
extrapenitenciarios
Como consecuencia de la tramitación de una queja, esta institución
tuvo conocimiento del deficiente sistema de información entre los
facultativos o responsables del centro y familiares, existente en el
entonces Hospital General Penitenciario de Carabanchel.

La Administración penitenciaria reconocía que no existía un
procedimiento reglado general de comunicación entre los servicios
médicos penitenciarios y los familiares de los internos.

A la vista de lo expuesto, esta institución remitió a la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, la oportuna
recomendación para que se continúe dando cumplimiento por esa
administración penitenciaria a lo previsto en el artículo 10 apartados
primero y quinto de la Ley de 25 de abril de 1986, General de Sanidad,
mediante un instrumento homogéneo para todos los establecimientos
penitenciarios, implantando un procedimiento común y unificado de
transmisión de información a los familiares de internos enfermos, tanto
durante su estancia en las enfermerías de establecimientos
penitenciarios, como durante los ingresos en hospitales
extrapenitenciarios de la red pública. Todo ello con el preceptivo
consentimiento escrito del interno para poder transmitir esa
información. Igualmente se recomendó que en estos casos y con las
debidas garantías y comprobaciones debería poder accederse al uso del
teléfono, para facilitar la comunicación entre el enfermo y su familia.

Esta recomendación ha sido aceptada, habiendo comunicado la
Administración que elaborará una circular, asumiendo el planteamiento
que se le realizó desde esta institución.

4.1.22.Recomendación sobre implantación de un sistema que permita a los
internos el tener constancia documental de las cartas que entregan a
los funcionarios de prisiones
Durante la tramitación de esta queja el Defensor del Pueblo tuvo
conocimiento de las dificultades existentes para conocer de forma
fehaciente, si un interno de un determinado centro penitenciario ha
remitido una carta por correo certificado.

La carta para su envío, es previamente entregada a un funcionario
de Instituciones Penitenciarias pero al no ofrecerse al interno ningún
justificante documental de esta entrega, no es posible con
posterioridad, en caso de extravío


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antes de llegar al servicio de correos averiguar qué persona o personas
son las responsables de esa pérdida.

Ante esa situación, se realizó una recomendación a la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios para que se implantara un sistema,
que permita a los internos que remiten una carta certificada, el tener
constancia fehaciente de la entrega de esa carta al funcionario hasta
la ulterior recepción del resguardo sellado por el funcionario de
correos, todo ello con independencia de que se mantenga el
libro-registro actualmente en uso.

Esta recomendación ha sido aceptada. La Administración ha remitido
una circular a todos los centros penitenciarios, en la que se contiene
la recomendación realizada.

4.1.23.Recomendación sobre autorización para el regreso a territorio
nacional de extranjeros cuyo permiso hubiese perdido vigencia
La problemática planteada por el Sindic de Greuges de Cataluña con
que se estaban encontrando ciudadanos extranjeros con residencia en
España, en el momento de su regreso a territorio nacional, después de
pasar el período vacacional en su país y no permitírseles la entrada, a
través de los puestos fronterizos, a todos aquéllos que se encontraban
en posesión del resguardo que acreditaba estar en trámite de renovación
su correspondiente tarjeta acreditativa del permiso de trabajo y
residencia, llevó a esta institución a recomendar la modificación del
artículo 119.6 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, a fin
de que se establezca el procedimiento que permita obtener la oportuna
autorización para el regreso a territorio nacional a aquellos
extranjeros cuyo permiso de residencia hubiera perdido vigencia y
desearan abandonar el territorio nacional por un plazo no superior a 60
días, con ocasión de disfrutar del período de vacaciones anuales
retribuidas que prevé el artículo 98 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

La recomendación ha sido aceptada por el Ministerio del Interior
en cuanto a las consideraciones de orden legal que se hicieron en la
misma, si bien manifestó no ser necesaria la modificación del
Reglamento al haberse impartido instrucciones a las Delegaciones del
Gobierno y Gobiernos Civiles para que se agilizasen por un simple
procedimiento las autorizaciones de regreso correspondientes.

4.1.24.Recomendación sobre aplicación de la directiva 91/671/CEE en
materia de tráfico
La imposición de una sanción a una conductora que circulaba en
compañía de su hijo menor de edad, situado en el asiento delantero como
acompañante y sus alegaciones de que la estatura del mismo era superior
a los 150 centímetros, por lo que le sería de aplicación la Directiva
91/671/CEE del Consejo, de 16 de diciembre, lo que en su caso evitaría
la imposición de esta sanción, fundamentó la recomendación a la
Dirección General de Tráfico de que fuesen puestas en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva citada, de acuerdo con
las previsiones establecidas en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Económica Europea, ratificado por España, recomendación que ha sido
aceptada.

4.1.25.Recomendación sobre intervención del juzgado de guardia en la
puesta en libertad de extranjeros internados
Al tener conocimiento de que una persona se encontraba internada
en el Centro de Internamiento de Moratalaz (Madrid), a pesar del auto
dado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se
acordaba la medida provisionalísima de dejar sin efecto la orden de
expulsión dictada contra la misma, y después de recabar información de
porqué no era puesta en libertad esta persona, alegándose como razón de
fondo la aplicación del artículo 108 apartado 5 del Reglamento de
ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, se acordó recomendar al Ministerio
del Interior que se dictasen las instrucciones necesarias para
determinar con claridad en qué forma debe aplicarse, por las Brigadas
Provinciales de Documentación y Extranjería, el apartado 5 del artículo
108 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, aprobado por
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, de manera que dicho precepto no
resulte un obstáculo para que un extranjero internado pueda ser puesto
en libertad, a la mayor brevedad posible, desde que se tenga
conocimiento de la imposibilidad de ejecutar la expulsión.

Esta recomendación ha sido aceptada, si bien será necesario
observar la aplicación material de la misma para evaluar su eficacia y
la del propio artículo 108 del Reglamento.

4.1.26.Recomendación sobre limitaciones a la compulsión física en
expulsiones forzosas
En el informe de 1995 se señalaba, dentro del apartado relativo a
las expulsiones, que sería objeto de especial seguimiento durante 1996
en qué forma la Administración hace uso de los oportunos medios de
ejecución forzosa, como el señalado en el punto 1.d) del artículo 96 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que prevé la compulsión sobre las
personas, para dar cumplimiento a una resolución acordando la expulsión
forzosa de un extranjero.

Como consecuencia de este seguimiento, se valoró la oportunidad de
formular una recomendación a la Dirección General de Política Interior,
para que se dictasen las instrucciones oportunas en las que se
determinase que la medida de expulsión de un extranjero con carácter
forzoso debería ejecutarse utilizando aquellas medidas que,
habitualmente, permitan la compulsión física de una persona sin
menoscabo, en ningún caso, de su integridad física y moral. La oportuna
recomendación añadía que, caso de que una persona sobre


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las que se aplicasen las medidas ofreciese una resistencia, por virtud
de la cual no pudiese ejecutarse la expulsión, debería procederse a
suspender la misma, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial
estos hechos.

Esta recomendación ha sido aceptada en su primera parte,
recordándose a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la
necesidad de aplicar, en el acto de expulsión de un ciudadano
extranjero cuando se resiste, aquellas medidas de compulsión física que
sean respetuosas con los derechos constitucionales. Respecto a la
segunda parte de la recomendación el Ministerio del Interior entiende
que el control judicial a que están sometidos todos los actos
administrativos, debe operarse en el marco de lo que dispone la
Constitución que lo configura, de forma general, como un control
revisor a posteriori, salvo excepciones como la prevista para el
internamiento de extranjeros en situación de ilegalidad.

4.1.27.Recomendación sobre intervención de la Guardia Civil en materia
de extranjería
La intervención de la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma
Valenciana, solicitando del Juzgado de Instrucción número 2 de Liria
autorización para el internamiento de un extranjero, por estar incurso
en los apartados a), b) y f) del artículo 26.1 de la Ley Orgánica
7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España, determinó que se recomendase a la Dirección General de la
Guardia Civil que en las intervenciones practicadas por miembros del
Cuerpo, que afecten a ciudadanos extranjeros incursos en la ley
orgánica señalada, éstos sean puestos, en el plazo de tiempo más breve
posible, a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, por ser el
competente en la materia, recomendación que ha sido plenamente
aceptada.

4.1.28.Recomendación sobre respeto al derecho al honor en los informes
de la Guardia Civil
Las expresiones vertidas contra la pareja de un agente de la
Guardia Civil, incorporado a un expediente disciplinario seguido contra
el mismo, en la que se hacía referencia a aspectos íntimos de esta
persona, sirvieron de fundamento para recomendar a la Dirección General
de la Guardia Civil que en los informes o partes efectuados por
miembros del Cuerpo, no se incluyan expresiones o frases que pudieran
atentar contra el derecho al honor de las personas, reconocido en el
artículo 18 de la Constitución española, recomendación que ha sido
aceptada.

4.1.29.Recomendación sobre la adopción de medidas que racionalicen la
gestión de los traslados entre centros penitenciarios de internos con
vinculación social o familiar
Un recluso se dirigió a esta institución manifestando encontrarse
cumpliendo condena en el centro penitenciario de Monterroso, siendo
natural de Las Palmas, donde al parecer residía su compañera e hija. Lo
precario de su economía impedía que su familia se desplazara desde
Canarias hasta Galicia para visitarle. Puesto en contacto el
compareciente con los trabajadores sociales del centro penitenciario de
Monterroso, para obtener una ayuda económica para sufragar los gastos
del viaje de su familia, informó que le manifestaron que «no hay
subvenciones del Estado para estos fines».

Durante la tramitación de esta queja se ha constatado que la
masificación que padecen los centros penitenciarios de la Comunidad
Canaria y los necesarios traslados que para paliar esta situación han
de efectuarse, generaban situaciones como la descrita.

Por otra parte, en el citado escrito además de las deficiencias
estructurales relativas a las plazas penitenciarias en la Comunidad
Canaria, se hacía referencia a la insuficiencia de la partida
presupuestaria del ejercicio de 1995, tendente a dar satisfacción a las
necesidades asistenciales de presos liberados condicionales y los
familiares de unos y otros, a las que la Administración penitenciaria
viene obligada por la Ley Orgánica reguladora de su actividad (artículo
73 y ss. de la Ley Orgánica General Penitenciaria).

Habida cuenta de la situación, manifestada por el compareciente en
queja, se concluye informando que se había procedido al traslado del
interesado a un establecimiento de la Comunidad Canaria.

Como quiera que el problema planteado por este interno, no sólo le
afectaba a él, se estimó la conveniencia de ampliar el objeto de la
presente investigación, a fin de obtener datos precisos que permitieran
evaluar en sus justos términos un problema de tanta complejidad como el
que nos ocupa: el traslado de internos entre centros penitenciarios
cuando únicamente son razones de indisponibilidad de plazas en su
comunidad de referencia las que lo impiden, que no se encuentra
justificado por el contenido del programa individualizado de
tratamiento de cada interno o puntuales y excepcionales circunstancias
de índole regimental.

En este sentido el escrito remitido por esa Administración, daba
noticia de las previsiones existentes en orden a la construcción de un
futuro centro en la Comunidad Canaria, que tendría por objeto paliar el
actual déficit de plazas.

En relación con el acercamiento de los internos a centros
radicados en las zonas con las que mantiene relaciones de arraigo
social o familiar, se manifestó la preocupación que producía el
limitado alcance del denominado plan de acercamiento a zonas de
influencia familiar por cuanto que se restringe su aplicación a los
centros de nueva creación. Limitado alcance que contrasta con las
frecuentes solicitudes de traslado recibidas en esta institución
procedentes de internos que cumplen condena en prisiones alejadas de
sus lugares de procedencia y que se confirman en el transcurso de las
entrevistas personales mantenidas con motivo de las frecuentes visitas
efectuadas a centros penitenciarios.

En dichas visitas se comprueba cómo un buen número de las quejas
que espontáneamente plantean los internos vienen referidas al
alejamiento que sufren respecto de su familia, sin que aparentemente
existan motivos para ello, distintos de la mera falta de plazas.



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Las múltiples solicitudes de traslado, al parecer, son contestadas
por la Administración de un modo que es calificado por los internos de
escueto, de forma que el interesado en muchas ocasiones desiste de
solicitar nuevamente su traslado, pues considera que no tiene ninguna
posibilidad de conseguirlo.

En este sentido y a fin de ampliar los efectos del programa de
acercamiento a zonas de influencia familiar, a todos los centros
dependientes de esa Administración, se estimó que sería conveniente
proceder al estudio de la posible introducción de criterios de
previsibilidad en la gestión de los traslados entre prisiones con causa
en la vinculación familiar, condicionándolos cuando fuera preciso, al
programa individualizado de tratamiento de cada interno, cuya gestión
habría de contar con soporte en las modernas tecnologías de tratamiento
automatizado de la información.

A este objeto, resultaría de gran utilidad disponer, además de
todos los datos precisos sobre internos potencialmente trasladables,
según criterios de arraigo social y familiar complementados con
aquellos otros que el programa individualizado de tratamiento de cada
interno aconseje, el posible orden en que las plazas vacantes de un
determinado centro habrían de ser ocupadas por los internos que
tuvieran el traslado preconcedido. Se introduciría así, una especie de
lista de espera, que fuera gestionada a través de los sistemas
centralizados de tratamiento de la información ya disponibles o
mediante la creación de una aplicación independiente.

A la vista de lo expuesto, esta institución efectuó una
recomendación para que se arbitraran las medidas necesarias que
racionalicen la gestión de los traslados entre centros penitenciarios
de internos con vinculación social o familiar.

Esta recomendación ha sido aceptada en términos generales. Si bien
la Administración en relación con los traslados de los internos a sus
lugares de residencia, manifiesta no poder acceder a todas las
peticiones hasta que no se apruebe un nuevo plan de infraestructuras,
que permitirá adecuar los centros penitenciarios a aquellos lugares en
los que exista un mayor número de penados.

Respecto a la construcción de un nuevo centro penitenciario en
Gran Canaria, se ha comunicado a esta institución, que se trata de una
prioridad y que se dan las órdenes oportunas para ejecutar la
construcción de dicho centro.

Por último, en cuanto a la reducción presupuestaria del programa
de Asistencia Social, la Administración dice compartir la preocupación
mostrada desde el Defensor del Pueblo.

4.1.30.Recomendación sobre aplicación por la Administración
penitenciaria de los criterios establecidos por el Tribunal
Constitucional en relación con los expedientes de libertad condicional
de internos afectados por enfermedades graves e incurables
Compareció en esta institución un interno del centro penitenciario
de Huelva expresando su deseo de obtener la libertad condicional por
padecimiento de grave e incurable enfermedad, citando en este sentido
una sentencia del Tribunal Constitucional, relativa a esta cuestión.

Trascendiendo al caso concreto planteado por el compareciente y en
la medida que la cuestión que suscitaba posee innegable relieve
constitucional, se valoró la conveniencia de efectuar una recomendación
a la Administración penitenciaria.

Efectivamente, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia
48/1996 de 25 de mayo de 1996, en la que analizó desde la perspectiva
constitucional, la conexión existente entre el derecho a la vida y a la
integridad física y el adelanto de la libertad condicional por motivos
de enfermedad. Partiendo del contenido de esa sentencia se hicieron
llegar en forma de recomendación a la Administración penitenciaria
cuales eran los criterios que deberían aplicarse a partir de esa
resolución para decidir sobre la libertad condicional de los internos
que padecen una enfermedad grave e incurable. Esos criterios, a juicio
de esta institución, son los siguientes:

a)La pena privativa de libertad no conlleva intrínseca e
inevitablemente la limitación del derecho a la vida.

b)La Administración penitenciaria ha de cumplir con el mandato
constitucional no a través de una mera inhibición, sino mediante una
función activa para el cuidado de la vida, la integridad y en
definitiva la salud de los hombres y mujeres privados de libertad y a
ella confiados.

c)La relación especial de sujeción que vincula a la persona
privada de libertad con la Administración penitenciaria por una parte
permite limitar ciertos derechos fundamentales, pero como contrapartida
impone a la Administración que proteja y facilite el ejercicio de los
demás que no resultan necesariamente limitados.

d)El antiguo artículo 60 del Reglamento Penitenciario y 196 del
nuevo Reglamento Penitenciario y por extensión podríamos añadir el
artículo 92 del Nuevo Código Penal, cumplen la misión de cohonestar el
derecho a la vida y a la dignidad de las personas privadas de libertad,
con el derecho de la sociedad a su autoprotección, que se manifiesta
por la segregación temporal de aquellos de sus miembros que
contravengan la Ley Penal. La razón de ser de ambos artículos descansa
en la voluntad de evitar que la permanencia en esta situación de
privación de libertad suponga para el interno enfermo un riesgo cierto
para su vida e integridad física.

Por ello, el criterio que a juicio del Tribunal Constitucional
define el momento de entrada en funcionamiento de este instituto,
salvados los demás requisitos legalmente previstos para su concesión,
no es el de la concurrencia de una clara situación de terminalidad en
el enfermo, como viene interpretándose hasta este momento, pues este
criterio únicamente atiende al valor defensa social, a través del
aseguramiento de que la capacidad criminal del penado se encuentra
debilitada hasta parámetros próximos a la anulación, en detrimento del
valor vida.

Como quiera que el Tribunal Constitucional sitúa en un punto
preeminente el valor vida, de ello se deriva, que cumplidos los demás
requisitos legalmente previstos, el criterio que ha de primar, y este
es un criterio eminentemente


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médico, será el de la valoración del riesgo que para la vida del
interno muy grave e incurablemente enfermo, supone el mantenimiento por
más tiempo de su estancia en prisión, con independencia por tanto de la
terminalidad o no de su estado.

e)Se configura la libertad condicional para enfermos muy graves
con padecimientos incurables como el resultado de conjugar los valores
constitucionales implicados en esta situación límite, y no como un
instituto «pietatis causa».

f)El derecho a la integridad física y moral no consiente que
imponga a nadie una asistencia médica en contra de su voluntad
cualesquiera que fueran los motivos de esta negativa. Por ello la
concesión de la libertad condicional en estos supuestos, no puede estar
legitimante vinculada al seguimiento de ningún tratamiento médico.

Esta recomendación ha sido aceptada, habiendo comunicado la
Administración que se va a difundir a todos los centros penitenciarios
los criterios establecidos en la sentencia 48/1996 del Tribunal
Constitucional.

4.1.31.Recomendación sobre subsanación de errores en sanciones de
tráfico relacionadas con el seguro
Como consecuencia de la imposición de sanciones a una empresa de
transporte, en relación a la exhibición de documentos acreditativos del
pago del seguro de sus vehículos y, fundamentalmente, a raíz de las
discrepancias entre el conductor y el agente interviniente, en muchos
casos, respecto a si el documento presentado acredita o no el pago del
seguro y la negativa de los agentes a dejar constancia de los datos
identificativos del documento presentado, se investigó si, finalmente,
la sanción impuesta respondía al tipo de no llevar a bordo del vehículo
el recibo de pago correspondiente.

Por ello, y al objeto de facilitar el ejercicio del derecho a
defenderse en estos procedimientos y a no ser sancionado exclusivamente
en base a la declaración del agente denunciante, se recomendó a la
Dirección General de Tráfico, que se dictasen las instrucciones
precisas para que en las denuncias formuladas por falta de presentación
del documento acreditativo del pago de seguros y pólizas, en caso de
discrepancia entre el agente denunciante y el conductor, se hagan
constar en el boletín de denuncia los datos que permitan identificar el
documento presentado, a efectos de una posterior defensa en el
expediente sancionador, recomendación que ha sido aceptada.

4.1.32.Recomendación sobre representación de las casas concesionarias y
de venta de vehículos en la matriculación de los mismos
La Dirección General de Tráfico ha dictado la instrucción 97/V, en
la que se señala que las organizaciones profesionales relacionadas con
el automóvil podrán presentar solicitudes de trámites que afecten a sus
asociados, sin que haya ninguna limitación para las casas
concesionarias y de compra-venta de vehículos, cuando ostenten la
representación de particulares.

Esta circular ha sido dictada como consecuencia de la
recomendación en la que se consideraba que la limitación establecida en
la circular 56/91 de la Dirección General de Tráfico, por la que
únicamente podían llevar a cabo esta actividad de representación las
gestorías, limitaba los efectos previstos en el artículo 32 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

4.1.33.Recomendación sobre garantías respecto a la solicitud de asilo
previas a una expulsión
La incoación de un expediente de expulsión a un extranjero
aparentemente en situación ilegal, cuando la realidad era que esta
persona se encontraba dentro del plazo legalmente establecido para
abandonar voluntariamente nuestro país, sin que se hubiese comprobado
la circunstancia de si había sido solicitante de asilo y refugio, no
verificándose este extremo hasta transcurridos veintitrés días desde la
incoación del expediente de expulsión, permitió fundamentar la
recomendación al Gobierno Civil de Cádiz de que en aquellos casos en
que se tenga conocimiento que los extranjeros detenidos, a los que se
les va a incoar un expediente de expulsión, por alguna de las causas
previstas en el art. 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, han
solicitado asilo en nuestro país, se compruebe fehacientemente que su
expediente ha sido resuelto y notificado al interesado, al objeto de
poder iniciar el expediente de expulsión, recomendación que ha sido
aceptada.

4.1.34.Recomendación sobre identificación de los vigilantes de
seguridad de RENFE
Como consecuencia de un incidente entre un viajero y dos
vigilantes de seguridad de RENFE, se recomendó a ese organismo que se
impartiesen instrucciones a fin de que estos vigilantes portasen una
placa con su número de identidad profesional, en cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado vigésimo quinto de la Orden de 7 de julio de
1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento
de Seguridad Privada, recomendación que ha sido aceptada.

4.1.35.Recomendación sobre aplicación de los principios de mérito y
capacidad en las pruebas de acceso a cuerpos y escalas del Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos
Del estudio conjunto de los procesos de selección para el ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación convocados en
los tres últimos años se llegó a la conclusión de que por el juego
conjunto de los dos criterios fundamentales de aplicación en la
selección --número


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de respuestas correctas exigidas como mínimo para aprobar la fase de
selección, que ha ido descendiendo cada año, y la valoración otorgada a
los servicios previos prestados por el personal interino--, se podría
configurar un supuesto de actuación discriminatoria respecto de los
aspirantes libres.

Tal situación discriminatoria se manifestaba en la posibilidad de
que a los opositores libres que no acreditasen servicio previo alguno
pudiera no resultarles suficiente obtener la máxima nota posible en la
fase de oposición, toda vez que los opositores con una determinada
antigüedad como interinos podrían obtener por contestar correctamente
solo a la mitad de las preguntas de la fase de oposición una puntuación
totalmente inalcanzable para aquellos.

Esta ponderación mayoritaria y excluyente que puede llegar a tener
la valoración de los servicios previos lleva a la convicción de una
manifiesta desproporción existente entre la valoración de la fase de
concurso-oposición, lo cual fundamentó la formulación de una
recomendación a la Dirección General del Organismo Autónomo Correos y
Telégrafos para que en los procesos selectivos que se convoquen en lo
sucesivo se guarde la adecuada proporción entre la valoración otorgada
entre la fase de concurso a los servicios previos prestados a dicho
Organismo y la puntuación prevista para la fase de oposición, de forma
que se impida, al menos, la posibilidad de que se den supuestos como el
que dio lugar a la tramitación de la queja, y se respeten, por tanto,
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que
deben regir el acceso a la función pública.

Esta recomendación ha sido aceptada.

4.1.36.Recomendación sobre retribuciones de suspensos provisionales por
expedientes disciplinarios en trámite
La falta de pago de las retribuciones devengadas durante el
periodo de suspensión provisional de determinados funcionarios del
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos supone una vulneración del
derecho reconocido a los mismos a percibir el 75 por 100 de su sueldo,
trienios y pagas extraordinarias así como la totalidad de la prestación
económica por hijo a cargo, reconocido en el artículo 21.4 del
Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, que viene prácticamente a
reproducir el contenido del artículo 49 de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado de 1964.

Dada la claridad de los preceptos mencionados resulta evidente que
tanto la decisión de suspender el pago de los haberes como la posterior
decisión de subordinar dicho pago a las resoluciones de los
procedimientos disciplinarios y penales en trámite carecen de toda
apoyatura legal, lo que fundamentó la oportuna recomendación en orden
al cambio de los criterios seguidos en la materia por parte del
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos y para que, en consecuencia, se
hicieren efectivos los haberes devengados --tanto por el promovente de
la queja como por el resto de los funcionarios en similar situación--
durante los periodos de suspensión provisional, anulándose la decisión
de subordinar el pago de los mismos a la previa resolución de los
procedimientos administrativos y penales en trámite.

Recomendación aceptada por la Dirección General del Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos.

4.1.37.Recomendación sobre inclusión de determinada información en las
licencias de estación radioeléctrica
Para que se produzca la baja de la licencia de radioaficionado es
necesario comunicarlo expresamente, sin que se realice de oficio cuando
no se proceda al abono del canon, pero se observó que en la nota
informativa que consta en estas licencias, no figuraba esta condición,
por lo que se podía entender que la baja se producía de forma
automática, si no se solicitaba expresamente la renovación de la
licencia.

En consecuencia, se resolvió dirigir una recomendación a la
Dirección General de Telecomunicaciones del entonces Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a fin de que en la
licencia de estación radioeléctrica conste de modo claro e inequívoco
que es necesario solicitar de forma expresa la baja de la misma y que
ésta no se realiza de oficio cuando no se lleve a efecto su renovación
y el abono del canon.

La dirección general ha aceptado esta recomendación.

4.1.38.Recomendación sobre derecho de acceso al expediente
disciplinario y documentación en él obrante por parte de los
funcionarios afectados
La tramitación efectuada en relación con una queja que formuló
ante esta institución una funcionaria docente, ha permitido determinar
que la Dirección General de Personal y Servicios, del todavía
Ministerio de Educación y Ciencia, mantenía una interpretación de
determinados preceptos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la cual determinadas prescripciones complementarias contenidas en
la citada ley autorizarían a obviar la aplicación de su artículo 35.a)
--en el que se define el derecho de los ciudadanos a obtener en
cualquier momento copias de los documentos que obren en los expedientes
en los que tengan la condición de interesados-- en el curso de la
tramitación de los procedimientos de ejercicio de la potestad
disciplinaria que tienen atribuida las administraciones públicas
respecto del personal a su servicio.

Esta institución, sobre la base del análisis jurídico efectuado,
entendió que las prescripciones legales de aplicación al caso planteado
no autorizaban a hacer abstracción en el ámbito de los procesos
disciplinarios de las previsiones de carácter sustantivo, como la
contenida en el citado artículo 35.a), que se realizan en la mencionada
ley.



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En base a dicha apreciación, y a la vista asimismo de la opinión
expresada por la Comisión Superior de Personal, el Defensor del Pueblo
recomendó a la Dirección General de Personal y Servicios, del
Ministerio de Educación y Cultura, que en lo sucesivo en la tramitación
de los procedimientos disciplinarios que tengan lugar en el ámbito del
departamento, se facilite a los funcionarios que invoquen el artículo
35.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, copias de los
documentos contenidos en los procedimientos que les afecten cuando así
lo soliciten y con independencia del momento procedimental en que
formulen su solicitud.

Nuestra recomendación ha sido aceptada en sus propios términos por
la dirección general, que ha cursado las instrucciones oportunas a los
centros directivos y unidades del departamento competentes en la
materia.

4.1.39.Recomendación sobre verificación de los datos de domicilio en el
ejercicio del derecho a la elección de centro docente y cooperación de
las entidades locales en la materia
Los resultados derivados de la tramitación de quejas formuladas en
este ejercicio han hecho posible que el Defensor del Pueblo constate la
subsistencia de disfunciones en los procedimientos de admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, derivados del hecho
de que los ayuntamientos no rodean de las garantías necesarias la
expedición de las certificaciones de empadronamiento que solicitan los
participantes en dichos procesos a efectos de acreditación de su
domicilio.

Esta institución, que además ha comprobado que, no obstante lo
anterior, los órganos de admisión de los centros no hacen uso de las
facultades que tienen atribuidas para requerir de los interesados las
aportaciones de otros documentos adicionales acreditativos de sus
domicilios, ha considerado preciso formular a la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Cultura
dos recomendaciones.

La primera de ellas se ha dirigido a interesar que por los centros
directivos competentes del departamento se instruya a los órganos de
admisión en la necesidad de utilizar dichas facultades especialmente
cuando del desarrollo del procedimiento de admisión se desprendan dudas
fundadas respecto de la concordancia de los datos aportados con las
circunstancias reales de domiciliación de los alumnos.

Esta primera recomendación ha sido aceptada y ha dado ya lugar a
la remisión por el Ministerio de Educación y Cultura de las
instrucciones oportunas a las direcciones provinciales del departamento
para su envío sucesivo a los centros docentes.

En nuestra segunda resolución se recomendaba a la secretaría
general que recurriese a alguno de los mecanismos en colaboración o
convenio con las autoridades locales que se prevé en la normativa
procedimental vigente, con la finalidad de lograr la solución de los
problemas advertidos en los certificados de empadronamiento que vienen
expidiendo los ayuntamientos.

De acuerdo con el contenido de esta segunda recomendación el
Ministerio de Educación y Cultura, según se nos ha informado, ha
iniciado ya actuaciones ante la Federación Española de Municipios y
Provincias con la finalidad de llegar a definir un procedimiento
específico de expedición de los citados certificados cuando se
soliciten para su aportación en procesos de admisión de alumnos.

4.1.40.Recomendación sobre requisito de edad para acceso a plazas de
auxiliares de conversación de Lengua Española
La queja cuestionaba específicamente una de las normas incluida en
la convocatoria de plazas de auxiliares de conversación de Lengua
Española en centros docentes de grado medio en Austria, Bélgica,
Francia, Irlanda, Italia, República Federal de Alemania y Reino Unido,
convocadas por la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación y Ciencia, en la que se establecía como requisito de los
candidatos «tener cumplidos veinte años y no pasar de treinta en la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente
convocatoria», por entender que su contenido podría implicar una
discriminación por razón de edad.

El Defensor del Pueblo consideró que la edad como requisito
excluyente no parecía justificarse en dicha convocatoria, toda vez que
la finalidad y carácter del programa no se circunscribía al aprendizaje
de las lenguas por parte de los seleccionados, ni se dirigía sólo a
jóvenes en formación, como lo hacen otros programas en los que procede
valorar ciertas circunstancias con el fin de optimizar al máximo los
recursos públicos que financian los programas educativos.

Por otra parte, tal requisito podría ser en todo caso susceptible
de constituir un criterio de valoración en atención a la finalidad del
programa, pero nunca eliminatorio para la participación en el mismo, y
siempre sin menoscabo de lo establecido en el artículo 14 del texto
constitucional, a cuyo tenor todos los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
cualquier circunstancia personal o social.

A la vista de tales consideraciones se formuló la oportuna
recomendación al Secretario General Técnico del Ministerio de Educación
y Ciencia para que en lo sucesivo el requisito de la edad no sea
excluyente para poder optar a las plazas de auxiliares de conversación
de Lengua Española que convoque esa Secretaría General Técnica en
aplicación de los Convenios Bilaterales de Cooperación Cultural,
Científica y Técnica, suscritos por España con otros países.

Esta resolución fue aceptada y puesta en práctica al excluir tal
requisito de la convocatoria de auxiliares de conversación publicada en
el Boletín Oficial del Estado de 18 de diciembre de 1996.



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4.1.41.Recomendación sobre cumplimiento de los plazos de resolución de
los expedientes de convalidación y homologación de títulos académicos
extranjeros
De una queja formulada dentro del ejercicio a que se refiere este
informe, se desprendía la imposibilidad en que se encontraba un súbdito
nigeriano para obtener el título de licenciatura correspondiente a los
estudios superiores que había cursado y concluido en España, al no
haberse dictado resolución sobre el expediente de homologación de los
estudios secundarios cursados en su país, que tenía iniciado ante el
Ministerio de Educación y Cultura.

La tramitación efectuada en relación con el citado asunto permitió
constatar que el expediente de homologación mencionado --iniciado en
1991--, se mantenía todavía abierto en el momento de nuestra
intervención, y ello a pesar de que los elementos aportados por el
interesado al expediente eran absolutamente insuficientes para
acreditar los estudios cuya homologación se pretendía, y de que no
habían obtenido resultado los requerimientos que se le efectuaron para
que subsanase las deficiencias documentales advertidas.

Esta institución entendió, por consiguiente, que a la creación de
la situación que denunciaba el reclamante había contribuido
sustancialmente la prolongación irregular de la tramitación del
expediente de homologación mencionado, en un supuesto en que, además,
dicha prolongación no parecía que fuera a reportar beneficio alguno al
interesado, en la medida en que la ausencia en el citado expediente de
documentación académica de su país de origen y el carácter irresoluble
de las dificultades que alegaba el interesado para su aportación
sucesiva no hacían previsible, en ningún caso, una resolución positiva
del expediente, ni en definitiva contribuía a hacer posible que el
interesado acreditase los requisitos académicos previos necesarios para
la expedición de su título de licenciatura.

El Defensor del Pueblo, en consecuencia, consideró oportuno
recomendar a la Secretaría General Técnica, del Ministerio de Educación
y Cultura, que tiene encomendada la tramitación de los expedientes de
homologación de estudios extranjeros, que en lo sucesivo dicha
tramitación se realice dentro de los plazos que al efecto se establecen
dentro de la normativa específica de aplicación al caso.

De la respuesta que ha recibido la citada resolución parece
deducirse la disposición positiva del citado centro directivo a aceptar
la observación formulada por el Defensor del Pueblo, aunque al propio
tiempo pone de manifiesto la posible insuficiencia de los plazos que se
configuran en la referida normativa y su inadecuación a los específicos
condicionamientos que afectan a la tramitación de los mencionados
expedientes de homologación de criterios extranjeros, apreciación esta
última en relación con la cual esta institución estudia en los momentos
en que se redacta este informe, la procedencia de realizar nuevas
intervenciones ante el Ministerio de Educación y Cultura.

4.1.42.Recomendación sobre implantación del «segundo llamamiento» en
pruebas de selectividad para acceso a la Universidad
El contenido de esta queja, que se repite en términos similares en
las fechas coincidentes con la celebración de las pruebas de aptitud
para el acceso a la Universidad en cada convocatoria de junio, refleja
la situación que afecta a los alumnos que por razones inevitables y
debidamente justificadas no pudieron realizar el examen en la citada
convocatoria --que se realiza en un único llamamiento por materia--
teniendo en cuenta la prioridad absoluta que para el acceso se concede
a los alumnos que han superado las pruebas en la convocatoria de junio,
frente a los que lo hacen en la de septiembre.

En el curso de la tramitación de la queja de referencia en el
Ministerio de Educación y Cultura se inició el estudio sobre la reforma
de la normativa vigente reguladora de estas pruebas, por lo que se
recomendó al Director General de Enseñanza Superior que las
modificaciones que se prevean efectuar incluyan las previsiones
relativas a la posibilidad de efectuar un segundo llamamiento en la
convocatoria de junio, para aquellos alumnos que por causa justificada
no puedan presentarse al primero.

El Director General de Enseñanza Superior dio traslado de la
comunicación de tal recomendación al grupo de trabajo constituido en el
Consejo de Universidades, para la elaboración del proyecto de
modificación del Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio por el que se
regulan los procedimientos de ingreso en los centros universitarios.

4.1.43.Recomendación sobre revisión de la normativa reguladora de la
homologación de títulos extranjeros acreditativos de especialidades
médicas
En el curso de la tramitación de esta queja y de otras similares,
en las que los promoventes cuestionaban las resoluciones dictadas por
el Ministerio de Educación y Cultura desestimatorias de las solicitudes
de homologación de los títulos de especialidades médicas obtenidos en
países con los que España suscribió en su momento convenios aun
vigentes que prevén el reconocimiento mutuo de títulos académicos, el
citado Departamento trasladó a esta Institución su discrepancia con los
últimos criterios jurisprudenciales, favorables a aplicar tales
convenios, al ser norma imperativa que impone su observancia para ambos
estados.

El Ministerio de Educación y Cultura manifestó que en este sentido
intentaría modificar tales criterios, en virtud del derecho de los
ciudadanos a ser atendidos por profesionales que reúnan las precisas
cualificaciones, adecuadas al proceso y evolución de las ciencias y
tecnología médico quirúrgicas.

El Defensor del Pueblo entendió, por el contrario, que la
situación planteada debiera abordarse a través de la revisión de la
normativa que regula la homologación de títulos extranjeros por los
correspondientes títulos oficiales españoles, con el fin de clarificar
el carácter de estos títulos y los criterios legales en la materia,
evitando así, al


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margen de otras disfunciones, cualquier alteración del ejercicio de los
derechos ciudadanos que merecen la máxima protección.

En consecuencia, se recomendó al Director General de Enseñanza
Superior la revisión de la normativa reguladora de la homologación de
títulos extranjeros de educación superior por los correspondientes
títulos oficiales españoles, con el fin de clarificar los criterios
legales específicos que deben presidir la tramitación de los
expedientes de homologación de los títulos extranjeros que acrediten a
los titulares para el ejercicio legal de la profesión como especialista
médico, por los correspondientes títulos oficiales españoles
acreditativos de las especialidades médicas.

Esta recomendación ha sido aceptada por la Dirección General de
Enseñanza Superior, desde donde se ha comunicado que serán adoptadas
las medidas precisas para su puesta en práctica.

4.1.44.Recomendación sobre derecho de acceso a información académica de
los hijos por parte de los padres separados legalmente
Según ya se señalaba en el anterior informe de esta institución,
el Defensor del Pueblo pudo constatar a lo largo del pasado ejercicio
que al menos dos distintas direcciones provinciales del entonces
Ministerio de Educación y Ciencia habían revalidado decisiones
adoptadas por determinados centros docentes, denegatorias de la
información que venían demandando los padres respecto de las
calificaciones de sus hijos, o en relación con otros aspectos de su
vida académica.

Se trataba en todos los supuestos planteados de padres separados
de sus cónyuges que, aún cuando no tenían atribuida la guarda y
custodia de sus hijos, no estaban privados de la patria potestad en
virtud de ningún pronunciamiento jurisdiccional.

Esta institución entendió que a través de dichas actuaciones los
citados órganos educativos habían respaldado indebidamente la privación
de hecho a estos padres de facultades que se encuentran implícitas en
la patria potestad, sin el apoyo necesario de las instancias
jurisdiccionales competentes, únicas llamadas a adoptar decisiones
jurídicamente válidas en la materia, y a aclarar los conflictos que
pudieran surgir entre los padres en relación con el contenido de las
sentencias de separación o divorcio correspondientes y respecto de los
términos en que corresponde ejercer la patria potestad a cada uno de
ellos.

El Defensor del Pueblo recomendó, en consecuencia, a las citadas
direcciones provinciales que instruyeran a los servicios bajo su
dependencia y a los centros docentes ubicados dentro de su ámbito de
gestión en el sentido de que sólo resultan jurídicamente correctas las
actuaciones que supongan limitación para el ejercicio de las facultades
que forman parte de la patria potestad sobre los alumnos en aquellos
supuestos en que tales limitaciones se deriven expresamente de un
pronunciamiento jurisdiccional.

Las citadas recomendaciones han sido aceptadas en todos sus
términos por los correspondientes órganos educativos.

4.1.45.Recomendación sobre adecuación a las normas procedimentales de
la actuación de los consejos escolares
De la tramitación que ha efectuado el Defensor del Pueblo respecto
de una queja formulada por el padre de un alumno, miembro del consejo
escolar de determinado centro público, se desprendía la realización de
actuaciones --relacionadas con solicitudes de acceso a los documentos
en cuyo proceso de aprobación había intervenido el citado consejo
escolar, formuladas por el reclamante, así como con la forma en que se
realizaron las notificaciones de determinadas convocatorias del mismo
órgano colegiado-- que no parecían del todo adecuadas a prescripciones
contenidas en los artículos 24.1. y 35.h) de la Ley 1/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Esta institución, en consecuencia, recomendó a la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, en Madrid, en cuyo
ámbito de gestión se encuentra ubicado el centro objeto de la queja
planteada, que se instruyera al citado centro en la necesidad de
adecuar sus actuaciones sucesivas a lo establecido en los preceptos de
la ley procedimental vigente ya mencionados.

La citada resolución ha sido aceptada por la dirección provincial,
que ha cursado al centro instrucciones en la línea recomendada por el
Defensor del Pueblo.

4.1.46.Recomendación sobre efectos y valor de títulos propios emitidos
por las universidades
De los hechos analizados en la queja se desprendía que el
contenido del certificado para la expedición de título propio extendido
por la Universidad de Castilla-La Mancha a la promovente, así como el
del título propio que le fue finalmente expedido, eran similares a los
de los títulos oficiales, pese a que los títulos propios carecen del
carácter oficial de aquéllos, todo lo cual indujo a la confusión de la
promovente acerca del carácter oficial o no del título que había
obtenido.

Lo anterior suponía un incumplimiento por parte de la citada
universidad del artículo 7.2 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de
noviembre, en donde expresamente se prevé que los diplomas y títulos
propios expedidos por las universidades en uso de su autonomía deben
confeccionarse de manera que su texto y formato no induzcan a confusión
con los títulos oficiales, y deben incorporar en todo caso la mención
de que dichos diplomas y títulos no tienen carácter oficial.

Por otra parte, el citado real decreto y la Orden de 8 de julio de
1988 dictada para su aplicación, confieren a las certificaciones del
título los mismos efectos que los títulos


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oficiales que certifican, y obligan a especificar en aquéllas las
causas legales que pudieran limitar sus efectos.

A la vista de lo que antecede se recomendó al Rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha que en lo sucesivo el texto y formato
de los diplomas y títulos propios de dicha universidad, así como las
certificaciones del pago de los derechos para su expedición, sean
confeccionados de manera que no induzcan a confusión con los títulos
oficiales y validez en todo el territorio nacional e incorporen, en
todo caso, la mención de que dichos diplomas y títulos no tienen el
carácter oficial establecido en el artículo 28.1 de la Ley de Reforma
Universitaria.

Esta recomendación ha sido aceptada por el Rector de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

4.1.47.Recomendación sobre novatadas en colegios mayores universitarios
Iniciada de oficio una investigación en relación con las
«novatadas» sufridas por alumnos de un colegio mayor dependiente de la
Universidad Complutense de Madrid, se constató la dificultad de
sancionar este tipo de hechos, al no estar incluidos entre los
supuestos tipificados como faltas en el Reglamento de Disciplina
Académica de 8 de septiembre de 1954.

Con el objeto de evitar que tales hechos volvieran a producirse en
sucesivos años académicos, el Defensor del Pueblo recomendó al Rector
de la Universidad Complutense de Madrid que con carácter previo al
inicio del curso 1996-97 se comprobase si en los Reglamentos de Régimen
Interno de todos los colegios mayores dependientes de dicha universidad
había quedado incluida la expresa prohibición de tales prácticas
(«novatadas») calificables como «falta muy grave» y sancionables con la
expulsión del colegio mayor.

El Rector de la Universidad Complutense de Madrid aceptó la
recomendación formulada, efectuando el oportuno seguimiento de las
medidas de control iniciadas en cada colegio mayor por parte de los
correspondientes directores.

4.1.48.Recomendación sobre la supresión, para acceder a la pensión de
orfandad, del requisito de que la adopción se haya formalizado dos años
antes del fallecimiento del causante, equiparando a los hijos adoptivos
con los demás hijos
La interesada exponía en su queja que se le había denegado la
pensión de orfandad solicitada, con base en lo establecido en el
artículo 16.2 de la Orden de 13 de febrero de 1967, por el cual se
exige, para acceder a pensión de orfandad en caso de adopción, que ésta
se haya formalizado dos años antes del fallecimiento del causante.

Sin perjuicio de que el asunto concreto expuesto en la queja
alcanzara una solución satisfactoria a través de sentencia del juzgado
de lo social, al tenerse constancia de que, por parte del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, se seguía manteniendo el criterio de
denegar las pensiones de orfandad en aquellos supuestos en los que la
adopción no se hubiese formalizado dos años antes del fallecimiento del
causante, y considerando que tal requisito era contrario a lo
establecido en los artículos 14 y 39.2 de la Constitución y en el
artículo 108 del Código Civil, se dirigió a la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social una recomendación, para que, a través de la
aprobación de la norma correspondiente, se suprimiese la previsión
contenida en el citado artículo 16.2 de la Orden Ministerial de 13 de
febrero de 1967, así como para que se modificase el artículo 175 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994.

Dicha recomendación ha sido aceptada, habiéndose incluido en el
proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de
Seguridad Social una nueva redacción del artículo 175.1 de la Ley
General de la Seguridad Social, conforme a la cual el tratamiento de
todos los hijos, con independencia de su afiliación, se realizará de
forma igualitaria, suprimiéndose, en consecuencia, el requisito exigido
en el caso de los hijos adoptivos.

4.1.49.Recomendación sobre la dotación de cobertura legal al régimen
sancionador aplicado en los centros de la tercera edad del Instituto
Nacional de Servicios Sociales
En la queja que dio lugar al inicio de estas actuaciones, el
interesado manifestaba su disconformidad con la sanción, impuesta por
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Servicios Sociales de
Madrid, de pérdida definitiva de la condición de socio de un hogar para
la tercera edad, con inhabilitación para pertenecer a cualquier otro
centro. Dicha sanción había sido dictada de acuerdo con lo establecido
en el título IV del estatuto básico de centros de la tercera edad,
aprobado mediante Orden de 16 de mayo de 1985.

La falta de adecuación de la referida norma a los principios
básicos que han de regir la potestad sancionadora de la administración,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Constitución
española, y a la luz de reiteradas sentencias del Tribunal
Constitucional, motivó que se formulara una recomendación para que se
dote de la imprescindible cobertura legal al referido régimen
sancionador. Esta recomendación ha sido aceptada por la Secretaría
General de Asuntos Sociales.

4.1.50.Recomendación sobre constancia, en la comunicación a los
interesados, sobre imposibilidad momentánea de acceso al programa de
termalismo social, de la puntuación obtenida e información sobre la
puntuación de las últimas personas incorporadas al mismo
El asunto que dio origen a esta recomendación consistía en la
disconformidad, manifestada por varios ciudadanos, con el contenido de
las notificaciones de las resoluciones


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sobre solicitudes de plazas en balnearios, en el marco de los programas
de termalismo social gestionados por el Instituto Nacional de Servicios
Sociales, dado que en las mismas únicamente se les comunicaba que su
expediente no alcanzaba la puntuación para los balnearios y meses
solicitados y, en consecuencia, quedaba incluido en una lista ordenada
por puntuación.

Las actuaciones seguidas culminaron satisfactoriamente, al aceptar
la referida entidad gestora la recomendación formulada, en la que se
señalaba la conveniencia de que se hiciera constar, en las
comunicaciones a los interesados, la puntuación total obtenida conforme
a la valoración efectuada, especificándose, en todo caso, los puntos
obtenidos por cada uno de los factores objeto de valoración, todo ello
al objeto de lograr la mayor transparencia del proceso de valoración.

4.1.51.Recomendación sobre la acomodación de selección de candidatos
para oferta de empleo público a los principios de igualdad, mérito y
capacidad, no excluyendo a quienes estén inscritos en mejora de empleo
Ante la comparecencia de un ciudadano que exponía que se le había
excluido de la selección previa efectuada por el Instituto Nacional de
Empleo, a fin de enviar candidatos para cubrir un puesto de trabajo en
el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), por encontrarse inscrito en
mejora de empleo, y considerando que tal exclusión era contraria a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, se recomendó al Instituto
Nacional de Empleo que en las futuras selecciones de candidatos,
efectuadas por ese instituto, en virtud de las ofertas de empleo
público formuladas por las administraciones públicas, y que no se
encuentren sujetas a procedimiento de convocatoria pública, el sondeo
realizado no se limite a los trabajadores en situación de desempleo y,
en consecuencia, no se excluya a los ciudadanos inscritos en mejora de
empleo, acomodando dicha selección a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.

Esta recomendación fue aceptada por el citado instituto,
adoptándose las medidas necesarias para evitar en el futuro ese tipo de
disfunciones.

4.1.52.Recomendación sobre condicionamiento de las expulsiones a la
prescripción de la infracción o la sanción
La inactividad de la Administración provoca la paralización de los
procedimientos de expulsión por plazos superiores a los establecidos en
el artículo 101.1 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Orgánica 7/1985.

La necesidad de que la prescripción incida directamente en la
ejecución de la sanción de la expulsión, y motive que si no ha podido
ser ejecutada en el plazo previsto en el reglamento se haga necesario
incoar un nuevo expediente, si la situación de ilegalidad aún continúa
o ha surgido una nueva causa de expulsión, ha permitido recomendar a la
Delegación del Gobierno en Aragón que, en todos los casos en que se
tramiten expulsiones, se practique la notificación de la resolución
sancionadora en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992 y, en su
caso, se condicione la ejecución de las expulsiones a la prescripción
de la sanción o la infracción, dentro de los plazos establecidos en el
artículo 101 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985,
aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, recomendación que
ha sido aceptada.

4.1.53.Recomendación sobre garantías frente a internamientos sucesivos
de extranjeros
Tras constatar que una mujer extranjera internada en el Centro de
Moratalaz había superado, en exceso, el plazo de internamiento de 40
días, al haber sido internada en sucesivas ocasiones, y resultar este
hecho de que no se hubiera adoptado las medidas oportunas para
determinar la identidad de esta persona fehacientemente, se recomendó a
la Delegación del Gobierno en Madrid que se dictasen las instrucciones
oportunas para que, en aquellos casos en que sea necesario solicitar el
internamiento de un ciudadano extranjero, se compruebe fehacientemente
si el mismo ha estado internado con anterioridad, aunque sea con otra
filiación diferente, y evitar así internamientos que excedan del límite
legalmente establecido, recomendación que ha sido aceptada.

4.1.54.Recomendación sobre garantías respecto a la solicitud de asilo
previas a una expulsión
Se ha recomendado a la Delegación del Gobierno en Madrid que se
compruebe fehacientemente, cuando se incoe un expediente de expulsión a
un ciudadano extranjero, si el mismo ha sido solicitante de asilo y si
su expediente ha sido resuelto y notificada la oportuna resolución, con
carácter previo a la ejecución de la expulsión, recomendación que ha
sido aceptada.

4.1.55.Recomendación para evitar dilaciones en la notificación de los
decretos de expulsión que dificulten el derecho a la defensa de los
extranjeros
La constatación a través de varias quejas de la no aplicación del
instituto de la prescripción, contenido en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en concreto el plazo de diez días
señalado en dicho precepto, a la notificación de la resolución de
expulsión, sirvió de fundamento para recomendar, a la Delegación del
Gobierno en Madrid, que se proveyese lo necesario para practicar la
notificación en dicho plazo, evitando así los obstáculos para el
ejercicio del derecho a defenderse, ampliando igualmente esta
recomendación a aquellos supuestos de extranjeros presos, a los que no
se les practicaba la notificación


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hasta el momento de su excarcelación. Esta recomendación ha sido
aceptada.

4.1.56.Recomendación sobre atención por personal femenino a víctimas de
delitos contra la libertad sexual
Las manifestaciones de una mujer que había sido objeto de un
intento de violación en Valencia, respecto al trato de que fue objeto
en la comisaría donde fue a presentar la denuncia, permitió recomendar
a la Delegación del Gobierno en Valencia que en todos aquellos casos de
atención y tramitación de denuncias a víctimas de delitos contra la
libertad sexual, sean funcionarias del Servicio de Atención a la Mujer
o, en su caso, personal femenino de la Inspección Central de Guardia,
quienes efectúen estos trámites, recomendación que ha sido aceptada.

4.1.57.Recomendación sobre la improcedencia de tener en cuenta, en los
convenios colectivos, las circunstancias personales en la selección de
personal y en la promoción interna para la cobertura de vacantes
Esta institución pudo constatar que en las pruebas para cubrir puestos
de trabajo de carácter laboral en distintas administraciones públicas
se valoraban como mérito las circunstancias personales de los
aspirantes. En los informes remitidos se ponía de manifiesto la
adecuación de los procesos de promoción interna y de cobertura de
vacantes del personal laboral que no fuera de nuevo ingreso a las
previsiones de los respectivos convenios colectivos.

Al considerarse que la valoración, como mérito, de las
circunstancias personales de los aspirantes podría vulnerar los
principios de igualdad, mérito y capacidad, se formuló una
recomendación a la Dirección General de Función Pública, a fin de que
se tenga presente, en todas las negociaciones de los convenios
colectivos del personal al servicio de la Administración pública, la
improcedencia de incluir dichas valoraciones. El referido órgano aceptó
la recomendación, informando que daba traslado de la misma a las
distintas comisiones de convenios colectivos, al objeto de que sea
tenida en cuenta.

4.1.58.Recomendación sobre el incremento de la dotación de personal de
la unidad de responsabilidad patrimonial del Instituto Nacional de la
Salud
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, recoge, en su título X, el
tratamiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, cuyo desarrollo reglamentario se plasmó en el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo. Con el objeto de aplicar dicha normativa en
el ámbito del Instituto Nacional de la Salud se creó en el mismo la
unidad de responsabilidad patrimonial, integrada en la Vicesecretaría
General de esta entidad gestora.

El incremento del número de reclamaciones interpuestas, unido a la
complejidad de los expedientes, viene ocasionando demoras en la
tramitación y resolución de los mismos, dando lugar a una situación
contraria al artículo 103 de la Constitución, donde se recoge el
principio de eficacia de la Administración, y a lo dispuesto sobre
términos y plazos en la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el
referido Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

En razón a todo ello, se formuló una recomendación, a fin de que
se adoptasen las medidas oportunas para incrementar la dotación de
personal de la unidad de responsabilidad patrimonial del Instituto
Nacional de la Salud.

Esta recomendación fue aceptada, comunicándose que se procedería a
incrementar los recursos humanos de dicha unidad, así como a reordenar,
procedimental y organizativamente, las gestiones administrativas, con
objeto de ajustar los tiempos de tramitación.

4.1.59.Recomendación sobre modificación del procedimiento de selección
de personal estatutario y provisión de plazas en instituciones
sanitarias
El interesado, especialista de área de pediatría, en el ámbito de
la atención especializada, solicitó participar, por el sistema de
promoción interna, en el concurso-oposición para el acceso a plazas de
personal sanitario del nivel primario, convocado por resolución de 1 de
julio de 1994, comunicándole la Secretaría General de Asistencia
Sanitaria que no reunía los requisitos exigidos, por tener la misma
categoría y especialidad que la plaza a la que quería concursar. Por
ello se le excluyó del turno de promoción interna y se le incluyó en el
turno libre.

Sin embargo, conforme a una interpretación lógica y sistemática de
la normativa que regula la selección de personal y la provisión de
puestos en instituciones sanitarias debe sostenerse que los
facultativos especialistas de área pertenecen a una categoría distinta
de la de personal facultativo de equipo de atención primaria. Por ello,
se formuló una recomendación para que se modificara el procedimiento
establecido para la selección de personal estatutario y la provisión de
plazas en las instituciones sanitarias, por lo que atañe al criterio de
que los facultativos especialistas de área en la especialidad de
pediatría ostentan la misma categoría que los pediatras-puericultores
de equipos de atención primaria, de modo que los primeros puedan
acceder, por el turno de promoción interna, en el supuesto de reunir
los requisitos para ello, a las plazas que se convoquen o para
facultativos de atención primaria.

A la citada recomendación se acompañaba una sugerencia para que,
en consonancia con lo anterior, se revisase de oficio la resolución
mediante la cual se desestimó la solicitud para participar, por el
sistema de promoción interna, en el concurso oposición antes citado.

Por el Instituto Nacional de la Salud se comunicó la aceptación de
la recomendación y de la sugerencia formuladas.



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4.1.60.Recomendación sobre el procedimiento para ingresos en el
hospital «La Paz» de Madrid, cuando, por razones de urgencia, se
efectúan sin conocimiento de las familias, e información a éstas del
ingreso y del proceso de enfermedad
En la queja que dio origen a esta recomendación, se ponían de
relieve diversas circunstancias acaecidas en el curso de la asistencia
que recibió una persona en el hospital «La Paz», de Madrid,
destacándose que el enfermo ingresó en dicho centro y tuvo que ser
localizado por sus familiares, puesto que no se les avisó del ingreso
por parte del citado hospital. Más en concreto, el enfermo fue
trasladado al centro sanitario por los servicios de urgencia, hacia las
18,30 horas, con un traumatismo craneoencefálico producido por una
caída en la vía pública, encontrándose documentado y portando, incluso,
una tarjeta con indicación de los números a los que había que llamar en
caso de accidente. A pesar de ello, y ante la ausencia del accidentado
de su domicilio, fueron sus familiares quienes, casi siete horas
después, le localizaron.

Tras las actuaciones practicadas, pudo llegarse a la conclusión de
que en el hospital referido no existía ningún procedimiento establecido
para la localización de familiares de pacientes ingresados en dicho
centro. Ello aconsejó que se formulara a la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Salud en Madrid una recomendación para que se
impartieran las instrucciones precisas, en orden a que en el hospital
«La Paz», de Madrid, se estableciera, de forma protocolizada, el
procedimiento a seguir en todos aquellos supuestos en los que, por
razones de urgencia, el ingreso de los pacientes se efectúa sin el
previo conocimiento de los familiares, a fin de informar a éstos de tal
circunstancia, así como sobre el proceso de la enfermedad, en los
términos previstos en el artículo 10.5 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad.

Esta recomendación fue aceptada, comunicándose que por la gerencia
del repetido centro se había elaborado un protocolo de actuación para
los casos referidos, el cual ha sido difundido entre las distintas
unidades.

4.1.61.Recomendación sobre valoración de la experiencia previa en la
adjudicación de vacantes en el Instituto Nacional de Meteorología
La valoración de los servicios previos en función de haber
desempeñado previamente un puesto de trabajo en una concreta localidad
o en un determinado centro supone un criterio incompatible con el
principio constitucional de igualdad sin justificación objetiva y
razonable en los términos sentados por el Tribunal Constitucional para
establecer un tratamiento discriminatorio respecto de los posibles
aspirantes que pudieran acreditar esa misma o mayor experiencia pero
obtenida en otros centros de trabajo radicados en municipios distintos.

Este era el supuesto planteado en la convocatoria de un concurso
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dirección del
Instituto Nacional de Meteorología, Entidad que por toda justificación
en pro de la razonabilidad de dicha puntuación discriminatoria alegaba
un presunto mejor conocimiento de la meteorología local, argumento
claramente rechazable teniendo en cuenta que la citada valoración
privilegiada se estaba aplicando para adjudicar puestos de trabajo del
grupo C, en su mayor parte de carácter puramente burocrático como
claramente se desprendía de la descripción de tales puestos de trabajo
incluidos en la convocatoria en cuestión.

Ello motivó la formulación de una recomendación en orden a la
adopción de las medidas pertinentes para que los procesos selectivos
sucesivos se lleven a cabo mediante una rigurosa y estricta aplicación
de los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad
suprimiéndose la diferenciación en la valoración de los servicios
prestados en atención al centro y localidad donde dichos servicios se
hayan llevado a cabo.

Esta recomendación ha sido aceptada por la Subsecretaría de Medio
Ambiente.

4.1.62.Recomendación sobre gestión de los recursos de los acuíferos. En
particular, el sistema acuífero de la Mancha Occidental (SAMO)
La reducción paulatina de la lámina de agua del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel pese a las medidas adoptadas por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana y la Dirección del Parque para su
preservación, puso de manifiesto tras una investigación llevada a cabo
por esta Institución, que la causa fundamental en la desecación del
Parque se encontraba en la tendencia al agotamiento ecológico y
económico del Sistema Acuífero de la Mancha Occidental, de 5.260 km2
sobre el que el Parque se asienta, con la mayor capacidad de regulación
de los existentes en España.

La tendencia al agotamiento del SAMO se ha debido, a su vez, a la
errónea política legislativa de los 50 dirigida a la desecación de las
zonas húmedas de la Mancha, la sequía padecida en los últimos años y,
sobre todo, a la sobreexplotación de los recursos hídricos del sistema
a partir de los años ochenta, con el incremento casi exponencial de
nuevas superficies de regadío y la creación de más de 16.000 pozos para
la extracción de agua.

Aún cuando la Ley de Aguas de 1985 ha incorporado al dominio
público hidráulico las aguas subterráneas, lo cierto es que ni la
propia Ley ni sus normas de desarrollo han establecido un mecanismo lo
suficientemente hábil de gestión de las aguas subterráneas de modo que
su consumo se adecue a sus capacidades de recarga.

Por esta razón, en el mes de abril de 1996, el Defensor del Pueblo
dirigió una recomendación a la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas y a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, en la que proponía la adopción de las siguientes medidas:

a)El establecimiento de un sistema de gestión del acuífero único y
de titularidad pública, coherente con el carácter demanial de las aguas
subterráneas, en el que se


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obvie la tendencia a explotar el agua como si de un recurso minero se
tratase. Para que tal sistema pudiera tener éxito, sería necesario
fomentar la mayor participación posible de usuarios, regantes y
administraciones concernidas, municipales y autonómica, en su gestión,
de modo que el proyecto al ser globalmente asumido, generase una
tendencia hacia la autorregulación.

b)La optimización de los sistemas de canalización y riego
actuales, ahondando en el proceso de instalación de mecanismos
homologados de medición de los caudales extraídos y en el estudio de
sistemas de riego que sustituyan las instalaciones de gran consumo por
otros de bajo consumo adecuados al tipo de cultivo que se practica o
que resulte viable.

c)El desarrollo de la potestad sancionadora para los casos de
incumplimiento, teniendo en cuenta que el fundamento de toda norma es
la aceptación del conjunto de sus destinatarios, ya que si la casi
totalidad del grupo social al que aquella se dirige se ve abocado a su
incumplimiento, su eficacia será mínima.

d)La adecuación organizativa del organismo de cuenca a la nueva
realidad que supone la gestión de las aguas subterráneas.

Tal recomendación ha sido aceptada por la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. La Secretaría General del Ministerio de
Medio Ambiente ha dirigido a esta Institución su felicitación por el
contenido del informe y recomendación efectuada, incorporándose parte
de su contenido al programa del departamento.

4.1.63.Recomendación sobre inclusión de determinados datos en las
notificaciones de los expedientes de comprobación de valores
Una vez comprobado que las notificaciones dirigidas por la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía no contienen
una expresión de lo dispuesto en el artículo 48 del texto refundido del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, respecto a que la solicitud de la tasación pericial
contradictoria produce la suspensión del ingreso de las liquidaciones y
de los plazos para recurrirlas, en los casos de notificación conjunta
de los valores y las liquidaciones, se recomendó al citado departamento
que se incluyesen estas menciones.

Dicha recomendación ha sido aceptada.

4.1.64.Recomendación sobre reducción horaria del personal docente que
ostenta la condición de catedrático de educación secundaria en la
función pública docente de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Funcionarios del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, que
ostentan la condición de catedráticos y prestan servicios en el ámbito
de gestión de la Junta de Andalucía, se dirigieron al Defensor del
Pueblo cuestionando el contenido de sucesivas instrucciones de su
Consejería de Educación y Ciencia, que contemplaban reducciones del
horario lectivo en beneficio de profesores del mencionado cuerpo que
hubieran accedido a la condición de catedrático en razón de su
procedencia del antiguo cuerpo de catedráticos de bachillerato.

Esta institución entendió que la diferencia de trato que se
desprendía del contenido de las citadas instrucciones entre los
profesores beneficiados por la reducción horario y el resto de
profesores del mismo cuerpo que ostentaban también la condición de
catedráticos en razón de la superación de los procesos selectivos
establecidos a tal efecto, no disponía de respaldo alguno normativo
deducible de las normas legales que habían operado la integración de
los catedráticos de bachillerato en el nuevo cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, sin que, de otra parte, de la tramitación
efectuada ante la consejería competente se dedujera la existencia de
circunstancia objetiva alguna jurídicamente significativa que
justificase la diferencia de trato apuntada.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo dirigió a la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía una recomendación por la
que se interesaba que tanto las eventuales nuevas instrucciones que se
dictasen en lo sucesivo como, en su momento, la disposición
reglamentaria destinada a establecer el régimen orgánico de los
institutos de educación secundaria, se suprimiese cualquier reducción
horaria en beneficio de sectores concretos de profesorado que, como la
cuestionada por los profesores reclamantes, no dispusiera de apoyo
normativo adecuado de justificación objetiva que autorice dicha
reducción.

Nuestra recomendación ha sido aceptada en todos sus términos por
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

4.1.65.Recomendación sobre necesidad de notificar el contenido de las
resoluciones dictadas en los recursos interpuestos contra la lista
definitiva de adjudicatarios de vivienda antes de proceder a la entrega
de las mismas
La Consejería de Fomento del Principado de Asturias había
procedido a la entrega a sus adjudicatarios de unas viviendas de
protección oficial de promoción pública con anterioridad a proceder a
la notificación de todas y cada una de las resoluciones dictadas a los
recursos contra la lista definitiva de adjudicatarios, alegando que,
con carácter general, siempre es deseable una entrega de las viviendas
lo más rápida posible y que tal medida tenía cobertura legal en los
Decretos 73/1992 y 85/1995, que regulan el acceso a las viviendas de
protección oficial promovidas por el Principado de Asturias.

Esta institución, compartiendo el postulado de proceder a la
entrega de las viviendas lo antes posible, señalaba, no obstante, la
necesidad de respetar los plazos estipulados en la normativa reguladora
de adjudicación de viviendas de promoción pública, contenida en los
citados Decretos


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73/1992 y 85/1995, de cuya atenta lectura no puede sino concluirse la
necesidad de agotar la vía administrativa para todos los solicitantes
disconformes con las adjudicaciones decididas antes de entregar las
viviendas a los agraciados. En este sentido se formuló una
recomendación para dar un más perfecto cumplimiento al artículo 103.1
de la Constitución.

Finalmente, la citada consejería ha comunicado la aceptación de la
recomendación, en el sentido de no proceder a la entrega de las
viviendas hasta que se haya dado respuesta a los recursos
administrativos contra la lista definitiva de adjudicatarios.

4.1.66.Recomendación sobre inclusión de preceptos de contenido no
presupuestario en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Canarias
En constante y reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional
(sentencias 65/1987, 76/1992, 116/1994, 195/1994, entre otras) viene
sosteniendo que la Ley de Presupuestos a la que alude el artículo 134
de la Constitución puede contener no sólo la previsión de ingresos y
las autorizaciones de gastos correspondientes al ejercicio al que se
refiera, sino también establecer disposiciones de carácter general en
materias propias de ley ordinaria «que guarden directa relación con las
previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los
presupuestos o con los criterios de política económica general en que
se sustentan».

Contra la Ley de Presupuestos de Canarias para el ejercicio 1996
se solicitó del Defensor del Pueblo la interposición de recurso de
inconstitucionalidad, entre otros motivos que no vienen al caso, por
incluir entre sus preceptos diversas normas sin relación directa con
los gastos e ingresos que integran dicho presupuesto o con los
criterios de política económica del Gobierno de Canarias.

No se accedió a la interposición del recurso por considerar que
las limitaciones constitucionales contenidas en el artículo 134 CE, en
base a las cuales el Tribunal Constitucional ha sentado la doctrina a
que antes se ha hecho referencia, se refieren a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y no de manera directa e inmediata a las leyes
equivalentes de las comunidades autónomas.

