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DS. Senado, Pleno, núm. 57, de 30/11/1994
 


Año 1994 V Legislatura Núm. 57

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN Sesión del Pleno celebrada el miércoles, 30 de noviembre de 1994

ORDEN DEL DIA: Elección del Defensor del Pueblo. (Número de expediente 728/000001.) Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados: --De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro de la Unión Europea (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 45, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente S. 621/000045.) (Número de expediente C.
D. 121/000047.) --De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 1, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente S. 622/000001.) (Número de expediente C. D. 124/000001.) --De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 12, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente S. 622/000009.) (Número de expediente C. D.
124/000003.) --De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o imprudencia (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-B, número 18, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente S. 624/000005.) (Número de expediente C. D. 122/000053.)

Página 2910


--De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de julio, que crea dicho organismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 47, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente S. 621/000047.) (Número de expediente C. D. 121/000059.) Informe de la Comisión Especial de Juventud (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 202, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 650/000001.) Autorización para la tramitación en lectura única del Proyecto de ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.
Informe de la Ponencia de estudio sobre la política española de cooperación para el desarrollo, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 196, de fecha 22 de noviembre de 1994). (Número de expediente 543/000001.) Mociones consecuencia de interpelación: --Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que, una vez tomada en cuenta la Resolución 1.044 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre de 1994, haga uso de su presencia en el Comité de Ministros del Consejo de Europa y asuma, para firma y ratificación, la Recomendación 1.246 de esta Asamblea, de 4 de octubre de 1994, para que, en su consecuencia, se proceda a la abolición de la pena de muerte contemplada en diversos artículos de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 671/000017.) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a designar un nuevo equipo gestor para la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., que se responsabilice y proponga las medidas alternativas para intentar reflotar dicha compañía (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 201, de fecha 28 de noviembre de 1994). (Número de expediente 671/000018.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


ELECCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (Página 2914)

El señor Secretario Primero (Aguilar Belda) da lectura al documento remitido por el Congreso de los Diputados. No se hace uso del turno de portavoces.


Se procede a someter a la Cámara la ratificación por el Senado de la candidatura elegida por el Congreso de los Diputados en votación nominal y secreta.


Queda elegido por el Senado don Fernando Alvarez de Miranda y Torres como Defensor del pueblo por 198 votos a favor, 4 en blanco y 8 nulos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Página 2914)

De la Comisión de Educación y Cultura en relación con el Proyecto de ley de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro de la Unión Europea. (Página 2914)

El señor Fernández Pelegrina, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No se produce debate de totalidad. Comienza el debate del articulado.


El señor Soravilla Fernández defiende las enmiendas números 2, 7, 8, 12, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 35, del Grupo Popular. La señora Pérez Maestu consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Soravilla Fernández, por el Grupo Popular, la señora Pérez Maestu, por el Grupo Socialista y el señor Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Soravilla Fernández y la señora Pérez Maestu intervienen de nuevo en virtud del artículo 87. El señor Torrontegui Gangoiti lo hace por alusiones.


Se procede a votar.


Página 2911


Se rechazan las enmiendas números 2, 7, 8, 12, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 35, del Grupo Popular por 97 votos a favor, 122 en contra y 6 abstenciones.


Se aprueba una enmienda transaccional al artículo 7.1, b), párrafo segundo, suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialistas, Popular, de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, por 205 votos a favor y 22 en contra.


Se aprueba una enmienda transaccional a la Disposición transitoria única, suscrita por los Grupos Parlamentarios anteriormente mencionados, por 227 votos a favor de los 227 emitidos.


Se aprueba el texto íntegro del dictamen de la Comisión, con las modificaciones introducidas, por 130 votos a favor y 96 abstenciones.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales. (Página 2921)

El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Caballero Lasquíbar, quien así lo hace a continuación.


No se produce debate de totalidad. Comienza el debate del articulado.


El señor Prada Presa defiende las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Popular. El señor Arévalo Santiago consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Barrero Valverde, por el Grupo Popular, y Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Popular, por 110 votos a favor y 121 en contra.


Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Popular, por 100 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba la proposición de ley orgánica, según el texto del dictamen, por 229 votos a favor y 1 en contra.


De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas. (Página 2925)

El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Ortí Bordás, quien así lo hace a continuación.


En el debate de totalidad, el señor Galán Pérez consume un turno a favor del dictamen de la Comisión. No se consumen turnos en contra ni de portavoces.


Comienza el debate del articulado.


El señor Ortí Bordás defiende la enmienda número 5, del Grupo Popular. El señor Galán Pérez consume un turno en contra, a la vez que defiende la enmienda número 4, del Grupo Socialista. El señor Ortí Bordás consume un turno en contra de la enmienda del Grupo Socialista. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Galán Pérez, por el Grupo Socialista.
Los señores Ortí Bordás y Galán Pérez intervienen de nuevo en virtud del artículo 87. El señor Ortí Bordás vuelve a intervenir por alusiones.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 5 del Grupo Popular, por 106 votos a favor y 124 en contra.


Se aprueba la enmienda número 4, del Grupo Socialista, por 127 votos a favor, 100 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el texto íntegro del dictamen, con la modificación introducida, por 229 votos a favor de los 229 emitidos.


El señor Presidente comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Justicia en relación con la Proposición de ley Orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o imprudencia. (Página 2935)

El señor Herrero Merediz, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar

Página 2912


el dictamen el señor Hernández de Cáceres, quien así lo hace a continuación.


No se produce debate de totalidad. Se inicia el debate del articulado.


El señor Vallvé i Navarro defiende la enmienda número 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Guía Marqués consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular, y Guía Marqués, por el Grupo Socialista. El señor Vallvé i Navarro interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 118 en contra y 100 abstenciones.


Se aprueba la proposición de ley orgánica por 229 votos a favor de los 229 emitidos.


De la Comisión de Defensa en relación con el Proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de julio, que crea dicho organismo. (Página 2940)

El señor Barreiro Gil, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designado para presentar el dictamen el señor Sáenz Lorenzo, quien así lo hace a continuación.


No se produce debate de totalidad. Se inicia el debate del articulado.


El señor Soravilla Fernández defiende las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Popular. El señor Rodríguez Rodríguez consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Soravilla Fernández, por el Grupo Popular, y Rodríguez Rodríguez, por el Grupo Socialista.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Popular, por 98 votos a favor y 122 en contra.


Se aprueba el proyecto de ley en su totalidad, según el texto del dictamen, por 124 votos a favor y 96 abstenciones.


Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos.


INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD. (Página 2946)

El señor Blanco López, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


En el debate de totalidad, no se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Petrizan Iriarte, por el Grupo Mixto; Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Colsa Bueno, por el Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista.


Se inicia el debate de los votos particulares.


El señor Prada Presa, en nombre propio y del señor Colsa Bueno, ambos del Grupo Popular, retira las enmiendas números 12 y 15, y defiende las números 14 y 16, así como el voto particular que solicita la supresión de una enmienda de adición presentada por distintos Grupos Parlamentarios.
El señor Granado Martínez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Petrizan Iriarte, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; Bertrán i Soler, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Prada Presa, por el Grupo Popular, y Granado Martínez, por el Grupo Socialista. El señor Prada Presa vuelve a intervenir por alusiones.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 15, de los señores Prada Presa y Colsa Bueno, del Grupo Popular, por 98 votos a favor y 127 en contra.


Se rechaza el voto particular número 2, de los señores Senadores anteriormente mencionados, por 98 votos a favor y 128 en contra.


Se aprueba una enmienda transaccional, a la recomendación número 17, párrafo segundo, suscrita por todos

Página 2913


los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una enmienda transaccional, a la recomendación número 22, párrafo tercero, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


El señor Prada Presa eleva a la Mesa una solicitud relativa a la votación del texto del informe. Le contesta el señor Presidente. El señor Prada Presa pide que conste en Acta la decisión de la Mesa al respecto.


Se aprueba el texto íntegro del Informe de la Comisión Especial de Juventud, a excepción del párrafo segundo de la recomendación a los poderes públicos número 26, por 227 votos a favor de los 227 emitidos.


Se aprueba el segundo párrafo de la recomendación a los poderes públicos número 26, por 128 votos a favor y 98 abstenciones.


AUTORIZACION PARA LA TRAMITACION EN LECTURA UNICA DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA A LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA. (Página 2960)

Se aprueba la tramitación en lectura única, por asentimiento de la Cámara.


INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA POLITICA ESPAÑOLA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES. (Página 2960)

El señor López Henares, Presidente de la Comisión, comunica a la Cámara que ha sido designada para presentar el informe la señora Flores Valencia, quien así lo hace a continuación.


No se consumen turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Galindo Santana, por el Grupo de Coalición Canaria; Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Companys i Sanfelíu, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Soravilla Fernández, por el Grupo Popular, y Barreiro Gil, por el Grupo Socialista.


Se aprueba el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION. (Página 2968)

Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que, una vez tomada en cuenta la Resolución 1044 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre de 1994, haga uso de su presencia en el Comité de Ministros del Consejo de Europa y asuma, para firma y ratificación, la Recomendación 1246 de esta Asamblea, de 4 de octubre de 1994, para que, en su consecuencia, se proceda a la abolición de la pena de muerte contemplada en diversos artículos de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar. (Página 2968)

El señor Bolinaga Bengoa defiende la moción. No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Petrizan Iriarte, por el Grupo Mixto; Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria, y Vallvé i Navarro, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular, y el señor Galán Pérez, por el Grupo Socialista. El señor Bolinaga Bengoa interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 223 votos a favor de los 223 emitidos.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a designar un nuevo equipo gestor para la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., que se responsabilice y proponga las medidas alternativas para intentar reflotar dicha compañía. (Página 2975)

El señor Utrera Mora defiende la moción. El señor Cercós Pérez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Utrera Mora vuelve a intervenir por alusiones.


Se rechaza la moción del Grupo Popular por 98 votos a favor, 119 en contra y 5 abstenciones.


Se suspende la sesión a las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.


Página 2914


Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


--ELECCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. (728/000001.)

El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Elección del Defensor del Pueblo.
Con fecha 17 de noviembre de 1994 ha tenido entrada en esta Cámara un oficio del Presidente del Congreso de los Diputados, por el que da cuenta de la aprobación por esa Cámara de la candidatura de don Fernando Alvarez de Miranda y Torres para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.
Ruego al señor Secretario Primero de la Cámara que dé lectura al documento remitido por el Congreso de los Diputados.


El señor SECRETARIO PRIMERO (Aguilar Belda): Excelentísimo señor: En la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados correspondiente al día de la fecha, ha sido sometida a votación la candidatura de don Fernando Alvarez de Miranda y Torres para su designación como Defensor del Pueblo.
Habiéndose obtenido una votación favorable superior a las tres quintas partes de los miembros del Congreso de los Diputados, me honro en ponerlo en conocimiento, a los efectos de lo previsto en el artículo 2.º cuatro de la Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Palacio del Congreso de los Diputados.
17 de noviembre de 1994.
Félix Pons Irazazábal. Presidente del Congreso de los Diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Abrimos ahora un turno de portavoces, por si algún señor portavoz desea intervenir en relación con esta elección. (Pausa.) Gracias.
El artículo 2.º punto cuatro de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, establece: «Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado», mayoría que, como podrán calcular sus señorías, es de 154 Senadores.
Por lo tanto, vamos a someter a la Cámara la ratificación por el Senado de la candidatura propuesta por la Comisión, y también elegida por el Pleno del Congreso de los Diputados, a favor de don Fernando Alvarez de Miranda y Torres. La votación será nominal y secreta, por papeletas, de acuerdo con el artículo 97.2 del Reglamento.
El sorteo ya ha sido efectuado, y por lo tanto, con el procedimiento que sus señorías conocen, efectuaremos el llamamiento para que procedan a emitir su voto. La urna tiene abierta la tapa. Lo digo para que alguna de sus señorías no busque anhelantemente la ranura de votación. (Risas.) Ruego al señor Secretario Primero dé lectura al nombre del primer Senador o primera señora Senadora que va a ser llamado a efectuar la votación.


El señor SECRETARIO PRIMERO (Aguilar Belda): Iniciamos la votación por el Senador Díez González, don Ignacio.


Por los señores Secretarios Aguilar Belda y Cañellas Fons se procede a efectuar el llamamiento de las señoras Senadoras y de los señores Senadores por orden alfabético, a partir del citado.


Concluido el llamamiento, dijo:

El señor PRESIDENTE: ¿Algún miembro de la Cámara no ha efectuado la votación? (Pausa.) Concluida ésta, se inicia el recuento.


Efectuado el escrutinio, dijo:

El señor PRESIDENTE: Señorías, concluido el recuento me complace comunicarles que el resultado de la votación ha sido el siguiente: ocho votos nulos; cuatro votos en blanco y 198 votos a favor de la elección por el Senado de don Fernando Alvarez de Miranda y Torres como Defensor del Pueblo, lo que se comunicará al Presidente del Congreso de los Diputados para que pueda procederse al nombramiento del señor Alvarez de Miranda y Torres como Defensor del Pueblo, Comisionado de estas Cortes Generales.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 93/7/COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DEL CONSEJO, DE 15 DE MARZO, RELATIVA A RESTITUCION DE BIENES CULTURALES QUE HAYAN SALIDO DE FORMA ILEGAL DEL TERRITORIO DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA. (S. 621/000045.) (C.
D. 121/000047.)

El señor PRESIDENTE: Entramos seguidamente en el sexto punto del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en relación con el proyecto de ley de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/Comunidad Económica Europea del Consejo, de 15

Página 2915


de marzo, relativa a restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, antes, proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativo a restitución de bienes culturales que han salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, que se publicó con fecha 28 de noviembre de 1994.
El Senador Fernández Pelegrina tiene la palabra para hacer la presentación del dictamen.


El señor FERNANDEZ PELEGRINA: Muchas gracias, señor Presidente.
Tengo el honor de haber sido designado por la Comisión de Educación y Cultura para presentar en esta Cámara el proyecto de ley de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/Comunidad Económica Europea del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.
El 7 de octubre de 1994 tuvo entrada en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con este proyecto de ley. Se han presentado 35 enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular.
Esperamos que este proyecto de ley, una vez incorporado al ordenamiento jurídico español, sirva para hacer que la convivencia entre los Estados miembros de la Unión Europea sea cada día más armónica y evite que bienes culturales de cualquier nación puedan ser llevados de forma ilegal a otros territorios.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En principio, corresponde ahora iniciar el debate de totalidad con las intervenciones a favor y en contra de este proyecto. ¿Portavoces que desean intervenir? (Pausa.) Al no haber intervenciones, pasamos al debate del articulado del Dictamen.
El voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Popular corresponde a un conjunto de enmiendas a los artículos 1, 6 y 7, a la disposición transitoria única y a la disposición final que se pretende nueva. Creo que sería conveniente que el Senador Soravilla defendiera de manera integrada las enmiendas reservadas, por lo que su señoría tiene la palabra.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, yo quisiera destacar la importancia que desde mi Grupo concedemos a este proyecto de ley, que mediante la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva europea 93/7, del Consejo, de 15 de marzo, se va a convertir en instrumento de protección de los bienes culturales de todos los países de la Unión Europea ante la amenaza creciente de su tráfico ilegal en nuestro espacio común.
Bien conocida es nuestra preocupación por la defensa del patrimonio cultural, y fruto de ella presentamos un considerable número de enmiendas, treinta y cinco en total, de las que sólo doce quedan vivas para este trámite. Quiero decir con esto que los dos anteriores, el trámite de Ponencia y el de Comisión, han sido inusualmente fructuosos, pues tras retirar por nuestra parte tres enmiendas y alcanzar varias transaccionales, el Grupo mayoritario aceptó 11 en sus propios términos.
Bien es cierto que la importancia de la materia, reconocida por todos, proporcionaba un terreno más apto para la colaboración técnica que para la confrontación ideológica, y me congratula que así lo hayamos entendido todos, pero debo advertir a sus señorías que, como viene ocurriendo, tan elevado número de enmiendas admitidas literal o transaccionalmente no debe conducir a engaño: con la mayor parte de ellas lo que hemos conseguido ha sido, bien la corrección formal de errores, bien el mayor rigor en la estructuración del texto, pero en ningún caso se han tenido en cuenta las que pretendían aportaciones de mayor alcance, y a éstas me voy a referir defendiéndolas en un solo bloque para abreviar un trámite que ya será breve de por sí, puesto que sólo mi Grupo ha presentado enmiendas.
En primer lugar, haré hincapié en el concepto de bien cultural, que es algo que nos interesa especialmente, y a él se refieren las enmiendas números 2, 21 y 27, que afectan a los artículos 1, 7 y 8. Nuestro interés es especificar con la mayor claridad posible la definición del concepto de bien cultural, definición que no es objeto del presente proyecto de ley como podría desprenderse de la lectura de la rúbrica del artículo 1.
Lo que en este artículo se regulan, señorías, son los requisitos que debe cumplir un bien cultural previamente definido por el ordenamiento interno de cada Estado miembro, que en nuestro caso es la Ley de Patrimonio Histórico, para que de esta manera sea susceptible de la acción de restitución contemplada en este proyecto. Es decir, que a los efectos de este proyecto no definimos un concepto europeo o amplio de bien cultural, sino que se enumeran los requisitos que debe reunir para esa posible restitución, que son, según la propia Directiva, que esté clasificado como patrimonio artístico, histórico o arqueológico --y dice ya la propia Directiva-- con arreglo a la legislación o procedimientos administrativos nacionales, como es, en nuestro caso, la Ley de Patrimonio, y, además, estar en un inventario eclesiástico, o formar parte de una colección pública --lo que se define también, merced a una de nuestras enmiendas, en el apartado 2 de este mismo artículo--, por lo que proponemos también la posibilidad de cambiar la rúbrica de este artículo por el término simplemente de «Definiciones». Otro requisito es que pertenezca a una de las categorías o alcance los valores previstos en la Directiva y, como es lógico, que permanezca de forma ilegal fuera del territorio del Estado al que pertenece. Creemos pues que, en aras de una mayor precisión, debería atenderse a nuestra enmienda y modificar la rúbrica del artículo 1.
Pero más grave todavía es el caso del artículo 7.1.a), donde la confusión apuntada ya es absolutamente manifiesta. Dice literalmente en su final --entrecomillado--:

Página 2916


«... y se certifique que se trata de un bien clasificado como cultural», y no es tal, porque, como hemos visto, su clasificación es sólo un primer requisito, cuando de lo que se trata es de un bien cultural susceptible de restitución conforme a lo dispuesto en el artículo 1, es decir, con todos los requisitos, como reza nuestra enmienda número 21. Y esta misma ambigüedad --que, desde luego, induce a error-- se reitera en el artículo 8. En consecuencia, pedimos un mayor rigor con el propio espíritu de la norma y solicitamos una nueva reflexión para el voto favorable de estas enmiendas.
Brevemente me voy a detener en tres enmiendas, las números 7, 8 y 12. La primera propone volver a la estructura de la Directiva y llevar las tablas de categorías y valores a un anexo. Una vez que ya se desechó la idea de convertir este proyecto en un nuevo título de la Ley de Patrimonio Histórico, parece realmente mucho más lógico que estas tablas aparezcan en un anexo porque sabemos que van a sufrir modificaciones --puesto que éstas están ya previstas en el propio proyecto--, y además que se incorpore en esas tablas el párrafo introductorio de «Categorías», como se hizo ya con el de «Valores». Y caso de que esto no se aceptara proponemos, a través de la enmienda número 12, que se dé al apartado de «Valores» una redacción más de artículo y menos de tabla.
La enmienda número 23 ha sido objeto de una transaccional previamente a esta intervención, y pretendía una simple corrección de estilo, lo mismo que la enmienda número 24, que también fue aceptada, de lo cual nos congratulamos. Ahora bien, mayor contenido tienen las que voy a defender a continuación.
Con la enmienda número 26 proponemos la adición de un nuevo apartado, que sería el 3, al artículo 7, en el que conste expresamente el traslado de la demanda, una vez admitida, al poseedor o tenedor del bien reclamado en cuanto que se le reconoce la legitimación pasiva en el propio artículo 6.
Yo no creo, señorías, que este abundamiento, por estar ya recogido en otras leyes, sea nocivo al reiterarse en este proyecto.
Un elemento esencial, la buena fe y la diligencia debidas, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8, es objeto de nuestras enmiendas números 28 y 29. Creemos que éste es un aspecto sumamente importante puesto que habrá de aplicarse en el sentido de la jurisprudencia y de la doctrina comparadas, ya que el proyecto que nos ocupa será de aplicación no en el ámbito interno, sino en el ámbito internacional. Desde mi experiencia personal, señorías --ustedes saben que me he movido en el mundo del arte--, les puedo asegurar que el mundo del comercio del arte y de los coleccionistas es, cuando menos, laberíntico en los modos y en las maneras de sus transacciones comerciales, en ocasiones bastante millonarias, y sería sumamente deseable que atendieran a las razones de nuestras enmiendas para su voto favorable. Desearía ser especialmente claro y convincente en razón de la gravedad que reviste esta materia: con los dos nuevos párrafos que proponemos con la enmienda número 29 marcamos una indicación en lugar de una acumulación, que podría ser interpretada como reiterativa en cuanto que la Directiva sólo introduce el concepto de diligencia debida. Según nuestro criterio, la buena fe del poseedor se debe apreciar, a los exclusivos efectos de este proyecto, por una determinada diligencia debida en el momento de la adquisición del bien, como es la de averiguar, comprobar su origen, su procedencia, la situación jurídica en que se encuentra y las características, tanto como el propio precio y las circunstancias en las que se produce esta transacción. Yo reitero con preocupación --y, repito, desde mi experiencia-- nuestra petición del voto favorable para estas enmiendas.
Y, por último, con toda brevedad, nos parece aconsejable dejar abierta la posibilidad del recurso de apelación en ambos efectos, como recoge nuestra enmienda número 30, teniendo en cuenta que para la acción de restitución se ha elegido el procedimiento rápido del juicio verbal ante la jurisdicción ordinaria.
La enmienda número 34 también ha sido objeto de otra transaccional previamente a esta intervención, y la enmienda número 35 pretende añadir una nueva disposición final que regule simplemente la entrada en vigor de la ley.
Termino, señorías, pidiéndoles el voto favorable para todas las enmiendas que he defendido, pero muy especialmente para las que se refieren, por una parte, al concepto de bien cultural, en aras de una mayor claridad y, por otra, para las relativas a la buena fe y a la diligencia debidas, para que de esa forma --y vuelvo a reiterarlo desde mi experiencia-- podamos conseguir una regulación verdaderamente eficaz en la aplicación de estas normas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla Fernández.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Pérez Maestu.


La señora PEREZ MAESTU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el objeto inmediato del proyecto de ley que hoy nos ocupa es dar cumplimiento a la Directiva 93/7 de la Comunidad Económica Europea del Consejo de 15 de marzo, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro en aquellas materias que, por su naturaleza, exigen normas con rango de ley, sin perjuicio, por tanto, de la adopción de otras medidas legales, reglamentarias o administrativas, que deba adoptar el Estado español.
Este proyecto de ley, una vez aprobado, cumplirá con una obligación cuya exigencia procede de la pertenencia de España a la Comunidad Europea y del carácter de acto jurídico obligatorio que otorga a las Directivas el artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
La materia que regula esta Directiva ya está, en parte, regulada en nuestro ordenamiento jurídico en varias leyes: en la Ley del Patrimonio Histórico Español, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La necesidad de esta ley nace de considerar que una de las libertades consagradas en el Tratado de constitución de las Comunidades Europeas, como es la libertad de mercancías,

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obliga a que en este caso sea necesaria e imprescindible una tarea de cooperación y colaboración entre los Estados, que establece esta Directiva y que justifica una serie de modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico.
En este proyecto de ley de incorporación de la Directiva se establece un sistema que permite a los Estados de la Unión Europea obtener la restitución a su territorio de los bienes culturales que estén clasificados dentro de su patrimonio y que hayan sido de dicho territorio con infracción de las disposiciones legales.
El ordenamiento vigente contempla el supuesto que se asume en virtud de la citada Directiva, porque la Ley del Patrimonio Histórico Español, reconoce en su artículo 29.2 la acción de restitución en términos equiparables a los de la citada Directiva, lo mismo que la definición de bien cultural y la de salida ilegal. Sin embargo, la principal novedad de la Directiva consiste, exactamente, en establecer un procedimiento simple y eficaz, a través del cual, el Estado de cuyo territorio haya salido el bien cultural dispone de una acción directa ante los tribunales del Estado en el que el bien se encuentra. Sin embargo, en nuestra legislación no está contemplada la obligación de recuperación y concertación en caso de que sea España el Estado requerido. Por ello, la presente ley complementa en este sentido la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Después de esta introducción, conviene decir, señorías, que gracias a cuantos hemos trabajado en este proyecto de ley --tanto en Ponencia, como en Comisión, y ahora, a través de este Pleno-- hemos conseguido que su paso por el Senado haya sido fructífero, que haya supuesto una clarificación y mejora en la trasposición de tan importante Directiva.
De las treinta y cinco enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presentó al proyecto de ley, una gran mayoría tenían una finalidad claramente técnica --ustedes mismos lo han reconocido-- y han podido ser asumidas. Como he dicho, la Ponencia y la Comisión, de forma fructífera, han mejorado la redacción y la estructura del proyecto incorporando al texto once enmiendas en sus propios términos. Por otro lado, tres, fueron retiradas, seis, fueron transadas, y se produjo la mejora en la redacción de la disposición adicional segunda. Esperamos que en este último tramo en el que estamos la ley salga todavía mejorada, pues tenemos la oportunidad --como usted ha dicho, señor Soravilla-- de aceptar otras dos enmiendas transaccionales.
Antes de entrar en el debate quiero dejar constancia ante la Mesa del Senado y sus señorías de una corrección de errores --de la que hago entrega al señor Presidente--, que debió realizarse en el dictamen de la Comisión y que no aparece reflejada en el mismo. Dicha corrección afecta a un artículo y a la disposición transitoria única. En primer lugar, en el artículo 3, que dice: «Los procesos derivados del ejercicio de la acción a que se refiere el artículo anterior ...», debe decir: Los procesos derivados del ejercicio de la acción a que se refiere el artículo 6... y continuaría.
En cuanto a la disposición transitoria única, donde se dice: «... a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 del artículo 3...», debe decir: ... a que se refiere el artículo 6, apartado 1, párrafo primero.
Paso a referirme a los votos particulares que acaban de ser defendidos por su señoría, y ya le anuncio que no van a ser apoyados por el Grupo Parlamentario Socialista. Rechazamos las enmiendas números 2, 21 y 27, porque no añaden nada que no esté contenido en el artículo 1. Este, deja perfectamente claro el concepto de bien cultural y lo liga a esta ley.
Pero cada vez que se habla de bien cultural, su señoría se empeña en añadir la coletilla: susceptible de restitución, y eso no es necesario; al contrario. De admitirlo, perdería estilo y resultaría machacón y reiterativo. Lo siento, señoría.
Cuando la Directiva utiliza el concepto de bien cultural no se refiere a cualquier bien que esté definido como cultural, sino a los que cumplen las condiciones A y B, es decir, las categorías y valores que se recogen en el artículo 1 con toda nitidez y claridad.
Una vez aclarado el concepto, es innecesario repetirlo artículo tras artículo, cada vez que se hable del bien cultural en esta ley.
Curiosamente, señorías, a pesar de las enmiendas 2 y 21, ustedes también deben entenderlo así, pues en la número 27 --que, no obstante, vamos a rechazar-- piden que figure que se trata de un bien cultural de los comprendidos en el artículo 1 de la presente ley. Efectivamente, ustedes tenían perfectamente claro que eso quedaba clarísimamente definido y que el artículo 1 contiene exactamente todo aquello que tiene que decir y definir. Con ello, señorías, nos dan la razón, pues admiten que, efectivamente, es nítido, como les acabo de decir.
Tampoco aceptamos las enmiendas que, como las anteriores, con un marcado carácter técnico, no creemos que mejoren el proyecto.
Respecto a la enmienda número 7, las categorías y valores que aparecen en el artículo 1 son definiciones esenciales, partes importantísimas, y su inclusión en el cuerpo normativo nos parece no sólo acertada, sino necesaria. No queremos la separación en un anexo de un contenido esencial para este proyecto, y consideramos que ni complica ni oscurece y, si alarga el artículo 1, también lo clarifica. Creemos, pues, que es acertada la inclusión del anexo como parte importante de este proyecto de ley, aún sin desconocer que las categorías pueden ser ampliadas y que los valores serán revisados y actualizados. Pero para eso hay una disposición final que habilita al Gobierno a poder realizar tales fines.
Señor Soravilla, no aceptamos la enmienda número 8 porque el párrafo que introduce al apartado A) tendría sentido si existiese el anexo, como ocurre en la Directiva, pero no en el proyecto, tal y como lo hemos estructurado, al hacer que el anexo pase a ser punto fundamental del artículo 1. Sí incorporamos el párrafo del apartado B) porque fija el carácter mínimo de los valores y la unidad monetaria en la que vienen dados dichos valores.
Votaremos negativamente la enmienda número 12 porque no consideramos que la estructura quede mejorada, como afirman ustedes, muy al contrario, la disposición espacial que damos a este apartado B) clarifica y ayuda, le quita densidad y lo hace mucho más útil.
Respecto de la enmienda número 23, les presentamos una enmienda transaccional donde la expresión «ab initio»,

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que les consta que no nos gustaba nada, queda recogida en su significado.
Señorías, en general, y para otras ocasiones, no somos partidarios de utilizar expresiones o lenguaje propio de iniciados o profesionales. Nos gusta --y especialmente en las leyes-- que sean redactadas, dentro de lo posible, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje de la gente, en el lenguaje que pueda ser entendido por una mayoría sin necesidad de muchos intermediarios.
En esta misma transaccional, como han visto y como ha ya comunicado que van a apoyar --por supuesto que con su apoyo y con el de toda la Cámara--, se da una nueva redacción, creemos que más ajustada, al párrafo que queda sustituido, donde habla de patrimonio nacional, puesto que no hay materia legislativa sobre patrimonio nacional, no existe, hay una importantísima Ley de Patrimonio Histórico Español, pero decir nacional no solamente no es correcto, sino que no es oportuno, y eso por muchas y trascendentales razones que no me entrentendré en explicar, pues están en la mente de todos ustedes.
Paso a leer la transaccional que proponemos para que quede constancia, aun sabiendo que la conocen los portavoces de los distintos grupos.
«Artículo 7.1, párrafo 2.º, del apartado b): En el caso de una salida ilegal desde su inicio, la precedente declaración deberá precisar si la salida del bien cultural de su territorio es ilegal por infracción de la legislación en materia de patrimonio histórico español o de las disposiciones del Reglamento de la Comunidad Económica Europea 3911/1992...» Y seguirá exactamente igual.
Respecto de las enmiendas que no son meramente técnicas, y que usted ha cuidado en esta tribuna con tanto mimo, personalmente siento decir que las rechazamos, porque entendemos que no es necesario contemplarlas en este proyecto por venir recogidas en nuestro ordenamiento jurídico, y más concretamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en el Código Civil.
Así pues, no consideramos necesario prever de manera expresa el traslado de la demanda, una vez admitida ésta, y por ello rechazamos la enmienda número 26. Insistimos en que no creemos necesario regular más allá de las especialidades, una vez que el procedimiento queda fijado en el artículo 3 como el propio de los juicios verbales regulado en los artículos 715 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
También rechazamos las enmiendas números 28 y 29. La número 28 porque no basta la buena fe del Derecho común, sino que ha de estar acompañada y complementada con la diligencia debida. Señoría, dice que es redundante, nosotros defendemos que no. Dice que debe ser aclaratoria, que no la convirtamos en acumulativa, nosotros decimos que no nos importa que sea acumulativa porque no queremos dejar ni un resquicio por donde se pueda escapar ni la más mínima responsabilidad.
Señorías, dicen también que para establecer la diligencia debida en cada caso se tendrán en cuenta las características del objeto, el precio que se pagó, las circunstancias que concurren en la transmisión, en el transmitente, en el adquirente. Pues claro, lógico, y otras muchas consideraciones que es al juez a quien compete establecer y, por tanto, como ni están en su enmienda todas, ni podemos aportar todos los criterios para apreciar la existencia de la diligencia y de la buena fe debidas, optamos por no hacer constar ninguna y dejamos que sean los tribunales competentes, con el Código Civil en la mano, quienes definan la buena o mala fe del poseedor y también la diligencia, pues es en el Código Civil donde aparece contemplada la buena fe, exactamente en los artículos 433 y siguientes.
Tampoco aceptamos las enmiendas números 30 y 31, al artículo 7, párrafo 3.º Este párrafo fue modificado en el informe de la ponencia durante el trámite del Congreso de los Diputados, a instancias del Letrado, y su redacción nos parece correcta. En cuanto a constituir un artículo nuevo, no creemos que se justifique porque carece de entidad suficiente el contenido del recurso, como se recoge en el informe previamente admitido por el Consejo General del Poder Judicial.
Por lo anteriormente expuesto, no se considera necesaria la creación del artículo que proponemos, como ya les dijimos también en ponencia y en Comisión.
Les hemos presentado otra transaccional en la enmienda número 34, pues aun cuando consideramos que debe continuar siendo transitoria porque el precepto tiene carácter de transitoriedad, por cuanto que hace aplicable esta Ley a las salidas ilegales durante el período comprendido entre el 1.º de enero de 1993 y la entrada en vigor de la Ley, sirve, no obstante, para aclarar el plazo de prescripción de la acción de restitución a la que se refiere el artículo 6, apartado 1, párrafo 1.º.
Sí consideramos que sus señorías hacen una buena aportación sobre la propuesta de cambio en el epígrafe y la sugerencia de otro que nos parece más adaptado al contenido de la disposición, aunque lo acortemos en cuatro palabras, para no ser redundantes, con el comienzo de la disposición, que empieza exactamente como ustedes proponían. Paso a dar lectura al nuevo epígrafe para que así conste: Disposición transitoria única, ámbito de aplicación temporal.
En la enmienda número 35 nos recuerdan que en el proyecto de ley que tratamos se nos ha olvidado una disposición final segunda que consigne y fije la entrada en vigor de la ley. Pues bien, señorías, no se nos ha olvidado. Cuando en cualquier ley ocurre lo que ustedes nos recuerdan, opera lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, según el cual, aquélla se produce a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No tengo nada más que decir, señorías. Creo que ha quedado clara nuestra postura. No hace falta reiterarla más.
Gracias, señorías. Gracias, señor Soravilla. Gracias también a los portavoces de otros grupos que han aceptado las transaccionales que les hemos propuesto. Creemos que con el trabajo que hemos realizado entre todos gana la ley porque mejora de manera notable después de su paso por esta Cámara. Y sin duda es así porque entre todos, entre todas, no sólo hemos querido que así fuera sino que, además, lo hemos conseguido. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Vamos a abrir el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Popular? Tiene la palabra el Senador Soravilla.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias.
Voy a ser muy breve.
En primer lugar, deseo agradecer la intervención de la Senadora y puntualizar aquellos conceptos que resultan más importantes para nosotros como, por ejemplo, el de bien cultural al que se referían las enmiendas.
Yo comprendo los argumentos de su señoría, pero, desde luego, cualquiera de ellos se desploma en el momento en que esto se refiere al artículo 7.a). Le recuerdo, señoría, que, aunque sea reiterativo, no estamos ante un texto literario, sino que estamos ante un texto legal. Es decir, que está bien que mantengamos unas normas gramaticales, sintácticas e incluso de estilo pero, desde luego, no hace falta que hagamos de ello una novela. Además, cuando su señoría ha dado los argumentos con respecto a la enmienda número 27, lo único que hace, al final, es corroborar una vez más nuestra teoría. Lo que nosotros queremos es que haga siempre referencia a que se corresponde con aquellos requisitos recogidos y contemplados en el artículo 1.
Por otra parte, agradecemos la buena disposición hacia las enmiendas transaccionales. Ya le dijimos en el trámite de Comisión que estábamos dispuestos a retirar el término latino «ab initio», pues sabemos que no les gusta el latín, que incluso lo quitan de la enseñanza. Sabemos que piensan que es una cosa de iniciados, y que los iniciados y los cultos parece que les molestan. Nosotros nos queremos dirigir no sólo a la mayoría sino, como Juan Ramón Jiménez, a la inmensa minoría, que es lo que quisiéramos que fuera este país.
Con respecto a la buena fe y a la diligencia debida, debo manifestar que no es que, como su señoría me ha dicho, nosotros dejemos resquicios.
Quizá queden resquicios; las leyes siempre dejan alguno. El problema es que lo que dejan sus señorías son auténticas vías de agua. Yo les recuerdo que este ámbito es --y lo he dicho en mi intervención-- mucho más laberíntico, y que no basta simplemente con el Código Civil. Me temo --y yo lo comprendo-- que la defensa que sus señorías hacen de esta posición es una defensa de oído. Lo que yo hacía era una defensa de vivencia personal. Y, en verdad, no es ya que sienta personalmente que no admitan estas enmiendas referidas a esta cuestión, sino que lo siento también por nuestro patrimonio, lo siento como hombre de la cultura, como eso que les gusta tanto nombrar: como agente de la cultura. En consecuencia, y debido precisamente a esta postura de no querer atender a esto que digo desde mi propia experiencia, les anuncio ya que nos abstendremos en la votación de este proyecto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Senadora.


La señora PEREZ MAESTU: Gracias.
Creo que me he alargado excesivamente en mi exposición, de manera que ahora, señor Soravilla, reitero exactamente lo que he dicho, y no voy a añadir más, sólo que hoy estaba encantada: su talante había sido exquisito, no lo estropee al final.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Vallvé i Navarro pide la palabra.) He dado el turno de portavoces por el orden acostumbrado, pero su señoría, en su soledad, puede hacer uso de la palabra, dada su importancia personal, no por el número de acompañantes de su Grupo Parlamentario, ni de hecho ni de derecho.
Tiene la palabra su señoría.


El señor VALLVE I NAVARRO: Señor Presidente, gozo con la confianza de mis compañeros de clase.
Con la venia de su señoría, anuncio desde aquí mi afecto al Senador Soravilla. Cuando discutimos políticamente siempre nos enganchamos.
Respecto a esa condición que por segunda vez me ha dedicado el Grupo Parlamentario Popular de portavoz adjunto o portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, deseo decirle que damos por reproducidos nuestros argumentos del trabajo en Comisión, aquella parte más agradable.
En segundo lugar, deseo manifestar que las enmiendas --muy dignamente defendidas por el Senador señor Soravilla-- que quedan vivas tienden a mantener, en líneas generales, lo que se pretende con la ley.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular son de orden técnico unas, y de orden procesal otras. Entendemos que el tener que reproducir textos de las leyes de enjuiciamiento en un cuerpo legal nuevo no es una práctica legislativa correcta; con hacer la remisión hay bastante. Somos hombres de leyes y, en consecuencia, con una mínima reflexión para quien tiene que utilizar la ley, es suficiente.
Creemos que el texto es bueno, muy mejorado con las incorporaciones pactadas producto de la preocupación legislativa del Grupo Parlamentario Popular. Lo que es cierto es que, con lo que resulta, se ha conseguido el cumplimiento de la trasposición de la Directiva 37/7 de la Comunidad Europea y, en consecuencia, el bien jurídico protegido está suficientemente salvado.
El Senador Soravilla recordará que en comisión tuvimos nuestras discusiones más o menos vehementes, en relación con determinadas expresiones que a los nacionalistas --y aquí empieza mi intervención-- nos suenan mal en el oído y en el corazón. Tengo que hacer un reconocimiento a la verdad: agradecer la intención que han tenido los grupos mayoritarios de esta Cámara al proponer una redacción alternativa de un artículo en el que se sustituye el Patrimonio nacional por el Patrimonio histórico español. Yo he suscrito este compromiso, y lo he hecho porque, en definitiva, me lo traía una dama encantadora como es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No he podido sustraerme a sus encantos y he firmado, pero corregir es de humanos. El Senador Torrontegui me ha hecho caer

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en mi poca finura nacionalista, y me hace ver que el hablar del Patrimonio histórico español es peligroso para el Estado de las Autonomías que, en definitiva es la cuestión constitucional. Entendemos que una redacción más correcta sería la del Patrimonio histórico del Estado español, porque el Senador Torrontegui sufre por el árbol de Guernica ya que, si un conflicto internacional se lo llevase, por ejemplo, a París, en el momento de recuperarlo, el Estado español podría decidir colocarlo en el jardín del Museo del Prado. Esto es una broma, señorías, pero lo que sí que es serio es que el Archivo Histórico de la Generalidad de Cataluña continúe en los anaqueles del Archivo Histórico de Salamanca, y éste es un patrimonio que nos corresponde, y esto, señorías --procuraré que no me traicione la emoción-- es un expolio. Lo que tienen que hacer los grupos mayoritarios es devolver a las autonomías su patrimonio, y mientras continuemos pronunciándonos y legislando haciendo referencia al Patrimonio Histórico español, no hacemos ningún favor a la Constitución, que establece que el Estado español es plurinacional y está compuesto por diferentes nacionalidades y, de alguna manera, continuamos con este lenguaje cotidiano al que aludía la Senadora socialista que, de alguna forma, no hace ningún bien a la realidad actual española. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Senador Vallvé, le ruego que vaya terminando. Entre tanto, ruego silencio a la Cámara.


