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DS. Senado, Pleno, núm. 26, de 10/03/1994
 


Año 1994 V Legislatura Núm. 26

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Sesión del Pleno

celebrada el jueves, 10 de marzo de 1944

ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados. (Continuación.):

--De la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III B, número 11, de fecha 4 de marzo de 1994) (número de expediente S. 605/000011) (número de expediente C. D. 127/000014.)

Toma en consideración de proposiciones de Ley del Senado:

--Proposición de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, por la Ley Orgánica 8/1991 y por la Ley Orgánica 6/1992.
(Autor: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.) (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 9, de fecha 15 de febrero de 1994) (número de expediente 622/000007).


--Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 86, de fecha 7 de marzo de 1994) (número de expediente 542/000026).


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Mociones:

--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que eleve a la Comisión Europea la solicitud de modular el período que sirve para calcular las referencias cuantitativas de que habla el Reglamento de la propia Comisión número 1442/1993, y a que plantee a la misma la exigencia de un compromiso firme para la reforma de la organización común de mercados (OCM) de frutas y hortalizas, Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas número 1035/1972. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 48, de fecha 30 de noviembre de 1993) (número de expediente 662/000026).


--Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que constituya una Comisión Técnica Interministerial que, tras estudiar el problema social de las familias monoparentales en España, así como su cuantificación y territorialización, adopte las medidas necesarias en orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la información y el derecho a una política educativa de becas, vivienda, formación para el empleo, fiscales y de protección social. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 86, de fecha 7 de marzo de 1994) (número de expediente 662/000044).


--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que el Senado insta al Gobierno para que por parte de la sociedad estatal Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S. A. (Aldeasa) no se instalen en los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias las tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 53, de fecha 9 de diciembre de 1993) (número de expediente 662/000028).


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.


De la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en relación con la Proposición de ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (Página 1246).


El señor Calvo Lou, del Grupo Mixto, Partido Aragonés Regionalista, defiende una propuesta de veto a la Proposición de ley. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Calvo Lou, por el Grupo Mixto; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Garzarán García, por el Grupo Popular, y Sáenz Lorenzo, por el Grupo Socialista. Vuelven a intervenir los señores Calvo Lou y Garzarán García.


Se rechaza la propuesta de veto del señor Calvo Lou por 9 votos a favor y 204 en contra.


El señor Cuevas González defiende las enmiendas números 1 a 14, suscritas asimismo por la señora Vilallonga Elviro, del Grupo Mixto Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Garzarán García, por el Grupo Popular; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Sáenz Lorenzo, por el Grupo Socialista.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 14, del señor Cuevas González y la señora Vilallonga Elviro, por 3 votos a favor y 206 en contra.


Se aprueban el artículo único y la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley Orgánica de reforma del estatuto de Autonomía de Aragón, según el texto del dictamen, por 207 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

Proposición de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, por la Ley Orgánica 8/1991 y por la Ley Orgánica 6/1992.
(Autor: Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado) (Página 1256)

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El señor Travieso Darias anuncia la retirada de la Proposición de ley del Grupo de Coalición Canaria.


Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades (Página 1257).


El señor Arévalo Santiago, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen. Al no proponerse ninguna incompatibilidad, se aprueba por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES

Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que se eleve a la Comisión Europea la solicitud de modular el período que sirve para calcular las referencias cuantitativas de que habla el Reglamente de la propia Comisión número 1442/1993, y a que plantee a la misma la exigencia de un compromiso firme para la reforma de la organización común de mercados (OCM) de frutas y hortalizas, Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas número 1035/1972 (Página 1257).


El señor Segura Clavell defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Barbuzano González, por el Grupo de Coalición Canaria; Ferrer i Profitós, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sepúlveda Recio, por el Grupo Popular, y Segura Clavell, por el Grupo Socialista. El señor Barbuzano González interviene de nuevo por alusiones. Asimismo lo hace el señor Segura Clavell.


Se aprueba la moción del Grupo Socialista por unanimidad.


Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que constituya una Comisión Técnica Interministerial que, tras estudiar el problema social de las familias monoparentales en España, así como su cuantificación y territorialización, adopte las medidas necesarias en orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la información y el derecho a una política educativa de becas, vivienda, formación para el empleo, fiscales y de protección social (Página 1266).


La señora Zabaleta Areta defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuevas González, por el Grupo Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Codina i Castillo, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Urzay Urquiza, por el Grupo Popular, y la señora Zabaleta Areta, por el Grupo Socialista. La señora Urzay Urquiza interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba la moción del Grupo Socialista por 215 votos a favor de los 215 emitidos.


Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, por la que el Senado insta al Gobierno para que por parte de la sociedad estatal Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S. A. (ALDEASA) no se instalen en los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias las tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free» (Página 1273).


El señor Presidente anuncia la presentación de una propuesta de modificación a esta moción, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios.


El señor Travieso Darias defiende la moción originaria. El señor Gilbert i Bosch defiende la moción alternativa. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Sala i Canadell, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Luzardo Romano, por el Grupo Popular El señor Travieso Darias vuelve a intervenir por alusiones.
El señor Bayona Aznar propone mejorar la redacción de la propuesta de modificación, y da lectura al texto definitivo.


Se aprueba la moción alternativa, suscrita por todos los Grupos Parlamentarios, por 206 votos a favor de los 206 emitidos.


Se levanta la sesión a las catorce horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se reanuda la sesión.


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DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación).


--DE LA COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN RELACION CON LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ARAGON (S. 605/000011) (C. D. 127/000014).


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Punto número 31 del orden del día: Dictamen de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en relación con la Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón Hay una propuesta de veto que va a ser defendida por el Senador Calvo Lou, que tiene la palabra.


El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no sé si ser los últimos tendrá algo que ver con el axioma evangélico «Los últimos serán los primeros.» ¡Ojalá! Intervengo en nombre del Partido Aragonés para defender el veto a la Proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. La posición del Partido Aragonés es bien conocida, puesto que la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón ha dado lugar a un amplio debate en la sociedad aragonesa a través de los medios de comunicación, de manifestaciones masivas en pro de su autonomía, de debates en las Cortes de Aragón, como respuesta del pueblo aragonés por conseguir la plena autonomía.
Debo confesar que se siente una cierta desazón cuando, aun sabiendo que tenemos el respaldo de la mayoría de los aragoneses --y trataré de demostrarlo--, se sabe de antemano que se va a tropezar con un muro infranqueable --como se puso ayer en evidencia con las enmiendas que presentó Izquierda Unida, que eran muy asumibles pero que fueron votadas todas en contra--, ese muro impuesto desde fuera y donde la voluntad ocasional de los Partidos subordina la voluntad permanente de la Constitución. No obstante, esperamos contar con los votos de aquellos que creen en el Estado de las Autonomías, que defienden la igualdad y que trabajan porque se cumpla el mandato constitucional.
En la justificación del veto se dan las razones que lo promueven, que son muy simples pero también muy profundas. Primera, el texto de la Proposición no recoge la aspiración de Aragón a la plena autonomía.
Segunda, se perpetúa la desigualdad por razón de la Comunidad en la que se reside. Y, tercera no se promueve la reforma resultante del texto elevado a las Cortes de Aragón, sino los acuerdos del Pacto Autonómico.
Creo que debemos aclarar qué entendemos por plena autonomía para evitar equivocaciones: simplemente es aquella que incluye todas las competencias que la Constitución contempla, sin excepción, y no quedan coartadas por pactos entre Partidos que impongan limitaciones a la capacidad de gestión que Aragón reclama. En definitiva, son las razones que nos movieron a oponernos a la Ley 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias y antes al Pacto Autonómico entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Entonces dijimos --y hoy lo repetimos-- que no se resuelve el problema, que solamente se aplaza y que el tiempo siempre tiende a agravar los problemas.
Se ha querido hacer ver a la opinión pública que esta reforma del Estatuto, que incorpora las competencias de la Ley de transferencias a las Comunidades del artículo 143, era un avance importante en la igualación de competencias entre las distintas Comunidades, e incluso así se decía explícitamente en el preámbulo de la mencionada Ley y así también lo dejaron entrever algunos portavoces de los que actuaron ayer.
Pero nada más lejos de la realidad. Las competencias que se incorporan no son las mismas, ni mucho menos, que las que llevan ejerciendo las Comunidades del artículo 151 desde hace ya muchos años, y que no se interpreten mis palabras como una crítica a esas Comunidades, sino como el sano deseo de que Aragón tenga las mismas posibilidades.
Sin ser exhaustivo, y a modo de ejemplo, citaré algunas. Por ejemplo, Régimen Local, competencia exclusiva de todas las Comunidades del artículo 151 en distintos artículos de sus Estatutos; Enseñanza es también competencia plena de esas Comunidades.
En la proposición de reforma, aunque se menciona esta competencia, se reduce al desarrollo legislativo, no se equipara en absoluto a la de aquellas otras formaciones de otras fórmulas estatutarias.
Más ejemplos: Policía propia. Todas las Comunidades del artículo 151 pueden disponer de Policía propia. Hasta los pequeños ayuntamientos tienen policía municipal. Pues bien, la proposición de reforma que enmendamos no permite que Aragón tenga autonomía plena.
Otro ejemplo: el del SEPES. Aragón tiene reconocida competencia plena en su actual Estatuto sobre ordenación del territorio. Este título tendría que ser suficiente para ostentar la titularidad del patrimonio del SEPES.
Pues no, tampoco: ni siquiera se prevé en la reforma del Estatuto que hoy estamos vetando.
Hay multitud más de ejemplos, pero no voy a cansar a sus señorías.
De otra parte, la proposición que debatimos sólo se refiere a algunos artículos relativos a competencias y, por lo tanto, rechaza que se modifique el resto de los títulos y artículos del Estatuto vigente. ¿Qué significa entonces este rechazo? Significa que Aragón no puede llamarse nacionalidad histórica; significa que el Presidente de la Diputación General, a diferencia de lo que sucede en aquellas otras

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Comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución, no puede disolver las Cortes, y ello cualesquiera que sean las circunstancias políticas que existan. Significa igualmente que no pueden suprimirse limitaciones tan absurdas como las que restringen el número de departamentos de los que puede componerse la Diputación General de Aragón, algo que ofende al sentido de la responsabilidad de quien gobierna. Significa, en fin, que no se puede tocar ni una coma de otros preceptos del actual Estatuto, como las que regulan las relaciones de la Comunidad Autónoma con las corporaciones locales y el régimen de Economía y Hacienda.
Creo que lo expuesto es más que suficiente para demostrar que esta proposición de reforma del Estatuto no permite a Aragón alcanzar la plena autonomía que hemos definido anteriormente, y aún más: en cierto modo contribuye a restringirla, pues reduce las competencias exclusivas que ya tiene reconocidas en su actual Estatuto en materia de ordenación hidráulica, asunto de vital importancia para Aragón.
Señorías --insisto--, creo que existen razones suficientes para que se rechace este proyecto de reforma que, a nuestro modo de ver, a nada conduce y que sólo sirve para frenar la reforma auténtica del Estatuto para conseguir la autonomía plena que Aragón ha reclamado en todos los foros y principalmente en la calle.
Al principio de mi intervención he dicho que tenía el respaldo de la mayoría de los aragoneses, lo que puede sorprender a sus señorías puesto que soy el único Senador por el Partido Aragonés; pero, paradójicamente, así es, puesto que los partidos firmantes del pacto autonómico han iniciado con el resto de partidos en las Cortes de Aragón las gestiones para consensuar un Estatuto de autonomía plena.
En el debate de las Cortes de Aragón celebrado hace ya un año con ocasión de esta misma proposición de ley, el Partido Popular decía textualmente: El Partido Popular no renuncia a la plena autonomía; puede ser el mes de junio, como muy largo, y verán ustedes cómo el Partido Popular no se achanta, al contrario, va a reclamar lo que hoy piden los aragoneses. Y todavía más: El Partido Popular no va regatear esfuerzos para ponerse a la cabeza y buscar el apoyo de todas las fuerzas de esta Cámara y los del Partido Popular en aquellas instituciones que haga falta, para conseguir la plena autonomía.
Es decir, que el portavoz del Partido Popular reconocía explícitamente que la reforma que se estaba debatiendo --esta misma reforma-- no era de plena autonomía, y también se reconoce explícitamente que es la plena autonomía la que reclaman los aragoneses, y que es la que yo hoy defiendo.
A esta postura dubitativa del Partido Popular apoyando lo que luego sería reformar, respondía el Grupo Parlamentario Socialista en aquellas fechas con un no rotundo. No obstante, a esta postura intransigente del Partido Socialista ha seguido un cambio radical desde que detenta la Presidencia de la Diputación General de Aragón, con el voto de un tránsfuga. El PSOE hoy, en Aragón, no sé si con el permiso de sus superiores en Madrid, está inmerso en una operación de maquillaje autonomista, y como resultado de ella podemos leer lo que decía la prensa el 15 de diciembre de 1993: «Marco adelanta el proceso por la plena autonomía». Ese mismo día, también se podía leer en este medio: «Me dejaré la piel por la autonomía.
No existe ninguna razón para que ninguna Comunidad Autónoma se sitúe un centímetro por encima de nosotros». El día 19 de ese mismo mes, el Secretario de Organización del PSOE en Aragón, decía: «Con la autonomía no hemos estado atinados. El 23 de abril puede haber ya reforma amplia.
El PSOE acepta el reto para obtener la autonomía plena antes del 23 de abril.» El 13 de enero de 1994, el Presidente de las Cortes de Aragón reunía a los grupos para consensuar la reforma plena. El 26 de enero de 1994, en grandes titulares de prensa podíamos leer que el PSOE aceptaba el término de nacionalidad aragonesa en la reforma del Estatuto, etcétera.
Creo que no hace falta más para convencer a sus señorías de cómo en Aragón se está por la plena autonomía. Pero, ¿son verdaderamente sinceras estas manifestaciones del Partido Popular y del Partido Socialista o son solamente una estrategia electoral? Si son sinceras --y yo no tengo por qué dudarlo en estos momentos--, si están de acuerdo sus ejecutivas nacionales, no tiene sentido esta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que hoy debatimos; no tiene sentido aprobar hoy esta raquítica reforma para que, dentro de dos o tres meses, haya que iniciar un nuevo debate para una reforma en profundidad. Sería mucho más operativo rechazar esta proposición e iniciar el proceso de la reforma amplia, porque ahorraría tiempo a sus señorías e incertidumbre a los aragoneses.
Si la política responde verdaderamente a los postulados de la lógica, como debiera ser, y las palabras a la verdad, ésta sería la única salida razonable. Pero también puede suceder que las palabras sólo respondan a una operación de maquillaje y que sea en el pozo de la verdad donde quieran enterrar el derecho de Aragón a la plena autonomía. Yo creo que sería un grave error.
El lenguaje de los grupos parlamentarios del Partido Popular y del PSOE en Aragón es una clara demostración de que Aragón está por esta plena autonomía. Demuestren, pues, con los hechos, lo que en Aragón pregonan con palabras, sean congruentes, no tengan dudas. Aragón no es un peligro para nada. En Aragón, además, somos tenaces y conseguiremos la plena autonomía. No mantengan la incertidumbre y maten la ilusión de los aragoneses.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Calvo Lou.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Calvo Lou, en una clara duplicidad de funciones.


El señor CALVO LOU: Gracias, señor Presidente.
Podía empezar diciendo, no habiendo turno en contra, que el que calla otorga. No obstante, es evidente que en este caso no va a ser así, y para justificarlo seguramente me dirán que esta reforma, como se dijo también ayer muchas veces, viene avalada por la mayoría de las Cortes de Aragón, como el resto de los Estatutos que se vieron ayer.
Yo creo que ése es el resultado de la obediencia debida, que pone en duda la autonomía de esos parlamentos que, de autónomos, se quedan solamente en nomos. Ya saben que el nomo era una división administrativa del antiguo Imperio egipcio dirigida por los más fieles servidores del faraón. Pero a mí me gustaría que me explicaran, en el turno que sea, por qué un ciudadano español, nacido en la margen izquierda del río Algás, un pequeño río que está en el límite de las provincias de Teruel y Tarragona, no puede tener los mismos derechos políticos que un ciudadano nacido en la margen derecha. Yo creo que ésa es la cuestión.
A lo largo de las intervenciones de los portavoces hemos podido constatar ayer, cómo celebrando todos esta reforma y felicitándose por ella, quedaba en sus palabras un deje de amargura expresado con fe en el futuro para que esta reforma tan excelente dejase paso a una verdadera reforma.
Nosotros también nos apuntamos a eso, pero nos apuntamos ya.
Para finalizar, quisiera dar una explicación a los representantes de otras Comunidades Autónomas puesto que, en Comisión, yo me abstuve en todos los Estatutos porque creía que aquello que yo quería para Aragón eran extensibles a todas. No obstante, ayer mi voto fue favorable, aunque apoyé las enmiendas de Izquierda Unida, porque así me lo pidieron y porque me lo solicitaba no sólo una parte de los parlamentarios de esas Comunidades Autónomas, sino prácticamente todos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente. Buenos días, señoras y señores Senadores. Utilizo este turno de portavoces que nos concede el Reglamento de esta Cámara para exponer nuestra postura y algunos puntos de reflexión acerca del único veto que se ha interpuesto a esta retahíla de ratificaciones de leyes orgánicas para las distintas Comunidades Autónomas que accedieron por la vía del artículo 143, conocida vulgarmente como las de vía lenta.
Expongo estas reflexiones en nombre propio y como vocal representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la Comisión General de las Autonomías, en lugar de nuestro portavoz, que tuvo que ausentarse a última hora de ayer a nuestro País Vasco, donde le esperaban otras citas.
Señorías, hoy continuamos con el orden del día establecido por la Mesa y por los portavoces, que, como es habitual, habían hecho grandes cálculos.
Se difundió que lo más probable, visto los pasos que se habían dado ya en Comisión y anteriormente en otros debates, era que el Pleno acabaría ayer por la noche, pero no fue así. No se cumplió la previsión y, por tanto, hoy estamos descansados y creo que más sosegados, aunque he visto que en esta Cámara todavía hay voces que no sé si se toman muy en serio la cuestión de las Autonomías. Sí quisiera dejar claro que, al menos sí estamos más descansados.
Como todos ustedes, señoras y señores Senadores, hemos sido testigos de excepción en cuanto que hemos tenido que ratificar una serie de leyes orgánicas para la construcción del nuevo Estado de las Autonomías. Sin embargo, aparte de algunas intervenciones muy interesantes y sinceras por parte, normalmente, de Senadores procedentes de cada territorio autonómico, quienes expusieron con pasión su agradecimiento a los nuevos poderes de descentralización --sobre todo administrativa-- y concentración en su propio territorio, no tuvo demasiada trascendencia, al menos en la prensa que hemos podido leer en el día de hoy. En alguna dedican como seis escasas líneas a esta aprobación de la ratificación a la que ayer dedicamos casi todo el día, que es la construcción del futuro del Estado de las Autonomías.
Voy a exponer nuestra posición como Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sobre la trayectoria que se ha desarrollado en esta Cámara, que sigue pretendiendo representar a la realidad plurirregional, plurinacional o, en definitiva, plural, pero con claras singularidades y especificidades que quizá hayamos denunciado hasta la saciedad. Por tanto, no vamos a entrar de nuevo en ello ni a repetirnos, porque, en aras de la brevedad, creo que nosotros tenemos que seguir aplicando el criterio y el buen hacer de esta Cámara.
Nuestro Grupo Parlamentario votó a favor de todas las leyes orgánicas que expusieron ayer, pero también quisiéramos romper una lanza a favor de alguna especificidad, y en ese caso quisiéramos mostrar al menos la existencia de otras concepciones distintas a los acuerdos de los grandes partidos, que tienen valores muy positivos, pero que también banalizan otras concepciones

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que muchos de los integrantes de estos grandes grupos expondrían con mayor ahínco, y por este hecho se repliegan a la concepción mayoritaria que, al final, resulta generalista o banalizadora. Quizá esto vaya en perjuicio de los pequeños grupos y de las minorías, que seguro que tienen su riqueza y aportan ideas válidas, como la que ha expresado en este momento el Partido Aragonés y su representante. En ese caso, y aunque fuese sólo de forma testimonial, nosotros vamos a apoyar esta enmienda y este veto a esta ratificación aunque en el fondo estemos de acuerdo en que tengamos que ratificar las modificaciones que se hacen porque creemos que, solidariamente, es una aportación válida y positiva.
Nosotros, señor Calvo Lou, también estamos detrás de muchas transferencias y nos está costando mucho tiempo. Por esa razón vamos a apoyar testimonialmente este veto pero, al final, cuando llegue el momento de la ratificación, también vamos a decir que sí.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Torrontegui.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió? Tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.