No obstante, esta «viciosa» práctica de incluir en las leyes de
presupuestos normas ajenas a su contenido propio, ya erradicada de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado por el Tribunal
Constitucional, debiera también desaparecer de las leyes de
presupuestos de las comunidades autónomas, que en esencia deben
respetar y someterse los mismos límites que afectan a la ley estatal
(STC 116/1994 FJ 5).

Por este motivo, se consideró procedente formular al Presidente
del Gobierno de Canarias la siguiente recomendación:

«Que en lo sucesivo no se incluyan en el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma preceptos que no
guarden directa relación con las previsiones de ingreso y las
habilitaciones de gasto de los propios presupuestos, o con los
criterios de política económica general en que éstos se sustenten, y
que sean, además, complemento necesario para la mayor inteligencia y
para la mejor y más eficaz ejecución de tal presupuesto y en general de
la política económica del Gobierno.»
Esta recomendación fue aceptada expresamente por el Gobierno de
Canarias.

4.1.67.Recomendación sobre obligatoriedad de resolución expresa y
necesidad de establecer un sistema de adjudicación de las ayudas para
la adquisición de viviendas que no esté basado únicamente en el orden
de entrada de las solicitudes
La Orden de 10 de enero de 1994 de la Consejería de Fomento, que
regula la concesión de ayudas para la adquisición de vivienda a
perceptores de rentas intermedias, establecía en su artículo 7.3 que
las que a fecha 30 de noviembre de 1994 no hubiesen sido contestadas se
entenderían desestimadas, lo que entraría en contradicción con el
artículo 103.1 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley 30/1992.

Así pues se recomendó a dicha Consejería que, si en el futuro se
procedía a dictar órdenes que regulen la concesión de ayudas económicas
para la adquisición de viviendas a perceptores de rentas intermedias,
se tomaran las medidas necesarias para que en su texto no aparezcan
disposiciones --como la mencionada del artículo 7.3 de la Orden de 10
de enero de 1994-- que pudieran poner en entredicho el contenido del
artículo 42 de la Ley 30/1992. Debiendo, además, establecerse de manera
inequívoca unos plazos de resolución --a partir de la fecha en que
finalizaba el plazo de admisión de solicitudes-- que no entren en
colisión con el punto segundo del artículo 42, ya citado, de la Ley
30/1992.

Igualmente, al ser el importe de la cantidad presupuestada para el
total de ayudas sensiblemente inferior al número de solicitantes que
cumplían los requisitos, cobraba especial importancia el sistema de
adjudicación, que primaba el orden de presentación de las solicitudes.

Ahora bien, al haber varios registros de entrada, cada uno con su
correspondiente numeración, en la práctica era imposible determinar con
objetividad qué expediente de los presentados en la misma fecha en
diferentes sedes tenía prioridad, lo que podría crear situaciones de
inseguridad jurídica entre los administrados al haber identificado
orden de tramitación de expedientes con prioridad de adjudicación,
haciendo una interpretación demasiado extensiva del artículo 74.1 de la
Ley 30/1992.

Así pues, se hizo una segunda recomendación en el sentido de que
era necesario arbitrar un sistema diferente de adjudicación, que
eliminara los inconvenientes enunciados, para dar un mejor cumplimiento
al artículo 9.3 de la Constitución, recomendación que ha sido aceptada.



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4.1.68.Recomendación sobre supresión de la valoración de la integración
profesional y empadronamiento mínimo de tres años en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para la instalación de oficinas de farmacia
Con motivo de la aprobación de la Ley de la Asamblea de
Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de Atención Farmacéutica de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, se recibieron diversas solicitudes
para que se interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra
diversos preceptos de la citada ley.

Pese a acordarse no hacer uso de la legitimación de la que el
Defensor del Pueblo está investido para la interposición de dicho
recurso, se consideró que la valoración como mérito, a la hora de la
adjudicación de una oficina de farmacia, de la circunstancia relativa a
la integración profesional y empadronamiento mínimo de tres años en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura era una medida
restrictiva de la libertad de establecimiento, incompatible con el
artículo 52 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

A la vista de ello, y con objeto de evitar que en su momento se
produjera el desplazamiento del ordenamiento jurídico interno por el
ordenamiento jurídico de la Unión Europea, se recomendó la modificación
del precepto de la Ley 3/1996, de 25 de junio, en que se contemplaba
dicho mérito, en el sentido de suprimir el párrafo conforme al cual, en
el baremo que se determine por vía reglamentaria, debería tenerse en
cuenta la valoración de la integración profesional y empadronamiento
mínimo de tres años en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

En relación con ello, es menester significar que por Ley de la
Asamblea de Extremadura 1/1997, de 16 de enero, se modificó el artículo
11 de la Ley 3/1996, de 25 de junio, en el sentido de suprimirse la
valoración del empadronamiento mínimo de tres años en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura dentro del procedimiento para la
autorización de nuevas oficinas de farmacia. No obstante, subsiste la
referencia a la valoración de la integración profesional en el ámbito
de dicha comunidad autónoma, permanencia que pretende justificarse en
el preámbulo de la ley, al entender que tal circunstancia acredita una
mayor experiencia de la realidad social y sanitaria extremeña, sin
tener carácter discriminatorio.

4.1.69.Recomendación sobre criterios a considerar para la concesión de
becas y ayudas de apoyo a la formación y actualización del personal
investigador, en la Comunidad Autónoma de Galicia
De los datos recabados en la tramitación de estas quejas se
desprendía que a causa de la imprecisión con la que estaban definidos
los criterios de selección para la concesión de bolsas de estudios de
tercer ciclo y del Premio Extraordinario de Fin de Carrera, convocadas
por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta
de Galicia, se habían producido distintas interpretaciones sobre los
antecedentes académicos que de cada concursante serían valorados por la
Comisión de Selección.

Esta institución dio conformidad a las consideraciones puestas de
manifiesto por el titular de la citada consejería para justificar la
amplia discrecionalidad con la que se decidió, por la Comisión de
Selección, incluir entre los antecedentes académicos evaluables los que
se produjeron con anterioridad a la obtención de los títulos de
licenciados de los formulantes de las quejas, en la medida en que se
trataba de remediar la imprecisión de los términos recogidos en la
orden de convocatoria.

Sin embargo entendimos que la estructura cíclica de las enseñanzas
universitarias que permiten la obtención de un título oficial de
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, tras la superación
del primer ciclo, y la posibilidad de continuar los estudios en un
posterior segundo ciclo --que no constituya necesariamente continuación
directa del primero-- para obtener el título oficial de licenciado, de
arquitecto o de ingeniero, habrían hecho precisa una mayor definición a
la hora de incluir entre los criterios de selección los arriba
analizados, cuya aplicación práctica ha dado lugar a distintas
interpretaciones, lo que ha aportado cierto grado de inseguridad
jurídica para los aspirantes.

En consecuencia, se recomendó al Consejero de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia que en los procesos
selectivos que en lo sucesivo fueran convocados se recogieran de manera
específica, entre los criterios de selección, los antecedentes
académicos concretos que serán susceptibles de valoración por la
Comisión de Selección correspondiente.

Esta recomendación fue aceptada y puesta en práctica con ocasión
de las convocatorias correspondientes al siguiente año, en cuyas bases
se señalaban específicamente los antecedentes académicos que serían
valorados.

4.1.70.Recomendación sobre inclusión de preceptos de contenido no
presupuestario en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Galicia
En constante y reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional
(sentencias 65/1987, 76/1992, 116/1994, 195/1994, entre otras) viene
sosteniendo que la Ley de Presupuestos a la que alude el artículo 134
de la Constitución puede contener no sólo la previsión de ingresos y
las autorizaciones de gastos correspondientes al ejercicio al que se
refiera, sino también establecer disposiciones de carácter general en
materias propias de ley ordinaria «que guarden directa relación con las
previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los
presupuestos o con los criterios de política económica general en que
se sustentan».

Contra la Ley de Presupuestos de Galicia para el ejercicio 1996 se
solicitó del Defensor del Pueblo la interposición de recurso de
inconstitucionalidad, entre otros motivos que no vienen al caso, por
incluir entre sus preceptos diversas normas sin relación directa con
los gastos e ingresos que integran dicho presupuesto o con los
criterios de política económica del Gobierno de Galicia.



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No se accedió a la interposición del recurso por considerar que
las limitaciones constitucionales contenidas en el artículo 134 CE, en
base a las cuales el Tribunal Constitucional ha sentado la doctrina a
que antes se ha hecho referencia, se refieren a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado y no de manera directa e inmediata a las leyes
equivalentes de las comunidades autónomas.

No obstante, esta «viciosa» práctica de incluir en las leyes de
presupuestos normas ajenas a su contenido propio, ya erradicada de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado por el Tribunal
Constitucional, debiera también desaparecer de las leyes de
presupuestos de las comunidades autónomas, que en esencia deben
respetar y someterse los mismos límites que afectan a la ley estatal
(STC 116/1994 FJ 5).

Por este motivo, se consideró procedente formular al Presidente
del Gobierno de Galicia la siguiente recomendación:

«Que en lo sucesivo no se incluyan en el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma preceptos que no
guarden directa relación con las previsiones de ingreso y las
habilitaciones de gasto de los propios presupuestos, o con los
criterios de política económica general en que éstos se sustenten, y
que sean, además, complemento necesario para la mayor inteligencia y
para la mejor y más eficaz ejecución de tal presupuesto y en general de
la política económica del Gobierno.»
Esta recomendación fue aceptada expresamente por el Gobierno de
Galicia.

4.1.71.Recomendación sobre los impresos necesarios para formalizar el
pago de tasas de examen en pruebas de acceso a la función pública de la
Comunidad Autónoma de Galicia
La convocatoria para las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de la función pública gallega establecía como requisito
de participación en las mismas que las solicitudes debían formularse en
instancia «... facilitada en las dependencias de la Administración de
la Junta de Galicia...», previo pago de los derechos de examen, y en su
caso de los gastos de transferencia «... utilizando para ello el
impreso de autoliquidación señalado en el anexo cuarto», facilitado a
los interesados «... en el registro general de la Consejería de
Presidencia y Administración Pública, en los de sus Delegaciones
Provinciales, en las oficinas comerciales de la Junta de Galicia».

La exigencia de estos requisitos se acompañaba con la taxativa
advertencia de que la no presentación del impreso autocopiativo de
liquidación de los derechos de examen, con el sello de la entidad
bancaria donde efectuare el pago, conllevaría la exclusión del
aspirante de la participación en las pruebas selectivas.

Considerando que tal exigencia constituía un obstáculo a la libre
circulación y establecimiento de las personas en todo el territorio
nacional, constitucionalmente prohibido por el artículo 139.2, amén de
implicar para los ciudadanos no residentes en la comunidad autónoma de
referencia un trato desigual difícilmente compatible con el principio
de igualdad que debe regir el acceso a la función pública, se formuló a
la Consejería de Presidencia y Administración Pública de la Junta de
Galicia la siguiente recomendación:

Que en las convocatorias de acceso a la función pública de esa
comunidad autónoma se flexibilicen los requisitos formales de solicitud
de participación en las mismas y de abono de las tasas o derechos de
examen que correspondan, posibilitando los mecanismos alternativos a la
utilización de impresos proporcionados por la propia administración
pública autonómica de manera que no se dificulte la participación de
ciudadanos residentes fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Esta recomendación ha sido aceptada comprometiéndose la mencionada
Consejería a que en los procesos selectivos que se convoquen en el
futuro se arbitrarán las medidas oportunas para facilitar la
participación en los mismos de aquellos aspirantes que residan fuera de
Galicia.

4.1.72.Recomendaciones sobre requisitos que deben cumplir las
notificaciones practicadas en los expedientes de comprobación de
valores
Se ha constatado, de las quejas recibidas y del examen de las
notificaciones practicadas por la Consejería de Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Madrid, en expedientes de comprobación de valores
de bienes inmuebles a efectos tributarios, que las notificaciones no
cumplen el requisito de suficiente motivación exigido por la normativa
vigente.

El Tribunal Supremo, en reiterada jurisprudencia, ha rechazado las
motivaciones basadas en simples menciones genéricas, tales como precios
de mercado y otras semejantes, que nada explican y que están
desprovistas de un estudio analítico en relación con el concreto hecho
imponible.

Por ello, se ha recomendado a la citada consejería que realice las
actuaciones necesarias para que se modifiquen las notificaciones que se
practiquen en los expedientes de comprobación de valores, de forma que
contengan una explicación razonada y justificada de los criterios de
valoración utilizados y que se formulen estos criterios de forma clara
e inteligible para el ciudadano.

Esta recomendación ha sido aceptada.

4.1.73.Recomendación sobre acomodación de selección de personal
auxiliar de apoyo a la extinción de incendios a los principios de
igualdad, mérito y capacidad, suprimiendo la valoración del
empadronamiento en el municipio correspondiente al puesto de trabajo
solicitado
En las convocatorias de 1994 para la contratación de plazas de
auxiliares para apoyo a la extinción de incendios forestales de la
Comunidad de Madrid y para la contratación de plazas de auxiliar de
control de vigilancia y detección de incendios forestales, se puntuaba
como mérito el


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hecho de estar empadronado en el municipio correspondiente al puesto de
trabajo solicitado.

De acuerdo con el informe remitido por la Administración, la
valoración de esta circunstancia perseguía, desde un punto de vista
práctico, seleccionar al personal que, por su lugar de residencia,
tenía un mayor conocimiento del terreno, de la climatología, de los
accesos topográficos, de la idiosincrasia de la comunidad y de las
infraestructuras y zonas residenciales. No obstante, a la luz de los
principios de igualdad, mérito y capacidad, no parecía adecuado
presumir un mayor conocimiento de las citadas circunstancias por el
mero hecho de estar empadronado en un determinado municipio, sin
permitir que dicho conocimiento efectivo pudiera ser acreditado por
otro medio, por lo que se dirigió una recomendación en este sentido a
la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La referida recomendación ha sido aceptada y puesta en práctica en
la convocatoria de estas plazas correspondiente al año 1996,
incluyéndose como mérito valorable el conocimiento del término
municipal en que se encuentre el puesto de trabajo o de los municipios
limítrofes.

4.1.74.Recomendación sobre requisitos que deben cumplir las
resoluciones de los recursos
Se ha podido comprobar, del examen de las resoluciones de los
recursos presentados ante la Consejería de Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Madrid, que en las mismas no se daba respuesta a todas las
alegaciones planteadas por los interesados, incumpliéndose por tanto la
exigencia legal de congruencia de las resoluciones.

En consecuencia, se ha recomendado a la citada consejería que
realice las actuaciones oportunas para que, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones de los recursos
sean congruentes con las peticiones y alegaciones formuladas por los
recurrentes, de forma tal que decidan sobre todas las cuestiones
planteadas.

Esta recomendación ha sido aceptada.

4.1.75.Recomendación sobre retraso en el abono de becas y ayudas al
estudio
La tramitación de esta queja permitió al Defensor del Pueblo
conocer que las Ordenes de 27 de febrero de 1995 y de 18 de abril de
1996 de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad
Valenciana, por las que se convocan becas para los gastos generados por
los precios públicos por servicios académicos para la realización de
estudios universitarios en los cursos académicos 1994-95 y 1995-96
respectivamente, en las universidades públicas de la Comunidad
Valenciana , establecían unos plazos de tramitación que permitían a los
órganos administrativos correspondientes finalizar el proceso de
selección de solicitudes y pago de las becas concedidas una vez
finalizado el curso académico para el que fueron previstas.

Esta situación restaba eficacia al sistema de becas desplegado por
dicha comunidad autónoma, por no permitir su adjudicación al
beneficiario en el momento idóneo para satisfacer la necesidad a la que
tales ayudas respondían, lo que sí resultaría posible permitiendo el
aplazamiento en el pago de los precios públicos por parte del aspirante
a las mismas.

En consecuencia se recomendó al Consejero de Cultura, Educación y
Ciencia de la Generalidad Valenciana que se promovieran las medidas
precisas para que la percepción por los beneficiarios del importe de
las becas y ayudas al estudio convocadas por esa Consejería se produzca
en el momento adecuado para solventar la necesidad que la beca o ayuda
está destinada a cubrir.

Esta recomendación fue aceptada expresamente por el consejero
quien comunicó al Defensor del Pueblo que sería tenida en cuenta en la
convocatoria correspondiente al curso 1997-98.

4.1.76.Recomendación sobre adopción de un plan especial de mejora de
los procedimientos tributarios
Se continúan detectando errores en la tramitación de los
expedientes gestionados por el Organismo de Gestión Tributaria de la
Diputación Provincial de Alicante (SUMA). Aunque se observa que este
organismo manifiesta voluntad de rectificación de estas disfunciones,
se le ha solicitado que analice en profundidad sus procesos de gestión
y que estudie las causas que pueden producir los errores denunciados,
recomendándole que apruebe un plan especial de actuación a fin de
reducir los errores de tramitación observados.

El citado organismo ha aceptado esta recomendación y ha indicado
que se ha creado un departamento de organización que se encargará de la
revisión y mejora de los procedimientos. Asimismo, explica que se ha
perfeccionado el sistema informático y que se han proporcionado cursos
de formación al personal. Finalmente, se anuncia la existencia de
acuerdos en orden a conseguir una mayor coordinación entre las
diferentes administraciones públicas en materia de gestión de tributos
locales, lo que sin duda contribuirá a la eficacia de esta oficina en
la gestión de los tributos locales.

4.1.77.Recomendación sobre subsanación de defectos en los impresos de
notificaciones en materia de tráfico
Un conductor formuló la presente queja ante una sanción del
Ayuntamiento de Alcobendas por un estacionamiento indebido. En dicha
queja manifestó que había recibido una resolución del expediente
sancionador tramitado al efecto en el que se desestimaron sus
alegaciones con la única frase de que las mismas «no desvirtúan el
hecho denunciado», señalando el alto coste de un posible recurso
contencioso-administrativo.

A lo largo de la tramitación se pudo constatar que dicho
Ayuntamiento venía notificando a los denunciados las resoluciones


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dictadas en los expedientes sancionadores mediante un modelo de impreso
en el que solo existía un espacio para mecanografiar dos renglones de
motivaciones o razones por las que se desestimaban las alegaciones
formuladas. Además, en tal espacio se incluían unas frases genéricas
como justificación de la resolución adoptada con lo que no se podía
considerar que se cumplía la normativa vigente, imponiéndose sanciones
con el único dato de la denuncia formal del Agente de la Policía Local,
sin ulteriores pruebas que fundamentasen más la desestimación de los
argumentos expuestos por los interesados o las pruebas aportadas por
éstos.

Por tales circunstancias, se recomendó al ayuntamiento que se
sustituyeran los modelos de impresos que se venían utilizando con el
fin de que se subsanasen las deficiencias constatadas.

Igualmente se recomendó que en los nuevos impresos de notificación
de las resoluciones sancionadoras se observasen todos los requisitos
formales exigidos por la normativa vigente relativos a la
identificación del órgano notificador y de la persona que las recibe o
rehusa así como que se adecuara el precepto supuestamente infringido a
los hechos que se imputen al conductor debiéndose demostrar éstos con
las pruebas suficientes.

Al haberse aceptado en su integridad tal recomendación, se
procedió a dar por concluidas las investigaciones que se habían venido
realizando con ocasión de la presente queja.

4.1.78.Recomendación sobre mendicidad en Murcia
Dentro de la línea de actuación seguida durante 1996 en varios
ayuntamientos respecto a la actuación de las policías municipales con
las personas que practican la mendicidad, se recomendó al Ayuntamiento
de Murcia la modificación de las vigentes ordenanzas municipales en
todo aquéllo que tenga relación directa con la actuación municipal en
el ámbito de la mendicidad, en el sentido de adecuar dichas ordenanzas
a los principios de legalidad y tipicidad y al respeto a los derechos
fundamentales de la persona.

El ayuntamiento ha procedido a la aprobación de unas nuevas
ordenanzas, si bien éstas han sido objeto de una fuerte contestación
por varios grupos municipales que han presentado nueva queja ante el
Defensor del Pueblo.

4.1.79.Recomendación sobre mendicidad en Santander
De la investigación practicada se puede concluir que el
Ayuntamiento de Santander, con el objetivo de erradicar la «mendicidad»
de su término municipal, ha ordenado a la policía municipal levantar
acta de aquellas personas que la ejercen en sus calles, requisándoles
el dinero que portan, conduciéndoles a comisaría u otros centros y
advirtiéndoles que de continuar con la misma se considerará su actitud
como de desobediencia a la autoridad y, en consecuencia, serán puestas
a disposición del juez.

Estas medidas se han adoptado en base a una Ordenanza municipal
del año 1900 y, en concreto, a tenor de lo señalado en su Libro II
sobre Policía de Buen Gobierno y dentro de su Título IV Preceptos
Morales y Sociales, Capítulo XV sobre Cultura y Moralidad Públicas.

De todos los antecedentes de que esta institución dispone en
relación con la queja, se ha considerado que este modo de actuar carece
de la necesaria cobertura legal. La ordenanza del Ayuntamiento de
Santander es obviamente, por la fecha de su aprobación,
preconstitucional y está inspirada en valores morales y éticos
claramente enfrentados al ordenamiento constitucional vigente, que
defiende la libertad de cada uno para hacer todo aquéllo que no esté
prohibido legalmente (sentencias 23/1986, fundamento jurídico primero,
y 21/1987, fundamento jurídico tercero).

Por otra parte, la ordenanza del Ayuntamiento de Santander y las
prácticas de su policía local reflejan una clara similitud con la Ley
de Vagos y Maleantes y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social
que preveían los tipos peligrosos de la mendicidad y la vagancia y las
correspondientes medidas de seguridad de internamiento y recogida del
dinero, medidas que han sido expresamente derogadas por el Código
Penal.

Pero, incluso, se aprecia en éstas una mayor deslegitimación en
cuanto que las dos leyes ya derogadas establecían un procedimiento
contradictorio y sometido a la vigilancia de los jueces frente a la
actuación de los responsables municipales que actúan, según se nos
informa, sin garantías y en base a un procedimiento «sui generis» que
lesiona el principio de legalidad y seguridad jurídica del artículo
9.3. de la Constitución, ya que sólo por ley orgánica se puede limitar
el derecho a la libertad y sólo por ley ordinaria cabe tipificar las
sanciones administrativas.

Tampoco puede fundamentarse la aplicación de la ordenanza del
Ayuntamiento de Santander en el ámbito de competencias que se atribuyen
a los ayuntamientos en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases del Régimen Local y en relación con el artículo 14 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, porque en ningún caso esta última ley prevé medida
sancionadora alguna ni considera hecho susceptible de sanción los actos
que caracterizan la «mendicidad». Incluso en base precisamente a la Ley
de Protección de la Seguridad Ciudadana no sería sancionable, en estos
supuestos, la desobediencia a los requerimientos de los policías
municipales, toda vez que el artículo 26.h) señala como infracción leve
de la seguridad ciudadana la desobediencia a los mandatos de la
autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo
dispuesto en dicha ley y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana
no incluye la mendicidad como una conducta sancionable. En definitiva,
según la citada norma nadie puede ser forzado en su libertad de
circulación y menos detenido si no es en los supuestos y con todas las
garantías que se señalan en ella.

Es cierto que la infracción de las ordenanzas, sin olvidar las
posibles consecuencias penales que puedan derivarse


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en supuestos específicos, pueden ser sancionadas con arreglo al cuadro
máximo de multas recogido en el artículo 59 del texto refundido de
régimen local, pero como venimos diciendo, todas las ordenanzas se
encuentran limitadas por la ley sea estatal o autónoma y en posición de
subordinación. Por esta razón resultan nulos los preceptos de una
ordenanza contrarios a las leyes, y aun cuando una ordenanza, y en
virtud del principio de autonomía municipal, puede regular aspectos que
trascienden del ámbito de la pura ejecución, no cabe duda que estas
disposiciones no pueden asumir aquellas materias que competencialmente
corresponden sólo a la ley regular (por todas, sentencia del Tribunal
Constitucional de 18 de noviembre de 1983, en relación con el apartado
26 j) de la Ley Orgánica 1/1992).

En conclusión, las ordenanzas de policía y buen gobierno, como
tradicionalmente se las viene a denominar, no pueden entrar a adoptar
medidas que afecten a derechos fundamentales, como el derecho a la
libre circulación, (artículo 19 de la Constitución) o determinar la
imposición de sanciones o medidas de seguridad sujetas al principio de
legalidad y demás garantías previstas en nuestro ordenamiento.

En caso de ser un extranjero el que realice estas prácticas, la
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España, prevé en su artículo 26.1 f) la medida de
expulsión del territorio nacional de aquellos extranjeros que ejerzan
la mendicidad. Por tanto, en este caso se da la necesaria tipificación
legal al existir expresamente la sanción de la expulsión del ciudadano
extranjero que realice este tipo de actividades, pero sanción que
únicamente puede acordar y resolver el Ministerio del Interior y con
todas las garantías recogidas en la misma ley, garantías que no
permiten incautarse del dinero recogido o forzarle a ir a otro lugar
que no sea el centro de internamiento, con la debida autorización
judicial, o el medio de transporte correspondiente para proceder a su
expulsión.

El Defensor del Pueblo ha considerado que las medidas adoptadas
por el Ayuntamiento de Santander sancionando y aplicando medidas de
seguridad no previstas en nuestro ordenamiento a las personas que
realicen una actividad mendicante, son irregulares y contrarias a los
valores y principios constitucionales y, en consecuencia, procedió a
recomendar que, a la mayor brevedad posible, se procediese a modificar
las vigentes ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Santander del
año 1900 y, en concreto lo previsto en el Capítulo XV del Título IV,
Libro II sobre Policía de Buen Gobierno, en el sentido de adecuar
dichas ordenanzas a los principios de legalidad y tipicidad y al
respeto a los derechos fundamentales de la persona, en todo aquéllo que
pueda considerarse como adecuada respuesta legal de ese ayuntamiento a
las situaciones de mendicidad que puedan darse en su término municipal.

En la contestación final el ayuntamiento declara no aplicar la
ordenanza, al haber sido derogada tácitamente por el Código Penal e
intervenir sólo en casos en que se utilicen menores o se utilice
violencia con los ciudadanos.

4.1.80.Recomendación sobre revocación de oficio de liquidaciones del
impuesto sobre bienes inmuebles del año 1990 por haberse detectado
errores en los valores catastrales vigentes
El Ayuntamiento de Tossa de Mar (Gerona) giró la liquidación de
dicho tributo correspondiente a 1990 a un ciudadano, prescindiendo del
procedimiento establecido en el artículo 30 de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales, al aplicar a dicho ejercicio
nuevos valores catastrales que no habían sido publicados durante el
primer semestre del año inmediatamente anterior, sino el 2 de enero de
1990. De acuerdo con lo dispuesto en la citada norma, éstos no podían
tener efectividad en ese ejercicio, si no en 1991, por lo que los actos
administrativos correspondientes se habían dictado incurriendo en
infracción del ordenamiento jurídico, al carecer de los requisitos
indispensables para alcanzar su fin.

En consecuencia, se dirigió a la citada corporación municipal la
recomendación de que en uso de la facultad discrecional que le confiere
el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, estudiara la
posibilidad de revocar de oficio las liquidaciones del impuesto sobre
bienes inmuebles correspondientes al ejercicio de 1990 giradas al
reclamante y otros ciudadanos, procediéndose a dictar nuevas
liquidaciones adecuadas a los valores catastrales vigentes el 1 de
enero de ese año. Se ha solucionado el problema que afectaba al
ciudadano promovente de la queja y queda pendiente que el ayuntamiento
se pronuncie sobre el resto de las liquidaciones del mismo ejercicio.

4.1.81.Recomendación sobre modificación de los impresos de
notificaciones en materia de tráfico
Con motivo de la queja formulada por un vecino de Valladolid esta
institución pudo comprobar que el ayuntamiento venía tramitando los
expedientes sancionadores por infracciones de tráfico mediante unos
impresos que servían para notificar tanto las denuncias por las
posibles infracciones cometidas, como las resoluciones recaídas y en
los que, además, se incurrían en diversas irregularidades que hacían
que no se pudieran considerar conformes a derecho, afectando dichas
deficiencias a tres ámbitos diferentes: a) al contenido de la
resolución dictada, ya que no se expresaba una mínima motivación
jurídica o fáctica; b) a la información de los recursos que se podían
interponer y c) a la notificaciones de esos actos administrativos
puesto que no se observaban los requisitos formales preceptivos.

Ante tales deficiencias, esta institución formuló a dicho
ayuntamiento la recomendación de que se procediera a la sustitución de
los modelos impresos que se venían utilizando por otros en los que se
subsanasen los defectos detectados.

Igualmente se recomendó que en los nuevos modelos de impresos se
dejase un espacio suficientes para en el mismo se incluyeran los
fundamentos jurídicos en los que se basase la resolución así como para
expresar, siquiera de


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forma sucinta, las razones por las que se desestimen cada una de las
alegaciones formuladas.

Por último, se recomendó que en tales impresos se debería informar
a los notificados de los recursos que procedieran de acuerdo con la
legalidad vigente, observándose los requisitos formales establecidos en
la normativa aplicable.

En la contestación dada por el Ayuntamiento de Valladolid, se
manifestaba que se aceptaba la recomendación que se le había formulado
y adjuntaba un ejemplar del nuevo impresos que se iba a utilizar en
adelante.

Ante ello se procedió a concluir con nuestra investigación si bien
se indicó a la administración citada que cuando alguna de las
alegaciones que se formulen no pudieran ser contestadas con alguno de
los seis supuestos previstos en el modelo de impreso, se debería
responder de forma expresa.

4.2.Recomendaciones no aceptadas 4.2.1.Recomendación sobre modificación
legislativa en orden a dar efectividad interna de forma plena a las
sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Como consecuencia de la queja presentada en esta institución, se
tuvo conocimiento de que un ciudadano, teniendo a su favor una
sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en la que se
declaraba que se había producido una violación del derecho fundamental
a recibir una sentencia en un plazo razonable, no había recibido ningún
tipo de respuesta dentro del ordenamiento jurídico español, cuando
pretendió llevar a la práctica los pronunciamientos favorables que la
citada resolución contenía.

Después de examinar el Convenio Europeo para la protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de 4 de noviembre de
1950, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979, así como los
pronunciamientos que sobre esta materia ha realizado el Tribunal
Constitucional, se consideró oportuno efectuar al Ministerio de
Justicia una recomendación para que procediera a realizar las
modificaciones legislativas adecuadas a fin de dar efectividad interna
de forma plena a las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de
Derechos Humano, cuando en las mismas se impute al Estado español la
violación del Convenio Europeo. Dentro de esas modificaciones
legislativas también se propuso que se regularan los cauces procesales
que deben seguirse para dar cumplimiento a ese tipo de resoluciones
dentro de la jurisdicción ordinaria, diferenciando según que la
presunta violación de un derecho se haya producido por los tribunales
ordinarios o por el Tribunal Constitucional.

Esta recomendación ha sido rechazada por la Administración. Según
aparece en la contestación que remitió el Ministerio de Justicia, no se
observa la urgente necesidad de una reforma legislativa como la
propuesta, ni por el número de decisiones de Estrasburgo referidas a
España, ni por la existencia de una opinión generalizada en tal
sentido.

4.2.2.Recomendación sobre derecho a ejercitar la opción que contempla
el artículo 88 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
Se ha observado que la Administración tributaria no ha aceptado la
rectificación solicitada, respecto de la opción de tributación conjunta
o separada, a ciudadanos que han cometido un error involuntario en la
cumplimentación de los impresos de la declaración al rellenar la
casilla correspondiente, aunque, examinados los demás datos de la
declaración, se desprendía que la voluntad real era elegir otra opción.

En algunos de estos supuestos la situación se complicaba por la
incorporación de nuevas rentas a la declaración inicialmente presentada
por el interesado.

Por ello, se dirigió a la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria la recomendación de que se estudiase la
posibilidad, para aquellos casos en que, una vez presentada la
autoliquidación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas
se incorporasen rentas no declaradas, de reconocer a los contribuyentes
el derecho a ejercitar la opción que contempla el artículo 88 de la ley
del impuesto.

La agencia no ha aceptado esta recomendación por entender que
dicho artículo no permite una interpretación flexible para evitar
fraudes, pero se ha considerado oportuno reiterarla, en el sentido de
que se estudie la posibilidad de atenuar la rigidez que se deriva de su
aplicación.

4.2.3.Recomendación sobre forma de efectuar el proceso de selección
para ingresar en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
Compareció un opositor presentando escrito relativo a la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a la oferta
de empleo público 1995.

Sustancialmente manifestaba que una de las bases de la
convocatoria, --la referida a la fase de prácticas y más concretamente
la relativa a la necesidad de que el funcionario en prácticas haya
realizado al menos el setenta y cinco por ciento de las jornadas del
periodo de prácticas-- podría resultar injustificada en determinados
supuestos, especialmente cuando, debido a una causa de fuerza mayor, no
pudiera el funcionario cumplir ese número de jornadas de prácticas.

Aún reconociendo la capacidad de la Administración para, en el
ejercicio de sus competencias, establecer las bases que han de regir el
desarrollo de estas pruebas selectivas, estimó esta institución
desproporcionado el mantenimiento de esta norma, por cuanto que podría,
en su aplicación extrema, determinar la aparición de situaciones
injustas, que serían tanto mayores, cuanto menor fuera la voluntad del
funcionario en prácticas para incumplir el predeterminado setenta y
cinco por ciento de asistencia obligatoria.

Tales extremos encontrarían su expresión paradigmática en
situaciones de baja laboral, conocidas por la Administración


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en su etiología, en cuanto que documentadas, por partes de baja
oficiales remitidos por el interesado y de las que no se podría inferir
la mala fe del funcionario en prácticas, u otras análogas, en última
instancia asimilables a la fuerza mayor, en las que pese a la falta de
voluntad del sujeto en la inasistencia al trabajo, se le impone una
carga que en definitiva, puede suponer, no sólo la exclusión de su
acceso a la función pública, sino la limitación de su derecho al
trabajo, por causas insistimos, no imputables a su voluntad, y en las
que no es exigible otra conducta en derecho.

En este sentido, se efectuó una recomendación para que, en
relación con el derecho a acceder a la función pública, se valore la
conveniencia de introducir criterios de seguridad jurídica y con ellos
una matización que evite la producción de las situaciones en que la
aplicación mecánica de lo prevenido en la vigente norma puede dar lugar
a situaciones injustas, con consecuencias irreparables, a pesar de no
existir mal fe por parte de la persona que desea acceder a la función
pública. Entre otras medidas sugeridas para paliar este tipo de hechos
se recomendó la posibilidad de que el aspirante participe en la fase de
prácticas correspondiente a ulteriores procesos selectivos del mismo
cuerpo.

Esta recomendación ha sido rechazada. Según la Administración no
existe contradicción entre lo previsto en el Reglamento General de
Ingreso y las bases de la convocatoria de la oposición.

4.2.4.Recomendación sobre asignación de profesionales al equipo de
tratamiento perteneciente a la enfermería del centro penitenciario de
Valencia (Picassent)
En este caso, un grupo de internos del centro penitenciario de
Picassent, concretamente setenta y tres, mostraba su preocupación sobre
la calidad de las prestaciones que en el futuro pudiera ofrecer ese
centro penitenciario (Hospital), en materia de tratamiento
penitenciario.

Dicha preocupación se centraba en que había finalizado el contrato
de una trabajadora social que prestaba allí sus servicios, y no estaba
prevista la renovación de su contrato; que no se había renovado el
contrato a una monitora dedicada al tratamiento psicológico, y que el
centro carecía de educadores concretos y determinados a él adscritos.

Al parecer este hecho provocaba problemas para los internos a efectos,
entre otros, de clasificaciones.

Valorada la necesidad de iniciar una investigación para conocer la
veracidad de lo afirmado se solicitó información de la Administración
penitenciaria, que confirmó que efectivamente los internos de ese
hospital penitenciario carecían de educadores, trabajadores sociales y
técnicos, circunstancia motivada, al parecer, por la breve estancia de
los internos en el hospital.

Más adelante por nuevo escrito, la Administración informó que la
estancia media en el hospital penitenciario de Valencia durante el año
anterior, se aproximaba a los setenta días.

Con posterioridad se remitió otro escrito, en el que se
participaba la preocupación con que esta institución observaba la falta
de concreta asignación de profesionales al tratamiento; --educadores,
trabajadores sociales y técnicos--, que permitiera poner al alcance de
los internos ingresados en el hospital de Valencia, un tratamiento en
el sentido no sanitario, equivalente al ofrecido al resto de los presos
o penados del centro penitenciario de Picassent.

A finales del año 1995, se comunicó a la institución, que se había
incrementado el número de profesionales que se encargaban de ofrecer
actividades y asistencia de diverso orden, no sanitario, a los
ingresados en este departamento. No obstante este esfuerzo hecho
posible con personal extrapenitenciario (una psicóloga y una monitora
ocupacional), parecía concentrarse únicamente en la atención a internos
con problemas de drogodependencia.

Por todo ello y a la vista de lo expuesto, se realizó una
recomendación a fin de que con carácter estable, se asignara un
concreto grupo de profesionales, que no tienen por qué adoptar la
denominación de equipo de tratamiento, pero que en definitiva ofrezcan
lo que en términos generales se conoce como tratamiento, a los internos
de la actualmente denominada enfermería del centro penitenciario de
Valencia (Picassent).

Esta recomendación ha sido rechazada, ya que según la
Administración los internos que se encuentran en la enfermería del
centro penitenciario de Valencia (Picassent) están siendo atendidos
debidamente con los medios de que se disponen.

4.2.5.Recomendación sobre exclusión a los familiares en situación
irregular de los nacionales de la Unión Europea de los beneficios
previstos en la disposición transitoria tercera del Reglamento de
extranjería
Con motivo del proceso de documentación iniciado tras la entrada
en vigor del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, se dictaron
instrucciones por la Comisaría General de Documentación y Extranjería
en las que se excluían expresamente de este proceso a los familiares de
ciudadanos comunitarios.

Al tener conocimiento de este hecho, se recomendó al Ministerio
del Interior que se dictasen las instrucciones oportunas para que no se
excluyese a los familiares en situación irregular de los nacionales de
estados miembros de la Unión Europea y otros estados partes en el
acuerdo sobre el espacio económico europeo, contemplados en el Real
Decreto 766/1992, de 26 de junio, modificado por Real Decreto 737/1995,
de 5 de mayo, de la aplicación de la disposición transitoria tercera
del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero.

La recomendación no fue aceptada, alegando el Ministerio del
Interior que el régimen aplicable a los extranjeros que se benefician
del trato comunitario está claramente diferenciado del proceso de
documentación transitorio previsto en el Real Decreto 155/1996, de 2 de
febrero, proceso que no puede ser extendido a aquéllos. Por otro lado,
la


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aplicación supletoria del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
7/1985 a las personas incluidas en el Real Decreto 766/1992, modificado
por el Real Decreto 737/1995, previsto en el artículo único del Real
Decreto 155/1996, se extiende únicamente al articulado del reglamento y
no al del real decreto que lo aprueba, por lo que no es posible aplicar
la supletoriedad en los supuestos de la disposición transitoria tercera
de dicho real decreto.

4.2.6.Recomendación sobre el carácter valorable a efectos de acceso a
la función pública docente del primer ciclo de los estudios de
licenciatura exigido para el ingreso
Se ha formulado asimismo la resolución que finalmente ha parecido
pertinente en relación con el carácter equívoco de que, a juicio de
esta institución, adolecen determinados contenidos, usuales en los
baremos que acompañan a las convocatorias de concursos de traslados
para funcionarios del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria,
relativos a la valoración del primer ciclo de licenciatura, en los
supuestos en que dicha licenciatura sea la alegada en su momento para
acceder al mencionado cuerpo.

El asunto fue ya objeto de tratamiento en nuestro anterior informe
anual, y se menciona asimismo con cierto detalle en el apartado
correspondiente de este informe.

No obstante, parece necesario señalar aquí que el Defensor del
Pueblo entendió que los contenidos de los baremos mencionados creaban
un ámbito de indefinición en cuanto al carácter valorable o no del
mérito de carácter académico mencionado, que afectaba a la seguridad
jurídica de los participantes en los correspondientes concursos de
traslados y a la propia transparencia de los procesos de provisión.

En consecuencia, recomendó a la Dirección General de Personal y
Servicios, del Ministerio de Educación y Cultura, que en convocatorias
sucesivas se introdujeran las modificaciones precisas para que de las
mismas se dedujera de forma inequívoca el carácter valorable o no del
citado mérito.

La mencionada resolución no ha sido aceptada por la Dirección
General de Personal y Servicios, que entiende suficientemente claros
los términos a que vienen ajustándose las convocatorias de provisión en
el aspecto indicado.

4.2.7.Recomendación sobre valoración de servicios previos prestados con
carácter definitivo en el mismo centro docente a efectos de
participación en concursos de traslados
De la tramitación que ha efectuado esta institución sobre la queja
formulada en este ejercicio por determinados funcionarios del cuerpo de
profesores de enseñanza secundaria se desprendía que la interpretación
y aplicación que se había realizado de las previsiones contenidas en
determinada convocatoria de concurso de traslados, relativas a la
valoración del tiempo de servicios prestados en el destino desde el que
se participa en el concurso, no se ajustaban ni al tenor literal ni a
la finalidad que parecía pretenderse a través de la configuración del
citado mérito en la normativa reglamentaria correspondiente.

En consecuencia, esta institución recomendó a la Dirección General
de Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Cultura que
modificase el criterio a que en este punto venía ajustándose la
actuación del departamento y que, de acuerdo con cuanto parecían exigir
la interpretación literal y teleológica de las previsiones
reglamentarias correspondientes y de los contenidos de las
convocatorias dictadas en su ejecución, se valorase no solamente el
último destino que el funcionario hubiera prestado en el centro desde
el que concursaba, sino también todos los anteriores que eventualmente
hubiera desempeñado en el mismo centro, siempre que como exige la
citada normativa dichos destinos sucesivos se hubieran desempeñado sin
solución de continuidad y con carácter definitivo.

La citada resolución no ha sido aceptada por la dirección general,
a cuyo juicio tan sólo puede entenderse que la estabilidad del
profesorado sea un factor que repercute en la calidad de la enseñanza y
que deba, por consiguiente, ser incentivado a través de la
configuración como mérito de la permanencia en un centro, cuando
adicionalmente implique la permanencia en los órganos de carácter
didáctico de una determinada especialidad, condición que no se produce
en los supuestos en que el profesor hubiese ocupado sucesivamente
varias plazas dentro de un mismo centro.

4.2.8.Recomendación sobre cobertura de vacantes docentes por
funcionarios especialistas
La tramitación de la queja formulada por una profesora que
cuestionaba determinadas decisiones adoptadas por una dirección
provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en materia de
adjudicación de destinos provisionales, ha permitido deducir que la
Dirección General de Personal y Servicios, del Ministerio de Educación
y Cultura, entiende que el principio de especialidad, que estimaba
vulnerado la reclamante, aún cuando ciertamente deba regir en todo caso
la adjudicación de destinos en los centros docentes públicos, admite,
sin embargo, excepciones en aquellos supuestos en que, según señalaba
lateralmente la dirección general, exista necesidad de asignar destino
a ciertos profesores dentro de un determinado ámbito provincial, aún
cuando las vacantes existentes no correspondan a sus respectivas
especialidades.

Esta institución entiende, por el contrario, que el principio de
especialidad, deducido de las normas legales y reglamentarias que
definen el marco normativo en materia de provisión de puestos de
trabajo docentes, y dirigido a garantizar la calidad de las
prestaciones educativas que se proporcionan a los alumnos no resulta
susceptible por todo ello de excepción alguna deducible de las
expectativas que asistan a los profesores en orden a la obtención de
vacantes en ámbitos territoriales determinados.



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En consecuencia, el Defensor del Pueblo formuló a la Dirección
General de Personal y Servicios, del Ministerio de Educación y Cultura,
una recomendación en la que se interesaba que se cursaran a todos los
órganos del departamento con competencias en la materia instrucciones
en el sentido necesario para garantizar que todas las vacantes docentes
resulten en lo sucesivo provistas con funcionarios que acrediten los
requisitos de especialización que requiere cada una de ellas.

La recomendación no ha sido aceptada por el Ministerio de
Educación y Cultura, que en la respuesta proporcionada a nuestra citada
resolución insiste en la argumentación que dio lugar a la formulación
de la misma.

4.2.9.Recomendación sobre la modificación de la exigencia de estar al
corriente en el pago de las cuotas para causar derecho a las
prestaciones del régimen especial agrario y aplicación del mismo
criterio previsto en el régimen especial de trabajadores autónomos
Las normas del régimen especial agrario de la Seguridad Social,
prevén, como requisito para acceder a las prestaciones, que los
interesados se encuentren al corriente en el pago de las cotizaciones
en el momento de producirse el hecho causante. Por su parte, la
jurisprudencia dictada sobre dicha materia, en especial en sentencias
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de mayo y 14 de
diciembre de 1992, ratifica la exigencia del citado requisito, pese a
lo cual, respecto de la primera de las sentencias citadas, se
formularon algunos votos particulares. Sin embargo, tal requisito puede
considerarse como excesivamente riguroso, puesto que ni existe una
regulación similar en el resto de los regímenes que componen el sistema
de Seguridad Social y en muchos casos los periodos en descubierto son
muy reducidos, debiéndose, igualmente, tener en cuenta que las
denegaciones de las prestaciones en estos supuestos revelan un
deficiente control de la recaudación, ya que, si la falta de cotización
se hubiera detectado a tiempo, podría haber sido objeto de subsanación,
de modo que, llegado el momento de solicitar la prestación
correspondiente, no existiría tal anomalía.

En razón a todo ello, se dirigió una recomendación a la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, al objeto de que se valorara la
conveniencia de modificar la vigente regulación del régimen especial
agrario sobre dicha materia, considerando que se podría adoptar la
establecida en el régimen especial de los trabajadores autónomos, en el
que, siempre que se haya cumplido el periodo mínimo de cotización, se
procede al reconocimiento del derecho, instando de los interesados el
ingreso de las cotizaciones en descubierto en los plazos establecidos
al efecto, para que, de esta forma, puedan percibir las prestaciones
solicitadas.

En relación con la citada recomendación, la referida Secretaría de
Estado ha señalado que la modificación propuesta debería efectuarse
mediante una norma con rango de ley, por lo que cualquier modificación
de la regulación vigente debería abordarse en su conjunto, evitando, en
la medida de lo posible, cambios parciales.

4.2.10.Recomendación sobre medidas complementarias en relación con las
indemnizaciones por tiempo de permanencia en prisión previstas en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990
El Decreto foral 75/1995, de 20 de marzo, del Gobierno de Navarra,
regula la concesión de indemnizaciones a las personas que sufrieron
prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de
Amnistía y que no resultaron favorecidos por lo establecido en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, por
no tener 65 años cumplidos el 31 de diciembre de 1990, o no haber
cubierto el tiempo mínimo de privación de libertad necesario (tres
años).

Este requisito de edad fue objeto de varias cuestiones de
inconstitucionalidad, resueltas por el Tribunal Constitucional mediante
sentencia de 3 de diciembre de 1993, en el sentido de declarar que la
disposición controvertida no es contraria al citado artículo 14 del
texto constitucional.

Las ayudas que contempla dicho decreto foral consistían en una
prestación económica directa de percepción única y no periódica, en
función del número de meses de estancia en prisión.

Entre los requisitos que fijó la norma para causar derecho a la
prestación se encontraba la lógica exigencia de que el solicitante
ostentara la condición civil foral navarra y residiera en esa comunidad
autónoma, o bien que hubiese residido en territorio navarro durante los
diez años anteriores a la entrada en vigor del decreto foral.

En consecuencia, se ha considerado oportuno dirigir una
recomendación a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra, así
como a Ceuta y Melilla, a fin de que estudiaran la posibilidad de
establecer medidas similares a las adoptadas por el Gobierno de
Navarra, complementando el régimen de indemnizaciones por tiempos de
prisión a que se ha hecho referencia.

Las comunidades autónomas de Murcia, País Vasco y Asturias, así
como Melilla no han aceptado la expresada recomendación. Canarias,
Cataluña y Galicia han condicionado dicha aceptación a lo que se
acuerde en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Por su parte,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid condicionan
dicha aceptación al resultado de un estudio previo que anuncian y de
cuyo resultado informarán a esta institución. No han contestado a la
recomendación Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja
y Valencia. Tampoco ha contestado Ceuta.

A efectos del cómputo total esta recomendación equivale, pues, a 4
rechazadas y 14 pendientes.



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4.2.11.Recomendación sobre establecimiento de registros auxiliares o
suscripción de convenios con ayuntamientos para presentación, a través
de sus registros, de documentación dirigida a una diputación provincial
La excesiva tardanza observada en la remisión de las solicitudes
presentadas por los interesados en algunos centros de asistencia social
de la Diputación Provincial de Burgos, sin que los ciudadanos pudieran
acreditar fehacientemente la fecha de presentación de las referidas
solicitudes, aconsejó la remisión de una recomendación a dicha
diputación provincial, para que se valorara la conveniencia de
establecer registros auxiliares en los citados centros de asistencia
social, o bien, en su caso, de suscribir convenios con los
ayuntamientos correspondientes, para la presentación, a través de sus
respectivos registros, de la documentación dirigida a dicha diputación.

Esta recomendación no fue aceptada, argumentando la Diputación
Provincial de Burgos las dificultades prácticas existentes para la
posible creación de los registros auxiliares, dada la escasez de
personal auxiliar, tanto en los centros de asistencia social como en
los propios ayuntamientos. No obstante, la diputación señalaba en su
informe que procedía a dar instrucciones a la coordinadora de dichos
centros, a fin de garantizar al ciudadano una puntual tramitación e
instrucción de los expedientes administrativos.

4.2.12.Recomendación sobre denuncias efectuadas por vigilantes de la
Ordenanza Reguladora del Aparcamiento sin calificación de agentes de la
autoridad
La presente queja fue formulada por una vecina de Madrid que había
sido sancionada por su Ayuntamiento como consecuencia de una denuncia
que presentó contra ella un controlador perteneciente al Servicio de
Estacionamiento Regulado por estacionar su vehículo en una zona de
carga y descarga.

Durante la tramitación de la referida queja se pudo constatar que
la sanción que se le impuso únicamente estaba basada en la mera
denuncia efectuada por un controlador de la O.R.A. y sin más pruebas
que destruyeran la presunción de inocencia de la interesada quien, en
todo momento, negó rotundamente la infracción.

Esta institución expuso su posición sobre las facultades de los
controladores de la O.R.A. y el valor probatorio de sus denuncias.

De acuerdo con legislación vigente y la jurisprudencia existente,
se indicó al Ayuntamiento que las funciones de dichos controladores
quedaban limitadas a una mera actividad de observación y control de la
utilización de los aparcamientos regulados, sin facultades de
«imperium», por lo que no se les podía otorgar una presunción de
veracidad a las denuncias que formularan.

Como quiera que las simples denuncias de estos controladores son
consideradas por la normativa vigente como equivalentes a las
realizadas por un particular, se indicó al Ayuntamiento la necesidad de
que fueran reforzadas por otras pruebas posteriores para poder
estimarlas con fuerza suficiente para acreditar los hechos denunciados.

Por tales motivos se recomendó al Ayuntamiento de Madrid que, de
conformidad con la legislación reguladora de la materia de tráfico
vigente, no se sancionase a los conductores objeto de denuncias por los
controladores o vigilantes del cumplimiento de la Ordenanza reguladora
del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la capital y
de su correspondiente precio público, cuando no figurasen otras pruebas
distintas de la mera ratificación del denunciante.

Igualmente se recomendó que se adoptaran las medidas necesarias
que sirvieran para probar la veracidad de los hechos y la culpabilidad
de los conductores denunciados por los citados controladores o
vigilantes de la O.R.A.

De la contestación recibida, esta institución llegó a la
conclusión de que no se aceptaban los criterios y las argumentaciones
que se expusieron en la citada recomendación por lo que se procedió a
concluir la investigación dando cuenta de ello a la interesada.

4.2.13.Recomendación sobre la tramitación de notificaciones
recepcionadas en los domicilios por personas distintas al interesado o
su representante
En esta queja una vecina de Madrid expuso su disconformidad con la
resolución del recurso de reposición que interpuso contra la
notificación de providencia de apremio derivada del impago de una multa
de circulación ya que no se habían tenido en cuenta sus alegaciones, en
especial la referente a que no había recibido la notificación de la
resolución del expediente sancionador así como que se indicara el
nombre de la persona que, según afirmaba el Ayuntamiento, se había
hecho cargo de la misma en su domicilio.

Estudiado el contenido de la información facilitada por el
Ayuntamiento de Madrid se pudo constatar que en la copia del libro de
cartero figuraba que se había entregado en el domicilio de la
interesada una carta certificada que contenía la resolución
sancionadora correspondiente al expediente sancionador si bien, en el
apartado correspondiente, sólo había una firma ilegible de la persona
que recibió dicha notificación siendo esta, tal vez, la razón por la
que ese Ayuntamiento no pudo atender la alegación de la interesada
referente a la identificación de esa persona.

Igualmente se pudo comprobar que ese Ayuntamiento considera como
correctamente efectuadas las notificaciones de las resoluciones
sancionadoras sin que conste claramente la identidad de las personas
que las reciben.

Ante ello, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 59.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según el cual la notificación debe entregarse al interesado o a su
representante, y sólo en el caso de no hallarse presentes en el momento
de la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona
que se encuentre en su domicilio y haga constar su


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identidad esta institución manifestó su disconformidad con la
interpretación que venía haciendo dicha Administración local de tal
precepto normativo recordando la doctrina jurisprudencial existente al
respecto.

Por otro lado se manifestó la necesidad de que se observase el más
escrupuloso cumplimiento de todos los requisitos exigidos.

Por todo ello, se procedió a formular la recomendación de que los
servicios municipales no consideren como correctamente efectuadas
aquellas notificaciones de actos administrativos que sean recepcionadas
en los domicilios de los interesados por personas distintas a éstos o a
sus representantes, en las que no conste de forma clara sus
identidades, tal y como exige el art. 59.2 antes citado.

De la contestación recibida del ayuntamiento se desprende que no
se ha aceptado esa recomendación.

4.2.14.Recomendación sobre retirada de vehículos por la grúa municipal
de Madrid habiendo aportado el conductor pruebas que acreditaban la
inexistencia de infracción que legitimara tal intervención
En la presente queja el interesado mostró su disconformidad con la
actuación del Ayuntamiento de Madrid que había procedido a retirar su
vehículo por el servicio de la grúa municipal sin que se admitieran las
pruebas que presentó (fotografías y declaraciones testificales) que
apoyaban su versión de que estaba correctamente estacionado junto a una
parada de taxi.

A lo largo de la tramitación de dicha queja, el ayuntamiento
justificó la correcta intervención de la grúa porque el agente de la
Policía municipal actuante «se había ratificado en que dicho vehículo
estaba indebidamente estacionado». Sin embargo, no se aportaban por el
ayuntamiento otros elementos probatorios que apoyaran la suyas. Por
otro lado, dicha corporación local tampoco acreditó suficientemente que
se daban las circunstancias exigidas por el art. 91.2 del Reglamento
General de Circulación y no a los que sólo estén indebidamente
estacionados.

Por tal motivo, se procedió a formular una recomendación al
ayuntamiento para que, en casos futuros el servicio de la grúa
municipal únicamente proceda a la retirada de la vía pública de
aquellos vehículos que estén incursos en alguno de los supuestos
taxativamente contemplados en el artículo 91.2 del Reglamento General
de Circulación y no a los que sólo estén indebidamente estacionados.

Igualmente se recomendó que, con independencia de que la
legislación actualmente vigente confiera presunción de veracidad a las
denuncias formuladas por los agentes de la autoridad, en estos casos
que implican un considerable costo económico, así como unos evidentes
trastornos e incomodidades hasta conseguir la recuperación de los
vehículos, los agentes de la Policía Municipal extremen su celo
profesional para cumplir con el deber que les está impuesto de aportar
todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho
denunciado (artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), a cuyo fin
se les debería facilitar los medios técnicos más adecuados.

Por último en dicha recomendación también se indicó que, en el
supuesto de que sólo exista la denuncia y ratificación del Agente de la
Policía Municipal y el titular del vehículo aportase otras pruebas
(testificales, periciales, documentales, etc.) que contradigan la
versión de los hechos dada por aquél, se deberían ponderar
adecuadamente tales pruebas y, en caso de duda, se tendría que dar más
fuerza a la versión de los hechos del interesado por aplicación del
principio «in dubio pro reo», ya que la tasa que se aplica está basada
en una infracción determinada que no ha quedado demostrada.

4.2.15.Recomendación sobre cantidades indebidamente pagadas como precio
de plazas de estacionamiento, incumpliéndose el contrato suscrito
Esta recomendación tiene su origen en dos quejas presentadas por
sendos interesados, quienes habían contratado una plaza de
estacionamiento en el aparcamiento Camino Viejo de Leganés y, deseando
obtener una bonificación del 5% en el precio de la misma, presentaron
sus solicitudes en los plazos establecidos en el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Madrid mediante el cual se efectuó la adjudicación a la
empresa concesionaria, de forma que el contrato se firmase antes del 1
de enero de 1994, plazo límite para tal beneficio.

A pesar de ello, la empresa les informó que no podían formalizar
el contrato hasta recibir la documentación del ayuntamiento, lo que
tuvo lugar el día 8 de junio de 1994. Ello supuso que únicamente se les
aplicara una bonificación del 2%, con lo cual los interesados mostraron
su disconformidad.

Realizada la oportuna investigación, se llegó a la conclusión de
que la demora en la suscripción del contrato tuvo su origen en el
retraso en aprobar, por el concejal responsable, el listado de
adjudicatarios (concretamente el día 11 de febrero de 1994), lo que dio
lugar a que la empresa no contase con el mismo hasta el 24 de marzo
posterior.

En consecuencia, esta institución consideró que, dada la voluntad
manifestada por las solicitudes de formalizar su contrato dentro del
plazo estipulado para la obtención de la bonificación del 5%, se les
estaba produciendo un perjuicio económico, opinión no compartida por el
Ayuntamiento de Madrid, para el cual, como contrapartida, habían
mantenido el dinero «a su disposición», hasta el momento del pago.

Como, evidentemente, esta institución no podía compartir la
valoración subjetiva del ayuntamiento, sino que consideró que la oferta
más ventajosa pudo influir en la elección de pagar al contado y que,
por otro lado, la demora se debió haber previsto, si se deseaba que la
oferta cumpliese con el requisito de buena fé exigido por la Ley
General de defensa de consumidores y usuarios, se recomendó al
ayuntamiento que devolviese a las adjudicatarios de las plazas del
citado aparcamiento que hubiesen elegido


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la forma de pago al contado, la cantidad correspondiente al 3% del
precio, en cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de adjudicación
del concurso convocado para la construcción y explotación del mismo.

4.2.16.Recomendación sobre sanción recaída como consecuencia de
denuncia efectuada por controladores de la Ordenanza Reguladora del
Aparcamiento de Murcia sin calificación de agentes de la autoridad
En la presente queja se investigó la actuación del Ayuntamiento de
Murcia por la que se le impuso una sanción al promovente de la misma
como consecuencia de una denuncia por una posible infracción de tráfico
que había formulado un controlador de la O.R.A. consistente en
estacionar su vehículo en la zona afectada por la misma rebasando el
tiempo establecido en el ticket.

A la vista de la información facilitada por dicho ayuntamiento, se
pudo constatar que la referida sanción se impuso tras desestimar las
alegaciones presentadas que rebatían la versión de los hechos efectuada
por dicho controlador.

A la referida Administración local se le comunicó la
jurisprudencia existente al respecto, así como la legislación vigente
según la cual las funciones de esos controladores no pueden ser
equiparadas a las que realizan los agentes de la autoridad encargados
de la vigilancia del tráfico por lo que no tienen facultades de
«imperium» ni la presunción de veracidad que le está atribuida a las
denuncias que éstos formulan.

Por tal razón, se indicó la necesidad de que esa administración
sancionadora probara los hechos imputados, sin que pueda dispensarse
«ope legis» de dicha carga.

En base a todo lo anterior se recomendó que mientras que no se
modificara la legislación actualmente vigente, no se sancionara a los
conductores que infringieran la Ordenanza reguladora de la O.R.A. en
base al mero testimonio de los controladores, siendo preciso que,
además, a su denuncia se adjuntaran otras pruebas que demostraran la
culpabilidad y la comisión de esa infracción (dispositivos
fotográficos, declaraciones testificales, etc.).

Esta recomendación no ha sido aceptada.

4.2.17.Recomendación sobre adecuación a las normas sobre ingreso en la
función pública en pruebas selectivas convocadas por el Ayuntamiento de
Santa María de Tormes (Salamanca)
La composición del tribunal calificador de una oposición libre
convocada por la alcaldía de Santa Marta de Tormes (Salamanca) para la
provisión en propiedad de dos plazas de técnico de administración
especial adolecía de numerosos vicios en su composición: se habían
designado un número par de miembros titulares, en concreto seis, y
solamente cinco suplentes; de dichos miembros en dos de ellos, uno
titular y otro suplente, no concurría la condición de ser funcionarios
de carrera; y ni el secretario suplente ni otros dos vocales suplentes
poseían un nivel de titulación igual o superior al exigido para el
ingreso en el cuerpo o escala a que se refería la convocatoria.

Por otro lado, pesaba sobre el secretario del tribunal un
incidente de recusación dado que entre los aspirantes admitidos a la
oposición se encontraba un familiar directo.

Los anteriores hechos dieron lugar a la formulación de una
recomendación tendente a que se subsanasen los vicios de que adolecía
la composición del tribunal calificador, ajustando la misma a las
previsiones contenidas en el artículo 11 del Reglamento General de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado que, por lo que
aquí concierne, dispone que los tribunales de selección habrán de estar
constituidos por un número impar de miembros, funcionarios de carrera,
no inferior a cinco, y con el mismo número de miembros suplentes que el
de titulares, y cuya composición ha de cumplir el principio de
especialidad, debiendo poseer la totalidad de sus componentes un nivel
de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo
o escala de que se trate.

La anterior recomendación se completaba con otra dirigida a la
resolución del incidente de recusación y abstención del secretario
titular con anterioridad a la constitución definitiva del tribunal
teniendo en cuenta si en dicho momento procesal concurrían las
circunstancias que legalmente justifican la operatividad de tales
mecanismos de garantía procedimental.

Esta recomendación no ha sido aceptada.

4.3.Recomendaciones pendientes 4.3.1.Recomendación sobre modificación
del Código Penal en relación con aquellos delitos en los que aparecen
como víctimas los menores
Como consecuencia de la entrada en vigor el pasado mes de mayo del
nuevo Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, distintos ciudadanos y asociaciones de juristas e incluso
asociaciones de padres de alumnos de colegios, se dirigieron a esta
institución, exponiendo los problemas que en la práctica se estaban
originando con la aplicación del mencionado texto legal, especialmente
en todos aquellos delitos que tienen relación o en los que se ven
afectados intereses de las personas más jóvenes.

Después de estudiar las diferentes cuestiones que nos hacían
llegar, se estimó oportuno realizar al Ministerio de Justicia una
recomendación, que afectaba a tres aspectos diferentes del nuevo Código
Penal.

En primer lugar se comunicaba al citado Ministerio, que aunque el
artículo 189 sería válido para sancionar penalmente la grabación de
imágenes pornográficas en las que intervengan menores, podría existir
dificultades jurídicas


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para encontrar un tipo penal, en el que se pudiera sancionar la
difusión de esas imágenes cuando su grabación o su difusión se hace
desde fuera del territorio nacional y los receptores son mayores de
edad.

Todo ello viene corroborado por la reciente polémica suscitada
como consecuencia de la utilización de las nuevas técnicas informáticas
para el intercambio y difusión, entre adultos, de imágenes
pornográficas en las que aparecían menores de edad, quedando impunes
conductas que, socialmente reciben un alto reproche ético, pero que sin
embargo jurídicamente no aparecen sancionadas como delito en el Código
Penal.

Con ello se ponía de manifiesto que el empleo de las últimas
tecnologías, ha dado lugar a la aparición de comportamientos ilícitos
que no tienen todavía un encaje preciso en nuestro actual ordenamiento
jurídico, lo que unido a la alarma social que tales acontecimientos ha
provocado, evidencia la urgente necesidad de que se produzca una
modificación de la legislación penal para su adecuación a las nuevas
situaciones, tipificándose como delito la difusión por cualquier medio
de material pornográfico en el que se aparezcan imágenes de menores,
aunque los receptores sean mayores de edad, pues de esa forma se estará
protegiendo en toda su plenitud los derechos de los menores.

La segunda de las cuestiones hacia referencia al artículo 181 del
Código Penal. El problema ha sido estudiado con ocasión de diversas
quejas, en las que un colectivo de padres y una asociación de mujeres
juristas, han trasladado a esta institución la situación que se
produce, al comparar el antiguo artículo 452 bis b) 1 del derogado
Código Penal, en el que se sancionaba el delito de corrupción de
menores y el nuevo artículo 181.

Los hechos que se tipifican en este último artículo, por su
gravedad no guardan proporción con la pena que se impone a los mismos.

Por ello se recomendó que deben sancionarse adecuadamente aquellas
conductas a las que se refiere el artículo 181 del Código Penal, sin
que el tener doce o más años suponga cuando se es víctima de ese
delito, una disminución de la pena en los términos que aparece
actualmente.

Por último, y en relación con aquellos delitos en los que las
víctimas son menores de edad, se pusieron en conocimiento del
Ministerio de Justicia las dificultades que estaban apareciendo en
algunas Audiencias Provinciales (Valencia y Madrid), a la hora de
sancionar conductas realizadas sobre los menores, precisamente debido a
la reducción de los plazos de prescripción que en términos generales
habían pasado de los diez años del Código anterior a los cinco y tres
años del nuevo Código.

La solución más correcta para evitar este tipo de situaciones pasa
no sólo por poner unos plazos de prescripción más largos que los
actuales, sino sobre todo por introducir mecanismos como los
establecidos por el derecho francés, donde existe una cláusula de
protección de los menores, de tal forma que el plazo de prescripción no
comienza a contarse hasta que la víctima adquiere la mayoría de edad.

Esta recomendación se encuentra pendiente de ser contestada.

4.3.2.Recomendación sobre la modificación del Reglamento de la objeción
de conciencia y de la prestación social sustitutoria, aprobado por Real
Decreto 266/1995, de 24 de febrero
A juicio de esta institución, el articulado del Reglamento de la
objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria, aprobado
por el Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, es confuso y adolece de
deficiencias en la regulación de los plazos de incorporación y de
adscripción que pudieran suponer una vulneración del principio de
seguridad jurídica.

Por tanto, se recomendó a la Ministra de Justicia que valorase la
oportunidad de estudiar y proponer aquellas modificaciones del
reglamento necesarias para superar dichas ambigüedades e imprecisiones,
configurando un procedimiento de gestión de la prestación social
sustitutoria caracterizado por su claridad y la previsibilidad de las
consecuencias de los actos jurídicos que realicen los interesados.