El señor VALLVE I NAVARRO: Gracias por su amparo, señor Presidente.
En última instancia, señorías, dicho esto, a pesar de que he suscrito la transaccional que me han presentado, tal vez con poco estudio, nuestro voto va a ser negativo, y espero que el de los compañeros nacionalistas vascos sea en el mismo sentido. Aunque sabemos que es una batalla perdida, queremos dejar constancia, cada vez que se produzca, de la circunstancia de nuestra reivindicación nacionalista.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: El Senador Soravilla tiene la palabra.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con toda brevedad para contestar al Senador Vallvé, y le diré que yo lamento enormemente que su voluntad, por lo que parece que manifiesta, sea desarmar todo el Museo del Prado para que Velázquez vaya a Sevilla, para que Zurbarán vaya a Extremadura, con lo cual, efectivamente, nos enriquecemos mucho, pero vamos a perder también el gran buque insignia de la cultura española, que no es una suma matemática de culturas, sino que es como el Club Barça: algo más.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Senadora Pérez Maestu, por el artículo 87, tiene la palabra, también por el mismo espacio breve de tiempo.


La señora PEREZ MAESTU: Muchas gracias, señor Presidente.
Será de aplicación del artículo 87 también, ese que le encanta al señor Vicepresidente, que creo que le llama el socorro de los pobres.
Señor Vallvé, si no hubiera sido por la transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, hubiera quedado muchísimo peor, y usted lo sabe. Y, efectivamente, ni ustedes, el Grupo Catalán, ni los Senadores Nacionalistas Vascos han presentado enmiendas. Por lo tanto, hemos llegado hasta exactamente donde llega la Ley a la que se refiere, que es la Ley de Patrimonio Histórico Español, y no puede constar otra cosa, porque ése es el nombre de la Ley. Lo siento, señor Vallvé. Les invito nuevamente a ambos Grupos a que se unan a nosotros, porque creemos que queda bastante bien.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Torrontegui Gangoiti pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Senador Torrontegui, ya no hay turno. ¿En concepto de qué me pide la palabra? Ha habido una alusión del Senador Vallvé a su señoría. ¿Es por esa alusión?

El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Y también se ha producido otra alusión, la de la señora portavoz socialista.


El señor PRESIDENTE: Pero sin nombre propio. El Senador Vallvé ha aludido al Senador Torrontegui respecto a la ideología nacionalista. Sobre esa cuestión le doy la palabra.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero explicar simplemente el motivo por el que no hemos intervenido y por qué vamos a votar...


El señor PRESIDENTE: No, señoría. Tiene la palabra exclusivamente por la alusión, porque ha tenido la posibilidad de consumir un turno para que su señoría expresara la posición de su Grupo y las razones de fondo al emitirla. Por lo tanto, confiésese nacionalista o no (Risas.), pero no le voy a dar la palabra para más cosas, porque en cuanto el Presidente es generoso se encuentra con que crea problemas a la Cámara.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Me confieso nacionalista, efectivamente (Risas.). Estoy de acuerdo con las palabras que ha dicho mi compañero, el señor Vallvé. Creo que esta transaccional tenía una posibilidad de enmienda muy clara, pero por una cerrazón del Grupo Socialista no se ha acabado de perfeccionar. Creo que es suficiente corroborar lo que el señor Vallvé ha manifestado, porque su señoría no me deja hablar más y no puedo explicar nada más.


El señor PRESIDENTE: Esto ha sido mucho más que una confesión y, por lo tanto, difícilmente le podré dar la absolución y la palabra.


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El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas defendidas por el Senador don Roberto Soravilla, referidas a los artículos 1, 6, 7, transitoria única y disposición final nueva. ¿Pueden agruparse para su votación? (Asentimiento.) Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 97; en contra, 122; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Seguidamente, se somete a votación el texto del artículo 7.1, párrafo segundo del apartado b), que es objeto de una enmienda transaccional suscrita por los siguientes grupos parlamentarios: Socialista, Popular, de Convergència i Unió y de Coalición Canaria. Su redacción es la siguiente: «En el caso de una salida ilegal desde su inicio, la precedente declaración deberá precisar si la salida del bien cultural de su territorio es ilegal por infracción de la legislación en materia de Patrimonio Histórico Español o de las Disposiciones del Reglamento de la Comunidad Económica Europea, 3911/1992.» Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 205; en contra, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Los mismos grupos parlamentarios han suscrito otra enmienda de modificación del dictamen a la disposición transitoria única que se refiere a la redacción de un nuevo epígrafe, que textualmente es el siguiente: «Ambito de aplicación temporal.» La sometemos a votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 227.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por los 227 votos emitidos.
(Aplausos.) Sometemos seguidamente a votación el dictamen con las modificaciones que acabamos de introducir. Salvo que se me indique lo contrario, votamos los artículos del 1 al 9, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición transitoria única, disposición final única y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 130; abstenciones, 96.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE PROTECCION A TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS CRIMINALES. (S.
622/000001.) (C. D. 124/000001.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales. Se publicó en los Boletines correspondientes, con fecha 28 de noviembre de 1994. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿El Presidente de la Comisión de Justicia puede indicar si ha sido designado algún Senador para presentar el dictamen? (Pausa.)

El señor HERRERO MEREDIZ: La Comisión ha designado al Senador Caballero Lasquibar. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, ruego que guarden silencio.
Tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente me complace presentar a la Cámara... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Un momento, por favor.
Señorías, ruego que guarden silencio.
Puede continuar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que, ciertamente, me complace presentar a esta Cámara el dictamen del proyecto de ley orgánica de protección de testigos y peritos.
El texto tiene su origen en la proposición de ley que presentó el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ante esta Cámara y que fue tomado en consideración por asentimiento de sus señorías en sesión plenaria del 6 de octubre del pasado año. Remitido el texto al Congreso de los Diputados, la proposición fue aprobada por el mismo y tiene su entrada en esta Cámara el pasado 4 de noviembre, finalizando el plazo de presentación de enmiendas el día 17 del mismo mes.
Fueron presentadas al texto veintiuna enmiendas; tres pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto, formuladas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; cuatro, por el Grupo Parlamentario Popular; diez, por el Grupo Parlamentario

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Socialista, y cuatro, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
La Ponencia emitió su informe el pasado día 22 de noviembre, incorporando por unanimidad quince enmiendas; diez correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista; dos, al Grupo Parlamentario Popular, y tres, al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado. Para su debate ha quedado formulado un voto particular por el Grupo Parlamentario Popular, que recoge en sus enmiendas 4 y 5, a la presente proposición de ley.
No quisiera terminar, señor Presidente, sin agradecer a los miembros de la Comisión de Justicia --y por extensión, a los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara-- su deferencia al haberme nombrado portavoz de la citada Comisión para la presentación del dictamen sobre esta proposición de ley orgánica de protección de testigos y peritos en causas criminales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Si no hubiere petición de debate de totalidad --que no la hay--, pasaríamos al debate de los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición derogatoria, disposición final y exposición de motivos, así como del voto particular del Grupo Parlamentario Popular con las enmiendas números 4 y 5.
Tiene la palabra el señor Prada Presa.


El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, mi Grupo presenta dos únicas enmiendas a este proyecto de ley en este trámite con la exclusiva finalidad de proceder a mejorar esta ley, dado que ha contado, tanto en el trámite del Congreso de los Diputados como en el Senado, con un amplio consenso, porque cubre una laguna legal como es la regulación de la protección de testigos en causas criminales.
En este sentido, con la enmienda número 4 al artículo 3.2 pretendemos que se incluya la facultad de los jueces que instruyen los procedimientos para que puedan brindar a los testigos y peritos la protección oficial, así como acordar el establecimiento de las medidas excepcionales a peritos y testigos que este artículo establece. Nuestra pretensión es la inclusión de la figura del juez instructor de oficio, para que de oficio pueda adoptar estas medidas de protección a peritos y testigos porque, como sus señorías saben, tal como figura en el dictamen de la Comisión, esta facultad se reconoce exclusivamente al Ministerio Fiscal.
La enmienda número 5 es de modificación y con ella pretendemos que en el artículo 4, apartado 3, párrafo tercero, se incluya la figura del perito en el sentido de que el plazo de cinco días siguientes a la notificación a las partes --en este caso, no de la filiación, sino de la identidad, porque con la aprobación por unanimidad de una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado en la Comisión la palabra «filiación» queda sustituida por «identidad»-- de la identidad de los peritos y testigos se amplíe no sólo a los testigos --como dice el proyecto de ley--, sino también a los peritos.
No estamos en los supuestos de recusación de peritos, sino en la posibilidad de proponer nuevas pruebas, una vez que se conoce la identidad de los testigos y --según la adición que proponemos-- de los peritos; nuevas pruebas tendentes a acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio, el cual pretende el proyecto --como decía, señorías-- que se reduzca a los testimonios de los testigos. El Grupo Parlamentario Popular pretende que esta circunstancia se amplíe a la pericia que habría sido emitida. A nuestro juicio, los peritos deben ser tratados a los efectos de esta ley de la misma manera que los testigos, y así se darán mayores garantías procesales.
Por todo ello, señoría, sometemos a la consideración de la Cámara estas dos enmiendas con la única finalidad --insisto-- de mejorar la ley, por lo que solicito de los grupos parlamentarios su voto favorable.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, nos oponemos a la enmienda número 4, defendida por el representante del Grupo Parlamentario Popular, en base a que al procedimiento penal hay que procurarle todos los elementos para que se desemboque en la justa aplicación del Derecho.
Con esta proposición se insiste en evitar los retraimientos de testigos y peritos y, por tanto, la impunidad de los presuntos culpables. Y no cabe duda de que quien tiene que apreciar el peligro posible que corren los peritos y los testigos --o de las personas a ellos ligadas-- es el juez.
Esto así se determina desde el artículo 1 de esta proposición de ley.
A partir de ahí, el procedimiento se divide en dos etapas: la instrucción y el enjuiciamiento; no el juicio oral, que también lo hemos rectificado porque era limitativo y no llegaba al concepto general de lo que es el enjuiciamiento. Además, el juez tiene que acordar motivadamente las distintas necesidades de protección --que están previstas en la ley--: preserva de la identidad, evitar la toma de imágenes, la protección policial, facilitar documentos de nueva identidad y hasta dinero para cambiar de residencia o lugar de trabajo. Para todo el proceso o, incluso, después, si se mantiene el peligro grave previsto en el artículo 1.2 --que aprecia, como he dicho antes, el juez--, debe ser a instancia del Ministerio Fiscal, a nuestro juicio, cuando se brinde al testigo esa protección concreta a que se refiere el artículo 3.
Estamos en un programa de protección de testigos y peritos, que es una medida procesal que conecta directamente con las posibilidades de desarrollo de la política criminal, y bajo el concepto de justicia rogada. Por tanto, teniendo en cuenta que ya está protegida la iniciativa judicial para todo el proceso, debe ser a propuesta del Ministerio Fiscal cuando se faciliten estas protecciones previstas en este artículo.


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La enmienda número 5, que intenta incluir a los peritos junto a los testigos, es, a nuestro juicio, en vez de una mejora un empeoramiento del texto, técnicamente hablando. No digo que fuera imposible, pero no sólo no mejora, sino que empeora el texto.
En la fase del enjuiciamiento, el órgano judicial encargado tiene que pronunciarse sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección adoptadas por el instructor, incluso puede disponer otras nuevas. Todas ellas pueden ser recurridas, pero también las partes pueden solicitar el conocimiento de la identidad de los testigos o peritos propuestos. A partir de aquí, funcionan mecanismos distintos para unos y otros. Los peritos pueden ser recusados, de acuerdo con el artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en referencia al artículo 723 de la misma Ley y, por consiguiente, no hace falta repetir la cuestión cuando nos referimos a los testigos.
Conocidos los testigos, las partes pueden proponer nueva prueba para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de su testimonio. El régimen de recusación es suficiente, en cambio, para los peritos, para conseguir el objeto pretendido por quien lo recurra, no siendo preciso, por tanto, incluirlo junto a los testigos, como pretende la enmienda que, repito, no sólo no mejora, sino que empeora lo actualmente previsto en esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Travieso Darias.


El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero indicar que vamos a cambiar el sentido del voto en la enmienda número 5. La verdad es que las explicaciones del señor Arévalo nos ha convencido. Pensamos que se debe dejar como figura en el texto.
En cuanto a la enmienda número 4, somos partidarios de que el juez instructor, aparte de otorgar los beneficios, pueda brindárselos a los distintos testigos y peritos.
Por las argumentaciones que ha dado el Senador Prada Presa, vamos a votar a favor de la enmienda número 4 y en contra de la enmienda número 5. Creo que es importante que el juez tenga esa facultad, que no sólo esté en manos del Ministerio Fiscal, porque en algún momento podría haber intereses contrapuestos y el juez, al fin y al cabo, también está al tanto de todo el procedimiento y puede entender que hay un perito, un testigo que necesita esas medidas de protección y que puede ser muy beneficioso para que al fin impere la verdad en este procedimiento.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso Darias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a repetir las reflexiones del interviniente anterior por ser las mismas, por lo que anuncio que votaremos afirmativamente a la enmienda número 4 y negativamente a la enmienda número 5.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ibarz i Casadevall.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para consumir un turno de portavoces, con el objetivo de fijar la posición de Convergència i Unió en este trámite.
En el momento de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Convergència i Unió ya anunció el apoyo al proyecto, en aquel momento iniciativa, y manifestó su coincidencia en la preocupación que traslucía la proposición frente a la dificultad de facilitar la debida protección a testigos y peritos en determinadas causas criminales en las que está implicada la delincuencia organizada. El Estado tiene el deber de proteger a las personas que, en ocasiones con riesgo de su vida o de otros bienes, asimismo dignos de protección, participan en el proceso para restaurar la legalidad infringida.
En esta línea, nosotros vamos a apoyar el dictamen de la Comisión, en los términos en que viene aprobado por la Comisión, debiendo manifestar al Senador Prada que no podremos apoyar las enmiendas que ha presentado y que esperamos, al igual que ocurrió en el Congreso de los Diputados, que la mayoría de los grupos se sumen al voto favorable al dictamen de la Comisión.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barrero.


El señor BARRERO VALVERDE: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición de ley que debatimos fue presentada en su momento con la finalidad de que la Administración de Justicia fuera más eficaz en la persecución y castigo de actos delictivos o criminales, otorgando una protección que inicialmente iba también dirigida al denunciante, a peritos y testigos que intervienen --entonces se decía-- en determinadas causas criminales.
La proposición de ley, como sus señorías conocen, ha sufrido modificaciones sustanciales como consecuencia

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del trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, debido en gran parte al consenso entre los grupos parlamentarios y a la voluntad de todos de elaborar un texto con una redacción técnica más adecuada. Las novedades introducidas han despejado buena parte de las dudas que se planteaban y que afectaban, incluso, a principios constitucionales del proceso penal.
Así, dicho telegráficamente, se limita la protección a peritos y testigos y desaparece la referencia a los denunciantes y a los confidentes; se amplía el ámbito de aplicación a cualquier proceso penal; desaparece la referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes también se aplicaba la protección cuando fueran denunciados o querellados. En este sentido, quiero recordar que mi grupo presentó una enmienda con la finalidad de articular una protección y un tratamiento dirigido especialmente a los agentes de seguridad con carácter general, y no sólo en los supuestos de denuncia o de querella.
Se salvan algunas dificultades, relativas al equilibrio de intereses procesales, y desaparece la posibilidad de que se mantenga el total anonimato de testigos o peritos durante la fase del juicio oral, supuesto que vulneraba el derecho constitucional a la defensa que prevé el artículo 24 de la Constitución y que suponía una derogación de los principios esenciales del proceso penal, como son los de inmediación, oralidad y contradicción.
Por otra parte, se respetan las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al establecerse que para que una declaración o informe de testigos o peritos pueda ser considerada como prueba de cargo es exigible el cumplimiento de lo previsto en la Ley procesal. Por último, se otorga el carácter de orgánica a toda la ley, excepto al contenido del artículo 3.2.
Esta es una semblanza de cómo ha quedado la ley después del trámite parlamentario. Con todo ello, la proposición de ley supone un reforzamiento de los instrumentos legales en la lucha contra la delincuencia organizada. Es necesario otorgar una protección a los testigos y peritos que intervienen en los procesos penales, con la finalidad de fomentar la colaboración ciudadana en la erradicación de la delincuencia.
Sin embargo, el texto originario ha sufrido, como digo, un cambio de orientación, lo que ha redundado, por una parte, en una mejoría técnica y, por otra y a la vez, en una disminución de la intensidad en la respuesta frente al crimen organizado. La nueva redacción ha supuesto la superación de ciertas objeciones que llegaban a afectar a los derechos fundamentales, como he dicho antes, de la persona y que se han resuelto merced a la voluntad de los distintos grupos.
No obstante, creemos que es importante realizar algunas breves matizaciones: en primer término, a nuestro entender, el ámbito de aplicación es limitado, debiendo contemplarse en futuras reformas las figuras del arrepentido y la del confidente, con especial referencia a la validez de sus testimonios como prueba en juicio. En segundo término, a nuestro entender, sería necesario un posterior proyecto de reforma, encaminado a la regulación de todos los medios de investigación y de prueba. Y, en tercer término, esta proposición, calificada de tímida, es un instrumento válido pero, según nuestro criterio, no supone la respuesta definitiva en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, por lo que pensamos que sería necesario disponer de la normativa adecuada y específica que contemple los aspectos penales y procesales que sirva para dar respuesta más eficaz a esta delincuencia.
Con estas matizaciones, la proposición de ley nos parece positiva y oportuna, y por ello anuncio que nuestro grupo va a apoyarla.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barrero.
El Senador Arévalo tiene la palabra.


El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para anunciar que mantenemos nuestro voto en contra de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y que agradezco el cambio de posición anunciado por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, el voto que va a emitir en contra de la enmienda número 5 el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el voto en contra de las dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Solamente voy a hacer una apostilla a la última intervención, la del representante en este momento del Grupo Parlamentario Popular. Esta proposición de ley es para proteger, sin limitaciones, a los testigos y peritos que, a juicio de la autoridad judicial, racionalmente puedan tener problemas, puedan tener peligro, y para evitar el retraimiento, el miedo que en ocasiones se produce en los testigos y en los peritos. Pero no tiene limitaciones porque se trata de la protección para testigos y peritos en toda clase de procedimientos penales, en todos ellos, por lo que no sólo no tiene limitación, sino que es en este sentido más amplia que la proposición inicial tal como fue formulada. Eso no quiere decir, naturalmente, que incluya a arrepentidos, confidentes, etcétera, puesto que éstos sí que deberán ser incluidos en otra norma, y no es ésta, por lo tanto, la aplicable a esos casos. Incluso en el futuro Código Penal, cuyo texto ya obra en poder de sus señorías puesto que se debate en el Congreso de los Diputados, se incluyen precisamente estos sectores atendidos en los términos en que penalmente es necesario.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, antes de pasar a la votación, a sugerencia de los Servicios de la Cámara, y previendo que tal como vamos desarrollando este Pleno podría ser que al final de la mañana llegáramos al punto noveno, dado que para presenciar el debate del informe a que dicho punto se refiere hay citadas diversas personalidades que prejuzgan que se hará a

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las cuatro de la tarde, si sus señorías no tuvieran inconveniente, les propondría, para ir avanzando y si la mañana da de sí, posponer el punto noveno al décimo, pasando a tratar el punto décimo previamente al noveno.
(Asentimiento.) Muchas gracias.
A continuación, vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 110; en contra, 121.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 100; en contra, 128; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Pasamos a votar los artículos 1 a 4, disposiciones adicionales primera y segunda, disposición derogatoria, disposición final y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 229; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta proposición de Ley Orgánica ha sido aceptada.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO PENAL EN LO REFERENTE A ESCUCHAS TELEFONICAS. (S. 622/000009.) (C. D. 124/000003.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos, por consiguiente, al punto número 25, de la Comisión de Justicia en relación con la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas.
Pido al Presidente de la Comisión correspondiente si hay algún Senador designado para hacer la presentación del dictamen de la Comisión.


El señor HERRERO MEREDIZ: Señoría, la Comisión ha designado al Senador Ortí Bordás.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señorías, ruego silencio. Tiene la palabra el Senador Ortí Bordás.


El señor ORTI BORDAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el día 18 de febrero de 1994 el «Boletín Oficial del Senado» procedió a la publicación del texto de la proposición de Ley orgánica, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hoy nos ocupa. A esta proposición de ley no se presentaron otras proposiciones sobre el mismo objeto o materia.
El Pleno del Senado procedió a la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica en su sesión del día 23 de marzo de 1994, debiendo resaltar que todos los grupos parlamentarios de la Cámara votaron favorablemente dicha toma en consideración. (Rumores.) El 7 de abril de 1994 la Mesa del Congreso de los Diputados encomendó el dictamen a la Comisión de Justicia e Interior y abrió el correspondiente plazo de enmiendas. Tras el dictamen de la mencionada Comisión, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó la proposición de ley orgánica de referencia en su sesión de 27 de octubre del presente año, introduciendo modificaciones en los artículos 192 bis y 497 bis, suprimiendo el artículo 497 ter y añadiendo un tercer párrafo al artículo 497 bis, todos ellos del Código Penal. (Rumores.) El texto de la proposición de ley orgánica remitido por el Congreso de los Diputados tuvo entrada en esta Cámara...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador, espere un segundo. De veras pido silencio; es mayor el rumor de la conversación ajena al propio debate que lo que se está diciendo en estos momentos. Pido, por respeto a todos, que juntos hagamos un esfuerzo para seguir el debate con atención.
Gracias.


El señor ORTI BORDAS: Decía, señor Presidente, señorías, que el texto de la proposición de ley orgánica remitido por el Congreso de los Diputados tuvo entrada en esta Cámara el día 4 del corriente mes y fue remitido a la Comisión de Justicia del Senado, abriéndose un plazo de presentación de enmiendas que posteriormente fue ampliado.
Al referido texto se presentaron cinco enmiendas, una de doña Isabel Vilallonga Elviro y don Alvaro Martínez Sevilla, tres del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Popular. La Ponencia que estudió la proposición de ley orgánica estuvo integrada por la Senadora Fernández Arias y los Senadores Cañellas Fons, Galán Pérez, Ibarz i Casadevall y quien tiene el honor de dirigirse a la Cámara en estos momentos. Elevó a la Comisión un informe aceptando por unanimidad las enmiendas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Socialista, que suponen mejoras técnicas en el texto, rechazando por mayoría las enmiendas de la señora Vilallonga Elviro y del señor Martínez Sevilla, la número 4 del Grupo Parlamentario Socialista y la número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Por último, la Comisión de Justicia, en cuyo seno, por cierto, decayó la enmienda número 1, se reunió para elaborar el oportuno dictamen el día 24 del corriente mes,

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acordando aceptar en todos sus puntos el texto previamente propuesto por la Ponencia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Hay alguna petición de debate de totalidad? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Galán Pérez.


El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Con la venia, para agotar, con brevedad, un turno a favor del dictamen de la Comisión que llega a este Pleno en relación con la iniciativa legislativa que en su día ejerció el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, por el que se intentaba reformar el Código Penal, modificando lo relativo a escuchas telefónicas, procurando una agravación de las penas y una mejor garantía del secreto de las comunicaciones, que ha tenido las vicisitudes en su tramitación parlamentaria que el Senador Ortí Bordás ha señalado con claridad y precisión al conjunto de los Senadores de esta Cámara.
Vamos a señalar nuestra defensa absoluta del texto del dictamen tal como llega a este Pleno, por cuanto creemos que todas las modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria han sido positivas. En primer lugar, ha habido una ampliación de la tipificación penal de la interceptación de las comunicaciones, ampliando lo que era una referencia exclusiva a las escuchas telefónicas a cualquier tipo de interceptación de cualquier forma de telecomunicación, o sea, cualquier fórmula de escucha, grabación o reproducción de sonido o de imagen, bien sea a través de artificios técnicos para grabar las conversaciones telefónicas como para interceptar los fax, grabar la imagen o cualquier medio de telecomunicación en general, lo cual nos parece una ampliación positiva de la garantía penal impartida por la proposición.
En segundo lugar, una mayor agravación de las penas previstas en el 192 bis y en el 497 bis, con una mejora de su formulación técnica, haciéndolas plenamente compatible con el sistema penológico incluido en el Código Penal vigente. En tercer lugar, la supresión, en relación con el texto inicial, de los últimos párrafos de los artículos 497 bis y 192 bis, en los que se pretendía incluir como nuevos subtipos determinadas figuras en relación con la revelación o divulgación por parte de quien efectúa la interceptación, por considerar que esto estaba ya recogido en otros preceptos del Código.
Por último, la desaparición de los supuestos inicialmente previstos en el 497 ter, por acuerdo pleno de los grupos, creo que es otro acierto de la tramitación, por cuanto excedían con mucho el principio de intervención mínima y el principio de proporcionalidad que debe inspirar el Derecho Penal.
Finalmente, la inclusión de un último apartado, por el que se enfatiza que la divulgación o revelación de lo ilícitamente interceptado debe también ser objeto de tipificación penal aunque la realice quien no ha tomado parte en la interceptación, en la escucha --en la tipificación inicial realizada en los dos artículos--, pero conoce su origen ilícito, nos parece que completa perfectamente este intento de reforzar los derechos que están garantizados en el artículo 18 de nuestra Constitución en relación con la proteción del honor, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Y queremos, sencillamente, para terminar este turno de defensa a la totalidad, hacer alguna breve reflexión sobre la necesidad de protección de la intimidad, que exige garantizar la facultad del individuo para determinar por sí mismo cuándo, cómo y en qué medida se ha de comunicar información sobre ellos a terceras personas. Se debe proteger penalmente el secreto de las comunicaciones, teniendo en cuenta que tal protección exige la sanción, no sólo para quien materialmente capta, intercepta, graba o escucha las comunicaciones ajenas, sea funcionario público cuando carece de la oportuna autorización judicial, o sea un particular, sino que ha de preverse específicamente la sanción penal para la revelación de tales comunicaciones cuando se conoce plenamente su origen ilícito. Nos parece que, en efecto, si grave es la conducta que levanta el secreto de la comunicación mediante su interceptación, más grave y mayor reproche ha de merecer la conducta consistente en la difusión pública de tales informaciones indebidamente captadas, pues es la difusión a terceros la que provoca la multiplicación del daño, la que perturba el control del individuo sobre su propia información. Nos parece, en definitiva, que hoy el secreto a la intimidad está en peligro muchas veces, bien por los avances de la tecnología, bien por determinado tipo de orientación de ciertos medios o grupos de comunicación.
En modo alguno con esto estamos intentando desequilibrar un equilibrio que la jurisprudencia constitucional ha consagrado en el derecho a emitir y a recibir información veraz, como figura en el artículo 20 de la Constitución, pero no podemos olvidar que ese mismo artículo, en su apartado 4, establece que el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen ha de ser un límite en relación a esa libertad de información. Nos parece que cuando alguien tiene una actitud de intromisión en el secreto de las comunicaciones, en la intimidad, en definitiva, de la persona, lo hace bien para actuar en consecuencia respecto a la persona vulnerada en su intimidad, con la ventaja que concede tal privilegiada información, bien para coaccionar o chantajear al ciudadano mediante la amenaza de la revelación de lo ilícitamente interceptado, o bien para tentar a la intimidad, honor e imagen que ese ciudadano mediante la revelación pública y masiva al conjunto de la población de aspectos relativos a su intimidad privada. Nos parece que, en definitiva, el tipo penal, si se limita sencillamente a condenar el tráfico ilícito de la información y queda sin protección todo lo referente a divulgación o revelación de lo descubierto, estaría fomentando la creación de estructuras organizadas que salvarían su responsabilidad penal y obtendrían sus fines inconfesables, antes descritos, mediante la simple difusión de la información a través de terceros.
Creemos, en definitiva --y con esto termino, señorías--, que en estos momentos es oportuno traer a colación a esta Cámara unas palabras de Bloustein en su obra «Privacidad y límites de la ley», que dice: La intimidad debe

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ser un bien jurídico protegido penalmente, porque la falta de intimidad supone la posibilidad del absoluto e inmediato acceso, el absoluto e inmediato conocimiento y la constante observación de un individuo. En una sociedad que esto permite no habría lugar ya para pensamientos privados, ni para lugares privados. Todo lo que el individuo pensase e hiciese sería inmediatamente conocido por todos los demás. El hombre así compelido a vivir cada momento bajo la posibilidad de tener que vivir su vida entre los demás y cuyas necesidades, pensamientos íntimos o deseos recónditos estuvieran sujetos al público escrutinio, sería un individuo privado de su individualidad y de toda su dignidad humana. Tal individuo quedaría disuelto en la masa.
Eso es lo que nosotros creemos que debe intentar evitarse, que debemos reforzar las garantías de ese derecho importante a la intimidad, y por eso defendemos, tal y como aparece en este Pleno, el dictamen de la Comisión, el texto que sometemos a consideración de sus señorías.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Galán.
En esta parte de debate a la totalidad, ¿hay turno en contra? (Pausa.) Al no haber turno en contra, pasamos al turno de portavoces. (Pausa.) No habiendo turno de portavoces, pasamos al debate de las enmiendas presentadas.
Voto particular número uno, del Grupo Popular, que corresponde a la enmienda número 5.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Ortí Bordás.


El señor ORTI BORDAS: Señor Presidente, señorías, como ha quedado reiteradamente puesto de manifiesto, ha sido mi Grupo, precisamente, el que en su día tuvo la iniciativa de formular una proposición de ley orgánica para modificar el Código Penal en lo referente al secreto de las comunicaciones. Y podría parecer un tanto extraño que esta mañana no hubiese consumido un turno a favor del texto del dictamen de la Comisión, siendo como somos, el Grupo proponente. Pero esta extrañeza debería ser reputada como superficial, porque lo cierto es que tenemos razones --y razones que entendemos suficientes-- como para tener alguna objeción a una parte importante del texto --me refiero concretamente al nuevo párrafo tercero del artículo 497 bis--, y la tenemos porque este nuevo párrafo, que dice textualmente: «El que sin haber tomado parte en su descubrimiento y con conocimiento de su origen ilícito divulgare o revelare lo descubierto será castigado con las penas de prisión menor en grado mínimo y multa de 100.000 a 1.000.000 de pesetas», coarta la libertad de expresión y el derecho a la información. Este es un tema de la suficiente entidad como para que nosotros lo hayamos puesto de relieve en la tribuna, pero también como para que nosotros hayamos redactado en su momento la oportuna enmienda.
No tengo ningún inconveniente en reconocer que el texto remitido por el Congreso de los Diputados contiene determinadas mejoras en relación con el artículo 497 bis vigente, sobre todo en lo que hace referencia al tipo básico del referido artículo. Es cierto que constituye un avance hablar ahora de telecomunicaciones, y no limitarse a hablar, como el 497 bis vigente, de mera comunicación telefónica, como no lo es menos --y diría que ello constituye un avance fundamental desde el punto de vista técnico-- el haber introducido la imagen donde antes solamente se contemplaba el supuesto del sonido. Pero no se dejará de reconocer conmigo que quizás estos avances se han detenido en la frontera del elemento subjetivo del injusto que trae consigo el 497 bis al darle un destino finalista al texto: «para descubrir secretos o la intimidad de otros». En cualquier caso, en lo que se refiere al tipo básico, los avances introducidos en el texto remitido por el Congreso de los Diputados son importantes, y yo así debo de reconocerlo en esta tribuna.
Con la misma libertad, debo lamentar que en el texto remitido por el Congreso de los Diputados no se haya planteado con el rigor suficiente el problema que nosotros señalamos al formular el texto del artículo 497 ter; porque los derechos de la personalidad no se agotan con el catálogo explícito que hoy en día aparece en nuestra norma fundamental. Hay derechos de la persona que están adquiriendo, poco a poco, singularidad y autonomía suficiente en otros ordenamientos y, desde luego, nosotros no tenemos ninguna razón para pensar que en un día próximo no tomen también cuerpo en el ordenamiento español. En cualquier caso, lo que ha resuelto el Código Penal francés, en sus artículos 368 y 369, y lo que ha resuelto el Código Penal suizo, en sus artículos 197 bis y 197 ter, es hacia lo que caminan los ordenamientos tanto continentales como extraeuropeos. Y es también algo hacia lo que, sin duda alguna, terminará caminando nuestro propio ordenamiento.
Porque, se quiera o no reconocer en estos momentos históricos --veremos luego lo que pasa--, evidentemente hay un derecho a la voz como hay un derecho a la imagen. Y creo que ninguna de sus señorías consentiría de buen grado que se hiciera uso de su voz, por ejemplo, para ilustrar espacios de publicidad. Hay un derecho a la voz. Y ese derecho a la voz terminará imponiéndose. Nosotros quisimos adelantarnos, y lo cierto es que no obtuvimos el apoyo de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, lo que nos hubiera permitido tener la posibilidad de consagrar en esta Cámara un avance sustantivo en un terreno tan importante como el del derecho de la persona.
Pero, dicho esto, nosotros, moral y políticamente no hemos tenido más remedio que enmendar algo que no existía en la proposición de ley que, en su día, fue tomada en consideración en esta Cámara: el nuevo párrafo tercero del artículo 497 bis, al que antes me refería. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra enmienda? Pues sólo uno, pero entendemos que de alguna relevancia. Nosotros creemos que el objetivo de la enmienda que hemos presentado es el de aumentar la protección al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad, sin poner en peligro por ello el libre ejercicio del derecho a la información. Y éste es un objetivo de una entidad lo suficientemente importante como para que la Cámara comprenda que nos encontramos ante

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un debate que no carece ciertamente de trascendencia. Porque, diciéndolo de otra manera, nuestra enmienda lo que pretende es evitar los efectos perversos que sin ninguna duda se van a derivar si el tercer párrafo del artículo 497 bis de la Proposición de Ley entra en vigor.
La gran virtud de nuestra fórmula, que consiste en sustituir este nuevo párrafo tercero por una redacción que se circunscriba a aquel que «ejecutare actos de tráfico con lo descubierto», la gran virtud, digo, es que plantea y resuelve el verdadero problema que tenemos en presencia, que es muy amplio, tan amplio que comprendo que sus señorías afirmen que es muy difícil tener una visión exacta del mismo. Es un problema que no hace sólo referencia al mero hecho de que se puedan estar incrementando, como de hecho lo están haciendo, las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas. No es un derecho que esté ahora suficientemente protegido, ni en este aspecto ni en otros muchos, es cierto, pero no lo es menos que el problema no radica ahí, sino que radica en que se ha establecido una auténtica industria de las escuchas telefónicas. Y que, además de establecer esta industria, que afecta fundamentalmente a dos capitales de España, se ha establecido, a su vez, un auténtico mercado de lo descubierto mediante dichas escuchas telefónicas. Y ese auténtico mercado de lo descubierto mediante las escuchas telefónicas es un mercado que está activo, que está operante en muchas ciudades españolas hasta extremos difíciles de imaginar. La operatividad de ese mercado no se restringe, como en algún momento hemos podido pensar, al terreno o al campo de lo público, sino que se adentra en el terreno y en el campo de lo privado. Se están confeccionando dossieres no sólo sobre personalidades relevantes de la vida pública, sino también sobre competidores de la propia industria, del propio comercio, en definitiva, del propio mundo de los negocios.
Esto es algo tan ilícito y tan pernicioso socialmente que es preciso ponerle fin. Y, para ello, hay que acabar, precisamente, con el tráfico al que da pie el mercado al que acabo de hacer referencia. Porque --y ahí está el tipo básico del 497 bis vigente-- el que intercepta, el que graba, el que reproduce, el que transmite comunicaciones telefónicas, tiene ya una pena lo suficientemente importante y disuasoria (a partir de ahora con efectos más reales) pero no aquel que con el producto de lo interceptado recorre despachos para traficar con ello. Y no darse cuenta de que éste es el verdadero problema y de que esto es, precisamente, lo que el legislador tiene hoy en día la obligación de atajar, es --perdóneseme la expresión-- no darse cuenta de dónde radica el meollo de la cuestión.
Nuestra enmienda se centra, por lo tanto, en la persecución del tráfico.
Nuestra enmienda tiene otra gran virtud y es la de que ni por asomo entra en conflicto con la libertad de expresión ni con el derecho a la información. Nosotros creemos que nuestra enmienda literalmente impide la colisión entre los derechos fundamentales que aquí se están barajando, entre el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, por una parte, y el derecho a la información y a poder emitir expresiones libremente, por otra. Por eso, yo me atrevería a solicitar el amparo de los grupos parlamentarios de esta Cámara, cuya sensibilidad por este tema me consta, a una enmienda que puede resolver un grave problema como el que plantea la adición de un nuevo párrafo al artículo 497 bis en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Galán Pérez, señalándole que después del mismo habrá turno a favor de la enmienda socialista.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Soy consciente de que después habrá un turno de defensa de mi enmienda, en el cual voy a consumir sólo un minuto porque está claro que la nuestra es una enmienda puramente de mejora de redacción, de clarificación gramatical, y en modo alguno altera el contenido del Informe de la Ponencia, del texto que estamos debatiendo en esta Cámara.
Nosotros creemos que, por el contrario, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular sí supone una modificación en relación con el consenso alcanzado sobre el texto remitido por el Congreso de los Diputados al Senado tras el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados, y que es un texto que recibió el apoyo unánime de todos los Diputados: 306 votos a favor, sobre 306 votos posibles. Y si bien no voy a entrar para nada --me lo permitirá, Senador Ortí Bordás-- en el tema del artículo 497 ter y la importancia que tenía una sanción penal para ese tipo de grabaciones de conversaciones entre particulares --quizá llegue el momento en que también haya que abordar ese problema y tengamos tiempo de debatirlo, pero a nosotros nos parecía que ése no era, en definitiva, el problema que aquí nos estaba ocupando-- sí tengo que insistir en que, en relación con el último párrafo, la enmienda del Senador Ortí Bordás, al eliminar lo referente a la expresión «divulgare o revelare lo descubierto» y sustituirla por la expresión «ejecutare actos de tráfico», modifica sustancialmente el sentido inicial del texto y pone el foco exactamente sobre aquel que trafica con la información ilícitamente interpretada.
Y a este respecto quiero hacer una breve reflexión, en la voluntad de que entienda que nuestra oferta de enmienda transaccional era una oferta coherente, era una oferta que permitía mantener la sanción penal a la divulgación y revelación y, al mismo tiempo, colocar también en su justo punto el tema de la ejecución de los actos de tráfico; era, en definitiva, sumar a nuestra enmienda su propia enmienda, pero no eliminar nada de lo que actualmente hay en el texto. Y le llamo la atención sobre la importancia de no eliminar lo que aquí está porque me parece que lo que ha definido --y lo ha hecho con toda claridad-- ante esta Cámara en relación con el mercado de cintas o imágenes ilícitamente grabadas es una realidad, y yo diría que incluso en las últimas semanas ya no está limitada a dos grandes

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capitales españolas, sino que se está extendiendo a su ciudad, a la mía, es decir, ese mercadeo existe. Pero nos parece que igual que hay que castigar penalmente al que visita y recorre los despachos ofreciendo esas cintas ilegales, también hay que castigar a quien ocupa ese despacho, a quien en muchas ocasiones encarga esa interceptación, a quien en muchos supuestos lo compra o compite por su compra elevando artificialmente los precios, sencillamente con la finalidad o de obtener un lucro --que nos parece ilegítimo, y estoy pensando en determinadas publicaciones de la indebidamente llamada prensa del corazón, porque a mí me parece que el corazón, los sentimientos, el amor, no merecen el tratamiento que se les da en esas publicaciones--, o bien, sencillamente, con la intención de hacer un daño a particulares o de obtener otro tipo de beneficios al margen de lo que es la legítima confrontación de opiniones, de intereses, etcétera, que perfectamente quedan equilibrados en la Constitución. Me extraña que su Grupo que, por ejemplo, en cuanto al tráfico de drogas siempre ha pretendido confrontarse con el nuestro para intentar penalizar también el consumo, en este caso resulte que defienda la exclusión de toda sanción penal al que consume cintas grabadas ilegalmente o imágenes interceptadas ilícitamente.
En definitiva, nos parece que su preocupación por el respeto pleno a la libertad de información es algo que no tiene por qué ponerse aquí de manifiesto. Si esa información veraz contribuye a formar una opinión pública libre, jugará la defensa de ese derecho fundamental que está en el artículo 20, como así ha venido determinando nuestra jurisprudencia constitucional. Es igual que si a la hora de redactar en el nuevo Código Penal --que dentro de unos meses traeremos a esta Cámara-- el delito de homicidio, su señoría nos pidiera que después de decir que el matare a otro será castigado como homicida con tal o cual pena, quisiera añadir: salvo que actuase en legítima defensa, o en cumplimiento del ejercicio legítimo de un derecho..., es decir, ese conjunto de eximentes que realmente excluyen absolutamente del tipo penal esa actitud. Señorías, yo pienso que realmente el tipo penal que estamos configurando en este último apartado vería totalmente burlada su finalidad si la divulgación o revelación de lo descubierto es impune si quien la lleva a cabo no es la misma persona que interceptó la comunicación. Seamos conscientes de que su pretensión como Grupo de eliminar la penalización de la divulgación supone eliminar de hecho toda protección pretendida de la intimidad, sería un ejercicio de doble moral porque sería tanto como proclamar la prohibición de la tortura pero permitir la utilización en el proceso de la información obtenida bajo tortura.
Y termino, señorías, Senadores de todos los grupos parlamentarios, haciendo una breve reflexión. Hace unos días, en el debate sobre esta proposición en el Pleno de la Cámara, todos los portavoces --y me he leído con todo detenimiento la intervención de nuestro antiguo compañero del Senado, el hoy Diputado Joaquín Cotoner y Goyeneche-- apoyaron decididamente esa inclusión en el último párrafo del artículo 497 bis tipificando la divulgación o revelación de lo que se ha descubierto ilícitamente por parte de quien no ha tomado parte en la interceptación, y pocos días después su Grupo cambia de posición en esta Cámara. Yo quisiera sencillamente hacerle una pregunta, Senador Ortí Bordás: ustedes, que tantas veces nos han acusado a nosotros de intentar mediatizar, manipular o utilizar los medios de comunicación, ¿no tienen de alguna manera el escalofrío de sentirse prisioneros de algún determinado grupo de comunicación que haya logrado modificar lo que era hace unos días la propia posición de su Grupo en el Congreso de los Diputados? Gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Puesto que el Senador Galán ha hecho la defensa de su enmienda en su intervención, procede el turno en contra de la enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Senador Ortí Bordás.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor ORTI BORDAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes que nada, y sobre todo, yo tengo que contestarle a mi buen compañero y amigo, el Senador Galán, que el Grupo Parlamentario Popular no está prisionero de nada ni de nadie, y mucho menos de un medio de comunicación, como él mismo comprenderá si después de los excesos de la tribuna reflexiona un momento sobre lo que acaba de decir en la misma.
Sin embargo, hay algo que yo también quisiera decir desde el inicio, y es que la enmienda que acaba de defender el Senador Galán en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara tiene un enorme defecto, y es que no modifica nada; es una enmienda que se limita a remitirse al párrafo anterior, es decir, a mantener literalmente el contenido material del nuevo tercer párrafo del artículo 497 bis del Código Penal, introducido en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Y yo creo que esta mera corrección técnica es tan liviana que no debía habernos conducido a un debate sobre la misma.
Considero que era mucho más interesante, señor Galán, la enmienda transaccional fallida, de cuyo texto su señoría me hizo honor, porque era una enmienda que definía la situación anímica --no sé si de prisioneros, o no-- de un grupo político; porque era una enmienda de mero acarreo de material procedente de distintas fuentes; era la mera suma, adición, o yuxtaposición de supuestos distintos planteados y formulados por personas diferentes. Era, en definitiva, una muestra, un monumento al sincretismo que, como su señoría no desconoce, es un sistema filosófico que intenta compaginar doctrinas absolutamente diferentes. Pero era algo más, señor Galán; era también una muestra de falta de imaginación, por una parte, y de sentido de la decadencia, por otra. (Risas.) Es decir, que el sincretismo de esa fallida enmienda transaccional nos lleva a entrar en materia diciendo algo que yo sí comparto con el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, y es que todos los grupos políticos de la misma tienen grandes deseos de proteger lo más eficazmente posible el derecho al secreto de las comunicaciones,