El señor FERRER I PROFITOS: Gracias, señor Presidente.
Nosotros no utilizaremos este turno de toma de posición en el veto porque consideramos que opinar sobre estas cuestiones sería en cierta manera entrometernos en la voluntad del pueblo aragonés, que está en sus Cortes.
Utilizaremos el turno de portavoces cuando se debata el dictamen del texto del proyecto de ley orgánica.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Casi ha usado un turno de portavoces. Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría.


El señor GARZARAN GARCIA: Señor Presidente, señorías, hace algunos siglos Aragón, en el uso de su libertad y de su generosidad, puso en común un reino que, con Castilla, hoy se llama España. En 1707, por voluntad de Felipe V, todos sus fueros, privilegios, excenciones y libertades fueron abolidas como consecuencia del Decreto de Nueva Planta, de 29 de junio de ese año. En 1880, un aragonés, Joaquín Costa, se dirigía a Zaragoza con un pensamiento harto elocuente: «Vas al país más libre que ha existido sobre la tierra; vas a un país donde la libertad no es idea, sino hecho; donde la libertad no es partido, sino nación.» Posteriormente, fueron distintos proyectos los que vivió Aragón: el federalista de 1883, el nacionalista de 1919, el regionalista de 1923 y el anteproyecto de Estatuto de Caspe de 1936. Ninguno vio la luz. Esto, que aparentemente es historia, o sea, pasado, muestra la otra cara de una moneda; que la libertad y los fueros en Aragón tienen vigencia en el sentido que decía Ortega, y cuando una cosa tiene vigencia, está presente. No me querría extender más allá sino para que esta Cámara tuviese conciencia de la realidad y del sentir de Aragón.
Como decíamos el otro día, la ley de Transferencias a las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 marca un estrecho camino. Y ahora se trata precisamente de modificar los Estatutos de Autonomía para que estas competencias se incorporen a los mismos. Recuerdo muy bien, señoría, que ustedes nunca han sido partidarios precisamente de la asunción de las competencias por vía de esta ley de delegación o transferencias del artículo 150.2 y que ponían graves inconvenientes al uso de esta vía de acceso competencial. Hoy se trata, pues, de transformar y de complementar ésta con la reforma estatutaria prevista en el artículo 148.2.
Por tanto, parece que su veto sea contradictorio con lo expresado anteriormente por ustedes. Aunque tengo que decirles que es incierto que las competencias que se adquieren por vía del artículo 150.2 sean libremente revocables, si se quiere respetar, por supuesto, el principio de interdicción de la arbitrariedad que proclama el artículo 9 de la Constitución española, a menos que exista, eso sí, una causa razonable y suficientemente fundada.
En este momento, la única consecuencia que tendría su veto principalmente sería ésta: el no incorporar al Estatuto de Autonomía de Aragón lo que está establecido ya por ley en la Ley de Transferencias de las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 143. ¿Verdaderamente es lo que quieren ustedes? Me pregunto.
Por ello, su postura nos parece inoportuna, además de que esta Ley ya ha sido aprobada y, por tanto, ratificada por el propio Congreso que es la soberanía popular y por las Cortes de Aragón.
Esta propuesta de veto tampoco nos parece justificada porque viene deslegitimada políticamente por la votación afirmativa que se ha producido en las Cortes de Aragón: deslegitimada, que no ilegítima, como usted entendió en la Comisión, y por supuesto que tienen ustedes toda la legitimidad, porque esto es democracia y porque el respeto a las minorías existe en esta Cámara.
Si lo que pretende el representante del Partido Aragonés es poner en evidencia que las competencias que hoy se incorporan al Estatuto de Autonomía de Aragón no son las que, en virtud del derecho constitucional, están reconocidas a las Comunidades Autónomas que actualmente cedieron

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por la vía del artículo 151, tengo que darle la razón. Pero también tengo que decirle que este derecho no decae, sino que el derecho a la ampliación del contenido consiste, al menos, en recibir las competencias que ostenten las comunidades autónomas que accedieron por la vía del artículo 151.
Por otra parte, el nivel competencial distinto para las diversas comunidades autónomas ha de interpretarse como una situación absolutamente transitoria, ya que el proceso de ampliación competencial habrá de concluir con la virtual homogeneización de todos los ámbitos competenciales.
Por tanto, tampoco puede ser motivo ni causa del agravio comparativo que ustedes nos proponen.
La Constitución no impone dos clases de Comunidades Autónomas diferentes, sino distintos o diferentes niveles con velocidades distintas para alcanzarlos, y admite contenidos varios, cuando dice: «podrán ampliar» y apostilla: «sucesivamente», y de ello puede deducirse que no es necesario llegar a un nivel determinado, ni tampoco que ello tenga que producirse de golpe. Pero si se admiten las reformas unilaterales de los estatutos de las Comunidades Autónomas, tendría como consecuencia resultados heterogéneos en cuanto al tipo o clase de materias o funciones asumidas, produciendo un desajuste tanto en la gestión de los servicios públicos, como para el necesario ajuste de las administraciones.
Por ello, es imprescindible el consenso y la necesaria homogeneización de las competencias transferidas.
En este punto también me gustaría decirle que tiene que haber un consenso social y político, pero no sólo en la Comunidad Autónoma de Aragón, porque como esto es la Constitución propia, tiene que existir a lo largo de todo el Estado español esa conciencia y ese consenso social y político. Por tanto, es imposible que un estatuto pueda ser reformado unilateralmente.
La propuesta de veto en este sentido puede ser, en primer lugar, cuestionable, ya que, indudablemente, la incorporación de las competencias a los estatutos de autonomía, al formar parte del bloque constitucional, los hacen prácticamente inmunes al poder legislativo del Estado, ya que una ley orgánica estatal que pretendiese cambiar el contenido estatutario sería nula de pleno derecho. Pero, además, y como hemos reiterado, no se produce ni disminución ni aumento del nivel competencial, sino que éste es un proceso dinámico y transitoriamente distinto, evitándose simultáneamente el inconveniente que resultaría de la deshomogeneización de las transferencias, y de esta forma no se podría garantizar un desarrollo armónico, equilibrado y eficaz del Estado.
Señor Calvo, usted habla muchas veces del artículo 138 de la Constitución. Quiero decirle que no es cierto lo que usted dice, porque estas cosas deben interpretarse no sólo literalmente, sino a la luz de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Las Comunidades Autónomas, en el uso de sus competencias, se abstendrán de adoptar decisiones o realizar actos que perjudiquen o perturben al interés general que las vincula entre sí, evitando cualquier gestión insolidaria de sus propios intereses. (Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1990, de 5 de abril.) La consagración de la solidaridad del artículo 138, por otra parte, no supone atribución de competencias ninguna, pero sí que obliga por mandato constitucional en el uso de las competencias propias. (Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1990, de 4 de octubre.) O que en el ejercicio de las mismas sea preciso que las competencias de desarrollo o ejecución sólo puedan actualizarse en tanto en cuanto no se ponga en riesgo la orientación unitaria. (Sentencia del Tribunal Constitucional 146/1992, de 16 de octubre.) También el artículo 138.2 consagra el principio de igualdad de las Comunidades Autónomas, en el sentido de que no pueden existir privilegios económicos o sociales.
Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan ser desiguales los procedimientos de acceso a la autonomía y la determinación concreta del contenido autonómico. (Sentencia 76/1983, de 5 de agosto.) Respecto a lo expresado por usted en lo referente al artículo 138, este precepto, que es el encargado de regular jurídicamente la igualdad jurídica sustancial de los españoles en todo el territorio nacional, así como la libre circulación de personas y bienes, no se puede entender en modo alguno como una monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional, se tienen los mismos derechos y obligaciones. (Sentencia 37/1981, de 16 de noviembre, y 17/1990, de 7 de febrero, y 150/1990, de 4 de octubre.) Este precepto, que es una consecuencia inmediata del derecho de igualdad, reconocido y proclamado por el artículo 14 de la Constitución española, determina, en primer lugar, que este artículo se refiere a los individuos y no a las Comunidades Autónomas. Efectivamente, la sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo, afirma esta resolución: que el principio constitucional de igualdad no impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni menos aún que tenga que ejercerlas de la misma manera o con un contenido y resultados idénticos o semejantes.
Pero, además, la autonomía significa la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercen sus propias competencias en el marco de la Constitución y de los Estatutos. Pero, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades, sin que ello suponga infracción de los artículos 1, 14 y 139.1 de la Constitución.
En lo que se refiere al artículo 147, las competencias

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autonómicas deben situarse en este caso dentro del marco constitucional y ello implica que los Estatutos de Autonomía deben ser interpretados dentro de los términos de la propia Constitución. (Sentencia del Tribunal Constitucional 62/1982, de 23 de noviembre, y 85/1984, de 26 de julio.) Lo que, indudablemente, implica que los marcos competenciales deben estar sometidos a ésta, a la Constitución. (Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1982, de 4 de marzo.) Lo más importante es que la remisión estatutaria del artículo 147.2 deja abierta la posibilidad de que los traspasos de servicios a las Comunidades Autónomas se realicen en momentos distintos, bajo técnicas diferentes y que desemboquen en diversos resultados materiales.
(Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983, de 5 de agosto.) Por supuesto, no tengo la menor duda de que la ampliación competencial que ahora se pretende incorporar a los Estatutos tiene virtualidades importantes.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, se está excediendo en mucho en su tiempo.


El señor GARZARAN GARCIA: Termino, señor Presidente.
Es el fruto de un pacto entre las fuerzas mayoritarias, que ha estado abierto a todos los partidos, que ha desbloqueado las transferencias de las competencias de las Comunidades Autónomas y que todo ha sido posible por cumplir lo anteriormente dicho, que era necesario un acuerdo mayoritario, porque esta reforma está inmersa en el bloque constitucional, ha permitido cerrar la brecha que supone la distinta forma de acceso constitucional al hecho autonómico.
Este pacto, este compromiso --que es un pacto bueno--, por supuesto que no es el que hubiésemos deseado, pero va a permitir mayores cotas de autogobierno a nuestro pueblo y ampliar las competencias a asumir tanto en calidad como en cantidad; descentraliza el Estado y acerca a los ciudadanos las Administraciones públicas.
El Partido Popular ha hecho a la sociedad unas propuestas muy concretas de actuación para establecer el perfil definitivo que debe adquirir el desarrollo del Título VIII de la Constitución y culminar, en un plazo razonable, el proceso autonómico, estableciendo el tiempo de dos legislaturas para equiparar competencialmente las distintas Comunidades Autónomas.
No es a nosotros a quienes se nos debe achacar la dilación en la ampliación competencial. La parálisis duró hasta el año pasado, en el que el Partido Popular, el Partido Socialista y el Gobierno se propusieron desbloquear el proceso autonómico. Hay quien nos acusa de ello, pero quien ha usado de la descalificación no ha sido capaz de dialogar, negociar y consensuar. Hemos conseguido el objetivo y, en este sentido, estamos satisfechos de ello. Por supuesto, no hemos conseguido lo que deseábamos, pero somos coherentes con lo que decimos y, sobre todo, lo demostramos con los hechos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le ruego que termine.


El señor GARZARAN GARCIA: Este pacto autonómico, señorías, no es un modelo suficiente, pero en una negociación hay propuesta y cesiones.
Lamentamos que las fuerzas políticas que han contribuido a ello no lo hayan hecho para que este pacto fuese más beneficioso acorde con nuestros planteamientos.
Termino, señor Presidente, haciendo un llamamiento al diálogo y al consenso, a la evaluación racional de lo que es posible y positivo, porque sólo con el diálogo, la negociación y el consenso será posible avanzar en lo que creo que es su objetivo común: posibilitar mayores cotas de autogobierno a Aragón. Si esto es así, no les quepa la menor duda de que en este camino nos encontraremos.
Hoy nos tenemos que oponer a su propuesta de veto, porque lo que nos proponen no es positivo para Aragón, ya que creemos que la modificación del Estatuto y la inclusión de las competencias transferidas es buena y viene refrendada por las Cortes de Aragón, porque no es coherente con nuestra propuesta de ampliación competencial y de mayores cotas de autogobierno para nuestro pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garzarán García.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de empezar a intervernir, quiero saludar la presencia de un miembro del Gobierno aragonés, representado por la señora Consejera doña Pilar de la Vega, quien ha tenido la amabilidad de asistir en estos momentos al debate de la reforma de nuestro Estatuto. (Aplausos.) Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, mi intervención, para justificar nuestro voto en contra del veto, va a estar centrada fundamentalmente en los argumentos que han sido expuestos en la defensa del mismo. Argumentos que, quiero adelantar, son los de siempre, las viejas razones de siempre que tuvimos ocasión de escuchar en la Comisión General de Autonomías, que hemos tenido ocasión de escuchar tantas veces en Aragón; tanto en las Cortes, como en los medios de comunicación, como en el debate social que ha suscitado el tema, en lo que no hemos encontrado nada nuevo, como siempre, ni fundamento alguno.


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Me van a permitir, pues, que en forma muy breve entre en las razones que pretenden descalificar la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía.
Se dice, en primer lugar, que la reforma, por insuficiente, corta, escasa, no recoge la aspiración de Aragón, del pueblo aragonés, a la propia autonomía, a la Autonomía plena. Y yo vuelvo a decir lo que dije con absoluta claridad en Comisión: la recoge perfectamente. Hay que decir que sí la recoge y responde a las aspiraciones de los aragoneses a esa plena autonomía, porque amplía y profundiza notablemente esa capacidad de autogobierno y de gestión.
Y ese reconocimiento de ampliación de capacidad no lo estamos diciendo sólo los Socialistas en Aragón, no lo estamos diciendo los Socialistas en todo el país, sino que lo está diciendo el Partido Popular y lo está diciendo la mayoría de sus señorías a lo largo de las jornadas de ayer y de hoy; aumenta notablemente la capacidad de autogobierno, luego sí recoge las aspiraciones de los aragoneses a la plena autonomía. De hecho y, en concreto, se multiplican exactamente por tres el volumen de competencias de nuestra Comunidad Autónoma, y se introducen temas como el de Educación, que se podrá gestionar en plenitud a todos los niveles, lo que supone, de hecho, un cambio cualitativo en el autogobierno de nuestra Comunidad Autónoma.
Se dice en la argumentación a favor del voto que la reforma perpetúa la desigualdad --así, con estas palabras-- entre las distintas Comunidades Autónomas, y no hay nada menos cierto.
En primer lugar, no perpetúa nada, pues se trata --y lo hemos dicho hasta la saciedad a lo largo de la sesión de ayer-- de un proceso de profundización y de ampliación dentro del marco constitucional, y todo proceso es dinámico, en contra de cualquier tipo de estabilidad o de estabilización. Mucho menos perpetúa la desigualdad: la aprobación de estas reformas al mismo tiempo y en esta Cámara expresa inequívocamente la voluntad de las Fuerzas políticas que lo respaldan, en el sentido de que no haya desigualdades en los derechos ni discriminación entre Comunidades, así como que el derecho a la diferencia no suponga, en ningún caso, privilegio para nadie.
También se ha expuesto otra razón: el cambio de actitud. De nuevo, nada más lejos de la realidad, señorías. Porque esta reforma se aprobó en junio del año pasado en las Cortes de Aragón, cuando la composición del Gobierno era diferente a la que es ahora, y estamos aprobando en esta Cámara, en este mismo momento lo mismo que aprobamos en las Cortes de Aragón entonces y, si se me habla de la Comisión actual que está funcionando en las Cortes, ésta es una Comisión que no representa más que la continuidad de un proceso, de un debate iniciado exactamente en Aragón hace mucho tiempo, exactamente cinco años después de la aprobación de nuestro Estatuto, cuando por Ley se podía empezar ya a retomar los Estatutos. Este debate se inicia en las Cortes de Aragón, en la segunda legislatura; o sea, se trata de un proceso iniciado hace ya mucho tiempo, en la disquisición del cual, los socialistas no nos hemos negado ni antes, ni después, ni nos negaremos más tarde a discutir qué aspectos de la reforma hay que abordar, si sólo es el tema competencial, si es el competencial e institucional a la vez. Ese es el debate, ese es el proceso, esa es la situación.
Señorías, antes y ahora seguimos dispuestos a discutir en Aragón, con todas las Fuerzas políticas, sobre lo mejor para nuestra Comunidad Autónoma, sobre el mejor Estatuto posible, como hasta ahora, dando este paso tan importante para nuestra Comunidad.
También se dice que es una reforma venida de fuera, que es una reforma forzada por los Partidos que firmaron el pacto; es una reforma, por tanto, ajena al sentir del pueblo aragonés. Y, señorías, desde Aragón y desde aquí no hemos forzado absolutamente nada. La posición de fuerza, terquedad, obcecación e intransigencia es por parte de los que se han empeñado en decir que no es bueno multiplicar por tres las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Que se han empeñado en decir que no es bueno profundizar en nuestro autogobierno y que la voluntad mayoritaria expresada por nuestras Cortes de Aragón es una imposición venida de fuera, olvidándose, como ya he dicho, de que la ampliación competencial es un tema recurrente en nuestras Cortes de Aragón en los últimos años y de que, en todo caso, como todos sabemos, la voluntad del pueblo aragonés se expresa a través del respaldo y lo aprobado por sus Cortes.
Señorías, en definitiva, los Socialistas en el Senado, como hicimos los aragoneses en nuestras Cortes, vamos a rechazar con nuestro voto el veto del Partido Aragonés.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Sáenz Lorenzo. (El señor Calvo Lou pide la palabra.) Por un minuto, tiene su señoría la palabra.


El señor CALVO LOU: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quería preguntarle al portavoz del Grupo Popular, después de la lección constitucional que nos ha dado, si todo ese contenido constitucional impedirá definitivamente a Aragón que tenga autonomía plena. Porque se ha dado la impresión de que con todas esas sentencias lo hecho ya estaba hecho y no había posibilidades para más. Espero hablar luego personalmente con él para que me explique quién le ha escrito semejante discurso.
En relación a la posición del señor Sáenz Lorenzo, sí quiero decirle que ha habido un cambio de actitud. Muchas

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veces en esta Cámara se ha puesto en discusión el tema de qué idiomas hay que emplear. A veces es difícil entendernos, incluso, en aquel que todos hablamos. Yo creo que habría que poner unas condiciones semánticas para que pudiéramos entendernos porque, en definitiva, el discurso del señor Sáenz Lorenzo no ha hecho más que confundir a su propio Partido puesto que hay pruebas fehacientes de su cambio de actitud.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Calvo Lou, administrar un minuto de tiempo forma parte de la pericia parlamentaria.


El señor CALVO LOU: Termino ya. Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Garzarán García pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por el mismo período de tiempo, tiene la palabra el Senador Garzarán.


El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quería decir a mi amigo, el señor Calvo Lou, que el discurso me lo he escrito yo. Y que, además de eso, en Aragón estamos por la reforma amplia del Estatuto, pero esto es un proceso dinámico y tenemos un problema: también tenemos un Estado que se llama España que hay que ir haciéndolo y descentralizándolo poco a poco y adaptando las Administraciones. No es que nosotros no queramos la autonomía, sino que en este momento nos parece oportuno este tipo de autonomía, y dentro de diez, de doce, de tres, de cuatro o de seis meses, es posible que haya necesidad de ampliar el Estatuto de Autonomía de Aragón.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garzarán.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación el voto particular número 1, enmienda de veto, del Senador Calvo Lou.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, nueve; en contra, 204.