Por otra parte, esta institución consideraba que la interpretación
realizada por la Dirección General de Objeción de Conciencia de las
previsiones contenidas en dicho reglamento no contribuye a garantizar
adecuadamente los derechos de los objetores de conciencia ya que se
difumina la obligación de la Administración de iniciar e impulsar el
procedimiento de oficio amparándose en la posibilidad de que los
administrados puedan solicitar a la Administración el cumplimiento de
dichas obligaciones.

En consecuencia, se recomendó al citado departamento que
procediese a adoptar las medidas oportunas para que la adscripción de
los objetores se realice de oficio en un plazo razonable desde el
reconocimiento de su condición y se informase a los mismos de las
posibilidades y alternativas que existen para su incorporación a la
prestación social, considerando la escasez de puestos de actividad en
relación con el numero de objetores incorporables, de forma que el
perjuicio que se deriva para estos de la indeterminación de la fecha de
incorporación quede atenuado por una actuación administrativa
caracterizada por su eficacia, transparencia y celeridad.

Dando respuesta a las citadas recomendaciones, el Ministerio de
Justicia ha manifestado que se han adoptado diversas medidas en la
línea de las recomendaciones de esta institución y que la elaboración y
aprobación de un nuevo reglamento ha quedado condicionada por la
presentación por un grupo parlamentario de una proposición de ley
reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social
sustitutoria.

4.3.3.Recomendación sobre el cómputo de la permanencia durante un
mínimo de cinco años en los cuerpos de la policía local a efectos de
cumplimiento del servicio militar
La disposición final tercera de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, del servicio militar, establece que la permanencia en el
Cuerpo Nacional de Policía o en


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las policías autonómicas de las respectivas comunidades autónomas
durante un periodo mínimo de cinco años tendrá los mismos efectos que
la prestación del servicio militar.

En el mismo sentido, el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento, dispone en sus
artículos 101 y siguientes la concesión de aplazamientos a la
incorporación del cumplimiento del servicio militar por estar
previamente incorporados a las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía o policías de las comunidades autónomas, sin que se
contemple la previa incorporación a fuerzas de policía municipal en
ninguna de las normas citadas.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, que tiene como objetivo principal el diseño de
las líneas maestras del régimen jurídico de las fuerzas y cuerpos de
seguridad en su conjunto, incluye en su esquema tanto a las
dependientes del Gobierno de la Nación, como a las policías autonómicas
y locales, estableciendo los principios básicos de actuación comunes a
todas ellas.

Las funciones que deben realizar los cuerpos de policía locales,
en esencia, coinciden con las atribuidas a los cuerpos nacionales de
policía y policías autonómicas, en materia de protección del libre
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y garantía de
la seguridad ciudadana, por lo que nos encontramos con que existen unos
funcionarios públicos a los que, por encontrarse al servicio de las
entidades locales, no se les tiene en cuenta los servicios de armas que
realizan a efectos de cumplimiento del servicio militar, que si son
reconocidos a funcionarios que realizan similares funciones al servicio
de la Administración del Estado o de las administraciones autonómicas.

En consecuencia, se recomendó al Ministro de Defensa que
considerase la conveniencia de proceder a la modificación de las
disposiciones que excluyen a los funcionarios de las policías locales
de la posibilidad de que les sea computada la permanencia durante un
mínimo de cinco años al servicio de los ayuntamientos, a los efectos de
la prestación del servicio militar.

En el momento de elaborar este informe, el Ministro de Defensa nos
ha manifestado que, sin perjuicio del estudio de la recomendación
formulada, no resulta aconsejable iniciar los trámites de una
modificación legal hasta que se adopten las decisiones oportunas acerca
del modelo que haya de regir para el personal de las Fuerzas Armadas.

4.3.4.Recomendación sobre justificación de la permanencia de personal
interino en plazas propias de funcionarios de carrera
El denominador común de estas quejas era la anómala situación
existente respecto de la provisión de puestos de trabajo asignados a
funcionarios del Cuerpo General Auxiliar, especialmente en determinadas
comisarías en las que se acreditó la existencia de numerosas vacantes
cubiertas por personal funcionario interino durante prolongados
periodos de tiempo superiores en algunos casos a los diez años, sin que
dichas plazas se incluyeran para su provisión ordinaria en los
concursos periódicamente convocados por la Dirección General de la
Policía.

Las razones alegadas para justificar dicha medida fueron en un
principio, las dificultades para la cobertura de plazas vacantes en el
ámbito policial del País Vasco, aún cuando posteriormente dicha
política se generalizó, como se desprendía de la convocatoria efectuada
en 1995, en la que, además de las plazas ocupadas por funcionarios
interinos en el ámbito del País Vasco, se dejaba de incluir en la
convocatoria las plazas ocupadas por interinos en Madrid, Cataluña,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, actuación ésta, que se pretendía
justificar al amparo de las previsiones contenidas en el Acuerdo
Administración-Sindicatos para el periodo 1995-1997, sobre medidas de
transformación del empleo temporal en fijo.

Esta institución, aún manifestando su comprensión hacía las
dificultades alegadas para la cobertura de plazas vacantes en el ámbito
policial del País Vasco, entiende que dichas dificultades no pueden ser
esgrimidas para incumplir sistemáticamente las previsiones legales en
la materia: reconocida urgencia de la prestación del servicio que se
encomienda al personal interino, carácter temporal de este tipo de
nombramientos, inclusión de las plazas ocupadas por interinos en la
primera convocatoria de provisión normal para funcionarios de carrera,
y revocación de nombramientos tan pronto la plaza se provea por
funcionarios de carrera o desaparezcan las razones de urgencia que
justificaron su cobertura interina.

En cuanto al cumplimiento de las medidas de transformación de
empleo temporal en fijo, contenidas en el Acuerdo
Administración-Sindicatos antes aludido, como posible justificación de
la situación aquí cuestionada se hacía ver que dichos acuerdos en
ningún caso pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico y por tanto
su implantación no puede esgrimirse para incumplir la previsiones
legales a que se ha hecho referencia.

En base a ello se formuló una recomendación en orden a que se
adoptaran las medidas pertinentes para su provisión ordinaria a la
mayor brevedad posible por funcionarios de carrera de todas aquellas
plazas cubiertas de forma irregular por interinos.

En respuesta a esta recomendación se recibió informe aludiendo a
la tramitación de un plan de empleo, ya remitido al Ministerio de
Administraciones Públicas, en el que se incluía un programa operativo
de consolidación de empleo temporal que afectaba, entre otros, al
personal interino destinado en la Dirección General de la Policía.

Ante la respuesta recibida esta institución ha manifestado que,
efectivamente, la puesta en práctica del programa operativo anunciado
tras la aprobación del plan de empleo hubiera sido el camino idóneo
para dar cumplimiento a las previsiones del acuerdo
Administración-Sindicatos, aún cuando, lamentablemente, la demora en la
elaboración y aprobación del citado plan de empleo ha dado lugar a que
se emplearan inadecuadamente otras técnicas de gestión de personal en
base a las cuales se ha posibilitado que el personal interino
mantuviese su puesto de trabajo a pesar de que se hubieran incumplido
las previsiones


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normativas en base a las cuales debería haberse producido su cese.

No obstante lo anterior, dada la situación actual, se ha instado
al Ministerio del Interior para que se agilicen las actuaciones
emprendidas para la aprobación del plan de empleo, y la puesta en
práctica de las medidas incluidas en el programa operativo de
consolidación de empleo temporal, de forma que se evite la reiteración
de actuaciones como las que dieron lugar a la formulación de esta
recomendación.

4.3.5.Recomendación sobre plazo de prescripción y notificaciones a
presos que van a ser expulsados
La demora en la notificación de los decretos de expulsión
dirigidos a extranjeros internos en centros penitenciarios, hasta
momentos antes de su excarcelación, supone a juicio del Defensor del
Pueblo, la imposibilidad material de que éstos puedan hacer uso del
derecho constitucional de acceder a los oportunos recursos, tanto en
vía administrativa como jurisdiccional.

En consecuencia, se recomendó a la Dirección General de Política
Interior que se impartiesen las órdenes oportunas para que, en aquellos
casos de extranjeros que se encuentren cumpliendo condena por sentencia
firme y tengan dictada orden de explusión, por estar incursos en el
apartado d) del artículo 26.1 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,
se efectúe la notificación en los plazos establecidos en el artículo 58
de la L3y 30/1992, de 26 de noviembre. Esta recomendación está
pendiente de contestación.

4.3.6.Recomendación sobre la aplicación de programas y servicios de
tratamiento a los internos protegidos
Los comparecientes en queja, manifestaban a esta institución la
situación de falta de actividades de todo tipo en que se encontraban
aquellos internos que como ellos se habían visto obligados a solicitar
voluntariamente la protección del director del centro en el que se
encontraban, para evitar sufrir algún tipo de agresión por parte del
resto de internos.

La normativa penitenciaria prevé para estos casos la posibilidad
de apartar a estos internos del resto de sus compañeros. No obstante no
les impide la realización de actividades. En la ausencia de unas
adecuadas infraestructuras o la falta de personal suficiente, lo que en
la práctica se produce es que estos internos permanecen prácticamente
todo el día encerrados en sus celdas, sin apenas realizar actividades.

En este caso los comparecientes en queja habían permanecido por un
periodo de unos nueve meses en una situación, más próxima a la sanción
de aislamiento en celda que a cualquier otra. Durante este periodo, al
parecer, se agravó su tendencia a la depresión, motivo por el que
podría estar justificado que los internos no hubieran efectuado por
propia iniciativa, solicitud para que se facilitara la realización de
alguna actividad ocupacional.

Esta institución, trascendiendo a este caso concreto, estimó la
conveniencia de dirigir a la Administración penitenciaria una
recomendación para que en casos de severa restricción de actividades en
común, como la sufrida por los denominados internos protegidos, aunque
sea voluntariamente aceptada por cuanto que es solicitada, la
Administración, a través de los correspondientes servicios de
tratamiento de las prisiones, sin esperar a la concreta demanda del
interno, favorezca y fomente la realización de actividades manuales,
ocupacionales o de similar índole, incluidas las formativas que en la
medida de lo posible y respetando la voluntad del interno atenúen el
deterioro que en su estabilidad mental puede producir el aislamiento
por periodos de tiempo prolongados.

Esta recomendación se encuentra pendiente de ser contestada.

4.3.7.Recomendación sobre gratuidad de los libros de texto y material
escolar en niveles de escolarización obligatoria
Numerosos padres y asociaciones de padres de alumnos han puesto de
manifiesto ante esta institución las dificultades económicas que
experimentan para la adquisición de libros de texto y otro material
escolar, y han expresado asimismo su punto de vista de que los mismos
deberían proporcionarse gratuitamente a los alumnos que cursan estudios
definidos legalmente como obligatorios, al igual que se configura como
gratuita la prestación de las enseñanzas correspondientes.

De los datos obtenidos como consecuencia del trámite informativo
practicado ante el todavía Ministerio de Educación y Ciencia, no se
desprendía la existencia de proyectos concretos en orden a la
articulación de fórmulas que --en el marco de la normativa sobre becas
y ayudas al estudio, y de la regulación reglamentaria aprobada en
fechas todavía recientes sobre compensación de desigualdades en el
ámbito educativo--, facilitasen el acceso gratuito de los alumnos a los
libros de texto destinados a enseñanzas obligatorias, o a ayudas
destinadas a la adquisición de libros de texto.

En consecuencia, el Defensor del Pueblo consideró preciso
recomendar a la Secretaría General de Educación y Formación Profesional
que, al amparo de la citada normativa reglamentaria, se estudiase la
posible articulación de convocatorias de ayudas económicas para
adquisición de libros de texto, así como el establecimiento de
programas compensatorios dirigidos específicamente al mismo objetivo.

La resolución formulada ha dado lugar a la expresión por la
secretaría general de una valoración negativa respecto de la viabilidad
de la eventual articulación de las convocatorias y programas apuntados
por esta institución, no obstante lo cual, según se nos ha manifestado
al propio tiempo se estudia actualmente por el Ministerio de Educación
y Cultura la posibilidad de acudir a otros sistemas que faciliten el
acceso gratuito de los alumnos a los libros de texto y material de
consulta a través de la dotación de fondos


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que permitan su adquisición por los centros y la utilización de los
mismos por su alumnado.

4.3.8.Recomendación sobre cumplimiento de plazos para evacuación de
informes por el Consejo de Universidades en materia de homologación de
títulos
Con ocasión de la tramitación de esta queja, relativa a la demora
en la emisión del correspondiente dictamen para la homologación de un
título extranjero, el Secretario General del Consejo de Universidades
señalaba que el hecho de que el dictamen lo emitía un órgano colegiado
que se reúne cada 2 ó 3 meses, impedía cumplir el plazo de tres meses
que fija con carácter preceptivo el artículo 9.1 y 2 del Real Decreto
86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de
homologación de títulos extranjeros de educación superior.

Teniendo en cuenta que los términos y plazos legalmente
establecidos obligan sin excepción a las autoridades y al personal al
servicio de las administraciones públicas competentes para la
tramitación de los asuntos, esta institución entendió que debía
ajustarse el plazo que exige la normativa aplicable, con el que se
requiere para la emisión de dictámenes, bien sea propugnando las
modificaciones normativas oportunas en orden a ampliar el plazo
previsto actualmente --solución que esta institución considera
rechazable, por comportar un perjuicio para los interesados--, o bien
estableciendo una mayor periodicidad en el calendario de reuniones del
órgano colegiado competente para informar sobre las condiciones de
homologación de los títulos extranjeros, en cumplimiento de las
funciones que tiene encomendadas y que se relacionan en el artículo 14
del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el
reglamento del Consejo de Universidades.

En consecuencia se recomendó al Consejo de Universidades la
adopción de medidas para que los informes que la Comisión Académica de
dicho órgano deba emitir, para la homologación de los títulos
extranjeros, sean evacuados en el plazo legalmente previstos.

No se ha recibido respuesta sobre dicha recomendación.

4.3.9.Recomendación sobre normativa de convalidaciones en la Facultad
de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
De los hechos analizados en esta queja se desprendía que la
Universidad Nacional de Educación a Distancia había denegado la
convalidación de todas las asignaturas del primer ciclo cursado por la
promovente en la Universidad de Santiago de Compostela, pese a que el
segundo ciclo que pretendía realizar en la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia conducían a la obtención
del mismo título, por lo que en aplicación de lo previsto en el anexo I
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, correspondía la
convalidación del primer ciclo completo.

Tras la oportuna tramitación, el Defensor del Pueblo detectó que
la normativa de convalidaciones actualmente aplicada en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia era
coincidente con la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 16 de
marzo de 1976, disposición que había quedado expresamente derogada por
el Real Decreto 1497/1987, antes citado.

A la vista de tales antecedentes, se formuló la oportuna
recomendación al Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para que fuera modificada la normativa de convalidaciones
actualmente vigente en la Facultad de Psicología de esa Universidad
Nacional de Educación a Distancia, adecuándola a los preceptos de las
disposiciones normativas que se encuentran en vigor y que resulten de
aplicación.

No se ha recibido respuesta sobre dicha recomendación.

4.3.10.Recomendación sobre equivalencias cuantitativas y numéricas de
las calificaciones académicas en la Universidad Complutense de Madrid
La normativa legal y reglamentaria de aplicación a efectos de
acceso a la función pública docente no universitaria atribuye a los
procesos selectivos correspondientes la configuración de
concurso-oposición, y prevé la valoración en la fase de concurso de
méritos de carácter académico, y en concreto la atribución a los
participantes de determinada puntuación sucesivamente incrementada en
función de la puntuación media que hubieran obtenido en los estudios de
licenciatura alegados para ingresar en el cuerpo de que se trate.

La tramitación efectuada en relación con una queja cuya promovente
había participado en determinado proceso selectivo para acceso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria ha permitido a esta
institución conocer los perjuicios que se derivan para algunos
participantes en tales procesos del hecho de que en las certificaciones
académicas que expiden algunos centros de la Universidad Complutense de
Madrid no se hagan constar, para cada asignatura, las equivalencias
numéricas que, según acuerdos adoptados por los órganos universitarios
competentes, corresponden a las calificaciones cualitativas
--expresadas en términos de aprobado, notable y sobresaliente-- que se
reflejan en las mencionadas certificaciones.

Ello da lugar a que en tales supuestos los órganos gestores de los
procesos selectivos apliquen las equivalencias numéricas, más bajas,
previstas en las respectivas convocatorias y, en definitiva, a que, en
ocasiones, los opositores obtengan como consecuencia una valoración de
dicho mérito y una puntuación total inferior a la que en otro caso se
les hubiera atribuido, circunstancia ésta que puede ser determinante en
orden a la superación o no del concurso-oposición.



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Esta institución, a la vista de todo lo anterior, recomendó a la
autoridad universitaria competente que las certificaciones académicas
correspondientes a enseñanzas no renovadas, únicas en las que, al
persistir el sistema de calificación cuantitativa, se origina el
problema expresado, que en lo sucesivo se hagan constar las citadas
equivalencias en los términos precisos para obviar las dificultades
señaladas.

Por el momento esta institución no dispone de una respuesta
definitiva a la recomendación formulada.

4.3.11.Recomendación sobre adopción de medidas que permitan la
coordinación entre distintas administraciones para resolución de la
problemática de los inmigrantes subsaharianos
Como consecuencia de los graves incidentes sucedidos en Ceuta y
Melilla en los años 1995 y 1996, y a raíz de las medidas de expulsión
colectiva adoptadas por el Ministerio del Interior el pasado año con
103 inmigrantes subsaharianos que se encontraban en Melilla, se ha
dirigido al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la siguiente
recomendación:

Que se adopten por su departamento aquellas medidas necesarias que
permitan la coordinación con el Ministerio del Interior y el resto de
organismos del Estado y de las comunidades de Ceuta y Melilla, con
competencia en esta materia, para que puedan destinarse los medios
personales y materiales que faciliten unas condiciones de vida digna a
los inmigrantes ilegales que se encuentren en ambas comunidades y hasta
tanto se determine su situación jurídica individualizadamente.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no ha contestado a la
recomendación que le fue remitida por esta institución. No obstante, se
advierte que continúa la falta de coordinación entre las
administraciones implicadas y las organizaciones no gubernamentales,
llamadas a cumplir un importante papel en esta cuestión.

4.3.12.Recomendación sobre especificación, en resoluciones sobre
calificación de minusvalía y reconocimiento de prestaciones, de los
recursos procedentes, el órgano ante el que deben presentarse y el
plazo de interposición
La indeterminación sobre el orden jurisdiccional competente para
entender de las pretensiones que se deduzcan por los interesados sobre
valoración de minusvalías ha generado una cierta confusión acerca de la
vía adecuada para hacer valer su derecho a la tutela judicial efectiva
contra las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Servicios
Sociales, ya que, por una parte, los tribunales superiores de justicia
han venido manteniendo criterios dispares y, por otra, en ocasiones se
ha orientado a los interesados al orden jurisdiccional social, alegando
la propia Administración la excepción de incompetencia de jurisdicción.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo se ha pronunciado, en diversas
sentencias dictadas en unificación de doctrina --entre otras, en 26 de
mayo de 1993 y 3 de junio de 1995-- en el sentido de mantener el
criterio de determinar el orden jurisdiccional competente en función de
la naturaleza de la prestación que, previa la determinación del grado
de minusvalía, se pretende obtener en cada caso, de modo que
corresponde al orden jurisdiccional social el conocimiento de las
impugnaciones cuando se pretenda el reconocimiento de una prestación
del sistema de la Seguridad Social y al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo cuando la prestación pretendida sea ajena a
dicho sistema.

En consideración a lo anterior, se dirigió una recomendación al
Instituto Nacional de Servicios Sociales, a fin de que se facilite una
información completa a los interesados sobre los recursos que procedan
contra las resoluciones dictadas en esta materia.

En la contestación recibida de dicho Instituto en febrero de 1997,
se hace constar que la misma se atiende, dentro del escaso margen
competencial que resta al Instituto en esta materia, en el sentido de
reiterar a los órganos de gestión y asesorías jurídicas provinciales
los criterios expuestos. Así, en las instrucciones elaboradas por el
Instituto Nacional de Servicios Sociales, se indicaba a las asesorías
jurídicas que se abstuviesen de alegar la excepción de incompetencia de
la jurisdicción social siempre que, estudiados los correspondientes
antecedentes y, en particular, la inclusión del solicitante en el
sistema de la Seguridad Social, pueda afirmarse que se trata de una
cuestión promovida en materia de Seguridad Social, según previene el
artículo 2.b de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril.

4.3.13.Recomendación sobre evitación de expulsiones sin actividad
probatoria suficiente que desvirtúe la presunción de inocencia
En el informe correspondiente al año 1995 se señalaba que la
existencia de conceptos jurídicos indeterminados que conforman el
apartado c) del número 1 del artículo 26 de la Ley Orgánica 7/1985, de
1 de julio, en concreto, estar implicado en actividades contrarias al
orden público, provoca la incoación de expedientes de expulsión a
extranjeros con residencia legal en España, como consecuencia de haber
sido detenidos por su presunta participación en un hecho delictivo, sin
que ello y dada la situación de legalidad en que se encuentra la
persona detenida, la poca relevancia de los hechos fundamento de la
detención y, principalmente, la falta de una actividad incriminatoria
por parte de la


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autoridad judicial, sea, a juicio del Defensor del Pueblo, suficiente
para proceder a la expulsión del extranjero.

La reiteración de esta situación durante 1996 ha servido de
fundamento para recomendar, en concreto, a la Delegación del Gobierno
en Canarias, que no se proceda a la expulsión de ciudadanos
extranjeros, residentes legales en España, y que se encuentren incursos
en un procedimiento judicial, hasta tanto no se haya efectuado por
parte de la autoridad judicial, la suficiente actividad probatoria que
desvirtúe la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24 de la
Constitución, recomendación que hasta la fecha no ha tenido
contestación.

4.3.14.Recomendación sobre el acceso a la función pública española de
cónyuges, ascendientes y descendientes no comunitarios de ciudadanos de
la Unión Europea
La Directiva del Consejo de 28 de junio de 1990 (90/364/CEE), en
su artículo 2, apartado 2, párrafo 2.º dispone que «El cónyuge y los
hijos a cargo de un nacional de un Estado miembro que disfrute del
derecho de residencia en el territorio de un Estado miembro tendrán
derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como
por cuenta propia, en todo el territorio de dicho Estado miembro, aún
cuando no tengan la nacionalidad de un Estado miembro».

Habiéndose incorporado dicha directiva al derecho interno español
mediante el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, podría concluirse
que el derecho español reconoce el derecho al trabajo a los extranjeros
casados con españoles o con nacionales de otros estados miembros de la
Unión Europea y otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, en las mismas condiciones que a los nacionales
españoles con la única excepción contenida en el apartado 4 del
artículo 48 del Tratado.

En base a cuanto antecede se argumentaba que una interpretación
sistemática de las normas en juego debería llevar a reconocer que el
cónyuge e hijos de españoles y nacionales de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo tienen derecho al trabajo en iguales condiciones que los
españoles excepto en el empleo público a que se refiere el apartado 4
del artículo 48 del Tratado, y con las matizaciones que se ha hecho a
esta excepción, según las cuales, no quedan incluidas en la misma los
trabajos relativos a la función pública investigadora, docente, de
correos, y sanitaria de carácter asistencial, ámbitos éstos en los que
despliega sus efectos con plenitud el principio de igualdad en el
ejercicio del derecho al trabajo entre aquellos familiares y los
nacionales de los Estados miembros.

Esta conclusión resulta perturbada por la regulación contenida en
la Ley 17/1993, de 24 de diciembre, que únicamente contempla el derecho
de los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea al
acceso a determinados sectores de la función pública española pero sin
referencia alguna a los familiares a que aluden el antes mencionado
Real Decreto 766/1992 y la Directiva del Consejo de 28 de junio de 1990
(90/364/CEE).

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la diversidad de
instancias administrativas con competencia en la materia, y la
consiguiente posibilidad de aplicación de criterios interpretativos
diferentes, se formuló una recomendación sobre la oportunidad de que en
la Ley 13/1993, cuyas disposiciones tienen la consideración de bases
del régimen estatutario de los funcionarios públicos, así como en las
normas encaminadas a su desarrollo reglamentario, se recogiera en su
ámbito de aplicación de forma expresa a los familiares referidos, y
ello en aras del principio de seguridad jurídica garantizado en el
artículo 9.3 de la Constitución.

La última respuesta recibida del Ministerio de Administraciones
Públicas, tras poner en cuestión la adopción de la medida propuesta,
alegando al efecto la actuación llevada a cabo sobre el particular por
otros países europeos, venía a concluir, dada la transcendencia de la
interpretación extensiva planteada, la conveniencia de que el
Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien le corresponden las
competencias en materia de coordinación jurídica en asuntos de la Unión
Europea, se pronunciase al respecto.

En base a lo anterior, esta institución ha solicitado de la
Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea un
informe sobre la cuestión planteada en la presente queja al objeto de
completar la información de que hasta el momento se dispone, informe
que hasta la fecha no se ha recibido.

4.3.15.Recomendación sobre la actualización de las titulaciones
académicas exigidas para el ingreso en la función pública a los nuevos
planes de estudios y títulos de las universidades
El objeto de la presente queja era dilucidar las causas por las
que entre las diversas titulaciones que posibilitan la participación en
las pruebas selectivas para el acceso a la escala de secretarios de
administración local de tercera categoría, no se incluye la de
diplomados en relaciones laborales, cuyo programa de estudios
presuntamente se adecua más al temario de la oposición que los del
resto de las diplomaturas que habilitan dicha participación.

El informe recibido de la Dirección General de la Función Pública
admitía que el problema planteado en esta queja se derivaba de la falta
de ajuste de la normativa que rige las pruebas de selección a las
nuevas titulaciones establecidas con posterioridad, entre ellas la de
diplomado en relaciones laborales, título universitario oficial creado
por Real Decreto 1429/1990, de 14 de octubre, y concluía afirmando la
conveniencia del inicio de un estudio sobre la posible modificación del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de administración local, con
habilitación de carácter nacional, al objeto de paliar la laguna
existente, incluyendo entre las titulaciones habilitantes aquellas
otras creadas con posterioridad que pudieran considerarse como
equivalentes.

Admitido lo anterior, esta institución formuló la oportuna
recomendación para que, tras los estudios pertinentes, se introdujeran
las modificaciones necesarias en el antes mencionado Real Decreto
1174/1987, para ajustar sus previsiones a las nuevas titulaciones
universitarias reguladas con posterioridad como consecuencia de lo
dispuesto en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, que
establece


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las directrices generales de los planes de estudio de las titulaciones
universitarias de carácter general y válidas en todo el territorio
nacional.

Del tenor literal de la recomendación formulada se desprende que
con la misma se pretendía transcender el caso concreto planteado en la
queja para generalizar una actuación de ajuste entre la normativa que
rige las pruebas de selección y las nuevas titulaciones creadas con
posterioridad, actuación que se deducía necesaria según el citado
informe recibido de la Dirección General de la Función Pública, a que
antes se ha hecho alusión.

No obstante, la contestación recibida se ciñe exclusivamente al
supuesto concreto de los Diplomados en Relaciones Laborales, titulación
que ostenta el promovente de la queja, llegando a la conclusión de que
dicha titulación no se considera adecuada para habilitar la
participación a las pruebas selectivas para el ingreso en la Subescala
de Secretaría-Intervención de la Administración Local.

Dicha conclusión se basa en la falta de relación suficiente entre
el objetivo fijado para la Diplomatura en cuestión que, según las
directrices de su plan de estudios, es la formación en organización del
trabajo y gestión de personal, así como en la ordenación jurídica del
trabajo y de la seguridad social, y las funciones atribuidas a los
Secretarios Interventores de la Administración Local que se concretan
en la de fe pública, asesoramiento legal preceptivo y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de las
entidades locales, concretándose tal desajuste en el escaso número de
créditos destinados al Derecho Público y Privado --12 frente a los 102
créditos del resto de las materias-- que se considera insuficiente para
hacer frente a las funciones antes aludidas.

Esta institución sin entrar a valorar el fundamento de la
justificación ofrecida para considerar inadecuada la titulación de
diplomado en relaciones laborales para el acceso a la subescala de
secretaría-intervención, aún cuando la insuficiencia de créditos
destinados al Derecho Público y Privado podría predicarse en parecida
forma de otros estudios que sí habilitan para el acceso a dicha
subescala como los de los tres primeros cursos de la licenciatura de
Sociología, ha manifestado que, aún admitiendo la validez de la
conclusión a que se llega en el informe recibido, dicha conclusión no
justifica la no aceptación de la recomendación dado que, como se ha
reflejado dicha resolución pretendía transcender del caso concreto
planteado en la queja al que se ha limitado la contestación recibida.

En base a cuanto queda expuesto se ha reiterado la Recomendación y
se ha solicitado la remisión de un nuevo informe sobre los estudios que
se hayan emprendido, y sus eventuales resultados, en orden a la
modificación del Real Decreto 1174/1987, teniendo en cuenta las nuevas
titulaciones reguladas en el Real Decreto 1497/1987, de forma que se
solucionen las numerosas dudas interpretativas admitidas por la
Dirección General de la Función Pública respecto a la equivalencia de
los títulos antiguos y los nuevos surgidos a partir de dicho real
decreto, informe que, aún, no se ha recibido.

4.3.16.Recomendación sobre la supresión del cobro de tasas o derechos
de examen para el acceso a la función pública y de las comisiones
bancarias de gestión
La procedencia de exigir el pago de unos derechos de examen como
requisito para la participación en pruebas selectivas resulta
cuestionable tanto en cuanto a su justificación objetiva como por su
incierto respaldo legal en el momento de admisión a trámite de estas
quejas.

En efecto, la organización de pruebas selectivas públicas, no es
más que un medio para el cumplimiento de una obligación constitucional
propia de un Estado democrático de derecho, a través del cual, mediante
una concurrencia pública competitiva, se posibilita que la
Administración seleccione a los mejores y más cualificados candidatos
de entre aquellos ciudadanos que se deseen incorporar a la función
pública, lo que objetivamente supone un beneficio para la
Administración y para la sociedad.

Siendo esto así, no parece desacertado que fuere la sociedad en su
conjunto la que asumiera el coste de dichos procesos, resultando
paradójico que hayan de ser los aspirantes a los puestos de trabajo los
que sufraguen total o parcialmente el coste de la selección.

Además, en los últimos tiempos esta cuestión se plantea con el
aspecto añadido relativo al cobro de los servicios bancarios por parte
de la entidad financiera pública con la que el Ministerio de
Administraciones Públicas ha suscrito convenio, para la gestión de los
derechos de examen que se deriven de la participación en pruebas
selectivas derivadas de la oferta de Empleo Público.

En cuanto a este aspecto la institución entiende que carece de
justificación alguna el que los costes de la prestación de servicios
por parte de la entidad financiera, que en buena medida afectan y
benefician a la Administración (grabación de datos, remisión al
Registro Central de Personal, etc.), deban ser asumidos por los
participantes en las pruebas selectivas.

Por todo cuanto antecede, y dejando a un lado, por lo que después
se dirá, las dudas sobre el amparo normativo de esta exacción, esta
institución formuló las siguientes recomendaciones al Ministerio de
Administraciones Públicas:

a)Que sea la Administración pública convocante la que asuma el
coste de la gestión de los «ingresos presupuestarios», provenientes de
los derechos de examen, sin que los aspirantes deban asumir ningún
gasto que no se derive directamente de los servicios bancarios que le
preste a la entidad financiera a la que acuda.

b)Que se inicien o prosigan las actuaciones ya iniciadas en ese
Departamento y ante el Ministerio de Economía y Hacienda para proceder,
en el momento en el que presupuestariamente ello resulte viable, a la
supresión de los derechos de examen en las pruebas selectivas para
acceso al servicio de las administraciones públicas.

Dichas recomendaciones se encuentran en trámite, aún cuando la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas


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Fiscales Administrativas y del Orden Social, en su artículo 47, viene a
configurar los derechos de examen como una tasa, dando respaldo legal a
unas exacciones cuyo amparo normativo era hasta entonces, como ya se ha
dicho, muy dudoso, mediante la incorporación de un nuevo apartado en el
artículo 13 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos.

4.3.17.Recomendación sobre la regulación de la prestación del servicio
farmacéutico en municipios con significativa población flotante
Solicitada la interposición de recurso de inconstitucionalidad
contra el artículo 1.3 del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio, de
ampliación del servicio farmacéutico a la población, se recibieron
diversas solicitudes para que el Defensor del Pueblo interpusiera
recurso de inconstitucionalidad contra distintos preceptos de esta
disposición legal.

Pese a no accederse a la solicitud formulada, por no encontrarse
fundamentos jurídicos suficientes para ello, se estimó necesario, no
obstante, recomendar al Ministerio de Sanidad y Consumo que se lleven a
cabo las actuaciones necesarias para regular, mediante la
correspondiente norma jurídica, la prestación del servicio farmacéutico
en los municipios en los que existiera una significativa población
flotante, por razones tales como turismo, veraneo o estancias de fin de
semana, tomando como base para ello las necesidades reales de la
población, con independencia de que figure o no incluida en el referido
padrón municipal.

4.3.18.Recomendación sobre medidas complementarias en relación con las
indemnizaciones por tiempo de permanencia en prisión previstas en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990
El Decreto foral 75/1995, de 20 de marzo, del Gobierno de Navarra,
regula la concesión de indemnizaciones a las personas que sufrieron
prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de
Amnistía y que no resultaron favorecidos por lo establecido en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, por
no tener 65 años cumplidos el 31 de diciembre de 1990, o no haber
cubierto el tiempo mínimo de privación de libertad necesario (tres
años).

Este requisito de edad fue objeto de varias cuestiones de
inconstitucionalidad, resueltas por el Tribunal Constitucional mediante
sentencia de 3 de diciembre de 1993, en el sentido de declarar que la
disposición controvertida no es contraria al citado artículo 14 del
texto constitucional.

Las ayudas que contempla dicho decreto foral consistían en una
prestación económica directa de percepción única y no periódica, en
función del número de meses de estancia en prisión.

Entre los requisitos que fijó la norma para causar derecho a la
prestación se encontraba la lógica exigencia de que el solicitante
ostentara la condición civil foral navarra y residiera en esa comunidad
autónoma, o bien que hubiese residido en territorio navarro durante los
diez años anteriores a la entrada en vigor del decreto foral.

En consecuencia, se ha considerado oportuno dirigir una
recomendación a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra, así
como a Ceuta y Melilla, a fin de que estudien la posibilidad de
establecer medidas similares a las adoptadas por el Gobierno de
Navarra, complementando el régimen de indemnizaciones por tiempos de
prisión a que se ha hecho referencia.

Las comunidades autónomas de Murcia, País Vasco y Asturias, así
como Melilla no han aceptado la expresada recomendación. Canarias,
Cataluña y Galicia han condicionado dicha aceptación a lo que se
acuerde en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales. Por su parte,
Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid condicionan
dicha aceptación al resultado de un estudio previo que anuncian y de
cuyo resultado informarán a esta institución. No han contestado a la
recomendación Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja
y Valencia. Tampoco ha contestado Ceuta.

A efectos del cómputo total esta recomendación equivale, pues, a
14 pendientes, a las que hay que añadir 4 no aceptadas que se reflejan
en el punto 4.2.10. del presente capítulo.

4.3.19.Recomendación sobre el derecho de información de los
representantes del personal en el ámbito de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
La negativa a facilitar a los interesados la relación de puestos
de trabajo de la Consejería de Administración Pública de la Junta de
Castilla-La Mancha, planteada en esta queja se pretendía justificar por
la inexistencia de un documento oficial recopilatorio de las numerosas
modificaciones introducidas en la relación inicial aprobada por Decreto
161/1989 de 28 de diciembre.

Ciertamente la publicación de dichas relaciones se podría entender
conseguida, como alegaba la citada Consejería, mediante la publicación
tanto de la relación inicial como de las sucesivas modificaciones, pero
lo cierto, como ponía de manifiesto en la queja de referencia, es que
transcurrido mucho tiempo desde la publicación de la relación inicial y
operadas en la misma numerosas modificaciones resulta difícil conocer
la situación actual de las mismas, lo que justificaría la necesidad de
proceder a la recopilación de tales modificaciones.

Dicha necesidad se justifica por la configuración de las
relaciones de puestos de trabajo como instrumento fundamental de la
política de personal cuya finalidad última no es sino permitir un
funcionamiento más eficaz de las administraciones públicas, y cuya
transcendencia resulta predicable tanto para los órganos gestores del
personal como para los propios funcionarios, para quienes tales
relaciones


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devienen en soporte de sus legítimas expectativas profesionales.

Por todo ello esta institución entiende que la denegación de la
información sobre tales relaciones supone una vulneración del derecho a
la información, reconocido a los promoventes de la queja, en este caso
representantes sindicales, en el artículo 9 de la Ley 9/1987, de 12 de
julio, de Organos de Representación y Determinación de las Condiciones
de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas lo que fundamentó una recomendación en orden
a la adopción de las medidas necesarias para que tal derecho fuese
respetado.

Esta recomendación se encuentra pendiente de contestación por
parte de la Administración.

4.3.20.Recomendación sobre obligatoriedad de resolución expresa y
necesidad de establecer un sistema de adjudicación de las ayudas que no
esté basado únicamente en el orden de entrada de las solicitudes
La Orden de 16 de diciembre de 1994 de la Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, que concede ayudas económicas para
subvencionar alquileres a arrendatarios durante 1995, establecía en su
artículo 7.3 que las solicitudes que a fecha 30 de septiembre de 1995
no hubieran sido contestadas se entenderían desestimadas, lo que
entraría en contradicción con el artículo 103.1 de la Constitución y el
artículo 42 de la Ley 30/1992.

Así pues, se recomendó a dicha Consejería que, si en el futuro se
procediese a dictar órdenes que regulen la concesión de ayudas para
subvencionar alquileres a arrendatarios de viviendas, se tomen las
medidas necesarias para que en su texto no aparezcan disposiciones como
la del artículo 7.3 de la Orden de 16 de diciembre de 1994 que pudieran
poner en entredicho el contenido del artículo 42 de la Ley 30/1992.

Debiendo, además, establecerse de manera inequívoca unos plazos de
resolución --a partir de la fecha en que finalice el plazo de admisión
de solicitudes-- que no entren en colisión con el punto 2.º del
artículo 42, ya citado, de la Ley 30/1992.

Igualmente, al ser el importe de la cantidad presupuestada para el
total de ayudas sensiblemente inferior al número de solicitantes que
cumplían los requisitos, cobraba especial importancia el sistema de
adjudicación, que primaba el orden de presentación de las solicitudes.

Ahora bien, al haber varios registros de entrada, cada uno con su
correspondiente numeración, en la práctica era imposible determinar con
objetividad qué expediente de los presentados en la misma fecha en
diferentes sedes tenía prioridad, lo que podría crear situaciones de
inseguridad jurídica entre los administrados al haber identificado
orden de tramitación de expedientes con prioridad de adjudicación,
haciendo una interpretación demasiado extensiva del artículo 74.1 de la
Ley 30/1992.

Así pues, se hizo una segunda recomendación en el sentido de que
era necesario arbitrar un sistema diferente de adjudicación, que
eliminara los inconvenientes enunciados, para dar un mejor cumplimiento
al artículo 9.3 de la Constitución, recomendación que se encuentra
pendiente de contestación.

4.3.21.Recomendación sobre requisitos para obtener subvención para
adquisición de vivienda de protección oficial en Extremadura
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Extremadura había denegado una subvención por adquisición de vivienda
de protección oficial a una solicitante que gozaba de un derecho de
usufructo sobre una vivienda no protegida en una localidad diferente de
aquélla en que se encontraba la vivienda para la que se solicitaba la
ayuda.

Consultado tanto el Real Decreto 1932/1991 como el Decreto 49/1992
del Gobierno de Extremadura, se comprobó que ninguna de las normas
citadas contenía precepto alguno que impidiese acceder a la
financiación cualificada a quien fuese propietario o gozase de un
derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda libre en una
localidad diferente a la que acogía la vivienda protegida sobre la que
se pretendía la actuación.

No obstante, del informe enviado a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, se desprendía que la voluntad de la Administración
extremeña al aprobar el Decreto 49/1992 consistía en establecer unas
condiciones más restrictivas para acceder a la financiación cualificada
de vivienda que las anteriormente descritas.

Sin embargo, como quiera que de la interpretación literal y
directa de la norma autonómica no podía inferirse tal voluntad, sino,
por el contrario, el derecho del formulante a la ayuda económica
solicitada, se procedió a recomendar a la citada consejería la
modificación del Decreto 49/1992, al efecto de establecer claramente
los supuestos excluidos de la financiación cualificada.

4.3.22.Recomendación sobre perjuicios causados al medio ambiente por
cañones de butano o carburo
La compareciente había denunciado ante la Consejería de Medio
Ambiente, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Extremadura y ante el
Ayuntamiento de Villanueva de la Vera (Cáceres) la instalación
realizada por el vecino colindante a su propiedad de un mecanismo con
funcionamiento de gas para ahuyentar pájaros. Estos cañones de butano o
propano, a su entender no contaban con la necesaria autorización de la
Comunidad Autónoma, pudiendo ocasionar graves daños a la salud humana,
a las especies animales y al medio ambiente.

La Consejería en la respuesta emitida manifiesta que existe un
vacío legal en la utilización de cañones espantapájaros, así como que,
a raíz de la denuncia de la interesada se expedirían las autorizaciones
pertinentes para el uso de los referidos cañones.

Al entenderse por esta institución que las autorizaciones
otorgadas no se ajustaban a los requisitos que deben


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contener de acuerdo con lo previsto en la legislación tanto estatal
como autonómica (Ley 4/1989, de 27 de marzo, de los espacios naturales
y de la Flora y Fauna Silvestre y Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de
caza de Extremadura) se formuló una recomendación en la que se
expresaba que no se permitiera el uso de cañones de butano o carburo
como sistema para prevenir perjuicios importantes en los cultivos, en
razón a los graves daños que los mismos pueden causar a la fauna
silvestre, al medio ambiente y a la salud humana y en su lugar se
estudiaran otras posibilidades de autorizar otros métodos selectivos
alternativos que no conlleven los riesgos antes mencionados.

Hasta la fecha no se ha recibido contestación de la Consejería en
la que se indique la aceptación o rechazo de la recomendación
efectuada.

4.3.23.Recomendación sobre cumplimiento, en las notificaciones, de los
requisitos exigidos en el Reglamento General de Recaudación
Los defectos formales observados en las notificaciones realizadas
en el procedimiento administrativo de apremio han motivado que se
dirija una recomendación al Ayuntamiento de Galapagar (Madrid) para que
las mismas cumplan los requisitos exigidos en el Reglamento General de
Recaudación, recomendación que aún no ha tenido contestación.

4.3.24.Recomendación sobre iniciación de determinadas actuaciones de
oficio en relación con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
El Ayuntamiento de Málaga reclamó a una ciudadana el impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente a un automóvil que
había sido recogido y trasladado al vertedero municipal por la policía
municipal y el servicio de limpieza, tras ser arrastrado por una riada.

La propietaria entendió que, ante tal situación, el vehículo había sido
dado de baja.

Se ha sugerido a la corporación que tome en consideración las
especiales circunstancias que concurren en este caso para encontrar una
solución al problema y se le ha recomendado que establezca mecanismos
de coordinación entre los distintos centros de gestión del ayuntamiento
para que ante situaciones similares se proceda a tramitar la baja de
los vehículos inutilizados y retirados por los servicios municipales.

Esta recomendación aún no ha tenido respuesta.

4.3.25.Recomendación sobre modificación de los impresos de
notificaciones en materia de incumplimiento de la Ordenanza de
Limitación del Aparcamiento de Santander
Un vecino de Santander presentó una queja porque el Ayuntamiento
de dicha ciudad le estaba tramitando un procedimiento ejecutivo por
falta de pago, en período voluntario, del importe de una sanción que se
le impuso por una infracción de la Ordenanza para la Limitación del
Aparcamiento consistente en «estacionar en lugar limitado y controlado
careciendo de ticket o tarjeta adecuada».

Estudiada la documentación remitida por el referido ayuntamiento,
se puso en conocimiento de dicha Administración que, en cuanto al
expediente sancionador por la infracción de tráfico que se incoó al
interesado, hasta que el Tribunal Supremo no se pronunciara al
respecto, habría de actuar con reserva respecto de la procedencia de
imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de pago de
la Ordenanza Limitadora de Aparcamiento.

Tal cautela se deriva del hecho de que algunos Tribunales
Superiores de Justicia, entre los que se encuentra el de Cantabria, han
fallado que existe una falta de cobertura legal para imponer sanciones
por esas infracciones contempladas en las Ordenanzas de ese tipo, y
ello en virtud de lo dispuesto en el art. 25.1 de la Constitución que
establece que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que
en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.

Por otro lado, se indicó a dicho Ayuntamiento que tampoco podía
ser sancionado el estacionamiento de un vehículo en un lugar limitado
por la O.L.A. por no haber pagado el precio público establecido en la
Ordenanza fiscal correspondiente, ya que lo procedente sería exigir
dicho precio público por la vía de apremio, como también han
sentenciado algunos Tribunales Superiores de Justicia, y también porque
tal acción no constituye ninguna de las infracciones previstas en los
arts. 38, 39 y 65, apartados 3, 4 y 5 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

No obstante lo anteriormente expuesto, esta institución expresó al
Ayuntamiento de Santander que, como quiera que la citada Ordenanza
municipal es plenamente eficaz hasta que no recaiga sentencia firme en
contrario, se consideró la vigencia de la O.L.A. y su aplicación al
caso estudiado en la queja.

Aún así, tras examinar la copia del expediente sancionador que se
nos había enviado, se observaron una serie de defectos formales y de
fondo por lo que, se recomendó que fueran subsanados.

Las modificaciones que se recomendaron tenían como finalidad
adecuar a los requisitos exigidos por las leyes aplicables, la
información que se ha de facilitar a los interesados lo que implicaría
separar la notificación de la denuncia de la que contiene la resolución
ya que esta última tiene que realizarse expresamente y de forma
independiente a aquélla.

Igualmente se recomendó que no se exigiera por la vía de apremio
cantidades derivadas de expedientes sancionadores en los que se hubiera
incurrido en graves defectos de tramitación como son en caso de
prescripción de la infracción o de indefensión del interesado.

Hasta la fecha todavía no se ha recibido la contestación a dicha
recomendación a pesar de haberse requerido.



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4.3.26.Recomendación sobre adecuación de la actuación de la Policía
municipal del Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) al artículo 20 de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad
ciudadana
La actuación de la Policía local del Ayuntamiento de Sitges
procediendo a la identificación de cualquier ciudadano en el que se
presumiera su condición homosexual, confeccionando un archivo
informático con estos datos, ha servido para recomendar a dicha
Administración que la identificación de personas en la vía pública se
haga, en todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, según la interpretación del
Tribunal Constitucional en su sentencia de 18 de noviembre de 1993 y en
el ámbito de competencias reconocidas a las policías locales en el
Título V de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, recomendación que hasta la fecha no ha
obtenido contestación.

4.3.27.Recomendación sobre asignación de plazas de encargados de
limpieza en el Ayuntamiento de Madrid
El objeto de la presente queja se encontraba en las presuntas
irregularidades cometidas en la resolución de un concurso de encargados
de limpieza convocado por el Ayuntamiento de Madrid, irregularidades
que se centraban en el hecho de que determinados funcionarios habían
sido preteridos en la adjudicación de las plazas por personal interino,
en base a una presunta discrecionalidad de la dirección del
departamento de limpieza urbana para la ordenación del personal a su
cargo, sin distinción de la naturaleza de su relación funcionarial, a
la hora de asignar al personal tanto a los centros de trabajo como a
los turnos correspondientes.

Dicha conducta resulta cuestionable toda vez que la movilidad
entre los distintos puestos de trabajo que con la misma se propicia
pugna contra la propia naturaleza de la situación de interinidad,
dirigida a cubrir transitoriamente puestos de trabajo determinados en
los que se aprecie la concurrencia de una necesidad urgente en su
cobertura, y por tanto el nombramiento como interino por su propia
naturaleza excluye el reconocimiento de un derecho a la movilidad,
consideración ésta que dio lugar a la formulación de una recomendación
en orden a que se revisaran los criterios de asignación de las plazas a
que se refería la queja y se procediera a su redistribución conforme a
las bases de la convocatoria y con aplicación estricta de la normativa
vigente en relación con los funcionarios interinos.

Con posterioridad a la formulación de esta resolución se ha
recibido informe del Ayuntamiento de Madrid comunicándonos que por los
interesados se habían iniciado actuaciones ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, circunstancia ésta que dio lugar a la
suspensión de las actuaciones de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo.

4.3.28.Recomendación sobre la supresión de la exigencia de abono de
determinadas cuantías por la tramitación de los expedientes de oficinas
de farmacia
Presentada ante el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz una
solicitud para la apertura de una oficina de farmacia, conforme a la
legislación entonces vigente (Real Decreto 909/1978, de 14 de abril),
la citada corporación notificó al interesado que se había acordado el
archivo del expediente, al no haber abonado el mismo la cantidad de
50.000 pesetas, exigida para la tramitación de la solicitud.

Ante la carencia de base legal para ello, se dirigió una recomendación
al Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, a fin de que se suprima la
exigencia del abono de cantidades económicas por la tramitación de los
expedientes de instalación de las oficinas de farmacia, cuando esta
exigencia no se halle amparada en precepto legal alguno, al no ser
conforme tal exigencia con lo dispuesto en el artículo 133 de la
Constitución.

A la anterior recomendación se acompañaba una sugerencia para que, en
consonancia con la anterior recomendación, se proceda a la devolución
de la cantidad exigida al promotor de la queja por la tramitación del
expediente de instalación de oficina de farmacia, al carecer tal
requerimiento de base legal. Esta recomendación se encuentra pendiente
de contestación.

5.DATOS ESTADISTICOS
5.1.Presentación de los datos
Dos son las innovaciones principales introducidas en el presente
informe respecto a la presentación de los datos estadísticos, con las
que se persigue mayor claridad y rigor: la primera, consiste en el
tratamiento estadístico de los grupos de quejas idénticas y, la
segunda, en la separación de los datos referentes al trabajo realizado
a partir de las quejas recibidas en el año al que se refiere el
informe, de los que reflejan la actividad registrada sobre quejas de
ejercicios anteriores.

El número total de quejas recibidas durante el año 1996, como podrá
constatarse más adelante, ha sido muy superior al registrado en el
ejercicio precedente. Sin embargo, como ha venido ocurriendo desde el
comienzo de la actividad de la institución, las bruscas oscilaciones en
el número de quejas recibidas entre unos años y otros han tenido su
causa en el mayor o menor número de quejas integradas en diversos
grupos de quejas idénticas.

En 1996 el número de quejas idénticas recibidas en trece grupos
diferentes ha sido muy elevado (14.898, frente a 2.411 contabilizadas
en 1995).

Pese a las oscilaciones interanuales en el número de quejas de este
tipo recibidas en los últimos años, se puede establecer en torno a
11.000  1.000 el número de quejas que la institución recibe,
regularmente, por iniciativa individual y espontánea de cada uno de los
ciudadanos, en una tendencia estabilizada desde 1991, regularidad


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que contrasta con lo que ocurre con los grupos de quejas idénticas
cuyos valores presentan grandes fluctuaciones.

Efectivamente, tal y como puede apreciarse en el cuadro que se recoge a
continuación, han existido grandes variaciones en las cifras de este
tipo de quejas, normalmente promovidas por corporaciones o entidades
asociativas, ya sean permanentes o temporales, que impulsan entre sus
copartícipes la presentación de una queja al Defensor del Pueblo,
facilitando y difundiendo, muchas veces, un escrito tipo de modo que
los asociados sólo tengan que consignar sus datos personales.

Hay que insistir en que el valor estadístico de los grupos idénticos no
siempre es el mismo, debiéndose señalar, además, que la motivación,
pretensión, modo de presentación, fundamentación e incluso grado de
conocimiento de estar dirigiendo una queja al Defensor del Pueblo,
difiere enormemente entre unos grupos y otros.

Por todo ello, para evitar el sesgo estadístico que la inclusión de
estos grupos de quejas idénticas introduce, sin perjuicio de facilitar
en los apartados en que proceda la información pertinente acerca de
estos grupos de quejas, se ha optado en este informe por separar la
información estadística de uno y otro tipo de quejas, salvo la
referente a las matrices de estos grupos que se contabilizan con las
quejas individuales.

Las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo en el ejercicio 1996,
han sido 25.753 que, junto a las 122 quejas iniciadas de oficio,
totalizan 25.875. A efectos de este apéndice se contabilizan
conjuntamente puesto que, salvo en su creación, la tramitación no
difiere, sin perjuicio de los detalles que se presentan en algunos
apartados.

5.2.Procedencia geográfica de las quejas
De las 25.875 quejas registradas en 1996, sólo 188 quejas, el 0,73 por
100, proceden del extranjero, con la siguiente distribución por países:

El 99,27 por 100 (25.687 quejas) han tenido origen en el territorio
nacional. Sin contar las 122 quejas iniciadas de oficio, se han
recibido 25.565 quejas con arreglo a la distribución por provincias y
comunidades autónomas que se refleja en el cuadro siguiente:



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Ha habido 1.438 quejas que se han recibido a través de los comisionados
parlamentarios autonómicos, número y distribución que no resultan
afectados por la consideración, separada o no, que se haga de los
grupos de quejas idénticas, distribuidas según se expresa en el cuadro
siguiente:

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5.3.Admisión de las quejas recibidas en 1996
En 1996 fueron registradas, pues, 25.875 quejas que resultan de agregar
a las 25.753 recibidas durante el año las 122 investigaciones de oficio
iniciadas por el Defensor del Pueblo. Del total de quejas registradas
en el año, a 31 de diciembre de 1996 se encontraban pendientes de
examen 1.013 por lo que, un total de 24.862 (96,08%) de las quejas de
1996 han sido tramitadas en el ejercicio y, de ellas, 21.136 (85,01%)
han sido resueltas.

De las 24.862 quejas tramitadas, 14.898 corresponden a trece grupos de
quejas idénticas cuya tramitación es la misma para cada grupo. Por este
motivo, como ya se ha explicado, se reflejan separadas de las quejas no
integradas en ningún grupo de esas características.

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5.3.1.Grupos de quejas idénticas
La distribución de los trece grupos de quejas idénticas, con indicación
del tema planteado, número de quejas que se integran en cada uno y
estado de tramitación a 31 de diciembre de 1996 se recoge en el cuadro
siguiente, excluyendo las matrices que, a efectos estadísticos, se han
contabilizado conjuntamente con las quejas individuales:

De los trece grupos de quejas idénticas, siete (53,85%) han sido
tramitados ante la Administración y, de ellos, tres (23,07%) han sido
concluidos en 1996. De los tres grupos concluidos, se ha subsanado la
deficiencia apreciada en un caso y en otros dos, se ha concluido que la
actuación de la Administración investigada había sido correcta. A 31 de
diciembre existían, pues, cuatro grupos de quejas idénticas (30,77%)
que, con investigaciones iniciadas ante la Administración, se
encontraban en trámite.

Otros seis grupos (46,15%) no han sido tramitados ante la
Administración, pero se ha facilitado a los promoventes información
sugiriéndoles las vías que se han considerado más adecuadas para
ejercitar sus acciones.

5.3.2.Quejas individuales
El número de quejas individuales tramitadas se obtiene restando del
total de quejas registradas en 1996 (25.875) las 14.898 que se
encuentran integradas en alguno de los trece grupos de quejas idénticas
reiteradamente mencionados, así como las 1.013 quejas que a 31 de
diciembre se encontraban pendientes de estudio, a las que se ha hecho
referencia anteriormente, con lo que resultan 9.964 las quejas
individuales recibidas en 1996 y tramitadas en el año, con el siguiente
detalle:

Por tanto, tomando como base el total de las quejas en que se ha
adoptado una decisión sobre su tramitación o no ante la Administración,
el 41,02 por 100 de las quejas han sido tramitadas ante alguna
Administración pública y el 58,98 por 100 han sido tramitadas,
únicamente, con los interesados.

El número de quejas no tramitadas ante la Administración, según los
motivos apreciados para ello, y su correspondiente porcentaje respecto
al número total de quejas de estas características, se refleja en el
siguiente cuadro:



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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica
3/1981, de 6 de abril, en todos los casos se comunican al promovente
los motivos apreciados para no tramitar su queja ante la Administración
y, como ya se ha dicho, se le informa de las vías que, a juicio de la
institución, se consideran más adecuadas para la defensa de sus
intereses, sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que
entienda más pertinentes.

Por otra parte la información se extiende a la atención directa y
personal al ciudadano, tanto en la sala de visitas que funciona en la
sede de la institución, como a través de los servicios de información
telefónica.

Durante 1996, se han recibido 6.258 visitas y el servicio de
información telefónica ha atendido 9.520 llamadas, además de las 5.037
atendidas a través de la línea 900 creada en 1995. Esta actividad del
servicio de información se representa en el gráfico siguiente:

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5.4.Investigación y resultados de las quejas de 1996
5.4.1.Investigación
Como ya se ha indicado en el apartado 3.2, el número de quejas
individuales de 1996 (es decir, sin incluir las integradas en grupos de
quejas idénticas), tramitadas ante la Administración, asciende a 3.948,
que resultan de restar del total de quejas individuales (9.964) tanto
las que no han sido tramitadas ante la Administración (5.677) como las
339 que a 31 de diciembre se encontraban pendientes de aportación de
información complementaria solicitada al interesado.

En los cuadros siguientes se expresa la situación de las quejas
recibidas en 1996 y tramitadas ante la Administración, por organismos,
indicándose tanto las concluidas a 31 de diciembre de 1996 como las
que, en esa fecha, se encontraban en suspenso por alguna de las causas
legalmente previstas:

Datos globales
En los cuadros siguientes se expresa el detalle de las quejas de 1996
tramitadas, respectivamente, con la Administración General del Estado y
con órganos dependientes de las comunidades autónomas:

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Detalle de la Administración General del Estado
Detalle Administración autonómica.

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5.4.2.Resultados
Los resultados de las 1.459 investigaciones concluidas de las quejas
recibidas en 1996 es el siguiente:

Datos globales
Se incluye a continuación el cuadro que contiene los datos globales,
expresado en porcentajes:

Datos globales en tanto por ciento
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Detalle de la Administración General del Estado
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Detalle de la Administración autonómica.

5.5.Investigación y resultados de quejas de ejercicios anteriores a
1996.

Durante 1996 se ha continuado con la tramitación de quejas registradas
en años anteriores. Como ya se ha dicho, con el fin de lograr un mayor
rigor en el tratamiento de los datos estadísticos y por la
especificidad de la tramitación de tales quejas, se ha considerado
conveniente reflejar separadamente en este apartado, las actuaciones
relativas a estas quejas de ejercicios anteriores.

La mayor parte corresponden a quejas recibidas en 1995, comenzando por
las 929 que a 1 de enero de 1996 se encontraban pendientes de estudio,
de las cuales 807 no han sido tramitadas ante la Administración.

Por otra parte, en 1996 se ha concluido la tramitación de tres grupos
de quejas idénticas de años anteriores que totalizan 158 quejas y que,
en su día, fueron tramitados ante la Administración, con los resultados
que se indican:

5.5.1.Investigación: admisiones, reaperturas y reposiciones
Tanto las admisiones como las reaperturas y las reposiciones modifican
el expediente para tramitarlo ante la Administración. La reapertura
consiste en volver a tramitar después de una conclusión, y la
reposición permite una vez desaparecidas las causas que la motivaron
(artículo 17.3 de la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor
del Pueblo), levantar la suspensión y continuar con la tramitación de
la queja:



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La situación de estas quejas, a 31 de diciembre, según su estado de
tramitación es la siguiente:

Del conjunto de quejas de años anteriores a 1996, formado por las
quejas admitidas (571), reabiertas (282) o repuestas (9) en dicho año,
que totalizan 862, se especifica a continuación la tramitación
mantenida con las administraciones públicas durante este año:

Datos globales
5.5.2.Resultados
Además de las quejas de ejercicios anteriores que, por diferentes
razones, han sido admitidas a trámite ante la Administración en 1996,
reabiertas o -extinguida la causa de su suspensión- resueltas, otras
quejas que se encontraban ya en trámite a 1 de enero de 1996, se han
concluido en el ejercicio. Se especifican a continuación las
tramitaciones finalizadas en el año 1996 de las quejas de años
anteriores, incluyéndose en la cifra total (3.041) las 472 quejas
concluídas a que se refiere el apartado 5.1, con el fin de facilitar en
los cuadros posteriores los datos globales y detalles por
administraciones públicas con que se han tramitado, agregando todas las
quejas anteriores a 1996 cuya investigación se ha concluido en 1996.

Quejas concluídas en 1996, por año de creación y estado a 31 de
diciembre
Del total de 3.041 quejas de años anteriores concluidas en 1996, se
detallan a continuación los resultados de las investigaciones:

Datos globales quejas anteriores a 1996.



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5.6.Resoluciones adoptadas en relacion con las quejas
5.6.1.Recomendaciones
Se trata de resoluciones por medio de las cuales el Defensor del
Pueblo, con fundamento en los principios constitucionales, manifiesta a
la Administración o al órgano legislativo competente la conveniencia de
proceder a dictar una determinada norma o modificar las existentes -en
razón a su necesaria adecuación constitucional y, en su caso, a los
tratados internacionales ratificados por España- con objeto de llenar
un determinado vacío normativo o para evitar una contradicción entre
distintas normas vigentes.

Las resoluciones de este tipo formuladas en 1996, según el estado en
que se encuentran a 31 de diciembre de este año, y administraciones
públicas de destino, se resumen en el cuadro siguiente:

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5.6.2.Sugerencias
Mediante este tipo de resoluciones el Defensor del Pueblo, sin que
exista actuación administrativa irregular, insta a la Administración a
que modifique un acto concreto, cambie de criterio en su producción,
acuerde determinado acto o se abstenga de resolver.

El cuadro siguiente expresa el estado de las resoluciones de este tipo
adoptadas en 1996.

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5.6.3.Otras resoluciones
El Defensor del Pueblo puede formular, además, recordatorios de deberes
legales y advertencias, entre otras resoluciones, de acuerdo con lo
preceptuado en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. El total de las
formuladas en 1996 asciende a 48 y todas ellas han sido recordatorios
de deberes legales.

5.7.Quejas de oficio
Durante el año 1996, el Defensor del Pueblo inició de oficio las 122
quejas que se recogen a continuación. Los números no son correlativos
porque deben adecuarse a registros internos.

F9600001 Vagones específicos para viajeros magrebíes en el tren
Algeciras-Hendaya.

F9600002 Situación que presenta el Centro Penitenciario Madrid V, al
que se efectuó una visita.

F9600003 Existencia desde hace varios días en la denominada «tierra de
nadie» en la frontera entre Ceuta y Marruecos de un número aproximado
de 50 personas de origen subsahariano entre los que, al parecer, se
encuentran también 4 paquistaníes.

F9600004 Desconocimiento de las causas de detención de compañero
sentimental y padre de su hijo.

F9600005 Posibles irregularidades en el funcionamiento del Instituto
de Formación Profesional «Pacífico» de Madrid, y de deficiencias en el
estado de mantenimiento de sus instalaciones.

F9600006 Fallecimiento de una interna en el Centro Penitenciario de
Jaén.

F9600007 Presunta detección de un elevado nivel de metales pesados
como cadmio, cobre, plomo, niquel y zinc, caracterizados como residuos
tóxicos y peligrosos en un vertedero de Getafe (Madrid).

F9600008 Derrumbe de un torreón del Alcázar de Buitrago de Lozoya
(Madrid), y lamentable estado de otro torreón similar, que muestra en
su estructura grietas que hacen temer por su integridad y por la de la
histórica muralla del siglo XII.

F9600009 Reclusión en las dependencias policiales del aeropuerto de
Madrid-Barajas de dos ciudadanos nigerianos, a quienes, al parecer, se
les deniega el asilo y posteriormente no se pudo proceder a su
devolución a su país de origen.

F9600010 Derecho de los pacientes afectados por V.I.H. a la intimidad
personal.

F9600011 Situación que presenta el Centro Penitenciario
Carabanchel-Mujeres, al que se efectuó una visita.

F9600012 Atención institucional a personas con discapacidad.

F9600013 Personas incapacitadas atendidas en centro público, que
carecen de tutor.

F9600014 Destrozos en la vía pública y agresión a varios transeúntes
por un numeroso grupo de legionarios pertenecientes al cuartel Millán
Astray, de Melilla, sin intervención por parte de la policía para
impedir estos hechos.



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F9600015 Disturbios en un barrio de Melilla tras la muerte de un
legionario.

F9600016 Hipotética instalación de un cementerio de residuos
radiactivos para la realización de prospecciones y sondeos geológicos
por parte de la empresa ENRESA en la zona de Belalcázar (Córdoba).

F9600017 Utilización de polígrafo por empresas de trabajo temporal y
de selección de personal.

F9600019 Detención en el momento de la firma de notificación del
decreto de expulsión.

F9600020 Situación sanitaria del Centro Penitenciario Puerto de Santa
María, según noticias aparecidas en prensa.

F9600021 Tratamiento de internos toxicómanos en el Centro
Penitenciario de Cuenca.

F9600022 Asistencia sanitaria a un interno del Centro Penitenciario de
Cuenca en una intervención extrapenitenciaria.

F9600024 Fallecimiento en la ciudad de Ceuta de un ciudadano somalí
quien, al parecer, se encontraba en la denominada «Tierra de nadie»,
sin que pudiera ser determinado el motivo exacto de su muerte.

F9600025 Situación de un ciudadano chino que se encontraba en el
centro de internamiento de extranjeros por orden judicial, dictada en
virtud de orden de expulsión acordada por el Gobierno Civil de Córdoba.

F9600026 Denuncia por el Sindicato Profesional de Policía Uniformada
(SPPU) del estado de insalubridad y falta de limpieza que presentan los
calabozos de las dependencias de la Comisaría de Policía de Lleida.

F9600027 Tala de árboles para la ampliación del Paseo Ruperto Chapí de
Madrid y dudas sobre la adecuación de la obra a la Ley 10/1991, de
protección del medio ambiente de la Comunidad de Madrid.

F9600028 Redada efectuada por la Policía Nacional en el aparcamiento
de la estación de cercanías de Renfe en Alcorcón (Madrid), siendo
detenidos alrededor de 143 inmigrantes a los que, según los medios de
comunicación, golpearon y no dejaron llamar por teléfono.

F9600029 Malos tratos inferidos por la policía municipal de Arganda
del Rey (Madrid) al ser detenida una persona a la que se confundió con
alguien que había perpetrado un robo en un bar de esa localidad.

F9600030 Defectuosa canalización de las aguas residuales de los
inmuebles donde se sitúan las viviendas de 10 familias que residen en
la colonia que el Instituto de la Vivienda de Madrid construyó hace
ocho años en el Sector III de Getafe.

F9600031 Visita girada por asesores de esta institución al Centro de
Internamiento de Barranco Seco y a los Grupos de Extranjeros de la
ciudad de las Palmas de Gran Canaria.