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por una parte, y el derecho a la intimidad personal y familiar, por otra.
Esto es un denominador común de la Cámara que constituye un terreno abonado para plantearse realmente cuál es el problema que estamos debatiendo. Porque, efectivamente, es preciso garantizar el núcleo íntimo de la vida privada tanto en la esfera personal como en la esfera familiar, y es preciso proteger al máximo ese ámbito velado y vedado a la curiosidad de los demás que constituye la intimidad. En eso estamos todos los grupos de acuerdo; yo lo proclamo, y me siento identificado con esto que he calificado hace un momento de denominador común.
Ahora bien, ¿por qué nosotros no podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista? Por una serie de razones que voy a exponer telegráficamente para no cansar a sus señorías.
En primer término, porque la enmienda del Grupo Socialista o, para ser más rigurosamente exacto, el nuevo párrafo tercero del artículo 497 bis de la Proposición no repara en que existe un derecho a la información en España y en que existe un derecho a la libertad de expresión del mismo rango y merecedor del mismo grado de protección que el derecho al secreto de las comunicaciones y que el derecho a la intimidad. Y, efectivamente, esto es lo que nos diferencia, desde el inicio, en la percepción del problema de los Grupos Parlamentarios Socialista, por una parte, y Popular, por otra.
Ya sé, Senador Galán, que la libertad de expresión y el derecho a la información tienen sus límites, y son límites explícitos, límites que están expresamente enumerados en el artículo 20.4 de la Constitución.
Esos derechos tienen que respetar todos y cada uno de los demás derechos del Título I de nuestra norma fundamental; tienen que respetar, además, los preceptos de las leyes que los desarrollan; tienen que respetar, muy en particular, el derecho al honor, el derecho a la intimidad... (El señor Galán Pérez hace gestos de asentimiento.)..., el derecho a la imagen y también --es algo de lo que solemos olvidarnos quizá con mas frecuencia de la deseable-- la debida protección a la juventud y a la infancia. Hay, pues, unos límites explícitos y expresamente enumerados en la Constitución. Pero el hecho de que existan esos límites no quiere decir que el legislador, a la hora de redactar una norma penal, no pueda estar propiciando el conflicto entre derechos, y esto es, precisamente, lo que mi Grupo quisiera evitar.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista entraña la posibilidad, la probabilidad, el peligro cierto de colisión entre el derecho a la información y el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad. Y eso no ha sido capaz de resolverlo el Grupo Parlamentario Socialista en el tiempo que ha mediado desde la reunión de la Comisión de Justicia hasta este Pleno. Así, resulta que en esta enmienda no se tiene en cuenta la doctrina, porque, evidentemente, tanto la doctrina española como la extranjera han dicho ya muchas y muy importantes cosas sobre el particular que estamos debatiendo. Tampoco tiene en cuenta la jurisprudencia, pero no ya del Tribunal Supremo --que ya sería importante--, sino tampoco la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, y ni tan siquiera la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos sobre el asunto que estamos tratando. Y este desconocimiento de toda la doctrina y de todo el acervo jurisprudencial existente al día de la fecha es algo lo suficientemente importante como para ponerlo de relieve antes de tomar una decisión definitiva sobre esta materia.
Si sus señorías me lo permiten, y con toda brevedad, voy a proceder a la lectura de dos sentencias, una, del Tribunal Supremo, y otra, del Tribunal Constitucional, no ya sobre la equiparación y el equilibrio --es una expresión de su señoría--... (El señor Galán Pérez hace gestos de asentimiento.)... de los derechos, sino sobre la prevalencia del derecho a la información. La sentencia del Tribunal Supremo a la que me refiero es del 29 de abril de 1989, y dice así: «El artículo 20 de la Constitución, en sus distintos apartados, garantiza el mantenimiento de una comunicación libre, sin la cual quedarían vacíos de contenido real otros derechos que la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1, apartado 2, de la Constitución y que es base de toda nuestra ordenación jurídico-política.» Y la senencia del Tribunal Constitucional, que es del 27 de octubre de 1987, dice: «La libertad de información es, en términos constitucionales, un medio de formación de opinión pública en asuntos de interés general cuyo valor de libertad preferente --y subrayo: libertad preferente-- sobre otros derechos fundamentales, y entre ellos el derecho al honor, viene determinado por su condición de garantía de la opinión pública, que es una institución consustancial al Estado democrático que los poderes públicos tienen especial obligación de proteger. Este valor preferente --repito, este valor preferente-- alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción.» Pero ya sé que el buen camino no es intentar demostrarnos una a otros cuáles de los derechos son más importantes, más básicos, más esenciales, o tienen posibilidades de adquirir prevalencia sobre otros, sino encontrar la fórmula que conduzca a la solución del problema. En este sentido, es lo cierto que el camino no es otro que el de buscar la ponderación entre los distintos derechos en posible colisión. Y esa ponderación consiste, a nuestro modo de ver, en la delimitación exacta y precisa de los otros derechos fundamentales, es decir, de los derechos fundamentales que no son ni la libertad de expresión, ni el derecho a la información.
Hay otra sentencia del Tribunal Constitucional que no me resisto a citar a sus señorías, que dice que «debe ponderarse este límite --el límite de los demás derechos-- en el sentido de delimitar muy precisa y correctamente tales derechos para no coartar la libertad de expresión». Y de esto es de lo que se trata: de que el legislador, a la hora de crear un nuevo tipo penal, está obligado a intentar que el nuevo tipo no coarte la libertad de expresión como, sin duda, la va a coartar el nuevo tercer párrafo del artículo 497 bis de la Proposición de Ley. Y es, además, que la enmienda,

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defendida tan brillantemente por el Senador Galán, no profundiza en otros aspectos no menos importantes que los que ya se han puesto de relieve en esta Cámara en el transcurso del debate, porque esta enmienda posibilita que no se tenga en cuenta el contenido real y el ejercicio del derecho a la información; es decir, la información veraz, por una parte, si se trata de algo público o privado, por otra, y si hay o no interés general, por último. Y estos tres elementos --el interés general, el ámbito público o privado y la veracidad o no de la información--, son elementos consustanciales a la interpretación cuyo peso ha de estar presente en esta Cámara antes de tomar una decisión.
En este sentido, y para abundar más, tengo que decir que el ámbito protegido del derecho a la intimidad, que es el que a todos nos preocupa, quedará determinado por la ley, pero también por los usos sociales, porque el Senador Galán estará de acuerdo conmigo en que estamos ante un concepto relativo, y ese concepto relativo hay que ponerlo en consonancia con la situación histórica concreta que se vive, con la situación de las personas en un momento histórico determinado y con la actuación que esas mismas personas tienen. No se puede contemplar de la misma manera el derecho de una persona que carece de notoriedad pública que el de una persona que por su profesión, la de político o la de artista, tiene o busca la suficiente notoriedad. El no matizar en estas cuestiones impide también que nuestro Grupo pueda aceptar la enmienda defendida por el Senador Galán.
Hay otra cuestión que no se plantea, y es la del interés público. El juego del principio de interés público, allí donde puede haber colisión de derechos fundamentales, es muy importante en nuestro ordenamiento, pero también lo es en el resto de ordenamientos europeos, y muy especialmente en los del área anglosajona, donde muchas de estas cuestiones se resuelven precisamente por los jueces en virtud de la vigencia y de la intensidad del interés público en una cuestión y en un caso concreto y determinado.
Termino, señor Presidente. La cuestión es muy fácil, pero un tanto ardua de exponer. En adelante, en virtud del nuevo tercer párrafo del artículo 497 bis del Código Penal, ¿se van a imponer penas de privación de libertad a quienes publiquen una información veraz, una información del ámbito público y una información que contenga interés general? Esta es la pregunta que hay que responder hoy en esta Cámara.
Senador Galán, creo --se lo digo con el ánimo amistoso con el que siempre nos hemos comportado desde esta tribuna-- que hay muchas maneras de afrontar los problemas planteados, pero hay una que políticamente es inaceptable: la de intentar resolver un problema creando otro mucho mayor, y ése es el error en el que ustedes han incurrido. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Travieso, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.


El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, siendo poco ortodoxo, en primer lugar, voy a fijar mi posición sobre el dictamen que viene de la Comisión. Mi Grupo va a votar favorablemente el dictamen, ya votamos en su momento la toma en consideración, lo votamos también en el Congreso y lo vamos a votar en el día de hoy porque consideramos que hace una nueva regulación que era necesaria para favorecer lo que es el secreto de las comunicaciones como una vertiente del derecho a la intimidad. Desde ese punto de vista, nuestro voto va a ser favorable al dictamen de la Comisión de Justicia, en concreto, a la revisión del artículo 497 bis del Código Penal.
Entrando en el conjunto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, este Senador tiene que mostrar su amargura porque, después de lo oído en la Comisión de Justicia, pensaba que se iba a llegar a una solución consensuada y pactada por los dos Grupos mayoritarios. Debo reconocer que me han decepcionado porque es un tema demasiado importante como para venir con estas posturas tan contrarias y en el que el punto de consenso no es muy difícil y creo que en el fondo estamos todos bastante de acuerdo en cómo tiene que quedar esto. Aquí, por un lado, hay que defender el derecho a la intimidad y, en concreto, el derecho al secreto de las comunicaciones y, por otro lado, el derecho a la información y a la libertad de expresión. Creo que todos lo tenemos claro y que, incluso, podría ser factible un último esfuerzo para llegar a este consenso tan deseado y tan necesario, pero por lo visto en el debate de hoy subyacen cosas que no están en los discursos y que están muy por debajo de las actitudes de los dos partidos mayoritarios de esta Cámara. Lo siento en ese sentido.
Voy a fijar mi posición con respecto al tema. Creo que, por desgracia, va a salir una cuestión no deseada después de esta votación, como ponía de relieve el Senador Ortí. Si no se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, se va a quedar sin tipificar el tráfico de la actividad que recoge el primer párrafo del artículo 497, el que ejerza alguna actividad para descubrir los secretos está penado, pero el que trafique con él no va a estar penado. Eso para mí es un punto negro importante sobre cómo va a quedar esta Ley.
Por otro lado, está el tema de lo que afecta al derecho a la información.
Encuentro la redacción del párrafo tercero del artículo 497 bis cuanto menos peligrosa. De esta guisa, lo más normal es que las querellas se amontonen en los juzgados, independientemente de que luego las interpretaciones de los distintos órganos judiciales puedan entender que hay una eximente o no del cumplimiento del deber, como exponía el Senador Galán en la Comisión de Justicia. Creo que esto es bastante peligroso. La redacción de la enmienda de Izquierda Unida, que por desgracia decayó en la Comisión, podía solventar un poco ese tema y haciendo un esfuerzo de consenso entre la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la del Grupo Parlamentario Popular y la de Izquierda Unida creo que se podría haber llegado a un texto aceptado por todos.
Nosotros, de tener que elegir entre una enmienda u otra, vamos a votar favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque recoge el tráfico como tipificación

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concreta, que no está en la del Grupo Parlamentario Socialista y porque no habla de la tipificación de la divulgación o revelación de lo descubierto, que podríamos aceptar que se introdujera, aunque con una serie de matizaciones; pero, ante la alternativa que se nos plantea, vamos a elegir ésa, porque el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista es: vamos a tipificar la comisión de actos, vamos a tipificar la divulgación y cuando alguien vaya a los tribunales, éstos dirán que hay una eximente, con lo cual queda defendido el derecho a la información y a la libertad de expresión. Yo se la vuelvo por pasiva, podríamos tipificar los actos encaminados a vulnerar el secreto de la comunicación, tipificar el tráfico, y el que se sienta perjudicado por la divulgación o revelación de lo descubierto que intente hacer una denuncia en base a los dos tipos anteriores. (Un señor Senador pronuncia palabras que no se perciben.) Ruego al Senador que no me interrumpa cuando estoy en el uso de la palabra.
Para acabar, voy a repetir y a resumir lo dicho: vamos a votar a favor del dictamen. De las dos enmiendas presentadas, vamos a votar a favor de la presentada por el Grupo Popular y en contra de la del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor Ibarz i Casadevall tiene la palabra.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a agotar el turno de portavoces de nuestro Grupo para poner de relieve que el proyecto de ley Orgánica que modifica el Código Penal en lo referente al secreto de las comunicaciones, antes denominado de Escuchas Telefónicas, en el trámite parlamentario ante el Congreso de los Diputados obtuvo 306 a favor de los 306 votos emitidos. El tema que hoy ha sido objeto de debate en esta Cámara ya fue suscitado, en su momento, ante el Congreso de los Diputados, y obtuvo el resultado unánime al que antes me he referido. Este hecho, según entiende Convergència i Unió, evidencia que todos los grupos parlamentarios coincidieron en el espíritu y en la letra de la solución arbitrada en el párrafo 3.º del artículo 497 bis del Código Penal y en todo el conjunto del texto sometido a la consideración de la Cámara, y ello porque los grupos parlamentarios entienden que proteger los derechos del artículo 18 de la Constitución, derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, debe ser óbice para penalizar a aquellos que quebranten el secreto de las comunicaciones, sin que de ello haya de derivarse conflicto alguno ni limitación al derecho a recibir y a comunicar libremente información veraz que proclama el artículo 20.1. d) y 20.4 de nuestra Carta Magna. En virtud de ello, nuestro Grupo votará a favor del dictamen de la Comisión y, además, votará favorablemente a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, entendiendo que supone una mejora técnica importante en el texto aprobado por el Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, el Senador Galán tiene la palabra.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, en este turno de portavoces intervengo para, por un lado, agradecer a sus señorías la fijación de sus posiciones y, por otro lado, reiterar nuestra posición favorable a nuestra enmienda, que entendemos que mejora de manera notable, desde el punto de vista técnico, la redacción del último párrafo del artículo 497 bis y, realmente, reiterar nuestro voto absolutamente favorable al dictamen.
Algún portavoz me hacía referencia a la conveniencia de no haber roto ese espíritu de consenso, de apoyo unánime de todos los grupos a esta Proposición, a esta iniciativa del Grupo Popular de esta Cámara en defensa del secreto de las comunicaciones, en defensa del derecho a la intimidad. Yo quiero aprovechar este último turno, momento antes de la votación, para reiterar nuestra enmienda transaccional. Como sus señorías posiblemente no la conocen, paso a leerla: El que con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior o ejecutare actos de tráfico con lo descubierto, será castigado con las penas de prisión menor en grado mínimo y multa de 100.000 a un millón de pesetas.
En definitiva, el Grupo Socialista en modo alguno pretende no incluir, no tipificar lo que son actos de tráfico, que, en general, nosotros creemos que quedan recogidos en el texto o bien en el artículo 192 bis, párrafo 1.º, o en el 497 bis, párrafo 1.º, pero no nos importa resaltarlo aquí en relación a aquellas personas que pueden traficar sin haber tomado parte en la interceptación, pero con conocimiento del carácter ilícito de lo descubierto. Por lo tanto, aprovechando hasta el último momento, reitero nuestra oferta transaccional.
En cuanto a la posibilidad de conflicto de derechos, del derecho a la intimidad con el derecho a la libertad de información, quiero decirle al Senador Ortí Bordás que, evidentemente, se produce esa posibilidad de conflicto y tenemos casos concretos de esa contradicción, de esa oposición de derechos todos los días. Lo que sucede es que mucha gente, en la práctica, viendo lo que cada día publican los medios de comunicación, las revistas, la prensa denominada amarilla, etcétera, tiene la sensación de que no existe un derecho a la intimidad y que el derecho a la intimidad siempre tiene que ceder frente a la libertad de información; que el secreto, el derecho a la intimidad, tiene un límite que es la libertad de información, cuando la redacción del artículo 20.4 de la Constitución es exactamente la contraria; son el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al secreto de las comunicaciones, todos estos derechos, los que limitan la libertad de información, sin perjuicio, por supuesto, de contestar desde nuestro grupo rotundamente a las preguntas que su señoría hacía. Decía: ¿es posible que se castigue con penas privativas de libertad o con multas a aquellos

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medios de comunicación que emitan, que divulguen información veraz, información que se refiera al ámbito público, a personajes públicos, información que contribuya a formar la opinión pública, libre, necesaria para el correcto funcionamiento de las libertades democrática? Es evidente que esa libertad de información está garantizada por la Constitución, y nuestra contestación sería, evidentemente, no. Lo que sucede es que, señorías, esa interpretación no puede ser absoluta. Tienen que funcionar una serie de límites a los que yo quiero hacer referencia.
Ustedes saben, señorías, perfectamente, que hay supuestos en los cuales hay una información que llega por cualquier medio a las autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal o a la Policía que es una información veraz, que es una información que se refiere al ámbito de lo público y que es una información, en definitiva, que puede contribuir a que la opinión pública conozca la realidad exacta de las cosas y, sin embargo, judicialmente, con respecto a esa información, los Tribunales de Justicia determinan que no puede ser tenida en cuenta por cuanto ha sido obtenida ilícitamente. No sé si algún caso que se ha producido en su tierra, que puedan conocer bien, les puede ilustrar a sus señorías sobre esa decisión. Es decir, los jueces no pueden utilizar esta información que es una información obtenida ilícitamente.
En definitiva, nos parece que por parte de los medios de comunicación también tiene que existir, en determinados momentos, ese límite respecto a aquello que se ha obtenido ilícitamente, respecto a aquella información que, en primer lugar, en muchos casos no afecta al ámbito de lo público, sino al ámbito de lo privado; en segundo lugar, no es una información veraz o, al menos, no es una información plena, aunque sea veraz, con lo cual medias verdades siempre conducen a la confusión; y, por otra parte, es una información que no contribuye a la formación de una opinión pública libre, sino a la formación de una opinión pública desinformada, manipulada, en definitiva, alterada por ese tipo de información. Y nosotros creemos que en este momento, en esta situación, cuando ayer ha sucedido lo que ha sucedido, cuando cada día sucede lo que sucede, cuando el tráfico al que su señoría se refería es una realidad, tenemos que dejar claro que la libertad de información, con todas las garantías que se le reconocen en la Constitución, tiene un límite que es el derecho a la intimidad, que es lo que aquí se pretendía regular.
Señor Travieso, usted me hablaba de la posibilidad de establecer la libertad de información y luego fijar la excepción. Me parecería muy bien si estuviéramos regulando la libertad de información. Ya veremos eso cuando, dentro de unos días --la iniciativa legislativa está en el Congreso de los Diputados-- regulemos el secreto profesional. ¿Qué mayor garantía para un medio de comunicación, para un periodista, que poder negarse a revelar las fuentes de lo que conoce, que poder negarse a decir si eso se lo ha facilitado el traficante, el que intervino, el que captó, el detective, que poder negarse a revelar su fuente de información amparado en el secreto profesional? Nos parece, señoría, que en los momentos actuales hay que defender fundamentalmente la libertad individual, el derecho a la intimidad, la privacidad, el ámbito de defensa del individuo, y no los medios de comunicación. Nuestro grupo no cambiará de posición, en modo alguno, en una semana. Nuestro grupo no podrá asumir, en modo alguno, la defensa de intereses de determinados sindicatos, de determinados grupos de presión, de determinados voceros que ven peligro de ataque a algo que está perfectamente garantizado y defendido en el artículo 20 de la Constitución, cuando lo que estamos defendiendo es la intimidad de los individuos libres e iguales, que es como la Constitución española define que deben ser los ciudadanos de un Estado democrático.
Creo que esa es la prioridad, que a eso es a lo que responde y debe responder la iniciativa de su señoría, que no cabe desvirtuar el objetivo básico de esa norma que usted defendió tan brillantemente en febrero de 1994 en esta Cámara, y que nosotros pretendemos mejorar y respaldar a lo largo de este debate. No creemos en modo alguno que esa libertad de información pueda ser el álibi detrás del cual se oculten intereses totalizadores como los que refleja la cabecera de algún diario de esta capital, aunque su director se encubra enigmáticamente, ocultando su segundo nombre con una mayúscula y un punto. En última instancia, señorías, estamos defendiendo al conjunto de los ciudadanos frente a lo que nos parece una interpretación excesiva de cualquier tipo de ataque a esa intimidad.
En definitiva, señorías --y termino--, lo que está en juego es si el fin justifica los medios. Lo que está en juego es si, para poner a disposición de la multitud cada vez mayor de consumidores de información morbosa, que afecta a la más recóndita intimidad de las personas y de los individuos, vale o no vale todo; si un medio ilícito puede quedar sin sanción penal cuando lo que pretendidamente se intenta es informar a la población, y en esta Cámara, señorías, todos sabemos que lo que realmente se defiende son intereses económicos, intereses de venta de ejemplares o intereses todavía mucho más inconfesables de aquellos que, en este país, han logrado conseguir, en pocos meses, que el ser miembro de un partido, el tener un carné del Partido Popular o del Partido Socialista o de un Partido Nacionalista sea como una especie de impedimento para ocupar cualquier cargo representativo, cualquier cargo institucional. Yo, como político, estaré siempre contra esa realidad, estaré contra aquellos que, bajo la apariencia de luchar contra un gobierno o contra un partido político, están intentando acabar con la política, porque eso me suena a una música que, quizá hace quince o veinte años, tuviera plena vigencia, pero que creía, señorías, que estaba definitivamente enterrada en este país. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños de la izquierda.
Varios señores Senadores desde los escaños de la izquierda: ¡Muy bien!-- El señor Ortí Bordás pide la palabra.) Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el artículo 87, tiene la palabra su señoría.


El señor ORTI BORDAS: Gracias.


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Aunque sólo sea a los efectos de no quedar abrumado por el cansancio que las largas y amazónicas intervenciones del Senador Galán nos están produciendo. (Rumores en los escaños de la izquierda.) Voy a hablar con un poco de seriedad, si los señores de los bancos socialistas me lo permiten, incluso su portavoz adjunto. (Rumores en los escaños de la izquierda.) Quiero decirle, Senador Galán, que hoy, que estamos hablando de derechos y de libertades, del Título I y de la preocupación que a algunos nos alcanza de que pueda existir colisión entre esos derechos, lo que menos me podía imaginar, y mucho menos de su señoría, es que consumiera una intervención de insidias. (Fuertes protestas en los escaños de la izquierda. Varios señores Senadores: ¡Venga ya! ¡No señor!) Señoría, yo creo que habría sido mucho más adecuado al debate, al tono del debate, al asunto que estamos tratando y al respeto debido a esta Cámara, el que usted, de haber tenido algo que decir, lo hubiera dicho con nombres y apellidos, pero haberse limitado a hacer insinuaciones de la forma en que su señoría lo ha hecho va en descrédito de la Cámara y, desde luego, el Grupo que representa. (Fuertes protestas en los escaños de la izquierda.-- Un señor Senador, desde los escaños de la derecha: ¡Muy bien!) Le voy a decir, señor Galán, que cuando yo le oía hablar sobre cómo algunos medios de comunicación manipulan y distorsionan la realidad, estaba pensando precisamente en el medio de comunicación que, con mayor descaro, manipula y distorsiona la realidad política y no política de este país (Protestas en los escaños de la izquierda.), y que, además, se paga con dinero público, y que es Televisión Española. (Aplausos en los escaños de la derecha.--Rumores en los escaños de la izquierda.) También quiero manifestarle que, mientras ustedes no nos lo prohíban, nosotros tenemos exactamente el mismo derecho que el que a usted le asiste, porque además es verdad, a decir que cuando defendemos libertades estamos defendiendo unos derechos y a los ciudadanos que son sus titulares, y a nadie más, y menos cuando no se dice a quién supuestamente podamos estar defendiendo nosotros. Habla en general de grupos de presión y emplea otras expresiones no menos evanescentes e indignas de la categoría parlamentaria de su señoría. (Rumores en los escaños de la izquierda.) Yo quiero decirle, señor Galán, que es muy cierto que la libertad de información y la libertad de expresión tienen sus límites. Le recordaría mi intervención, porque he agotado algún minuto en poner de relieve que el derecho a la información tiene límites expresos en la Constitución española y tiene límites en la jurisprudencia, tanto en la del Tribunal Supremo como en la del Tribunal Constitucional como --también lo he citado-- en la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Ahora bien, no me negará el Senador Galán que la libertad de informar libremente es una libertad-condición, que condiciona el ejercicio de otros derechos por los ciudadanos y que, además, es un presupuesto indispensable para el pluralismo político y para el sistema democrático. Espero que en eso coincidamos aunque solamente sea durante unos minutos. También como político, Senador Galán, sin más títulos ni atribuciones que como político y como parlamentario, quiero decirle que cuando usted nos atribuye determinadas intenciones está haciendo exactamente lo que no debe hacer ningún parlamentario adulto, que es acusar a los demás mediante meros, simples y llanos juicios de intención. (Fuertes aplausos en los escaños de la derecha.--Protestas en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Galán Pérez, en base al mismo artículo y tiempo.


El señor GALAN PEREZ: Yo lamento, Senador Ortí Bordás, que le haya molestado mi intervención. En modo alguno he intentado acusar a su Grupo con medias verdades o medias palabras; he dicho, sencillamente, cómo creo que en este momento está el debate --siempre apasionante e interesante-- de los límites a los derechos y libertades, al derecho a la información, al derecho a la intimidad, a la libertad de comunicación; los límites, en definitiva, entre los artículos 18 y 20 recogidos en la Constitución. En modo alguno he acusado a su Grupo de ser utilizado y manipulado por nadie; he dicho sencillamente que todos los grupos políticos debemos defender en estos momentos la política --con mayúsculas-- frente a los que quieren acabar con ella, frente a aquellos que quieren acabar con la democracia.
Yo comprendo, señoría, que usted se haya podido poner nervioso, que usted, en determinados momentos, tenga que permanentemente aparecer como adalid de la libertad de expresión, de información. Yo no tengo esos problemas de credibilidad ni de pasado histórico. (Protestas en los escaños de la derecha.), pero en modo alguno quiero generalizar al conjunto de su partido esa, quizá, falta de credibilidad que pudiera haber estado en el tono agrio y crispado de su última intervención.
Si su señoría se ha sentido molestado desde el punto de vista personal por mi intervención, le pido disculpas, pero, sinceramente, creo que, desde el punto de vista global, en estos momentos quien tiene que explicar qué ha sucedido para que haya cambiado su posición en el plazo de diez días es su grupo parlamentario y no el nuestro. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños de la izquierda.--El señor Ortí Bordás pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Me pide la palabra en concepto de alusiones?

El señor ORTI BORDAS: En concepto de unas alusiones directas que sobre mi persona se han realizado.


El señor PRESIDENTE: Por alusiones, tiene su señoría la palabra.


El señor ORTI BORDAS: Por alusiones es por lo que yo la he solicitado, señor Presidente.
Simplemente quiero decir que, efectivamente, todos tenemos pasado y que cuando el Senador Galán quiera hablar de mi pasado, yo, desde luego, modesta pero firmemente, estoy dispuesto a hacer en público o en privado.
Ya

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lo hicieron los electores, Senador Galán. En las primeras elecciones democráticas que hubo en este país, el cuerpo electoral de mi provincia me eligió Diputado por las Constituyentes con un medio --lamento tener que recordárselo-- no muy usual. Fui y sigo siendo el único Diputado español, desde la Constitución de 1978, elegido fuera de las listas de partidos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a someter a votación los votos particulares reservados por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Una vez que se haya emitido votación sobre los mismos, someteremos a votación el dictamen, bien conjuntamente o, si algún grupo solicita lo contrario, de manera separada, entendiéndose que si se produjera modificación del mismo por efecto de las enmiendas, la parte donde la voluntad de la Cámara ya se ha expresado no está sometida a nueva votación.
Por tanto, vamos a someter en primer lugar a votación el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Popular, correspondiente a su enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 106; en contra, 124.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, pasamos a someter a votación el voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a su enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 127; en contra, 100; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se comete conjuntamente a votación el texto del dictamen, es decir, del artículo único, exposición de motivos y título de esta proposición de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 229.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.) Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Muchas gracias.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DE DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL, CON EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICO-TROPICAS CON TEMERIDAD O IMPRUDENCIA. (S. 624/000005.) (C. D.
122/000053.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia, en relación con la proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con temeridad e imprudencia.
Tiene la palabra el señor Herrero Merediz.


El señor HERRERO MEREDIZ: Para la presentación del dictamen, la Comisión ha nombrado al Senador Hernández de Cáceres.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Hernández de cáceres.


El señor HERNANDEZ DE CACERES: Señor Presidente, señorías, la proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con temeridad o con imprudencia, que es como finalmente queda su título tras los correspondientes debates, tuvo su entrada en el Congreso de los Diputados el día 21 de marzo de 1994, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Tras su toma en consideración por el Pleno, la Mesa acordó encomendar dictamen sobre la misma a la Comisión de Justicia e Interior, el cual fue debatido en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 27 de octubre.
Quiero resaltar que tanto la toma de consideración de la proposición de ley orgánica, como el dictamen de la Comisión fueron aprobados por unanimidad.
Con fecha 4 de noviembre de 1994, tuvo entrada en el Senado el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados. Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordenó la remisión de esta proposición de ley a la Comisión de Justicia. Terminado el plazo fijado para la presentación de enmiendas, la Comisión designó Ponencia, la cual acordó por unanimidad aceptar la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Popular, en su párrafo introductorio y primera parte, así como las enmiendas números 3, 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista, y rechazar la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La Comisión de Justicia, reunida el día 24 de noviembre, visto el Informe emitido por la Ponencia, aceptó como dictamen el texto propuesto por la misma.


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Por otra parte, quiero señalar que el texto inicial ha sufrido modificaciones gracias al trabajo en conjunto de los grupos parlamentarios, ya que desde un principio había un acuerdo absoluto sobre el objetivo que se perseguía con la presentación de esta iniciativa parlamentaria y que se refleja en la exposición de motivos de la proposición de ley, al significar que el Código Penal vigente no incluye en la sección primera del Capítulo II, del Título V, relativa a los delitos contra la seguridad del tráfico, la conducta de conducir un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, supuesto que constituye una excepción importante en el ámbito del Derecho comparado.
Mantener la exclusión de este tipo de conducta del ilícito penal, conducir un ciclomotor, resulta de todo punto ilógica y desacertada, si se tiene en cuenta su importante incidencia en el origen de un elevado número de accidentes de tráfico, así como que el riesgo generado puede ser incluso aún mayor que el que se deriva de la conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de las sustancias indicadas. De acuerdo con ello, se considera necesaria la tipificación penal de tal conducta, en aras a la importancia de los bienes jurídicos en cuestión.
Por último, quiero decir que ha quedado viva para su debate en el Pleno, mediante la formulación del correspondiente voto particular, la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Si no hubiere debate de totalidad, pasaríamos al debate de las enmiendas, concretamente la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Vallvé.


El señor VALLVE I NAVARRO: Con la venia, señor Presidente.
Un día, cuando discutíamos con el Ministro de Defensa y con el inolvidable Senador Bolinaga lo relativo a la pena de muerte, hice referencia a la Conferencia Episcopal y esto me sirvió para que el Presidente me alargara el tiempo de mi intervención. Creo que esta vez no será necesario. No obstante, por hacer una referencia de tipo piadoso, diré que me siento como San Juan Bautista, «vox clamantis in deserto».
El Grupo Catalán es el que mantiene esta enmienda. El Senador Ibarz, compañero en la Comisión de Justicia, y yo estábamos pensando seriamente, ante el negro futuro que le esperaba a esta enmienda, en retirarla, para no castigar a la Cámara con nuestros argumentos. Pero hemos pedido información a la Conselleria de Governació de la Generalitat de Catalunya y creemos, señorías, que tenemos más razón que un santo. Como digo, mi Grupo es el único enmendante en este proyecto. Soy consciente de la profusión de colores rojos y ámbares que aparecerán en el marcador electrónico. Me cabe el consuelo de pensar que son colores propios de la época de Navidad, que felizmente se acerca.
Pueden preguntarme sus señorías a qué viene este voto particular. Pues bien, créanme que está lleno de buen sentido y de razón social y legal para mantenerlo. En buena técnica legislativa penal, es garantía del justiciable la correcta tipificación del delito, lo contrario es dejar en manos del Juez la determinación del ilícito penal. Estamos ante una circunstancia que exige la objetivación de la tasa de alcoholemia, de lo contrario, y como conocen sus señorías por noticias de la prensa, se absuelve a conductores con grados de alcoholemia absolutamente inadmisibles.
Con la redacción actual del Código Penal, con lo que se propone en esta ley, no progresamos nada. La tasa de alcohol en sangre, el 0,8 por ciento, está fijado por disposiciones meramente administrativas. Nuestra propuesta de objetivación está consensuada en el mundo de los estudiosos, por expertos, instituciones, Administración y universidades.
Me decía el Director del Institut de Seguritat Vial del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, inspirador de nuestra enmienda, que le sorprende la postura de los grupos de esta Cámara, especialmente del Grupo Parlamentario Socialista, toda vez que por la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior es un criterio absolutamente acorde con nuestra enmienda.
Yo recordaría a los Senadores que forman parte de la Comisión de Cultura que vino a informarnos el Director General de Tráfico --que hizo un elogio, que agradecí en el alma, de cómo se llevaba en Cataluña la prevención de la alcoholemia en tráfico--, que de alguna manera era el principal propagador de una reglamentación exhaustiva y dura de la conducción etílica, sobre todo por las noches de los fines de semana y relativa a los jóvenes de nuestro país. Pues bien, por lo que parece, hay una diversidad de criterios entre lo que opina el Ministerio del Interior y lo que opinan nuestros ilustres y amigos Senadores socialistas. De 0,2 gramos por litro hasta el 0,6 la persona empieza a perder facultades progresivamente y varía su comportamiento; se incrementa el tiempo de reacción entre el momento en el que se detecta la circunstancia, el camión parado, y la colisión.
La Organización Mundial de la Salud recomienda fijar en 0,5 gramos por litro el índice máximo permitido para la conducción --ojo al dato, Organización Mundial de la Salud--, tasa reglamentaria de alcoholemia, índice aplicado en Portugal y Holanda y pendiente de revisar en otros países de la Unión Europea, que propugnan el 0,8 por ciento. Otros países del Este y el Norte europeo, los Estados Unidos y Australia, son mucho más rigurosos y fijan la tasa en el cero absoluto. Nos explicaba el Director General de Tráfico que el cero absoluto es difícil de imponer, porque muchas veces la fermentación de alimentos ordinarios en el estómago puede producir una levísima tasa de alcoholemia en sangre, pero nunca rebasar el 5 por ciento.
En algún país, como es el Estado español, se separa la apreciación administrativa de la tasa de alcoholemia de su valoración como delito penal, es decir que los jueces tienen una absoluta libertad de entender si se produce el delito

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o no, porque la única referencia no está en el Código, sino en disposiciones de tipo administrativo. Las estadísticas dicen que entre el 35 y el 50 por ciento de los accidentes mortales de tráfico que se producen, al menos uno de los conductores implicados sobrepasa el 0,8 por ciento gramos por litro de alcohol en sangre, porcentajes que se incrementan sustancialmente de noche, y especialmente en las noches de los fines de semana. Es, pues, imperiosa la revisión del Código Penal, que podría iniciarse con la aprobación de nuestra enmienda.
Las pruebas científicas demuestran que un mismo nivel de alcoholemia afecta similarmente en la conducción a la gran mayoría de las personas, sean cuales fueren sus características fisiológicas y sea cual sea su asiduidad en la ingesta de bebidas alcohólicas. La tasa de alcoholemia es un medio de prueba que se demuestra científicamente y que constituye un valor referencial mínimo para establecer la conducción bajo efectos del alcohol. Es necesario, pues, y en ello están de acuerdo todos los sectores científicos, objetivar, como mínimo, un límite en estos momentos, lo que podría hacerse en el nuevo Código Penal.
Entiendo que los argumentos que he suministrado a la Cámara son de suficiente peso, no es capricho de mi Grupo Parlamentario venir aquí a ocupar un turno, sino que, en definitiva, hacemos referencia a datos muy concretos y a información del Ministerio del Interior, por lo que exhorto a sus señorías a que resuelvan en conciencia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Su señoría debe saber que si los que tienen más razón que un santo ganaran las votaciones en la Cámara, esto sería el cielo, y si lee el periódico, verá que no es así. (Risas.) Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Guía.


El señor GUIA MARQUES: Con la venia del señor Presidente, intervengo para exponer un turno en contra del Grupo Parlamentario Socialista respecto del voto particular presentado y defendido también por mi buen amigo y compañero el Senador Vallvé. Y si él ha expuesto una serie de criterios que pueden ser objetivos para indicar a la Cámara la conveniencia de la inclusión de una tasa de alcoholemia determinada, concretamente en el artículo 340 bis a), yo voy a intentar exponer también una serie de criterios objetivos que puedan indicarnos que no es conveniente en este momento introducir una tasa de alcoholemia determinada en el tipo delictivo que vamos a tratar.
La proposición de ley que estamos revisando trata de introducir una tipificación nueva que había quedado, no sabemos muy bien por qué, fuera del Código Penal, cual era la conducción de vehículos ciclomotores bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Este es el objeto fundamental que propone esta proposición de ley.
Dicho esto, hay que indicar que las opiniones personales, por muy alta que sea la categoría de la persona que las propone, en este caso el Director del Servicio Catalán de Seguridad Vial, no dejan de ser opiniones personales, que en algunos momentos podemos compartir --yo personalmente comparto algunos de los criterios expuestos por el Senador Vallvé--, pero la doctrina científica y la práctica totalidad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en esta materia indican que no debemos introducir una tasa de alcoholemia determinada en la objetivación del tipo, porque pasamos a considerar un tipo de los denominados de riesgo abstracto a otro de los denominados de riesgo concreto, que es algo no previsto por el legislador en la construcción de estos tipos delictivos.
En consecuencia, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado afirmativamente muchísimas veces, y su jurisprudencia ha sido tajante.
Cito literalmente. La conducta delictiva del artículo 340 bis, a) 1.º del Código Penal no consiste en un determinado grado de impregnación alcohólica, sino en la conducción de un vehículo de motor bajo su influencia --sentencias 145 de 1985, 145 de 1987, etcétera--, y la influencia de bebidas alcohólicas constituye un elemento normativo del tipo penal que, consecuentemente, requiere una valoración del juez, en la que éste deberá comprobar si en el caso concreto el conductor se encontraba afectado por el alcohol, ponderando todos los medios que reúnan las garantías procesales.
Y aquí paso a contestar a las argumentaciones que ha expuesto el Senador Vallvé respecto de que el criterio se deja a la libertad de los jueces.
Yo pienso que como debe ser, que no debe ser de otra manera. Los jueces, en su libre saber y entender, valorarán el grado de impregnación alcohólica. Pero es que no debemos olvidar una cuestión, que además el compañero Albert Vallvé conoce perfectamente, y es que los jueces, en la determinación libre de sus sentencias, están sometidos al imperio de la ley y de la valoración conjunta de la prueba, valoración conjunta de la prueba que tiene declarada tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo que no depende sólo de un examen de una tasa de alcoholemia, sino que depende de muchos factores, y así está recogido en otras sentencias del propio Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Depende, por ejemplo, de la ratificación de la declaración complementaria de quienes efectuaron el examen de tasa, de testigos que hayan visto la infracción, por el resultado obtenido de una prueba de extracción de sangre, por la declaración de la persona perjudicada o de la víctima e incluso por la declaración ratificada del propio acusado con asistencia letrada, en todo caso. O sea que el juez tiene una serie de elementos valorativos, de pruebas, a los que está sometido por imperio de la ley. La libertad del juez en esta materia no es total y absoluta. Pero el argumento fundamental, insisto, que está expuesto, recogido y ponderado por la casi totalidad de la doctrina científica y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, indica que no debemos convertir un tipo delictivo de riesgo abstracto en una conducta delictiva de riesgo o peligro concreto.
Por otra parte, de admitir el voto particular que propone el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, estaríamos según mi entender y también según el entender de la doctrina científica, pasando de un típico ilícito administrativo a un típico ilícito penal, que no

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encajaría muy bien con la configuración del tipo de peligro abstracto que tenemos en este momento.
Insisto en que el objeto de la modificación de la proposición de ley es la corrección de una laguna legal que en su día se quedó fuera, que es la conducción de ciclomotores bajo estas circunstancias, y a ello debemos atenernos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Guía.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el Senador Travieso Darias.