El señor PRESIDENTE: No habiendo alcanzado la mayoría requerida, queda rechazado Seguidamente, para la defensa de las enmiendas números 1 a 14 a esta proposición, tiene la palabra el Senador Cuevas.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que a estas alturas del debate y teniendo en cuenta que todos los Estatutos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, Senador Cuevas González. Ruego un pequeño esfuerzo de silencio. Muchas gracias.
Tiene su señoría la palabra.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Decía que a estas alturas del debate, con todas las discrepancias que hayamos podido tener, yo creo que hemos asistido a un acto político importante. Y esto es así, desde todas las discrepancias que hemos tenido y, sobre todo, desde las que ha mostrado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a lo largo de toda la tarde de ayer y la discrepancia que vamos a tener hoy, en consonancia con el discurso político que hemos hecho, a la hora de aprobar o denegar la reforma del Estatuto de Aragón.
Yo quería apuntar algunas cosas muy brevemente, para no cansar a sus señorías. Yo pediría a los compañeros y a las compañeras del Senado que no tachen de intransigentes a aquellos que discrepan de sus opiniones. Yo creo que en el debate parlamentario, como en la vida, no hay intransigencia, sino que solamente es intransigente quien quiere serlo, aunque no quiera reconocerlo, y lo que tenemos solamente son unos cambios de opinión y proyectos políticos diferentes que se trasladan y se hacen patentes a través de los discursos. Por tanto, creo que precisamente en esta Cámara en ningún momento se han dado muestras de intolerancia ni de intransigencia, se ha dado siempre muestras de cambio de impresiones, de posiciones políticas diferentes, etcétera.
Señor Presidente, señorías, no se puede descalificar a las fuerzas políticas que no piensan igual. Y, además, hay que ser valiente; no se puede venir a decir aquí que los miembros de los diferentes Grupos que hemos apostado por una mayor autonomía para las Comunidades Autónomas, estamos negándoles la autonomía. Yo no quiero caer en la contradicción que comenté ayer de que cuando uno tiene que explicar mucho las cosas es muy difícil creérselas, eso sí que es intolerancia. Pero, desde luego, intentar justificar un poco de cobardía, un poco no de querer dar un paso más adelante en la consecución de autogobierno de las Comunidades Autónomas, será responsabilidad del que no quiera avanzar más, pero en ningún caso del que quiere avanzar más. Por tanto, señorías, yo creo que eso debe quedar claro porque así hay que explicárselo al ciudadano. Yo me sentiría satisfecho, como decía ayer, de que los miembros de los Grupos que han derrotado las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fueran también a decirles a los ciudadanos que había otra cota de poder más alta, pero que ellos, por ahora, no han optado

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por la misma porque entienden que el pueblo no está preparado. Por consiguiente, creo que eso habría que decírselo a los ciudadanos; que sepan que hay más cotas de poder, que sepan que hay otras formas de gestionar el Estado.
Señor Presidente, dicho esto, voy a dar por defendidas las enmiendas en la línea de todos los argumentos expuestos a través de nuestros discursos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo simplemente para anunciar nuestro voto favorable a la ratificación. Ya lo hemos hecho previamente en el veto.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Garzarán.


El señor GARZARAN GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero señalar que el hecho de que votemos en contra de estas enmiendas no supone que estemos en desacuerdo con su contenido, pero en la actualidad este tema está prefijado --como he dicho-- por lo refrendado por las Cámaras legislativas nacionales y por la propia voluntad expresada por las Cortes de Aragón.
El Grupo Popular no sólo no se opone a la reforma constitucional de nuestro Estatuto, sino que ha pedido --como es manifiesto-- un pacto de Estado para que todas las Comunidades Autónomas puedan desarrollar las mismas competencias. Por tanto, como ya se han expuesto nuestros argumentos, creo que no es necesario que amplíe mi intervención.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por error de la Presidencia, no se ha concedido la palabra al Grupo de Convergència i Unió.
Por tanto, aunque se haya alterado el orden de intervención, tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.


El señor FERRER Y PROFITOS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora representante del Gobierno aragonés, subo a esta tribuna para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto de la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Comunidad vecina de la nuestra, Cataluña, muy entrañable para este Senador, por haber pasado su vida prácticamente a las puertas de Aragón, tierra de unas peculiaridades culturales específicas, profunda, noble, dura y, sobre todo, leal; tierra que ha sido granero del Estado durante mucho tiempo. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) La Comunidad Autónoma de Aragón, cuya reforma de Estatuto estamos debatiendo en este trámite, tiene historia y conciencia de autogobierno; y dicha historia --que, al parecer, ayer se puso en duda-- no puede ni debe borrarse. Por otro lado, este Senador cree que la historia no tiene que ser un motivo de confrontación con los derechos de libertad de los ciudadanos.
Ya en los siglos XII y XIII se hablaba de las Cortes de Aragón y de otras aspiraciones de soberanía de esta tierra. El pueblo aragonés ha reivindicado periódicamente --como también se ha dicho aquí por representantes de Aragón-- el derecho de autogobierno. Este Senador recuerda con emoción y, por qué no, con cierta nostalgia, la aprobación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón --que votó afirmativamente--, que se debatió en esta misma Cámara durante los días 26 y 27 de julio de 1982. El debate comenzó un lunes; durante la tarde se procedió al debate de totalidad y, como el señor Presidente del Senado recordará, al día siguiente pasamos a debatir el articulado.
A partir de la aprobación de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón se establecía la posibilidad de iniciar este siempre difícil proceso de recuperación de las instituciones, en este caso aragonesas, que habían existido hasta principios del siglo VXIII. Antes de terminar mi intervención, y basándome en un «Diario de Sesiones» que tengo en mi poder, explicaré por qué me he referido al difícil y siempre complicado proceso de la construcción del Estado autonómico.
La construcción del Estado de las Autonomías supone para muchos la modernización del Estado, hacerlo más funcional y eficaz y prestar un mejor servicio al ciudadano que, a fin de cuentas, es lo que todos pretendemos; por supuesto, desde la libertad y la expresión democrática.
A partir de ahí, se puede profundizar en sus derechos y personalidad en todas las Comunidades Autónomas. Se está comprobando, señorías, que ésta es la solución de un problema político que ha tenido el Estado español desde principios del siglo XVIII hasta la aprobación de la actual Constitución y su posterior aplicación.
En este momento procesal, damos legítimo cumplimiento al apartado 2 del artículo 148 de nuestra Carta Magna y ponemos en marcha las previsiones en él contenidas sobre la ampliación de competencias. El consenso autonómico de 1992 --creo que de fecha 28 de

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febrero-- de las fuerzas políticas mayoritarias facilitó la firma de los acuerdos autonómicos que se plasmaron en la Ley Orgánica de 9/1992, de 23 de diciembre, que posibilitaba la transferencia de competencias a las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución. Con ello se daba cumplimiento al primero de los compromisos contenidos en dichos acuerdos y era título jurídico suficiente para dicha transferencia, a tenor del artículo 150.2 --como también se ha dicho aquí-- del propio texto constitucional.
Procede, pues, ahora incorporarla al contenido mismo de los Estatutos de autonomía, al objeto de brindarle el máximo rango jurídico-político --por si alguien se arrepintiera-- y dar cumplimiento al segundo de los compromisos previstos para culminar el proceso. Esta ampliación de competencias supone, pues, un buen paso adelante, señorías.
El proceso siempre es dinámico, y creemos que este avance es importante.
Pero, sobre todo, lo es porque lo deja abierto para el futuro para que, como decía antes, desde la libertad y la expresión democrática se pueda ir avanzando.
Como he señalado al principio, voy a referirme a un hecho que se produjo --y es bueno recordar la historia-- el día 27 de julio de 1982. La ley que pasamos a debatir después de aprobar la Ley Orgánica del Estatuto de Aragón era, nada menos, el dictamen, que emitió la entonces denominada Comisión de Constitución, sobre la Ley Orgánica de armonización del proceso autonómico, la mal llamada y famosa LOAPA que, como todos ustedes saben, el Tribunal Constitucional dejó reducida a la Ley del Proceso Autonómico. He afirmado lo importante que es avanzar y no cerrar este proceso, porque antes de llegar a la aprobación de todas las leyes orgánicas de los diferentes Estatutos del Estado español, durante el proceso de armonización se pretendió, no aprobar una ley orgánica como la de 1992 para aumentar las transferencias --lo que creo que a estas alturas ya no es discutible y también los grupos mayoritarios estaban de acuerdo con dicha ley orgánica--, sino para disminuirlas y laminar las competencias de las Comunidades Autónomas.
Por eso es importante que el proceso siga abierto para todos y que, desde la expresión de la libertad y la democracia, se pueda llegar adonde todos deseamos algún día para los respectivos pueblos del Estado.
Para terminar, señor Presidente, con sumo placer anuncio, en nombre de mi Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nuestro voto afirmativo a la reforma del Estatuto de Aragón, dando nuestra más afectuosa felicitación al pueblo aragonés y a los representantes políticos de este mismo pueblo.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Senador Ferrer i Profitós.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la Tribuna para anunciar con orgullo y satisfacción el voto favorable del Grupo Socialista a la reforma del Estatuto de Aragón.
Y digo orgullo y satisfacción porque se trata de un apoyo fruto de una actitud de responsabilidad y coherencia por parte de los socialistas a lo largo de todo el proceso político y parlamentario seguido hasta aquí.
Responsabilidad y coherencia que requería la idea que animó en su día a la firma de los pactos autonómicos, que no fue otra que la de desarrollar de la manera más ordenada y coordinada posible el Título VIII de la Constitución para las autonomías del artículo 143.
Sin duda, la reforma que vamos a aprobar supone, como tantas veces se ha dicho a lo largo de las dos jornadas, la profundización del modelo autonómico de la Constitución dentro de los plazos previstos en la misma, aumentando notablemente la capacidad de autogobierno --en este caso de Aragón-- que está, como en todas las Comunidades Autónomas, básica y fundamentalmente ligada a su nivel competencial, aunque no sea éste el único índice de su autogobierno. Nivel competencial que conseguimos ampliar notablemente en nuestro Estatuto, pues se incluyen en él 32 nuevas o mejor asumidas competencias, tanto en las de carácter exclusivo, como en las de desarrollo legislativo y ejecución o sólo de ejecución. En todo caso --como ya he dicho--, es importante resaltar que con estas modificaciones se multiplica por tres exactamente nuestro nivel competencial.
Por otra parte, la presente reforma no cierra ningún camino. Consolida y mejora los niveles de autogobierno y no prejuzga más que una sola cuestión: que el procedimiento para cualquier tipo de reforma estatutaria debe ir --como se ha dado en todos los casos-- por la línea del diálogo, la negociación y el acuerdo del mayor número de fuerzas políticas representativas en cada Comunidad Autónoma, que entiendo que en el caso de Aragón no ha sido posible por una actitud de intransigencia, al no querer comprender lo que significa la reforma de avance y progreso autonómico, manteniendo así posiciones maximalistas que han impelido en este caso un más amplio acuerdo, como creo que todos hubiéramos deseado.
Por ello, en el caso de Aragón el tema tiene, si cabe, mayor importancia desde el punto de vista político, dado que la presente reforma ha estado marcada y orientada desde las instituciones políticas aragonesas, exactamente como lo fue en su día la aprobación de nuestro Estatuto. De tal manera que hoy podemos afirmar con solemnidad que con el respaldo de la mayoría de sus señorías no estamos haciendo otra cosa que ratificar

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en el Senado lo que ha sido voluntad expresada, libre y democráticamente, por todos los aragoneses a través del único cauce legítimo en que pueden expresarse, es decir, a través de su Asamblea Parlamentaria, de sus Cortes de Aragón; las cuales, después de las intervenciones de muchos portavoces de ayer, es preciso recordar que tienen muchos años de historia; tanta, al menos, como la que puedan tener las 17 Comunidades Autónomas de España. Y si por algo se ha caracterizado la historia de las instituciones propias aragonesas, ha sido, precisamente, por su capacidad de autonormarse, autorregularse y crear en su seno sus propias reglas de conducta y funcionamiento. Ya en la Edad Media --siglo XIII-- puede hablarse de la existencia de unas Cortes de Aragón como organismo institucional parlamentario de pleno derecho, vivo, dinámico, delimitado territorialmente, con nombre propio, creador de normas jurídicas y con una manera propia de entender la actividad política, fundamentalmente, como negociación y pacto. De tal manera que si se nos exigiera una definición estricta de lo que es Aragón, quizá tendríamos que afirmar que es ante todo y sobre todo historia, historia viva, de la que, sin duda, en el acto de hoy estamos escribiendo una importante página.
Para finalizar, señorías, y frente a muchas opiniones vertidas en el día de ayer y de hoy negativas a los pactos autonómicos, quiero resaltar la responsabilidad, ante lo que significa el desarrollo del Título VIII de la Constitución, demostrada por los partidos mayoritarios del país, que han sabido ponerse de acuerdo por encima de sus diferencias --que son muy notables-- en un tema de tanta trascendencia e importancia para todos.
Pero es de justicia también, después de ver el apoyo y la atención mostrada en las sesiones en las que hemos discutido la reforma de nuestros Estatutos por los partidos nacionalistas, extender --y quiero hacerlo-- esa felicitación de responsabilidad política a ellos, porque han sabido sumarse con generosidad al debate y a la ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos hemos reformado.
Señorías, estos acuerdos políticos y estos respaldos parlamentarios obtenidos en esta Cámara a lo largo de las dos jornadas abren, sin duda, la esperanza de que los asuntos del mismo calado e importancia, que los hay y muchos en la vida política española, sean resueltos con parecidos acuerdos y respaldos políticos a los obtenidos en estas jornadas en esta Cámara del Senado.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Sáenz Lorenzo.
En primer lugar, vamos a someter a votación el voto particular de la señora Vilallonga Elviro y del señor Cuevas González, correspondiente a las enmiendas números 1 a 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, tres; en contra, 206.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas las enmiendas números 1 a 14.
Sometemos a votación el texto correspondiente al artículo único y exposición de motivos, según el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 207; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL, MODIFICADA POR LA LEY ORGANICA 1/1987, POR LA LEY ORGANICA 8/1991 Y POR LA LEY ORGANICA 6/1992.
(622/000007.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): El punto sexto del orden del día es la toma en consideración de la proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, modificada por la Ley Orgánica 1/1987, por la Ley Orgánica 8/1991 y por la Ley Orgánica 6/1992.
Tiene la palabra el Senador Travieso.


El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hemos retirado esta proposición de ley porque entre todos los Grupos hemos hecho una enmienda transaccional a la anterior reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Agradecemos el apoyo explícito de todos los Grupos a esta ley, pero ya ha sido incorporada a la Ley Orgánica a través de la enmienda transaccional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Muchas gracias, Senador Travieso.
Por tanto, damos por retirada esta proposición.


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--DICTAMEN DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES. (542/000026.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto séptimo del orden del día, que es el dictamen de la Comisión de Incompatibilidades.
La Comisión de Incompatibilidades ha emitido dictamen sobre la situación de ocho Senadores con arreglo a la legislación vigente. Toda vez que la Comisión no propone incompatibilidad alguna en relación con los Senadores cuya situación ha examinado, ha emitido, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento del Senado, dictamen de lista, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 86, de fecha 7 de marzo de 1994.
Siguiendo los precedentes parlamentarios, ruego al Presidente de la Comisión que me comunique si algún miembro de la misma ha sido designado para defender este dictamen ante el Pleno. (Pausa.) Tiene la palabra en Senador Arévalo.


El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, recibidas las informaciones y documentos que habían sido solicitados, la Comisión de Incompatibilidades del Senado ha examinado las correspondientes a ocho señores Senadores. En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, del día 7 de marzo de 1994, ha sido publicado el dictamen y la relación de los señores Senadores que quedaban por examinar, completándose de esta manera la totalidad de las informaciones que sobre esta materia exige el Reglamento de la Cámara.
Por tanto, ha concluido el primer examen de la materia de compatibilidad de todos los señores Senadores que en este momento componen la Cámara del Senado. El acuerdo de la Comisión ha sido por unanimidad y es el que en este momento se ofrece al Pleno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión.
¿Desea algún portavoz intervenir sobre esta materia? (Pausa.) No hay ninguna petición en este sentido.
Al no existir ningún voto particular y al no proponerse ninguna incompatibilidad, solicito a la Cámara que lo apruebe por asentimiento, si no hubiere ningún inconveniente. (Pausa.) Así se aprueba y así se hace constar.
Por tanto, queda aprobado el dictamen emitido por la Comisión de Incompatibilidades en los términos que aparecen publicados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, Serie I, número 86, de fecha 7 de marzo de 1994.


MOCIONES

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ELEVE A LA COMISION EUROPEA LA SOLICITUD DE MODULAR EL PERIODO QUE SIRVE PARA CALCULAR LAS REFERENCIAS CUANTITATIVAS DE QUE HABLA EL REGLAMENTO DE LA PROPIA COMISION NUMERO 1.442/1993 Y A QUE PLANTEE A LA MISMA LA EXIGENCIA DE UN COMPROMISO FIRME PARA LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DE FRUTAS Y HORTALIZAS, REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS NUMERO 1.035/1972. (662/000026.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Pasamos al punto octavo del orden del día: mociones.
En primer lugar, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por la cual se insta al Gobierno a que eleve a la Comisión Europea la solicitud de modular el período que sirve para calcular las referencias cuantitativas de que habla el Reglamento de la propia Comisión número 1.442/1993 y a que plantee a la misma la exigencia de un compromiso firme para la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM), de frutas y hortalizas, Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas número 1.035/1972.
Para ello, tiene la palabra el Senador Segura Clavell.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, con la aprobación del Reglamento Comunitario número 404/1993 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se estableció la Organización Común de Mercados en el sector del plátano, es cierto que la inmensa mayoría de las incertidumbres por las que venían atravesando los agricultores plataneros de las Islas Canarias han desaparecido. La mayor parte de las incertidumbres.
No obstante, y como es lógico, con la puesta en funcionamiento de un original sistema se están produciendo algunas distorsiones en su aplicación, que han sido puestas de manifiesto a lo largo de este último año y que han ocasionado ciertos problemas. Esto no sería achacable a la mayor o menor bondad de la Organización Común de Mercados ni a los mecanismos diseñados para su ejecución, que, en principio, resultan plenamente válidos, sino que el reajuste que ha originado entre los operadores económicos la nueva situación, como consecuencia de pasar de la reserva del mercado nacional tradicional para la comunidad canaria, a la liberalización parcial del mercado europeo del plátano que representa la OCM en su significación más íntima, hace que una de las distorsiones fácilmente subsanables sea la que tiene su origen en el período de referencia