F9600033 Visita girada por asesores de esta institución a la Comisaría
del Distrito Sur de las Palmas de Gran Canaria.

F9600034 Irregularidades en calabozos de los Juzgados de Las Palmas.

F9600035 Visitas efectuadas a centros de internamiento de extranjeros
y centros penitenciarios, en las que se ha podido comprobar que una de
las deficiencias advertidas en ambos centros es la falta de una
asistencia jurídica real y efectiva a las personas que allí se
encuentran internadas.

F9600036 Información remitida al Ministerio Fiscal sobre el posible
internamiento de una persona.

F9600037 Asistencia letrada al detenido (Colegio de Abogados de
Barcelona), cuando se encuentra en situación de busca y captura.

F9600038 Almacenamiento de bidones que contenían supuestamente un
producto tóxico en una zona próxima a la planta de Valdemingómez
(Madrid), conocida como Cañada Real.

F9600039 Incremento de enfermedades de la población próxima a la
Central de Almaraz (Cáceres) según estudios llevados a cabo por una
asociación médica y otra ecologista.

F9600040 Almacenamiento de bidones que contenían supuestamente un
producto tóxico.

F9600041 Excarcelación de enfermos psiquiátricos como consecuencia de
la entrada en vigor del nuevo Código penal.

F9600042 Realización de unas obras por el Ministerio de Defensa en la
isla de Lanzarote, las cuales, presumiblemente, dañaron una colonia de
una planta, conocida como la yesquera roja, declarada estrictamente
protegida por la legislación canaria.

F9600043 Negación del acceso a territorio nacional a ciudadanos
ecuatorianos, aún cuando éstos acuden en condición de turistas portando
dinero suficiente, un billete de avión cerrado para regresar e incluso
referencias personales de terceros en España.

F9600044 Situación creada en los Juzgados de Primera Instancia de
Madrid, como consecuencia de no repartir asuntos.

F9600045 Accidente ocurrido en el municipio de Sant Celoni
(Barcelona), por rotura de un depósito de lejía y una tubería con ácido
clorhídrico, lo que originó una nube tóxica y diversos heridos por
intoxicación.

F9600046 Actuaciones de la Policía Municipal de los Ayuntamientos de
Murcia y Zaragoza, en orden a erradicar la mendicidad en sus términos
municipales, procediéndose a levantar acta de aquellas personas que la
ejercen en sus calles y requisándoles el dinero que portan.



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F9600047 Disparos efectuados por una persona en la localidad de
Herreros de Rueda (León) que causó la muerte de cuatro convecinos y,
finalmente, tuvo que ser abatido por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Al parecer, esta persona poseía licencia de armas de caza y
había pasado su último reconocimiento médico para renovar la licencia
en el año 1994.

F9600048 Identificación por agentes de la policía municipal a varias
personas que se encontraban en una sauna, que se sintieron intimidadas
por la actuación policial al no guardar relación la identificación con
el cometido de los agentes consistente en el cierre del local.

F9600049 Utilización de soldados de reemplazo como camareros en
celebraciones privadas.

F9600050 Muerte de dos ancianas tras la caída de un puente en
Aranjuez.

F9600051 Tratamiento fiscal de las ayudas para la adquisición de
vivienda concedidas por el Instituto del Suelo y de la Vivienda de
Aragón
F9600052 Situación que presenta el Centro Penitenciario de Murcia, al
que se efectuó una visita.

F9600053 Situación que presenta el Centro Penitenciario Madrid V (Soto
del Real), al que se efectuó una visita.

F9600054 Denunciadas formuladas por vecinos de Torres de la Alameda
(Madrid) en relación con la actividad municipal de planeamiento y
gestión, realizada al margen de la legalidad urbanística y sacrificando
derechos de propiedad de los vecinos sin indemnización alguna.

F9600055 Situación que presenta el Centro de Inserción Social Victoria
Kent (Madrid), al que se efectuó una visita.

F9600056 Utilización de soldados de reemplazo en actividades distintas
a las propias del servicio militar.

F9600057 Oposición vecinal a la autorización del proyecto de
instalación y funcionamiento de una planta cementera en el distrito
madrileño de Hortaleza.

F9600058 Situación que presenta el Centro Penitenciario de Vigo, al
que se efectuó una visita.

F9600059 Detención de una persona en San Blas (Madrid) por unos
policías, ignorándose el paradero de la misma tras su detención.

F9600060 Oposición vecinal a la apertura de una refinería de aceites
usados en el término municipal de Arganda del Rey (Madrid), debido al
mal olor que llegaba hasta las viviendas, su escasa distancia respecto
del núcleo urbano más cercano y la emisión de sustancias tóxicas a la
atmósfera.

F9600061 Procedencia de la clausura del cementerio de residuos
radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, en Hornachuelos
(Córdoba), por efecto de una sentencia que declara irregular el
procedimiento de otorgamiento de la licencia de la antigua instalación.

F9600062 Problemas para la escolarización de alumnos en la localidad
de San Fernando de Henares (Madrid), especialmente referidos a los
niveles de Educación Infantil y de Educación Secundaria Obligatoria.

F9600063 Vertido de aguas fecales al arroyo Plantío a su paso por el
municipio de Las Rozas (Madrid), con desembocadura en el río
Guadarrama, debido a la rotura de un colector, provocando la muerte de
animales y potenciales peligros a la salud humana.

F9600064 Situación que presenta el Centro Penitenciario de Zuera
(Aragón), al que se efectuó una visita.

F9600065 Situación que presenta el Centro Penitenciario de Bonxe
(Lugo), al que se efectuó una visita.

F9600066 Situación que presenta el Centro Penitenciario de Huelva, al
que se efectuó una visita.

F9600067 Situación que presenta el Centro Penitenciario de Monterroso
(Lugo), al que se efectuó una visita.

F9600068 Proceso de documentación iniciado a raíz de la publicación
del nuevo reglamento de extranjeros del que se excluye, expresamente, a
los familiares de ciudadanos comunitarios.

F9600069 Visitas de esta institución a distintas comisarías de
policía, provinciales, de distrito y locales, en todo el territorio
nacional, al objeto de determinar las condiciones generales de sus
instalaciones y la situación en que se encuentran los detenidos.

F9600071 Incendio producido en el asentamiento ilegal situado debajo
del Puente de Pedro Boch de Madrid, y desalojo municipal de las
personas que en el mismo se encontraban.

F9600072 Aplicación de medidas de contención mecánica en hospital
psiquiátrico.

F9600073 Demora en entrega de documentación por los Tribunales
Militares.

F9600074 Reducción de los periodos de las inspecciones realizadas por
la Inspección Financiera y Tributaria del Estado.

F9600075 Ayudas y subvenciones para el desarrollo de la actividad
agraria y ganadera.

F9600076 Presunta vulneración del derecho a la intimidad de un
paciente del VIH en un centro hospitalario.

F9600077 Incumplimiento por una empresa alemana de las condiciones
pactadas con unos trabajadores españoles desplazados, que debieron ser
repatriados, sufriendo perjuicios económicos y personales.

F9600078 Fallecimiento de cuatro trabajadores en un accidente acaecido
en una refinería petrolífera.



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F9600080 Condiciones para el arrendamiento cinegético de parcelas de
propiedad del Ayuntamiento de la Villa de Astudillo (Palencia).

F9600081 Posible construcción de un complejo turístico en Sanlúcar de
Barrameda, en el entorno del Parque Nacional de Doñana, con
modificación del Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana y
su entorno.

F9600083 Condiciones higiénico-sanitarias en que se encuentran los
inmigrantes acogidos en el Campamento de Calamocarro de Ceuta.

F9600084 Adopción de iniciativas por parte de padres de alumnos de la
localidad de Osorno (Palencia), en desacuerdo, al parecer, con las
fórmulas adoptadas para la escolarización en Educación Secundaria
Obligatoria, que podrían afectar a la regular iniciación por los
alumnos de las actividades lectivas del curso 1996-97.

F9600085 Adopción de iniciativas por parte de padres de alumnos de la
localidad de Palacios de la Sierra (Burgos), en desacuerdo, al parecer,
con las fórmulas adoptadas para la escolarización en Educación
Secundaria Obligatoria, que podrían afectar a la regular iniciación por
los alumnos de las actividades lectivas del curso 1996-97.

F9600086 Investigación actuación C.E.S.I.D.

F9600087 Cumplimiento en España de las limitaciones previstas en el
Reglamento comunitario 3093/94, sobre sustancias que agotan la capa de
ozono en la producción, comercialización y uso de Clorofluorocarbonos
(CFCs)
F9600088 Efectos sobre los acuíferos subterráneos del curso bajo y
delta del Llobregat, ocasionados por la elevada densidad de población,
infraestructuras y equipamientos de la comarca del bajo Llobregat.

F9600089 Situación de las víctimas de accidentes de circulación en su
relación con los abogados que ofrecen sus servicios.

F9600090 Asentamiento de infraviviendas en «Los Berrocales», de San
Fernando de Henares, en donde habitan familias que, en su día,
sufrieron la pérdida de su domicilio y enseres por el desbordamiento
del río Henares.

F9600091 Fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Soto del Real (Madrid).

F9600092 Fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Valdemoro (Madrid).

F9600093 Circunstancias derivadas de problemas de carácter
organizativo o de la falta de equipamiento preciso, que habrían
impedido el regular comienzo de las actividades lectivas del curso
1996-1997 en varios institutos de Segovia.

F9600094 Jóvenes esposados por vigilantes de seguridad de una empresa
en Barcelona.

F9600095 Instrucción dictada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales modificando otra anterior, en base a la cual se vincula el
derecho de los inspectores de trabajo a percibir el complemento de
productividad, a que realicen determinado número de inspecciones e
impongan un mínimo de sanciones al trimestre.

F9600096 Detención en el Centro de Extranjeros de Moratalaz de una
nigeriana, aún cuando la Sección Primera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
había acordado la medida provisionalísima de suspensión de la expulsión
de esta persona. Al parecer, y como consecuencia de este hecho, se
había solicitado el oportuno «habeas corpus» ante el Juzgado de
Guardia.

F9600097 Brote de neumonía en Alcalá de Henares (Madrid).

F9600098 Actuaciones que llevan a cabo los policías municipales del
Ayuntamiento de Cartagena, en orden a erradicar la mendicidad en su
término.

F9600099 Creación de nuevos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, en
las comunidades autónomas de Galicia y Andalucía.

F9600100 Prostituta agredida por una «patrulla ciudadana» de las que
habitualmente salen a diario en la zona de Méndez Alvaro en Madrid, sin
que la policía interviniese para evitarlo.

F9600101 Establecimiento servicio de autobuses de empresas privadas a
la Feria Muestrario de Valencia, dependiente de la Cámara de Industria,
en detrimento del uso de los de la EMT y del servicio de taxis.

F9600102 Supresión del servicio de transporte escolar para alumnos
que viven en la Cañada Real Galiana de Madrid.

F9600103 Retenido en la sala de rechazados del aeropuerto de
Madrid-Barajas, al haberle sido denegada la entrada en nuestro país.

F9600104 Situación de un ciudadano cubano que se encuentra internado
en el CIE de Murcia, pendiente de ser expulsado.

F9600105 Existencia de un barco de bandera camboyana y tripulación
rusa, atracado en el puerto de Torrevieja (Alicante), con 4 polizones,
de nacionalidad, al parecer, magrebí.

F9600106 Situación de los presos españoles en cárceles de Venezuela.

F9600107 Custodia de presos en hospitales extrapenitenciarios.

Unidades de custodiados.

F9600108 Construcción de un depósito de seguridad de tierras
contaminadas por lindane en Baracaldo (Bilbao).

F9600109 Autorización por la C.E. de importación de soja transgénica
de Estados Unidos, también conocida como RRS.



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F9600110 Fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Algeciras (Cádiz).

F9600112 Precarias condiciones de escolarización de alumnos en el
Instituto de Educación Secundaria número 4 de Alpedrete (Madrid), por
incumplimiento de los plazos para la conclusión de obras.

F9600113 Anomalías en el Consulado español de Islamabad, consistentes
en demoras en la solicitud de visado si no se accedía al pago de
cantidades variables de dinero.

F9600115 Duplicidad del D.N.I., por un error del sistema informático.

F9600116 Fallecimiento de un interno en el Centro Penitenciario de
Sevilla II.

F9600117 Fallecimiento de dos internos en el Centro Penitenciario de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

F9600118 Obligación de cumplimentar un cuestionario sobre aspectos
personales.

F9600119 Intoxicación con opiáceos de un menor de dos meses de edad.

F9600120 Vertido de aguas residuales sin depurar, procedentes de
viviendas, un laboratorio y una clínica veterinaria del término de
Boadilla, al río Guadarrama, al no funcionar la depuradora desde hace
cuatro años.

F9600121 Malos olores provenientes de las actividades de unas empresas
de tratamiento de lodos que operan a cielo abierto en el distrito
madrileño de Villaverde.

F9600122 Retención en Barajas de una ciudadana colombiana.

F9600123 Retrasos en la tramitación de diversos expedientes de
otorgamiento de autorizaciones o de carácter sancionador por parte de
algunas Confederaciones Hidrográficas.

F9600124 Manifestaciones realizadas por el Alcalde de la ciudad de
Vigo, anunciando que ha cursado órdenes concretas a los mandos de la
policía local para expulsar de la ciudad a los mendigos. El alcalde
justifica la medida por la mala «imagen» que, a su juicio, proporcionan
a la ciudad estas personas.

F9600125 Situación de los juzgados de menores y número previsible a
crear según la futura ley jurídica del menor.

F9600126 Lesiones y peleas callejeras en las que se han utilizado
armas blancas, con resultado de muerte, en algunos casos. Se trata de
establecer una relación causa-efecto entre la venta de armas blancas
prohibidas y el correspondiente control que de la misma tiene que
llevarse a cabo por las intervenciones de armas con arreglo al vigente
Reglamento de Armas.

F9600127 Noventa y tres militares de reemplazo arrestados sin
incoarles expediente disciplinario.

F9600128 Inmigrante clandestino de origen norteafricano se encuentra
encerrado en una jaula de la bodega del barco Capbon desde su llegada a
los muelles de Cádiz.

F9600129 Persistencia de un pararrayos radiactivo instalado en la
Delegación del Ministerio de Defensa, en Córdoba.

F9600130 «Detención indiscriminada» de 140 extranjeros y presuntos
malos tratos inferidos a los mismos por miembros de la Policía
Nacional.

5.8.Visitas
Se relacionan a continuación las visitas realizadas con motivo de
alguna investigación:

1.Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
2.Ayuntamiento de Madrid.

3.Ayuntamiento de Pegalájar (Jaén).

4.Ayuntamiento de Burguillos del Cerro (Cáceres).

5.Ayuntamiento de Cebreros (Avila).

6.Ayuntamiento de Madrid.

7.Centro Penitenciario de Burgos.

8.Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real).

9.Centro Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero (Madrid).

10.Centro Penitenciario de Jóvenes de Barcelona.

11.Centro Penitenciario El Dueso, en Santoña (Cantabria).

12.Centro Penitenciario de Ocaña.

13.Centro Penitenciario de Orense.

14.Centro Penitenciario de Logroño.

15.Centro Penitenciario de Huelva.

16.Centro Penitenciario de Nanclares de Oca (Alava).

17.Centro Penitenciario de Cuenca.

18.Centro Penitenciario de Teruel.

19.Centro Penitenciario de Cumplimiento de Alicante.

20.Centro Penitenciario de Murcia.

21.Centro Penitenciario de Zaragoza.

22.Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real.

23.Centro Penitenciario de Vigo (Pontevedra).

24.Centro Penitenciario de Lugo-Bonxe.

25.Centro Penitenciario de La Coruña.

26.Centro Penitenciario de Huelva.

27.Centro Penitenciario de Albacete
28.Centro Penitenciario de Martutene (San Sebastián).

29 Centro Penitenciario de Granada.

30.Centro Penitenciario de Albolote (Granada).

31.Centro Penitenciario de Topas (Salamanca).

32.Centro Penitenciario de Madrid III, en Valdemoro.

33.Prisión de Mujeres de Barcelona.

34.Prisión Provincial de Guadalajara.

35.Centro de Inserción Victoria Kent, de Madrid.



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36.Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas de Gran
Canaria.

37.Centro de Internamiento de Extranjeros Cuartel de Capuchinos, de
Málaga.

38.Instalaciones del Aeropuerto de Barajas.

39.Calabozos de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

40.Puesto de la Guardia Civil de Mogán (Las Palmas).

41.Comisaría de Alcorcón (Madrid).

42.Comisaría de Móstoles (Madrid).

43.Comisaría de Leganés (Madrid)
44.Comisaría de Fuenlabrada (Madrid).

45.Comisaría de Getafe (Madrid).

46.Comisaría de Parla (Madrid).

47.Comisaría de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (Madrid).

48.Comisaría de Pozuelo de Alarcón-Aravaca (Madrid),
49.Comisaría de Policía de Aranjuez (Madrid).

50.Comisaría de Policía de Cáceres.

51.Comisaría de Policía Soria.

52 Comisaría de Policía de Toledo.

53.Comisaría de Policía de La Coruña.

54.Comisaría de Policía de Santiago de Compostela.

55.Comisaría de Policía de Zaragoza.

56.Comisaría de Policía de Calatayud (Zaragoza).

57.Comisaría de Policía de Sevilla.

58.Comisaría de Policía de Huelva.

59.Comisaría de Policía de Orihuela (Alicante).

60.Comisaría de Policía de Elche (Alicante).

61.Brigada Provincial de Documentación y Extranjería de Madrid.

62.Instalaciones de la Policía Municipal en la calle del Plomo de
Madrid
63.Depósitos Municipales de Detenidos de Navalmoral de la Mata
(Cáceres).

64.Depósitos Municipales de Detenidos de Trujillo (Cáceres).

65.Depósitos Municipales de Detenidos de Almazán (Soria).

66.Depósitos Municipales de Detenidos de Burgo de Osma (Soria).

67.Depósitos Municipales de Detenidos de Orgaz (Toledo).

68.Depósitos Municipales de Detenidos de Quintanar de la Orden
(Toledo).

69.Depósitos Municipales de Detenidos de Betanzos (La Coruña).

70.Depósitos Municipales de Detenidos de Santiago de Compostela (La
Coruña).

71.Depósito Municipal de Detenidos de Calatayud (Zaragoza).

72.Depósito Municipal de Detenidos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

73.Depósito Municipal de Detenidos de Carmona (Sevilla).

74.Depósito Municipal de Detenidos de La Palma del Condado (Huelva).

75.Depósito Municipal de Detenidos de Valverde del Camino (Huelva
76.Depósito Municipal de Detenidos de Orihuela (Alicante).

77.Depósito Municipal de Detenidos de Elche (Alicante).

78.Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares (Madrid).

79.Hospital Psiquiátrico de Mérida (Badajoz).

80.Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León.

81.Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunidad de Madrid.

82.Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente, Urbanismo y Turismo de la Junta de Extremadura.

83.Dirección General del Patrimonio Cultural dependiente de la
Comunidad de Madrid.

84.Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunidad de Madrid.

85.Delegación del Gobierno de Melilla.

86.Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

87.Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

88.Centro Municipal del Distrito de La Latina, de Madrid.

89.Delegación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de
Jaén.

90.Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, el Mengíbar (Jaén).

91.Consorcio para el Realojo de la Población Marginada.

92.Colonia Socialista de Madrid.

93.Parroquia «Ntra. Sra. del Carmen», de Móstoles, donde se encontraban
unas trabajadoras en huelga de hambre.

94.Visita a representantes del Barrio de San Blas.

95.Visita a la zona de Méndez Alvaro (Madrid).

5.9.Administraciones que han incumplido el deber de contestar al
Defensor del Pueblo
Administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor
del Pueblo y nunca han remitido el informe solicitado, a pesar de
haberse requerido la remisión de dicho informe en tres ocasiones:

AYUNTAMIENTO DE JAVEA (ALICANTE)
Queja: 9008123
Reapertura: 16.01.96
1er. Requerimiento: 09.05.96
2.º Requerimiento: 22.07.96
3er. Requerimiento: 19.11.96
Asunto: Abastecimiento de agua potable
AYUNTAMIENTO DE BELORADO (BURGOS)
Queja: 9322031
Admisión: 09.02.94
1er. Requerimiento: 17.06.94


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2.º Requerimiento: 18.10.94
3er. Requerimiento 25.06.96
Asunto: Carreteras
AYUNTAMIENTO DE PATERNA (ALBACETE)
Queja: 9416129
Admisión: 28.12.94
1er. Requerimiento: 05.06.95
2.º Requerimiento: 20.10.95
3er. Requerimiento: 30.01.96
Asunto: Silencio administrativo.

AYUNTAMIENTO DE NAVA (ASTURIAS)
Queja: 9509495
Admisión: 20.12.95
1er. Requerimiento: 26.04.96
2.º Requerimiento: 05.07.96
3er. Requerimiento: 18.12.96
Asunto: Duplicidad impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

AYUNTAMIENTO DE VILLARES DE LA REINA
(SALAMANCA)
Queja: 9501705
Admisión.: 10.03.95
1er. Requerimiento: 11.11.95
2.º Requerimiento: 14.02.96
3er. Requerimiento: 13.06.96
Asunto: Modificación de calificación de garaje por local.

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE, LANZAROTE (ISLAS CANARIAS)
Queja: 9503894
Admisión: 20.06.95
1er. Requerimiento: 24.11.95
2.º Requerimiento: 26.04.96
3er. Requerimiento: 12.09.96
Asunto: Silencio administrativo, diligencia de embargo.

AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES (MADRID)
Queja: 9506235
Admisión: 19.06.95
1er. Requerimiento: 16.10.95
2.º Requerimiento: 17.01.96
3er. Requerimiento: 03.06.96
Asunto: Licencia de apertura para actividad de venta de pintura.

CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO DEL GOBIERNO DE CANARIAS
Queja: 9509940
Admisión: 04.12.95
1er. Requerimiento: 15.04.96
2.º Requerimiento: 11.07.96
3er. Requerimiento: 17.12.96
Asunto: Condiciones de traslado de los funcionarios.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO (GRAN CANARIA)
Queja: 9510406
Admisión: 24.01.96
1er. Requerimiento: 30.04.96
2.º Requerimiento: 19.07.96
3er. Requerimiento: 22.10.96
Asunto: Impago de justiprecio.

Administraciones que habiendo contestado a una primera solicitud de
información, no han atendido la segunda o sucesivas peticiones de
informe del defensor
del pueblo, a pesar de haberlo requerido en tres ocasiones:

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA (TENERIFE)
Q9110609
COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE GUADALAJARA
Q9202693
AYUNTAMIENTO DE PLIEGO (MURCIA)
Q9306512
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS (GRAN CANARIA)
Q9316551
SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA
Q9320288
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Q9403209 y Q9414136
AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS (MADRID)
Q9404159
DIPUTACION PROVINCIAL DE CACERES
Q9409150
AYUNTAMIENTO DE GALINDUSTE (SALAMANCA)
Q9414029
AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR (MADRID)
Q9502712
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
Q9505295
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE (GRAN CANARIA)
Q9509333
AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION (CADIZ)
Q9510532


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SEGUNDA PARTE
1.ADMINISTRACION DE JUSTICIA
1.1.Disfunciones en órganos jurisdiccionales: causas estructurales
determinantes de dilaciones procesales indebidas
Un año más desde el Defensor del Pueblo se ha podido constatar
cómo determinados órganos judiciales presentan situaciones de atrasos
generalizados, lo que puede provocar vulneraciones del artículo 24.2 de
la Constitución española, al no respetarse el derecho fundamental a un
proceso sin dilaciones indebidas.

Teniendo en cuenta los criterios con los que, según el Tribunal
Constitucional, hay que determinar si se ha producido una dilación o
retraso injustificado, puede afirmarse que a lo largo de 1996 se han
detectado determinados órganos jurisdiccionales cuya congestión está
produciendo una vulneración del derecho de toda persona a que su causa
sea resuelta dentro de un tiempo razonable.

Las dos jurisdicciones que presentan mayor número de
procedimientos pendientes de resolver son la jurisdicción civil y la
contencioso-administrativa. La primera de ellas presenta en
determinados órganos unipersonales, así como en algunas secciones
civiles de audiencias provinciales y sobre todo en la Sala Primera del
Tribunal Supremo, unos niveles de saturación que hace que aquellos
procedimientos que por su naturaleza son susceptibles de recurso de
casación, no reciban una respuesta judicial definitiva hasta
transcurridos seis o siete años desde su inicio.

En el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa, ni
siquiera es posible enumerar los órganos más colapsados, dado que en su
conjunto, como podrá observarse a continuación, presenta tal atraso que
de no adoptarse medidas rápidas y eficaces de apoyo y de reforma
procesal de su ley reguladora, implantando los juzgados unipersonales
de lo contencioso-administrativo, es posible que, a corto plazo, en
esta institución existan tantas quejas abiertas como procedimientos
judiciales en tramitación se encuentren pendientes de resolver, ya que,
cada vez con mayor intensidad, los ciudadanos exponen al Defensor del
Pueblo la tardanza de los tribunales contencioso-administrativos en
decidir sobre sus demandas.

A continuación se exponen aquellos órganos judiciales, colegiados
y unipersonales, que presentan situaciones de atrasos y dilaciones más
generalizados.

1.1.1.Sala Primera del Tribunal Supremo
En el año 1993, con motivo de la investigación de una queja
concreta ante la Fiscalía General del Estado, se tuvo conocimiento de
que en la Sala Primera del Tribunal Supremo transcurría un mínimo de
tres años desde la interposición del recurso hasta su resolución, por
lo que se solicitó información al Consejo General del Poder Judicial.

Por el citado órgano constitucional se informó que, efectivamente
existía un retraso de tres años, el cual respondía a las «posibilidades
normales» de actuación de la sala, habida cuenta del número de
magistrados y el volumen de asuntos que ingresaban y que se encontraban
pendientes. Sin embargo, dado que en el informe se manifestaba que la
reforma procesal efectuada por la Ley 10/1992, de 30 de abril, de
Medidas Urgentes de Reforma Procesal, conllevaría la progresiva
normalización del funcionamiento de dicha sala, se concluyó la
investigación.

No obstante lo anterior, en el año 1995, ante el número de quejas
que se recibían en relación con dicha sala, se inició de oficio una
investigación general en la que se solicitaron nuevos informes a la
Fiscalía General del Estado en relación con el número de recursos
pendientes y plazos en los que se resolvían esos recursos. En su
contestación el Fiscal General del Estado señaló que la sala estaba
resolviendo los asuntos correspondientes al año 1992, persistiendo, en
consecuencia, una situación de retraso de tres años, plazo que
posiblemente se vería incrementado de mantenerse las condiciones de
este órgano jurisdiccional.

Asimismo, a la comunicación remitida por el Fiscal General del
Estado se acompañaba el informe elaborado por el Presidente de la
citada Sala Primera del Tribunal Supremo en el que se hacía referencia
a la necesidad de adoptar diversas medidas, tanto orgánicas como
legislativas, tendentes a mejorar el funcionamiento de la misma y
evitar el ulterior deterioro que podría producirse de mantenerse la
situación.

Tales medidas hacían referencia, por una parte, a la necesidad de
ampliar provisionalmente la plantilla orgánica de magistrados, al
objeto de normalizar su actuación y agilizar el ritmo de resolución de
los recursos y, por otra, a la vista del incremento progresivo del
número de recursos que anualmente se registraban, se consideraba
oportuno proceder a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tendente a revisar los criterios de acceso al recurso de casación.

A la vista de las informaciones recibidas, y en la medida en que
la situación expuesta podía afectar al derecho fundamental a un proceso
sin dilaciones indebidas, se dio traslado de la oportuna recomendación
al Ministerio de Justicia a fin de que se adoptasen las medidas
oportunas para ampliar provisionalmente la plantilla orgánica de la
Sala Primera del Tribunal Supremo, hasta que se normalizara la
tramitación de los recursos pendientes en ese órgano jurisdiccional.

Asimismo, se solicitó del citado departamento ministerial que se
valorara la conveniencia de modificar los criterios objetivos de acceso
al recurso de casación, para que de esa forma el Tribunal Supremo
asumiera realmente sus funciones de órgano unificador en la
interpretación del ordenamiento jurídico, dejando de ser así una
segunda o tercera instancia, según los casos.

De la citada recomendación se dio traslado al Consejo General del
Poder Judicial, para que por dicho órgano constitucional, y en la
medida que sus competencias lo permitieran, se adoptaran cuantas
decisiones se estimaran oportunas para normalizar el funcionamiento de
la Sala Primera del Tribunal Supremo.



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En el mes de agosto de 1996 se recibió la contestación a la
recomendación formulada al Ministerio de Justicia, aceptándose en
términos generales su contenido. Sin embargo, se mantiene abierta la
investigación hasta tanto se desarrollen las iniciativas legislativas
que en materia de proceso civil han de formularse desde el citado
departamento ministerial. El Consejo General del Poder Judicial no se
ha pronunciado sobre la referida recomendación (9500076).

1.1.2.Jurisdicción contencioso-administrativa
Dada la situación de retraso generalizado que presenta esta
jurisdicción, y como quiera que la misma perdura en el tiempo, se ha
estimado necesario, hacer un tratamiento monográfico y exhaustivo de la
mencionada jurisdicción.

Por ello, en la parte inicial de este informe y dentro de los
temas de especial relevancia, aparece un epígrafe en el que bajo el
título «Dilaciones indebidas en la jurisdicción
contencioso-administrativa», se expone cual es la situación actual de
la misma y las actuaciones que se han efectuado desde esta institución.

1.1.3.Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana
Ante esta institución compareció un ciudadano denunciando demoras
en la resolución de un recurso de suplicación interpuesto contra la
sentencia dictada por un juzgado de lo social de Valencia en enero de
1994, por lo que se inició la correspondiente investigación ante la
Fiscalía General del Estado.

Recibido el informe solicitado en el mes de abril de 1996, en el
mismo se manifestaba que el recurso de suplicación interpuesto por el
compareciente tuvo entrada en la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el día 4 de mayo de
1994, encontrándose desde entonces pendiente de señalamiento para
deliberación, votación y fallo, cuando por turno le correspondiera,
habida cuenta la cantidad de recursos en trámite en dicha sala.

Dado que del informe remitido por la Fiscalía General del Estado
se desprendía que la mencionada Sala de lo Social presentaba una
situación de retraso generalizado en la resolución de los recursos, se
solicitó la colaboración del Consejo General del Poder Judicial, en
orden a obtener una mayor información sobre el estado real en que se
encontraba la citada sala, y, en su caso, sobre las medidas que podían
adoptarse para normalizar su funcionamiento.

Al finalizar el año 1996 tuvo entrada en esta institución el
informe requerido, en el que se indicaba que en ese órgano judicial
transcurría un plazo de dos años y medio, aproximadamente, desde el
ingreso de los recursos hasta su señalamiento, obedeciendo esta
situación al absoluto desequilibrio existente entre los medios humanos
con que cuenta y su carga competencial.

Para solucionar esta situación se proponía una ampliación del
número de magistrados adscritos a la sala, habiendo acordado la
Comisión Permanente del Consejo la adscripción de un magistrado
suplente con carácter temporal y de forma continuada. Con fecha 16 de
septiembre de 1996, de nuevo el Consejo General del Poder Judicial
renovó la adscripción permanente del magistrado suplente.

A la vista de dicho informe, y teniendo en cuenta además que en el
procedimiento que dio lugar a la apertura de la investigación, se dictó
sentencia con fecha 24 de septiembre de 1996, se concluyó la queja
(9508246).

1.1.4.Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Collado-Villalba
Ante el Defensor del Pueblo comparecieron los abogados y
procuradores del partido judicial de Collado-Villalba exponiendo la
difícil situación que atravesaban los dos juzgados de primera instancia
e instrucción del indicado distrito, en los que el número de asuntos
registrados al año superaba, incluyendo exhortos, los 13.000 asuntos,
existiendo más de 10.000 procedimientos pendientes de resolución.

Continuaban manifestando los comparecientes que en las secciones
penales de estos juzgados se estaban celebrando juicios referentes a
situaciones de hasta tres años de antigüedad. Por último, indicaban los
citados profesionales que las querellas criminales, suspensiones de
pagos y quiebras planteadas hacía más de tres años se encontraban
pendientes de resolver y, en algunos casos, pendientes de proveer desde
su presentación.

Por ello, se solicitó información del Consejo General del Poder
Judicial sobre la realidad de los hechos expuestos y, en su caso, sobre
las medidas que se pudieran adoptar respecto de los juzgados
mencionados, recibiéndose el correspondiente informe durante el año
1996, en el que se exponía que, efectivamente, la situación de los dos
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Collado-Villalba era de
grave retraso en la tramitación de los asuntos de su competencia.

En cuanto a las medidas adoptadas para normalizar su
funcionamiento, se indicaba en el citado informe que en diciembre de
1994 entró en funcionamiento el tercer juzgado, al objeto de ir
paliando la entrada de asuntos. Por último, se daba traslado a esta
institución del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo
el día 7 de noviembre de 1995, relativo a las medidas de refuerzo
respecto de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y
2 de la repetida localidad.

Entre las soluciones que el Consejo estimaba necesarias para
normalizar el funcionamiento de estos juzgados se hallaba la propuesta
de aplicar el régimen de retribuciones complementarias previsto en la
disposición adicional novena del Real Decreto 1616/1989, de 29 de
diciembre, por el que se establece la cuantía del complemento de
destino de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la
Administración de Justicia, a favor de un oficial, tres auxiliares


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y un agente judicial para cada uno de los Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción de Collado-Villalba.

Dado que la adopción de esta última propuesta resultaba de la
competencia del Ministerio de Justicia se continuó la investigación
ante dicho departamento, que en el mes de agosto de 1996 informó a esta
institución de que el Juzgado número 1 tenía una plantilla cubierta por
tres oficiales, seis auxiliares y dos agentes, y además había nombrados
dos funcionarios interinos, un oficial y un auxiliar, de refuerzo.

El Juzgado número 2 tenía una plantilla de tres oficiales, cinco
auxiliares y dos agentes, estando también cubierta la totalidad de la
plantilla. Se habían nombrado además funcionarios interinos y
auxiliares para paliar la situación del juzgado. Por último, se
indicaba que se había constituido un equipo de apoyo con gratificación
para un secretario, cinco oficiales, tres auxiliares y dos agentes,
todos ellos nombrados hasta el 30 de noviembre de 1996, realizándose
este apoyo con jornada de tarde.

A la vista del informe recibido, y habiéndose adoptado todas las
medidas propuestas por el órgano de gobierno del Poder Judicial, se
concluyó la investigación (9506966).

1.1.5.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrelaguna
Como consecuencia de la investigación iniciada en 1992 por esta
institución a raíz de la queja formulada por un ciudadano, quien
exponía su disconformidad con la paralización sufrida en el
procedimiento penal iniciado en el año 1991 ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Torrelaguna tras el fallecimiento de su
hijo, se tuvo constancia por el informe emitido por la Fiscalía General
del Estado, no solo de la efectiva paralización de las citadas
diligencias penales, sino también de la situación de retraso
generalizado en todos los procedimientos en tramitación ante el citado
órgano judicial.

Estos hechos motivaron que el Defensor del Pueblo se dirigiera al
Consejo General del Poder Judicial, en aras al principio de
colaboración institucional, solicitando se informara sobre la situación
del citado juzgado.

Tras las oportunas investigaciones llevadas a cabo por los
servicios de inspección del citado Consejo, se informó que ante la
situación que presentaba el juzgado se propondría en un próximo pleno
una visita de inspección al citado órgano judicial por parte del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que se
efectuaría durante el año 1997, poniendo igualmente en conocimiento de
la institución que la Comisión Permanente del máximo órgano de los
jueces, en su reunión de 28 de mayo de 1996, a la vista del retraso
generalizado detectado en el mencionado juzgado, había acordado
proponer al Ministerio de Justicia una medida de refuerzo consistente
en prolongar la jornada de tarde de lunes a viernes durante tres horas
a la secretaria judicial, a un oficial y a un auxiliar, propuesta que,
al parecer, fue rechazada por dicho ministerio por cuestiones
presupuestarias. A la vista de la información remitida continúa la
investigación ante el Ministerio de Justicia, para conocer qué tipo de
medidas de apoyo y refuerzo es posible adoptar para normalizar la
situación de este juzgado y ante el Consejo General del Poder Judicial,
a fin de que informe del resultado de la visita de inspección que había
ordenado (9202201).

1.1.6.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdemoro
Se recibieron en esta institución distintas quejas en las que se
hacía alusión a la situación de retraso que afectaba al funcionamiento
del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valdemoro y que derivaba,
al parecer, del elevado número de asuntos que debía conocer, por
pertenecer a ese partido judicial el centro penitenciario de esa
localidad y los dos centros psiquiátricos de Ciempozuelos.

A la vista de lo anterior, y en la medida en que la situación
expuesta pudiera incidir en el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, esta institución se dirigió al Consejo General del Poder
Judicial a fin de obtener información sobre la real situación en que se
encontraba dicho juzgado.

Recibido el correspondiente informe, en el mismo se manifestaba
que tras la entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Valdemoro en el mes de diciembre de 1994, ya
había sido superada la situación de colapso en que se encontraba el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1.

Ello no obstante, se indicaba que continuaba existiendo un elevado
volumen de asuntos pendientes ante dicho juzgado debido a que la
existencia de los dos centros psiquiátricos daba lugar a 1.266
seguimientos de internamiento, por lo que se proponía el nombramiento
de un oficial y un auxiliar, en régimen de interinidad, como refuerzo
de la plantilla del referido juzgado.

En consecuencia, y en la medida en que la solución propuesta por
el Consejo General del Poder Judicial era de la competencia del
Ministerio de Justicia se solicitó información a dicho departamento
acerca de las previsiones existentes en el mismo en relación con el
nombramiento del personal interino antes reseñado.

En el curso del año 1996 se ha recibido el informe solicitado, en
el que se hacía constar que la plantilla del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Valdemoro se hallaba totalmente
cubierta, habiéndose nombrado un oficial de refuerzo hasta el 31 de
diciembre de 1996, cuyo nombramiento podría ser prorrogado si se
estimaba que continuaba siendo necesario, por lo que ha concluido la
investigación (9500113).

1.1.7.Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente del
Raspeig
Ante esta institución compareció una ciudadana denunciando demoras
en la tramitación de un proceso penal en el Juzgado de Instrucción
número 1 de San Vicente del Raspeig. Iniciada la correspondiente
investigación ante la Fiscalía


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General del Estado se recibió el correspondiente informe, en el que se
manifestaba que la demora en la tramitación del procedimiento que
afectaba a la reclamante no era un caso aislado en este órgano
jurisdiccional que presentaba una situación generalizada de retraso en
su funcionamiento.

Según se hacía constar en la citada comunicación, la demora en la
tramitación de los procedimientos obedecía al ingente volumen de
trabajo que pesaba sobre el juzgado, con un partido judicial inadecuado
a la categoría y características del mismo, y que además ejercía las
funciones de registro civil.

A la vista de dicha comunicación, se solicitó la colaboración del
Consejo General del Poder Judicial, que remitió a esta institución el
oportuno informe en el que se indicaba que el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig estaba
siendo objeto de numerosas medidas de refuerzo, debido a que no podía
desarrollar con normalidad sus funciones atendiendo las competencias
que asumía y los medios de que disponía.

No obstante y dado que en dicho escrito no se hacía referencia a
las concretas medidas de refuerzo propuestas por el Consejo para
normalizar el funcionamiento de este órgano jurisdiccional, se solicitó
una ampliación del informe en el sentido indicado.

Para completar la investigación iniciada y con la finalidad de
tener una visión más completa de la situación en la que se encontraban
los juzgados de esta localidad, esta institución se ha dirigido a los
Colegios de Abogados y Procuradores de Alicante, al objeto de conocer
su criterio sobre las posibles medidas a adoptar por los diferentes
organismos implicados que permitan mejorar la calidad del servicio
prestado por los mencionados juzgados (9508146).

1.1.8.Otros órganos judiciales que han sido objeto de alguna
investigación
Además de las actuaciones puntuales que sobre determinados órganos
judiciales se han realizado y que han quedado expuestas, deben también
mencionarse otros tribunales sobre los que en su día se inició algún
tipo de investigación por dilaciones en algún procedimiento concreto,
los cuales a lo largo de 1996, han normalizado la tramitación de esas
causas, habiéndose procedido en consecuencia a la conclusión de la
investigación.

Juzgado de lo Social número 1 de Santa Cruz de Tenerife (8906697),
Juzgado de lo Social número 8 de Madrid (9415375), Juzgado de lo Penal
número 2 de Arenys de Mar (8308013), Juzgado de lo Penal número 26 de
Madrid (8902326), Juzgado de lo Penal número 1 de Gerona (9311301),
Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz (9004438), Juzgado de Instrucción
número 17 de Madrid (9102128), Juzgado de Instrucción número 4 de
Madrid (9417996), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Lliria (9021082), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Alcalá de Henares (9214045), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Alcalá de Henares (9113983 y 9217572), Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Almería (9118080),
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Padrón (9217551), Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Orihuela (9202649),
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrente
(9210682), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Guadalajara (9405581), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Guadix (9413922), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Denia (9415870), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Lugo (9215080), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Badalona (9406665). Juzgado de lo Social número
3 de Cádiz (9508759), Juzgado de lo Social número 17 de Madrid
(9507331), Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas (9510931),
Juzgado de lo Penal número 3 de Murcia (9511817), Juzgado de
Instrucción número 7 de Madrid (9504435), Juzgado de Instrucción número
1 de Málaga (9504145), Juzgado de Primera Instancia número 8 de
Barcelona (9502415), Juzgado de Primera Instancia número 34 de Madrid
(9509209), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Yecla
(9508849), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Carlet (9503704), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Torrijos (9505733), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Ronda (9508180), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Vera (9510081).

Por el contrario ha existido también otra serie de investigaciones
cuya conclusión no se ha podido finalizar al no estar totalmente
terminado el procedimiento judicial que originó la apertura de la
queja. A continuación se relacionan los tribunales sobre los que a lo
largo de 1996 se ha efectuado seguimiento de alguna causa concreta, sin
que la mención de esos tribunales suponga que los mismos presenten
situaciones de retraso generalizado:

Juzgado de lo Social de Algeciras (9320525), Juzgado de lo Penal
número 2 de Las Palmas (8504609), Juzgado de Instrucción número 14 de
Madrid (8919104), Juzgado de Instrucción número 8 de Santa Cruz de
Tenerife (9214523), Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid
(9022658), Juzgado de Primera Instancia número 25 de Barcelona
(9321728), Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid (9313314),
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fuenlabrada
(8708341), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ocaña
(9028709), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Carlet (9219142), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Barbastro (9218436), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
3 de Santiago de Compostela (9213077), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Torrelaguna (9202201), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 6 de Lugo (9322296), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Santa Fe (9319128), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Gijón (9319244), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Granadilla de Abona (9415874), Juzgado de
Instrucción número 3 de Madrid (8705130), Juzgado de Instrucción número
1 de Aranda de Duero(8906346), Juzgado de Instrucción número 1 de


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Berja (8903100), Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm (9002500),
Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid (9202490), Juzgado de
Instrucción número 2 de Villafranca del Panedés (9120863), Juzgado de
Instrucción número 1 de El Puerto de Santa María (9313301), Juzgado de
Instrucción número 2 de Coslada (9414077), Juzgado de Instrucción
número 1 de Carlet (9405975), Juzgado de Instrucción número 1 de Mollet
del Vallés (9400173), Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid
(9409686), Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid (9512076), Juzgado
de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional (9509825),
Juzgado de Instrucción número 1 de Mahón (9507855), Juzgado de
Instrucción número 3 de Elche (9510656), Juzgado de Instrucción número
3 de Alcoy (9502243), Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real
(9007426), Juzgado de lo Penal de Ferrol (9505158), Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (9019518),
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (9027398),
Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (9204610), Audiencia Provincial de
Madrid (9217935), Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional (9411652), Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (9509423).

Juzgado de lo Social número 18 de Madrid (9506871), Juzgado de lo
Social número 2 de Alicante (9507371), Juzgado de lo Social número 8 de
Valencia (9506732), Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid
(95002304), Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid (9503361),
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Almería
(9510687), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Santa
Cruz de Tenerife (9501912), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Manacor (9505685), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de Sueca (9511910), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
6 de Orihuela (9502849), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Móstoles (9511796), Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Collado-Villalba (9508808), Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Molina de Segura (9509901).

Por último a lo largo de 1996, se han iniciado nuevas
investigaciones en relación con determinados procedimientos en los que
los ciudadanos consideraban que existían situaciones de retraso
injustificado. En muchas de esas investigaciones se está a la espera de
conocer el informe solicitado a la Fiscalía General del Estado para
poder conocer si efectivamente existe algún tipo de dilación.

Juzgado de Primera Instancia número 6 de Salamanca (9600152),
Juzgado de Primera Instancia de Villarcayo (9621393), Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Guadalajara (9616797), Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Torrejón de Ardoz (9618679), Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Tarrasa (9601082), Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Arcos de la Frontera (9621979), Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Valencia (9624399), Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Santa María de Guia (9624482), Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Madrid (9618798), Juzgado de Primera Instancia número 4 de
Alcorcón (9602368), Juzgado de Primera Instancia número 3 de La Coruña
(9612367), Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander
(9600842), Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arganda del Rey
(9604100), Juzgado de Instrucción número 2 de Granadilla de Abona
(9600234), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Vinaroz (9602257), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Güimar
(9600589), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Collado-Villalba (9616480), Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Daimiel (9618986), Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de
Gran Canaria (9618210), Juzgado de lo Social de Alicante (9620091),
Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (9601877),
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Supremo (9621704), Sección Novena de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (9612228),
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional (9601652), Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (9600368), Sección
Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (9600551), Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (9624219).

1.2.Irregularidades en la tramitación de los procedimientos
La mayoría de las actuaciones del Defensor del Pueblo en materia
de Administración de justicia se deben a dilaciones injustificadas en
procedimientos judiciales. Sin embargo en algunas ocasiones los
ciudadanos ponen en conocimiento del Defensor del Pueblo hechos que,
por su gravedad, y en la medida que afectan a derechos fundamentales,
son objeto de investigaciones en colaboración con la Fiscalía General
del Estado.

A continuación se relacionan aquellas intervenciones que se han
efectuado en relación con extravío de procedimientos, pérdidas de
denuncias o desaparición de fianzas depositadas en juzgados.

Un ciudadano expuso que había interpuesto recurso de suplicación
contra la sentencia dictada en un procedimiento del que había conocido
el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, que se tuvo por anunciado
por resolución de fecha 31 de octubre de 1989, presentando el 13 de
noviembre siguiente escrito formalizando el recurso.

Continuaba exponiendo el compareciente que, dado que no recibía
noticias sobre la conclusión del recurso, en el mes de marzo de 1995
presentó escrito ante el indicado juzgado solicitando información sobre
su estado de tramitación, siendo informado de que el procedimiento no
había tenido entrada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, al parecer, por haberse
extraviado.

En base a las manifestaciones del compareciente se inició la
oportuna investigación ante la Fiscalía General del


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Estado que informó a esta institución del extravío del recurso de
suplicación interpuesto por el promovente, por lo que se solicitó que
por el Ministerio Público se instaran las actuaciones precisas en orden
a la reconstrucción del recurso y, en su caso, a la averiguación de las
responsabilidades que procedieran.

En sucesivas comunicaciones la Fiscalía General del Estado ha
informado a esta institución de la reconstrucción del procedimiento que
afectaba al reclamante, de su posterior remisión al Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana y, por último, de la resolución
del recurso de suplicación por sentencia dictada en abril de 1996, por
lo que concluyó la investigación (9507290).

Una ciudadana manifestaba que en marzo de 1995 interpuso una
denuncia ante la Comisaría de Orihuela (Alicante), junto con quince
vecinos de la zona donde residían. Según informaciones de que disponía
la interesada, la denuncia fue remitida a los juzgados competentes de
la localidad el 26 del mismo mes y año, sin que, al parecer, hubiera
podido localizar su denuncia en los Juzgados de Orihuela.

Solicitada información al respecto de la Fiscalía General del
Estado, se recibió la correspondiente comunicación, en la que se daba
cuenta del extravío de la denuncia, iniciándose por el Ministerio
Fiscal las actuaciones tendentes a la localización y reconstrucción, en
su caso, de las diligencias incoadas con motivo de las denuncias
interpuestas por los interesados, adoptando las medidas legales
oportunas.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado informó a esta
institución, de que la denuncia extraviada no se había podido
reproducir ya que la reclamante no poseía copia de la misma. Se
indicaba asimismo que la reclamante compareció ante el juzgado en junio
de 1996, manifestando que, puesta en contacto con los otros vecinos,
éstos no quisieron reproducir la denuncia, ya que cada uno de ellos por
separado interpusieron otras por hechos concretos y que ella no deseaba
proseguir las actuaciones.

En definitiva, pues, al no recoger la denuncia extraviada hechos
concretos y existir en relación con éstos actuaciones separadas, el
juzgado acordó archivar el expediente, hecho del que fue debidamente
informada la persona que presentó la queja (9506393).

Dos ciudadanos manifestaban que el 5 de enero de 1981 se vieron
involucrados en un accidente de circulación en el que resultaron varias
personas fallecidas, sufriendo los interesados heridas de diversa
consideración. Como consecuencia de los hechos, el Juzgado de
Instrucción número 1 de Algeciras incoó diligencias previas, en las que
el Ministerio Fiscal formuló escrito de calificación con fecha 2 de
abril de 1985, encontrándose desde entonces, al parecer, la tramitación
paralizada.

Solicitada información de la Fiscalía General del Estado se
recibió la oportuna comunicación en la que se indicaba que el citado
procedimiento estuvo en tramitación hasta el 2 de abril de 1985, en que
por el Ministerio Fiscal se formuló escrito de calificación
extraviándose después en el juzgado por lo que se procedió a su
reconstrucción.

Una vez realizado este trámite, el juzgado requirió al resto de
las partes personadas la formulación de sus respectivos escritos de
calificación en los que solicitaron el sobreseimiento libre de la causa
alegando prescripción del delito, informándose por el Ministerio Fiscal
en sentido favorable a la prescripción alegada, declarándose
posteriormente extinguida la responsabilidad criminal de los imputados,
en base a lo previsto en el los artículos 131 y 133 del actual Código
Penal.

A la vista de dicho escrito, se informó a los interesados del
contenido del artículo 121 de la Constitución, relativo a los daños
causados como consecuencia del funcionamiento anormal de la
Administración de justicia y se concluyó la investigación (9608997).

Un ciudadano exponía que el día 4 de julio de 1983 sufrió un
accidente de circulación en Madrid, en el que resultó lesionado. Según
manifestaba, la Comisaría de Policía del distrito de Universidad
remitió el parte facultativo con fecha 6 de julio de 1983 al juzgado
que ese día estaba en funciones de guardia, siendo examinado por un
médico forense, cuando todavía no había sanado de las lesiones, «en los
juzgados de Plaza de Castilla» sin que, según sus manifestaciones, con
posterioridad se le volviera a citar, e ignorando a qué juzgado
correspondieron las diligencias.

Asimismo afirmaba que se había personado en reiteradas ocasiones
en el servicio de información de los juzgados de primera instancia e
instrucción de Madrid, donde le habían comunicado que no había sido
posible la localización de las diligencias.

Solicitada información al respecto de la Fiscalía General del
Estado, se recibió la oportuna comunicación, en la que se indicaba que
consultados los estadillos correspondientes al servicio de guardia de
los Juzgados de Instrucción con sede en la Plaza de Castilla durante
los días 5/6 y 6/7 de julio de 1983, no aparecía registrada ninguna
denuncia formulada por el reclamante, ni atestado con parte facultativo
remitido por la Comisaría de Universidad en relación con el accidente
de tráfico del día 4 de julio de 1983, por lo que no existía constancia
de la incoación de las diligencias que el lesionado manifestaba que
fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de los de
Madrid, razón por la cual resultaba imposible informar sobre los
mismos.

Del contenido de este último informe se dio traslado al
interesado, que remitió documentos acreditativos de las lesiones
sufridas, de los que se envió copia a la Fiscalía General del Estado,
por si de los mismos se pudiera obtener algún dato complementario
tendente a la localización de la causa.

Por la Fiscalía General se contestó que se consultaron nuevamente
los libros de registro obrantes en la oficina de información del
decanato, no apareciendo registro alguno que hiciera referencia al
mismo, por lo que se pusieron en contacto con la Comisaría de Policía
de Universidad que inició el atestado, que manifestó que el parte de
lesiones fue enviado en la fecha indicada.

A la vista de lo anterior, la Fiscalía General del Estado ha
informado de que se va a solicitar del juzgado la reconstrucción de las
diligencias a las que se refiere esta queja, por lo que prosigue la
investigación (9414872).

Finalmente debe hacerse referencia en este apartado a los hechos
ocurridos en el Juzgado de Instrucción número


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2 de La Coruña, puestos en conocimiento de esta institución por una
persona que comunicaba que su marido estuvo encausado en un
procedimiento judicial, motivo por el cual depositó el 20 de mayo de
1989 una fianza de 500.000 pts. En 1993, tras dictarse sentencia por la
Audiencia Provincial de La Coruña, se ofició al mencionado juzgado para
que se procediera a la cancelación de la fianza prestada y, en
consecuencia, a la devolución de la indicada cantidad a la fiadora.

Después de haber transcurrido dos años todavía no se había procedido a
cumplir la orden impartida desde la Audiencia Provincial.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General
del Estado, que en un primer momento remitió una copia de la resolución
dictada por el juzgado de instrucción que debía devolver la fianza, en
la que tras iniciar un procedimiento penal en orden a averiguar que
había sucedido con la misma, acordó sobreseer provisionalmente las
actuaciones, pues aunque los hechos investigados eran constitutivos de
infracción penal, sin embargo no existían motivos lógicos suficientes
como para atribuir su perpetración a persona determinada. Esa decisión
judicial fue notificada a la persona interesada.

Con posterioridad a ese primer informe se recibió otro en el que
de forma muy exhaustiva se dio cuenta a esta institución de todas las
actuaciones efectuadas para averiguar lo que había ocurrido con las
500.000 pts. que en su día se depositaron como fianza. Entre esas
actuaciones se encontraba la incoación de un procedimiento penal por
«malversación de caudales públicos», que finalizó con la resolución a
la que anteriormente se hizo mención. Igualmente se daba cuenta del
nombramiento de un perito designado por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, para investigar el destino no sólo de las 500.000 pts. de este
caso concreto, sino de otras cantidades que también estaban siendo
investigadas.

Las conclusiones obtenidas en el informe del Ministerio Fiscal,
hacían referencia a un «funcionamiento anormal (grave) del servicio
público en cuanto a la gestión de las cuentas abiertas en el banco
...». A la vista de las investigaciones efectuadas el Ministerio
Público apuntaba en su informe las posibles acciones que podían ser
emprendidas por los perjudicados con la desaparición de ese dinero, por
lo que se informó a la persona que presentó la queja que podía
solicitar la devolución de la fianza, conforme a lo previsto en los
artículos 292 y 293.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es,
por responsabilidad civil de la Administración de justicia y que podía
también iniciar acciones civiles contra los herederos del secretario
judicial encargado de custodiar ese dinero, el cual había fallecido.

Una vez que se facilitó la anterior información a la interesada, se
procedió al cierre de queja (9511884).

1.3.Disfunciones en el servicio público judicial
Para que los juzgados y tribunales puedan dar respuesta a los
asuntos que por competencia les corresponden es preciso que dispongan
de las condiciones y medios materiales adecuados y que los ciudadanos
puedan hacer llegar sus pretensiones a los órganos jurisdiccionales en
condiciones idóneas. Todo ese conjunto de circunstancias es lo que
comúnmente se denomina servicio público judicial. Precisamente en
relación con este aspecto, a lo largo de 1996, se han efectuado una
serie de actuaciones que a continuación se exponen.

1.3.1.Horario en la oficina judicial
Como continuación a la investigación realizada durante 1995, se ha
ido completando la información obtenida, especialmente al haber
comunicado la Secretaría General de Justicia que un elevado número del
personal al servicio de la Administración de justicia no cumplía con la
obligación de realizar las treinta y siete horas y treinta minutos
semanales.

Para tratar de tener una visión más completa de este tema, se ha
solicitado la colaboración de aquellas administraciones y colectivos
que tienen alguna responsabilidad en esta materia o que conocen de
forma directa el horario y el cumplimiento que del mismo se hace en las
oficinas judiciales.

Además de al Consejo General del Poder Judicial, se ha solicitado
la colaboración del Ministerio de Justicia, del Departamento de
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, de
la Consejería de Presidencia de la Comunidad Valenciana y de la
Consejería de Justicia de la Comunidad Catalana, al ser éstas las
comunidades que tenían transferidas las competencias en materia de
personal al servicio de la Administración de justicia. Los dos
colectivos a los que se les ha solicitado informes han sido al Consejo
General de la Abogacía y al Consejo General de los Procuradores.

En 1996, se han dictado dos resoluciones en relación con la
jornada laboral y el horario en la Administración de justicia: una ha
sido la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia de 17 de
julio de 1996, que acordó suspender la ejecución de la resolución de 8
de febrero de ese mismo año de la citada secretaria de Estado, en la
que se dictaban instrucciones sobre la jornada y horarios en el ámbito
de la Administración de justicia y ello en cumplimiento del auto
dictado el 5 de julio de 1996 por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; la otra resolución
fue la de 5 de diciembre de 1996, de la Secretaría de Estado de
Justicia, en la que se dictan instrucciones sobre la jornada y horarios
en el ámbito de la Administración de justicia.

Aunque la información recabada todavía no se ha recibido en su
totalidad, debe dejarse constancia en este informe de aquellos datos
que pueden ser ilustrativos de cual es la situación actual de este
problema.

En la Comunidad Autónoma Valenciana, el traspaso de competencias
en materia de personal funcionario al servicio de la Administración de
justicia estaba previsto para el mes de enero de 1997, por lo que hasta
la indicada fecha estas cuestiones han sido gestionadas desde la
Administración central.

El Departamento de Justicia de la Comunidad Autónoma del País
Vasco ha dado traslado al Ministerio de Justicia,


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de los resúmenes mensuales de cumplimiento de horario reflejado en el
sistema informático. En esta comunidad existen un total de 37 relojes
instalados. La intención del mencionado departamento es remitir a cada
órgano judicial los listados informáticos de cumplimiento de horario y
solicitar del secretario respectivo la remisión, en su caso, de las
justificaciones de incidencias, todo ello una vez que se desarrolle la
resolución de 5 de diciembre de 1996, en lo relativo al control del
cumplimiento del horario.

La Comunidad Autónoma de Cataluña, asume de forma plena y efectiva
esta competencia en marzo de 1996 según establece el Real Decreto
441/1996, de 1 de marzo, habiendo realizado un estudio a instancias de
la Consejería de Justicia, en el que se obtiene como conclusión que el
horario oficial se incumple de forma generalizada, al tiempo que se
destaca que los sistemas de control horario -en general, el parte de
firmas y excepcionalmente, sistemas mecanizados- son escasos e
ineficaces, ya que los datos obtenidos no tienen un tratamiento
posterior.

En esta comunidad, al igual que en el País Vasco, se está a la
espera de conocer cuales son las instrucciones que se dictan para el
control del cumplimiento del horario, al amparo de la resolución de 5
de diciembre de 1996. No obstante, por parte del Departamento de
Justicia de la Generalidad se tiene previsto a lo largo de 1997 dotar
de sistemas mecanizados de control de horario a trece partidos
judiciales, lo que equivaldría a poder controlar hasta un 78% de los
funcionarios al servicio de la Administración de justicia destinados en
Cataluña.

El Consejo General del Poder Judicial ha informado sobre su falta
de competencia en esta materia y, en segundo lugar, indica que carece
de datos sobre el cumplimiento del horario, ya que en el libro de
asistencias, que es revisado en las visitas de inspección, se recoge
presencia de los funcionarios en los días que acuden al trabajo, pero
no consta nada sobre la jornada laboral realizada. Las denuncias o
quejas que han llegado al Consejo en relación con esta materia, han
sido anónimas, habiéndose procedido a su archivo.

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, ha
comunicado que con anterioridad a la suspensión de la resolución de 8
de febrero de 1996, no se había impuesto ninguna sanción por
incumplimiento de horario.

Para el Consejo General de los Colegios de Procuradores no es
posible dar una respuesta uniforme a este problema, ya que la situación
es muy dispersa según cada zona, existiendo localidades en las que el
cumplimiento de horarios es correcto, fundamentalmente gracias a la
implantación del reloj, en otro grupo de ciudades el cumplimiento del
horario funciona relativamente bien, aunque es susceptible de ser
mejorado, y por último, en un tercer grupo, el incumplimiento del
horario es total.

La investigación iniciada se encuentra pendiente de recibir los
informes solicitados al Consejo General de la Abogacía y a la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, relativo este
último a conocer qué instrucciones son las que se dictan en desarrollo
de la resolución de 5 de diciembre de 1996, en lo relativo al control
del cumplimiento del horario.

A pesar de no haber finalizado dicha investigación es posible
poner de manifiesto que resulta chocante que el cumplimiento del
horario sea hoy una cuestión completamente pacífica y plenamente
normalizada en el resto de la Administración civil del Estado y en la
Administración de justicia todavía no exista, ni siquiera, un marco
normativo en el que de forma completa se regule el cumplimiento y
control del horario en las oficinas judiciales. En segundo lugar,
sorprende que existiendo datos, según ha quedado expuesto, en distintas
administraciones acerca de situaciones en la que no se cumplen las
treinta y siete horas y treinta minutos semanales, no se haya impuesto
ninguna sanción por ese incumplimiento (8810195).

1.3.2.Incidencias en la prestación del servicio de guardia
Se hace referencia en el presente apartado a las investigaciones
iniciadas a raíz de sendas reclamaciones planteadas por dos ciudadanos,
en las que se denunciaba una posible disfunción en relación con el
funcionamiento de los servicios de guardia prestados en los juzgados de
las localidades de Castellón y Getafe, respectivamente.

Un ciudadano afirmaba que tras fallecer su padre el domingo día 8
de octubre de 1995 en Castellón, y siendo el día siguiente festivo en
la Comunidad Valenciana, el cadáver del mismo tuvo que esperar desde
las cinco horas aproximadamente del citado día 8 de octubre, hasta las
doce horas del día 10 de ese mismo mes y año, lo que significaba un
total de cuarenta y tres horas, antes de que se procediera al traslado
del fallecido al domicilio de sus familiares, lamentándose asimismo de
que tuvo que permanecer durante más de una hora y media en las
dependencias del Juzgado de Guardia de Castellón antes de ser atendido,
debido, según sus manifestaciones, a la ausencia de la totalidad de los
funcionarios destinados en dicho juzgado.

El conocimiento de tal situación determinó el inicio de una
investigación ante el Ministerio de Justicia, en orden a conocer la
veracidad de los hechos objeto de queja, tanto en lo que se refería a
la demora en el traslado del fallecido, como en relación con el
comportamiento de los funcionarios que prestaban servicios en el citado
juzgado de guardia en el momento en que tuvieron lugar los hechos
relatados.

En el mes de abril de 1996 se recibió un primer informe del
mencionado ministerio, en el que se indicaba que el fallecimiento de la
persona a la que hacía referencia la queja, se había producido el día 3
de octubre de 1995 y no el 8 de ese mes, y se informaba de que la
espera que tuvieron que realizar los familiares del fallecido se debió
a estar el Juzgado número 4 de Castellón en funciones de guardia y
tener que atender también a los detenidos que eran puestos a
disposición judicial.

A la vista de la información recibida de nuevo se ha solicitado la
colaboración del Ministerio de Justicia, ya que, a pesar de indicar que
el fallecimiento se produjo el día 3 de octubre de 1995, sin embargo en
la certificación de defunción que se acompañaba a su informe, aparecía
como


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fecha del fallecimiento el 8 de octubre. Además, el citado ministerio
no contestaba al hecho principal que propició la queja, es decir, las
cuarenta y tres horas que, según la familia, tuvo que esperar para
poder trasladar al fallecido (9511676).

La investigación iniciada respecto del servicio de guardia del
Juzgado de Getafe vino originada por la queja de un ciudadano que
expresaba que, con motivo del vencimiento del plazo para interponer una
demanda de retracto legal, se personó en la secretaría del Juzgado
Decano de Getafe al objeto de manifestar que dicha demanda sería
presentada en horario de tarde, antes de las veinticuatro horas de ese
mismo día de su personación, momento en que finalizaba el plazo
señalado por ley para el ejercicio de tal derecho.

No obstante lo anterior, y dado que según manifestaba el
compareciente, a partir de las quince horas no existía oficina abierta
en el juzgado de guardia de esa localidad que pueda recoger los
escritos o demandas con término de vencimiento en el día completo, fue
informado de la posibilidad de presentar su demanda al día siguiente,
con anterioridad a las diez horas, lo que llevó a efecto extendiéndose
la correspondiente diligencia por parte del secretario del juzgado,
pese a lo cual, se dictó una resolución inadmitiendo dicha demanda por
considerar el juzgador que la misma había sido presentada fuera del
plazo exigido por la Ley de Enjuiciamiento Civil para darle curso.

A la vista de las alegaciones del formulante de la queja, esta
institución ha solicitado la colaboración del Consejo General del Poder
Judicial al objeto de obtener información acerca del horario del
juzgado de guardia de la localidad de Getafe, así como del sistema o
procedimiento previsto para la presentación de escritos fuera de las
horas habituales de trabajo. La referida investigación permanece
actualmente en curso, pendiente de la contestación que al efecto remita
el Consejo General del Poder Judicial (9619611).

1.3.3.Provisión de plazas de secretarios judiciales en los Juzgados de
Telde y cursos de formación de oficiales
Esta institución tuvo conocimiento a través de un escrito remitido
por un oficial titular de la Administración de justicia, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Telde (Las
Palmas de Gran Canaria) de la difícil situación en la que se
encontraban los cinco juzgados de ese partido judicial debido, según
indicaba el compareciente, a las vacantes existentes en todas las
plazas de secretario judicial, siendo éstas desempeñadas de modo
obligatorio por oficiales que, en ocasiones, no reunían a juicio del
reclamante las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño de
dicho cargo.

Ello motivó que el Defensor del Pueblo se dirigiera al Ministerio
de Justicia al objeto de obtener información sobre la efectiva
existencia de vacantes de secretarios judiciales en los cinco juzgados
del término judicial de Telde, así como de las previsiones existentes
para, en su caso, dar cobertura a dichas plazas.

De igual modo, se interesó de ese ministerio un informe acerca de
la posibilidad de impartir algún tipo de formación complementaria para
los oficiales de la Administración de justicia que, como en el caso
expuesto, realizaran de forma provisional y obligatoria las funciones
propias del secretario judicial.

Recibida la oportuna contestación del Ministerio de Justicia, de
la misma se desprendía que había sido ya normalizada la situación de
los juzgados objeto de investigación, toda vez que se había procedido
al nombramiento de secretarios judiciales, de modo provisional o en
propiedad, en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números
2, 3, 4 y 5 de Telde, encontrándose pendiente de que por el Tribunal
Superior de Justicia de Canarias se propusiera la cobertura en
provisión temporal del juzgado número 1 de esa misma localidad.