El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, intervengo para señalar nuestra posición en el dictamen de la Comisión sobre esta modificación positiva, ya que nos parece que ya era hora de que se supliera esta laguna legal, porque no se podía dejar fuera a los ciclomotores, que, como bien dice la exposición de motivos, son capaces de hacer incluso más daño que otro tipo de vehículos de mayor cilindrada.
Con respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a la que pudimos atender tras la homilía del Senador Vallvé desde el púlpito (Risas.), tenemos que manifestarle, con gran dolor de nuestro corazón, que vamos a oponernos a ella y que, aunque esté clamando en el desierto, nosotros le damos la bienvenida a casa y le atenderemos convenientemente, por su natural simpatía, pero nos vemos imposibilitados de votar a favor de su enmienda. Yo creo que las argumentaciones las ha dejado claras el Senador Guía Marqués, ya que no sólo va a depender de esa tasa de alcoholemia el considerar que se incurre en ese tipo delictivo, sino que hay otra serie de elementos y circunstancias, como, repito, bien ha explicado el Senador Guía, y nosotros vamos a votar en contra de esa enmienda.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición favorable a esta proposición de ley en los términos aprobados por la Ponencia, para decir, igualmente, a mi amigo el Senador Vallvé que lo siento mucho pero tampoco vamos a votar a favor de su enmienda y terminar diciendo que con la tipificación que se pretende se cubre un importante y preocupante vacío legal existente en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que nuestro Grupo, como no podía ser de otra forma, va a votar la proposición de ley favorablemente.
Creo que está en el ánimo de todos nosotros procurar una reducción del número de accidentes de circulación y pienso, ¡ojalá! sea así, que esta proposición de ley que hoy aprobaremos contribuirá a ello.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Señor Presidente, señorías, vamos a pasar, como se ha hecho por parte de otros grupos, a manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación tanto con el voto particular como con la proposición de ley.
Empezando por el principio, habría que decir que, efectivamente, el elogio a Cataluña, del que nos ha dado cuenta el Senador Vallvé, es un elogio justificado en cuanto a la política de prevención de alcoholemia y de tráfico en general. Lo había leído, y tengo que decir que lo había leído conjuntamente con el elogio a Navarra, puesto que también fue un elogio a mi Comunidad del que don Miguel Muñoz nos dio cuenta en una política de prevención de alcoholemia en la que nosotros también estamos trabajando muy duro, como luego les relataré. Puede que, como ha manifestado el Senador catalán, tenga más razón que un santo, pero como jurista también tiene que saber que, además de tenerla, hay que saber pedirla y luego se la tienen que dar.
Nosotros creemos que, efectivamente, hay un argumento valioso en la exposición del Senador catalán a la hora de manifestar que tiene razón. Y es que, efectivamente, se están produciendo en los distintos tribunales una serie de sentencias contradictorias, por las cuales algunos juzgados condenan simplemente por el hecho de que se supere la tasa, en cuanto a la cuantificación del 0,8, sin que se haya producido ningún elemento añadido de riesgo de la pura tasa y la ratificación del atestado por parte de los guardias en la que se acreditaba que precisamente esa tasa iba acompañada de una embriaguez. Otros juzgados exigen, además de una tasa superior al 0,8, que se haya producido un elemento real de riesgo efectivo y concreto por encima del que pueda suponer el que una persona conduzca bajo los efectos del alcohol, es decir, que añada un riesgo concreto. Sin embargo, nosotros creemos que es bueno que se objetive esa indicación para tipificar las conductas y penalizarlas, pero pensamos que eso no es lo que se debe hacer en este momento por varias razones.
En primer lugar, entendemos que no se gradúan en el voto particular que propone el Grupo Parlamentario Catalán los diferentes niveles de alcohol que pueden existir en los diferentes tipos de vehículos que se manejan; es decir, no es lo mismo el conductor de un vehículo que conduce sustancias peligrosas, tóxicas, etcétera, que el conductor de un vehículo de unas determinadas características o que otro tipo de conductores. A esos conductores les exige la ley conducir bajo unos niveles de alcohol muy inferiores al 0,8 y, sin embargo, en esta proposición sólo infringirían la

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legislación penal si condujeran a niveles superiores a un gramo por litro de sangre.
Por otra parte, además de no graduar no delimita adecuadamente. Nosotros entendemos, sinceramente, que la redacción de la enmienda --dicho sea con todos los respetos-- es una redacción incorrecta desde un punto de vista técnico. De la mera lectura de la misma se evidencia que lo que se sanciona es a quien condujera un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcoholemia superior a un gramo. Sin embargo, ¿qué pasaría con el que condujera un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa igual o inferior a un gramo? ¿Que no estaría inmerso en el tipo? Pero, entonces, lo raro es que parece que sí estaría inmerso en el tipo por conducir bajo el efecto de droga tóxica puesto que, al final, el alcohol es una droga.
¿Podría estar inmerso ahí? ¿Podría no estarlo? Nosotros entendemos, sin ninguna duda, que al final supondría dejar nuevamente al arbitrio del juez si la alcoholemia inferior a un gramo por litro de sangre estaba ínsita en el tipo penal o no.
Por otra parte, entendemos que no es éste el momento adecuado para debatir el tema, por una razón muy simple, porque lo que se pretende con esta proposición de ley es, fundamentalmente, tipificar la conducción de ciclomotores bajo los efectos del alcohol, drogas tóxicas, etcétera, y añadir algún elemento tipificando los ciclomotores en la conducción temeraria. Pretender ahora variar el tipo, en un análisis que merece ser hecho mucho más a fondo y mucho más global, creemos que sería como coger el rábano de la ley por las hojas.
Por todos estos motivos, nosotros anunciamos que nos vamos a abstener en cuanto al voto, porque estimamos que hay una cierta razón de objetivarla, pero está mal pedida, lo cual no quiere decir que una vez que podamos coincidir en los planteamientos podamos llevar adelante una modificación en los términos como los que se debate.
Sin embargo, sí queremos hablar de la aprobación de esta proposición de ley orgánica sobre modificación de distintos artículos del Código Penal para tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o con imprudencia. Y queremos manifestar desde ahora la gran satisfacción que el Grupo Parlamentario Popular tiene por lo que se prevé como inmediata aprobación de esta proposición de ley.
Como sus señorías conocen --y se ha dicho aquí--, el autor de esta proposición de ley fue precisamente mi Grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Sus señorías también conocen --y se ha resaltado-- la realidad incuestionable de que cada vez son más los casos en que con la conducción de un ciclomotor --cada vez más abundantes dentro del tráfico-- se producen daños tanto a bienes como lesiones o incluso muerte de personas.
Ello ha motivado, sin duda, que todos los grupos unidos al nuestro hayamos coincidido no ya sólo en el diagnóstico, sino fundamentalmente en el tratamiento jurídico de este problema, al pretender abordar y evitar el riesgo real que en este momento existe en la circulación urbana y por carretera en cuanto a los ciclomotores se refiere. La no tipificación penal hasta el momento actual de las conductas que hoy se pretenden castigar suponía --se ha dicho también aquí-- una importante excepción en el ámbito del Derecho comparado y, además, era absolutamente desacertado por el nivel de riesgo, tanto cuantitativo como cualitativo, que las referidas conductas comportan.
Por otro lado, por la evidente importancia que para este sector de población tiene y por la inmediatez con que vamos a valorar el informe de la Comisión Especial de Juventud en esta misma sesión, quiero traer el informe a colación, y traer a colación sus conclusiones, más en concreto la que hace alusión a los jóvenes y a la seguridad vial.
En efecto, se dice en la misma que los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de mortalidad y de invalidez o morbilidad juvenil. Los jóvenes somos el 12 por ciento de los conductores del país y, sin embargo, de cada tres fallecidos en nuestras carreteras uno es menor de 25 años. Este drama se ve especialmente acentuado --ustedes lo saben-- los fines de semana, y mezclado en muchas ocasiones con el alcohol y las drogas; el 40 por ciento de estas muertes se atribuye al consumo de alcohol; ello, sin olvidar las lesiones, daños a terceros, etcétera.
Por otra parte --señalan las conclusiones del informe que luego valoraremos--, los estudios reflejan que el perfil del joven que ha sufrido un accidente es el de una persona que necesita autoafirmación y que la expresa mostrándose competitivo, enfrentándose y negándose a las normas y a la autoridad. Estamos hablando ya de los dos problemas que precisamente se regulan en esta ley: la conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas y la conducción temeraria. Y continúan diciendo las conclusiones que los jóvenes sobrevaloran así su propia capacidad, fijándose metas altas que rayan la temeridad. Por ejemplo, minimizan los efectos del alcohol y las drogas sobre la forma de conducir; tienen una conducta exhibicionista en grupo porque creen que el grupo espera de ellos que sean los mejores, y lo demuestran afrontando riesgos; son sensibles a los mensajes publicitarios y están más predispuestos que ningún otro grupo de edad para asumir un alto riesgo. Por ello, el informe señala, en su recomendación 24, a los poderes públicos, que es importante una presencia preventiva e intimidatoria de control en las ocasiones conocidas donde existe una alta situación de riesgo de accidentes de tráfico por conducción en estado de embriaguez o --decimos-- con temeridad o imprudencia.
Finalizo diciendo que es evidente que estos supuestos que se dan en la juventud no sólo se dan en la juventud, pero se producen, evidentemente agravados, al utilizar un ciclomotor. En efecto, según un reciente estudio realizado por el Gobierno Foral de Navarra en colaboración con la Dirección General de Tráfico, los conductores de vehículos de dos ruedas presentan un riesgo de resultar heridos en un accidente de tráfico más de ocho veces superior a los vehículos de cuatro o más ruedas. Por ello, es evidente que el uso de los ciclomotores en las referidas circunstancias o condiciones --ciclomotores que utiliza la juventud, pero no sólo la juventud-- agrava el riesgo.


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Finalmente, es obvio el acierto de esta iniciativa, de la que todos debemos felicitarnos y que vamos a apoyar por las razones aducidas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Iribas.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, en turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Guía.


El señor GUIA MARQUES: Brevísimamente, señor Presidente, con su venia, quisiera indicar que el Grupo Parlamentario Socialista se congratula del conjunto de argumentos expresados en la Cámara en favor de esta proposición de ley, por la que todos nos hemos dado cuenta de que rellena un vacío legal y que, además, era necesaria en función de lo que día a día está sucediendo en nuestras carreteras.
Finalmente, quería indicar, sólo a título de anécdota, que sorprende un poco al representante del Grupo Socialista la postura de abstención del Grupo Parlamentario Popular respecto del voto particular presentado por Convergència i Unió, porque en el dictamen de la Comisión el representante del Grupo Parlamentario Popular manifestó su rechazo a esta enmienda. Pero sólo se hace constar con carácter anecdótico.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. (El señor Vallvé i Navarro pide la palabra.) Por tiempo de un minuto, tiene la palabra el Senador Vallvé, por el artículo 87.


El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
No podría dejar de pedir la palabra para agradecer a los compañeros sus muestras de afecto. Por mucho que la enmienda no prospere, aunque me hayan dicho que jurídicamente estoy fuera de órbita, agradezco muchísimo los sentimientos de cordialidad.
Diré, no obstante, que, si bien es cierto, como decía el representante del Grupo Parlamentario Popular, que tal vez el momento legislativo no sea el adecuado porque si ahora aprobásemos esta enmienda resultaría que estaría penalizada con tasa la conducción de un ciclomotor y, en cambio, no habría una tasa al respecto para los vehículos pesados, lo que podría representar una cierta incongruencia legislativa, creo que hay que reconocer que cuando se tramite la reforma del Código Penal podremos hablar de este tema, y volveremos con nuestra pretensión. En todo caso, no puede dejar de reconocerse que somos innovadores.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Señorías, dada la previsible brevedad del próximo punto del orden del día, lo vamos a sustanciar antes de suspender la sesión, inmediatamente después de esta votación.
Sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 11; en contra, 118; abstenciones, 100.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
Sometemos a votación los artículos 1 y 2, Exposición de Motivos y Título.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 229; a favor, 229.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Esta proposición de Ley ha sido votada por los 229 Senadores presentes afirmativamente.


--DE LA COMISION DE DEFENSA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA Y SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 28/1984, DE 31 DE JULIO, QUE CREA DICHO ORGANISMO. (S. 621/000047) (C. D. 121/000059.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos a continuación al punto número 27, dictamen de la Comisión de Defensa en relación con el proyecto de Ley por el que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de julio, que crea dicho organismo.
Pregunto al Presidente de la Comisión si ha sido designado algún Senador para la presentación del dictamen. El Senador Barreiro tiene la palabra.


El señor BARREIRO GIL: Muchas gracias, señor Presidente.
La Comisión encomendó esa responsabilidad al Senador Sáenz Lorenzo.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): El Senador Sáenz tiene la palabra.


El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me complace presentar a la Cámara el dictamen del proyecto de Ley por el que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de julio, que crea dicho organismo.
El texto aprobado por el Congreso de los Diputados tuvo su entrada en esta Cámara el día 8 de noviembre del corriente año. El plazo de presentación de enmiendas concluyó

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el 21 de noviembre pasado, siendo objeto el proyecto de una propuesta de veto, presentada por los Senadores del Grupo Mixto don Alvaro Martínez Sevilla y doña Isabel Vilallonga Elviro, y de tres enmiendas al articulado, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión se reunió el día 24 de noviembre y dictaminó el proyecto de Ley, manteniendo el texto remitido por el Congreso de los Diputados en sus propios términos.
Para su debate en Pleno ha quedado formulado un voto particular, del Grupo Parlamentario Popular, que recoge las tres enmiendas presentadas con anterioridad, no quedando mantenida la propuesta de veto de don Alvaro Martínez y de doña Isabel Vilallonga.
Muchas gracias, señor Presiente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sáenz.
Si no hubiere debate de totalidad, que no lo hay, pasa-ríamos al debate del voto particular del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Soravilla.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en el pasado trámite en la Comisión de Defensa manifesté, como hoy hago aquí, la postura favorable de mi Grupo a la prórroga por otros diez años de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa propuesta por este proyecto de Ley, proyecto que desde mi Grupo hemos pretendido mejorar, según nuestro criterio, mediante tres enmiendas, las únicas que han sido presentadas.
Creo que es de toda evidencia la crítica que desde mi Grupo nos ha merecido este organismo autónomo en cuanto a funcionamiento, lo que no quiere decir que, por su hasta ahora limitada eficacia, sea inútil. Es más, en el momento presente nos parece un instrumento de mayor utilidad, si cabe, que cuando se creó en el verano de 1984, sustituyendo a las juntas de acuartelamiento. En múltiples ocasiones, a lo largo de estos diez años transcurridos, hemos criticado su lentitud, su falta de flexibilidad --flexibilidad, por cierto, a la que se refería el propio preámbulo de la ley--, así como su opacidad de gestión, defectos y limitaciones derivados del concepto organizativo socialista --no quiero decir del socialismo español, sino de todo el socialismo, y ahí tenemos a los antiguos países del Este--, un aparato burocrático excesivo, de procedimiento complicado y, sin embargo, un control económico limitado.
Esto ha supuesto un gasto administrativo proporcionalmente superior al de cualquier empresa bien gestionada, lentitud que en sus cometidos, que reconocemos complicados a veces, y algún que otro entrevero de partidismo en determinados convenios.
La conclusión es que en más de una ocasión la gerencia ha producido indeseadas sensaciones --insisto en este término-- especulativas, moviéndose como se mueve en un terreno tan propicio --creo que sus señorías lo saben fundamentalmente por la prensa-- como es el sector inmobiliario.
Hacemos esta crítica con el deseo de que en esta nueva etapa se desarrolle de un modo diferente, puesto que el volumen de metros cuadrados a gestionar es muy superior al de la anterior --nada menos que 60 millones de metros cuadrados-- y no nos gustaría que sus defectos se multiplicaran como los metros, en lugar de corregirlos.
Sirviéndome de pie el artículo 1.º de este proyecto, debo decir que nos opusimos a la prórroga anterior, otorgada por el artículo 102 de la Ley de Presupuestos para 1994, por dos razones fundamentales: primera, porque no era el lugar adecuado en estricta técnica legislativa y, segunda, porque no era el momento, ya que su vigencia alcanzaba hasta el mes de julio pasado, en que se cumplían los diez años previstos. Hoy estamos de acuerdo, aunque sea apurando el momento de esa prórroga espuria que provocaría su extinción dentro de un mes; pero, por lo menos, lo hacemos en el lugar adecuado desde el punto de vista legislativo; y con oportunidad, como ya he apuntado.
Señorías, el despliegue de las Fuerzas Armadas está comenzando a ser un hecho. Y el previsto para el Ejército de Tierra se anuncia ambicioso, con el llamado «Plan Norte», que acarreará algunas dificultades de distinto orden, quizás no tanto de personal, puesto que éste es disciplinado, como por el quebranto económico que va a suponer para determinadas comunidades y municipios. Bien es verdad que este despliegue responde a las nuevas necesidades de nuestra defensa militar, que son siempre prioritarias y que emanan, en parte, del acuerdo parlamentario de 1991 y están recogidas en la Directiva vigente de Defensa. Pero no es menos cierto, señorías, que si la reducción de efectivos se lleva a buen ritmo, el despliegue se retrasa, la profesionalización se estanca y la modernización se eterniza.
Y hay dos razones para que esto ocurra. La primera es la priorización de objetivos, equivocada, desde nuestro punto de vista, porque va en detrimento de la operatividad de las Fuerzas Armadas. Y, la segunda, la escasez presupuestaria, que quizás no fuera tan grave si se estructurara mejor y se optimizara el gasto.
En este sentido, invito a reflexionar a sus señorías sobre este aspecto importante, contemplado en nuestra enmienda número dos. Proponemos con ella la modificación del párrafo cuarto del artículo 2.º de la Ley de Gerencia, para que los recursos que obtenga no se destinen sólo a infraestructura, sino que puedan dedicarse, en su caso, a necesidades de material. Y les propongo tres elementos a considerar.
El primero de ellos es que las necesidades de financiación de material contenidas en el Plan Norte se evalúan en 500.000 millones de pesetas, cifra completamente astronómica a la vista de los últimos presupuestos.
La segunda cuestión a considerar es que la previsión de metros cuadrados a gestionar tras el nuevo despliegue es, aproximadamente, de 60 millones, muchos de los cuales se encuentran en inmejorables ubicaciones, lo que hace suponer que pueden proporcionar unos recursos bastante considerables. Y el tercer aspecto es que, según el Ministro, el Plan Norte ha tomado en consideración, además de los aspectos estratégicos, naturalmente, que son los fundamentales, la calidad de los acuartelamientos y de las infraestructuras en general. De modo que vamos a conservar en uso las mejor dotadas,

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las más modernas, lo cual nos obliga a concluir que va a haber un menor gasto en infraestructuras.
Si, como parece a la vista de lo expuesto anteriormente, vamos a obtener mayores recursos económicos y vamos a necesitar un menor gasto, no parece lógico que esos recursos se mantengan rígidamente vinculados como hasta ahora. Por el contrario, creo que resultaría mucho más adecuado abrir las posibilidades de que los casi seguros excedentes económicos que va a haber en razón de las infraestructuras pudieran ser aplicados a esta importante función operativa de nuestras fuerzas armadas.
La enmienda número 3 tiene que ver con el necesario control. La verdad es que no encontramos una razón para que se le atribuyan al Ministerio de Defensa competencias que son propias del de Economía y Hacienda en asuntos de enajenaciones y permutas. Nosotros somos partidarios de que se aplique la regla cuando la excepción no está debidamente fundamentada. Y, además, señorías, hay binomios en los que la apuesta del Grupo Parlamentario Popular es absolutamente clara y permanente: en el binomio libertad-seguridad, siempre vamos a apostar por la libertad. Y entre el binomio posible de la flexibilidad y el control, desde luego, sin la menor duda apostamos por el control, haciéndolo así en nuestra enmienda.
Por último, señorías, hago referencia a nuestra primera enmienda, referida a un tema sumamente delicado y objeto de debate en esta tribuna en varias ocasiones, el de los hospitales militares, precisamente con motivo del nuevo despliegue de los efectivos y su posible amenaza de cierre en algunos casos.
En cuantas ocasiones mi Grupo presentó iniciativas parlamentarias al respecto, sus señorías socialistas votaron en contra, aduciendo siempre dificultades normativas y acusándonos de un presunto electoralismo, desde luego, muy lejano a nuestra voluntad de servicio a los ciudadanos en una faceta tan crítica como es la de la asistencia médico-sanitaria. Ahora hemos presentado una enmienda que plantea una solución, en tiempo y en forma, al grave problema. Y lo hacemos como siempre: sin electoralismo, señorías, y con voluntad dialogante y constructiva.
Nos quedaba la esperanza de una transaccional que se nos había anunciado en Comisión. Parece que no ha sido posible y lamentamos de verdad esta parálisis legislativa del Grupo Parlamentario Socialista que, en cierto modo, tal vez refleje la parálisis del propio Gobierno y que impide esta solución, porque posponerla no sólo es obstruirla sino negarla. Y no se engañen sus señorías, ni engañen a los ciudadanos. Suya va a ser la responsabilidad. Yo me voy a limitar a recordar que, como todos sabemos y padecemos, tenemos en España una disponibilidad de camas hospitalarias que se encuentra por debajo de la media de los países miembros de la Unión Europea; incluso determinadas Comunidades Autónomas están por debajo de la media nacional, y en la mayoría de los casos los hospitales militares mantienen una actividad asistencial complementaria del Sistema Nacional de Salud, por lo que su cierre vendría a agravar todavía más nuestra escasez de camas y provocaría una cierta desprotección.
Señorías, sin necesidad de acudir --no quisiera hacerlo-- a los argumento fáciles, humanitarios y sensibles, sino utilizando un frío y distante lenguaje económico, vamos a decir que nos encontramos ante un recurso escaso de primera necesidad que, además, proporciona puestos de trabajo en un mercado que, como sabemos todos, es francamente difícil. Creo que no nos encontramos en disposición de hacer desaparecer lo primero ni de destruir lo segundo por un puro asunto de dependencia patrimonial.
Por otra parte, también sabemos que las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia sanitaria arrastran importantes déficit que les impiden de hecho adquirir estos centros amenazados de cierre. Pero, evidentemente, estos centros son de un indudable interés público puesto que están funcionando a satisfacción de todos sus usuarios. En fin, creo que entramos en el absurdo, que es donde sus señorías socialistas permanecen.
Termino, señor Presidente, solicitando el voto afirmativo para todas nuestras enmiendas con el deseo añadido y sincero de que no tengamos que criticar la gestión de la Gerencia de Infraestructura en la nueva prórroga que le vamos a conceder en este trámite.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Soravilla.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular merece por nuestra parte el agradecimiento a la continuidad de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
Su señoría hizo una alusión a determinados males, que supone inherentes al socialismo en general Muy brevemente, voy a decirle a su señoría lo siguiente. En 1917 ocurrieron dos hechos importantes para el futuro de Europa y yo diría que para el de la humanidad. Uno tuvo lugar en Rusia, la Revolución de 1917, origen del llamado socialismo real, el socialismo totalitario, cuyas consecuencias sus señorías conocen; y no quiero dilatarme, por la premura de la hora, en describir el devenir de este tipo de socialismo totalitario.
Pero en ese tiempo también ocurrió otro hecho de menor estruendo: la victoria del Partido Socialista danés en unas elecciones que tuvieron lugar por aquellas fechas en ese país. De ese socialismo, el democrático, la sociedad danesa puede hablar mucho; la sociedad sueca también.
Señorías, no es posible meter en un mismo saco estos dos fenómenos que tuvieron lugar en 1917. Son diferentes. De ahí también mi defensa, global, al socialismo que practicamos los socialistas españoles desde la constitución de nuestro partido a finales del siglo pasado.
Dicho esto, no tengo más remedio que decirle a su señoría --y lo hago con satisfacción-- que, frente a las legítimas sensaciones que su señoría tiene en relación con la

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gestión de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, quizás los datos son relevantes. en sólo 10 años la Gerencia de Infraestructura ha hecho un esfuerzo importante, esfuerzo que se traduce en las siguientes cifras: ha intervenido en 664 operaciones de enajenación, que han obtenido un rendimiento de 45.700 millones de pesetas, con un pendiente de cobro --redondeo-- de cerca de 4.000 millones; la mayor parte de los rendimientos de estas actuaciones se han destinado luego a inversiones en bases --le ahorro la relación-- y la cifra manejada en el conjunto de todas las operaciones es de cerca de 80 millones de metros cuadrados.
Además, la Gerencia de Infraestructura ha participado en la elaboración de 101 convenios con instituciones, entre los que cabe resaltar el que se celebró en su momento con el Ministerio de Hacienda, entre otras cosas para que el Cuartel de la calle del Reloj número 5 fuese cedido, precisamente, para edificar la ampliación del Senado, lugar en el que nos encontramos hoy. Los convenios tienen un enorme interés tanto para la Gerencia de Infraestructura como para las propias Administraciones que los han suscrito, pues si lo han hecho es porque les convenía. Destacan, entre otros, el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para la sede del Parlamento de Galicia; con la Comunidad Autónoma de Andalucía para sedes de la Administración autonómica andaluza; con el Ministerio de Educación y Ciencia, habiendo sido éstos numerosos, no menos de seis, para uso universitario; otros tantos con la Generalitat de Cataluña, también para actuaciones universitarias entre otras. Asimismo, de esos convenios se ha beneficiado la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, La Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, etcétera. En definitiva, la Gerencia ha hecho un enorme esfuerzo para llevar adelante los fines para los que fue constituida.
Por otra parte, la Gerencia tiene que responder a un nuevo reto: el modelo de Fuerzas Armadas que hemos aprobado en el Congreso de los Diputados, de 1991, las Directivas de Defensa Nacional, de 27 de marzo de 1992, la Directiva de Defensa Militar, de 1.º de diciembre de 1992, la Directiva de Objetivo de Fuerzas, de abril de 1994, y la última Orden, el nuevo despliegue del Ejército de Tierra, llamado Plan Norte. La Gerencia tiene el compromiso de dotar de la infraestructura que adecue las instalaciones militares a este nuevo reto.
Y entro ya en otra de sus críticas: la opacidad. Señoría, la Gerencia, como organismo autónomo del Estado, está sujeta a los controles que preceptúan las leyes: está sujeta al control que supone la Intervención General del Estado, está sujeta al control del Tribunal de Cuentas y hay un mecanismo propio de la Gerencia de forma que todas sus actuaciones pasan por el tamiz de su órgano de dirección --en el que, además, están presentes los Ministerios de Economía y Hacienda y Obras Públicas--; por tanto, cualquier actuación que ha realizado la Gerencia tiene que ser conforme a Derecho y hay fiscalización suficiente. Y por si esto fuera poco, tenemos también la fiscalización que las Cámaras realizan a través de preguntas, comparecencias e interpelaciones.
Ahora voy a referirme a sus tres enmiendas concretas, y no voy a hacerlo por orden. Señoría, la primera de ellas pretende dedicar los recursos de la Gerencia a material para la Defensa, en definitiva, a armamento, munición y equipo. A nosotros nos parece que tal pretensión no puede ser aceptada por una razón de carácter general, y es que no nos parece buen cambio destinar bienes inmuebles, que son un patrimonio permanente, a un patrimonio fungible, como son el armamento y el material. Además, su señoría puede comprobar en los Presupuestos Generales del Estado para 1995 --que pronto debatiremos en este salón-- como se siguen dedicando recursos para la infraestructura del Ejército, consecuencia de que los rendimientos que se puedan obtener de la Gerencia no son suficientes para acometer los gastos de infraestructura necesarios.
Otra de sus enmiendas pretende que la competencia en la enajenación de estos inmuebles sea exclusiva del Ministerio de Economía y Hacienda, lo que no nos parece conveniente. Eso supondría colocar de nuevo esta parte de los bienes públicos en la gestión de un todo, del patrimonio del Estado, que es competencia de la correspondiente Dirección General de Patrimonio. Repito que no nos parece correcto, además de que haría más lento el procedimiento --y tengo que explicar a su señoría que una de las razones de esa lentitud a que aludía ha sido el tener que delimitar física y jurídicamente el patrimonio del propio Ministerio afectado a Defensa--, puesto que mezclar la parte con el todo no va a producir ese deseo que su señoría tiene de acelerar los trámites.
Y en cuanto a los hospitales, yo no voy a entrar en la necesidad de camas hospitalarias, puesto que es otro problema. Usted pretende que los hospitales militares sean cedidos gratuitamente, y en esto, a nuestro juicio, hay una contradicción con su propio discurso y un agravio comparativo. La contradicción, señoría, es que en varias ocasiones han manifestado --me refiero al Grupo Popular y no a su discurso personal-- la sospecha de que el Plan Norte no pueda llevarse a efecto y han dicho que es difícil obtener recursos en torno a los 500.000 millones --y eso sí lo dice usted en la justificación de su enmienda--. Señoría, los hospitales militares que puedan ser desafectados pueden tener dos usos, como ha ocurrido en otros casos: un uso no hospitalario y que sean destinados también a la red hospitalaria, pero no todas las Comunidades Autónomas tienen hospitales que puedan ser cedidos o incluso puede ser no querido por las Comunidades Autónomas que se les cedan, con lo cual unas tendrán esta ventaja y otras no. Pero es más, el nuevo despliegue del Ejército de Tierra en concreto, con la reducción de efectivos, conlleva, por una parte, cerrar hospitales, pero por otra mejorar algunos de los existentes e, incluso, quizá, construir alguno nuevo. Sabe su señoría, igual que yo, que el Plan Norte no contempla en esta primera fase qué va a ser de las instalaciones logísticas y de apoyo, que tendrán que sufrir una necesaria reubicación; pero, además, el modelo mixto de Fuerzas Armadas va a suponer una nueva carga para el Ministerio de Defensa, en concreto para la sanidad militar, que tendrá que atender no solamente a los efectivos militares, sino también a los familiares de aquellos soldados que

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sean profesionales. Esto exigirá un nuevo esfuerzo por parte del Ministerio de Defensa en materia de sanidad militar, toda vez que las mejores unidades, las que consideramos punteras para la Defensa y para cumplir nuestros compromisos internacionales, se han desplazado de ubicación, y eso va a exigir que se refuercen ahí. Por tanto, también la Gerencia tendrá que hacer frente a esta nueva demanda de instalaciones de hospitales militares y atender a estos servicios.
Por todo ello, señoría, no podemos aceptar ninguna de sus enmiendas, y sólo me queda hacer referencia una vez más a su tono, su talante y al apoyo global al proyecto --que es lo importante--, que es la continuidad de la Gerencia de Infraestructura.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Todas las promesas de brevedad han sido relativamente cumplidas.
En turno de portavoces, y por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador don Miguel Angel Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, sintiéndolo mucho, querido Senador, qué más quisiéramos nosotros que poder votar a favor, y usted lo sabe.
Con respecto a los hospitales, sobre los que ya ha habido dos o tres interpelaciones en esta Cámara, donde hemos debatido con el Ministro, nuestra posición está clara. Es decir, queremos que los hospitales que están en las cabeceras de referencia de las dos capitales del archipiélago canario cumplan su función hospitalaria, que no pasen a ser enfermerías dignificadas y que eso lo convenie el Gobierno autónomo de Canarias, que ya tiene la competencia, con el Ministerio correspondiente.
Si son chicos que saben negociar y lo consiguen gratis, alabado sea Dios; si no es así, que se llegue a otro tipo de convenio, pero insisto en que queremos que cumplan su función, porque lo que nos interesa, fundamentalmente, es que no se pierda la cama hospitalaria. Y no sé cómo se puede incluir eso en una ley como ésta.
En cuanto a la segunda enmienda, lo siento, pero no me gusta entrar en el tema de camiones, carros y armamento, y no lo voy a hacer.
Con respecto a la tercera, cuantas menos competencias tenga el Ministerio de Economía y Hacienda, mejor; en cuantas menos cosas entre, muchísimo mejor. Es decir, cuanto más descentralizado esté ese Ministerio, mejor, porque si trata este tema globalmente, tanto usted como yo vamos a ver muy recortados los duros. Por tanto, deje que esas competencias estén en el Ministerio de Defensa y que se convenie con los respectivos Gobiernos autónomos lo que se tenga que «conveniar». Por tanto, créame, pues, que lo siento, pero vamos a votar en contra.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Soravilla, voy a votar en contra de sus enmiendas, a pesar de haber apoyado las mismas en el trámite de Comisión --como usted sabe--, fundamentalmente, sobre la base de la enmienda número 1. Y lo hice porque, si mal no recuerdo, quedó abierta una posible negociación, que fue ofrecida por el Grupo Socialista. Pero después de lo que hemos oído, ésta no ha fructificado y se mantiene la pretensión de las cesiones gratuitas de hospitales. Este es, pues, el núcleo del tema: la cesión gratuita.
Tuve ocasión de fijar mi posición sobre este tema en el Pleno del 28 de enero pasado, oponiéndome al concepto de cesión gratuita, y mantengo mi posición. Por tanto, votaré en contra de las enmiendas.
Por último, quiero anunciar nuestro voto favorable a la proposición en los términos aprobados por la Ponencia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador don Albert Vallvé.


El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Soravilla voy a exponerle, brevísimamente, el criterio de mi Grupo Parlamentario. La Ley parece ajustada a Derecho, a la oportunidad política y a la operatividad de la Administración militar. La prórroga de la vigencia de la Gerencia de Infraestructura nos parece correcta. El artículo 3 de la Ley prevé la comunicación previa al Ministerio de Economía y Hacienda para el ejercicio por este ente de un derecho de tanteo, lo que garantiza de alguna manera la puridad del procedimiento.
De ahí nuestra conformidad y nuestro voto positivo a la Ponencia.
Dice usted, señor Soravilla, que en el funcionamiento de la Gerencia había detectado lentitud, falta de actividad y una cierta opacidad.
Evidentemente, nunca tendrá usted a mi Grupo con los que actúan de modo opaco, y la Cámara está para eso, para denunciar las situaciones irregulares que se pueden producir.
Pero voy a hacerle una referencia un tanto particular, pueblerina y chauvinista. Resulta que en Tarragona hemos tenido una recientísima intervención de la Gerencia. El Regimiento Badajoz 26 y el Batallón de Cazadores de Montaña Arapiles se despidieron de la fidelísima y ejemplar ciudad de Tarragona hace unos cuatro meses y la ciudad les rindió un homenaje. Un servidor de usted --a pesar del criterio que usted tiene de mi persona-- es sargento de infantería del Badajoz 26 y acudí a la ceremonia y me despedí del Regimiento y de la Bandera. Pues bien, en un plazo aproximado de tres meses, se suscribió entre la Gerencia, el Comisionat d'Universitats e Investigació del Govern

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de la Generalitat de Catalunya y el Alcalde de la ciudad --un querido compañero Diputado de Convergència i Unió-- un acuerdo, en virtud del cual, la Generalitat y el Ayuntamiento adquirían la finca del antiguo cuartel para destinarla a la Universidad de Tarragona. Como comprenderá, la satisfacción ha sido general para todos los ciudadanos, para todas las fuerzas políticas de Tarragona, entre las que se encuentra el concejal portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarragona, mi hermano Juan Vallvé. (Risas.) Señoría, sus enmiendas me parecen muy interesantes; lo cierto es que lo son porque, en la poca intervención que ha tenido este Senador en el trámite relativo a la adquisición de los cuarteles para hacer la Universidad el estamento militar nos explicaba la falta de medios, que el presupuesto es cada vez más cicatero con la Administración militar, etcétera. Comprendo, pues, el interés y la intención de sus enmiendas; no obstante, opino que debe haber otro trámite parlamentario en el que ustedes pueden conseguir lo que pretenden que, como digo, me parece ajustado.
Para no alargarme más, en cuanto a sus enmiendas, haré mías las simpatiquísimas consideraciones que ha hecho mi buen amigo, el extraordinario Senador señor Barbuzano.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Pido a sus señorías que si no han de ser breves, no digan que lo van a ser, porque desorientan a esta Presidencia. (Risas.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Soravilla.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer uso del tiempo justo. Con respecto al portavoz socialista, le diré que he insistido en que eran sensaciones y que lo que nosotros pedimos siempre es transparencia. El mundo de las sensaciones se mueve un poco en la realidad virtual y nosotros queremos realidad viva, transparencia, que se vea por dónde vamos. Además, he reconocido las dificultades que existen en esa gestión.
Con respecto a que el nuevo despliegue exige dotar de infraestructuras, en cierto modo ya he hecho referencia a ello, es decir, que la mayoría de la infraestructura ya existe. Habrá que hacer algo más, pero no mucho, y acometer algunas mejoras, sin duda alguna. Pero, en general, la base ya está.
Por otro lado, en cuanto a cambiar bienes fungibles por bienes inmuebles, supone un sentido casi medieval de la propiedad. Pero, ¿qué ocurriría si sobran inmuebles? ¿Es que vamos a tener que crear necesariamente infraestructuras porque hemos vinculado el gasto a ello y vamos a tener un ejército como el de Pancho Villa, en hoteles de lujo? Porque no lo entiendo; eso no tiene ningún sentido.
Con respecto a los controles, usted me ha explicado que hay muchos, pero a nosotros tampoco nos importa que haya una fiscalización más.
Por lo que se refiere a los hospitales, creo que las Comunidades Autónomas son capaces de saber lo que necesitan y lo pedirán. Por tanto, nos estamos refiriendo a los hospitales que tienen un interés público; es decir, que creamos una apertura para que eso pueda ser posible, pero no para que sea algo obligatorio.
También acepto el argumento que esgrimía en cuanto a que habrá que construir nuevos hospitales con arreglo al nuevo despliegue, pero lo uno no impide lo otro, porque el problema es que en algunos casos se va a producir el cierre del hospital.
En cuanto al Senador Barbuzano, que le agradezco, como siempre, su tono y su amistad, estoy perfectamente de acuerdo en que se pueden producir convenios, me parece una solución. Pero, ¿qué ocurre con aquellas Comunidades donde prácticamente no vayan a quedar efectivos y ese hospital se cierre? No hay convenio posible, porque ya no está el Ministerio de Defensa. Respecto al Senador Caballero, también agradezco sus palabras, aunque me produce una cierta sorpresa este cambio brusco de dirección.
Al sargento Vallvé le habla el alférez Soravilla del Regimiento León --no sé si se debe cuadrar en este momento-- y le agradezco todas las palabras que ha tenido para mí. (Risas.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a todos los Senadores que han intervenido fijando la posición de su Grupo las palabras de apoyo al proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
El esfuerzo que está haciendo este Organismo, la transparencia de su funcionamiento viene avalada, entre otras cosas, por la firma de 101 convenios con diferentes instituciones del Estado: Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencia, Comunidades Autónomas de diferente signo, ayuntamientos. A mí se me hace muy difícil pensar que todos estos convenios firmados y llevados a buen término pudiesen haber obtenido esa firma si la Gerencia, además de eficaz, careciese de sensibilidad y de transparencia. La Gerencia cumple con la Ley, cumple con el trato que debe prevalecer entre instituciones públicas y sus resultados quedan avalados.
Por razón de horario no quiero extenderme para contraargumentar la exposición del Senador Soravilla, al que le reitero, de nuevo, mi agradecimiento personal por el tono que hemos llevado en el debate, tanto en Comisión como en este Pleno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.


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Vamos a someter a votación de forma conjunta, si el Grupo Parlamentario Popular así lo entendiera, las enmiendas números 1 a 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 98; en contra, 122.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
A continuación, vamos a votar el texto del proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa y se modifica parcialmente la Ley 28/1984, de 31 de junio, que crea dicho organismo, según el texto del dictamen, que consta de los artículos 1 y 2, disposición derogatoria y disposiciones finales primera y segunda, y preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 124; abstenciones, 96.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y media de la tarde.


Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


--INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE JUVENTUD. (650/000001.)

El señor PRESIDENTE: Noveno punto del orden del día, Informe de la Comisión Especial de Juventud, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 202, de fecha 28 de noviembre de 1994. Por analogía con lo dispuesto en el artículo 120.1 del Reglamento del Senado, procede la presentación del dictamen por un representante de la Comisión.
Señor Presidente de la Comisión, tiene la palabra.