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establecido para que los agentes económicos puedan ser titulares de certificados de importación de plátanos en la Comunidad.
En efecto, señorías, el reglamento Comunitario número 1.442/1993 de la Comisión, de 10 de junio de 1993, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de importación de plátanos, especifica en su artículo 5 que las autoridades competentes determinarán para cada operador la media de las cantidades comercializadas durante los tres años previos al año anterior para aquél para el cual se abre el contingente arancelario, en el año 1993, de acuerdo con el artículo 2 de la OCM, del Reglamento Comunitario al que estamos haciendo referencia.
En función del volumen del contingente arancelario y de las referencias cuantitativas de todos y cada uno de los operadores, se determinará la cantidad atribuible a cada cual de plátanos a importar.
En definitiva, señorías, el período de referencia para establecer tales medidas para el segundo semestre de 1993 fue el trienio 1989 a 1991. Toda vez que la situación actual difiere hoy en día, en mayor o menor grado de la que existía en aquellos años, ello ha traído como consecuencia que se hayan otorgado certificados de importación a determinados operadores en base a unas cantidades superiores a las realmente comercializadas en 1993 y, en paralelo, que otros agentes económicos se hayan visto mermados en sus expectativas de obtener certificados al ser menores las cantidades atribuidas que las realmente comercializadas en el año en el que se trata.
Por otro lado, hay otro producto de gran significación económica y social en Canarias, como es el tomate fresco de invierno, que, obviamente, no sólo es importante en Canarias, pero este es un Senador socialista canario cuyas reflexiones creo que tienen notables contenidos en común con respecto a las que haría cualquier otro Senador de alguna comunidad, concretamente del Levante peninsular. El tomate fresco de invierno constituye en la Comunidad Canaria el segundo rubro en importancia económica de nuestra agricultura tras el plátano, al que acabo de hacer referencia.
Teniendo en cuenta que el grueso de los envíos de plátanos se efectúa al resto del territorio nacional, se puede afirmar que el sector de exportación de tomates representa el primer renglón de las exportaciones agropecuarias de la Comunidad Canaria.
Con anterioridad a la plena aplicación en Canarias de la política agrícola común, el volumen de tomates exportado se situaba en un entorno de unas 180.000 a unas 200.000 toneladas por campaña, de octubre a abril fundamentalmente. Como consecuencia de la modificación del «status» comunitario de Canarias, y no siendo ya de aplicación los mecanismos de contingentes y precios de referencia a la producción isleña, la campaña de exportación se ha podido ampliar en dos meses más, los meses de mayo y junio, con volúmenes que se situaron para la zafra del bienio 1991-1992 en unas 242.000 toneladas y en la zafra 1992-1993 en las 282.000 toneladas.
No obstante lo anterior, comienza a resultar problemático --lo ha sido a lo largo de este último año y lo es en la actual zafra-- el incremento de las exportaciones de tomate fresco de invierno desde Marruecos en estos últimos años, habida cuenta de que, en efecto, en las tres últimas campañas el volumen de envíos por dicho origen ha sido de 128.000 toneladas en el bienio 1990-1991, 153.000 en el bienio 1991-1992 y 173.000 en el bienio 1992-1993. Y si bien es cierto que el Ministro de Agricultura, en la sesión celebrada en la Comisión de Agricultura de este Senado el miércoles de la semana pasada, día 2 de marzo, aportó datos recientes cuantificados hasta la tercera semana del mes de febrero de este año, la realidad constatable es que la entrada de tomates en los países comunitarios procedentes de terceros países, fundamentalmente de Marruecos, ha ido alcanzando cotas muy preocupantes para este producto español, ya sea del Levante, del Mediterráneo español como de la Comunidad Canaria.
Y lo preocupante no es sólo que Marruecos goce de un contingente arancelario comunitario que va creciendo prácticamente sin derechos de aduana, sino que, además, fuera del mismo y para el período en que se concentra el grueso de la producción canaria, que es desde mediados de noviembre hasta finales de abril, el tomate marroquí tiene un arancel de sólo un 4,4 por ciento, perfectamente absorbible por unos costes de producción sensible y notablemente inferiores a los de Canarias o a los de otra comunidad, insisto, del Estado español.
Es cierto, por otro lado, que las importaciones de tomate marroquí están sometidas a la aplicación de precios de referencia, pero también lo es que dicho sistema opera solamente, como es sabido, en el período del 1.º de abril al 20 de diciembre, es decir, que comienza casi al final de la zafra canaria, con lo que el mecanismo es escasamente protector para la producción isleña.
Señorías, una vez finalizado el período transitorio de adhesión española, la protección exterior de la Comunidad para el tomate de Marruecos queda reducida únicamente a la aplicación del límite cuantitativo al que he hecho referencia. Todo ello ha traído como consecuencia la aparición de unas sensibles pérdidas para el sector exportador de Canarias, y más concretamente en la campaña 1991-1992, que se evaluaron por el propio sector en más de 5.000 millones de pesetas, aunque con posterioridad otros cálculos han hablado de pérdidas en torno a los 1.500 millones de pesetas para dicha zafra.
Obviamente, la evaluación de las pérdidas puede ser susceptibles de enfoques diferenciados. Con absoluta independencia de sus cuantificaciones respectivas, la realidad es que está planteando un problema muy serio, del

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cual el Gobierno de la nación es consciente, tal como se ha manifestado, insistimos, en declaraciones públicas del Ministro de Agricultura en su intervención ante las comisiones de Agricultura del Congreso y del Senado --y quiero reiterar específicamente la del pasado 2 de marzo--; y es cierto también que desde el momento en el que se produjo la presentación de esta moción en el registro de esta Cámara, que fue a finales del pasado mes de noviembre, hasta esta fecha, se han producido acontecimientos políticos singulares: ha culminado, prácticamente, la Ronda del GATT; se han adoptado decisiones importantes a las que haremos referencia con posterioridad en el turno de portavoces, y el hecho objetivo que aún hoy mantiene esta moción, insisto, presentada meses atrás en el registro de la Cámara y cuyo debate se inicia en estos momentos, en plena vigencia es por lo que significa de un alerta, por un lado, y, por otro, de un apoyo a la acción gubernamental en la defensa de estos productos básicos para el Estado español.
En consecuencia, hemos propuesto que el Senado, en primer lugar, inste al Gobierno para que, continuando con su demostrada preocupación por resolver los problemas del sector platanero del archipiélago canario y mejorar su situación atendiendo a lo que entendemos como justas reivindicaciones e intereses, eleve a la Comisión Europea la solicitud de modular el período que sirve para calcular las referencias cuantitativas de que hablaba el Reglamento comunitario 1.442/93, de la propia Comisión, de forma de aproximarnos lo más posible a la realidad actual, con lo que los certificados otorgados estarían más en consonancia con las cantidades realmente comercializadas.
En segundo lugar, instamos asimismo al Gobierno a que plantee a la Comisión Europea la exigencia de un compromiso firme para la reforma de la organización común de mercados de frutas y hortalizas, Reglamento comunitario 1.035/72 del Consejo, en modo a garantizar la preferencia comunitaria frente a las importantes producciones del tomate fresco de invierno procedentes de Marruecos, solicitando para ello --e insisto a sus señorías en que lo tengan presente-- un cambio en los calendarios establecidos para la importación procedente de terceros países a fin de proteger las producciones españolas en su conjunto de frutas y hortalizas, y más en particular la que estamos haciendo referencia, la del tomate fresco de invierno obtenido en las Islas Canarias y, naturalmente, en otras comunidades que producen este fruto fundamental.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Segura Clavell.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Gangoiti.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para explicar la postura del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que es de apoyo a esta moción.
Nosotros somos conscientes, de hecho, de la importancia que tienen en la agricultura y en la economía canaria tanto el plátano como el tomate.
Todos recordamos que hubo un paso muy importante en 1993 cuando, primero el Parlamento Europeo y luego el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, aprobaron el reglamento sobre la Organización Común de Mercados del plátano.
En ese punto estamos de acuerdo con la moción que se presenta. Desde nuestro punto de vista, es necesario que esta Cámara respalde al Gobierno para que, de una forma definitiva, sea capaz de conseguir en Bruselas modular el período que sirven para calcular las referencias cuantitativas y aproximarlo lo máximo posible a la situación actual.
Por otro lado, somos conscientes de la importancia que tiene el tomate en las islas de cara a las exportaciones. Todos sabemos los problemas que en estos momentos, y dada la situación actual, representa Marruecos al respecto. Por tanto, somos partidarios de una reforma de la Organización Común del Mercado de frutas y hortalizas que garantice la preferencia comunitaria para dicho producto canario.
Por tanto --vuelvo a insistir-- votaremos favorablemente esta moción.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado tiene la palabra el Senador Barbuzano.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías.
Me resulta algo difícil fijar la posición del Grupo de Coalición Canaria ante esta moción del Grupo Parlamentario Socialista; difícil porque solicita al Gobierno del Estado cuestiones que en una primera lectura son positivas para Canarias, se mencionan problemas graves de la agricultura canaria, y detecto en su espíritu la mano de un Senador canario del Grupo de la minoría mayoritaria.
Pero, estudiándola con ojos muy benignos, de entrada, debemos decir que no aporta nada nuevo en la defensa de los intereses canarios respecto al plátano y al tomate. No aporta nada nuevo a lo que ya está haciendo el Gobierno del Estado --que se lo hemos reconocido y alabado--.
Por otra parte, de una lectura sosegada de la exposición de motivos de la moción, difícilmente, señorías, van a tener una noción clara de los graves problemas que

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sufren estas vitales producciones de exportación en Canarias respecto a la Unión Europea. Está demasiado técnicamente redactada, y las posibles soluciones de estas producciones son eminentemente políticas.
Primero, no es cierto que hayan desaparecido --y así lo afirma en su exposición de motivos-- las incertidumbres que atravesaban los agricultores canarios en cuanto a las exportaciones de plátano al mercado nacional --por la reserva-- y al mercado europeo --después de la OCM-- y si lo desean en algún momento, les podemos ampliar por qué afirmamos esto.
Segundo, su problema fundamental no es hoy día --como se afirma en la exposición de motivos-- el de un reajuste entre operadores económicos después de la creación de la OCM, ni mucho menos, ni las distorsiones que han creado las licencias de importación de países ACP y de países terceros son fácilmente subsanables.
Tercero, lo que dice la exposición de motivos de la moción respecto al tomate y el problema de las exportaciones marroquíes es como introducir el jabón en un baño, es de una suavidad extraordinaria.
Fuera de todo manto arropador de tecnicismos, les voy a hablar del plátano. El plátano tenía una reserva del mercado nacional a la que, cuando se hace la adhesión de España con su protocolo adicional para Canarias, se le pone una fecha; a tal fecha la reserva del mercado nacional dejará de existir. Comienza una lucha de Canarias y del Gobierno del Estado por conseguir una OCM --Organización Común del Mercado-- que garantizase las exportaciones. Nosotros exportábamos 500 millones de kilos a la península porque teníamos reserva nacional, y cuando se dicta la OCM nos quedamos en trescientos y pico millones de kilos.
Existen deficiencias con la OCM y, cuando teníamos la reserva del mercado nacional existían deficiencias en la comercialización, por problemas del Gobierno del Estado y por problemas nuestros de Canarias. Viene el GATT, ataca en cierta medida esa reserva, esa Organización Común del Mercado, y comienza una lucha con los países ACP, fundamentalmente países de Centroamérica, que quieren que se aumenten las importaciones de plátanos de esa zona en Europa. Si fuera para corregir las deficiencias de bienestar que tienen esos países, de acuerdo; pero es para aumentar las exportaciones de «la Conchita», es decir, de Estados Unidos, que es quien controla toda la producción centroamericana.
¿Cuál es el problema? El problema fundamental que tenemos con Marruecos y otros muchos países que exportan una serie de productos hortofrutícolas a la Comunidad que no están controlados. El mercado peninsular está cuasi invadido de plátano de países ACP porque hay problemas en la concesión de las licencias de importación a toda aquella cantidad que sobrepase la que exporta Canarias. Y todo porque las licencias de importación las da la Dirección General de Comercio Exterior, que no es quien las tiene que dar, las debe dar el Ministerio de Agricultura. Esos son los problemas del plátano. No es sólo la reserva, no se trata sólo de variar las cantidades, o las diferencias cuantitativas.
Lo que hay que pedir al Gobierno del Estado es que defienda esa producción vital para Canarias --ya lo hace-- con más intensidad, que ponga el mismo ardor que están poniendo para defender las pesquerías del bacalao en Noruega, y no sólo con el plátano, sino también con el tomate.
Marruecos invade los mercados europeos --hablando claro-- antes de que se ponga en funcionamiento el calendario en abril. ¿Por qué? Porque no hay control. No se le están pidiendo a Marruecos los certificados de exportación, y pasan por el estrecho tomates igual que pasan personas en los transbordadores. ¿Por qué? Téngase la misma firmeza con Marruecos que se tiene con Noruega. Nosotros, que no tenemos flota pesquera, no pescamos bacalo en Noruega. Se están defendiendo duramente --y estamos de acuerdo-- unos intereses nacionales de una zona del Estado que pesca bacalao allí. Defiéndase igual, con el mismo ardor, el tomate con respecto a las exportaciones de Marruecos. Eso es lo que hay que solicitar, porque lo que pide la moción, insisto, ya lo está haciendo permanentemente el Gobierno en Bruselas.
Yo no quito responsabilidad a las autoridades y a los exportadores canarios; la tienen también. Pero la moción me parece de una suavidad y de un contenido eminentemente --y que no se enfade nadie-- «político-aprovechador», por lo que no nos queda más remedio que votar que sí. ¡Estaría bueno que se nos ocurriera votar que no! Nos cogen en Canarias y nos dan hasta en el carnet de identidad.
Pero no es a esto a lo que hay que instar al Gobierno. Hay que decirle: Defienda usted esas dos producciones de Canarias, zona del Estado español, con el mismo ardor que está usted defendiendo en Bruselas las pesquerías del bacalao, que además en Canarias nosotros lo comemos congelado. Defiéndalo usted con el mismo ardor. Son producciones vitales.
Hoy la supervivencia en producto interior bruto del Arhipiélago Canario está en el turismo, y nada más; no hay ningún sector más; no hay sino agresiones por el miedo, el pánico cerval que le tienen los europeos --y España particularmente-- a las pateras, es decir, a que vengan muchos fundamentalistas del Magreb a distorsionarnos nuestra vida. A eso es a lo que hay que instar al Gobierno. Pero de todas formas --¡qué remedio nos queda!-- votaremos afirmativamente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Barbuzano.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ferrer i Profitós.


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El señor FERRER I PROFITOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, estamos frente a una moción que reconoce algunas de las deficiencias y errores que en el proceso de integración a la Unión Europea se realizaron y que tantas veces nosotros hemos criticado, y que en el caso de la producción del tomate y del plátano, por su especificidad, adquieren un efecto especial.
Sería bueno que esta voluntad de corregir en lo que sea posible la mala situación del plátano y del tomate se ampliase a aquellas especies y variedades precoces que van a la exportación, que son las más afectadas.
Si analizamos la situación de las frutas y hortalizas del Estado español --que es lo que pide la Moción, es decir la reforma de la OCM de frutas y hortalizas en su conjunto-- así como su evolución por lo que hace referencia a las importaciones y exportaciones en los últimos años, vemos con una cierta tristeza y preocupación no sólo el crecimiento negativo por lo que se refiere a las exportaciones, sino que la entrada de sus productos en el mercado del Estado crece a una velocidad de vértigo.
Por lo que se refiere a las importaciones de fruta, señorías, hemos pasado de importar 78.000 toneladas en 1986 a más de 300.000 en 1990, casi cuatro veces más. Si analizamos el origen, en las importaciones de frutas que provienen de la Unión Europea en el mismo período de tiempo, se ha pasado de importar 21.000 toneladas a 177.000, casi se ha multiplicado por nueve --son cantidades verdaderamente espeluznantes--, mientras que el conjunto de exportaciones españolas se han mantenido congeladas con una ligera tendencia a la baja.
Si nos centramos en las hortalizas --que también las nombra la modificación de la OCM--, por lo que respecta a la Comunidad, las importaciones han pasado de 174.000 toneladas en 1986 a 600.000 en el año 1990, tres veces y media más; mientras que nuestras exportaciones de hortalizas han pasado de 1.517.000 toneladas a 1.400.000.
Por tanto, estamos frente a un panorama del que en ningún caso nos podemos sentir orgullosos y nos hace aumentar nuestra preocupación. La situación actual no es el fruto del azar, sino que es el resultado de una serie de decisiones equivocadas que se tomaron y que han situado a nuestro sector de frutas y hortalizas, sobre todo precoces, en una situación muy difícil.
Me pregunto si una respuesta fácil es porque Francia se opuso de una forma sistemática al ingreso del Estado español a la Comunidad, imponiendo restricciones importantes a nuestros productos agrícolas y ganaderos, con períodos de integración, que en algunos casos eran de diez años y que luego se corrigieron, y ahora son avaladores entusiastas, conjuntamente con el Gobierno español, de la potenciación de la agricultura magrebí dándole todo tipo de facilidades. ¿No será que las mejores fincas de regadío de Marruecos --y no quiero ser mal pensado-- están en manos del capital francés? ¿O quizá sea una cosa tan simple, como que le toque una vez más a la agricultura mediterránea, sobre todo la española, hacer una serie de concesiones para compensar las ventajas que se dan desde Marruecos a los países de la Unión Europea, sobre todo en el sector industrial y de servicios? El socialista francés Jacques Delors, Presidente de la Unión Europea, en un viaje que realizó el pasado año a Marruecos dijo: Este país será en un futuro próximo un socio privilegiado de la Comunidad. La Comunidad --dijo-- abrirá unas vías de diálogo que definirán unas nuevas relaciones que se basarán sobre cuatro ejes fundamentales, el diálogo político, la colaboración en todos los aspectos de interés común, la creación de una zona de libre cambio y la asistencia financiera.
De hecho, estas declaraciones no son más que la consolidación de una política que hace tiempo que se está realizando por parte de la Comunidad y cuyos resultados negativos, por cierto, para nuestra economía ya comienzan a dejarse notar. Los acuerdos firmados por la Unión Europea con los países del Magreb ofrecen a ésos unas relaciones muy favorables en el sector agrario, que han representado un incremento de sus exportaciones en 1993 de un 6 por ciento del total importado de la Comunidad, concentrado, sobre todo, en frutas, verduras y hortalizas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Si analizamos la producción de tomate --que es una de las dos analizadas por el Senador que ha presentado la Moción, y que es uno de los casos más claros-- comprobaremos la imposibilidad de competir que tienen nuestros productores, sobre todo, si tenemos en cuenta los costes sociales y de producción, que son mucho más bajos allí que en el Estado español. Según datos de la Confederación de Cooperativas, la importación de tomate marroquí por parte de la Unión Europea aumentó en un 40 por ciento durante el período de enero-febrero de 1993 en comparación con las mismas fechas del año anterior, haciendo que el precio bajase de ocho francos a tres, hecho que supuso el hundimiento de todo el sector productor exportador español.
Las exportaciones de tomate durante la campaña 1992/1993 supusieron --como ya dijo también el Senador que ha presentado la Moción-- 173.000 toneladas, el 35 por ciento más que la campaña 1990/1991; aumento preocupante, si tenemos en cuenta que el 93 por ciento de la totalidad de la producción va dirigida preferentemente a la Unión Europea.
Esta voluntad de potenciación de la agricultura mediterránea en países terceros perjudica claramente a la nuestra, y por cierto este tipo de agricultura es la más dinámica, la más competitiva, la que más puestos de trabajo da, la que menos ayuda recibe y la que mejora de una forma clara la balanza de pagos del sector agrícola. A lo mejor un día, y no quisiera acertar, nos

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enteramos de que esos comportamientos no son fruto de la casualidad y de que detrás de todo esto está la potente industria agroalimentaria francesa que, a través de las importantes inversiones que está realizando en su antigua colonia, pretende seguir controlando la parte del mercado que se le había escapado, que es la producción sobre todo de las variedades precoces, y mientras tanto prepara el camino para que la producción agrícola en antiguas colonias pueda pasearse por Europa sin ningún tipo de problema.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para darnos cuenta de que el principio básico en que se inspira la política comunitaria, que es la preferencia comunitaria, debe aplicarse en todos los productos, en el más amplio sentido de su palabra? Porque la Comunidad, que es tan rígida en la aplicación de su normativa, deja, con la connivencia del Ejecutivo español, que Marruecos exporte tal cantidad de tomate que provoque una caída en el precio en el mercado francés, haciendo no competitivo el procedente del Estado español y hundiendo a los productores y exportadores.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nuestro Grupo está de acuerdo con el contenido de la Moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y, por supuesto, le vamos a dar soporte. Pero pensamos que es una lástima que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se hayan dado cuenta del perjuicio que se está produciendo en la agricultura competitiva del Estado español. Y en este momento tengo que recordar las reiteradas denuncias que ha hecho mi compañero de Grupo, el Senador Companys. Si se le hubiera hecho caso, quizá no estaríamos en esta situación de tener que modificar a toda prisa las OCM para salvar estas producciones tan importantes, no solamente para Canarias, sino para todo el Mediterráneo y parte del interior del Estado español.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer i Profitós.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra en turno de portavoces, el Senador Sepúlveda.