Asimismo, en el aludido informe manifestaba el Ministerio de
Justicia su valoración positiva acerca de la iniciativa de impartir
formación complementaria a los oficiales de la Administración de
justicia que fueran a desempeñar plazas de secretarios judiciales,
dadas las circunstancias especiales de la zona, si bien dicha
iniciativa debía ser consensuada por la comisión territorial de
formación de Las Palmas, para su inclusión como propuesta en el plan de
formación de 1996, en el ámbito de la Gerencia Territorial de esa
ciudad.

En consecuencia, esta institución solicitó una ampliación de la
información facilitada por el Ministerio de Justicia, al objeto de
conocer el desarrollo de la propuesta de impartir los referidos cursos
de formación, habiéndose recibido un último escrito en el que se pone
de manifiesto que dicha iniciativa, pese a ser planteada en la comisión
territorial de formación de Las Palmas, no fue finalmente aprobada, al
existir ya para el plan de 1996 dos líneas formativas consistentes en
una formación inicial para los funcionarios de nuevo ingreso en los
cuerpos de oficiales, auxiliares y agentes de la Administración de
justicia que tomaron posesión a finales de 1995 y principios de 1996, y
otra de formación continuada y de perfeccionamiento para el resto del
personal ingresado con anterioridad a 1995, con objeto de actualizar
sus conocimientos como consecuencia de los cambios normativos operados,
habiéndose organizado a tales efectos un total de quince cursos.

Por último, indicaba el Ministerio de Justicia que la iniciativa
de impartir cursos a los oficiales de la Administración de justicia
sería tenida en cuenta en futuros planes de formación, dado el alto
interés de la misma, con lo que se procedió a dar por finalizada la
investigación (9600350).

1.3.4.Acceso de personas con discapacidades físicas a edificios
judiciales
Se dirigió al Defensor del Pueblo un representante sindical de la
junta de personal de la Administración de justicia de Cádiz,
denunciando la existencia de barreras arquitectónicas en el Palacio de
Justicia de Ceuta que dificultaban el acceso al mismo a los
funcionarios con algún tipo de discapacidad, haciendo referencia
concreta a una agente


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judicial destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de esta última localidad.

Según se indicaba en el escrito de queja enviado, dicha
funcionaria debía acceder a su puesto de trabajo a través de la puerta
del garaje, de apertura mecánica, sufriendo ésta numerosas averías que
dificultaban su entrada al edificio, aludiéndose igualmente a la
inadecuación de los aseos del citado edificio para su utilización por
personas con minusvalías.

Iniciada ante el Ministerio de Justicia la oportuna investigación,
del informe remitido ha podido constatarse que está prevista la
redacción de un proyecto de remodelación y adaptación de las
dependencias del Palacio de Justicia de Ceuta que permita la
optimización de algunos espacios infrautilizados, incluyéndose en dicho
plan, de modo específico, la adaptación de aseos y accesos para
minusválidos en la planta baja del edificio.

El citado departamento ministerial concluye su informe afirmando
que, pese a las dificultades técnicas que puedan surgir y en la medida
en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se contemplará
en la futura actuación en el edificio la adaptación del acceso
principal para personas con minusvalías, con el fin de posibilitar un
trato igualitario y homogeneizado para todos los ciudadanos. La
anterior información ha determinado la conclusión de la presente
investigación (9513091).

1.3.5.Carencia de medios en el Instituto Nacional de Toxicología,
departamento de Sevilla
Con motivo de una queja planteada ante el Defensor del Pueblo
Andaluz, en la que se ponía de manifiesto la demora que afectaba a la
tramitación de una reclamación de paternidad planteada ante el Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Sevilla, la referida institución
autonómica se dirigió a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Sevilla, a fin de obtener información sobre las posibles causas que
pudieran estar originando tal dilación.

En contestación a dicha petición, la referida Fiscalía elaboró el
correspondiente informe, que fue remitido al Defensor del Pueblo, y del
que se desprendía la existencia de una situación de retraso
generalizado en el funcionamiento del departamento del Instituto
Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla, como consecuencia de una
sobrecarga de trabajo, incidiendo ello en la demora de todos aquellos
procedimientos en los que, como en el caso inicialmente planteado, se
precisaba la práctica de una prueba pericial biológica.

A la vista de la situación descrita, se requirió del Ministerio de
Justicia la preceptiva información acerca de la situación en que se
encontraba el citado departamento de toxicología y posibles causas
determinantes del retraso observado en el proceso civil objeto de
queja.

A raíz de intervenir esta institución, con fecha 2 de febrero de
1996, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden Ministerial
de 12 de enero de 1996, por la que se creaba una nueva delegación, en
Santa Cruz de Tenerife, del departamento que en Sevilla tiene el
Instituto Nacional de Toxicología. Según el Ministerio de Justicia la
adopción de dicha medida supondría una mejora notable en la sobrecarga
de trabajo que venía sufriendo el citado Instituto Nacional de
Toxicología, en su sede de Sevilla (9510701).

1.3.6.Uso de la lengua oficial en las actuaciones judiciales
En este supuesto, la persona que se dirigió esta institución
manifestaba que con objeto de ratificar un convenio regulador de
separación compareció, en el mes de septiembre de 1996, ante el Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Palma de Mallorca, solicitando poder
realizar dicha comparecencia en lengua catalana, siendo informado que
para poder proceder a la ratificación en catalán debería aportar una
traducción visada por el Gobierno de la comunidad autónoma, optando el
compareciente, ante tal requerimiento, por ratificarse en castellano. A
juicio del interesado, se produjo en este caso concreto una
irregularidad al no permitírsele que se expresara en uno de los idiomas
oficiales permitidos en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
todo ello según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica
2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares, en el artículo 231 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y en el artículo 11 de la Ley 3/1986, de 29 de
abril, de Normalización Lingüística de la Comunidad Autónoma Balear.

Tales hechos han determinado que se solicite la colaboración del
Consejo General del Poder Judicial a fin de conocer la realidad de los
mismos y, en caso de detectarse alguna irregularidad, se participe a
esta institución las medidas que puedan adoptarse para su subsanación.

Se continúa a la espera de recibir el informe que al respecto haya de
elaborar el Consejo General del Poder Judicial (9621714).

1.3.7.Informatización de los juzgados de vigilancia penitenciaria y su
coordinación con la Administración penitenciaria
Como ya ha quedado reflejado en anteriores informes, esta
institución ha venido realizando un especial seguimiento de las
condiciones en las que desempeñan sus funciones los juzgados de
vigilancia penitenciaria, al objeto de conseguir un funcionamiento más
ágil y racional de estos órganos jurisdiccionales.

A tales fines, el Defensor del Pueblo se dirigió al anterior
Ministerio de Justicia e Interior, solicitando información acerca de la
posible implantación de sistemas informáticos en los juzgados de
vigilancia penitenciaria, ya que la dotación a esos órganos judiciales
de los oportunos equipos informáticos posibilitaría su conexión con la
red informática de la Administración penitenciaria, ofreciéndose así,
tanto a los juzgados como a cuantos ciudadanos tienen relación con
ellos, un servicio más rápido y eficaz en la gestión de los
procedimientos conocidos por dichos juzgados.



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En el curso del año 1996 se ha recibido un informe elaborado por
la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, en el que se
pone de manifiesto que los mencionados juzgados de vigilancia
penitenciaria han permanecido al margen del proceso de informatización
de la justicia española, si bien se indicaba por ese departamento que a
partir del mes de septiembre de 1996 estaba previsto comenzar el
desarrollo de la aplicación informática de tales órganos judiciales,
una vez se encontrara disponible la aplicación, dentro de las
posibilidades presupuestarias de los siguientes ejercicios.

A la vista de la referida información, y teniendo en cuenta las
especiales circunstancias concurrentes en esta clase de juzgados,
fundamentalmente en lo que afecta a las relaciones diarias que éstos
mantienen con la Administración penitenciaria, esta institución valoró
la conveniencia de elaborar una sugerencia en relación con esta
materia, que ha sido remitida al Ministerio de Justicia, al Consejo
General del Poder Judicial y al Ministerio del Interior.

En el escrito enviado, el Defensor del Pueblo ha sugerido que ante
la próxima informatización de los juzgados de vigilancia penitenciaria,
se diseñe y coordine con la suficiente antelación un plan informático
que pueda ser utilizado por cada una de las administraciones
implicadas, de modo que, con las suficientes garantías, se obtenga una
más ágil comunicación entre los juzgados y centros penitenciarios, al
tiempo que se consiga una mejor gestión en los intereses que en común
tienen dichas administraciones.

En el momento de cerrar el presente informe, esta institución
permanece a la espera de recibir contestación respecto de la sugerencia
propuesta (9405917).

1.3.8.Abono de indemnización por gastos originados en procedimientos
judiciales
Con alguna frecuencia se vienen recibiendo quejas en las que se
hace referencia a las dificultades que tienen los ciudadanos para
percibir las cantidades que les corresponde por haber sufrido algún
tipo de gasto, tras intervenir en procedimientos judiciales.

En determinados casos, una vez que se inicia la oportuna
investigación, se logra finalmente que la persona que presenta la queja
reciba la cantidad que le corresponde. Así sucedió con un testigo
propuesto por el Ministerio Fiscal ante la Audiencia Provincial de
Barcelona, que después de remitir dos escritos al mencionado órgano
judicial, formuló una tercera reclamación ante la Consejería de
Justicia de la Generalidad de Cataluña y, debido al silencio de tal
consejería, presentó su queja ante esta institución. Según comunicó el
propio interesado, gracias a la investigación iniciada desde el
Defensor del Pueblo, recibió una transferencia en su cuenta corriente
en la que se le ingresaba el total de la cantidad devengada (9623921).

En otras ocasiones el resultado final no ha tenido una respuesta
tan positiva como el caso que acaba de exponerse. Así ha sucedido con
el caso planteado por una persona que fue designada de oficio para la
práctica de un peritaje psicológico en un procedimiento de separación
matrimonial seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Ocaña (Toledo), y que concluyó sin especial pronunciamiento
en cuanto a costas.

Iniciada la investigación, la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia informó a esta institución que según el
Real Decreto de 15 de octubre de 1900, se impone al Estado la
obligación de asumir los honorarios correspondientes a peritos y
testigos del Ministerio Fiscal y de los procesados insolventes, sin que
en ningún caso tenga el Estado obligación de abono en causas en las que
el Ministerio Público no sea parte por tratarse de delitos no
perseguibles de oficio.

Se indicaba asimismo en la comunicación remitida, que la precitada
norma restringía la obligación del Estado a determinados procesos
periciales de naturaleza exclusivamente penal, sin que, en
consecuencia, existiera disposición alguna que contemplara la posible
responsabilidad estatal en procesos civiles, como en el caso que
afectaba a la formulante de la queja.

En base a tales argumentos, concluía esa dirección general
indicando que, en el supuesto planteado, al tratarse de un proceso
seguido entre particulares, habrían de ser éstos quienes asumieran los
gastos devengados en su tramitación.

No obstante lo anterior, en el curso del año 1996 se ha procedido
a reabrir nuevamente la investigación ante la Fiscalía General del
Estado, al recibirse un último escrito de la reclamante en el que ponía
de manifiesto que habían resultado infructuosas todas las acciones
llevadas a cabo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Ocaña, encaminadas a hacer efectivo el pago de las
cantidades que se le adeudaban.

La Fiscalía General del Estado ha comunicado al Defensor del
Pueblo que, una vez examinado el procedimiento objeto de queja, se
considera oportuno dar traslado de la misma al Consejo General del
Poder Judicial, dado que por parte de la Fiscalía no resulta posible
resolver sobre el asunto planteado.

En consecuencia, se ha dirigido un último escrito al Consejo
General del Poder Judicial, en el que se le da oportuno traslado de
cuantos antecedentes obran en poder de esta institución acerca del
peritaje psicológico realizado por la interesada y la problemática
planteada en cuanto al abono de dichos gastos, sin que se haya recibido
todavía la correspondiente contestación (9028709).

1.4.Actuaciones relativas al estado civil de las personas en las que
interviene el Registro Civil
1.4.1.Convenios internacionales de doble nacionalidad. Problemas
derivados de su aplicación
A finales de 1995, comenzaron a dirigirse a esta institución,
numerosos ciudadanos que ostentando la doble nacionalidad española y
costarricense, como consecuencia del tratado suscrito entre España y
Costa Rica, de 8 de junio de 1964, hacían llegar los problemas que
estaban teniendo en la Embajada de España en Costa Rica, desde hacía


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aproximadamente cuatro años. En concreto se quejaban de la no
renovación ni concesión de nuevos pasaportes a aquellos ciudadanos
españoles que, residiendo en Costa Rica, ostentaban la doble
nacionalidad, sorprendiéndoles el hecho de que se concedieran esos
pasaportes a sus hijos.

Iniciada la oportuna investigación, se solicitó el informe
preceptivo de la Dirección General de Asuntos Consulares, quien puso en
conocimiento de esta institución que la Dirección General de los
Registros y del Notariado sustentaba el criterio de que los españoles
que adquieren una nueva nacionalidad, acogiéndose a los convenios de
doble nacionalidad firmados por España con terceros países, no pierden
la nacionalidad española sino que ésta queda en estado latente mientras
se hallen en el territorio del Estado de la nacionalidad adquirida. De
este modo, quienes se encuentren en esa situación de nacionalidad
latente no pueden ni invocar la protección diplomática española, ni
ejercer derechos civiles, ni votar en España, no pudiéndoseles tampoco
expedir pasaporte español mientras se mantenga esta situación. La
nacionalidad española latente recuperaría sus plenos efectos en el caso
de que su titular trasladase nuevamente su residencia a territorio
español.

A la vista de lo expuesto en el meritado informe y habida cuenta
de que el citado criterio, según se manifestaba, dimanaba de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, esta institución
valoró la conveniencia de dirigirse a dicho organismo, solicitando
información sobre las disposiciones legales utilizadas para fijar los
criterios antes indicados, sobre los motivos por los que las personas
que ostentan la doble nacionalidad española y costarricense no pueden
estar en posesión de un pasaporte español, así como las razones por las
que a los hijos de los españoles que tenían la doble nacionalidad se
les concedían nuevos pasaportes, cuando a sus padres se les denegaban.

De la contestación remitida por la Dirección General de los
Registros y del Notariado se desprende que, efectivamente, el español
de origen acogido voluntariamente al convenio vigente, de 8 de junio de
1964, mantiene su nacionalidad española en estado latente, siempre y
cuando no fije nuevamente su residencia en España. La causa por la que
se deniega el pasaporte al nacional español residente en Costa Rica
acogido al reiterado convenio, se encuentra en el artículo 3 del mismo
tratado. Según este precepto: «para las personas a que se refiere el
artículo 1.º de este convenio, el otorgamiento de pasaportes, la
protección diplomática y el ejercicio de los derechos civiles y
políticos se regirán por la ley del país que otorga la nueva
nacionalidad, a partir de la fecha en que se hayan practicado las
inscripciones».

Finalmente la Dirección General de los Registros y del Notariado
hace constar que la situación expuesta es similar a los restantes
convenios de doble nacionalidad firmados por España con Chile, Perú,
Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Honduras, República
Dominicana y República Argentina.

Esta institución considera que la categoría de «nacionalidad en
estado latente o dormida» no está recogida en nuestro ordenamiento. El
artículo 11 de la Constitución al referirse a la doble nacionalidad,
indica expresamente que los españoles que se encuentren en esa
situación no pierden su nacionalidad de origen. Además esta categoría
de «nacionalidad latente», según los propios afectados, no se les
aplicaba anteriormente, a pesar de estar vigente el mismo convenio, ni
se utiliza en otros países iberoamericanos en los que existen convenios
similares.

Conforme a lo dispuesto en la disposición derogatoria tercera de
la Constitución de 1978, habrá que considerar como derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo establecido en ella, por ello, del
artículo 3 del convenio no pueden derivarse los efectos que en la
practica se están produciendo, ya que el artículo 11 de la Constitución
expresamente establece que los españoles con doble nacionalidad no
pierden su nacionalidad de origen (9512345 y 9605100).

1.4.2.Adopción de niños rusos. Problemas aparecidos con el certificado
de idoneidad
Durante el año 1996 se dirigieron numerosos ciudadanos exponiendo
una serie de problemas surgidos con las autoridades consulares
españolas en Rusia, con relación a expedientes de adopción de menores
de nacionalidad rusa. En concreto trasladaban al Defensor del Pueblo su
malestar por el hecho de que muchas de las adopciones no podían
culminarse por la exigencia de las citadas autoridades del llamado
certificado de idoneidad, bien para inscribir a los menores en el
Registro Civil Consular, bien para la expedición de los oportunos
pasaportes.

Dado que el mencionado certificado de idoneidad era una
consecuencia de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, y los expedientes, según manifestaban los
interesados, eran anteriores a la entrada en vigor de la citada ley, se
estimó oportuno dirigirse a la Dirección General de los Registros y del
Notariado, órgano del que, al parecer, emanaban las citadas
instrucciones, a fin de que remitieran información respecto a los
hechos expuestos y las razones jurídicas para la exigencia del
certificado.

En su contestación, la Secretaría de Estado de Justicia dio
traslado de la instrucción de la Dirección General de Asuntos
Consulares de 11 de abril de 1996, a la que se adjuntaba el oficio
remitido por la Dirección General de los Registros y del Notariado, de
14 de marzo de 1996, en la que se habían basado las autoridades
consulares de Moscú para exigir el certificado de idoneidad y en la que
se sostenía que debía exigirse dicho certificado si en el momento de la
solicitud de inscripción en el Registro Consular había entrado en vigor
la Ley Orgánica 1/1996, amparándose en la disposición adicional segunda
de la citada ley y en el convenio relativo a la protección del niño y a
la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en la Haya
el 29 de mayo de 1993.

A la vista de esta información, se estimó conveniente dirigirse a
la Dirección General de Asuntos Consulares, a fin de que remitiese el
oportuno informe sobre la veracidad de los hechos expuestos y las
razones jurídicas en que se


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fundamentaba para dicha exigencia en los procedimientos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/1996. En el informe
remitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares se
confirmaban las instrucciones remitidas a las oficinas consulares
españolas, manifestando que la exigencia del certificado de idoneidad
era requisito indispensable para la expedición de un visado a favor de
un menor y, tras la entrada en vigor de la citada ley, también para
proceder a la inscripción de la adopción en el Registro Civil Consular,
todo ello como una mayor garantía y protección de los menores, por lo
que continúa abierta la investigación (9619215, 9618641, 9619399,
9619544, 9619678, 9619876 y 9619877).

1.5.Actuaciones efectuadas con los colegios profesionales de abogados
Siguen siendo numerosos los ciudadanos que acuden a la institución
para mostrar su disconformidad con la actuación de los distintos
profesionales a quienes han encomendado la defensa y representación de
sus intereses. Si bien en muchos de esos casos no es posible la
intervención del Defensor del Pueblo, ya que se trata de cuestiones
estrictamente privadas, derivadas de la relación existente entre un
profesional y su cliente, en otros supuestos si ha sido necesaria la
actuación de esta institución, especialmente cuando no se ha dado
puntual respuesta a los interesados de las cuestiones planteadas ante
los colegios de abogados, o bien se han producido dilaciones indebidas
u otras anomalías en la tramitación de los expedientes. Ello ha
motivado que el Defensor del Pueblo haya continuado manteniendo una
estrecha comunicación con los distintos colegios profesionales y con
los consejos generales en los que estos se agrupan.

En el informe del pasado año se hacia constar la actitud mantenida
por el Colegio de Abogados de Guadalajara que pese a los requerimientos
efectuados por la institución no había remitido el informe solicitado
con relación a la denuncia interpuesta por una ciudadana contra la
actuación profesional de un letrado perteneciente a dicha corporación.

Ello provocó que esta institución se dirigiese al Consejo General de la
Abogacía Española solicitando su colaboración al amparo de lo
establecido en lo artículos 1 y 129.1, del Real Decreto 2099/1982, de
24 de julio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía
Española. El citado organismo ha remitido copia del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Guadalajara, en
virtud del cual y como consecuencia de los hechos objeto de la presente
queja, se había iniciado un expediente disciplinario contra un
colegiado (9207331).

En otro caso, compareció un ciudadano poniendo de manifiesto que
había denunciado ante el Colegio de Abogados de Alicante la actuación
profesional de un letrado perteneciente a dicha corporación,
desconociendo, en la fecha de ponerse en contacto con la institución,
la tramitación seguida en el expediente incoado como consecuencia de su
denuncia. Iniciada la oportuna investigación, se solicitó el preceptivo
informe de dicho colegio que puso de manifiesto que se había procedido
a la apertura de un expediente disciplinario contra el precitado
abogado, dándose igualmente traslado al Ministerio Fiscal al considerar
que pudiera existir en su actuación un posible delito para que, en su
caso, se procediese a la apertura de las diligencias penales oportunas
(9615757).

Una situación muy parecida a la anterior se reflejaba en otra
queja en la que un ciudadano participaba haber denunciado ante el
Colegio de Abogados de Talavera de la Reina la actuación irregular del
letrado que intervino defendiendo sus intereses en un proceso de
separación. La intervención de esta institución se efectuó
simultáneamente ante el citado colegio de abogados y ante el Consejo
General de la Abogacía, ya que el interesado comunicaba que los hechos
habían sido también notificados al mencionado consejo. En este caso
concreto la posible actuación irregular del letrado estaba siendo
también investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Talavera
de la Reina, por lo que el Consejo General de la Abogacía ha comunicado
que se encuentra a la espera de recibir un informe solicitado a dicho
juzgado para poder decidir sobre una posible suspensión del
procedimiento administrativo, a tenor de lo establecido en el artículo
2.2 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, o bien para adoptar
el correspondiente acuerdo. La investigación continúa, a la espera de
un pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía, que ha indicado
que comunicará inmediatamente a esta institución la decisión que
acuerde (9601290).

En otros muchos supuestos las quejas hacen referencia única y
exclusivamente a retrasos en la contestación que los colegios deben dar
a aquellos ciudadanos que denuncian ante ellos comportamientos
irregulares de los letrados. Ese fue el caso de un ciudadano que expuso
al Defensor del Pueblo que contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Valencia había presentado un recurso
ordinario, el cual se encontraba en tramitación ante el Consejo General
de la Abogacía Española, sin que hubiese tenido noticias de la
resolución acordada en su caso. El citado consejo manifestó que, tras
la tramitación oportuna, se había dictado resolución estimatoria del
recurso interpuesto, hecho que fue debidamente notificado al interesado
(9609588).

En el informe del pasado año se puso de manifiesto la falta de
colaboración prestada por el Colegio de Abogados de Murcia, al no dar
debida respuesta a las peticiones de información solicitadas por el
Defensor del Pueblo sobre la investigación iniciada como consecuencia
de la denuncia formulada por un ciudadano ante dicha corporación,
debido a su disconformidad con la minuta presentada por su letrado. Se
debe poner de relieve que dicho colegio ha remitido el informe
solicitado, en el que se indica que, merced a la mediación del mismo,
las partes han llegado a un acuerdo. Este extremo ha sido confirmado
directamente por la propia persona que en su día presentó la queja
(9502464).

Como consecuencia de la información aparecida en los medios de
comunicación relativa al ofrecimiento, por parte de abogados en
ejercicio, de sus servicios a las víctimas de


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accidentes de tráfico, que había motivado la intervención del Consejo
de Colegios de Abogados de Cataluña, se estimó conveniente iniciar una
investigación de oficio y solicitar tanto del Consejo de Colegios de
Abogados de Cataluña, como del Consejo General de la Abogacía Española,
la remisión de los oportunos informes en los que se pusiera de
manifiesto si se había detectado esta práctica profesional y, en su
caso, las medidas disciplinarias que se hubiesen adoptado contra los
letrados que realizaban dichas prácticas.

El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña puso en
conocimiento de esta institución todas las actuaciones que había
realizado desde el año 1993 en que se tuvo noticia de las citadas
prácticas, relatando las gestiones llevadas a cabo con las autoridades
sanitarias encaminadas a erradicar éstas actuaciones y los
procedimientos iniciados ante las autoridades judiciales. Con relación
a las diligencias deontológicas instruidas a los letrados se
manifestaba que eran competencia estricta de los distintos colegios de
abogados, teniendo conocimiento únicamente el consejo en los casos en
que se hubiese formulando recurso ordinario contra la sanción, lo que
había ocurrido en un caso tramitado ante el Colegio de Abogados de
Barcelona en que se sancionó a un letrado con tres meses de suspensión
en el ejercicio profesional por falta grave, siendo posteriormente
ratificada por el citado consejo.

Por su parte el Consejo General de la Abogacía Española ha
comunicado que la Comisión Permanente del citado organismo ha acordado
dirigirse a todos los colegios de España para que manifiesten si se han
detectado dichas prácticas en el ámbito territorial de su competencia y
las medidas adoptadas tendentes a su erradicación. (9600089).

1.6.Protección penal de los menores en el nuevo Código Penal
Desde que comenzó sus actuaciones el Defensor del Pueblo, uno de
los colectivos a los que más atención se ha dedicado es el de los
menores. Dadas las tendencias demográficas actualmente existentes,
parece que seguirá ocupando lugares de especial protagonismo dentro de
la sociedad, ya que, según Naciones Unidas (informe de 1995) en el año
2.000 se calcula que más del 50% de la población mundial tendrá menos
de quince años de edad.

Con alguna frecuencia los medios de comunicación se hacen eco de
situaciones en las que aparecen niños y niñas como sujetos de acciones
delictivas cometidas contra ellos. Incluso en las investigaciones de
esta institución pueden encontrarse casos en los que aparecen menores
sometidos a graves situaciones de desprotección, así por ejemplo,
pueden citarse, entre otros, la actuación realizada en coordinación con
la Fiscalía General del Estado para erradicar la utilización de menores
en relación con la mendicidad y las recomendaciones efectuadas a
Radiotelevisión Española para que en las informaciones que se hacia
referencia a menores se respetara el honor, la intimidad personal,
familiar y la propia imagen de los mismos, ya que, al referirse a un
niño de diez años, se le calificó de traficante, delincuente y
toxicómano.

Todas esas situaciones hacen que cada vez los ordenamientos
jurídicos presten más atención a las víctimas y en concreto a aquellas
personas que se encuentran en un mayor grado de indefensión como sucede
con los menores de edad. Dentro de esta preocupación especial por los
menores, distintos ciudadanos, asociaciones de juristas e incluso
asociaciones de padres de alumnos, se dirigieron a esta institución a
lo largo de 1996, poniendo de manifiesto su inquietud por alguno de los
aspectos que, en el nuevo Código Penal, afectan a los menores.

Teniendo en cuenta esa serie de pretensiones, desde el Defensor
del Pueblo se ha podido constatar cómo, en términos generales, se
produce, salvo excepciones muy concretas, una rebaja de la penalidad en
aquellos tipos delictivos en los que se pretende proteger a los
menores. Si bien es verdad que la duración de las penas no debe ser el
único criterio a tener en cuenta a la hora de buscar la mayor o menor
protección de un bien jurídico, incluso es posible que cambiando la
naturaleza de las penas privativas de libertad de corta duración, se
logre una mejor protección de las víctimas del delito.

A este respecto resulta ilustrativo mencionar cómo en algún
delito, concretamente el que hace referencia al impago de pensiones
(artículo 227 del nuevo Código, antes 487 bis del antiguo Código), se
cambia la forma de penalidad, y así de recibir una pena de prisión de
hasta seis meses, se pasa a una pena de ocho a veinte arrestos de fin
de semana. Con ello se pretende una mejor protección de los intereses
de las personas afectadas con ese delito, ya que el condenado no se ve
desarraigado ni de su actividad laboral ni de su familia, al tiempo que
de forma expresa se indica que la reparación del daño de este delito
comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas, zanjándose de esa
forma la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre esa cuestión.

Los casos más claros en los que se ha producido una rebaja
considerable en la pena se refieren al delito de estupro, que se
regulaba en los artículos 434, 435 y 436 del Código Penal derogado y
que ha quedado regulado en el artículo 183 del nuevo Código. El texto
anterior era más favorable para la protección de los intereses de los
menores, tanto por la mayor penalidad contemplada, (se podía alcanzar
en el estupro con prevalimiento hasta seis años, frente a los tres años
de pena máxima del Código nuevo), como por abarcar hasta los menores de
dieciocho años, y no se excluía, como sucede ahora, a los de dieciséis
y diecisiete años.

Uno de los supuestos más sorprendentes en lo relativo a la rebaja
de la penalidad, se refiere a los delitos contra los derechos y deberes
familiares y así, en los casos de quebrantar los deberes de custodia
(ahora artículo 223 y antes artículo 485), de doce años y un día a
veinte años, se pasa a una pena de seis meses a dos años.

Como aspecto negativo en la nueva regulación de estos delitos, a
los que nos venimos refiriendo, hay que mencionar que a diferencia de
lo que sucedía anteriormente, con el nuevo Código el Ministerio Fiscal
(artículo 189.3) se ve


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obligado a promover un procedimiento declarativo civil de menor cuantía
para lograr una privación definitiva de la patria potestad, mientras
que con el Código derogado, el tribunal penal en el mismo procedimiento
podía pronunciarse sobre esa privación de la patria potestad.

No obstante, tal y como se indicaba anteriormente, no en todos los
supuestos se produce una rebaja de la penalidad, y a que en otros casos
el proceso ha sido inverso, como sucede con los delitos relativos al
abandono de familia, menores o incapaces (artículos 226 a 233 del nuevo
Código). En la práctica totalidad de esos preceptos el nuevo texto se
manifiesta mucho más protector que el anterior, sobre todo al
introducir algunas novedades que anteriormente no existían, o derogar
algunas previsiones que iban en perjuicio del menor. Por ejemplo, se
suprime la eficacia extintiva del perdón del ofendido, que existía en
la anterior legislación, bajo el control del Ministerio Fiscal y del
Tribunal. Otras novedades dentro de estos delitos son haber introducido
la posibilidad de un pronunciamiento expreso sobre la indemnización
civil respecto de las cantidades adeudadas y, al referirse a los
sujetos pasivos de estos delitos, se hace una referencia genérica a
«menores de edad», expresión con la que se abarca hasta los dieciocho
años (artículo 12 de la Constitución y 315 del Código Civil) siendo en
este sentido más protector que el anterior, que en muchos supuestos se
refería sólo a los menores de dieciséis años.

Además de las consideraciones que se acaban de realizar, y como
quiera que los ciudadanos y asociaciones que se dirigieron a esta
institución plantearon cuestiones muy concretas en relación con
determinados delitos en los que se ven afectados derechos de los
menores, en el mes de noviembre de 1996 se efectuó una recomendación al
Ministerio de Justicia sobre tres aspectos del nuevo Código que a
continuación se detallan.

En primer lugar se señalaron los problemas que están apareciendo
con la difusión, a través de los medios informáticos, de pornografía
infantil. La regulación contenida en los artículos 185 a 190 de los
delitos relativos al exhibicionismo y provocación sexual y a la
prostitución, no permite ningún tipo de sanción penal cuando la
difusión de imágenes pornográficas en las que aparecen menores de edad,
se produce entre adultos. Aunque el artículo 189 sería válido para
sancionar penalmente la grabación de imágenes pornográficas en las que
intervengan menores, podrían existir dificultades jurídicas para
encontrar un tipo penal, en el que se pudiera sancionar la difusión de
esas imágenes cuando su grabación o su difusión se hacen desde fuera
del territorio nacional y los receptores sean mayores de edad. Ante esa
situación se recomendó que se llevasen a cabo las iniciativas legales
oportunas en orden a incluir de forma expresa, dentro de nuestro
ordenamiento penal, aquellos supuestos en los que se sancione
adecuadamente la difusión o exhibición de imágenes o material
pornográfico infantil, cuando los receptores sean tanto mayores como
menores de edad, todo ello con independencia del lugar en el que se
haya producido o emitido el material o las imágenes pornográficas.

En segundo lugar, se pudo comprobar la diferente penalidad
existente entre el actual artículo 181 del Código Penal y el derogado
artículo 452 bis b)1. Con ambos preceptos se trata de sancionar el
delito que el anterior código denominaba como de corrupción de menores.

La comparación entre esa diferente penalidad, la ha realizado el
propio Tribunal Supremo (Sala II), en su sentencia de 16 de septiembre
de 1996. En ella se resolvía un recurso de casación interpuesto por una
persona que resultó condenada conforme al anterior Código a cuatro
años, nueve meses y once días de prisión menor, por unos hechos
probados en los que se declaraba que el acusado con una frecuencia casi
diaria, acariciaba y besaba los senos y los órganos genitales de su
hija de doce años de edad. El Tribunal Supremo, aplicando la ley penal
más favorable, estimó que los hechos anteriormente descritos,
constituían un delito de abuso sexual. (artículo 181.3 del nuevo Código
Penal) y por ello impuso al acusado la pena de multa de diez meses, con
una cuota diaria de mil pesetas e inhabilitación especial para el
ejercicio de cualquier profesión y oficio que tuviera relación con el
trato de menores de edad. Al considerar que no existe proporcionalidad
entre la gravedad de las conductas que se sancionan en el artículo 181
y las penas en él previstas, se recomendó la posibilidad de adecuar
esas penas a la gravedad de los hechos tipificados, especialmente
cuando los jóvenes que se ven implicados en los mismos tienen doce o
más años.

Por último, se hizo llegar al Ministerio de Justicia, las
dificultades que se habían apreciado en algunas Audiencias Provinciales
(Valencia y Madrid), para sancionar conductas realizadas sobre los
menores, debido a la reducción de los plazos de prescripción, que en
términos generales han pasado de los diez años del código anterior a
los cinco y tres años del nuevo código. Esta rebaja en los plazos de
prescripción es especialmente grave en los casos en los que las
víctimas del delito son personas jóvenes en las que por una falta de
madurez, pueden verse influenciadas por el autor del hecho delictivo,
quien tratará de mantener en silencio esa situación el mayor tiempo
posible, lo que provoca inevitablemente que los tribunales, a los que
el hecho llega después de un largo tiempo, tengan que declarar
prescrito el mismo.

La solución más correcta para evitar este tipo de situaciones pasa
no sólo por poner unos plazos de prescripción más largos que los
actuales sino, sobre todo, por introducir mecanismos como los
establecidos en el derecho francés, donde existe una cláusula de
protección de los menores, de tal forma que el plazo de prescripción no
comienza a contarse hasta que la víctima adquiera la mayoría de edad.

En este sentido le fue efectuada la recomendación al Ministerio de
Justicia (9623576).

2.ADMINISTRACION PENITENCIARIA
2.1.Consideraciones generales
En este año ha sido efectuado un informe monográfico sobre la
situación penitenciaria española relativo al periodo 1988-1996. Por
esta razón, el epígrafe que a continuación se expone contiene de forma
resumida todas aquellas


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actuaciones desarrolladas por el Defensor del Pueblo en esta materia,
toda vez que en el informe monográfico se detallan de forma más
exhaustiva.

A lo largo de 1996 ha continuado siendo objeto de la actividad del
Defensor de Pueblo la supervisión de la actuación de la Administración
penitenciaria, basada fundamentalmente, tanto en el contenido de las
quejas remitidas por los presos, sus familiares, los funcionarios y
asociaciones ciudadanas, como en actuaciones de oficio y en los datos e
informaciones recogidas en las visitas efectuadas a los centros
penitenciarios que a continuación se relacionan, y sobre las que se
basan las apreciaciones que posteriormente se desarrollan en los
distintos apartados de este epígrafe:

1.Madrid IV (Navalcarnero)
2.Barcelona (Jóvenes)
3.Wad-Ras (Barcelona Mujeres)
4.Logroño
5.Burgos
6.Herrera de la Mancha
7.El Dueso
8.Guadalajara
9.Huelva
10.Nanclares de la Oca
11.Cuenca
12.Teruel
13.Murcia
14.Zuera (Aragón)
15.Madrid V (Soto del Real)
16.Vigo
17.Centro de Inserción Social Victoria Kent (antiguo Yeserías)
18.Lugo-Bonxe
19.Lugo-Monterroso
20.Topas (Salamanca)
21.Orense
22.Albacete
23.San Sebastián
24.Granada
25.Albolote
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que
ha entrado en vigor en 1996, reforma el sistema de penas -plasmando la
voluntad del legislador de facilitar la reinserción de los penados-,
simplifica la regulación de las penas privativas de libertad, e
introduce la posibilidad de sustituirlas por otras, privativas de
derechos, como pueden ser los trabajos en beneficio de la comunidad.

Igualmente se ha introducido por primera vez en nuestro ordenamiento el
arresto de fin de semana, pena esta que también ha sido objeto de
estudio en el informe antes citado.

Por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, se aprobó un nuevo
Reglamento Penitenciario que introduce en el sistema penitenciario
modificaciones de nuevo cuño y confiere carta de naturaleza
reglamentaria a experiencias o situaciones que, habiendo surgido en los
últimos años, tenían su soporte regulador en normas internas.

2.2.Infraestructuras penitenciarias
En 1996 se ha procedido a la inauguración del nuevo centro de
Huelva, llamado a sustituir a los antiguos de Huelva y Sevilla I,
aunque éste último continúa en funcionamiento, pese a que por orden del
Ministerio de Justicia e Interior de 28 de febrero de 1996, fue
clausurado oficialmente.

El centro penitenciario de Zuera, cuyas obras finalizaron en julio
de 1996, se construyó para sustituir a los actualmente existentes en
Zaragoza y Huesca, en los que parte del conjunto de prestaciones a las
que la Administración viene obligada, resultan de difícil cumplimiento
por razones principalmente estructurales, ya que su capacidad se
encuentra en estos momentos desbordada.

Por ello, en el mes de julio de 1996 se estimó la conveniencia de
iniciar una investigación al objeto de obtener información sobre las
razones que justificaban el retraso de su entrada en funcionamiento. En
el momento de finalizar este informe, no se han solventado las
dificultades que impiden la entrada en funcionamiento del centro
penitenciario de Zuera, en perjuicio de los internos de los centros
penitenciarios de Zaragoza y Huesca (9600064).

La legislación penitenciaria prevé la ocupación temporal de más de
un preso por celda, previsión que coincide con lo dispuesto en las
reglas mínimas del Consejo de Europa. Sin embargo, se ha destacado
durante estos años la situación en que se han encontrado ciertos
centros penitenciarios, en algunos de los cuales convivían más de dos
presos por celda, llegando hasta seis a veces, y en otros persistían
dormitorios colectivos o brigadas en los que pernoctaban un número
importante de internos. En ocasiones, ambas circunstancias, celdas
sobreocupadas y existencia de brigadas o dormitorios colectivos, han
coincidido en un mismo centro.

Han continuado en uso dormitorios colectivos en determinados
centros visitados: Wad-Ras (mujeres de Barcelona), Teruel, Vigo,
Huelva, Centro de Inserción Social Victoria Kent y Granada. Asimismo se
pudieron apreciar celdas con más de dos internos en Barcelona jóvenes,
Wad-Ras, El Dueso, Murcia, Huelva, Granada y San Sebastián.

En la actualidad, además del centro penitenciario de Zuera que,
como ya se ha indicado, se encuentra pendiente de inauguración, hay
siete centros en obras, con diversos grados de ejecución, siendo las
más avanzadas las correspondientes a los de Dueñas en Palencia y
Albolote en Granada. Del resto, Curtis y A Lama en la Comunidad
Autónoma de Galicia, Aranjuez en la de Madrid, Mansilla de las Mulas en
Castilla-León y Palma de Mallorca en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, se iniciaron las obras para construcción entre 1995 y 1996.

Continúan pendientes de construcción, conforme a las previsiones
iniciales, los centros penitenciarios de Algeciras, Córdoba, Canarias,
Alicante-Murcia, Segovia y los que pudieran construirse en las
comunidades Navarra y Vasca.

Conviene poner de manifiesto las profundas modificaciones en la
realidad penitenciaria que supondrá la efectiva entrada en
funcionamiento de todos los centros actualmente


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en construcción, al menos en aspectos tales como alojamiento y calidad
de vida, que resolverán buena parte de las deficiencias estructurales
de las que adolece el sistema penitenciario español.

2.3.Aspectos higiénicos, alimentarios y sanitarios
Se ha podido comprobar que los centros recientemente inaugurados
de Huelva, Topas o Madrid V, en Soto del Real, ofrecían una buena
imagen de higiene y limpieza, tanto en dependencias comunes y zonas de
circulación, como en las celdas, únicamente ocupadas por un interno,
circunstancia que no se producía en centros más antiguos y con niveles
de ocupación mayores.

La creciente necesidad de medidas que favorezcan la protección
medio ambiental obliga a todas las administraciones a orientar su
política en este sentido. Esta institución es consciente del específico
interés que esta cuestión ha suscitado en el contexto de las nuevas
infraestructuras penitenciarias, como lo prueba el importante gasto que
el capítulo correspondiente a las depuradoras supone en los nuevos
centros, junto a los que, sin embargo, coexisten los que presentan
disfunciones, por una inadecuada gestión de sus aguas residuales.

Así, en el informe anual correspondiente a 1995, se hacía mención
al necesario esfuerzo a realizar en el tratamiento de aguas residuales
en aquellos centros cuyos vertidos no se producían a las redes
municipales, a fin de evitar situaciones como la detectada en el centro
penitenciario de Daroca, en Aragón, donde su sistema de depuración
funcionaba incorrectamente, lo que ocasiones producía que a la entrada
de la prisión se produjera una laguna que resultaba fuente constante de
insalubridad y malos olores, situación que se agravaba aún más cuando
llovía. Este hecho dio lugar a la incoación de la correspondiente queja
de oficio, cuya tramitación se inició en abril de 1995. En la
contestación oficial se comunicó a esta institución en septiembre de
1996 que aún no se habían iniciado las obras que habrían de subsanar
las deficiencias apuntadas pero que, previsto presupuestariamente el
gasto, éstas comenzarían en breve (9500041).

Tal y como se ha señalado en el informe monográfico presentado, ha
de desatacarse la preocupación reiteradamente planteada por el Defensor
del Pueblo, en relación con el importe económico destinado a
alimentación de los internos de los centros penitenciarios ya que el
mismo permanece sin actualizar desde noviembre de 1990. Estas
dotaciones económicas no sólo continúan sin haber experimentado
variación alguna, sino que se han modificado las normas internas de
gestión de esta partida presupuestaria, produciéndose de hecho una
reducción en el dinero disponible por interno para estos fines. Todo
ello resulta agravado por los incrementos de precios operados en el
mercado en los últimos años, circunstancia especialmente percibida por
los responsables de los centros visitados que manifiestan que la comida
que se ofrece es aceptable, y así se ha podido comprobar en las
visitas, pero que también es cierto que se ha rebajado su calidad
respecto a la ofrecida en años anteriores.

El Defensor del Pueblo ha insistido en la necesidad de establecer
sistemas fluidos y normalizados de colaboración entre la sanidad
penitenciaria y extrapenitenciaria, que permitan dar mejor cobertura a
los problemas asistenciales y preventivos que se suscitan en el
complejo mundo penitenciario, evitando duplicidades innecesarias, de
alto coste, que no podría asumir la Administración penitenciaria en
exclusiva.

2.4.Tratamiento penitenciario
2.4.1.Separación interior
Se ha apreciado que continúa siendo frecuente la no separación de
los internos dentro de los centros, según sus circunstancias y grado de
clasificación, situación que fue constatada en el centro penitenciario
de Guadalajara, Nanclares de la Oca, mujeres de Barcelona (Wad-Ras) y
Herrera de la Mancha.

Esta realidad contrasta con lo apreciado en los centros de
reciente inauguración y que ofrecen unas posibilidades inéditas hasta
este momento en el sistema penitenciario español. El ejemplo del centro
penitenciario de Topas, en Salamanca, puede resultar ilustrativo a este
respecto. Además de departamentos específicos para aislados o ingresos,
cuenta en su recinto con catorce distintas unidades o módulos
residenciales, en los que efectivamente pueden aplicarse los mínimos
criterios legalmente establecidos y otros más depurados. El módulo I es
el destinado a la observación de la conducta de los internos
recientemente ingresados y desde el que se les asigna el departamento
más adecuado en función de su situación y actitud. El módulo II es el
de los presos preventivos; al III son destinados penados
multirreincidentes; los módulos comprendidos entre el IV al VII ofrecen
progresivamente mejores perfiles, y en concreto el número VII es el
denominado módulo libre de drogas.

2.4.2.Equipos técnicos
La entrada en vigor del nuevo Reglamento Penitenciario ha dado
entrada en los equipos técnicos y en las juntas de tratamiento a un
buen número de profesionales penitenciarios que, tradicionalmente se
habían visto excluidos de este ámbito.

En 1996, el número de técnicos que desempeñaban su trabajo en
establecimientos dependientes de la Administración penitenciaria
central, integrados en los denominados equipos técnicos, excluidos los
subdirectores de tratamiento, excedían en poco de doscientos cincuenta,
y la población penitenciaria a la que atendían se aproximaba a las
treinta y siete mil personas. Por tanto, se aprecia para el conjunto
una ratio técnico/interno cercana a ciento cincuenta de éstos por cada
uno de aquéllos.



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2.4.3.Trabajo remunerado
El informe anual correspondiente a 1995 ponía de manifiesto que el
número de puestos de trabajo retribuidos disponibles para internos en
los talleres de los centros penitenciarios había disminuido respecto al
año anterior, valoración que continúa siendo válida en relación con los
centros visitados durante 1996, por lo que se puede concluir que, en lo
que afecta al trabajo penitenciario, la situación dista mucho de ser
satisfactoria.

Como centros que deben ser mencionados favorablemente, por el
nivel de ocupación laboral retribuida, destacan Logroño, Burgos, El
Dueso, Teruel, Murcia y Huelva.

Sin embargo, hay que mencionar una serie de prisiones en las que
ni siquiera existían instalaciones en las que realizar algún tipo de
actividad laboral, como las de Tenerife II, Vigo, Cuenca y Guadalajara.

Junto a éstas hay otras en las que la única ocupación posible era la de
los diferentes destinos que permiten mantener los distintos servicios
que existen en las prisiones (cocina, economato, limpieza, talleres de
mantenimiento), grupo en el que estarían las de Orense, Albacete y San
Sebastián, aunque en ésta última hay un pequeño taller de carpintería.

Otros centros disponen de adecuadas instalaciones que se
encuentran sin apenas actividad: Sevilla II, Las Palmas, Navalcarnero
(Madrid IV), Almería, Badajoz, Cáceres II, Madrid V, Monterroso y Bonxe
(Lugo).

La Administración penitenciaria reconoce que no sabe con exactitud
el número de internos que, deseando trabajar, no pueden hacerlo por
falta de suficiente oferta de la Administración y admite que la
cantidad de trabajo que se ofrece a través del sistema de empresa
concesionaria es muy bajo, al ser la normativa actual bastante
centralizada y poco flexible para potenciar un método de gestión que
agilice el sistema de producción en talleres penitenciarios. A la vista
de esta situación se ha efectuado una recomendación en el año 1997, de
la que se dará cuenta en el próximo informe.

2.5.Mujeres en prisión
El aumento del número de mujeres en establecimientos
penitenciarios ha supuesto durante los últimos años una constante que
condiciona cualquier aproximación al análisis de su situación dentro
del sistema penitenciario español. En un periodo inferior a diez años,
el incremento ha sido próximo al doscientos cincuenta por ciento.

En 1996, fueron visitadas la prisión de mujeres de Wad-Ras, y los
departamentos y módulos de mujeres de las prisiones de Nanclares de la
Oca, Murcia, Centro de Inserción Social Victoria Kent, Albacete,
Bonxe-Lugo, Cuenca, Orense y Madrid V.

Es preciso señalar la falta de suficiente espacio en los
departamentos de mujeres de Nanclares de la Oca, Cuenca, Bonxe-Lugo,
Albacete, Centro de Inserción Social Victoria Kent, Orense y Murcia,
que contrasta con las adecuadas instalaciones del recientemente
inaugurado centro penitenciario de Madrid V, en Soto del Real, donde
las internas son alojadas en un módulo de similares características a
los empleados para los hombres.

Por lo que se refiere al tratamiento debe destacarse que se ha
continuado apreciando escasez de oferta de actividades para mujeres en
los centros penitenciarios de Orense, Albacete, Bonxe-Lugo, Cuenca y
Nanclares de la Oca.

Esta situación contrasta con la abundante y programada oferta de
actividades de todo orden en el centro penitenciario de mujeres de
Carabanchel. En este centro el mecanismo organizativo que facilita tal
situación es la denominada »oficina de empleo» que, a semejanza de la
que funciona en El Dueso, permite que en el momento de ingresar en el
centro una persona, se conozca qué tipo de actividades puede y debe
realizar, comenzando por las educativas de carácter obligatorio,
destinos en servicios comunes, actividades formativas, profesionales,
laborales etc.. En definitiva, un modelo de organización cuya
implantación en el resto de los centros, tanto de hombres como de
mujeres, podría reportar grandes ventajas.

2.6.Fallecimientos en prisión
Durante el curso de presente año ha continuado la investigación de
aquellos casos en que esta institución ha tenido conocimiento del
fallecimiento de internos de centros penitenciarios. En todos ellos la
actuación desarrollada se integra en la labor de supervisión que
corresponde al Defensor del Pueblo en relación con la actuación de la
Administración penitenciaria relativa a su especifico deber de velar
por la vida, salud e integridad de los recluidos en centros
penitenciarios.

El informe anual correspondiente a 1995 daba cuenta de dos
investigaciones iniciadas con motivo de sendos fallecimientos de
etiología suicida, acaecidos en el centro penitenciario de Sevilla 2 y
en el Hospital General Penitenciario en Madrid. Estos dos sucesos
motivaron el inicio de una investigación para conocer diversos aspectos
relacionados con la actividad de la Administración penitenciaria en
materia de prevención de suicidios y muy en concreto el modo en que se
realizan las denominadas rondas nocturnas en la medida en que este
hecho podría incidir en la protección del derecho a la vida de los
internos.

Se solicitó información relativa al número de conductas
autolíticas con resultado de fallecimiento o no protagonizadas por
internos de centros penitenciarios dependientes de la Administración
central durante el año 1995, con expresión del centro, hora del
incidente y si la celda en la que se encontraba el preso poseía mirilla
que permitiera el control visual del interior. Por último, se interesó
informe relativo al número de internos protagonistas de estos hechos
que en el momento de producirse la conducta autolítica estaban
integrados en el programa de prevención de suicidios que existe en cada
centro y modo en que se realizaban las mencionadas rondas nocturnas.

De la comunicación recibida por la Administración penitenciaria se
desprendían ciertos datos significativos, entre ellos que tres centros
penitenciarios acumulaban cerca de un treinta por ciento de los
suicidios acaecidos en 1995. Por otra parte, en siete prisiones se
concentraban el cincuenta


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por ciento de los intentos de suicidios detectados por la
Administración penitenciaria. También destacaba el dato de que un alto
porcentaje de internos que llevaron a término su idea suicida no fueron
detectados dentro de un grupo de riesgo y, por tanto, no se encontraban
integrados en el programa de prevención de suicidios, circunstancia que
se reproducía en aquellos internos que intentaron suicidarse pero no
consumaron su acción. Respecto del ultimo grupo cabía inferir cierta
voluntad de simulación, a diferencia de los incluidos en el primero,
cuyas tentativas siempre van dirigidas a quitarse la vida. Por ultimo,
se constataba que prácticamente todas las celdas en las que se
encontraban albergados los internos protagonistas de estos hechos
poseían mirilla que permitía apreciar eventuales intentos de suicidio o
detectar su acaecimiento.

A la vista de los datos recibidos, se interesó nuevo informe que
contuviera una valoración relativa a las posibles medidas que se podían
adoptar en sede administrativa para mejorar el vigente sistema de
prevención de suicidios, ya que perecía claro que podría ser
perfeccionado a partir de los datos antes reflejados. Desde la
perspectiva de la obligación que vincula a la Administración a velar
por la vida y seguridad de los internos en centros penitenciarios, se
interesaba también un informe relativo a la implantación de medidas que
permitan detectar los suicidios con la mayor celeridad posible, para
con ello reducir el número de los consumados. En el momento de la
conclusión del presente informe no se había recibido la respuesta de la
Administración (9403490, 9400917).

En otro caso, esta institución tuvo conocimiento, por los medios
de comunicación social, del fallecimiento de un interno en el centro
penitenciario de Jaén, suceso que motivó el que una asociación
ciudadana presentase queja denunciando lo ocurrido. En esencia, se
hacía referencia a unos posibles malos tratos a un interno de aquel
establecimiento que posteriormente falleció. A la carta de esta
asociación se unía la denuncia de un compañero de internamiento del
fallecido según el cual la víctima había sido objeto de malos tratos y
él mismo había informado a funcionarios del centro del posible suicidio
de este interno. Por estos mismos hechos se informaba que habían sido
presentadas diversas denuncias ante el juzgado de guardia, que fueron
acumuladas a efectos de tramitación.

Con motivo de este suceso la Administración penitenciaria inició
una investigación interna, que hubo de ser paralizada por la pendencia
de actuaciones judiciales que, bajo la forma diligencias previas,
fueron inicialmente archivadas y en resolución de recurso de reforma se
confirmó el archivo. Recurrido este auto en apelación, un nuevo auto
confirmaba el archivo recurrido, poniendo fin al procedimiento y
determinando la inexistencia de los presuntos malos tratos.

Dado el contenido de esta resolución judicial la Administración
penitenciaria acordó el archivo de la información reservada antes
citada cuya tramitación había sido suspendida (9512500).

Durante el año 1996 se han iniciado doce nuevas investigaciones
por fallecimiento de internos, siete de los cuales han tenido lugar al
finalizar el año, por lo que su investigación se ha iniciado en esas
fechas y se está a la espera de las conclusiones que la Administración
penitenciaria extraiga de las investigaciones internas en curso
(9600091, 9600092, 9600110, 9600116, 9600117, 9622407, 9623046).

Uno de esos fallecimientos es el de una interna del centro
penitenciario de Jaén cuya muerte al parecer se debió a un excesivo
consumo de tóxicos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén acordó
el archivo de las diligencias judiciales abiertas por estos hechos
(9600006).

Otro de los fallecimientos ocurrió en el centro penitenciario de
Torrero en Zaragoza y fue comunicado por una asociación ciudadana de
Aragón, la cual previamente ya había presentado escrito en relación con
la situación de este interno, solicitando la intervención del Defensor
del Pueblo a fin de que el recluso no fuera trasladado del centro
penitenciario de Torrero en que entonces se encontraba y pudiera seguir
tratamiento de la toxicomanía que padecía. Una vez concluidas las
actuaciones judiciales por sobreseimiento, finalizó también la
información reservada de la Administración penitenciaria en cuyas
conclusiones se manifestaba que cuando el interno apareció colgado de
la cancela de entrada a su celda, se le descolgó inmediatamente y se le
practicaron las oportunas tareas de reanimación por los funcionarios de
servicio en el departamento y posteriormente por los miembros de la
unidad móvil de urgencias que se habían presentado en el centro a
requerimiento del jefe de servicios. También se presentó el médico del
centro que sólo pudo certificar su fallecimiento (9608738).

2.7.Reeducación y reinserción
La aprobación en el año 1996 del nuevo reglamento penitenciario ha
supuesto que las normas anteriormente contenidas en circulares tengan
actualmente rango reglamentario. En él se establece que el régimen
cerrado será de aplicación, en consonancia con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a los internos
clasificados inicialmente o por reclasificación en primer grado de
tratamiento, bien por tratarse de internos especialmente peligrosos o
manifiestamente inadaptados a los regímenes ordinario y abierto, o bien
por una involución en su personalidad o conducta. Estos internos serán
destinados a centros o módulos cerrados, con absoluta separación del
resto de los internos. Su régimen de vida implica el alojamiento en
celda individual, la limitación de las actividades en común y un mayor
ejercicio sobre ellos de las funciones de vigilancia y control. Se
establece asimismo que las limitaciones regimentales aplicables, en
ningún caso serán iguales o superiores que las fijadas para el
cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda. Los internos
clasificados en primer grado podrán encontrarse sujetos a dos posibles
modalidades de su sistema de vida: las de los centros o módulos
cerrados, para aquellos internos que muestren una manifiesta
inadaptación a los regímenes comunes; y las de los departamentos
especiales, donde serán destinados aquellos internos que, clasificados
en primer grado, hayan protagonizado o inducido alteraciones
regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o la
integridad de funcionarios, autoridades u


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otros internos o personas ajenas a las instituciones penitenciarias
dentro o fuera de los establecimientos y en los que se evidencia una
peligrosidad extrema.

El régimen de vida de los departamentos cerrados se caracteriza
por que los internos, en grupos máximos de cinco, gozarán de entre
cuatro y siete horas al día de vida en común, tres de las cuales habrán
de ser de actividades previamente programadas. Se establece que la
junta de tratamiento programe detalladamente las actividades que
regirán la vida de estos departamentos y que ha de aprobar el consejo
de dirección de cada centro.

El régimen de vida en los departamentos especiales se caracteriza
por que los internos, en grupos máximos de entre dos y cuatro, en
función de que se realicen actividades o no, podrán permanecer entre
tres y seis horas al día fuera de sus celdas. Se establece el registro
diario de sus celdas, y el cacheo de sus personas, pudiendo recurrirse
al cacheo con desnudo integral cuando existan fundadas sospechas de que
el interno posee objetos prohibidos y razones de urgencia exijan una
actuación inmediata. Se establece un sistema de control médico
periódico. La regulación de las cuestiones relativas al modo en que la
Administración facilitará la prestación de los servicios ordinarios a
los que legalmente viene obligada (comida, limpieza, barbería y
economato, entre otros) se realizará a través de normas de régimen
interior. Por otra parte, en el reglamento se establece para estos
departamentos el diseño de programas de intervención genéricos de
tratamiento, ajustados a las necesidades regimentales, orientados a
lograr la progresiva adaptación del interno a la vida el régimen
ordinario, así como a la incentivación de aquellos factores positivos
de la conducta que puedan servir de aliciente para la reintegración y
reinserción social del interno, designándose el personal necesario a
tal fin.

El paso a un departamento de régimen cerrado o especial desde el
otro de régimen ordinario o abierto se producirá mediante la resolución
administrativa de clasificación dictada por los órganos competentes. De
este acuerdo se dará conocimiento al juez de vigilancia penitenciaria,
dentro de las setenta y dos horas siguientes a su adopción. Mediando
motín, agresión física con arma blanca u objeto peligroso, toma de
rehenes o intento violento de evasión, el ingreso en estos departamento
o centros podrá realizarse pese a que no exista resolución previa de
clasificación en primer grado, debiendo efectuarse en todo caso la
inmediata comunicación al juez de vigilancia penitenciaria y la
posterior clasificación durante los catorce días siguientes a la fecha
en la que se produjo el hecho que generó su ingreso en un departamento
de régimen cerrado o especial.

Para los internos preventivos en los que concurran análogas
circunstancias a las detalladas, se prevé, en consonancia con lo
establecido en el ya citado artículo 10 de la Ley Orgánica General
Penitenciaria, la aplicación de estas medidas.

La revisión de la asignación de modalidad de vida se realizará,
como máximo, cada tres meses, y se valorará positivamente para la
salida de departamentos especiales el interés por la participación y
colaboración en las actividades programadas, la cancelación de
sanciones o la ausencia de las mismas durante periodos prolongados de
tiempo, y una adecuada relación con los demás.

El todavía corto periodo de vigencia de estas normas, impide ahora
realizar valoraciones relativas a los efectos de su efectiva
aplicación. No obstante, conviene que sean efectuadas determinadas
precisiones sobre cuestiones de la regulación del régimen cerrado que
pueden afectar al disfrute de los derechos fundamentales de la persona
privada de libertad y que, con anterioridad, ya han sido tratados por
el Tribunal Constitucional y esta institución.

En primer lugar, interesa destacar positivamente la diferenciación
entre el régimen de vida de los internos que cumplen sanciones de
aislamiento en celda y aquellos otros clasificados en primer grado, con
independencia de su modalidad de vida. Diferenciación que implica que
las limitaciones impuestas a estos últimos no pueden ser ni iguales ni
superiores a las de los sancionados. Tal diferenciación, reclamada
tiempo atrás desde esta institución, implica reconocer que los internos
clasificados en primer grado precisan de un tratamiento específico, del
cual no se pueden excluir absolutamente la vida en común ni la
programación de actividades.

La regulación reglamentaria del régimen de vida de los
departamentos especiales, ha ignorado que son los internos en primer
grado aquellos que, de todo el sistema penitenciario, precisan de un
mayor esfuerzo de las administraciones públicas para hacer realidad la
orientación que impone a la Administración penitenciaria la
Constitución española.

Así, el articulo 93.6 del nuevo reglamento penitenciario indica
que para los departamentos de régimen especial, se establecerán
programas genéricos de tratamiento, ajustados a las necesidades
regimentales, cuando tanto el espíritu como la letra de la Ley Orgánica
General Penitenciaria, imponen que los programas de tratamiento
dirigidos a los internos han de ser individualizados y, precisamente en
función de éstos, habrán de establecerse las previsiones regimentales
que aseguren su buen éxito.

Por otra parte, esta institución ha señalado en reiteradas
ocasiones, particularmente respecto de estos internos, sometidos a
intensos periodos de soledad en celda y en los que la concurrencia de
patologías de índole psíquica se presenta con mayor frecuencia e
intensidad, la conveniencia de que sea realizado su seguimiento de
forma programada y, al tiempo, se les ofrezca tratamiento a cargo de
profesionales de la salud mental. Sin embargo, la previsión
reglamentaria a este respecto no supone ninguna especifica vinculación
para la Administración, limitándose a señalar que los servicios médicos
programarán las visitas periódicas a estos internos, informando al
director del centro sobre su estado de salud.

3.SEGURIDAD PUBLICA
3.1.Intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
3.1.1.Imposición coactiva de reconocimientos físicos
Como consecuencia de la información remitida por el Gobierno Civil
de Jaén, en la investigación llevada a efecto para averiguar qué
motivos aconsejaban la práctica


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del desnudo integral de un detenido por miembros del Cuerpo Nacional de
Policía en esa provincia, se consideró oportuno formular una
recomendación a la Secretaria de Estado de Seguridad, a fin de que se
dictase una instrucción dirigida a todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que acotase y limitase esta práctica policial.

Esta cuestión ya había sido tratada por esta institución en los
informes correspondientes a los años 1992, 1993, 1994 y 1995; sin
embargo, la información respecto a estas actuaciones, dadas tanto por
gobiernos civiles como por la propia Dirección General de la Policía,
si bien no podían calificarse de ambiguas, trataban de justificar en
todo momento la necesidad de practicar este tipo de cacheos sin que en
muchos de los supuestos, a juicio del Defensor del Pueblo, hubiese
motivo para ello.

El problema que esta materia siempre ha presentado es su falta de
regulación suficiente en el ordenamiento español, puesto que el
artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo determina que la
detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al
detenido en su persona, reputación y patrimonio y el artículo 19 de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad
ciudadana, permite el control superficial de los efectos personales con
el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos
prohibidos o peligrosos. Ambos preceptos son insuficientes para dibujar
los límites de los registros personales o cacheos y no permiten saber
cuándo y de qué modo acudir a un registro externo de mayor o menor
intensidad, lo que no es obstáculo para encontrar justificación a su
práctica en tanto que garantiza la seguridad de los funcionarios
actuantes y la de los propios detenidos, al permitir que les sean
retirados los objetos susceptibles de ser utilizados contra los propios
funcionarios y aquéllos que puedan utilizar para autolesionarse,
ocupando asimismo los efectos, instrumentos o pruebas que porten y
puedan servir como base para determinar su culpabilidad.

Del examen de los informes remitidos por los distintos
responsables en materia de seguridad pública, requeridos por el
Defensor del Pueblo para que justificasen la motivación del desnudo
integral de un detenido, se desprende la variedad de criterios seguidos
para la práctica de estos cacheos y registros personales, así como la
falta de una mínima constancia escrita que justifique la adopción de
esta medida y su posterior control.

Para abordar esta cuestión es necesario remitirse al ámbito
penitenciario, único en el que aparece una referencia sobre este tema.

El artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre de 1979,
General Penitenciaria establece que los registros y cacheos en las
personas de los internos han de respetar la dignidad de la persona,
desarrollándose a través del artículo 68 del Reglamento Penitenciario,
aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, bastante
pormenorizadamente, el modo en que se deben practicar los registros y
cacheos, aunque no se indica en qué forma se han de realizar, y si
entre las medidas a adoptar cabe el desnudo integral.

En consonancia con este marco legal el Tribunal Constitucional en
su sentencia 57/1994, se ha pronunciado resolviendo un recurso de
amparo interpuesto por un interno de la prisión de Nanclares de Oca
contra acuerdos de la Administración penitenciaria, señalando que las
medidas de cacheo y registro personal tienen como finalidad velar por
el orden y seguridad del establecimiento penitenciario.

La sentencia justifica la adopción de la medida como un medio
necesario para la protección de la seguridad y el orden de un
establecimiento penitenciario. Entre tales situaciones se halla,
ciertamente, aquélla en la que existe un supuesto excepcional en el
centro, con graves amenazas de su orden interno y su seguridad por el
comportamiento de los reclusos, como se ha reconocido por la Comisión
Europea de Derechos Humanos (Decisión de 15 de mayo de 1990, caso Ma
Feel y otro), al declarar proporcionada a la finalidad perseguida una
medida de registro similar a la aquí impugnada.

La sentencia, al analizar si se produce una violación al derecho a
la intimidad corporal del demandante de amparo, por la actuación
administrativa, establece una relación entre el interés público que
justificaría el sacrificio de ese derecho y la garantía constitucional
a que prevalezca la intimidad personal del interno. La sentencia señala
que «todo acto o resolución que limite derechos fundamentales, ha de
asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el
fin perseguido (sentencias del Tribunal Constitucional. 62/1982,
fundamento jurídico quinto y 13/1985, fundamento jurídico segundo), ha
de atender a la proporcionalidad entre sacrificio del derecho y la
situación en que se halla aquél a quien se impone (sentencia del
Tribunal Constitucional 37/1989, fundamento jurídico séptimo) y, en
todo caso, ha de respetar su contenido esencial».

La sentencia continúa recogiendo que «para afirmar la conformidad
de la medida enjuiciada con la garantía constitucional a la intimidad
personal a los reclusos no es suficiente alegar una finalidad de
protección de intereses públicos, pues es preciso cohonestarla con el
derecho a la intimidad de los reclusos. De manera que, al adoptar tal
medida, es preciso ponderar, adecuadamente y de forma equilibrada, de
una parte, la gravedad de la intromisión que comporta en la intimidad
personal y, de otra parte, si la medida es imprescindible para asegurar
la defensa del interés público que se pretende proteger. Y bien se
comprende que el respeto a esta exigencia requiere la fundamentación de
la medida por parte de la Administración penitenciaria, pues sólo tal
fundamentación permitirá que sea apreciada por el afectado en primer
lugar y, posteriormente, que los órganos judiciales puedan controlar la
razón que justifique, a juicio de la autoridad penitenciaria, y
atendidas las circunstancias del caso, el sacrificio del derecho
fundamental».