El señor BLANCO LOPEZ: Señor Presidente, señorías, por acuerdo del Pleno de la Cámara del pasado día 12 de febrero de 1992, se constituye la Comisión Especial de Juventud, que reanuda sus trabajos por acuerdo del Pleno del día 11 de noviembre, una vez disueltas las Cortes Generales.
Iniciados sus trabajos, se realiza un plan de comparecencias, de recopilación de documentación y de encuesta, constituyéndose posteriormente una Ponencia que estaba integrada por los señores Senadores Estebe Petrizán, de Eusko Alkartasuna, perteneciente al Grupo Mixto; José Antonio Torrontegui, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; Manuel Travieso, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; José María Bertrán, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Alfredo Prada y Félix Colsa, del Grupo Parlamentario Popular; Octavio Granado, Ignacio Díez y José Blanco, del Grupo Parlamentario Socialista.
Emite su informe de acuerdo con los textos presentados por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió el pasado día 14 de noviembre que, trasladado a la Comisión del día 22, incorpora numerosas enmiendas y es aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión, manteniendo votos particulares pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular.
Permítanme, señorías, que comience en este momento mi intervención agradeciendo la colaboración de todos los que han hecho posible este informe: altos cargos de la Administración del Estado, representantes de Comunidades Autónomas, de corporaciones locales, de organizaciones no gubernamentales, de investigadores, etcétera, muchos de los cuales nos acompañan en la tribuna en esta sesión parlamentaria, y que con sus aportaciones, con sus visiones diferentes, contribuyeron a la realización del diagnóstico de la juventud española hoy, para profundizar en el estudio acerca de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus inquietudes y, con ello, orientar las recomendaciones que hoy y ahora proponemos al conjunto de la Cámara.
Quisiera resaltar también, al mismo tiempo, el clima de cordialidad y de consenso, no muy frecuente en estos momentos de gran crispación política, que ha permitido y que ha presidido los trabajos de esta Comisión y cuyo resultado es que el conjunto de la Cámara coincide en el diagnóstico de los problemas de la juventud, en las propuestas y en las recomendaciones a los poderes públicos para que éstos den respuesta a las demandas y a los interrogantes que tiene planteados hoy la juventud española.
Es la primera vez --y quiero destacarlo-- que en el Parlamento se abre un foro de encuentro y de reflexión acerca de esta realidad heterogénea que constituye el mundo de las y los jóvenes. Se ha avanzado en el diagnóstico de su problemática, se ha prestado especial atención a los ámbitos educativos, laborales, asociativos, culturales, sanitarios y sociales, pero hemos prestado atención, especialmente, a los problemas de empleo, a los problemas de vivienda, a los problemas derivados del ocio y del tiempo libre y, también, a los problemas derivados del Servicio Militar y de la Prestación Social Sustitutoria u Objeción de Conciencia.
Tratamos, de esta forma, de dar respuesta a lo previsto en el artículo 48 de nuestra Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Señorías, la evolución de la juventud española en los últimos años refleja el cambio de las formas de vida y de la manera de entender la realidad. Esto hace que recetas válidas para un momento dejen de serlo rápidamente, evolución vinculada al escenario de transformaciones sociales, económicas y políticas que se han producido en este mismo período en España y en el mundo. De ahí que el

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análisis de la situación de la juventud, de sus necesidades, de sus problemas, intereses e ilusiones ofrezca, como mucho, una instantánea de la realidad en tránsito. Esto requiere, obviamente, el revisar constantemente las medidas que se emprenden para buscar la mejor respuesta en cada momento.
Así, frente a la generación de los años ochenta, más individualista, resignada y pasiva, está emergiendo una juventud más activa que, cada día, demanda más protagonismo en la sociedad con mayor deseo de participar e intervenir, aunque ese deseo lo quieren hacer de un modo distinto de como se venía entendiendo.
Los jóvenes españoles, que constituyen el 25 por ciento de la población española, sitúan a España en el primer país de Europa en porcentaje de población juvenil, con tendencia a equipararse en los próximos diez años como consecuencia del descenso de la natalidad.
Podemos asegurar, sin lugar a equivocarnos, que estamos ante una generación claramente europeísta, con un nivel de formación mucho más elevado en el que se han reducido las diferencias entre lo rural y lo urbano y donde la igualdad entre los hombres y las mujeres es bastante mayor. Es una generación más culta, más tolerante, sin duda, algo más secularizada, que demanda un papel protagonista frente a los procesos que se producen en la realidad actual y que quiere contribuir a generar una cultura de igualdad entre los sexos, de defensa de la paz, de desarrollo económico solidario acompañado de un equilibrio ecológico, de profundización en la democracia y de rechazo al racismo y a la xenofobia.
Los problemas más importantes que tienen actualmente los jóvenes son: el desempleo, sin lugar a dudas, la inadecuación de la formación al empleo, el difícil acceso a la vivienda para iniciar una vida independiente del hogar paterno, el racismo y la intolerancia ocasionados por el incremento de la población inmigrante, el abuso del alcohol y los accidentes de tráfico, que son la primera causa de mortalidad y morbilidad juvenil, el tabaquismo y el consumo de drogas, los embarazos no deseados de las adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, el deterioro del medio ambiente y las dificultades para que participen activamente en la sociedad.
Estos son, como decía, los principales problemas que afectan a los jóvenes. Sobre ellos hemos reflexionado y proponemos a las Administraciones públicas un conjunto de iniciativas tendentes a dar respuesta a los mismos, al mismo tiempo que anunciamos, señorías, que vamos a actuar desde esta Cámara vigilando que se cumplan los compromisos que hoy alcanzamos entre todas las fuerzas políticas y parlamentarias.
Es conveniente, señorías, que se apueste por políticas integrales de juventud, coordinadas en el conjunto de las Administraciones, pero respetando el ámbito competencial de cada una y contando, como no podía ser de otra forma, con la opinión de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones juveniles. Estas políticas integrales de juventud deben involucrar al conjunto de la sociedad y otorgar, como les decía, un papel protagonista a los jóvenes en cuanto a la construcción de nuevos horizontes de transformación y progreso para la sociedad en los próximos años, identificando los programas, garantizando su continuación y brindando los fondos necesarios para su cumplimiento.
No queremos que las políticas de juventud en momentos de crisis sean las políticas donde las Administraciones públicas hagan los recortes presupuestarios. Promover la participación pasa en estos momentos, señorías, por dotar de mayor contenido a los consejos de juventud --muchos de los representantes de los mismos están hoy entre nosotros--, facilitándose por parte de la Administración la gestión directa de programas y servicios que les son propios, motivar la afiliación a asociaciones o colectivos, declarando la utilidad pública de las asociaciones juveniles, y promoviendo una ley que las regule, que establezca un nuevo marco más abierto, más libre y más cooperador. En este mismo sentido se debe presentar una ley del voluntariado, que debe ser el cauce de participación de los jóvenes en actividades comunitarias, de protección del medio ambiente, de cooperación para el desarrollo, servicios sociales y de interés general, que conecte con los nuevos valores que se manifiestan, así como garantizar las medidas que hagan posible su implantación.
Puesto que el desempleo y el acceso a la vivienda son las primeras preocupaciones de los jóvenes, deben promoverse desde el conjunto de las Administraciones aquellas iniciativas tendentes a mitigar este fenómeno desde el plano formativo, adecuando más las enseñanzas al mercado de trabajo y fomentando una cultura que posibilite la asunción del riesgo empresarial por parte de los jóvenes, apoyando aquellas iniciativas viables, no solamente mediante subvenciones, sino también a través de la asistencia técnica, de avales y créditos con intereses reducidos, mejorando los estímulos para el acceso a la titularidad de jóvenes agricultores o pescadores y todas aquellas iniciativas tendentes a conseguir un puesto de trabajo razonablemente remunerado y estable.
El fomento del acceso a la vivienda, a través de la promoción propia y de incentivos fiscales a la construcción, así como la puesta en alquiler de viviendas desocupadas, es otro reto, señorías, que tenemos planteado.
Consideramos que es necesario seguir profundizando en la reforma de nuestra enseñanza a fin de incrementar su calidad, evitar el fracaso escolar y formar seres autónomos que tengan capacidad de adoptar las decisiones que afectan a su salud, a su bienestar, a su propia vida y que gocen de un sistema de valores basado en la solidaridad, en la tolerancia, en el respeto a los demás y en el respeto a sus derechos. La política de becas debe mejorarse, agilizar su pago e ir acomodando un sistema educativo en el que la masificación sea menor, incrementando el número de enseñanzas que haga que la selección sea innecesaria.
Señorías, otro de los objetivos lo constituye la búsqueda de alternativas a la utilización del ocio y del tiempo libre que evite el consumo de bebidas alcohólicas y otros hábitos tóxicos. Se debe garantizar el acceso de los jóvenes en condiciones no gravosas a las actividades culturales y deportivas; experimentar actuaciones, antes que poner en marcha medidas restrictivas, que les posibiliten tener espacios de privacidad propios, como, por ejemplo, la apertura

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de instalaciones deportivas, cines, bibliotecas con horario nocturno y la utilización de los centros deportivos y de enseñanza fuera del horario escolar.
Proponemos en nuestro informe elevar la edad penal a los 18 años para romper con el divorcio existente con la mayoría de edad y la adecuación de la legislación penal juvenil, en orden a prevenir la delincuencia y sus causas antes que a reprimir sus consecuencias.
Siendo los accidentes de tráfico la primera causa de mortalidad y morbilidad, no podría pasarlo por alto en mi reflexión. Para ello, es necesario garantizar una educación vial que sea un medio de prevención y seguir sensibilizando a los jóvenes sobre el peligro de conducción arriesgada o bajo los efectos del alcohol u otros hábitos tóxicos.
Por último, señorías, me referiré al Servicio Militar y a la Prestación Social Sustitutoria, manifestando la satisfacción que me produce y que produce al conjunto de los grupos de la Cámara el avance significativo que se ha conseguido en las propuestas que hoy presentamos. Mejorar las condiciones de vida de los soldados, que la prestación del mismo no suponga coste alguno para él o su familia, que se garanticen sus derechos personales y que se les dote de recursos necesarios para atender a sus gastos personales, gratificaciones e indemnizaciones. Asimismo, planteamos que se debe acelerar el proceso de profesionalización, de tal forma que gane en importancia el componente profesional de nuestras Fuerzas Armadas.
En lo relativo a la Prestación Social Sustitutoria, se debe agilizar el proceso de incorporación para evitar que la situación actual, en la que muchos jóvenes tienen que esperar dos o tres años para su incorporación, no se dé, prestándose en condiciones homologables a las del Servicio Militar y reduciéndose su duración cuando se realice en condiciones de especial peligrosidad o penosidad.
Finalmente, se establece que la negativa a la realización de la Prestación Social Sustitutoria en tiempos de paz no debe ser castigada con penas privativas de libertad, y creo que en este tema conectamos con un amplio sentimiento popular, por lo que instamos a que se tomen las medidas legislativas que anticipen una regulación de esta situación sin tener que esperar a la aprobación del nuevo Código Penal, en trámites ya en este momento en el Parlamento.
Señorías, el contenido del informe que hoy presentamos, el diagnóstico realizado y las recomendaciones propuestas son el máximo común denominador posible que generó el consenso de la Cámara y deben ser de utilidad al conjunto de la sociedad y a los poderes públicos para dar respuesta a los problemas que se describen. El grado de acuerdo alcanzado es la mejor garantía para su cumplimiento.
Señorías, una sociedad que da respuesta a los problemas que plantea su juventud está apostando por su futuro.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Blanco.
Abrimos turnos a favor y en contra, que irán seguidos del turno de portavoces. (Pausa.) Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
Nosotros hemos presentado enmiendas al informe.


El señor PRESIDENTE: Posteriormente abriremos el debate de las enmiendas.
Ahora nos situamos en un debate de totalidad. Si no hay intervenciones a favor o en contra, abrimos turno de portavoces sobre la totalidad del dictamen.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra su portavoz, el Senador Petrizan Iriarte.


El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto al Informe de Juventud, yo diría que lo que ha sucedido en la Cámara es que al menos se ha cumplido un primer objetivo, que no es otro que conseguir el alto grado de consenso que se ha obtenido en este Informe.
Yo creo que sería justo en este caso hablar tanto del Presidente de la Comisión como de los portavoces, destacando su labor en el sentido de lograr el consenso del que hablo. Por parte de todos los grupos sin excepción, insisto, ha existido una voluntad para redactar un Informe que se pueda presentar con un grado muy alto de consenso, salvo algunas enmiendas que yo diría que no empañan el consenso general.
También habría que destacar que para la elaboración de este Informe se ha contado con una base informativa amplia. Ha habido una información yo diría que en algunos casos exhaustiva, con decenas de comparecencias en la Comisión, y eso ha permitido que las conclusiones se hayan basado en esa información.
Quiero hacer también mención al carácter del texto, en el sentido de que es abierto y que intenta eliminar las cuestiones que lo cerraban. En mi caso, tendré que destacar dos cuestiones, una que afectaba al mercado laboral y otra a la objeción de conciencia y la insumisión.
En virtud de las enmiendas presentadas tanto en un caso como en otro, en lo que afecta al mercado laboral se eliminó la expresión de flexibilización y únicamente se menciona que se promocione el empleo juvenil, y cuando veamos las medidas de promoción discutiremos, y en lo que corresponde a la objeción de conciencia y a la insumisión, se ha eliminado una recomendación genérica que hablaba de penas de inhabilitación, se deja el texto abierto y simplemente se dice que no se deben aplicar penas privativas de libertad.
Insisto en esta segunda cuestión. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo --Eusko Alkartasuna en este caso lo ha hecho-- porque no se incluyera --yo creo que, en todo caso, de manera inexplicable o al menos inexplicada-- la palabra insumisión. Porque se habla de los objetores no prestacionistas, y los objetores no prestacionistas a nivel jurídico se llaman insumisos; por ese delito están condenados.
Espero que el esfuerzo que nosotros hemos realizado en torno a la objeción de conciencia y a la insumisión de alguna manera sea recompensado y no nos tengamos que autoacusar dentro de unos días de candidez política, que todo

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puede pasar. Porque --y viene un poquito de limón-- yo diría que las declaraciones del Portavoz Socialista, señor Granado, en la sesión de la Comisión donde precisamente se aceptaron las enmiendas a las que hacía referencia nos han intranquilizado. Y nos han intranquilizado porque el señor Granado habla de lo de siempre en la asociación de insumisos --o prefiere que hable de objetores no prestacionistas, que sería la terminología que está en el Informe-- y dice que están asociados con movimientos como Jarrai, KAS, HB, Violencia, etcétera. Yo le tengo que decir al señor Granado que no, que estoy en condiciones de garantizarle que los movimientos de asociaciones, con el movimiento de objeción de conciencia a la cabeza, no están en absoluto controlados por el mundo de HB. Aunque si ustedes siguen insistiendo y siguen por ese camino --tanto usted, señor Granado, como el propio Ministerio de Defensa, por ejemplo, con el señor Arévalo Secretario de Estado de Administración Militar a la cabeza-- a lo mejor lo consiguen, y acabe HB, Jarrai y todo ese mundo a la cabeza de lo que puede ser el movimiento de objeción de conciencia.
Yo le tengo que decir, señor Granado, que no alcanzo a comprender --porque esto es reiterado y no es la primera vez que ocurre, si bien yo entiendo que soy una persona limitada-- por qué están emperrados en hacerle a Jarrai y HB el inmenso favor propagandístico continuo que ustedes le están haciendo. Eso no lo puedo entender. Le adjudican cosas que no son suyas. Y, fíjese usted, cuando el señor Arévalo dijo en una Comisión que los insumisos eran gente de la Violencia, yo le dije en un receso después de la comisión: Va a salir con foto y todo en «Eguin» el próximo día, como ocurrió. Al día siguiente el señor Arévalo tenía cuatro columnas en «Eguin» diciendo lo que dijo.
Yo sé que esto les puede venir bien en alguna parte; desde luego, a la situación en general le viene muy mal.
Tras este pequeño desahogo --uno está harto de que le hagan la campaña a HB gratis; yo digo que la campaña se la hacen a HB para venderla en Murcia, lo que pasa es que allá se la hacen gratis-- mi felicitación a todos los Grupos por el alto grado de consenso alcanzado en este Informe de la Juventud, que, de cualquier modo, era el objetivo que teníamos que lograr.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Travieso.


El señor TRAVIESO DARIAS; Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es para todos nosotros un honor estar aquí, en la presentación de este informe sobre la juventud, en el que durante más de dos años y dos legislaturas ha venido trabajando una Comisión del Senado. Por eso, creo que es de bien nacidos ser agradecidos y recordar a los Senadores de la anterior Legislatura que no pudieron acabar el informe, y hacerlos, por supuesto, partícipes de este acto que estamos hoy celebrando.
Creo que el trabajo de la Comisión ha sido arduo e importante. Se ha trabajado con muchos informes, múltiples comparecencias y datos estadísticos, así como con la intervención de todos los sectores de la sociedad que estaban interesados en este tema, y deseamos hacer llegar nuestra felicitación a las personas que han colaborado en su elaboración.
En primer término, hay que dejar claro que a lo que se ha llegado en este informe no es a la renuncia de las ideas o los programas de cada partido político. Todos hemos hecho un gran esfuerzo en consensuar los temas, en ponernos de acuerdo en lo elemental, pero, en absoluto, renunciamos a las posturas particulares de cada grupo político en temas concretos. Por poner un ejemplo, nuestro Grupo Parlamentario no tiene la misma concepción del trabajo que tienen otros grupos parlamentarios de esta Cámara, y lo mismo sucede respecto de la prestación del servicio militar, o el tratamiento de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria, así como otros muchos temas. Pero creo que lo importante, y es por lo que hay que felicitarnos, es que todos hemos sido capaces de dejar a un lado esas diferencias y puntos concretos, ver todo lo que nos unía --o lo mínimo que nos unía-- y ponernos de acuerdo en el diagnóstico, en las conclusiones de este informe y en las recomendaciones que en él se hacen a los poderes públicos.
También hay que resaltar la importancia de este informe sobre la juventud que hace el Senado puesto que es la primera vez que las Cámaras tratan con un mínimo detenimiento esta cuestión, el problema de una etapa de la vida que en la actualidad implica el 25 por ciento de la población española, una etapa de la vida donde los países se juegan su futuro. Si esa juventud está preparada o tiene expectativas, el país saldrá adelante, el país tendrá futuro, y, si no, que Dios nos coja confesados.
Por tanto, creo que éste es un aspecto importante del informe.
A continuación, pasaré a analizar las conclusiones a las que hemos llegado. No voy a hacer un análisis exhaustivo, como el que hizo el Presidente de la Comisión, Senador Blanco, que asumo en todos sus términos y, por tanto, para no reiterarnos, no voy a entrar en el detalle. Lo único que me interesa resaltar es el punto de consenso al que llegamos todos los grupos políticos. Aunque probablemente los datos empleados no sean los más fiables, puesto que en buena medida son de hace dos años y probablemente vienen de algunos años atrás, creo que no desmerecen el examen fundamental de la situación de los jóvenes. Estoy seguro de que en lo fundamental no nos hemos equivocado y en ese sentido creo que el informe es un fiel reflejo de lo que pasa con los jóvenes de hoy día y los jóvenes de los próximos años.
Otro punto que me interesa resaltar es el aspecto tremendamente positivo que refleja el informe sobre la juventud española. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces las personas mayores hacen toda clase de acusaciones hacia los jóvenes: que no trabajan, que son gandules, que no tienen interés por trabajar o por salir de casa, o por otros temas importantes de la vida. Por el contrario, el informe ha venido a reflejar que eso no es exactamente

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así, y se ha podido comprobar que los jóvenes se sitúan frente a las crisis en posiciones de sereno realismo, actuando de la única forma que es posible actuar en el caso en que se encuentran. Los dos principales problemas que tienen los jóvenes, el primero, el desempleo y la inestabilidad laboral, y el segundo, la vivienda, marcan de tal manera a la juventud española que no le queda otro remedio que actuar como lo hacen, actuación no querida, sino a la que se ven forzados; además, en ningún caso es una actuación negativa. De estos grandes problemas se derivan una serie de problemas secundarios, pero no menos importantes, a los que el Senador Blanco hizo referencia y sobre los cuales no me voy a extender.
Por último, como referencia a las recomendaciones del Informe, creo que aunque no son ley, aunque no se puedan aplicar directamente para solucionar los problemas, también son bastante importantes, y además de lo expresado por el Senador Blanco respecto de que vamos a estar vigilantes para que se cumplan, es una obligación que tienen todos los partidos que han firmado este acuerdo o que han participado en su elaboración --y que lo van a votar hoy-- intentar que en todas las corporaciones, en todas las instituciones en las que gobiernen, se lleven a cabo dichas recomendaciones. También va a ser un arma importante en manos de los jóvenes, para que, cuando se enfrenten a las distintas Administraciones públicas, les puedan enseñar cuál es la recomendación del Senado o las recomendaciones que han formulado las Cortes Generales de España, para que tengan la obligación moral de cumplirlas.
Finalizo mi intervención felicitándonos de nuevo por este grado de consenso y esperando que este Informe ayude a la juventud española y la beneficie en todo lo posible, así como que seamos capaces de llevar a la práctica todo lo que en él se ve reflejado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, utilizo este turno de portavoces para manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, mi más sincera felicitación a este Informe relativo a la juventud. Y ello por varios motivos.
Primero, porque esta Cámara tuvo a bien apoyar una iniciativa que, sin duda, requiere de una atención especial hacia un colectivo que goza de un momento apasionante. La actual generación de jóvenes vive una época trascendental y esta Cámara de Senadores es consciente de ello. Segundo, por el clima de consenso que ha existido en todo momento entre las diversas formaciones políticas que hemos participado en la confección de este Informe, pues, a pesar de que hayan existido discrepancias, se han solventado de forma positiva, anteponiendo siempre la problemática juvenil a la particular privativa de cada partido, dejando de lado muchas veces los intereses indirectos que todo el mundo podía aprovechar.
Tercero. El enfoque del trabajo creemos que ha sido acertado, puesto que en primer lugar se confeccionó un índice orientativo. A continuación, escuchamos, preguntamos y debatimos con un elevado número de comparecientes, de los colectivos más diversos, relacionados con la juventud y conocedores de sus vivencias. Además, se han efectuado una serie de recomendaciones a los poderes públicos, y quizá sea ésta la aportación más propia que pueda ejercitar la Comisión Especial de la Junventud del Senado hacia la Cámara Alta para que, en su caso, tenga una continuidad y una eficacia en la resolución de los problemas básicos, instando a los diversos poderes a que tengan presente en sus decisiones ejecutivas la preocupación de este colectivo que, sin duda, será la sociedad influyente del mañana.
Cuarto. Por mi parte, también quisiera aprovechar la ocasión para manifestar públicamente el agradecimiento a todos los intervinientes en la larga confección del Informe, tanto a los expertos comparecientes como a los miembros de la Comisión, Letrado, administrativos y taquígrafas, que tan intensamente trabajaron y sin cuya aportación no se hubiera logrado un informe homogéneo de estas características debido a la lógica dispersión y a su contenido no habitual.
Como Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y de forma específica, debemos manifestar que hemos participado gustosos no solamente en las diversas intervenciones, sino invitando a comparecer a expertos próximos a nuestra influencia. De esta forma, comparecieron, por ejemplo, don Xabier Aiestarán, profesor de la Universidad del País Vasco, que ha dirigido un trabajo denominado «El proceso de socialización en los/las jóvenes de Euskadi. Jóvenes vascos, 1994», que acaba de publicarse por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, trabajo que nos parece sumamente interesante; por otro lado, también compareció nuestro representante de la juventud de Eusko Gaztedi del Partido Nacionalista Vasco, así como el Director de Juventud del Departamento de Cultura, un concejal del Ayuntamiento de Santurce, etcétera. En otras Comisiones han participado con temas como drogodependencias, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que también tienen relación con este informe.
En el fondo, opinamos que las preocupaciones, vivencias y opiniones, de la juventud son muy similares en el mundo europeo occidental, aunque quizá debamos reconocer que nuestro trabajo adolece de una comparación internacional. Sin embargo, señorías, sabemos decir que son muy similares, sobre todo en aquello que les preocupa de forma inmediata pero que es propio del paso de la adolescencia a la visión del adulto en la búsqueda de su propia personalidad. El joven se encuentra con las grandes dificultades de la vida real: la falta de empleo, vivienda, emancipación, necesidades impuestas por esta sociedad de consumo, y también por el servicio militar. No vamos a entrar en este momento en este tema, que hemos definido de forma particular, puesto que somos conscientes de la apertura que tiene este Informe, por lo que quizá será en otros

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foros en los que tengamos que debatirlo más intensamente. Es verdad que algunas cuestiones son imputables a la edad y otras a la sociedad, pero en el fondo y al final ambos, jóvenes y sociedad, tienen la misma problemática, y tanto las penas como las alegrías van conjuntamente, aunque hemos de reconocer que los jóvenes son los depositarios de la posteridad, y como tales se les debe considerar.
Si algo deberíamos criticar a este Informe es la prisa con la que hemos terminado al final --quizá sea el defecto de la perfección--, que se puede justificar con aquello de si lo bueno es breve, dos veces bueno. Es decir, entendemos que han quedado perfiladas en el contexto del Informe infinidad de recomendaciones que podrían ser asumidas por los poderes públicos; incluso diría más, también hubiéramos podido ofrecer recomendaciones a otras instituciones fundamentales, como la familia, la empresa, los sindicatos, la Iglesia u otras organizaciones no gubernamentales, que han quedado un tanto apartadas, en la medida en que pudiesen ser aprovechables. Sin embargo, creo que hemos apuntado las recomendaciones más importantes, las más comunes y a las que realmente esta Cámara puede dar una salida eficaz para la resolución de algunas de ellas. Nuestro Grupo quedaría satisfecho con que se llevara a cabo y hasta el final alguna de las recomendaciones, pues sería una labor terminada, al menos hasta el punto de lo posible. Otra cosa buena sería que la propia juventud lo admitiera y lo asimilara, puesto que también reconocemos que existen múltiples trabajos, textos, revistas, que tratan temas relativos a la juventud.
Se han intentado evitar las opiniones excesivamente teóricas, dando paso a lo más racional o general, haciendo, por nuestra parte, un esfuerzo personal, puesto que también nosotros, los Senadores, somos jóvenes, hemos sido jóvenes y/o tenemos hijos y amigos jóvenes, ya que también pesa la experiencia en este campo. Además, entiendo que disfrutamos de un estatus que la misma pertenencia a la Cámara Alta nos reconoce y que de alguna forma se nos ha indicado desde el pueblo en el sentido de tener una obligación de amplia cultura, sensatez y experiencia para mostrar nuestra propia opinión acerca de este colectivo, base del futuro, a fin de colaborar en la mejora de la felicidad actual y futura para nuestros y nuestras jóvenes.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Torrontegui.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, el trabajo realizado por la Comisión Especial de Juventud ha significado un reto atractivo, y a la vez esperanzado, en cuanto a conseguir el objetivo de llegar a unas conclusiones lo más cercanas posible a la realidad de este sector poblacional, la juventud, en el que coincide el presente y el futuro de nuestra civilización.
Convergència i Unió ha participado con mucho interés en los trabajos de la Comisión y valora muy positivamente el clima que ha imperado en todo momento durante el análisis de los problemas, los debates necesarios y el amplio consenso en las recomendaciones a los poderes públicos y a la sociedad civil. También queremos destacar como muy relevante el trabajo ímprobo realizado por el Letrado que ha asistido a esta Comisión.
Entre las numerosas comparecencias que cabe agradecer y destacar, quiero referirme a la del Secretari General de la Juventut de Catalunya, Josep Coll, quien aportó datos objetivos, y entiendo que soluciones pragmáticas, para solucionar los problemas que más preocupan a la juventud. No voy a entrar en todos los detalles de cada una de las recomendaciones finales --ya lo ha hecho el Senador Blanco, a quien también cabe felicitar por su destacada labor como Presidente de la Comisión--, pero Convergència i Unió quiere manifestar ante esta Cámara que las conclusiones de la Comisión recogen la mayoría de las propuestas que realizó nuestro Grupo Parlamentario.
Sin embargo, señorías, aunque es cierto que hubiéramos querido ir más allá en algunas cuestiones que consideramos importantes, como pueden ser el servicio militar o la objeción de conciencia, la lectura detenida del informe permite deducir que se ha abierto una brecha indiscutible en posturas que parecían inamovibles. También es cierto que no era ésta la cuestión más importante para nuestro Grupo. Para nosotros tienen una importancia destacable y relevante las dificultades de los jóvenes para encontrar puntos de referencia que orienten su vida, la formación de su personalidad y el reforzamiento de su propia identidad.
Señorías, entendemos que esta dificultad de los jóvenes no es su responsabilidad; creemos que la solución no consiste sólo en las recomendaciones a los poderes públicos, sino también en el reclamo de responsabilidad a la sociedad civil, porque es ésta precisamente la que tiene en sus manos muchas de las soluciones que necesitan en estos momentos todos los jóvenes.
Limitar a la promoción del deporte, a las actividades de ocio, a solucionar problemas puntuales, la solución de los problemas globales de la juventud nos parecería un error. Para nuestro Grupo el informe contiene cuestiones más importantes, como esta falta de modelos de referencia que permitan a los jóvenes asumir sus responsabilidades de futuro con unas garantías de eficacia para conseguir una cierta tranquilidad al otear su futuro.
Queremos y debemos insistir en la importancia del entorno familiar para el desarrollo psíquico del joven; entorno que supera la influencia de los comportamientos, incluso respecto del sistema educativo. Los jóvenes tienen derecho a una correcta formación e información. Formación, que debe ir más allá de los contenidos científico-técnicos para dar la relevancia merecida a los contenidos humanísticos, ideológicos y de urbanidad. Información, que debe orientar al joven para que pueda decidir con eficacia sobre su futuro, incentivando la competencia, porque sin ésta no hay trabajo, porque no hay competitividad.
A lo largo de los dos años de trabajo de la Comisión, ha sido posible constatar una sospecha: los jóvenes que han comparecido, las organizaciones no gubernamentales y el trabajo de campo que ha sido necesario para recabar opiniones,

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sitúa al sector juvenil bastante alejado de los criterios políticos apriorísticos en esta materia. Quizá por esto debe destacarse la importancia del trabajo realizado por esta Comisión, porque permite un acercamiento a una situación previa que yo constato y nuestro Grupo cree que era muy distante.
Señorías, es cierto que desde la llamada revolución cultural del 68, aquella famosa de «la imaginación al poder», se observa una tendencia al individualismo respecto al asociacionismo. Pero no es menos cierto que la opinión global sobre la juventud no se corresponde con unos criterios de irresponsabilidad o del placer como único objetivo; esto no es cierto, muy al contrario, la generación actual de jóvenes, con las excepciones que deben atenderse específicamente, supera en conocimientos la generación precedente, lo cual, atendiendo a algunos acontecimientos recientes, no es una circunstancia sorprendente. En consecuencia, los jóvenes tienen un potencial de estilo de vida que, sin duda alguna, constituye un avance social importante, que no debe ser entorpecido por iluminados mesiánicos convencidos de ser los salvadores de los demás.
Y ¿cuál es, según nuestro criterio, la mayor responsabilidad de los poderes públicos y de las Administraciones? ¿Es acaso la intervención dirigista o autoritaria? Entendemos que no, creemos que la mayor responsabilidad es legislar para no entorpecer el desarrollo de los potenciales de la juventud, actuar como modelos de referencia en los que los jóvenes puedan confiar e instar a la sociedad civil como corresponsable de la situación en la que se encuentra la juventud y como corresponsable en el encuentro de las soluciones precisas.
Para terminar, señorías, señor Presidente, atendiendo la recomendación primera del informe, Convergència i Unió entiende que es conveniente la colaboración de las Administraciones Públicas en esta materia de juventud, por tanto, considera que debería analizarse que un seguimiento desde una comisión análoga u otra comisión en materia de juventud pudiera hacer una vigilancia del cumplimiento de todas las recomendaciones a las que ha instado esta Comisión Especial. Por supuesto, como dice esta recomendación primera, respetando las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bertrán.
El Senador Colsa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor COLSA BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el informe que hoy se presenta ante esta Cámara reúne, en opinión de nuestro Grupo, y por lo que se está viendo a lo largo del desarrollo de las exposiciones también de los demás Grupos, una serie de características que le confieren una importancia singular frente a otros informes que se hayan podido desarrollar en el pasado en otros foros de debate o en otras instituciones.
Esta singularidad y originalidad le viene dada, fundamentalmente, por el lugar de origen de dicho informe. Señorías, ese lugar de origen es por primera vez --se ha dicho también anteriormente-- la Cámara Alta, el Senado. Este hecho es el que refuerza, fundamentalmente, el valor formal de este informe; el valor formal de este informe frente al valor material, que quizá puede ser un valor más anecdótico, radica en que es la primera vez que se plantea abiertamente una reflexión sobre la situación de la juventud española, una reflexión en la que han participado todas las personas y colectivos que tenían algo que decir al respecto. Y lo han dicho en este foro que por primera vez se ha abierto a todos ellos, manifestando así la preocupación e interés que provocaba y que provoca la situación de la juventud española a esta Cámara y en estos momentos.
La generación actual de jóvenes españoles posiblemente sea la mejor informada, la mejor preparada de la historia de España, pero también es, al mismo tiempo, dada la actual realidad económica y social, una de las generaciones que tiene un futuro más incierto.
En este informe nadie debe buscar soluciones mágicas, ya que no se pretendía eso. Este informe lo que pretendía, en nuestra opinión, era que las recomendaciones que al final del mismo se recogen establecieran, como así lo hace, un marco amplio para encarar ese futuro al que nos estamos refiriendo; lo establece porque abarca casi toda la problemática y casi todas las cuestiones que preocupan fundamentalmente a los jóvenes de hoy.
Por eso, se ha intentado buscar un consenso importante entre todos los Grupos políticos que han formado parte de la ponencia que ha desarrollado dicho informe. Cierto es que ese consenso que se podría haber adoptado en la totalidad del informe, al final parece que no ha podido conseguirse.
Es obvio que ha habido algunas cuestiones, quizá las menos, porque al final ha habido un acercamiento importante entre todos los Grupos, que han tenido que venir a esta Cámara y que después, vía enmienda, se van a conocer. Cierto es también que estas posiciones que no han podido ser consensuadas en modo alguno van a debilitar y van a restar credibilidad a este informe. El Grupo Popular en este tema en concreto, a través de algunas enmiendas, algunas de las cuales como he dicho anteriormente no han sido aceptadas, proponía cuestiones referentes fundamentalmente al modelo de acceso a la Universidad, cuestión que parece ser que ha sido consensuada, lo cual nos agrada enormemente, y cuestiones referentes al servicio militar y a la objeción de conciencia; cuestiones que fundamentalmente, y salvo la de objeción de conciencia, también han sido consensuadas, como todos los Grupos saben.
No hemos podido llegar a un consenso con los Grupos para acudir aquí con un informe completamente homogéneo porque la cuestión de la objeción de conciencia, o mejor dicho la cuestión de la duración de la prestación social sustitutoria a nuestro Grupo le parecía que debería equipararse de una vez por todas a la duración del servicio militar. Nuestro Grupo opinaba en esta cuestión concreta que no deberían lesionarse por más tiempo los derechos de las personas que intentan ejercer un derecho reconocido en la Constitución española. En los demás puntos que contemplaba este informe todos los Grupos hemos estado de acuerdo.


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Lo más importante de este informe es que se ha hablado por primera vez en una Comisión Especial de Juventud, sin vendas en los ojos, sobre los temas cruciales que aquejan a los jóvenes españoles. Esto es bueno que se produzca en este país, porque generalmente estamos acostumbrados a no escucharnos los unos a los otros, a hablar de nuestras cuestiones, a no dialogar, y creo que es importante cambiar esa imagen, cambiar esa actitud, que la opinión pública y, sobre todo, los jóvenes españoles puedan contemplar y puedan entender que los políticos, que los partidos políticos y que los ciudadanos que se sientan en esta Cámara son capaces de dialogar y de discutir abiertamente sobre todo tipo de cuestiones que en estos momentos nos están afectando.
En definitiva, para finalizar, señorías, hay un hecho constatable en nuestra opinión, y es que era necesario que se produjera esta amplia reflexión que se recoge en las recomendaciones de este informe, pero que, evidentemente, dada la realidad cambiante de la problemática juvenil, no se agota con este informe. Por eso nuestro Grupo sería partidario de dar a esta Comisión en un futuro un carácter permanente que permita mantener abierto un foro parlamentario de encuentro y discusión para todos los problemas y para todas las cuestiones que quieran plantearse o debatirse.
Después de este informe, señorías, la equis, con la que equivocadamente se ha querido caracterizar a nuestra generación, es para los Poderes Públicos españoles un poco menos la equis de la incógnita.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Colsa Bueno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Granado Martínez.


El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, amables invitados que nos acompañan hoy en el Pleno de la Cámara como antes nos acompañaron en los trabajos de la Comisión Especial de Juventud del Senado no es casualidad el que, por primera vez desde la aprobación de la Constitución, una Cámara como la nuestra, que etimológicamente significa asamblea de los mayores, sea la que protagonice este debate sobre la situación de la juventud española. Una juventud que ha cambiado mucho, que ha cambiado con España, que ha cambiado con el mundo, que ha cambiado con los mismos problemas y las mismas realidades con los que va ganando también en años nuestra democracia.
Es importante que esta Cámara, que es una Cámara a la que la Constitución otorgaba la función de segunda lectura, haga, después de dieciséis años de aprobada la Ley Fundamental, la segunda lectura de cuál es la situación de la juventud española, y que lo haga en función de tres grandes bloques de aportaciones que, por primera vez, se ponen en común en un trabajo parlamentario o en un trabajo sobre la situación de la juventud española.
Porque, en primer lugar, éste es un informe que ha sido posible gracias a la colaboración de las diferentes administraciones públicas, de las Comunidades Autónomas, de los ayuntamientos y de los diferentes departamentos de la Administración del Estado que han estado colaborando con nosotros. Pero también es un informe de las asociaciones juveniles, de las asociaciones sindicales, de las asociaciones de agricultores, de estudiantes, de las asociaciones recreativas que nos han ayudado, que han compartido con nosotros algunas horas de trabajo y que, al final, con sus aportaciones escritas u orales, han iluminado el camino de nuestras recomendaciones a los poderes públicos.
También es el informe de un grupo de expertos a los que, igualmente, tenemos que manifestar un especial agradecimiento, porque sus colaboraciones han sido sin duda las más precisas, las más amplias, las más enriquecedoras para el trabajo de la Comisión.
Hasta tal punto nuestro Grupo entiende que éste es el informe tanto de ellos como de los grupos parlamentarios, que va a pedir al Presidente de la Cámara que se haga una edición de todo este trabajo para permitir a los lectores de esta edición compaginar los que son las recomendaciones de la Comisión con las aportaciones hechas en las diferentes comparecencias por todos los representantes de estos colectivos.
En segundo lugar, este informe de la Comisión Especial de Juventud del Senado es importante porque ha conseguido superar el pesimismo. En la profesión de la que yo vengo --la de los profesores-- es frecuente que, conforme van pasando los años, nosotros tengamos cierta tendencia a pensar que los alumnos son peores. Esta es una tendencia normal porque, en realidad, lo que son es cada vez más distintos de nosotros. Por nosotros pasa el tiempo, nos vamos haciendo mayores, y los alumnos, con diferentes caras, siguen estando ahí y siguen teniendo la misma edad.
Este no es el problema de la democracia española ni del Congreso de los Diputados ni del Senado. Conforme pasa el tiempo, hemos conseguido, de alguna manera, enfocar mejor los problemas de la juventud española, y de lo que podía haber sido un informe muy desesperanzador, un informe que hubiera hecho hincapié en el hecho de tener una juventud probablemente menos ilusionada por la política que hace dieciséis años, probablemente más desapegada de la política que hace dieciséis años, hemos podido reconocer a una juventud española que tiene una serie de valores que, desde luego, son crecientes en calidad y crecientes con el tiempo. El aprecio al amor, a la amistad, la valoración de la salud, el respeto al medio ambiente, la tolerancia, son valores importantes de los nuevos jóvenes españoles, que tenemos que reconocer como propios.
En tercer lugar, este informe es importante porque --y lo han dicho aquí todos los portavoces de los grupos parlamentarios-- se ha realizado en un tono de general consenso y gracias a cesiones, y desde el Grupo Socialista queremos agradecer las participaciones y las cesiones que han hecho el resto de los grupos para conseguir que hoy tengamos aquí un informe que cuenta aproximadamente con diez mil líneas, en las cuales las discrepancias se concentran escasamente en una docena de ellas, porque, en el resto, las valoraciones son comunes.