El señor SEPULVEDA RECIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Popular va a apoyar esta moción, aunque consideramos, como ya ha indicado el propio portavoz del Partido Socialista, que se debería haber presentado con anterioridad, puesto que algunos acontecimientos han superado en el tiempo a la propia moción.
Al apoyar esta moción no hacemos sino continuar con la política que venimos desarrollando en defensa de la agricultura española en general y, más concretamente, frente a la apertura del mercado comunitario a terceros países no miembros de la Unión Europea. Sirva como ejemplo la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Esta postura no siempre ha sido tan clara por parte del Gobierno español a la hora de defender los intereses de los agricultores españoles tanto ante la Unión Europea como ante esos terceros países. Lamentamos la falta de transparencia y las vacilaciones con que el Gobierno de Felipe González ha ido fijando la posición de España en las distintas negociaciones, lo que podría perjudicar la mejor defensa de los intereses nacionales.
El 1.º de julio de 1993 entró en vigor la Organización mundial del mercado del plátano, cuyos objetivos, en síntesis, consisten en una preferencia comunitaria para garantizar que los países productores de plátanos puedan comercializarlos en el mercado europeo en condiciones que resulten rentables para el agricultor y en el respeto a las obligaciones internacionales de la Unión Europea, manteniendo las corrientes tradicionales con terceros países.
En la Exposición de Motivos de esta moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se dice que la mayoría de las incertidumbres por las que venían atravesando los agricultores plataneros de las Islas Canarias han desaparecido. Pero la realidad es que en estos momentos aún hay preocupación entre estos agricultores, pues no saben si el plátano se va a poder seguir manteniendo como cultivo rentable o si, por el contrario, habría que ir pensando en arrancar la platanera.
La producción platanera en Canarias está disminuyendo de forma alarmante.
El plátano canario representa el 50 por ciento de la producción comunitaria y el 12 por ciento del total del consumo de plátanos en la Unión Europea. Como he indicado anteriormente, a partir del 1.º de julio de 1993 se crea una nueva situación con la entrada en vigor de la Organización Común de Mercados, que si bien restringe en un 20 por ciento la entrada del plátano/dólar latinoamericano en la Unión Europea vía contingentación, al mismo tiempo, libera el mercado peninsular, cautivo hasta entonces, para el plátano canario.
El subsector platanero ocupa en las Islas Canarias unas 9.000 hectáreas de superficie, con una producción en la actualidad alrededor de las 365.000 toneladas anuales --cuando se discutió la Organización Común de Mercados se situaba en las 400.000 toneladas-- y una facturación del orden de 40.000 millones de pesetas.
La reestructuración del sector pasa, sin duda alguna, por la calidad de la fruta enviada y por la mejora de las estructuras comerciales, de tal forma que sólo las calidades extra y los cultivos de invernadero podrían ser rentables en lo sucesivo.
El problema fundamental se presenta a la hora de obtener

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en el mercado unos ingresos suficientes, de tal forma que no se coloque a los agricultores canarios en peor situación de la que tenían en los organismos nacionales de mercado, donde se establece una ayuda compensatoria para ellos que cubre las pérdidas de ingresos que puedan derivarse de la aplicación de la Organización Común de Mercados.
Dado que la producción canaria tiene unos costes no competitivos y con el fin de mantener para el productor unos ingresos adecuados, el artículo 12 del Reglamento 404/93 de la OCM establece la ayuda compensatoria por la pérdida de ingresos. Además, estima que debe mantenerse durante el tiempo que las medidas de ayudas estructurales no lleguen a ajustar la situación actual de costes con un aumento de la productividad y mejora de las calidades.
Insistiendo de nuevo en que la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones ha sido inadecuada, vemos que el sector más dinámico y competitivo de nuestra agricultura, el único que ofrecía hasta ahora un saldo positivo en el comercio exterior que es el productor de frutas y hortalizas obtenidas especialmente en invernaderos bajo plásticos o en cultivos intensivos, en los que Murcia, por cierto es pionera en Europa, tiene que sufrir el contenido de los acuerdos del GATT sin haber conseguido previamente la satisfacción de sus más urgentes e inmediatas demandas, tales como la de integrarse definitivamente en la Unión Europea, puesto que, como se recordará, ocho años más tarde de nuestra integración en Europa todavía los tomates, fresas, alcachofas, melones, albaricoques y melocotones están sometidos a restricciones comerciales a través del sistema de los mecanismos complementarios, a los intercambios MCI, hasta el día 1 de enero de 1996.
También hay que señalar que se modifican sustancialmente las reglas del juego respecto a las exportaciones subvencionadas y al acceso a los mercados exteriores, sin haber logrado la más mínima garantía de cuánto dinero y de qué fondos se va a disponer para financiar las profundas reformas estructurales que habrá que abordar de inmediato. Y todo ello sin perder la perspectiva de que, en paralelo, la Comisión está negociando con los países del Magreb un tratado de libre cambio que contiene un amplio capítulo agrícola que, indudablemente, tendrá una importante repercusión negativa en nuestra agricultura exportadora, especialmente en el tomate, puesto que la competencia del tomate español con el marroquí en los mercados de la Unión Europea se dan en los meses de enero a marzo, en los que no están protegidos por un precio de referencia al no comenzar éste hasta el 1 de abril y durar hasta el 20 de diciembre, como ustedes saben.
El Comisario europeo de agricultura, señor Steichen, llevó el pasado mes de diciembre a la reunión plenaria de la Comisión una propuesta que contempla la reforma de la OCM del sector hortofrutícola, en la que está incluida la ampliación de calendarios del precio de referencia del tomate para incluir en él el período de exportación del tomate canario. Todo parece indicar que el calendario de preferencia formará parte del ajuste en la política agrícola comunitaria en el GATT. Por esto, nuestro Gobierno debe mantener en las negociaciones una postura firme, sabiendo que tendrá todo nuestro apoyo para defender los intereses españoles.
Señorías, podríamos seguir hablando durante mucho tiempo de lo necesitada que está nuestra agricultura. Nosotros apoyamos esta moción, como ya he indicado anteriormente, confiando en que haciéndolo estamos apoyando el futuro de la agricultura española.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sepúlveda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, sirva esta intervención en el turno de portavoces, en mi condición de interviniente por el Grupo Parlamentario Socialista, para agradecer a los restantes intervinientes el apoyo a la resolución. Quiero agradecer también el planteamiento crítico, pues significa que hay viveza en cada uno de los grupos parlamentarios.
Naturalmente, no puedo dejar de defender la posición en la que creo profundamente.
Señorías, es cierto, ya lo dije en mi intervención anterior, que desde el momento en el que se produjo la entrada en el Registro de la Cámara de esta moción, que fue a mediados del mes de noviembre de 1993, hasta la fecha actual, afortunadamente, y como consecuencia de una dinámica intensa de la Unión Europea, se han producido novedades que es menester tener presentes, a algunas de las cuales ya hizo referencia el señor Ministro de Agricultura, como dije también con anterioridad, en la sesión de la Comisión de Agricultura del pasado día 2 de marzo.
El señor Ministro hizo referencia en la Comisión a los resultados concretos de la Ronda del GATT, a los acuerdos de «Blair House», que se perfeccionaron en diciembre pasado --es decir, con posterioridad al momento de la entrada de esta moción--, como ha sido la modificación de los calendarios de aplicación de los precios de referencia. En el sector de frutas y hortalizas específicamente se ha conseguido el objetivo fundamental al día de hoy consistente en la ampliación de los calendarios de los precios de entrada de tomates, pepinos y calabacines aplicables a las importaciones de países terceros.


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En efecto, señorías, según la oferta comunitaria de acceso al mercado para productos agrarios presentada en Ginebra el día 22 de febrero de este año, es decir, hace unos quince días, los actuales precios de referencia se transformarán en precios de entrada, y los calendarios de aplicación --algo muy importante en relación con lo que se pide en la moción-- se ampliarán a los meses de enero, febrero y marzo, meses en los que actualmente no existe protección exterior alguna.
Ello asegura, por tanto, que, tras la Ronda Uruguay, los productos españoles a los que acabo de hacer referencia, tomate, pepino y calabacín, se van a beneficiar del principio de la preferencia comunitaria --hasta ahora inexistente-- durante los citados meses en los que se concentra una parte importante de las exportaciones españolas.
Pero la realidad es que, a día de hoy, aún no es de aplicación ese cambio acordado hace unos quince días en los calendarios de precios de referencia al período de enero a marzo de cada año, con lo que para este año de 1994, tanto los resultados que se han producido hasta ahora como los previsibles en la zafra actual, hacen presagiar unas pérdidas que el sector exportador tomatero canario específicamente ha cuantificado del orden de 5.000 a 6.000 millones de pesetas.
Esto justifica, señorías, que el Pleno de esta Cámara adopte una resolución en la línea propuesta en la moción del Grupo Parlamentario Socialista, donde se contempla que es absolutamente inaplazable la modificación o reforma de la Organización Común de Mercados de frutas y hortalizas, es decir, el Reglamento comunitario 1.035/72, en el sentido que hemos expuesto en nuestras dos intervenciones, de tal modo que, dado que ya no es posible que lo acordado surta efecto en la campaña actualmente vigente, sí lo tenga en la próxima campaña 1994-95.
En consecuencia, señorías, ya no cabe seguir hablando de precios de referencia sino que hay que hablar de «precios de entrada», según la nomenclatura comunitaria --lo digo entre comillas--, así como de equivalentes arancelarios, nomenclatura nueva, en vez de tasas o gravámenes compensatorios.
Señorías, en las negociaciones del GATT se acordó aplicar este nuevo sistema con una protección significativa, de la que el Gobierno español ha hecho bandera irrenunciable, y sobre la que ya estamos en condiciones de afirmar que prácticamente es una meta conseguida.
Señoras y señores Senadores, en intervenciones anteriores se han oído en esta Cámara manifestaciones --obviamente, en el libre ejercicio de la responsabilidad parlamentaria de cada uno-- que yo no puedo compartir en absoluto. El Senador Barbuzano ha utilizado una terminología, un énfasis que le es propio, pero es obvio que su terminología, su metodología, su rigor y su enfoque nos diferencian, y no entendemos por qué pretender homogeneizarnos. Me ha dado la impresión de que el Senador Barbuzano en su intervención ha querido transmitir a la Cámara que al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no le queda otro remedio que votar esta moción que, lamentablemente, procede del Grupo mayoritario de esta Cámara, del Grupo Socialista, y en la que, lamentablemente, se nota el espíritu inspirador de un socialista canario; socialista que, obviamente, no puede defender con la misma talla, con el mismo ardor, con el mismo nivel, con el mismo rigor con que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria defiende los intereses de la colectividad canaria.
Señorías, ya está bien de hacer planteamientos de esta naturaleza. Si no lo quieren votar, no lo voten, y si lo votan, háganlo con la limpieza que entraña reconocer que la defensa de los intereses populares de Canarias no es monopolio de nadie sino algo que nos corresponde a todos y cada uno de los miembros de esta Cámara, hayamos salido elegidos, en representación de los diferentes grupos, en la circunscripción canaria o en otra circunscripción. Probablemente un Senador por la Comunidad de Madrid, con independencia de su ideología, puede defender los intereses de Canarias con la misma dignidad --y esto lo dice un Senador canario-- con que lo hace este Senador canario que les habla.
Señorías, sería una injusticia no reconocer que el Gobierno de la nación ha defendido al sector platanero con toda intensidad. Me parece que el Senador Barbuzano ha confundido este Senado con el Parlamento regional.
Su intervención ha sido propia del Parlamento de Canarias. Hágala allí, si así lo estima oportuno, pero no reconocer que el Presidente del Gobierno don Felipe González tuvo enfrentamientos notables, según consta documentalmente, con los Presidentes de los países centroamericanos en defensa de la producción platanera canaria sería algo rotundamente injusto, y a esa injusticia no se suman ni este Senador ni el Grupo Parlamentario Socialista.
Sería también injusto no reconocer que hasta hace muy poco tiempo la producción platanera canaria se encontraba en una grave situación de encrucijada. Hoy se han despejado los horizontes, ha desaparecido la mayor parte de las incertidumbres, pero, eso sí, hay problemas de ajuste en la aplicación de la OCM para cuya resolución todos tenemos que poner la carne en el asador en nuestros diferentes ámbitos competenciales. Yo voy a decir aquí algo que sería propio del Parlamento regional: que el actual Gobierno de Canarias no ejerce el liderazgo en los sectores productivos en que tendría que ejercerlo a efectos de adaptarlos a la realidad actual.
Señorías, quiero recordarles que ha sido precisamente el Comisario Matutes --permita que se lo recuerde, Senador Sepúlveda-- quien en el mes de mayo de 1992 elevó a la Comisión un informe, que este Senador ha leído con mucho interés y que comparte en plenitud, encaminado a alertar acerca de la necesidad de propiciar

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acuerdos de los países comunitarios como unidad con Marruecos. Justamente mañana a las diez, a petición del Grupo Parlamentario Socialista de ambas Cámaras, la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas va a analizar el proyectado convenio euro-magrebí como consecuencia de la comparecencia del Secretario de Estado para las Comunidades Europeas para tratar de ese tema concreto.
Senador Ferrer i Profitós, le agradezco su intervención, al igual que le agradezco la suya al Senador Sepúlveda. Y aunque haya discrepado notablemente con el contenido de la intervención del Senador Barbuzano, también le agradezco su sentido positivo en lo que al voto se refiere.
Señorías, sería de una irresponsabilidad colosal por parte del Estado español no propiciar encuentros y concertaciones en los diferentes ámbitos de la productividad, del comercio y de la vida industrial con ese país vecino, país para el que dos Comunidades españolas, la Comunidad Canaria y la Andaluza, son netamente fronterizas; un país con el que tenemos que dialogar y comerciar permanentemente y en el que hay un importante capital español invertido. Les invito a que mañana acudan a esa Comisión Mixta que va a tratar de este tema específico. Debemos seguir propiciando esos entendimientos, pero eso no significa en modo alguno que el Gobierno español haya hecho dejación de la defensa de los intereses productivos. Dispongo de un listado a este respecto, pero, habida cuenta de que ya he consumido mi tiempo, no me detendré en ello.
Sería conveniente que analizásemos, a efectos de rigor --y termino, señor Presidente--, el crecimiento importante en la exportación de tomate canario que zafra tras zafra se ha ido produciendo desde nuestra entrada en la Comunidad Europea. En un período de cuatro años Canarias ha incrementado en 100.000 toneladas la producción tomatera comercializada en la Comunidad Europea. Y, señorías, les adelanto en estos instantes --habida cuenta el interés que el tema tiene-- que el Grupo Parlamentario Socialista, dado el debate que aquí se ha producido, considera oportuno continuarlo en Comisión, por lo que solicitaremos la comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la Comisión de Agricultura con el fin de producir un debate intenso sobre estos dos productos específicamente, y lo hará el Grupo Parlamentario Socialista a propuesta del Senador que les habla.
A todos los intervinientes, muchas gracias por el apoyo a la moción. Nada más, señor Presidente. (El señor Barbuzano González pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Segura.
¿Por qué artículo pide la palabra, Senador Barbuzano?

El señor BARBUZANO GONZALEZ: Por alusiones, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.


El señor BARBUZANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Nada más quería decirle a mi querido amigo, Senador por Tenerife, José Segura, una frase, y aprovecho la ocasión para decirla en guanche: «Ajul sadami tiniguade».
Nada más, señor Presidente. (El señor Segura Clavell pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con el profundo respeto que le tengo al Euskera y, naturalmente, al catalán, y una vez más recuerdo mi origen, yo ni conozco la existencia del guanche ni me interesa, ni le he entendido, señoría.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Antes de someter a votación la moción número 35, voy a suspender la sesión por un minuto, pero les ruego que no se ausenten de sus escaños.
(Pausa.) Se reanuda la sesión.
Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que eleve a la Comisión Europea la solicitud de modular el período que sirve para calcular las referencias cuantitativas de que habla el reglamento de la propia Comisión número 1442/1993, y a que plantee a la misma exigencia de un compromiso firme para la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) de frutas y hortalizas, Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas número 1035/1972, que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales con fecha 30 de noviembre de 1993.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: La moción ha quedado aprobada por unanimidad.
Muchas gracias.


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--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE CONSTITUYA UNA COMISION TECNICA INTERMINISTERIAL QUE , TRAS ESTUDIAR EL PROBLEMA SOCIAL DE LAS FAMILIAS MONOPARENTALES EN ESPAÑA, ASI COMO SU CUANTIFICACION Y TERRITORIALIZACION, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN ORDEN A ARTICULAR UN PLAN DE MEDIDAS CONCRETAS QUE MEJOREN SU ACCESO A LA INFORMACION Y EL DERECHO A UNA POLITICA EDUCATIVA DE BECAS, VIVIENDA, FORMACION PARA EL EMPLEO, FISCALES Y DE PROTECCION SOCIAL. (662/000044.)

El señor PRESIDENTE: Moción número 36, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que constituya una Comisión Técnica Interministerial que, tras estudiar el problema social de las familias monoparentales en España, así como su cuantificación y territorialización, adopte las medidas necesarias en orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la información y el derecho a una política educativa de becas, vivienda, formación para el empleo, fiscales y de protección social.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra la Senadora Zabaleta.


La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se podría haber presentado en cualquier momento de esta legislatura, pero no cabe duda de que cobra una especial virtualidad si la enmarcamos dentro del año 1994, Año Internacional de la Familia, y cobra también un especial interés por cuanto recientemente acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Digo esto porque el porcentaje mayoritario de familias monoparentales en España están constituidas por una mujer.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Senadora Zabaleta, perdóneme un instante.
Señorías, les ruego un poco de silencio porque hay dificultades para escuchar a la oradora.
Su señoría tiene la palabra.


La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Los datos de diciembre de 1993 arrojan un número de 298.000, casi 300.000 familias monoparentales en España, y el grupo protagonizado por mujeres como cabeza de familia es de 259.000, siendo 39.000 aquellas encabezadas por un hombre.
La familia es una unidad básica de la sociedad, y la proclamación de este Año Internacional de la Familia tiene como objetivo destacar su importancia desde un punto de vista personal, social y estructural en la sociedad en la que vivimos.
A pesar de todos los cambios que se están produciendo en dicha sociedad, la familia sigue ofreciéndose como marco natural de solidaridad y de apoyo en el desarrollo y atención de sus miembros. De ahí la importancia de estudiar y apoyar los diferentes estados de necesidad de las familias españolas.
Por todo ello, y en las diferentes transformaciones que ha ido sufriendo la familia, cobra especial importancia la familia monoparental, aquella en la que, constituida por un solo miembro, el peso de las obligaciones y de los deberes recae en una sola persona.
Si hay 11.800.000 familias en España, una sexta parte de ese número son familias en las que el o la cabeza de familia es una sola persona. Si seguimos investigando más en esos datos, nos damos cuenta de que el 90 por ciento son mujeres y el 10 por ciento son hombres. Y si todavía analizamos más cuáles son las condiciones de esas familias monoparentales, nos encontramos con que, del 90 por ciento de familias monoparentales encabezadas por una mujer, el 55 por ciento de ellas trabaja, mientras que están paradas o inactivas el 45 por ciento.
Por contra, si analizamos ese 10 por ciento de cabezas de familia masculinos en familia monoparental, también observamos que casi el 70 por ciento de ellos trabajan, mientras que el 30 por ciento estarían parados o inactivos.
Quiere esto decir que si la problemática de la familia monoparental en España, y en Europa en general, tiene el rostro de una mujer, los problemas de paro o inactividad también se agravan más en el caso de mujeres que en el de los hombres.
Por tanto, la mayoría de los cabezas de familia monoparental que no tienen un empleo remunerado dependen de las llamadas prestaciones de carácter social, dependen de los salarios mínimos de inserción, de los salarios sociales; incluso, cuando la familia monoparental tiene un empleo remunerado también las dificultades son mayores.
De ahí que surja la necesidad de instar al Gobierno para que se cree una Comisión Técnica Interministerial que aborde de una manera global la problemática; que, tras estudiar los estados de necesidad de las familias monoparentales en España, sobre todo las más necesitadas, y su territorialización, elabore un plan de acción integral sobre estas familias monoparentales, ya que éstas se han convertido en uno de los colectivos de mayor atención por parte de los servicios sociales, puesto que la pobreza y la precariedad vulneran e inciden de manera diferencial en este colectivo. Se constata, pues, la existencia de una problemática específica que necesita también de un abordaje específico.
De un estudio que se llevó a cabo en el territorio de

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Guipúzcoa de 300 familias monoparentales, todas ellas dependientes del salario social, se obtenía más o menos el perfil de lo que es una familia monoparental en España de las que podemos incluir en un estado de más necesidad. Nos encontramos con que era el perfil de una familia joven, porque en casi el 60 por ciento su cabeza de familia tenía menos de 45 años. Aproximadamente el 50 por ciento lo eran como consecuencia de la separación y del divorcio, de las que un porcentaje tan importante como el 40 por ciento no había trabajado nunca y tenía muchas dificultades de encontrar un empleo por la baja formación, por la escasa cualificación y formación para acceder al empleo, con importantes cotas de fracaso escolar de los hijos. Ellas mismas manifestaban que tenían tres problemas fundamentales: el trabajo, los ingresos económicos y la vivienda. Había, además, un número de 500 hijos que dependían de esas familias, y algo que es tremendamente importante también, 118 personas emparentadas con ellas dependían también de sus prestaciones. Una vez más se demostraba la solidaridad existente de quienes están más necesitados. Su formación era baja, incluso consideraban que su salud era regular. En el tiempo libre un 60 por ciento veían exclusivamente la televisión, y algo que me parece tremendo y que hay que destacar: ellas mismas se sentían profundamente solas.
Por todo ello, parece necesario actuar sobre las capas más desfavorecidas de la sociedad y las capas más desfavorecidas de la familia, para mejorar las relaciones adecuadas de estas familias con su entorno, para garantizar el acceso a la educación de esos niños y niñas e intentar evitar el fracaso escolar el descuelgue del sistema escolar, para posibilitar itinerarios de inserción laboral y de formación para el empleo desarrollando las capacidades que les hagan falta, en muchos casos la capacidad de la disponibilidad al mundo laboral, y promover la posibilidad de acceso a una vivienda.
Por todo ello --y de ahí se desprende el segundo punto de esta moción--, instamos al Gobierno a que adopte las medidas necesarias en orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren el acceso de estas familias, en primer lugar, a la información como llave de acceso a sus derechos reconocidos a una política educativa de becas, de vivienda, de formación para el empleo, fiscal y de protección social que mejoren sustancialmente las condiciones de vida de este colectivo, sobre todo, y prioritariamente, de los más desfavorecidos.
El Año Internacional de la Familia tiene como lema erigir la democracia más pequeña en el corazón de la familia. Pues bien, no habrá una democracia plena mientras haya desigualdad. Esta iniciativa surge para ayudar a paliarla. Espero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que esta moción tenga el respaldo de sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Abrimos el turno de portavoces.
El Senador Cuevas González tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor CUEVAS GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el apoyo a la moción presentada.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
El Senador Torrontegui tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no tiene ningún inconveniente en dar el voto favorable a la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado a fin de instar a su propio Gobierno Socialista para la constitución de una Comisión técnica interministerial, como propone el texto de la moción, con el objetivo de resolver un problema social que aqueja a un colectivo, denominado de familias monoparentales, en la sociedad española.
Sin embargo, queremos puntualizar algunos conceptos. Este hecho es, sin duda, importante, y la moción presentada oportuna, ya que, como ha señalado la Portavoz socialista, rememoramos tanto la internacionalización de la familia durante este año como el tema de la mujer que, como ha sido corroborado, es una de las más afectadas, además de los hijos.
Permítasenos algunas consideraciones que, en alguna medida, son reflexiones hacia un comportamiento efectivo y resolutivo de un problema latente en la sociedad y que todos, sin excepción, pretendemos resolver.
Pero indiquemos algunas vías, pues para eso estamos en una Cámara desde donde se deberían dar algunas orientaciones o propuestas, sean legislativas o simplemente con carácter de recomendación, pero cuyo fruto debería quedar reflejado en la sociedad, que es la que, en definitiva, nos ha otorgado esa responsabilidad.
Señorías, hemos oído repetidas veces en esta Cámara referencias a la creación de nuevas Comisiones, y se ha afirmado algo así como que constituir una Comisión «ad hoc» suele ser la pretensión de aparcar un problema. Esperemos que en este caso no resulte así, pues su resolución deberá compaginar mucha voluntariedad y llegar con acierto a la sociedad que representamos.