La traslación del pronunciamiento constitucional en relación al
preso al ámbito del detenido, plantea el problema del diferente marco
en el que se desarrolla el registro personal de uno y otro. El del
preso, dentro del ámbito penitenciario, cuenta con la estructura de la
Administración penitenciaria y el marco jurídico en el que éste se
desenvuelve, a través de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el
Reglamento que la desarrolla, y la existencia de los


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jueces de vigilancia penitenciaria, como garantes últimos de cuantos
hechos puedan afectar a los internos, lo que permite un mayor control
que el que es de aplicación en el ámbito del detenido, que sólo cuenta
con las garantías previstas en el artículo 17 de la Constitución, cuyo
control judicial es más limitado, a través del habeas corpus, dada la
naturaleza de este procedimiento y de las causas tasadas para su
admisión a trámite.

Sin embargo, en los dos ámbitos hay un elemento común que permite
esa traslación. Las decisiones sobre la práctica de estos desnudos las
adoptan responsables de la Administración, en un caso penitenciaria y
en otro policial. La concreción del momento de la asunción de
responsabilidad en el desnudo integral de un detenido se logra
diferenciando las diversas fases que componen el acto de la detención,
que van desde el momento en que el presunto delincuente es aprehendido
por las Fuerzas de Seguridad, con su consiguiente traslado a un centro
policial, pasando por el ingreso en un calabozo, hasta su nuevo
traslado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial, o bien
su puesta en libertad directamente por la policía. Por tanto, no es la
detención un acto en sí mismo, sino que se producen subsiguientes
actuaciones llevadas a cabo por los agentes policiales y una de ellas
es el ingreso en calabozos, con el previo cacheo correspondiente. La
determinación de la intensidad del cacheo, puesto que ya parece que
queda justificada la necesidad del mismo por razones de seguridad de
los funcionarios y del propio detenido, es una resolución adoptada por
un funcionario responsable de este ingreso que debe tener una
motivación suficiente, que la justifique y permita su posterior
control. Así pues existe un responsable, el funcionario policial, bien
con la categoría de comisario, bien como inspector jefe de servicio,
que puede y debe adoptar la decisión respecto a la intensidad del
registro.

La práctica de este registro se debe efectuar en la sala próxima o
inmediata a los calabozos, llevada a efecto por los funcionarios que
asuman la custodia del detenido, participando si es posible aquéllos
que hubiesen efectuado la detención y respetando la intervención de
agentes masculinos o femeninos según el sexo del detenido, lo que
aproximará a contemplar el registro dentro del contexto que determina
el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su sentido de
causar el menor perjuicio al detenido en su persona.

En este punto, se hace necesario concretar la intensidad de la
práctica del registro, cuestión ésta que lleva a intentar delimitar si
el mismo puede consistir en un mero cacheo externo, registrando y
requisando todos los efectos o instrumentos que pueda portar en su
vestimenta el detenido y aquéllos que pueda llevar ocultos en zonas
corporales que puedan ser detectadas palpando el cuerpo del sujeto, o
bien se hace preciso que el registro corporal implique el desnudo
integral, en donde la negativa por parte del detenido a que se lleve a
efecto este tipo de registro requiere, precisamente, de una especial
justificación.

A este respecto el Defensor del Pueblo ha estimado que la medida
de registro personal mediante el desnudo integral, con objeto de
determinar si el detenido porta escondido entre sus ropas o en
cavidades del cuerpo algún objeto o instrumento, sólo puede efectuarse
cuando de las circunstancias de la detención, de la naturaleza del
hecho presuntamente delictivo, de la actitud del detenido o de otras
circunstancias debidamente valoradas por el responsable policial
encargado de autorizar dicha práctica, pueda resolver su adopción
justificándola debidamente para su posterior control.

En todo caso, el Defensor del Pueblo no comparte en ningún modo la
necesidad de que se lleven a cabo flexiones por parte de la persona que
es objeto del desnudo integral, como en alguna ocasión ha sido
advertido a través de la tramitación de la oportuna queja. Se considera
que esta práctica atenta a la integridad moral del detenido y resulta
un trato degradante. La fundamentación sobradamente conocida del
Tribunal Constitucional, en sus sentencias 62/1982, 37/1989, 120/1990 y
137/1990, todas ellas referidas a la limitación de derechos
fundamentales y a la proporcionalidad que debe guardar el sacrificio de
un derecho de esta naturaleza, ponen de relieve, como lo hace la
fundamental sentencia 57/1994 ya señalada, lo innecesario que resulta
el uso de medios más allá de lo que pueda considerarse razonable para
la protección de intereses públicos y parece evidente o, al menos en el
caso de la queja que sirve de soporte a este informe, no parece
justificada la práctica de las flexiones en aras a descubrir la
existencia de un billete falso de 2.000 pesetas, cuando en si misma la
detención por este motivo tampoco estaría justificada, dada la presunta
calificación de falta que el hecho criminal perseguido implicaría.

Por todo ello, se ha estimado que no se justifica el desnudo
integral de un detenido al no acreditarse, ni siquiera alegarse, que
exista una situación que, por sí mismo, entrañe una amenaza para la
seguridad y el orden del centro policial donde se encuentra un
detenido, ni el comportamiento del mismo permita la sospecha o el
indicio serio de que éste porta objetos o sustancias que pudieran poner
en peligro la seguridad, o la integridad física, o la salud de los
demás detenidos o los agentes que los custodian.

Ante la necesidad de evitar el uso indiscriminado del desnudo
integral y, en todo caso, la justificación de la adopción de esta
medida, que se debe basar en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, con una motivación sucinta de la misma hecha por
escrito por el responsable de ser adoptada, que permita un posterior
control, se formuló al Ministerio del Interior una recomendación para
que dictase una instrucción, dirigida a todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, estableciendo que la práctica del desnudo
integral de detenidos, con el fin de averiguar si portan entre sus
ropas o en cavidades de su cuerpo algún objeto peligroso o prueba
incriminatoria, sólo se determine por el funcionario responsable de
acordar dicha medida, motivándola mínimamente, bajo su responsabilidad,
debiendo quedar constancia de la misma en el correspondiente
libro-registro de detenidos.

La recomendación ha sido aceptada íntegramente por el Ministerio
del Interior, dictándose la oportuna circular en los términos señalados
anteriormente (9600143).



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3.1.2.Plan de visitas a comisarías
Dentro del conjunto de actuaciones de oficio programado por el
Defensor del Pueblo a desarrollar entre los años 1996 y 1997, se inició
en julio de 1996 una serie de visitas a distintas comisarías
provinciales, de distrito y locales en todo el territorio nacional.

Se han visitado las comisarías de Elche, Orihuela, Cáceres, La
Coruña, Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Alcobendas-San
Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Aranjuez, Coslada-San Fernando,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pozuelo de
Alarcón-Aravaca, Torrejón de Ardoz, comisaría del distrito de centro en
Madrid, comisarías del distrito centro y del distrito de Triana en
Sevilla, Soria, Toledo, comisarías de distrito de Arrabal y de Delicias
en Zaragoza, Jefatura Superior de Policía de Zaragoza y comisaría del
distrito sur de Las Palmas de Gran Canaria.

En el transcurso de la investigación realizada en estas
comisarías, se ha procedido a conocer el estado de las instalaciones,
el funcionamiento de los servicios al público y, naturalmente, las
condiciones de la detención. En todos los casos que ha sido posible se
ha mantenido una entrevista con representantes sindicales, para conocer
la problemática de los funcionarios que prestan servicio en las
comisarías y se ha prestado especial atención al uso del libro-registro
de identificaciones previsto en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En relación con las instalaciones y condiciones arquitectónicas de
las dependencias policiales, cabe significar que el Ministerio del
Interior está realizando un esfuerzo presupuestario para renovar y
mejorar estas dependencias, advirtiéndose que se están construyendo
comisarías nuevas en las que se está teniendo en cuenta que en estas
sedes administrativas existe una atención al público, cuidando
igualmente la funcionalidad de los espacios.

No obstante este impulso de renovación, hay que señalar que aún
subsisten comisarías con unas infraestructuras inadecuadas (falta de
espacio, ubicación en viviendas de vecinos), como ocurre en las de
Coslada y Aranjuez, entre otras de las visitadas.

Cabe señalar que en la mayoría de las oficinas de denuncias, el
espacio destinado a este servicio de atención al público es de
dimensiones reducidas, hecho que se aprecia hasta en las comisarías de
nueva construcción.

Se ha observado igualmente, incluso en las comisarías de nueva
planta, que esta oficina de denuncias se encuentra situada próxima o
colindante a una sala utilizada para las diligencias de los detenidos,
situación que provoca que los denunciantes (víctimas, en definitiva)
coincidan con los detenidos.

El tiempo de espera para formular una denuncia constituye un punto
negro no resuelto, de suerte que la reclamación central, que se
contiene en el libro de atención al ciudadano, es que el tiempo de
espera es elevado y habitualmente superior a dos horas aproximadamente.

Por otra parte, esta espera tiene lugar, en algunos casos, en
salas con una superficie mínima, con un mobiliario escaso y en mal
estado. En otras comisarías los denunciantes tienen que permanecer en
el vestíbulo o en los pasillos al no contar con sala específica. Todo
ello perjudica gravemente las denuncias ciudadanas y hace descender de
forma sensible el nivel de colaboración ciudadana, imprescindible para
la labor policial.

En las comisarías de nueva planta se ha prestado una especial
atención a los espacios destinados al servicio de expedición del
documento nacional de identidad y pasaporte, buscando su máxima
funcionalidad y la comodidad del funcionario, de suerte que suelen
disponer de amplias salas, con mobiliario moderno que facilita estos
trámites, y con un acceso independiente al resto de las dependencias
policiales.

Por el contrario, el problema de la tramitación del documento
nacional de identidad, con las conocidas cargas y molestias que debe
soportar el ciudadano, como lentitud y aglomeraciones, no han sido
solventadas totalmente. Es importante señalar que este servicio se
presta en horario de mañana y sólo en algunas comisarías, habiéndose
ampliado el horario de atención al público por las tardes, sólo por
razones coyunturales y en muy contadas ocasiones.

El número de funcionarios policiales uniformados con funciones de
patrulla y los medios materiales disponibles, como vehículos o
transmisiones, no son suficientes para el servicio de atención
ciudadana y prevención de la delincuencia, ya que el número teórico de
funcionarios asignados a este servicio se reduce en la práctica al
tener este personal que realizar otros servicios como custodia de
edificios públicos, hospitales y traslados de detenidos, lo que
ocasiona para algunas comisarías la dificultad de poder disponer de
suficiente policía uniformada en las calles. Pero sin lugar a dudas, lo
más preocupante es la situación del parque móvil, cuya antigüedad y mal
estado resulta una nota común en todas las comisarías visitadas.

En líneas generales, tras las entrevistas mantenidas con
representantes de los sindicatos policiales, se debe significar que no
existen trabas para el ejercicio de la actividad sindical, disponiendo
del correspondiente tablón de anuncios o, en su caso, de local
específico. Los problemas planteados normalmente se han referido a
cuestiones retributivas, por comparación con las policías locales y
autonómicas, la escasez de medios materiales disponibles para su normal
actividad policial, la falta de espacio físico o de taquillas y una
sensación de desmotivación existente, fundamentalmente, en la escala
básica, por diversas causas, que incide en la prestación de los
servicios.

Cabe destacar que es práctica habitual que la detención no
sobrepase las 24 horas, aunque en algún supuesto excepcional se ha
advertido el hecho del agotamiento del plazo máximo de 72 horas, sin
una suficiente justificación.

Se puede afirmar que en la detención de ciudadanos extranjeros, el
derecho a un intérprete prácticamente no existe, ante las graves
carencias de personal cualificado para una asistencia más o menos
regular a las comisarías. En su lugar, habitualmente se acude a la
colaboración de las organizaciones no gubernamentales que prestan su
apoyo a esta labor, que en todo caso parece debería ser cubierta por la
Administración.



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Igualmente, es importante señalar la dificultad de recibir una
asistencia médica preventiva, que evite peligro de autolesiones y otros
riesgos, en el caso de detenidos que presentan graves trastornos por su
drogodependencia o alteraciones psíquicas.

En cuanto a las condiciones materiales de los calabozos las
deficiencias observadas más comunes son: inadecuada ventilación,
ausencia de calefacción, escasez de efectos para la higiene personal de
los detenidos, mal estado del equipamiento de las celdas, en concreto,
de las correspondientes dotaciones de colchonetas y mantas, escasez de
iluminación y utilización de material inadecuado para el revestimiento
del interior de las celdas.

Por último, el libro-registro para identificaciones refleja en la
mayoría de los casos que el motivo de la detención no es, precisamente,
la identificación sino la presunta comisión de un hecho delictivo o
infracción administrativa, por lo que se viene produciendo en la
práctica una desvirtuación de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y de los principios
establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 341/1993,
interpretativa de este precepto, que señala «que la orden o
requerimiento para el desplazamiento con fines de identificación a
dependencias policiales no podrá dirigirse a cualesquiera personas que
no hayan logrado ser identificadas, supuesto en el que la gravosidad de
la medida impondría un juicio de inconstitucionalidad, por
desproporcionalidad manifiesta, frente a esta previsión... es lo cierto
que la privación de libertad con fines de identificación sólo podrá
afectar a personas no identificadas de las que razonable y fundadamente
pueda presumirse que se hallan en disposición de cometer un ilícito
penal» (9600069).

3.1.3.Inseguridad ciudadana
Representantes de varias asociaciones de vecinos de populares
barriadas de Madrid han planteado, a lo largo de 1996, varias quejas
sobre la situación de inseguridad ciudadana que se vive en sus barrios,
la mayoría de las cuales giran en torno a la existencia de tráfico de
estupefacientes, falta de iluminación en las calles y poca presencia
policial que disuada a quienes practican esta actividad. En todos los
casos se ha procedido a iniciar ante la Delegación del Gobierno en
Madrid una investigación, interesando conocer qué medidas de orden
policial se habían adoptado al objeto de erradicar la situación de
inseguridad ciudadana (963362, 969870, 9622702, 9623668).

En otros casos, correspondientes a distintas zonas del territorio
nacional, también se han planteado quejas respecto a la problemática
del tráfico de estupefacientes con una dimensión más allá de la
meramente policial que, a juicio de esta institución, exige que durante
1997 se proceda a hacer un seguimiento más particularizado de estos
supuestos, con el objetivo de tratar de coordinar a todas las
administraciones afectadas, para dar una respuesta más eficaz a este
problema (9618228).

3.2.Extranjería
3.2.1.Expulsión de inmigrantes en Melilla
La expulsión de 103 inmigrantes de Melilla en junio del pasado
año, reafirmó la necesidad de preservar la adecuada utilización de los
procedimientos previstos en la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y en su
reglamento de desarrollo, como única garantía de seguridad jurídica
para los extranjeros.

Tras la investigación practicada por el Defensor del Pueblo se
concluyó que el proceso había tenido una serie de anomalías que, por su
naturaleza, habían supuesto la alteración y lesión de las previsiones
legales tanto de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, antes citada,
como de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo
y de la Condición de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de
mayo.

El fundamento de la anterior afirmación se justificaba desde el
momento que la expulsión de unas personas y la devolución de otras, no
respondía a otro criterio que a la eficacia de poder agrupar a todos en
una expulsión-devolución colectiva y facilitar con ello que abandonasen
el territorio nacional en grupos hacia los distintos países que los
admitieron. De la misma forma se constató que los motivos por los que
se les expulsó fueron utilizados para las devoluciones, sin aplicar el
criterio restrictivo que preside la devolución, de conformidad con lo
previsto en el artículo 123 del vigente reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 7/1985, por lo que las personas así devueltas carecieron
de las suficientes garantías.

De otro lado, se advirtió en la investigación que, al menos cinco
personas expulsadas habían hecho una manifestación por la que, en
presencia de la policía, solicitaban asilo expresamente o alegaban
motivos de persecución política, sin que en ningún caso se hubiese dado
trámite a estas peticiones, impidiendo con ello el ejercicio del
derecho de asilo, de conformidad con la Convención de Ginebra de 28 de
julio de 1951, modificada por el Protocolo de New York de 31 de enero
de 1967, relativo al estatuto de los refugiados.

A estos hechos se unió la circunstancia de haberse autorizado
judicialmente el internamiento de los expulsados mediante dos únicos
autos, habiéndose formulado por la Brigada Provincial de Documentación
y Extranjería de Melilla, igualmente, dos solicitudes colectivas a la
autoridad judicial para que se autorizasen los internamientos. Este
hecho impidió que los autos tuviesen la necesaria fundamentación
respecto a todos y cada uno de los afectados, recogiendo sus
particularidades para su debida valoración por la autoridad judicial,
como ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 115/1987 de
17 de julio.

Todos estos hechos debidamente analizados, dentro del contexto de
la situación de alteración de orden público que en esos días había
vivido la ciudad de Melilla, y aceptando las especiales circunstancias
que la misma presenta en relación a la entrada ilegal de ciudadanos
centro-africanos, permitieron afirmar que la expulsión-devolución
colectiva


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de 1l3 personas, en apenas 72 horas, había lesionado las garantías,
previstas en el vigente ordenamiento jurídico en materia de extranjería
y asilo, para cada una de las personas afectadas.

Ello junto al hecho de haberse constatado en la investigación
llevada a cabo, que la permanencia de estas personas en territorio
nacional lo era en condiciones de abandono y marginalidad, contrarias a
la Constitución, que en su artículo 10 propugna la dignidad de la
persona como fundamento del orden político y la paz social, hizo
imprescindible formular al Ministerio del Interior las recomendaciones,
que constan de forma extensa en el correspondiente apartado de este
informe, que se pueden sintetizar en la efectiva y eficaz vinculación
con este problema de todas las administraciones, tanto estatales como
autonómicas, que eviten llegar a estas situaciones de forzamiento de la
ley para superar los problemas que implica una falta de previsión y de
sensibilidad. Estas recomendaciones van a ser objeto de especial
seguimiento durante el año 1997, tratando de abordar conjuntamente la
problemática de Ceuta y Melilla para evitar, de una forma más efectiva,
la repetición de las situaciones vividas en ambas ciudades en estos dos
últimos años (9500142).

3.2.2.Garantías en el uso de la compulsión física en la ejecución de
expulsiones forzosas
En el informe de 1995 se señalaba, dentro del apartado relativo a
las expulsiones, que sería objeto de especial seguimiento durante 1996
en qué forma la Administración hace uso de los oportunos medios de
ejecución forzosa, como el señalado en el punto 1.d) del artículo 96 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que prevé la compulsión sobre las
personas, para dar cumplimiento a una resolución acordando la expulsión
forzosa de un extranjero.

Como consecuencia de este seguimiento, se valoró la oportunidad de
formular una recomendación a la Dirección General de Política Interior,
para que se dictasen las instrucciones oportunas en las que se
determinase que la medida de expulsión de un extranjero con carácter
forzoso debería ejecutarse utilizando aquellas medidas que,
habitualmente, permitan la compulsión física de una persona sin
menoscabo, en ningún caso, de su integridad física y moral. La oportuna
recomendación añadía que, caso de que una persona sobre las que se
aplicasen las medidas ofreciese una resistencia, por virtud de la cual
no pudiese ejecutarse la expulsión, debería procederse a suspender la
misma, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial estos hechos.

Esta recomendación ha sido aceptada en su primera parte,
recordándose a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la
necesidad de aplicar, en el acto de expulsión de un ciudadano
extranjero cuando se resiste, aquellas medidas de compulsión física que
sean respetuosas con los derechos constitucionales. Respecto a la
segunda parte de la recomendación, el Ministerio del Interior entiende
que el control judicial a que están sometidos todos los actos
administrativos, debe operarse en el marco de lo que dispone la
Constitución, que lo configura, de forma general, como un control
revisor a posteriori, salvo excepciones como la prevista para el
internamiento de extranjeros en situación de ilegalidad.

No es baladí la segunda parte de la recomendación hecha por el
Defensor del Pueblo, respecto a solicitar la intervención de la
autoridad judicial como garantía ante la resistencia de un extranjero a
ser expulsado. Hay que tener en cuenta que este tipo de expulsiones son
el acto subsiguiente a un internamiento. La expulsión y el
internamiento, son actos de naturaleza administrativa, y están
revestidos de determinadas garantías propias de su condición de
acciones de privación de libertad. La intervención judicial permite
limitar el tiempo de duración del internamiento, en función de las
circunstancias y, en determinados casos, la intervención judicial
incide respecto a la propia medida de expulsión.

Del contexto de la sentencia 115/1987 dictada por el Tribunal
Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por
esta institución contra determinados artículos de la Ley Orgánica
7/1985, se puede deducir que la expulsión es una prolongación necesaria
a la medida de internamiento. Y si como el propio Tribunal
Constitucional señala que se hace preciso enmarcar una medida de
carácter administrativo como el internamiento dentro de las garantías
penales, parece lógico suponer que la expulsión, fin último del propio
internamiento, aun bajo el carácter de ejecución forzosa de un acto
administrativo, deberá también gozar de esas mismas garantías a que
alude el Tribunal Constitucional respecto al internamiento.

A la vista de todo ello, y tomando en consideración que las
medidas que en determinadas ocasiones adopta la policía, pudieran ser
calificadas como de trato degradante para las personas a las que se
aplican, parece necesario afirmar que, ante la actitud de resistencia
de una persona a ser expulsada, la compulsión que se debe ejercer sobre
la misma, además de guardar proporción con la resistencia, debe gozar
en última instancia de la debida autorización judicial, que puede
otorgarla el propio juez encargado de supervisar el internamiento, al
ser la expulsión, como se ha señalado, la prolongación obligada de la
medida de privación de libertad adoptada por la autoridad judicial.

Ello en todo caso exigiría una reforma de la Ley Orgánica 7/1985,
de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España, por virtud del artículo 53 de la Constitución, dado que afecta
al contenido esencial del derecho a la libertad que esta medida
conlleva (9500137).

También se ha recordado al Ministerio del Interior el deber legal
que le incumbe de adecuar todas sus actuaciones al ordenamiento
constitucional con pleno respeto a los derechos previstos en la Sección
Primera, Capítulo II del Título I de la Constitución para garantizar la
integridad física de cualquier persona privada de libertad, impidiendo
el uso de medios que menoscaben dicha integridad.

Este recordatorio fue hecho con motivo de la tramitación de la
queja surgida a raíz de la expulsión de estos 103 inmigrantes de la
ciudad de Melilla, donde se acreditó el uso de un fármaco, que fue
vertido en el agua dada a estas


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personas con el fin de sedarlos para poder así trasladarlos en avión a
los distintos puntos de destino.

El Ministro del Interior, en comparecencia en el Congreso de los
Diputados, justificó esta medida ante la situación de agresividad y
alteración nerviosa en que se encontraban estos ciudadanos y previendo
que ésta no mejoraría en el interior del avión, de obligado reposo
físico y espacio reducido en que habían de encontrarse por lo que,
consultados los servicios médicos de la Comisaría de Málaga, se
prescribió este fármaco para utilizar en caso de altercado que pudiera
poner en peligro su vida y la de los demás ocupantes de la aeronave
(9619851).

3.2.3.Internamientos
El apartado 5 del artículo 108 del reglamento de ejecución de la
Ley Orgánica 7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 de
febrero, no debe considerarse un obstáculo para que un extranjero
internado pueda ser puesto en libertad, a la mayor brevedad posible,
desde que se tenga conocimiento de la imposibilidad de ejecutar la
expulsión acordada contra él.

En estos términos se ha formulado una recomendación a la Dirección
General de Política Interior, al haberse tenido conocimiento de que una
persona de nacionalidad nigeriana se encontraba en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Moratalaz, a pesar de haber sido
acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante el
oportuno auto, la medida provisionalísima de dejar en suspenso la orden
de expulsión, dictada por la Delegación del Gobierno en Madrid
Al tener conocimiento el Defensor del Pueblo de que esa persona
permanecía internada a pesar del auto de suspensión de la expulsión, se
solicitó información de la Brigada Provincial de Extranjería y
Documentación, manifestando la inspectora que se encontraba de servicio
que, por ser festivo, no se procedía a poner en libertad a este
extranjero en base a lo establecido en el artículo 108, apartado 5, del
Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, y además, porque el grupo que
se encontraba de guardia sólo atendía supuestos inmediatos, no
correspondiéndole adoptar respecto al caso que se le planteaba ninguna
medida hasta la mañana siguiente en que se solicitaría autorización del
juzgado de instrucción que había acordado el internamiento.

La realidad constatada por el Defensor del Pueblo fue que esta
persona se encontraba internada por orden de la autoridad judicial, al
objeto de procederse a su expulsión, y no fue puesta en libertad, tras
conocerse la existencia de un auto judicial en el que se declaraba la
suspensión de la expulsión, alegándose como razón de fondo la
aplicación del artículo 108 apartado 5 del reglamento de ejecución de
la Ley Orgánica 7/1985, aprobado por Real Decreto 155/1996, de 2 de
febrero, y como razón de forma la imposibilidad de atender a otras
cuestiones, por parte del grupo que se encontraba de guardia un día
festivo, que no fuesen incidentales, si es que la puesta en libertad de
un extranjero internado puede considerarse que no es una incidencia.

La cuestión debatida no tendría mayor significación si no afectase
directamente al artículo 17 de la Constitución y a la situación de
privación de libertad en que se encuentra un extranjero sometido a
internamiento para ser expulsado.

El apartado primero del artículo 108 del Reglamento aludido,
determina que el internamiento que autoriza el juez de instrucción
tiene como única finalidad asegurar la sustanciación de un expediente
administrativo y la ejecución de la expulsión. El apartado tercero del
citado artículo señala que el internamiento no podrá prolongarse por
más tiempo que el imprescindible para la práctica de la expulsión. Los
apartados quinto y sexto del tan repetido artículo 108 advierten y
compelen a la autoridad gubernativa sobre la obligación que ésta tiene
de comunicar a la autoridad judicial cualquier circunstancia en
relación a la situación del extranjero internado, como el hecho de
solicitar, con diligencia de la autoridad judicial, la puesta en
libertad del extranjero cuando se prevea la imposibilidad de ejecutar
la expulsión dentro del plazo máximo de 40 días.

De la lectura e interpretación literal de los preceptos señalados
se desprende el carácter excepcionalísimo del internamiento, que la
finalidad de esta medida cautelar sólo lo es a los efectos de poder
ejecutar la expulsión y que, por tanto, en ningún caso puede mantenerse
el internamiento, aun cuando éste se encuentre dentro del plazo de los
40 días, si existe cualquier circunstancia que modifique la causa que
originó la adopción de esta medida cautelar.

Pero si bien lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 108
son una proyección casi directa de las previsiones de la Ley Orgánica
7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España, en cambio, lo establecido en los apartados 5 y 6 incorporan
al nuevo Reglamento la finalidad, por otro lado consagrada en distintas
recomendaciones y sugerencias de esta institución de años precedentes,
de que la permanencia de una persona en situación de internamiento no
pueda prolongarse más allá de lo estrictamente necesario o, como dice
el propio Reglamento, imprescindible. Lo que en definitiva se trata es
de incorporar al Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de
1 de julio, una mayor garantía. Esta norma busca impulsar de oficio,
remover los obstáculos, en suma, advertir a la Administración de la
obligación que tiene de prevenir los internamientos excesivos que no
tengan justificación, justificación que sólo conocen las propias
autoridades administrativas siguiendo la evolución del expediente de
expulsión que han tramitado y las vicisitudes de éste, como es
naturalmente el que un órgano judicial dicte un auto de medidas
provisionalísimas dejando en suspenso la expulsión.

Lo que no cabe pensar es que lo dispuesto en el apartado 5 haya
sido incorporado al Reglamento como una traba frente a la inmediata
libertad del internado. No puede admitirse que la autoridad judicial se
convierta en un elemento que impida alcanzar la libertad, puesto que si
aquélla tiene una razón de ser en todo el procedimiento de expulsión,


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incluido naturalmente cuando autoriza la medida cautelar de
internamiento, es la de servir de garantía al extranjero y de eficaz
control a la actuación gubernativa.

Estos argumentos son en realidad síntesis del pronunciamiento del
Tribunal Constitucional en su sentencia 115/1987, dictada precisamente
en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del
Pueblo contra determinados artículos de la Ley Orgánica 7/1985, donde
se advierte claramente que la intervención judicial en la medida de
internamiento, como medida cautelar, y en suma que la intervención
judicial en todo procedimiento sancionador en materia de extranjería,
es una garantía para el extranjero pero nunca puede considerarse, ni
menos utilizarse, como un impedimento para poder lograr la libertad.

La posición de la autoridad gubernativa, en fin de la
Administración, en el procedimiento de expulsión está perfectamente
señalada en la sentencia aludida en su fundamento jurídico primero. En
el mismo fundamento jurídico, esta sentencia se pronuncia sobre el
carácter de la medida de internamiento aludiendo a otro pronunciamiento
del Tribunal de 12 de marzo de 1987, exigiendo la aplicación del
criterio hermenéutico del «favor libertatis».

En ningún momento, ni de la sentencia ni de la Ley Orgánica
7/1985, se desprende que únicamente pueda solicitarse la autorización
de la autoridad judicial que determinó el internamiento para poner en
libertad al internado, y menos que la autoridad gubernativa no pueda
interesar de la autoridad judicial, que no sea la del internamiento, la
puesta en libertad del interno cuando las circunstancias que originaron
la adopción de esta medida, que conoce perfectamente la autoridad
gubernativa, han variado sustancialmente, hasta el punto de que un
tribunal contencioso-administrativo declare suspendida la expulsión.

Esta institución considera que la interpretación del apartado 5
del artículo 108 del Reglamento sólo debe ser favorable a la obtención
de la libertad por parte del extranjero que se encuentra internado, y
que las brigadas de documentación y extranjería deben favorecer la
puesta en libertad de los extranjeros y no obstaculizar el poder
alcanzarla, máxime en aquellos supuestos, como el presente, en que
existe un elemento que destruye la causa que originó el internamiento,
como es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En la
contestación remitida por el Ministerio del Interior se acepta la
recomendación habiéndose indicado a todas las delegaciones del gobierno
y gobiernos civiles la necesidad de que la autoridad gubernativa ponga
en conocimiento del juzgado de instrucción, a la mayor brevedad
posible, cualquier decisión que se adopte en relación a un
internamiento. Sin embargo, en la contestación no se llega a reconocer
hasta sus últimas consecuencias la recomendación del Defensor del
Pueblo dirigida a que fuese el juzgado de guardia quien conociese de
estos hechos y adoptase la medida de libertad inmediata del internado.

La respuesta más parece tratar de mantener esa facultad en los límites
del propio juez que acordó el internamiento, hecho éste que puede
seguir originando un retraso importante para que el internado pueda
obtener su libertad (9600096).

3.2.4.Autorización para el regreso a territorio nacional de extranjeros
cuyo permiso hubiese perdido vigencia
La problemática, planteada por el Síndic de Greuges de Cataluña,
con que se estaban encontrando ciudadanos extranjeros con residencia en
España en el momento de su regreso a territorio nacional, después de
pasar el periodo vacacional en su país y no permitírseles la entrada, a
través de los puestos fronterizos, a todos aquellos que se encontraban
en posesión del resguardo que acreditaba estar en trámite de
renovación, su correspondiente tarjeta acreditativa del permiso de
trabajo y residencia, ha llevado a esta institución a recomendar la
modificación del artículo 119.6 del Real Decreto 155/1996, de 2 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 7/1985, a fin de que se establezca el procedimiento que
permita obtener la oportuna autorización para el regreso a territorio
nacional a aquellos extranjeros cuyo permiso de residencia hubiera
perdido vigencia y desearan abandonar el territorio nacional por un
plazo no superior a 60 días, con ocasión de disfrutar del periodo de
vacaciones anuales retribuidas que prevé el artículo 98 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

La motivación de esta recomendación se basa en que el extranjero
solicitante tenía que acreditar «una situación de necesidad» de
conformidad con el artículo 119.6 del Reglamento ya señalado, aún a
pesar de que, en la mayoría de los casos, la motivación del viaje era
poder disfrutar fuera del territorio nacional el correspondiente
periodo de vacaciones retribuidas.

Sobre esta cuestión el Gobierno Civil de Barcelona cursó
instrucciones al objeto de que se interpretase de forma flexible la
necesaria justificación de «una situación de necesidad». Sin embargo,
el Defensor del Pueblo consideró que el problema seguía sin resolverse
en las restantes comunidades autónomas, estimándose además que no era
necesario dar un tratamiento de excepcionalidad al hecho de poder
disfrutar del permiso anual retribuido, por lo que la autorización de
regreso debería ser reconocida a través de los cauces habituales,
siempre que ésta tuviese un periodo de validez inferior a los 60 días.

En la contestación del Ministerio del Interior se señala que no
era procedente llevar a cabo ninguna reforma del reglamento, por cuanto
el extranjero que quiera salir del territorio español y retornar el
mismo mientras renueva su documentación, podrá solicitar la
autorización de regreso, mediante un procedimiento simple concretado en
una solicitud-formulario, remitida a todas las delegaciones del
gobierno y gobiernos civiles para su tratamiento unificado (9509294).

3.2.5.Exenciones de visado: la exigencia de tres años de matrimonio
La aparente situación privilegiada en que se encuentran los
extranjeros no comunitarios, cónyuge de español o española,


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en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 766/1992, modificado por
el Real Decreto 737/1995, que puede conducir a la celebración de
matrimonios fraudulentos y el intento de evitar precisamente éstos,
parece ser el objeto de que en la Orden de 12 de abril de 1996, sobre
exenciones de visado, se exija para la concesión de la exención de
visado, en caso de matrimonio de extranjeros en que sean cónyuge de
español o de extranjero residente legal, nacional de un estado miembro
de la Unión Europea o del espacio económico europeo, que no se
encuentren separados de hecho o de derecho, el que deban acreditar un
periodo previo de matrimonio de tres años anterior a la solicitud.

A juicio del Defensor del Pueblo, la regulación de esta materia no
puede obviar los reiterados pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre
la reagrupación familiar como causa para la exención de visado, por
ello, se ha recomendado al Ministerio del Interior la modificación la
Orden de 11 de abril de 1996, sobre exenciones de visados, a fin de que
se suprima la exigencia de 3 años de matrimonio, con carácter previo a
la formulación de la solicitud de exención de visado por causa de
reagrupación familiar.

Esta recomendación, que no ha tenido todavía respuesta, se ha
fundamentado en que el artículo 5.4 del derogado Real Decreto
1119/1986, establecía que «las autoridades gubernativas podrán eximir a
un extranjero de la obligación del visado, si existiesen razones
excepcionales que justifiquen tal dispensa». En el vigente reglamento
de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, esta materia
está regulada en el artículo 56.9, que establece que «excepcionalmente,
por motivos de interés público, humanitarios, de colaboración con la
justicia o de atención sanitaria, y siempre que se pueda presumir la
buena fe del solicitante, podrá concederse la exención de visado por la
autoridad competente para la resolución, en los términos que se
determine por el Ministerio de Justicia e Interior».

De otro lado, el artículo 10.3.d) del Real Decreto 766/1992, de 26
de junio, modificado por Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, establece
que «a efectos de solicitar la tarjeta de residencia, los familiares de
españoles o de residentes extranjeros, nacionales de Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que no posean la
nacionalidad de ninguno de estos países, deberán presentar, entre otros
documentos, el visado de residencia en el pasaporte, de cuya
presentación podrán ser dispensados por razones excepcionales».

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia
sobre el alcance del término «razones excepcionales» en relación con la
exención de visado, declarando la reagrupación familiar como una de las
razones excepcionales que deben determinar la concesión de la exención
de visado por parte de las autoridades gubernativas. Ciertamente, dicha
jurisprudencia examinaba la actuación de la Administración en relación
con el artículo 5.4 del Reglamento derogado, pero la redacción que da a
la materia el artículo 56.9 del vigente Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, así como el contenido del artículo
10.3.d) del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, modificado por Real
Decreto 737/1995, de 5 de mayo, obligan a la Administración a aplicar
en sus resoluciones sobre la materia esa misma doctrina
jurisprudencial.

El Tribunal Supremo ha declarado que «la mención de Èrazones
excepcionales_ para la exención de visado o de la Ècausa suficiente_
para la autorización de residencia, presupone la determinación de un
concepto jurídico indeterminado, que debe estar íntimamente relacionado
con las circunstancias concurrentes en cada caso concreto».

Este tribunal, en las sentencias de 22 de junio de 1982, 13 de
julio de 1984, 9 de diciembre de 1986, y 24 de abril de 1993, entre
otras, viene manteniendo que la inclusión de un concepto jurídico
indeterminado en la norma a aplicar, no significa sin más, que se
otorgue a la Administración capacidad para decidir con plena libertad,
sino que, muy al contrario, viene obligada a la única decisión
correcta, tras valorar los hechos acreditados, porque no estamos en
presencia de una potestad discrecional de la Administración, sino ante
el deber de otorgar, en este caso, la dispensa de visado o la
autorización de estancia si se dan las circunstancias fácticas que
integran el susodicho concepto jurídico.

En lo que se refiere al significado del término «excepcional», el
Tribunal Supremo ha declarado, entre otras en sentencias de 24 de
abril, 10 de julio y 8 de noviembre de 1986 y 21 de mayo de 1994, que
las razones excepcionales a que se refieren los artículos 5.4 y 22.3
del Reglamento de 26 de mayo de 1986, que obligan a eximir del visado,
no tienen un significado meramente temporal, opuesto y contrario a
frecuente, corriente u ordinario, sino que poseen valor cualitativo,
equivalente a importante, trascendente o de peso, en relación con las
circunstancias concretas del supuesto enjuiciado, cualquiera que sea la
frecuencia con que se produzcan
Respecto a la reagrupación familiar como causa de la exención de
visado, el Tribunal Supremo ha declarado que el propio Reglamento al
que nos venimos refiriendo, establece en su artículo 7.2 la posibilidad
de que se pueda solicitar visado por causa de reagrupación familiar, no
siendo razonable ni justificable que si dicho cónyuge se encuentra
también en España, se le obligue a salir fuera de España para proveerse
del visado con el fin de solicitar permiso de residencia. Este, sin
duda, es uno de los supuestos contemplados por las citados artículos
5.4 y 22.3 del Reglamento, aprobado por Real Decreto 1119/1986, de 26
de mayo, de exención del visado para residencia por existir razones
excepcionales.

Esta institución considera que la exigencia de tres años de
matrimonio con carácter previo a la solicitud de la exención de visado,
como requisito para su concesión por causa de reagrupación familiar, se
aleja claramente de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo
sobre esta materia. Ese requisito, establecido con carácter general,
obliga al incumplimiento de la obligación de la Administración de
examinar particularizadamente las circunstancias que concurran en cada
uno de los casos, y, por tanto, de la obligación de adoptar, en cada
caso, la única decisión correcta, como exige el Tribunal Supremo. Es
precisamente el reagrupamiento familiar la circunstancia excepcional
que


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obliga a la Administración a dispensar al extranjero de la obligación
de proveerse de visado, sin que en ningún caso la mayor o menor
antigüedad del matrimonio pueda condicionar la concesión o denegación
de la exención solicitada.

En consecuencia, la regulación que establece la Orden Ministerial
de 11 de abril de 1996, por su generalidad y su falta de atención a
cada uno de los supuestos fácticos que se puedan plantear, contraviene
claramente la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia,
conduciendo a que en casos en que se haya acreditado legítimamente la
solicitud de exención de visado por reagrupamiento familiar, sin que
existan indicios de fraude, se proceda a denegar la solicitud,
simplemente por no tener el matrimonio tres años de antigüedad en el
momento de la petición, decisiones no razonables ni justificables, que
obvian el carácter de excepcionalidad que, como ha quedado señalado,
tiene la reagrupación familiar a efectos de obtener la exención de
visado y que por tanto, no podrán ser consideradas ajustadas a derecho.

En este sentido, la regulación contenida en la citada orden, ante
el temor a que se produzcan matrimonios ilegales, establece la
exigencia de un requisito, como es el de plazo previo de tres años de
matrimonio, impropio de la general presunción de buena fe.

A juicio del Defensor del Pueblo, atribuir al matrimonio eficacia,
a efectos de la obtención de la exención de visado, sólo si tiene tres
años de antigüedad, supone olvidar la presunción de validez y buena fe
de todo negocio jurídico, lo que resulta contrario a los principios
generales del derecho, en virtud de los cuales la validez y la eficacia
de los negocios jurídicos se presume, salvo prueba en contrario.

Si bien se puede comprender que desde los organismos competentes
se deben arbitrar los mecanismos necesarios para evitar el acceso a la
residencia legal en España y, en su caso, la obtención del estatuto del
régimen comunitario, utilizando la vía de la exención de visado por
causa de reagrupación familiar de modo fraudulento, no obstante,
cualquier posible desarrollo del artículo 56.9 del vigente Reglamento
de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, debe respetar la
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. Por ello, no se
puede condicionar la exención de visado por reagrupamiento familiar a
la antigüedad del matrimonio, ni se puede olvidar en dicha regulación
la presunción de validez y buena fe en la celebración del matrimonio.

En todo caso, la previsión que se hace en la Orden Ministerial de
11 de abril de 1996 de condicionar al plazo de 3 años la validez del
matrimonio para obtener la reagrupación familiar, pudiera constituir un
supuesto «ultra vires» con relación al reglamento, al haberse excedido
la citada disposición, en la concreción de este requisito al marco
sistemático diseñado por el reglamento para la reagrupación familiar.

En este sentido se considera que los principios operadores del nuevo
reglamento y, en su caso, de la orden ministerial relativa a la
exención de visado, parten de la presunción de buena fe de quienes se
acogen a sus preceptos, lo que entraría en franca contradicción con la
previsión que se hace en la orden ministerial en relación al plazo de 3
años para los matrimonios válidos, que presume la mala fe de los
contrayentes.

La naturaleza de la orden ministerial como disposición ejecutiva
de las previsiones hechas en el reglamento, debe tener el carácter de
complemento indispensable, incluyendo todo aquello que permita asegurar
la correcta aplicación y la plena efectividad del reglamento que
desarrolla, no pudiendo incluir más que lo estrictamente indispensable
para garantizar esos fines, sin incrementar en ningún caso con
condiciones no previstas en el reglamento la posibilidad de obtener los
beneficios que se prevén y, menos aun, justificar la imposición de una
condición ajena totalmente al marco reglamentario, dado el carácter de
excepcionalidad impuesto por la propia jurisprudencia del Tribunal
Supremo a la reagrupación familiar.

Por último, nada impide investigar aquellos supuestos en los que
existan indicios de que el matrimonio se ha contraído en fraude de ley,
procediendo en caso de que existan pruebas de matrimonio fraudulento,
no sólo a la denegación de la solicitud formulada sino, de considerarse
procedente, a instar la correspondiente acción de nulidad como persona
con interés legítimo en ella, o a poner en conocimiento del Ministerio
Fiscal la concreta situación fraudulenta, a fin de que se valore la
oportunidad de ejercer dicha acción de nulidad , todo ello al amparo de
lo dispuesto en el artículo 74 del Código Civil (9618253).

3.3.Menores
Dentro de las quejas referentes a seguridad pública, en el año
1995 se tuvo conocimiento, a través de los medios de comunicación, que
dos menores de edad, de 11 y 14 años, que se encontraban en un gran
centro comercial en las proximidades de Madrid, fueron sorprendidos, al
parecer, sustrayendo calzado del establecimiento. Según estas noticias
los vigilantes de seguridad del centro procedieron a registrar a los
menores en una habitación, manteniéndoles durante todo el tiempo que
permanecieron allí descalzos, teniendo éstos que dirigirse en estas
condiciones a la comisaría de policía más próxima donde presentaron una
denuncia.

Tras una laboriosa investigación, que ha durado prácticamente dos
años, se ha concluido el expediente acreditándose, como así ha
reconocido la Delegación del Gobierno de Madrid, que los vigilantes de
seguridad incurrieron en una infracción de la Ley 23/1992, de 30 de
julio, de Seguridad Privada, consistente en el ejercicio abusivo de sus
funciones, habiendo prescrito dicha infracción como consecuencia de la
inactividad de la Administración en el ejercicio de sus funciones de
tutela que determina la aludida ley. Por ello, se ha recordado a la
Delegación del Gobierno de Madrid el deber legal que le incumbe de
depurar las responsabilidades en que incurran los vigilantes de
seguridad privada en el ejercicio de sus funciones (9500083).

En octubre de 1995, un grupo de menores, de edades comprendidas
entre los 7 y los 10 años, se encontraban reunidos en las proximidades
de su colegio festejando el cumpleaños de uno de ellos e
intercambiándose regalos,


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entre los que se hallaba una pistola simulada, cuando agentes de la
Guardia Civil que patrullaban por la zona procedieron a decomisar la
pistola y a trasladar a su domicilio al menor que poseía el arma
simulada.

La Delegación del Gobierno de Madrid procedió a incoar el oportuno
expediente sancionador contra el menor por posesión de un arma
prohibida. Tras la investigación practicada por el Defensor del Pueblo,
se llegó a la conclusión, y después de haber solicitado informes tanto
de la Dirección General de la Guardia Civil como del Instituto Nacional
de Consumo, que la responsabilidad de este hecho no podía ser imputada
al menor, teniendo en cuenta que la adquisición del arma simulada lo
había sido en una papelería-juguetería de la zona por los propios
compañeros, que no habían tenido ningún tipo de impedimento ni
advertencia verbal sobre la prohibición de la posesión del arma, y que
los padres desconocían asimismo haberse llevado a cabo esta
adquisición. A la vista de todo lo anterior se sugirió a la Delegación
del Gobierno la nulidad del expediente sancionador, sugerencia aceptada
por la Delegación del Gobierno que ha dejado sin efecto dicha sanción
(9601371).

La falta de presupuesto ha originado la supresión del equipo de
apoyo social, adscrito a la Sección de Menores de la Policía Judicial
de Barcelona, habiéndose demostrado en la investigación practicada la
incidencia negativa que esta desaparición ha tenido en las labores de
asistencia a menores y sus familias, en todos aquellos aspectos
relacionados con la actuación policial en Barcelona.

Por ello, se ha continuado la investigación, en orden a interesar
del Ministerio del Interior qué previsiones presupuestarias existen a
fin de que este equipo de apoyo social pueda reanudar su normal
actividad (9611921).

Ha continuado teniendo especial relevancia durante el año 1996, la
tramitación de quejas relacionadas con la exención de visado para
reagrupación familiar de menores que, si bien en la mayoría de los
casos han tenido una favorable acogida por la Administración, ello no
ha impedido ciertas dificultades en la normal concesión de estas
exenciones, teniendo en cuenta que el acogimiento a esta forma de
regularización por el padre o la madre y los hijos, ha sido utilizada
tras acceder a territorio nacional por la vía de hecho de la visita
turística, para posteriormente buscar esta forma para el asentamiento
definitivo en España (9615560 y 9619695).

3.4.Tráfico
3.4.1.Acumulación de recursos ordinarios contra sanciones de tráfico
Desde el año 1995 se viene realizando una investigación en
relación a la demora que viene padeciendo la resolución de recursos
ordinarios, interpuestos contra las sanciones de tráfico de las
distintas jefaturas provinciales en todo el territorio nacional.

Esta situación no ha encontrado, hasta la fecha, una respuesta lo
suficientemente eficaz, que rompa definitivamente con este problema
endémico que origina una gran inseguridad jurídica.

En la última comunicación, remitida por el entonces Ministerio de
Justicia e Interior, se señalaba que a lo largo de los últimos años
existía un retraso acumulado de 300.000 recursos anuales, cuando la
plantilla del área de recursos estaba configurada para atender unos
50.000, aproximadamente. En dicho informe se aludía a las medidas de
personal que se estaban tratando de adoptar y, en concreto, a la
aprobación del plan de empleo que se estaba negociando con los
Ministerios de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.

En la última información de la Dirección General de Tráfico se
señalaba que dentro del plan especial de actuación, elaborado con
objeto de disminuir progresivamente el número de recursos no resueltos,
se contemplaba la creación y dotación de nuevos puestos de trabajo y el
establecimiento de un modelo de productividad, destinado a retribuir
los trabajos extraordinarios necesarios para resolver los citados
recursos.

A tal fin el Ministerio de Economía y Hacienda ha autorizado
durante 1996 una formulación de productividad para resolver, como
mínimo, 150.000 recursos adicionales, independientemente de los que ha
de resolver el organismo en el año, como parte de su actividad normal.

Según este informe, la duración de este módulo de productividad
adicional se extiende hasta el mes de abril del año 1997, fecha en la
que se espera haya sido ya aprobada la ampliación de plantilla
solicitada, necesaria para acometer la resolución de la totalidad de
recursos que se interponen. El Defensor del Pueblo considera de suma
importancia la autorización de la ampliación de plantilla, que permita
dar una respuesta eficaz a este problema, dado que el aumento del
parque automovilístico y las lógicas exigencias de una mayor seguridad
vial han determinado que el número de recursos se estabilice en las
cifras facilitadas por la Dirección General de Tráfico, por lo que es
evidente la dificultad de hacer frente a esta materia con la plantilla
actual (9507453).

Desde luego el número de quejas parece evidenciar una
disconformidad notoria de un sector de la sociedad para con la forma en
que se ha acordado sancionar a quienes infrinjan las normas sobre
tráfico y seguridad vial. Este hecho resulta más evidente en aquellos
supuestos en que la sanción ocasiona al infractor y a su familia un
problema económico ante lo elevado de la cuantía, dado, por otro lado,
que el nivel de exigencia en la exacción, en ningún caso, tiende a
considerar las circunstancias familiares y personales del sancionado.

3.4.2.Notificaciones
La obligatoriedad de que se produzca el intento de notificación de
una sanción por dos veces, antes de proceder a una notificación
mediante edictos, fue abordada en una queja presentada por un ciudadano
que alegaba que la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona dictó
resolución sancionadora contra él, señalando que el interesado no había
efectuado alegación alguna.



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Tras la tramitación de la queja, la Dirección General de Tráfico
aceptó la sugerencia del Defensor del Pueblo de proceder al archivo del
expediente sancionador por incumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos, al constatarse que en el expediente sancionador figuraba
la recepción de la notificación de la denuncia, pero no la resolución
sancionadora, de la que sólo constaba su envío una única vez, antes de
efectuar la notificación edictal, al no haber constancia en el
expediente que se hiciera por correo ordinario, no ajustándose al
criterio de la Dirección General de Tráfico, contenido en el
Escrito-Circular 140/1994, de 24 de noviembre, que fija la necesidad de
intentar dos veces la notificación antes de proceder a la notificación
edictal (9608552).

Un ciudadano con domicilio en Guadalajara solicitó la intervención
del Defensor del Pueblo al haber sido sancionado por la Jefatura
Provincial de Tráfico de Orense, no habiendo tenido, según sus
manifestaciones, ninguna noticia de la comisión de la infracción hasta
el momento en que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
procedió a comunicarle el cobro en vía ejecutiva.

En la investigación practicada se acreditó por la Dirección
Provincial de Tráfico que intentada la notificación con el interesado,
ésta debía de haberse practicado a través de anuncios en el tablón de
edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado y en el
boletín oficial de la provincia, siguiendo la línea jurisprudencial del
Tribunal Supremo establecida en la sentencia de 30 de julio de 1988,
entre otras.

La Dirección General de Tráfico, recogiendo las consideraciones de
la citada sentencia entendió que de no actuar en el sentido señalado
había de considerarse la notificación defectuosa, debiendo estarse por
lo tanto, a los efectos que producen las mismas, y concluía en su
informe que tal hecho producía indefensión al no ser válida la
notificación y, por consiguiente, había que retrotraer las actuaciones
practicadas al momento de formalizarla, debiendo apreciarse, incluso de
oficio, la prescripción de la acción para perseguir estas sanciones,
procediendo en consecuencia a la revocación de la resolución
sancionadora, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 105.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(9609817).

3.4.3.Matriculación de vehículos por los concesionarios de automóviles
La presentación de una queja por una asociación de concesionarios
de automóviles, en la que se señalaba la imposibilidad de matricular
vehículos por las empresas concesionarias, una vez adquiridos por los
particulares, atendiendo, al parecer, a criterios establecidos por la
Dirección General de Tráfico, en orden a evitar un posible intrusismo
profesional y considerar que estos trámites son propios de una
gestoría, originó la tramitación de una queja en la que, en un primer
momento, la Dirección General de Tráfico señaló que ese criterio se
basaba en el contenido de la Circular 56/91, que a su vez traía su
origen de la Orden de 30 de abril de 1966, dictada en aclaración del
alcance y contenido del artículo 24 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Ante esta respuesta el Defensor del Pueblo señaló a la Dirección
General de Tráfico que la citada orden establece, de forma inequívoca,
la concurrencia de tres requisitos para que se pueda considerar que la
actuación de la Administración deberá someterse al cumplimiento de las
normas establecidas en el estatuto orgánico de la profesión de gestor
administrativo: que se lleve a cabo de forma habitual, retribuida y
profesional.

En este sentido, el que se establezca en la citada circular qué
personas o entidades pueden actuar como representantes y, en su caso,
con las limitaciones para efectuar algunos trámites, no parecía acorde
con el contenido del artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ni siquiera con el contenido de la
Orden de 30 de abril de 1966.

En el caso planteado, la asociación manifestaba que el servicio de
matriculación se efectuaba de forma gratuita y se ceñía únicamente a
los trámites propios de su ámbito comercial, no pudiéndose hablar del
ejercicio de una profesión sino más bien de un servicio añadido y
complementario al fin propio de la empresa, la venta de automóviles.

Todas estas consideraciones dieron lugar a una recomendación para
que se modificase la circular señalada anteriormente, lo que así ha
hecho la Dirección General de Tráfico dictando la Instrucción 97/V, en
la que se determina que las asociaciones profesionales relacionadas con
el automóvil podrán presentar solicitudes de trámites que afectan a sus
asociados y no habrá ninguna limitación para las casas concesionarias y
de compra-venta de vehículos, a tales fines, cuando ostenten la
representación de particulares (9618548).

3.4.4.Modificación de tasas para la renovación de permisos
Han continuado recibiéndose durante el año 1996 quejas relativas a
la disconformidad con las actuales tasas para la obtención del
certificado de aptitud psicofísica necesario, tanto para la renovación
de licencias de caza para mayores de 70 años, como para la renovación
del permiso de conducir a personas discapacitadas.

Esta materia ya fue abordada en el informe de 1995 y durante este
año se ha interesado del Ministerio del Interior un pronunciamiento
definitivo respecto a este problema. Finalmente, este departamento ha
contestado al Defensor del Pueblo señalando que las Direcciones
Generales de la Guardia Civil y de Tráfico, en el ámbito de sus
respectivas competencias, estaban sometiendo a estudio la posibilidad
de establecer un régimen tarifario proporcional que recoja los
distintos supuestos, atendiendo a la periodicidad con que debe
efectuarse la renovación (9615798).



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3.5.Armas
3.5.1.Venta de navajas y armas simuladas
Durante los tres últimos años se ha hecho un especial seguimiento
respecto a la venta de armas blancas y durante 1996 en relación a la
venta de armas simuladas.

En el año 1994 se recomendó al entonces Ministerio de Justicia e
Interior que se dictasen instrucciones para extremar las medidas de
vigilancia por parte de las unidades de la Guardia Civil, respecto a la
venta de armas blancas prohibidas en establecimientos abiertos al
público.

La Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos
acordó, a la vista de esta recomendación, instar a la Dirección General
de la Guardia Civil a que aumentase las medidas de vigilancia respecto
a la venta de armas blancas. Esta recomendación propició que se
exigiese a los establecimientos que ofrecen este tipo de armas, que
advirtiesen a los compradores sobre las condiciones de tenencia y uso
de las mismas (9317554).

Sin embargo, el aumento de agresiones y la alarma social causada
por las muertes y lesiones ocasionadas por arma blanca durante el año
1996, han llevado al Defensor del Pueblo a solicitar de nuevo, a través
de una investigación de oficio, un informe en relación a la eficacia de
los controles de la Guardia Civil sobre este tipo de armas.

En la respuesta facilitada por el Ministerio del Interior se
señala la especial preocupación del departamento por el control de la
fabricación, comercialización, tenencia y uso de armas, como medio de
contribuir al mantenimiento de la seguridad ciudadana. Continúa
señalando el informe que en el año 1993, tras la entrada en vigor del
nuevo Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de
enero, se impartieron instrucciones a las distintas dependencias de la
Guardia Civil competentes en materia de armas, para que las
inspecciones que se realizaran en las armerías se hicieran extensivas a
los establecimientos públicos que se dediquen a la venta de armas
blancas y, caso de existir alguna norma prohibida, se obrase de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, dando cuenta del hecho a
la Intervención Central de Armas y Explosivos.

Al parecer, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal se ha
intensificado la vigilancia de armas y objetos prohibidos, como lo
prueba el hecho de que a finales de 1996 se encontrasen depositadas en
las diferentes intervenciones de armas, en espera de las decisiones
judiciales o administrativas que procede adoptar en cada caso, unas
40.000 armas blancas y más de 13.000 objetos contundentes de todo tipo.

Por otro lado, la imposición de sanciones a menores por la
tenencia de armas simuladas, al amparo de la Ley Orgánica de Protección
de la Seguridad Ciudadana, y ante las quejas tramitadas durante 1995 y
las denuncias efectuadas durante el año 1996, se procedió a la apertura
de una queja de oficio, interesando un informe de la Dirección General
de la Guardia Civil respecto a las medidas de fiscalización llevadas a
cabo con relación a la venta por catálogo o correo de armas simuladas.

En este sentido el Defensor del Pueblo ha valorado la concurrencia de
un posible error en la apreciación de la prohibición de adquirir este
tipo de armas.

En la contestación facilitada por la Dirección General de la
Guardia Civil se señala que el vigente Reglamento de Armas no prohibe
la publicidad de las imitaciones de armas, pudiendo ésta llevarse a
cabo a través de cualquier medio de comunicación, dirigiendo la oferta
comercial a aquellas personas físicas y jurídicas coleccionistas que
posean un libro-registro en el que se anotarán las altas y bajas.

A la vista de esta contestación se ha interesado un nuevo informe
respecto a si la publicidad, de la que el Defensor del Pueblo tenía
conocimiento, cumple, precisamente, con las normas a que aludía la
dirección general y si se ha practicado algún tipo de inspección en
relación a empresas de venta por correo que ofrecen al público, en
general, pistolas y revólveres detonadores (9622022).

4.ADMINISTRACION MILITAR
4.1.Servicio militar
4.1.1.Llamamiento a filas
Tras aparecer publicada en los medios de comunicación la noticia
de que un ciudadano había sido citado para la realización del servicio
militar obligatorio, a pesar de que había fallecido hacía diecinueve
años, se inició de oficio una investigación para conocer la causa de
esta disfunción.

El artículo 19 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real
Decreto 1107/1993, de 9 de julio, dispone en su apartado primero que
los registros civiles, durante el último trimestre de cada año,
facilitarán a los respectivos ayuntamientos y centros de reclutamientos
la lista de los varones inscritos en dichos registros que cumplan al
año siguiente los diecisiete años de edad y en su apartado segundo
dispone que están obligados a enviar a los centros de reclutamiento, en
el primer trimestre, la relación de los varones comprendidos entre los
16 y 33 años que hubieran fallecido el año anterior. Por ello, se
solicitó a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia e
Interior que remitiera información sobre la forma en que se estaba
dando cumplimiento a lo previsto en este precepto, así como sobre las
razones por las que se había podido producir el llamamiento de un
ciudadano fallecido hacía tanto tiempo.

Como respuesta, se indicó que desde el día 16 de octubre de 1995
la Dirección General de los Registros y del Notariado venía remitiendo
en soporte magnético a la Dirección General del Servicio Militar
información sobre defunciones de varones entre 16 y 33 años, pero no se
explicaba el motivo por el que se había producido la citación de una
persona fallecida a los actos relacionados con el reclutamiento del
servicio militar, motivo por el que se solicitó una ampliación del
informe remitido, insistiendo en la necesidad de que se explicara
detalladamente la forma en que los registros civiles daban cumplimiento
a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de Reclutamiento.



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Como contestación a dicha solicitud, el Ministerio de Justicia e
Interior remitió un informe del Registro Civil Unico de Madrid en el
que se señalaba que, en cumplimiento del artículo 19 del Reglamento de
Reclutamiento, se enviaban anualmente al Centro de Reclutamiento las
certificaciones literales de defunción relativas a varones fallecidos
en Madrid, con edades comprendidas entre los 16 y los 33 años, en las
que constaban los datos de identidad que se conocían de los mismos y
que, por el contrario, no se suministraban directamente datos al
ayuntamiento, por lo que no resultaba posible conocer cómo ocurrió el
supuesto que había motivado la investigación.

Como la información remitida parecía referirse a lo previsto en el
apartado segundo de dicho artículo, que establece que se facilitará a
los respectivos centros de reclutamiento, dentro del primer trimestre
de cada año, la relación nominal de los varones, comprendidos entre 16
y 33 años, fallecidos en el año anterior, esta institución, teniendo en
cuenta que el referido artículo, en su apartado primero, establece que
los registros civiles están obligados a facilitar igualmente a los
respectivos ayuntamientos y centros de reclutamiento, durante el último
trimestre de cada año, la lista de los varones inscritos en dichos
registros que cumplan al año siguiente los diecisiete años de edad, con
expresión de sus nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento y
nombre de los padres, consideró necesario dirigirse nuevamente a la
Secretaría General Técnica, solicitando una ampliación del informe en
el que se hiciera mención expresa a la forma en que los registros
civiles daban cumplimiento a lo previsto en el apartado primero del
artículo diecinueve del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real
Decreto 1107/1993, de 9 de julio, así como sobre las razones por las
que, en su caso, se incluyó en los listados remitidos al Ayuntamiento
de Madrid a la persona que había fallecido hacía diecinueve años, sin
que en el momento de la elaboración de este informe haya remitido los
datos solicitados el Ministerio de Justicia (9500040).

4.1.2.Pruebas previas de aptitud psicofísica
El Sindic de Greuges de Cataluña remitió a esta institución un
escrito en el que planteaba diversos problemas que habían sido
sometidos a su consideración, relativos a los militares de reemplazo
afectados por las secuelas o consecuencias de las enfermedades
contraidas o que se manifestaban durante el cumplimiento del servicio
militar.

Por ello, se inició una investigación para conocer el grado de
cumplimiento de las normas para la determinación de la aptitud
psicofísica para el cumplimiento del servicio militar, fijadas en los
correspondientes anexos del Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio y
posterior modificación por el Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio,
así como el grado de desarrollo de lo estipulado en la disposición
final cuarta de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar, en la que se habilita al Ministerio de Defensa para
que pueda establecer convenios de colaboración con el Ministerio de
Sanidad y Consumo y con el resto de las administraciones públicas para
la realización de las pruebas de aptitud psicofísica para el
cumplimiento del servicio militar.

Recibido el informe solicitado, éste ponía de manifiesto respecto
del grado de desarrollo de lo estipulado en la disposición final cuarta
de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, que con fecha 5 de
diciembre de 1994 se firmó el convenio de colaboración entre el
Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de la Salud para la
realización de los exámenes de salud de apoyo a la valoración de la
aptitud psicofísica para el cumplimiento del servicio militar y que
durante ese mismo año se realizó una experiencia piloto para evaluar la
viabilidad del convenio en las provincias de Cáceres, Huesca y La
Rioja.

Confirmada la viabilidad, en el año 1995 se extendió la aplicación
del convenio a todas las provincias gestionadas por el Instituto
Nacional de la Salud: Albacete, Avila, Badajoz, Baleares, Burgos,
Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, La Rioja,
Madrid, Murcia, Asturias, Palencia, Salamanca, Cantabria, Soria,
Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora, Ceuta y Melilla, continuando
durante 1996 los reconocimientos.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha establecido
conversaciones con todas las comunidades autónomas que tienen
transferidas las competencias de sanidad, al objeto de firmar convenios
en su caso, conversaciones que en algunos casos están muy avanzadas.

En relación con el grado de cumplimiento de las normas para la
determinación de la aptitud psicofísica fijadas por el Reglamento de
Reclutamiento, la Administración informó que, de acuerdo con lo
establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto
1107/1993, de 9 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de
Reclutamiento, en tanto no se firmaran los convenios antes mencionados,
la determinación de la aptitud psicofísica al personal alistado para el
servicio militar que residiera en las referidas comunidades autónomas
se venía llevando a cabo en los centros hospitalarios militares, con
carácter previo a la incorporación, siempre que hubieran alegado
padecer enfermedad o limitación al realizar la inscripción para el
alistamiento, o posteriormente por causa sobrevenida. Los resultados de
estos reconocimientos se comunican a los centros de reclutamiento, para
la clasificación de mencionado personal, en el modelo de formulario
aprobado por resolución de la Secretaría de Estado de Administración
Militar número 452/02193/1994, de 16 de febrero.

A la vista de lo manifestado en este informe se ha considerado
oportuno continuar en contacto con la Administración militar para
conocer el estado de las conversaciones que se mantienen con las
diversas comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias
de sanidad en orden a firmar los oportunos convenios (9606110).

4.1.3.Convalidación del tiempo prestado como policía local a efectos de
cumplimiento del servicio militar
Diversos ciudadanos que prestaban sus servicios en cuerpos de la
policía local, han manifestado que, en el momento


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del cumplimiento del servicio militar, su situación no se equiparaba a
la de los que lo hacían en el Cuerpo Nacional de Policía o en policías
autonómicas, para los que la permanencia de un período mínimo de cinco
años en los referidos cuerpos tiene los mismos efectos que el
cumplimiento del servicio militar.

Desde esta institución se informó a estos ciudadanos que,
efectivamente, la disposición final tercera de la Ley Orgánica 13/1991,
de 20 de diciembre, del Servicio Militar, establece que la permanencia
en el Cuerpo Nacional de Policía o en las policías autonómicas de las
respectivas comunidades autónomas durante un periodo mínimo de cinco
años, tendrá los mismos efectos que la prestación del servicio militar.

Por otra parte, el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento, dispone en sus artículos
101 y siguientes la concesión de aplazamientos a la incorporación del
cumplimiento del servicio militar por estar previamente incorporados a
las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía o
policías de las comunidades autónomas, sin que se contemple la previa
incorporación a fuerzas de policía municipal en ninguna de las normas
citadas por lo que, en cada caso concreto que se ha presentado ante el
Defensor del Pueblo, se ha estimado que no procedía iniciar las
actuaciones previstas en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, por la
que nos regimos.

Sin embargo, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, que tiene como objetivo principal el diseño de
las líneas maestras del régimen jurídico de las fuerzas y cuerpos de
seguridad en su conjunto, incluye en su esquema tanto a las
dependientes del Gobierno de la Nación, como a las policías autonómicas
y locales, estableciendo los principios básicos de actuación comunes a
todas ellas.

Así, se dispone en el artículo 2 de la citada norma que son
fuerzas y cuerpos de seguridad:

-- Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del
Gobierno de la Nación.

-- Los cuerpos de policía dependientes de las comunidades
autónomas, y
-- Los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones
locales.

La misión encomendada a estos cuerpos es el mantenimiento de la
seguridad pública, según dispone el artículo 1, con la participación en
dicho mantenimiento de las comunidades autónomas en los términos que
establezcan sus estatutos respectivos y de las corporaciones locales en
los términos establecidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local, todo ello en el marco de lo dispuesto en la ley citada.