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Lo hacemos, además, en un momento en el que el consenso político no es un valor en alza, en el que incluso a veces se entiende como mérito el no coincidir en las reuniones o el no usar el mismo transporte público. Y lo hacemos además en un momento en el que las discrepancias que afloran no desmerecen el valor del consenso, sino que, en todo caso, lo ponen más de manifiesto y ponen más en valor, porque indican claramente de qué puntos de vista tan distintos partíamos al comienzo de los trabajos de la Comisión Especial de Juventud y cómo hemos podido reandar, andar todos juntos un buen trecho de camino para lograr ponernos de acuerdo, encontrarnos en ese punto común que es el informe de la Comisión Especial de Juventud.
Permítaseme hacer una referencia personal --la única que voy a hacer en esta intervención-- al Senador Petrizán, que también ha tenido la amabilidad de mencionarme por mi nombre en la suya. Senador Petrizán, el mismo día que aprobamos el informe de la Comisión de Juventud yo hice unas mismas declaraciones a los medios de comunicación. El diario «ACB» las titulaba diciendo que la Comisión de Juventud del Senado discriminaba a los soldados frente a los objetores de conciencia y el diario «El Mundo» titulaba las mismas declaraciones diciendo que yo había ofendido a los insumisos. Después de haber visto estos dos titulares a las mismas declaraciones, uno empieza a entender ya ese concepto que antes sólo veía en los textos sagrados del don de la ubicuidad. Al parecer yo no he conseguido estar en dos sitios a la vez, pero sí decir cosas contradictorias hablando un mismo lenguaje.
No es cierto, Senador Petrizán, que yo haya hecho esas declaraciones.
Esta es la tercera vez que intento, infructuosamente, explicarle que yo creo que son cosas muy distintas los objetores de conciencia, insumisos a la prestación social sustitutoria, a los que yo respeto profundamente como pacifistas, y aquellos que, por utilizar su mismo lenguaje propagandístico, piensan que hay que hacer el Servicio Militar en ETA-militar. Yo creo que eso no tiene nada que ver ni con el movimiento pacifista ni con los objetores de conciencia, y es lo que, reiteradamente, he intentado transmitir a esta tribuna. Pero qué le vamos a hacer; doy por perdida la batalla --en términos también militares-- y ya no voy a hacer otra alusión a este problema.
En cuarto lugar, es importante que los trabajos de esta Comisión se hayan dirigido no solamente a las Administraciones públicas, no solamente a las propias Cámaras Legislativas --al propio Congreso de los Diputados y al propio Senado--, sino que, como bien decían los Senadores Bertrán y Torrontegui, también se han dirigido a la sociedad civil, y que lo hayamos hecho sin complacencia, es decir, no limitándonos a elaborar una mera carta reivindicativa de peticiones a las Administraciones, pensando que todo lo malo tiene que venir de éstas o de los gobiernos y todo lo bueno de la sociedad civil, sino que también hayamos tenido una cierta valentía a la hora de pedir a la sociedad civil que afrontara los problemas y que se responsabilizara de los mismos.
Estos mensajes son importantes. Y a mí me gustaría terminar con un mensaje dirigido a los jóvenes españoles. El Senador Bertrán ha hecho una referencia --que a mí me parece útil, por lo menos desde el punto de vista generacional-- a mayo del 68, que es un hito en la política juvenil y, en general, en nuestra generación, aunque el Senador Bertrán tenga algunos años más que yo. En mayo del 68 un líder de uno de los grupos intelectuales que protagonizaron el movimiento --un grupo de pensadores muy brillantes y utópicos, que se llamaba La Internacional Socialista-- definía a la sociedad de entonces --creo que es una definición que puede utilizarse todavía con más precisión hoy en día-- como la sociedad del espectáculo, en el sentido de que cada vez parece que iba perdiendo más peso el ser de las cosas y ganándolo el parecer de las cosas. No eran tan importantes las convicciones, la propia manera de pensar o de comportarse, sino la apariencia que uno era capaz de dar ante el propio grupo de tus iguales. Yo creo que, en cierta medida, esta sociedad del espectáculo está en el origen de ese desapego de los jóvenes por la política, de esa cierta falta de ilusión que manifiestan por los proyectos colectivos, de esa mayor ilusión por los proyectos personales que, a lo mejor, también tiene de bueno el hecho de prescindir de pasadas certidumbres, de pasados momentos en donde la utopía política realmente sustituía a la libre determinación de las personas y en donde se tenían como ciertas cosas que luego se ha demostrado, en gran medida, que no lo son.
Pero creo que aquí también deberíamos utilizar este turno, esta aprobación del informe de la Comisión de Juventud del Senado, para lanzar un mensaje ilusionante sobre la política para los jóvenes españoles. El que una Cámara, que se define etimológicamente como la Asamblea de los mayores, haya sido capaz durante tres años, con el concurso de las organizaciones juveniles, de los expertos, de los consejos de la juventud, de las diferentes Administraciones públicas, de poner de acuerdo a la práctica totalidad de la Cámara en la práctica totalidad de un informe común sobre la situación de la juventud en España, nos demuestra que la política sí es útil, que sirve, que cambiar la realidad es posible y que, realmente, entre todos podemos conseguirlo.
A mí me gustaría terminar este turno de intervención felicitándome por el acuerdo entre todos los grupos políticos con las palabras que el poeta español Antonio Machado dirigía a los jóvenes españoles hace más de 60 años, cuando les decía: Debéis hacer la política, porque si no la harán en contra vuestra. Yo creo que éste también es un mensaje que hoy el Senado de España dirige a la juventud española.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Granado.
Vamos a iniciar el debate de los votos particulares que se han sostenido al dictamen, que son dos, ambos mantenidos por los Senadores Colsa y Prada.
El voto particular número 1 se corresponde con las enmiendas números 12 (al número 15, ahora 17, de las recomendaciones a los poderes públicos), y las números 14, 15 y 16 al listado de recomendaciones a los poderes públicos.


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Daré la palabra a cualquiera de los dos titulares del voto particular para la defensa de la supresión de la enmienda de adición presentada por distintos grupos parlamentarios.
Me comunica el señor Prada que van a hacer la defensa conjunta de todos sus votos particulares, para lo que tiene la palabra.


El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar y previamente, en nombre propio como ponente de esta ley y en el de mi Grupo Parlamentario, no quiero dejar pasar esta oportunidad para sumarme a las felicitaciones que en esta tribuna ya se han hecho; felicitaciones a los ponentes que han elaborado este informe; felicitaciones a los comparecientes, algunos de los cuales nos acompañan esta tarde; felicitación expresa y cordial al Letrado de la Comisión por el trabajo desarrollado a lo largo de la misma. Y también quiero hacer extensiva esta felicitación a todos aquellos Senadores que participaron en la anterior Legislatura, la IV en la elaboración y en los inicios de los trabajos que han dado lugar y origen a este informe de la Comisión Especial de la Juventud que hoy debatimos en esta Cámara y felicitación también en cuanto al consenso y colaboración que todos los grupos hemos logrado para el desarrollo de este informe.
En esa línea, quiero anunciar a la Presidencia la retirada de la enmienda número 14, por entender que en la misma el Grupo Parlamentario Popular establecía y fijaba a modo de introducción que el sistema del Servicio Militar actual estaba en crisis, que como consecuencia de esa crisis había un incremento espectacular de la objeción de conciencia y que debíamos tender a una progresiva profesionalización del Servicio Militar, a un Servicio Militar voluntario y profesional.
Como, a nuestro juicio, esta enmienda sería una exposición programática del programa del Grupo Parlamentario Popular, anuncio en este acto la retirada de la enmienda, para que los grupos no se pronuncien en lo relativo a la misma, ya que, como se ha dicho en esta tribuna, este informe y las recomendaciones que al final del mismo se recogen se refieren a cuestiones, primero de exposición y, luego de intentar que los poderes públicos asuman esas soluciones que el Senado propone para la sociedad, como se ha dicho.
También retiramos la enmienda número 16, porque la misma queda subsumida en la enmienda número 15, a nuestro juicio, así como la enmienda número 12, que da soporte a una enmienda transaccional que se presentará a la Presidencia, se refiere a materia de universidades y el Senador Colsa ha expuesto cuál era nuestro punto programático en este sentido.
Por el contrario, no nos queda más remedio que mantener la enmienda número 15, correspondiente al voto particular número 1, y el voto particular número 2.
Como se ha informado a la Presidencia, estas dos enmiendas están conexionadas entre sí, y empezando por el final, en el voto particular número 2 nosotros solicitamos la supresión de una enmienda transaccional que fue suscrita por todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, al segundo párrafo de la resolución número 26, en el que se señala que la prestación social sustitutoria ha de prestarse en condiciones homologables a las del Servicio Militar.
Señorías, hasta este punto el Grupo Parlamentario Popular estaba plenamente de acuerdo, y así se había manifestado en los trabajos que la Ponencia había desarrollado. La enmienda a la que me he referido ha añadido, después de un punto y seguido, que en este sentido --y se refiere a la prestación social sustitutoria-- su tiempo de duración debe acortarse cuando se realiza en circunstancias de especial peligrosidad o penosidad.
Mi grupo suscribe íntegramente este texto, pero a pesar de que estamos plenamente conformes con el mismo, solicitamos su supresión por las siguientes razones. En primer lugar, debemos dejar claro --y dejar constancia en el «Diario de Sesiones»-- el reconocimiento expreso al derecho constitucional de la objeción de conciencia y que el segmento de la población juvenil que se acoge a este derecho realice la prestación social sustitutoria como un deber constitucional derivado precisamente del referido derecho. Además, es evidente que debe reducirse el plazo de la prestación social sustitutoria cuando ésta se realiza en circunstancias de especial peligrosidad o penosidad, como por ejemplo los objetores que han prestado sus servicios en la guerra de Bosnia o los que atienden a enfermos infecciosos, con alto riesgo de contagio, así como, seguramente, en otros supuestos.
Pero, señorías, ¿qué ocurre con aquellos jóvenes que realizan el Servicio Militar obligatorio en circunstancias de alto riesgo, en circunstancias de especial peligrosidad o penosidad? Con esta recomendación, señorías, se discrimina al soldado frente al objetor. Pregunto a sus señorías qué razones impiden --y me refiero a razones objetivas-- que esta reducción en tiempo afecte igualmente a los soldados que prestan el Servicio Militar obligatorio.
Por ello, y en relación con la supresión solicitada a través de este voto particular, hemos presentado y mantenemos la enmienda número 15, por la que pretendemos que se añada al texto que en este sentido --y nos estamos refiriendo al Servicio Militar obligatorio y a la prestación social sustitutoria-- parece necesario dotar de un nuevo marco legal a la objeción de conciencia y a la prestación social sustitutoria que dé una seguridad jurídica a los jóvenes, estableciendo plazos temporales a los períodos de disponibilidad, actividad y reserva, y que trate de equiparar de manera afectiva las condiciones de prestación del Servicio Militar y de la prestación social sustitutoria, igualando la duración del período de la situación de actividad en la prestación social sustitutoria a la del Servicio Militar.
Fíjense sus señorías que lo que mi Grupo solicita es una equiparación en tiempos tanto de la prestación social sustitutoria como del Servicio Militar, y que éstos deben tener el mismo plazo de duración tanto si ambos servicios se realizan en condiciones de normalidad como si se realizan en situaciones o circunstancias de especial peligrosidad o penosidad. Para evitar esta marginación, anunciamos que si nuestra enmienda no prospera, mi Grupo se abstendrá en este punto.


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Señorías, lamento que al final este informe no alcance el consenso deseado por todos, pero mi Grupo, que se ha mostrado flexible, dialogante y abierto en todo este proceso de elaboración del informe, debe ser, y es, inflexible a que se consume la discriminación que ahora se pretende.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el mismo procedimiento de turno integrado a la defensa de los votos particulares, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Con suma brevedad quiero señalar que yo no creo que exista responsabilidad en ningún grupo parlamentario de la situación que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular. Y le voy a decir con toda franqueza, Senador Prada, yo creo que ustedes tenían que traer alguna enmienda a este Pleno porque, de no traer alguna enmienda a este Pleno, el informe se hubiera aprobado por práctica unanimidad en todos sus puntos y, entonces, a lo mejor --y permítame un juicio de valor o un juicio de intención si usted lo quiere-- las aportaciones que habían realizado otros grupos parlamentarios en temas como el que nos ocupa se pondrían más de manifiesto que sus aportaciones. Y, en este sentido, ustedes perderían un cierto protagonismo político, que no se resignan a perder.
En este aspecto tengo que señalarle que yo creo que las partes de su programa electoral o programa político --que ustedes, lógicamente, pueden defender siguiendo cualesquiera instrumentos parlamentarios en esta Cámara-- no tenían que llevarles a la obcecación de --digámoslo de alguna manera-- empequeñecer un consenso sobre un texto tan amplio por una cuestión tan de matiz. Porque, al final, uno aprecia cierta falta de generosidad por su parte.
Mire usted, Senador Prada, nosotros teníamos propuestas de recomendación --y digo el Grupo Socialista, que es el mayoritario en esta Cámara-- que afectaban a temas como el aborto, en el que, evidentemente, nosotros sabíamos que era muy difícil llegar a consensos con ustedes. Y lo que hemos hecho, en aras al acuerdo entre los grupos, ha sido retirar estas propuestas. Y en otras propuestas en las cuales nuestras posiciones de partida --y bien lo saben otros grupos parlamentarios-- eran diferentes, hemos hecho un esfuerzo sincero de acercamiento a las posiciones de otros grupos parlamentarios.
¿Por una cuestión de matiz --que, de alguna manera, lo que indica es que en este tema, como es lógico y evidente, también sigue habiendo diferencias entre los grupos políticos-- tiene sentido que disminuyamos el consenso en los trabajos de la Comisión? A nuestro juicio no es demasiado razonable. Porque, además, ustedes mistifican las cosas y las confunden. En el Servicio Militar, Senador Prada, cuando se realiza en condiciones de especial peligrosidad, tienen lugar permisos extraordinarios que, de hecho, disminuye la duración del Servicio Militar para los jóvenes en filas. Y nosotros lo que hemos hecho con nuestra recomendación en materia de objeción de conciencia es equiparar a los objetores a algo que ya existe en el Servicio Militar. No hay discriminación; todo lo contrario. Lo que hacemos es solucionar una discriminación. Pero es evidente que la duración del Servicio Militar, o mejor dicho, las condiciones de prestación del Servicio Militar, se realizan en condiciones de mayor peligrosidad que las de la prestación social sustitutoria. Y por eso no podemos aceptar su enmienda. La verdad es que nosotros pensamos, sinceramente, que a ustedes les ha molestado el acuerdo al que hemos llegado el resto de los grupos parlamentarios en este tema, y como les ha molestado, y han perdido ustedes un cierto protagonismo, y se han encontrado en una situación en la que no esperaban encontrarse, sino en la que esperaban que se encontrara el Grupo Socialista, al final nos vienen aquí con una iniciativa pidiendo algo más, porque, evidentemente, tienen ustedes que significarse pidiendo algo más. Lo que sucede es que su exceso de celo a veces es poco correspondido con la realidad. Y le voy a poner un ejemplo. Senador Prada, ustedes retiran aquí la enmienda número 14 porque el mejor turno en contra de esta enmienda lo hizo su Presidente nacional de Partido ayer mismo en televisión. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Porque ustedes presentan hoy una enmienda pidiendo el Servicio Militar voluntario y el Ejército profesional cuando ayer su Presidente nacional de Partido dijo exactamente lo contrario en televisión. (Algunos señores Senadores: No, no.) Entonces ustedes no pueden mantener esta posición. En cualquier caso, yo les animo a que convenzan ustedes de sus posiciones al Presidente nacional de su Partido y después intenten convencernos al resto de los Grupos Parlamentarios.
Pero como yo tampoco quiero hacer de esto el tema central del punto del orden del día que hoy nos ocupa, una vez más quiero señalarle, Senador Prada, que hubiéramos intentado ponernos de acuerdo también en este punto. Lo hemos conseguido de cara a la selectividad, lo hemos conseguido de cara a temas como la patria potestad, en la que nosotros éramos partidarios de que se sustituyera el concepto de patria potestad por el de función parental, y como ustedes no estaban de acuerdo lo hemos retirado de las recomendaciones para que ese punto pueda ser votado por unanimidad. Hubiéramos hecho el esfuerzo de acercamiento necesario pero, sinceramente, hemos llegado a una situación en la que tendríamos que votar en contra de lo que nosotros pensamos para poder llegar al acuerdo que ustedes desean. Yo creo que eso es lo que ustedes pretendían; ustedes tenían que significarse de alguna manera votando en contra del Grupo Parlamentario Socialista en el informe de la Comisión de Juventud.
Lamento que no haya sido posible este acuerdo. Este pequeño desacuerdo no desmerece para nada el trabajo realizado en el ámbito de la Comisión, tenemos mucho tiempo para seguir intentando llegar a un acuerdo sobre este tema, y esperemos que sea posible. Creo que ustedes también han hecho un esfuerzo en la valoración de las circunstancias del Servicio Militar y de la prestación social sustitutoria, como nos consta que han hecho otros grupos de la Cámara, si bien una vez más lamentamos el que el acuerdo no haya sido posible también

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en este punto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Petrizan.


El señor PETRIZAN IRIARTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quería mostrar mi conformidad con la enmienda número 15, si bien tengo que decir que se me queda corta y que la hubiera hecho algo más larga, aunque creo que mantenerla tampoco significa una ruptura de consenso.
Lo que ha pasado esta semana para mí ha sido lo suficientemente significativo como para que preste mi apoyo a esta enmienda. Y me explico. Si bien se puede argumentar que se contaba con un consenso amplio, y parece que mantener esta enmienda es una cuestión de la que se dice que no tiene excesiva relevancia, hay algo que me ha hecho variar de opinión, y es lo siguiente. En esta semana se ha dictado en Pamplona una sentencia --ya saben ustedes que estamos en el número uno en el «ranking» en cuanto a objetores no prestacionistas, etcétera-- que señala que los objetores tienen un plazo máximo para incorporarse al destino posible de quince meses y que transcurrido ese tiempo ya no tendrían la obligación de la prestación; de alguna manera, por decirlo así, prescribe la prestación.
Esta enmienda se refiere precisamente a eso, a equiparar las condiciones, así como a los períodos de disponibilidad, etcétera. Y como de alguna manera quiero mostrar mi apoyo a esa sentencia y creo que es difícilmente justificable tener a los objetores como ahora se les tiene, por término medio, dos o tres años sin adjudicarles un destino, por eso, repito, quiero anunciar mi apoyo a esta enmienda.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso.


El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo respecto a estas enmiendas del Grupo Popular, anunciando que vamos a votar en contra de las mismas. Y se lo voy a explicar.
La enmienda número 15 me gusta más que el texto, pero si se me queda corto uno también se me queda corta la otra. Respecto a esta recomendación, nosotros podríamos llegar a mucho más, como también en cuanto a otras. Sin embargo, cuando en la Comisión, nos planteamos la alternativa de hacer «casus belli» en este tema, al que podríamos sacar bastante rentabilidad, como en otros más, o, por el contrario, lograr una actitud de consenso y poco a poco lograr todo lo que fuera posible, el ambiente, en general, fue bastante receptivo y nosotros adoptamos la postura de que todo lo que no esté por un consenso amplio no lo íbamos a aceptar, aunque nos convenciera más. Ya le digo que nos convence más su enmienda que el texto del informe, pero si nosotros presentásemos una propia tampoco les iba a convencer a ustedes, porque la nuestra tampoco sería ésta. Nosotros iríamos a mucho más todavía.
Desde este punto de vista --quiero explicarlo con detenimiento--, nos oponemos a las enmiendas números 14 y 15, así como al voto particular número dos, con evidencia, ya que hemos firmado la enmienda transaccional. Y, como decía el portavoz del Grupo Socialista, creo que es una pena que se hayan planteado este tipo de enmiendas. Si todos queremos, estamos en desacuerdo en todas las recomendaciones. Lo importante de este informe es que hemos logrado ponernos de acuerdo en algo en lo que las diferentes posturas son bien distintas. ¿A mí me gustan todas las recomendaciones? Me gustan lo mínimo. Algunas me gustarían mucho más si tuvieran mi color político o fueran según mi forma de entenderlas. Pero el conjunto es bastante aceptable, motivo por el cual no vamos a aceptar ninguna enmienda particular que no esté ampliamente consensuada en la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con mucha brevedad para decir que a nuestro Grupo Parlamentario, debido a los últimos acontecimientos de este debate, le sabe mal que para un observador que no haya seguido todo el proceso del mismo pudiera parecer que lo más importante del trabajo de la Comisión durante estos dos años ha sido esta diferencia que se está debatiendo ahora, porque entendemos que no es así. No es así; se trata de una mínima diferencia en la cual nuestro Grupo Parlamentario podría estar de acuerdo, señorías, pero no lo está, habiendo aceptado un compromiso en Comisión precisamente para llegar al máximo de acuerdos posibles.
Y, señor Presidente, lo que yo no le admito al Senador Prada es que diga que si queda el texto así, será una discriminación. Nuestro Grupo no se quiere corresponsabilizar con que nos tachen de ser discriminatorios, porque acaso alguna vez, respecto de quien ha hablado, nos hemos sentido discriminados.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bertrán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, agradezco el apoyo que muestra el Senador Petrizan a nuestra enmienda.


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Lamento la postura del Senador Travieso, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, en cuanto a que si está de acuerdo parlamentariamente, la forma de mostrar ese acuerdo es votar a favor de la enmienda, y no entendemos por qué al final dice que no manifiesta ese apoyo aunque esté más conforme con ella que con el texto.
En cuanto a las palabras del Senador Bertrán, no las entiendo. Yo, personalmente, no creo que haya discriminado nunca a su Grupo en ningún momento, ni en la tribuna ni fuera de ella. En cualquier caso, que se les acuse, o que la sociedad les tache de discriminatorios o de marginatorios, es su responsabilidad y no la mía. Ustedes tienen la oportunidad de apoyar nuestra enmienda y, de esa manera, se evitaría esa discriminación.
Pasando ya a contestar las palabras del Senador Granado, a nuestro juicio, tal como ha quedado redactado el texto, se produce una discriminación. Debo recordar, muy brevemente, las palabras que he dicho en la tribuna. Nosotros hemos dicho que estábamos conformes con el texto; estábamos plenamente conformes con el texto. Lo que pedimos es una equiparación en tiempos tanto para los jóvenes que hacen el Servicio Militar como para los jóvenes que optan por la prestación social sustitutoria. Y a esta equiparación en tiempos el Grupo Parlamentario Socialista no se ha atrevido. No ha podido llegar más allá de lo que figura en el informe. No quiere, e intenta desvirtuarlo diciendo que el Servicio Militar ya tiene una serie de permisos cuando éste se realiza en condiciones de peligrosidad o en situaciones bélicas, sin que se fije expresamente en el informe la equiparación en tiempos, en iguales circunstancias, tanto para la prestación social sustitutoria como para el Servicio Militar obligatorio.
Senador Granado, el protagonismo que el Grupo Parlamentario Popular tiene en esta Cámara no es otro que el refrendo de 8.200.000 votos; no es otro que el hecho de tener 107 Senadores y el legítimo derecho a discrepar, dentro del consenso que hemos alcanzado en este informe, como he señalado anteriormente.
Pero sus señorías han tenido que ceder. Nosotros también hemos cedido; pero no presuman ustedes de cesiones, y más poniendo el ejemplo del tema del aborto, porque usted sabe perfectamente, conoce y es consciente de que esa cesión no es de su Grupo. Esa cesión viene impuesta por los que ayudan a su Grupo a sostener al Gobierno en este momento. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular).
Al final, lamentablemente, va a salir un informe que en un punto concreto margina a un sector importante de la juventud española. Y eso es lo que mi Grupo no puede aceptar. En ese punto concreto mi Grupo se va a abstener, por entender que no son posibles la discriminación y la marginación.
Respecto de lo que el señor Aznar dijo anoche en la televisión, yo no sé si su señoría lo ha oído o no; si lo ha oído, lo ha oído mal. El Partido Popular, mal que le pese a usted, tiene un programa, y en ese programa se recoge exactamente lo mismo que se recogía en la enmienda número 14, es decir, que progresivamente la sociedad española tienda a tener un Servicio Militar voluntario y profesional. Eso está recogido en el programa del Partido Popular, mal que les pese a ustedes, siempre en la creencia de que nosotros no tenemos programa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente, con suma brevedad, porque estoy muy de acuerdo con lo manifestado desde la tribuna por el Senador Bertrán, es decir, que éste no es el tema principal de los trabajos de la Comisión, e intentar seguir convirtiéndolo en el tema principal de los trabajos de la Comisión sí es marginar a un buen número de jóvenes españoles que tienen otras preocupaciones, a lo mejor tan importantes o más para ellos que el tema que nos ocupa, con todo lo que tiene de importancia.
Agradezco los esfuerzos que han hecho todos los grupos parlamentarios para que este informe pueda ser votado en condiciones de práctica unanimidad, esfuerzos que han llevado, por ejemplo, al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado a firmar una enmienda transaccional que supone la desaparición de una propuesta que había hecho este propio Grupo en función de que se llegara al consenso con el Grupo Parlamentario Popular.
Y voy a comentarle dos cosas al Senador Prada. En primer lugar, yo no entiendo cómo puede usted decir a la vez que el texto margina a un sector de la juventud y es discriminatorio y luego que repita usted dos veces que están de acuerdo con el texto. ¿Es que están ustedes de acuerdo con un texto que es discriminatorio y margina a los jóvenes? Pues expliquen por qué.
Y en segundo lugar, yo no sé --pero puestos a hacer juicios de intención me lo pregunto-- por quién ha venido impuesta la retirada de la enmienda número 14 del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que ha venido impuesta por el sentido común, porque yo soy un poco sordo --y también me viene de familia--, pero, desde luego, lo que dijo ayer el señor Aznar en televisión no es lo que usted acaba de decir hoy aquí; lo que dijo más bien es todo lo contrario: que había que comprometerse con la defensa nacional y poner en tela de juicio la cuestión de que pudiera haber un Servicio Militar exclusivamente voluntario. Eso es lo que yo le entendí, igual estoy equivocado, pero no se preocupe usted porque yo reclamaré las cintas de ese programa y, como queda consignado en el «Diario de Sesiones», tendremos oportunidad de verificar quién de los dos escuchó mejor al Presidente de su Partido.
En cualquier caso, usted ha venido a dar una de las claves de este debate: esto es una cuestión de su Partido y está en su programa, dice usted --yo creo que no, pero usted dice que está en su programa y usted lo conocerá mejor que yo--. Pues en ese caso, Senador Prada, sean ustedes un poco generosos y renuncien a una ínfima parte de su programa para conseguir un acuerdo general con todos los grupos de la Cámara, que yo creo, de verdad, que los demás estamos intentando conseguir con algo más de voluntad que ustedes.


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Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Prada Presa pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Me pide la palabra, Senador Prada?

El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, muy brevemente por alusiones, puesto que el Senador Granado se ha referido a mi persona, y si la Presidencia me lo permite, también por aclaraciones, antes de que se proceda al voto.


El señor PRESIDENTE: Espero que sean alusiones a su persona y no a su programa, Senador Prada. Tiene la palabra por dos minutos.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor Presidente.
El Senador Granado no ha oído mis palabras. Yo he dicho que estoy plenamente conforme con el texto tal y como está redactado, pero que ese texto margina porque no se añade que en condiciones de peligrosidad y de penosidad también los jóvenes que prestan el Servicio Militar obligatorio puedan ver reducido su tiempo de duración, por eso margina. Pero esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con que a los jóvenes que hacen la prestación social sustitutoria en condiciones de peligrosidad y penosidad se les reduzca el tiempo.
En cualquier caso, Senador Granado, desde luego la retirada de la enmienda no obedece a ningún mandato, y mucho menos a algún programa televisivo. La retirada de la enmienda --y también lo he dicho en la tribuna-- obedece exclusivamente a que era una exposición programática del Partido Popular, que apuesta clara y decididamente porque progresivamente el modelo del Servicio Militar sea un modelo voluntario y profesional.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Queda concluido el debate.
Solicito del Senador Prada su colaboración, a los efectos de acertar en las votaciones, tal y como él nos ha indicado en la tribuna.
La enmienda número 14 ha sido retirada, la número 16, también, y la número 12 está en relación con una enmienda transaccional, por lo que no sería objeto de votación, sino que estaríamos a lo que resultara de la enmienda transaccional. Por tanto, quedaría por votar la número 15, de este voto particular. ¿Es así? (Asentimiento.) Gracias, señoría.
Sometemos, pues, a votación la enmienda número 15 al número 26 de las recomendaciones a los poderes públicos, correspondiente al voto particular número 1 de los Senadores Colsa y Prada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 98; en contra, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el voto particular número 2 de los mismos señores Senadores, de supresión de la enmienda de adición presentada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, a excepción del Grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 98; en contra, 128.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Seguidamente sometemos a votación la enmienda transaccional a la recomendación número 17, que viene apoyada por todos los grupos parlamentarios, y que consiste en sustituir en la recomendación número 17, párrafo segundo, la frase: debe irse paulatinamente, por la de: debe experimentar modificaciones para irse acomodando.
Entiendo que se puede aprobar por asentimiento. (Pausa.) Gracias. Así se declara.
Enmienda transaccional a la recomendación número 22, de supresión del párrafo tercero. También todos los grupos de la Cámara han apoyado esta modificación, por lo que entiendo que puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara. (Pausa.) Así se declara.
A los efectos de someter a votación el dictamen, pregunto si podemos someter en un solo acto a votación el informe de la Comisión. (El señor Prada Presa pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Solicitaríamos votación separada en cuanto a la recomendación número 26, el apartado 2.º, a partir del punto y seguido, es decir, donde empieza: «En este sentido su tiempo de duración...» Lamento que sea en estas circunstancias, pero es en lo que mi Grupo ha mostrado la discrepancia de esta recomendación.


El señor PRESIDENTE: Señoría, entiendo esta cuestión que me plantea y estamos examinando si es posible acceder a su solicitud. Sería más fácil, a tenor del artículo 124 del Reglamento, que hiciéramos votación separada de todo el párrafo, es decir, donde empieza: «La prestación social sustitutoria...», hasta «comprobada», y no el punto y seguido de este párrafo a tenor de lo que por analogía rezaría en el artículo 124 de nuestro actual Reglamento; es decir, votación separada del segundo párrafo de la recomendación 26, todo ello completo.
El Senador Prada tiene la palabra.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señoría.
Por supuesto que mi Grupo se somete al Reglamento y a la interpretación que del mismo haga la Presidencia, pero la solicitud, que no es caprichosa, todo lo contrario, es por

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la razón de que en Comisión se incluyó este punto y seguido. Es decir, en el dictamen de la ponencia terminaba al llegar al punto y seguido. La solicitud, insisto, no es caprichosa, sino para dejar constancia de esa marginación a la que nos hemos referido en el debate. Sí nos interesaría una interpretación amplia por parte de la Presidencia que pudiera conllevar que esta votación, dado que estamos en un trámite muy especial, se haga a partir de ese punto y seguido.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer lo posible, pero voy a consultar con mis colegas de la Mesa. (Pausa.) Señor Prada, la Mesa ha acordado no acceder a su solicitud, entendiendo que, además, existen otros procedimientos para haber obtenido el propósito que entiendo perfectamente que perseguía el Grupo de su señoría, de tal manera que, en todo caso, vamos a someter a votación separada el párrafo completo. Por lo tanto...
¿Sí, Senador Prada?

El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía anteriormente, vamos a respetar la decisión de la Mesa y de la Presidencia, pero queremos dejar constancia de nuestra discrepancia en este sentido. La interpretación que hace la Mesa del artículo 124 nos parece excesivamente rígida, porque cuando en el referido artículo se habla de párrafos completos, entendemos que un párrafo puede ser una parte de ese párrafo. (Protestas en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, que sobre interpretaciones de libros, señorías, llevamos 20 siglos.


El señor PRADA PRESA: Señor Presidente, decía que queríamos dejar constancia expresa de nuestra protesta ante la decisión de la presidencia y de la Mesa, con el respeto que la misma nos merece.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Así constará en acta. Muchas gracias.
Por tanto, sometemos a votación el dictamen íntegro de la Comisión, con excepción de este punto sobre el que acabamos de deliberar.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 227.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (Aplausos.) Sometemos a votación el segundo párrafo de la recomendación a los Poderes Públicos, número 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 128; abstenciones, 98.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Comisión Especial de la Juventud.
Muchas gracias. (Pausa.)

--AUTORIZACION PARA LA TRAMITACION EN LECTURA UNICA DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION DEL TRATADO DE ADHESION DE NORUEGA, AUSTRIA, FINLANDIA Y SUECIA A LA UNION EUROPEA.


El señor PRESIDENTE: Solicito a sus señorías atención porque, de conformidad con lo que expresaron los señores portavoces y posteriormente acordó la Mesa, pido a la Cámara autorización para la tramitación en lectura única del proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea.
Entiendo que puede ser aprobada por asentimiento de la Cámara. ¿Alguna objeción? (Pausa.) Se declara aprobada.


--INFORME DE LA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA POLITICA ESPAÑOLA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES. (543/000001.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto décimo del orden del día: Informe de la ponencia de estudio sobre la política española de cooperación para el desarrollo, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores. Sus señorías tienen este informe, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, con fecha 22 de noviembre, en los Boletines correspondientes.
Solicito al señor Presidente de la Comisión me indique si algún miembro de dicha ponencia va a hacer la presentación ante el Pleno de la Cámara.
(Pausa.) Señor López Henares, tiene la palabra.


El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, ¿cuál es su solicitud, por favor?

El señor PRESIDENTE: ¿Va a hacer la presentación del informe ante el Pleno?

El señor LOPEZ HENARES: La Comisión decidió no designar a ningún miembro para hacer la presentación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El señor Barreiro Gil pide la palabra.) ¿Senador Barreiro en concepto de qué me pide la palabra?

El señor BARREIRO GIL: Señor Presidente, es que en este momento se está produciendo una equivocación, creo que involuntaria, debido al desorden que hay en la sala.


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Como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores soy testigo de que la Comisión sí decidió que uno de sus miembros presentase el dictamen: era la Senadora Flores. Lo digo porque me parece que estamos equivocando las cuestiones.
Gracias. (El señor López Henares pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador López Henares.


El señor LOPEZ HENARES: Señor Presidente, no he entendido bien cuál era su pregunta. Yo creí que se refería a un acuerdo internacional.
¿Cuál es su solicitud, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Señoría, lo voy a repetir por tercera vez. Se trata, sencillamente, de si la Comisión, la ponencia o algún miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores ha acordado que alguien presente el dictamen ante el Pleno de la Cámara.


El señor LOPEZ HENARES: ¿Pero el dictamen de qué, señor Presidente?

El señor PRESIDENTE: Del informe de cooperación.


El señor LOPEZ HENARES: En ese caso, efectivamente, la Comisión designó a la Senadora Elena Flores por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la Senadora Flores Valencia.


La señora FLORES VALENCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, lamento empezar mi intervención con este malentendido que espero que haya sido subsanado. Efectivamente, todos los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores lo recuerdan perfectamente.
Señor Presidente, señorías, tengo el honor de haber sido designada para presentar hoy ante el Pleno de la Cámara el informe de estudio sobre la política española de cooperación para el desarrollo que culmina los trabajos de la ponencia que, a tal fin, se constituyó el 13 de noviembre de 1993, y que ha estado compuesta por los siguientes Senadores: don Manuel Jaime Barreiro Gil, del Grupo Parlamentario Socialista; don Imanol Bolinaga Bengoa, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; doña Elena Flores Valencia, del Grupo Parlamentario Socialista; don José Marcelino Galindo Santana, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; don Carlos Ramírez Pery y don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular. Quisiera subrayar, asimismo, que la ponencia ha contado a lo largo de todas sus actividades con la asistencia del letrado de la Comisión de Asuntos Exteriores, don Fernando Dorado Frías.
En primer término, señorías, me gustaría poner de relieve que el informe que hoy se presenta ha sido aprobado, tanto en Ponencia como en Comisión, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y que la cordialidad y el diálogo constructivo han presidido todas las sesiones de trabajo, lo cual quiero agradecer a todos ustedes.
También quisiera, señorías, hacer hincapié en este hecho, porque la política de cooperación, como instrumento integrante fundamental de la política exterior debe ser considerado como una política de Estado y, en consecuencia, debe concitar el máximo consenso en torno a sus líneas fundamentales. Por consiguiente, se trata de asegurar los compromisos internacionales contraídos por nuestro país, así como su credibilidad y su compromiso ético. Por eso es que, además, en esta política, precisamente por su propia naturaleza, porque afecta a millones de seres humanos, el consenso se hace inexcusable. Creo que todos debemos felicitarnos por ello.
A continuación, permítanme que haga algunas consideraciones preliminares sobre los objetivos que nos marcamos en la ponencia, así como sobre sus trabajos y contenidos.
En primer lugar, el propósito era el de realizar un análisis o una evaluación de la política de cooperación al desarrollo, un recorrido, si lo prefieren, por todos y cada uno de los elementos que la componen, y que pusiera de manifiesto los aciertos y los avances registrados, detectara los errores y carencias e incorporara los elementos correctores, para poder diseñar las estrategias de futuro.
Si, en general, en todas las políticas se hace necesaria la evaluación periódica de sus resultados, probablemente en ninguna otra sea tan necesario este ejercicio como en la política de cooperación al desarrollo.
Los ponentes, en la consecución de este objetivo, no nos planteamos realizar un trabajo «ex novo». Por el contrario, se trataba de ofrecer una aportación complementaria, añadir una nueva pieza al proceso, aunque corto en el tiempo ya consolidado de compromiso del Senado, de esta Cámara, con la política de cooperación al desarrollo. En este sentido, recuerdo a sus señorías que el informe del Senado aprobado en 1984 sobre la cooperación internacional de España, no sólo fue pionero en esta materia, sino que supuso el impulso definitivo para el establecimiento de todo el marco jurídico-institucional organizativo y de los criterios básicos de la política española de cooperación en la última década.
Acorde con esta filosofía de continuidad y renovación de las políticas se han tenido en cuenta las anteriores iniciativas parlamentarias, entre ellas el informe del Senado, al que ya he hecho referencia y, por supuesto, el realizado por el Congreso de los Diputados en 1992. En la primera reunión de la Ponencia, celebrada el 26 de abril, se acordaron las líneas básicas de trabajo, así como una serie de comparecencias de personalidades, entre las que se cuentan autoridades del Gobierno, de las Comunidades Autónomas, de los entes locales, representantes de la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y otros agentes de la cooperación.


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El informe que sus señorías han recibido se estructura en cinco grandes capítulos. En el primero se recogen los antecedentes parlamentarios, a los que ya se ha hecho referencia. Un segundo capítulo aborda las nuevas orientaciones que los principales organismos internacionales en materia de cooperación han desarrollado, a tenor de las transformaciones y los cambios acaecidos en los últimos años en el contexto internacional. El tercero supone un análisis, como antes mencionaba, de la evolución de la política española de cooperación desde sus antecedentes, pasando por su organización, los distintos instrumentos, el volumen y la calidad de la ayuda, etcétera. El capítulo cuarto contiene las evaluaciones realizadas por las distintas autoridades y personalidades que comparecieron ante la Ponencia de estudio. También se incorpora el llamado examen de ayuda, que el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE realiza periódicamente a los países miembros. Este es el primero que se lleva a cabo en España desde que nuestro país ingresara en este organismo en 1991. Y, finalmente, señorías, el capítulo quinto, al que haré referencia más adelante, de conclusiones y recomendaciones.
Pero permítanme primero unas muy breves reflexiones sobre el análisis o el balance que han realizado recientemente estos organismos internacionales a los que hacía referencia: Naciones Unidas, el CAD, la OCDE y la Unión Europea, entre otros. Su mención creo que puede resultar de interés, no sólo porque ofrece un marco general de lo que ha sido la política de cooperación al desarrollo en las últimas décadas, sino porque debido a la globalización de los problemas debemos pensar también en la interdependencia de las soluciones y a ellos también tendrá que estar abocado nuestro país.
Unos breves trazos pueden ilustrar los cambios de los últimos años. En primer lugar, destaca un elemento a mi juicio positivo; la labor llevada a cabo durante décadas para reducir la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades y la tasa de mortalidad, se cuentan entre los grandes logros de este siglo. Podemos decir, señorías, que los esfuerzos en materia de cooperación no han sido baldíos. Sin embargo, y al mismo tiempo, se pone de relieve que tras el fin de la guerra fría los países desarrollados han perdido gran parte del interés relativo que tenían en los países en desarrollo.
En segundo lugar, que a los problemas tradicionales del desarrollo han venido a sumarse otros nuevos, como, por ejemplo, en el campo de la salud tenemos lo que podríamos denominar las terribles plagas de las drogas o el sida y también han surgido nuevas situaciones, precisamente fruto de esos cambios producidos tras la caída del Muro de Berlín, como son los movimientos migratorios, refugiados, conflictos étnicos, etcétera.
Por último, si bien algunos países han experimentado un esperanzador despegue económico --por ejemplo en Iberoamérica o en la cuenca del Pacífico--, también han aparecido nuevas demandas de cooperación en otras zonas del mundo: en Oriente Medio, en Sudáfrica o en las antiguas Repúblicas Soviéticas. Un solo dato en este último caso puede ilustrar los cambios operados. En 1989 --según datos del Comité de Ayuda al Desarrollo-- estas Repúblicas suministraban un volumen de ayuda que las situaba en el quinto lugar de la clasificación mundial. Pues bien, la nueva situación ha originado, no sólo la pérdida de un conjunto de países donantes, sino que los nuevos Estados se han convertido también en demandantes de ayuda.
Señorías, entro ya en el tema de la política española de cooperación para el desarrollo y leo a sus señorías --es el único punto que voy a permitirme leer literalmente-- una de las conclusiones de la Ponencia, que resume el balance global realizado acerca de la misma: El balance que a grandes rasgos podemos hacer de la evolución de dicha política desde sus inicios hasta el momento presente puede considerarse de muy positivo si se tiene en cuenta, tal y como se expone en el informe, cuál era el punto de partida, cuál ha sido el camino recorrido en tan corto espacio de tiempo, así como la situación económica del país y la realidad del diferente nivel de renta y de riqueza en relación con otros países miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo.
Señorías, entiendo que todos debemos sentirnos legítimamente orgullosos de haber consolidado un marco institucional estable; de haber aumentado tanto el volumen como la calidad de la ayuda, pese a las condiciones económicamente adversas por las que ha atravesado nuestro país, como bien saben sus señorías, en los últimos años; de haber alcanzado, igualmente, un grado de consenso parlamentario y un interés creciente de las Cortes Generales en torno a esta materia; de que las organizaciones no gubernamentales hayan desarrollado una tarea encomiable y de que la sensibilización de los ciudadanos haya ido en aumento y se haya expresado tantas veces. Recuérdese, por ejemplo, la operación de ayuda al pueblo kurdo o la más reciente de ayuda a Ruanda.
No voy a extenderme, señorías, en glosar todas las recomendaciones contenidas en el informe, disponen de él y espero que merezca su lectura, pero sí quiero señalar que la filosofía que impregna estas recomendaciones o el hilo conductor de las mismas puede resumirse en una frase: un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, sean de orden económico, institucional, material o humano para aumentar su eficacia o, en otras palabras, para asegurar un mayor impacto de las políticas que deben contribuir al logro del objetivo del desarrollo humano, fin último de toda política de cooperación.
Este criterio de eficacia es tanto más necesario en tanto en cuanto el volumen de ayuda al desarrollo del que se dispondrá en 1995 se sitúa ya en el 0,5 por ciento del producto interior bruto, objetivo que propone este informe y que en breve, espero, aprobaremos en esta Cámara en los Presupuestos Generales del Estado. Esta cifra, a nadie se le escapa, supone un extraordinario esfuerzo y un salto de gran magnitud, que nos situaría en el séptimo lugar de la clasificación de los países miembros del GATT, muy por delante de países con una gran trayectoria en materia de cooperación y con un mayor nivel de renta y de riqueza, como saben muy bien sus señorías. Les recuerdo que ahora estamos en el decimoséptimo lugar de esta clasificación a la que hacía referencia.
En consecuencia, debemos garantizar que esos recursos se destinen a proyectos concretos, viables y eficaces. Esta

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racionalización y aprovechamiento de todos los elementos y agentes de la cooperación deberá ser recogida, y así consta en las recomendaciones, en una ley de cooperación internacional, que deberá contemplar, igualmente, el estatuto jurídico de los cooperantes y de los voluntarios.
Se propone, igualmente, como un elemento novedoso la creación de un consejo general de la cooperación para el desarrollo, en el que estén integrados, entre otros, el Gobierno, las Comunidades Autónomas, los entes locales, la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, las organizaciones empresariales y sindicales, las universidades y otros agentes o expertos de la cooperación. Se pretende, señorías, con este consejo, constituir un instrumento útil y ágil a la hora de identificar los proyectos de cooperación más idóneos y consolidar también el consenso social, tan necesario en un tema de esta naturaleza.
Es evidente que la eficacia en la gestión dependerá también en muy buena medida del grado de preparación o profesionalización de las personas encargadas de llevarlo a la práctica, es decir, de los cooperantes. Por ello, se sugiere la creación de una escuela de formación en nuestro país --indico a sus señorías que España ya cuenta con una escuela de estas características en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia--, que tenga un carácter flexible, es decir, cuyas disciplinas pudieran impartirse en distintos centros ya existentes y capacitados para ello.
Como estímulo y fomento de las tareas de cooperación, se sugiere el estudio de fórmulas que contemplen el reconocimiento de los méritos, experiencia y conocimientos adquiridos por los cooperantes en el ejercicio de sus funciones.
Ya me he referido anteriormente, señorías, a las organizaciones no gubernamentales, y quiero dedicar unas breves palabras también sobre este apartado. En las recomendaciones se aboga por el fortalecimiento de su organización. Algunas de ellas tienen aún una corta existencia, y la experiencia asociativa en nuestro país, lamentablemente, es todavía muy escasa. En consecuencia, parece justo que se fortalezca su organización y, desde luego, se reconozca la labor que han venido desarrollando.
Su tarea, señorías, es bien importante. En ocasiones, es complementaria de la llevada a cabo por el Gobierno y, a veces, incluso sustitutiva, porque pueden llegar con mayor flexibilidad y movilidad adonde el Gobierno no puede llegar. Es también por ello por lo que deben ordenarse y regularse de forma estable la serie de requisitos que deben reunir para acceder a las subvenciones de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional.
Voy a hacer ahora una última referencia, señorías, en el capítulo de recomendaciones a un aspecto novedoso hasta ahora en las iniciativas parlamentarias, pero muy importante a juicio de los ponentes. Todos los informes y documentos de los organismos internacionales que tratan los temas de cooperación al desarrollo subrayan que la paz es un requisito indispensable para el desarrollo. Quiero recordar una frase muy simple, pero muy gráfica, del Premio Nobel de la Paz, Willy Brandt, que decía: La paz no lo es todo, pero sin la paz nada es posible. Si esto parece un hecho incontrovertible, debería trabajarse, y así se recomienda, a favor de que se abra camino el debate ya iniciado en los foros internacionales por algunos países para que las operaciones civiles, las operaciones desarrolladas por personal civil en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas pudieran ser consideradas como ayuda al desarrollo y, en consecuencia, susceptibles de ser computadas como ayuda oficial al desarrollo. De nada serviría, señorías --tenemos los ejemplos muy cercanos--, que se enviara ayuda humanitaria a Bosnia si ésta, al final, no pudiera distribuirse.
Termino ya, señorías, con una última reflexión. Llega este informe a la Cámara en un momento que yo calificaría de feliz coincidencia, de coincidencia en las preocupaciones compartidas en torno al mismo objetivo entre esta Cámara y un movimiento social que ha alcanzado una gran significación en nuestro país. Me refiero, como ya habrán podido imaginar sus señorías, a las movilizaciones llevadas a cabo por un movimiento o plataforma que reivindica que se destine el 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto a la ayuda oficial al desarrollo.
En los últimos meses, en los últimos días --lo hemos visto hace muy poco tiempo--, personas de toda condición y edad, pero sobre todo jóvenes, se han sumado a esta causa. Creo que debemos alegrarnos por ello, porque más allá del objetivo perseguido que todos compartimos, con la gradualidad que nuestra situación económica aconseje, lo que se ha puesto de manifiesto con esta movilización es la vitalidad de amplios sectores de nuestra sociedad y el compromiso con unos valores éticos y de solidaridad, frente a las actitudes egoístas e individualistas que hoy se denuncian.
Será ahora tarea de todos canalizar estas energías generadas para que esa sensibilización ciudadana no sea sólo fruto de una coyuntura, para que logremos hacer calar en la opinión pública, en la conciencia de la sociedad, que la ayuda al desarrollo no es sólo tarea de los Gobiernos o de los poderes públicos, sino que compete a la sociedad en su conjunto.
Porque la talla moral de un país, la talla moral de una sociedad se pone de manifiesto también en la forma en que trata los temas de cooperación.
Señorías, espero que las aportaciones y la aprobación de este informe puedan contribuir a la consecución de estos objetivos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Flores Valencia.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa) ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.) El Senador Galindo tiene la palabra.