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Por otro lado, entendemos que la pretensión de esta moción es la de reforzar al Ministerio de Asuntos Sociales, que observa la denuncia en la sociedad y requiere del apoyo de la Cámara pues, según parece, no tiene la suficiente fuerza como para incidir directamente en otros Ministerios que, sin duda, deberán tomar parte activa, Ministerios como el de Economía y Hacienda, Justicia, Sanidad, Educación, Vivienda, Trabajo, etcétera.
Vamos a hablar del Ministerio de Asuntos Sociales, ya que la Asociación Española de Mujeres Separadas y Divorciadas acudió recientemente, en los mismos términos en los que se presenta la moción, a dicho Ministerio para proponer una Comisión Interdisciplinar de expertos de todos los Ministerios y así subsanar la penuria material en la que viven muchas de estas familias incompletas. Sin duda, también otras asociaciones sociales y políticas han expuesto repetidamente este asunto. Nuestro Grupo se opondría de alguna forma a la creación de esta Comisión si tuviera que entrañar una dilapidación del gasto público en forma de una simple burocratización, pues entendemos que tanto en esta disciplina como en otras hoy debería haber la suficiente cobertura de medios públicos por parte de la Administración Central.
Por otro lado, este tema ya está traspasando a diversas Comunidades y se ha traspasado a diversas Comunidades Autónomas con competencia plena en la materia y, por tanto, ellas son los brazos ejecutores y desde donde mejor se resolverán los problemas más cercanos a su propio entorno.
Aunque tampoco negamos que, a veces, la implicación traspasa no sólo los límites autonómicos o nacionales, sino también los internacionales.
En particular, sabemos que en nuestra Comunidad Autónoma del País Vasco existen infinidad tanto de propuestas como de denuncias en relación a este problema concreto. Sería interminable la serie de trabajos y dosieres en torno a este tema y otros similares. Sin embargo, las resoluciones son más difíciles. Se ha pretendido, por ejemplo, crear un fondo de garantía para matrimonios separados o para cubrir el denominado pago de alimentos para suplir los mínimos vitales. El Ayuntamiento de Vitoria, siempre tan avanzado en temas sociales, ha abierto estos días --como saben todos ustedes-- el Registro de estas familias o parejas incompletas. Sin embargo, y como simple anécdota, también hay que señalar que este Ayuntamiento tiene otras oficinas abiertas para acoger a objetores de conciencia, por ejemplo, e incluso en esta misma Cámara hemos hablado de un Registro de familias gitanas y demás discriminaciones sociales.
Nuestro Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos distingue muy claramente que el tipo de medidas políticas que hubiera que adoptar con todo rigor van más en el sentido de la prevención como terapia, tomado como tratamiento de excepción dentro de la regla general.
Todo el mundo entiende de una institución tan antigua, tan rica, tan cercana y tan propia como es la familia, pero siempre existen jueces como, por ejemplo, el señor Barbero, que opina de política y de los políticos, o lectores del «Marca» que saben todo sobre el fútbol. Sin embargo, los políticos estamos obligados a prevenir y tratar de acertar eliminando, en lo posible, casos como el de las familias monoparentales y, claro, las resoluciones no son tan fáciles, ni las opiniones y estrategias para su resolución son las mismas.
Hay muchas dificultades para hacer una buena definición de los monoparentales, o para su acotamiento en relación al término del Estado del bienestar, o bien en el grado de participación o colaboración del papá Estado, o bien en el de otros agentes internos o externos de la sociedad como son las emisiones de programas en Televisión denominados telebasura. Tenemos una concepción de la sociedad cada vez más individualista e insolidaria que, por otro lado, con absoluta libertad para que cada uno pueda tomar sus propias resoluciones, se toman sin duda con un menor grado de sacrificios, sin cesiones a sus semejantes o con una clara dependencia del victimismo del consumo, con escapismo, etcétera.
Señorías, en este valle de lágrimas todo no es liso y llano; las familias, en general, tienen grandes dificultades, y quizá tengamos que reivindicar con mayor intensidad la defensa de la propia institución familiar contra una serie de tópicos.
¿Qué disposiciones, qué facilidades qué apoyo tienen las familias numerosas, los ancianos, los jóvenes, para su emancipación, etcétera? Quizá deberíamos poner el acento en la prevención, como paliativo de una solución, para que no se den tantos casos como éste.
Recientemente, nuestro Consejero de Hacienda en el País Vasco recordaba la labor distributiva de amparo, de equilibrio que realiza la familia como unidad socioeconómica estable y segura para un montón de jóvenes sin trabajo, de padres jubilados o entre hermanos. Y realmente hay que preguntarse: ¿cómo se valora públicamente este hecho? Seguro que también se requeriría una valoración de esta cohesión familiar como elemento de solidaridad para ponerlo en su justa medida, en el nivel que desarrolla y compensa dentro del equilibrio social.
Señoras y señores Senadores, en lo referente a nuestra Comunidad Autónoma, que conocemos un poco mejor, vamos a dar algunas cifras para saber el terreno que pisamos. Un 83 por ciento de la población vasca considera a la familia como una institución vital y viven en una unión matrimonial heterosexual, y del orden del 72 por ciento tienen algún hijo, aunque también es cierto que existen grandes transformaciones y grandes cambios en los modelos familiares. Sin embargo,

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otros modelos de familia como parejas homosexuales, en segundas nupcias, con hijos adoptados y núcleos monoparentales alcanzan la proporción del 8,37 por ciento, con una tendencia al alza, que es lo que nos importa y nos preocupa especialmente.
Un dato reciente indica que la mayoría de los hijos son legítimos, o sea, concebidos dentro del matrimonio, aunque se haya reducido el núcleo familiar. La edad de los contrayentes va incrementándose, situándose la media en los varones en 29 años y en 27 años en las mujeres, y hay un aumento de matrimonios eclesiásticos, pues de los 11.287 celebrados en 1992, sólo 2.736 lo hicieron por la vía civil.
Podríamos alargarnos excesivamente en esta materia como consecuencia de tantas opiniones, estudios, encuestas, etcétera, pero nos gustaría citar alguna estadística europea que señala que uno de los placer con el que más disfruta el hombre de hoy es estar en familia.
También quisiéramos hacer mención a algunas noticias que aparecieron en la prensa estatal del pasado domingo, donde los titulares de los Ministerios de Justicia y Asuntos Sociales sugerían ya posibles reformas para dar más derechos a las parejas no casadas, puesto que reconocen la discriminación que sufren las uniones no formalizadas. Según datos del CIS de 1992, aproximadamente un 2 por ciento de la población mayor de 18 años que vive en pareja en España no están casados, es decir, unas 150.000 parejas de hecho.
También debemos indicar en esta Cámara que en el mismo periódico se aludía a la visita que la Senadora socialista doña Gemma Zabaleta, defensora de la moción, junto con los Diputados de Bienestar Social de Vizcaya y Guipúzcoa, hicieron a las mujeres de la Asociación de familias monoparentales de Vizcaya. Al mismo tiempo, se anunciaba esta moción y la acogida en el País Vasco del Primer Congreso Estatal de familias monoparentales, que cuenta con el apoyo de la señora Ministra de Asuntos Sociales.
Resumiendo, señorías, damos la aprobación a esta moción para que se pueda resolver un problema real existente en nuestra sociedad, pero incidiendo seriamente en que el tratamiento fundamental debe ir dirigido a la defensa y mantenimiento de la familia con letras mayúsculas y procurando que la regla general tenga el menor número de excepciones, que, sin duda, deberán ser minimizadas y resueltas.
Quizá, como dicen los sociólogos, la sociedad tenga un exceso de información que no sabe digerir y una carencia de patrones de conducta en términos de valoración de lo que está bien y de lo que no lo está ante la confusión de referentes cada vez más dinámicos y etéreos. No cometamos el error de privilegiar o favocer situaciones que se deberían considerar como lo que son: problemas puntuales para los que habrá que adoptar las medidas necesarias, de modo que su situación o posición de irregularidad pueda ser corregida siempre que se sienta discriminada, y no sea observada como una lacra, dentro de la libertad sana que como miembro de la sociedad debe tener.
Señorías, acabo con las palabras que el Lenhendakari Ardanza pronunció anteayer en un discurso ante el Senado francés, donde citó a la Unión Europea como más Europa, menos Estado y mucha más sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Codina.


El señor CODINA I CASTILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, quisiera empezar esta intervención, que ya anuncio que va a ser a favor de la propuesta del Grupo Socialista en esta moción, felicitando a la Senadora Zabaleta por esa iniciativa. Nuestro Grupo cree que es importante y, si se me permite, con todo el cariño le diré que nos alegra que sea una Senadora socialista quien traiga a debate un tema relacionado con la familia en su conjunto.
Hoy el planteamiento que se hace es de una parte importante del problema de la familia, las familias monoparentales. Pero sus señorías no desconocen que el problema no es sólo del conjunto de la familia, sino que es un problema de la sociedad. En la configuración de esta sociedad todos tenemos una responsabilidad. Frente a esa familia que recordamos la gente de mi generación y de generaciones anteriores a la mía, con el esquema típico que hemos vivido en el que la familia pasaba básicamente por la figura de la abuela, de la madre y de los hijos, configurándose alrededor de este eje un modelo determinado, nuestra sociedad ha querido --los tiempos nos han llevado hacia ello-- que este esquema forzosamente sea hoy otro. La libertad y el deseo de libertad e igualdad de la mujer en el mundo del trabajo ha hecho que este esquema sea diferente.
Seguramente es mucho mejor el actual, pero cuesta romper con aquellos esquemas porque aquél nos conduce a un modelo diferente. Un modelo que nos debe hacer pensar no sólo, como decía, en las familias monoparentales, sino en el conjunto de los problemas que tienen hoy las familias dentro de nuestra sociedad.
En este sentido, Senadora Zabaleta, podría hacer un discurso en la siguiente línea: la moción queda coja, tendría que ser más amplia... No lo voy a hacer, porque pienso que todo lo que sea ir adelantando, ir dando pasos y solucionando problemas, aunque sea por etapas, es importante. Pero tampoco quisiera dejar pasar de largo la oportunidad de señalar que en este recorrido el camino que hoy se hace se aborda sólo una parte de los problemas que tenemos planteados. Empecemos por éste. De acuerdo, no es todo ni es mucho, pero es bueno; empecemos pues con él.


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Como complemento de este esquema que yo dibujaba, que seguramente es muy básico y primario, pero pienso que muy real, sobre la forma en que estaba constituida la familia hasta hoy, debemos ir aplicando nuevos modelos y corregir aquellas deficiencias que la sociedad y la estructura actual de la familia nos puedan ir dando, ya sea monoparental maternal o parternal.
Es cierto, señora Zabaleta, que en la mayoría de las familias monoparentales la responsabilidad recae sobre la mujer. Son muchas más las familias monoparentales basadas en la figura de la madre que en la del padre.
De todas maneras, déjeme que le diga que, al margen de esta iniciativa que hoy usted y su Grupo han tomado --y que nosotros, como ya he anunciado, vamos a votar favorablemente--, en el contenido de esta propuesta se pretende la constitución de una comisión interdepartamental que estudie el problema de las familias monoparentales, es decir, trasladamos esta responsabilidad al Gobierno para que sea el Gobierno quien lo estudie, pero yo pienso que éste es un tema importante y que una Cámara como el Senado no debería dejar pasar la oportunidad de que también desde aquí demos nuestra opinión. ¿De qué forma? De una forma que pueda ser ágil, que no entorpezca, sino al revés, que ayude a encontrar la última finalidad perseguida. Y propongo, si se acepta --y es una iniciativa parlamentaria que en el Grupo Catalán vamos a promover--, que sea el Senado el que a través de una Ponencia, dentro de la Comisión que corresponda, pueda analizarlo con la precisión, con la independencia y con la soberanía con que se puede hacer desde una Cámara legislativa como el Senado.
Por tanto, déjeme también que aporte un conocimiento que me imagino que ya deben tener. Pongo en su conocimiento que la Generalitat de Cataluña, en abril de 1993, creó ya una Comisión interdepartamental para estudiar los problemas no de las familias monoparentales, sino del conjunto de las familias necesitadas: familias monoparentales, familias desestructuradas y familias que tienen problemas de otra índole sin haber roto la unidad familiar. Senadora Zabaleta, en esta línea, nuestro Grupo ofrece la posibilidad de que, al margen de este acuerdo, tomemos iniciativas para que la Cámara del Senado pueda aportar su opinión, su conocimiento, sus ganas y su interés en resolver, insisto, no sólo esta parte del problema, sino todo su conjunto.
Termino como empezaba, Senadora Zabaleta, la felicito por su iniciativa, va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y reflexione usted también ante la posibilidad de que podamos obsevar esta problemática desde ópticas mucho más amplias.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Codina.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Urzay.


La señora URZAY URQUIZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, para votar afirmativamente la moción presentada por el Grupo Socialista. Y no podíamos votar más que sí a esta moción porque el Grupo Parlamentario Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, siempre ha situado entre sus principales preocupaciones la defensa de la familia.
Por encima de los enfoques partidistas, es incuestionable que la familia constituye la piedra angular de la estructura social y que por ello, precisa de toda la protección posible desde los poderes públicos. Este planteamiento de principio se ve reforzado aún más, si cabe, en estos tiempos en los que la familia constituye, y eso es una realidad sociológica evidente en muchos aspectos, el principal escudo frente a las dificultades económicas que atraviesan tantos ciudadanos españoles. Por otra parte, señorías, la familia es un instrumento clave para la formación de la persona como individuo y como miembro de una colectividad, así como para la transmisión de los valores socialmente compartidos. En una época en la que la aceleración del tiempo histórico tiende a desenfocar tantas de estas referencias fundamentales, el papel de la familia cobra todavía más relevancia para la sociedad. La dimensión de esta problemática actual no es exclusivamente española, aunque en nuestro país pueda tener unas características específicas, sino global, como lo demuestra la declaración de 1994 como Año Internacional de la Familia. También es conveniente resaltar, aquí y ahora, el espíritu de la Resolución del Parlamento Europeo de 7 de julio de 1986, refrendada en la Resolución de 31 de marzo de 1993, cuyas recomendaciones ha desoído el Gobierno español, sobre todo, hacia las familias monoparentales.
En este contexto general existen situaciones familiares concretas que por su posición de desventaja precisan de una atención especial.
Tal sucede, por ejemplo, con las familias de padres separados o divorciados, que no reciben las pensiones establecidas por decisión judicial o, como en el supuesto de la moción socialista que nos ocupa, con las familias monoparentales, cuyo número ha crecido significativamente de la mano de los cambios que vienen produciéndose en la sociedad española durante los últimos años.
He escuchado con atención la encuesta a la que se ha referido la portavoz del Grupo Socialista, Senadora Zabaleta, a quien le quiero preguntar cómo es posible que, ante semejante encuesta, el Grupo Socialista no haya sido sensible hasta hoy a los problemas que tienen

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estas familias, ya que tanto estos problemas, como dichas familias, no han surgido de la noche a la mañana, sino que existen desde hace mucho tiempo.
Decía que la protección de la familia, en general, y de las monoparentales, en particular, ha estado recientemente presente en dos proposiciones no de ley que nuestro Grupo presentó en el Congreso, y me ciño exclusivamente a las más recientes, es decir, a las que hemos presentado en esta legislatura. Una de ellas, se refería a la creación de un fondo de garantía de pensiones alimenticias destinado a cubrir las necesidades más perentorias de las familias monoparentales con menores, entre otros supuestos. Dicha proposición fue debatida en Comisión el pasado 1.º de diciembre de 1993, y rechazada por los votos en contra del Grupo Socialista, Convergència i Unió e Izquierda Unida.
Ante esta realidad, nos preguntamos cómo es posible que la ex Ministra Fernández viera necesario en ese momento la consignación de un importante crédito de 18.000 millones de pesetas para Radiotelevisión Española, al señalar --son palabras textuales-- que los medios de comunicación en todo lo que se refiere a la atención de las políticas sociales tienen un papel importante que desarrollar.
Señorías, ésta es una prueba más de la preocupación que el Gobierno ha tenido, y sigue teniendo, por utilizar los medios de comunicación en su favor, dando una política de imagen que, en realidad, oculta una insuficiente política social que las familias --en este caso, las monoparentales-- llevan demandando desde hace tiempo.
Los hombres y mujeres del Partido Popular entendemos que es más importante conocer la realidad, para anticipar las soluciones, que no ir detrás de ellas.
Otra iniciativa de nuestro Grupo ha sido debatida en el Pleno de 1.º de marzo de 1994, por la que se instaba al Gobierno a la modificación del ordenamiento jurídico español, con la finalidad de lograr una mayor protección social y económica de la familia. Esta proposición fue aprobada después de que nuestro Grupo aceptara una enmienda de socialistas y catalanes que proponía la creación de una Ponencia para el estudio de este tema en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo.
Por tanto, señor Presidente, señorías, en congruencia con esta línea de actuación, el Grupo Popular tiene que dar su voto favorable a esta moción. No obstante, es muy de lamentar que, al igual que el Gobierno al que respalda, el Grupo Socialista tenga siempre que esperar a las conmemoraciones o iniciativas de organismos internacionales para descubrir los problemas existentes en la sociedad española. Es, pues, una lástima que las Naciones Unidas no hubieran decidido celebrar el Año Internacional de la Familia en 1983. De ese modo, quizá nos hubiéramos ahorrado diez años sin política alguna en relación con la familia, tal es el balance que sobre este importante particular puede presentar el Grupo Socialista.
También sería de desear que la presente iniciativa no fuera vaciada de contenido por el Gobierno, limitándose a la mera política de imagen que tiene por costumbre, sino que se implicara en adopción de medidas concretas. Baste en este sentido recordar que las ayudas económicas a las familias españolas son de las más bajas de Europa, que no existe un régimen tributario justo con las familias --no es, por ejemplo, protector en lo referido a la relación directa entre número de hijos y presión fiscal--, o que el Gobierno aún tiene pendiente su promesa de crear un fondo de garantía de pensiones para las familias más desfavorecidas, objetivo que se contemplaba en el I Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, pero decayó en el segundo. Este era, además, el sentido de nuestra citada proposición no de ley, que fue rechazada en el Congreso el pasado mes de diciembre.
En el transcurso de dicho debate en el Congreso, la Diputada Fernández manifestó que el Gobierno no puede dedicar en 1994 los recursos económicos necesarios para poner en marcha este fondo. Pero nosotros decimos que lo que hace falta es racionalizar el gasto y atender a cuestiones prioritarias, como la que nos ocupa.
Por cuanto hemos dejado expuesto, es nuestro deseo que todos los Grupos voten favorablemente esta moción --como he comprobado en el transcurso del debate--, y nos tenemos que felicitar por ello, porque los hombres y mujeres que hemos sido votados por millones de ciudadanos vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para solucionar un problema importante, como es el de las familias monoparentales, las cuales siempre han tenido, y lo seguirán teniendo, el apoyo de los hombres y mujeres del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la Senadora Zabaleta, en turno de portavoces.