El Título V de la referida norma se refiere a las policías
locales, y dispone dos posibilidades. La primera, que los municipios
puedan crear cuerpos de policía propios, según lo previsto en esta
norma y en la Ley de Bases de Régimen Local y legislación autonómica.

La segunda, que en los municipios en los que no exista policía
municipal, los cometidos asignados a ésta puedan ser ejercidos por otro
personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes,
servicios e instalaciones, como pueden ser los guardas, vigilantes,
agentes o alguaciles.

El artículo 53 de la norma a la que nos referimos señala las
funciones que deben realizar los cuerpos de policía locales, y
examinadas con detenimiento, puede comprobarse que, en esencia,
coinciden con las atribuidas a los cuerpos nacionales de policía y
policías autonómicas, en materia de protección del libre ejercicio de
los derechos y libertades de los ciudadanos y garantía de la seguridad
ciudadana.

Por otra parte, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local,
que habilita a las entidades locales a crear sus propios cuerpos de
policía, dispone, en relación con el personal al servicio de las
entidades locales, que podrá estar integrado por funcionarios de
carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual
para desempeñar puestos de confianza o asesoramiento especial y, sin
embargo, especifica que son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda
reservado exclusivamente a personal sujeto al estatuto funcionarial,
las que impliquen ejercicio de autoridad.

Tras el análisis de estas normas, el Defensor del Pueblo constató
que existen unos funcionarios públicos a los que, por encontrarse al
servicio de las entidades locales, no se les tienen en cuenta los
servicios de armas que realizan a efectos de cumplimiento del servicio
militar, que sí son reconocidos a funcionarios que realizan similares
funciones al servicio de la Administración del Estado o de las
administraciones autonómicas. Por ello se recomendó al Ministerio de
Defensa que considerara la conveniencia de proceder a la modificación
de las disposiciones que excluyeran a los funcionarios de las policías
locales de la posibilidad de que les fuera computada la permanencia
durante un mínimo de cinco años al servicio de los ayuntamientos, a los
efectos de la prestación del servicio militar (9618167).

4.1.4.Exenciones del servicio militar por causas excepcionales de
carácter humanitario e irreversible
Los ciudadanos que soliciten la exención del servicio militar de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11.1.a) de la Ley Orgánica,
de 20 de diciembre, del Servicio Militar y 44 del Real Decreto
1107/1993, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Reclutamiento, se encuentran inmersos en situaciones familiares
especialmente dramáticas, y la Administración militar desestima
reiteradamente sus solicitudes por entender que no concurren
circunstancias excepcionales de carácter humanitario e irreversible que
no vayan a ser susceptibles de modificarse antes de que los interesados
cumplan los treinta años y que, por lo tanto, no reúnen los requisitos
para que se les conceda la exención del servicio militar por esta
causa.

Esta institución revisó todas aquellas quejas relativas, directa o
indirectamente, a la aplicación de la normativa antes citada, habiendo
podido verificar que en ninguna de ellas la Administración había
concedido la exención solicitada


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y únicamente había informado al ciudadano, en casos extremos, de la
posibilidad de solicitar una suspensión a la incorporación al servicio
militar por uno o dos años.

Cuando se redactó el Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento, en desarrollo de la Ley
Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, se tuvo en cuenta que en muchas
ocasiones podían darse circunstancias excepcionales que hicieran
aconsejable, o bien que el joven no se incorporara con el reemplazo que
le había correspondido, o bien que se le excluyera definitivamente del
cumplimiento del servicio militar.

En el primer supuesto, tal y como dispone el artículo 127.2, se
exige que estas circunstancias excepcionales tengan una determinada
entidad o alcance que se mide en atención al parámetro del perjuicio
que cause al interesado. Es decir, que se acordará la suspensión si la
incorporación va a producir al interesado un perjuicio, siendo
indiferente qué clase de perjuicio sea (económico, laboral, familiar,
etc...) siempre y cuando éste sea realmente grave, apreciación esta que
queda al arbitrio de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar. En cualquier caso, este perjuicio se prevé que pueda
desaparecer en el plazo de uno o dos años, por lo que la duración de la
suspensión se extiende a ese tiempo.

No obstante, cuando la circunstancia excepcional que se presenta
es de carácter humanitario e irreversible y exige la presencia del
interesado en el desarrollo de la vida familiar y no basta con una
suspensión, se puede conceder la exención. Esta institución ha podido
verificar que el Ministerio de Defensa sostiene para desestimar las
solicitudes de exención de los comparecientes que no concurren las
circunstancias previstas en el citado artículo, ya que falta el
requisito de la irreversibilidad, pues la situación familiar que está
viviendo el interesado con sus familiares más directos afectados por
enfermedades terminales puede modificarse antes de que éste cumpla los
treinta años de edad.

Esta institución estima que estando expresamente prevista una
situación como la que regula el artículo 44 del Real Decreto 1107/1993,
de 9 de julio, el problema que plantean los interesados encuentra
cobertura legal concreta en dicho precepto y no en el 127.2.

Obviamente, si no se hubieran contemplado expresamente las
circunstancias excepcionales de carácter humanitario como causa de
exclusión, la única vía legal para el ciudadano sería solicitar la
suspensión de incorporación al servicio militar.

A juicio del Defensor del Pueblo, la interpretación del término
irreversible que ese departamento realiza para no conceder las
exenciones solicitadas, conduce a una interpretación tan restrictiva
del precepto que lo deja vacío de contenido, coloca al interesado en
una clara situación de inseguridad y se aparta por completo del
espíritu que lo inspira, que es precisamente el de humanizar las
relaciones de la Administración militar con los ciudadanos, intención
que debe ser tenida especialmente en cuenta en supuestos como el
presente, en los que se está exigiendo a los ciudadanos una prestación
de carácter personal y obligatorio.

Por todo ello se ha solicitado a la Administración militar que
remita información sobre el tipo de circunstancias que estimaba ese
departamento que pueden producirse por el transcurso del tiempo con la
suficiente entidad y previsibilidad como para modificar los supuestos
planteados y no hacer a estos ciudadanos merecedores de la exención
solicitada en esos momentos. Asimismo, también se ha requerido
información sobre cuántas solicitudes de exención presentadas al amparo
del artículo 44 del Reglamento de Reclutamiento se solicitaron en el
año 1996 y cuántas fueron concedidas, si existía algún tipo de
instrucción interna en ese departamento que indicara en qué supuestos
debía aplicarse el artículo 127.2 o bien el artículo 44 del Reglamento
de Reclutamiento y si se motivaban las resoluciones desestimatorias de
las peticiones de exención explicando a cada interesado las razones por
las que, a juicio de la Administración, sus circunstancias no eran
irreversibles (9613069).

4.1.5.Condiciones de la prestación
El artículo 49 del Reglamento del Servicio Militar aprobado por
Real Decreto 1410/1994, de 25 de junio, dispone que el militar de
reemplazo tiene derecho a viajar con cargo a los presupuestos generales
del Estado tanto para incorporarse al servicio militar como para
regresar a su lugar de residencia una vez finalizado aquél.

En este sentido, compareció ante el Defensor del Pueblo un
ciudadano poniendo de manifiesto que tras cumplir su servicio militar
en la Base de Hoya Fría en Santa Cruz de Tenerife y para ser trasladado
a su lugar de residencia en Gijón (Asturias), las autoridades militares
competentes, concretamente la Jefatura Logística Territorial de la Zona
Militar de Canarias, había dispuesto un trayecto de viaje consistente
en un vuelo desde Santa Cruz de Tenerife a Santiago de Compostela con
escala en Madrid, y un viaje en ferrocarril desde Santiago a Gijón, vía
León, lo que hacía que el viaje tuviera treinta y seis horas de
duración.

Igualmente sostenía el interesado que el importe del socorro de
marcha facilitado, equivalente a dos días de salario mínimo
interprofesional, no era suficiente para poder hacer frente a todos los
gastos inherentes a un viaje de tanta duración, en el que además tuvo
que pernoctar en Santiago de Compostela. Esta situación afectaba a
todos los militares de reemplazo residentes en Asturias que cumplían el
servicio militar en Santa Cruz de Tenerife.

Esta institución no apreció actuación de la Administración militar
que implicara infracción del ordenamiento jurídico toda vez que tal y
como dispone el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, reguladora del Servicio Militar y el precitado artículo 49
del Reglamento del Servicio Militar, el viaje y las correspondientes
indemnizaciones fueron abonadas a cargo del Estado, siendo esta la
única obligación que ese departamento tiene para con los militares de
reemplazo en relación con el transporte durante la prestación del
servicio militar.

No obstante, habida cuenta de la excesiva duración del viaje
descrito por el interesado y de las circunstancias que concurrían en el
mismo, y a la luz del espíritu y finalidad que inspira la Resolución
número 114/1995, de 27 de julio, de la Secretaría de Estado de
Administración Militar


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por la que se implanta el Plan de Calidad de Vida de la Tropa y
Marinería, que pretende mejorar las condiciones de realización del
servicio militar y paliar el coste económico que el servicio militar
pueda suponer para el personal de reemplazo o sus familiares, esta
institución se dirigió al Ministerio de Defensa solicitando remitiera
información sobre la posibilidad de que el trayecto pueda realizarse en
el futuro en condiciones menos gravosas para el soldado o marinero o,
al menos, se estudie la posibilidad de proponer una modificación en la
cuantía de las dietas de viaje para cubrir este tipo de trayectos de
larga duración (9620762).

En distintos medios de comunicación se publicó la noticia de que
en el Batallón de Instrucción Paracaidista de Javalí Nuevo, en Murcia,
los soldados de reemplazo debían rellenar un cuestionario en el que,
entre otras, se incluía una pregunta en la que debían indicar si
conocían algún homosexual en el cuartel y, en caso afirmativo, decir su
nombre. Iniciada la oportuna investigación de oficio se solicitó a la
Subsecretaría del Ministerio de Defensa remitiera el contenido íntegro
del citado cuestionario, e indicara cuál era su finalidad y en cuántos
acuartelamientos se estaba empleando.

Este departamento manifestó que la finalidad de dicho cuestionario
era que el mando de la unidad, pudiera conocer las necesidades en las
instalaciones y servicios, trato personal recibido y satisfacciones o
frustraciones que les hubiera podido producir su ingreso en las Fuerzas
Armadas, todo ello de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 99 y
100 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, y que al
encuestado se le indicaba que, dado el carácter anónimo del
cuestionario, no tendría ninguna repercusión personal y sólo incidiría
en su beneficio personal y en el del resto de sus compañeros en la
unidad. Igualmente informó que el cuestionario era particular de la
unidad y que se había realizado al menos desde el año 1989, así como
que el Cuartel General del Ejército de Tierra había ordenado suprimir
en el mencionado cuestionario los siguientes apartados: nombre y empleo
del autor (del maltrato) explícalo y di quien (casos de homosexualidad
dentro del cuartel). El referido centro también ordenó modificar la
pregunta: ¿sabes que puedes acudir a tus superiores en estos casos (del
maltrato)? (9600118).

4.1.6.Actividades ajenas al servicio
El artículo 27 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del
Servicio Militar y el artículo 65.3 del Real Decreto 1410/1994, de 25
de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Militar
disponen que a los militares de reemplazo no se les podrán encomendar
tareas ajenas al servicio.

Esta institución inició una investigación de oficio tras aparecer
en los medios de comunicación la noticia de que algunos militares de
reemplazo, hacían de camareros y cocineros en fiestas privadas
organizadas por los mandos en el recinto del acuartelamiento en el que
cumplían su servicio militar.

En el informe remitido por el Ministerio de Defensa se indicaba
que la tropa participó en este tipo de actos con carácter voluntario y
que la Fiscalía del Tribunal Militar Central estaba instruyendo unas
diligencias informativas en esclarecimiento de estos hechos.A la vista
del contenido de la contestación remitida se requirió otro informe en
el que se especificara si a cambio de dichos servicios, los citados
militares de reemplazo disfrutaron de algún tipo de beneficio durante
el cumplimiento de su servicio militar, e igualmente esta institución
se dirigió al Fiscal General del Estado solicitando indicara el estado
de dichas diligencias y las conclusiones que de estas se habían
extraído (9600049).

En esta misma línea se inició de oficio otra investigación tras
aparecer en un diario de ámbito nacional la noticia de que algunos
mandos militares empleaban soldados de reemplazo destinados en un
acuartelamiento para actividades particulares ajenas al servicio
militar, que en dicha unidad militar se habían detectado
irregularidades de tipo contable y que la denuncia efectuada por un
soldado de reemplazo sobre estos hechos no recibió trámite oficial.

En respuesta al informe solicitado, la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar indicó que la queja presentada por el
marinero fue tramitada correctamente en tiempo y forma y que este ex
marinero, cumplido su servicio militar, y por tanto, no sujeto a
posibles coacciones, presentó denuncia en el juzgado contra el redactor
y el periódico por haber publicado de manera sesgada y sin su
consentimiento la queja que formuló en su día (9600056).

4.1.7.Trato incorrecto recibido por militares de reemplazo
La Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar,
dispone que la dignidad y los derechos de la persona son valores que
todo militar de reemplazo tiene obligación de respetar y derecho a
exigir y que, en ningún caso, estará sometido, ni someterá a otros, a
medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal.

La Administración militar ha realizado un notable esfuerzo para
erradicar las novatadas en el interior de los cuarteles y para
controlar que el trato que los mandos dispensan a los soldados de
reemplazo respete sus derechos constitucionales.

Así, desde 1995 esta institución está realizando una investigación
sobre unos incidentes ocurridos en un determinado acuartelamiento, que
fueron puestos en nuestro conocimiento por soldados de distintos
reemplazos destinados en el mismo, que manifestaban que había un
oficial contra cuya conducta habían protestado reiteradamente, por
entender que la misma no se adecuaba a lo dispuesto en las ordenanzas
militares.

En un principio, la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo informó
que se habían abierto diligencias contra el citado oficial tras la
denuncia de unos marineros de reemplazo que habían sufrido novatadas,
pero las diligencias se habían archivado debido a que la Fiscalía
Jurídico Militar


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del Tribunal Militar Territorial que conocía el asunto había
considerado que los hechos no habían revestido en ningún momento
carácter de delito.

Sin embargo, tras continuar la investigación debido a las
sucesivas denuncias contra el mismo oficial, esta institución ha sido
informada de que había sido apartado de los militares de reemplazo, por
estar procesado por un presunto delito de abuso de autoridad.

4.1.8.Procedimientos disciplinarios
La disciplina militar en un Estado democrático debe armonizarse
con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos a ella
sometidos, entre otras razones porque estos derechos son principios
estructurales del ordenamiento jurídico. Por tanto, la potestad
disciplinaria de las Fuerzas Armadas debe entenderse también como
instrumento de garantía de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas del militar.

La falta grave consistente en hacer manifestaciones contrarias a
la disciplina a través de los medios de comunicación social, prevista
en el número 15 del artículo 9 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de
noviembre, supone una limitación al ejercicio del derecho a la libertad
de expresión del artículo 20.1.a) de nuestra Constitución, y por tanto
en la tramitación de los procedimientos sancionadores correspondientes
deberá considerarse la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
interpretación de las normas que establecen limites al ejercicio de los
derechos y libertades fundamentales.

Dicho tribunal considera que el legislador podrá legítimamente
imponer límites específicos al ejercicio de la libertad de expresión de
los miembros de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando estos límites
respondan a los principios primordiales y a los criterios esenciales de
organización de la institución militar, que garanticen no sólo la
necesaria disciplina y sujeción jerárquica, sino también el principio
de unidad interna.

Los derechos y libertades fundamentales no son absolutos, pero
tampoco puede atribuirse dicho carácter a los límites a que ha de
someterse el ejercicio de tales derechos y libertades. Tanto las normas
de libertad como las llamadas normas limitadoras se integran en un
único ordenamiento inspirado por los mismos principios en el que, en
último término, resulta ficticia la contraposición entre el interés
particular subyacente a las primeras y el interés público que, en
ciertos supuestos, aconseja su restricción. Antes al contrario, tanto
los derechos individuales como sus limitaciones, en cuanto éstas
derivan del respeto a la Ley y a los derechos de los demás, son
igualmente considerados por el artículo 10.1 de la Constitución como
«fundamento del orden político y de la paz social».

Se produce, en definitiva, un régimen de concurrencia normativa,
no de exclusión, de tal modo que tanto las normas que regulan la
libertad como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser
igualmente vinculantes y actúan recíprocamente. Como resultado de esta
interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe,
por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el
mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos
fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y
en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales
derechos.

En el informe remitido por el Teniente General Jefe del Estado
Mayor del Ejército, en relación con un expediente disciplinario
instruido por la supuesta comisión de una falta grave, se señala que el
instructor ha considerado acreditado que el encartado es autor de las
expresiones que aparecieron publicadas en un medio de comunicación, en
concreto en una sección denominada «Estamos hartos de...», con el
siguiente contenido: «De: ¡Compañía, a formar!, ¡a cubrirse, ar! ¡a la
orden!, ¡da usted su permiso!, ¡ordena alguna cosa más!. Estoy harto de
la disciplina, de los rangos, de ser un borrego y de tanto vago
borracho. Estoy harto de la mili», por lo que se acordó la imposición
al encartado de la sanción de dos meses de arresto, que debía ser
extinguida en establecimiento disciplinario, como autor de la falta
grave de hacer manifestaciones contrarias a la disciplina a través de
los medios de comunicación social, establecida en el número 15 del
artículo 9 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, antes
citada.

A juicio de esta institución, al dictar dicha resolución
sancionadora debería haberse valorado que el medio de comunicación, en
cuya sección se publica el texto del interesado, advierte a los
lectores que quieran enviar cartas a dicha sección que se reserva el
derecho de resumirlas o extractarlas y que, por otra parte, el soldado
sancionado se identifica en el citado periódico por su nombre y
apellidos, sin hacer referencia alguna a su condición de militar de
reemplazo.

También debería haberse considerado que, en su conjunto, la
sección de cartas donde se ha reproducido, al menos parcialmente, el
texto del interesado, se caracteriza por un uso del lenguaje
desenfadado, irónico y humorístico.

En concreto el texto que ha dado origen al procedimiento
disciplinario se incluía en un apartado denominado «Estamos hartos
de...» en el que se invita a los lectores a comunicar aquellas cosas
que les producen hartura, sin que, en propiedad, pueda considerarse al
compareciente autor de la expresión «Estamos hartos de...» que
constituye el título genérico que propone el periódico para las
comunicaciones de sus lectores.

Asimismo, debería haberse valorado que la expresión «Estamos
hartos de ...» tiene el sentido de cansancio de hacer cierta cosa o de
aguantar o sufrir algo o a alguien, lo que, no constituye, en
principio, una manifestación contraria a la disciplina, porque no se
opone a ella, ni, dado el contexto de las manifestaciones realizadas,
impide su efecto, le estorba o perjudica.

A juicio de esta institución nos encontramos aquí ante una
aplicación extensiva o analógica de una norma disciplinaria, lo que
podría suponer una infracción del principio de legalidad del que emana
una garantía de orden material que refleja la especial trascendencia
del principio de seguridad jurídica y que impone la necesidad de una
predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las
sanciones correspondientes.



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El principio de legalidad exige la existencia de preceptos
jurídicos que permitan predecir con suficiente grado de certeza que
conductas se hallan prohibidas y que responsabilidad y, en su caso, que
sanción comporta su realización, y obliga a dilucidar si en la
actividad de reconocimiento y alcance de una norma como paso previo a
su aplicación se han rebasado sus límites, modificando su sentido
propio.

En definitiva, la consecuencia inevitable del principio de
legalidad es la necesaria adecuación de un hecho a la descripción que
del mismo hace la norma sancionadora. El acto u omisión castigados
tienen que hallarse claramente definidos como falta administrativa,
dándose la perfecta adecuación con las circunstancias objetivas y
personales determinantes de la ilicitud por una parte y de la
imputabilidad por otra; debiendo rechazarse, en todo supuesto, la
interpretación extensiva o analógica de la norma.

En consecuencia, se ha considerado conveniente dirigirse al
Ministerio de Defensa para recomendarle que, valorando las
consideraciones realizadas por esta institución, adopte las medidas e
imparta las instrucciones oportunas para que, en el ejercicio de la
potestad sancionadora en el ámbito disciplinario militar, las normas
que establecen límites al ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales sean interpretadas con criterios restrictivos y en el
sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos
(9622978).

Por lo que se refiere a los procedimientos sancionadores por
faltas leves se ha observado que, en algunos casos, en el preceptivo
relato de los hechos de las resoluciones sancionadoras se describen las
acciones imputadas a los encartados de forma tan imprecisa que no
resulta posible determinar su encaje en las faltas tipificadas en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, del régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas, con la consiguiente merma de las
garantías jurídicas del administrado, y, por otra parte, del examen de
la documentación que a solicitud nuestra ha remitido la Subsecretaría
de Defensa, no se desprende que en dichos procedimientos sancionadores
se comunique a los soldados sancionados los cargos que se les imputan.

En este sentido, debe recordarse que la jurisprudencia
constitucional ha señalado reiteradamente que las garantías procesales
establecidas en el artículo 24.2 de la Constitución son aplicables,
además de en el proceso penal, en los procedimientos administrativos
sancionadores y que ha precisado el alcance de esta regla general,
estableciendo que las garantías aplicables a los procedimientos
administrativos sancionadores son los derechos de defensa, la
presunción de inocencia y la actividad probatoria.

El derecho de defensa presupone el derecho a conocer los cargos
antes de la imposición de la sanción. Ninguna defensa puede ser eficaz
si el imputado no conoce con anterioridad los hechos en que se
fundamenta la acusación, a fin de oponer frente a ellos las oportunas
excepciones y defensas. Consecuentemente, el derecho a ser informado de
la acusación se integra en el conjunto de garantías del artículo 24.2
de la Constitución española aplicables, no sólo al proceso penal, sino
a cualquier procedimiento sancionador de los que sigue la
Administración.

Por tanto, esta institución considera que aunque el procedimiento
para la imposición de sanciones por faltas leves sea preferentemente
oral, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Orgánica
12/1985, antes citada, la ausencia de toda documentación previa a la
resolución sancionadora adoptado podría suponer una vulneración de lo
previsto en el artículo 24.2. de la Constitución (9622978).

4.2.Insumisión
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
tipifica las conductas de negativa al cumplimiento del servicio militar
obligatorio y de la prestación social sustitutoria, modificando el
sistema de penas que operaba hasta la entrada en vigor de esta norma.

Así, el artículo 527 dispone que el objetor que deje de
incorporarse al servicio que se le asigne, o deje de asistir al mismo
por más de veinte días consecutivos o treinta no consecutivos cuando se
halle incorporado al cumplimiento de la prestación, o se negare de modo
explícito o por actos concluyentes a cumplirla, será castigado con la
pena de inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años y multa
de doce a veinticuatro meses.

Por otra parte, el artículo 604 establece que el ciudadano que,
citado legalmente para el cumplimiento del servicio militar, no se
presentare sin causa justificada, retrasando su incorporación al mismo
por tiempo superior a un mes o, no habiéndose incorporado aún a las
Fuerzas Armadas, manifestare explícitamente en el expediente su
negativa a cumplir el mencionado servicio sin causa legal alguna, será
castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión e
inhabilitación absoluta por tiempo de diez a catorce años en tiempo de
paz, y de dos a cuatro años de prisión y diez a catorce años de
inhabilitación absoluta, en tiempo de guerra.

En ambos casos, la inhabilitación incluye la incapacidad para
desempeñar cualquier empleo o cargo al servicio de las
administraciones, entidades o empresas públicas o de sus organismos
autónomos y para obtener subvenciones, becas o ayudas públicas de
cualquier tipo.

Tal como indicaba en el informe del pasado año, acudieron ante
esta institución diversos ciudadanos, asociaciones y colectivos
solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
la citada norma. En el apartado correspondiente a este informe figura
la resolución adoptada por el Defensor del Pueblo, y los fundamentos
jurídicos por los que se estimó que no procedía la interposición del
recurso solicitado.

Sin embargo, la futura profesionalización del ejército y la
consiguiente supresión del servicio militar obligatorio que se estudia
en las Cortes Generales ha acelerado, a juicio de esta institución, un
debate sobre el tratamiento penal de estas conductas, como se anunciaba
en el anterior informe.

De hecho, en distintas comparecencias efectuadas por el Defensor
del Pueblo ante los Plenos y Comisiones de las Cámaras se ha expuesto
la importancia del tema. Efectivamente,


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en el momento en que entró en vigor la Ley Orgánica 20/1995, de 23 de
noviembre, el servicio militar era obligatorio para todos los
ciudadanos, como lo es en el momento de elaborar este informe. Sin
embargo, el legislador deberá tener en cuenta las circunstancias que
concurren en esta cuestión al abordar el tratamiento penal de unos
ciudadanos que se niegan a cumplir una prestación personal obligatoria
cuando ésta va a dejar de serlo.

En efecto, si finalmente se opta por el modelo de Fuerzas Armadas
profesionales y se suprimen por tanto las prestaciones personales
obligatorias previstas actualmente, se producirá la situación de que
habrá unos jóvenes condenados por determinadas conductas que dejarán de
ser delictivas.

Aunque ésto ya ha ocurrido en otras ocasiones, y en este tema
concreto cuando tras la promulgación de la Constitución se reconoció el
derecho a la objeción de conciencia al servicio con armas, esta
institución quiere dejar constancia del criterio asumido por el
Defensor del Pueblo en esta materia, reflejado en el comunicado que se
elaboró tras la reunión de coordinación mantenida en el año 1995 con
los comisionados parlamentarios autonómicos, en el sentido de que estas
conductas no deberían conllevar pena de prisión, y la sanción que
merezcan deberá ser proporcionada al interés jurídico que pretende
proteger.

4.3.Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
Compareció ante esta institución un ciudadano manifestando su
desacuerdo con la resolución del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas por la que se desestimaba su solicitud de reintegro de
los gastos que se le habían producido a consecuencia de las obras de
mejora que había acometido en su vivienda.

En el fundamento único de dicha resolución, el citado instituto
esgrimía a su favor que aunque efectivamente el compareciente había
instado repetidamente al extinto Patronato de Casas Militares que
llevara a cabo las citadas mejoras, no constaba en el expediente
documento alguno que acreditara que la autorización había sido
finalmente concedida.

En relación con la citada resolución, es necesario recordar que el
Ministerio de Defensa, mediante escrito de fecha 4 de marzo de 1994,
informó a esta institución, en relación con el asunto del que se estaba
tratando, que según los antecedentes que obraban, tanto en la Gerencia,
como en la Delegación actual del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, no existía constancia de que el compareciente se
hubiese dirigido por escrito al extinto Patronato de Casas Militares en
solicitud de autorización para realizar obras en la vivienda que
ocupaba.

No obstante se pudo constatar que la propia Gerencia del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas se dirigió al interesado,
mediante escrito de fecha 4 de abril de 1995, manifestándole que había
constancia de que había interesado del extinto Patronato de Casas
Militares la necesidad de realizar las obras de sustitución de la
bajante general de aguas fecales y de la tubería de agua de la vivienda
que ocupaba, por lo que se le requería para que aportase las facturas
acreditativas del desembolso efectuado por tales conceptos. Dicho
requerimiento fue reiterado por escrito de la citada Gerencia de fecha
7 de julio del mismo año.

Del mismo modo en la resolución de dicho instituto de 16 de
octubre de 1995, se manifestaba, entre otras cosas, que constaba en el
expediente informe de 8 de enero de 1991 del Delegado del extinto
Patronato de Casas Militares en el que corroboraba la realización por
el promovente de obras en la vivienda, valorando su coste, de haberse
efectuado por el Patronato, en una cantidad aproximada a las 500.000
ptas.

A juicio de esta institución y a la luz de la documentación
remitida, quedó suficientemente acreditado que el interesado se
enfrentó en su día con la necesidad de realizar obras en su vivienda
por tener fugas de agua y solicitó en reiteradas ocasiones al Patronato
de Casas Militares la autorización para realizar dichas obras, que en
ningún momento dio respuesta alguna a los reiterados escritos, por lo
que éste, dada la urgencia y necesidad de las obras, realizó las mismas
y se dirigió nuevamente al extinto Patronato de Casas Militares
aportando la factura correspondiente y solicitando su reintegro.

Transcurridos más de tres años, el Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas le solicita el desglose de la factura para proceder al
resarcimiento de aquella parte de los gastos que correspondía a la
sustitución de la bajante de aguas fecales y de las tuberías de agua.

Una vez cumplimentada por el interesado la solicitud de ese
instituto, se dicta resolución desestimatoria que se fundamenta en el
incumplimiento por el extinto Patronato del deber legal de dar
respuesta a la solicitud del interesado.

Por todo cuanto antecede, el Defensor del Pueblo valoró la
conveniencia de sugerir al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas que dictara una nueva resolución estimando la solicitud del
interesado y acordando el reintegro de los gastos de las obras que
hubiese correspondido realizar en su día al extinto Patronato de Casas
Militares.

La citada sugerencia fue finalmente aceptada habiéndose acordado
compensar al interesado con un importe de 440.121 pesetas por el coste
de las obras realizadas por éste en 1990 (9319711).

4.4.Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Durante 1996 acudió al Defensor del Pueblo un ciudadano exponiendo
que había presentado ante la Delegación del Instituto Social de las
Fuerzas Armadas en Burgos una instancia solicitando se incluyese como
beneficiaria en su cartilla a la tía carnal de su esposa, de 89 años de
edad, toda vez que vivía a su cargo, y carecía de medios económicos,
por lo que todos los gastos médicos y farmacéuticos que ésta precisaba
corrían por cuenta del compareciente.

Tal petición fue denegada por entender la Administración que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto 2330/1978, de 29
de septiembre, por el que se regula


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el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,
entre los familiares de los asegurados con derecho a asistencia
sanitaria en el campo de aplicación de este régimen especial no se
encontraban los que ostentaban el parentesco de tío/tía del cónyuge del
beneficiario.

Efectivamente, la normativa en vigor no recogía supuestos como el
planteado por el interesado, no obstante, los artículos 3 y 4 del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, disponen que
la regulación del régimen especial de los funcionarios públicos,
civiles y militares, debe tender a la homogeneidad con el régimen
general y que el artículo 1.b) párrafo segundo del Real Decreto
1682/1987, de 30 de diciembre, por el que se amplía la acción
protectora de la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria,
admite que aquella asistencia se preste igualmente a los acogidos de
hecho por los titulares, al equipararlos con los descendientes, hijos
adoptivos y hermanos de éstos, aunque en estos supuestos de manera
excepcional y previo acuerdo en cada caso de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En atención a lo expuesto, se solicitó informe al Instituto Social
de las Fuerzas Armadas sobre si existía alguna previsión por parte de
ese instituto para proponer a los órganos competentes la aprobación de
una norma similar al Real Decreto 1682/1987, a lo que se contestó que
no existía tal previsión ya que la inclusión de este tipo de casos en
el término de acogidos de hecho, a los efectos de otorgarles la
condición de beneficiarios de la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas, supondría una generalización que podría
afectar al régimen de financiación de la asistencia sanitaria
gestionada por ese instituto, lo que vulneraría el artículo 10.4 del
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, que dispone que la
homogeneidad que en la regulación legal de los regímenes especiales
debe darse respecto del Régimen General solamente puede exigirse en la
medida en que lo permitan las características de los distintos grupos
afectados por dichos regímenes y las disponibilidades financieras del
sistema.

Esta institución consideró oportuno volver a dirigirse a dicho
instituto para poner de manifiesto que el artículo 2 del Real Decreto
1682/1987 otorga la condición de beneficiarios de manera general al
cónyuge, a los descendientes, de ambos cónyuges o de cualquiera de
ellos, a los hijos adoptivos y a los hermanos, e igualmente a los
ascendientes y sus cónyuges, siendo indiferente que lo sean del titular
del derecho o de su cónyuge siempre que reúnan los siguientes
requisitos: que vivan a expensas y con el titular del derecho, que no
realicen trabajo remunerado alguno, ni perciban renta patrimonial ni
pensión superior al doble del salario mínimo interprofesional y que no
les corresponda recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Sin embargo, para los acogidos de hecho, es decir, para cualquier
otro supuesto distinto de los anteriores, el legislador es mucho más
restrictivo, ya que en estos casos no basta con que concurran los tres
requisitos objetivos que acabamos de enumerar para que automáticamente
reconozca el derecho a percibir asistencia sanitaria por el régimen
general de la Seguridad Social, sino que solamente con carácter
excepcional y previo acuerdo, en cada caso, de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se acordará o no
otorgarles la condición de beneficiario.

A juicio de esta institución el apartado b) del número 2 del
artículo 2 del Real Decreto 1682/1987 estaba redactado en unos términos
lo suficientemente delimitados como para poder aplicarse igualmente en
el régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas sin
que se viera afectado por ello el régimen de financiación de la
asistencia sanitaria gestionada por el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.

Pretender hacer una enumeración casuística de los tipos de
acogidos de hecho que pueden producirse es una tarea desproporcionada y
estéril, por lo que el legislador, para el Régimen General de la
Seguridad Social, recoge una cláusula general en el citado artículo 2,
redactado en términos de excepcionalidad, y solamente en contadas
ocasiones regula casos concretos, tal es el supuesto de aquellos que se
encuentran en régimen de guarda o acogimiento familiar o en trámite de
adopción, tal y como dispone la resolución de 16 de septiembre de 1987
de la Secretaría General para la Seguridad Social.

No obstante, lo anterior no significa que en el régimen general
solamente este tipo de acogidos de hecho puedan ser beneficiarios de la
asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Hacer esta interpretación
supondría dejar vacío de contenido el apartado b) del número 2 del
artículo 2 del precitado real decreto, simplemente significa que los
sujetos que se encuentren en estos supuestos deben ser obligatoria y
automáticamente incluidos como beneficiarios de los servicios médicos
que presta dicho régimen, sin posibilidad de que el otorgamiento de tal
condición se vea determinado previamente por una decisión discrecional
de alguna Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Por todo cuanto antecede, se formuló una recomendación al
Instituto Social de las Fuerzas Armadas en el sentido de que
propusieran las modificaciones normativas que fueran necesarias para
que, excepcionalmente, y previo acuerdo en cada caso de los órganos
competentes de dicho instituto que se estipule, los acogidos de hecho
que convivan con el personal militar incluido en el campo de aplicación
del régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas,
queden asimilados a los descendientes, hijos adoptivos o hermanos tanto
del titular del derecho como de su cónyuge, a los efectos de ostentar
la condición de beneficiarios en materia de asistencia sanitaria.

Esta institución entendía que de esta forma el tratamiento legal
que ese instituto estaría dando a los acogidos de hecho sería el mismo
que el que se contempla en el régimen general de la Seguridad, logrando
de este modo la homogeneidad a la que hacen referencia los apartados 3
y 4 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Seguridad Social.

Como respuesta a esta recomendación el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas emitió un informe en el que


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manifestó que, de acuerdo con la misma, en una próxima instrucción se
ampliarían los supuestos de acogimientos de hecho adecuándolos a los
criterios imperantes en el régimen general de la Seguridad Social
(9618526).

5.OBJECION DE CONCIENCIA
5.1.Consideraciones generales
Las demoras crónicas y generalizadas para la incorporación al
periodo de actividad de la prestación social sustitutoria siguen siendo
la causa más relevante de los diversos problemas que afectan a los
objetores de conciencia, que frecuentemente se ven obligados a realizar
dicha prestación en el momento en el que, por sus circunstancias
familiares o laborales, les resulta más gravoso.

La imposibilidad de incorporarse a un puesto de actividad dentro
de un plazo razonable de tiempo desde el reconocimiento de su
condición, nos lleva a insistir una vez más en la necesidad de adoptar
las medidas oportunas para superar una situación en la que los
objetores de conciencia pueden ser llamados al cumplimiento de sus
obligaciones a lo largo de varios años sin opción para determinar el
momento más oportuno para realizar la prestación, a diferencia de lo
que ocurre con los que se incorporan al servicio militar obligatorio.

Esta situación, que en principio está determinada por la escasez
de puestos de actividad, se ve agravada por las disfunciones que se
advierten en la actividad de la Oficina para la Prestación Social de
los Objetores de Conciencia y de la Dirección General de Objeción de
Conciencia.

Los retrasos en la resolución de solicitudes y recursos, la escasa
información que se suministra a los administrados, la falta de
coordinación con los correspondientes órganos del Ministerio de Defensa
encargados de la gestión del servicio militar, la relegación del
principio de oficialidad en la tramitación de los procedimientos, la
demora en el pago de las prestaciones que la ley reconoce a los
objetores, así como otras irregularidades y disfunciones a las que
haremos referencia más adelante, configuran una situación preocupante
que, a juicio de esta institución, exige la adopción de medidas
urgentes que aseguren que la gestión de la prestación social
sustitutoria no suponga una constante fuente de conflictos y
reclamaciones.

5.2.El cómputo de los plazos de incorporación
La regulación de los plazos de incorporación y de adscripción a la
prestación social sustitutoria en el Real Decreto 266/1995, que aprueba
el reglamento de 24 de febrero de 1995, es confusa y adolece de
importantes deficiencias, lo que está incidiendo negativamente en los
derechos de los objetores de conciencia.

En dicho reglamento no se hace ninguna mención a la clasificación
de los objetores de conciencia, a diferencia de lo que ocurría en el
anterior reglamento de la prestación social sustitutoria, aprobado por
Real Decreto 20/1988, de 15 de enero, que regulaba la clasificación,
entendida como el conjunto de las operaciones conducentes a la
organización y adscripción de los efectivos disponibles. Los efectivos
anuales, entendidos como el conjunto de objetores que se incorporan
durante el año a la situación de actividad, se determinaban restando al
conjunto de los objetores reconocidos en el año, los que hubiesen sido
clasificados excluidos totalmente de la prestación, los excluidos
temporales y los que obtuviesen una exención del periodo de actividad.

A este nuevo conjunto había que sumarle los objetores reconocidos en
años anteriores que hubiesen cesado en las condiciones que motivaron su
exclusión temporal. Este conjunto de objetores, es decir los
integrantes de los efectivos anuales, debían ser adscritos a los
programas o centros de prestación e incorporarse durante el año a la
situación de actividad, previa notificación de la fecha y lugar en la
que debía efectuarse dicha incorporación.

En el reglamento vigente se omite toda referencia expresa a la
clasificación de los objetores y a la determinación de los efectivos
anuales. El artículo 47.1 se limita a establecer que la Oficina
adscribirá a los objetores incorporables, que según el artículo
anterior son aquellos que no tengan concedida una exención o
aplazamiento vigentes de incorporación, y en el apartado séptimo del
mismo artículo 47 se fija el plazo en el que debe tener lugar la
adscripción, en términos tan confusos e inciertos que pudiera suponer
una vulneración del principio de seguridad jurídica.

Según la interpretación que hace la Dirección General de Objeción
de Conciencia de lo previsto en el vigente reglamento, en aquellos
casos en los que se solicita un aplazamiento de la incorporación, se
abren los plazos para la adscripción y posterior incorporación del
objetor, de forma que el solicitante de un aplazamiento, cuando su
solicitud sea denegada, deberá incorporarse a la prestación en un plazo
máximo de 18 meses desde la presentación de su solicitud o de 20 meses
desde el reconocimiento de la condición de objetor, mientras que en el
supuesto de que un objetor no solicite ni la exención ni el
aplazamiento no se abre ningún plazo para la adscripción y, en
consecuencia, ésta se produce, en la mayoría de los casos,
transcurridos varios años desde el comienzo de la situación de
disponibilidad.

En este sentido, la citada dirección general subraya que el propio
reglamento ha previsto la posibilidad de que la situación de
disponibilidad pueda durar ocho años, desde los diecinueve de edad
hasta los veintisiete, año en el que se produciría la adscripción de
oficio, pero no repara en que, exceptuando el caso de los objetores a
los que se haya concedido el aplazamiento, el periodo de disponibilidad
puede superar los veinte meses únicamente cuando el objetor no
manifieste su interés en el aplazamiento de su incorporación. En
consecuencia, o bien la Oficina para la Prestación Social de los
Objetores de Conciencia concede todos los aplazamientos solicitados o
se estaría perjudicando injustificadamente a los solicitantes. Debe
considerarse, al respecto, que el propio reglamento prevé en sus
artículos 23 y 41 una modalidad de aplazamiento por simple
manifestación de preferencia.



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Esta institución considera que la situación creada pudiera estar
incidiendo negativamente, desde el punto de vista de la seguridad
jurídica, en el ejercicio de los derechos de los objetores de
conciencia. La seguridad jurídica, garantizada por el artículo 9.3 de
la Constitución, debe entenderse, de acuerdo con la doctrina y con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre lo dispuesto en el
citado artículo, como certeza o conocimiento de la legalidad y, por
tanto, como previsibilidad de las consecuencias jurídicas que se puedan
derivar de una determinada actuación. En este sentido se pronuncia,
entre otras, la sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990, de 15 de
marzo, cuando señala que la exigencia del artículo 9.3 de la
Constitución relativa al principio de seguridad jurídica implica que el
legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe
procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los
operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de
provocar situaciones objetivamente confusas.

Sin embargo, la Dirección General de Objeción de Conciencia no
considera que se produzca una situación restrictiva de derechos para
aquellos objetores que deseen incorporarse en un reducido plazo de
tiempo a realizar el periodo de actividad de la prestación social, por
lo establecido en el artículo 46 del reglamento sobre las solicitudes
de adscripción que serán resueltas en el plazo de seis meses desde su
presentación, con lo que una vez resueltas se abre el plazo establecido
en el artículo 48 para la incorporación, pudiendo iniciarse el
procedimiento de adscripción, establecido en el artículo 47 del
reglamento, de oficio o a solicitud de persona interesada.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su artículo 68, dispone que los procedimientos pueden iniciarse de
oficio o a solicitud de persona interesada, pero no indica,
precisamente porqué se refiere al procedimiento administrativo común,
en qué casos pueden iniciarse de oficio y en qué casos a solicitud de
parte. Esta cuestión no puede resolverse desde la perspectiva general y
necesariamente abstracta de la ley, sino que debe concretarse teniendo
en cuenta la clase de procedimiento de que se trate. Hay sectores de la
actividad que están articulados técnicamente en torno al principio de
rogación, de modo que la solicitud del particular es presupuesto
necesario de la incoación misma del procedimiento y su desarrollo
posterior. En general, todo procedimiento tendente al reconocimiento de
un derecho o a la constitución de una situación jurídica favorable a un
sujeto determinado exige, en principio, la iniciativa de dicho sujeto
como condición necesaria para la válida incoación del procedimiento.

El procedimiento de gestión de una prestación forzosa de carácter
personal no parece que pueda incluirse entre los procedimientos
articulados en torno al principio de rogación, sino que, al contrario,
debe entenderse que se inicia, por regla general, de oficio. En este
sentido es conveniente observar que en el citado artículo 46 no se
dispone que las solicitudes de adscripción serán resueltas en el plazo
de seis meses, sino que las solicitudes de los objetores relativas a su
adscripción o incorporación a la prestación social serán resueltas en
un plazo de seis meses a partir del día de la fecha en que la solicitud
haya tenido entrada en cualquiera de los registros del órgano
administrativo competente y, en todo caso, dentro de los tres meses
siguientes a la incorporación.

Por tanto, sin excluir la posibilidad de que los objetores que lo
deseen puedan solicitar su adscripción, no creemos que de lo dispuesto
en dicho artículo pueda deducirse que el reglamento regula un
procedimiento en el que el principio de oficialidad queda relegado, de
forma que la Administración actúa preferentemente a instancia de los
administrados y está obligada a impulsar el procedimiento de oficio
únicamente en determinadas situaciones, como sería el caso de un
objetor que ya hubiere cumplido los veintisiete años. En definitiva, no
se puede difuminar la obligación de la Administración de iniciar e
impulsar el procedimiento de oficio, amparándose en la posibilidad de
que los administrados puedan solicitar a la Administración el
cumplimiento de dichas obligaciones.

A juicio de esta institución, el criterio de la Dirección General
de Objeción de Conciencia, que se ha puesto de manifiesto
anteriormente, no contribuye a garantizar adecuadamente los derechos de
los objetores de conciencia, por lo que el Ministerio de Justicia
debería estudiar y proponer aquellas modificaciones del reglamento de
la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria que,
superando las ambigüedades e imprecisiones que se han descrito,
configure un procedimiento de gestión de la prestación social
sustitutoria caracterizado por su claridad y la previsibilidad de las
consecuencias de los actos jurídicos que realicen los interesados.

Asimismo, debería la Administración adoptar las medidas oportunas
para que la adscripción de los objetores se realice de oficio en un
plazo razonable desde el reconocimiento de su condición y se informe a
los mismos de las posibilidades y alternativas que existen para su
incorporación a la prestación social, considerando la escasez de
puestos de actividad en relación con el número de objetores
incorporables, de forma que el perjuicio que se deriva para éstos de la
indeterminación de la fecha de incorporación quede atenuado por una
actuación administrativa caracterizada por su eficacia, transparencia y
celeridad.

5.3.Aplazamientos y prórrogas
El Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de objeción de conciencia y de la prestación social
sustitutoria, realiza un tratamiento pormenorizado y exhaustivo de las
exenciones y aplazamientos de la incorporación a la realización de la
prestación, siguiendo la línea de equiparación con el servicio militar
que en esta materia señala la Ley 48/1984, de 26 de diciembre,
reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social
sustitutoria.

Los artículos 32 y 33 del referido reglamento, que regulan la
concesión de prórrogas por estudios, están redactados


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en términos prácticamente idénticos a los preceptos que regulan las
prórrogas de segunda clase, por estudios, previstas en el Real Decreto
1107/1993, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Reclutamiento.

Analizadas ambas normas se observa que, efectivamente, los
requisitos objetivos, la documentación a presentar por los interesados
y los plazos para efectuar la solicitud son los mismos tanto para los
ciudadanos que van a realizar el servicio militar como para los que han
sido declarados objetores de conciencia y deben, por tanto, realizar la
prestación social sustitutoria.

Resultaría lógico, por tanto, que a los objetores de conciencia
que tengan reconocida prórroga para el cumplimiento del servicio
militar con anterioridad al reconocimiento de su condición de objetor
de conciencia, se les mantenga en el disfrute de la misma una vez
reconocida dicha condición, sin necesidad de presentar una nueva
solicitud de prorroga ante la Oficina para la Prestación Social de los
Objetores de Conciencia en los plazos que dispone el artículo 17.1 del
Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero.

En efecto, el referido precepto establece que los objetores no
clasificados en el servicio militar podrán solicitar la exención de la
prestación social o un aplazamiento de incorporación durante los dos
meses siguientes a la notificación del reconocimiento de la condición
de objetor. Pero no hay que olvidar que el referido artículo dispone
que no se admitirán en la prestación social la reiteración de
solicitudes desestimadas o que impliquen la reapertura de plazos
caducados en el servicio militar.

En relación con este problema, la Secretaría de Estado de Justicia
ha manifestado que aunque la Dirección General de Objeción de
Conciencia tenga conocimiento de la concesión de un aplazamiento para
la realización del servicio militar, el reconocimiento de dicha
prórroga no vincula al Ministerio de Justicia, por lo que el interesado
debe solicitar, en los plazos que fija el Reglamento de la Objeción de
Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, la prórroga que
corresponda, de acuerdo con lo que dispone el artículo 17.2 de la
citada norma legal.

Esta institución no ignora que las prestaciones que deben llevar a
cabo los ciudadanos que realizan el servicio militar y los objetores de
conciencia son diferentes y que no puede hablarse de una homologación
automática de ambos colectivos, más aún si se tiene en cuenta que
dependen de organismos diferentes, cada uno de ellos con su propia
estructura y organización, lo que puede, en virtud de las
circunstancias, hacer exigible una regulación distinta en determinados
supuestos.

Sin embargo, no puede ignorarse que la obligatoriedad del
cumplimiento de la prestación social que realizan determinados
ciudadanos dimana directamente de las obligaciones militares que la
norma fundamental impone a los españoles, a los que a la par reconoce
el derecho a no prestar un servicio con armas, que pudiera resultar
contradictorio con las convicciones ideológicas o religiosas que
profesan.

Así lo dispone la Ley 48/1984, de 26 de diciembre, dictada en
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 30.2 de la
Constitución, que establece que quienes sean declarados objetores de
conciencia estarán exentos del servicio militar, pero quedarán
obligados a realizar una prestación social sustitutoria de aquel que no
requiera el empleo de armas ni suponga dependencia orgánica de
instituciones militares. Dispone asimismo la referida norma que los
aplazamientos y exenciones de la prestación social sustitutoria del
servicio militar se regularan en el reglamento de desarrollo, de forma
que dicha prestación quede equiparada en estas materias con el servicio
militar.

La interpretación que el Ministerio de Justicia viene realizando
del Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social
Sustitutoria supone que un ciudadano clasificado en el servicio militar
y que ha obtenido una prórroga de incorporación, concretamente por
estudios, debe volver a presentar de nuevo toda la documentación que ya
obra en poder de la Administración para que esta le vuelva a ser
reconocida. Debemos suponer que esto se debe a que el órgano encargado
de gestionar la prestación social de los objetores desconoce el dato
que, sin embargo, debe constar en los organismos correspondientes del
Ministerio de Defensa, cuando no ha finalizado el periodo por el que se
concedió la prórroga.

Esto, cuando menos, supondría que se ha olvidado lo previsto en la
disposición final segunda del Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero,
que establece que los Ministerios de Justicia y de Defensa se prestarán
mutua colaboración para el cumplimiento de lo dispuesto en el
reglamento, mediante las comunicaciones y certificaciones que sean
precisas y, además, aleja a la Administración pública del modelo que
para ella diseña el artículo 103 de la norma suprema, colocando a los
administrados en situación de inseguridad jurídica puesto que, en un
determinado momento, la situación que les ha sido reconocida deja de
tener la cobertura que la propia Administración le había concedido.

Por todo cuanto antecede, y habida cuenta de que lo requisitos
para el reconocimiento de la prórroga de segunda clase son los mismos
tanto en el Reglamento de Reclutamiento como en el de Objeción de
Conciencia y Prestación Social Sustitutoria, esta institución ha
recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia que, en atención a la
obligación que tienen el Ministerio de Justicia y el Ministerio de
Defensa de prestarse colaboración mutua para el cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 266/1995, de 24 de febrero y, en virtud de
lo establecido en el artículo 103 de la Constitución española, acuerde
lo necesario para que a aquellos ciudadanos que tengan reconocida
prórroga por estudios para el cumplimiento del servicio militar con
anterioridad al reconocimiento de su condición de objetor de
conciencia, se les mantenga en el disfrute de la misma y no sean
llamados a incorporarse para el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria hasta que no haya finalizado el plazo por el que se
concedió aquella, sin que sea necesario que los interesados comuniquen
dicha circunstancia al Ministerio de Justicia, ni tengan que volver a
solicitar a este departamento prórroga de segunda clase.



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5.4.Convalidación de servicios previos
La Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado, que en su
artículo 15.2 establece que el tiempo prestado como voluntario
debidamente acreditado, podrá ser convalidado total o parcialmente por
el tiempo de duración de la prestación social sustitutoria que
corresponde proporcionalmente, exige para la convalidación de las
actividades de voluntariado que estas hayan sido realizadas con
posterioridad al reconocimiento como objetor de conciencia y que la
prestación de servicios se realice por un tiempo continuado de al menos
seis meses, integrado en una entidad u organización que tenga suscrito
convenio con el Ministerio de Justicia para la realización de la
prestación social sustitutoria.

Hasta la entrada en vigor de la citada ley, el cómputo de
servicios previos a efectos de la realización del período de actividad
de la prestación social sustitutoria estaba reglamentado en la
disposición transitoria tercera de la Ley 48/1984, de 26 de diciembre,
que únicamente preveía la convalidación de aquellos servicios que
habían comenzado a prestarse antes del 26 de diciembre de 1984.

Entre las quejas recibidas que afectan a lo dispuesto en el
artículo 15.2 citado se encuentra la planteada por un ciudadano al que
le fue reconocida la condición de objetor de conciencia el 24 de junio
de 1993 y que desde el 14 de julio de 1994 hasta la actualidad, viene
realizando actividades como voluntario en la zona serbia de
Bosnia-Herzegovina y en la República Serbia, dentro de los programas
que una organización no gubernamental realiza en dichos países. Dicho
ciudadano presentó en la Embajada de España en Belgrado un escrito, de
fecha 13 de junio de 1996, dirigido a la Oficina para la Prestación
Social de los Objetores de Conciencia solicitando la convalidación de
los servicios que había prestado como voluntario y acompañando diversa
documentación que, según señalaba en su escrito, acreditaba la
veracidad de sus manifestaciones, sin que en el momento de finalizar la
redacción de este informe se haya dictado la oportuna resolución.

(9618970)
En relación con el procedimiento de convalidación de las
actividades de voluntariado, preocupa a esta institución la demora en
la resolución de las solicitudes, especialmente en aquellos casos en
los que el objetor ha iniciado el periodo de actividad de la prestación
social sustitutoria.

En este sentido, debe considerarse que al estar previsto
legalmente que la acreditación de la prestación de servicios
voluntarios se realice mediante una certificación expedida por la
organización en la que se hayan realizado los servicios, y al tener
necesariamente dichas organizaciones suscrito convenio con el
Ministerio de Justicia, el procedimiento de convalidación debería
caracterizarse por la celeridad de sus resoluciones.

5.5.Haberes en mano y vales de vestuario
Según lo establecido en el artículo 10 de la Ley 48/1984, de 26 de
diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria, los objetores de conciencia en situación de
actividad tendrán derecho al mismo haber en mano que los soldados en
filas y a prestaciones equivalentes de alimentación, vestuario,
transporte y sanidad.

Por su parte, el artículo 35 de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de
diciembre, del Servicio Militar, establece que a los militares de
reemplazo se les suministrará el vestuario y equipo necesarios, de
acuerdo con las condiciones climatológicas y demás circunstancias en
que se desarrollen sus actividades.

El Real Decreto 20/1988, de 15 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de la prestación social de los objetores de conciencia, que
estuvo en vigor hasta el 16 de marzo de 1995, establecía en su artículo
40 que las entidades que concierten con la Oficina para la Prestación
Social de los Objetores de Conciencia deberían proporcionar a los
colaboradores sociales lo necesario para alojamiento, manutención,
vestuario y transporte en los casos, forma y condiciones establecidos
en los conciertos. Cuando dichas atenciones no fuesen por cuenta de la
entidad concertada estaba prevista la determinación de un procedimiento
para compensar o afrontar los gastos satisfechos o a satisfacer por la
entidad concertada, pudiéndose fijar al efecto módulos cuantitativos.

Para la aplicación y desarrollo de las previsiones del artículo
40.2 de dicho reglamento se dictaron diversas ordenes ministeriales que
determinaban la cuantía de los gastos de vestuario. Esta dotación
económica se ha venido pagando hasta fechas muy recientes a todos los
objetores incorporados a la prestación.

En el artículo 53 del vigente Reglamento de la Objeción de
Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria, aprobado por Real
Decreto 266/1995, de 24 de febrero, se establece que los objetores
devengarán una cantidad para gastos personales y lo necesario para su
alimentación, vestuario y transporte en las condiciones de equivalencia
previstas en la ley. Asimismo, se señala que a los objetores destinados
se les proporcionará vestuario o equipo especial de trabajo, conforme a
lo dispuesto en el artículo 60.2. En este artículo se establece que las
entidades colaboradoras deberán proporcionar a los objetores lo
necesario para su formación, alojamiento, manutención, vestuario y
equipo de trabajo y transporte, en los casos, forma y condiciones que
establezcan los conciertos. Cuando dichas atenciones, conforme al
concierto, no deban ser por cuenta de la entidad colaboradora se
determinará el procedimiento para compensar o afrontar los gastos
satisfechos o a satisfacer por la entidad, pudiendo fijarse, al efecto,
módulos cuantitativos.

De lo dispuesto en el vigente reglamento no se desprende, a juicio
de esta institución, que los objetores de conciencia sólo devengarán la
prestación de vestuario en aquellos casos en que acrediten la necesidad
de un vestuario específico para la realización de la prestación social.

No obstante, la Secretaría de Estado de Justicia considera que
para poder obtener la prestación de vestuario, los objetores deberán
acreditar que se encuentran en el ámbito de aplicación del artículo
53.1 de dicho reglamento, es decir, que el vestuario es necesario para
el desarrollo de su prestación social y, con ese objeto, deberán
presentar un


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escrito ante la Dirección General de Objeción de Conciencia en el que
se especifique la necesidad de utilización de un vestuario específico
para la realización de la prestación social sustitutoria y la
documentación acreditativa de dicha necesidad, así como de su
adquisición. Una vez recibida la documentación referida, la citada
dirección general tomará en consideración la solicitud y dictará
resolución en el sentido que estime más ajustado al contenido del
mencionado reglamento.

El hecho de exigir a los objetores de conciencia que inicien un
procedimiento mediante la presentación de una solicitud a la que
deberán acompañar la documentación acreditativa de su necesidad,
supone, a juicio de esta institución, imponer a los objetores de
conciencia una obligación que no tiene base en ninguna norma legal y
que, además, puede resultar en la mayoría de los casos de imposible
cumplimiento. En este sentido, resulta difícil entender cómo puede
exigirse a un objetor de conciencia que conserve la documentación
acreditativa de la adquisición de vestuario cuando no podía ni siquiera
suponer que debía acreditar los gastos realizados para poder obtener su
reembolso, ya que el criterio vigente hasta fechas recientes era el de
pagar dicha prestación a todos los objetores incorporados a la
prestación.

Considerando las distintas implicaciones del problema planteado,
hemos considerado necesario dirigirnos a la Secretaria de Estado de
Justicia solicitándole un informe en el que se de respuesta a las
siguientes cuestiones:

1.Criterios por los cuales el Ministerio de Justicia ha
considerado que no procede pagar con carácter general la dotación
económica para la adquisición de prendas y equipo de vestuario a los
objetores de conciencia, aunque hayan iniciado y en muchos casos,
finalizado la prestación social antes de la entrada en vigor de la
Orden de 26 de julio de 1996, teniendo en cuenta que esta norma es la
primera en disponer que los objetores en situación de actividad
recibirán la prestación de vestuario sólo en los casos en que sea
necesario para la actividad que desarrollen.

2.Fecha de incorporación de los objetores de conciencia a partir
de la cual se considera que a los mismos les resulta de aplicación el
nuevo criterio y por tanto no se les paga la prestación de vestuario
salvo que justifiquen la necesidad de su utilización.

3.Información que se ha dado a los objetores de conciencia
afectados de que para satisfacer dicha dotación económica es preciso
especificar, en un escrito dirigido a la Dirección General de Objeción
de Conciencia, la necesidad de utilización de un vestuario específico
para la realización de la prestación social sustitutoria, al que se
debe acompañar la documentación acreditativa de dicha necesidad, así
como de su adquisición.

Por otra parte, debe considerarse la semejanza entre el nuevo
criterio utilizado por el Ministerio de Justicia para determinar la
procedencia de la prestación de vestuario y lo dispuesto en la Orden de
26 de julio de 1996, que entró en vigor el 1 de agosto del mismo año.

Esta norma establece que los objetores que se incorporen a la
prestación social sustitutoria, con posterioridad a su entrada en
vigor, recibirán las prestaciones de vestuario a que se refiere el
artículo 53.1 del Reglamento de la Objeción de Conciencia y de la
Prestación Social Sustitutoria, aprobado por Real Decreto 266/1995, de
24 de febrero, sólo en los casos en que sea necesario para la actividad
que desarrollen.

En la misma orden se dispone que en los conciertos se harán
constar los puestos de actividad de cada centro de prestación que
generarán prestación de vestuario y la cuantía de la misma, fijándose
en 45.000 pesetas el importe máximo de la prestación por vestuario que
podrán recibir las entidades colaboradoras del régimen de la prestación
social con el fin de proporcionárselo a los objetores que lo precisen.

También se establece que las entidades colaboradoras, en el plazo de
tres meses desde la fecha de publicación de la citada orden, elevarán a
la Dirección General de Objeción de Conciencia propuesta del número de
plazas concertadas que necesiten vestuario específico para el
cumplimiento de la prestación social sustitutoria, así como valoración
del mismo, debiendo resolver la Dirección General de Objeción de
Conciencia en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta.

Dada la trascendencia de esta disposición para determinar los
derechos de los objetores a la prestación de vestuario, hemos
solicitado, asimismo, a la Secretaria de Estado de Justicia que informe
de los resultados del proceso previsto en el apartado cuarto de la
citada Orden de 26 de julio de 1996, según el cual la Dirección General
de Objeción de Conciencia debería haber resuelto las propuestas de las
entidades colaboradoras en relación con el número de plazas concertadas
que necesiten vestuario específico, así como la valoración del mismo.

Otro de los problemas planteado con mayor frecuencia por los
objetores de conciencia afecta a la percepción de la cantidad para
gastos personales que prevé el artículo 10 de la Ley 48/1984, de 26 de
diciembre, reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación
social sustitutoria y el artículo 53 del Reglamento vigente que
desarrolla dicha norma
Considerando el numero de quejas recibidas en las que se ponen de
manifiesto las deficiencias de la Administración en el cumplimiento de
la mencionada obligación, especialmente por la gravedad de los retrasos
advertidos, hemos solicitado un informe sobre las causas más relevantes
por las que se producen dichos retrasos, así como sobre el tiempo que
transcurre, como término medio, entre la incorporación de los objetores
a sus puestos de actividad y la percepción de la citada prestación.

6.ADMINISTRACION EDUCATIVA
6.1.Educación no universitaria
6.1.1.Escolarización
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y en su normativa
de desarrollo, las administraciones


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educativas deben incrementar paulatinamente su oferta de plazas de
educación infantil, hasta la plena consecución del objetivo de
escolarización que para dicho nivel educativo se define en la
mencionada ley orgánica en el momento de finalización del período
general de diez años previsto para la completa implantación del sistema
que contempla la citada ley orgánica.

Ello determina que todavía en el ejercicio a que se ciñe el
presente informe las citadas administraciones, no obstante el constante
incremento experimentado por la oferta de plazas, no atiendan de hecho
todas las demandas de escolarización que formulan los padres en el
referido nivel, sin que tal circunstancia pueda por el momento
considerarse constitutiva de un incumplimiento de las obligaciones que
éstas tienen atribuidas en orden a la escolarización en el nivel
educativo mencionado.

Aunque en líneas generales pueden entenderse ya logrados los
objetivos de escolarización legalmente definidos, en el caso de los
alumnos de edades comprendidas entre los cuatro y los cinco años, no
puede afirmarse lo mismo en el caso de alumnos de tres años cuyos
padres, dada la oferta de plazas existente, no ven atendidas en todos
los casos las solicitudes de admisión que realizan.

Esta institución, una vez ya considerablemente avanzado el período
de implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo,
se interesa muy específicamente por aquellos supuestos en que lo
reducido de los porcentajes de escolarización de alumnos del último
tramo de edad mencionado en zonas o localidades determinadas parece que
pueda llegar a comprometer la consecución de los objetivos de
escolarización dentro de los plazos legalmente definidos.

Así, a título de ilustración, se puede hacer referencia a la
investigación que esta institución ha iniciado de oficio ante la
autoridad provincial competente del Ministerio de Educación y Cultura,
para contrastar informaciones de prensa que aludían a una tasa de
escolarización especialmente reducida de los alumnos de tres años en la
localidad de San Fernando de Henares, así como para conocer las
previsiones existentes en orden al incremento de plazas para alumnos de
tres años en los centros públicos de la localidad.

La citada tramitación ha permitido confirmar que las posibilidades
iniciales de escolarización para el curso 1996-97 en la citada
localidad únicamente permitían atender el cincuenta por ciento de las
solicitudes formuladas para alumnos de tres años, porcentaje que ha
sido posible incrementar para este curso sólo en un cinco por ciento,
como consecuencia de la entrada en funcionamiento de una nueva unidad
para alumnos del citado tramo de edad.

No obstante lo anterior se prevé un incremento de la oferta de
plazas para el próximo curso 1997-98 que permitirá elevar hasta el
setenta por ciento la tasa de escolarización de los alumnos de la edad
mencionada y, en definitiva, esperar una plena atención en la citada
localidad de los objetivos definidos en la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo dentro de los plazos que se deducen del propio
texto legal mencionado (F9600062).

En todas las ocasiones, y sobre la base de la indudable
trascendencia de la escolarización temprana para el posterior
desarrollo del proceso educativo de los alumnos, esta institución ha
practicado ante los distintos órganos educativos competentes
tramitaciones de carácter informativo, en la línea que ya se detallaba
en el anterior informe, siempre que quienes se dirigían al Defensor del
Pueblo señalaban que no habían visto atendidas sus demandas de plazas a
causa de la insuficiente oferta existente.

En estos casos la finalidad de la intervención ha sido conocer la
situación efectivamente existente, así como la programación efectuada
en orden al incremento de la oferta, y, en ocasiones muy concretas,
interesar la adopción de medidas dirigidas a obviar dificultades
puntuales que parecían impedir la puesta en funcionamiento de las
nuevas unidades que exige la atención de las solicitudes de
escolarización formuladas.

Hay que señalar en relación con estos últimos supuestos que no es
infrecuente que en función de los medios finalmente disponibles se
habiliten en fechas próximas al comienzo del curso correspondiente
nuevas unidades que permitan incrementar de forma inmediata el nivel de
escolarización de los citados alumnos, o que como mínimo se expresen
previsiones en la misma línea para cursos sucesivos (9618521 y
9619298).

La valoración conjunta de los resultados que se han derivado de la
tramitación de las quejas mencionadas permite obtener una impresión
optimista respecto de la capacidad de las administraciones educativas,
al menos en lo que se refiere al Ministerio de Educación y Cultura que
gestiona el ámbito territorial a que se refieren todas las quejas
planteadas en la materia, para hacer frente a los compromisos de
escolarización que se derivan del artículo 7.2. de la repetida Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo.

La implantación generalizada en el año académico 1995-96 del
primer curso de la educación secundaria obligatoria, y la necesidad de
que los alumnos que cursan dichas enseñanzas resulten escolarizados en
centros que respondan a los requisitos que en cuanto instalaciones,
equipamiento, dotación de profesores y otros, resultan precisos para la
impartición del referido nivel educativo ha determinado que en las
zonas rurales -es decir, en referencia a ámbitos territoriales con
localidades cuyo volumen de población no hace posible que se dote a
todos ellos de institutos de educación secundaria-, se hayan adoptado
soluciones que implican la escolarización de determinados alumnos en
centros de secundaria ubicados en localidades distintas a las de su
residencia.

Dicha fórmula de escolarización, tal y como se apuntaba en el
informe de esta institución correspondiente al ejercicio 1995, ha
generado un elevado nivel de contestación, y ha dado lugar a la
formulación de un cierto número de quejas, en todo caso muy inferior al
que cabía esperar dadas las reiteradas y amplias manifestaciones
públicas de distinta índole con que fundamentalmente las asociaciones y
agrupaciones de padres de alumnos han expresado su desacuerdo ante
tales soluciones.