El señor GALINDO SANTANA: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna fundamentalmente para dejar clara la posición del Grupo Parlamentario de Coalición

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Canaria del Senado respecto a algo tan trascendental como es la ayuda y la cooperación a los países en vías de desarrollo.
Como sus señorías conocen, esta Ponencia fue constituida en la pasada legislatura, y hay que decir que ha sido de gran acierto y mucho mejor su planificación respecto a las ilustres personalidades que durante este período han comparecido en esta Comisión. El trabajo desarrollado por la Ponencia --que es de tal profundidad que debe ser conocido yo diría que por toda la sociedad española--, compañeros socialistas (El señor Garrido Avila: Está bien eso de compañeros socialistas.), si me permiten hacer una sugerencia --para que ustedes a su vez hagan una profunda reflexión-- creo que no debe quedar sólo en los archivos de la Cámara, sino que se deben hacer todos los esfuerzos posibles, incluso sacar una publicación, porque sin duda alguna esto va a servir a las organizaciones no gubernamentales, al conjunto de las sociedades humanitarias y, fundamentalmente, a todos los jóvenes como un instrumento importantísimo para la ayuda al conjunto de países en vías de desarrollo.
Por otra parte, también quería hacer otra recomendación a los compañeros socialistas para que profundicen sobre ello. No hace mucho tiempo, en esta Cámara se aprobaba por unanimidad la Oficina de la Unión Europea para el desarrollo de los países del área del Atlántico sur en el Archipiélago canario o en la isla de Gran Canaria. Por tanto, creo que se ha dado un paso importante sobre el conjunto de lo que significa la ayuda a los países en vías de desarrollo.
En toda mi exposición en la Comisión dejaba algo claro --y siempre lo hemos dejado claro y creo que hemos compartido el conjunto de los socialistas-- que la ayuda a los países en vías de desarrollo debe dignificar tanto al país que aporta esas ayudas como al propio país que las recibe. No es una cuestión de caridad --permítanme decirles--, es más bien una cuestión de dignidad para ambos países. Por lo tanto, con el informe de la Ponencia en sí estamos totalmente de acuerdo, así como en profundizar en todo lo que sea hacer posible que dicho texto pueda llegar a la mayoría de los ciudadanos de este país porque, sin duda alguna, va a contribuir tremendamente a una mejor distribución y a una mayor solidaridad con respecto a estos países.
Por otra parte, siendo como somos nosotros del área sur del archipiélago canario, evidentemente nunca hemos estado en contra de la ayuda, de la cooperación y de la solidaridad a los países en vías de desarrollo. Es cierto que por el hecho de estar nosotros en ese extremo sur, más cerca de esos países del área del Magreb, y especialmente del Africa occidental, cuando esa cooperación se trate de hacer recomendamos a los compañeros socialistas que hagan todos los esfuerzos que sean posibles y estén en su mano para conectar con nuestro Gobierno autónomo para que esa ayuda vaya con justicia, con equidad y, fundamentalmente, con efectividad. Porque, si de algo se vanagloria en este caso la Ponencia, es de que no sólo los intervenientes, sino también el conjunto de todas las fuerzas políticas que hemos intervenido en ese tema hay un denominador común y, si se quiere, una solidaridad común en todas estas fuerzas políticas, y es que toda esa ayuda que vaya a encomendarse a esos países tiene que servir para dignificar, para democratizar al conjunto de todos esos países. Yo creo que ésta es la base importante y fundamental de la Ponencia y, desde luego, de las ayudas.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Galindo.
Por el grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Bolinaga.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después de la magnífica presentación del Informe que acaba de hacer --amplia y dignamente-- la Senadora doña Elena Flores, quien, dicho sea de paso, señorías, y sin demérito de ningún otro de los ponentes, ciertamente ha sido el «alma mater» o el espíritu insuflador de la Ponencia, así como después de la valiosa intervención del querido colega, Senador Galindo, corresponde intervenir a este Senador del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos quien, en primer lugar, no puede menos que valorar el presente Informe en términos altamente positivos y, consecuentemente, felicitar a los ponentes por su rigor y por su dedicación. Al mismo tiempo, debemos agradecer al excelente equipo administrativo de esta Casa su eficiente colaboración en todo lo atinente a la elaboración y redacción del informe en cuestión.
Desde luego, después de estos últimos tiempos, en los que tan intensamente, con bombo y boato, se ha vivido en la calle el tema famoso del 0,7, con cientos de campañas, manifestaciones, titulares sensacionalistas de prensa y de otros medios, etcétera, a este Senador y a todos los participantes en la Ponencia nos hubiera parecido normal que este foro se encontrara hoy a tope y que los medios de comunicación nos asediaran en demanda de información o espetándonos preguntas requisitoriales. Sin embargo, como ven sus señorías, no es así. Estamos en desolación. Sólo nos cabe decir «sic transit gloria mundi», si es que se puede hablar de gloria en relación a cualquier plan de desarrollo a terceros países. Dicho de otro modo, lo que parece valer no es el trabajo honrado, serio y en profundidad que ha realizado la ponencia. Lo que parece valer es el morbo, o es la información desde la desinformación.
En cualquier caso y desde nuestra perspectiva, señorías, es evidente que este informe puede aportar una contribución estimable a la toma de conciencia por parte de la opinión pública sobre la interdependencia mundial y la solidaridad que debe imperar entre norte y sur. Demuestra, al mismo tiempo, que la política de cooperación para el desarrollo debe ocupar lugar preferente en el debate político y reafirma la tendencia a seguir par la consecución o superación del conocido 0,7, aunque siempre sin demagogias ni oportunismos, y sí como consecuencia lógica de un posicionamiento responsable, de orden personal y colectivo, que debe ser asumido por nuestra sociedad, es decir, hablamos de la responsabilidad compartida.
En efecto, señorías, no es fácil entender una correcta cooperación al desarrollo sin que fundamentalmente comprenda unos objetivos de base, que, ciertamente, suponemos

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que están en la mente de todos los presentes pero que no está de más recordarlos a título de reflexión. Permítasenos, pues, su enumeración más útil. Objetivo primero, invertir en el ser humano a fin de estimular las energías productivas de la población, prestando particular atención a la necesidad de mejorar la situación de la mujer y privilegiando al máximo la educación y la formación, así como la salud primaria y, en particular, la lucha contra el sida. Segundo objetivo, promover créditos y asesoramientos a favor de los pequeños agricultores y empresarios, estimulando así el desarrollo del sector privado y de la economía. Tercer objetivo, luchar contra la miseria y la pobreza, favoreciendo la iniciativa privada y reforzando la productividad, comprendida la del sector primario, o, mejor dicho, alimentario. Cuarto objetivo: reducir la presión demográfica a través de una planificación familiar responsable.
Quinto objetivo: contribuir a un desarrollo sostenido, durable, en compatibilidad con el medio ambiente. Sexto objetivo: mejorar la situación económica luchando contra el proteccionismo en el Norte con la eliminación de barreras comerciales de todo tipo y las de naturaleza tarifaria; mejorar, asimismo, los precios de los productos básicos y diversificar sus economías. Séptimo objetivo: operar reducciones sustanciales de deuda externa. Octavo objetivo: otorgar voz a países en desarrollo dentro de las organizaciones internacionales para la puesta en común de un nuevo orden mundial del que tanto precisamos. Noveno objetivo: contribuir a eliminar los factores del origen del problema mundial de refugiados y emigraciones tales como los conflictos étnicos, las guerras, las dictaduras, la miseria y la opresión.
Señorías, a nuestro entender, éstos son nueve puntos básicos pero ineludibles de todo plan de cooperación para el desarrollo. Por otra parte, es cierto que la cooperación para el desarrollo debe fundamentarse principalmente, cómo no, sobre el criterio de la pobreza. Pero también hay que tener en cuenta que no es posible medir el desarrollo solamente en términos de crecimiento económico. El desarrollo, señorías, también se sustancia de modo muy importante por los procesos realizables o realizados en pro de las necesidades humanas más fundamentales, en pro de la construcción de la democracia, en pro del respeto de los derechos del hombre, en pro de la instauración de la justicia social y de la preeminencia del Derecho, así como en pro de los recursos naturales.
En definitiva, señor Presidente, señorías, las condiciones por las que ha de regirse la cooperación para el desarrollo no deben ser limitadas a unos factores puramente económicos, sino que deben conllevar lo que se denomina el factor de la «complementariedad», dicho entre comillas; factor de la complementariedad que, virtualmente, se condensa en los siguientes cuatro capítulos, con los que doy fin a mi intervención.
Capítulo A. Es el que se refiere a los derechos humanos. La ayuda oficial, en principio, debe orientarse hacia países democráticos o en proceso de democratización en los que el respeto a los derechos del hombre y una administración responsable y eficaz, o buen gobierno, tenga su debido marco. No debe orientarse hacia dictadura alguna, salvo por razones de urgencia humanitaria.
Capítulo B. Es el que atiende a las reformas sociales y económicas. La ayuda al desarrollo debe favorecer la instauración de una economía de mercado eficaz que respete el medio ambiente y que sea socialmente justa.
Ha de valorar previamente medidas tales como las reformas sociales y, en particular, las agrarias; el justo reparto de rentas, las mejoras de condiciones de la mujer, los servicios de salud pública y de educación, la protección medioambiental y la planificación familiar.
Capítulo C. Es el referido a los gastos militares. La ayuda al desarrollo debe reservarse a los países cuyos gastos militares sean razonables, teniendo en cuenta su situación en el plano de la seguridad o de su producto interior bruto. Asimismo, señorías, conviene precisar si la política extranjera del país en cuestión está orientada o no hacia la paz; por ejemplo, si está por participar en acuerdos comunes de seguridad, si está por las iniciativas internacionales de desarme o por la renuncia a las armas de destrucción masiva, etcétera.
Capítulo D, por el cual tomamos en cuenta, señorías, el medio ambiente.
Los proyectos de desarrollo que interesan en este capítulo deben sustentarse contrariamente a aquellos que atentan contra él o contra los recursos naturales, sobre todo los de carácter irreparable. Por contra, los países seria y activamente comprometidos en la preservación de medio ambiente respectivo deben beneficiarse de una ayuda especial o acrecentada.
Y como colofón a lo expuesto, sólo debo añadir que en todo momento debe mantenerse un control riguroso sobre todo plan de ayuda al desarrollo, proyecto a proyecto, y activar principalmente la ayuda directa, sin negar la valiosa mediación de ONGs eficientes y acreditadas, que las hay.
Y termino con un último apunte, señorías, que surge a la vera de estas breves reflexiones. Los criterios que hemos mencionado deben también ser tenidos en cuenta para la elaboración de toda política extranjera y de las políticas comerciales del Estado, siendo particularmente interesantes que éstas sean abiertas y justas en relación con países en vías de desarrollo, de modo, señorías, que les permita construir su economía y llegar a ser partícipes de pleno derecho en la economía mundial.
Señorías, termino reiterando la felicitación y el agradecimiento expresados al comienzo de esta nuestra intervención.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Companys.


El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, hace un año, exactamente el 13 de noviembre de 1993, y en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, se creó una Ponencia para estudiar la política española por lo que se refiere a la cooperación y al

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desarrollo. Durante ese tiempo se han realizado casi 20 comparecencias de personas que están ligadas, de una forma u otra, a la cooperación y que nos han permitido tener una visión global de la problemática existente, así como la elaboración y hoy la presentación de este Informe, que, además, cuenta con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara, hecho del que nos tenemos que felicitar todos y que, desgraciadamente, no es demasiado habitual en los tiempos en que vivimos.
La voluntad de los ponentes fue la de analizar en profundidad la situación actual de la cooperación española, su coordinación y sus efectos. Con independencia de las recomendaciones que se formulen, y después de las múltiples comparecencias en la Ponencia, me gustaría resaltar algunos de los hechos que, desde mi punto de vista, tendrían que tener una contestación inmediata por parte del Gobierno. Primero, la puesta en marcha de una política de cooperación al desarrollo transparente, eficaz, abierta, capaz de ilusionar y que permita con toda libertad la cooperación bilateral descentralizada. La creación o la potenciación de algún organismo con autoridad real capaz de coordinar la política de cooperación de los distintos Ministerios y, sobre todo, capaz de romper la endogamia existente en algún Departamento proponiendo fórmulas innovadoras que permitan una política de cooperación mucho más efectiva. Un mayor contacto con las ONGs como elemento básico para la cooperación, sobre todo pensando en aquellos países o regiones del mundo en los que éstas tienen una gran presencia, o en aquellos otros en los que, por sus características, las ayudas oficiales tienen muchas dificultades en llegar.
Si me lo permiten, me gustaría hacer una reflexión de carácter personal.
Estamos viviendo unos momentos en los que, afortunadamente, el nivel de concienciación de la sociedad está aumentando y todos nos tenemos que felicitar por esta realidad. Pero esa solidaridad de la que todos hacemos gala, si realmente es tal --y no dudo de que sea así--, tendría que ir más allá de la lucha contra las situaciones desesperadas. A menudo me pregunto si esa unanimidad que todos manifestamos al pedir al Gobierno que haga un esfuerzo presupuestario --que, por otra parte, creemos que es justo para ayudar a los más necesitados-- tendría la misma intensidad si ese esfuerzo fuese de carácter individual o personal. En nuestros posicionamientos como sociedad somos realmente solidarios cuando desde los diferentes sectores se nos pide, por ejemplo, que frenemos las importaciones de productos que en algunos casos son básicos para el desarrollo de los países que están en vías de crecimiento, o cuando valoramos las decisiones de los industriales españoles que trasladan sus centros de producción a algún país en vías de desarrollo con el ánimo de seguir siendo competitivos.
No hay ningún tipo de deuda acerca de que nos encontramos frente a un tema verdaderamente apasionante y del que podríamos hablar durante mucho tiempo. Seguramente así será, pero terminaré dando las gracias a los diferentes ponentes, a los técnicos y a los comparecientes, por sus aportaciones, que han permitido la elaboración de este informe, haciendo votos para que las conclusiones pero, sobre todo, las recomendaciones de la Ponencia sean una realidad que, sin duda, mejorará los resultados de nuestra cooperación con el Tercer Mundo.
Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señoras y señores Senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el Senador Soravilla.


El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoría, tras la completísima presentación del informe por la Senadora Flores, que ha dado una serie de pinceladas subjetivas y personales, e incluso ha utilizado un giro latino «ex novo» --y esta mañana hablábamos de latín, ya que se ha suprimido la expresión «ab initio»--, que me acerca todavía más a ella, y después de todos los matices que han ido introduciendo los demás ponentes, poco más puedo añadir que no se haya dicho ya en esta tribuna y, desde luego, con más elocuencia que la mía.
Creo poder hablar en nombre de todos los ponentes si digo que a través de las comparecencias hemos conseguido enriquecer nuestro bagaje moral, tanto en lo personal como en lo político, y que el desarrollo de esta Ponencia se ha convertido --al menos, para mí, pero creo que puedo hablar en nombre de todos-- en una magnífica experiencia humana gracias al talante de todos sus componentes y a la asistencia técnica inestimable de nuestro Letrado, don Fernando Dorado, así como por la firme voluntad de consenso que ha presidido desde el primer momento las numerosas y largas sesiones que hemos mantenido, cuyo fruto es el informe que hoy vamos a votar.
Todos los grupos --y, desde luego, el mío-- hemos mostrado y demostrado en este informe que deseamos unas bases sólidas y una referencia permanente para conseguir una política de cooperación o ayuda al desarrollo concebida como política de Estado, unitaria en sus fines e intereses, pero necesariamente articulada en sus criterios e instrumentos, que va desde la iniciativa privada y las GONs --ahora favorecidas e incentivadas por la Ley de Mecenazgo, que se ha aprobado recientemente--, pasando por los municipios, las diputaciones, las Comunidades Autónomas, etcétera, hasta llegar a la Administración Central. Me atrevo a decir, además, que lo hemos venido haciendo en un momento difícil, porque ha exigido un permanente equilibrio de sensibilidad entre una movilización social intensa y quizá uno de los peores momentos políticos y económico de los últimos tiempos en España.
A lo largo de este informe mi Grupo ha querido poner el acento sobre todo en una estructura sólida, pero poco burocratizada, capaz de garantizar una mayor eficacia en una gestión que consideramos que debe ser cada vez más controlada por las Cámaras, con más frecuencia y precisión.
En definitiva, como siempre, hemos apostado por mayor eficacia y mayor transparencia. Además, hemos insistido en la importancia cualitativa de nuestra cooperación, en su concentración temática y geográfica, razón precisamente de nuestros recursos limitados, en que sea compatible

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con la conservación medioambiental y, sobre todo, en el apoyo a los movimientos sociales solidarios, en su implicación de modo permanente, al margen de toda coyuntura informativa.
Señorías, puede que éste sea un matiz añadido a lo que se ha dicho aquí, pero creo que no podemos consentir, desde un punto de vista moral, que nuestro compromiso se condicione por 30 segundos más o menos reiterativos de los telediarios, donde se produce esporádicamente un impacto fortísimo, un impacto emocional ante el horror y el hambre, ante la muerte y el desprecio vil al ser humano sin tomar plena conciencia de que tales dolores y miserias se arrastran toda una vida, todos los minutos de una vida, no el medio minuto que los estamos viendo, y eso lo arrastran esas vidas de millones de seres en esta aldea global injustamente administrada. Y quisiéramos que la sociedad en su conjunto y las Administraciones no cayeran en una especie de torbellino informativo que tiende, por una parte necesariamente, a simplificar el debate y a exacerbar también las posturas.
Aspiramos a una sociedad que sea permanentemente solidaria con sus semejantes, tolerante y consciente, en la que el impacto informativo no empañe lo más importante, que algunas veces es el matiz. En este sentido, entre otros, hemos introducido una posibilidad de flexibilizar la cláusula democrática de modo que, desde el sentido profundamente humano sobre todo --y en esto insisto-- que debe inspirar y centrar toda esta política, se respeten los valores culturales y la idiosincrasia de los pueblos a quienes va dirigida esta ayuda, porque de verdad que no desearíamos, yo, desde luego, no desearía convertir la cooperación en un rígido apostolado laico por imponer un único modelo democrático, sobre todo a costa del sufrimiento de seres humanos.
Por otra parte, para que el comercio mundial pueda ser un verdadero instrumento de ayuda al desarrollo debe hacerse más flexible y las políticas comerciales delimitar su espacio para contribuir a la cooperación sin confundirse con ella.
Con este criterio nos hemos pronunciado al referirnos a los créditos FAD y a su multiplicador potencial si se acomete, como solicitamos en el informe, una seria modificación legislativa y una información mejor y más amplia a nuestro empresariado.
Sin duda, un elemento fundamental, ya destacado de este nuevo planteamiento, es la recomendación de una ley de cooperación que reúna y sistematice todos los aspectos normativos dispersos y elimine las abundantes lagunas legales existentes, entre otras, la del Estatuto del Cooperante, de tal manera que contemple su formación previa, su seguridad de asistencia, así como su reinserción en una sociedad que le reconozca como mérito no sólo su esfuerzo y entrega, cosa que sería lo más lógico, sino también sus conocimientos y experiencia. Confiamos en que el Gobierno en esta ocasión cumpla el compromiso contraído, a través del Secretario de Estado para la Cooperación, de remitirnos un proyecto de ley dentro del primer semestre del próximo año, aunque mi Grupo hubiera preferido poderlo debatir antes.
Finalmente --no quiero ser excesivamente extenso--, señor Presidente, señorías, desearía insistir nuevamente en la importancia que, a nuestro juicio, tiene la aprobación de este informe con el voto favorable de todos los miembros y grupos de la Cámara, tal como ocurriera con la Ponencia que tuvo lugar en el Congreso sobre este mismo asunto en 1992 y que ha servido, entre otros, de antecedente indispensable para nuestros trabajos.
A título personal digo que resulta reconfortante comprobar que el consenso de la Ponencia tendrá reflejo político en este Pleno y que las recomendaciones que sus señorías avalarán dentro de unos minutos con su voto podrán materializarse en el bienestar de otros pueblos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Soravilla.
El Senador Barreiro Gil tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor BARREIRO GIL: Intervengo con su venia, señor Presidente, y con la enorme duda de qué es lo que me queda por decir.
Obviamente estoy de acuerdo con el texto del informe y con todas y cada una de las palabras de los portavoces que han tomado la palabra en esta tribuna, y me queda sólo el deber de cortesía de no negarme a la tentación parlamentaria que siempre se pone terca en incumplir las reglas de la oratoria; si obedeciese a esas reglas, puesto que hay poco por decir, me callaría, pero me permitirán sus señorías que haga, al menos, aprovechamiento de la oportunidad de subir a la tribuna para exponer dos o tres ideas, seguramente al margen del contenido más sustancial de la Ponencia, que he explicado en la Comisión y, por lo tanto, son conocidas ya por todos sus miembros.
Yo creo que habría que hacer alguna matización sobre este informe que pudiera quedar diluida en el excelente debate que estamos teniendo hoy sobre esta cuestión, y es que la naturaleza del documento estrictamente parlamentario nos ha permitido transitar durante estos meses de sana y reconfortable pasión sobre el asunto de la cooperación en la calle sin dejarnos llevar por la pertinaz tentación de nuestro oficio de aprovecharnos de la circunstancia. Hemos sido capaces de pasar por el tema del volumen de la dotación de recursos sin hacer otra cosa que recoger la opinión de los compatriotas que acamparon en el Paseo de la Castellana. Y yo creo que mantener ese respeto de posiciones fue bueno para ellos y para nosotros. Pero también hemos tenido una ventaja respecto del informe que se conoció hace un momento en la Cámara, en el que hay una diferencia notable. Los compañeros de la Comisión que estudiaron los asuntos de juventud se enfrentaron por primera vez a esa cuestión en sede parlamentaria; todos ellos lo dijeron en esta tribuna.
Nosotros tenemos la suerte de que no es así. Es la tercera vez que en esta Cámara entramos en el tema de la cooperación internacional. No hemos producido más que dos informes, porque en una de las legislaturas quedó truncado el proceso de redacción. El Congreso de los Diputados entró dos veces, me parece recordar. (La señora Flores Valencia: Una.) La Senadora Flores, que es más sistemática que yo, me dice que una. Es decir, que, con todo, hemos dispuesto ya de la ventaja de tener un «corpus» de material que nos impide la divagación

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y que nos ha permitido dar a este informe un carácter estrictamente concreto desde el primer folio hasta el último. Yo he dicho en la Comisión, y creo que es verdad, que todos los folios previos al antepenúltimo son una justificación lo más densa posible de las conclusiones. Hemos logrado hacer eso. Hay un político escritor contemporáneo que en su última obra --creo que es en la página 42 o en la 32, no recuerdo exactamente cuál es (La señora Flores Valencia: La página 42.); la Senadora Flores intenta decírmelo por señas, pero no lo distingo desde aquí-- dice algo así como que de vez en cuando hay que tener el coraje de hacer una concreción. Nosotros lo hemos hecho desde la primera página hasta la última, y creo que es bueno y sano para todos. Y fíjense ustedes cuáles son las concreciones que todos los portavoces han hecho una exposición de cuáles son las conclusiones y los objetivos de la Ponencia muy coincidentes en esta tribuna. Hemos coincidido no sólo en el carácter instrumental de las conclusiones, sino en su propia ordenación política. Obviamente, quedan muchas discusiones abiertas. Una, la que han logrado abrir los propios ciudadanos que defendieron la llamada «plataforma del 0,7 por ciento», cuya mayor virtud fue trasladar esta cuestión a un debate en la calle, entre la gente, y que es de suma importancia, que es la complementación entre solidaridad y desarrollo. No es correcto que consideremos que todas las acciones solidarias son acciones para el desarrollo; puede que ninguna lo sea. Algunos países, por ejemplo, de Africa --y pido a los colegas que me disculpen que siempre ponga como ejemplo a ese continente-- requieren que seamos capaces de diseñar proyectos de inversión, por ejemplo, en infraestructuras de desarrollo muy largo en el tiempo. No basta con que actuemos durante un año, durante dos, durante tres. Cuando vas a visitar el país, al cuarto año el desierto se comió el hospital. Se necesita un compromiso mucho más profundo que, seguramente, habrá que complementarlo fuera de los debates que se ciñan estrictamente a la cooperación para el desarrollo, y tendremos que hacerlos, por ejemplo, en los foros GATT, a los que también me he referido. Por cierto, el Congreso americano aprobó el Acuerdo GATT. Crucen ustedes los dedos para que el Senado americano tenga la misma capacidad de dignidad o de compromiso mundial --dejemos la palabra dignidad, que es muy fuerte--; todavía está en el aire.
Es cierto que sin irnos de la cuestión, saben todos ustedes, como saben los colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, y los de la Ponencia mucho más, que hay una concatenación inevitable entre desarrollo, crecimiento económico, productividad, inversión, educación, democracia.
No es posible lograr que un país vea elevarse sus tasas de desarrollo sin que tenga crecimiento económico. Es cierto que el desarrollo económico no lo es todo, pero es inevitable. Es absolutamente evidente que un país no logrará elevar sus tasas de crecimiento económico si la productividad del trabajo de sus nacionales no mejora sustantivamente. No basta con que los empresarios occidentales vayan a ubicar centros productivos en países subdesarrollados en donde no se produce un aumento de la productividad en los procesos productivos, sino en un abaratamiento del coste de la mano de obra, manteniendo niveles tecnológicos incluso a veces considerados obsoletos en los países de origen. Es mucho más complejo. Es cierto que no se puede lograr crecimiento económico sin una inversión seria, voluminosa, consecutiva, permanente, de recursos financieros. Es cierto que esos países jamás lograrán su desarrollo si sus propios ciudadanos nacionales no están cualificados profesionalmente para ejercitar las labores del trabajo y del crecimiento, y es cierto que todo eso es imposible sin un marco democrático. Pero también pueden leerlo sus señorías al revés, y lo saben. No es posible la democracia sin educación, no es posible la educación sin una economía saneada en la que los trabajadores tengan su trabajo, no es posible el trabajo sin crecimiento económico, no es posible el crecimiento económico sin un planteamiento global del desarrollo.
Hay una frase que yo he recogido en mi tesis doctoral y que he citado varias veces aquí: Creo que es verdad, y seguimos siendo ciegos, que el mundo es un solo lugar, y ya no sólo para el astrónomo. Bertrand Russell no descubrió el mundo, pero sería bueno que nosotros nos quitásemos la cinta de los ojos para ver que no podemos hacer el doble juego de ser solidarios con quien no aceptamos a nuestra mesa con todos los derechos y compromisos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Entiendo por las intervenciones de los señores portavoces que en esta ocasión se puede aprobar por asentimiento el informe de la Ponencia de estudio sobre la política española de cooperación para el desarrollo, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores. (Pausa.) Así se declara. (Aplausos.) Senador Barreiro, después nos dará el título del libro cuya página ha citado, pues el Presidente se ha quedado con la curiosidad. Me lo puede decir después, para que no figure en el «Diario de Sesiones». Es un privilegio personal. (Risas.)

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, UNA VEZ TOMADA EN CUENTA LA RESOLUCION 1.044 DE LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, DE 4 DE OCTUBRE DE 1944, HAGA USO DE SU PRESENCIA EN EL COMITE DE MINISTROS DEL CONSEJO DE EUROPA Y ASUMA, PARA FIRMA Y RATIFICACION, LA RECOMENDACION 1.246 DE ESTA ASAMBLEA, DE 4 DE OCTUBRE DE 1944, PARA QUE, EN SU CONSECUENCIA, SE PROCEDA A LA ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE CONTEMPLADA EN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA 13/1985, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CODIGO PENAL MILITAR. (671/000017.)

El señor PRESIDENTE: Duodécimo punto del orden del día: mociones consecuencia de interpelación.


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Moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que, una vez tomada en cuenta la Resolución 1.044 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre de 1944, se proceda a la abolición de la pena de muerte contemplada en diversos artículos de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar.
¿Turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Bolinaga.


El señor BOLINAGA BENGOA: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de comenzar, voy a apelar una vez más a su magnificencia y benevolencia, en cuanto al tiempo se refiere, si bien voy a intentar ser lo más breve posible. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Con motivo de nuestra reciente interpelación al Gobierno sobre la abolición absoluta de la pena de muerte tuvimos la oportunidad de desarrollar una línea argumental que hoy seguimos manteniendo en su integridad con la absoluta convicción de entonces. Una convicción que, si fuera posible, hoy se siente mucho más fortalecida y consolidada gracias al esfuerzo de las valiosas aportaciones y muestras de apoyo con las que tuvieron a bien favorecer el planteamiento de nuestras tesis quienes intervinieron en el debate representando al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y a Eusko Alkartasuna, del Grupo Parlamentario Mixto. Por si fuera poco, también contamos con el favor de sendas declaraciones emitidas en consenso unánime por la Diputación General de La Rioja, del Pleno del Parlamento vasco y de la Junta General del Principado de Asturias. Nos consta que otras Comunidades Autónomas, como Cataluña, Navarra, Extremadura, Valencia, Castilla y León y Madrid, entre otras, siguen la misma trayectoria.
Por añadidura, hoy disponemos de otro acontecimiento de primera magnitud, que ha aflorado ayer mismo a los medios de comunicación y cuya presentación, dicho sea en honor de la verdad, nos hubiera gustado más si se hubiera formalizado conjuntamente con el resto de los grupos políticos, que ya, de antemano, se encontraban por la labor. Nos referimos --y con agrado-- a la decisión adoptada por el Grupo Parlamentario Socialista con el fin de presentar a trámite en el Congreso de los Diputados una proposición de ley tendente a la abolición de la pena de muerte en el Código Penal Militar. En virtud de esta determinación y a pesar de todo, mis estimados colegas socialistas, nuestro agradecimiento y nuestro más sentido reconocimiento también está con sus señorías.
En todo caso, el magnífico resultado de la abolición de la pena de muerte no va ni debe contabilizarse en el haber personal de este Senador, ni siquiera en el exclusivo haber político del Grupo al que representa o de cualquier otro tan dignamente representado en esta Cámara, puesto que, a fin de cuentas, el óptimo resultado final que se espera y que parece anunciarse va a ser, en definitiva, fruto del entendimiento y el producto de un consenso entre todos los grupos políticos con representación parlamentaria. Y es aquí, señorías, donde radica la principal virtud del éxito por el que todos habremos de felicitarnos, la virtud --nunca mejor dicho-- del consenso entre todos con referencia a un tema de singular importancia desde la perspectiva defensora de los derechos del hombre, como realmente es la abolición absoluta de la pena de muerte, que, en definitiva, va a generar en este país un solo y único ganador sobre todo el debate habido. En efecto, el ganador absoluto no va a ser otro que el propio concepto integral de los derechos fundamentales del hombre; es decir, el respeto de los derechos humanos en su integridad, de principio a fin, en contra --según propugnábamos los portavoces de los grupos intervinientes en el debate de hace 15 días--, dicho con todo respeto, de los criterios expuestos por el excelentísimo señor Ministro de Defensa que, visto lo visto y de entrada, dicho sea con todo cariño, se ha hecho acreedor de un buen tirón de orejas.
No va, señorías, con nosotros ni con nuestro estilo ensañarnos con nadie, pero sí debemos decir, aun sintiéndolo mucho, que aunque nunca es tarde si la dicha es buena, hubiera sido recomendable que el señor Ministro hubiera acudido a esta Cámara, tras una reflexión seria o tras alguna que otra consulta que le ilustrara o convenciera de la debilidad argumental de su tesis a exponer, frente a la solidez de las razones y el firme posicionamiento con que iba a encontrarse por parte de los grupos oponentes, que éramos muchos y bien armados, dicho sea en términos de dialéctica pura.
En todo caso, señorías, también es de agradecer la buena disposición final del señor Ministro de Defensa como responsable del área ministerial que le corresponde. Es verdad. Aquí hubiera terminado mi referencia al señor García Vargas si no fuera porque en la prensa de hoy comparece manifestando que en caso de guerra se reimplantaría la pena de muerte, siendo éste su convencimiento. Dice textualmente que la declaración de guerra se produce en una situación que no propicia la racionalidad --en lo que estamos totalmente de acuerdo--, por lo que --añade-- si se llegara a ese extremo, es muy probable que se reimponga la pena capital sin las garantías procesales del actual Código Penal.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Bolinaga, ya ha terminado su tiempo. Acabe en cuanto pueda.


El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, enseguida termino.
Estas palabras y esta actitud del señor García Vargas lo explican por sí solas, por lo que no voy a entrar en el desmenuzamiento analítico de su contenido. De todas formas, si éstos son sus sentimientos y éstas son sus palabras ciertas y desde su convencimiento ministerial nos anuncia un hipotético futuro tan mísero y degradante, hay que confiar, señorías, en que el señor García Vargas no sea el responsable máximo de las Fuerzas Armadas en ese futuro hipotético.
Su desolada exposición ante esta Cámara y sus manifestaciones posteriores a la óptima determinación del Partido

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Socialista, que hemos comentado, lo sitúan, a nuestro entender, en un posicionamiento forzado y fuera de la línea de actuación que le es exigible en su actual condición. Ha quedado fuera de juego, lamentablemente, y bien que siento decirlo.
Se me ocurre pensar en algo que no voy a decir, primero, porque no está presente el señor Ministro de Defensa, por lo que creo que no sería correcto y, segundo, porque probablemente no iba a hacerme caso alguno.
Pero sí voy a decir lo que yo creo que me sentiría obligado a realizar, dada la actual coyuntura en que se encuentra el señor Ministro, puesto que si yo me encontrara como él, me sintiera forzado a mantener un posicionamiento contrario a mis criterios personales de fondo, señorías, una de dos: o me callaría disciplinadamente, o presentaría mi dimisión.
Haría todo lo que sea menos meterme a agorero de signo nefasto y, sobre todo, no intentaría descalificar a priori un posible consenso entre todos ni devaluaría una decisión de mi propio partido político, en este caso el Partido Socialista, con un temerario anuncio sobre el no cumplimiento de un Código Penal Militar que ha de surgir de una sociedad democrática.
También hubiera sido bueno que la decisión del Partido Socialista pudiera haberse dado antes. Lo digo porque si bien este Senador es consciente de que el criterio general de los socialistas es paralelo a sus propios criterios ya manifestados, siempre quedará la duda de que el Partido Socialista en cuanto tal ha actuado como a remolque de unas circunstancias que finalmente ha considerado perdidas y que, en última instancia y para no quedar en evidencia, ha iniciado una última carrerilla oportunista para ocupar la primera plaza del foro.
Digo que esto es lo que se puede pensar y no lo que este Senador piensa.
Y lo decimos, créanme, señorías, con todo afecto y con cierta preocupación, pero muy interesados, eso sí, de que en el futuro todos tengamos un mismo sentido de la oportunidad y de la puesta en común para todo aquello que real y decididamente valga la pena y, en particular, para todo cuanto concierne a los derechos del hombre, que son los derechos inalienables de todos nosotros sin excepción y que están muy por encima de toda acción política o partidista.
Dicho esto, rápidamente, señor Presidente, y contando con su benevolencia, voy a centrarme en la materia de nuestra moción.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le pediría que se fije en el cronómetro, ya que está casi a punto de doblar su tiempo.


El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, es un tema tan complejo que se merece una atención un poco específica. Le ruego sea amable y me permita que haga una selección entre mis apuntes para referirme, sucintamente, al tema que particularmente pueda interesar. Voy a intentar ceñirme, permítamelo, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Sí, señoría. Sin embargo, si me lo permite, aprovecho para decirle que una moción consecuencia de interpelación ya está debatida suficientemente al sustanciarse la interpelación y, por tanto, el tiempo es éste, no es más.
Su señoría tiene la posibilidad de terminar tranquilamente, pero no quisiera sentar un precedente sobre el tratamiento de las mociones consecuencia de interpelación.
Puede continuar.


El señor BOLINAGA BENGOA: Entendido, señor Presidente, tiene toda la razón y le ruego que me disculpe.
Ciñéndome al contenido de nuestra moción, su objetivo es interesar al Senado para que inste al Gobierno a tomar en cuenta la resolución 1044 y asuma, para firma y ratificación, la recomendación 1246 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, puesto que ambos documentos se refieren explícitamente a la abolición absoluta de la pena de muerte, habiendo sido aprobados con los votos nominales de los miembros de dicha Asamblea, entre los que nos encontramos ocupando escaños cuantos componemos la delegación representativa de nuestro Congreso y Senado conjuntamente.
La resolución 1044 afirma la existencia de argumentos irrefutables contra la aplicación de la pena de muerte y demanda a los Parlamentos de todos los Estados miembros del Consejo de Europa y de todos los Estados cuya Asamblea legislativa se beneficia del estatus de invitado especial y que mantienen la pena de muerte por delitos cometidos en tiempo de paz y en tiempo de guerra a que las supriman completamente de sus leyes y reglamentos. Exhorta a todos los miembros de la Asamblea a iniciar personalmente acciones en favor de la abolición de la pena de muerte en sus respectivos países y termina insistiendo cerca de los Parlamentos de todo el mundo que aún estén pendientes de su abolición total para que lo hagan con urgencia y sigan el ejemplo de la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa.
La recomendación 1246, tema principal de la moción de esta tarde, tras deplorar que un porcentaje minoritario de Estados miembros del Consejo de Europa sustente todavía la pena de muerte, considera que ésta no debe tener lugar legítimo en el sistema penal de las sociedades avanzadas y civilizadas y que su aplicación es comparable a la tortura y a los tratamientos inhumanos y degradantes que contempla el artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, me tendrá que escuchar otra vez un momento. Si le parece bien, en un minuto terminamos.