La señora ZABALETA ARETA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar contestar muy brevemente a todos los intervinientes.
En primer lugar, me voy a referir al Senador Torrontegui, sobre todo para tranquilizarle, ya que ha expresado su miedo a que se aparque este problema. En este sentido, estamos instando al Gobierno a que haga algo tan importante como crear una Comisión Interministerial que trate de abordar de manera global la problemática de la familia monoparental, y no se quede sólo en una Comisión que estudie esta cuestión. Para eso se le insta, para que elabore un plan de acción global, porque nos parece que ésa es la forma mediante la cual

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se puede mejorar sustancialmente las condiciones de vida de estas familias y abordar su problemática de una manera interdisciplinar, a través de un abanico de soluciones.
La Senadora del Grupo Popular ha dicho que no hemos hecho nada durante todos estos años, por lo que después pasaré a explicarle la gran cantidad de cosas que ha hecho el Gobierno socialista en pro de los más desfavorecidos, y también con respecto a las familias monoparentales.
(Aplausos en los escaños de la izquierda.) Señoría, ésta es una medida más, que estudiaré atentamente si ustedes también lo hacen en la Xunta de Galicia, donde han creado una Consejería de familia. Usted ha dicho que nosotros simplemente tenemos una política de imagen pero, insisto, seguiré atentamente los planes de la Consejería de familia, porque hasta ahora sólo se ha tratado de una cuestión de imagen. (Protestas en los escaños de la derecha.) Con respecto a la creación de esa Comisión, ciertamente, pensamos que no hay que aparcar el problema. Además, los Senadores del Grupo Socialista nos vamos a preocupar, no sólo de que eso no ocurra, sino de que se resuelvan los problemas que siguen pendientes. No se trata de reforzar al Ministerio de Asuntos Sociales, que está muy reforzado, y actúa en colaboración con las Comunidades Autónomas. Por eso, éste es un problema de todos, y cuando criticamos al Gobierno tenemos que criticarnos a nosotros mismos, a los que tenemos competencias en esta materia en las Comunidades Autónomas, porque los planes en materia de asuntos sociales y, en concreto, los que afectan a las familias monoparentales, se están llevando a cabo desde el Ministerio de Asuntos Sociales en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Diputaciones con competencias transferidas en esta materia. Pero existen planes de formación para el empleo y los salarios sociales están instaurados en la generalidad de las Comunidades Autónomas. Ese es un logro de todos. Esos salarios sociales están afectando, por desgracia, a muchísimas mujeres. Casi un 52 por ciento de las personas que cobran el salario social en familias monoparentales son mujeres que están dependiendo y subsistiendo de él.
Pero se trata de que no solamente tengan eso, sino que realmente se realicen planes globales y no acciones aisladas e individuales. ¿Es correcto que una familia monoparental cuando esté en una situación de emergencia en su vida cotidiana tenga que salir adelante dependiendo de las ayudas de emergencia social, en muchísimos casos para pagar alquileres de su vivienda? ¿O hay que hacer un plan de vivienda si cabe más social? Ahí estamos nosotros para instar al Gobierno a que realmente se haga.
Nosotros seremos los mayores defensores de esta moción y los mayores seguidores de que realmente se cumpla.
Senador Torrontegui, usted sabe que al Partido Socialista que Gobierna en coalición en la Comunidad Autónoma con su Partido, no se le podrá achacar que no haya llevado a cabo cosas serias en torno a esta problemática y para abordar los problemas sociales de muchos colectivos.
Quiero agradecer, por supuesto, a todos los grupos políticos la sensibilidad con respecto a esta moción y su apoyo favorable.
Senador de Convergència i Unió, estamos totalmente de acuerdo con usted.
Desde el Senado podemos abordar también la problemática de la familia. En este sentido, esta moción no ha querido quedarse coja, sino complementar iniciativas que en este momento se están llevando a cabo en el Congreso de los Diputados y, además, a propuesta --por lo menos en algunas de las cuestiones de las que tengo conocimiento-- de su propio Grupo para que se estudie la problemática de la familia. Esta Comisión Interministerial puede estudiar los problemas de las familias monoparentales e, incluso, abordar los estados de necesidad de la familia en su conjunto. Pero es verdad --como decía la Senadora del Partido Popular-- que la familia nos preocupa a todos. Es cierto que la problemática de las familias --en su conjunto o monoparentales-- más desfavorecidas nos preocupa a todos los grupos políticos que estamos aquí, pero no creo que a todos por igual.
Esta moción trata de paliar los estados de más necesidad de la familia, porque creemos que no se puede abordar de manera igual los recursos y el papel social que ocupa una familia u otra. Por desgracia, hay familias de segunda y de tercera categoría; precisamente a ésas, de las últimas de la fila, es a las que queremos ayudar con esta moción.
En cuanto a las peticiones del Grupo Parlamentario Popular con respecto al fondo de pensiones, le diré que aquí tengo el «Diario de Sesiones», de fecha 1 de diciembre de 1993, en el que se alude a esa petición al Gobierno de creación de un fondo de pensiones. Y ustedes hablan de su creación aludiendo a varios supuestos en los cuales se refieren a los adultos y a los menores. Y en aquel momento, la portavoz del Partido Socialista, Matilde Fernández, explicó cuáles eran las razones --y no las de carácter económico que yo creo que no son las prioritarias--. Pienso que hay una cuestión de fondo en la que deberíamos profundizar. ¿Es que debemos pedir al Ministerio de Asuntos Sociales que presente un proyecto de ley de creación de un fondo de pensiones para cuando no se cumplen las sentencias judiciales? ¿O, por contra, tenemos que instar al Ministerio de Justicia a que acelere los trámites para que se cumplan las sentencias? (Aplausos.) Ahí hay que ir; al fondo de esa cuestión. En su proposición no establecían absolutamente ningún criterio. Creo que no se puede tratar por igual, por ejemplo, a una mujer con un sueldo de 300 ó 400.000 pesetas --como puede ser mi situación, y no cobro la pensión de mi ex marido-- que

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a la pobre mujer que está cobrando un salario social, por ejemplo. Y ustedes ni siquiera han especificado criterios. Por tanto, en algo tan serio, y mientras no se especifiquen criterios, a nuestro Grupo, en principio, no le vale esa generalidad que solamente sirve, entre otras cosas, para hacer demagogia. (Aplausos.) Muchas gracias. (La señora Urzay Urquiza pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Senadora Urzay, ¿me pide la palabra?

La señora URZAY URQUIZA: Por el artículo 87, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra su señoría.


La señora URZAY URQUIZA: Solamente quiero decir a la Senadora Zabaleta --por supuesto, señor Presidente, no pretendo abrir ningún debate-- que analice nuestras iniciativas y mi intervención y que reflexione, porque me da la impresión de que los árboles no le dejan ver el bosque.
Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción número 36 del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a que se constituya una Comisión Técnica Interministerial que, tras estudiar el problema social de las familias monoparentales en España, así como su cuantificación y territorialización, adopte las medidas necesarias en orden a articular un plan de medidas concretas que mejoren su acceso a la información y el derecho a la política de becas, vivienda, formación para el empleo, fiscales y de protección social.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 215.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA DEL SENADO, POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO PARA QUE POR PARTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL ALMACENES, DEPOSITOS Y ESTACIONES ADUANERAS, S. A. (ALDEASA), NO SE INSTALEN EN LOS AEROPUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS LAS TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS CONOCIDAS COMO «DUTY FREE». (662/000028.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno para que por parte de la sociedad estatal Almacenes, Depósitos y Estaciones Aduaneras, S.
A., no exista en los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Canarias las tiendas libres de impuestos conocidas como «duty free».
A esta moción se ha presentado otra de modificación, suscrita por los grupos parlamentarios que componen la Cámara. Su tenor literal es el siguiente: El Senado insta al Gobierno para que elabore, con la colaboración del Gobierno de Canarias y lo presente ante la Comisión de Economía de esta Cámara, un estudio sobre el impacto que la instalación de las tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free», tendrían sobre la economía del archipiélago, suspendiéndose hasta ese momento la autorización para la instalación y apertura de dichas tiendas en los aeropuertos canarios.
Para la defensa de la moción original, tiene la palabra el portavoz designado por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, Senador Travieso.


El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con la moción que habíamos presentado pretendíamos evitar otro duro golpe a la débil y frágil economía canaria y a su tejido empresarial de pequeños y medianos comerciantes. De todos es sabido que Canarias ha contado con un régimen fiscal peculiar, los puertos francos, y al socaire de esta legislación un sector importante de la población se dedicó al pequeño comercio, que a su vez atrajo a muchos visitantes con el objeto de comprar más baratos los productos que vendíamos. Se pueden acordar perfectamente de los transitores, relojes, calculadoras, cartones de tabaco, etcétera, como productos más significativos.
En los últimos tiempos la Comunidad canaria ha padecido una crisis en todos los sectores de su economía, motivo por el que actualmente se están revisando las bases económicas del REF. El índice de paro ha llegado a un 30 por ciento y prácticamente todos los sectores económicos han caído en picado, principalmente el comercio, sector de gran peso antes de la integración en la Comunidad Económica Europea. No obstante, hoy en Canarias hay más de 10.000 comerciantes censados en actividades de venta de perfume, licores, tabaco, regalos, etcétera.
Nuestro tejido empresarial está compuesto, especialmente, por pequeños y medianos comerciantes. Ahora una empresa estatal, ALDEASA, creada en 1974 por el Patrimonio Nacional y participada posteriormente por AENA en un 20 por ciento, pretende abrir tiendas libres de impuestos en los aeropuertos canarios: primero en Gran Canaria, luego en Tenerife sur, Lanzarote y Fuerteventura.
Dicha empresa está en una situación de monopolio de hecho y de derecho con respecto a las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos españoles y las previsiones

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de su facturación anual en el aeropuerto de Gran Canaria es de 3.000 a 4.000 millones de pesetas y en el total de los aeropuertos canarios la facturación puede estar entre los 10.000 ó 15.000.
Hasta la aprobación del Reglamento de la CEE 1911/1991 del Consejo de 26 de junio, relativo a la aplicación de las disposiciones del derecho comunitario en las Islas Canarias, los decretos que creaban y regulaban esta actividad comercial libre de impuestos eran inaplicables en Canarias. En efecto, Canarias eran dentro del Estado español una zona franca donde no se justificaba la apertura de tales tiendas libres de impuestos.
Hasta ese momento ALDEASA no se preocupó de los aeropuertos canarios, no tuvo el detalle de instalar tiendas en ellos en igualdad de condiciones que los demás, generando puestos de trabajo y flujo comercial. Pero la Comunidad Económica Europea intenta eliminar las tiendas libres de impuestos para el tráfico intercomunitario y para ello dicta una directiva, estableciendo un régimen transitorio en los territorios de aplicación del IVA, limitando la existencia de tales tiendas hasta junio de 1999.
Ante esa situación, ALDEASA decide instalar dichas tiendas en aeropuertos canarios y si esto sucede, no termina en 1999, sino que se puede prorrogar eternamente, hasta que Canarias decida pasar a ser territorio común del IVA. Por la directiva que establece la limitación de las tiendas libres de impuestos, la CEE 1991/680 sólo va referida a completar el sistema común del IVA con vistas a la abolición de fronteras.
Hay que recordar aquí que el artículo 25 del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas prevé que Canarias está fuera del territorio de aplicación del IVA, por lo que no le sería aplicable la limitación de 1999, que sólo afectaría a la Península y a Baleares. Nos encontraríamos ante una gran paradoja: la de que Canarias, que nunca ha tenido tiendas libres de impuestos, a partir de 1999 puede ser la única que las tenga en España para operar en el comercio intracomunitario.
Nuestro régimen especial dentro de la CEE fue creado con vistas a mantener las anteriores condiciones económicas del archipiélago y con esta iniciativa de ALDEASA se verían burladas, precisamente en unos momentos en que nuestras islas necesitan más que nunca proyectar al mundo su régimen particular dentro de la Comunidad Económica Europea, para que se beneficie la economía canaria y, en general, todos los canarios.
Hay razones legales de peso para oponerse a la implantación de ALDEASA con tiendas libres de impuestos en nuestros aeropuertos. La primera es que la actual existencia de las tiendas libres de impuestos en aeropuertos es ilegal, de acuerdo con nuestra legislación vigente. Así, el artículo 133 de nuestra Constitución recoge el principio de reserva de ley para cualquier beneficio fiscal. El principio de igualdad esencial en un Estado de Derecho sólo se puede quebrar por un texto aprobado en las Cortes.
El funcionamiento de las tiendas libres de impuestos en España viene regulado por diversos decretos preconstitucionales, dictados entre los años 1968 a 1974, sin que exista norma con rango de ley al respecto. Las tiendas libres de impuestos, y ALDEASA en concreto, disfrutan de beneficios fiscales, exención de toda clase de impuestos, sin estar amparados por una norma con rango de ley, por lo que se vulnera dicho principio de reserva de ley. Se trata de una situación de inconstitucionalidad sobrevenida. Si el Gobierno desea que en España operen las tiendas libres de impuestos, debe remitir a las Cortes un proyecto de ley que regule en todos sus aspectos las actividades de tales tiendas.
La segunda razón es que la actual situación de monopolio de ALDEASA también es ilegal, de acuerdo con la legislación española y europea vigente. Así, el artículo 128 de nuestra Constitución establece un principio de reserva de ley, esta vez para los monopolios. ALDEASA tiene la concesión de las tiendas libres de impuestos en aeropuertos de la Península y Baleares desde 1974, concesión que le ha sido prorrogada por siete años, hasta 1999. ALDEASA ejerce una situación de monopolio, de hecho y de derecho, sobre las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos españoles. Es la única entidad autorizada para ello, al amparo del Decreto 2.517, de 9 de agosto de 1974 y otros decretos preconstitucionales desde 1968.
En la legislación española no existe una normativa con rango de ley que ampare este monopolio, por lo que se contraviene dicho principio de reserva de ley. También se infringe el Derecho comunitario que dado el importe, más de 400 millones de pesetas, obligaría, en cualquier caso, al concurso público de esta concesión, tal como exige la Directiva de la CEE 1992/50.
La tercera razón es que infringe de plano lo dispuesto en la Ley que regula el Régimen Económico Fiscal de Canarias, Ley 30/1972. ALDEASA ha solicitado de AENA la ampliación del convenio para la concesión de las tiendas libres de impuestos en aeropuertos canarios. La citada ley 30/1970 prohíbe terminantemente el funcionamiento de monopolios comerciales en las Islas. Creemos que las tiendas libres de impuestos son ilegales en toda España, pero más en Canarias.
Pero aparte de estas razones legales, existen otras razones de fondo para rechazar tal instalación en nuestro archipiélago. La instalación de tiendas libres de impuestos crea distorsiones en el comercio, porque discriminan y colocan en situación más ventajosa a unos comerciantes frente a otros. Creemos que refutar esto es absurdo.
La propia Comunidad Económica reconoce tales efectos y distorsiones de cara a la creación del mercado interior y, como ya hemos visto, ha previsto la abolición de este tipo de comercio para junio de 1999, aunque la

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propuesta inicial de la Comisión era la de abolir este tipo de comercio intracomunitario desde principios de 1993, pero se modificó la fecha por la presión de los Estados miembros, muchos de los cuales son accionistas de estas empresas.
La Directiva de la CEE 1991/680 lo deja claro. La Comunidad Económica Europea dice que a partir del 1 de julio de 1999 no pueden existir tiendas libres de impuestos para el tráfico intercomunitario. Permitir estas tiendas en nuestros aeropuertos va a suponer un duro golpe para nuestros comerciantes y para todos los sectores económicos de Canarias, fundamentalmente el de la alimentación.
En Canarias, pese a la presión fiscal, se ofrecen servicios a precios altamente competitivos. Por razones de las peculiaridades del REF, los comerciantes canarios se siguen esforzando día a día por mantener viva la imagen de la zona franca que siempre ha caracterizado a nuestro archipiélago.
Los precios de las tiendas libres de impuestos en la Península no difieren mucho de los que se aplican por los comerciantes canarios, pero el pequeño comerciante canario no puede competir con ALDEASA, una empresa estatal que puede rebajar los costos entre un 30 y un 40 por ciento, que no paga impuestos, se mueve en una economía de escala, se encuentra en la puerta de entrada y salida de los clientes y realiza una política agresiva de «marketing».
Sus actitudes comerciales son desleales para con nuestros comerciantes, y es cruel que sea el propio Estado el que nos intente quitar el pan de la boca. También va a suponer una merma en la recaudación de nuestras instituciones, los cabildos y el Gobierno de Canarias, que, si quieren compensar estas sensibles pérdidas en el IGIC y en el APIC, habrán de incrementar las bases y las cuotas de dichos impuestos, que nos corresponderá pagar, sin duda, a los residentes canarios.
Muchos pensamos que los únicos beneficiados van a ser ALDEASA y AENA y los perdedores todos los canarios. Que no se nos diga que esto no debe suponer perjuicio alguno para los intereses globales de las Islas Canarias y que, incluso, tienen un efecto claramente positivo. Aquí está en juego nuestro tejido empresarial: más de 10.000 comercios de estructura muy débil en uno de nuestros sectores económicos tradicionales. No vamos a poder competir con reducciones de precios del 30 ó 40 por ciento. Lo único positivo lo sacan AENA y ALDEASA, que quieren llegar a ocho millones de turistas.
Que tampoco se nos diga que las tiendas libres de impuestos no compiten con el comercio local porque el pasajero tiene acceso a ellas al final de su estancia cuando abandona las islas tras el control de pasaportes y de seguridad, cuando el pasajero ha salido del mercado local y como última alternativa de compra.
Varios dirigentes de ALDEASA han reconocido en revistas como «Dinero» y «Actualidad Económica» las prácticas que realizan al respecto. Al turista se le obsequia a su llegada con un folleto en el que se le aconseja, a la vista de los precios allí expuestos, que se reserve a hacer sus compras hasta la salida. Los turistas recorren las tiendas locales, comprobarán dicha diferencia de precios y atenderán el consejo, y además se abstendrán de adquirir cualquier otro objeto por temor a ser estafados e, incluso, dada la estructura de nuestro turismo, con muchos que repiten, no hace ni falta que se les entregue dicho folleto.
Que no se nos diga tampoco que no compiten con otras tiendas del aeropuerto en régimen normal porque centran sus ventas en tabaco, licores y perfumes, productos que de otra forma no se venderían. Esto no es así; estos productos se venden normalmente en los aeropuertos. Y tampoco es así que ALDEASA limite sus ventas a dichos productos, pues en la revista «Aldeasa por dentro» queda claro que venden juguetes, pieles, bisutería, electrónica, productos gastronómicos, en fin, todo lo que sea objeto de negocio.
Tampoco es de recibo que se diga que si no existen tiendas libres de impuestos, los viajeros desplazan sus compras a la venta a bordo de los aviones o simplemente no las realizan. Los aviones no tienen los 400 metros cuadrados que pretende ALDEASA en el aeropuerto de Gran Canaria.
Llevamos mucho tiempo vendiendo a los turistas que se desplazan normalmente en aviones europeos con ventas a bordo, y hasta ahora hemos subsistido.
Tampoco nos vale que se nos diga que las tiendas libres de impuestos venden en gran medida productos del país y, en el caso de Canarias, cigarros de nuestra tierra. Nuestros comerciantes también saben hacerlo y, es más, llevan muchos años haciéndolo. Lo que es dudoso es que ALDEASA lo haga, pues al estar exenta de los tributos de importación, se puede permitir traer productos más baratos del exterior.
Que tampoco se nos diga que con dichas tiendas se generan 200 puestos de trabajo y se van a invertir 220 millones. ¿Y cuántos de los 10.000 comercios tendrán que cerrar? ¿Y cuántos trabajadores tendrán que despedir? Se nos ponen los pelos de punta sólo de pensarlo.
Tampoco nos vale que se diga que AENA tiene que tener recursos de este modo para las inversiones que está haciendo en los aeropuertos canarios.
Nuestros aeropuertos son muy rentables, están dejando dinero para amortizar de sobra las inversiones y para invertir en otro lado, y encima en las islas periféricas nos están poniendo peores líneas de comunicación.
Que tampoco se nos diga que los pasajeros de las compañías aéreas extranjeras se extrañan de que no existan tiendas libres de impuestos en los aeropuertos canarios. Llevan muchos años viniendo y muchos, este año más de ocho millones, y nunca han dejado de venir por eso. Saben que en toda Canarias se compra barato,