Con muy distintos argumentos y motivaciones los promoventes de
dichas quejas, formuladas por padres, asociaciones de padres de alumnos
y ayuntamientos, han cuestionado las decisiones que implicaban la
escolarización de


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los alumnos de secundaria en centros de otras localidades y -al margen
de la base legal de que en efecto disponen las administraciones
educativas para la adopción de tales decisiones- demandando otras
soluciones que obvien la peligrosidad y pérdida de tiempo que implican
los desplazamientos escolares de los alumnos; faciliten un mayor
control escolar de éstos por parte de sus familias y permitan
rentabilizar las instalaciones educativas, en ocasiones recientes y
costosas y, a juicio de los reclamantes, perfectamente dotadas para la
impartición del nuevo nivel educativo de educación secundaria
obligatoria, de que en algunos casos disponen determinadas localidades.

En todos los supuestos que se han planteado referidos al actual
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, el Defensor
del Pueblo ha practicado actuaciones informativas ante la autoridad
educativa competente, dirigidas a conocer los condicionamientos y marco
de planificación a que respondían en cada caso las soluciones sobre
escolarización cuestionadas.

Las intervenciones realizadas han tenido por objeto conocer,
asimismo, las posibilidades existentes en orden a que, haciendo uso de
las facultades definidas reglamentariamente y siempre que quedara
adecuadamente garantizada la necesaria calidad de la enseñanza, se
facilitase la escolarización provisional de los alumnos del primer
ciclo de educación secundaria obligatoria en los centros de primaria de
sus respectivas localidades.

Por último, a través de las actuaciones practicadas se ha
pretendido determinar si el desplazamiento diario de los alumnos que
impone la fórmula de escolarización en cada caso decidida resultaba
justificada y compensada por el hecho de que su escolarización fuera a
producirse en unas condiciones mejores que las existentes en sus
localidades y, en todo caso, adecuadas a los mínimos que en cuanto a
instalaciones, equipamiento, dotación de profesorado y demás resultan
exigibles en los centros que imparten el referido nivel educativo.

En general, se puede deducir que el anterior Ministerio de
Educación y Ciencia, al menos en los supuestos concretos a que se han
referido las intervenciones, al programar las soluciones de
escolarización cuestionadas valoró tanto el número de alumnos de
educación secundaria obligatoria residentes en cada localidad,
(manteniéndose sólo su escolarización en el centro de primaria al que
venían asistiendo, cuando existían alumnos suficientes para garantizar
un desarrollo adecuado del proceso educativo), como las adecuadas
condiciones de los centros y su dotación de los medios exigibles para
la impartición de las enseñanzas correspondientes, como, por último,
que los desplazamientos que para ello hubieran de realizar los alumnos
fuesen asequibles, fundamentalmente desde el punto de vista de su
duración.

Asimismo, los datos obtenidos indican que las autoridades del
entonces Ministerio de Educación y Ciencia, cuando lo hacían posible
las condiciones de escolarización en zonas determinadas, procedió a
configurar soluciones sobre escolarización abiertas, y a ofertar a los
padres la posibilidad de elegir entre las distintas alternativas de
escolarización aquélla que mejor se adaptara a sus deseos o
condicionamientos personales o familiares específicos (9600761).

No obstante, las distintas direcciones provinciales del nuevo
Ministerio de Educación y Cultura, a instancias de las autoridades
centrales del departamento, han estudiado posteriormente revisiones de
sus respectivas redes de centros, que han dado lugar a la modificación
de alguna de las decisiones sobre escolarización ya adoptadas, y a la
permanencia, en estos casos, de los alumnos de educación secundaria
obligatoria en sus respectivas localidades (9612223, 9612219, 9611210,
9614670 y 9510504).

Con ello se ha pretendido atender las reivindicaciones planteadas
por los padres de ciertas localidades, aplicándose no obstante, según
se asegura, a dichos efectos de revisión, determinados criterios
objetivos, fijados con carácter general cuya exacta formulación
desconoce esta institución, pero que, a juzgar por cuanto se manifiesta
en los informes recibidos, en todo caso atenderían a razones de
calidad, duración de los desplazamientos hasta el instituto
inicialmente asignado y número de alumnos.

En otros casos, no obstante la oposición suscitada, la aplicación
de los parámetros objetivos mencionados ha hecho necesario mantener
sistemas de escolarización que exigen el desplazamiento de su alumnado
de educación secundaria obligatoria a otras localidades (9602604 y
9511681).

La aplicación homogénea de los citados criterios de revisión ha
sido, no obstante, cuestionada por los promoventes de alguna de las
citadas quejas, que no han visto modificadas decisiones sobre
escolarización que implicaban la salida de los alumnos de educación
secundaria obligatoria a centros de otras localidades.

Estos últimos han alegado ante esta institución la aplicación, a
su juicio desigual, de los criterios establecidos a efectos de dicha
revisión, en la medida en que, según entienden, sus respectivas
localidades, se encuentran situaciones idénticas a las de otras de su
entorno, cuyos alumnos de la referida etapa educativa permanecen en sus
respectivos centros de primaria.

Al menos en alguno de estos supuestos dicho desacuerdo se ha
traducido en una oposición cerrada de los padres a que sus hijos
iniciaran las actividades lectivas de este curso 1996-97 en el centro
de secundaria asignado, actitud que todavía a las fechas de redacción
de este informe se traduce en la inasistencia a clase de los alumnos
(9622547).

Esta institución -que ha podido contrastar el carácter objetivo de
la decisión adoptada-, ha interesado de la autoridad educativa
competente la adopción de medidas en orden a la incorporación de los
alumnos a las actividades lectivas correspondientes, e instado asimismo
de los padres el cumplimiento de su deber de facilitar la regular
asistencia de sus hijos a clase para cursar los estudios de carácter
obligatorio indicados.

Asimismo, y aún cuando en todos los casos las autoridades del
Ministerio de Educación y Cultura aseguran que las decisiones adoptadas
garantizan la necesaria calidad de la enseñanza que se imparte a los
alumnos de educación secundaria obligatoria en los distintos tipos de
centro en


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que resulten escolarizados, es preciso señalar a este respecto que, si
bien esta institución no dispone de datos que permitan cuestionar en
términos generales la adecuación de las fórmulas adoptadas, ya entrado
el curso escolar 1996-97 los promoventes de alguna de las quejas
mencionadas se han referido a la inadecuación de los medios con que
cuentan algunos centros, específicamente en materia de instalaciones.

En ocasiones las quejas aluden a secciones de educación
secundaria, provisionalmente albergadas en edificios que, según
entienden, no reúnen las condiciones exigibles (9623754 y otras).

Mientras, en otros supuestos los reclamantes se refieren a
institutos de educación secundaria, antiguos centros de bachillerato
que se han visto obligados a acoger nuevo alumnado de educación
secundaria obligatoria y, en definitiva, a albergar a un número de
alumnos muy superior a aquél para el que estaban concebidos, sin que
previamente se hayan realizado en los mismos las ampliaciones
inicialmente programadas (9600128 y otras).

Esta institución, a la vista de estos últimos datos, y sin
perjuicio de la solicitud de informe que, siguiendo la línea de
actuación habitual, se ha formulado ya en relación con cada uno de los
concretos supuestos planteados a las autoridades educativas
competentes, tiene la intención de practicar una investigación con un
planteamiento de carácter más general, dirigida a comprobar de manera
presencial a lo largo del curso académico 1996-97 las condiciones que
efectivamente reúnen los distintos tipos de centro -colegios de
primaria, secciones de educación secundaria e institutos de educación
secundaria- a los que se han referido las quejas formuladas y las
actuaciones hasta el momento practicadas, con el objeto de contrastar
su adecuación a los requisitos mínimos que se deducen de la normativa
vigente.

El resultado de la citada investigación, así como las conclusiones
que se obtengan, se incorporarán al informe que esta institución
elaborará en relación con el ejercicio 1997.

6.1.2.Instalaciones y construcción de centros educativos
Los problemas o deficiencias que, según se señalaba en el apartado
anterior, advierten determinados reclamantes en relación con algunas
instalaciones que albergan alumnos de educación secundaria obligatoria
resultan en ocasiones consecuencia del incumplimiento de las
previsiones efectuadas en orden a la ampliación de las mismas o a la
construcción de instalaciones destinadas a ubicar secciones o
institutos de educación secundaria de nueva creación.

Supuestos de la índole mencionada plantean los promoventes de las
quejas que aluden a las deficientes condiciones en que se desenvuelve
la actividad docente en las secciones de educación secundaria creadas
en distintas localidades a causa de la insuficiencia o inadecuación de
sus instalaciones, que en ocasiones incluso repercute asimismo de forma
negativa en el desarrollo de la actividad docente de los alumnos de
otros niveles de los colegios públicos en que dichas secciones se han
albergado provisionalmente (9623754 y otras ya mencionadas en el
apartado anterior).

Esta institución carece todavía de la información que se ha
solicitado de las autoridades educativas en fechas relativamente
recientes respecto de las condiciones que reúnen las citadas
instalaciones provisionales y sobre las previsiones existentes en orden
a la construcción de las que definitivamente deben albergar a las
mencionadas secciones de educación secundaria.

A título de ilustración parece oportuno hacer aquí referencia a la
tramitación iniciada de oficio en relación con las condiciones en que
se había procedido a la escolarización de determinados alumnos de
educación secundaria obligatoria adscritos a una sección de educación
secundaria creada en una localidad de la sierra de Madrid que, de
acuerdo con la información de prensa que originó la intervención del
Defensor del Pueblo, tiene lugar en este curso en unas aulas
prefabricadas ubicadas en el recinto de un colegio público de la citada
localidad, que no parecían reunir las condiciones de habitabilidad
exigibles (9600112).

La tramitación efectuada, que no ha confirmado las deficiencias
que en la citada información se atribuían a las aulas mencionadas, ha
permitido contrastar que las actuaciones de adjudicación de las obras
destinadas a la construcción de instalaciones destinadas a albergar con
carácter definitivo a la mencionada sección de educación secundaria y
la formalización del contrato, que han tenido lugar en fechas muy
inmediatas a la iniciación del curso 1996-97, no se han producido con
la antelación que hubiera sido necesaria para que las obras estuvieran
concluidas al comienzo del citado año académico, aún cuando, en todo
caso, al estar previsto para las mismas un plazo de ejecución de cuatro
meses, deben estar disponibles ya en el transcurso del año escolar
1996-97 (9600112).

En otras ocasiones el retraso en la ejecución de obras programadas
para la construcción de los nuevos institutos de educación secundaria,
necesarios en función de la población escolar existente en zonas
determinadas, da lugar a situaciones de masificación en los centros ya
existentes que, a título provisional, albergan a los alumnos de
institutos ya creados pero no dotados todavía de las instalaciones
precisas, además de los que cursan el primer ciclo de secundaria
obligatoria.

Este es el caso de la queja planteada en relación con la situación
existente en el instituto de educación secundaria «Jaime Ferrán», de la
localidad de Collado-Villalba, que desde el curso escolar 1995-96
alberga al alumnado del instituto «Villalba IV», situación que se ha
reproducido en este curso y que, además de las poco deseables
consecuencias educativas que se desprenden de la masificación del
centro, afecta muy negativamente a la seguridad de los alumnos que
asisten al mismo, especialmente por las carencias o deficiencias
advertibles desde el punto de vista de la protección contra incendios.

La intervención del Defensor del Pueblo ha dado lugar a la
adopción de iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de
seguridad del centro que actualmente acoge a los alumnos, y a
determinar que de acuerdo con las previsiones efectuadas las
instalaciones destinadas al nuevo instituto


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de educación secundaria estarán ya disponibles a comienzos del próximo
curso académico 1997-98 (9622240).

Aún cuando no puede apreciarse que exista un déficit de plazas
docentes en el nivel de educación primaria, ni necesidad en general de
abordar la construcción de nuevos centros destinados a alumnos del
mencionado nivel que suplan una eventual insuficiencia de la oferta
escolar, en ocasiones los procesos de urbanización producidos en
determinadas zonas incrementa de manera súbita su población escolar y
la demanda de puestos escolares en una ubicación determinada, sin que
los interesados o las asociaciones que representan a vecinos próximos a
trasladar su domicilio a las mismas conozcan la existencia de proyectos
destinados a hacer posible la escolarización de sus hijos en la zona de
su residencia.

La queja planteada por una asociación de vecinos de la zona de
Valdebernardo (Madrid) planteaba un supuesto como el mencionado, en
relación con el cual el Defensor del Pueblo ha realizado una
tramitación informativa a través de la cual se pretendía determinar las
características y accesibilidad para los nuevos alumnos de los centros
ya existentes en la zona y las previsiones efectuadas en orden a la
creación de nuevos colegios públicos y a la construcción de sus
correspondientes instalaciones.

De acuerdo con los datos proporcionados por el departamento
competente, las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura han
programado la construcción en la zona de dos centros, uno destinado a
alumnos de educación infantil y primaria, nivel este último al que más
específicamente aludía la queja formulada, y otro de educación
secundaria.

En relación con el plazo previsto para la ejecución de sus
respectivas instalaciones y con la posible disponibilidad de las mismas
para el próximo curso, en el que se prevé el traslado de un importante
número de familias, se ha solicitado recientemente la información
pertinente de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura (9622683).

En otras ocasiones la adecuada atención de las necesidades de
escolarización existentes en el mismo nivel de educación primaria se ve
obstaculizada por la falta de solares disponibles, precisos para
abordar la construcción de nuevas instalaciones escolares, o por el
hecho de que los solares que parecen dispuestos a ceder los respectivos
ayuntamientos, obligados legalmente a cooperar en este aspecto con las
administraciones educativas, no responden, por su ubicación dentro de
la localidad o por otras circunstancias, a las necesidades que las
administraciones educativas pretenden atender al programar la
construcción de un nuevo centro.

Al primero de los supuestos descritos responden, entre otras, una
queja cuya tramitación ha puesto de manifiesto la falta de diligencia
con que el Ayuntamiento de Valencia viene actuando ante las reiteradas
demandas de solares recibidas de la autoridad educativa competente para
la construcción de nuevas instalaciones destinadas a un centro que
alberga provisionalmente a sus alumnos en unas condiciones sumamente
precarias, así como para la construcción de instalaciones deportivas y
patio escolar destinadas a otro centro de primaria de la misma zona de
Valencia.

Después de la prolongada tramitación efectuada por esta
institución ante el citado ayuntamiento -y si bien es cierto que la
obtención de los solares precisos requiere en este caso la utilización
de mecanismos expropiatorios que han podido contribuir a dificultar una
atención inmediata de las demandas formuladas por las autoridades
educativas-, se ha podido determinar que, aún cuando el ayuntamiento ha
incluido el coste previsto para la expropiación de los citados solares
entre los proyectos a ser contemplados por el presupuesto municipal
para 1997, la materialización de la expropiación en el mencionado
ejercicio dependerá de que la corporación municipal habilite el crédito
suficiente por los importes precisos para hacer posible la aprobación
definitiva de los proyectos de expropiación y la ejecución de los
mismos.

En definitiva, de todo ello se deduce que, no obstante el
considerable período de tiempo transcurrido desde que la Consejería de
Cultura, Educación y Ciencia demandó en marzo de 1992 las parcelas
necesarias para acometer las construcciones escolares en los dos
colegios públicos -»Tomás de Villarroya» y «Soto Micó»- a que se
refiere la actuación practicada, el Ayuntamiento de Valencia no parece
encontrarse en condiciones de garantizar que resulte posible llegar a
dicha cesión, ni siquiera en el ejercicio 1997 (9306446).

En algún otro supuesto la intervención de esta institución ha dado
lugar a la modificación por el ayuntamiento competente de las
decisiones que inicialmente había adoptado en torno a la ubicación
dentro de la correspondiente localidad de los solares que habían
solicitado las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura para
la construcción de un nuevo centro de primaria.

Una vez confirmada la inadecuación de los solares cuya cesión
pretendía realizar el Ayuntamiento de la localidad de Navalcarnero, a
través de la gestión pertinente ante la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura, en Madrid, se ha determinado, previa
realización de la necesaria modificación del planeamiento de la
localidad, la cesión al Ministerio de Educación y Cultura de unos
solares distintos de los en principio ofertados y situados precisamente
en la zona en que se ubica la mayor demanda de escolaridad del
municipio (9600393).

6.1.3.Otras actuaciones practicadas por el Defensor del Pueblo en
materia educativa en cuyos resultados han incidido negativamente
limitaciones de carácter presupuestario
En efecto, juzgando los resultados de determinadas actuaciones
realizadas en el ejercicio 1996, cabe concluir que el actual marco de
restricciones presupuestarias ha tenido una repercusión negativa en el
ámbito educativo.

El Defensor del Pueblo es plenamente consciente de las razones que
justifican la limitación que se ha impuesto al gasto público y de los
objetivos que se pretenden conseguir. Pero no debiera padecer sus
efectos el sistema educativo


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sobre el que necesariamente se ha de cimentar cualquier progreso
futuro.

Las consecuencias de las restricciones, apreciables en ámbitos
diversos de la actividad administrativa y los servicios públicos, han
ocasionado en el sector educativo repercusiones más amplias que las que
procede tratar en el presente apartado, hasta el extremo de haberse
reabierto el debate sobre el carácter público o privado de la
enseñanza. Esta institución ni quiere ni puede pronunciarse al
respecto, pero sí hacer constar que sería desleal con la enseñanza
pública hacerla competir con la privada estando sometida a
restricciones presupuestarias que ésta no padece o puede paliar de
algún modo y pretender, además, extraer conclusiones de todo ello.

En todo caso, hoy por hoy, un porcentaje muy elevado de los
alumnos están escolarizados en centros públicos y tienen derecho a que
el servicio educativo se les preste en las mejores condiciones. Hasta
ahora y según se viene destacando en los sucesivos informes anuales las
limitaciones presupuestarias han tenido efectos perceptibles en la
implantación del nuevo sistema educativo, que ha sufrido varios
retrasos en su calendario de aplicación y en algunos otros aspectos más
puntuales, como pueden ser las dotaciones para profesorado sustituto,
la construcción de nuevos centros o la reforma y mejora de los
existentes... etc.

Esta institución se siente obligada a llamar la atención tanto de
las autoridades competentes en materia educativa, como de los
representantes de la soberanía popular a los que cada año corresponde
aprobar las leyes de presupuestos, sobre la ineludible necesidad de
dotar al sistema educativo de todos los recursos necesarios para que
éste cumpla adecuadamente su fundamental finalidad. La aportación de
recursos financieros a la enseñanza pública y a la privada,
-proporcional al servicio que prestan tanto en la escolarización de
alumnos como en la compensación de desigualdades geográficas,
económicas y sociales-, debiera ser siempre suficiente. Y si en algún
momento no lo es, las consecuencias negativas se verán reflejadas, (y
multiplicadas), en un futuro no muy lejano, en un sistema educativo
deficiente que no responderá a las necesidades de la población.

En este informe se va a hacer mención a una serie de problemas que
limitan el carácter gratuito de determinados niveles educativos y el
acceso a algunas prestaciones complementarias, aún cuando la normativa
vigente ofrece un marco jurídico adecuado para su efectiva
articulación.

A)Gratuidad de los libros de texto destinados a enseñanzas de
carácter obligatorio.

El Defensor del Pueblo, partiendo del dato legal de la
obligatoriedad de los estudios mencionados y de la consideración de que
la gratuidad de la enseñanza en los repetidos niveles educativos es un
mecanismo dirigido a garantizar el acceso de todos a tales estudios,
entiende en efecto que la articulación legal como obligatorias de las
enseñanzas de educación primaria y de educación secundaria obligatoria
parecía exigir la adopción de medidas que, extrayendo todas las
consecuencias posibles de la indicada nota de gratuidad, hicieran
factible, en determinados supuestos, el acceso de los alumnos a los
libros de texto y material escolar sin coste económico para sus
familias.

En consecuencia, recogiendo el parecer de numerosos padres y
asociaciones de padres de alumnos que aludían a las dificultades que
experimentaban para la adquisición de libros de texto, esta institución
ha realizado en este ejercicio las actuaciones pertinentes ante las
autoridades educativas.

La iniciación de la intervención se produjo ante el entonces
Ministerio de Educación y Ciencia, del que se requirió información en
relación con los proyectos que en tal sentido tuviera elaborados el
citado departamento.

De esta inicial actuación únicamente se pudo deducir una imprecisa
disposición del citado departamento a continuar estudiando soluciones
al problema, aludiéndose, para ilustrar el propósito que en tal sentido
animaba al Ministerio de Educación y Ciencia, a previsiones contenidas
en el todavía proyecto de real decreto regulador de las acciones
dirigidas a la compensación de desigualdades en la educación (educación
compensatoria).

Esta institución consideró preciso reanudar su intervención en el
asunto a raíz de la llegada de un nuevo equipo ministerial al citado
departamento, a cuyo efecto se dirigieron a la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional del ya Ministerio de Educación y
Cultura dos recomendaciones a través de las cuales se demandaba el
estudio de soluciones dentro del marco definido por el Real Decreto
2298/1983, de becas y ayudas al estudio y del ya aprobado Real Decreto
299/1996, sobre compensación de desigualdades en el ámbito educativo.

El indicado planteamiento, y en concreto la posible realización de
convocatorias de ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto
para la educación primaria y secundaria obligatoria, al amparo de las
citadas disposiciones reglamentarias, ha obtenido finalmente una
respuesta negativa a causa, según ha señalado expresamente la
Secretaría General de Educación, de las limitaciones presupuestarias
existentes que impiden hacer frente al gasto que se derivaría de la
concesión de las ayudas mencionadas.

Es necesario señalar que esta institución tiene constancia, a
través de la información recibida de la misma secretaría general, de
que el departamento estudia soluciones alternativas a la cuestión
planteada y, en concreto, la adopción de medidas que impliquen una
nueva organización de la gestión de libros y material escolar en el
ámbito de los centros docentes que hagan posible el acceso de los
alumnos a libros de texto y a otro material de consulta y lectura,
adquiridos por el centro.

No obstante, procede destacar respecto de esta última solución,
que al permitir la utilización de los libros de texto por distintos
alumnos en cursos sucesivos implicaría un gasto mucho más reducido que
el anterior, que el Ministerio de Educación y Cultura no ha aportado un
pronunciamiento terminante respecto de su viabilidad, y que asimismo
parece condicionarse a los resultados que se derivan de estudios de
carácter económico, al parecer en curso (9511129).



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B)Los beneficios de carácter educativo que se regulan en la Ley
25/1971, de 19 de junio, de Protección a las Familias Numerosas.

Esta institución ha tenido constancia, a través de quejas
planteadas por padres de alumnos, de las dificultades en que se
encontraban para conocer el órgano y procedimiento a que debían acudir
para solicitar las reducciones o exenciones previstas en la mencionada
ley y referidas al ámbito educativo, e incluso para obtener un
pronunciamiento claro de la Administración competente respecto de la
interpretación que deba realizarse de los correspondientes preceptos
legales y de su alcance y vigencia actual.

Es necesario señalar que la aplicación de la citada ley origina
problemas más amplios que se expondrán en el lugar correspondiente de
este informe, limitándose la descripción que se realiza a continuación
a abordar exclusivamente las cuestiones que plantea su aplicación en el
ámbito educativo puestas de manifiesto en las quejas mencionadas con
anterioridad.

A la vista de dichas quejas el Defensor del Pueblo decidió iniciar
un trámite informativo ante el Ministerio de Educación y Cultura con el
objetivo de conocer el punto de vista del citado departamento en
relación con las cuestiones suscitadas por los reclamantes, y obtener
al propio tiempo datos que permitieran a esta institución resolver las
dudas que les afectaban, proporcionándoles la orientación oportuna en
relación con el contenido actual y forma en que debían ejercitar los
derechos definidos en el texto legal ya mencionado.

La aplicabilidad y alcance de los beneficios establecidos en la
citada ley plantea, en efecto, a juicio de esta institución,
importantes dificultades interpretativas en las que inciden tanto la
transformación experimentada por el sistema educativo, cuya estructura
y nomenclatura actual son hoy muy diferentes a las vigentes en el
momento de aprobación de la Ley de Familias Numerosas, como la
evolución que han sufrido otros sistemas de concesión de ayudas a los
alumnos o el establecimiento de sistemas de sostenimiento público de
los centros docentes privados como instrumento a través del cual se
garantiza, entre otros objetivos, el derecho a la educación gratuita de
los alumnos de determinados niveles.

Parece necesario señalar adicionalmente que de los datos que
aportaban los reclamantes se desprendía que en las ocasiones en que
habían pretendido hacer efectivo alguno de los citados beneficios, los
centros docentes públicos o privados a los que habían dirigido, o las
autoridades de bienestar social o educativas ante las que habían
pretendido formular sus solicitudes, se habían negado a admitir su
petición alegando que no les correspondía asumir el coste que
eventualmente se derivase de la concesión del beneficio solicitado. Por
consiguiente, la intervención practicada se dirigía asimismo a aclarar
este último aspecto de la cuestión y, en definitiva, a determinar la
posible existencia también aquí de problemas de índole económica en el
origen de las dificultades a que se referían los interesados.

Pues bien, los resultados de la tramitación efectuada, -que
todavía no ha permitido a esta institución obtener el análisis
solicitado respecto de los términos en que deban interpretarse y
aplicarse los preceptos que en la ley configuran beneficios de
contenido educativo-, sí hacen posible confirmar que el Ministerio de
Educación y Cultura, que debería asumir el coste derivado de la
concesión de los citados beneficios educativos, con el alcance que
finalmente deba atribuírseles dentro del marco normativo vigente,
manifiesta también en este caso que la actual coyuntura presupuestaria
hace absolutamente inviable asumir las obligaciones derivadas de la
aplicación de la ley, máxime teniendo en cuenta el elevado coste que,
según se señala, está representando la implantación de la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo que, se precisa en el informe
recibido, constituye el objetivo prioritario del departamento (9510314
y otras). Sin entrar en análisis más profundos, no cabe duda que la
familia como bien constitucionalmente protegible exige cuestionar las
razones presupuestarias aportadas por el departamento, que en ningún
caso pueden eximirle del cumplimiento de sus obligaciones.

C)Ayudas para la gratuidad del transporte escolar de alumnos de
educación infantil.

Los mismos resultados negativos y por idénticas causas se han
derivado finalmente de la intervención efectuada por el Defensor del
Pueblo para obtener la articulación de líneas de ayudas de transporte a
los alumnos de educación infantil, en aquellos supuestos en que ante la
carencia de plazas del referido nivel educativo en sus respectivas
localidades, su escolarización debe producirse en centros de otras
localidades distintas a las de su residencia.

De la citada tramitación se daba cuenta ya en el anterior informe
anual, en el que se hacía mención de la fundamentación normativa en la
que se apoyaba la intervención que venía practicándose ante las
autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, deducida de las
prescripciones de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo en
las que se establece el marco de referencia legal de las actuaciones
que realizan las administraciones educativas en materia de compensación
de las desigualdades en la educación.

En el mismo informe se destacaba la actitud positiva que ante las
propuestas de esta institución parecía haber adoptado por último el aún
Ministerio de Educación y Ciencia, que por entonces remitía la adopción
de medidas en la línea demandada al momento en que entrara en vigor el
proyecto de disposición reglamentaria, destinado a desarrollar los
preceptos de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo ya
mencionados (posteriormente aprobado como Real Decreto 299/1996, de 28
de febrero), que se encontraba todavía en tramitación en aquellas
fechas.

Pues bien, el seguimiento que de la indicada cuestión ha efectuado
el Defensor del Pueblo en el ejercicio objeto de este informe, ha dado
lugar a la remisión del, por ahora, último informe de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, en el que se comunica la
decisión negativa finalmente adoptada respecto de la posible inclusión
de ayudas de transporte destinadas a alumnos de educación infantil, en
las convocatorias que realice el departamento,


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de acuerdo con el real decreto de educación compensatoria.

Se alega por la Administración educativa la existencia de
condicionantes de carácter económico como determinantes de la decisión
adoptada, y esto aún cuando la tramitación que ha efectuado el Defensor
del Pueblo en relación con el citado asunto ha permitido contrastar
que, a juicio del Ministerio de Educación y Cultura, el real decreto
mencionado configura un marco reglamentario adecuado para la solución
de los problemas que experimentan un cierto número de alumnos
residentes en áreas rurales para su escolarización en el nivel de
educación infantil.

Esta institución tiene que hacer notar de nuevo la repercusión
negativa de tal decisión en la regular escolarización de los
mencionados alumnos, precisamente en un nivel educativo que la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo contempla en unos
términos muy específicos desde el punto de vista de la articulación de
acciones compensatorias, sin duda por la elevada eficacia preventiva de
desigualdades ante el ejercicio del derecho a la educación que reviste
la escolarización temprana de los alumnos (9303520).

Por su conexión por la materia a que alude el supuesto anterior,
aún cuando no cabe apreciar en los mismos la repercusión de los
condicionamientos presupuestarios que tienen en común el resto de los
asuntos incluidos en el presente epígrafe, ha parecido oportuno hacer
referencia a continuación a otras dos cuestiones también relacionados
con el transporte escolar.

Al primero de ellos, relativo a la necesaria actualización de la
normativa vigente en materia de transporte escolar y de menores, desde
el punto de vista de la incorporación a la misma de nuevas previsiones
en materia de seguridad, específicamente en lo que se refiere a los
alumnos afectados por discapacidades, se hacía referencia también en el
informe de esta institución correspondiente al ejercicio 1995.

Se trata, en definitiva, de señalar la evolución del asunto
durante el año 1996, de la que no se ha desprendido avance alguno en la
determinación de las líneas a que deba responder o en cuanto a la
elaboración de proyectos concretos de modificación de la normativa
vigente.

Esta institución ha tenido conocimiento de la convocatoria, en los
primeros meses de 1996, de una reunión por parte de la Dirección
General de Transporte Terrestre, dirigida a estudiar la modificación
del Real Decreto 2296/1983, de 25 de agosto, por el que se establecen
normas sobre transporte escolar y de menores.

Según ha informado asimismo al Defensor del Pueblo la Secretaría
de Estado de Infraestructuras y Transporte, en el curso de dicha
reunión se acordó que por parte del Instituto Nacional de Servicios
Sociales se elaborase una propuesta de modificación dirigida a mejorar
la accesibilidad y seguridad del transporte escolar, requiriéndose
asimismo al sindicato de trabajadores de la enseñanza autor de la
queja, la aportación de propuestas en el mismo sentido.

Señala la dirección general competente en un reciente informe, que
todavía no dispone de las propuestas solicitadas que, a su juicio,
constituyen un punto de partida necesario para el comienzo de las
labores normativas correspondientes que en ninguno de los dos casos han
sido, al parecer, remitidas a la mencionada dirección general.

Igualmente el Defensor del Pueblo ha sido informado de la
elaboración de un borrador de proyecto de real decreto sobre medidas
que garanticen la accesibilidad al transporte de las personas con
movilidad reducida, en cuyo ámbito de aplicación estaría en principio
incluido el transporte escolar.

No obstante, según parece desprenderse de la intervención
efectuada, este último texto no ha sido objeto de tramitación a causa
de las numerosas observaciones de que fue objeto, y según se señala,
también por la necesidad de realizar previamente un estudio económico
para conocer los costes de su aplicación.

En definitiva, cabe concluir que una vez más, por unas u otras
causas, se ha visto demorada a lo largo del año la solución normativa
de un problema del que las autoridades competentes son conscientes
desde el año 1993, en el que, sin resultados concretos, se adoptaron ya
iniciativas tendentes a la modificación del Real Decreto 2296/1983
mencionado (9506837).

La segunda de las cuestiones a que antes se ha hecho referencia en
materia de transporte escolar alude a las dificultades que padecen los
padres de algunos alumnos para trasladar a los centros en que están
escolarizados, ubicados en los núcleos urbanos de distintos municipios,
desde las urbanizaciones, barriadas o explotaciones agrícolas o
ganaderas en las que residen, situadas fuera del casco urbano de los
citados municipios, pero dentro de sus correspondientes términos
municipales.

Los problemas de transporte que experimentan estos alumnos vienen
determinados porque sobre la base de la normativa legal vigente, ni los
ayuntamientos respectivos, ni las distintas administraciones educativas
se consideran obligados a proporcionar servicios de transporte a los
alumnos en los supuestos indicados.

De una parte, la obligación municipal de prestar, en todo caso,
servicio de transporte colectivo urbano de viajeros, sólo se contempla
en la normativa de régimen local en referencia a municipios de más de
50.000 habitantes, supuesto en el que no se encuentran muchos de los
municipios a que aluden las quejas planteadas ante esta institución,
debiendo, de otra parte, tomarse en consideración el hecho de que los
propios términos en que se define legalmente la referida obligación
municipal en materia de prestación de transporte «urbano», no permiten
aparentemente entender que dicha obligación se extiende a supuestos
como los que plantean las repetidas quejas.

La legislación educativa en vigor y, en concreto, la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
por otro lado, únicamente define obligaciones de prestación del
servicio de transporte escolar, que en este caso debe ser gratuito,
atribuibles a las administraciones educativas en el supuesto de alumnos
de los niveles obligatorios de educación primaria y secundaria
obligatoria que deban desplazarse para cursar dichas enseñanzas en
centros ubicados en municipios distintos del de su residencia.



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En definitiva, en base a la normativa descrita se producen las
situaciones señaladas en las quejas, cuyos promoventes denuncian las
graves dificultades de toda índole que experimentan para realizar los
desplazamientos que requiere la escolarización de sus hijos ante la
inexistencia de servicios de transporte público, sean éstos organizados
por los ayuntamientos o por las autoridades educativas, entre las zonas
de su residencia y los núcleos de población en que se encuentran
situados los centros docentes, dado que, de otra parte, de las
convocatorias de ayudas de transporte que se realizan al amparo de la
normativa vigente, no contemplan tampoco su concesión en estos
supuestos.

Es necesario reiterar el dato de que la situación expresada afecta
a alumnos que cursan enseñanzas obligatorias que en ocasiones ven
comprometida su asistencia regular a clase a causa de las dificultades
expresadas que no siempre pueden solventar sus padres con los medios
económicos o de transporte personal, ni con el tiempo libre de que
disponen.

Tomando en cuenta la descripción y consideraciones que quedan
expuestas esta institución ha interesado recientemente de las
autoridades del Ministerio de Educación y Cultura que estudien la
posibilidad de abordar la solución de las situaciones expresadas a
través de las vías de cooperación de las corporaciones locales con las
administraciones educativas, que se prevén en la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo y se contemplan más pormenorizadamente en
el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre. Por el momento esta
institución no dispone del informe que ha solicitado de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional sobre la cuestión indicada
(9621541).

C)Problemas en la cobertura de sustituciones del profesorado en el
ámbito de gestión de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Cultura en Madrid.

Informaciones publicadas en el mes de diciembre de 1995, que
aludían a problemas al parecer surgidos en la cobertura de las bajas
reglamentarias causadas por profesores que prestaban servicios docentes
en colegios públicos de la localidad de Fuenlabrada, (Madrid) dieron
lugar en su momento a la apertura ante la Dirección Provincial del
entonces Ministerio de Educación y Ciencia de una investigación de
oficio sobre la indicada cuestión que, en atención a precedentes de
problemas similares producidos en cursos anteriores, todos ellos
relativos a centros ubicados en distintas localidades de la provincia
de Madrid, se hizo extensiva a todo el ámbito de gestión encomendado a
la mencionada dirección provincial.

De la intervención efectuada ante el citado órgano educativo
parecía desprenderse que la circunstancia que, en general, condicionaba
una adecuada atención de las necesidades de sustitución del profesorado
parecía ser la limitación de los medios económicos de que dispone la
dirección provincial para la mencionada finalidad.

Toda vez que la solución de los problemas de cobertura advertidos,
incluso contando con la utilización en supuestos determinados de los
medios personales de que disponen regularmente los propios centros,
exigía un incremento de los medios económicos asignados para la
indicada finalidad a la citada dirección provincial, esta institución
consideró oportuno recabar de la Dirección General de Personal y
Servicios del Ministerio de Educación y Cultura, información en
relación con las actuaciones que se hubieran llevado a cabo por ese
centro directivo con la finalidad de lograr el incremento necesario de
los medios económicos que venían asignándose a la Dirección Provincial
de Madrid con la indicada finalidad.

La información que nos ha proporcionado la dirección general ha
permitido a esta institución confirmar la insuficiencia de los medios
económicos disponibles para atender adecuadamente todas las necesidades
de sustitución del profesorado que se producen en los centros públicos
gestionados por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y
Cultura, en Madrid, y deducir al propio tiempo que no resulta
previsible en estos momentos el incremento de las partidas
presupuestarias correspondientes.

En definitiva, la tramitación efectuada -al igual que en los otros
supuestos tratados en este apartado- ha dado lugar a que esta
institución constate la repercusión negativa que en un ejercicio
económico más han determinado las limitaciones presupuestarias
existentes en orden a la adecuada solución de un problema que, con
carácter recurrente, aunque con diferente intensidad o afectando a
diferentes localidades, se presenta prácticamente en todos los cursos
académicos (9500168).

D)La prevista homologación retributiva del personal que imparte
clases de religión católica en los centros docentes públicos.

El Defensor del Pueblo inició su intervención en relación con el
asunto a raíz de informaciones facilitadas por personas integradas en
el colectivo docente mencionado que aludían al insuficiente nivel de
cumplimiento de las previsiones que en orden a su equiparación
retributiva con los profesores interinos del nivel correspondiente se
contemplan en el convenio suscrito entre el Gobierno y la Conferencia
Episcopal Española sobre régimen económico del citado personal docente,
de 20 de mayo de 1993 y publicado mediante orden del Ministerio de la
Presidencia de 9 de septiembre siguiente.

Quienes se dirigían a esta institución a comienzos del año 1995
señalaban que las medidas hasta entonces adoptadas en orden a la
obtención de la citada equiparación retributiva no se estaban
produciendo al ritmo establecido en el convenio, en el que se preveían
los incrementos anuales expresados en porcentajes que debían aplicarse
en los ejercicios 1994 a 1998 hasta la culminación de la equiparación
en este último ejercicio.

Como consecuencia de la tramitación que desde entonces viene
efectuándose sobre el mencionado asunto sólo se han obtenido hasta
fechas muy recientes datos -por lo demás, deducibles de las respectivas
leyes de presupuestos generales del Estado para cada ejercicio-
relativos a los incrementos que habían experimentado en sucesivos
ejercicios las partidas presupuestarias destinadas a la retribución del
indicado personal.



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Sólo en fechas recientes se ha dispuesto de datos, aportados
también en esta ocasión por la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, de los que se desprende que los incrementos
retributivos que han experimentado los citados profesores en los tres
ejercicios inmediatamente anteriores -1994, 1995 y 1996-, a pesar del
importante incremento porcentual de las partidas presupuestarias
correspondientes que ha tenido lugar en el mismo período, han sido
mucho más reducidos de lo que para cada uno de los citados ejercicios
se preveía en el acuerdo mencionado. De otra parte, según se señala en
el mismo informe, dadas las previsiones contenidas en la Ley de
Presupuestos Generales para 1997, y teniendo en cuenta el desfase
acumulado de anteriores ejercicios, no se estima posible la adopción de
soluciones inmediatas dirigidas a obtener el cumplimiento del citado
convenio.

En definitiva, resulta posible concluir que, una vez más por
razones derivadas del actual marco de restricciones presupuestarias,
resulta imposible salvar, como exigiría el cumplimiento del repetido
convenio, el grave desfase acumulado de anteriores ejercicios
presupuestarios (9500009).

6.1.4.Admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos
Durante el ejercicio a que se ciñe el presente informe, se han
reproducido como en años anteriores quejas cuyos promoventes cuestionan
el desarrollo experimentado y las decisiones producidas en el curso de
los procesos de admisión desarrollados en centros concretos, que son en
cada caso objeto de las actuaciones que exige cada supuesto, en función
de la aportación que realicen los interesados de elementos indicativos
de posibles irregularidades.

Haciendo abstracción de las quejas mencionadas, cuyo análisis
haría reiterar cuestiones ya abordadas en anteriores informes, parece
necesario ante todo destacar la aportación por el Ministerio de
Educación y Cultura de datos relativos al diseño inicial de un nuevo
procedimiento de admisión de alumnos a través de cuya configuración y
aplicación pretenden superarse las disfunciones que esta institución
advertía en el tratamiento de las solicitudes de admisión de los
alumnos en los centros designados en segundo y tercer lugar.

En el informe correspondiente al ejercicio de 1995 se contiene ya
la descripción del problema existente y una referencia al sentido de la
recomendación que esta institución formuló ya en octubre de 1992
instando de las autoridades educativas la modificación del
procedimiento hasta ahora vigente.

No parece por ello necesario reproducir con detalle los términos
del problema detectado por el Defensor del Pueblo, si bien parece
oportuno destacar que el procedimiento vigente propicia la admisión de
alumnos que hayan pedido dicho centro en primer lugar, con preferencia
incluso a otros alumnos que por aplicación de los criterios legales de
admisión hubieran obtenido una mayor puntuación que los primeros pero
que hubiesen pedido el mismo centro como segunda o tercera opción.

Este resultado viene propiciado por el hecho de que, de acuerdo
con el sistema actual, cada centro docente admite con carácter
definitivo a los alumnos que hubieran solicitado plaza en el mismo,
mientras que las solicitudes del resto de los alumnos optan únicamente
a las vacantes que hubieran restado del proceso inicial de
adjudicación.

Lo anterior provoca con suma frecuencia los paradójicos resultados
apuntados que, como el Defensor del Pueblo viene reiteradamente
manifestando, no se ajustan a lo establecido en la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación, la cual, en todo caso, quiere
que la admisión de los alumnos se decida sobre la base de los criterios
de admisión que en la misma se definen.

El nuevo procedimiento de admisión, cuyas líneas generales ha
expuesto a esta institución la Secretaría General de Educación y
Formación Profesional, incluiría una fase centralizada en la que cada
solicitud, una vez baremada por los órganos de admisión de los centros,
entraría en concurrencia con el resto de las formuladas por los alumnos
del ámbito territorial, municipal o de zona que previamente se hubiera
definido, procediéndose a continuación, a través del tratamiento de los
datos que en un soporte informático deben proporcionar los centros, a
asignar plaza a los alumnos de acuerdo con la puntuación obtenida y por
el orden de preferencia con que hubieran designado centro en su
solicitud.

El procedimiento indicado resulta similar, según se señala
expresamente en el informe recibido, al que viene aplicándose con
razonable éxito a efectos de resolución de otros procedimientos de
concurrencia competitiva más complejos, como los concursos de traslados
del personal docente, y aunque su concreción última parece estar
todavía pendiente de la adopción de una decisión definitiva respecto de
su viabilidad y requiere en todo caso la elaboración de los medios
técnicos que exige su aplicación, parece obviar, a juicio de la
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, el obstáculo
que hasta el momento parecía oponerse a su articulación, esto es, la
necesidad de dejar a salvo las facultades que en orden a la admisión de
alumnos se atribuyen en la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación a los centros docentes.

Deben mencionarse también en este apartado las resoluciones que
esta institución ha considerado preciso formular en este ejercicio a
las autoridades educativas en relación con las disfunciones derivadas
del falseamiento de los datos sobre domiciliación que aportan algunos
solicitantes de plaza en los procedimientos de admisión.

A pesar de las modificaciones ya realizadas a instancias del
Defensor del Pueblo en la normativa de admisión de alumnos, y de que
las mismas supusieron un acercamiento a las propuestas que en la
referida materia había formulado ya con anterioridad esta institución,
lo cierto es que, según se pudo contrastar en el curso de la
tramitación de ciertas quejas, continúan observándose problemas
derivados del hecho de que los ayuntamientos no rodean de las garantías
necesarias la expedición de las certificaciones de empadronamiento


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que solicitan los interesados para la acreditación de su domicilio en
los procedimientos de admisión.

Esta institución, en consecuencia, ha considerado preciso
recomendar a la Secretaría General de Educación y Formación Profesional
del Ministerio de Educación y Cultura que se instruyese a los órganos
de admisión en la necesidad de utilizar las facultades que tienen
atribuidas por la normativa vigente, en orden al requerimiento a los
solicitantes de documentos -adicionales al certificado de
empadronamiento- acreditativos de su domicilio, siempre que surjan
dudas fundadas respecto de la concordancia de los datos aportados con
el domicilio real de los solicitantes.

De otra parte se interesaba de la secretaría general la
utilización de mecanismos de colaboración o convenio con las
autoridades locales, apuntándose expresamente la posibilidad de que se
instrumentasen a través de la Federación Española de Municipios y
Provincias, con la finalidad de solucionar las disfunciones advertidas.

Ambas recomendaciones, formalmente aceptadas, han dado ya lugar a
la remisión de instrucciones a las direcciones provinciales del
departamento y a la iniciación por el Ministerio de Educación y Cultura
de actuaciones ante la citada Federación Española de Municipios y
Provincias, cuyo objetivo es llegar al establecimiento de un convenio
marco de colaboración entre las administraciones públicas con
competencias en educación y la representación nacional de los
municipios y, en concreto, llegar al establecimiento de un
procedimiento específico de expedición de las certificaciones de
empadronamiento cuando se soliciten para surtir efectos en los procesos
de admisión.

Se pretende específicamente que los ayuntamientos, en tal
supuesto, requieran de los solicitantes la aportación de
justificaciones documentales cuando el domicilio cuya certificación se
pretende sea distinto del que conste en el padrón municipal de
habitantes (9506473 y otras).

6.1.5.Otras cuestiones relacionadas con la educación en niveles no
universitarios
En relación con los centros docentes privados acogidos al régimen
de conciertos educativos, parece necesario destacar, de una parte, la
evolución normativa que recientemente ha experimentado la demanda
reiteradamente formulada por los titulares de estos centros en orden a
la obtención de la exención del impuesto sobre bienes inmuebles
correspondiente al año 1993, ejercicio fiscal al que no se extendía la
exención del citado impuesto regulada para los centros concertados en
el artículo 64 de la Ley de Haciendas Locales, en su redacción
modificada por la Ley 23/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la
prestación por desempleo por desempleo.

En efecto, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y de orden social, ha extendido finalmente al
indicado ejercicio la exención tributaria mencionada en relación con la
cual esta institución ha realizado una intervención de carácter
informativo y de intermediación dirigida a conocer la evolución de un
asunto, por otra parte, de indudable incidencia en el servicio
educativo (9315113).

Hay que destacar, en otro orden de cosas, la inadecuada actuación
seguida por el Ministerio de Educación y Cultura en relación con el
expediente sancionador incoado a un centro privado concertado por
conductas que en la propuesta de resolución correspondiente se
califican como incumplimientos muy graves de las obligaciones derivadas
del concierto suscrito con la autoridad educativa.

En el caso mencionado, aún cuando la propuesta de resolución del
expediente incoado al titular del centro y el proyecto de orden por el
que éste se resolvía se elaboraron dentro de los plazos que se
establecen en la normativa procedimental de aplicación al caso, el
último trámite formal que hubiera sido preciso para la resolución del
expediente no se produjo dentro del plazo preceptivo, lo que, de
acuerdo con la ley procedimental vigente, ha determinado la caducidad
del expediente, del que, en consecuencia, no se han derivado los
resultados sancionadores que parecían convenir a las conductas del
titular del centro.

Las razones que se alegan por la Dirección General de Centros
Educativos en el informe recibido sobre la cuestión aluden a las
dificultades para la escolarización de los alumnos en otro centro que
conllevaría la ejecución de la sanción de rescisión del concierto que
se contenía en la propuesta resolución del expediente, y al retraso que
en el despacho de los asuntos pendientes determinó el relevo
ministerial tras el cambio de gobierno.

Esta institución, consideradas tanto los incumplimientos del
concierto atribuidos al titular del centro, como la prolongación de
dichas conductas irregulares en el tiempo, -que ya dieron lugar en el
año 1994 a una primera resolución sancionadora al mismo centro, en la
que se dispuso la resolución del concierto-, y dado que dichas
circunstancias hacían previsible la necesidad final de que la
Administración educativa asumiera la escolarización de los mencionados
alumnos, ha manifestado al Ministerio de Educación y Cultura que no
puede, desde luego, considerar aceptable la actuación seguida por el
departamento en relación con el asunto planteado, así como la intención
del Defensor del Pueblo de introducir en este informe la presente
referencia expresa a la valoración efectuada (9413650).

Por último, en este epígrafe parece necesario hacer referencia de
nuevo a la insuficiente dotación de medios personales de que dispone la
Subdirección General de Recursos del Ministerio de Educación y Cultura
que, según viene reiterándose en sucesivos informes anuales -sin
excluir la incidencia de otras causas, como puede ser la concentración
de la formulación de recursos en fechas o épocas determinadas
inmediatamente posteriores a resoluciones recaídas en el ámbito de los
procesos de acceso y provisión docentes que, como es sabido, afectan a
un número muy considerable de interesados-, se encuentra, a nuestro
juicio, en el origen del incumplimiento sistemático por la citada
unidad de los plazos de resolución legalmente establecidos.

Los resultados derivados de las intervenciones practicadas al
amparo del artículo 17.1. de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo, permitieron en su


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momento deducir que la unidad de recursos del Ministerio de Educación y
Cultura incurría en irregulares prolongaciones de la tramitación y
resolución de los expedientes de recursos y constatar asimismo la
insuficiente dotación de personal con que esta debía hacer frente a los
cometidos que tiene atribuidos.

Como ya se ha señalado en anteriores informes, se formuló, en
consecuencia, una sugerencia dirigida a lograr el incremento de la
plantilla de personal de la citada unidad administrativa y tiene
constancia a través de informes recibidos de la subsecretaría del
departamento de la iniciación por el todavía Ministerio de Educación y
Ciencia de actuaciones dirigidas a hacer efectiva nuestra citada
resolución.

No obstante, según se desprende del último informe hasta el
momento recibido en relación con el citado asunto, la propuesta que en
tal sentido se formuló a la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones, órgano que tiene encomendada la
aprobación de las modificaciones de la relación de puestos de trabajo
de la Administración del Estado, no ha sido inicialmente aprobada por
el citado órgano a causa de la insuficiencia, también aquí, de las
dotaciones presupuestarias.

La mencionada subsecretaría manifiesta en todo caso en el mismo
informe, posterior ya a la creación del nuevo Ministerio de Educación y
Cultura, que esta última circunstancia hacía posible replantear ante
los órganos competentes una nueva propuesta en relación con la
situación de la dotación personal de la Subdirección de Recursos. Esta
institución no conoce por el momento los resultados que se hayan
derivado de esta última iniciativa (9208824).

Entretanto las intervenciones puntuales ante la Subdirección
General de Recursos, dirigidas a obtener la resolución de impugnaciones
en relación con las cuales los interesados continúan denunciando el
incumplimiento de los plazos legalmente establecidos, permiten
constatar la subsistencia del problema que dio lugar a nuestra
resolución.

Bien es cierto que en ocasiones los retrasos detectados son
atribuibles a otros órganos que intervienen en la tramitación de los
expedientes, aportando los antecedentes o informes precisos para su
resolución.

Tal es el caso, en el supuesto de un cierto número de recursos
interpuestos a comienzos del año 1993 contra la Orden de 18 de
diciembre de 1992, por la que se resolvió determinado procedimiento
para adquisición de la condición de catedrático por funcionarios del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, cuyas resoluciones no se
produjeron en el mejor de los casos hasta el año 1994, demorándose en
ocasiones hasta finales del año siguiente, a causa de la insuficiente
base que proporcionaban en orden a la resolución de los expedientes los
sucesivos informes solicitados de la unidad de gestión (9304619).

En otros casos, a la inadecuada actuación de un órgano que remite
incompletos los antecedentes de determinada impugnación se acumula el
retraso con que la unidad de recursos procede a su examen y exige la
subsanación de las deficiencias documentales advertidas, supuestos
estos últimos sobre cuya base esta institución ha interesado en el
ejercicio 1996 de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y
Cultura que se instruya muy específicamente a los órganos del
departamento que intervienen en la tramitación de los recursos
administrativos en la línea precisa para obviar en lo sucesivo las
disfunciones advertidas (9503332).

No obstante, y aún a la vista de los últimos supuestos apuntados,
y en considerados casos como el presente, esta institución debe
reiterar que el desenvolvimiento de la actividad del servicio de
recursos del Ministerio de Educación y Cultura dentro de los plazos
establecidos legalmente se obtendría en mayor medida si se procediese a
la ampliación de su plantilla que viene interesando el Defensor del
Pueblo.

6.2.La enseñanza universitaria
El sistema universitario presenta en la actualidad en España una
enorme trascendencia y dimensión social, habiéndose duplicado la
población estudiantil universitaria existente hace tan solo doce años,
con una plantilla docente que supera la cifra de 80.000 profesores
impartiendo enseñanzas sobre más de 132 titulaciones oficiales.

Frente al carácter positivo que tales datos ofrecen, al reflejar
un indudable aumento de la accesibilidad en la enseñanza de niveles
superiores, las cuestiones que se plantean hoy ante el Defensor del
Pueblo por los miembros de la comunidad universitaria siguen siendo
similares a las presentadas doce años atrás, todo lo cual debería
conducir a una reflexión, por los poderes públicos, acerca de los
motivos por los que las deficiencias que en mayor medida preocupan a
este sector de la población se plantean todavía hoy en proporción
similar a la de entonces.

El actual sistema de acceso a la universidad, el fracaso escolar
de aquellos alumnos que no lograron acceder a los estudios de su
elección, los actuales planes de estudios, las demoras en la expedición
y homologación de títulos, el sistema de becas y ayudas al estudio y el
actual procedimiento de acceso a la docencia, entre otros, continúan
siendo, como se verá a continuación, el origen del mayor número de
quejas que se reciben del ámbito universitario, todo lo cual fuerza a
analizar un año más problemas ya conocidos que todavía hoy continúa
planteando un panorama universitario francamente mejorable.

Debe señalarse por tanto la necesidad de que el proceso de
reformas iniciado en los últimos meses del año al que se contrae este
informe anual, y que afectan a la propia Ley de Reforma Universitaria,
a los planes de estudio, al sistema de acceso a la universidad y a los
estudios de tercer ciclo, logren alcanzar los objetivos que la realidad
universitaria precisa, alguno de los cuales vienen siendo
reiteradamente reclamado desde tiempo atrás por el Defensor del Pueblo.

6.2.1.Procedimientos de acceso a los centros universitarios
El mayor porcentaje de quejas formuladas en este ámbito son
promovidas por los propios alumnos y entre éstas,


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las más numerosas se refieren a los procedimientos para la selección de
solicitudes de acceso a los centros universitarios en los que hay
establecida limitación de plazas, situación ésta provocada por la
desproporción existente en las universidades públicas españolas entre
las solicitudes presentadas en determinadas enseñanzas y la capacidad
real de los centros universitarios donde se imparten.

El procedimiento que regula el ingreso en centros universitarios,
recogido en el Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio, establece un
sistema de valoración y ordenación de solicitudes de acceso en virtud
del cual numerosos alumnos que han superado las pruebas de acceso a la
universidad no logran ninguna de las plazas priorizadas en su
solicitud, lo que provoca que al comienzo de cada curso académico se
repitan las quejas de los alumnos a los que esta situación afecta.

La mayor parte de estas quejas, una vez analizados los datos en
cada caso acreditados por los promoventes, no implicaron que por las
universidades correspondientes se hubieran aplicado incorrectamente los
criterios de valoración previstos en las normas de procedimiento
(9510327; 9600884; 9621002; 9621041; 9621094; 9621152; 9621410;
9621877; 9622219; 9622346; 9623912, entre otras).

Sin embargo debe señalarse que en los supuestos en los que si se
detectó la inobservancia de alguna de las normas de adjudicación de
plazas, y una vez reconocida por las universidades correspondientes, se
produjo su inmediata corrección admitiendo al alumno previamente
rechazado.

Esta situación se presentó en quejas en que se manifestaba que las
universidades de La Laguna y de Santiago de Compostela,
respectivamente, habían denegado el acceso a dos alumnos pese a que los
estudios que en cada caso habían solicitado éstos no se impartían en
sus universidades de origen dándose además la circunstancia de que sus
calificaciones superaban las del último alumno admitido en las mismas.

Una vez señalado por el Defensor del Pueblo ante los rectorados
correspondientes que, en aplicación de las normas reguladoras de los
procedimientos para ingreso en los centros universitarios, las
solicitudes formuladas debían ser valoradas en el mismo plano de
prioridad que las presentadas por los alumnos adscritos a tales
universidades, se procedió por las mismas a la inmediata corrección de
la irregularidad detectada, lamentando expresamente tales hechos, y
comunicando la adopción de medidas para impedir que volvieran a
producirse (9512471 y 9620039).

Al margen de los criterios de valoración de solicitudes de acceso
para adjudicar las plazas disponibles, el citado Real Decreto
1005/1991, de 14 de junio, prevé la reserva anual de un porcentaje de
plazas de los centros que tienen establecido un límite máximo de
admisión de alumnos para ser adjudicadas a los estudiantes en los que,
además de reunir los requisitos exigidos por la legislación vigente,
concurren en ellos determinadas circunstancias singulares previamente
determinadas.

Uno de los sistemas de acceso a través de los porcentajes de
reserva así previstos constituye el denominado distrito compartido.

Desde su implantación, en 1991, las universidades reservan cada año un
porcentaje de plazas para alumnos procedentes de otros distritos
universitarios que, al margen del acceso a través de este cupo de
reserva, no serían admitidos en un distrito que no fuera el que les
correspondiera por residencia o en razón del distrito en el que
realizaron los estudios preuniversitarios.

Este sistema de acceso, que favorece la movilidad estudiantil y
que ha merecido siempre la valoración favorable del Defensor del
Pueblo, continúa planteando en su aplicación algunas disfunciones de
carácter técnico que, a juicio de esta institución, deberían ser
abordadas por los órganos implicados para lograr su máxima eficacia y
evitar que se produzcan supuestos como el planteado por una estudiante
de la Universidad de La Coruña, quien manifestaba que, tras ser su
nombre incluido en las listas de alumnos admitidos a través del sistema
de distrito compartido para realizar estudios de enfermería en la
Universidad del País Vasco, vio denegada posteriormente su admisión por
ser la calificación de su expediente académico inferior a la
calificación mínima definitivamente exigida para acceder por el sistema
ordinario, circunstancia ésta que impide expresamente el artículo 7.2
del citado Real Decreto 1005/1991, de 14 de junio (9624598).

Esta institución no desconoce la dificultad que comporta impedir
hechos como el descrito, teniendo en cuenta las oscilaciones que se
producen en las calificaciones mínimas durante todo el proceso de
ordenación de solicitudes. Sin embargo, ante esta situación los
promoventes plantean insistentemente su inquietud ante el riesgo de
dejar transcurrir el plazo para formalizar matrícula en los estudios en
los que obtuvieron plaza por el sistema de acceso ordinario en su
universidad de origen sin tener la seguridad de haber obtenido plaza
definitiva a través del sistema de distrito compartido, todo lo cual
posiblemente merecería un nuevo planteamiento del procedimiento para la
confección del listado de alumnos admitidos.

En materia de reserva de plazas universitarias hay que mencionar
la investigación practicada ante el Rectorado de la Universidad de
Oviedo, sobre los hechos denunciados en una queja, de los que parecía
desprenderse que en algún centro de la citada universidad con límite de
admisión de alumnos de nuevo ingreso para el curso 1996-97 habría sido
admitido a través del porcentaje de reserva para los alumnos
deportistas de alto nivel, algún alumno en el que no concurría tal
circunstancia (9623610).

Este específico porcentaje de reserva fue introducido en las
normas reguladoras del ingreso en centros universitarios con la
intención de colaborar con el mandato constitucional de fomento
universitario al deporte a través de la publicación del Real Decreto
1856/1995, de 17 de noviembre, sobre deportistas de alto nivel, donde
se regula minuciosamente el acceso a la condición de deportistas de
alto nivel así como la pérdida de tal condición, y se determinan los
criterios para la elaboración de las relaciones que de dichos
deportistas son anualmente publicadas en el Boletín Oficial del Estado
dentro del primer trimestre de cada año, estableciendo el deber de las
universidades de reservar cierto porcentaje de las plazas limitadas
-porcentaje ampliable por las juntas de gobierno de las universidades-


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para los alumnos que, reuniendo los requisitos académicos, puedan
acreditar su condición de deportistas de alto nivel.

En el transcurso de la investigación practicada ante la
Universidad de Oviedo con motivo de esta queja, el Defensor del Pueblo
analizó el contenido del reglamento sobre deportistas singulares de la
citada universidad, aprobado el 18 de diciembre de 1996, por su junta
de gobierno, centrando el análisis en las medidas de apoyo para el
acceso a los centros universitarios en los que se han establecido
límites máximos de admisión de alumnos, tras lo cual comprobó que los
requisitos que establece para la consideración de deportista singular
no son coincidentes con los requeridos al efecto para los deportistas
de alto nivel en el citado Real Decreto 1856/1995, lo que lleva a
concluir que la aplicación a aquellos alumnos del citado porcentaje de
reserva para el ingreso en los centros universitarios con limitación de
plazas podría suponer un incumplimiento de la normativa reguladora de
los procedimientos de acceso a la universidad, recogida en el Real
Decreto 1005/1991, de 14 de junio, en cuyo artículo 10.2 prevé la
obligación de todas las universidades de adoptar las medidas necesarias
para el exacto cumplimiento de cuanto en el mismo se dispone.

Por tanto y pese a valorar positivamente el resto de medidas de
promoción y protección que para los deportistas singulares de la
Universidad de Oviedo se prevén en el reglamento analizado, el Defensor
del Pueblo recomendó su modificación al rectorado de la citada
universidad, en orden a adecuar a la normativa vigente las previsiones
que en el mismo se establecen sobre el acceso a los centros
universitarios en los que se den las circunstancias aludidas en el
artículo 2.2 del Real Decreto 1005/1991, regulador del ingreso en
centros universitarios (9623610).

Junto a los supuestos ya analizados, fueron numerosos los
planteados al comienzo del curso académico 1996-97 por los alumnos que
se presentaron a las pruebas de aptitud para el acceso a las
facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, en
los que con carácter general se repitieron las discrepancias que
alumnos y padres de alumnos mantienen cada año en torno a la eficacia
de las mismas para valorar la madurez del participante, a los criterios
de evaluación y corrección, y al sistema de calificación y de revisión
de las mismas (9601393; 9618550; 9620167; 9621193; entre otras).

La mayor parte de las quejas formuladas en este sentido no
evidenciaban que por parte de los órganos intervinientes se hubiera
producido la inobservancia de las normas procedimentales que deben
seguir estas pruebas, si bien en algún caso ha sido precisa la
actuación del Defensor del Pueblo para corregir la situación de
indefensión que afectó a algunos alumnos que concurrieron a la
convocatoria de junio de las específicas pruebas de acceso a la
universidad de los alumnos que cursaron las enseñanzas de bachillerato
previstas en la Ley de Ordenación del Sistema Educativo (9622344).

En este supuesto se comprobó que el incumplimiento del requisito
de publicidad de los criterios específicos de corrección por parte de
algunos centros de bachillerato del distrito de Castilla-La Mancha,
motivó que los alumnos que solicitaron la revisión de sus pruebas no
pudieran concretar en su solicitud los criterios específicos que
consideraban mal aplicados, lo que implicó la desestimación de 80
solicitudes de revisión por este motivo según los datos generados en la
investigación del Defensor del Pueblo.

Con el fin de evitar tales hechos, en la convocatoria del mes de
septiembre se facilitó a los alumnos nuevos impresos de solicitud de
revisión de las pruebas en los que ya sí se incluía mención expresa de
los criterios de corrección y de la normativa vigente, no habiéndose
producido en dicha convocatoria ninguna desestimación de solicitud de
revisión por estar indebidamente formulada.

En el momento en el que se elabora la redacción del presente
informe se encuentra en estudio por el Ministerio de Educación y
Cultura la modificación de la normativa que actualmente regula las
pruebas de acceso. Es oportuno pues recordar que desde hace más de una
década esta institución ha venido poniendo de manifiesto a través de
los informes elevados al conocimiento de las Cortes Generales, y
también directamente ante el Ministerio de Educación y Cultura con
motivo de una recomendación formulada en su día, la necesidad de
abordar una profunda reforma de estas pruebas, de manera que permitan
garantizar el acceso a cada centro en función de la aptitud específica
para cada enseñanza, haciendo efectivos los principios de capacidad y
mérito reconocidos por la Constitución.

Desde entonces las normas reguladoras se han venido manifestando
con la misma configuración, si bien los cambios introducidos
progresivamente han incidido de igual forma en la mejora de numerosos
aspectos tradicionalmente denunciados ante esta institución en lo que
afecta a la organización de los ejercicios de que constan las pruebas y
de los criterios específicos de corrección de los mismos, si bien sobre
este último aspecto siguen siendo excesivamente frecuentes las quejas
presentadas y que han sido objeto de tramitación durante 1996 (9415047;
9619723; 9620430; 9620539; 9620148, entre otras).

Entre las quejas que se plantearon en esta materia durante 1996 se
repitieron aquellas que cuestionaban el criterio de prioridad en la
elección de centro a los alumnos que superaron las pruebas de aptitud
en la convocatoria de junio en relación con los que lo hicieron en la
de septiembre, lo que dio lugar a que en los centros más solicitados
las plazas ofertadas se cubrieran íntegramente con los alumnos que
superaron la prueba en la convocatoria de junio. De esta forma, la
calificación obtenida cede de forma automática ante la fecha de la
convocatoria, por lo que alumnos con brillantes expedientes académicos
que, por causas inevitables se ven impedidos de participar en la
convocatoria de junio, son preteridos respecto de otros con
calificaciones inferiores pero que pudieron presentarse en junio.

En conexión con lo anterior, debe hacerse referencia finalmente a
varias quejas que dieron lugar a la formulación de una recomendación
ante la Dirección General de Enseñanza Superior -quien a su vez dio
traslado de la misma al grupo de trabajo que estudia la futura reforma-
en orden a que las modificaciones que se prevé efectuar en las normas
reguladoras de las pruebas de aptitud para el acceso a la universidad
incluyan las previsiones relativas a la posibilidad


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de efectuar un segundo llamamiento, en la convocatoria de junio, para
aquellos alumnos que por causa debidamente justificada no puedan
presentarse al primero (9511039 y 9619282, entre otras).

6.2.2.Derechos de los alumnos universitarios
La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto de Reforma Universitaria
recoge el derecho de los estudiantes universitarios a ser valorados en
su rendimiento académico. Y aunque esta norma nada dice específicamente
de que esta valoración deba ser objetiva, ni tampoco prevé el derecho a
la revisión e impugnación de las calificaciones académicas, ninguna
duda cabe sobre la existencia del derecho a la valoración objetiva del
rendimiento académico, pues éste quedó recogido expresamente por la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio del Derecho a la Educación, cuyo título
preliminar es aplicable a todos los niveles de enseñanza, incluída la
enseñanza universitaria.

Por otra parte, este derecho es proclamado en un gran número de
estatutos universitarios, en la mayoría de los cuales tambien se
reconoce el derecho a la impugnación de las calificaciones académicas
consideradas injustas o arbitrarias, si bien son pocos los que regulan
suficientemente el ejercicio del derecho de revisión y del
procedimiento para hacerlo efectivo, remitiéndose para ello a los
reglamentos de régimen interno de cada centro universitario.

En cualquier caso, y desde la perspectiva que a esta institución
proporciona el