El señor BOLINAGA BENGOA: Sencillamente, señor Presidente, estoy dando lectura a la recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con lo cual termino, si usted me permite.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): ¿Y esto cuánto va a durar, más o menos?

El señor BOLINAGA BENGOA: Un minuto o minuto y medio.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, gracias.


El señor BOLINAGA BENGOA: En consecuencia, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros, entre los cuales se encuentra el Ministro español, la elaboración de un protocolo adicional a la Convención Europa de los Derechos del Hombre, aboliendo la pena de muerte en tiempo de paz y en tiempo de guerra y que obliga a los firmantes a no introducirla en circunstancia alguna.
Demanda la creación de un mecanismo de control supervisado por el Secretario General y aplicable tanto a los Estados miembros como a los Estados invitados. Obliga a todos los Estados cuya legislación prevé todavía la pena de muerte para crear una Comisión, en el más breve plazo posible, específica para abolir la pena de muerte. Y tras señalar otros puntos referentes a situaciones y acciones del caso presente, y que en estos momentos no son felizmente coincidentes en el caso de España, sigue recomendando la organización de una conferencia que pudiera tener lugar, durante 1995, sobre la abolición de la pena de muerte.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, usted no sabe lo mal que me sabe tener que intervenir de esta manera.


El señor BOLINAGA BENGOA: Sólo ruego a sus señorías que aprueben la moción que tengo planteada.
Muchísimas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Pido comprensión; mi función es ésta, y quisiera no ejercerla nunca.
¿Alguien desea intervenir para un turno en contra? (Pausa.) Nadie hace uso del turno en contra.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Petrizan.


El señor PETRIZAN IRIARTE: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como no puede ser menos, quiero agradecer al Senador Bolinaga y al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos la presentación de esta moción tras la interpelación del otro día, y además augurarles éxito, como parece, en la tarea que se han marcado.
Hace unos días veíamos aquí al Ministro de Defensa, que, en mi opinión, hacía un esfuerzo patético para mantener una posición solitaria en esta Cámara, argumentando a favor de que no desapareciera del Código Penal Militar la pena de muerte. Los argumentos que daba --para ser suave-- yo diría que olían a naftalina, olían a antiguo, a viejo, a desfasado. Y la oportunidad de esta moción lo va a poner inmediatamente al descubierto.
El señor Ministro de Defensa, al menos en esto --y creemos que no sólo en esto-- se ha quedado antiguo. Y cuando yo le argumenté la desarmonía que existía entre el mundo civil y el militar en algunas cosas una era ésta y otra sería, por ejemplo, el mantenimiento, la no corrección en absoluto y el empecinamiento en el actual Servicio Militar obligatorio sin proponer absolutamente ninguna corrección, él me contestó que no existía desarmonía, que todo era armonía y todo era un mundo perfecto y normalizado. Y no era así, como podemos ver hoy.
Pero es que, además --y en este caso me referiré también al Ministerio de Defensa-- la mejor propaganda contra el Servicio Militar obligatorio --y esta moción está relacionada con ello-- la hace precisamente el propio Ministerio de Defensa con alguno de sus altos cargos a la cabeza. Ningún Grupo de las Cámaras, ni de esta Cámara --que, por lo que se ve, para el Grupo Socialista es la subsidiaria--, ni de la otra, parece que está de acuerdo en mantener la pena de muerte en el Código Penal Militar, a tenor de la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados que, por lo que se ve, es la Cámara de primera. Por ello podemos pensar que del patetismo del que yo hablaba en días pasados, directamente pasamos al esperpento. ¿Cuál va a ser el esperpento? Que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar que sí a la moción de hoy.
Yo lo único que les pido, señoras y señores Socialistas, es que nos den un respiro a los humildes Senadores, porque no estamos preparados para semejantes cambios de actitud en cuestión de escasamente quince días. Y si estos giros sirven para demostrar que la esclerosis múltiple que yo diagnosticaba al Grupo Socialista en el asunto de la objeción de conciencia y la insumisión va remitiendo, bienvenidos sean, pero yo pediría que no hiciéramos triples debates sobre las mismas cuestiones porque aquí se está cambiando de posición de un Pleno a otro.
Para terminar, quiero reiterar el agradecimiento al señor Bolinaga por posibilitar este debate, que yo creo que es importante, sobre la anulación de la pena de muerte en el Código Penal Militar, y en la próxima proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista veremos que esto se sustancia ya en un texto legal.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Petrizan.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Travieso Darias.


El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, por supuesto que nuestro Grupo va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, defendida por el Senador Bolinaga; las argumentaciones ya las dimos en el Pleno de hace quince días, cuando se discutió la interpelación presentada por el mismo Senador, y están bastante claras.
Nosotros defendemos que no debe existir la pena de muerte, y mucho menos en caso de guerra. Si la Constitución Española anula de nuestro ordenamiento jurídico la pena de muerte en situación normal, aunque la permite en caso de guerra, yo creo que el Senador Bolinaga y su Grupo Parlamentario han tenido un gran acierto al ceñirse

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únicamente a lo que dispone el Código Penal Militar. Pero creo que de aquí en adelante habrá que dar otro paso más para que entre todos los Grupos de la Cámara --ya que parece que ahora hay consenso-- intentemos, si es posible, modificar la Constitución y que de una vez por todas se erradique de nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de la pena de muerte, tanto en caso de paz como en caso de guerra.
No voy a incidir más en el fondo del asunto, pero sí sobre el hecho que han recalcado los dos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra en cuanto a la presentación de una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en el día de ayer por parte del Grupo Socialista, hecho que, por lo menos, nos acongoja, porque, no voy a calificar la postura del Grupo Socialista como el Senador Petrizan, de esclerótica, pero permítanme que les diga que, por lo menos, en esta cuestión han estado un poco faltos de cintura política.
Si en los debates de la Constitución, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español, don Felipe González, dijo que la redacción de la misma en lo relativo a la pena de muerte no cumplía todas las expectativas de las fuerzas de izquierda e intentó que se anulara la posibilidad de la pena de muerte en caso de guerra, nos resulta chocante que el Partido Socialista dé ahora unos giros tremendos en ese tema, y que hace quince días el Ministro de Defensa, señor García Vargas, defendiera lo indefendible para el Partido Socialista. Nosotros respetamos la defensa de esta postura, pero entendemos que el Partido Socialista llevaba una trayectoria en ese sentido que le obligaba a seguir las mismas argumentaciones propuestas desde la clandestinidad y en la etapa democrática, por lo que no entendemos esa postura zigzagueante o ambigua.
Les pediría que fueran más claros en estas cuestiones y que cuando un Grupo Parlamentario tiene la valentía de traer a una de las Cámaras un tema tan importante como éste, no intenten quitarle protagonismo, y a los quince días, cuando ven perdido el asunto, presenten deprisa y corriendo una proposición semejante en el Congreso de los Diputados. Es más caballeroso decir que lo han reconsiderado, que están de acuerdo y que van a apoyar la moción. Como ha dicho el Senador Bolinaga, ni él ni su partido político se pretenden apuntar la idea, que será de toda la Cámara.
Nuestra postura es clara. Votaremos a favor de esta moción del Senador Bolinaga. Esperemos que se cumpla pronto el mandato del Senado al Ejecutivo para que desaparezca de nuestro ordenamiento jurídico, del Código Penal Militar, la pena de muerte en caso de guerra, y haremos votos para que dentro de poco también desaparezca de nuestra Constitución, tras el irremediable proceso de modificación de nuestra Carta Magna.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Travieso Darias.
Por Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Vallvé.


El señor VALLVE I NAVARRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para sentar el criterio de Convergència i Unió en este tema apasionante.
Damos por reproducido cuanto manifestábamos con ocasión de la interpelación del Senador Bolinaga. El mérito será siempre del Partido Nacionalista Vasco y de su dignísimo Senador, el señor Bolinaga, a pesar de la renuncia expresa que de ello ha hecho en este acto. Ni aun así debe olvidarse de quién partió la iniciativa y quién, en definitiva, ha llevado al Gobierno a pronunciarse del modo que lo hace. No quiero caer en el vicio de los juegos florales, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que le conviene. Gracias, Senador Bolinaga.
Lo que no sabía, señoría, es que el Ministro chaqueteara ante la prensa.
Mi última noticia es que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una proposición que de alguna manera suprime las referencias a la pena de muerte en el Código Penal Militar. Pero esto es una trampa saducea, porque si el Ministro añade que en cuanto le convenga, en caso de guerra, va a restablecer la pena en el Código de Justicia Militar, malamente se puede aceptar.
Hay una solución, que parece que la prensa también la atribuye al señor Almunia: el PSOE no descarta retocar también la Constitución. Esta es la solución que, en nombre del señor Bolinaga, formulo a sus señorías: modifiquemos la Constitución; modifiquémosla en el modo y sistema que propuse a la Cámara en mi intervención del pasado 15 de noviembre. Leeré a sus señorías el escueto párrafo: «A nuestra Constitución le hicieron en su día, señor Ministro, un flaco favor dejando en tan solemne documento una referencia a la posibilidad de la muerte legal. Liberemos a la Carta Magna de este lastre. Parlamentariamente es posible...», etcétera.
Yo entiendo, señorías, que lo que corresponde ahora es modificar la Constitución, y, de esa manera, cerramos la posibilidad anunciada por el Ministro. El recorte de prensa del que he hecho mención atribuye al Diputado señor Almunia que no descarta retocar la Constitución. Pues bien, vamos allá, «som-hi» que decimos los catalanes. Le ofrecemos al Senador Bolinaga nuestra colaboración para articular la iniciativa legal constitucionalmente pertinente para modificar la Constitución. Que sea el Senado quien encabece la iniciativa, porque a esta Cámara corresponde la iniciativa de este proyecto, despertar las conciencias, forzar voluntades y, en definitiva, conseguir aunar criterios para convertir a este país en un Estado moderno y respetuoso con el más elemental de los derechos humanos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vallvé.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.


La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Ruego a sus señorías un momento de atención para el texto que les voy a leer y creo que merece la pena que dentro

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de muy poco tiempo lo eliminemos de nuestro ordenamiento jurídico.
Disculpen por la lectura: «Tan pronto como el juez instructor notifique el fallo de muerte recaído al que haya de sufrir pena capital, se le pondrá en capilla, proporcionándosele los auxilios que el mismo juez autorice de conformidad con lo prevenido en el Código de Justicia Militar. Al entrar en capilla el reo, sin perjuicio de las medidas generales de seguridad que tenga a bien ordenar el Gobernador del establecimiento, se concederá su custodia al piquete que ha de realizar la ejecución, si fuera militar. La pena de muerte se ejecutará con arreglo a la ley. El Gobernador del establecimiento hará que se observen las disposiciones prevenidas en la misma. Desde el momento en que se notifique la sentencia hasta que se ejecute, cuidará el Gobernador del establecimiento que reine el mayor silencio, suspendiendo los paseos y demás actos que pudieran turbar el recogimiento debido en tales casos.» Señor Presidente, señorías, pido perdón por la solemnidad, debida, quizás, a la emoción con la cual me he dirigido a sus señorías.
Naturalmente, yo no voy a repetir toda la argumentación de la discusión de la interpelación de hace 15 días. Ya dije entonces, y ahora lo reitero, que en el Grupo Parlamentario Popular pensamos que, tal y como está configurado en la Constitución el derecho a la vida, a la vida en sí, más que como un derecho, como un presupuesto material para el ejercicio de los demás derechos, textos como el que les acabo de leer no merecen formar parte de nuestro ordenamiento jurídico ni un minuto más, señorías.
Me gustaría añadir, dirigiéndome especialmente a los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, que hace mucho tiempo que he renunciado a entender al Partido Socialista Obrero Español. Hace 15 días dejaron ustedes solo al Gobierno; dejaron al Ministro de Defensa completamente solo. Hace menos de 48 horas, ustedes han presentado de prisa y corriendo nada menos que una proposición de Ley Orgánica de abolición de la pena de muerte, y yo creo y espero que el Senador Galán, que creo que va a intervenir en último lugar, me pueda convencer de que lo han hecho más por pura convicción que por huir de la soledad, señorías.
Y algo de esto debe de haber a tenor de las declaraciones que ha realizado el Ministro de Defensa: si España realiza una declaración de guerra, se reimpondrá la pena capital.
Como el resto de mis colegas, yo no sé qué pensar, yo no sé si es que el señor García Vargas se ha vuelto independiente --ahora que el Ministro Belloch nos confirmaba ayer que ya no lo es--, yo no sé si es que el señor García Vargas pasa del Partido Socialista, pasa de las Cortes, pasa de las leyes que se aprueban aquí, y sí que lamento que no esté aquí presente, porque, señorías, muy gustosamente y en muy poco tiempo --atendiendo los requerimientos del Presidente-- yo le explicaba lo que es la seguridad jurídica, porque parece que este hombre no lo acaba de entender.
Ahora que el PSOE pretende modificar en solitario la Constitución, ¿se acuerdan ustedes del consenso, señorías? ¿Se acuerdan ustedes del acuerdo de todos los grupos que presidió, hace ya tiempo, los debates constitucionales? En nombre de mi Grupo quiero decirles que por lo menos en lo que se refiere a este punto, o a cualquier punto de la Constitución, o la iniciativa se deja al Gobierno o se deja al conjunto de la Cámara para que todos, de común acuerdo, estampemos nuestra firma en una proposición de ley orgánica, tramitada por su sencillez en lectura única y por el procedimiento de urgencia, por motivos más que obvios, señoría.
Nosotros nos alegramos mucho de esta defensa unánime de la vida, felicidades otra vez, Senador Bolinaga, por esta fantástica iniciativa; pero sin medallas, señorías. (Dirigiéndose a los escaños de la izquierda.) Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador don Joaquín Galán.


El señor GALAN PEREZ: Con la venia, señor Presidente, para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, favorable a la moción defendida por el Senador Bolinaga.
Yo creo que hoy es un día importante para todos los abolicionistas, para todos los que desde hace muchos años hemos luchado por la absoluta eliminación de la pena de muerte en cualquier legislación democrática. En modo alguno quiere aquí el Partido Socialista apuntarse ningún tanto; nosotros reconocemos que en esta lucha ha habido iniciativas importantes y que, en definitiva, la primera iniciativa fue el propio debate constitucional. Cuando la Constitución llegó en fase de proyecto a esta Cámara ninguna referencia había en el artículo 15 a la abolición de la pena de muerte; hubo una enmienda conjunta de los Grupos Socialista, Comunista, Nacionalista Vasco, Catalán y Mixto --exactamente esos Grupos y no otros, señorías-- absolutamente abolicionista, sobre la que se colocó una enmienda transaccional por parte del Grupo UCD, que defendió muy brillantemente, por cierto, el entonces Ministro y Diputado señor García Añoveros. Yo quiero rendir desde esta tribuna un homenaje de reconocimiento a quien entonces posibilitó aquella redacción del artículo 15 de la Constitución con esa enmienda transaccional y a quienes después ofrecieron en esta Cámara, en este Senado, avances posteriores, como fue el Senador Cirici Pellicer de Entesa dels Catalans, para limitar la expresión de «en tiempos de guerra» a la expresión, sencillamente, «para tiempos de guerra».
Yo creo que, en definitiva, el trayecto que se ha recorrido desde el advenimiento del régimen democrático con la Constitución del 6 de diciembre de 1978 hasta este momento ha sido un trayecto importante, en el que han intervenido muchos parlamentarios, y recuerdo aquí al Diputado Antonio Moreno, del Partido Andalucista, a Diputados de otros grupos en el Congreso, como los del Grupo Nacionalista Vasco, a Senadores, como por ejemplo el Senador Otamendi y el Senador Dorrego, del Grupo CDS, que han defendido la abolición de la pena de muerte en esta Cámara en la pasada legislatura. A todos ellos quiero

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agradecerles ese impulso para la desaparición de la pena de muerte en el Código Penal Militar, en la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y en la Ley Procesal Militar.
No voy a agotar aquí el tiempo haciendo referencias como la cita del Senador socialista, Rodríguez Pardo, al Marqués de Beccaría en el debate del año 1985, o la cita del profesor Rodríguez Devesa en ese mismo debate, o las que ha realizado tan brillantemente la Senadora Rosa Vindel esta misma tarde.
Quiero referirme a una frase que aparece en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara, de fecha 5 de junio de 1991, durante la intervención del Senador que ahora les habla --entonces en contra de una proposición de ley del Grupo del CDS--, que decía: «Estoy absolutamente seguro de que todos los que hemos intervenido y vamos a intervenir en este debate somos contrarios a la pena de muerte, incluso contrarios a la posibilidad de que este supuesto de hecho excepcional que es la guerra pueda ser un dato justificativo que posibilite la excepcionalidad de la aplicación de dicha pena en una sentencia y por tribunales perfectamente garantizados, con un procedimiento pleno de garantías para el acusado, pero que debe tender a eliminarse.» Por tanto, en aquel momento señalábamos que nos oponíamos a la toma en consideración de aquella iniciativa, no por razones de fondo, sino exclusivamente por razones formales y de oportunidad política.
Igualmente, quiero agradecer el impulso de organizaciones como las europeas, la recomendación número 1.246, de octubre de este año, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la resolución 1.044 de la misma Asamblea Parlamentaria y el impulso de organizaciones internacionales no gubernamentales como Amnistía Internacional, que ha insistido una y cien veces sobre la necesidad de esta abolición, para decir a sus señorías que entendemos sinceramente que éste es el momento y la oportunidad de que todos, conjuntamente, lleguemos a la plena abolición de esa figura, absolutamente del pasado, que es el mantenimiento de la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.
Nuestro Grupo no quiere obtener, en modo alguno, ningún tipo de protagonismo en esta materia. Si la iniciativa de anteayer se presentó en el Congreso fue, sencillamente, por razones de rapidez, para ir más deprisa que si la hubiéramos presentado en esta Cámara. Reconocemos, pues, el impulso, la iniciativa previa a la nuestra de anteayer, de muchos grupos diferentes y saludamos la incorporación a esta posición de grupos que hasta bastante más tarde que los que tomaron la iniciativa hace cuatro o cinco años han mantenido una actitud reticente a esta eliminación. Creemos que la desaparición de esa posibilidad, que todavía está contemplada en el artículo 15 --y que exige, por tanto, una reforma constitucional--, exigiría el pleno consenso de todas las fuerzas políticas. Si a lo mejor abordamos una reforma constitucional para otros temas, sería un buen momento para reformar también el artículo 15. Pero en modo alguno el Grupo Socialista va a intentar, ni en ésta, ni en ninguna otra materia, una reforma constitucional sin el pleno consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Galán, tiene el tiempo limitado.


El señor GALAN PEREZ: Termino, señor Presidente.
Por tanto, como en este tema, cualquier reforma exigirá el consenso de todos.
Quiero felicitarles a todos ustedes, y muy sinceramente al Senador Bolinaga, por esta iniciativa, así como reiterar que nuestro Grupo no pretende ningún protagonismo en esta Cámara, ya que creo que el protagonismo real es para todos los que han luchado por la eliminación de esta lacra del pasado, por la desaparición de esta herencia de otras épocas en las leyes de un Estado social y democrático de Derecho. Estamos mucho más a gusto con los 96 países que tienen abolida íntegramente la pena de muerte, que con esos otros --Turquía, Lituania, Letonia, Rumania, Hungría-- que todavía mantienen la posibilidad excepcional de esta pena --al momento de cuya ejecución, tal como está reglamentada, hacía referencia la Senadora Vindel--, que creo que debe avergonzarnos a los hombres que nos sentimos fundamentalmente miembros de una comunidad internacional, seres libres e iguales, y viviendo en una sociedad democrática.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
El Senador Bolinaga tiene la palabra por dos minutos y supongo que por el artículo 87.


El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecerle los cortes y recortes que me ha dado durante mi intervención, que acepto humildemente pues acato las decisiones de la Presidencia.
Muchísimas gracias.
En efecto, he pedido la palabra por el artículo 87 y la verdad es que en estos momentos, en que realmente me siento conmovido y hasta emocionado, podría decir muchas, tal vez muchísimas cosas. No obstante, creo que lo sustancial está dicho y, particularmente, que lo más importante se ha conseguido gracias al consenso de todos los grupos representados en esta Cámara para defender de principio a fin, de punta a punta y en todo momento un concepto tan elevado sin el cual no se explica el género humano en la tierra; es el concepto y la conceptuación íntegra de los derechos humanos y el respeto debido a todos ellos sin exclusión de uno sólo.
Muchas gracias a todos, señorías. Y también, cómo no, muchas felicidades a todos los grupos y a todos los organismos, como, a título de ejemplo, Amnistía Internacional, que durante tantísimo tiempo y contra viento y marea han luchado desinteresada y denodadamente por llegar a este resultado final que parece vamos a conseguir en estos mismos instantes.


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Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, felicitémonos todos y esperemos que el futuro sea mucho mejor de lo que ha sido el pasado.
Muchas gracias, señor Presidente. Ruego votación reglamentaria sobre esta moción. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vamos a someter a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a que, una vez tomada en cuenta la Resolución 1.044 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 4 de octubre de 1994, haga uso de su presencia en el Comité de Ministros del Consejo de Europa y asuma, para firma y ratificación, la Recomendación 1.246 de esta Asamblea, de 4 de octubre de 1994, para que, en su consecuencia, se proceda a la abolición de la pena de muerte contemplada en diversos artículos de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 223.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobada. (Aplausos.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESIGNAR UN NUEVO EQUIPO GESTOR PARA LA COMPAÑIA IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S. A., QUE SE RESPONSABILICE Y PROPONGA LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA INTENTAR REFLOTAR DICHA COMPAÑIA. (671/000018.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a designar un nuevo equipo gestor para la Compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., que se responsabilice y proponga las medidas alternativas para intentar reflotar dicha Compañía Senador Utrera Mora, tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.


El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado 15 de noviembre tuve ocasión de interpelar al Gobierno sobre la situación de Iberia y sobre las perspectivas de futuro de esta Compañía. De la respuesta del Gobierno conseguimos extraer la idea de que éste achacaba a causas externas, a las devaluaciones de la peseta, a la guerra del Golfo, a la crisis económica internacional, la grave situación por la que atraviesa la Compañía española. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) De hecho se nos definió una estrategia defensiva para el futuro de Iberia, estrategia que se basaría en el mantenimiento de los ingresos con una muy leve ganancia en el período hasta 1996-97, y una reducción de gastos fundamentalmente de masa salarial.
En la Comisión de Industria de esta misma Cámara, el pasado 22 de noviembre, comparecía el Presidente de la Compañía Iberia, señor Salas, que reiteraba los mismos argumentos, aunque, eso sí, añadía que Iberia tenía condiciones, por su organización interna, por la cualificación de su personal, por la tecnología utilizada, y también por operar en un sector de demanda fuerte, tenía condiciones, repito, para mantenerse rentable en el futuro, para ser una empresa viable; idea con la que estuvimos y estamos todavía plenamente conformes.
A partir de esa fecha se precipitan los acontecimientos. El pasado miércoles, en el Consejo de Administración de Iberia, se activa el denominado Plan B, que supone recortes de empleo mayores para, posteriormente, después de una huelga ilegal el pasado lunes en la Compañía, acordarse ayer martes, de madrugada, el que podemos denominar Plan C, que supone una nueva alternativa tanto en términos de ajuste salarial como en términos de ajuste de plantilla en la Compañía.
Lo que introduce en el debate político toda esa cadencia de acontecimientos es el despropósito, el desequilibrio con que se están tratando los problemas de Iberia desde la dirección de la Compañía. De ahí la conveniencia de reiterar los argumentos de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que se refiere básicamente a tres aspectos principales.
Primero. Se requiere un nuevo equipo gestor para Iberia que reúna las características de ser profesional, independiente y, sobre todo, tener credibilidad ante los propios empleados de la Compañía, credibilidad que, después de muchos años de mala gestión, el equipo actual ha perdido.
En segundo lugar, ese equipo tendría que elaborar un plan de salvación, un plan excepcional de actuación en la Compañía para poder recuperar los equilibrios financieros en un período de tres o cuatro años.
Y, por último --tercer argumento de la moción--, que se revisaran las inversiones realizadas en compañías hispanoamericanas.
Esta moción se justifica fundamentalmente, como hemos señalado, en que pensamos, como coincidían todos los técnicos de grado medio y superior, o al menos la mayoría, e integrados en la plantilla de Iberia, como coincidían hasta hace muy poco las principales fuerzas sindicales --Comisiones Obreras, UGT y, desde luego, los otros sindicatos de clase que integran la Compañía--, como coincidíamos todos, en que la gestión había sido muy deficiente, primero, por desconocimiento profesional del sector por parte de los gestores y, en segundo lugar, por haber condicionado esa gestión a las imposiciones que desde el INI o, lo que es lo mismo, desde el Gobierno, se hacían a esta Compañía.
Esa incompetencia se pone de manifiesto en múltiples actos de los realizados por la Compañía Iberia, digamos que en los últimos cuatro o cinco años. Por citar sólo algunos --puedo garantizarles que tenemos identificados muchos más--, por ejemplo, la segregación que se hizo en

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unidades de negocio, en la época del anterior Presidente, del señor Aguiló, que siendo una idea que en teoría era buena, positiva en su concepción para poder imputar costes a cada una de estas unidades --segregar operaciones de interior, segregar operaciones europeas, operaciones intercontinentales, identificar también unidades de actividad concretas como pueden ser el «handling», materiales, etcétera--, se convirtió de hecho en una auténtica inflación de cargos directivos, y se convirtió de derecho en una desorganización fundamental de la Compañía en la que, todas las unidades que deberían ser comunes, como puede ser el marketing, la facturación, etcétera, permanecían como reinos de Taifa en cada una de las unidades de negocio que integraban la Compañía.
La pérdida de economías de escala, la pérdida de sinergias que se buscaban con esta reorganización administrativa de la Compañía ha sido de tal importancia que nosotros pensamos que ha arrastrado y ha supuesto unas cifras de resultados negativos, a partir de entonces, para la Compañía.
En cuanto a los directivos, tenemos la descripción de todos ellos en los años ochenta, en la época Aguiló, la época Salas, las diferentes reorganizaciones directivas que ha habido en la Compañía, y percibimos esa inflación de directivos a la que antes me refería, y percibimos también que se incorporaban, y están enquistados en la dirección de la Compañía, personas que son ajenas al sector, que desconocen el sector, y que han tomado decisiones bastante negativas para una Compañía que opera en este sector.
Decisiones de flota, por citar otro de los ejemplos en los que más se puede percibir la parálisis de la actual gestión de la Compañía. En los años ochenta se tomó la decisión de renovar la flota, lo que ha afectado a la flota de medio y corto radio; renovación que ha sido parcial, porque no se han desprendido de las viejas unidades, lo cual resta capacidad competitiva a la Compañía, mientras que la flota de largo plazo aún está pendiente de renovación y, diríamos más, las decisiones últimas que se han tomado, basadas en una determinada marca, en un determinado modelo de avión, resultan incoherentes e inconsecuentes con el tipo de tráfico que la Compañía tiene que prestar. Voy a poner un ejemplo: una de las líneas en las que se pierde más dinero, concretamente Madrid-Tokio, con los nuevos aviones de largo radio que se van a adquirir no se puede hacer en un solo salto. Consecuentemente se seguirá perdiendo en esa línea (estamos hablando de pérdidas del orden de 5.000 ó 7.000 millones de pesetas al año).
También encontramos influencias desde el Gobierno para que se operen determinados tipos de aviones vinculados a otras ofertas --aviación militar, etcétera-- y, en definitiva, en estos momentos se está operando vía leasing aviones que, siendo propiedad de Iberia, hubo que ceder y que, además, son inadecuados para la estructura de rutas que tiene que prestar la Compañía.
¿Empresas subsidiarias? El tercer grupo de decisiones importantes de la época del anterior Presidente de Iberia. Aviaco tenía de 50.000 a 60.000 horas de chárter consolidado, después de 15 años en la actividad, cedió a la compañía Viva, también subsidiaria de Iberia...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ruego a su señoría que concluya su intervención.


El señor UTRERA MORA: Enseguida.
Muchas gracias, señor Presidente.
Repito que Aviaco cedió a Viva los vuelos chárter, generando que una vez que Lufthansa se retirara de Viva, no Aviaco ni Viva mantienen el chárter y ambos entran en competencia con líneas de Iberia, abaratando costes y prestando unos servicios para los cuales, además, su flota, por lo menos en el caso de Viva, resulta claramente inadecuada.
Podríamos seguir mencionando las unidades de carga, las unidades de negocio, el «handling», el mantenimiento, las inversiones en Hispanoamérica, que siento mucho no tener tiempo para describirlas con detalle, pero me permitirá el Presidente que dé una única pincelada.
El mayor competidor de Iberia en estos momentos en el vuelo Madrid-Buenos Aires es, precisamente, Aerolíneas Argentinas. Los aviones, los vuelos, salen con apenas diferencias de cinco minutos; primero el de Aerolíneas y después el de Iberia. El primero lleno porque lo hace de un salto y el de Iberia normalmente vacío porque utiliza el salto en Las Palmas.
Consecuentemente se está actuando como banquero de esa Compañía, se está transfiriendo por vía indirecta beneficios y en líneas europeas también Aerolíneas y Aviaco cuando fletan en Madrid y compiten en vuelos de Roma, Londres, etcétera. Podríamos mezclar toda la estrategia de horarios, de vuelos, de Viva, Aviaco, etcétera, para encontrar que, efectivamente, Iberia se está convirtiendo en el pagano final, vía precios de transferencias de otras compañías, que por sí solas tampoco son rentables.
Y qué decir de los «hub» de Miami, que más que un «hub» parece...


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Ruego a su señoría que concluya.


El señor UTRERA MORA: ... y de otras cuestiones que podría ser interesante poner en conocimiento de sus señorías.
Concluyo señalando que como resultado tenemos que Iberia en los últimos años es la Compañía que más ha perdido en relación a su dimensión, en comparación con las europeas y las americanas; que es la que tiene una posición competitiva más débil, reconocida por la propia Compañía; que está perdiendo cuotas de mercado rápidamente, y todo ello --termino-- fruto de decisiones desafortunadas de gestión.
Por ello, apelamos a los otros grupos de la Cámara para que aprueben esta moción, que sirva, por lo menos, para meter algo de racionalidad en la gestión de Iberia. De hecho nos preocupa el acuerdo alcanzado ayer mismo, por cuanto no supone un acuerdo de viabilidad de la Compañía, es un mero reparto de poder --sindical queremos decir--, y de poder dentro de la Compañía, que no tiene en cuenta la viabilidad y el futuro de la línea de bandera española y que, sin embargo, establece unas condiciones, unos

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plazos y unas posibilidades de actuación de comisiones sindicales y de gestión que, en unos casos y en otros, hacen dudar del futuro de la empresa.
Por tanto, señorías, pedimos el voto positivo para una moción que entendemos bastante razonable en sus propuestas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cercós Pérez.


El señor CERCOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Lógicamente, vamos a oponernos a esta moción del Grupo Parlamentario Popular, defendida por el Senador Utrera.
Tanto en el debate de la interpelación como hoy, Senador Utrera, siento que su señoría, cuyo perfil y preparación este Senador conoce y valora, se haya prestado a defender una moción de su grupo que no tiene una base, que es inoportuna, que trata de entrar en la gestión de una empresa y el Parlamento no tiene que acometer este tipo de planteamientos, ya que no es competencia suya, y que no tiene en cuenta que ha habido con gran esfuerzo, porque es un tema que preocupa a toda la sociedad española, un acuerdo el pasado día 29 entre la dirección de la empresa Iberia y los principales grupos sindicales que permitirá recuperar la rentabilidad operativa de la Compañía.
Su señoría trata de atribuir la difícil situación de Iberia a los errores de la gestión. Yo le demuestro a su señoría que no son errores de gestión. En todo caso, en el equipo actual, Senador Utrera, el Presidente y el Consejero Delegado tomaron posesión hace poco más de un año y el resto del personal directivo en el pasado mes de julio.
El plan estratégico que se puso en marcha en 1991-1993 lo llevó adelante la Compañía Iberia con resultados positivos, con una reducción de personal de 3.645 trabajadores, igualada solamente por la compañía Lufthansa, pero que supone la modificación de plantilla no traumática más importante, con el consiguiente aumento de produtividad en comparación con las demás compañías aéreas europeas. ¿Sabe su señoría que las disminuciones de costes de explotación en el período 92-93 mejoraron en 12.100 millones de pesetas, pero que han resultado insuficientes por una disminución de los ingresos, debida a una imprevisible reducción de precios y disminución del número de pasajeros. Su señoría lo sabe perfectamente.
Ha habido una liberalización profunda del transporte aéreo, y la va a haber muchísimo más intensa, que ha llevado a la crisis a todas las compañías en el mundo. Si no, cómo puede explicarse que la compañía Air France tenga pérdidas desde 1990 y que haya pasado de 162 millones de dólares a 1.505 en 1993; que Alitalia pase de 101 a 177; que Lufthansa, que tenía beneficios en el año 1990, de 5,8 a 65,9 millones de dólares de pérdidas en el 93; que SAS pase de 51 a 63; que American pase de 77 a 110; que United pase de 96 a 933 en el período 90-92; que Delta pase de 154 a una cifra superior a los 564 millones de dólares en el mismo período. Esta es la realidad de las principales empresas del sector aéreo a nivel mundial, señoría.
Los gestores de Iberia han actuado buscando las estrategias más oportunas. Su señoría critica que se hayan hecho inversiones, por ejemplo, en nuestra área natural, Iberoamérica. Pero, como dijo el señor Salas en su comparecencia, este mismo año se espera que haya resultados esperanzadores, que afirmen la operación de Aerolíneas Argentinas, Ladeco y Viasa.
Pero no es solamente Iberia la que está buscando integrarse en un proyecto global de transporte aéreo, sino que lo son todas las compañías; se tratan de incorporar al proceso de globalización del transporte aéreo.
Air France también ha salido de su propio campo y tiene absorbida a UTA, con participación mayoritaria en Air Inter y también tiene participación en Air Canadá. Lufthansa tiene alianzas con Lauda Air de Austria, Business Air del Reino Unido y United, Finnair, ambas con código compartido. British Airways, US Air y Qantas, con participaciones amplias en ambas, Suiss Air, alianzas con Delta y Singapore, KLM participación del 25 por ciento en Northest y Air UK. Alitalia, acuerdos con Continental y Malev, SAS participación en Continental y Swedair, etc.
Todas las empresas aéreas, a nivel mundial, están haciendo en este momento la misma estrategia. Todas emprendieron un primer plan de renovación, como lo hizo Iberia en 1991, y vieron alteradas las previsiones por el avance de la política de liberalización de acceso al mercado, por un crecimiento inusitado de los tráficos registrados y transportes domésticos realizados por nuevos operadores privados y por las consecuentes y agresivas guerras de precios. Los tráficos regionales se han multiplicado y ha habido una competencia salvaje en las tarifas y unas disminuciones de ingresos sobre los previstos que son las que ha tenido Iberia, precisamente, en el año 1993, por importe de 110.000 millones y su repercusión sobre el resultado negativo de 95.700 millones de pesetas antes de impuestos, de los cuales una parte, como su señoría conoce, se han dedicado a resolver problemas financieros, más concretamente saneamientos de cartera, ligados a la operación de integrar en su grupo las empresas sudamericanas, en la línea de incorporar a Iberia en la estructura globalizada del tráfico aéreo. Lo que se está haciendo, señoría a nivel mundial es un proceso de globalización del tráfico aéreo y de su industria y este Senador entiende que el equipo gestor que está al frente de Iberia no puede ser responsable de que estas mutaciones en brevísimo período de tiempo en el panorama del transporte aéreo hayan alterado la viabilidad de Iberia que sus gestores tratan de lograr en el Plan acordado con la práctica totalidad de sindicatos.
Este Senador entiende que sus señorías del Grupo Popular están empeñados en transiciones a todo pasto hacia no se sabe dónde, pero en Iberia hay un equipo gestor capacitado y con experiencia profesional. Los mejores cuadros profesionales de la aeronáutica española están en la compañía Iberia, tanto en su parte técnica como en su gestión económica y financiera.
Además, señoría, debemos felicitarnos todos del acuerdo entre empresa y sindicatos que ha habido el pasado

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día 29. ¿Le parece lógico a su señoría y a su grupo parlamentario pedir la dimisión del equipo gestor que ha logrado ese acuerdo con los sindicatos, ese acuerdo que han firmado no solamente la representación de Iberia, sino también UGT, Comisiones Obreras, que ha firmado el Sindicato de Tripulantes de Cabina, SITCPLA, los técnicos de mantenimiento, ASETMA y los técnicos de vuelo, SEOTV? Todos estos grupos en base a un importante esfuerzo de colaboración acuerdan una estrategia que no configura planes de «salvación» nuevos ni modifica sustancialmente el anterior presentado por la Empresa, sino que reestructura las posibilidades o previsiones en ingresos y las acciones y gestiones para reducir gastos que se modifican de manera compensada para lograr la viabilidad de la Compañía en un marco de rentabilidad. Si su señoría coge un lapicero podrá comprobar mi afirmación ya que verá las cifras previstas de reducción de personal no traumática en el acuerdo firmado no son dos mil y pico, sino 3.500 personas, pero también se firma un acuerdo de congelación de salarios para los años 93, 94, 95 y prorrogable al 96, que ha sido aceptado por todos los sindicatos presentes, es decir, por unanimidad, y sigue habiendo una reducción salarial global de 10.000 millones de pesetas repartida de manera progresiva, variando entre el 3 y el 15 por ciento.
En fin, señorías, este Senador está convencido de que el equipo actual que dirige Iberia es el que puede llevar perfectamente a conseguir la viabilidad de la Compañía y lograr su incorporación al proyecto de globalización del transporte aéreo. Este Senador entiende también que las circunstancias actuales difíciles de Iberia hay que hacerlas corresponder con las que tienen las principales compañías europeas.
No entro, señorías, a realizar las principales comparaciones sectoriales entre Iberia y otros operadores a través de indicadores de los que se suelen manejar, como los del coste en centavos dolar por AKO para el mantenimiento o de tripulaciones o las cifras correspondientes a ingresos también referidos a AKOS, que el otro día salieron en el debate, por no cansar más a sus señorías, y que expresan la buena competitividad de Iberia ya en este momento, pero tenemos razones y argumentos sobrados para rechazar esta moción consecuencia de la interpelación que su señoría, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, defendió días pasados. Tenemos razones que creemos que son suficientes y expresivas de la realidad del momento difícil que vive una compañía como Iberia, que entendemos debe unir a todos los trabajadores de la Compañía y a todos los españoles en un esfuerzo para lograr el objetivo de que Iberia encuentre el camino de la viabilidad, en vez de torpedear con mociones que ni son oportunas ni vienen a cuento, que son un testimonio de la nada porque no tienen razón de ser en función de las circunstancias del transporte aéreo y de la idoneidad de las personas comprometidas en lograr el éxito de la viabilidad para la Compañía Iberia.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Cercós.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo comparte la preocupación por la difícil situación de la Compañía Iberia y por las causas que la han llevado a ella, sin duda debidas a importantes errores de gestión. Lo que está sucediendo en Iberia es un claro ejemplo de las debilidades de gestión de las empresas públicas cuando abandonan situaciones monopolísticas y sus mercados se liberalizan progresivamente.
Sin embargo, consideramos que la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular en su texto concreto es inoportuna en el tiempo. El actual equipo directivo de Iberia se haya inmerso en un proceso de negociación vital para el futuro a corto plazo de la compañía. En este momento es urgente alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de la empresa a corto plazo, aun a riesgo de que sólo sea un parche. Un relevo del equipo directivo en una compañía necesita un tiempo mínimo para poderse hacer con garantías, y en estos momentos Iberia no dispone de este tiempo.
Por otro lado, creemos también que no es correcto hacer extensiva la responsabilidad política del Parlamento del control de la política del sector público empresarial a intervenir en el nombramiento o relevo de los equipos gestores profesionales de las empresas que, por principio, deben estar ajenos a cualquier tipo de presiones o consideraciones políticas. Ni es función del Parlamento decidir sobre los planes de viabilidad de las empresas públicas, como se contempla en el texto concreto de la moción.
Por todo ello, y aunque reiteramos nuestra preocupación por la situación de Iberia y no valoramos en absoluto como buena la actual gestión de la compañía, vamos a votar negativamente la moción que se ha presentado.
Nada más y muchas gracias, Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor Utrera Mora pide la palabra.) Senador Utrera, no me pida la palabra, por el amor de Dios. Si está todo clarísimo.


El señor UTRERA MORA: Por alusiones, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.


El señor UTRERA MORA: El Portavoz socialista ha hecho dos referencias que considero incorrectas. La primera de ellas es por qué se defiende una propuesta como esta, que no supone injerencia en la gestión de Iberia, sino que supondría un reconocimiento...


El señor PRESIDENTE: Señor Senador, no son alusiones, es volver a entrar en la argumentación. Entiéndame su

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señoría: el Reglamento es el Reglamento. Yo creo que la Cámara está perfectamente informada de las posiciones que sus señorías han defendido en estos momentos, y le ruego que le facilite al Presidente el orden del debate. Muchas gracias.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a designar un nuevo equipo gestor para la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A. que se responsabilice y proponga las medidas alternativas para intentar reflotar dicha compañía.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 98; en contra, 119; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Reanudaremos la sesión mañana a las diez. Se suspende la sesión.


Eran las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.

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