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y de lo que se extrañan es de que en los aeropuertos existan pocas tiendas.
Que tampoco se nos diga que el impacto de la desaparición de las tiendas libres de impuestos en el turismo puede ser de un 1,5 a un 7 por ciento.
De lo que se trata es de no implantarlas; no existe impacto negativo.
Nosotros hemos dejado clara nuestra posición en base a la moción que hemos presentado, y hemos aceptado una modificación a esta moción, firmada por todos los grupos políticos, en base a que el Gobierno de la nación se ha comprometido a estudiar mejor la incidencia de estas tiendas libres de impuestos en la economía canaria, y para eso solicita un plazo para estudiarlo junto al Gobierno de Canarias, volver a remitir a la Comisión de Comercio de esta Cámara y, mientras tanto, queden suspendidas las autorizaciones para dicha instalación.
Aceptamos esta moción porque estamos seguros de que el Gobierno se lo tiene que pensar mejor, porque en Canarias estamos todos de acuerdo en que estas tiendas distorsionan el comercio local. Están de acuerdo las Cámaras de Comercio, corporaciones de derecho público que defienden a los comerciantes, todas las asociaciones de empresarios, todos los comercios individualmente, todos los grupos políticos, incluidos los mayoritarios, el Popular y el Socialista, como lo han reconocido en una votación del Parlamento Canario en la Comisión de Comercio e Industria, donde han apoyado una moción de las mismas características de ésta. Estamos seguros de que el Gobierno va a entender que toda la sociedad canaria está muy preocupada por este tema. Vamos a dar ese margen de estudio junto al Gobierno de Canarias para que luego venga aquí.
Seguro que nuestra postura no va a cambiar; va a ser la misma porque estamos convencidos de que eso choca frontalmente contra nuestra posición.
Si me da tiempo en el turno de portavoces, daré las gracias a los grupos parlamentarios que intervengan antes que nosotros en ese sentido.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de la moción suscrita por todos los portavoces de modificación de la anterior tiene su señoría la palabra.


El señor GIBERT Y BOSCH: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este turno de defensa de la moción de alternativa de modificación del texto inicial presentado por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado voy a usarlo para decir en primer lugar, que tenemos una buena razón para haber aceptado esta fórmula transaccional o de acuerdo entre todos los grupos, que es el deseo de que en un futuro próximo sea posible configurar escenarios de mayor acuerdo, tanto en la Cámara como en las Islas Canarias, sobre esta implantación o no de tiendas libres de impuestos en los aeropuertos internacionales del archipiélago.
No tenemos ninguna razón para dudar de la buena intención de los proponentes de la moción, que no compartimos, y de la propia intervención se desprenden por lo menos dos buenas intenciones: la de velar por la estricta aplicación de la legalidad española y comunitaria y la de favorecer la buena salud de la economía canaria, preocupaciones que, lógicamente, compartimos.
Comprendemos que puede haber influido tal vez no solamente el problema que se plantea, sino la tinta que se ha vertido alrededor de este tema en las islas, que debe de haber ejercido cierta presión que probablemente no es ajena del todo a la unanimidad a la que se refería al representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado.
En cualquier caso, desde las responsabilidades de rigor, proponemos, con todos los demás grupos, esta moción alternativa, y queremos manifestar nuestra opinión y esperamos que del estudio que se va a hacer por encargo de esta moción, que con toda probabilidad se va a aprobar, el Gobierno español y el Gobierno canario van a presentar un texto que será debatido en la Comisión de Economía y del cual esperamos que salga la máxima luz posible.
No ocultamos nuestra posición a priori en relación a este tema, que vamos a explicar, y rogamos a todos los Senadores y Senadoras que entiendan esta intervención como una aportación a la reflexión que sin duda se producirá en la Comisión de Economía a partir del momento en que entre este texto.
Tal como decía al hablar de las preocupaciones del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado, voy a dividir esta intervención en dos aspectos: los jurídicos y los económicos. En relación a los aspectos jurídicos, se afirma que el Decreto 2517/74 otorga a ALDEASA la explotación de estas tiendas en régimen de monopolio, que la existencia de esas tiendas en España se basa en los Decretos 3277/68 y 1141/73, preconstitucionales, y que la Unión Europea desautoriza este tipo de tiendas.
Desde nuestro punto de vista, ninguna de estas afirmaciones es exacta. No existe monopolio alguno. Invocar el Decreto 2517/74 nos parece un lamentable error porque lo único que hacía este Decreto era autorizar la creación de una empresa estatal, tal como prevé la legislación sobre Patrimonio del Estado. Dicho Decreto se limitaba a incluir en el objeto social de esta Sociedad la explotación de este tipo de tiendas libres de impuestos, inclusión que han hecho muchas sociedades anónimas antes y después de esta constitución, y algunas han llegado a explotar esas tiendas libres de impuestos. Es decir, nada impide a la iniciativa privada estar en este sector.
ALDEASA es uno de los operadores que funciona

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en este campo, y el hecho de que sea el concesionario es simple consecuencia de reunir los requisitos adecuados como empresa y haber hecho la mejor oferta al ente concedente que es AENA, no hay ningún privilegio, y entendemos que es el resultado claro de la eficiencia de la empresa estatal, como lo prueba el hecho de que esté explotando tiendas libres de impuestos por concesiones administrativas en diversos países como la República Dominicana, Chile, Méjico o Perú.
Tampoco nos parece afortunada la cita a los Decretos 32 y 37 de 1968 y 1141 de 1973, tachados de preconstitucionales con toda la razón; son tan preconstitucionales que cuando entró en vigor la Constitución ya estaban derogados. Se ha ido modificando la legislación de acuerdo con la evolución de la normativa europea sobre este tema, y lo que ha ocurrido es que ha habido diversas modificaciones.
Nos parece rotundamente falso --quiero expresarlo con claridad-- que la Unión Europea desautorice este tipo de tiendas, la prueba es que las hay en todos los aeropuertos internacionales de la comunidad. Al contrario, expresamente las considera instrumentos de promoción de productos en los mercados internacionales. Lo que sí limita es la cantidad importe de compra por viajero, por una parte, y se plantea si a partir del 1999 subsistirán para pasajeros intracomunitarios, cosa que deberá decidirse, lógicamente, antes de esa fecha, pero en ningún caso se plantea esta duda para viajeros en aeropuertos internacionales extracomunitarios.
Otro tema es la especificidad que existe en el régimen fiscal de Canarias que, evidentemente, no formaba parte de la Unión aduanera hasta 1991, y hasta entonces no fueron de aplicación en las islas muchos aspectos del derecho comunitario. Subsisten especificidades que se recogen en la Ley 30/1991 de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que introdujo figuras fiscales propias, como el IGIC y el APIC, y que se recogerán en la Ley que está ahora en trámite en el Congreso y que entrará próximamente en esta Cámara, pero ninguna de estas especificidades afectan ni poco ni mucho a esta cuestión que estamos tratando hoy.
Por lo que se refiere a los aspectos económicos, las argumentaciones de la moción y de la campaña en la prensa que he podido leer con atención, en algunos casos nos parecen sorprendentes. Aun en el supuesto --y lo admitimos por un momento-- de que el impacto de la implantación de las tiendas libres de impuestos fuera negativo sobre la economía canaria, sería tan minúsculo que la magnificación que se ha hecho de él nos parece comparable a matar moscas a cañonazos. Creemos, no sólo que no es negativo, sino, al contrario, que es positivo. Por descontado que la implantación no resolverá la crisis económica en que estamos inmersos, no sólo en Canarias sino en todas partes, pero, insisto, en que tiene sólo aspectos positivos.
El representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado me ha dicho con todo detalle las cosas que no debía decir, y, sin embargo, con brevedad, sí voy a repetir algunos aspectos porque estamos convencidos de que son argumentos sólidos y correctos.
En primer lugar, es bastante cierto que las tiendas «duty free» prácticamente no compiten en ningún lugar del mundo con el comercio local de manera significativa. Es cierto que es la última oportunidad de compra cuando ya se han pasado los controles, y que, generalmente, en estos lugares los turistas se suelen gastar el dinero que les queda estimulados por el tiempo de espera. Puede haber algún caso esporádico en el que algún viajero se reserve el dinero para hacer estas compras de última hora, pero, insisto, son casos esporádicos. En estas tiendas se venden principalmente productos muy determinados, como perfumes, tabaco, bebidas alcohólicas, y es evidente que, de no existir estas tiendas, se produciría una venta muy inferior de estos productos si no se ofrecieran en este régimen libre de impuestos.
Por otro lado, si estas tiendas no existieran, una parte importantísima de estas compras se realizaría --como efectivamente así ocurre-- en los propios aviones. Y por tanto, sería una pérdida de ingresos para el aeropuerto y adicionalmente una pérdida de imagen en el servicio que éste presta a los viajeros. Hay que tener presente que los 15 o 17 millones de turistas que hoy visitan Canarias están extrañados de que en aeropuertos internacionales no exista este tipo de servicio, y el turismo, como muy bien saben ustedes, no es una fuente de riqueza de la que se pueda prescindir en Canarias.
Por otra parte, las tiendas libres de impuestos venden de forma habitual bastantes productos autóctonos de la región, y en el caso de Canarias venderán tabaco producido en las islas en un 40 por ciento del tabaco que se consuma, según las previsiones. No hay que olvidar que se prevé que para 1994, todas las tiendas de impuestos que ALDEASA explota en la península, en las Baleares y en el resto del mundo venderán 3.000 millones de pesetas de tabaco fabricado en Canarias --éste es un dato importante-- con un plus intangible, seguramente, de promoción del mismo, que también nos parece significativo. Por otra parte, los cánones que obtiene AENA contribuyen a las inversiones que el Ente Público tiene proyectado hacer en los aeropuertos canarios, que ascienden --como saben ustedes-- a 34.000 millones de pesetas.
Finalmente, como impacto positivo, supone una inversión importante, algo parecido a 220 millones de pesetas; supone la creación de algunos puestos de trabajo, aunque, evidentemente --como he dicho antes--, no va a resolver la crisis de Canarias, y, además supone servicios permanentes que en alguna medida, contribuyen a la actividad económica sin contrapartidas importantes

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y significativas para el conjunto de la economía canaria, sino, más bien --como digo--, positivas.
Nos ha parecido perfecta esta fórmula que se ha encontrado para disponer de más datos, para intentar encontrar puntos de acuerdo sobre este tema --que no dudo que se pueden producir--, pero también, con toda sinceridad, nos parece imprescindible expresar claramente nuestra opinión como aportación --insisto-- a una reflexión inicial sobre estas cuestiones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Gibert.
A continuación, de acuerdo con la norma aprobada recientemente, abrimos el Turno de portavoces para los Grupos que no han hecho uso de la palabra anteriormente.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Gangoiti tiene la palabra.


El señor GANGOITI LLAGUNO: Muy brevemente, señor presidente, dado lo avanzado de la hora, para mostrar nuestro apoyo, tanto a la moción como a la transaccional que se ha presentado.
Tal como se decía en la moción, creemos que el comercio, junto con el turismo, son dos factores importantes de la economía de las islas Canarias. En ese sentido, y teniendo en cuenta en estos momentos los índices de paro que hay, pensábamos que la instalación allí de ALDEASA podría ser perjudicial para el pequeño comercio.
En segundo lugar, todos sabemos cuál fue la votación en el seno del Parlamento canario a este respecto en la Comisión de Industria. Y, en tercer lugar, tenemos que tener en cuenta también que la propia Comunidad Económica Europea, en principio, a través de una directiva del Consejo de Ministros ha expresado su voluntad para que las «duty free» desaparezcan para este fin de siglo.
Por tanto, estamos de acuerdo con el contenido de la moción y con la transacción que hemos firmado entre todos los grupos parlamentarios al respecto porque pensamos que es una buena solución que el Gobierno central, junto con el Gobierno de Canarias, estudien el tema de las «duty free» y vean qué impacto pueden tener sobre la economía, y, en concreto, sobre los pequeños comercios de las islas Canarias.
Por tanto, votaremos a favor.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Tiene la palabra el Senador Sala i Canadell.


El señor SALA I CANADELL: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve, pues sólo deseo manifestar nuestra satisfacción al comprobar que todos los grupos parlamentarios se han puesto de acuerdo para buscar una solución que profundice más en la cuestión y que ésta sea la idónea para las inquietudes que yo mismo he tenido.
Nosotros creemos que la solución de que el Senado inste al Gobierno para que elabore, con la colaboración del Gobierno de Canarias, un estudio sobre el impacto que la instalación de las tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free», tendría sobre la economía del archipliélago, y lo presente ante la Comisión de Economía de esta Cámara, suspendiéndose hasta ese momento la autorización para la instalación y apertura de dichas tiendas en los aeropuertos canarios, es una idea que creo que está muy bien y que vamos a votar afirmativamente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Luzardo.


La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor Presidente.
Después de haber escuchado los argumentos que ha expuesto el Senador Socialista cuando ha defendido a las tiendas libres de impuestos, no sé para qué hemos firmado una enmienda transaccional. Hago la pregunta a los Senadores de Coalición Canaria.
El pasado día 17 de enero, el Parlamentario canario tomó la resolución de instar al Gobierno de Canarias para que éste a su vez, se dirigiese al Gobierno del Estado, y en particular a los responsables tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como del Ente Público AENA, para que por éste se prohíba la instalación por la empresa concesionaria ALDEASA de las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos canarios.
Este ha sido el contenido de la moción que se ha presentado.
Esta acuerdo, como ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, fue aprobado por unanimidad y, por lo tanto, el Partido Popular mantiene la misma postura. Además, creemos que perjudica a los comerciantes locales porque hay que tener en cuenta que la mayoría del turismo accede por los aeropuertos canarios y si como primera noticia reciben la de que tenemos este tipo de tiendas y que van a encontrar que en ellas los productos son entre un 40 y un 50 por ciento más baratos, ustedes me dirán quiénes son los que van a comprar en las zonas turísticas.
Senador Travieso, lo que no deja de ser sorprendente es la contradicción de su Grupo político que, al igual que nosotros, está en contra de estas zonas libres de impuestos pero, como usted bien sabe, mantiene como propuesta en su régimen económico-fiscal la zona «off

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shore», que es precisamente una zona estanca y probablemente el ejemplo más típico y característico de una zona libre de impuestos. Sin embargo, el Partido Popular ha sido el único partido que ha planteado un enfoque diferente sobre el futuro económico de Canarias, en el que el conjunto de la Comunidad sería una zona económica especial, con un planteamiento fiscal singular, sin que hubiese diferenciación. Yo creo que Canarias no debe defender esta tendencia monopolista y debe estar abierta a cualquier inversión --la que sea--, pero que esté en las mismas condiciones que, en este caso, los comerciantes canarios. La Ley 30/1972, que todavía está en vigor, prohíbe cualquier tipo de monopolio y, por lo tanto, este tipo de tiendas.
Yo creo que es evidente que AENA tiene reservados 400 metros cuadrados en el aeropuerto de Gran Canaria para poner una tienda libre de impuestos, y es cierto --y se lo reitero al portavoz socialista-- que existe una directiva de la Comunidad que garantiza que estas tiendas sólo puedan perdurar hasta 1999, y el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea recomienda la no autorización de nuevas tiendas. Aunque es cierto que Canarias es el único territorio del Estado donde, por su tratamiento diferencial, podría seguir operando este tipo de tiendas, y por eso da la impresión de que estamos hablando de un volumen de entre 3.000 a 10.000 millones de pesetas, razón por la cual ALDEASA quiere establecer este tipo de tiendas en el archipiélago.
Como ya se ha dicho anteriormente, el estar exentas del pago de impuestos da lugar a una evidente competencia desleal con respecto a los comerciantes canarios. Lo que creo que ha pasado aquí hoy --porque llevamos tres días de Pleno-- es que al final y a última hora se ha propuesto por el Partido Socialista una enmienda transaccional porque ellos no querían figurar como los únicos que no apoyaban esta moción.
Creo que lo deseable habría sido que en ese panel hubiese aparecido el color verde de lo que es la primera moción originaria. Lo que han hecho ustedes ha sido trasladar un acuerdo que fue unánime en el Parlamento de Canarias y que, por lo tanto, el Partido Popular estaba dispuesto a mantener. Sin embargo, parece que, al final, hemos escogido una salida airosa para evitar que el Partido Socialista apareciese como el único no firmante de esta moción. De todas formas, les garantizo que hemos apoyado la enmienda transaccional. Sé que es una suspensión temporal, y espero que en este tiempo acabe por no ser una defensa para la instalación de este tipo de tiendas, sino todo lo contrario.
Gracias. (Aplausos en los escaños de la derecha.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora.
Senador Travieso, ¿me pide la palabra?

El señor TRAVIESO DARIAS: Sí, señor Presidente, por alusiones.


El señor PRESIDENTE: Sí, ha sido aludido en una ocasión.
Tiene la palabra su señoría.


El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Por desgracia, el Reglamento no me permite intervenir para contestar a las palabras vertidas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Popular, pero sí he sido aludido por la Senadora Luzardo en relación a una pregunta concreta.
Quería decirle, Senadora Luzardo, que se ha equivocado de debate. Este no es el debate del REF. Cuando quiera debatir el REF, ya lo haremos en otro momento. Lo que pretenden las zonas «of shore» es que muchas empresas canarias se aprovechen de todos esos beneficios fiscales, que no sea ALDEASA. Eso está completamente explicado. Esta moción de modificación es un paso adelante que usted y todos hemos firmado. De lo que se trata es de que entre todos, con nuestras posturas, consigamos el resultado final.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el Senador Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
No solicito la palabra para intervenir sobre los argumentos ni sobre el pequeño debate que se ha producido entre el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Popular, sino para sugerir una mejor redacción de la propuesta de modificación que ya conocen los grupos parlamentarios y que, especialmente, tiene el visto bueno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, proponente de la moción.
He hecho llegar a la Mesa la redacción del texto, pero como está escrito manualmente, prefiero que conste en el «Diario de Sesiones» y, si el señor Presidente me lo permite, leería la redacción definitiva.
El Senado insta al Gobierno para que elabore, con la colaboración del Gobierno de Canarias, un estudio sobre el impacto que la instalación de las tiendas libres de impuestos, conocidas como «duty free», tendría sobre la economía del archipiélago. Dicho estudio lo presentará ante la Comisión de Economía de esta Cámara. Insta también al Gobierno a dejar mientras tanto en suspenso la autorización para la instalación y apertura de dichas tiendas en los aeropuertos canarios.
Creemos que esta redacción mejora la lectura de lo que es la intención del texto de la moción.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bayona, en nombre de Nebrija.
En efecto, tenemos el texto escrito de su puño y letra, y tiene el respaldo de los restantes portavoces, por tanto, es el texto que vamos a someter a votación.


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Sometemos a votación el texto de la moción transaccional que acabamos de conocer en su redacción.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 206.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado (Aplausos.) Antes de levantar la sesión, quiero anunciarles que el Presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas me ha comunicado que ha sido cursada una orden de desconvocatoria de la reunión prevista para esta tarde. Lo digo a los efectos oportunos por si alguien no lo conocía.
Se levanta la sesión.


Eran las catorce horas y cinco minutos.

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